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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 297, de 12/11/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 297
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 275
celebrada el lunes, 12 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 149-1, de 27 de septiembre de 2007 (corrección de errores en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
149-6, de 29 de octubre de 2007). (Número de expediente 121/000149.)... (Página 14697)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 14697)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008...
(Página 14697)
Títulos I y II... (Página 14697)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a los títulos I y II, intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordòn, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título III... (Página 14705)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a este título III intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, para dar por defendida la enmienda 17, de la señora Lasagabaster Olázabal; Herrera Torres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Padilla Carballada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Títulos IV y VIII y sección 07 (Clases pasivas)... (Página 14709)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a los títulos IV y VIII y sección 07 (Clases pasivas), intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título V y sección 06 (Deuda Pública)... (Página 14713)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título V y sección 06 (Deuda pública), intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, para dar por defendida la enmienda 18, de la señora Lasagabaster Olázabal;
Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VI... (Página 14715)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título VI, intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republica (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Utrera
Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VII y secciones 32 (entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial)... (Página 14718)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas al título VII y a las secciones 32 (entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial),
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);
Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos... (Página 14723)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008.
(Número de expediente 121/000149.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Iniciamos el Pleno de esta semana con el correspondiente orden del día, dedicado de manera monográfica, como SS.SS. saben, a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en este caso
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008. En el apartado correspondiente a la sesión de esta tarde iniciamos el debate con la defensa de las enmiendas de los títulos I y II, que se van a debatir de manera agrupada.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas.
Para este primer turno tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Puig. (Pausa.)
Le pido disculpas señor Puig. Empezamos de menor a mayor y le corresponde intervenir al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Herrera
El señor HERRERA TORRES: Señoras diputadas, señores diputados, desde nuestro grupo parlamentario queríamos empezar, hablando de los títulos I y II, con una valoración general de lo que es el presupuesto, y es que este presupuesto va a tener
menos apoyos de los que hemos tramitado, y quiero recalcarlo y destacarlo. Lo digo porque en unos títulos, I y II, en los que hablamos de ingresos y de gastos -nuestro grupo lo dijo-, con los retos sociales que existen en este país no puede ser que
hayamos hecho la reforma fiscal que ha supuesto 6.000 millones de euros menos para abordar los retos sociales; con los retos sociales y ambientales que tiene nuestro país no puede ser que el ministro de Economía presuma de tanto superávit; con los
retos sociales y ambientales que tiene nuestro país no nos encaja que un ministro de un Gobierno que se dice socialdemócrata presuma de que no gasta más en gasto social y de que no se incrementa el gasto público. Por eso nosotros dijimos que no
íbamos a apoyar este presupuesto y no lo vamos a apoyar.
En el trámite en Comisión nuestro grupo ha incorporado enmiendas que han supuesto precisamente que haya un mayor acento social en educación; un mayor acento en materia de lucha contra la siniestralidad laboral, y espero que se mantengan
estos 37 millones de euros en el texto; un mayor acento ambiental con 30 millones de euros que se van a destinar a la recuperación de fincas, ya sea en espacio de costas o en otros con alto valor ambiental, pero lo cierto es que, pese a que hemos
incorporado ese elemento ambiental, ese carácter social e incluso ese elemento autonómico, incorporando al articulado parte del acuerdo al que llegó el ministro de Economía con el Conseller Castell, nuestro grupo no puede decir a día de hoy que
estos sean unos presupuestos sociales y ambientales como pretendíamos. Por eso, nosotros mantenemos esa postura crítica con el presupuesto. Postura crítica y exigente que responde a un presupuesto que, desde nuestro punto de vista, ha tenido mucho
de improvisación, que ha sido un presupuesto pactado entre los ministros pero que, en cambio, no ha sido ni discutido, ni transaccionado, ni pactado con el conjunto de grupos parlamentarios. Nosotros creemos, además, que este presupuesto tiene,
como elementos sociales, elementos muy efectistas pero poco efectivos. Un dato vale más que mil palabras. El gasto social más importante que tiene este presupuesto es uno: los 2.500 euros para cada persona que tenga un hijo o una hija. Nos vamos
a gastar más dinero en eso que en la Ley de Dependencia por la que tanto hemos batallado
Títulos I y II
y trabajado. Es insólito, pero es así. Una idea del debate del estado de la Nación tiene más gasto que el principal reto de la legislatura. Por eso decimos que desde una fuerza de izquierdas, desde una fuerza ecologista, no nos sentimos
cómodos en este presupuesto. Por eso tengo que decirle que va a haber secciones en las que nuestra postura va a ser firme, incluso contraria a esas secciones. Les pongo algún ejemplo. No podemos apoyar una sección como la del Ministerio de
Economía cuando desde el Ministerio de Economía se niegan una vez tras otra a abordar el reto de la fiscalidad ambiental, que no significa pagar más, significa pagar diferente. Es insólito pero es así. Lo cierto es que en este país hacemos una
reforma fiscal que supone 6.000 millones de euros menos de ingresos, pero, en cambio, es uno de los países más ineficientes de toda Europa desde el punto de vista ambiental. El país que incumple más con el protocolo de Kioto no ha sido capaz de
hacer una reforma fiscal verde, comprometida con nosotros en varios presupuestos, sin ir más lejos en los últimos Presupuestos Generales del Estado. No vamos a poder apoyar, es más, vamos a tener un voto contrario a una sección como la de Fomento,
porque con lo que está pasando en Barcelona, el presidente Zapatero continua hablando de la inversión en AVE pero se olvida de la fuerte inversión que tiene que haber en Cercanías. El problema ya no está solo en la inversión sino en la orientación
de la inversión. Es un elemento que no se ha solventado. No vamos a poder dar apoyo, es más, vamos a votar en contra de la sección de Defensa porque no entendemos cómo se puede hablar del encuentro de civilizaciones y mantener un Ministerio de
Defensa con un incremento notable, sobre todo, un Ministerio de Defensa con unas partidas que contrastan, y mucho, con las cifras que se destinan, por ejemplo, en materia de vivienda. Una política de vivienda en la que de cada cinco euros, cuatro
van a desgravaciones y solo un euro va a políticas activas. Es en este contexto en el que decimos que no, que desde esta perspectiva de izquierdas progresista no estamos cómodos con este presupuesto, que no es nuestro presupuesto. Por eso vamos a
tener esta actitud de firmeza, de crítica y vamos a trasladarles que entendemos que en este trámite presupuestario ha existido demasiada improvisación.
Una improvisación que se ha contrastado en el debate que tuvimos en Pleno, pero que también se
contrastó en el debate en Comisión, y un pacto en el que el Grupo Socialista operó desde un principio con el Gobierno, como si se tratase de un gobierno con mayoría absoluta o cuasi mayoría absoluta, y no era así ni es así. Se lo digo desde la
autoridad de haber negociado tres presupuestos, de haber pactado tres presupuestos. Desde esa misma autoridad les digo que los márgenes de negociación que tuvimos en otros presupuestos no han sido los que hemos tenido en estos. A diferencia de
otras ocasiones, cuando discutíamos y pactábamos en la Ley de Dependencia cómo se tenía que desarrollar, en este presupuesto nos hemos encontrado con hechos consumados y con políticas consumadas, sin negociarlas con aquellos grupos parlamentarios
que le han dado apoyo. El ejemplo paradigmático, la propuesta de los 2.500 euros, una propuesta que da lo mismo al hijo de aquel que no tiene recursos que al nieto de Botín.
La verdad, nosotros ni lo compartimos ni lo entendemos. Esa es la
diferencia con otros presupuestos. La principal partida, la principal novedad de este presupuesto la decidieron ustedes unilateralmente.
Dicho esto, vamos a defender las enmiendas que hemos presentado y vamos a intentar que todas aquellas enmiendas que se incorporaron que le dan un mayor acento social, un mayor acento ambiental, se mantengan en el presupuesto. Respecto a los
títulos I y II, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda al título II que tiene que ver con el porcentaje de participación de la recaudación bruta obtenida, en este caso en 2008, a efectos de liquidación y gestión recaudatoria o de
otros actos administrativos por parte de la Agencia Tributaria. Frente a lo que hicimos otros años, hemos planteado que en este caso se congelen los 126 millones de euros porque, después de analizar dónde van esos fondos que recauda la Agencia
Tributaria, fruto de la lucha contra el fraude, hemos comprobado que estos fondos no van ni a la mejora del gasto operativo ni a la mejora de la lucha contra el fraude fiscal, que creíamos que era el uso final de ese fondo, sino que se queda en la
capitalización de la Agencia Tributaria. Va al patrimonio neto de la Agencia Tributaria. No entendemos que esa tenga que ser la política, y por eso planteamos la congelación.
He querido hacer esta salvedad, antes de entrar en el resto de títulos, sabiendo que existía solo una enmienda por parte de nuestro grupo parlamentario en los títulos I y II, para explicarles dónde está nuestro grupo. Nuestro grupo está
precisamente en esa actitud de exigencia por una razón muy simple: hemos sido, creo, socios leales, hemos estado discutiendo, y cuando nos poníamos de acuerdo, bien, pero cuando no nos poníamos de acuerdo lo denunciábamos y lo explicábamos. Por
eso no nos ha gustado ni nos gusta nada el unilateralismo en este tramo final de la legislatura, porque unilateralismo es decidir que la principal propuesta en gasto social se destine a algo tan poco social como los cheques.
Además, no nos gustó
nada que el unilateralismo también se implementase en una reforma fiscal de la que todo el mundo dice que ha supuesto una merma de ingresos y, por tanto, menor capacidad para abordar la convergencia social con Europa, además de una merma fiscal.
Fíjense ustedes, todos los expertos dicen que las reformas fiscales se tienen que producir no cuando la economía crece al 3,5 ó 4 por ciento. Son instrumentos anticíclicos. Perdonen, pero es el abecé de un Gobierno, ya no digo de izquierdas, sino
un abecé de ortodoxia económica hacer las reformas fiscales cuando la economía está en retroceso. O hacer las reformas fiscales para recaudar menos cuando la economía está en retroceso. Ustedes la hicieron cuando la economía estaba casi al 4 por
ciento. No ha sido razonable y eso, obviamente en el marco de los
títulos I y II, de ingresos y de gastos, para nosotros ha sido un factor poderosísimo a la hora de no poder dar apoyo a estos presupuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Para defender las enmiendas a estos títulos I y II, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Aprovecharé, igual que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para posicionar a nuestro grupo parlamentario en relación a los Presupuestos Generales del Estado.
Nuestro grupo ya manifestó en la enmienda a la totalidad su oposición a estos presupuestos, y seguimos estando en el mismo sitio porque creo que las cosas han cambiado muy poco. Explicaré algunos de estos motivos que entendemos que
incumplen algunas de las grandes directrices que el Gobierno socialista ha dicho en relación con estos presupuestos. Creemos que no son sociales -no lo son o no lo suficiente- porque entendemos que la media del gasto social se queda muy parecida a
la media del gasto en las demás áreas del Gobierno. Entendemos que habría margen para aumentar el gasto social entre dos y tres puntos, que permitiría afrontar algunas de las grandes necesidades de los ciudadanos, entre ellas aumentar más las
pensiones mínimas y las no contributivas y afrontar otros aspectos de temas sociales que se han quedado cortos como la Ley de la Dependencia o el Fondo de Inmigración, etcétera. Otro de los puntos con los cuales no estamos de acuerdo son las
políticas de fomento de los emprendedores, en este caso políticas de emprendedores de la pequeña y mediana empresa, que en los actuales presupuestos se quedan cortas.
Un tercer punto son las infraestructuras. En ese aspecto entendemos que no se ha hecho lo suficiente para afrontar este tema, en ese caso en Catalunya, Pays Valenciá e Illes Balears. Me parece que esta es una demanda no solo de nuestro
grupo parlamentario sino de la misma sociedad civil, los sindicatos y los grupos sociales. Precisamente la semana pasada, al final del debate en Comisión de los presupuestos, el propio Foment del Treball Nacional, el señor Rosell, presentó los
datos comparativos de las inversiones en Cataluña en los últimos años y se probaba firmemente que el desafecto de Cataluña hacia España quedaba institucionalizado por la nota de prensa del Foment del Treball Nacional, en la cual afirmaba la
diferencia de inversiones que ha habido en los últimos años, entre otros casos, entre Cataluña y Madrid. Pero este debate territorial, en el que nuestro grupo no quisiera entrar, va fomentado también en otro de los aspectos claves para nuestra
oposición a los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que sin la publicación de las balanzas fiscales es difícil hacer un debate de presupuestos, sobre todo, hacer un debate de temas territoriales sobre dónde van las inversiones. Nuestro
grupo parlamentario lo ha exigido en multitud de ocasiones; en este Congreso de los Diputados se han aprobado resoluciones en ese sentido, y esas balanzas están publicadas. En la última contestación a una pregunta de nuestro grupo parlamentario
sobre las balanzas fiscales, el mismo Gobierno dice que están hechas. Hace un año, el director del Instituto de Estudios Fiscales compareció en el Senado diciendo que tenían todos los datos estadísticos. Por tanto, entiendo que un Estado moderno
como el Estado español en un año tendrá tiempo suficiente para tener calculadas las balanzas fiscales. Les invito otra vez -aunque sea pesado- a la publicación de las balanzas fiscales.
También se lo reclama Fomento del Trabajo Nacional. El otro
día el señor Rosell solicitó la publicación de las balanzas fiscales. No creo que el señor Rosell sea de Esquerra Republicana, pero lo ha pedido. El presidente de la patronal catalana ha pedido la publicación de las balanzas fiscales. Por tanto,
insto al Grupo Socialista a que haga un esfuerzo en este sentido.
También lamentamos la actitud del Partit Socialist de Catalunya al hacer caso omiso de las modestas opiniones o recomendaciones que hace Esquerra Republicana. Más que estar de acuerdo con el Partido Socialista o los diputados del PSC en
esta Cámara, lo estoy con lo que dijo el presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Montilla: El alejamiento de Cataluña podría ser irreversible. Con estos presupuestos, tiene razón el señor Montilla; por tanto, me sorprende la actitud
dócil del Partit Socialist de Catalunya respecto a la aceptación de propuestas que van en beneficio del Governde la Generalitat de Catalunya Y no digo en otros aspectos, porque el Grupo Socialista ha presentado un voto particular a una de las pocas
enmiendas que nuestro grupo aprobó, que es una enmienda que no tiene nada de territorial, sino que es social. Ustedes han presentado ese voto particular para impedir que el Fondo de Inmigración se incremente en 187 millones, tal como se aprobó en
la Comisión de Presupuestos. Van a tener que explicar a sus ayuntamientos de mayoría socialista por qué van a intentar ahora echar abajo un fondo de inmigración que el presidente del Gobierno, señor Zapatero, ha utilizado en multitud de ocasiones,
un fondo creado al inicio de esta legislatura, a propuesta de Esquerra Republicana, que en estos presupuestos solo incrementaron el IPC y que ahora intentan, tirando por el camino de en medio, echar abajo; una derrota que ustedes sufrieron en la
Comisión de Presupuestos por falta de diálogo, por su actitud prepotente. Ahora intentan, en una segunda oportunidad, hacer cambiar a alguien para que tire para atrás ese fondo de la inmigración. Van a tener que explicar muy bien, señores
diputados del PSC, esta actitud en contra del Govern de Catalunya, que ha valorado positivamente la aprobación de esta enmienda, con una nota de prensa emitida por el Govern de la Generalitat de Catalunya instando a que el Grupo Socialista en Madrid
no utilizase otras vías para anular este fondo de inmigración de 187 millones de euros. Seguramente, como no quieren escuchar, van a seguir con su actitud prepotente, en contra de un presupuesto social. Por tanto, vamos a ver si logran que
alguien cambie el voto para intentar derrotar una enmienda social de 187 millones. Y a ustedes les duele porque demuestra que su estrategia de preparación de sus presupuestos ha sido un auténtico fracaso. Estos presupuestos no son sociales porque
ustedes no han querido que así fueran. Han intentado hacer un max mix de los presupuestos en los cuales se demuestra que su apuesta en ese caso no es social.
En cuanto a las dos enmiendas que ha presentado nuestro grupo a los títulos I y II, las doy por defendidas destacando la enmienda número 729, que es una enmienda de garantía presupuestaria que ya hemos presentado otros años para que aquello
que no se ejecute sea traspasado a todas las comunidades autónomas, no solo a Cataluña, para que si el Estado es incapaz de ejecutar traspase a quien sí es capaz de ejecutar y tiene muchas demandas. De esta manera se evitaría que en el caso de
Cataluña -y no son cifras dichas por nosotros sino por Foment del Treball Nacional- de cada cuatro presupuestos, a ustedes uno les salga gratis porque no ejecutan. Ustedes ejecutan por debajo del 75 por ciento, con lo cual cada cuatro presupuestos
uno les sale gratis. Para evitarlo traspasen a las comunidades autónomas -a todas- aquello que son incapaces de ejecutar.
Entonces haríamos justicia y no podríamos hablar de si unos invierten en un sitio o en otro en función del color político que
gobierne en Madrid.
Invito a los demás grupos parlamentarios a sumarse a esta iniciativa para trabajar en aras de garantizar la ejecución presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado. Buena parte de las enmiendas que el Grupo Socialista
ha introducido en el dictamen de la Comisión son inejecutables, son de cara a la galería. Han puesto partidas en proyectos y no existen proyectos suficientes para ejecutar. Por lo tanto, han hecho ustedes un brindis al sol aumentando las
inversiones en partidas que son inejecutables.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Tiene la palabra el señor Vilajoana para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, damos por defendidas las enmiendas vivas a los títulos I y II, pero me gustaría dedicar una parte de mi tiempo a hacer el análisis general de los presupuestos que vamos a debatir en estos
próximos tres días.
Los tres principales argumentos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el debate a la totalidad y en la presentación de nuestras más de quinientas enmiendas continúan absolutamente vigentes después del paso y del debate
producido en la Comisión de Presupuestos la semana pasada, a pesar de que fueron aprobadas más de 40 enmiendas que supusieron un total de 60 millones de euros. Repito, nuestra posición después de este debate en la Comisión de Presupuestos sigue
siendo la misma.
En este sentido me informan de que el portavoz del Grupo Socialista, el señor López Garrido, ha dicho que estábamos tan contentos que seguramente cambiaremos nuestra posición. Si en este debate no se producen cambios sustanciales en las
tres áreas en las que queremos que se cambien las cosas, nuestra posición será la misma que la que hemos mantenido en la Comisión de Presupuestos, donde -como ustedes recordarán- votamos que no a la mayoría de secciones y también al dictamen
general. Repito, en estos momentos nuestra posición, en principio, es exactamente la misma porque los presupuestos no cumplen con Cataluña en relación con las inversiones, porque los presupuestos no suponen un suficiente incremento de gasto social
y porque los presupuestos no respetan las competencias autonómicas en ámbitos importantes de la política de gasto. Si se mantienen estos tres puntos, que han sido la base de nuestra reivindicación y nuestro análisis en la enmienda a la totalidad y
en nuestras enmiendas al articulado, difícilmente podremos cambiar nuestra posición. Estos presupuestos han de cumplir con Cataluña y han de destinar la inversión prevista en el Estatut. Según ha reconocido el Gobierno en el informe
económico-financiero que acompaña a los presupuestos de 2008, en este proyecto de ley faltan 722 millones de euros que corresponden a la aplicación de la metodología de cálculo para las inversiones del Estado en Cataluña acordado por el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Generalitat, en cumplimiento del Estatut. Convergència i Unió no comparte esta metodología, consideramos que la Generalitat se ha quedado corta en el planteamiento de lo que indica el Estatut, sin embargo los acuerdos
están para ser cumplidos y, por ello, nos limitamos a exigir su cumplimiento. La enmienda 3593 crea un fondo de 722 millones de euros contra el cual puedan ejecutarse inversiones por parte del Estado y, si el Estado no tiene suficientes proyectos
maduros, otras administraciones como la Generalitat, las diputaciones catalanas, los ayuntamientos catalanes y los consejos comarcales podrían aportar sus proyectos al Estado para que sean financiados por la Administración central. Esta enmienda es
determinante; si la aprobaran, cambiaríamos nuestra posición pero nos tememos que no la van a aprobar.
Idéntico planteamiento yace en la enmienda 3592, donde se crea el fondo de compensación de inversiones en Cataluña correspondiente al año 2007, es decir, para aquellas inversiones que el Ministerio de Economía y Hacienda ha reconocido que
deberían figurar en los presupuestos de 2007 y que no figuran. Quiero destacar que estos 826 millones de euros no quedaron reconocidos en el debate parlamentario del año pasado y si en la actualidad se reconoce la deuda es gracias a la
enmienda que Convergència i Unió planteó el año pasado en los Presupuestos Generales del Estado de 2007 con la disposición adicional quincuagésimo séptima. En la metodología acordada entre la Generalitat y el Estado se especifica que los
826 millones de euros deben pagarse entre los años 2008 y 2009. Sin embargo, en los presupuestos de 2008 figuran cero euros por este concepto. Nuestra pregunta es por qué Cataluña debe hoy renunciar en los presupuestos de 2008, que estamos
debatiendo y que vamos a aprobar, a los 722 millones de euros de inversiones que le corresponde de más y también por qué debemos renunciar a los 820 millones de inversión para el año 2007 que no están en estos presupuestos. Por qué los grupos
parlamentarios que forman parte del Gobierno tripartito de la Generalitat pactan retrasar por un mínimo de dos años el cobro de estas dos partidas, es decir, están de acuerdo en retrasar dos años 1.500 millones de euros en inversiones para Cataluña.
