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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 278, de 04/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 278
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 256
celebrada el martes, 4 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
Real Decreto-Ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Número de expediente 130/000047.)... (Página 13751)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos Sres.
Diputados... (Página 13762)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. (Votación.):
Real Decreto-Ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Número de expediente 130/000047.)... (Página 13762)
Elección de la Vicepresidencia Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados:
Elección de la Vicepresidencia Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados. (Número de expediente 022/000001.)... (Página 13762)
Avocación por el Pleno:
- Del proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. (Número de expediente 121/000134.)... (Página 13762)
- Del proyecto de ley sobre reutilización de la información del sector público. (Número de expediente 121/000136.)... (Página 13762)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 13751)
Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias... (Página 13751)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone ante la Cámara las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley, derivadas de los incendios ocurridos en diversos puntos del archipiélago canario durante el pasado
mes de julio, que afectaron a las islas de Gran Canaria, Tenerife y Gomera.
El contenido del real decreto-ley recoge algunas de las medidas que se han aplicado ya a través de normas de distinta naturaleza en sucesos de características similares. Las medidas más importantes se refieren a la reparación de daños en
infraestructuras municipales de red viaria y agua de los cabildos insulares; se introducen indemnizaciones por los daños provocados en explotaciones agrícolas y ganaderas, siempre que no estén cubiertas por el sistema de seguros agrarios
combinados; se establece un conjunto de bonificaciones fiscales, exenciones y reducciones de distintas tasas e impuestos; reducciones especiales de tipo fiscal a través de modificaciones del IRPF e IVA; medidas laborales y de Seguridad Social;
ayudas para daños en viviendas, enseres y establecimientos comerciales; ayudas a corporaciones locales a través del ICO y también la creación de una comisión interministerial con el fin de que las ayudas lleguen lo más rápidamente posible.
Finaliza resaltando que es la primera vez que interviene la Unidad Militar de Emergencias, a plena satisfacción de quienes la mandan y de quienes han obtenido directamente los frutos de su trabajo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Rodríguez y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13762)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 13762)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprueba por 308 votos a favor
y uno en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 136 votos a favor, 167 en contra y seis abstenciones.
Elección de la vicepresidencia tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados... (Página 13762)
Avocación por el Pleno... (Página 13762)
La Presidencia somete a la Cámara la avocación por el Pleno respecto a la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información y del proyecto de ley sobre reutilización de la información
del sector público, lo que se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 7/2007, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Número de expediente 130/000047.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente al martes 4 de septiembre de 2007, con el orden del día que se ha hecho circular previamente. En primer lugar, convalidación o derogación de
reales decretos-leyes, en concreto del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias. En primer lugar, exposición por un miembro del
Gobierno, el señor ministro del Interior, de las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como saben ustedes, en el transcurso de la última semana del mes de julio de 2007 se sucedieron una serie de incendios en diversos puntos del archipiélago canario que afectaron a las islas de Gran Canaria y
Tenerife y en menor medida a la isla de Gomera.
Las consecuencias de estos incendios son conocidas. Se ocasionaron daños en más de 27.500 hectáreas (17.817 en Tenerife, 7.800 en Gran Canaria y 200 en Gomera); una catástrofe ecológica debido a las
graves pérdidas en la masa forestal, con problemas de erosión y con impactos medioambientales muy negativos. Además, fueron afectados diversos núcleos de personal, de hecho hubo que hacer miles de desalojos y habilitar lugares al efecto. También
se han producido daños de diversa consideración en infraestructuras de titularidad pública, especialmente municipal, así como en bienes de titularidad privada; me refiero sobre todo a viviendas, que en algunos casos han sido completamente
destruidas.
Déjenme que antes de pasar a explicarles el contenido del real decreto-ley que me trae hoy aquí les haga unas consideraciones de tipo general. La primera es una expresión de agradecimiento del Gobierno a todas las fuerzas de seguridad que
participaron en la extinción de estos incendios, así como a los bomberos, a los miembros de protección civil, a los voluntarios y en general al conjunto de los ciudadanos que ayudaron y sufrieron las consecuencias de este incendio (Aplausos.), y por
supuesto a las instituciones, a los cabildos y al Gobierno de Canarias, que han sido capaces de colaborar solidariamente con el Gobierno de la nación asumiendo sus responsabilidades en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En segundo término desde el Gobierno hemos tratado de responder con la máxima agilidad. De hecho, el mismo día 1 de agosto el presidente del Gobierno viajó al archipiélago canario para conocer de primera mano la situación, visitando básicamente los
centros de coordinación de emergencia junto con las autoridades, especialmente el presidente del Gobierno de Canarias; se convocó un Consejo de Ministros extraordinario el 3 de agosto; la ministra de Medio Ambiente estuvo permanentemente informada
sobre la extinción del incendio y finalmente ha habido una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como les correspondía, tanto en las labores de extinción como en las labores de investigación de quienes presumiblemente fueron los
responsables de los incendios. Hemos trabajado, pues, con celeridad y, como decía antes, en un ejercicio de coordinación que conviene resaltar en este momento, tanto entre los distintos ministerios de la Administración del Estado como con las
autoridades de las islas Canarias, de los cabildos y de la propia comunidad autónoma.
El contenido del real decreto-ley, como no podía ser de otra manera, recoge algunas de las medidas que hemos aplicado ya a través de normas de distinta naturaleza en sucesos de parecida importancia, de características similares. El Real
Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, que hoy presento a convalidación de esta Cámara, es de aplicación a la Comunidad Autónoma de Canarias, a los municipios de la isla de Gran Canaria, Tenerife y Gomera, que sufrieron los incendios y que se
relacionan detalladamente en la orden ministerial del Ministerio del Interior que publicamos el pasado 23 de agosto. Quisiera resaltar que en lo que se refiere al ámbito geográfico esta norma incorpora en su artículo 1.º, concretamente en el
apartado 3.º, una cláusula abierta que permite extender mediante real decreto las medidas de este real decreto-ley a otros ámbitos geográficos en un espacio temporal comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre
de 2007, con el fin de poder cubrir las contingencias de incendios que se pudieran producir en otros puntos de España, como el caso del reciente incendio de Les Useres, en Castellón, sobre el que el Gobierno dictará próximamente un real
decreto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor ministro, por favor.
Señorías, hay un murmullo en la sala que -lamento tener que insistir siempre en lo mismo- molesta mucho al orador. Cuando alguien está en el uso de la palabra, mantengan al menos un nivel de silencio adecuado.
Prosiga, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Repito, es el caso del reciente incendio de Les Useres, en Castellón, sobre el que el Gobierno dictará próximamente un real decreto extendiendo las medidas previstas en este.
