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DS. Senado, Pleno, núm. 126, de 19/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 126
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 19 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Primero
ACTAS
-- Lectura y aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de junio de 2007.
Segundo
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
-- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, se fija el objetivo
de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2008. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 732, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 702/000004).
Tercero
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES
-- En relación con diversos señores Senadores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 719, de fecha 1 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 542/000021).
Cuarto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
100, de fecha 11 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 621/000100). (Núm. exp. C.D. 121/000093).
Quinto
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar el servicio de la red de cercanías ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales«, Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 671/000124).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de prevención de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 671/000125).
Sexto
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para controlar la inscripción padronal de los extranjeros. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 662/000186).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el seno de la Unión Europea, una directiva comunitaria que regule el juego con apuestas a través de Internet. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 662/000187).
Séptimo
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 99, de fecha 19 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 621/000099). (Núm. exp. C.D.
121/000110).
-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 101, de fecha 19 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 621/000101). (Núm. exp. C.D.
121/000115).
SUMARIO
Se abre la sesión a las once horas.
ACTAS (Página 7743)
Lectura y aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de junio de 2007 (Página 7743)
Se aprueban las actas.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Página 7743)
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, se fija el objetivo de
estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2008
En nombre del Gobierno, presenta el acuerdo el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
En turno a favor hace uso de la palabra el señor Bru Parra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza y Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Albistur Marin, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Bru Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Parlamentario
Popular.
Se aprueba el acuerdo por 112 votos a favor, 102 en contra y 13 abstenciones.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES (Página 7753)
En relación con diversos señores Senadores (Página 7753)
El señor Ainsa Escartín, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se aprueba por asentimiento de la Cámara el dictamen en los términos en que aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 719, de fecha 1 de junio de 2007.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7754)
De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Página 7754)
En turno a favor interviene la señora Hernández Gutiérrez.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas números 37 a 39.
La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 40 y 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 1 a 36, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Baig i Torras defiende las enmiendas números 42 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Hernández Gutiérrez.
En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Aleixandre i Cerarols, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que en este momento retira las
enmiendas 42 a 44, 46 a 50, 52, 55 a 57 y 59 a 63; el señor Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Blasco Soto, por el Grupo Parlamentario Popular.
Hace uso de la palabra la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 37, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 34 votos a favor, 197 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 38 y 38, del mismo señor senador, por 19 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 40 y 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 212 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 10 a 15, 18, 21, 25, 26, 29, 30 y 33, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 16 votos a favor, 211 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 210 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 51 y 53, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 229 votos a favor y 3 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 90227 a 90230 por 232 votos a favor.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por 215 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 217 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 7765)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar el servicio de la red de cercanías ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña
El señor Piqué i Camps defiende la moción.
En turno de portavoces, intervienen los señores Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Loroño
Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Aragonès Delgado de Torres, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Guillén Izquierdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Piqué i Camps, del
Grupo Parlamentario Popular.
Se pospone la votación hasta la presentación de la propuesta de modificación.
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de prevención de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales (Página
7771)
El señor Nuet i Pujals defiende la moción.
El señor Fernández Sánchez defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Alonso García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Nuet i Pujals expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño
Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, por 146 votos a favor y 94 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar el servicio de la red de cercanías ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Votación.)
Se aprueba por asentimiento de la Cámara la moción consecuencia de interpelación, en los términos de la propuesta de modificación.
MOCIONES (Página 7777)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para controlar la inscripción padronal de los extranjeros (Página 7777)
El señor Cosidó Gutiérrez defiende la moción.
El señor Companys i Sanfeliú defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Esquerda Segués defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Cosidó Gutiérrez informa a la Cámara de la presentación de una propuesta de modificación.
En turno de portavoces, intervienen el señor Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Camacho
Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción, en los términos de la propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el seno de la Unión Europea, una directiva comunitaria que regule el juego con apuestas a través de Internet (Página 7784)
La señora Navarro Lafita defiende la moción.
La señora Aleixandre i Cerarols defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Bruguera Batalla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Coloma Pesquera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora Navarro Lafita expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen el señor Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como el señor Bruguera Batalla, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y las señoras Navarro Lafita, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Coloma Pesquera, por el Grupo Parlamentario Popular. En virtud de los artículos 87 y 88, vuelven a intervenir las señoras Navarro
Lafita y Coloma Pesquera.
Se aprueba la moción, en los términos de la propuesta de modificación, por 127 votos a favor y 114 en contra.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7793)
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (Página 7793)
La señora Rubial Cachorro, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 2 a 8 y retira las números 5 y 6.
El señor Rodríguez Cantero retira la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de corrección de errores a la disposición adicional primera y defiende la propuesta de su grupo de la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados
en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Cantero.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, que retira las enmiendas 4 y 8; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Azurza Aristeguieta,
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; los señores Rodríguez Cantero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular.
Se rechazan las enmiendas números 2, 3 y 7, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 8 votos a favor, 228 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular, por 127 votos
a favor y 116 en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 241 votos a favor y 2 en contra.
El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo (Página 7797)
La señora Rubial Cachorro, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) presenta el proyecto de ley.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 23 y 25.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 26 a 37 y retira la número 38.
El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 39 a 45.
El señor Mendoza Cabrera anuncia la retirada de la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
El señor Azurza Aristeguieta defiende las enmiendas números 46 a 48, 50, 51, 63 y 64, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Burgués Bargués retira las enmiendas 66 a 72 y 74 a 98, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Alonso García anuncia la retirada de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de las enmiendas 102 y 110, del Grupo
Parlamentario Popular, y 62 y 65, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y defiende las enmiendas números 111 a 136 de su grupo parlamentario.
La señora Do Campo Piñeiro defiende las enmiendas números 99, 100 y 103 a 109, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de portavoces, intervienen los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Azurza Aristeguieta, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora
Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sáncez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 23 y 25, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 3 votos a favor, 223 en contra y 12 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 34 a 36, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 125 votos a favor y 113 en contra.
Se rechazan las restantes enmiendas presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 9 votos a favor, 219 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 39 a 45, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Jorquera Caselas, por 14 votos a favor, 219 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 46 a 48, 50, 51, 63 y 64, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 220 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 111 a 136, del Grupo Parlamentario Socialista, por 235 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 99, 100 y 103 a 109, del Grupo Parlamentario Popular, por 111 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con números de registro 90237, 90238 y 90281.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por 237 votos a favor y 2 en contra.
Se aprueba por 239 votos a favor el resto del proyecto de ley.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las once horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
ACTAS:
-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2007.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas los pasados días 5 y 6 de junio de 2007.
¿Alguna observación a las mismas? (Denegaciones.)
¿Se pueden entender aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
-- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL APARTADO SEIS DE LA LEY 15/2006, DE 26 DE MAYO, SE FIJA EL OBJETIVO
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERÍODO 2008-2010, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008 (S.702/000004).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, se fija el objetivo de
estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2008.
Para la presentación del Acuerdo tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, comparezco ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2008-2010, y el límite
de gasto no financiero del Estado para el 2008, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros del 25 de mayo y sobre los que el Congreso se pronunció favorablemente el pasado jueves.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno, las cuentas de las administraciones públicas van a presentar superávit en el período 2008-2010. Señorías, si el pasado año era la primera vez que el Gobierno traía a las Cortes un objetivo de
superávit de la Administración del Estado para el ejercicio siguiente, este año, de nuevo con superávit, es la primera ocasión en que se aplican íntegramente las leyes de estabilidad en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del
Estado.
Concretamente el 28 de marzo el Ministerio de Economía y Hacienda presentó el informe sobre la posición cíclica de la economía española. El informe, elaborado teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión Europea y del Banco Central
Europeo, los últimos datos de contabilidad nacional trimestral, y tras la consulta al Banco de España, prevé unas tasas de crecimiento superiores al 3 por ciento para el período 2008-2010, que es el umbral máximo fijado en las leyes de estabilidad.
Así pues, los objetivos de estabilidad presupuestaria para el período deben ser necesariamente de superávit para la Administración general del Estado y las comunidades autónomas.
Los presupuestos para 2008 van a mantener por cuarto año consecutivo la senda de superávit que lograron por primera vez las administraciones públicas en el año 2005. El rigor del Ejecutivo en esta materia se ha visto también reflejado en el
cumplimiento holgado de los objetivos de estabilidad marcados tanto para el ejercicio 2005 como para el 2006, años en los que las administraciones públicas españolas lograron superávit históricos. En la misma línea, los datos de la ejecución del
presupuesto del presente ejercicio hasta el mes de abril nos permiten afirmar que cerraremos 2007 mejorando los objetivos que nos marcamos hace ahora un año.
Estos resultados se deben a la buena marcha de los ingresos públicos y a los positivos resultados de la Seguridad Social, potenciados por el fuerte crecimiento del empleo y de las cotizaciones sociales. El control del gasto público y la
disciplina fiscal también han contribuido a estos datos y esta situación se está aprovechando para mantener unas cuentas públicas saneadas y reducir el peso de la deuda del Estado, así como para aumentar de forma significativa la dotación del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social.
Señorías, la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria y del techo de gasto para 2008 tiene su fundamento en el entorno macroeconómico de la economía española. En el primer trimestre del año 2007, el crecimiento alcanzó el
4,1 por ciento en términos interanuales, el mayor desde el tercer trimestre del año 2001.
En este marco de crecimiento, con las cifras que sus señorías conocen, el Gobierno presenta un escenario pre-
supuestario plurianual que pretende, como ya subrayé el año pasado, garantizar una orientación neutral de la política fiscal que sea compatible con la actuación de los estabilizadores automáticos y priorizar aquellos componentes del gasto
público, como investigación, desarrollo e innovación, educación o infraestructuras, que son los más adecuados para incidir favorablemente sobre el crecimiento potencial de la economía española.
Señorías, el objetivo de estabilidad acordado por el Consejo de Ministros para el conjunto de las administraciones públicas y que hoy les presento contempla un superávit presupuestario que se mantiene a lo largo de todo el trienio 2008-2010
en un 1,15 por ciento del PIB.
Por administraciones, el objetivo se desagrega de la siguiente forma: primero, la Administración central, es decir, Estado y organismos autónomos, mantendrá un superávit presupuestario de un 0,30 en todo el trienio; en segundo lugar, la
Seguridad Social mantiene su favorable posición financiera en todo el periodo, con un superávit en 2008 del 0,6 por ciento del PIB; en tercer lugar, para las comunidades autónomas se establece un objetivo de superávit del 0,25 por ciento para tres
años.
Este objetivo de superávit es independiente del posible déficit para inversiones que está previsto en la leyes de reforma de las leyes de estabilidad, es decir, la aplicación de la golden rule, de acuerdo con la inversión que realicen las
comunidades autónomas. Por último, las entidades locales presentan una situación de equilibrio presupuestario para el trienio 2008-2010.
Para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas se ha llevado a cabo este año por primera vez y de acuerdo con el nuevo procedimiento establecido una consulta con cada comunidad autónoma previa a la
propuesta por parte del Gobierno del objetivo global. Este nuevo procedimiento, más participativo pretende favorecer un mayor compromiso por parte de las administraciones regionales.
Concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda abrió un
periodo de consultas con las comunidades autónomas por un plazo de quince días, transcurrido el cual formuló la propuesta de objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las mismas. El objetivo fue un superávit del 0,25 por ciento del
PIB, informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 24 de abril pasado. Este objetivo, como ya he señalado anteriormente, es independiente del posible déficit para inversiones en que incurran las
comunidades autónomas, de forma que, si todas ellas acuden a financiar proyectos de inversión con este sistema, el saldo final sería el de equilibrio presupuestario, que es precisamente el objetivo fijado en el Programa de Estabilidad 2006-2009.
Respecto al objetivo de estabilidad para las entidades locales, la propuesta que formuló el Ministerio de Economía y Hacienda fue el de equilibrio presupuestario para el periodo 2008-2010, siendo informado favorablemente por la Comisión
Nacional de Administración Local en su reunión de 25 de abril de 2007.
Hay que señalar respecto a las entidades locales que la Comisión Nacional de Administración Local no ha recibido propuesta por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los municipios que, incluidos en el ámbito
subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pueden ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, tal como establecen las reformas de las leyes de
estabilidad. Por lo tanto, el objetivo de equilibrio se aplica a todas y cada una de las entidades locales.
Como saben, señorías, el Acuerdo de Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio 2008-2010 determina también el límite de gasto no financiero del Estado para el ejercicio 2008 una vez realizada la previsión de
ingresos para este ejercicio. Los ingresos tributarios antes de cesión a comunidades autónomas y corporaciones locales en el año 2008 registrarán un crecimiento del 5,6 por ciento en relación con el avance de liquidación. Es una previsión prudente
y ajustada a la evolución de cada una de las figuras impositivas y, así, las tasas de crecimiento en la recaudación total antes de detraer las cantidades correspondientes a comunidades autónomas y haciendas locales tanto de IRPF, de Sociedades, de
IVA e Impuestos Especiales serán del 5,2, el 6, el 6,3 y el 3,3 respectivamente. Los ingresos no financieros previstos para el año 2008 son, en términos presupuestarios, de 156.837 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 por ciento
respecto a las cifras previstas en el presupuesto del año 2007. Teniendo cuenta el objetivo del superávit presupuestario establecido para el 2008, el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2008, una vez realizados los ajustes por las
equivalencias entre las magnitudes de contabilidad nacional y términos presupuestarios, asciende a 152.560 millones de euros. Este techo de gasto incluye el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria y representa un crecimiento del 6,7
respecto al límite de gasto del año 2007. Por tanto, con criterios parecidos al año pasado, el gasto crecerá en línea con el PIB nominal de acuerdo también con los compromisos asumidos por el Gobierno.
Señorías, quiero aprovechar esta intervención para anticiparles que los Presupuestos Generales del Estado para el 2008 en este marco que les he descrito van a continuar apostando por una orientación del gasto público hacia la solidaridad y
el gasto social, destacando especialmente la atención que recibirá la dependencia, así como hacia aquellas políticas que fortalecen la productividad y el dinamismo de nuestra economía.
Señorías, los objetivos que hoy les presento consolidan la política presupuestaria que llevamos aplicando en toda esta legislatura y que ha girado en torno a cinco ejes básicos: crecimiento y productividad, gasto social, solidaridad,
estabilidad presupuestaria y mejora de los servicios públicos. Estos cinco ejes han contribuido de manera importante a prolongar nuestro crecimiento económico, siendo una clara muestra de nuestro compromiso con el bienestar y el progreso económico
y social de nuestros
ciudadanos. Por todo ello, señorías, espero que con su voto aprueben el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2008-2010 que les hemos presentado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.
¿Turno a favor? Tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señorías, entramos hoy en el último debate sobre fijación de un objetivo de estabilidad presupuestaria de la presente legislatura, concretamente para el trienio 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del Estado
para el 2008. Y aunque, como acaba de anunciar el señor Solbes, comparece hoy aquí de acuerdo con lo establecido en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, también es cierto que es la primera vez que tras la reforma tanto de dicha ley como de la
Orgánica 5/2001, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se aplica íntegramente el nuevo procedimiento en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Quisiera destacar este hecho porque mi grupo, que siempre desde el año 2001 -y a los diarios de sesiones me remito- estuvo a favor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento alcanzado en Amsterdam en 1997 y, por tanto, a favor de la estabilidad
presupuestaria, ya objetó durante el debate de la Ley de 2001 que nacía sin consenso; que no respetaba la autonomía financiera de las comunidades autónomas; que iba a motivar, como así sucedió, una cantidad innecesaria de conflictividad
constitucional; que tenía un sesgo pro cíclico, como así ocurrió; que no iba a ser cumplida ni por las comunidades autónomas -10 de las 17 nunca lo hicieron- ni por las administraciones locales y, por último, que no garantizaba el cumplimiento ni
la separación de los ámbitos de los agentes del Estado, que era marcadamente asimétrica puesto que solamente concedía capacidad de generación de déficit a un agente que era el Estado y simplemente caracterizaba a otro con capacidad de financiación
que era la Seguridad Social.
Hoy todo esto, señor vicepresidente, ya es historia tras la oportuna reforma y, de acuerdo con la posición cíclica de la economía española y teniendo en cuenta las previsiones y consultas regladas por la ley, que ofrecen tasas de crecimiento
superiores al 3 por ciento, nos trae a esta Cámara unos objetivos de superávit para el periodo, tanto para la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas, que, tras consulta individual para ellas, ha sido informado
favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así pues, para los próximos Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008 siguen por cuarto año consecutivo manteniendo el superávit, que se consiguió por primera vez en nuestra historia en el año 2005; superávit, por cierto,
bastante insólito en nuestro entorno europeo inmediato. Habría que recordar que Alemania, por ejemplo, tiene un déficit del 1,7; Francia, del 2,5; Italia, del 4,4 y que, en suma, el promedio de la eurozona es de un déficit del 1,6 por ciento del
PIB, un superávit que, por lo que hemos tenido oportunidad de ver y oír la pasada semana con ocasión de este mismo debate en el Congreso de los Diputados, despierta pasiones e intereses encontrados en los distintos grupos parlamentarios. Y empleo
aquí los conceptos de pasiones e intereses en referencia y homenaje a Hirschman, puesto que su línea de pensamiento nos sirve precisamente para explicar estas tensiones que se producen en torno al superávit del conjunto del sector público y a las
distintas finalidades que desearían dársele por parte de los diferentes grupos, a su captura, podríamos decir en términos técnicos o de Hirschman.
Como no es mi intención adelantar el debate, bajo el supuesto de coherencia parlamentaria ya lo explicarán los distintos portavoces, y espero que se sume a esto el portavoz popular y deje ya de intentar negar que existe superávit y deje ya
esa monocorde letanía de que el gasto público aumenta más que el crecimiento o de que hay más sector público y menos privado y esas cosas tan peregrinas que hay que decir cuando uno es inmune a la realidad y nunca va a consentir que los hechos le
estropeen el discurso.
Los hechos, por no cansar a sus señorías con un fárrago de datos, nos indican que en el primer trimestre de este año el PIB español ha crecido un 4,1 por ciento interanual, el mayor crecimiento en los últimos seis años; que la productividad
ha crecido el 1,1 por ciento, el mejor dato desde el año 2000; que aumenta el empleo y los contratos fijos, con 20 millones de ocupados en España; que el empleo crece al 3,4 por ciento; que la tasa de paro está ya en el 8,2 por ciento, la misma
que Francia y un punto menos que Alemania; que las exportaciones han crecido en el primer trimestre medio punto más que las importaciones; que el IPC, respecto al pasado año, ha caído casi dos puntos, situándose hoy en el 2,3 por ciento, con un
diferencial con la zona euro de sólo 0,5 por ciento y que, por último, en lo que va de año las empresas que forman parte del índice Ibex han ganado un 34 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Estos datos, estas excelentes noticias, esos siete trimestres consecutivos creciendo por encima del 3,5 por ciento, encadenando así un período de crecimiento sostenido de más de 13 años -algo insólito en la historia económica de un país de
la dimensión de España-, ese ciclo expansivo que comenzó con el señor Solbes como ministro de Economía, que continuó después con el Gobierno popular, y que sigue, no ya sostenido sino acelerado con el nuevo Gobierno socialista y con el señor Solbes
otra vez en el Ministerio de Economía, son hechos irrefutables, son historia económica reciente, no materia opinable. Basta con echar una ojeada a las series estadísticas económicas publicadas por los organismos internacionales, por la OCDE. El
informe de la OCDE de 1995 al respecto, señor Caneda, es muy ilustrativo ya que data perfectamente el cambio del ciclo en España o el del Fondo Monetario Internacional.
Y hablando del Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre coyuntura económica en España del mes pasado afirmaba -abro comillas-: Junto al fuerte aumento del PIB también se ha producido una rápida expansión del empleo, una
significativa desaceleración de la inflación, un incremento de la productividad en el sector manufacturero y un fuerte superávit fiscal. Estos son bienvenidos signos de reequilibro. Fin de la cita, señorías. No creo que pueda resumirse en menos
palabras la fortaleza y buena situación de la economía y el empleo en nuestro país. Y no tengo que recordarle, señor Caneda, quién está al frente del Fondo Monetario Internacional. Podría darle una pista de quién dirige el departamento europeo y
en qué facultad estudió, pero no se lo voy a decir.
Por tanto, sin triunfalismos, pero sin el permanente lloriqueo ni la letanía tristona, agorera y monocorde de algunos malos profetas y peores economistas, insisto en que lo que cabe legítimamente en este debate son planteamientos
alternativos al del Gobierno sobre el límite de gasto o sobre el objetivo del déficit. Cabe plantear, como ya han hecho algunos portavoces en el Congreso de los Diputados, que perciben menos prudencia presente, menos visión de futuro y, por decirlo
en términos coloquiales, algo más de alegría en el gasto, sea en inversiones productivas, en infraestructuras o en gasto social, medioambiental o en cualquier otra legítima opción. Y, frente a estas opciones, el Gobierno defiende, y el Grupo
Parlamentario Socialista respalda, dentro de esta concepción de la política de estabilidad presupuestaria en el ciclo, que es preciso utilizar la bonanza actual para preparar a la economía española a sortear más fácilmente épocas menos buenas, que
no están afortunadamente próximas, como algunos agoreros y profesionales del cuanto peor mejor desearían, pero que, indudablemente, en algún momento se presentarán. No somos nosotros los que hemos proclamado el final de una historia ni el final de
un ciclo económico. Eso solo cabe en la alegre osadía de don Cristóbal Montoro. Por eso este Gobierno, prudente y razonablemente, se ha dedicado en los últimos ejercicios a reducir la deuda pública y a fortalecer el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, una deuda pública que tomamos en un 48,8 por ciento del PIB y que hoy hemos situado ya simbólicamente por debajo del 40 por ciento, es decir, en un 39,9 por ciento, y que sigue en descenso. Hemos reducido en poco más de tres años
9 puntos de la deuda sobre el PIB, algo nunca visto en Europa, donde la media actual de la eurozona está en el 69 por ciento del PIB, algo que es realmente la culminación en sí misma de la política de estabilidad presupuestaria. Porque, como ya le
he explicado en más de una ocasión, señor Caneda, en ese santo temor al déficit que sentimos los economistas, y del cual hablaba el señor Echegaray cuando era ministro de Hacienda, lo que existe realmente es una aversión a la deuda, a la transmisión
vía deuda a las generaciones futuras, y vía mercados monetarios al efecto crowding-out, a la dispersión, a la captación, a la distracción del ahorro privado de la inversión productiva.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor BRU PARRA: Un minuto, señor presidente.
Existe averión a la absorción de recursos que la deuda pública implica y que de haberse mantenido en los niveles anteriores supondría una fuerte caída del PIB cercana a los dos puntos. Y esto es algo que ustedes, que se proclaman liberales,
realmente si fuesen liberales, si supiesen lo que significa ser liberales económicamente, deberían aplaudirlo -por decirlo en términos coloquiales- hasta con las orejas, porque no hay liberal que se precie, sensato y sincero, que no busque realmente
la reducción de la deuda pública.
Y en cuanto a la evolución general del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en el último ejercicio completo que gobernó el Partido Popular la dotación acumulada se situaba en 12.024,88 millones de euros; hoy está en 40.326,85 millones,
casi la hemos cuadruplicado. Esta es la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno socialista: cuatro años con superávit que nunca se logró con el Gobierno popular -fue la búsqueda del Santo Grial de una estabilidad presupuestaria que
nunca se consiguió- y un uso, creo que muy prudente y muy razonable, absolutamente sensato, de este superávit.
Ya hemos visto el entorno macroeconómico, ya hemos visto dónde se sitúa dentro de este entorno el límite del gasto, nos parece adecuado el presentado por el Gobierno, así como la orientación del gasto público hacia unas políticas de
solidaridad y de gasto social, junto con el incremento del gasto en línea absolutamente correcta con el crecimiento nominal del PIB. Por esto, señor Solbes, en este contexto, en este clima positivo y favorable, consideramos también que la política
que nos plantea es adecuada por sus componentes de neutralidad, por su carácter anticíclico, por permitir el juego de los estabilizadores automáticos y, por ello, señor presidente, señor vicepresidente, sin triunfalismos -ya tuvimos bastante
autobombo en el pasado-, pero con realismo, con sensatez, con prudente optimismo que no excluye la satisfacción de ir comprobando año tras año, ejercicio tras ejercicio...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor BRU PARRA: ... que el cambio político en España ha sido beneficioso para nuestra economía y, por tanto, para nuestros conciudadanos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor BRU PARRA: Acabo, señor presidente.
... que son, en definitiva, los directos beneficiarios de la bonanza y de las políticas sociales y de estímulo a la economía productiva que este Gobierno desarrolla, por ello, cuente usted con nuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias por su paciencia, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Señorías, pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia, quien compartirá el turno con el senador Cuenca Cañizares.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik Asko. Egun on guztioi. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días, señorías.
La postura de Eusko Alkartasuna con respecto a los Presupuestos Generales del Estado ha sido históricamente la de no respaldar los mismos y siempre argumentando que el Gobierno del Estado incumple repetidamente el Estatuto de Autonomía de
Guernica al no transferir las competencias contempladas en el mismo desde el artículo 10 y siguientes, que son responsabilidad del Gobierno de Euskadi según acuerdo de ese Estatuto de hace 28 años.
No voy a cansar a sus señorías con el detalle de las mismas ya que se las he repetido bastantes veces, ni tampoco con el doble efecto financiero: por un lado el pago del cupo de las competencias no asumidas, el 6.24, y que en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco haya que hacer frente a esas competencias. Por eso, Eusko Alkartasuna a los Presupuestos Generales del Estado, tanto del partido que en este momento gobierna como a los del Partido Popular, diría
que no, pero como en este momento no se trata nada más que de fijar el crecimiento del gasto no financiero del futuro presupuesto para el año 2008, al pasar de un gasto no financiero de 142.927,39 millones en 2007 a 152.560,69 millones de euros para
el año 2008, con un crecimiento de un 6,7, y al fundamentar este crecimiento en gastos sociales, concretamente en la dependencia -y aunque se entra en muchas de las competencias asumidas ya por el Gobierno vasco-, la posición de Eusko Alkartasuna no
va a ser contraria ni tan contraria, sino que va a ser una abstención responsable al objeto de dejar la puerta abierta para poder seguir dialogando y negociando sobre el cumplimiento estatutario. Así se lo dijimos hace muy pocos días al señor
secretario de Estado cuando estuvimos con él, y así se lo dijimos al señor ministro, para ver si hay más suerte que en años anteriores, aunque me temo que no.
Tal y como digo siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Por ello, a ver si esta vez se le da una alegría a este senador de Eusko Alkartasuna.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, este año es el primero en que se aplican íntegramente las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
En Izquierda Unida somos conscientes de que los problemas de nuestro país no van a solucionarse solamente a golpe de déficit público, pero tampoco reduciendo los márgenes de maniobra en materia fiscal o sin asegurar la suficiencia y equidad
del sistema tributario.
Los deseos de cambio de la sociedad española han de traducirse en mejorar nuestra protección social, conseguir un modelo productivo más sólido que genere empleo de calidad y potenciar el equilibrio territorial. Para ello van a necesitarse
iniciativas públicas, recursos públicos suficientes y mayores márgenes presupuestarios.
El nuevo marco de estabilidad presupuestaria, fruto de la reforma, define el objetivo de la estabilidad presupuestaria, haciendo referencia al ciclo económico, al programar la estabilidad de la Administración del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales. Así, es posible que la sostenibilidad de las finanzas públicas se instrumente adaptándola a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones. De igual forma, son importantes los avances de la
reforma en materia de transparencia, pues necesitamos un marco presupuestario con mayor transparencia y coordinación con el conjunto de las administraciones públicas.
La claridad de las cuentas públicas y la transparencia han de ser principios rectores que informen la política presupuestaria. La descentralización en el ingreso y en el gasto precisan mayor transparencia e instrumentos de participación y
control, con el apoyo y la coordinación de todas las administraciones. La coordinación entre administraciones es una prioridad cuando las comunidades autónomas gestionan políticas de gasto muy importantes y de gran significado: los servicios
sociales, la sanidad, la política de vivienda o la educación.
Por ello, necesitamos asegurar los recursos precisos para la financiación de esas políticas, considerando las necesidades financieras y el esfuerzo fiscal realizado por ellas. La
reforma pretendía acabar con el déficit cero como principio rector de la política fiscal, lo cual es una buena noticia, que no significa abandonar la sostenibilidad de la política fiscal a largo plazo.
En este nuevo marco de estabilidad presupuestaria el reto es asegurar la capacidad de nuestra economía para lograr ingresos suficientes en el futuro con los que corregir nuestros déficits de protección social y mejorar las dotaciones de
capital público.
No tenemos mucho que objetar en cuanto al objetivo de estabilidad cuando el PIB crece por encima del 3 por ciento y la economía presenta serios desequilibrios, tanto en inflación relativa como en las cuentas con el exterior. El objetivo de
estabilidad se programa de acuerdo con la ley -razón por la cual nosotros le dimos cobertura-, siendo en estos momentos un debate estéril discutir sobre si el superávit de la Administración central oscila entre el 0,3 por ciento o el 1,5 ó 2,5 por
ciento; los márgenes en este sentido son estrechos. Sin embargo, sí objetamos en cuanto al límite de gasto no financiero, porque se trata de una restricción innecesaria provocada por la estructura de los ingresos públicos y la política del
Gobierno. La sostenibi-
lidad de las finanzas públicas es compatible con un volumen superior de gasto público si conseguimos asegurar ingresos públicos suficientes.
España presenta unas finanzas públicas saneadas: superávit presupuestario y deuda pública en circulación con relación al PIB muy por debajo del promedio comunitario, pero el nivel de gasto público, en proporción con el PIB, es reducido en
términos relativos, superando solo a Irlanda, a Eslovaquia y a los Países Bálticos. La brecha en protección social media, como gasto social en relación con el PIB, alcanza siete puntos del PIB, y mantenemos una presión fiscal inferior. El gasto no
financiero crecerá de forma similar al crecimiento nominal de la economía para mantener congelada su participación en el PIB.
El ministro asegura que se trata de un política fiscal prudente, pero ésta puede asegurarse programando un superávit presupuestario, considerando el ciclo expansivo de la economía y con un crecimiento del gasto público superior al
crecimiento del PIB si los ingresos crecen con la proporción precisa. La verdadera restricción al crecimiento del gasto y a las políticas públicas viene por el lado de los ingresos, por las reformas que reducen el potencial recaudatorio. El coste
de la reciente reforma del IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y del Impuesto sobre Sociedades, en forma de pérdida de potencial de recaudación de ingresos cuando la reforma esté plenamente operativa, asciende más o menos a unos
6.000 millones de euros anuales. El coste de las reformas del Partido Popular, que comenzaron en 1996 y culminaron en el año 2003, se cuantificó en 7.800 millones de euros anuales. Así, las reformas regresivas del Partido Popular y el continuismo
de su Gobierno suponen una pérdida potencial de recursos de 13.800 millones de euros anuales.
Ministro, estamos hablando del 1,4 por ciento del PIB, y hay que pensar en las políticas públicas que podrían financiarse con esos recursos sin renunciar
a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por todo ello, señorías, lo que va a hacer Izquierda Unida es abstenerse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Señor presidente, señorías, señor ministro, mantendré en este turno la misma posición que ya expusimos en el debate en el Congreso de los Diputados.
Cada vez que surge este debate, pienso en la diferencia que existe entre el deseo y la realidad, y cuando se habla de los deseos de ofrecer más capacidad de decisión a esta Cámara, el Senado, no puedo dejar de recordar que iniciamos la
legislatura con un debate sobre esta cuestión en virtud del cual cedimos al Congreso nuestra capacidad de decisión, y la realidad es que, contrariamente a los objetivos y compromisos electorales del actual Gobierno, justamente ha sucedido lo
contrario, es decir, hemos cedido al Congreso una de las pocas capacidades de decisión que poseía esta Cámara. Por lo tanto, esto es un recuerdo anual de la regresión -que no progresión- que ha habido con respecto a los poderes y capacidad de
decisión de esta Cámara en una materia que para nosotros es fundamental -y el señor ministro lo sabe-. La posición del Gobierno respecto a la nuestra no es una oposición de fondo; compartimos la filosofía en cuanto a la necesidad de cumplir los
pactos de estabilidad de crecimiento, los objetivos fijados en el Tratado de Maastricht para pertenecer a la eurozona, el deseo de alcanzar el equilibrio presupuestario, reducir la deuda y conseguir unas finanzas públicas saneadas. Coincidimos con
todo esto, así como con el diagnóstico que ha presentado el senador Bru sobre la excelente situación de la economía española en el momento presente aunque, como tendremos ocasión de comentar y debatir en los Presupuestos Generales del Estado, se
ciernen fragilidades y debilidades evidentes que podrían romper esta buena situación en el futuro.
También celebramos y coincidimos en la constatación del diagnóstico del senador Bru sobre la evolución positiva iniciada en su primer mandato como ministro de Economía del último Gobierno socialista, de 1993 a 1996, que presenta una larga
trayectoria de crecimiento positivo, política continuada por los Gobiernos del Partido Popular y mantenida de nuevo bajo la dirección de la política económica por parte del señor ministro.
Evidentemente, esta buena dirección ha dado lugar a una de
las situaciones más saneadas entre los Estados miembros de la zona euro, de la Unión Monetaria europea.
Hecha esta constatación, mi grupo parlamentario considera que tampoco es necesario que tengamos que ser los mejores alumnos de la clase. Aunque no quiero establecer ningún tipo de paralelismo, recuerdo un momento en el que un predecesor del
señor ministro, el señor Solchaga, también quiso ser el primer alumno de la clase a principios de los años noventa -incluso recibió un premio del Fondo Monetario Internacional-; sin embargo, a finales de 1993, sufrimos una devaluación muy
importante debido a que la economía española simplemente no pudo aguantar la situación a la que nos llevó la gestión de un tema cambiario en aquel momento.
Insisto en que no quiero establecer un paralelismo con la situación actual, pero me parece adecuado resaltar que -como ya se ha recordado-, no es necesario alcanzar un superávit del 1,15 por ciento -muy por encima del de otras economías,
como se ha recordado-, con una deuda del 35 por ciento -que es exactamente la mitad de la media de la deuda de la Unión Europea-. Mi grupo parlamentario no encuentra justificación para no contar con un margen de maniobra -que nosotros proponemos-
manteniendo el superávit, pero que sea ligeramente superior. Nosotros proponemos la cifra del 0,15 por ciento, que daría un margen de utilización de 10.000 millones de euros, que llevarían a un incremento de la inversión productiva y social que es
necesaria pensando en el futuro. La
evolución de la población española va a exigir mayores instalaciones, mayores inversiones en el ámbito social para una población que envejece y que necesita más atención, máxime si tenemos en cuenta el atraso que sufrimos en inversión social
en muchos aspectos y, evidentemente, en inversión productiva. Esta no es solo la situación de Cataluña; también se ha descubierto que existen necesidades importantísimas en León para cubrir una serie de infraestructuras necesarias en esa ciudad y
en el ámbito leonés. En consecuencia, es prioritaria la inversión productiva y la inversión social para asegurar la buena evolución de la economía española en el ámbito comunitario, así como en el caso de las actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica. Sin perder esa filosofía y coincidiendo con las bondades del mantenimiento de un bajo nivel de deuda -muy por debajo del establecido en Maastricht- y manteniendo el superávit, lograríamos esta capacidad que
creemos necesaria.
Uno de los razonamientos que me gustaría desarrollar -y que podemos discutir-, es que durante un período como este debemos realizar una inversión importante a nivel productivo con el fin de conseguir mayores niveles de competitividad, ya que
es uno de los retrasos más evidentes con respecto a la eurozona y se está manifestando en un déficit exterior que es el más elevado de la Unión Europea -solo comparable al de Estados Unidos, a quien también superamos-, es un motivo de preocupación
por lo que significa de retraso estructural, es decir, que se manifiesta también en otros ámbitos de la economía y repercute negativamente en las necesidades de la economía española a medio plazo. Creemos que para evitar este deterioro, e insisto
en que sin renunciar a los principios básicos de reducción de deuda y equilibrio presupuestario, sería bueno atender a la posición que defiendo en nombre de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por ello, haciendo uso de una expresión del senador Urrutia, ejercitaremos lo que él ha denominado la abstención responsable. Queda margen de maniobra y, sin duda, ya tendremos ocasión de debatir e insistir sobre estas necesidades de la
economía española, y tal vez en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene nuestras peticiones sean más atendidas que en el presente debate.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente y ministro de Economía, venimos un año más -y con este ya son ocho, aunque no todos con usted, sino también con su predecesor, el señor Montoro- a cumplir con lo que hoy se ha convertido en un rito, una liturgia y un
trámite honorífico poco eficiente desde el punto de vista de esta Cámara.
Llevamos ocho años subiendo a esta tribuna para, en la mayoría de los casos, darle un voto de confianza al Gobierno a fin de que, posteriormente, elabore unos presupuestos que contribuyan de manera eficaz a que continuemos avanzando, a que
acompañemos a la buena coyuntura económica y, sobre todo, al cumplimiento de objetivos en materia de inversión pública y de política social.
En estos ocho años, sobre todo en los cuatro últimos, hemos debatido y mantenido desacuerdos e incluso alguna vez hemos votado en contra de las propuestas del Gobierno porque este no quería hablar. Como ya ha comentado el senador Gasòliba,
hemos mantenido un claro y manifiesto desacuerdo con los procedimientos utilizados por este Gobierno para, en colaboración con el Partido Socialista, privar a esta Cámara del ejercicio de su función de control. Por pura conveniencia, dada la actual
estructura de poder y los apoyos que el partido tiene, ha decidido que esta Cámara pase por este trámite, como he dicho al principio de mi intervención, de forma estrictamente honorífica y sin tener eficacia ninguna en el resultado de este debate.
Si realmente existe intención política de acuerdo, no entiendo la necesidad de modificar la capacidad de esta Cámara para vetar las cuentas previas al presupuesto. Solamente quiero recordar que los presupuestos, sobre todo los del año 2008,
se aprueban también en el Senado y, por lo tanto, la lógica indica que esta Cámara ha de tener participación directa en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en su nueva aprobación y, sobre todo, en su negociación. En este
sentido, cabe recordar que aquí hay una mayoría distinta de la que existe en el Congreso y que estos apoyos se los debe ganar el Gobierno, que debe hacer algo para conseguirlos y no vivir cómodamente haciendo uso del mecanismo de anulación de las
decisiones que toma el Senado.
Usted nos ha presentado un cuadro macroeconómico, al que no tenemos ninguna objeción que hacer. Se prevé un crecimiento del 6,6 por ciento en materia nominal, lo que supone aproximadamente un crecimiento del PIB real en torno al 4 por
ciento, y una estimación de inflación en torno al 2,6 ó 2,8 por ciento. Esta es una relación que puede ser idónea, pero que no es segura. Puede haber mayor crecimiento del PIB. Puede también haber mayor crecimiento de la inflación. Y el
resultado final, al cual ustedes llegan, es simplemente un resultado para cuadrar, por el cual establecen que el margen de gasto va a ser el mismo que el crecimiento nominal del PIB. Pero a nosotros nos parece que está bien para lograr cuadrar,
pero la realidad ha demostrado en estos cuatro años que ha habido más ingresos, más capacidad de gasto y que habría también mayor margen y mayor capacidad de maniobra.
Pero no hemos venido a hablar solo de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sino de la puerta que abre este objetivo, vinculada fundamentalmente al debate presupuestario que se va a dar a continuación.
Esperemos que tras este cuadro
no haya truco alguno, que verdaderamente sea el inicio de todo un proceso que nos ocupe durante
el próximo semestre, y que ese inicio no solo se manifieste en las cuentas presupuestarias, desde el punto de vista cuantitativo numérico y su debate en la distribución en todas y cada una de las partidas de los diferentes ministerios, sino
que detrás exista un presupuesto de verdad que signifique la política de aplicación del Gobierno pactada con los grupos que la quieran acompañar y que, además, continúe con las ideas que han fomentado y que han llevado adelante los presupuestos
anteriores, y que verdaderamente se cumplan estos objetivos.
