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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 65, de 25/04/2006
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 65
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 25 de abril de 2006,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
-Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por las fundaciones del sector público estatal constituidas por el Instituto de Salud Carlos III, ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. (Número de expediente Congreso 251/000033 y
número de expediente Senado 771/000033.) ... (Página 2)
Informe de fiscalización de la situación, a 31 de diciembre de 2001, de las cuestiones relacionadas con la financiación del Grupo Enausa puestas de manifiesto en la fiscalización
aprobada por el Pleno del Tribunal el 29 de julio de 1988. (Número de expediente Congreso 251/000045 y número de expediente Senado 771/000047.)
4
-Informe de fiscalización de las subvenciones de ayuda oficial al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). (Número de expediente Congreso 251/000051 y número de expediente Senado 771/000051.) ...
(Página 6)
-Informe de fiscalización del Consorcio Salamanca 2002 y de las inversiones del Programa Edificios 2002. (Número de expediente Congreso 251/000099 y número de expediente Senado 771/000097.) ... (Página 7)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba), para informar sobre los siguientes extremos:
-Informe de fiscalización del Programa 413C, Sanidad exterior y coordinación de la salud pública y del consumo, ejercicio 2001. (Número de expediente Congreso 251/000055 y número de expediente Senado 771/000055.) ...
-Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la autoridad portuaria de Bilbao y sus filiales en los ejercicios 2001 y 2002. (Número de expediente Congreso 251/000059 y número de expediente Senado 771/000060.) ...
(Página 14)
-Informe de fiscalización de los excedentes de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. (Número de expediente Congreso 251/000064 y número de expediente Senado 771/000064.) ... (Página
17)
-Informe de fiscalización de las actividades de colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales,
durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003. (Número de expediente Congreso 251/000073 y número de expediente Senado 771/000076.) ... (Página 21)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CONSTITUIDAS POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, EJERCICIOS 1999, 2000, 2001 Y 2002. (Número de expediente Congreso 251/000033 y
número de expediente Senado 771/000033.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión de la Comisión fijando, en primer lugar, la votación no antes de las 11.15 horas. El primer punto del orden del día es el debate y votación de propuestas de resolución, y en primer lugar
del informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por las Fundaciones del Sector Público Estatal constituidas por el Instituto de Salud Carlos III, ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: En relación con este informe, lo mejor que puedo decir es que me ratifico en las palabras que pronuncié en la sesión anterior, cuando vino a explicar el informe y le hicimos las preguntas al presidente del
Tribunal de Cuentas, porque si algo se desprende del mismo son dos hechos que en las resoluciones presentadas por este grupo, pero también en las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, pretendemos corregir. Se han creado unas
fundaciones -una personificación jurídica pública- a las que les ha costado arrancar y sobre las que el tribunal ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones que, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido mejorando, porque, como decía el otro
día y vuelvo a repetir ahora, si algo se desprende del informe es la progresiva mejora de los procedimientos seguidos por las fundaciones, sobre todo por el CNIO, que es la que en el momento de terminar la fiscalización estaba más madura de las
tres. Por ese motivo y desde un punto de vista constructivo y positivo, nosotros hacemos tres recomendaciones que se corresponden con los tres grandes bloques en los que consideramos que se pueden ordenar las conclusiones del tribunal.
En la primera instamos al Gobierno para que impulse las modificaciones normativas oportunas para que la contratación de las fundaciones constituidas por el Instituto de Salud Carlos III, pero también por el resto de las fundaciones del
sector público, se atengan a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad para la mejor consecución de los objetivos a los que atiende su creación y que, además, esto sea compatible con la mayor garantía de administración de sus fondos
públicos. Esa resolución (ya anuncio que vamos a votar favorablemente las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y haré una referencia expresa a la última) viene a ser lo mismo que lo incluido en la primera resolución, que
se tenga en cuenta el contenido de las directivas comunitarias que van encaminadas a conseguir estos objetivos, también en la segunda, donde se habla de la publicidad, concurrencia y objetividad, e incluso en la tercera, en la que se dice que se
arbitren mecanismos legales para garantizar una gestión objetivable, flexible y transparente que permita desarrollar los fines fundacionales con la máxima eficiencia, que es en realidad lo que nosotros estamos pidiendo en esta primera resolución.
En la segunda y en la tercera resolución pedimos al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III, a los dos órganos que tienen responsabilidades sobre estas fundaciones, por una parte, que en caso de que no haya sido así -ha pasado
tiempo desde la terminación del periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, como decía antes, se ha ido produciendo una mejora paulatina- se adopten las medidas oportunas para la revisión de esos contratos de asesoramiento, alta dirección y
demás de carácter especial de estas fundaciones, a los efectos de su plena adecuación a la normativa vigente. En la tercera resolución -vamos de lo más general a lo más concreto- instamos también al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Instituto de
Salud Carlos III a que, en caso de que no se haya hecho, se adopten las medidas oportunas para que se consiga la regularización definitiva de las irregularidades y deficiencias señaladas por el tribunal en relación con la Fundación Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares. Entiendo que esto es similar a lo que pretende recoger la resolución número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, en la que además se le pide al tribunal que diga en su siguiente informe si se han regularizado
estas situaciones.
Por último, quiero valorar los objetivos y el trabajo que llevan a cabo y pueden llevar a cabo estas fundaciones. La utilización de la figura de las fundaciones para realizar algún tipo de actividad pública con la ventaja que pueden suponer
estas para recabar fondos privados y para ciertas mejoras en la consecución de objetivos es loable y es un camino por el que tenemos que seguir, pero no se deben olvidar esos principios generales y básicos de administración de los fondos públicos.
De ahí las resoluciones cuyo sentido acabo de explicar aquí y de ahí también el anuncio de que vamos a votar favorablemente las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Retomo las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a la utilidad de las fundaciones públicas, si bien es cierto que cuando se crean estas fundaciones parece, por lo menos en como se
desarrollan sus instrumentos, que tienen un objetivo claro y es eludir la consideración de organismo público. También es cierto que posteriormente hay un régimen jurídico que se ha modificado y estamos en una fase interesante para hacer que las
fundaciones sean unos instrumentos útiles pero sujetos a derecho.
Cuando se crean las fundaciones se ignora que hay muchas sentencias comunitarias que dicen claramente que el único supuesto de exclusión de la consideración de organismo público es que se trate de actividades mercantiles, es decir, aquellas
entidades que son propiedad total o parcial del sector público y que se dedican exclusivamente a actividades mercantiles como fin fundamental. Este no es el caso de estas fundaciones porque no atienden a necesidades mercantiles sino a necesidades
de interés general. Además, el propio tribunal lo dice: la autonomía de gestión de las fundaciones no les exime de aplicar en los procesos de contratación los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Las fundaciones a las que nos
estamos refiriendo, como saben SS.SS., dependen del Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Sanidad a través de su Secretaría de Sanidad. El capital desembolsado es íntegramente público y lo
desembolsa el Instituto de Salud Carlos III. En los estatutos de las tres fundaciones se establece en lo referente a la contratación que se regirán por las normas de derecho privado, civil o mercantil y, como decía, según el Tribunal de Cuentas, la
aplicación de estas normas de derecho privado es compatible con la observancia y la aplicación de criterios de publicidad, concurrencia y objetividad que resultan ineludibles en la contratación de estas fundaciones como garantía última del
cumplimiento de los principios de eficiencia y economía exigibles en la gestión del gasto público. Por tanto, las propuestas de resolución de nuestro grupo parlamentario y también las del Grupo Parlamentario Popular van dirigidas en torno a las
recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace en su informe.
Adelanto que vamos a votar favorablemente las propuestas de resolución del Grupo Popular que, sin duda, son semejantes a las que el Grupo Socialista presenta,
pero no hacemos transaccionales porque hay matices en unas y en otras que son de gran utilidad e interés. Me voy a referir en concreto a la tercera propuesta de resolución que hace mi grupo parlamentario y es que pedimos al Gobierno que
adopte las medidas oportunas para que en el desarrollo reglamentario de la actual Ley de Fundaciones se arbitren mecanismos legales para garantizar una gestión objetivable, flexible y transparente que permita desarrollar los fines fundacionales con
la máxima eficiencia.
Hay una evidencia clara y es que se requieren instrumentos ágiles de gestión, pero estos instrumentos tienen que venir perfectamente definidos por la legislación vigente o por la que se modifique, pero que realmente cumplan
con máximo rigor los objetivos que tienen encomendados. Por tanto, nos parece importante esa propuesta de resolución. Asimismo incidimos en otra cuestión y es que el Tribunal de Cuentas siga fiscalizando las fundaciones del sector público estatal
y que evalúe si realmente las correcciones a las que insta el propio Tribunal de Cuentas en sus organismos se han realizado en el momento actual en el que ya ha habido modificación de la legislación vigente. En definitiva, todas las propuestas de
resolución que se han planteado van a ser aprobadas por este grupo parlamentario.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, A 31 DE DICIEMBRE DE 2001, DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN DEL GRUPO ENAUSA PUESTAS DE MANIFIESTO EN LA FISCALIZACIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL EL 29 DE JULIO DE 1998.
(Número de expediente Congreso 251/000045 y número de expediente Senado 771/000047.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día: Informe de fiscalización de la situación, a 31 de diciembre de 2001, de las cuestiones relacionadas con la financiación del Grupo Enausa puestas de manifiesto en la
fiscalización aprobada por el Pleno del Tribunal el 29 de julio de 1998. En relación con este punto solo ha presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra para defenderlas el diputado señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: La situación legal creada con la promulgación de los decretos 173/2000 y 392/2000 debe presumirse válida mientras su ilegalidad no sea declarada por un órgano jurisdiccional competente. Con independencia de que
la opinión del Grupo Parlamentario Socialista reflejada en la reunión anterior de esta Comisión sea disconforme con la promulgación de tales decretos, formalmente, tal y como acabo de comentar, debemos presumir la validez y la legalidad del marco
legal que establecieron o que cambiaron esos reales decretos. Por tanto, de acuerdo con esta perspectiva, las operaciones que Audasa y Aucalsa, que son las filiales del Grupo Enausa, han realizado bajo este paraguas legal han tenido plena cobertura
legal y se han realizado en cada momento con arreglo a la normativa vigente. Todas las operaciones realizadas por Enausa y sus filiales en el marco de la normativa mencionada anteriormente tuvieron efecto en la situación económicofinanciera y
patrimonial de Enausa, que sirvió de base en el proceso de privatización para la fijación del precio mínimo que estableció SEPI y que asimismo fue considerada por los distintos oferentes en la presentación de sus respectivos precios de compra.
Dicho lo cual, debemos concluir que el grupo privado de empresas que compró ambas filiales de Enausa no tiene ninguna responsabilidad sobre el cambio legal producido por el Gobierno del Partido Popular y que nosotros hoy declaramos presumiblemente
correcto, puesto que era su potestad hacerlo, con independencia de que en la reunión de esta Comisión expresamos como Grupo Socialista nuestra disconformidad, que mantenemos, con lo que entonces se produjo. La situación formal es la que es. Así
pues, lo que pretendemos con los dos apartados de nuestra propuesta de resolución es que sea el Gobierno el que aclare si una vez finalizado el periodo de financiación a que alude la cláusula 46 del pliego de cláusulas generales para la
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, las sociedades concesionarias de autopistas de peaje pueden seguir disfrutando del beneficio económicofinanciero del
seguro de cambio. Nos interesa aclarar, de acuerdo con el discurso de la reunión anterior, si esto es posible mantenerlo o no, porque el Estado está comprometido en financiar, y por tanto reflejar en presupuestos la consignación presupuestaria
oportuna, esta situación de cuando se produzca variación en el cambio de las monedas sobre las que se pidieron los créditos oportunos, y también instar al Gobierno a aclarar si los derechos adquiridos por una sociedad concesionaria, otorgados al
amparo de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en los términos de su redacción vigente en el momento de la adjudicación, pueden verse modificados negativamente por una nueva redacción de determinados artículos de la referida ley. Estos son los dos puntos
de la propuesta que planteamos para los cuales solicitamos naturalmente el voto favorable de los grupos presentes en la Cámara.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Rodríguez por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Nuestro grupo no ha hecho resoluciones sobre este informe porque, como ya señalamos en la sesión anterior y hoy nos interesa ratificar, nos encontramos -a ver cómo lo digo de una forma suave y respetuosa con el
alto tribunal- con un informe muy parcial que, aunque dice en repetidas ocasiones que no ha entrado a analizar otras de las circunstancias que concurren en este grupo de sociedades concesionarias de autopistas que en el momento inicial
(esta es una fiscalización que se deriva de otra fiscalización) eran públicas, cuando hace el informe ya son empresas privatizadas en donde hay una serie de hechos posteriores que un auditor debe analizar siempre, y en los que el tribunal no
entra, con independencia del título escueto al que se refiere este informe. Como consecuencia de esos hechos posteriores, este grupo entendió que no debía hacer ninguna resolución. Y puesto que por la dinámica de esta Comisión nuestra posición se
explica en una sola vuelta, no compartimos algunas de las manifestaciones vertidas por el portavoz del Grupo Socialista en la sesión anterior.
Dicho esto, vamos a votar favorablemente las resoluciones del Grupo Socialista, ya que, como dice el
refrán, lo cortés no quita lo valiente y, si como consecuencia de una petición de esta Cámara se le da al Gobierno la posibilidad de que manifieste su postura cerrada, perfecto, pero esa postura estaba incluida en las alegaciones que hizo el
Gobierno en relación con el informe del tribunal y que éste no atendió.
Otra cuestión es la relativa al seguro de cambio de autopistas. Se trata de un procedimiento que nace en unos años en los que el Estado, el Gobierno, la Administración Central, el Banco de España no tenía divisas y en el país no había
financiación. Ahora esto nos puede parecer ciencia-ficción, pues han pasado treinta y tantos años desde que el sistema se puso en marcha, pero entonces lo que pasaba era que las empresas concesionarias tenían que salir a los mercados extranjeros y
conseguir financiación y en el momento en que la financiación entraba las divisas ni las utilizaban, ni siquiera podían especular con ellas, sino que se las quedaba el Banco de España y automáticamente les daba su contravalor, entonces en pesetas,
que era con lo que funcionaba la empresa concesionaria. Esa es la razón última por la cual se estableció el seguro de cambio, porque como en realidad las divisas se las quedaba el Gobierno y con lo que contaban las empresas era con una moneda, la
que fuera, al final su obligación era devolverla y quien había sido el destinatario último de las divisas, el Banco de España, era el que corría con su movimiento. Este hecho no sucede solo con las sociedades concesionarias de autopistas públicas
sino también con las privadas y el Tribunal de Cuentas, poniendo en tela de juicio -es bueno que hable el Gobierno, aunque ya se manifestó en las alegaciones- el sistema de seguro de cambio de autopistas, puede hacer un roto de tal calibre a nuestro
sistema de concesionarias que algo que aparecía ayer en los periódicos como la operación de Abertis y la compra de las concesionarias de autopistas italianas, que provienen de Acesa y obtuvieron las concesiones y el seguro de cambio de autopistas en
el momento vigente, exactamente igual que estas que antes eran públicas y que ahora son privadas, se verían claramente deteriorados. Y no solamente eso sino que los decretos de ampliación de plazo de concesiones no solo se hicieron para las
autopistas públicas, también para las concesionarias de autopistas privadas, y si ahora ponemos en tela de juicio todo el sistema normativo, que como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Socialista no ha sido declarado ilegal por un órgano
jurisdiccional competente, pondríamos en tela de juicio uno de los sectores que en este momento está funcionando mejor en nuestro país, es más competitivo y está saliendo al exterior.