Para ir terminando, en relación con las medidas concretas, les mencionaré las más importantes. La primera se refiere a la reparación de daños en infraestructuras municipales de red viaria y de agua de los cabildos insulares. Son
subvenciones que, como es habitual en este tipo de medidas, alcanzan al 50 por ciento de los correspondientes proyectos de reparación. En segundo lugar, se introducen indemnizaciones por los daños provocados en explotaciones agrícolas y ganaderas,
siempre que se trate de producciones que no estén cubiertas por el sistema de seguros agrarios combinados. En tercer lugar, se establece un conjunto de bonificaciones fiscales, exenciones y reducciones de distintas tasas e impuestos que afectan a
bienes o actividades que han sufrido daño. En cuarto término, hay otras reducciones especiales de tipo fiscal para actividades agrarias a través de modificaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del régimen especial
simplificado del IVA. En quinto término, se establecen medidas laborales y de Seguridad Social que tratan de compensar situaciones de regulación de empleo que tengan su origen en los daños producidos por los incendios, así como pérdidas en la
actividad de algunos sectores, básicamente la hostelería y el hospedaje. En sexto lugar, hay ayudas de emergencia para daños en viviendas, enseres y establecimientos comerciales. En séptimo lugar, se incluyen ayudas excepcionales en materia de
viviendas para casos más graves, aquellos en los que se hubiera producido destrucción total, incorporándose algunas ayudas para alquiler en tanto se reconstruye la vivienda familiar. En octavo lugar, hay ayudas a personas que hayan realizado
prestaciones personales o de bienes con ocasión de los incendios. Existen, en noveno lugar, ayudas a corporaciones locales, líneas preferenciales de crédito a través del ICO y convenios de colaboración con administraciones territoriales. Además se
establece el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en la isla de Tenerife, una nueva sede que tiene en cuenta la particularidad geográfica del archipiélago y la experiencia que hemos adquirido durante los incendios a los que me vengo
refiriendo.
Finalmente, como es habitual en este tipo de reales decretos-leyes, se establece una comisión interministerial que ya está trabajando, que está coordinada por la Dirección de Protección Civil y que trata esencialmente de que las ayudas
lleguen lo más rápidamente posible. En resumen, señorías, la Administración del Estado ha trabajado rápidamente y el conjunto de las administraciones -cabildos y Gobierno de Canarias- han dado un ejemplo de coordinación en la extinción de estos
incendios.
Finalmente, me gustaría resaltar que es la primera vez que interviene la Unidad Militar de Emergencias, que lo ha hecho bien, a plena satisfacción de quienes la mandan y de quienes han obtenido directamente los frutos de su trabajo, y me
remito a las declaraciones del propio presidente de Canarias. Esto es algo por lo que debemos felicitarnos.
Muchas gracias, señor presidente. Someto a la convalidación de la Cámara la convalidación de este proyecto de real decreto-ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Mixto. En primer lugar intervendrá el señor Rodríguez, y a continuación la señora Oramas, que compartirán su tiempo de diez minutos.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, se sabe que hemos sufrido en este verano seguramente la catástrofe más importante en materia de incendios que ha sufrido el archipiélago canario, especialmente las islas de Tenerife, Gran Canaria y Gomera. Se
sumaron dos condiciones muy difíciles de evitar. Primero, algún desaprensivo provocó algún fuego, y hoy está en manos de la justicia y, segundo, unas condiciones meteorológicas absolutamente desfavorables. Temperaturas superiores a 45 grados,
vientos superiores a 60-70 kilómetros por hora y una humedad relativa en torno al 6 ó 7 por ciento hacían difícil, a pesar del despliegue y la coordinación de los medios que se pusieron al servicio, una rápida respuesta. De este importante incendio
que hemos vivido en las islas hay que destacar algunos aspectos positivos. En primer lugar, que hemos evitado lo más importante, pérdidas de vidas humanas porque fuimos diligentes y conservadores en este tema. Evacuamos a la población cuando había
el más mínimo riesgo, porque lo primero y lo irreparable son las pérdidas de vidas humanas, y eso se hizo de forma diligente. La segunda enseñanza es que la Administración General del Estado, la Administración canaria y las administraciones
insulares se coordinaron perfectamente, dando un buen ejemplo ante una catástrofe de esta naturaleza a la ciudadanía. Ahora estamos aquí para reconocer que tanto la Administración General del Estado como la Administración autonómica y la propia
Administración insular, de cuyo Gobierno soy
vicepresidente, han actuado de forma diligente y rápida. Hay que reconocer las presencias del señor presidente del Gobierno, del señor ministro del Interior y de la señora ministra de Medio Ambiente sobre el territorio en los días en que
sucedía esta catástrofe, y también la del presidente del Gobierno de Canarias y la del consejero responsable del área. En definitiva, se ha dado una adecuada respuesta de las administraciones públicas. Ahora se trata de que este real decreto-ley
que se convalida hoy -adelanto nuestro apoyo favorable- se adecue lo más posible a las circunstancias y peculiaridades del territorio del Archipiélago. Tendría que decirle, señor ministro, que en términos generales responde a lo que suele ser
habitual en situaciones de estas características. Sin embargo, se da una circunstancia que entre la Administración canaria y la Administración General del Estado habría que tratar de resolver, porque la ganadería y la agricultura en zonas de
medianía y cumbre en las islas del Archipiélago tienen pequeña dimensión, no tienen cultura de aseguramiento y en ocasiones aunque quisieran no podrían hacerlo, y el decreto pone limitaciones en este sentido. Se trataría, dentro de lo posible en el
desarrollo de esta ley, de ver qué posibilidades existen para adaptar y dar respuesta a esta singularidad que tienen las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas y que pudiera hacer lo propio el Gobierno de Canarias.
En definitiva, señor ministro, nosotros expresamos nuestro apoyo a la convalidación de este real decreto-ley. Esperemos que la estricta cooperación entre las administraciones que hemos conseguido en lo difícil, en la extinción del incendio,
se produzca también en la respuesta a los ciudadanos que han perdido bienes, servicios y empresas y que necesitan ahora de las administraciones públicas. La Administración insular de Gran Canaria, el Gobierno de Gran Canaria, ya tiene una
evaluación precisa de los daños materiales de todo orden y condición (en empresas privadas, en vías de comunicación, en la agricultura y en la ganadería), y ofrecerá una respuesta rápida para que los ciudadanos tengan también la que necesitan.
Espero que esta segunda fase dé respuesta a este fenómeno con la misma coordinación que expresamos en la extinción de los incendios; deseo que se consiga una respuesta coordinada de las administraciones públicas para reparar en lo posible los daños
acaecidos en este importante incendio. Quiero volver a exponer que no hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas y debemos aprender de la historia. En las condiciones meteorológicas en las que se dio el incendio es muy difícil
combatirlo y todos tenemos que aprender a prevenir los incendios forestales de nuestra escasa masa forestal, al menos en el caso canario. Estamos convencidos de que las administraciones (locales e insulares canarias y estatal) aprenderemos la
lección y procuraremos prevenir los incendios, que es la mejor manera de evitar este tipo de catástrofes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señora Oramas, su turno.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señor ministro del Interior, Canarias ha sufrido en los últimos días de julio y los primeros de agosto uno de los incendios más crueles que ha asolado nuestra tierra, con la desgracia añadida de que fue simultáneo en
Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Todo se puso en contra de la naturaleza y las condiciones meteorológicas adversas (temperaturas de más de 40 grados y vientos de 70 kilómetros) favorecieron el desastre, obligando a la evacuación de unas 12.000
personas que tuvieron que abandonar sus casas, sus enseres y recuerdos de toda una vida ante el peligro de la cercanía del fuego a los núcleos de población. Más de 30.000 hectáreas de terrenos fueron arrasadas y hubo pérdidas irrecuperables para la
agricultura y ganadería, viviendas y efectos personales, infraestructuras hidráulicas, vías, equipamientos y servicios públicos, así como incalculables daños e impacto medioambiental en un territorio fragmentado y del que gran parte de su superficie
está protegida. Efectivamente hubo mucha coordinación entre las administraciones tanto municipal (cabildo) como del Gobierno de Canarias y del Gobierno central, pero hay determinados aspectos que deberíamos mejorar cara al futuro. En primer lugar,
el Decreto de 3 de agosto, que hoy nos ocupa, fue promulgado con celeridad, pero quizá con una precipitación excesiva que ha motivado que en él no se hayan incluido determinados aspectos que son específicos de Canarias. El decreto es prácticamente
igual al que se hizo el año pasado con motivo de los incendios de Galicia, e incluso en su disposición adicional hace referencia a que podrá ser aplicado en casos similares que se produzcan en otras comunidades autónomas. Desde Coalición Canaria
creemos que es positiva la medida encaminada al establecimiento en la isla de Tenerife de una unidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencia que se sume a la ya existente y que impida, como pasó en este incendio, que la activación se
produzca doce horas después, por lo que desde luego apoyamos esa decisión del Gobierno que tenía que haber llegado antes.
