Camiño de navegación
Publicacións
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 23/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 179
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 168
celebrada el martes, 23 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:
-Del Parlamento de Andalucía, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 246-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente 127/000004.) ... (Página
8928)
SUMARIO
Se abre la sesión a la una de la tarde.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página 8928)
Del Parlamento de Andalucía, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía ... (Página 8928)
Los representantes del Parlamento de Andalucía, señora Caballero Cubillo y señores Sanz Cabello y Gracia Navarro, defienden ante el Congreso de los Diputados, por petición expresa del Parlamento de Andalucía, la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias; Rodríguez Sánchez, Labordeta Subías y las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
Cierra el turno de fijación de posiciones el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de réplica intervienen la señora Caballero Cubillo y los señores Sanz Cabello y Gracia Navarro, representantes del Parlamento de Andalucía y el señor Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra para una cuestión de orden, que no le es concedida.
Continúan el turno de réplica los señores Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Termina el turno de réplica el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Por alusiones interviene el señor Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
El señor Rajoy Brey pide la palabra, que no le es concedida.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se aprueba por 187 votos a favor y 136 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a la una de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
-DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA. (Número de expediente 127/000004.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, se abre la sesión.
Vamos a empezar con el punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Propuesta del Parlamento de Andalucía de reforma del Estatuto para esta comunidad.
Antes de comenzar propiamente los debates, permítanme que salude en las tribunas a la representación del Parlamento y del Gobierno andaluz.
Bienvenidos al Congreso de los Diputados. (Aplausos.)
El procedimiento es el ya conocido por la Cámara y que se ha utilizado en anteriores ocasiones. En primer lugar procederemos a la presentación de la propuesta por la delegación de la Asamblea de la comunidad proponente por un tiempo
conjunto de 40 minutos. Intervendrán doña Concepción Caballero, don Antonio Sanz y don Manuel Gracia.
Tiene la palabra doña Concepción Caballero.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Señor presidente del Congreso, señor presidente del Gobierno, señores del Gobierno, señora presidenta del Parlamento de Andalucía y señor presidente del Gobierno
andaluz, señoras y señores diputados, hoy venimos del sur para defender en nombre del Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de un nuevo Estatuto de Autonomía, un texto que resume nuestra aspiración de máximo autogobierno, máximas competencias y
nuevos derechos sociales. Nuestro Estatuto de Autonomía es también una contribución al avance del Estado de las autonomías en el conjunto de España, una contribución desde un territorio que considera la autonomía como el mejor instrumento para la
cohesión de la sociedad y de los territorios. Y lo que acabo de decir no es una frase. Ninguna comunidad como Andalucía ha sufrido tan duramente en su gente la marginación económica y política por causa del centralismo: paro, emigración y
exclusión. Por eso venimos a afirmar que autonomía, igualdad y democracia son la mejor respuesta. Pero del pasado solo quiero destacar la lucha del pueblo andaluz por salir de esta situación tomando como bandera su autonomía. En plena transición
política toda Andalucía tuvo que salir a la calle para reclamar una autonomía que la naciente democracia aún le negaba. Es la historia de nuestro 28 de febrero de Andalucía, una historia que algunos todavía no han comprendido, y la conquista de
nuestra autonomía es la que nos ha dado a los andaluces identidad como pueblo. Hay una bella lección en esta historia. El Gobierno central de UCD se negó a que se diera a Andalucía la autonomía plena contemplada en el artículo 151 de la
Constitución. Al igual que hoy otros hacen, creían que Andalucía carecía de fuerza y de carácter. Hablaron de indolencia, bromearon a costa de Andalucía, como algunos siguen haciendo, y demostraron no conocer nuestra tierra. Pues bien, cuando
llegó el 28 de febrero, la cita de ese referéndum, no encontraron una voz para su no, no encontraron, como esperaban, un pueblo dormido, sino una verdadera sublevación popular pacífica que reclamaba autonomía de primera categoría.
El Estatuto andaluz vigente nació no de un consenso, sino huérfano de la derecha política, con notables excepciones, que afortunadamente hoy todavía lo siguen siendo, pero en medio de un fuerte apoyo popular de cambio y de transformación de
nuestra tierra. La autonomía andaluza no ha sido una carta otorgada, sino el único proceso autonómico en etapa democrática conquistado en las urnas contra un Gobierno central que nos lo negó. Hace 26 años triunfó la voluntad firme de todo un
pueblo que no quiso resignarse al subdesarrollo y a la desigualdad. No fue un Estatuto contra nadie, sino contra el paro, la emigración, la estructura injusta de nuestra tierra y el dominio que unos pocos ejercían. No fue un proceso de
confrontación con otras comunidades, sino un impulso para superar problemas históricos. El proceso autonómico andaluz fue útil para Andalucía, pero también fue útil para todas las comunidades que después quisieron avanzar en la línea de la
autonomía plena. Me pregunto, y pregunto a SS.SS., si el Estado autonómico actual sería el mismo si Andalucía no hubiera abierto entonces esa pesada puerta que hasta entonces estaba clausurada. Pues bien, hoy, 26 años después, traemos un nuevo
Estatuto a este Congreso con la misma intención política: igualdad, solidaridad y máximo autogobierno. No queremos trazar líneas divisorias ni diferencias. Venimos a abrir caminos, a proclamar que queremos ser iguales y a destacar que las puertas
de los nuevos desarrollos autonómicos tienen que estar abiertas para todo aquel que lo desee.
Venimos a decir que en nuestro país, en España, democracia y autonomía son parte de la misma moneda. La reforma de los estatutos es una necesidad
política e histórica. Hace 26 años se carecía de experiencia autonómica, no pertenecíamos a la Unión Europea y la sociedad era radicalmente distinta. Pero ante todo la necesidad de reforma es ciudadana y social, reforma estatutaria para que los
servicios, desde el principio de igualdad, se presten con eficacia y proximidad a los ciudadanos y sobre todo para reconocer nuevos derechos sociales y nuevos derechos de ciudadanía. Por ello, señorías, lo sustantivo, lo diferencial de nuestro
Estatuto no es la denominación, a la que después me referiré, sino su indiscutible sello social. Presentamos un Estatuto autonomista y federal ante el Estado, pero profundamente social ante la ciudadanía. Las competencias de autogobierno
carecerían de sentido si no fuese para utilizarlas a favor de las demandas sociales. Hemos colocado en nuestro Estatuto al ser humano, a todo ser humano, en el centro de nuestro interés y a su medida hemos abordado temas tan importantes como los
derechos sociales, los problemas laborales o la preocupación medioambiental.
La democracia nos trajo la universalización de los derechos educativos y sanitarios; ahora la sociedad nos exige calidad y nuevos derechos. Pues bien, hemos planteado un Estatuto con un significativo avance en el Estado social y
democrático de derecho; un Estatuto pensado para las mujeres y los hombres del siglo XXI; un Estatuto pensado para evitar la fractura que se puede producir en los años venideros, que no es la ruptura del Estado, que no es la ruptura de España,
sino la fractura social. Que un 30 por ciento de la población quede atrás, que quede al margen del desarrollo económico, eso es fractura social, que las jóvenes generaciones no encuentren trabajo de calidad, eso es ruptura social. Y esa es la que
con más fuerza deberían combatir los poderes públicos. Este Estatuto que presento incluye 21 nuevos derechos, recogidos en otros tantos artículos, algunos con compromisos concretos, a los que me referiré. Además este Estatuto incluye 25 políticas
públicas de carácter social vinculante para los futuros gobiernos andaluces. Quiero llamarles la atención sobre algunas disposiciones especialmente queridas para el Grupo de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, al que pertenezco.
Este va a
ser un Estatuto para la igualdad
real de las mujeres en todos los ámbitos. A lo largo de 16 artículos de nuestro Estatuto se contemplan los deseos de igualdad de las mujeres en la representación pública, en el trabajo, en la promoción profesional, en la retribución. Si
así se aprueba, y el pueblo andaluz lo refrenda, será el primer texto jurídico de este rango que reconozca como objetivo la democracia paritaria, es decir, compartir codo con codo hombres y mujeres el Gobierno y la representación de nuestra
sociedad. Es este también un texto que reconoce el derecho a una renta básica, a los libros de texto gratuitos, a los nuevos servicios sociales para las personas con dependencia o discapacidad, a la libre orientación sexual, al no dolor y a los
cuidados paliativos, el acceso universal a las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera. En definitiva, es un texto cargado de sentido y sensibilidad hacia la vida cotidiana de nuestra gente. Es, señoras y señores diputados, un Estatuto que
contempla un capítulo completo dedicado al empleo, donde se afirma en más de diez ocasiones el término calidad; calidad para que las jóvenes y los jóvenes no estén en la precariedad; calidad y seguridad frente a los accidentes laborales y calidad
en el conjunto de las relaciones laborales.
Llamo también su atención sobre un nuevo título dedicado al medio ambiente, una novedad que nos plantea situar el desarrollo sostenible como piedra angular en la orientación económica general; un título que aborda la necesidad de evitar la
especulación urbanística, que es, como todos ustedes saben, una enorme preocupación social. También se determina la seguridad alimentaria, el principio de precaución en la biotecnología y la apuesta por las energías renovables. Pero sobre todo
quiero destacar que se convierte en derecho lo que antes era beneficencia y se establece un compromiso público de alcance con el conjunto de los ciudadanos andaluces a través de la creación de una red pública de servicios sociales. Finalmente,
señoras y señores diputados, hemos vinculado jurídicamente estos derechos para que su cumplimiento sea exigible incluso por vía judicial.
También ha estado, como no podía ser de otra manera, en nuestras preocupaciones la financiación autonómica. Hemos fijado un principio de financiación que consideramos de aplicación general: autonomía financiera y suficiencia de recursos,
derechos de igualdad, factor de población como parámetro fundamental en la determinación de la financiación, corresponsabilidad fiscal y creación de la Agencia Tributaria. Quiero además señalar desde este foro la necesidad de que sea satisfecha de
una vez para siempre la deuda histórica con Andalucía, que está en nuestro actual Estatuto y que todavía no se ha pagado en la forma debida.
En materia competencial, quiero decirles que España no se rompe porque las comunidades autónomas decidamos conjuntamente con el Estado por dónde va una carretera o porque gestionemos un servicio público; olvida quien mantiene esta tesis que
las comunidades autónomas y los ayuntamientos somos también Estado. Y quiero detenerme en materia competencial en la reclamación del Guadalquivir como río andaluz. El Guadalquivir, señorías, es un río que nace y muere en Andalucía y que tiene
pequeños afluentes, fundamentalmente en forma de arroyos y riachuelos, que afectan a otras comunidades, pero es un río que estructura Andalucía. Nuestra historia y nuestra economía han estado ligadas a él, hasta el punto de que decir Guadalquivir y
decir Andalucía es lo mismo. El informe del consejo consultivo ha avalado la completa constitucionalidad de esta competencia, pero, como comprenderán, una tierra seca como Andalucía no participará en ninguna guerra del agua. Por eso les anuncio,
para evitar su preocupación, sobre todo de esta banda (Señala los escaños que están a su derecha.-Protestas.), que Andalucía renuncia a gestionar un solo metro cuadrado de ribera que no sea nuestro o un solo metro cúbico que no pertenezca al agua de
Andalucía, porque en el Estatuto hemos previsto los mecanismos necesarios de cooperación para que no se desate ningún desequilibrio territorial ni mucho menos ninguna apropiación, como algún presidente ha anunciado.
Ya anuncié, señorías, que hemos venido a abrir caminos y no a trazar fronteras. El Parlamento nos ha mandado no un mensaje de dimisión o de confrontación, sino uno de esperanza y de propuestas. Pues bien, señoras diputadas y señores
diputados, a este objetivo de máximas competencias, nuevos derechos sociales y objetivos económicos es a lo que queremos referirnos cuando hablamos de realidad nacional de Andalucía. En nuestra opinión, en la de Izquierda Unida, preferiríamos la de
nación andaluza.
Hay dos autonomías, señores del Partido Popular, que se llaman reino y a nadie escandaliza ni nadie piensa que vayan a constituir una monarquía independiente; sin embargo, escandaliza tremendamente la palabra nación o identidad
nacional. Pues bien, desde un sentimiento unitario como el de Andalucía, en nuestro texto afirmamos la realidad nacional de Andalucía porque con esta denominación queremos señalar no solo una identidad que existe, sino también una voluntad política
de igualdad. El profesor Clavero afirma: Realidad nacional es lo que Andalucía hizo el 28 de febrero. ¿Les suena? Y el ex ministro de Trabajo don Manuel Pimentel dice que Andalucía debe reclamar el techo competencial y de autogobierno que se le
conceda a cualquier comunidad, denominación nacional incluida.
Incluso llega a decir lo siguiente: Muchos de los votantes del Partido Popular se decantarán por el sí al Estatuto, sobre todo si bajan muchos dirigentes populares nacionales durante
la campaña.
El señor PRESIDENTE: Señora Caballero, debe concluir.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Termino de inmediato, señor presidente.
Aceptamos de antemano el reto de un debate abierto y pluralista, pero esta semana hemos escuchado demasiadas descalificaciones sobre nuestra identidad, sobre nuestro carácter y nuestra forma de vida y advertimos que hieren profundamente a
Andalucía aquellos que intentan ridiculizarla.
No se debe confundir la alegría y la amabilidad con la debilidad. Las fuerzas del no no deberían seguir acuñando sobre nuestra tierra folclorismo y tópicos sin sentido.
El señor PRESIDENTE: Señora Caballero.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Esta Andalucía -termino inmediatamente- que representamos es abierta e incluyente, una tierra trabajadora, una tierra que no se enciende de orgullo vano, pero que ha
sido la cuna de grandes civilizaciones; una Andalucía en la que nacieron voces universales de nuestro arte y nuestra literautra: Alberti, Machado, Cernuda, Juan Ramón Jiménez, García Lorca...
El señor PRESIDENTE: Señora Caballero, discúlpeme, el tiempo que retiene usted se lo quita al siguiente orador. Le ruego que concluya. (Rumores.)
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): No es una gran amenaza, señor presidente, pero termino en seguida.
(Risas.)
Fueron poetas andaluces que llegaron a ser universales, como decía Juan Ramón, a fuerza de ser andaluces, y creemos tan firmemente en esta universalidad de Andalucía y en esta identidad como Blas Infante, el padre de la patria andaluza, que
la llevó al himno de Andalucía: Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. (Rumores.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Antonio Sanz.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Cabello): Señor presidente, señoras y señores diputados, con permiso de la Presidencia quiero empezar saludando al señor presidente de la Junta de Andalucía, a la señora presidenta
del Parlamento de Andalucía, a los líderes de los partidos políticos andaluces y a los compañeros parlamentarios que hoy nos acompañan en esta Cámara. Es un gran honor para mí intervenir en nombre del Grupo Popular de Andalucía en la sede de la
soberanía del pueblo español, consciente de que hoy es un día importante para mi tierra, y es que estamos en las Cortes Generales debatiendo una de las iniciativas políticas y jurídicas que es con seguridad de las más importantes de la historia de
nuestra autonomía.
Señorías, en primer lugar me van a permitir que diga que vengo hoy aquí a representar y a defender la voz plural de Andalucía, que vengo a trasladar la voz real del Parlamento de Andalucía; una voz que no ha sido la de la unanimidad, una
voz que desgraciadamente no ha logrado ser la voz del consenso. Y es que el texto que hoy se debate viene a esta Cámara con el rechazo ni más ni menos que del 40 por ciento de los representantes del pueblo andaluz, incluidos los miembros del
Partido Andalucista que hoy no pueden intervenir pero que, por motivos completamente diferentes a los de mi grupo, se han manifestado también en contra de este proyecto de reforma. Algunos intentan tapar esta realidad.
Han querido silenciar la
palabra de una parte muy considerable de los andaluces. Han querido y quieren trasladar la sensación de que en Andalucía existe una voz única, un pensamiento único, pero no, señorías, los intereses de Andalucía van mucho más allá de los intereses
del Partido Socialista. Andalucía no es patrimonio de ningún partido político, es patrimonio de todos los andaluces. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Por eso vengo hoy aquí con el orgullo y la responsabilidad de representar a ese millón y medio de
andaluces que tenemos derecho a opinar, que tenemos derecho a defender otra Andalucía posible, otro Estatuto mejor para Andalucía.
Señorías, desde el Partido Popular de Andalucía creemos que es un grave error pasar del Estatuto del consenso y la unidad, que es la realidad que ha supuesto el Estatuto vigente de Carmona, al Estatuto de la división y la discordia que se
presenta hoy en esta Cámara. Convendrán conmigo en que las grandes reformas que afectan a la columna vertebral de un Estado de derecho -y un Estatuto lo es- requieren tres requisitos básicos para emprenderla: visión de Estado, una enorme
responsabilidad política y asentarlas sobre el consenso. Por ello, señorías, iniciar una reforma sin estos principios y acometerla con interés excluyente, sin que estemos los cuatro grupos políticos de la Cámara, es sencillamente un error histórico
y un fracaso que Andalucía no se puede permitir. Ya digo, para que quede claro, que el principal y máximo responsable de ese fracaso es el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Chaves.
(Aplausos.-Protestas.) De la misma manera que lo sería
en el caso de haberse alcanzado con éxito el consenso, de la misma manera, ahora es el responsable del fracaso. Por cierto, el señor Chaves lleva quince días criticando a los líderes del Partido Popular, cuando las posiciones más discrepantes con
este Estatuto han salido de su propio partido al máximo nivel, incluso se ha llegado a anunciar un recurso de inconstitucionalidad al texto, y ante ello, incomprensiblemente, el señor Chaves calla. ¿Es esta la manera de defender a Andalucía? (Un
señor diputado: ¡Muy bien!) Digámoslo con claridad: lo que no puede ser bueno para Andalucía, de lo que no podemos sentirnos orgullosos es de debatir hoy aquí la reforma estatutaria con menor apoyo parlamentario y social que jamás ha conocido la
democracia. Y así es por fuerte que parezca. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Me vienen
a la memoria las palabras del presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, cuando afirmaba que ninguna reforma estatutaria debería nacer con más de un 30 por ciento de oposición. ¿Acaso ya no piensa lo mismo, señor Zapatero?
(Aplausos.)
Señorías, ha habido una voluntad clara y decidida de impedir el consenso.
Y es que hay quienes se han empeñado en elaborar un Estatuto excluyente y partidista que desde el Partido Socialista se jactan en defender como de izquierda y que
otros han llegado a definir como la base del inicio de la República. Esas son las cosas que se dicen en mi tierra, pero en un Estatuto, como en cualquier Constitución que quiera tener futuro, no caben los apellidos. Los estatutos, como nuestra
Constitución, no pueden ser ni de derechas ni de izquierdas. Deben ser de todos y para todos. Y el texto que hoy presentan ustedes aquí, quede claro, no es el Estatuto que les interesa a los andaluces. Es el Estatuto que les interesa a los
socialistas. Es simplemente el Estatuto de un partido político, el Partido Socialista. (Aplausos.) Y es que, desgraciadamente, han convertido el Estatuto en un instrumento más contra el adversario político, porque, como ya sabemos bien, en mi
tierra, en Andalucía, o estás con el Partido Socialista o estás contra Andalucía. Les suena ¿verdad? Sepan que en el proceso de elaboración del proyecto estatutario el Partido Socialista se ha ido alejando paulatinamente del interés general y que
cuando se rozaba con los dedos el consenso, cuando el Partido Popular de Andalucía anunciaba serias posibilidades de acuerdo, intereses extraños y ajenos a Andalucía provocaron un golpe de timón.
Así, el Grupo Socialista presentó más de 130
enmiendas a su propia ley, cambiando rotundamente el escenario de la negociación. Enmiendas que desvirtuaron el espíritu inicial de la reforma para transformarla en una réplica artificial de otros estatutos perjudiciales para nuestra tierra, como
el Estatuto de Cataluña, una réplica incompatible con nuestros intereses como comunidad autónoma en el marco de un proyecto común de nación española. (Aplausos.) Y es que, señorías, sencillamente las modificaciones introducidas se han hecho de
espaldas a Andalucía, se han hecho al dictado de intereses ajenos a nuestra tierra y se han hecho como coartada a las conductas irresponsables del nacionalismo insolidario. Por eso hoy no estamos debatiendo aquí ni la modernización ni la
actualización de nuestro Estatuto a las nuevas realidades del siglo XXI.
Si fuera así, hoy yo ya les aseguro que existiría consenso. Aquí el empeño de algunos se ha limitado a hacernos cómplices de un cambio de modelo de Estado y de convivencia y
a incidir en el mal camino iniciado de convertir a España en 17 realidades nacionales asimétricas. Pero ¿de quién tiene que ser rehén Andalucía para pasar por esto? ¿Por qué debemos, además, aceptarlo si con ello pierde Andalucía? Señorías,
cuando todos esperaban y entendían, incluidos una gran mayoría de diputados socialistas aquí sentados, que Andalucía debería haber actuado como contrapeso a las pretensiones insolidarias, rupturistas o favorecedoras de la desigualdad, el señor
Chaves elige el camino contrario: el del seguidismo acomplejado y la imitación perjudicial para el futuro de Andalucía. (Aplausos.) Formo parte de ese 95 por ciento de andaluces que, además de sentirnos profundamente andaluces, nos sentimos
profundamente españoles. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)
Señoras y señores diputados socialistas, con el camino que han emprendido en las reformas estatutarias están ustedes construyendo una España imposible, que esconde la ausencia de la solidaridad y el desarme del Estado, y eso perjudica
claramente a comunidades como la mía. Somos muchos los andaluces que consideramos que Andalucía solo puede ser de primera en términos sociales, económicos o de infraestructuras dentro de la Constitución. Por ello, no entendemos qué aporta al
futuro de Andalucía el extravagante eufemismo de realidad nacional, que a los ojos de cualquier andaluz solo puede ser considerado como un invento y desde luego como un disparate jurídico y político. (Aplausos.) Señorías, realidad nacional es
además un fraude a nuestra Constitución. ¿Dónde reconoce nuestra Constitución en su artículo 2 la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad? Eso es sencillamente engañar a los andaluces y a los españoles. Nunca puede ser bueno
acomplejarse por defender a Andalucía dentro del marco de la unidad de España, y ustedes lo han hecho con sus enmiendas. Incomprensiblemente han sacrificado el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la denominación de Andalucía en aras de
otros intereses. Han roto así el único consenso seguro y, a cambio, no han encontrado el aplauso de nadie. ¿Quién les obligó entonces al cambio? Ustedes rompen un acuerdo en el que Andalucía quedaba definida como nacionalidad histórica en el
marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común de todos los españoles. Que nadie se sorprenda. Eso es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía del año 1981 y ustedes lo eliminan. Qué fuerte, ¿verdad? ¡Ah¡ ¿Que eso había que
suprimirlo, y punto? ¿De qué se avergüenzan ustedes? (Un señor diputado: De nada.) ¿Se avergüenzan de hablar de España, de hablar de patria común, de hablar de unidad de la nación española? (Rumores.) ¿Por qué hay que eliminar eso del Estatuto
de Autonomía de Andalucía?
Señores diputados socialistas, libérense de una vez de hipotecas y ataduras nacionalistas y apuesten de verdad por Andalucía. Los andaluces no queremos ser palmeros de nadie. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Queremos un
Estatuto por y para los andaluces. Reformar el Estatuto sí, pero no contra Andalucía. Estatuto de primera sí, pero no traicionando los intereses de Andalucía. Reformar el Estatuto sí, pero no teniendo que ser la coartada de nadie ni para nada.
Así debía haber sido.
Como yo, una inmensa mayoría de andaluces piensa que una Andalucía de primera solo puede existir en una España de primera y que una España menguante solo puede ser contraria a los intereses de Andalucía. Para el Partido
Popular una Andalucía de primera es aquella que apuesta por la cohesión nacional y que
garantiza la calidad de la democracia. Una Andalucía de primera es aquella que refuerza la prestación de los servicios de calidad a los ciudadanos y potencia el papel de los ayuntamientos. Este Estatuto es sencillamente un fraude para el
municipalismo. Una Andalucía de primera es la que aspira a todas las competencias en el marco de la Constitución, sin cuestionar el papel del Estado y de las Cortes Generales, y la que plantea su relación con el Estado desde la cooperación y no
desde la codecisión confederal, que es lo que hace este proyecto de Estatuto. A título de ejemplo claro que estamos de acuerdo con la Confederación del Guadalquivir, respetando que es un río andaluz pero también español, sin planteamientos
inconstitucionales, considerando el papel preponderante de mi comunidad, pero sin despreciar el de otras ni las leyes del Estado ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una Andalucía de primera es aquella que cree y defiende la
solidaridad. ¿Nos defiende acaso este Estatuto de aquellos que han dicho: Ni una gota de agua para Andalucía? ¿Acaso con realidad nacional ya estamos salvados? Una Andalucía de primera, señorías, es aquella en la que los poderes públicos tienen
la obligación de velar por que los derechos de los andaluces sean respetados, vivan donde vivan, y eso no se arreglan llamándonos realidad nacional. Señoras y señores diputados, una Andalucía de primera es también la que cuenta con una financiación
de primera, y este es un Estatuto que aplaude incomprensible e irresponsablemente que hasta en tres asuntos clave nos roben la cartera a los andaluces (Aplausos.): financiación sin garantía, blindaje de mayores inversiones según riqueza de cada
comunidad e impago y desprecio del Estatuto vigente de 1981, deuda histórica a Andalucía. ¿Dónde está, porque no se ve, el PSOE andaluz para defender nuestros intereses?
Señorías, el Partido Popular cree que aún estamos a tiempo. En esta etapa final de redacción del Estatuto de Autonomía aún debe quedar una esperanza para el consenso. Aún se puede lograr un Estatuto pensado para los intereses de Andalucía.
Todavía podemos lograr un Estatuto de todos y para todos, plenamente constitucional. Hoy no se cierra ninguna puerta, hoy empieza una nueva fase de la tramitación, que deseamos y esperamos quieran ustedes, señorías socialistas, aprovechar para
lograr el consenso necesario; depende de ustedes. El señor Camps, en Valencia, y los gobiernos del Partido Popular siempre han apostado y han sacado adelante las reformas con consenso; tomen nota, a ver si hacen lo mismo.
(Aplausos.) Deseamos y
pedimos que el Partido Socialista rectifique la estrategia antiandaluza que ha llevado hasta ahora. Ha llegado el momento de que dejen de mirarse a sí mismos, a sus pactos y a sus hipotecas para mirar de verdad por los andaluces. No les quepa
duda, señorías, de que el Partido Popular va a trabajar hasta el último minuto por lograrlo, porque estamos convencidos de que solo con consenso contribuimos mejor al objetivo de una Andalucía de primera en la España constitucional, objetivo que
nunca debió dejar de ser, en aras del consenso y de un Estatuto de verdad útil para Andalucía, el fundamento básico de la reforma que hoy se presenta en esta Cámara.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra don Manuel Gracia.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor presidente del Gobierno de España, señorías, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento y respeto a la
soberanía nacional del pueblo español representada en estas Cortes Generales. (Aplausos.) Este acto tiene una profunda significación. El Parlamento de Andalucía, en el ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución española, viene a
proponer a las Cortes Generales una reforma de su Estatuto de Autonomía, para que estas en el ejercicio de su soberanía, lo debatan y aprueben. Dicho de otra forma, el Parlamento de Andalucía ya ha decidido, señorías, qué reforma quiere. No es
este el lugar ni la oportunidad para resolver lo que ya está democráticamente resuelto en Andalucía.
(Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Por cierto, el Grupo Parlamentario Popular representa exactamente en Andalucía lo que obtuvo en las elecciones del 14 de marzo al Parlamento andaluz, es decir el 31,7 por
ciento de los electores (Un señor diputado: Muy poquito.) y no el 40 por ciento. (Aplausos.) Lo hemos resuelto democráticamente, legal y legítimamente, estableciendo en el Parlamento de Andalucía cuál es la voluntad y el interés general de
Andalucía, y ahora las Cortes Generales legítimamente también decidirán y establecerán la voluntad y el interés general de toda España. Esa es, señorías, la lógica del sistema y esa es también su fortaleza. Me importa dejarlo dicho desde el
principio. Tengo el honor de dirigirme a SS.SS. como representante del Parlamento de Andalucía, para defender la propuesta de reforma de nuestro Estatuto, porque en efecto esa es la condición bajo la cual estoy aquí, para la que he sido elegido
por la Cámara andaluza, y quiero ejercer esa función con dignidad y lealtad al Parlamento de Andalucía, es decir con lealtad al pueblo andaluz, de quien me siento orgullosamente representante. En esa condición quiero hacer aquí un recordatorio a un
diputado de esta Cámara que no se puede encontrar entre nosotros esta tarde, por fallecimiento de su padre. Quiero en nombre -estoy seguro- de todo el Parlamento de Andalucía dar el pésame a don Javier Arenas por esa irrecuperable pérdida.
Señorías, como dice el preámbulo del texto que presentamos, Andalucía ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como
pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, el valle del Guadalquivir, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Somos una tierra y una sociedad orgullosa de ser el fruto del
sedimento de tantas culturas, pero además somos una tierra esforzada y tenaz, con un profundo sentido de la igualdad que se indigna ante la injusticia y que respeta la condición humana por encima de cualquier diferencia. Somos una sociedad que,
cada vez que en la historia ha tenido medios, ha marcado caminos y avances en terrenos tan diversos como la ciencia, las artes, la literatura o la tecnología. No somos ni peores ni mejores que nadie, somos sencillamente andaluces; como escribió
Antonio Gala: gentes de luz. Andalucía trae hoy ante esta Cámara una propuesta de reforma de su Estatuto desde la lealtad con el Estado, con España, de la que somos parte inseparable y a cuyo progreso económico y social hemos contribuido y estamos
contribuyendo como el que más. Lealtad y cooperación para servir mejor a la ciudadanía, esas son en pocas palabras las ideas que resumen esta propuesta. La Andalucía que hoy les presenta su reforma estatutaria es la de un empeño sostenido y tenaz
por su autonomía. Las juntas liberalistas; Blas Infante; el proceso de elaboración del Estatuto en la II República interrumpido abruptamente por el golpe de Estado de 1936; la dictadura; el 4 de diciembre de 1977, día que le costó la vida al
joven García Caparrós por el enorme delito de portar la bandera andaluza, y la Constitución de 1978 son algunos de los hitos importantes en ese empeño.
Señorías, señor presidente, esa legitimidad acumulada a lo largo de los años tiene su
culminación sin duda el 28 de febrero de 1980.
El referéndum del 28 de febrero atribuye al proceso autonómico andaluz una singularidad y una identidad propias, porque no ha habido en la historia de España otra movilización democráticamente expresada en las urnas a favor de la iniciativa
por la autonomía de un territorio como aquella. La carga de legitimidad que el 28 de febrero significa y la posición de Andalucía en la organización territorial del Estado que se derivó de esa fecha son únicas, por ello irrenunciables para nuestro
pueblo. Por eso nos definimos, como ya lo hicimos en parte hace veinticinco años, como una nacionalidad histórica. Por eso encontramos en el artículo 2 de la Constitución el reconocimiento de la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad,
para mantener esa posición, para que nada ni nadie nos haga retroceder de la primera línea que conquistamos aquel 28 de febrero. Son los que aquel 28 de febrero de 1980 no quisieron o no pudieron entender Andalucía, los que pretendieron negarnos el
derecho a la autonomía plena, los que pretendían un desarrollo asimétrico y discriminatorio del título VIII de la Constitución; son ellos, en fin, los mismos que ahora se burlan y se asombran de que Andalucía quiera seguir estando en la primera
línea entre las comunidades autónomas, los que menosprecian al Parlamento de Andalucía con su catastrofismo grandilocuente y sus chistes altaneros.
(Aplausos.) Son los mismos que se oponen ahora a esta reforma y lo hacen con los mismos argumentos
de Andalucía. Siempre que en nuestra historia reciente se ha presentado una oportunidad para que Andalucía avance, lo hemos tenido que hacer sin la derecha, cuando no en contra de ella; pero no nos importa porque hoy tenemos mucha más fuerza
democrática que entonces, porque hoy tenemos instituciones de autogobierno para expresarnos porque hoy, como entonces, sabemos que estamos defendiendo el interés general de Andalucía y el de España, y es así porque Andalucía es la mejor demostración
del éxito del Estado de las autonomías.
Hoy se puede decir que por sí sola Andalucía explica el éxito de este Estado autonómico. Ha sido posible la modernización y el avance de Andalucía porque se ha dado la conjunción de la voluntad entre el pueblo andaluz y sus instituciones de
autogobierno. No partimos de cero ni queremos hacer tabla rasa de nada sino que precisamente porque nos ha ido bien con la autonomía, porque hemos cambiado Andalucía en estos veinticinco años, por eso, consideramos necesaria esta reforma. La
Andalucía que trae esta reforma hoy aquí está más allá de los tópicos con que todavía nos ofenden algunos. Esta Andalucía es en la que radican tres de los cuatro proyectos de investigación con células madre que se realizan en España; es la que se
está convirtiendo en el tercer gran polo de la industria aeronáutica europea junto con Hamburgo y Toulouse; es la Andalucía de la única empresa española que cotiza en el Nasdaq; es la Andalucía de los parques tecnológicos de Málaga y de Sevilla,
el cual, por cierto, es la primera tecnópolis española en empleo; es la Andalucía de la agricultura almeriense, la más avanzada y competitiva de Europa, que hace un uso racional del agua mientras otros siguen regando a manta.
Esta es la Andalucía
que viene aplicando políticas de cohesión social para que nadie se quede atrás; la que quiere reconocer como nuevos andaluces a quienes vienen a vivir y a trabajar entre nosotros desde otras tierras; la Andalucía que tiene una población más joven
en tres puntos que la media española; la Andalucía que contribuye más que ninguna otra tierra de España a la creación de empleo y al crecimiento económico.
Esa, señorías, es la Andalucía que les presenta su propuesta de reforma del Estatuto y para
la que yo pido humildemente respeto. Esa es la Andalucía en cuyo nombre vengo hoy aquí, a la casa de la palabra de todos los españoles, a pedirles que nos pongamos de acuerdo para un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, para poder continuar
contribuyendo a hacer una España mejor, como hemos venido haciendo en estos últimos veinticinco años.
Señorías, el proceso que nos trae hasta aquí se inicia el año 2001. El presidente de la Junta de Andalucía anunció entonces en el Parlamento andaluz la conveniencia de proceder a la reforma. No había aparecido en escena ni el llamado plan
Ibarretxe ni el tripartito en Cataluña ni mucho menos el alto el fuego permanente de ETA. El presidente de la Junta anunció ya entonces la conveniencia de esa reforma, y a partir de entonces,
en diciembre de 2003, el Gobierno de la Junta somete a debate del Parlamento las bases para la reforma y, finalmente, fruto del compromiso electoral del Partido Socialista Obrero Español, que gana aquellas elecciones por mayoría absoluta,
introducimos en el Parlamento de Andalucía la creación de una ponencia redactora que nos trae hasta el día de hoy. Señorías, estamos pues ante el fruto de un proceso de varios años libremente asumido y libremente transitado, sin tapujos, sin
coartadas para nadie, sin complejos, sin más dependencia que la de la propia sociedad andaluza a la que representamos.
Constituido el Gobierno de Andalucía tras las elecciones, hubiera sido legítimo que ese Gobierno tomara la iniciativa o que el grupo parlamentario que lo apoya la hubiera tomado, pero no fue así, sino que se pone en marcha un proceso muy
participativo y muy democrático, escuchando a todas las voces de la sociedad civil andaluza. Después, una vez que los grupos de nuestra Cámara presentan un primer documento de propuesta para la reforma, desde el principio -lamento tener que
decirlo- la actitud del Partido Popular fue ambigua y zigzagueante. Sus máximos dirigentes andaluces hacen declaraciones en las que se afirma que Andalucía necesita cambiar de Gobierno y no cambiar de Estatuto. En unas ocasiones se habla de un 90
por ciento de acuerdo con los textos que se van elaborando y en otras de la radical inconstitucionalidad de los mismos. Lo cierto -es una percepción muy compartida por la opinión pública andaluza- es que el Partido Popular nunca quiso la reforma
del Estatuto y que toda su estrategia se ha dirigido a retrasar el proceso, a frenarlo y a entorpecerlo. Esa estrategia no tenía nada que ver con Andalucía, sino con el debate territorial en España, y más concretamente con la posición del Partido
Popular frente al Estatuto de Cataluña; eso explica que sus ponentes abandonaran los trabajos de la ponencia redactora, coincidiendo con la entrada en este Congreso de los Diputados de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, obedeciendo a
consignas dictadas desde aquí. Desde entonces los intentos de búsqueda del consenso han sido reiterados y constantes, pero han resultado inútiles, y llegamos a la aprobación del dictamen sobre la propuesta de reforma por la mayoría de tres quintos
requerida por el Estatuto vigente.