Por eso decía de una forma suave que el informe del tribunal,
así como el análisis de todo el proceso, es cuando menos imprudente y a mi grupo le gustaría que esta discusión se cerrara. Como Parlamento estamos dando la última palabra al Gobierno para que diga que esta normativa que en este momento está en
vigor está en vigor (obviamente está en vigor y además es plenamente aplicable) y que no solamente se aplica a un grupo que en su momento fue público sino a todos los grupos de concesionarias de autopistas, como decía, de este país, de España. Por
otra parte, esas condiciones reflejadas tres años más tarde en un balance de las concesionarias, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Socialista, fueron la base para un proceso de privatización que además se celebró con sobre cerrado y en
subasta al alza. El tribunal debía haber entrado en esas consideraciones aunque no estaba fiscalizando la privatización. ¿Por qué? Se estaban poniendo en tela de juicio los pilares básicos de una privatización por la que se pagó y, si varían las
circunstancias, a efectos de los caudales públicos les estaría sobreviniendo un hecho a los adjudicatarios de la privatización que pagaron por ella abriendo sobres al precio más alto y que al cambiar las circunstancias, aparte de ser objeto con toda
seguridad de recursos, variarían también las condiciones que se produjeron.
En fin, vamos a votar favorablemente las propuestas del Grupo Socialista y esperemos que en los informes que se hagan sobre este tipo de cuestiones en el futuro se tengan en cuenta todas las circunstancias, pues este órgano legislativo, esta
Comisión tiene que decidir haciendo resoluciones y estamos velando para que las cosas sean como deben ser, pero analizándolo todo y no solo una parte.
El señor PRESIDENTE: Para contestar y hacer uso del turno de fijación de posición, que pido que sea breve, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Solo voy a hacer dos breves matizaciones a lo comentado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es verdad que el tribunal no se ha pronunciado sobre lo ocurrido a partir de 2001 y, por tanto, también es
verdad que el tribunal no ha fiscalizado ni se ha pronunciado sobre lo sucedido con posterioridad a la privatización. El informe acerca del que discutimos en la sesión anterior, sobre el que están hechas estas resoluciones, se refiere efectivamente
a la situación de las dos empresas Aucalsa y Audasa, filiales de la Enausa, en el año 2001, es decir, dos años antes de que se privatizaran. Cuando nosotros intervenimos en la sesión anterior nos referimos a lo que ocurrió en el año 2001 y no a lo
que sucedió después, y
criticamos que en aquel momento el Gobierno del Partido Popular hiciera caso omiso de las recomendaciones de esta Comisión. Eso es lo que hicimos y no voy a entrar en más profundidades, aunque reconozco que hice algunas valoraciones que son
personales.
También quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que apoye los dos puntos de la propuesta que hemos hecho porque, con independencia de la opinión que expresamos en la sesión anterior, hoy, cuando toca tomar decisiones que afectan a la
nueva situación, a la producida después de 2003, cuando se venden las empresas, hay que ser cuidadoso con lo que se hace y con lo que se propone. Por eso lo que hacemos precisamente hoy es instar al Gobierno a que aclare dos situaciones muy
concretas para evitar cualquier tipo de problema que se pueda ocasionar a las empresas privadas que han ido a un concurso teniendo en cuenta la situación del momento y se han jugado su dinero para comprarlas estando sujetas a derechos adquiridos
como consecuencia de la compra. Lo que queremos es que el Gobierno lo aclare sin más y, una vez hecho, se actúe en consecuencia. No pretendemos otra cosa y ahí dejamos zanjado el asunto.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO GESTIONADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) (Número de expediente Congreso 251/000051 y número de expediente Senado 771/000051.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 3 del orden del día: Informe de fiscalización de las subvenciones de ayuda oficial al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Para defender las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado cuatro propuestas de resolución en coherencia con la intervención que hicimos en la anterior sesión explicando lo que a nuestro juicio fue una valoración de este informe,
con lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas y con la experiencia de los diferentes gestores que han pasado por la Agencia Española de Cooperación, que como dijimos el otro día es el instrumento de la cooperación española, una cooperación que
ha ido creciendo y desarrollando instrumentos y capacidades, así como también un importante volumen de ayuda económica, y que con el paso del tiempo ha ido mejorando con la Ley de cooperación y con otros instrumentos, pero es evidente que necesita
dar un salto, tal y como lo reflejaron los gestores en el año 2001, en cuanto a la cantidad y la cualidad de la Agencia Española de Cooperación, que es lo que en este momento está sobre la mesa. En ese orden de cosas hemos presentado cuatro
resoluciones que pretenden mejorar los instrumentos de las ayudas oficiales al desarrollo.
La primera resolución hace referencia a las necesarias modificaciones en la normativa reguladora de la concesión de ayudas oficiales al desarrollo para subsanar las carencias que dice el propio informe del tribunal. La segunda resolución
pretende que se adopten por parte de la agencia española medidas de procedimiento y organizativas para que las ayudas al desarrollo respondan realmente a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y que haya personal suficiente en el
organismo -que ha sido siempre el deseo de los gestores- para poder gestionar estas ayudas sin necesidad de recurrir a externalizarlo, necesidad fruto de la incapacidad de los propios instrumentos de la Administración. La tercera resolución hace
referencia al adecuado seguimiento que deben tener las ayudas al desarrollo, máxime en un momento en el que las mismas tienen un volumen importante y en el que se necesita extremar todos los criterios de justificación, los tiempos, para los que
fueron asignados. Son tres resoluciones que van en la dirección de mejorar los instrumentos, garantizar la publicidad, garantizar la transparencia, dotar de más personal y dar más capacidad a la Agencia Española de Cooperación. Hay una cuarta
resolución en la que otro instrumento importante de las ayudas, la otra parte de las ayudas son los propios beneficiarios, en este caso las ONG, que muchas veces sufren las crisis de su crecimiento o las incapacidades de poder llevar a cabo esos
fines. La debilidad manifestada por las ONG hace que muchas veces no se puedan cumplir con la suficiente profundidad todas las exigencias que marca la normativa. Por eso creemos que la Agencia Española de Cooperación debe establecer líneas de
ayuda para potenciar las estructuras, las capacidades de las ONG, para que en este momento sean instrumentos con más capacidad de profesionalización y de ejecución de los temas que les son encomendados.
Por tanto, esas cuatro resoluciones van en la
línea de lo que dice el propio Tribunal de Cuentas y de lo que ha sido la manifestación de los diferentes gestores de la Agencia Española de Cooperación, incluso de los actuales.
Aprovecho para decir que el Grupo Popular está de acuerdo con las resoluciones que ha presentado el Grupo Socialista, porque son las que marca en este momento el Tribunal de Cuentas y las que han manifestado los diferentes gestores en las
diferentes etapas de la Agencia Española de Cooperación y porque son coincidentes con las que nosotros hemos presentado. Vamos a apoyar las resoluciones presentadas por el Grupo Socialista y nos gustaría que en reciprocidad, porque creemos que el
espíritu es el mismo, se apoyaran las resoluciones presentadas por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Voy a ser breve porque las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista están recogidas de las recomendaciones del análisis del Tribunal de Cuentas, que van en la línea política que
desea llevar a cabo mi grupo parlamentario y que es aquella que tiene que ver con una mayor transparencia de las ayudas, una objetividad en la concesión de las mismas y una mayor eficacia para alcanzar no solo los objetivos que tienen que ver con la
cooperación al desarrollo en sí sino los que tienen que ver con la ayuda humanitaria, que se produce siempre en momentos en que la rapidez, la inmediatez y la eficacia son fundamentales, así como con la coordinación de todos los activos de la misma.
También están en la línea de las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que supone una forma de corregir una gestión pasada que no estaba participada claramente de estos principios de transparencia, objetividad, eficacia y coordinación de
los mecanismos del Estado e interactuación con la sociedad civil, organizada con el mismo objetivo. En ese sentido, teniendo en cuenta que las relaciones actuales tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Secretaría de Estado con las
ONG están basadas en el acuerdo, el consenso y la coordinación e institucionalizadas y pactadas, creemos que no debería figurar como propuesta de resolución el punto cuatro que acaba de explicar el señor Robles, porque al tener que ser una política
pactada con el sector y al existir ese marco de encuentro para hacer esos pactos políticos habrá una reflexión sobre las propuestas del Tribunal de Cuentas y sobre cómo mejorar esa transparencia y eficacia en la práctica.
En definitiva, creemos que
el informe del Tribunal de Cuentas es duro con la gestión del año 2001 y que nos aporta pautas para corregir las graves deficiencias señaladas en ese periodo, que en gran medida están recogidas en las propuestas de resolución que presentamos tanto
el Grupo Parlamentario Popular como mi grupo parlamentario y que apuntan a la erradicación de ese tipo de deficiencias en la gestión de la ayuda de cooperación internacional de nuestro país.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO SALAMANCA 2002 Y DE LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA EDIFICIOS 2002. (Número de expediente Congreso 251/000099 y número de expediente Senado 771/000097.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Informe de fiscalización del Consorcio Salamanca 2002 y de las inversiones del Programa Edificios 2002. Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Perdone, señor presidente. Nuestra portavoz estaba aquí hace dos minutos. No sé si ha salido. Ella es la que ha analizado el informe y la que lo conoce bien. Ya llega.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Discúlpenme, pero creí que quedaba un poquito más de tiempo. Tenía un problema importante familiar. Lo siento de verdad.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado dos propuestas de resolución al informe de fiscalización del Consorcio Salamanca 2000, que ahora paso a explicar. Con carácter previo quisiera decir que votaremos favorablemente las dos resoluciones
del Grupo Socialista, teniendo en cuenta que ambas nos parecen correctas en términos normales, no en los que se pronunció la portavoz en el debate anterior. Liquidemos correctamente el Consorcio y que se cierre, como es lógico, esta etapa en
Salamanca 2000. Nuestro objeto no es hacer una corrección a la propuesta. Es más correcto que este Parlamento inste al Gobierno que a los miembros del Consorcio, entre los que hay entidades privadas y no tiene sentido que les estemos instando a
cualquier cosa. Nuestra voluntad es instar al Gobierno, que es lo que corresponde a nuestra Cámara.
En cuanto a nuestras dos propuestas quiero decir lo siguiente. Intentamos extraer enseñanzas. Nos ha pasado repetidamente en esta Comisión y en materia de cultura. Yo soy portavoz de la Comisión de Cultura y la señora Juanes es miembro de
la Mesa y, por tanto, lo entenderá perfectamente. No se trata de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Se trata de extraer del informe del Tribunal de Cuentas enseñanzas que nos permitan actuar con mayor precisión en cualquier otra
situación similar a la de Salamanca y a la de otros casos con las fundaciones, con los museos y con las subvenciones relativas a cultura. Hemos intentado votar juntos modificaciones que nos parecían pertinentes para el ámbito cultural en general, y
en este caso son las siguientes. La portavoz socialista me anuncia que pueden votar favorablemente la primera propuesta con alguna corrección, que nos parece correcta. Hay un tipo de eventos que sin cesar tenemos encima de la mesa. El domingo
pasado acabamos de abrir el año lebaniego. Son eventos de una enorme importancia que favorecen muchísimo la vida cultural y la región o el lugar en el que se celebran, y cuando estos eventos se prevén todos son beneficios; sin embargo, no tienen
un procedimiento tipo, un protocolo de actuación, con lo cual en materias tales como beneficios fiscales cada vez hay que inventarse algo: las competencias de las diferentes gerencias, administraciones, los controles internos. Es decir, nos
tenemos que inventar con cada evento de este tipo, y son múltiples y deseables, los mecanismos, calculando que este tipo de eventos tienen una característica por la cual es muy difícil que se sujeten a procedimientos ordinarios y siempre están al
borde de vulnerarlos, que es un ámbito temporal. Es decir, es muy difícil con los procedimientos normales al uso, tener terminadas y previstas un día equis, por ejemplo, unas obras. Hay que ir siempre forzando un poquito la máquina, y quien fuerza
la máquina a lo mejor no establece los suficientes controles y dificulta enormemente los procedimientos. No
estoy hablando de Salamanca 2002, que se realizó normalmente y que tiene que liquidar ahora, pero desde el comienzo hasta la liquidación convendría tener establecido un cierto protocolo, un procedimiento normalizado para que se conozcan
cuestiones que, repito, al hacerse en un marco temporal tan ajustado, a veces resultan de difícil realización.
Hablo también, por ejemplo, de beneficios fiscales. Hay cuestiones como el ámbito temporal, que es extraordinariamente justo, apretado
y, en cualquier caso, muy preciso; que son eventos que se hacen con fondos de distintas procedencias, que en este caso toman forma de consorcio -acabamos de hablar ahora de sus figuras-; como los estatutos de las diferentes entidades, como las
competencias de la gerencia, como los beneficios fiscales, como loterías y emisiones de sellos. Es decir, en todo convendría tener un protocolo normalizado que previera las diferentes actuaciones que se pudieran dar. Esa es la intención de nuestra
primera propuesta de resolución. Nos gustaría que el Gobierno pudiera estudiar cómo normalizar este tipo de eventos desde el punto de vista de su tramitación administrativa.
En segundo lugar, hacemos una propuesta, que quizá podría ser más oportuno llevarla a la Comisión de Cultura -en cualquier caso la llevaríamos, si ustedes ahora piensan que no pueden votarla a favor-, sobre el tipo de contratación y de
vigilancia que hace falta cuando las obras contratadas -no hablo de obras vinculadas a este tipo de eventos, donde hay tres restauraciones magníficamente hechas- tengan que ver con el patrimonio histórico-artístico. Desde hace ya años -y a este
Parlamento lo hemos traído y votado conjuntamente los dos grupos, el Socialista y el Popular- creemos que hay que modificar los sistemas de contratación cuando hablamos de obras que tienen que ver con la restauración de patrimonio.