Nuestra principal preocupación, como decía, es que en Canarias se dan una serie de especificidades, como es la prevalencia en la zona de medianía, la más afectada por el incendio, de un tipo de agricultura familiar fundamental, una
agricultura de subsistencia o de renta complementaria, para la cual es imposible aplicar la parte de seguros, y esto hace que prácticamente la totalidad de los afectados queden excluidos del decreto al tener, como digo, la agricultura de medianía
esta especificidad. Por eso, para Coalición Canaria el decreto tampoco ha tenido en cuenta el hecho de que los incendios han dañado diversos bienes de interés arqueológico o etnográfico y patrimonial en determinadas zonas de la isla de Gran
Canaria, como las Tederas, Ayaguares,
Arriba, Soria, Barranquillo Andrés, Cercado de Araña, Veneguera, Pie de la Cuesta y el Juncal de Tejeda; o el bellísimo caserío de Masca, en la isla de Tenerife, declarado bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, que
ha sido uno de los elementos más afectados del patrimonio canario. El especial valor del caserío, la consideración de que sus características arquitectónicas y paisajísticas, constituye un referente de identidad en la conciencia de los canarios y
la constatación de un drama natural material y personal. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Buenavista han procedido ya a realizar una valoración conjunta por los técnicos de las tres administraciones. Las
pérdidas se valoran en este momento en 2.900.000 euros. En Coalición Canaria creemos que el Gobierno de España deberá garantizar la aportación del 50 por ciento del coste de todos los proyectos relativos a las obras de reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad pública que afecten a Masca, y que se deberán realizar de conformidad con las normas de intervención propias de un bien de interés cultural. Por eso no pueden ser de
aplicación aquí los criterios genéricos de valoración que establece el real decreto-ley sobre la referencia a las viviendas de protección oficial; dado que ya se ha procedido a una valoración conjunta por las tres administraciones solicitamos que
también se le dé validez por el Gobierno de España a los efectos de no demorar la rehabilitación de este entorno patrimonial único. Asimismo hay que tener en cuenta que la mayor parte de la superficie quemada tanto en Gran Canaria como en Tenerife
tiene la consideración de lugar de importancia comunitaria y de zona de especial protección de aves, prácticamente el 87 por ciento del territorio de Gran Canaria y el 79 de Tenerife, y se han visto afectadas diversas especies de flora incluidas en
el catálogo de especies amenazadas de Canarias y en peligro de extinción, como el pinzón azul, el halcón peregrino y distintas especies vegetales. Según estos datos se dan las condiciones establecidas en la disposición adicional para declarar la
zona de acción especial para la restauración forestal y medioambiental y la declaración de emergencia de las obras, extremos que esperamos tenga en cuenta el Ministerio de Medio Ambiente.
El Gobierno de Canarias ha tomado la iniciativa y, junto con los cabildos insulares, ha estimado que dichos proyectos superan la cifra de 15 millones de euros. Por otro lado, Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias demandan al
Ministerio de Medio Ambiente que amplíe la flota de aviones y helicópteros con base permanente en las islas para la extinción de incendios. Como sabe usted, en Canarias lo importante sería que estuvieran todo el año. En el mes de febrero tuvimos
la desgracia del incendio de Gomera, donde murieron 16 personas, entre ellos un primo mío.
La climatología de Canarias y la distancia hace que el riesgo sea permanente. Por todo ello, y al amparo del artículo 14 y disposiciones adicionales sexta y
novena del real decreto-ley, solicitamos que el Gobierno de España suscriba convenios con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de un programa de restauración y conservación del entorno natural, y que los medios a los que se ha comprometido su
Gobierno estén de forma permanente en Canarias para que no tengan que hacer la escala de Marruecos y llegar en el momento que el incendio ya esté incontrolado. En cualquier caso, ha sido un ejemplo la coordinación de las cuatro instituciones
durante esta tragedia canaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Izquierda Unida. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, espero que todo el mundo haya tenido unas buenas vacaciones y que hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de la legislatura.
Quiero iniciar mi intervención expresando el profundo sentimiento de solidaridad de mi grupo parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en el País Valenciano, sin olvidar
a los de las comunidades de Aragón y Castilla y León. En el caso de Castellón, los municipios de Les Useres, Costur, Atzeneta, Lucena, Figueroles y L'Alcorá, de la comarca del L'Alcalatén, afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en
Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el Real de Decreto de 3 de agosto que hoy vamos a
convalidar, y que mi grupo por supuesto va a respaldar con sus votos. Esperamos que a la mayor brevedad posible este compromiso se haga efectivo en forma de decreto porque urge a todas las familias afectadas.
Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona; digo más porque no eran en ningún caso las 1.000 que señaló al principio el Gobierno valenciano sino más de 5.000 como ha denunciado Ecologistas en Acción, aparte de
que se trata de una zona que ya había sido reforestada tras el incendio del año 1994. Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria
en la historia de Canarias. Se ha cumplido la llamada regla del 30: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 kilómetros por hora y menos del 30 por ciento de humedad, que activa todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido
una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas. Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, que han trabajado día y
noche; a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias, que se ha estrenado en Tenerife y Caste
llón; así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción, con la ayuda de aviones y helicópteros.
Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, ofrecer las ayudas de emergencia a los damnificados, familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones, para que a la mayor brevedad puedan reconstruir sus
haciendas y a medio plazo realicen las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística. De nuevo, señorías, nos
enfrentamos a un real decreto de medidas urgentes sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear rápidamente un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hecho que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios
devastadores que acontecen en nuestro Estado. Las visitas in situ de los miembros del Gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental. Tendremos, asimismo, que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos
de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida tanto a escala de comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo. Sería muy instructivo al respecto estudiar la
experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques. Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno, y es cierto. La prevención
pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva Ley de desarrollo sostenible del medio rural, cuyo plazo de enmiendas finaliza hoy, incentive el
papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo asimismo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la política agrícola común. También sería conveniente generalizar la figura del
agente de extensión forestal y rural para que se encargue de las quemas controladas in situ. El verano pasado el Ministerio del Interior lanzó una campaña pedagógica con el lema: El fuego lo pagamos todos. Sería conveniente que estas campañas no
quedaran en meros anuncios, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.