Por todo esto, si no se resuelve, muy difícilmente vamos a cambiar nuestra posición respecto a estos presupuestos.
En estos presupuestos tampoco se recogen las urgencias que, en este sentido, le reclamamos al Estado en inversiones en infraestructuras. En inversiones en carretera proponemos 101 enmiendas, con un importe global de 388 millones de euros,
con las siguientes prioridades: Grandes ejes de comunicación, desdoblamiento de la N-II en el Maresme y las comarcas de Girona, donde hace ocho años que se están elaborando los proyectos constructivos de una carretera; cuarto cinturón; accesos
del Baix Llobregat al cinturón del litoral, al puerto y al aeropuerto; financiación del desdoblamiento del eix transversal; eix pirinenc tanto en el tramo entre Llançà-Figueres-Besalú, como en el tramo que va desde la Seu a Pont de Suert;
Lleida-Viella-frontera francesa; desdoblamiento de la N-340; desdoblamiento de la A-27, Tarragona-Montblanc-Lleida.
Variantes en procesos constructivos eternos, y cuando digo eternos es que realmente son eternos: variante de Vallirana en la
N-340, variante de La Aldea y variante de Gerri de la Sal. Mejora ambiental y de seguridad vial: barreras acústicas en la N-II en Sant Vicenç de Montalt, actuaciones en seguridad vial, sustitución de las vallas actuales con el fin de proteger a
los motociclistas. Se está haciendo en el Congreso una labor importante en seguridad vial pero un factor determinante -aparte del código de puntos, aparte de reducir la velocidad y aparte de multar y poner más radares- es mejorar las condiciones de
circulación con mejores carreteras, eliminación de puntos negros y -como cada vez hay más motoristas en nuestras carreteras- sustitución de las vallas actuales por vallas que no sean agresivas con los motociclistas.
En actuaciones locales es cierto que hemos conseguido llevar a adelante ocho enmiendas que han supuesto 5,5 millones de euros pero no resuelven el conjunto de actuaciones locales necesarias. Entendemos también que hay un compromiso de
suprimir peajes. Muchos preferiríamos la realización de nuevas inversiones a la simple supresión de peajes, pero las nuevas inversiones no se ejecutan o se ejecutan tarde. Decía el señor Puig que cada cuatro años en esta casa el presupuesto en
inversiones de Cataluña sale gratuito porque se ejecuta, en el mejor de los casos, el 75 por ciento. Nosotros queremos que en los casos en que esto ocurra, los peajes sean una alternativa para evitar que en este país se pague el peaje y además no
tengamos vías alternativas. El otro gran tema que tenemos encima de la mesa es la inversión en ferrocarriles de Cercanías. Hemos marcado unas prioridades. En primer lugar, solucionar el caos actual en Sans-Hospitalet-Prat de Llobregat, con un
fondo de 250 millones de euros, que va a resolver dos cosas: el coste que está suponiendo la situación actual a los damnificados, a los ciudadanos y, además, invertir en soluciones a corto plazo. Crear un fondo inicial para el traspaso de
Cercanías a la Generalitat, concretamente un fondo de 500 millones. Hay un compromiso del Gobierno de que esto ocurra en enero. Nosotros creemos que se ha de producir en enero; el tema de Cercanías no solamente es un tema de inversión, es un tema
de gestión y estamos seguros de que la Generalitat lo haría mejor de lo que lo está haciendo actualmente el Ministerio de Fomento. Inversiones en proyectos específicos de Cercanías, con un volumen de inversión de 132 millones en distintas áreas:
Premià de Mar, Papiol-Mollet, Montcada-La Garriga; inversión en renovación de estaciones por 40 millones y, en general, demandas de renovación de líneas como sería la Barcelona-Puigcerdà, Lleida-Manresa, Mora la Nova-Falset-Reus, Borges
Blanques-Valls-Barcelona o Barcelona-Portbou, con un total de 91 millones de euros.
Pasando a lo social, queremos más inversión para la dependencia. Las comunidades autónomas se han encontrado con una ley del Estado que les obliga a financiar un mínimo del 50 por ciento del nuevo sistema de dependencia y no disponen de los
recursos para hacerlo efectivo.
Proponemos destinar 200 millones de euros del superávit a financiar el grave déficit de equipamientos en dependencia. En pensiones, proponemos un conjunto de iniciativas para hacer un esfuerzo determinante en esta
área. También proponemos ayudas a la familia porque en estos momentos se están incrementando sus costes por la inflación en las hipotecas y creemos que se debe regular con una deflactación en el IRPF en un 5 por ciento en vez de en un 2 por ciento.
Hemos conseguido una mejora de módulos en educación por 300 millones de euros y entendemos que en inmigración, como mínimo, el fondo se debe incrementar en 90 millones de euros.
Por todo esto, nuestro planteamiento es seguir luchando por conseguir estos objetivos que nos habíamos planteado. Repito, no lo conseguimos en los presupuestos que llegaron a la Cámara, no lo hemos conseguido en su trámite en Comisión y
vamos a ver si en estos tres días, en el Pleno, somos capaces de acercarnos a nuestros objetivos, que son claros y definitivos, y entendemos que el Gobierno no les está dando respuesta.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Vilajoana.
Es el turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estos presupuestos se presentan en un momento crítico para la economía española. Tras varios años consecutivos de crecimiento del PIB, ejercicio tras ejercicio, por primera vez se trunca esta senda con la previsión de un
crecimiento para 2008 menor que en 2007, anticipando así un cambio de ciclo. Por otro lado, la competitividad de la economía española continúa descendiendo, alcanzando niveles históricos de déficit exterior con el agravante de que los flujos de
financiación externa que habían venido regando la economía española se han cerrado de súbito tras la crisis financiera internacional. El crecimiento de los precios se mantiene muy por encima de la Unión Europea y los tipos de interés alcanzan
récords desde la entrada de España en el euro, asfixiando así a las empresas españolas e incrementando su endeudamiento. En este contexto económico se enmarcan los presupuestos que, al presentarse además en vísperas de año electoral, dejan en un
segundo plano su condición de principal herramienta de política económica del Gobierno -de lo que debe ser, señorías-, para pasar a ser utilizados exclusivamente como medio de pago a sus socios parlamentarios -el como sea-.
Señorías, además, después del debate de totalidad no hemos tenido ninguna buena noticia económica. Aumentó el paro en 31.000 personas el pasado mes de octubre y se sitúa ya por encima de los 2 millones. El mes de octubre registró la mayor
caída de ese mes en afiliación a la Seguridad Social desde 1992, en 75.000 personas. La productividad sigue muy lejos de la europea, ocupamos el tercer peor registro de los Veintisiete según el último informe de la Comisión Europea. La subida
histórica de la inflación en nueve décimas -reconocida por el Gobierno como mal dato, además inesperado- es un punto superior a la de la Unión Europea, subida que además afecta directamente al bolsillo de los españoles. Los precios de los alimentos
básicos -el pan, la leche, las cebollas- están por las nubes, han subido de media un 22 por ciento, y además hoy se nos anuncia que sube el turrón en Navidad. Ninguna buena noticia económica. Para cualquier familia, hoy, queridos compañeros, la
economía es un problema, pero lo que es un auténtico problema, un auténtico sudoku, que diría Solbes, es hacer hoy la cesta de la compra. Los tipos de interés siguen altos y desde el Banco Central Europeo se nos anuncian nuevas subidas si continúan
las tensiones inflacionistas. Esta noticia sería letal para las familias que hoy tienen muchos problemas para pagar su hipoteca y llegar a fin de mes. El déficit comercial creció un 7,2 por ciento hasta agosto y se mantiene como uno de los tres
mayores del mundo, constatando así la fuerte pérdida de competitividad de la economía española. La producción industrial española se redujo en septiembre en un 1,3 por ciento, el precio del petróleo está por las nubes, cercano a los 100 dólares,
con la gran dependencia energética que tiene nuestro país. La economía ha pasado de crecer un 4,1 por ciento interanual en el primer trimestre de 2007 a un 4 por ciento en el segundo trimestre y los indicadores adelantados del ministerio del tercer
trimestre no auguran ninguna buena noticia, prevén un ajuste importante en el entorno del 3,3 por ciento. Señorías, un recorte de siete décimas sería gravísimo y confirmaría la drástica desaceleración de nuestra economía. El propio Banco de
España, el 31 de octubre, señaló ya que el PIB creció un 0,6 por ciento en el tercer trimestre, lo que nos indica que la economía española crece en 2007 a un ritmo del 2,4 por ciento anual. Y no les digo nada de lo que pasará en 2008. La mayoría
de los analistas, incluido el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, se han visto obligados a rebajar las previsiones de crecimiento de la economía española para el año próximo del 3,3 al 2,7 ó 2,8, según los casos, pero el Gobierno
insiste, se empecina en mantener ese 3,3 por ciento y, lo que es peor, la confianza de los consumidores en la economía cae por sexto mes consecutivo. El índice ICO cayó un 8,2, hasta el 76,2 por ciento, el índice histórico más bajo. Y si la
economía es algo, señorías, es confianza, confianza interna y externa, y este Gobierno pone en peligro todos los días esa confianza en nuestra economía.
En consecuencia, nos encontramos con un cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos irreal, que no comparte ya casi ningún analista y que, sin duda, acarreará consecuencias a la hora de liquidar el presupuesto de una economía que
crecerá menos de lo que estima el Gobierno, una Hacienda que recaudará posiblemente menos de lo que está presupuestado y una Seguridad Social que probablemente tenga que hacer frente a mayores gastos sociales de los que prevén estas cuentas
públicas, con ingresos también menores, y por primera vez en muchos años las administraciones públicas terminarán el año con un saldo presupuestario, en términos de contabilidad nacional, peor que el año anterior, de un 1,3 del PIB en 2007 previsto,
el superávit descenderá hasta el 1,15, en 3.000 millones de euros. Un factor clave que ha impulsado a la baja el superávit del subsector Estado que se preveía es el incremento del gasto no financiero que experimentarán los presupuestos para el año
próximo, un 6,7 por ciento respecto al año anterior, alcanzando los 152.560 millones de euros. Frente al crecimiento del PIB nominal estimado, dotan a este presupuesto de un carácter expansivo aumentando la participación del sector público en la
economía. Por otro lado, en este presupuesto tenemos más despilfarro, más incremento de la presión fiscal y falta de transparencia. Despilfarro socialista que contrasta con la disciplina
y la moderación del gasto que exhibieron los gobiernos del Partido Popular, que aumentaron el gasto no financiero un 4 por ciento de media.
Y al incremento desmesurado del gasto no financiero se le une la argucia presupuestaria que vulnera
el espíritu de la Ley de Estabilidad, ocultando gastos que deberían computar en el saldo presupuestario de las administraciones públicas como tales y que, en consecuencia, rebasarán el ya de por sí abultado límite del gasto financiero. Me estoy
refiriendo a los activos financieros y a casi 7.000 millones de euros que van en activos financieros en este presupuesto.
Por otro lado, los ingresos impositivos crecerán en 2008 un 8,7 por ciento respecto al año anterior y las cotizaciones sociales un 7,5 por ciento, mientras que el crecimiento del PIB nominal está estimado en un 6,7 por ciento, por lo que un
año más se incrementará la presión fiscal que desde que comenzó la legislatura ha aumentado... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Báñez, perdone.
Señorías, guarden silencio que además es su propia compañera.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Incumpliéndose, así decía, la promesa de investidura del presidente de no aumentar la presión fiscal.
En conclusión, el Gobierno presenta unos presupuestos irreales, poco creíbles, opacos, expansivos y que incrementan los impuestos. Además, son unos presupuestos insolidarios. El reparto de la inversión territorializada del Estado en cada
una de las comunidades autónomas atendiendo a los compromisos políticos del presidente e ignorando las necesidades reales de los españoles, lo ponen en evidencia. No me voy a extender más en este tema. Por tanto, podríamos decir, sin ningún tipo
de duda, que estos presupuestos no son los que España necesita para seguir avanzando en la aproximación a la renta per cápita de la Unión Europea ni los que mejorarán la competitividad de la economía española ni los que avanzarán en la convergencia
entre comunidades autónomas, sobre todo en cohesión y solidaridad, y tampoco los que van a mejorar la situación de pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y familias españolas.
Señorías, el Partido Popular cree que este presupuesto no puede ser un mero trámite y una oportunidad perdida. El Gobierno debe actuar y además debe coger el toro de la economía por los cuernos para reconducir la situación en que se
encuentra hoy la economía española. El presupuesto debe dirigirse hacia medidas que aumenten la productividad y la competitividad de la economía. Ha de facilitar la realización de reformas estructurales y la introducción de mayor grado de
competencia en los mercados, lo que repercutirá positivamente sobre el poder adquisitivo de los españoles. Debe además destinarse a mejorar el sistema educativo para que nuestra economía sea capaz de mantener niveles de crecimiento a largo plazo.
Debe además presentar medidas sociales de verdad, no solo compromisos electoralistas del presidente del Gobierno y sobre todo debe posibilitar la bajada de impuestos, pero reducciones de impuestos que mejoren a todos los españoles. Es necesaria una
importante bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas para que los españoles tengan más recursos el año que viene para llegar a fin de mes. Además, es necesaria una rebaja fiscal de las empresas, sobre todo de pymes y autónomos,
para que sigan creando empleo y sean cada día más competitivas.
Señorías, hablando de empresas españolas, me siento muy orgullosa como española de la defensa que Su Majestad el Rey hizo en Chile de España y de las empresas españolas. Señorías, nuestras empresas arriesgan su dinero para crear riqueza,
empleo y bienestar en nuestro país y en muchos países de Iberoamérica y del mundo, y merecen por ello el respeto y el apoyo de todos los españoles. Son, día a día, con su esfuerzo y su compromiso, las grandes embajadoras de España en el mundo y el
Partido Popular reconoce esa labor, la defiende hoy y la defenderá siempre, sobre todo frente a incomprensiones e injusticia.
Termino, señora presidenta. El Grupo Popular da por defendidas sus enmiendas a los títulos I y II del presupuesto que pretenden mejorar la educación, la educación concertada, la educación infantil, las nuevas oportunidades de formación
profesional, el apoyo especial a alumnos con alguna discapacidad, la educación especial en su conjunto, y mayores salarios y mayores medios técnicos para toda la enseñanza. Por todo ello, quedan defendidas las enmiendas del Grupo Popular a los
títulos I y II del presupuesto.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Báñez.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. El Grupo Mixto no va a intervenir. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, además de su defensa de las enmiendas de los capítulos I y II, han dado una explicación general de su posición respecto al presupuesto.
Este tema lo hemos debatido en la Cámara hasta la saciedad, hemos debatido el texto y el contexto del presupuesto muchas veces: en el debate de la aprobación del límite de gasto, que hicimos antes del verano; en las enmiendas a la totalidad,
cuando empezó el trámite de discusión del presupuesto; en Comisión, la semana pasada; hoy, aquí, en el Pleno. Hemos discutido el texto, en concreto, y el contexto, pero muchas veces algunas de las cosas que se han discutido han sido también
debatidas en comisiones y en plenos específicos concretos.
Reiterar una vez más las posiciones
de todo el mundo es perfectamente lógico y normal y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista también va a hacer lo mismo, vamos a defender los presupuestos que presenta el Gobierno desde la idea que tenemos de los mismos, especialmente
desde dos puntos de vista importantes -lo hemos dicho otras veces, pero hoy lo volvemos a repetir-, desde la prudencia a partir de la cual están hechos y desde la confianza que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, que lo apoya, tienen
respecto a la economía del país.
Respecto a la prudencia, no me negaran, señoras y señores diputados, que el Gobierno puede presentar al conjunto del país una serie de presupuestos ejecutados en los últimos cuatro años donde, a pesar de agoreras predicciones que se hicieron
sobre su cumplimiento o sobre hacia dónde llevaban al país, se han cumplido con creces las expectativas propuestas por el Gobierno. Ahí está la evolución del crecimiento de la economía española -continuando una serie, que no empezó este Gobierno,
pero que sí continuamos hasta la actualidad-; el presupuesto actual prevé su rebaja, un aterrizaje -en este punto empezaremos otra vez el debate sobre si será más o menos suave-, pero evidentemente contempla la situación. Podríamos hablar del
cumplimiento de las expectativas de ingreso -superadas también con creces-, que ha comportado un período de estabilidad presupuestaria y de cumplimiento de superávits presupuestarios crecientes, que también en este presupuesto se rebajan respecto al
crecimiento previsto -mi opinión particular es que se va a superar durante este año 2007 el previsto en el presupuesto actual-, pero que el crecimiento del año próximo ya prevé rebajar; otra operación prudente. Ello ha conllevado una situación,
que ustedes conocen también suficientemente, y es que nuestro volumen de deuda pública sobre el producto interior bruto está cifrado en torno al 34 ó 30 por ciento. Si descontáramos el porcentaje de deuda pública correspondiente a otras
administraciones que no son las propiamente del Estado llegaríamos a que, en el caso del Estado, estamos hablando de un 24 ó 25 por ciento. Por tanto, una vez más reiteramos el principio de prudencia.
En cuanto a los objetivos del presupuesto, frente a calificaciones de que el presupuesto es electoralista, de cara a que el año próximo hay elecciones, me gustaría insistir en una calificación que políticamente no es muy ortodoxa y es hablar
de continuidad. Generalmente, cuando se dice que este presupuesto o esta acción es continuista, se entiende peyorativamente el adjetivo continuista, sin embargo, a mi juicio, podemos hablar de continuismo respecto a las políticas en las que el
Gobierno socialista ha venido insistiendo en los últimos cuatro presupuestos. Ordenando las políticas de gasto en función de su crecimiento, veremos que aquellas que representan una política decidida hacia otros ámbitos -apoyo a la investigación,
desarrollo e innovación, apoyo a la educación, apoyo al gasto social, apoyo a las infraestructuras y apoyo a los fondos para cooperación para el desarrollo- crecen más que la media del presupuesto, por lo que es evidente que hay unas políticas y,
curiosamente, o no tan curiosamente, son las mismas que se han venido apoyando en presupuestos anteriores. Las alternativas que hemos escuchado de otros grupos parlamentarios a lo largo del trámite que llevamos de presupuestos son contradictorias y
a veces contrapuestas. Contradictorias porque hemos oído hablar de más gasto, de reducción de impuestos, de menos ingreso y de más superávit, cosa difícil de casar. Vuelvo a la calificación de prudencia, calificación que tiene un crecimiento del
gasto en la línea del crecimiento del PIB nominal, un crecimiento de los ingresos derivado de la buena marcha de la economía española, una obtención de superávit que puede ser conveniente, rebajada respecto de lo que se previó y que se va a hacer
durante este año 2007.
En definitiva, señorías, la segunda palabra que desde nuestro punto de vista calificaría estos presupuestos sería confianza. Frente a declaraciones sobre si el país tiene o no confianza en el Gobierno, el Gobierno socialista y el grupo
parlamentario que lo sustenta quieren manifestar su confianza en el país, en sus agentes y en sus gentes. Es la confianza que nos ha dado el crecimiento superior a la media de los países de la Unión Europea en los últimos años, la estabilidad
presupuestaria obtenida a partir de unos gastos prudentes y de unos buenos ingresos, y la situación del conjunto de la economía, razonablemente satisfactoria, para enfocar precisamente si el crecimiento en los próximos años no es del mismo tenor que
el que hemos tenido hasta ahora en los anteriores.
Quiero terminar mi intervención hablando de dos cosas, del conjunto de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha transaccionado en ponencia con el Partido Nacionalista Vasco y con parte del Grupo Mixto, y de dos paquetes de
enmiendas importantes que ha transaccionado en Comisión con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y con Convergència i Unió. Estos dos últimos han manifestado que sus pactos o sus transacciones no les atan, evidentemente, al
conjunto del presupuesto, pero quiero decir que hay transacciones importantes, de volumen, con tres grupos parlamentarios y con parte de un cuarto respecto del conjunto del presupuesto. Y también quiero manifestar, sin hacer un especial alarde, que
existen algunos acuerdos puntuales a los que llegamos con otros grupos políticos en el trámite de enmiendas.
Centrándonos en las enmiendas a los títulos I y II, rechazamos el conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al título I, las cuales hacen referencia a la incorporación de los presupuestos de los consorcios en los que participa el
Estado, pues creemos que están incluidas en el anexo 14 del actual presupuesto. Y luego hay algunas enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana sobre las inversiones pendientes en Cataluña.
Creemos que el acuerdo al que llegaron el Gobierno de la
Generalitat y el Gobierno de España cubren esto perfectamente, por lo que vamos a rechazar este con
junto de enmiendas. Con respecto al título II, en primer lugar, hay un grupo de enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Popular al artículo 17. Con Convergència i Unió se ha llegado a dos transacciones importantes sobre este tema, las
cuales se han incorporado al dictamen de la ponencia, estando, pues, incorporadas en este momento al debate, que solucionan en gran parte todas las enmiendas presentadas a este artículo 17. Y en cuanto a otras dos enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana, sobre fondos con los que dotar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, he de decir que son contradictorias. Pensamos que la propuesta de dotación que hace el Gobierno es
correcta, y especialmente refiriéndome a la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pensamos que dotar de fondos para que se pueda continuar la buena marcha de esta Administración tributaria es
correcta. Por tanto, vamos a rechazar este conjunto de enmiendas que a los capítulos I y II presentan los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mas.
Pasamos a la defensa de las enmiendas del título III. Señora Lasagabaster.