Insisto, estas
tres obras de restauración que se llevan a cabo en Salamanca 2002 están perfectamente hechas, pero sabemos de las dificultades que tiene la gestión de estas obras. No pueden tener las mismas condiciones cuando se hace o arregla un edificio nuevo
que cuando ser trata de un bien cultural que tiene que ver con el patrimonio histórico. En ese sentido, nos parece que la clasificación de las empresas debe requerir una clasificación equis, una competencia mayor; que la utilización, por ejemplo,
de la figura de la subasta puede no ser conveniente cuando se está hablando de monumentos históricos y que, por supuesto, la subcontratación tiene que estar más vigilada. Los procedimientos hoy para la contratación en restauración de patrimonio
tienen que ser perfeccionados, entre otras cosas, para que se ajusten a la protección del patrimonio que señalan la Ley del Patrimonio y la Constitución. (El señor vicepresidente, Martínez Herrera, ocupa la Presidencia.) Vamos a recordar esto sin
cesar, e incluso si aquí no sale aprobado, para facilitar la cuestión, podríamos considerar el retirar la moción y llevarla hoy mismo por la mañana a la Comisión de Cultura. Tal como se aprobó aquí en la legislatura pasada, deben revisarse,
actualizarse y estudiarse los sistemas de contratación para las obras que tienen relación con el patrimonio histórico-artístico.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos propuestas de resolución al informe de fiscalización, informe que, como usted sabe, puso de manifiesto una serie de irregularidades por una gestión defectuosa.
Como reconoció el propio presidente del Tribunal de Cuentas, incluso el abogado del Estado ha apreciado cinco casos de posible responsabilidad contable, pero no voy a entrar en ese asunto. Lo fundamental de nuestras propuestas de resolución es que
pretendemos que se liquide, liquidación que, como también usted sabe, no pudo hacerse efectiva porque el anterior Gobierno dio de baja la anualidad a pesar de que cumplió sus obligaciones financieras respecto al consorcio. El incumplimiento por
parte del Ayuntamiento de Salamanca y de la junta derivó en la imposibilidad de suscripción de los anexos en el ejercicio 2003, luego fue imposible la aportación por parte del Ministerio de Cultura. Aun no existiendo ninguna obligación por parte
del Ministerio de Cultura, para resolver satisfactoriamente este tema éste ya ha iniciado, con el concurso del Ministerio de Economía y Hacienda, actuaciones tendentes a recoger la dotación presupuestaria pertinente para atender en su momento la
aportación ya prevista y sobre todo su disposición para hacerla efectiva. Por este motivo hemos presentado estas propuestas, que fundamentalmente van en la línea de lo que dice el propio Tribunal de Cuentas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Sobre las propuestas de resolución de su grupo, vamos a aceptar la primera, y respecto de la segunda, no me quiero detener en las anomalías de los edificios del año 2002. Fui muy clara en este sentido en la anterior sesión de la Comisión,
en la que recogí todas las irregularidades que se habían cometido en esos edificios, por lo que no voy a entrar de nuevo en el asunto, cuestión que, por otra parte, me parece correcto que se lleve a la Comisión de Cultura.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del punto 4.º, pero SS.SS.
me permitirán una licencia. Este presidente no ha abierto turno de fijación de posiciones en el punto 3.º, a pesar de que estaba presente el representante del Grupo
de Coalición Canarias, debido a lo acostumbrados que estamos a estar solo los dos grupos mayoritarios. Por tanto, para que el Grupo de Coalición Canaria pueda explicar el sentido de su voto, le doy la palabra al señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, muchas gracias por su cortesía, así como a los dos grupos
mayoritarios, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, por aceptarla.
Quiero decir muy brevemente que voy a apoyar las propuestas de resolución que nos han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, dada la importancia que mi grupo parlamentario y el Gobierno autónomo de Canarias dan a los
programas de cooperación internacional que se realizan a través de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En primer lugar, por la cuantía de las propias cifras auditadas por el Tribunal de Cuentas, cuantía que nacía de los
Presupuestos Generales del Estado para la cooperación internacional, así como por el papel que juegan determinados países muy próximos o con vinculaciones culturales o de inmigración con Canarias, como es el caso de los grandes receptores de ayudas
de cooperación, como pueden ser Marruecos o determinados países hispanoamericanos, donde a través de ONG se está realizando esta gran labor. Como bien conoce el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular por su experiencia anterior en los
problemas de la inmigración en Canarias, una de las fórmulas de solución es la cooperación internacional con los países de origen que generan estas emigraciones de ilegales que llegan por patera al Archipiélago canario o que vienen desde
Latinoamérica a través de vuelos ordinarios o con visado turístico.
Cuando detectamos la pobreza de las zonas de donde proceden estas personas, no tenemos más instrumento operativo que la cooperación internacional. Efectivamente, en la auditoría
de cuentas que hizo el tribunal en el año 2001 se observaban una serie de carencias y deficiencias, y en este sentido las propuestas de resolución tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista corrigen dichas indefiniciones e insuficiencias con
los mecanismos de eficacia y control pertinentes. No debemos olvidar que nos encontramos prácticamente al final del proceso en manos de una ONG, que no es una estructura de funcionarios. Nosotros nos congratulamos de que en el último proyecto del
Gobierno sobre los nuevos organismos autónomos que van a quedar como agencias en la Administración, precisamente una de las agencias que ya ha quedado consolidada con esta ley recientemente aprobada en el Parlamento sea la Agencia Española de
Cooperación Internacional. En este sentido, y para que el Tribunal de Cuentas en dictámenes sucesivos cuente con este instrumento en régimen de transparencia y se consiga la eficacia deseada, vamos a votar favorablemente todas y cada una de las
propuestas de resolución presentadas por los dos grupos mayoritarios.
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a las votaciones de las propuestas de resolución, empezando por las presentadas al punto 1.º del orden del día. En primer lugar, votamos las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista con relación al punto 2.º del orden del día.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 3.º del orden del día. En primer lugar, votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, si bien hay que señalar que se ha retirado la propuesta de resolución número 4.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 4.º del orden del día. En primer lugar, votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, con los siguientes cambios: se retira la número 2 y hay una transaccional en cuanto a la número 1
que quedaría de la siguiente forma: Estudiar, desarrollar y establecer, con el nivel normativo adecuado, un procedimiento regulado para la aprobación y celebración de eventos singulares, como Salamanca 2002, que en aras de su eficacia y eficiencia
deben realizarse con calendarios concisos y acotados en la forma en que aparecen previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Por último, votamos las dos propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Terminadas las votaciones, se suspende la sesión hasta que llegue el presidente del Tribunal de Cuentas.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 413C, SANIDAD EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL CONSUMO, EJERCICIO 2001. (Número de expediente Congreso 251/000055 y número de expediente Senado 771/000055.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pasamos al segundo apartado del orden del día, que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, a quien doy la bienvenida, para informar sobre distintos expedientes. Empezamos por el punto 5.º que se refiere al informe de
fiscalización del Programa 413C, Sanidad exterior y coordinación de la salud pública y del consumo, ejercicio 2001. Para informar sobre este expediente tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización del programa 413C, Sanidad exterior y coordinación de la salud pública y del consumo, ejercicio 2001, fue aprobado por el pleno en diciembre de 2004.
La ejecución presupuestaria del programa en el ejercicio fiscalizado es representativa de las operaciones efectuadas en el mismo y se ha realizado de acuerdo con las normas y los principios contables. Del total del gasto programado, excluidos
sueldos y salarios, un 59 por ciento se destinó a la prevención de la infección por VIH/Sida, objetivo 1, y un 23 por ciento a la atención de los problemas de salud prevalentes, enfermedades infecciosas y de promoción, prevención y educación para la
salud, objetivo 2. Al resto de los objetivos se asignó el 18 por ciento de los recursos financieros utilizados. En los 12 millones de euros de gasto destinados a los citados objetivos 1 y 2 están incluidos 7,2 millones de euros transferidos a las
comunidades autónomas y gestionados exclusivamente por estas.
En cuanto al cumplimiento de la legalidad, entre las deficiencias comprobadas destaca que en la selección de las asociaciones de consumidores con las que se han suscrito convenios no consta que se hayan aplicado los principios que rigen la
contratación pública, aplicables a aquellos ante la ausencia de normas especiales. Por otra parte, a partir de la documentación de los convenios no es posible valorar si los importes satisfechos se adecuan plenamente a los gastos realizados. Las
comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares no remitieron documentación alguna relativa a los fondos recibidos en ejecución de lo dispuesto en el Plan Nacional del Sida y nueve comunidades, Andalucía, Cataluña, Valencia,
Canarias, Murcia, Asturias, Extremadura, Baleares y Cantabria así como la Ciudad Autónoma de Melilla no aportaron información sobre las subvenciones recibidas para el desarrollo del programa de prevención y promoción de la salud. En el caso de
estas últimas subvenciones, ninguna comunidad presentó en el primer trimestre de 2002 un informe final o memoria sobre las actuaciones realizadas con inclusión de indicadores, contrariamente a lo que se había suscrito y aprobado en los protocolos
firmados por cada una de ellas con la Dirección General de Salud Pública y Consumo. Las comprobaciones de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro han puesto de manifiesto que los beneficiarios de las mismas cumplieron solo parcialmente lo
establecido en las bases reguladoras, ya que las memorias finales presentadas no contenían unos resultados definidos y totalmente cuantificados con una correcta delimitación de los objetivos y las actividades ni una evaluación del proyecto según los
indicadores presentados en su momento. El sistema de seguimiento de objetivos aplicado ha resultado adecuado en la medida en que se ha dispuesto de una información más amplia que la estrictamente determinada en los indicadores de seguimiento
incluidos en la documentación presupuestaria.
Del análisis de una y otra se concluye que se han alcanzado razonablemente los objetivos perseguidos por el programa, con unos cortes que no representan desviaciones significativas sobre las
presupuestadas.
El tribunal recomienda que se apliquen a los convenios los principios que rigen la contratación pública y que su documentación justificativa sea suficiente. El Ministerio de Sanidad debe instar a todas las comunidades a que remitan una
información exacta sobre el gasto realizado con cargo al importe recibido de la Administración del Estado. En la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida debe perfeccionarse el registro desde el inicio del expediente de concesión y de las
subvenciones hasta su archivo definitivo, con el fin de reforzar el control interno. Los indicadores de seguimiento deben modificarse para suministrar información significativa respecto a la consecución de los objetivos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de aclaraciones y preguntas.
En primer lugar tiene la
palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la señora Pan Vázquez.
La señora PAN VÁZQUEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hacer una valoración del informe del Tribunal de Cuentas en el que se reflejan los datos de fiscalización del programa 413C, Sanidad exterior y
coordinación de la salud pública y del consumo, y en el que se refleja de forma inequívoca la buena ejecución, en líneas generales, y también una espléndida política sanitaria en materia de salud pública y de sanidad exterior durante la etapa en la
que gobernaba el Partido Popular, en el año 2001. En el informe se hace un análisis pormenorizado en el que se recogen minuciosamente y de forma precisa una gran cantidad de datos y cifras que obviaré porque todos ustedes las tienen delante y las
conocen y por economía de tiempo, y no voy a duplicarlas porque el propio presidente del tribunal acaba de hacer referencia a alguna de ellas. Pero aunque voy a ser muy breve no quiero dejar de comentar alguno de los importantes aspectos que quedan
reflejados en el informe que en su día preocuparon a todos los diputados de esta Cámara, fundamentalmente a los que entonces estaban en la oposición y que hoy pertenecen al partido del Gobierno, el Partido Socialista, y que, como es lógico, en aquel
entonces ya obtuvieron una cumplida respuesta. Hoy todas aquellas respuestas y todas aquellas preocupaciones que mostraban se ven ratificadas en el texto de este informe.
Es necesario recordar cuál era la problemática sanitaria en 2001, año al que se refiere el informe, y que en aquel momento político el sida y la encefalopatía espongiforme bovina estaban instalados en el día a día de los problemas
sanitarios, entre otros, pero fundamentalmente estos dos generaban una gran alarma social. Por ello me permitirán que subraye alguna cosa que aparece en este informe. También pediré al presidente del Tribunal de Cuentas que si es posible me
conteste ya a alguna duda que se nos plantea de la lectura realizada. De la lectura se desprende cuál fue en aquel momento la priorización de objetivos en materia de salud pública y en sanidad exterior y, como ya recordó el presidente, el sida
ocupó el primer lugar como objetivo prioritario, y a este se destinó el 51 por ciento del total del presupuesto, excluidos sueldos, y que el 23 por ciento se dedicó a los problemas de salud que tienen más prevalencia: enfermedades infecciosas,
promoción, prevención y educación para la salud, que constituían el segundo objetivo. Este sigue siendo, por supuesto, un pilar fundamental en cualquier política sanitaria que se precie de ser eficiente. Se establecieron, asimismo, nueve
objetivos, con 75 indicadores de seguimiento recogidos en el informe, y se aprobaron -creo que esto es importante- en el seno del consejo interterritorial los criterios de distribución de los recursos a las comunidades autónomas para el abordaje
fundamentalmente de estos dos principales objetivos que ya he señalado. Hubo por tanto, una buena priorización, con participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones, como gestoras que iban a ser de estos recursos, y distribución
de los recursos económicos para el abordaje de los principales problemas de salud.
En términos financieros, queda reflejado también, tal como se recoge en el informe, que se distribuyó este presupuesto en cuatro apartados. Primero, lucha contra el tabaquismo, con 1.081.822 euros. Algunos prefieren a día de hoy seguir
pensando que este problema del tabaquismo lo han abordado solo ellos o que se aborda solo con la promulgación de una ley, pero ya ven ustedes que desde hace años, en la etapa del Gobierno del Partido Popular -concretamente este es el año 2001-, se
enfrentaba y se dotaba presupuestariamente el problema del tabaquismo. Segundo, transferencias a las comunidades autónomas para la lucha contra las enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia, 2.404.048 euros, y ya mencioné antes
que con la aprobación en el órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas, el consejo interterritorial, de los criterios de distribución. En esta época al menos se ponían también -en nuestra opinión- las condiciones para que
no hubiese problemas en el funcionamiento del consejo interterritorial, que tiene una importancia capital en una sanidad descentralizada y que no está pasando por su mejor momento, como hemos visto en los últimos tiempos. Tercero, realización de
estudios epidemiológicos, con 300.506 euros. Estos estudios son indispensables y fundamentales para una buena planificación de política sanitaria. Cuarto, el diseño de nuevos sistemas de información sanitaria.