Asimismo, para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas, y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se
detallan las carencias existentes en materia de prevención por diferentes comunidades autónomas. Así, respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales para que estos planes sean eficaces, es fundamental que en el
marco de acción del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de protección civil y de protección del medio ambiente se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los ministerios y las administraciones autonómicas, en
estos últimos casos con el Gobierno canario y el Gobierno de la Generalitat Valenciana -gobierne quien gobierne-, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años tras el incendio de Guadalajara.
Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios, pero por eso mi grupo no quiere caer en los tópicos del señor Zaplana que llegó a decir aquello de: La combinación entre gobiernos autonómicos
socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes. En este caso, los gobiernos autonómicos bajo responsabilidad total o parcial del Partido Popular son los que se han organizado y coordinado con el Gobierno del
señor Zapatero. No vamos a decir que esta combinación es letal para los montes, sino más bien que esta combinación o esta coordinación es imprescindible para evitar que se produzcan incendios en el futuro y, cuando se produzcan, para actuar con la
mayor celeridad y efectividad.
Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo peor es cuando se pretende hacer uso partidista de ella. En el caso de Tenerife la desgracia ha venido por un trabajador despechado -no un agente forestal, como se ha querido
desinformar-, y en el incendio de Castellón por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica. Cabe preguntar -eso sí, sin hacer demagogia de ningún tipo, pero es necesario preguntar- qué hacían los operarios de
una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente a 60 kilómetros por hora.
¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía
todo? ¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza? ¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno? Todas esas preguntas merecen una
respuesta.
Por su parte, algunos países han iniciado un debate sobre la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos, e incluso se propone en determinados casos la calificación de este delito como terrorismo
ecológico. Si bien es cierto que las penas hoy en día pueden ascender hasta los veinte años de cárcel si se reúnen las pruebas suficientes, las estadísticas publicadas confirman que tan solo el 5 por ciento de los pirómanos son finalmente
sancionados por los tribunales.
Por tanto, algo hay que hacer en ese sentido.
Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia de que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea, y este verano no solo las
autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su
incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado porque adolece de las mismas carencias que la agencia Frontex para la intercepción de pateras, los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados
miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas para sofocar los incendios de cierta
magnitud cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.
En resumen, señorías, vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, pero también reclamamos al Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la
prevención y lucha contra los incendios forestales.
Señorías, trabajemos codo con codo por que el próximo verano no huela a chamusquina.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, varios de los diputados y diputadas que me han precedido en el uso de la palabra han insistido en la estrecha y buena coordinación que ha habido entre administraciones a la hora de la extinción de los incendios.
Han insistido en esto y se han felicitado. Yo me sumo a las felicitaciones, pero reclamo lo mismo que don Román Rodríguez, que no solo hay que coordinarse bien y estrechamente a la hora de la extinción de los incendios, sino que sería aconsejable y
necesario que hubiera la misma estrecha coordinación a la hora de la aplicación de las medidas que hoy aprobamos, y añado: porque creo que todavía la coordinación entre administraciones es más importante en el capítulo preventivo, de forma que creo
que se debe trabajar, algo que no está ni de lejos debidamente hecho, a efectos de coordinación entre administraciones. Debiéramos lanzar un plan coordinado entre los distintos departamentos del Gobierno y las comunidades autónomas competentes para
potenciar las acciones efectivas de limpieza de los montes y lograr disminuciones de las masas vegetales y rastrojos susceptibles de alimentar la intensidad de los incendios. Esta también es una coordinación entre administraciones que no evitaría
seguramente la totalidad de los incendios, pero ayudaría en algunos casos a evitarlos y en todo caso a que sus efectos pudieran ser mucho menos desastrosos que lo que de hecho están siendo en numerosas ocasiones, por ejemplo en la que hoy nos trae.
Por lo demás, mi grupo se va a sumar a la convalidación del real decreto-ley que nos propone el Gobierno. Lo hemos hecho en todas las ocasiones en que el Gobierno ha presentado en esta legislatura un real decreto-ley, bien por causa de
incendios o bien por causa de otro tipo de desastres. Las desgracias ocurridas en el archipiélago canario durante los días finales de julio y primeros de agosto reclaman una acción decidida de apoyo y cobertura amplia y urgente, en la medida en que
sea posible, por parte del conjunto de las administraciones y, cómo no, del Gobierno del Estado. Pero el apoyo que nosotros damos al texto del real decreto no solo es para las medidas que se diseñan en el mismo, sino sobre todo quisiera ser una
exigencia de aplicación diligente, amplia y generosa de las medidas que en el mismo se diseñan. Este apoyo no significa que nosotros no tuviéramos cuestiones que plantear al Gobierno, puestos a ello, en el texto de este real decreto-ley, pero
tenemos la impresión progresiva de que la convalidación de este tipo de reales decretos se está convirtiendo en un puro trámite. A ello ayuda en cierto sentido la combinación de diversos elementos que concurren. Por ejemplo, es evidente que todos
los reales decretos tienen una armazón básica común, en concreto los reales decretos 30/2005 y el 477/2007, que de alguna forma configura el esqueleto base de todos estos reales decretos.
Junto a esta armazón básica existe también una cierta
repetitividad, una tradición o forma de elaboración de los reales decretos. Estos reales decretos se parecen notablemente entre ellos desde el aspecto formal y algunos más que otros. Por ejemplo, el real decreto que hoy nos trae el Gobierno se
parece mucho al Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, sobre incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia que trajo el Gobierno y convalidamos aquí. Esto hace que el debate sea poco novedoso y que se vuelva excesivamente repetitivo,
como decía, casi de puro trámite. Pero no debiera hacernos olvidar, porque también es real que ello ocurre, que dentro de los reales decretos existen parecidos, pero también hay situaciones, hechos específicos y tratamientos diferenciados que el
Gobierno, por la razón que sea, aplica a los distintos casos. Esta es la razón por la que en más de una ocasión. desde mi grupo, hemos dicho al Gobierno que lo razonable no sería que nos explicara lo genérico que ya conocemos todos y que es
puramente repetitivo, sino lo específico de cada real decreto, lo diferencial. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que hoy explicara el Gobierno por qué en el artículo 3, donde se habla de beneficios fiscales, no se incluye, contra lo que se había
hecho en ocasiones anteriores en todos los reales decretos donde se arbitraban medidas sobre incendios, la exención del impuesto de la renta de las personas físicas de las ayudas excepcionales por daños personales que se regulan en el propio real
decreto en el artículo 8. Esto se había hecho hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora se eximían del impuesto de la renta estas ayudas y en esta ocasión no?
No es esta la única diferencia que podría haber explicado el Gobierno.