No hemos venido a hablar solo del objetivo de estabilidad presupuestaria, debemos hablar de presupuestos, pero desconocemos cuáles son los objetivos para el año 2008 y las políticas prioritarias que van a sustentarlos.
Parece que van a continuar las buenas perspectivas de la economía española dentro de la economía europea y dentro también de la economía internacional. Todos queremos que así sea, y nadie se opone a que continúe ese estado de bonanza. Es
más, trabajamos por que no solo nos dejemos llevar por el estado de bonanza, sino para que, además, demos el paso para acompañar a ese estado de bonanza, sobre todo cuando parece que los dos motores que hasta ahora han sostenido el crecimiento, como
eran el consumo y la construcción, se debilitan y haya que tomar iniciativas por parte del sector público -iniciativas públicas-, para seguir ahondando en un listado que nosotros consideramos prioritario en materia de infraestructura, en el
cumplimiento y el cierre de la red de alta velocidad -en red no centralizada, sino en red-, en el establecimiento de puertos en nuestros litorales y en la renovación de esos puertos en función del incremento del tráfico internacional marítimo, en
toda la política de agua y obras hidráulicas, en la política industrial decidida con un incremento de apoyo a la investigación tecnológica para poder estar presentes más fehacientemente en los mercados internacionales, en el impulso de las energías
renovables, en el cumplimiento del programa de Kioto y en la atención a los compromisos para la aplicación de la Ley de Dependencia recientemente aprobada, además de todas aquellas medidas que, tomadas también desde la política presupuestaria y que,
sin intervención pública, supongan introducir más competencia en los sectores productivos e incrementar la competitividad y la ganancia de productividad en la economía española.
Pero antes de terminar, señor vicepresidente, nos entra una duda importante: ¿habrá presupuestos? El rito de hoy que, como digo, es un trámite honorífico, sin eficacia, pero que es un rito en definitiva, no puede quedar terminado con la
votación de la aprobación de estos objetivos. Debe haber presupuestos, y nosotros apostamos por que los haya. Existe la tentación de dejar los temas como están, de evitar la confrontación entre los dos grandes partidos -que es una parte de lo que
está sucediendo en la política actual y a lo mejor a ustedes les molesta esa confrontación- y, además, de no contar con los apoyos de los socios que hasta ahora han tenido.
Debe haber presupuestos, y debe haberlos para no caer en la tentación de seguir directrices malintencionadas que nos atribuyen a los pequeños querer aprovecharnos y asaltar las arcas del Estado. Esto no es cierto.
Hay un listado que acabo
de leer de nuestras preferencias que deberían serlo también, y lo son de alguna manera aunque de forma más tímida, del Gobierno del Estado. Pero hay también compromisos adquiridos en presupuestos anteriores en materia de infraestructuras y de
investigación científica y tecnológica que en el caso concreto de nuestro grupo político queremos continuar desarrollando.
Si hasta ahora -como he dicho anteriormente- se ha aprovechado la bonanza de la coyuntura económica, debe haber en estos momentos presupuestos para acompañar de forma activa esa coyuntura. Hay que continuar asegurando el empleo y la
afiliación a la Seguridad Social. Hay que consolidar este superávit de la Seguridad Social en el que ustedes quieren introducir nuevas formas de gestión que, en principio, observamos con atención.
Pero también se deben hacer los deberes antes de elaborar estos presupuestos. Tiene usted pendiente todavía una negociación definitiva para establecer el cupo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En estos cuatro años, señor
vicepresidente, hemos arreglado cuestiones que se habían...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor presidente.
Recuerden los temas del pago de los gastos del Prestige, que eran heredados, la financiación de la Ertzaintza, el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por la Comunidad Autónoma del País Vasco en la comisión del
concierto y del cupo. Todos esos asuntos se han ido resolviendo, y este que queda pendiente debe también quedar resuelto.
Termino diciéndole que debo reconocer su buen hacer y los resultados de ese buen hacer en materia de deuda, de superávit presupuestario, de prestigio internacional y, en definitiva, de economía. Pero creo que hay que continuar dando
confianza e incentivar esa confianza en todo el sector económico, así como entre los agentes que en él participan. Hay margen de maniobra -lo ha dicho el senador Gasòliba-; hay recursos; debe haber voluntad política de seguir invirtiendo desde el
sector público en el Estado del bienestar especialmente y en las infraestructuras, llegando a acuerdos con los grupos políticos, cuestión esta que es todavía una asignatura pendiente de este Gobierno. No debemos mirar solo los intereses, sino cómo
avanzar, y si se puede hacerlo juntos, mejor.
Esperemos, señor vicepresidente, que terminemos todo este debate en un debate presupuestario positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés no tiene una
posición común con respecto a este acuerdo del Gobierno sobre el que debemos pronunciarnos. Lo votaremos favorablemente los senadores socialistas, y los miembros de los otros grupos políticos lo harán en consonancia con su voto en el
Congreso.
En estas circunstancias poco tengo que añadir a lo dicho por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Bru, con el que coincide ampliamente esta portavoz. En todo caso, quisiera destacar nuestra valoración positiva del
objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2008-2010 y el límite del gasto no financiero del Estado que se establece para 2008.
Como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio y teniendo en cuenta las prioridades que nos ha adelantado el señor vicepresidente, consideramos que estos objetivos permiten seguir
avanzando en la buena dirección de la política económica y presupuestaria del Gobierno, dirigida a impulsar un modelo de crecimiento basado en la mejora de la productividad y de la eficiencia de la economía, garantizando la solidaridad y manteniendo
unas finanzas públicas saneadas.
El acuerdo de estabilidad que se somete a la aprobación de la Cámara prevé un superávit anual del 1,15 por ciento del producto interior bruto a lo largo del trienio y un crecimiento del techo de gasto del Estado para el próximo año del 6,7
por ciento, en línea con el crecimiento nominal de la economía. Estas cifras tienen su fundamento en el entorno macroeconómico de la economía española.
En cuanto a la valoración que pueda hacerse del superávit presupuestario que se propone, excesivo para unos e insuficiente para otros, creo que hay que tener en cuenta su composición. El mayor peso corresponde, como saben sus señorías, a la
Seguridad Social -el 0,6 por ciento- y el previsto para la Administración General del Estado, el que produce más controversia -el 0,3 por ciento-, hay que analizarlo en el contexto del crecimiento económico, que estará por encima del 3 por ciento.
En ese contexto, a esta portavoz la cifra le parece razonable, teniendo en cuenta que hay que hacer compatibles objetivos económicos con objetivos y nuevos compromisos sociales.
Acabo, señor vicepresidente del Gobierno, señorías, reiterando nuestro compromiso con el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2008-2010, que, junto con los Presupuestos Generales del Estado para 2008, viene a consolidar la
política económica y social del Gobierno, que arroja, a nuestro juicio, un balance altamente positivo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Intervendré con toda brevedad y desde el escaño, fundamentalmente para expresar mi satisfacción por el tono que han empleado todos los portavoces, aquellos que han manifestado que van a apoyar el objetivo de estabilidad y libre de gasto, y
aquellos otros que no lo van a apoyar pero que se han decantado por lo que el senador Urrutia ha llamado una abstención razonable, que luego ha apoyado el senador Gasòliba. En cualquier caso, todas las intervenciones han sido muy sensatas y muy
prudentes, y estoy de acuerdo en ellas, aunque discrepe de algunas cuestiones.
Solo quiero manifestar mi discrepancia fundamental de las manifestaciones del senador Gasòliba y del senador Albistur sobre un tema clásico y reiterativo en estos debates: el presunto hurto a esta Cámara de su capacidad de decisión. A mi
juicio, se hizo sencillamente una reforma para devolver a esta Cámara al sendero constitucional, aplicando el artículo 90 de la Constitución Española, como en el caso de cualquier otra iniciativa o proyecto de ley: se vota en esta Cámara y vuelve
al Congreso para que este lo ratifique. Tal como dice la Constitución Española, el Senado veta o enmienda, y la iniciativa pasa nuevamente al Congreso. Por consiguiente, no creo que se pueda decir que se le haya quitado a esta Cámara su capacidad
de decisión. Simplemente, había una cuestión que un ministerio había hecho mal, porque legisló mal y se olvidó de lo que dice el artículo 90 de la Constitución Española. No obstante, podemos seguir discutiendo sobre esto durante toda la vida, si
ustedes no están de acuerdo. Podemos volver a repetir este debate durante años y años.
Y hablando de años y años, y de los ocho años que decía mi buen amigo el senador Albistur que llevamos practicando el rito del debate de estabilidad presupuestaria, me sorprende que esta sea la primera vez en estos años que el portavoz del
principal grupo de la oposición no consume un turno en contra. No sé qué significa esto. Espero expectante porque puede que el Grupo Parlamentario Popular se abstenga o puede que muestre su apoyo al objetivo, porque es la primera vez en ocho años,
repito, que el portavoz del principal grupo de la oposición no consume un turno en contra en este debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor vicepresidente y ministro de Economía.
Como han dicho otros portavoces, estamos en un puro trámite de audición y, como decía el senador Bru, no es casualidad que se produzca a los dos días del debate en el Congreso. Entiendo que es una repetición, pero yo, por mi parte, voy a
tratar de que no se reproduzca el debate del Congreso.
Con esta escenificación prácticamente se contempla que es el inicio de la puesta en público del reparto. En muchas de las intervenciones se comenta que el gasto es mucho o poco dependiendo de si se recoge lo que le interesa a cada uno, y
nos alejamos del debate que verdaderamente interesa, que es si ese 6,8 por ciento de crecimien-
to es mucho o poco, en consonancia con lo que se estima que va a crecer la economía.
Como muy bien ha dicho la senadora Aroz, yo lo desgajaría. El superávit que se presenta es del 0,3 por ciento básicamente porque con esta ley descafeinada se permite a las comunidades autónomas gastar el 0,25.
Además, doy por sentado que
se seguirán constituyendo empresas públicas, algunas de ellas de dudosa utilidad, donde siguen aumentando plantilla e incrementando deuda.
Respecto al 0,6 por ciento de la Seguridad Social, me parece que ya tiene suficiente reto en el futuro como para enjugar ese superávit y saber darle un cauce adecuado. Así que nos centramos en el 0,3 por ciento, que a nosotros se nos antoja
poco ambicioso; además, en ningún caso está hecho como control del gasto sino como un incremento permanente de ingresos, que creo que da margen más que suficiente para actuar.
Como muy bien se ha dicho aquí -luego comentaré algo, dado el autobombo y el triunfalismo que ha expresado el senador Bru-, la economía española, efectivamente, se encuentra saneada, creo que el crecimiento mundial es, como nunca, general,
superando el 5 ó 6 por ciento; creo que nuestros socios están creciendo y que nuestros principales clientes, Alemania, Francia e Italia, están haciéndonos compra, y en este contexto, después de 12 años de crecimiento, pensar que un 0,3 por ciento
es un exceso, particularmente nos parece un objetivo muy poco ambicioso. Menos mal que existe esta ley de estabilidad, aunque sea descafeinada, porque la cultura que se ha ido reflejando durante estos años en todos los portavoces parece que es muy
superficial, porque todo el mundo, a la primera de cambio, pese a la experiencia ineludible de que España, con 12 años de control, ha sido el país que mejores resultados ha conseguido frente a otros, que no lo consiguieron, todavía ponen en duda la
benignidad de este tipo de medidas.
Nosotros pensamos lo contrario. Es por el inicio de ese ciclo por lo que ustedes han descafeinado la ley. Los momentos bajos comienzan justo cuando los gobernantes en las fases altas actúan con poco rigor, empiezan a gastar más de la
cuenta y a no velar por la eficacia del dinero público, es en esos momentos cuando se va sembrando el fin del ciclo y comienza el ciclo malo. En estos 12 años hemos pasado crisis financieras internacionales, estancamientos de la Unión Europea y,
pese a todo, el ciclo de la economía española -como alguien ha dicho aquí- ha sido único: España ha conseguido un ciclo largo con pequeños bajones de adaptación, pero siempre creciendo.
No estamos de acuerdo con ese crecimiento del gasto porque, pese a todo lo que hemos dicho anteriormente, vuelve a subir la presión fiscal -y ya van dos puntos- y vuelve a incrementarse el tamaño del sector público. Y esto, además de
incumplir lo que en muchas ocasiones se ha afirmado que no se iba a hacer, representa añadir ineficacia al sistema.
He reiterado, y sigo reiterando porque creo en ello, que el control y el rigor en el gasto son los responsables de que podamos tener más infraestructura y más gasto social y no al contrario. Cuando realmente se cree en esto es cuando se
llevan a cabo políticas de control y no cuando se opina que si tenemos capacidad de gastar o de endeudarse hay que hacerlo como locos, pensando sólo a corto plazo y no a largo plazo.
Los objetivos que la economía se marca en cada momento deben estar en función de las circunstancias; no es lo mismo correr 100 metros lisos que 100 metros vallas. Hace diez años la economía tenía una serie de obstáculos, unos deberes que
hacer, y creo que los hizo; en este momento tiene otros obstáculos, otros deberes, estaba obligada a ser más ambiciosa en cuanto a investigación, así como en infraestructuras y conseguir una mejora en la productividad, que ya se criticaba hace
cinco años; sin embargo, no se han hecho estos deberes.
Yo valoro mucho la labor del ministerio al defendernos del lobby que había en el Ministerio de la Presidencia; el lobby económico de la Oficina Económica ha hecho mucho daño a este país al poner incluso en duda la seguridad jurídica a la
hora de efectuar contrataciones. No sé si finalmente se investigará o no la opa de Endesa o las acciones sobre grandes bancos que con este lobby se han querido desvirtuar, pero es muy importante, y me consta, que si no hubiera sido por la labor del
ministerio los despropósitos hubieran sido mayores.
Al principio de mi intervención he explicado por qué vamos a votar en contra; pero me ha sorprendido la euforia del senador Bru. Hay otras partes de la economía -porque hay que verla en su conjunto- que tampoco funcionan. Y aunque haya
cientos de asesores en la Moncloa -que es una prueba más del despilfarro, porque lo consideramos innecesario- alguien debía decir al señor Rodríguez Zapatero que ese maravilloso 2006 ha sido el primer año en que España diverge con Europa. Según
Eurostat, hemos perdido dos puntos per cápita en el PIB respecto a la media de la Unión Europea de los Veinticinco, o el 0,3 ó el 0,4, según la OCDE. Y lo que es peor, según las estimaciones de esta última, de seguir con estas políticas, la pérdida
de convergencia que habrá en 2007 va a provocar que cuando ustedes dejen el Gobierno volvamos al nivel de convergencia que teníamos en 2003.
Como manifesté el pasado año, no es igual crecer que engordar. Cuando el crecimiento económico se basa en el incremento de la población debido a una masiva llegada de inmigrantes, a la hora de repartir este crecimiento entre todos tocamos a
menos; además, no se reparte sólo el crecimiento, se reparte también lo que ya teníamos, nuestros stocks; esto significa que nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras viviendas sociales se están repartiendo con mucha más gente que está llegando
de forma masiva y significa también que se está perdiendo calidad y bienestar social en España.
En mi opinión, hay que hacer algo, hay que adoptar medidas, y la política económica se hace para prevenir, prever, conducir y no para ser meros actores pasivos; no se puede basar sólo en el crecimiento de una oferta de traba-
jo que existe únicamente por la llegada masiva de inmigrantes como nunca había ocurrido, salvo en Estados Unidos y Alemania en los momentos más álgidos, y, repito, esta oferta de empleo poco cualificada es la que está provocando un
crecimiento.
En los años 1996 ó 2000, por ejemplo, cuando la población aumentaba un 0,4 por ciento y el crecimiento era el 4 por ciento sí nos hacía converger con Europa. En este momento, cuando estamos creciendo tres décimas menos que la media de la
Unión Europea, no convergemos con Europa. Esto habría que recordarlo. Y es una de las causas -y a continuación enumeraré algunas otras- que justifican por qué, según el último barómetro del CIS el número de personas que considera que la economía
le va mal se ha incrementado de forma notable respecto del año anterior y por qué también ha descendido de forma notable el número de personas que opina que su economía iba bien. Ténganlo en cuenta y sean cautos porque esto no es jauja. Hay otros
datos que deberían tener en consideración, aun reconociendo las cosas que marchan bien.
El salario real ha bajado desde 2004 cinco puntos; y el peso salarial en el producto interior bruto ha bajado dos puntos -hasta el 46,5 por ciento-, siendo el más bajo que jamás hayan tenido los salarios en nuestro PIB desde que se toman
medidas y también el más bajo de Europa.
El precio del dinero ha subido un 30 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor CANEDA MORALES: Termino, señor presidente.
Como ya sabemos, el país está endeudado y creo que a la hora de hacer políticas económicas habría que tener en cuenta este hecho, así como que, a pesar de que en 2007 han bajado las ventas de viviendas y coches, también es en el que más se
han endeudado los españoles debido, muchas veces, a la refinanciación de hipotecas al 23 por ciento. Ha subido el gas y la electricidad cada tres meses, y también ha subido el teléfono. Y quizá a esos 10,5 millones de españoles que, según la
Agencia Tributaria, ganan menos de mil euros, esto les preocupe y no piensen que el ejercicio 2006 ha sido tan maravilloso y espléndido.
Señorías, el déficit en la cuenta corriente y en la balanza comercial -récord mundial- son unos síntomas que no eran tan graves hace cinco años, cuando eran del 4 por ciento, pero que ahora, que se sitúan en el 10 por ciento, sí nos deben
hacer pensar que hay cosas que no están tan bien, como es el gran endeudamiento, por un lado, o la falta de productividad, por otro.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor CANEDA MORALES: Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de este techo de gasto, pues considero que la economía española no hace lo que debería en esas circunstancias favorables en las que se encuentra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, vamos a proceder a la votación del acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 112; en contra, 102; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley
15/2006, de 26 de mayo, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el periodo 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del
Estado para el año 2008. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES:
-- EN RELACIÓN CON DIVERSOS SEÑORES SENADORES (S.542/000021).
El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, pasamos al punto tercero del orden del día: Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.
Para su presentación, tiene la palabra el senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para presentar en este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en relación con los señores senadores siguientes: Baig i Torras, doña María Assumpta; Bonet i Revés, don Carles; Casas i
Bedós, don Jordi; Cospedal García, María Dolores; Losada de Azpiazu, don Francisco Javier; Macias i Arau, don Pere; Montserrat de León, doña Almudena; Piqué i Camps, don Josep; Sabaté Borràs, don Joan.
Señorías, este dictamen es favorable y no propone incompatibilidad alguna en relación con los señores senadores citados, por lo que, de conformidad con el artículo 16.1 del Reglamento del Senado, se formula como dictamen de lista.
La ponencia constituida en el seno de la comisión examinó con todo detenimiento las declaraciones formuladas por los señores senadores citados y en algunos casos les requirió las aclaraciones y documentación complementaria que estimó
oportuna.
Previamente a la aprobación del dictamen, la comisión ha tramitado las solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades privadas presentadas por determinados señores senadores.
La comisión se reunió el 29 de mayo de 2007 y emitió dictamen favorable, que se publicó en el Boletín de la Cámara, Serie I, número 719, de 1 de junio de 2007, y este es, por tanto, conocido por todas sus señorías.
Como expresa el propio dictamen, su aprobación tuvo lugar por unanimidad de la comisión.
En definitiva, señor presidente, no me cabe sino solicitar de todas sus señorías la aprobación de este dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Se entiende que puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE (S.621/000100) (C.D. 121/000093).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el
proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
¿Alguien desea intervenir para presentar el dictamen? (Pausa.)
No hay presentación del dictamen.
Pasamos al debate de totalidad. En turno a favor tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Mi primera intervención desde esta tribuna fue para defender una moción que tenía como objetivo la creación de una comisión especial de estudio del racismo y la xenofobia en el deporte, y no puedo evitar recordar hoy las cosas que dijimos
todos los portavoces ese día ni todo lo que hemos escuchado durante los trabajos de la comisión. Y no puedo evitar una sonrisa de satisfacción cada vez que leo en la que pronto será ley...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, es muy difícil, sinceramente, poder escuchar algo. Silencio, por favor.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Decía que no puedo evitar una sonrisa de satisfacción cada vez que leo, en la que pronto será ley, cosas como que es una conducta violenta o que incita a la violencia la facilitación de medios técnicos,
económicos, materiales, informáticos o tecnológicos que den soporte a la actuación de personas o grupos que promuevan la violencia -y sabemos de lo que estamos hablando-, o que se consideran actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte la
entonación de cánticos, sonidos, consignas, pancartas o símbolos con mensajes vejatorios o intimidatorios para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por su religión, sus convicciones, su discapacidad, edad, sexo
u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución. No todos los gritos son iguales, no todo lo que se chilla en los
recintos deportivos es igual.
No he podido evitar sonreír cada vez que leo que uno de los objetivos de la ley es eliminar el racismo, la discriminación racial, así como garantizar el principio de igualdad de trato en el deporte y que se entiende por discriminación racial
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional. Mis compañeros de comisión seguro que también han sonreído, y ya que estoy en este punto aprovecho, pues no lo hice en su momento,
para agradecerles el esfuerzo y el entusiasmo aportados en la comisión a todos y a cada uno de ellos y de todos los grupos parlamentarios.
No quiero seguir sin agradecer la presencia de miembros del Consejo Superior de Deportes y volver a constatar el esfuerzo que han hecho para alcanzar este gran consenso y la capacidad que tienen para lograrlo: casi un centenar de enmiendas
aceptadas y transaccionadas en el Congreso y por ahora tres transaccionales en esta Casa, con previsión de que sean más a lo largo del debate en Pleno.
Señorías, esta es una buena ley, a la que todos los grupos hemos contribuido. Dota de instrumentos para la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que son radicalmente incompatibles con él.
Es una buena ley. Además, es una ley necesaria que busca fomentar el juego limpio, la convivencia y mantener la seguridad ciudadana; establece un régimen disciplinario deportivo, así como un régimen disciplinario y sancionador contra los actos
racistas, xenófobos, intolerantes o violentos o que lo fomenten. Esta norma aboga por convertir el deporte en una escuela de vida y civismo, especialmente para los niños y jóvenes, reconociendo así el carácter educativo -y vuelvo a sonreír- del
deporte. Y otra cuestión no menos importante, como es su labor integradora.
Con esta ley se pretende preservar el carácter festivo del deporte, que favorezca la fraternidad, el respeto y la convivencia social en vez del odio, la vejación y el insulto hacia el diferente, que tanto daño hace al deporte y a la sociedad
y que atenta tanto contra los valores del deporte como contra los valores de nuestra propia sociedad.
Esta ley quiere preservar que el deporte, en cualesquiera de sus dimensiones -profesional, recreativa o del espectáculo-, sea un espacio de encuentro y quienes son incompatibles con el deporte como practicantes y como espectadores son
aquellos que desarrollan conductas violentas, racistas o intolerantes. Esta ley acaba con quienes
tenían estas aptitudes en las gradas que eran algo así como los niños malos de los estadios. A ellos se les identificará, se les expulsará y se les sancionará.
El deporte siempre ha querido ser reflejo de nuestros mejores valores, tanto individuales como colectivos. La deportividad en sí es un concepto que trasciende del puro cumplimiento de las normas, de las reglas deportivas y se sitúa en un
entorno de respeto y consideración del adversario. Esta ley quiere preservar todo esto combatiendo las conductas violentas, racistas e intolerantes.
Hablábamos antes del carácter educativo de deporte y, por supuesto, todos y todas somos conscientes de la trascendencia del deporte de élite y las actitudes, declaraciones, comportamientos que se producen, por ejemplo, en el mundo del fútbol
tienen una trascendencia inmensa y muchas veces marca tendencia. Por eso, nos parece realmente acertada la posibilidad de imponer sanciones a la realización de declaraciones públicas que inciten a la violencia o a la realización de acciones que
fomenten o den soporte a los comportamientos violentos.
Además, se crea la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que sustituirá a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos y que realizará
actuaciones dirigidas a la prevención de las actuaciones violentas en acontecimientos deportivos, además de realizar actuaciones de información, de elaboración estadística y de evaluación de situaciones de riesgo.
Avanzamos hacia una sociedad menos violenta, menos discriminatoria y más igualitaria, creando una ley que lo impulsa desde el deporte. Avanzamos en la línea de los países de nuestro entorno. Organizaciones internacionales como el COI, la
FIFA o la UEFA ya han manifestado su satisfacción por las iniciativas contra la violencia, el racismo y la intolerancia llevadas a cabo por nuestro país. En esta legislatura el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha trabajado y
tomado iniciativas para erradicar esta lacra del deporte. Se constituyó el observatorio del racismo y la violencia en el deporte, con el fin de diseñar estrategias, obtener información, análisis de las mismas, seguimiento de la información
procesada y toma de decisiones y acciones a emprender. Se firmó el protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol y se presentó este proyecto de ley, que además ha sido claramente mejorado en el Congreso de
los Diputados y que en esta Cámara también lo ha sido y lo será.
Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los grupos parlamentarios en el Congreso por el trabajo realizado. El Grupo de Izquierda Unida introdujo 11 modificaciones a la ley; el de Esquerra Republicana, 14; el Vasco, 2; el de CiU, 22;
el Popular, 45, así como las aportaciones del Grupo Socialista. Serán más las aportaciones que hagan los grupos parlamentarios a lo largo de este debate, más las modificaciones que hemos incluido los los grupo parlamentarios Popular y Socialista en
comisión.
Esta es una buena ley y además es una ley de todos y de todas; es una ley que regula las responsabilidades y obligaciones de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos; las obligaciones de las y los espectadores
asistentes a los mismos; los dispositivos de seguridad y medidas provisionales para el mantenimiento del orden público en caso de incidentes violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en recintos deportivos; las funciones de la Comisión Estatal
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y el régimen sancionador y disciplinario deportivo aplicable en la persecución y sanción de este tipo de conductas, que armoniza nuestro ordenamiento jurídico con el de
países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia, que ya tenían leyes específicas contra la violencia de signo racista en los espectáculos deportivos.
El fútbol, como decía antes, es el acontecimiento español que tiene un impacto mediático mayor y más continuado, con más cobertura informativa y mayores audiencias, así que no vamos a negar su proyección formativa y educadora, que lo puede
convertir en un poderoso factor de integración y de cohesión social en sociedades diversas. El racismo, la xenofobia y la intolerancia no tienen cabida en el deporte ni tampoco en nuestra sociedad.
Esta ley es un instrumento para erradicarlo y la hemos hecho entre todos, con el impulso del Gobierno, con el impulso del presidente del Consejo Superior de Deportes, que está entre nosotros, Jaime Lissavetzky, y con las aportaciones de
todos los grupos parlamentarios. Es una ley de todos y todas y por eso desde aquí les pido el voto favorable y además les felicito porque ha sido un gran trabajo de todos y lo seguirá siendo en el debate de este Pleno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos, pues, al turno de defensa de las enmiendas.
Para defender sus enmiendas tiene la palabra el senador Cuenca.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que tengo que decir lo diré ampliado posteriormente en el turno de portavoces; por eso no he hecho uso del turno de portavoces en el debate a la totalidad.
Izquierda Unida ha presentado tres enmiendas. Una de ellas se refiere a preservar las competencias de las comunidades autónomas, respecto de lo cual podríamos navegar por todo el proyecto de ley hablando de la invasión de competencias de
las comunidades autónomas, pero creemos que con la enmienda que presentamos a la disposición final primera se podrían preservar dichas competencias. Hemos presentado también otras dos enmiendas clave y fundamentales.
En cuanto al problema de la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte en España, hay quien cree que simplemente se da en los grandes acontecimientos deportivos. Es decir, nadie trabaja pensando en invertir o en
actuar en el deporte escolar, en el deporte base en los barrios, distritos, etcétera. Por eso hemos creído conveniente presentar dos enmiendas que para nosotros resumen las aportaciones que ha hecho Izquierda Unida en la comisión que ha
trabajado sobre este tema aquí, en el Senado. Con la primera de ellas pretendemos trabajar, concienciar y dotar de los medios necesarios dentro de esa línea elaborando una guía de valores del deporte que pueda ser utilizada en los centros
educativos por animadores, monitores, entrenadores y voluntarios que trabajan con el deporte base para que tengan un instrumento con el que saber cómo afrontar todo lo relacionado con el racismo, con la xenofobia o con la violencia en el deporte.
Por tanto, por ahí va nuestra idea: dotar de instrumentos y de mecanismos a quienes trabajan en el deporte base.
Con nuestra segunda enmienda pretendemos clarísimamente que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, impulse dos objetivos importantes: todo lo relacionado con programas de animación deportiva en los
centros educativas y un plan en el que haya subvenciones y convenios de cara a fomentar la dotación de infraestructuras deportivas en el ámbito escolar.
Señorías, termino ya explicando estas enmiendas. Decía que alguien piensa que este problema solamente se suscita en los grandes eventos deportivos.
Pues bien, simplemente con unas medidas de seguridad esto se podría resolver en parte, pero
se equivocan quienes piensan que no es necesario trabajar en el deporte base con los niños y con las niñas desde que son pequeños para garantizar que lleguen a ser ciudadanos que no solamente practiquen deportes y actividades sanas sino que también
tengan conductas saludables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado solamente dos enmiendas, las números 40 y 41.
La primera es al artículo 1.2, relativa al ámbito de aplicación de la ley, con el fin de eliminar la autorización estatal de las competiciones deportivas autorizadas
por las federaciones deportivas españolas, ya que en muchas ocasiones actos organizados por las federaciones autonómicas necesitan autorización de la federación estatal para su realización y, por tanto, esta acción interfiere claramente en el ámbito
autonómico.
Hemos aceptado otras transaccionales en las que estamos trabajando aún, como ha dicho la senadora Hernández, junto con el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La verdad es que a veces no les entiendo. Un proyecto de ley como éste era totalmente jacobino cuando entró en el Congreso de los Diputados y solo se ha aceptado desde el punto de vista autonómico gracias en muchas ocasiones al buen hacer
del secretario de Estado para el Deporte, al que agradecemos su gestión. ¿Ustedes creen que se hubiese roto algo en este país si una ley como ésta hubiese sido de entrada autonomista, y sensible con la legislación vigente autonómica? Muchos
creemos que no, y en el fondo estamos convencidos de que la mayoría de ustedes tampoco. Nada se hubiese roto en España, nada se hubiese roto en el Estado central y algunos habríamos ganado algo, ustedes habrían ganado algo, o sencillamente la ley
habría salido mejorada.
Por último, y volviendo a las enmiendas, permítanme que haga una reivindicación: la enmienda 41, relativa a las selecciones autonómicas.
Emplazamos a la modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, con el objetivo de adaptarla a las
necesidades y circunstancias actuales, de forma que las selecciones autonómicas deportivas que lo deseen puedan integrarse en las federaciones internacionales correspondientes. Sabemos que éste no es el lugar adecuado para la presentación, pero es
una petición, un deseo, una aspiración largamente reivindicada por todos nuestros ciudadanos; no podemos ni creemos que debamos prescindir de ello. Estamos convencidos de que tarde o temprano lo conseguiremos, porque nuestra insistencia, nuestro
buen hacer, nuestra coherencia, nuestro respeto hacia todos los demás y hacia cada uno de ustedes, nuestro respeto a la legislación vigente no está reñido con nuestras aspiraciones, nuestras legítimas aspiraciones como país. Si otros lo han
conseguido por qué no nosotros. Sabemos que no será votada favorablemente aunque no vamos a dejar de presentarla siempre que nos sea posible, con el apoyo del Gobierno de Cataluña o sin él; con su apoyo o sin él vamos a continuar en ello. Por eso
pedimos esta vez que recapaciten, aunque sabemos que no sera posible lograrlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Buenos días, señor presidente. Egun on danori.
Buenos días a todos y a todas, señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado y mantiene vivas en el Senado 36 enmiendas a este proyecto de ley. En el Congreso presentamos 32 enmiendas, de las cuales, como ha dicho la portavoz socialista,
únicamente se incorporaron dos. En el trámite que hemos tenido en esta Cámara en comisión vimos -y ya lo dijimos, también el senador Cuenca en su momento hizo referencia a ello en la comisión- cómo los dos grandes grupos, el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y el Grupo Parlamentario Socialista, habían alcanzado un acuerdo total en este proyecto de ley, incluso transaccionando tres enmiendas que presentaban ambos grupos que coincidían no sólo en sus términos, sino en su exacta
redacción, incluidas las comas. ¿Por qué nuestro
grupo parlamentario, que ha presentado 36 enmiendas, no ha conseguido llegar a ningún acuerdo con los grandes grupos en ninguna de las 36?
Nosotros hemos presentado dos grupos de enmiendas: uno que hace referencia a aspectos técnicos y otro aspectos que podríamos denominar competenciales. El que después de más de un año de trabajo en la Comisión Especial contra la Violencia,
el Racismo y la Intolerancia en el Deporte, se haya hecho un informe final y, a nuestro modo de ver, esas conclusiones no se hayan recogido en el proyecto de ley, eso es lo que nos ha llevado a mantener vivas buena parte -ahora las voy a resumir- de
esas enmiendas consideradas como técnicas.
Algunas, como ha dicho la senadora Aleixandre, son viejas reivindicaciones, como por ejemplo la 36, que reivindica la participación de las selecciones nacionales deportivas en competiciones oficiales, y podemos entender que este tipo de
enmiendas sean difíciles de transaccionar tanto con el Grupo Socialista, que en este momento gobierna, como con el Grupo Popular, en este momento en la oposición, y viceversa, porque cuando fue al revés tampoco fue posible -yo confío que en el
futuro también se podrá seguir dialogando-. Pero lo que no podemos entender es por qué las enmiendas técnicas -invito a sus señorías a que se lean el informe de las conclusiones de la comisión- no se recogen en la ley.
¿Cuál es nuestra opinión? Se la voy a resumir en una frase: pensamos que hemos estado más de un año trabajando en la comisión, hemos molestado -entre comillas-, hemos hecho venir a un montón de comparecientes, se han hecho visitas a
diferentes organismos, y al final no ha servido para nada, porque el Consejo Superior de Deportes ya tenía su ley, ya tenía establecido cómo quería que fuera este proyecto de ley y no se ha tenido para nada en cuenta el trabajo de año y medio de una
comisión especial.
Si lo que había que hacer era justificar la creación de esta comisión especial, muy bien, invito a que lean sus señorías las conclusiones y me digan dónde están recogidas en el proyecto de ley que estamos debatiendo esta mañana
en la Cámara.
Resumiendo, pues no entraré a comentar los matices de las 36 enmiendas, sí voy a poner, a modo de ejemplo, unos cuantos botones de muestra de lo que consideramos enmiendas absolutamente técnicas, en las que tendríamos que haber llegado a
algún acuerdo -todavía estamos a tiempo-, y de las enmiendas de tipo competencial, relativas a las transferencias a las comunidades autónomas, unas habidas y otras por haber, cuyo acuerdo entrañaría mayor dificultad.
Citaré media docena de los ejemplos que hemos propuesto. En primer lugar, una modificación del párrafo 10 del apartado IV, en el que intentamos, como en varias enmiendas similares, suprimir el término «valores». Nos parece que este es un
término impreciso y, por consiguiente, de difícil entendimiento en el proyecto de ley. También hemos modificado el artículo 1.2, en relación con las comunidades autónomas que tienen aprobadas leyes deportivas. En ese sentido, el ámbito de
aplicación de la ley choca frontalmente con las competencias de dichas comunidades.
Asimismo, se propone la modificación del artículo 2 del proyecto de ley en cuanto a los actos y conductas violentas que incitan a la violencia en el deporte, los actos racistas, xenófobos o intolerantes y a las personas organizadoras de
competiciones y espectáculos deportivos. Esta es una enmienda absolutamente técnica, que recoge el acuerdo alcanzado por los diferentes grupos dentro de la comisión; en ese sentido, me remito a lo que dice, tanto la enmienda como el informe final.
Las enmiendas números 4, 5, 6, etcétera, hacen referencia también al término «valores», al que me referí anteriormente.
La enmienda número 7 hace referencia a la modificación del apartado 3 del artículo 3, en cuanto a las medidas para evitar las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes. Se trata, por tanto, también, de una enmienda
absolutamente técnica, recogida en el informe de la comisión especial.
El resto de las enmiendas, las números 8 y 9, tratan de aportar una mejora técnico-jurídica; nos estamos refiriendo a la autorización de medidas de control y de vigilancia en los recintos deportivos; no tiene nada que ver con las
competencias autonómicas. En este caso concreto, proponemos la modificación de la redacción del artículo 8.1, aportando una mejora técnico-jurídica. En cuanto a la supresión del apartado 2, entendemos que el texto del proyecto contiene una
remisión en blanco al reglamento en temas que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales y cuya previsión ha de ser en norma con rango de ley o, al menos, que la ley contenga los criterios de aplicación de la misma.
En la enmienda número 10, absolutamente técnica, referida al artículo 9.1, proponemos la sustitución del término «club» por el de «entidades deportivas». ¿Por qué? Porque, a nuestro modo de ver, resulta más acorde con lo que se pretende en
el proyecto. Insisto, una vez más, que se trata de enmiendas absolutamente técnicas.
La enmienda número 11 sería, sin embargo, de aplicación comunitaria. En la enmienda número 12, referida a las federaciones deportivas y ligas profesionales, estas deberán comunicar a la autoridad gubernativa competente por razón de la
materia los criterios del acuerdo establecido en la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. A nuestro modo de ver, la declaración de alto riesgo de un evento deportivo es un acto de ejecución
que debe atribuirse a las autoridades con competencias en materia de seguridad, bien sea un órgano del Estado, pero también el órgano de alguna comunidad autónoma, como es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Hemos propuesto la modificación del artículo 11, relativo a control y gestión de accesos y de ventas de entradas y de títulos válidos de ingreso. Esta enmienda también hace referencia a las competencias transferidas a las comunidades
autónomas. En el mismo sentido va la enmienda número 13 al artículo 12.
En cuanto a las números 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 están referidas exclusivamente a materias que tienen que ver con la competencia de comunidades autónomas. Solicitamos la supresión de determinados
artículos al Título III, en concreto del 32 al 37 inclusive, por considerar que el régimen disciplinario deportivo constituye uno de los elementos que configuran la materia de deporte, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lo mismo
sucede con las enmiendas números 32, 33, 34 y 35.
Finalizaré con la número 36, a la disposición adicional nueva, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Como ya expresamos cuando se aprobó la Ley del dopaje -y seguiremos diciéndolo siempre que tengamos ocasión de
hablar del deporte tanto en esta Cámara como en el Congreso-, la participación de las federaciones deportivas autonómicas en competiciones estatales o internacionales debe contar con el reconocimiento del Estado, si es que este cree de verdad en las
comunidades autónomas. Se añade una disposición adicional decimoctava, relativa a las federaciones y selecciones autonómicas con la siguiente redacción: «1. A los efectos del artículo 33.2 de esta Ley, la participación de las selecciones
autonómicas en competiciones oficiales internacionales no precisará de autorización del Consejo Superior de Deportes.
2. En el marco del artículo 32 de la Ley. A las federaciones deportivas autonómicas no les será de aplicación la autorización prevista en el artículo 8, letra p), de la presente Ley.
3. En todo caso, las federaciones deportivas autonómicas que no estén integradas en las federaciones deportivas españolas estarán representadas en los órganos colegiados de participación que se regulan en esta Ley.»