Nuestra voluntad de consenso ha sido permanente, y de ello da fe el dato de que a lo largo del proceso se incorporaron más de 150 observaciones o enmiendas de todos los grupos, de las que la mitad lo eran del
Partido Popular, y esa voluntad de consenso sigue viva hoy aquí y se mantendrá.
Por eso quiero ofrecer ese consenso de nuevo ahora, un consenso que permita que todos nos podamos reconocer en el texto final resultante. Esa oferta, señorías, tiene
un solo y único límite: no rebajar la ambición de más autogobierno y de más derechos sociales. Porque nadie entenderá que quienes más hablan aquí de consenso, de división y de fracaso voten en contra de la toma en consideración. Es sencillamente
inexplicable que quien afirma la voluntad de consenso, quien dice aspirar a gobernar Andalucía alguna vez, niegue a Andalucía hoy y aquí su derecho a que el Estatuto andaluz se debata en las Cortes Generales. Eso es tanto como negar el consenso y
negar la reforma. (Aplausos.)
Nuestro Estatuto es un Estatuto lleno de ambición social y de carga ciudadana, es una reforma en la que se pueden reconocer decenas de sectores y colectivos sociales de toda Andalucía, centenares de miles de hombres y de mujeres. ¿Cómo se
puede decir que no interesa a nadie en Andalucía la democracia paritaria, el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres, los jóvenes, las diversas formas de familia, los
menores, los mayores, las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia, los pacientes, los consumidores, los padres y madres de alumnos? Señorías, todos ellos, centenares de miles como digo y muchos más, tienen en este texto
un derecho, una política pública, un compromiso en suma, en el que comprobar que este será su Estatuto. ¿Cómo se puede decir que no a todo esto?
Señorías, esta es una reforma respetuosa con la Constitución, que ha sido objeto de un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuyas observaciones fueron recogidas en el trámite correspondiente y que quiere hacer compatible el interés
general del Estado con el innegable derecho de Andalucía a que sus instituciones de autogobierno sean oídas, intervengan o participen, según los casos, en todo aquello que afecte a su interés general. Una reforma que despeja cualquier duda sobre la
posibilidad de un desarrollo simétrico del Estado de las autonomías y que demuestra que existe un espacio para profundizar en ese modelo de Estado, respetando por igual la singularidad de cada uno y la igualdad de los derechos de todos. Por eso,
señorías, esta propuesta responde únicamente a nuestra voluntad, a la voluntad del Parlamento de Andalucía, que ha hecho la reforma que ha querido, la que consideramos necesaria para Andalucía, para nuestro pueblo, y por eso este es el proyecto del
Parlamento de Andalucía, el modelo del Parlamento de Andalucía. Los andaluces y andaluzas -termino- nos sentimos plenamente españoles, sin ambigüedades, de manera directa, franca y cordial. Esta es nuestra casa, nuestro lugar de encuentro y de
afectos, el hogar de todas las libertades. Por eso, venimos aquí confiados en la respuesta de esta Cámara. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que ponemos a su consideración, créanme, es una buena propuesta con la que
gana Andalucía para que gane toda España. Por eso les pido que la hagan suya y que voten favorablemente a su toma en consideración.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el representante del Gobierno. Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señor presidente de la Junta de Andalucía, señores representantes del Parlamento andaluz, señorías, en 1980, cuando accedió a la autonomía, Andalucía era la comunidad
más poblada de España. Hoy lo es todavía más, casi uno de cada cinco españoles es andaluz o andaluza. Hace no más de cuatro décadas muchos de sus hijos dejaban sus tierras para reconstruir su vida en otros lugares. Desde 1980 ha incrementado en
más de millón y medio sus habitantes. Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más peso económico ha ganado en el último cuarto de siglo. En ese período ha crecido claramente por encima de la media nacional; ha aproximado su renta per
cápita a la media europea a razón de 0,7 puntos por año; ha multiplicado por dos veces y media su stock de capital público; ha incrementado en veinte puntos sus tasas de actividad y empleo, y todavía más las femeninas; ha ampliado la cobertura en
los niveles educativos no obligatorios, que hoy es un 30 por ciento mayor en educación infantil, un 55 por ciento en educación secundaria posobligatoria y un 40 por ciento en la enseñanza universitaria. Estos son los datos de un éxito, el éxito de
la autonomía andaluza; un éxito espectacular, que también ha conocido el conjunto de España.
Todos estos avances apenas eran imaginables para los ciudadanos andaluces cuando decidieron apostar firmemente por su autogobierno. Todos ellos saben hoy, igual que lo sabemos nosotros, que aquellos éxitos no se hubieran alcanzado de no
haber conseguido ese autogobierno en 1980. Esa es la realidad de lo que ha representado para Andalucía su configuración como comunidad autónoma, como sujeto político con identidad propia en el seno de España. En este período Andalucía ha ido
consolidando su conciencia de sí misma, ha comprobado con orgullo y satisfacción cómo sus rasgos y sus valores propios enriquecen al conjunto de la España democrática.
Señorías, la reforma estatutaria que hoy valoramos es ante todo el reflejo de la voluntad de una comunidad autónoma que viene ejerciendo con madurez su autogobierno y que quiere renovarlo y profundizarlo para afianzar su futuro. Me gustaría
destacar que Andalucía es referente de equilibrio para la España autonómica, para la España plural; lo es por su dimensión poblacional y territorial, por el valor estratégico de su doble dimensión mediterránea y atlántica, por ser frontera de
España y Europa con el continente africano; lo es porque sus indicadores básicos, económicos y sociales, promedian más que cualquier otra comunidad autónoma los del conjunto de los españoles; lo es por los sentimientos de proximidad y simpatía que
esta comunidad y sus ciudadanos generan espontáneamente en el conjunto del territorio nacional. Por eso, si le va bien a Andalucía, señorías, seguro que nos irá bien al conjunto de los españoles.
(Aplausos.)
Para valorar en su justa medida la proposición que hoy empezamos a debatir en esta Cámara hay que partir de este espectacular avance producido en el último cuarto de siglo en Andalucía. Hay que tener presente asimismo el fuerte impulso
fundacional que llevó a Andalucía a conquistar su autogobierno. Quien no parta de estas consideraciones corre el riesgo de equivocarse a la hora de fijar posición sobre esta reforma; corre el riesgo, mejor dicho, de volver a equivocarse, de
repetir el error, de tropezar dos veces en la misma piedra. La reincidencia en el error puede resultar comprensible en los comportamientos individuales, pero no tiene disculpa en responsables políticos cuando se enfrentan a unas aspiraciones
populares ampliamente sentidas; una aspiración ante la que no cabe cerrar los ojos ni menos todavía responder con portazos o con desplantes.
El autogobierno de Andalucía, la reivindicación de una autonomía plena, llegó empujada por la movilización, la voluntad y la tenacidad expresa de los andaluces, más que en ningún otro caso. La aprobación de su Estatuto en 1980 significó la
auténtica consolidación del Estado de las autonomías, como una oportunidad de desarrollo y crecimiento para toda España. Andalucía señaló entonces la dirección en la que debía avanzar el modelo, la dirección de la respuesta a las necesidades reales
de crecimiento y bienestar social de los ciudadanos. Esta reforma de su Estatuto vuelve a expresar esa misma ambición: la del avance de las instituciones para adaptarse a los cambios y a los retos de la realidad.
Esta reforma vuelve a demostrar
que nuestro Estado autonómico no consolida privilegio alguno, sino que ofrece oportunidades de desarrollo para las comunidades que quieran aprovecharlas, en el respeto de todas las demás y desde luego de las responsabilidades comunes que competen al
Estado. Esta reforma vuelve a demostrar que la reforma de los estatutos de autonomía no es ni artificial ni es aspiración exclusiva de una u otra comunidad. Reformamos este Estatuto de Andalucía, igual que los de otras comunidades, porque la
España autonómica funciona; y lo reformamos para que funcione aún mejor. Anteayer fue la Comunidad Valenciana, ayer fue Cataluña, hoy es Andalucía y mañana serán otras comunidades las que avanzarán por este mismo camino, que es el de una España
unida y plural, diversa y armónica. La reforma que ahora debatimos parte de la propuesta de las instituciones propias de los andaluces. Aquí nos corresponde construir el acuerdo entre estas Cortes Generales y el Parlamento andaluz, como quiso,
acertadamente, por cierto, el constituyente. El Estatuto andaluz mostrará el equilibrio y la consolidación del modelo constitucional de Estado autonómico y lo reforzará; un modelo que alcanza su madurez a partir de la experiencia desarrollada y en
la conciencia de su aplicabilidad
general a todas las comunidades españolas que quieran mejorar su autogobierno, no para parecerse a otras sino para acercarse a lo que desean sus propios ciudadanos.
Señorías, quiero fijar la posición general del Gobierno respecto a la reforma concreta y a algunos de sus contenidos específicos. He defendido en esta tribuna la exigencia de consenso en el Parlamento de origen para asumir la tramitación de
un estatuto de autonomía. Como es conocido, el vigente Estatuto andaluz es de los que exigen una mayoría agravada, de tres quintos, en el Parlamento de la comunidad y, como saben SS.SS., el texto actual cuenta con ese apoyo. Ello refleja un
suficiente grado de acuerdo político y cumplimiento estricto de las reglas estatutarias, pero quiero manifestar que debemos esforzarnos por ampliarlo, tratando de incorporar a todos los grupos políticos a un texto acordado, que será bueno para
Andalucía y para España. Por desgracia, no fue posible allí, pero sí debería serlo aquí. Se requiere una mínima disposición para alcanzarlo, un abandono del no incondicional, un deseo de participación constructiva y una actitud abierta que
garantizo por parte de la mayoría de esta Cámara. (Aplausos.)
El Parlamento andaluz nos ha dicho qué quiere para Andalucía. Nuestra función es discutirlo e integrarlo en el interés general de España. Este Estatuto, señor presidente, señorías, tiene señas de identidad propias, algunas de ellas creo
que expresadas de manera muy acertada ante lo que representan las aspiraciones de los ciudadanos, las nuevas necesidades sociales y los retos para un desarrollo armónico y equilibrado de buena parte de nuestro territorio y especialmente de la
Comunidad andaluza.
Pone el énfasis en los derechos sociales, en la igualdad en el acceso a los servicios públicos, y lleva el acento a la función social de la propiedad, al diálogo y a la concertación social y muy especialmente a la consideración
detallada de los derechos de acceso al trabajo e igualdad en el mismo. En esto la propuesta es una profundización del Estatuto andaluz, que inauguró ya en 1980 un marcado acento social en los textos estatutarios. En cambio, novedoso e
indudablemente vinculado a la realidad social actual es el segundo acento propio que quisiera destacar de este Estatuto: el acento medioambiental. Andalucía emprenderá así un camino que espero que puedan seguir otros estatutos: el de la asunción
de la protección medioambiental como una función fundamental de nuestras instituciones públicas, de las responsabilidades de las comunidades autónomas, y uno de los retos más decisivos para el progreso y para nuestro futuro. Aspectos como la
biodiversidad, el desarrollo sostenible, la prevención de incendios, la lucha contra la desertificación o el tratamiento de los residuos encuentran entrada en una norma institucional básica de una comunidad, porque hoy son ya los problemas reales y
fundamentales de esa comunidad y seguramente no lo eran hace 25 años.
Los estatutos, señorías, no son las tablas de la ley; los estatutos son reglas de convivencia, son leyes y como todas las leyes no se reforman por capricho sino para responder a nuevos problemas que suponen el propio progreso, como la
inmigración o la defensa del medio ambiente. Esta es una reforma hija del progreso de Andalucía y que ha sido pensada por y para el bienestar de los andaluces. Como todo Estatuto de nueva generación, junto a los derechos y las instituciones
propias este regula los aspectos esenciales del sistema competencial y de financiación de la comunidad. Estoy seguro de que, con el trabajo de la Comisión Constitucional y la delegación de Andalucía, se engarzarán adecuadamente las legítimas
demandas de clarificación y mejora competencial con la preservación de las responsabilidades que la Constitución atribuye al Estado como garante de los intereses generales y de la igualdad de todos los ciudadanos. En este contexto y desde el primer
momento, quisiera manifestar que el Grupo Socialista y el Gobierno están dispuestos a esforzarse especialmente en alcanzar un acuerdo en la redacción de los preceptos en materia de aguas y cuencas hidrográficas, que permitirá a la Junta de Andalucía
una participación decisiva y efectiva en la política de gestión y uso del agua en su territorio (Un señor diputado: ¡Agua para todos!), pero también que mantenga las capacidades de intervención del Estado como garante de los intereses generales,
supracomunitarios, que constitucionalmente le corresponde defender. Como en otros ámbitos, también en este el nuevo Estatuto andaluz debe superar la idea de la división estanca de competencias para profundizar en el camino de la participación leal
y efectiva en decisiones de clara afectación general y que exigen un camino a recorrer, para acercar mucho más a los ciudadanos y a los intereses concretos las responsabilidades en manos de las comunidades autónomas.
En esta fase de despliegue de las reformas estatutarias, señorías, tenemos que esforzarnos por desarrollar la idea y la práctica política de la participación. Quienes se empeñen en leer los nuevos estatutos en clave de si se restan o suman
competencias del Estado no han entendido que la esencia de nuestro modelo económico, y cada vez más, es la cooperación.
Lo verdaderamente sustantivo de esta nueva etapa es la voluntad y la posibilidad de ser corresponsables en las decisiones del
Estado. Hace 25 años los estatutos, como el andaluz, fundaban la autonomía, ponían las bases del entramado institucional y competencial. Hoy, las comunidades autónomas son actores institucionales y políticos maduros; como tales, impulsan estas
reformas; como tales, están en condiciones y deben participar y corresponsabilizarse de las decisiones del Estado. La integración de los intereses y posiciones de las comunidades en las decisiones del Estado fortalece esas decisiones, amplía su
aceptación, incrementa su legitimación y, además, mejora su eficacia. Participar es ser corresponsable; corresponsable en la definición de derechos adicionales para sus ciudadanos, corresponsable en la participación ante las instituciones de la
Unión Europea, corresponsable en los grandes planes estatales, en las inversiones, en la energía, en las infraestructuras de interés general. Eso pide la
propuesta que hoy debatimos. Por ello responde adecuadamente a lo que la experiencia ya nos exige: la necesidad de incorporar preceptos expresos y mandatos claros sobre la apertura del Estado a las propuestas y posiciones autonómicas, para
profundizar, mejorar y robustecer el modelo autonómico constitucional.
Para terminar, señorías, quiero felicitar a las instituciones de Andalucía y en especial a la delegación aquí presente por un trabajo que sin duda mejorará Andalucía, pero que sobre todo mejora el Estado autonómico y de este modo España. El
fruto de este trabajo que hoy nos presentan y defienden destruye la falsa idea de privilegios de unas comunidades frente a otras, consolida el modelo constitucional de autonomía política, avanza en la idea de participación solidaria en una unidad
plural, es una mejora que permite a Andalucía seguir creciendo y aumentar el bienestar de sus ciudadanos. Por ello, confío en que la Comisión Constitucional y la delegación del Parlamento de Andalucía alcanzarán acuerdos para mejorar el texto, que
desearía contara con un mayor consenso, incluso, si ello es posible, el de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Señorías, los ciudadanos de Andalucía llaman a las puertas de este Parlamento y nos piden que atendamos su demanda. No quieren ser más ni tampoco menos que nadie, quieren simplemente seguir avanzando como lo han hecho durante un cuarto de
siglo en el seno de España y en hermandad con todos los demás españoles. Podemos atenderles y podemos, además, hacerlo juntos; se requiere, eso sí, algo de generosidad, mucha altura de miras y también un poco de memoria por Andalucía.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, de mayor a menor. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular don Mariano Rajoy. Adelante, por favor.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señora y señores comisionados del Parlamento de Andalucía, señor presidente de la Junta de Andalucía, señora presidenta del Parlamento de Andalucía, otras autoridades, señoras y señores diputados, si
hacemos caso al orden del día, lo que nos ocupa hoy es la reforma del Estatuto de Andalucía. Ojalá fuera así. El Estatuto de Andalucía es el de Carmona. Reformarlo significa esencialmente añadir y quitar cosas a un texto en el que se pueda
reconocer el Estatuto original. Lo que aquí nos traen no guarda ni siquiera su memoria. No hay tal reforma, estamos ante un estatuto nuevo, no se pretende reformar lo anterior sino suprimirlo. ¿Tal vez para mejorarlo? Me temo que no. Nos traen
un proyecto que ni es mejor, ni lo apoyan los andaluces, ni responde a las necesidades de Andalucía.
En realidad, señor Rodríguez Zapatero -me dirijo a usted en este momento concreto-, con el pretexto del Estatuto, estamos una vez más ante el empecinado empeño de alterar la estructura de la nación con cambios que nadie reclama, que nadie
sabe a qué responden, que a nadie les mejora la vida, pero que tienen la virtud taumatúrgica de complicarlo todo, de dividir a los ciudadanos, de abandonar los problemas reales y de llenar el futuro de incertidumbres. (Aplausos.) Hoy se trata
supuestamente de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ayer del de Cataluña, mañana tal vez será el turno del País Vasco.
Señorías, señor Rodríguez Zapatero, en este y en otros temas, lo que pide la razón, la lógica, el sentido común o cualquier manera ordenada de proceder, incluido el perogrullo, es que, antes de hacer nada, se piensen las cosas y, cumplida la
desagradable tarea de pensar, y cuando se sabe ya con seguridad razonable adónde se quiere ir, se traza un plan para disponer los medios y asegurar las ayudas. Por último, la prudencia aconseja ejecutar el mismo plan que se ha trazado y no
cualquier otra ocurrencia que caiga del cielo. Si no se respeta este orden, si se prescinde de la reflexión, si no se ponderan todos los beneficios y cada uno de los perjuicios, si no se disponen los medios necesarios, si faltan las ayudas
indispensables y no se respeta el plan en la ejecución, es imposible que las cosas salgan bien. Viene al caso aquel pensamiento recogido por Herodoto del triunfante estratega de Salamina, que decía: Cuando los hombres forman planes razonables, por
lo general suelen cumplirse, pero cuando no forman planes razonables, ni Dios suele favorecer las decisiones humanas. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Ahora, pregunto yo: ¿Qué podemos esperar cuando no se forman planes ni razonables ni de
ninguna clase, como es el caso de este Gobierno? ¿Acaso está el señor Rodríguez Zapatero en condiciones de exponer, aunque sea sumariamente, las líneas maestras del proyecto de reformas estatutarias que alienta con tanto empuje? No, tajantemente
no. ¿Y por qué? Porque no lo tiene, ni lo ha tenido nunca. Se ha lanzado irreflexivamente a poner todos patas arriba sin pararse a medir las consecuencias de sus actos.
¿Por qué? Pues tal vez confunde la acción de gobierno con el movimiento
continuo y piensa que el progreso consiste en no estarse quieto. No existe ningún plan, tampoco se han reunido los medios, no se cuenta con las ayudas necesarias y se hacen las cosas al buen tuntún. En estas condiciones es imposible, señorías, que
las cosas salgan bien. Lo natural, lo lógico es lo que ocurre, que las cosas no salen bien y que toda España está sufriendo bandazos y sacudidas sin saber por qué, ni para qué, ni a qué precio, ni con qué consecuencias. (Rumores.)
Señor Rodríguez Zapatero, ¿podemos considerar esta actitud como frívola e irresponsable? Yo no me atrevería, pero el diccionario dice que sí.
Acabamos de contemplar el ejemplo de Cataluña con un Estatuto que fue salvado in extremis por una
marrullería del señor Zapatero (Rumores.), que en esta Cámara ha logrado un respaldo raquítico y en el Senado ha salido por los pelos, que no se sabe si salvará con decoro el referéndum y que, eso sí es seguro, no se podrá aplicar. Estamos
hablando,
señorías, nada menos que de una ley orgánica del bloque constitucional. Si hubiéramos dejado el asunto en manos de unos aficionados que no supieran nada de esto, no lo hubiesen hecho peor. Hay quien reprocha al señor Rodríguez Zapatero
-algún grupo de esta Cámara- sus incumplimientos en Cataluña. Nada más injusto, señorías, no ha incumplido nada porque no se proponía nada. Sabido es que el presidente del Gobierno improvisa sobre la marcha y no es raro que su inspiración le
sugiera variar erráticamente su dirección, dar giros en redondo, cambiar de socios, provocar alborotos y, en definitiva, dejar todo peor de lo que estaba. (Aplausos y risas.)
Ahora -ríanse ustedes, ríanse-, vamos a repetir la farsa, pero esta vez contra Andalucía. ¿Qué les han hecho a ustedes los andaluces? (Risas y aplausos.) Señorías, ¿por qué este empeño en imponerles algo que no han pedido, ni desean, ni se
merecen? ¿Por qué estas prisas por dividir -insisto, señor Rodríguez Zapatero- a la población e inventarse problemas que no tenía? Vamos por partes. ¿A cuántos andaluces representa este Estatuto? Nos traen un proyecto que concierne a todos los
andaluces y resulta que no cuenta más que con el apoyo del 60 por ciento del Parlamento de Andalucía, es decir, con los votos del Partido Socialista y el auxilio de Izquierda Unida. Trae exactamente los votos que exige la ley, pero muchísimos menos
de los que pedía el señor Rodríguez Zapatero -pregúntele al PNV- y de los que reclama el sentido común. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) ¿Esta es toda la Andalucía que solicita el cambio del Estatuto? ¿Sabían ustedes, señoras y señores
diputados, que nunca vino a esta Cámara un texto con tan pocos apoyos, nunca, si exceptuamos el caso del plan Ibarretxe?
He aquí la primera gran reforma que nos propone: sustituir un Estatuto que era de todos, porque contó con el apoyo del cien por cien, por otro que nadie había reclamado y que deja fuera una parte importantísima de Andalucía. (Aplausos.)
¿Acaso los discrepantes no son andaluces de verdad, señorías, y por eso no hay que hacerles caso? Tienen ustedes la virtud de convertir el instrumento que debe articular la unidad de todos los andaluces en una fuente de discordia, en el arma
arrojadiza de unos contra otros. ¿Es esto una paradoja? Mucho peor, es un fracaso, y no es la primera vez que comienzan ustedes sus aventuras con un fracaso.
¿Saben por qué estamos debatiendo este proyecto? Hay que decirlo y yo se lo digo: lo estamos debatiendo porque el presidente del Gobierno es tan flexible que dice una cosa y hace otra. Tienen que agradecer ustedes que el señor Rodríguez
Zapatero sea incoherente, de lo contrario, y de acuerdo con sus propias reglas -y lo dijo muy bien don Antonio Sanz esta mañana aquí en esta tribuna-, rechazaría este Estatuto, como rechazaría el Plan Ibarretxe, por falta de representatividad. Pero
ustedes lo conocen bien y saben mejor que yo que no hay que tomar muy en serio todo lo que dice. (Rumores.) ¡Qué cosas, señorías! El abanderado del talante, del consenso, del entendimiento, ha derribado todos los talantes, todos los consensos,
todos los entendimientos que había en España! (Aplausos.-Rumores.) Ahora ni siquiera le interesa, ahora tiene otro concepto del consenso. El concepto del consenso será el que hagamos en el futuro, señor Rodríguez Zapatero. El consenso se ha
convertido hoy en su adversario y ahora lo mira con bastantes malos ojos.
Si pasamos al análisis del contenido del Estatuto, la primera impresión que uno recibe es que estamos ante un texto jurídico muy malo; no constituye ningún timbre de gloria para sus redactores y no me refiero solo a su contenido, señorías.
Es malo esencialmente por dos razones: la primera, porque lo han hecho deliberadamente mal. (Rumores.) La segunda, porque ustedes han actuado como si consideraran a Andalucía una hermana menor de Cataluña y, para dejar de serlo, necesitara repetir
los mismos errores que su hermana. Lo han hecho mal a propósito. Ustedes mismos, ustedes, señorías, han reconocido que el texto necesita ajustes, rectificaciones, que presenta trazos disonantes. ¿Tan mal está? Entonces, ¿por qué incluye lo que
ustedes mismos saben que está de más? Nadie les obliga. Se lo han guisado ustedes solitos. Reconozcan el contrasentido, aceptan de antemano que el texto necesita correcciones y confían en que el Congreso las lleve a cabo; perfecta confesión de
incapacidad. ¿Por qué no lo arreglaron en Sevilla? ¿Quién lo redacta en Sevilla? Ustedes. ¿A quién se lo confían en Madrid para que lo peine? A ustedes. ¿Me pueden explicar esto? ¿A qué viene este subterfugio adolescente de nosotros a pedir
que ya lo recortarán en Madrid? ¿Es que el PSOE andaluz carece de criterio o es que los socialistas del Gobierno son más listos o es que ya no se hablan entre ustedes? (Protestas.-La señora Sánchez Díaz: ¡Pero bueno!) El caso es que se inspiran
minuciosamente en los errores del Estatuto catalán. Oiga usted, señor Rodríguez Zapatero, han copiado un sinfín de artículos del mismo, han fusilado más de cien enmiendas, imitan el espíritu de los redactores del Estatuto catalán y fotocopian hasta
sus argumentos. Y las consecuencias no podían ser otras: se modifica el preámbulo del Estatuto y el artículo 1; se incluye un título específico de derechos y deberes también aquí, señor Durán, imponiendo un modelo de sociedad y con planteamientos
claramente intervencionistas; se le quitan al Estado competencias exclusivas; se impone el blindaje de competencias; se limita la capacidad del Estado para dictar legislación básica. Por cierto, en algunos temas como educación, función pública y
otros, los límites a esta legislación básica no coinciden con los del Estatuto de Cataluña, con lo que el conflicto está servido. Vamos a tener que hacer 17 legislaciones básicas, señoras y señores diputados. (Rumores.) De la misma manera se
establece una relación bilateral entre el Estado y la Junta de Andalucía; se establece un modelo de Poder Judicial y de participación en la Unión Europea igual que el catalán y también se fijan los criterios con los que el Estado debe decidir las
inversiones públicas. En Cataluña se dice que las inversiones públicas se harán en
función del producto interior bruto. En Andalucía se dice que se harán en función de la población. El señor Rodríguez Zapatero apoya los dos criterios, aunque sean incompatibles. Luego vendrá otro y dirá que no, que la inversión se hará
en función del número de islas de las autonomías y otro que se hará en función de la dispersión de la población y el señor Rodríguez Zapatero, aunque sean incompatibles y contradictorios y no se pueda aplicar, dará su ok a cualquiera. ¡A él qué más
le da! ¡A mí qué me importa! Ya lo arreglará otro. Este es el modelo de Estado, señoras y señores diputados, que estamos haciendo; este es el modelo de Estado.
(Aplausos.) Señorías, ustedes continúan, y esto es lo verdaderamente grave, el proceso
de debilitamiento del Estado y cambio del régimen constitucional de 1978, lo que dificultará, y si no al tiempo, hasta límites insospechados el ejercicio de las funciones clásicas de la Administración en un Estado moderno.
En fin, señorías, estas y otras muchas cuestiones fueron incorporadas en el último momento, en el último, a través de 130 enmiendas del PSOE que transformaron de raíz el texto de la ponencia, que era del PSOE fundamentalmente y que era un
buen punto de partida para intentar buscar un consenso con el resto de las fuerzas políticas, y luego usted viene aquí a hablarnos del consenso. Pero vamos a ver, señorías, ¿era tan bueno el Estatuto catalán que los andaluces deben tomarlo como
modelo? Creo que no. Arrancó mal, se ha desarrollado peor, ha salido cojeando, se ha cargado al tripartito, divide a los catalanes y no ha resuelto nada.
Supongo que nadie, ni siquiera el señor Rodríguez Zapatero, está dispuesto a sostener ahora
que España está más unida, que los nacionalistas catalanes se han tranquilizado o que hay menos problemas en Cataluña. Supongo que ni el señor Rodríguez Zapatero hará hoy aquí esta afirmación. (Rumores.-Risas.-Aplausos.) Señorías, es capaz de
hacerlo.
(Risas.-Aplausos.)
Señorías, pretenden trasladar a Andalucía una experiencia fallida a sabiendas de que no puede salir bien. Se ve que ustedes no aprenden ni de sus propios errores. ¿Y por qué lo hacen? Muy sencillo, señorías, lo hacen porque no tienen más
remedio. Una vez que el señor Rodríguez Zapatero ha decidido no dar su brazo a torcer aunque se hunda el mundo, y una vez que ha decidido llegar hasta el final, cueste lo que cueste, o sigue dando pedales o se le cae la bicicleta. Claro está que
ustedes no quieren perjudicar a su jefe de filas y por eso necesitan utilizar a Andalucía, a los andaluces y a su Estatuto para disimular lo ocurrido en Cataluña, para atenuarlo y para que parezca menos grave. Al extender la torpeza confían en que
resulte menos llamativa, menos escandalosa; es como teñir de negro una prenda para borrar las manchas, señor presidente, es exactamente lo mismo. Ha tomado la peor decisión, que es encadenar los errores. El Estatuto de Cataluña les ha obligado a
huir hacia delante para no reconocer un fracaso manifiesto y se han propuesto hacer lo mismo con el Estatuto de Andalucía, que así se convierte en la gran coartada de su incompetencia catalana.
Señorías, las cosas son como son. Voy a hacerles una pregunta, se la voy a hacer a usted: ¿Acaso habrían presentado aquí este texto si no hubieran cometido antes el desaguisado que han dejado en Cataluña? Saben que no.
¿Cómo se explica
si no el súbito cambio en su actitud, la ruptura del consenso en Sevilla, el ponerse a fabricar enmiendas urgentemente como quien hace churros? Señorías, se lo he recordado antes. En veinticuatro horas, en veinticuatro, presentaron ustedes 130
enmiendas copiadas del Estatuto catalán. Eso es lo que hicieron ustedes en veinticuatro horas. Y así quieren buscar el consenso con el resto de los grupos políticos.
Andalucía no se merece esto. Yo creo que las aspiraciones de los andaluces son mucho más altas y no se van a conformar con ser una coartada para los errores del Gobierno y del Partido Socialista. Les va a costar convencer a los andaluces
de la felicidad que les espera en el paraíso de este nuevo Estatuto que comparte errores, inconstitucionalidad e insolidaridad con el de Cataluña. Y, señorías, ¿cuál es la guinda de este pastel? La realidad nacional. De repente, en veinticuatro
horas -señorías, estaba bien planificado-, han descubierto ustedes jubilosamente que Andalucía es una realidad nacional, en veinticuatro horas. ¿Y qué dicen los andaluces? Pues no salen de su pasmo, como es natural; están asombrados, instalados
en la estupefacción más absoluta al darse cuenta de que constituían, sin saberlo, una realidad nacional.
Señor presidente del Gobierno, suba aquí y dígalo. ¿Qué es eso de la realidad nacional, a qué viene este prurito nacionalista repentino, qué nuevo juego de palabras se traen entre manos, quién se manifestó pidiendo esto en Andalucía?
¿Sería mucho pedir que alguien definiera este abracadabra en términos comprensibles? ¿Podrán decirnos cuáles son los límites del concepto, qué cosas son y qué cosas no son realidad nacional? ¿Puede alguien hacerlo? ¿Puede alguno de ustedes
hacerlo, señores del Partido Socialista? No pueden. Obviamente, no. Hablan por hablar, usan las palabras porque suenan bien, porque sirven para embaucar a los distraídos y porque si cuela, cuela.
Yo le voy a decir lo que es realidad nacional, señor presidente del Gobierno. Realidad nacional es sinónimo de nación. Tanto monta, monta tanto. Estoy seguro, porque no puedo pensar otra cosa, de que ustedes lo sabían. Entonces, si
querían poner nación, ¿por qué no han puesto nación? Y si no se han atrevido a decir nación, ¿por qué dicen realidad nacional, que es exactamente lo mismo? ¿Es que lo de nación les parecía mal y realidad nacional suena más suave? En castellano,
señorías -dejando a un lado los juegos de palabras-, llamamos nacional a lo que pertenece al todo, que es la nación, como la Audiencia Nacional, los Paradores Nacionales o la Lotería Nacional. Y Andalucía no es el todo, sino una parte, al igual que
Cataluña, Galicia o Murcia, y todas disfrutan de un estatuto de autonomía, es decir, del
estatus que corresponde a una parte del todo. Esto lo saben hasta los ladrillos de la Giralda, señor presidente. (Rumores.) Nacional y nación son términos tan inseparables como Málaga y malagueño, donde no existe nación no hay nacional, al
contrario, quien se proclama nación reclama inmediatamente el monopolio de lo nacional. ¿Por qué piensan ustedes -y ya se ha hablado de este asunto en esta Cámara- que el nacionalismo socialista de Cataluña está prohibiendo que se aplique el
término nacional a todo lo que no sea catalán? Pues lo hacen, tengo que decir que muy coherentemente, porque el señor Rodríguez Zapatero les ha dicho que son una nación.
Señorías, lo que hayan hecho ustedes mal en Cataluña, corríjanlo en Cataluña. No transplanten los problemas, no los dispersen, no pretendan que Andalucía cargue con la cruz de tener que disimular un error con otro error. Costó muchísimo,
señor presidente del Gobierno, ponerse de acuerdo en 1978 para llamar a determinadas comunidades autónomas nacionalidades.
Es un término acordado, refrendado -en un referéndum nacional, por cierto- y que no admite equívocos de ninguna clase.
Cuando decimos nacionalidad, estamos diciendo autonomía. Treinta años después, nos vienen ustedes con una ocurrencia que ni tiene consenso ni está refrendada ni se sabe para qué sirve -es que no se sabe, señor presidente- y pretenden incorporarla
por las buenas al bloque constitucional. Sinceramente, a veces cuesta creer que hablen ustedes en serio. Y esto no es lo peor, lo peor viene ahora cuando alegan que el concepto de realidad nacional garantiza a los andaluces la equiparación con la
comunidad que más techo tenga. Quiero decir que esto es falso y además reaccionario. Es falso porque la única identidad que garantiza los derechos de los andaluces, como los de todo el mundo, por cierto, es la española, y es reaccionario porque
utiliza una terminología y una argumentación típicamente nacionalista, y ustedes lo saben. Por eso todo esto de la realidad nacional no ha aparecido hasta el último momento, cuando una enmienda del Partido Socialista en la ponencia incluyó esta
denominación en el preámbulo y eliminó -lo ha recordado aquí esta mañana uno de los ponentes-, ¿por qué lo eliminó, señor presidente?, la referencia a la unidad indisoluble de la nación española. ¿Algún andaluz les ha pedido lo de la realidad
nacional? ¿Algún andaluz le ha pedido a alguien que esté presente en esta Cámara que se eliminase la referencia a la unidad indisoluble de la nación española? Díganlo. Si usted lo sabe, señor presidente del Gobierno, suba a esta tribuna y
explíquelo y, si no lo sabe, dígalo también y proponga que se cambie esto. ¿Por qué había que cambiar el preámbulo y el artículo 1 del Estatuto andaluz, de un Estatuto refrendado por el cien por cien de los ciudadanos? ¿Quién gana con esto? ¿Qué
gana un andaluz? ¿A qué intereses sirve? ¿Por qué lo hacen ustedes si no se lo creen? Es imposible que se lo crean, y dramático sería que se lo creyeran, por eso sé que no se lo creen ustedes. Lo que no sé es la razón por la que suprimen en el
Estatuto de Andalucía la alusión a la unidad indisoluble de la nación española. No lo sabe nadie y nadie en esta Cámara, señoras y señores diputados, nos lo va a explicar en la sesión de hoy. (Aplausos.)
Señorías, piensan ustedes que Cataluña ha logrado muchas concesiones porque se proclama nación, lo cual le confiere un estatus de especial privilegio. En consecuencia, para que Andalucía pueda situarse en la misma categoría han resuelto que
a los andaluces les conviene hacerse nacionalistas. Según ustedes, Andalucía necesita el nacionalismo para poder ser igual que los demás y por eso reclaman todos los atributos de una nación, incluido ese de la realidad nacional que tanto ha de
contribuir a mejorar la situación de los andaluces. En una palabra, señorías, que, según ustedes, es bueno ser nación porque se logran más competencias y mejor estatus. Por lo visto, ser nación es jauja. Hete aquí que los señores de la
internacional ahora se han vuelto particularistas. ¡Cosas veredes!, señor presidente.
En fin, la culpa no es solo de ustedes. A fin de cuentas lo que el señor Rodríguez Zapatero premia son los valores nacionalistas, lo que estimula son los sentimientos nacionalistas y no me extraña que ustedes, para merecer gracia a los ojos
de su jefe de filas, consideren que les trae cuenta hacerse nacionalistas, aunque sean nacionalistas sobrevenidos y advenedizos. ¿Y qué les falta para ser buenos nacionalistas del todo? Lo vamos a ver en las próximas fechas. Pues ese gesto
incivil de dividir a los andaluces en buenos y malos. Buenos serán los que se traguen esta historia y malos todos los demás. Verán qué pronto se les llena Andalucía de antiandaluces. Es que esto es lo dramático, señor presidente del Gobierno, es
que usted no se da cuenta. (Aplausos.) ¿No se da cuenta del problema que está generando en toda España, de la división que está produciendo? No se da cuenta.