Existe un capítulo en este real decreto sobre la vivienda y las ayudas a la misma -y recientemente ha habido un debate en este mismo Congreso- sobre el que el Gobierno
nos debiera haber dado alguna explicación respecto a las diferencias que hace entre
situaciones distintas, pero bastante análogas. En este capítulo de este real decreto el Gobierno ha optado por copiar prácticamente lo que el propio Gobierno dictó con motivo de los incendios de Galicia, pero se ha alejado mucho del Real
Decreto-ley 6/2007, de 20 de julio, que en el último Pleno extraordinario aprobamos en este mismo Congreso. ¿Por qué existe este tratamiento diferenciado? Puede tener alguna explicación, pero, ¿cuál es? Sería bueno que el Gobierno por propia
iniciativa explicara la razón de ser de las diferencias que introduce en cada uno de los reales decretos, cosa que no hace. Mi grupo no está contra la diferenciación de los reales decretos en determinados aspectos y contra la flexibilidad. Al
contrario, creemos que la flexibilidad es necesaria porque la experiencia ha enseñado ha todo el mundo que si siempre la casuística desborda las regulaciones de mayor detalle que se pretenden, esto es todavía más cuando estamos ante situaciones como
las derivadas de desgracias naturales como incendios, inundaciones y similares. Y, por si esto no fuera suficiente, cuando, como es el caso, se pretende regular con urgencia, todavía es más necesario actuar con más flexibilidad, porque la urgencia
-y alguien lo ha dicho- puede fácilmente derivar en pura precipitación y hacer que las cosas por la vía de la urgencia no se hagan con la eficacia con la que se debieran hacer. De forma que nosotros somos partidarios de que, al final, el conjunto
de medidas que se arbitren sean de aplicación amplia, abierta y flexible. Claro que todo esto practicado sin medida puede llegar a una doble meta: a una pura discrecionalidad del Gobierno, por un lado, y a la inutilidad prácticamente total de este
trámite parlamentario, y algo de esto parece estar ocurriendo. En todo caso, insisto, mi grupo no es contrario a la flexibilidad, por ejemplo, a la que se introduce en el artículo 1.3, donde se amplía, como también se ha hecho en ocasiones
anteriores, a que el Gobierno mediante real decreto pueda declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas que hoy vamos a aprobar a incendios de características similares que puedan tener
lugar desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2007.
Por ejemplo, en el caso de Castellón. La pregunta es obvia, si se puede aplicar a los incendios desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre, ¿por qué no se podría aplicar desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre, o incluso en períodos más amplios si tuviéramos un esquema claro?
Termino. Mi grupo apoyará este real decreto en los mismos términos en los que ha sido enviado a esta Cámara por el Gobierno, pero nuestro voto significa que deseamos que el Gobierno aplique las medidas que configuran el mismo, por un lado,
de forma urgente, pero a la par de forma eficaz, generosa y plenamente coordinada con el conjunto de las instituciones que rigen la Administración canaria. Lo dejamos en su mano, pero confiamos que al hacerlo así sea en beneficio de las ciudadanas
y ciudadanos canarios que a finales de julio y primeros días de agosto se encontraron con un fuego devastador que fue arrasando cuanto encontraba a su paso, y que fue mucho, por desgracia: riqueza, naturaleza y viviendas. Si pueden encontrar algún
remedio en este real decreto, nos sentiremos satisfechos con ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, les avanzo que nuestro grupo votará favorablemente la aprobación de este real decreto que pone encima de la mesa unas ayudas necesarias para subsanar los graves incendios que se produjeron en las islas de Gran Canaria, Tenerife y
La Gomera, que, como ha comentado algún portavoz, ocasionaron que más de 12.000 personas fueran evacuadas y más de 30.000 hectáreas fueran devastadas por el fuego, originando una situación de desastre natural que ha afectado sobre todo a grandes
producciones agrarias y ganaderas y, como ha comentado algún portavoz, ha devastado también significativos espacios naturales o culturales como el caserío de Masca, en Tenerife, que tiene una peculiar simbología para todos los habitantes de la isla.
He tenido la oportunidad de estar este verano en Tenerife y la gente de la zona me comentaba la importancia del caserío de Masca y la necesidad de recuperar un espacio natural y cultural tan importante para la isla, como también para sectores
económicos.
En cuanto a las ayudas contenidas en este real decreto, nuestro grupo ve imprescindible que se aceleren todas las indemnizaciones agrarias y ganaderas. No podemos olvidar que los agricultores son parte importante en la ayuda para que no se
produzcan estos incendios, es decir, son una parte importante en la prevención de incendios. No se puede dejar que estos incendios acaben con la actividad agraria o ganadera en las islas afectadas porque en un futuro pueden ser parte importante en
esa necesaria prevención de incendios. Son importantes también las ayudas a la vivienda, ya que mucha gente la ha perdido. Entendemos que estas ayudas tienen que ser urgentes, como también las medidas laborales y de Seguridad Social o las ayudas
fiscales que marca este real decreto. Es verdad que es un real decreto más después de un incendio y que tendríamos que ser beligerantes en intentar que estas ayudas fueran anteriores, como ha comentado algún portavoz. Los incendios se apagan mejor
en invierno y todas las administraciones tienen que buscar soluciones de antemano. A mi grupo le gustaría que continuara esa coordinación, que se ha comentado que tan bien ha funcionado durante los incendios, de las cuatro administraciones
implicadas para seguir con las ayudas; sobre todo, que hubiera una coordinación en esas subvenciones del 50 por ciento que marca el real decreto para intentar mejorar toda la infraestructura viaria o los servicios municipales que se han visto
afectados. Entendemos que esa coordinación entre adminis
traciones locales sobre todo, pero también insulares y del Estado, es necesaria para que esas infraestructuras afectadas se puedan mejorar lo antes posible.
En definitiva, vamos a votar favorablemente estas ayudas y exigimos que continúe esa coordinación en el reparto de las mismas. También exigimos -el señor ministro lo ha comentado en su intervención- que se ponga encima de la mesa el real
decreto que ayude a paliar las consecuencias de los incendios que han afectado a los municipios de Las Useres, Llucena, Costur, Alcora, El Maestrat o Figuerola en el País Valencià. Las hectáreas quemadas también son importantes y es urgente
plantear ese real decreto. Cuando llegue a esta Cámara el real decreto sobre los incendios del País Valencià mi grupo parlamentario, cómo no, los votará favorablemente, igual que vamos a hacer hoy con este real decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para manifestar nuestra posición favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley 7/2007 que presenta el Gobierno ante el Pleno de esta Cámara.
Esperamos -como ya han dicho todos los portavoces en sus intervenciones- que obtenga el consenso de todos los grupos parlamentarios para así demostrar la solidaridad de esta Cámara con los afectados por este gran incendio que sufrió el archipiélago
canario el mes pasado.
Nuevamente estamos en una praxis legislativa de reales decretos para lo cual previamente se ha producido una situación catastrófica en la que el Gobierno ha actuado con celeridad y en coordinación con las administraciones afectadas y para lo
que hay que adoptar unas medidas de emergencia que por eficiencia tienen que ser por real decreto. En este caso, el catálogo de medidas es más amplio y más coherente, quizá porque las administraciones afectadas han intervenido con mayor
coordinación; de todas formas, este decreto es más completo o al menos mejora actuaciones anteriores para situaciones catastróficas, lo cual está en el tenor de las intervenciones que me han precedido.