Concluyo, señorías. A nuestro modo de ver, nada impide para que el legislador -si es que existe voluntad- pueda legítimamente optar por que las federaciones deportivas autonómicas tengan relaciones con las federaciones deportivas
internacionales sin estar obligadas a integrarse en las federaciones deportivas españolas. Tampoco debe prejuzgar la posibilidad de que las federaciones autonómicas representen al deporte federado de su respectiva comunidad autónoma e integren sus
correspondientes selecciones nacionales, todo ello si la normativa autonómica así lo prevé, como es el caso.
A este respecto, recientemente, todavía no hace ni quince días, en la comparecencia del señor Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, solicitada por nuestro Grupo -al que respeto y saludo muy cordialmente, pues sabe que le tenemos
un cariño especial-, le recordaba que hay selecciones autonómicas -como es el caso de la pelota vasca, o actualmente la selección vasca de fútbol, que va a participar en Venezuela el próximo día- y no entendemos por qué deben crearse de una manera
artificial -como ha podido suceder en muchos casos, como lo que ha pasado, por ejemplo, con ese partido de fútbol sala que ha participado en una competición a otro nivel, en el que no quiero entrar- y no puede haber un reconocimiento en este
sentido, pues esta sería una buena ocasión, señor secretario de Estado, para modificar esta ley y dar respuesta a una reivindicación que entendemos que para nada rompe ninguna unidad de España ni de ningún Estado, simplemente es una reivindicación
que tienen todos los pueblos, en todas aquellas comunidades autónomas que tienen selecciones de cualquier deporte. Y lo estamos viendo a lo largo del año: cualquier comunidad del Estado, sobre todo en la época de Navidad, etcétera, organiza sus
competiciones y no pasa nada.
Por último, debo dar las gracias a todos los grupos, con quienes hemos trabajado conjuntamente codo con codo, y anuncio ya que nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a apoyar todas las enmiendas que mantienen vivas
el resto de los grupos parlamentarios.
Asimismo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos votará en contra del dictamen de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias.
Mi grupo parlamentario ha presentado 23 enmiendas, de la número 42 a la 64, con el fin principal de defender las competencias que nos atribuye el estatuto autonomía -que ayer, precisamente, cumplió un año desde su refrendo por el pueblo de
Cataluña-, y de cuyo cumplimiento estamos vigilantes.
Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, el proyecto de ley que envió el Gobierno presentaba un déficit mayúsculo: el respeto a las competencias que se atribuyen a las comunidades autónomas a través de los estatutos de autonomía.
El trabajo en el Congreso de los Diputados de los grupos que forman parte de Entesa Catalana de Progrés se encaminó hacia este objetivo y, en este sentido, es mi deber reconocer que el Gobierno socialista -y, muy especialmente, el Consejo
Superior de Deportes y el Ministerio de Educación y Ciencia-, se ha mostrado receptivo porque ya en el mismo Congreso de los Diputados consiguió el acuerdo y la votación favorable de socialistas y de Esquerra Republicana de Cataluña.
Las enmiendas en el Senado se han orientado de nuevo hacia el objetivo competencial, si bien algunas de ellas son más importantes que otras e, incluso, las hay de carácter técnico, como es el caso de la enmienda número 51 al artículo 2.2.a),
que añade que dentro de las formas de discriminación hay que incluir las derivadas del origen geográfico o social, que habían sido ya incorporadas en los apartados b, c y d, del mismo artículo 2.2.
Por lo que se refiere a la enmienda número 53, que afecta al artículo 2.3, sobre las entidades deportivas, delimita su aplicación cuando participen en competiciones deportivas dentro del ámbito de la presente ley.
La mayoría del resto de las enmiendas tienen como fin salvaguardar el ámbito competencial en materia de deporte y también, en este caso, afectan a la seguridad pública.
Quiero remarcar que se nos ha ofrecido una transaccional a nuestra enmienda número 64, sobre la disposición final primera, con el fin de clarificar las competencias exclusivas del Estado y las de las comunidades autónomas en materia de
deportes, como ocurrió con otra enmienda que se presentó y se aceptó en el Congreso de los Diputados, sobre seguridad pública.
Asimismo, mi grupo parlamentario considera importante llegar a una transacción, a última hora, sobre la enmienda número 45, al artículo 1.2, con el fin de suprimir que el ámbito objetivo de aplicación de esta ley pueda ser determinado a
instancias de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que hubiera podido comportar problemas de competencias estatutarias.
Así como durante el debate en la comisión me pareció que las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular eran muy herméticas, tengo que agradecer la negociación que se me ha brindado con posterioridad y
los acuerdos alcanzados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés, vamos a aceptar las enmiendas números 51 y 53 en sus propios términos. Asimismo, suscribiremos transaccionales sobre las números 45, 54, 58 y 64.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha alegado que no van a apoyar este proyecto de ley porque no se han incluido las conclusiones de la Comisión Especial de Estudio para Erradicar el Racismo y la Xenofobia del Deporte
Español, pero que sus enmiendas tienen carácter competencial. Sin embargo, senador Maqueda, la única enmienda nueva que han presentado con respecto a las del Congreso de los Diputados es la que propone la supresión de la palabra «valores» y, como
usted sabe, no se trata de una cuestión sobre la que se debatiese en la citada comisión.
De manera que usted puede decir que no porque piensa que hay invasión de competencias -cosa que yo aquí le niego y, además, siempre queda el recurso de inconstitucionalidad-, pero no puede afirmar que no están recogidas las conclusiones de
la comisión porque nada más lejos de la realidad. Quien afirme eso no se ha leído la ley o las conclusiones de la comisión.
Continúo con CiU diciéndoles que lo hemos intentado. En el Congreso de los Diputados ustedes plantearon toda una serie de problemas a esta ley y, finalmente, nos hemos quedado con dos de sus enmiendas, que realmente es una porque la otra es
la de las selecciones autonómicas. Es una lástima porque queríamos incorporarla, a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pero al parecer no hemos llegado a los términos que ustedes consideraban necesarios. Lo
sentimos y queremos agradecer las aportaciones realizadas a esta ley por Convergència i Unió a lo largo del trámite parlamentario.
Al senador de Izquierda Unida tengo que decirle que también lo hemos intentado, senador Cuenca; de hecho, de las tres enmiendas planteadas por su grupo parlamentario estábamos dispuestos a transaccionar dos y no una, pero no ha sido posible
al instalarse en el o todo o nada. Lo siento especialmente por tratarse de usted y porque sé que ha realizado un trabajo importante en la comisión, pero entendemos que esta enmienda pertenece al ámbito de otra ley, quizá la de presupuestos pero,
desde luego, no esta.
Además, me sorprende el apoyo anunciado por el portavoz del PNV a todas las enmiendas del senador Cuenca Cañizares que quedan vivas, dado que incluye alguna con la que se produce invasión de competencias. Por un lado, nos ponemos recelosos
y mantenemos que se invaden competencias y, luego, parece que no pasa nada y que de lo que se trata es de apoyar las enmiendas que quedan vivas. No obstante, me parece bien.
Entiendo que la enmienda que se formula al artículo 37 ha sido transaccionada, porque era exactamente igual que una presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de hecho, la habíamos incluido y hemos tenido que tacharla
porque su grupo parlamentario no había firmado, y así queda reflejado.
Es una lástima no haber podido llegar a un acuerdo respecto a las otras dos, pero repito que no ha sido por voluntad de los grupos parlamentarios sino porque se ha planteado un todo o nada que no podemos aceptar.
Quiero agradecer todo el trabajo realizado en el trámite parlamentario y volver a reiterar la gran labor realizada por la Comisión Especial de Estudio para Erradicar el Racismo y la Xenofobia del Deporte Español. Sé que queda mucho por
hacer para trasladar algunas de las conclusiones de esta comisión a otras leyes e incluso a iniciativas que no nos corresponden a nosotros sino a otras instituciones, porque nadie piensa, senador Cuenca, que sea solo un problema del deporte
espectáculo. Nadie piensa eso, lo que pasa es que el sentido de una de sus enmiendas no encaja en esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Seguro que luego también tengo que oír decir a la senadora del Partido Popular que estamos haciendo invasión de competencias de las comunidades.
Señora senadora, si quiere ver invasión de competencias de las comunidades en esta ley, léase usted todos los capítulos que hablan de seguridad y de sanciones, solamente esos, y luego me lo cuenta. Le recuerdo que quien ha presentado una
enmienda sobre ese tema ha sido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y nuestros compañeros en la Entesa de Iniciativa per Catalunya. Así que no me saque esto ahora, que lo único que me faltaba es que se volvieran ustedes muy nacionalistas.
Igual que el senador Maqueda, este senador de Izquierda Unida tiene la sensación de que durante este proceso -y voy a decirlo en un tono parlamentario y no coloquial- hemos estado inmersos en unas medidas de entretenimiento. Digo esto
porque, primero, se constituyó una ponencia de estudio, creo que auspiciada o instada por el Consejo Superior de Deportes y con la que yo estaba de acuerdo por parecerme interesante, pero tras su constitución acontecen, lamentablemente, unos hechos
sobre violencia en el deporte y rápidamente el Gobierno presenta el proyecto.
Entonces, pensé que terminarían las reuniones de la ponencia porque, evidentemente, ya no tenían sentido, pero continuó el tiempo de entretenimiento sobre este asunto y
seguimos trabajando para llegar a unas conclusiones, así que nos esforzamos y aprobamos unas conclusiones por unanimidad. Y qué curioso que al día siguiente, cuando se presentan las enmiendas, se acaba la unanimidad porque se produce un pacto
férreo entre el Partido Popular y el Partido Socialista respecto a esta ley y que curiosamente, además, lo explicitan con tres enmiendas idénticas, como si las hubiera redactado el Consejo Superior de Deportes. ¡Qué curioso que coincidan los dos
partidos políticos en redactar lo mismo! Yo creo má bien que se las ha redactado alguien.
Aparte de lo dicho, pienso que hemos estado entreteniéndonos porque en la ley no están todas las conclusiones y recomendaciones de la ponencia, al menos las que nosotros hemos planteado allí y se han asumido por unanimidad. Por eso hemos
planteado dos enmiendas y no me cuenten ustedes eso de la invasión de competencias porque a algunos no nos parece adecuado oír tal cosa.
Señoría, yo sigo manteniendo que el Gobierno piensa que el racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte son un problema de grandes espectáculos. Pues muy bien, que lo resuelva con medidas de seguridad: más policías, más cámaras,
etcétera. Ya está. ¿Se cree que se va a resolver así? Bueno, allá ustedes. Espero no tener que recordar estas palabras dentro de poco de tiempo, si no trabajamos en el ámbito preventivo y fundamentalmente educativo con nuestros niños y niñas
para evitar conductas.
Senadora, el que habla se mueve por los campos de fútbol de base, no por los importantes -ya me hubiera gustado estar el domingo en algunos de ellos-. Ustedes no saben qué es lo que se dice y cuáles son las actitudes de los padres en esos
partidos de pequeñines, hasta de los prebenjamines, de los más chiquitines. Yo tengo una hija que arbitra a prebenjamines y no se puede usted imaginar lo que se dice en los campos, pero además no sabe las manifestaciones que se empiezan a dar en
los deportistas pequeñines. Si no invertimos, si no actuamos, si no explicamos, si no ponemos mejores conductas, me da igual lo que ustedes hagan con seguridad; aunque pongan más policías, más en el fondo sur, más en el fondo norte, seguiremos
teniendo problemas en el futuro. Por eso ustedes no quieren actuar en este tema.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas relativas al deporte base. Una propone generar un instrumento para los educadores, para los monitores, para los entrenadores, para ese personal voluntario que después de sus ocho o doce horas de
trabajo se pone con unos chavalitos o unas niñas a entrenar y a trabajar; a ese es al que hay que darle instrumentos, herramientas para conseguir que esos niños no le peguen una patada a las taquillas, una patada al vestuario, una patada al
banquillo o para que no tengan una actitud de desprecio, de rechazo a su compañero o a su compañera. ¡Más vale que ahí estuviéramos trabajando y dotando de mecanismos! Y me dicen ustedes: le admitimos ésta, si votan a favor. A través de la
conducta del Gobierno siguen insultando. ¿Quieren trabajar o no?
La otra enmienda la hemos presentado porque creemos que es fundamental dotar de subvenciones y firmar convenios con las comunidades y ayuntamientos para hacer más instalaciones deportivas en los centros educativos. Ahí es donde nos dicen
que invadimos. Díganles ustedes, señores del Partido Socialista y del Partido Popular, a sus alcaldes y a los responsables de sus comunidades que no están de acuerdo en que haya convenios y subvenciones para que haya más instalaciones deportivas en
los centros educativos. Paséense por ahí. Estaría bien que también la ministra se diera un paseíto por ahí y lo viera perfectamente porque hay que invertir. Como invertimos de 0 a 3 en escuelas infantiles, y estamos de acuerdo, hay que invertir
en esto también, señorías. Esto no es invasión de competencias, es destinar recursos públicos para esas políticas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Acabo, señor presidente.
Por eso digo, sí, claro. Estoy un poquito enfadado porque me han entretenido, porque ustedes utilizan discursos distintos y porque me fastidia -lo digo claramente- que hagan un discursito, que den una imagen a través de los grandes eventos
deportivos, con los grandes partidos y con la televisión, pero en deporte base no hacen nada. Hagan ustedes lo que quieran. Tendremos que seguir trabajando porque no van a corregir nada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente. Tan sólo quiero manifestar que Coalición Canaria está básicamente de acuerdo con este
texto del proyecto de ley que llega del Congreso de los Diputados donde se alcanzó un alto grado de consenso. Aunque es verdad que se producen algunos roces en los temas competenciales, nosotros valoramos positivamente la ley.
Votaremos a favor del proyecto de ley, al margen de que apoyemos también alguna de las enmiendas que se han presentado y que, a nuestro juicio, mejoran el texto. Estoy de acuerdo también con el señor Maqueda, en cuanto a lo manifestado en
la Comisión Especial de Estudio para erradicar el Racismo y la Xenofobia del Deporte Español que acaba de terminar en este Senado. Entiendo que el Gobierno, aunque sea por cortesía, aunque no haga caso después, podía haber demorado la tramitación
de esta ley, aunque sea un mes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente. Señora ministra, bienvenida a esta Cámara. Agradecemos su presencia aquí.
Siempre es un placer tener a la ministra correspondiente presentando un proyecto de ley. Es un
reconocimiento a esta Cámara. No siempre lo tenemos, pero nos gusta cuando lo tenemos.
Todos aceptamos que este proyecto de ley es necesario. La mayoría de nosotros hubiese deseado que no lo fuera porque en una sociedad formada -me atrevería a decir civilizada-, un proyecto de ley como éste, como el que hoy debatimos, debería
ser totalmente innecesario. Pero es más, una prueba de su necesidad la podemos tener muy a menudo. Demasiado a menudo salen en los medios de comunicación agresiones entre seguidores de distintos equipos que pueden llegar a convertirse en una
verdadera batalla campal. Cada día lo vemos en los medios de comunicación, no sólo dentro del terreno de juego, sino fuera. Dentro del terreno de juego lo entenderíamos, pero nunca fuera. Las cámaras de televisión son testigo de ello.
La señora Hernández nos hablaba en su intervención de enseñar juego limpio a nuestros escolares. No deja de ser curioso que en el deporte, que es una práctica de diversión sana para el trabajo en equipo donde se potencia el compañerismo, la
convivencia y la lealtad, la violencia pueda darse sin límites. Si nuestra sociedad fuese madura y responsable -como muchos desearíamos- cualquier conducta violenta e intolerable sería despreciada totalmente por su entorno y el individuo quedaría
totalmente aislado sin posibilidad de continuar, pero evidentemente ésta no es la realidad.
Esta ley hace corresponsables a los organizadores de los distintos eventos deportivos de los comportamientos violentos que en ellos se pudiesen desarrollar obligando a tomar medidas necesarias para evitarlos, pero las leyes por sí solas no
suponen ninguna erradicación. Por desgracia -usted lo sabe perfectamente- hace dos años aquí aprobamos una Ley, la de Violencia de Género y diariamente estamos cansados de ver horrorizados en los medios de comunicación violencia extrema contra
mujeres maltratadas y sus propios asesinatos. Hace dos años que aprobamos la ley y no hemos conseguido casi nada.
¿No sirvió? Nos preguntaremos. Sí, sirve como instrumento para que miles de mujeres denuncien, para que se vean amparadas y para que la Justicia actúe contra sus agresores, pero la erradicación de este problema todavía no será posible, y
no lo será si la sociedad no cambia. Por eso, estamos de acuerdo con el senador Cuenca. Estamos de acuerdo en que la ley debía incidir mucho más en el deporte base. Yo he visto, como usted, señor Cuenca -siento que no esté en la sala- que a los
jovencitos, casi niños, que, están en el deporte base, sus padres les arengan para que ataquen a su enemigo, para que le peguen porque tienen que ganar por encima de todo. La verdad es que las agresiones que se cometen en los campos infantiles, ya
no digo juveniles, de los deportes base son realmente espantosas. Están promocionadas por los padres, por los mismos promotores, por todos ellos. Los niños evidentemente crecen y se educan en esta violencia. Esta es la base que debemos erradicar.
Si no lo hacemos va a ser difícil conseguirlo.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas solamente -lo he dicho antes- que no han sido aceptadas, como ha dicho la senadora Hernández. La segunda lo entendemos, aunque nos hubiese gustado que fuera aceptada. Respecto de la primera estamos
convencidos de que hubiese sido posible. Un esfuerzo más.
Todavía esperamos que sea posible.
Hemos firmado a lo largo de esta mañana transaccionales de las enmiendas 45, 54, 58 y 64 de Entesa. Nos alegra que se hayan aceptado la 51 y la 53, ya que están en la misma línea. Pues mejoran y hacen menos agresiva la ley para las
comunidades autónomas.
Votaremos afirmativamente a favor de todas estas enmiendas, así como de las presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, evidentemente.
Nos hubiese gustado que la ley fuese aprobada por la mayoría. Todavía no sabemos si será posible. Nos hubiese gustado y hubiésemos deseado que un pequeño esfuerzo por parte de todos ustedes hiciera posible que fuera aprobada por
unanimidad. Nuestro voto depende ahora de ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Senadora Hernández, se lo digo con todo el cariño que sabe que le tengo: no ha entendido nada de lo que he dicho. No es que vayamos a votar en contra porque no se hayan incluido las conclusiones de la comisión especial, de ningún modo.
Vamos a votar en contra porque entendemos que este proyecto de ley no es adecuado. Vamos a
votar en contra porque muchas de las 32 enmiendas que presentó nuestro grupo en el Congreso -léalas, si no las ha leído- se refieren a aspectos técnicos mejorables de la ley. Solo dos tienen que ver con valores que hayamos incorporado y
algunas otras tienen que ver con la invasión de competencias, que consideramos que es grande.
Por eso hemos firmado todas las transaccionales que nos han ofrecido los demás grupos. He creído entenderle, y discúlpeme si le he entendido mal, que nuestro grupo no había firmado transaccionales. Aquí las tengo todas, y reconozco mi
firma en todas las que se han presentado hoy. No he visto la firma del Grupo Parlamentario Mixto, a lo mejor ha sido un lapsus.
Termino ya, señor presidente. No podemos permitir la invasión de competencias. Cuando se organiza un partido de fútbol que se declara de alto riesgo u otro tipo de competición, ¿quién controla la seguridad del estadio? La comunidad
autónoma, evidentemente, que tiene transferida la competencia.
Ahora bien, si no podemos llegar a acuerdos con el resto de los grupos, ya he dicho que apoyaremos las enmiendas que se mantienen vivas. No obstante, tengo que decirle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha llegado muy
confiada a la Cámara porque habían alcanzado de antemano un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y sabía que el proyecto de ley se aprobaría. Yo la animo a que nos dé justificaciones y no se limite a leer lo que le han escrito en el Consejo
Superior de Deportes. (La señora Hernández Gutiérrez le muestra al interviniente varios folios.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente.
Nuestro grupo ha sido el que ha salido mejor parado de la comisión. Hemos conseguido que nos aceptaran algunas enmiendas y hemos podido acordar alguna transaccional. De manera que nos sentimos satisfechos y retiramos las enmiendas números
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 y 63.
Con esta ley se trata de cumplir el objetivo de erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. No obstante, más que un objetivo negativo como título -para erradicar-, nos hubiera gustado que la ley tuviera
como título la búsqueda de valores: por ejemplo, juego limpio en una sociedad como la nuestra, plural y democrática. Evidentemente, no hay que erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia únicamente en los campos de fútbol o
en las competiciones que constituyen grandes eventos; hay que hacerlo en la vida diaria. No hay que hacerlo tampoco solo en el deporte de base, señor Cuenca; hay que hacerlo en la convivencia en las escuelas, en los centros deportivos, en los
centros de trabajo y en cualquier otro lugar. Este es el objetivo que debemos perseguir y que compartimos.
De todos modos, la ley ya está aquí y es la respuesta a unos hechos que ocurrieron en un momento determinado y que llevaron a la constitución de la ponencia del Senado. Yo no participé en ella, pero mi grupo está de acuerdo en el contenido
que se le dio.
Esta ley más que buscar respuestas positivas para erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia incide en aspectos de orden público y de seguridad ciudadana en eventos en los se acumulan muchas personas. En nuestra
opinión, éste debe ser un aspecto al que ha de dar respuesta cualquier gobierno, pero nos da la impresión de que esta ley se ha quedado algo corta porque responde a un problema de seguridad más que a infundir valores en el deporte. A pesar de todo,
es cierto que este proyecto de ley es necesario, y por eso lo vamos a apoyar, pero nos hubiera gustado más que hubiera resaltado estos otros valores y que no hubiera incidido en aspectos que no son de esta propia ley.
Mi grupo ha estudiado esta ley a partir de su objetivo. Estamos de acuerdo con el señor Cuenca Cañizares en el sentido de que no solo se debe referir a los grandes eventos sino también al deporte de base. Pero esto solo se puede encaminar
si todos tenemos claro que debemos avanzar en educación. Eso significa que se ha de hacer mucha más incidencia en la educación emocional, porque cuando nos encontramos en eventos deportivos, en los que se aglutinan muchas personas, a los humanos se
nos despiertan las pasiones más bajas, especialmente en los de alta competitividad. Por eso, en las escuelas deberíamos incidir en la educación emocional, para que seamos capaces de controlar la adrenalina en ámbitos colectivos y sobre todo en
competiciones.
En nuestra opinión, la educación es un camino mucho más largo al que no renunciamos. Sin embargo, en lo que se refiere a la seguridad, nos damos por satisfechos con esta ley y por eso la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento por el apoyo que han mostrado la mayoría de los grupos parlamentarios a este proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Estamos
convencidos de que es una ley absolutamente necesaria y oportuna, como lo han venido a confirmar los trabajos y las resoluciones de la Comisión Especial de Estudio para Erradicar el Racismo y la Xenofobia en el Deporte Español, que ha realizado un
trabajo espléndido y que consiguió aprobar por unanimidad del Pleno la resolución el pasado 4 de junio, resolución claramente convergente con el texto de este proyecto de ley y que viene a recoger prácticamente todos los elementos que se incluían en
ese trabajo.
Es cierto que podían estar incluidas otras resoluciones, pero el lugar idóneo de dichas resoluciones es la ley de presupuestos, porque se trata de inversiones en el deporte base. Cuando se presente la ley de presupuestos para el próximo año
podremos solicitar más presupuesto para llevar adelante la ejecución de esta ley.
Por otro, una regla de oro es que esta ley no es sólo para el deporte federado sino que es para el deporte en general y, por tanto, son unas normas cuya filosofía se aplica a la totalidad del proyecto.
Este proyecto de ley, como el anterior de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, se ha tramitado con una voluntad inequívoca de consenso que, en mi opinión, se ha conseguido en lo sustancial, posiblemente con pequeños
desajustes en cuanto a algunas reivindicaciones de índole competencial que considero se han resuelto suficientemente, senador Maqueda, con la inclusión en la disposición adicional octava de una cláusula general; es un lugar común constitucional, es
una desiderata de reglas generales para ser feliz sobre delimitación de competencias con las comunidades autónomas.
Y, señoría, le recuerdo la disposición adicional octava de delimitación de competencias: «En todo caso, la vigente ley será de aplicación, respetando las competencias que las comunidades autónomas puedan tener en el ámbito del deporte y,
específicamente, sobre la regulación en materia de prevención de la violencia en los espectáculos públicos deportivos. A su vez, la aplicación de las medidas de seguridad previstas en la presente ley se ejecutarán respetando las competencias en
materia de seguridad pública conferidas a las comunidades autónomas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». En mi opinión, el espíritu de esta ley está ampliamente recogido en esta disposición adicional
octava.
Por otra parte, señorías, estoy convencido de que los fines y objetivos de esta ley son ampliamente compartidos por la población española: Erradicar los comportamientos y actitudes violentas, racistas, xenófobas e intolerantes del deporte a
través de un catálogo de medidas de apoyo a la convivencia e integración social en el deporte, particularmente en el fútbol, que es el deporte con más incidentes; prevenir y reforzar la seguridad; mejorar el régimen de infracciones y sanciones; y
dar cobertura legal al protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol. Firmado el 18 de marzo de 2005.
Es, por tanto, una ley que viene claramente a recoger el sentir mayoritario, diría unánime, de la
población española.
Finalmente, esta ley, junto al Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, que forma parte de la Comisión Nacional Antiviolencia, y el protocolo de actuaciones que está llevando adelante el ministerio y el Consejo Superior de Deportes,
marcan una línea de trabajo adecuada para resolver esta lacra.
Por todo ello, mis felicitaciones a todos los grupos parlamentarios que han contribuido a hacer una buena ley, al Ministerio de Educación y Ciencia y a su ministra, y, especialmente, si me lo permiten, al secretario de Estado para el
Deporte, don Jaime Lissavetzky y a su equipo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Soclalista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me gustaría agradecer la presencia de la ministra en esta Cámara, así como a casi toda la cúpula del Consejo Superior de Deportes y, sobre todo, a don Jaime Lissavetzky, por haber intentado con el grupo mayoritario, tanto en el
Congreso como en el Senado, que esta ley saliera adelante.
Mi intervención en el turno de portavoces va a ser a favor del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ha hecho
una gran aportación, que ha mejorado el texto inicial, y considero que con la aprobación de las transaccionales que hoy hemos presentado y con las enmiendas que vamos a aprobar saldrá un texto mejorado.
La ley que hoy vamos a aprobar con la mayoría de esta Cámara era necesaria. Como ha comentado la senadora Aleixandre, ojalá que no lo fuera, pero es una realidad en el deporte español. Y nuestra labor es intentar entre todos mejorar la
legislación en todo aquello que afecta a los ciudadanos y, en este caso, al deporte español.
Como sabrán sus señorías, además se ha comentado bastante, el 16 de marzo se creó en esta Cámara una comisión especial -no ponencia, que es diferente-. Además, en el anterior Pleno el presidente de esta comisión presentó las conclusiones
del trabajo y hoy estamos aquí para aprobar el proyecto.
A mi grupo parlamentario le hubiera gustado que este proyecto de ley se hubiera presentado más tarde y que se hubieran incluido muchas de estas iniciativas, como han comentado muchos portavoces. Pero es importante destacar que muchas de
estas conclusiones están reflejadas en este proyecto de ley. No estoy de acuerdo con el senador Maqueda ni con el senador Cuenca Cañizares, y si ellos consideran que no es así, deberían haber incluido más enmiendas en este sentido. Nosotros
consideramos que habrá otras vías para desarrollarlo.
El imparable éxito del deporte como fenómeno social hace posible multiplicar su dimensión como valor de integración. El deporte es un lenguaje universal que se entiende en todos los idiomas y por ello en una sociedad multiétnica constituye
un poderoso factor de integración que refuerza la cohesión y la convivencia en sociedades plurales y complejas.
El 24 de julio de 2002 el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles suscribieron un documento denominado:
Compromiso contra la violencia en el
deporte, que contemplaba planes y actuaciones del Gobierno, y contenía por primera vez líneas específicas para combatir la violencia y el racismo asociados al deporte.
Este proyecto es necesario, pues existe una inadecuación de la legislación actual para adoptar medidas de prevención y sanción contra estos comportamientos. El presente proyecto de ley pretende regular en un solo texto legal todas las
medidas de lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia o cualquier otra manifestación de discriminación hacia las personas. Tenemos que garantizar la convivencia en una sociedad democrática como la
española, integrada por personas de distinto origen, y utilizar el deporte como vehículo de unión e integrador.
Para favorecer esta perspectiva es indispensable remover cualquier obstáculo de orden jurídico o práctico que discrimine la práctica deportiva de los inmigrantes y de sus familias en asociaciones, clubes, federaciones y escuelas deportivas
municipales, así como favorecer su acceso a cualquier instalación deportiva en las mismas condiciones que el resto de la población. Y esta era una de las conclusiones que destacamos en la comisión.
Asimismo debemos evitar que esos grupos violentos que existen sobre todo en el ámbito del fútbol utilicen el deporte como altavoz y como reclutador de jóvenes. Este punto, señorías, también estaba dentro de las conclusiones de la comisión.
La potencialidad del deporte en su dimensión formativa es enorme. El marco deportivo está obligado a ser en todas sus variantes un referente ético en valores y de comportamiento para el conjunto de la sociedad. Como comentamos en su día,
cuando debatimos la ley del dopaje, la responsabilidad de padres, madres, educadores, entrenadores, dirigentes federativos, prensa, clubes y responsables públicos es decisiva a la hora de transmitir esos valores que inculca el deporte, pero que no
se transmiten solo por practicarlo. Tal y como decía el senador Cuenca Cañizares, es cierto que no solo por hacer deporte se transmiten estos valores y no se transfieren a la vida cotidiana si no se practican con el ejemplo. Lo importante no es
ganar a cualquier precio.
La ley reordena el compromiso de los poderes públicos en el impulso de políticas activas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, además de afrontar con determinación un régimen sancionador adecuado a nuestros días.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora BLASCO SOTO: Termino, señor presidente, y me gustaría hacerlo agradeciendo el trabajo realizado por el Consejo Superior de Deportes, por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha mantenido un continuo diálogo y ha
buscado el consenso en un tema tan importante como el que estamos tratando hoy. Ojalá que esa colaboración estuviera también presente en la elaboración de otras leyes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-La señora ministra de Educación y Ciencia, Cabrera Calvo-Sotelo, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Me solicita la palabra el Gobierno.
Tiene usted la palabra, señora ministra de Educación y Ciencia.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero intervenir muy brevemente para lamentar, en primer lugar, el no haber podido estar presente en este debate desde su inicio y, en segundo lugar, para dejar claro el compromiso del Ministerio de Educación y Ciencia con este
proyecto de ley, así como para agradecer la participación de todos los grupos parlamentarios en su tramitación que estoy segura obtendrá un resultado final que va a responder a esa voluntad de consenso.
Cuando el pasado 23 de noviembre comparecí en el Congreso de los Diputados para el debate de totalidad de este proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, del que son proponentes el
Ministerio de Educación y Ciencia y también el Ministerio del Interior, concluí manifestando mi confianza y deseo de que la participación de todos a través del debate parlamentario llevara a la aprobación de una ley que contiene un mensaje claro y
contundente a la sociedad: el deporte, todo el deporte es absolutamente incompatible con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Creo que todos estamos de acuerdo en este objetivo y que existe un claro consenso social en la misma
dirección.
Estoy convencida de que las enmiendas que esta Cámara ha tramitado mejorarán el texto y contribuirán a poner en evidencia ese consenso que pretendemos alcanzar tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios.
Quiero también agradecer el trabajo desempeñado por el Consejo Superior de Deportes en la tramitación de esta ley y a esta Cámara, que efectivamente ha tenido un claro compromiso hacia estas cuestiones no solamente en la tramitación de este
proyecto de ley sino en el trabajo de esa Comisión Especial de estudio para erradicar el Racismo y la Xenofobia del Deporte Español, que ya ha sido mencionada en intervenciones anteriores.
Muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios por el apoyo a esta ley, que, junto con la Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, nos va a colocar en la vanguardia a nivel internacional, junto con países
como Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia, que tienen leyes específicas contra la violencia de signo racista en los espectáculos deportivos.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a votar el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
En primer lugar vamos a votar la enmienda número 37, del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 34; en contra, 197; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 38 y 39, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 19; en contra, 212; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 40 y 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 15; en contra, 212; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, las enmiendas números 10 a 15, 18, 21, 25, 26, 29, 30 y 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 19; en contra, 212; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 16; en contra, 211; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 18; en contra, 210; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 51 y 53, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 229; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación las propuestas de modificación con el número de registro 90227 a 90230.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 232.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el dictamen. En primer lugar, las partes del proyecto de ley que han sido enmendadas en Comisión y no comprendidas en la votación que hemos hecho anteriormente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 215; en contra, nueve; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 217; en contra, seis; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA RED DE CERCANÍAS FERROVIARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (S. 671/000124).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar,
moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar el servicio de la red de cercanías ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña. A esta moción
consecuencia de interpelación se han presentado cuatro enmiendas, tres del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y una del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Piqué.
El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con toda brevedad porque ya mantuvimos un intenso debate cuando tuve ocasión de presentar la interpelación a la señora ministra de Fomento sobre algo que preocupa mucho a los ciudadanos de Cataluña. Hay centenares de miles,
incluso, me atrevería a decir que millones de afectados por las constantes incidencias en la red de Cercanías de Renfe.
Llevamos ya demasiados meses con esta situación; se han ido tomando medidas, pero sus efectos prácticos están siendo hasta
ahora imperceptibles. Y lo que queremos con esta moción es sensibilizar a esta Cámara, en primer lugar, pero después también transmitir el mensaje al conjunto de la sociedad catalana de que somos muy conscientes de lo que está pasando, de que hay
que tomar medidas concretas, y de que es muy bueno que detrás de esas medidas concretas exista además el mayor apoyo político posible, el mayor consenso.
Sinceramente, con las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió como el Grupo Parlamentario Socialista creo que ese consenso es posible. Creo que puede ser muy positivo que esta Cámara, por
unanimidad, apoye algo que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña están pidiendo y a lo que tienen derecho: que un servicio esencial como es el transporte, en este caso de Cercanías de Renfe, funcione adecuadamente. Por supuesto, este
planteamiento sería igualmente válido si estuviéramos hablando de la Comunidad de Madrid o de la ciudad de Valencia, de la ciudad de Bilbao, o de cualquier otra que pueda tener el mismo problema. La Comunidad de Madrid, en la que se está
produciendo el debate de investidura, ha solicitado también la transferencia del servicio de Cercanías de Renfe.
Creo que este es un proceso imparable.
Quiero agradecer la sensibilidad y la flexibilidad que ha mostrado el Grupo Parlamentario Socialista aceptando algo que es de suyo inevitable, que es lógico, que es de estricta justicia y que, por lo tanto, me permite anticipar que por mi
parte no habrá el mayor problema en aceptar la enmienda en sus términos literales porque prácticamente son los mismos de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. O dicho de otra manera, con las modificaciones mínimas que han
planteado podemos asumir la moción con la incorporación de las aportaciones del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es otro grupo que ha presentado enmiendas. Aquí hay unos matices; puedo ser flexible respecto de
lo que al final suceda, si se incorpora o no alguna mención al Plan Director de Infraestructuras, que recoge no sólo el transporte o la movilidad de pasajeros a través de la red de Cercanías, sino del conjunto de la red ferroviaria, y también del
metro y autobuses.
Para mí es poco relevante que eso se introduzca o no, pero en cualquier caso tampoco voy a hacer una cuestión de fondo de ello. Creo que la enmienda con número de entrada 90.211 está subsumida en la moción que presentamos,
respecto de la necesidad del traspaso de la competencia: de los servicios de Cercanías a la comunidad autónoma, y es perfectamente asumible la enmienda que pretende implementar medidas de plena accesibilidad en todas las estaciones de la red, así
como en los convoyes. Me parece que es de estricta justicia y que, por lo tanto, lo podríamos incorporar como último punto de la moción.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha planteado alguna pequeña modificación de matiz respecto de este tema, pero creo que es de estricta justicia que sea él quien lo exponga.
Señor presidente, con esto doy por defendida la moción. Quiero celebrar que hayamos conseguido la unanimidad en algo que de verdad responde a las demandas de los ciudadanos y que demuestra una sensibilidad por parte de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara, sensibilidad, debo decir, que eché en falta en la intervención de la señora ministra, que quiso trasladar responsabilidades a gobiernos anteriores más de tres años después de tener las suyas propias en este Gobierno y
que quiso vendernos como un logro que se habían disminuido las incidencias en un 30 por ciento, obviando que eso significa que sigue habiendo un 70 por ciento de incidencias y que eso no es aceptable, y que, por otra parte, también pone de relieve
que cuando se quiere nos podemos poner de acuerdo en aquello que va en beneficio de todos y que no tiene por qué ser objeto de disenso ni de discrepancia política. Estamos ante un caso de estas características y me gustaría que el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya fuera también capaz de obtener estos consensos cuando trata precisamente de estos temas, pero por el momento, en todo lo que se refiere a las infraestructuras lamentablemente esto no es así. Sé que hay una propuesta del
Gobierno de la Generalitat en esa dirección y yo quiero pensar que eso se puede conseguir. Creo que hoy hemos dado un primer paso. Insisto, lo celebro y espero que esta moción consiga el apoyo unánime de la Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
He entendido que hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios.
Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que se debate en esta Casa algún asunto relacionado con servicios ferroviarios de Cercanías, si bien es verdad -también hay que decirlo- que se ha dado casi siempre prioridad a los asuntos relacionados con el AVE tanto
por el Gobierno como por los grupos parlamentarios de la oposición. Pero no hay duda, según se desprende de lo que se lee y se oye en los medios de comunicación, que los servicios de Cercanías, no sólo en Cataluña, sino también en otras comunidades
autónomas son deficitarios, están anticuados y, en consecuencia, necesitan un impulso considerable y urgente por parte de las instituciones competentes. Por ello, a Coalición Canaria le parece adecuada esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular. Es una moción hecha de forma prudente, sin grandes presiones ni exigencias, no impone plazos de ejecución ni una financiación excesiva.
Sí debo destacar la parte más política de la moción, los puntos 5 y 6. Nos extrañó un poco que un partido centralista, como el Partido Popular -más centralista incluso que el que apoya al Gobierno- solicite la transferencia de una
competencia estatal a una comunidad autónoma, aunque es verdad que esto está contemplado en el estatuto de autonomía.
Entendemos que las cercanías en general no deben gestionarse desde la lejanía, y de esto sabemos mucho los canarios. De ahí la
importancia de estos dos puntos.
Por tanto, Coalición Canaria apoyará esta moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Como saben sus señorías, ésta es una cuestión que ha sido tratada en ésta y en la otra Cámara reiteradamente en estos dos últimos meses, y de hecho el Pleno, de esta, con fecha 17 de octubre de 2006 aprobó una moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, una moción con muchos puntos y en la cual se citaban toda una serie de medidas a adoptar para hacer posible el fin del servicio deficiente de Cercanías en Barcelona.
Yo creo que muchas de las indicaciones que se dieron en esta moción aprobada por esta Cámara son hoy plenamente vigentes; algunas han sido incluso superadas por la propia realidad. Por ejemplo, una hablaba de acelerar la dotación del nuevo
material móvil de modo que se incorporarán ocho y 21 trenes Civia, y ahora tenemos 50, por lo cual hasta los 29 eran insuficientes. También se hablaba de un plan de información y de atención, de un despliegue de informadores, etcétera, y finalmente
se ha atendido esta demanda y, por tanto, como miembros de esta Cámara debemos estar satisfechos porque para algo sirven nuestros desvelos.
En relación con la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, nosotros estamos de acuerdo y desde un primer momento hemos manifestado nuestra posición, aunque nos ha parecido que era necesario complementarla con tres conceptos.
