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DS. Senado, Pleno, núm. 106, de 19/12/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 106
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 19 de diciembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA EX SENADORA DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI. (Número de expediente S. 550/000032).
Primero
ACTAS
-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12 y 13 de diciembre de 2006.
HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA
-- Habilitación del día 17 de enero de 2007 para una reunión de la Ponencia para el estudio del fenómeno de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las
estaciones de esquí, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. (Número de expediente S. 550/000033).
Segundo
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE
-- Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S.
729/000005).
Segundo bis
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
-- Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2005, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 280, de fecha 7 de septiembre de 2006).
(Número de expediente S. 780/000003). (Número de expediente C. D.
260/000003).
Tercero
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
608, de fecha 12 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 671/000101).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión Europea, los litigios pendientes en materia energética. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 608, de fecha 12 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 671/000102).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las necesidades de atención sanitaria y protección de la salud que se derivan de la llegada de inmigrantes
irregulares. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 671/000103).
Cuarto
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de su compromiso sobre el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de menores inmigrantes irregulares no acompañados. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 662/000151).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado diversos informes sobre la evolución y análisis de la delincuencia en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 662/000152).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 662/000153).
Quinto
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Acuerdo entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur y el Reino de España relativo a la adhesión al Convenio que establece la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio
Sur y sus respectivas cláusulas y condiciones y Protocolo Financiero anexo al mismo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 316, de fecha 17 de
noviembre de 2006). (Número de expediente S. 610/000173). (Número de expediente C. D. 110/000184).
SUMARIO
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA EX SENADORA DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI (Página 6396)
La Cámara guarda un minuto de silencio.
ACTAS (Página 6396)
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12 y 13 de diciembre de 2006 (Página 6396)
Se aprueba por asentimiento.
HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA (Página 6396)
Habilitación del día 17 de enero de 2007 para una reunión de la Ponencia para el estudio del fenómeno de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las
estaciones de esquí, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio (550/000033).
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE (Página 6396)
Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.
Efectuada la votación por papeletas, quedan elegidos miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE: D. Josep Manuel Silva Alcalde, Dª María Cruz Llamazares Calzadilla, D. Andrés Martín Velasco y Dª Rosario López Miralles,
con 220 votos a favor. Se computan 9 votos en blanco y 1 nulo.
Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Página 6397)
Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2005, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) presenta el informe a la Cámara. En turno de portavoces, intervienen los señores Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Salvador García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrández Otaño, por el Grupo Parlamentario Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 6408)
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral (Página 6408)
El señor Urrutia Elorza defiende la moción. El señor Alonso García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Urrutia Elorza expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Burgués
Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y los señores Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación por 124 votos a favor, 109 en contra y 16 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión Europea, los litigios pendientes en materia energética (Página 6415)
El señor Seguí Díaz defiende la moción. El señor Rodríguez Martín defiende la enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, de Senadores de Coalición Canaria y Mixto. El señor Seguí Díaz expone
la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Albistur Marin, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Elices Marcos, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Rodríguez Martín, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Seguí Díaz, por el Grupo
Parlamentario Popular.
Se rechaza la moción consecuencia de interpelación por 121 votos a favor y 126 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las necesidades de atención sanitaria y protección de la salud que se derivan de la llegada de inmigrantes
irregulares (Página 6421)
El señor Román Jasanada defiende la moción. La señora Loroño Ormaecheca defiende la enmienda de los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto. El señor González Bethencourt
defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Román Jasanada expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, intervienen el señor Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, y las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como los señores
Espasa i Oliver, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Román Jasanada, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda de los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto, por 135 votos a favor y 108 en
contra.
MOCIONES (Página 6428)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de su compromiso sobre el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de menores inmigrantes irregulares no acompañados
La señora Guerra Guerra defiende la moción. La señora Hernández Gutiérrez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Guerra Guerra expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y las señoras Hernández Gutiérrez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Guerra Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular. Las señoras Hernández Gutiérrez y Guerra Guerra vuelven a hacer uso de la palabra con relación a la propuesta de modificación planteada.
Se pospone la votación a la espera de la presentación por escrito de la propuesta de modificación.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado diversos informes sobre la evolución y análisis de la delincuencia en España (Página 6434)
El señor Cosidó Gutiérrez defiende la moción. Ante la presentación de una propuesta de modificación, se pasa al turno de portavoces, en el que intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Badia i Chancho, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés; Barranco Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción, en los términos de la propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de su compromiso sobre el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de
menores inmigrantes irregulares no acompañados (Votación) (Página 6438)
Se aprueba por asentimiento la moción en los términos de la propuesta de modificación.
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
El señor Bofill Abelló defiende la moción. Ante la presentación de una propuesta de modificación, se pasa al turno de portavoces, en el que intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Badia i Chancho, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Gutiérrez González, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba por asentimiento de la Cámara la moción en los términos de la propuesta de modificación.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6444)
Acuerdo entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur y el Reino de España relativo a la adhesión al Convenio que establece la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur
y sus respectivas cláusulas y condiciones y Protocolo Financiero anexo al mismo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6444)
Se aprueba por asentimiento de la Cámara y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señorías, buenos días a todos y a todas.
-- MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA EX SENADORA DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI (550/000032).
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar este Pleno solicito a la Cámara un minuto de silencio por la que fuera también senadora y miembro de esta Cámara doña Loyola de Palacio. (Las señoras y los señores senadores puestos en pie guardan un
minuto de silencio.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. (Aplausos.)
ACTAS:
-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 11, 12 y 13 DE DICIEMBRE DE 2006.
El señor PRESIDENTE: Señorías, punto primero del orden del día: Actas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12 y 13 de diciembre de 2006. ¿Hay alguna observación a la misma?
(Pausa.) Entiendo que puede aprobarse por asentimiento. Queda aprobada.
HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA:
-- HABILITACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2007 PARA UNA REUNIÓN DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA NORMATIVA QUE GARANTICE EL USO RACIONAL DE LAS
ESTACIONES DE ESQUÍ, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (550/000033).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por acuerdo de la Mesa del Senado en su reunión del día 19 de diciembre de 2006, oída la Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno de la Cámara la habilitación del día 17 de enero de 2007 para una
reunión de la Ponencia para el estudio del fenómeno de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las estaciones de esquí, constituida en el seno de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio.
¿Se aprueba dicha habilitación por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE:
-- ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE (S. 729/000005).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Elección del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española.
Procede la elección de cuatro miembros del Consejo de Administración de la Corporación de
Radiotelevisión Española. Se han presentado los señores don Josep Manuel Silva Alcalde, doña María Cruz Llamazares Calzadilla, don Andrés Martín Velasco y doña Rosario López Miralles.
La Comisión de Nombramientos, una vez efectuadas las
comparecencias, ha acordado, según lo previsto en el artículo 185.6 del Reglamento del Senado informar sobre la plena idoneidad de los cuatro candidatos para acceder a los cargos que procede elegir por la Cámara.
Según lo dispuesto en el artículo
11.4 de la Ley 17/2006, para que los candidatos propuestos resulten elegidos se necesita la votación favorable de dos tercios de la Cámara, es decir, 173 senadores.
La votación se hará por papeletas y cada senador podrá escribir en una papeleta
hasta un máximo de cuatro nombres. Los votos en blanco deberán expresarse sin poner ningún nombre en la papeleta.
En forma previa, se ha sorteado el nombre del senador o senadora por el que ha de empezar la votación. Y la votación comenzará por
el senador o senadora número 144, que corresponde a la senadora Iranzo Sánchez, Esmeralda.
Por tanto, los secretarios harán el llamamiento de los señores senadores y se procederá a la votación.
Por los señores secretarios primero, Anasagasti
Olabeaga; tercero, Caneda Morales, y cuarto, Barquero Vázquez, se procede al llamamiento de las señoras y señores senadores a partir de la citada.
Finalizado el llamamiento, dijo.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún senador o senadora que todavía no haya votado? (Pausa.) Procedemos al escrutinio.
Finalizado el escrutinio, dijo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 230; votos a favor de la candidatura, 220; votos en blanco, nueve; votos nulos, uno.
Por tanto, habiendo alcanzado los cuatro candidatos
propuestos un número de votos superior a los dos tercios de la Cámara, 173, como exige el artículo 11.4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, quedan elegidos miembros del Consejo de Administración de
la Corporación de Radiotelevisión Española don Josep Manuel Silva Alcalde, doña María Cruz Llamazares Calzadilla, don Andrés Martín Velasco y doña Rosario López Miralles.
Señorías, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas que comenzaremos con el informe del Defensor del Pueblo.
Eran las trece horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:
-- INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2005, REMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 32.1 Y 33.3 DE LA LEY ORGÁNICA 3/1981, DE 6 DE ABRIL, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (S.
780/000003) (C. D. 260/000003).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Informes del Defensor del Pueblo.
Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2005, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Para exponer el informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco un año más ante este Pleno para dar cuenta del informe de actividad del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2005.
El documento del
informe tuvo entrada en esta Cámara el pasado 11 de julio y, de acuerdo con el procedimiento habitual de presentación de los informes ordinarios de gestión, ya tuve ocasión de exponer sus características más sobresalientes, a mediados de octubre,
ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y la pasada semana ante el Pleno del Congreso. Confío en ofrecerles una síntesis que sirva de orientación para un examen adecuado del informe, objeto principal de esta comparecencia.
En la mencionada presentación del informe, que ya obra en manos de sus señorías desde julio de este año, pude responder a los portavoces que me formularon sus puntos de vista sobre él. En mi propio nombre, en nombre de mis colaboradores y en el de
todos los ciudadanos que formularon sus quejas ante la institución, agradezco las sugerencias de los portavoces que participaron en el debate. Eso nos permitirá, sin duda, mejorar la gestión en ejercicios sucesivos para tratar de responder al
crédito de confianza que los españoles de todas las comunidades autónomas nos muestran año tras año.
Porque, en efecto, los verdaderos protagonistas del informe anual del Defensor del Pueblo son los ciudadanos, en concreto, quienes se han visto
perjudicados en sus derechos y libertades fundamentales por alguna intervención de los poderes públicos y han planteado ante la institución sus problemas y preocupaciones. Aunque no todas las situaciones de conflicto entre la ciudadanía y la
Administración pública llegan a conocimiento del Defensor, sí puede afirmarse que los datos que cada año se recogen en el informe ofrecen una radiografía concreta de los problemas sociales que, en cierta medida, nos afectan a todos.
Los datos
estadísticos de gestión de 2005 destacan, en primer lugar, por un incremento notable del número total de quejas recibidas, que alcanzó la cifra de 39.750, cuando en el ejercicio anterior esa cifra había sido de 28.990, un incremento del 37 por
ciento que, en mi opinión, evidencia ante todo un nivel significativo de confianza en la institución. Destaca especialmente el aumento de la quejas presentadas por colectivos de ciudadanos, reunidos formal o informalmente alrededor de una causa o
preocupación común. Este dato merece especial atención en la medida en que denota una evolución social que favorece una mayor identificación de los ciudadanos con los problemas de interés general.
Como saben sus señorías, estas denominadas quejas
colectivas son en realidad, cada una de ellas, un conjunto mayor o menor de quejas presentadas por ciudadanos a título individual, pero con un contenido idéntico entre sí. Por sus propias características, estas quejas colectivas dan lugar a una
investigación general común, de cuyo resultado se informa individualmente a los interesados. La mejora de los medios informáticos nos permite gestionar mejor el gran número de expedientes colectivos que también durante este ejercicio 2006, ya
próximo a concluir, se vienen presentando. Por ello, puedo anunciarles que en la preparación de los próximos informes, recogiendo las sugerencias que se nos formularon en la presentación ante la comisión mixta, trataremos de actualizar el sistema
de cómputo estadístico para ajustarlo a la cambiante realidad.
Aparte de esto, es posible que el análisis estadístico de las llamadas quejas individuales revele, con más precisión que en el caso de las colectivas, la evolución de los datos según la
procedencia territorial, por la sencilla razón de que el volumen y la incidencia de las reclamaciones colectivas, en una u otra Comunidad Autónoma, pueden alterar significativamente los valores totales. Así, por ejemplo, en cuanto a la procedencia
geográfica de las quejas individuales, se aprecia un cierto grado de estabilidad, una estabilidad bastante dependiente del criterio de la población. Desde esta perspectiva, en el ejercicio 2005 vuelven a estar en el pelotón de cabeza las
comunidades madrileña, valenciana, catalana y andaluza, que generan conjuntamente más del 60 por ciento del total de las quejas individuales recibidas.
Además de las labores propias del seguimiento e investigación de las quejas, se elaboraron
múltiples resoluciones, entre las que deben mencionarse 139 recomendaciones, 156 sugerencias, 96 recordatorios de deberes legales y varias advertencias. Mención separada merecen aquellas
recomendaciones especiales que habitualmente se incluyen en los informes monográficos que elabora la institución. La Administración General del Estado fue la destinataria principal de las recomendaciones formuladas, relacionadas de
ordinario con los efectos generales de las normas. Para el caso de las sugerencias, referidas más bien a la reconsideración de determinados actos o decisiones administrativas concretas, se puede apreciar un mayor equilibrio entre las distintas
administraciones: la General del Estado, la autonómica y la local.
Al margen de los aspectos cuantitativos, es importante resaltar, una vez más, la importancia cualitativa de todas estas resoluciones, pues expresan las conclusiones más decisivas y
el fruto de investigaciones muy laboriosas en los asuntos de tratamiento más especializado y complejo. Como norma general, las distintas administraciones supervisadas muestran un grado aceptable de sensibilidad ante las decisiones adoptadas por el
Defensor del Pueblo y, ya sea para aceptar su contenido o bien para justificar las razones de gestión o de oportunidad política que desaconsejan su aceptación, el hecho es que la mayoría de las resoluciones son atendidas en un plazo razonable. Pero
es importante señalar que también en otras ocasiones se producen retrasos a la hora de atender las indicaciones del Defensor. Cada año debemos hacernos eco todavía de un número importante de resoluciones que, al cierre del ejercicio, se encuentran
pendientes de respuesta ya sea en sentido positivo o negativo, una situación que confiamos que sea corregida en el futuro.
El apartado del informe que recoge la lista de las administraciones entorpecedoras ha de ser interpretado, sin duda, como una
afirmación de nuestros deberes constitucionales y legales que por sí mismo tiene una gran eficacia. De hecho, es frecuente apreciar reacciones positivas y estimulantes entre algunas de las autoridades mencionadas en la relación correspondiente.
Muchas veces, esa simple inclusión mueve a los responsables a cumplir de modo más diligente su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.
La lista de las administraciones que han incumplido, en mayor o menor medida, el deber de asistir al
Defensor en sus investigaciones y en la gestión de su actividad es, hoy, todavía demasiado larga. De entre todas ellas, las que más se han destacado, lamentablemente, durante el ejercicio pasado, por un comportamiento general de entorpecimiento,
según se especifica en el texto del informe, son las siguientes.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación y la Dirección General de Aviación Civil, ambas dependientes del
Ministerio de Fomento. En lo que respecta a la Administración autonómica, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y en relación con la Administración Local, debe señalarse especialmente la actitud incumplidora de los ayuntamientos
de Caravaca de la Cruz, Las Ventas de Retamosa, Logroño, Mérida, Morón de la Frontera, Noja, Peñíscola y Torrevieja.
El resto de las administraciones mencionadas en el informe como entorpecedoras se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:
o bien se ha incumplido la obligación de trasladar un determinado informe al Defensor del Pueblo, después de haberse requerido en tres ocasiones su envío; o bien se remitió finalmente el informe solicitado, pero solo después de haber sido cursado
ese tercer requerimiento. Por lo que afecta a organismos o consejerías autonómicas, deben mencionarse, a causa de alguna investigación específica, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de Andalucía; las Consejerías de Educación y Ciencia
y de Medio Ambiente, del Principado de Asturias; la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de Extremadura; la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Comunidad de Madrid; la Consejería de Educación y Cultura, de la
Región de Murcia; el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, del País Vasco; y la Consejería de Territorio y Vivienda, de la Comunidad Valenciana. Como es costumbre, ahorro a sus señorías la lectura del resto de las listas de
incumplimientos porque nos llevaría algún tiempo y las tienen a su disposición en el apartado correspondiente del texto publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
En el ámbito de las relaciones institucionales, durante el año 2005
el Defensor del Pueblo ha seguido desplegando una importante actividad para mantener e incrementar su presencia en la sociedad, incluido el estrechamiento y la coordinación de relaciones con las demás instituciones del Estado y su labor en el seno
de organismos internacionales, con los que se ha venido trabajando de manera intensa.
El informe detalla la variedad de actos que se llevaron a cabo durante el ejercicio.
Por su relevancia, debo destacar en el contexto internacional la elección,
en el mes de noviembre de 2005, del Defensor del Pueblo de España como presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman por un período de dos años, en el marco de la asamblea anual de esta federación, que se celebró en la ciudad de Asunción,
en Paraguay. Ello nos permitirá avanzar en la promoción y el fortalecimiento del «Ombudsman» como figura de garantía de los derechos humanos en los países de nuestro entorno iberoamericano que todavía no han adoptado las modificaciones legales y
constitucionales adecuadas o que se ven sometidos a circunstancias sociales y económicas que dificultan esta garantía de los derechos.
Por otra parte, en el año 2005 tuvo lugar la vigésima edición de las Jornadas de Coordinación de los Defensores
del Pueblo, en la que se puso de relieve una vez más el fructífero trabajo común desarrollado por los comisionados autonómicos y el Defensor del Pueblo de España. Este foro de intercambio de experiencias y de debate celebrado en Alicante se centró
en esta ocasión en los problemas específicos de la juventud y de la infancia, y muy en particular sobre las actuaciones delictivas de las bandas latinas y las realizadas por medio de Internet. Además de estos encuentros anuales, como cada año hemos
mantenido los encuentros puntuales de estrecha colaboración en la gestión y en las relaciones con las instituciones homólogas autonómicas.
A continuación, aludiré a los aspectos más sustanciales que recoge el informe en su apartado central, donde
se detalla
la actividad principal realizada para supervisar la acción de las administraciones públicas.
En cuanto a las quejas relacionadas con la Administración de Justicia y la violencia doméstica, hay que lamentar, de nuevo, los serios problemas de
retraso o dilación de los procedimientos seguidos en las instancias judiciales. Esta es una situación que ya vengo planteando durante varios años ante sus señorías y que perjudica gravemente el derecho básico de los ciudadanos a obtener la tutela
judicial efectiva. A las dilaciones ya crónicas en la resolución de recursos de casación en las salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo deben sumarse los retrasos en los diferentes juzgados, entre los que debo mencionar los problemas de
sobrecarga detectados en los juzgados de Primera Instancia de Madrid capital. La información recibida de la Administración responsable anuncia inversiones para aumentar el número de estos juzgados, coincidiendo en este aspecto con lo que recomendó
en su momento el Consejo General del Poder Judicial.
Confío en que las medidas que efectivamente se tomen contribuyan a superar de la manera más rápida posible estos graves inconvenientes.
También han sido objeto de supervisión, mediante visitas
adecuadas y sin mediar previo aviso, como es habitual, los centros de internamiento de menores infractores. De hecho, ya se han visitado dos o tres veces más del 80 por ciento de los centros existentes en España, aparte de las actuaciones
específicas de investigación llevadas a cabo cuando se tienen noticias de hechos que afectan a menores internados.
La situación de las oficinas del Registro Civil y especialmente las del servicio central no encaja bien con la idea de lo que debería
ser la organización administrativa de un Estado moderno como el nuestro.
Destacan especialmente los graves retrasos que se generan a la hora de atender las solicitudes del certificado literal de nacimiento por parte de los españoles recientemente
nacionalizados. Es muy alarmante que estas personas deban esperar de siete a ocho meses hasta que reciben su certificado, que es imprescindible para poder tramitar su documentación de identidad. Recordemos que sin esa documentación no pueden
ejercer libremente sus derechos, salir y entrar legalmente del territorio español ni formalizar debidamente un contrato de trabajo. A estos efectos, el Defensor del Pueblo elaboró una recomendación dirigida al Ministerio de Justicia, el cual
informó acerca de los planes de modernización y ampliación de las dependencias del Registro Civil. En ese sentido, debemos dar la bienvenida a la modificación contenida en la Ley de 18 de noviembre de 2005, que permite acudir a las oficinas locales
del Registro, y no solo al servicio central, para resolver esta situación.
En 2005, a pesar de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se tuvo noticia de muchos casos de muerte de mujeres en el
ámbito familiar. Las investigaciones llevadas a cabo por la institución se han dirigido, como es habitual, a comprobar el grado de regularidad y eficacia seguido en los procedimientos judiciales, tanto del orden civil como penal, en los que se
dirimen cuestiones relacionadas con esta grave dolencia social. También se ha continuado con la labor de seguimiento de las medidas adoptadas por las administraciones para prevenir las agresiones en sus distintas modalidades. Entre otras
gestiones, se han seguido tramitando quejas relativas al funcionamiento de los servicios de mediación familiar y de los llamados puntos de encuentro familiar de determinadas comunidades autónomas.
En materia de Interior, deben destacarse las quejas
vinculadas a la seguridad ciudadana o a los problemas del tráfico de vehículos, además de las dificultades apreciadas en relación con la Administración penitenciaria. Las relaciones de los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado son, en líneas generales, satisfactorias. Los ciudadanos confían mayoritariamente en los cuerpos de seguridad, como demuestran las recientes encuestas de opinión, al tiempo que, por parte de estos cuerpos, se ha producido la plena asunción
de los valores democráticos.
Sin embargo, creo que también aquí debemos evitar una actitud complaciente o acomodaticia ante la situación presente. De hecho, se reciben denuncias ante determinados comportamientos excesivos, de trato indebido o de
malas prácticas que, en opinión de los denunciantes, suponen una vulneración de los derechos y las libertades fundamentales por los miembros de las fuerzas de seguridad. Es oportuno recordar los sucesos que tuvieron lugar en el verano de 2005 en la
provincia de Almería, que provocaron gran alarma social. El Defensor del Pueblo, aunque no intervino directamente, dado que se abrió inmediatamente una investigación judicial, sí que se dirigió a los responsables de la Guardia Civil, solicitando
información continuada sobre la instrucción y tramitación de los expedientes disciplinarios incoados.
En cuanto a la Administración penitenciaria, la institución, como cada año, ha girado también una serie numerosa de visitas para comprobar el
estado en que se encuentran las prisiones, así como las condiciones de vida de los internos. Los datos del año 2005 ofrecen un menor incremento de la población reclusa que en años anteriores, tan sólo de un 2,7 por ciento, frente al casi 7 por
ciento de 2204. Pero, como bien queda apuntado en el informe, debemos insistir para que las administraciones asuman iniciativas dirigidas a paliar los problemas de hacinamiento existentes en algunos centros.
Este año también hemos dedicado un
esfuerzo notable a los casos de fallecimiento de internos en prisión. De acuerdo con un estudio más detallado que se realizó el año pasado, se pudo comprobar que son tres las principales causas de fallecimiento en prisión: la muerte natural,
derivada del agravamiento de patologías previas, entre las que destacan la hepatitis y el virus del sida; la droga, sea por sobredosis o por reacciones adversas a su asimilación; y el suicidio, generalmente por ahorcamiento, si bien hay algún caso
de ingestión de sustancias cáusticas o de intoxicación por monóxido de carbono. Superar las deficiencias sanitarias y restringir el consumo de sustancias adictivas en los centros penitenciarios debe ser una prioridad para las autoridades
responsables.
Entre otros asuntos vinculados con las competencias en materia de Interior, destaca el problema del estacionamiento de los vehículos en las grandes ciudades, que el año
pasado generó un buen número de quejas. Además de las dificultades relacionadas con los procedimientos sancionadores, que ya son objeto de queja habitual año tras año, las reclamaciones se dirigen cada vez más contra la puesta en marcha y
el funcionamiento de los servicios de estacionamiento regulado. El parque automovilístico continúa creciendo a un ritmo muy elevado pero, por el contrario, las políticas dirigidas a la promoción de aparcamientos públicos o accesibles para las
personas que más lo necesitan no son suficientes. El año pasado, el Defensor del Pueblo envió una recomendación general a la Federación Española de Municipios y Provincias para que, desde esa entidad, se promoviera tanto un estricto respeto a las
garantías del procedimiento sancionador, como el aumento de la oferta pública de espacios de aparcamiento gratuitos o bonificados para residentes.
En febrero del año pasado, tuve además la oportunidad de comparecer ante la Comisión parlamentaria de
tráfico y seguridad vial. Allí expuse las recomendaciones dirigidas al Gobierno con vistas a la modificación del tratamiento jurídico-penal de las infracciones muy graves en materia de tráfico. En esa misma comparecencia apunté también ciertas
sugerencias, que sigo manteniendo, y que tuvieron apreciable repercusión en los medios informativos, para animar un debate sobre algunas medidas prácticas, como la de los limitadores de velocidad, que podrían reducir el número de los accidentes y
aumentar la seguridad en las carreteras y con ella el respeto al más importante de los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física.
Como saben sus señorías, desde el año 2001, respondiendo a la situación creada por la gran afluencia de
personas que deseaban permanecer en nuestro territorio, la Institución cuenta con un área de trabajo dedicada específicamente a las quejas relacionadas con inmigración y Asuntos Exteriores. En el pasado ejercicio, se gestionaron muy diversos
asuntos que se señalan en el texto del informe y se elaboró un extenso y riguroso estudio sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España. Pero toda la actividad en este núcleo de trabajo de la institución se vio condicionada, en mayor o
menor grado, por las masivas llegadas de inmigrantes. A lo largo de estos últimos años, y todavía más notoriamente en los últimos meses, la inmigración en España ha crecido a un ritmo extraordinario, sin precedentes históricos. En el año 2005, así
se recoge en el informe, se produjeron dos acontecimientos determinantes: el proceso de normalización de la situación de miles de extranjeros que se encontraban trabajando de manera incontrolada en España y la multiplicación de los asaltos
intermitentes y cada vez más numerosos en las fronteras de España con Marruecos, en Ceuta y Melilla.
El problema de la entrada irregular de inmigrantes se ha intensificado enormemente este año 2006, como es notorio y sus señorías bien conocen.
La
institución que dirijo dedica un esfuerzo notable a procurar que las iniciativas adoptadas por los poderes públicos no menoscaben la dignidad y los derechos básicos de los inmigrantes. Con ese propósito se elaboró el extenso y detallado informe
especial sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España cuyas recomendaciones y cuyas reglas de buena práctica tan útiles vienen siendo para quienes se ocupan de prestar esa asistencia a los inmigrantes.
El reto planteado por la
inmigración a las sociedades desarrolladas es enorme, un reto que seguramente va a condicionar la evolución de nuestra sociedad en los próximos años. Considero que enfrentarse a este desafío desde una perspectiva limitada o coyuntural puede suponer
un gran error si tenemos en cuenta las repercusiones a medio plazo, y además podría generar incomprensión o conductas sociales indeseables. Así parece que lo están empezando a entender en toda Europa. De cualquier manera, es muy importante que se
mantenga a rajatabla, en todo momento, por parte de las autoridades responsables, el imperio de la ley, que comprende, como es lógico, el espíritu y la letra de los principios constitucionales. De igual modo, es preciso y urgente evitar, en
cualquier caso, las actitudes demagógicas o simplificadoras de una realidad harto compleja que exige, ante todo, comprensión e inteligencia. También en relación con el fenómeno de la inmigración deben ponerse de manifiesto los problemas que afectan
al funcionamiento de los centros de atención a menores extranjeros no acompañados, o las investigaciones llevadas a cabo en supuestos casos de mujeres emigrantes indocumentadas víctimas de malos tratos.
En relación con las materias de educación y
cultura, hemos seguido investigando las dificultades de muchos padres a la hora de matricular a sus hijos en determinados centros y las carencias continuadas en el nivel de educación infantil. Y también se ha vuelto a producir el ya conocido
desequilibrio en la redistribución del alumnado inmigrante, no sólo entre los centros públicos, sino también entre estos y los centros privados concertados, sostenidos con fondos públicos. Una primera solución para estos problemas pasa por el
incremento del profesorado de apoyo en los centros afectados. En cualquier caso, las administraciones educativas deben poner buen cuidado en superar esta falta de equilibrio, que puede perjudicar seriamente el proceso ordinario de aprendizaje de
los alumnos.
El preocupante asunto de la violencia en el ámbito escolar ya fue objeto de un estudio especial que el Defensor del Pueblo presentó en el año 2000. A finales de 2005 se suscribió otro convenio con el Comité Español de UNICEF con el
fin de realizar un nuevo estudio de ámbito nacional en relación con este grave problema. Ya se encuentra muy avanzado el trabajo de campo correspondiente, y tan pronto como se elabore el documento de conclusiones, será facilitado a sus señorías.
Con carácter previo, como es habitual, haremos llegar a todas las comunidades autónomas las recomendaciones especiales a que dé lugar dicho informe.
Las disfunciones en materia de cooficialidad lingüística han motivado un importante número de
quejas durante el año 2005. Para articular debidamente la pluralidad lingüística en España es imprescindible no perder de vista el marco de derechos y obligaciones que, breve pero contundentemente, estableció nuestra Constitución de 1978. La
principal conclusión que se muestra como evidente tras el estudio de estas cuestiones, y de la experiencia derivada de las disposiciones normativas y la práctica de su aplicación
concreta, es que el libre uso de la lengua, sea esta la que sea, debe suponer un elemento decisivo y permanente de enriquecimiento personal y social para las personas, un instrumento de comunicación y cultura, pero en ningún caso puede
utilizarse como factor de discordia o causa de discriminación o de amenaza.
A continuación voy a referirme, lo más brevemente posible, a los aspectos relacionados con la sanidad y la política social, un núcleo muy diverso y amplio en las
actividades del Defensor del Pueblo. En materia sanitaria, durante 2005 iniciamos investigaciones de oficio con las consejerías de las comunidades autónomas sobre dos cuestiones concretas: el tratamiento de las personas con trastornos
alimentarios, por un lado, y la atención a las personas con determinados trastornos de la personalidad, por otro.
Ambas investigaciones se han llevado a cabo durante el ejercicio presente, y prácticamente la totalidad de los departamentos y
consejerías consultadas han remitido ya sus informes. En el próximo informe anual podrán sus señorías conocer algunas conclusiones sobre estas dos cuestiones, que realmente despiertan mucho interés entre los ciudadanos.
Aparte de cuestiones
recurrentes, como son las listas de espera y las carencias en medicina preventiva y paliativa o los servicios de salud mental, merecen una especial mención una serie de cuestiones planteadas en numerosas quejas para las que aún no se ha encontrado
una solución efectiva. Me refiero, entre otros, a los problemas de diagnóstico de nuevas patologías, a la insuficiencia de recursos para la utilización de las técnicas de reproducción asistida y al problema de la atención a las personas afectadas
por daño cerebral sobrevenido, acerca de lo cual se elaboró también un informe especial presentado ante la Comisión Mixta de Relaciones el Defensor del Pueblo hace aproximadamente un año.
