CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL


SENADO

Año 2007 VIII Legislatura

Núm. 115

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Primero


PREGUNTAS


-- De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para hacer efectivo el aumento de planta de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001219).



-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar el descenso del transporte combinado en España. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001205).



-- De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el caos permanente en que se ha convertido la red de cercanías de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE) en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
680/001209).



-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento a la moción aprobada en la Comisión de Cultura del Senado por la
que se insta al Gobierno a la adopción de las

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medidas necesarias para la devolución de la momia guanche al Museo Arqueológico de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo
de 2007). (Núm. exp. S. 680/001197).



-- De D. CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si cree el Gobierno que el catálogo fotográfico editado por la Junta de Extremadura y prologado por su Consejero puede atentar contra los
sentimientos religiosos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001207).



-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el nivel de satisfacción de la Ministra de Cultura respecto a la situación del cine español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001208).



-- De D.a MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la declaración de los cuatro nuevos enclaves españoles con sello de Patrimonio Europeo. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001220).



-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones del fracaso de la reforma del Senado, comprometida al inicio de la Legislatura por el Gobierno. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001196).



-- De D. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo en la bahía de Cádiz.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001188).



-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas de apoyo previstas por el Gobierno al sector de las energías renovables para el cumplimiento de la política energética de la Unión Europea. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
680/001200).



-- De D. EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la repercusión que va a tener para los consumidores la subida del precio del gas, que se suma al incremento del precio de otros servicios básicos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001212).



-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha tenido en cuenta el Gobierno que si la empresa Enel se hace con el control de la empresa Endesa, S.A., el precio del recibo de la luz del consumidor español
se va a decidir desde el Consejo de Ministros de la República Italiana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001213).



-- De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para mejorar la capacidad de innovación y competitividad de la economía española extendiendo el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001214).



-- De D.a ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la cantidad de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenada en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001189).



-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales implicaciones de la entrada en vigor el pasado 1 de marzo de la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de
medicamentos y sus precios de referencia.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001193).



-- De D.a MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN AMUNARRIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la aprobación de la vacuna contra el cáncer de útero. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001211).



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-- De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno del contenido y objetivos de los indicadores clave del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, presentados en
el Consejo Interterritorial del día 14 de marzo de 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
680/001217).



-- De D.a LENTXU RUBIAL CACHORRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno de las principales conclusiones del estudio sobre necesidades de especialistas en España 2006-2030.
(Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001218).



-- De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre el motivo por el que está pendiente de firma y sin entrar en vigor el Convenio entre España y Filipinas para el cumplimiento de penas. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001201).



-- De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender la masiva afluencia de ciudadanos españoles que acuden a diario a los consulados de nuestro país en
Venezuela. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001210).



-- De D. TOMÁS MANUEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al reciente viaje de Estado a la República Democrática y Popular Argelina. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001215).



-- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las perspectivas que el Gobierno considera que existen en Iraq y Oriente Próximo de avanzar hacia una situación de paz y estabilidad. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001216).



-- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas que ha impulsado el Gobierno para el cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Senado relativa a la situación
laboral de los corresponsales de Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) en las islas de Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro (Santa Cruz de Tenerife).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001198).



-- De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los Ayuntamientos afectados por la bonificación fiscal del noventa y cinco por ciento del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se reconoce a las empresas concesionarias de autopistas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001203).



-- De D.a MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración que hace el Gobierno de la aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001204).



-- De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para el fomento y la difusión de la arquitectura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001190).



-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno en relación al mantenimiento y adecuación de la red de radio de emergencia como red complementaria de la
red de radio de mando de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001202).



-- De D.a ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Ministerio de Educación y Ciencia con respecto a que en algunas Comunidades Autónomas, licenciados sin
conocimiento reconocido de docencia, estén dando clase en educación primaria. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001206).



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Segundo


INTERPELACIONES


-- De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en relación con la progresiva reducción del Impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir su supresión. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
670/000151).



-- De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la posición española en relación con el nuevo plan de autonomía marroquí para el Sáhara occidental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 670/000150).



-- De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la política del Gobierno en materia de impulso de la sociedad de la información. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 676, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 670/000149).



Tercero


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia
de los emisores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 86, de fecha 19 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
621/000086). (Núm. exp. C.D. 121/000108).



-- De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 85, de fecha 15 de marzo de
2007). (Núm. exp. S. 621/000085). (Núm. exp. C.D.
121/000094).



-- De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie II, número 83, de fecha 16 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 621/000083). (Núm. exp. C.D. 121/000101).



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL AÑO DE LA CIENCIA Y SE SUMA AL IMPULSO DEL DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD. (630/000015).



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SUMARIO


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.



PREGUNTAS (Página 6997)


De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para hacer efectivo el aumento de planta de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer (Página
6997)


La señora Martínez García formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).



De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar el descenso del transporte combinado en España (Página
6998)


El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Fomento (Álvarez Arza).



De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el caos permanente en que se ha convertido la red de cercanías de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE) en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 6999)


El señor Piqué i Camps formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Piqué i Camps. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Fomento (Álvarez Arza).



De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento a la moción aprobada en la Comisión de Cultura del Senado por la que
se insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para la devolución de la momia guanche al Museo Arqueológico de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 7000)


El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace la
señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).



De D. CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si cree el Gobierno que el catálogo fotográfico editado por la Junta de Extremadura y prologado por su Consejero puede atentar contra los sentimientos
religiosos (Página 7001)


El señor Floriano Corrales formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Floriano Corrales. En turno de dúplica, lo hace la
señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).



De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el nivel de satisfacción de la Ministra de Cultura respecto a la situación del cine español (Página 7002)


El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Van-Halen Acedo. En turno de dúplica, lo hace la
señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).



De D.a MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la declaración de los cuatro nuevos enclaves españoles con sello de Patrimonio Europeo (Página
7004)


El señor Álvarez Fernández formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).



De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones del fracaso de la reforma del Senado, comprometida al inicio de la Legislatura por el Gobierno (Página 7005)


Página 6990


El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).



De D. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo en la bahía de Cádiz (Página
7007)


El señor Fernández Sánchez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Sánchez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).



De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas de apoyo previstas por el Gobierno al sector de las energías renovables para el cumplimiento de la política energética de la Unión Europea href='#(Página7008)'>(Página 7008)


El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu)


De D. EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la repercusión que va a tener para los consumidores la subida del precio del gas, que se suma al incremento del precio de otros servicios básicos href='#(Página7009)'>(Página 7009)


El señor Castillo Jaén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castillo Jaén. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).



De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha tenido en cuenta el Gobierno que si la empresa Enel se hace con el control de la empresa Endesa, S.A., el precio del recibo de la luz del consumidor español se
va a decidir desde el Consejo de Ministros de la República Italiana (Página 7010)


El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).



De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para mejorar la capacidad de innovación y competitividad de la economía española extendiendo el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas (Página 7012)


El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).



De D.a ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la cantidad de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenada en España (Página 7013)


La señora Víboras Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).



De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales implicaciones de la entrada en vigor el pasado 1 de marzo de la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de
medicamentos y sus precios de referencia (Página 7014)


El señor Palacios Rojo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).



De D.a MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN AMUNARRIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la aprobación de la vacuna contra el cáncer de útero (Página 7015)


La señora De Aragón Amunarriz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora


Página 6991


Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Aragón Amunarriz. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).



De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno del contenido y objetivos de los indicadores clave del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, presentados en el
Consejo Interterritorial del día 14 de marzo de 2007 (Página 7016)


El señor Castaño del Olmo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).



De Da. LENTXU RUBIAL CACHORRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno de las principales conclusiones del estudio sobre necesidades de especialistas en España 2006-2030 (Página
7017)


La señora Rubial Cachorro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).



De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre el motivo por el que está pendiente de firma y sin entrar en vigor el Convenio entre España y Filipinas para el cumplimiento de penas href='#(Página7018)'>(Página 7018)


El señor Bravo Durán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bravo Durán. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).



De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender la masiva afluencia de ciudadanos españoles que acuden a diario a los consulados de nuestro país en
Venezuela (Página 7019)


El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Carnero. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).



De D. TOMÁS MANUEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al reciente viaje de Estado a la República Democrática y Popular Argelina (Página 7021)


El señor Rodríguez Bolaños formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).



De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las perspectivas que el Gobierno considera que existen en Iraq y Oriente Próximo de avanzar hacia una situación de paz y estabilidad (Página
7022)


El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).



De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas que ha impulsado el Gobierno para el cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Senado relativa a la situación laboral
de los corresponsales de Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) en las islas de Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) (Página 7023)


El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Perestelo Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).



De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los Ayuntamientos afectados por la bonificación fiscal del noventa y cinco por


Página 6992


ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se reconoce a las empresas concesionarias de autopistas (Página 7024)


El señor Esquerda Segués formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Esquerda Segués. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).



De Da. MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración que hace el Gobierno de la aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales


Esta pregunta ha sido retirada.



De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para el fomento y la difusión de la arquitectura


Esta pregunta ha sido retirada.



De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno en relación al mantenimiento y adecuación de la red de radio de emergencia como red complementaria de la red
de radio de mando de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias


Esta pregunta ha sido aplazada.



De Da. ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Ministerio de Educación y Ciencia con respecto a que en algunas Comunidades Autónomas, licenciados sin
conocimiento reconocido de docencia, estén dando clase en educación primaria


Esta pregunta ha sido aplazada.



INTERPELACIONES (Página 7025)


De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en relación con la progresiva reducción del Impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir su supresión href='#(Página7025)'>(Página 7025)


El señor Sánchez-Sánchez-Seco realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor Sánchez
Sánchez-Seco. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).



De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la posición española en relación con el nuevo plan de autonomía marroquí para el Sáhara occidental (Página 7030)


El señor Piqué i Camps realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor Piqué i Camps. Cierra el debate el
señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).



De Da. MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la política del Gobierno en materia de impulso de la sociedad de la información


Esta interpelación ha sido aplazada.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7036)


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de
los emisores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 7036)


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El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.



Comienza el debate de totalidad.



En turno a favor hace uso de la palabra la señora Gastón Menal.



El señor Sánchez-Simón Muñoz consume un turno en contra.



Se inicia el debate del articulado.



El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 11 a 14.



El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 16 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.



La señora Aroz Ibáñez retira la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.



El señor Sánchez-Simón Muñoz defiende las enmiendas números 3 a 5, 7, 8 y 10, del Grupo Parlamentario Popular.



En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Gastón Menal, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sánchez-Simón Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular.



Se pospone la votación.



Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.



Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.



De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (Página 7041)


El señor Asensio Martínez, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.



El señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) presenta el proyecto de ley.



La propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular, es defendida por el señor Peñarrubia Agius. Hace uso de la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura). Vuelven a intervenir el señor Peñarrubia
Agius. y el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).



El señor Arjona Santana consume un turno en contra.



En turno de portavoces, intervienen los señores Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora
Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Arjona Santana, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peñarrubia Agius, por
el Grupo Parlamentario Popular.



Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular por 106 votos a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.



Comienza el debate de las enmiendas.



El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 11 a 25.



El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 10 y da por defendida la número 26, del señor Mur Bernad, del mismo grupo parlamentario.



El señor Casas i Bedós manifiesta que en el turno de portavoces del debate de la propuesta de veto ha defendido las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 171 a 194 y la que propone la vuelta al
texto del Congreso en lo referente al artículo 87.



La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 31, 32, 34 y 37 a 48, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



El señor Nuet i Pujals retira las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 195 a 247, 251, 252, 254 a 256 y 261 a 263, ofreciendo una propuesta de transacción respecto a la enmienda 259.



La señora Maestre Martín de Almagro defiende la vuelta al texto del Congreso en lo modificado en el artículo 87 y en la disposición transitoria tercera y las enmiendas 264 a 279, 281, 283 a 287 y enmienda transaccional en Comisión sobre la
enmienda 173 de Convergència i Unió, propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor Peñarrubia Agius defiende las enmiendas números 49 a 163, 165 a 170 y dos enmiendas Ain voce@ presentadas en Comisión relativas a la adición de un Título VII quáter y a la supresión de la disposición adicional séptima.



En turno en contra hace uso de la palabra el señor Arjona Santana.



En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Peres-


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telo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Arjona Santana, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular.



Se procede a votar.



Se rechaza la enmienda número 12, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 221 en contra y 6 abstenciones.



Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares por 4 votos a favor, 221 en contra y 10 abstenciones.



Se aprueba la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Jorquera Caselas, por 125 votos a favor y 110 en contra.



Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Mur Bernad, por 4 votos a favor, 222 en contra y 9 abstenciones.



Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo referente al artículo 87, por 126 votos a favor y 109 en contra.



Se aprueban las enmiendas números 174, 189 y 190, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 126 votos a favor y 109 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 171, 172, 178 a 188, 191, 192 y 193, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 216 en contra y 4 abstenciones.



Se rechazan las enmiendas números 31, 32, 34, 37 a 43 y 46 a 48, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 215 en contra y 2 abstenciones.



Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado en la disposición transitoria tercera, por 126 votos a favor y 109 en contra.



Se aprueban las enmiendas números 264 a 273, 275 a 278, 281, 284, 285 y 287, del Grupo Parlamentario Socialista, por 126 votos a favor y 109 en contra.



Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista transaccional en Comisión sobre la 173, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 233 votos a favor y 2 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 49 a 163, 165 a 170 y dos enmiendas Ain voce@ presentadas en Comisión relativas a la adición de un Título VII quáter y a la supresión de la disposición adicional séptima, presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, por 109 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.



Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con el número de registro 87245.



Se aprueban las propuestas de modificación con número de registro 87247, 87248 y 87250, por 126 votos a favor y 108 en contra.



Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 87249, por 126 votos a favor, 3 en contra y 106 abstenciones.



Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores por 125 votos a favor y 109 en contra.



Se aprueba el resto del dictamen por 126 votos a favor y 109 en contra.



El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.



De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Página 7064)


La señora Aránega Jiménez, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.



La señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) presenta el proyecto de ley.



La propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular, es defendida por el señor Abejón Ortega.



En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pezzi Cereto.



En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, así como la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo Parlamentario Popular.



Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular por 106 votos a favor y 121 en contra.



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Comienza el debate del articulado.



El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 3, 5 a 12, 14 a 25, 28, 30, 31, 33, 34 y 36 a 41.



El señor Cuenca Cañizares defiende las enmiendas números 42 a 61, 63 a 90 y 92 a 101, del Grupo Parlamentario Mixto.



El señor Jorquera Caselas defiende las enmiendas números 102 a 108, del Grupo Parlamentario Mixto.



El señor Ayala Fonte retira la enmienda número 112, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y anuncia que las números 114 y 115 soportan transaccionales.



La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 305 a 311, 315 a 319, 322 a 329, 332, 335 y 337, anunciando que la número 328 será base de una transaccional.



El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 116 a 123, 126, 127, 129, 130, 132 a 135, 138 y 139.



La señora Baig i Torras defiende las enmiendas números 234, 238, 255, 256, 258, 260, 274, 275, 283, 288, 298 y 299, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.



La señora Angulo Martínez y el señor Laguna Peña defiende las enmiendas números 152 a 206, 208 a 210 y 212 a 233, del Grupo Parlamentario Popular.



En turno en contra hace uso de la palabra el señor Urrutia Abaigar.



En turno de portavoces, intervienen el señor Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Urrutia Abaigar, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo Parlamentario
Popular.



Se procede a votar.



Se aprueban las enmiendas números 3 y 14, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 119 votos a favor y 98 en contra.



Se rechazan las restantes enmiendas del señor Urrutia Elorza por 8 votos a favor, 206 en contra y 3 abstenciones.



Se aprueban las enmiendas números 56, 69, 93 y 99, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Cuenca Cañizares), por 118 votos a favor y 99 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 102 a 108, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Jorquera Caselas), por 7 votos a favor. 207 en contra y 3 abstenciones.



Se aprueban las enmiendas números 305, 308, 310, 315, 323, 324 y 337, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 118 votos a favor y 99 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 309 y 327, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 19 votos a favor, 194 en contra y 4 abstenciones.



Se rechazan las enmiendas números 311 y 318, del mismo grupo parlamentario, por 5 votos a favor , 207 en contra y 4 abstenciones.



Se rechazan las enmiendas números 116, 126, 127, 129, 130, 132 a 135, 138 y 139, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor y 203 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 117, 118, 119, 120, 121 y 122, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor y 203 en contra.



Se rechaza la enmienda número 123, del mismo grupo parlamentario, por 28 votos a favor y 188 en contra.



Se aprueba la enmienda número 238, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 215 votos a favor y 2 en contra.



Se aprueban las enmiendas números 234, 256 y 299, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 119 votos a favor y 98 en contra.



Se rechazan las enmiendas números 260 y 274, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 24 votos a favor, 188 en contra y 5 abstenciones.



Se rechazan las enmiendas restantes del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 14 votos a favor, 198 en contra y 5 abstenciones.



Se rechazan las enmiendas números 152 a 206, 208 a 210 y 212 a 233, del Grupo Parlamentario Popular, por 99 votos a favor y 118 en contra.



Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 87256, por 118 votos a favor y 99 abstenciones.



Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 87257, 87259 y 87261, por 118 votos a favor y 99 en contra.



Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con números de registro 87254, 87255, 87258, 87260, 87262 y 87267.



Página 6996


Quedan aprobadas aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y que no han sido votadas, por 118 votos a favor y 99 en contra.



Queda aprobado el resto del dictamen por 117 votos a favor y 100 en contra.



El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL AÑO DE LA CIENCIA Y SE SUMA AL IMPULSO DEL DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD (Página 7091)


Leída la Declaración Institucional, se aprueba por asentimiento de la Cámara.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación). De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 7092)


Se procede a votar.



Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Urrutia Elorza), por 7 votos a favor, 206 en contra y 4 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Urrutia Elorza), por 209 en contra y 6 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 13, del mismo Grupo Parlamentario (señor Urrutia Elorza), por 1 votos a favor, 208 en contra y 6 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Urrutia Elorza), por 7 votos a favor, 205 en contra y 4 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 103 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 208 en contra y 4 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 205 en contra y 6 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 103 votos a favor, 110 en contra y 4 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 4 votos a favor, 207 en contra y 6 abstenciones.



Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Popular, por 103 votos a favor y 114 en contra.



Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular, por 98 votos a favor y 119 en contra.



Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular, por 99 votos a favor y 118 en contra.



Se rechaza la enmienda número 7, del mismo grupo parlamentario, por 100 votos a favor y 117 en contra.



Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Popular, por 101 votos a favor y 116 en contra.



Queda aprobada por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con número de registro 87251.



Quedan aprobadas aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no votadas anteriormente, por 217 votos a favor y 1 abstención.



Queda aprobado el resto del dictamen por 218 votos a favor.



El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.



Se levanta la sesión a las veintidós horas y cincuenta minutos.



Página 6997


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.



Se abre la sesión.



PREGUNTAS:


-- DE DON ARCADIO DÍAZ TEJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA HACER EFECTIVO EL AUMENTO DE PLANTA DE NUEVOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (S.
680/001219).



El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.



Han sido retiradas las preguntas del senador Álvarez Fernández y de la senadora Aroz Ibáñez. Las del senador Albistur Marín y de la senadora Aleixandre y Cerarols han sido aplazadas.



Por lo tanto, comenzamos con la pregunta del senador Díaz Tejera, que formularlar la senadora Martínez García.



Tiene la palabra su señoría.



La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.



Querido ministro, buenos días.



El compromiso del Ministerio de Justicia, así como del Consejo de Ministros, es evidente y patente, y se basa en la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, pasando de la implantación de 14 a 40
juzgados exclusivos a finales del año pasado, lo que supone el aumento de la plantilla de la Fiscalía y de las unidades forenses de valoración integral.



Ahora, además, señor ministro, el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género coloca como primer eje a la justicia, no sólo como restauradora de derechos, que también, sino a la justicia como acción preventiva
general y de protección a la víctima, pues es ella quien impulsa en primer lugar la orden de protección que ayuda a vigilar y velar por la víctima de violencia de género.



Las medidas urgentes que acompañaron a este Plan de sensibilización preveía la creación de 43 nuevos juzgados y las correspondientes modificaciones en las fiscalías y en las unidades forenses, así como la especialización de los juzgados de
lo penal y las garantías del turno de oficio. Por eso, señor ministro, cuando llegó al Senado el debate para la aprobación final de la Ley de Igualdad, al recoger esta como uno de los objetivos el impulso de la acción del Gobierno y de todos los
poderes públicos, recogido en su artículo 14.5, ese nuevo impulso en la lucha contra la erradicación la violencia de género, el Grupo Parlamentario Socialista acogió de forma entusiasta el contribuir a esa pronta creación de juzgados. Por eso
introdujimos una enmienda que proponía la creación de 23 nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, con la particularidad de que en alguno de ellos se establecía la extensión de la jurisdicción en esta materia de unos partidos
judiciales hacia otros.
Lamentablemente, la modificación del Senado no fue bien entendida, en el Congreso donde se rechazó la enmienda y, por tanto, la modificación no ha entrado en vigor.



Por ello, señor ministro, aunque nosotros queríamos ayudar en el impulso para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, sin embargo, sólo ha quedado el ministerio para hacerse cargo de ellas. Por este motivo le pregunto esta mañana:
¿cuándo piensa el Ministerio de Justicia hacer efectivo el aumento de planta de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, creo que la firme voluntad del Gobierno de andar el camino hacia el combate efectivo contra esa lacra que es la violencia sobre la mujer está altamente demostrada. Desde la aprobación de la Ley integral se han puesto en marcha una
serie de medidas institucionales, verdadera macropolítica, que han tenido su cristalización en la creación de la Delegación Especial del Gobierno Contra la Violencia Sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer y, ya en otro
plano, la creación de los juzgados exclusivos y las fiscalías especiales. Se han aumentado los recursos del Estado dedicados a combatir esa violencia, pero, a pesar de todo, se entiende que hay que continuar con medidas para lograr el avance que
todos queremos. En el Plan de Sensibilización, efectivamente, se preveían 42 juzgados exclusivos y otras tantas plazas de fiscales.



Tiene razón su señoría cuando afirma que de esta Cámara surgió la idea de comarcalización, esa enmienda conocida que no ha tenido un decurso precisamente exitoso en el Congreso. El ministerio es consciente de que la idea es buena y que hay
que seguir trabajando en ella. Está seguro de que una vez que vuelva el sosiego, tras la etapa electoral, se podrá seguir hablando, porque ese es el camino y no debemos perderlo de vista.
El ministerio es muy consciente de que hay que cumplir la
promesa de creación de los 43 juzgados y, efectivamente, se crearán. El tempo y el modo sí van a verse afectados por una decisión del Congreso que no podemos obviar, pero los caminos se ensanchan con imaginación y, sobre todo, con diálogo. Habrá o
no habrá una modificación de la Ley de Planta y, por tanto, se abrirá el camino a la comarcalización si hay suficiente consenso. Yo espero y deseo que lo haya, pero no es la única herramienta para trabajar porque existe la sustitución de los
juzgados compatibles que soportan mayores cargas de trabajo, y en el análisis de la situación estamos.



En definitiva, a final de año habrá 83 juzgados dedicados al combate de esa violencia a que nos referimos. Y los tempos de creación -ya saben que se han creado seis- estarán entre los meses de junio, octubre y diciembre, pero, insisto, en
un marco plural en que no debe descartarse el diálogo sobre comarcalización. No renunciamos a él, pero tenemos abierta la vía de la sustitución de esos juzgados compatibles con más carga de trabajo.



Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL DESCENSO DEL TRANSPORTE COMBINADO EN ESPAÑA (S.
680/001205).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias. Tiene la palabra su señoría.



El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.



Bon dia, señora ministra. Nuestro grupo parlamentario está preocupado, como muchos agentes sociales, y supongo que también el ministerio, por el continuo descenso del transporte combinado, básicamente por ferrocarril, en España, y esta
preocupación me parece que va en línea con la voluntad que hemos expresado en reiteradas ocasiones fomentando, por ejemplo, la creación de una ponencia de estudio sobre transporte de mercancías por ferrocarril en esta Cámara, que está haciendo
trabajos con gran intensidad y que espero que sean de autoridad. Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para paliar el descenso del transporte combinado en España?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.



La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.



Bon dia, señoría. La potenciación del transporte combinado constituye una prioridad del Ministerio de Fomento, como usted ha manifestado, y es una pieza importante dentro de nuestra estrategia para lograr un transporte de mercancías más
eficaz y ambientalmente más sostenible, y como tal se recoge en el diseño de la política de transporte del Gobierno en su ejecución. En primer lugar, en el PEIT se recogen una serie de actuaciones en la infraestructura ferroviaria con el fin de que
el transporte combinado sea realmente una alternativa competitiva y de calidad frente al transporte por carretera. En segundo lugar, en el contrato-programa firmado por Renfe Operadora, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía y
Hacienda, se recoge el apoyo explícito del Gobierno al desarrollo de la actividad de transporte de mercancías. Y por último, todas las medidas que hemos tomado en relación con la liberalización del transporte de mercancías van a suponer un nuevo
impulso a este tipo de servicios ferroviarios.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



Tiene la palabra su señoría.



El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, me consta, al menos desde junio de 2006, que el Ministerio de Fomento inició consultas para el Plan de Intermodalidad Ferroviaria del PEIT, lo que no sabemos en estos momentos es cómo está este plan. No obstante, la
realidad es que el transporte de mercancías por ferrocarril no acaba de funcionar en nuestro país, y le voy a leer algunos titulares de distintos medios informativos plurales: Leche Pascual abandona el ferrocarril y se convierte en la primera
víctima de Renfe. Las terminales de Barcelona pierden el 20,9 por ciento del tráfico de contenedores por tren en 2006. Barcelona perdió 11.000 TEU ferroviarios en 2006 y perderá 18.000 este año. Renfe prevé la supresión de 101 trenes
multiclientes en el puerto de Barcelona, 286 en el resto de los puertos españoles. Renfe Mercancías sacrifica clientes en aras de la rentabilidad económica. Astic denuncia que las tarifas de Renfe subirán más del 40 por ciento.



Pero a mí lo que me preocupa, señora ministra, es un comunicado institucional de un organismo que se llama Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril, importante porque agrupa a todos los cargadores, como Anged, la
asociación de empresas de distribución; Faprove, los propietarios de vagones; Feique, la Federación Empresarial de la Industria Química Española, y bastante importante, por cierto, etcétera. Así hasta quince entidades muy representativas. Estas
empresas le piden al Ministerio tres cosas que a mí me parecen muy lógicas: que se aplacen los nuevos planes de Renfe Operadora hasta que finalicen estos planes sectoriales que usted anunció y que me parece bien que se hagan; que se exija al Adif
una actuación radicalmente diferente y no meramente recaudatoria; y, por último, algo que también le planteé, y, es que se designe por el Ministerio de Fomento un alto responsable del transporte de mercancías por ferrocarril.



Señora ministra, creo que este es un asunto de la suficiente importancia como para que el ministerio le dedique la máxima atención.



El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.



El señor MACIAS I ARAU: Sí, señor presidente. Voy acabando.



Con esta pregunta simplemente pretendo fijar la máxima atención del ministerio y de la propia ministra en una cuestión clave.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Fomento.



La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Sí, señoría, la máxima atención la tiene.



En el PEIT estamos actuando para la progresiva implantación del ancho UIC en la red convencional -sabe usted que el transporte internacional con este ancho es uno de los principales ámbitos del transporte combinado-; para mejorar los
accesos ferroviarios a los grandes nodos logísticos y a los puertos; para dotar a las estaciones y apartaderos de la longitud suficiente para el tránsito de trenes de mercancías; para mejorar las terminales ferroviarias de mercancías; para
establecer vías dedicadas específicamente al tráfico de mercancías que faciliten el acceso y la cir-


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cunvalación de las grandes áreas metropolitanas; para incorporar a la red de altas prestaciones el tráfico mixto; para reforzar las alianzas en el contrato-programa que le he comentado y, por lo tanto, ya hemos hecho una participación de
Renfe Operadora en la sociedad gestora de la terminal terrestre marítima de Zaragoza y la gestión de las operaciones ferroviarias del puerto del Musel, en Gijón, en una UTE, así como una nueva oferta de servicios de mercancías, una mayor
personalización de los trenes-cliente y un mejor desarrollo de la red multicliente que cubra los corredores de mayor demanda, a los que se dota de mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento y cuya capacidad se refuerza. Esperamos que con
todas estas medidas en 2007 se rompa la tendencia, que sea un punto de inflexión y el crecimiento nos lleve a superar los siete millones de toneladas transportadas.



Señoría, frente a algunas noticias que usted ha leído, la homogeneización tarifaria de Renfe ha supuesto una reducción del 26 por ciento de las tarifas, si bien hay 42 clientes -supongo que muchos de ellos son los que usted ha citado-, que
suponen el 10,96 por ciento, que se han visto afectados por la subida de tarifas. Así que, señoría, en general, uniformidad, racionalidad, homogeneización, transparencia, y solamente a algunos clientes se les han subido las tarifas porque
históricamente se mantenían muy bajas y privilegiadas sobre el resto de los clientes de Renfe.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON JOSEP PIQUÉ I CAMPS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL CAOS PERMANENTE EN QUE SE HA CONVERTIDO LA RED DE CERCANÍAS DE LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES (RENFE) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (S. 680/001209).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Piqué.



Tiene la palabra su señoría.



El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, usted sabe perfectamente que la gestión de la red de Cercanías de Renfe en Cataluña se ha convertido en los últimos meses en una auténtica pesadilla. Cada día utilizan ese servicio más de 400.000 usuarios que están
literalmente hartos e incluso se han llegado a amotinar ante lo que es un caos permanente de esa red que es tan importante. Las pérdidas económicas subsiguientes, además, también han sido cuantificadas y son muy considerables.



Lo cierto es que ese malestar es transversal. Todo el mundo está de acuerdo en que eso funciona muy mal, que ha habido cosas que no se han hecho bien, que el plan de choque que se anunció en su día no ha funcionado, que no se han
establecido suficientes inversiones en el convenio, recientemente firmado, por cierto, entre su ministerio y el departamento correspondiente de la Generalitat, y ese malestar incluso afecta a sus socios preferentes de gobierno y parlamentarios.
Hubo una petición de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida y de Esquerra Republicana para celebrar un Pleno extraordinario específico en el Congreso de los Diputados que, como iba a ser apoyado por el Partido Popular, al ver que se podía ganar,
en un rasgo de coherencia -como los que habitualmente los caracteriza- retiraron esa petición de Pleno extraordinario. Por cierto, Esquerra Republicana, en boca del señor Puigcercós, ha manifestado que el estado de la situación de la red de
cercanías de Renfe en Cataluña es la mejor prueba de que Cataluña sigue siendo una colonia de España. Además, señaló públicamente que lo que tenían que hacer los usuarios era no pagar, en un rasgo de cumplimiento del Estado de Derecho y de sentido
de la responsabilidad de gobierno.
Señorías, esos son sus socios; ustedes los han elegido y ustedes sabrán lo que hacen.



Sí me gustaría conocer, primero, qué medidas piensa tomar el ministerio para solventar esta situación. Segundo, hoy tiene una magnífica oportunidad para decir lo que ya ha afirmado el señor presidente del Gobierno, y es que las cosas no se
han hecho bien, o para decir lo que ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, que es pedir excusas a todos los afectados. Hoy tiene una magnífica oportunidad para hacerlo en esta Cámara.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Fomento.



La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, le recuerdo que la comparecencia de esta tarde en el Congreso es a petición mía. Lo digo porque ha hecho usted un relato en el que ha obviado la parte más importante, y es que he
solicitado comparecer para informar.



Señoría, esta mañana El Mundo dice: Cataluña lidera las inversiones de Fomento: No creo que sea un periódico sospechoso de mentir en este aspecto. Por lo tanto, creo que se pone de manifiesto que estamos utilizando todos los medios
humanos y técnicos precisos para solucionar y minimizar el efecto de las incidencias en la red de Cercanías de Barcelona. Por ello, hemos hecho un análisis exhaustivo de las causas, de los motivos que han producido estos problemas y estamos
ejecutando todas las medidas necesarias para que,en un período de tiempo razonable, se obtengan resultados positivos. De hecho, señoría, ya los están dando.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



Tiene la palabra su señoría.



El señor PIQUÉ I CAMPS: Espero que esos resultados positivos que según la señora ministra son tan visibles sean percibidos también por los ciudadanos, que siguen igual de irritados que hace cierto tiempo, porque cada día tienen problemas.
Como siempre, hay una diferencia de percepción entre lo que se dice desde el oficialismo del Gobierno y lo que realmente sufren después los ciudadanos afectados.



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Señora ministra, yo le pediría medidas concretas. Y le tengo que agradecer algo, se lo digo con toda sinceridad. Pensaba que, como es habitual en ustedes, al final, la culpa será del Partido Popular y, de momento, por lo menos en la
primera respuesta no lo ha dicho -no sé si lo hará en la dúplica-, porque es seguro que, después de tres años, la culpa sigue siendo del Partido Popular. Pero como le decía, le pido medidas concretas -usted ha anticipado algunas-, y sobre todo, que
cumplan el plan de choque, y muéstrense sensibles a las demandas de las personas, informen.
Lo que no puede ser es que cada día pasen cosas y que a la gente nadie le cuente nada, nadie le informe de nada, que tengan que amotinarse y ocupar las
vías, con el riesgo que eso supone, para, al final, recibir algún tipo de respuesta. Esa falta de sensibilidad es también el reflejo de una falta de sensibilidad en general de su ministerio respecto de todas las obras públicas que se hacen en
Cataluña. Se les ha hundido el túnel de Viella y todavía estamos esperando la hora en que la señora ministra visite la zona o dé una muestra de sensibilidad hacia todos los afectados del valle de Arán. Y así, señora ministra, tantas y tantas
cosas.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Fomento.



La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, usted mismo lo ha señalado, la causa principal de la situación en que se encuentran las Cercanías de Barcelona es el Partido Popular, que dejó el Gobierno totalmente abandonado. (Risas
y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias por el reconocimiento. Por fin ustedes se dan cuenta de que se equivocaron y que abandonaron la líneas de Cercanías.



Señoría, muchos de los sistemas que dejaron ustedes estaban obsoletos o presentaban elementos deteriorados, porque no habían realizado ni el mantenimiento, ni la conservación ni la reposición. A la vez, dejaron a toda la línea de Cercanías
-sobre todo a aquellas que tienen más tráfico- en una situación próxima a la saturación -por no decir más que saturación-, porque la demanda había crecido mucho más que los servicios que se podían prestar, porque ustedes no incrementaron la oferta
de plazas.



Asimismo, señoría, en el año 2001 -usted era ministro, por lo que debería tener conocimiento y debería estar preocupado ya que, además, como diputado catalán le afecta todavía más-, ustedes decidieron que el AVE entrara en Barcelona en el
mismo corredor que la red convencional, en Cercanías. Y, sabiendo eso y que no se pueden realizar obras a la vez, de una forma simultánea, en el mismo corredor de las Cercanías y de la alta velocidad, señor Piqué, desde 2001 no hicieron ustedes
absolutamente nada en Cercanías para evitar después que las incidencias de las obras del AVE afectaran al servicio de Cercanías. Esa no es nuestra actitud, como tampoco lo es no pedir disculpas. Yo también, señor Piqué, aunque usted lo haya
obviado, he pedido disculpas a los ciudadanos, y soy la primera que tengo que pedirlas por ser la responsable política de esa situación.



¿Qué estamos haciendo? Invertir mucho más que ustedes para ganar el terreno que perdieron en las Cercanías; concretamente, hemos multiplicado la inversión por 2,5. Solamente en infraestructuras hemos puesto 132 personas más para el
mantenimiento, y hemos más que duplicado las inversiones. Hemos puesto en servicio una nueva línea de Cercanías y hemos ampliado otra. Hemos actuado, señorías, sobre las vías, la catenaria, las subestaciones y las instalaciones de control de
tráfico.
Hemos implantado un centro de control de tráfico electrónico en la estación de Sants. Y así, sucesivamente, señoría. Tendré ocasión de detallárselo esta tarde. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN APROBADA EN LA COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO POR LA
QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA MOMIA GUANCHE AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S.
680/001197).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro. Tiene la palabra su señoría.



El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.



Buenos días, señora ministra. El pasado 15 de junio, la Comisión de Cultura del Senado aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en la que se instaba al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias
para la devolución o entrega al Museo Arqueológico de Tenerife de la momia guanche que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología.



El artículo 178.2 del Reglamento del Senado indica que, dentro de los seis meses siguientes a su aprobación, el Gobierno o el órgano correspondiente deberán informar sobre el cumplimiento dado a la moción. Han transcurrido más de nueve
meses desde la aprobación de la mencionada moción y aún no se ha comunicado a nuestro grupo parlamentario el grado de cumplimiento del mencionado mandato.



Por ello, le formulo mi pregunta. ¿Qué acciones ha impulsado o prevé acometer el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento a la moción aprobada?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.



Señoría, como usted y yo nos conocemos no solamente las figuras parlamentarias sino también el reparto de los órdenes competenciales entre el legislativo y el ejecutivo, he de decirle que la denominada momia guanche, que forma parte esencial
de los fondos que posee el Museo Antropológico Nacional, es un bien público del Estado, es


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decir, también de los canarios. Desde el siglo XIX es una pieza fundamental del Museo Antropológico Nacional que el Gobierno no tiene en sus planes devolver a la comunidad autónoma.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra su señoría.



El señor MELCHIOR NAVARRO: O sea, que el Gobierno va a incumplir la moción aprobada por el Senado, donde el propio presidente del Gobierno dice que radica la soberanía popular.



En segundo lugar, he de decirle que el lugar donde se encuentra la momia no es el adecuado, es incluso ofensivo para la cultura canaria.



Sepa que tomaremos todas las medidas necesarias para que esa momia, patrimonio arqueológico imprescindible en la historia de Canarias y un bien de primera magnitud, sea devuelta a su tierra.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, la soberanía popular hizo el reparto de competencias en la Constitución y las vamos a cumplir todos, también el Gobierno en lo que le competa.



Sepa usted que todos los bienes de todas las colecciones públicas de todas las instituciones del Estado, que lo son también de todas las autonomías y de todos los ciudadanos españoles, son piezas esenciales y principales de cualquier rincón
del territorio del Estado español; si no, no serían colecciones estatales ni instituciones estatales. Ese no es un argumento.



El argumento es que las colecciones públicas tienen que cumplir su función en las instituciones donde están. (El señor Burgos Pérez: ¿Y el Archivo de Salamanca?) Usted conoce, además, el especial y delicado estado de la momia y el impulso
importante de conservación y mantenimiento que se ha conseguido desde el año 1992, algo que no estamos dispuestos a poner en peligro. Exactamente igual que no estamos dispuestos a poner en peligro el Guernica por su traslado, un objeto también
recurrente en política que al Gobierno le parece que debería quedar fuera de la diatriba permanente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE EL CATÁLOGO FOTOGRÁFICO EDITADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA Y PROLOGADO POR SU CONSEJERO PUEDE ATENTAR CONTRA LOS
SENTIMIENTOS RELIGIOSOS (S. 680/001207).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Floriano Corrales.



Tiene la palabra su señoría.



El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, el prólogo y la edición con dinero público de un catálogo fotográfico, en nuestra opinión claramente ofensivo para los sentimientos de millones de españoles, ha saltado a la opinión pública de la misma manera que lo hicieron
unas caricaturas de Mahoma en dos diarios europeos. De ahí nuestra pregunta, señora ministra: ¿Cree el Gobierno que el catálogo fotográfico editado por la Junta de Extremadura y prologado por su consejero puede atentar contra los sentimientos
religiosos de los españoles?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.



Este Gobierno en 2007 piensa lo mismo que el Gobierno en 2003 y en 1998, que fue cuando ocurrieron los hechos que usted cuenta. Es decir, la ministra Esperanza Aguirre, el ministro Rajoy y la ministra Pilar del Castillo no opinaron nada, y
la ministra del actual Gobierno tampoco opina nada sobre algo que ocurrió en una legislatura anterior. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Floriano.



El señor FLORIANO CORRALES: Reconocerá conmigo, señora ministra, que lo que se sabe hoy sobre ese tema y lo que se ha ocasionado con ello, desde nuestro punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en 2003 o en 1998
(Rumores.), salvo que usted me diga lo contrario, aunque me parece que es un hecho bastante objetivo y bastante obvio.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señor presidente, pero no me ponen nervioso, no se preocupe.



Desde nuestro punto de vista, la ofensa a los católicos y a los no católicos ha sido clara, señora ministra. En primer lugar, y aunque este aspecto que voy a comentar ahora no le compete a usted directamente, esa ofensa se podía haber
evitado. Y es que, además de haber pedido perdón por ello, como ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, en un caso como este ese perdón debería haber llevado aparejado el cese del responsable de que se haya editado y prologado con dinero
público una publicación pornográfica que hiere la sensibilidad de creyentes y no creyentes. En segundo lugar, también tendría que haber habido un pronunciamiento del presidente del Gobierno criticando el error y manifestando desde un punto de vista
moral y ético, como máximo responsable del Gobierno de


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España, su rechazo ante esta publicación, tal y como reprobó en su día la de unas caricaturas de Mahoma.



Es a esta cuestión a la que quiero referirme, señora ministra: ¿Por qué el presidente del Gobierno se pronunció sobre unas caricaturas relativas a Mahoma publicadas en Dinamarca y en Noruega y no se pronuncia sobre algo que afecta tan
directamente a millones de españoles? (Rumores.) ¿Es que en opinión del Gobierno hay ofensas reprochables, las que se refieren a Mahoma, y hay ofensas irreprochables, las que se refieren a sentimientos religiosos de los cristianos? No quiero
pensar que sea porque el responsable de esta ofensa es alguien del Partido Socialista, porque tampoco se criticó el jueguecito con la corona de espinas de Carod Rovira. ¿Qué les ha hecho la religión católica para que no condenen ustedes los ataques
que se le hacen? ¿Mahoma sí merece la defensa del presidente del Gobierno y no así la figura de Jesucristo? (Rumores.) ¿Es consciente el presidente del Gobierno del país en el que vive, de a qué ciudadanos gobierna? Con estas fotos pagadas con
dinero público se supera cualquier antecedente en la ofensa a la religión en los últimos años, y la pasividad del Gobierno también supera, desde mi punto de vista, cualquier grado de irresponsabilidad. El silencio del presidente del Gobierno pone
de manifiesto que zaherir a la religión católica desde un gobierno autonómico no merece el más mínimo comentario por quien se supone que nos representa a todos. Detrás del presidente del Gobierno solo veo complejos y falta de principios de un
presidente que no defiende los sentimientos mayoritarios de los ciudadanos de su país sencillamente porque no da la talla. (Rumores.)


Esta polémica no es una cuestión de derechas o de izquierdas, señora ministra.



El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.



El señor FLORIANO CORRALES: Termino, señor presidente.



Esta es una cuestión de sentido común y de respeto. ¿Sabe qué decía el presidente del Gobierno cuando lo de las caricaturas de Mahoma? Pues decía: No estamos ante un debate solo de libertad de expresión, estamos ante una cuestión de
sensibilidad, de respeto, que ante determinadas maneras de ver la vida puede provocar situaciones que no son adecuadas.
¿Por qué no hace el esfuerzo de recordarle públicamente esto mismo al que, utilizando dinero público, ha ofendido a tanta gente?
Exigimos una declaración del presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Senador Floriano, le ruego que termine.



El señor FLORIANO CORRALES: Solo quince segundos, señor presidente.
(Rumores.)


Olvídese del hecho religioso si a usted le parece bien, señora ministra, pero fíjese en el uso que se ha hecho del dinero público para financiar obras en las que una madre mantiene relaciones sexuales con su hijo o en las que un mayor se
dirige a menores en los términos retratados en una de las fotografías. Esto merece un pronunciamiento rápido del presidente del Gobierno.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.



Le voy a decir lo que ha ocurrido desde 2003 a 2007: que ustedes, los candidatos del Partido Popular han colgado en la red esas fotografías; y las han colgado porque están muy preocupados en no herir los sentimientos de nadie. Y
muchísimos españoles nos acabamos de enterar de como son esas fotografías. Eso es lo que ha ocurrido desde 2003 a 2007. Está usted preguntando en sede parlamentaria, en el marco de una legislatura y en el uso de una figura parlamentaria, que es la
de control a este Gobierno, en esta legislatura y en esta fecha, y a un presidente del Gobierno que lo ha sido cuando se han producido las caricaturas de Mahoma. No se lo preguntó usted a su propio presidente precisamente cuando ocurrieron estos
hechos, pero sí han ocurrido cosas entre tanto.



Primero, que han colgado las fotos en la red en un ataque de irresponsabilidad que les pone en la contradicción mayor entre las mayores. Los que quieren que esas fotos no se vean las han colgado precisamente para que las vean, y seguramente
para que las vean incluso muchos menores, lo cual es preocupante. No solamente el presidente de Extremadura en su momento pidió perdón, no solamente el candidato a la Junta de Extremadura ha dicho que es un disparate, sino que hoy le voy a dar
voluntaria y libremente mi opinión como ciudadana porque como ministra no tengo ninguna a la vista de la manipulación que hacen ustedes de las instituciones y la que usted ha estado haciendo esta mañana de esta Cámara con el control del Gobierno.
Le voy a dar mi opinión, que coincide exactamente con la del obispo de Plasencia que dice lo siguiente: Esta ofensa no la hace solamente el autor de las imágenes, sino también quien las promueve, quienes las muestran e, incluso, quienes las
utilizan por razones ajenas a la fe, repito, -por razones ajenas a la fe-, por razones absolutamente conniventes con la política porque usted es candidato en unas elecciones en las que ha querido revitalizar un asunto que usted imagina que le viene
bien.



Le voy a decir una cosa. Ha dicho usted que los católicos y los cristianos son de izquierdas y de derechas. Sí. Entre los votantes socialistas, entre los militantes socialistas, entre muchos ciudadanos que no se tienen que etiquetar hay
muchos cristianos y muchos católicos que hoy están lamentando las 46 muertes diarias de una guerra que sí forma parte de su activo político, que no son fotos y que salen todos los días en los telediarios. Asuman ustedes la sensibilidad que eso
provoca en los cristianos y en los no cristianos de este país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



-- DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN


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DE LA MINISTRA DE CULTURA RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL CINE ESPAÑOL (S.680/001208).



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Van-Halen para formular su pregunta. (Rumores.) Rogaría silencio por favor.



El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.



Quiero dedicar un recuerdo a los cientos de muertos en Sarajevo por mandato del presidente don Felipe González Márquez.



Señora ministra, ¿cuál es el nivel de satisfacción de la ministra de Cultura respecto de la situación del cine español?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.



Señoría, el nivel de satisfacción de la ministra está en relación con los datos cerrados del año pasado, que me va a permitir que le comente de manera muy breve, que marcan que el cine va en la dirección correcta por varias razones. En
primer lugar, porque hemos cerrado un año en el que se han hecho 150 largometrajes. Ya sé que usted y yo en algunos aspectos coincidimos en que quizás son demasiados largometrajes, sin embargo, hemos conseguido el equilibrio en una dirección que
nos parece muy importante: 209 cortometrajes es una cifra histórica y es el criadero en el que se entrena mucha gente joven que evidentemente luego sigue su camino profesional y personal a través del cine y, por tanto, llegan a los largometrajes.



Hemos tenido también este año un dato excepcionalmente interesante y, por supuesto, bueno: seis películas españolas han superado por primera vez el tope del millón de espectadores y una, culturalmente interesante, por encima de los tres
millones que -como usted sabe- es una cifra que de vez en cuando salta en un año y que hace que el balance final sea bueno. Me estoy refiriendo a Alatriste, lo cual nos coloca también en una buena dirección de pluralidad de la oferta y, además, de
una variedad más grande de películas que son vistas y aplaudidas por los españoles.



Desde el punto de vista técnico la calidad del cine español es extraordinaria y desde el punto de vista artístico a la vista están los reconocimientos que ha recibido este año en muchos foros y festivales internacionales; el último, por
cierto, señoría, el Festival del Mar de Plata, que es un festival de primera categoría donde también ha recibido un premio importante una película de ficción no hace más de 48 horas.



Por último, daré un dato que me parece extraordinariamente interesante y es que entre estas películas vistas por más de un millón de espectadores y algunas que superan los 750.000 hay tres películas de directores muy jóvenes que vienen del
cortometraje y que, además, son sus guionistas, con lo cual, señoría, caminamos en una dirección que es extraordinariamente interesante en lo que el cine representa como cultura, que pensamos que es la dirección en la que tenemos que seguir
caminando para que al ciudadano español le guste su cine, entre otras muchas razones porque con parte de sus presupuestos públicos también se impulsa y se fomenta.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Van-Halen.



El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.



Quiero dedicar un recuerdo a los 18 españoles muertos en la guerra de Afganistán votada por don José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto es tan claro como la cal viva, señor presidente.



Señora ministra, estamos hablando de la salud del cine y la veo muy optimista. Y tiene motivos para ello en cuanto se refiere al talento de nuestros cineastas, pero tenemos sobre el tapete el anteproyecto de ley del cine. Quiero recordarle
que usted presentó el borrador el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y el anteproyecto el martes 13 de febrero. Usted, que es andaluza como mi madre cordobesa, también será supersticiosa, y esto ya venía con mal fario.



Cuando los sectores de la cinematografía llamaron a gritos a la vicepresidenta del Gobierno para que interviniera, usted quedó desautorizada; y se lo digo, como sabe, con todo mi afecto. La vicepresidenta le pidió que encontrara el
consenso; y no sé si lo buscó, pero desde luego no lo encontró. La vicepresidenta del Gobierno, atendiendo entre otros al Partido Popular, que le había pedido que interviniera, lo hizo y recibió a todos.



Usted se precipitó haciendo unas declaraciones optimistas en las que decía que había encontrado el consenso, pero, mire usted por dónde, los paganinis de esta película, que son las televisiones privadas, emitieron ayer un comunicado
diciendo, en primer lugar, que Uteca desmiente a la ministra de Cultura, y en segundo lugar, que Uteca no ha consensuado ninguna ley del cine. Ello quiere decir que, en este caso, ni siquiera la vicepresidenta pudo hacer de apagafuegos como
acostumbra.



Yo creo que esta ley ha salido adelante porque ya habían retirado la del vino y no podían retirar otra. Es decir, que usted se ha beneficiado de la ley del vino; el vino la ha salvado, señora ministra.



Y le digo sinceramente que usted ve el cine de una forma muy optimista, pero le voy a citar brevemente, para que me dé tiempo a decirlo todo antes de que el señor presidente me llame al orden, algunas opiniones sobre el anteproyecto de ley
del cine. Director Bajo Ulloa: La industria del cine español cada vez se hunde más en su propia mentira. La actual política del Gobierno lo que propicia es el fraude. Director Agustín Díaz Llanes: Los cineastas nos hemos alejado del gusto del
público y han abandonado el cine español. Presidente de Uteca, Alejandro Etxebarria: La gente no va al cine porque no hay buenas películas.



Paso ahora al sector de los distribuidores -y ya van dos sectores-: dice su presidente que su anteproyecto es intervencionista. Por otra parte Rafael Alvero, de la Federación de Cines, que son los exhibidores -tercer sector- dice lo
siguiente: Lejos de favorecer el crecimiento y la


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salud del cine español, supone favorecer los intereses de aquellos operadores de la industria que acumulan subvenciones públicas y una merma en la capacidad de elección de consumidores y usuarios, y demuestra la falta de sensibilidad y de
visión de futuro del Ministerio de Cultura. El sindicato...



El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.



El señor VAH-HALEN ACEDO: Voy terminando, señor presidente.



El sindicato de técnicos audiovisuales: La primera que nos ningunea.



Y termino, señor presidente, con José Luis Cuerda, que de una forma celesca que en esta Cámara no va a sorprender, porque Cela ya decía estas cosas cuando era senador, dice lo siguiente: El futuro del cine español es una puta mierda. Y
vuelva a perdonarme el sic del latinajo.



Señora ministra, creo que es usted muy optimista. Este señor Cuerda no es sospechoso de ser del Partido Popular porque momentos antes de esta frase dijo, mientras moderaba un coloquio, lo siguiente: Supongo que no habrá en esta sala ningún
americano ni ninguno del Partido Popular. Es decir, que no creo que este señor, que opina eso del cine español, sea sospechoso de ser del Partido Popular.



El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.



El señor VAH-HALEN ACEDO: Voy, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: No, voy no. Termine ya.



El señor VAN-HALEN ACEDO: Un segundo, señor presidente.



Señora ministra, dijo usted: Yo me iré un día y el cine quedará. Pues váyase ya y que la señora vicepresidenta del Gobierno acumule cuatro o cinco carteras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.



Señoría, usted me preguntaba al principio por cine y yo le voy a dedicar esta respuesta a los éxitos del cine español y a los millones de ciudadanos que van a verlo a pesar de la bronca permanente que montan ustedes y a pesar de la bronca
política que montaron cuando utilizaron su libre ejercicio ciudadano para posicionarse contra una guerra en la que ustedes nos metieron.



Usted no se preocupe de mi optimismo, usted no se preocupe de si creo o no en la mala suerte, en el martes y 13 o en el mal fario. Usted no se preocupe de eso, usted procure preocuparse de qué van a hacer con el proyecto de cine que va a
traer el Gobierno pronto a las Cámaras. Por cierto, preocúpese también de buscar esas declaraciones que dice que yo he hecho, porque tiene la costumbre de venir a esta Cámara a decir: «he visto que dicen que ha dicho», pero nunca lo comprueba, su
rigor nunca pasa por comprobarlo. Busque las declaraciones en las que yo he dicho eso que dice que he dicho hoy aquí y haga usted su trabajo con seriedad.



Pero a lo que íbamos, al cine. Usted ha pasado por alto todos los datos: todos los datos de espectadores, de recaudación de taquillas, del 0,4 en el PIB que aporta el cine español, de los éxitos que ha tenido el cine español, y ha hecho
unas cuantas citas que a título personal cada uno, incluidos los directores, es muy libre de hacer en relación con el cine.



Como usted, con mucho cariño, siempre se preocupa de mi, me voy a preocupar yo de usted. Preocúpese de apoyar la ley del cine que vamos a traer a estas Cámaras, a ver si es capaz de hacerlo; preocúpese de apoyar un proyecto en el que hay
exenciones fiscales que ustedes nunca pudieron conseguir; preocúpese de apoyar una ley que tiene un fondo previsto para la cinematografía de cien millones de euros que ustedes tampoco supieron nunca poner; preocúpese de apoyar un proyecto que va a
venir a esta Cámara para que los jóvenes creadores de este país de cortos en Internet puedan sacar adelante la cultura a través del cine. Preocúpese de eso y entonces hará su trabajo como senador de todos los españoles. Lo demás, a título de
inventario y a título de falta de rigor con la que suele utilizar muchas declaraciones en esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DOÑA M.a JOSE NAVARRO LAFITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA DECLARACIÓN DE LOS CUATRO ENCLAVES ESPAÑOLES CON SELLO DE PATRIMONIO EUROPEO (S.680/001220).



El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Navarro Lafita.



Tiene la palabra el señor Álvarez Fernández para formularla. (La señora ministra de Cultura, Calvo Poyato, se dispone a abandonar el hemiciclo).



El señor ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, no se me vaya, porque me queda por hacerle una pregunta.
(Risas.) Tenía otra pregunta a la ministra de Vivienda y se me ha aplazado.



Hace un año le preguntaba en este mismo salón de plenos sobre la Conferencia de Europa por el Diálogo Intercultural, celebrada en Granada los días 27 y 28 de abril de 2006. En ella se acordó, impulsado por los gobiernos de Francia, Hungría
y España, la designación del sello de patrimonio europeo. En esa pregunta usted me contestó que se trataba de empezar a tener un margen, unas rutas, un espacio y un lugar permanente de encuentro, donde lo diverso y al mismo tiempo lo único de
Europa pueda aportar al mundo un ejemplo de ejercicio de diversidad y de igualdad.



Efectivamente, el lunes asistimos en el Monasterio de Yuste a la ceremonia de designación de los primeros cuatro enclaves que España ha presentado como sitios españoles de patrimonio europeo. Aquí tengo el logotipo con el que se ha
realizado esta denominación. Los mismos días en que se ha celebrado la designación de estos cuatro luga-


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res, se ha celebrado también en Francia la designación de la Abadía de Cluny, y se va a celebrar en Roma y en Atenas, es decir, esto empieza a ponerse en marcha.



Este sello fue creado para resaltar el valor de los lugares esenciales de nuestra historia y de nuestra cultura común y hacer comprender al público más amplio la sustancia del espíritu europeo, una especie de espíritu de familia. Eso fue lo
que dijo el presidente francés. Entiendo que este sello es muy importante, porque con esta calificación se pretende reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea por parte de sus ciudadanos a través de lugares emblemáticos.



Me queda, pues, pedirle su valoración y felicitar a estos cuatro enclaves que han sido designados con el sello de patrimonio europeo: el Archivo de la Corona de Aragón, el Cabo de Finisterre, la Residencia de Estudiantes en Madrid y el
Monasterio de Yuste.



Para finalizar, me gustaría detenerme en mi tierra, en Yuste, donde Carlos V soñó con esa Europa y en cuyo discurso de abdicación dijo lo siguiente: 9 veces fui a la alta Alemania; 6, he pasado en España; 7, en Italia; 10, he venido a
Flandes; y he entrado en Francia e Inglaterra. Desde luego, considero que Yuste significa ese sueño de Europa.



En esta Cámara se ha hablado hace poco de Monfragüe como patrimonio natural, y hoy hablamos de Yuste como patrimonio histórico. En definitiva, esta es la Extremadura de la que me gusta hablar, de la que me gusta que se hable, la que me
gusta que se conozca, y no de otra Extremadura que algunos, como hemos podido comprobar, se empeñan en hablar y recordar, y únicamente quiero decir que estas personas que, pasado el tiempo, siguen hablando de lo mismo, sin duda anteponen sus
intereses partidistas y sectarios a los intereses de su tierra.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.



Tiene la palabra la ministra de Cultura.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.



Señoría, le pido disculpas, ocurre que se me han formulado cuatro preguntas en el Senado y tres en el Congreso y he invertido mentalmente el número.



Me pregunta usted por un logro importante en el marco de las acciones que el Gobierno de España ha llevado a cabo a través del Ministerio de Cultura en los foros internacionales, que usted bien conoce. Pues bien, en primer lugar, hemos
conseguido celebrar en Madrid una reunión de 72 ministros de Cultura en la primavera de 2005 , en la cual elaboramos el documento de apoyo seguramente más firme para que la UNESCO llegara a la convicción y finalmente a la aprobación de la convención
para la protección de la diversidad cultural de las expresiones artísticas en el planeta. Así nos los agradeció el director general de la UNESCO, Matsuura, que reconoció el papel del Gobierno de España, junto con los de Francia y Brasil, para
llegar a una oportunidad tan histórica para la UNESCO, que nos va a permitir lanzar un mensaje al planeta que dice tres cosas importantísimas: una, que todas las culturas del mundo son iguales y todas tienen derecho a protegerse; dos, que hay que
hacer más políticas públicas de cultura por el bien de la convivencia y para fomentar y mejorar las democracias en el planeta; y tres, que todos los gobiernos han de tratar a la cultura de una manera especial y diferente dentro del mercado y no
sólo como mercancía.