(El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Interviene el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, la señora Lasagabaster me ha entregado el documento, dentro del Grupo Mixto, en que el actúo como portavoz, para que se dé por defendida, en los términos en que estaba hecha su exposición, la
enmienda número 17, al título III, que la señora presidenta ha dicho que empezamos a debatir. La enmienda número 17, de la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna y del Grupo Mixto, se da pues por defendida en los justos términos de la
justificación.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Quería dar por defendidas las enmiendas de nuestro grupo parlamentario al título III, que saben ustedes que son muchas y que tratan de garantizar que no haya una pérdida de poder adquisitivo en este caso para multitud de sectores, pero
empiezo por citar las principales. En las enmiendas números 110 y 113, que hacen referencia a la recuperación tanto del poder adquisitivo como de la cláusula de revisión salarial del IPC real para los funcionarios, planteamos una enmienda global
con un incremento de un uno por ciento para que se pueda ir recuperando paulatinamente la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios que se produjo en anteriores legislaturas, en las que no se producía ninguna revisión. Pensamos que ese uno
por ciento puede ir compensando la pérdida de poder adquisitivo, y también planteamos esto en la enmienda número 110. En la enmienda número 113 planteamos una petición reiterada, reiteradísima, de nuestro grupo parlamentario, que tiene que ver con
la inclusión de cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos al IPC real; igual que ocurre prácticamente en todos los sectores económicos de nuestro país. En nuestras enmiendas también hacemos
mención a una apuesta por la modernización en el sistema retributivo. Entendemos que es fundamental que se doten de transparencia y que se refuercen la participación sindical y el control parlamentario en el diseño de las relaciones de puestos de
trabajo, en el diseño y en la distribución de la productividad, en el diseño y en la distribución de las gratificaciones, y todo ello lo incluimos en las enmiendas números 111, 112, 119 y 120. Entendemos que la participación sindical y la
información parlamentaria son fundamentales, y por eso lo incorporamos en dichas enmiendas. También manifestamos en las enmiendas nuestro desacuerdo con la tasa de reposición. Desde nuestro punto de vista, la Administración debe hacer efectivo un
estudio estratégico de las necesidades y los objetivos que se quieren cumplir, examinar y redistribuir: cuáles son esos objetivos. Nosotros entendemos que la tasa de reposición, tal y como viene establecida, no viene a dar respuesta a las
necesidades reales de la Administración. Algo así hemos planteado en las enmiendas, y objetivamente creemos que tiene muy poco sentido que se mantenga tal y como se plantea por parte del Gobierno en el articulado.
Por tanto, nuestras enmiendas van
en el sentido de la necesidad de hacer un plan estratégico de recursos humanos en el conjunto de la Administración pública, pues esto nos permitiría ver qué departamentos están infradotados de personal e incluso aquellos que tienen o pueden tener un
exceso del mismo. Entendemos que esa valoración no se produce en el texto que nos plantean y en cambio sí se puede plantear en enmiendas que nosotros hemos presentado. En la enmienda 117 planteamos que en la Administración pública haya una mayor
estabilidad en el empleo. Establece esta enmienda que la Administración pública debe cumplir la legislación laboral vigente reduciendo la precariedad, la inestabilidad y la carencia de derechos laborales y que los contratos temporales tienen que
cumplir el principio de causalidad y no hacer uso de la idea de rotación tan de moda en empresas privadas. Es por tanto una enmienda que intenta evitar un exceso de la contratación temporal y de las empresas de trabajo temporal por parte de la
Administración.
También presentamos enmiendas que intentan establecer mecanismos de transparencia y de control parlamentario en la gestión del gasto de personal, haciendo referencia a conceptos y modificaciones de créditos efectuados, para conocer en qué se
gasta y por qué conceptos en materia de personal. Eso tiene que ver con la productividad, con las gratificaciones y también con la
Título III
redistribución del gasto de personal en lo concreto. La enmienda 134 hace mención a la jubilación parcial de los funcionarios, figura que viene establecida en el Estatuto del empleado público. Ha pasado casi un año desde la aprobación del
mismo y no se ha desarrollado, y para que se desarrolle es imprescindible que se haga la regulación correspondiente por parte de la Administración, y eso es lo que pretendemos en nuestra enmienda. En la enmienda 151 planteamos la necesidad de que
las administraciones públicas elaboren un plan estratégico de recursos humanos en el plazo de seis meses con el objeto de que se fijen objetivos, necesidades de cada departamento, fines que se persiguen por parte de la Administración para adecuar
los recursos humanos de que se dispone o para hacer las modificaciones que fuesen oportunas. Planteamos asimismo que trimestralmente se haga llegar, en este caso al Congreso de los Diputados, la relación de contratos de asistencia técnica y
servicios que realicen o externalicen los diferentes departamentos. En la enmienda 161 planteamos que haya una publicación trimestral del Gobierno de las retribuciones e indemnizaciones, incluso en especie, a altos cargos que están desarrollando su
trabajo en consejos de administración, empresas públicas, etcétera. El objetivo de esta enmienda es, como saben ustedes, incrementar la transparencia.
Hago mención, por último, a la enmienda 168, que es de adición de una nueva disposición adicional. Hablo de disposiciones adicionales, señora Malaret, que tienen que ver con esta parte aunque no estén en el título III. Si me escucha,
señora Malaret, hablo de disposiciones adicionales que tienen que ver con el título III. (La señora Malaret García: Es que no existen.) Existen esas enmiendas, señora Malaret. (La señora Malaret García hace signos negativos al orador.) Recuerdo
que usted me dijo que las Cercanías al principio de la legislatura iban bien, y no iban bien.
Pues mire, estas enmiendas existen y están en las disposiciones adicionales, señora Malaret, y tienen que ver con el título III y por eso las defiendo.
En la enmienda 168, que es de adición de una nueva disposición adicional que tiene que ver con el título III, planteamos la creación de un cuerpo superior de inspectores de Hacienda, cuerpo que también tiene que ver con la regulación de los
subinspectores que en este momento se está haciendo. Desde nuestro punto de vista, la Agencia Tributaria garantizaría así una manera más eficaz de funcionar. Esa enmienda contribuiría a dar mayor peso a la lucha contra el fraude fiscal, nos
permitiría tener un cuerpo superior que pudiese ser más eficaz y podría dar satisfacción a la regulación de competencias, hoy bastante compleja, en esta materia. Por eso defiendo la enmienda 168, que está en las disposiciones adicionales, reitero,
y que tiene que ver con este título III. He querido defender aquellas disposiciones adicionales que tenían que ver con el funcionamiento del título III y con el régimen de la Función pública porque tienen vinculación con dicho título III, porque
esas enmiendas tienen esa conexión con dicho título y mejorarían el funcionamiento. Por eso no solo he querido hacer la defensa de las enmiendas al título III sino también de parte de las enmiendas que tenemos en las disposiciones adicionales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Tiene la palabra, por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo tiene dos enmiendas, la 732 y la 731. Esta última hace referencia a la cláusula de revisión salarial para el personal del sector público a fin de garantizar la aplicación del IPC registrado, y la otra es una cláusula de
fiscalización de la actuación del Gobierno mediante la publicación de los contratos realizados con cargo a los créditos de inversión. Esta enmienda va con otras que ya defenderemos en subsiguientes títulos, y son las dos que nuestro grupo
parlamentario da por defendidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Puig.
Señor Vilajoana, tiene la palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo tiene a este título III, de gastos de personal, cuatro enmiendas. La 3488 y la 3489 las doy por defendidas en los términos en que han sido planteadas. Quisiera hacer especial énfasis en la 3490,
que pretende permitir a los entes locales la posibilidad de incrementar las retribuciones del personal a su servicio a fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo, y en la 3491, que pretende garantizar la competencia autoorganizativa de las
comunidades autónomas y las corporaciones locales en la fijación del número de plazas ofertadas de empleo público. Estas serían las cuatro enmiendas que presentamos y estas dos especialmente tienen para nosotros un carácter de especial relevancia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias.
Es verdad que el artículo 134 de la Constitución establece que la redacción del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es una de las competencias -podríamos decir- genuinas del Gobierno, puesto que en ese presupuesto se traza
la posibilidad de llevar a efecto las políticas que en un momento determinado el
Gobierno quiere impulsar. Es verdad que como consecuencia de eso la oposición, en definitiva el propio Parlamento, que debe aprobar ese presupuesto, tiene unas limitaciones por todos conocidas que no existen respecto a la capacidad de
enmendar en relación con otros proyectos propios del proceso legislativo. Pero también hay que decir que crecientemente eso que está inscrito quizá en la tradición del Parlamento más significativo de occidente, la Cámara de los Comunes, por
ejemplo, de que hay pactos delante del speaker y por detrás del speaker que conforman cómo se van llevando a cabo las distintas oportunidades de llegar a acuerdos en cualquier proyecto de ley, y por supuesto también en el de Presupuestos Generales
del Estado, aquí va cada vez deslizándose de manera más reiterada a la realidad de que prácticamente los pactos presupuestarios se van produciendo siempre detrás del speaker. Eso nos lleva a no entender muchas veces las razones por las cuales se
atienden unas enmiendas y los motivos por los que no se atienden otras. Si eso es así generalmente suele ser porque se llevan mal la luz y taquígrafos y los pactos que sustentan esos acuerdos que se producen detrás del speaker, no por razones de
operatividad, sino por razones que no son las que la buena política aconseja. Con esa certeza, no obstante saber que no es nuestra capacidad, no por nuestra falta de voluntad sino por la realidad constatada en toda la legislatura, la de poder
realizar pactos ni por delante ni por detrás del speaker en materia presupuestaria con este turno gobernante, nosotros, con la seguridad de que nuestras enmiendas son respetuosas con esa mención que hacía al principio -respetuosas por prudentes,
respetuosas por adecuadas y respetuosas por constructivas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado-, por entender que son unas enmiendas que merecen todos esos calificativos, las mantenemos también en el Pleno. Con ese fin, en nombre
del Grupo Popular defiendo las ocho enmiendas al título III del proyecto de ley y las cinco que, relativas a la materia de administraciones públicas, se conforman como disposiciones adicionales, una enmienda a la transitoria cuarta del proyecto y
otras de nuevas transitorias al texto articulado del proyecto de ley.
Voy a hacer solamente dos o tres menciones a las enmiendas que mantenemos.
Nuestro grupo hizo un largo análisis de las mismas en el debate en Comisión y no pretendo repetir aquí dicho debate. Sí he de decir que, contra lo que se ha
manifestado reiteradamente, la revisión de las retribuciones de los funcionarios se ha venido presentando en los tres últimos ejercicios señalando como aumento total no todo aquello que realmente lo es. De tal manera que he de decir aquí, como he
dicho en otras oportunidades en estos tres años, que el aumento de las retribuciones de los funcionarios se contrae al 2 por ciento, muy por debajo de la tasa del 3 que en el ejercicio pasado han evolucionado los precios y muy por debajo también de
lo que lo van a hacer en el próximo ejercicio. Porque hemos dicho, y repito, que contemplar como aumento real el cumplimiento de una decisión política de que las pagas extraordinarias se fueran aproximando paulatinamente en el total de la
percepción al sueldo base y a las retribuciones complementarias que se contemplaban, no puede propiamente entenderse como aumento, porque en otro caso lo que haríamos sería que los propios funcionarios, de sus aumentos anuales, estarían en el fondo
financiando esa actualización o esa fórmula de revisar lo que ha sido un parámetro constante en la Administración española. Tenemos especial interés en repetir aquí nuestra propuesta de que los funcionarios que prestan sus servicios en el
extranjero gocen de los mismos derechos, garantías y deberes que el personal contratado en territorio nacional. Es algo tan claro que no entendemos la resistencia que una y otra vez se lleva a cabo al respecto. Entendemos que para que nuestra
Administración exterior funcione mejor, que debe funcionar mejor, esta es una decisión importante.
Formulamos una serie de enmiendas en relación con la oferta de empleo público, porque no entendemos, señorías, cómo, después del largo proceso de transferencias que se ha ido produciendo, resulta que el número de funcionarios de la
Administración General del Estado y de sus organismos autónomos va aumentando en vez de ir disminuyendo paulatinamente. Ya sé que la explicación que dan es que este año han hecho una oferta de personal de seguridad. No, ya sabemos que no se trata
de eso. La falta de transparencia con que se toman estas decisiones lo ha impedido, pero es algo que debe quedar ahí y ahí queda. También queremos hacer una especial mención a una enmienda relativa a lo que podíamos denominar indemnización por
residencia del personal activo del sector público estatal en Baleares, Canarias y también en Ceuta y Melilla en la equiparación que proponemos. Si alguna de SS.SS. hubiera recibido el número de correos electrónicos que yo he recibido, por ejemplo,
de los funcionarios de las Islas Baleares verían la enorme sensibilidad con la que estos funcionarios abordan esta cuestión. Creo que es un tema que merece, efectivamente, ser reconsiderado, ordenado y dispuesto en términos ecuánimes, equitativos y
razonables, que es en los que va encaminada nuestra enmienda.
Finalmente, en relación con las disposiciones transitorias y también en relación con el texto articulado hemos de decir que el control parlamentario de la ejecución del presupuesto es una realidad necesaria para la salud de la vida
democrática. Pedimos, por ejemplo, en relación con la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos, a la Carta de servicios al ciudadano, que se rindan a las Cortes Generales los informes anuales que proponemos. Consideramos que es un elemento
esencial para poder asegurar que el Parlamento dispone de la información necesaria. Es una obligación de un gobierno en un sistema parlamentario proporcionar esa información en términos que permitan a los grupos de la Cámara y a las señoras y
señores diputados conocer algo que creemos esencial para el buen desempeño de su función. Uno y otro año lo hemos solicitado; uno y otro año hemos recibido una negativa. Pero la razón está en quien
la tiene, y en este caso creo con toda sinceridad que, sin excesos y sin énfasis innecesarios, todo lo que signifique clarificar, informar y conocer para mejor decidir no puede ser más que un gesto y una realidad de salud democrática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Padilla.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy el último proyecto de Ley de Presupuestos de esta legislatura, el proyecto de ley para el año 2008. Nos ocupamos ahora del título III, relativo a los gastos de personal, tanto con carácter general para el conjunto del sector
público, que en este caso tienen un carácter de límite global, como con carácter más concreto para el personal al servicio de la Administración General del Estado. Explicaré ahora los argumentos que justifican nuestra defensa del proyecto de este
título III y expondré indirecta o directamente en su caso las razones que avalan nuestra posición en las enmiendas presentadas y que consideramos más relevantes puesto que han sido objeto de atención por los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra.
Veamos las razones que fundamentan el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos de este año final de la legislatura, un momento indicado para hacer balance de la política presupuestaria en materia de empleo público. Una
política presupuestada guiada por dos ejes estructurales: estabilidad y diálogo social; una estabilidad no solo retórica sino practicada -por ello las cuentas públicas están saneadas y no tienen recovecos-; una estabilidad base para la
sostenibilidad del crecimiento económico; una estabilidad que no se ha hecho a costa de los empleados públicos. La estabilidad no ha sido en perjuicio del más valioso recurso que tienen nuestras administraciones públicas, su capital humano, sino
todo lo contrario. Las cuentas de este proyecto en materia de gastos de personal configuran una política de estabilidad equitativa, una política de gastos de personal fruto del diálogo social, un diálogo con los sindicatos favorecido por una
política guiada por el principio de recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, mermado en los años de Gobierno del Partido Popular, cuando el señor Rajoy se fumaba el puro mientras daba cerrojazo a las justas y legítimas demandas
sindicales.
La ganancia de poder adquisitivo experimentada por los empleados públicos a lo largo de la legislatura es neta; se han producido incrementos superiores a los del IPC. En el mes de mayo, por ejemplo, este aumento se situaba en torno al 2
por ciento, que puede verse, es cierto, ligeramente afectado por los últimos incrementos, vinculados al aumento de ciertas materias primas. En todo caso, continua habiendo un saldo netamente positivo, puesto de relieve en estudios cuya metodología
no ha sido nunca cuestionada por nadie; una metodología que avala un incremento, una recuperación del poder adquisitivo que no ha sido en ningún momento cuestionada por los sindicatos. Así, cabe señalar para entenderlo -porque a lo mejor algunos
no lo entienden ya que hay que leer la legislación aprobada en estos años y los textos legales que hemos ido aprobando en esta Cámara- que desde el año 2006 para comprender los aumentos retributivos hay que tomar en consideración los cambios
experimentados en la estructura de las pagas extraordinarias, cambios que han sido significativos y sobre todo se han consolidado con la aprobación y entrada en vigor del nuevo Estatuto básico del empleo público. Hay dos pagas extraordinarias al
año, pero además de aumentar el número de pagas estas incorporan no solo las retribuciones básicas, sino la totalidad de las retribuciones complementarias no sometidas a variaciones puntuales de carácter individual. También para este año, al
incremento del 2 por ciento hay que añadir la incidencia de la consolidación de las medidas previstas para 2007 tanto en lo que se refiere a pagas extraordinarias e incremento del complemento específico, concepto adecuado, como al nuevo esfuerzo
presupuestario adicional que se aplica al complemento específico, a fin de lograr su percepción en catorce pagas iguales a lo largo de 2009, de conformidad con los acuerdos firmados con los sindicatos en 2006. Por tanto, hay que entender que al
porcentaje del 2 por ciento hay que sumar un conjunto de conceptos desglosados en los distintos apartados del artículo 22. Todo ello supone, en definitiva, un incremento total superior a la inflación prevista.
En relación con las enmiendas que atañen a las reglas establecidas relativas a la oferta de empleo público, hay que insistir en que este conjunto de reglas tienen un objetivo fundamental: la garantía de un empleo público de calidad y la
lucha contra la temporalidad. Por ello, como continuación de las políticas desarrolladas año tras año en esta legislatura, y que marcan también un contraste muy fuerte con la legislatura anterior, se establece una tasa de reposición del cien por
cien y se prevén, como en años anteriores, algunas excepciones que afectan a colectivos especialmente significativos, aquellos colectivos que deben satisfacer necesidades nuevas, abordadas en proyectos legislativos aprobados recientemente. Especial
significación tienen estas excepciones este año cuando atañen a todas las administraciones públicas que tienen responsabilidades para garantizar la autonomía personal y la lucha contra la dependencia y las aplicaciones de la Ley Orgánica de
Educación, que ha entrado en vigor recientemente.
En relación con cuestiones puntuales, no tanto estructurales, relativas a la composición de la oferta de empleo público, como lo que acabo de mencionar, sino al régimen de aplicación de la misma, quiero señalar que algunas de las enmiendas
parecen desconocer que debe desarrollarse en la próxima legislatura el Estatuto del
empleado público de la Administración General del Estado. Por lo tanto, las reglas precisas que atañen a la oferta de empleo público de esta concreta Administración deberán figurar en la ley que regule el Estatuto del empleado público de la
Administración General del Estado, no en la Ley de Presupuestos, puesto que esta única y exclusivamente debe ocuparse de las cuestiones relativas al gasto público y a los ingresos. Por ello, no podemos aceptar enmiendas que aparentemente pretenden
añadir más elementos de información para la Cámara cuando esta tiene cauces establecidos y adecuados en la actualidad.
Finalmente, señor Herrera, lea; le recomiendo que lea especialmente las leyes que aprueba este Parlamento, que lea la Ley de altos cargos y de prevención de los conflictos de intereses, que suprimió las retribuciones a los altos cargos por
su pertenencia a consejos de administración, y así verá cómo no podemos darle esa información porque esas retribuciones ya no existen. Esta es una ley aprobada hace ya un tiempo. También le recomiendo la lectura de la disposición adicional sexta
del Estatuto básico del empleado público, en la que se formalizó el compromiso del Gobierno sobre la jubilación de los funcionarios, y este estribaba en un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que
contuviera, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. Este
era el compromiso del Gobierno plasmado en la disposición adicional sexta.
En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, bienvenido, señor Padilla, a la Agencia de Evaluación de Calidad. Supongo que como otros sectores del partido se han sumado a las capacidades de
modernización de la gestión pública que supone la agencia, ahora usted también se suma. En segundo lugar, el Gobierno acaba de firmar el 30 de octubre un acuerdo con los sindicatos que establece claramente -está en la página web del Ministerio de
Administraciones Públicas- el reconocimiento de los derechos y de las condiciones de trabajo del personal laboral que trabaja en otros países; un reconocimiento de derechos y de condiciones de trabajo que se hace para todo el colectivo, con
indiferencia de la nacionalidad y del derecho aplicable. Esta es una solución que ha costado tiempo acordar, pero que finalmente ha visto la luz y que es mucho más realista y más coherente con el derecho español y con el derecho positivo de los
distintos países donde trabajan nacionales de diferentes países. En este acuerdo se garantiza que todos tendrán los mismos derechos y obligaciones que el personal laboral de la Administración General del Estado que trabaja en nuestro país. Esto da
satisfacción a la enmienda de una manera más realista y más pragmática.
En relación con la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero recordarle, en relación con el carácter básico del artículo 22, que desde el año 1986 el Tribunal Constitucional ha sancionado la
legitimidad de esta opción del legislador estatal porque es una opción coherente con el sistema constitucional de distribución de competencias, opción que se ha plasmado ahora en el nuevo Estatuto básico del empleado público y que permite ajustar el
sistema de distribución de competencias a las necesidades inherentes a la dirección de la política económica general.
Por este conjunto de razones que he expuesto y por las razones que justifican tanto el apoyo a los presupuestos como la negativa a aceptar las enmiendas presentadas, vamos a apoyar decididamente estos presupuestos y, como he señalado, no
vamos a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a este título o a las disposiciones adicionales que lo acompañan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Malaret.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas a los títulos IV y VIII y a la sección 07, clases pasivas. Para iniciar este turno tiene la palabra el señor Herrera en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender tres enmiendas de nuestro grupo parlamentario al título IV.