En relación con las medidas de política social, confío en
que la nueva normativa sobre la autonomía y la dependencia dé respuesta a buena parte de las demandas actuales en lo que se refiere a los grupos más vulnerables de ciudadanos que necesitan determinados apoyos, como son las personas con discapacidad
y las personas ancianas. Todo ello, como es lógico, sin perjuicio de los reparos que la norma pueda suscitar acerca de su verdadero alcance, su ámbito de aplicación y su financiación, cuestiones que también preocupan a bastantes defensores
autonómicos y que están siendo estudiadas ante la previsible formulación de quejas tras la inminente entrada en vigor de la norma.
En cuanto a los asuntos relacionadas con la Administración económica, es imprescindible dejar constancia de que un
año más los problemas relativos a las telecomunicaciones y la sociedad de la información han tenido un protagonismo destacado. Estoy convencido de que los poderes públicos todavía pueden hacer mucho más para garantizar el buen funcionamiento de los
servicios universales de telefonía y de acceso a Internet ante la problemática relación entre los usuarios y las grandes empresas que operan en el sector, que lleva a los primeros a situaciones de auténtica desprotección. Sería de lamentar que esta
situación se prolongara por la ausencia de una intervención pública más eficaz.
En relación con la Administración tributaria, deseo llamar la atención de sus señorías acerca del trabajo, anunciado ya en el ejercicio anterior, sobre el diferente
tratamiento impositivo que en materia de sucesiones y donaciones se viene aplicando en las distintas comunidades autónomas. A la vista de los resultados, hemos vuelto a recomendar al Ministerio de Economía y Hacienda el impulso de una iniciativa
legislativa que adapte el régimen del impuesto, para sentar las bases de una regulación con efectos fiscales más igualitarios que no desvirtúe los preceptos constitucionales y para que la elección de residencia o el establecimiento de empresas no se
haga depender del tratamiento fiscal.
No parece lógico mantener privilegios tributarios entre territorios, que además pueden perjudicar la estabilidad económica de determinadas zonas en beneficio de otras.
A continuación quiero hacer referencia
al incremento significativo del número de quejas que versan sobre distintos aspectos de la ordenación territorial. El medio ambiente, el urbanismo y la vivienda preocupan cada vez más a los españoles. Los problemas del ruido, la contaminación y el
tratamiento de los residuos también motivan un gran número de reclamaciones y de solicitudes de apoyo. En particular, se han recibido muchas quejas por las agresiones ambientales derivadas de la puesta en marcha de grandes obras públicas y del
funcionamiento de determinadas instalaciones e infraestructuras. Es el caso de la contaminación acústica cercana a los grandes aeropuertos, que en el año 2005 dio lugar a una amplia investigación de oficio por parte de la institución. Como
consecuencia, se hicieron llegar a la Administración competente recomendaciones diversas sobre planificación aeroportuaria, evaluación y corrección de impactos, y conservación de las infraestructuras en diversos aeropuertos.
También la protección
de los espacios naturales debe ser objeto de una especial atención por parte de las administraciones encargadas de impulsar los instrumentos de planificación correspondientes. En el caso de los grandes parques que abarcan a más de una comunidad
autónoma, la coordinación de las acciones entre las distintas administraciones es imprescindible. Como ejemplo, a finales del año 2005 iniciamos una investigación de oficio con la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid en relación con el
parque de la sierra de Guadarrama.
Otro aspecto de suma importancia es el que se refiere al desarrollo urbanístico del país. La íntima vinculación de esta materia con la actividad económica general, por un lado, y con las dificultades de muchos
ciudadanos para acceder a una vivienda adecuada, por otro, exigen una labor de análisis rigurosa y prudente, pero también firme y eficaz.
Actualmente se encuentra en proceso de tramitación por las Cámaras el proyecto de una nueva ley estatal del
suelo que pondría en vigor reglas de ámbito general respecto de las normas aprobadas ya por las distintas comunidades autónomas desde que éstas asumieron plenamente su competencia en la materia. Por su enorme repercusión, es obligado señalar que la
situación actual, con graves distorsiones
en el mercado del suelo y de la vivienda, que amenaza las legítimas expectativas de los ciudadanos en su derecho constitucional a poder disfrutar de una vivienda digna, exige un auténtico ejercicio de corresponsabilidad por parte de todas
las administraciones. Se trata de una verdadera toma de conciencia para encarar decisivamente la lucha contra la especulación y la corrupción en esta trascendental materia. Creo que debería ser innecesario, aunque parezca ingenuo en estos
momentos, recordar una vez más que la Constitución prohíbe la especulación en materia de vivienda y de utilización del suelo.
Les referiré por último, señorías, algunos aspectos vinculados a las quejas del personal al servicio de las
administraciones públicas. Se trata este de un colectivo muy numeroso de personas que representa aproximadamente el 5 por ciento del total de la población de nuestro país, algo más de dos millones quinientas mil personas que tienen a su cargo el
complejo funcionamiento de las administraciones públicas españolas en todos los niveles, cuyos problemas y preocupaciones afloran en buena medida al analizar las quejas que llegan al Defensor del Pueblo.
Además, es importante tener en cuenta que en
muchas ocasiones en los casos planteados en este ámbito se señalan también problemas de organización que inciden en la calidad de un determinado servicio público y generan cuestiones de interés general.
Entre otros asuntos, en el año 2005 se han
vuelto a producir quejas relacionadas con las pruebas de acceso al empleo público, sobre todo en aspectos muy puntuales, como la falta de publicación de las respuestas correctas de los exámenes y los criterios para la fijación de la llamada nota de
corte; las denegaciones de copia del examen realizado por los aspirantes a determinadas plazas; los retrasos en algún proceso de selección y en la publicación oficial de los nombramientos, una vez superadas las pruebas; la deficiente elaboración
de las bases de convocatoria, que aumenta el margen de discrecionalidad por parte del tribunal calificador; y las deficientes condiciones materiales de los locales en que se celebran las pruebas.
Se puede hablar de una transformación histórica del
empleo público en nuestro país que ha tenido lugar durante estos últimos años, una transformación debida en buena parte a la reducción de los efectivos humanos de la Administración general del Estado debido a los traspasos de competencias a las
administraciones autonómicas. En este sentido, el proyectado estatuto básico del empleado público puede abrir vías de solución para muchos de los problemas que se nos plantean.
Acabo, señorías. La institución del Defensor del Pueblo desarrolla
cada día una actividad más diversificada y más compleja en todos los sectores que, de algún modo, se ven afectados por las declaraciones, decisiones y actuaciones de las administraciones públicas. Pueden tener sus señorías la seguridad de que
trataremos, como hasta ahora, de dar una respuesta ágil y eficaz a las cuestiones que los ciudadanos deseen hacernos llegar para seguir mereciendo la confianza que, de manera continuada, los mismos ciudadanos nos otorgan y de la que nos sentimos
orgullosos.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Finalizada la exposición del Defensor del Pueblo, al que despedimos, comenzamos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiere hacer constar su valoración positiva del informe del Defensor del Pueblo, tal como manifestamos en el Congreso de
los Diputados, desde el punto de vista de la dedicación y el trabajo de las personas que componen esta alta institución del Estado. Igualmente, quiere poner de manifiesto la importancia de la institución, que debe contar con un apoyo social y un
alto nivel de prestigio para cumplir la misión que constitucionalmente tiene encomendada.
Pero, desgraciadamente, y como sus señorías comprenderán, nuestra valoración de la persona que ostenta este alto cargo institucional, esta altísima
responsabilidad, en estos momentos no puede ser más negativa. Mi compañero portavoz en el Congreso de los Diputados le espetó aquello de: Váyase, señor Múgica. A mi grupo le gustaría que el Defensor del Pueblo presentara la dimisión cuanto antes,
porque piensa que en estos momentos no está capacitado en absoluto para defender los intereses de la parte de este pueblo que corresponde al pueblo catalán. Y me imagino que sus señorías y el señor Múgica estarán de acuerdo en que el Defensor del
Pueblo debe serlo también del pueblo de Cataluña.
El motivo es claro, obvio, meridiano: el llamado Defensor del Pueblo ha tomado una decisión muy grave, como es la de presentar un recurso de inconstitucionalidad, no contra una decisión de alguna
administración, que es lo que debería hacer --no se trata de una decisión de la Generalitat, del Parlamento de Cataluña o de las Cortes Generales--, sino contra una decisión que votó una amplia mayoría del pueblo de Cataluña.
Por tanto, el llamado
Defensor del Pueblo es también el atacante del pueblo de Cataluña. Para nosotros, una persona que ha llevado a cabo una actuación de esta magnitud no debería seguir ni un día más en el ejercicio de sus responsabilidades. Y no lo debería hacer,
porque son mucho más importantes las instituciones que las personas; y nosotros necesitamos un defensor del Pueblo que tenga prestigio y credibilidad, al que los ciudadanos puedan acudir cuando algo no funciona. Y esta no es la realidad.
Aunque
nos ha dado algunos datos, en el dictamen podemos ver, año tras año, que el defensor del Pueblo es cada vez menos el defensor del pueblo de Cataluña. Según las estadísticas, cada vez son menos los ciudadanos de Cataluña --la cifra es ya irrisoria--
que confían en el llamado Defensor del Pueblo, a quien yo llamo el atacante del pueblo de Cataluña. La situación que se ha creado con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad es tan grave y ha provocado tal enfrentamiento
institucional que,
en aras de la dignidad de su cargo, me lleva a pedirle al Defensor del Pueblo que presente inmediatamente su renuncia. Creo que es el mejor servicio que podría hacer a sus compañeros, a todas las personas que trabajan, y trabajan bien, en
defensa del conjunto de los intereses de los ciudadanos del Estado y, sobre todo, haría un favor porque así se recuperaría la credibilidad en tan alta institución.
El presidente de la Cámara prácticamente nos invitaba a no intervenir, y saben las
señoras y los señores senadores que me hubiera gustado mucho no hacerlo, pero no había más remedio. Ruego, pues, a todos los grupos que se den cuenta de que estamos ante un situación muy grave, y que debería ser un objetivo común que se fuera el
señor Múgica.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. «Arratsalde on danori.» Buenas tardes, señorías.
Quiero iniciar mi intervención --breve, por acuerdo de los portavoces-- dejando bien claro que nuestro grupo no tiene que poner ninguna
objeción al informe correspondiente a 2005 que ha presentado el defensor del Pueblo. El trabajo de su equipo nos parece profesional, y les animamos a que sigan trabajando así. No seremos nosotros tampoco, y mucho menos este humilde portavoz,
quienes pongamos en duda la capacidad profesional y política del excelentísimo señor don Enrique Múgica. Su dilatado currículum, su experiencia, su lucha por la democracia desde los años de universidad, su paso por el Gobierno y su labor al frente
del Defensor del Pueblo desde el año 2000 ponen de manifiesto una trayectoria profesional relevante.
Ahora bien, ya dijimos en su momento que a nuestro grupo el señor Múgica no le parece la persona más adecuada para ocupar el puesto de Defensor del
Pueblo. Se lo dijimos el 29 de junio de 2005, cuando vino a la Cámara a tomar posesión de su cargo, tras el acuerdo de los grupos parlamentarios, y se lo repetimos hoy.
Decíamos en ese momento --ahí están las hemerotecas para recordar la posición
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- que había tres motivos por los que el señor Múgica no debería ser el Defensor del Pueblo, y creemos que el tiempo nos ha dado la razón. En primer lugar, hablábamos de su actitud. En
repetidas ocasiones su comportamiento ha sido hostil, crítico y fuera de todo lugar en cuanto a ciertas expresiones y calificativos, que ya dije en esta Cámara que no iba a repetir, al referirse a líderes de formaciones políticas, y en concreto de
nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, así como al lehendakari del pueblo vasco, elegido por todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En segundo lugar decíamos que, tras el mandato del señor Múgica, era el momento de
promover un cambio dentro de la dirección del Defensor del Pueblo. El Partido Socialista Obrero Español proponía un cambio en 2004, y tras lo sucedido el 14 de marzo de dicho año decíamos que se atisbaban cambios también en la figura del Defensor
del Pueblo.
Y por último decíamos que nadie había consultado a nuestro grupo, aunque solo fuera por mera cortesía parlamentaria, sobre lo que opinábamos acerca de que el señor Múgica fuera Defensor del Pueblo. Ya dijimos que nuestro voto no servía
para nada, y los siete senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos estuvimos presentes en la votación, pero cuando se nos llamó no bajamos a votar como muestra de nuestro desacuerdo.
Y hace escasamente mes y medio vimos en
una sesión de la comisión mixta que se celebró en el Congreso de los Diputados que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular volvieron a repetir esa actuación cuando el resto de los grupos parlamentarios, tanto los catalanes como los
vascos e Izquierda Unida, pedíamos insistentemente la dimisión del defensor del Pueblo. La comparecencia en la comisión mixta se frenó por un acuerdo entre populares y socialistas en el Congreso de los Diputados, y se accedió a que fuera el
Defensor del Pueblo a dar explicaciones al Congreso --luego hablaré brevemente de eso--. Insisto, pues, en que creemos que el tiempo nos ha dado la razón, y así como reconocemos el trabajo de su equipo, el que están realizando las personas dentro
de la institución, consideramos que el señor Múgica no debería seguir al frente ella.
En nuestra intervención de hace mes y medio en el Congreso de los Diputados pedimos, tal como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que el Defensor del Pueblo compareciera ante la comisión mixta para explicar ese recurso de inconstitucionalidad que había presentado al Estatuto catalán. Entonces dijimos, y hoy lo repetimos, que esa era una actuación de
carácter grave, y que por el bien y la credibilidad de la institución del Defensor del Pueblo, y del Parlamento, que es el que elige a esta figura, era precisa una explicación, pues ya se había generado bastante división y había bastante polémica en
los medios de comunicación y en la sociedad española. Los grupos mayoritarios no permitieron que se celebrara esa comparecencia, y esperamos que se pueda corregir ese grave error en el Congreso.
Después de que la Cámara Baja debata en democracia
la posible destitución del Defensor del Pueblo propuesta por los catalanes, los vascos y por Izquierda Unida, será la primera vez en 25 años que una cosa así suceda en el Parlamento español. El Partido Socialista se ha desmarcado de esta
reprobación del Defensor del Pueblo, aunque hubo un momento en que aprobó su tramitación, algo que, por otra parte, no nos llama la atención habida cuenta del juego de las democracias y de las mayorías, que en este caso no consideramos adecuado.
Nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban Bravo, comentaba el pasado día 13 de diciembre cómo el Defensor del Pueblo durante los años 2004, 2005 y 2006, es decir, en lo que llevamos de legislatura, había cometido una serie de
errores hablando del proceso de paz, del Estatuto catalán, etcétera; y pedía nuevamente su dimisión. En definitiva, Izquierda Unida-ICV, PNV y CiU reclamaban la dimisión del Defensor del Pueblo. Y
nosotros nos preguntamos: ¿El defensor no tiene nada que decir? ¿Simplemente viene aquí, lee su informe, y se despide hasta el año que viene, en que nos presentará otro informe? Por último, estos días leíamos en la prensa que el Defensor
del Pueblo ha sido o va a ser propuesto por el Gobierno español para formar parte de una comisión dentro de la Organización de las Naciones Unidas para tratar cuestiones relacionadas con la tortura. El Gobierno español ha presentado, para dirigir
los mecanismos de prevención de la tortura, al señor Múgica Herzog. Quizá este sea un buen momento --si es que eso es así, aunque no sabemos si sería la persona más adecuada-- para que el señor Múgica pudiera abandonar la representación del
Defensor del Pueblo y se fuera a otro sitio.
Termino recordando que fue el propio señor Múgica quien entre los años 1988-1991, siendo ministro de Justicia, impulsó la dispersión de los presos políticos vascos en las cárceles españolas. Y nos
preguntamos: ¿hacen falta más datos para que en estos momentos, salvando y respetando sus situaciones personal, familiar, etcétera, se pida algo más? Confiamos en que los grupos mayoritarios, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido
Popular, reconsideren su posición en el Congreso de los Diputados y den una solución positiva a este triste proceso de reprobación que estamos viviendo. Lo repito: en 25 años de la democracia nunca había sucedido algo así y, por su propio bien, le
sugerimos al señor Múgica, si acepta este humilde consejo de vascos, que dimita.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
Estamos, señorías, a finales del año 2006 y debatimos el informe del Defensor del Pueblo del año 2005. Primera consideración a tener en cuenta: ¿no deberíamos reformular la función del
Defensor del Pueblo, redefinir el ámbito competencial, ajustarlo a la realidad autonómica en aquellas competencias de la Administración general del Estado que no contemplen los ámbitos competenciales de los defensores autonómicos? Probablemente
ello mejoraría la eficacia y la eficiencia de la Oficina del Defensor en cuanto a diligencia y presteza, como mínimo en lo referente al trámite en que estamos en estos momentos, del informe anual, que debería celebrarse obligatoriamente durante el
primer trimestre del año siguiente.
Estamos ante un informe recurrente y repetitivo, que adolece de una cierta cronicidad. En el informe se vierten y recogen las quejas de los ciudadanos o grupos de ciudadanos en defensa de los derechos que les
asisten. Hay más quejas que durante el año anterior, es cierto, y crecen las de índole colectivo de forma espectacular, lo cual entendemos como un hecho positivo que demuestra que tenemos cada día más claro las ventajas que supone el asociacionismo
en cualquiera de sus manifestaciones, que demuestra lo positivo que resulta unir esfuerzos en la defensa de derechos comunes que se vean vulnerados.
La institución del Defensor del Pueblo tiene un mandato constitucional claro: la defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos. El defensor puede y debe, en uso de sus funciones, aparecer en los medios de comunicación social para dar explicaciones acerca de las medidas que toma en la defensa de esos derechos ciudadanos frente a las
administraciones públicas, respetando siempre las decisiones políticas del Gobierno de España o de los diversos gobiernos autonómicos y, lógicamente, de sus respectivos parlamentos.
Señor Defensor del Pueblo, la decisión de presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña demuestra claramente que usted no es imparcial. No es usted un buen árbitro; el buen árbitro es aquel que hace respetar las reglas de juego con firmeza y elegancia y que es capaz de
estar siempre en el lugar que le corresponde, con criterio y responsabilidad, y nunca debe originar y servir a la polémica. No es función de la defensoría ni la legítima confrontación política partidista ni la interferencia en la organización
territorial del Estado. ¿El defensor de qué pueblo es usted, señor Múgica? ¿Es también el defensor del pueblo de Cataluña? Nosotros entendemos que no. ¿Sabe por qué? Porque Cataluña ha seguido al pie de la letra todos y cada uno de los trámites
parlamentarios y reglamentarios: primero, la aprobación en el Parlamento de Cataluña y, después, en el Congreso y en el Senado, es decir, en Cortes Generales, esas mismas Cortes Generales que le dieron su voto, su confianza y que hicieron de usted
su alto comisionado. Señor defensor del pueblo ¿de verdad cree que el Parlamento catalán, el Consell Consultivo de la Generalitat de Cataluña, el Congreso y el Senado están equivocados, y que han aprobado un estatuto que no es constitucional? El
Estatuto de Cataluña hace especial énfasis en derechos y deberes que el pueblo de Cataluña ratificó en referéndum. Esos mismos derechos y deberes que usted le niega. ¿Cómo puede cuestionar el deber de conocer el catalán? ¿Usted conoce algún
español que no tenga el deber de conocer el castellano? Lo único que pretendemos es equiparar el catalán con el castellano. ¿No es obligación del Defensor de Pueblo defender las minorías? ¿Acaso no sabe el defensor que el catalán es una lengua
minoritaria que requiere de mecanismos de protección? No le extrañe, señor Múgica, que los catalanes no le consideremos nuestro defensor. Respete la voluntad del pueblo catalán, respete la voluntad del pueblo de Cataluña y retire el recurso de
inconstitucionalidad.
Lo he dicho anteriormente y lo repito ahora: ni ha sido ni es imparcial.
Respétenos y nosotros le respetaremos Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero decir unas palabras en relación con lo que nos toca: el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al ejercicio 2005. Es cierto que está en curso una moción de censura contra el Defensor del Pueblo que tendrá su
trámite correspondiente, en la que el defensor tendrá que mostrar su posicionamiento, el porqué de la presentación de ese recurso y dar las explicaciones oportunas y en la que los distintos grupos podrán mostrar su posicionamiento y, a partir de
ahí, votar en conciencia. Por lo tanto, ese momento procesal está pendiente de llegar.
Ahora toca hablar sobre la actividad del defensor del pueblo dentro de este informe, y creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de hacer mención a su
contenido porque, como ya dije hace dos años cuando hablaba de este informe, este debe ser un poco el diario de cabecera de todos los políticos, para que, una vez detectados los problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía, podamos darles
adecuada respuesta.
Quisiera felicitar al conjunto de la institución, a los adjuntos y al personal de la oficina, por el riguroso informe que han elaborado, por la radiografía que han hecho de las problemáticas que han ido surgiendo, que detallan
asuntos que mencionaré a continuación y que ya son tradicionales, así como otras nuevas que se van descubriendo, que afectan a la sociedad española y que, por lo tanto, generan alarmas suficientes para que desde los poderes públicos les pongamos
solución.
Para este grupo parlamentario no caen en saco roto las actuaciones del Defensor del Pueblo en relación con las denuncias y las críticas recibidas, y como muestra un botón. El Defensor del Pueblo detalla en su informe el incremento de
reclusos en los centros penitenciarios, lo que provoca situaciones de hacinamiento. Pues bien, ha comenzado la construcción de 4 centros penitenciarios, otros 10 más van a empezar en breve y tenemos 9 centros de inserción social que entrarán en
funcionamiento dentro de esta misma legislatura para dar solución a esa problemática.
En relación con las quejas presentadas por el Defensor en cuanto al acceso a la función pública, el propio defensor dice que el Estatuto de la Función Pública
puede paliar adecuadamente ese tipo de problemáticas.
Año tras año tenemos que sorprendernos y denunciar --lo haga quien lo haga--, a las administraciones entorpecedoras porque en una situación como la que vivimos hoy, de sociedad de la información
y del conocimiento, además de la evolución de la informática, no tiene ningún tipo de justificación que la documentación que la Defensoría del Pueblo precise no sea remitida en tiempo correcto y, por lo tanto, animamos a esas administraciones para
que dejen de entorpecer al Defensor del Pueblo y colaboren, como es su obligación.
Por otra parte, nos preocupa también que haya quedado un 84 por ciento de quejas sin resolver y, por ello, creemos que en este aspecto hay que ser también un poco
más diligentes.
En relación a las quejas, es cierto que se ha producido una subida de las colectivas y de oficio pero, por el contrario, las individuales han bajado. Mi grupo parlamentario siempre anima a la ciudadanía activa a que participe y
defienda sus intereses y derechos, y que para ello utilice la figura de que dispone en este momento: el Defensor del Pueblo.
Como decía antes, existen nuevos problemas, problemas de delincuencia de bandas latinas, ante los que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado están adoptando las medidas oportunas y poniendo en marcha planes específicos; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como también señala el propio informe del Defensor del Pueblo, cuentan con una confianza
creciente de la ciudadanía española en su trabajo y, por lo tanto, les animamos a seguir realizándolo como lo han venido haciendo hasta ahora.
Asimismo, es necesario destacar las problemáticas propias del tipo de sociedad en que vivimos, como son
aquellas originadas por las compañías de telefonía móvil y por los servicios de Internet, cuestiones sobre las que en esta Cámara se han presentado muchas iniciativas, pero ante las que no hay que bajar la guardia y seguir haciéndolo de forma
permanente.
Para ir concluyendo esta intervención, me gustaría mencionar la lacra que seguimos sufriendo en relación a la violencia de género. Hay que estar permanentemente denunciándolo, porque a pesar de que la primera ley elaborada por este
Gobierno fue la Ley Contra la Violencia de Género, sabemos que este es un trabajo y una batalla larga, que el conjunto de la sociedad española tiene que ganar. El Gobierno ha aprobado recientemente un paquete de medidas urgentes para reforzar esa
ley y seguiremos aportando propuestas e implantando medidas con el fin de conseguir, poco a poco, una disminución y alcanzar un estado óptimo donde ese tipo de problemática --el mayor terrorismo que existe en este país, como se ha definido en alguna
ocasión--, algún día desaparezca.
Nos parece normal que la ciudadanía española presente cada vez más quejas relacionadas con medio ambiente, urbanismo y vivienda, lo que demuestra una alta concienciación ciudadana en relación a los problemas
medioambientales que nos tiene que satisfacer y que tiene que empujar a los poderes públicos a instar a las empresas a que respeten el entorno y que provoquen un desarrollo sostenible porque solamente así podremos alcanzar los objetivos del futuro.
En relación al urbanismo, se está tramitando una nueva ley estatal del suelo, y con respecto al Plan de Vivienda 2005-2008 esperemos que termine de dar los frutos deseados.
Nos parece muy bien que el defensor del pueblo haga una mención a los
menores e, igualmente, que en los casos en los que se denuncie abandono, el defensor del pueblo y su institución comprueben la rapidez con la que actúa la Administración, así como su celeridad y eficacia porque nos parece que también en este sentido
se puede hacer una buena labor.
Con respecto a las quejas relacionadas con la tercera edad y las personas dependientes he de decir que nos parece que la nueva ley de dependencia puede paliar en un grado importante esa problemática y, por tanto, dar
respuesta a un sector de nuestra sociedad que así lo requiere.
Nos parece que la eliminación de la traba que generaba una incompatibilidad entre la pensión de viudedad y la pensión de vejez e invalidez ha supuesto dar también una respuesta adecuada en el ámbito parlamentario.
Señorías, este era el
contenido del informe que hoy teníamos que atender.
Próximamente se abordará la posición de cada uno de los grupos parlamentarios en relación con la moción de censura que se ha mencionado en este debate, pero debo decir que aquí sucede lo mismo que
en el arbitraje. Cuando se presencia un partido de fútbol todos observamos la labor del árbitro y creemos ver penaltis o que ha chocado con el contrario dependiendo de cuál sea nuestra visión o las nociones que tengamos al respecto. En cualquier
caso, creo que todos los presentes estamos de acuerdo en que es necesaria esta labor y que tenemos que potenciar que siga existiendo por el bien de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ferrández.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al defensor del pueblo por su minucioso, detallado y riguroso informe que, como en años anteriores, viene a ser, como ha
manifestado el portavoz socialista, la radiografía de las quejas y preocupaciones que desvelan a nuestros conciudadanos desde la visión de una institución que recibe al año miles de quejas, de escritos, de documentos y que con una más que encomiable
disposición pone a su servicio todos los medios de que dispone para que sus quejas al menos tengan cumplida respuesta por parte de las distintas administraciones.
En el año 2005, al que se refiere el informe del que se nos ha dado cuenta, se
aprecia un importante incremento del número total de quejas recibidas tanto individuales como colectivas, incremento que alcanza el 27 por ciento y que pone de manifiesto la gran confianza de los ciudadanos en la Institución, pero a la vez nos debe
de servir de llamada de atención, por cuanto ese incremento refleja un peor funcionamiento del resto de las administraciones. Por ello, se hace necesario que todas ellas se den cuenta de la necesidad de satisfacer en su momento y puntualmente las
demandas de todos los ciudadanos. En este punto quiero destacar una vez más la que ya viene siendo queja habitual del defensor del pueblo en sus comparecencias ante este Pleno y que hace referencia al incumplimiento por parte de algunas
administraciones del deber que tienen de asistir en sus investigaciones. Es verdad, y es un signo de normalidad democrática, que cada vez son menos las administraciones que desoyen esta obligación, pero no es menos cierto que todavía son demasiadas
las que con su apatía y desinterés no contribuyen a facilitar la labor de la institución, siendo en este caso especialmente significativa la queja respecto de algunos organismos dependientes del Ministerio de Fomento, que no es sino reflejo de una
queja generalizada de muchas administraciones autonómicas y locales.
Centrándome en la parte sustantiva del informe, comenzaré por hacer referencia a un problema que se ha mencionado por parte del defensor del pueblo, que no por ser habitual deja
de ser grave, como es la dilación en los procedimientos judiciales. Porque, señorías, no hay nada más injusto que una justicia lenta. ¿Cuántos derechos se han visto conculcados por la demora en resolver por parte de muchos de nuestros juzgados y
tribunales? ¿Cuántas condenas no han podido ser impuestas por la tardanza en la instrucción de los delitos? A nuestro juicio demasiadas, y cuando el Partido Socialista accedió al Gobierno puso el acento en resolver este problema, y ha fracasado,
como en tantas otras cosas, y con su fracaso los más perjudicados han sido los ciudadanos españoles.
En cuanto a la queja contenida en el informe respecto a la situación en que se encuentran las oficinas del registro civil por el retraso que se
produce a la hora de atender las solicitudes del certificado literal de nacimiento por parte de los españoles recientemente nacionalizados, su constatación no es más que el reflejo de una política equivocada que carece de ideas claras y que no
adopta las medidas necesarias para su solución, a pesar de la recomendación que el propio defensor del pueblo dirigió al Ministerio de Justicia.
En relación con esto último queremos también destacar la constatación que el informe hace de un
problema que todos los analistas coinciden en señalar como el primer problema que tiene España y el resto de los países de nuestro entorno, que lejos de solucionarse, como ha mencionado, cada año aumenta. Me estoy refiriendo, como habrán podido
adivinar, al problema de la inmigración, problema que en estos últimos años se ha visto agravado por la nula política de este Gobierno que, con el llamado proceso de normalización, lo único que consiguió fue producir el efecto llamada por todos
conocido, que ha contribuido de forma decisiva a agravar el problema hasta los límites en que hoy nos encontramos y que ha colocado a algunas de nuestras comunidades autónomas en la situación en que se encuentran, y ello a pesar de las llamadas de
atención de la Comunidad Económica Europea y de los ofrecimientos por parte del Partido Popular para tratar de buscar soluciones.
Igualmente el problema de la inseguridad ciudadana, directamente relacionado con lo anterior, tiene su constatación en
el informe, que alerta, como también lo viene haciendo el Partido Popular, del incremento de los delitos provocados sobre todo por bandas organizadas, que al albur de una legislación más condescendiente con este tipo de delitos que las de sus países
de origen campan a sus anchas en nuestro país sin que el actual Gobierno adopte medidas legislativas tanto para el endurecimiento de las penas como para facilitar su expulsión.
Mención aparte merece el apartado del capítulo dedicado a las materias
de educación y cultura, que es el relativo a la violencia en el ámbito escolar, que en los últimos tiempos hemos visto que se ha ido incrementando y, lo que es más grave, alcanzando límites de violencia que hasta
hace pocos años eran impensables en nuestras aulas y que tiene su caldo de cultivo en una legislación educativa que, a nuestro juicio, es excesivamente permisiva con el menor, que no facilita los mecanismos de corrección a los profesores y
que les deja indefensos ante determinadas conductas, que en algunos casos deberían alcanzar incluso la categoría delictiva si no fuera por la edad de muchos de sus autores.