Esto ha hecho que España gane peso en muchas circunstancias internacionales y europeas y que los ministros de Francia, Hungría y yo personalmente desde Granada lanzáramos la idea de establecer rutas de patrimonio europeo que nos permitieran
dirigirnos a todos, en general, y a los más jóvenes en particular, para crear una auténtica ciudadanía europea, una auténtica conciencia de Europa a partir de nuestros patrimonios históricos diversos desde cada uno de los Estados y, al mismo tiempo,
intentar articular una unidad y una cultura europea visibles desde dentro del espacio europeo y desde fuera de lo que Europa representa en el mundo.



Pensamos que había que hacer declaraciones en monumentos, lugares, personas e ideas que demostraran a los europeos del siglo XXI que siglos atrás ya hubo mucho gente practicando consciente e inconscientemente la idea de que algún día Europa
tendría que existir unida.



En mi opinión, España ya había propiciado esa circunstancia en muchos lugares, pero especialmente en los cuatro a los que usted ha hecho mención: en el caso de Yuste, porque allí se retiró Carlos I de España y V de Alemania como emperador y
manifestó que había intentado la unidad de Europa bajo su poder político y que esa Europa era una parte esencial de lo que tendría que existir en el mundo; en la residencia de estudiantes, porque allí estuvo la vanguardia española conectada con
Europa, nuestros mejores científicos e intelectuales y la modernización ilustrada de España; en el cabo de Finisterre, porque los europeos pensaban que allí se terminaba la tierra, moría el sol, y no había nada más; y finalmente, en el Archivo de
la Corona de Aragón, porque en él está toda la historia del Mediterráneo y es el archivo administrativo abierto más importante de toda Europa.



Por estas circunstancias hemos sido líderes en Europa de esta idea y, como usted bien ha dicho, la misma tarde de la mañana que lo presenté en Yuste mi colega el ministro de Francia lo presentó en Cluny, y el lunes, el ministro griego lo
presentará en la Acrópolis, haciendo una triada entre Grecia, Francia y España importante para entender Europa, para entender el Mediterráneo, donde la cultura se ha de transformar en un eje de convivencia, en un eje pacífico y, sobre todo, en un
eje de construcción cívica de lo que entendemos por Europa, no sólo desde la economía sino también y fundamentalmente desde la ciudadanía.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS RAZONES DEL FRACASO DE LA REFORMA DEL SENADO, COMPROMETIDA AL INICIO DE LA LEGISLATURA POR EL GOBIERNO (S.680/001196).



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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares. Tiene su señoría la palabra.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, ¿cuáles son las razones del fracaso de la reforma del Senado, comprometida al inicio de la legislatura por el Gobierno?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría.



El ministro y el Gobierno no tiene la sensación de que haya habido ningún fracaso. Es verdad que este Gobierno ha recuperado los debates sobre el Estado de las Autonomías en el Senado. Es verdad que este es el primer presidente de Gobierno
que se somete a control en esta Cámara. Es verdad que hemos «colgado» del Senado lo que es la estructura de la organización de las conferencias de presidentes. Es verdad que hemos intentado, convencidos como estamos de su necesidad, llevar
adelante una reforma del Senado, pero el principal partido de la oposición -que es necesario, no ya solo en términos políticos, sino también en términos de votos en esta legislatura- ha dicho que no.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor ministro, el próximo año se cumplirán 30 años de la Constitución Española. Después de tanto tiempo el Senado no tiene definidas adecuadamente sus funciones. Es verdad que al inicio de esta legislatura se
había abierto una ilusión de esperanza sobre la reforma de esta Cámara, pero, ministro, de esta reforma tan solo lo que conocemos es un titular.



Se han aprobado cuatro estatutos en esta Cámara y nuestra función -de la Cámara y los senadores- ha sido poner una estampilla del visto bueno, por decirlo en tono simplista. Ni se han discutido en primera instancia los estatutos, ni su paso
ha servido para mejorarlos, ni tan siquiera para corregir errores gramaticales. Pero, ministro, parece que ustedes se esconden tras la supuesta negativa del Partido Popular a reformar el Senado para no hacer nada y decir que el otro no quiere; o
no sé ya si me cabe pensar que no tienen una propuesta clara que impulsar.



A punto de concluir esta legislatura, ministro, cabe preguntarse qué han hecho ustedes. Primero, pidieron un dictamen al Consejo de Estado, ese dictamen es de febrero de 2006 y al día de hoy, un año después, el Gobierno no ha remitido dicho
dictamen a la Cámara, por lo menos no hay constancia de su entrada en esta Cámara.



Lo segundo que plantearon: la creación de una nueva ponencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Es de noviembre de 2005, y después de 16 meses -casi nada-, ni se ha reunido, ni la han impulsado.
Por no hablar, ministro, del
debate sobre el Estado de las Autonomías. Se realizó uno en 2005 y no sabemos si se volverá a repetir en esta legislatura -estamos en 2007-.



Ministro, desde Izquierda Unida entendemos que el Gobierno se esconde tras la aparente negativa del Partido Popular para reformar el Senado. Ustedes no están liderando esta posible reforma, no presentan una propuesta para el debate. La
pregunta que nos hacemos los españoles y las españolas es si tienen ustedes la voluntad de reformar el Senado para que sea verdaderamente una Cámara territorial; si tienen ustedes una propuesta; si tienen ustedes un calendario para llevarla a
cabo; si van a convocar a las formaciones parlamentarias para abordar dicho asunto.



Con todas estas preguntas, ministro, pensamos que son cuatro años otra vez -permítame el símil- perdidos. ¿Porque cuál es la propuesta de reforma del Senado que impulsa el Gobierno y el partido que lo sustenta? No la conocemos. Nos ha
planteado un dictamen, nos ha planteado una nueva ponencia, -ya se hizo una en 1998-, y ninguna de las dos cosas últimas está funcionando.



Por lo tanto, repito, ministro, van a ser otra vez cuatro años perdidos y esa ilusión que al principio captamos en el discurso de investidura del presidente se va al garete; no va a ser posible.



El señor PRESIDENTE: Señoría concluya, por favor.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Acabo presidente.



Porque la reforma del Senado, ministro, es fundamental, no solamente para dar función a los que trabajamos aquí todos los días, sino también para el impulso de las reformas estatutarias y de la configuración del Estado.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.



La verdad, señoría, es que no sé por qué después de 30 años está usted especialmente enfadado con el Gobierno de los últimos tiempos que más ha hecho por el Senado. Le he repetido el tema de la recuperación de los debate del Estado de las
Autonomías; el primer presidente del Gobierno que se somete a control parlamentario, y la conferencia de presidentes, que está explícita y voluntariamente vinculada a la estructura del Senado.



El Gobierno no se esconde ni la negativa del PP es aparente, es real, y por tanto así ha sido públicamente dicho por su principal responsable, que ha dicho que no quería abordar en esta legislatura la reforma del Senado.



El Gobierno cree que esa reforma es necesaria y que va a seguir siéndolo cada vez más conforme las nuevas reformas estatutarias vayan poniendo de relieve que el debate territorial grave, importante, en nuestro país en los próximos años no va
a ser sobre quién hace qué y cómo se financia, ni sobre competencias ni sobre financiación, sino sobre cómo hacemos juntos las cosas que ninguno por separado puede hacer, cómo buscamos mecanismos de cooperación y de colaboración entre las distintas
administraciones en que, según nuestra Constitución, está distri-


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buido el poder del Estado en nuestro país. Ese es un debate que ya ha empezado a plantearse y que seguirá haciéndolo y que va a requerir de espacios de encuentro, de espacios de cooperación y de espacios de colaboración entre las
administraciones -y ahí la Conferencia de Presidentes es un símbolo del nuevo espíritu de cooperación entre instituciones y administraciones que va a ser necesario para gobernar la España plural y constitucional que tenemos-, y a nivel político
dotando al Senado de ese lugar de encuentro político entre las comunidades autónomas entre sí y de las comunidades autónomas con el Gobierno central. Esto va a empezar a ser lo que antiguamente llamábamos una necesidad objetiva, ya no solo un deseo
de unos o una opinión de unos, y no de otros. Para que la España constitucional y autonómica funcione mejor va a ser necesaria esa reforma del Senado. El Gobierno lo ha intentado en esta legislatura y no ha tenido éxito; lo seguiremos intentando
como Gobierno la próxima legislatura, no le quepa a su señoría duda alguna.



Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



-- DE D. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA BAHÍA DE CÁDIZ (S.
680/001188).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Fernández. Tiene la palabra su señoría.



El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.



Señor ministro, nuestro grupo quiere conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, el Gobierno ha estado apoyando diversos proyectos empresariales de la Bahía de Cádiz y también de otros lugares de España, y lo estamos haciendo muy especialmente desde el año 2005, concretamente en los municipios de la mancomunidad
de la Bahía de Cádiz, es decir, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, se ha apoyado a actuaciones o proyectos con más de 93 millones de euros, de los cuales, 73 fueron en forma de préstamos reembolsables
y casi 20 de subvenciones finales.



El programa de ayudas de reindustrialización ha experimentado en los últimos años un importante incremento en sus dotaciones presupuestarias; concretamente en el presupuesto del año 2006 creció un 93 por ciento con relación al del año 2004
y en el año 2007 el incremento fue del 19 por ciento respecto al año 2006. Por tanto, el Gobierno ha venido apoyando de una manera muy importante iniciativas generadoras de empelo y riqueza, y gran parte de esta ayuda ha ido a la Bahía de Cádiz.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



Tiene la palabra el señor Fernández.



El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.



Señor ministro, usted ha hablado de forma genérica, pero resulta que hace ya un mes que la multinacional de componentes de automoción de Delphi anunciara el cierre de su factoría en Puerto Real, de la que dependen 4.000 familias en la Bahía
de Cádiz. Ayer se conoció que va a la quiebra, por lo que será un juez de lo mercantil quien decida.



El Gobierno, el PSOE tanto en Sevilla como en Madrid, no sabe por dónde tirar, cuando lo que debía haber hecho es anticiparse a estos hechos tristes, y haber puesto en marcha toda una batería de acciones para impedir el cese de la actividad
industrial de Delphi en la Bahía de Cádiz, máxime cuando en octubre de 2005 la propia empresa aseguraba que Puerto Real no estaba en su lista negra de cierre. Un mes llevan ustedes sin saber qué hacer, perdidos, desorientados, lo normal de su
Gobierno en los últimos meses, y usted, señor ministro, no iba a ser menos. Su ministerio no tiene si quiera, después de una grave reconversión naval, una línea específica de apoyo a la reindustrialización de la maltratada Bahía de Cádiz. Veo,
señor Clos, que anda usted más preocupado por las cosas de la energía y sus trapicheos que por la mayor crisis laboral que va a sufrir Andalucía, que dejará en el paro a 4.000 familias. No sé yo, señor Clos, si usted estaría tranquilo si todo esto
hubiese ocurrido en Cataluña; pero ha sido en Andalucía y eso le importa menos.



Una empresa está en su derecho de decidir su futuro, pero un Gobierno que sea responsable -y el suyo parece que no lo es-, tiene que adelantarse a los acontecimientos; y desde octubre de 2005 se conoce en todo el mundo la reestructuración
de Delphi. Sin embargo, ustedes arreglan todo a golpe de talonario, como por ejemplo hicieron con los 1.200 millones de euros que ha costado la última reconversión naval, que también afectaba a la Bahía de Cádiz, y que se ha llevado por delante
miles de puestos de trabajo. Ustedes sabían lo que podía pasar en Delphi, pero no han hecho nada. Delphi ha recibido casi 86 millones de euros en ayudas públicas desde 1981 hasta 2003, por lo que la Administración siempre ha tenido perfecto
conocimiento de la marcha de la empresa.



Señor ministro, según la comunicación de Delphi -le puedo dar el comprobante-, en octubre de 2005, Puerto Real no estaba en la lista negra, por lo que ustedes tienen que aclarar cómo es posible que en enero de 2007 -es decir, a un año
escaso- se conozca, de buenas a primeras, que ha perdido 150 millones de euros y que es insolvente. Hay que aclarar esas cuentas, señor Clos, sobre todo cuando los sindicatos denuncian que pueden haberse producido transferencias de tecnología y
equipamiento, con la ayuda de subvenciones españolas, a otras plantas de Delphi en Polonia, México o Italia.



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El señor PRESIDENTE: Señoría.



El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.



Delphi también es un asunto de Estado -no solo Endesa o Enel- y la prueba palpable de que España, con ustedes y su Gobierno, no pinta nada para Estados Unidos. En un mes ustedes han tenido tiempo de reaccionar y llevar a cabo relaciones
diplomáticas, entrevistarse con el embajador de Estados Unidos, plantear acciones políticas en Estados Unidos o plantarse en Michigan, señor Clos. En resumidas cuentas, pertenece usted a un Gobierno que ya no pinta nada, pero 4.000 familias
andaluzas, gaditanas y andaluzas, que están desorientadas, sufren la tragedia, tal y como ha dicho el Defensor del Pueblo...



El señor PRESIDENTE: Señoría.



El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Resumo enseguida, señor presidente.



Mi pregunta es la siguiente: ¿qué han hecho usted y su Gobierno en este mes pasado, desde el anuncio del cierre, para buscar la solución a Delphi? ¿Por qué no han planteado acciones concretas ante este cierre? ¿Desde cuándo sabía el
Gobierno que esto podía ocurrir? ¿Qué gestión ha hecho el grupo de trabajo creado al efecto en la Oficina Económica del señor Zapatero?


Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.



Como usted sabe, durante las últimas semanas el Gobierno, junto a la Consejería de Trabajo y a la de Innovación de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un grupo de trabajo permanente, del que también forma parte el Ministerio de
Industria y la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El objetivo de este grupo de trabajo es seguir día a día la evolución de la crisis de Delphi, actuando de la forma más eficiente posible para minimizar los daños que esta situación puede
crear en la Bahía de Cádiz, en los trabajadores de Delphi y en sus familias. Somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación y tenga por seguro que nuestra primera prioridad es continuar trabajando para minimizar estos daños.



Como usted sabe, se ha requerido la presencia de los representantes de la empresa, se han establecido contactos con los interlocutores que esta ha nombrado y, asimismo, hemos estado en contacto con las autoridades de Estados Unidos para
recabar información sobre la situación que plantea la casa Delphi que, como usted conoce, se encuentra en suspensión de pagos y con un proceso de liquidación que ha empeorado. A partir de aquí, actuaremos con la máxima cordura posible para
solventar la situación.
Además, de las tres líneas de fabricación de esta factoría, al menos dos de ellas serían viables, y haremos todo lo posible, junto con la Consejería de Andalucía, para minimizar los daños producidos, buscando soluciones a
estas dos divisiones, para dar una respuesta lo más positiva posible a esta situación planteada.



Continuaremos trabajando en esta línea sin demagogias, sin falsas apelaciones a soluciones imposibles o difíciles y centrando única y exclusivamente nuestro trabajo inmediato en un objetivo: conseguir que esta situación cause el menor daño
posible para los familiares y trabajadores de la empresa Delphi.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO PRREVISTAS POR EL GOBIERNO AL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA (S.680/001200).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur.



Tiene la palabra su señoría.



El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.



Buenos días, señor ministro.



Hace un par de semanas en Europa al parecer ha habido un acuerdo sobre la importancia que las energías renovables tienen en el conjunto energético de los países europeos. España llevó sus propuestas y su experiencia, que es bastante, y a
partir de entonces adquirimos unos compromisos que me gustaría saber cómo los vamos a cumplir.



Usted sabe, señor ministro, que es un sector en alza, que invierte, crea puestos de trabajo e investiga pero que está preocupado por este impasse, por esta situación de no saber qué es lo que va a ocurrir con las primas, con la seguridad
jurídica, si van a tener efecto retroactivo las normas que usted tiene que sacar a la luz pública, si van a tener exenciones fiscales en sus inversiones, si habrá ayudas a la investigación, al desarrollo y a la innovación. En definitiva, hay una
incertidumbre que está paralizando el sector y sus inversiones, lo que entiendo que no ayuda ni contribuye a cumplir el compromiso que hemos adquirido.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, como sabe usted, además de los objetivos que en estos momentos está trabajando la Unión Europea para el año 2020, afortunadamente ya tenemos otros comprometidos, que son los objetivos para el año 2010, los cuales vienen definidos
por diversas directivas en el libro blanco de las energías renovables, así como en nuestra estrategia energética para Europa.



Precisamente, para incorporar los objetivos europeos que todos estos textos han definido, el Gobierno ha aprobado el Plan de energías renovables 2005-2010. En estos momentos, seguimos atentamente las propuestas que se están debatiendo para
el año 2020 y no le quepa a usted ninguna duda de que desde el Gobierno de España se


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defenderá la opción de que estas energías renovables ganen el mayor peso posible en el mix de la producción energética de Europa y, por tanto, de España.



Nuestro país se encuentra en el lado de los países más comprometidos con las energías renovables. Concretamente, en eólica, junto con Alemania, estamos en la primera línea de su puesta en funcionamiento efectivo.
Anteayer fue el día en que
se consiguió el máximo rendimiento de las instalaciones eólicas en nuestro país. Es el récord histórico de producción eólica, con más de 8.500 megavatios.



Evidentemente, continuaremos con el compromiso de afianzar estas energías en nuestro país y no le quepa ninguna duda de que no habrá inseguridad jurídica ni incertidumbre alrededor del compromiso y el apoyo del Gobierno de España a las
energías renovables. Lo hemos hecho hasta ahora y continuaremos trabajando para ser los líderes europeos en la aplicación de estas nuevas energías.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Mur.



El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, no me ha contestado más que con ideas generales.



Hace pocos días en la prensa venía el siguiente titular: Ignasi Nieto da otro plantón al sector eólico después de que la Comisión Nacional de la Energía criticara el borrador de Industria. No sigo porque seguro que usted conoce qué es lo
que pasa entre las asociaciones de pequeños productores eléctricos y su Departamento, en concreto, con la Secretaría General de la Energía.



No hay reuniones, no hay diálogo, no hay comunicación, hay incertidumbre, no saben cuándo va a salir el decreto y eso les preocupa, porque no saben si el decreto va a tener limitaciones a la producción, si va a tener efectos retroactivos en
cuanto a las tarifas, si se van a poner en peligro las instalaciones que ya están en funcionamiento, si los project finance out -sabe usted, señor ministro, que hay muchísimo dinero de la banca y de las cajas de ahorros invertido en el sector- van a
poder ser rentables.



En definitiva, están muy bien las buenas intenciones, pero usted no ha contestado a lo que le he solicitado: ¿Cuándo va a salir el decreto? ¿Cuáles van a ser las tarifas? ¿Cuáles van a ser las ayudas? ¿Va a tener efecto retroactivo?
¿Cuál va a ser el papel de las comunidades autónomas? Sabe usted que en Aragón somos pioneros en energía eólica. ¿Sabe usted cuánta energía eólica producimos en Aragón? ¿Nos van a limitar el techo de la producción, nos van a recortar o,
simplemente, van a dejar que la iniciativa privada, con el apoyo de la comunidad autónoma, siga trabajando en la buena línea que lo está haciendo?


Evidentemente, usted nos ha hablado de buenas intenciones y de generalidades, pero no nos ha contestado en relación a lo que le pregunto sobre el decreto. Respecto al decreto, ¿usted sabe la cantidad de inversiones paralizadas en este
momento porque no se sabe cómo va a ser el decreto? Por las previsiones y las críticas de la Comisión Nacional de la Energía, no parece que vaya por el buen camino.



Por tanto, señor ministro, aproveche la oportunidad, no genere más incertidumbres, díganos algo concreto y reúnase con el sector.



Mucha gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.



Me complace ver que el sector tiene en usted un gran defensor de sus intereses, cosa que está muy bien. No se preocupe porque estamos trabajando a muy buen ritmo. Nos estamos reuniendo con el sector, ayer mismo tuvimos una reunión por la
tarde y, en fin, esto forma parte de nuestro trabajo cotidiano. No se preocupe por la estabilidad y rendimiento de la inversión en la energía eólica que continuará siendo muy rentable. Usted se lo puede decir de mi parte a las personas que le
piden explicaciones.



Respecto a cuándo se publicará el decreto, el jueves de la semana pasada tuvimos el dictamen de la CNE. Ahora lo tenemos que revisar, denos unos días para hacerlo. Una vez lo tengamos, debemos remitirlo al Consejo de Estado, al que hemos
solicitado que sea por el trámite de urgencia, por lo tanto, allí tendrán un plazo de un mes o mes y medio. Luego volverá y trataremos de ir lo más rápido posible para que se apruebe en el Gobierno. Recuerde que entrará en funcionamiento el uno de
enero del año que viene. Es decir, las cosas no son tan graves como para que algunos sectores le inciten a usted a preguntar con esta vehemencia sobre su rentabilidad. No se preocupe por la rentabilidad del sector porque va muy bien y continuará
así, será de las mejores de Europa.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA REPERCUSIÓN QUE VA A TENER PARA LOS CONSUMIDORES LA SUBIDA DEL PRECIO DEL GAS, QUE SE SUMA AL INCREMENTO DEL PRECIO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS (
S. 680/001212).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castillo. Tiene la palabra su señoría.



El señor CASTILLO JAÉN: Gracias, señor presidente.



Buenos días, señor ministro. A nuestro grupo parlamentario le gustaría saber qué repercusión va a tener para los consumidores la subida del precio del gas procedente de Argelia, que se suma a la de otros incrementos de los servicios
básicos.



Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.



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En estos momentos es muy difícil prever cuál será la repercusión de la hipotética subida del precio del gas cuando se cierre la negociación con Argelia, que está teniendo lugar en estos momentos. Estamos en medio de esta negociación y, por
lo tanto, hasta que esta no se haya cerrado, no podemos predecir cuál será el efecto sobre la tarifa. Nuestras previsiones es que su efecto sea moderado porque el peso del gas argelino sobre el conjunto del mix del gas español, afortunadamente, ha
disminuido porque tenemos más centrales de regasificación y estamos trabajando para que, incluso en la eventualidad de que haya una subida del precio de esta fuente de energía, consigamos que su repercusión en la tarifa no sea muy importante. Hasta
ahora, todo esto se ha conducido de una forma muy adecuada. Sabe usted que el incremento de tarifas de este enero pasado fue de un 2,2 por ciento por debajo de la inflación. En estos momentos los mercados internacionales del gas continúan siendo
favorables por lo que hace referencia a su precio. Por lo tanto, creo que tenemos un margen de resistencia razonable durante un tiempo para que no se prevean subidas inmediatas del gas.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra su señoría.



El señor CASTILLO JAÉN: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, en los dos plenos anteriores se ha puesto de manifiesto en esta Cámara el abuso que los operadores telefónicos están ejerciendo sobre los consumidores ante la indiferencia de su ministerio. Hoy se repite esta circunstancia,
esta vez con respecto a la subida del gas procedente de Argelia, anunciada con enfado por el ministro de energía argelino, señor Jelil, y de nuevo ante la indiferencia de su ministerio.
Está claro, señor ministro, que usted no es la persona
adecuada para contestar esta pregunta en defensa de los consumidores, y que es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya responsable se mantiene ajena, que no oculta, si no estuviera ocupada en prohibir algo de nuevo.



El consumidor español y sus asociaciones tenemos en usted un verdadero adversario. Y nos tememos que la ocurrente solución que encontró usted para la subida de la telefonía de apagar el teléfono como protesta, nos lleve a tener que apagar
las calefacciones y las cocinas, esta vez, además de por protesta por necesidad. La defensa de los consumidores, señor ministro, debe usted hacerla en el terreno de los precios, y ahí es usted nuestro fiscal. La defensa de los consumidores, señor
ministro, debe usted hacerla obligando al Gobierno a mantener unas relaciones diplomáticas sensatas con el proveedor del gas y controlando los intereses de los intermediarios -y usted sabe a lo que me refiero-.
Recuérdele al señor Zapatero que las
consecuencias de sus guiños y de sus jocosas declaraciones en Marruecos las pagamos los consumidores en Argelia; porque quiero descartar que desde el Gobierno se aceptarían estas desmesuradas subidas del gas para beneficiar a algunos intereses
privados.



La tarifa doméstica que pagamos los consumidores del gas aumentó entre julio de 2005 y julio de 2006 un 12 por ciento, al pasar de 12,8 euros a 13,60 euros/gigajulio. En 2007, usted anuncia subidas de las tarifas eléctricas para los
hogares, billetes de cercanías y de media distancia, peajes de autopista; cada bombona de butano cuesta más de 12 euros, además del incremento abusivo de la telefonía. ¿Sabe usted quien paga esto? El consumidor.



Finalizo mi intervención recordando en esta Cámara que en el sector de telecomunicaciones se produjeron reducciones en otros tiempos, bajadas del 24 por ciento de 1997 a 2002; y del 62 por ciento en telefonía fija y telefonía móvil. Y, en
el sector energético, reducciones de hasta el 30 por ciento. ¿Sabe quién ganaba entonces? El consumidor. Esto ocurría mientras usted estaba en su alcaldía y en el Gobierno de España estaba el Partido Popular.



Gracias, señoría.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.



Como he indicado anteriormente, el incremento de las tarifas del gas de este año ha sido inferior al de la inflación en nuestra economía. De hecho, en términos reales se ha producido un decremento de precios en relación con el producto
interior bruto. Esta es la estricta verdad y no estas afirmaciones confusas y de tiempos pasados que usted menciona en su intervención. Piense que, en estos momentos, por ejemplo, se acaba de anunciar la semana pasada que el precio del butano
vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, tenemos un sistema de indexación de nuestros precios energéticos tanto en gas como en butano con relación al precio de la energía primaria que se utiliza.



Por lo tanto, no venga a demandar del Gobierno que intervenga en los precios mundiales de un componente, como es el gas natural porque, lamentablemente, este Gobierno no tiene la capacidad de fijar estos precios en los mercados
internacionales. Además, en estos momentos, estos precios -la noticia es favorable- están bajando y los consumidores en nuestro país -como notarán en estos momentos con el butano y probablemente dentro de unos días con el gas- lo que se encontrarán
no será con una subida como usted anuncia, sino con una bajada.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAREN EL SENADO, SOBRE SI HA TENIDO EN CUENTA EL GOBIERNO QUE SI LA EMPRESA ENEL SE HACE CON EL CONTROL DE LA EMPRESA ENDESA, S.A., EL PRECIO DEL RECIBO DE LA LUZ DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL
SE VA A DECIDIR DESDE EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA ITALIANA (S. 680/001213).



El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Seguí.



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El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.



Señorías, en el último capítulo del culebrón Endesa ha vuelto a aparecer la larga mano del Gobierno español. El resultado ha sido que la empresa italiana Enel, cuyo accionista de referencia es el Estado italiano, ha comprobado la simpatía
que ahora le procesan nuestros gobernantes y ha iniciado el proceso para hacerse con el control de la energética española.



¿Ha previsto el Gobierno español que si eso ocurriera el precio del recibo de la luz del consumidor español se va a decidir en el Consejo de Ministros de Italia?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.



Como dice señoría, en el supuesto de que esto ocurriera, el precio de la luz se continuará decidiendo donde se decide ahora. Por lo que hace referencia al precio de la tarifa de la luz, se decidirá por el Gobierno y, por lo que hace
referencia al resto del precio de la luz, se decidirá por el mercado eléctrico, que es lo que funciona y así lo hará en el futuro.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Seguí.



El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro, usted sabe que el Estado italiano controla el 31,6 por ciento de Enel. Usted sabe que Enel ha reconocido públicamente ante la propia SEC americana que está controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano. Enel
ha reconocido contactos previos con el Gobierno español -por cierto, no negados por este ni por usted- y, al parecer, ya controla aproximadamente el 24 por ciento de Endesa.



Antes, el Gobierno español criticaba y oponía a E.ON que el Estado alemán podía vetar la venta de una mera filial, Ruhrgas. En cambio, ahora, el Gobierno calla ante lo que sí es cuestionable desde el punto de vista estratégico español, es
decir que las decisiones en Endesa se puedan tomar desde el Consejo de Ministros italiano.



Y ahora, señor ministro, no pasa nada. El Gobierno no dice nada pero apoya por lo bajinis la operación, e incluso la muy imparcial presidenta de la Comisión Nacional de la Energía ya no critica en público esa falta de reciprocidad o ese
control público extranjero. Aquí, señor ministro, pasa, como dijo una correligionaria suya de esta Cámara, que el objetivo ahora, tras el fracaso del tocomocho de Gas Natural -y reproduzco textualmente-, es que gane quien sea pero no los alemanes.



Para eso, no duda usted incluso en anticipar que la Comisión Nacional de la Energía dictaminará que Viesgo ya no tiene condición de operador dominante. ¿Así se gobierna en este país, señor ministro? ¿Es esto defender el interés nacional?
¿Es esto imparcialidad, señor ministro? ¿Dónde está ahora la teoría presidencial de los campeones nacionales?


Como le decía el senador Castillo, dejen ya de interferir, señor Clos.
Dejen que los accionistas, la ley y el mercado operen libremente. ¿Es eso tan difícil para sus mentes puramente intervencionistas? ¿De verdad, señor Clos, que no han
tenido ustedes suficiente con el papelón que supuso apadrinar la opa Gas Natural-Endesa por casi la mitad del precio que ahora establece el mercado?


Señor ministro, sinceramente pienso que para jugar al monopoly no hace falta poner en jaque el sistema energético español. Hágame caso por una vez, señor ministro. Dejen de intervenir y, sobre todo, piensen en España y en su propio sistema
energético.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.



Realmente, sus afirmaciones son un compendio de despropósitos sobre la supuesta intervención del Gobierno en la opa de Endesa. La estricta verdad es que desde el Gobierno no intervenimos en la decisión de los accionistas de esta compañía.



Sí intervenimos para conseguir un sistema regulatorio y de funcionamiento del mercado eléctrico que funcione lo más eficientemente y con los precios más adecuados y bajos posibles para los consumidores familiares e industriales de nuestro
país. Esto sí que nos preocupa, y a esto dedicamos todo nuestro esfuerzo y energía.



Nosotros no favorecemos ni a los alemanes ni a los italianos ni a ningún accionista que quiera participar en el proceso de opa que está abierto en este momento en la empresa Endesa. Pero sí vamos a defender la consecución de una energía de
calidad y al mejor precio posible para los consumidores, como ya le he dicho.



Por cierto, recuerde usted que Enel ya actúa en nuestro mercado energético y que fue el Gobierno del Partido Popular el que dio la autorización a Enel para intervenir en el mercado energético español. ¿Es que el Gobierno Popular, cuando
autorizó a Enel a tomar el control de Viesgo, no tuvo en cuenta que la tarifa de la electricidad en aquel momento, según su razonamiento, que no comparto por cierto, sería decidida por el Consejo de Ministros italiano? ¿No fue su Gobierno del
Partido Popular el que autorizó a EDP, la empresa portuguesa, a tomar el control de Hidrocantábrico? ¿Es que ustedes no tuvieron en cuenta la inmensa gravedad que esto suponía por el hecho de que sería el Consejo de Ministros, ya no italiano sino
portugués, el que decidiría el precio de la luz en España?


Por favor, seamos un poco serios, no hagamos demagogia de una situación que está en pleno proceso y atengámonos a lo que decidan los accionistas, que es su responsabilidad. Por nuestra parte, desde el Gobierno, tenga usted la convicción de
que haremos todo lo que convenga para garantizar que el sector energético funcione de la forma más eficiente posible y defender los intereses de los consumidores de nuestro país.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



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-- DE DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ PONIENDO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EXTENDIENDO EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS EMPRESAS (S.680/001214).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lavilla.



Tiene la palabra su señoría.



El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro, para recuperar a España del retraso tecnológico en que nos metió el anterior Gobierno, los socialistas tenemos claro que es preciso incorporar las TIC a las pymes españolas en colaboración y con la responsabilidad compartida
con las comunidades autónomas y otras administraciones.



Este Gobierno socialista está poniendo en marcha medidas para mejorar la capacidad de innovación y la competitividad de la economía española extendiendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo le pido que, como
ministro, nos explique usted estas medidas y las que se van a incrementar para que esto sea posible.



Precisamente una moción del Grupo Parlamentario Socialista que fue aprobada por unanimidad el día 19 de octubre de 2004 ya instaba al Gobierno a presentar un plan de impulso y convergencia con la Unión Europea para el desarrollo de la
sociedad de la información. El actual presidente del Gobierno lo marcó como una de las cuatro prioridades en el debate del Estado de la nación del año 2001, y hay recomendaciones, también aprobadas por unanimidad, para la elaboración de este plan
de convergencia en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento celebrada el día 14 de junio de 2005 que el Gobierno ha tenido en cuenta -lo que agradecemos desde el Grupo Parlamentario Socialista- para la aprobación del Plan
Avanza en el Consejo de Ministros celebrado el día 4 de noviembre de 2005.



En dichas recomendaciones, como usted muy bien sabe, señor ministro, todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión consideramos que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación eran clave para que la
empresa española pudiese recuperar el retraso en que estaba sumida con el anterior Gobierno y para mejorar nuestra competitividad y, por tanto, señor ministro, el empleo y el bienestar. Es clave tener en cuenta que , como usted muy bien sabe, el 94
por ciento de las empresas son microempresas, es decir, que tienen menos de diez trabajadores. Y en la mejora e incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación son también clave la divulgación y difusión -como hacíamos constar
en las recomendaciones- de los beneficios asociados a la incorporación de la sociedad de la información y del conocimiento, así como que estas ayudas que impulsa el Gobierno sean difundidas para conocimiento de todos los empresarios para que puedan
conseguir ese objetivo de mejora de la competitividad en las pymes. En este sentido, y como ejemplo del interés que hay en divulgar estas medidas, la Cámara de Comercio e Industria de Soria ha solicitado unas jornadas divulgativas.



Termino ya, señor ministro, pidiéndole que nos explique qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno. Le pedimos también que junto con la felicitación que ha trasladado la Cámara de Comercio e Industria de Soria al Gobierno por las
jornadas que se celebraron allí el día 14 de diciembre también sea atendida la solicitud de celebración de otras jornadas, y que miembros de su equipo puedan desplazarse a Soria para celebrarlas.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Industria.



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, ya le adelanto que, efectivamente, vamos a atender esta solicitud de la Cámara de Soria para continuar el proceso de información y divulgación de las actuaciones que el Gobierno está haciendo en el fomento y la promoción de sus
políticas en el sector de las telecomunicaciones y en el de las pequeñas y medianas empresas. Estamos adoptando importantes medidas para fomentar la mejora de la competitividad de nuestras empresas, y estamos poniendo un especial énfasis en el
sector de las telecomunicaciones. Lo hacemos a través de programas ya conocidos, como el PROFIT o el Artepyme, y también con medidas nuevas que estamos poniendo en marcha como el fomento del uso de software de fuentes abiertas, lo que implica el
reconocimiento del potencial innovador de los entornos de creación de aplicaciones informáticas basadas en estándares abiertos de programación.



Otra novedad ha sido la ampliación y cobertura del préstamo tecnológico, que ahora denominamos préstamo TIC, que abarca no solo equipamiento sino también conectividad de banda ancha y factura telemática. Gracias a estas iniciativas el
esfuerzo de nuestro sector empresarial en España se va poniendo en el grupo de cabeza en las aplicaciones TIC en numerosos procesos empresariales, por ejemplo, en el uso de la firma digital, la voz sobre IP, el sistema CRM y SCM y también de una
forma muy contundente en la facturación electrónica. Pero aún tenemos un reto por delante -como usted ha mencionado- y es aumentar el peso del comercio electrónico en la actividad empresarial. Este es el fin del nuevo programa que denominamos Pyme
Digital, que se puso en marcha en el año 2006 de forma piloto y que se lanza definitivamente en el transcurso de este año 2007. Y lo hacemos en colaboración con las comunidades autónomas y con un presupuesto de nada menos que 506 millones de euros.
Por lo tanto, recursos muy sustanciales, muy importantes.



El objetivo de Pyme Digital es la digitalización de las pymes aumentando la implantación del negocio y de la factura electrónica mediante una serie de acciones realizadas con la implantación de aplicaciones y servicios TIC comerciales, la
disponibilidad de nuevas soluciones de negocio, incluida -como le decía- la factura electrónica y el fomento de la participación de las pymes en los mer-


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cados electrónicos, incluyendo, por cierto, la contratación publica y también extendiendo estas actividades al asesoramiento personalizado a las pymes en el uso de las TIC para la mejora de sus procesos empresariales.



Esto forma un conjunto de políticas activas financiadas contundentemente para afianzar esta mejora del posicionamiento de nuestra economía en el conjunto de los países europeos en el avance del uso de las tecnologías de la información.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DOÑA ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DE LA CANTIDAD DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (SCU) ALMACENADA EN ESPAÑA (S. 680/001189).



El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Víboras Jiménez.



Tiene la palabra su señoría.



La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.



Buenos días, señora ministra.



Señora ministra, como usted bien conoce, en 1988 un niño se sometía en París al primer trasplante de sangre de cordón umbilical. Sufría una severa anemia que logró superar gracias al trasplante. Hoy día existen 160.000 unidades de sangre
almacenada en más de 40 bancos distribuidos por todo el mundo. Hace 20 años la sangre del cordón umbilical se desechaba. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que esta sangre poseía y posee una cantidad de componentes capaces de
generar células sanguíneas en cantidades adecuadas para el trasplante de la misma manera que la médula ósea. De esta forma, algo que años atrás -insisto- se despreciaba, se desechaba, sirve hoy para salvar vidas, para curar, amén -como es conocido-
las células de la sangre de cordón umbilical sirven para la realización de investigaciones de carácter científico con grandes expectativas de futuro más que interesantes.



Hoy podemos afirmar que la sangre del cordón umbilical contiene células madre que pueden utilizarse para realizar trasplantes a pacientes con una enfermedad congénita o adquirida de la médula ósea como son leucemias o aplasias medulares. Es
decir, la inyección y/o trasplantes de estas células ayuda a mejorar y a curar.



En todo el mundo, señora ministra, se han efectuado ya cerca de 6.000 trasplantes de células de cordón umbilical, de los cuales 328 se han realizado en nuestro país hasta principios del año 2006. En España existen bancos de cordón umbilical
en Barcelona, Málaga, Madrid, Galicia, Valencia y Tenerife. Además, últimamente se ha abierto también el de Asturias. De hecho supone que España es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en números absolutos de cordones umbilicales
donados.



El total almacenado, señora ministra, si no tengo mal los datos, supera las 20.000 unidades, que suponen el 10 por ciento de los depósitos de todo el mundo. Hace también una semana presentaron por parte de su ministerio el plan nacional de
sangre de cordón umbilical cuyo objetivo es lograr reservas suficientes de sangre de cordón umbilical que cubran al máximo las necesidades existentes en nuestro país.



Ante estas reflexiones y dada la importancia del tema y el interés que suscita a la población en general, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista al que represento en esta intervención desea conocer qué valoración realiza el
Gobierno acerca de la cantidad de sangre de cordón umbilical almacenado en nuestro país, en España.



Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, los datos que ha dado usted son correctos. En este momento hay 24.462 unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en los siete bancos activos, incluyendo el de Asturias. Así pues, la valoración respecto de la cantidad debe
ser inicialmente favorable.



Ahora bien, a pesar de esas cifras, en muchas ocasiones tenemos que recurrir a bancos extranjeros para realizar algún trasplante, y también hay que decir que unidades españolas, es decir, sangre de cordón umbilical almacenado en bancos
españoles, sirven para realizar trasplantes a pacientes de otros países a través de la red mundial que pone en conocimiento de todos los profesionales sanitarios las muestras existentes.



En todo caso debemos avanzar en la autosuficiencia, y por ello hemos elaborado ese plan nacional al que usted hacía referencia. Actualmente se está discutiendo con comunidades autónomas y sociedades científicas en torno a cuatro ejes: la
información veraz y rigurosa a la población, la donación, el funcionamiento de los bancos y la organización y coordinación de todo el procedimiento. Queremos ofrecer a profesionales y ciudadanos una información que se ajuste a la realidad. Vamos a
identificar las diferencias organizativas que existen entre las comunidades autónomas; vamos a analizar las necesidades futuras de almacenamiento, tanto en términos cuantitativos como cualitativos; vamos a hacer referencia particular a aquellos
tipos que no existen todavía almacenados; vamos a estudiar el desarrollo de esta práctica en términos económicos, y vamos a analizar todo el proceso para que se desarrolle con los máximos estándares de calidad y eficiencia.



Con el plan queremos alcanzar una cifra total de 60.000 unidades en toda España en un período de ocho años. Por supuesto van a estar a disposición de todas las comunidades autónomas, pero el almacenamiento será decisión de cada una de
ellas. Quiero recordar, por ejemplo, que Baleares y Aragón disponen de sus unidades en el banco de Barcelona. Asimismo quiero recordar aquí el decreto que regula el funcionamiento de los bancos de sangre de cordón, que refuerza el carácter público
del sistema español de trasplantes, sin perjuicio de abrir las puertas a otras opciones de almacenamiento, aunque en todo caso las


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células deben estar disponibles para cualquier paciente que pudiera necesitarlas.



Agradezco su pregunta, señora Víboras, y la oportunidad que con ella me brinda, pues quiero señalar que éste es un proyecto estatal en el que estamos aunando esfuerzos la Organización Nacional de Trasplantes, las comunidades autónomas,
sociedades científicas y profesionales, y creo que vamos a convertir esta práctica en un ejemplo de solidaridad sanitaria situándonos, como ya estamos en trasplantes, a la cabeza de los países de todo el mundo.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



-- DE DON JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PRINCIPALES IMPLICACIONES DE LA ENTRADA EN VIGOR EL PASADO 1 DE MARZO DE LA ORDEN SCO/3997/2006, DE 28 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CONJUNTOS DE
MEDICAMENTOS Y SUS PRECIOS DE REFERENCIA (S.
680/001193).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios, que tiene la palabra.



El señor PALACIOS ROJO: Gracias, señor presidente.



Buenos días; sea usted bienvenida a esta Cámara, señora ministra.



Desde hace muchos años, incluso décadas, todos los gobiernos han expresado su preocupación por el incremento del gasto farmacéutico. Es más, muchas voces de políticos y expertos sanitarios se han levantado poniendo en cuestión la
sostenibilidad del sistema financiero del Sistema Nacional de Salud en el futuro, tal y como hoy lo conocemos, de no tomar medidas que tiendan a la racionalización y a la moderación de este gasto.



El gasto del Sistema Nacional de Salud se puede desglosar fundamentalmente en tres apartados: el de personal, que históricamente se ha mantenido en torno al 50 por ciento del total del gasto; el de inversiones y el de la factura
farmacéuticas. Si bien el gasto de personal se ha mantenido estable, la inversión en mantenimiento de centros sanitarios y creación de nuevos centros o, lo que es más importante, la inversión en tecnología sanitaria ha ido disminuyendo en la misma
proporción en que aumentaba la factura farmacéutica.



Todos los gobiernos anteriores han intentado tomar medidas con desigual suerte. Recordamos de forma casi anecdótica los medicamentazos en su versión socialista o popular. Pero, a pesar de éstas y otras medidas tomadas, lo frecuente era ver
un crecimiento de dos dígitos, es decir, de entre el 10 y el 15 por ciento, cuando nuestro crecimiento medio del PIB se situaba en torno a un 3 por ciento.



Con estos antecedentes, en el año 2004 este Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Política Farmacéutica.



En él se plantea que el sistema de precios de referencia, configurado y puesto en marcha en el año 2003, no había alcanzado los objetivos de ahorro previstos, provocando, además, la concentración de impactos correspondientes a la reducción
de beneficios empresariales en un número limitado de compañías farmacéuticas. La Orden, que entró en vigor el 1 de marzo, que desarrolla la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, pone en marcha una serie de
medidas tendentes a contener este gasto farmacéutico.



Por todo ello, señora ministra, le pregunto sobre las implicaciones por la entrada en vigor de la citada Orden por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, la Orden que determina los nuevos precios de referencia es una de las medidas incorporadas en la estrategia farmacéutica que diseñó el Gobierno al comienzo de la legislatura, con el objetivo de mejorar la prestación y garantizar
también la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en beneficio, por cierto, de todos los ciudadanos.



El sistema que había puesto en marcha el anterior Gobierno en el año 2003 no había alcanzado los objetivos de ahorro previstos y había concentrado su impacto en un número limitado de compañías farmacéuticas. Era necesario modificarlo y con
la aplicación de lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios se estableció un nuevo sistema más justo, objetivo, predecible y estable, que además garantiza al Sistema
Nacional de Salud los ahorros necesarios para asegurar su sostenibilidad, primando los intereses de los ciudadanos, puesto que permite que esos recursos que no se dediquen al gasto farmacéutico puedan dedicarse a otras prioridades del Sistema
Nacional de Salud.



El ahorro global que el nuevo sistema de precios de referencia representa asciende a 636,2 millones de euros; 595,8 de ellos son de gasto público y 40,4 millones se los van a ahorrar directamente los ciudadanos en las aportaciones que deben
realizar al adquirir los medicamentos en farmacia.



En resumen, los aspectos más destacables son que se han constituido 136 conjuntos, que afectan a 119 principios activos y a 4.237 presentaciones, es decir, para que se entienda, más de 4.200 medicamentos han bajado su precio. Se espera, por
tanto, que podamos continuar con las cifras medias de crecimiento del gasto. En los últimos tres años no han superado el 6 por ciento, frente a un 12,15 por ciento del año 2003, último año completo de gobierno del Partido Popular, es decir,
nuestras cifras de gasto farmacéutico comienzan a parecerse a las cifras de los países de nuestro entorno.



Los aspectos más destacados son que se fija un precio de referencia mínimo de 3,12 euros, también que a petición de la industria farmacéutica se protege la innovación galénica y, por consiguiente, se excluye de los precios de referencia los
medicamentos que se califican como tales durante el período de tiempo que marca la ley; se reduce


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un 20 por ciento el precio de los medicamentos que no están afectados por el sistema de precios de referencia siempre que lleven más de 10 años financiados y siempre que exista en Europa un genérico con precio inferior y se posibilita a los
laboratorios farmacéuticos que aquellos medicamentos que se vean afectados en más de un 30 por ciento por estas bajadas puedan optar por una reducción gradual del precio de venta del laboratorio hasta alcanzar el precio de referencia en el plazo de
varios años.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN AMUNARRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA LA APROBACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER DE ÚTERO (S. 680/001211).



El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aragón.



Tiene la palabra su señoría.



La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.



Buenos días, señora ministra. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de España para la vacuna del papiloma-virus para prevenir el cáncer de cuello uterino?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, las propuestas que la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte todas las comunidades autónomas, realiza en relación con las políticas de vacunación se elevan, como sabe, al Pleno del Consejo Interterritorial.



Por lo que se refiere a la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, la Comisión de Salud Pública, en su reunión de 6 de marzo, antes de tomar una decisión definitiva estimó de manera unánime la necesidad de completar los estudios
disponibles con informes sobre los siguientes aspectos: distribución de genotipos de VPH en nuestro país, estudios de coste/efectividad de la vacuna e impacto de las posibles estrategias de vacunación y actuaciones en cribado, ya que la efectividad
de la vacuna va en relación con la eficacia del cribado que se está realizando en nuestro país.



A la vista de ello, el Consejo Interterritorial, celebrado el 14 de marzo, ratificó la necesidad de realizar dichos estudios relacionados con la Comisión de Salud Pública antes de tomar una decisión sobre las estrategias de vacunación frente
al virus del papiloma humano.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



Tiene la palabra su señoría.



La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, todos los ciudadanos españoles y todos los ciudadanos del mundo nos sentimos muy ilusionados al ver que ante una enfermedad tan temible y tan temida como es el cáncer aparece una vacuna que puede prevenir en gran medida este
padecimiento, y no es que nos empeñemos nosotros en decirlo, es algo que está corroborado por las sociedades científicas, por la Unión Europea y por la OMS.



A finales del mes de febrero afirmó usted que era necesario seguir dialogando con las comunidades autónomas. En la reunión del Consejo Interterritorial del pasado 14 de marzo usted no abordó en el orden del día la vacunación del cáncer de
útero. Claro que dentro de sus habilidades no podemos destacar la capacidad de diálogo y de consenso, y sólo hemos de referirnos a la última ley del alcohol, donde no fue capaz de llegar a un consenso con el propio Ejecutivo socialista y, ante la
idea de esforzarse en consensuar, valoró el todo o nada, y nos quedamos sin nada.



Ha manifestado usted que no es urgente. No es urgente cuando todos los países de la Unión Europea recomiendan la vacunación contra el cáncer de cérvix. Como siempre, nos desmarcamos de la política europea y, en lugar de mirarnos en
aquellos países que están adoptando medidas que el Grupo Parlamentario Popular considera buenas para la sanidad española, repito, siempre nos desmarcamos. Pero es más: usted afirmaba que los consejeros hoy en día no encontraban urgente esta
cuestión. Pues bien, señoría, serán los consejeros del Partido Socialista porque los del Partido Popular, como el consejero de Navarra y la consejera de Canarias, solicitaban también la vacunación y la inclusión en el calendario vacunal.



Nos ha dicho que tiene que haber más estudios complementarios. La Comisión de Salud Pública hizo una valoración positiva. Usted es una experta en estudios, es muy aplicada, le gustan mucho los estudios, los talleres de expertos, pero
esperemos que no hayan de transcurrir 35 años para comprobar su eficacia, como usted ha dicho, y mientras tanto, las niñas españolas que actualmente tienen entre 9 y 14 años tengan que privarse de la vacuna para prevenir el cáncer de útero.



Si las sociedades españolas -que usted conoce y, por tanto, no voy a enumerar para no perder tiempo- y la Agencia Europea del Medicamento han aprobado esta vacunación, ¿qué más estudios necesitamos? Señoría, esto es marear la perdiz, como
dicen en mi pueblo, y es una pérdida de tiempo.



En cuanto a los estudios de coste/efectividad, he de decir que estamos hartos de que las políticas de su ministerio siempre sean prohibitivas e intervencionistas. Sus políticas solamente requieren el esfuerzo de los ciudadanos para que
aparten determinados hábitos de vida y cumplan las leyes, pero en el momento que desde el ministerio tiene que haber una iniciativa comprometida y con una partida presupuestaria, desaparecen todas las ilusiones para las españolas.



Ha dicho usted también que hay pocos casos. Pues será difícil explicárselo a las 2.100 mujeres que son diagnosticadas cada año o a las 700 que mueren todos los años. Y el 70 por ciento de las mujeres en edad fértil, que mantienen
relaciones sexuales, están expuestas a padecer en algún momento esta infección y el posible riesgo de cáncer...



El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.



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La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Termino en medio segundo, señor presidente.



Dice usted que seguirá siendo necesario el cribado y, efectivamente, es así , pero eso no puede ser un entorpecimiento para esta vacuna.



Señora ministra, hace poco celebramos el Día de la Mujer Trabajadora; en el Pleno anterior aprobamos una Ley de igualdad para la mujer. Pues bien, a ver si desde los ministerios -en concreto desde el suyo- se empiezan a aplicar políticas
efectivas para la mujer, como sería en este caso prevenir para que las niñas de hoy que, como usted dice, dentro de 35 años serán mujeres -efectivamente es así, sólo hay que hacer una simple regla de suma- no corran el riesgo de padecer cáncer de
útero. Se lo agradeceremos todos los españoles.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, no sabe cómo celebro que sea usted tan partidaria de una ley de igualdad a la que su partido se abstuvo de votar en el Congreso de los Diputados pero, repito, de todas maneras me alegra saber que usted aquí la defiende. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


Por otra parte, ha expuesto usted argumentos bastante confusos. No hacen falta 35 años para saber que la vacuna está recomendada por algunas sociedades científicas, hacen falta 35 años para saber si finalmente, los estudios epidemiológicos
de quienes ahora tienen 14 años -que dentro de 35 años sería cuando sufrieran ese cáncer de útero- nos permiten conocer que lo que considerábamos una expectativa se cumple en la realidad.



Pero, señoría, creo que finalmente usted mezcla interesadamente términos que están totalmente diferenciados: una cosa es autorizar, otra distinta es incluir en el calendario de vacunas y otra distinta es financiar. Como también confunde
los consejeros que estaban en la reunión del Consejo Interterritorial: la consejera de Canarias no asistió y en el caso de Navarra es una mujer y no un consejero. Así es que lamento decirle que ni tan siquiera en esos aspectos su información es
correcta.



En noviembre pasado se inició el procedimiento para decidir sobre la inclusión o no de la vacuna en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y es un proceso que sigue su curso. Le quiero recordar que la ley obliga a tener en
cuenta la utilidad terapéutica y social del medicamento y que para ello, por supuesto, hace falta realizar todos los estudios necesarios. Esto es especialmente importante en nuestro país, donde las prestaciones son universales y se financian con
impuestos. En este sentido, y dado que usted ha hecho referencia a Europa, le quiero indicar que solo dos países -solo dos países, Italia y Grecia- han tomado hasta el momento la decisión de financiar esta vacuna.



Pero lo más importante es, como le decía, la unanimidad de las decisiones, y por eso finalizo ya reiterándole que la Comisión de Salud Pública, por unanimidad y después de realizar -como usted dice- una valoración inicial positiva de la
vacuna -y estas son sus palabras textuales- como apoyo a las políticas de prevención de cáncer de cérvix, estimó que debían completarse los estudios disponibles que le he mencionado en mi primera intervención. Por tanto, hemos de esperar a la
posición que se adopte en el seno de esa comisión de acuerdo con todas las comunidades autónomas


Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO DEL CONTENIDO Y OBJETIVOS DE LOS INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, PRESENTADOS EN
EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2007 (S. 680/001217).



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Castaño.



El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, en nombre de todos los ciudadanos de este país quiero decirle que no pensamos igual que el Partido Popular en cuanto a que las normas presentadas por su ministerio son prohibitivas para el conjunto de los ciudadanos; creo
que más bien redundan en la calidad de vida de todos los ciudadanos.



El pasado 14 de marzo se celebró en Madrid el Consejo Interterritorial en el que, entre otros asuntos, se consensuaron las líneas básicas de la estrategia sobre cuidados paliativos, que contribuirán a mejorar la calidad de la atención de los
pacientes y sus familias.



En este mismo Consejo Interterritorial el ministerio y las comunidades autónomas acordaron homogeneizar en todo el Estado las pruebas que se realizan a los recién nacidos para evitar el desarrollo de metabolopatías. También el Ministerio de
Sanidad, en este mismo Consejo Interterritorial, ha repartido entre las comunidades autónomas más de 23 millones de euros para prevención del sida, seguridad del paciente y desarrollo de las estrategias de salud. Asimismo, también el Ministerio de
Sanidad informó sobre diversas normas de desarrollo de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.



A grandes rasgos, de todo esto fue de lo que se trató en el Consejo Interterritorial del 14 de marzo, pero mi pregunta es si podría informar sobre el contenido y objetivos de los indicadores clave del sistema de información del Sistema
Nacional de Salud, que también se trató en dicho Consejo Interterritorial.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, le agradezco sus palabras y quisiera decirle que en este Consejo Interterritorial, que fue fructífero y que se desarrolló en un marco de colaboración, se establecieron por primera vez en nuestro país los indicadores clave del
Sistema Nacional de Salud, un conjunto de informaciones que abarcan aquellos aspectos considerados más relevantes en relación con nuestros sistema y que nos van a permitir, por cierto, una mejor comparación con los sistemas de otros países.



La selección de los indicadores se ha realizado por consenso y allí, en el Consejo Interterritorial, se expresó la felicitación al grupo de trabajo compuesto por comunidades y ministerio, que han desarrollado estos indicadores.



La recogida, explotación y difusión de los datos se someten a criterios de normalización y, por tanto, vamos a poder mejorar la gestión del sistema.
El Consejo Interterritorial aprobó los primeros 104 indicadores con su listado y sus fichas
técnicas y, como le decía, se van a utilizar también los mismos que están utilizándose en estos momentos en organismos como Eurostat, la OMDS y la OCDE, y nos van a permitir cubrir algunas carencias de información que tenemos en este momento, por
ejemplo las derivadas de la puesta en marcha de las estrategias de salud.



Como apunte general, todos los datos van a estar disponibles para el conjunto del sistema, desagregados por comunidades autónomas, y vamos a utilizar la misma desagregación que se utiliza por los indicadores de salud de la Comisión Europea.
Se engloban en: características de la población, estado de salud, determinantes de la salud y sistema sanitario. Quisiera detallarle específicamente este tema porque se incluye la prevención, los recursos sanitarios, la oferta de servicios, la
utilización de la oferta sanitaria, el gasto sanitario y también la calidad y los resultados de la atención, en ese proceso de evaluación continua de la asistencia sanitaria en este país que se ha iniciado con la llegada del nuevo Gobierno.



A este primer listado vamos a ir incorporando indicadores relacionados con la prestación farmacéutica, la salud alimentaria, la salud medioambiental y otras vertientes de la salud pública. Toda esta información se va a poder consultar en la
página electrónica del ministerio dentro del Pan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, y, por supuesto, se va poder consultar también en las comunidades autónomas. Todo ello forma parte de un proyecto de mejora de la calidad de las
prestaciones de nuestro sistema y de mejora del acceso de los ciudadanos a toda la información disponible.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DOÑA LENTXU RUBIAL CACHORRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE ESPECIALISTAS EN ESPAÑA 2006-2030 (S.
680/001218).



El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Rubial.



Tiene la palabra su señoría.



La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, a principios de este mes de marzo usted, como ministra de Sanidad, presidió una reunión con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud donde se dio a conocer un estudio realizado sobre las necesidades en
especialidades médicas, estudio que fue encargado por el ministerio que usted preside y que demuestra, a pesar de la total descentralización existente, su constante preocupación en mejorar el funcionamiento de la sanidad pública, ya que la
información recogida esperamos que se pueda proyectar hacia el futuro con el fin de conocer las necesidades de los profesionales y adoptar las medidas oportunas.



Nos consta en nuestro grupo que es el primer análisis que se ha realizado porque desde ese ministerio se considera un elemento fundamental de cohesión y coordinación para la adecuada planificación de las políticas sobre recursos humanos. El
Sistema Nacional de Salud carecía de datos sobre el número total de médicos en activo, por lo que creemos que para el mencionado estudio ha sido necesario utilizar otras fuentes parciales y también complementarias.



En la actualidad parece que no existe un problema global relativo a la falta de especialistas, aunque sí se detectan algunos problemas en relación a determinadas especialidades y ciertas comunidades autónomas.
La reducción del tiempo
efectivo de trabajo médico proveniente del estatuto marco, que, según la normativa europea, establece la obligación de aplicar un límite máximo de 150 horas anuales sobre la jornada ya existente de 48 horas de promedio a la semana, junto con el
incremento de la demanda de servicios y el incremento de la población, además de otros factores, pueden provocar un déficit de profesionales en el sector que nos ocupa en el plazo de unos años. Esto explica el interés del ministerio por coordinar
junto con las comunidades autónomas y la docencia el futuro de los profesionales de la Medicina.