En primer lugar, con la enmienda 122 planteamos una subida del 6,5 por ciento de las pensiones no contributivas. El Gobierno ha decidido en el proyecto de presupuestos subir otras pensiones pero no las pensiones no contributivas; insólito
pero cierto. En nuestro país las pensiones no contributivas son las de menor cuantía y, por tanto, aquellas que a la hora de llegar a fin de mes suponen mayores problemas. Precisamente por eso se tiene que garantizar una subida de las pensiones no
contributivas del 6,5 Eso de presentar en mítines de partido la subida de las pensiones contributivas y, en cambio, dejar tan bajas las no contributivas, es un absoluto desastre. Estamos en el 40 por ciento de lo que se recibe por estas pensiones
no contributivas en el marco de la Unión Europea; poca broma. Ante datos tan escalofriantes como estos nos acostumbramos a los anuncios electorales pero no a subir estas pensiones. Por tanto, nuestra primera propuesta es la enmienda 122. Segunda
propuesta, nuestra enmienda 123, en la que pedimos una subvención de 600 euros para aquellos perceptores de pensiones no contributivas -es decir, las más bajas- y una subvención que tenga por objeto la compensación de los gastos de alquiler. Esta
es una propuesta ya incorporada en los presupuestos anteriores y que permitía que aquellas personas con pensiones no contributivas y con gastos de alquiler importantes pudiesen abordar dichos
Títulos IV y VIII y Sección 07 (Clases pasivas)
gastos de alquiler. Esta enmienda que se incorporó en los presupuestos del año pasado el Gobierno la anunció como una idea suya hace un par de Consejos de Ministros. Es una propuesta en la que nosotros insistimos y aprobada en noviembre
-nueve meses después- por el Consejo de Ministros como si fuese una propuesta del Gobierno. Finalmente, la propuesta se ha desarrollado reglamentariamente pero, a día de hoy, lo que nuestro grupo parlamentario implementó en los presupuestos
anteriores aún no lo ha recibido ningún pensionista, en este caso de pensión no contributiva.
Pedimos que este año se incremente y que aquello que nosotros incorporamos en el presupuesto anterior sea una realidad incrementada en este presupuesto
gracias a nuestra enmienda 123. Para terminar, nuestra enmienda 124, en relación con el reconocimiento de la pensión del antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez, el SOVI, propone que cuando se hayan totalizado periodos de seguro o de
residencia en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social se prevea que como mínimo tengan el 50 por ciento de ese SOVI cuando estén esas personas en el exterior. Es una propuesta razonable y deseamos y esperamos
una votación positiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Puig, tiene la palabra en nombre de su grupo.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas a los títulos IV y VIII que voy a defender. Las dos primeras son para no penalizar las contrataciones parciales y, por tanto, para el fomento en ese caso de los contratos indefinidos.
Entendemos que ya de por sí hay una serie de contratos que penalizan a la gente que busca empleo y por eso presentamos las enmiendas 751 y 752. En relación con el resto de enmiendas, vamos a hablar de gasto social. El Gobierno expresa que estos
presupuestos son sociales pero vemos que no lo son suficientemente y, por tanto, como entendemos de prioridades y queremos prioridades en el gasto social, lo que proponemos es un incremento de las pensiones, sobre todo de las más bajas, que son
percibidas por muchos ciudadanos. En este caso proponemos el incremento de las pensiones no contributivas, en las que el mínimo íntegro anual se fija en 6.112,80 euros. En la enmienda 734 pedimos también una serie de incrementos para las pensiones
más bajas. Entendemos que así se avanza en ese discurso social que se pronuncia en los mítines electorales del Partido Socialista. Hay margen en los Presupuestos Generales del Estado para aumentar por encima de la media el gasto social y subir los
dos o tres puntos que permitirían ese incremento. También tenemos la enmienda 736, que afecta a un colectivo de personas que necesitan una apuesta clara del Gobierno por unos presupuestos sociales.
Estoy hablando del seguro obligatorio de vejez e
invalidez, del SOVI.
Habría que hacer una apuesta clara y concreta, cosa que no se ha hecho y, además, algunas de las reformas producidas en los últimos meses han terminado perjudicando a personas perceptoras del SOVI. Creemos que algunos acuerdos
en materia de prestaciones por viudedad han afectado negativamente a personas que perciben el SOVI. Por tanto, la enmienda 736 intenta corregir un error que se produce al legislar en un aspecto y, en consecuencia, eliminar la incompatibilidad de
los complementos a mínimos con el extinguido SOVI. Creo que este error que se ha producido ha tenido consecuencias negativas para personas que perciben una pensión muy reducida y sería necesario corregirlo. Por tanto, insto al Grupo Socialista a
que, si tiene buena voluntad, tenga en cuenta esta enmienda, que beneficiaría a personas que necesitan esta mejora concreta que se presenta en la enmienda 736.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Señor Vilajoana, en nombre de su grupo.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, en nombre de Convergència i Unió doy por defendidas las enmiendas que hemos presentado a estos títulos.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con los títulos IV y VIII y la sección 07, clases pasivas, y algunas disposiciones adicionales en relación con estos títulos. En concreto, en relación con la
disposición adicional quinta solicitamos que se incremente la reducción a la cotización a la Seguridad Social en los casos de riesgo por embarazo hasta el 50 por ciento, que elevamos al 80 por ciento cuando se produce un cambio en el puesto de
trabajo con el fin de que el lugar sea más adecuado para que la madre pueda ejercer sus labores profesionales. En relación con la disposición adicional nueva al artículo 48.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social solicitamos
que cualquier incremento que suponga una revalorización de las pensiones por encima del IPC sea financiado con cargo a los impuestos generales y no con cargo a las cotizaciones del sistema de Seguridad Social, por una cuestión de carácter
filosófico: que las políticas sociales, las políticas que tienen un carácter absolutamente discrecional, tienen que ser financiadas con el elemento que desde el punto de vista financiero del Estado es consecuencia de la redistribución de las
rentas, los Presupuestos Generales del Estado, y que el sistema de Seguridad Social, con sus derechos y con sus obligaciones, no se vea distorsionado por medidas de carácter
político o social, que son de carácter, repito, discrecional.
Simultáneamente, hemos presentado una disposición adicional nueva para que el incremento del porcentaje de la pensión de viudedad se eleve desde el 52 por ciento actual -que fue fruto de un acuerdo de Consejo de Ministros cuando el Gobierno
del Partido Popular ejercía esas responsabilidades- hasta el 57 por ciento, lo que en la práctica supone aumentar las pensiones de viudedad en un 10 por ciento. El Partido Popular durante sus años de Gobierno subió siete puntos el porcentaje,
mientras que en estos últimos cuatro años el Gobierno del Partido Socialista no las ha subido absolutamente nada, es decir, cero. Entendemos que esta es una medida fundamental porque son personas que disponen de una renta exigua y porque en la
tramitación de la Ley de Medidas de Seguridad Social el Grupo Parlamentario Popular solicitó del resto de los grupos la aprobación de una enmienda en la que intentábamos incrementar la renta de las viudas hasta el salario mínimo interprofesional, en
un entorno de cinco años y en función de la renta disponible por estas personas. Es evidente que esta es una medida in itínere y, aunque en el futuro intentaremos seguir avanzando en cualquier cuestión relativa a estos incrementos, en estos
presupuestos hemos presentado estas medidas. Aunque el Estado haya incrementado en 300 millones de euros la aportación fiscal a los complementos de mínimos, la parte que se va a cubrir con cotizaciones en el año 2008 aumenta, como en todos los
presupuestos presentados hasta este momento por el Partido Socialista en esta Cámara, hasta unos 4.000 millones de euros. Por lo tanto, si el Estado asumiera los principios del Pacto de Toledo en su renovación del año 2003 de abonar con impuestos
la totalidad de los complementos a mínimos en un periodo máximo de cinco años, es decir, para el año 2008, cuyo presupuesto estamos discutiendo en estos momentos, cuestión que se incluyó a insistencia precisamente del Grupo Parlamentario Socialista,
en estos momentos, señorías, el presupuesto de la Seguridad Social para 2008 tendría un incremento de 4.000 millones en sus ingresos y ello evidentemente posibilitaría poner en marcha esta medida, que supondría dedicar en torno a 1.500 millones a la
viudedad y también aumentar el fondo de reserva en otros 2.500 millones adicionales más a los previstos.
Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, señorías, es una disposición adicional nueva en la que solicitamos la bonificación del cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes durante
48 meses a las trabajadoras autónomas que se reincorporen a su actividad laboral tras la maternidad. Con esto pretendemos equiparar a las trabajadoras autónomas con las trabajadoras del régimen general, un elemento que entendemos esencial para la
conciliación laboral y familiar dada la importancia que estas medidas tienen en el incremento de la natalidad, cuestión que, como conocen SS.SS., es esencial tanto para el equilibrio del sistema de protección social de nuestro país como, desde el
punto de vista demográfico, para el incremento de la tasa de fecundidad, dado el desequilibrio que existe respecto de la tasa de equilibrio demográfico, que en los países desarrollados está situada en torno al 2,1 por ciento. Sin duda, una medida
que mejore la reincorporación a la actividad de las mujeres trabajadoras en todos los regímenes mejorará la capacidad de conciliar la vida familiar y laboral y mejorará la tasa de natalidad y, con ello, el equilibrio de nuestro sistema de protección
social.
Señorías, por otra parte, el presupuesto no ha tenido en cuenta el incremento de los precios al consumo que se está produciendo en estos momentos -la última cifra que conocemos de la semana pasada es tremendamente preocupante- ni, por tanto,
su incidencia en el costo de la pensión compensatoria por diferencial de IPC, cuestión que puede reducir para el año próximo la expectativa del déficit y del incremento del fondo de reserva. De la misma manera, los Presupuestos Generales del Estado
para el año próximo, y también los de la Seguridad Social, tampoco consideran el impacto negativo de un incremento del producto interior bruto inferior al 3,3 por ciento previsto en los libros del presupuesto y que según múltiples organismos y
expertos va a oscilar entre el 2,6 y el 2,8 por ciento en el mejor de los casos, lo que sin duda va a tener efectos de carácter negativo en cuanto al empleo, en cuanto a los impuestos, en cuanto a las cotizaciones y también, en última instancia,
señorías, en cuanto a la recaudación. Por otra parte, el gasto en pensiones ha crecido en este presupuesto un 7,2 por ciento, lo cual significa un punto menos que en el año 2007 en que creció un 8 por ciento; el gasto en pensiones contributivas se
incrementa un 7,4 por ciento, mientras que en el año anterior, 2007, se incrementó un 8,5 por ciento, y las pensiones contributivas se incrementaron en el año 2007 un 3,4 por ciento. En la medida en que para el próximo año ustedes han previsto en
el presupuesto que se incremente únicamente un 1,2 por ciento, estamos asistiendo, en términos reales, a un escenario en el que las pensiones no contributivas, como decía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, bajan un 2,1 por ciento. Por
tanto, señorías, en este ejercicio 2008 van a crecer menos las pensiones, las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas y, dentro de las no contributivas, algunas incluso van a bajar en términos relativos en relación con la inflación.
Además, no hay que olvidar que el factor de envejecimiento de nuestra población cada vez es mayor. El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad tensionan cada vez más nuestro sistema de protección.
Los jubilados que
fallecen en estos momentos son los que cobran pensiones más bajas y que menos coste suponen para el sistema, mientras que el incremento de mayores que se jubilan y el aumento de su esperanza de vida hace que el incremento en pensiones este año nos
parezca absolutamente insuficiente. Por tanto, hemos presentado distintas enmiendas en este sentido. El programa de pensiones no contributivas y prestaciones
asistenciales se congela con respecto al año anterior y se reducen además las prestaciones asistenciales a ancianos y a enfermos incapacitados en 7 millones de euros, cantidad enormemente importante; el aumento de las prestaciones por hijo
a cargo es totalmente insuficiente y está muy lejos de lo prometido recientemente por el Gobierno, y la cuantía de las prestaciones por hijo a cargo menor de 18 años no aumenta y además se mantiene congelada en 291 euros anuales, una cuantía que nos
parece absolutamente ridícula a día de hoy. El Gobierno, como conocen SS.SS., se comprometió a aumentarla hasta 500 euros, así como a subir el límite de ingresos hasta los 10.500 euros. Nada de esto ha tenido su reflejo en los presupuestos del año
2008. Por tanto, el Gobierno ha engañado una vez más a los ciudadanos españoles.
Señorías, estos Presupuestos Generales del Estado dedicados a la Seguridad Social nos preocupan extraordinariamente por el lado de los ingresos en la medida en que no incorporan ninguna medida que mejore la sostenibilidad y nos preocupan
también por el lado del gasto en la medida en que tampoco mejoran las prestaciones de forma suficiente. Por todos esos motivos el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta batería de enmiendas, que esperamos gocen del voto favorable de los
grupos parlamentarios en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Echániz.
Turno del Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene la palabra.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que la intervención del portavoz del Grupo Popular, en la misma tónica catastrofista de la última temporada, nos ha dejado con una sensación bastante triste y los que nos oyen desde las tribunas pensarán que el sistema
de Seguridad Social está en las últimas. Quiero decirles que estamos en torno a los 20 millones de cotizantes, que se han creado 2.100.000 empleos y que las cuentas de la Seguridad Social están bien saneadas. Estos presupuestos son los últimos de
esta legislatura, que en materia de Seguridad Social se ha caracterizado por un aumento de la protección social, que ha sido y sigue siendo un compromiso del Gobierno y de este Grupo Socialista.
El presupuesto de Seguridad Social incrementa un 7,45 por ciento el gasto en prestación económica a la vez que destina su excedente a garantizar el futuro de las pensiones y del sistema. Estamos hablando de situar en torno a los 52.000
millones de euros el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para finales del próximo ejercicio presupuestario. Se prevé un incremento de los ingresos por cotizaciones con un superávit presupuestario que ascenderá a 8.032 millones de euros. Estas
cuentas saneadas nos han permitido y nos permiten atender nuestras prioridades, fundamentalmente garantizar una mayor cobertura de las situaciones de necesidad.
Se incrementan las pensiones mínimas, se da cobertura a la protección prevista en la Ley de Igualdad para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral. Las pensiones mínimas contributivas vuelven a subir un año más, sin tener en
cuenta la inflación, entre el 5 y el 6 por ciento y las de viudedad con cargas familiares un 22,3 por ciento. En esta legislatura, las pensiones mínimas de jubilación e incapacidad con cónyuge a cargo se han incrementado un 33,1 por ciento; las de
jubilación e incapacidad, viudedad, orfandad y a favor de familiares sin cónyuge a cargo, un 25,8 por ciento; las de viudedad, con cualquier edad, con cargas familiares, un 57,2 por ciento. Igualmente, es importante destacar la cobertura en
materia de prestaciones para las prestaciones contempladas en la Ley de Igualdad: prestaciones por maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia, que aumentan un 30, 46 por ciento. Y, señor Echániz, sube la aportación del
Estado, que en total aporta 6.858,4 millones, un incremento de 824 millones en relación a 2007: 300 millones para financiar los complementos de las pensiones mínimas, 389,8 millones para financiar la Ley de Dependencia y 65,4 millones para
programas sociales del Imserso.
En cuanto a la financiación del complemento a mínimos de pensiones del sistema de Seguridad Social, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos el secretario de Estado informó de que se recogía bien claro lo que había sido esta
aportación a lo largo de los años. En 2008 serán 2.106 millones de euros, que es más de lo que aportó el Estado a la Seguridad Social en los ocho años de Gobierno del Partido Popular. En esta legislatura el Estado ha consolidado la separación de
fuentes; no solo ha aumentado en 1.200 millones la aportación por el complemento a mínimos, sino que además la aportación del Estado ha crecido 2.200 millones de euros, 1.000 millones adicionales más destinados a la cobertura de la atención a la
dependencia.
Con relación a las enmiendas que han presentado, haría varios bloques. Por un lado, respecto a las que tienen que ver con el incremento de las pensiones no contributivas, he de decirles que las pensiones mínimas, contributivas y no
contributivas, son pensiones insuficientes. En esa línea, como ya hemos dicho antes, hemos ido incrementando las pensiones mínimas por encima de la inflación prevista, y también las no contributivas, que se han incrementado por encima del IPC.
Este incremento se contempla igualmente para el año 2008. Hay que tener en cuenta que es necesario incentivar la contributividad, cuestión recomendada en el Pacto de Toledo para las pensiones. Respecto a lo que comentaba el portavoz de Izquierda
Unida sobre los complementos por gastos de alquiler, como usted bien dice esta medida se ha contemplado y se encuentra recogida en la Ley de Medidas de Seguridad Social, que está en trámite, y nos parece una medida necesaria como complemento de
pensión para las personas que tengan alguna dificultad especial, en este caso, el pago del alquiler.
En cuanto al incremento de las cuantías mínimas de las pensiones de clases pasivas, sobre las que se han presentado algunas enmiendas por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, tengo que decirles que se sigue el mismo criterio que con
el resto de las pensiones del sistema de Seguridad Social. Respecto al incremento del SOVI y la exclusión del cómputo de ingresos para reconocer los complementos a mínimos en esta pensión, que plantean en algunas enmiendas, he de decirles que el
SOVI también se ha incrementado este año por encima de la inflación prevista y que igualmente está previsto hacerlo en el año 2008. La Ley 9/2005 compatibilizó el SOVI con la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social, lo que supuso un
importante esfuerzo para el sistema de Seguridad Social. Por otra parte, excluir el SOVI del criterio de renta para reconocer los complementos a mínimos sería absolutamente discriminatorio respecto al resto de las pensiones. El acceso al
complemento a mínimos tiene un carácter general y, como ustedes saben, está vinculado a que las pensiones, los pensionistas estén en una situación económica en la que no alcancen determinado nivel de ingresos. En cuanto a la viudedad y la elevación
del porcentaje que ustedes plantean en las enmiendas, tanto del PP -pasando del 52 al 57 por ciento- como de Convergència i Unió -pasando del 52 al 70 por ciento-, hay que señalar que en esta elevación del porcentaje hemos optado por priorizar las
pensiones mínimas de viudedad del sistema de Seguridad Social. Las cuantías más elevadas de estas pensiones quizá fueran las que se vieran beneficiadas de este incremento de porcentaje que ustedes plantean -por encima de los 600 euros al mes-,
mientras que las más bajas no verían mejorada la cuantía de la pensión ya que se englobaría la misma dentro del importe de los complementos a mínimos. Para el Gobierno y para el Grupo Socialista es prioritario incrementar las pensiones de viudedad
más bajas y particularmente en determinadas situaciones, como es el caso de las viudas de cualquier edad con cargas familiares, que han visto incrementada su pensión en esta legislatura un 57,2 por ciento.
Quiero destacar igualmente las medidas que recoge el proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social, que está en trámite parlamentario, que mejora la protección de huérfanos, discapacitados y viudas con hijos menores. Por primera
vez desde el año 1978 se aborda una reforma de la pensión de viudedad, equiparando los matrimonios y las parejas de hecho con convivencia acreditada o con hijos comunes. La consideración de familia numerosa a las viudas con dos hijos menores es
otra medida que se contempla en la ley citada. Se suprime la cotización para la pensión de orfandad y se amplía esta hasta los 24 años para los huérfanos y huérfanas con discapacidad, entre otras medidas de apoyo a las familias. CiU ha presentado
también una enmienda referida a la revalorización y actualización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social. Debemos destacar el gran esfuerzo que se ha hecho en esta materia, en protección familiar, en los supuestos de personas con
discapacidad y de orfandad, a las que hay que añadir las medidas que igualmente se contemplan en la ley a la que me he referido anteriormente y que ya he dicho que está en trámite parlamentario. En relación con la mejora de las prestaciones
familiares, como saben, se ha aprobado el proyecto de Ley de deducción fiscal y prestación no contributiva por nacimiento o adopción, que contiene una mejora destacada de las prestaciones familiares, incidiendo especialmente en las familias
numerosas monoparentales así como en aquellas que tienen en su seno a personas con discapacidad.
Para terminar, señorías, quiero decirles que para mí es un privilegio y un honor poder participar de manera modesta en la defensa de estos presupuestos, que, como he dicho al principio, entiendo que están comprometidos con las personas que
tienen más necesidad, con la protección social y con las políticas sociales.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Sánchez.
Iniciamos ahora el turno de defensa de las enmiendas presentadas al título V, que se acumulan a las presentadas a la sección 06, deuda pública.
Turno de defensa de las enmiendas. El Grupo Mixto tiene una enmienda de la señora Lasagabaster.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Por el Grupo Mixto la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, ha presentado la enmienda número 18, al título V, que damos por defendida en los mismos términos en los que la diputada ha expresado su justificación, dejando constancia para
su votación en el Pleno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad. Hemos presentado una única enmienda, la 737, para un tema recurrente. Pedimos la publicación de las balanzas fiscales en esta enmienda específica que ha sido habitual cada año y que cada año ha tenido mejor o
peor suerte. La mantenemos viva y pedimos al Grupo Socialista que sea valiente de una vez. Para evitar el debate territorial que muchas veces se realiza sobre qué comunidades tienen más o menos inversión según el color político de cada momento,
sería lógico, como hacen numerosos países europeos, que se publicaran los datos y la información detallada de la inversión y del gasto público territoriali
Título V y Sección 06 (Deuda pública)
zado. Es una necesidad, lo piden ya diferentes partidos políticos, se ha aprobado en esta Cámara y el colmo de los colmos es que hasta la patronal catalana lo ha pedido recientemente. Por tanto, señores del Grupo Socialista, a ver si de
una vez por todas se publican las balanzas fiscales. Incluso, algún candidato a las próximas elecciones ha puesto como condición, para dar el voto, la publicación de las balanzas fiscales. Vamos a ver si entre todos se publican ya de una vez como
una cuestión tradicional. (El señor Sánchez i Llibre pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Sánchez i Llibre, me parece que su jefe lo ha puesto y lo ha dicho públicamente. Nosotros pedimos que se vote esa enmienda, que evitaría hacer
este debate, porque estaría fuera de lugar si todo el mundo tuviese todos los datos encima de la mesa. Como sabemos que el ministerio tiene estas balanzas fiscales realizadas, pedimos que las saquen ya, de una vez por todas, del cajón.