¿Quién engaña a los andaluces, señorías? (Rumores.) ¿Quién les dice que al convertirse en realidad nacional mejorarán su estatus, su calidad de vida e incluso su renta y su autoestima? El señor Rodríguez Zapatero.
(Rumores.-Un señor
diputado: ¡Muy bien!) Ese es el que se lo dice. ¿Quién les está dejando barruntar que si en lugar de realidad nacional pudieran ser nación estarían mejor todavía? El señor Rodríguez Zapatero.
(Rumores.) Señorías, no sería mejor que dijeran la
verdad o es que, a partir de ahora, decir la verdad es antiandaluz. Señorías, la verdad es que los derechos de los andaluces, como los de cualquiera de esta Cámara, no dependen de la historia ni de los sentimientos ni de los símbolos ni de la
bendita tierra que habitemos, nuestros derechos existen porque somos ciudadanos españoles; ciudadanos españoles, señorías. Ahí se resumen todos nuestros derechos. Los territorios no tienen derechos. Los derechos corresponden a las personas, a
los individuos y no a las hectáreas ni a las hierbas del campo ni a las piedras del monte. (El señor Hernando Fraile: ¡Muy bien!-Aplausos.) ¡A ver si nos enteramos de una vez! Los derechos son de los andaluces, de los catalanes,
de los gallegos, de los murcianos y no los tienen por ser nacionalistas, sino todo lo contrario, por formar parte de la nación española. El nacionalismo no multiplica los derechos de nadie, no aporta ni un solo derecho, los mengua, los
empequeñece, porque se los arrebata al individuo para sacrificarlos en el altar de unos símbolos fantasmagóricos. Eso lo sabe la gente de su partido, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo saben muchas personas de su
partido político.
En una palabra, señorías, defienden ustedes una aberración jurídica y constitucional. Pretenden que los ciudadanos dejen a un lado lo que constituye la escritura de propiedad de sus derechos. ¿Esta es la nueva educación cívica del
socialismo moderno? Porque esta es la pregunta que cabe hacer: ¿Ustedes, qué son? Antes eran socialistas, podía o no estarse de acuerdo, pero había algunos principios que ustedes defendían. Yo pacté en numerosas ocasiones muchos asuntos
referidos al modelo de Estado, con el señor Caballero en 1992, con el señor Benegas en 1996, nunca los he votado ni los voy a votar, pero era gente normal. (Risas.) Aquella gente tenía criterio, sabían lo que era España, defendían las clásicas
posiciones del Partido Socialista, aquellas en las que hemos coincidido el Partido Popular, aquellas que entienden como buenas más del 90 por ciento de los españoles.
Señorías, no pretendan engañar a los andaluces ofreciéndoles un estatuto nacionalista como si fuera un bálsamo curalotodo. No existe ningún estatuto taumatúrgico, señorías. No existe el estatuto que por su propia virtud mejore la condición
de la gente. Lo único que puede mejorar esa condición es algo que los andaluces se merecen, pero que no han conocido todavía, una cosa que se llama buen gobierno. Eso es lo que sirve para mejorar el nivel de vida de la gente. (Aplausos.)
Señorías, ni el mejor estatuto del mundo, ni el mejor, puede compensar de un mal gobierno. Voy a decirles una cosa: Andalucía, es decir, los andaluces, tienen derecho a que se les tome en serio y si Andalucía ha de mejorar su autogobierno, no será
porque se maquille de nación, será porque se lo merece tanto como cualquier otra región española, será porque lo exige el bienestar de sus ciudadanos y la eficacia de la Administración y será, sobre todo, porque la Constitución reconoce la igualdad
de todos los españoles en todas las regiones de España. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Dejemos el nacionalismo territorialista a un lado. Señor presidente, se trata de que el andaluz o el gallego tenga los mismos derechos reales que el catalán o
que el riojano, dentro y fuera de Andalucía, porque todos son ciudadanos españoles y todos los españoles tienen los mismos derechos, se ponga como se ponga el señor Rodríguez Zapatero o quien quiera sumarse a sus curiosos planteamientos a la hora de
definir lo que es realidad nacional.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
En suma, señorías, nos han traído un proyecto de reforma estatutaria que no es una reforma, que ninguna exigencia ciudadana avala, que carece de representatividad, que divide a los andaluces, que pretende encubrir los errores del Gobierno,
que pretende disimular lo ocurrido en Cataluña para atenuarlo y que está deliberadamente mal hecho para dejar las manos libres al señor Rodríguez Zapatero; eso es muy peligroso, señorías. Dejar las manos libres al señor Rodríguez Zapatero es muy
peligroso, porque es el único presidente de la historia del Gobierno español que todavía no se ha subido a esta tribuna a decirnos cuál es su idea de España, porque no la tiene. Nadie sabe cuáles son las competencias que debe ejercer el Estado en
opinión del señor Rodríguez Zapatero, ni cuál debe ser la legislación básica del Estado, ni cuál debe ser la relación con las comunidades autónomas, ni cómo deben distribuirse las inversiones del Estado, porque ahora nos hemos enterado de que, por
lo visto, las decisiones sobre los presupuestos del Estado ya no se toman aquí sino que las toman las comunidades autónomas. Señor Rodríguez Zapatero, el Ayuntamiento de Granada decide sobre sus inversiones, el Parlamento andaluz sobre las suyas,
el Parlamento de Galicia sobre las suyas, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela -por citar la ciudad donde yo nací- sobre las suyas y el Parlamento nacional sobre las suyas, porque, si no, no hay Parlamento nacional, no hay soberanía nacional y
estaremos en una confederación o algo parecido. (Aplausos.) Explique usted en esta tribuna cuál es su modelo de Estado.
Señorías, se lo digo como lo siento. Para mí, que algunas cosas he intentado aprender y que algunas cosas me creo, es una paradoja incomprensible que de Andalucía, una tierra más española que San Isidoro, más leal que Guzmán el Bueno, la
que asistió al parto de la Constitución de Cádiz... (Rumores.) Ya sé que ustedes no saben quiénes son todos estos. Es igual, déjenme hablar. (Risas.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Continúe señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señorías, es muy duro -lo entiendo- tener mala conciencia. Es muy duro. (Risas.) Sí, ríase usted. El señor Rodríguez Zapatero ya les ha hecho votar algunas cosas sorprendentes en esta legislatura y van a tener que
seguir votándolas. Yo entiendo que es muy duro. (El señor Campos Arteseros: Es duro para usted.) No, para mí no. A fin de cuentas, yo defiendo aquello en lo que creo, defiendo lo que pienso, y ustedes no. (Aplausos.) Señorías, en política se
pueden ganar elecciones, se pueden perder elecciones (Varios señores diputados: Tú.) Yo las he perdido, efectivamente, pero hay una cosa muy importante que algunos de ustedes no entienden. Ustedes tienen una responsabilidad ante 42 millones de
ciudadanos. La tiene mayor el señor Rodríguez Zapatero, por eso a ustedes les disculpo. Yo les entiendo. (Risas.) A quien no puedo entender es al señor presidente del Gobierno. (Aplausos.)
Señorías, Andalucía ha llevado en sus gentes el nombre de España por todas las tierras del mundo y es una triste paradoja que desde esa Andalucía nos pueda llegar semejante exaltación del nacionalismo más ramplón y localista. Esto Andalucía
no se lo merece. Si hay alguna región que por su tamaño, por su historia, por su imagen y por su influencia pueda liderar la idea de la nación española, de la España constitucional, de la igualdad de derechos y de la solidaridad, esa región es por
derecho Andalucía, y esto no se lo merece. (Aplausos.) Señorías, nosotros, tal y como está hoy el proyecto de Estatuto, no podemos apoyar la toma en consideración. (Varios señores diputados. ¡Oh!). La razón es que yo no soy como ustedes, que
apoyan cualquier cosa que les diga el señor Rodríguez Zapatero. Yo, no; yo no puedo. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego silencio.
El señor RAJOY BREY: No puedo porque yo no voy a fallar a los andaluces; por esa razón no puedo. (Un señor diputado: ¡Olé!-Aplausos.) Señorías, que podamos aprobarlo en su día dependerá de lo que ocurra en ponencia y en Comisión. Desde
luego, si ha de contar con nuestro apoyo, deberá reconstruirse el consenso.
Todos tenemos historia y todos tenemos trayectoria. Yo he acreditado capacidad para pactar todo lo que se refiere a España muchas ocasiones en mi vida. Lo he hecho con su partido político. Ha sido usted el que ha roto lo que ha sido una
constante en el consenso territorial desde 1978.
Si quieren nuestro apoyo, deberán trabajar y reconstruir el consenso. Es inaceptable, inaceptable, señor presidente, que en veinticuatro horas fusilen 130 enmiendas del Estatuto catalán. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!) Es inaceptable. No hay derecho. No es aceptable para los andaluces ni para cualquier persona normal. ¿A qué plan respondía ese Estatuto? Yo creí que tenían un criterio, que pensaban hacer algo. En veinticuatro horas 130
enmiendas fusilando el Estatuto catalán. Ni había criterio, ni sabían lo que tenían que hacer, ni sabían para qué era. ¿Adónde van? ¿Qué modelo de Estado tiene usted? Señor presidente, yo ya le he ofrecido acuerdos sobre estos asuntos muchas
veces y tengo trayectoria, insisto. A lo mejor se me puede criticar por otras muchas cosas, pero no por no haber sido capaz de acordar estos temas, cuando estaba en la oposición y cuando estaba en el Gobierno.
Señorías, yo quiero un acuerdo, pero dentro del marco de la Constitución, no de la imaginaria que tenga ustedes -usted- en la cabeza, que no sé cómo es. Yo hablo de la Constitución real, la de 1978. Hacer otra cosa por nuestra parte sería
traicionar a Andalucía y a toda España, que, perdóneme, pero en este tema de la estructura del Estado se fía bastante más de nosotros que de ustedes, señor Rodríguez Zapatero, bastante más.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Por eso
usted no ha querido convocar un referéndum que le han pedido, entre otros, medio millón de ciudadanos andaluces. Ahora ustedes tienen la palabra y la oportunidad de elaborar con nosotros un Estatuto para todos, enriquecedor y duradero, o, si no,
pueden seguir desarrollando este apaño que, como es natural y de justicia, tendrá un futuro más que incierto. Pero usted es el presidente del Gobierno y usted tiene una enorme responsabilidad. Yo le pido que sea consciente de ello.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Duran. (Rumores.) Señorías, aquellos que deseen ausentarse que lo hagan rápidamente porque la sesión
continúa y va a ser muy larga. (Pausa.) Adelante, señor Duran, y disculpe.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores comisionados del Parlamento de Andalucía, señor presidente de la Junta de Andalucía, señora presidenta del Parlamento de Andalucía, parlamentarios o miembros del Gobierno de Andalucía, voy a disponer del tiempo que se
establece o de parte de él en este debate parlamentario para fijar nuestra posición, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en torno a lo que se sustancia en el día de hoy, que no es otra cosa que la admisión a trámite del
proyecto de ley de reforma del Estatuto de Andalucía.
Señoras y señores diputados, quisiera para empezar sentar el principio general a partir del cual el grupo parlamentario que represento va a fijar su posición, tanto en el debate del día de hoy como a lo largo de todo el trámite parlamentario
del proyecto de Estatuto de Andalucía en esta Cámara. Nosotros vamos a votar positivamente la toma en consideración de la propuesta de reforma de dicho Estatuto, por coherencia con cuál ha sido nuestro planteamiento en relación con los demás
proyectos de estatutos de autonomía, y vamos a hacerlo también finalmente al texto final que se someta a votación definitiva ante esta Cámara. Si nosotros hemos defendido siempre y hemos deseado que se respete la voluntad del Parlamento de
Cataluña, no tendría sentido que faltáramos a esa coherencia y no deseáramos, aunque no estemos plenamente de acuerdo con todo ello, el contenido del Estatuto aprobado en el Parlamento de Andalucía. Voto positivo por tanto, apoyo al proyecto y
respeto a lo aprobado en el Parlamento de Andalucía: lo que pedimos para nosotros lo defendemos para los demás y lo hacemos sin ningún complejo respecto a si el grado de aprobación es o no es elevado o si es o no suficiente. Mucho mejor sería por
supuesto, y ojalá que este trámite parlamentario sirva para ello, que todas las fuerzas políticas
que representan a Andalucía, por tanto también el Partido Popular y por supuesto también el Partido Andalucista, pudieran consensuar el proyecto definitivo. Señorías, de entrada -insisto- sin ningún complejo nosotros apoyamos este proyecto
en tanto que representa la voluntad del pueblo andaluz. No sé lo que piensan los andaluces. Sí sé que en democracia lo que piensan los ciudadanos se mide en las urnas y sé por tanto que la representatividad y la legitimidad de las decisiones
corresponden al Parlamento. Si después no gusta lo aprobado en este Parlamento, el día que nuevamente se sometan las fuerzas políticas a las urnas a cuál es el criterio y apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, ya dispondrán ellos, pero
mientras tanto -insisto- en democracia la legitimidad se mide en los parlamentos y el Parlamento de Andalucía ha aprobado por la mayoría, más allá de lo necesario, este proyecto. Les digo además, señorías, que lo hacemos sin complejo alguno. ¿Por
qué? Porque fíjense, nosotros hemos defendido en esta Cámara un proyecto de Estatuto que venía apoyado por el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña, luego por ese consenso que ahora se reivindica, y estaban en contra, y ahora cuando llega un
proyecto que está aprobado con la mayoría necesaria, aunque no es del 90 por ciento, también están en contra. Por tanto creo que somos de los más legitimados para rechazar ese argumento.
Entre otras cosas quiero recordar, señorías, que el Estatuto
de 1979, que es lo que defiende algún grupo parlamentario, que en definitiva es lo que daría como resultado el rechazo el día 18 de junio en el referéndum de Cataluña, la vigencia del de 1979 -el sí es para el cambio, es para avanzar; el no
significa quedarnos con el de 1979-, tampoco tuvo todo el consenso. Alianza Popular no estaba de acuerdo y no lo votó. Algunos de los que hoy están defendiendo tesis distintas representaban, por cierto dignamente, a ese partido que no apoyó el
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Creo, señorías, que me permitirán, y eso a remolque de lo que el propio señor Rajoy ha introducido en el debate, que sí, que me sienta orgulloso y que comparta este orgullo con las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña y sin duda con todos los
grupos parlamentarios que representan a Cataluña en esta Cámara de que una vez más Cataluña haya sido el motor de transformación, la dinámica del Estado de las autonomías. Eso es ahora así, pero me sorprende que se diga que se fusilan o se copian
artículos en este nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Me referiré a ello más tarde. Por favor, les pido un ejercicio de coherencia. Léanse los estatutos de la década de los ochenta de todas las comunidades autónomas, de las gobernadas por
el Partido Socialista y las gobernadas por el Partido Popular, señor Rajoy, y también van a encontrar fusilado en muchos de sus artículos, en muchas de sus características, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que sucede hoy, y es bueno, es
simplemente que hay que poner de relieve, enfatizar que siempre ha sido Cataluña el motor del Estado de las autonomías, junto al País Vasco, con otras circunstancias por supuesto, por una propia especificidad en el ámbito económico. A partir de
aquí nosotros consideramos lógico lo que ha sucedido. No queremos pensar, sería una falta de respeto, que nuestro debate haya condicionado el resultado final, pero sí que debemos de admitir, reitero, y con toda claridad, que sí, que hay cosas que
se incorporan al Estatuto de Andalucía que son realidades que ya están incorporadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que espero que quede ampliamente apoyado, en contra del criterio del señor Rajoy, en contra de los intereses legítimos del
Partido Popular, por la ciudadanía de Cataluña el 18 de junio.
¿Qué es lo que ha supuesto para Andalucía que se incorporen esas enmiendas que pueden ser equivalentes, que pueden ser fusiladas del Estatuto de Cataluña? Que Andalucía tendrá un Estatuto de Autonomía mejor del que inicialmente había
previsto, y nosotros nos alegramos: lo que es bueno para Andalucía es bueno para Cataluña, como lo que es bueno para Cataluña lo es para Andalucía. ¿Que se dice que es reaccionario situar un Estatuto de Autonomía con sus competencias y querer
igualar lo que tiene otro Estatuto de Autonomía? Señor Rajoy, un ejercicio de coherencia. ¿Qué dice el Estatuto valenciano? ¿Qué dice la famosa cláusula Camps sino exactamente eso de lo que usted acusa al Estatuto de Andalucía? (Aplausos.-El
señor Fernández Díaz: No.) Por tanto, me alegro que Cataluña haya podido ayudar a quienes libremente han decidido desde el Parlamento de Andalucía que este sea el proyecto que se somete a consideración de esta Cámara.
Yo les pido, señorías, otra reflexión en torno a esta cuestión. Una periodista me preguntaba antes: ¿estáis de acuerdo con que tengan más competencias o que tengan vuestras mismas competencias los andaluces? Claro que sí. Nunca hemos
negado para los demás competencias que reivindicamos para nosotros. Lo que sí hemos dicho siempre es que porque alguien no quiera una competencia no nos impida que nosotros la tengamos, porque hay que explicar a la ciudadanía que todavía hoy hay
comunidades autónomas que no tienen ciertas competencias; alguna en particular, como instituciones penitenciarias, solo la tiene Cataluña, porque las demás no la han querido. Yo no niego que los demás puedan tener competencias en prisiones. Lo
que negaría y con lo que no estaría de acuerdo es que si la capacidad y voluntad de autogobierno de Cataluña desea administrar las prisiones, no pudiéramos hacerlo por el hecho de que otras comunidades autónomas no quieran esa competencia. Nos
alegramos y no tenemos ningún inconveniente en que Andalucía asuma competencias que puedan verse reflejadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Otra reflexión, señoras y señores diputados. ¿No quedamos en que el Estatuto de Cataluña incorporaba privilegios, que establecía diferencias entre los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y los de las demás partes del conjunto del Estado
español? Ahora resulta que se igualan las competencias ¿y también se está en contra de eso? Antes se estaba en contra del Estatuto
de Cataluña porque creaba privilegios y cuando el Estatuto de Autonomía de Andalucía se aproxima a lo nuestro incorporando competencias ¿también se está en contra? ¿Cuándo no se decía exactamente la verdad, antes en el debate sobre el
Estatuto catalán o ahora en el debate sobre el Estatuto de Andalucía? Seguramente ni antes ni ahora.
Me seguían preguntando: ¿es que habéis abandonado el hecho diferencial? No, porque por supuesto existen realidades en nuestro Estatuto que no son contempladas de la misma manera o que ni tan siquiera se contemplan en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía. (El señor Fernández Díaz: El Guadalquivir.) Claro que sí. Por supuesto el Guadalquivir, como bien apunta el señor Fernández Díaz, que de geografía conoce mucho y bien. Sí, hay cosas distintas -y después me referiré a
algunas seguramente de mayor interés para su señoría-, por ejemplo, nación, sí. Por cierto, creo que no se acaba la nación española. ¿O me equivoco, señor presidente? ¿La próxima semana hay debate sobre el estado de la Nación o no lo hay? ¿A qué
nación se refiere el debate que este Parlamento vivirá y protagonizará la próxima semana? Seamos cuidadosos con las palabras y procuremos ajustar los términos reales a lo que vale cada una de ellas.
Cataluña describe por voluntad de su Estatuto de Autonomía su realidad como nación. Es cierto, y antes se decía nación, Biblioteca Nacional, etcétera. Pues también en Cataluña tenemos la Diada Nacional, aprobada por ley con los votos del
Partido Popular -no sé si alguno de ellos era entonces cabeza de lista-; tenemos también un himno nacional, aprobado por ley del Parlamento de Cataluña, también con los votos del Partido Popular; tenemos también un Archivo Nacional de Cataluña y
un Teatro Nacional de Cataluña. Por tanto, también en la realidad catalana existe ese sentimiento de nación. No es el caso exacto de lo que reproduce el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ellos hablan de realidad nacional. Por
cierto, algunos que en Cataluña hoy están en contra y pidiendo el no antes estaban satisfechos con que simplemente en el Estatuto constara que Cataluña era una comunidad o realidad nacional. No aludo a nadie, pero evidentemente todo el mundo sabe a
quién me refiero.
Consecuentemente, señoras y señores diputados, Andalucía habla de realidad nacional. ¿Se aparta de la Constitución? Creo sinceramente que no. ¿Por qué? La Constitución, decía con todos mis respetos el ponente comisionado del Partido
Popular, no contempla que Andalucía sea una nacionalidad. Es cierto, ni Cataluña tampoco, pero distingue entre nacionalidades. Pero es que fue el pueblo andaluz -por cierto, no con el apoyo de todos- quien quiso mediante referéndum -entonces sí
habló el pueblo de Cataluña- acogerse al artículo 151 que estaba previsto solo para las comunidades autónomas que por haber tenido un Estatuto plebiscitado en la II República y por tener unas condiciones específicas ese hecho diferencial así eran
consideradas, y en eso pensó el legislador constituyente al distinguir entre nacionalidades y regiones. Por tanto, si Andalucía es nacionalidad, como lo es Valencia en un Estatuto aprobado por el PP y el Partido Socialista, me parece obvio que de
ello pueda derivarse la palabra realidad nacional. ¿O es que realidad nacional no tiene nada que ver con nacionalidad? Aun siendo cosas distintas nacionalidad y nación, así se contempla, el Estatuto de Andalucía dice una cosa en este terreno y el
Estatuto de Cataluña dice otra distinta.
Podría hacer referencia a otros contenidos de este Estatuto, pero dije que nosotros vamos a respetar la posición y el acuerdo del Parlamento de Andalucía. Añadía también, haciendo referencia a una conversación con una periodista, que el
Estatuto de Cataluña mantiene unas condiciones que no se reflejan en este y en otros estatutos, al menos en la gran mayoría.
¿Por qué tenemos nosotros competencia para participar directamente en la Unesco y no se facilita o no se describe en el
Estatuto de Andalucía? Porque existe ese hecho diferencial de la cultura y la lengua. Por tanto, el nuevo Estatuto de Cataluña, el que no desea el Partido Popular, permitirá a partir de ahora que tengamos presencia para defender la cultura y la
lengua en la Unesco, lo que, por cierto, no es nada extravagante, está previsto perfectamente en las reglas de juego, por tanto, en la reglamentación interna de un organismo internacional como es ese.
También tenemos una organización territorial propia, se sustituyen provincias por veguerías. Tampoco eso está en el Estatuto de Andalucía.
¿Por qué? Porque en el nuestro hay un recuerdo, un respeto y un reconocimiento de unos derechos
históricos. Históricamente Cataluña ha tenido otra distribución territorial y, consecuentemente, hay diferencias entre el Estatuto de Cataluña y el Estatuto de Andalucía, pero son esos términos concretos los que nos distinguen como realidad, como
nación que somos, en este caso, Cataluña.
¿Hay más diferencias? Sí. En el Estatuto de Cataluña aparece más reforzada la bilateralidad, viene más marcada. También hay diferencias en el título I, señor Rajoy. Antes el señor Rajoy aludía -me parece que no me está escuchando, pero
en cualquier caso hablaré para las señoras y señores diputados-, haciendo referencia directa a mi persona, al título I. Le agradezco mucho al señor Rajoy su referencia y les agradezco mucho a los legisladores de Andalucía este título, porque permite
ver justamente qué es lo que ha hecho Convergència i Unió en relación con el mismo. Señor Rajoy, si usted coge, por ejemplo, el artículo 21.2 del proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía que se somete a consideración en esta Cámara, verá que
coincide exactamente con el proyecto del Parlamento de Cataluña antes de salir de Cataluña y que gracias a Convergència i Unió se modificó. Señor Rajoy, lo que se nos ofrece hoy desde los andaluces -y lo respetamos porque es voluntad de su
Parlamento- es aquello que Convergència i Unió modificó. Por tanto, gracias, señor Rajoy, por permitirme recordar a las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña que
debido a las enmiendas de Convergència i Unió el Estatuto de Andalucía no dice lo mismo que el Estatuto de Autonomía que se somete a referéndum.
Pero vayamos más allá en el título de derechos y deberes, señor Rajoy. ¿Se ha leído lo que dice el artículo 20 del Estatuto de Andalucía y lo que dice el artículo 20 del Estatuto de Cataluña una vez aprobado por esta Cámara, y por tanto
enmendado por Convergència i Unió, respecto a lo que es muerte digna o derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte? Muerte digna es lo que decía antes el proyecto de Estatuto de Cataluña.
Derecho a vivir con dignidad el proceso de la
muerte es lo que dice después, gracias a las enmiendas de Convergència i Unió. Por tanto, señor Rajoy, gracias por permitirme volver a explicar a la ciudadanía de Cataluña que debido a Convergència i Unió y a nuestras enmiendas se trata esta
cuestión de manera distinta a como se trata en este caso.
Señor Rajoy, también puedo hacer explícita referencia -usted aludió a ello y, por cortesía y con mucho interés, le doy respuesta a ello- a cuál es el trato que hace sobre el tema de las parejas de hecho y la protección de la familia. Por
favor, léase el artículo 17 del Estatuto de Andalucía y léase el artículo 40.7 de nuestro Estatuto y verá, señor Rajoy -después se lo explican, por favor-, que gracias a nuestra enmienda dicen cosas muy distintas. Por cierto, léanse el preámbulo de
la Ley de parejas de hecho de las comunidades autónomas de Madrid y de Valencia, gobernadas por el PP, y encontrarán mas similitud con el Estatuto de Andalucía que con el Estatuto de Cataluña, enmendado por Convergència i Unió respecto a estas
cuestiones de parejas de hecho. Con mucho interés, si después hay mayor atención para seguir discutiendo sobre el título I, quedo a su disposición.
Quiero agradecerles también a los legisladores andaluces un aspecto que entenderán por qué aplaudimos. Ustedes dicen circunscripción electoral la provincia; ninguna provincia tendrá más del doble de diputados. Me parece un criterio que
refuerza la representación territorial y que lógicamente pensando en Cataluña no podemos sino aplaudir, porque hemos sido precisamente Convergència i Unió -es cierto que también otros grupos parlamentarios como el de Esquerra Republicana, no tengo
reparo alguno en reconocerlo- quienes siempre hemos defendido que en aras de ese equilibrio territorial, en los territorios de Cataluña, en las circunscripciones territoriales, no se prime -como no se hace en el caso del Estatuto de Andalucía-
simplemente el criterio de población.
El Estatuto de Andalucía añade una disposición adicional cuarta sobre competencias en materia de puertos y aeropuertos de interés general, mediante el uso del artículo 150.2. Todo el mundo conoce la historia del recorrido de esa enmienda en
el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Como existe un compromiso del Gobierno firme y solemne, que yo sin duda acepto como tal, para utilizar exactamente lo mismo, aunque no conste en el Estatuto, también me alegro de ello y no tengo
ningún inconveniente en que eso sea así. Es más, se ha hablado de puertos y de que se ha utilizado el artículo 150.2, como si solo se hubiera utilizado cuando gobernaba el Partido Popular, cuando el nacionalismo de Convergència i Unió era un
nacionalismo territorial ni malo ni bueno, sino un nacionalismo muy pro estabilidad del Estado y del Gobierno español, y utilizando el artículo 150.2 transferimos mayores competencias en carreteras a los Mossos d'Esquadra o también hicimos una Ley
de puertos que permitió la gestión autónoma de los mismos, pero no simplemente de los de Cataluña, sino de los puertos del conjunto español.
Por lo tanto, una vez más, en este caso con el Partido Popular -con actitud distinta a la actual porque
entonces era Gobierno y nos necesitaba y ahora se trata de erosionar al Gobierno de turno-, hicimos una Ley de puertos que permitía la gestión no solo para Cataluña sino para el conjunto del Estado español.
Dos reflexiones más, señoras y señores diputados. Sería bueno el diálogo con el Partido Popular; otra cosa es que el diálogo es entre dos y, por lo tanto, no soy yo quien va a terciar sobre cuáles sean los intereses y lo que ellos puedan
estimar oportuno. Mejor sería que se dialogase y que todos llegaran a un acuerdo, pero eso les corresponderá a ustedes.
También, debo, desde la amistad y la confraternidad política pero también desde un sentido realista, recordar otra reflexión.
Nunca se hizo un Estatuto de Autonomía sin que en una comunidad donde existe una opción política que se presenta ante los electores como nacionalista se intentara consensuar con esa opción el proyecto de Estatuto. No digo que no se haya hecho; lo
que pido es más esfuerzo para que si es posible, aunque ellos no estén representados en esta Cámara, en el trámite parlamentario también pueda incorporarse al Partido Andalucista al resultado final del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por tanto,
pedimos que se haga desde el diálogo, el equilibrio y el encuentro. No se trata de cepillar ningún proyecto de Estatuto. En un Parlamento en democracia nadie cepilla a nadie. Si realmente hay que hacer alusión a ese léxico político, me atrevo a
decir que lo que hicimos desde Convergència i Unió fue amortiguar el ánimo enmendador del Partido Socialista, y el resultado es un resultado de equilibrio por todos conocido y no hace falta discutir al respecto. La decisión le corresponde a estas
Cortes y las Cortes -en el lenguaje del Partido Popular- son la expresión de la soberanía de España. En consecuencia, que nadie tema que nadie vaya a aprobar nada para Andalucía, como nadie aprobó nada para Cataluña, que no sea desde un organismo,
en este caso el que representa la voluntad del conjunto de los ciudadanos españoles. Entiendo ciertas obsesiones, a veces el señor Rajoy me recrimina que aluda al Partido Popular, pero hoy ha sido a la inversa, y con mucho gusto, con el afán de
pedagogía, con todo respeto, hago referencia a ello. (El señor Cortés Martín: Se tiene que dirigir al Gobierno.-Un señor diputado: A Zapatero.-Otro señor diputado:
No se atreve.) ¿Me permiten dirigirme a quien crea conveniente? Es que quien está sosteniendo, señor Fernández Díaz, una posición contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña no es el Gobierno, es su partido y, por lo tanto, es lógico que me
dirija a su partido. Quien ha introducido en esta Cámara criterios y apelación personal sobre el título de derechos y deberes no ha sido el representante del Gobierno sino el señor Rajoy. Así que con todo el respeto, estima y afecto que sabe que
le tengo, le doy respuesta y ya está y aquí tranquilidad y todo el mundo con lo suyo.
(Aplausos.) Decía que corresponderá a esta Cámara, que representa lo que representa, la decisión final.
No puedo acabar sin una última referencia. Los territorios no tienen derechos; los derechos son de las personas y no los tienen. Yo represento una opción política -no simplemente Unió sino Convergència i Unió- que ha defendido siempre el
personalismo comunitario. Antes se hizo referencia a personajes y se dijo que no sabían si serían conocidos. Supongo que este sí: Jacques Maritain o la doctrina social de la Iglesia. (El señor Aragonés Mendiguchía: ¡Hala!) Eso es exactamente el
nacionalismo personalista. (El señor Aragónes Mendiguchía: No, no.) Sí, sí; busquen a fondo y ni tan siquiera a fondo. Nacionalismo personalista es tener a la persona como centro de nuestras decisiones. Existe una filosofía política, que
entiendo que algunos ignoren (El señor Aragonés Mendiguchía: No es ignorancia.), que es el personalismo comunitario del cual... (El señor Aragonés Mendiguchía pronuncia palabras que no se perciben.) Por favor...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Aragonés, no se puede interrumpir a nadie que está en el uso de la palabra. No se puede venir al Parlamento para eso.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor Aragonés, con todo respeto y estima, yo me dirijo a quien contraviene nuestros argumentos, que no lo hace hoy el Gobierno, ustedes sí, por favor. Perdone, ¿quién ha dicho que el nacionalismo territorial es el
malo? (El señor Aragonés Mendiguchía: Maritain.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
El señor DURAN I LLEIDA: Sí, Jacques Maritain es el pensador por excelencia que describe el personalismo comunitario y la doctrina social de la Iglesia tres cuartos de lo mismo, y dicen exactamente personalismo comunitario, sí. Ya sé que
usted no es democratacristiano (Risas.), pero personalismo comunitario, sí. Jacques Maritain y Emmanuel Mounier dicen respeto a la persona, pero la persona tiene un compromiso con su comunidad, y esa comunidad para nosotros es Cataluña. Respetamos
que para ustedes no lo sea. Es la razón por la que me dirijo a ustedes, porque son ustedes los que no quieren el Estatuto de Autonomía, y se lo respeto y es legítimo. En cualquier caso, yo tengo que explicar por qué defendemos esa opción. Eso es
democracia, respeto y escucharnos los unos a los otros.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Autoridades del Parlamento de Andalucía, de la Junta de Andalucía, señoras diputadas, señores diputados, voy a hacer tres consideraciones previas antes de posicionarnos como grupo parlamentario ante el texto que hoy tomamos en consideración.
En primer lugar, Andalucía es importante para Cataluña y para el partido que represento, Esquerra Republicana de Catalunya. En Andalucía están las raíces de muchos catalanes; una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tiene
raíces en Almería, en Jaén, en Cádiz, en Granada, en todos los rincones de Andalucía. Si alguien les puede comprender, si en alguien pueden ustedes confiar es en Cataluña, por dos razones: en primer lugar, porque la azarosa historia del pueblo
catalán nos ha hecho solidarios con las causas de la justicia y la libertad y, en segundo lugar, porque de muchos catalanes del siglo XXI, como decía al principio, sus hijos y sus nietos son hijos y nietos de Andalucía que un día buscaron un mejor
futuro en Cataluña y adoptaron Cataluña con sentimiento compartido con la tierra que les vio nacer. Cataluña es pues, como hemos dicho muchas veces, una nación en construcción; se levanta día a día con la aportación de muchos hombres y mujeres de
distintos orígenes y culturas. Es en esta nación catalana en construcción donde hay un pedazo de Andalucía; buena parte de nuestros fundamentos de esta construcción son andaluces. He dicho que quería hacer en nombre del Grupo Parlamentario de
Esquerra tres consideraciones previas. Esta es la primera, la reflexión sobre la importancia de Andalucía, los orígenes andaluces de muchos catalanes y catalanas.
Una segunda reflexión es sobre el momento político en el cual estamos. Hoy celebramos el debate sobre una reforma estatutaria -se podría decir- en un clima de normalidad. Después de escuchar diversos discursos podría decirse que la palabra
normalidad tiene mucha anchura, pero es verdad que estamos en un clima de normalidad. ¡Qué mayor normalidad cuando vemos a la izquierda andaluza optar por este Estatuto, a la derecha de toda la vida negándolo y a una parte del nacionalismo andaluz
que quiere más! Es un contraste legítimo de pareceres, pero al fin y al cabo de normalidad.
Precisamente es lo que los catalanes durante los dos últimos años hemos envidiado: un clima de normalidad en el momento de discutir nuestra propuesta de
Estatuto, nuestra reforma de Estatuto; un clima de normalidad que
hoy contrasta con lo que fue en su momento el debate sobre el Estatuto catalán. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Felicidades al pueblo andaluz y a sus instituciones, que no han tenido que sufrir la
amenaza, el insulto y las presiones que en su momento recibió el debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña; presiones -ustedes las recordarán-, algunas excepciones y, por suerte y felizmente, excepciones incluso de algunos miembros de las
Fuerzas Armadas, de órganos judiciales como miembros del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, de algunos sectores ultramontanos de la Iglesia, de algunos sectores también ultramontanos de la patronal, de algunos medios de
comunicación y una recogida de firmas absolutamente surrealista. Por cierto, no sé si el señor Rajoy después de este debate también va a intentar recoger firmas contra el Estatuto andaluz, pero tendría que ser coherente con ello. Repito,
felicidades por este clima de normalidad que se ha otorgado al Estatuto andaluz. Hoy aquí constatamos el doble rasero con el que se juzga muchas veces a Cataluña. No se trata de instalarse en el agravio comparativo, al contrario. Se trata de
denunciar el acoso permanente a todo aquello sospechoso de catalán. Y ya se sabe, estamos hoy debatiendo el Estatuto andaluz y nunca mejor dicha la cita de un nacionalista andaluz como Javier Pulido: Demasiadas veces el anticatalanismo es la
ideología de masas del españolismo.
Una tercera reflexión es para posicionarnos a favor de este texto y de su toma en consideración. Este es el segundo proyecto de modificación de un Estatuto que no afecta al territorio catalán. Hemos discutido sobre el Estatuto de Cataluña
y el del País Valenciano. El primero fue la modificación del Estatuto de Gernika. Esquerra votó afirmativamente porque era la voluntad mayoritaria del Parlamento nacional de Euskadi.