Es por ello que desde el Grupo Socialista preguntamos al Gobierno y, en concreto, a usted, como responsable del Ministerio de Sanidad si nos puede informar de las principales conclusiones del estudio sobre necesidades de especialistas en
España para el periodo 2006-2030.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, como usted ha dicho, las bases de datos están dispersas, pero, utilizando todas las fuentes disponibles y los datos proporcionados por organizaciones colegiales, comunidades autónomas y el Registro Nacional de Especialistas en
Formación del propio ministerio, se ha pretendido hacer una estimación del número de médicos que actualmente trabajan en el sistema, hacer una proyección


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hasta el año 2030, analizar factores que condicionan la demanda y analizar también su evolución de acuerdo con escenarios de crecimiento demográfico alternativos. De esa manera conseguiremos tener una idea de cuál es el déficit o superávit
de profesionales previstos.



Las primeras conclusiones tienen que ver precisamente con los datos, con la necesidad de seguir contando con una información fiable y actualizable sobre los profesionales sanitarios en nuestro país y por ello, además de mejorar los datos que
hasta el momento hemos obtenido con la información que sigan proporcionando las comunidades autónomas, el Pleno del Consejo Interterritorial decidió la creación de un registro de profesionales sanitarios, a cuya financiación el ministerio va a
dedicar dos millones de euros.



En cuanto a los resultados concretos sobre necesidades, quisiera indicar como primera conclusión que España tiene un número de profesionales en relación a su población superior a la media europea, pero, evidentemente, la organización de
nuestros servicios no es la misma que, por ejemplo, la de los países del norte de Europa, que tienen un número de médicos por habitante muy inferior al español. Al ser la organización distinta, dado además el gran número de especialidades
diferentes que tenemos en la actualidad, se genera un déficit selectivo, que por el momento afecta a cinco especialidades: anestesiología y reanimación, cirugía general y del aparato digestivo, pediatría, radiodiagnóstico, medicina familiar y
comunitaria.



En todo caso, y en el ámbito estatal, podemos decir que las necesidades que se produzcan hasta el año 2016 por jubilaciones podrán atenderse con los licenciados que vamos a tener en los próximos años. Pero a partir de ese momento y en todo
caso de manera selectiva, puede existir una cierta carencia. Por eso, ante las actuaciones propuestas destaca la de lograr una mayor coordinación entre las necesidades y las disponibilidades de recursos docentes en la oferta de plazas de la
convocatoria 2007-2008 en cada comunidad autónoma. Otra medida es la solicitud de información adicional a las comunidades autónomas respecto de la apertura de centros y organización de servicios, y también se contempla la mejora de la incorporación
de profesionales extranjeros con garantía de calidad, para lo que se va a agilizar el procedimiento de homologación de títulos extranjeros de profesionales sanitarios.



Y, finalmente, dado que en nuestra opinión una de las cuestiones que están afectando y que están creando déficit en algunas especialidades es una especialización muy numerosa, otra de las destacadas actuaciones que queremos desarrollar es
poner en marcha la troncalidad; para ello se va a encargar al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud que designe un grupo de expertos para que en el plazo de seis meses elabore un mapa competencial que nos permita garantizar la
formación y también la existencia de profesionales suficientes.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



-- DE D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE ESTÁ PENDIENTE DE FIRMA Y SIN ENTRAR EN VIGOR EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y FILIPINAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS (S.
680/001201).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bravo. Tiene la palabra su señoría.



El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, me gustaría conocer cuál es la razón por la que todavía está sin firmar el Convenio hispano-filipino para el cumplimiento de penas.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias senador.



Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.



Gracias, señoría, por su pregunta.



Quizá recuerde su señoría que en la pasada legislatura el anterior Gobierno, el 14 de marzo de 2003, autorizó la firma del Tratado entre el Reino de España-República Filipina para el traslado de personas condenadas. Sin embargo, las
autoridades filipinas, después de esta autorización de firma, expresaron sus obstáculos y su negativa a la conclusión del citado tratado. Fue posteriormente con el nuevo Gobierno cuando se iniciaron de nuevo las negociaciones para alcanzar la firma
del Tratado para el traslado de personas condenadas. Tuve ocasión en distintas oportunidades de mantener una reunión con mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas y, finalmente, el pasado 29 de junio rubriqué, junto con mi colega,
en presencia de la presidenta Gloria Macapagal y el presidente del Gobierno, el Tratado para el traslado de personas condenadas. Sin embargo, posteriormente, después de la rúbrica, que se realizó el pasado 29 de junio, de nuevo las autoridades
filipinas mostraron algunos obstáculos y sobre todo no estaban de acuerdo con la cláusula para la aplicación provisional del citado tratado. Volvimos a negociar y, finalmente, hemos cerrado el texto del tratado con pleno acuerdo de los dos
ministerios de Asuntos Exteriores filipino y español. De ahí que el Gobierno, en Consejo de Ministros, celebrado el pasado 17 de noviembre, volviese a autorizar la firma del tratado. Estaba todo previsto con ocasión de una visita que debía haber
realizado a Filipinas, pero que tuve que aplazar por razones de agenda, y hemos decidido que en el mes de mayo firmaré junto al embajador filipino precisamente para no retrasar más la firma del tratado, ya que las autoridades filipinas han decidido
disolver el parlamento, celebrar elecciones, y creemos, y así nos lo han indicado las autoridades filipinas, que hasta el mes de julio no se podrán iniciar los trámites de ratificación del tratado para su puesta en vigor. Todo lo haremos con la
perspectiva de que cuando visite nuestro país en visita de Estado, la presidenta de Filipinas, a finales de


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año, esté todo concluido, firmado y podamos cumplir con el objetivo principal de ese tratado, que es trasladar a nuestro compañero, ciudadano español, Francisco Larrañaga, para que pueda ser trasladado a nuestro país para cumplir su condena.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Bravo.



El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, me da usted una alegría, aunque sabíamos que el convenio bilateral se había aprobado el día 17 de noviembre pasado, tal y como hizo público la Presidencia del Gobierno, así como la visita que usted tenía previsto realizar a
Filipinas. Un grupo de senadores nos desplazamos también a Filipinas en aquellas fechas y fueron los propios filipinos quienes nos comunicaron que la presidenta Macapagal tenía intenciones de estar presente en aquel momento, dada la importancia que
ellos conceden a este convenio. A nosotros nos preocupa mucho este asunto, porque hay seres humanos que están sufriendo, que no siempre son tratados con justicia y que verían mejorada enormemente su situación con la aplicación de este convenio.
Por lo tanto, yo no puedo reprocharle nada a su ministerio, más bien todo lo contrario, pues han trabajado mucho y bien en este asunto, con lo cual solo me cabe felicitarle. Todo lo que han conseguido los servicios exteriores con este convenio será
la guinda del pastel y una vía para aliviar algún caso concreto -no tenía intención de citar ninguno, pero está en la mente de todos el asunto de Paco Larrañaga- que ha provocado un sufrimiento extremo.



Me gustaría recordarle también que nos encontramos en una fase de acercamiento entre el Gobierno filipino y el de España, algo que puede ser beneficioso para ambos países. Filipinas puede significar para España la puerta hacia Asia y, desde
luego, ellos consideran a España su puerta hacia Europa. Además de este caso concreto, en el futuro podría haber un incremento de españoles en Filipinas -ya los hay, pues tuvimos ocasión de entrevistarnos con algunos de ellos que eran empresarios-
y de filipinos en España. Por otra parte, son muchos los vínculos históricos que nos unen con este país.



Usted ha dicho que está todo calculado, que en mayo se firmará el convenio y que podremos ponerlo en ejecución en la próxima visita de Estado de la presidenta Macapagal a España. Nos parece que ese sería un buen momento para poner en vigor
el convenio, aunque me habría gustado una mejor solución, pues a finales de junio nos visitará una delegación de senadores filipinos -sabe usted que el Senado filipino tiene un peso político fortísimo en aquel país- y ese sería un momento todavía
mejor, porque está más próximo en el tiempo, no por otra cosa; sería mejor que cuando nos visiten el convenio estuviera en vigor y se hubieran realizado todos los trámites para ello, aunque sabemos que es un tema complicado y complejo. Sin
embargo, el asunto se encuentra en una buena dirección y, desde luego, me siento francamente satisfecho con su respuesta porque, efectivamente, esta va a ser la guinda del pastel que ha supuesto el extraordinario trabajo realizado por su ministerio
en este asunto. Le felicito nuevamente por ello.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.



Agradezco su felicitación, señoría, y quiero trasladar mi felicitación a todos aquellos que en esta Cámara, senadores de todos los grupos políticos, y en el Congreso de los Diputados han trabajado con la misma voluntad y el mismo deseo de
ayudar a resolver el caso de un ciudadano español que fue juzgado y condenado y que, gracias a las gestiones de todos -del Gobierno, de la Administración, del ministerio y también de los senadores y diputados-, se consiguió conmutar la pena de
muerte. Por lo tanto, somos conscientes y sensibles a la necesidad de firmar y aplicar este Tratado para el traslado de personas condenadas. Este ha sido un objetivo claro del Gobierno y del ministerio y vamos a seguir impulsando y reforzando las
relaciones bilaterales entre Filipinas y España, como lo demuestran las dos visitas comentadas: el año pasado estuvo aquí la presidenta de Filipinas y esperamos que vuelva a hacerlo en visita de Estado a finales de este año. Por lo tanto, las
relaciones entre Filipinas y España caminan por buen sendero. Lo que queremos es ayudar también en todo lo relativo al marco jurídico, en concreto, al Tratado para el traslado de las personas condenadas.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



-- DE DON DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATENDER LA MASIVA AFLUENCIA DE CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE ACUDEN A DIARIO A LOS CONSULADOS DE NUESTRO PAÍS
EN VENEZUELA (S. 680/001210).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Carnero.



Tiene la palabra su señoría.



El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro, nos gustaría saber qué medidas va a adoptar el Gobierno de España para atender las masivas peticiones de ciudadanos españoles que acuden cada día a los consulados de nuestro país en Venezuela.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé):Gracias, señor presidente.



Señoría, gracias por su pregunta.



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Quiero recordar que el pasado 8 de febrero su señoría formuló una pregunta escrita sobre este mismo asunto. Me imagino que no se quedó satisfecho con la respuesta. Por tanto, espero tranquilizarle con mi respuesta oral y, sobre todo, darle
todos los elementos para constatar el excelente trabajo que realizan nuestros servicios consulares en Venezuela.



Le señalaré que, según la evaluación del Gobierno, no se ha producido un incremento significativo de afluencia de público ante el Consulado de España en Caracas. Sí ha habido una serie de picos de actividad motivados simplemente por la
introducción de dos nuevos servicios administrativos que benefician a todos los nacionales españoles: el nuevo modelo de pasaporte y la posibilidad de acceso a la nacionalidad española de los nietos de los nacionales españoles. La colonia
española, como su señoría conoce, está formada por más de 150.000 personas, inscritas en el Registro de Matrícula, cifra que quizá podemos elevar a 200.000 si consideramos a los españoles aún no inscritos en dicho registro del consulado. En
cualquier caso, hay una atención al público de unas 700 a 1.000 personas diarias, con fases de mayor afluencia dependiendo del deseo de obtener nuevos pasaportes, nuevos documentos, pero que no es una afluencia masiva, como usted ha indicado en su
pregunta escrita y oral.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador García Carnero.



El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.



Ni me quedé satisfecho con su respuesta a la pregunta por escrito, ni mucho menos con la contestación que su señoría nos da ahora mismo. Su señoría no considera masiva una media de más de 1.000 personas diarias.
Si usted va -seguramente no
ha ido- al Consulado Español en Caracas verá que a diario la cola da la vuelta a la manzana y un poco más, y todavía dice usted que eso es normal. Le voy a dar un par de datos: el mes de enero pasado se atendió a 17.386 personas sólo en el
Consulado de Caracas y se emitieron más de 4.000 nuevos pasaportes. Señor ministro, la razón de esa afluencia que sí es masiva para la población no es la que usted dice; la razón de verdad es que las cosas para los españoles en Venezuela cada vez
van a peor. Se siguen produciendo invasiones de tierras. Sólo en el Estado de Anzoátegui tenemos documentados más de 81 nuevos casos de invasiones de tierras de españoles. A eso añádale usted los de Yaracuy, los de San Antonio de los Altos, los
de Zulia y algunos otros Estados.
Además de las invasiones de tierras, señor ministro, se están produciendo invasiones de otro tipo de bienes, de edificios, de negocios. Por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado 23 de febrero en la zona de Los
Llanos en el municipio de Pedraza se invadió, se ocupó un matadero propiedad de españoles, Fribasa. Las razones de esas ocupaciones, según Chávez, las de siempre: los terratenientes que no colaboren con la reforma agraria perderán sus tierras. El
secretario de Estado, que también se apellida Chávez, Argenis Chávez, dice que ocupó el matadero como un método de lucha contra la especulación y el acaparamiento de bienes. Estas cosas, junto a las amenazas que ya conoce su señoría, son las que
hacen que miles de españoles acudan cada día allí a arreglar sus papeles; los suyos, los de sus hijos y los de todos los parientes que puedan porque están asustados, señor ministro, porque tienen miedo y porque están deseando salir de allí, fruto
del pánico que viven en ese país.



Lo de las amenazas no es cosa nuestra, señor ministro, hace dos día la Sociedad Interamericana de Prensa, que le merecerá respeto, decía textualmente que el proceso que viene desarrollando en Venezuela el Gobierno de Chávez registra amenazas
y acciones cada vez más graves y desafiantes. Esa es la realidad. Lo que para nosotros es absolutamente incomprensible es la actitud tolerante de usted y del Gobierno del que forma parte con Chávez.



El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.



El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.



Es inadmisible políticamente que ustedes hagan esa dejación de funciones porque su obligación es defender a los españoles y sus propiedades.
Permítame que le diga que es moral y éticamente muy reprochable, y yo se lo reprocho, el abandono
al que están sometiendo a los ciudadanos españoles. Nosotros no participamos de ese abandono del Gobierno, ni lo vamos a hacer, como ha quedado constatado en esta Cámara. Y ya le anuncio, señor ministro, más iniciativas parlamentarias en las que
el Gobierno tendrá que afrontar los deseos de nuestro grupo parlamentario de no abandonar a esas personas a su suerte.



Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, veo que mi primera respuesta no le ha dado satisfacción y que sigue con ese tono siempre alarmista, siempre injustificado, siempre erróneo, describiendo una situación que no responde a la realidad. En definitiva, hace meses nos
dijeron que no se podía resolver la cuestión de las tierras -entre comillas- expropiadas. Se resolvió por la actuación de la embajada y los representantes consulares. Recibimos cartas de agradecimiento de todos los españoles. Por tanto, puede
estar seguro de que todos los españoles son atendidos y que sus problemas se resuelven, de hecho la prueba más evidente es que hay otros picos de actividad donde los españoles por primera vez confían en las instituciones diplomáticas y consulares,
confían en el cónsul y en el embajador, que precisamente acuden a resolver los nuevos problemas debido al interés que este Gobierno ha dado a los españoles en el exterior, con dos elementos fundamentales.



En primer lugar -usted mismo lo ha dicho-, 4.000 pasaportes nuevos. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque muchos de estos ciudadanos españoles que viven tranquilamente en Venezuela quieren ir de turismo a Estados Uni-


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dos y necesitan cambiar su pasaporte con un nuevo chip para no tener que pedir un visado en el consulado norteamericano. Por tanto, el consulado les está facilitando sus viajes al exterior, y en particular a Estados Unidos.



En segundo lugar, quizá no lo ha mencionado, pero el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre publicó el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuya novedad es dar nacionalidad a los nietos de españoles, y los españoles y
sus nietos quieren tener nueva documentación. Por tanto, el consulado está respondiendo a todos los intereses y preocupaciones de los ciudadanos con eficacia, con trabajo, con servicio, y de ahí que se ha reforzado el consulado de Caracas y que
este Gobierno ha decidido abrir un nuevo consulado precisamente en Valencia, en el Estado de Carabobo, para descargar el trabajo, que es intenso pero eficaz, de nuestra embajada en Venezuela.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



-- DE DON TOMÁS MANUEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL RECIENTE VIAJE DE ESTADO A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Y POPULAR ARGELINA (S.680/001215).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Bolaños.



Tiene la palabra su señoría.



El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, para cualquier analista, o sencillamente cualquier seguidor de la política exterior española, es evidente que nuestras relaciones con Argelia revisten una gran importancia dado su carácter estratégico, las relaciones de
vecindad, el lugar que ocupa Argelia en el Magreb, etcétera, de ahí que el viaje de Estado que los pasados días 13, 14 y 15 de marzo han efectuado sus Majestades los Reyes a dicho país ha despertado un especial interés.



Somos conscientes de que este viaje ha estado precedido de una intensa actividad diplomática, con encuentros a todos los niveles entre mandatarios y responsables de otros países, que ha permitido que las relaciones entre España y Argelia hoy
gocen de buena salud. Esta visita, por tanto, debería servir para ratificar el buen momento de nuestras relaciones bilaterales.



Asuntos de relevancia económica para España derivados de la alta concentración de nuestras importaciones en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico o en el sector energético, ya que, como es sabido, Argelia es el principal
suministrador de gas natural a España, y otros asuntos no menos relevantes, como son nuestras relaciones culturales, la necesaria cooperación en materia de inmigración, de defensa, de seguridad o la situación en el Magreb y en el Oriente Medio, en
los que Argelia es un factor relevante, concitan un interés de primer orden, por lo que este viaje ha originado un seguimiento especial.



A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de diferentes convenios firmados durante dicho viaje. En definitiva, una serie de acuerdos que han debido de servir para mejorar, si cabe, el buen clima existente entre ambos
países. Las razones, por tanto, que motivan esta pregunta no son otras que por parte del Gobierno se nos haga una valoración de este reciente viaje de Estado de sus Majestades los Reyes a la República Popular y Democrática Argelina.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.



Gracias, señoría, por su pregunta.



La evaluación que hace el Gobierno de la visita de Estado de sus Majestades los Reyes a Argelia es extremadamente positiva, y voy a citar al propio presidente Buteflika, quien así lo manifestó en el discurso oficial en el almuerzo que
ofreció a sus Majestades los Reyes y a la delegación española. El presidente Buteflika señaló que era el coronamiento de unas relaciones llevadas en los últimos años a un nivel jamás alcanzado en el pasado, así como la manifestación de una voluntad
que compartimos para hacer aún más y mejor en el camino la realización de un partenariado estratégico que sea digno de nuestros dos países.



Hace poco -no hay muchos senadores del Grupo Parlamentario Popular en este momento- se criticó al Gobierno que estábamos al borde de la ruptura con Argelia, que la visita del presidente Zapatero a Argel para presidir la reunión de alto nivel
terminó con un rotundo fracaso. ¡Qué extraño que dos meses más tarde tengamos un resultado estratégico tan brillante en todos los campos de colaboración y cooperación con Argelia!, en lo político, por el nivel de diálogo, de intercambio y de
visitas. Tengo aquí una larga lista de visitas que ministros españoles realizaron a Argelia, pero también de visitas de ministros argelinos a España: el ministro de Industria y Energía, el ministro de Economía, el ministro de Asuntos Exteriores,
en definitiva, todos aquellos que tienen relación e intereses en España.



La visita de Estado de los Reyes, que era esperada y deseada porque la última se celebró en el año 1983 -no sé por qué durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular no se celebró esa visita de Estado si tan buenas eran las
relaciones-, ha demostrado el carácter estratégico de las relaciones entre España y Argelia, así como la voluntad de desarrollar un partenariado económico y energético. Es verdad que tenemos unas relaciones intensas en materia de energía y en
materia de gas, hay dos gasoductos, uno ya en funcionamiento y otro para funcionar, hay intereses de nuestras empresas, las principales empresas energéticas españolas tienen intereses en Argelia, hay operaciones de negocio en Argelia con las
principales empresas españolas y, por tanto, tenemos un amplio abanico de oportunidades en el campo económico. Pero también sirvió la visita para firmar seis acuerdos bilaterales: en materia de transporte aéreo, de búsqueda y salvamento maríti-


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mo, de prevención y lucha contra la contaminación marítima, de relaciones consulares y de comercio exterior.



Tampoco se olvidó el lado cultural. Hubo dos importantes exposiciones, la de Ibn Khaldun y la de Ramón Lull, y permitimos también contacto con la realidad y la colectividad española, tuvieron sobre todo una acogida extraordinaria en Orán,
región muy vinculada con la historia española, donde muchos españoles trabajaron y dedicaron su vida a establecer una mejor relación entre Argelia y España.



Por tanto -concluyo, señor presidente- la visita demostró el buen nivel, el buen contacto y la buena relación que existe entre Argelia y España.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



-- DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PERSPECTIVAS QUE EL GOBIERNO CONSIDERA QUE EXISTEN EN IRAQ Y ORIENTE PRÓXIMO DE AVANZAR HACIA UNA SITUACIÓN DE PAZ Y ESTABILIDAD (S.
680/001216).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castro Rabadán.



Tiene la palabra su señoría.



El señor CASTRO RABADÁN: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, se cumplen cuatro años de la invasión de Iraq por orden de Bush, apoyado por sus cómplices, Blair y Aznar, conocidos como los tres de la foto de las Azores.



La justificación de la ocupación bélica se hizo con mentiras y falacias que trataban de legitimar la guerra preventiva. Las excusas, que han quedado descubiertas como falsedades interesadas, no son reconocidas aún por los protagonistas
principales de esta desgracia histórica que violó la legalidad internacional con una guerra ilegal e injusta, aunque recientemente miembros del Partido Popular comienzan ya a desmarcarse, reconociendo públicamente el error cometido por sus
dirigentes. Espero que estos acaben respondiendo por su decisión ante instancias internacionales.



Cuatro años después se sabe que no había justificación para la guerra ni existían armas de destrucción masiva ni Iraq estaba vinculado con Al Qaeda. Sin embargo, hoy hay más armas y bombas sin ningún control, hay más atentados, muertos
diarios y terrorismo internacional de lo que se pudo imaginar en su día. El ejército invasor agitó la colmena del petróleo resultando un gran avispero de violencia y odio.



Iraq hoy es un país en proceso de práctica descomposición guerracivilista.
El balance es sombrío, el genocidio del pueblo iraquí es una tragedia injustificable producida por la invasión, ha habido más de 600.000 muertos civiles, es el caos,
las guerrillas y grupos armados actúan por el principio de acción y reacción, los focos de desestabilización se extienden por Oriente Medio, los enfrentamientos etno-religiosos y políticos se producen con frecuencia en toda la región, incluidos los
territorios palestinos, y en el Líbano. El conflicto se va racionalizando de forma preocupante. El fracaso de la política neoconservadora de Bush y sus acólitos para remodelar Oriente Medio es patente, crece la amenaza para la paz y la seguridad
internacional.



Es urgente que la Unión Europea y el resto de las naciones y sus gobiernos tomen decisiones que ayuden, adelantándose a la violencia e irracionalidad imperante, a buscar la solución definitiva que estabilice la región de Oriente Medio.



Mi pregunta es: ¿qué perspectivas cree el Gobierno que existen en Iraq y en Oriente Próximo de avanzar hacia una situación de paz y estabilidad?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.



Es verdad que hemos asistido al cuarto aniversario del inicio de la Guerra de Iraq; la descripción que hace su señoría es acertada.



Hay muchos comentaristas y analistas que se preguntan, ¿cuál es la situación en Oriente Medio? Muchos escuchamos hace cuatro años que la intervención en Iraq iba a crear un nuevo Oriente Medio de paz, libertad, seguridad y justicia. Y ése
no ha sido el caso; no lo ha sido en la situación específica de Iraq, ni en el conflicto árabe-israelí, ni en Palestina, ni en el Líbano ni en toda situación que afecta directamente a los intereses no sólo de la región sino también de Europa y de
los españoles.



Por lo tanto, no podemos limitarnos a señalar que es una guerra del pasado y que todos los responsables políticos no tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos para encontrar una salida y una solución definitiva a la situación
generada en Oriente Medio. En consecuencia, hay que ocuparse y preocuparse de Iraq, no basta decir que es un recordatorio del Gobierno y del Grupo Socialista. En absoluto. En Iraq sigue muriendo gente, sigue habiendo peligros de inestabilidad y
desmembración del país, sigue existiendo un terrorismo, una crisis energética, sigue afectando a todos nuestros intereses y sigue afectando a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio.



En efecto, hay una sensibilidad y voluntad de hacer todos los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución global en toda esa región, en el caso concreto de Iraq o con la nueva iniciativa de una conferencia regional, esperando sobre
todo reconocer los errores del pasado -que es lo que tendría que hacer el Partido Popular-, reconocer que fue una estrategia equivocada y, a partir de ese reconocimiento, establecer una estrategia más acertada para sacar esa situación del caos y del
drama que están viviendo. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para impulsar el proceso de paz entre palestinos e israelíes; hay que reactivar el cuarteto; hay que tomar una mayor iniciativa por parte de la Unión Europea, y todas esas
acciones son las que está tratando de llevar el Gobierno y la diplomacia española. Esperamos que, de manera muy


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rápida y pronta, podamos asumir esa responsabilidad dentro de Europa para, con un liderazgo mucho más activo, mucho más comprometido, dar respuestas acertadas y adecuadas a la solución del conflicto. Existe una gran oportunidad con la
futura cumbre árabe en Riad; se reunieron aquí los ministros de Asuntos Exteriores de los países árabes con ocasión de la inauguración de la Casa Árabe e hicieron una oferta de paz a Israel para establecer una normalización y unas relaciones
diplomáticas definitivas.
Creo que es una oportunidad para que todas las partes comprendan la importancia, el momento y la oportunidad histórica de buscar una paz definitiva que todos los pueblos anhelan y desean.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



-- DE DON JOSÉ LUÍS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA IMPULSADO EL GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL SENADO RELATIVA A LA SITUACIÓN
LABORAL DE LOS CORRESPONSALES DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) Y RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE) EN LAS ISLAS DE LANZAROTE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S. 680/001198).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Perestelo.



Tiene la palabra su señoría.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.
Buenos días, señor vicepresidente del Gobierno.



El pasado 7 de noviembre del año 2006 esta Cámara aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
En dicha moción se instaba al Gobierno a garantizar la continuidad de aquellos profesionales que
actualmente están desempeñando las funciones de corresponsales de Televisión Española y Radio Nacional de España en las islas de Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.
Asimismo, se instaba a poner en marcha un proceso de
regulación laboral de estos profesionales. Por ello, en el Pleno de hoy le formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo de esta Cámara?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, la Ley 17/2006, de la radio y televisión estatal, establece la creación de la nueva Corporación Radiotelevisión y de sus sociedades. En su artículo 5.3 establece la especial autonomía de gestión de la corporación y su independencia
de funciones respecto al Gobierno y en su artículo 39 los mecanismos de control parlamentario que se aplicarán.



Las Cortes Generales han adoptado las correspondientes decisiones para hacer efectivo ese control. El Senado en su sesión del día 20 de febrero y la Mesa del Congreso el 27 de febrero adoptaron el acuerdo de crear una Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades, que tendrá la composición prevista en los reglamentos de las Cámaras. La comisión ya está funcionando. Se constituyó el 6 de marzo y el día 20 se
celebró la primera comparecencia del presidente del consejo de administración de la corporación.



Por tanto, señorías, creo que corresponde, dentro de ese régimen de independencia, al presidente del consejo de administración de la corporación responder a las preguntas que usted ha planteado, en mi opinión indebidamente, al Gobierno en
este momento.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señor vicepresidente del Gobierno, el planteamiento de la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, como bien he dicho en mi primera intervención, se produce el 7 de noviembre de 2006. Por tanto, el Gobierno tiene tiempo
suficiente, si es que existe la voluntad de cumplir los acuerdos adoptados en esta Cámara, de resolver, antes de que se produzca ese pase a la Corporación de Radiotelevisión Española el 1.o de enero, la situación laboral de estos profesionales en
las islas periféricas de Canarias.



Luego, tiene sentido plantear la pregunta al Gobierno porque se trata de verificar el cumplimiento de un acuerdo tomado por mayoría en esta Cámara, en el Senado de España. Desde la aprobación de la moción el 7 de noviembre de 2006, ha
habido tiempo suficiente antes de la entrada en funcionamiento de la Corporación de Radiotelevisión Española para dar cumplimiento a este acuerdo, pero tiene que existir voluntad política.



En este momento usted nos deriva hacia esa corporación. Es evidente que tendremos que tomar la senda que usted nos ha marcado hoy pero, indudablemente, no podemos estar satisfechos con la respuesta que ha dado su Gobierno a una moción que
ha sido aprobada por esta Cámara, y esto demuestra el poco respeto del Gobierno a las decisiones del Senado.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.



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Creo que el respeto es total, y precisamente lo que hacemos es respetar las decisiones que el Senado y el Congreso han tomado respecto al nuevo funcionamiento de la corporación y, por lo tanto, corresponde a esta dar cuenta y detalle de lo
que se ha hecho durante este período.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



-- DE DON JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA COMPENSAR A LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS POR LA BONIFICACIÓN FISCAL DEL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO DEL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI), QUE SE RECONOCE A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS (S. 680/001203).



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Esquerda.



Tiene la palabra su señoría.



El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro, en octubre se falló la Sentencia 1154 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de su ministerio, que denegaba el derecho del
Ayuntamiento de Vilalba Sasserra a ser compensado por la Administración General del Estado con 27.308,59 euros en concepto de las bonificaciones fiscales del IBI disfrutadas por la concesionaria de autopistas Acesa entre los años 1996 a 2002. Por
tanto, se reconocía el derecho a ello del ayuntamiento, así como la obligación de una compensación por parte del Estado.



A la vista de esta sentencia y otras, le formulo la siguiente pregunta: (El señor senador termina su intervención en catalán.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, usted conoce bien cuál es la posición del Gobierno. La Ley de régimen local del año 1986 establecía una bonificación del 95 por ciento en la contribución territorial urbana durante el período de vigencia de la concesión, pero este
beneficio tenía su origen en una ley del año 1972.



Cuando se sustituye la contribución territorial por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, evidentemente, se hace sobre esas bases, de ahí que siempre se haya respetado lo que en su momento se había planteado: la transferencia de ciertos
recursos de acuerdo con los derechos y obligaciones que en algún momento existían.



Al subrogarse las entidades locales a la posición del anterior titular del impuesto, que era el Estado, lógicamente no sufren ningún detrimento patrimonial, pues la cuota tributaria que perciben es la contribución territorial urbana, que
reflejaba ya el beneficio fiscal que anteriormente se había concedido. A partir de ahí, y como su señoría también conoce, hay una sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de mayo de 2000, que es la única que ha valorado en profundidad la posible
existencia de pérdidas de ingresos por parte de entidades locales. Es verdad que la cuestión se ha planteado también ante los tribunales de Justicia por otros municipios, y es verdad que hay alguna sentencia total o parcialmente favorable a los
demandantes. En estos casos el Estado ha procedido a recurrir dichas sentencias en casación siempre que por la cuantía de la reclamación haya sido posible. Ante esta situación creo que corresponde al Estado esperar a saber cuál es el resultado de
los tribunales para posteriormente actuar en consecuencia.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Esquerda.



El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.



A la vista de la sentencia este ayuntamiento solicitó otra vez lo mismo a su ministerio, pero para los años 2003 a 2006 ya que los anteriores ya estaban cobrados, a lo que respondió su ministerio -a través de Dirección General de
Coordinación Financiera con las Entidades Locales- que denegaba dicha solicitud para esos años y para los posteriores. Hasta aquí los hechos relatados por este ayuntamiento.



A partir de ese momento se supone que el ayuntamiento iniciará de nuevo el proceso en espera de que la sentencia le sea favorable o no, y es que ése es el problema, que hay sentencias contradictorias en este tema, lo que ocasiona una
evidente inseguridad jurídica sobre todo si uno se tiene que enfrentar desde un ayuntamiento pequeño a toda la maquinaria del Estado.
Convendrá conmigo, señor ministro, en que todos los grupos de la Cámara, cuando no han estado en el gobierno, han
reclamado esa compensación para los ayuntamientos, pero una vez en el gobierno parece que la memoria es flaca y el oscurecimiento total.



El Gobierno del Partido Popular ordenó en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 que el Gobierno estudiara una compensación para los ayuntamientos afectados por la bonificación, estableciendo en el ejercicio presupuestario de 2000
que durante el mes de enero el Gobierno trasladara al Congreso de los Diputados el resultado del estudio previsto. Y ahora se dice en el escrito que envía la Dirección General de su ministerio sobre la última denegación al Ayuntamiento de Vilalba
Sasserra, que en ningún momento el estudio indicó la procedencia de dicha compensación. Es posible. Ahora bien, señor ministro, ¿está seguro que fue esto lo que entendieron ustedes cuando estaban en la oposición? Lo digo porque no se les oyó
protestar excesivamente, aunque después su grupo parlamentario ha defendido, sobre todo en corrillos y en pasillos, el beneficio de esta posible compensación.



Muchas gracias, señor ministro.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, estoy de acuerdo con usted en que hay sentencias contradictorias, pero eso no es responsabilidad del Gobierno. Lo que hace el Gobierno, evidentemente, es aplicar la doctrina del Tribunal Supremo.



Hace usted referencia a una sentencia de Madrid, pero debo decirle que hay otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sentido contrario, ergo lo que hemos planteado es que en casación el Tribunal Supremo
sea quien decida. Después actuaremos en consecuencia.



En cuanto a la referencia al presupuesto del año 2000, se decía estrictamente que los Presupuestos Generales del 2001 obligaban al Gobierno a dotarse del crédito suficiente con la finalidad de compensar las bonificaciones y dictar las normas
necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en todos los casos para la compensación a favor de los municipios de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas. Esa referencia existe y
también existía en el año 1997. Por tanto, existe esa posibilidad, pero eso no prejuzga que necesariamente se vaya a condonar el IBI o se vaya a aceptar esa compensación por el IBI. Lo que se dice es que si existen esas condonaciones o esas
compensaciones que fueron aceptadas en su día, se pagará de acuerdo a esos criterios.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



INTERPELACIONES:


-- DE DON JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROGRESIVA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO HASTA CONSEGUIR SU SUPRESIÓN (S. 670/000151).



El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones.



Señorías, la interpelación de la senadora Elices ha sido aplazada.



Por tanto, pasamos a la interpelación del senador Sánchez Sánchez-Seco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política del Gobierno en relación con la progresiva reducción del Impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir su
supresión.



Tiene su señoría la palabra. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)


El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.



Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una interpelación que posteriormente se convertirá en moción sobre un asunto que no es nuevo en esta Cámara, más
bien al contrario, ya que es bien conocido.
Además, tiene un aspecto positivo desde nuestro punto de vista porque va a hacer ahora dos años, concretamente el próximo mes de mayo, desde que el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara presentó,
para su toma en consideración, una proposición de ley que pretendía aportar, partiendo de una posición constructiva y coherente, argumentos y propuestas para la modernización y actualización del Impuesto sobre el Patrimonio.



A través de aquella proposición de ley nuestro grupo proponía la modificación de cuatro puntos básicos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio con el fin de que este impuesto, manteniendo su marcado carácter censal
y de control y complemento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sólo gravase significativamente a los grandes patrimonios y no a los pequeños y medianos contribuyentes, a la vez que resolviese su posible carácter confiscatorio, si
tenemos en cuenta que afecta conjuntamente a la cuota íntegra de la renta y el patrimonio.



Estos cuatro puntos fundamentales para la modernización y actualización del Impuesto sobre el Patrimonio que se proponían en aquella proposición de ley se centraban en el aumento, por una parte, del mínimo exento del impuesto hasta los 150.
000 euros respecto a los 108.000, 182 euros actualmente vigentes y, por otra, en el aumento de la deducción por vivienda habitual desde los 150. 000 hasta los 300.000 euros, la reducción del número de tramos y tipos impositivos con el
establecimiento de una nueva escala con seis tramos, así como la reducción al 51 por ciento, negociable incluso al 50 por ciento, de la doble imposición patrimonio/renta que en la actualidad se establece en el 60 por ciento de la parte general de la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, se proponía el incremento de la modificación de la cuota en Ceuta y Melilla hasta el 90 por ciento desde el 75 por ciento actual, así como el aumento del importe del valor
de los bienes y derechos hasta un millón 200.000 euros, 200 millones de las antiguas pesetas, a efectos de la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.



Señor Solbes, como me imagino que usted conocerá perfectamente, aquella proposición de ley fue tomada en consideración, fue apoyada por una amplia mayoría de los miembros de esta Cámara que consideraban entonces, como creo que lo hacen
también ahora y quizás con mayor motivo, que se trataba de una propuesta justa, adecuada y coherente porque se aprobó en esta Cámara. Esta proposición de ley, tal y como establece el artículo 89. 2 de la Constitución, se remitió al Congreso de los
Diputados para su consiguiente tramitación y allí, merced a una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de la que me imagino que su ministerio tendría perfecto conocimiento y asesoría en consecuencia, fue rechazada
dando así al traste con la propuesta que se había aprobado anteriormente en esta Cámara, en el Senado.



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Como desde entonces se han producido diferentes hechos y circunstancias significativas al respecto de este impuesto nuestro grupo vuelve hoy a retomar esta iniciativa y esta vez a través de la presentación de esta interpelación que -como
decía anteriormente- se convertirá en moción en el próximo Pleno de esta Cámara.



Como usted sabe perfectamente, señor Solbes, España es desde el pasado 1 de enero el único país de la Unión Europea que prácticamente mantiene este impuesto, el Impuesto sobre el Patrimonio. Desde 1994 todos los países que han legislado en
torno a esta figura impositiva lo han hecho para eliminar el impuesto. Los últimos en suprimirlo definitivamente, ahora en 2006, han sido Finlandia y Luxemburgo y Suecia ha anunciado para este año una rebaja sustancial del mismo para proceder a
eliminarlo ya total y definitivamente el próximo año 2008. Sólo quedarían, por tanto, aplicando este impuesto Francia y España, pero con la salvedad de que en Francia, cuyo impuesto es en gran parte distinto al nuestro, incluso en su propia
denominación que lleva por nombre: impuesto de las grandes fortunas, ya se ha abierto un amplio debate para su supresión.
Precisamente la Comisión de Economía del Senado francés ha emitido un informe que da luz verde a su definitiva eliminación
por considerar y calificar a este impuesto -y leo textualmente- como arcaico, desincentivador de inversiones foráneas y deslocalizador de patrimonios.



Nos quedamos solos, señor Solbes, porque en otros países del mundo prácticamente ni existen, como es el caso de Estados Unidos o Japón, lo que hasta cierto punto es muy lógico, pues no tiene mucho sentido penalizar fiscalmente la acumulación
de capital, que en gran medida y en la mayoría de los casos es el motor de crecimiento económico de un país.



Como usted bien sabe, el entonces denominado Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas nació en España a través de la Ley 50/1977, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, conocida popularmente como ley de la
amnistía fiscal, con un carácter, como su propio nombre indicaba, excepcional y transitorio, y con una misión más bien complementaria del propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el control censal de los datos de los
contribuyentes que estrictamente recaudatoria. De hecho su recaudación siempre fue, y sigue siendo, muy modesta.



A partir del 1.º de enero de 1992 la Ley 19/1991 estableció una nueva regulación del Impuesto sobre el Patrimonio que suprimía su carácter extraordinario y transitorio, estableciéndose a partir de ese momento como un impuesto ordinario y
permanente más. Años después, tanto la Ley Orgánica 3/1996, de modificación parcial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o la Ley 14/1996, de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas, y posteriormente la
Ley 21/2001, que regulaba las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, establecieron la cesión a estas administraciones, tanto de cierta potestad normativa como de la recaudación del
impuesto.



Pero si bien las comunidades autónomas han asumido en todo este proceso las competencias normativas sobre gran parte del impuesto, sigue siendo el Estado el que establece una regulación general del impuesto. De hecho las deducciones y
bonificaciones aprobadas por las comunidades autónomas son, en todo caso, compatibles con las establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto, y no podrán suponer una modificación de las mismas. E incluso cuando las comunidades
autónomas no hayan hecho uso de las competencias normativas que tienen asumidas sobre este impuesto, se aplica de forma efectiva, y en su defecto, la normativa del Estado.



Así pues, está claro que corresponde al Estado, al Gobierno y en concreto a su ministerio, señor Solbes, dar los primeros pasos para llevar a cabo una reforma y actualización de este impuesto que creemos necesaria y conveniente. Por
supuesto estamos hablando de una reforma -o supresión en su caso, como ha hecho el resto de los países de nuestro entorno de la Unión Europea- que debe desarrollarse en plena colaboración con las comunidades autónomas como administraciones que
tienen cedida su capacidad normativa y recaudatoria, llevándose al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se debata y estableciéndose, en su caso, las compensaciones correspondientes por el descenso de recaudación que se pudiese producir
de forma que se garantice la suficiencia financiera de cada una de estas administraciones.



Y precisamente acaban de perder una gran oportunidad para llevar a cabo esta necesaria actualización y reforma del Impuesto sobre el Patrimonio a través de la reciente minirreforma fiscal que, tras su tramitación en las Cortes Generales,
entró en vigor el pasado 1.o de enero, y especialmente si consideramos la estrecha vinculación entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el de Patrimonio. De hecho, desde su nacimiento en 1977 el Impuesto sobre el Patrimonio ha
sido, y sigue siendo, complementario al de la Renta de las Personas Físicas, y la tributación personal, que es la que afecta directamente al ciudadano, está compartida en el ámbito directo por la suma de los dos impuestos.



La tendencia general es la de actualizar y, en su caso, eliminar este impuesto y por ello, señor Solbes, desde el Gobierno se debería haber aprovechado, desde nuestro punto de vista, la coyuntura que ha supuesto la reciente reforma fiscal
llevada a cabo para haber ajustado y modernizado un impuesto que resulta, a todas luces, anacrónico e incluso que ha sido tachado de confiscatorio.



Ya se están alzando voces, incluso en su propio partido, señor Solbes, que reconocen en público, porque en privado creo que lo hacían desde hace mucho tiempo, la necesidad de modernizar e incluso suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.
Hace poco menos de un mes su amigo y colega, el señor Sebastián, calificaba este impuesto como claramente confiscatorio y reclamaba las necesarias reformas legislativas para avanzar hacia su reducción. Y también hace tan solo unos días la
secretaria de Economía del Partido Socialista, la señora Inmaculada Rodríguez Piñero, reflexionaba públicamente sobre la necesidad de modificar este impuesto.
No hace falta que les recuerde también, señor Solbes, que el propio programa electoral
del Partido Socialista reconocía también la necesidad de adaptar y reducir el gravamen de este impuesto.



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Por tanto, la pregunta que surge es por qué no lo han hecho, por qué no han aprovechado, como decía anteriormente, la minirreforma fiscal que han llevado a cabo recientemente para modificar y actualizar el Impuesto sobre el Patrimonio o por
qué rechazaron en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que se remitió tras su aprobación en esta Cámara para la modernización de este impuesto. Quizá sea por ese concepto de progresismo trasnochado que pretenden mantener en su partido
y en su Gobierno sobre muchos aspectos y especialmente en lo que se refiere a los asuntos económicos y fiscales en concreto. Durante mucho tiempo se ha querido transmitir la idea de que este impuesto no debía o no podía modificarse ni reducirse
porque si se hacía venía a ser una forma de favorecer a los ricos, cuando en realidad a quien más perjudica y grava en la actualidad es a las rentas más bajas y medias, que son la gran mayoría de las rentas de nuestro país.



Según los datos reflejados en la última memoria de la Administración Tributaria, que ha sido editada por su ministerio, señor Solbes, correspondiente al año 2004, pero que ha sido publicada el pasado año 2006 y en la que se recogen los datos
estadísticos y fiscales correspondientes al ejercicio 2003, se puede comprobar cómo de los 895.950 declarantes que se contabilizaron en dicho año 2003 más de un 60 por ciento se situaron entre 150.000 y 500.000 euros de base imponible.
Pero es que
las declaraciones con base imponible inferiores a 150.000 euros supusieron otro 21,1 por ciento de las presentadas. Es decir, que más del 80 por ciento de las declaraciones presentadas en el Impuesto sobre el Patrimonio relativas al ejercicio 2003,
que son los últimos datos publicados, corresponden a bases imponibles inferiores a 500.000 euros, más de un 80 por ciento. Y no nos digan que con los precios que actualmente existen en el mercado de la vivienda en España los contribuyentes con
bases imponibles de 300.000, de 400.000 o de 500.000 euros son contribuyentes ricos porque yo no lo creo.



Pero si los datos recogidos en esta memoria de la Administración Tributaria de 2004, correspondientes a qué personas, a qué ciudadanos se grava en el Impuesto sobre el Patrimonio son significativos, en el sentido de que grava especialmente a
los patrimonios bajos y medios, todavía son más ilustrativos los datos referidos a los declarantes de este impuesto según la posesión de los tipos de bienes y derechos. En el año 2003 el número de declarantes por la mera posesión de inmuebles de
naturaleza urbana, es decir, por la mera posesión de su vivienda, fue nada más y nada menos que del 85 por ciento del total, mientras que el número de contribuyentes por la posesión de depósitos bancarios fue del 96 por ciento, es decir, por la mera
posesión de unos ahorros, en muchos casos generados durante toda una vida de trabajo y esfuerzo, se grava al 96 por ciento de los españoles que declaran en el Impuesto sobre el Patrimonio.



Es evidente que este impuesto, que nació en unas circunstancias muy especiales y con unos cometidos muy concretos, se ha quedado totalmente obsoleto con el paso del tiempo, especialmente por la evolución que ha experimentado el mercado
inmobiliario en los últimos años.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine, por favor.



El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino, señor presidente.



Ello, de por sí, justifica su modificación, su adaptación y su actualización. Podríamos hablar de otras muchas razones que justificarían la modificación y la actualización de este impuesto y que ha llevado a todos los países de nuestro
entorno europeo a su supresión, pero no me voy a extender más porque he agotado el tiempo.



Por eso hoy nosotros, señor Solbes, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado le presentamos esta interpelación, que no viene a ser más que un recordatorio de la proposición de ley que se aprobó en su momento, hace dos años, en esta
Cámara, y le instamos, como máximo responsable económico del Gobierno, a que, en consenso y colaboración con las comunidades autónomas, proceda a la reforma y modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, de forma que se adecue a las iniciativas ya
adoptadas en los países de nuestro entorno, aumentando las reducciones aplicables, y la cantidad que obliga a declarar y suprimiendo todos los elementos que pueden ser confiscatorios en el impuesto.



Gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.



Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.



Su señoría conoce muy bien, por razones profesionales y por su especialidad, casi todo lo que voy a decirle, pero me gustaría utilizarlo como referencia para comentar lo que usted acaba de exponer.



Es verdad que el Impuesto sobre el Patrimonio se regula en la Ley de 1991, aunque ya venía de la reforma fiscal de 1977, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, de acuerdo con la Ley 21/2001. Usted dice que las comunidades
autónomas tienen cierta competencia. No, las comunidades autónomas tienen mucha competencia, tienen competencia normativa en relación con el mínimo exento, con el tipo de gravamen o la tarifa y con las deducciones y bonificaciones en la cuota.
Evidentemente, todas estas actuaciones tienen que ser compatibles con las estatales, aplicándose con posterioridad a la misma.



Su señoría sabe perfectamente que los sujetos pasivos por obligación personal son las personas físicas con residencia habitual en territorio español, y por obligación real, cualquier persona física con independencia de su residencia.



Declarantes y cuantía. Los declarantes en estos momentos son -según mis últimos datos- 920.000, algo más de lo que usted ha dicho. Es verdad que el 96 por ciento son sujetos pasivos por obligación personal y que, como consecuencia de la
evolución del carácter patrimonial, en la actualidad hay más gente afectada ahora que en el futuro,


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en cierta medida contradiciendo su origen censal, que yo creo que es como surge este impuesto y con lo que todos estamos de acuerdo.



Todos sabemos que la base imponible es el patrimonio a 31 de diciembre, que tenemos dificultades en definir el valor de mercado como norma general de valoración de los distintos elementos patrimoniales y que se atribuye con carácter
supletorio. Es verdad que es importante coordinar este impuesto con otros, como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero es verdad también que desde el punto de vista de la base imponible, desde el año 1994 hay una
doble exención muy significativa: una para bienes y derechos de las personas físicas, necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, y otra para la participación en entidades que ejerzan una actividad empresarial y que no sean objeto de
negociación en un mercado organizado. Esas exenciones han sido ampliadas en los años posteriores, tanto en lo que se refiere a su ámbito objetivo como al subjetivo.



La Ley 6/2000 introduce una exención de vivienda habitual, que está en 150.253 euros en estos momentos. Las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de exenciones, salvo la posibilidad de declarar exento el patrimonio de
discapacitados, reconocido en la Ley 41/2003. Por cierto, esta posibilidad solo ha sido utilizada hasta el momento por una comunidad autónoma, que es Castilla y León.



En el supuesto de obligación personal de contribuir, la base imponible se reduce en concepto de mínimo exento en el importe que haya sido aprobado por la comunidad autónoma. El mínimo exento se fija en 108.000 euros en el supuesto de que la
comunidad autónoma no lo hubiera regulado, y actualmente las comunidades autónomas han aprobado diferentes cuantías de mínimos exentos, en algunos casos aplicables con carácter general, y en otros solo aplicables a contribuyentes con discapacidad.



Por lo que hace referencia a la tarifa del impuesto, las comunidades autónomas han hecho escaso uso de su competencia para regularla; solo Cantabria ha establecido una tarifa distinta a la regulada por la Ley estatal.



Si nos referimos a deducciones y bonificaciones, la legislación estatal solo establece que si entre los bienes y derechos figura alguno situado en Ceuta y Melilla, evidentemente se modificará la cuota en el 75 por ciento, y se prevé una
deducción por doble imposición internacional.



Por tanto, las comunidades autónomas tienen una competencia normativa importante en esta materia, debiendo ser las deducciones y bonificaciones en la cuota compatibles, como ya he dicho, con las estatales, y aplicándose con posterioridad a
esta. Dos comunidades, la valenciana y la catalana, han hecho uso de esta potestad.



Esta sería una breve aproximación de la configuración actual del Impuesto sobre el Patrimonio. He señalado ya los parámetros y he hecho referencia a las decisiones de algunas comunidades autónomas que, evidentemente, tienen un margen de
maniobra mucho mayor y, sin embargo, han considerado oportuno no modificarlo.



Su señoría y yo estamos de acuerdo como mínimo en un punto, que es la modificación estructural del impuesto que corresponde al Estado; en el ejercicio de su potestad tributaria debe plantearse el diálogo entre la Administración Central del
Estado y las comunidades autónomas.



Su señoría saca una conclusión adicional, y es: ergo el Estado debe suprimir el impuesto y compensar la financiación a las comunidades autónomas. Es este un punto que, como mínimo, merece discutirse. Dice que el sistema es anacrónico y
confiscatorio, y supongo que servirá el mismo argumento para las comunidades autónomas y para el Estado; decir que es confiscatorio y anacrónico para el Estado y que las comunidades autónomas no utilizan su margen de maniobra no tiene excesivo
sentido.



Por otra parte, desde el punto de vista del Derecho comparado, el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo un análisis y un seguimiento de los cambios que se han adoptado en otros países, especialmente en los de nuestro entorno, y
seguimos estudiando las distintas iniciativas y analizando cómo podría afectar al ámbito tributario. Estoy de acuerdo en que el objetivo de este impuesto no debía ser recaudatorio sino censal y debe contribuir de forma razonable a la progresividad
del sistema.



Es cierto que ustedes plantearon en su momento una serie de puntos en una proposición de ley, y nosotros pensamos que elementos relacionados con bases, con mínimos exentos, con tarifas, etcétera, merecen ser discutidos. Pero, como he
señalado anteriormente, deben ser discutidos mediante el diálogo con las comunidades autónomas y dentro de un planteamiento más general de su modelo de financiación.



Su señoría afirma que el impuesto es anacrónico y confiscatorio, pero debe ser solo en los tres últimos años, porque hasta ese momento no sé si también lo era o si entonces consideraron oportuno no hacer nada. Su señoría dice también que
las comunidades autónomas tienen que compensar los recursos recibidos, y el hecho de que algunas comunidades autónomas, incluso de su propio grupo parlamentario, no hayan utilizado los márgenes que tenían para reducir este impuesto da la sensación
de que ese tipo de argumentos -especialmente la crítica de su señoría a los distintos contribuyentes- son válidos para el Estado pero no para las comunidades autónomas, que podrían haber mejorado claramente esa situación. Por tanto, tengo la
sensación de que la crítica de su señoría a este impuesto no es la misma según a quien afecte, y que es mucho mayor si afecta al Estado que a las comunidades autónomas.



A partir de ahí, vuelvo a decir lo que hemos manifestado siempre: es imprescindible revisar el Impuesto sobre el Patrimonio; es imprescindible hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas; es el momento de plantear todos los
temas, incluyendo el problema que usted presenta ya como adquirido de lealtad institucional que, sin embargo, merece mayor profundización; y creo que es difícil plantearlo de forma aislada si no lo hacemos dentro de un análisis global de la
financiación autonómica.



Estas son nuestras ideas y esta es nuestra posición, y sobre esa base estamos dispuestos a seguir trabajando.



Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.



Tiene la palabra el señor Sánchez Sánchez-Seco.



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El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.



Señor Solbes, de su intervención he podido deducir que prácticamente está de acuerdo con nosotros sobre todos los argumentos y, por tanto, considera que debe modificarse este impuesto y actualizarse, puesto que su actual estructura no es la
adecuada y la lógica. Eso nos lleva a pensar o por lo menos a no entender por qué no se apoyó esta proposición de ley que había salido de esta Cámara con mayoría en el Congreso de los Diputados; eso nos lleva a pensar también o a no entender por
qué no se aprovechó, como decía anteriormente, la escasa reforma fiscal que se presentó el pasado año y que ha entrado en vigor este año para actualizar y modificar este impuesto.



En lo único que me dice que podemos discrepar es sobre la posible crítica respecto al Estado y a las comunidades autónomas, y le tengo que aclarar que no es que sea una crítica. Lo que decimos es que se tiene que proceder a la modificación,
a la actualización de este impuesto, pero sin perjudicar la suficiencia financiera, los recursos de las comunidades autónomas, y que dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera se debería analizar cuál es la manera de que esta pequeña pérdida
recaudatoria que puede suponer el Impuesto sobre el Patrimonio no afecte a las comunidades autónomas. Esto no supone que se trate de una manera a las comunidades autónomas y de otra al Estado, porque, como bien reconocía usted de acuerdo con los
argumentos expuestos, no es un impuesto que debería tener un carácter recaudatorio, sino un impuesto que debería tener un carácter censal y de control, y, de hecho, ese fue su origen cuando nació, en el año 1977.



Por tanto, no es que haya una crítica distinta, simplemente lo que proponemos es que sea su ministerio, que sea el Gobierno el que afronte la reforma de este impuesto porque es quien tiene precisamente la competencia a nivel estatal sin,
insisto, perjudicar a las comunidades autónomas. Y sobre todo por razones de justicia fiscal, una justicia fiscal que usted me puede decir que hace tres años era exactamente igual que la que hay ahora, pero eso no impide el que se lleve a cabo esa
necesidad de actualización y modificación del Impuesto sobre el Patrimonio. Podríamos hablar de cosas que ocurrían hace tres años en muchos aspectos que ahora no tienen nada que ver con la actualidad, tanto de este Gobierno como del anterior. Hoy,
en la sesión de control, hemos podido oír muchas preguntas y muchas contestaciones que se referían al pasado y al presente, pero estamos hablando del presente y del futuro con esta interpelación y con esta propuesta, y debemos mirar hacia adelante.

La realidad es que hace tres años España no era el único país de la Unión Europea que seguía con este impuesto, y en estos momentos España es prácticamente el único país de toda la Unión Europea -contabilizando incluso a los países del Este que se
han incorporado a la Unión Europea- que mantiene un impuesto que, estará de acuerdo conmigo, es anacrónico y en muchos aspectos confiscatorio. Estos días leía un artículo de la revista de La Caixa en el que se analizaba precisamente cómo se grava
el patrimonio de los contribuyentes desde multitud de parámetros y de impuestos: desde el consumo, desde el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde el Impuesto sobre el Patrimonio, desde el Impuesto sobre la Renta... Lo lógico sería
establecer un sistema fiscal que fuera neutral y que cuando se grave a los ciudadanos se les grave desde un único impuesto, y no como este, que además -como decía antes- grava especialmente con motivo del crecimiento económico que se ha producido en
estos últimos diez años y que ha incidido en el patrimonio de muchos contribuyentes y en la situación en la que se encuentra en estos momentos el mercado inmobiliario -que no tiene nada que ver con la que había hace catorce o quince años-; ese
Impuesto sobre el Patrimonio incide ahora especialmente sobre muchas rentas medianas y bajas de muchos contribuyentes y en menor medida precisamente sobre las rentas más altas.



Para terminar, señor presidente, pretendemos que esta interpelación sirva al Gobierno para recapacitar sobre el hecho de que nos encontramos solos en Europa, un mal récord, con este Impuesto sobre el Patrimonio y que el Gobierno, no solo
atendiendo la demanda y la propuesta del Partido Popular, sino las demandas y propuestas que hay en su propio partido y en su programa electoral, lleve a cabo una reforma que a todas luces es necesaria.



Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.



Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.



Estamos de acuerdo en la idea de que hay que modificar y actualizar este impuesto. En ese punto no hay ninguna duda.



Su señoría hace una segunda pregunta: ¿por qué no se apoyó en su momento? Evidentemente, porque discrepo con su señoría -y se lo he dicho con mucha claridad- en la forma de llevarlo a cabo. Dice usted que se aproveche la reforma fiscal
realizada para modificarlo. Yo le digo que aprovechemos la reforma de la financiación de las comunidades autónomas para plantearnos este tema, que nos parece importante.



Su señoría tiene una doble vara de medir: es anacrónica y confiscatoria la parte que se refiere al Estado, pero no es anacrónico ni confiscatorio el no ejercicio del derecho y la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas para
reducir el coste de este impuesto. Y esa doble vara de medir lo traiciona a usted también cuando hace referencia a la necesidad de resolver las discrepancias con las comunidades autónomas y se le desliza la expresión: pequeñas pérdidas
recaudatorias. Sabe usted que si fueran pequeñas pérdidas recaudatorias, seguramente las comunidades autónomas ya lo habrían hecho. Por tanto, no estamos hablando de pequeñas pérdidas recaudatorias. Lo que usted me dice es: Pase usted primero
que a mí me da la risa, es decir, modifique usted el impuesto y deme a mí el dinero, con lo cual defenderé la tesis de que he bajado el impuesto, pero lo paga usted. Eso es lo que tenemos que hablar, porque, si esa es la solución, a mí no me gusta.