Uno, de hecho, no es un nuevo concepto, sino que pretende refundir dos de sus puntos -lo relativo a los traspasos- en el mismo epígrafe que fue el aprobado -y, por tanto, vigente- que consistía en recoger por escrito el traspaso a la Generalitat de
Catalunya del servicio de transporte de viajeros; se trata simplemente de ser coherentes con lo que se ha aprobado por la Cámara, no es una cuestión de principios, aunque sí es importante que se pueda ejecutar.
Los otros dos elementos que nosotros introducimos, también en línea con lo que está aprobado por la Cámara, son los siguientes. Uno es la demanda de ejecución de las inversiones previstas en el Plan Director de Infraestructuras -quizás
habría que precisar las inversiones previstas y asignadas a la Administración general del Estado, no vamos a decirle a otras administraciones lo que hay que hacer- y, otro es una cuestión muy importante: que se cumplan las resoluciones de las
Cortes Generales -reiteradamente ha habido resoluciones en ese sentido-, que tienen como objetivo la ejecución de programas destinados a implementar medidas de plena accesibilidad en todas las estaciones de la red. Esta es una demanda, es una
exigencia y es una de esas cuestiones en las cuales se ve la atención que desde las administraciones prestamos a los ciudadanos.
Por lo tanto, esta es nuestra aportación. Coincido con lo que ha expresado el portavoz de Coalición Canaria, me parece que esta es una moción con un carácter constructivo, al cual nosotros nos sumamos con gusto, y esperamos que sea un
acicate más para poder resolver de una vez por todas esta grave problemática.
En cualquier caso, sí que nos gustaría incidir en que con esta aprobación -esperemos que sea así- serán ya cuatro las ocasiones en que las Cámaras se han pronunciado en relación con el traspaso de los servicios de Cercanías -y está escrito
exactamente lo que dice- y parece que el Gobierno debería atender a tanta demanda parlamentaria y proceder a efectuarla en el plazo más breve posible. Efectivamente, no solo estoy hablando para Barcelona, sino también para Madrid o para otros
núcleos de cercanías. Este es un tema urgente y les anuncio que nuestro grupo va a presentar en el próximo período de sesiones una proposición de ley para que de alguna manera esto se lleve a cabo con la mayor diligencia.
Muchas gracias, señoras y señores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo una moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular y
la verdad es que creo que el senador Piqué en su intervención ha dejado muy claro cuál es su objetivo, y que fue ampliamente debatido en el Pleno de hace 15 días en esta misma Cámara.
Como bien decía usted, senador Piqué, el problema que en estos momentos tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña con el servicio de Cercanías de Renfe no es algo ajeno, es algo que todos los grupos y miembros de esta Cámara conocemos; quizá
no lo hayamos vivido en propia carne como lo han podido vivir las ciudadanas y los ciudadanos catalanes, pero es algo que en cualquier momento puede suceder -y de hecho sucede, aunque de forma puntual- en otras comunidades autónomas.
Por tanto, creo que es hora de abordar la cuestión del servicio de cercanías, con todos los condicionantes que ello conlleva, asumiendo incluso lo comentado por el senador Ayala, y que no es baladí: que son servicios deficitarios. Desde
luego, estamos obligados a conseguir que sean servicios de calidad, pues la cantidad no significa siempre calidad.
En ese sentido, creo que ha conseguido sensibilizar a esta Cámara. Se trata de un servicio necesario que precisa de mejoras
importantes, por supuesto, que sirvan de complemento a otros servicios de transporte, pues son estos los que contribuyen en conjunto a la movilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen necesidad de acceso a ellos. Todo ello supone llevar
a cabo ciertas actuaciones, las cuales quedan contempladas en el texto de la moción consecuencia de la interpelación original, texto que ha sido enmendado, como bien decía usted, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, llegando a una transaccional y a un acuerdo entre el grupo proponente y los grupos enmendantes, algo de lo que nuestro grupo se congratula, pues le parece un acierto, ya que es un problema que atañe a
todos y es de todos. Por tanto, creo que todos debemos contribuir a su solución.
Nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra forma, ha reivindicado y apoyado en esta Cámara en numerosas ocasiones la transferencia de los servicios de Cercanías de Renfe a las comunidades autónomas donde prestan los servicios,
por una razón muy sencilla: se trata de una red interna que presta servicio, fundamentalmente, a los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad autónoma; por tanto, la que mejor puede conocer las necesidades, las limitaciones y bondades de un
servicio de estas características es la comunidad autónoma donde se presta. Por este motivo nos parece totalmente coherente y lógico que se plantee su transferencia, en este caso concreto a la Generalitat de Catalunya, lo mismo que podría
plantearse a la Comunidad de Madrid, a la que usted ha hecho mención, como al Gobierno vasco, que también lo ha solicitado en alguna ocasión y cuya transferencia está todavía pendiente.
Mejorar la calidad del servicio es una cuestión importante, la cual no solo pasa por un incremento de personal, que es necesario, y por un incremento de unidades y servicios, como se plantea en la moción, sino también -y me parece importante
insistir en una cuestión- por la mejora de la información que se presta a los usuarios diarios de esos servicios de Cercanías, que no tienen más remedio que acceder a ese tipo de servicio para desplazarse a sus lugares de trabajo, de estudio o de
ocio.
Por tanto, esperamos que el fruto de este acuerdo logrado entre el Grupo Parlamentario Popular, proponente de la moción, y los dos grupos enmendantes, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y lo que hoy aprobemos aquí por parte de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, redunde en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que a diario hacen uso de este servicio de Cercanías. Nuestro grupo se
sumará a esta iniciativa para que eso sea una realidad. Lo único que deseamos es que se cumplan a la mayor brevedad posible todos los puntos reflejados en el texto de la moción, para que esto sea una realidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el señor Aragonés.
El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: (El senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Bona tarda, senyores i senyors senadors. En la seva interpel-lació
davant de la ministra de Foment, el senador Piqué va qualificar de 'caos permanent' la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Coincidim amb els plantejaments que avui ens proposa el senyor Piqué, sí, i així ja ho hem manifestat en nombroses iniciatives
palarmentàries presentades al llarg d´aquesta legislatura que el servei de rodalies de Catalunya pateix constantment tota mena d´anomalies que repercuteixen a la qualitat i puntualitat del servei i que provoquen un profund malestar als usuaris.»
Señorías, en su interpelación ante la ministra de Fomento, el senador Piqué calificó de caos permanente la red de Cercanías ferroviaria de Cataluña.
Coincidimos con el señor Piqué -y así lo hemos manifestado en las numerosas iniciativas parlamentarias que hemos presentado a lo largo de esta legislatura- en que el servicio de Cercanías en Cataluña sufre constantemente todo tipo de
incidencias que repercuten en la calidad y en la puntualidad del servicio y que provocan un hondo malestar entre sus usuarios.
Yo no estoy aquí para arropar al Ministerio de Fomento -prueba de ello son las múltiples intervenciones que he tenido desde esta tribuna, en las que mis posiciones han sido muy críticas no solo en materia de Cercanías sino también en otras
cuestiones que influyen en las infraestructuras en Cataluña, como es el tema del aeropuerto, las autopistas, etcétera-, pero en esta ocasión también es legítimo preguntarse sobre el grado de responsabilidad que ha tenido el Partido Popular en la
generación de este problema.
En este sentido, considero que la responsabilidad es más que relevante por la falta de inversión de los gobiernos del Partido Popular durante el período 1996-2004. A principios de los años noventa, objetivamente es cierto que Renfe hizo una
apuesta por la modernización de los servicios ferroviarios de proximidad en Cataluña coincidiendo con la preparación de los Juegos Olímpicos. Pero este esfuerzo inversor decayó, se vio truncado de manera incomprensible casi exclusivamente a favor
de la alta velocidad mientras que, paralelamente, el número de usuarios de Cercanías seguía creciendo año tras año. Podríamos decir pues que, en cierta manera, el servicio de Cercanías ha muerto de éxito ante la pasividad de sus gestores, y el
necesario proceso de modernización que requería el servicio de Cercanías -insisto- sufrió idéntico freno durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Baste un ejemplo para ilustrar esta situación. El promedio de antigüedad de los trenes
había llegado a ser de veinte años, mientras que actualmente se sitúa en los siete años.
Pues bien, el Partido Popular desde que está en la oposición ha tardado tres años en presentar una interpelación sobre Cercanías en esta Cámara; y es mejor tarde que nunca, pero ustedes tienen una responsabilidad histórica evidente en esta
materia y, por tanto, no es de recibo que pretendan eludir responsabilidades con el pretexto de que hace tres años que no gobiernan.
Dicho esto, nuestro grupo celebra que el Grupo Parlamentario Popular se posicione de una manera tan clara a favor de la transferencia del servicio de Cercanías de Renfe. Valoramos muy positivamente este cambio de postura del Partido Popular
ya que, en anteriores legislaturas, la respuesta ante esta petición fue siempre negativa, y ello quedó patente muy especialmente en la aprobación de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, que plasma un modelo centralizado cuya titularidad
corresponde en exclusiva al Estado.
Nuestro grupo ha abogado en esta legislatura y en la pasada por el reconocimiento efectivo del traspaso de las competencias en materia ferroviaria a las comunidades autónomas. Lo hicimos así el 29 de marzo de 2005 en la Comisión General de
las Comunidades del Senado donde, a propuesta del senador que les habla, se aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a negociar con las comunidades autónomas -con todas las comunidades autónomas que así lo requirieran y solicitaran- la
transferencia de los servicios de transporte ferroviario regionales y de cercanías gestionados por Renfe y de las correspondientes infraestructuras. Posteriormente hemos realizado distintas preguntas e interpelaciones en el mismo sentido a la
ministra de Fomento y hemos presentado sendas mociones requiriendo e insistiendo en este traspaso.
Por todo ello, celebramos que el Grupo Parlamentario Popular se sume también a esta reivindicación y preste su apoyo a partir de ahora a la consecución de dicho objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Termino lamentando que, pese a lo dispuesto en el estatuto de autonomía, esta previsión de traspaso se encuentre aún pendiente de desarrollo. El estatut otorga competencia a la Generalitat de decidir
quién operará el servicio de cercanías. Sin embargo, a día de hoy, no se ha creado una ponencia mixta en el seno de la Comisión bilateral Estado-Generalitat para negociar este traspaso. Y esto es responsabilidad del Estado y es responsabilidad del
actual Gobierno. En este sentido, únicamente se ha constituido un grupo de trabajo con el fin de que ponga las bases para la apertura de una ponencia que negocie el traspaso del servicio de Cercanías con Renfe; sin embargo, hoy por hoy, la
titularidad sigue siendo de Renfe-Operadora y según ha afirmado el señor secretario de Estado de Infraestructuras, el señor Morlán, la seguirá teniendo mientras no cambie la panorámica europea. ¡Pues estamos bien!
Acabo mi intervención anunciando que, como no podría ser de otra manera, vamos a dar soporte a esta moción que esperemos que se apruebe por unanimidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Guillén.
El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención, senador Piqué, advirtiéndole de que puede estar usted tranquilo porque no voy a utilizar esa creo que deficiente praxis política que emplean habitualmente los gobiernos de acusar a gobiernos anteriores del
déficit de infraestructuras y viceversa, la praxis que en muchas ocasiones utilizan los partidos de la oposición de asegurar siempre que el Gobierno lo hace todo mal. Más bien al contrario, quiero empezar mi intervención agradeciendo el tono de su
señoría a la hora de defender su moción, así como al resto de las fuerzas políticas su esfuerzo por conseguir aquello a lo que usted se estaba refiriendo, el consenso para resolver los problemas de los ciudadanos. En este sentido, la primera
responsabilidad de la Administración pública, pero también de los partidos de la oposición es impulsar al Gobierno para que solucione esos problemas y, desde mi punto de vista, estamos dando a los ciudadanos un ejemplo de eso, de que lo que de
verdad nos importa a todas las fuerzas políticas es solucionar un problema que es serio, que nosotros no negamos y sobre el que el Gobierno -y, desde luego, el grupo parlamentario que lo sustenta-, está trabajando y quiere seguir haciéndolo para
corregir las posibles deficiencias existentes en la red de Cercanías de Barcelona.
Señorías, en el debate que usted mantuvo el otro día con la señora ministra se aportaron datos bastante prolijos en el sentido de que el Gobierno tampoco ha estado parado durante este período y, de hecho, se han realizado actua-
ciones importantes. En primer lugar, se han invertido más de 440 millones en las cercanías de Barcelona; y, en segundo lugar, se está actuando sobre la renovación y el mantenimiento, de tal manera que en este mismo año 2007 vamos a reparar
125 de los 433 kilómetros de catenaria y ya se han puesto en marcha nuevos equipos en 13 subestaciones para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica en los trenes.
Asimismo, y en cuanto a los sistemas de control de tráfico, se
ha sustituido el sistema de la estación de Sants por otro de tecnología más avanzada. Igualmente, como también mencionó la señora ministra con respecto a las nuevas infraestructuras, ya se habían puesto en funcionamiento desde 1995 las de la línea
7; en julio de 2006, la ampliación de la línea 10; en definitiva, una serie de actuaciones que creo que van a ir mejorando el funcionamiento de estos servicios.
Sin entrar en ningún tipo de polémica, usted sabe igual que yo que hay una dificultad importante en este momento para poder trabajar en la línea de cercanías, en tanto en cuanto el mismo corredor de las cercanías lo utiliza también la línea
de alta velocidad y eso impide a veces que los trabajos se puedan hacer con la rapidez que todos quisiéramos. He querido decir esto, fundamentalmente, para que también les quede claro a los ciudadanos de Cataluña que el Gobierno no está inactivo;
seguramente, no será suficiente y, por lo tanto, a través de la moción que usted ha presentado así como de otras actuaciones que el propio ministerio tiene previstas, se va a seguir actuando en estas líneas de Cercanías.
Usted ha dado las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por la sensibilidad que había demostrado a la hora de facilitar la aprobación por consenso de esta moción pero, a la vez, acusaba a la señora ministra de su falta de sensibilidad.
Sin embargo, quiero decir a su señoría que, como usted bien puede entender, la moción que hoy aprobamos, con las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, no podría llevarse a cabo si la señora ministra careciese de esa sensibilidad de la que
usted la acusa. Acepto su afirmación porque sé que esta es la dialéctica política, pero quedó claramente demostrado el otro día, queda demostrado en el debate de hoy y también con las últimas acciones que el Gobierno está adoptando, como por
ejemplo el desarrollo del protocolo suscrito el 17 de mayo entre la señora ministra de Fomento y la Consejería de Política Territorial y de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, a través del cual se garantizan nuevas obras. Por ejemplo, la
nueva estación de cercanías Sagrera-Meridiana, la renovación de estructuras metálicas entre Granollers y Massanet en la línea Barcelona-Portbou, el intercambiador de Sabadell Nord, la modernización de la catenaria entre Granollers y Mataró y entre
Terrassa y Manresa o la reforma de la estación del Paseo de Gracia, que incluye su adaptación a personas con movilidad reducida.
Usted sabe que el Consejo de Ministros autorizó el desarrollo de ese protocolo con esas actuaciones el día 1 de junio. Por lo tanto, lo que usted ha comentado sobre que la Generalitat también ha sido poco flexible en materia de
infraestructuras creo que queda desmentido, porque precisamente en el desarrollo del citado protocolo ha participado la propia Consellería de Política Territorial y de Obras Públicas de la Generalitat.
Quiero terminar, señor presidente y señorías, diciendo algo a lo que ha aludido el senador del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Sé de su sensibilidad autonomista, senador Piqué, y por lo tanto no me extraña que usted pida la
transferencia de las Cercanías, como tampoco me sorprende que solicite, seguramente como parte de la sociedad catalana, la transferencia -y a ello aludía en la interpelación que le hizo a la señora ministra- de la gestión del Aeropuerto de El Prat.
Me alegra que sea esa su sensibilidad y la de su grupo, porque cuando...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Sí, señor presidente, termino ya.
Cuando en esta Cámara asistimos a un debate importante, como fue el del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a veces uno creía entender que la sensibilidad de su propio partido no iba precisamente en la dirección en la que ha ido este punto de
su moción, en el que se insta al Gobierno a que transfiera los servicios de cercanías a la Generalitat de Cataluña.
En todo caso, cualquier tipo de rectificación en ese aspecto es bienvenido. Solo me queda dar las gracias a sus señorías porque creo que entre todos estamos haciendo un favor importante a los usuarios de las cercanías intentando cumplir con
nuestra obligación: quien sustenta al Gobierno ha de decirle que actúe y quien está en la oposición debe darle ideas e impulsarle para que resuelva los problemas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Piqué.
El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias a todos los que han intervenido en nombre de los diferentes grupos, por el tono y el contenido de sus intervenciones.
Efectivamente, como he dicho en mi primera intervención, creo que hoy estamos haciendo algo muy positivo: demostrar que, ante cuestiones que afectan a los ciudadanos y ante problemas reales, que en este caso sufren directamente centenares
de miles de usuarios, estamos dispuestos a llegar a acuerdos en términos positivos. Por lo tanto, agradezco la posición de los diferentes grupos porque creo que es una magnífica noticia que podamos aprobar, según he entendido, esta moción por
unanimidad.
Pero, aunque sea de forma muy breve, no me resisto a hacer algunos comentarios respecto de algunas cosas que se han dicho. Yo sé muy bien, porque he tenido responsa-
bilidades de Gobierno, que los grupos parlamentarios que le dan apoyo no suelen tomar decisiones en las Cámaras sin la conformidad del Gobierno, como es natural. Por lo tanto, lo que celebro no es la sensibilidad de la ministra sino que la
ministra por fin haya tenido sensibilidad, que no es exactamente lo mismo. Y es que después de los debates sucesivos que ha habido, al final el Ministerio de Fomento y su titular han entendido que no se podían enfrentar a lo que es un clamor, y se
lo digo absolutamente en serio; me refiero al clamor de la transferencia y, sobre todo, a la necesidad de mejorar sustancialmente el servicio para que no se repitan de manera tan recurrente las incidencias. Sé muy bien que incidencias cero es un
objetivo imposible, siempre las habrá; sé muy bien las complicaciones que supone encajar la entrada de la alta velocidad en Barcelona con la red de cercanías; pero también sé muy bien que no es asumible que los incidentes sean prácticamente
diarios. Eso no es asumible, y la falta de respuesta del ministerio y el retraso en dar respuesta a esa situación, desde luego, no beneficia al Gobierno. Por lo tanto, sea bienvenida la señora ministra a esa sensibilidad que le hemos solicitado
los diferentes grupos, y ojalá eso se transforme verdaderamente en realidades.
Las interpelaciones -y se lo digo al representante de la Entesa- se presentan cuando hay problemas, no cuando no los hay, como es natural. Y los problemas han surgido ahora: tres años después de que las responsabilidades del Gobierno sean
de quien son. No voy a entrar en la dinámica de repartir las culpas y las responsabilidades, pero parece bastante razonable constatar que los problemas no se produjeron hace dos años o uno, sino ahora, desde finales del año pasado.
Y paso ahora a hacer dos últimos comentarios, si se me permite. Uno con respecto al retraso que la sociedad catalana percibe respecto de todas estas cuestiones. Y que no se me diga que eso es culpa del Partido Popular; todo lo que está
pasando, las decisiones que no se toman, las largas que se dan a todos estos asuntos corresponden al actual Gobierno de España. Que no se busquen otras responsabilidades en otros sitios.
Y nuestra posición respecto de todas estas cuestiones también es muy clara. Una cosa es pedir la transferencia -por cierto, no hemos pedido la transferencia del aeropuerto, sino un cambio del modelo de gestión- en el caso de las cercanías.
Y no es la primera vez que lo hacemos; también lo están haciendo otras comunidades autónomas, y llevan razón, porque creemos que la proximidad es muy importante y que no hay ningún argumento serio y racional que impida que ese servicio no pueda ser
tratado como el Metro o como las líneas de autobuses. Estamos hablando de servicios intracomunitarios y, por tanto, no tiene sentido que eso no esté en manos de las comunidades autónomas. Pero, ciertamente, la discusión sobre el modelo de gestión
aeroportuaria no debe centrarse tanto en quién tiene la titularidad del aeropuerto, sino sobre todo en cómo se gestiona. Y repito que nuestra posición es muy clara: nosotros estamos a favor de privatizar la gestión aeroportuaria, además de
descentralizarla. Y lo mismo les digo respecto de las cercanías, porque una cosa es que ahora pidamos la transferencia de la titularidad del servicio y otra que no defendamos, como hemos defendido siempre, que se tiene que liberalizar y, en su
caso, privatizar. Esa es la posición de mi fuerza política, y la dejo encima de la mesa. Como creo que no afecta al contenido de la moción, me ha parecido razonable explicitarla.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES (S. 671/000125).
El señor PRESIDENTE: Como todavía no tenemos el texto transaccionado, pasamos a continuación al debate de la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en materia de prevención de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales.
A esta moción se han presentando tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Esta moción es consecuencia de una interpelación que hace pocos días, prácticamente una semana, formulamos al ministro de Trabajo. Fue una sesión interesante, los compromisos del ministro de Trabajo fueron
importantes, y nos anunció que prácticamente estaba concluida la negociación para la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo 2007-2012, un acuerdo importante que se ha alcanzado con el conjunto de las fuerzas
sociales, con los sindicatos y los empresarios, y que el Gobierno de alguna forma ha dinamizado. Por tanto, esta moción se enmarca en los compromisos que anunció públicamente el ministro en esta Cámara y en los elementos que forman parte ya de ese
acuerdo estratégico que en nuestro país está en este momento funcionando.
Estamos hablando de una moción de siete puntos. El primero de ellos se refiere a que el Gobierno incremente las políticas activas contra la precariedad laboral, una vez reconocido que, en muchas ocasiones el problema de los accidentes de
trabajo es la situación precaria de los trabajadores. En el segundo punto se propone la valoración de los costes económicos que los accidentes de trabajo repre-
sentan en nuestro país como un freno realmente importante a la competitividad de nuestras empresas. Un tercer aspecto es el reforzamiento de las plantillas de inspectores de trabajo. Concretamente, en el caso de Cataluña tenemos recogido
en nuestro estatuto el traspaso de aquellos aspectos de Inspección de Trabajo que corresponden al Gobierno de la Generalitat, pero también en los estatutos de otras comunidades autónomas se puede haber recogido esa competencia, lo que daría lugar a
los traspasos pertinentes. En cuarto lugar, hablamos de avanzar en la reforma de cuestiones de Justicia, reclamando que haya más coordinación y únicamente dos salas: la de lo penal y la de lo social que lleven los temas relativos a los accidentes
de trabajo en la tramitación de esos expedientes. También solicitamos fomentar las políticas fiscales positivas, así como las que buscan que las empresas estén más atentas y se obliguen más a tener planes de prevención laboral. Por otro lado se ha
de reforzar también la coordinación entre la Fiscalía especializada en seguridad, las autoridades laborales de las comunidades autónomas y la Inspección de Trabajo. Y, finalmente, se han de hacer campañas públicas de sensibilización para que el
problema de los accidentes de trabajo se combata como otras situaciones de violencia ante las que nuestra sociedad hoy ha adquirido un nivel de sensibilidad importante.
Se han hecho una serie de aportaciones a la moción por parte del Grupo Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Popular ha hablado de implantar un plan específico de políticas para la prevención de riesgos laborales en pymes y
en micropymes con un programa de formación específico. El propio ministro se comprometía y nos anunciaba el acuerdo entre los sindicatos y la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, yo incorporaría al texto de la moción esta iniciativa, así como
el implantar el bonus malus como medida para paliar la proliferación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en aquellas empresas que cumplen rigurosamente la normativa de riesgos laborales.
El Grupo Socialista hace una serie de propuestas que básicamente dulcifican el lenguaje de la moción. En ese aspecto no hay ningún tipo de problema, porque coincido al cien por cien con el texto del Grupo Parlamentario Socialista. Pero
mantendría la moción en sus propios términos porque así se recogería todo lo que plantea el Grupo Socialista, y en algunos aspectos incluso iríamos un poco más allá. Precisamente hace pocos días se ha aprobado una moción en el Senado del Grupo
Popular, cuyo texto figura en la propuesta de moción que tenemos hoy aquí. Por tanto, pensamos que el texto podría ser aprobado, si no de forma unánime, sí por una muy amplia mayoría en esta Cámara. Es un tema realmente importante, y merece una
aprobación mayoritaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser muy breve porque el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha dejado constancia de la gran preocupación que suscita el tema que acabamos de debatir. Efectivamente, en una moción presentada por el grupo
parlamentario del que tengo el honor de ser en estos momentos portavoz ya se dejó entrever la gran preocupación que suscita esta cuestión en el sistema de protección de riesgos laborales, lo que conllevaba a unificar criterios de la Jurisdicción
social y de la de lo penal para poder llevar los pleitos que al justiciable preocupan.
Ha habido una interpelación anterior sobre este tema del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y en su intervención el señor ministro nos dijo que compartía estas inquietudes, pero también dejó entrever que la cuestión estaba muy consensuada,
que de los 1.600 efectivos que había en estos momentos entre inspectores y subinspectores se pensaba llegar en el año 2008 a un total de 2.000 para poder unificar las plantillas.
Recuerdo perfectamente que incluso habló de que se iba a gastar cuatro millones de euros en una campaña importante para la concienciación de los trabajadores y de las empresas. Indicó también que había descendido la siniestralidad laboral
en un 2,8 por ciento. Y recuerdo asimismo que estuvo hablando del importante porcentaje de fallecidos que había.
Compartimos en su totalidad esta moción consecuencia de interpelación, defendida por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Esta es una iniciativa que compartimos, y es importante que la llevemos a cabo. Hemos presentado
dos enmiendas que podríamos decir que son antiguas, como es implantar el bonus malus para paliar este problema y el que las pequeñas y medianas empresas y todas las empresas en general cumplan la normativa de prevención de riesgos, algo que en
tiempos del entonces ministro de Trabajo, don Juan Carlos Aparicio, suscitaba mucha inquietud en las mutuas de accidente y en todos aquellos sectores del mundo sociolaboral.
Así que implantar el bonus malus sería un acicate para las empresas, porque es bueno, incentivar a aquellas que llevan a cabo ciertamente una política de prevención de riesgos. Así se hace en muchos seguros, y no solo en los de riesgos
laborales.
Por otra parte, es bueno incentivar a las pymes y las micropymes. No hay que olvidar que las pymes son un tipo distinto de empresa. La normativa jurídico-laboral es la misma para todas, y la pyme y la micropyme tienen que cumplir las
mismas normas laborales y de Seguridad Social, pero estas últimas reciben menos ayudas y no disponen de un plan de prevención de riesgos específico para ellas. La gran empresa dispone de una gran cobertura sociolaboral que no tiene la micropyme,
que está constituida en muchos casos por autónomos que tienen mucho trabajo a diario.
Pensamos, pues, en que las micropymes puedan disponer de un plan, y beneficiarse de la publicidad y de la propaganda que quiere llevar a cabo el Ministerio de Trabajo.
Sería muy interesante que todo esto fuera dirigido a la pequeña empresa, que no tiene capacidad económica para estos asuntos. Por supuesto, no hay que olvidar tampoco el Plan renove, del que habló también el ministro durante su
comparecencia, para reciclar la maquinaria obsoleta de muchas empresas. Este reciclaje habría que aplicarlo también a la pequeña y mediana empresa que no pueda invertir con fines sociolaborales y de prevención de riesgos. Esto nos haría mucho más
competitivos en Europa y contribuiría a la implantación de la prevención de riesgos y de la costumbre de formación e información permanentes, cuestiones que preocupan en el mundo del trabajo.
Es una política que puede llevarse a cabo. Podríamos hacer un pequeño refrito -valga la expresión- con todo ello, y qué mejor que hacerlo en el Parlamento con la ayuda de los agentes sociales, con una moción sólida apoyada por todos, que
pueda materializarse gracias al empuje de la Cámara Alta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
(Rumores.)
Señorías, silencio.
Tiene la palabra, señoría.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que fue en el último Pleno cuando tratamos, a instancias del Grupo Popular, una moción de características similares a las de esta que hoy nos ocupa. Entonces suscribimos una transaccional que dio satisfacción a las
aspiraciones de todos los grupos parlamentarios.
Sin embargo, hoy hemos presentado a la moción de Entesa Catalana de Progrés una enmienda con texto alternativo, por dos razones fundamentales. Primero, porque los socialistas concurrimos a las elecciones generales de 2004 con un programa
electoral en el que ocuparon un lugar importantísimo los rasgos más conflictivos de nuestro mercado laboral. Así, la siniestralidad, la precariedad, la rotación en el empleo o la productividad ocuparon un lugar privilegiado en el programa
electoral.
También dijimos entonces que para buscar soluciones a todos los problemas que tenía nuestro mercado de trabajo había que contar necesariamente con la aquiescencia, el concierto y el consenso de los agentes sociales.
Desde 2004, en la
Declaración de julio para el diálogo social, se han alcanzado un número elevadísimo de acuerdos sobre estas materias. Todas las iniciativas desarrolladas hasta la fecha van dando respuesta de forma milimétrica al contrato sobre el mercado de
trabajo, y concretamente sobre la siniestralidad, que establecimos con la ciudadanía. En materia de contratación se alcanzó un acuerdo importantísimo con los agentes sociales, y el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo para reducir la
precariedad y la temporalidad no justificada. Así, señorías, según todos los índices, como la EPA, la contratación indefinida está creciendo a un ritmo acelerado, a un ritmo jamás conocido por nuestro mercado laboral, mientras que la contratación
temporal no justificada, es decir la rotación, también se está reduciendo. Repito que así lo demuestran todos los indicadores en la materia.
Cuando hay un diálogo social y los agentes, en este caso el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, están alcanzando acuerdos sobre la materia, no somos partidarios de interferir bajo ningún concepto en
ese diálogo social. En cualquier caso, no cabe duda de que las Cámaras pueden legítimamente presentar cuantas iniciativas crean oportunas.
Pero los términos en que se plantea la moción nos llevan a presentar esta enmienda, porque hay una serie de cuestiones que no podemos aceptar, como la transferencia de la Inspección de Trabajo a las comunidades autónomas.
Tampoco podemos
aceptar en los términos que figuran en la moción que recaiga en las empresas toda la responsabilidad de la siniestralidad; eso sería injusto. Por otra parte, hay que reconocer el trabajo que el Gobierno viene realizando de un tiempo a esta parte.
Señorías, entiendo que estas son razones más que suficientes. En el turno de portavoces daré a conocer todas las iniciativas que, teniendo origen en el diálogo social, el Gobierno está desarrollando tanto en materia de siniestralidad como
de contratación.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor ALONSO GARCÍA: Termino, señor presidente.
Voy a concluir diciendo, como ya puso de manifiesto el ministro, que en breve, a lo largo del mes de julio, con toda seguridad el Consejo de Ministros aprobará la estrategia española en materia de seguridad en el empleo para el periodo que
abarca desde el año 2007 a 2012. Entiendo que son razones suficientes y espero, señorías, que nuestra enmienda sea tenida en cuenta.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las tres enmiendas que se acaban de defender, tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Gracias señor presidente.
Asisto a este debate con una cierta sorpresa porque, en teoría, hasta esta mañana esta moción podía haber sido aprobada por todos; este mediodía recibía precisamente la llamada telefónica de representantes de Comisiones Obreras y de UGT
felicitándonos por la iniciativa parlamentaria, y a primera hora de la tarde parece que las cosas han cambiado.
Como ya he dicho, las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son perfectamente asumibles porque sus contenidos ya forman parte de la negociación y de los acuerdos entre los sindicatos, el Gobierno y los empresarios; por tanto,
adelante. Pero no puedo entender que haya un texto alternativo a esta moción por parte del Grupo Parlamentario Socialista porque incluso algunos de los planteamientos que se recogen son compromisos que el propio
ministro asumió hace una semana en esta sala y que constan en el acta de la sesión.
Hay cuatro aspectos que no están recogidos en la propuesta alternativa del Grupo Parlamentario Socialista, que se parece a la moción como una gota de agua, pero que no recoge esos cuatro aspectos, por lo que no puedo admitirlo y voy a
mantener la moción.
En primer lugar, hay una propuesta concreta de que se valoren los costes económicos de los accidentes de trabajo en España, que son un freno a la productividad y competitividad de la economía española. Creo que es un elemento muy objetivo
el que los accidentes suponen un coste económico que debe ser valorado y que eso es un dato importante para la economía española. Por tanto, creo que cae por su propia definición.
En segundo lugar, se pide la aceleración de los trapasos en Inspección de Trabajo a las comunidades autónomas que así lo recogen en sus estatutos de autonomía. En este sentido, en esta misma Cámara el ministro nos recordó que con la
consejera de Trabajo del Gobierno catalán, que pertenece a su propio partido, hay un feeling que va a provocar que dentro de poco se produzca el traspaso de la Inspección de Trabajo al Gobierno de la Generalitat, tal como prevé el artículo 170 del
Estatuto de Autonomía. Por tanto, hay buen rollo y acuerdo, y eso puede figurar perfectamente en la moción porque es lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, y ponerlo por escrito no es malo.
En tercer lugar, se solicita avanzar en una reforma del Código Penal que tipifique el delito por incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es un aspecto en el que podemos estar en desacuerdo, pero pensamos que
hay que estudiar el tema y avanzar en esa línea.
Y, en cuarto lugar, proponemos las políticas de penalización fiscal para aquellas empresas que reiteren el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la presentación pública de los datos de las empresas que
incumplen y son sancionadas, otro compromiso del ministro en esta misma Cámara que consta también en acta.
Por tanto, vuelvo a repetir, con esta moción no pretendemos dar una vuelta de tuerca a la situación sino recoger lo que ya están pactando los sindicatos, el Gobierno y los empresarios, y también las palabras del ministro en esta misma sala.
Así pues, no podemos entender más que una posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista porque, en definitiva, pensamos que lo que figura en la moción también forma parte de su postura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
He creído entender que acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y no la del Grupo Parlamentario Socialista.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario considera que podría haberse alcanzado un acuerdo de todo el arco parlamentario; no siendo así, y no terminando de explicarme la posición, supongo que del Gobierno y no del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a
apoyar la moción tal como la ha presentado Entesa Catalana de Progrés, con la incorporación de las enmiendas que ha asumido del Grupo Parlamentario Popular .
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al senador proponente, el señor Nuet, que entre el discurso de la presentación de la moción y el texto de esta haya habido un pequeño cambio; no creo que haya sido fruto de mi intervención, pero, tal como
la moción enfoca el problema de la siniestralidad laboral, es equilibrado.
Este es un tema muy complejo, y en ocasiones es muy fácil culpabilizar a las empresas de que no hacen lo que deberían y también es muy fácil decir que algunos trabajadores no toman las medidas que deberían tomar. En mi opinión, el problema
no está ni en un lado ni en otro; es un problema transversal, más complejo, que requiere un esfuerzo de cultura y colaboración por parte de todos. Es cierto, como se afirma en la moción, que en algunos contratos temporales, y en los que se hacen
rápidamente, debido a un exceso de trabajo no se tiene la formación profesional suficiente ni existe la debida atención por parte de la empresa para que no ocurran según qué cosas.
Por tanto, como digo, el texto de la moción me parece equilibrado, hasta el punto de que la presenta un senador de un partido claramente de izquierdas, como es Entesa Catalana de Progrés, que puede llegar a un acuerdo con el Grupo
Parlamentario Popular, lo cual me parece bien porque esta cuestión no es tanto de debate ideológico como de pragmatismo para que desde el Senado en este caso se inste al Gobierno a que adopte una serie de medidas que intenten paliar el problema de
la siniestralidad; esto quiere decir que el senador proponente presenta una moción que puede ser comprendida por todos los grupos parlamentarios, y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado unas enmiendas que coinciden en el fondo porque se
persigue el mismo objetivo. Y en este tipo de cuestiones complejas, en las que intervienen muchos factores, es bueno buscar el consenso.
En cambio, me sorprende la actitud del Grupo Parlamentario Socialista al presentar una enmienda de sustitución en uno de cuyos puntos pretende evitar un traspaso legal que figura en el Estatuto de Autonomía que aprobó el Partido Socialista;
es decir, no se puede presentar una moción que solicita que se cumpla una ley y que se vote que ésta no se cumpla.
Repito, me quedo perplejo.
Y si me permite el senador Nuet, dicho con mucho cariño, tampoco este es un tema de buen rollo entre el ministro y la consejera, es su obligación.
La obligación de ambos es ejecutar un traspaso que prevé una ley orgánica.
Puedo incluso comprender que este tema le resulte difícil al Grupo Parlamentario Socialista, pero el hecho es el que es. Cuando se debatió el Estatuto, se aprobó una norma en la que se decía esto, y hay que cumplirla. Es extraño votar en
contra de una disposición estatutaria aprobada por las Cortes Generales con rango de ley orgánica, pero lo es aún más si quien lo hace es el grupo parlamentario que apoya al Gobierno.
Aunque, insisto, puedo entender que esto les pueda resultar
difícil, pero lo que hay es lo que hay, y se debe ser consecuente con ello, y lo que no se puede hacer es instar al Gobierno a hacer algo, votar a favor, y, cuando llega el momento de ejecutarlo, mirar hacia otro lado.
No culpo de esto a los senadores, pues, además, me consta cuál es la voluntad del senador Alonso, que es quien lleva el asunto, pero no es bueno que sucedan estas cosas. O se dice que no cuando toca, o si se ha dicho que sí, hay que ser
consecuente con ello.
En cualquier caso, el senador Nuet ha debutado con buen pie en esta moción consecuencia de interpelación, que creo que es la primera que presenta, pues lograr el consenso de tantas fuerzas políticas, tanto de izquierda como del Grupo
Parlamentario Popular, pasando por algunos de los grupos parlamentarios que nos situamos en el centro del hemiciclo, que son tan diversos, es un buen debut en una cuestión que, insisto, no es ideológica o de partido que no es para que la oposición
la utilice contra el Gobierno, sino que, cuantos más esfuerzos hagamos para instar al Gobierno y generar consenso con el fin de evitar la siniestralidad laboral, y sobre todo, para lograr que disminuya, mejor estaremos haciendo el trabajo que nos
corresponde.
Así pues, mi grupo parlamentario votará favorablemente esta moción, lo cual espero que sirva para que el Gobierno actúe en consecuencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Senador Nuet, ha presentado usted una moción consecuencia de interpelación sobre siniestralidad laboral, un tema sobre el que debatimos en el pasado Pleno por partida doble; una vez a raíz de una moción que presentaba el Grupo Parlamentario
Popular, y otra a raíz de su interpelación al señor Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Decía al inicio de su intervención que era una buena noticia la que nos dio el ministro cuando nos dijo a todos que la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo para el período 2007-2012 contaba ya con el acuerdo del Gobierno y
de los agentes sociales, que en breve iba a ser puesto en marcha, y que ello iba a incidir directamente en este capítulo que tanto nos ocupa y que seguirá ocupándonos, pues estamos hablando de vidas humanas que día a día se pierden en distintos
tipos de accidentes de trabajo; unos en el lugar de trabajo, otros in itinere y otros en diversas circunstancias.
Su moción ha sido enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular, y si no me equivoco, en su intervención para posicionarse sobre las enmiendas decía usted que estaba de acuerdo con los planteamientos
que se hacían en las del Grupo Parlamentario Popular, que en cierto modo completaban la moción que presenta, y no tanto con los del Grupo Parlamentario Socialista.
Mi grupo parlamentario considera que lo que usted pide en su moción es lógico y coherente con el objetivo que pretende la moción consecuencia de interpelación, que es reducir al máximo la siniestralidad laboral y tratar de evitar que se
produzca con los consiguientes costes económicos y de vidas humanas. En ese sentido habla usted de incremento de políticas activas contra la precariedad laboral y plantea dedicar una atención especial sobre todo a aquellas políticas que se destinen
a jóvenes, a emigrantes y a trabajadores que puedan estar en precario, y aquí añadiría yo también a las mujeres, pues normalmente la mayoría de las personas que tienen en estos momentos contratos laborales en precario son mujeres.