En el informe se refleja, además, como positiva, como ha recordado el presidente del tribunal, la valoración que hace el Tribunal de Cuentas sobre el grado de eficacia alcanzado en el sistema de seguimiento. Se destaca la incidencia
favorable de la actuación de los responsables públicos mediante campañas -estoy citando prácticamente de forma textual algún párrafo del informe- y otras medidas, máxime, como se recoge aquí, si se tiene en cuenta la situación negativa de la que
partía España en comparación con otros países de la Unión Europea. Pone, por ejemplo, la tasa de sida por millón de habitantes. Esta tasa de sida en el año 1994 era de 188,2 y en el año 2002 pasó a ser de 46,7. Por tanto, como recoge el informe,
la actuación pública fue favorable en este indicador. Además dice el informe que el descenso se debe atribuir fundamentalmente, por un lado, a las campañas de prevención y las iniciativas para evitar las infecciones entre los consumidores de drogas
y a la introducción de la terapia combinada con fármacos antirretrovirales por el otro. Por tanto, las políticas que se llevaron a cabo no pueden quedar mejor respaldadas.
Como es lógico, nos agrada lo que dice el informe en relación con este
programa que afecta a la salud pública y sanidad exterior porque el tribunal recoge en su primera conclusión que la ejecución presupuestaria del programa 413C se ha efectuado de acuerdo con las normas y principios contables aplicables a la
Administración
del Estado. También es cierto que recoge alguna disfunción en lo que se refiere al incumplimiento de algunas comunidades autónomas en la remisión de documentación de las subvenciones gestionadas, en los programas del Plan Nacional contra el
Sida y en los programas de prevención y promoción de la salud. Repito, algunas comunidades autónomas, no todas. Algunas las ha recordado el presidente: Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, etcétera. Se hizo, como también ha dicho en sus
alegaciones la actual ministra de Sanidad, un esfuerzo para reiterar esa solicitud y para cumplimentar esa disfunción. También es verdad que en el año 2002 seguía sin haber resultado. La actual ministra reconoce asimismo en sus alegaciones que en
esa época se pusieron en marcha algunos procedimientos internos, incluso una aplicación informática para la gestión adecuada de las subvenciones e instituciones sin ánimo de lucro. Por tanto, cuando las disfunciones se fueron detectando tuvieron
cumplida respuesta por parte del gobierno que entonces ocupaba la cartera de Sanidad. Todo esto en un área como la sanitaria, en la que los problemas que pueden sobrevenir son difíciles de prever. La gestión que nos ocupa ha salido bien refrendada
por este informe y se constata que se abordaron los problemas que afectan a los ciudadanos de forma eficiente.
Para finalizar, nos gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas nos diera su opinión o al menos alguna respuesta sobre si en el nuevo escenario político que estamos abordando, en el que se están dibujando las nuevas reformas
estatutarias de las comunidades autónomas, considera usted que las recomendaciones que recoge el informe seguirán estando vigentes a partir de este nuevo escenario, y qué fórmula le parece más correcta para mantener el seguimiento y la homogeneidad
de indicadores de seguimiento en las distintas comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias?
El señor MARDONES SEVILLA: Perdone, señor presidente, ¿en qué punto nos encontramos?
El señor PRESIDENTE: Estamos en el punto 5.º del orden del día.
El señor MARDONES SEVILLA: No voy a intervenir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Fidalgo en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Quiero dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia y por las explicaciones que nos está dando.
Dicho esto, quiero hacer una puesta en escena respecto a lo que nos estamos refiriendo. Se trata de un informe de fiscalización de un programa del Ministerio de Sanidad, el 413C, correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2001, es
decir, estamos debatiendo algo de hace cinco años. En todo caso, lo que sí trasluce este debate es el buen funcionamiento de nuestras instituciones y de la Administración pública en general, porque esta tiene perfectamente establecidos cuáles son
sus órganos de fiscalización y de seguimiento y la metodología para hacer propuestas y para la corrección de todas las disfunciones que se detecten. Esto implica que estamos en un Estado con una salud democrática envidiable y, por supuesto, en un
gran país. El acuerdo del Tribunal de Cuentas data de diciembre del año 2004 respecto a unas actuaciones del Ministerio de Sanidad del año 2001, y el fin propio de la actuación del Tribunal de Cuentas se refería a la liquidación presupuestaria, al
cumplimiento de los objetivos del programa, a si eran suficientes o no los recursos e incluso el sistema de seguimiento y evaluación de los programas. Por lo tanto, estamos hablando de algo importante que es además una metodología planteada como
una cata del funcionamiento adecuado o no de la Administración pública, en este caso del Ministerio de Sanidad.
Las conclusiones parecen traslucir el buen funcionamiento general de las administraciones públicas y concretamente de esta actuación presupuestaria del programa 413C, y quiero resaltar aquí algo importante.
Este no es un programa
cualquiera, sino que constituye el instrumento de políticas sanitarias que permite el ejercicio de las funciones de la autoridad en el ámbito de la salud, es decir, de la autoridad sanitaria estatal. Por lo tanto, estamos hablando de algo
importante per se, porque este programa contempla la Secretaría del Plan Nacional del Sida, la sanidad exterior y veterinaria, la promoción de la salud y epidemiología, la sanidad ambiental y salud laboral, la seguridad alimentaria y la comisión
nacional de hemoterapia. No voy a hacer una valoración de las políticas desarrolladas por el anterior gobierno en materia sanitaria simplemente porque ya fueron sancionadas en las elecciones de marzo de hace dos años, por lo que la valoración ya la
han hecho los ciudadanos.
En todso caso, quiero recordar que no han sido de lo más ejemplares la gestión de la encefalopatía espongiforme ni las políticas de maquillaje en torno a la prevención del tabaquismo. Además, el consejo interterritorial
ahora sí funciona, su funcionamiento está normalizado y además con carácter resolutivo, no como en la etapa anterior, cuando tenía un carácter más formal que otra cosa.
De las conclusiones, a mi manera de ver, se desprenden dos planteamientos diferentes. Uno en cuanto al fondo de la cuestión, de la suficiencia de los programas o si la ejecución del presupuesto ha sido representativa o no o si los gastos
destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos han sido suficientes o no. Es evidente que el informe es positivo y favorable a esa
ejecución. No obstante, se introducen algunos peros. Son los peros relativos a la tramitación y gestión de los programas; curiosamente, los mismos peros que aluden a los diferentes ámbitos de gestión de los gobiernos del Partido Popular
en relación con la transparencia de los mismos. Es significativo que uno de los peros se refiera a la selección de asociaciones con las que se han suscrito convenios en los que no consta que se hayan aplicado los principios que rigen la
contratación pública. Esto es importante. En las transferencias a las comunidades autónomas para la gestión y desarrollo de programas tampoco está claro cómo estaba articulado el sistema de información mutuo y en las subvenciones a las
instituciones sin ánimo de lucro no se llevaba -y así consta expresamente- un registro sistemático de cada una de las subvenciones concedidas, con lo cual había lagunas claras en la transparencia. A esto hay que unir que las memorias de esas
actuaciones de las instituciones sin ánimo de lucro eran bastante deficitarias, cuando no inexistentes. También quedaba claro que los indicadores de seguimiento no estaban perfectamente establecidos y que había que recurrir a otra metodología
propia del ministerio, suficiente para evaluar pero que no estaba incluida en el programa y que por tanto hacía falta alguna medida explícita en ese sentido.
En cuanto a las alegaciones que a la ministra actual le correspondió efectuar al informe en julio de 2004, poco después de llegar al cargo, el propio informe dice que no han modificado la valoración global del mismo.
Por lo tanto, me
gustaría que el presidente nos aclarara qué significa que no han modificado la valoración del mismo. También me gustaría que aclarase cuál es en su conjunto la valoración de la actuación global del ministerio en su momento como responsable, a
través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, de la ejecución de este programa y si consta que se ha introducido alguna medida correctora de las disfunciones. Quiero constatar -también la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya lo
ha referido- que durante el mandato del Gobierno anterior, del Partido Popular, ya se introdujeron algunas medidas correctoras en toda la Administración pública, en concreto, en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya
entrada en vigor se produjo en febrero de 2004, y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de administración y contabilidad del Estado, que también introdujo modificaciones importantes. Sobre esta base y con la voluntad política del Gobierno actual,
se encararon una serie de medidas que nos permiten decir que en este momento se han corregido la gran mayoría de las disfunciones detectadas en el informe de fiscalización. En tal sentido se vienen cumpliendo los preceptos de estas dos normas en
todas las subvenciones gestionadas; también se incluye una justificación de las actuaciones realizadas mediante la firma de protocolos con cada una de las comunidades autónomas que reciben subvenciones del Plan nacional sobre el SIDA y las
actuaciones derivadas de los programas de prevención y promoción de la salud, cosa que antes no se realizaba.
En cuanto a los procedimientos de gestión de las subvenciones e instituciones sin fines de lucro, estamos de acuerdo y señalo -la portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo ha citado- que ya se introdujo un procedimiento interno para la
gestión de subvenciones en el año 2003, también con la extensión de la Intervención General del Estado a través de métodos telemáticos. Por otra parte, hay que señalar que ahora, con el actual Gobierno, cuando se detectan deficiencias en las
memorias justificativas presentadas por los beneficiarios se toman en consideración para la evaluación de las solicitudes del año siguiente.
Por último, quiero constatar -porque así me consta-, en relación con el sistema de seguimiento de los
objetivos del programa presupuestario, que en la elaboración de los presupuestos generales del Ministerio de Sanidad y Consumo para los años 2005 y 2006 se han revisado los indicadores de todos los programas presupuestarios del departamento,
estableciendo para cada objetivo indicadores de resultados y de medios, ahora sí, precisos y concretos. Por tanto, la conclusión es que respecto al fondo de la cuestión se ha hecho un buen trabajo por parte del anterior Gobierno; también se ha
hecho y se está realizando un excelente trabajo por el actual Gobierno en cuanto a la adopción de medidas destinadas a proteger la salud de todos los españoles, pero además el actual Gobierno ha corregido las deficiencias y los déficits de
transparencia de los que adolecía el Gobierno anterior. Por todo ello, y ya que el informe aporta conclusiones bastante positivas, señalo que nos reservamos la posibilidad de presentar alguna resolución. Asimismo, nos gustaría que el presidente
nos contestase las preguntas que le hemos formulado.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas que se le han formulado tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, contestando al primer interviniente que me ha preguntado qué puede suponer el nuevo escenario político, he de señalar que el presidente no puede anticipar la
trascendencia que esto puede tener desde el punto de vista estatutario y legal. Sin embargo, tiene que decir que por parte del Tribunal de Cuentas las materias de contratación pública, justificación de gastos, indicadores de seguimiento, controles
internos, eficacia y eficiencia, serán siempre recomendaciones permanentes, pero ahora no procede entrar ni tampoco valorar cualquier otro aspecto, porque esto tendrá que traducirse en normas concretas.
En cuanto a la pregunta del segundo interviniente, acerca del significado que tienen estas consideraciones que se han hecho por el ministerio, tengo que decirle que esas son informaciones complementarias que ya se han tenido en cuenta, pero
que no dan lugar a cambios en el texto que ya se ha remitido para formular alegaciones.
En cuanto a la valoración global, el presidente tampoco puede hablar de valoraciones globales, y serán las que se desprendan del informe. Si después de todo esto ha habido correcciones, tampoco están recogidas en el informe y, por tanto,
habrá que comprobarlas y podrán dar lugar a futuras actuaciones que incluso pueden ser solicitadas por esta Comisión Mixta.
El señor PRESIDENTE: Con esto concluimos el debate del punto número 5 del orden del día.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO Y SUS FILIALES EN LOS EJERCICIOS 2001 Y 2002. (Número de expediente Congreso 251/000059 y número de expediente Senado 771/000060.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6: informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la Autoridad Portuaria de Bilbao y sus filiales en los ejercicios 2001 y 2001.
En primer lugar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre dicho expediente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Este informe fue aprobado por el Pleno del tribunal en enero de 2005. La principal conclusión es que los procedimientos de gestión utilizados por la Autoridad Portuaria de Bilbao
en el ejercicio 2001 y 2002 son, en términos generales y en sus aspectos más significativos, adecuados y cumplen la normativa legal e interna. No obstante, se han apreciado algunas incidencias. Así, en algunas concesiones otorgadas en los
ejercicios 2001 y 2002 a entidades públicas, en concreto al Consorcio de Aguas de Bilbao y al ayuntamiento de Santurce, se han fijado cánones de carácter simbólico, lo que no es acorde con las normas aplicables y es perjudicial para los intereses
económicos de la autoridad portuaria. De igual modo, en una concesión otorgada a una empresa privada en el ejercicio 2001, se fijó un canon de ocupación inferior al que le corresponde según la norma aplicable. También se han observado incidencias
en alguna operación de venta de terrenos. Así, las insuficiencias del pliego de condiciones, establecido para la enajenación mediante subasta pública de unos terrenos ubicados en Santurce, propiciaron actuaciones de los licitadores que pueden haber
causado perjuicios económicos a la autoridad portuaria. Por otra parte, el Ayuntamiento de Santurce y la autoridad portuaria habían suscrito un convenio en 1996 por el cual el consistorio se comprometía a mejorar la calificación y el
aprovechamiento urbanístico de los citados terrenos de la autoridad portuaria, recibiendo a cambio el 50 por ciento de las plusvalías generadas en su venta. A juicio del Tribunal de Cuentas, esta cesión del 50 por ciento de las plusvalías parece
excesiva y poco beneficiosa para la autoridad portuaria, superando ampliamente los porcentajes aplicados en otros convenios urbanísticos.
Por lo que se refiere a la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao, única filial de la Autoridad Portuaria de Bilbao que fue fiscalizada, los procedimientos de gestión aplicados en los ejercicios 2001 y 2002 también
fueron, en términos generales, ajustados a la normativa vigente y adecuados para cumplir los objetivos de la sociedad. Partiendo de las conclusiones obtenidas en la fiscalización, el informe recomienda que la Autoridad Portuaria de Bilbao se
asegure en los convenios de concesión de utilización del dominio público portuario, de que sus intereses económicos queden debidamente defendidos al tiempo que se ha de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de aclaraciones y preguntas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Andrés Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición. Con relación al informe de la Autoridad Portuaria de Bilbao en los ejercicios 2001 y 2002, en primer lugar, este grupo parlamentario quiere
destacar que se trata de un buen informe. Las actuaciones, tanto de la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao como del consejo de administración de la propia Autoridad Portuaria de Bilbao, en la gestión del puerto de Bilbao han sido
buenas.
No obstante, se han realizado algunas recomendaciones y algunas conclusiones sobre las que este grupo también quiere formular alguna pregunta y alguna consideración de carácter general, porque vemos que se hacen algunas apreciaciones que en
algún caso no parece que se ajusten exactamente a incumplimientos legales. Existe una única recomendación en la cual se señala que en los convenios de utilización de dominio público deberían quedar asegurados los intereses económicos de la
Autoridad Portuaria de Bilbao. Eso se refiere en concreto a un caso, y en la página 40 del propio informe se reconoce una posible deficiencia, porque no se acredita en ningún caso perjuicio económico para la autoridad portuaria, sino que en el
cumplimiento legal de unas condiciones, de un clausulado, de un procedimiento concursal se ha utilizado un argumento legal para que dos licitadores retiren su oferta sin ninguna consecuencia económica.