Es importante señalar que la exposición de motivos habla de la coordinación de diez ministerios, bajo la dirección de la Vicepresidencia del Gobierno, lo cual de alguna forma da idea de la eficiencia del Ejecutivo en toda su actuación. En
este caso entendemos que además es importante el hecho de que en el artículo 1.3 se abra la posibilidad de extensión de estas normas a Castellón, para lo que se necesitará -según nos ha manifestado el señor ministro- la publicación de un nuevo real
decreto. Todos los grupos parlamentarios junto con el Gobierno hemos aprobado, hemos sustanciado reales decretos para paliar efectos de la sequía, de heladas y de incendios, pero nunca de la dimensión del que estamos debatiendo ahora. También
veríamos adecuado que estas medidas excepcionales plasmadas en este real decreto tuvieran un mecanismo que diera seguridad jurídica a la actuación del Gobierno y que prevea este tipo de medidas de forma automática, para que no fueran tan repetitivas
en su aplicación; en definitiva, que se tratara del cumplimiento de una norma legislada, debatida y aprobada por todos los grupos de la Cámara.
También sería deseable que evitara, de alguna forma, que estas situaciones repetitivas -como será ahora
el decreto-ley para Castellón y como fueron el año pasado dos decretos relacionados con las sequías y uno con las heladas- tuvieran la plasmación de la eficiencia del Gobierno en el seguimiento de los riesgos catastróficos. Nos gustaría que la
aprobación de un real decreto tuviera ya un mandato legislativo previo al cual el Gobierno se acogiera, evitando así la discusión -o al menos en este caso la falta de marco legislativo- sobre si se tramita o no como proyecto de ley. Esto tendría
que ser una previsión anterior y, entendiendo la confianza que da al Ejecutivo esta Cámara, la actuación debería ser automáticamente aprobada. Por ello nuestro grupo dará su apoyo a la convalidación de este real decreto que hoy se nos presenta para
su aprobación y, en coherencia, no daremos nuestro apoyo si se produjera la votación para tramitar el presente real decreto-ley como proyecto de ley.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, permítame que en el primer Pleno de este periodo de sesiones, al comienzo de mi intervención, me detenga en el enorme vacío que provoca la ausencia de Gabriel Cisneros y no solo por su talla
política a lo largo de las últimas tres décadas, sino sobre todo por su enorme coraje personal mostrado en esta misma legislatura. Para él toda mi admiración. (Aplausos.)
Señorías, no es la primera vez que en esta legislatura diputados canarios suben a esta tribuna para intervenir en un debate de convalidación de un real decreto-ley de ayudas urgentes para paliar los daños producidos por una catástrofe en
nuestro archipiélago. Lamentablemente ya lo tuvimos que hacer con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley 14/2005, por el que se adoptaron medidas para reparar los daños producidos por la tormenta tropical Delta los días 28 y 29 de
noviembre de 2005, y también para la convalidación de los reales decretos que aprobaron las ayudas con ocasión de las inundaciones en El Hierro y en La Gomera. La naturaleza entonces y ahora la irresponsabilidad del hombre han golpeado durante
nuestro archipiélago. Afortunadamente esta vez no ha habido pérdida de vidas humanas pero los cuantiosos daños producidos en nuestro riquí
simo entorno natural, en la ganadería, en viviendas, en infraestructuras y sobre todo el miedo de los miles y miles de canarios desalojados hace que tardemos mucho tiempo en olvidar el poder devastador del fuego. Los datos hablan por sí
mismos: tres islas quemándose a la vez, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera; quince municipios afectados: Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Los Realejos, San Juan de la Rambla, la Guancha, Icod
de los Vinos, Garachico, El Tanque, Los Silos, Buenavista, Santiago del Teide y Guía de Isora, en Tenerife; y Vallehermoso en la Gomera. Más de 30.000 hectáreas afectadas, de las cuales han quedado totalmente calcinadas más de la mitad; más de
12.000 personas evacuadas; medio millar de animales -ganado y animales de granja- quemados; gravísimos daños en nuestro medio natural, agricultura, infraestructuras y viviendas, y cientos de miembros de los servicios contra incendios, de los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios de emergencia y miles de voluntarios luchando contra el fuego al que la naturaleza en esos días se lo puso extremadamente fácil: 40 grados de temperatura, una humedad relativa del aire de
apenas el 8 por ciento y vientos de 70 kilómetros por hora. A todos ellos vaya también nuestro reconocimiento.
Señorías, todos ustedes han presenciado el escenario dantesco que deja atrás un incendio de estas dimensiones. El dramático incendio de Guadalajara, el de Galicia y en estos mismos días el de Castellón son recuerdos que todos tenemos en la
memoria reciente. Estaréis conmigo en que son las imágenes más desoladoras que existen. Señora Navarro, hoy no debatimos aquí sobre Guadalajara, y en Guadalajara todos los ciudadanos saben perfectamente qué fue lo que paso en estos días.
El real decreto que hoy debatimos y que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar de forma inequívoca es similar al aprobado por este Congreso de los Diputados en situaciones similares. Recoge la subvención del 50 por ciento del coste de
daños en infraestructuras municipales y de la red viaria de los cabildos insulares; indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas; beneficios fiscales en los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades económicas; reducciones
fiscales especiales para las actividades agrarias; medidas laborales y de Seguridad Social; ayudas para daños personales y las destinadas a establecimientos mercantiles, agrarios y de servicios. También contempla ayudas a personas físicas o
jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes; líneas preferenciales de crédito a cargo del ICO; un régimen de ayudas a las corporaciones locales; actuaciones de restauración forestal y medioambiental y ayudas excepcionales en
materia de vivienda para alquiler de vivienda, si se hubiera producido la destrucción total, así como para la rehabilitación, reparación y reconstrucción de las mismas. En relación con estas ayudas a las viviendas, el artículo 10 del real
decreto-ley establece para el caso de la destrucción total de la vivienda una ayuda del 50 por ciento del valor de los daños producidos, sin que en ningún caso el importe de la ayuda pueda superar el 40 por ciento del precio de venta de una vivienda
de protección oficial en régimen especial. Si la vivienda no hubiera sido destruida sino dañada, la cuantía máxima no podrá superar los 12.000 euros. Estas cuantías, sin duda escasas para los afectados, son similares a las que el Gobierno venía
otorgando para daños sufridos en catástrofes similares, ya fueran incendios, inundaciones o tormentas tropicales como el Delta. Esto había sido así siempre; siempre hasta el último Real Decreto-ley, el 6/2007, en el que el Gobierno aprobó -y se
convalidó en el Congreso con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular- la reconstrucción total de nuevas viviendas donde realojar a los vecinos del barrio Hermanos Laguna, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, cuyas viviendas habían sido gravemente
dañadas por las inundaciones. Es absolutamente cierto que esas viviendas eran muy antiguas y que por su ubicación podrían verse afectadas de nuevo, pero también es absolutamente cierto que el Gobierno, con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, decidió financiar la total reconstrucción de las viviendas, variando el criterio seguido hasta la fecha sobre el límite de ayudas en los casos de destrucción total de la vivienda. El Grupo Parlamentario Popular pide la misma
generosidad al Gobierno, por eso solicitamos la tramitación de este real decreto como proyecto de ley, con el fin de introducir las oportunas modificaciones que lo mejoren -ya se han señalado aquí varias de esas modificaciones- y para la
financiación de la total reconstrucción de las viviendas destruidas.