Dice que hay que
valorar los costes económicos de los accidentes de trabajo, y yo añadiría también el coste en vidas humanas, pues ese no tiene precio, y por tanto, difícilmente podemos valorarlo. Usted hablaba de reforzar la Inspección de Trabajo y transferirla a
las comunidades autónomas que así lo tengan establecido en sus estatutos de autonomía, y uno de los matices que hacía el senador Alonso para no aceptar la moción era precisamente eso, que no se podía transferir la Inspección de Trabajo a las
comunidades autónomas. Senador Alonso, sí se puede, porque desde donde mejor se puede controlar, desde donde mejor se puede hacer un seguimiento de lo que pasa en el ámbito laboral con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
en todo lo que supone el trabajo en sí es desde el ámbito más cercano, y el ámbito más cercano, lo constituyen las comunidades autónomas, con independencia de que existan las correspondientes delegaciones de la Inspección de Trabajo en cada
comunidad autónoma, pero no es lo mismo que haya una delegación a que esta cuestión sea gestionada y ejecutada desde el ámbito de una comunidad autónoma. Creo que la moción consecuencia de interpelación es respetuosa, porque lo que plantea es
transferirlo a aquellas comunidades autónomas que lo tengan establecido en sus estatutos de autonomía. Si los hemos aprobado en los términos en que lo hemos hecho, debemos respetarlos.
Por otro lado, habla de fomento, de políticas fiscales positivas, de coordinación entre la fiscalía especializada y, por tanto, también entre las autoridades laborales de las comunidades autónomas y la Inspección de Trabajo, todo ello
encaminado a un único fin, que es reducir la siniestra-
lidad laboral, y aunque sea una utopía, si la podemos eliminar, mejor que mejor para todos y para todas.
Voy a concluir mencionando algo sobre lo que quisiera llamar la atención, con independencia de resaltar que es una cuestión que debatimos muy a menudo en esta Cámara y que, por desgracia, seguiremos debatiendo. Se trata de dos cuestiones
que, como grupo, queremos aportar como un pequeño grano de arena a este debate. Hablamos de la responsabilidad de las empresas en cuanto a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en dotar de las herramientas e instrumentos
necesarios a sus trabajadores en el marco de esa ley para garantizar esa seguridad en el trabajo que tienen que desarrollar, pero también creo que debemos hacer el planteamiento a la inversa...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.
Me refiero al hecho de que también debemos lanzar un claro mensaje a los trabajadores en cuanto a la utilización de los instrumentos de seguridad en el trabajo que la empresa pone a su disposición, dado que en algunas ocasiones, por
desgracia, los accidentes de trabajo vienen derivados de la no utilización por parte de los propios trabajadores de estas herramientas. Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción.
Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Intervendré muy brevemente.
En primer lugar quiero agradecer el tono del debate porque creo que ha sido entrañable y que ha puesto por delante la importancia de una cuestión como esta. Quiero recordar unas palabras del senador Casas -ahora no está aquí- con ocasión de
mi primera votación en el Senado, cuando le voté para ocupar un puesto en la Mesa y me dijo que cómo podía ser que un comunista votara a un demócrata-cristiano. Digo esto porque creo que hay cosas, como la siniestralidad laboral, en las que cada
partido político y cada grupo político debe medir menos quién es quién, porque lo importante es encontrar un punto común. Ese ha sido el intento de esta moción, encontrar un punto común que estaba basado en una palanca, y la palanca fue la
intervención del ministro hace quince días en esta sala, lo que yo saludé desde el primer momento, y también en su momento se lo dije a él. Por tanto, siento que, al final, tal vez no se alcance la unanimidad en este asunto, quizá por falta de
diálogo -alguna incomprensión se nos ha quedado por el camino-, pero el esfuerzo ha sido para que todos apretemos en el mismo sentido: el Gobierno, las fuerzas sociales, los sindicatos, los empresarios y también el Pleno del Senado, porque no está
nada mal que se pronuncie con contundencia ante una cuestión tan importante como esta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Alonso, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lamento el malentendido que se ha producido a lo largo del día de hoy, puesto que si hubo algún error no se le puede imputar a nadie más que a este portavoz. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros presentamos una enmienda de
sustitución y la información de la que yo disponía era que la enmienda de sustitución que había propuesto el Grupo Socialista iba a ser aceptada. Una vez que se plantea una enmienda de sustitución, no puede quedar subsumida en el texto que
originalmente se plantea, puesto que no se pueden subsumir el uno en el otro: o se queda un texto o se queda el otro. Insisto en que lamento este malentendido.
Al no ser aceptada nuestra enmienda, vamos a votar en contra de la moción.
No es un voto crítico, puesto que en la enmienda que proponíamos existen dos cuestiones en las que tengo que hacer una especial incidencia: la transferencia de la
Inspección de Trabajo y responsabilizar -como figura no con esta radicalidad, en la moción- a las empresas como responsables únicas de la siniestralidad en nuestro país. Por otra parte, lo que pretendíamos con nuestra enmienda era que se
reconociese no solo la labor y el trabajo que el Gobierno está realizando en la materia, sino también que es un trabajo en el que el protagonismo, la responsabilidad de llevarlo a la práctica, le corresponden al Gobierno, pero no cabe duda de que es
algo que corresponde también a de los agentes a los que concierne la materia y que,además, se están implicando con total y absoluta entrega.
Lamento ese malentendido. Las discrepancias, como pueden ver, no son discrepancias de fondo, sino que en los términos que se plantean no existen condiciones para que mi grupo parlamentario pueda aprobar la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente. Voy a ser muy breve. Quiero ratificar cuanto he expuesto con anterioridad. Siento de verdad que el señor Alonso no comparta en estos momentos una situación que debe ser llevada
de la mano por todos. La Cámara Alta debería congratularse por esta moción, que en su momento presentó el Grupo Popular, cuando se produjo la unificación de criterios sobre la jurisdicción del orden social y penal, y no cabe duda de que ahora
tendríamos que haberla apoyado. Incluso se acaba de decir por algunos portavoces.
Hemos intentado introducir dos enmiendas -he dicho al principio que no es de ahora, sino de hace tiempo-, en las que el bonus malus es un programa importante y espe-
cial para las pymes y las micropymes y es algo en tener en cuenta, porque creemos que está en el mundo del trabajo, con una situación de precariedad distinta de la de las grandes empresas. Si bien es verdad que se ha debatido, pienso que la
preocupación del Grupo Socialista ha sido trasladar esas competencias de la Inspección de Trabajo, que pueden ir en el Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma, pero no es menos cierto que tiene un rango de ley orgánica en nuestro
ordenamiento jurídico y tenemos que tratarlo como tal.
Mi grupo va a apoyar en este caso la moción de Entesa. También apoyaremos las nuestras y votaremos en contra de la del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación que acabamos de debatir, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos,240; a favor, 146 ; en contra, 94.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA RED DE CERCANÍAS FERROVIARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (S. 671/000124).
(Votación).
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de entrar a debatir la siguiente moción vamos a someter a votación la primera, que entiendo que será aprobada por asentimiento, consecuencia de una transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LA INSCRIPCIÓN PADRONAL DE LOS EXTRANJEROS (S. 662/000186).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Mociones. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para controlar la inscripción
padronal de los extranjeros.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más debatimos en el Pleno de esta Cámara una iniciativa que tiene que ver con una cuestión compleja: la inmigración. En primer lugar, en ocasiones puede haber la sensación de que el debate sobre la inmigración resulta
cansino, de que estemos anclados siempre en los mismos debates, pero España es, con gran diferencia, el país de la Unión Europea que más inmigración -y de forma especial inmigración ilegal- está recibiendo en estos momentos. Casi uno de cada dos
inmigrantes en situación irregular que llegan al territorio de la Unión Europea vienen a nuestro país.
En segundo lugar, es cierto también que la inmigración constituye hoy -así lo dicen todas las encuestas y todos los estudios demoscópicos- una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Por tanto, no está de más que en esta Cámara
sigamos prestando una atención preferente a esta cuestión de la inmigración.
Mi grupo parlamentario ha propuesto numerosísimas iniciativas en materia de inmigración, casi siempre en dos direcciones: por un lado, instando al Gobierno a modificar una política migratoria que consideramos errónea, pidiéndole a la vez
que prohíba de forma taxativa la posibilidad de nuevas regularizaciones masivas que en nuestra opinión tienen un efecto muy negativo en la llamada de nuevos inmigrantes irregulares ya que genera una falsa expectativa de regularización. Por otro
lado, hemos llevado a efecto también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad de nuestras fronteras y en apoyo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos -administraciones estas que están día a día ocupándose preferentemente de la
integración y de la atención a los inmigrantes- pidiendo constantemente al Gobierno que se aumenten los recursos en esta dirección.
La moción que hoy debatimos tiene que ver con la mejora de la información sobre los extranjeros y de manera muy particular sobre los inmigrantes que se encuentran en nuestro país en situación irregular. En esa línea hacemos dos propuestas
muy concretas. La primera consiste en pedir mayor rigor a los ayuntamientos respecto de la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal, y es que nos estamos encontrando con una realidad que, si me lo permiten, les diré que afecta a toda
España aunque ha tenido un mayor reflejo en los medios de comunicación en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se nos dice que existen miles de extranjeros que se registran en el padrón municipal sin tener un domicilio conocido, quedando, por tanto,
en lo que específicamente se denomina como no consta en la casilla donde debería figurar su domicilio.
Hay al mismo tiempo domicilios, residencias que albergan a decenas y decenas de extranjeros en una sola vivienda, lo que claramente constituye un fraude ya que existe la imposibilidad física de que tal número de extranjeros pueda estar
residiendo en una misma vivienda. Hay personas que, además, dan como domicilio, a los efectos del padrón municipal, locales comerciales o industriales que no tienen habilitación como vivienda. Y existe, por último,
algún caso aislado, pero denunciados por sindicatos de policía, en los que personas que jamás han puesto pie en territorio español se han empadronado e incluso han obtenido la tarjeta sanitaria.
Por tanto, creo que hay, no voy a decir en absoluto alarma social, pero sí una preocupación creciente por este tipo de conductas que, en definitiva, constituyen un fraude que estamos obligados a tratar de evitar. Hay que poner remedio de
alguna manera a esta situación, y para eso nuestro grupo considera que es necesaria una clarificación de la normativa vigente en relación con los requerimientos para la inscripción en el padrón municipal.
Lo que pretende el segundo punto de la moción -en realidad es el primero, porque he invertido el orden- es garantizar un acceso más efectivo de la Dirección General de la Policía, que es la fuerza de seguridad competente a efectos de
extranjería, a los datos del padrón municipal. En este caso lo que solicitamos no es tanto una reforma de la legislación vigente porque esa habilitación legal en realidad existe: la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica Reguladora de
las Bases del Régimen Local -que fue modificada por la Ley Orgánica 14/2003- establece que, para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, sobre control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la Policía podrá acceder a los datos de inscripción padronal de los extranjeros existentes en los padrones municipales, preferentemente por vía
telemática. Por tanto, insisto, no se trata tanto de una modificación legal, sino de dar cumplimiento a la disposición de esta Ley Orgánica Reguladora de las Bases del Régimen Local, que ya habilita para ello, porque nos estamos encontrando con dos
problemas fundamentales. El primero es que no se han habilitado por parte del Ministerio del Interior los accesos telemáticos que darían un acceso real a esos datos de los padrones municipales a estos fines y, en segundo lugar, se ha producido el
caso, minoritario pero cierto, de que algunos ayuntamientos han mostrado reticencias a la hora de facilitar esta información a la Dirección General de la Policía amparándose en una interpretación muy restrictiva de la Ley de protección de datos, y
lo cierto es que esta incapacidad de las fuerzas de seguridad para acceder a esta información está siendo aprovechada por mafias que se dedican al tráfico de seres humanos porque encuentran una vulnerabilidad en esta desconexión entre los datos de
los padrones municipales, por un lado, y los datos de los que dispone la policía, por otro.
Quiero finalizar la defensa de esta moción manifestando que la legalidad en materia de extranjería es claramente un requerimiento básico para poder garantizar la convivencia. No hay mayor dificultad para una adecuada integración de los
inmigrantes que llegan a nuestro país que hacerlo a través de la puerta de la ilegalidad, y, no solo porque esta situación pueda generar efectos perniciosos en las sociedades receptoras, sino muy particularmente porque esta situación de ilegalidad
genera una situación de desamparo y de vulnerabilidad en las poblaciones de extranjeros que residen en nuestro país.
Quiero agradecer de forma expresa el hecho de que todos los grupos hayan firmado la enmienda transaccional que modifica el punto dos, basada en la moción aprobada, si no recuerdo mal, en marzo de este mismo año en la Comisión de Entidades
Locales, en la que se instaba a una mayor eficacia en la fiabilidad de los padrones municipales. Es importante que en un tema tan sensible, en el que todos debemos hacer un esfuerzo de realismo huyendo de posiciones demagógicas, esta Cámara dé
nuevamente ejemplo de unanimidad a la hora de proponer al Gobierno acciones en positivo que nos ayuden a superar este difícil reto que tenemos por delante, como el hecho de ser el país del mundo que, en proporción a nuestra población, más
inmigración está recibiendo en estos momentos.
Quiero agradecer de forma especial algunas enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, pues incluyen a las policías autonómicas en el acceso a los datos del padrón municipal. Ciertamente, y
partiendo de la legislación vigente, este acceso tendría muy difícil encaje, pero estoy seguro de que el papel que las policías autonómicas tienen que jugar en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y para afrontar este difícil
desafío de la inmigración es, sin duda, muy relevante. En ese sentido, creo que podremos continuar el diálogo constructivo necesario para que esa participación de las policías autonómicas sea cada día mayor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario de la Entesa.
Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señoras y señores senadores, tomo el uso de la palabra para defender la enmienda presentada por nuestro grupo, pero también para adelantar el turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de modificación al texto original de la moción del Grupo Parlamentario Popular. Como muy bien ha dicho su portavoz, nosotros creemos que, si se
quieren hacer las cosas bien, debemos pensar en la colaboración de las policías autonómicas. Esa era la voluntad de nuestra enmienda y para que eso sea efectivo habrá que llevar a cabo modificaciones legales; pero como esta es una moción y no un
proyecto de ley, el Gobierno debería entender que las modificaciones legales permiten la colaboración al respecto.
Como el tema es tan importante, y nosotros no vamos a entrar en disquisiciones de ese tipo en este momento, preferimos que la moción se apruebe por unanimidad y por ello hemos firmado una transaccional. Por lo tanto, y
en aras a buscar el consenso, me limitaré a retirar la enmienda que acabo de defender, y, si me lo permite el señor presidente, haré también el turno de portavoces al respecto.
Señor presidente, señoras y señores senadores, en el último Pleno de esta Cámara se debatió la moción consecuencia de una interpelación en la que, aparte de anunciar un problema grave de falta de financiación de los ayuntamientos, se ponía
encima de la mesa la falta de un criterio claro que permitiese que los censos reflejasen la visión más cercana posible a la realidad. En aquella intervención apunté de forma clara dos líneas básicas: primero, un sistema de inscripción padronal
homogéneo, que no admitiera interpretaciones que modificaran el sentido de la normativa, tal y como está sucediendo en estos momentos; y la segunda, que tanto la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil como las policías autonómicas, en
caso necesario, pudiesen intervenir, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de documentación, en algún caso de censos, que puede afectar a la intimidad de las personas; por tanto, hay que hacer las cosas bien hechas.
En un Estado de derecho la libertad es el objeto nuclear al que todos aspiramos y, por tanto, esto solo es posible en un marco de seguridad; para que esto sea así, es necesario que los ayuntamientos -y también las administraciones
pertinentes- puedan contar con una radiografía real de la situación actual de nuestras ciudades, algo que en algunos casos no está sucediendo en estos momentos.
Por lo tanto, si en un momento determinado estamos discutiendo este tema es porque está entrando en España una gran cantidad de inmigrantes, algunos de ellos de forma irregular, y se está creando toda una serie de problemas que, en algunas
ocasiones, todos tenemos ciertos complejos de afrontar con claridad. En consecuencia, considero que lo que hay que hacer es dejar de mirar hacia el cielo y afrontar eficazmente los problemas. En este momento nos encontramos con que el propio
Gobierno, en situaciones de máxima concentración de inmigrantes en buena parte de las zonas del Estado español, básicamente en las islas, con medios del propio Estado los traslada a diferentes ciudades, los suelta, por ejemplo, en la plaza Mayor y
se lava las manos; y, efectivamente, los ayuntamientos tienen que actuar rápidamente.
Esa es la situación que tenemos a la que debemos hacer frente.
Efectivamente, hay otros problemas ligados al censo o padrón de habitantes, que es el que ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular -que también indiqué el otro
día- y que, en resumen, es lo que la semana pasada denunciaba el diario La Vanguardia de Barcelona de una forma clara; es decir, estar inscrito en el padrón de habitantes otorga un serie de ventajas, entre ellas, la tarjeta sanitaria y, en
consecuencia, el acceso a la sanidad, a las medicinas, a la enseñanza, el acceso a toda una serie de prestaciones.
Evidentemente, las comunidades autónomas tienen que prestar estos servicios y, si no cuentan con un censo bien hecho, les es muy difícil poder programar, de cara al futuro, las instalaciones que van a necesitar para poder prestar, de una
forma adecuada, los servicios. No sabemos las guarderías que tenemos que construir porque no tenemos constancia del número de empadronados, de su evolución y de si realmente residen o no en la zona donde se ha empadronado.
Pero es que, además, las mafias de tráfico de seres humanos -que de eso sí saben muchísimo-, en algunas ocasiones, a través de la obtención del padrón de habitantes logran colocar en el mercado la venta de tarjetas sanitarias, con lo cual
-como aquí se ha señalado-, personas que nunca han pisado la geografía española acceden, a través de la Seguridad Social, a una sanidad que financiamos con los impuestos de todos los españoles.
Por lo tanto, estos son temas que tenemos encima de la mesa, y podemos continuar mirando al cielo pensando que no sucede nada, pero sí que está pasando, y es de tal magnitud que la mayoría de los inmigrantes no se van a Francia, como hace
unos años, sino que permanecen en nuestro país. Y, si es cierto que en algunas comunidades autónomas la concentración de inmigrantes puede ser del orden del 2, 3 o 5 por ciento, en este momento, en Cataluña ronda el 15 por ciento. Yo les podría
hablar de ciudades y municipios de la provincia de Lleida, a la que pertenezco, donde fácilmente llegan al 25 por ciento; es decir, son unas concentraciones importantes y, si no las resolvemos de una forma adecuada, tendremos problemas en un
futuro. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
En consecuencia, el problema de la inmigración -y de forma especial el de la inmigración ilegal- es un problema que tiene la sociedad actual, que en los últimos años se ha magnificado, ha aumentado de forma especial y tenemos que tener la
serenidad de afrontarlo con rigor.
En consecuencia, para nosotros lo más importante es que se apruebe esta propuesta, y por ello hemos firmado la transaccional y hemos retirado nuestra enmienda que habla de cooperación y colaboración de las policías autonómicas, porque
entendemos que es básico y, si hay que modificar la ley, nos tendremos que poner a ello. Entiendo que en este momento la Policía Nacional no tiene suficientes efectivos para hacer frente a esta situación y, en algunas zonas en donde el despliegue
de la policía autonómica es importante, quienes conocen más el problema es la propia policía autonómica. Por tanto, creo que sería bueno que se continuase en la misma línea de buena cooperación y colaboración dentro del marco del control de la
población ilegal en nuestro territorio; eso sí, siempre teniendo cuenta que algunos de estos temas están sujetos a los derechos humanos.
En consecuencia, señor presidente, señoras y señores senadores, mi grupo parlamentario votará a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: (El señor Senador inicia su intervención en catalán.)
Señor presidente, la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país durante los últimos años ha modificado infinidad de cuestiones y costumbres, pero también ha envejecido -seguramente, de manera prematura-, varios aspectos de la legislación
vigente.
De todos es conocido que la velocidad a la que navega la transformación social, en general, es muy superior a la capacidad de cambio del legislativo, pero si este concepto se aplica en particular a la inmigración, con su irrupción en
cantidad, diversidad y calidad, el caso se extrema y las mejores leyes y reglamentos quedan desfasados en cuestión de muy poco tiempo.
Hoy en día existen municipios y ciudades que cuentan con el 15, el 20 o el 25 por ciento de población inmigrante. En este sentido, hace sólo un momento comentaba en el pasillo la existencia de una pequeña ciudad de Lleida, que cuenta con
una población de 5.000 habitantes o menos, en la que el 45 por ciento de la población es inmigrante. En su mayoría, se trata de jóvenes con muchas ganas de prosperar, muchas veces con hijos pequeños e, igualmente, de mayores a los que han traído
para cuidarles y que, por tanto, requieren cuidados sanitarios y centros de escolarización.
Por otro lado, no se trata de una población uniforme sino que se da la circunstancia de que hay muchos pueblos y ciudades que tienen 30, 40, 80 ó 100 nacionalidades distintas, lo que comporta un montón de problemas, de dificultades de toda
índole, de dificultades de escolarización, de dificultades sanitarias, de interpretación de su lengua, etcétera.
En medio de este panorama, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta moción en la que menciona sin nombrarlo expresamente -aunque sí lo ha hecho el portavoz en su intervención-, el posible fraude que pueden suponer algunos
empadronamientos de personas extranjeras en nuestros ayuntamientos. Para ello, echa mano del Reglamento de población y demarcación de las entidades locales, del año 1996, en el que se establece que se puede empadronar a personas que residan en un
municipio careciendo de domicilio. Aunque no se haya mencionado expresamente, desean cambiar este reglamento, sin tener en cuenta que ese mismo reglamento, en su artículo 73, establece que si una persona vive habitualmente en un término municipal,
y no figura empadronada, el ayuntamiento declarará de oficio la inscripción en su padrón, sin especificar nada en absoluto sobre si debe o no tener una residencia habitual por cuanto podría tratarse de una persona sin domicilio conocido.
Igualmente, es sumamente difícil la denegación del empadronamiento por tener un domicilio en el que consten varias decenas de empadronados, superando el máximo recomendado en la cédula de habitabilidad, por cuanto no es imperativa dicha
cantidad o, al menos, no lo es en todas partes.
Por tanto, creo que deberíamos animar al Gobierno a que haga las modificaciones legales correspondientes para que el sistema funcione, para que no se den casos de fraude -que haya personas que consten como empadronadas sin vivir ni siquiera
en la península-, y que sepamos dar un trato equitativo a los inmigrantes, que ante todo son personas, con sus derechos y sus obligaciones, con el fin de avanzar hacia el futuro, tal y como de alguna forma se recoge en el anteproyecto de ley básica
del Gobierno y de la Administración local.
Por lo que se refiere al primer punto de la moción y desde una perspectiva como la catalana, con unas fuerzas de seguridad propias y con un Cuerpo Nacional de Policía muy mermado en número, creemos que los Mossos d'Esquadra podrían
participar en esta cuestión.
De todas formas, tal y como se ha presentado la moción, a uno le dan ganas de votar en contra de entrada, y es que parece que la voluntad existente sea emprender una especie de caza de brujas. Desde luego, yo y mi grupo creemos firmemente
que el tema de la inmigración es una cuestión convivencial, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención, y que los casos a los que se refiere la moción no pueden ser generales ni muy determinados y concretos.
Sin embargo, quiero añadir que considero que es una vergüenza que, al cabo de varios años de llegada de inmigrantes, en nuestros municipios sigamos con los mismos problemas y que desde el Gobierno se haya hecho muy poco para la puesta al día
de la legislación correspondiente.
En la línea de la intervención que realicé en el mes de marzo en la Comisión de Entidades Locales voy a exponer algunos planteamientos. Se pueden conseguir datos más fehacientes cruzando los datos del padrón municipal con los de Sanidad,
Educación y la Seguridad Social; hay que buscar la unificación de criterios aplicados por los ayuntamientos y la simultaneidad en las altas y las bajas; hay que perseguir y erradicar las situaciones de fraude, sobre todo en materia sanitaria; y,
por último, cabe vincular al empadronamiento las condiciones mínimas de habitabilidad.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda que modifica los dos puntos de la moción pero la hemos retirado porque hemos firmado una transaccional que recoge más los puntos a los que me acabo de referir y, de acuerdo con la ley orgánica
que ha especificado el portavoz Popular en su intervención, deja los aspectos...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Termino, señor presidente.
Y deja los aspectos que se refieren a la intervención policial, en este caso en cuanto al censo del empadronamiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó para indicar si incorpora las enmiendas tal cual o presenta una transaccional.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que hemos puesto en conocimiento de la Mesa una propuesta de enmienda transaccional firmada por todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, sabemos de la posible existencia de esta enmienda transaccional pero no ha llegado a la Mesa. Es más, no sé si los grupos la tienen a la vista y van a poder establecer su posición
en el turno de portavoces.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sepa que la hemos firmado todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por lo tanto, los grupos están preparados para realizar el turno de portavoces respecto a la enmienda, pero le ruego que la presenten. Muchas gracias, señor Cosidó.
Turno de portavoces (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que la moción nos parece absolutamente oportuna porque aborda de forma concreta un problema que estamos teniendo en las comunidades autónomas y que, como bien se ha dicho, repercute en servicios fundamentales
como pueden ser los servicios sanitarios o educativos.
En segundo lugar, quiero felicitar a todos los grupos por el esfuerzo realizado para llegar a un acuerdo. Tal y como siempre he dicho, estos temas requieren la mayor unanimidad posible.
En tercer lugar, tengo que felicitar al portavoz del Partido Popular no solo por el contenido de la moción sino por las características de su intervención. En otras ocasiones me ha dicho que están obligados a hacer oposición, y yo creo que
no necesariamente siempre y en todos los temas hay que hacer oposición. Hoy ha sabido plantear una moción absolutamente constructiva sobre la que podemos llegar a acuerdos y eso no impide que en la política general el Partido Popular siga diciendo
que no está de acuerdo con las regularizaciones masivas, aunque nosotros podamos estar de acuerdo con la que se hizo, tal y como también estaban de acuerdo los sindicatos y las organizaciones patronales.
Por tanto, quiero distinguir las dos cuestiones y felicitarme porque con motivo de esta moción los grupos hayamos podido llegar a acuerdos y, por tanto, felicitar al autor de la iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he prestado suma atención a la intervención de todos los grupos, y no seré yo quien contradiga el de uno de mis compañeros, pero permítanme que antes de nada manifieste una serie de consideraciones o reflexiones respecto al tema
que nos ocupa.
El asunto que ahora nos ocupa arranca, y hablando claramente, no tanto de la alerta que al respecto hayan lanzado a la plaza pública algunos medios de comunicación, tal y como se afirma en la moción defendida por el senador Cosidó, sino de
afirmaciones de reputados portavoces de un determinado sindicato policial, que algunos medios se han encargado de difundir y reiterar diligentemente, afirmaciones que subrayan, según ellos, las facilidades de inscripción en el padrón municipal que
ofrecen los ayuntamientos a extranjeros en situación irregular. Ellos también reconocen que éste no es el quid de la cuestión puesto que el verdadero problema para ellos radica en que los ayuntamientos no ofrecen los datos del padrón municipal a la
policía de forma sistemática, y este sindicato policial en cuestión entiende que así debería hacerse, al tiempo que señalan que los responsables municipales se escudan para no darlos tras la ley de protección de datos para no hacerlo.
El senador Cosidó ha señalado que hay una aplicación restrictiva de esta ley. Es que así tiene que ser; cuando hay unos derechos fundamentales que se salvaguardan, tiene que ser necesariamente restrictiva, con independencia de que otros
podamos opinar en una cuestión distinta.
Modifíquese la ley, pero siempre que afecte a los derechos fundamentales de las personas, la aplicación -cuando es para, de alguna manera, rebajar dicha protección- tiene que ser necesariamente restrictiva.
Yo me digo que estos ayuntamientos en principio, si así es, no se escudan en esa ley de protección de datos, sino que sencillamente lo que hacen es cumplir escrupulosamente la ley.
Tampoco cabe engañarse, y en eso le doy la razón al senador Cosidó y a otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra; las mafias conocen de estas faltas de conexión entre la policía y los registros municipales, y se están
aprovechando de ello para hacer negocio, si me permiten la expresión. Pero atajar esta realidad, como otras muchas que ustedes han puesto de manifiesto cuando han hablado antes que esta portavoz, para combatir la presión de las mafias en lo que se
refiere a la inmigración irregular no puede hacerse nunca de espaldas a la ley.
Hay una frase, que me voy a permitir leer literalmente, de un reputado portavoz, que no voy a mencionar porque tampoco viene al caso, que decía: Mientras se mantenga el complejo de la clase política a lo que algunos de ellos denominan acoso
policial a las bases públicas de información, el Cuerpo Nacional de Policía no podrá desarrollar
sus funciones de una forma eficiente. Esta afirmación no me gusta, pero es una cuestión muy personal; la cuestión es absolutamente inoportuna porque las funciones de la policía son las que son y están sometidas a las reglas del Estado de
derecho y al sometimiento a la ley. Si ésta ha de modificarse, hágase y actuaremos todos, ellos también, en consecuencia.
Hoy por hoy la ley de protección de datos es de aplicación a la par que la ley de extranjería, la ley de bases de régimen local y cualquiera otra de aplicación al caso. Si demandamos o demanda la aplicación correcta y eficaz de la ley, por
coherencia y responsabilidad, todos debemos demandar lo mismo para todas ellas.
Reconozco, y desde luego no la pongo en duda, la voluntad del senador Cosidó en implementar los cauces necesarios para que la aplicación de la normativa de la aplicación al caso sea certera y eficaz.
Sinceramente así lo creo y así se lo digo, senador. Esta portavoz comparte con usted la necesidad de contar con disposiciones normativas de desarrollo que regulen ese procedimiento introducido por la última modificación de la ley de
extranjería para que los Cuerpos de Seguridad del Estado y otras administraciones puedan acceder a los datos del padrón que también lo hacen con esta modificación legislativa que les comentamos.
Dicho esto, y con relación a la cuestión que ahora nos atañe, entiendo más que razonable que el acceso policial a los datos del padrón, además de con todas las cautelas formales y procedimentales que la propia normativa prevé, debe quedar
limitado a los supuestos en que sea necesarios para prevenir un riesgo o un peligro real para la seguridad o para prevenir o perseguir un delito o infracción penal.
La situación irregular en España de los extranjeros no es un delito. Es, cuando menos, un ilícito no penal, sino administrativo, que en su caso eventualmente puede llevar a un expediente de expulsión, a un expediente contradictorio a tal
efecto.
Por supuesto que sí hay que llevar un control de la inmigración irregular, siempre, pero no a través de esta vía porque no quedó así establecida con esa modificación legislativa. Prevención del delito y persecución del delincuente, por
supuesto, siempre. ¿Y cómo conjugar todo esto? ¿Cómo conjugar el acceso de los datos del padrón para que las autoridades policiales cumplan con su cometido y sirvan a la seguridad del Estado, prevengan el delito y persigan al delincuente? Con
arreglo estricto y escrupuloso a la ley, a toda la ley de aplicación al caso.
No puedo dejar de mostrar de todas formas mi asombro al momento procesal en el que presenta esta moción el Grupo Parlamentario Popular, instando a que se promuevan determinadas modificaciones legales para cumplir los objetivos ya comentados
siendo un hecho evidente -espero que tan evidente como cierto- que poco falta para que se remita a Cortes Generales el proyecto de ley básica del Gobierno y la Administración local que específicamente, cuando menos en el texto del anteproyecto,
contempla cómo y bajo qué requisitos una persona extranjera puede inscribirse en el padrón de un determinado municipio; tanto es así que caso de que efectivamente el Grupo Parlamentario Popular entendiera que no es suficiente, que debieran ser
requisitos mucho más contundentes, la tarea parlamentaria abre éstas y otras muchas posibilidades.
De ahí que esta iniciativa me parezca algo extemporánea y de efímera vida si me permiten la expresión. No obstante, esto es lo que hay y esto vamos a responder.
Con todas las cautelas y respeto a la legalidad, como en los términos que vengo apuntando en mi intervención, íbamos a votar favorablemente a la iniciativa primitiva defendida por el senador Cosidó, pero habida cuenta de que hay una
transaccional, evidentemente vamos a votar a favor de la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a la moción inicial y, por supuesto, a la transaccional que hemos firmado todos los grupos.
Tengo que decir, en primer lugar, que estamos -como no podía ser de otra manera- de acuerdo con el texto de la enmienda transaccional que hemos firmado con respecto al punto segundo y a la original del punto primero de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, pero discrepamos de la filosofía que ha expresado aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y voy a intentar explicar el porqué.
Yo creo que es complicado, cuando no peligroso, mezclar determinados argumentos. Y trato de explicárselo. ¿Cuál es el objetivo del padrón municipal? El padrón municipal es un registro administrativo que está regulado en la Ley de Bases de
Régimen Local en su artículo 17 donde dice que es un registro administrativo de carácter obligatorio para todas las personas que residan en nuestro país. El artículo 15 dice que todas aquellas personas que residan en España tienen la obligación de
inscribirse en el padrón municipal de la localidad donde viven.
Habla de personas. No habla de inmigrantes. No habla de extranjeros. No habla de nacionales. Habla de personas. Habla de personas exclusivamente.
Así que es complicado hablar exclusivamente de extranjeros, como hemos oído que se hacía
en la intervención anterior. Eso podría hacer pensar que lo que se pretende con la moción -que no dice nada nuevo, por cierto, respecto de lo que ya dice la ley, y de ahí nuestro voto favorable- es que se pueda perseguir o tener más controlados
-más bien lo primero que lo segundo- a los extranjeros que residen en España de forma irregular, aunque yo no digo que sea así.
Pues bien, esto nos preocupa en mi grupo parlamentario. Los inmigrantes que residan en nuestro país tienen la obligación de cumplir nuestras leyes, independientemente de la forma que hayan llegado. Una vez que están aquí, tienen que
cumplir la ley, y uno de los requisitos que tienen que cumplir es el de inscribirse en el padrón municipal. Pero no utilicemos el padrón municipal para ir en contra de los extranjeros, sean legales o ilegales. Es cierto, no obstante, que, para
obtener determinados beneficios, como la tarjeta sanitaria -de la que ya hemos hablado- o el acceso a la educación, tienen que estar inscritos en el padrón. Pero no podemos utilizar el padrón de una forma exclusivamente policial, porque ese no es
el objetivo del padrón. Además, ¿adónde nos podría conducir esto? Si lo llevamos a sus últimas consecuencias, ningún extranjero querrá inscribirse en el padrón municipal, puesto que la inscripción podría llevar aparejada la represión. Así que
estarán mucho más incontrolados. De manera que este asunto le preocupa a mi grupo parlamentario.
En cuanto al contenido de la moción, apoyamos el punto primero, cuyo texto está calcado íntegramente de lo que dice la disposición adicional séptima de la Ley de bases de régimen local, y no podemos negarnos a aceptar el punto segundo, que
recoge un acuerdo unánime de la Comisión de Entidades Locales. Totalmente de acuerdo, pues, en el contenido, aunque discrepamos en la filosofía y eso nos preocupe.
No obstante, me hubiese gustado, senador Cosidó, que hubiéramos debatido esta moción hace unos meses, y no quiero abrir una polémica diciendo esto. Así, probablemente no habrían ocurrido algunas cosas que ocurrieron antes de la campaña
electoral de las elecciones municipales, como los empadronamientos masivos en algunos ayuntamientos; algunos de ellos, en el domicilio del alcalde.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor presidente, intervendré de manera breve para hacer algunas observaciones sobre las intervenciones que se han producido. Agradezco de antemano a todos tanto el apoyo a la enmienda que han firmado todos los
grupos parlamentarios como las reflexiones que se han hecho, que han sido interesantes, constructivas y positivas para el debate.
Al portavoz de Convergència i Unió tengo que decirle que para un castellano y leonés son siempre interesantes las reflexiones sobre inmigración que lleguen de Cataluña. Hablábamos de municipios de allí que tienen un 45 por ciento de
población inmigrante y yo he dado la cifra de mi circunscripción electoral, Palencia: un 2 por ciento. Las reflexiones que hagan en Cataluña, con municipios con estos porcentajes de inmigración, pueden sernos muy útiles para entender en toda su
complejidad el desafío del problema de la inmigración. En segundo lugar, le diré con toda sinceridad que, cuando le oigo a usted o a los portavoces de Convergència i Unió en general hablar de inmigración, me siento profundamente identificado con su
discurso. Creo que sobre inmigración, aparte del consenso al que han llegado hoy todos los grupos, hay un discurso común a Convergència i Unió y el Partido Popular que puede ser muy útil para formular una política de inmigración que introduzca
algunos cambios en la que existe actualmente.
Al representante de Entesa le quiero hacer dos reflexiones. La primera es que creo que todos los que hemos intervenido estamos de acuerdo en una política de igualdad respecto a los derechos y deberes de los extranjeros en tanto personas que
viven en nuestro país. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una excursión un poco más peligrosa pero es su problema. Creo que todos estamos de acuerdo con este principio de igualdad, pero en este principio de igualdad es muy
importante, sin duda -y siempre centramos nuestros discursos en ello-, una igualdad de derechos, pero creo que también una igualdad de deberes. Es decir, los mismos requisitos que existen para que un español, un nacional, se empadrone en un
municipio, deben ser exigibles a los extranjeros, porque pedimos igualdad en los derechos pero también igualdad en los deberes, y a veces, el discurso ha estado un poco descompensado, hemos insistido mucho en los derechos pero parecía que teníamos
cierto pudor de hablar de que también, por el hecho de vivir en nuestro país, hay deberes que es obligatorio cumplir, independientemente de la nacionalidad de la persona.
La segunda reflexión en este discurso pedagógico y de intercambio de ideas es que usted dice con mucha claridad que la inmigración no tiene una solución policial, y yo estoy de acuerdo. La inmigración tiene muchísimas connotaciones, y quizá
la dimensión policial del problema ni siquiera sea la principal, pero también es una dimensión. Es decir, en la lucha contra la inmigración ilegal es fundamental el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no podemos decir que tiene una
solución policial, pero tampoco podemos decir que los aspectos policiales deben ser obviados completamente ante un problema como el que experimenta España -es mi opinión personal- de un flujo tan masivo y tan importante de inmigración ilegal.
Tendremos oportunidad, sin duda, de seguir debatiendo sobre estas cuestiones policiales.
A Coalición Canaria, no sé si es fruto del buen entendimiento, quiero agradecerle su intervención. Lo que decía de Cataluña, en gran parte es aplicable a Canarias. Para este portavoz todas las reflexiones que vienen de Canarias en materia
de inmigración, y muy particularmente de lucha contra la inmigración ilegal, merecen un especial respeto.
A la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que, como siempre, ha hecho una intervención de mucho cuajo y profundidad, quiero decirle que esta moción no tiene su base en una información periodística o en la
declaración de un determinado sindi-
cato policial. Hay un hecho objetivo, en el que, además, todos los portavoces que hemos intervenido estamos de acuerdo: que tenemos un problema muy serio de inmigración ilegal. Si uno contrasta los datos del padrón municipal con los de
los residentes extranjeros legales se da cuenta de que tenemos un desfase de en torno a un millón. Por ello, saber cuántos inmigrantes ilegales tenemos es muy complicado, porque por el hecho mismo de ser irregulares es muy difícil saber con
precisión cuántos hay. Las únicas fuentes fiables que tenemos son: padrón, por un lado, e inmigración legal, por otro, lo que nos da un desfase, cuando menos, muy importante.
En una reciente información periodística muy contrastada, no de un sindicato sino objeto de una investigación periodística, se pone de manifiesto que en el Ayuntamiento de Barcelona hay 11.000 extranjeros que viven en la calle: Es decir,
una previsión legal que existía para casos de extrema necesidad de exclusión social se está convirtiendo en una puerta para un fraude, el de un empadronamiento que en realidad no es tal, porque esas personas no viven en la ciudad en la que se
empadronan, como establece el precepto legal sobre el que se sustenta la fiabilidad del padrón. Por tanto, es una respuesta a un problema que es real, no es una respuesta coyuntural a un asunto estrictamente periodístico.