Hoy se nos presenta la toma en consideración del nuevo Estatuto
de Andalucía. Nuestra posición volverá a ser la misma: respetar la voluntad de la mayoría de los andaluces y andaluzas expresada a través de su Parlamento autonómico. Esta misma coherencia la mantendremos con todos y cada uno de los proyectos
estatutario que lleguen a esta Cámara.
Hechas estas tres consideraciones previas y comprometido nuestro apoyo político y nuestra solidaridad activa con el pueblo andaluz, vamos a intentar demostrar cómo ustedes, los señores del Gobierno y del Partido Socialista han reeditado un
café para todos en forma de molde, que es el que pactó el señor Rodríguez Zapatero con los dirigentes de su partido.
Este molde se ha aplicado implacablemente sobre Cataluña, sobre su Estatuto, sobre su Parlamento y sobre la expresión mayoritaria
que dio el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, cuando el 90 por ciento de la Cámara catalana respaldó una propuesta de reforma de Estatuto. Es sabido que la Constitución española de 1978 no determina el tipo de Estado al cual
responde su organización territorial. En ninguno de sus preceptos se dice si se trata de un Estado unitario, federal, regional o autonómico. El constituyente dejó abiertas diferentes alternativas y, entre ellas, la generalización o no del modelo a
todo el territorio del Estado. Consiguientemente, el modelo se basa en el principio dispositivo y en la voluntariedad de los distintos territorios de acceder a su autonomía política, aunque en la práctica, con la creación de diecisiete comunidades
autónomas, el denominado café para todos fue para muchos una victoria póstuma del Ortega y Gasset, su primer y principal teórico, resucitada precisamente por un andaluz, el que fue ministro para las Regiones de la Unión de Centro Democrático, el
señor Manuel Clavero Arévalo. Se acabó imponiendo este modelo, aunque en puridad los condicionantes del proceso autonómico se encuentran no solo en el carácter abierto del proceso, sino también en la sacralización de principios como el de unidad,
solidaridad, igualdad, autonomía municipal y en aspectos como el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Así pues, la asimetría o heterogeneidad que estaba en el origen tanto del Estado integral de la II República como en
la Constitución de 1978 se acabó diluyendo. Hago esta observación de entrada porque el Estado autonómico surge primariamente ante la necesidad de responder de forma más o menos equilibrada a las distintas tensiones que hacían insostenible el
mantenimiento de un Estado centralista y unitario como el del régimen predemocrático y satisfacer las demandas de autogobierno de algunos territorios, como Cataluña, Euskadi y Galicia, que en el pasado habían dispuesto no solo de foros jurídicos
públicos sino de auténticos estatutos en el periodo republicano. La generalización, fragmentación e igualación del modelo autonómico no era, por tanto, la única opción constitucionalmente posible. En los sucesivos pactos autonómicos entre los
principales partidos estatales desde 1981, fatídica fecha, se acabó por introducir posteriormente una nivelación entre territorios que marca el fracaso de los distintos intentos de una parte del catalanismo o del vasquismo, del nacionalismo vasco,
de tener un reconocimiento específico del hecho diferencial de las naciones históricas y de acentuar la asimetría del modelo. Había base para ello, fundamentada en hechos tan diversos como la existencia de derechos históricos o de rasgos culturales
y lingüísticos diferenciados. Pero las cosas son como son. El catalanismo que representa Esquerra es consciente de que, hace más de un cuarto de siglo, el pueblo andaluz supo conquistar su derecho al autogobierno gracias a la movilización de toda
la sociedad andaluza. Andalucía fue la primera en romper así con el molde diseñado por la Constitución cuando el 28 de febrero de 1980, a través del procedimiento del artículo 151 de la Constitución española, logró alcanzar el mismo nivel
competencial que los territorios históricos, cerrando el hasta entonces claramente abierto e inacabado modelo de Estado.
Por todo ello, quiero expresar en primer término nuestro más absoluto respeto hacia esta vocación de
autogobierno, hacia la voluntad expresada muy mayoritariamente por el Parlamento de Andalucía a favor de la demanda de un nuevo Estatuto para el relanzamiento económico, social y cultural de Andalucía. Es más, ni la exigencia de los mismos
derechos que vascos, catalanes y gallegos, ni la reivindicación de la deuda histórica son para nosotros ningún problema, no nos perturba lo más mínimo, porque aquí de lo que se trata es de que cada pueblo alcance el nivel de autogobierno que desee y
de que se reconozca al Estado español como un Estado plurinacional en el que Andalucía ocupe un lugar con identidad propia. Pero, en su momento, las rebajas en el pacto entre el señor Rodríguez Zapatero y el señor Mas desvanecieron el sueño
plurinacional. Pasados más de 25 años de la formulación del Estado autonómico se ha avanzado en términos de descentralización, pero no se ha conseguido encauzar un modelo de organización territorial de carácter plurinacional. Por tanto, no es
verdad, como a menudo se nos dice como consecuencia de nuestras demandas de autogobierno, que Cataluña esté ensimismada, que los catalanes estemos ensimismados. España es la que está ensimismada, ya que es incapaz de edificar un Estado que respete
y reconozca las distintas y diferentes necesidades de los ciudadanos de cada territorio. Coincidimos con los que señalan que, a pesar de los avances del autogobierno experimentados durante un cuarto de siglo, no se ha avanzado lo suficiente en este
terreno, en el autogobierno. Ha sido un periodo de contención de la autonomía debido tanto a los condicionantes impuestos por los sucesivos gobiernos estatales como al proceso de integración de la Unión Europea.
En el caso andaluz, como en el
catalán, quedan importantes transferencias por parte del Estado que hay que asumir -confederaciones hidrográficas, un Guadalquivir netamente andaluz, instituciones penitenciarias, parques nacionales, etcétera- y que han sido objeto de constantes
reclamaciones por parte de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, Andalucía se ha visto afectada por la invasión de leyes estatales en su acervo competencial autonómico, distintas leyes que han oscurecido los objetivos marcados por el artículo 12.3
del vigente Estatuto, de forma que se registran incumplimientos en ámbitos tan importantes como el del pleno empleo, la reforma agraria o el aprovechamiento de los recursos de Andalucía. Los indicadores de empleo, del nivel de renta o de la
convergencia real con Europa demuestran que Andalucía se halla todavía lejos de asegurar la prosperidad y la cohesión social necesarias. Por todo ello es razonable que el nuevo Estatuto pueda servir a los objetivos de obtener el mayor nivel de
autogobierno posible, la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas y la definición de nuevos hitos de cara al futuro.
La propuesta de reforma presentada por el Parlamento de Andalucía, en esencia, pretende fortalecer las señas de identidad de los andaluces, aumentar el techo competencial de Andalucía, mejorar y modernizar las instituciones andaluzas,
incorporar nuevos derechos, adecuar las instituciones andaluzas a la pertenencia de España a la Unión Europea y garantizar una financiación suficiente. Son objetivos todos ellos que se asemejan a los presupuestos iniciales de la propuesta del nuevo
Estatuto surgida del Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado.
Paralelamente, es curioso señalar que un texto aprobado por el 90 por ciento del Parlament de Cataluña, una vez llegado a Madrid, se recorta en un 67 por ciento de ese
contenido inicial y, en cambio, un Estatuto como el andaluz, que llega avalado por el 62 por ciento del Parlamento -y digo, absolutamente legítimo- se presenta sin tijeretazos ni recortes.
Con esto, señorías, no reclamo que el Gobierno tijera en
mano apedace el Estatuto andaluz, sino que desde mi grupo, Esquerra, una vez más reivindicamos el respeto democrático a las voluntades y decisiones legítimas de nuestras instituciones. En ese sentido, es paradójico que el Gobierno español respete
de manera inversa los diferentes niveles de consenso institucional. Por otro lado, lo sospechoso no es que los objetivos de ambas propuestas estatutarias sean plenamente coincidentes, sino que finalmente la propuesta del Parlamento andaluz se
parece a la catalana como si se tratase de dos gotas de agua. A la postre, el Partido Socialista ha impuesto un patrón, un cliché que ha servido primero para cepillar el Estatuto catalán -esto no lo dice un servidor, lo dice Alfonso Guerra,
presidente de la Comisión Constitucional en esta Cámara- y luego para trasladar al Estatuto andaluz un contenido similar a lo que pone de relieve que ha sido un acuerdo entre Zapatero y los principales dirigentes territoriales del Partido Socialista
el que ha diseñado la matriz de todas las reformas estatutarias. De modo que cuando el dirigente señor Artur Mas de Convergència i Unió, partido de la oposición en el Parlament de Catalunya, pactó en La Moncloa el Estatuto catalán no tuvo ninguna
intervención decisiva, sino que Zapatero se limitó a endosarle íntegramente su pacto con algunos dirigentes del PSOE, importantes sin ninguna duda, como pueden ser el señor Chaves y el señor Ibarra, y él lo aceptó sin poner ninguna traba. De esta
forma, Convergència i Unió selló su pacto con el PSOE con el afán de volver al Gobierno en Cataluña al precio que fuera, aceptando la desnaturalización del Estatuto y rompiendo un Gobierno en Cataluña, el primer Gobierno de izquierdas desde los años
treinta. Ya se sabe que en el PSOE hay quien entre el centralismo y la izquierda se queda con lo primero, aunque haya que sacrificar un Gobierno progresista y un Gobierno leal. El centralismo prefiere un Gobierno de derechas en Cataluña porque
siempre será más dócil que un Gobierno de izquierdas.
Esta tramitación pone de manifiesto un segundo turno del café para todos, un segundo turno más endulzado que podríamos bautizar como el café con sacarina para todos. Las esencias son las mismas, solo que alegradas con pequeñas concesiones y
con capas de maquillaje. Desde nuestro punto de vista esta no es la dinámica correcta, ya que cada territorio tiene necesidades distintas. En nuestro caso, Cataluña requiere un sistema de financiación que permita desarrollar un conjunto de
políticas
sociales que conformen un territorio equiparado socialmente en lo que se refiere a la protección y a su potencial productivo y económico. El Estatuto recortado de La Moncloa consolida un modelo de financiación desfasado con las tímidas
mejoras de un regate en corto protagonizado por el Partido Socialista. Y por si alguien alberga todavía alguna duda, no hay más que hacer una lectura comparada del texto final de la propuesta del Estatuto catalán que va a someterse a referéndum
próximamente y el texto que hoy estamos debatiendo. En primer lugar, empezando por los aspectos relativos al universo simbólico, a la identidad comunitaria de Andalucía, descrita como nacionalidad histórica, cuyos poderes emanan del pueblo andaluz,
o la referencia a los andaluces del exterior, o la referencia a los derechos en el artículo 9, que es una transcripción literal de un artículo idéntico que figuraba en la propuesta catalana redactada de puño y letra por Esquerra y que finalmente
cayó en el trámite en el Congreso. En segundo lugar, siguiendo con la incorporación de un título de derechos sociales, deberes y políticas públicas que contiene referencias idénticas en aspectos como la protección de la familia, los menores, las
personas mayores, la muerte digna o la educación. Permítame que ilustre esta referencia a la educación prevista en el artículo 21, ya citado en esta tribuna, diciendo que en dicho precepto figura una referencia a la laicidad en la enseñanza pública
en los mismos términos que figura en el Estatuto catalán. Por cierto, la similitud, que no el azar, ha hecho que este artículo también sea el 21 de la propuesta catalana. En tercer lugar, tanto o mayor similitud se nos antoja en el título II
relativo a las competencias. La propuesta examinada asume la misma tipología de las competencias hecha por el estatuyente catalán y le da parecido alcance a las materias submateriales competenciales, incluso adopta una cláusula de cierre del
artículo 83 que permite a la Comunidad Autónoma de Andalucía asumir las facultades y funciones no expresamente contempladas y que resultan inherentes del ejercicio de las distintas competencias. Todo ello configura un diseño de competencias muy
similar al que figura en el Estatuto catalán. En cuarto lugar, lo mismo puede decirse del título III, relativo a la organización territorial e institucional, donde las principales novedades del Estatuto catalán han sido reproducidas miméticamente:
el control de la legislación delegada, el decreto ley, las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno, el consejo audiovisual. En quinto lugar, a su vez, el diseño del Poder Judicial evidencia no solo las mismas limitaciones del
Estatuto catalán sino que previene las mismas competencias en materia de medios personales, materiales, justicia gratuita, demarcación y planta, justicia y paz, proximidad y cláusula subrogatoria. En sexto lugar, el mayor exponente de tanto
mimetismo es el capítulo relativo a la Hacienda de Andalucía, donde se pone de relieve lo que fue el pacto Zapatero-Chaves, al cual se añadió más tarde el señor Mas y pasó a conocerse como el pacto Zapatero-Chaves-Mas, y las escasas diferencias
entre el caso catalán y el andaluz. La más destacada quizá sea la suficiencia financiera, atendiendo fundamentalmente a criterios poblacionales que benefician a Andalucía.
Por lo demás, se incorporan aspectos de organización de los tributos, se
crea una comisión mixta de asuntos economicofiscales Estado-Andalucía y algunas otras cuestiones que plasman el mismo armazón del modelo de financiación catalán, que luego deberá extenderse a las comunidades de régimen común. En séptimo lugar,
respecto a las relaciones con el Estado, comisión bilateral, junta de Estado, instrumentos de colaboración, participación en instituciones estatales, así como en el resto de comunidades autónomas a través de convenios y acuerdos de cooperación o en
todo lo relativo a las relaciones con las instituciones de la Unión Europea, las coincidencias son tanto o más abundantes. En octavo lugar, si los proponentes son honestos, deberán reconocer que las únicas novedades en relación con el Estatuto
catalán son la incorporación de sendos títulos relativos al medio ambiente y a los medios de comunicación social. En todo lo demás, salvo algunos matices, estamos ante dos auténticos clones que confirman lo que ya se ha dicho: que a pesar de que
el PSOE y el señor Zapatero desecharon poner en marcha la fotocopiadora entre el alud de reformas estatutarias, finalmente han acabado haciendo lo contrario. Y es que el Gobierno ha instalado una copistería en La Moncloa.
Todo ello no va a ser óbice para que nuestro grupo dé apoyo a lo que el Parlamento andaluz y la mayoría de parlamentarios andaluces han expresado muy mayoritariamente. Nosotros ya no participamos de lo que en su día se denominó la vía
catalana. Nuestro grupo cree que, ante los recortes y laminaciones experimentados en el caso catalán, no queda otro remedio que el rechazo al texto aprobado por las Cortes Generales y situar nuestro horizonte más allá de lo que PSOE y Convergència
en su día acordaron.
Durante el debate de reforma del Estatuto en el Parlamento andaluz, un representante del Partido Andalucista manifestó que lo que el señor Zapatero hizo con el Estatuto de Cataluña en Andalucía no ha sido un punto de partida
sino un techo, un nuevo capítulo de café para todos. La vía catalana, caracterizada por el diálogo y el consenso, ha desembocado después de los recortes en una plantilla de uso generalizado, renunciando de esta manera a la negociación y al consenso
en beneficio de las necesidades y particularidades de cada territorio para un encaje genérico de uso global. Desde la izquierda nacional catalana defendemos el trabajo de sastre en cada territorio frente a la homogeneización del bolillo
Zapatero-Chaves-Mas, de aplicación universal. El profesor Noam Chomsky tilda de países díscolos a aquellos que son capaces de reparar las necesidades al resto del mundo, pero que a la vez son capaces de permitir la creación de un cuarto mundo en
sus ciudades y pueblos. De esta manera coexisten índices de bienestar elevados con bolsas de pobreza y poblaciones especialmente desfavorecidas. Cataluña va camino de destacar en este ámbito y convertirse en un
país díscolo, pero no por la vía directa sino por la imposición externa de un nivel de solidaridad mal planteado que arrasaría con las cuentas de resultados de cualquier país desarrollado. Con un encaje de bolillos muy ajustado estamos
perdiendo la oportunidad de solucionar, de una vez por todas, un sistema de financiación injusto que no nos permite avanzar hacia la prosperidad, el bienestar y la inclusión social. De la voluntad de la vía catalana de superar este callejón sin
salida hemos pasado a la hipoteca de un pacto de mínimos, muy por debajo del horizonte del 30 de septiembre que divisó el Parlament de Catalunya. No creo que este vaya a ser un problema de los andaluces, ni tan siquiera creo que el rechazo del
Partido Popular se exprese en los mismos términos furibundos y hostiles que en el caso catalán, que tanto daño ha hecho, hasta llevar a Rajoy a ganar esa batalla, aunque no lo parezca. Antes bien, lo previsible es que la tramitación de esta
propuesta vaya a ser mucho más pacífica y sinceramente les deseamos la mejor suerte. Por todo ello, señorías, les anunciamos nuestro apoyo a la toma en consideración como signo de respeto a la voluntad del pueblo andaluz y de sus instituciones.
Quién hubiera dicho hace 20 años que el Estatuto de Andalucía contendría el concepto de realidad nacional y que hoy mismo los demócratas en general y los catalanes, una parte importante de catalanes, celebraríamos el nacimiento de un nuevo Estado en
Europa, tutelado por la Unión Europea, Montenegro.
Porque, señoras diputadas y señores diputados, las naciones, las regiones y los Estados no son inmutables, se mueven, mudan, cambian, evolucionan.
En la Europa desarrollada, la Europa del primer
mundo, se irá resolviendo el difícil encaje entre los Estados nación y las naciones sin Estado y España no va a ser una excepción, les guste o no.
Quiero terminar felicitando al Parlamento de Andalucía, a sus representantes, por su defensa de un texto que les puede suponer un salto cualitativo en la mejora de las condiciones de vida de todos los andaluces y andaluzas. Y quiero acabar
con la expresión de un nacionalista andaluz, con la expresión de un referente histórico para Andalucía, Blas Infante, un nacionalista andaluz que fue compañero y amigo de Lluís Companys, el que fue presidente de la Generalitat de Catalunya. Decía
Blas Infante: Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumar definitivamente el acabamiento de la vieja España; declarémonos separatistas de este Estado que con relación a individuos y pueblos conculca sin frenos los fueros de la
justicia y del interés, y sobre todo los sagrados fueros de la libertad de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros; y ya no vale resguardar sus miserables intereses con el
escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional.
Muchas gracias, señora diputadas, señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor Puigcercós.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En su nombre tomará la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, señoras y señores representantes institucionales de Andalucía, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Vasco no se ha opuesto nunca a ninguna toma en consideración de los diferentes
estatutos de autonomía que se han presentado en esta Cámara, y no lo va a hacer tampoco ahora. Vamos a apoyar con absoluta convicción su toma en consideración porque creemos que es importante que la voluntad de cada colectividad, de cada comunidad
autónoma y de cada Parlamento autonómico pueda ser expresada y pueda discutirse con tranquilidad y serenidad en estas Cortes en busca de consensos, aunque tengo que manifestarles que desde nuestros escaños hemos asistido con cierta perplejidad a la
presentación que se ha hecho del Estatuto porque, desgraciadamente, se ha dedicado más tiempo a criticarse mutuamente problemas en la tramitación en el propio Parlamento andaluz que a presentar un proyecto ilusionante y común. En cualquier caso,
está claro que esa voluntad de la ciudadanía andaluza ha sido expresada por el Parlamento y debe discutirse en esta Cámara.
Hoy se hace una referencia en un artículo escrito por el presidente del Gobierno andaluz en El País, referencia a la que también ha aludido el representante institucional del Parlamento andaluz, en concreto el señor Gracia, sobre el momento
de inicio del proyecto de modificación del Estatuto andaluz. Es un tema anecdótico, pero a mí me gustaría poner un poquito los puntos sobre las íes. El señor Chaves decía que Andalucía está en este debate por voluntad y derecho propio, no para
emular a nadie. Quiero pensar que está por voluntad y derecho propio y no por emular a nadie. Añadía -y se ha dicho después aquí también- que en el año 2001 se presentó el proyecto y que en esa época nadie había oído hablar ni del malhadado plan
Ibarretxe ni del Estatut, etcétera. Eso hay que matizarlo un poco, porque en el año 2000 ya estaba planteada la reforma del Estatuto vasco en la agenda política vasca. Es cierto que el día 28 de junio de 2001 en el Parlamento andaluz, el señor
Chaves, según recogen las crónicas periodísticas, abogó de manera matizada por la reforma del Estatuto. Defendió la segunda modernización de Andalucía sin excluir ninguna alternativa, incluida la posibilidad de reformar el Estatuto si fuera
necesario. El malhadado, en su opinión, plan Ibarretxe ya estaba planteado. De hecho, en 2001 está el compromiso electoral, el 25 de noviembre ya está creada la comisión de autogobierno y el texto articulado en septiembre de 2003. En el caso del
plan Chaves, en noviembre de 2003 es cuando se anuncia la presentación de unas bases y en septiembre de 2004 se inician los trabajos parlamentarios. Desde luego, llevábamos mucho tiempo hablando de la reforma estatutaria vasca y bastante tiempo de
la catalana. Digo esto, porque -lo he afirmado en debates de reformas de otros estatutos de
autonomía- hasta hace muy poco tiempo las fuerzas mayoritarias de esta Cámara han defendido aquí que el desarrollo del Estado de las autonomías había llegado a su tope, que eso era inmodificable y que debía seguir así. Ahora nos hemos
embarcado, legítimamente -me parece que es muy correcto-, en una serie de reformas en distintos lugares de la geografía del Estado. Pero maticemos las cosas y vayamos al calendario concreto. El señor Gracia decía en su presentación que rechazar
aquí -se refería a unos escaños concretos- la toma en consideración sería rechazar la búsqueda de consenso, y estoy absolutamente de acuerdo con S.S. Creo que es necesario que se busque el consenso y me parece muy loable y apropiado que por su
parte se explicite que lo que buscan es intentar llegar a un acuerdo en la Comisión Constitucional. Quiero recordar también que los representantes institucionales vascos, en el caso de la reforma del Estatuto vasco, vinieron diciendo -en
manifestaciones fuera de este hemiciclo y el presidente del Parlamento vasco en el registro de aquella iniciativa- que lo que buscabámos era un consenso, lo que buscábamos era un diálogo, lo que buscábamos era llegar a un punto de encuentro.
Efectivamente, las tomas de consideración en estas cuestiones deben facilitar la búsqueda de esos consensos. Ahora bien, llega con cierta polémica, con 67 votos, con un 60 por ciento y hay cierta polémica porque se cumplen los tres quintos del
Estatuto, pero en el caso vasco se cumplía la mayoría absoluta requerida por el Estatuto, había un 52 por ciento, pero se deniega el pase. Resulta que el Estatuto catalán en el Senado alcanza un 49 por ciento de consenso, pero es válido. Ahora
para la Unión Europea, como es el caso de Montenegro, los referendos podrían ser válidos con el 55 por ciento. Hay cierto cacao porcentual. Este cacao es lógico porque, ¿no sería mejor dejar que el ordenamiento jurídico aprobado y en vigor sea el
que fije esas mayorías, sin pontificar -desde determinados escaños- sobre cuál debe ser la mayoría? Si hay unas reglas de juego y están pidiéndonos, una y otra vez, que se cumplan, ¿por qué no atenernos a esas reglas de juego? Nosotros creemos que
es perfectamente legal y conforme a derecho que se presente esta iniciativa y se le dé trámite. Ahora bien, tengo que decirles que, desde mi grupo político, hay veces en las que uno se plantea cosas. Nosotros tenemos una actitud clara de apoyo a
la voluntad del pueblo andaluz, pero se dan realidades muy fuertes y posicionamientos del Parlamento andaluz sobre la voluntad del pueblo vasco. Quiero recordar que en febrero de 2005 hay una proposición no de ley que se presenta y se aprueba en el
Parlamento andaluz en contra del denominado plan Ibarretxe, de la reforma estatutaria vasca, que se presenta antes y que se aprueba incluso después del debate y del rechazo de estas Cortes Generales. Me pregunto qué les habría parecido a los
andaluces que el Parlamento vasco hubiera rechazado su texto estatutario o sus pretensiones de acceder a la máxima autonomía, que siempre han defendido, que nos hubiéramos opuesto en su momento a que accedieran a través del artículo 151 de la
Constitución o que nos opusiéramos ahora a la toma en consideración. En el ámbito de la reciprocidad, el pueblo vasco no ha sido tratado de igual manera. Es curioso que esta propuesta de Estatuto de Andalucía, este plan Chaves, este nuevo texto,
si se reforma, va a salir gracias a los votos de esos nacionalistas insolidarios y egoístas que quieren romper el Estado. Va a salir gracias a los votos de los nacionalistas catalanes y vascos, porque si en este momento o en cualquier otro de la
tramitación de esta reforma del Estatuto unimos nuestros votos a los del Grupo Popular, su propuesta decae. Es curioso -¡qué cosas suceden!- que los egoístas, los insolidarios nacionalistas vascos y catalanes sean los solidarios para que pueda
prosperar la reforma andaluza. Nosotros les animamos a que se definan como lo deseen, porque eso es lo que debe hacer cada pueblo, cada comunidad, a que se autodefinan en función de sus sentimientos y de sus necesidades. Estoy seguro de que lo han
hecho, porque no parecería una manera muy apropiada de afirmarse hacerlo en función de lo que otros tengan, sean o deseen.
Hay algunas declaraciones hechas en el Parlamento autonómico y por personalidades políticas que sorprenden un poco. Hay un ejemplo muy gráfico de un artículo escrito por el ex ministro del Partido Popular, el señor Pimentel. Es un artículo
que se publicó en el diario El País el miércoles 3 de mayo de 2006. Dice en un párrafo: Y es que aquí está el quid del asunto. A la mayoría de los andaluces no les preocupa su exacta denominación, al tiempo que se sienten tan andaluces como
españoles sin ningún tipo de reserva a la hora de considerarse parte indisoluble de la España constitucional. Pero lo que no están dispuestos a aceptar en forma alguna es ningún tipo de discriminación con respecto a otras autonomías, y como
Cataluña se define realidad nacional, pues nosotros también. ¿Que es una barbaridad? Pues que no se lo hubieran concedido a los catalanes.
¿Que ellos, sí? Pues nosotros, también. Muchos critican este mimetismo, pero la sabiduría popular
aconseja no despegarse del pelotón de cabeza, por lo que pudiera pasar en el futuro. Y añade en otro párrafo: Lo sustancial del debate, lo más importante, será el que no se permita discriminación alguna. Se refiere al conjunto de las comunidades
autónomas y del Estado. Nosotros apoyamos que se definan como quieran, como lo deseen, aunque pueda chocar y sorprender que en una fecha tan reciente como la de 2005 una resolución de Izquierda Unida a favor de que se denomine nación a Andalucía
sea derrotada en el Parlamento con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero no esperen que el Grupo Vasco muestre un rechazo a cómo quieren definirse, a qué autonomía quieren o a qué competencias quieren obtener. En absoluto.
Les apoyaremos en ello. Por otra parte, esperamos que nadie pretenda utilizar este Estatuto de Autonomía como una proyección jurídica de la estructura del Estado sobre las demás comunidades autónomas. Hemos asistido -ya se ha citado en esta
tribuna- al café para todos, al deseo
igualador, a la tabla rasa para todas las comunidades autónomas, hubiera más o menos deseos de obtener mayores competencias. Se va avanzando en ello en la década de los ochenta y en la de los noventa, y en opinión de algunos el Estatuto de
Andalucía constituyó un poco ese pistoletazo de salida. El señor Rodríguez Zapatero ha dicho hoy que este Estatuto podría ser de aplicabilidad general. No sé exactamente qué es lo que ha querido decir. Supongo que no querría anunciarlo como
modelo para nadie. En el Parlamento de Andalucía hay voces que han manifestado que ninguna comunidad va a disfrutar de poderes y privilegios superiores a los que Andalucía tenga derecho. Incluso en la exposición de motivos -donde, por cierto, se
confunden derechos con privilegios- se comenta que Andalucía no permitirá esa -entre comillas- desigualdad.
En ese artículo del señor Chaves que he citado antes hay una frase interesante. Dice: Andalucía entonces, como ahora, no pidió para sí lo que negara a los demás. Esto, a sensu contrario, significa que niegan a los demás lo que ellos no
piden, que él siente que puede convertirse en limitador de los derechos de los demás. Desde luego, desde la Comunidad Autónoma vasca, desde Euskadi, desde el Grupo Vasco les aseguro que preferimos no negar nada, lo tengamos o no lo tengamos, lo
queramos o no lo queramos, porque deseamos definirnos en función de nosotros mismos, sin que nadie nos marque un límite. Lo dijimos ya en el debate del Estatuto de Cataluña y lo repito ahora: No piensen que determinadas reformas estatutarias van a
fijar un modelo para otras y, desde luego, para el caso de la Comunidad Autónoma vasca. Yo tengo la esperanza de que encontremos una solución, un encaje jurídico para todas las comunidades autónomas. Estoy esperanzado, señor ministro, porque
Andalucía es un ejemplo evidente de que cuando hay voluntad política, cuando hay tenacidad, cuando hay un deseo se pueden superar las barreras legales que existen. Se ha mencionado aquí mucho el referéndum del año 1980, que para Andalucía es todo
un hito. Ese referéndum demostró varias cosas, pero demostró sobre todo que a pesar de los límites que pueda poner la Constitución, de la regulación de su artículo 151.1, o de lo que diga una ley, por ejemplo la Ley orgánica sobre las diferentes
modalidades de referéndum, aunque no se cumplan determinados pasos, a pesar de eso es posible seguir adelante, es posible modificar una ley y es posible dar retroactividad a esa modificación para que una voluntad política mayoritaria, amplísimamente
expresada, tenga cabida dentro del marco autonómico del Estado. Eso nos llena de esperanzas y eso fue correcto, porque otra cosa hubiera sido coartar la voluntad mayoritaria del pueblo andaluz. En ese sentido, manifiesten lo que deseen, que
nosotros estaremos siempre a favor de que ustedes puedan conseguir sus expectativas; manifiéstense en función de sus necesidades y de sus sentimientos. Por cierto, me sumo a lo que ha dicho el señor Duran, desde otra vertiente, pero en el mismo
sentido. ¡Vaya si los territorios tienen derechos! El señor Rajoy decía que no, pero vaya si los tienen. Existe una selección de fútbol que es de España no en función de los intereses de los individuos, del interés o del derecho individual de una
persona, sino en función de un derecho colectivo de España, que Euskadi, por ejemplo, no tiene. Vaya si hay derechos, cuando algunos tienen el derecho de sentarse en Naciones Unidas o en la Unión Europea y otros no. Sin embargo, hay otros derechos
individuales -en nuestra opinión, los derechos individuales siempre estarán a la misma altura o por encima de los colectivos- que ustedes niegan a los individuos. Por ejemplo, me niegan a mí mi derecho a identificarme como nacional vasco. Qué
nadie decida lo que una persona piensa, siente o cómo se define. En estos momentos se niegan derechos individuales. ¡Y vaya que sí hay derechos colectivos y derechos territoriales! En definitiva, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) actuará -lo
ha hecho hasta ahora- impulsando esta toma en consideración y demostrando que los nacionalistas insolidarios, egoístas y que quieren crear privilegios y discriminación para algunos, sin embargo, van a ser los que con sus votos, y gracias a sus
votos, posibiliten que el Estatuto de Andalucía salga adelante y además lo haremos muy gustosos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra en su nombre el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Bienvenidos compañeras y compañeros, diputadas y diputados del Parlamento andaluz, autoridades del Gobierno de Andalucía. Les doy la bienvenida porque están ante esta Cámara para presentar una iniciativa de
reforma de su Estatuto de Autonomía que no solamente es una buena iniciativa y un buen Estatuto para Andalucía, sino que estamos convenidos también de que es un punto de inflexión en el desarrollo autonómico del conjunto del Estado. Lo hago en
nombre de un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que va a respaldar esta iniciativa no solamente porque respetamos la voluntad del pueblo andaluz ni porque estamos comprometidos con las
reformas estatutarias y con la modernización federal del Estado, sino también porque somos una parte de esta propuesta de Estatuto. Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular no puede ir más allá de sus votos en Andalucía; es cierto. No tiene
por qué ponerse por montera a todos aquellos que no han votado a favor de este Estatuto, pero también es cierto que este Estatuto viene con la colaboración como coautores del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Ese es un hecho y nosotros nos sentimos coautores de esta reforma estatutaria,
de este nuevo Estatuto para Andalucía. En el día de hoy espero ser capaz de ceñirme a la materia porque mi grupo parlamentario tiene la impresión de que a veces la materia no ha sido el Estatuto de Andalucía y de que otras veces la mirada
no ha sido sobre Andalucía. Da la impresión de que para algunos miembros de esta Cámara no estamos debatiendo el Estatuto de Andalucía, sino una especie de sombra del Estatuto de Cataluña y aprovechan la ocasión para pelear con esa sombra.
Nosotros no tenemos por voluntad ni por costumbre pelear con las sombras. En este caso nos atenderemos a la materia que ha querido el pueblo andaluz, la que ha querido la mayoría del Parlamento andaluz, que es la reforma del Estatuto de Andalucía.
En primer lugar, como grupo parlamentario respetamos al pueblo andaluz. No se respeta al pueblo andaluz cuando se utiliza el tópico o cuando, como se ha hecho hoy en esta Cámara, se sustituye al pueblo andaluz por otra iniciativa
estatutaria. No se respeta al pueblo andaluz cuando se reclama el consenso haciendo referencia a no sé qué memoria histórica, cuando esa memoria está tergiversada y obvia que en determinado momento histórico fueron la izquierda y el andalucismo
quienes se resistieron a un modelo autonómico demediado y fue la derecha quien quiso imponer ese modelo autonómico. No se puede venir aquí a hablar de consenso histórico y de que hoy se rompe el consenso porque no es cierto. Tampoco se puede
hablar de que la falta de consenso cuestiona la legitimidad de la propuesta de Estatuto del Parlamento de Andalucía porque no se corresponde con la legalidad, con nuestra Constitución. Aquellos que más defienden y patrimonializan la Constitución se
unen en estos momentos a la defensa de un supuesto carácter imprescindible del consenso y, por tanto, a la negación y deslegitimación de las mayorías.
Señores del Partido Popular, en esta Cámara ha habido mayorías diversas en reformas estatutarias: mayorías simples y más importantes; como se ha dicho aquí, mayorías del 60 por ciento y prácticamente del 90 por ciento.
En todos los casos
han utilizado el mismo argumento, el de que sin ustedes no hay consenso. Es una buena fórmula o un buen significado del consenso. Da la impresión de que para el Partido Popular consenso es: conmigo; yo, mi, me, conmigo; no consenso. El
consenso es muy curioso porque, en boca del Partido Popular, no es la búsqueda del acuerdo respetando las mayorías, sino el derecho de veto; es lo que quiere el Partido Popular. Es decir, lo que transmite hoy el Partido Popular es que como todavía
no ha asumido el resultado electoral y, por tanto, no admite la legitimidad de las iniciativas del Gobierno -hoy el portavoz del Partido Popular ni siquiera ha nombrado al presidente del Gobierno ni a las instituciones del Gobierno central en esta
Cámara-; como no admite ni legitima al Gobierno, para el Partido Popular no es posible el consenso, dado que lo utiliza como un derecho de veto. No sería posible, pues, ninguna de las reformas que están pendientes en nuestro país, ni reformas
institucionales ni sociales, ningún tipo de reformas, porque el Partido Popular no lo quiere y, según él, el consenso es el derecho de veto. Pues bien, señorías, nosotros no aceptamos ese significado del consenso.
Deseamos que haya el mayor nivel
de acuerdo en iniciativas institucionales tan importantes como son los estatutos de autonomía. Si uno no quiere es muy difícil llegar al acuerdo, y el Partido Popular ha decidido hacer de las reformas estatutarias su bandera de conveniencia, su
cuestión de legislatura. Tendremos que navegar sin el Partido Popular, a no ser que en un rapto de lucidez -yo creo que lo van a tener, pero no hoy- les lleve a asumir que esta máquina sigue adelante y que en ella es imprescindible el compromiso y
la participación de todos: en las comunidades autónomas, en sus Parlamentos, y también en este Parlamento.
Señorías, decía que nosotros respaldamos y respetamos la voluntad mayoritaria del pueblo andaluz, y mi grupo parlamentario no puede aceptar que en esta Cámara se hable de otra cosa que no sea la voluntad del pueblo andaluz. Da la impresión
de que para negar dicha voluntad no solamente se deslegitima la mayoría del Parlamento andaluz, sino que se intenta decir que no hay tal voluntad, que la voluntad del pueblo andaluz está subsumida en una especia de voluntad nacionalista que tiene
todos los males para el Partido Popular, una suerte de coartada nacionalista que seguramente con el paso del tiempo terminará en contubernio izquierdista nacionalista al mismo nivel que el histórico contubernio judeomasónico. Pues no, señorías,
esta iniciativa se corresponde con la voluntad del pueblo andaluz, enriquecida por la participación social, una importante participación de cincuenta organizaciones o más en la elaboración del Estatuto; enriquecida por un largo período de análisis,
de negociación y de pacto entre las fuerzas políticas que hemos suscrito esta iniciativa.