Como digo, en la página 40 se reconoce que esa
posible deficiencia ha sido corregida posteriormente y no entiende, este grupo parlamentario, cómo se le hace una recomendación, única recomendación a la autoridad portuaria, de algo que ya el propio Tribunal de Cuentas ha comprobado que la
autoridad rectificó en posteriores licitaciones, a pesar, como digo, de que se trata de una apreciación, de un posible perjuicio que no se acredita. Por tanto, recomendación que sobraría del informe porque si en la página 40 se dice que ya se han
adoptado
las medidas oportunas, la recomendación se queda absolutamente ociosa. Nos gustaría saber por qué se mantiene esa recomendación o si es que el Tribunal de Cuentas no puede hacer un informe absolutamente limpio de la gestión de las
administraciones públicas, cosa que ya empezamos a sospechar.
Otras cuestiones que se plantean a este grupo parlamentario se refieren a las observaciones en la conclusión segunda con respecto a los tres puntos que en el mismo se contiene, porque parece que si el Tribunal de Cuentas tuviera que hacer un
análisis de la legalidad aplicable hay unas razones de interés público, que en el informe se reconocen, que son las que justifican que el Ayuntamiento de Santurce y el Consorcio Público Aguas de Bilbao tengan un canon de ocupación de terrenos de
dominio público de carácter simbólico. Es decir, que no hay ningún perjuicio para los intereses públicos, al contrario, hay una razón de interés público que es la que justifica ese canon simbólico de ocupación para otra entidad de carácter público.
Por tanto, lo que este grupo también se pregunta es si un interés general y público no discutido dentro del informe es un elemento que debe vencerse ante el puro interés económico al que hace referencia la conclusión como elemento de crítica a la
actuación de la autoridad portuaria. De la misma manera que la otra observación que se hace es sobre una disminución de los porcentajes de canon a una empresa privada -y que se debe y se justifica a que los terrenos necesitaban de unas obras,
porque habiendo sido ganados al mar no habían tenido todavía la consolidación suficiente en cuanto a obras y en cuanto a disponibilidad por parte del concesionario-, si esas obras que se imponen, valoran y compensan con el establecimiento del canon
no es tampoco una obligación legal que permita la observación en cuanto al incumplimiento de la legalidad.
La tercera cuestión que a este grupo le parece de dudosa posibilidad de intervención del Tribunal de Cuentas, es la que se refiere al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Santurce y la autoridad portuaria a los efectos de obtener un
beneficio de las plusvalías del 50 por ciento por parte del ayuntamiento. Además, no entendemos cuáles son las normas que se incumplen para que un convenio urbanístico no pueda establecer que el 50 por ciento de las plusvalías que se generan con la
recalificación urbanística pueda ir al propio ayuntamiento y, el otro, a la autoridad portuaria. En mi escaso conocimiento de la legalidad urbanística, no he encontrado ni una sola disposición, ni estatal ni autonómica, que como todos sabemos tiene
transferidas las competencias de ordenación, territorio y urbanismo, en la cual se limiten los porcentajes de las cuantías en los convenios urbanísticos y máxime en tramitaciones públicas. Pero cabría hacerse aquí la pregunta, y hacérsela al
Tribunal de Cuentas, siguiente: si es la autoridad municipal la que tiene establecidas las competencias urbanísticas y, por tanto, es la que establece cuál es el aprovechamiento de esa superficie que se desclasifica del uso portuario y se incorpora
al uso urbanístico y, por tanto, la que le va a dar un aprovechamiento urbanístico ¿cómo es posible que se considere que hay perjuicio para los intereses de la autoridad portuaria que haya un reparto del aprovechamiento urbanístico, es decir, que
haya un reparto de las plusvalías y que se incorporen a la sociedad esas plusvalías urbanísticas cuando el ayuntamiento podía haber puesto un aprovechamiento cero a ese mismo terreno? Si el ayuntamiento le hace un aprovechamiento cero al terreno
¿qué hubiera dicho el Tribunal de Cuentas? ¿Que la autoridad portuaria también se hubiera perjudicado económicamente? Porque si ahora que dice que reparte al 50 por ciento los aprovechamientos se está haciendo dejación de los intereses de la
autoridad portuaria, no entendemos y no sabemos cuál es ese incumplimiento de las normas que se señala por parte del informe del Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, lo que sí le gustaría destacar al Grupo Parlamentario Popular es que esta
gestión de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ese reconocimiento a los acuerdos con Puertos del Estado y ese ajuste exhaustivo tanto a los presupuestos como al cumplimiento de los objetivos y los fines, demuestran nuevamente el buen funcionamiento
del sistema de los puertos españoles, demuestran que España tiene un régimen portuario en el que se permite un crecimiento integral dentro de los puertos con las sinergias que se generan en unos y en otros y precisamente esas inversiones que aquí se
valoran en el informe lo que están señalando es que no por la disgregación de algún puerto se podrá mejorar el sistema y el funcionamiento de nuestros puertos, que es de destacar que forman parte inequívoca de la estrategia global dentro de la
situación geopolítica que España tiene y, por supuesto, que mantienen la competitividad con el resto de los puertos europeos y como elemento puente de todos los tráficos internacionales. Por tanto, nos alegramos del funcionamiento de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, señalamos expresamente la bondad del sistema portuario y nos gustaría, señor presidente, que nos aclarara las preguntas que le hemos hecho.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Evidentemente saludo al presidente del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, quiero resaltar que estamos ante un informe que es consecuencia de la iniciativa fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y que es
la primera vez además que se fiscaliza desde su constitución actual, es decir, desde 1993, a la Autoridad Portuaria de Bilbao. Me parece que es un elemento que hay que destacar y un elemento importante que el tribunal actúe de oficio y elija
diversos elementos para proceder a sus análisis. En segundo lugar, también quiero insistir en que este es un informe extenso y, desde nuestro punto de vista, toca todos los objetivos marcados en la fiscalización y además los toca en un periodo que
es importante para el crecimiento
del puerto de Bilbao porque es un periodo, estos dos ejercicios 2001-2002, que corresponde con todos los proyectos de ampliación del puerto de Bilbao, de tal forma que la cantidad de proyectos y obras contratadas que se han hecho en este
período son importantes. Como hemos visto en el informe del Tribunal de Cuentas, se han adecuado estas contrataciones a la legalidad en todos los aspectos y, cuando digo en todos, es tanto en la planificación como en la programación que además
exige, de acuerdo con nuestra legislación, que se haga de forma coordinada con Puertos del Estado y no ha habido ningún problema. También la gestión de los servicios portuarios y del dominio público portuario, así como, decía anteriormente, los
procedimientos de gestión de las inversiones o de gestión también de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, en líneas generales se puede decir que tanto sus cuentas como su ajuste a la legalidad, según el Tribunal de Cuentas, es la correcta y la
adecuada.
Por tanto, el Grupo Socialista extrae la conclusión de que la actuación de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha sido transparente y ha tenido una gestión eficaz.
No obstante esta valoración general, quisiera entrar en algunos aspectos puntuales a los que hace referencia el tribunal. En concreto, destaca las concesiones otorgadas a dos entidades públicas, al Consorcio de Aguas de Bilbao y al
Ayuntamiento de Santurce. En ambos casos, como ya se ha dicho aquí -lo vuelvo a reiterar-, se fija un canon simbólico sobre la base de acuerdos y esto para mí tiene importancia para luego solicitar al presidente del Tribunal que proceda a facilitar
a mi grupo más datos en torno a la recomendación única que ustedes hacen. Si no recuerdo mal, con el Consorcio de Aguas se realiza en 1996 y además se hace en atención a razones de interés público. Ese es el motivo por el que se fija este canon
simbólico. Sin embargo, vuelvo a manifestar que, según el informe, esta decisión que toma la Aurotidad Portuaria no es acorde con la legislación vigente, en concreto con la Ley 27/1992, modificada por la 62/1997, leyes que no contemplan ni
reducciones del tipo que se han realizado ni que estas entidades, en concreto el Consorcio de Aguas, queden exentas. Otro ejemplo que quiero poner para terminar en esa recomendación única que hace el tribunal, es el convenio urbanístico, del que
también hemos hablado, que se firma en el año 1996 entre el Ayuntamiento de Santurtzi y la Autoridad Portuaria de Bilbao. En el acuerdo tras la venta y recalificación de unas parcelas, aprovechamiento urbanístico, la plusvalía se reparte al 50 por
ciento entre estas dos entidades públicas. Y ahora vamos al fondo del asunto: ustedes después de exponer estos datos que son objetivos, no hacen ningún apunte sobre la ilegalidad de esta actuación entre la Autoridad Portuaria y el ayuntamiento. A
juicio del Grupo Socialista, lo que realiza el Tribunal de Cuentas es un juicio de valor, en este caso económico, pero un juicio de valor, pues manifiesta que la cesión al ayuntamiento del 50 por ciento de las plusvalías generadas por la venta de
las parcelas -literal- parece excesiva y desde luego poco beneficiosa para los intereses de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Sin entrar en la divergencia de si es excesiva o no, yo podría traer aquí otro elemento de argumentación y decir al
Tribunal de Cuentas que tal vez sea excesiva, pero no es justa para un ayuntamiento que ha sufrido un entorno derivado de la ubicación del puerto de Bilbao. Entraríamos en un elemento de divergencia que no se ajusta, no tenemos en este caso
parámetros, a la legalidad para hacer afirmaciones de este tipo. Por eso, basándome en los antecedentes que he citado, quisiera pedirle, señor presidente, más datos sobre la única recomendación que usted nos facilita en este informe. Recomienda
que la autoridad portuaria firme convenios con las entidades públicas o con las privadas para -dice- que queden debidamente asegurados los intereses económicos y, en todo caso, garantizado el cumplimiento de la legalidad.
Yo necesito más datos,
pues la verdad es que he tenido dificultades para interpretar esta recomendación y también quiero saber cuál es su opinión sobre el margen de actuación que tiene la autoridad portuaria como entidad de derecho público. La autoridad portuaria se
tiene que acoger a la ley y, en cuanto al convenio que usted recomienda con esos dos criterios, que cumpla la ley y que asegure el resultado económico, ya se está cumpliendo la ley. Así pues, necesito más datos sobre la recomendación que usted
formula. En cualquier caso, para terminar, a pesar de mi insistencia en estos aspectos puntuales, quiero resaltar de nuevo que el informe elaborado por el tribunal es muy completo y muy bueno, desde nuestro punto de vista, pues aclara la situación.
En general, en relación con este mundo tan complejo del mundo portuario con todo lo que conlleva, el resultado de su informe es satisfactorio teniendo en cuenta cómo ha realizado su actividad, en estos dos ejercicios, la Autoridad Portuaria de
Bilbao.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas que se le han formulado tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, quiero hacer una observación sobre la recomendación relativa al convenio de concesión del dominio público, no se refiere a la venta de los terrenos que es lo que
aparece en la página 40, según la cita del primer interviniente. En cuanto a la fundamentación del procedimiento de fiscalización, es la misma de siempre, se hace con todas las garantías procedimentales. Que el informe no es una obra perfecta, no
lo va a defender este presidente, es lo que es y se presenta aquí.
Sobre la recomendación relativa a la cesión del 50 por ciento de las plusvalías que se ha suscitado con el Ayuntamiento de Santurce, no se dice que sea ilegal. No solo se dice que sea excesiva, sino en comparación con otros casos. Esta es
la valoración que se tiene que hacer, en comparación con otros casos. En todo caso, se trata de un informe que tienen ustedes y la conclusión básica
viene a decir el mismo- es que los procedimientos de gestión han sido adecuados y que algunas operaciones no salvaguardan los intereses económicos de la entidad en la medida en que van con estas valoraciones.
No se dice que sea ilegal ni se
limita solo a decir que sea excesiva, sino que es excesiva en comparación con otros casos. Y las recomendaciones tampoco son tan elementales, quizá haya más rigor en los convenios en la concesión de la utilización del dominio público.
En cuanto a la falta de otro tipo de información, yo aquí no la tengo, pero una vez más se puede pedir un informe concreto. El mismo ponente que ha hecho este informe hará otro, se someterá al pleno y vendrá a esta Comisión Mixta. Este
presidente no tiene otra información que la que figura en el informe y solo puedo aclararles las cuestiones de procedimiento.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente Congreso 251/000064 y número de expediente Senado 771/000064.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día: informe de fiscalización de los excedentes de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Para informar sobre este expediente tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en febrero de 2005. El período a fiscalizar fue el comprendido entre la constitución del Fondo de Reserva a partir
de los excedentes presupuestarios de 1999 y el 31 de diciembre de 2003. Las aportaciones realizadas al fondo en el periodo 2000-2003, que ascendieron a 11.473 millones de euros, se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. No obstante,
el tribunal considera que estas dotaciones han sido posibles no por la existencia de fondos propios de la Seguridad Social, sino por la financiación ajena proporcionada por el Estado. Esta financiación está formada principalmente por once
préstamos, de los que al cierre del ejercicio 2002 quedaban pendientes de amortización 17.169 millones de euros. Tanto por el origen de parte del endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado, que proviene de la financiación del déficit del
sistema anterior a 1999, como por la conveniencia de que el Fondo de Reserva se enmarque en un contexto de superávit patrimonial, el tribunal considera recomendable que se condonen los préstamos con el Estado o que se proceda a efectuar las
transferencias a la Seguridad Social que le permiten a esta devolver tales préstamos. La normativa contempla dos Fondos de Reserva de la Seguridad Social: el Fondo de Estabilización y el propiamente destinado a Fondo de Reserva. La regulación de
ambos carece de la necesaria coordinación y por ello el tribunal recomienda unificar ambos fondos o, alternativamente, determinar el grado de relevancia que debe existir entre ellos. Según la normativa reguladora del Fondo de Reserva éste debe
dotarse con cargo a los excedentes que resulten de la liquidación presupuestaria, de los ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y de los gastos necesarios para su gestión, siempre que lo permitan las posibilidades y la
situación financiera del sistema. Esta regulación determina que para calcular la dotación del Fondo de Reserva se ha de partir de parámetros presupuestarios, en concreto, del citado excedente presupuestario, y de parámetros económico-financieros
que, a modo de ajuste, corrigen ese excedente para atender la situación financiera del sistema. Estos parámetros económico-financieros, a juicio del tribunal, no están suficientemente bien regulados y su aplicación, junto a los criterios
presupuestarios, produce confusión y puede llevar a que se efectúen aportaciones al fondo superior a la capacidad de financiación del sistema. Aunque la normativa no establece plazos para la dotación y materialización del Fondo de Reserva, el
tribunal considera conveniente que sean los más breves posibles. A este respecto se ha observado que el tiempo transcurrido entre la toma de decisiones y su ejecución por los órganos que intervienen en la gestión del fondo ha sido en ocasiones
excesivo y ha podido reducir los rendimientos del fondo. El tribunal recomienda analizar la posibilidad de aplicar sistemas orientados hacia una gestión más activa del fondo, especialmente para aprovechar mejor las oportunidades de inversión que
ofrece el mercado secundario de deuda pública. En este mismo sentido, se recomienda también la integración en un solo órgano de los dos contemplados en la normativa reguladora del Fondo de Reserva.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de aclaraciones y preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Quisiera dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su presentación y por el resumen que ha hecho del informe de fiscalización. El Grupo Popular cree que se trata de un informe largo y detallado y que
introduce elementos de reflexión para esta Comisión en las resoluciones que se impulsarán para mejoras legales o de gestión en la operativa del fondo. El hecho más importante que se pone de manifiesto en el informe es la transparencia que siempre
ha inspirado la gestión del fondo en garantía de la solvencia de nuestro sistema de Seguridad Social. El hecho más relevante del informe que comentamos es la propia existencia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El fondo es una
institución radicalmente nueva en nuestro sistema de Seguridad Social, que surge a raíz de las recomendaciones del Pacto de Toledo por la Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social en el año 1997. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando empezó a dotarse el fondo con cargo a los excedentes generados por el sistema de Seguridad Social en 1999. No pudo ser antes porque en la década de los noventa nuestro
sistema de Seguridad Social padeció una grave crisis financiera causada por la crisis económica que entonces existía y que determinó una situación de déficit en la que los ingresos por cotizaciones del sistema no alcanzaban para financiar los gastos
ordinarios, déficit que llegó casi a más de 7 décimas del producto interior bruto en el año 1996 y que necesitó financiación del Estado, de la que surgieron más de 26.000 millones de euros de deuda a los que se refiere reiteradamente el informe del
tribunal y a los que ha hecho alusión ahora su presidente.