En tercer lugar, lo que básicamente pide la moción, sobre todo en su punto primero, es que se cumpla la ley. La ley habilita a un Cuerpo de Seguridad muy concreto para una función y una competencia muy específica: la consulta del padrón
municipal, y además la propia ley establece que sea por medios telemáticos. Lo que ocurre es que, como he dicho anteriormente, esto no se ha hecho ante una situación que está generando un problema real.
Señoría, de su intervención puede desprenderse que queremos abolir la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y no es así, en absoluto. Lo que precisamente queremos es que se cumpla la ley en sus estrictos términos pero también que
se aplique en su globalidad en aquellos instrumentos de los que se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra un fenómeno como la inmigración ilegal.
En cuarto lugar, el debate tiene cierta oportunidad. Usted ha dicho que ya hay un anteproyecto de ley básica del régimen local que algún día vendrá al Parlamento, y se han producido declaraciones de representantes del Gobierno y del grupo
mayoritario que afirman que no será en esta legislatura; por tanto, tenemos un problema y es importante que utilicemos los instrumentos legales que tenemos; incluso en el punto segundo, relativo a las normas de empadronamiento, la moción pide una
modificación no de la ley estrictamente sino del Reglamento que lo regula.
Repito, es importante dar una respuesta a esta cuestión y no esperar a una ley básica de régimen local que ya veremos cuando va a llegar. Lo prudente es hacer algo y no cruzarnos de brazos. Hay un problema y es bueno solucionarlo.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le voy a leer la disposición adicional séptima, modificada por la Ley 14/2003, que dice taxativamente: Para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la Policía accederá a los datos de inscripción padronal de los extranjeros
existentes en los padrones municipales, preferentemente por vía telemática.
Por tanto, señoría, no le supongo mala intención pero no me confunda usted. No es que el Grupo Parlamentario Popular establezca una relación entre padrón municipal y control de los extranjeros en España, es la propia ley la que lo establece
de manera muy clara y concisa y, como he dicho a la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, lo único que pedimos es que se cumpla esta disposición legal, que se habilite un acceso telemático a la Dirección General de la
Policía para el control de los extranjeros en España vía padrones municipales, que es exacta y estrictamente lo que propone esta ley. Por ello, su discurso ha sido desde todo punto de vista improcedente porque mi grupo solicita únicamente que se
cumpla en términos estrictos la ley.
En cuanto a la última cuestión, no puedo estar más de acuerdo con usted.
Ojalá que la fiabilidad de los padrones municipales evite cualquier posibilidad de fraude electoral en cualquier partido y debo decirle que en absoluto es patrimonio
del Partido Popular ni de ningún otro partido; es algo en lo que todos los que creemos en la democracia debemos comprometernos.
Por consiguiente, si esta moción sirve además para que haya una mayor fiabilidad en el padrón municipal a efectos de control del censo electoral, desde el punto de vista del proponente, encantado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Battlori): Gracias, señor senador.
Señorías, entiendo que la moción que se somete a votación está constituida por un apartado resultado de la transacción entre todos los grupos parlamentarios, y otro apartado de la moción que ha presentado inicialmente el Grupo Parlamentario
Popular.
Por tanto, si no hay ningún inconveniente, se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)
Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR, EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA, UNA DIRECTIVA COMUNITARIA QUE REGULE EL JUEGO CON APUESTAS A TRAVÉS DE INTERNET (S.662/000187).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar en el seno de la Unión Europea una directiva comunitaria que regule el juego con apuestas a través de Internet.
Tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy en día no podemos concebir la vida sin internet. Es una herramienta de trabajo imprescindible para empresas, para estudiantes y para profesionales y se va convirtiendo cada vez más en un elemento esencial e indispensable en la
mayoría de nuestros hogares.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta realizada sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares del segundo semestre de 2006 en comparación con los del primero, hay seis
millones de hogares que ya tienen acceso a Internet -un 6 por ciento habría crecido en ese segundo semestre con respecto al primero-; uno de cada tres hogares dispone de banda ancha para conectarse a la red, y el número de internautas también ha
crecido en ese período un 2 por ciento.
De forma general podemos decir que los internautas utilizan a nivel particular Internet para la búsqueda de información sobre bienes y servicios, utilizan el correo electrónico, el acceso a medios de comunicación para realizar actividades de
ocio, para obtener información de páginas web de la Administración, pero el incremento de usuarios de Internet y el avance en el uso de las nuevas tecnologías se ha visto reflejado también en el número de personas que utilizan el comercio
electrónico para contratar viajes y alojamiento en vacaciones, adquirir entradas de espectáculos, música, libros, revistas, ropa o cualquier tipo de equipamiento, y desde luego también se refleja cada vez más en el número de personas que utilizan
Internet para jugar apostando en casinos virtuales, juegos de cartas, ligas y competiciones deportivas del mundo, bingos, póquer, ruletas, etcétera. En definitiva, las posibilidades de realizar apuestas por Internet son numerosas.
Actualmente existen miles de páginas web dedicadas a los juegos con apuestas por Internet. Muchas de ellas, y muchas empresas que realizan esta actividad, son muy conocidas por el gran público debido a los patrocinios deportivos y a los
anuncios que se insertan en eventos deportivos, ya que es allí precisamente donde acuden los potenciales apostadores.
El número de usuarios que utiliza los portales de apuestas está experimentando un crecimiento progresivo en estos años debido, por una parte, a estos hechos publicitarios, así como a que los negocios de apuestas por Internet llevan a cabo
políticas muy agresivas de carácter intrusivo para captar visitantes que entren en sus páginas. Estoy segura de que a todos nos habrá sucedido en alguna ocasión que, estando visitando una página web mientras buscamos algún tipo de información,
hemos sido asaltados por ventanas emergentes sin nuestro previo consentimiento que nos incitan a participar en un determinado juego con apuestas. Es más, muchas veces resulta incluso dificultoso eliminar esas ventanas de nuestra pantalla.
Como consecuencia de esto, el negocio de las apuestas por Internet se ha convertido en un boyante mercado que mueve muchísimo dinero y cuyo crecimiento es vertiginoso, y es que en él convergen elementos que lo dinamizan. Hay dinero y hay
cada vez más usuarios susceptibles de practicar este tipo de juego que, además, muestran interés en ello, y también hay nuevas tecnologías y medios cada vez más sofisticados para participar, todo ello enmarcado, además, en un vacío legal en el que
se ampara.
Las consecuencias de esto son, desde luego, muy problemáticas para todas las partes, a excepción de las redes de apuestas que son las que se embolsan jugosos beneficios. Las empresas que gestionan estas redes de apuestas encuentran en este
boyante mercado y en alza un reto. Tienen pocos costes, ya que no pagan impuestos ni en las comunidades autónomas ni al Estado; no se recauda absolutamente nada de ello. Asimismo generan un tremendo agravio comparativo con respecto a las empresas
que cumplen escrupulosamente la ley y que pagan sus impuestos, y constituyen, además, competencia desleal tanto para el juego privado, que ingresa importantes cantidades de dinero en las arcas de las comunidades autónomas, como para el juego
público, que gestiona el Ministerio de Hacienda a través de Loterías y Apuestas del Estado o el semipúblico, que gestiona la ONCE por concesión estatal. Asimismo podemos afirmar que no generan ningún puesto de trabajo ya que las plataformas de
estas casas de apuestas de Internet suelen ubicarse en territorio extracomunitario, y generalmente en paraísos fiscales fuera de la acción del Gobierno.
Mientras tanto los consumidores, indefensos ante este mercado, corren graves riesgos. El acceso a este tipo de juegos está al alcance de cualquiera; es un riesgo para los adolescentes, que pueden iniciarse sin control en este tipo de
prácticas; es un riesgo para los niños, que son víctimas totalmente inocentes ya que, como decía, el acceso es indiscriminado; es un riesgo para jugadores compulsivos, adultos con problemas de adicción que tienen restringida su entrada a salones
de juego y que pueden acceder fácilmente con un grave perjuicio para su salud, pues pueden apostar desde la comodidad de su hogar durante las 24 horas del día, y es un riesgo a la hora de crear y fomentar nuevas dependencias de juego. Es, pues, un
riesgo para muchas familias que, como consecuencia de las acciones no controladas de sus miembros, ven mermada su economía doméstica.
Por otra parte, nos encontramos con que España es un país complejo en cuanto a legislación sobre el juego. Quiero recordar a sus señorías que la organización de juegos y apuestas en España requiere la autorización administrativa previa de
la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, de acuerdo con el artículo 5.1 del Real Decreto en el cual se aprueba el estatuto de esta entidad pública empresarial.
Asimismo, quiero destacar que la Constitución Española no reserva
al Estado competencias en materia de juego, aunque sí ejerce competencias en la materia a través del título competencial de la Hacienda general.
En la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del año 2002, el propio Estado asumió la
competencia de apuestas y sorteos cuando el ámbito era nacional o superior al de una comunidad autónoma. También quiero recordar la disposición final decimocuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007, que modificaba la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986. Esta disposición final, en su apartado 1, señala que con efectos de 1 de enero del año 2007, y con vigencia indefinida, se modifica
el apartado 1 de la disposición adicional decimoctava de la mencionada ley, que queda redactada de la manera siguiente -y la voy a recordar-: A los efectos de lo previsto en los artículos 1.7 y 2.1.d) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre,
de represión del contrabando, se entiende prohibida la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático, que constituya soporte en la
práctica de juegos de azar, sorteos, loterías, apuestas y quinielas. En el apartado b) se establece que se encuentran prohibidas, salvo autorización del órgano administrativo competente, las rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y, en general,
aquellos concursos en los que no siendo gratuita la participación se otorguen premios mediante cualquier fórmula aleatoria donde el azar sea un elemento de selección.
Por otra parte, los estatutos de autonomía solían recoger a favor de las comunidades autónomas la competencia exclusiva en materia de juegos sin más explicaciones, pero ahora los nuevos estatuto de autonomía que se están aprobando,
especialmente el catalán y el andaluz, han matizado esa competencia autonómica, incluyendo las modalidades de medios informáticos y telemáticos. Así lo señala el artículo 81 del estatuto andaluz y el artículo 141 del estatuto catalán.
En cualquier caso, señorías, nos encontramos con legislaciones diversas, ámbitos de actuación diferentes -tantos como comunidades autónomas hay-, y ello nos lleva a la conclusión de que las comunidades autónomas no pueden resolver por sí
solas, aunque tengan competencias, los problemas que se derivan de este tipo de apuestas por Internet.
Nos encontramos también con que la comunidades autonómas de Madrid y del País Vasco han publicado sendos decretos que regulan la materia en su territorio, aunque dichas regulaciones no pueden abarcar el juego que practican por Internet los
ciudadanos de ambas comunidades en sus domicilios, sino exclusivamente el juego por Internet que realizan en lugares públicos.
En definitiva, señorías, nos encontramos ante una actividad compleja y difícil de erradicar por el conjunto de factores que concurren, por ese vacío legal que comentábamos, por ese reparto de competencias legislativas entre comunidades
autónomas y Estado y con graves consecuencias económicas y riesgo para la seguridad de los consumidores, a quienes se debe proteger. No solo sucede esto en España, sino que tiene carácter transnacional, y parece ser la Comisión Europea ha estudiado
la realidad de este negocio atribuyendo al juego, en la totalidad de sus modalidades, un peso equivalente al 3 por ciento del PIB de la Unión Europea.
Por ello, señorías, proponemos esta moción en esta Cámara instando al Gobierno a impulsar ante la Unión Europea una directiva que regule el juego con apuestas en Internet para que todos los países miembros dispongan de una normativa
armonizada que permita atajar un problema que, si no conseguimos erradicarlo, continuará en su crecimiento vertiginoso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Hay tres enmiendas presentadas. Una por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, otra por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y la tercera por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información se hace presente en todos los campos de nuestra vida, tanto pública como privada.
Internet llega al 60 por ciento de los hogares de nuestro país, y en breve, y esperemos que
sea pronto, a la totalidad de ellos. Esto supone grandes ventajas, como nuevas prestaciones en el mundo de la banca, del comercio y del ocio, y hablando de ocio, toda clase de juegos personales o en grupo. Todos recibimos diariamente innumerables
ofertas a través de los medios audiovisuales y también de Internet. Entre los juegos de azar empiezan a imponerse las apuestas y las loterías de todas clases.
Como ha dicho la senadora Navarro, online es fácil, sin necesidad de desplazamientos puede hacerse durante las 24 horas a través de la red y a través de ella nos llegan suculentos premios, rápidos y fáciles, pero con pocas o ninguna garantía
de seriedad y en todos los casos con posibles garantías de fraude y sin reclamación posible. Como decía la senadora, las apuestas conocidas a través de la red pueden pasar este año de los 600 millones de euros, incrementándose, como ha venido
haciendo, en los últimos años.
La urgencia de una normativa estatal adecuada a la realidad del mercado español hace que las consecuencias de este gran negocio sean negativas en muchos sentidos: en primer lugar, para el usuario, que puede verse fácilmente estafado, nadie
le garantiza un juego limpio, pero en el caso de serlo y de ganar una importante suma de dinero, le será muy difícil explicar al fisco de dónde procede este dinero, y además le pueden causar verdaderos problemas. En segundo lugar, queda claro que
ni el Estado ni las distintas administraciones obtienen beneficio alguno, ya que la mayoría de estas empresas tienen -y también lo ha dicho la senadora- su sede en paraísos fiscales. Por último y no menos importante, la desprotección a que están
expuestos menores y adultos con problemas de discapacidad, psíquicos o de ludopatías. El problema es complejo y no es de fácil solución, pero hay que hacer algo y pronto. Decir que es complejo no es solución y decir que es complejo no es
excusa para no hacer nada.
Por tanto, estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Socialista, aunque nos parece insuficiente. Todos sabemos que una directiva europea puede tardar hasta cinco años en ver la luz. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo
en que cinco años es demasiado tiempo para esperar una legislación que resuelva un problema que cada día es mayor y de cuya solución cada vez estamos más lejos.
Tampoco sería coherente, después de la presentación por parte del senador Gasòliba de una moción en este mismo sentido en la Comisión de Economía el pasado día 30 de mayo, que hoy no presentemos una enmienda en Pleno.
En ella añadiríamos lo
mismo que en la Comisión de Economía, y es que además de impulsar en el seno de la Unión Europea una directiva específica que regule el juego, instaríamos al Gobierno a que elabore un proyecto de ley o la norma legal que ustedes crean oportuna, que
regule los servicios de juego con apuestas prestados por los medios electrónicos y en particular por Internet, de acuerdo con el Derecho comunitario existente, ya que si bien no existe legislación específica, sí existe legislación en distintos
aspectos de ella, una legislación colateral, de la que hablábamos hace un momento. Debo resaltar que hay un error. En la enmienda se habla de «... juego y apuestas...» y debería poner «...juegos con apuestas...».
La enmienda va en la misma línea que la presentada en la Comisión de Economía. En este punto, debo recordar que la reacción legislativa estatal al problema fue la reciente reforma de la ley orgánica, a la que usted ha hecho alusión, de 12
de diciembre de 1995, de represión del contrabando por medio de las disposiciones 16 y 17 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre. Dicha reforma ha conducido al establecimiento de un entorno legal sancionador, pero claramente insuficiente e
inadecuado.
Por eso, nosotros entendemos que la complejidad del tema hace que pocos gobiernos no solo del Estado español, sino del entorno europeo, hayan legislado sobre ello, pero no podemos esperar cinco años más y necesitamos que esa legislación
proteja al usuario y al mismo tiempo asegure, y esto es importante, que la tributación derivada de la explotación de esas actividades se quede en nuestro país, en el fisco estatal o autonómico, pero se quede en nuestro país, ya que este tipo de
juegos de azar no están en estos momentos volcados en nuestra economía, sino todo lo contrario, están sangrando nuestra economía. En el momento en que la Unión Europea dicte una directiva, cada país deberá adaptarla, como lo harán Italia, Reino
Unido y Alemania, que en estos momentos están a punto o ya tienen en su haber las disposiciones legales relativas a esta cuestión. Esperamos que el Grupo Socialista acepte nuestra enmienda y los demás grupos la apoyen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora senadora.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Moltes gràcies, senyor president.
Entiendo que nuestra enmienda no contradice ni el espíritu ni la letra de la moción original presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muy al contrario, estamos de acuerdo tanto en la necesidad como en la oportunidad de plantear en
esta Cámara un asunto como el que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista a través de la senadora Navarro.Y creemos que nuestra enmienda abunda en la moción y la mejora en el sentido de incorporar el marco competencial de las comunidades
autónomas, especialmente a partir de la aprobación reciente de nuevos estatutos que otorgan competencias exclusivas en materia de juego y espectáculos a algunas comunidades autónomas -lo ha dicho la senadora Navarro-, como es el caso de Andalucía y
Cataluña. Por lo tanto, nosotros proponemos una enmienda de adición incluyendo la consulta previa a las comunidades autónomas con competencias en materia de juego y espectáculos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para defender su enmienda, tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular a la moción que ha traído hoy al Pleno la senadora Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista. Senadora Navarro, estamos de acuerdo en la
exposición de motivos y en el petitum de la moción, es decir, en el fondo de la moción que usted ha presentado, pero no nos parece que la forma de solucionar este problema, cada vez más acuciante y más grave, sea la que ustedes plantean: trasladar
lo que debe hacer el Gobierno de España a otra instancia, que es la europea. En ese sentido va fundamentalmente nuestra enmienda. Nos parece bien el punto que ustedes proponen porque una directiva comunitaria siempre trata de armonizar las
diversas regulaciones de los distintos países, pero creemos que hay que abordar el problema en el país en que se está, en este caso en España, y el Gobierno de España debería hacer algo.
Sabemos que miles de españoles juegan, apuestan o participan en sorteos a través de multitud de empresas que se dedican a esta actividad, radicada fundamentalmente en el extranjero, incluso en paraísos fiscales. Estamos de acuerdo con los
datos que usted ha dado sobre apuestas on line y del registro. Efectivamente, en el año 2005 había cerca de 250.000 usuarios y se movieron unos 255 millones de euros en España. (El señor presidente ocupa la Presiden-
cia.) Entre enero y octubre del año 2006 esas cifras ascendieron ya a 500.000 usuarios y 500 millones de euros. Y lo más importante no son estas cifras absolutas sino la velocidad a la que crecen, porque si el año 2006 superó al 2005 en un
65 por ciento, según algunos datos para el año 2007 se prevé un incremento del 40 por ciento.
Pese a lo habitual de estas conductas entre los españoles y el fuerte crecimiento que están registrando, de acuerdo con la legislación vigente dicha actividad se realiza -y es algo que me gustaría decir claramente- de forma ilegal. En
España están prohibidas las apuestas deportivas, casinos o bingos virtuales on line que no tengan licencia de un organismo del Estado. Únicamente son legales, como ya se ha dicho por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, las
quinielas y las loterías gestionadas por el organismo LAE, Loterías y Apuestas del Estado, por la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y los autorizados por las comunidades autónomas. Esto quiere decir que el resto que actúan lo
hacen de forma ilegal. Es verdad que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, a través de una disposición adicional, se tipifica como delito de contrabando la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos,
sellos, cartones, resguardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático, que constituya soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos, loterías, apuestas y quinielas, y que no cuentan con las debidas autorizaciones en
España, estableciendo un régimen sancionador. Pero esta confusa redacción en la ley de presupuestos del Estado es susceptible de interpretaciones diversas, que han producido una gran incertidumbre en el sector al no ser claramente determinable lo
que se entiende por circulación, comercio o tenencia de elementos informáticos que sean soporte para la práctica de juegos de azar, ni quién es el delincuente al que afecta, si el jugador o el promotor del juego, aunque tendría que ser suficiente
para la actuación de las autoridades competentes. Se sigue sin abordar la realidad del mercado al no establecer un régimen para el desarrollo legal de esta actividad en nuestro país.
También en lo relativo a la publicidad y el patrocinio asistimos a grandes despliegues publicitarios de empresas sin autorización para operar en España que se sitúan en prensa, radio, televisión, vallas y patrocinios deportivos con deprecio
de la normativa que limita dicha publicidad.
Además de generar incertidumbre en el sector, la falta de una regulación específica y clara en esta materia propicia el descontrol por parte del Estado de estas actividades tan habituales y crecientes en
nuestra sociedad y permite la evasión de tributación por dichas actividades a otros países.
Y por si fuera ello poco, la regulación actual no señala con claridad los organismos que han de perseguir las diferentes actividades ilegales ni es suficientemente efectiva la lucha contra el fraude y la ludopatía. Carece de las medidas
adecuadas que garantizan la protección de los menores en materia de apuestas y juegos de azar por Internet -lo que nos parece importante-, y define criterios competenciales geográficos de compleja gestión.
Por todo ello hemos presentado esta enmienda que tiene dos puntos. En el primero se hace referencia a que se actúe con todos los instrumentos legales que tiene a su alcance contra quienes no cumplan la legislación actual en materia de juego
y apuestas por Internet, procediendo a la inmediata paralización de la actividad de todas aquellas empresas que prestan servicios en España al margen de la ley. Y en el siguiente punto se establece que se envíe a las Cortes, antes de que finalice
la presente legislatura, una regulación, previa coordinación con las comunidades autónomas, clara y específica sobre las apuestas y juegos de azar por Internet, que elimine la incertidumbre actual existente en el sector, que defina la tributación a
la que se deba someter, que defina las condiciones a aplicar a la publicidad de sus empresas, que establezca medidas efectivas contra el fraude y la ludopatía y que garantice la protección de los menores en materia de apuestas y juegos de azar por
Internet.
Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista, proponente de la moción, acepte nuestra enmienda.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición de su grupo parlamentario sobre las enmiendas que se acaban de debatir tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero manifestar nuestra satisfacción al haber manifestado todos los portavoces su acuerdo con el fondo de la moción, lo que ya es empezar con algo positivo. Quiero también agradecerles a los grupos parlamentarios que han
presentado enmiendas la voluntad que han tenido de mejorar la moción presentada por nuestro grupo.
Y respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en la que se introduce la consulta previa a las comunidades autónomas con competencia en materia de juego y espectáculos, quiero decirle al senador
Bruguera que me parece adecuado incorporar su texto a la moción dado que, como todos sabemos, el modelo de loterías y apuestas está ya descentralizado y las comunidades autónomas tienen competencias y son las que lo administran cada una de ellas en
su territorio. Además, porque también existe la Conferencia Sectorial del Juego como órgano de cooperación entre la Administración central y la autonómica, que está prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a la que
asisten los directores generales responsables de juego de las comunidades autónomas. Sin duda será un buen marco de diálogo para alcanzar acuerdos sobre este asunto.
Con respecto a la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en la que se acota la directiva para que sea específica y en la que se insta a una regulación nacional -dicho de
modo resumido-, quiero decirle a la senadora Aleixandre que, después de haber expuesto todas
nuestras aportaciones, la verdad es que todos podemos llegar tranquilamente a la conclusión de que es necesario que el Gobierno central haga un estudio que proponga una iniciativa legal para frenar la cota de esta actividad que, como se
suele decir en mi tierra, campa a rienda suelta. Usted decía que le parecía insuficiente la moción que nosotros hemos presentado. Desde luego no es nuestra voluntad el que fuese insuficiente. Quiero reconocer que la propuesta inicial que nosotros
hacíamos consistía en partir de ese carácter transnacional del problema y en ir de lo general a lo concreto para acabar con la legislación del Estado y de las comunidades autónomas principalmente con el objetivo de que la normativa española fuese
compatible con la europea que se pueda desarrollar. No obstante, no tengo ningún inconveniente con la tramitación en paralelo.
Por ello quiero decirle que estamos dispuestos a aceptar el texto que usted nos ha indicado sustituyendo el término «proyecto de ley» por la palabra «norma» ya que nos parece que, de este modo, las opciones de regulación son más amplias y el
Gobierno puede optar, bien por ese proyecto de ley, bien por un plan, por un desarrollo normativo, por un decreto, lo que sea, es decir, por lo que pueda resultar mejor en relación con el análisis y con el acuerdo que pueda alcanzar con las
diferentes comunidades autónomas.
También quiero señalar que la propia web del Ministerio del Interior dispone de un informe titulado Informe sobre principios para una regulación del juego por Internet -lo podemos ver todos en la página web del ministerio- y allí, además de
señalar algunos datos sobre estos paraísos fiscales, señala cuál es la posición de la Unión Europea, la posición del Foro Europeo de Recaudadores del Juego, también señala la posición de la Asociación Internacional de Reguladores del Juego y la
posición española; además, en ese informe se especifican cuáles deben ser las características que debe desarrollar esa regulación, cuáles son los aspectos generales que debe incluir la misma, cuáles son los elementos que debe regular, lo cual sin
duda será un buen punto de partida para desarrollar lo que usted propone.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, la primera parte, la que se refiere a actuar con todos los instrumentos legales que tiene a su alcance para quienes incumplen la legislación actual, yo entiendo que con la legislación
actual sí que se actúa contundentemente con todos los instrumentos posibles. Otra cosa es que haya que regular más y que pretendamos dotar de más herramientas al Gobierno para que pueda erradicar con más contundencia este fenómeno que está
creciendo de forma tan vertiginosa y que precisamente para combatir esa situación de precario en la cual se encuentra el Gobierno respecto al juego con apuestas en Internet a lo primero que procedamos sea a dotarle de estas herramientas legales, de
esta norma o plan, o de esta directiva a nivel comunitario.
Respeto al segundo punto de su moción, entiendo que el fondo -como dice usted- de su propio punto está ya incluido en el texto que recogería la nueva transacción si podemos aprobarla entre todos, y que incluye las enmiendas los grupos Entesa
y Catalán de Convergència i Unió. Esa coordinación con las comunidades autónomas que usted propone en este segundo punto está regulada allí, y en cuanto a otros aspectos concretos que usted nos indica, para algunos de ellos ya existe normativa
concreta y, en cualquier caso, sería en ese marco con las comunidades autónomas, viendo después en el estudio que pueda realizar el Gobierno cuáles serían los puntos que debería incluir esa nueva normativa. En cualquier caso, entiendo que los
puntos que usted establece deben estar contenidos, lógicamente, en la nueva regulación.
Por ello, señorías, hemos preparado un texto para ver si los grupos aceptan. Me falta pasarlo al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y al Grupo Popular, a los que ahora se lo facilitaré -ha sido por falta de tiempo, por no
haberlo tenido redactado antes de comenzar la sesión-, pero en cualquier caso paso a leerlo. Quedaría en la siguiente manera: El Senado insta al Gobierno a: Primero, impulsar en el seno de la Unión Europea, previa consulta a las comunidades
autónomas con competencias en materia de juego y espectáculos, una directiva comunitaria que regule el juego con apuestas en Internet. Y, segundo, elaborar una norma que regule los servicios con apuestas prestados por medios electrónicos y, en
particular, por medio de Internet de acuerdo con el Derecho comunitario.
Espero que los grupos que faltan por firmar esta transacción puedan hacerlo también y que podamos aprobarla por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Realmente en este momento la intervención parece que pierde importancia a la luz de la transaccional que se ha ofrecido y que nosotros hemos suscrito porque nos parece que recoge tanto el texto inicial como las enmiendas que han aportado los
grupos, en orden fundamentalmente a las competencias de las comunidades autónomas, y que sin duda mejora el texto final. Por tanto, hasta ahí estamos de acuerdo.
Pero, señor presidente, ya que estoy en el uso de la palabra y sin agotar el tiempo, permítame decirle a la senadora Navarro que ha tenido una buena iniciativa, porque este es un tema que parece muy alejado del debate político que nos ocupa
a menudo y, sin embargo, tiene una gran importancia porque, desde luego, Internet es un instrumento que sin darnos casi cuenta cada día se mete más en nuestras casas y en nuestras vidas. Internet tiene además esos mecanismos fáciles para ello,
porque cuando uno está trabajando le aparece la tentación y, evidentemente, si uno no tiene el criterio muy claro las tentaciones vencen -ya saben aquello de que la mejor manera de luchar contra la
tentación es caer en ella-; hay mucha gente que cae en la tentación, da la tarjeta de crédito y empieza a jugar, y ahí es donde empieza el problema que esta moción intenta paliar de alguna manera. ¿Por qué? Porque a la hora de jugar no se
fijan ni en el sexo, ni en la edad, ni en otras características de las personas; puede jugar todo el mundo, incluso gente que no iría a jugar a un lugar público por respeto social. Por lo tanto, gente que tiene algún tipo de prejuicio social
contra el juego, sí juega en Internet, de lo que se deriva un grave problema, pues todos sabemos que el juego es un hecho real respecto del que, a pesar de estar amparado por varias legislaciones del Estado y de las comunidades autónomas
-seguramente, como importante fuente de recaudación-, existe una preocupación creciente en la sociedad, manifestada a través de las asociaciones de ludópatas. Por ello, habría que buscar un punto de equilibrio entre el interés de la recaudación y
el daño, entre comillas, que puede provocar a algunas personas. En todo caso, este equilibrio ya se consigue en cierta manera a través de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, para los jugadores de Internet no
existe ninguna legislación y, por lo tanto, se la saltan a la torera o, lo que es más grave, se produce una evasión fiscal y un fraude, mientras que la parte positiva del juego, la recaudación -que sirve tanto a la Administración General del Estado
como a las comunidades autónomas-, se pierde. Por tanto, tiene todo lo negativo del negocio y nada de lo positivo, y no hay que olvidar que con lo positivo, la recaudación, el Estado realiza obras que podríamos llamar de interés general o benéficas
y que existen instituciones como la ONCE, que también participan en el sector del juego, que llevan a cabo una labor social, además de la existencia de rifas benéficas de otro tipo de organizaciones que, de alguna manera, se encuentran con la
competencia desleal del juego por Internet. Si además de esto añadimos que traspasan todas las normas, pues al estar en el mundo mundial de Internet no las tienen, me parece que la iniciativa que se presenta esta tarde es muy oportuna. Mi duda es
si la Unión Europea tendrá elementos suficientes para poner puertas al campo de Internet. Evidentemente, algo hay que hacer. Si nosotros estimulamos desde el Senado a través de esta moción, tan oportunamente presentada, instando al Gobierno
español a que en Europa -ya sabemos que el trámite suele ser complejo y largo en estos casos- alguien se ocupe de poner en marcha los mecanismos necesarios y se lograra -creo que el mero hecho de presentarlo ya es una llamada de atención a los que
pueden ser tentados con este tipo de juegos fraudulentos-, habríamos hecho una buena labor y un buen trabajo, con el que seguramente no ganemos ningún voto esta tarde, pero considero que hay que trabajar en asuntos importantes al margen de lo que
pueda ser el interés inmediato de la acción política.
Por tanto, suscribimos la moción conjunta y esperamos que salga aprobada por unanimidad, lo cual le daría mucha fuerza. En todo caso, seamos confiados y pensemos que esto va a servir para lo que se pretende.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Denegaciones.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Denegaciones.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Creo que todos entenderán que, de la intervención de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, podemos concluir que nos encontramos ante un tema realmente complejo.
Las apuestas por Internet, tal y como se ha dicho, mueven en este país más de 500 millones de euros al año; es el juego que más rápidamente crece en España y es ilegal o, mejor dicho, alegal, depende de quien lo cuente.
En la actualidad, ni el ordenamiento jurídico español, incluido el ordenamiento jurídico que compete a las comunidades autónomas, ni tampoco el de ámbito comunitario ofrecen soluciones para actuar contra el juego en Internet, aunque algunos
gobiernos, entre ellos alguno autonómico, estén llevando a cabo procesos sancionadores contra establecimientos donde se desarrollan determinadas prácticas y donde el juego está prohibido. De todas formas, una cosa es operar, sancionar o regular
este tipo de establecimientos o de juego allí donde esté prohibido, y otra muy distinta regular todo lo que tiene que ver con el universo de Internet, porque regular esta realidad que día a día nos supera, desde luego, es harina de otro costal.
Estoy de acuerdo con mis compañeros en que, en la medida en que podamos, algo tenemos que hacer, pero el quid de la cuestión es saber qué podemos hacer y qué alcance puede tener aquello que cada cual puede hacer en el ámbito de sus
competencias.
Participo absolutamente de la reflexión y del discurso del senador José María Mur, que ha tocado todos los palos, permítanme la expresión, que pueden afectar a este tema. Incluso, en la parte final de su discurso ha manifestado sus cautelas
respecto al alcance de la regulación europea en el tema de Internet. Señorías, yo me preguntaría además -uniendo esto al segundo párrafo de la enmienda transaccional que hemos aprobado todos- hasta dónde puede intervenir el Estado como tal en este
tema.
Señorías, sinceramente les digo que estamos ante un problema yo diría que de muy difícil regulación. Estoy absolutamente de acuerdo con que algo tendremos que hacer. Pero a mí lo que más me preocupa es que lo que hagamos o no sirva para
nada o de alguna manera vayamos por un camino equivocado.
También se ha señalado que es un problema de recaudación; es decir, que mueve muchísimos millones de euros al año y el Estado, las administraciones competentes en la materia, en juegos y espectáculos, no reciben nada. Se ha pasado muy por
encima en lo concerniente a la protección
que tiene que haber del menor que, de forma impune, puede acceder a través de un establecimiento -que sí podría ser sancionado cuando no respete las normas legales al respecto-, pero también puede hacerlo desde cualquier tipo de domicilio
particular o de acceso a Internet de la manera que sea.
Señorías, este es un asunto que ha pasado muy de soslayo y yo considero que, junto con el tema de la recaudación, es uno de los problemas más cruciales que pueden tener las apuestas por Internet. Respecto a los adultos, cada cual puede
hacer lo que considere oportuno, pero nuestros menores están absolutamente desprotegidos en esta materia, y es algo que quería poner encima de la mesa, porque creo que ha pasado de soslayo en el discurso de todos mis compañeros. Seguramente se deba
a que es un asunto tan complejo, que puede abarcar tantísimas cuestiones diversas, absolutamente transversales, por lo que me gustaría dejar constancia de mi preocupación sobre la mesa, pues creo que es compartida por todos y de alguna manera ha
quedado algo desdibujada.
Evidentemente, vamos a apoyar la transaccional, porque algo hay que hacer.
Yo no sé si lo que vamos a aprobar es el camino más adecuado. Considero que la dirección es correcta y por eso lo vamos a apoyar. En cualquier caso, no creo que
vayamos a conseguir demasiado a través de esta moción.
Ahora bien, algo tenemos que hacer y no lo podemos hacer solos. Es un problema que no solo compete a España, sino que todos los países europeos -y también fuera de Europa- lo tienen; de
alguna manera tendremos que atajarlo pero, sinceramente, el universo de Internet nos supera día a día, y también en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente para agradecer a la senadora Navarro que haya incorporado nuestra enmienda a la transaccional, pues consideramos que la moción que se va a votar -y espero que aprobar- ha quedado mucho más redonda de la inicialmente
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Desde este punto de vista, nos felicitamos de que se haya podido mejorar el texto y de que hayamos llegado a un acuerdo lo más consensuado y unánime posible de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para agradecer a los grupos el que hayan firmado el nuevo texto transaccionado.
Decía el senador Mur que es muy importante el consenso, que algo hay que hacer. En ese sentido, entiendo que hemos dado un primer paso. La moción se ha visto enriquecida con la aportación de las enmiendas de los diferentes grupos.
Entiendo que no solo se ha incorporado a la moción original el texto de Entesa y de Convergencia i Unió sino también el contenido que ha aportado el Grupo Parlamentario Popular, pero lamento que sea éste el único grupo que ahora no apoya el texto.
Como decía algún portavoz anterior, la unidad daría muchísima más fuerza a la intención final que tenemos, que queda reflejada en el texto de la enmienda transaccionada.
Asimismo, como decía, además de agradecer a los grupos sus aportaciones, me gustaría insistir, en esta mi última intervención, en que el Grupo Parlamentario Popular reflexionara e hiciera un esfuerzo por colaborar, dar apoyo a la moción y la
firmara conjuntamente con todos porque, en definitiva, así podremos conseguir algo: vamos a conseguir entre todos el mandato parlamentario para que el Gobierno regule el juego con apuestas a través de Internet, y no solo a nivel nacional, sino
también para que se inste en el seno de la Unión Europea, y así podremos conseguir avances en la protección de los consumidores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que creo que todos los grupos han puesto de manifiesto su intención de llegar a un acuerdo y, por supuesto, mi grupo parlamentario ha actuado también de esa manera, pero el Grupo Parlamentario Socialista no ha mostrado
suficiente voluntad política a la hora de aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. He intentado llegar a una transaccional porque me parece que el hecho de no poner fecha a la normativa es hacer un brindis al sol, de
manera que se queda en una mera declaración de intenciones y, la verdad es que eso no sé para qué sirve.
El Grupo Parlamentario Popular solicitaba que antes de que finalizase el actual período de sesiones se presentase a las Cámaras una normativa que regulase este problema, pero el Grupo Parlamentario Socialista se ha cerrado en banda y ha
alegado que no se deben establecer fechas. Sin embargo, si no se establece ningún tipo de fecha, ¿qué es lo que vamos a apoyar? No se puede apoyar absolutamente nada porque es la nada. ¿Cuándo se va a hacer? No se sabe. ¿Cómo lo quieren hacer?
Tampoco se sabe. Pues bien, me parece que no se puede apoyar el no se sabe.
Asimismo, decía la senadora Navarro que sí se actuaba de forma contundente y con todos los instrumentos legales a nuestro alcance, pero lo cierto es que las empresas que vienen desarrollando en España actividades de juego por Internet o a
través de cualquier sistema telemático son totalmente ilegales. Hay quien pretende que creamos que
son alegales; así, hay empresas extranjeras de apuestas que han tratado de hacernos creer esto para confundir a los empresarios españoles, conseguir publicidad y una relajación en la aplicación de la ley en vigor, pero realmente son
ilegales. Estas compañías se esfuerzan por dar una imagen de transparencia y muchas de ellas cotizan en Bolsa, pero insisto en que son ilegales en España porque la ley es taxativa: sólo son legales los juegos autorizados en virtud de una norma y
los que comercializan estas empresas no están autorizados; por lo tanto, no son legales y habrá que actuar de forma contundente.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, estas empresas están cometiendo una serie de delitos: blanqueo de capitales, estafa, actúan contra la ley de la publicidad, contra la infancia y la protección de los menores, y quiero
recalcar este último aspecto porque es uno de los más importantes y sobre el que estoy más de acuerdo con la senadora Etxegoyen, porque no sólo hay que abordar el problema recaudatorio sino el de la protección de la infancia y los menores.
Asimismo, desde nuestro punto de vista, se están cometiendo posibles delitos contra la Hacienda Pública española, contra la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, contra las nuevas reformas del Código Penal en materia de delitos
informáticos -cuya última revisión precisamente se publicó el pasado 15 de enero de 2007- y, además, contra las leyes del juego y las normativas que al respecto han publicado desde el año 1979 el Estado y, posteriormente, las comunidades autónomas.
Por lo tanto, es imposible que apoyemos esa enmienda transaccional porque, como decía anteriormente, es un auténtico brindis al sol. Nosotros también estamos de acuerdo con que se lleve a la Unión Europea, pero si aquí no se hace nada y en
la Unión Europea se aborda esta cuestión dentro de no se sabe cuántos años, creo que no conseguiremos nada. He intentado llegar a un acuerdo para que se hiciera algo cuanto antes, pero no para hacer algo que en realidad no se sabe cuándo se va a
hacer porque este Gobierno no tiene compromiso ni tiene voluntad de llevarlo a cabo.
Siento mucho que no haya sido posible llegar a un entendimiento, pero de esta manera mi grupo parlamentario no puede apoyar esta moción.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-La señora Navarro Lafita pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Muchas gracias, señor presidente.