Por último, quiero hacer referencia a un problema que cada día va en
aumento y al que el defensor del pueblo no se ha referido de forma directa y sobre el que considero que exige un profundo estudio, como es el del Alzheimer, enfermedad que en estos últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial y que exige
una atención especial por parte de todos los poderes públicos, porque aun reconociendo los esfuerzos que últimamente se vienen haciendo, exige un compromiso decidido de todos tanto para su diagnóstico como para su detección.
No quiero terminar mi
intervención sin hacer referencia a lo manifestado por algunos portavoces de otros grupos, que han dedicado buena parte o la totalidad de su discurso a cuestionar y criticar el hecho de que el defensor del pueblo haya interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad contra el recientemente aprobado Estatuto de Cataluña; recurso de inconstitucionalidad que, como de todos es conocido, comparte el Partido Popular por cuanto, desde nuestro punto de vista --y por lo que conocemos también desde
el punto de vista del defensor del pueblo--, el nuevo Estatuto de Cataluña representa un ataque frontal a la Constitución, por cuanto atribuye para Cataluña el concepto de nación y sus consecuencias; porque impone el conocimiento de la lengua
catalana como un deber que el constituyente del 78 rechazó expresamente; porque establece una regulación diferente de los derechos y deberes fundamentales que la Constitución Española reconoce por igual a todos los españoles; porque rompe con la
unidad del Poder Judicial; porque invade competencias que la Constitución otorga en exclusiva al Estado; porque recurre al principio de bilateralidad, reconociendo una situación de privilegio para Cataluña respecto del resto de comunidades;
porque establece un nuevo marco de relaciones con el Estado; y porque abre la posibilidad de un marco interregional de insularidad y, así, un largo etcétera.
Por todas estas razones, el Partido Popular interpuso el recurso de inconstitucionalidad,
y son precisamente estas mismas razones las que han llevado al defensor del pueblo a hacer lo propio en el ejercicio de las atribuciones que el artículo 1º le confiere, cuando define al defensor del pueblo como «el alto comisionado de las Cortes
Generales, designado por estas para la defensa de los acuerdos comprendidos en el Título I de la Constitución, y, tal y como le reconoce el propio artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981, que establece que el defensor del pueblo está legitimado para
interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En definitiva, señorías, mal que les pese a algunos, el defensor del pueblo ha ejercitado
un derecho que le asiste para defender precisamente los derechos y libertades de todos los ciudadanos que el Estatuto, aprobado desde nuestro punto de vista, conculca, por más que una mayoría minoritaria de los ciudadanos catalanes con derecho a
voto aprobaran el texto. Y, digo más, ni siquiera la totalidad, la unanimidad de todos los ciudadanos catalanes podría aprobar un texto que fuera inconstitucional, pues no podemos olvidar que las reformas constitucionales tienen un procedimiento
que en ningún caso se puede evitar, y es el Tribunal Constitucional el competente, como se cansaron de decirnos en el debate en el Senado cuando se debatió el Estatuto de Cataluña.
Pues bien, para establecer la constitucionalidad o no de los
preceptos contenidos en dicho Estatuto, sería necesario interponer el recurso de constitucionalidad. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no podrá pronunciarse cuando parece que pretende impedirse que quienes tienen la potestad de hacerlo
puedan interponer el recurso de constitucionalidad.
Señores de Convergència i Unió, comprendo su frustración por el engaño al que fueron sometidos tras la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el señor Mas, en la cual se cambiaron
los cromos de Gobierno de Cataluña por Estatuto. Comprendo que el señor Mas y el presidente del Gobierno llegaran al acuerdo de modificar 142 artículos del Estatuto de Cataluña, en muchos casos por considerarlos inconstitucionales, tal y como se
observa en las enmiendas introducidas en el Congreso de los Diputados como, por ejemplo, la número 1, en la que, como justificación, el Partido Socialista decía: Sin embargo, creemos que el término nación, aplicado en el artículo de la propuesta de
Cataluña o Arán, no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución Española. A continuación, decía exactamente lo mismo referido al artículo 3.1.
En definitiva, considero que, además del señor Mas, además del señor presidente del Gobierno, y
además de los señores socialistas del Congreso de los Diputados, puede haber alguna institución, como el Defensor del Pueblo, que considere que alguno de los preceptos aprobados por una parte del pueblo de Cataluña puedan ser declarados
inconstitucionales por el órgano al que corresponde determinar, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, los derechos de los ciudadanos catalanes no son más derechos que los de los ciudadanos de Castilla-La Mancha o de Castilla
y León...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Voy terminando, señor presidente.
En definitiva, queremos que quede constancia de que el Grupo Popular apoya, como no puede ser de otra forma, que el defensor del pueblo pueda interponer un recurso de
constitucionalidad contra una norma aprobada legítimamente por los ciudadanos de Cataluña, pero que puede ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Para terminar, quiero simplemente decir que por supuesto agradezco al defensor
del pueblo su informe, y quiero que ese agradecimiento se traslade al resto de sus colaboradores por el trabajo inagotable e incansable que
realizan a lo largo de cada año para tratar de defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS CON EL OBJETO DE REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL (S. 671/000101).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el punto correspondiente al informe del defensor del pueblo, pasamos al punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la
palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: «Eskerrik asko», presidente.
«Arratsalde on danori». Muy buenas tardes a todos.
Con esta moción culminamos una serie de planteamientos que iniciamos, primero, con una pregunta formulada al ministro sobre un tema
que para nosotros es totalmente preocupante: la siniestralidad laboral. A la vista de la respuesta, hicimos una interpelación, la número 133, y como consecuencia de ella misma resulta esta moción.
Para nosotros, Eusko Alkartasuna, la
siniestralidad laboral es un asunto de gran calado y una de las mayores tragedias tanto a nivel europeo, como del Estado español y de las comunidades autónomas, dado que las muertes y accidentes graves o leves alcanzan a unas cifras realmente
preocupantes.
En el presente año han sucedido en la Unión Europea 150.000 muertes por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En el Estado español, hasta el mes de septiembre, los accidentes con baja producidos por enfermedades, por
riesgos «in itinere» o propiamente en el puesto de trabajo, crecieron un 2,72 por ciento y alcanzaron la cifra de 772.000 personas, con 1.049 muertos hasta el 30 de septiembre; y en el País Vasco se han registrado 35 en el mes de octubre. Esta
misma mañana, en un pueblo de Guipúzcoa, Urretxu, la caída de un albañil en una obra le ha producido la muerte, y esta misma tarde, en Larrabetzu, en una empresa industrial se ha producido un accidente gravísimo y el operario está debatiéndose entre
la vida y la muerte.
Esta es la realidad, señorías, y lo que quiero es que nos concienciemos todos. No busco tensión, ni fricción, sino unión de voluntades para solucionar un grave problema que en este momento existe y se está produciendo, tanto
en las comunidades como en el Estado y en Europa.
¿Qué está pasando? La Ley 31/1995 tiene ya once años de vigencia, y aunque en su momento fue de gran contenido, ahora se ha quedado un tanto obsoleta debido a varios motivos. En primer lugar, la
rápida evolución del mundo industrial, de los servicios y de la construcción ha hecho que se haya quedado un tanto antigua. En segundo lugar, las circunstancias que rodean a las pymes no se contemplan en toda su extensión dentro de esta ley.
Tanto
las empresas como el mundo sindical, han intentado llegar a un cumplimiento formal pero no han asumido la ley, no la han deglutido, no la han ingerido, no la han hecho propia. Intentan alcanzar cierto cumplimiento pero sin acercarse a una realidad
lisa, llana y tangible que sea trasladable al puesto de trabajo y permita exigir a los trabajadores que cumplan los requisitos y formalidades que solventen las deficiencias que se pueden plantear en el puesto de trabajo, en el lugar donde está la
construcción y en el trayecto hacia donde se producen los acontecimientos.
Por su parte, la empresa tampoco ha hecho suya totalmente la ley. ¿Por qué motivo? Lo más que ha hecho ha sido crear ciertas formalidades y nombrar unos representantes y
delegados que la intentan llevar a la práctica, pero no la han hecho propia, ni la han asumido con un convencimiento real y absoluto. Es decir, no la han implicado en su cuenta de pérdidas y ganancias, en lo que es la esencia propia de una empresa.
¿Y por qué se producen todos estos accidentes, existiendo una ley y una normativa? Porque las circunstancias en el mundo laboral son muy diferentes. Además, en los tiempos actuales el crecimiento económico y las circunstancias que conlleva están
generando una serie de aspectos que no favorecen una disminución en la siniestralidad y el riesgo.
En primer lugar, la subcontratación en el sector de la construcción está motivando circunstancias de mayor riesgo y accidentalidad. Cuanto más se
aleje la contratación primera del puesto laboral o del señor que firma el contrato más se diluyen las siguientes subcontrataciones y más se rebaja el seguimiento del cumplimiento de la ley.
En segundo lugar, la temporalidad, porque los contratos
temporales no exigen tanta inversión...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine. Tiene dos turnos todavía.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Creo que hay otros dos elementos que están generando un problema grave: por un lado, la inmigración y, por otro, la gente joven. Todo este «mélange» de situaciones crea una grave
dificultad para que este problema tenga una solución a corto plazo.
Pero no solo se trata del problema humano, el problema social, el problema familiar, el problema que se genera en la empresa, sino el problema económico y financiero...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
El señor URRUTIA ELORZA: Termino, señor presidente.
Esto está generando un problema grave en el producto interior bruto de este país.
Busquemos colaboración, busquemos diálogo, busquemos unión de voluntades.
«Eskerrik asko».
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Senador Urrutia, ya puso de manifiesto el señor ministro en el debate sobre la interpelación que nos encontramos ante un tema que nos preocupa y que, por lo tanto, nos tiene que ocupar.
Señoría, en la VII Legislatura se creó en esta Cámara, por unanimidad de los grupos parlamentarios, una Comisión Especial para la Prevención de Riesgos Laborales. Y cuando hablábamos de los accidentes de trabajo, de la siniestralidad y la salud en
el trabajo, lo que caracterizó precisamente aquella legislatura fue la unanimidad. Y este senador, que era portavoz en aquella materia, bajo ningún concepto utilizó la siniestralidad ni los accidentes de trabajo desde una perspectiva de estrategia
de oposición al Gobierno. Por el contrario, siempre trabajó desde una estrategia de consenso y unanimidad.
Tan es así que en más de una ocasión interpelamos al Gobierno y no quisimos presentar moción consecuencia de interpelación por si acaso
aquello pudiese suponer la ruptura de ese consenso, de esa unanimidad.
Quizás por razones de tiempo no me pueda referir a los seis puntos que usted plantea en su moción y cuáles fueron las razones que nos animaron a presentar la enmienda que ahora
defiendo, pero, cuando hablamos de reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral, resulta obligado dejar constancia de las pretensiones que tiene el Gobierno en la materia, la primera de las cuales, por excelencia, por
antonomasia, es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2011, que deseamos que cuente con la aquiescencia del conjunto de los agentes sociales que han de actuar en la materia.
En el primer punto se exige a los agentes
sociales el cumplimiento en toda su extensión... --no voy a leerlo por razones de economía--. Tengo que decirle, senador Urrutia, que, con independencia de las actuaciones de todo tipo que está desarrollando el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sabe usted que la competencia para obligar a cumplir la norma a los empresarios y también las obligaciones de los trabajadores es exclusiva de la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, el Gobierno tiene que cumplir y tiene que desarrollar
toda la normativa, pero la competencia no cabe duda de que no se la podemos exigir al Gobierno, sino a la Inspección de Trabajo. Así figura en el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
En cuanto a cooperar y coordinar con las comunidades
autónomas, senador Urrutia, en el apartado 2 que usted plantea se dice que desarrolla un proceso. Tengo que decirle que se está desarrollando un proceso constante de intensificación de la coordinación y cooperación de las comunidades autónomas en
la definición de objetivos, criterios y actuaciones en el seno de las comisiones territoriales y de la Comisión de Trabajo de la Inspección de Trabajo. Así, senador Urrutia, la Comisión de Trabajo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales acordó, en su reunión del 23 de mayo de este año 2006, la creación de un grupo de trabajo para estudiar y efectuar propuestas sobre el modelo de inspección más idóneo en el marco de la reforma
estatutaria de las comunidades autónomas. La misión de este grupo de trabajo es establecer unos principios de común aceptación por todas las partes implicadas y avanzar en las propuestas sobre un nuevo modelo organizativo de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Por otro lado, debo señalar, senador Urrutia, que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social programa sus actuaciones...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor presidente.
... según los objetivos que determinen las autoridades competentes, esto es, la Administración del Estado y las comunidades autónomas en función de sus competencias. Cuando no esté
constituida la comisión territorial, las funciones de esta siempre se atribuyen a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. Es el artículo 30.2 del Real Decreto 138/2000. Como decía antes, por razones de tiempo no estoy en condiciones de
extenderme más.
De cualquier forma, senador Urrutia, sin decir que su propuesta sea irracional, puesto que como no se puede disociar a la hora de votar --hay que votar todo y no sólo una parte--, la propuesta que realizamos puede en todo caso
concitar la aquiescencia del conjunto de la Cámara y que un tema de esta naturaleza que, como antes decía, nos preocupa y, por lo tanto, nos ocupa, sea de total y absoluto consenso del conjunto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Urrutia, para manifestar su posición con respecto a la enmienda socialista.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Alonso, me parece básico que usted plantee una colaboración.
Ustedes tampoco han conseguido la unanimidad porque tengo aquí una información de prensa, fecha de 17 de
noviembre de 2006, que dice: La siniestralidad laboral rompe por primera vez el diálogo social en la presente legislatura. En la reunión mantenida entre el Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, CEOE, CEPYME y los sindicatos
mayoritarios, no se ha llegado a
un acuerdo porque los empresarios rechazan la imposición de los delegados territoriales de seguridad que reclaman las centrales sindicales.
Señorías, ya sé que hay un plan 2007-2010; el director de la Agencia europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, Jukka Takala, ya ha hablado sobre esto. El pasado viernes estuve toda la mañana comentando con él sobre todo lo referente a los nuevos riesgos, a las circunstancias que se van a plantear en el futuro y a la necesidad de
concretar mucho más sobre tres aspectos: los riesgos psicosociales, los riesgos musculoesqueléticos y los riesgos químicos, así como sobre las circunstancias que pueden generar la muerte y las diferentes enfermedades.
Lo que sí está claro,
señorías, es que el grupo de trabajo del 23 de mayo debe empezar a actuar ya, rápidamente. No me puede decir usted que la Inspección de Trabajo no depende del Gobierno; la Inspección de Trabajo depende totalmente del Gobierno porque no está
transferida. Yo no he hablado de transferencias, pues lo que quiero es un diálogo total y absoluto. Esa transferencia ya vendrá, pero yo no quiero romper esta Cámara, no quiero que se me vea como un hombre nacionalista que lo único que quiere es
que esa competencia vaya al País Vasco. Ni mucho menos es eso lo quiero, señorías; lo que intento es que empecemos a crear una filosofía propia en aquellos sectores donde se está generando esa sangría, esas muertes.
Como usted sabe, señoría, esos
sectores son, fundamentalmente, los siguientes: en el sector servicios el índice de siniestralidad es del 42 por ciento; en construcción es de casi el 30 por ciento y en el industrial es del 26 ó del 28 por ciento, y lo que intento es buscar el
procedimiento para que esa sangría de muertes y de accidentes se paralice, para que termine. No se trata de crear grupos, de crear comisiones, de crear elementos con los que lo único que hacemos es retrasar el problema, sino buscar soluciones desde
ya. Y esta es la idea de esta moción que ha presentado este senador de Eusko Alkartasuna.
Mi intención en los seis puntos que he planteado como elementos fundamentales de la moción es que se analice con verdadera estima la potenciación de la
Inspección de Trabajo de forma que podamos prever dónde se está produciendo el riesgo; que analicemos cada puesto de trabajo, que pongamos los medios correspondientes y que hagamos que las sanciones se cumplan, porque hay un retraso en el
cumplimiento de sanciones de casi un año o año y medio, y no pagan las sanciones ni un veintitantos por ciento.
Puedo leerle el último informe de que dispongo del sector de la construcción en el que se habla de las quejas por los factores de riesgo
y de las circunstancias que están produciendo el retraso en el pago.
Quisiera también que se tomara en consideración el hecho de que los fondos de la Fundación para la Extensión de la Prevención de los Riesgos Laborales en las pymes, que es el
lugar donde el riesgo es muy superior, se trasladen a las comunidades autónomas para que se reparta en función de la realidad sindical existente en cada una de ellas, y que ese reparto no se haga desde aquí, porque no están llegando los fondos ni
los recursos correspondientes.
Y finalmente me gustaría --y creo que es algo de gran trascendencia-- que tuviéramos en cuenta cuáles son las enfermedades profesionales que se están dando de cara al futuro, como las que ya he nombrado, es decir, las
químicas, las psicosociales y las musculoesqueléticas, que están creando un verdadero problema, así como que las estadísticas que se den contemplen a todos y cada uno de quienes están expuestos a esos riesgos.
Porque en las estadísticas oficiales
--y esa es la realidad-- no se recogen ni a los autónomos ni a los inmigrantes sin papeles oficiales. Y considero que esto no es correcto, porque además...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor URRUTIA ELORZA: Termino en este momento, señor presidente.
Esto es lo que intento llevar a cabo y lo que intento poner en marcha con todas sus señorías y con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
«Eskerrik asko.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos el turno de portavoces ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Lo cierto es que comienzo mi intervención sin saber cuál va a ser finalmente el destino de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pues de su intervención no deduzco si la admite o
no. Lo ha dejado así, como eso que se llama un «vaya, vaya, desde luego...» o una faena de aliño. Pero ya veremos como acaba esto.
Este es un tema muy complejo, y estoy de acuerdo con algún portavoz --creo que era el senador Alonso-- cuando decía
que no se trata de un tema de gobierno y oposición. De hecho, venga el gobierno que venga, la situación del riesgo laboral será la misma y la siniestralidad está en función de que se cumplan las normas, y sobre todo, de la responsabilidad con la
que se desarrolle el puesto de trabajo.
Creo que esta es una de esas leyes que deberá ser reformada; ya lleva un tiempo en vigor, y creo que con la experiencia de estos años, debería someterse a consenso, y sobre todo, intentar orientarla hacia lo
que para mí es fundamental: la base para reducir la siniestralidad es la formación y el sentido de la responsabilidad por parte de todos, empresarios, encargados, mandos intermedios y trabajadores, pues muchas veces es la falta de responsabilidad
de unos y otros la que provoca muchos accidentes, y no por que no se hayan tomado las medidas que la ley establece. La práctica habitual y el día a día hacen muchas veces que la gente se relaje, y pasa lo que pasa.
La estadística no arroja buenos
resultados y estoy de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo para reducir la siniestralidad. Ahora bien, cuando nos encontramos ante
una moción, hay que intentar que el máximo número de grupos parlamentarios posibles lleguen a un acuerdo para impulsar al Gobierno, que en definitiva es de lo que se trata en una moción, para que mejore la situación del tema que nos ocupa.
Y la verdad es que yo preferiría llegar a un consenso unánime. Si la moción no es asumida por el grupo mayoritario, esta quedará coja.
Como saben, mi grupo parlamentario ha formado gobierno durante muchísimos años, y cuando hemos actuado como
oposición en el Congreso de los Diputados o en el Senado, como en estos momentos, siempre tenemos, cuando escribimos una moción, la referencia de que el destinatario, que es el Gobierno, tendrá que llevarla a cabo. Por ello no se puede redactar en
las mociones la carta a los Reyes Magos, sino que hay que pedir cosas asumibles. Y en estos temas, que generan tanta sensibilidad y en los que entran en juego y se apela a la responsabilidad de muchas personas para reducir la siniestralidad, lo
mejor es plantear una moción que sirva de estímulo al Gobierno para intentar mejorar los mecanismos para reducirla, pero, insisto, que sea asumible por este, pues de lo contrario no sirve para nada, excepto para hacer un ejercicio de oposición, pero
no para ayudar a que las cosas vayan mejor.
Insisto en que, aunque en este momento esté en la oposición, en nuestra acción política sigue presidiendo la mentalidad de gobierno, nosotros somos siempre muy prudentes al redactar una moción, pues
queremos que la misma sea --e insisto una vez más en ello-- asumible por el Gobierno. Es cierto que a veces, en el juego gobierno-oposición, hay que hacer un gran discurso sobre una moción que no pueda asumir el gobierno para poner de manifiesto
una discrepancia de fondo sobre una política determinada. Pero este no es el caso. Este es un tema de gran sensibilidad donde creo que el acuerdo y la unanimidad son las que mejor pueden ayudar a solucionar la situación. E insisto en que el tema
fundamental no es competencial ni legislativo, sino de educación y responsabilidad por parte de todos los que intervienen, porque en la práctica muchos accidentes cuya responsabilidad se acaba adjudicando al empresario, han sido por una temeridad
cometida por una relajación por parte de algún mando intermedio o de algún trabajador.
Pongamos, pues, las cosas en sus justos términos. E insisto, ahora sería el momento de evaluar la ley y ver si entre todos es posible mejorarla, sobre todo para
aumentar la sensibilización y la responsabilidad de todos los que intervienen en el proceso productivo.
Desearía que se aceptara la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista; creo que podría ser asumida por el Grupo Parlamentario Popular, entre
otras razones, porque se parece mucho a una moción instada por mi grupo parlamentario y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que podrá estar mejor o peor redactada, pero que, en definitiva, hace posible un punto de encuentro que,
en este tema, creo que sería lo más deseable.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Bravo.
El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, Senador Urrutia, desde mi grupo parlamentario queremos transmitirle que compartimos su preocupación por la alta siniestralidad que padece nuestro tejido empresarial
fundamentalmente en su vertiente industrial. Permítame que meta en el mismo paquete tanto a los trabajadores como a los empresarios porque si bien en un accidente laboral es el propio trabajador el que sufre en primera persona los daños no es menos
cierto que la empresa sufre igualmente un importante perjuicio nada deseable, pues el capital humano es una parte fundamental, una parte vital de lo que entendemos por empresa y, además, porque ante un accidente laboral el empresario se ve
automáticamente envuelto en una exigencia de responsabilidad que, en la práctica, se convierte en objetivo de responsabilidad objetiva, aunque dicho empresario sea el mayor cumplidor del mundo y el accidente haya sido provocado, incluso con
negligencia verificable por parte del trabajador accidentado, por él mismo.
La experiencia en estos años desgraciadamente en muchos casos, en demasiados, es que la responsabilidad solo recae sobre una de las partes, aunque sea inocente y jamás en
la parte que lo provoca. ¡Quién osaría encima meterse con el pobrecito trabajador accidentado! No hablo de ciencia ficción, sino del pan nuestro de cada día.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, senador Urrutia, fue importante y necesaria en
el momento en el que fue dictada, en 1995, pero desde nuestro punto de vista se ha quedado coja, le falta algo. Desde luego, tiene usted razón cuando dice que los trabajadores -- está en la exposición de motivos de su moción-- deben observar las
normas y cumplirlas y se debe exigir su cumplimiento tanto a los trabajadores como a los empresarios, también a los trabajadores.
Si le da su señoría un repaso a esta ley observará lo siguiente. La ley tiene por objeto promover --lo entrecomillo--
la seguridad de los trabajadores con medidas y actividades preventivas y tengo el convencimiento de que las medidas son razonablemente aplicadas por las empresas y en las que no sea así -- la ley no distingue entre pymes o no pymes-- la exigencia de
cumplimiento debe recaer en la Inspección de Trabajo, en los sindicatos y en los propios trabajadores. Eso dice la ley.
Esta ley solamente habla de derechos de los trabajadores y de obligaciones de los empresarios, pero de ningún modo habla de
obligaciones de los trabajadores ni de derechos de los empresarios al menos de una manera seria porque si bien es cierto que hay un artículo, el 29, que se titula así «Obligaciones de los Trabajadores en Materia de Prevención de Riesgos» no es menos
cierto que no es más que una mera declaración de intenciones que en modo alguno supone una verdadera obligación, al menos como se entiende este término usualmente y le sugiero que lo lea usted con un sentido crítico. En este artículo se habla de
velar según sus posibilidades. Habla de usar adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y el riesgo previsible. Habla de utilizar correctamente, de contribuir al cumplimiento, de cooperar con el empresario, es decir, una subjetividad detrás de
otra, pero ni una sola obligación
y menos una herramienta coercitiva en manos del empresario para imponer las medidas de seguridad y evitar su incumplimiento porque la remisión que hace el punto 3 de ese artículo y la consideración como incumplimiento laboral es de chiste,
pero, además, sin gracia. Cuando menos merecería un sistema sancionador de idéntica magnitud que la exigida para el empresario, muy claro y muy concreto e indemnizatorio del perjuicio real causado incluso por motivo de la propia sanción, pues
depende de que sanción se trate puede causar también un posible perjuicio a la propia organización. Solo así se podrá evitar que el trabajador no se ponga el casco, no se ponga el arnés, baje al foso de la fundición sin la protección de que
dispone, caso que sucede en Alfa Shell Moulding, deambule por el recinto en ropa de calle después de terminar la jornada laboral, sufra un accidente por el que luego se condene al empresario, caso de Cristaleria Txirrita, o manipule la máquina
contraviniendo las normas de seguridad por su cuenta y riesgo, pierda dos dedos y luego sea encausado el gerente, caso de Mecánica Mallabi. Son casos reales y como esos, cientos.
En definitiva, se hace necesario revisar una ley que seguro fue
buena en su momento, pero que merece la pena ser revisada y ampliada sin sentimentalismo alguno.
Respecto al texto de su moción, hay puntos con los que no estamos muy de acuerdo, por ejemplo el número 3, porque creemos que donde se debe modificar
la ley no es necesariamente respecto de las pymes sino respecto del régimen sancionador y coercitivo para todos los afectados, sin excepción alguna.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine, por favor.
El señor BRAVO DURÁN: Termino diciendo que ya que usted no se posiciona sobre la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que me parece muy equilibrada y razonable, yo tampoco me puedo posicionar de momento sobre qué
hacer, porque no sé qué es lo que ha decidido usted, o sea que mi grupo se reserva su voto para el momento procedimental oportuno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada planteábamos en el debate del proyecto de ley para la mejora del crecimiento del empleo la incidencia de la precariedad como una de las causas del alto
índice de siniestralidad que tiene España.
Como usted dice, senador Urrutia, el problema de la accidentalidad es grave, y son todavía demasiadas las muertes que cada año se vienen dando, o los accidentes graves.
Los accidentes de trabajo son
evitables. Por tanto, el esfuerzo del Gobierno, sindicatos, empresarios y trabajadores debe ir unido para intentar reducir este índice. Es evidente que no es con la confrontación como vamos a mejorar la siniestralidad laboral sino con unir
esfuerzos, colaborando y coordinando las actuaciones del Gobierno y comunidades autónomas en la medida de las competencias que cada administración asume.
También las empresas deben esforzarse al máximo en cumplir todos los requisitos exigidos por
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los propios trabajadores en cumplir las normas, formarse en el conocimiento de estas normas y poder evitar los accidentes.
Me gustaría señalar que el Gobierno de Cataluña ha aprobado un Plan de
prevención de riesgos laborales 2005/2008, siendo una prioridad del Gobierno la prevención y la calidad del empleo. Es un acuerdo estratégico, ambicioso, que reclama la implicación de todos los interlocutores sociales y se enmarca en las líneas
fijadas por la Unión Europea en la Agenda de Lisboa de mejora de la calidad de ocupación y de la cohesión social.
Por tanto, estaríamos de acuerdo en el punto número 2, que propone la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas porque
también es asunto de ellas, pero le diría que, evidentemente, esta cooperación debe ir en la doble dirección, es decir también las comunidades autónomas deben ayudar facilitando a la Administración General del Estado los datos y colaborando con
aquellos temas que son oportunos.
En referencia al punto número 3, la Ley de prevención de riesgos, del año 1995, se ha ido adaptando a las necesidades y a las directivas comunitarias europeas. Estos cambios han formado una estructura normativa de
prevención de riesgos que podemos valorar como buena. Sin embargo, esa aplicación es también para el conjunto de las pymes, pero es preciso pasar de una prevención normativa a una línea de prevención real, es decir pasar a la práctica, porque a
veces la normativa es buena pero no se aplica, y también debe aplicarse en las pymes.
En el punto número 4, la política de inspección laboral de reforzar los cuerpos de inspectores de trabajo y subinspectores es un compromiso del Gobierno que así
se refleja no solo en las manifestaciones que el ministro Caldera hizo en esta Cámara sino también en la partida presupuestaria correspondiente para el año 2007. El compromiso del Gobierno es llegar a la cifra de mil inspectores y mil
subinspectores de trabajo al finalizar la legislatura.
El trabajo de inspección no puede ser una acción aislada sino que debe formar parte de una política global encaminada a evitar la siniestralidad laboral, y es bueno que este plan sea
consensuado con las comunidades autónomas, máxime cuando estas entienden que la prevención y reducir la siniestralidad laboral es una prioridad del Gobierno y debe elaborarse un modelo con participación de todos los sectores implicados.
Como han
manifestado diferentes portavoces, nos gustaría haber llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios de la Cámara y, en nuestra opinión, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es oportuna.
El Gobierno sigue una buena
línea de trabajo a través del debate en la Mesa del Diálogo Social de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, para alcanzar el marco general de políticas de prevención de riesgos laborales.
En resumen, señorías, el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés no va a apoyar esta moción, aunque coincidimos en algunos aspectos....
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Termino, señor presidente.
Consideramos que es mejor trabajar de manera continuada para conseguir erradicar los accidentes y opinamos que las vías de diálogo y cooperación abiertas con el Gobierno son las que
pueden dar mejor fruto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Senador Urrutia, habla usted de datos. Pues bien, para que no diga que se trata de datos del Gobierno que se inclinan en determinada dirección, le recuerdo la iniciativa que defendió el
portavoz del Grupo Catalán en el Congreso, don José Antonio Durán i Lleida, a la que se ha referido el senador Casas en su exposición de motivos. Los datos de esa iniciativa coinciden con algunos que usted ha dado. La iniciativa es del pasado 25
de octubre, y en ella se reconoce que el incremento de los accidentes durante los últimos doce meses ha sido del 1,48 por ciento; sin embargo reconoce también que el número de ocupados ha aumentado en un 5 por ciento. Bajo ningún concepto queremos
justificar que el incremento de los accidentes tenga que ser proporcional al número de trabajadores.
Efectivamente, el 43 por ciento de los trabajadores pertenece al sector servicio y el 27 por ciento se localiza en otros sectores.