Nosotros no solamente respetamos la propuesta de Estatuto, sino que estamos comprometidos con la misma. Hay que decir también que es una propuesta de Estatuto que no surge anteayer ni tampoco al calor de ninguna otra propuesta estatutaria.
Es verdad que unas y otras propuestas de estatutos beben prácticamente de las mismas fuentes jurídicas y unas y otras realizan entre sí un mestizaje necesario en función de criterios constitucionales. Pero resulta que esta iniciativa estaba en la
mayor parte de las fuerzas políticas andaluzas. La mayor parte de las fuerzas políticas andaluzas y también una buena parte de las fuerzas políticas del Estado habíamos llegado a la conclusión de que eran necesarias las reformas estatutarias, de
que era necesario un desarrollo del Estado autonómico. No es ninguna ocurrencia, no es ninguna frivolidad, no es el diablo cojuelo que continuamente desorganiza el Estado, en palabras del Partido Popular. Hay una voluntad compartida por una buena
parte de las fuerzas políticas que quiere modernizar sus estatutos de autonomía, adaptarlos al siglo XXI, y también una buena parte de las fuerzas políticas vería con buenos una reforma constitucional
que permitiera articular esos estatutos de autonomía en clave del siglo XXI.
Nosotros hemos sido partidarios de las reformas estatutarias; también deseamos que sea posible -aunque lo dudamos, por el derecho de veto del Partido Popular- la reforma constitucional para que nuestro país avance y supere algunas
ambigüedades y contradicciones que se dan tanto en la elaboración de los estatutos de autonomía en el marco constitucional como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso creemos que es muy importante que haya reformas de estatutos
ambiciosas, de máximos, como es la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, porque consideramos que es muy importante para el desarrollo federal del Estado.
Porque no solamente Andalucía hace una contribución a la mejora de las condiciones
sociales de ciudadanía, a la mejora del autogobierno de su país, de su realidad nacional, sino que hace una contribución al desarrollo del modelo de Estado, al desarrollo autonómico que cada vez necesita más el enriquecimiento de la experiencia de
la Administración central, pero también de las experiencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Estas reformas estatutarias que están teniendo lugar en nuestro país han sido el motor de un desarrollo autonómico de nuestro
sistema judicial y hacen del mismo un sistema más cercano que cumplirá mejor sus compromisos de servicio público. Estas reformas estatutarias permitirán también una mejor coordinación del Estado y de éste ante la Unión Europea. No en vano en los
últimos meses han aparecido la Conferencia de Presidentes y los mecanismos ciertos de participación de las comunidades autónomas en las decisiones de la Unión Europea. No solamente el Estatuto de Andalucía moderniza su aparato social e
institucional en su comunidad autónoma sino que, junto con otros estatutos como el de Cataluña, sirve para impulsar el desarrollo del Estado, en nuestra opinión, un desarrollo federal que no significa otra cosa que el autogobierno de lo propio y el
cogobierno de lo común. Ese es para nosotros el significado tradicional e histórico del federalismo que en buena parte alienta las reformas estatutarias y también el desarrollo abierto de la Constitución española. Por eso nuestro compromiso con la
propuesta de Estatuto de Andalucía. En relación con esta materia ha surgido de nuevo en esta Cámara la cuestión eterna, por no decir ya cansina, del carácter inconstitucional de la propuesta o del procedimiento. Nosotros consideramos que ha habido
suficientes criterios, y además criterios de autoridad, para considerar que el contenido de la propuesta que se nos hace es un contenido que, en su caso, tendrá que ser valorado por el Tribunal Constitucional, pero que es congruente con las
aspiraciones de la Comunidad Autónoma andaluza y, al mismo tiempo, congruente con la Constitución española, que, como dije antes, nosotros deseamos reformar pero que, en todo caso, nosotros respetamos y que cualquier iniciativa debe respetar. Por
tanto, no hay ninguna duda con respecto al carácter constitucional de la propuesta ni con respecto al informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Tampoco hay ninguna duda de que el trabajo parlamentario en esta Cámara va a mejorar el contenido de
la propuesta andaluza. Nosotros esperamos que sea para más, es decir, que mejore el contenido manteniendo la naturaleza ambiciosa, la naturaleza social y ciudadana del Estatuto de Andalucía; ese es nuestro deseo y ese es nuestro compromiso porque
tenemos cosas que aportar a lo que las compañeras y compañeros de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía hicieron en el Parlamento andaluz. Nosotros también intentaremos mejorar el texto en el Parlamento español con su asistencia y
con su ayuda. Además, da la impresión de que en esta Cámara siempre se intenta utilizar la Constitución española de parte. Hemos visto cómo de nuevo el Partido Popular reclama el texto constitucional no para integrar, sino para excluir; no para
avanzar en el acuerdo, sino para profundizar en el desacuerdo. Para el Partido Popular cualquier propuesta que no venga con su veto, que no venga con sus términos de consenso, es una propuesta sospechosa de inconstitucionalidad en la forma y
también en el procedimiento parlamentario. Pues bien, señorías, estamos convencidos de que tanto el contenido como la forma son constitucionales y, en todo caso, mejores figuras de autoridad hay en esta Cámara que los miembros del Grupo
Parlamentario Popular o los miembros de nuestro grupo parlamentario. Lo que desde luego no es constitucional, en nuestra opinión, es utilizar la Constitución como si fuera un dogma de parte, patrimonializar la Constitución española y situar al
resto de las fuerzas políticas en el Averno como si nos encontrásemos ante los sumos sacerdotes de la Constitución española. Sumos sacerdotes de la Constitución española, por suerte, no hay; únicamente hay un Tribunal que tiene la responsabilidad
de velar por el carácter constitucional de las normas y, en todo caso, nosotros nos atendremos a las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero resulta curioso que quien más utiliza la Constitución más la vulnere en el procedimiento de reforma de
los estatutos de Autonomía. Primero, deslegitima el origen de los estatutos de Autonomía, la capacidad dispositiva de las comunidades autónomas, si esa capacidad dispositiva no cuenta con el acuerdo del Partido Popular.
Más tarde, utiliza la
demagogia y el populismo para hacer un llamamiento a los sentimientos de los ciudadanos y luego acusar del enfrentamiento que supuestamente se ha producido a quienes toman la iniciativa por la vía constitucional, y culmina este dechado de virtudes
constitucionales convocando un pseudorreferéndum que recuerda mucho el voto censitario para deslegitimar el resultado del debate parlamentario en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento de Cataluña o ahora en el Parlamento español. Yo espero
que el Partido Popular no vuelva a las andadas. Espero que la derecha española asuma que en determinados momentos la mayoría manda y que, aunque haya voluntad de consenso, debe respetar la mayoría.
Espero que la derecha española respete los
procedimientos parlamentarios y no nos veamos de
nuevo ante la vergüenza de un pseudorreferéndum que, en todo caso, lo que pretende es enfrentar a los pueblos y a los españoles para después decir que el fruto del enfrentamiento viene de los estatutos de Autonomía. Más bien estoy
convencido de que el Partido Popular no lo hará. Mi grupo parlamentario está convencido de que hace unas semanas, con la defensa del señor Rajoy del referéndum frente al Estatuto de Cataluña, hemos asistido ya al funeral -un poco deslucido, pero
funeral- de ese sui géneris procedimiento populista para agraviar a unos pueblos frente a otros, para enfrentar a los ciudadanos de este país. Convocado de nuevo el referéndum ya no sería un instrumento dramático de enfrentamiento y confrontación,
sino que sería en su repetición, como decía el filósofo, una farsa, una verdadera farsa que estoy convencido de que no va a cometer el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular.
Nosotros -decía antes con respecto a esta iniciativa- no estamos solamente en una actitud de respeto al pueblo de Andalucía; estamos comprometidos con las reformas en el marco de los estatutos de Autonomía y comprometidos con las reformas
sociales que deben tener lugar en nuestro país, que son imprescindibles para legitimar este nuevo periodo electoral que hemos vivido desde hace dos años. Quiero resaltar, en ese sentido, que la propuesta de Estatuto de Andalucía cumple para
nosotros un elemento fundamental: es capaz de aunar, en nuestra opinión de forma equilibrada, la aspiración al autogobierno por parte de los andaluces con la redistribución del poder a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Frente a aquellos
que dicen que estas reformas estatutarias son ocurrencias de los políticos, hay que decir que nosotros, al menos en nuestro programa electoral, teníamos estas propuestas estatutarias; creíamos que debían modernizarse los estatutos porque era
imprescindible asumir nuevos retos y superar algunas insuficiencias. Desde una valoración positiva de los estatutos de Autonomía y del Estatuto de Andalucía creíamos que era necesario actualizar el autogobierno para abordar algunas disfunciones,
una de ellas -no menor- era que mediante leyes de bases no se clarificaba el diseño competencial de las comunidades autónomas, y al mismo tiempo algunos retos, algunos de ellos importantes relacionados con la vida cotidiana de los andaluces y de las
andaluzas. Porque los andaluces y las andaluzas quieren un Estatuto de máximos, un Estatuto de autogobierno pleno para abordar sus problemas, para que sus problemas estén día a día en las instituciones y las soluciones se den por parte de estas.
Este Estatuto, en nuestra opinión, equilibra muy bien el aumento del autogobierno, la delimitación de las competencias del Estado y las competencias andaluzas y también, aunque creemos que es mejorable, de las competencias municipales, por lo que
intentaremos favorecer el acuerdo en esta Cámara. Y sobre todo este Estatuto equilibra de una forma que va a ser una referencia en el Estado la cuestión social; la cuestión social que puede hacer denominar a este Estatuto el Estatuto social de
Andalucía o el Estatuto ciudadano de Andalucía, porque el centro del Estatuto de Andalucía son los ciudadanos y ciudadanas. No son los políticos, no son las instituciones, no somos los que estamos aquí. El centro es el ciudadano y la ciudadana.
En ese sentido, a mi grupo parlamentario no le parece lo más conveniente saltarse de un plumazo toda la propuesta, todo el contenido social y ciudadano del Estatuto hablando de injerencia, de intromisión del Estado en los derechos y competencias de
los ciudadanos. Creemos que el intervencionismo es un viejo argumento de la derecha, pero no tiene ninguna cabida frente a los contenidos de este Estatuto de Autonomía.
Estamos convencidos de que, al igual que en su momento histórico el Estatuto
de Andalucía quería pleno autogobierno para abordar problemas como la reforma agraria, como la emigración, como el desequilibrio de Andalucía con relación al resto del Estado, en estos momentos el Estatuto que se nos propone aborda también otros
retos y otros problemas: aborda el reto del empleo precario, el reto de sustituir el empleo precario por un empleo de calidad entre los jóvenes y entre las mujeres, también aborda el reto de la igualdad de género, y lo hace quizá como ningún otro
Estatuto de Autonomía que hayamos visto en esta Cámara, lo hace en profundidad y reconociéndose por primera vez en un Estatuto de Autonomía el derecho a la paridad. En este Estatuto de Autonomía se avanza en los derechos sociales, en el derecho a
la educación, a la sanidad, a la atención a la dependencia, convirtiéndolos en derechos estatutarios y garantizando su cumplimiento, la reclamación de esos derechos ante las instituciones andaluzas. También este Estatuto de Autonomía es un Estatuto
moderno con relación a la investigación y al desarrollo, con relación al futuro económico de Andalucía y con el planteamiento de que ese futuro tiene que ser sostenible; es decir, responde a las preocupaciones del día a día, a las preocupaciones de
hoy -la precariedad en el empleo, la especulación urbanística-, a cuestiones como la exclusión y a cuestiones que tienen que ver con la modernidad, con los retos de la comunidad andaluza, con los retos de los ciudadanos de Andalucía. Por esas
razones nuestro grupo parlamentario no solamente está en la actitud de respetar -en la que debería estar en nuestra opinión el conjunto de los grupos parlamentarios- la iniciativa del Parlamento andaluz, sino que también está en la actitud de
comprometerse con el carácter y el procedimiento de la reforma y de corresponsabilidad con respecto a la iniciativa, porque somos corresponsables con la iniciativa y porque somos coautores de la iniciativa. En ese sentido tampoco comparto esa
mención que ha hecho el señor Rajoy al auxilio de Izquierda Unida. No está aquí el señor Rajoy, pero le puedo auxiliar, aunque puede no convenirle a estas alturas, si tiene algún problema de salud, pero nosotros no auxiliamos a otra fuerza
política, nosotros negociamos, acordamos y colaboramos en la reforma del Estatuto porque consideramos
que es buena para los andaluces y las andaluzas y porque estamos convencidos de que también significa un avance en el desarrollo federal del Estado español. En la Constitución española hay muchas interpretaciones; la del Partido Popular es
la que es, yo voy a intentar dar la mía. Había un deseo, una orientación federal que creemos está perfectamente recogida en el Estatuto de Andalucía y también en nuestra voluntad de reforma constitucional. Además de que en este debate gravite
siempre la cuestión de la constitucionalidad, hoy hemos visto cómo ha pasado prácticamente de la farsa al esperpento. En nuestra opinión, el esperpento es buscar de nuevo la mancha o el pecado original nacionalista en el Estatuto de Andalucía. Es
un esperpento porque para buscar ese pecado original no le ha bastado al Partido Popular con mirar a sus autores, es decir, mirando a sus autores no ha podido encontrar una relación directa con el pecado original, ha tenido que recurrir al Estatuto
de Cataluña para, aplicándoselo como una fotocopia al Estatuto de Andalucía, acusar al Estatuto de Andalucía de una especie de mácula original. Es complicado explicárselo al conjunto de los españoles, más complicado va a ser explicarles a los
andaluces que la mácula original por la cual el Partido Popular no entra en los contenidos del Estatuto es porque es un Estatuto coartada de los nacionalistas.
Hoy la pregunta fundamental es pensar qué Estatuto hubiera deseado el Partido Popular. En alguna declaración el diputado que ha presentado la iniciativa decía que esta no era una iniciativa pluralista, sin embargo, pudo presentarla en esta
Cámara. Es un hecho excepcional que en esta Cámara se haya presentado una iniciativa para rechazarla, no tiene precedente. Por tanto, la pluralidad del Parlamento andaluz se demuestra por sí misma. Pero este pecado original nacionalista parece
ser que está, según el Partido Popular, en un intento de dar una coartada al nacionalismo de Cataluña o, incluso más allá, en la letra de la propuesta, en algunos de sus artículos que han sido enmendados y que vienen a esta Cámara con una serie de
enmiendas. Nosotros lo vemos de una forma mucho más lógica, mucho más natural que lo que interpreta el Partido Popular, que siempre está muy preocupado por los aspectos conspirativos de la política. Nosotros siempre hemos creído que hay
comunicación entre lo que trabajan las Cámaras, entre lo que trabaja la Cámara andaluza y el Estado, y también hay comunicación en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, no es extraño que se produzcan coincidencias
en la redacción de los estatutos. En todo caso, debería ser una satisfacción para el Partido Popular, preocupado por la uniformidad del Estado, y no un elemento de distorsión; debería ser una satisfacción y no una preocupación para el Partido
Popular. Pero nosotros, la verdad, no podemos compartir que para debatir una materia tengamos que subir tan alto en el nivel de abstracción, que pasemos de la obsesión antinacionalista que aqueja al Partido Popular en los últimos tiempos al
delirio. La diferencia entre la obsesión y el delirio es que la obsesión tiene materia y el delirio no tiene materia. Por tanto, el Partido Popular se eleva sobre la realidad y hace una construcción que nadie entiende, la construcción que intenta
manchar -para el Partido Popular es una mancha, para nosotros no- la iniciativa de reforma del Estatuto de Andalucía con una supuesta coincidencia o subordinación a no se sabe qué estrategias nacionalistas. Ayer mismo se hablaba de algo más, se
hablaba de una conspiración -prácticamente de un golpe de Estado, se decía por parte de algún dirigente del Partido Popular- en contenidos ocultos del Estatuto de Andalucía. No somos capaces de saber por dónde van esas críticas, pero en toda caso
nos imaginamos que forman parte del delirio del Partido Popular frente al nacionalismo, del delirio que busca en estas reformas estatutarias eludir lo fundamental. Porque lo fundamental que ha ocurrido en el día de hoy y que va a ocurrir a lo largo
de todo el período de tramitación -si no me desengaña el Partido Popular, que espero que me desengañe- es que el Partido Popular no va a sacar del cajón el Estatuto oculto para Andalucía. No nos lo va a sacar, no nos va a hacer ni una sola
propuesta sólida de reforma del Estatuto de Andalucía. Hemos estado viendo sus enmiendas y, por ejemplo, las enmiendas al ámbito competencial consisten en ir por detrás del actual Estatuto de Andalucía, y las enmiendas a la financiación no existen,
luego parecer ser que el Partido Popular cree que el nuevo Estatuto deber ser el Estatuto existente más el modelo de financiación recogido en la propuesta que viene del Parlamento andaluz. Esta es la deducción lógica.
Pero no nos dará esta
satisfacción el Partido Popular, no nos aportará ideas sobre la reforma del Estatuto. ¿Saben por qué? Porque lo que intenta ocultar el Partido Popular con esto de la coartada y el contubernio es un proyecto involucionista sobre el modelo de
Estado. El Partido Popular está en una involución profunda, no solamente en cuanto a los parámetros de libertades y a los parámetros sociales que hicieron en su momento que tuviéramos una Constitución de derecho y una Constitución de hecho, una
Constitución de derecho que obligaba a votar la participación en una guerra y una Constitución de hecho que permitía participar sin votar, sino que ahora también está -estamos seguros- en una involución en cuanto al horizonte estatutario en nuestro
país. En primer lugar, porque la propuesta del Partido Popular frente a esta iniciativa del Parlamento de Andalucía es una propuesta prácticamente imposible. Para el Partido Popular la prioridad no es el poder político de Andalucía, ni siquiera la
colaboración con el poder político del Estado; la prioridad del Partido Popular -y lo ha dicho explícitamente- es el Gobierno de Andalucía y por este procedimiento, la verdad, la cuestión del Gobierno de Andalucía no se puede discutir; se
discutirá en el momento en que se convoquen elecciones andaluzas, pero aquí no estamos discutiendo del Gobierno de
Andalucía y eso hace muy difícil una actitud permeable por parte del Partido Popular, porque parece ser esa su prioridad. En segundo lugar, el Partido Popular tiene y vive un resabio de carácter centralista cuando habla de su interpretación
de la Constitución o de la mácula nacionalista. En definitiva, estamos ante una interpretación que retrotrae al Partido Popular a antes del título VIII de la Constitución, que permite decir en estos momentos que el Partido Popular siente que el
título VIII y su desarrollo ha ido demasiado lejos y que, por tanto, hay que cortar las alas y cerrar el camino al desarrollo de dicho título.
Como no se puede decir públicamente, el Partido Popular lo oculta con frases ampulosas sobre el
nacionalismo o con desarrollos sobre la Constitución. En tercer lugar, al Partido Popular lo que no le gusta -y lo ha dicho en esta Cámara, lo ha dicho también en el Estatuto de Cataluña, pero como no se publicita mucho, no aparece- son los
derechos sociales, los derechos ciudadanos, la igualdad de género, la constitucionalización o el carácter estatutario y la garantía de esos derechos por parte del Estatuto de Andalucía. Ese es el problema del Partido Popular, es un problema
ultraconservador, insoluble, que parece que no puede solucionar todavía y eso no le permite ni la negociación ni el acuerdo porque, como he dicho antes, estamos entre las reformas y el veto del Partido Popular, y entre reformas y veto no hay
posibilidad de acuerdo; hay acuerdo entre reformas y restauración, entre reformas y algunos cambios, pero entre reformas y veto no hay posibilidad de acuerdo si se mantiene esa actitud de veto.
¿Qué hubiera deseado el Partido Popular que fuera el Estatuto de Andalucía? Porque no es la coartada de ninguna posición nacionalista y está claro que responde a los intereses y necesidades de los andaluces.
El Partido Popular hubiera
deseado que fuera el guardián ideológico de su concepción tópica de Andalucía y del Estado. Eso es lo que querría el Partido Popular que fuera el Estatuto de Andalucía, un Estatuto en el que, de alguna manera, se confirmase el sectarismo, el
centralismo y el Estado mínimo. Pues bien, ese no es el Estatuto de Andalucía, no es el Estatuto que necesitan los andaluces, no es el que viene a esta Cámara y con toda seguridad, señorías, se lo garantizamos, no es el que va a salir de esta
Cámara. Esta Cámara mantendrá la naturaleza progresista, que quiere decir de la izquierda para todos, que propone este Estatuto de Andalucía que creemos que es un gran avance que forma parte del avance estatutario y federal de nuestro Estado y que
es un tren que no se va a parar.
Señorías, termino. Estoy convencido de que este tren no se va a parar, no se va a parar el tren de las reformas estatutarias; esas reformas estatutarias van a provocar también por su carácter social y ciudadano, como la reforma andaluza,
nuevas garantías de derechos sociales.
Avanzaremos simultáneamente en derechos ciudadanos y en derechos sociales y ese tren de la historia también va a avanzar en algunas cuestiones que permanecían paralizadas desde la transición democrática.
Seguramente avanzaremos también en relación con la reforma de la justicia, avanzaremos en los mecanismos institucionales de cooperación, avanzaremos en la participación de las comunidades en la Unión Europea. Es decir, mejoraremos el Estado,
mejoraremos la distribución de competencias, mejoraremos también los derechos de los ciudadanos. En definitiva, avanzaremos, y estamos convencidos de que aquellos que se han situado frente a esta modernización social, frente a esta modernización
ciudadana del Estado, más temprano que tarde, aunque sea en los últimos vagones, se van a subir a la locomotora del cambio, se van a subir a la locomotora de las reformas, porque la verdad es que esto de esperando a los bárbaros no da más de sí, ya
no da más de sí. Coetzee hacía una verdadera fábula en su novela Esperando a los bárbaros, siempre se esperaba a los bárbaros y se reducían las libertades y los derechos de los que vivían ya en ese país. Pues bien, esta restricción que quiere
imponer el Partido Popular no va a salir adelante, ni siquiera porque para el Partido Popular ya los bárbaros somos casi todos, sobre todo casi todos los que no coincidimos con el Partido Popular. Este tren es imparable, la estrategia del Partido
Popular, que ha podido ser en determinado momento un drama, hoy es tan solo un esperpento, una farsa, y estamos convencidos de que esta propuesta saldrá mejorada de esta Cámara y será una referencia, como el Estatuto de Andalucía, de modernidad, de
solidaridad y también de federalismo.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Llamazares.
Continuamos, señorías, con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y en su nombre tomará la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señoras y señores comisionados del Parlamento autónomo de Andalucía, dignísimas representaciones del Gobierno, su presidente, don Manuel Chaves, señora presidenta del Parlamento y señores miembros de las
distintas fuerzas políticas que configuran la democracia visualizada en la entrañable Andalucía, Coalición Canaria viene a hacer aquí una exposición de valores fijando su posición de cara a un trámite formal establecido en nuestra Constitución que
es fijar la posición con respecto a la admisión a trámite de este proyecto de Estatuto nuevo de Andalucía. Adelanto que lo vamos a hacer con un voto de apoyo, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de este importante documento porque
se lo merece el pueblo de Andalucía, se lo merece la Constitución Española y se lo merece la democracia en todos los órdenes en España. Por tanto, venimos a hacer una revocación del vigente
Estatuto aprobado en su día en 1981 por la Ley 6 de ese año, después de haber tenido el pueblo andaluz que someterse a dos referendos. Uno, y quiero dejar constancia de quienes entonces militábamos en la Unión de Centro Democrático, porque
cuando se estableció una pregunta que muchos consideramos verdaderamente esperpéntica, que era más una especie de adivinanza que se le proponía al pueblo andaluz para pronunciarse al respecto, triunfó la tesis oficialista, se llevó la pregunta
esperpéntica de la adivinanza y lo que adivinó el inteligente pueblo andaluz es que quería claridad y democracia y se pronunció con una contundencia tremendamente favorable, hasta tal punto que ustedes han hecho de aquella fecha el Día de Andalucía
y con buen sentido. En esa confianza que tiene mi grupo en el pueblo andaluz vamos a dar con toda naturalidad y tranquilidad nuestro voto. Yo no vengo a debatir contra nadie ni contra ninguna idea, vengo a favor de un procedimiento constitucional
y porque la lectura del documento que ha entrado en la Cámara me permite hacerlo en nombre de Coalición Canaria con entera naturalidad. En primer lugar, porque somos dos comunidades autónomas, la andaluza y la canaria, que estamos en esa parte
meridional de España y que tenemos a veces los mismos problemas, las mismas desazones y en estos tiempos actuales somos esa frontera donde la inmigración que huye del hambre, de la guerra, de la miseria de África nos llega a nuestras costas. Los
que están en esta lamentable actualidad periodística son las tierras andaluzas, limítrofes con el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo, y las tierras canarias, limítrofes con el continente africano a través del brazo Atlántico. Esos problemas
los estamos viendo día a día y eso nos tiene que unir en tener un principio de solidaridad y de entendimiento al respecto.
Cuando venimos a cambiar el Estatuto que llamamos incluso aquí de Carmona no podemos olvidar el significado que tuvo para los demócratas la palabra Carmona. Se hizo ahí el Estatuto porque fue el sitio de la prisión donde estuvo un
presidente de estas Cortes, don Julián Besteiro. Lo recordará don Alfonso Guerra porque le va a tocar como presidente de la Comisión Constitucional lidiar precisamente, no sé si lo hará con la escuela rondeña, la sevillana o la cordobesa, pero
siempre será bien dada por naturales, porque de demócrata a demócrata y en un sentido de respecto a nuestra Constitución y a la soberanía de los parlamentos autonómicos, así se hará.
El análisis que hace Coalición Canaria en este trámite es que tenemos que respetar la soberanía del Parlamento andaluz. En primer lugar, porque responde, punto por punto, al procedimiento establecido en la Constitución española y, en
segundo lugar, porque, así como ponía antes el ejemplo de la inmigración, este texto viene con papeles a esta Cámara, viene documentado y trae los votos de tres quintos del Parlamento andaluz. Y tres quintos, que es el imperativo numérico que
expresa la Constitución, le dan la credibilidad y sobre todo la legitimidad democrática para venir aquí, con toda naturalidad, a someterse a las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios entiendan que tienen que aprobar o rechazar tanto en
el trámite de Comisión como, posteriormente, en el Pleno. Y hacerlo, además, con esta gran naturalidad.
Coalición Canaria respeta el principio de soberanía constitucional de la Cámara andaluza, que nos trae este documento no solo con la legitimidad democrática de los tres quintos, sino con los razonamientos que parten de la estructura que
tiene el Estado español, a través del Título VIII de nuestra Constitución, es decir, el Estado de las comunidades autónomas.
Mi grupo no va a entrar en el concepto semántico de las palabras nación, nacionalidad, soberanía, etcétera, y menos con
quien trae un abrumador peso de currículum y de legitimidad histórica que hace que la Comunidad Autónoma de Andalucía a lo largo de los siglos haya desbordado no ya territorialmente sino ideológicamente todos estos principios en cualquier orden que
se toque del ayer y del hoy. Cuando en España resurge en el siglo pasado el concepto de la democracia parlamentaria representativa, el primer presidente de la II República española era un ilustre andaluz y cordobés, y eso lleva a una vinculación
histórica.
Yo he hecho un breve repaso -y agradezco a mi grupo parlamentario y a su presidente que me hayan designado para hacer la defensa de la posición de Coalición Canaria-, porque me honra el título de doctor por la Universidad Hispalense que me
ha permitido conocer su historia. Aquí se está hablando de unos principios de soberanía histórica y de legitimidad no solamente del pueblo andaluz, sino de todo lo que representa en la historia, donde se vienen a poner los depósitos de la
terminología que se quiera, de nación, de nacionalidad, de comunidad autónoma, es decir, de un escenario importante para nosotros, de un escenario democrático de convivencia y, además, seguir hacia delante sumando precisamente todos estos valores
positivos, que son los atributos que dan un derecho y que lo ha sabido entender, a nuestro juicio, el Parlamento autónomo andaluz con todas sus fuerzas políticas, las que están a favor y las que están en contra, pero siempre bajo un principio de
identidad, que es lo que se trata fundamentalmente de salvaguardar junto a un principio de competencia.
¿Cómo no vamos a entender esto en Coalición Canaria si las relaciones, por ejemplo, de tipo comercial de mercancías entre Andalucía y el archipiélago canario se hacen por vía marítima desde los puertos de Cádiz, Málaga, Sevilla, Almería,
pero sobre todo desde los que están en la línea de las comunicaciones con Canarias? La relación es diaria en todo este trasiego de actividades que es necesario reconocer en las competencias de un estatuto de autonomía cuando se habla de esta
cuestión. Se viene a decir claramente aquí: Andalucía ha sido la única comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en el seno de
la configuración territorial del Estado. Nos estamos refiriendo al Estado español.
Nosotros no vemos fantasmas en la terminología expresada aquí, porque han tenido siempre una característica especial quienes desde la naturalidad y desde la identidad andaluza han escrito en castellano. La claridad ha sido evidente; desde
Séneca hasta García Lorca, pasando por Juan Ramón Jiménez o cualquiera de los grandes prohombres que han mojado su pluma para expresar las ideas de identidad de un pueblo que hace historia en cada devenir de las circunstancias que tiene. Si esto se
recoge ya en el preámbulo del documento que vamos a tomar en consideración con el voto mayoritario de la Cámara, que dice que se reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad, y si eso viene avalado con el acervo histórico y
documental, que, como he dicho, desborda hasta las propias colecciones bibliográficas de la historia de una nación o de un pueblo, qué decir cuando el título preliminar en cuanto a disposiciones generales dice que Andalucía como nacionalidad
histórica se constituye en comunidad autónoma conforme al artículo 2 de la Constitución española. Si esto se quiere explicitar de una forma más concreta, que se presenten enmiendas y se haga. Para nosotros, esta voluntad textualmente expresada
aquí merece un argumento más para dar nuestro voto de apoyo al trámite de toma en consideración y que luego se presenten las oportunas enmiendas o se hagan las correcciones que se quieran hacer, pero yo me estoy refiriendo a este ejemplo puramente
político. Igual nos va a pasar cuando traigamos aquí el instrumento para la Comunidad Autónoma de Canarias, nuestro nuevo Estatuto. Ustedes se encuentran con una realidad geográfica de ocho provincias que enumera el propio texto y nosotros tenemos
siete islas con unas peculiaridades y diferencias que requieren un sentido democrático de responsabilidad autonómica. Bajo los principios de solidaridad constitucional y de dependencia de un Estado que tiene la estructura de las autonomías, nos
encontramos precisamente con la admisión de esa diversidad. Cómo no vamos a admitir la diversidad entre una isla canaria oriental y una occidental, igual que hay una diversidad admitida desde las arenas de Almonte y Doñana hasta Las Alpujaras,
desde el Valle de Los Pedroches y sus encinares hasta el Campo de Dalías. Requieren planteamientos en el orden económico y sociológico, así como en cualquier ordenación de la actividad del autogobierno de la Comunidad andaluza. Si es que se nos
llenan las páginas que tienen que ser consideradas históricamente, políticamente, democráticamente y culturalmente para definir unas identidades y unas esencias de un pueblo que contribuye precisamente a esta actuación.
Coalición Canaria, siguiendo esta línea de apoyo, reitera claramente el respeto a la soberanía del Parlamento de Andalucía. La experiencia me ha llevado muchas veces a conocer estas peculiaridades, desde el tesoro del Cerro del Carambolo,
en la cultura tartesa; desde la califal y omeya Medina Azahara, desde la ciudad Itálica de Trajano. ¿Qué más títulos se quieren obtener de una representación política ante la historia? Hay que saberlo asumir precisamente para lograr hoy en día un
enriquecimiento del Estado español. ¿Quién puede negar que hay un principio conductor de un sentido de compromiso universal desde la propia identidad que trae el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Si el pueblo andaluz es depositario y al mismo
tiempo elemento dinamizador, como hizo en el pasado, del futuro, mi grupo no va a regatear el apoyo a la toma en consideración y el voto favorable de este texto, pues si no sería un contrasentido y mi grupo, cuando venga el proyecto de Estatuto de
las islas Canarias, no tendría base para pedir el apoyo de la Cámara cuando somos de las comunidades españolas que más tarde se han incorporado, a través de la Corona de Castilla, al proyecto común, cuando ya Andalucía nos llevaba toda esa ventaja
histórica. La primera singladura de una relación entre nuestras dos comunidades se produce en el viaje de unos andaluces, los hermanos Pinzón, con Cristóbal Colón desde el Puerto de Palos hasta la isla de Gomera, en el archipiélago canario. Ahí
empiezan nuestras relaciones históricas que nos llevan también hoy a estar apoyando, con toda la naturalidad, este texto que nosotros consideramos fundamental. Que no se repitan los errores ni las desatenciones políticas de 1980 y de 1981 y que en
este apoyo que damos al Estatuto de Autonomía de Andalucía se encuentren reflejados todos los principios y derechos que aquí se reconocen, que son derechos universales, pero también de la propia Constitución española, que se encierran precisamente
bajo el ejercicio de la democracia directamente entendida para esta cuestión.
Señorías, no quiero abrumar más a la Cámara. Coalición Canaria, con estos argumentos, quiere dejar constancia de su apoyo a esta ilusión de Andalucía. Quiere dejar constancia y quiere dejar el problema perfectamente documentado y centrado
para el momento en el que el pueblo andaluz -como en su día se hizo con el artículo 151 de la Constitución española- se pronuncie democrática, legítima y soberanamente para aprobar su norma particular y territorial de convivencia. Por tanto,
tendremos el doble escenario, el constitucional del Estado español y el autonómico del nuevo Estatuto de Andalucía. Quiero cerrar mi intervención con una frase de Lucio Anneo Séneca que hace muchos años vi escrita en el frontispicio de la hoy
Universidad de Córdoba, entonces Universidad Laboral: por el bien de todos, trabajan y se esfuerzan los mejores. La clase política andaluza y española está obligada, de cara a nuestro pueblo andaluz y español, a ser los mejores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Pasamos, señorías, al turno del Grupo Parlamentario Mixto. Dado que renuncian a su turno de réplica, aplicaremos los tiempos de forma generosa. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Bloque Nacionalista Galego, señor
Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Empezaré, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, por saludar la presencia del señor presidente de la Junta de Andalucía, de los dignísimos representantes del Parlamento andaluz y de todas las personas, estén o no vinculadas a
instituciones de autogobierno de Andalucía. Vaya por delante nuestro total apoyo y nuestro total respeto al texto estatutario que salió del Parlamento de Andalucía. Consideramos que este texto es la expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo
andaluz, expresada a través de su institución de autogobierno más legítima, que es el Parlamento de Andalucía. Además les queremos decir que no hemos presentado ninguna enmienda y no es nuestra intención rectificar -apoyando enmiendas de otros- lo
que salió del Parlamento de Andalucía.
Pero me van a permitir que aproveche la ocasión para hacer algunos análisis, algunas aclaraciones y algunas matizaciones en relación con el carácter plurinacional del Estado español, con la estructura del
Estado actual, con el papel que cumplimos cada uno de los pueblos que lo integramos y también sobre el esfuerzo para transformar este Estado en un auténtico Estado democrático, esto es, adaptado a su realidad plurinacional.
Comenzaré, señorías, por el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el que ustedes expresan cuestiones de mucho interés y, en particular, su concepción de Andalucía. Hablan ustedes de nuestro valioso patrimonio social y cultural
como parte esencial de España. Se refieren al mestizaje humano que se logró a través de los siglos y acaban aludiendo a los valores universales, nunca excluyentes. Quiero decirles, en primer lugar, que efectivamente el Estado español o, si ustedes
quieren, en plan más tradicional, la idea de España, es inexplicable sin Andalucía y no lo digo yo, sino que aludieron a esa concepción, de forma diferenciada, el señor presidente del Gobierno y también el señor Rajoy.