Gracias. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, el Grupo de Convergència i Unió da por defendida la enmienda que tenemos en el título V, que es la número 3495.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Grupo Popular. Señor Albendea, tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de comentar las dos enmiendas que ha presentado mi grupo al título V, quiero hacer algunas reflexiones en relación con las previsiones presupuestarias del endeudamiento del Estado. No sabemos en este momento cuál va a ser la
liquidación del presupuesto de deuda pública del ejercicio actual, pero, si nos atenemos a las previsiones presupuestarias, el saldo en circulación ascendería a 308.000 millones de euros. Esa fue la cifra máxima autorizada al Gobierno para el año
2007.
La previsión presupuestaria del año 2008 es de 315.900 millones de euros, es decir, hay un incremento cercano a los 8.000 millones de euros. En ese límite está incluida la asunción por parte del Estado del endeudamiento de Radiotelevisión
Española, ese saco de pérdidas sin fondo. El Estado asume tanto las obligaciones y bonos emitidos por el ente público como los préstamos. ¿Cuándo se va a tapar ese husillo de dinero público?
No podemos calificar tampoco de positiva la evolución de la vida media de la deuda, va a crecer respecto al ejercicio pasado. Y es verdad que el que no se consuela es porque no quiere, porque en la presentación del proyecto de presupuestos
se sostiene la extraña tesis de que el incremento del plazo de la deuda es bueno, ya que ello significa reducir el riesgo de refinanciación, lo cual otorga mayor estabilidad a la carga financiera. Desde luego, si el plazo medio de la deuda, en
lugar de ser de siete años y medio, fuera de cien años, sería mucho mejor, pues ninguno de los actuales gobernantes tendría que preocuparse de cómo amortizarla; los que vinieran detrás que se las apañaran como pudieran.
Además, ¿sabemos cuál va a
ser la evolución de los tipos de interés a medio y largo plazo? Hay que recordar que los tipos medios de emisión en los ejercicios 2003 y 2004 se situaban en torno al 3 por ciento, mientras que en el año 2007 se han elevado al 4,5 por ciento. ¿Es
acaso disparatado pensar que dentro de tres o cuatro años no puedan volver a aquellos niveles e incluso inferiores?
La relación deuda-producto interior bruto sigue la senda de un moderado descenso desde hace muchos años. Ello no es necesariamente consecuencia de una buena gestión del endeudamiento público. La mejora de esa relación se produce por el
incremento del producto interior bruto, fundamentalmente a causa de un relevante crecimiento de la población, motivado principalmente por la política de inmigración. En definitiva, la gestión del endeudamiento público no es precisamente para
otorgarles una medalla de oro, más bien es el reflejo de una política económica poco realista, que ya empieza a hacer aguas con la inflación, el paro y con un crecimiento económico muy inferior al previsto por el Gobierno para el año 2008, como
acaba de anunciar el comisario europeo, señor Almunia.
Mi grupo ha presentado dos enmiendas de igual contenido a los artículos 60 y 61. Se trata de incorporar al apartado seis, del artículo 60, que trata de la información que el Gobierno ha de rendir semestralmente al Congreso y al Senado, de
las operaciones autorizadas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, un nuevo párrafo, en el que se establece que a dicha información del Gobierno se incorpore un informe de la Intervención General del Estado, para evitar que dicho informe se
convierta en un mero trámite estadístico. La enmienda al artículo 61 contiene idéntica previsión referida al informe sobre la gestión del Fondo para la concesión de microcréditos, y los motivos son idénticos que en el caso anterior. Tras lo
expuesto en relación con la gestión de la deuda pública, es evidente que mi grupo va a votar en contra del título V y de la sección 06 del proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Albendea.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Simplemente quiero dar por defendidas nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Mas, su turno.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para manifestar que vamos a rechazar las cinco enmiendas presentadas al título V, básicamente porque cuatro de ellas hacen referencia a temas procedimentales, a temas como incorporar peticiones de información.
Lamento decirle, señor Puig, que, en la enmienda 757, Esquerra Republicana no hace referencia a las balanzas fiscales, sino que hace referencia a la petición de información trimestral de la inversión ejecutada, pero no tiene nada que ver con
las balanzas fiscales. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular también hacen referencia a más información, como ha explicado su portavoz; creemos que, junto con la enmienda de Eusko Alkartasuna, de doña Begoña Lasagabaster, no tiene nada que
ver con el presupuesto, es un desiderátum político, pero no la inclusión en el presupuesto de que se llegue a un porcentaje de ayuda al desarrollo. Por tanto vamos a rechazar las cuatro. En cuanto a la quinta, del Grupo de Convergència i Unió, que
propone doblar el fondo de pago de alimentos que está previsto en el presupuesto, como todavía no se sabe cuál es el resultado del presupuesto de este año 2007, nos parece ociosa la propuesta, cuando no sabemos, como digo, qué ha pasado durante este
año.
Por estas razones también la rechazaremos. Vamos entonces a rechazar las cinco enmiendas, como he dicho al principio de mi intervención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mas.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas al título VI.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas. Unas cuantas hacen referencia al no incremento de las tasas aeroportuarias y las damos por defendidas. Quisiera destacar una enmienda. No siempre pedimos en nuestro grupo la rebaja de
impuestos, sino que lo que pedimos es el incremento de las tasas. En este caso pedimos que se aumenten las tasas para los títulos nobiliarios, con lo que el Estado recibirá más ingresos. Nos parece que algunas de esas tasas son verdaderamente
ridículas; pensamos que aquellos que quieran mantener un título de grandeza que lo paguen a un precio digno y por ese motivo proponemos un incremento de esas tasas en un 15 por ciento, a fin de adecuarlas mucho más a la realidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Señor Vilajoana, tiene la palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo de Convergència i Unió ha presentado en este título VI, normas tributarias, un total de 16 enmiendas. Cuatro de ellas están en el terreno de eliminar el incremento previsto en el proyecto de tasas aeroportuarias y las doy por
defendidas. Tenemos también la enmienda 3507, que pretende la modificación de la regulación del gasóleo de uso profesional, ampliándolo a vehículos de transporte de mercancías de peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas; en el proyecto de
Ley de Fraude Fiscal se sitúa en 7,5 toneladas. En un momento en el que el coste del gasóleo es un elemento importante en el trabajo de estos profesionales, muchos de ellos autónomos, nos parece que sería un beneficio que debemos conseguir.
También quisiera destacar la enmienda 3499, que pretende la exención de las percepciones en forma de renta correspondiente a sistemas de provisión social de deportistas profesionales. El motivo es atender a la brevedad de la vida profesional.
Quiero decir que no estamos defendiendo a los grandes deportistas en los que todos podemos pensar; la inmensa mayoría de deportistas tienen unos ingresos limitados durante un tiempo muy corto y se encuentran con que, en este corto periodo de
tiempo, han de hacer unas aportaciones que nosotros creemos interesante que se acortaran y que se adaptaran a esa situación de brevedad de su vida profesional.
Hay tres enmiendas, las números 3496, 3497 y 3498, en las que pretendemos aplicar una deflactación del 5 por ciento sobre las reducciones por rendimientos del trabajo y de actividades económicas en el IRPF, de un 5 por ciento sobre el mínimo
personal y familiar en el IRPF y del 5 por ciento sobre la escala general y autonómica de este IRPF.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Es el turno del Grupo Popular. Señor Herrera, tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, con la venia, permítame corregirle, señor Utrera, no Herrera. Es un error sin mayor importancia y sin mayor trascendencia, pero, como hay otro diputado que se apellida de la misma manera, sí quiero
que quede constancia de que quien lleva la palabra por el Grupo Popular en este debate del título VI es el señor Utrera y no el señor Herrera.
Comienzo diciendo que el título VI de la ley de presupuestos para este año incluye varias aportaciones y que algunas podemos considerarlas positivas, pero que sobre todo echamos en falta ciertas ausencias, ausencias que ya se han valorado
suficientemente. Permítanme una
Título VI
pequeña reflexión sobre ello. Son ausencias que corresponden a un presupuesto miope, un presupuesto que ha apartado de su consideración, tanto en la elaboración como ahora en su plasmación en el proyecto de ley, la actual situación
económica que estamos viviendo y sobre todo las amenazas de futuro que se ciernen sobre la economía española. A título no simplemente anecdótico, quiero recordar que las previsiones de ingresos públicos incluidas en el acuerdo alcanzado y votado en
el Parlamento antes del verano, en el anterior periodo de sesiones, con relación al crecimiento del gasto público y a las previsiones de ingreso público, han sido alteradas profundamente en sus cifras en las propias previsiones de ingresos
presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Y por toda explicación se nos ha dicho que entonces se actuaba con un colchón, con un margen, y que ese margen se ha aflorado parcialmente en las previsiones
incluidas en el documento presupuestario, a lo que tendríamos que añadir que algunas de las modificaciones, incluso muy sustanciales, con las cuales podemos estar de acuerdo, como suponen algunas deducciones fiscales, también han alterado de nuevo
esas previsiones de ingresos, que, con colchón o sin él, entendemos que reflejan muy poco la realidad de la evolución de los ingresos tributarios el próximo ejercicio. Por tanto, tenemos una duda general sobre el encaje presupuestario en términos
financieros de las modificaciones y previsiones presupuestarias de ingresos para el próximo ejercicio.
En cuanto a los contenidos de este título VI -y me va a permitir también, señora presidenta, que haga referencia a las disposiciones adicionales que en materia fiscal incluye el proyecto de ley-, podemos resumir en tres apartados lo que se
hace y lo que no se hace en el proyecto de ley.
En primer lugar, se procede a una actualización insuficiente, aunque es verdad que incluye elementos que otros años no se habían considerado en materia de actualización en este impuesto. En segundo
lugar, no incluye referencia alguna al impuesto sobre sociedades, que sigue, en terminología del Gobierno, generando muy fuertes incrementos de ingresos tributarios y que el Gobierno quiere mantener en esa lógica de crecimiento de ingresos
tributarios. Y, en tercer lugar, un año más se instrumenta un incremento de las tasas de cuantía fija, con un porcentaje de crecimiento ya establecido y concordante con la previsión de inflación, sin tomar en consideración el coste de los servicios
públicos asociados a la prestación de esos servicios.
Pues bien, las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Popular podemos encajarlas en estas tres cuestiones que he mencionado. Primero, respecto a la actualización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, hemos promovido
una actualización que creemos más realista. No me gustaría a mí iniciar un debate sobre si la actualización del impuesto sobre la renta es conveniente o no, ni tampoco sobre si esa actualización en el impuesto sobre la renta puede suponer, ya sea
por acción o por omisión, una auténtica reforma tributaria encubierta. Lo que sí que los cálculos realizados que yo conozco, en materia de reforma sobre la renta, nos sugieren es que toda la reforma que el Gobierno ha sido capaz de producir, como
el símil de la montaña que parió un ratón, en el impuesto sobre la renta a lo largo de esta legislatura, y recuérdese que era un gran objetivo del Gobierno para la legislatura, ha sido ya absorbido por la inadecuada actualización de ese mismo
impuesto en los dos ejercicios presupuestarios, 2007 y 2008, posteriores a esa reforma, o, si se prefiere, en los dos primeros años de vigencia de esa reforma del impuesto sobre la renta del Gobierno. Nosotros hemos propuesto unas cifras que
creemos que son mucho más adecuadas a la realidad, no solo de la actualización de los parámetros del impuesto sobre la renta, sino también a la realidad social, tanto de minusválidos, como de ascendientes, descendientes, hijos, incapacidad, mínimo
vital, todas las cuestiones que afectan a eso que llamamos el impuesto sobre la renta y que podrían resumirse o concretarse en determinar quién tiene capacidad de pago, quién ha de pagar impuesto, quién no y por qué cuantía. A este respecto me
gustaría recordar que en la propia reforma del impuesto sobre la renta se ha desvirtuado ese concepto, con lo cual difícil defensa hay ahora por parte del Gobierno y de los grupos que le apoyan, para justificar este principio de capacidad de pago y
por tanto estas deducciones como elementos esenciales del propio impuesto.
Entendemos, en segundo lugar, que con mayor importancia coyuntural, dada la situación de la economía española y sobre todo las expectativas de fuera, la crisis financiera internacional, la desaceleración económica internacional y los propios
procesos de competencia -no lo olvidemos, la globalización de los mercados y la competencia que procede, sobre todo de países asiáticos, nos está llevando a una situación en la que España se está quedando retrasada, se está quedando fuera de línea-,
tenemos un impuesto sobre sociedades que no se corresponde con los tiempos que estamos viviendo. En su momento, recuerdo, hace unos años, cuando se implantó un tipo reducido para las pequeñas y medianas empresas, cuando se establecieron también
deducciones muy importantes, tanto por I+D+i, investigación, desarrollo e innovación, como por participación en capital de sociedades radicadas en el exterior que permitieran la proyección internacional de nuestras empresas, tuvimos un sistema
fiscal referido al impuesto sobre sociedades de las empresas que era puntero y que era valorado muy positivamente por nuestras empresas, también internacionalmente. En este momento, nos hemos quedado anticuados, con unos tipos que, tanto el tipo
legal como el tipo efectivo, quedan muy por encima de la media de los países de la Unión Europea, muy por encima de la media, y, además, estos tipos impositivos establecen una dificultad adicional para competir en unos mercados internacionales que
se han endurecido. Buena prueba de ello es el enorme déficit exterior de la balanza comercial española, que, junto a la balanza de servicios
y de capital, da a España como el país, de los grandes, que presenta un déficit mayor internacional en términos de su producto interior bruto, de su economía. Estamos situados, en números redondos, por encima del 9 ó 9,5, casi el 10 por
ciento, de déficit exterior y en gran parte es déficit comercial. Por tanto, proponemos una reforma del impuesto sobre sociedades bastante completa, en la que el tipo general del impuesto sobre sociedades se reduzca al 25 por ciento y el de pequeña
y mediana empresa al 20 por ciento, o sea la parte primera de beneficios, hasta 200.000 euros. A partir de ahí tributarían a un tipo normal, a un tipo general, del 25 por ciento.
Por último, en relación con las tasas, entre todos y quizás en una trayectoria de muchos años, no puedo yo, ni lo voy a hacer, acusar al Gobierno ni a los grupos que le apoyan de que esto sea fruto de la coyuntura actual y sea de este año,
ni del año pasado, pero estamos en una práctica, absolutamente inadecuada, que es la actualización, el crecimiento de las tasas, año tras año, de forma automatizada, en función de previsiones de inflación, sin tomar en consideración el coste de
prestación de los servicios, que es el elemento definitorio esencial de la tasa. La tasa es el coste o la recuperación por las administraciones públicas u organismos públicos del coste de prestación de servicio, y no es otra cosa. Por tanto, ha de
responder a su naturaleza. No cabe en esa naturaleza un crecimiento automático anual de tasas que pueden haber reducido sustancialmente su coste de prestación de servicios de un año a otro. Pensemos, por ejemplo, en todas aquellas tasas que
suponían tiempo y esfuerzo por parte de la Administración para prestar un servicio a los ciudadanos y que han visto sustituidas parcialmente ese tiempo y ese servicio mediante procedimientos electrónicos. Toca ya hacer una revisión completa del
coste de prestación de servicios y olvidar de una vez esta lógica perversa, yo diría que esta práctica más perversa todavía, de incluir unos crecimientos anuales en las tasas, que ya suponen en algunos casos una parte importante del coste de
actuación por parte de ciudadanos y de empresas, sobre todo en determinados sectores productivos.
Voy a terminar haciendo referencia a la improvisación con que se está legislando. Recuerdo que este ha sido un latiguillo con el que algunos grupos políticos han venido fustigando al Gobierno en los últimos años, no solo al actual, sino
también a gobiernos anteriores, que se está legislando fiscalmente con mucha improvisación. Querría, y permítame, señora presidenta -termino en medio minuto-, que dieran un repaso a esta reestructuración, que así se llama, del impuesto sobre
determinado medios de transporte, incluido inicialmente en la Ley de Calidad del Aire y que a lo largo de días, días, desde que se aprobó en el Senado y en el Congreso esta Ley de Calidad del Aire, ha sufrido ya dos modificaciones antes de que entre
en vigor el uno de enero del próximo año. En cuestión de días, repito. Una, mediante enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, pero la que se incluyó finalmente fue la del Grupo Parlamentario Socialista en trámite
de ponencia de ese proyecto de ley, y una segunda modificación, bien es verdad que menor, que se introdujo en Comisión, sobre lo ya modificado en ponencia, sobre lo que se había aprobado unos días antes en el Senado. No vamos a entrar ahora en el
detalle de qué supone esta modificación del impuesto especial, del impuesto de matriculación de vehículos, pero sí quiero decir que, cuando se está legislando de esta forma precipitada y muchas veces solo para hacer una comunicación a la prensa, se
dejan muchos cabos sueltos y esos cabos sueltos luego hay que amarrarlos, demostrando en ocasiones falta de coherencia y desde luego falta de trabajo a la hora de producir reformas fiscales.
Muchas gracias, señora presidenta. Es obvio que mantenemos todas nuestras enmiendas y que votaremos en contra de este título VI.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Utrera. Le pido disculpas por la confusión, pero el siguiente orador es el señor Herrera y es fácil que baile la vista.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones y para el mismo tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos en el último presupuesto de la legislatura. Ha sido, sin duda, la legislatura más brillante de la democracia, entre otras cosas por los datos de crecimiento económico. Todos los años ha crecido nuestra economía a un ritmo superior
al 3 por ciento y el último año, al 4 por ciento. Es verdad que estamos ahora en un momento de desaceleración como el resto de Europa, pero tenemos que felicitarnos por los objetivos que hemos conseguido que hace poco tiempo nos hubiesen parecido
un ideal.
Quiero recordar, como ya se ha dicho en esta Cámara, que al principio de esta legislatura se fijó por parte de la oposición qué mínimos se considerarían para calificar los resultados de adecuados. Y todos estos mínimos han sido conseguidos.
Quiero recordar a SS.SS. que no solamente en variables tan básicas como la creación de empleo o la reducción de casi doce puntos de la deuda pública respecto al producto interior bruto se han conseguido los objetivos, sino lo más importante es que
se aprecia ya un cambio en nuestro modelo productivo desplazando la base de crecimiento sobre el sector inmobiliario residencial. En estos momentos podemos apreciar que tanto el sector servicios como el industrial y el resto del sector de
construcción están funcionando bien y, por lo tanto, se está ganando en productividad en los últimos trimestres. Podemos entender que lo que estos presupuestos han hecho durante los últimos años, incrementar los gastos en I+D, en Educación y en
Infraestructuras ha dado sus frutos con la incidencia en nuestro capital físico, humano y tecnológico. Estamos, por tanto, en el último presupuesto que ampara este cambio de modelo productivo.
Quiero recordar a SS.SS. que las rebajas de impuestos en esta legislatura han sido una constante: impuesto de sociedades, impuestos especiales, etcétera. Pero, concretamente, en este presupuesto de 2008 se producen unas nuevas medidas
fiscales por un importe de 2.300 millones de euros.
Sorprende que se critique la actualización que se produce en estos presupuestos que se considera insuficiente, cuando no solamente se actualiza la tarifa sino los mínimos personal y familiar,
cuando es la primera vez que acontece y más después de una reforma fiscal aprobada el año pasado, con un efecto directo de 682 millones de euros menos para los contribuyentes. Es decir, mantenemos en 2008 el efecto de la reforma que se ha producido
en 2007. No son ciertas, por lo tanto, las afirmaciones que hemos oído en esta Cámara de que la inflación se va comiendo los efectos de la reforma, sino más bien lo contrario. En cualquier caso, insisto en que es la primera vez en la historia del
impuesto sobre la renta que se da la actualización de estos mínimos. A su vez se han introducido deducciones importantes, sobre todo para las familias, como la nueva deducción por adopción o nacimiento -2.500 euros- que supondrá ni más ni menos que
una rebaja del impuesto de mil millones de euros para las familias españolas. Quiero recordar también por ser notable la deducción fiscal para el inquilino para aquellos que tengan una base imponible inferior a 24.000 euros, que supondrá a su vez
una rebaja de 350 millones de euros para los contribuyentes. En total, un ahorro de 8.650 millones de euros para los contribuyentes; ahorro estimado y cuantificado. No se puede calificar, por tanto, de una cifra menor y más viniendo de una
reforma fiscal en el año 2007.
Somos prudentes, somos conscientes de que los ingresos se van a suavizar, de que se va a moderar el crecimiento en la economía española y esta rebaja de impuestos está acomodada a esa moderación del crecimiento.