La nueva institución del Fondo de Reserva ha sido un gran éxito. Las políticas de estabilidad económica, reforma estructural, recuperación del crecimiento económico, el aumento en más de cinco millones de afiliados a la Seguridad Social y
la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, incluida la separación de fuentes, han generado unos excedentes en el sistema de Seguridad Social que han permitido dotar al Fondo de Reserva de los 11.472 millones que había en el año 2003 a
los 31.207 con los que cuenta a la fecha de hoy, más de 3 puntos porcentuales del producto interior bruto o seis meses de nómina de pensiones de la Seguridad Social. Todos debemos felicitarlos de que el actual Gobierno haya continuado en este
aspecto una política de fortalecimiento del Fondo de Reserva y que la coyuntura económica de momento lo haya permitido. El Fondo de Reserva se constituye así en un elemento sustancial de confianza de los ciudadanos en el sistema de la Seguridad
Social. Por eso es importante separar la dotación del Fondo de Reserva de otras consideraciones como la existencia de deudas de la Seguridad Social con el Estado. La insistencia que hace el tribunal en que el fondo no se hubiese podido dotar de
los importes mencionados de haber procedido la Seguridad Social a devolver los préstamos con el Estado, le lleva a afirmar que la dotación del Fondo de Reserva ha sido posible gracias no a la existencia de fondos propios sino a la financiación de la
Administración. Esto puede distorsionar la percepción por parte de la sociedad de este elemento fundamental de garantía del sistema de pensiones. El propio informe reconoce, como no podía ser menos, que la no exigibilidad de los préstamos
mencionados viene amparada por las leyes presupuestarias para 2003 y, posteriormente, por las de 2005 ó 2006, y que la afectación legal de los recursos aportados hasta el momento constituye la garantía de que los préstamos en ningún caso podrán
condicionar el cumplimiento de los fines para los que se ha constituido el fondo. Es indudable que la condonación por el Estado de los préstamos concedidos vendría a mejorar sustancialmente la situación patrimonial de la Seguridad Social. Se
trataría de una medida de política presupuestaria de primera magnitud que se puede abordar dentro de un proceso de fortalecimiento de la Seguridad Social y que el tribunal ha venido reclamando a lo largo de los años. En este punto es importante
resaltar que no condiciona la realidad de las dotaciones efectuadas al fondo y la afectación de las mismas a sus fines.
Otro punto que señala en tribunal en su informe y al que se ha referido ahora el presidente es la vigencia de los antiguos Fondos de Estabilización previstos en la Ley de Bases de la Seguridad Social del año 1963 y recogidos en el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 1994. El entendimiento general ha sido que el Fondo de Reserva, tal como se reguló en la Ley de 1997 o en su Ley específica de 2003, ha venido a sustituir totalmente a esos Fondos de
Estabilización que nunca llegaron a tener vigencia en una coyuntura completamente distinta. Lo que está absolutamente reconocido son los posibles problemas estructurales que van a afectar al futuro de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los
condicionamientos demográficos actuales. La ley recomienda que se destinen al fondo prioritaria y mayoritariamente los excedentes, no contemplando ningún otro fondo. Este es un punto sobre el que convendría alguna aclaración, puesto que contradice
de alguna forma la percepción general del Fondo de Reserva como único fondo para garantizar el sistema de pensiones en situaciones de déficit estructural.
El tribunal insiste en que el volumen actual del fondo tampoco garantiza por sí mismo la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. Esto es algo obvio, puesto que el fondo no es más que un recurso complementario y en su
propia ley reguladora se dice que se hará uso del mismo en situaciones de déficit estructural con el límite del 3 por ciento del gasto anual de pensiones. Me permito citar las palabras del señor Granado, actual secretario de Estado de la Seguridad
Social, quien en su última comparecencia para presentar el informe referente al Fondo de Reserva correspondiente al año 2005 afirmaba que el principal estabilizador del sistema son las cotizaciones, que el gran estabilizador de la Seguridad Social
es la buena marcha de la economía y que los Fondos de Reserva tienen que estar para ayudar a afrontar reformas estructurales en tanto en cuanto no se hayan hecho antes. Ese es el objetivo legal del Fondo de Reserva: afrontar reformas estructurales
en situaciones críticas en las que pueda haber insuficiencia de recursos. Pensar en otras circunstancias en las que pueda haber situaciones de déficit coyuntural que requieran de Fondos de Estabilización distintos del de Reserva, en las
circunstancias previsibles y conocidas de evolución del sistema es poco realista.
El tribunal hace también un detallado análisis de los procedimientos y plazos de gestión del fondo, analizando las actas de las distintas reuniones del comité de gestión, tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley de 2003. Es
una buena narración de un proceso de
institucionalización y fortalecimiento de esta nueva institución, en la que siempre se ha actuado con la máxima transparencia para generar la confianza en los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, en todos los ciudadanos. El
tribunal examina los criterios de inversión y materialización de las inversiones seguidas, reclamando una gestión más activa de los fondos. En este punto la ley reguladora es muy clara. Prevé la inversión en títulos emisores públicos que cuenten
con la suficiente liquidez. El criterio seguido desde la creación del fondo y mantenido en la actualidad es la actuación con la máxima prudencia, habiéndose invertido los fondos en títulos de deuda pública del Estado español y solo recientemente en
títulos de otros emisores del área euro con máxima solvencia y calificación como Alemania, Francia o los Países Bajos. Por eso, la insistencia que hace el tribunal en su informe de una gestión más activa, incidiendo en que se podrían haber obtenido
mayores rendimientos si no se hubiese hecho una gestión a vencimiento de la cartera de títulos, está en cierto sentido en contradicción con la naturaleza de los títulos en los que por ley el fondo tiene que materializar sus inversiones. Llama la
atención que el propio Banco de España en sus alegaciones hiciese mención al tribunal, que todas las cuentas tanto del fondo como de la Seguridad Social en el Banco de España están retribuidas a tipos de mercado, y que operativas en mercados
secundarios como la que se mencionaba de los repos tienen unos costes que pueden perjudicar la rentabilidad del fondo.
Vuelvo a referirme a las palabras del secretario de Estado de la Seguridad Social, cuando en su comparecencia reciente hacía mención a que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha tenido a lo largo de los años, entre 2000 y 2006, una
rentabilidad superior a la de otros fondos de pensiones privados que invierten en renta fija, sin perjuicio de que esta rentabilidad en términos netos se ve significativamente incrementada por los bajos costes de gestión. Teniendo en cuenta los
actuales rendimientos de la renta fija, una gestión con asesores externos y operaciones en mercados secundarios, el informe no justifica suficientemente en qué términos se podría mejorar la rentabilidad del mismo. Eso no obsta para que -no se
menciona en el informe- si se adoptase otro criterio de inversión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que implicase mayor riesgo, como puede ser la inversión en renta variable, en mercados emergentes, etcétera, hiciesen falta unos
asesoramientos y una operativa que determinasen unos costes de gestión significativamente mayores. Estas son las consideraciones que nos sugiere el informe y sobre las que nos gustaría escuchar la opinión del presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Agradezco la presencia del presidente y le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista.
Antes de entrar propiamente en el informe haré referencia a dos cosas que ha manifestado el presidente y a una reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Sobre los excedentes de la Seguridad Social, el presidente ha
planteado -el propio informe también lo dice- que se trata más bien de aportaciones del Estado. Comparto también la tesis del portavoz del Partido Popular. Hay un debate entre los agentes sociales y las fuerzas políticas sobre los préstamos del
Estado a la Seguridad Social. Si así están es porque jurídicamente deben estarlo, pero hemos de remitirnos a los años noventa, época en la que la Seguridad Social abordaba pagos de prestaciones que razonablemente no debía afrontar con cotizaciones
que no le correspondían. Esas aportaciones pretendían cubrir gastos que la Seguridad Social pagaba, tales como complementos a mínimos, sanidad o servicios sociales. El debate de estos préstamos está pendiente, así como el problema patrimonial
existente en cuanto a los hospitales, problema que queda en suspenso y que en algún momento hemos de solventar. En mi opinión, es fundamental lanzar el mensaje de que el Fondo de Reserva está constituido con los excedentes de las cotizaciones de
los trabajadores y empresarios que se están produciendo en estos momentos. Como bien decía el secretario de Estado, la mayor estabilidad hoy y de cara al futuro de la Seguridad Social se basa en la buena marcha de la economía, en el crecimiento
económico y en la generación de empleo. Si realmente somos capaces de mantener esos dos objetivos, garantizaremos sine die el futuro del sistema de pensiones que tenemos en este país.
Entrando en el informe, se trata de un trabajo exhaustivo y realizado con profundidad. Hay que tener en cuenta que es el primer informe que se hace en esta materia, y, por tanto, es nuevo. Nos plantea tres o cuatro cuestiones que ni
siquiera son recomendaciones, pero que deberíamos corregir. Por ejemplo, hace hincapié en clarificar el procedimiento; habla de la agilización de las dotaciones del fondo una vez conocidos los excedentes, así como de una mejor limitación del
procedimiento. En mi opinión, está claro que el procedimiento consiste en los excedentes de la Seguridad Social, aunque habría que aclarar que son todas las entidades de la Seguridad Social, incluidas las mutuas, que se recogen por primera vez. Se
trata de una serie de recomendaciones que el Gobierno está llevando a cabo desde 2004. En primer lugar, habla de una mayor transparencia e información. En este sentido, el señor secretario de Estado ha comparecido ya en dos ocasiones para explicar
exhaustivamente las inversiones y la actualización realizadas cada año del Fondo de Reserva. Se ha reducido mucho la dotación inmediata de los excedentes, una vez conocidos. Certificada por la Intervención General de la Seguridad Social la cuantía
de los excedentes del año 2005 y delimitado el superávit de la
Seguridad Social en términos de caja, de los 7.400 millones de euros a los que ascendió dicho superávit, inmediatamente se procedió a dotar el Fondo de Reserva con el 50 por ciento de los excedentes, estando anunciada para ahora, una vez sea
efectiva la paga de junio, la dotación del otro 50 por ciento. La incorporación al Fondo de Reserva con cargo a los excedentes de la Seguridad Social también se ha hecho prácticamente al cien por cien. Por tanto, esta recomendación se está
cumpliendo. Asimismo, el secretario de Estado ha anunciado la necesidad de hacer una revisión de la Ley de 2003, relativa al fondo, para examinar los órganos de control que hay en la actualidad, así como para buscar un mejor asesoramiento e incluso
permitir un asesoramiento al margen de la Seguridad Social a la hora de realizar las inversiones. Como decía el portavoz del Grupo Popular, se han empezado a hacer algunas inversiones en bonos de otros Estados. Cualquier reforma en esta materia
hay que hacerla con mucha cautela y con todas las garantías, porque no solo lo exige así la ley, sino también la prudencia. Dentro del marco normativo, parece necesario que se introduzcan las reformas pertinentes que posibiliten una mejor
definición del cálculo de los excedentes incluyendo todas las entidades gestoras, como son las mutuas, etcétera.
Cuando elaboramos la Ley de 2003 discutíamos sobre los casos en los que se podía recurrir al fondo, algo a lo que también hace mención el informe, que habla del 3 por ciento. Entonces se produjo un profundo debate en cuanto a si sería en
caso de crisis coyuntural o de crisis estructural.
Nosotros entendemos que el fondo está para solucionar problemas estructurales, pero también sería bueno hacer las reformas oportunas.
Como digo, las recomendaciones mencionadas ya están siendo
puestas en práctica por el actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Por último, en cuanto a las aportaciones que posteriormente haremos, nuestras propuestas irán encaminadas en la misma línea de las recomendaciones en cuanto a mejorar la
gestión del fondo, dotarlo de una mayor transparencia y transmitir a los ciudadanos, que son los propietarios de este fondo, una tranquilidad y una garantía de futuro respecto a sus pensiones.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La verdad es que no ha habido preguntas muy concretas, sino más bien sugerencias. A este presidente le resulta muy difícil estarse callado. Atendiendo a estas sugerencias, no sé
si traspasaré el terreno de lo institucionalmente permitido, ya que estoy presentando un informe del pleno, pero uno tiene ciertas obligaciones morales a la hora de expresarse. Se ha invocado al secretario de Estado, señor Granado, respecto a la
función estabilizadora de las cotizaciones. Me parece muy bien, pero este presidente es catedrático de matemática actuarial, ha explicado durante muchos años los seguros sociales y los sistemas y tiene que decir que el secretario de Estado tiene
razón al invocar un tipo de autoridad que no va con el temple de este presidente, porque en mi opinión la autoridad que hay que invocar es la autoridad técnica y la científica. Pero se da la circunstancia de que tiene razón, la estabilidad del
sistema no depende de un fondo de reserva que está para cubrir situaciones de coyuntura o pasajeras. Es algo así como si en cuanto a la estabilidad una compañía de seguros dependiera de ese recargo de seguridad para desviaciones y no de que las
primas estuvieran bien calculadas en función de la siniestralidad. ¿Qué ha pasado aquí? Que el Pacto de Toledo dice: Para atenuar efectos de los ciclos... Y la ley dice: Con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema,
etcétera, por lo que se ha podido introducir en este punto alguna mezcla.