Senador
Urrutia, hace pocos días el ministro puso de manifiesto que los accidentes graves en España se han reducido el 14 por ciento, lo cual no debe llenarnos de satisfacción pero hay que reconocer que todas aquellas iniciativas del conjunto de los
agentes, del Gobierno y de los gobiernos de las comunidades autónomas con competencia en la materia, están dando un resultado, humilde si se quiere, pero al fin y a la postre estamos contemplando resultados. Lo mismo sucedió con otros gobiernos,
como el Popular, que tomó muy en serio estas cuestiones.
En esta Cámara sabemos cuál es el perfil, la fotografía del trabajador o trabajadora accidentada porque expertos de todo tipo y naturaleza han pasado por el Senado y nos han ofrecido
cumplidas explicaciones de las razones por las cuales en España se producían accidentes de trabajo.
Si observamos el índice de incidencia entre accidentes y número de ocupados, solo en un año se ha reducido el 3,4 por ciento; los accidentes
graves, el 18 por ciento y los mortales, un 5 por ciento. Ahora bien, el número de accidentes en conjunto se ha incrementado el 1,48 por ciento.
Respecto a la Inspección de Trabajo, hace pocos días se comentó que iba a ser insuficiente pero que va
a suponer un incremento del 33 por ciento; en el año 2004 el número de inspectores y subinspectores del Estado era de 1500; sin embargo, el ministro adelantó que cuando concluya la legislatura el incremento será del 33 por ciento y, por tanto,
entre inspectores y subinspectores se llegará a los 2.000 y, aunque, como ya he dicho, a todas luces es insuficiente, en un período reducido de tiempo el incremento es considerable. Por tanto, la tendencia debe canalizarse en esa dirección.
Me
decía: ustedes tampoco cuentan con la unanimidad. Y añade: en la mesa de diálogo social ocurrió esto, y los empresarios no aceptan una imposición. Pues mire, senador Urrutia, no tratamos de imponerles nada a los empresarios. Los delegados
territoriales los establece la ley, y las organizaciones sindicales reclaman eso. No es una imposición, como leyó usted; es lo que dice la ley. La Comisión Especial para la Prevención de los Riesgos Laborales se desplazó a varias comunidades
autónomas y vio que donde existían delegados territoriales las cosas funcionaban bastante mejor. Las organizaciones sindicales están pidiendo simplemente que se cumpla la ley. Sin embargo, una parte de los miembros de la mesa de diálogo social no
está dispuesta a aceptar lo que dice la ley.
Por supuesto, se están poniendo en práctica algunas iniciativas. En esta Cámara --y también en el Congreso de los Diputados-- se aprobó recientemente un proyecto de ley para regular la subcontratación
en el sector en que se localiza el 27 por ciento de los accidentes: el sector de la construcción. Además, la semana pasada, en el Pleno en que aprobamos los presupuestos también tramitamos la reforma laboral, que decía cuál es la función de la
inspección y de qué forma reforzarla.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor presidente.
Esa ley se refiere también a la Inspección de Trabajo, a los contratos en formación y a todo lo que incide de una u otra forma en la siniestralidad laboral. Además, ahí está la
estrategia española de seguridad y salud.
Hablaba usted de la realidad sindical. Senador Urrutia, no se preocupe por las comunidades autónomas. La Ley Orgánica de Libertad Sindical dice que el sindicato que en una comunidad autónoma tiene 1.500
delegados y alcanza el 10 por ciento en el ámbito estatal tiene consideración de sindicato más representativo, y tiene presencia por tanto a todos los niveles.
Espero que acepte la enmienda que hemos propuesto y que sigan predominando la unanimidad
y el consenso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el asunto que debatimos hoy es complejo, efectivamente; es un asunto farragoso. Sin embargo, todos los portavoces están haciendo la misma manifestación: su
preocupación permanente por los accidentes de trabajo, por cómo evitarlos y por cómo mejorar la situación del mercado de trabajo. La verdad es que esta es una cuestión muy preocupante. Se ha interrumpido el descenso del número de accidentes, y
ahora, a finales de 2006, estamos como en 2005. Hay que ser muy rigurosos y tajantes en la aplicación de la ley. Nuestro grupo parlamentario no dudó en publicar la Ley 31/1995 cuando estaba en el Gobierno. La ordenanza laboral, de seguridad e
higiene en el trabajo, era de 1971 y se modificó en noviembre de 1995, lo que cambió la manera de actuar de muchas empresas y trabajadores.
En cuanto al debate de hoy, todos estamos de acuerdo en que la moción tiene puntos en común con la enmienda
que presenta el PSOE, puesto que el objetivo de todos es la erradicación de los accidentes de trabajo. Por supuesto, no podemos negar que la moción que ha presentado el senador Urrutia tiene fundamento, y que él se ha ocupado de traerla a la Cámara
antes que otros grupos parlamentarios. Desde luego, subirse al carro y decir sí o no a la iniciativa sobre la base de si se apoya al Gobierno o no, es legítimo, pero insisto en que las propuestas de la moción son serias y congruentes, y no son más
ni menos importantes que las que presenta el Grupo Socialista. La enmienda propone lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, mejorar la eficacia, fortalecer el papel de los agentes, desarrollar y consolidar la cultura de la
prevención, perfeccionar los sistemas de información, potenciar la formación o reforzar las instituciones. En cierto modo también es un brindis al sol, pues el Gobierno ya ha manifestado que va a modificar esta Ley de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Lo cierto es que con esta enmienda tampoco salimos de pobres, entre comillas, y a nosotros nos sigue preocupando este tema.
El portavoz socialista ha hablado de la situación de muchos accidentes de trabajo, pero debemos comprender que hay
empresas y microempresas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la moción. No es lo mismo tratar accidentes de trabajo en una empresa o gran empresa, que en una pequeña empresa que es una pyme o micro pyme, pues sus posibilidades de modificación
o de moverse en el mundo del trabajo no son las mismas, ni por los medios, ni por el asesoramiento que tienen. Primero hace falta una formación y, posteriormente, una información. De hecho, y a la vista de los datos de septiembre que ha facilitado
el Gobierno, resulta que los accidentes han aumentado progresivamente en todas las comunidades autónomas. Yo no quiero hacer un recuento aquí de qué comunidad es la mejor o la peor, pues muchas veces caemos en la estadística como un arma arrojadiza
y acabamos diciendo que la comunidad tal, en la que gobierna tal partido, o la comunidad cual, en la que gobierna el otro, hay más o menos accidentes. Lógicamente, hay accidentes en función de la situación del mercado de trabajo y de la falta de
formación de muchos trabajadores.
Señorías, tal y como recoge la enmienda del señor Urrutia así como una respuesta reciente del Gobierno, es preocupante cómo la formación de la inmigración tiene que ver en los accidentes de trabajo. Fíjense bien.
El total de accidentes de trabajo de inmigrantes en Europa ha sido de 55.903. Si nos vamos a África resulta que ha habido 18.648 accidentes y 13.400 en Marruecos. En América han tenido lugar total 21.415 accidentes, donde la gran mayoría se los
lleva América del Sur, de donde procede mucha de la inmigración que llega a este país. En concreto, ha habido 64 accidentes en América del Norte y 1.614 en América Central, que no pueden compararse con los más de 19.000 que hay en América del Sur.
¿Qué conlleva esto? Lleva a una necesidad de mayor formación, de mano de obra e, incluso, a la necesidad de formar al inmigrante que desarrolla trabajos muy duros en este país, trabajos que muchos españoles ya no quieren. Sin embargo, nos estamos
olvidando de esa formación permanente, situación que queda perfectamente matizada en la moción.
Nuestro grupo parlamentario entiende que la enmienda y la moción...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino, señoría.
... pueden ser congruentes. Vamos a apoyar la moción que el senador Urrutia ha presentado con valentía, pues entendemos que, en estos momentos, puede ser la moción más coherente con el mercado
de trabajo, sin desmejorar otras mociones. Queremos que quede muy claro en esta Cámara que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con todo aquello que signifique erradicar el accidente de trabajo y con todo aquello que signifique matizarlo.
De hecho, en la anterior legislatura tuvo lugar una Comisión Especial para la Prevención de los Riesgos Laborales que fue muy fructífera.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señorías, nuestro grupo votará la moción presentada por el señor Urrutia, y somos conscientes de que ello necesita del consenso, de la aprobación y del apoyo de todos.
Nada más, señoría.
Muchas gracias.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Senador Urrutia, entiendo que no acepta la enmienda socialista. (Asentimiento.) Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
La votamos sin la enmienda socialista, ya que el senador Urrutia no la ha aceptado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 124; en contra, 109; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLUCIONAR, DE ACUERDO CON LA COMISIÓN EUROPEA, LOS LITIGIOS PENDIENTES EN MATERIA ENERGÉTICA (S. 671/000102).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión Europea, los litigios pendientes en materia energética.
A esta moción se ha presentado una
enmienda de los grupos parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Convergència i Unió, de Coalición Canaria y Mixto.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Seguí.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, durante el pasado Pleno, con control al Gobierno, interpelé al ministro Clos sobre los cambios de política en materia energética a la vista de las últimas decisiones
adoptadas por la Comisión Europea y por el Gobierno. En dicha intervención... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, rogaría silencio. (Pausa.) Puede continuar, señoría.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que en dicha interpelación diez fueron mis preguntas y muy concretas todas ellas. Debo reconocer, señorías, que la fortuna no me acompañó, porque lo cierto es que ninguna tuvo
una mínima respuesta por parte del ministro. Inocentemente, este senador entre las diez preguntas había incluido las siguientes: ¿Ha decidido el Gobierno ya modificar el Real Decreto-Ley 4/2006, sobre ampliación de funciones de la Comisión
Nacional de la Energía, para adaptarse claramente al marco normativo comunitario y para así evitar además de la notable indignación internacional, el expediente sancionador comunitario? (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.) ¿Cree el Gobierno que basta con que E.ON esté ya satisfecha en cuanto a las condiciones de la CNE para que la Comisión Europea archive el expediente sancionador por causa de las mismas? ¿ No piensa el señor ministro que no son los
acuerdos con los interesados sino los cumplimientos de la legalidad nacional o comunitaria los que deben imperar? ¿Cree el señor ministro que toda esta actuación gubernamental, reiteradamente lamentable, nos sitúa precisamente en esa vieja Europa
que el señor presidente del Gobierno reivindicó en su día? ¿Cómo ve el Gobierno que empresas españolas ahora opten a formar parte del accionariado de las energéticas nacionales? ¿Tiene previsto el Gobierno hacer esfuerzos de aproximación con la
Unión Europea? ¿Cómo piensa el Gobierno arreglar la problemática internacional creada por esa actitud sectaria y falsamente patriótica? Y, por último, preguntaba si el Gobierno pensaba defender su forma de actuar ahora que es posible que una
compañía energética española pretenda adquirir una británica.
Fueron preguntas, señorías, que claramente implicaban una crítica de profundidad a la actitud exterior del Gobierno en materia energética. Si se había proclamado el mayor europeísmo del
mundo en la época del referéndum por el Tratado de la Unión, en fiel coherencia a su normal trayectoria política, el Gobierno había hecho todo lo contrario; es decir, una política energética patrioterista, sectaria, parcial y favorecedora de
intereses inconfesables. Ello había supuesto promulgar, en tan solo cuatro días, dos decretos-ley para impedir la entrada en la española Endesa de la alemana E.ON; y, por ende, había entrañado como consecuencia de dichos «decretazos» que la ya
nada imparcial Comisión Nacional de la Energía asumiera un importante papel en la autorización de operaciones energéticas centrado en la llamada «función 14».
Con sus flamantes facultades y su indudable parcialidad la señora Costa, presidenta de la
Comisión Nacional de la Energía, había hecho el resto: imponer una larga lista de condiciones a la alemana E.ON para el caso de que quisiera seguir adelante con su opa sobre Endesa.
El Gobierno, para mantener su parcialidad en el tema Endesa,
respecto de la cual había propugnado la operación Gas Natural por importe escandalosamente inferior, había permitido que se caldeara aún más el conflicto con Alemania, pero también con la Unión Europea, y solo para defender intereses parciales e
inconfesables se provocan dos grandes conflictos con la Unión Europea: en primer lugar, la modificación de la normativa energética en tan solo cuatro días, contraviniendo los principios de libertad de circulación de capitales, de establecimiento y
de libre competencia; y, en segundo lugar, el establecimiento de condiciones infumables a la opa de la alemana E.ON.
El desprestigio internacional en todos los ámbitos estaba servido. Hoy la modificación del Decreto-ley 4/2006 ni se plantea, toda
una muestra de respeto a la Unión Europea y a los tan valorados por el señor Zapatero principios europeístas.
Respecto a las condiciones concretas a la opa de E.ON el Gobierno, tras el escándalo, comunica que modificará la mayoría de las
condiciones; sin embargo, la expresada modificación se queda en mucho menos y lo cierto es que apenas unos pocos días después del debate de la interpelación al señor ministro, la Comisión Europea anuncia contundentemente que ya puede haber acuerdo
con E.ON, que lo cierto es que las nuevas condiciones del Gobierno también son ilegales de acuerdo con la normativa europea. En concreto, la Comisión subraya que la resolución del ministerio impone de hecho ocho nuevas condiciones que no
contemplaba la Comisión Nacional de la Energía y que todas ellas son ilegales.
Es evidente que con esta situación alguien debe decir al Gobierno que rectifique, que busque vías de entendimiento
con la Unión Europea, que trate de evitar los conflictos y los expedientes sancionadores en curso.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya su intervención, por favor.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Sí, señor presidente.
Señorías, eso es lo que hacemos hoy con esta moción, en beneficio del prestigio de España, en beneficio de nuestro prestigio internacional y, por qué no, en el propio interés del Gobierno.
Muchas
gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra uno de los senadores de alguno de los grupos que la han presentado.
¿Senador González?
El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Señor presidente, señoras y señores senadores, ante la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con el resto de los grupos de la
Cámara a excepción, evidentemente, del Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda que, aprovechando lo que en principio dice la moción del Grupo Parlamentario Popular, pretende que a la misma se le dé el marco y la amplitud de miras que
la situación merece.
El Grupo Parlamentario Popular plantea al Gobierno, concretando sus peticiones, la solución a los problemas que dicho grupo dice que existen.
Por lo que se refiere a las condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa
presentada por la sociedad E.ON sobre Endesa, al resolver el recurso presentado por la empresa alemana ante las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía, el Gobierno, por la resolución del 4 de noviembre de 2006, ha solucionado
de alguna manera el problema ya que la propia E.ON ha aceptado dichas condiciones, y así lo dice en el folleto que sobre la opa ha publicado con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 16 de noviembre.
Además, la resolución
de este expediente se ha hecho siguiendo una de las líneas fundamentales que orientan la política energética y que al mismo tiempo se configura como su principal responsabilidad en materia de energía, señor Seguí, que es garantizar la seguridad del
suministro energético en el territorio español. Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, parece por lo menos prematuro adoptar cualquier mandato en el Senado sobre esta decisión del Gobierno en tanto en cuanto no se produzcan los
pronunciamientos finales. No obstante, nosotros entendemos que esa decisión en cuanto a la opa de E.ON sobre Endesa es una decisión ajustada al derecho comunitario y compatible, por tanto, con el mercado común europeo y sus reglas de competencia.
En cuanto a la segunda petición a la que hacen referencia, la iniciativa, es decir, el procedimiento de infracción que se sigue contra el Reino de España por la aprobación del Real Decreto Ley 4/2006, en el que se modifican las funciones de la
Comisión Nacional de la Energía y la posible incompatibilidad de este real decreto ley con la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento en la Unión Europea, el Gobierno español mantiene discrepancias en la interpretación del
derecho comunitario por la Comisión Europea en este asunto como las mantienen otro muchos gobiernos. Y usted sabe, y hay que recordarlo, que estas diferencias de interpretación de las normas comunitarias son muy comunes. Basta recordar que a
finales del año 2005 el Reino de España, sin ser de los que más apercibimientos tenía, contaba con 315 procedimientos de infracción, y no es España --y quiero que quede claro aquí-- ni mucho menos, el país que más tiene. Por lo tanto, esto es algo
habitual y es normal que sea habitual porque se está andando un camino nuevo, y en este camino nuevo es normal y habitual que haya discrepancias considerables.
Por otra parte, la justificación del real decreto ha quedado patente en distintas
ocasiones en las Cortes, fundamentalmente el día 23 de marzo del presente año en el acto de convalidación que se hizo en el Congreso de los Diputados. En esa ocasión se precisó que el real decreto-ley está dirigido al cumplimiento de uno de los
principales objetivos del Estado en materia energética --un objetivo que todos debemos tener--, que es la garantía del suministro. Este objetivo de la política energética española es compartido por la política comunitaria y, en general, con
cualquier Estado con un mínimo nivel de desarrollo.
Pero llegado este punto habría que aclarar y reseñar que esta norma nace como consecuencia de las claras deficiencias --y eso lo sabe usted mejor que yo-- de la legislación anterior, es decir, de
la insuficiencia normativa derivada de la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, que regula la Comisión Nacional de la Energía, estableciendo su naturaleza jurídica, su composición y sus funciones. Usted sabe
bien que con la legislación anterior no resultaba posible examinar en todas sus facetas los efectos derivados de la adquisición del control de unas empresas por otras en el sector energético en todos los supuestos que afectan a intereses generales
de la política energética española y en particular de la seguridad pública.
Por tanto, la normativa aprobada recientemente está dirigida a permitir --y eso lo sabe usted bien-- que el organismo regulador del mercado energético, la Comisión Nacional
de la Energía, pueda verificar que las operaciones de concentración empresarial, cada vez más frecuentes en los mercados energéticos, no pongan en riesgo, en ningún caso, al suministro energético en España.
Por último, conviene aclarar...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por favor.
El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: ... que en el caso de desacuerdo entre la Comisión y un Estado miembro en la aplicación de los tratados, su normativa y desarrollo, únicamente
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la facultad de interpretar la legislación comunitaria.
Señor Seguí, debo decirle también que nosotros estamos convencidos de que, en el caso de que la Comisión Europea no adoptase una
decisión, en el curso del procedimiento de infracción abierto al Real Decreto-ley 4/2006, a la vista de los argumentos del Gobierno, que respete el espíritu de esta norma y que, en su caso, el Tribunal de Justicia fallase en contra...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya ya.
El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Concluyo enseguida, señor presidente.
... nosotros consideramos --digo-- que la capacidad de la Administración española para garantizar la seguridad del suministro quedaría considerablemente disminuida y, señor
Seguí, no creemos que sea el Senado el lugar desde donde debamos colaborar a que esto ocurra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador Rodríguez Martín.
Tiene la palabra el senador Seguí para manifestar si acepta o no la enmienda presentada.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
El senador González no nos ha hablado de la enmienda, lo que ha hecho ha sido contestar, en nombre del partido del Gobierno --no sé si la contestación obedece a los criterios del resto
de los grupos que han presentado la enmienda con él--; en todo caso, yo me voy a referir a la enmienda, y la enmienda tiene un problema. Nosotros podríamos estar básicamente de acuerdo con su contenido porque, en definitiva, dice que el Gobierno
adapte la normativa energética que afecta al mercado ibérico, en coordinación con la Comisión, a la normativa comunitaria, garantizando los intereses de los consumidores, los principios de la política energética del mercado ibérico y, de manera
particular, la seguridad del suministro.
Nosotros podríamos compartir esto; ya no tanto el tiempo verbal, porque dice: continuar adaptando la normativa, cuando lo que tiene que hacer el Gobierno es adaptarla, no continuar adaptándola. En todo
caso, esa no es la cuestión; la cuestión es --y usted, senador González no es un jovencito llegado a la política ahora mismo-- que nosotros en nuestra moción, que es consecuencia de una interpelación, hablamos de solucionar los gravísimos
conflictos en materia de energía que el Gobierno ha suscitado con la Comisión Europea y que tiene en estos momentos, que son los del Decreto-ley 4/2006, por un lado, que es un cambio de cuatro días en la legislación española en materia energética y,
por otro, las condiciones de la opa de E.ON. Nosotros hablamos, por ejemplo, del Sol, y ustedes hablan de la Luna. Nuestra moción tiene un contenido que no tiene absolutamente nada que ver con la enmienda que ustedes presentan. Si estuviéramos
hablando de otra cosa, si estuviéramos hablando únicamente de lo que plantea su enmienda, evidentemente, podríamos estar de acuerdo.
El problema es que ni la interpelación ni la moción se refieren a nada de todo esto.
Dice el senador González que
la resolución de 4 de noviembre del Gobierno ha solucionado el problema. Ya he señalado anteriormente que la Comisión dice que no, que incluso el Gobierno ha generado toda una serie de decisiones que no estaban entre las decisiones de la Comisión
Nacional de la Energía y que son contrarias a la normativa comunitaria; es decir, que en ningún momento el Gobierno, en cuanto a las condiciones de la opa de E.ON, ha solucionado el problema. El hecho de que exista un principio de acuerdo --si es
que existe-- con la empresa E.ON no quiere decir que se esté cumpliendo la normativa comunitaria, y eso el Gobierno debería saberlo y el Gobierno debería aplicarlo.
Respecto a la modificación del Real Decreto-ley 4/2006, usted, senador González, ha
hecho lo mismo que hizo el otro día el señor Clos, que no me contestó a una sola de las preguntas pero que dijo algo interesante, parlamentariamente hablando. Fue tan interesante como decir: Todo el mundo tiene pleitos, nosotros no somos quienes
más pleitos tenemos. El Gobierno español y España, en general, tienen un problema en Europa en este momento, el desprestigio enorme que ha causado la situación planteada tras la opa de E.ON e incluso el desprestigio anterior que se motivó como
consecuencia de la opa de Gas Natural sobre Endesa.
Eso, evidentemente, no es materia de un expediente sancionador más.
Evidentemente, aquí hay dos expedientes sancionadores y esto puede acabar en el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Muy bien. Pero este no es el problema, el problema es el desprestigio que nuestro país tiene.
Nuestra moción lo único que hace es decir: solucionen ustedes esto, emprendan vías de diálogo, sean ustedes lo suficientemente hábiles,
Gobierno, para abrirse a Europa, para llegar a entendimientos, para que no todo el mundo esté enfrentado con nosotros, para que todos esos principios que pregonaban ustedes sobre el europeísmo --recuerdo que fuimos los primeros que votamos la
constitución Europea--, para que todo eso pueda funcionar.
Pero no, aquí lo único que conseguimos hoy es que el Partido Socialista motive una enmienda transaccional que no tiene nada de transaccional porque en absoluto se refiere a la materia que
se plantea en la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Sí, señor presidente.
Concluyo diciendo que, evidentemente, con estos razonamientos debemos rechazar la enmienda que se nos presenta hoy.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿El senador Rodríguez Martín va a utilizar el turno en contra? (Pausa.) Disculpen, se ha producido una confusión en los nombres de los intervinientes y quiero aclararlo. El senador Arturo González, a pesar de
que se ha anunciado que iba intervenir, no lo ha hecho y en su lugar ha empleado el turno el senador Rodríguez Martín. Rectifico y pido disculpas a la Cámara por contribuir a aumentar el error inicial.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Por el Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decir que Coalición Canaria firmó la enmienda de sustitución. Ello no quiere decir, obviamente, que estemos de acuerdo con la política energética del
Gobierno, que entendemos que no es correcta.
Por lo tanto, creo que será motivo de futuras enmiendas o preguntas al Gobierno, sobre todo en lo referente a las energías renovables.
Entendemos que en este caso concreto de la opa de E.ON, hay que
intentar coordinar y continuar las conversaciones con la Comisión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el senador Macias tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Lógicamente, como grupo proponente de la enmienda que no ha sido aceptada, quiero anunciar que nosotros no podemos votar a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular por
varios motivos.
En primer lugar, porque nos parece que la pretensión va en línea con todo lo que ha acontecido con relación a las opas sobre Endesa y donde la actuación del Grupo Parlamentario Popular no ha sido precisamente ejemplar.
Evidentemente, tampoco lo ha sido la del ex ministro del ramo, que ha dejado todo hecho un lío. En cualquier caso, nos parece que no debemos sumarnos a esta moción.
Por contra, la enmienda que hemos presentado tenía, porque ha decaído, el valor de
haber sido formulada en positivo. Y nos parece que habría que esperar un tiempo, porque cuando hay un ministro nuevo siempre hay que darle algunos días de confianza, para poder hacer las cosas bien, como hemos manifestado reiteradamente.
Finalmente, quiero subrayar una cuestión que creo que el Grupo Parlamentario Popular tenía que haber compartido. De la enmienda que hemos firmado todos los grupos me gustaba especialmente la referencia a la garantía de los intereses de los
consumidores, a los principios de la política energética del mercado español y, de manera particular, la seguridad del suministro. Garantizar la seguridad del suministro es un claro mandato al ministro para que acometa de una vez por todas algo que
tiene que hacer, esto es, las interconexiones eléctricas, pero de manera especial una, que a Cataluña nos afecta de manera muy directa, aunque lógicamente beneficia al conjunto del Estado español. Nos parece que el Grupo Parlamentario Popular
hubiera hecho un buen servicio al aceptar esta enmienda.
En cualquier caso, no vamos a poder votar a su favor porque esta bronca no nos interesa, sino trabajar en positivo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
La verdad es que tenía pensado decir otras cosas de las que finalmente voy a expresar, pero las palabras finales del portavoz del Grupo Parlamentario Popular me llevan a ello, teniendo
que cambiar el discurso, que quisiera que fuera realista, porque en absoluto pretende demoler ningún argumento de las personas que no piensan como nosotros.
Realmente, nuestro grupo piensa que esta moción ni siquiera es oportuna desde el punto de
vista económico, energético o político. Es una batalla en la que está metido el Partido Popular, respetable, porque así lo quiere plantear como continuidad de su oposición y crítica, de su análisis y sus conclusiones sobre la opa de E.ON sobre
Endesa y el comportamiento del Gobierno, pero ese no es el juego de esta Cámara ni de nuestro grupo. No digan entonces que los demás estamos defendiendo una enmienda a esa moción que habla de otra cosa cuando ustedes están queriendo que los demás
entremos en un debate que no pretendemos.
Y si de verdad ustedes mantienen la defensa de una posición europeísta, yo entiendo que es poco creíble sobre todo cuando no se ha practicado en el pasado. Solamente quiero recordar dos hechos: primero,
la oposición del Gobierno del Partido Popular a tres proyectos de fusión de compañías eléctricas del Estado, y, si se hubiera producido cualquiera de los tres, estaríamos en una situación radicalmente distinta respecto a lo que significa el mercado
actual de la energía y las referencias con respecto a Europa, y posiblemente también estaría más reforzado el órgano regulador del Estado, pero también se habría avanzado en la creación de un órgano regulador europeo, que es lo verdaderamente
necesario; y, en segundo lugar, la limitación --les recuerdo-- que ustedes introdujeron respecto a la presencia y participación de empresas extranjeras en compañías eléctricas del Estado, y me refiero concretamente al caso de EHO y EDF en el caso
de Hidrocantábrico, y EDF tuvo que salir de la compañía estatal cuando su presencia era puramente testimonial.
¿Por qué después de este análisis que ustedes mismos realizan no se concluye que el Estado plantee y reclame la creación de un órgano
regulador europeo? Esa es --vuelvo a decir-- la verdadera posición europeísta. ¿Por qué no se
aplica el europeísmo a esta necesaria demanda, que sí daría credibilidad a la Comisión Europea y a una política europeísta del Estado, del Gobierno y de los partidos políticos que decimos y creemos que somos europeístas? Porque entonces
desde la propia Comisión Europea sí se podrían exigir determinadas conductas a los Estados miembros que quieren ser excesivamente nacionalistas en su comportamiento económico y energético.
Nuestro grupo --ya lo ha dicho el representante del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y yo insisto-- no apoyará iniciativas desequilibradoras en este caso, porque esto es desequilibrar.
Hoy la situación es la que es. Tenemos el órgano regulador bastante más independiente que
cuando se aprobó la ley en 1997. Desde aquel mismo momento de la aprobación de la ley nuestro grupo siempre ha reclamado --y consta en los «Diarios de Sesiones» del Congreso de los Diputados y del Senado-- un órgano independiente. Entonces ustedes
no lo quisieron; el Partido Socialista tampoco lo ha querido, pero la fuerza de los acontecimientos ha hecho que la Comisión Nacional --reconozcámoslo o no-- sea hoy día más independiente que entonces. Existe un órgano regulador y existe también
una escasa y limitada coordinación entre los Estados miembros y los órganos reguladores de los Estados miembros.
Como consecuencia de todo esto, hoy no tenemos un mercado único, no tenemos una buena interconexión energética. Tenemos un mercado
regulado --eso es cierto-- que se practica dentro de los Estados, y ojalá se produzca en la península Ibérica ya que cada vez sería más importante y necesario dentro de lo que se llama el mercado ibérico.
De su moción se deriva, sin embargo, que no
se garantiza o, por lo menos, se debilita a este órgano regulador y a esta política reguladora, que creemos hoy por hoy que debe existir.
Nuestro grupo no apoya su análisis y conclusiones sobre la solución a la opa de E.ON sobre Endesa. No estamos
en esa guerra. Tampoco significa que estemos de acuerdo con el Gobierno. Consideramos que se debe reforzar al ente regulador y reforzar sobre todo, insisto, su independencia.
Consideramos que los objetivos son reforzar el mercado ibérico, las
interconexiones, la seguridad de suministro, la presencia e influencia en un mercado europeo de la energía. El resto son debates que pueden ser interesantes pero que realmente, en el momento actual, resultan estériles cuando lo importante es
debatir sobre tarifas para el ciudadano y sobre garantía de suministro para un invierno que hasta ahora ha sido cálido, pero puede ser muy crudo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Elices.
La señora ELICES MARCOS: Muchas gracias, señor presidente.
Después de la brillante intervención del compañero Albistur, pocas cosas me quedan que decirle, señor Seguí.
Intervengo en nombre de mi grupo, la Entesa Catalana de Progrés, para
posicionar nuestro voto en relación con la moción que hoy nos ocupa.
Una vez más nos hemos visto abocados a volver a hablar en esta Cámara sobre política en materia energética. Los cambios que se están produciendo en esta materia y la visible
obsesión de nuestro compañero de Cámara, el señor Seguí, hacen posible que volvamos otra vez a hablar sobre las opas. Sería objetivo pedir que el Gobierno hiciera todo lo posible y lo imposible por garantizar la seguridad del suministro y los
intereses de los consumidores, y con esto y para esto desde esta Cámara habríamos de apoyar unánimemente al Gobierno, pero muchas veces ya vemos que no es así. Consideramos que precisamente este principio de garantizar la seguridad del suministro
ha sido lo que ha llevado al Gobierno a resolver el recurso presentado por la empresa alemana E.ON ante las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Energía y es, pues, desde nuestro puesto de vista, esta solución la que se habría de haber
adoptado y la que evidentemente el Gobierno ha adoptado.