A partir de ahí, en cuanto a todas esas ideas sobre justicia fiscal y necesidad de modernización, estoy de acuerdo.



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Pero cada uno tiene que hacer frente a sus responsabilidades y, lógicamente, cada parte de la administración tendrá que llevar a cabo el esfuerzo correspondiente.



Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.



-- DE DON JOSEP PIQUÉ I CAMPS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POSICIÓN ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON EL NUEVO PLAN DE AUTONOMÍA MARROQUÍ PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL (S. 670/000150).



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación sobre la posición española en relación con el nuevo plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que presenta el senador Josep Piqué, del Grupo Parlamentario Popular.



Su señoría tiene la palabra.



El señor PIQUÉ I CAMPS: Gracias, señor presidente.



Buenas tardes, señor ministro.



Vamos a tratar hoy un tema que es recurrente en la política exterior española desde hace muchísimos años, que ha pasado por muchísimos vericuetos, y respecto al que todos somos conscientes de que es enormemente complejo y que, por lo tanto,
no hay atajos. La búsqueda de atajos en política exterior suele ser un error, pero en este tema tan delicado y de tan sutiles equilibrios la verdad es que la búsqueda de atajos suele terminar en un mal resultado.



Sobre este episodio recuerdo dos enormes imprudencias, probablemente producto del desconocimiento y de una cierta soberbia intelectual, que en política exterior siempre provoca problemas. Recuerdo que, cuando accedió al trono el nuevo rey
de Marruecos, hizo unas declaraciones muy sonadas, muy recordadas, en el diario francés Le Figaro, en las que decía, con una cierta falta de respeto institucional hacia la figura de su padre, el Rey Hasan II, supongo que preso de la imprudencia, que
iba a resolver en seis meses lo que era un problema de treinta años. Ha pasado ya mucho tiempo desde la entronización de Mohamed VI, el problema subsiste y parece que ahora el embrollo sigue siendo muy considerable.



Esa misma imprudencia la demostró el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, probablemente llevado por la euforia de su reciente e inesperada victoria electoral, en una reunión con el señor Chirac en París, en abril de 2004,
donde dijo que él veía, efectivamente, que el problema se podía resolver en seis meses y que iba a hacer lo posible para que eso fuera así. Han pasado tres años y el tema sigue absolutamente enquistado. Por lo tanto, señor ministro, creo que usted
compartirá conmigo la idea de que los atajos, los excesos de optimismo, las imprudencias en cualquier asunto, pero sobre todo en este, son muy poco convenientes.



Haciendo un poco de historia -y sé que usted la conoce perfectamente, pero para que también quede constancia-, es verdad que estamos ante un conflicto que viene, desde el punto de vista de su planteamiento inicial, desde el año 1975, aunque
la actividad del Polisario es, como se sabe, bastante anterior, después del surgimiento del conflicto, a finales de la década de los ochenta, en el año 1990, se llega a un acuerdo de alto el fuego entre las dos partes del conflicto y, a partir de
ahí, a través de una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas de la época, el señor Pérez de Cuéllar, se presenta un llamado plan de arreglo que pasaba necesariamente por la celebración de un referéndum en el que se recogieran las
dos posibilidades o las dos posibles opciones: la independencia o bien la integración en Marrueco después del acto unilateral a través de la Marcha Verde, hecha por Marruecos en su día, y de los acuerdos entre el Gobierno español, con el general
Franco moribundo, y los gobiernos de Mauritania, y de Marruecos, en el año 1975.



Después, el proceso fue avanzando con enormes dificultades, pero hubo unos acuerdos, los llamados acuerdos de Houston, que prevén la puesta en marcha del referéndum, referéndum que es aceptado en aquel momento por el rey de Marruecos, por
Hasan II. Pero a partir de ahí, las dificultades puestas fundamentalmente por el Gobierno marroquí y por el rey de Marruecos impidieron su celebración con debates interminables respecto al censo. Las Naciones Unidas intentaron desbloquear la
situación a través de iniciativas de representantes personales de los secretarios generales de las Naciones Unidas, y eso se concreta en los llamados planes Baker, el primero y el segundo. El primero tuvo enormes dificultades de aceptación por las
partes, pero al final, y después de diversas consideraciones y vacilaciones, es aceptado el llamado Plan Baker II por el Frente Polisario. Este ha sido siempre el marco y el contexto en el que se ha movido la diplomacia española sin mover ni un
ápice su postura, denominada de neutralidad activa, a lo largo de todos estos años, con independencia de que los gobiernos fueran de UCD, del Partido Socialista o del Partido Popular.



No sé si llevado por la urgencia histórica y el optimismo antropológico del presidente del Gobierno, esa continuidad de la política exterior respecto al Sáhara Occidental de todos los gobiernos de España la rompió el Gobierno empezando a
modificar su posición de manera implícita, pero suficientemente clara como para que en particular el Frente Polisario, pero también Marruecos, todos los demás y la opinión pública española, empiecen a intuir y a percibir un cambio de postura que no
se ha explicado bien, señor ministro. Creo que hoy tenemos una oportunidad para que se explique de verdad cuál es la auténtica posición española para saber si se sigue defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui o si ha habido
una aceptación de la soberanía marroquí sobre el territorio a través de esa valoración positiva del nuevo plan de autonomía que, por otra parte, desconocemos en sus detalles y, por lo tanto, sigue siendo muy imprudente decir que se apoya algo que no
se conoce.



Y ha habido cambios, señor ministro, en la posición, incluso terminológicos; se habla del Polisario como de un movimiento independentista, en lugar de ser el representante legítimo del pueblo saharaui; si se valora positivamente un plan de
autonomía ofrecido por Marruecos, se está diciendo -porque nadie puede dar autonomía a algo que no es suyo- que la potencia administradora y quien


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tiene la soberanía sobre el Sáhara ya es el Reino de Marruecos, algo que ni las Naciones Unidas ni la legalidad internacional han reconocido jamás. Y el propio Gobierno de España da instrucciones a su representación en la Asamblea General
en las Naciones Unidas para que, en la votación correspondiente, modifique su voto tradicional y se abstenga en esta cuestión, cambiando así el signo de votación de los últimos treinta años. El Frente Polisario expresa su desconcierto y, por otra
parte, lamenta lo que es ese cambio que, por otra parte, contrasta enormemente con la que ha sido la práctica política del Partido Socialista durante muchísimos años, y prácticamente desde siempre.



Recuerdo que uno de los motivos que adujeron el Gobierno y el rey de Marruecos para retirar y llamar a consulta al embajador marroquí en España durante la crisis diplomática que tuvo lugar desde el año 2001 hasta el año 2002 fue la
celebración de un referéndum -obviamente apócrifo, sin ningún valor- en el Parlamento de Andalucía, con la aquiescencia de la Mesa de la Cámara, con el voto mayoritario del Partido Socialista -que, como es sabido, gobierna allí por mayoría absoluta-
y con el apoyo explícito del presidente de la Junta de Andalucía. Por cierto, durante aquella crisis tuvo lugar una de las mayores deslealtades y, en cualquier caso, la mayor deslealtad que personalmente tuve que vivir como ministro de Asuntos
Exteriores del Gobierno de España, que fue la visita del entonces jefe de la oposición, el señor Rodríguez Zapatero, al rey de Marruecos, en contra de la posición oficial del Gobierno de España y, por lo tanto, entrometiéndose gravísimamente e
interfiriendo en la política exterior española, algo que no parece muy normal en un jefe de la oposición.



Esta es ahora la realidad de los hechos. Tuvo lugar la reunión bilateral entre Marruecos y España, con la presencia del presidente del Gobierno, el cual hizo una valoración positiva del Plan de autonomía de forma pública, en una rueda de
prensa. Después he tenido ocasión de leer con muchísima atención un artículo del señor ministro en el periódico El País, en el que, después de justificar lo que hace el Gobierno español y asegurar que no ha habido en el fondo ningún cambio de
posición -cosa que parece desmentir la realidad-, hace un llamamiento a favor de un diálogo sin condiciones políticas iniciales. Textualmente dice: confiamos en que pueda haber un diálogo sin precondiciones políticas iniciales. Yo sé muy bien que
estas palabras coinciden con uno de los informes del antiguo secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su fase terminal de mandato, en el que, al margen del Consejo de Seguridad y de forma completamente distinta a lo que ha opinado siempre dicho
consejo sobre este asunto, hablaba más o menos de lo mismo, abogando por unas negociaciones directas, desmarcándose de los planes de paz. Sin embargo, creo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siempre ha tenido claras dos cosas, que
me gustaría que el señor ministro ratificara en el Parlamento.
En primer lugar, que la legalidad internacional nunca ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y, por lo tanto, jamás podrá reconocer la aceptación de un plan de
autonomía para el Sáhara Occidental, porque eso presupone la soberanía previa; eso solo sería posible si hay una consulta democrática previa que permita observar todas las opciones para que el pueblo saharaui, a través de sus propias instituciones,
pueda decidir libremente su destino, la libre determinación, como muy bien recordaba -y ahí sí de manera completamente acertada-, Su Majestad el Rey en su visita de Estado a Argelia de hace unos días, y que usted recordaba con ocasión de una
pregunta que se le ha formulado hoy en esta sesión de control. Por lo tanto, me gustaría que dijera, en nombre del Gobierno de España -para que no nos queden dudas y no nos quedemos siempre con la ambigüedad de lo que manifiesta el presidente del
Gobierno a través de sus frases hueras-, si reconocemos o no la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y, al mismo tiempo, si queremos o no que se celebre un referéndum de autodeterminación libremente planteado por el pueblo saharaui,
como han defendido siempre las Naciones Unidas y la legalidad internacional desde el año 1975.



Sé muy bien que todo esto afecta, además, a otros equilibrios muy sutiles y muy complejos, como es el equilibrio de nuestras relaciones con dos países muy importantes, socios estratégicos, que tiene que ser amigos, pero que deba saber
también que España tiene sus intereses, que los defiende con toda legitimidad y que todos debemos hacer un esfuerzo para hacerlos compatibles.



Respecto a este equilibrio con Marruecos y Argelia, usted ha mencionado algunas frases del presidente Buteflika, pero yo le voy a recordar otras, porque creo que conviene conocer todo el planteamiento, con independencia de que la reunión de
alto nivel con Marruecos haya ido bien, porque parece que Marruecos pensaba -no sé si lo piensa todavía hoy- que había conseguido uno de sus máximos objetivos: forzar el cambio de posición española respecto al Sáhara Occidental, y a partir de ahí,
ir resolviendo todo lo demás. Sin embargo, si al final no se resuelve, volvemos a los problemas. Porque ¿cuántas veces se ha tenido que aplazar la visita del presidente del Gobierno a Marruecos, hasta que se ha dado la circunstancia -probablemente
casual, pero no deja de ser llamativa- de que el presidente del Gobierno apoya la posición marroquí y de una manera explícita? Pero centrándonos en el asunto de Argelia y en las frases del presidente Buteflika, es verdad que este mantiene una
magnífica y excelente relación personal con Su Majestad el Rey, que es una de las piezas clave de nuestra diplomacia, y que siempre ha ejercido esa labor con enorme acierto. Pero, puestos a recordar, también conviene recordar el brindis que el
presidente Buteflika hizo durante la visita del presidente Zapatero, en el que apercibía a España del cambio de posición que había observado respecto al Sáhara Occidental, y hacía una apelación a las obligaciones que tenemos como antigua potencia
administradora de la colonia. Conviene que recordemos eso.



También ha hecho usted referencia a que no había habido una visita de Estado desde el año 1983, y ha recordado que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular no hubo visitas de Estado. Me parece muy bien el recordatorio, pero
claro, del año 1983 al 1996 han pasado trece años, que son más que ocho, y tampoco hubo visitas de Estado. Por tanto, puestos a equipar, equiparemos todo.



Señor ministro, me gustaría que hoy fuera extremadamente claro y dijera cuál es la posición de verdad del Gobierno español sobre los puntos que yo le he planteado,


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que lo haga sin ambigüedades y con la misma rotundidad y claridad con la que los sucesivos gobiernos de España lo han hecho respecto a todo este asunto; que establezcamos unas relaciones con Marruecos y con Argelia, que desde la defensa de
los intereses respectivos procuren evitar en la medida de lo posible, no siempre se puede, las tensiones, y que evitemos cesiones desequilibradas y asimétricas entre un país y otro, que al final nos pueden llevar a algunos problemas. Decía usted
que las relaciones con Argelia son excelentes, pero justo antes de la visita de Su Majestad el Rey, Argelia, coincidiendo con las declaraciones del señor Rodríguez Zapatero en Marruecos, nos subió un 20 por ciento el precio del gas. (El señor
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé, hace signos negativos.) Si, eso es así, pero lea usted -porque, a lo mejor, no ha tenido tiempo todavía, y no se lo reprocho porque sé muy bien que la tarea de ministro de Asuntos
Exteriores es muy ardua- la entrevista en Expansión al ministro de energía argelino, en la que dice con toda claridad cosas tan importantes como que, según cómo vayan las cosas -lo cito textualmente- sin pacto con España sobre el gas barajamos dejar
el gas en el subsuelo. Y, además, amenaza a Moncloa con exportar el gas del oleoducto a través de Italia. Si esas son expresiones de un gobierno que tiene relaciones excelentes con el Gobierno de España, como se suele decir: que baje Dios y lo
vea.



Le quiero recordar que nuestra relación con Argelia es absolutamente estratégica, que más de una cuarta parte de la generación de energía eléctrica en nuestro país depende del gas de Argelia, que tenemos una dependencia del llamado gasoducto
del Magreb absolutamente significativa.
Si eso se cortara solo tenemos reservas para diez días, y habría que recurrir al suministro por mar, con todas las dificultades que ello comporta. Está pendiente, y ahora lo acabamos de ver, la concreción
final de ese segundo gasoducto, porque el Gobierno de Argelia dice hoy explícitamente, por boca de su ministro, que, a lo mejor, la conexión se hace con Italia. Todo eso no es baladí, señor ministro, y lo último que hay que hacer es esconder la
cabeza debajo del ala. La técnica del avestruz ante esas cosas suele salir mal. Equilibremos nuestras posiciones con Marruecos y Argelia -yo estoy de acuerdo-, pero digamos con toda claridad a la opinión pública española que la posición del
Gobierno de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo la de neutralidad activa y no la de ceder a las posiciones del Reino de Marruecos. No tengo ningún problema en que usted me desmienta. Ojalá lo haga de manera absolutamente
clara, porque la percepción de los mismos que ahora llaman irresponsable a este portavoz cuando celebraban los referendos en el Parlamento de Andalucía y le reían las gracias a quienes se las tenían que reír, al final va a quedar en saco roto. Diga
hoy con claridad cuál es la posición del Gobierno, y si es la que hemos mantenido siempre, todos, incluido el Partido Socialista, yo lo celebraré, pero espero que tengamos esa oportunidad.



Muchas gracias, señor ministro.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.



Para contestar la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.



Señor Piqué, gracias por su interpelación, porque me da otra vez la oportunidad de explicar la posición del Gobierno español sobre la cuestión del Sáhara Occidental, y que se produce justo después de dos importantes visitas, tanto la del
Presidente del Gobierno a Rabat, como bien ha señalado su señoría, como la de Sus Majestades los Reyes a Argelia, y que, por lo tanto, pone en primera línea de atención una de las acciones vitales, esenciales de la política exterior española, como
es la cuestión del Sáhara Occidental.



Me alegra, de manera muy satisfactoria, ver que el señor Piqué y el Grupo Parlamentario Popular se interesen ahora tanto por el Sáhara Occidental y que se preocupen tanto de la posición clara, contundente y nítida del Gobierno y de lo que él
señala a los grupos políticos en relación con el Sáhara Occidental, porque me hubiera gustado que durante su Gobierno -y en esa época era él ministro de Asuntos Exteriores- se hubiese ocupado y preocupado de encontrar alguna solución definitiva al
problema, que es lo que está tratando de llevar a cabo este Gobierno, con dificultades -asumo esa señalización por parte del senador Piqué de que es un problema complejo, no fácil de resolver-, pero sí le garantizo que este Gobierno está determinado
y comprometido a ayudar a encontrar una solución definitiva.



La posición del Gobierno es nítida y transparente, y de nuevo se la voy a reiterar en sede parlamentaria: Urge una solución definitiva, justa, mutuamente aceptable por las partes y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo
saharaui -y volveré en la réplica a recordarle parte de sus intervenciones recogidas en el «Diario de Sesiones», que reflejan cuál era su posición cuando era ministro y cuál es su posición ahora como portavoz del Grupo Parlamentario Popular-.

Reitero la posición del Gobierno: una solución definitiva, justa, mutuamente aceptable por las partes y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. Hoy, por primera vez, señor Piqué, le oigo hablar del principio de
autodeterminación del pueblo saharaui, porque en sus anteriores intervenciones, cuando era ministro, no lo mencionaba. En cualquier caso, las resoluciones de Naciones Unidas descartan cualquier solución unilateral. La responsabilidad de alcanzar
un acuerdo corresponde esencialmente a las partes. Nuestra tarea es crear las condiciones para que ese acuerdo sea posible, alentando a las partes a negociar sin precondiciones iniciales, pero desde el respeto del acervo de Naciones Unidas,
incluyendo, repito, el principio de autodeterminación. Mientras se produce este proceso, el Gobierno mantendrá la solidaridad del pueblo español con el pueblo saharaui como lo han demostrado triplicando la ayuda alimenticia a los campos de
refugiados de Tinduf.



Esta política del Gobierno, en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, ha sido explicada en el Congreso por el presidente Zapatero el pasado día 14, y yo mismo, como usted ha señalado, publiqué un artículo el día 13, y ese mismo día
el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos políticos, aprobó una proposición no


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de ley que reitera lo que ha sido la posición de las Cámaras desde el inicio de esta legislatura, en la que se ha apoyado la acción exterior del Gobierno.



Pero, señoría, permítame desgranar en detalle en qué consiste esta política del Gobierno español.



El pasado 12 de diciembre se celebró en Argel la tercera reunión de alto nivel hispano-argelina. Casi exactamente tres meses después, hace pocos días, ha tenido lugar la visita de Estado a Argelia, en la que tuve el honor de acompañar a Sus
Majestades los Reyes. Esta visita puede ser calificada de jalón histórico en nuestra creciente relación con Argelia, ya que los reyes no visitaban ese país desde el año 1993. Me pregunto, como he señalado en repuesta a una pregunta parlamentaria
esta mañana, que, si tan malas son las relaciones con Argelia, ¿por qué el presidente Buteflika, en su brindis, no solamente refiere el buen nivel de las relaciones, sino que se dirige a los buenos resultados que se alcanzaron con su buen amigo
Zapatero -y así lo expresó en el propio brindis- en la reunión de alto nivel?


Poco antes de la visita de Estado a Argelia, se celebró la VIII Reunión de alto nivel hispano-marroquí en Rabat, que ha demostrado la madurez y amplitud de nuestras relaciones con Marruecos y la voluntad compartida de impulsar una relación
bilateral que cada día crece en intensidad y espíritu de cooperación. Con estos encuentros de máximo nivel, se corona un constante tráfico de intercambios políticos, económicos y sociales con ambos países. Comprobamos con ellos que España otorga
una importancia capital a mantener unas relaciones densas, positivas y crecientes con ambos países, que son nuestros principales vecinos interlocutores y socios en el Magreb. Nosotros no practicamos la equidistancia; nosotros no practicamos el
equilibrio; este Gobierno practica una política intensa, global hacia todo el Magreb, con un desarrollo potencial positivo de nuestras relaciones de todos los sectores de cooperación con Argelia, con Marruecos, con Mauritania, con Libia y con
Túnez.



Sin embargo, este conjunto regional, el Magreb, que es clave para gestionar conjuntamente los retos comunes de seguridad, migración y energía, tiene aún pendiente un gran reto ante la historia. España quiere ayudar a desencadenar un ciclo
positivo de entendimiento e integración magrebí aprovechando la proximidad y decidida voluntad de España.



Nuestro país impulsa, no solo nuestra relación con el conjunto del Magreb, sino que quiere servir de motor para que la Unión Europea preste una creciente atención a esa parte del Mediterráneo en la que se han producido avances destacados en
materia de modernización económica, reconocimiento de libertades y promoción de derechos individuales. A través de ámbitos como la Asociación Euromediterránea, la nueva política de vecindad o el diálogo cinco más cinco en el Mediterráneo
occidental, queremos desarrollar un espacio de estabilidad democrática y de prosperidad compartida.



Ese es el futuro que deseamos para Argelia, Marruecos y todo el Magreb.
Sin embargo, como bien se ha señalado, es evidente que, mientras no haya un arreglo definitivo al conflicto del Sáhara Occidental, esa aspiración va a seguir chocando
con la vieja animosidad existente entre esos países, que impide el desarrollo de la unión del Magreb árabe.



Esto concierne directamente al contencioso del Sáhara Occidental, cuya solución es la clave de la integración regional y, por lo tanto, de la estabilidad futura de todo el norte de África. Ahora, más que nunca, resulta imprescindible
desarrollar una política global con esta región, superar las alianzas interesadas o alternantes y consolidar lazos de amistad y de cooperación con todos los países de la zona.



En estas semanas estamos atravesando una fase de gran importancia en la evolución del conflicto del Sáhara Occidental. A finales del próximo mes de abril el Consejo de Seguridad deberá decidir acerca de la renovación de la MINURSO y tendrá
una nueva ocasión de avanzar hacia un arreglo.



España seguirá defendiendo su posición, que no es otra que la que enunció, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su última resolución número 1.720, de 31 de octubre de 2006. En ella asume -y leo- un compromiso de
ayudar a las partes a alcanzar una solución política, justa, duradera y mutamente aceptable que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de
las Naciones Unidas y señala la función y las responsabilidades de las partes a este respecto, párrafo preambular tercero. Ese recordatorio de responsabilidad lo complementa la misma resolución -y cito- con un llamamiento a las partes y a los
Estados de la región para que sigan colaborando plenamente con las Naciones Unidas a fin de acabar con la actual situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política, párrafo preambular cuarto.



El Gobierno español está respondiendo a esta exhortación con un intenso esfuerzo político y diplomático. Sin embargo, hemos visto cómo se han vertido interesadamente invectivas injustas e interpretaciones erróneas sobre la posición del
Gobierno español. Por ello, es muy oportuna esta comparecencia para, una vez más, exponer y clarificar la posición del Gobierno en este asunto.



Ante todo, debo reiterar que en las últimas décadas ningún Gobierno español ha estado tan comprometido en la búsqueda de una solución al conflicto del Sáhara como el actual. Mantenemos -eso sí- un compromiso activo pero no -y ahí es donde
divergimos- una neutralidad pasiva, porque ser neutrales y pasivos con el futuro de un pueblo no es lo que desea la mayoría del pueblo español. Por lo tanto, tenemos un compromiso activo y responsable para superar el estancamiento político y
desarrollamos todos los resortes de la política exterior para encontrar una solución definitiva a este conflicto.



A pesar de tener cierta responsabilidad histórica y política, ningún Gobierno español tiene la llave última de esta solución, pues tal decisión corresponde tomarla principalmente a las partes en el marco de las Naciones Unidas. Sin embargo,
dada la desconfianza recíproca, parece que estas por sí solas no van a aproximarse. Por lo tanto, somos conscientes de que España puede ejercer cierta influencia para mejorar y acercar las posiciones de todas las partes.



En un mundo con multitud de crisis y problemas globales existe un riesgo cierto de que el conflicto del Sáhara


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caiga en el olvido. Los grandes retos actuales son transnacionales y no pueden abordarse en un clima de desconfianza regional. Por ello hemos llevado a cabo un esfuerzo de concienciación internacional destinado a descongelar la cuestión.
Hasta el momento no han sido todo lo fructuosos posible los intentos para encontrar fórmulas de salida del impasse, tanto más si se tiene en cuenta que el Consejo de Seguridad mantiene una clara preferencia por no imponer una solución concreta,
otorgando así un veto de facto a cada parte. Así pues, una de las constantes en el Consejo de Seguridad es la búsqueda de un consenso para resolver esta problema a pesar del tiempo transcurrido.



Esto corrobora nuestro afán de hacer ver que el diálogo de las partes en el marco de Naciones Unidas sin precondiciones de partida es la vía pacífica para alcanzar una solución definitiva basada en fórmulas viables y mutuamente aceptables
para las partes y que sean respetuosas con la legalidad internacional. Pero este esfuerzo para abrir una negociación dentro del marco institucional y del acervo de la legalidad sería inútil si no se alcanza una conciencia internacional en Naciones
Unidas sobre la importancia de favorecer un arreglo justo y definitivo. El Gobierno español ha contribuido en su labor en el grupo de amigos, y hemos insistido ante el secretario general anterior y ante el actual precisamente para favorecer un
diálogo directo. De ahí que hayamos exhortado al nuevo secretario general de Naciones Unidas nada más tomar posesión a que asuma su responsabilidad y su liderazgo en la cuestión del Sáhara Occidental.



Estamos, pues, ante un momento importante, en que tanto el secretario general de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad tienen clara conciencia de la necesidad de impulsar una solución a través del diálogo.
Por ello sería importante
que en el próximo mes de abril el Consejo de Seguridad no se limitara a renovar el mandato de la MINURSO, sino que exhortase a las partes a entablar un diálogo o negociación -confiamos en ello- bajo los auspicios de Naciones Unidas sin más
precondiciones que la legalidad internacional que incluya el principio de autodeterminación.



Ahora bien, defender ese principio de autodeterminación no supone predeterminar el resultado de su ejercicio o predisponerse a favor de unas modalidades de aplicación. Esa cuestión es competencia de Naciones Unidas y en su ámbito de las
partes. Marruecos ha anunciado hace meses su intención de presentar un plan de autonomía para el Sáhara Occidental que, tras superar un proceso interno de consultas, ha venido siendo expuesto últimamente en sus líneas generales a una serie de
países.



Tuve ocasión de recibir a una importante delegación marroquí el pasado mes de febrero a la que escuché con el interés debido y lógico ante una iniciativa nueva presentada por ese país y trascendente para la solución del conflicto. Recordé
entonces a dicha delegación y después a la opinión pública española los parámetros básicos de nuestra posición: nuestro compromiso activo en favor de la superación de la situación de bloqueo en que se encuentra la cuestión del Sáhara Occidental y
la importancia de que las propuestas marroquíes se inscriban en la dinámica de un diálogo entre las partes en el contexto de Naciones Unidas encaminada al hallazgo de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que asuma el
principio de autodeterminación. Ésa es la misma posición que se recordó en la última reunión de alto nivel celebrada en Marruecos, donde por primera vez ese país firmó una declaración común en la que acepta el concepto de autodeterminación como la
prioridad que otorga al diálogo.



No cabe, pues, pretender que España ha cambiado de posición, como tampoco cabe ignorar un hecho nuevo de importancia en cuanto se inserta en ese marco, como es la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. En todo caso, ni
esa iniciativa marroquí ni otras pasadas o futuras pueden hacernos olvidar que una solución duradera solo vendrá de la mano de la aprobación de la comunidad internacional y una vez que sea mutuamente aceptado por las partes.



Pero hay un compromiso claro por parte del Gobierno español que consiste precisamente en repasar el compromiso que han tenido siempre el Partido y el Gobierno socialista en favor de una solución definitiva. La diferencia entre su grupo y el
nuestro es que nosotros no partimos de una neutralidad pasiva; nosotros queremos una solución definitiva, justa y cuanto antes mejor. Por eso tenemos un compromiso activo desplegado desde un punto de vista político y diplomático para alcanzar esa
solución.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.



Tiene la palabra el senador Piqué.



El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.



Muchas gracias, señor ministro, por recordarle a esta Cámara las generales de la ley aunque con eso poca cosa avanzamos. Yo le he pedido una serie de concreciones pero no he sabido descubrirlas en su intervención. Ha recordado usted
algunos principios de carácter general que son contradictorios con la actitud real de su Gobierno y con la percepción de las partes respecto de esa actitud. Me dice que hay dos principios que evidentemente son claros. La solución tiene que estar
mutuamente aceptada; tiene que ser definitiva; tiene que ser Justa; la tienen que tomar las partes. Por lo tanto, esa pretensión de resolver el tema por parte de España en seis meses confiando en que con el diálogo y el buen rollito vamos a
convencer a las partes de que después de un conflicto de 30 años tienen que llegar a una solución no sé si es una muestra de neutralidad activa. Me da la impresión de que no. Usted mismo lo ha dicho. No quieren practicar ni la equidistancia ni el
equilibrio, sino intervenir e influir directamente como país. Siempre hemos tenido la misma posición y desde luego no era neutralidad pasiva, de apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas y de los sucesivos planes Baker. Le recuerdo que el plan
Baker preveía una autonomía previa a la celebración del referéndum de autodeterminación; por lo tanto, intentando encontrar un punto de encuentro entre las partes y eso merecía el apoyo de todos los Gobiernos de España incluidos los Gobiernos del
Partido Popular.



Ahora se recibe con agrado y haciendo una valoración positiva una iniciativa elaborada, como mínimo, de forma


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poco democrática que todavía no es conocida oficialmente por Naciones Unidas. Tengo aquí unas declaraciones del nuevo secretario general que dice: «En este momentos las partes están en desacuerdo, pero he oído que el Rey de Marruecos ha
tomado una iniciativa personal y flexible para que sea considerada en el Consejo de Seguridad. Es una cuestión que causa mucha preocupación en la región y esperamos que pueda resolverse con medios pacíficos y mediante la negociación». Yo creo que
pronunciarse sobre una iniciativa que todavía está pendiente de pronunciamiento por parte del Consejo de Seguridad no responde a las pautas de lo que debe ser la prudencia política en temas de política exterior.



Yo, como es natural, le anticipo -me imagino que no es ninguna sorpresa para el señor ministro ni para los grupos parlamentarios de esta Cámara- que vamos a presentar una moción como consecuencia de esta interpelación, que la vamos a
someter, como es natural, al diálogo y a la voluntad de consenso con el conjunto de las fuerzas políticas y de los grupos parlamentarios. Se ha hecho ya así en el Congreso. En el Congreso de los Diputados se han aprobado no mociones consecuencia
de interpelación, sino proposiciones de ley que dicen con toda claridad que el derecho a la libre determinación es prerequisito básico. Por lo tanto, cuando se habla de un diálogo sin precondiciones políticas previas de alguna manera se está
poniendo en discusión todo eso, que es un requisito básico para llegar a una solución del problema.



A mí me gustaría que el Grupo Parlamentario Socialista también en esta Cámara pudiera apoyar los mismos términos, o por lo menos similares o análogos, a los que ya ha aprobado el Congreso de los Diputados porque eso ayudaría a clarificar de
verdad, de fondo, cual es la posición de las Cámaras y, desde luego, del Gobierno español en todo este tema.



El apoyo a la iniciativa marroquí no es baladí porque sólo se puede dar apoyo a una oferta, de autonomía por generosa que sea -no lo sabemos todavía-, si se parte de la base de que ya no está en discusión de quién es la soberanía sobre el
territorio. Por lo tanto, el referéndum de autodeterminación tiene que ser condición previa sine qua non para que se pueda discutir sobre la autonomía del Sahara. Y eso sólo lo pueden decir los saharauis. Que el Gobierno español,
precipitadamente, apoye una iniciativa que todavía no es ni tan siquiera conocida oficialmente por Naciones Unidas no parece muy coherente con ese principio de fondo.



Yo le pido, señor ministro, que diga hoy aquí -seguro que lo tiene muy fácil porque seguro que piensa lo mismo que pienso yo- que la soberanía marroquí sólo es posible si la aceptan los saharauis, y sólo si la aceptan los saharauis a través
de la libre determinación es posible después otorgar la autonomía lo más plena posible que pudiera llevarse a cabo, en el bien entendido -y ése ya sería otro tema en discusión y, desde luego, no pertenece a esta interpelación-, que la amplia
autonomía de un Sáhara Occidental, previamente asumida la soberanía marroquí por los únicos que pueden hacerlo que son los saharauis, también probablemente abriría peticiones de autonomía de otras áreas de Marruecos.



No sé distinguir muy bien entre lo que usted ha llamado «neutralidad pasiva». Es la primera vez que oigo este concepto porque durante muchísimos años el concepto de «neutralidad activa» ha sido reconocido por todos los grupos políticos, con
independencia de quien gobernara.
Ahora yo sé que ustedes como están actuando subrepticiamente en favor de una de las partes y rompiendo con la tradicional posición del Gobierno español tienen que disfrazar de neutralidad activa lo que entiendo que
es un cambio de posición que -insisto, señor ministro- todo el mundo percibe.



Yo le pido que sea claro. Le pido, además, que convenza a su grupo parlamentario para que en la moción que vamos a presentar como consecuencia de esta interpelación esos compromisos y esas posiciones que se han mantenido siempre a lo largo
de los últimos 30 años se sigan manteniendo.



Muchísimas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.



Tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.



Gracias, señoría. No sé si me quedo con su intervención de hoy o con la posición de su señoría cuando era ministro de Asuntos Exteriores.
Entonces informó al Congreso de los Diputados, y figura en el «Diario de Sesiones», de la posición
del Gobierno del Partido Popular. No quiero mirar al pasado, quiero mirar al futuro y buscar precisamente un apoyo de todas las fuerzas políticas para lograr lo que quiere este Gobierno, una solución definitiva al problema del Sáhara Occidental.



Me alegra que el Partido Popular tenga ahora un mayor compromiso, mayor acción y preocupación por encontrar una solución definitiva, pero ése no era el caso antes. Usted mismo, señor Piqué, decía el 28 de febrero de 2001 lo siguiente:
España forma parte de los países observadores del plan de arreglo. Lo que hacía su Gobierno, y también el anterior Gobierno socialista, era esperar a las resoluciones del Consejo de Seguridad y enviar instrucciones a nuestro delegado para que
votara a favor, en contra o se abstuviera según la situación. Pero no había un compromiso activo de buscar una solución.



Yo no quiero recordarle cuántas visitas hizo usted al Magreb, a Argelia o a Marruecos ni cuántos encuentros tuvo con el Frente Polisario, pero tengo aquí las estadísticas y es abrumadora la comparación con mis visitas a Argelia, a Marruecos,
a Mauritania y con las entrevistas que he mantenido con los representantes del Frente Polisario, precisamente para buscar una solución y para apoyar a las partes para que la encuentren.



Ustedes no lo hicieron, pues incluso tenían miedo de pronunciar la palabra autodeterminación. En todas sus intervenciones hablan ustedes de lo que parecen ahora rechazar en su propia presentación del concepto de soberanía. Le recuerdo sus
palabras, e incluso dice usted que quiere que conste en el «Diario de Sesiones»: Hace falta una solución... que debe ser mutuamente aceptable por las


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partes. Mutuamente aceptable por las partes es lo que está haciendo y diciendo el Gobierno de España. Y ese día también le pedía usted al Frente Polisario, en el Plan Baker I, que fuese menos maximalista y buscara el acuerdo.



En definitiva, señor Piqué, hace usted un elogio y aplaude la posición del Frente Polisario. Este Gobierno no hace elogios ni al Frente Polisario ni a Marruecos, hace elogios a toda iniciativa que pueda crear una dinámica dentro del marco
de Naciones Unidas que permita el diálogo y la negociación directa. Y si una negociación directa de las partes es mutuamente aceptable, usted, cualquier ciudadano español y cualquier ciudadano mundial la aceptará. Si el Frente Polisario acepta el
proyecto presentado por Marruecos usted también tendrá que aceptarlo porque lo aceptarán los propios saharauis. La aceptación de ese acuerdo se hará siempre y cuando se respete, como he dicho al principio, el principio de autodeterminación, palabra
ésta que no he dudado ni un solo momento en pronunciar en ésta ni en la otra Cámara, ni tampoco en los comunicados suscritos, incluido en el de la última reunión de alto nivel en Marruecos. Este Gobierno ha defendido desde el primer momento el
principio de autodeterminación con orgullo, con compromiso y con voluntad de solución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:


-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA
DE LOS EMISORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000086) (C.D. 121/000108).



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señorías, una vez finalizadas las interpelaciones entramos en el tercer punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados.



Comenzamos con el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que se tramita por el procedimiento de urgencia.



Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba, presidente de la comisión.



El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gràcies, senyor presidente.



Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda que me honro en presidir me complace presentar ante el Pleno el proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores para la modificación del
régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.



El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el 5 de marzo de 2007, tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de vetos y de enmiendas finalizó el día 9 de marzo de 2007, que se amplió hasta el 12 del mismo
mes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Se presentaron un total de 20 enmiendas distribuidas de la siguientes forma: la número 1 por el Grupo Parlamentario Socialista; de la número 2 a la número 10 por el Grupo Parlamentario Popular; de la 11 a la 14 por el senador Urrutia
Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; la 15 por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y de la 16 a la 20 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.



La ponencia se reunió el 14 de marzo de 2007 y estos fueron los acuerdos: la ponencia ha acordado incorporar al informe las enmiendas números 2 y 6, del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista. La enmienda número 9 ha sido retirada por el representante del Grupo Parlamentario Popular.



La ponencia ha acordado, igualmente, diferir el debate del resto de las enmiendas a una fase ulterior del procedimiento, manteniéndose en este trámite el texto remitido por el Congreso de los Diputados.



La comisión se reunió el mismo 14 de marzo y aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia.



Se han presentado 4 votos particulares, los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno. En el voto particular número 1, las enmiendas 11 a 14, del Grupo Parlamentario Mixto, originalmente presentadas por el senador Urrutia
Elorza; en el voto particular número 2, las enmiendas 16 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; en el voto particular número 3, la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y en el
voto particular número 4, las enmiendas 3, 4, 5, 7 y 8, del Grupo Parlamentario Popular.



Senyor president, moltes gràcies.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Pasamos al turno a favor.



Tiene la palabra la señora Gastón.



La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.



No se preocupen porque no me voy a extender en la explicación. Además, ya sabemos cuál es el momento de debate de este proyecto de ley que, si bien haciendo honor al mercado de valores actúa como tal, ha estado bailando en el orden del día
hasta que por fin lo debatimos en este momento.



Señorías, el presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, para incorporar parcialmente a nuestro ordenamiento dos directivas comunitarias. Ambas directivas forman parte
del plan de acción de los servicios financieros aprobado por la Comisión Europea en el año 1999, con la finalidad de impulsar la construcción de un mercado único financiero para la Unión Europea.



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La primera de estas directivas que se incorpora a nuestro ordenamiento es la relativa a las ofertas públicas de adquisición, la directiva de opas.
Su elaboración llevó un largo y complicado proceso, que duró cerca de 15 años. Esta
directiva establece un marco mínimo común para la regulación de las ofertas públicas de adquisición de las sociedades cuyas acciones estén al menos parcialmente admitidas a negociación en un mercado regulado. Persigue fomentar un mercado de control
empresarial eficiente, a la par que proteger los derechos de los accionistas minoritarios de las sociedades cotizadas, y para ello incluye una serie de principios que habrán de respetarse en su transposición, principios tales como que todos los
accionistas deberán recibir un trato equivalente y que deberán contar con tiempo e información suficientes para adoptar una decisión sobre la oferta.



Además de la necesidad de transponer la directiva comunitaria, la presente ley tiene como objeto modificar algunos aspectos del régimen vigente para garantizar que las ofertas públicas de adquisición se lleven a cabo en un marco legal
completo y con total seguridad jurídica.



La segunda directiva incorporada en la ley objeto de modificación es la directiva sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado
regulado, conocida también como directiva de transparencia. Esta directiva responde a la necesidad del mercado de valores de disponer de información abundante y veraz para su correcto funcionamiento. Forma parte, junto a otras medidas
comunitarias, del régimen armonizado europeo sobre la información que deben dar los emisores de valores al público y se centra en dos aspectos fundamentales: el primero de ellos, la elaboración de informes periódicos y el segundo, el régimen de
comunicación de participaciones significativas en el capital de sociedades cotizadas.



Señorías, la cronología del trámite parlamentario de este proyecto de ley resulta, al menos hasta la fecha, curiosa. En su trámite en el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular presentó inicialmente una enmienda a la totalidad a este
proyecto de ley que debatimos. Tras un intenso trabajo y horas de esfuerzo por parte del ponente del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuevas, y por ende también del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, finalmente se logró llegar a un
acuerdo; acuerdo que quedó suscrito de forma evidente con la elaboración de enmiendas transaccionales y la retirada por parte del Grupo Parlamentario Popular de la totalidad del resto de sus enmiendas.



Podríamos resumir esta historia cronológica como un inicio con falta de química, seguido de un cortejo y rematado en un idilio. Pero, señorías, si bien es destacable el consenso alcanzado en el presente proyecto de ley en el Congreso
durante la tramitación de esta reforma, que refleja no solo la escasez de enmiendas vivas en la votación del dictamen sino también la unanimidad alcanzada en la votación final del mismo, podríamos decir que este idilio ha sido más bien corto,
porque, siguiendo el trámite parlamentario, a su llegada al Senado este acuerdo no ha sido respetado y se han presentado nuevas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, que son las que a continuación vamos a debatir.



Del debate llevado a cabo en el Congreso quiero resaltar una intervención final, después de los correspondientes turnos sobre el contenido de la ley, que dice literalmente lo siguiente: Por tanto, nos encontramos ante una buena ley que mi
grupo va a votar favorablemente. La voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha sido tener un marco que dé estabilidad de futuro y creemos que da más estabilidad llegar a un acuerdo de los grandes grupos políticos, al que yo espero que se sumen
todos los grupos minoritarios, porque esto lo que ha hecho es mejorar la ley, mejorar el texto, y por tanto creo que se deberían sumar todos. Estas palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte, en el debate
celebrado en el Congreso son suscritas por el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado.



Queremos pensar que ese espíritu de consenso va a permanecer en el trámite del Senado. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado, y seguiremos haciéndolo, y esperamos que este apoyo venga también del resto de los
grupos.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



¿Turno en contra? (Pausa.)


Senador Sánchez-Simón, ¿desea hacer conjuntamente el turno en contra y el de portavoces? (Denegaciones.)


Tiene la palabra su señoría.



El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ : Muchas gracias, señor presidente.



Se ha hablado de idilios, pero creo que lo importante es que se pongan de manifiesto algunas cuestiones.



Esta es una ley que persigue dos objetivos muy relevantes: en primer lugar, se trata de regular las ofertas públicas de adquisición de acciones, y por otra, se trata de dar transparencia al mercado. El régimen de las opas es antiguo y
conocido y ahora lo estamos modificando, y ¿por qué lo estamos modificando? Por una parte, por la necesidad de efectuar una trasposición de unas directivas comunitarias, y por otra, para efectuar una actualización, porque es necesario que se dé
nueva regulación a algunos extremos que son, como digo, muy importantes, en primer lugar, porque se produce un cambio en el que ya no existen opas parciales ni opas totales sino que produce un único supuesto de opas totales sobre la totalidad del
capital.



En segundo lugar, se trata de dar mayor transparencia al mercado porque lo que se persigue es que el mercado sea el que decida el precio y que todo sean mecanismos para la protección del propio mercado, es decir que se determinen los precios
justos y equitativos -como establece el propio proyecto de ley- así como también la protección del accionista.



Esta era la situación del proyecto de ley a su salida del Congreso de los Diputados. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que en este periodo de tiempo, en este índice cronológico, como ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha
surgido un aspecto en el que ha intervenido un tercero, el Gobierno, respecto a una opa que está en marcha en estos momentos y que ha puesto de manifiesto la necesidad de corregir dos extremos, a los que hemos presentado diez enmiendas, recogidos en
el proyecto de


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ley que no estaban bien contemplados, y en ese sentido lo vamos a modificar.



En general, es un proyecto bueno y bastante completo, pero la ley necesita una serie de matices, -que son los que queremos incorporar, y que detallaré posteriormente en la exposición de las distintas enmiendas- que tratan de cerrar un
círculo, que consiste en proteger a los accionistas, fundamentalmente a los minoritarios, y también el correcto funcionamiento del mercado, porque no tiene sentido hablar de una regulación de ofertas públicas de adquisición de acciones si en el
transcurso de alguna de ellas puede haber acuerdos entre dos o tres sociedades, y esas dos o tres sociedades pueden alterar el resultado final de una oferta pública de adquisición de acciones, y esa alteración de esa oferta pública de adquisición de
acciones se realiza en perjuicio de accionistas minoritarios. Y no tiene tampoco sentido dejar de contemplar esos aspectos cuya regulación consideramos necesaria.



Pero ha saltado algo imprevisto, como es el hecho de que el Gobierno esté metido de lleno en una opa actual y que ésta además esté haciendo una apuesta acerca de una determinada sociedad pública italiana, en perjuicio de los accionistas
minoritarios.



Señorías, no hay que hablar de idilio sino de la necesidad de aprobar una ley mucho más completa que la que llegó del Congreso de los Diputados, que contemple situaciones de protección que se exigen y que no están suficientemente definidas.



Por tanto, como he dicho, es un proyecto de ley bueno, al que vamos a votar favorablemente, pero entendemos que necesita ser completado con las enmiendas que posteriormente defenderé.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.



A continuación, pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas del senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría.



El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.



Eguerdi on, presidente jauna. Este proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1968, de 28 de julio, del Mercado de Valores, no es un proyecto de oferta pública de adquisición de acciones, tal y como aparece en estos momentos en los medios de
comunicación. Si este proyecto de ley hubiera surgido hace dos o tres meses o dentro de un año o año y medio no hubiera calentado tanto la situación como quizá veamos hoy con una serie de enmiendas.



¿Qué ha pasado? En mi opinión, los medios de comunicación y la calle han creído que es un proyecto de ley de opas; y no es cierto, señorías, lo único que intenta es recoger y actualizar dos directivas: una, relacionada con las opas, y
otra, relacionada con la armonización de los registros y la transparencia referida a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, que son la directiva de la transparencia, por un lado, y, por otro,
la directiva de las opas.



Pero desde hace casi dos meses, en la calle y en el mercado ha surgido el problema de Endesa y de diversas intervenciones, primero de Gas Natural, luego de Acciona, después de E.ON, y actualmente de Enel, que han complicado la situación; y
a nivel internacional el tema de Barclays y de la holandesa ABN Amro están creando tensión en el sector bancario.



En definitiva, una ley que en el Congreso fue casi como un idilio muy cariñoso, se va a complicar o se ha complicado debido a que en el mercado financiero las tensiones existentes entre los dos grandes partidos también pueden crear problemas
en el mercado de valores.



Eusko Alkartasuna ha planteado cuatro enmiendas y tres son fundamentalmente para reflejar lo que en origen era esta ley: la transparencia en las opas.



La enmienda número 11 intenta fortalecer la transparencia. Los acontecimientos económicos que suceden en las empresas exigen que las auditorías y las revisiones de los estados contables, de los estados financieros, de los criterios de
valoración y de las de normas no deban ser solo revisadas una vez al año. A nuestro parecer -y hay bastantes países en Europa que lo hacen así-, además de la auditoría anual y el informe de auditoría, con el estado de cuentas y el informe de
gestión, se debería revisar al menos semestralmente porque puede haber acontecimientos que sucedan en el transcurso de esos 12 meses de los que si el accionista pequeño o el accionista mediano no tiene conocimiento, las repercusiones en su inversión
y en su patrimonio pueden ser muy importantes. Y voy a poner como un caso curioso lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con respecto a la situación de las crisis hipotecarias, donde hay varias entidades que tienen este problema.



La enmienda número 12 se refiere a dar un tratamiento importante a los accionistas minoritarios en los momentos en que se produzcan unas opas con aspectos y cuantías importantes.



La enmienda número 13 trata sobre el alcance en el control de una sociedad cuando alguien tiene un porcentaje y quiere hacerse con la mayoría de esa sociedad. Debemos tener cuidado con los accionistas minoritarios fundamentalmente.



El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.



El señor URRUTIA ELORZA: Termino, señor presidente.



Y la cuarta enmienda es ajena a este tema, pero creo que es fundamental que todo el mundo con cierta discapacidad o en una situación en la que no tenga al cien por cien sus potencias pueda también incorporarse a empresas que tengan relación
con el mercado de valores.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.



El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente. Señorías.



Mi grupo parlamentario llama la atención sobre algunos aspectos que podrían ser mejorados en esta ley, que como se ha comentado es la trasposición de dos directivas europeas.



El senador Urrutia ya se ha referido a ello, pero nosotros insistimos en nuestras enmiendas 16 y 19 respecto a


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dar garantías adicionales de veracidad con las correspondientes auditorías para que tengan una frecuencia mayor a la anual prevista. Por lo tanto nosotros apoyaremos la línea defendida por el senador Urrutia.



En la enmienda número 16 proponemos una modificación al artículo 2, que a la vez es una nueva redacción al artículo 35, que consiste en lo siguiente: «Los emisores deberán asegurarse de que el informe se someterá a revisión por parte del
auditor de cuentas en la entidad y que se mantiene a disposición del público durante cinco años.»


Y con respecto a tener una periodicidad inferior a la anual, proponemos una disposición adicional que obligaría a un desarrollo reglamentario «en relación a la necesidad de someter a revisión por parte del auditor de cuentas de la
información periódica a la que hace referencia el punto 3 de la nueva redacción dada al artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores» que se modifica con este proyecto de ley.



La enmienda 17 hace referencia a dar las garantías legales que se deben observar para ocupar a trabajadores con discapacidad. Pretende incorporar a la legislación sobre el mercado de valores la atención, en sus normas de conducta, al
compromiso de las entidades obligadas en relación con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y las medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad.



Llamamos la atención sobre dos temas complementarios, a los que responde nuestra enmienda número 18, a través de una disposición adicional, sobre el régimen para determinados aumentos en la participación en una sociedad cotizada. Se
pretende, de manera excepcional y transitoria, la incorporación de un nuevo umbral de opa, a fin de que este proyecto de ley no sea contradictorio con lo que manifiesta la directiva 2004/25-CE, sobre la idea de umbral único. Entendemos que con esta
transitoria salvamos la contradicción que, de no ser modificado, existiría entre la citada directiva y el texto que ahora debatimos.



Finalmente, una cuestión muy técnica, que entendemos que debería incorporarse al texto del proyecto, es la que hace referencia a lo que en terminología anglosajona financiera se llama squeeze out, que es la compraventa forzosa. Me refiero a
la enmienda número 20, en la que proponemos extender el régimen de compraventa forzosa a aquellas sociedades que hubiesen sido objeto de oferta pública de adquisición autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en las situaciones en
que el oferente hubiese alcanzado al menos el 90 por ciento y aún mantuviera la participación en la fecha de entrada en vigor de la ley.



Entendemos que con esta propuesta se hace una observación al accionista mayoritario pero también se presta garantía para los accionistas minoritarios. Por eso damos especial importancia a esta enmienda y rogamos también una atención
especial sobre la misma a los otros grupos de la Cámara, porque entendemos que complementa y mejora el proyecto de ley en lo referente a la compraventa forzosa.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Aroz.



La señora AROZ IBÁÑEZ: Señor presidente, retiro la única enmienda que mantenía mi grupo parlamentario.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.



El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



De las enmiendas que hemos presentado, voy a detenerme especialmente en dos. Hay una sobre la que estamos intentando llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, y confío en que se llegue a un acuerdo, con lo cual retiraríamos algunas
otras. Pero, en cualquier caso mantenemos las números 7 y 10 y solicitamos el voto favorable a las mismas por parte de los demás grupos.



A través de estas enmiendas se pretende que, anunciada una oferta pública de adquisición de acciones, teniendo en cuenta que el mínimo ha de ser un 30 por ciento del capital, no haya sociedades, dos o tres, que durante el periodo de
tramitación de dicha oferta pública adquieran en total el 30 por ciento del capital y desbaraten esa opa. Lo que se persigue es que, si ocurre esa situación, dichas sociedades estén obligadas a lanzar una oferta pública de adquisición, es decir, se
conviertan en opas competitivas. ¿Quién se beneficia? Se beneficia el mercado, la transparencia y los accionistas, fundamentalmente los minoritarios.



De lo contrario, puede resultar que, cuando alguien hace el esfuerzo de asumir la posición significativa en una determinada sociedad, o viene obligado a asumirla, dos o tres sociedades desbaraten, en perjuicio de los accionistas
minoritarios, esa potencialidad que representa una opa.
Entendemos que las opas son operaciones que hay que potenciar y desarrollar, porque es la manera de que el mercado se desarrolle en condiciones de igualdad y transparencia, protegiendo a los
accionistas minoritarios, a los que ni nosotros tratamos de proteger.



No entendemos las situaciones que se están produciendo en la actualidad.
Por ejemplo, en Endesa, si hay una opa, cualquiera que quiera asumir una posición de dominio sobre esa sociedad, que lance opas también que sean competitivas y que
triunfe la mejor, la que el mercado esté dispuesto a asumir y a apoyar. No entendemos que en este proceso, y además con el apoyo del Gobierno, haya empresas que con mínimos desembolsos se puedan quedar con la totalidad de la sociedad.



Esta situación no fue prevista en su día en la tramitación en el Congreso de los Diputados, pero creemos que desde esta Cámara se debe corregir la actuación del Gobierno realizada en esta última fase porque resulta absolutamente insólito la
apuesta en favor de una determinada empresa pública que no es española.



Entendemos que, si estamos operando sobre sociedades privadas, tenemos que dar credibilidad al sistema y que, si estamos potenciando el mercado, de verdad debemos potenciar el mercado. Lo que no alcanzamos a entender es que aprobemos una
ley en la que no se dé una completa regulación de este aspecto, que evidentemente era imprevisible en el momento en el que se debatió en el Congreso de los Diputados y que desde luego nos ha sor-


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prendido. Entendemos que la respuesta que estamos planteando es absolutamente lógica, protege al mercado, favorece a las opas competitivas y de esta forma va a haber muchísima mayor trasparencia.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Turno de portavoces.



Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Urrutia tiene la palabra.



El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.



Tal vez la aportación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, del señor Sánchez-Simón, haya sido positiva porque mejora el tratamiento que se quiere dar en situaciones como la que se están planteando en estos momentos, aunque no sé si
recoge toda la casuística de futuro, pero tal vez sí recoja la que se está produciendo en este momento. Al objeto de beneficiar al mercado financiero y al de valores mobiliarios, creo que lo mejor es que hubiera un acercamiento entre los dos
partidos para que la tensión que se está produciendo en otros derroteros de la vida civil, en el mercado financiero y económico no se traspase, con el objeto de que la gente vea que lo que se intenta es dar claridad, luz tanto al accionista
mayoritario como a los minoritarios y para que dentro del entorno de la Unión Europea también creemos una situación que hasta ahora no estaba prevista.



Con lo cual este senador a título individual va a apoyarla.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.



El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, intervengo para sintetizar nuestra posición en defensa de las propuestas que hemos realizado y recordar las que refuerzan en este proyecto de ley las categorías de trasparencia y veracidad a través de las correspondientes
intervenciones de los auditores de cuentas, las que aplican en el ámbito de esta ley la igualdad de oportunidades para trabajadores con discapacidad. Quiero insistir en el tema de las compraventas forzosas, recordando que se puede argumentar que
hay una limitación para los accionistas minoritarios pero esto no es así porque para ellos hay más ventajas que inconvenientes, lo que se demuestra tanto en la propia memoria de la directiva europea como con los informes doctrinales, sobre todo en
el informe Winter. Por lo tanto, entendemos que no hay una razón económica objetiva para no aplicar el régimen en todas las situaciones vigentes. Por ello, debe tenerse en cuenta que en la situación presente se han de contemplar las garantías que
ofrece nuestra enmienda número 20, de especial aplicación cuando se ha producido una opa de exclusión en bolsa.



Señorías, nuestras propuestas tocan tres temas muy sensibles que mejoran el proyecto de ley y, por lo tanto, creemos que sería conveniente su incorporación durante el trámite en esta Cámara.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.



Aunque se dice que en este país todo el mundo entiende de economía y de fútbol, a juzgar por cómo están los escaños en este momento, parece que la economía no interesa mucho a sus señorías, a nuestros compañeros.



A lo largo de la legislatura, el mayor número de proyectos de ley sale de la Comisión de Economía; hoy, en concreto, entrarán tres nuevos proyectos remitidos por el Congreso de los Diputados. Por eso, y aunque considero interesantes el
resto de proyectos de otras comisiones, creo que en este asunto la Cámara merecería respeto.



El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha presentado ninguna enmienda en el Congreso ni en el Senado a este proyecto de ley.
Por tanto, únicamente utilizaré mi turno para fijar la posición de nuestro grupo en cuanto que
nos gustaría que todos los grupos pudieran alcanzar unas transaccionales a las enmiendas presentadas. Si es así, tal y como espera nuestro grupo, estaríamos encantados de apoyarlas; en caso contrario, nuestro voto será negativo para las enmiendas
que no se transaccionen.



Nada más y muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maqueda, pero no nos eche la bronca a los que venimos; no haga como los curas en las iglesias.



¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa.)


La señora Aroz no hace uso de la palabra.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gastón.



La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.



En primer lugar, quisiera hacer un matiz respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Me gustaría recordar al señor Sánchez-Simón que, a efectos cronológicos, los acontecimientos a los que usted se refiere, y que
parecen el origen de estas dos enmiendas a las que quiere dar tanto bombo, fueron previos al debate final de este proyecto de ley en el Congreso. Si no ha tenido tiempo de leer el debate de este proyecto de ley en dicha Cámara -comprendemos el
carácter de urgencia y lo rápido que ha sido todo-, hágalo y comprobará como su compañero, el señor Martínez-Pujalte ya hizo referencia a este tema en el debate, sin salirse por ello del camino del consenso.



Brevemente, y antes de comentar la posición de nuestro grupo respecto a las enmiendas que siguen vivas, quisiera, en primer lugar, recalcar y poner en valor la importancia del trabajo parlamentario desde la llegada al Congreso de este
proyecto de ley por parte de todos los ponentes, tanto en la Cámara baja como aquí en el Senado. En el Congreso se ha llevado a cabo una ardua tarea para llegar a un


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consenso, hablando con todos los grupos, mientras que en la Cámara alta, aunque no ha sido una tarea tan ardua, sí ha sido una tarea rápida. Por lo tanto, el camino trazado hasta llegar a este Pleno ha sido dificultoso. Quisiera, además,
hacer extensivo este reconocimiento a una persona que no pertenece como ponente al proyecto de ley, la senadora Vicente, que he de reconocer que ha colaborado en este trabajo en aras a tratar de mantener el consenso, un consenso importante y
destacable en este proyecto de ley, yo diría que fundamental, hasta llegar al Senado.
Por lo tanto, creo que ese trabajo de colaboración también debe ser reconocido.