Es cierto que la mayor base
demográfica y territorial del Estado español es Andalucía. También es cierto -como gallego lo sé perfectamente, porque lo padezco- que la imagen cultural y simbólica más exclusiva del Estado español son los toros, con una manipulación evidente de
la cultura popular andaluza, y el flamenco, también manipulado a favor de unos intereses que no serán los de las mayorías sociales de Andalucía, como también es cierto que Andalucía es la base lingüística más importante del español en el territorio
del Estado. Está claro que podemos hablar de que cada vez más la normativa del español está acercándose a la realidad meridional, a la realidad andaluza. Si en los años cincuenta era difícil ver a locutores hablando con la modalidad del español
andaluz, hoy es frecuente, y no reciben ningún tipo de represalia, cosa que yo celebro porque tengo la experiencia de ser profesor de literatura y lengua española en Cádiz. Recuerdo a aquellos alumnos de primero de BUP que estaban impresionados de
que un profesor de lengua castellana no los reprimiese por hablar de una determinada manera o escribir con faltas de ortografía, que eran lógicas desde su peculiar forma de habla, aunque tengo que decir también que los primeros días no me entendían
nada, absolutamente nada. Dicho esto, está claro, señorías, que la base lingüística que hoy abarca Andalucía, Extremadura y las dos Castillas nos lleva a intuir que esa es la base de lo que tradicionalmente se conoce como nación española. Por
tanto, no es raro ni extraño que mucha gente tenga la idea genuina de España fundamentada como nación única en esta base cultural y lingüística. Ustedes mismos después hicieron alusión al mestizaje, aunque sin aclararlo debidamente. Vean la forma
tan distinta de integrarse cada pueblo del Estado español en la actual conformación a través de los siglos: mientras que los andaluces eran objeto de conquista a través de una oligarquía de origen castellana, que se acaba convirtiendo en oligarquía
castellana andaluza con la creación de grandes latifundios y con una participación esforzada en la conquista y colonización de América, a los gallegos se nos ofrecía la posibilidad de emigrar como colonos a Andalucía. Ahí tienen, dentro del
mestizaje, Barranco del Porqueira, Bubión, Pampaneira, Capileira y los apellidos que llevan hoy muchos andaluces, como Rioboo, Fariña, Chaves, Salgueiro, Cernuda, Machado y Fonseca, todos ellos de origen gallego. Sin duda, el trato de los Reyes
Católicos no fue igual para todos, siendo malo para una inmensa mayoría. Les digo todo esto porque puedo asegurarles que el pueblo gallego padeció la mayor deformación cultural y lingüística mimética a través del aparato del Estado -y no solamente
de eso- en relación con Andalucía, hasta el extremo de que uno de los textos de Rosalía de Castro se llama El cadiceño, un emigrante gallego que viene de Cádiz a Galicia hablando en andaluz, sin saber hablar, un auténtico esperpento vestido a la
manera andaluza. Esa intención desapareció algo en nuestros días. El último gran alcalde español que tuvimos la desgracia de padecer estaba empeñado en meter las corridas de toros, no solamente en A Coruña sino en As Pontes y en la última villa de
cualquier parroquia de Ourense, contra la idiosincrasia del pueblo gallego. Andalucía fue instrumentalizada para labores de españolización de otras partes del Estado. Es más, la preocupación y el interés estratégico del Estado español por
Andalucía es indudable. Yo no dudo que la renta per cápita de Andalucía está por debajo de la media del Estado español y de la media de la Unión Europea, pero los mecanismos del Estado desde que hay democracia sirven en gran forma y manera para
salir de esta situación. Se tiene en cuenta la base cultural lingüística; hemos escuchado muchos escritores de origen andaluz, aunque sus antepasados dentro del mestizaje proviniesen de otras partes; la situación estratégica frente a África y el
Mediterráneo es crucial y esto indica hasta qué extremo se tomaron decisiones que yo no critico, pero que son claramente estratégicas en función de una concepción de la españolidad; el primer AVE a Sevilla;
mantener correctamente -lo afirmamos- el PER para todos los trabajadores para no destruir la base agraria, cosa que es fundamental, al revés radicalmente que en Galicia, y así celebro y comparto abiertamente que el principal éxito que ha
tenido Andalucía es invertir los flujos migratorios. Este es un éxito indudable, justo lo que no hemos conseguido en Galicia. Habrá algo estructural para explicar las cuestiones. Por eso, la única preocupación que tenemos en relación con el
Estatuto es una cierta ambigüedad o contradicción, porque sin duda es cierto que el Estatuto sirve a una estrategia de homologación, y se quiere defender que la igualdad no significa uniformidad, pero hay ataques a la singularidad, como si la
singularidad fuera fuente de desigualdades y de privilegios.
En todo caso, señorías, puedo asegurarles que es normal que desde una óptica gallega tengamos una concepción de la estructura del Estado español radicalmente distinta, y que no nos llegue
con una descentralización autonómica, que sin duda en el caso andaluz dará sus frutos muy positivos.
Por lo demás, quiero felicitarles, porque hay algunos artículos del Estatuto que nos parecen sintomáticos y que indican hasta qué extremo hay un poder político en Andalucía que, siendo profundamente español, piensa en clave andaluza. Por
ejemplo, el artículo 73, en relación con las cajas de ahorro, las entidades de crédito y financieras y las mutualidades; por ejemplo, el artículo 183, donde se habla, curiosamente, del derecho a la deuda pública y a las operaciones de crédito, lo
que nos parece fundamental en un país que tiene problemas de convergencia. Nos parece fundamental también, y lo celebramos, la gestión por lo menos consorciada del catastro, no el esperpento actual, al margen de las competencias autonómicas, e
incluso las relaciones con la Unión Europea, que, por cierto, históricamente, desde que las hay, son indicativas de que el Estado español se preocupó por el aceite de oliva -acertadamente, y lo aplaudimos-, pero no se preocupó nunca por la
producción láctea ni la consideró estratégica, lo que seguimos padeciendo hoy en día de forma muy grave.
Por último, está el tema de la financiación autonómica. Aquí es donde tenemos la mayor discrepancia, pero no por el concepto de solidaridad y de neutralidad, sino porque pensamos que la autonomía fiscal y financiera y la suficiencia se
logran recaudando en cada territorio todos los tributos, participando después en el conjunto del Estado español en relación con la capacidad contributiva de cada uno, es decir, con la renta de cada uno y, por supuesto, sin desechar un fondo de
equilibrio, mejor que un fondo de solidaridad, porque precisamente la solidaridad tal como se entiende hoy en el Estado español es la mayor fuente de marginación y de desequilibrios territoriales. A nosotros nos gustaría un modelo creado de abajo
arriba y, concretamente, un modelo que no nos meta miedo a autorresponsabilizarnos de nuestro propio presente y de nuestro propio futuro. Creo, y no por afán crítico, que no es acertado -ya no lo era en el Estatuto catalán- introducir en un
estatuto de autonomía disposiciones sobre las inversiones del Estado en cada comunidad autónoma, porque efectivamente, eso es cierto, va a ser contradictorio.
Si unos piden por la población, otros por el PIB y otros por la población más la renta
relativa, vamos a tener dificultades para acoplar todo esto.
Incluso creo que esta manera de ver en foto fija el problema de las inversiones no es muy acertada, pero lo respetamos plenamente. Allá cada uno con sus opciones y sus diseños.
También celebramos que en la disposición adicional cuarta se opte por emplear la fórmula del artículo 150.2 para transferir o por lo menos para gestionar puertos y aeropuertos de interés general, el servicio meteorológico, o el río
Guadalquivir, tan importante como el Miño para Galicia. Por cierto, ustedes por lo menos van a una ciudad andaluza.
¿Saben adónde tenemos que ir nosotros? A Oviedo. A nosotros nos lo gestionan desde Oviedo, cosa que no padeció nunca Andalucía.
El tráfico y la seguridad vial, los museos, los archivos y las bibliotecas, nada de esto, si se hace, va a resquebrajar la unidad de España. Lo que va a hacer es que, habiendo unas bases generales mínimas, cada uno gestione y adecue este servicio a
sus intereses.
Acabo ya, señora presidenta, diciendo que Galicia tiene una diferencia lingüística de anormalidad, una diferencia cultural de anormalidad, una estructura socioeconómica peor integrada; está nulamente integrada en la superestructura
representativa del Estado español y, desde luego, no hemos participado para nada en la alianza de clases que llevó a la construcción del actual Estado, a no ser como subsidiarios, marginales y muy obedientes, a través de los denominados gallegos a
la española, de los cuales hay testimonios y ejemplos evidentes que no voy a citar. Por eso, para nosotros es muy importante discutir la estructura del poder político del Estado español, el reparto de la soberanía.
Acabo diciéndoles que ustedes hicieron este texto y bien hecho está. Sin duda es una mejora de su estatuto actual. Solamente les ruego que no introduzcan la frase: la unidad indisoluble de la nación española. Porque es una frase
metafísica, no material. Nosotros estamos a favor de la unidad, pero de la unidad de intereses compartidos, de la unidad de acuerdo mutuo y bilateral, de una unidad que se basa en algo racional y no en subordinaciones. Les recuerdo, para los que
tengan interés en saberlo, que es una frase de matriz orteguiana, pasada por la turmix de José Antonio Primo de Rivera, y me parece que no están los tiempos para restaurar precisamente estos modelos intolerantes y prepotentes.
Muchas gracias y ánimo para que el texto salga adelante lo más entero posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señorías, continuamos con el turno de la Chunta Aragonesista y en particular del señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera dar, en nombre de la Chunta Aragonesista, la bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía, a los miembros del Gobierno, del Parlamento y a los tres representantes que han estado aquí defendiendo o no el
Estatuto de Autonomía, pero por lo menos representantes del Parlamento andaluz.
Naturalmente, vamos a apoyar la reforma porque somos un partido partidario de una España federal y por tanto no vamos a poner ningún inconveniente.
Creo que en este país ha habido un territorio que ha salido de las sombras, que ha salido de
una España tópica, como decía mi compañero del Bloque Nacionalista Galego, y que se ha dignificado fundamentalmente con la democracia y con el estatuto de autonomía anterior. Un estatuto de autonomía que consiguió tras una lucha terrible porque
hubo una fuerza, Alianza Popular, que no quería que en España todos los territorios tuviéramos un nivel de autonomía exactamente igual. Los aragoneses tuvimos que sufrir este impedimento y durante muchos años tuvimos que navegar en el famoso
artículo 143, porque determinadas fuerzas consiguieron que una de las provincias aragonesas, exactamente Teruel, no votara por encima del 50 por ciento y nos quedásemos con el artículo 143, que hemos arrastrado durante bastantes años. Andalucía
mostró en ese momento que detrás de los faralaes, de las corridas de toros, del flamenco -yo soy partidario de las corridas de toros, lo siento; me gusta El Cid en este momento aunque no puedo ir a verlo porque estamos aquí metidos y no hay manera,
pero me hubiera gustado estar ayer viéndole torear- y de todas estas imágenes que hacen de Andalucía un territorio folclórico, a partir del día en que Andalucía echa el cuerpo hacia delante y consigue el 151 en el estatuto, el resto de los españoles
empezamos a tratar a Andalucía como un territorio y fundamentalmente como una nación dentro de este territorio que llamamos España. Vamos a apoyar naturalmente la reforma y vamos a intentar también llevar adelante, con nuestro humilde voto, que
nuestra representante del Grupo Parlamentario Mixto en la Comisión Constitucional intente defender algunos puntos porque algunos compañeros de Andalucía nos plantean que existen dificultades y existen silencios respecto a determinados bienes
importantes. Por ejemplo, respecto a la cultura, se nos pide que todos los andaluces deben tener el derecho y el deber de contribuir de forma colectiva al proceso de enriquecimiento de la cultura andaluza como elemento diferencial de su identidad
como pueblo. En el Estatuto actual eso no existe y es un valor muy importante de los andaluces. Sigue diciendo que corresponde a todos los poderes públicos, entidades sociales públicas y privadas, universidades, medios de comunicación, sectores
sociales y profesionales, partidos, sindicatos y asociaciones de Andalucía, así como a comunidades andaluzas en el exterior, y a la ciudadanía en general, la defensa, promoción, desarrollo, respeto y tutela de la cultura andaluza. Por los problemas
que se plantean, a veces echamos hacia atrás valores fundamentales y los dejamos apartados, cuando realmente son importantes para que ese territorio que defiende el Estatuto salga con unos valores positivos. Por ejemplo, una de las enmiendas que se
nos plantea que presentemos es que, para la promoción de la cultura e identidad andaluza, la Junta de Andalucía creará y pondrá en funcionamiento el instituto de cultura andaluza Federico García Lorca, que podrá abrir delegaciones tanto en el Estado
como fuera. Esta mañana hemos oído una gran cantidad de nombres de escritores, de pintores y de poetas, que Andalucía nos ha dado a la cultura española. El símbolo de Federico García Lorca se ha encontrado siempre en muchísimos territorios del
exilio y de la emigración española, que se cobijaban en algún símbolo cultural que les pudiera unir a la España que habían dejado atrás o a la España de la que habían salido para trabajar. Por eso me parece que es una buena medida que la Junta de
Andalucía cree una institución, exactamente esta, que sustituya un poco o que por lo menos esté en paralelo a lo que a veces tenemos en las provincias, que se llama la casa de Andalucía, donde fundamentalmente lo que nos dan es manzanilla, folclore
barato y una visión de Andalucía como la que decía Paco Rodríguez; en resumen, que la fundación Federico García Lorca nos dé esa visión, que es la real de Andalucía.
Nos hacen otra propuesta y es que la fecha de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía no debería coincidir con las elecciones a Cortes Generales, ni con las elecciones de los parlamentos de otras comunidades autónomas, ni
con las municipales, ni con las elecciones al Parlamento Europeo. Tienen razón. Hay que dignificar las elecciones de los territorios. Esto lo pedimos todos, lo que pasa es que luego no nos hacen caso; a los aragoneses nunca nos hacen caso,
venimos aquí y nos echan todo abajo, pero vamos a ver si alguna vez conseguimos que las cosas se mejoren. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Eso también lo pedimos nosotros, que no coincidan, porque entonces ustedes, los mayoritarios, se
llevan el gato al agua y nos dejan a los pequeñitos con escasas medidas.
Hay una cosa de la que yo me he quedado asombrado y es ver, por ejemplo, que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía todavía se plantea el problema de la comarcalización de Andalucía. Yo no entiendo cómo un territorio tan enorme, tan
grande, con una extensión tan importante, lo mismo en kilómetros cuadrados que en habitantes, no ha planteado todavía, para la mejor administración del territorio, la comarcalización. Los aragoneses nos hemos adelantado en esto y tenemos
comarcalización; a veces comarcalizamos el desierto, pero siempre es bonito comarcalizar, aunque sea el desierto. En Andalucía, no; allí sería una comarcalización de un territorio muy bien habitado. Por eso nos parece un intento importante de
reclamar, como hacen en esta enmienda, la comarcalización del territorio de Andalucía.
Hablan también de algo que todos estamos intentando y que cada vez nos resulta más difícil, que desaparezcan las diputaciones provinciales como Administración provincial y que las comarcas sean esa Administración comarcal.
Voy a decir, para terminar, que ya llevamos muchos días dando vueltas a la nación, a la nacionalidad. Aquí se ha dicho esta mañana, me parece que ha sido por la representante de Izquierda Unida, que ha venido vestida del Betis, algo que a
todos nos ha asombrado. (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Caballero Cubillo: De la bandera andaluza.) Ah, ¿no es del Betis? ¡Cómo va de verde y blanco! Yo, la primera vez que vi salir en Cataluña una manifestación de gente con
banderas verdiblancas -vivía todavía su excelencia el Jefe del Estado- me quedé asombrado y dije: Tío, estos son los andaluces que reclaman ya la independencia. Y me dijeron: No, son del Betis, que van a verlo jugar contra el Barcelona.
(Aplausos.) Era en Hospitalet del Infante, el año 1973 ó 1974. Estamos dándole vueltas y yo quiero decir una cosa: Aragón es nacionalidad histórica desde el año 1996 y aquí nadie ha dicho nada; nadie se ha rasgado las vestiduras. Vuelvo a
insistir, somos poca cosa, representamos poca cosa, tenemos historia, naturalmente que somos nacionalidad histórica, porque hasta en las obras de Shakespeare aparece un aragonés -que luego en una película inglesa pusieron que era negro; pero,
bueno, también tenemos negros en Aragón, o sea que no nos importa-. Quiero decir que estamos aquí con un debate impresionante hablando de la nación, la nacionalidad, el Estado, el Reino. Somos lo que somos. Y, en un Estado que quiere ser Estado
federal, la nacionalidad, la nación es una manera de llamar a un territorio determinado.
Vamos a apoyarles, vamos a procurar salir adelante y vamos a intentar que en la Comisión Constitucional estas pequeñas enmiendas que nos han presentado compañeros de Andalucía puedan salir adelante y salga de verdad un Estatuto maravilloso,
magnífico, para un territorio tan importante como es Andalucía, aunque haya toros y toreros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Siguiente orador del Grupo Mixto. Doña Begoña Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a esta casa, con todo cariño y respeto, a las autoridades, al presidente de la Junta de Andalucía, a la presidenta del Parlamento de Andalucía, a todos los miembros de ese Parlamento y a toda la
delegación que les acompaña y, cómo no, a quienes han representado las diversas sensibilidades y el sentir de ese propio Parlamento.
Estamos bastante en familia -desde hace bastante tiempo, quizá desde después de haber hablado el señor Rajoy-, pero eso no quita para centrarnos en lo que hoy nos ocupa, que es algo muy importante. Es importante para nosotros y yo imagino
que para los diputados y diputadas de Andalucía tiene que ser francamente relevante. Haré tres reflexiones, y me centro en la primera, en lo que hoy nos ocupa, que a veces se nos olvida, porque se ha hablado más esta tarde de comparaciones, de
Cataluña, de Euskadi y de no sé cuántas cosas, de las que desde luego es importante hablar, que de los 246 artículos que tiene este Estatuto. 246 artículos. Luego, lógicamente, haré una referencia comparativa, porque lo que nos ha tocado vivir es
cierto que hay que rememorarlo.
¿Qué es lo que se nos propone hoy? Hoy se nos propone por parte del Parlamento de Andalucía, con legalidad y legitimidad, de conformidad con su propia normativa, establecer un marco de convivencia que sea acorde al proyecto de convivencia
que Andalucía quiere para el siglo XXI. Se han analizado -como por cierto se ha podido analizar en otros lugares, en otros pueblos, en otras naciones, otras realidades nacionales o como ustedes quieran denominarlo o como ustedes se denominen-
problemas novedosos, que no existían en los años 1980 ó 1981 o en otros momentos en los que los estatutos de autonomía, como en nuestro caso, el Estatuto vasco -todos son diferentes, sin perjuicio de que todos debemos tener el máximo respeto-, el
tema de la inmigración, el tema de la adhesión y de la integración en la Unión Europea. Eso no existía como tal fenómeno en aquel momento. Como ahora existen, son elementos novedosos a los que hay que dar respuesta jurídico-política. Esto es lo
que, primera parte, se ha establecido.
En una segunda parte se establece la necesidad de modernizar la estructura territorial, la necesidad de modernizar la organización y el funcionamiento de las instituciones y cómo deben funcionar para que sean el instrumento jurídico político
acorde al siglo XXI. Perfecto. Han diseñado su propia estructura organizativa y qué elementos de configuración y de cooperación son necesarios. También perfecto. Tercero, han analizado la relación exterior, una con el Estado, otra con la Unión
Europea y la tercera con el exterior, que también tiene su propia especialidad y no es Unión Europea stricto sensu. Ustedes incluso han delimitado cuatro o cinco categorías de competencias: exclusivas, compartidas, ejecutivas, en relación con la
aplicación del derecho comunitario y las no expresadas en el Estatuto que pudieran ser delegadas. En definitiva, han hecho el marco de convivencia que a ustedes les ha parecido oportuno. En la Comisión Constitucional, como hemos hecho con los
demás proyectos de reforma de estatutos de autonomía, el presidente, el señor Guerra, y los ponentes que hemos participado en los anteriores proyectos de reforma lo estudiaremos con mucho cariño y con mucho espíritu e interés constructivo y
trataremos de ver las aportaciones que puedan ser útiles, también las aportaciones que los compañeros de Andalucía nos puedan hacer llegar, quizás porque no hayan podido
defenderlo aquí hoy. Pero lo que lamento decir que no nos ha gustado demasiado -y lo digo con toda la sinceridad con que, como saben mis compañeros del Congreso, suelo hacer- es esa parte del preámbulo -también se hizo en el Estatuto de
Valencia- en la que no había una definición propia; era más una posición a la defensiva. ¿Por qué hay que defenderse de otros hechos diferenciales? ¿Por qué hay que poner en el preámbulo que no estarán dispuestos a que otros hechos diferenciales
tengan privilegios? Nadie tiene privilegios, nadie; todos tenemos un régimen de derechos, no de privilegios. No me parece razonable que en el Estatuto aparezca un elemento de definición a la defensiva, porque no tiene sentido. Tampoco tenía
sentido la cláusula Camps. ¿Alguien entiende que todo lo que los demás tengan lo quiero yo? Eso es estar a la defensiva.
Di qué es lo que quieres, di qué es lo mejor para un lugar u otro, pero no te establezcas en comparación con nadie, porque no
es necesario ni oportuno. Esta es, con cariño, alguna de las cuestiones que hemos podido reseñar y que no nos parecían acordes. En todo lo demás, respeto total y absoluto, toma en consideración y trabajo constructivo en la tramitación
parlamentaria.
Entrando en un marco más global, haré otras dos reflexiones. La primera es que en esta Cámara hemos tenido cuatro debates de toma en consideración de cuatro estatutos de autonomía, toma en consideración que significa que al menos damos la
posibilidad a ese Parlamento -al Parlamento de Andalucía en este caso, también al Parlamento vasco, al Parlamento de Cataluña o al Parlamento valenciano- de estudiar qué nos aportan, qué nos ofrecen, qué han entendido oportuno traer para que al
menos podamos discutirlo y debatirlo. Qué casualidad que al único que no se dejó esa oportunidad fue al proyecto de reforma de Estatuto del Parlamento vasco.
Qué casualidad. Y luego nos dicen que los vascos somos los que no queremos dialogar.
Poca correspondencia tuvieron desde esta Cámara. Las tres razones que se argumentaron en aquel entonces -las voy a explicar claramente- por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Rubalcaba, eran las siguientes: Primero,
desborda el marco constitucional. Curiosamente, el ejemplo que puso fue las relaciones bilaterales de Euskadi con el Estado. Leyendo la propuesta de Estatuto que ustedes nos ofrecen, veo claramente que en su artículo 216 aparece definida,
estructurada y regulada, la relación bilateral de Andalucía con el Estado. ¿Y qué diferencia hay? Este era el ejemplo claro del desbordamiento del marco constitucional y veo que en este Estatuto aparece el mismo tema, no diré que calcado pero sí
parecido. Me sorprende.
Segunda cuestión por la cual no se podía tomar en consideración nuestro Estatuto: hacía tabla rasa del Estatuto de Gernika. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sea tabla rasa, en que sea nuevo entero, en que sea un cambio
sustancial, ningún inconveniente, faltaría más; la Constitución está para ser interpretada flexiblemente y de conformidad con lo que requiere la sociedad de cada momento. Las leyes no pueden hacer depender a una sociedad. Y hoy el presidente del
Gobierno ha dicho de este Estatuto o de otros que son de nueva generación. Evidentemente, cambian de forma sustancial los anteriores estatutos. Por el contrario, se decía del proyecto de Estatuto del Parlamento vasco -segunda condición por la cual
no se tomaba en consideración- que hacía tabla rasa y que por tanto no era admisible. Otra contradicción en sus propios términos, en los términos de los debates. La tercera cuestión era por los votos y por el consenso con el que venía apoyado un
determinado proyecto. Qué les voy a decir de lo que ha pasado hoy y de lo que pasó el uno de febrero.
Tienen los votos que requiere la legalidad, la legitimidad y la mayoría democrática y los tienen ustedes como los teníamos nosotros, ni más ni
menos. Se nos pusieron tres claras condiciones que se cumplían, como se cumplen ahora todas: Primero, no desbordaba el marco constitucional por las relaciones bilaterales y por otras cosas que hoy aparecen. Segundo, tiene el consenso suficiente
-ojalá todo pudiera ser igual-; el señor representante del Grupo Popular se hubiera podido adherir, pero no es así y lo respetamos profundamente. Y, tercero, hace tabla rasa; si hay que hacer un nuevo Estatuto y requiere hacer un cambio y un
Estatuto de nueva generación, pues hay que hacerlo.
Termino, señor presidente, señorías, con una reflexión del debate. Señor Duran i Lleida, las instituciones penitenciarias no las tiene solo Cataluña en su Estatuto, también las tiene el Estatuto vasco, pero el antiguo, el de 1979; ustedes
también. Bien. El problema es que no hay voluntad política para transferirlo. Este es el grave problema del blindaje de competencias. Porque cuando pasan 25 años sin cumplir una ley ¿qué vamos a hacer? Que alguien me explique qué se puede hacer
cuando no se cumplen las leyes y no se tiene ninguna posibilidad para reclamarlo a través de ninguna vía. El señor Rajoy -que no está, lo siento- dice siempre una frase, que se me queda grabada; dice: El nacionalismo -supuestamente el nuestro, el
suyo, el andaluz, el catalán, da igual, el vasco- merma los derechos del individuo en favor de unos símbolos territoriales fantasmagóricos. Yo me quedo perpleja y digo: España es el ángel de la guarda o un hada madrina, personaje de ficción o
real.
Porque, que yo sepa, España es un territorio y tiene sus símbolos -la bandera, el himno-, muy respetables. Yo los respeto, no son los míos, pero los respeto. Nosotros somos territorio, pero España para él no es territorio. ¿Qué es? Que me
diga algún día qué es. Claro que hay diferencia entre nacionalismos. Hay diferencia entre el nacionalismo que para defender su propia identidad tiene que anular la identidad de los demás. Ese es el nacionalismo español de algunos. Nuestro
nacionalismo es el que no va en contra de ninguna identidad y lo único que pretende es que se respete la suya. Otra diferencia, por ejemplo, del señor Rajoy, que siempre está a la contra, míster no, señor no, no en 1979, no en 1980, no a la
Constitución, no a la Unión Europea, no, no, y luego,
como siempre, se pone el primero de la fila, como si lo hubieran inventado ellos. Nosotros somos los que vamos por delante. El nacionalismo progresista, avanzado, que quiere cambiar las cosas cuando es necesario cambiarlas. Por eso, señor
presidente, por supuesto que tomaremos en consideración este proyecto. Y les decimos que, como los vascos somos tenaces, volveremos a traer el proyecto de Estatuto de Autonomía y ahí les esperamos para que también nos den su apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Lasagabaster.
Última oradora del Grupo Mixto, doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzaré, como lo han hecho todos los portavoces de la Cámara esta tarde, dando la bienvenida a las autoridades andaluzas y, por supuesto, a los representantes del Parlamento andaluz que esta mañana nos han presentado la propuesta
de reforma del Estatuto andaluz, una propuesta que sin duda va a ser tramitada esta tarde, tramitación que va a contar -se lo anunció ya- con el apoyo de Nafarroa Bai. Lo hemos hecho en todas y cada una de las ocasiones en que se ha planteado una
reforma de estas características, hemos dicho sí, con absoluta independencia de nuestras posiciones con respecto a la reforma planteada. Hemos dicho sí por coherencia con el papel que a nuestro entender debe jugar esta Cámara. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señora Barkos. Hay mucho murmullo y cuando está la sala vacía no se escucha al orador. Guarden silencio, por favor.
Continúe.
La señora BARKOS BERRUEZO: Decía que Nafarroa Bai dirá sí en esta ocasión, como hemos hecho en otras ocasiones al resto de propuestas de reforma estatutaria en esta Cámara. Lo hemos hecho, decíamos, por coherencia con el papel que
entendemos que debe jugar esta Cámara, pero también por coherencia y sobre todo por respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada por sus legítimos representantes que hoy nos acompañan. Dicho esto, nos gustaría expresar en nuestro turno algunas
dudas que tenemos con respecto a alguna de las propuestas que nos trae hoy el texto andaluz. Por ejemplo, lo citaba la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en el preámbulo insiste en la defensa de los intereses andaluces frente a
los privilegios de otros ciudadanos. ¿Qué privilegios? ¿A qué se refieren, señores representantes del Parlamento de Andalucía, con privilegios, de qué estamos hablando? Si no tenemos una explicación cierta y clara de esta expresión -a nuestro
entender, por cierto, tan extendida como poco afortunada-, tendremos que concluir que algunos hablan un lenguaje distinto según los territorios del Estado, tendremos que concluir que, bajo una misma sigla, algunos defienden, en pueblos tan altivos,
sí, como iguales todos, mensajes contradictorios con el fin único de mantener un despiste de cierto tono electoral.
Los privilegios son privilegios y los derechos, históricos o no, son derechos. Yo les pediría hoy a los partidos que nos traen firmada esta reforma que, cuando menos, nos den una explicación hoy en esta tribuna, se lo agradeceríamos
enormemente, pero nos gustaría que revisaran muy seriamente aspectos como este, no vaya a ser que lo que estamos ganando en la reforma del modelo de Estado lo vayamos perdiendo en términos de convivencia y de convivencia para la igualdad de los
pueblos y de los ciudadanos. En definitiva, insisto, no compartimos totalmente -o no, al menos, en la forma en que se nos ha traído hoy a la Cámara- el texto que conocemos. De hecho, deseamos que la tramitación en el Congreso ayude a superar
carencias o desconocimientos como estos que he reseñado, y le voy a poner un ejemplo al representante del Parlamento andaluz que nos acompaña. De esta manera, el artículo 61, que se refiere a la asunción de todas las competencias en términos de
inmigración, podría entenderse como un privilegio con respecto al Estatuto de Cataluña, a esa reforma que acaba de tramitar esta Cámara. O incluso el artículo 62 -aquel que reclama las políticas activas de empleo- podría entenderse como una suerte
de petición de privilegio con respecto a aquellas comunidades autónomas que llevan 20 años tratando de tramitarlo.
En cualquier caso, y lo decía al principio, por eso no nos vamos a posicionar, ni mucho menos, todo lo contrario, en contra de la tramitación de este texto de reforma. Vamos a votar que sí y con convencimiento absoluto, no por
posicionamiento doctrinal, sino por coherencia democrática. Aquí llegamos a un punto esencial, el de la coherencia democrática, que quiero detallar de una forma muy muy concreta. Esta es, señorías, la cuarta propuesta de reforma que atiende esta
Cámara y es la cuarta vez que Nafarroa Bai va a dar un sí sin ambages. Y no todos pueden decir lo mismo. Decía el presidente del Gobierno esta tarde, refiriéndose al Partido Popular, que es la segunda ocasión en que el Partido Popular va a
tropezar en la misma piedra. No son dos, señor presidente, son tres. Van a decir hoy no a la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, dijeron que no a Cataluña y dijeron que no a la Comunidad Autónoma vasca; no son dos, son tres. Supongo
en cualquier caso que hoy ya no valen los argumentos que sí sirvieron en aquella ocasión, aquel primero o segundo de febrero, en que se escuchó por boca del lehendakari Ibarretxe esa propuesta de reforma. Aquellos argumentos que sirvieron para
alegar a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma vasca su propuesta de reforma hoy van a ser para el sí que se da a los andaluces. Entonces, el Partido Socialista -también el presidente del Gobierno- nos dijo que el Parlamento de Vitoria nos
traía a la Cámara una mayoría exigua; desigual, decían, pero exigua.
Hoy, un porcentaje -que, sinceramente, en nada cambia la legitimidad de una Cámara- sí es suficiente. Entre un 51 y un 61 por ciento, señor presidente. No se cuentan aquellos porcentajes que aquel día les sirvieron a ustedes. Yo quisiera
una explicación para un cambio tan fundamental de posiciones, es cuestión de aclarar posiciones fundamentales, aunque me temo que esto es tanto como pedir la cuadratura del círculo en un día como hoy. A la espera de ello, hoy será, en cualquier
caso, la tercera ocasión en la que el Partido Popular diga no a una propuesta de reforma de un estatuto. Solo en una ocasión el Grupo Popular ha dado el sí a un trámite de estas características, la reforma del Estatuto valenciano, exactamente en la
que la propuesta de reforma llegaba a la Cámara de la mano de su propio partido. Yo no sé, pero esta no puede ser la posición con respecto a las iniciativas que lleguen a la Cámara, esta no puede ser la posición, aceptar solo aquellas que llegan
bajo el paraguas de sus propias siglas. Y esta es la propuesta que nos hace el Partido Popular. Entendemos que no comprende exactamente cuál es el papel del Congreso en este tipo de trámites. Esta Cámara no es, ni muchísimo menos, el parapeto
último para defender los intereses de las siglas con respecto a la propuesta que nos hacen los ciudadanos por boca de sus representantes legítimos. El Congreso, señores del Partido Popular, no puede ser el parapeto a su imposibilidad para acordar y
a su incapacidad para entender que existe una posición en el conjunto del Estado de reforma del modelo.
Voy terminando ya, señor presidente. Señorías, señores representantes del Parlamento de Andalucía, Nafarroa Bai va a votar a favor de la admisión a trámite de la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía con el deseo absoluto, y
créannos, de que esta sea devuelta al pueblo andaluz en los términos más ajustados a lo que hoy nos han expresado aquí ustedes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, el grupo que apoya al Gobierno, Grupo Parlamentario Socialista. Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señor presidente de la Junta de Andalucía, señores ex presidentes de la Junta de Andalucía, señora presidenta, diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía,
señorías, el día 2 de mayo de este año, una fecha de connotaciones madrileñas y españolas, el Parlamento de Andalucía votó sí al texto que hoy inicia su andadura en el Congreso de los Diputados, propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
Es una propuesta que ha sido admitida por la Mesa del Congreso de los Diputados, donde votaron a favor todos sus miembros, salvo los del Partido Popular, que se abstuvieron. Hay una primera curiosidad ahí y es qué vieron de maligno en
el texto estos miembros de la Mesa pertenecientes al Partido Popular, que ni siquiera apoyaron que el texto fuese examinado hoy, que tuviéramos una sesión esta tarde para debatirlo.
Verían muchas cosas malignas, porque el señor Rajoy ha completado
hoy esa actitud y ha dicho que no quiere que siga la tramitación y que va a votar que no. Es triste realmente que una parte de esta Cámara, además de mostrar un relativo interés por el debate, no quiera que los representantes del pueblo español
debatan sobre el texto que nos viene del Parlamento de Andalucía. Es lamentable que sea precisamente el partido político que alardea sistemáticamente sobre la soberanía y la unidad del pueblo español el que se niegue a que se examine esa propuesta
que viene del Parlamento de Andalucía por la Cámara que expresa la soberanía y la unidad del pueblo español. Es una gran contradicción, admítanlo. (Aplausos.) Y es muy triste que haya diputados españoles, diputadas españolas y andaluzas, que
nieguen a su Parlamento, al Parlamento de Andalucía, el derecho a que sea debatido, estudiado y enmendado, en su caso, a que sea tramitado en las Cámaras, en el Congreso y en el Senado, que representan la soberanía del pueblo español. Si tanta
confianza tienen en sus posiciones, ¿por qué tienen tanto miedo a que se debata este texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el Congreso de los Diputados y en el Senado?
Señores del Partido Popular, señor Rajoy -ausente en este momento-, ¿le parece una buena forma de ayudar al consenso -que han convertido en el mantra que siempre utilizan para todo y para descalificar cualquier cosa- votar no a la toma en
consideración y yugular ya desde aquí el debate? ¿Esa es la forma de ayudar al consenso que ha sido proclamado enfáticamente por el Partido Popular y por el Señor Rajoy esta tarde? Si hubiera una mínima oportunidad, si hubiera una posibilidad de
que lográsemos un consenso en el tiempo que nos queda de trámite en el Congreso y en el Senado, como el señor Rajoy ha dicho que está dispuesto, ¿ me quiere explicar el señor Rajoy cómo se puede conseguir eso si hoy sale no a la tramitación
posterior? (Aplausos.) Nuestra posición respecto del texto del Parlamento de Andalucía es muy distinta, evidentemente.
Como ustedes se imaginan, es afirmativa, y nos alegra coincidir con todos los grupos de la Cámara, con todos, salvo el Partido
Popular. El Grupo Parlamentario Socialista considera, sin ningún tipo de reserva, que la propuesta de Estatuto de Autonomía de Andalucía reúne todas las condiciones para ser objeto de debate en esta Cámara, en las Cortes. A las Cortes les
corresponde debatir, modificar en su caso, aprobar un texto estatutario desde la perspectiva que le es propia, la del conjunto de España, la del interés general, la de la solidaridad y la igualdad entre los españoles y entre las comunidades
autónomas. Tengan la seguridad, señorías, de que las Cortes Generales van a saber compaginar el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía con el interés
de los ciudadanos y ciudadanas de España, porque esa es la tarea fundamental que tienen por delante las Cortes Generales. (Aplausos.) En definitiva, se trata de los mismos intereses.