Sobre la previsión de
liquidación de 2007, crece tan solo el 5,1 por ciento. Como SS.SS. conocen, en los años anteriores ha venido creciendo a un ritmo superior a los dos dígitos, al 10 por ciento. Estamos, pues, ante un presupuesto prudente, pero a su vez continuista
en la línea de cambiar nuestro modelo de crecimiento rebajando los impuestos. Quiero hacer una observación: ¿Cómo va a mantener el Partido Popular el déficit público a cero, que es su planteamiento -nosotros claramente hemos mejorado y hemos
tenido superávit-, si introduce medidas fiscales con el impacto de las de sus enmiendas? Cinco puntos el impuesto de sociedades, aumentar la base imponible para tipo reducido también en el impuesto, y otras muchas medidas. Es incompatible: o
eligen el déficit o eligen la reducción de impuestos, pero no pueden mantener las dos variables simultáneamente porque no han sido coherentes. Tanto que nos acusan de falta de rigor, pero no han tenido el rigor de hacer los números, porque si lo
hubiesen hecho no hubiesen podido mantener las afirmaciones que han realizado en la tribuna. Por cierto, las tasas que tanto han criticado ni siquiera han mantenido estos años su valor a precios constantes; es decir, que desde el año 2000 nos
hemos encontrado con una pérdida del valor adquisitivo de las tasas. Como SS.SS. pueden entender, no se puede mantener ese coste de los servicios públicos. Por cierto, algunas de las reformas que se produjeron en los aeropuertos españoles no
vieron actualizadas sus tasas durante el Gobierno del Partido Popular y este Gobierno ha tenido que hacer, como mínimo, una actualización. Totalmente de acuerdo con la teoría: la tasa igual al coste del servicio, pero en la práctica el
incumplimiento viene del Gobierno del Partido Popular. Y actualizarla al 2 y al 3 por ciento en absoluto está hinchando de manera artificial el coste del servicio.
Señorías, creo que debemos felicitarnos por la legislatura económica, por los cuatro presupuestos, por los objetivos conseguidos que lo que tratan es de mejorar la economía española y el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Por qué han
tirado tantas piedras sobre estos presupuestos y sobre los anteriores cuando han sido brillantes? Por aquello del proverbio chino: solamente se tiran piedras contra el árbol que da frutos, los frutos que ha dado el Gobierno Socialista y este Grupo
Socialista en el área económica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Torres.
Iniciamos la defensa de las enmiendas presentadas al título VII y secciones 32, entes territoriales, y 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Para la defensa de las mismas y en nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Se dan por defendidas aquellas enmiendas que hubieran presentado los otros grupos del Grupo Mixto. Paso a defender la enmienda que ha presentado Coalición Canaria al artículo 118, del título VII, capítulo 2. Está referida a los fondos de
Compensación Interterritorial. Este es un problema que ya hemos debatido infinidad de veces, sobre todo, cuando se han hecho planteamientos por parte de Coalición Canaria, del Gobierno autónomo de Canarias y de otras comunidades autónomas en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se solicitaba un replanteamiento de la financiación de las comunidades autónomas. Nosotros pedimos que se denomine el Fondo de Compensación Interterritorial en plural, es decir, fondos. ¿Por qué? Porque
la legislación española últimamente ha venido sesgando una división del Fondo de Compensación Interterritorial dándole un carácter singular a las inversiones en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, fundamentalmente basándose en la Ley
Orgánica 8/1980, de financiación de las comunidades autónomas, y las complementarias, sobre todo aquellas que venían a hacer un replanteamiento de una nueva circunstancia. Se hizo una excepcionalidad territorial en el fondo con las ciudades
autónomas de Ceuta y de Melilla y en el Tratado de Ámsterdam se
Título VII Secciones 32 (Entes territoriales) y 33 (Fondo de Compensación Interterritorial)
reconoce para Canarias, dentro del conjunto de la Unión Europea pero también dentro del conjunto de España, de las comunidades autónomas, una característica especial, que es su carácter ultraperiférico. El apartado 299 del Tratado de
Ámsterdam señala que una de las obligaciones de la Unión Europea y de los Estados miembros, empezando por el Gobierno español, es un compromiso fijo de financiación por la lejanía, la insularidad, el transporte, etcétera, del archipiélago canario,
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La enmienda de Coalición Canaria -que sustentamos los dos diputados, mi compañera la señora Oramas y este diputado que les habla- solicita que se haga un reconocimiento explícito presupuestario no solo del Tratado de Ámsterdam sino de la
ratificación que hace unas semanas han firmado en Lisboa los jefes de Estado y de Gobierno, donde el propio presidente del Gobierno español, señor Zapatero, ha dicho que el estatus de Canarias como región ultraperiférica se mantiene. Pretendemos
únicamente que se desglose de la cantidad del Fondo de Compensación Interterritorial que tiene el resto del Estado español, menos Ceuta y Melilla que van aparte y que se reconozca la singularidad de la Comunidad Autónoma canaria como región
ultraperiférica y se atienda a lo que nuestra propia enmienda señala: un porcentaje de alrededor del 4 por ciento -concretamente el 4,02- de la cantidad determinada como región ultraperiférica para que esto responda a un reconocimiento
presupuestario, administrativo y político como son las normas de la Unión Europea. Se trata sencillamente de consolidar, a efectos de técnica presupuestaria, unas cantidades que se reclaman y que esto responda a los principios de solidaridad y
legislativos marcan determinados en la modificación de la Ley Orgánica 7/2001, de la Ley de financiación de las comunidades autónomas, donde se plasmó este reconocimiento. Esto es lo que trata de resolver la enmienda de Coalición Canaria, que se
ajusta a principios de derecho tanto nacionales como europeos y también a un principio de reconocimiento de solidaridad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.
Es el turno del Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Antes de entrar en el título VII y en las secciones 32 y 33, quiero decir que en su intervención anterior el señor Torres casi me ha convencido de votar fervorosamente que no a los presupuestos, ya que desde una perspectiva mínimamente
progresista cuando se crece al 3 ó al 4 por ciento, presumir de que se han dejado de ingresar 8.000 millones de euros, que venga la socialdemocracia y lo vea. Cuando se está creciendo al 4 por ciento no necesitamos elementos de este tipo. Desde
una perspectiva liberal de rebaja de impuestos, estos elementos se tienen que producir cuando la economía no crece tanto. El problema está en cuál va a ser la rebaja de impuestos en el impuesto sobre sociedades si ya lo hemos rebajado. Simplemente
quería hacer esta salvedad.
Entrando en el título VII, nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas que entran a fondo en uno de los debates profundos de este pasado fin de semana. La Federación Española de Municipios y Provincias ha dicho abiertamente que los
ayuntamientos no tienen financiación suficiente. Los ayuntamientos, el instrumento que tiene que hacer frente a los retos sociales más importantes que tiene nuestra sociedad, no tienen financiación suficiente. Esta es la deuda pendiente del
Gobierno Zapatero, ayuntamientos que continúan sin una financiación suficiente.
Pues bien, nuestro grupo presenta dos enmiendas, una a las disposiciones adicionales, y otra, la número 125, en la que intentamos que las poblaciones de menos de 20.000
habitantes tengan recursos suficientes para abordar los retos sociales que tienen que abordar. Esta enmienda permitiría garantizar, con un fondo específico, una mejor financiación de estos municipios, pero además planteamos que en el resto de
municipios haya una mayor participación de los ayuntamientos en los tributos estatales. Después de este fin de semana, cuando los ayuntamientos de todos los colores han puesto de manifiesto que no hay financiación suficiente, la pregunta es la
siguiente: ¿Continuamos votando que no? Ustedes saben perfectamente que en esta legislatura no tenemos ley del Gobierno local; que en esta legislatura no hemos abordado ese reto; que hoy no existe suficiencia financiera de las corporaciones
locales para abordar los retos sociales que éstas tienen que abordar cada día.
Consideramos que la propuesta de la enmienda 125, así como la de la enmienda que hemos incorporado en las disposiciones adicionales, dan respuesta a eso. Como creo que
va a pasar si finalmente estas enmiendas no se incorporan, lo que haremos en esta legislatura es dar carpetazo a la financiación local, dar carpetazo a la ley de gobiernos locales y dar carpetazo a una de las asignaturas pendientes que tenemos en
esta legislatura. No se puede hablar de que en esta legislatura hemos abordado los retos sociales sin abordar la financiación de las entidades locales, porque son el instrumento -y ustedes lo saben- más útil y más eficiente.
Para nosotros estas
dos enmiendas no dan respuesta al reto de la financiación local, en todo caso lo que hacen es paliar los déficit de esta financiación local. Si se aprobasen, serían como mínimo un paso adelante en la buena dirección y marcarían una línea sobre la
que trabajar. Con esto doy por defendidas estas dos enmiendas.
En el resto de enmiendas a las secciones 32 y 33 hacemos propuestas, algunas pequeñas como la del consorcio de la ciudad de Toledo o un elemento en el pueblo de Llagostera, pero también introducimos otros elementos de calado como la deuda
histórica con Extremadura o con Andalucía. Asimismo hay pequeñas pro
puestas como la financiación de un local polivalente en la casa municipal de Camarasa u otros elementos. Para nosotros esta va a continuar siendo la asignatura pendiente de esta legislatura, y ustedes lo saben. Los municipalistas del Grupo
Socialista lo saben, es la asignatura pendiente.
Y para aquellos que me digan que no, si se hubiesen pasado por la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias habrían oído lo que dice la mayoría de los alcaldes y representantes
locales de todos los colores. Este presupuesto no aborda este reto.
Termino diciéndole al señor Torres que con esta referencia a los 8.000 millones de euros de menos que va a ingresar el Estado me ha convencido de su sello liberal, poco socialdemócrata. Me ha dado más argumentos para no apoyar los
presupuestos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas que llegan en un día ideal, recién terminada la asamblea de la Federación de Municipios y Provincias. Hacen referencia en parte a la financiación de los ayuntamientos, una de las patas cojas
del modelo de financiación. Una de estas enmiendas está relacionada con aquellos municipios que no tienen la obligación de realizar transporte público pero que lo asumen y quedan marginados del resto porque no pueden percibir subvenciones del
Estado.
Proponemos suprimir un apartado para que aquellos ayuntamientos que hacen el esfuerzo de dar transporte público, que en definitiva, colaboran para evitar que el cambio climático nos afecte, tengan las mismas ayudas y derechos que los
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que tienen esa obligación. Esta es una enmienda que la Federación de Municipios y Provincias ha pedido constantemente. El señor Mas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como presidente de la
Federación de Municipios de Cataluña que ha sido sabe de qué estamos hablando por lo que esperamos la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista para favorecer a estos ayuntamientos.
Otra enmienda se refiere a todos aquellos ayuntamientos que tienen la suerte o la desgracia de que les pase una autopista por su término municipal y, por decisión del Estado, las autopistas quedan exentas de pago del impuesto del IBI, uno de
los principales impuestos que recogen los municipios. Es injusto ya que el paso de una autopista supone también un perjuicio por el impacto que supone para los municipios por lo que pedimos que esa bonificación que poseen las concesionarias sea
puesta a disposición de los ayuntamientos mediante una enmienda por la cual el Estado resarza a los ayuntamientos que salen perdiendo. Estamos hablando a veces de ayuntamientos muy pequeños con gran extensión de terreno que reciben menos ingresos
por la desgracia o la suerte de que una autopista atraviese su término municipal. Me parece injusto que esas empresas que perciben mucho dinero tengan esta exención del impuesto de bienes inmuebles.
Doy por defendidas las otras enmiendas porque van en el sentido de mejorar la financiación de los ayuntamientos, precisamente en estas semanas en que acaba de reunirse le asamblea de la Federación de Municipios y Provincias. Dada la
sensibilidad del portavoz en presupuestos hoy aquí, el señor Mas, ex alcalde y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, esperamos llegar a acuerdos para facilitar esta mayor financiación de los ayuntamientos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para hacer un comentario respecto a las dos enmiendas que tenemos presentadas y vivas en este título VII. La primera, la número 3512, que es equivalente a la que acaba de defender ahora l señor Puig, es una
enmienda que nuestro grupo viene defendiendo y no ganando desde hace muchos años y esperamos en estos presupuestos conseguir esta compensación a los ayuntamientos por la bonificación al IBI que se concede, siguiendo consignas del Estado, a las
concesionarias de autopistas de peaje. No es razonable que esta bonificación se realice a costa de estos ayuntamientos que tienen autopistas en su entorno sin que reciban una compensación adecuada del Estado, que es quien marca esta normativa. La
número 3513 pretende crear un fondo especial de financiación a favor de municipios de población no superior a 20.000 habitantes incrementando el importe por habitante y disminuyendo el tope del índice de esfuerzo fiscal para acceder a este fondo
especial de financiación a favor de estos municipios.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Es el turno del Grupo Popular. Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en relación con el título VII y con las secciones 32 y 33, defiendo en nombre de mi grupo las enmiendas que hemos presentado a los Presupuestos Generales del Estado. Señor Herrera -veo que se ha marchado-, me ha
sorprendido que cuando llegan estas sesiones presupuestarias con este interesante panorama que solemos disfrutar -va siendo menos
panorama, porque cuando llegué a esta Cámara hace bastantes años esto solía durar hasta el jueves o el viernes-, se ve que, aunque el impulso del uso de la palabra suele ser algo de medida siempre bastante amplia en quienes son
parlamentarios, supongo que el tiempo ha ido demostrando que la cuestión es concentrarse en los conceptos que impulsan las enmiendas, que es lo que efectivamente voy a hacer.
Señorías, es sorprendente que todos los grupos hayan pasado sobre ascuas sobre algo que a mi juicio es muy interesante y es que, después de la agitación en la reforma territorial y autonómica, de alguna manera la financiación, tal y como
estaba pactada y organizada en los años anteriores, ha quedado prácticamente en un estado de devastación. Como le dije a la ministra de Administraciones Públicas en la única oportunidad que he tenido de dirigirme a ella -y supongo que así será ya
hasta el fin de la legislatura-, había algo en el diseño del Estado autonómico, trazado por quien fue uno de sus impulsores, uno de sus cerebros, el señor García de Enterría, que estaba perfectamente claro y era que la financiación autonómica no
podía recogerse en los textos de los estatutos; exactamente todo lo contrario de lo que en esta legislatura se ha hecho y, supongo, de lo que, si las circunstancias no lo arreglan, pretende seguirse haciendo. En vista de eso, hay un hecho que debe
considerarse en el debate de los Presupuestos Generales del Estado y es que la incorporación a los textos estatutarios -a algunos por lo menos por ahora- de la financiación debe tener como contrapartida una reconsideración del Fondo de Compensación
Interterritorial. Y eso es lo que hacemos, fundamentalmente en lo que se refiere a la sección 33, interesando que en el ejercicio de 2008 el Gobierno proceda a la ampliación de la dotación económica del Fondo de Compensación Interterritorial en la
cuantía necesaria para compensar la pérdida de los fondos procedentes de la Unión Europea, y a establecer el procedimiento para su distribución a las comunidades autónomas de acuerdo con la normativa vigente, que seguirá vigente, como es natural,
hasta que se derogue.
El señor Solbes nos había asegurado -entre las muchas cosas que asegura y entre las muchas cosas que aseguran también los miembros del Ejecutivo en esta legislatura- que esto iba a tener un arreglo esplendoroso, pero quedó la cosa en
palabras y ya saben SS.SS. que las palabras se las lleva el viento. Esta semana pasada hemos conocido en mi circunscripción una ilustre visita de la señora Salgado en la que decía que de las cosas pactadas por el señor Sevilla con el
vicepresidente de la Xunta de Galicia nada de nada. Yo recordaba que aquí solo vale el scripta manent porque verba volant es cosa conocida y practicada con especial esfuerzo y dedicación por el actual Gobierno.
Como he dado por defendidas todas nuestras enmiendas, solamente voy a hacer mención a algunas muy particulares que creo que merecen un cierto énfasis. En primer lugar, como les preocupan tantas cosas, ¿son conscientes de que en la próxima
legislatura la circunscripción de Soria ya llegará -la única en España- a tener solamente dos diputados, por el envejecimiento y la pérdida de la población? Una y otra vez hemos pedido en esta legislatura que se garantizara una dotación mínima
presupuestaria para todas las diputaciones de régimen común, y singularmente a las de Soria y Segovia, que no llegaban a alcanzar el umbral de ese mínimo de capacidad económica para responder a sus obligaciones, y una y otra vez miran ustedes para
otro lado, todos, incluso los de las grandes sensibilidades de la reforma local, que ha quedado como una de las grandes asignaturas pendientes de esta legislatura. Por cierto, era una de las cosas que se debería haber abordado y es una de las cosas
que ha quedado en el peor de los tinteros de la última esquina del Ministerio de Administraciones Públicas, y por supuesto en la agenda del Gobierno.
Volvemos a pedir que en los desistimientos de los recursos de inconstitucionalidad o de conflictos de competencias del Estado con las comunidades autónomas que pudieran afectar a las cuentas públicas sea preceptivo el informe de la Abogacía
General del Estado, naturalmente, con carácter previo a la orden ministerial en que se dé la instrucción para llevar a cabo el desistimiento. Esto se resume en dos palabras: preeminencia del derecho sobre la política en esto, porque el derecho es
el que garantiza aquí los intereses generales y los intereses públicos.
He tenido un especial interés -esta es una novedad en la política alternativa que planteamos en nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado- en que, con la
finalidad de contribuir desde los presupuestos a la mejora urbanística de los municipios y evitar situaciones indeseadas derivadas de la carente o inadecuada planificación existente en muchos de ellos, mediante la redacción y subsiguiente aprobación
de los correspondientes instrumentos urbanísticos municipales en sus diferentes modalidades, se cree un nuevo programa, dotado con 30 millones de euros, para sufragar los convenios con las comunidades autónomas tendentes a poner orden en ese
auténtico desorden que hay en el planeamiento a lo largo y ancho del país. Naturalmente, nosotros no nos hicimos la foto de la Ley de Régimen Especial de Madrid, pero además de papel y además de palabras y de facultades algo más tendrá que tener y,
para que algo más tenga, es menester que para llegar a convenios con el municipio de Madrid en cuanto a la posibilidad de desarrollar programas de cooperación previstos y, por supuesto, como alternativa posible en su régimen especial, se dote
económicamente.
Una vez más nos acordamos de 5.000 de los 8.000 ayuntamientos de España que tienen menos de mil habitantes y pedimos un programa de apoyo del Estado a todos esos municipios. Nosotros votaremos a favor por supuesto, incluso de las balanzas
de pesos y medidas que Esquerra Republicana pretendía para algún ayuntamiento de la comunidad catalana. Desde luego, nuestro grupo lo presentará también en el debate de los presupuestos de la Generalitat. Pero creemos que tan importante como
eso son al menos esos 5.000 ayuntamientos que tienen que prestar los servicios básicos que toda corporación local debe afrontar, y para eso pedimos 30 millones de euros, no tanto, para contribuir a la financiación de los gastos
institucionales de esos municipios con una población inferior a los mil habitantes. Si se olvidan de ellos, señorías, que se olvidan, se olvidan de todos esos habitantes que residen en esos municipios y que merecen una atención mayor que la que se
les presta en estos presupuestos.
Termino, señora presidenta, recordando brevísimamente que hemos pedido el refuerzo económico de algunos de los programas destinados a permitir que las corporaciones locales tengan un alivio financiero. Porque si es verdad que las
corporaciones locales son parte del Estado y si es verdad, señorías, que son la administración más próxima al ciudadano, aquí, que se habla siempre tanto y se nos llenan los oídos de escuchar apelaciones a la descentralización política, hay que
recordar una vez más, porque parece que a algunos les cuesta entenderlo, que la primera expresión política de esa descentralización son los entes locales, los grandes olvidados en esta legislatura. Por tanto, los habitantes son los grandes
olvidados que esperan, aspiran y tienen derecho a percibir los servicios que sus ayuntamientos les pueden prestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Padilla.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Para el mismo tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Ahora estamos en la fase de discusión del título VII del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y luego pasaremos a las secciones 32 y 33.
Es un título, el VII, que tiene unas peculiaridades que seguramente explican el debate un tanto extraño que estamos teniendo año tras año en torno a las enmiendas presentadas tanto a este título como luego a la vía de escape, que es añadir
enmiendas relativas a la fabricación de disposiciones adicionales. ¿Por qué es un título peculiar? Porque en el mismo se recogen las aplicaciones de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de
los acuerdos subsiguientes tomados fundamentalmente en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es un marco normativo que permite pocas diferencias y poco margen de maniobra para el Gobierno a la hora de la elaboración del proyecto de
ley de presupuestos. Por ello, porque se trata de un título que se limita básica y fundamentalmente a aplicar estas dos grandes leyes financieras del Estado, es por lo que no podemos admitir aquellas enmiendas que pretenden ahora modificar
fundamentalmente, por la puerta trasera diría yo, la Ley de Haciendas Locales. Se trata de enmiendas que o bien son parches puntuales y concretos a algunas cuestiones también concretas o afectan a cuestiones más sustantivas pero, en todo caso, no
parece una Ley de Presupuestos el momento oportuno para abordar lo que, con razón, se ha dicho antes por otros portavoces, es una de las grandes tareas pendientes en la próxima legislatura. Es cierto que la problemática de la suficiencia financiera
de los municipios españoles ha quedado pendiente, y ello ha sido así porque no se ha podido aprobar y llevar adelante el proyecto de ley de gobierno local, que era la premisa básica para fijar las competencias para luego poder abordar de manera
racional la financiación local. Esto ha sido así porque el Gobierno quiso en todo momento llegar a un gran acuerdo político en materia de gobierno local y la negativa rotunda del Partido Popular a dar apoyo a la ley -a pesar de que inicialmente lo
había dado en el seno de la FEMP- impidió la tramitación de este proyecto. Esta es pues la gran asignatura pendiente para la próxima legislatura y en ella deberán abordarse algunas de las cuestiones puntuales que se han presentado en las enmiendas
que hemos visto hoy y en algunas que no se han defendido verbalmente en Pleno, pero que se han dado por defendidas. Por ello, no podemos admitir ahora enmiendas que pretenden plantear modificaciones parciales y puntuales de la Ley de Haciendas
Locales, porque este no es el lugar adecuado, como reiteradamente ya se ha dicho en otras circunstancias.