Señor Sánchez-Simón, como considero que usted ya ha disfrutado del desahogo pertinente, al menos del desahogo verbal, en referencia al tema que usted nos ha planteado, espero que de verdad usted y su grupo parlamentario retomen el consenso
conseguido en este proyecto de ley y el espíritu que al mismo impregnó su compañero el señor Martínez-Pujalte.
Bien es cierto que ha comentado que estamos trabajando en la elaboración de enmiendas transaccionales, sepa que nuestro grupo
parlamentario sigue en ese camino, trabajamos y procuraremos que el esfuerzo no sea baldío para mantener el consenso, pero esperamos que por su parte así se mantenga.



Respecto a las enmiendas que quedan vivas del resto de los grupos parlamentarios, tengo que decir que el espíritu, cuando no la mayor parte de ellas, son prácticamente idénticas a las que ya se presentaron en el Congreso. Hay un grupo nuevo
de enmiendas que se han presentado aquí, pero que en espíritu son coincidentes con las presentadas en el Congreso y, por lo tanto, en coherencia con la postura mantenida por mi grupo parlamentario en dicha Cámara, también las rechazaremos.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez-Simón Muñoz.



El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.



Lo cierto es que no se trata tanto de manifestar desahogos ni mantenimiento de idilios, sino de hacer una buena ley en la que se completen y resuelvan determinados aspectos. Esos aspectos que conviene completar y resolver afectan a asuntos
tan importantes como no tomar el pelo a millones de accionistas de determinadas sociedades. Y resulta absolutamente increíble que se hagan operaciones a espaldas del mercado, en las que en circunstancias normales habría que incluir opas
competitivas, y no que el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos parlamentarios cambien de posición. Y agradezco al señor Urrutia su apoyo a las enmiendas, pero salvo que esos grupos cambien de opinión, lamentablemente no se van a
incluir.



Usted ha marcado el elemento del aspecto cronológico que no deja de ser importante. Evidentemente, esa operación realizada por parte del presidente del Gobierno, el señor Zapatero, junto con el presidente del Gobierno italiano, al parecer ,
impulsada básicamente por el jefe de la Oficina Económica del señor Zapatero, el señor Taguas, según lo publicado lo que está produciendo es que accionistas con expectativas de tener competitividad en las distintas opas que se pudieran plantear
sobre una de las principales empresas españolas, no admitiendo esta fórmula se van a quedar a resultas -en términos futbolísticos- de que se gane el partido no en la cancha o el campo, sino en los pasillos. Como muy bien decía el portavoz del PNV,
don Javier Maqueda, los españoles sabemos de economía y de fútbol. Y hablando de fútbol, lo que nos gusta es ver espectáculo en el campo, es decir, nos gusta que el mercado actúe donde tiene que estar, y que si son acciones que cotizan en Bolsa, el
principal mercado secundario que se conoce, que sea el mercado el que determine el precio, las condiciones y la potencialidad de negocio, y no sea en los pasillos donde se ganen o se pierdan esos partidos, se ganen o se pierdan las posiciones
dominantes. Desde el punto de vista cronológico el remate se produjo en el día de ayer, cuando el señor ministro de Industria dijo algo que no es de su competencia, sino de la Comisión Nacional de Energía, que sabe que dicha Comisión va a tomar una
decisión que favorece a una empresa, Enel, que está pujando por entrar significativamente en el capital de Endesa, de modo que pueda ejercer sus derechos de voto porque la Comisión Nacional de Energía va a tomar una decisión que se lo va a permitir.
Eso es jugar en los pasillos, eso es ganar los partidos en los pasillos. Y nosotros consideramos que las opas, las ofertas públicas de adquisición de acciones, se deben jugar y se deben desarrollar donde debe hacerse, en los mercados; y esos
mercados son los que tienen que manifestar su opinión, son los que tienen que tomar su decisión y son los que tienen que resolver acerca de algo tan importante como es el precio.
Lo demás es, por una parte, tomar el pelo -en este caso a unos
señores accionistas- y, por otra, al resto de los españoles.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Finalizado el debate, someteremos a votación el proyecto después del debate, a su vez, de los otros dos proyectos de ley.



Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.



Eran las catorce horas y diez minutos.



Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.



-- DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (S. 621/000085) (C.D.
121/000094).



El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto tercero del orden del día, dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.



Dictamen de la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de Estatuto Básico del


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Empleado Público. Para su presentación, tiene la palabra el senador Asensio.



El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señor ministro, señorías, buenas tardes a todos y todas. Me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Administraciones Públicas del proyecto de ley de Estatuto Básico del Empleado Público.



El proyecto de ley de Estatuto Básico del Empleado Público tuvo su entrada en el Senado el 2 de enero de 2007 y ese mismos día se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado y fue remitido a la Comisión de Administraciones
Públicas de esa Cámara, abriéndose un plazo de presentación de enmiendas hasta el día 12 de febrero, que posteriormente fue ampliado hasta el 17 del mismo mes.



A este proyecto se presentaron una propuesta de veto y 287 enmiendas al articulado. La comisión dictaminó el proyecto de ley el día 12 de marzo de 2007, rechazó el veto e incorporó cuatro enmiendas de modificación. El dictamen de la
comisión se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado el día 15 de marzo de 2007.



Se han presentado ocho votos particulares para defender ante el Pleno la propuesta de veto y las enmiendas no incorporadas en comisión.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Ha pedido la palabra el Gobierno para la presentación del proyecto de ley.
Tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.



Gracias, señorías. El Senado debate hoy en el Pleno una ley que se ha hecho esperar mucho tiempo y que viene a cumplir un mandato constitucional que exigía dotar de una legislación homogénea a todos los funcionarios y empleados públicos.



Es una ley importante para la mejora y la modernización de nuestras administraciones públicas; una ley que es fruto de la aportación de mucha gente, del diálogo y de la negociación con grupos parlamentarios y comunidades autónomas y que
cuenta con el apoyo de los tres sindicatos mayoritarios de la función pública, una ley que tiene un carácter básico conformando, por tanto, un claro marco de actuación para el conjunto de las administraciones públicas dentro del cual han de
desenvolverse; una ley que fija un modelo homogéneo de función pública que se sustenta en tres piezas: la legislación básica, la movilidad voluntaria del personal entre administraciones públicas y la existencia de órganos de cooperación; un marco
básico que representa un mínimo común denominador para todos los empleados públicos de España al tiempo que respeta las competencias de las demás administraciones para adaptar estas normas generales a sus condiciones específicas; una ley que
establece normas de común aplicación a los colectivos de personal funcionario y personal laboral sin proceder a una unificación jurídica y sin perjuicio de las reglas específicas de cada uno; una ley que apuesta por la modernización del empleo
público, por la gestión integrada de recursos humanos y por la innovación en aspectos como acceso, carrera profesional, retribuciones, planificación de recursos humanos, movilidad, etcétera; una ley que moderniza la norma de acceso y procesos de
selección ateniéndose a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como al de publicidad, libre concurrencia y transparencia, pero que también apuesta por la profesionalización de la composición de los miembros de los
órganos de selección del personal funcionario y por la paridad en su composición; una ley que establece la figura del personal directivo, aquel que desarrolla funciones directivas profesionales y que permitirá establecer una nueva cultura de un
servicio público eficiente que esté basada en la obtención de resultados; una ley que evalúe el desempeño del trabajo con sistemas objetivos previendo incentivos para los que se esfuerzan y que remite la continuidad en el puesto de trabajo
precisamente a este análisis del rendimiento; una ley que prevé un código de conducta aplicable a todos los empleados públicos y que regula el derecho a la negociación colectiva en la función pública haciendo posible la constitución de una mesa
general de negociación de las administraciones públicas con presencia de todas ellas y también de las organizaciones sindicales representativas, convirtiéndolo en un auténtico órgano de relación permanente en el sector público; una norma que fija
las retribuciones básicas de los empleados públicos del país, que reconoce como objetivo esencial la reducción de la temporalidad y que prevé dos órganos de cooperación: la comisión de coordinación del empleo público y la conferencia sectorial de
administraciones públicas.



Señorías, a su paso por el Congreso de los Diputados, tanto en los trabajos de ponencia como en los de comisión se han alcanzado algunos acuerdos que, explicitados en enmiendas transaccionales, han mejorado claramente el texto de la ley. En
ese sentido, esa búsqueda del acuerdo y del consenso lo hemos intentado con todos los grupos, aunque, como suele ser frecuente, con unos ha resultado más fácil que con otros.



De las 545 enmiendas al proyecto que se efectuaron en el Congreso se han incorporado, de una manera o de otra, prácticamente 200. Estas incorporaciones han mejorado el texto en algunos asuntos de gran trascendencia, por ejemplo: en la
percepción de trienios por funcionarios interinos; en los permisos para los funcionarios y empleados públicos acordados en el seno de la ley de igualdad y modificando, por tanto, lo establecido en el Plan Concilia; en el derecho al disfrute de
días adicionales al cumplir el sexto trienio y de un día más por cada trienio a partir del octavo; en la previsión de la jubilación parcial para el personal funcionario; en contemplar el acoso laboral como falta muy grave y la no discriminación
por orientación sexual; en reflejar la problemática de los grupos de clasificación profesional teniendo en cuenta las innovaciones consiguientes del proceso abierto de reordenación de títulos universitarios como consecuencia de la Declaración de
Bolonia, dando salida, por tanto, a las nuevas titulaciones de formación profesional superior; en que la ejecución de


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la oferta de empleo público o instrumento similar se desarrolle en un plazo improrrogable de tres años; en dar prioridad a la voluntariedad de los traslados cuando los planes de ordenación de recursos humanos implique cambio de lugar de
residencia o perfilar más adecuadamente la consolidación del empleo temporal.



Son muchas las mejoras que se han introducido en su paso por el Congreso y también las que estamos dispuestos a discutir, a negociar y a aceptar en su paso por el Senado. Por ejemplo, que la jornada de trabajo pueda ser a tiempo completo o
a tiempo parcial, que en concordancia con el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores se incluya que el personal laboral, además de ser fijo o temporal, pueda serlo por tiempo indefinido.



Se incorporan dos nuevas adicionales para garantizar los derechos de la carrera profesional. Se incorpora también una adicional relativa a funcionarios de centros docentes dependientes de otras administraciones públicas. Se incluye a los
representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la mesa de negociación. Se adaptan -como he dicho- los permisos a la nueva Ley de Igualdad, ya aprobada. Se aclaran dudas relativas a los habilitados, recogiendo que la libre
designación de secretarios e interventores -como ya se preveía en la Ley de Bases de 1985- se quede restringida a los municipios de gran población. Se refuerzan las garantías en la evaluación del desempeño vinculada a la continuidad del puesto de
trabajo, dándose audiencia al interesado y la correspondiente resolución motivada. Se introduce como falta toda discriminación por razón de sexo. Se introducen, por tanto, mejoras adicionales a las que ya procedían de su paso por el Congreso de
los Diputados.



Con este estatuto, señorías, no se conforman ni se consolidan 18 modelos de Función Publica. Al contrario, se perfila un modelo de Función Publica homogéneo, básico para todas las administraciones públicas. Eso sí, teniendo en cuenta
nuestro Estado de las autonomías con la capacidad de autoorganización que los distintos estatutos reconocen a cada una de las autonomías y que ya están ejerciendo en estos últimos años.



Se aborda por primera vez una realidad común a distintas figuras que componen la voz de empleado público, funcionario laboral y eventual y se establecen algunas normas básicas que se aplican a todos los empleados públicos en aspectos
sustanciales, como son la adquisición y pérdida de la condición de empleado público, derechos y deberes, situaciones administrativas, régimen disciplinario, código de conducta, etcétera.



Suscita, por tanto, un tipo de normas básicas que ofrecen reglas y principios generales y precisos, pero que, al mismo tiempo, abren caminos para el ejercicio de las políticas propias de recursos humanos para la modernización de las
distintas administraciones públicas, estableciendo, por tanto, ese denominador común, ese tronco común a través de las bases, si bien bases desprovistas de afanes reglamentistas.



Creemos que es un estatuto importante, no ya sólo porque desarrolla la Constitución, sino porque por primera vez permite establecer todo aquello que tiene que tener en común quien trabaja para la empresa de todos, que son las
administraciones públicas, y lo hace distinto de quien trabaja para una empresa privada. Y lo hemos hecho con voluntad de incorporar acuerdos, de sumar apoyos y de conseguir que sea un estatuto de todos porque es un estatuto que se va a aplicar a
todos y, por tanto, hemos intentado, como Gobierno y como grupo parlamentario, sumar todo lo posible a este perfeccionamiento que a lo largo de su tramitación parlamentaria se ha ido haciendo a ese estatuto básico del empleado público.



Hoy sus señorías tienen la palabra para seguir mejorando, para seguir haciendo posible la ilusión que ha prendido en tantos de nuestros empleados públicos al ver que, por fin, está a la vuelta de la esquina que este estatuto, largamente
deseado, vea la luz o, por contra, ponerle pegas, ponerle dificultades y seguir permitiendo que mientras tanto la realidad avance hasta puntos en los que sea difícil de detener o difícil de corregir.



Por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista no va a quedar que hagamos todos los esfuerzos para sacar el mejor estatuto del empleado público. Creo que millones de empleados públicos lo necesitan y, sobre todo, millones de
ciudadanos a los que servimos las administraciones públicas lo exigen.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



A continuación pasamos al debate de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.



Para la defensa del veto tiene la palabra el senador Peñarrubia.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor presidente, señorías, señor ministro, cuando al principio de la legislatura el Gobierno anuncia su intención de elaborar un proyecto de ley sobre función pública, mi partido -y usted lo sabe bien- acoge con
interés la iniciativa al entender que se presenta una nueva oportunidad para dar respuesta a lo previsto en el apartado 3 del artículo 103 de la Constitución, y en consecuencia, regular mediante ley el estatuto de los funcionarios públicos.



Por ello, desde el mismo momento en que se inicia el proceso y se dan los primeros pasos para el estudio y preparación de la norma, el Partido Popular manifiesta su disposición al diálogo para llegar a un acuerdo con ustedes. Es más,
creemos que en esos momentos ese acuerdo, además de conveniente, era posible, y ello sobre la base de la voluntad explícita manifestada por el Grupo Parlamentario Popular como de la receptividad que encontramos en usted, tal y como está recogido en
los diarios de sesiones, en sus comparecencias previas a la elaboración de la norma. Sin embargo, y a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos, está claro que en aquél momento pecamos de un exceso de optimismo, y a lo peor, también
de ingenuidad; aunque, eso sí, también he de reconocer que lo fue por poco tiempo.



En cualquier caso era, -y no lo digo como justificación, sino como desahogo-, un optimismo fundado, además de en la buena fe, en la más pura lógica política. Pero ya se sabe que, al margen de la buena o mala fe, cuando se prefieren alianzas
basadas en la mínima aritmética parlamentaria, cuando se gobierna en precario con el único


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objetivo de permanecer en el poder, la lógica y el sentido común suelen brillar por su ausencia. Y en ese sinsentido han pretendido hacer compatible el artículo 136 del Estatuto de Cataluña, recurrido por mi grupo ante el Tribunal
Constitucional, con el 149 de la Constitución Española, y eso, señor ministro, es tan imposible como intentar soplar y sorber a la vez. Sé que ustedes, empecinados siempre en lo imposible, lo suelen intentar, pero precisamente por eso acaban
atascados, y lo que es más grave, desorientando a los ciudadanos, y en este caso concreto a los empleados públicos.



Porque no parece razonable que una reforma estatutaria, por importante y legítima que pueda ser, se convierta, como así ha sido, en un elemento perturbador de la política general, y viciar de origen lo que era un loable intento de cumplir,
como usted ha dicho, un mandato constitucional. Y ello porque el referido artículo 136 establece para la Generalitat competencias exclusivas sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones catalanas, de tal manera que
Cataluña asume unas potestades que limitan y minimizan la capacidad del Estado a la hora de regular la normativa común que debe aplicarse al conjunto de las administraciones públicas, y -¡ojo!-, en todas las comunidades autónomas.



Y llegados aquí, hay que decir con claridad que quien paga los platos rotos de tal desaguisado no es el Estatuto Catalán, por razones que no es necesario explicar, sino la norma de alcance nacional, que afecta, como usted bien ha dicho, a
una parte muy importante de la población española.
Y si para ello hay que rebajar hasta el mínimo lo que tendrían que haber sido contenidos básicos y poner en riesgo la proyección de estabilidad en el tiempo del proyecto, pues se hace y santas
pascuas, y todo por allanarse ante determinadas demandas que chocan, hay que repetirlo, con el artículo 149 de la Constitución Española.



Así en unos meses, no más de nueve, aquella inicial predisposición, aquel supuesto talante mostrado en un primer momento y que está recogido, como le he dicho antes, negro sobre blanco en los diarios de sesiones, ha quedado, tal cual nos
tienen acostumbrados, en palabras huecas y sin sentido.



Y a partir de ese momento han hecho todo lo posible para excluir de cualquier posibilidad de acuerdo al primer grupo de la oposición, que además representa -no lo olvide, señor ministro- a diez millones de españoles. Y eso aun siendo
siempre reprobable, lo es más en esta ocasión por la naturaleza de lo que intentamos regular: una norma de indudable trascendencia y calado político. Si a eso le añadimos la torpeza, la ligereza, el desinterés y, si me apuran, el desprecio con que
han tratado todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, pues más razones para recriminarle su conducta.



De ahí que la propuesta de veto planteada por mi grupo y que en este momento defiendo esté más que justificada. Veto, señor ministro, que no le puede extrañar porque usted mismo con su forma de actuar le ha dado vida al rechazar una y mil
veces, a lo largo de este enredo y de esta farsa, la mano tendida al diálogo y al acuerdo que le ha ofrecido el Partido Popular.



Pero, lamentablemente, ha preferido ningunearnos y con ello no reconocer la representación que los ciudadanos nos han dado. Y todo ello, señor presidente, señorías, señor ministro, es una grave irresponsabilidad, que contrasta con la forma
de actuar de un Gobierno del Partido Popular cuando en 1999 planteó un proyecto de ley sobre esta materia. En aquella ocasión se alcanzaron acuerdos con las distintas administraciones y con todos los sectores implicados y pese a tener mayoría más
que suficiente para aprobarla, no se llegó a plasmar en ley por la falta de apoyo del PSOE en aquel momento (El señor ministro de Administraciones Públicas, Senlla Segura, hace signos negativos.) Sí, señor ministro, primer partido de la oposición y
representado en el debate por el que era su portavoz en administraciones públicas, hoy presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero.



Pues bien, dejando atrás lo que podía haber sido y no ha sido, voy a centrarme en lo que tenemos delante y, por tanto, en la justificación del veto planteado, ya que el proyecto de ley que ustedes nos presentan no reúne, a nuestro juicio,
los requisitos mínimos exigibles a una ley de esta naturaleza. En ese sentido, quiero decir, en primer lugar, que su planteamiento reduce la legislación básica del Estado a meros principios, vulnerando el concepto material y formal de las bases
consagradas en el artículo 149 de la Constitución, tal y como pone de manifiesto una amplia y consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.



En segundo lugar, el Gobierno abdica de su obligación de regular el espacio que la Constitución le señala como propio, que no es otro que el de establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios.



En tercer lugar, el proyecto diseña una Función Pública que es -permítame la expresión- un auténtico disparate porque, al ceder ante unas concretas pretensiones, configura tantos modelos como necesidades políticas haya que atender.



En cuarto lugar, y como consecuencia de ello, el estatuto no será aplicable en toda España, al menos no lo será en su integridad, ya que Cataluña, como bien sabe, ha asumido competencias exclusivas sobre el régimen jurídico del personal al
servicio de las administraciones públicas catalanas.



En quinto lugar, la norma parece más inspirada en las pretensiones de algunas comunidades autónomas de ampliar sus competencias que en las demandas de los ciudadanos y los funcionarios para modernizar la Administración.



En sexto lugar, al renunciar a un modelo homogéneo y armónico de la Función Pública en el conjunto de España y posibilitar 17 modelos distintos, dificultará la movilidad geográfica y funcional, y con ello un deterioro de los servicios
públicos al no existir mecanismos efectivos de cooperación entre administraciones.



En séptimo lugar, deja al arbitrio de cada Administración la fijación del sistema retributivo, salvo las básicas, con lo que se generarán importantes agravios comparativos entre funcionarios.



En octavo lugar, abre las puertas a la discrecionalidad en el acceso a la Función Pública y condiciona ¡y de qué manera, señor ministro! la promoción interna al no regular un verdadero sistema de carrera profesional coherente


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y extensible a todas las administraciones. Sobre esta cuestión hay que añadir que no están claros los contenidos para evaluar el desempeño de la actividad profesional de los empleados públicos.¿Quién realiza la evaluación?¿Qué se
evalúa?¿De qué forma? En fin, señor ministro, hay muchos interrogantes.



En décimo y último lugar, el texto ignora la autonomía local y margina en aspectos esenciales a la Administración local, al dejar a merced de las comunidades autónomas la definición del régimen de sus funcionarios y alterar sin justificación
alguna la condición de los cuerpos con habilitación nacional. Sobre esta cuestión debatiremos, en el supuesto de que no prosperase este veto, en el turno de enmiendas.



Señor presidente, señorías, este es el decálogo que, en contraposición a lo planteado por el señor ministro, concretan las razones del veto a este proyecto de ley. A una norma que por su importancia y trascendencia afecta de manera directa
a dos millones y medio de empleados públicos, le eran exigibles, creo yo, determinadas cautelas y, sobre todo, el mayor grado de acuerdo posible. Mi grupo -y a usted le consta- lo ha intentado.
Sin embargo, ustedes han preferido ceder ante las
demandas de quienes les apoyan -desde luego no gratis-, antes que tender puentes con el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, han soslayado el siempre conveniente dictamen del Consejo de Estado con el fin de evitar cualquier riesgo que ponga en
peligro sus componendas con los grupos que lo sustentan.



En definitiva -y con esto acabo, señor presidente-, el proyecto no aporta, por otra parte, una innovación acorde con las necesidades de futuro de la Administración en el ámbito de la Función Pública, al tratarse solo de un planteamiento
desordenado de la misma. Estamos, por tanto, ante un texto extenso y repetitivo para ser una norma básica, que, lejos de clarificar, contribuye a la confusión en la ya de por sí compleja Administración española. Pero además este estatuto, al no
fijar unas reglas comunes para todas las administraciones, abre la puerta a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de los poderes públicos y posibilita el clientelismo en el acceso a la Función Pública en detrimento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.



Por otra parte, introduce inseguridad al transferir el ejercicio de las potestades administrativas, que en buena lógica tendrían que estar reservados a funcionarios de carrera. En definitiva, nos plantea una norma que supone, a nuestro
juicio, un intento de configurar un remedo de Estado en algunas comunidades autónomas, de imprevisibles consecuencias jurídico-administrativas, y renuncia deliberadamente a un planteamiento serio, razonable y coherente de la Función Pública; está
bien diseñada para salir del paso, pero no para dar respuesta a necesidades concretas que demandan los ciudadanos. Y los funcionarios públicos contemplan perplejos cómo es posible que a estas alturas se apruebe una ley de estas características...



El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Concluyo enseguida, señor presidente.



Hablamos de un proyecto ya de por sí malo cuando fue remitido por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados; que, tras su trámite en aquella Cámara, empeora, y de qué manera; y, finalmente, al llegar al Senado, lo rematan. De
ahí la propuesta de veto que sometemos a la consideración de la Cámara.



Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



(El señor ministro de Administraciones Públicas, Sevilla Segura, pide la palabra.)


Tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, puedo asegurarle que nos hemos quedado todos perplejos, incluidos los funcionarios, por el análisis tan absolutamente alejado de la realidad que ha efectuado hoy respecto de una cuestión que viene avalada por el apoyo de los tres
sindicatos más importantes de la Función Pública; de los expertos en Derecho administrativo posiblemente más importantes de este país; de la mayoría de las comunidades autónomas; y del resto de grupos parlamentarios, excepto el suyo. Por tanto,
con su valoración hoy está usted deslegitimando, criticando a todos aquellos que a lo largo de estos dos años han estado trabajando, colaborando y firmando acuerdos para hacer posible este Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, repito,
deben estar perplejos al ver cómo casi nada de lo que su señoría ha dicho hoy en esta Cámara tiene reflejo en el texto de lo que estamos discutiendo, ni mucho menos las intencionalidades que su señoría le atribuye.



Primero construyen ustedes un mito, y luego es muy complicado vivir fuera de la mitología. Por ejemplo, construyen el mito del Gobierno que gobierna en precario, algo que resulta difícil justificar cuando hoy España va mejor que cuando iba
bien: crecemos más; se crea más empleo; el sistema social está mucho más consolidado; hay un superávit presupuestario; los turistas vienen a nuestro país sin problema, sabiendo que esto es España y no otra cosa, etcétera. Es difícil pensar que
todo eso se puede hacer desde un Gobierno que, según ustedes, gobierna en precario.



Pero siguen con los mitos. Señorías, cuando ustedes gobernaron no aprobaron el Estatuto Básico del Empleado Público, no porque el Partido Socialista estuviera en contra, sino porque disolvieron las Cortes. En el año 1999 lo aprobaron con
el voto en contra del Partido Socialista en el Congreso, lo remitieron al Senado, después vino la disolución, y en la siguiente legislatura, con mayoría absoluta, no mostraron el más mínimo interés en promover este Estatuto Básico del Empleado
Público. Por consiguiente, ustedes podrán seguir diciendo que no lo hicieron porque no se sabe por qué extraña razón esta fue la única ley que no estuvieron dispuestos a aprobar con el voto en contra del Partido Socialista en la oposición.
Aprobaron otras muchas, pero no sé muy bien por qué extraña razón esta, justo esta, no la votaron porque el Partido Socialista no la aprobó. No, señoría. No la votaron porque llegaron tarde para poderla aprobar en la Legislatura de 1996 a 2000, y


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en la de 2000 a 2004, con mayoría absoluta, repito, ninguno de los ministros de Administraciones Públicas del Partido Popular -y hubo varios- tuvo ningún interés en retomar este asunto.



Yo creo que el problema es que ustedes en esta legislatura han cometido muchos errores, y uno en concreto que ha afectado a la tramitación de este Estatuto Básico del Empleado Público, que es el error «Estatuto Cataluña». Yo le rogaría a su
señoría que leyera entero el artículo 136 del Estatuto de Cataluña, entero, no solo el primer punto, en el que, como en todos los demás estatutos de autonomía, de todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, se reserva la
capacidad de autoorganizarse. ¿Cómo no? Lo vienen haciendo desde hace 25 años.
¿Cómo no iban a poder seguir haciéndolo ahora? Pero si lee usted el punto dos de ese artículo verá que se reconocen competencias compartidas con el Estado en la
regulación de las cuestiones que tienen que ver con las bases del establecimiento de un sistema de la Función Pública.



Y eso es lo que ustedes no han querido ver, lo que no han querido decir, lo que no han querido señalar; y llevados por su obsesión contra el Estatuto de Cataluña siguen diciendo cosas que no son ciertas, como que este estatuto no se va a
aplicar en Cataluña. Sí, señoría, se va a aplicar en Cataluña como en cualquier otra comunidad autónoma, excepto en Navarra, que es la única que tiene prevista la excepción, la única; Navarra es la única comunidad autónoma en la que no se va a
poder aplicar este estatuto, y espero que eso a su señoría no le provoque mayor rechazo. Por tanto, es su obsesión, repito, contra el Estatuto de Cataluña la que les lleva a mantener una posición de oposición a un Estatuto Básico del Empleado
Público que en gran medida recoge muchos aspectos del presentado por ustedes a finales de los años noventa y que, como digo, viene con un amplio respaldo por parte, desde luego, de los empleados públicos, de sus sindicatos, de la academia, de
comunidades autónomas y de mucha gente que lleva muchos años trabajando por que haya un estatuto como este. Y eso se nota, claro que se nota. No es un problema de exceso de optimismo o de ingenuidad por su parte; el problema es que para hacer
creíble que el Estatuto de Cataluña dificultaba la posibilidad de la existencia de unas bases de la Función Pública ustedes no podían pactar este estatuto. Era contradictorio mantener, como han estado manteniendo, y usted hoy mismo lo ha hecho
aquí, que este Estatuto del empleado público es incompatible con el Estatuto de Cataluña y a la vez pactarlo. Y a partir del momento en el que ustedes decidieron hacer como eje de su oposición al Gobierno la oposición a la reforma estatutaria de
Cataluña -por cierto, no sé por qué solo a la de Cataluña y no a la de la Comunidad Valenciana o a la de la andaluza, que recogen muchos de estos preceptos, no entiendo por qué ahí no les preocupa-, es a partir de ese momento, repito, cuando su
grupo parlamentario presenta como enmiendas literalmente los artículos de su proyecto de ley del año 1999, con poco esfuerzo -desde mi punto de vista-, con poca imaginación -desde mi punto de vista- y con un mensaje muy claro: de que no se quiere
llegar a un acuerdo. No es de recibo que a estas alturas se presenten como enmiendas a una ley que presenta este Gobierno el texto de una ley que su Gobierno no fue capaz de sacar adelante.



Eso lo hemos entendido todos los grupos parlamentarios: el Partido Popular no tenía ningún interés en pactar este estatuto. Luego, no es que haya habido una confabulación del resto de la Cámara contra el Partido Popular, es que una vez más
el Partido Popular ha jugado a aislarse para luego acusar a los demás de que lo dejamos solo. Lo estamos viendo en muchas leyes y, desgraciadamente, lo hemos visto también en esta. Porque el decálogo no se sostiene, señoría. ¡Qué quiere usted que
le diga! Decir a estas alturas que los sistemas retributivos de los empleados públicos van a ser distintos según la comunidad autónoma, cuando viene siendo así desde hace 25 años... Porque, desde hace 25 años estas Cámaras votan cada año en la ley
de presupuestos las retribuciones básicas, y las complementarias las fijan los presupuestos de cada comunidad autónoma.¿O es que se enteran ahora? ¿O es que donde ustedes gobiernan no lo vienen haciendo así? ¿O es que en los ocho años en que
fueron Gobierno de la nación tampoco lo hicieron así? ¿Ahora descubren que nuestro sistema autonómico concede al Gobierno, a la Ley General de Presupuestos del Estado el establecimiento de los sueldos base y que los complementarios los fijan las
comunidades autónomas? Pues repito que llevamos así 25 años.



Por tanto, este estatuto, también en ese asunto, lo único que hace es recoger una realidad que estaba empezando a entrar peligrosamente, por la falta de acción del Gobierno anterior, en una senda de excesivas diferencias entre unas
comunidades autónomas y otras, y estaba empezando a hacer más necesario que nunca el homogeneizar mediante bases comunes los aspectos que definen a los empleados públicos de todas las administraciones públicas y que, como he dicho antes, los hacen
distintos de los empleados privados.



Por tanto, ahora era más necesario que nunca que trabajáramos todos juntos para establecer una ley de bases, respetuosa con lo que ya figura en los estatutos de autonomía, los reformados y los que no se han reformado, porque los estatutos
que no se han reformado contemplan ya competencias en materias de Función Pública, claro que sí. ¿O es que el régimen de los funcionarios de Galicia lo fijamos desde aquí? Las bases sí, pero hay un margen de autonomía muy importante. Y lo mismo
sucede si hablamos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha o de cualquiera de las comunidades autónomas, como lo ya para el caso de las retribuciones.



Lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer: un Estatuto Básico del Empleado Público que permita garantizar lo que de común han de tener todos los empleados públicos y ser respetuoso con el Estado que tenemos, que es un Estado
autonómico, en el que las comunidades autónomas también son Estado, también son administraciones y también tienen competencias sobre esta materia, incluso antes de que se reformara ninguno de los estatutos.



Por eso, este estatuto ha sido muy bien acogido por los empleados públicos, por sus sindicatos y por todas aquellas personas que llevan muchos años reclamando precisamente eso: espacios de encuentro, de cooperación, de diálogo,
diferenciando lo que es lo básico del respeto a nuestro sistema constitucional y autonómico. Esa es la verdad de este estatuto y la verdad del procedimiento a través del cual hemos llegado adonde hemos llegado, y creo


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que, cometiendo un nuevo error, su grupo parlamentario está queriendo quedar al margen. Lo lamento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Peñarrubia Agius pide la palabra.)


Tiene la palabra el senador Peñarrubia.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y tengo la impresión de que en esta ocasión usted está como el que oye llover. Por mucho que usted diga, por mucho que usted alardee, por mucho que usted venda, no tienen el
consenso mínimo exigible para sacar adelante una ley de estas características; no lo tienen, señor ministro. No cuentan con el consenso político, porque les falta el apoyo del principal grupo de la oposición, que, como le decía antes, representa a
diez millones de españoles. No tienen el consenso institucional; les falta el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, -y ahí está la Declaración de Zaragoza.- Pero sobre todo les falta el apoyo de la Federación
Española de Municipios y Provincias, presidida, además, por un ilustre socialista: el alcalde de Palencia.



Y me va a permitir, señor ministro, para que yo no quede como embustero, que lea una carta que el referido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias le dirigió a usted con motivo de los estudios previos del proyecto del
estatuto básico de los empleados públicos. Entre otras cosas, dice: Estas propuestas, adoptadas por unanimidad' -las que le mandan-,' recogen las observaciones que durante los últimos meses hemos trasladado en los contactos mantenidos con los
responsables de la Secretaría General de la Función Publica y reflejan nuestra demanda para incorporar en el articulado del borrador la necesidad de un título propio que contemple la especificidad de la Función Pública local' -cosa que no ocurre, y
por eso se ha presentado a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular-. Sigue diciendo: Desde los primeros borradores, la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado a los interlocutores del MAP mayor fluidez en la
comunicación, ya que en ocasiones hemos tenido conocimiento de los nuevos textos por otros cauces que no han sido los oficiales del ministerio. Asimismo, hemos comprobado cómo durante el proceso de negociación no han sido aceptadas ninguna de
nuestras alegaciones en una ley que tendrá el carácter de base para los empleados públicos en todo el Estado, de los que en torno a 600.000 prestan sus servicios en las entidades locales. Por último, la presidenta de la Comisión de Función Pública
y yo mismo hemos recibido en el día de ayer tu invitación para asistir el próximo martes como invitados al acto de firma, con UGT, Comisiones y Cesif de la declaración sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, del que desconocemos su contenido
y alcance ante la ausencia de información.



Este es un botón de muestra, señor ministro, de que su consenso es pura ficción. Le decía que no tienen el consenso político, que no tienen el institucional y que no tienen el sindical, en el amplio sentido del término. Es verdad que lo
apoyan Comisiones Obreras -por cierto, con una representación aquí presente-, la Unión General de Trabajadores y CESIF, pero no lo apoyan otros sindicatos muy significativos en la Función Pública española, como es USO, el cuarto sindicato, y
numerosos colectivos y agrupaciones profesionales con peso específico propio en la Función Pública, que han sido marginados e ignorados en las negociaciones; y le puedo citar un montón: COSITAL, el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria,
el Sindicato Profesional de Justicia, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, FEDECA, colegios profesionales de todo tipo, sindicatos policiales, sindicatos médicos, de enfermería; el Sindicato independiente de la Administración Pública, el
Sindicato Andaluz de Funcionarios, Alianza Sindical independiente, el Sindicato Independiente Autónomo de Castilla-La Mancha, el Sindicato independiente de profesionales de Correos y Telégrafos de Cataluña, el Sindicato independiente de funcionarios
de Cantabria, la Confederación General de Trabajadores, el STES, y otros.



Pues bien, señor ministro, le decía al inicio de esta segunda intervención que usted no ha querido escuchar los argumentos de quienes consideramos que este estatuto no es el más adecuado para la realidad actual de la Función Pública
española; y ni siquiera oye el runrún de tantos y tantos colectivos, de tantos y tantos funcionarios que dicen que el mejor servicio que puede prestar como ministro es retirar este proyecto de ley, porque una norma de estas características sin ese
grado de acuerdo está condenada al fracaso. Ahora bien, ¿significa ello que la reforma tenga que dormir el sueño de los justos?, ¿Que siga, sine díe, como algo pendiente en nuestro ordenamiento constitucional? No; evidentemente, no.
Significa,
señor ministro, que hay que hacer los mayores esfuerzos de diálogo y consenso para, entre todos, aprobar una norma de esta envergadura y de este alcance político, jurídico y administrativo.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor ministro de Administraciones Públicas, Sevilla Segura, pide la palabra.)


Señor ministro, tiene la palabra por un minuto.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, la verdad es que su intervención es todo un ejemplo de un principio político que es la primera vez que oigo: que en democracia han de decidir las minorías. Es decir, usted reconoce que tengo el respaldo de los tres grandes
sindicatos de la Función Pública, que los tres juntos llegan prácticamente al 70 por ciento de la representatividad de los empleados públicos, pero el problema es el 30 por ciento que falta. Usted reconoce que en esta Cámara existe un acuerdo
mayoritario, pero ha de decidir siempre el Partido Popular. Ustedes quieren, cuando gobiernan, gobernar, y cuando están en la oposición, gobernar también. Pues eso no es posible. Qué quiere usted que le diga.



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A veces es conveniente, es bueno, donde es posible hacerlo, se hace, pero su pretensión de que decidan las minorías en democracia no me parece que sea correcta.



Usted ha leído una carta dirigida a mí -por cierto, no sé cómo la tiene-, que demuestra muy bien el estilo con que se está llevando este debate, porque ha omitido que, cuando se celebró la reunión oficial de la Comisión Nacional de
Administraciones Locales, que es donde se tiene que pronunciar la Federación Española de Municipios y Provincias, se abstuvieron. La Federación Española de Municipios y Provincias estaba dividida, y decidieron abstenerse ante este proyecto de ley.
Esa es la realidad institucional, y no una carta escrita sobre un borrador previo de un borrador previo de un acuerdo provisional. Ese es un estilo coherente con su planteamiento de que en democracia deciden las minorías.
Pero, afortunadamente, no
es así; deciden las mayorías. Y no tenga usted ninguna duda: este estatuto está apoyado por la mayoría, parlamentaria, por la mayoría sindical y por la mayoría de los funcionarios públicos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



En turno en contra. Tiene la palabra el senador Arjona.



El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, señorías, hoy estamos deliberando sobre una ley que resulta de un mandato constitucional de hace ya 27 años y que ha tenido un trámite profundamente riguroso, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, en todo
su proceso de elaboración.



No voy a repetir argumentos que ya se han planteado, pero sí tengo que decir que este estatuto ha sido elaborado con un gran esfuerzo negociador por parte del Gobierno con todos los partidos políticos, con las comunidades autónomas, con las
entidades locales, los agentes sociales y con la participación ciudadana a lo largo del último año y medio en el que se ha debatido. En él se regula el empleo de dos millones y medio de trabajadores públicos, se introducen mejoras en el desarrollo
de la carrera profesional, se modernizan los procesos de selección y se establecen medidas contra la temporalidad. Como decía, este estatuto ha sido negociado con sindicatos, partidos políticos, administraciones autonómicas y locales, y diseña un
modelo homogéneo de la Función Pública para todas las administraciones públicas, por supuesto, en el escenario de un Estado descentralizado y compatible con la autonomía de las administraciones territoriales, como no puede ser de otra forma.



Este proyecto de ley propone la creación de la figura del personal directivo, que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión y fomentará el dinamismo y la mayor implicación en los
objetivos del sector público.



Como puntos destacables señalaría que se crea un modelo homogéneo de la Función Pública; se profundiza en el diálogo social; se establece que las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que
las complementarias serán fijadas por cada Administración, como viene siendo habitual; se considera la reducción de la temporalidad como un objetivo esencial; se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad; se fomenta la
profesionalización de la Función Pública; se moderniza las normas de acceso y los procesos de selección y se apuesta por la profesionalización de los órganos de selección.



El proceso de elaboración, como he señalado, ha sido absolutamente acordado y consensuado. Por eso, no acabamos de entender la propuesta de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Y es que ustedes quisieron hacer algo muy
parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero no lo hicieron por una serie de circunstancias que ya se han enumerado esta tarde. Considero que lo que pretenden es que no lo haga este Gobierno aunque, por otra parte, eso no nos puede sorprender,
pues estamos acostumbrados a ver que ustedes siempre piensan que si no lo pueden hacer no hay que permitir que lo haga nadie, no hay que permitir que lo haga otro Gobierno. Y en eso están, aunque eso conlleve que no se realicen mejoras sociales ni
avances laborales.



El presente estatuto viene acompañado, como he señalado anteriormente, de un acuerdo muy importante con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública y un apoyo muy importante de diversas asociaciones de la Función Pública y, por
supuesto, de la Federación Española de Municipios y Provincias -a pesar de la carta que usted, señor Peñarrubia, ha leído; esa no es la realidad que hoy tenemos.- Y, desde luego, evita desigualdades excesivas entre distintas administraciones;
evita 19 modelos diferentes de Administración Pública y, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, garantiza el mínimo común denominador que debe tener la Función Pública en toda España.



También he de decir que, como saben, el estatuto salió del Congreso de los Diputados con más apoyos de los que entró, saben algo muy importante en la tramitación de un proyecto de ley y que indica que se aceptaron un número considerable de
enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios; anteriormente el señor ministro ha hecho alusión a 200 enmiendas de las aproximadamente 400 presentadas, lo que indica que el proyecto de ley se ha perfeccionado en su trámite
parlamentario.



Asimismo, debo señalar que esta ley es absolutamente necesaria. En primer lugar, en beneficio de todos los empleados públicos que, como he señalado, llevan 27 años esperándola; la esperan con ilusión, confían en que se apruebe este
estatuto, que va a ser un buen instrumento para que las administraciones públicas funcionen mejor y presten mejores servicios.



No obstante, creo que ustedes no tienen mucho interés en hablar hoy aquí del estatuto; ustedes tienen interés en bloquear el desarrollo y la tramitación de esta norma, extremo este que tanto nuestro grupo parlamentario como el resto de los
grupos considera que no se debe consentir. Este estatuto lo que hace es cumplir con lo que mandata la Constitución en su artículo 149 y con los estatutos en vigor de las diferentes comunidades autónomas.



Señorías, en el Estado constitucional que nos hemos dado, la legislación básica, como es este estatuto, tiene que regular lo que tiene que regular, ni más ni menos; y eso es lo que pretende esta norma. Este estatuto es una ley básica, pero
no una ley de mínimos; de ahí el amplio con-


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senso que ha despertado. Debo insistir en que con este estatuto no se conforman 19 modelos de Función Pública; al contrario, se perfila un modelo de Función Pública homogéneo para todas las administraciones públicas; eso sí, teniendo en
cuenta algo que olvidan ustedes: el Estado de las autonomías, con su diversificación organizativa.



El estatuto no renuncia a fijar un marco normativo relativo a los empleados de las administraciones públicas. Por primera vez, se elabora una realidad común a distintas figuras que componen la voz del empleado público: funcionarios y
personal laboral y eventual.



Establece unas normas básicas que se aplican a todos los empleados públicos en aspectos sustanciales como la adquisición y pérdida de la condición de empleado público, los derechos y deberes de los empleados públicos, las situaciones
administrativas, el régimen disciplinario, etcétera. Suscita un tipo de normas básicas que ofrecen reglas y principios generales y precisos, pero que al mismo tiempo abren el camino para el ejercicio de las políticas propias de recursos humanos y
la modernización de las diferentes administraciones públicas. Y se establece un común denominador normativo, un tronco común a través de las bases, si bien estas están desprovistas de afanes reglamentistas.



Refiriéndome a la Administración local, cabe decir que no hay pérdida alguna de autonomía local. Con carácter general, el personal de las administraciones locales debe regirse por las mismas normas que el resto de los empleados públicos,
previstas en este estatuto. En el artículo 3 se concreta que el personal funcionario de las entidades locales se rige tanto por la legislación estatal como por la legislación de las comunidades autónomas, pero siempre con respeto a la autonomía
local y siendo esta la garantía institucional de la autonomía de las entidades locales.



En cuanto a una cuestión que ha suscitado alguna controversia -me refiero a los habilitados de carácter estatal-, se mantienen como necesarias las funciones a desempeñar por los habilitados de secretaría e intervención.
Hay un
replanteamiento del reparto de la competencia entre las tres administraciones públicas: la central, la autonómica y la local, y, en algunos casos, se da más campo de actuación a las comunidades autónomas.
Esto no supone reducir los controles, como
algunos apuntan, sino todo lo contario, puesto que se refuerzan las garantías al ser ejercidas desde instancias más próximas a las entidades locales, a los ciudadanos y a los habilitados.



El estatuto ni renuncia, ni reduce, ni elimina los controles en los ayuntamientos, como en los últimos días se ha puesto de manifiesto con una publicidad, a mi juicio, engañosa. Al contrario, el estatuto refuerza la legalidad y eleva el
nivel de exigencia de los empleados públicos, igual que el Ministerio de Administraciones Públicas ha impulsado medidas para introducir más transparencia y poner más dificultades a la corrupción. Ustedes saben bien -y hay que decir que no lo
hicieron cuando gobernaban- que en los últimos tres años el Ministerio de Administraciones Públicas ha convocado 1.650 plazas en las sucesivas ofertas de empleo público; además, se han cubierto 2.451 plazas mediante el proceso de integración del
grupo B en el A, y 100 plazas más para la cobertura por los funcionarios en situación de interinidad. Ello evidencia que se ha actuado para reforzar los controles y garantías en las corporaciones, ante el relajamiento que hubo en las anteriores
legislaturas.



Queda garantizada la movilidad de los funcionarios habilitados por todo el territorio del Estado, a través de los concursos unitarios a convocar por el MAP.



No es cierto que los secretarios e interventores puedan ser nombrados y cesados libremente, atentando a la imparcialidad y profesionalidad. La Ley de bases de 1985, como bien saben ustedes, ya preveía que en capitales de provincia,
diputaciones y municipios de más de 100.000 habitantes se pudiera utilizar el sistema de libre designación entre funcionarios que hubiesen ganado su plaza por oposición. De hecho, es el mismo criterio que ahora se aplica.



Por supuesto que no hay discrecionalidad en la provisión de puestos y en gran medida se reproducen los actuales sistemas de provisión de puestos: el concurso de méritos y la libre designación.



En definitiva, señorías, hay que decir que este estatuto se ha elaborado con un importante consenso. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han mantenido una posición clara y abierta dirigida a la obtención del máximo consenso
posible, aunque con unos ha sido posible y con otros no, fundamentalmente con el Grupo Parlamentario Popular.



El Grupo Parlamentario Socialista agradece el apoyo obtenido y asume las críticas porque han significado aportaciones que han sido incorporadas a la ley. Con la mano tendida seguimos abiertos a la obtención del máximo consenso y del mayor
apoyo posible en este último trámite en esta Cámara.



Señorías, por todos los argumentos que he empleado, parecidos a los que expusimos en comisión, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado se va a oponer a este veto por considerarlo improcedente.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno a favor y en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, pasamos al turno de portavoces.



¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, voy a intervenir brevemente para fijar directamente la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con este proyecto de ley. Mi grupo parlamentario presentó varias enmiendas que fueron retiradas en el trámite
de comisión, enmiendas que venían a reflejar el posicionamiento de algún grupo, en este caso el tema de COSITAL en relación con los funcionarios de habilitación nacional. Se entendía por los propios proponentes que las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrès contenían esas aspiraciones, por lo que nuestro grupo retiró sus enmiendas en comisión para apoyar las de Entesa, así como las números 44 y 45 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



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Nosotros entendemos que se trata de un proyecto interesante y de hecho lo dijimos en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por eso vamos a apoyarlo votando en contra del veto, eso sí, a lo largo del debate de enmiendas se corrigen
las modificaciones que se produjeron por falta de acuerdo en la comisión en que se dictaminó este proyecto de ley.



Nuestra posición es contraria al veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular y favorable al proyecto de ley que hoy se plantea.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Casas.



El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.



Mi grupo parlamentario ha llegado a un alto nivel de consenso en este proyecto de ley. De hecho, en el Congreso de los Diputados fue grande el que alcanzamos junto con el grupo mayoritario. Si no me equivoco, fue el grupo que más enmiendas
consiguió introducir a base de diálogo con el Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual este proyecto, como digo, llegó al Senado con un nivel de consenso aceptable por nuestra parte. Es decir, que este proyecto ha entrado en esta Cámara con la
predisposición de nuestro grupo a votarlo favorablemente. Quedaban unos flecos que hemos podido resolver. Sé que ha habido momentos que no han sido fáciles, y sé también que ha habido una voluntad expresa del ministro y de personas del Partido
Socialista, concretamente de su portavoz, para hacer posible que el consenso que se alcanzó en el Congreso y que habríamos mantenido se haya podido mantener también en el Senado pero incluso con mayor convicción. Les agradezco el esfuerzo que han
hecho para terminar de resolver unos pequeños flecos. Eso hará que votemos a favor de este proyecto con mayor convicción todavía.



Le anuncio al señor presidente que en este acto vamos a retirar una serie de enmiendas: las números 175, 176, 177 y 194. Hay otras que van a ser objeto de votación favorable por nuestra parte -lo hemos hablado con algunos grupos
parlamentarios-, y hay algunas que sé que no van a prosperar -lo digo sin tapujos- pero que mantenemos porque forman parte de nuestro pensamiento político. Son enmiendas que aunque no sean aprobadas, no imposibilitan nuestro voto favorable a la
ley.



Señor presidente, insisto en que éste es un proyecto de ley que ha llegado a esta Cámara con un alto nivel de consenso. Reconozco el esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y concretamente el ministro -sé que ha intervenido
personalmente en algunos temas-. Repito que aunque nuestro voto iba a ser favorable lo va a ser aún más en este trámite.
Creo que se trata de una ley que convenía, pero después lo explicaré con algún matiz que creo vale la pena tengamos en cuenta.



Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.



La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente. Señor ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.



No me cabe duda de que estamos debatiendo un proyecto de ley importante.
No en vano ha debido esperar casi 30 años para ver la luz y con ello haber cumplido también un mandato constitucional.



Estamos, como les decía, y a mí al menos no me cabe duda, ante una ley importante, una ley que, a mi entender, trata de modernizar y garantizar la eficacia de la Función Pública pensando en los funcionarios y sus derechos, pero también -y
esto quiero subrayarlo, pues solamente le he escuchado decir algo parecido al señor ministro- pensando en los ciudadanos y en los derechos que a éstos les asisten en sus relaciones constantes con la Administración Pública, lo cual, desde luego, no
es poca cosa.



Es, además, una ley de gran transcendencia para el Estado en su conjunto, un Estado que en los últimos 25 años ha cambiado mucho, un Estado cuya estructura y organización nada tiene que ver con la fotografía del año 1984, última modificación
legislativa, si no me equivoco, de la Función Pública. Una ley todavía vigente y a la que, afortunadamente, al menos a mi entender, le quedan los días contados: La Ley de Reforma de la Función Pública 30 /1984, de 2 de agosto, que fue, por decirlo
de una manera suave, una burla del legislador estatal hacia el Estado de las autonomías, un insulto hacia el juego de autogobierno previsto en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía. Porque, ¿qué si no cabe decir de una norma, esta
Ley de 1984, en la que todos sus preceptos, todos, fueron declarados básicos, menos uno y parte de su exposición de motivos? Si bien es cierto que la misma era hija directa de la LOAPA y que estamos hoy ya en otro estado de cosas, al menos en la
materia que nos ocupa.



El proyecto de ley que debatimos es, pues, una buena ley. Así lo consideramos y así, señor ministro, se lo reconocemos. ¿Una ley mejorable? Sin duda, pero en todo caso es una buena ley. Estamos, por fin, ante una ley no únicamente
respetuosa con las competencias autonómicas en general, sino también -y esto quiero subrayarlo- con las directamente derivadas del régimen foral de Navarra en su disposición adicional tercera y también, en cierta medida, del régimen del País Vasco y
sus tres territorios forales en su disposición adicional segunda.



Dicho esto, señorías, no les oculto -ministro, usted lo sabe bien- que mantenemos todavía importantes diferencias respecto a cómo formular el texto definitivo de los mencionados preceptos y no dudo que podamos todavía acercar posturas y
llegar a una entente definitiva. Todo ello, desde luego, no obsta para que, de un lado, tenga que desconocer que las discrepancias existen y, de otro, reconocer que a pesar de ello estamos ante una iniciativa que abocará -espero- en una buena ley.



Queda claro, pues, que los senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no vamos a apoyar el veto presentado y defendido por el senador Peñarrubia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al proyecto de ley que nos
ocupa. Y se lo dije, senador Peñarrubia, en el trámite de comisión. Sus argumentos de fondo en la justificación del veto presentado me parecen arbitrarios y una evidente desmesura. Creo que es impro-


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pia de un partido que dice tener -y yo, desde luego, no lo voy a poner en duda- visión de Estado en los temas estructurales y troncales de la gestión publica y política de este país. Pero con igual sinceridad y respeto le digo, señoría, que
tampoco me cabe duda de que, a mi entender, dicha visión en la cuestión que nos ocupa y en algunas otras que no vienen a cuento es una visión equivocada, no acorde con la realidad de nuestro Estado de las autonomías y no acorde con la madurez de una
sociedad como la nuestra y con el compromiso de nuestros conciudadanos con la España moderna, esa España en positivo, expresión que ustedes tanto utilizan y que reivindican, además, constantemente. Lo percibo así y así se lo tengo que señalar.



Pero yendo un paso más allá de las cuestiones de fondo, debo decirle, senador Peñarrubia -y lo hago con el mismo respeto y con el afecto que a usted le consta que le tengo-, que la constante apelación de su partido a que el Gobierno nada
quiere saber con acuerdos con el Partido Popular y que prefiere alianzas -y hablo de componendas, no de alianzas- con los nacionalistas por no se sabe qué inconfesables objetivos, me parece una actitud infantil, una actitud bastante absurda. La
misma que ha adoptado usted hoy para desde esta tribuna afirmar que el proyecto de ley que estamos hoy debatiendo responde a compromisos con los grupos minoritarios de esta Cámara desoyendo la opinión del principal grupo de la oposición,
mayoritario, eso sí, en esta Cámara .



Ha llegado a decir desde esta tribuna -lo he copiado literalmente- que es un proyecto de ley que carece del consenso político mínimo exigible porque no tiene evidentemente el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara. Desde luego, hay que
tener poco rigor para lanzar una afirmación como ésta. Se lo digo porque es una excusa manida y maniquea que a estas alturas del juego político, ya 30 años desde que acabó la dictadura, resulta sonrojante que una humilde colega como esta senadora
de la VIII Legislatura deba recordar a su señoría y al grupo que representa que en ningún orden de la vida, en ninguno, incluido el universo político y lo que tiene que ver con la representación institucional, nadie es más ni mejor por ser o
sentirse más grande. O dicho de otro modo, sus 125 senadores no son más que los siete senadores vascos que les acompañamos en esta legislatura, y del mismo modo que esta portavoz no le niega ni resta un ápice de la legitimidad que le asiste para
procurar llegar a acuerdos con el gobierno de turno -usted sabrá por qué no llegan a ninguno, pero esa no es mi guerra-, tampoco le voy a permitir que ponga en duda ni cuestione la que asiste a los grupos minoritarios para hacerlo,
independientemente de que lleguen o no a buen puerto.



Le digo esto, que también le dije en comisión, porque nuestro voto en contra del veto presentado no es en modo alguno consecuencia de ningún pacto suscrito o convenido con el Gobierno socialista. Puedo asegurarle, créame, que en este
momento existen todavía serias discrepancias en relación con una cuestión que, a nuestro entender, es absolutamente fundamental, y que de suyo y objetivamente me impiden hablar de acuerdo o acercamiento alguno.



Pero ello no obsta para reconocer lo evidente y actuar en consecuencia, y es que la postura de su grupo en relación con el proyecto de ley que nos ocupa es equivocada y consecuencia de una visión de las cosas que no compartimos; tan
sencillo como eso. Y como dicen nuestros compañeros gallegos, meigas, haberlas haylas, pero me da la sensación de que recurrir a esta frase suele ser en no pocas ocasiones la excusa perfecta para quienes no quieren reconocer la realidad de las
cosas, o mejor dicho -y rectifico-, suele ser una buena excusa para quienes no quieren aceptar la libertad de otros, sean o no pequeños, a percibir la realidad de una manera distinta y a actuar en consecuencia.



El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera, a diferencia de ustedes, que este proyecto de ley regulador del Estatuto Básico del Empleado Público es un buen proyecto, infinitamente mejor que la actual ley e
infinitamente mejor que la alternativa que su grupo parlamentario ha puesto legítimamente sobre la mesa, aunque equivocadamente a nuestro juicio, y que justifica la presentación de su veto; un veto que, por todo lo dicho, recibirá un voto en contra
por parte de los siete senadores que conforman mi grupo parlamentario.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Nuet.



El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.



Buenas tardes, señor ministro.



Intervengo para manifestar la oposición de mi grupo parlamentario a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, porque aquellos grupos políticos que estamos de acuerdo con el sector público y con que los servicios
públicos de calidad funcionen, realmente estamos contentos de tener la oportunidad de aprobar el Estatuto Básico del Empleado Público, una ley largamente esperada.



La reforma de la Función Pública en profundidad es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las administraciones públicas, por la noble significación que el empleo público, con más de dos millones y medio de
trabajadores, tiene como sector estratégico en el mundo laboral. Pero, además, recordemos -y antes lo decía la senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos- que las medidas que hoy adoptamos no sólo afectan a los empleados
públicos, afectan también al conjunto de ciudadanos y ciudadanas del Estado español, y por tanto, su aprobación tiene una especial transcendencia.



Asimismo estamos de acuerdo con el proyecto de ley, y por tanto, en contra del veto, porque, como no podía ser de otra forma, este estatuto es respetuoso con el desarrollo del Estado de las autonomías, que ha ido evolucionando y que hoy
permite una foto que no es ni mucho menos la que permitía recién aprobada la Constitución Española, y estamos satisfechos de que el estatuto lo reconozca. Como la principal queja del Grupo Parlamentario Popular, y por tanto, su oposición al
proyecto, se centra especialmente en ese aspecto, en el hecho de que el estatuto del empleado público sea respetuoso con el Estado de las autonomías, voy a leer la disposición final segunda, una disposición sencilla y cuya redacción no podía ser
otra, pero que a


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veces se la viste con cuernos y cola como si fuese el origen de todos los males de este estatuto de la Función Pública. Dice la disposición que las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, respetando, en
todo caso, las posiciones singulares en materia de sistema institucional, y las competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos estatutos de autonomía y el marco de la
Constitución.



Lo que no es constitucional, lo que no está de acuerdo con el Estado de las autonomías es la posición del Grupo Popular y no el texto que hoy vamos a someter a votación y, por tanto, la posición del Grupo Popular -digámoslo como queramos- es
preautonómica o preconstitucional, porque la Constitución, repito, reconoce el Estado de las autonomías y, por consiguiente, todas las leyes básicas que el Gobierno realiza no pueden ser más que respetuosas con el desarrollo del Estado de las
autonomías.
Somos conscientes de que eso genera contradicciones y a veces problemas, pero para eso estamos aquí, para dialogar, para entendernos, para ir construyendo esa España plural que llamamos Estado de las autonomías.