Desde la convalidación del real decreto de ayudas para Alcázar de San Juan el Gobierno sabe que la petición de la financiación de la total reconstrucción de las viviendas destruidas por catástrofe iba a ser exigida. Se lo apuntaron varios
portavoces que intervinieron en la sesión extraordinaria del pasado 26 de julio en la que el más claro fue, como casi siempre, el señor Beloki. El señor Beloki puso en evidencia que con la financiación de la total construcción de las nuevas
viviendas el Gobierno estaba rompiendo un esquema con el que había trabajado hasta la fecha. El señor Beloki preguntaba al Gobierno: ¿Cómo quedamos para el futuro? ¿Cómo queda el esquema en el que estábamos operando y qué vía abrimos al futuro?
Y decía textualmente que al actuar de esta forma pueden estar ustedes echándose sobre sus espaldas una mochila que será progresivamente más pesada. Sin duda, los vecinos del barrio Hermanos Laguna merecían la solidaridad del Gobierno, pero los
canarios que han perdido totalmente sus viviendas, los más afectados, como los de Cercados de Araña en San Bartolomé de Tirajana, Casas de Veneguera en Mogán o Masca en Tenerife, merecen la misma solidaridad, y si hace algo más de un mes había
presupuesto creemos que un mes después también. Por eso pido al Grupo Parlamentario Socialista, en especial a su portavoz en este
debate, doña Pilar Grande, que apoye nuestra petición. Lo contrario en Canarias no se entendería.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, dicen los expertos que el 96 por ciento de los incendios forestales están causados por la mano del hombre y que de ellos el 62 por ciento son intencionados. A finales del pasado mes de julio las condiciones climáticas en
Canarias no eran desde luego las mejores: teníamos unas temperaturas de más de 40º, incluso superiores en las cumbres; una humedad relativa del aire inferior al 10 por ciento y unos vientos racheados superiores a 75 kilómetros por hora. En esta
complicada situación meteorológica surgió la mano del hombre; unas manos de esas que pertenecen al 62 por ciento que provoca intencionadamente un fuego. Y entre el 27 de julio y el 2 de agosto pasados sufrimos de nuevo en Canarias un incendio, en
esta ocasión de enormes dimensiones, que afectó sobre todo a las islas de Tenerife y Gran Canaria, en el que se quemaron alrededor de 26.000 hectáreas, obligando a evacuar a más de 12.000 personas ante el riesgo no solo del fuego que se acercaba
sino también de los efectos del intenso humo que el viento cambiante de dirección empujaba hacia núcleos habitados. También en la isla de Gomera, entre los días 27 y 30 de julio, y esta vez debido a la caída de un cable, comenzó un incendio que
afectó a los municipios de Vallehermoso y Alajeró, quemando alrededor de 200 hectáreas, 48 de las cuales eran de cultivo agrícola, y afectando a más de 1.100 palmeras, muchas de ellas centenarias. Según el informe de los técnicos de Medio Ambiente
de los cabildos de las islas afectadas, este grave incendio tendrá diferentes efectos en el tiempo. Como primer efecto inmediato, la alteración global del ecosistema, la pérdida del hábitat y de las especies animales, con destrucción de fauna y
flora protegidas como el pinzón azul, que habita en la Reserva Natural de Inagua, en Gran Canaria, y que es el ave más amenazada de España. A medio plazo, al quedar el suelo sin protección, estará expuesto a la erosión y a la pérdida de fertilidad.
Y a largo plazo, sabemos que siempre, tras un siniestro de este tipo, se altera la evolución natural de la vegetación favoreciendo el crecimiento de las especies más colonizadoras, volviéndose además más débil y por tanto propensa a daños bióticos
como plagas y enfermedades o abióticos como temporales o sequías.
Desde que comenzó el incendio los cabildos declararon el nivel 1 y se pusieron en marcha todos los efectivos disponibles en Canarias: los servicios contra incendios de las consejerías de Medio Ambiente; el Consorcio de Emergencias;
Protección Civil y, sobre la marcha, la recién creada Unidad Militar de Emergencia. Para que SS.SS. se puedan hacer una idea, solo en Gran Canaria tres días después del comienzo y a pesar de las ochocientas personas que trabajaban sin descanso
todavía había ocho grandes frentes abiertos y la mayoría de ellos fuera absolutamente de control. En esos días también estaban activos en la Península otros focos de diferente intensidad, algunos de ellos también de carácter grave, como los de
Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga en Andalucía; los de Zamora, Soria y Ávila en Castilla y León; el de Huesca en Aragón; Guadalajara y Toledo en Castilla-La Mancha, y Girona y Tarragona en Cataluña. En todos y cada uno de ellos el Ministerio de
Medio Ambiente, como en otras ocasiones similares, envió inmediatamente medios para apoyar la gestión del fuego que llevaban a cabo las autoridades autonómicas, que son las que tienen la competencia, intentando reforzar su actuación mediante
mecanismos de cooperación que optimizaran los recursos para conseguir el objetivo común, que ha de ser siempre salvaguardar la seguridad de las personas y apagar lo antes posible el fuego. Lo primero se consiguió, no teniendo que lamentar daños
personales de consideración. Y en cuanto a lo segundo, las condiciones meteorológicas en esos días en Canarias y las características del terreno hicieron que fuera bastante más complicado.
En el caso de Canarias, el Ministerio de Medio Ambiente
colaboró con siete helicópteros y cinco aviones, que realizaron más de 1.300 descargas, además de aportar 86 combatientes de dos brigadas helitransportadas y 20 miembros de retenes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. No creo que esté de
más recordar en este momento que en el año 2004 el Ministerio de Medio Ambiente disponía en Canarias de dos aviones de carga en tierra y no había en la comunidad ninguna brigada helitransportada. Esta situación, gracias a Dios, se ha corregido y
desde el año 2006 Canarias dispone de forma permanente de una BRIF destacada en la isla de La Palma que cuenta con dos helicópteros y un helicóptero más de manera permanente en la isla de Tenerife. Asimismo, el Ministerio de Defensa aportó ayuda
suplementaria: además de los 57 miembros de la Unidad Militar de Emergencia, ya destacados en Gran Canaria, llegaron otros 227 de la Península de manera inmediata en aviones del propio ministerio; por cierto, se creará otra unidad permanente en
Tenerife, con base en Los Rodeos, de tal manera que de los siete destacamentos de este nuevo operativo, dos estarán en Canarias, lo cual es una demostración más del apoyo que este Gobierno da a la Comunidad canaria.