En todo caso, es importante señalar que las transferencias financieras a los entes locales se han incrementado a lo largo de esta legislatura en un 38 por ciento. Esto se debe a distintas razones, pero no podemos olvidar que básicamente ha
sido así por el excelente funcionamiento de la economía española. Respecto a las modificaciones que se proponen al fondo que se creó el año pasado para pequeños municipios, también es importante poner de relieve que este es un fondo que atiende a
dos variables fundamentales: por una parte, la necesidad de atender a las débiles capacidades de gestión que manifiestan estos municipios y, al mismo tiempo, atender la necesidad de manejar de manera eficiente y razonable los recursos públicos, los
recursos de todos. Por ello, el fondo se establece atendiendo a una condición fundamental: el esfuerzo fiscal. No podemos eliminar esta condición del esfuerzo fiscal, porque estaríamos diseñando un incentivo para la irresponsabilidad de los
gestores públicos. Por eso, tal y como está diseñado, y sobre todo teniendo en cuenta la manera excelente en que se ha comportado este fondo que creamos el año pasado y que incrementamos, si no me falla la memoria, con una enmienda de Izquierda
Unida, parece razonable mantenerlo como está en la actualidad, si no queremos incentivar malas prácticas o una cierta irresponsabilidad fiscal.
Por último, como pretende una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, en la Ley de Presupuestos no puede modificarse la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial para hacer una referencia expresa a Canarias y a su condición de comunidad
ultraperiférica. Para
hacerlo, es necesario modificar la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y, como bien saben los enmendantes, la Ley de Presupuestos no es el lugar oportuno para realizarlo, pero no por razones de oportunidad, sino por razones de
constitucionalidad. Todas la enmiendas son muy puntuales, pretenden incorporar recursos mediante la creación de una tipología variada y heterogénea de fondos y pretenden financiar de manera mayor a los municipios. Nosotros también somos favorables
a esta financiación mayor de los municipios y, por eso, siempre hemos reiterado nuestro compromiso con la reforma de la Ley de Haciendas Locales, una reforma que, como se ha señalado reiteradamente, deberá hacerse necesariamente en paralelo con la
reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Malaret.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos de manera conjunta.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Lasagabaster y del señor Mardones, tiene el señor Mardones la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señor Mardones. Señorías, les pido silencio.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, con respecto a las enmiendas de la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, números 19 y 20, como disposiciones adicionales nuevas, las doy por defendidas en los exactos términos de la justificación y paso a defender las
dos enmiendas que los diputados de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, han presentado a estos presupuestos.
La enmienda número 682 pretende una disposición adicional nueva que trata de resolver algo que estamos viendo ya en la inmediatez de decisiones de muchos presidentes y presidentas de comunidades autónomas y de grupos parlamentarios y grupos
políticos representados en el Parlamento, que es la reducción o la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Se habla de que fue un impuesto que surgió en los orígenes de la transición, en el Gobierno de la UCD, con carácter investigador censal,
para conocer qué censo de patrimonio mobiliario o inmobiliario teníamos en España por los contribuyentes. Esto prácticamente se transforma en el banco pintado. Al final vienen las legislaturas y se sigue con el impuesto sobre el patrimonio frente
a una batería de críticas que, evidentemente, lo consideran un impuesto injusto, una doble tributación cuando el ciudadano, la persona física, está tributando con el impuesto sobre la renta de las personas físicas o las personas jurídicas con el
impuesto sobre sociedades o cualquier otra figura fiscal. Para que no se produzca una diferenciación en las reducciones o supresiones del impuesto sobre el patrimonio entre las distintas comunidades autónomas, la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el
Patrimonio, estableció dentro de las competencias estatales unas cifras a partir de las cuales el contribuyente entraba en la zona de obligatoriedad del impuesto. Hoy día, con los efectos de la Ley 21/2001, es un impuesto transferido, un impuesto
que no pueden ejercitar, pero sí recibir las comunidades autónomas que tienen este impuesto como una figura fiscal de cesión y, dentro de esa cesión, las comunidades autónomas tienen competencia para establecer el mínimo exento, la tarifa, las
deducciones y la bonificación de la cuota. Pues bien, para evitar que el Estado español y las distintas comunidades autónomas se encuentren en una especie de tótum revolútum diferencial que puede llevar a muchos ciudadanos a cambiar su domicilio
fiscal, según tengan que hacer o no declaración de patrimonio y el patrimonio sea muy sustantivo, vamos a aprovechar una figura institucional que tenemos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para poder debatir y llegar a un factor común de
tributación y elegir la tendencia de reducción del impuesto sobre el patrimonio o en su caso la desaparición de esta figura fiscal anacrónica y verdaderamente obsoleta en sistemas de transparencia fiscal. La Agencia Tributaria tiene otros muchos
medios para conocer el patrimonio mobiliario o inmobiliario de cada entidad física o jurídica en este país, sobre todo de los que hacen la declaración, pues nos encontramos con un sector de población, sobre todo jurídica, que no tiene su sede fiscal
o social en España, sino en otro país, por no hablar de cuando la tienen en paraísos fiscales, donde la opacidad patrimonial está produciendo efectos perniciosos. Este es el contenido que por parte de Coalición Canaria hemos presentado en esta
disposición adicional nueva, enmienda número 682. La segunda y última trata de una peculiaridad netamente canaria, así como ésta anterior afecta a Canarias en cuanto a patrimonio, pero es también general para todas las comunidades autónomas.
Es la
enmienda número 683 en la que proponemos una disposición transitoria sexta nueva que haga un reconocimiento de la compensación que la Comunidad Autónoma de Canarias viene haciendo a la Hacienda pública del Estado por el desaparecido impuesto sobre
el tráfico de empresas. En Canarias se nos ha quedado una figura, una especie de fósil viviente, que sirve muchas veces, cuando parece ser que ha habido un buen entendimiento entre el grupo canario y el grupo socialista, para que el Ministerio de
Hacienda haga determinadas concesiones presupuestarias, a cargo del impuesto sobre el tráfico de empresas, de la compensación que hace la Comunidad Autónoma de Canarias. Vuelvo a repetir por enésima vez que Canarias es una comunidad que tiene una
peculiaridad económica y fiscal, sus propias leyes, la del Régimen Económico y Fiscal -la denominada ley del REF- y, en segundo lugar, que no es zona del impuesto IVA, no existe el IVA
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos
en la Administración fiscal canaria, que es propio de la península y de Baleares, pero Canarias está exenta del mismo y se rige por otras figuras fiscales impositivas. Pero nos ha quedado esta antigualla, que ha servido -digamos- para
tender puentes de entendimiento presupuestario, con disminución de las compensaciones que la Comunidad Autónoma de Canarias hace en razón de este impuesto, del impuesto sobre el tráfico de empresas, que solamente sigue girando como una especie de
efectividad jurídica especial. Digo especial porque no está reconocida en ninguna ley en este momento y, como hemos hecho en nuestra propia justificación de la exposición de motivos, decimos que ya la ley 21/2001 afirma con rotundidad que un
sistema de compensación que no está regulado en una norma con rango de ley ni publicado en un boletín oficial, ni del Estado ni de la Comunidad Autónoma de Canarias, no puede considerarse que tenga ninguna vocación de permanencia. En el articulado
del texto legal no aparece recogido ningún sistema que dé cobertura al anacronismo sostenido ilegalmente por la Administración del Estado en el presente proyecto. Es decir, una vez más, el Ministerio de Economía y Hacienda del Estado central vuelve
a mantener esta figura verdaderamente peculiar como si fuera una vocación de permanencia y esta vez ni siquiera se hace uso de ella para tratar fiscalmente a Canarias de una manera mucho más justa reduciendo la compensación que nuestra comunidad
autónoma tiene que hacer a las arcas del Estado y que ha servido de moneda de cambio para que con reducciones, con cargo al impuesto sobre el tráfico de empresas, se desahogue -digamos- la presión fiscal en Canarias para que se pueda hacer funcionar
el fondo de compensación, lo que llamamos el Fondo de suficiencia canario, figura que se viene utilizando como instrumento de intermediación para facultar, tanto la Ley orgánica 7/2001 de la Lofca, como la Ley 21/2001, que ha comenzado a aplicarse
desde el 1 de enero del año 2002. Pero parece que en Canarias se ha quedado en el limbo y, en este momento, el Gobierno central, el Ministerio de Economía y Hacienda, con estos presupuestos comete, a nuestro juicio, una cuestión verdaderamente
lamentable de injusticia fiscal y tributaria con Canarias, dicho así de claro y con rotundidad. Con esta enmienda de buena voluntad pretendemos seguir con una tendencia, no escrita, pero sí reflejada en los Presupuestos Generales del Estado. Desde
que este diputado tiene memoria y conocimiento de legislaturas anteriores, se venía solventando esa petición de la Administración autonómica canaria a través de la reducción de la compensación del impuesto sobre el tráfico de empresas.
Nos vamos a
encontrar, si esto no se arregla, con un fósil viviente, que es más propio de un museo de figuras de la Hacienda pública periclitada, que de una modernidad y de un trato justo de financiación. Porque será muy difícil para el Gobierno central
justificar en Bruselas cómo nos da mejor tratamiento fiscal la Unión Europea, a través del REF, con los tratamientos como región ultraperiférica y con la disponibilidad de Fondos Feder, que la propia Administración de nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
En esta última intervención de nuestro grupo parlamentario en el día de hoy, queríamos hacer referencia especialmente a algunas enmiendas de la disposición adicional. Las enmiendas números 128 a 175, en las que precisamente hablábamos de
recursos humanos, ya las hemos dado por defendidas en el título III; el resto las vamos a dar por defendidas, pero querría hacer mención especial a nueve enmiendas.
La primera de ellas es la 133, donde nos referimos a la actualización del Iprem en el IPC real de tal modo que no estemos actualizándolo con el IPC previsto. Saben ustedes que el Iprem, valor de referencia, un valor que sirve además para
actualizar pensiones, salario mínimo, multitud de factores, hoy se actualiza de acuerdo con el IPC previsto y lo que eso supone es una pérdida de poder adquisitivo o de determinadas compensaciones en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Pues bien nosotros demandamos, es más, exigimos que esta enmienda sea escuchada.
porque es incomprensible que hoy el Iprem no sea actualizado de acuerdo con el IPC real y se haga de acuerdo con el IPC previsto. Y ligada a esta enmienda 133 también
planteamos que haya una revalorización a IPC real del subsidio de movilidad por entender que también afecta a muchísimas personas.
Segunda enmienda, enmienda de transparencia. Se acordarán señoras y señores del Grupo Parlamentario Socialista que en un debate sobre el estado de la Nación hablamos, pactamos y votaron una resolución que hablaba precisamente de una
regulación legal respecto al registro de los billetes de 500 euros. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque en España existen muchos billetes de 500 euros en circulación en determinadas zonas. Coincidíamos en que tenía que haber una regulación
legal y lo cierto es que está terminando la legislatura y no lo han hecho. ¿Qué pedimos nosotros? Algo muy sencillo: que se incorpore en el artículado de la ley que se tenga que hacer esa regulación legal. La pregunta es, ¿por qué niegan esta
enmienda? O no lo entendemos o si lo entendemos no nos gusta. Y es que precisamente la regulación legal de los billetes de 500 euros, para garantizar simplemente medidas de lucha contra la corrupción, es una medida votada por ustedes, no
implementada por el Gobierno, y nosotros tenemos la voluntad de que se incorpore en estos presupuestos. No entendemos la negativa, señoras y señores del Grupo Parlamentario Socialista.
Tercera propuesta: IVA reducido. IVA reducido en servicios básicos tales como electricidad, telefonía fija, gas, agua, porque entendemos que en torno a estos bienes
de primera necesidad tiene que haber un IVA reducido, y además porque es cuestión de que el Gobierno apueste por este IVA reducido en marcos como el de la Unión Europea. ¿Qué decimos nosotros? A este IVA reducido le sumamos -cuarto bloque
de enmiendas- propuestas en materia de fiscalidad ambiental. Porque entendemos que tiene que haber un IVA reducido en agua, electricidad, etcétera, pero a la vez tiene que haber una tramificación de los costes en función de si los consumos son o no
suntuarios, en función, en definitiva, de la racionalidad del consumo. Por tanto demandamos, al igual que lo demanda una de las economías más ineficientes desde el punto de vista ambiental, insisto, de toda la Unión Europea, que a este IVA reducido
de los bienes de primera necesidad se le sume una fiscalidad que haga que aquél que contamina más, que consume de forma más suntuaria, pague más. Por eso hay una serie de enmiendas que planteamos en nuestras disposiciones adicionales, que lo que
permiten es una fiscalidad ambiental que en este país no se ha implementado a diferencia de los países de nuestro entorno, teniendo como tenemos una huella ecológica extraordinaria y no habiendo abordado en cambio la reforma fiscal que era
necesaria, es decir la reforma fiscal ecológica, la reforma fiscal verde y no otra. Además planteamos otra enmienda, que me consta que han propuesto otros grupos parlamentarios, en torno a las deducciones ambientales en el impuesto de sociedades,
porque entendemos que tiene que haber un paquete de fiscalidad verde y porque entendemos que ésta tiene que ser una de las medidas a implementar.
Quinto bloque de enmiendas: conseguir que las familias monoparentales que tengan dos hijos a su cargo sean consideradas familias numerosas. Es razonable que aquellas familias monoparentales, mayoritariamente mujeres, que tienen dos hijos a
su cargo y que tienen una carga familiar y económica bastante superior a aquellas familias con tres hijos pero que no son familias monoparentales, sean consideradas familias numerosas. ¿Es una medida razonable? Claro que lo es. ¿Tiene un coste
excesivo? No, para nada. Pero supongo que es de aquellas cosas que a lo mejor hoy votarán en contra y seguramente un día de estos nos la presenten en su programa electoral. Estamos acostumbrados a que voten en contra de propuestas nuestras y al
cabo de tres años se saquen el conejo de la chistera presentándolo ustedes. Es más, hay cosas que las aprobamos nosotros en los presupuestos y luego ustedes presumen de ellas en el Consejo de Ministros: sin ir más lejos, la ayuda al alquiler para
las personas que tienen una pensión mínima no contributiva. Pues bien, nosotros demandamos que una propuesta tan razonable como esta finalmente sea aprobada.
Sexta medida, una propuesta más que razonable y de la que me gustaría que tomasen buena nota: enmienda 129. Ustedes saben que vivimos en un Estado aconfesional, que algunos, incluidos ustedes, dicen: queremos avanzar hacia un Estado
laico. En ningún Estado aconfesional se descuenta un dinero de la casilla del IRPF para dárselo a la Iglesia. En todo caso -es el ejemplo alemán- el Estado hace de intermediario y aquel que quiera pagar de más paga a la Iglesia, pero lo que no es
razonable ni justificable es quitar el dinero del erario público para dárselo a una confesión. Saben ustedes que hasta ahora lo hacíamos. Es más, avanzábamos dinero de más a la Iglesia que nunca devolvía. ¿Qué decimos nosotros? Que lo que no
tiene sentido es el acuerdo al que llegaron ustedes, acuerdo criticado por el señor Tamayo, un teólogo destacado, y por múltiples sectores, en el que ustedes como no llegan con el 0,5 incrementan el pastel ahora al 0,7. Este Gobierno -no lo digo
yo, lo dice el señor Tamayo- pasa por ser el Gobierno que ha renunciado más claramente a la aconfesionalidad del Estado. No lo digo yo, lo dicen sectores que tenían muchas esperanzas en el actual Gobierno en esta materia y que dicen que lo que han
hecho renovando los acuerdos con la Santa Sede y garantizando esta sobrefinanciación ha sido renunciar a la aconfesionalidad. Pues bien, en esta enmienda 129 planteamos como mínimo que no se incremente del 0,5 al 0,7. Es razonable. No les
planteamos que hagan de aconfesionales -no ya de laicos- haciendo como en Alemania, simple y llanamente les decimos: si quieren incrementar la participación de la Iglesia, que aumente el número de fieles que marcan la casilla. Pero para nada
estamos de acuerdo con el incremento del 0,5 al 0,7. Lo que espero es que, en un voto laico y aconfesional, algunos de ustedes -podrían ser la mayoría- voten nuestra enmienda 129.
Séptima enmienda -voy acabando, señora presidenta-. Planteamos que en el 0,7 destinado a fines sociales y que también se destinará a fines ambientales -nosotros encontramos que muy parcialmente- estén presentes los criterios territoriales.
Lo que no puede ser es que en aquella comunidad autónoma donde sus gentes hacen un mayor esfuerzo para marcar una casilla para fines sociales eso no tenga una conexión con el dinero que se distribuye en aquella comunidad autónoma. No tiene ningún
sentido, porque entonces ¿dónde está la voluntad del contribuyente? Entendemos que tiene que haber una conexión entre la voluntad del contribuyente y lo que finalmente se da a determinadas comunidades autónomas. Esta es otra siguiente enmienda que
quería destacar.
Octavo bloque de enmiendas. Destacamos como enmiendas importantes de la 135 a la 138 y de la 153 a la 156, que plantean que aquello que hoy es del Ministerio de Defensa pase a ser un activo en las políticas de vivienda y no sirva, como
sirve hoy -y ustedes lo saben-, para financiar al Ministerio de Defensa. Es insólito que se hable de la voluntad de hacer política de vivienda y, en cambio, esos activos en materia del suelo del Ministerio de Vivienda los estemos utilizando para
financiar tanques u otros menesteres del Ministerio de Defensa. No es para nada razonable.
Acabo ya, si me permite, en esta última intervención, comiéndome un poco del tiempo, con la enmienda 174.
Nuestra enmienda 174 es una clásica porque trata de la Casa Real. Nosotros planteamos que la Casa Real tenga el mismo trato que tienen, en el registro de actividades, intereses y patrimonio, otros altos cargos de la Administración, como los
alcaldes, concejales y diputados, y todas las instituciones. No es propio de un Estado laico tener una Casa Real con privilegios como los que tiene. No pedimos que tengan más obligaciones que las que pueda tener otra institución del Estado, pero,
como mínimo, que tenga las mismas. Pedimos que haya un registro que evite opacidades y malas interpretaciones, que permita saber a los ciudadanos que en ese registro, al que están sometidos todos los responsables políticos, también está la Casa
Real y que se acaben esos privilegios, si me permiten la expresión, insólitos en 2007. Porque es propio de una sociedad miedosa y de una casa real con muchos miedos no querer abordar el fin de esos privilegios. Nosotros ni lo entendemos ni lo
compartimos.
No somos monárquicos, pero lo que debería hacer un monárquico es aceptar esta enmienda para garantizar esa normalización, esa equiparación de la Casa Real a otras partes del Estado.
Por último, quiero decir que me disculpen porque, si no me quedo hasta la última réplica es porque tengo pensado asistir a una concentración en la Puerta del Sol por el asesinato de un joven a manos -ya lo saben ustedes- de un grupo de
fascistas. Manifestación que debería hacernos reflexionar a todos sobre si es normal que en este país, con tantos años de dictadura, sea legal convocar manifestaciones fascistas como las que han sido convocadas y van a ser convocadas en los
próximos días.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Turno de Esquerra Republicana. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario en este apartado es donde tiene más enmiendas vivas. No voy a relatarlas una por una, pero sí me voy a referir a algunas de las más importantes. La primera es la enmienda 792, que hace referencia a la
publicación de las balanzas fiscales. Antes, señor Mas, no hablaba de la publicación. Lo que pedíamos es que se nos diesen los datos que hacen posible el cálculo fácil de las balanzas fiscales. Tenía razón en parte, pero en la anterior enmienda
que habíamos defendido.
Ahora pedimos que desde el Estado se publiquen cada año las balanzas fiscales que ustedes ya tienen calculadas, señor Mas, y no me diga que no. Por tanto, pedimos que sea de obligado cumplimiento en este tema, gobierne
quien gobierne.
La siguiente enmienda hace referencia al caos de Rodalies, de Cercanías de Renfe. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda para la creación de un fondo para compensar las pérdidas, tanto de los ciudadanos como de las empresas
que han perdido competitividad debido a la situación caótica en Cercanías de Barcelona. Es un fondo de 150 millones de euros y estamos cerca de lo que calculó la Pimec que costaba el impacto económico de la situación de Cercanías en Barcelona. Por
tanto, es una enmienda que da respuesta a las demandas de diferentes colectivos en este aspecto. En la enmienda 776 pedimos que lo que se ha reconocido ahora, y que el año pasado nos llevó a no votar los presupuestos anteriores, que es el cálculo
de la adicional tercera del Estatut de Catalunya, ese fondo que se ha reconocido en el acuerdo de la Generalitat-Estado de 827 millones en 2007, se concrete su traspaso a la Generalitat de Catalunya. Es una enmienda que hace cumplir el acuerdo
Solbes-Castells. La enmienda 775 es una enmienda clarificadora como cláusula de garantía de la adicional tercera. La enmienda 817 habla del traspaso de Cercanías con toda una serie de líneas y de requisitos, con la financiación adecuada para hacer
efectivo el traspaso con condiciones reales y necesarias. Un parlamento con todas las garantías tendría que haber aprobado hace muchos años la enmienda 794. Se refiere a la creación de una oficina de gestión y control presupuestario. En un
parlamento en el que se puede fiscalizar el control del gobierno tendría que existir una oficina que permitiera realizar un verdadero control sobre la gestión presupuestaria del Gobierno. La enmienda 758 hace referencia a la actualización del
Iprem.