Valoramos de forma positiva el proyecto por varios aspectos: en primer lugar, porque de las 200 enmiendas que decía el ministro, parte son nuestras, de los grupos políticos que en el Congreso de los Diputados representan aquí a la Entesa
Catalana y, por tanto, hemos contribuido a mejorar aspectos importantes, sustanciales de este texto. Por tanto, nos satisface más ahora que cuando el proyecto de ley inició su tramitación en el Congreso de los Diputados, porque además tiene apoyos
sociales imprescindibles para un proyecto de ley que afecta a ese número tan importante de trabajadores y de trabajadoras. Por consiguiente, esos son elementos satisfactorios.



Y paso a señalar algunos aspectos muy brevemente. La evaluación del desempeño de los funcionarios, un elemento positivo, un avance en la calificación, en medir el desarrollo del trabajo de los funcionarios y romper con antiguos clichés de
unos funcionarios que no trabajan, pero a los que no les puede mover del puesto de trabajo. Creo que ese es un gran avance. Por supuesto, las medidas de reducción de la tasa de temporalidad en el empleo público, iniciativa que nos parece muy
importante y, por consiguiente, pensamos que en ese camino hay que seguir trabajando. Los planes de igualdad que, desde nuestro punto de vista, tienen un aspecto en la ley novedoso. Los planes de igualdad avanzan de forma sustancial en alterar los
datos que hoy nos ofrece la Administración Pública, el techo de cristal es invisible con estos datos, donde a pesar de que hombres y mujeres tienen el mismo porcentaje en el empleo público, los puestos de responsabilidad los ocupan mayoritariamente
los hombres y no las mujeres y, por tanto, valoramos positivamente que se haya avanzado en esos planes de forma concreta. También quiero referirme a los interinos, al reconocimiento del cobro de sus trienios, una larga reivindicación que finalmente
queda resuelta, al aumento de la participación sindical en el proceso de selección de personal, etcétera.



Aparte de esos aspectos positivos, sabe el ministro que algunas de las reivindicaciones del cuerpo de funcionarios del Estado -los secretarios, los interventores y los tesoreros- son justas. Luego en el debate de las enmiendas podremos
entrar en ello y esperamos que en el trámite del Senado se pueda garantizar de forma clara la limitación a la libre designación por parte de alcaldes, presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares de los funcionarios con habilitación de
carácter estatal.



Pensamos que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio, que puede tranquilizar el cierto nerviosismo que en esos funcionarios había provocado el documento hasta el momento. Por lo tanto, creemos que podemos acabar cerrando ese tema de forma
satisfactoria, porque desde nuestro punto de vista hay que reforzar el papel de ese cuerpo público de funcionarios con habilitación de carácter estatal. Sin duda, los casos de corrupción, el pelotazo urbanístico que planea sobre muchos
ayuntamientos españoles requieren un cuerpo de funcionarios con esas características, más profesional y más dotado, por lo que haríamos un flaco favor -y se lo queremos decir, señor ministro- si confiáramos en que el personal directivo va a
solucionar alguna de las papeletas que deben solventarnos esos secretarios, interventores y tesoreros en nuestros ayuntamientos.



Estimamos que en ese camino queda trabajo aún por hacer y que, sin duda, la futura ley del Gobierno local nos permitirá abrir un nuevo debate para que la estructura de funcionarios públicos de la Administración local quede reforzada, como
merecen nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones.



Sin más, quiero mostrar el rechazo al veto que plantea el Grupo Parlamentario Popular y el apoyo a la ley. En todo caso, en el debate de enmiendas podremos entrar en consideraciones más concretas.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arjona.



El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.



Intervengo solo para agradecer a los diferentes grupos su posicionamiento, su alto nivel de responsabilidad y compromiso con esta importante ley -como se ha dicho-, una buena ley, una esperada ley por muchos funcionarios para mejorar la
Administración.



Termino diciendo que este es el estatuto que se merece la Función Pública española y pensamos que con su aprobación se van a solucionar importantes problemas y se va a iniciar un nuevo camino.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.



Nadie en su sano juicio y a estas alturas del debate discute que es necesario regular mediante ley el estatuto de los funcionarios públicos, entre otras razones porque es conveniente articular un sistema homogéneo, general,


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adaptado a los principios constitucionales y al nuevo modelo de Función Pública que nuestras administraciones demandan para estos tiempos, que acabe con la situación actual de un esquema derivado de la proliferación de normas diferentes y
haga viable una Función Pública menos compleja, con funcionarios más motivados, con simplificación de cuerpos y escalas y con funciones definidas y no solapadas. En definitiva, una Administración eficaz, equilibrada, austera y orientada al servicio
de los ciudadanos.



Ahora bien, ¿eso significa que hay que hacerlo a cualquier precio y rematadamente mal? Rotundamente, no. Como es natural, en esa deriva, en ese camino equivocado no va a estar el Partido Popular.



Señorías, desconozco -y se lo digo sinceramente- si con este proyecto de ley pretenden resolver flecos o aspectos que han quedado pendientes en la negociación del Estatuto de Cataluña y llevarnos a un modelo de Estado que algunos -y esta
tarde ha habido intervenciones en ese sentido- nos quieren imponer. De lo contrario, es muy difícil entender que se quiera parcelar, trocear y, si me apuran, desguazar la Función Pública, y con ello la Administración española. Y eso, que es
evidente, que lo ve todo el mundo, que así lo entiende el Grupo Parlamentario Popular, es de una enorme irresponsabilidad, señor ministro, de la que mi partido y mi grupo no quiere ser cómplice porque los particularismos conducen a un batiburrillo
de normas que no garantizan una Función Pública homogénea en todo el territorio nacional al no regular elementos básicos -y hay que repetirlo- como la carrera profesional, la promoción interna, la movilidad geográfica y funcional, el sistema
retributivo o el régimen disciplinario, que se remiten a decisiones posteriores de otras administraciones públicas.



Señor ministro, ustedes no tienen que gobernar ni con las mayorías ni con las minorías sino en beneficio de todos, en beneficio del conjunto, en beneficio de la sociedad española. Y estamos habituados a que si alguien -minoritario o
mayoritario, les da igual, les trae al fresco- no coincide con sus criterios y les reclama o demanda que se incorporen determinadas cuestiones, dan la callada por respuesta. Además, intentan que todos nos situemos en el pensamiento único, y esta
tarde ha habido intervenciones en ese sentido.



Señora Etxegoyen, suele usted dar una de cal y otra de arena. Hoy, además de algún inconveniente que ha expuesto en su intervención, ha utilizado su turno de portavoces para hacer un turno en contra. Es su papel. Nos tiene acostumbrados.
Y al grito de «Nacionalista el último» se ha incorporado a esta deriva que nos lleva a un despropósito de Estatuto Básico del Empleado Público, lo crea o no. Y tiempo al tiempo.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Señorías, vamos a proceder a la votación del veto del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



Se inicia la votación (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 106; en contra, 121; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Pasamos a continuación al debate de las enmiendas (Rumores.)


En primer lugar, enmiendas del senador Cuenca Cañizares.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente (Continúan los rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. Tenemos dos proyectos de ley todavía que debatir, y, además, queremos oír. Si no, abandonen el hemiciclo.



Continúe, señoría.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.



Ministro, esta parte que nos toca abordar ya no es tanto de decir que qué bueno es el proyecto -todo el mundo ha salido a decir lo bueno que es-, porque ahora procede el debate de las enmiendas y cuestionar y sacar a flote las deficiencias
que el proyecto contiene todavía.



Los de Izquierda Unida estamos en el acuerdo del proyecto, pero no nos parece del todo satisfactorio, y por eso hemos presentado 15 enmiendas respecto a las 126 que presentamos en el Congreso de los Diputados. Pero a priori, antes de entrar
a comentarlas, quiero decirle que el que le habla tiene serias dudas de que este proyecto pase el tamiz de la reciente Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Por ejemplo, en la LOU, que discutiremos posteriormente, ya se habla de decanos y
decanas, de directores y directoras, mientras que en esta ley solamente se habla de funcionarios, jueces, empleados..., y así podríamos estar toda la tarde. Por lo tanto, señorías, dudo de que este proyecto de ley pasara el tamiz de esa importante
ley que hemos aprobado recientemente sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que merecería la pena una relectura para evitar este tipo de deslices, que ya son corregidos en futuros debates como, por ejemplo, en el caso de la LOU.



Entro ya en las enmiendas, señorías. El senador que les habla, que es de Izquierda Unida, ha presentado 15 enmiendas. Brevemente paso a relatarles su contenido.


La número 12 pretende la inclusión del personal de investigación como uno de los colectivos que dispondrá de normativa específica. Para apoyar esta enmienda se presentaron en esta Cámara 2.500 firmas de investigadores reclamando dicho
objetivo, porque la redacción del borrador del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada durante su debate en la comisión del Congreso, dice en el artículo 2.2 que la aplicación de normas específicas es únicamente para el personal investigador
y, por tanto, excluye a las escalas para las que no se requiere el título de doctor. De mantenerse esta redacción, se dejaría fuera de la carrera de investigación a más del 60 por ciento de los trabajadores y de las trabajadoras que día a día hacen
viable desde muy diferentes profesiones y funciones las tareas de investigación del sector público. La redacción que proponemos enlazaría con el derecho a la carrera profesional evaluable y con retribuciones similares a las que se reco-


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nocen a los trabajadores de organismos que se acogerán a la Ley de Agencias Estatales, como es el caso de los organismos de investigación.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.



Señorías, es difícil seguir al senador Cuenca Cañizares en su intervención. Les ruego silencio o que salgan del edificio. Si lo hacen van a estar mucho mejor, van a poder hablar en su tono de voz, más tranquilos, más relajados. Les pido
que salgan, por favor. No se queden en los pasillos, porque además no están escuchando.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.



Aunque soy trabajador en excedencia de la Administración pública, estoy dispuesto a levantar la voz como si estuviera sobre un bidón a la puerta de una fábrica. No les quepa duda, porque oírme, seguro que me oyen.



Las enmiendas 13 a 18 abordan la supresión del personal directivo. Esta figura nueva que introduce el proyecto se refiere a un personal que no estará sometido a ningún control. Las condiciones de empleo no van a ser objeto de negociación
colectiva ni van a estar sometidos al régimen disciplinario que el mismo texto crea. No tienen que ser funcionarios y van a dirigir a todo el personal. Es la introducción de la gestión empresarial en la Función Pública. Pero además se me ha
olvidado decir que tampoco sabemos ni cómo se van a nombrar. Esta nueva figura que se le ha ocurrido al Gobierno es muy dudosa, y para nosotros es objeto fundamental de enmienda, como ya he dicho.



La enmienda número 20 se refiere a la inclusión de la cláusula de revisión salarial.



Las números 21 y 22 son relativas a otra cuestión que, a nuestro juicio, es discrecional y arbitraria. Me refiero a la propuesta de la eliminación de las entrevistas en los procesos selectivos. Si ustedes creen que no hay que eliminarla,
al menos habría que limitar la discrecionalidad que corresponde a la entrevista en estos procesos.



La enmienda 23 pretende mejorar y acercar los acuerdos de Bolonia a los grupos de clasificación profesional.



La número 24 trata de impedir que la movilidad implique cambio de residencia.



Estas son las enmiendas que hemos presentado, en un número menor que en el Congreso de los Diputados, y se refieren a lo que entendemos que debería corregirse en el texto. Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista tenga a bien
entenderlas. Creemos que no va a ser así, es una pena, es una lástima, pero habrá que seguir trabajando, en este caso -insisto- también con propuestas que plantean los sindicatos. Esto que les dice este senador de Izquierda Unida no se lo ha
sacado de la manga ni del bolsillo, sino que también son propuestas sindicales.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.



El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.



Señorías, señor ministro, voy a aprovechar mi intervención no solo para defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas para el debate en esta sesión plenaria, sino también para fijar la posición global del BNG
respecto a este proyecto de ley. Teniendo en cuenta las singularidades del Grupo Mixto, he preferido no abusar y no hacer uso de un turno de portavoces que no me correspondía para fijar nuestra posición global.



Este proyecto de ley nos merece una valoración global positiva, lo que ha motivado nuestro voto contrario al veto interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular. A diferencia de las razones expuestas por el Grupo Popular en la justificación
de su veto, nosotros pensamos que el Estatuto Básico del Empleado Público tiene que ser plenamente escrupuloso con el respeto a las potestades de autoorganización de cada administración. En este sentido, creemos que el texto remitido por el
Congreso de los Diputados se ajusta a lo que debe ser una ley de bases, respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, y a ello ha contribuido sin duda la introducción en el Congreso de los Diputados de la disposición final segunda.
A nuestro juicio, la ley mejora la concepción de las administraciones públicas como servicio a los ciudadanos y regula mejor los derechos y deberes de los empleados públicos para contribuir de manera más efectiva a este cometido.



Queremos destacar en particular las mejoras introducidas en el Congreso de los Diputados sobre la base de enmiendas presentadas por el BNG, la aceptación de que la formación continua se realice preferentemente en horario laboral, la
inclusión de las pagas extras y de la valoración de los trienios en la retribución de los interinos o la reducción, a nuestro juicio aún insuficiente, de la movilidad forzosa de los funcionarios.
Pero sobre todo quiero destacar la introducción,
dentro de los principios de conducta de los funcionarios, del criterio de que deberán atender a los ciudadanos en la lengua oficial que solicite; el derecho de una persona a vivir plenamente en su idioma no es un derecho real y efectivo mientras no
se introduzcan criterios como el que acabo de exponer.



No obstante, el Bloque Nacionalista Galego considera que aún hay muchos aspectos mejorables en este proyecto de ley, razón por la que mantenemos vivas diez enmiendas para su debate en esta sesión plenaria. La mayoría de estas enmiendas,
señor ministro, recogen demandas del movimiento sindical gallego y, en particular, de la Confederación Intersindical Galega, la CIGA, primera fuerza sindical de Galicia en la Administración pública.



Lamento tener que aprovechar este turno de intervención para matizar alguna de sus intervenciones anteriores. Nosotros no pretendemos que la minoría dicte las políticas sobre la mayoría, pero pensamos que es muy importante el respeto a las
formas y, desde nuestro punto de vista, en el debate previo en la interlocución con los agentes sociales previa a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, hay diferencias de forma que nosotros creemos reveladoras de defectos de fondo.
Me estoy refiriendo en particular a la no inclusión en el proceso de diálogo previo con los agentes sociales de sindicatos que legalmente tienen la condición de sindicatos más representativos, y estos no son únicamente, señor ministro, los
sindicatos estatales; reúnen legalmente esta condición de


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sindicatos más representativos a nivel de Estado por la representatividad sindical que tienen en las comunidades autónomas donde están implantados sindicatos como ELA-STV, en Euskadi o la Confederación Intersindical Galega, en Galicia.



Voy a hacer referencia a las enmiendas, que pretenden recoger demandas y aspiraciones del movimiento sindical gallego, y voy a procurar ser muy breve en su exposición.



En primer lugar, la enmienda número 1 propone crear una cláusula de revisión salarial por la cual, al final de cada año, se calculará el diferencial entre la inflación prevista y la real, lo que implicará, en su caso, una paga única y
consolidable por el importe de dicho diferencial. Desde nuestro punto de vista, es necesaria la introducción de esta cláusula porque, de lo contrario, habría una merma en el poder adquisitivo real de los trabajadores.



La enmienda número 2 propone la supresión del apartado c) del artículo 24.
Entendemos que los factores propuestos en este apartado como criterios para el cálculo de las retribuciones complementarias son, a todos los efectos, subjetivos e
incuantificables, por lo que su uso podría dar lugar a situaciones injustas, en las que estos criterios se utilicen de manera incorrecta.



La enmienda número 3, al artículo 26, propone mejorar las condiciones retributivas de los funcionarios en prácticas, incluyendo dentro de sus retribuciones mínimas el derecho a recibir la prorrata correspondiente a las pagas extraordinarias.



La número 4 pretende impedir que se destine un porcentaje de masa salarial a los planes privados de pensiones. De esta manera, la masa salarial se podría distribuir en otros conceptos retributivos y, al mismo tiempo, se reforzarían los
sistemas públicos de previsión social, lo que desde nuestro punto de vista tiene que ser criterio preferente por parte del Gobierno y de cualquier administración.



La enmienda número 5 propone la inclusión de las condiciones de trabajo del personal directivo entre las materias que serán objeto de negociación por las mesas de negociación colectiva.



Por lo que respecta a los procesos de selección, proponemos dos enmiendas que pretenden dotarlos de una mayor transparencia. Así, la enmienda número 6 propone que los miembros de los órganos de selección sean elegidos por sorteo o cualquier
otro mecanismo que garantice su carácter aleatorio. Desde nuestro punto de vista, es necesario establecer un método como el que nosotros proponemos, que incremente la transparencia en el proceso.



La enmienda número 7 pretende asegurar el derecho de las organizaciones sindicales a recibir información y a efectuar un seguimiento de los procesos de selección.



La enmienda número 8 pretende limitar el acceso a la prolongación del funcionario en el servicio una vez cumplida la edad de jubilación forzosa, estableciendo como única excepción el hecho de que el empleado no haya completado el período de
cotización para obtener la pensión de jubilación.



La enmienda número 9 propone la supresión de la libre designación en la provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. La redacción del texto actual hace referencia a que, excepcionalmente, se podrán
cubrir los puestos por el sistema de libre designación. Sin embargo, en la práctica, con esta fórmula se puede generalizar dicho sistema. Creemos que es básico y fundamental que en el caso de secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos
se preserve el carácter que estas funciones han de tener, como es el de garantizar el ejercicio de la independencia en sus funciones y la transparencia. Por lo tanto, si se generalizase la libre designación, entenderíamos que aspectos tan
fundamentales están en peligro. No obstante, saludamos que el Partido Socialista haya presentado una enmienda que pretende acotar más los casos en los que se puede hacer uso de la libre designación, refiriéndolos única y exclusivamente a los
supuestos ya contemplados en la ley.



Por último, voy a referirme a una enmienda que tiene para nosotros singular importancia, la número 10, que propone la adición de una disposición transitoria nueva relativa al personal funcionario de centros docentes, previamente dependientes
de otras administraciones, para su incorporación a los cuerpos docentes. Pensemos que en estos momentos hay en Galicia personal en estas circunstancias, como consecuencia de la transferencia del Instituto Social de la Marina a la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia y, sin embargo, no pueden integrarse en los cuerpos docentes; casos similares existen también en otras comunidades autónomas. Es cierto que una disposición como la que nosotros proponemos incorporar a este proyecto
de ley aparece recogida en el borrador del Estatuto del Funcionario Docente no Universitario, pero en estos momentos es impredecible el futuro inmediato de esta ley, y es posible que ni siquiera se apruebe en esta legislatura. Por lo tanto,
consideramos urgente y apropiado -y por eso solicitamos el apoyo de todos los grupos a esta enmienda- introducir esta propuesta en el Estatuto Básico del Empleado Público para resolver un problema real que afecta a los intereses legítimos de un
importante colectivo. Entendemos que las enmiendas que presentamos contribuyen a mejorar aspectos importantes de la ley desde el reconocimiento de que este proyecto de ley significa una mejora importante con respecto a la situación anterior.



Por último, aprovecho la intervención para dar por defendida la enmienda número 26, presentada por senador Mur, del Partido Aragonés.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Las enmiendas de Convergència i Unió ya han sido debatidas. (El señor Casas i Bedós pide la palabra.)


Senador Casas, había intervenido ya sobre esta cuestión.



El señor CASAS I BEDÓS: Señor presidente, durante el turno de veto cometí la equivocación de confundirlo con el turno de enmiendas. Como los servicios jurídicos de la Cámara han tomado nota de mis posiciones, y teniendo en cuenta que he
votado negativamente el veto, está clara mi posición.



Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen.



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La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.



Damos por defendidas nuestras enmiendas tal y como constan en el boletín oficial.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Nuet.



El señor NUET I PUJALS: Señor presidente, anunciamos la retirada de las 69 enmiendas de nuestro grupo.



Me gustaría que el señor ministro valorase el esfuerzo que hacemos con esta retirada, porque muchas son enmiendas justas que aún podrían seguir mejorando la ley. Sin embargo, en aras del consenso y del acuerdo sobre un texto con el que
globalmente estamos de acuerdo, vamos a retirar las enmiendas. Pero hay tres excepciones. En primer lugar, en relación a nuestras enmiendas números 255 y 256. Votaríamos a favor la número 278, del Grupo Socialista, enmienda que limita el libre
nombramiento de funcionarios. Hemos acordado con el Grupo Parlamentario Socialista una fórmula que nos parece adecuada y, por lo tanto, con la votación a favor de esa enmienda daríamos por transaccionadas nuestras dos enmiendas.



Asimismo, respecto a nuestra enmienda número 259, en este momento hago formalmente una propuesta de transacción que paso a leer muy rápidamente, porque es muy corta. Se trata de la adición de una nueva disposición a la transitoria séptima,
que trata sobre los funcionarios con habilitación de carácter estatal. Dice el texto: En tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la disposición adicional segunda de este Estatuto sobre el Régimen Jurídico de los funcionarios con
habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la Escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, que se entenderán referidas a la Escala de funcionarios
con habilitación de carácter estatal.



Yo pediría a todos los grupos una votación a favor de esta que será nuestra única enmienda, por considerar que viene a llenar un vacío legal que podría ser preocupante y que con esta fórmula quedaría resuelto.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.



La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.



Señorías, estamos debatiendo una ley muy importante y muy necesaria -como han argumentado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra- y, por ello, todos los grupos de la Cámara deberíamos aportar contenidos y aspectos para
mejorar texto que viene del Congreso y del Gobierno. Este es el caso del Grupo Parlamentario Socialista: queremos contribuir a mejorar, enriquecer y perfeccionar el texto que viene del Congreso. Consideramos que es un documento muy amplio, muy
rico, muy ambicioso y potente -como han señalado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra-, y desde el año 1978, momento en el que se aprobó la Constitución, se esperaba la regulación de este Estatuto Básico del Empleado Público.
Estamos en un momento importante, y es por eso en el Grupo Parlamentario Socialista también queremos contribuir al enriquecimiento de esta ley.



El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado, por un lado, un paquete de enmiendas orientado a aportar y a perfeccionar el texto y, por otro, a corregir algunos errores sin importancia de carácter gramatical o alusiones al articulado que
creemos que se han podido originar como consecuencia de la introducción de alguna transaccional en el trámite del Congreso, que imaginamos que han podido pasar desapercibidas allí, y hemos creído conveniente aprovechar el trámite del Senado para
introducir estas mejoras, como digo, de estructura gramatical, que dan una mayor perfección al texto.



Entrando ya en cuestiones de forma, planteamos una corrección al artículo 8, en el que se regulan los conceptos y clases de empleados públicos. El mencionado artículo hace una clasificación de los empleados públicos, y entre ellos se recoge
la figura del personal directivo. Nosotros no tenemos nada en contra del personal directivo; todo lo contrario, es una de las novedades más importantes que se establecen en este proyecto, y consideramos que esta figura va a introducir sin duda un
nivel más personal, más directo y una mayor implicación por parte de los funcionarios. Repito, que no tenemos nada en contra del personal directivo; todo lo contrario, pero planteamos su supresión dentro de la clasificación que se establece en el
artículo 8. Este artículo 8 establece una clasificación del concepto y clases de empleados públicos, y consideramos que el personal directivo será personal funcionario o personal laboral, pero no será en sí mismo una clase de empleado público.
Por
ello solicitamos la eliminación del apartado e) de ese artículo.



Asimismo, proponemos dejar fuera de la enumeración de situaciones administrativas recogidas en el artículo 85 al personal directivo; el personal directivo podrá hallarse, según los casos, en situación de activo o en situación de servicios
especiales, pero no es una situación administrativa en sí misma, no tiene especial sentido formular esa clasificación. Por eso solicitamos la supresión de la alusión del personal directivo en ese artículo.



También hemos propuesto la modificación del primer párrafo del artículo 13 porque consideramos que es oportuno prever la posibilidad de que los órganos de gobierno de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas
establezcan el régimen jurídico del personal directivo en estas administraciones públicas. Esta modificación la planteamos teniendo en cuenta que el personal directivo también se enmarca en las potestades de autoorganización de las administraciones
públicas.



A través de la enmienda 267, planteamos una modificación en cuanto a la redacción. Siguiendo con el tema del personal directivo profesional, actualmente el texto dice que la designación de este tipo de trabajadores atenderá a criterios de
mérito y capacidad y principios de idoneidad, por lo que nos parece que está erróneamente redactado. Debe señalar justamente lo contrario, que su designación atenderá a principios de igualdad y no a criterios, como


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dice la Constitución. Entendemos que es un error sin importancia y, por eso, solicitamos el cambio.



A través de la enmienda 268, que se formula al artículo 14, que tiene que ver con los derechos individuales de los empleados públicos, planteamos una modificación de la letra h) orientada a prever los distintos supuestos de acoso. Ya se
recoge el acoso sexual y solicitamos que se contemple, también, el acoso por razón de sexo, así como el acoso moral y laboral.



Lo mismo ocurre con la enmienda 277, donde se regulan las faltas disciplinarias muy graves, por lo que al final del párrafo añadimos una alusión al acoso moral, sexual y por razón de sexo. Obviamente, no responde a ningún capricho, sino que
pretendemos contemplar los distintos supuestos de acoso y tener en cuenta la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres recientemente aprobada en esta Cámara.



Otra de las aportaciones que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos introducir tiene que ver con todo lo relativo a la evaluación del desempeño. Desde luego, es una de las medidas más comprometidas de cara a la modernización y al
perfeccionamiento de la Administración pública pero hemos detectado que, si bien se establece que en el procedimiento para valorar el rendimiento profesional se garantiza la transparencia, la objetividad y la imparcialidad, no se había contemplado
el trámite de audiencia al interesado. Consideramos que es necesario y conveniente mencionar explícitamente este obligado trámite de audiencia.



Las números 271 y 272 pretenden incorporar la mención expresa a las Ciudades de Ceuta y Melilla, tal y como se ha hecho en otros artículos, pero, en este caso, lo solicitamos para los órganos de representación de la mesa general de
negociación.



En la enmienda 273 proponemos la modificación de la letra h) del número 1 del artículo 48, que establece los supuestos de concesión de permisos, así como sus efectos. Faltaba contemplar, precisamente, los efectos y consideramos que es
necesario hacerlo.



La enmienda 274 pretende, nuevamente, adaptar las modificaciones introducidas en el Estatuto general de los Trabajadores por la Ley Orgánica de igualdad, así como homologarlo y aplicarlo al Estatuto del Empleado Público.



En cuanto al permiso por parto, establecemos que el otro progenitor pueda seguir disfrutando del permiso de maternidad, aunque en el momento de la reincorporación de la madre ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. También
queremos prever la ampliación en dos semanas del permiso por parto y por adopción o acogimiento en el caso de discapacidad del menor, así como aludir al tema del acogimiento internacional.
Respecto al permiso de paternidad del padre, queremos hacer
alusión al otro progenitor para tener en cuenta los casos de parejas del mismo sexo.
Como cláusula general, se establece que se garantiza la plenitud de derechos económicos de los funcionarios durante el período de los citados permisos, que se
consideran servicio activo para que, una vez reincorporados al trabajo, puedan beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones laborales.



Como sus señorías saben, el trámite llevado a cabo en el Senado con motivo del debate de la Ley de igualdad trajo consigo una incorporación importante, pues fue precisamente en esta Cámara donde se introdujo la ampliación del permiso por
parto en los casos de parto prematuro y cuando el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto; dicho permiso se establece en tantos días como éste se encuentre hospitalizado por un máximo de trece semanas adicionales. En este
sentido, hemos presentado una enmienda transaccional a la número 274 a fin de incluir este aspecto, e imagino que todos estamos de acuerdo en que es necesario y conveniente introducirlo en este Estatuto del Empleado Público.



De la misma manera hemos considerado importante presentar una enmienda transaccional, que espero firmen todos los grupos -y creo que así ha sido, según me han informado los compañeros portavoces de los otros grupos políticos-, para
incorporar la ampliación del permiso por maternidad. Fue otro logro muy importante que se introdujo con la Ley de igualdad y, como no podía ser de otra manera, todos coincidimos en que es necesario que también se aplique en el caso del empleado
público.



A través de la enmienda número 278 hemos querido incorporar una precisión a la disposición adicional segunda. Ya han hablado aquí de esto algunos compañeros portavoces, el del Grupo Parlamentario Socialista y el del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, y es muy importante, pero queremos insistir en que quede bien claro que la libre designación de los funcionarios con habilitación de carácter estatal estará restringida a los municipios de gran población así como a
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Insistimos en que está contemplado en la ley, en la Ley de bases y en la Ley de grandes ciudades de 2003. Queremos volver a introducir esta apostilla para que quede meridianamente clara
esta alusión a este artículo ya que consideramos necesario aclarar las interpretaciones erróneas que se han hecho de la ley en el sentido de afirmar que se cambiarán los métodos de control en los ayuntamientos y en la gestión e intervención de los
mismos.



Tengan claro sus señorías que no hay nada en el texto que se refiera a que los mecanismos de control de las administraciones se vayan a modificar.
El texto mantiene la actual regulación de la Ley de grandes ciudades, pero insisto para que
quede bien claro en que hemos introducido una enmienda que hace mención a este soporte legal. El portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ya lo ha adelantado, y estamos de acuerdo en esa línea que viene a responder un poco a las
enmiendas que ellos planteaban, las números 255 y 256.



Otro aspecto que planteamos, siempre que sea compatible con lo establecido en la correspondiente legislación específica, es que se le puedan aplicar los mismos derechos establecidos para los funcionarios públicos que se encuentran en
situaciones especiales al personal con legislación específica propia de cara a homogeneizar y a equiparar el sector público.



También proponemos que para los procesos selectivos de funcionarios para la Administración local que hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este estatuto se aplique la normativa vigente en el momento de la
convocatoria. La enmienda transaccional a la que hacía alusión el portavoz del Grupo Parlamentario de


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Entesa Catalana de Progrés va mucho más allá, con lo cual yo creo que es abundar aún más en ese aspecto. Ambos grupos coincidimos en la conveniencia de introducir esta enmienda transaccional.



En la enmienda número 286 se propone la modificación del apartado 2 de la disposición final cuarta. Incluimos un párrafo nuevo para prever que lo establecido en la disposición final tercera, que se refiere a las incompatibilidades, no
entrará en vigor en las distintas administraciones públicas hasta que no lo haga en las mismas, el capítulo III del título III del presente estatuto, relativo a los derechos retributivos. En relación con ello hemos presentado una enmienda
transaccional, que espero firmen todos los grupos parlamentarios, dirigida a que los trienios reconocidos a los funcionarios interinos en el artículo 25.2 de la ley tendrán efecto a partir de la entrada en vigor de este Estatuto Básico.



Para terminar con las enmiendas de mi grupo diré que la número 287 plantea una nueva redacción del apartado 3 de la disposición final cuarta para evitar posibles vacíos legales en la gestión de los recursos humanos en el tiempo que
transcurra hasta que se dicten las leyes de Función pública y las normas reglamentarias de desarrollo. Queremos dejar claro cuál es la norma y el procedimiento aplicable en las administraciones públicas desde la entrada en vigor del Estatuto Básico
del Empleado Público en tanto se aprueban las leyes de Función pública y los reglamentos correspondientes. Y queremos también que en cada Administración pública haya una norma aplicable, que será la nueva que se dicte, pero en tanto en cuanto ésta
no se dicte se aplicará la que esté en vigor siempre que no se oponga al Estatuto Básico.



Por último, señorías, quiero explicar el sentido del voto particular solicitando la vuelta al texto del artículo 87 y de la disposición transitoria tercera, no sin antes trasladar la perplejidad del Grupo Parlamentario Socialista ante el
comportamiento del Partido Popular. No nos sorprende su estrategia de desarticular y torpedear las leyes. No nos sorprende porque ya estamos acostumbrados a ello. Lo que nos sorprende es que se solicitase en el trámite de comisión precisamente la
supresión de este artículo, del 87, que da la casualidad que es el que ustedes enmendaron en el trámite del Congreso de los Diputados. (El señor Peñarrubia Agius hace signos negativos.) Sí, señoría, da la casualidad de que es un artículo que se
encuentra en la misma línea de la enmienda que presentaron ustedes en el Congreso. No es extraño que se contradigan porque ustedes son una contradicción constante. Se ve a la milla cuál es la estrategia del Partido Popular en el Senado y en todos
los ámbitos.



Por eso solicitamos la vuelta al texto del Congreso, que precisamente regula un aspecto de suma importancia. No sé si usted, señor Peñarrubia, es consciente de que los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales
tienen derecho a reingresar al servicio activo en las condiciones y con las retribuciones que les correspondan en función de su categoría, nivel o escalón de la carrera ya consolidados y de que las administraciones públicas velen por que en esa
incorporación no haya menoscabo de la carrera profesional de muchos funcionarios que , por cierto, en un determinado momento deciden hacer un paréntesis en su carrera profesional para dedicar su tiempo a trabajar por los ciudadanos de su país. Y
seguro que por aquí, señorías, señor Peñarrubia, hay cerca algunos ejemplos.



A mí me gustaría, señores del Partido Popular, señor Peñarrubia, que nos explicara por qué eliminó la posibilidad de que estos funcionarios pudiesen reintegrarse a su servicio en esas condiciones y con esos derechos. Que lo explique y que
nos lo explique no sólo a nosotros porque tenemos esa duda, sino a los dos millones y medio de funcionarios por los que estamos trabajando en esta ley.



Ustedes sigan así. Sigan torpedeando las leyes. Sigan cargándose, como han hecho también, de un sólo golpe, los grupos de calificación profesional y sigan diciendo no a todo y no a todo. Sigan escenificando, como se ha hecho hoy aquí, la
soledad del Partido Popular. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando para construir leyes que benefician a los ciudadanos.



Termino, señor presidente. Estas son el conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo -como he dicho al principio de mi intervención- que van orientadas a perfeccionar y a mejorar el texto, como es nuestra
obligación en el trámite del Senado. Así lo estamos intentando. Aprovecho la ocasión para saludar a los responsables sindicales que están aquí acompañándonos, para agradecer a todos los grupos políticos las aportaciones al texto tanto en el
trámite del Congreso como en el trámite del Senado y para pedir y animar al Grupo Parlamentario Popular, que aún está a tiempo, a que se una y a que no vuelva a quedarse sólo una vez más en una ley tan importante como es ésta del empleado público.



Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.



Señorías, la verdad es que la respuesta a este turno de enmiendas pensaba darla desde el escaño y con absoluta brevedad, pero no tengo más remedio que hacer una exposición detallada para que quede constancia en el Diario de Sesiones después
de la intervención de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista.



Defiendo en un único turno los votos particulares a las enmiendas números 49 a 170, ambas inclusive, así como las enmiendas in voce presentadas y admitidas en comisión relativas a un nuevo Título VII, Función pública local, y supresión de la
disposición adicional séptima.



Como cuestión previa quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley -y entiéndase, por tanto, mi intervención- una enmienda a la totalidad en el Congreso, sendas propuestas de veto en el Senado tanto en
comisión como en el Pleno y casi 250 enmiendas, 247 para ser más exactos entre las dos Cámaras, de las cuales de momento sólo ha sido aceptada una, por otra parte, irrelevante y se nos ha propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista unas pocas
transaccionales que, al no mejorar lo contemplado en las enmiendas


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presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, no las hemos podido asumir.



Quiero decir también que el proyecto de ley consta de 100 artículos y mi grupo ha enmendado 75 de ellos. De las 18 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatoria y finales, las enmendadas han sido 11, amén del Título y de la
Exposición de Motivos que asimismo hemos enmendado. Todo ello significa, además de un rechazo, señor ministro, al proyecto de ley en su conjunto, una alternativa constructiva a su propuesta, a través de los contenidos y justificación de las propias
enmiendas y al desarrollo articulado que figura incluido a continuación de la Exposición de Motivos.



Pero no se alarmen, señorías, que no cunda el pánico porque, evidentemente y como es lógico, no voy a referirme en esta intervención a todas y cada una de las 124 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que permanecen vivas. Lo haré sobre
unas cuantas que servirán de muestra del despropósito, que si Dios no lo remedia y no lo va a remediar, van a llevar ustedes adelante. Porque, consciente o inconscientemente, han introducido un virus en este proyecto de ley que va a dañar
gravemente el sistema de Función pública española. En ese sentido, el propio título, Estatuto Básico del Empleado Público, es ya de por sí desafortunado.
Puede entenderse que, al coexistir en la Administración funcionarios y personal laboral,
hayan desistido a conciencia de la denominación que aconseja la Constitución de funcionarios públicos. Sin embargo, no es fácil entender que, alejándose de ese criterio, le llamen, y además en singular, «del Empleado Público». ¿Por qué no el «de
los Empleados Públicos» o el más razonable, el propuesto por mi grupo, de «Estatuto Básico de la Función Pública»? Este nombre engloba, sin necesidad de muchas vueltas y detalles, la realidad actual de la Administración y hace compatible la norma
que nos ocupa con el Estatuto de los Trabajadores, que también le es aplicable a estos empleados públicos.



Pero esto, señorías, a pesar de los pesares, es una cuestión menor si lo comparamos con el olvido y la exclusión de la razonable petición de la Federación Española de Municipios y Provincias en orden a incorporar al estatuto un título
referido a Función pública local, de tal manera que los desencuentros, diga lo que diga el señor ministro, del Gobierno con la institución que representa el municipalismo han sido sonados, cuestión esta de especial gravedad porque con su proceder
niegan la autonomía local y el reconocimiento de las peculiaridades del personal que presta servicio en las entidades locales y pone en evidencia las graves contradicciones que tienen sobre esta materia. Y a ello hay que añadir la indiferencia, por
no decir el maltrato, de que son objeto los funcionarios con habilitación nacional -enmiendas números 158, 159, 160, 166 y 169 de nuestro grupo- al pretender vaciar de contenido el carácter estatal de la habilitación.



Al margen de esto, no es posible sustraerse a comentar la disposición adicional séptima, enmienda in voce que introduce dentro de los grupos de clasificación profesional de personal funcionario de carrera del artículo 76, y cito
literalmente, otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación que, sin embargo, y eso es lo curioso, pueden promocionar en el supuesto de disponer de la correspondiente titulación. Este planteamiento, señorías, a mi grupo se le escapa.
No alcanzamos a comprender qué alcance puede tener. Desconocemos si van a ser funcionarios de proximidad, de cercanía, de vecindad, de parentesco o funcionarios adosados, o quizá estamos ante un disimulado turno que permita adquirir la condición de
funcionario por la vía del reconocido prestigio -por cierto, de eso la señora vicepresidenta del Gobierno sabe mucho-.



Bromas aparte, y ya para acabar esta primera exposición, hay que referirse necesariamente a la disposición final segunda, cuyo tenor literal es el siguiente: «Las previsiones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas
respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el
marco de la Constitución». Como es natural, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de supresión porque una disposición de esta naturaleza choca frontalmente, como ya hemos comentado, con el carácter básico que esta norma debe
tener precisamente, señor ministro, por mandato constitucional.



Por otra parte, la inclusión de esta disposición final segunda vulnera el modelo de Función pública recogido en nuestra Constitución al no garantizar una regulación con derechos y obligaciones iguales para todos los funcionarios y en todas
las administraciones del territorio nacional, con independencia de la administración en que se preste servicio, y de la comunidad autónoma en que se encuentre aquella.



Señor presidente, señorías, damos por defendidas el resto de las enmiendas en los justos términos en los que han sido planteadas.



Asimismo quiero manifestar que votaremos en contra de las enmiendas de los demás grupos parlamentarios incluidas en los correspondientes votos particulares, a excepción de la única enmienda transaccionada que mantiene el Grupo Parlamentario
de Entesa Catalana de Progrés, en la que nos abstendremos, pues, si bien con menos precisión y amplitud que en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en ella se recogen algunas de las legítimas aspiraciones de la Federación Española de
Municipios y Provincias, y en particular de los funcionarios con habilitación nacional.



Señora senadora, señor ministro, yo habría querido ser más breve, pero usted sabe tan bien como yo que un proyecto de ley de este calado no se arregla en el último suspiro. En este trámite final lo único razonable es mejorar, a través de
transacciones o reconsideraciones, algo con lo que se está sustancialmente de acuerdo, siendo las diferencias sólo de matiz, pero siempre sobre la base de la existencia de un acuerdo previo fundado en conversaciones serias y tendentes a encontrar
puntos de encuentro, y eso, señoría, no ha sucedido. En ningún momento ha habido voluntad política por parte del Gobierno socialista para tender puentes al Partido Popular, y por eso no es de recibo el intentar hacer guiños y disimular ciertas
cosas, y sobre todo hacerlo a última hora para intentar dar la sensación de que ustedes quieren llegar a acuerdos, pero que


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nosotros somos intransigentes y no los aceptamos. En primer lugar, eso no es verdad, y en segundo lugar, son, además, conscientes de que con este proyecto de ley es imposible acordar nada, entre otras cosas, porque a éste le sobra confusión
y le falta sentido común.



No es aceptable proponer supuestas mejoras vía enmienda cuando mi grupo parlamentario ha presentado casi ciento veinticinco. No es aceptable ofrecer transacciones con enmiendas del Grupo Parlamentario Popular cuando las nuestras son más
claras, más directas y están técnicamente mejor formuladas, y no es asumible pedir que apoyemos algo cuando, por sistema, se rechaza todo lo que propone el Grupo Parlamentario Popular. Y le voy a citar algunos ejemplos. Cuando nos ofrecen ustedes
una transaccional para incluir Ceuta y Melilla en la mesa de negociación se olvidan que ello ya está contemplado en las enmiendas 84 y 85 del Grupo Parlamentario Popular, que no aceptan; cuando nos ofrecen una transaccional sobre permisos de
funcionarios, olvidan que ello está asimismo contemplado en la enmienda número 92 de mi grupo parlamentario; cuando nos ofrecen transaccionales relativas a funcionarios locales con habilitación nacional, pretenden ignorar que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado un bloque de enmiendas de acuerdo con los criterios de los representantes de ese colectivo, y sobre todo de la Federación Española de Municipios y Provincias, y es más, un título nuevo referido a Función pública local.



Es decir, son propuestas que, como ya he dicho, ya están planteadas, y de mejor forma, por el Grupo Parlamentario Popular, que sin embargo son rechazadas sobre la base de lo que decía anteriormente en relación con la intervención de la
señora Etxegoyen, del pensamiento único que ustedes nos quieren imponer.



Ahora bien, cuando las cosas son razonables y nos ofrecen, como es el caso, una nueva disposición transitoria sexta, de ampliación del permiso de paternidad, contemplado en el apartado c), del artículo 49, de 15 días a cuatro semanas, el
Grupo Parlamentario Popular no tiene reparo en apoyarla porque, en primer lugar, las administraciones gobernadas por el Partido Popular, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid -y aquí está la concejala de Personal, doña Begoña Larrainzar-, han
sido pioneras en la implantación de esta medida. Y, en segundo lugar, por coherencia con lo que defendimos hace dos semanas en el debate de la Ley de igualdad.
Eso sí, y se lo digo para su conocimiento, nos hubiera gustado que la aplicación de la
ampliación de 15 días a cuatro semanas hubiera sido al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado y no en un plazo de seis años, como ustedes nos proponen.



Por último, señor presidente, y con esto sí que acabo, quiero decirle a la senadora que no es verdad lo que ella ha dicho del artículo 87. El artículo 87 venía redactado tal cual, con sus cuatro apartados, 1, 2, 3 y 4 en el texto que el
Consejo de Ministros remite al Congreso de los Diputados. Mi grupo intentó una enmienda, que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista y, en consecuencia, votamos en contra de la totalidad del artículo 87 en el Congreso de los Diputados.
El trámite parlamentario tiene su continuidad y en el Senado consideramos conveniente pedir votación separada de los apartados 1 y 2 y 3 y 4, porque estamos conformes con garantizar situaciones administrativas para los funcionarios que se dediquen a
la actividad política, pero dar otros pasos, y sobre todo en esta ley, no nos parece razonable. Y planteamos la supresión de la disposición transitoria tercera en coherencia con la disposición adicional séptima que acabo de comentar hoy, en
relación con la inclusión de otras agrupaciones profesionales sin el requisito de titulación académica.



Por tanto, señorías, señor presidente, y con esto acabo, nosotros no podemos ser cómplices de este proyecto de ley que hoy nos traen a consideración.



Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



¿Turno en contra? (Pausa.)


Tiene la palabra el senador Arjona.



El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.



Intentaré ser breve. Son varios los grupos que se han posicionado y quisiera responderles, aunque fuera sucintamente. Respecto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto, de la 11 a la 25, tengo que
manifestar nuestra oposición. Quiero referirme a que el estatuto no ofrece flecos que quieran seguir negociando las organizaciones sindicales, como aquí se ha dicho, y que el texto del Estatuto Básico del Empleado Público está cerrado y suscrito
con las organizaciones sindicales, con UGT, con Comisiones, con CSIF y con el CSI.



También quiero decir que el personal investigador, refiriéndome a alguna enmienda concreta, no es lo mismo que personal de investigación. Las peculiaridades, las normas singulares recogidas en el estatuto son para el personal investigador,
un colectivo que por sus funciones especiales reclama un tratamiento específico y no es equiparable al personal de investigación. Es lo que se refiere a las cláusulas de revisión salarial, también nos tenemos que manifestar en contra.



Respecto a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular he de decirles, al igual que hice en comisión, que prácticamente han presentado las mismas enmiendas que en el Congreso de los Diputados, tanto en comisión como en Pleno. Aunque
algunas de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista dan respuesta a algunas de las reivindicaciones que se plantean desde el Consejo General de Secretarios e Interventores y que son, caso de aprobarse, soluciones claras a
esos planteamientos, ustedes no han querido apoyarlas, como se les había ofrecido.



Voy a aprovechar este turno para decir que vamos a apoyar la enmienda número 10, del Bloque Nacionalista Galego , del Grupo Parlamentario Mixto. Están incorporadas al texto porque ya apoyamos en comisión las números 33, 35 y 36, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y hemos presentado una transaccional que soporta las enmiendas números 44 y 45, de dicho grupo, así como la 279, del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a apoyar las enmiendas números 174, 189 y
190,


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del Grupo de Convergència i Unió, y hemos planteado una transaccional a la número 173.



Asimismo, se ha transaccionado la enmienda número 278, del Grupo Parlamentario Socialista con las números 255 y 256, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la 283, también del Grupo Parlamentario Socialista, con la 259,
asimismo de Entesa.



Termino diciendo que agradezco profundamente a todos los grupos el esfuerzo de consenso que se ha realizado en esta Cámara en el día de hoy por la importancia que tiene el Estatuto Básico del Empleado Público para un mejor servicio a los
ciudadanos y para esos dos millones y medio de funcionarios a los que anteriormente hemos aludido todos los grupos.
Agradezco sinceramente el consenso que han planteado la mayoría de los grupos de esta Cámara. Aunque el debate se ha alargado un
poco, todos hemos intentado ser lo más serios posible a la hora de intentar llegar a los acuerdos que necesitaba esta ley.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Pasamos al turno de portavoces.



Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.



Mi intervención va a ser breve.



Escuchábamos hace un momento al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decir que no quedaba ningún fleco. Señor senador, le aseguro que este escrito que se ha registrado en esta Cámara, con el anagrama de un sindicato, sobre el
personal de investigación, no me lo he inventado yo. Lo tengo aquí, y tiene registro de esta Cámara, con 2.500 firmas de personal de las OPI, de investigación, o sea que no me lo he inventado.
Si no lo quieren reconocer, hay que decirlo en
manchego: no, pero no me diga que no hay flecos porque le puedo enseñar este escrito que ha entrado por registro en esta Cámara. Yo creo que es mejor decir que no.
Si hay desencuentro hay desencuentro, como también lo hay en lo relacionado con el
personal directivo. Ustedes ahora lo han descubierto, parece una innovación, y les ha dado por poner este tipo de cosas en la Administración, ¡pues bueno! Pero estamos disconformes.



Lo mismo ocurre con respecto a las entrevistas. Hay quien, cuando está en las administraciones y en la oposición plantea un discurso sobre las entrevistas en el sentido de que no deben tener un papel preponderante ni decisivo en los
procesos, pero cuando entran en otro ámbito parece que les da el espasmo y se olvidan de lo dicho anteriormente. Nosotros queremos ser coherentes, tanto en un lado como en otro. Estamos en contra de las entrevistas y, en última instancia, le hemos
planteado una alternativa: la posibilidad de minimizar en lo posible en los procesos de selección el apartado de entrevistas. Nos gustaría que ustedes hubieran sido coherentes con ese discurso. No ha sido posible, y prefiero que digan que no. No
pretendo discutir con usted quién lleva razón, pero si usted me dice que no hay flecos, yo le saco este escrito, ¿de acuerdo?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.



Voy a ser breve.



Habíamos anunciado nuestro apoyo a la ley, tal como ocurrió en el Congreso, y habíamos hablado de una serie de enmiendas que había presentado el Grupo de Coalición Canaria, que entendíamos que se incorporaban a las enmiendas que había
defendido y que hoy ha retirado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Vamos a apoyar una serie de transaccionales en relación con algunas de esas enmiendas, y también nos satisface la transaccional sobre las enmiendas números 44 y 45,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



Anuncio que vamos a apoyar la enmienda número 10 del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, en relación con el personal docente dependiente de otras administraciones públicas y también, por coherencia con lo manifestado en comisión por
este portavoz, la enmienda número 12 de Izquierda Unida. Mi grupo comparte el criterio del representante de Izquierda Unida en esta Cámara, teniendo en cuenta ese personal de los OPI, que pertenece al Instituto Astrofísico de Canarias y que está
demandando nuestro apoyo, tal como se plantea a través del sindicato y a través de la enmienda presentada en esta Cámara por Izquierda Unida.



Gracias.



El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.



El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.



Señorías, por fin ha llegado una ley -era un mandato constitucional, aunque haya tardado- que reordena el sector de los funcionarios públicos.
Es una ley compleja, no es una cuestión fácil de abordar por el Gobierno -y hay que reconocer al
ministro Sevilla el coraje que ha tenido de sacarla adelante- porque es una materia con competencias compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.



Señorías, legislar sobre esta cuestión puede dar lugar a una invasión de competencias o no llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Este no ha sido el caso, considero que el proyecto de ley se ha tramitado con un nivel de diálogo
que ha hecho posible, primero, no entrar en conflicto con la Constitución, pues ,en mi opinión, la ley es respetuosa desde principio a fin con el ámbito competencial, y, segundo, se ha llegado a un consenso aceptable con todos los grupos
parlamentarios, excepto con el Grupo Parlamentario Popular, por la razón que sea, no me incumbe a mí juzgarlo. Se cumple así un mandato constitucional, y es bueno que el empleo público esté ordenado en una ley marco. Por tanto, hoy aprobamos un
importante proyecto de ley necesario, conveniente y que reordena el sector.



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Dicho esto, mi grupo participa de la satisfacción lógica del Gobierno, en la medida en que hemos participado activamente en el consenso, sobre todo en el Congreso, aunque he de reconocer el esfuerzo del ministerio -nos consta- para que lo
hiciéramos con más entusiasmo, porque hubiésemos votado igualmente a favor. Pero, repito, es un buen proyecto de ley que entrará pronto en vigor.



Pensando en el futuro quiero hacer una reflexión que he apuntado con anterioridad: hoy en España hay un divorcio importante entre las personas sujetas a la Función Pública, los funcionarios públicos, y los trabajadores sujetos al Estatuto
de los Trabajadores; la diferencia es importantísima: las condiciones de trabajo de unos y otros están muy separadas y, desde luego, las mejores son las de los funcionarios públicos.



Señorías, llamo la atención sobre esta cuestión porque difícilmente el sector industrial y el sector servicios podrán alcanzar en una economía globalizada -ojalá pudieran- la situación que hoy tienen los funcionarios reconocida por ley,
entre otras razones porque los sectores industriales y de servicios tienen una competencia clarísima, están sujetos no sólo al mercado interior sino también al exterior, y, por tanto, hay una masa crítica constante de competencias que les hace
competitivos o no y que hace que continúen o no, con una diferencia en relación con el sector público: cuando una empresa industrial o de servicios cierra y crea un número de parados, los mismos sectores industrial o de servicios la absorben, pues
una empresa normalmente cae porque no ha sido competitiva y otros, más competitivos, absorben estos puestos de trabajo. Esto no ocurre en la Administración pública. No tiene masa crítica y es difícil medir la competitividad, sólo puede hacerlo por
su eficacia en su relación con el ciudadano, que todos esperamos, deseamos y, de hecho, trabajamos para que sea buena.



Yo llamo la atención para que en el futuro, cuando sigamos legislando sobre estas cuestiones, tengamos presente que incrementar esta diferencia no sería justo y sobre todo podría llegar algún día en que esto fuera económicamente
insostenible. No digo que estemos en ese punto ahora, ni mucho menos, ni que a corto plazo podamos llegar ahí, pero seamos conscientes de que el peso del coste de los servicios públicos tiene un límite y muchas veces hemos comprobado que algunos
servicios públicos gestionados por iniciativa privada son más eficaces económicamente y a lo mejor dan mejor servicio.



Seamos conscientes de las consecuencias si seguimos avanzando en esta diferencia y llega un momento en que el ciclo económico no es al alza, y esto pasa en economía: hay momentos en que la economía sube, de hecho llevamos muchos años
creciendo -y que dure-, pero esto no es eterno. Si seguimos avanzando en esta dirección y entramos en un ciclo de recesión económica yo simplemente advierto de que hemos de ser conscientes de lo que tenemos entre las manos porque a unos años vista
podría ser insostenible económicamente. Yo solo llamo la atención al respecto e insisto en que la diferencia que hay entre las condiciones de un funcionario público y un trabajador sujeto a un estatuto hoy son tolerables, pero hemos de evitar que
lleguen a ser injustas, porque podríamos llegar a provocar un agravio comparativo. Espero que no sea así, no digo que con esta ley se llegue a eso, pero advierto de que en el futuro hemos de andar con cuidado con estas cuestiones.



Comparto la lógica alegría del señor ministro porque creo que hemos hecho una buena ley, simplemente hago una advertencia de futuro porque soy joven y quiero prever el futuro en positivo para nuestro país.



Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.



La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.



La postura del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos respecto al fondo del proyecto de ley que nos ocupa ha quedado clara con nuestra postura contraria al veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular y los argumentos
que hemos defendido momentos antes.



En cualquier caso, sí quiero señalar que ha habido un último esfuerzo de acercamiento -ya lo anunciaba con motivo de mi anterior intervención-, un esfuerzo que, efectivamente, ha dado sus frutos: ahora tenemos un texto transaccionado sobre
nuestras enmiendas 44 y 45 y la 279, si no me equivoco, del Grupo Parlamentario Socialista, lo cual de alguna forma da satisfacción a los intereses y a la postura que defendíamos unos y otros respecto a este tema.



Es por eso que ahora sí puedo anunciar que, efectivamente, mi grupo va a votar a favor del presente proyecto de ley, y quiero decir además que lo vamos a hacer con gusto, pero también con responsabilidad.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Nuet.



El señor NUET I PUJALS: Gracias, presidente.



Anuncio nuestro voto favorable a las siguientes enmiendas: 10, del Bloque Nacionalista Galego; 44 y 45, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 174, 189 y 190, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y 278 del Grupo Parlamentario Socialista. Votaremos en contra de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular porque pensamos que no mejoran el proyecto de ley y quiero añadir que con los trabajos y transacciones que se
han hecho y con las enmiendas que finalmente se han pactado, el conjunto de la ley mejora y, por tanto, sale en mejores condiciones del Senado.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arjona.



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El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.



Solamente quiero añadir que esta ley del estatuto básico es importante por lo que representa en el avance y la modernización de la Administración pública, y que un sector público y más concretamente una Administración pública moderna y ágil
es fundamental para el avance de la sociedad española.



Termino diciendo que este buen estatuto se ha refrendado con un alto nivel de acuerdo aquí en el Senado, al que han colaborado todos, también, por supuesto, de forma muy importante Izquierda Unida, y doy las gracias a todos por su
participación en este debate.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.



El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor presidente, intervendré con absoluta brevedad.



A lo largo del debate le he dicho al señor ministro que a este proyecto de ley le ha faltado consenso. Ahora ya para acabar le voy a decir, señor ministro, que le ha faltado talante, porque ha rechazado por sistema las razonables propuestas
que desde amplios sectores de la Función Pública le han formulado.



En este sentido, hay que destacar -y permítanme que lo haga y que insista en ello- el desencuentro sonado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero además han sido imprudentes, ya que no han solicitado el conveniente
dictamen al Consejo de Estado y han obviado las recomendaciones que este alto organismo emitió al proyecto de 1999 del entonces Gobierno del Partido Popular.



Pero, sobre todo, introduce confusión, como ha quedado de manifiesto en este debate, en la ya de por sí compleja Administración española, porque el mandato constitucional, señor ministro, no implica refundir legislación, no establece que
cada comunidad autónoma dicte sus propias normas en materia de Función Pública, sino que persigue desarrollar un sistema coherente y vertebrado de principios básicos que garanticen una Función Pública imparcial, profesional, independiente y no
politizada, en términos de igualdad en todo el territorio nacional.



Por tanto -y concluyo, señor presidente, señorías-, el Grupo Parlamentario Popular no puede aprobar el proyecto que debatimos. Después de este debate y tras el trámite que queda pendiente en el Congreso, podrán decir del estatuto lo que
crean conveniente, nosotros haremos lo mismo, pero digan con claridad que el Partido Popular no ha sido cómplice de tamaño despropósito.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



En primer lugar, votamos la enmienda número 12 del senador Cuenca Cañizares.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, ocho; en contra, 221; abstenciones, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos el resto de las enmiendas del senador Cuenca.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, cuatro; en contra, 221; abstenciones, diez.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.



Enmienda número 10 del senador Jorquera.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 125; en contra, 110.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto del senador Mur.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, cuatro; en contra, 222; abstenciones, nueve.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.



Vuelta al texto del Congreso en lo referente al artículo 87, también solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Enmiendas de Convergència i Unió números 174, 189 y 190.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Enmiendas de Convergéncia i Unió números 171, 172, 178 a 188, 191, 192 y 193.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 15; en contra, 216; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 31, 32, 34, 37 a 43 y 46 a 48.



Se inicia la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 17; en contra, 215; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario de la Entesa han sido retiradas todas sus enmiendas, salvo la enmienda número 259 que soporta transaccional, por lo que no hay que votar ninguna.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.



Vuelta al texto del Congreso en lo modificado en la disposición transitoria tercera.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 264 a 273, 275 a 278, 281, 284, 285 y 287.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos, a continuación, la enmienda transaccionada en comisión sobre la base de la 173, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 233; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Señorías, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las números 49 a 163; 165 a 170, y dos enmiendas in voce presentadas en comisión relativas a la adición de un título VII Quáter y a la supresión de la
disposición adicional séptima.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 109; en contra, 125; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 87245, firmada por todos los grupos parlamentarios.



¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Pausa.)