En mi opinión, el propio informe en este tema también está claro. Dice que no se pueden garantizar las prestaciones contributivas, pero después lo relativiza y en la página
70 reconoce que tiene un carácter complementario. Quizás esta sería la crítica, pero tampoco se puede desprender este extremo del informe, ya que en efecto tiene un carácter complementario.
En cuanto a otro tema que también es delicado, dice que se dotarán con los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social siempre que la situación financiera lo permita. Desde el momento en que esto no estaba muy claro, sería conveniente
o recomendable, y esto es lo que dice el informe, que esos préstamos de la Seguridad Social se condonen, pero esto no pasa de la conveniencia o recomendación. Por otra parte, esta especie de recomendación se está haciendo en todas las Cuentas
Generales del Estado desde que estos préstamos existen. Sugerencia que también se ha hecho y que entiendo que hay que admitir.
La otra sugerencia se refiere a los dos fondos. Aquí se dice que existen dos fondos que sería bueno unificar o coordinar y en eso tampoco el informe va más lejos. En cuanto a la gestión dice que sea un poco más ágil y que se doten,
inviertan y mejore la rentabilidad, pero tampoco se puede desprender del informe que aquí se quiera una gestión de un fondo especulativo. Precisamente las inversiones de estos fondos están marcadas por el principio de la seguridad y muchas veces
hay que sacrificar rentabilidad por seguridad. Viene a decir que sea un poco más ágil. En la contabilización pasa lo mismo; es decir, que se reflejen las pérdidas de los fondos en el pasivo y no solamente en el activo. En definitiva, que se haga
una gestión más ágil, que la contabilización sea un poco más rigurosa, pero no se cuestiona la legalidad en este informe. Solamente se recomienda la conveniencia de que el fondo de reserva se enmarque en un contexto de superávit de la Seguridad
Social.
No sé, señor presidente, si con esto he dado satisfacción, si no habrá llegado o si me habré pasado.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
DURANTE LOS EJERCICIOS 2001, 2002 y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000076.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 8, que es el informe de fiscalización de las actividades de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, de las mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de la
Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales durante los ejercicios 2001, 2002, y 2003.
En primer lugar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para realizar el informe de este expediente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS(Nieto de Alba): El informe de fiscalización de la actividad de colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en materia de
prevención de riesgos laborales durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 fue aprobado por el pleno del Tribunal en mayo de 2005. Se ha detectado una ausencia de separación nítida entre los dos tipos de actividades preventivas que tienen
encomendadas las mutuas; por una parte, las actividades preventivas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, realizadas con financiación exclusivamente pública, cuotas de la Seguridad Social, y por otra, la actividad que realizan como
servicios de prevención ajenos a las empresas a ellas asociadas, y que se financian exclusivamente con fondos privados. Esta ausencia podría presuntamente estar provocando una financiación pública de las actividades privadas realizadas por las
mutuas. Asimismo, se ha comprobado la existencia de una desigual concurrencia de la prestación de esta actividad preventiva como servicios de prevención ajenos, desarrollada por las mutuas de accidentes de trabajo, respecto de la actividad
preventiva realizada por las denominadas entidades especializadas de prevención de riesgos laborales; hechos que presuntamente podrán ser constitutivos de prácticas restrictivas de la competencia y de abuso de posición dominante de los previstos en
la Ley de Defensa de la Competencia y en la Ley de Competencia Desleal.
Se han puesto de manifiesto una serie de deficiencias en el modelo de compensación a la Seguridad Social por la utilización de sus medios materiales y humanos por las mutuas de accidentes de trabajo en sus actividades de prevención como
servicios de prevención ajenos. Con independencia de lo anterior, se han detectado una serie de irregularidades concretas en la compensación de costes a la Seguridad Social durante los tres ejercicios fiscalizados por parte de las cuatro mutuas
incluidas en la muestra principal de la fiscalización: Fremap, Asepeyo, Mutua Balear e Ibermutuamur. De las actuaciones realizadas se ha dado cuenta a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal para la determinación, en su caso, de las
responsabilidades contables que pudieran proceder.
Como consecuencia de la ausencia de separación real de las actividades preventivas realizadas por las mutuas y de las deficiencias del modelo de compensación, la Seguridad Social habría estado financiando parcialmente, durante los tres
ejercicios incluidos en el período objeto de fiscalización, las actividades preventivas de los servicios de prevención ajenos a las mutuas en un porcentaje que podría situarse, de acuerdo con los cálculos efectuados al efecto por el Tribunal de
Cuentas, en torno al 38 por ciento del total de gastos imputables a esta actividad. El tribunal recomendó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se promueva una reforma normativa que posibilite la separación real y efectiva de los tipos de
actividades preventivas desarrolladas por las mutuas, reforma que se ha llevado a cabo mediante la promulgación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. También se recomendó la fijación de nuevos criterios para la compensación de costes, que ha
sido efectuada por el citado departamento ministerial por resolución de 28 de diciembre de 2004 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de preguntas y aclaraciones. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, la diputada María Eugenia Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su informe.
Efectivamente, estamos ante una fiscalización especial relativa a la actuación de las mutuas como servicio de prevención de riesgos ajenos y, por tanto, con su actuación en un campo privado. Lo primero que quiero decir es que hay que ir a
los orígenes y ver de dónde parte esta situación. Parte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, que traspone una directiva comunitaria del año 1989; ley que, como dice el propio Tribunal de Cuentas, en su primera página, ha
sobrepasado casi en tres años la fecha límite para implantar esta directiva comunitaria.
Quizá esto sea una de las causas que propician esas provisionalidades y urgencias que en la ley y en su desarrollo reglamentario hacen que en el ordenamiento
jurídico en materia de prevención de riesgos haya esas provisionalidades que no sé si no debieran haber estado, pero es lo que tenemos porque así se fraguó la ley y es lo que había en ese momento. No teníamos, por decirlo de otra forma, que aplicar
esa ley de 1995 que traspone, repito, esa directiva comunitaria que se hace con rapidez en el sentido de que hay que ponerla
en marcha apuradamente porque han pasado tres años desde la fecha en que tenía que haberse establecido. Por otro lado, también es verdad que esta ley introduce todo un cambio en el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales;
cambio que nos lleva a que la propia ley, en el artículo 32, autorice a las mutuas de accidentes de trabajo a actuar como servicios de prevención ajeno. Es en la ley y en el desarrollo reglamentario donde se trata de separar ambas actividades, y
muchas veces, tengo que reconocerlo, con carácter provisional, porque se trata de implantar un sistema nuevo. Es en la propia ley donde se permite la utilización de medios materiales y humanos de forma compartida. Y para que no existiera esa
financiación de una sitio para otro, del campo privado a lo público, se establecen unas compensaciones, y es también en la propia ley donde se prevé una ayuda a las mutuas por cada trabajador protegido.
Pero quiero insistir también en que, en definitiva, como dice el propio Tribunal de Cuentas y el decreto del año 2005, el cambio en el sistema de prevención requirió adoptar normas que permitieran en un momento determinado su aplicación.
Eso también hay que verlo. Si nos ponemos en aquellas fechas, vemos que no había unos servicios de prevención ajenos -ni ajenos ni propios-, no existían en nuestro ordenamiento, ni siquiera en el campo de la actividad de la prevención de riesgos;
tampoco se podían desperdiciar los conocimientos de las mutuas en materia preventiva, y nosotros opinamos que no se podía desperdiciar la historia preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo en este campo. Por tanto, se establece que se
posibilite a las mutuas actuar como servicios de prevención ajenos, pero es verdad que actuando en un campo privado, que es sobre lo que trata esta fiscalización especial. Por eso quiero felicitar al Tribunal de Cuentas, en la medida en la que ha
colaborado también con sus informes -no solo con este sino con otros anteriores y con otro tipo de actuaciones, como luego citaré- al perfeccionamiento de ese sistema de prevención. Podemos decir que hay dos recomendaciones básicas o únicas, quizá
únicas, pero es verdad que hay una que luego se desglosa. Una se refiere a la forma de compensación que ha de realizar la mutua como actividad privada al patrimonio de la Seguridad Social por utilizar esos recursos materiales y humanos de la
Seguridad Social, y otra en cuanto a la separación total y absoluta que debe existir entre un tipo de actividad como colaboradora de la Seguridad Social y, como ha dicho ahora su presidente, su actividad privada.
No voy a hacer preguntas, pero sí algunas consideraciones. Por una parte se dice que la resolución de junio de 2004, donde se modifican los porcentajes de esa compensación, es inaplicable por su carácter retroactivo -es verdad que se aplica
al año 2003- y que crea inseguridad jurídica. A lo mejor no me correspondería a mí hacer estas consideraciones, sino más bien al Grupo Socialista, porque es una resolución del año 2004, pero también quiero decir que me parece que es cierto que
algunas mutuas han aplicado esta resolución, luego inaplicable en sentido estricto no es. Por otra parte, también es verdad que había disminuido el número de reconocimientos médicos realizados por las mutuas como Seguridad Social hasta llegar a ser
inexistentes, porque así lo iba previendo la propia norma en ese ámbito en el que se produce una ley con ciertas provisionalidades o con un desarrollo reglamentario que también es provisional. Yo no sé hasta qué punto esta norma merece esas
calificaciones -no sé si es la palabra- tan duras, tan drásticas.
Por otro lado, la resolución del año 1998, que es la que originariamente establece esas compensaciones, no digo que sea rigurosa, porque es verdad que literalmente es así, pero quizá en la práctica no ha sido de esa forma. ¿Por qué? Porque
por un lado me dicen que se ha producido un beneficio automático, semiautomático para las mutuas por el hecho de la compensación que supone pagar el 85 por ciento de lo que se factura, con lo cual, matemáticamente hablando, el 15 por ciento sería
para la mutua.
Por otro lado, me dicen que esa misma resolución al límite de su aplicación llevaría a un enriquecimiento injusto por parte de la administración de la Seguridad Social. Creo que en la práctica no es ni una cosa ni la otra, sino que
ha sido mucho más equilibrado.
Repito que no tengo preguntas, simplemente retomo un poco lo que decía al comienzo de mi intervención, porque es verdad que el Tribunal de Cuentas ya en el año 2001 alertó al Ministerio de Economía y Hacienda, y este al Ministerio de
Trabajo, de que se estaba produciendo una situación que perturbaba la libre competencia en este campo de los servicios de prevención. Así vemos que ya se toman medidas, de forma que en el propio año 2003 no se autoriza ningún centro compartido; y
al decir compartido me refiero a que no se autoriza ningún centro en el que por parte de las mutuas se utilicen recursos humanos o materiales de la Seguridad Social.
Esto es por una simple comunicación, ya que aquello no era ni un informe, era una
actuación de buena voluntad -entiendo- por parte del Tribunal de Cuentas. Posteriormente, el anteproyecto de este informe se recoge por parte del Ministerio de Trabajo en el año 2004 y es la resolución de diciembre de 2004, donde se modifican esas
compensaciones por los reconocimientos médicos. Y si avanzamos más, es precisamente el informe que hoy estamos viendo el que da lugar al decreto de 2005, que establece una nueva forma instrumental de actuación de las mutuas de accidentes como
servicios de prevención ajenos. Es más, sugiere hasta la forma en la que pudiera realizarse esta gestión y se recoge en el propio real decreto. Y es en esta Comisión, en 2004, donde se acuerda instar al Gobierno para que adopte las medidas
necesarias para solucionar la situación que se estaba produciendo de posible privilegio. Todo ello nos conduce, repito, a la recomendación básica, que es que se produzca una separación total, física, económica y contable de las mutuas como servicio
de prevención. Eso es lo que yo creo que se ha plasmado en el decreto de 2005.
Por ello tengo que decir que una vez más el Ministerio de Trabajo -creo que aquí tenemos experiencia de que siempre lo hace de forma diligente, cualquiera que sea el color político- va adaptando su normativa y su actuación a las
recomendaciones y sugerencias del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nuevas Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mis primeras palabras son de salutación al señor presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia de hoy ante esta Comisión Mixta Congreso-Senado.
Quiero comenzar haciendo una valoración muy positiva del informe de fiscalización que nos ocupa en este momento. Es un informe, estructuralmente, magníficamente hecho. Quiero felicitar a todos los servicios del Tribunal de Cuentas en la
persona de su presidente y de los consejeros, porque han venido a demostrar un celo en la preocupación de un problema muy grave que estaba distorsionando completamente, con una especie de generación de principios que estaban en las leyes anteriores,
la prevención de riesgos laborales y que venía conculcando la transparencia y la libertad de mercado, generando fundamentalmente unas prácticas restrictivas de la competencia, como así ha dicho el propio presidente del Tribunal de Cuentas en su
dictamen.
Estamos hablando de cosas muy serias, porque en este informe de fiscalización que estamos debatiendo el Tribunal de Cuentas, señor presidente, cifra en 16,2 millones de euros el importe que cuatro mutuas de accidentes de trabajo -las que ha
citado el señor presidente- dejaron de compensar a la Seguridad Social entre los años 2001 y 2003 por la utilización de sus medios materiales y humanos a la hora de trabajar en la prevención de riesgos laborales. Si las mutuas que están actuando en
este terreno de la prevención ajena utilizan pólvora del rey para hacer el estudio de lo que cuesta una póliza de la empresa privada que quiera recibir los beneficios en la prevención de riesgos, en este caso ajenos, se encuentra con un diferencial,
y es que las entidades privadas que concurran al mercado se ven en inferioridad de posibilidades; prácticas restrictivas que agravian la cuenta de resultados en cuanto a la competencia y si tenemos que adaptarnos a la normativa europea, hágase así.