Pido la palabra, en virtud de los artículos 87 y 88, para responder a la senadora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que nos acusa de habernos cerrado en banda y no haber intentado admitir nada.
En mi exposición ha quedado claro que hemos sido muy abiertos y que hemos intentado buscar el consenso constantemente. Se han incorporado las enmiendas de Entesa y de CiU y, como ya he dicho, no el texto literal de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular pero sí su contenido en la redacción final.
No creo que hayamos hecho un brindis al sol ni que solo sirva hablar de ilegalidades. Realmente, creo que hay que hacer algo y entiendo que si el Partido Popular de verdad quiere actuar ya debe comenzar esta tarde votando a favor y firmando
la transaccional suscrita por todos los grupos. Afirman que nos cerramos en banda, que no se quiere hacer nada, que se hacen brindis al sol y que se quiere escurrir el bulto llevando el tema a la Unión Europea pero, al no firmar esta tarde la
enmienda transaccional y no votar a favor de una moción tan importante en relación con un problema emergente que va en crecimiento vertiginoso, quienes hacen el brindis al sol son ustedes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo por los mismos artículos que la senadora Navarro. Nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo y, desde luego, el que no ha tenido voluntad política de alcanzarlo ha sido el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Qué inconveniente tiene el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, el Gobierno de la nación, en poner un plazo? El plazo que marcamos es antes de que finalice esta legislatura porque, si no, firmaríamos un cheque en blanco y eso, desde
luego, no lo vamos a hacer porque no conseguiríamos absolutamente nada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción presentada por la senadora Navarro en los términos de la propuesta de modificación sobre la base de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Como no se ha podido fotocopiar, si me lo permiten, voy a leer la transaccional para que la conozcan: El Senado insta al Gobierno a:
Impulsar en el seno de la Unión Europea, previa consulta a las comunidades autónomas con competencia en materia de juegos y espectáculos, una directiva comunitaria que regule el juego con apuestas en Internet.
Elaborar una norma que regule los servicios con apuestas y préstamos por medios electrónicos y, en particular, por medio de Internet, de acuerdo con el Derecho comunitario».
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 127; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS. (S. 621/000099) (C.D.
121/000110).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, pasamos al punto séptimo del orden del día. Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Rubial.
La señora RUBIAL CACHORRO: Muchas gracias, señor presidente.
He sido designada para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del proyecto de ley por el que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el 10 de mayo de 2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con la misma fecha.
El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado 23 de mayo.
El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario.
A este proyecto de ley se formularon 11 enmiendas, una por el señor Jorquera Caselas y siete por el señor Urrutia Elorza, ambos del Grupo Mixto; dos por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y una por parte del
Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales dictaminó dicho proyecto en su sesión del pasado día 14 de junio, incorporando una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado tres votos particulares.
Creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad. (Pausa.)
Si no hay intervenciones, pasamos al debate de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Arratsalde on, señor presidente. Muy buenas tardes a todos, señorías.
Eusko Alkartasuna plantea una serie de enmiendas a este proyecto de ley de integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario de los trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, que es el conocido RETA.
El tema del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social tiene cincuenta y tantos años. Nació a mediados de los sesenta del siglo pasado. En los años sesenta, el sector agrario gozaba de una importancia considerable en el Estado, tanto
por su peso sobre el PIB como por el número de personas que trabajaban en el sector primario. El objetivo del Régimen Especial de Seguridad Social era incorporar a los trabajadores con singularidades específicas en materia de cotizaciones y
prestaciones en el Régimen de Seguridad Social.
El objetivo de este proyecto de ley de forma genérica es el de la convergencia de regímenes e integración de todos los trabajadores por cuenta propia en un solo régimen. El 20 de octubre se adoptó el acuerdo sobre encuadramiento y
cotización a la Seguridad Social de trabajadores agrarios por cuenta propia, y lo que se espera, a partir del 1 de enero del 2008, es equiparar a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario con los encuadrados en el Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, en el RETA, siguiendo la línea marcada en la recomendación sexta del Pacto de Toledo en aquellos aspectos que afectan fundamentalmente a la cotización y al período transitorio para procurar su
integración.
Los objetivos, en concreto, de este proyecto de ley que vamos a enmendar en algunos aspectos son varios: primero, la incorporación de los jóvenes y las mujeres; segundo, la reducción de cotización de los cónyuges y descendientes de los
titulares; tercero, el rejuvenecimiento del campo agrícola y de los que trabajan en él, de los trabajadores; cuarto, la actualización y mejora de los derechos sociales, y quinto, impulsar la modernización del sector.
Eusko Alkartasuna ha presentado siete enmiendas por dos motivos, uno filosófico, porque la Seguridad Social y su régimen económico ha sido siempre una reivindicación de Eusko Alkartasuna con respecto al estatuto de autonomía; y el otro
porque, después de dialogar con el sector primario, sobre todo con sus representantes sindicales la COAG y del EHNE, el sindicato agrario vasco, intentamos acercar la realidad del sector agrario a la Seguridad Social normalizada, que es aquella
Seguridad Social de los trabajadores y cotizantes por cuenta ajena.
Sabemos que es difícil porque la renta individual, la renta propia del trabajador del sector del campo es bastan-
te más baja que la del sector secundario y terciario, pero tenemos que intentar que las cotizaciones y las prestaciones de estos trabajadores del sector primario se acerquen, apoyando como sea el crecimiento del PIB, porque si no luego se
plantean una serie de problemas a la hora de que estas personas se conviertan en perceptores de la Seguridad Social.
Por eso hemos querido presentar estas siete enmiendas, dos de las cuales, señor presidente, la 5 y la 6, las vamos a retirar
después de haber llegado a un acuerdo con los representantes sindicales y con los representantes del COAG. Las otras, sin embargo, las vamos a mantener porque intentamos plasmar tres aspectos que voy a terminar de exponer inmediatamente.
En la enmienda número 2 nos parece oportuno suprimir el término «agrarios». Aunque aquí se incluye a la gente que procede del régimen especial, creemos que todos ellos deben incorporarse a lo que se llama el «Régimen Especial de
Trabajadores Agrarios» y no crear segundos y terceros apellidos. La Seguridad Social del Estado español debe tener el régimen de trabajadores por cuenta propia, RETA, o el de trabajadores por cuenta ajena. En mi modesta opinión y en opinión de
Eusko Alkartasuna, no tenemos que buscar subíndices o aspectos secundarios.
La enmienda número 3 pretende que se incorporen al sector agrario aquellos trabajos y actividades complementarias relacionadas con la mejora de la productividad y de la eficiencia en la actividad agraria. Creemos que este es un sector en el
que no se está incentivando la mejora de la productividad por área o por espacio físico, y lo que tenemos que intentar es incentivarlo, y a ello responden las enmiendas números 3 y 7.
La enmienda número 4 es un tanto conflictiva y puede tener cierta transcendencia. Queremos que, a partir de los 16 años, los parientes por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive puedan incorporarse al sistema especial con
las ventajas correspondientes. Es un tema complicado y difícil. Los hijos de las personas que trabajan en el sector agrario lo pueden hacer y nos parece que aquellos que tengan relación de consanguinidad y de afinidad también deben poder hacerlo.
Como he dicho, señor presidente, retiramos las enmiendas 5 y 6 para dar más facilidades.
Terminamos con las enmiendas números 7 y 8 que, por así decirlo, tocan vertientes distintas: reforzar la actividad complementaria para la mejora de la productividad, la eficacia y la eficiencia de ese sector y de las explotaciones agrarias,
por un lado, y que a partir de los 16 años los parientes que realicen la actividad y que no sean hijos puedan incorporarse en el sistema especial.
Nuestro objetivo es que este sistema especial se vaya asimilando al sistema general para que las prestaciones sean idénticas, se mejoren y no se produzcan deficiencias cuando los trabajadores del sector agrario se conviertan en jubilados
Mila esker.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.
Ya le anuncio que de las dos enmiendas presentadas por mi grupo vamos a retirar aquella que pide la corrección de errores en la disposición adicional primera. Entendemos que es simplemente un error y no queremos retardar el procedimiento
mediante la presentación de esta enmienda, que queda retirada.
Mantenemos el voto particular para volver al texto del Congreso en el artículo 3 a). Esta es una modificación que se introdujo en comisión mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Donde se decía: «base mínima de cotización»
se dice: «base mínima ordinaria».
Sinceramente, no entendemos el alcance ni el sentido de esta modificación, porque hablar de base mínima ordinaria supone admitir la existencia de una base mínima extraordinaria, y eso no existe en ninguna norma de
la Seguridad Social. En consecuencia, mantenemos esa enmienda y retiramos la anterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Turno en contra de las enmiendas que ha presentado el senador Urrutia, al que reconozco la sana intención de perfeccionar el texto. Sin embargo, algunas de sus enmiendas, en el caso de aceptarlas, acarrearían
complejidad a la gestión del sistema especial para los trabajadores agrarios por cuenta propia y también a la del RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios. Me explicaré.
Las enmiendas 4 y 8, que mantiene vivas, tratan de rebajar a 16 años la edad de incorporación de los familiares del titular de una explotación como trabajadores por cuenta propia. No hay ningún antecedente: tanto en el REASS como en el
RETA, la edad de incorporación como trabajador por cuenta propia es de 18 años. La Ley de modernización de explotaciones considera la incorporación de jóvenes como medida imprescindible para la revitalización del sector agrario, pero exige que
tengan 18 años.
Por otra parte, un aspecto a considerar es la coherencia con la capacidad de las personas para regir sus actos. Si rebajáramos la edad a 16 años, podríamos encontrarnos con que habría personas, hombres o mujeres, trabajadores por cuenta
propia y que no pueden abrir una cuenta corriente, por ejemplo. Por último, me parece que la intención última de la enmienda es dar cobertura en la Seguridad Social a los hijos que están trabajando en la explotación y que no tienen 18 años. Eso ya
está corregido: según el nuevo texto de la ley que hoy tratamos de aprobar, pueden ser dados de alta en el sistema de Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena los hijos menores de 30 años, incluso si conviven con el titular de la
explotación.
En cuanto a las otras tres enmiendas, sinceramente, no creo que quite ni ponga nada suprimir el adjetivo 'agrario'
en el texto de una ley cuyo artículo 3 dice que se trata de incorporar al RETA a los trabajadores agrarios por cuenta propia. Simplemente, generaría falta de especificidad en el sistema que se quiere mantener.
Por último, las enmiendas 3 y
7 pretenden incorporar como actividades complementarias la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas, actividades todas ellas deseables y loables pero que, de momento, quedan muy lejos de la actividad normal de una explotación
agraria. En consecuencia, esas enmiendas tampoco merecen nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Acabaré rápidamente, señor presidente.
Agradezco el tono de la contestación del portavoz, señor Rodríguez, aunque no comparto su opinión. Al menos en el sector agrario de la zona de donde yo vengo, el País Vasco, se producen casos concretos de trabajadores por cuenta propia que
no son hijos, sino familiares cercanos del dueño de la explotación; sobrinos o primos, por ejemplo, con 16 años. Para no crear tensiones ni problemas, señor portavoz, retiro las enmiendas 4 y 8, aunque vaya en contra de lo que se me ha pedido. Ya
le digo que se dan casos concretos de trabajadores por cuenta propia, familiares del propietario, que trabajan con menos de 18 años, una vez que han acabado la formación profesional. Allí trabajan con el tío o con el abuelo -osaba o aitite-. Esa
es la realidad. Pero hay un vacío que en Europa no existe; en Holanda, por ejemplo, se tiene en cuenta este fenómeno, cosa que no ocurre en el Estado español.
Yo pretendía una incorporación a petición de parte, pero para no crear tensión ni problemas, retiro también las enmiendas números 4 y 8, para que vean que cuando el Grupo Parlamentario Socialista pide cosas, Eusko Alkartasuna las acepta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo de Coalición Canaria no interviene.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. De hecho, nuestro trabajo parlamentario casi concluyó en el Congreso de los Diputados, donde llegamos a un amplio acuerdo con el grupo mayoritario; incluso para que el consenso quedará más
reforzado en comisión retiramos dos enmiendas que manteníamos vivas para debate. Creo que la asimilación de los trabajadores autónomos agrarios en el Régimen General es una buena noticia y, por tanto, nuestro voto va a ser favorable.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Azurza.
El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha presentado enmiendas al texto de este proyecto de ley.
Vamos a apoyar las enmiendas del senador Urrutia porque las valoramos positivamente desde nuestros parámetros de justicia social, solidaridad y eficacia. Vamos a apoyar también el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, de
vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la aprobación en trámites anteriores de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular. Igualmente, vamos a apoyar el dictamen elaborado por la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Azurza.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley que estamos debatiendo en esta Cámara supone un paso importante en el cambio que la agricultura ylos agricultores han tenido en las últimas décadas. Este paso es el reconocimiento, como trabajadores autónomos, de igualdad
con el resto de los trabajadores. Los equipara en derechos y prestaciones al resto de los trabajadores autónomos, mejorando la protección social, sin introducir incrementos sustanciales en sus cotizaciones.
La elaboración de esta ley ha supuesto llegar a un amplio acuerdo con las organizaciones agrarias y sociales. También ha habido acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios, como los que ha habido en este debate, lo que permite una
garantía de acierto y un consenso en su aplicación.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ve con satisfacción la aprobación de este proyecto de ley, que viene a solucionar un déficit en un sector de la población injustamente tratado.
Creemos que el proceso de transformaciones que ha sufrido el mundo agrícola se ha conseguido, ciertamente, con costes muy importantes, pero no podemos por más que adecuar también la situación del trabajador agrícola a las características de
una sociedad moderna. Debemos enmarcarlo teniendo en cuenta su situación actual dentro del mundo económico del siglo XXI.
Es cierto que la agricultura, como actividad económica, ha reducido el número de población activa así como su relación con el producto interior bruto del país, pero es justo que los trabajadores agrícolas puedan tener la misma protección de
Seguridad Social que el resto de los trabajadores.
No son trabajadores de segunda clase, y esta ley
pretende incluir e integrar a todos los trabajadores por cuenta propia en un solo Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, teniendo en cuenta, sin embargo, las posibilidades del sector y la protección de los pequeños
agricultores.
También debe tenerse en cuenta la incorporación de las mujeres y los jóvenes en la Seguridad Social, ya que son componentes de la explotación familiar agraria, incorporación que ha sido reivindicada repetidas veces por estos sectores de
población.
El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, el de Agricultura y los representantes de las organizaciones agrarias supone la integración progresiva de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario en el Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, ley que vamos a ver a continuación.
Celebramos la aprobación de esta ley, el consenso al que se ha llegado y la corrección de la deficiencia histórica que se ha venido manteniendo con el sector de los trabajadores agrícolas.
Por tanto, nuestro voto no puede ser más que favorable al proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde debatimos un proyecto de ley que ha suscitado un amplio consenso entre los grupos parlamentarios en el Congreso, las fuerzas económicas y sociales y todas las organizaciones agrarias, que va a afectar a más de 250.000
trabajadores del campo por cuenta propia que actualmente están enmarcados dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social, el REASS.
Es un proyecto de ley que, una vez aprobado, va a mejorar las prestaciones que los agricultores y ganaderos por cuenta propia reciben de la Seguridad Social. Y pongo sólo un ejemplo: en estos momentos la pensión media en el REASS es de 420
euros por mes; pues bien, a partir de la aplicación de este proyecto de ley será de 645 euros por mes , es decir, se produce un incremento de más del 50 por ciento.
Será una ley y una normativa que flexibilizará la contratación de los trabajadores e incentivará la cotitularidad. Hay que tener en cuenta que a partir de su aplicación se podrá contratar dos trabajadores fijos ó 546 jornales por año;
además, en el caso de que hubiera más de un titular, un trabajador fijo más por cada cotitular añadido al primero, ó 273 jornales por año.
Facilita la diversificación de las explotaciones agrarias. No sólo se contemplan como actividad complementaria a las agrarias las tradicionales de producción o comercialización de esos productos sino también la cinegética, las artesanales
y, sobre todo, las de turismo rural.
Elimina desigualdades entre hombres y mujeres e incentiva la incorporación de la mujer y de los jóvenes al trabajo, no sólo por la facilidad para la cotitularidad de la mujer sino también porque existe una reducción del 30 por ciento de la
cuota durante cinco años en la incorporación del cónyuge y de los hijos.
Por último, señor presidente, señorías, garantiza la igualdad de trato de las parejas de hecho con los matrimonios.
En definitiva, señorías, esta es una iniciativa legislativa del Gobierno que sustituye a una normativa que tiene más de 40 años, como se ha dicho; que mejora las prestaciones que los agricultores y ganaderos por cuenta propia van a recibir
de la Seguridad Social; que moderniza las explotaciones y aumenta su productividad; y que incentiva el trabajo de las mujeres y de los jóvenes.
Es una ley que sigue la recomendación sexta del Pacto de Toledo, aquella que determinaba la simplificación en la integración de los distintos regímenes especiales de la Seguridad Social. Es fruto del acuerdo del 20 de octubre de 2005 entre
los ministerios de Trabajo, Agricultura y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y es también un compromiso reiterado por el Gobierno en el acuerdo de reforma de la Seguridad Social de julio de 2006 suscrito entre éste y los agentes sociales.
Señorías, es una muestra más de la especial sensibilidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el cumplimiento de sus compromisos y de su decidida apuesta por el sector agrario, entendiendo que es una actividad básica en el desarrollo
sostenible del medio rural.
Por todo ello, espero que el texto sea aprobado por unanimidad; que demos continuidad a ese acuerdo unánime alcanzado con las organizaciones agrarias, con el sector y con los grupos parlamentarios en el Congreso, y que esta tarde en el
Senado salgamos todos convencidos de que hemos aprobado una ley que sin duda dará respuesta a una justa demanda y a una antigua reivindicación del sector y que va a representar la modernización y el derecho al reconocimiento de unas prestaciones a
las que venían aspirando desde hace muchos años.
Muchas gracias,.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente, señorías.
Voy a intervenir muy brevemente para compartir cuanto se ha dicho con respecto a este proyecto de ley, que se inició en el año 2003 cuando gobernaba el Partido Popular, -no podemos olvidar tampoco sus orígenes- y mediante el que se
actualizan los mecanismos de protección social de los agricultores por cuenta propia. Este es el fin primordial del proyecto y al que nos adherimos.
Como he dicho anteriormente, este proyecto ya se inició en 2003 con una serie de salvedades por parte del Gobierno de entonces. El 20 de octubre de 2005 se adoptó el acuerdo sobre este encuadramiento y cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores agrarios, con lo que no es un hecho nuevo.
Los efectos de este proyecto de ley se van a ver, como hemos dicho al principio, el 1 de enero de 2008, un proyecto de ley que lógicamente se basa en la recomendación sexta del Pacto de Toledo. Cada vez más debemos unificar los diversos
regímenes de la Seguridad Social, que es lo que hace aquí el legislador a fin de lograr una mejora del sistema. Estamos viendo cómo regímenes que estaban apartados del sistema o que no eran muy congruentes con él se van a unificar; de hecho, en el
debate sobre el Estatuto del trabajo autónomo hablaremos sobre ello.
Nuestra enmienda es puramente técnica, y fue la única que prosperó en el debate en comisión. El artículo 3 se remite de alguna forma al sistema de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. No debemos olvidar que si bien el artículo 3
de este proyecto de ley es específico para este sistema agrario, lo cierto es que se remite directamente al porcentaje de la base mínima que corresponda en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que es de un 18,75 por ciento.
Como he dicho, nuestra enmienda es puramente técnica y pretende fijar la base mínima ordinaria. ¿Y por ello por qué? Pues, sencillamente, porque la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, establece en su
apartado cuarto la base de cotización para el ejercicio 2007 en 731,70 euros, salvo que los interesados opten por la base mínima de cotización establecida en el párrafo uno del apartado cuatro.
Posteriormente, en el punto 4, en el que se recogen
las cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social, se dice lo siguiente: Cotización en el Régimen Especial de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Las bases mínima y máxima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2007,
los siguientes: la base máxima de cotización será de 2.996,10 euros mensuales y la base mínima 801,30 euros. Y después habla específicamente de la base de cotización de los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2007 hubieran cumplido 51 años
o más, y establece que estará comprendida entre los 837,60 euros y 1.560,90 euros.
Es decir, señorías, que existen dos bases, y por tanto, como digo, nuestra enmienda es puramente técnica a fin de que se contemple la base ordinaria, pues si el proyecto de ley se remite a la Ley de presupuestos, en la que se establecen las
bases para autónomos, que es el único régimen especial que tenemos en estos momentos con unas bases concretas, habrá que establecer una base ordinaria o una base mayor o menor en función de que se tengan 50 años o más.
Esta es la enmienda técnica que presentamos, que entendemos que en absoluto se separa del dictamen, que compartimos plenamente y que de hecho apoyamos en comisión y también apoyaremos dentro de unos minutos.
Asimismo, nuestro grupo
parlamentario se congratula por que el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social tenga mejoras y ventajas.
Decía el portavoz del grupo Parlamentario Socialista que me ha precedido en el uso de la palabra que esta era una petición especial del presidente del Gobierno; pues bien, señoría, debo decirle que compartimos ese criterio. Nos alegra que
tengan ustedes esta preocupación, que nosotros ya manifestamos en 2003, y que seguimos manteniendo, sobre algo que de hecho hay que mejorar, como esperamos suceda con el apoyo que vamos a prestar a este dictamen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a pasar a la votación del proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.
En primer lugar votamos las enmiendas números 2, 3 y 7, del senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, ocho; en contra, 228; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la aprobación, en trámites anteriores, de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 127; en contra, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 241; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías,una vez finalizada la votación, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (Aplausos.)
-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (S. 621/000101) (C.D.121/000115).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate del dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Rubial.
La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida al señor ministro por acompañarnos hoy en la tramitación de una ley que consideramos de gran importancia puesto que afecta a más de tres millones de autónomos.
También quiero dar las
gracias por su presencia al resto de miembros del gabinete del Ministerio de Trabajo, así como a los representantes de las asociaciones de autónomos que nos acompañan en la tribuna de público.
He sido designada como presidenta de la comisión para presentar el dictamen del proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo. Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 17 de mayo del presente año, siendo publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado día 29 de mayo, y fue ampliado hasta el día 4 de junio. El proyecto se ha tramitado por el procedimiento ordinario.
A este proyecto de ley se han formulado 136 enmiendas: 24, por el señor Cuenca Cañizares; siete, por el señor Jorquera Caselas y 13, por el señor Urrutia Elorza, todos ellos del Grupo Mixto; una, por el Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria; nueve, por el Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió; 11, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 33, por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés; 26, por el Grupo Socialista, y 12 por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha dictaminado dicho proyecto en su sesión del día 14 de junio, incorporando tres enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y tres del Grupo Popular, así como una enmienda transaccional,
presentada y firmada por los Grupos Popular, Socialista, Entesa Catalana de Progrés y Convèrgencia i Unió. Por último, para su debate en Pleno, se han formulado ocho votos particulares.
Espero haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Me solicita la palabra el Gobierno.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, voy a ser breve. Hoy es un día de alegría porque más de tres millones de familias de nuestro país, los autónomos, van a ver incrementada su protección social. Quiero agradecer la presencia de los representantes
de las organizaciones de autónomos UPTA, ATA, CAYPE, OPA, que están aquí con nosotros, con quienes el Gobierno dialogó y consensuó los principios básicos de este texto.
Los autónomos, señorías, han sido sin ninguna duda, y lo son, un motor de nuestro crecimiento económico. Crean empleo, riqueza y bienestar social para todos. Y lo han hecho sin suficientes redes de protección, lo han hecho con un cierto
abandono hasta ahora y con poco reconocimiento social que premiara su esfuerzo y su tesón. Creo que hoy todo esto cambia. Les agradezco a todos ustedes su trabajo y el consenso con el que -creo- van a aprobar este texto. Eso nos permitirá marcar
un antes y un después en la actividad de nuestros autónomos; ahora tendrán derechos, protección plena, apoyo de los poderes públicos y reconocimiento de toda la sociedad española.
Ustedes saben que desde que llegamos al Gobierno hemos hecho del impulso y el apoyo al trabajo autónomo un objetivo prioritario. Esta es una pieza importante, la más visible, pero no la única; para nosotros los autónomos representan la
cultura de la innovación, el esfuerzo y el futuro. En la Ley de igualdad, por ejemplo, hemos reconocido a las trabajadoras autónomas los mismos derechos que a las trabajadoras asalariadas: la misma protección en caso de riesgo durante el embarazo
y la misma protección en caso de maternidad o de lactancia, y a los trabajadores autónomos, a los padres autónomos, su propio permiso de paternidad de dos semanas. Hoy acaban de aprobar ustedes la inclusión de los trabajadores agrarios por cuenta
propia en el Régimen de autónomos de la Seguridad Social. De este modo, los trabajadores autónomos agrarios tendrán a partir de ahora mejores pensiones y podrán contratar como trabajadores a sus hijos; las explotaciones agrarias serán más modernas
y productivas, y las mujeres del medio rural se beneficiarán de cotizaciones más reducidas durante cinco años para poder trabajar como autónomas en la actividad agrícola.
El Gobierno, señorías, acaba de aprobar un programa de promoción del empleo autónomo. Desde el año 1986, hace ya 20 años, no había habido un plan tan ambicioso de refuerzo económico de los emprendedores y autónomos, con subvenciones que
pueden alcanzar hasta los 10.000 euros para hacer de las ideas y de los sueños empresas, y de las empresas, empleo y riqueza para todos. Pero hoy el gran protagonista es el Estatuto del autónomo. Encontramos en él un nuevo modelo de protección
social que acaba con las desigualdades entre trabajadores asalariados y trabajadores autónomos, de tal modo que la vejez, la enfermedad o la pérdida del empleo será igual para todos los trabajadores. Igual debe ser, por justicia, la protección que
reciban todos ellos, asalariados y autónomos, de la Seguridad Social. No habrá, por lo tanto, a partir de ahora más diferencias en la baja por enfermedad, ni tampoco en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. Los autónomos estarán
igualmente protegidos que los asalariados frente a estos riesgos, frente a estas contingencias. Se podrán jubilar, señorías, anticipadamente, como lo hacen los trabajadores que soportan trabajos especialmente peligrosos o penosos. Y más aún:
cuando su negocio sea menos rentable y tengan una cierta edad, uniremos la prestación por cese de actividad con la jubilación anticipada, para que los autónomos no tengan que mantener de modo ficticio su actividad a la espera de cumplir la edad
reglamentaria para poder jubilarse. Lo harán antes y, además, con la debida protección social. Reconocemos aquí ahora
el derecho a la protección por desempleo al trabajador y a la trabajadora autónomos; es un gran avance social y un derecho del que además queremos que los autónomos participen en su definición final. Estaremos, así pues, atentos a sus
demandas, a sus necesidades y a su voluntad, porque no hay mejor forma de hacer política que implicar directamente a los ciudadanos en las decisiones de los poderes públicos que afectan a su vida y a su actividad.
En el Estatuto del trabajo autónomo tienen cabida todos los autónomos, que son, de verdad, una realidad muy plural. Pero todos ellos tienen los mismos derechos: derecho a la igualdad y a la conciliación de su vida familiar y profesional;
derecho a no ser discriminados por ser personas con discapacidad, algo que ustedes, señorías, han reforzado más todavía en el trámite del Senado; derecho a proteger su vivienda frente a las deudas contraídas en su actividad; derecho a contratar a
sus hijos en el negocio familiar, y el derecho básico y fundamental a preservar en el trabajo su salud y su seguridad. Junto a estos derechos están los que tienen como colectivo presente y activo en la sociedad; como tal participarán dejando
escuchar su voz ante todas las administraciones públicas en el Consejo del Trabajo Autónomo. Y las asociaciones y sindicatos de autónomos tienen ya, porque el Estatuto del trabajo autónomo así lo reconoce y garantiza, el derecho a defender y
promocionar los intereses económicos y sociales de los trabajadores autónomos y a actuar frente a quien corresponda para mejorar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo.
Los autónomos económicamente dependientes, que son una minoría entre los autónomos, sí, pero importante, tienen una situación de debilidad especial. Trabajan para un solo empresario, dependen económicamente de él y necesitan todavía más
derechos, que esta ley les da: derecho a tener vacaciones -18 días al año-; derecho a tener una indemnización por despido; derecho a defender sus intereses ante la Jurisdicción social, y derecho a negociar, como hacen los trabajadores, sus
condiciones de trabajo en plan de igualdad mediante acuerdos de interés profesional.
Finalmente, no hay que olvidar el peso, cada vez más creciente, de los autónomos en nuestra economía. Se han convertido en una fuerza generadora de empleo, riqueza y bienestar social. Como país necesitamos más y mejores empresarios y más
emprendedores, y este texto anima a nuestros ciudadanos a iniciar ese deseo de ser emprendedores y de convertirse en trabajadores autónomos. Ellos son emprendedores capaces de desenvolverse y de ser más competitivos en la economía que hoy se
extiende a escala mundial. Apoyar a los autónomos, apoyar sus proyectos e iniciativas, fomentar el autoempleo y defender al extremo la cultura emprendedora, como hace el Estatuto del trabajo autónomo que aprobamos hoy, es, sin duda, señorías, la
mejor garantía que tenemos para augurar, para asegurarnos el crecimiento económico y del empleo, y así un futuro mejor para nuestra sociedad.
Termino ya, no sin antes agradecerles a todos el esfuerzo que han hecho en mejorar este texto, en agrandar aún más el Estatuto del trabajo autónomo, un catálogo de derechos y una carta de ciudadanía social que repara una injusticia y pone a
los más de tres millones de trabajadores y trabajadoras autónomos donde siempre debieron estar. Hoy son por fin, después de casi 30 años de espera, ciudadanos y profesionales con derechos reconocidos y valorados como se merecen por nuestra
sociedad.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Señorías, pasamos a continuación al debate de las enmiendas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Cuenca Cañizares. Puede hacer uso de la palabra.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha presentado en el Senado 24 enmiendas con las que pretendemos conseguir el objetivo de mejorar el proyecto de ley, pero no hemos encontrado ninguna receptividad por parte del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno;
no sé si ese acuerdo que hubo en comisión, bloqueado y cerrado entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, habrá llevado a que no admitan aportaciones de otros grupos parlamentarios, pero quiero constatar que lo que a
nosotros nos mueve es mejorar la calidad, las prestaciones, las relaciones y, por tanto, la actividad de los trabajadores autónomos. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Quiero recordar brevemente que hemos planteado unas enmiendas que pretenden incluir la previsión de adecuar la realidad del trabajo autónomo a la prevención de los riesgos laborales. Otra de ellas propone la supresión de la referencia de
que en dicha actividad la infraestructura productiva y los materiales propios han de ser relevantes económicamente para hacer más nítidas las diferencias entre un trabajador por cuenta ajena y uno autónomo económicamente dependiente.
Tenemos también un capítulo de enmiendas relacionado fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Otra de las enmiendas hace referencia a conseguir que sean más nítidas las
diferencias entre un trabajador por cuenta ajena y uno autónomo económicamente dependiente. Como he dicho antes, hay un grupo de enmiendas a ese respecto. Y hay un grupo de ellas que aborda y mejora todo lo relacionado con los acuerdos de interés
profesional de los trabajadores autónomos, y algunas que abordan la jornada de la actividad profesional.
Por otro lado, pretendemos que el proyecto de ley regule unas condiciones determinadas sobre la duración de las vacaciones y de jornadas bastante desafortunadas en cuanto a la previsión sobre la jornada pactada y excesos sobre ella, todo
ello referido a normativa y comparativa europea.
Otras enmiendas pretenden evitar la indefensión del trabajador autónomo económicamente dependiente, que,
como decía anteriormente, es una de las figuras que se recoge y se destaca, que nosotros creemos que hay que regular, porque en esa bolsa -entre comillas- o en ese apartado de trabajadores autónomos con esa calificación se están incluyendo
muchos trabajadores por cuenta ajena por crisis en sus centros de trabajo originarios o por otros problemas, como la reconversión de la industria, etcétera.
También presentamos enmiendas que proponen potenciar la formación profesional y establecer una previsión sobre la cotización por formación profesional y otras hablan de adaptar la fiscalidad a la realidad empresarial del trabajador autónomo.
Por último, la enmienda 25 habla de todo lo relacionado con el trabajo de los menores en ese ámbito.
Ésas son las 24 enmiendas que hemos planteado desde Izquierda Unida, intentando, como he dicho anteriormente, mejorar el texto. No comprendemos que el partido en el Gobierno no sea sensible a estas enmiendas, sobre todo teniendo en cuenta
que muchas cuentan -permítanme decirlo- con el soporte de las centrales sindicales, que están preocupadas e interesadas por sacar adelante algunas de las enmiendas que están aquí y que incluso se las han hecho llegar al Gobierno y al partido del
Gobierno. Pero una vez más nos encontramos con esa moda que le ha dado al Partido Socialista en las últimas semanas de aliarse con el Partido Popular, alianza novedosa, tan intensa y tan necesaria que le lleva a que todas las leyes tengan que ser
pactadas, y parece como si no fuera posible incorporar enmiendas o propuestas que hacen otras formaciones políticas. Yo creo que eso es un craso error, pero allá cada uno. Lo que está claro en este caso es que hay un aspecto social que se deja en
el camino, lo que supone no solamente no atender las demandas de Izquierda Unida en forma de enmiendas, sino también no atender lo que están reivindicando las centrales sindicales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra el senador Urrutia para defender las enmiendas que ha presentado.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.
Eusko Alkartasuna ha presentado 13 enmiendas a este proyecto de ley, que lo que hace es responder a una deuda histórica con un colectivo que el señor ministro ha dicho que a nivel estatal está constituido por casi tres millones y medio de
trabajadores, que en el País Vasco pasa de los doscientos mil, y en Euskal Herria del cuarto de millón, 250.000, que hasta ahora no estaban sujetos a régimen jurídico específico, lo cual suponía una indefensión y una inseguridad.
Eusko Alkartasuna considera que los aspectos más importantes del nuevo texto -creo que hay aspectos positivos y los voy a citar- son el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los autónomos, la protección social y las
prestaciones que se aprueban, las medidas para el fomento y la formación del trabajo autónomo, y la regulación de la figura del autónomo económicamente dependiente, que tiene una relevancia importante en este proyecto de ley.
Hemos estado analizando la legislación existente en Europa, y nos parece que esta regulación se ha anticipado a lo que pasa en otros países. Según este senador los gobiernos de Alemania, Francia e Italia hasta ahora no han sido partidarios
de regular de forma sistemática y unitaria la figura del trabajador autónomo porque aseguran que no es necesario -ellos tendrán su justificación-. A nosotros no ha parecido que era interesante y además urgente hacerlo, siendo conscientes de que el
colectivo de autónomos no es homogéneo -y lo veremos en muchas de las enmiendas-.
También estamos convencidos de que la falta de regulación suponía de facto una desigualdad de un importante número de trabajadores -hemos dicho que en el País Vasco
superan los doscientos mil, que casi es la quinta parte de la fuerza activa en nuestro país-, con situaciones importantes que hay que prevenir, como los casos de baja por enfermedad, maternidad, vacaciones, en materia de siniestralidad, etcétera.
Nos parece interesante -aunque también a esto hemos presentado enmiendas- que la acción protectora del Régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos tienda a converger con este proyecto en aportaciones, derechos y
prestaciones con los existentes para los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, de tal forma que los autónomos económicamente dependientes se deberán incorporar a la cobertura por incapacidad temporal, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y se considerarán accidentes laborales los registrados in itinere todo lo cual nos parece correcto y así se recoge.
En lo que hace referencia a los derechos colectivos, tal y como manifiesta alguna enmienda, el trabajador autónomo podrá afiliarse al sindicato o asociación profesional que quiera, que funde o que le apetezca, o podrá crear asociaciones
profesionales específicas de trabajadores autónomos, así como ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales.
A pesar de todo esto, tal y como manifiesta alguna de las 13 enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna, todavía nos parece cojo el proyecto en relación con la cuestión de la conciliación de la vida familiar y profesional. De este modo, en
la enmienda número 26 hemos añadido que la actividad sea a jornada completa o parcial.
En la enmienda número 27, relativa al artículo 3.2, manifestamos que se ha querido sindicalizar demasiado este proyecto de ley; por ello, expresamos que lo acordado voluntariamente mediante contrato entre las partes debe prevalecer con
respecto al acuerdo sindical. Me parece que lo acordado entre las partes, sobre todo en lo que hace referencia a los económicamente dependientes, debe superar lo que digan las centrales sindicales.
En cuanto al artículo 8.7, relativo a la prevención de los riesgos laborales, hemos presentado una enmienda para que uno de los trabajadores autónomos económicamente dependientes que observa que en su puesto de trabajo existe algún riesgo
deje el puesto de trabajo y vaya a comuni-
carlo inmediatamente. Esto es algo que nos parece fundamental, tal y como están la situación de siniestralidad laboral y los accidentes de trabajo.
No quiero entrar en polémica con el portavoz anterior, el señor Rodríguez, con respecto a los menores de 16 años. Sin embargo, pedimos la supresión del artículo 9.2, en cuyo primer párrafo se prohíbe el trabajo autónomo a los menores de 16,
mientras que luego se permite a los menores de 16 años trabajadores autónomos que trabajen en espectáculos públicos. Nosotros somos contrarios a ello, y así lo hemos manifestado.
En cuanto a la percepción de la contraprestación por los trabajadores autónomos económicamente dependientes, queremos que se lleve a cabo, por lo menos en un período de 30 días.
En las enmienda números 31 y 32 establecemos cómo se deben formalizar los acuerdos por escrito y cómo se deben registrar. La enmienda número 34 es eminentemente competencial, y así lo hemos querido señalar con una enmienda de adición en la
que decimos que las comunidades autónomas podrán constituir en su ámbito territorial consejos consultivos en materia socioeconómica y profesional del trabajador autónomo y, además, regular su composición y su funcionamiento. Creemos que todo lo
demás es un escape y no da a las comunidades autónomas la competencia que les corresponde.
En la enmienda número 35 -y voy terminando, señor presidente- se intenta dar una serie de excepciones, reducciones y bonificaciones con respecto a la Seguridad Social. Creemos que este tema puede ser peligroso si no se delimita
perfectamente con respecto a los sistemas contributivos de la Seguridad Social.
Con la enmienda número 36 hemos querido dar un peso específico para facilitar la innovación tecnológica y organizativa, de forma que se mejore la productividad del trabajo o del servicio realizado.
Con la enmienda número 37 -que es la última, porque vamos a retirar la enmienda número 38, teniendo en cuenta que existe una enmienda que sirve de base para un acuerdo- queremos dar al trabajador autónomo joven los beneficios y
bonificaciones dentro de la Seguridad Social.
Éstos son los aspectos que quisiera que sus señorías contemplaran con cariño y delicadeza, al objeto de que algunas de ellas mejoren este proyecto que nos parece interesante, absolutamente necesario y que va a dar un peso específico a este
colectivo de trabajadores autónomos tan necesitados de una regulación, sobre todo, los económicamente dependientes.
Eskerrik asko, presidente jauna.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Entiendo que la enmienda número 38 va a permitir la formulación de una transaccional y, por lo tanto, no debe ser retirada, pues será sustituida por la transaccional en el momento de la votación.
Enmiendas del senador Jorquera. Tiene la palabra su señoría.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos. Consideramos que el proyecto de ley aún es mejorable, y éste es el sentido de nuestras enmiendas; pretendemos, de
manera especial, introducir mejoras en los llamados trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Así, en la enmienda número 39, de adición al artículo 3.2, relativo a los acuerdos de interés profesional como fuente del régimen profesional de este tipo de trabajadores autónomos, proponemos que en las negociaciones para llegar a estos
acuerdos las únicas asociaciones de representación de los autónomos legitimadas para participar en ellas sean aquellas que representan específicamente a los autónomos dependientes. Consideramos que de esta manera se asegura una defensa más real y
efectiva de sus intereses.