Queda aprobada.



Votamos las propuestas de modificación con números de registros 87247, 87248 y 87250, que han sido firmadas por seis grupos parlamentarios.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 126; en contra, 108.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos, a continuación, la propuesta de modificación con número de registro 87249.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, tres; abstenciones, 106.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos al dictamen. En primer lugar, votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 125; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos el resto del dictamen.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definido por su Majestad el Rey. (Aplausos.)


-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (S. 621/000083) (C.D. 121/000101).



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a debatir el dictamen de la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.



Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Aránega.



La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Me cabe la satisfacción y el honor de haber sido designada por la Comisión de Educación y Ciencia para la presentación, ante el Pleno, del dictamen de la citada comisión sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
(El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)


El proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades tuvo su entrada en esta Cámara el día 27 de diciembre de 2006. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 8 de febrero
de 2007, pero fue ampliado hasta el día 14.



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Por otro lado, en la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión celebrada el día 5 de febrero, se decidió abrir un plazo para la presentación ante la comisión de una serie de comparecencias de autoridades y expertos propuestos por los
diferentes grupos parlamentarios a fin de que aportasen su punto de vista sobre este proyecto de ley. En base a ese acuerdo, el día 19 de febrero se celebró en la comisión una sesión donde se produjeron doce comparecencias con el perfil antes
citado.



A este proyecto de ley se han presentado una propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular y 337 enmiendas por parte de todos los grupos parlamentarios.



En su sesión del día 12 de marzo la comisión aprobó como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación del contenido de las siguientes enmiendas: 124 y 125 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, 141 a 147 y 149 del Grupo Parlamentario Socialista y catorce enmiendas transaccionales acordadas sobre la base de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. El dictamen fue publicado el 16 de marzo.



Se han presentado un total de siete votos particulares mediante los cuales se mantienen vivas una serie de enmiendas; por ejemplo, de la 1 a la 3 del senador Urrutia, otras del senador Cuenca Cañizares y algunas más del resto de grupos
parlamentarios.



Nada más y muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.



Señora ministra, si quiere intervenir, tiene usted la palabra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.



Señoras y señores senadores, estoy convencida, como creo que lo están todos los presentes, de que la política universitaria, por su importancia en el progreso y en el bienestar de nuestro país, debe ser una política de Estado. Ésa es la
razón por la que a lo largo de toda la tramitación del proyecto que ahora tienen ustedes en sus manos, el Ministerio de Educación y Ciencia ha buscado siempre el máximo consenso. Antes de llegar a las Cortes el texto fue ampliamente debatido en el
seno de la comunidad universitaria, asumió las demandas de colectivos sociales estrechamente vinculados a nuestras universidades y recibió el respaldo institucional del Consejo de Estado y del Consejo de Coordinación Universitaria.



Durante la tramitación del proyecto en el Congreso expresé mi más firme voluntad de diálogo y la disposición del ministerio a aceptar cualquier propuesta que mejorara el texto que impulsara las líneas generales en las que este se inspiraba.
Efectivamente, el texto salió enriquecido de la Cámara Baja. El Congreso acentuó la vocación europeísta del proyecto e incentivó la movilidad de estudiantes y profesores así como la del personal de administración y servicios. Impulsó también la
creación de programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria, estimuló la apertura de nuestras universidades hacia la sociedad, promovió de un modo más firme la cooperación entre las administraciones, aumentó los
derechos de estudiantes y profesores y mejoró las condiciones laborales del personal de administración y servicios.



Después, en el seno de la Comisión de Educación de esta Cámara el proyecto ha sido sometido también a un intenso debate en el que la voluntad de consenso se ha traducido en la aprobación de un número importante de enmiendas transaccionales
que de nuevo han contribuido a mejorar el proyecto. Estoy segura de que el texto que saldrá hoy de este Pleno será más rico, más plural, más completo y ambicioso que el que llegó en diciembre a esta Cámara.



Para terminar me gustaría señalar que la ley va a conferir más autonomía a las universidades, lo que va a permitir que éstas sean más independientes, más ágiles y flexibles y puedan afrontar mejor los retos que impone la sociedad del
conocimiento. Pero al mismo tiempo la ley arbitrará los medios para que las universidades sean más responsables y efectúen de un modo eficaz su rendición de cuentas ante la sociedad. Esta ley va a promover también la investigación universitaria y
la transferencia de sus resultados hacia la sociedad. Va a reforzar la cooperación institucional entre las administraciones con competencias en universidades, va a otorgar un lugar central a los estudiantes en el diseño de las políticas
universitarias y va a impulsar las políticas de igualdad en la universidad. En definitiva, este proyecto es fruto del diálogo y de la cooperación institucional, diálogo y consenso gracias a los cuales el texto que apruebe hoy el Senado, como he
dicho, será sin duda mejor que el que llegó en diciembre a esta Cámara.



Muchas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.



A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto. Por el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla, tiene la palabra el senador Abejón.



El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, bienvenida a esta Cámara.



Incertidumbre, decepción, desánimo y preocupación. Éste es el sentir de un amplio sector de la comunidad universitaria porque, señora ministra, en contra de lo que usted dice este texto no llega consensuado al Senado, como le hubiese
gustado a la sociedad española.



No podemos hablar de un texto consensuado que se ha hecho a espaldas de una gran parte de las comunidades autónomas que ni siquiera han sido escuchadas, señora ministra. Un texto que se ha hecho a espaldas de la comunidad universitaria,
puesto que llegó al Congreso sin haberla escuchado. Y se ha hecho a espaldas del partido principal de la oposición. Y no es para estar nada satisfechos. Porque lo que nos piden son leyes duraderas, leyes consensuadas y leyes que sean para todos
los españoles. Con ese panorama que yo le acabo de describir es imposible venir aquí satisfecho de que sea una ley consensuada.



No voy a repetir lo mismo, pero si hay un porcentaje elevado de comunidades autónomas que no están de acuerdo y que tienen transferencias plenas, ¿cómo a la hora de ponerse en marcha va a dar sus frutos un proyecto si no están de acuerdo
esas comunidades autónomas?


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Imposible, señora ministra. Sabe, además, que el Consejo de Estado dijo que efectivamente no se había dado audiencia a determinadas instituciones y organizaciones o asociaciones a las que afectaba y estaban implicadas en esta reforma.



Es cierto, señora ministra, que la conferencia de rectores se ha pronunciado, que esos consejos que ha dicho usted se han pronunciado, que asociaciones y organizaciones han hecho llegar a las Cámaras sus demandas, pero la comunidad
universitaria, señora ministra, está pasando de la reforma educativa.



Usted, señora Cabrera, ha pensado que hacer una reforma en la universidad es como reformar un cementerio: no puedes esperar mucha ayuda de los interesados. Y se ha equivocado, porque la sociedad -lo he dicho hace un momento- nos pide que
consensuemos esta ley para que, para bien de todos, sea larga, duradera y represente a todos.



La Educación, señora ministra, no puede ser bandera del partido de Gobierno. Se equivoca, señora ministra. Usted hoy es ministra. Su grupo gobierna; pero afortunadamente tenemos una democracia; hay unas elecciones muy pronto y pueden
cambiar los resultados. Usted tiene que estar pensando en esa posibilidad. Por lo tanto, señora ministra, yo le digo que no va a ser una ley duradera porque no ha sido una ley consensuada. El mismo derecho que ha tenido usted o el señor Zapatero
a cambiarlo todo cuando han llegado al Gobierno da pie a que el Gobierno que venga haga lo mismo. ¿Piensa que eso es bueno para la sociedad o piensa usted que es malo para la sociedad?


A continuación, vamos a ver dónde están las grandes discrepancias de fondo. Pero no se equivoque, señora ministra, cuando hoy votemos la ley el 50 por ciento de esta Cámara le va a decir que no. Cámara territorial, Cámara de
representación, que representa a las comunidades autónomas que tienen transferencias en Educación. Los que votamos «no» estamos representando a comunidades autónomas donde gobernamos. No se puede decir que esta ley va a salir con el respaldo
mayoritario de esta Cámara cuando un 50 por ciento le va a decir a usted a todo que no. Y eso la debiera preocupar porque yo estoy abierto al diálogo, como le voy a explicar a continuación.



Primero. No estamos de acuerdo con el modelo de selección del profesorado porque nunca hasta ahora se había podido acceder a ningún ámbito de la Función Pública, docente y no docente, sin unas pruebas públicas, competitivas, reguladas por
ley y en las que se garantizara el mérito y la capacidad como exigen los artículos 23. 2 y 149 de la Constitución.



El modelo de su proyecto pivota sobre un doble cheque en blanco. El primero es para el Gobierno de turno, ya que la primera fase de selección, llamada acreditación, se hace sobre los documentos que presenta el candidato, de acuerdo con sus
méritos adquiridos. El proyecto deja prácticamente toda su regulación al desarrollo reglamentario. No ofrece las mínimas garantías para que se asegure la idoneidad de las comisiones que harán la selección, que ni siquiera deberán ser especialistas
del área del conocimiento en el que aspira a acreditarse el candidato.



El segundo cheque en blanco es para las universidades, que serán las que decidan, una vez acreditados los aspirantes, quienes acceden a la plaza de titular o catedrático de universidad. Las universidades tienen las manos libres tanto para
establecer las comisiones juzgadoras como para determinar el procedimiento de los concursos.



El modelo actual de concurso-oposición, o de habilitación en la primera fase, puede ser criticado. Por supuesto que puede haber tenido errores, pero es un intento serio de seleccionar a los mejores, de introducir rigor y competencia, y
cuenta con un respaldo importante de profesores.
El modelo de usted, señora Cabrera, tiene el riesgo de seleccionar a los profesores locales en detrimento de los mejores, lo que implicará, de producirse este fenómeno, una universidad más cerrada en
sí misma y con una endogamia que aunque ya es difícil superar la que tenemos, que puede ser superada.



Señora ministra, dado que desaparecen los cuerpos de titulares y catedráticos de escuelas universitarias, el Grupo Parlamentario Popular comparte con los más de once mil profesores titulares de escuelas universitarias sus justas
reivindicaciones. En primer lugar, que se garanticen sus derechos adquiridos hasta la fecha y, en segundo lugar, que el proyecto contemple la integración en el cuerpo de titulares universitarios a los actuales titulares de escuelas en sus propias
plazas y de aquellos profesores que posean o adquieran la condición de doctor.
Espero -estamos a tiempo- que a esta petición se sume el resto de los grupos.



Señora ministra, si todos los grupos de esta Cámara, menos el Grupo Parlamentario Socialista, están de acuerdo con estas peticiones, y así lo han hecho constar en sus enmiendas, ¿qué razones -inconfesables, o confesables- hay para no hacerlo
aquí esta tarde? Porque están de acuerdo, como he dicho, todos los grupos de la Cámara, menos el grupo Parlamentario Socialista, y así lo han presentado en sus enmiendas.
Podríamos llegar a un entendimiento.



El segundo tema que nos preocupa, y de modo creciente, es el de las titulaciones. El proyecto de ley establece una nueva regulación de los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional y de otros títulos propios de cada
universidad que, por la ambigüedad y la deficiencia técnica del proyecto, va a provocar incertidumbres y confusiones enormemente perturbadoras para el futuro de los profesionales y de los estudiantes universitarios. La propuesta es sustituir el
actual catálogo por un registro. Cada universidad elaborará sus títulos y el ministerio se limitará a registrarlos. Ello puede conducir a una clasificación de las titulaciones en diversas categorías, ya que unas titulaciones tendrán directrices
propias para cada título con validez en todo el territorio, y otras no las tendrán ni sabemos cuál será su validez. Los estudiantes tienen derecho a saber lo que estudian, y usted, señora ministra, a decírselo, que para eso es ministra de todos los
españoles y de todos los estudiantes. Usted, señora ministra, tiene que asumir la responsabilidad porque usted es la ministra de todos, incluido este portavoz que, además, es docente. Le compete a usted, y se lo han dicho ya los rectores. Esto
mismo que estoy diciendo yo se lo han dicho los rectores en el documento que usted les ha mandado, y ya sabe lo que le han dicho todos los rectores en mi comunidad porque ya lo han leído.



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Por tanto, señora ministra, hemos pasado de la poda de la ministra Sansegundo, que pasaba de 141 titulaciones a 71, a un mar de titulaciones, si usted no lo aclara, de la ministra Cabrera. Creo que hoy tiene la oportunidad de decirnos por
qué usted, señora ministra -y así se lo piden también los rectores-, a fecha de hoy no nos ha dado el catálogo de titulaciones propias, porque se lo han pedido los rectores, se lo pide este grupo parlamentario y se lo hemos pedido en una moción en
esta Cámara.



En tercer lugar, el proyecto elimina el Consejo de Coordinación Universitaria, amputa de modo importante las competencias del Consejo Social y reduce la participación de la sociedad. En sustitución del Consejo de Coordinación Universitaria,
que es una institución de encuentro de los principales agentes del sistema universitario, se crean dos consejos de instituciones públicas, el consejo de universidades, constituido por los rectores y el Gobierno, y la Conferencia general de política
universitaria, constituida por los consejeros y por el Gobierno; dos consejos que van a ser compartimentos-estanco, que no tienen comunicación. Y fíjese usted, señora ministra, en que los títulos los decide la universidad, cuyo presidente o rector
sabemos perfectamente quién es, y el que aprueba es el consejo universitario. ¿Sabe usted quién es el consejo universitario? ¡Cómo no lo van a saber! Los rectores.



Así pues, señora ministra, creo que sería bueno unir esos dos consejos, sería una fórmula funcional, y sería bueno que pretendieran tener verdaderamente esa función que ha tenido el Consejo de Coordinación Universitaria. Personalmente no me
gusta nada que, de los dos consejos, hayan desaparecido las 21 personalidades del mundo universitario que elegían esta Cámara y el Congreso, además de los siete que elegía el Gobierno. Creo que es bueno que la Universidad tenga ese consejo asesor,
si es que realmente es, como dicen, participativa, porque si no hay nadie, ¿cómo podría ser participativa?


En cuarto lugar, la reforma no aborda el sistema de financiación de las universidades. El ministerio se comprometió al principio de la legislatura a proponer y cofinanciar un modelo de financiación para nuestras universidades, y no sólo no
se ha presentado este modelo, sino que la futura ley omite cualquier referencia a esta cuestión. Ello es preocupante cuando la aplicación del proceso de Bolonia con la articulación de los estudios universitarios en tres ciclos está modificando
sustancialmente los parámetros financieros de nuestras universidades.



Todos los socialistas, y concretamente usted, señora ministra, deberían ponerse rojos, aunque sé que no lo van a hacer. No dijeron la verdad a los españoles cuando se presentaron a las últimas elecciones generales; prometieron para término
de esta legislatura un incremento de la financiación pública de nuestras universidades públicas que alcanzaría el 1,5 por ciento del PIB. Hoy estamos donde estábamos entonces, en el 0,9 por ciento del PIB, y sin que el Gobierno haya aportado nada
de esos 6.000 millones de euros a los que se comprometió. ¿Cuándo y cómo piensa usted llevar a cabo este compromiso, señora ministra?


Pero todo ello resulta aún más incomprensible aquellas manifestaciones que promovieron los partidos y asociaciones estudiantiles de izquierdas contra la LOU del Gobierno Popular y su financiación. Sin embargo hoy, ante la falta de
financiación de la nueva LOU, no se oye una sola voz ni de los grupos parlamentarios ni de sus afiliados. ¿Dónde están, señora ministra?


En quinto lugar, no se aborda con profundidad la adaptación del sistema universitario español a las exigencias del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y según señala acertadamente el Consejo de Estado, debería tener el reflejo que por su
trascendencia merece en una norma como ésta, con rango de ley orgánica.



Bolonia no es lo que nos proponen en este proyecto: ahondar en la divergencia europea sin unas titulaciones oficiales claras, sino confusas, fusionando titulaciones diversas y de reconocido prestigio en contra del documento de la UNESCO que
recoge la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, la CINE 1997, revisada en el año 2006, e incluso en contra de lo previsto en la directiva 2005 del Consejo y de la Unión Europea.



Señora ministra, decía usted que se ha enriquecido la ley a su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado, pero yo creo que debería estar bastante preocupada. Hay enmiendas que hemos apoyado, pero hay otras que no. Así, por
ejemplo, la modificación del artículo 6, según la cual las universidades en sus estatutos van a potenciar por primera vez en nuestra legislación universitaria una regulación del uso de las lenguas. Y yo creo que es un error que el texto que llega
hoy al Pleno del Senado contemple el hecho de que los poderes públicos y las universidades establezcan a través de sus estatutos mecanismos para que, en los procesos de acogida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, se favorezca
el conocimiento suficiente de las lenguas cooficiales.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine, por favor.



El señor ABEJÓN ORTEGA: Voy terminando, señor presidente.



Las lenguas de las universidades son, y han de ser, las lenguas de sus profesores y alumnos, así como las propias de la comunidad científica.
Aquí no debe haber ningún establecimiento de barreras lingüísticas. Pero eso no va sólo contra
los tiempos de la globalización, sino también contra el papel que le toca jugar a España.



Termino diciendo, señor presidente, que en todo caso, y de regularse, deberíamos potenciar el trilingüísmo para las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales. Es decir, potenciar el castellano, la lengua cooficial, y el inglés, para
que al finalizar los estudios los alumnos adquieran un conocimiento suficiente.



No tengo más tiempo, señora ministra. La reforma introduce elementos que van contra la calidad, la movilidad de estudiantes y profesores, la apertura a la sociedad, a Europa y al mundo, no apuesta por la excelencia, y fomenta patologías
tendentes al localismo. Una actitud responsable llevaría a retirar esta ley, realizar ese debate con la comunidad universitaria, que no se ha producido, y llegar al consenso posterior.



Y termino, señora ministra, con una frase que me imagino que le gustaría al presidente del Gobierno, que tanto lee el Quijote: Las leyes, amigo Sancho, deben ser justas,


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pocas y que puedan ser obedecidas. Y yo agrego, si se me permite: que sean largas y duraderas y representen a toda la sociedad española.



Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.



En turno en contra. Tiene la palabra el senador Pezzi.



El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, señorías, estamos ante un veto estándar, un veto que repite los argumentos que se expusieron al principio de esta tramitación, que no han variado un ápice a su paso por el Congreso de los Diputados ni en su tramitación en el
Senado, a pesar de las muchas enmiendas aceptadas, que han enriquecido extraordinariamente el texto enviado por el Gobierno. Este es un veto -permítanme que lo diga-, porque sí, porque toca, que se opone, una vez más, en otra ley más, a lo que los
demás grupos parlamentarios consideramos un avance en la dirección adecuada. Es un veto desde la soledad del que está convencido estar en posesión de la verdad, defendiendo valores irrenunciables que al parecer vienen de la España profunda, la que
no necesita adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva sociedad, a la nueva economía, a la nueva civilización que está creando la sociedad digital, la sociedad del conocimiento. Es un veto que intenta, creo que con escaso éxito, devolver el estigma
que tuvo durante su tramitación y tras su aprobación la LOU, que aprobaron en 2001, con la prepotencia de su mayoría absoluta. Su ley provocó, -lo recordarán sus señorías- una fortísima contestación de las universidades, de los rectores, del
profesorado, de los estudiantes, de los sindicatos, de las comunidades autónomas... De ustedes no, porque en esas fechas todavía no se habían aficionado a las manifestaciones y pancartas. Los recursos de inconstitucionalidad demuestran el rechazo
de una ley, la suya, hecha de espaldas a todos.



Su ley, su LOU, tuvo esa enorme contestación, desde mi punto de vista, porque se sustentaba en una enorme desconfianza hacia la Universidad y los universitarios, recelando de su autonomía y pretendiendo por ello vigilarla con una sobrecarga
reglamentista. Era una ley que no abordaba las cuestiones que necesitaba el mundo globalizado, el de la economía o el de las nuevas demandas sociales.



Su LOU era una revisión ideológica, conservadora de la LRU, aprobada en 1983, una ley tecnocrática y reglamentista, que no confiaba en las competencias de las comunidades autónomas o en la autonomía de las universidades, ambas consagradas en
la Constitución.



No es el caso de la modificación que esta ley propugna, que dota a las universidades de mayores márgenes de autonomía en la toma de decisiones, en su administración, en su funcionamiento interno, reforzando al mismo tiempo la evaluación que
se realiza de su calidad, así como los mecanismos para rendir cuentas ante la sociedad. Esta modificación de la LOU es además muy respetuosa con las competencias constitucionales y estatutarias de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, se
enmarca claramente en la gran corriente de opinión y de impulso democrático de la Unión Europea, que quiere, como gran objetivo, crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la Estrategia de Lisboa,
modernizando estas instituciones en su triple acción: educación, investigación e innovación.



Todos los países europeos estuvieron de acuerdo en la llamada Estrategia de Lisboa, que consistía en hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. El debate fundamental era conocer el papel de
las universidades en esta sociedad y en la economía que sustenta la sociedad del conocimiento. Era y es este un desafío enorme para las universidades europeas y españolas, que con 4.000 instituciones, más de 17 millones de estudiantes, y millón y
medio de trabajadores, de los que 435.000 son investigadores, tenían que buscar el lugar idóneo para conseguir producir nuevos conocimientos, su transmisión a través de la educación y la formación, su divulgación a través de las tecnologías de la
información y el conocimiento y su empleo por medio de nuevos procedimientos industriales o de servicios, de innovación.



Las universidades eran y son las protagonistas de la sociedad del conocimiento. Nada se puede hacer sin ellas o contra ellas. De ahí que la Unión Europea impulsara el asentamiento del Espacio Europeo de Educación Superior, que debe estar
ultimado en el año 2010, y que señala el camino, no solo a las nuevas titulaciones organizadas en torno a los grados de máster y doctorado, sino también para un cambio esencial en la pedagogía, en la forma de transmitir conocimientos y habilidades,
en las tutorías y evaluaciones, así como para organizar las universidades de acuerdo con un mundo globalizado en la galaxia Internet, que es nuestra civilización actual, un mundo globalizado, señorías, en constante y rápida evolución, marcado por
una creciente competencia para atraer y conservar los mejores talentos y por la aparición de nuevas necesidades a las que necesariamente se está obligados a responder.



Mundo globalizado, sociedad del conocimiento, Estrategia de Lisboa, Espacio Europeo de Educación Superior; este es, señorías, el marco obligatorio. Y las soluciones tienen que ser acordes con este diagnóstico y pasar necesariamente por más
autonomía para las universidades, acompañadas de una eficiente evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad, por un pulso a la diversidad, la transversalidad y la flexibilidad de los estudios universitarios, por una gestión más transparente y
eficaz, mostrando los resultados. Hablamos de una universidad de calidad, de excelencia, adaptada a sus posibilidades y a su territorio, pero competitiva en el marco europeo, una universidad que enseñe, que investigue, pero también que abandere la
innovación a través de la transferencia de resultados a las actividades empresariales, creando empresas de base tecnológica en el marco de un desarrollo sostenible.



Esto es lo que pretende esta ley, en general creo que con acierto, y es lo que precisamente y alaba el último informe de la OCDE, que reconoce que estas propuestas incorporadas a la ley que está en trámite parlamentario son encomiables. ¿No
lamentan ustedes, señoras y señores senadores del Partido Popular, que la OCDE alabe este texto y lo


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adjetive de encomiable, y ustedes se queden fuera? ¿No necesitan, acaso, un respaldo a su autoestima, con el reconocimiento internacional por parte de un organismo como la OCDE, de que están participando en algo de peso, solvente, en la
dirección adecuada, como ocurre con este proyecto de ley?


Porque, señorías, su veto, sus enmiendas y su actitud en general ante esta ley es de agravio, como ocurrió con la LOE, de desdén ante cambios que consideran innecesarios, porque se modifica una legislación, realizada por el Gobierno del
señor Aznar, que consideran inmejorable. Pero las causas manifestadas hasta ahora, explicitadas en su intervención y también en la del diputado Nasarre en el Congreso de los Diputados son realmente de menor cuantía, ya que señalan un futurible que
creen que va a ocurrir, o juzgan intenciones que deberán demostrarse en la aplicación efectiva de la ley.



Señalemos algunas de sus razones para el veto: Están disgustados porque el Consejo de Coordinación Universitaria, que unía en un solo órgano representantes heterogéneos, consejeros y consejeras, rectores de universidades públicas y privadas
con competencia y representatividad muy diferentes, con representantes de partidos políticos nombrados en las Cámaras, se haya transformado en dos órganos que vienen a reconocer el papel de cada uno en el Estado de las autonomías: por un lado, una
conferencia general de política universitaria, que es la conferencia sectorial a todos los efectos, formada por los consejeros y consejeras de comunidades autónomas, de similar composición y competencia, como las que existen prácticamente en todos
los ministerios y, por otro, como es obvio, un consejo de universidades en el que estén presentes todos los rectores, algo impecable desde mi punto de vista e indispensable para que el sistema funcione adecuadamente. Y se lo dice, señorías, alguien
que ha sido miembro de ese órgano durante cuatro años.



Me da la impresión de que el disgusto por esta nueva organización de la coordinación universitaria puede estar ligado a algunos de sus clientes que formaban parte del órgano que se quedan sin un lugar adecuado donde señalar, según ellos nos
dijeron en comisión, en representación de la sociedad, a los que somos burócratas, cargos públicos y funcionarios, cómo deben hacerse las cosas. Señorías, razones de peso que no sean en gran medida personales no soy capaz de comprenderlas.



Dicen también que vetan esta ley porque debilita a los consejos sociales.
Pues no es lo que dijo en la comisión del Senado el señor Fluxá en nombre de los presidentes de los consejos sociales, ni tampoco lo que puede verse en la redacción
actual del proyecto.



Utilizan fuego de gran calado cuando afirman que se rompen los criterios constitucionales a la hora de la selección de los profesores de cuerpos docentes, sustituyendo la denostada universalmente habilitación por una acreditación nacional
sobre la base del análisis riguroso del currículum y un posterior concurso realizado en cada universidad.



Y, señorías, yo me pregunto por qué tanta desconfianza hacia un sistema que administran los mismos profesores en un caso y en otro. Los profesores que están en la habilitación en su sistema son rigurosos, cuidadosos, eficientes y justos, y
si participan en las comisiones de acreditación que indica esta ley son chapuceros, sectarios e impresentables. Señorías, un poco de respeto y de rigor intelectual.
Mediante la legislación aprobada se va a dar solvencia a un sistema abierto de
competitividad, como la Unión Europea está marcando.



Vetan porque dicen que se les quita competencia a los cuerpos docentes funcionarios, y no es cierto. No se les quita competencia, se le abre a un colectivo importantísimo, el de los contratados, doctores con vinculación permanente a la
Universidad, que hacen el mismo trabajo, y tienen la misma dedicación; por tanto,¿por qué no pueden ser decanos, directores de escuela, directores de departamento, o estar en los claustros en igualdad de condiciones? No sería razonable cualquier
otra solución.



Su veto, señorías, no se sostiene porque se ha conseguido plasmar un modelo de profesorado en dos vías con una enorme coherencia; se consigue un control adecuado a través de la ANECA como agencia pública; se consigue la participación real
de los estudiantes; el registro con todas las garantías de títulos; y el desarrollo de las empresas de base tecnológica, en un esquema de transferencia de resultado de investigación altamente cuidadoso.



Por tanto, ¿por qué el veto? Permítanme que se lo diga: en mi opinión, por falta de coherencia y respaldo a la necesidad de modernizar nuestra Universidad, de acuerdo con las demandas de la Unión Europea, falta de coherencia ante cambios
importantes que hubieran necesitado sin duda su participación y colaboración, y que el veto y su actitud han impedido. Se han encerrado en sí mismos, con sus banderas e himnos, sus eslóganes, sus verdades, sus maniqueísmos, con la convicción de que
estamos todos equivocados, excepto ustedes, que están en posesión de la verdad. Y eso, señorías, no es posible en un esquema democrático como el que estamos viviendo. Lástima de tanto despilfarro de tiempo y dedicación.



Señorías, votaremos en contra de su veto y me gustaría que, por coherencia, lo retiraran previamente.



Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.



Turno de portavoces.



Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.



El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.



Bienvenida, señora ministra. Le agradezco su presencia.



Este senador de Eusko Alkartasuna considera que esta reforma de la LOU en cierto modo es una oportunidad perdida. El PSOE ha olvidado alguna promesa electoral y se ha limitado a hacer una reforma un tanto alicorta.Corrige -es verdad, y hay
decirlo- las partes más aberrantes introducidas por el PP, pero no toca el resto. A mí me parece que es de recorrido corto y de horizonte temporal limitado dadas las modificaciones que se están produciendo en la realidad universitaria, científica e
investigadora, así como por la realidad social en que le va a tomar vivir a este proyecto de ley que estamos debatiendo.



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¿El mundo universitario? Lo conozco, lo vivo, y creo que necesita una modificación en profundidad, con el análisis y participación de todos los estamentos que lo componemos, pero también de la propia sociedad, que está de espaldas ese mundo
excepto en los momentos en que sus hijos participan, disfrutan o sufren en él. Esa relación de la sociedad termina, por desgracia, cuando el joven acaba su período de formación universitaria. Y no podemos continuar así. La sociedad en su
conjunto, las empresas y todo ese entorno deben estar engarzados con la Universidad haciendo un seguimiento continuo de ella; si no, fracasaremos con rotundidad.



Seguro que usted, señora ministra, y que ustedes, señores senadores, conocen algunos ratios de la Universidad, y en concreto de la Universidad española. Pues bien, la tasa de rendimiento en el curso 2004/2005 -último del que yo tengo datos
disponibles- indica que los cerca de millón y medio de estudiantes de las universidades españolas aprobaron únicamente la mitad de los contenidos en los que se matricularon, solo la mitad.
¿Esta ley va a resolver ese problema? Otro dato indicador
de la pobreza de nuestras universidades es que 27 de cada 100 alumnos que ingresaron por primera vez en la Universidad en el curso 2001/2002 abandonaron la carrera en los tres cursos siguientes, bien por irse a casa bien por ir a otra universidad.
Y un ratio obtenido últimamente indica que hay un fuerte abandono en las carreras de ciencias técnicas; el 35 por ciento de los inscritos, según datos elaborados por el Consejo de Coordinación, abandonan esas carreras.



Creemos de verdad que este proyecto podría haberse mejorado, y le habla un senador de Eusko Alkartasuna procedente de un partido eminentemente nacionalista, porque si la Ley 6/2001 atacaba las competencias exclusivas en materia de educación
e investigación científica y técnica de los estatutos de las comunidades, la modificación propuesta no cambia eso sustancialmente. Asumir la realidad competencial de las comunidades autónomas por parte del Estado es imprescindible si tenemos en
cuenta la responsabilidad autonómica, sobre todo en el caso de Euskadi y Navarra, en Euskal Herria, donde la financiación de las universidades corre por nuestra cuenta.



Pero no todo es malo, de verdad -las cosas hay que reconocerlas-; por eso no vamos a aceptar el veto. ¿Por qué? Porque con respecto a los cuerpos docentes universitarios el procedimiento que incorpora el proyecto de ley, de acreditación,
nos parece que puede cumplir con los criterios de homologación y los criterios de homogeneización para el acceso y que garantiza la formación y la cualificación. En cualquier caso, el objetivo de Eusko Alkartasuna y de este senador -y así lo
planteamos en nuestras enmiendas, que luego defenderemos- es tener cuerpos docentes propios y permitir el acceso a la práctica docente de cualquier profesional científico o investigador, que puede transmitir sus conocimientos y sus prácticas de
trabajo al alumnado, tanto en los cursos habituales como en los programas de máster y doctorado y en los cursos de tarde y noche.



Señora ministra, señorías, creo que con este proyecto de ley que vamos a debatir y, si Dios quiere, a aprobar debemos buscar un marco de cooperación, respeto y concertación con las comunidades autónomas. Tengo que reconocer que en este
proyecto de ley orgánica de universidades se ha empezado a tener en cuenta la realidad lingüística del Estado español, al menos respetando las lenguas oficiales, un paso válido para un enriquecimiento científico e investigador. Pero creo que falta
dar un paso más en esa relación con las comunidades autónomas, posibilitando un diálogo más fluido con ellas, y, en otros ámbitos de la política común, buscando una solución a los conflictos y diferencias que pueden existir.



Con este proyecto de ley tenemos que mirar hacia el futuro, el futuro de nuestros universitarios, de nuestros docentes, de nuestros científicos e investigadores, de todo el cuerpo universitario, como componentes activos de una sociedad del
mañana preparada y motivada que viva en el mundo y para el mundo, con igual ritmo de formación, preparación, exigencia y desarrollo tecnológico, de investigación y formación humana.



Siempre me he preguntado, también cuando participaba en las tareas docentes, por qué en el mundo deportivo, en cualquiera de los deportes: fútbol, baloncesto, balonmano o atletismo, tenemos representación en las ligas europeas y en las
ligas internacionales con clubes del Estado español, y en el mundo universitario nuestras universidades no ocupan los primeros lugares en los rankings europeos y mundiales. Me pregunto qué es lo que falta aún, qué nos queda por hacer a cada uno de
los estamentos sociales, universitarios, alumnos y profesores, respecto de esa participación. Ese es el reto.



Tenemos que mirar hacia el futuro con ilusión, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros alumnos, y también nos estamos jugando el futuro de la sociedad del conocimiento.



Eskerrik asko, señor presidente.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.



En nombre de Coalición Canaria, el senador Ayala tiene la palabra.



El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.



Estamos debatiendo un proyecto de ley que modifica la vigente Ley Orgánica de 24 de diciembre de 2001, aprobada en esa fecha por el Gobierno del Partido Popular. Se trata de una modificación parcial, no de una ley nueva, que a mi entender,
respeta los aspectos fundamentales de la ley actualmente vigente. También creemos que en buena medida permite a las comunidades autónomas desarrollar sus propios sistemas universitarios. Se trata de una reforma necesaria e importante para cumplir
los compromisos adquiridos para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y para corregir o mejorar algunas insuficiencias que contiene la vigente Ley Orgánica de Universidades.



Coalición Canaria está básicamente de acuerdo con este proyecto de ley, entendiendo, eso sí, que es mejorable, si se atienden, si no todas las enmiendas, al menos algunas de las presentadas por los distintos grupos.
Porque hay algunos
aspectos en este proyecto de ley que, a nuestro juicio, no se detallan con la suficiente precisión, como, por ejemplo, la siempre tan nombrada financiación cuando se tramita un proyecto de ley, la cuestión de las becas o la


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estabilidad del profesorado. Cito solo estos tres ejemplos porque nuestras enmiendas que quedan vivas van encaminadas en esa dirección.



Y ya que el senador Abejón nos ha invitado a apoyar su enmienda referente a los profesores titulares de las escuelas universitarias, y como me pareció el pasado lunes, en comisión, que mi estimado amigo el señor Abejón se mostraba muy
preocupado por el tema y se erigió -así lo interpreté yo- como el único defensor de ese colectivo, tengo que decir que mi grupo parlamentario ha sido totalmente receptivo con dicho colectivo, atendiendo sus justas reivindicaciones, presentando la
correspondiente enmienda y haciendo todo lo posible para que ésta salga adelante. Y para intentar lograrlo, hemos hecho dos cosas. Primero, votar en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, porque, obviamente, si el veto
prospera, es decir si Coalición Canaria o cualquier otro grupo minoritario apoya al Grupo Parlamentario Popular y este veto sale adelante, ¿a dónde irán a parar las enmiendas representadas por todos los grupos, incluida la número 219, referente a
los TEU?. Lo segundo que hemos hecho es dialogar con el grupo que da soporte al Gobierno y con el propio Gobierno para lograr un entendimiento sobre la base de la enmienda de Coalición Canaria número 113. No fue posible un acuerdo en ese sentido,
pero ante la disyuntiva de dejar las cosas como están o suavizar un poco la situación, hemos optado por pactar con varios grupos una transaccional que, repito, aunque no es del agrado de ese colectivo, suaviza un poco su situación.



Por tanto, reitero, si queremos mejorar el texto de este proyecto de ley, no hay más alternativa que votar en contra del veto; así lo hicimos en la comisión y lo haremos, después, en el Pleno.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.



¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.) No interviene.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.



En primer lugar quiero dar la bienvenida a la señora ministra al Senado.
Voy a repetir de manera breve los argumentos que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos empleó en la Comisión de Educación y Ciencia del Senado para
rechazar el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros decíamos, y lo repetimos, que hay que intentar llegar a acuerdos -esta misma tarde todavía se han estado transaccionando una serie de enmiendas entre los diferentes grupos- y
que cuanto más consenso haya en esta ley, mejor para todos: para todos los colectivos de la sociedad española y para todos los colectivos universitarios.



Estamos convencidos de que el consenso en la ley va a ser amplio -así se ha venido manifestando, y durante la defensa de mis enmiendas lo diré más claramente- y estamos convencidos también de que no se va a dar satisfacción a todos los
colectivos; pero lo que sí tenemos claro es que con este avance, con estos acuerdos, algo positivo vamos a hacer.



Decía el senador Ayala, de Coalición Canaria, que había colectivos -hay representantes de ellos en este momento-, como los TEU, los titulares de escuelas universitarias, que estaban enfadados por el tratamiento que se había dado por los
diferentes grupos a las enmiendas: algo que también ha utilizado el senador Abejón en la defensa del veto en relación a sus reivindicaciones. Pues bien, quiero decirlo públicamente, como así lo expresé a la salida de la comisión, que nuestro
grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, entendía que era mejor llegar a un acuerdo con el partido del Gobierno, con el Grupo Parlamentario Socialista y con el ministerio, como así se ha hecho en repetidas reuniones -y lo
quiero decir públicamente- en el ministerio con sus diferentes responsables, tanto con el secretario de Estado, el señor Quintanilla, como con todos los miembros del gabinete, llegar a un acuerdo, digo, como explicaba a estos representantes, en el
sentido de que los que nos dedicamos a la enseñanza entendemos que a veces el alumno, y en este caso los TEU, quieren alcanzar diez, pero lo que en este momento se podía alcanzar era cinco. Eso hemos intentado hacer, y así de claro hay que
decírselo a la sociedad. El cinco era lo que, a nuestro modo de ver, se alcanzaba con las transacciones de todos los grupos, menos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Creo que será mejor el cinco que el cero, que sería la otra opción
extrema. Conseguir una victoria en el Senado, como pretendía el Grupo Parlamentario Popular, sería una victoria parcial, por unos días, porque al llegar al Congreso, evidentemente, eso no se podría sustentar. Por ello, repito, estamos convencidos
de que era más interesante el cinco para el colectivo al que defendemos y al que seguiremos defendiendo, los TEU, porque tenemos muchos compañeros en él y queremos lo mejor para todos ellos. El Gobierno no estaba dispuesto a más; ojalá hubiera
sido el siete o el ocho, pero el Gobierno es el que pone la nota y, repito, señor presidente, que el cinco es el acuerdo que hemos conseguido alcanzar.



Nosotros queremos defender nuestras enmiendas y lo vamos a hacer esta tarde en el Senado, porque pensamos que van a contribuir a mejorar la calidad de esta ley, en definitiva, a mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. Repito que
un país que pretende ser líder europeo en todos los aspectos, como en ciencia y tecnología -hoy se va a firmar una declaración sobre el impulso de la ciencia y la tecnología en el Senado-, no puede desarrollarse si su formación no es la adecuada.
En esta legislatura ya tramitamos una modificación de la LOE, aprobada por amplia mayoría, y ahora estamos con la Ley de Universidades, que a los que estamos en el mundo universitario nos hace mucha ilusión poder defenderla y mejorar algún
desaguisado que se había cometido en el pasado. Repito que creemos que esta ley no va a dar satisfacción a todos, pero sí va a mejorar campos como la investigación, la creación de empresas y la estabilidad y movilidad de ciertos profesores, entre
ellos, evidentemente los TEU. (El señor Presidente, ocupa la Presidencia.)


Concluyo, señor presidente. Pensamos que el proyecto de ley es mejorable, sin lugar a dudas. Ahora bien, noso-


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tros defenderemos nuestras enmiendas. Este proyecto de ley nos gusta bastante más que la ley que en estos momentos está en vigor, aprobada en su día por el Partido Popular, y vamos a ver si podemos dar sentido y orientación a las demandas
que los diferentes colectivos universitarios han planteado.



Nada más y muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Baig.



La senadora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, he bajado a la tribuna para poder verla a usted y a sus señorías y para expresar también, como ya indiqué en la comisión, mi sorpresa de que hubiera una propuesta de veto por parte del Grupo Popular. Cuando tuvo lugar el
debate de la Ley de Educación, la LOE, se nos decía que era una ley nueva y que no podíamos ir cambiando las leyes constantemente. En esta ocasión no es una nueva ley, sino una modificación parcial de una ley del Partido Popular. Por ello, a mí me
parecía que no merecía el camino del veto, sino el de la colaboración, para ver de qué forma podíamos conseguir una mejora de la ley. Sin embargo, parece que al Partido Popular no le ha gustado ni un camino ni el otro, o que, como decía el senador
Pezzi, es un veto estándar; lo parece. Nuestro desacuerdo con la presentación del veto -que desde ahora anunciamos que votaremos en contra- viene justificada desde el momento en que tuvo lugar el debate de la Ley de 2001; de hecho, el senador
Carles Bonet lo anunciaba ya en la defensa del veto por parte de nuestro grupo, Entesa Catalana de Progrés, el año 2001. Por cierto, entonces no hubo un solo veto, como en esta ocasión, pues he contado seis vetos, y el PP ya estuvo solo o casi solo
en aquel momento, y me parece que continúa igual.
Entonces tanto en el Parlamento de Cataluña como y seguramente en otras comunidades autónomas, se interpusieron recursos de inconstitucionalidad, ya que, en definitiva, la LOU de 2001 fue una ley
que, como dijo Carles Bonet, conculcaba los pilares básicos de libertad, de diversidad y de responsabilidad de la autonomía universitaria implícita en la Declaración de Bolonia.



La Ley de 2001 estableció un marco universitario fuertemente centralizado, invadiendo competencias de las comunidades autónomas y limitando la autonomía universitaria. De hecho, aquella ley universitaria fue una pieza más de las que hubo en
aquella legislatura para intentar controlar organismos, instituciones -en este caso, la universidad-, y para recortar competencias a las comunidades autónomas. En aquel momento, el clamor general era que se trataba de una ley que no daba la
respuesta necesaria a la sociedad. Se pedía ya por entonces que, en cuanto hubiese ocasión, se cambiase; esto se pedía por parte de los estudiantes, del profesorado, recuerdo algunos rectores y alguna rectora manifestándose en Barcelona,
conjuntamente con los políticos y la comunidad universitaria, porque no daba respuesta a los intereses, las necesidades y el futuro de la Universidad.



El Gobierno actual no ha optado por el camino de cambiar la ley, de presentarnos una ley nueva sino por hacer una modificación, ha preferido una transformación que una constante movida. Nosotros lo hemos respetado; consideramos que es
lícito y legitimo. El Gobierno tiene esta posibilidad, y nuestro criterio ha sido el de colaborar para que realmente este proyecto de ley pudiera superar el centralismo y conseguir una ley con alcance de Estado que permita diversificar las
políticas universitarias desde las autonomías, dejando el margen necesario para dar flexibilidad y diversificación al sistema universitario. Solo así conseguiremos una universidad competitiva y comprometida ante los retos de una sociedad global
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior en el que todos estamos comprometidos. Hemos colaborado también para corregir las carencias, los problemas y, desde nuestro punto de vista, algunos malos resultados que el desarrollo posterior de la
LOU de 2001 ha producido en el sistema universitario.



El proyecto que vamos a debatir si no prospera -como esperamos- el veto del Grupo Parlamentario Popular -no si Dios quiere, como ha señalado el senador Urrutia; yo soy muy laica y si el veto no prospera quiero que sea por la voluntad de
acuerdo de todos los grupos de este Senado-, desde nuestro punto de vista, encamina correctamente las relaciones y la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, extremo al que nuestro grupo damos especial énfasis; fortalece la
apertura de las universidades hacia la sociedad y la mejora de su calidad; refuerza los derechos de los estudiantes y de los profesores; mejora las condiciones laborales tanto del personal funcionario como del de administración y servicios,
docencia e investigación.



En definitiva, es un proyecto de ley de modificación que nos satisface apoyar, por lo que rechazamos el veto presentado y agradecemos la voluntad de diálogo y acuerdo que hemos encontrado -y nuestro grupo ha aprovechado- tanto del ministerio
como del Grupo Socialista para poder conseguir, tras el debate de las enmiendas en el Senado, una ley más mejorada.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.



El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, en el Parlamento de Andalucía un amigo se quejaba de que los políticos hablábamos mucho, y los que somos profesores doblemente porque, según decía, nuestras intervenciones eran al menos el tiempo de una clase, cincuenta minutos o
más.



Cuando era portavoz en el Parlamento de Andalucía, él me aconsejaba que me levantara, dijera solidaridad y me volviera a sentar, porque de este modo dejaría que la gente pensara, y que a la siguiente vez que tuviera que intervenir dijera:
Constitución, nada más. No añadas más porque, si no, es confuso todo lo que digas. En algún momento intenté hacerlo pero encontré poco apoyo y respaldo; es más, me dijeron: Corto te quedas, Manolo, tendrías que explicar algo más.



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Por eso, aquí no me atrevo a decir Estrategia de Lisboa y sentarme; como tampoco me aventuro a decir Espacio Europeo de Educación Superior o universidad de excelencia y sentarme. Lo podría hacer pero lo mismo sus señorías opinan que
resulta un poco corto para el turno de portavoces.



Pero, si me lo permiten y dado que ya he ocupado mi turno en contra, voy a leer algún artículo de la ley que estamos debatiendo, porque cuando uno oye la defensa que hace el portavoz del Grupo Popular de uno de los temas claves del veto
parece que van a mandar papeles los que quieran y que, tras llegar a Madrid y sellarlos, a vuelta de correo todos van a ser titulares y catedráticos de universidad. Resulta tremendo el fomento de la patológica tendencia al localismo.



Por eso me pregunto, ¿por qué no me levanto y leo lo que dice la ley a ver si es cierto eso de que a vuelta de correo y tras el acuse de recibo van a ser todos catedráticos y titulares? Y leo, artículo 57, acreditación nacional. El
Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una selección eficaz, eficiente,
transparente y objetiva del profesorado funcionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad docente e investigadora. Quien no sea docente e investigador lo mismo no sabe lo que es esto de los estándares
internacionales evaluadores. Le aseguro, señor Abejón, que esto va en serio. Esto no es filfa.



Luego llega el concurso pero, si la acreditación nacional es, como decía Nasarre, papeles, imagínense lo que será el concurso. Fíjense qué barbaridad supone calificar como papeles el currículum de toda una vida, pensar que es mucho mejor un
examen presencial y exponer un tema. ¿Y el currículum de toda mi vida, que llevo 30 años dando clase, investigando, haciendo la tesis doctoral y publicando artículo tras artículo, no vale nada? ¿Toda una vida son papeles? ¿Qué pasa con el
concurso en la universidad? Si la acreditación nacional es nada, imagínese el concurso, y ya han oído lo que opina el portavoz del Gurpo Popular. Los estatutos -dice- regularán el procedimiento que ha de regir en los concursos, que deberá valorar
en todo caso el historial académico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión
pública.
¿De qué están ustedes hablando? ¿A qué ley se están oponiendo? ¿De qué veto están hablando?


Señorías, solidaridad. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.



El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.



Después de escuchar a todos los intervinientes, la verdad es que he oído pocos argumentos a los ocho motivos del veto, más bien ninguno. Lo que he escuchado ha sido un veto a la LOU, pero hoy no estamos debatiendo la LOU, estamos debatiendo
el proyecto de la ministra Cabrera. (Rumores.)


Aquí se habla mucho de solidaridad y podemos sentarnos a hablar de ello, señor Pezzi. ¡Qué solidaridad! ¿Se refiere a la solidaridad para con su tierra? Vaya allí, si tiene cara, y diga lo que han aprobado. Vaya y diga que las becas en
Andalucía van a ser de menor cuantía y cantidad que en otras comunidades ricas. Vaya allí y diga lo de la solidaridad. Diga que el umbral de la renta para los andaluces es menor que el umbral de la renta para otras comunidades ricas y que esas
cuantías también van a ser diferentes. ¿O no han aprobado ustedes una enmienda al artículo 45 que dice que los umbrales de la renta pueden ser diferentes? ¿O es que no van a ser diferentes? (La señora ministra de Educación y Ciencia, Cabrera
Calvo-Sotelo, hace signos negativos.) No me diga que no, señora ministra.
¡Ya veremos si sigue usted en el ministerio cuando salga el real decreto! (Fuertes rumores.) ¡Si hay ahí otros grupos que dirán lo que han dicho que quieren que se apruebe!
¡Si es una transaccional con otros grupos! ¡Si no es una enmienda de ustedes! Ustedes se han sumado pero no es una enmienda de ustedes.



Por eso mismo nosotros entendemos que no hay solidaridad. Y es que no la hay cuando se rompe el principio de las becas. Porque, ¿qué se ha dicho aquí? (Fuertes rumores.-Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.



El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente. Conste que yo he estado callado.



En primer lugar hay un problema en la universidad y es un abandono escolar del 42 por ciento. ¿Y qué hace la ley ante ese abandono escolar? Que me diga la señora ministra qué medidas se van a tomar para que no abandonen el sistema
universitario casi uno de cada dos alumnos. En segundo lugar, señora ministra, ¿qué medidas concretas va a tomar para aumentar el número de titulados superiores en España de acuerdo con lo que es España, la octava potencia del mundo en economía?
En tercer lugar, dígame, señora ministra, cómo lo va a hacer, cómo lo va a financiar. ¿Qué pasa? ¿Que como usted hace la ley los demás nos vamos a callar? ¿Que como hace usted la ley ahora no vale la protesta porque el Grupo Parlamentario Popular
es protestón? Solo vale la protesta cuando la ley la hace el Partido Popular. Todos a la calle, todos llevaban razón. Ahora el Partido Popular no la lleva. (Fuertes rumores.) Todos los grupos están muy de acuerdo: ¿Dónde está la financiación?
O como nos han dicho tantas veces los portavoces socialistas: Ustedes legislan y las comunidades autónomas pagan. Y ahora, ¿quién va a pagar, señora ministra? Ustedes prometen en su programa electoral, ¿pero quién lo paga?, ¿dónde están esos
6.000 millones? Ya ve, señora ministra. El primer año bajaron los presupuestos de universidades, que eran insignificantes, y el segundo se mantuvieron y también eran insignificantes. Es decir, nada de nada.



En cuarto lugar, si queremos que en el sistema universitario permanezcan más tiempo los alumnos y queremos que haya más titulados, habrá que hacer algo con las becas. Señora ministra, aquí se aprobó una moción a la


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que usted no hizo ni caso que decía que se incrementase el 20 por ciento de la cuantía y el 10 por ciento de los umbrales de la renta durante los próximos cinco años. ¿Y para qué se aprueba entonces una moción? Pues para nada. ¿Para qué
decían ustedes en su programa electoral que en esta legislatura iban a llegar al 40 por ciento de becas universitarias cuando resulta que hoy tenemos menos que cuando ustedes llegaron al poder? No son razonamientos. ¿Que lo dice el Partido
Popular? Callémosle. ¿No dijo el señor Zapatero cuando usted era presidenta de comisión que habían subido las becas un año hasta una cifra de 60.000 y al año siguiente habían aumentado hasta las 80.000? ¿Pero sabe usted que hay menos becas
universitarias después de tres años según datos de su propio ministerio? Hay menos becas universitarias, están en torno a un 14 por ciento.
Ustedes han dicho que van a llegar al 40 por ciento. ¡Lleguen y no mientan! ¡Lleguen, que es un compromiso
que han adquirido y que está en su programa electoral! Lo demás es todo cuento. (Fuertes rumores.)


Veto de la soledad. No es el veto de la soledad. Voy a decirla una cosa, señora ministra, y no creo que usted me diga lo contrario. (El señor Caballero Moya: ¡Eso es un laísmo!) Espero que alguna vez me diga qué la queda del ministerio
de universidades a partir de ahora (La señora Hernández Gutiérrez: ¡Otro laísmo!) y qué la queda del Ministerio de Educación a partir de ahora. Dígamelo. Y en esa autonomía en la que tanta confianza se da, también tienen que prevalecer unos
derechos fundamentales de todos los españoles y que garantiza la Constitución. Y además usted tiene la responsabilidad de legislar. Tiene que haber unas titulaciones y unos derechos en movilidad. Y eso, señora ministra, la compete a usted. Usted
no puede desviar su responsabilidad hacia los rectores. Usted tiene que decirnos hoy aquí, o en el plazo que usted estime oportuno, cuál es el catálogo de títulos oficiales. Se lo han pedido los rectores, se lo han pedido este grupo, se le ha
pedido a través de una moción en el Senado y usted tiene la obligación de responder. Los demás tienen su responsabilidad y lo hacen muy bien, pero yo tengo la responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular.



En cuanto a los profesores titulares de escuelas universitarias, ha quedado muy claro, señora ministra, que el único que no quiere dar lo que justamente piden y que, además, se lo han ganado porque son profesores que han venido ejerciendo su
tarea de manera impecable, es el Gobierno porque todos los grupos se lo han dicho y si no el cinco, cero, ¿y eso no es muy pobre en democracia? Todos los grupos estábamos de acuerdo menos el que le sustenta a usted. Ahí están todos los grupos.



¿Por qué usted dice que da cinco y no da 10, que es lo que piden los profesores? Tiene que dar lo que piden los profesores en esa justicia porque se presentaron a una oposición como los demás titulares, porque los que ahora sean doctores
tienen el requisito que no tenían entonces y porque, señora ministra, cuando entre en vigor esta ley y estén dado clase va a tener que pagarles usted porque estos profesores titulares cuando estén dando clase con el resto de titulares de escuelas
universitarias cobrarán exactamente lo mismo, ¿o va a sentar un precedente este ministerio por primera vez en la historia que a igual función distinta retribución? De eso el Tribunal Supremo está hartito. En cuanto entre en vigor la ley y estos
profesores sean titulares de escuelas universitarias y estén dando los mismos estudios, las mismas asignaturas y a los mismos alumnos que los profesores titulares de escuelas universitarias no van a cobrar diferente. Yo no soy abogado, pero ya verá
usted las sentencias que le van a llover, y a pagar.



Díganos aquí también si el ministerio tiene preparado el dinero de todos esos profesores cuando entre en vigor la ley. Esas son medidas concretas.
Por lo tanto, nosotros sí tenemos confianza, pero la decimos, señora ministra, que ejerza
sus responsabilidades, que cumpla con lo que esta Cámara le está pidiendo, le está exigiendo y que nosotros le pedimos con un veto que es el veto de la responsabilidad. Yo les digo que estoy totalmente defraudado. No se puede imponer por el
Gobierno porque es un error y saben que tenía que decir muchas más cosas, señor portavoz socialista. Se presume de diálogo, de consenso, de fórmulas. ¿Pero sabe cuando le dan las enmiendas a este portavoz? Hace un cuarto de hora. ¿Qué pasa, que
todas esas enmiendas se han transaccionado en un momento? Ni una sola enmienda del Partido Popular, ni una. ¿Una democracia no es pobre, señora ministra, cuando se aísla al primer partido de la oposición porque así el Gobierno lo quiere y porque
exige al resto de los grupos que hagan esto o esto y si no nada y, además, ni una enmienda del Partido Popular? Por lo tanto, señora ministra, usted ha escrito una página pobre en la democracia española y usted señora ministra reflexione porque la
queda muy poco. (Protestas.) Perdón. La digo que no la quedan competencias en el ministerio (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) porque a partir de ahora va a ser la ministra registradora.



El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor.



El señor ABEJÓN ORTEGA: Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


Señorías, vamos a proceder a la votación del veto del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.



Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 106; en contra, 121.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



A continuación, pasamos a debatir las enmiendas.



En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia. (Rumores.)


Señorías, silencio, por favor.



El señor URRUTIA ELORZA: Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de Eusko Alkartasuna, son fundamentalmente las números 1 a 3, 5 a 12, 14 a 25, 28, 30, 31, 33, 34 y 36 a 41, que voy a agrupar en seis bloques.



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La mayoría de ellas son competenciales, como he anunciado en el momento de intervenir con ocasión del veto al proyecto de ley. Nos parece que este proyecto de ley no considera que el Estatuto de Autonomía de Gernika tiene elementos
competenciales. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Urrutia.



Rogaría silencio porque es imposible oír al senador que está en el uso de la palabra. Ruego silencio.



El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.



Así, por ejemplo, las enmiendas números 5 y 9 se refieren al modelo competencial respecto del ingreso en la Universidad, un tema referido principalmente a los estatutos. Y fundamental es también lo relativo a las becas y ayudas. El País
Vasco cuenta con un real decreto, el 1.014/1985, de 25 de mayo, en el que incide este proyecto de ley.



Hay otra enmienda que se refiere a la calidad del personal docente de investigación; una enmienda relativa al cuerpo de funcionarios universitarios; y otra enmienda referida a la publicidad en los concursos de composición y a las
comisiones de reclamación. Hay otra enmienda, que consideramos importante, relativa al deporte. La competencia en el deporte es exclusiva del País Vasco, y no creemos que deba regularse en este proyecto de ley. En cuanto a la elección del rector,
está en manos de los estatutos universitarios, y creemos que este tema tampoco debe incluirse en este proyecto de ley. Este es uno de los elementos que ha tenido un mayor peso específico en nuestras enmiendas. Sabemos por parte de quién viene
siempre la discrepancia y la polémica, y nos gustaría, y así se lo estamos pidiendo al ministerio y a la señora ministra, que en estas cuestiones vayamos buscando la dulzura, la cercanía y la proximidad para intentar lograr un acercamiento.



La enmienda número 11 se refiere al estatuto del estudiante universitario, y consideramos que no es correcto incorporar esto al proyecto de ley.
Pensamos que es un asunto de tal envergadura que debe ser un proyecto de ley propio el que
determine el estatuto del estudiante universitario.



Otro elemento fundamental son las contrataciones del profesorado, profesorado para ayudante, personal docente e investigador, así como los procedimientos de concurso para este personal. Por lo que se refiere al personal docente, es
fundamental tener en cuenta, sobre todo en cuanto a los profesores ayudantes doctores, las horas, la carga docente lectiva, el tipo de docencia e investigación y la forma de subvencionar la contratación de este tipo de personal, así como la forma de
permitir compatibilizar la docencia y la investigación, por un plazo no inferior a cinco años, al profesor doctor contratado.



El cuarto aspecto que consideramos fundamental en nuestras enmiendas se refiere a la acreditación, a las comisiones de acreditación y a las renovaciones de acreditación. Es fundamental, y así lo hemos reflejado en las enmiendas números 20,
21 y 22, especificar la composición de estas comisiones de acreditación y cómo los aspirantes pueden presentar su acreditación en cualquiera de los dos idiomas oficiales en su lugar de origen.