Afortunadamente, como también ha señalado en su intervención el señor presidente, esta separación, que era la primera recomendación que el Tribunal de Cuentas hacía al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de promover una normativa que
posibilitara la separación real y efectiva de los dos tipos de actividades preventivas que actualmente desarrollan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ha quedado resuelta por el Real Decreto
688/2005, de junio del pasado año, que viene a regular el régimen de funcionamiento de estas mutuas como servicio de prevención ajeno. A este real decreto le ha sucedido la orden ministerial y la resolución del Ministerio de Trabajo de diciembre
del pasado año, que vienen a determinar las actuaciones a desarrollar en las mutuas para su adecuación a este citado Real Decreto 688/2005. El Tribunal de Cuentas ha hecho este trabajo sobre cuatro mutuas con la normativa anterior. Le quiero hacer
la primera sugerencia -lo traeremos aquí cuando debatamos propuestas de resolución cuando en las próximas fechas esté el informe de fiscalización a disposición de los grupos- de incitar y mantener el celo del Tribunal de Cuentas para ver cómo las
restantes mutuas, incluso estas cuatro auditadas, se están ajustando tanto al cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Real Decreto 688/2005 como a los órdenes ministeriales y resolución del Ministerio de Trabajo del pasado mes de diciembre del
año 2005. Porque, ¿dónde estaba el problema? El problema está en, como bien señalaba el informe del Tribunal de Cuentas, una serie de deficiencias perturbadoras de la transparencia y ecuanimidad de mercado que afectan al cálculo de los gastos que
integran, por ejemplo, el coste por hora del personal técnico facultativo que presta sus servicios en las mutuas. Si quiero obtener el coste de esa póliza en el mercado libre tengo que computar precios reales, salarios reales y compensaciones
económicas que estoy dando a ese personal y no tengo más ingresos que la pura relación contractual de la póliza que haga la empresa de prevención ajena con las empresas particulares, pero no tengo ingresos, como bien ha detectado en informes
anteriores el Tribunal de Cuentas; tengo ingresos -lo que hemos llamado la pólvora del rey- que me vienen por otra vía y lo estoy aplicando desde el mantenimiento de sedes, de personal y haciendo unos ajustes en unas nóminas que son prácticamente
imposibles de competir para las empresas privadas del sector. Por tanto, estamos en un momento muy oportuno para esta compensación de costes porque se está produciendo una sintonía de sensibilidad, de toma de conciencia de este problema entre, en
primer lugar, esta Comisión mixta; en segundo lugar, el efecto que nos ha producido como instrumento de trabajo y de toma de decisiones políticas los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sin los cuales no hubiéramos podido arrancar
nunca para saber la dimensión del problema; en tercer lugar, el eco informativo y de sensibilidad que hemos encontrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y concretamente -lo quiero citar porque nos hemos entrevistado muchas veces con
él- en el secretario general de la Seguridad Social, don Octavio Granado, que ha llevado a las páginas del Boletín Oficial del Estado las medidas que en la línea que ha señalado el Tribunal de Cuentas se venían haciendo. Por tanto, el Tribunal de
Cuentas tiene por delante una magnífica perspectiva de competencias para ver si se están quitando esas prácticas restrictivas de la competencia. Tengo aquí una nota de prensa del 21 de febrero, que dice que, en este momento, para adaptarse a lo
dispuesto
en el Real Decreto 688/2005 y en la orden ministerial y resolución de diciembre del año pasado, las mutuas han creado 25 empresas para la lucha contra la siniestralidad laboral, es decir, separación de criterios. Ahí habrá que auditar a
estas mutuas para ver si esas 25 empresas que entran en el campo de los servicios de prevención ajenos de las mutuas están ajustadas en el cálculo de sus costes operativos para que haya una transparencia en el mercado y que se mantenga el espíritu
que subyace en el fondo de todo. En el informe del Tribunal de Cuentas de 26 de mayo del año pasado, en su página 40, cuando habla de ir a luchar contra las prácticas restrictivas de la competencia, con gran claridad y contundencia dice: La
reforma normativa debería prohibir la utilización de medios de la Seguridad Social en las actividades preventivas a desarrollar como servicios de prevención ajenos y promover la rápida separación de los recursos materiales y humanos actualmente
compartidos.
Esto es lo que manda imperativamente que se corrija el Real Decreto 688/2005 y las disposiciones subsiguientes y es donde el Tribunal de Cuentas debe poner la lupa y todo su servicio magnífico para ver el cumplimiento que se está
haciendo de este tema porque es lo único que puede resolver el verdadero problema competencial, jurídico, financiero y económico y, por tanto, de eficacia de fondo que es evitar que el patrimonio de la Seguridad Social pueda continuar financiando
oscura o parcialmente las actividades preventivas de los servicios de prevención ajenos de las mutuas y que no haya ninguna vulneración más ni del Texto refundido de la ley general presupuestaria ni de las normas de la Seguridad Social.
Termino felicitando al presidente del Tribunal de Cuentas por este ejemplar de informe de fiscalización que, aunque solo va dirigido a cuatro mutuas, ahí tenemos más de 20 que están dentro de ese campo para ver el cumplimiento de las nuevas
normativas con las que tenemos que ser inflexibles en su cumplimiento en defensa de los fondos de la Seguridad Social y del principio de legalidad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, empezaré con la clásica salutación al presidente del Tribunal de Cuentas, en nombre del Grupo Socialista, que nos presenta un informe del auditor correspondiente de esta sección, agradeciéndole a él, así
como al auditor y a su equipo técnico, la bondad de este informe y su extensión. Además, es el tercero sobre las actividades de las mutuas que en muy poco tiempo vemos en esta Comisión mixta Congreso-Senado, lo cual demuestra que en un momento
determinado de las actividades del Tribunal de Cuentas se han estado fiscalizado mucho las actividades y la situación económica de este sector, cosa obligada por la situación administrativa de las mutuas.
Gran parte de las afirmaciones que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz de Coalición Canaria, paisano mío, señor Mardones, me hacen limitar un poco más mi intervención, con lo cual salimos todos ganando. No
obstante, no todo son coincidencias, sobre todo con la portavoz del Grupo Popular, ya que el mismo elemento que le sirve a ella para decir que una ley que fue hecha tres años después de la trasposición de una normativa comunitaria puede estar en el
origen de alguno de los males que ha citado el Tribunal de Cuentas podría servir también para decir que, al contrario, esos tres años dieron tiempo para reflexionar antes de dictarla sobre lo que ocurría en otros países de la Unión Europea y haberla
hecho con mucha más serenidad. Pero no es cuestión de polemizar. Sin embargo, sí coincido al cien por cien con la portavoz popular en la reflexión que ha hecho sobre cómo debía ser mi intervención y así reafirmo que una modificación de los
porcentajes en una resolución de 2004, que según el Tribunal de Cuentas era inaplicable, tres de las cuatro mutuas auditadas lo pudieron realizar en el ejercicio de 2003. Por tanto, independientemente de la base jurídica para que pudiese ser
aplicable con retroactividad, sí lo pudieron hacer, luego no era tan complicada su realización. Gran parte de esas deficiencias pueden ser originadas -no digo voluntariamente- por la interpretación que hacen las mutuas de las órdenes
correspondientes al 22 de abril de 1997 y de la resolución del 22 de abril de 1998. Además, a tenor de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas, puede parecer que algunas de estas cifras son contradictorias, pues esa práctica unánime por
parte de todas las mutuas de aplicar el 85 por ciento del gasto común o de los servicios comunes del personal y de los medios materiales a los ingresos puede parecer distorsionante. Sin embargo, cuando da unos ejemplos concretos de las mutuas
auditadas, Asepeyo e Ibermutuamur, dice que Asepeyo, con otra interpretación de esa resolución del 85 por ciento, podría tener un resultado negativo. Por cierto, respecto a la mutua Asepeyo, en el resto del informe del Tribunal de Cuentas este
deduce que algunas de las actuaciones de dicha mutua pueden estar teniendo carácter de responsabilidad contable y envía este informe a la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, este informe inicialmente dice que puede tener
efectos negativos en su contabilidad interna y, por el contrario, en lugar de ser negativa, por esa aplicación la otra mutua tiene beneficios. Toda la normativa a la que se refiere el Tribunal de Cuentas, que es extensa, hace hincapié en la
separación contable obligada de las dos subentidades económicamente independientes de las mutuas, no tanto de las actividades por servicios ajenos como la de la derivada de su relación con la Seguridad Social. Asimismo, señala unos cuadros en los
que se reflejan esas actividades y su evolución del año 2001 al año 2003, comparándolos, sin embargo, con un ejercicio económico, el de 1998, de donde podemos obtener unas cantidades que pueden servirnos de reflexión.
Además, hace
una separación con los servicios -como ha citado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- de reconocimiento médico que distorsionaban esa resolución de 22 de diciembre de 1998, o por lo menos su aplicación por parte de las mutuas.
He de señalar una cuestión que, en nuestra opinión, es importante. Cuando en la página 19 se fijan los objetivos, el alcance y las limitaciones de esta fiscalización especial, hace una serie de verificaciones y comprobaciones económicas de
los resultados y valoración de la actividad.
Me llama la atención un asunto que también señala, y es que cuando habla de las limitaciones dice expresamente que no se han producidos limitaciones al alcance de la fiscalización especial, siendo
destacable la total colaboración con el Tribunal del Cuentas no solo de los centros directivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino también de las propias mutuas. Eso contrasta con el posterior envío del Tribunal de Cuentas a la sala
de enjuiciamiento de algunas de las actividades de la mutua por teórico enriquecimiento e irresponsabilidades contables, lo cual posteriormente significa que no hubo dolo por parte de las mutuas, porque sí colaboraron a la hora de mostrar todo con
absoluta transparencia y sin ninguna limitación, como así señala el Tribunal de Cuentas en el alcance de su informe de fiscalización. Por tanto, quiero señalar que apoyo las manifestaciones realizadas por los portavoces, sobre todo si las mismas
son trasladadas posteriormente a propuestas de resolución con las que, también quiero señalarlo, coincidimos prácticamente en su totalidad. Pero como ya he dicho, voy a hacer hincapié en esto último que he manifestado, y es que me ha llamado la
atención el envío a la sala de enjuiciamiento de estas actividades de las mutuas fiscalizadas, dejando claro, eso sí, que solo se auditan cuatro mutuas -posteriormente, nueve, con unos informes que se solicitan al ministerio sobre la actividad de
las otras nueve-, que representan solo el 14 por ciento de las mutuas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cuatro mutuas son muy importantes, ya que representan el 48 por ciento de la contabilidad de la partida 34.86, que es el concepto
con el que se trabaja en esta actividad económica. Por tanto, puede deducirse que las actividades de las mutuas hasta el 52 por ciento restante también responde a esta misma filosofía, porque esta es una muestra bastante extensa, no si consideramos
el 14 por ciento, pero sí al representar el 48 por ciento de la actividad económica.
En este sentido, la pregunta que quiero formular es la siguiente. Como ha pasado el tiempo suficiente desde la aprobación de este informe, que fue en mayo de 2006, y tras una escucha atenta del informe oral que ahora presenta el presidente
del Tribunal de Cuentas, además de la lectura de su informe escrito, me gustaría conocer si desde esa aprobación se ha introducido alguna novedad en estas cuestiones que en el texto escrito realiza el Tribunal de Cuentas. Me gustaría saber si en
estas fechas el presidente del Tribunal de Cuentas conoce en qué ha derivado ese traslado de algunas partes de este informe a la sala de enjuiciamiento, si se ha abierto expediente, se ha archivado o si todavía no ha tenido tiempo para abrir esas
diligencias para saber en qué situación se encuentra actualmente.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también señala que en los próximos seis meses, a contar desde la aprobación de este informe, hará otro estudio, un análisis de las actividades sobre cómo se ha acoplado el departamento correspondiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a esa actividad. Como ya han pasado esos seis meses, me gustaría preguntarle si es posible que haga en este momento esa valoración y que nos contara cómo ha trasladado esto el ministerio y si ha
realizado ese informe que debía añadirse a este de fiscalización. Es posible que en este momento el presidente del Tribunal de Cuentas no pueda contestarme, pero sí quiero hacer hincapié en que antes de que se produzca la próxima sesión de esta
Comisión, que creo que está fijada para el 23 de mayo, nos gustaría tener esta información, porque es importante tenerla antes de que presentemos las propuestas de resolución de este informe de fiscalización. Por tanto, repito, nos gustaría que de
alguna manera el Tribunal de Cuentas haga llegar esta información a la Comisión para que el presidente dé traslado de la misma a los distintos grupos parlamentarios para que, en función de la misma, podamos adoptar algunas propuestas de resolución
correspondientes a este informe.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En efecto, por las sugerencias que se han hecho, está claro que son necesarias algunas aclaraciones.
En primer lugar, el señor Mardones ha hecho algunas consideraciones respecto a los 16,2 millones de euros. En la página 30 del informe, en el cálculo que hace el Tribunal para las mutuas que señala en la muestra, dice que han podido
incurrir en una compensación indebida de estos 16,2 millones de euros, pero que eso ha de interpretarse con independencia de los fallos del modelo, al margen de otro tipo de beneficios que, con independencia de su gestión y de su compensación, hayan
podido tener. Se refiere a esas cuatro mutuas por facturas, por liquidaciones y por gastos injustificados. Por eso precisamente, y por esa cantidad, es por lo que el ministerio fiscal y los servicios jurídicos del Estado admiten que puede haber
responsabilidades contables, en concreto, para Fremap, Asepeyo, Mutua Balear e Ibermutuamur. De esta situación sí que tengo información hoy aquí. En diciembre de 2005 se inició la fase de instrucción como actuación previa y ya está designado
delegado instructor. Todo esto es perfectamente compatible con que no se hayan producido limitaciones porque eso es en el orden fiscalizador y, en efecto, en esta fiscalización y con estos datos que han dado ha sido posible esta actuación del
fiscal.
En cuanto a lo que dice el informe, que lo va a hacer dentro de seis meses, ahora no tengo aquí información, pero puede pedirse por escrito esta información o de alguna manera tomaré nota de ella aquí y la trasladaré al departamento
correspondiente para ver si la pueden tener antes de la próxima sesión donde tienen que tomar resoluciones.
También quiero hacer una consideración de tipo general, y quizá aprovechando este informe donde todas las valoraciones han sido muy positivas para el Tribunal, porque quiero que sepan que este presidente es coherente con la función que le
corresponde a un órgano de control externo, que es presentar aquí los informes y que la Comisión Mixta, el Parlamento y la propia sociedad los valoren porque es el recurso que se tiene del control, incluso de la calidad de nuestro trabajo. Por
tanto, esas valoraciones que se hacen, tanto si son positivas como si son negativas, son un instrumento y un medio de que el sistema funcione mejor. Naturalmente presento el informe que trae el Tribunal, pero considero que esa valoración, como
órgano de control externo, le corresponde a los receptores de los informes, que es el Parlamento y es la sociedad. Quizá algunas veces tenga que lamentar que estas valoraciones se produzcan extemporáneamente durante el procedimiento, que lo que
hace es pervertir el procedimiento o alterar el propio sistema de control, pero que esta Comisión Mixta valore el informe y su calidad, porque yo creo que los órganos del Tribunal deben leer el 'Diario de Sesiones' y deben tomar nota. Este
presidente cree que eso forma parte del propio sistema. Digo esto porque parece que es más adecuado aprovecharlo cuando las valoraciones han sido positivas que cuando han sido negativas.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.