Hay un sujeto del que depende también la aprobación final de este texto, que es el pueblo andaluz. Ese ha sido, sin duda, el gran ausente del discurso del señor Rajoy. Ni una sola palabra para el pueblo andaluz, ni un solo elogio para el
pueblo andaluz por parte del señor Rajoy, ni una sola muestra de consideración, de afecto o de cariño para el pueblo andaluz. Ese pueblo ha estado ausente en el discurso del señor Rajoy que, sin embargo, dice que lo quiere mucho. Pero ese pueblo
no vio que el señor Rajoy, cuando era vicepresidente del Gobierno, le diera los 2.500 millones de euros de financiación que se le debían, porque no tuvo en cuenta que Andalucía tenía 400.000 habitantes más de los que le reconocía ese Gobierno. Si
tanto quiere al pueblo andaluz, ¿por qué no le dio los 2.500 millones de euros el señor Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno y por qué le restó 4.000 millones de euros de lo que le correspondía por los fondos europeos? (Aplausos.-La señora
Sánchez Díaz: ¡Muy bien!) Si quiere tanto al pueblo andaluz, ¿por qué hizo eso? Andalucía nunca pidió lo que no le correspondía, pidió lo que se le debía. El Gobierno del Partido Popular dijo no; el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dijo
sí, y una de las primeras medidas del Gobierno socialista fue precisamente dar al pueblo andaluz lo que se le debía en estricta justicia.
Por tanto, señorías, el pueblo andaluz ha estado ausente en ese discurso del señor Rajoy, que ha sido el discurso de la solemnidad de lo obvio, de las obviedades, de las vaciedades y de las falsedades. (Aplausos.) Pero el pueblo andaluz
vive en una nacionalidad histórica -como así le llama ya el Estatuto vigente- por la que han pasado muchas culturas, provinientes de todas las latitudes del planeta, de diversas religiones, lenguas, pensamientos y tradiciones que en Andalucía, por
cierto, se han mantenido durante mucho más tiempo que en otros lugares de España.
Andalucía, como decía el presidente del Gobierno, tiene una posición estratégica en España; es la segunda en extensión entre las comunidades; es la primera en
población; tiene una posición de frontera con otro continente, por cierto a una distancia en renta extraordinaria, lo cual crea también una especial importancia en la posición de Andalucía y en las políticas que hay que hacer respecto a Andalucía.
Andalucía es hoy una comunidad que no tiene ya problemas de analfabetismo, que no tiene los grandes problemas que tuvo en su momento respecto a la propiedad de la tierra, que en educación y sanidad ha sustituido al Estado en cuanto a la prestación
de servicios, que está integrada en muchas iniciativas internacionales.
En definitiva, es una comunidad autónoma, como se ha dicho por el presidente del Gobierno también, en la que el Estado de las autonomías ha sido un éxito y así es valorado por los andaluces y las andaluzas. Una prueba de ello -y no quiero
hacer en este caso sectarismo de partido sino simplemente destacar que las instituciones andaluzas son bien apreciadas por los andaluces- es que los andaluces no hayan querido poner a otra fuerza política mas que al Partido Socialista al frente de
su Gobierno durante un cuarto de siglo. Esto no es para vanagloriarme de la labor del Gobierno presidido por Manuel Chaves. Por cierto, señor Rajoy -que a lo mejor está viendo el debate por televisión, porque aquí no está presente-, usted que ha
hablado de buen Gobierno, ¿cómo catalogaría a un Gobierno que ha durado veinticinco años, como buen Gobierno o como mal Gobierno?Los andaluces sin duda lo han visto como un buen Gobierno, como una muestra de buen Gobierno y no han cambiado en
veinticinco años.
(Aplausos.) Y no lo digo, repito, para destacar al Partido Socialista y su buen Gobierno en esos veinticinco años, sino que lo digo porque un pueblo que siempre vota al mismo partido político para que le gobierne, que no lo quita
de esa responsabilidad, al mismo tiempo que valora ese partido valora también a las instituciones de autogobierno de Andalucía.
Es una expresión del apego que los andaluces tienen a sus instituciones autonómicas porque han visto que han sido muy
importantes para su progreso, lo que no significa que no haya que mejorarlas, que no haya que dotarlas mejor porque solo se reforma lo que se quiere conservar.
En este caso, los andaluces, que quisieron una autonomía para el siglo XX hace veinticinco años, ahora quieren una autonomía para el siglo XXI y eso es lo que han querido los representantes del pueblo andaluz trayendo aquí una propuesta de
reforma del Estatuto. Es verdad que hace veinticinco años la situación no era la misma. Estábamos en una España con inflación, terrorismo, emigración, paro creciente, una España con una debilísima posición internacional y una España que incluso
cinco días antes de la reunión de la Asamblea de parlamentarios de Córdoba, que aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía, sufría un golpe de Estado.
En esa España Andalucía estaba en las posiciones de cola, era considerada una comunidad
deprimida, atrasada, con cifras de desempleo y subempleo enormes y con una emigración altísima. Pues bien, en esa Andalucía el pueblo andaluz con fe en sí mismo votó sí en el referéndum de 28 de febrero de 1980 y se ganó no solo ser una comunidad
autónoma más, sino ser una comunidad autónoma impulsora del Estado de las autonomías, porque el pueblo andaluz identificó sabiamente autonomía con desarrollo, progreso, orgullo de identidad de tierra, de cultura y de tradición. Eso fue lo que hizo
el pueblo andaluz en aquel memorable referéndum de 28 de febrero de 1980. No había entonces un inicial consenso total, no lo había. La verdad es que los andaluces lucharon por el sí, votaron por el sí contra la incomprensión y el boicoteo de los
sectores más conservadores, los antecesores de ustedes, que lucharon para que no hubiera esa autonomía, y Andalucía luchó como una reivindicación, como una forma de exigir al Estado salir de la situación de auténtico subdesadorrollo
en muchos casos. Por tanto, el Estatuto de Autonomía todavía vigente, a diferencia de otros, tiene un fondo no solamente de petición de mera autonomía, de autogobierno, sino de bienestar y progreso para los ciudadanos y las ciudadanas. Sin
duda son objetivos de carácter auténticamente social.
Además de eso se ha dicho reiteradamente, y es verdad, que Andalucía se constituyó, quizá sin ser consciente de todo ello, en la gran vertebradora de nuestro Estado contemporáneo de las autonomías, porque su conquista del máximo
autogobierno, naciendo de una comunidad que no tuvo estatuto de nacionalidad en la República y que no estaba al frente del impulso económico español, logró que el Estado de las autonomías no se partiera en dos, logró unirlo. La aportación de
Andalucía a la unidad del Estado autonómico ha sido decisiva y por eso se apuntó certeramente, el profesor Pérez Royo lo ha dicho en alguna ocasión, que el referéndum de 1980 no fue solo un referéndum andaluz, sino que fue un referéndum, aunque
formalmente andaluz, materialmente español. No era solo el acceso de Andalucía a la autonomía lo que estaba en juego, sino que estaba en juego la interpretación de la Constitución entre un Estado de las autonomías en clave dual, es decir, una
separación clara del derecho de la autonomía en el País Vasco, Cataluña y Galicia, por un lado, y el resto de las comunidades por otro, o si se iba a imponer una interpretación unitaria, que no uniforme, de modo que las comunidades autónomas
ejercieran el derecho de autonomía en condiciones de igualdad.
La gran decisión que convierte al Estado de las autonomías desigualitario en un Estado de igualdad de las autonomías debe mucho a la respuesta andaluza. Hoy ya no cabe decir que una comunidad autónoma no puede obtener las cotas de
autogobierno que tenga otra, siempre dentro del marco constitucional. Y todo eso forma parte del espíritu del 28 de febrero, como lo es este proyecto que tenemos aquí, que no está desvinculado, no es una ruptura para nada con ese espíritu, es un
proyecto unido a ese espíritu del 28 de febrero, ese espíritu que un cuarto de siglo después la derecha política española aún no ha asumido.
Probablemente, por ello no tragan el proyecto que hoy está aquí ante nosotros, porque es un proyecto
vinculado al espíritu del 28 de febrero.
Como no ha entendido todavía la derecha política el Estado de las autonomías, por eso apoyan unas reformas sí y otras no, según les va, según gobiernen o no en una comunidad autónoma, por ejemplo. En esto
se diferencian de los socialistas, nosotros apoyamos los procesos de reformas estatutarias con independencia de quien gobierne, y trabajamos para que sirvan no al interés partidista, sino al de los ciudadanos y las ciudadanas. (Aplausos.)
La posición del Grupo Socialista ante el Estado de las autonomías es de absoluta identificación no solo porque nos gusta a nosotros, sino porque les gusta a los españoles. Se ha conseguido aquello que Azaña dijo, lo que proclamó como un
deseo: que los españoles estén a gusto dentro de su Estado. Lo están, entre otras cosas, porque se respeta su identidad, porque la Administración está más cerca de ellos y porque se respeta la convivencia en libertad y en justicia. Nosotros
creemos en los cuatro grandes elementos del Estado de las autonomías: la unidad, que ya no es una unidad impuesta; la autonomía, que es el gran instrumento de la unidad española; la igualdad entre todas las comunidades autónomas, que no significa
uniformidad, sino ausencia de discriminación o de privilegio, y el cuarto gran elemento, que es la solidaridad. Son principios democráticos del Estado, porque la democracia española no hubiera sido posible sin un Estado de las autonomías, es
consustancial con el Estado de las autonomías.
Estando a favor del Estado de las autonomías, estamos a favor de su profundización, de este ciclo de reformas que se están produciendo en esta legislatura y que están llevando a la madurez el Estado de las autonomías, a la fase de madurez de
ese Estado que nació hace veinticinco años y que forma parte, sin duda, del programa electoral, como ustedes saben, del Partido Socialista, el programa que obtuvo el triunfo en las elecciones del 14 de marzo. Nosotros apoyamos la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que, junto con el del País Vasco y el de Cataluña, no ha sido reformado nunca desde hace veinticinco años.
El Grupo Socialista va a mantener los elementos esenciales sobre los que se sustenta este texto, y las modificaciones que se realicen como consecuencia de enmiendas en los debates se van a hacer siempre sin desnaturalizar el acuerdo básico y
el contenido de este Estatuto, porque sería desnaturalizar de alguna forma el propio Estado de las autonomías, del que es eje la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por eso, señorías, vamos a respetar la definición que ha querido darse Andalucía, que
está expresada en el preámbulo y que de forma normativa lo está en el artículo primero del proyecto en el sentido de ser una nacionalidad histórica dentro de la unidad de España. Eso usted, señor Rajoy, no lo ha respetado. Usted no ha respetado la
decisión del Parlamento andaluz, que representa al pueblo andaluz, para denominarse y definirse como considera que debe denominarse y definirse, como considera que debe apelar a su identidad, ni pensamos que lo va a respetar.
Usted ha caricaturizado la labor del Parlamento andaluz esta tarde y ha catalanizado su propuesta. Cataluña y Andalucía son cosas distintas, señor Rajoy. Es algo que quizá ustedes no pueden entender porque tienen una especie de neurosis
catalanofóbica que les impide ver la realidad y todo lo ven con los ojos de lo que ha sucedido o puede suceder en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Nosotros sí vamos a respetar la aspiración de fondo que late en el Estatuto de una Andalucía igual en derechos a los demás, pero también diferente en aspiraciones y en identidad. Vamos a respetar los elementos esenciales de este texto
porque se trata de un Estatuto necesario para la Andalucía del presente y del futuro, porque es un Estatuto con un contenido ambicioso, pensado esencialmente
para los ciudadanos, para el interés de las andaluzas y los andaluces, porque es constitucional y porque viene aquí con un consenso suficiente.
Me permitirán que profundice en estos cuatros puntos con brevedad.
Necesidad del nuevo Estatuto de Autonomía. Han cambiado muchas cosas en Europa, en España, en Andalucía; sin embargo, no ha cambiado el Estatuto de Autonomía en un cuarto
de siglo. Hace veinticinco años Andalucía emigraba, hoy es tierra de acogida de decenas de miles de inmigrantes.
Hace veinticinco años no estábamos en la Unión Europea, hoy sí lo estamos y muchas de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tienen directa relación con las que se realizan desde Bruselas. Han cambiado muchas cosas en Andalucía. Quien no ha cambiado en veinticinco años es la derecha andaluza y española en su hostilidad no disimulada al Estado de las
autonomías, en eso no ha cambiado nada. Y esta tarde el señor Rajoy ha sido capaz de decir que este Estatuto no interesa a los andaluces.
Solo es necesario leer este texto para lamentar una vez más el desparpajo de que hacen gala los dirigentes
del Partido Popular para afirmar lo contrario de lo que todos vemos. El PP se ha situado frente a un Estatuto de Autonomía que señala como objetivos de Andalucía, por ejemplo, el aprovechamiento de sus recursos naturales, muy particularmente de la
gestión del agua que discurre por Andalucía, del querido río Guadalquivir -anteriormente el presidente del Gobierno se ha referido a ello-, o la convergencia con la Unión Europea en un momento importante, en el que una región muy beneficiada por los
fondos europeos, sin embargo va a perder seguramente parte de estos fondos en el futuro. Andalucía aspira a tener un desarrollo basado en la investigación con objeto de poder incorporarse en las mejores condiciones a la sociedad del conocimiento.
Y una cuestión social tan presente en esta propuesta, la necesidad de ayudar a las personas dependientes, por ejemplo -aparece así en el proyecto de Estatuto-, la integración de los inmigrantes y de las minorías, la participación ciudadana, las
políticas públicas y el fomento de la cultura de la paz. Todos ellos son objetivos para la Andalucía del nuevo milenio, pero para el señor Rajoy eso no interesa a los andaluces y a las andaluzas, todo eso no interesa. ¿En qué concepto tiene a los
andaluces y a las andaluzas, que piensa que eso no les interesa? Solamente por lo que acabo de señalar, ya era necesario y conveniente un nuevo Estatuto de Autonomía, y a todo eso el Partido Popular dice no.
El señor Rajoy no ha hablado -no les gusta hacerlo nunca- del contenido del Estatuto. Hablan de cuestiones abstractas y esencialistas, pero nunca de lo que a la gente le interesa, de lo que va dirigido a la gente. Yo sí estoy interesado en
referirme a algunos contenidos de ese Estatuto para ver si realmente no interesa a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.
Para el PP algunas cosas son negativas, por ejemplo, los derechos y deberes ciudadanos, que en este Estatuto ya son para
todos los que viven en Andalucía, españoles y extranjeros. Al Partido Popular le parece negativo que en este Estatuto haya una constante preocupación por la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso le parece muy negativo y ha votado que no, como
ha votado que no a todo el texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Le parecen negativos los principios rectores de la política económica y social y le parece negativo lo que es sin duda un avance formidable para los ciudadanos y ciudadanas de
Andalucía y es que ese Estatuto dedique tanto espacio a los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo ha podido decir, señor Rajoy, que este Estatuto no mejorará la vida de los andaluces y andaluzas?
Andalucía también quiere avanzar en su autogobierno y, en cuanto a la regulación de sus competencias, va a dar respuesta asimismo a las preocupaciones que se tienen, que son similares en otras comunidades autónomas. También hay una
modernización en el capítulo de las instituciones: la introducción del derecho de disolución del Parlamento, del decreto ley o de los mayores poderes del Parlamento autonómico en un momento en el que va a tener una mayor presencia, lo mismo que
cualquier otro Parlamento europeo, sea estatal o regional, en relación con la Unión Europea, por el principio de subsidiariedad que está presente en el proyecto de Constitución europea. Asimismo, hay que destacar la línea de potenciación de las
instituciones locales, el municipalismo -es el primer Estatuto que recoge el fondo de financiación incondicionado-, o la aportación que hace Andalucía a la adecuación a la constitución del Poder Judicial. El Poder Judicial no ha tenido la
descentralización que la Constitución le exige, en especial en relación con los tribunales superiores de Justicia y ahí también está presente la aportación que hace este Estatuto. Igualmente hay que destacar lo referente a la financiación
autonómica. Se crea una Agencia Tributaria andaluza y una Comisión Mixta de Asuntos Económicos para resolver temas de interés común. El Estatuto deja bien claro que Andalucía quiere un modelo de financiación ajustado a cuatro principios como
criterio básico, que Antonia Moro, diputada del Partido Socialista de Andalucía, sintetizó muy bien en el debate del Parlamento andaluz: autonomía, suficiencia, nivelación y población. El señor Rajoy lo descalifica diciendo que se va a acabar el
Parlamento.
¿Qué opina el señor Rajoy de la propuesta que hace el señor Matas en Baleares, que dice que el 2,5 por ciento del producto interior bruto español se tiene que invertir obligatoriamente en Baleares en los próximos diez años? ¿Qué opina
el señor Rajoy de eso? ¿Le parece tan mal como la descalificación que hizo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la que hace del modelo de financiación autonómica en Andalucía? ¿Quién dice la verdad, el señor Rajoy o el señor Matas? Porque el
señor Matas dice que el señor Rajoy le apoya en esa propuesta. Así que, señor Rajoy, si usted dice la verdad, habrá que concluir que tiene usted absolutamente descontrolado al Partido Popular. Por ejemplo, en Baleares, lo tiene
usted descontrolado, porque dice cosas que son contrarias a las que acaba de decir esta tarde aquí.
Por último, en cuanto a los contenidos del texto, me voy a referir al preámbulo. Un preámbulo que hace referencia a aspectos y principios universalistas. Suscribo las palabras ponderadas de un universitario andaluz, catedrático de derecho
internacional, don Sixto Sánchez Lorenzo, cuando destaca que el preámbulo contiene valores marcadamente universalistas. Aparecen reflejadas con justicia y acierto realidades e ideas referidas al mestizaje humano: la interculturalidad, la
pluralidad histórica, el nexo de unión entre Europa y el continente africano, los diálogos entre norte y sur, este y oeste, o la asunción de culturas globales; postulados universalistas que se corresponden con aquella conocida frase del padre de la
patria andaluza.
En ese preámbulo hay una referencia a la realidad nacional que se ha convertido para el Partido Popular en la razón, prácticamente en exclusiva -no acabamos de entender por qué-, de negar su apoyo a este Estatuto en Andalucía y hoy mismo en
este Congreso. Una objeción, por cierto, sobrevenida artificialmente, porque la ruptura del consenso la realizó el Partido Popular meses antes de la aparición de este concepto de realidad nacional. Tanto esta expresión como la generalidad del
texto son absolutamente constitucionales. Es un proyecto pensado desde la Constitución española y con la clara intención de no desbordarla. En el proyecto estatutario hay un solo Estado, una sola nación, jurídica y política, que es España. España
como nación unida y como Estado unido. Mi grupo va a profundizar en ese concepto presentando las enmiendas correspondientes que permitan, en el preámbulo y en el artículo 1, hacer una referencia expresa a la unidad de España. Por cierto, una
referencia que se suprimió -votada por el Partido Popular- en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular votó la supresión de esa referencia expresa. Hoy la considera como el gran escándalo de este proyecto
estatutario. No hay ningún tipo de contradicción entre la realidad nacional y la definición de Andalucía como nacionalidad histórica. Señor Rajoy, en realidad la expresión realidad nacional es uno de los conceptos que probablemente unen más a este
proyecto con el espíritu del 28 de febrero y con el sentimiento andaluz del pueblo andaluz. Seguramente es una de las expresiones que más conectan con ese sentimiento. Para nosotros, en todo caso, como para los andaluces, la realidad nacional
andaluza es una garantía de la unidad de España. Andalucía ha dado pruebas de que cuanto más ha afirmado su identidad, más ha cohesionado al conjunto de España o de las Españas, como se llamó hace muchos años a los reinos sucesores de la Hispania
romana y a la posterior España imperial, la España de los Austrias.
Estamos ante un texto que viene con un consenso suficiente, a partir de la elaboración que se hizo en el Parlamento andaluz. El texto viene avalado por diputados y diputadas pertenecientes al Partido Socialista y a Izquierda Unida, pero
fundamentalmente pertenecientes a la mayoría de un Parlamento. Como ha dicho el presidente del Gobierno -y se dijo aquí en anteriores debates por el portavoz entonces del Grupo Socialista, señor Rubalcaba-, nosotros vamos a respetar siempre el
consenso básico que venga de un Parlamento autonómico y trataremos de ampliarlo en el trámite parlamentario en las Cortes. Es lo que vamos a hacer en relación con este Estatuto: respetar el consenso básico y tratar de ampliarlo al Partido Popular
hasta el fin de todo el trámite en las Cortes.
En este Estatuto hay un consenso social prácticamente unánime en Andalucía, no hay más que ver las comparecencias de todas las organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, empresarios, en el Parlamento de Andalucía. Hay también un
consenso político básico. Sería deseable que el consenso que viene de Andalucía se ampliara, pero en todo caso es plenamente legítimo, no solo porque está avalado por el voto aritméticamente exigible, legalmente exigible para que venga al Congreso,
sino también porque hay una legitimidad de origen en las elecciones del 14 de marzo de 2004. Cuando el Partido Popular ganó en el año 2000 con mayoría absoluta se inició un proceso de estancamiento y retroceso en el Estado autonómico. La posición
del Partido Socialista fue muy distinta.
En el año 2001 el presidente Chaves ya había hablado de la segunda modernización de Andalucía y propuso una reforma del Estatuto, mucho antes de que lo plantearan otras iniciativas, y el Partido Socialista
llevó a las elecciones generales y a las andaluzas la propuesta de reforma estatutaria. En esas elecciones ganaron los socialistas en España y en Andalucía, aquí por séptima vez, con un programa electoral proponiendo -reitero- como uno de los ejes
esenciales la reforma de los estatutos para profundizar en el autogobierno, para profundizar en el Estado de las autonomías. En esas elecciones andaluzas del 14 de marzo el Partido Popular perdió ocho diputados en el Parlamento andaluz y el Partido
Socialista ganó ocho diputados en el Parlamento andaluz. El pueblo andaluz le quitó al Partido Popular la minoría de bloqueo que tenía antes para impedir una reforma estatutaria y le dio una mayoría para hacerla al Partido Socialista y a Izquierda
Unida. (Aplausos.) Le dio una mayoría a la izquierda para que hiciera lo que iba en sus programas, y también, por cierto, en el programa del Partido Andalucista.
Por tanto, era estrictamente democrático y obligado, un mandato de los electores,
hacer esta propuesta de reforma, que el señor Rajoy considera innecesaria, absurda, sacada del humo y tantas cosas más que ha dicho en su intervención. De hecho, el Partido Popular al principio mantuvo aquí una posición ambigua y no se sabía
exactamente lo que quería. Lo que ha hecho el Partido Popular con el proyecto de Estatuto eso sí que es no saber a dónde se quiere ir. Cada día tenía una posición diferente, una actitud distinta; un día era el consenso, otro día era irse de la
ponencia. Esa ha sido la actitud tan coherente, según el señor Rajoy, del Partido
Popular en relación con este asunto. Incluso en la primera reunión de la ponencia parecía que había un acuerdo sobre el Estatuto, incluyendo al Partido Popular, y se habló del consenso como guía de esa reforma, pero bastante después,
curiosamente coincidiendo con la llegada al Congreso del Estatuto de Cataluña, la estrategia antiestatutaria del Partido Popular se llevó por delante ese incipiente consenso, una estrategia que no tuvo su raíz en Andalucía sino en Madrid, más
exactamente en la calle Génova, y que se llevó cualquier retórica vacía del Partido Popular sobre el interés de los andaluces. Se impuso espectacularmente el puro interés de partido, por cierto bastante estrecho y, paradójicamente tratándose del
PP, de vuelo bajo.
En eso están ustedes, señores del PP, teniendo que defender las cosas más disparatadas para mantener la estrategia antigubernamental que lo arrasa todo. El PP admite reformas estatutarias en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde
gobierna, pero no las admite en Cataluña ni en Andalucía, donde no gobierna. Ustedes, como ha dicho el señor Durán, que criticaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña por ir demasiado lejos y ser discriminatorio para otros pueblos de España,
cuando Andalucía plantea ahora un Estatuto de igualdad, también lo rechazan. ¿En qué quedamos? ¿Andalucía es igual que las comunidades con el máximo nivel de autogobierno o no? Se les oye decir que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es para
promover el islamismo o para dar cobertura a la negociación con ETA. Estamos, es verdad, algo acostumbrados. Ya dijeron algunos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña era para favorecer la poligamia.
El Partido Popular tiene todo el derecho a oponerse a un texto que no le guste y a no querer un acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero lo que no puede hacer es descalificarlo con falsedades ridículas o descalificarlo
porque no tenga a su juicio suficiente consenso. El consenso, señor Rajoy, no es veto. El consenso no es el arbitrio de la minoría. Cuando el cuerpo electoral ha formulado su posición y ha dictaminado estar a favor de una reforma, la minoría, si
quiere consensuar, no se puede situar contra esa reforma; tiene que situarse a favor de la reforma que ha votado el cuerpo electoral, porque lo contrario es vetar, es paralizar, es impedir cualquier avance, el avance democrático aprobado por la
mayoría, en este caso, de los andaluces y de las andaluzas. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) La democracia es el respeto a la minoría, pero es también el respeto a la mayoría, una mayoría que en
Andalucía ha sido siempre progresista. La derecha tiene una asignatura pendiente con Andalucía: además de todas las elecciones generales y locales, el PP ha perdido las siete elecciones autonómicas en Andalucía y el PSOE ha ganado las siete
elecciones autonómicas. No nos atribuimos todo el mérito, hay una parte importante de mérito del PP, que no tiene -y hoy se ha puesto de manifiesto una vez más- un proyecto para Andalucía.
Hay algo más en el fondo. El Partido Popular no ha asumido el papel que los españoles le dieron el 14 de marzo. Los españoles quisieron que ustedes estuvieran en la oposición y se comportaran como una oposición constructiva y útil, y a
ustedes les cuesta aceptar esa regla de la democracia parlamentaria, que frivolizan y trivializan constantemente.
Señor Rajoy, usted dice lo que dice porque, primero, no ganó en España, no ganó en Cataluña y no ganó en Andalucía; segundo, no
quiere reformas progresistas, y, tercero, no confía en la gente, ni en el pueblo de Cataluña, ni en el pueblo de Andalucía, ni en el pueblo español.
(Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
Aún estamos a tiempo, señorías. Nosotros les hemos ofrecido un consenso en el Parlamento de Andalucía y lo han rechazado; les hemos ofrecido la introducción de una serie de enmiendas, entre ellas la expresa referencia a la unidad de España
en el preámbulo y en el articulado, y han dicho no, no han querido introducir en el Estatuto la referencia expresa a la unidad de España. Una vez más lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados. Vamos a proponer esas enmiendas y les vamos a
ofrecer, le ofrezco, señor Rajoy, le ofrecemos al Grupo Popular, un consenso sincero para que el texto andaluz salga con el máximo acuerdo, con la máxima fuerza de este Parlamento y se pueda presentar así a la votación de los andaluces. Nosotros
vemos el debate que se inicia como una nueva oportunidad para el acuerdo. Podrían ustedes ayudar votando sí a la toma en consideración y no, como se proponen, votando en contra de la misma.
(Una señora diputada: Porque tú lo digas.) Vamos a votar
a favor de este Estatuto de Autonomía recordando la aportación de Andalucía al Estado de las autonomías. Andalucía tiene que seguir estando en el liderazgo del Estado de las autonomías español porque es uno de sus más firmes baluartes. El conjunto
de España necesita que Andalucía se sitúe en ese puente de mando, por utilizar una expresión acuñada desde Cataluña.
Señor presidente, señorías, quizás sea un tópico acabar un discurso parlamentario con una cita de autoridad, pero me parece que en este caso procede porque tiene mucho que ver con el debate que se ha tenido y se va a tener en este
Parlamento. Son unas palabras muy hermosas de Blas Infante. Espero que ustedes, señorías del PP, además de conocer a san Isidoro de Sevilla, sepan quién es Blas Infante. (Aplausos.) Así dijo el padre de la patria andaluza: Andaluces, Andalucía
es una nacionalidad, porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común relación. Lo es también porque la naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio español. Lo es también porque lo
mismo en España como en el extranjero se la señala como un territorio y como un pueblo diferente. Nosotros, por esto, estamos fundidos por aquella expresión de la Asamblea Regionalista de Ronda que proclamó Andalucía como una realidad nacional,
como una patria -patria es un grupo humano que siente las
mismas necesidades y ha de trabajar por satisfacerlas en común-, como una patria viva en nuestras conciencias. Eso dijo hace casi un siglo Blas Infante. Un siglo después estas palabras de Blas Infante suenan con la misma fuerza o más que
entonces ante un Congreso de los Diputados que, al debatir lo que nos propone el Parlamento de Andalucía, representación del pueblo andaluz, expresa en toda su extensión el ser representante del conjunto del pueblo español.
Gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
A continuación abrimos un turno de réplica por el mismo orden. En primer lugar, intervendrá la delegación de la Asamblea de la comunidad proponente y ampliaremos un poquito el tiempo de palabra por cinco minutos para cada orador. Doña
Concepción Caballero, por favor.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Señoras y señores diputados, quisiera agradecer, en primer lugar, el voto favorable de prácticamente la totalidad de los grupos de la Cámara, Convergència i Unió,
Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Nafarroa Bai, Eusko Alkartasuna y muy especialmente al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, que además han demostrado un conocimiento del texto y un interés en el proceso autonómico andaluz que desde aquí queremos agradecer y señalar.
Respecto a las otras intervenciones, no voy a referirme a la intervención del portavoz del Partido
Popular que viene del Parlamento de Andalucía porque difícilmente los andaluces entenderían que discutiéramos entre nosotros, pero sí voy a referirme a los contenidos políticos que el Partido Popular a través del señor Rajoy ha defendido en esta
tribuna.
Hemos hablado aquí con ilusión y con esperanza de un texto de máximo autogobierno y de máximos derechos sociales y enfrente nos hemos encontrado un discurso de la decepción, de la desesperanza, del no y un discurso de desconocimiento del
Estatuto de Autonomía de Andalucía (Un señor diputado: ¡Muy bien!), un discurso sumamente superficial cuyas citas literarias se corresponden más con la Enciclopedia Álvarez que con la realidad literaria, cultural y artística de Andalucía.
(Aplausos.) Hemos encontrado también el discurso de la soberbia. ¡Qué soberbia! ¡El señor Rajoy sí que sabe hacer estatutos! Los andaluces no sabemos hacer estatutos, nuestros juristas son malos, nuestra redacción nefasta, nuestras intenciones
perversas. Señor Rajoy, un poquito más de contención política cuando estamos hablando de un trabajo continuado del Parlamento de Andalucía de más dos años (El señor Martínez-Pujalte López: De un día.), en el que han participado muchísimas
organizaciones sociales y muy poco su grupo político, porque su nivel de aportación ha sido el que aquí hoy se ha demostrado. (Aplausos.) Nos descubre el Mediterráneo. Dice: Han hecho un estatuto nuevo. Pues sí, porque lo necesitábamos, señor
Rajoy.
Si está recogido en las actas del Parlamento de Andalucía, si hemos pasado de un Estatuto de 77 a 246 artículos. Claro que hemos hecho un Estatuto nuevo, porque era necesario, señor Rajoy. ¿Cuál es su aportación a este proyecto? No le
hemos escuchado. Lo único que me queda claro es que ustedes quieren meter en el Estatuto la indisoluble unidad de la nación española, que esa es su aportación al Estatuto de Autonomía de Andalucía, una frase que está por cierto en la Constitución,
pero que no está en multitud de estatutos. El señor Fraga ha gobernado Galicia, ¿verdad? ¿Usted sabe que el Estatuto de Galicia no tiene esa referencia o que el Estatuto de la Comunidad de Madrid no tiene esa referencia? ¿Qué hacen ustedes
gobernando una comunidad que no tiene esa referencia a la indiscutible unidad de la nación española? (Aplausos.) No se rompe España. Dice: Intentan a través del Estatuto andaluz encubrir el Estatuto catalán. Pero, bueno, ¿esto qué es? No, señor
Rajoy. Lo que pasa es que con el debate que se está produciendo en este momento queda al descubierto su discurso y la falacia de que España se rompe. España no se rompe, España quiere avanzar. Igualmente queda de manifiesto la falacia de su
discurso de consenso. Mire a su alrededor. ¿No hay nadie con el que usted coincida en este Parlamento? ¿No hay nadie con el que comparta ni una línea? (El señor Martínez-Pujalte López: 150.-Rumores.) Va usted a una votación en la que su grupo
estará absolutamente solo, ustedes que hablan de consenso, de mano tendida, de falta de diálogo. Pero es que apela también a ese consenso matemático y le voy a recordar las palabras que dijo con relación al Estatuto catalán, que venía con el
consenso del 90 por ciento del Parlamento catalán. Le dijo usted no sé a qué portavoz: No me hablen de mayoría ni de matemáticas cuando está en riesgo la Constitución. En ese momento los números no importaban, pero en el caso del Parlamento de
Andalucía importan mucho, pero esos números del Parlamento de Andalucía se van a ver incrementados y aumentados de forma sustancial a través de las urnas con la votación del pueblo andaluz.
¿Qué opinan ustedes del Guadalquivir? (Un señor diputado: ¡Que es un río!-Otro señor diputado: ¡Agua para todos!) ¿Qué opinan ustedes de los derechos sociales andaluces? (Rumores.) ¿Por qué ustedes se niegan a que el conjunto de las
personas que vivan en Andalucía tengan derechos sociales? (Rumores.) ¿Por qué ustedes se niegan a la democracia paritaria? ¿Por qué se niegan, señores del Partido Popular? (Aplausos.-Rumores.)
Dice: Que me expliquen la realidad nacional. Usted no ha comprendido todavía nacionalidad. ¿Cómo le voy a explicar realidad nacional si todavía no ha entendido el término que está actualmente en el Estatuto de Autonomía?
(Risas.) Y la inconstitucionalidad del Estatuto andaluz ¿en qué, señor Rajoy? ¿En el blindaje de competencias? ¿Saben ustedes quiénes son responsables de que las autonomías queramos en buena medida, es cierto, blindar las competencias?
Ocho años del Gobierno del Partido Popular con la intromisión continua en materia competencial. (Aplausos.)
No hemos venido a hablar del Gobierno andaluz ni de los resultados electorales. Me niego a que este sea un debate de resultados electorales.
Sí quiero hacer un ruego final. Este Estatuto no debe de ser rebajado.
Este es el Estatuto que
necesitamos en Andalucía, el que asume nuestras ilusiones y nuestras esperanzas, la esperanza de máximo autogobierno, de máximas competencias y de máximos derechos sociales, y va a ser muy bien comprendido por el conjunto de la ciudadanía andaluza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Caballero.
Don Antonio Sanz, su turno, por favor.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Cabello): Señor presidente, señoras y señores diputados, desde el Partido Popular en ningún momento se viene a discutir hoy aquí el derecho ni a tramitar ni a enmendar este proyecto
de Estatuto. Sencillamente se viene a decir que este no es el Estatuto que le interesa a Andalucía, que este es un Estatuto que se ha hecho de espaldas a Andalucía, y lo decimos desde la defensa del interés de Andalucía, sin hipotecas y sin
ataduras, pensando en lo que le interesa a Andalucía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No pueden extrañar algunas intervenciones de quienes han dicho que si hoy decíamos lo que hemos dicho, nos llevarían a los tribunales. (Un señor diputado: No
les hagas caso.) Así lo ha dicho doña Concha Caballero en Andalucía. Pero hay que explicar por qué la señora Caballero habla y dice lo que dice. De los veintidós votos que cuenta para estar hoy aquí, dieciséis son prestados por el Partido
Socialista. (Aplausos.-Rumores.) Por eso ha podido intervenir hoy aquí. Piense en lo que le ha dicho el señor Anguita, que el problema de ustedes, de IU, es que al final acaban pareciendo el portavoz del Gobierno (Un señor diputado: ¡Muy bien!-
Aplausos.), y hoy ha vuelto a ocurrir lo mismo.
Nos hablan de talante, nos hablan de que están acostumbrados a hacer las cosas sin la derecha. Primero quiero decirles que no es verdad, que lo que hoy está ocurriendo aquí no tiene nada que ver con la redacción del Estatuto del año 1981.
Yo he hablado con los redactores del Estatuto del año 1981, con quienes estuvieron allí, con los protagonistas, y todos dicen que nunca se le pasó por la cabeza a ninguno de los que trabajaban allí que alguien se pudiera quedar fuera, porque había
una decidida voluntad de consenso. Las cosas son distintas, no por quienes nos dedicamos a presentar enmiendas para mejorar el texto, sino por quienes quieren hacer un texto excluyente y partidista como el que ustedes presentan hoy aquí. (La
señora representante del Parlamento de Andalucía, Martínez Saiz: ¡Muy bien, Antonio!-Aplausos.)
No nos hablen de que nos han ofrecido consenso, sencillamente porque el consenso que nos han ofrecido significa que de 254 enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario nos han aceptado 14, todas ellas técnicas, todas ellas de puntos y
comas (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Martínez Saiz: ¡Será por el talante!), ninguna de propuestas para Andalucía, 254 enmiendas y el resultado del consenso es ni un 5 por ciento de las enmiendas que hemos presentado. Talante
cero, consenso cero del Partido Socialista. (Aplausos.)