Y lo mismo sucede respecto del seguimiento continuo de la calidad del personal docente y de investigación, así como respecto del procedimiento en los concursos. Así, en nuestra enmienda número 14 proponemos que se haga la evaluación
teniendo en cuenta la trayectoria docente e investigadora del candidato.



Dentro de este apartado de acreditación y concursos también es fundamental su publicidad, la composición de las comisiones y el resultado de estas evaluaciones. Debe haber transparencia. Siempre se ha creído que en el mundo docente hay
oscurantismo, que no hay limpieza ni trasparencia, y es fundamental romper con eso con vistas a las nuevas estrategias de la señora ministra y del nuevo proyecto de ley. Es fundamental que estén los resultados para que luego, tal y como decimos en
la enmienda número 28, exista la posibilidad de hacer las reclamaciones oportunas contra las propuestas y contra las evaluaciones.



Con respecto a la enmienda número 30, nos interesa ver un poco el personal funcionario contratado y las diversas carreras docentes y de investigación, así como crear, mediante una ley autonómica y en su ámbito territorial -otro de los
elementos propios- los cuerpos docentes propios.
Con respecto a la Universidad de Educación a Distancia, queremos ver si dentro de nuestro recorrido competencial, podríamos tener un ámbito territorial en la educación a distancia.



También tenemos la enmienda 34, pero me centraré en la 35, que se refiere a los titulados de las escuelas universitarias. Este ha sido un reto importante, y aquí hemos tenido un recorrido y hemos intentado acercarnos al Grupo Socialista,
pero no al Grupo Popular. Los titulados de escuelas universitarias son un colectivo de profesionales que han trabajado, han vivido, han luchado, y tal vez les haya faltado llegar al último escalón, que es el del doctorado. Hay mucha gente, por lo
menos en el País Vasco, un porcentaje de un setenta y tantos por ciento de estos titulados, que todavía no han alcanzado el doctorado. Es fundamental ayudarlos y motivarlos para que alcancen el grado de doctores y después tengan la cualificación
completa y absoluta para poder terminar su carrera, dentro del mundo universitario, como titulado en todas las categorías.



La enmienda 38 trata de la adaptación de los programas de contratación de los investigadores, y la 39 es otra enmienda competencial con respecto a las becas y a las distintas interpretaciones que el proyecto da.



En cuanto a las enmiendas 40 y 41, la primera trata el carácter de ley orgánica: no es un desarrollo de un derecho fundamental, y por eso creemos que este artículo no tiene razón de ser. La enmienda 41 es la adaptación a una nueva
disposición adicional para adecuar el texto a las características de esta nueva ley.



En conjunto, creemos que los siete bloques y el añadido competencial son importantes. En algunas enmiendas hemos llegado a un consenso con el Grupo Socialista y con varios grupos más. No es nuestro objetivo esta ley, pero vamos a caminar
para conseguir que el mundo universitario, que el mundo docente, que el mundo del alumno de ahora y del futuro alcance ese espíritu de conocimiento y ese espíritu de estar al día en el desarrollo de su filosofía y de sus actividades.



Eskerrik asko, señor presidente.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.



El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.



Señorías, Izquierda Unida criticó y se movilizó en contra de la actual LOU que aprobó el Partido Popular. A nosotros nos habría gustado una nueva ley en vez de retocar la existente, porque entendemos, entre otras cosas, que las
movilizaciones de entonces contra la LOU no eran por cuestiones específicas o menores, sino -como se pudo comprobar- que eran por un rechazo frontal a la Ley de Ordenación Universitaria.



Nosotros habríamos ido más lejos, señorías, señora ministra, no solamente por convicción, sino porque así lo demandaban las movilizaciones de entonces, y ese era el compromiso que nosotros adquirimos. Creo que nosotros y algunos más. Pero
estamos ante un texto que pretende solamente retocar parte de la LOU. Nosotros hemos trabajado en el Congreso de los Diputados por mejorarla, y en esta Cámara hemos hecho otros esfuerzos, juntamente con el partido que sustenta al Gobierno, para
contribuir a mejorar parte de esa ley, y digo parte de esa ley porque no quiero que quede ninguna duda de que nosotros aspirábamos a una nueva ley, distinta de la que en estos momentos estamos modificando.



En esta Cámara hemos presentado 59 enmiendas, que no voy a comentar, sino simplemente voy a indicar aspectos que planteamos mejorar. Planteamos mejorar todo lo relacionado con la participación estudiantil en la vida universitaria; la
mejora de las becas y la creación de un observatorio, que hoy, afortunadamente, puede que salga como un elemento novedoso; la supresión del examen de acceso a la Universidad para los casos en los que haya desajuste entre la oferta y la demanda de
plazas; aquellas enmiendas que pretenden una Universidad fuerte, crítica, volcada en el trabajo de la investigación y que tenga en cuenta las demandas sociales.



Otro grupo de enmiendas aborda todo lo relacionado con los requisitos que deben cumplir las universidades privadas, con la normal elección interna en cada una de ellas y con las características de sus órganos. Otras pretenden evitar la
contratación temporal abusiva en el ámbito universitario, y varias abordan todo lo relacionado con el profesorado, a fin de que se les permita adecuarse a las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior.



Otras enmiendas son competenciales, se refieren a las comunidades autónomas y pretenden mejorar y reforzar la autonomía universitaria. Hay un apartado importante, casi ideológico, que definiríamos como de recursos públicos para financiar
exclusivamente a las universidades públicas. Otro grupo de enmiendas trata sobre los actuales TEU, y otro se refiere a las plantillas en la Universidad, fundamentalmente a la Oferta de Empleo Público.



Aunque no es la ley que nos habría gustado debatir, por lo que he dicho anteriormente, hemos trabajado en ella tanto en el Congreso como en el Senado, y en el turno de portavoces intervendremos en función de lo que plantee el Grupo
Parlamentario Socialista sobre nuestras enmiendas, pero tengo que manifestar que ya en el Congreso realizamos un trabajo interesante modificando partes concretas de la ley, y en el Senado hemos llegado a algunas transaccionales en la comisión.
Hemos hecho modificaciones con las que nos sentimos más identificados. No tenemos el espíritu que nos llevó a todos -porque estuvimos todos-, a esas grandes movilizaciones y en las que aspirábamos, con la llegada de este Gobierno, a conseguir una
LOU totalmente distinta de la que aprobó el Partido Popular. Hemos trabajado para mejorar la que tenemos, y esperamos seguir en esa línea.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Jorquera.



El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.



Señora ministra, señorías, en primer lugar, quiero destacar el esfuerzo de diálogo e integración de la señora ministra y de su equipo ministerial, que se ha traducido en la introducción de importantes mejoras en la tramitación parlamentaria
de este proyecto de ley. Quisiera destacar, por lo que se refiere a la integración de aportaciones del Bloque Nacionalista Galego, el reconocimiento de los departamentos, comunidades de docencia e investigación, el hecho de que se haya aceptado que
a la hora de favorecer la vinculación entre investigación y el sistema productivo se debe prestar especial atención al sistema productivo del entorno de cada universidad.



Quiero destacar muy especialmente que se haya solucionado el problema de los profesores del INEF de Galicia, que ahora pueden ser integrados en los cuerpos de profesores titulares de Universidad por ser funcionarios del tipo A, por contar
con el título de doctor o por poder contar con él en el futuro.



Valoramos muy positivamente la transacción a la que se ha llegado en la comisión del Senado sobre la base de nuestra enmienda 110 y otras similares presentadas por otros grupos, que, a nuestro juicio, mejoran la redacción original ya que se
hace hincapié en la docencia como mérito a valorar y se explicitan mejor los derechos de los profesores titulares que permanezcan en la situación actual.



Por último, quiero hacer referencia a la transacción a la que se llegó en comisión sobre la base de la enmienda número 109, del Bloque Nacionalista Galego y de otras enmiendas similares de otros grupos, relativa a la problemática de los
profesores titulares de escuelas universitarias.
Transaccionar significa buscar el punto de encuentro, asumir compromisos, y todo compromiso conlleva inevitablemente renuncias. Consideramos que la transacción a la que se ha llegado no da plena
satisfacción a las justas demandas de este colectivo que el BNG apoya pero, sin lugar a dudas, representa una mejora sensible sobre el texto original.



El BNG mantiene vivas ocho enmiendas, que paso brevemente a comentar. La enmienda número 102 pretende definir mejor el papel de los consejos sociales pues, a nuestro juicio, la redacción actual del punto 2 del artículo 14 es una forma
encubierta de decir que los consejos sociales deben buscar recursos financieros externos para sus universidades.
Nosotros discrepamos de este objetivo.



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Estamos hablando de universidades públicas y, por tanto, es la sociedad la que las provee de recursos. El papel de los consejos sociales como órganos de participación e interrelación con la sociedad debe ser vigilar y controlar que esos
recursos sean utilizados de acuerdo con lo que dicta la sociedad, sus dirigentes y las necesidades del entorno en el que están ubicadas, y no el de captar fondos.



La enmienda número 103 pretende que entre los miembros del consejo de gobierno de la universidad se incluyan de manera preceptiva tres miembros del consejo social no pertenecientes a la comunidad universitaria. Por ello, proponemos la
vuelta a la redacción original de la actual LOU, modificando la redacción actual, en la que esta posibilidad queda a expensas de las universidades. Pensamos que es incomprensible que en una universidad moderna no sea preceptivo que dentro de los
órganos de gobierno esté representado su principal accionista y propietario, que es precisamente la sociedad representada a través de su consejo social.



Las enmiendas números 104, 105, 106 y 108 proponen suprimir la alusión a la ANECA, reservando las funciones de evaluación, certificación y acreditación a los órganos que a tal efecto se constituyan y desarrollen las comunidades autónomas en
sus respectivos ámbitos territoriales.



Desde nuestro punto de vista, la ANECA es el principal instrumento centralizador del sistema universitario de la LOU. Las funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación son de gran trascendencia e incidencia
práctica para las universidades y su servicio a la sociedad, y en la LOU se le atribuyen a una agencia gubernativa, constituida por acuerdo del Consejo de Ministros, con capacidad de inspección y control sobre todo el sistema, al margen de las
comunidades autónomas.



Creemos más respetuoso con el sistema constitucional de reparto competencial en materia de enseñanza universitaria atribuir esas funciones a órganos autonómicos, sin perjuicio de la necesaria coordinación entre ellos, y no a un órgano
únicamente dependiente del Ejecutivo central.



Por último, la enmienda número 107 busca asegurar que la dotación de becas y ayudas tienda a garantizar la convergencia y equiparación con los estándares europeos. Pensemos que el Estado español arrastra un enorme déficit en relación con
las ayudas públicas de la mayoría de los Estados europeos de nuestro entorno, y que la política de becas y ayudas al estudio es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas en el acceso a la educación.



Consideramos que estas enmiendas introducen mejoras sensibles en el proyecto de ley que hoy se somete a debate y, por tanto, solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque el Bloque Nacionalista Galego reconoce los esfuerzos
realizados en la tramitación parlamentaria para mejorar este proyecto de ley y, en cualquier caso, le dará su apoyo.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.



El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.



Coalición Canaria mantiene vivas solo tres enmiendas. La enmienda número 112, al artículo 45, es de adición y pretende especificar con mayor precisión el sistema de becas. Pretendemos que la concesión de una beca no esté únicamente ligada
a las excelencias académicas de los estudiantes sino que también se concedan ayudas más genéricas que faciliten el acceso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad que se vean sujetos a circunstancias especiales, como por ejemplo, en el
caso de Canarias, dada su condición archipielógica, la doble insularidad y las ayudas al transporte.



La enmienda número 114 propone una nueva disposición adicional que plantea la necesidad de elaborar planes de renovación del profesorado para facilitar la estabilidad, el rejuvenecimiento y la incorporación de jóvenes talentos a la
universidad. Es una enmienda que hemos transado juntamente con las números 96, de Izquierda Unida; la 298, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y la número 335, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.



Por último, la 115, está encaminada a racionalizar algo y mejorar la financiación universitaria, y que también la hemos transado con varios grupos.



Quiero destacar la buena disposición que en esta ocasión han mostrado el Gobierno y el grupo que lo sustenta con este grupo parlamentario, pues hemos logrado acuerdos en todas las enmiendas presentadas salvo en una.
En consecuencia, esta
única enmienda, la 112, sobre la que no hemos llegado a un acuerdo.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.



La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.



En primer lugar, bienvenida, señora ministra, a esta Cámara.



Hoy debatimos la modificación de la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, una reforma que tenía en sus inicios dos objetivos: enmendar los errores detectados en su aplicación después de cinco años y su adaptación al entorno, básicamente
conseguir la armonización de los sistemas educativos superiores en la Unión Europea, que tiene como eje -y ustedes lo saben perfectamente- el grado de máster y el doctorado. En ella se pretendía -al menos esa era la idea inicial y hoy lo ha
repetido usted, señora ministra- potenciar la autonomía universitaria, el rendimiento de cuentas, así como un aumento de la calidad contrastada no solo de las universidades, sino también de los estudios impartidos, de aquí la importancia que
adquieren organismos como la ANECA.



Todos somos conscientes de que uno de los grandes y graves problemas que tenemos en estos momentos en nuestra sociedad es que la Universidad española ha estado, está y parece que va a continuar estando mayoritariamente de espaldas a la
sociedad. Por tanto, si esta ley pretendía su adaptación al entorno -como reza en su preámbulo-, teníamos la oportunidad, si no de alcanzar


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una solución definitiva del problema -ya que cuando dos cosas son totalmente opuestas es difícil que estén unidas definitivamente o al menos de golpe sí deponer las bases para una solución a medio plazo.



La Universidad ha de estar al servicio de las demandas de la sociedad, de su evolución y de su sistema productivo; no olvidemos que a ellos van dedicados los profesionales que formamos en la Universidad. Han de ser la base de la
transferencia tecnológica entre la investigación y la empresa, y es precisamente en este ámbito en el que nuestro grupo parlamentario presentó el mayor número de enmiendas, porque creemos que la relación empresa-universidad es clave para el futuro,
pero no solo para el futuro de la universidad, sino para toda la sociedad, que debe competir -y ahora lo vemos claramente- no solo con los países de la Unión Europea, sino con los de todo el mundo; ahora bien, sin preparación de los universitarios,
sin unas empresas con alta tecnología y sin transferencia a ellas del conocimiento adquirido en las universidades va a ser totalmente imposible.



El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó inicialmente 38 enmiendas, de la 303 a la 337, de las que se publicaron 36, se retiraron inicialmente y no fueron publicadas la 12 y la 13. La 14 se retiró en
comisión y en ella se aprobaron, a través de transaccionales con los demás grupos de la Cámara, las enmiendas números 303, 304, 320, 321, 330, 331, 333, 334 y 336. Con ellas se logra una mejor adaptación para las personas con alguna discapacidad;
permitimos excedencias temporales para dedicación a nuevas empresas creadas a partir de los resultados de investigación de la Universidad -muy importante, abríamos una puerta en este sentido-; aumentamos, aunque no en los porcentajes deseados, la
deducción por donaciones a las universidades privadas de forma que estas tengan un sistema de financiación de la investigación aparte del que están obteniendo a través de sus alumnos o a través de la misma empresa pública; aumentamos la calidad en
la toma de decisiones sobre acreditación; incorporamos los centros del Sistema Nacional de Salud -en el caso de Cataluña tenemos muchos centros concertados público-privados y con una red de investigación atada a nuestros hospitales y, por tanto,
atada a nuestras universidades-; concretamos el acceso del profesorado a centros de titularidad pública de enseñanza superior y posibilitamos que en el caso de que lo deseen algunos municipios puedan liberar hasta del 95 por ciento del IBI a los
centros universitarios -la creación de nuevos centros universitarios hacía que algunos municipios lo deseasen-.



Señorías, de nuestras enmiendas quedan vivas las siguientes, que paso a defender por grupos. La 305, 323 y 324 fueron redactadas para impulsar la calidad en los centros y en su profesorado, exigiendo el doctorado para ocupar cargos de
responsabilidad y toma de decisiones. Comprendemos -aunque no lo entendemos- que todavía existan muchos docentes universitarios sin título de doctor, pero la dirección de los centros no debe estar, si es posible, en sus manos. Creemos, señoría,
que es difícil estar en contra de ello.



Mediante la enmienda 315, la calidad se garantiza asegurando la competencia de los miembros de las comisiones de selección de plazas.



Las números 306, 308, 209 y 329 son de carácter básicamente autonómico, y a las que evidentemente no podemos renunciar. En especial, respecto a la número 309, parece imposible que sea parte de una historia interminable.
Está basada en la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre becas.
Señorías, estas becas están dando vueltas por esta Cámara desde hace dos años, y el estado actual de la ley no cumple totalmente la sentencia.



De este grupo de enmiendas también me gustaría destacar la número 327, aunque el senador Abejón no esté de acuerdo. Defendemos nuestra propia lengua en las universidades, aunque no entraremos en polémica con él porque no es el momento y
resulta totalmente innecesario.



Mediante la número 311, proponemos la creación de un consejo de estudiantes como organismo consultivo, con representación de las asociaciones de las distintas comunidades autónomas. Constantemente hablamos de la representación de
estudiantes, y creemos que esta sería una buena forma de organizarla.



Mediante las números 316 y 217 proponemos la flexibilización respecto a la concesión de la excedencia entre el profesorado, por ejemplo, en el caso de investigación, favoreciéndola.



Las enmiendas números 319 a 322 pretenden facilitar la compatibilidad de la dedicación parcial con otras actividades educadoras. No entendemos que un profesor universitario que no tenga dedicación a tiempo completo no pueda dar clase en
otro centro o universidad privada en su tiempo libre.
Evidentemente, puede dar clases de golf o de cocina, por qué no, en otra universidad, si es la misma materia. No sabemos si es el temor a la competencia de las universidades privadas o si es el
hecho de que el profesorado tenga ingresos lo que asusta y los demoniza.



Mantenemos las enmiendas 325 y 326, referidas a la creación del consejo asesor de universidades.



La número 332 trata de romper la imposibilidad de la concatenación de los contratos de becarios. Señorías, no podemos obligar a que las universidades y los centros de investigación sean obligados a contratar indefinidamente a los becarios
después de unos meses, porque lo único que vamos a conseguir es que, tras ese periodo,los demos de baja para volverlos a contratar al cabo de un tiempo. Los becarios son jóvenes investigadores recién salidos de las facultades y no siempre van a
continuar en el mundo de la investigación, bien porque no les guste, porque no sirven para ello, o sencillamente porque no se les paga lo suficiente. Por tanto, facilitar su entrada y salida es vital para su evolución y la de los centros
correspondientes.



Las jubilaciones anticipadas voluntarias están recogidas en la enmienda 335. Creemos que es una forma de implantación rápida de las reformas necesarias para la adaptación de la Universidad a los nuevos tiempos.



Mediante la número 337, se solicita la evaluación del impacto generado por las modificaciones realizadas en la presente ley, una evaluación que debería ser respecto de todas las leyes que se aprueban, incluso también deberían hacerse
habitualmente en todo, respecto a cómo los programas llegan a nuestra sociedad, etcétera. Pero sería bueno muy especialmente respecto a esta ley.



Por último, quisiera hacer hincapié en la número 328, que, como ustedes verán, soportará una transaccional fir-


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mada por la mayoría de los grupos, si no por todos ellos. Es referente al desarrollo de las actividades investigadoras y su relación con las empresas de base tecnológica creadas como instrumento para impulsar la transferencia de
conocimientos desde la Universidad a la actividad productiva, siempre de forma pactada con la Universidad, de forma que se pueda participar en sus beneficios.



Es totalmente ridículo que la participación en las empresas de base tecnológica creadas a partir de sus propias investigaciones, como reza la enmienda, fruto de muchos años de esfuerzo, sea del diez por ciento y que un profesor universitario
no disponga de la posibilidad de formar parte del consejo de administración, con lo que las decisiones sobre su futuro habitualmente se hallan en manos de inversores externos.



Por tanto, el estímulo a la creación de esas empresas por el profesorado acaba siendo nula. Sin embargo, el profesor debe beneficiarse de los esfuerzos o solo conseguiremos que únicamente haga investigación de escaparate, sin que quede
posibilidades para los brillantes investigadores que están condenados a salir de este país o a marcharse a la empresa privada, con la consecuente descapitalización de nuestro sistema universitario y de la necesaria transferencia tecnológica que ha
de producirse entre Universidad y empresa.



Pero esta no es solo nuestra opinión, sino la de grandes conocedores del tema, del rango de los profesores Mas-Colell, Godia, Nombela o Muñoz, con responsabilidades en investigación en universidades españolas, europeas, en el CSIC, que
expresaron en esta Cámara en sus distintas intervenciones en jornadas y comparecencias la misma opinión.



Señorías, en una apuesta por el futuro competitivo como el que se espera de las próximas generaciones todo retraso en el consenso en estos temas es clave y es un mal pronóstico. La falta de unanimidad en su defensa solo va a retrasar la
puesta en marcha de una universidad que debe formarlos para que puedan enfrentarse a su futuro con un mínimo de garantías de éxito. Por tanto, esperamos que sea aceptado por unanimidad.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Arratsalde on. Señor presidente, señora ministra, bienvenida de nuevo a esta Cámara, a esta su casa del Senado.



Voy a pasar a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene vivas en este momento del debate y que esperamos que el resto de los grupos pueda apoyar en la votación posterior.



Es un honor, ya lo decía antes, para un catedrático de universidad como yo el poder defender en este momento esta ley en el Senado. Son muchos los colectivos, compañeros y compañeras, que nos han llamado y con los que hemos tenido
reuniones. También, como le decía antes, con el equipo de su ministerio hemos tenido largas conversaciones, así como con el resto de los grupos parlamentarios, a los que quiero agradecer la buena acogida que han tenido buena parte de nuestras
enmiendas tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado.



En el Senado presentamos 24 enmiendas, de las cuales seis fueron transaccionadas y aceptadas por los grupos y, en definitiva, sólo nos quedan 18 enmiendas vivas que, como usted bien sabe, señora ministra, y como saben sus señorías, vienen a
defender las competencias de las comunidades autónomas en gran medida, pero no creo que en ninguna nos vayamos a apartar del guión. También alguna enmienda en concreto viene a defender intereses de colectivos específicos que entendemos suponen una
mejora para esta ley que, por las conversaciones mantenidas con usted y con su equipo, viene a mejorar la calidad de la ley, que es lo que pretendemos en definitiva.



Dichas enmiendas no son ni mucho menos una crítica, sino una propuesta de mejora porque la universidad es de todos, los estudiantes nos interesan a todos, y la sociedad española nos va a exigir que la ley que hagamos mejore la que en estos
momentos tenemos y que tantos disgustos, como ha explicado antes una senadora, ha dado o dio en el momento de su aprobación. Fueron muchos los colectivos de todo tipo que se manifestaron en la calle, hubo importantes controversias por la ley que en
su día se aprobó. Nuestro grupo considera que esta ley viene a mejorar parte de esos desaguisados; ustedes lo dijeron en la campaña electoral que hicieron, y pensamos que en ese sentido han cumplido, y es justo reconocer públicamente que eso es lo
que se trata de hacer con esta ley.
A nosotros nos hubiera gustado, repito, que se hubiera dado un paso más en materias competenciales -en concreto ahora le voy a decir las enmiendas que mantenemos vivas en este sentido- y en algunos otros
aspectos, antes me refería también al caso concreto de los titulares de escuelas universitarias. Si no puede ser, llegamos hasta donde se pueda.



Voy a hacer una breve defensa y una justificación de las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene vivas.



En primer lugar, la enmienda número 116 dice que corresponde a las comunidades autónomas la regulación del régimen de nombramiento y el mandato de los rectores. Entendemos que debe ser así. Se introduce un cambio significativo en la figura
del rector y el debate sobre la figura del rector, a nuestro modo de ver, corresponde a la autonomía política de las comunidades autónomas. Por eso hemos introducido esta enmienda, señora ministra, señorías.



En la enmienda número 117 estamos proponiendo, en coherencia con la enmienda anterior, que se suprima el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 6/2001, por entender que los aspectos que regula deben ser objeto de las propias comunidades
autónomas.



La enmienda 118 se refiere a la garantía de calidad. Aquí ya no estamos hablando de comunidades autónomas, sino de calidad de la enseñanza. Hemos añadido al apartado 3 del artículo 21 una exigencia comunitaria relativa a la independencia
de los órganos que ejerzan las funciones de evaluación y de garantía de la calidad. Nuestro grupo entiende que en ese sentido el Gobierno, de acuerdo con lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2005 instándole a ello, ha
de cumplir las normas de rango de ley para introducir la normativa básica en el ordenamiento jurídico.



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Eso es lo que le recordamos al Gobierno y nos gustaría que se cumpliera -insisto- lo que ya se aprobó en mayo de 2005.



La enmienda número 119 se refiere a los títulos oficiales. Nos preocupa mucho ajustar el precepto al régimen constitucional del reparto competencial existente en este momento, de acuerdo con el inciso del artículo 149.1.30a de la
Constitución Española, según el cual, al Estado le corresponde la regulación de las condiciones de obtención, homologación y expedición de títulos y -aquí viene la enmienda- a las comunidades autónomas la aplicación ejecutiva de las normas
estatales.



La enmienda número 120 propone una adición al apartado veintinueve, en el sentido de que los títulos universitarios propios de carácter no oficial se inscribirán de manera automática en el registro de universidades, centros y títulos al
solicitar su inscripción la comunidad autónoma correspondiente. La justificación de esta enmienda es la evidente diferencia con los títulos oficiales que tenemos con los que homologa el Estado español.



La enmienda número 121 hace referencia al artículo 36 de la LOU, convalidación o adaptación de estudios, equivalencias de títulos y homologación de títulos extranjeros. Sabe usted muy bien, señora ministra, que cada día más en el Estado
español se están recibiendo profesionales titulados universitarios de diferentes países -Latinoamérica, Centro Europa, etcétera- y nos preocupa, porque tenemos verdaderos problemas -y usted lo sabe mejor que yo, señora ministra- para la
convalidación y homologación de estos títulos. A nuestro modo de ver, lo que pretendemos en esta enmienda número 121 es que corresponda a las comunidades autónomas la declaración de equivalencia y la homologación de títulos extranjeros a que se
refieren las letras a) y b) del artículo 36 al que me acabo de referir. ¿Por qué? Porque es necesario ajustar el precepto de régimen constitucional, del que hablaba antes en el reparto competencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo
149.1.30.a de la Constitución Española, según el cual, al Estado le corresponde la regulación de las condiciones de obtención, homologación y expedición de títulos y -repito, es lo que queremos- a las comunidades autónomas la aplicación ejecutiva de
las normas estatales.



En la enmienda 122 hablamos de los límites máximos de admisión de estudiantes. También aquí tenemos algo que decir. Proponemos el siguiente texto: «Las Comunidades Autónomas, por motivos de interés general o para poder cumplir exigencias
de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, podrán establecer los límites de admisión de los estudiantes en los estudios de que se trate. Dichos límites afectarán al conjunto
de las Universidades públicas y privadas, de su ámbito territorial». Entendemos que esta fijación de límites de admisión de alumnos y alumnas es competencia de las comunidades autónomas. A nuestro modo de ver, ninguno de los motivos que aduce el
texto justifica la competencia exclusiva del Gobierno en esta materia, pues la ponderación del interés general o el cumplimiento de directivas comunitarias o de convenios internacionales corresponde, según la Constitución Española, a todos los
poderes públicos, de acuerdo con sus competencias. Así lo ha manifestado reiteradamente, y con la misma claridad, el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, señora ministra, los límites máximos de admisión de estudiantes deberían estar en manos de
las comunidades autónomas.



La enmienda número 123 hace referencia a la modificación del apartado cuarenta y tres. Proponemos la siguiente redacción: «Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado, con cargo a sus
presupuestos generales, en los que se van territorializarán las partidas correspondientes, establecerá un sistema general de becas...». Entendemos que dotar al precepto de un contenido acorde con las transferencias que en esta materia se acordó con
la Administración del Estado y las comunidades autónomas sería lo más adecuado. En concreto, sirva de ejemplo el Real Decreto 1014/1985, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones de servicio en materia de universidades, que
literalmente dice que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la regulación y la gestión de las convocatorias de becas de estudios para los estudiantes con vecindad administrativa en el País Vasco, respetándose, bien es cierto, los
criterios básicos que señale el Estado.



La enmienda 126, señora ministra, señorías, es para nosotros muy importante. Nos estamos refiriendo al apartado 2 del artículo 55 de la LOU, que, a nuestro de ver, debería ser del siguiente tenor: «Las comunidades autónomas podrán,
asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de docencia, investigación, lingüísticos, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento y gestión, por el ejercicio de las funciones a las que se refieren los
artículo 33, 41.2 y 3. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas y el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.»


Sabe usted, señora ministra, que hemos tenido diferentes conflictos con el profesorado universitario en el País Vasco y que, precisamente, no hemos podido atender a las demandas de los profesores universitarios vascos porque esta competencia
está en manos del Estado. Si a través de esta enmienda 126 podemos consensuar esto, para nosotros, para el Gobierno vasco, sería un alivio porque permitiría satisfacer las demandas de estos profesores universitarios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.



Además, entendemos que las comunidades autónomas con idiomas cooficiales deberían disponer de un instrumento retributivo para logar la normalización lingüística. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
reivindica esa posibilidad que le acabo de referir.



La enmienda 127 hace referencia a la acreditación estatal. Proponemos que el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios que se menciona en el artículo 56.1 exigirá la previa obtención de una acreditación estatal -con la
que estamos totalmente de acuerdo- que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades y de las comunidades
autónomas, regulará el procedimiento de acreditación. Entendemos que regla-


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mentariamente se establecerá la composición de las comisiones reguladas en este apartado debidamente motivadas, como no podía ser de otra manera.
Asimismo, creemos que dicha regulación deberá garantizar que al menos uno de los miembros de
la comisión pertenezca a una universidad de una comunidad autónoma en la que exista una cooficialidad lingüística. Esta es la variación que hacemos al artículo 57 en lo que se refiere a la acreditación estatal. El objetivo de esta enmienda no es
otro que, por una parte, sustituir el término acreditación nacional por el de acreditación estatal y, por otra parte, garantizar los esfuerzos de los candidatos a lo largo de su carrera docente e investigadora en las lenguas cooficiales distintas al
castellano y, en definitiva, que estos esfuerzos sean suficientemente valorados.



La enmienda 129 hace referencia a la acreditación para catedráticos de universidad. Sabemos que los funcionarios del cuerpo de profesores titulares de universidad podrán presentar su solicitud para obtener la acreditación y poder pasar en
su día al cuerpo de catedráticos en función de los méritos que vayan aduciendo. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al cuerpo de profesores titulares de universidad quienes acrediten la condición de doctor con al menos ocho años de
antigüedad y cuenten con el informe positivo de la actividad docente e investigadores emitido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la Aneca, y la acreditación de otros órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas
determine.Volvemos a lo de antes. Esta enmienda persigue ampliar los órganos que puedan permitir el informe positivo de la actividad docente investigadora de los profesores y profesoras para que puedan emitir también las agencias de calidad y
acreditación en el ámbito autonómico, en su caso.



La enmienda número 130 se refiere al concurso de acceso a la plaza de los cuerpos docentes universitarios. Solo hacemos una pequeña matización, y es que los estatutos de cada universidad deberán regular, a nuestro modo de ver, y de
conformidad a lo dispuesto en la normativa autonómica, la composición de la comisión que juzgue estos concursos. ¿Por qué? Porque la Ley 3/2004, del sistema universitario vasco reserva al Gobierno vasco la potestad de regular la composición de las
comisiones de selección y el procedimiento que ha de regir los diferentes concursos de cuerpos universitarios docentes. Con esta enmienda perseguimos preservar el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma Vasca sin perjuicio de que las
universidades lo puedan desarrollar. A nuestro modo de ver, la normativa estatal debería jugar con carácter de mínimo común normativo.



La número 132 supone la modificación del apartado setenta y uno del proyecto de ley por el que se modifica el artículo 69.3. Entendemos que las comunidades autónomas podrán establecer retribuciones adicionales de lo que antes le decía, que
estén ligadas a méritos individuales de docencia, investigación, méritos lingüísticos, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos y gestión, por el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos 33, 41.2 y 41.3.



El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya por favor.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Voy terminando, señor presidente.



En definitiva, lo que estamos pretendiendo con esta enmienda es que tanto las comunidades autónomas como el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, puedan establecer los niveles retributivos para que los profesores en la
normalización lingüística no planteen problemas a la hora de establecer sus retribuciones.



La enmienda número 133 hace referencia a la Universidad Nacional de Educación a Distancia; la número 134 es referente a las relaciones de las comunidades autónomas respecto del registro de títulos; en la número 135 se solicita la supresión
de los artículos 18 y 19, y las enmiendas números 138 y 139 referentes al carácter de ley orgánica de esta ley de ordenación universitaria, vienen a repetir el carácter orgánico que debe reservarse para lo que sea contenido esencial. Y, a nuestro
modo de ver hay algunos artículos que no deberían ser así.



Señora ministra, con estas enmiendas que acabo de defender mi grupo considera que se viene a dar cumplimiento a estas demandas de los diferentes colectivos universitarios.



Termino ya, señor presidente, señorías. La ley no nos complace en todos sus términos, pero en general consideramos que es una ley buena en su conjunto y, sobre todo, nos parece que es una ley justa, equitativa y que viene a mejorar la
situación actual de nuestra universidad.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Baig.



La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.



Nuestro grupo parlamentario presentó 69 enmiendas a este proyecto de ley que nos llegó del Congreso de los Diputados según el protocolo que rige nuestra coalición, pero durante el debate que hubo en comisión ya retiramos algunas y dejamos
para el debate y votación en el Pleno 22 de las mismas, de las cuales pudimos transaccionar seis. De hecho transaccionamos siete pero solo se aprobaron seis. Entre ellas estaba la que correspondía, como otros grupos también han citado, a los TEU,
que nosotros ya habíamos dejado claro durante las comparecencias que hubo en esta ley que la presentábamos con la finalidad de conseguir una transacción amplia con más grupos para buscar una solución no al cien por cien, pero si que con el
porcentaje más alto posible pudiera dar satisfacción a los TEU y, además, fuera amplia de respaldo de los grupos políticos en el Senado para que pudieran ser también una solución que tuviera mas duración y diera más tranquilidad a los afectados.



Después de la comisión hemos presentado 12 votos particulares que paso a motivar para su defensa. La enmienda 238 y la 255 tienen un nexo común que intentan vincular la formación profesional de grado superior, los centros de artes plásticas
y diseño o los centros deportivos de grado superior, entre otros, a la universidad, tal y como está contemplado en el artículo 3.5 de la LOE, Ley Orgánica de Educación.



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En la enmienda 238 se modifica el título del artículo poniendo «centros de educación superior adscritos a universidades» para dar un margen mucho más amplio que el que actualmente se contempla en la ley de «centros de enseñanza universitaria
adscritos a universidades».



En la enmienda 255 se añade la posibilidad de un régimen de convalidaciones entre estos estudios de grado superior y los estudios universitarios. Creo que a nadie se nos escapa que el objetivo es incentivar a los estudiantes, a los chicos y
a las chicas, para que al finalizar estudios de formación profesional o de enseñanzas artísticas, entre otros, continúen su formación en la universidad.



Un objetivo de ampliación de formación y educación de la ciudadanía para hacer una sociedad más rica, más culta, es un hecho que bien se merecería que estas dos enmiendas tuvieran un acuerdo unánime. Vaya mi agradecimiento de antemano a los
grupos que las quieran respaldar.



Otro grupo de enmiendas se han formulado dentro del marco competencial reforzando básicamente el papel de la conferencia general de política universitaria a la que nuestro grupo le da mucha importancia.



La enmienda 258 se ha formulado porque nos parece que el Gobierno tiene que tener un informe de la Conferencia General de Política Universitaria para establecer las normas básicas la admisión de los estudiantes.



La enmienda 275 pretende que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regule las condiciones y el procedimiento para la concesión de excedencia. Nos parece que si el profesorado depende ya en gran
parte y es responsabilidad de las competencias de las comunidades autónomas también lo ha de ser, previo acuerdo, que las comunidades autónomas den su parecer sobre las excedencias.



Otro grupo de enmiendas hace referencia al profesorado. La 298 da la posibilidad de promover jubilaciones voluntarias que se deberían contemplar en el Estatuto del Personal Docente. La enmienda 299 quiere contemplar en una transitoria
nueva de la ley una situación digna para los profesores que en estos momentos aún tienen contrato administrativo de la LRU. La 256 sirve para incentivar que la universidad apoya y promueva a todo su personal en tareas de investigación.



En la 274 nosotros proponemos un nuevo redactado para que las universidades y los centros docentes universitarios competencia de una comunidad autónoma como Cataluña, con lengua oficial propia, puedan establecer en los concursos de acceso a
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios el requisito de conocimiento de dicha lengua en los términos que determine la normativa autonómica respectiva.



La enmienda número 260 añade en el apartado cuarenta y tres, referido a las becas, la frase «que permitan alcanzar criterios objetivos para distribuir territorialmente los fondos correspondientes». Aprovecho para decir que nosotros
presentamos esta enmienda porque esto no está contemplado, y me ha parecido que cuando se ha debatido el veto se ha dicho que esto ya estaba contemplado en la ley. Si hubiera sido así nosotros no hubiéramos presentado la enmienda.



También debo decir que el texto referido a las becas que nos llegó del Congreso, lo consideramos positivo. De hecho lo votamos favorablemente los tres grupos que formamos la coalición de la Entesa. No obstante, proponemos este añadido para
explicitar literalmente la sentencia 188/2001, del Tribunal Constitucional, que tantas veces hemos citado y sobre la que aún no hemos conseguido tener una respuesta definitiva.
Cierto es que ayer pude comprobar con gran satisfacción, leyendo
teletipos, que en materia de becas este año el ministerio ha subido los umbrales de la renta de las mismas, y esta es una buena noticia, sobre todo para los jóvenes que solicitan beca en Cataluña. Avanzamos, pero nosotros queríamos, y así lo
proponemos en esta enmienda, que quedara implícito y explícito en la ley.



Para terminar, solo quiero mencionar dos enmiendas más: la número 283, para suprimir la disposición adicional cuarta vigente de la ley, no del proyecto, para que todas las universidades, sean públicas o privadas, se rijan por los mismos
criterios; y la 234, para proteger adecuadamente en el espacio Internet las denominaciones propias del ámbito universitario.



De los doce votos particulares hemos transaccionado con los distintos grupos cinco de ellos y nos quedan siete enmiendas vivas para las que solicito el apoyo y el respaldo de los grupos que nos acompañan hoy en el Senado.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Angulo, que compartirá el tiempo con el senador Laguna.



La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.



Señorías, si hay una expresión que describe este proyecto de ley es la de que se trata de una oportunidad perdida. Ya casi todos los comparecientes señalaban deficiencias, ausencias, incluso hablaban de posteriores líneas de reforma a una
ley que está todavía por aprobar. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, con las 80 enmiendas que siguen aún vivas, tratamos de incluir aspectos esenciales que en la ley, sencillamente, no aparecen. Tratamos de corregir otros aspectos que
van en una dirección profundamente equivocada y, sobre todo, tratamos de dotarnos de los instrumentos que son imprescindibles para aportar las debidas garantías que en esta reforma, a nuestro juicio, quedan en retórica. En nombre de mi grupo,
intentaré defender las referidas a la primera parte del texto y trataré de hacerlo incidiendo en esas garantías que echamos en falta.



En primer lugar, con esta ley el Gobierno renuncia a garantizar la calidad. Es necesario asegurar la calidad, máxime cuando la calidad en el sistema universitario ya se ve dañada por una ley como la LOE que representa todo lo contrario en
niveles previos, y es posible asegurar la calidad a través de dos caminos que intervienen decisivamente en ella: la selección del mejor profesorado y el mejor diseño de la estructura de titulaciones, ambos aspectos fuertemente correlacionados con
la calidad.
Esto es ni más ni menos lo que pretendemos con nuestras enmiendas, señora ministra.



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En materia de selección del profesorado, en las enmiendas que van de la 193 a la 197, defendemos un modelo, el de habilitación nacional, que sí ofrece garantías de objetividad y transparencia, y no porque lo digamos nosotros o lo digan desde
muchos otros sectores, sino porque está basado en unas pruebas públicas competitivas que se fijen en la ley; unas pruebas que sí garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad y, sobre todo, porque está basado en unas reglas del juego
iguales para todos que, desde luego, nada tienen que ver con lo que hoy nos presentan ustedes en el proyecto de ley. Porque la eliminación de pruebas públicas en la fase de acreditación supone negar oportunidades a los candidatos, así como negar a
la Universidad garantías de que está eligiendo entre los mejores.



Ustedes insistirán en que se trata de confiar en la Universidad, pero saben muy bien, aunque no lo digan, que lo que están pidiendo es un acto de fe en el Gobierno. Exigen incluso más condiciones en los procedimientos de los concursos que
en los de acreditación, y se percibe con claridad una tendencia que nos preocupa. Se dejan de exigir tres años de antigüedad como titular de universidad para acreditarse como catedrático; se deja de exigir ser catedrático o una amplia experiencia
para formar parte de las comisiones de reclamación, y se dejan de exigir tres años de actividad postdoctoral a los contratados doctores, algo que pedimos se vuelva a exigir en la enmienda 189.



Ésa es la tendencia que impregna la ley: rebaja en las condiciones y rebaja en las garantías. Y en nuestras enmiendas les decimos que fijar por ley que los miembros de las comisiones pertenezcan al área de conocimiento del aspirante o, al
menos, que sean afines sí garantiza la profesionalidad, pero curiosamente lo quitan; o que el hecho de que los miembros de las comisiones sean elegidos por sorteo sí garantiza la imparcialidad, pero curiosamente también lo quitan.



Una verdadera apuesta por la objetividad, la profesionalidad, la imparcialidad y la transparencia requiere de algo más que palabras, señora ministra, requiere de unas garantías que hagan ese compromiso creíble en cuanto a los procedimientos
y en cuanto a la composición de las comisiones. Eso es lo que le decimos en nuestras enmiendas.



La otra gran incógnita de esta ley en este primer apartado es el mapa de titulaciones. Vemos cómo el proceso de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior le sirve al final de justificación tanto para defender una cosa como la
contraria, pero hay que decir que con esta ley no tenemos ni uno solo de los tres pilares fundamentales en que debe asentarse esa incorporación. ¿Modificaciones legislativas? En esta ley no se avanza nada al respecto. ¿Financiación? La gran
olvidada. Y en cuanto al diseño de la nueva estructura de titulaciones, esta ley viene a decirnos que ya no va a haber diseño. ¿Queremos de verdad incorporarnos a Bolonia? Si es así, con esta ley en las mejores condiciones no va a poder ser.



Con nuestras enmiendas números 173 y 174 no hacemos sino exigir al Gobierno que cumpla con su obligación, porque, detrás de ese concepto de registro, entendemos que se está escondiendo una desregulación.
Representa una dejación de las
funciones que el artículo 149.1.30.a de la Constitución atribuye al Estado, y vemos cómo el Gobierno, una vez más, cede sus competencias de facto, se desentiende y rehuye sus responsabilidades, como también se desentiende -lo decía el senador
Abejón- de una moción que se aprobaba en esta Cámara el 23 de mayo.



Por un lado, vamos a ver unos títulos con directrices propias y, por otro, los títulos que menciona el artículo 34.1, y nada sabemos sobre su oficialidad, sobre su validez ni sobre nada de nada. No se ofrece ninguna garantía de que el
título que se está cursando ofrezca los conocimientos y competencias necesarios para incorporarse al mercado laboral. Ni siquiera se contempla ya el hecho de que, si un título no cumple las directrices, pueda ser revocado o suspendido, algo que
aparecía en el artículo 35.7 y que ya no aparece en esta reforma.



¿Qué garantías de calidad ofrece la reforma en este sentido? Absolutamente ninguna, señora ministra, y representa -y debo decírselo- un giro de 180 grados respecto del trabajo que se ha venido desarrollando durante tres años. Hoy tienen
que esforzarse mucho para explicar lo poco flexible, lo cerrado o lo negativo que les parece el catálogo, porque para las titulaciones que corresponden a profesiones reguladas va a seguir habiendo catálogo. ¿O lo que es bueno para unas titulaciones
no lo es para otras?


Van a tener que esforzarse un poco más, señora ministra, porque la ministra Sansegundo prometió tener el catálogo terminado para el 1 de mayo de 2005, pero usted misma nos dijo el pasado 10 de mayo en esta Cámara -y leo literalmente- lo
siguiente: Por supuesto, al final vamos a cerrar un mapa de titulaciones con unas directrices propias de cada titulación que dé sentido al conjunto. Eso lo decía usted, señora ministra, y en un verano, en unos pocos meses ha desaparecido el mapa,
ha desaparecido el calendario, han desaparecido las directrices y ahora ya no hay nadie que dé sentido al conjunto.



Presentan un documento que cambia todo en septiembre y cuando la ley que debía regularlo todo ya había iniciado su andadura. ¿Cómo no se va a generar desconcierto y cómo no va a haber desconfianza? Es difícil de explicar, y aún es más
difícil de entender tanta ambigüedad calculada y tanta falta de criterio, a no ser que el verdadero criterio sea el desmantelamiento del sistema de títulos como un paso más en la desvertebración del sistema universitario.



Por nuestra parte, además de añadir el desarrollo de enseñanzas que proporcionen formación a lo largo de la vida y un tema cada vez más significativo y necesario como son las enseñanzas para mayores, en las enmiendas números 173 y 174
defendemos lo que hemos defendido siempre, y es que haya unas reglas de juego claras y transparentes, que un estudiante tiene derecho a saber si lo que está cursando es o no un título oficial, qué validez tiene, si es comparable con otros títulos,
es decir, tener la certeza de que sus estudios le proporcionan unas oportunidades reales de reconocimiento y de movilidad y tener la certeza de que se le proporcionen los conocimientos y las capacidades profesionales necesarias para incorporarse al
mercado laboral.



Reclamamos que sean las necesidades formativas, y no una decisión política, las que determinen la duración de los grados, porque invocan la flexibilidad pero, luego, justo donde no deben imponen la rigidez máxima con 240 créditos para todos
los grados.



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En resumen, entendemos que ningún gobierno tiene derecho a abdicar de sus responsabilidades cuando se están poniendo en riesgo las necesarias garantías de calidad, y eso es lo que decimos en este grupo de enmiendas a las que me refería.



En segundo lugar, con esta ley se está renunciando a la participación de la sociedad en la Universidad. Está claro que la vinculación recíproca entre Universidad y sociedad es incontestable y la rendición de cuentas también es inexcusable,
pero ambas deben contar con los instrumentos necesarios. En este sentido, comprobamos también cómo grandes declaraciones de principios no se corresponden en absoluto con las medidas que se proponen, porque entendemos que tanto los mecanismos de
participación como los de asunción de responsabilidades se debilitan, y me referiré concretamente a cinco aspectos que, a nuestro juicio, llevan a un gran empobrecimiento de la Universidad: la desaparición del Consejo de Coordinación Universitaria;
la menor presencia de los consejos sociales; la revisión del modelo de elección a rector; la desaparición de los profesores colaboradores y las tendencias localistas. En todos estos apartados hemos presentado enmiendas.



Con las enmiendas números 168 a la 171 abogamos por mantener el Consejo de Coordinación Universitaria, porque ha demostrado su validez como lugar de encuentro de la pluralidad de agentes que hacen de la coordinación algo imprescindible,
porque es necesario procurar la estabilidad de las instituciones y porque si la posibilidad de convocar por separado a los responsables políticos y académicos se mantiene intacta, con la posibilidad de reunirse en comisiones en el seno del propio
consejo, no entendemos qué sentido tiene la separación en la conferencia general y el consejo de universidades. Antes de aprobar la ley se está reconociendo incluso la necesidad -en algunas enmiendas se hace y en la propia ley- de que haya un
órgano superior de coordinación de ambos, en concreto, en el artículo 28, letras c) y d). Y lo más preocupante de todo este asunto, lo que más nos preocupa es que junto con el consejo se elimina la presencia de personalidades de la vida académica,
científica, profesional, económica y social que eran designados por Congreso de los Diputados y Senado. Y tal vez sea eso lo que se pretende, aunque justamente es lo que no se dice, pero de esta forma lo cierto es que están cerrando las puertas de
la Universidad a lo que se viene en llamar la voz de los intereses generales y, a nuestro juicio, esa presencia es irrenunciable.



Se produce, asimismo, un significativo debilitamiento del papel de los consejos sociales. Hay un retroceso en su capacidad decisoria y el número de miembros en el Consejo de Gobierno pasa de ser tres, por disposición legal, a un máximo de
tres cuando lo determinen los estatutos. Nos resulta incomprensible que esa presencia en el órgano de gobierno pudiera simplemente desaparecer, y esa presencia es la que tratamos de asegurar en la enmienda número 160.



Ya hemos señalado también que esta ley fomenta tendencias al localismo que contradicen el propio planteamiento europeo y que constituyen un nuevo elemento indicador de ese cerrar la Universidad. Nos preocupa ese prestar especial atención a
la vinculación con el sistema productivo de su entorno, que figura como inciso en el artículo 41.2.g). Entendemos que una universidad debe tener la ambición y la vocación de prestar atención a todo, al Saber con mayúsculas, y ese inciso puede
conducir a una universidad a que se quede girando en torno a sí misma, algo que no nos gustaría.



Cualquier tendencia, señora ministra, a ese localismo arcaico contradice todo principio de universidad abierta y, desde luego, supone abandonar cualquier pretensión de excelencia; contradice también la pretensión de facilitar la movilidad y
empobrece y arrincona nuestra universidad. Por esta razón hemos presentado la enmienda 177 de supresión del inciso.
Empobrece también la universidad la desaparición de la figura del profesor colaborador, con lo que estamos, a nuestro juicio,
cerrando una puerta que posiblemente tengamos que volver a abrir, y tampoco entendemos por qué se plantea poner a las universidades a revisar el modelo de elección a rector cuando el sufragio universal con voto ponderado cuenta con el respaldo,
cuenta con la aceptación de una gran mayoría de la comunidad universitaria.



Por lo tanto, en contra de esa apertura y de esa participación que propugnan, entendemos que con esta ley están cerrando -le vuelvo a decir- las puertas de la Universidad, se las están cerrando a las personalidades independientes designadas
por las Cámaras legislativas en el Consejo de Coordinación, a los consejos sociales y a profesionales que podían trabajar como profesores colaboradores. Parece que poco a poco la tendencia es ir cerrando esas puertas a todo lo que no forme parte
del entorno, llevando una miopía a la Universidad.



En tercer lugar, y no por ello menos importante, me referiré al tercer grupo de garantías que, a nuestro juicio, el Gobierno deja de garantizar con esta ley, que son las garantías de igualdad de oportunidades.



Curiosamente, esta ley se refiere en varias ocasiones a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Nosotros preferimos hablar del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Por eso presentamos las
enmiendas números 159 y 178. En todo caso, asegurar la igualdad requiere creer en ella, requiere apostar por ella y no requiere nuevas estructuras burocráticas, como proponen crear en la disposición adicional duodécima, porque no se trata de poner
más dificultades, se trata de quitar, se trata de eliminar las barreras que dificultan el acceso a la Universidad, y en ese sentido es asombroso el planteamiento parcial, contradictorio e incluso, si me lo permiten, tramposo, que se hace al hablar
de igualdad. Porque si hay algo terrible de esta ley es que además de que el Gobierno se desentiende de la calidad de nuestro sistema universitario, además de que se niega participación a la sociedad en este ámbito, el Gobierno se desentiende
también en materia universitaria de la igualdad de oportunidades. El Estado deja de ser garante con este Gobierno de la igualdad de oportunidades en materia de educación universitaria. Esta ley crea nuevas barreras que hacen difícilmente creíble
el propósito de igualdad por parte del Gobierno de España. No se puede hablar en serio de promover la igualdad, por un lado, e introducir barreras, por otro. No se puede hablar, en serio, de crear unidades de igualdad, por un lado, y, por otro,
crear mecanis-


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mos para favorecer el conocimiento suficiente de las lenguas cooficiales a la hora de acoger o no a alguien en la comunidad universitaria. Eso no es eliminar barreras, señora ministra, es crearlas. Por eso hemos presentado nuestra enmienda
número 152.



No se puede decir en serio que las becas tienen como función incrementar la igualdad de oportunidades y, por otro lado, permitir en las modificaciones del artículo 45 que se introduzcan criterios que nada tienen que ver con las necesidades
económicas de las personas, en todo caso, tienen que ver con las necesidades políticas del Gobierno, y abrir las puertas a establecer distintos umbrales de renta no es eliminar barreras sino que es ponerlas, es todo lo contrario. Por eso hemos
presentado nuestras enmiendas números 181 y 182, para eliminar barreras lingüísticas, territoriales o de cualquier otro tipo.



Como apostamos por la eliminación de barreras, en la enmienda número 183 proponemos la exención total del pago de precios públicos, tanto en la prestación de servicios universitarios como en la expedición de títulos a todos los miembros de
familias numerosas, no solo las de categoría especial, y también a todas las personas discapacitadas.



Esta enmienda no contó con el apoyo del grupo que sustenta el Gobierno en la comisión, esperemos que hoy cuente con el apoyo del Gobierno, ya que está usted hoy presente, y tengamos más suerte y contemos con los votos necesarios para hacer
lo que sí sería una verdadera eliminación de barreras que dificultan el acceso.



Hablando de igualdad de oportunidades, esta ley no puede omitir las enseñanzas a distancia. Es una respuesta concreta a necesidades muy concretas, para quienes tratan de compatibilizar su vida académica y laboral, o para quienes, por
cualquier motivo, no pueden desplazarse hasta el lugar donde se cursan o se desean cursar esos estudios.



Al hablar de enseñanzas a distancia, tenemos que hablar de la UNED, y hemos planteado una enmienda, la número 218, importante por cuanto se refiere a la posibilidad de regular por ley los centros propios y asociados que podrían crearse
mediante convenios, incluso la posibilidad de establecer centros asociados fuera del territorio nacional.



Señor presidente, termino mi turno de palabra. Señora ministra, entendemos que con lo que hace y con lo que no hace esta ley deja al descubierto a un Gobierno que cede competencias, que rehuye responsabilidades y que se desentiende -como le
decía- de aspectos cruciales de nuestro sistema universitario. Entendemos que la mejora de nuestro sistema universitario requiere una condición necesaria, y es un Estado garante de la calidad, garante de la participación y garante de la igualdad de
oportunidades.
Son principios demasiado importantes como para que queden en el preámbulo solo como palabras, porque si no se instrumentan las medidas que los hagan efectivos, esas palabras quedarán en una declaración de intenciones o, lo que es
peor, en puras falacias. Eso es fundamentalmente lo que tratamos de corregir con nuestras enmiendas.



Hoy nos decían en el debate que el Gobierno quiere adaptar la Universidad a los nuevos tiempos, a una nueva sociedad, quiere que se convierta en una nueva Universidad, pero en ese punto al que quiere llevar el Gobierno a la Universidad
española no hay participación, no hay calidad y no hay igualdad de oportunidades.



Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Tiene la palabra el senador Laguna.



El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señor presidente.



Buenas noches, señora ministra, bienvenida. Buenas noches, señoras y señores senadores. Dada la hora -iba a decir casi de madrugada- voy a ser breve y me limitaré a comentar las dos o tres enmiendas presentadas por mi grupo que considero
más fundamentales para exponer en público.



En primer lugar, voy a empezar con una enmienda que hace referencia a las universidades privadas, y voy a tomar las palabras del senador Pezzi -a quien probablemente tendré que pagar royalties o copyright, porque me gusta siempre empezar con
palabras suyas- cuando hablaba de que la anterior ley se basaba en la desconfianza, y que era una ley intervencionista, mientras que esta ley dota a las universidades de mayor autonomía.



Pues bien, señoría, puede ser cierto, no lo niego, pero cuando se habla del gobierno y representación de las universidades públicas y también de las privadas, esa autonomía y libertad se restringen, porque se les dice a las universidades
privadas cómo los órganos de gobierno tienen que establecer las normas de organización y funcionamiento con la participación adecuada; se les dice cómo para adoptar decisiones de naturaleza estrictamente académica deben contar con la mayoría de
docentes del Consejo de Gobierno se les dice; que en la elección del rector se ha de oír también a los docentes investigadores, etcétera, cuando realmente sabemos que la Constitución ampara siempre la libertad.
La libertad es el valor superior de
la Constitución y siempre está potenciada y propagada como un valor. Y de ahí la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros y la libertad de dirección y organización de éstos.



Por tanto, estas universidades tendrán que saber cuál es su mejor organización para el cumplimiento de sus funciones, y eso es lo que pedimos en nuestra enmienda. Y, posteriormente, a la hora de elegir rector, ellas decidirán si ha de ser
mediante un informe de los docentes o mediante un informe vinculante o no vinculante, pero no se les debe decir cuáles son los pasos que una universidad privada tiene que dar para su organización y a la hora de elegir a su gobierno y representación.



Una cuestión que considero vital es el régimen económico y financiero, y en este caso he de decir que me ha impactado el recurso del señor Pezzi, esa especie de concreción telegráfica, yo diría que ha sido una especie de test proyectivo, de
asociación de palabras, que parece que lo ha aplicado a este título undécimo del régimen económico y financiero, porque cuando estamos encarando ya el año 2010 parece que esta cuestión debía exigir más concreción. Se le dedican cinco líneas, las
mismas que en la disposición adicional decimotercera se dedican al tratamiento de los cargos.



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Y yo diría al señor Pezzi, tal como él ha dicho: Estrategia de Lisboa, impactante; Espacio Europeo de Educación, impactante; autonomía económica, recursos adecuados, impactante. Cada uno se imaginará los recursos adecuados suficientes o
insuficientes. Pero no parece que se tenga en cuenta el impacto de la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, que nos tiene que situar en un gasto total universitario respecto del PIB con la media de los países de la OCDE.



Efectivamente, se dice que tendrán recursos, pero en nuestra enmienda pretendemos que se concrete mucho más y que no sólo tengan autonomía sino que se garantice que se pueda cuantificar en una memoria los costes por incorporación a este
Espacio Europeo de Educación Superior.



El Gobierno, conjuntamente con las comunidades autónomas, tiene que aprobar durante el presente año un modelo de financiación. Dejarlo todo al aire, decir que muy bien, que nos incorporamos a este Espacio Europeo de Educación Superior, que
está en la Estrategia de Lisboa y que habrá que dotarlo con medios y fondos, no nos parece serio y creemos que una ley que nace en 2007, a tres años de la total incorporación al Espacio Europeo, tendría que dar más garantías a la hora de hablar del
régimen económico y financiero de las universidades públicas.



Otro de los temas muy importante en las disposiciones adicionales es el que se recoge en la adicional vigésima: el registro de universidades, centros y títulos. Se recoge lo dispuesto para el registro de universidades, de centros y los de
títulos con validez en todo el territorio nacional y se dice: Podrán inscribirse también otros títulos a efectos informativos.

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