A pesar de la cantidad de medios humanos y materiales que trabajaban simultáneamente en las tres islas en unas condiciones meteorológicas absolutamente adversas, las llamas iban ganando la partida, llegando a afectar en Gran Canaria a 144
viviendas, de las cuales 15 fueron totalmente destruidas, a 635 explotaciones agrarias y a casi 11.000 cabezas de ganado, quemando asimismo 107.000 frutales, kilómetros de tendido eléctrico y tuberías de suministro de agua. El Cabildo de Gran
Canaria ya ha recibido más de 500 solicitudes de ayuda de emergencia, de las que se han repartido 85 hasta el
momento y que corresponden a los casos más urgentes de los municipios más afectados como los de Mogán, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana, ya que en la aldea de San Nicolás, gracias a Dios, no hay ninguna vivienda afectada. Por lo que
respecta a la isla de Tenerife, se quemaron más de 13.600 hectáreas de arbolado, otras 1.700 de matorrales y 1.500 de pastizales; un fuego que comenzó en Los Realejos y que afectó a 10 municipios de los 31 que tiene la isla, llegando a 100
viviendas, de las que 30 han quedado totalmente destruidas, así como el enclave histórico de Masca, del que han hablado otros portavoces.
Pero si duro es ver cómo algunos desaprensivos provocan la destrucción de nuestro medio natural, de nuestras casas y animales, de nuestros cultivos, en definitiva, del medio de vida de muchas familias, más duro todavía sería que las
administraciones públicas no hicieran todo lo que estuviera en su mano no solo para apagar el fuego, como en esta ocasión, sino también para reparar los daños materiales producidos. Algunas de esas administraciones ya han reaccionado, como hemos
visto en el caso de los cabildos y del Gobierno de España, que no se limitó a las visitas de los ministros de Medio Ambiente, Defensa e Interior, sino que el propio presidente del Gobierno se desplazó a Canarias el día 1 de agosto para interesarse
personalmente sobre el terreno por las consecuencias de los incendios y acompañar a los responsables de las administraciones canarias en cuanto representantes del pueblo canario, que en esos días estaba atravesando uno de los peores momentos de los
últimos años. No solo tuvo lugar esa presencia o la aportación de medios materiales y humanos de la Administración General del Estado para apagar el fuego, como hemos visto, sino que además en un Consejo de Ministros extraordinario y urgente, dos
días después, el Gobierno de la nación, en el marco del principio constitucional de la solidaridad, aprobó este real decreto, adelantándose por cierto incluso al decreto del Gobierno de Canarias, que se aprobó cuatro días más tarde. Precisamente,
el motivo de la convocatoria del Pleno del día de hoy es la necesaria convalidación de este Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, en el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias pero
que, como reza en el punto 3 de su artículo 1, y como ya han dicho otros portavoces, también es aplicable a otros incendios de características similares que hayan acaecido en otras comunidades autónomas en el periodo de 1 de marzo a 1 de noviembre
de 2007, por lo que hoy no solo hablamos de Canarias sino también de otros puntos de la geografía española azotados por el fuego, como el más reciente y tremendo incendio que ha sufrido la provincia de Castellón en los últimos días de agosto y que
ha quemado en una primera estimación 5.500 hectáreas. En nombre de mi grupo parlamentario pido a los grupos de la Cámara que lo voten afirmativamente y al Partido Popular, en particular, que por una vez hoy obvien la petición de su tramitación como
proyecto de ley -aunque he escuchado ya al señor Matos que no lo ha obviado-, pues ello conllevaría retrasos en los tiempos de aplicación de las medidas que contiene este real decreto y que sería deseable que se aplicaran coordinadamente en tiempo y
forma con las aprobadas por otras administraciones canarias como la de los cabildos y el propio Gobierno canario, del que ahora el Partido Popular, además, forma parte. Piensen ustedes qué argumentos van a utilizar sus compañeros del Partido
Popular de Canarias para explicar a los miles de afectados que se ha retrasado la aplicación de medidas de ayuda urgente, que necesitan inmediatamente y que la aprobación y aplicación de este real decreto les proporcionaría, simplemente porque lo
dice el manual de la oposición. Piensen también que estamos convalidando un real decreto que será de aplicación a otras muchas zonas siniestradas en otras comunidades autónomas donde ha quedado afectado otro gran número de familias que se
encuentran en la misma situación de urgencia y necesidad que los canarios. Señorías, no sería muy lógico que el Parlamento retrasase la agilidad con que el Gobierno ha reaccionado sin que ello significase ventaja alguna en obtener diferente
resultado en su aplicación.
Si las imágenes de un incendio en televisión son sobrecogedoras y nos asombró ver las del satélite con las columnas de humo elevándose desde las islas, les aseguro que vivirlo en directo es algo muy difícil de olvidar. Yo vivo en un
municipio de los más afectados de la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, y en esos días, junto con otros responsables públicos, recorrí algunos frentes del fuego. Pude ver el incansable trabajo de bomberos, de la gente de Protección
Civil, del Servicio Canario de la Salud, de los voluntarios que atendieron a los miles de desplazados, de las policías locales, del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Unidad Militar de Emergencia, de reciente creación, sobre
la cual, por cierto, algunos vecinos me llegaron a transmitir su especial agradecimiento por su eficaz y profesional intervención. Pude comprobar la solidaridad de empresarios turísticos, que ofrecieron apartamentos y habitaciones de hotel para
alojar a los desplazados, y de supermercados y restaurantes, que repartieron agua y comida para los que luchaban contra el fuego. Quiero desde aquí una vez más agradecer su contribución y la labor de todos y cada uno de ellos.
Señorías -voy terminando, señor presidente-, casi el 80 por ciento de la superficie arbolada que se ha quemado este año en nuestro país está en Canarias, y aunque este año se ha reducido tanto el número de incendios como la superficie
quemada a más de la mitad respecto al año pasado todavía queda mucho trabajo por hacer. Las administraciones públicas deberán seguir trabajando coordinadamente, sobre todo en la línea de prevención, de la gestión de limpieza y de los espacios
naturales, en la formación de profesionales y voluntarios, en la educación de la población en general y en otros muchos ámbitos, para evitar no solo las a veces irreparables consecuencias medioambientales sino también el paisaje
desolador y la enorme sensación de tristeza que les aseguro nos queda tras un incendio forestal de estas características.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Grande.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de un nuevo miembro del Congreso de los Diputados. Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado
proclamado electo por la Junta Electoral Central don Rafael Lapeña Gil, en sustitución de don Gabriel Cisneros Laborda, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor LAPEÑA GIL: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Rafael Lapeña ha adquirido la condición plena de diputado. Bienvenido. (Aplausos.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 7/2007, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Número de expediente 130/000047.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.) El Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 136; en contra, 167; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA TERCERA DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA TERCERA DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 022/000001.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a continuación a la votación por papeleta de la elección de la vicepresidencia tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Ruego traigan la urna. La señora Sainz puede comenzar el llamamiento.
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.
Terminada la votación y verificado el escrutinio dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado es el siguiente: votos emitidos 297; votos a favor de don José Joaquín Martínez Sieso, 277; votos en blanco, 20; votos nulos, ninguno. En consecuencia, ha resultado elegido para ocupar la
vicepresidencia tercera de la Cámara el señor Martínez Sieso.
(Aplausos. El señor vicepresidente tercero ocupa su lugar en la Mesa.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
- DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 121/000134.)
- DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000136.)
El señor PRESIDENTE: Quisiera solicitar de la Cámara su acuerdo para la avocación respecto a la deliberación y votación final de las siguientes iniciativas: proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información y proyecto
de Ley sobre reutilización de la información del sector público. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias. Queda aprobada esta propuesta de avocación.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.