En estos momentos, como muy bien sabe el señor Seguí, la Comisión Europea y el Gobierno español están estudiando conjuntamente su compatibilidad con el Derecho Comunitario y, así las cosas,
parece totalmente fuera de lugar que aquí y hoy se pueda concretar cualquier mandato del Senado sobre esta decisión del Gobierno en tanto en cuanto con el Mercado Común Europeo y sus reglas de competencia no tenemos nosotros la competencia para
decirlo, sino que son precisamente el Gobierno y la Comisión Europea los que están estudiándolo.
En cuanto a la segunda decisión a la que hace referencia la moción, es decir, el procedimiento de infracción que se sigue contra España por la
aprobación del Real Decreto-ley 4/2006, por el que se modifica las funciones de la Comisión Nacional de Energía, y la posible incompatibilidad de este Real Decreto-ley con la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento de una
Unión Europea, el Gobierno español ha de mantener discrepancias en la interpretación del Derecho Comunitario con la Comunidad Europea en este asunto puesto que cada uno está pensando de una manera, señor Seguí, y, por otra parte, no hay que olvidar
lo que ocurre a diario con la Comunidad Europea, y es que cada país intenta defender lo suyo y lo que cree más justo para su territorio.
Tengo que mencionarle aquí unas cifras que me parecen meritorias de consideración, puesto que parece que España
y otros países miembros no tuvieran con la Comunidad Europea ningún otro procedimiento de infracción más que este, que ustedes traen aquí cada día y que parece que fuera el súmmum. Ya lo ha recordado el senador portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista: la Comunidad Europea a finales de 2005 tenía un total de 315 infracciones abiertas y, por supuesto, España no es el que más infracciones abiertas tiene.
Por tanto, mi grupo cree que el real decreto-ley ha sido una modificación de la
norma completamente adaptada a
los nuevos tiempos. La norma que venía de 1988 no garantizaba en absoluto la seguridad pública a la hora de permitir la adquisición del control de unas empresas por otras en el sector eléctrico y no garantizaba que en estas adquisiciones se
tuviera en cuenta los intereses generales de la política energética española y, como he dicho antes, de la seguridad pública.
Por todo lo expuesto, consideramos que lo más conveniente que podemos hacer en estos momentos desde esta Cámara es apoyar
la acción del Gobierno para garantizar la seguridad del suministro energético.
Esperamos y deseamos que el contencioso abierto con a Unión Europea sea ganado por nuestro país y, por supuesto, esperemos más que lo gane nuestro país a que lo gane
una empresa alemana, que sé que es lo que está pensando en estos momentos el señor Seguí y que por eso lo ha traído aquí.
Apoyaremos desde mi grupo las acciones del Gobierno en relación con este contencioso abierto con la Comunidad Europea y
apoyaremos siempre a cualquier Gobierno que haya en España frente a cualquier empresa, sea alemana o de otro país. Nos interesan más las acciones que puede hacer el Gobierno que no cualquier otra empresa.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador don Francisco Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor Seguí, con su apellido yo no voy a tener nunca el problema que usted ha tenido con el mío, entre otras cosas porque, como le decía esta mañana, tiene usted el apellido de un
histórico dirigente del anarcosindicalismo catalán, Salvador Seguí, llamado el «Noi del Sucre», que fue --me parece recordar-- asesinado por los pistoleros de la patronal catalana en aquella época. Por eso, va a ser imposible que se me olvide su
apellido porque esa historia la conozco bastante bien. Entiendo perfectamente que entre lo que ha dicho el presidente y que mi apellido es de lo más común se pueda confundir.
Señor Seguí, usted ha dicho que no le he hablado de la enmienda. Señor
Seguí, le he dicho que con la enmienda intentamos entrar en el camino de la solución que de verdad se necesita con la altura de miras que la situación requiere. A buen entendedor, con pocas palabras basta.
Significa que estamos totalmente en
desacuerdo con la moción que ustedes han presentado por las razones que le he expuesto y le han expuesto otros compañeros en sus intervenciones. Ustedes hablan, en primer lugar, de un problema que, en principio, se ha resuelto mediante una
resolución que la empresa afectada ha aceptado y que está pendiente de una resolución, pues cuando venga la resolución hablaremos.
Y después está el real decreto-ley que ustedes siguen insistiendo, en que es ilegal, porque dicen que solucionemos,
pero estando como está puede estar en vías de solución, porque la Comisión ha hecho un requerimiento, el Gobierno ha contestado y se está pendiente de la resolución de la Comisión en relación con la explicación del Gobierno y, además, en última
instancia, quedaría siempre la solución de los tribunales. Y si usted insta al Gobierno a que lo solucione de la manera que lo hace en la enmienda, lo que le está pidiendo al Gobierno es que haga lo que la Comisión dice sin entrar a discutir nada.
Y eso no estamos dispuestos a hacerlo porque hay algo que prima sobre todo en nuestras actuaciones --y creo que lo ha dicho el señor Albistur-- y por eso nos ha sorprendido que ustedes no se adhieran a la enmienda, me refiero a la garantía del
suministro, la garantía de los consumidores, que puede estar en peligro si el Gobierno no tiene una intervención respetando todo lo que haya que respetar dentro del derecho europeo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por otra parte, es
importante recordarle y precisarle que algunos de los litigios pendientes en materia energética deriva de decisiones mantenidas o tomadas por el Gobierno popular. ¿Le recuerdo lo de la acción de oro, señor Seguí? La acción de oro ha sido algo que
durante ocho años ha creado problemas y ha sido este Gobierno el que lo ha tenido que solucionar. Otro caso es el de la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 55/1999, que limita los derechos de voto que las sociedades de titularidad
pública pueden tener como accionistas en las compañías presentes en el sector energético. Esta norma ha sido también contestada por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en abril de 2006.
Por otra parte, usted
insiste en que el Gobierno solucione problemas y yo en decirle que unos están prácticamente solucionados y que con los otros no se trata de llegar a acuerdos en solitario, sino de discutir y luchar por lo que uno cree que debe de luchar.
No quiero
cansar más. Para terminar les diré que nosotros estamos defendiendo, con la aplicación del principio de libre circulación de capitales, el derecho de libre establecimiento previsto en el Tratado, sin renunciar, como no puede ser de otra forma, a la
defensa de determinados intereses generales de los ciudadanos españoles prevista expresamente por la propia normativa comunitaria.
Por último, señor Seguí, esté usted tranquilo, pues el prestigio de España en Europa ahora está a salvo y no lo
estaba cuando ustedes gobernaban.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Seguí.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, el senador Rodríguez es el senador Rodríguez y no es el senador González. Eso se lo reconocemos aquí. Es lo único que le podemos reconocer hoy al senador Rodríguez, que se
llama Rodríguez.
Ustedes dicen que todo el mundo tiene problemas con la Unión Europea.
Pues será así. No creo que haya ningún país en estos momentos que tenga un problema con la Unión Europea que consista en haber hecho la trampa de hacer una
ley, porque un real decreto ley convalidado es
una ley, en cuatro días para cambiar las reglas del juego en materia de esta opa. Eso no es cualquier cosa. Eso motiva a que luego por esa vía se cometa la segunda arbitrariedad que son las condiciones de la opa de E.ON. Esta no es
cualquier actitud.
No es un conflictillo más con la Unión Europea. En todo caso están ustedes muy equivocados, senador Albistur y el senador Rodríguez, cuando dicen que, en definitiva, hay un problema que hay que solucionar y que éste es el
problema energético y no el problema que tiene España con la Unión Europea. Evidentemente hay que solucionar todos los problemas de suministro. Hay que solucionar todo el tema de la interconexión. Hay que solucionar los temas de tarifas. Hay que
solucionarlo todo porque el Gobierno no ha hecho nada, pero hay que solucionar también el problema internacional que tenemos en estos momentos como consecuencia de la actitud absolutamente sectaria, partidista, interesada que ha tenido el Gobierno
con todo esto.
Y no es una actitud desafortunada --como dice el senador Macias-- la que tenemos nosotros al criticar esto. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo el Partido Popular es hacer la oposición que, por ejemplo,
Convergència i Unió sorprendentemente no hace ni en éste ni en otros temas. Nos sorprende muchísimo que no lo haga, pero en todo caso ese será su problema y no el nuestro. Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar las situaciones que
realmente nos preocupan y que realmente hacen que este país tenga un desprestigio internacional.
¿Y qué es lo que se nos crítica de nuestra moción si únicamente estamos diciendo que se inste al Gobierno a que solucione sus problemas? Nada más que
esto. Esta es una solución propuesta por el Partido Popular. Dice usted que el Partido Popular trata de proponer su propia solución.
Estamos diciendo que solucionen el problema y ustedes ni esto quieren aceptar. Esta sí que es una actitud
absolutamente sectaria por parte del Partido Socialista.
El Gobierno del Partido Popular evidentemente tuvo problemas con la Comisión Europea, pero no tuvo las advertencias que ha tenido ahora de las consecuencias públicas que han tenido ahora
todas las actuaciones que está haciendo la Comisión Europea en contra del Gobierno español como consecuencia de todo el tema de las opas. En absoluto hubo ningún problema en este sentido, y de las tres operaciones que señala el senador Albistur
ninguna de ellas tuvo las advertencias que está teniendo el Gobierno español con la operación de la opa de E.ON y con toda la situación energética que se ha planteado en estos momentos.
Senadora Elices, fantástico, otra vez hablamos de política
energética y ese es su gran argumento. Nos lamentamos de que hablemos de política energética, pero, senadora Elices, hablaremos hoy y cuantas veces haga falta mientras este Gobierno no haga las cosas bien en España y con Europa. Fantástico el
argumento de que el pleito lo gane España. Esto no es un partido de fútbol, senadora Elices y usted lo sabe, España tiene que ganar si realmente tiene la razón, si realmente nos estamos ajustando al derecho comunitario, si realmente somos lo
europeístas que ustedes dicen que son. Esto no es un partido de fútbol, senadora Elices.
En definitiva, hoy hemos vuelto a intentar que esta Cámara diga al Gobierno que lo está haciendo mal, que el cambio de ministro no ha supuesto un cambio de
actitud, porque la resolución en relación a las condiciones de la opa de E.ON ya la ha hecho este nuevo ministro y ya ha vuelto a haber una advertencia por parte de la Comisión Europea. No ha cambiado la actitud, el Gobierno sigue siendo el mismo,
el que se salta la legislación europea, el que actúa arbitrariamente, el que se cree que solo el Gobierno español debe intervenir en estas materias. No es así, y debemos decírselo, esperemos que impere la responsabilidad y que ya que hemos
rechazado la enmienda, el resto de grupos apoye nuestra moción, que es una moción sensata y en absoluto partidista.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Repito, es una moción sensata y que le conviene y mucho a nuestro Gobierno español darle oportuno cumplimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión Europea, los litigios pendientes en materia
energética.
Se vota la moción tal cual en la medida en que no ha sido aceptada la enmienda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 121; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD QUE SE DERIVAN DE LA LLEGADA DE INMIGRANTES
IRREGULARES (S. 671/000103).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las necesidades de atención sanitaria y
protección de la salud que se derivan de la llegada de inmigrantes irregulares.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y del Grupo Mixto, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Román Jasanada.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor presidente.
Es evidente que el fenómeno de la inmigración y su incremento en nuestro país está afectando a los españoles, y lo digo porque los servicios que presta la Administración no son únicamente
para los españoles sino para cualquier persona que resida en nuestro país.
La política errática y errónea del Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia de inmigración ha creado tensión en muchos puntos del territorio español en diferentes aspectos,
por ejemplo, respecto a cómo llegan a nuestro país, a cómo son atendidos y a las circunstancias que rodean su estancia en España. Este es un hecho que no debe pasarse por alto en la sanidad y que es necesario afrontar.
Estos inmigrantes utilizan,
acuden y son atendidos por los servicios sanitarios en los diferentes hospitales, y este incremento de la atención sanitaria hace que en ocasiones determinados servicios puedan verse colapsados por un aumento de la demanda.
Hace poco formulé una
interpelación a la señora ministra con varios objetivos: por una parte, ofrecer la visión que debe tener el Estado, el Gobierno central, sobre un problema que no deben afrontar únicamente las comunidades autónomas y, por otra, conocer la respuesta,
desde el punto de vista sanitario, a diferentes preguntas que abordaban este problema de forma global.
Pero, señorías, mi decepción fue grande cuando vi que se quedaban sin contestar muchas de mis preguntas. Eran preguntas que hacían referencia a
diferentes aspectos, por ejemplo, a los protocolos de actuación en la atención sanitaria a las personas inmigrantes; a los resultados que se obtenían en estos protocolos; a la prevalencia de determinadas enfermedades emergentes y reemergentes en
inmigrantes, concretamente la tuberculosis; a cuántos inmigrantes eran atendidos bien en función de la Ley 4/2002 o bien por poseer una tarjeta sanitaria a la que accedían a través del empadronamiento; al gasto diferenciado por la forma de acceso
a los servicios sanitarios; y a la situación sanitaria de las personas que atienden a la población inmigrante.
Señorías, vuelvo a decir que me sentí decepcionado con la falta de respuesta de la ministra. Es cierto que ayer, en su comparecencia en
comisión, contestó algunas preguntas que entonces se quedaron en el aire, bien porque la ministra no disponía de los datos, bien porque los desconocía o simplemente porque no sabía de sanidad e inmigración, pero insisto en que han quedado muchas en
el aire.
Por este motivo, mi grupo presenta una moción que insta al Gobierno, por una parte, a analizar la presión inmigratoria en las comunidades autónomas con vistas a incrementar los recursos humanos y materiales en atención sanitaria; a
conocer el número de inmigrantes que hacen uso de las prestaciones sanitarias para colaborar en la financiación sanitaria con las comunidades autónomas; a potenciar la red de investigación epidemiológica para poder actuar ante las enfermedades
emergentes y reemergentes; a elaborar nuevas estrategias para abordar estas enfermedades, en concreto la tuberculosis, que ayer reconoció por fin la ministra que ya era una evidencia que está aumentando en nuestro país, pues en preguntas anteriores
siempre se negó a confirmar este dato.
Cuando contestaba a mis preguntas, siempre se resistía a aceptar este dato, que era evidente. También se insta a potenciar la formación continua de los profesionales para que puedan abordar con más
conocimiento estos nuevos retos sanitarios; a potenciar programas de vacunación tanto para los niños y jóvenes que no hayan sido vacunados en sus países, como para los que hayan sido vacunados según un calendario diferente del español, de forma que
se los reclute para que reciban una nueva vacunación; por último, a educar para la salud a todas estas personas que vienen a España, con el fin de que este asunto no se convierta en un problema de salud pública.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor ROMÁN JASANADA: Se trata de prevenir un problema potencial de salud.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Loroño, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en representación de los grupos que suscriben una misma enmienda.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Mixto --por iniciativa del senador Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego-- y el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al que pertenezco, han suscrito una enmienda a la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que ha defendido en su nombre el senador Jasanada.
La
enmienda tiene por objeto la inclusión en el texto de una serie de matices que lo complementen y mejoren, dado que todos estamos de acuerdo en que nos encontramos ante un reto: la inmigración. La situación de los inmigrantes es totalmente distinta
según sea su situación administrativa: pueden ser inmigrantes regulares, con permiso de residencia y permiso de trabajo, o pueden haber llegado a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y para la familia que ha quedado en su
país de origen o tratando de acceder a la Unión Europea a través de nuestro país.
Desde noviembre, en que se presentó la interpelación, hasta ayer, durante la comparecencia de la ministra de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Consumo, hemos
hablado mucho sobre este tema, y todos los portavoces han manifestado su preocupación al respecto. Todos quieren mejorar la situación y evitar alarmas innecesarias en la salud pública, que se han producido a veces por transmitir a la opinión
pública aspectos desenfocados.
Hay que dejar claro que los inmigrantes no son un peligro para la salud pública del Estado ni para la de ninguna comunidad autónoma. Tienen sus problemas en materia de salud, derivados, muchas veces, incluso de sus condiciones de llegada, y
otras de aquellas en las que viven en nuestro país, sobre todo quienes están en situación irregular.
Pero la verdad es que en el ánimo de los grupos parlamentarios que presentan esta enmienda está incidir, respecto del primer punto de la moción, en
el hecho de que es importante poner de manifiesto cuál es la presión migratoria que soportan las comunidades autónomas y cuál es el correspondiente incremento de recursos, tanto humanos como materiales, que estas precisan para abordar con garantías
la atención sanitaria en condiciones de igualdad en cuanto al acceso a los servicios sanitarios.
En segundo lugar, nuestra enmienda plantea una modificación del tercer punto de la moción según la cual, aparte de potenciar la red de investigación
epidemiológica, consideramos también importante que se sistematice una recogida de información, tanto asistencial como hospitalaria, diferenciada para un mejor conocimiento de la incidencia que esta presión migratoria está ejerciendo en el gasto
sanitario.
Por otro lado, y en relación con el punto sexto de dicha moción consecuencia de interpelación, entendemos que el Gobierno debe establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, pautas y protocolos de vacunación de la población
inmigrante infantil e incluso juvenil, y no solo para quienes, en su país, cuenten con un sistema de vacunación distinto al nuestro, sino para quienes no hayan seguido ningún programa en su país de origen.
Por último, y con ello concluyo,
entendemos que también hay que hablar de sanidad exterior, dotándola de los recursos humanos y materiales que precisa para ejercer las funciones que tiene atribuidas.
Esta es, señorías, la enmienda que conjuntamente presentamos los grupos
parlamentarios que he mencionado anteriormente y que sometemos a la consideración del grupo proponente de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Bethencourt.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.
Consideramos que la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular es totalmente improcedente, innecesaria e incluso confusa, pues están mezclando a los inmigrantes irregulares
con los regulares. Creo que en la interpelación de la ministra quedó claro que no es debido a los inmigrantes por lo que existe un problema de salud pública, ni tampoco se puede afirmar que exista un problema de asistencia generalizado como
consecuencia de la llegada de la población inmigrante.
El Grupo Parlamentario Popular, como ya hizo en el trámite de la interpelación, pretende despertar la alarma social respecto de este tema, algo que demuestra una grave irresponsabilidad por su
parte. Se está utilizando a los inmigrantes para atacar al Gobierno, haciendo creer a la población que hay carencias en la prevención y tratamiento de sus posibles enfermedades. Es como si el Grupo Parlamentario Popular utilizara la salud de los
inmigrantes para sembrar dudas sobre una actuación que consideramos muy correcta por parte del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas respecto de este asunto.
Como ya se ha dicho, la red de vigilancia epidemiológica está haciendo,
por un lado, un seguimiento muy riguroso de la evolución de enfermedades como el sida, la tuberculosis o el paludismo, y por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo está elaborando un estudio sobre inmigración y salud pública, así como sobre
posibles enfermedades infecciosas importadas, manteniendo un sistema de vigilancia de la salud pública, que es una de las cuestiones que plantea la moción y que nos parece absolutamente innecesaria, puesto que se está haciendo perfectamente.
Además, se establece, a través del plan de calidad, acciones específicas para los inmigrantes, así como una acción concreta en Ceuta y Melilla.
Nos enfrentamos realmente a una tragedia humana y a una situación sanitaria compleja, pero no se puede
hacer responsable a la población inmigrante, como pretende el Grupo Popular, de crear problemas en la salud pública o en la economía del país, puesto que todos sabemos que los recursos sanitarios que consumen los ciudadanos españoles son el doble de
lo que consume normalmente un inmigrante. Hay que tener en cuenta que la edad más frecuente de los inmigrantes es menor a los 45 años, y a esa edad el consumo de recursos sanitarios es la mitad de un español de la misma edad.
La moción del Grupo
Parlamentario Popular mantiene los mismos planteamientos sesgados que en la interpelación. Están muy equivocados.
Los fundamentos son erróneos y se mezclan cuestiones que no son reales.
Además, hay que tener en cuenta que la asistencia
sanitaria que hoy reciben los inmigrantes se estableció en una ley aprobada por el Grupo Parlamentario Popular. Ya han tenido tiempo de corregirla o de modificarla y, sin embargo, no lo han hecho. Por lo tanto, se contradicen con la moción que hoy
presentan aquí.
Queremos recordar que todos los residentes que viven en España poseen los mismos derechos y obligaciones que los españoles. Los inmigrantes legales pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social y, por lo tanto, gozan de los mismos
derechos sanitarios que los demás ciudadanos. Sin embargo, también los inmigrantes irregulares tienen derecho a esta asistencia sanitaria. Desde luego, el Gobierno sigue muy de cerca las posibles patologías.
Por todas estas razones hemos
presentado una enmienda en la que, desde la necesidad de consenso, valoramos la gestión del Gobierno, pero profundizamos en ello, pidiendo que se incremente toda la labor que hace el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las
comunidades autónomas. Los inmigrantes son trabajadores que aportan riquezas y, como hemos dicho, su consumo sanitario es menor que el de la población general. En cualquier
caso, es conveniente y necesario que las comunidades autónomas aumenten sus servicios, pero porque aumenta la población, no porque esta población sea inmigrante. Además, las comunidades autónomas están recibiendo del Estado suficientes
recursos para ello.
Nosotros hemos presentado una enmienda para que, de acuerdo con la coordinación del Gobierno y las comunidades autónomas, se realicen los estudios necesarios sobre las enfermedades en la inmigración, se aumente la colaboración,
se prosiga con la formación de todos los profesionales que atienden a estos inmigrantes, ...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine, por favor.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: ... se potencien los programas de captación y que continúen todas las campañas.
Por lo tanto, nosotros proponemos esta enmienda, y esperamos que el Grupo Parlamentario Popular nos diga si la acepta o no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de exponer, tiene la palabra el senador Román Jasanada, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ROMÁN JASANADA: Muchas gracias, señor presidente.
Comenzaré por la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, presentada por el senador González Bethencourt. No voy a aceptar su enmienda.
Ustedes dicen que todo se está
haciendo de manera correcta, lo cual es una afirmación carente de cualquier tipo de autocrítica o de ambición. En la moción consecuencia de interpelación que presentó mi grupo se abordaban temas de información sobre el número de inmigrantes --bien
en virtud de la Ley 4/2002, o en virtud de que tienen tarjeta sanitaria a pesar de su condición de inmigrantes irregulares--, pues hacen uso del sistema y es necesario saber cuantificar cuántos inmigrantes están haciendo uso de ello de una manera u
otra.
Cuando le hablo de potenciar la investigación epidemiológica, usted no toca este tema. Igualmente, cuando le hablo de estrategias para abordar enfermedades emergentes, usted parece hablar como si ya se estuviera haciendo todo en este
sentido. Usted tampoco hace ninguna referencia en su enmienda al asunto de la formación continuada de profesionales en enfermedades emergentes. En cuanto a la vacunación, según se deriva de su enmienda, parece que ya se está haciendo todo, por no
hablar de los programas de educación para la salud de los inmigrantes. Por tanto, como veo que su enmienda está carente de cualquier ambición, pues se instala en un conformismo que no debe presidir la actuación de los políticos en materia
sanitaria, no puedo aceptarla.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió, y el senador del Bloque Nacionalista Galego, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, me parece correcta su
aportación, en algunos casos porque mejoran el estilo, en otras cuestiones porque hacen aportaciones necesarias y que aumentan el valor de esta moción abordando de forma global este problema, en concreto en lo que hace referencia a reforzar la
estructura de la sanidad exterior.
Porque considero que es una enmienda positiva, que enriquece y que está en el tono constructivo por el que casi todos los grupos políticos han preguntado, han interpelado o han presentado iniciativas relativas a
sanidad e inmigración, voy a aceptar esta enmienda, que contará con el voto favorable del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? Tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar que vamos a apoyar el acuerdo existente entre la mayor parte de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular
presenta una moción consecuencia de interpelación sobre un tema motivo de preocupación para todos los grupos parlamentarios, lo que significa que es motivo de preocupación para toda la población en general.
Ayer mismo, la ministra de Sanidad, la
señora Salgado, compareció en la Comisión de Sanidad a petición de mi grupo parlamentario. Tal como ha explicado el senador Román, durante la comparecencia quedó claro que el problema de la inmigración es un problema complejo, no creo que nadie lo
dude y menos los profesionales sanitarios, que conocen bien y de primera mano la saturación de los servicios, la incomunicación y en muchas ocasiones la existencia de enfermedades nuevas para ellos, procedentes de distintos países y traídas por
estos emigrantes.
Debo decir que en su intervención la señora ministra nos tranquilizó relativamente. No sé si el senador González Bethencourt no se enteró de lo que dijo o no estaba. Por primera vez la vimos sabedora y concienciada del problema,
es más, dispuesta a tomar iniciativas, aunque no coincidimos con su visión optimista. Por ejemplo, los datos estadísticos que presentó y que hoy reflejan los medios de comunicación son fruto de una estadística interesada, pero entendemos que con
ellos lo que pretendía la señora ministra era tranquilizar a la mayoría de la población, no a nosotros. Comparar distintos grupos de población no es de recibo y menos en sanidad, por lo tanto, la estadística no sirve.
Algunas respuestas fueron
provocadas --estamos de acuerdo-- por la comparecencia, pero no nos importa, porque
sus iniciativas, al menos las que presentó, son muy interesantes.
Por ejemplo, la elaboración por el ministerio, a través de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de un estudio sobre
inmigración y salud pública y enfermedades infecciosas importadas que permita conocer la actual situación y examinar si nos encontramos en situación de riesgo, y estas son sus propias palabras. La colaboración del ministerio y las comunidades
autónomas para el mantenimiento de un sistema de vigilancia de salud pública y mecanismos para detectar, si lo hubiese, un problema específicamente relacionado con la inmigración. La existencia de un protocolo para la reflexión y atención sanitaria
de extranjeros por parte de la Cruz Roja, protocolo y resultados que deberían ser transmitidos --así se lo pedimos--, para su conocimiento a los centros sanitarios de posterior recepción de estos inmigrantes, cosa que no ocurre en la actualidad,
puesto que en una respuesta dada por el mismo ministerio al senador Badia, con fecha 28 de noviembre, el ministerio se limitaba a responder que a partir de enero de 2002 la gestión de la asistencia sanitaria estaba traspasada a las comunidades
autónomas. Nada más.
En sanidad exterior la misma ministra no recordó que hubo un incremento económico desde el mes de febrero para una atención al público, inspección fronteriza, vacunación internacional y control higiénico y sanitario, suponemos
que provocado por la crisis de la gripe aviar.
Anunció la previsión, colaboración y adaptación a un reglamento sanitario internacional a nivel europeo, que puede resultar muy interesante, y unas líneas prioritarias en apoyo a los inmigrantes que,
si se cumplen, aplaudiremos y apoyaremos si es necesario.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha elaborado un plan estratégico de ciudadanía e integración para los años 2006-2009, que contiene propuestas para mejorar la atención de la
salud. Se comprometió a hacer llegar a la comisión un aumento de la formación de los profesionales, relacionar los distintos sistemas de información que miden los resultados en salud con la demanda y la utilización de servicios sanitarios de
urgencias y hospitalización, reconociendo que faltaba información sobre estas cuestiones.
Por lo que se refiere a la tuberculosis, he de decir que es un problema que nos preocupa profundamente por su fácil extensión a nuestra población y muy
especialmente a los grupos marginados de nuestra sociedad, ya que las condiciones socioeconómicas influyen muchísimo en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta que se transmite directamente de persona a persona y, tal como quedó claro en la
intervención de la señora ministra, se ha producido un aumento de los casos detectados; como es evidente no todos ellos corresponden a inmigrantes, sino que precisamente se detecta que ha habido un rebrote de la tuberculosis en todos, en ellos y en
nosotros, debido precisamente a su transmisión.
Si bien es cierto que todas las comunidades autónomas tienen planes de control de la tuberculosis, doña Elena Salgado anunció la puesta en marcha de una actuación coordinada a nivel estatal para esta
patología, tanto por lo que se refiere a su diagnóstico como a su tratamiento y seguimiento. La erradicación de la tuberculosis solamente se consigue si el tratamiento --de seis a nueve meses como mínimo--, se realiza permanentemente y sin
interrupción. Londres, a finales de los años setenta, logró prácticamente su desaparición gracias a los asistentes sociales y no con mejores terapias.
A pesar de estar de acuerdo con la moción del Partido Popular, como ha explicado perfectamente
la senadora Loroño, hemos presentado una enmienda porque, desde nuestro punto de vista, la moción es insuficiente; enmienda que ha aceptado el senador Román.
Señor presidente, permítame que antes de acabar mi intervención recoja públicamente el
guante lanzado ayer por el senador Espasa, al final de la comisión, al presentar una propuesta consistente en habilitar un fondo específico para asegurar que los incrementos de hecho se convirtiesen en incrementos de derecho para las comunidades
autónomas; si recojo hoy su propuesta es porque ayer no tuve ocasión de decírselo, debido precisamente al anuncio de su marcha. Vamos a hacer lo posible para que Convergència i Unió presente una moción en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Además, quiero expresar públicamente mi respeto hacia un político coherente, dialogante, un gran conocedor de nuestro sistema sanitario, que ha sido un apoyo para mi grupo parlamentario en muchas ocasiones.
Quiero expresar mi sentimiento por su marcha, deseándole todo lo mejor fuera de estos muros, tanto personal como políticamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde mi escaño, en primer lugar, para agradecer al Grupo Parlamentario Popular y a su portavoz, el senador Román, la aceptación de la enmienda que hemos presentado y
suscrito distintos grupos parlamentarios, con ánimo constructivo y con el fin de mejorar su moción consecuencia de interpelación.
Se ha comentado que esta moción es improcedente pero, desde mi punto de vista y como portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, no me lo parece por una razón muy sencilla: si lo fuera, no estaríamos debatiendo en esta Cámara esta cuestión que ha sido objeto de preguntas en las sesiones de control, de mociones, de la interpelación que ha
dado pie a esta moción y de la comparecencia de la señora ministra en el seno de la Comisión de Sanidad que se celebró ayer mismo, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Lo cierto es que está muy claro, o al
menos así lo interpreta mi grupo parlamentario, que en la moción consecuencia
de interpelación se establece una distinción entre las distintas situaciones que puedan originar los inmigrantes que se encuentran en nuestro país y en las distintas comunidades autónomas, dependiendo de los puntos de partida de cada uno de
ellos, de sus circunstancias personales, que difieren sustancialmente, así como de los mecanismos que han utilizado para llegar a nuestro país. Eso hace que unos estén en situación regular administrativamente hablando, y otros en situación
irregular, pero eso no impide ni debe impedir, que a esas personas se les atienda en el ámbito sanitario cuando tengan problemas de salud y requieran atención. De hecho, en las comunidades autónomas así se está haciendo. Es más, diría que en este
caso no es solo responsabilidad de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, sino que se trata de que estas trabajen conjuntamente y de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad para abordar este
reto con garantía, calidad y eficacia. Desde la perspectiva sanitaria también quedó patente ayer, y en este caso manifiesto la opinión de mi grupo parlamentario, que los inmigrantes no son un peligro para la salud pública. Tienen problemas
sanitarios, y tienen problemas de salud iguales a los que podemos tener cualquiera de nosotros. Lo que sí debemos tener en cuenta es que hay una serie de patologías emergentes que necesitan un mayor control desde el punto de vista sanitario, y
entiendo que en ese aspecto de alguna forma hemos bajado la guardia. En ese sentido, me refiero a dos cuestiones que se han suscitado a lo largo de este debate: la tuberculosis respiratoria y el VIH o sida. Ayer la propia ministra hacía
referencia a estas cuestiones, e incluso iba más allá de lo que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista plantea en estos momentos ante esta Cámara.