En la enmienda número 40, al artículo 11.2.d), relativa al concepto y ámbito subjetivo del régimen profesional del trabajador autónomo dependiente, proponemos la supresión de la palabra «técnicos» cuando se aluda a las indicaciones de
carácter general que pueda recibir el autónomo económicamente dependiente de su cliente. Entendemos que las indicaciones del empresario con carácter general para una mejor coordinación pueden ser de diverso tipo y no solo en el ámbito técnico, por
lo que consideramos que la introducción de esta expresión puede resultar demasiado reduccionista.
La número 41, al artículo 14.3., que regula la jornada de la actividad profesional, intenta establecer más nítidamente los límites máximos que no podrán ser superados cuando la realización de la actividad sea por un tiempo superior al
pactado. Así, proponemos que en ningún caso la jornada de actividad profesional pueda exceder los máximos establecidos por la Unión Europea.
La número 42 propone añadir, entre las causas de interrupción justificada de la actividad profesional, las producidas por acciones colectivas de carácter reivindicativo. Consideramos que de esta manera se hace realmente efectivo el derecho
a ejercer la actividad colectiva de defensa de los intereses profesionales que establece el párrafo c) del artículo 19.
La enmienda número 43 propone suprimir el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 16 al objeto de reforzar la seguridad laboral del trabajador económicamente dependiente. A nuestro juicio, el párrafo que proponemos suprimir abre una
puerta para facilitar la extinción del contrato por parte del cliente por causas difícilmente objetivables, como en los casos en que la actividad se interrumpa por incapacidad temporal, maternidad, paternidad o causas de fuerza mayor, provocando un
perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.
La enmienda 44 propone remarcar el carácter singular de las asociaciones empresariales o las sindicales.
Por último, la número 45, a la disposición adicional segunda, propone que se establezcan por ley reducciones
en la cotización a la Seguridad Social para aquellos trabajadores autónomos que ejerzan su actividad a tiempo parcial.
Por lo tanto, nuestras enmiendas persiguen dotar a los trabajadores autónomos económicamente dependientes de una mayor seguridad en el empleo y equiparar de manera real sus derechos con los de los trabajadores asalariados, razones por las
cuales solicito de los distintos grupos de la Cámara el apoyo a estas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda, y en este momento anunciamos su retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Azurza.
El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Muchas gracias, señor presidente. (El señor senador inicia su intervención en euskera, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Eskerrik asko, presidente jauna.
Dagokiten gaiak bihotzez harrapatzen nauen ezkero, neretzat sentimenak argien adierazteko hitzkuntza euskera delarik, doazela bertan nere lehenengo hitzak.»
He dicho, señor presidente, que en la medida en que el trabajo autónomo me impacta, he querido iniciar la intervención en mi idioma materno, que es en el que mejor acierto a comunicar mis sentimientos.
Permítaseme primero iniciar mi servicio parlamentario con un saludo en ausencia al senador Víctor Bravo, a quien suplo. Muchas de sus señorías me han dado muestras de aprecio a su persona y no dudo que somos unánimes en desearle lo mejor en
sus nuevas actividades.
Por otra parte, siendo esta mi primera intervención en el Pleno, me siento obligado a expresarles mi agradecimiento por la acogida personal de sus señorías. Más allá de la corrección y del respeto, me han transmitido un cariño al que con
gusto correspondo con el ofrecimiento a todos de una sincera amistad.
Al afrontar el proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo -¡nada menos que el trabajo autónomo!-, no puedo abstraerme a mi condición de representante de Guipúzcoa en esta Cámara.
El territorio de Guipúzcoa, la provincia con más pequeña superficie del Estado, en los cien años transcurridos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX pasó de ser la más pobre en términos de producto por habitante a situarse
entre las más prósperas. El agente de ese milagro económico, aunque entonces no se llamaba así, fue precisamente una espectacular eclosión del trabajo autónomo; trabajo autónomo que, en la segunda mitad del siglo XX, siguió desarrollándose,
singularmente el trabajo autónomo en forma asociativa, sea en cooperativas o en sociedades laborales. Al día de hoy, el trabajo autónomo es pieza importante, si no la más importante, de la estructura económica de Guipúzcoa.
Por otra parte, el senador que les habla ha vivido en carne propia el trabajo autónomo, al que se dedicó plenamente durante los últimos quince años de su vida laboral. Desde estas circunstancias personales, con el recuerdo vivo de las
insuficiencias de forma y de fondo de la normativa de hace un cuarto de siglo, valoro muy positivamente el proyecto de ley objeto de debate; sobre todo, en la significativa insistencia en que la protección social del trabajador autónomo se equipare
a la del trabajador por cuenta ajena, así como en las medidas de fomento del trabajo autónomo considerado como elemento motor de la economía, sin olvidar la espectacular superación de la anterior dispersión normativa.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado a este proyecto de ley 11 enmiendas: cuatro de ellas, las números 49, 61, 62 y 65, han resultado incorporadas al texto del proyecto durante el trámite en comisión; y,
asimismo, siguen vigentes siete enmiendas, las números 46, 47, 48, 50, 51, 63 y 64, que tienen en común el no referirse a cuestiones de fondo del proyecto sino que más bien aprecian detalles técnicos que, desde nuestro punto de vista, mejorarían la
claridad del texto.
Muchas gracias, señor presidente.
Eskerrik asko. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado treinta y tres enmiendas, de la 66 a la 98, que vamos a retirar en este momento con el fin de llegar a un acuerdo, a excepción de las números 73 y 76, que quedan
transaccionadas. La enmienda 73 hace referencia al trabajo de los menores en espectáculos públicos y la número 76 añade una disposición adicional diecinueve nueva a la que nuestro grupo va a dar apoyo.
Finalmente, dejamos para el turno de portavoces la posición final de nuestro grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senadora.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como puso de manifiesto la presidenta al informar sobre el trámite parlamentario de esta ley, mi grupo parlamentario presentó 26 enmiendas.
Pero, antes de referirme a ellas, me van a permitir que agradezca al señor ministro, no solamente el trabajo realizado en este proyecto de ley que hoy nos ocupa, sino también el interés que puso al venir al Senado a presentarla. También
quiero agradecer, cómo no, la presencia de todas las organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadores autónomos que hoy nos acompañan, así como saludar la presencia del director general y del subdirector del trabajo autónomo.
Señorías, hemos presentado 26 enmiendas. Tanto en ponencia como en comisión, advertimos a todos los grupos parlamentarios que esas 26 enmiendas que presentábamos trataban de dar forma y contribuir a recoger mejor los acuerdos alcanzados con
todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Así, de la 112 a la 127 se refieren al preámbulo, al que modifican con el fin de recoger todas las medidas adoptadas a favor del trabajo autónomo, adecuando el texto a las modificaciones introducidas en el trámite parlamentario llevado a
cabo en el Congreso de los Diputados. Las números 111, 128 y 133 adecuan el texto a la norma específica de protección integral contra la violencia de género. La enmienda 134 trata de precisar que los representantes de la Asociación de Entidades
Locales que formarán parte del Consejo del Trabajo Autónomo deberán ser representantes de las asociación de las entidades locales más representativas del ámbito estatal. La número 135 pretende excluir a los trabajadores por cuenta propia del ya
antiguo Régimen Especial Agrario para que las contingencias profesionales y por incapacidad temporal sigan siendo con carácter voluntario. La número 136 busca una mejora técnica, como las anteriores.
En la tramitación de estas enmiendas dejamos constancia de que, en el supuesto de que la incorporación de tres enmiendas referidas a adecuar la norma a la Ley específica de violencia de género violentase o rompiese de alguna forma el
consenso con el que venía del Congreso de los Diputados, este grupo parlamentario no tendría inconveniente en retirarlas. Sin embargo, tengo que agradecer la receptividad de todos los grupos parlamentarios y hacer una valoración positiva por su
incorporación.
Una vez defendidas y habiendo dado ya a conocer el texto de nuestras enmiendas, no quiero concluir sin referirme al trabajo realizado en el Senado sobre los menores; cuestión a la que se ha referido el senador Urrutia, que quizá haya tenido
un pequeño lapsus porque sabe que en comisión alcanzamos una transaccional que da respuesta a la materia que plantea en su enmienda. Como digo, hemos logrado una enmienda transaccional con el resto de los grupos parlamentarios y apoyada -excepto
por el portavoz en aquel momento del Grupo Mixto, representante de Izquierda Unida- por el consenso y la aquiescencia de todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, el trámite en comisión ha sido de consenso, y no hemos desvirtuado lo más mínimo
el proyecto de ley que el Congreso de los Diputados nos había remitido con un amplio consenso. Si una de las características de este proyecto de ley es el amplio consenso político y de otra parte el amplio consenso social, como puso de manifiesto
el ministro, bajo ningún concepto pretendíamos en el Senado que eso se rompiese.
Agradezco a todos los grupos las transaccionales que con posterioridad se van a dar a conocer. También quisiera aprovechar este turno para informar a la Mesa de que retiramos el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista, con número de registro 90160, que trata de remitir al texto del Congreso de los Diputados lo modificado por las enmiendas 102 y 110 del Grupo Popular, y por las 65 y 62 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Por lo
tanto, estas cuatro enmiendas cuentan con la aquiescencia y el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
También quisiera decirles, señorías, que hace 15 días se aprobó por esta Cámara la nueva Ley de Defensa de la Competencia y entiendo que, desde todo punto de vista lógico y desde el sentido común, la referencia que aparece en este proyecto
de ley al 13.1 del Estatuto del trabajador autónomo se haga con referencia a la nueva ley, puesto que, en el supuesto de que mantuviésemos esa referencia, estaríamos haciendo referencia a una ley que, cuando coincida con la publicación del Estatuto,
ya estará derogada. Ruego, por tanto, a sus señorías que tomen nota de que esta cuestión que planteamos in voce, ha sido un lapsus, pues el artículo 13.1 de la ley del Estatuto del trabajado autónomo hace referencia a la antigua Ley de Defensa de
la Competencia y, como digo, cuando aquel se publique, esta ya estará derogada. Queremos intentar corregir este defecto de forma, y espero que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Por último, con el objeto de no utilizar el turno en contra, quiero añadir que nuestro grupo parlamentario, una vez que retira el voto particular, mantendrá la misma votación que se produjo en comisión, es decir, votaremos a favor las
enmiendas 34 a 36 del Grupo Mixto, presentadas por Eusko Alkartasuna, y votaremos en contra del resto. Las enmiendas que hemos presentado, como decía, tratan exclusivamente de adecuar al texto las modificaciones introducidas en el Congreso de los
Diputados, y espero que cuenten con el apoyo de sus señorías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Do Campo para defender sus enmiendas.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presenta a este proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo.
En primer lugar, doy la bienvenida en nombre de nuestro grupo a los representantes de los diferentes colectivos
que hoy nos acompañan en este debate y en especial, como gallega, a los representantes de la Federación de Autónomos de Galicia y a los de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España. También, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular aprovecho este turno para expresar mi reconocimiento a los autónomos como trabajadores y como creadores de empleo y, por tanto, generadores de riqueza y de progreso social. Por ello quiero destacar las acciones de los gobiernos del Partido
Popular con las que se comprometieron con medidas concretas de apoyo a los autónomos, mejora de su calidad de vida, mejor desarrollo de sus actividades, mejora económica y, cómo no, a su incremento en protección social. Lamento de verdad que el
señor ministro se haya ido, porque sería positivo que recordara las medidas que acreditaron la decidida voluntad política del Partido Popular y nuestro firme compromiso de apoyo a este colectivo social que representa a tres millones de españoles;
medidas como la unificación de los sistemas de cálculo de las pensiones de jubilación e invalidez, las prestaciones de viudedad, orfandad y a favor de familiares que fueron reconocidas con las mismas condiciones que en el Régimen General. También
se eliminó el requisito de tener la edad de 45 años para poder ser beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total, se reconoció la prestación por maternidad, se estableció la prestación por riesgo durante el embarazo y se rebajaron las
cotizaciones para jóvenes menores de 30 años y mujeres mayores de 45, así como el acceso a la baja laboral desde el cuarto día en lugar del decimosexto día.
Señorías, se tomaron medidas importantísimas, entre otras muchas, de mejora de la protección social, así como medidas adoptadas también en el ámbito de la formación continua, en la que participaron los autónomos desde enero de 2004 a través
de la fórmula de los contratos programa suscritos con asociaciones o el tan importante campo de la prevención de riesgos laborales que formaba parte del plan 2003-2005.
También quiero hacer una referencia a la materia fiscal, que fue objeto de una mejora tributaria creando un nuevo Régimen de Estimación Directa Simplificada en el IRPF, reduciendo las retenciones fiscales a los profesionales y suprimiendo el
injusto Impuesto de Actividades Económicas.
Señorías, con todo ello se favoreció el acceso al autoempleo, se favoreció la creación de nuevos puesto de trabajo y el incremento de nuevos cotizantes al Sistema de Seguridad Social. Y ahora, señorías, nos encontramos debatiendo un
proyecto de ley que ya anuncio que vamos a votar favorablemente como compromiso de nuestro programa electoral, y que en su tramitación en el Congreso alcanzó un consenso en el que se incorporaron medidas y enmiendas positivas como la protección en
el accidente in itinere, la cobertura del cese de actividad en edad avanzada y la jubilación parcial para determinados colectivos; un proyecto al que le damos un apoyo crítico porque tiene luces, señorías, pero también tiene sombras, como es el
problema de la competencia judicial; un texto que resulta muy poco ambicioso y que en muchos casos se queda corto para responder a numerosas demandas de los trabajadores autónomos.
Señor Cuenca, nosotros no tenemos nada pactado, muestra de ello son las enmiendas que voy a defender a continuación.
Hay tres enmiendas que se han incorporado al dictamen de la comisión. Me alegro de que haya anunciado el portavoz socialista que retira su voto particular a estas enmiendas, con lo cual ya quedan incorporadas al dictamen. Se refieren a las
personas con discapacidad y para que tengan una especial referencia en este proyecto de ley.
Paso a defender el resto de las enmiendas. Señorías, somos conscientes de que los trabajadores autónomos responderán de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, pero de la misma manera, en nuestro grupo creemos que es
razonable que se contemple la inembargabilidad de la vivienda familiar del trabajador autónomo como límite de su responsabilidad dentro de los límites que se determinen reglamentariamente.
Con respecto a la enmienda 104, sobre cuál debe ser la competencia jurisdiccional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, nuestro grupo sustituye todo el artículo basándonos en que los contratos de los autónomos se tienen
que ver en el ámbito civil con gratuidad y con celeridad, y que trasladar un contrato mercantil a la jurisdicción laboral puede crear conflictividad e inseguridad jurídica, por lo que creemos que no es adecuada la actual redacción y defendemos que
los órganos jurisdiccionales del orden civil sean los competentes para la protección de los derechos de las partes entre un trabajador económicamente dependiente y sus clientes, ateniéndonos a la propia definición que se hace en el artículo 1.1 de
esta ley al definir al trabajador económicamente dependiente.
De la misma manera, y por coherencia con lo dicho anteriormente, presentamos la enmienda 107, en la que hacemos referencia a las modificaciones que se deben hacer a los artículos 23, 31 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La enmienda 105, al artículo 21.1, se refiere a la determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos. Vemos necesario definir las asociaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos, y
para hacerlo hay que concretar su exclusividad para evitar que se confundan con otras asociaciones empresariales o sindicales. De la misma manera, es conveniente que existan prioridades a la hora de determinar los criterios de representatividad.
Con la enmienda 106 introducimos a las organizaciones empresariales, al hablar de asociaciones representativas, para que actúen en representación de los trabajadores autónomos. También es conveniente tenerlo en cuenta.
Con la enmienda 108 creamos una nueva disposición adicional, por la que los trabajadores autónomos podrán contratar a familiares, según el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, como trabajadores por cuenta ajena, aun cuando convivan
con el trabajador autónomo que los contrate y considerando familiares a estos efectos al cónyuge, los descendientes, los ascendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.
Por último, nuestro grupo considera muy importante la enmienda 109. Parece injusto que un trabajador económicamente dependiente deba tributar por indemnización compensatoria de la pérdida de su contrato, mientras que un trabajador por
cuenta ajena que perciba mayores cuantías esté exento de hacerlo. Creemos que debe eliminarse esa discriminación modificando el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y modificando parcialmente la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, la de la renta de los no residentes y la del Impuesto sobre el Patrimonio.
Finalizo, señorías, esperando el apoyo de los grupos a nuestras enmiendas y reiterando una vez más el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a este colectivo de autónomos integrado en España por más de tres millones de personas y mostrando
nuestra decidida voluntad política en su favor y nuestro firme compromiso con todos ellos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora senadora.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario apoyará este proyecto de ley: no podría ser de otra manera. De hecho, ya hace años que venimos insistiendo en el problema de los autónomos.
De todos modos, quiero aprovechar este turno de portavoces para sorprenderme un poco por la intervención del señor ministro. Es verdad que hoy es un día importante, es muy cierto. Es verdad también que hemos hecho un acto de justicia y que
aún queda mucho por hacer en cuanto a regulación del estatuto de los autónomos. Pero también es verdad que hemos tardado muchísimo tiempo en hacerlo, que lo hemos hecho muy tarde.
Además, insisto en que queda mucho por hacer. El señor Caldera
recordará cuando era diputado conmigo, en los años 80, en una época de política económica muy dura del Partido Socialista, con el ministro Solchaga. Una política monetaria de altos tipos de interés por la cual los grandes perjudicados resultaron
las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
El señor Caldera recordará que, en aquel tiempo, los que defendían a los autónomos en las Cortes se quedaban solos y mudos.
Es bueno, pues, que todo el arco parlamentario apoye lo que hay detrás de la actividad económica de los autónomos. Pero también sería bueno que en un día como hoy, en que se da un paso importante, se tuviera la humildad de reconocer, tras
el discurso triunfalista, que hemos llegado un poco tarde y que queda muchísimo por hacer. En política fiscal como en muchas otras cuestiones, hemos iniciado un camino del que nos queda mucho por recorrer. Este es un proyecto de ley fruto del
consenso, como debe ser, que se ha quedado corto en algunos aspectos. De manera que me hubiera gustado que el señor ministro, participando de la alegría de todos los grupos parlamentarios, hubiera mostrado un poco más de prudencia. Entre otras
cosas, porque la situación económica es la que es. La macroeconomía y algunas cifras de economía financiera pueden parecer muy buenas, pero la realidad es otra.
El autónomo y las microempresas autónomas son los emprendedores que más aguantan cuando hay una situación de crisis. No deslocalizan, su actividad económica va muy ligada al lugar donde está ubicada y , por tanto, ayudan a configurar una
trama social potente, consolidada y con una actividad que tiene mucho de empeño y de innovación. Todos estos son valores que las grandes empresas no tienen y que, sin embargo, sí tienen los pequeños emprendedores, las microempresas y los autónomos,
y son valores que necesitan mucho más reconocimiento en política fiscal y en política laboral.
Van a venir tiempos en los que seguramente tendremos que ir más allá, porque si la situación financiera y algunas bajas en ritmo de actividad en sectores como la construcción quedan excedentes de mano de obra habrá que ver si los sectores en
general son capaces de absorberlos; en todo caso, habrá que intentar que sea así, y para ello habrá que seguir ayudando y desarrollando políticas muy flexibles en favor de este tipo de empresas, de microempresas y autónomos, que son los que más
puestos de trabajo generan y los que más aguantan. Según las estadísticas, el número de empleos que hay en este tipo de microempresas es muy superior al de las grandes compañías.
Por tanto, insisto, hemos dado un gran paso, y mi grupo parlamentario está muy satisfecho. Ya en tiempos de Miguel Roca, portavoz en el Congreso, habíamos llegado a condicionar algún debate de investidura a que se llevara a cabo una
política específica para los autónomos, y diputados como Frances Homs o Josep Sánchez Llibre han estado muchos años predicando solos en el desierto. Hoy, afortunadamente, con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que en este asunto tienen exactamente la misma cultura que nosotros por estar muy apegados al suelo, hemos dado un gran paso, pero yo soy muy reacio a los triunfalismos. Es verdad que hemos hecho lo que tocaba, aunque tarde, y
es bueno reconocerlo, pero habrá que seguir trabajando en esta dirección porque no hemos llegado, ni de lejos, al punto final.
Por tanto, desde la satisfacción, pero desde el realismo, quiero felicitar a los colectivos que representan a los autónomos, que han tenido que luchar muchísimo para llegar hasta aquí, yo creo que excesivamente.
Siento satisfacción porque
hoy el arco parlamentario ha asumido en su totalidad la inquietud y la situación de verdadera injusticia que hasta la fecha de hoy han sufrido los llamados autónomos.
Por tanto -el señor ministro ha venido, ha expresado su satisfacción y se ha ido-, hoy hemos empezado. Su discurso de hoy no es un punto de llegada, sino un punto de partida y este va a ser el constante discurso de mi grupo parlamentario.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Azurza.
El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.
Corresponde a este senador anunciar el posicionamiento de nuestro grupo respecto a las enmiendas.
Además de nuestras siete enmiendas, vamos a apoyar las del senador Urrutia, las del senador Jorquera y las del Grupo Parlamentario Socialista. Igualmente, vamos a votar a favor del dictamen emitido por la Comisión.
Gracias señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de las organizaciones de autónomos que hoy nos acompañan, buenas tardes.
Señorías, el proyecto de ley del estatuto del trabajador autónomo es una norma novedosa que recoge la dispersión legislativa existente en España y en otros países europeos referida a la regulación del trabajo autónomo.
Es una ley importante
porque afecta a más de 3 millones de trabajadores, 558.000 en Cataluña, y es el primer ejemplo para regular de forma sistemática toda la legislación existente en este campo.
El trabajador autónomo forma parte importante de la economía del país; crea riqueza y puestos de trabajo, aunque la gran mayoría no tenga asalariados; es un profesional que tiene iniciativas, que asume riesgos dentro del difícil y
competitivo mundo empresarial, aportando su trabajo personal. Es necesario, pues, que estas iniciativas y este riesgo que asume el trabajador autónomo merezcan tener las mismas garantías de protección social y seguridad en el ejercicio de su
actividad que los demás trabajadores.
Este proyecto de ley amplía los derechos laborales de un importante número de trabajadores con una mayor capacidad de protección social, equiparándolos con el trabajador por cuenta ajena.
El nuevo Estatuto del trabajo autónomo ofrece una definición clara del colectivo y contempla las distintas realidades del trabajo en una sociedad cambiante que precisamente ha creado una figura, la del trabajador autónomo económicamente
dependiente, dándole una cobertura legal que hasta ahora no tenía.
Define la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente y los requisitos necesarios para su reconocimiento como autónomo, y refuerza su protección, ya que sus características profesionales suponen un mayor riesgo que así lo
requiere.
Establece claramente la diferencia entre trabajador autónomo económicamente dependiente y el asalariado por cuenta de la empresa para evitar fraudes en la contratación. Avanza en la equiparación del trabajador autónomo con los trabajadores
por cuenta ajena, mejorando la protección social, la seguridad en el trabajo y las garantías en el ejercicio de su profesión.
Entre otras mejoras, se extiende a todos los autónomos la protección por incapacidad temporal, y aquellos que desarrollen un trabajo con mayor riesgo tendrán derecho a la protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional, sin
dejar por otro lado de incentivar la mejora en la prevención de riesgos laborales, que es la mejor protección contra los accidentes.
Garantiza otros derechos individuales, como la igualdad y la no discriminación en el acceso al trabajo y a la conciliación de su actividad profesional con la vida familiar y personal.
Una novedad supone también el reconocimiento de derechos colectivos: el derecho de asociación para ejercer la defensa colectiva de sus intereses profesionales y la posibilidad de participación a través de una representación de
organizaciones de autónomos en el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde también estarán representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las diferentes administraciones: la local, la autonómica y la estatal.
En resumen, señorías, esta ley mejora la situación de los trabajadores autónomos, dando respuesta positiva a reivindicaciones que este colectivo había planteado.
Esta ley permitirá que los trabajadores autónomos disfruten de más derechos, más garantías y seguridad, así como más protección social en su actividad profesional. Deja clara la definición del colectivo de autónomos económicamente
dependientes, evitando posibles errores de confusión con asalariados por cuenta ajena.
Finalmente, todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos intentado llegar a un acuerdo a través del diálogo, y el resultado final es una ley consensuada que beneficiará a un colectivo importante de
trabajadores, y hemos de felicitarnos por ello.
Por tanto, el voto de Entesa Catalana de Progrés, evidentemente, es a favor de este proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ha puesto de manifiesto el ministro, estamos ante una fecha importante. Hoy, más de tres millones de trabajadoras y trabajadores autónomos de nuestro país, van a tener razones para celebrar que tras este debate el Senado
remita al Congreso de los Diputados el proyecto de ley relativo al estatuto del trabajo autónomo. Van a ver atendidas reivindicaciones que desde hace décadas vienen
planteando. No en vano ha habido que esperar 26 años desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha.
Supone, por tanto, que esos más de tres millones de hombres y mujeres dispongan de más derechos, de más protección social, de más garantías y de más seguridad en el empleo.
Con la aprobación de esta ley el Gobierno cumple con más de un compromiso de los que había establecido con el conjunto de los ciudadanos. Entiendo que el texto que vamos a aprobar ha sido elaborado con rigor, con el asesoramiento de una
comisión de expertos y mediante el diálogo. No en vano es una acuerdo que tiene origen en la mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales, y cómo no, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras autónomas, como digo, con
ese consenso político y social con la práctica totalidad de las asociaciones de autónomos, así como con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
Este proyecto de ley define al trabajador autónomo, lo cual es importante, pero también al trabajador económicamente independiente, y entiendo, señorías, que ese acotamientos del 75 por ciento efectivamente contribuye de forma decidida a la
definición del trabajador económicamente dependiente.
Sin duda supone más derechos individuales, supone el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la conciliación de la vida profesional y familiar, la protección al menor de 16 años, el reconocimiento a la jubilación anticipada en
atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida y en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.
Sin duda se reconocen también derechos colectivos, como el derecho de asociación y el de ejercer la defensa colectiva de sus intereses profesionales o la regulación del régimen profesional del trabajador autónomo y económicamente
dependiente, posibilita la celebración de acuerdos de interés profesional e interasociaciones de autónomos o sindicatos y empresas; se crea el consejo estatal del trabajo autónomo donde estarán presentes las asociaciones de trabajadores, las
organizaciones sindicales y empresariales, la Administración General del Estado, y cómo no, las administraciones autónomas y las corporaciones locales.
Asimismo supone, como aquí se puso de manifiesto en intervenciones que en su conjunto quiero agradecer y valorar positivamente, más protección social; propicia la convergencia del régimen especial de trabajadores autónomos con el régimen
general de la Seguridad Social; extiende a los autónomos la protección social por incapacidad temporal. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes estarán cubiertos por la protección por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Este proyecto de ley también reduce y bonifica las bases de cotización para determinados colectivos; recoge un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que estén garantizados los
principios de contribución, solidaridad y sostenibilidad financiera; más seguridad y más garantías, más protección de riesgos y mejor salud en el trabajo. Se establecen garantías económicas para el autónomo; se da seguridad jurídica al empresario
que contrata y al trabajador que presta su servicio, evitando que se produzcan situaciones irregulares de contratación, y por último, se establecen medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en
inicio de actividad, formación profesional continua y favorece el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada.
En definitiva, señorías, supone, respecto a la norma que regulaba a los trabajadores y trabajadoras autónomas de nuestro país, no solamente un paso cuantitativo, sino también cualitativo en cuanto a derechos y sus garantías. Por lo tanto,
entiendo que hay celebración.
Y no cabe duda de que no estamos ante una panacea que resuelva todos los males de los trabajadores autónomos. Hace 26 años que disponemos del Estatuto de los Trabajadores, y ha sido su reforma una seña que caracterizó su evolución, pero
entiendo, señorías, que partimos de un gran proyecto de ley que sin duda alguna da respuesta a las reivindicaciones que desde hace décadas vienen realizando las trabajadoras y los trabajadores autónomos de nuestro país. En consecuencia, celebración
por parte de los trabajadores autónomos y celebración también por parte de todos los grupos parlamentarios, puesto que el proyecto que el Gobierno nos remite, si bien ha sido mejorado en su trámite parlamentario en el Congreso, también hemos sido
capaces de mejorarlo en el trámite parlamentario en el Senado. Desde esa perspectiva dejo constancia del agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el nivel de consenso alcanzado durante su tramitación y, efectivamente, que en el futuro,
cuando tratemos cuestiones que afecten a los trabajadores y trabajadoras autónomas de nuestro país, se concite el mismo grado de consenso que concitó la tramitación de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en este turno de portavoces, a punto de concluir incluso la jornada de trabajo, quiero compartir con algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que ha habido un discurso triunfalista por parte del señor
ministro, y me hubiera gustado que, una vez echado su discurso, se hubiera quedado para escuchar que, aunque hay luces, también hay sombras en este proyecto que en su momento confeccionaron los expertos, que fue consensuado después en la Mesa de
diálogo social y que se convirtió en el texto que después hemos debatido en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Por otra parte, quiero agradecer la asistencia de algunos representantes de asociaciones de trabajadores autónomos que nos acompañan aquí en la Cámara.
¿Cuál es la situación jurídica actual de estos trabajadores autónomos? Lo que se ha pretendido en este proyecto de ley no es ni más ni menos que hacer una llamada sobre la dispersión normativa existente en relación con los trabajadores
autónomos. Se ha hecho un texto legal único para que de alguna forma tengamos -yo también soy autónomo- una herramienta de trabajo que sustituya a la diversidad existente hasta el momento presente.
Es un proyecto aparentemente light. Hago esta afirmación porque se han ido reconvirtiendo algunas situaciones que existían con anterioridad para hacerlas mucho más ágiles y rápidas, pero todavía quedan muchos retos por afrontar. No por
ello podemos olvidar a estos 3.315.707 afiliados al RETA, al Régimen Agrario y al Régimen del Mar, de los cuales 2.213.636 son personas físicas.
El número de trabajadores autónomos ha subido desde el año 2001 aproximadamente en un 33 por ciento, sin olvidar que estos trabajadores arriesgan su propio patrimonio y aportan en directo su trabajo personal, muchas veces en solitario, y por
lo tanto precisan un nivel de protección similar al de los trabajadores por cuenta ajena.
Efectivamente, es un hito en nuestro ordenamiento jurídico que de alguna forma se encuentre aquí hoy este proyecto de ley, que consensuado por la gran mayoría del arco parlamentario nos puede dar la tranquilidad de que se les pone a los
autónomos en un camino para seguir reivindicando y equiparándose jurídicamente al resto de los trabajadores.
No podemos olvidar que la recomendación número 4 del Pacto de Toledo ya decía lo que se ha podido contemplar ahora, pero también es justo reconocer que el Gobierno del Partido Popular ya estimó en su momento, en la Ley 11/2003, la cobertura
de la incapacidad temporal a partir del cuarto día. Aquello parecía algo importantísimo y que no podría conseguirse nunca, pero el Partido Popular sustentó la cobertura a partir del cuarto día y lo amparó a través del ordenamiento jurídico.
Posibilitó cubrir los accidentes y enfermedades laborales; facilitó en el RETA la entrada de los menores de 30 años y mujeres mayores de 45 años; contempló el recargo del 20 por ciento de la incapacidad temporal, en este caso la invalidez
permanente, a los trabajadores mayores de 55 años, que en comparación con el régimen general no tenían derecho.
Ha sido un reto y un logro hecho en su momento, y ya que no se ha dicho, me veo en la obligación, en nombre de mi grupo parlamentario, de recoger todo aquello que hoy, en este camino que andamos, está contemplado perfectamente, cuál fue el
futuro que nos marcamos y cuál es el que ahora se tiene.
Dos grupos parlamentarios, uno sustenta al Gobierno y otro, el Grupo Popular, en el momento de las elecciones generales del año 2004 contemplaban en su programa electoral el Estatuto del trabajador autónomo. ¿Cuáles pueden ser las
situaciones que prevalecen y subyacen? Pues legalizar a corto plazo la práctica fraudulenta de los falsos autónomos. Esa ha sido la asignatura pendiente que se ha buscado en este estatuto, que es controvertido, que va a dar muchos quebraderos de
cabeza y desde el primer momento se atisba que el propio Consejo General del Poder Judicial -en el informe que hace sobre este proyecto de ley, no vinculante pero que consta en el proyecto- determina cuál es la situación del económicamente
dependiente y del trabajador autónomo.
En términos generales, señorías, cuál es el ámbito subjetivo del proyecto, es decir, quiénes son y quiénes no son trabajadores autónomos. En términos generales, el artículo 1, párrafo primero, dice que son personas físicas que realizan una
actividad económica profesional de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia, fuera del ámbito de la dirección y organización de toda empresa. Hemos inventado al viejo empresario individual del Código de Comercio del año 1829, renovado
en el año 1985. En su artículo 1. 1.º se reconoce el derecho a los extranjeros y también se establece, por asimilación, al trabajador autónomo.
Dice el proyecto que los socios industriales de sociedades regulares, colectivas y sociedades comanditarias son los que inciden en este proyecto. La realidad nos dice que estos son empresas. Tienen ya su propia normativa en el derecho
mercantil, aportan su trabajo en vez de su dinero. Se refiere también el proyecto, a los comuneros de las comunidades de bienes y a los socios de sociedades civiles regulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes
puestos en común. ¿Es que administrar una comunidad o una sociedad civil no es esencialmente igual que hacerlo con una sociedad mercantil capitalista? ¿Por qué estos términos sí valen para el trabajador autónomo y no se contemplan en el Código
Civil?
Quienes ejerzan -dice textualmente- la función de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador o presten otro servicio para la sociedad mercantil capitalista. Hoy la realidad nos dice que a quien
describe esta norma es a un empresario individual, vulgar y corriente, que tiene su propia normativa en el Derecho Mercantil. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son hoy o empresarios o laborales netos o falsos autónomos.
Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, como hemos visto antes, son empresarios individuales del viejo Código de Comercio.
Señorías, si bien es una herramienta importante para trabajar a partir de que tengamos el estatuto, no es menos cierto que va a ser controvertida la situación jurídica, dependiente o no dependiente. En el momento actual la diversa
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha establecido cuál es la dependencia y la retribución de los trabajadores por cuenta ajena, resulta que venimos a crear el económicamente dependiente y que sin ser un disparate, va a
dar lugar, como dicho al principio, a situaciones de inseguridad jurídica, competente para el caso de los tribunales.
Se ha dicho también por la portavoz de mi grupo parlamentario que antes ha hecho uso de la palabra que va a haber una situación de controversia entre lo que es la jurisdicción social y la jurisdicción mercantil, porque van a ser los
tribunales del orden social los que vean este proyecto,
los que vean la situación de cada uno de los trabajadores autónomos.
Es innecesario, por reiterativo, el elenco de deberes de los trabajadores autónomos y de los trabajadores dependientes. El artículo 5 dice: cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos con ellos celebrados, a tenor de los mismos
y con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe y a los usos de la ley. También están, entre otros, los artículos 1.254, 1,256, 1.258 del Código Civil. Hay un largo etcétera, pero no quiero cansar a sus señorías,
donde están en armonía y en contraposición tanto la reforma que se va a hacer con el Estatuto, como con el Código de Comercio o con el Derecho Mercantil. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Pero como parlamentarios hay una cuestión muy importante que debemos hacer constar, y es la especial consideración del régimen jurídico de los trabajadores económicamente dependientes definido en el artículo 11 en relación con los artículos
1.1, 1.2 c) y 12.2. Nos encontramos con grandes problemas, pues según el artículo 11.2 c) la infraestructura productiva y material propios del trabajador autónomo dependiente han de ser relevantes económicamente para ejercer la actividad; que han
de ser caros, muchos o esenciales. ¿Quién decide eso? ¿Qué significa el artículo 11.2 e) cuando se dice que el trabajador autónomo económicamente dependiente cobra en función del resultado de su actividad y de acuerdo con lo pactado con el
cliente? ¿Es que la mera actividad no es susceptible de cobrarse por el trabajador autónomo económicamente dependiente? ¿Es que dicho trabajador no cobra si el resultado no gusta el cliente o es imposible de conseguir? ¿Y quién decide ambas
posibilidades? Señorías, creo que aquí está, si no la gran trampa, sí la gran incógnita para los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Y la gran enseñanza en esta cuestión está en el artículo 11.2 d), donde se dice que ha de
desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda recibir de su cliente. ¿Es que no son tales indicaciones, entre otras, las que un empresario da a sus
trabajadores? ¿No es lo mismo aquí el trabajador por cuenta ajena que el trabajador por cuenta propia, no roza la situación de ajenidad, retribución y dependencia? ¿No es la ajenidad el elemento más típico del contrato de trabajo? Es decir, hacer
las cosas como a uno le mandan o le ordenan, que es lógicamente la situación del trabajador por cuenta ajena.
Señorías, la relación del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y del que no es dependiente tiene visos de controversia en este estatuto. Nuestro grupo parlamentario solamente quiere dejar clara la situación en la que
nos encontramos. Una situación que, lógicamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no es la panacea para arreglar los problemas de los trabajadores autónomos...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Por favor, concluya, señoría.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Estoy terminando, señor presidente.
Por tanto, hay que recordárselo porque el señor ministro ha dicho -creo que fue un lapsus- que en este Estatuto se contempla hasta el desempleo.
Señoría, el desempleo se contemplará cuando exista un desarrollo de la norma a posteriori,
consensuado y con un trato más beligerante para esta situación. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio. Termine, por favor.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.
También quiero recordar algo importante, dentro de los trabajadores autónomos existen muchas asociaciones profesionales, pero no se habla nada de los colegios profesionales a los que también están vinculados.
Hay miles de profesionales
universitarios acogidos a la Ley de Colegios Profesionales, que también tendrán el derecho a incorporarse al artículo 20 del Estatuto por el derecho de asociación profesional de los trabajadores autónomos. Esta es una situación novedosa y no se
puede desvincular a aquellos que van a llevar a cabo su actividad profesional.
Nuestro grupo parlamentario ha estimado este derecho de los trabajadores autónomos, pero en ningún momento es la panacea ni la solución para ellos. Nuestro grupo
seguirá trabajando y nos agrada que los grupos parlamentarios hayan presentado algunas enmiendas transaccionales para aplazar el desarrollo de la ley para los trabajadores autónomos económicamente dependientes casi un año.
Por tanto, señorías, como he dicho al principio, nuestro grupo parlamentario va a apoyar este texto, lógicamente con las enmiendas que hemos aportado. Deseamos un final feliz para los autónomos. Estamos convencidos de que vamos a salir
adelante, pero no es menos cierto que también queda un camino difícil por recorrer, y que lo que pueda haber de controvertido en este estatuto se hará realidad con el paso del tiempo y con la aportación de los trabajadores autónomos y de todas
aquellas fuerzas sociales del país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 23 y 25, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, tres; en contra, 223; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Urrutia, números 34 a 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos; 238; a favor, 125; en contra, 113.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, nueve; en contra, 219; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del senador Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto, números 39 a 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 219; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 46 a 48, 50, 51, 63 y 64.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 13; en contra, 220; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 111 a 136 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 235; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 99, 100 y 103 a 109.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 111; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por favor, abran las puertas.
Votamos a continuación las propuestas de modificación con números de registro 90237, 90238 y 90281.
¿Se aprueban por asentimiento? (Pausa.)
Quedan aprobadas por asentimiento.
Votación del dictamen. En primer lugar votamos aquellas partes del proyecto de ley que han sido enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación que acabamos de efectuar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 237; en contra, dos .
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 239.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Fuertes aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su
Majestad el Rey.
Señorías, se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintiuna horas y diez minutos.