La enmienda 819, que presentamos cada año, coincide con lo explicado por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la Casa Real para que no tenga ningún privilegio, que cumpla con la ley y que realice una declaración de
bienes y actividades. La enmienda 755 es para hacer cumplir un compromiso que en su día hizo el Partido Socialista relativo a la territorialización del 0,7. Hubo una disposición para que se territorializara parte del 0,7 a las comunidades
autónomas. Otra enmienda clásica es el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que hace referencia al traspaso de los fondos de formación continua, cosa que no se ha cumplido. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la
Presidencia.)
Tenemos un paquete de enmiendas que se resumen en una que hace referencia a que todos los grupos parlamentarios han pedido en estos presupuestos y en anteriores que cuarteles de la Guardia Civil o terrenos de Defensa que son desafectados
sean traspasados a los ayuntamientos. Tenemos unas cuantas enmiendas referidas a diferentes ayuntamientos: Agullana, Llívia, Manlleu, etcétera. Pero tenemos una, la 788, en la que queda reflejado un común denominador de todos los grupos
parlamentarios, que propone que todo cuartel desafectado sea traspasado a los ayuntamientos para equipamientos municipales o viviendas de protección oficial. Es justo. No entendemos que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa se
doten de presupuesto en base a hacer negocio con unos terrenos que han prestado un servicio y que ahora ya no lo prestan. Además, fomenta la especulación poner en el mercado
estas propiedades que han quedado desafectadas. Si hay que compensar al ministerio, que se haga desde el Estado, pero que no se les quite a los ayuntamientos cuando la mayoría de ellos son pequeños y tienen problemas para hacer frente a sus
pagos.
Tenemos dos enmiendas relativas al Ministerio de Defensa, una de ellas es un clásico. Propone que se compute como periodo cotizado el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. Se aprobaron en esta Cámara sendas
resoluciones que no se han llevado a término. La 806 crea un fondo para hacer posible el cómputo del período del servicio militar. La otra hace referencia al tema de Sidi Ifni, Sahara, referida a aquellas personas que fueron obligadas a participar
en aquella guerra para que se les cumplimente el mismo trato que han tenido otras personas afectadas por guerras. En este caso el conflicto se produjo hace muchos años, y muchos de estos ciudadanos ya son muy mayores y ven pasar el tiempo sin que
se les resuelva el problema. Esta enmienda tiene aún más consistencia ya que en el trámite en Comisión fue aprobada la creación de un fondo para Sidi Ifni propuesto en una enmienda de Convergència i Unió, a la que el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado un voto particular. Pedimos la retirada del voto particular para reconocer de una vez por todas y no intentar anular por la puerta de atrás la creación de un fondo que votamos la mayoría de grupos parlamentarios. Esta enmienda es
complementaria de la aprobada en Comisión. Pido al Grupo Parlamentario Socialista que el voto particular a la enmienda de Convergencia i Unió sea retirado en un acto de aceptación democrática de lo que sucedió en la Comisión de Presupuestos.
Tenemos toda una serie de enmiendas de tipo social en temas de pensiones.
No las voy a enumerar todas. Unas sobre el salario mínimo interprofesional. Nos gusta que el Partido Socialista diga que va a aumentar el salario mínimo
interprofesional, que lo anuncie en un acto electoral. Nosotros lo ponemos hoy aquí en una enmienda para que pasemos ya a los 800 euros de salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, no entremos en ese debate en campaña electoral. Ustedes lo
han puesto en campaña electoral; nosotros vamos a lo práctico y en este sentido tenemos la enmienda 768. Tenemos otra serie de enmiendas relativas al fomento de las lenguas distintas al castellano, para que las administraciones públicas puedan
atender a los ciudadanos. Tenemos enmiendas sobre el tema de la insularidad de las Islas Baleares. Antes lo han dicho otros representantes. Todo el mundo ha recibido correos estos días sobre este trato diferencial y, por lo tanto, pedimos este
reconocimiento. Tenemos enmiendas sobre economía productiva, pequeña y mediana empresa en estas adicionales.
Antes he hecho referencia al voto particular a una enmienda de Sidi Ifni.
Hemos presentado un escrito de reconsideración a la Mesa para que los votos particulares que el Grupo Socialista ha presentado no sean tomados en consideración. Lo
decimos porque entendemos, en nuestra modestia, que el voto particular que ha presentado el Grupo Socialista no se ajusta al artículo 117 del Reglamento de esta Cámara, por el cual todo voto particular tenía que ser puesto a votación en la Comisión
de Presupuestos, cosa que no se hizo, por lo que pedimos que no sea tomado en consideración el voto particular que afecta a enmiendas de Nafarroa Bai, de Izquierda Unida, de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana. No se ajusta a la
literalidad y, por lo tanto, hemos presentado esta tarde este recurso de reconsideración para que en este caso estos votos no sean tenidos en cuenta. Se ha producido una votación.
Además, el Grupo Socialista votó a favor del dictamen y entendemos
que aceptaba el resultado de las enmiendas aprobadas. Por lo tanto, pedimos que no sea considerado. Además por la importancia, sobre todo, de una de las enmiendas relativa al aumento del Fondo de Inmigración en 187 millones, una enmienda social
que afecta a todas las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para atender a la inmigración. Creemos que por la puerta de atrás no se puede derrotar una enmienda que fue aprobada en Comisión de Presupuestos. Entendemos que el Reglamento nos
da la razón y esperamos que este escrito de reconsideración pueda ser tenido en cuenta y decaigan los votos particulares que ha presentado el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Puig.
A continuación, y en defensa de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, tiene alrededor de 60 enmiendas vivas a las disposiciones adicionales, transitorias y únicas, en el sentido de orientar todas estas propuestas a cuestiones
complementarias que no han sido perfectamente debatidas o introducidas a lo largo de esta legislatura, a lo largo de este período de sesiones, en una serie de planteamientos que siempre ha defendido nuestro grupo parlamentario. Explicaré algunas de
ellas, las más relevantes desde nuestro punto de vista, en la espera de que podamos llegar a un acuerdo desde estos momentos hasta que se vaya a producir la votación para intentar producir algunas modificaciones que van en la misma dirección. Por
ejemplo, la enmienda número 3516 pretende incrementar los límites de ingresos por la percepción de prestaciones por hijos a cargo en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las adopciones. Entendemos que en este caso sí que existiría una
cierta posibilidad de llegar a un consenso. Es cierto que estamos hablando en esta dirección y esperamos que de aquí a mañana al mediodía podamos establecer algún acuerdo que vaya en esta dirección.
Hay otra enmienda, que también es clásica de Convergència i Unió, sobre la que no hemos conseguido
todavía llegar a convencer al Grupo Parlamentario que da soporte al Gobierno, sobre la territorialización del 0,52 por ciento de la asignación destinada a fines sociales. En el pasado debate de presupuestos estuvimos a punto de poder llegar
a un acuerdo; incrementamos todas estas asignaciones, llegamos a un acuerdo en el límite global para incrementarlo del 0,50 al 0,70, pero en todos aquellos aspectos que hacían referencia a la territorialización -es una demanda de este y de otros
grupos parlamentarios- todavía no hemos podido consensuar un acuerdo que vaya en esta dirección.
Hay dos o tres enmiendas que van orientadas a resolver algunos aspectos que hacen referencia a los trabajadores autónomos. Es cierto que hemos llegado a un consenso en el Estatuto del trabajador autónomo, pero falta concretar aquellos
aspectos que realmente van a beneficiar al trabajador autónomo, que está contento por que se haya aprobado el Estatuto, pero dice: ¿Qué pasa con todas aquellas cuestiones que van referidas a la pluriactividad? Hay un compromiso reflejado en el
Estatuto, pero este señor todavía tiene que continuar cotizando al régimen general y al RETA, al régimen especial de los trabajadores autónomos. Creemos que ahora es el momento de llegar a un acuerdo en este sentido. Lo mismo podríamos plantear
para todos aquellos trabajadores autónomos que están trabajando a tiempo parcial. Hay muchísimas personas, concretamente mujeres, que podrían incorporarse al mercado laboral siempre y cuando pudiéramos resolver todos aquellos aspectos que hacen
referencia al trabajo a tiempo parcial. Sinceramente, creo que también en este caso podríamos llegar a un acuerdo para poderlo resolver en este trámite parlamentario.
Hay otro aspecto que afecta directamente a los trabajadores autónomos, como es la reducción de la cuota de los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta ambulante y a domicilio. Sobre esta cuestión existió el compromiso por parte
del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno de que lo resolveríamos de inmediato. De inmediato, señorías, teniendo en cuenta el horizonte de las próximas elecciones generales es en este debate presupuestario. Por tanto, señores del grupo
parlamentario que da soporte al Gobierno, no defrauden las expectativas creadas con la aprobación del Estatuto del trabajador autónomo, sean sensibles y vayamos en la dirección de resolver, entre el Congreso y el Senado, estas tres cuestiones que
preocupan a este colectivo tan importante.
Hay otra enmienda que, desde nuestro punto de vista, también es relevante, que es la 3522, que hace referencia a la aprobación de la prórroga del Plan Prever. Esta es una demanda de todo el sector de la automoción; lo saben perfectamente
los señores Torres y Martínez- Pujalte, porque el otro día estuvimos en una reunión con el sector de la automoción de toda España y una de las peticiones unánimes del sector era que se prorrogue el Plan Prever. Ya que estamos todos de acuerdo en
que hay que reducir las emisiones de CO2, es un contrasentido no prorrogar el Plan Prever durante cuatro años más. Por tanto, nos gustaría poder encontrar una solución al respecto.
Hay otra enmienda, que también es clásica de nuestro grupo parlamentario, que es la relativa a la publicación de las balanzas fiscales. Aquí hemos planteado en innumerables ocasiones esa posibilidad, y hemos aprobado mociones en esta
dirección, pero el Partido Socialista continúa insensible. Ya sabemos que es una dificultad añadida, pero teniendo en cuenta que hay que resolver en breve plazo, en el próximo año, la financiación de las comunidades autónomas, pensamos sinceramente
que este sería el momento para poder resolver esta situación que para nosotros es fundamental.
Hay otra enmienda que va en la dirección de poder resolver algunos aspectos relacionados con la fiscalidad y que se refiere a la posibilidad de volver a introducir en estas disposiciones adicionales la deducción por inversiones en temas
medioambientales. Esta es una demanda de todos los sectores económicos españoles. Todos estamos de acuerdo en que hay que reducir las emisiones de CO2; todos estamos de acuerdo en que hay que plantear mecanismos jurídicos a la sociedad económica
para que podamos resolver en esta dirección, y hay una posibilidad, que se apruebe la enmienda que ha presentado nuestro grupo en el sentido de reintroducir aquellas inversiones orientadas a potenciar las inversiones en medio ambiente. Hay otras
enmiendas, las números 3546, 3547, 3548, 3549, 3551 y 3552, que van orientadas al cumplimiento de Estatuto de Catalunya, que ha defendido brillantemente mi compañero y portavoz en presupuestos, señor Vilajoana. Ahora no me voy a extender en las
mismas porque en el inicio de su intervención ha explicado cuál era la posición de nuestro grupo parlamentario en estos presupuestos, que son la explicación de estas enmiendas, yo diría que muy relevantes para nuestro grupo parlamentario.
Explicando muy rápidamente las enmiendas a las disposiciones transitorias y finales, la 3554 habla de modificaciones fiscales para el fomento de la producción, comercialización y difusión del acceso al libro. El señor Vilajoana siempre ha
puesto el acento en este tipo de inversiones orientadas al fomento de las cuestiones de tipo cultural. Finalmente, hay una enmienda que sabemos que es difícil que se incluya pero que es importante y con la que pensamos que daríamos un paso adelante
para equilibrar y uniformar nuestros impuestos en relación con los impuestos que se están cotizando en la mayoría de los países de la Unión Europea, que sería la posibilidad de llegar a un consenso para rebajar los impuestos de las pymes, de las
microempresas, al tipo reducido del 20 por ciento. Esta cuestión quedó pendiente en la reforma fiscal que planteó el Gobierno y a la que nosotros dimos un importante y potente soporte para que saliera adelante. Pero, a la vista de los resultados
de los incrementos de recaudación que se están efectuando -concretamente en IRPF y en sociedades- vemos que existe un agujero fiscal -en el buen sentido
de la palabra- para poder llegar a un acuerdo y dar esta satisfacción a nuestro tejido industrial, para que sea tan competitivo como el resto de tejidos productivos de muchísimos países que son competidores de la economía española en la
Unión Europea.
Señorías, estas son las enmiendas más relevantes que ha presentado nuestro grupo parlamentario. En este corto espacio de tiempo que tenemos hasta las votaciones de mañana al mediodía esperamos llegar a un acuerdo.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte López.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en la intimidad de un hemiciclo no abarrotado de público mi grupo quiere defender las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Cada portavoz de mi grupo ha defendido las disposiciones adicionales que hacían referencia a las secciones en el trámite anterior de los títulos, o los defenderán en los siguientes debates sobre las secciones. Quiero referirme a la enmienda
número 1602, de mi grupo parlamentario. En ella planteamos que se actualice el Plan Hidrológico Nacional. Consideramos que la política de agua que se ha hecho en estos cuatro años no ha dado ningún resultado positivo; ha sido una política que se
ha limitado a derogar lo ya existente y, sin embargo, no ha impulsado las obras necesarias para que en España el agua sea un instrumento de vertebración y solidaridad. El Plan Hidrológico Nacional en su conjunto sí lo era; era un elemento que
debería haber servido para vertebrar el conjunto de la nación española. El agua no es de nadie; el agua es de todos los españoles. Con el Plan Hidrológico Nacional se trataba de que con el agua se hiciera una política de solidaridad. (La señora
vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.) Por eso fue aprobado por el Consejo del Agua casi por unanimidad y por eso muchas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE también apoyaron el Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo
Castilla-La Mancha. El Plan Hidrológico Nacional no era solo los trasvases, era mucho más que eso, era todo un conjunto de políticas detalladas en los anexos de reutilización de las aguas, de políticas de reciclaje de las aguas, políticas de
desalinización, pero también se contemplaba que hechas todas las obras necesarias se pudieran efectuar trasvases desde los cauces excedentarios hasta los deficitarios. Ahí entraban trasvases del Ebro y de otras cuencas que también el PSOE defendió
en su momento y que ha instrumentado. Por ejemplo, hace poco han inaugurado un mini trasvase desde cuencas del Ebro a cuencas de Cantabria. Eso era necesario. No ha servido el Plan AGUA por lo que hemos pedido que en los próximos meses se
actualice el Plan Hidrológico Nacional y que, una vez hechas todas las obras y una vez satisfechas todas las necesidades de agua de todas las comunidades por donde pasan los cauces, también se puedan efectuar transferencias desde cauces
excedentarios a cauces deficitarios. Ahí también se debería contemplar el trasvase del Ebro. Hemos presentado esta enmienda que no es más que la posición del Partido Popular de siempre.
También quiero referirme a otro tema importante que es el Plan Prever. Es una irresponsabilidad eliminar ahora el Plan Prever, lo decía antes el señor Sánchez i Llibre. El otro día estuvimos en un acto donde también debería haber
participado el señor Torres pero no pudo porque estaba en ese momento interviniendo en la Comisión de Presupuestos. El Plan Prever, en un momento como en el que está el sector de la automoción ahora mismo, con caída de las ventas y con la necesidad
de que se haga una política de menos contaminación y de menos emisión, es absolutamente positivo. Un coche de ahora contamina ochenta veces menos que un coche de hace veinte años. Es absolutamente positivo ir eliminando los parques antiguos,
sustituyéndolos por parques nuevos. Así evitaríamos que los coches estuvieran abandonados, con el efecto que eso tiene en el medio ambiente por la no destrucción de la chatarra. El Plan Prever habría que mantenerlo. Estoy seguro de que algunos
diputados del Grupo Parlamentario Socialista en su foro interno están de acuerdo conmigo. Desde luego, el Plan Prever no puede ser una política permanente por los siglos de los siglos pero hoy, en esta coyuntura, el Plan Prever es bueno. Sé que
muchos diputados comparten esa posición con mi grupo. Lo que hay que hacer es aprobar una enmienda y aunque sea que todos nos encontremos en Convergència i Unió, pero aprobando la enmienda del Plan Prever.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
A las disposiciones adicionales, finales y transitorias se han presentado enmiendas y, si hiciéramos caso de ellas, habría 179 propuestas de disposiciones adicionales nuevas. Señorías, convendrán conmigo en que algo no va. Si tenemos que
hacer un presupuesto y añadir 170 disposiciones adicionales, me parece que algo no funciona en lo que tiene que ser el presupuesto. Pensamos en el Grupo Socialista que algunas de estas enmiendas no son más que encubiertas proposiciones de reeditar
la ley de acompañamiento o algunos de sus aspectos. Me dirán los enmendantes que probablemente muchas son cuestiones relacionadas con aspectos presupuestarios, no con impuestos, pero, por ejemplo, entendemos que no es cuestión de la Ley de
Presupuestos el debate que ha suscitado hace un momento el señor Martínez-Pujalte por el Grupo Popular tanto en lo que hace referencia al
Plan Hidrológico como en lo que hace referencia al Plan Prever. En el caso del Plan Hidrológico creo que es bastante evidente, y quiero recordarle al Grupo Popular que no hubo una derogación del Plan Hidrológico Nacional, hubo una
derogación del trasvase del Ebro, el resto del Plan Hidrológico Nacional continúa vigente. Nos han propuesto ahora reconsiderarlo. Bien, puede que sea un tema a considerar, pero no, evidentemente, dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
El tema se ha discutido mucho en esta Cámara y me parece que podríamos decidirlo ya, pero en todo caso si hubiera que volver a abrirlo no sería en los presupuestos del Estado. En el tema del Plan Prever, evidentemente sí, como muchos de los otros
temas fiscales que ha presentado, como siempre, el señor Sánchez i Llibre por el Grupo de Convergència i Unió. Podríamos sumarlos todos y nos saldría un debate larguísimo: se ha propuesto hablar del impuesto sobre el patrimonio, del IVA, del Plan
Prever, del impuesto de sociedades. Aquí estaríamos planteando probablemente vía Ley de Presupuestos una reforma fiscal. No creemos en el Grupo Socialista que este sea el tema. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado también
cuestiones de este tipo y algunos sobre los que no hace falta volver a insistir, como el tema de las balanzas fiscales, que no pensamos en absoluto que corresponda a la Ley de Presupuestos. Por tanto, por estas razones esta primera parte de mi
intervención va destinada a decir que vamos a rechazar todas estas enmiendas por no creerlas ajustadas a lo que estamos debatiendo.
Quiero hacer dos consideraciones sobre dos aspectos particulares que creo que vale la pena no dejar pasar. Primero, respecto a la cuestión que el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Puig, ha planteado sobre los votos particulares que el
Grupo Socialista ha presentado, más allá de la consideración que nos merezca el contenido de las enmiendas ganadas o perdidas, digámoslo así, pienso que estamos discutiendo un tema procedimental que, en todo caso, la Mesa de la Cámara resolverá,
pero no discutamos, por favor, el contenido de las mismas. Estamos discutiendo si tenían que presentarse o no. Me parece que seguramente caeremos en una cuestión de usos y costumbres y que igual el Grupo de Esquerra Republicana tiene sus razones
para plantearlo, pero no para decir que aquí tenemos que aceptar o negarnos a discutir lo que el Grupo Socialista piensa sobre las enmiendas que fueron aprobadas en Comisión y que en todo caso se incorporaron al dictamen con el voto particular que
ha presentado el Grupo Socialista. Es otra cuestión. La segunda consideración que quería hacer hace referencia a lo que han planteado tanto el Grupo de Izquierda Unida como el de Esquerra Republicana respecto al tratamiento de determinados
aspectos de la Casa Real. Muy brevemente: la normativa a aplicar para la Casa Real está contenida en nuestra Constitución, y a partir de aquí se acabó el debate o nosotros no estamos en disposición ni tenemos ganas de continuarlo. En todo caso,
mañana, en el capítulo concreto que hace referencia a este tema mi compañero Ricardo Torres profundizará más, pero pienso que la cuestión es muy simple: lo que dice la Constitución es la normativa a aplicar en todo lo que hace referencia a la Casa
Real.
Nada más por parte del Grupo Socialista. Queda claro que rechazamos todas estas enmiendas presentadas. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mas.
Señorías, terminado el orden del día de la sesión, se levanta y se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 295, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes, 30 de octubre último, en la intervención del señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
con ocasión del debate sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aparecen los siguientes errores: en la página 14555, segunda columna, párrafo segundo, donde dice '...un tiempo mejor para los ciudadanos
castellanoleoneses que pueden...', debe decir '...un tiempo mejor para los ciudadanos castellanos y leoneses que pueden...'; en la misma página y columna, párrafo cuarto, donde dice '...al haber retirado su proposición de ley; asimismo,
agradecemos al Grupo Parlamentario Mixto y al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya que hayan retirado sus proposiciones no de ley a estos efectos', debe decir 'al haber retirado su proposición no de ley; asimismo, agradecemos al
Grupo Parlamentario Mixto y al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya que hayan retirado sus proposiciones de ley a estos efectos'.
En la página 14557, la frase '...que expresa lo que somos, castellanoleoneses...', en el último
párrafo de la segunda columna, debe sustituirse por '...que expresa lo que somos, castellanos y leoneses...' Finalmente, en la página 14558, primera columna, última línea del párrafo segundo, donde dice '...para los ciudadanos castellanoleoneses...,
debe decir '...para los ciudadanos castellanos y leoneses...'