A este respecto, quisiera terminar diciendo que nos preocupa la entrada de inmigrantes en
nuestro país por las distintas vías de acceso que en estos momentos tienen, pero quizás los más controlados desde el punto de vista sanitario sean precisamente los que llegan en pateras o en cayucos. Y tenemos un reto importante respecto de los que
cruzan nuestras fronteras, como bien decía ayer la señora ministra, con un visado de turista y se quedan en nuestro país tratando de mejorar sus condiciones de vida. Por tanto, y concluyo, creo que es importante reforzar la sanidad exterior y
promover todos aquellos mecanismos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pongan en marcha conjuntamente tanto para la prevención como para la información y educación en la salud teniendo en cuenta la multiculturalidad de los
inmigrantes y la formación de los profesionales, que son claves, sin olvidar la perspectiva de género que debemos tener de esta situación y del problema de la inmigración en general pr los problemas subyacentes en esta materia.
Señorías, por mi
parte, nada más. Muchas gracias. Este grupo parlamentario va a apoyar esta moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda anunciada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Tanto ayer en la Comisión de Sanidad, como hoy en el debate de las mociones, ha quedado claro un principio de acuerdo entre todos los grupos y el ministerio. Los inmigrantes no son ni
van a ser un peligro para la salud de los españoles y para la salud pública española. Pero los inmigrantes son unos normales y grandes consumidores de recursos y de tiempo sanitario, y este segundo aspecto, el consumo de recursos y de tiempo
sanitario, debe ser atendido adecuadamente en la nueva situación.
Es sorprendente, y me duele, porque seguramente, como les diré al final, esta sea mi última intervención, ver que en una cuestión tan importante como la del reto que representa la
inmigración en España no se puede llegar al consenso que se planteaba en las enmiendas y la moción.
Nosotros votaremos con el Grupo Parlamentario Socialista, y lo haremos más por solidaridad con el Grupo o que por estar de acuerdo con el resultado
final político que va a tener este asunto tras la votación. Va a resultar ganadora la moción del Grupo Parlamentario Popular, que me parece que se acerca más a la realidad que la posición que el Gobierno parece que ha impuesto al Grupo
Parlamentario Socialista.
Son gajes del oficio, las cosas son como son, y no quería dejar pasar esta ocasión para señalarlo. En asuntos importantes, y este lo es, debemos alcanzar consensos. Pretender gobernar desde la minoría sin consenso es un
ejercicio arriesgado de funambulismo político y no parece que sea bueno para nuestro país. Hoy tenemos un pequeño ejemplo de ello.
Naturalmente, hay otros ejemplos mucho más llamativos y clamorosos que no voy a mencionar, pero que están en la
mente de todos. Dicho esto, señor presidente, como ya he manifestado, el sentido del voto de Entesa va a ser el mismo que el del Grupo Socialista.
Y quisiera terminar esta pequeña intervención que, como señalaba antes, va a ser la última por
tanto, es una intervención de despedida, diciendo dos cosas. Por un lado, quiero agradecer la colaboración de todos los senadores conmigo y, por otro, pedir excusas por si alguna vez, con la vehemencia de mis intervenciones, he podido herir alguna
susceptibilidad, especialmente de mis queridos adversarios del Grupo Popular; y digo estas palabras, las dos igualmente sinceras: queridos y adversarios.
Nada más, y muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre de toda la Cámara le quiero transmitir que todos nos hemos sentido orgullos de tenerle con nosotros. Nos conocemos desde hace muchos años y, por tanto, créame cuando le digo que estos
afectos son sinceros por parte de todas sus señorías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Bethencourt.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Socialista, quisiera dar un fuerte abrazo al doctor Ramón Espasa. Te agradecemos todo el
trabajo que has hecho, y te deseamos todo lo mejor en la andadura que sigas en el futuro. Un abrazo muy fuerte del Grupo Socialista.
Ya hemos manifestado que no se pueden cuestionar las condiciones de salud de los inmigrantes porque suelen
ser personas jóvenes que para llegar a España superan un viaje, como en el caso de los inmigrantes que vienen en cayucos. Los hemos visto llegar a Canarias, los hemos visto con la Cruz Roja, y es gente joven que viene en buenas condiciones y que,
de tener algo, en el acaso de que así fuera, suelen ser lesiones propias del sol, como quemaduras, deshidratación o traumatismos. Cuando hablamos con los médicos de la Cruz Roja o del Servicio Canario de Salud nos dicen que normalmente todos vienen
en condiciones óptimas, lo que indica que resistan muy bien un viaje tan largo. En cualquier caso, ellos se ven sometidos, como es lógico, a controles, por lo que nadie puede alarmarse, ya que son inspeccionados por médicos, se les hace una
analítica, y si tuvieran alguna enfermedad esta se detectaría inmediatamente. Además, los centros de internamiento tienen un médico, un servicio de enfermería --lo hemos comprobado, porque hemos estado allí-- y todos los días les exploran y
resuelven cualquier problema que pudieran tener.
Por lo tanto, me parece que trasladar a la opinión pública preocupación porque pueda haber posibilidades de infección, etcétera, no es razonable.
Por eso hemos dicho que el Partido Popular crea con
ello una alarma que no queremos en modo alguno compartir.
En cualquier caso, es verdad que los inmigrantes, una vez en los centros de internamiento, pueden modificar su salud inicial, como cualquier otra persona, pues qué duda cabe de que las
condiciones psicológicas en que viven pueden alterar su salud. Suelen ser atendidos en servicios de urgencia, lo que quiere decir que habitualmente no son atendidos en los sistemas normales de salud.
Antes se ha hecho mención a un trabajo que
realiza la Fundación Biomédica del Ramón y Cajal, que nos parece muy acertado; en ese caso el ministerio está elaborando un estudio sobre la incidencia de la inmigración en la salud pública. Por otro lado, la atención sanitaria también está
resuelta con un convenio firmado con la Cruz Roja. Creemos que el protocolo funciona muy bien, y si en cualquier centro de internamiento se detectara alguna enfermedad se trataría de inmediato.
En cuanto a las enfermedades a las que se ha hecho
mención: la hepatitis, la tuberculosis, la infección por el VIH y el paludismo, creemos que están controladas, y los datos ya los ha dado la ministra perfectamente.
Por otra parte, cabe recordar que la asistencia sanitaria está garantizada tanto
para los inmigrantes irregulares como para los que vienen como inmigrantes legales.
En cualquier caso, las competencias son, como se ha dicho, de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la enmienda firmada por varios grupos se han respetado los
siete puntos del Grupo Popular y se ha añadido uno sobre sanidad exterior, a pesar de que el Gobierno está incrementando en la medida de lo posible todos los recursos en ese ámbito.
Los menores de 18 años y las mujeres durante el embarazo y el
parto son atendidos, creemos que la asistencia que se está dando es correcta, y lo decimos desde el punto de vista médico, y no quiero repetir lo que ayer dijo la ministra sobre todas las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno con
diferentes iniciativas.
También creemos que la formación de los profesionales es importante; por ejemplo, cabe decir que hay cursos de medicina tropical para los profesionales que atienden a los inmigrantes.
Y desde el punto de vista de los
datos, tenemos que decir que, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la tuberculosis ha ascendido en un 16 por ciento. Esa es una realidad que el Gobierno reconoce y ante lo que se están llevando a cabo las actuaciones oportunas. Por
otro lado, puede decirse que en el paludismo la incidencia ha sido mínima. En cuanto al sida, se ha notificado que el número de afectados es un 3,7 por ciento mayor entre los que vienen de una población distinta a España. También se han dado datos
sobre el control que se realiza en las instituciones penitenciarias. Por ejemplo, del paludismo se señala en 2005 que el número de casos en toda España han sido 416, de los cuales 109 eran inmigrantes, o sea que la incidencia tampoco es tan grave.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine por favor.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: En cualquier caso, basta comparar el número de inmigrantes con enfermedades con los 44 millones de personas que hay en España para ver que la incidencia es mínima.
No queremos dar más datos, porque ya se han
dado. Nosotros hemos presentado una enmienda que suponía un gesto de consenso, y lamentamos no haberlo alcanzado. En un tema tan importante como este y de tanta responsabilidad el Grupo Parlamentario Socialista ha tendido la mano con una enmienda
muy razonable que recogía todo lo que pedía el Grupo Popular, y repito que lamentamos que no hayamos podido alcanzar el consenso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Román Jasanada.
El señor ROMÁN JASANADA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dirigirme al senador Espasa y decirle, como ayer ya le manifesté en la comisión, que, a pesar de la discrepancia mantenida en muchas ocasiones, le deseamos
los mejores deseos en su futuro personal, profesional y político. La discrepancia no está exenta de buenos deseos por parte de los compañeros con los que ha trabajado a lo largo de estos dos años y medio.
Como usted ha dicho, a mí me hubiera
gustado el consenso. Sé que usted hubiera deseado votar con CiU, con el Grupo Vasco y con nosotros, pero las circunstancias lo han hecho imposible.
Sin duda la inmigración es una situación compleja que hay que solucionar y no trasladar a las
comunidades autónomas,
como trata de hacer el Gobierno socialista de este país. Los inmigrantes son personas residentes en un país que tiene una sanidad universal financiada a través de impuestos y, por lo tanto, gratuita. Y como bien decía el senador Espasa,
los inmigrantes, regulares o irregulares, hacen uso de los servicios sanitarios de nuestro país.
El senador González Bethencourt ha dicho en su primera intervención que yo mezclaba irregulares con regulares, y quien realmente lo ha hecho ha sido él
cuando ha manifestado que generan riqueza, porque trabajan y pagan impuestos para la sanidad, no la Seguridad Social --la sanidad no es financiada a través de la Seguridad Social desde hace ya algunas décadas--, olvidando que también hay que hablar
de los inmigrantes irregulares que hacen algún tipo de trabajo sumergido o viven como pueden en nuestro país. Por cierto, son emigrantes en una cantidad muy elevada, superior al millón de personas, algunos de los cuales acceden a la Sanidad a
través de la Ley 4/2002, a la que usted se ha referido, y otros, con tarjeta sanitaria.
Por otra parte, mi grupo no ha querido generar ninguna alarma. Lo que ha hecho ha sido describir la realidad y plantear soluciones, para afrontar los
problemas, porque para nosotros todas las personas tienen derecho a resolver sus problemas de salud.
La señora ministra ha cambiado de opinión desde la primera pregunta que en relación con este tema le formulé hace dos años, la pregunta que le hice
en septiembre, la interpelación de noviembre, y sus manifestaciones ayer mismo en comisión. Como publican algunos medios, ayer reconoció el colapso de los servicios sanitarios, así como la insuficiencia de profesionales en muchos casos. Y es en
este punto en el que me sorprende que un senador canario, de Tenerife para más señas, que conoce la realidad de los CETI, la realidad de la inmigración en Canarias y los problemas que a ese respecto existen, no solamente en el archipiélago, sino en
toda España, no apoye una moción a través de la cual solicitamos más recursos para que no haya solo un médico en los CETI, para que los enfermos que ingresen en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, en el Hospital de la Candelaria o en
cualquier otro, no detraigan recursos de otros pacientes.
Por último, en cuanto a las enfermedades emergentes, y reemergenes, hemos dicho que hay que incrementar la vigilancia epidemiológica y tener estrategias con nuevos enfoques, sobre todo en el
caso de la tuberculosis, aunque también en el de la malaria y el VIH, porque después de que la señora ministra afirmara que la prevalencia de esas enfermedades era igual en estos grupos de población, ya ha reconocido que se ha incrementado en el
caso del VIH, la tuberculosis y también la malaria. Así, aunque no hay un vector en España, es cierto que traen enfermedades de sus países de origen, al igual que por los españoles que viajan allí, de modo que una enfermedad, prácticamente
erradicada hace unos años, de nuevo está cobrando importancia.
Respecto de la tuberculosis, el aumento de la prevalencia, así como una educación sanitaria diferente de estos pacientes para seguir de manera correcta el tratamiento hace que nos
encontremos con otros riesgos referidos a la multirresistencia, lo que unido a otras circunstancias motiva que se deba abordar con una estrategia global en toda España, y no con estrategias autonómicas.
Por eso, creo que nuestra moción no es
innecesaria ni inadecuada ni alarmista, sino realista, y gracias a los grupos minoritarios: el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Mixto y Coalición Canaria, va a
prosperar. En esta ocasión el Grupo Parlamentario Socialista se ha quedado solo por tratar de defender a un Gobierno que ha perdido el liderazgo en materia sanitaria.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de la enmienda de los Grupos Parlamentarios de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 135; en contra, 108.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO SOBRE EL TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE MENORES INMIGRANTES IRREGULARES NO ACOMPAÑADOS (S. 662/000151).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Mociones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de su compromiso sobre el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de
menores inmigrantes irregulares no acompañados.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, senadores. Espero que no se haga de noche con mi intervención; por ello, seré muy breve.
El motivo de que presentemos esta moción es el problema de la
inmigración, no de los que más preocupan a los españoles en general y, como he dicho en muchas ocasiones, de manera especial a los canarios, como ya se ha manifestado en el debate de la moción anterior.
Como saben ustedes, en el año 2006 llegaron a
Canarias unos 30.000 inmigrantes irregulares en cayucos --me refiero
sólo a ellos--; para ser exactos 33.000 inmigrantes. En 2004 llegaron de media 10 inmigrantes diarios y en 2006, 100 inmigrantes diarios. Ustedes se preguntarán, ¿qué ha pasado entre 2004 y 2006? La regularización masiva del Partido
Socialista y aquello de «papeles para todos». (Rumores.) Ya sé que los integrantes del Grupo Socialista no les gusta oírlo, pero a mí me lo oirán decir hasta que me vaya de esta Cámara porque es verdad; y las verdades se repiten.
Pero no
solamente hay que preocuparse --y tienen que preocuparse sus señorías, sobre todo el Gobierno del Partido Socialista-- de aquellos que llegaron a Canarias, sino también de muchos que se han quedado en el camino, muchísimos; miles, según las
organizaciones no gubernamentales, y 600 según el Partido Socialista. Yo les puedo decir que en el avión en que he venido a Madrid he leído un artículo que decía que 273 personas subieron a un cayuco y salieron de Senegal, y de ellas solamente 25
se salvaron. En definitiva, en sus conciencias queda lo que está pasando con el fenómeno de la inmigración y, sobre todo, las medidas que se están adoptando. (Rumores.) Una de las consecuencias de la inmigración en Canarias es la relacionada con
los menores. La red de menores en Canarias está soportando en estos momentos 1.000 menores, de los cuales el 50 por ciento son inmigrantes.
Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en Canarias. Y aunque la ley canaria y la ley de las
comunidades autónomas deja claro que los menores en desamparo quedan bajo la guardia y custodia de las comunidades autónomas en que estén, está claro que el fenómeno de la inmigración no es competencia de las comunidades autónomas, sino del Estado,
por lo tanto, es el Estado el que tiene que agilizar los trámites necesarios para solucionar este problema.
Sé que la senadora del Grupo Socialista que posteriormente va a defender una enmienda me dirá: Ya estamos tomando medidas; el señor
Caldera ya ha ido a Canarias. Es verdad; ha ido, después de ser ministro, una sola vez y, efectivamente, llegó a un compromiso con los canarios y con Canarias: dijo que se trasladaría a los menores inmigrantes a otras comunidades autónomas.
Además, el señor Caldera no solo llegó a este compromiso en Canarias, sino que dicho acuerdo se llevó también al órgano del Consejo Superior de Política de Inmigración, y allí se acordó ese traslado. Pues bien, señorías del Grupo Socialista, está
claro que el traslado no se cumple. Efectivamente, comenzaron a trasladar menores inmigrantes, pero lo dejaron; de hecho, hoy hay más que cuando comenzaron los traslados.
Señorías del Grupo Socialista, no se llevan a cabo las repatriaciones, es
más, ustedes saben que había una orden de la Fiscalía en la época del Partido Popular que permitía que los menores mayores de 16 años pudieran ser repatriados; y ustedes la derogaron. Tampoco se llevan a cabo las reagrupaciones. Y es que a la
vicepresidenta del Gobierno se le llena la boca cuando dice que no va a parar el asunto de las reagrupaciones familiares, sin embargo, las últimas se hicieron en el año 2003. Y repito que tampoco se llevan a cabo los traslados.
Por lo tanto, en
esta moción pedimos que se cumpla el compromiso del Gobierno y del ministro. Lo que quiere la Comunidad Autónoma de Canarias es que los menores inmigrantes, teniendo en cuenta que la inmigración es una competencia del Estado, sean trasladados a
otras comunidades autónomas, no porque nos interese o nos guste, sino por el bien de esas personas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Senadora Guerra, ha hablado usted de muchas cosas y ha dicho muchas frases que no aguantan un contraste, pero me voy a ahorrar el rebatirlas, porque
estamos hablando de una cosa muy seria.
Solo me gustaría aclarar una cosa. Usted ha mezclado el tema de los menores extranjeros no acompañados con el de los menores delincuentes. Y eso, señora Guerra, no procede.
En cuanto a la enmienda, quiero
decir que el 18 de septiembre el Consejo Superior de Política e Inmigración llegó a un acuerdo con todas las comunidades autónomas respecto de una propuesta del Gobierno de Canarias y del Gobierno central. Dicho acuerdo proponía el traslado y la
atención de menores extranjeros no acompañados a la península desde Canarias.
Todas las comunidades autónomas aprobaron esta propuesta al ser conscientes de la situación de saturación de los servicios de protección de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
¿Por qué el Gobierno central no lo hace si ésta era la propuesta, si tiene las competencias que ahora dicen que tiene y que antes no tenía? Porque no puede, porque no es competente. Por lo tanto, la moción se queda coja. Estamos
dispuesto a asumir que al Gobierno central le faltan cosas por hacer; estamos dispuestos a decir que lo que se está haciendo no es suficiente, que falta camino por recorrer --podríamos decir lo contrario y luego se lo explico--; pero si las
competencias son de las comunidades autónomas tendrán que trabajar para resolver el problema, también con el Gobierno central.
En aras del consenso me voy a ahorrar las comunidades autónomas que no están cumpliendo el convenio firmado con el
ministerio, pero no son ni Cataluña ni Galicia ni Extremadura ni tampoco la Comunidad Valenciana que, aunque tardó bastante en sumarse, está llevando a cabo todo lo comprometido, además, de forma entusiasta.
Como ven, en la enmienda no eludimos la
responsabilidad del Gobierno central. Sólo añadimos a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un protocolo que garantiza la viabilidad de los traslados de extranjeros menores
no acompañados a las comunidades
autónomas. No es sólo solidaridad con los niños y niñas que quieren matar el hambre, sino con la comunidad autónoma de Canarias.
El 13 de diciembre, el día que usted presenta la moción, yo pido los datos de los menores extranjeros que
habían sido trasladados a la península, y primer error de la moción --hay alguno más, pero no quiero hablar de ello--: es que son 195. Esto el día que usted presenta la moción. Ese dato está mal. El 31 de diciembre van a ser, 231 y a partir de
ahí hasta 500, que era lo comprometido. Seguramente haya que revisarlo, pero en principio habrá que cumplir los plazos. Falta saber, por ejemplo, las plazas de que disponen algunas comunidades autónomas que no han dado ni siquiera el dato al que
se habían comprometido; no lo han dicho. Y la financiación está garantizada y cubierta. En el Real Decreto, por ejemplo, 1514/ 2006, de 7 de diciembre, se concede una concesión directa de una subvención a la Fundación Nuevo Sol para el traslado
de niños y niñas extranjeros y extranjeras no acompañados por 460.000 euros.
En el Real Decreto 1515/ 2006, de 7 de diciembre, figura una subvención a las comunidades autónomas que acogen a los menores extranjeros no acompañados.
Senadora Guerra,
le pido por favor, por los niños, por las niñas, incluso por la comunidad autónoma que usted representa en esta Cámara, que acepte nuestra enmienda. No eludimos la responsabilidad, pero incluimos, como no podía ser de otra forma porque son
competentes, a las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre la enmienda que acabamos de escuchar tiene la palabra la senadora Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Gracias, señor presidente.
Antes de nada quiero decir a la senadora del Partido Socialista que no me ha aclarado el tema hasta que ha hablado de cifras, porque no he entendido lo que ha querido decir. Desde luego,
mi espíritu navideño no llega hasta el punto de tener en cuenta su enmienda y le digo por qué. La enmienda que presenta dice que no solamente se inste al Gobierno, sino que ese inste también a las comunidades autónomas. Mire usted, a nosotros lo
que se nos permite en esta Cámara es la fiscalización y el seguimiento del Gobierno en el cumplimiento de sus compromisos.
Yo no busco culpables. En realidad busco a los que tienen que ejecutar y llevar a cabo los compromisos, y eso lo tiene que
hacer el Gobierno, le guste a usted o no le guste. Eso es así. Y el Gobierno y su ministro, el señor Caldera, dijo en la Comunidad Autónoma de Canarias que se llevarán a cabo los traslados en las comunidades autónomas --me da igual la que sea, la
suya, la nuestra, la que usted quiera; me da igual-- y si no tienen capacidad y no pueden seguir adelante, o simplemente no quieren, será el Gobierno el que se haga cargo. Si no pueden o no quieren, lo que tienen que hacer es no seguir dividiendo
esta España en 17 trocitos sino intentar unirla y hacer un esfuerzo para que las comunidades autónomas y el propio Gobierno se pongan de acuerdo y hagan el trabajo que tienen que hacer, que es trasladar a esos inmigrantes para que estén en una
situación mejor de la que están viviendo en Canarias.
No aceptamos su enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora, tenemos que partir de que hay unas víctimas, que son los menores, que no tienen culpa de que nuestro país, afortunadamente, esté configurado en 17 realidades --o
llámenlo como quieran--. Lo que están pasando los menores no es consecuencia de nuestra ordenación territorial, política y de Estado. Me gustaría debatir este asunto y llegar a una conclusión lo más mayoritaria posible. Lo digo porque aquí hemos
instado a todo el mundo. Partamos de que hay una realidad en Canarias, de que hay unas víctimas, y de que parece lógico que si se lleva a cabo un objetivo sea con la colaboración de todos. No me duelen prendas en cuestionar al Gobierno si cumple o
no adecuadamente en política migratoria, no me duelen prendas. Pero lo que no puede hacer el Gobierno es colocar a un número de chavales sin saber dónde. Eso solo es posible si hay colaboración de las comunidades. Otra cosa es que aseguremos el
«estatus» del menor o sus derechos y que además garanticemos su manutención de por vida, mientras ese chaval sea menor. Lo que no cabe es que alguien coja a los menores, los guarde o los lleve a no sé dónde; hay que localizarlos en algún
territorio, para ser claros.
Me gustaría, como madrileño, que mi comunidad colaborara. Yo ayudaría a que el Gobierno no dejara a unos menores a la libre gestión de una comunidad, sino que se interesara y supervisara sus derechos y colaborara en la
manutención o en los gastos que supone el menor para la comunidad.
He dicho antes que me parece adecuado que se presente una transaccional en la que nos sintamos todos cómodos. ¿Qué pasa por que instemos a las comunidades? No identificamos a
ninguna, pero además ¿por qué no las vamos a instar a que colaboren? Yo he leído la propuesta de enmienda y no hace daño a nadie, no genera ninguna tensión. Lo que es una realidad objetiva es que en Canarias hay gran cantidad de menores, que ya no
caben más, y que lo están pasando mal. Todos hemos asumido un problema inmigratorio; todos nos damos golpes de pecho con lo que está pasando en Canarias, pero cuando llega el momento en que hay que ser solidarios, ahuecamos el ala. No nos podemos
tirar este problema a la cara porque hay menores que lo están pasando mal, aparte de un pueblo canario que también lo pasa mal porque esta situación cada vez es más insostenible.
Yo, senadores, les emplazo a que hagan posible una transaccional.
¿Por qué no va a ser posible una transaccional? El Gobierno tiene que cumplir con lo que ha dicho. No vale ubicarlos en una comunidad, y hasta luego.
No, yo no
soy partidario de eso, pero a la vez estoy comprometido con la idea de que todas las comunidades deben colaborar. Hagámoslo más atractivo para que las comunidades se convenzan de una vez por todas de que tienen que colaborar.
El problema
de inmigración que tenemos en Canarias, hoy y en el futuro, sólo puede resolverse con colaboración y con solidaridad. Me gustaría que mi comunidad autónoma colaborara y que diera ejemplo; además, aunque esta semana finalice el período de sesiones,
no se preocupe porque le voy a emplazar para hablar sobre esta cuestión. Y, señoría, no me hable de que es un problema del señor Caldera porque este no es un problema de Caldera, de Juan o de Pepito, se trata de menores que lo están pasando mal y,
por tanto, deberíamos ponernos todos de acuerdo.
Merece la pena buscar una transaccional, no ocurre nada por instar a las comunidades autónomas en esta Cámara. Y yo añadiría que el Gobierno debe comprometerse con las comunidades autónomas de forma
permanente para colaborar en todo lo que signifique el desarrollo educativo y la manutención de los menores en la comunidad en la que se integren.
Señorías, me gustaría que llegáramos a esa transaccional. Les emplazo a que nos dejemos de peleas
porque hay unas víctimas y, además, hay que resolver el tema canario; en eso coincido con ustedes. Pero no me haga sentirme incómodo, porque con su moción no se soluciona el problema.
Pidiéndole a Dios que lo resuelva no se soluciona; así no lo
resuelve nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Senadora Guerra, como siempre, y manteniendo nuestra opinión en esta cuestión, deseo lograr un consenso; este no es un tema para tirárnoslo a la cara. Ha dicho que no le gusta instar a
las comunidades autónomas porque entiende que no es una función del Senado. Pues bien, podríamos hablar de «alcanzar convenios», «acordar», es decir, se pueden buscar soluciones para lograr la unanimidad, porque es bueno solucionar el problema.
Obviamente, con independencia de que el Gobierno deba cumplir su compromiso con la Comunidad Autónoma de Canarias, no estaría de más que, incluso con una mayor exigencia al Gobierno, introdujéramos algunos elementos, como conveniar, etcétera, en la
línea que ha comentado el senador de Izquierda Unida. Además, parece razonable que las comunidades autónomas deban jugar un papel en esta cuestión. Porque, señorías, si el problema lo tuviera otra comunidad, nosotros, los canarios, tampoco
aceptaríamos acoger a unos menores sin especificar en qué condiciones, con qué acuerdos, etcétera. Por tanto, considero que sería adecuado alcanzar una transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, porque es lo mejor para los niños y
desde luego para Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, repetidamente, Pleno tras Pleno -- y ya son muchos-- hemos debatido en profundidad la problemática de la inmigración, especialmente la situación crítica que afecta a
Canarias para hacer frente a las oleadas inmigratorias de África.
Es evidente que existe en la Cámara una especial sensibilidad para reconocer que el problema que afecta a las Islas Canarias es gravísimo; pero hemos de avanzar, no podemos
limitarnos a analizar su calado político --que lo tiene-- y con repercusiones de todo orden. Nosotros, que hemos sido muy críticos con el Gobierno en esta cuestión, entendemos perfectamente el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular.
Pero
no quiero repetir las intervenciones de los portavoces del Grupo Mixto y de Coalición Canaria en el sentido de que es una cuestión que no vamos a resolver unilateralmente y que no vamos a ser capaces de encontrar soluciones sin contar con la
unanimidad de los grupos de la Cámara.
La moción es perfectamente aceptable, pero sería más positivo que tuviera el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y desde ese punto de vista creo que se ha hecho algo. Recordaba hoy, lo he leído
recientemente, la interpelación del senador Melchior Navarro al ministro del Interior en la que hacía referencia a esta cuestión y a los compromisos del Gobierno.
Es evidente que todo esto es muy grave --y no quiero repetirme--, afecta a personas,
y deberíamos hacer un esfuerzo por buscar el consenso, independientemente de los errores que se hayan cometido, de las promesas que se hayan incumplido, de la incapacidad para solucionar el problema o de que se haya implicado a las comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Saben ustedes que a los miembros de este grupo parlamentario no se les caen los anillos por instar al Gobierno a hacer lo que toque en cada momento; se trate o no de una
cuestión incómoda o controvertida, y tanto si todos los grupos están de acuerdo como si a ninguno le parece bien salvo al nuestro. Y si de instar al Gobierno a cumplir los compromisos que adquirió se trata, eso es sencillo, y yo pensaba que la
moción que nos ocupa trataba de eso.
Sin embargo, tengo que decirle, senadora Guerra, que me lo ha puesto bastante difícil con su discurso, dejando aparte la literalidad de la parte dispositiva de su moción. No quiero obviar una cuestión que me ha
afectado e incluso
me ha herido. Al defender la iniciativa, ha utilizado un tono más sosegado que de costumbre, pero su discurso ha sido muy duro, y, en algunos puntos, ha sido injusto e hiriente para algunos compañeros que se sientan en esta Cámara; se lo
digo con el mayor respeto. Algo de esto ha querido apuntar la senadora Patricia Hernández, aunque no haya querido entrar en ello, pero yo se lo tengo que decir.
Es injusto --absolutamente injusto-- responsabilizar de los muertos a quienes
sostienen al Gobierno de turno. Es injusto responsabilizarles de los inmigrantes que se quedan en el camino y mueren sin conseguir arribar al mundo feliz al que querían llegar. Es injusto gobierne quien gobierne o esté quien esté en la oposición.
Creo que no lo ha hecho deliberadamente; espero que no. No obstante, tengo que decirle que a mí, que no soy del Partido Socialista --se lo puedo asegurar--, me ha dolido y me ha tocado en lo más hondo. No es la primera vez que lo oigo, pero sí es
la primera vez que se lo oigo decir a usted --o a un miembro de su grupo-- en esa tribuna. Esto me lo ha puesto difícil, pero pasemos página.
Creo que ya he dicho muchas veces que hablar de inmigración es hablar de algo delicado y muy difícil. Si
además introducimos los menores, la complicación aumenta y lo que tiene el asunto de delicado se recrudece.
Es verdad que estamos preguntándonos quién tiene la competencia y estamos hablando de obligaciones legales que derivan de un texto que es
norma para todos. Estamos hablando de compromisos adquiridos no sé dónde, que puede ser las instancias oportunas a que se refiere su moción. Pero también estamos hablando de muchas más cosas. Si hay que instar al Gobierno a que cumpla su
compromiso, hágase, pero tengamos en cuenta que a cumplir el compromiso al que se refieren en esta moción habría que instar siempre; y habría que renovar el compromiso cada vez que llegue un cayuco --o varios-- a Canarias. Llegan allí porque las
islas están mucho más cerca que la península del lugar de donde proceden los inmigrantes.
Con independencia de lo dicho y sea de quien sea la competencia, sea o no del Gobierno de España, es cierto que para cumplir la ley y el compromiso que
adquirió el Gobierno con la Comunidad de Canarias de llevar a estos menores a diferentes comunidades autónomas de la península no basta solo con la voluntad del Gobierno; si es sincera, tendría que reconocer que es así. Además, hace falta
conveniar, hace falta convenir, hace falta colaborar y coordinarse con las comunidades autónomas, independientemente de quien tenga la competencia. Estamos hablando de seres humanos y de menores.
Creo que hacia esa línea apuntaba la enmienda que
presenta el Partido Socialista. No sé si le ha gustado o no, pero creo que es fácil: basta querer hacerlo; usted y todo su grupo. Se puede acordar una transaccional en la que se inste al Gobierno con todas las de la ley y trabajar por conveniar
con las comunidades autónomas para que el compromiso y la ley de la que se parte se hagan realidad. No puede ser de otra manera. Si se hiciera de otra manera, se estaría utilizando de nuevo este asunto como azote o como punto débil de la gestión
del Gobierno socialista que aprovecha el Partido Popular.
Tal vez lo sea, pero creo que hay que usarlo con un poquito más de delicadeza y de rigor, y con un poquito más de justicia y de bonhomía. Le pido que se haga así, porque puede hacerse; y
usted lo sabe.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.
Francamente, hoy es uno de esos días en que cualquier ciudadano que nos estuviese oyendo no entendería absolutamente nada. Estamos hablando de una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que en su parte dispositiva contiene simplemente siete palabras, y en ella el Senado insta al Gobierno a llevar a cabo sus compromisos en relación con la inmigración de menores. El Grupo Parlamentario Socialista intenta
introducir una enmienda con la que, aparte de instar al Gobierno, quiere que quede claro algo absolutamente evidente, y es que estamos hablando de inmigración y, por tanto, de competencias del Gobierno central, pero hablamos en realidad de menores,
y precisamente en cuestiones de menores hay competencias por parte de las comunidades autónomas. Parecería, por tanto, bastante de cajón, suficientemente simple y sencillo pensar que si estamos hablando de inmigrantes menores de edad estamos
hablando también de competencias compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por tanto, es absolutamente lógico y razonable --y con ello no creo que el Grupo Parlamentario Socialista intente quitar hierro a la responsabilidad
que tiene en tanto en cuanto se siente responsable de políticas de inmigración-- el hecho de que se añada a las comunidades autónomas de alguna manera.
Por otra parte, estamos hablando de un acuerdo del Consejo Superior de Políticas de Inmigración,
de un acuerdo que no quiere decir que al Gobierno se le haya querido arrancar una muela y no le haya quedado otro remedio que decir: bueno, sí, lo acepto, ya lo haré. No, no es eso. Es que fue el propio Gobierno central, junto con el Gobierno de
la Comunidad Autónoma Canaria el que le hizo la propuesta concreta al Consejo Superior de Políticas de Inmigración. Por tanto, aún más. ¿Cómo es posible que el Gobierno central junto con el Gobierno autonómico hagan una propuesta concreta que
posteriormente haya sido aprobada por el Consejo Superior de Políticas de Inmigración para que luego no se lleve eso a cabo? En todo caso no se llevará a cabo en algunas comunidades autónomas, pero en otras sí se está llevando ya a cabo.
El hecho
de no llegar a un acuerdo respecto de esta moción me lleva a pensar algunas cosas. Una de ellas es que después de escuchar la intervención de la senadora Guerra no me extraña que no haya ningún tipo de voluntad por parte de la senadora ni de su
grupo parlamentario de llegar a un acuerdo. Es una decisión tomada de antemano. Creo que por más reflexiones que hagamos ellos tienen ya tomada una determinación. Pero, claro, ante esto es difícil
encontrar una alternativa o una solución. Desde mi punto de vista lo que menos le preocupa a la senadora Guerra son los problemas de Canarias; lo que menos le preocupa son los problemas de la inmigración, en este caso de la inmigración de
menores no acompañados.
Y si lo que propone o lo que me ha parecido que insinuaba su señoría es que la solución pasa por la modificación de la Constitución y la disolución de las comunidades autónomas y del marco institucional, estamos arreglados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo sé que estas cosas pasan. Yo sé que cuando uno llega aquí ya se tiene pensado si se va a aceptar o no la enmienda. Es decir, cada grupo tiene de antemano su posición
decidida, pero en esta moción no ha sido así.
Nosotros hacemos un nuevo intento porque estamos dispuestos a todo por llegar a un acuerdo sencillamente porque nos lo creemos de verdad. Pero si efectivamente no se puede instar a las comunidades
autónomas, decimos lo siguiente: El Senado insta al Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, a agilizar el traslado desde Canarias de menores inmigrantes irregulares no acompañados. La hago «in voce» porque no puedo hacerla de otra
forma. Yo había hablado antes de la posibilidad de llegar a un acuerdo previo; incluso, el senador Cuenca lo dijo antes y no obtuvo respuesta de la senadora Guerra. Nosotros sí queremos llegar a un acuerdo. Fíjese usted si queremos llegar a un
acuerdo, que no le he contestado a nada de lo que usted ha dicho antes, porque es voluntad de este grupo parlamentario y de esta senadora incluso decir que tenemos parte de culpa, que no hemos podido cumplir los compromisos, no solo por culpa de las
comunidades autónomas, sino porque no hemos tenido tiempo.
Estamos dispuestos a todo ello con tal de que se solucione, pues, al final, es lo que queremos todos y todas.
Señoría, una cosa que a mí no me gusta absolutamente nada es que se hable de
la inmigración como problema, cosa que ha hecho la senadora Guerra. El fenómeno de la inmigración es una oportunidad o un drama. Y espero que para el Grupo Popular no sea un problema llegar a un acuerdo en esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Guerra.
La senadora GUERRA GUERRA: A mí me gustaría comenzar diciendo a la representante del Partido Socialista que si a ella no le gusta hablar de la inmigración como un problema, lamento ser su disgusto de esta tarde.
Yo, y en este caso los
ciudadanos y ciudadanas de Canarias de manera especial, vemos la inmigración como un problema, porque es un problema, es una situación muy difícil para los que lo están viviendo, una situación muy difícil para los que llegan y para los que tienen
que abandonar su país y su familia para emigrar. Por lo tanto, sí es un problema. Yo lamento echarle a perder la tarde, pero así es como lo veo.
Además, me gustaría saber si el PNV y CiU están dispuestos a llevar a cabo lo que propone la enmienda
socialista, es decir, que el Parlamento español inste al Gobierno vasco y al Gobierno catalán a trabajar, sobre todo, en este sentido. Eso es lo que dice la enmienda del Partido Socialista. Eso es lo que hay que hacer.
No obstante, les diré que
he traído esta moción esta tarde, porque sé de la situación de Canarias, sé de la situación de esos menores. No me he enterado, señorías del Grupo Socialista, porque haya pedido datos, sino que he visitado los centros, sé lo que está pasando, y es
peor. Los menores inmigrantes llegan a Canarias y lo único que quieren es trabajar para enviar dinero a su familia, porque es la encomienda que a ellos se les hace. Para ellos, estar en un centro es muy difícil y para el propio centro supone
muchos problemas mantenerles dentro. Lo que está haciendo la Comunidad Autónoma de Canarias hoy --y se lo digo al representante de Coalición Canaria--, al ser 1.000 los menores que están en esa comunidad autónoma, es solamente darles cama y comida.
Eso no es lo que el Grupo Parlamentario Popular quiere para eso menores. Mi grupo quiere que esos menores sean atendidos y reinsertados y que no continúe la situación que están viviendo nuestros menores canarios y los menores inmigrantes que llegan
a Canarias. No me cansaré de decirlo, independientemente de que ustedes planteen la soledad del Grupo Parlamentario Popular a este respecto. La situación de la inmigración viene dada por la regularización masiva que llevó a cabo el Partido
Socialista y estos son efectos colaterales, si les gusta llamarlo así (Rumores.), que están ahí todos los días y vivimos con ellos.
Por tanto, en aras del consenso que ustedes me han pedido esta tarde, quiero saber si están dispuestos a aceptar la
enmienda de esta manera: El Senado insta al Gobierno con las comunidades autónomas --y no a las comunidades autónomas-- a agilizar el traslado desde Canarias de menores inmigrantres irregulares no acompañados. Si están dispuestos a aceptar esta
transaccional, yo estoy dispuesta a aceptarla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, si me permiten y para despedirme, quiero agradecer a mi grupo de manera especial que me haya permitido durante este año presentar
las mociones y las preguntas necesarias relacionadas con el problema de la inmigración, pero de manera especial esta tarde quiero agradecer a mi grupo que me permita despedirme en este último Pleno del Senado del año 2006 trayendo una moción de
estas características, que significa mejor calidad de vida para los menores, para los inmigrantes y para los menores canarios. Espero al final que el Partido Socialista cumpla los compromisos que ha hecho el propio ministro y el propio Gobierno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La senadora Hernández Gutiérrez pide la palabra.) Senadora Hérnández, tiene la palabra para manifestar si está de acuerdo.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Vuelvo a leer porque creo que nos hemos repetido. La enmienda quedaría de la siguiente manera: El Senado insta al Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, a agilizar el traslado desde Canarias de
menores inmigrantes irregulares no acompañados.
Creo que hemos coincidido plenamente.
El señor PRESIDENTE: He creído entender, a los efectos de lo que estamos discutiendo, porque habría que presentar la enmienda firmada por todos los grupos, que la señora Guerra ha dicho: con las comunidades autónomas.
La señora GUERRA GUERRA: Efectivamente, señor presidente, y la vuelvo a leer: El Senado insta al Gobierno, con las comunidades autónomas, a agilizar el traslado desde Canarias de menores inmigrantes irregulares no acompañados.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no vamos a votar esta moción ahora porque van a presentar el escrito y, una vez firmado, entenderemos que se aprueba por asentimiento, pero habrá que hacerlo.
Señora Guerra, a visto que, a pesar de todo, la
Navidad hace también milagros. (Risas.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR AL SENADO DIVERSOS INFORMES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA (S. 662/000152).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado diversos informes sobre la evolución y análisis de la delincuencia en España.
Se ha presentado una enmienda por
el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
La moción que hoy defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene como único objetivo que el Gobierno informe a esta Cámara de forma puntual y completa sobre la
evolución de la delincuencia en España. Es una exigencia democrática. Una de las diferencias fundamentales entre un régimen de libertades y uno que no lo es consiste precisamente en la obligación que tiene todo Gobierno democrático de informar al
Parlamento y al conjunto de la opinión pública sobre su acción política y sobre los efectos de esa acción política. Por eso, en democracia resulta inadmisible la ocultación sistemática de los datos de delincuencia que viene practicando este
Gobierno.
Ante el fracaso de su política de seguridad, que está provocando un aumento de la criminalidad en España, el Gobierno ha optado por intentar ocultar a los ciudadanos esa realidad. En junio de 2005 el secretario de Estado de Seguridad
emitió una instrucción según la cual se prohíbe de forma expresa al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, así como a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, ofrecer ninguna información pública sobre la evolución de la
delincuencia.
Señorías, es un derecho de los ciudadanos conocer esas cifras y ningún Gobierno tiene el derecho a ocultárselas. Ni siquiera a requerimiento de este Parlamento, que tiene la función constitucional de control del Gobierno, se facilita
por parte del Ministerio del Interior la información de evolución de la delincuencia en tiempo y forma. En este momento, sólo el senador que les habla tiene pendientes de respuesta escrita más de cien preguntas, cuyo plazo de contestación ha sido
sobrepasado por el Gobierno. Ha habido alguna pregunta escrita que ha tardado en contestar más de un año y medio, cuando el plazo reglamento es únicamente de veinte días. Preguntas relativas al número de puestos de la Guardia Civil mandados por
cabos o sobre puestos de la Guardia Civil con servicio de puertas son declaradas secretas por razones de seguridad nacional. En la Comisión de Interior del Senado hay pendientes en este momento un total de 58 preguntas para respuesta oral del señor
ministro del Interior y 25 comparecencias del mismo ministro o de otros cargos del departamento. De hecho, el ministro actual tan sólo ha comparecido en una ocasión y, sinceramente, ya no le espero. Se ha vetado, además, en una decisión sin
precedentes en la Cámara, la presencia en la misma de los delegados del Gobierno para que informen sobre la evolución de la delincuencia en sus respectivas comunidades autónomas. La propia moción que hoy debatimos fue registrada en realidad en la
Comisión de Interior hace ya más de un año, el 20 de septiembre de 2005, habiendo sido sistemáticamente pospuesto su debate ante el escándalo que supone que el Senado deba recordar al Gobierno su obligación de informar al Parlamento también sobre la
seguridad ciudadana.
Señorías, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultar los datos de la delincuencia? ¿Por qué tantas dilaciones a la hora de informar al Parlamento? ¿Por qué tanto veto a la presencia de altos cargos en la Comisión de Interior? La
razón es muy simple. Los datos de criminalidad ponen de manifiesto un preocupante aumento de la inseguridad ciudadana en nuestro país y ponen en evidencia a quien afirma, sin ninguna razón para ello, que España es más segura que nunca y que
disminuye el número de delitos en nuestro país.
La realidad, señorías, por desgracia, es muy distinta. La realidad es que en España hay hoy mayor criminalidad que nunca. En 2005, batimos el récord de delitos conocidos por la policía y la Guardia
Civil desde que existe constancia estadística. En 2005 batimos el récord de diligencias instruidas por la Fiscalía General del Estado. En 2005 se produjo un récord absoluto de asuntos penales en los juzgados
de nuestro país. Esta es la triste realidad y no la que cuenta el Gobierno.
A pesar de la hora, no puedo dejar de recordar algunas cifras: en el año 2005, los delitos y faltas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
ascendieron a más de 2.200.000, lo que supuso un incremento de más del 4 por ciento respecto al año anterior; el número de diligencias previas instruidas por la Fiscalía fue de 4.100.000, lo que supuso un incremento del 3,5 por ciento, según
reconoce la propia memoria de la Fiscalía General del Estado; el número de asuntos ingresados en la jurisdicción penal fue casi de 6.000.000, lo que supuso un aumento del 3 por ciento respecto al año anterior. Por lo tanto, señorías, no hay cifra
alguna que pueda justificar la afirmación que reiteradamente viene realizando el señor ministro del Interior en el sentido de que el número de delitos y faltas está bajando en nuestro país.
Señor presidente, en el año 2006 la delincuencia sigue
creciendo y lo hace a buen ritmo. En los seis primeros meses, el número de delitos y faltas penales conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --excluyendo a Barcelona, donde se ha producido la transferencia a los Mossos
dÆEsquadra--, se había incrementado en casi 20.000 nuevos hechos penales. Podría pedir de nuevo explicaciones sobre cómo es posible que se falseen los datos utilizando el efecto Barcelona, pero no lo voy a hacer porque ciertamente es tarde, pero la
realidad es que la delincuencia crece en toda España y, desde luego, crece mucho en Cataluña, máxime si ustedes tienen en consideración las cifras de delitos conocidos por los Mossos dÆEsquadra, que es algo que ustedes no hacen y, aunque no lo hemos
incluido en esta moción, desde estaa tribuna les insto a que las estadísticas facilitadas por los Mossos dÆEsquadra, y que aparecen en su página de Internet, se incorporen a las estadísticas del Ministerio del Interior como, por cierto, ya se hace
en el caso de la Policía autónoma Vasca porque, si no se hace así, no se estará proporcionando una información completa sobre la evolución de los datos reales de la delincuencia en España.
En demarcación de la Guardia Civil donde no se ha producido
este año el efecto Barcelona, el aumento de la criminalidad en los nueve primeros meses del año es de más del 5 por ciento, pero lo que resulta aún más grave en nuestra opinión es que no solamente crece el número cuantitativo de delitos y faltas,
sino que también aumentan de manera muy especial aquellos delitos que generan más alarma social, especialmente los delitos contra las personas, que en el año 2005 crecieron un 10 por ciento y que en el año 2006 están incluso aumentando este ritmo de
crecimiento.
Concluyo ya, señor presidente. Con esta moción pedimos transparencia al Gobierno en una cuestión, la seguridad ciudadana, que cada vez preocupa más a la sociedad. Pedimos que se informe trimestralmente y con puntualidad a esta Cámara
sobre las cifras de delincuencia, porque terminando el año aún estamos pendientes de recibir datos del primer semestre que fueron preguntados en julio. Pedimos que se derogue la instrucción del secretario de Estado de Seguridad de junio de 2005 por
la que se niega cualquier información a la opinión pública sobre la evolución de la delincuencia por parte de delegados y subdelegados del Gobierno. Pedimos que todos los años podamos tener un debate serio en esta Cámara sobre la evolución de la
seguridad ciudadana, y queremos asegurar ese debate a través de este mandato del Pleno porque nuestra experiencia --y es triste reconocerlo-- es que las peticiones de comparecencia por vía ordinaria a la Comisión de Interior rara vez son atendidas y
nunca lo son con prontitud, como lo demuestran las 25 comparecencias que aún se encuentran pendientes en la Comisión.
Con todo ello, señoría, no creemos pedir demasiado. Se trata, en definitiva, de exigir al Gobierno la transparencia que es propia
de un Gobierno democrático. Me alegro contar para ello con el apoyo del resto de los grupos de la Cámara a través de esa enmienda transaccional que creo que hemos firmado todos los grupos representados en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se ha presentado a la Mesa una propuesta de modificación por parte de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, pasaremos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra
el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Intervendré rápidamente porque creo que ya va siendo hora de terminar.
El señor PRESIDENTE: De eso nada. (Risas.)
El señor URRUTIA ELORZA: De terminar esta moción.
Nos parece fundamental que la información venga perfectamente estructurada, se analice la evolución contrastándola con períodos anteriores viendo la tipología de esa delincuencia de la
forma más amplia posible y, además, como existen antecedentes en el mundo europeo y en el mundo internacional, se contrasta cómo viene esa información. Lo que sí me gustaría incorporar como dato sería que también estuviera perfectamente
territorializada, es decir, que la información se ubicara según los territorios y los espacios físicos donde se ha producido.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Alguien me decía hoy que si analizamos los puntos del orden del día de los debates parlamentarios, en este caso del Senado, veremos que sí estamos tocando los temas que afectan a
la gente, porque no es la primera vez que hablamos
de inmigración ni tampoco es la primera vez que hablamos de un tema tan importante como el de la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, creo que entre todos hacemos un esfuerzo importante por hablar de los temas que preocupan a la gente y que
debemos dar respuestas coherentes.
Hablar hoy de inseguridad es hablar de confianza porque son dos conceptos que van íntimamente ligados en el Estado de Derecho por parte de nuestros conciudadanos, y desgraciadamente en los últimos meses se están
produciendo nuevas bases de valoración de la inseguridad ciudadana, incluso se adjetiviza el problema y se le pone títulos, como seguridad razonablemente aceptable, como recientemente ha hecho el presidente de la Generalitat de Cataluña, o se habla
de actuaciones en temas de seguridad realizadas de buen rollo, mientras que la realidad es otra, la realidad es que existe desconfianza ante una situación grave y una situación de alarma social importante.
Es evidente que a los grupos políticos que
están en el Gobierno les gusta hablar de estos temas, pero la realidad es cruda. El senador Cosidó ha dado números concretos, que seguramente serán rebatidos pero, en todo caso, son números claros y concretos de una situación bien específica.
Además, la percepción ciudadana, la percepción de la gente es que existe una inseguridad real y, por encima de esa inseguridad real, se nos plantea desde el Gobierno una buena seguridad oficial. Alguien se equivoca.
Señorías, a título de ejemplo,
después de los últimos asaltos a chalés en Cataluña, se han realizado declaraciones desde la Consellería de Interior del Gobierno catalán indicando que el problema estribaba en la modificación de la Ley de Seguridad Privada; es decir, al parecer,
el problema era una cuestión jurídica y había que modificar la Ley de Seguridad Privada. Yo creo que la realidad para la mayoría de la gente es que esa alarma, esa desconfianza, esa repetición de graves situaciones se va incrementando por otras
situaciones, por ejemplo, recientemente actuaciones judiciales respetables --que respetamos-- pero que, evidentemente, la gente no entiende, pues no comprende determinadas situaciones que ponen en duda la libertad.
Por lo tanto, el problema existe
y se constata que las soluciones posibles llegan tarde, que la delincuencia cada vez es más especializada y que no somos capaces de reconocer que tenemos un grave problema. Lo solventamos con estadísticas contradictorias, con comparativas a nivel
internacional o diciendo que no estamos tan mal como nuestros vecinos del norte de Europa. Hoy, nos guste o no reconocerlo, tenemos un país más inseguro. Y, pese a esos estudios comparativos ¿qué hacemos? Es evidente que hacemos cosas y hemos
iniciado actuaciones concretas. Recientemente, en el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado la modificación del Código Penal, que entiendo que es un buen punto de partida para abordar estos problemas; se van a equiparar las penas y
los tipos penales con los modelos de otros países europeos y se van a adoptar iniciativas comunitarias importantes. Pero considero que lo más importante --y me gustaría que fuera la consecuencia de esta moción-- es que seamos conscientes de que el
problema lo tenemos planteado, que el problema es complicado y que o somos capaces todos de hacer frente al mismo o nos va a ser muy difícil abordarlo con garantías de éxito.
En cualquier caso --y termino--, entiendo que, desde el punto de vista
del Grupo Parlamentario Popular, es muy plausible que acepten esta propuesta transaccional. En este sentido, espero que aun teniendo en cuenta lo negativo de la situación, el consenso y acuerdo de todos los grupos sirva para profundizar y avanzar
en una cuestión que preocupa fundamentalmente, y mucho, a nuestros conciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señorías, los senadores miembros de la Comisión de Interior conocemos bien esa voluntad de saber, saber y saber del senador Cosidó en cuanto a la cuestión que nos ocupa. A mí no
me parece mal; no sé si le parecerá igual al ministerio, porque la cantidad de datos y no datos que suele solicitar para conocerlos posteriormente y debatir o presentar iniciativas parlamentarias es realmente contundente, pero esto es harina de
otro costal. En todo caso, usted sabe que a mí y a todos los demás nos parece bien.
Que la información nunca está de más y que no debería ser nunca inoportuna es una máxima que también vale para el caso que nos ocupa. Más aún, si de la reflexión
y ese análisis conjunto que pueda hacerse de la información que recibamos como consecuencia de lo que vayamos a aprobar en esta moción se deriva que se pueda prevenir y combatir la delincuencia con más eficacia, me parece todavía mejor.
En
cualquier caso, lo que sí me gustaría subrayar de esta moción que ahora nos ocupa es que va a ser aprobada por unanimidad de todos los grupos, y el hecho de que en un asunto delicado como es éste, en el que realmente suele haber debates con un
trasfondo político bastante importante, hayamos sido capaces de sacarla adelante por unanimidad, me parece que es de agradecer a todos y es el punto que yo quisiera subrayar. Ojalá que podamos hacerlas muchas más veces. Antes no ha podido ser con
este mismo tono; esperemos que de aquí en adelante las cosas cambien.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El senador Bruguera tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para indicar que nos sumamos, lógicamente, a una doble voluntad. Por una parte, está la del Grupo Parlamentario Popular de solicitar información
semestral respecto de la evolución de la delincuencia en nuestro país y poder promover en la Comisión de Interior
de esta Casa un debate anual sobre el tema, a partir de un informe elaborado por el propio Gobierno. Y, por otra parte, está la voluntad del Gobierno de facilitar dicha información y coadyuvar a que se celebre dicho debate, que sin duda
debe ser positivo.
Desde este punto de vista, si bien está lo que bien acaba, como es el caso, nos felicitamos por ello y nos sumamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Barranco tiene la palabra.
El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor presidente.
Señorías, también voy a intervenir con bastante brevedad aplicando ese viejo refrán madrileño que dice que si estamos todos de acuerdo para qué vamos a discutir. Si nos hemos
puesto de acuerdo todos, afortunadamente, en una transaccional, no merece la pena que luego, en la explicación de la misma, nos enzarcemos en discusiones estériles o inútiles.
Por eso, quiero expresar, sobre todo, mi agradecimiento a todos los
grupos políticos que han hecho posible esta enmienda transaccional, así como al grupo proponente la iniciativa y la aceptación de esta enmienda transaccional.
Además del agradecimiento, quiero expresarle mi felicitación al señor Cosidó porque va a
conseguir aquí esta tarde lo que yo estuve intentando durante ocho años con el Gobierno de su partido: que hubiera un compromiso serio, veraz, riguroso y concreto de aportar esta información sobre los índices de delincuencia permanentemente, que
tuviéramos una especie de observatorio permanente que suministrara los datos sobre los cuales, luego, poder analizar la situación de un tema siempre tan importante como es el de la seguridad ciudadana. Yo no lo conseguí en esos ocho años, pero
ustedes sí en este tiempo, por tanto creo que estamos todos de enhorabuena.
Es la primera vez que hay un compromiso expreso por parte de un Gobierno de facilitar un informe semestral de evolución de la delincuencia que incluya --y esto lo dirijo al
señor Urrutia, que antes parecía que planteaba esta carencia-- un análisis territorial de estos datos. Esto se va a hacer desde el Gabinete de Estudio de Seguridad Interior; un gabinete que va actuar permanentemente para llevar a cabo la búsqueda
y la elaboración de estos datos.
Además de eso, de esta enmienda transaccional sale el compromiso de facilitar anualmente al Senado un informe de la evolución de la delincuencia en el año anterior. Para ello, se requerirá en esta Cámara la
presencia del secretario de Estado de Seguridad, que posibilitará no solamente la aportación de esos datos y la evolución de los mismos, sino también el planteamiento de las medidas que se piensan adoptar en el Gobierno para reducir paulatinamente
el número de delitos.
Por lo tanto, creo que hemos conseguido un compromiso en una materia seria, importante y rigurosa. Como le decía antes, es necesario tener un observatorio y unos datos; igual que se conocen los datos de la inflación, hay que
tener también los de la evolución de los índices de inseguridad. Y, luego, que cada uno discurra como le parezca oportuno, pero primero son los datos y luego las cavilaciones. Vamos a ver si por lo menos conseguimos ponernos todos de acuerdo sobre
los datos para luego hacer los análisis desde esa plataforma, no como sucede ahora, que nos arrojamos los datos unos a otros permanentemente sin llegar a ponernos de acuerdo en algo tan elemental como es la evolución de los índices de criminalidad
en nuestro país.
Voy a hablar brevemente sobre los datos, ya que el senador Badia ha hecho referencia a ello, y quiero que sepa que tengo una sensibilidad especial por lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en su tierra y que le entiendo
perfectamente porque desgraciadamente aquí, en Madrid, también hemos padecido esto, señor Badia. Hace algunos años, por cierto, nos contestaban que fuéramos a la seguridad privada. Afortunadamente, ahora ya no se da esa respuesta desde el
Gobierno, con lo que espero que las cosas vayan mejorando.
Según los últimos datos disponibles, de enero a agosto de 2006, las infracciones penales han pasado de 1.317.000 a 1.257.000, es decir, hemos mejorado un 4,6 por ciento. Y en este tiempo
de Gobierno socialista se han contestado a 22.517 iniciativas escritas planteadas en el Congreso o en el Senado, es decir, sí se está suministrando información, mientras que en igual período en la época anterior solamente fueron 8.025 iniciativas.
Creo que se ha producido una evolución positiva, que nos hace albergar esperanzas en el sentido de que el producto interior bruto, lo que nos gastamos en seguridad ha aumentado considerablemente. Hemos pasado de un 0,49 por ciento a un 0,65 por
ciento. Por tanto, estamos invirtiendo más.
Señor presidente, le había prometido ser breve y, sencillamente, lo voy a ser. Solo dos breves notas al hilo de la intervención del senador Cosidó.
Nunca han comparecido aquí los delegados del
Gobierno, con ningún tipo de Gobierno. Es un acuerdo que tenemos, es un pacto no escrito, pero jamás han venido, ni con ustedes, ni con nosotros. Por tanto, no nos reproche en ese sentido ninguna carencia, porque hemos actuado todos de la misma
manera.
En segundo lugar, también como una nota a pie de página, en cuanto al tercer punto de la moción, que sé que le importa bastante, insisto en que está en vigor desde el año 1979, con el Gobierno de UCD. Además, con su Gobierno también hubo
dos instrucciones en la misma dirección. Por tanto, creo que no sería justo que hoy hubiéramos exigido a este Gobierno lo que a otros hemos concedido.
Nada más, señorías. Creo que en esto de la información, de los datos y de la transparencia,
afortunadamente, hoy por hoy este Gobierno va por delante.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta transaccional, que, como muy bien señalaba el senador Barranco, recoge en buena medida no solo el espíritu sino la
intencionalidad política de esta moción, que no era otra que lograr que el Gobierno nos dé más información.
Creo también --y coincido con lo que dicen otros portavoces-- que con esta moción y esta enmienda transaccional logramos que en una materia
particularmente sensible para la opinión pública como es la seguridad ciudadana, el Senado pueda cobrar a través de este debate anual, de estos informes semestrales una mayor relevancia en el debate político, lo cual entiendo que es algo de lo que
todos los grupos parlamentarios debemos congratularnos.
Finalmente, al senador Barranco, quiero plantearle dos cuestiones. En primer lugar, con los antecedentes descritos, hacemos un ejercicio generoso, en este espíritu navideño que hoy nos
caracteriza, de confianza en que el Gobierno cumplirá con el mandato que esta Cámara le va a dar.
Es obvio que esto implica un compromiso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que sustenta al Gobierno, y, por tanto, tiene una especial
fuerza. Esperemos que ciertamente el Gobierno cumpla el mandato que hoy le vamos a dar. En otros países, como Francia, se informa mensualmente sobre la evolución de la delincuencia. Con este informe semestral creo que damos un paso en la buena
dirección.
Y sin pretender abrir ninguna polémica porque no es el objeto, respecto a ese dato sobre disminución de delitos y faltas hasta el 4,6 por ciento quiero decirle que no se está considerando la delincuencia en la ciudad de Barcelona, que ha
sido transferida a los Mossos dÆEsquadra. Si se compara este mismo período en términos homogéneos, se observa que tenemos un incremento en torno al tres ciento en el número de delitos y faltas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que,
por otro lado, es lo que se percibe muy claramente por parte de la opinión pública. Si se quiere, este tres por ciento significa un crecimiento moderado, pero en ningún caso estamos hablando de una disminución, sino de un aumento de la
delincuencia.
En todo caso, con los informes a los que se comprometerá el Ministerio de Interior tendremos mayor base, usted y yo, para poder discutir estas cifras con todo rigor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO SOBRE EL TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE MENORES INMIGRANTES IRREGULARES NO ACOMPAÑADOS (S. 662/000151)
(Votación).
El señor PRESIDENTE: Asimismo, respecto a la moción anterior, en los términos de la propuesta de modificación --todos los grupos parlamentarios la tienen--, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL
(S. 662/000153).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en
vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
A esta moción se ha presentado una transaccional, firmada por todos los grupos.
Para defender la moción, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president, la reforma concursal, la regulació en un
únic text legal de la normativa concursal, que es va realitzar amb l´actual llei concursal, la llei 22/2003 que va entrar en vigor 1,1 de setembre de 2004, representava, com diu en la seva exposició de motius, «una de les peces més importants en el
procés de modernització en el nostre dret.» Decía que la reforma concursal, la regulación en un único texto legal de la normativa concursal, que se realizó con la actual Ley Concursal 22/2003, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004,
representaba, como reza en su exposición de motivos, una de las piezas más importantes en el proceso de modernización de nuestro Derecho. La nueva ley venía a superar anacronismos decimonónicos que no permitían atajar maniobras de mala fe, abusos y
simulaciones que conducían a soluciones injustas.
Se consiguió redactar una norma moderna, destinada a salvaguardar los legítimos intereses, a menudo contrapuestos, de las partes implicadas en una crisis empresarial. La unidad de procedimiento,
con garantías bien delimitadas para las partes, y la atribución de la competencia para conocer del concurso a los Juzgados de lo Mercantil creados al hilo de esta ley representaban un paso decisivo para dicha modernización.
Dicho esto, era
evidente, y más en una ley y en una materia de tanta complejidad, que la aplicación práctica de la norma exigiría ajustes para poder garantizar que se respetará la voluntad modernizadora del legislador y se superaran las inercias del pasado.
La moción que presentamos obedece a esta necesidad de dar una respuesta a tiempo a algunas disfunciones que se producen en la aplicación de la ley, disfunciones percibidas tanto por jueces de lo mercantil, como por economistas y abogados y
otros profesionales que intervienen en procedimientos concursales y, particularmente, en la administración concursal, que han expresado públicamente su preocupación.
En primer lugar, cabe destacar que el nuevo marco legal no está siendo plenamente
eficaz para resolver la situación de crisis porque el procedimiento concursal está siendo utilizado por las empresas generalmente de una manera tardía, con poco o nula anticipación, con la agravación del estado de insolvencia y la dificultad para
adoptar estrategias de contención que ello supone.
El concurso es poco y mal utilizado en demasiados casos. Como señalaba un juez mercantil, nuestra economía es todavía inmadura y se halla aún muy alejada de otras en que el modelo concursal ya
funciona desde hace años.
Un dato muy ilustrativo revela que en el Estado español se producen 0,35 concursos por cada 10.000 habitantes, en tanto que en Inglaterra se producen cinco casos, quince veces más que aquí, y en Estados Unidos 20, es
decir, 60 veces más que aquí. La pésima situación patrimonial en que se encuentran la mayoría de las empresas que llegan al concurso hace que en general sea demasiado tarde para poder cumplir las garantías que exige el plan de viabilidad. De ahí
que sea tan importante adoptar medidas que incentiven adelantar la declaración de concurso como garantía de una mejor situación patrimonial de la empresa, tanto a favor de sus acreedores como a favor de su propia continuidad, si es posible.
Por
otra parte, se dan toda una serie de factores que, a pesar de ampararse en la letra de la ley, hacen que los procedimientos no se desarrollen como sería deseable de acuerdo con la voluntad del legislador. Así, en la práctica, muchas solicitudes
presentadas no cumplen el supuesto objetivo del concurso, ni existe masa activa suficiente para cubrir ni tan solo los gastos del proceso, obedeciendo en realidad a situaciones liquidatorias que se intentan prolongar en el tiempo aprovechándose de
artimañas procesales. Además, son muy frecuentes los retrasos en las admisiones a trámite de las solicitudes por la falta de rigurosidad de la información que presentan, falta que se produce con efectos similares en otras fases del concurso.
A
todo esto hay que añadir los retrasos procesales cuando el deudor llega al concurso con un situación patrimonial muy deteriorada, situación muy frecuente en procedimientos abreviados, ya que se ha de tener en cuenta también el elevado coste que
tiene el procedimiento concursal, sobre todo en lo que hace referencia a la publicación de edictos y a los honorarios de los profesionales que intervienen.
También consideramos necesario un mayor fortalecimiento de las medidas cautelares, limitando
o eliminando su discrecionalidad, para evitar la desaparición del patrimonio del deudor cuando el concurso ya está admitido.
Finalmente, otra cuestión también muy relevante es el grado de protección de los créditos de los acreedores públicos y el
de los privados en el concurso, que consideramos que debería tender a nivelarse.
Al margen de las cuestiones normativas, una de las consecuencias positivas de la ley ha sido la creación de los Juzgados de lo Mercantil, una apuesta muy ambiciosa que
tenía una limitación muy grave ya que, pese a que los nuevos juzgados comportaban una modificación de la planta judicial, en la memoria económica del proyecto de ley no se contempló un estudio del impacto financiero de esta reforma, cosa poco
explicable, aunque no nos sorprenda en este Parlamento.
Un número insuficiente de Juzgados de lo Mercantil encargados de tramitar los expedientes concursales pueden provocar situaciones de colapso por la elevada carga de trabajo que estos órganos
soportan, que debería crecer si la ley se aplicara correctamente. Y ello incide especialmente en algunas comunidas autónomas que se caracterizan por una economía con gran peso del sector industrial y de la pequeña y mediana empresa, como Cataluña y
el «País Valencià».
En estos más de dos años de vigencia de la Ley Concursal, cuatro comunidades autónomas han concentrado en torno al 56 por ciento de los procedimientos concursales publicados. Catalunya, con un 22 por ciento del total, la
comunidad con mayor número de procedimientos, ha contado hasta junio de este año sólo con siete juzgados mercantiles, apenas un 13 por ciento de los 55 que había en todo el Estado. La demarcación de Barcelona, por ejemplo, pese a ser la primera del
Estado en expedientes tramitados, contaba hasta el pasado 30 de junio con sólo cuatro juzgados mercantiles. Esta situación de partida, totalmente insuficiente, se ha empezado a corregir parcialmente con la creación del Juzgado Mercantil 5, y a
partir del 2007 habrá un nuevo Juzgado Mercantil 6 con la transformación del antiguo Juzgado de Primer Instancia 58 de Barcelona.
La realidad actual es que mientras que en Barcelona se tramitan más del 19 por ciento del total estatal de los
expedientes y habrá en 2007 seis juzgados mercantiles, en Madrid, con un 12 por ciento del total de los expedientes ya hay hoy siete juzgados mercantiles.
Finalmente, quisiera referirme a una de las cuestiones centrales de nuestra moción: la
retribución de los administradores concursales.
El nuevo sistema concursal requiere la intervención de profesionales altamente especializados en el ámbito de la economía, el derecho, la contabilidad y la gestión de empresas que deben auxiliar al
juez mercantil en el cumplimiento de sus funciones.
Los administradores concursales son retribuidos con arreglo a arancel.
Con este sistema, el legislador pretendía conseguir que profesionales de calidad tuvieran suficientes incentivos para
desempañar el cargo de administradores concursales. Sin embargo, la gran mayoría de los concursos declarados corresponde a procedimientos abreviados, en los que sólo hay un administrador concursal y la masa activa resulta frecuentemente
insuficiente para hacer frente a los gastos del proceso, entre ellos la retribución de la administración concursal, por lo que en muchos casos estos profesionales no cobran sus honorarios, e incluso han
de sufragar a su cargo algunos gastos causados por la tramitación del expediente.
El sistema, a pesar de la voluntad expresada por el legislador, no garantiza en todos los casos una retribución adecuada a los administradores concursales por
la labor que desempeñan, lo que puede provocar una renuncia a esta especialización por parte de profesionales capacitados, y nos consta que algunos empiezan a planteárselo, que podría acarrear consecuencias negativas para el buen funcionamiento del
nuevo sistema concursal.
Es necesario introducir el concepto de retribución mínima, acorde con las tareas que inexcusablemente debe desarrollar la administración concursal en cualquier concurso, independientemente de la magnitud del activo y del
pasivo concursales, y establecer algún tipo de fondo de carácter público destinado a resarcir a los profesionales por los honorarios y gastos devengados por su intervención en los procedimientos concursales, en caso de impago por parte de las
entidades concursadas.
En cualquier caso, tal como prevé la disposición adicional única del Real Decreto 1860/2004, debe procederse a la evaluación de los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concursales, buscando una
solución más satisfactoria que la actual.
Así pues, con nuestra moción proponemos que al cabo de más de dos años de aplicación de la ley se realicen los ajustes necesarios para que se cumplan sus objetivos con la máxima eficiencia posible.
Llegados a este punto, nos satisface que el resto de los grupos parlamentarios hayan entendido la necesidad de estos ajustes y hayamos acordado un texto transaccional que nos satisface porque abre la puerta a una reforma de la normativa reguladora
de los procedimientos concursales, insiste en la necesidad de crear nuevos juzgados mercantiles e insta al Gobierno a evaluar la aplicación del arancel de los administradores concursales, al tiempo que plantea la actualización del baremo, el
establecimiento de una retribución mínima de los administradores concursales y la creación de los instrumentos legales para garantizarla.
Quería también señalar que esta moción se inscribe en un proceso de trabajo de análisis de aplicación de la
Ley Concursal y de reflexión sobre posibles mejoras que han realizado los colegios profesionales catalanes, defensores jurados de cuentas, titulados mercantiles y empresariales, abogados y, singularmente, el Colegio de Economistas de Cataluña.
(El
señor Bofill Abelló termina su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Agraint als altres grups la seva bona diposició a lÆacord, acabo, senyor president.» Agradeciendo a los
demás grupos su buena disposición al acuerdo, concluyo, señor presidente.
«Gràcies.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Como hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Es de agradecer, de verdad, el planteamiento que se hace , por lo que manifestamos el apoyo de este grupo y de Eusko Alkartasuna a esta moción.
Nos parece que la actualización de
la Ley Concursal 22/ 2003, con fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2004, necesitaba una revisión y una modernización para adaptarla a la situación en este momento del mundo empresarial y del mundo del negocio en cualquiera de los sectores
económicos.
Es una ley con disfuncionalidades y con situaciones todavía no previstas y no actualizadas en función de cómo está evolucionando. Esta actualización va a intentar fundamentalmente solventar todos los problemas y situaciones que se
vayan a producir en la empresas. Tal vez estemos en una situación de bonanza económica, pero las crisis empresariales, las situaciones cercanas a la suspensión de pagos o quiebras o las problemáticas que se pueden producir o que se están
produciendo generan los concursos de acreedores y situaciones de endeudamientos con profesionales, personas físicas, entidades financieras, personas individuales, trabajadores y gente que se encuentra en situación precaria de difícil cobro en aquel
momento.
Con esta modificación que se intenta y con esta revisión que hay que hacer a la ley se quiere, además, solventar las triquiñuelas y circunstancias que se suelen plantear en los momentos en los cuales las empresas buscan soluciones
alternativas y no se plantean hacer frente a una realidad financiera y económica debido a crisis o a que su cuenta de explotación o a que sus márgenes son negativos.
Creemos que es fundamental esta revisión y que ello va a conllevar la creación de
juzgados de lo Mercantil en demarcaciones en las cuales el número y el atosigamiento de estas crisis empresariales o de estas situaciones de crisis se producen o se van a producir. Es fundamental que se creen estos juzgados y que haya un incremento
al objeto de que estas situaciones de crisis se vayan solventando y de que los acreedores y la gente en situación precaria tengan salida cuanto antes.
Nos vamos a referir fundamentalmente a los aspectos de baremos, retribuciones y honorarios a las
personas afectadas en todo el entramado de esta situación concursal. Creo que es fundamental llegar a situaciones mucho más acordes con la realidad en cuanto a las retribuciones de los administradores concursales en función de las percepciones que
suelen estar cobrando y el trabajo que suelen llevar a efecto.
Creemos que es interesante cerrar, concretar, actualizar las cifras de percepción y creemos que los baremos deben ponerse al día. Junto al juez de lo Mercantil hay una serie de
profesionales relacionados con la profesión de economistas, actuarios, contables, financieros, juristas, pues muchas veces hasta este momento la percepción de honorarios o llega muy tarde o no les llega y tal vez la retribución no está acorde con la
realidad.
Por ello --y termino--, creo que es fundamental la revisión, la actualización, por la obsolescencia de esta ley, aunque joven, y también es fundamental que la situación de crisis económica y de los acreedores se solvente con
una actualización y se actualicen tanto los baremos de retribución como los honorarios.
Bendita sea esta actualización y cuanto antes mejor.
«Eskerrik asko».
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Es evidente que estamos hablando de la Ley 22/2003 Concursal y que supuso modificar uno de los temas fundamentales en el tráfico mercantil como es el derecho concursal en aquel
momento vigente.
El concurso supone una salida para las sociedades mercantiles en crisis económica y dos opciones bien claras: la liquidación definitiva de esa sociedad o la recuperación de su viabilidad.
Después de dos años de vigencia de la
ley, la realidad es que los problemas en el trámite de presentación judicial por parte de las empresas siguen complicados, existen dificultades económicas por parte de los que han de instar el concurso, lo que crea dudas importantes, existe
insuficiencia de los juzgados de lo Mercantil, que se ha dicho repetidamente en el reciente debate de los Presupuestos Generales del Estado, donde había partidas concretas para pedir el incremento de juzgados de lo Mercantil, sobre todo en ciudades
de más de cien mil habitantes, y, en tercer lugar, se producen, después de dos años, deficiencias en el trámite judicial, deficiencias que van por la interpretación y la práctica de la ley, pero también deficiencias en la aplicación real de la misma
por una cuestión tan importante como son las partes que intervienen y la exigencia de intervención de profesionales especializados. Todo ello, evidentemente, supone la necesidad de buscar medios que garanticen la viabilidad de todos estos
requerimientos, de todos esos legítimos intereses que aparecen en el desarrollo de cualquier concurso, y en base a ese punto el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso presentó el pasado 13 de octubre una proposición no de ley de
mejora de la retribución de los administradores concursales. En dicha proposición de ley se fija claramente el arancel de los derechos de los administradores concursales, la retribución mínima y la necesidad de que el concursado deposite una
provisión de fondos al efecto.
La moción que hoy se nos presenta, que nos parece positiva, contempla también lo previsto en dicha proposición de ley y creo que es muy positivo que desde el Senado fijemos claramente el planteamiento y lo que supone
resolver una cuestión tan importante en un procedimiento concursal.
Por tanto, manifiesto nuestro acuerdo a la moción y a la transaccional, y permítanme, para acabar, como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
expresar mi reconocimiento al informe elaborado por los colegios de abogados, economistas, censores jurados de cuenta y titulados mercantiles de Cataluña y Barcelona que analizan en un amplio trabajo las valoraciones de aplicación del nuevo marco en
los últimos años, especialmente las deficiencias y las medidas que se producen y que deben subsanarse de manera urgente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Dicho lo dicho, este portavoz no tiene en su ánimo alargar un debate que está ya finiquitando. Soy consciente de que estamos en la cuesta abajo y creo que es absurdo repetir
argumentos ya manifestados, pero sí quiero dejar constancia de manera expresa en el «Diario de Sesiones» de este Pleno que la iniciativa presentada y hoy defendida por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés nos ha parecido desde su origen
una iniciativa oportuna, sensata y de contenido, con una exposición de motivos didáctica, incluso exhaustiva, pero abordando los problema que vienen dificultando la aplicación del procedimiento concursal derivado de la vigente Ley de 9 de junio del
año 2003, y además hay que decir que es una moción que tenía un texto dispositivo abierto, que permitía, y procuraba, llegar al acuerdo. Prueba de ello es que se han presentado tres enmiendas a la moción, las tres eran, para mi grupo parlamentario,
plausibles, y posibilitaban también, porque iban en la misma dirección, llegar a ese acuerdo, porque se ha alcanzado en virtud de esa transaccional que consta ya en la Mesa y que hemos suscrito de forma gustosa, con lo cual sobra decir que mi grupo
parlamentario va a apoyar con su voto la iniciativa y que felicita al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por haber traído una cuestión tan importante a debate de esta Cámara, y expresamente al senador Bofill habida cuenta de que ha sido
el principal impulsor del acuerdo finalmente alcanzado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve y me limitaré a la lectura del texto que hemos suscrito los grupos. Únicamente quisiera destacar la importancia de una administración concursal, profesional y
competente mediante un dato. A los dos años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Estadística contabilizaba 1.799 concursos que afectaban a unos 43.500 trabajadores y a un número, sin duda, muy importante de acreedores.
A nadie se le
puede escapar que un planteamiento con previsión del concurso, junto con una administración concursal con voluntad, capaz de plantear ya sea una liquidación ordenada, ya sea una viabilidad, aunque fuera de parte
de la actividad empresarial, tiene un inmenso impacto social.
El texto de la moción que aprobaremos por unanimidad es el siguiente: El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa
reguladora de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, con el objetivo de eliminar disfunciones y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades productivas y de los puestos
de trabajo que éstas generen, siempre que sea económicamente viable, conforme las siguientes actuaciones: uno, iniciar los estudios para una posible mejora de la Ley 22/2003, con el fin de favorecer el uso de los procedimientos concursales como
instrumento de superación de las crisis empresariales, con la participación del Consejo General del Poder Judicial y de las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, entre otras; dos, continuar incrementando el
número de juzgados de lo Mercantil y su adecuada dotación, en especial en aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor carga de trabajo como consecuencia del número de expedientes concursales en tramitación; tres, proceder a la
evaluación de los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concursales, consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, conforme
dispone la disposición adicional única del Real Decreto 1860/2004.
Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de los administradores concursales y las tareas que realizan, y se
considerará la actualización del baremo, en su caso, y el establecimiento de una retribución mínima de cada uno de los administradores concursales suficiente para que pueda atender con profesionalidad la tramitación básica de un concurso, y la
creación de los instrumentos legales necesarios y suficientes que garanticen esta retribución mínima.
Mi grupo agradece el apoyo del resto de los grupos parlamentarios y muy especialmente al Grupo Parlamentario Socialista por avenirse a un acuerdo
que compromete al Gobierno; en este sentido, quiero dejar claro que no nos satisface la simple aprobación de esta moción, porque de lo que se trata es de dar nuevos pasos en el próximo ejercicio para conseguir una reforma de la normativa que
redunde en una mejor resolución de los concursos en beneficio de las partes implicadas y de la buena salud de las empresas y de nuestra economía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. En el año 2003 se aprueba una ley sobre esta materia que modifica la anterior, de 1829. De 1829 a 2003 hay un lapsus temporal, cambia España, la realidad económica
y social; parecía, por tanto, que era hora de abordar esa reforma y he de decir que hubo siete intentos frustrados.
Esta ley entró en vigor en septiembre de hace dos años. ¿Es el momento de evaluar su aplicación? Pudiera ser que sí, pudiera ser
que no. Porque hay momentos de bonanza económica que no parece que hayan motivado la situación de desequilibrio patrimonial de la pequeña y mediana empresa; de los 34 juzgados mercantiles que hay en España sólo tres o cuatro llevarán asuntos de
grandes empresas, la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, el tejido empresarial que genera el 90 por ciento del empleo en el conjunto de España.
Pues bien, esta situación de bonanza económica no ha obligado a muchas empresas a acudir a
los juzgados de lo Mercantil. ¿Es un momento económico para evaluar la aplicación de esta ley? No lo parece. Pero depende de nuestra capacidad y no de las matemáticas, la física o la química, de nuestra voluntad humana y política evaluar la
aplicación de una norma jurídica; cierto es que se detectan algunos problemas de planta judicial, hay algunos juzgados de lo Mercantil instalados en un balneario y algunos con una sobrecarga, con una congestión de asuntos, y es bueno replantear la
planta en algunos territorios, se hará en la reforma de planta; es más, ya se han efectuado algunas reformas técnicas. Y no solo eso; la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación ya está trabajando en esta eventualidad y está
atendiendo, sobre todo, a lo que más nos preocupa: cómo remover los obstáculos que impiden o dificultan que las empresas que necesitan del Juzgado de lo Mercantil lleguen a pedir su colaboración. Es cierto que se produce esa situación y que esos
son los obstáculos que hay que remover para que estas empresas vayan al Juzgado de lo Mercantil y vean que no se trata de sancionar la quiebra --la vieja figura de la quiebra--, el procedimiento de quita y espera, el concurso, etcétera, ni de las
viejas figuras del síndico, el depositario o el comisario. Se trata de que vean que esta ley es moderna y ágil, que unifica procedimientos y concursos, que unifica igualmente figuras que intervienen y que es mucho más ágil en el momento de
garantizar el reflotamiento y la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Si me obligaran a escoger y me pidieran que dijera lo que más me preocupa, diría lo siguiente: lo más relevante de esta ley es que hace que la
función principal del Juzgado de lo Mercantil, de los servidores públicos fijos y de los colaboradores eventuales con el órgano jurisdiccional --abogados, censores jurados de cuentas o economistas--, sea garantizar la viabilidad empresarial y el
mantenimiento de los puestos de trabajo. Eso es lo básico, lo más relevante, la almendra de su trabajo. Además, si se detecta la posibilidad --que desconozco-- de que algún economista, censor jurado de cuentas o abogado haya dejado de cobrar en
algún lugar de España sus aranceles fijados por el Real Decreto 1860/2004, y eso se convierte en una especie de factor disuasorio para que otros profesionales se cualifiquen en esta materia e intervengan, esta sería una disfunción que habría que
abordar. Y si se puede abordar en clave de reforma o en clave de real decreto, ¿por qué no hacerlo? En última instancia,
se trata de que cualquier empresario pueda garantizar la viabilidad empresarial de su proyecto y el reflotamiento de su empresa. ¿Por qué no vamos a facilitar también que los profesionales puedan hacer su trabajo, coadyuvando con esa
posibilidad? Hay que recordar que en el momento en que se tramitó este texto en 2003, durante los cinco meses que duró y para elaborar las 650 enmiendas que se presentaron, no se consultó solo con los colegios de economistas, notarios y
registradores, a la Fiscalía General, con el Consejo de Estado y con el Consejo General del Poder Judicial, además de con abogados, procuradores y todo tipo de oficios; además, el Colegio de Economistas ofreció un modelo, muy positivo, de
economista forense, porque los economistas forenses o contables forenses son auxiliares imprescindibles para la labor de ese órgano jurisdiccional.
En definitiva, se trata de que nos planteemos si es bueno evaluar su aplicación, si estamos por la
labor de hacerlo y si nos comprometemos a hacerlo. Igualmente, si queremos remover los obstáculos que impiden a las empresas acudir al Juzgado de lo Mercantil en el momento que lo necesitan. No se trata de que acudan cuando tienen el agua al
cuello o cinco kilómetros por encima, sino de que acudan en el momento en que es necesaria la función del titular jurisdiccional para que haga el concurso de acreedores y así se garantice no solo la prelación de créditos y el cobro, sino también la
viabilidad del proyecto empresarial. En última instancia, creemos que esa evaluación puede contribuir a dar más certidumbre y reglas más claras a las inversiones y al desarrollo de los proyectos empresariales.
Además, no queremos que ningún
profesional se quede sin cobrar sus aranceles por no prever esta eventualidad. Hay que recordar algunas de las experiencias; algunas pueden ser las que usted formulaba en su moción inicial, y alguna otra puede ser la que ha promovido una diputada
del Partido Nacionalista Vasco y que he tenido la oportunidad de comentarle a usted en privado, cuando se planteaba la posibilidad de que de las cantidades a detraer de la masa para que luego se cobren los aranceles se pudiera detraer cierta
cantidad para que el profesional que no pudo cobrar en su momento de la masa pudiera recuperarlo de ahí. En lugar de plantear una socialización de deudas, se plantearía que el trabajo de unos colegas facilitara la creación de una bolsa para que
otros colegas menos afortunados pudieran cobrar sus aranceles. No estoy proponiendo la socialización de deudas ni la creación de una bolsa pública, ni la posibilidad que acabo de decir; no estoy proponiendo ninguna de ellas.
Tan solo planteo que
cualquiera de esas figuras, u otras que se nos ocurran pueden ser recogidas.
Me pareció que esa era una posición bastante razonable, e insisto en que no soy un «hoolingan» de ninguna diputada o senador ni de ninguna propuesta; pero es tan legítimo
pensar en la socialización de la deuda como en la colaboración entre colegas con el fin de garantizar esa bolsa para los compañeros que no puedan cobrar de la masa de ese empresario que está en el juzgado de lo Mercantil.
Señorías, nos felicitamos
por ese acuerdo transaccional, y tal y como corresponde ahora, les deseo a todos un feliz año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser extremadamente breve. Esta es una moción consensuada, y a estas horas todo está ya dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra.
Quiero únicamente matizar
tres cuestiones, pues considero que en el «Diario de Sesiones» debe constar nuestra opinión sobre una moción que considero oportuna y que agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
La moción se centra básicamente
en tres puntos, pero el que hay que resaltar es aquel que modula las retribuciones vía arancel que van a cobrar los administradores de un concurso de acreedores. Es evidente que el desarrollo de esta ley concursal de 2003, a efectos de
retribuciones, se hace en el llamado decreto 1860, de 2004, que ahora se citaba aquí.
Hay dos aspectos relevantes: por una parte, la determinación de que ese arancel es una cuestión importante, porque fija una cantidad determinada con
independencia de la labor que desarrolle por el profesional en función de su capacidad. Todos harán lo mismo, y entre todos levantarán esa empresa en crisis.
Pero, además, este arancel se fundamenta en un baremo en función de la cuantía. El tema
de la cuantía puede ser delicado, puede aplicarse directamente en función de los activos y pasivos del concursado lo que, además, lleva aparejada la necesidad de plantearnos si la elevación de esta significa una amplia complejidad jurídica.
Normalmente así es, y, por tanto, en sí mismo no es malo que la cuantía conlleve esa complejidad jurídica.
Pero si fijamos algún otro criterio, podemos solventar aquello que pudiera no suceder de este modo. ¿Y cómo lo fijamos? Pues permitiendo
que el juez pueda determinar un aumento de la retribución entre un 5 y un 25 por ciento cuando exista una especial complejidad. Es decir, se trata de que no haya solo un baremo, el de la cuantía. Además, y también como consecuencia de esta moción,
habría que fijar un mínimo, porque si la cuantía es pequeña podría existir un mínimo en el cual no sería posible que ese profesional pudiera desarrollar toda su capacidad como personal ajeno a ese concurso. Esto se resuelve a través de la moción,
así como en la proposición de ley que nos citaba el portavoz del grupo catalán.
El segundo problema con relación a las retribuciones es el referido a la necesidad de que exista un mínimo de garantía en cuanto al cobro de estos administradores que,
repito, son ajenos a la función propia de carácter judicial. La moción es clara en esto; nos habla de diferentes instrumentos legales, los que sean: un depósito, una pensión de fondos o una cantidad que pueda detraerse del activo de la masa del
concurso, como ustedes quieran, pero en principio hay que buscar esta necesidad y esta garantía para el posible cobro. Pero como quienes me han antecedido en el uso de la palabra ya han ahondado en ello, considero innecesario seguir por este
camino.
Con respecto a los juzgados de lo Mercantil, es un problema de toda la Administración de Justicia. Se necesita una inversión muy importante en los juzgados, no solo en los de lo Mercantil sino también en los de los demás órdenes
jurisdiccionales. Lo hemos visto recientemente en los Presupuestos Generales del Estado, en los que, según nuestro grupo parlamentario, no existe la inversión mínima y necesaria para poner al día al Ministerio de Justicia, que lleva un retraso con
respecto a los demás ministerios. Por tanto, nosotros siempre apoyaremos cualquier solicitud de una mayor inversión para la creación de juzgados mercantiles, pues eso facilitará el funcionamiento de la justicia en una cuestión tan importante como
lo mercantil.
Dos palabras nada más antes de terminar. Coincido plenamente con el portavoz socialista en cuanto a la necesidad de llevar a cabo una reforma concursal. La Ley Concursal marca un punto de inflexión muy importante, pues resuelve algo
que se plantea desde antaño en el ordenamiento jurídico español, porque la ley era de 1829. Llevábamos prácticamente dos siglos y tres cuartos manejando una ley que, como es evidente, ya no responde a los estándares sociales del siglo XXI, y eso se
resuelve con la Ley Concursal. Sin embargo, y a los dos años de la aplicación de la Ley Concursal, creo que estamos planteando muy pronto su posible reforma.
Considero innecesario planteárnosla en estos términos, pues no hace falta una reforma con
tal inmediatez. No ha saltado ningún tipo de alarmas en el funcionamiento de esta Ley Concursal, aunque sí es cierto --esto se recoge en el punto primero de la moción--, que siempre es bueno instar a la Comisión General de Codificación, al Consejo
del Poder Judicial, al poder procurador y al poder legislativo y, evidentemente, al Gobierno, como se hace en la moción, para que estén atentos a estos estudios iniciales por si pueden plantear algún tipo de distorsión en la aplicación práctica de
una ley que realmente es novedosa. Desde este punto de vista, la moción solventa esta cuestión planteando una iniciativa de estudio sobre las posibles distorsiones prácticas de lo que puede suponer un punto de inflexión en una justicia mercantil
moderna del siglo XXI.
Quiero dar la enhorabuena de nuevo al ponente, pues es una moción oportuna y adecuada, y felicitarnos un poco todos por llegar a este consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Después de concluido el debate, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento la propuesta de modificación firmada por todos los grupos? (Asentimiento.) Queda aprobada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO SUR Y EL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA ADHESIÓN AL CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO
SUR Y SUS RESPECTIVAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES Y PROTOCOLO FINANCIERO ANEXO AL MISMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000173) (C. D. 110/000184).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en
el Hemisferio Sur y el Reino de España relativo a la adhesión al Convenio que establece la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur y sus respectivas cláusulas y condiciones y Protocolo Financiero anexo al mismo.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.) Senador Tejera, ¿desea intervenir? (Pausa.) No siendo así, ¿puede entenderse concedida la autorización? (Pausa.) Queda concedida.
Señorías, se levanta la sesión
hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.
CORRECCIÓN DE ERRORES:
En el «Diario de Sesiones» número 104, correspondiente a la sesión del Pleno del día 12 de diciembre de 2006, en la página 6286, se ha omitido el resultado de la votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió: «Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, siete; en contra, 244; abstenciones, dos.» En la página 7290 del mismo «Diario de Sesiones» aparece repetida la votación de la
propuesta de modificación número 75399.