Aquí se han dicho cosas que yo solamente puedo entender desde el desconocimiento de lo que ha sido el proceso. Se ha dicho que el Partido Popular rompió el consenso mucho antes de la presentación de las enmiendas. El 16 de enero de 2006 el
portavoz del Grupo Socialista dijo que los socialistas confiaban en aumentar en la segunda ronda el 70 por ciento del acuerdo actual. ¿Estábamos o no estábamos tocando con los dedos el acuerdo? ¿Dónde está el golpe de timón? Se lo ha dicho el
señor Rajoy, lo hemos dicho esta mañana, el golpe de timón ha sido cuando alguien les obligó a dar la espalda a Andalucía y a presentar 130 enmiendas que eran una copia mimética e injusta con los intereses de Andalucía, traidora de los intereses de
Andalucía, que es lo que ustedes al final han presentado. (Aplausos.)
Se ha apelado al espíritu del 28-F. El 28-F fue la historia de un agravio, sobre la vía lenta o la vía rápida, pero hoy ese agravio viene de quienes quieren cargarse la Constitución y la solidaridad, de quienes quieren consolidar
privilegios y de quienes quieren blindar la financiación perjudicando a Andalucía. Ustedes son los responsables de un nuevo 28-F, de un nuevo agravio a Andalucía, de hacer un Estatuto que perjudica a Andalucía. Ustedes son los que están rompiendo
el espíritu del 28-F porque son los que están traicionando a Andalucía. Por eso, señorías, desde el Partido Popular tenemos muy claro que son ustedes los únicos responsables de la ruptura del acuerdo. No se trata, pues, en este nuevo trámite de
hacerle un simple maquillaje al Estatuto, como se ha dicho, no se trata de simples matices; se trata, señorías -y termino-, de enderezarle el rumbo, se trata de corregir su desenfoque actual, se trata de adecuarlo y hacerlo compatible con la
Constitución y se trata de defender, sin hipotecas, los intereses reales de Andalucía, algo que hoy aquí ustedes están traicionando.
Muchas gracias. (Aplausos. Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Finalmente, el turno de don Manuel Gracia. Por favor.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señor presidente de la Junta, señorías, quiero empezar por agradecer en nombre de la delegación del Parlamento de Andalucía la posición fijada por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios -y de los
componentes del Grupo Parlamentario Mixto especialmente-, con excepción del Grupo Parlamentario Popular, de apoyar la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y lo quiero hacer sinceramente porque
entiendo que todas ellas y ellos han demostrado que conocen y que han leído con atención nuestra propuesta, que, como dije esta mañana, es la mejor defensa de este texto. Por cierto, señor Rajoy, si san Isidoro y Guzmán el Bueno son todos los
nombres que S.S. puede traer a colación sobre la historia de Andalucía a esta Cámara, indica perfectamente cuál es el espíritu que le ilumina respecto a esta cuestión. (Aplausos.) Si Guzmán el Bueno es un buen ejemplo para algo, señorías, como
diría el otro, que venga Dios y lo vea, porque todos sabemos lo que hizo con su hijo.
(Risas.) En fin, esa es una más de las muchas perlas con las que usted, señor Rajoy, ha ofendido a Andalucía en la tarde de hoy y la ha ofendido en semanas
anteriores al día de hoy (Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) cuando ha dicho que lo que ha decidido el Parlamento de Andalucía es un cachondeo. Eso lo ha dicho usted, señor Rajoy, no me lo estoy
inventando yo. (Continúan las protestas.) Lo ha dicho usted, señor Rajoy, no me lo estoy inventando yo.
(Continúan las protestas.-La señora Castro Masaveu: ¡No, no!-El señor Atencia Robledo: ¡Fuera, fuera! ¡Tienes mucha cara! - Otros señores
diputados: ¡Fuera, fuera! - Aplausos.) Sí, claro que sí, les enfada la verdad, les ofende la verdad. Son ustedes los que ignoran y desprecian a Andalucía esta tarde aquí. (El señor Atencia Robledo: ¡Eres un mentiroso! ¡Vete ya! - Aplausos.)
Señor Rajoy, ¿sabe S.S. cuántas veces ha mencionado a Andalucía en su discurso? (Un señor diputado: ¡Muchas!) ¿Cuántas veces ha mencionado a Cataluña? Diecisiete veces a Cataluña.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): No hemos venido aquí a hablar de Cataluña. Hemos venido a hablar de Andalucía. (Continúan las protestas.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Gracia, por favor. Mantengamos la calma, por favor. (Continúan las protestas.-La señora Castro Masaveu: ¡Que la mantenga él!)
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Sí, si estoy totalmente calmado...
El señor PRESIDENTE: Señor Gracia, un momento, por favor. Simplemente quiero dar lectura, otra vez, al artículo 70, párrafo tercero, del Reglamento y quiero que, por favor, lo escuche toda la Cámara: 'Nadie podrá ser interrumpido cuando
hable'. En consecuencia, nadie tiene derecho... (La señora Castro Masaveu: Nadie podrá insultar.) Señora, le ruego, por favor, que escuche al presidente y simplemente respeten lo que está diciendo el presidente respecto al Reglamento. Nadie
puede interrumpir al orador, al orador se le respeta y, luego, cuando el orador ha terminado, eventualmente cada uno, si tiene necesidad, que diga lo que tenga que decir. Así pues, les ruego que no pierdan de vista la lectura de este artículo. (El
señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) El presidente va a mantener el orden en el hemiciclo. Continúe, señor Gracia.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, esta mañana S.S. nos ha preguntado retóricamente ¿qué andaluz ha defendido esta reforma, qué andaluz ha defendido -creo que decía- la denominación de realidad nacional? Le voy a dar un par de nombres, por si le suenan de algo.
¿Don Manuel Clavero Arévalo le suena a S.S. de algo? ¿O es que acaso ahora don Manuel Clavero Arévalo, que fue ministro de la Unión de Centro Democrático, como todos sabemos, es un peligroso antiespañol, esclavo de los nacionalistas radicales,
coartada de ETA? ¡Ojalá, señorías, tuvieran ahora algunos la misma dignidad que demostró don Manuel Clavero cuando dimitió para no ser cómplice de la traición de la Unión de Centro Democrático a Andalucía! (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López
pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Rajoy, ¿acaso don Manuel Pimentel no se sentó en el mismo Gobierno del Partido Popular del que formaba parte...?
El señor PRESIDENTE: Espere un momento.
Señor Martínez-Pujalte (Risas.), le voy a hacer un ruego. Deje de molestar a quien tiene el uso de la palabra. Es un ruego. (Rumores.) Su líder ha intervenido con absoluta pulcritud y ustedes tienen que pagar con la misma moneda a los
otros oradores. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) ¡Exactamente con la misma moneda! Y tengo derecho a reclamar de la bancada popular ese comportamiento y ese respeto. (Un señor diputado: ¡A la otra también!) Es un ruego que hago y no
digo más. Continúe, señor Gracia.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Muchas gracias, señor presidente.
¿El señor Pimentel era entonces un magnífico y excelente compañero de partido y de mesa del Consejo de Ministros y ahora es una especie de tonto útil al servicio de las locuras y las extravagancias del señor Chaves o es que de pronto se ha
vuelto loco? (Rumores.)
Señor Rajoy, aquí también S.S. esta mañana nos ha envuelto en una serie de reflexiones sobre la gramática. Le voy a hacer solo una pregunta. ¿Cuál es el calificativo del sustantivo nacionalidad? (Un señor diputado: ¡Gallina!) Dígalo su
señoría. Si algo se refiere a nacionalidad, ¿cuál es su calificativo? El adjetivo referido al sustantivo nacionalidad, ¿cuál es? Digo yo que será nacional, porque que yo sepa no hay otro en el Diccionario de la Lengua Española. (Rumores.) Esta
mañana probablemente le han dado una información errónea (Un señor diputado: Esta tarde.) porque no creo que usted se la haya inventado. No es cierto que se presentaran ciento y pico enmiendas ni por supuesto en veinticuatro horas. En
veinticuatro horas no. Las enmiendas se presentan en menos de veinticuatro horas, allí y aquí también, por cierto, que yo he sido diputado de esta Cámara y lo sé perfectamente. En todos los sitios se presentan en un momento, en un segundo se meten
en registro. (Risas.) ¡Claro, hombre! No ridiculice su señoría las cosas. Fueron el fruto de más de una semana de trabajo de las comparecencias que hubo en la Comisión. (Rumores.) Veinte de esas enmiendas respondían a votos particulares
presentados por el Grupo Parlamentario Popular, 37 se referían a propuestas y sugerencias del Consejo Consultivo de Andalucía y, en todo caso, la mejor demostración es que el Grupo Parlamentario Popular -ya dije esta mañana que no quiero entrar en
lo que pasó allí, sino en lo que tiene que pasar a partir de ahora, pero me obligan ustedes- no suscribió la proposición de ley de reforma porque no quiso suscribirla mes y medio antes de que se presentara la enmienda relativa a la realidad nacional
y las ciento veintitantas enmiendas a las que se ha referido S.S. esta mañana. El Grupo Parlamentario Popular no votó a favor de la toma en consideración de esa proposición de ley en el Pleno del Parlamento de Andalucía varias semanas antes de que
se presentaran esas enmiendas. Por lo tanto, señor Rajoy, la verdad y los hechos por delante porque hablan por sí solos.
Por último, los andaluces no hemos traído a esta Cámara esta propuesta de reforma para ser objeto de desprecio, de insultos y de burlas. Hemos traído esta propuesta porque entendemos que la sociedad andaluza ha cambiado en estos veinticinco
años tanto que es necesario abordar la reforma del Estatuto. Si hay dos hechos que por sí solos podrían justificar la necesidad de la reforma...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Termino inmediatamente, señor presidente.
Si hay dos hechos que podrían justificar la necesidad de la reforma, ahí están la realidad de la inmigración y el ansia de igualdad entre los hombres y mujeres de Andalucía. Este Estatuto es la expresión de la voluntad del pueblo andaluz,
libre y legítimamente expresada. En su nombre y en su representación, señor presidente, señorías, con esperanza en el acuerdo y con confianza en el trabajo de esta Cámara, con ilusión y con alegría, les solicito su voto favorable a la toma en
consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con lo que SS.SS. a partir de ahora tendrán la palabra.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno de réplica? (Pausa.) Don Mariano Rajoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Recuerdo a la Cámara la necesidad de respetar el uso de la palabra para cualquier
diputado. Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señora y señores comisionados, permítanme que inicie esta intervención con un breve recordatorio. En el año 1978 los españoles aprobamos la Constitución, entre otras muchas cosas acordamos acabar con
el modelo de Estado centralizado y crear el Estado de las autonomías; después fuimos concretando este modelo, aprobamos los estatutos de las 17 comunidades autónomas; más tarde, tras los pactos de los años 1992 y 1996 en los que tuve el honor de
participar personalmente, ampliamos el marco competencial de las comunidades autónomas. El resultado fue que España se convirtió en el Estado más descentralizado de la Unión Europea. Si excluimos el capítulo de pensiones, poco más del 20 por
ciento del gasto público total gestiona el Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero.
No hace falta que les explique a todos ustedes las competencias de las comunidades autónomas, pero me gustaría recordar, porque es importante, los principios que inspiraron este proceso. En primer lugar, una idea de España, la idea de
España que reflejaba la Constitución de 1978. En segundo lugar, una idea sobre los procedimientos: los cambios en el modelo de Estado debían ser consensuados y lo fueron por grandes mayorías, el consenso. Y sobre todo había un valor entendido,
que lo que era España debían decidirlo las Cortes Generales, la representación de la soberanía nacional, y no los distintos territorios que conformaban España. Señorías, hoy esto ya no es así. La llegada del señor Rodríguez Zapatero a la
Presidencia del Gobierno supuso un cambio sustancial en todo. Anunció en el debate de investidura un proceso de reformas estatutarias; nadie lo pedía salvo algunos dirigentes políticos. Le advertí en
aquel debate que no era bueno abrir procesos si no tenía uno clara la conciencia de dónde iban a terminar; no atendió a aquella petición. Más tarde le volví a ofrecer acuerdos; el 14 de enero de 2005 los aceptó tras el Plan Ibarretxe,
después volvió a cambiar de parecer. Señorías, los resultados saltan a la vista. El señor Rodríguez Zapatero ha roto el consenso existente desde 1978. Por primera vez en esta Cámara se aprobó un estatuto sin el voto de las dos grandes fuerzas
políticas nacionales.
Ha abierto un proceso cuyo final nadie conoce; no ha fijado ni una sola idea -si es que la tiene- de lo que es España; ha provocado con su actuación que las partes definan lo que es el todo y ha generado una división en
España como nunca. Señorías, no voy a entrar en los porqués, pero me da la sensación de que algunos se han creído, por encima de los intereses de España, que lo bueno es aislar a una fuerza política. En cualquier caso yo voy a cumplir con mi
obligación, como les he dicho antes, porque entre otras cosas estoy en política para defender principios y para defender convicciones. (Aplausos.)
Señorías, el Estatuto catalán ha sido el primer paso que debilita al Estado, y todo sin que nadie se lo pidiera, señor presidente. Y ahora voy a hablar de Andalucía. Permítanme algunas reflexiones. Yo no hablo aquí, en esta Cámara, ni en
nombre de los andaluces ni de los catalanes ni de los madrileños ni de los de mi pueblo; hablo como cualquiera de los 350 diputados de esta Cámara en nombre de la soberanía nacional, porque es lo que representamos los diputados de esta Cámara.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!) He visitado Andalucía en infinidad de ocasiones en los últimos meses, he hablado con mucha gente en muchos pueblos. Creo que Andalucía es la región más universal de España; lo es por razones culturales,
geográficas, históricas, por su aportación al Descubrimiento, por infinidad de razones. El lema de su escudo es significativo: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Nadie me ha hablado en Andalucía de la reforma de los Estatutos e insisto
en que he hablado con mucha gente. Sí me ha manifestado mucha gente su inquietud por la unidad nacional, por la soberanía de los españoles, por la existencia de un Estado viable, por la cohesión y por la solidaridad; de eso me han hablado a mí en
Andalucía y nadie me planteó jamás un estatuto con estos contenidos.
Yo no ofendo a nadie. Señor presidente, este es el drama de toda esta operación, que ahora se nos acuse primero de anticatalanes, luego de antiandaluces y de antigallegos. Esa es la división que usted ha provocado en este país, que llegue
un señor de Andalucía y me diga lo que me ha dicho aquí. (Aplausos.) ¿Qué ha sucedido, señor presidente? Se inició un proceso, el Partido Popular participó en él, intentó aportar algo útil -lo ha dicho el señor Sanz en su intervención-, hubo como
es normal sus discusiones, y de repente llegó el 24 de marzo y el PSOE enmendó su propio texto con 130 enmiendas copiadas del Estatuto de Cataluña en 24 horas. Llámelo como quiera, señor Gracia. Lo ha demostrado el señor Puigcercós y le ha leído
aquí los artículos. Yo dispongo del tiempo de que dispongo, por eso digo que esto ha sido una coartada para legitimar lo que ha ocurrido en el Estatuto catalán. Han copiado todo, han copiado lo malo. Esto no le interesa a Andalucía. ¿Y cuál es
la consecuencia? Es evidente: un Estatuto como el catalán, con relación bilateral; van a nombrar los representantes en órganos constitucionales, como las diecisiete autonomías; hay blindaje de competencias; han copiado -porque lo han cambiado-
la regulación del Poder Judicial de Cataluña; tienen un título I fusilado del de Cataluña, el de derechos y deberes; establecen en el Estatuto el artículo 150.2; dicen que todos los museos, archivos y bibliotecas pasan a la Junta -si eso lo hace
Madrid, ¿apoya usted que el Museo del Prado pase a ser competencia de la comunidad de Madrid?- (Una señora diputada: ¡Muy bien!); puertos y aeropuertos; tráfico. Señor presidente del Gobierno, ¿a quién interesa esta operación?
Nos han dicho hoy aquí que este es un Estatuto progresista y de izquierdas. Es que nosotros no somos de izquierdas. ¿Pintamos algo en este país o es que no representamos a nadie? Ya sé que el señor Llamazares, que es el que lo ha dicho,
tiene una representación popular muchísimo mayor que la del Partido Popular, pero alguna tiene también mi partido. (Aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, van a crear un lío colosal en el modelo de Estado. El Estatuto de Cataluña dice que la legislación básica del Estado es una y el Estatuto de Andalucía dice que es otra distinta. Le podía poner mil ejemplos.
En el tema de funcionarios, cuando presenten aquí una ley básica, ¿qué se va a aplicar? ¿Parte en una comunidad, parte en otra, parte en otra, y así hasta diecisiete? Lo mismo ocurre con la educación, lo mismo ocurre con el medio ambiente. Señor
presidente, se ha hablado aquí de inmigración. Han copiado lo que dice el Estatuto catalán: gestión de los permisos de los trabajadores inmigrantes. Pero es que estos trabajadores circulan libremente por todo el territorio nacional, ¿o qué se
cree, que los de Almería no van a Murcia y los de Murcia no van Alicante? Estamos trabajando en Europa para hacer una legislación de inmigración común a toda Europa y aquí vamos a hacer diecisiete legislaciones distintas. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!) ¿Qué tiene que ver esto con los intereses generales? (Aplausos.) Señor presidente del Gobierno, regulación de las profesiones tituladas. Estamos en toda Europa intentando una legislación común de profesiones tituladas -que
es lo que dice el sentido común-, y ahora vamos a tener aquí diecisiete distintas porque las comunidades autónomas -por lo menos ya dos Estatutos- establecerán condiciones de acceso, requisitos para el ejercicio, derechos y deberes diferentes.
Vamos a poder ejercer en Francia y vamos a tener aquí un problema en las diecisiete comunidades autónomas. Señor presidente del Gobierno, ¿esto a quién le importa, a quién le interesa? ¿Al señor Moratinos?
Lleva toda la tarde riéndose. (Protestas.) ¿Cómo resuelve este problema? Porque el Estatuto de Cataluña dice que cuando se trate de competencias exclusivas de Cataluña su posición será determinante para fijar la posición de España, pero
eso también lo dice el Estatuto andaluz. ¿Qué va a hacer usted en agricultura? Si es determinante la catalana, si es determinante la andaluza, y si todos los demás hacen lo mismo, todas son determinantes. ¿Qué posición va a tener España, señor
ministro de Asuntos Exteriores? (Aplausos.)
Señor presidente, hablan de derechos sociales, y tengo aquí la lista de los derechos sociales: no discriminación -está en la Constitución-, igualdad de género -en la Constitución-, protección a la familia -en la Constitución-, menores,
mayores, educación, derecho a la salud, discapacitados, vivienda, trabajo, consumidores, medio ambiente, justicia, participación política, acceso a la Administración, protección de datos. Todos están en la Constitución, todos salvo uno, que son los
temas informáticos; todos los demás están en la Constitución. Pero es que además, ¿qué quieren decir? Que vamos a tener derechos y deberes distintos según sean las autonomías, porque ya en Cataluña hay una lista de derechos y deberes, aquí hay
otra, y todos los demás van a tener una lista de derechos y deberes. ¿Pero no parece lógico que los españoles tengamos los mismos derechos y deberes? ¿Quién ha pedido esto, señor presidente del Gobierno? ¿A qué viene todo esto? ¿No se da cuenta
usted de la división y del enfrentamiento que ha producido en España por actuar irresponsablemente? Yo no puedo aceptar esto. Yo intentaré llegar a un acuerdo por encima de cualquier cosa, pero esto es una enorme irresponsabilidad. Y le insisto,
un gobernante, un presidente del Gobierno tiene obligaciones mucho mayores que los comisionados de la Junta, que el presidente de la Junta, que el líder de la oposición y que cualquiera de los diputados que se sientan aquí, porque usted es el
presidente del Gobierno de España y es usted el culpable de todo lo que está ocurriendo en España en estos momentos.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de réplica, señor Duran. (Rumores.) Por favor, el líder de la oposición acaba de hacer una intervención, se le ha respetado el uso de la palabra, y yo pido que durante la intervención del señor Duran y del resto de los oradores se
mantenga la misma actitud.
(Aplausos.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Es una vergüenza!-El señor Atencia Robledo: ¡Es impresentable!) Esto no puede ser.
Señor Duran, tiene la palabra. (Protestas.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Señor Zaplana, no procede ninguna cuestión de orden porque no hay ningún desorden.
Tiene la palabra, señor Duran. (Protestas.-El señor Atencia Robledo: Eres un provocador.) Esto no puede ser. Señor Atencia, le ruego que no insulte al presidente; se lo ruego. (Rumores.-El señor Atencia Robledo: No es un insulto.)
Señor Atencia, le llamo al orden por primera vez, no lo olvide.
Solo pido el mínimo respeto para todos los diputados, incluido usted también. (Protestas.) Digo esto porque al subir a la tribuna el señor Duran ha recibido una palabra poco amable
que yo he percibido muy claramente, y el señor Duran también, y lo tengo que proteger como protejo al señor Rajoy. (Aplausos.)
Tiene la palabra, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, señores comisionados, brevemente, voy a aprovechar este turno de réplica sin consumir los diez minutos que nos corresponden simplemente para lanzar un mensaje positivo, especialmente pensando en
Andalucía. Hoy no se discute el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, consecuentemente, lo que le importa a este grupo parlamentario es no sumarse a cualquier observación catastrofista. Este es un grupo parlamentario que cree en el Estado de las
autonomías, que creyó ya en el año 1979, que impulsó el Estado de las autonomías, como dije antes, y a pesar de todos los augurios, que también se hacían en el año 1979, el Estado de las autonomías ha sido positivo para el conjunto de la sociedad
española. Consecuentemente, Convergència i Unió se alegra hoy por Andalucía de que pueda tener un Estatuto de Autonomía que en cualquier caso refuerce, renueve y amplíe sus competencias de autogobierno. Eso repercutirá positivamente en los
ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y Convergència i Unió se alegra. Creo que la mejor manera de dejar clara y desmentida aquella falsa falta de solidaridad por parte de los catalanes -especialmente de quienes defendemos particularmente algunas
ideas o tesis- es lo que acabo de expresar.
Bienvenido sea el nuevo Estatuto de Andalucía, que sirva de mucho a la sociedad, a los intereses de sus ciudadanos, y estoy convencido de que quien sea, el Partido Socialista hoy o el Partido Popular, quien gane las elecciones, sabrá sacarle
el máximo jugo posible. No voy a entrar a replicar algunas alusiones que se han hecho en alguna intervención. No quiero entretener ni perder el tiempo respecto a que si lo que ha habido ha sido un pacto entre el señor Chaves y el señor Zapatero al
que nos hemos añadido nosotros, porque entonces ya sería realmente esquizofrénico. Se nos acusaría a nosotros de haber copiado el Estatuto andaluz, si realmente el pacto fuera entre el señor Chaves y el señor Zapatero. Entonces va y viene
Convergència i Unió y pacta y le copia el Estatuto a Andalucía. Realmente yo no llego a tanto, señorías y, consecuentemente, muchas gracias y adelante Andalucía.
(Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Señor Llamazares, su turno.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
¡Buena forma esta de buscar el consenso! Deben ser muy clásicos ustedes con respecto al consenso. Primero montan la bronca y luego buscan el acuerdo. Me da la impresión de que eso no es así, que no preparan precisamente el acuerdo en este
debate y que no preparan ningún tipo de acuerdo en torno al Estatuto de Andalucía. Tienen una decisión preestablecida con respecto a las reformas estatutarias y a las reformas que se realicen en el Estado, y no solamente es no respaldarlas, no
solamente no buscar el acuerdo, sino deslegitimarlas. Esa es la estrategia del Partido Popular que hemos visto en el día de hoy. Si el debate va bien, bien, si va mal se deslegitima y ya está; la democracia y los votos son lo de menos.
Señor Rajoy, usted no es catedrático de derecho constitucional. (El señor González Vázquez: ¡Y tú menos!) Yo tampoco. Ninguno de los dos lo somos.
Por tanto, estamos al mismo nivel en la valoración de la Constitución Española y de la
constitucionalidad de las iniciativas. En todo caso que decida el Tribunal Constitucional. La diferencia entre usted y yo es que, no siendo ninguno de los dos catedráticos de derecho constitucional, yo no me lo creo y usted sí se cree que es
catedrático de derecho constitucional. (El señor González Vázquez: ¡Hay una diferencia!- Aplausos.)
Hemos visto también lo que es su noción del consenso, la noción del Grupo Parlamentario Popular. La noción del consenso de ese señor llamado senso es lo que yo diga; si no es lo que yo diga no hay consenso. Por tanto, al final es una
posición excluyente del resto de las fuerzas políticas. Pues bien, las fuerzas políticas, que son la mayoría del Parlamento andaluz, presentan ante esta Cámara un texto legítimo, constitucional y que merece la aprobación de esta Cámara para su
tramitación posterior. Yo he dicho que es un texto progresista para todos; es una evidencia. Si hubiera habido otra voluntad que no fuera conmigo, con senso, podríamos decir que probablemente hubiera sido un texto progresista que hubiera incluido
al Partido Popular y hubiera sido para todos y para todas. No sabía que el Partido Popular no se considerara a sí mismo progresista. Hasta hace poco tiempo se consideraba del centro progresista, pero parece que se ha excluido. En todo caso, este
texto es progresista para todos y para todas, también para la participación del Partido Popular. Pero lo que se ha visto en el día de hoy es que el señor Rajoy, a pesar de ser catedrático de derecho constitucional, no sabe que hay un derecho
dispositivo por parte de las comunidades autónomas que no controla el presidente del Gobierno y que no controlan las Cortes Generales. Es decir, que si hay voluntad por parte de una comunidad autónoma del artículo 151 de modificar su estatuto, es
la voluntad de ese Parlamento la que se traslada a esta Cámara y de forma paccionada se somete a los ciudadanos, en este caso, de Andalucía. Da la impresión de que el Partido Popular sigue anclado en el pacto autonómico que se produjo en su
momento, en un pacto autonómico que respondía a otras condiciones, y en este momento las comunidades del artículo 151 tienen un derecho dispositivo que al parecer el señor Rajoy ignora. Pero mi grupo parlamentario, a pesar de haber dicho lo que ha
dicho en esta sesión parlamentaria, nunca ha dicho -lo ha dicho un diputado del Grupo Popular que no es de esta Cámara- que ustedes traicionen a Andalucía. Lo que ha dicho el parlamentario del Partido Popular es que aquellos que estamos en la
reforma del Estatuto de Andalucía traicionamos a Andalucía. Ahí se ve claramente dónde está la división del país, porque no es de recibo, señor Rajoy, con lo que ha llovido en este país, que ahora nos llamen divisores a nosotros. En eso sí que son
catedráticos ustedes, catedráticos en la división y en la confrontación que han labrado y que han hecho a lo largo de los últimos meses. No vengan a decir ahora que es una posición preestablecida de quienes tienen la iniciativa parlamentaria.
Lo más sugerente de su debate, lo más sugerente de su intervención es esa nueva figura que yo no conocía desde la Comisión de investigación del 11-M, que es la del contubernio y la conspiración. Entonces hubo una famosa furgoneta, ahora
también parece ser que hay un contubernio y una conspiración, en este caso la noche de las enmiendas. (Risas.-Aplausos.) He ahí el arcano que estamos todos dispuestos a analizar en este Parlamento: noche de las enmiendas, si hubo 100, si hubo 130,
si se hicieron en un minuto, en una hora. Señorías, se hicieran como se hicieran se hicieron por procedimientos democráticos, seguramente conociendo lo que se estaba debatiendo también en relación con el Estatuto de Cataluña y conociendo la
jurisprudencia constitucional, pero lo que no sé cómo se hizo es su referéndum, su seudorreferéndum, con sus furgonetas. Yo no sé cómo hicieron ustedes ese referéndum. No sé quién votó, si lo hizo el capitán Trueno o quién votó, pero desde luego
quién votó lo hizo democráticamente al Estatuto de Andalucía. (Aplausos.)
Señorías, en este Estatuto se propone un incremento de los derechos. Se ha referido usted a que todos los derechos estaban prácticamente en la Constitución española, y no es cierto. Ahí tienen ustedes también una deformación. Es verdad
que la Constitución española garantiza los derechos de los españoles para el conjunto del Estado, pero hay otra serie de derechos que no solamente se incorporan a los estatutos de autonomía hoy, sino que se han incorporado en la práctica en la
gestión de las comunidades autónomas y que no son homogéneos, señorías. ¿O es que determinadas comunidades autónomas tienen derecho al salario social y otras no lo tienen, y resulta que eso atenta contra la igualdad de los españoles? ¡Qué
preocupación tiene el Partido Popular por la igualdad entre los territorios y qué poca preocupación por la igualdad entre los ciudadanos! Ahí sí que están los peligros de la cohesión social en nuestro país, en la desigualdad entre los ciudadanos.
(Aplausos.)
En definitiva, señorías, ya sabemos no solamente dónde está el problema: el arcano está en esa noche de los cristales rotos o noche de las enmiendas; sabemos algo más por la intervención del señor Rajoy, sabemos quién tiene la culpa de
todo: ¡Porco governo! (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista. Su turno, por favor, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, señor Rajoy, usted es un diputado importante en esta Cámara, pero usted no es la soberanía nacional, usted no es la soberanía del pueblo español. Se ha presentado aquí como el
representante de la soberanía (Rumores.), ha hablado en nombre de la soberanía y ha dicho: Hablo en nombre de la soberanía. Usted no es la soberanía del pueblo español, y lo que usted no acaba de respetar es que la soberanía del pueblo español
está en el conjunto de esta Cámara cuando decide, cuando debate y cuando vota. Ahí está la soberanía del pueblo español. (Aplausos.) Eso es lo que usted no acaba de entender ni de respetar, como no entiende ni respeta el Estado de las autonomías.
El Estado de las autonomías es algo que se le ha atragantado desde siempre a su partido, que participó muy poco, por cierto, en el comienzo de nuestro consenso constitucional; participó muy poquito y no hizo demasiado por él. Precisamente
por eso es por lo que seguramente no lo tiene tan en aprecio y no lo entiende ni lo asume. El Estado de las autonomías ni ninguno de sus componentes esenciales es algo que ustedes gestionen ni valoren bien. Para empezar, el Estado de las
autonomías es el respeto a la unidad y trabajar por la unidad, y ustedes en los últimos meses o años no han hecho más que trabajar por la división y por el enfrentamiento, nunca por la unidad. Esa es una de las primeras características de la
política que el Partido Popular ha puesto en práctica desde que perdió las elecciones el 14 de marzo. El Estado de las autonomías es autonomía, es descentralización, es entender la pluralidad de este país, y ustedes no entienden que el Estado
también son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso tampoco lo entiende el Partido Popular y por eso es por lo que tiene esa actitud de incompatibilidad con las reformas del Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías es
también solidaridad, y ustedes muestran muy pocas veces algún tipo de cercanía con la solidaridad, que es parte también del Estado de las autonomías.
A ustedes les pasa también otra cosa, señor Rajoy, y es que son un partido muy conservador. Son ustedes muy de derechas, muy de derechas.
(Aplausos.-El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Mucho, mucho!) Son ustedes refractarios a las reformas
y quieren la parálisis en el progreso hacia más libertades, en el ensanchamiento de derechos, en el progreso del bienestar, en la igualdad. No les va la marcha para nada en eso. Ustedes no entienden que este Gobierno ha sido elegido por los
españoles para poner en marcha toda una serie de reformas, ninguna de las cuales aceptan, porque ustedes están en contra absolutamente de todas las reformas, a todas se han opuesto, han batido el récord de la oposición destructiva en la historia de
la democracia española, ni una sola es aceptada por su partido. Y este es un Gobierno de reformas, de profundización en la democracia, de ensanchamiento de las libertades. Esa es la característica esencial de este Gobierno. Por eso es por lo que
ustedes critican tan acerbamente las iniciativas que provienen del Gobierno socialista. (Rumores.) Esa es la cuestión de fondo ideológica de la posición de su partido respecto de las reformas de este Gobierno.
Ustedes consideran -lo ha dicho el señor Rajoy- a José Luis Rodríguez Zapatero el culpable de todo lo que pasa en España. Para empezar, esa es una idea totalitaria del poder. En una democracia, el presidente del Gobierno, que tiene mucho
poder, no puede ser el responsable de todo lo que sucede en España, en una dictadura sí. No sé si están pensando en otro régimen político, pero en una democracia no. Si el señor Rodríguez Zapatero es el culpable de todo lo que sucede en España,
aceptará usted que entonces sea el responsable de que en dos años hayamos creado 1.600.000 empleos o de que el año pasado se hayan creado 900.000 puestos de trabajo. El señor Rodríguez Zapatero también será el responsable de que hayamos llegado a
un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios, que no se producía desde el año 1981 con esos sujetos sociales y políticos, para conseguir ampliar los derechos de los trabajadores, o de que hayamos aprobado una Ley sobre la violencia de género
o de que hayamos presentado en este Parlamento una Ley sobre la Dependencia. (Rumores.) También será responsable de todo eso. En ese sentido nosotros nos sentimos muy satisfechos. También es responsable de la democratización y del pluralismo en
la Radiotelevisión Española.
(Continúan los rumores.) Sí, sí, se ha hecho en este Parlamento. Por cierto, el Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que el director o directora de la Radiotelevisión andaluza tendrá que ser elegido por mayoría
cualificada del Parlamento. (Rumores.) Ya me gustaría a mí que hicieran eso en la televisión de la comunidad autónoma en la que vivo, Madrid. En Madrid no sucede eso con la Radiotelevisión pública madrileña.
(Un señor diputado: En Canarias,
tampoco.) No sucede eso. Ya me gustaría que hicieran lo que propone el Parlamento de Andalucía a ese respecto.
(Rumores.) Ustedes no quieren el acuerdo ni quieren el consenso. El truco del Partido Popular, que una y otra vez nos presentan, es muy
claro: yo me opongo a todo, injustificada, arbitrariamente, sin ningún fundamento, sin ninguna consistencia; me opongo a cualquier acuerdo y a continuación le digo al Partido Socialista: Ustedes rompen el consenso, no logran el consenso. Es un
truco que ya no vale y que es muy conocido. Rompen el consenso y a continuación nos
acusan a nosotros de romperlo, cuando son ustedes los que han producido ese efecto. (Aplausos.)
Señor Rajoy, no le dé más vueltas. Si usted quiere el acuerdo, la prueba del algodón es muy clara: vote sí ahora a la toma en consideración y se abrirá una posibilidad de acuerdo y de consenso. Pero si usted vota no, si no quiere que siga
el trámite, está claro: no quiere el acuerdo, no quiere el consenso; es así de sencillo. (Aplausos.) Por eso vota no, porque no quiere que sigamos trabajando y debatiendo. Ese es el problema que usted tiene, señor Rajoy y no puede convencer a
nadie de eso que han convertido en el centro de toda su política. La única política que tienen, el único discurso, es el de se rompieron los consensos.
Nos han pedido reflexión. Le pido, señor Rajoy, que reflexionen.
Reflexionen sobre lo que dijo el New York Times sobre que el problema español es la derecha española. El New York Times no es precisamente un periódico bolchevique.
Reflexionen, porque quien dice no a la mayoría de Cataluña y de Andalucía, quien dice no a esa mayoría de catalanes y andaluces, ¿puede aspirar a dirigir el Estado español? (Rumores.) ¿Puede aspirar a dirigir el Estado español quien ha optado por
una deserción político-estatutaria en las dos comunidades más pobladas de España, que tienen un peso enorme en el conjunto del Estado y una capacidad de influencia e irradiación inmediata en el proyecto español? ¿Puede usted aspirar con esa actitud
a dirigir el Estado español? ¿Se puede dirigir al pueblo español para decirle: Quiero dirigir ese Estado y represento la unidad de España, pero me enfrento a Cataluña y a Andalucía; yo represento la unidad de España? ¿Puede usted hacerlo, señor
Rajoy? (Aplausos.) Reflexionen sobre lo que significa la ética pública en una democracia. La democracia es incompatible con la pretensión de una parte -cualquiera que ésta sea- de poseer la verdad y de imponerla a quien no lo reconoce. Algo muy
distinto a esa especie de guerrilla poselectoral que ustedes han desencadenado deslegitimando los resultados del 14 de marzo y que han llevado a todos los lugares. La solución no es lo que usted nos ha planteado aquí. La solución es que cambien de
política. La solución es que cambien su discurso extremista y radical, que usted no ha conseguido que desaparezca de su partido. Mientras tanto, eso solo le proporciona una patética y estéril soledad, como la que ha vuelto a cosechar hoy en este
Parlamento que representa a todos los españoles.
Gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Junta de Andalucía, delegación del Parlamento de Andalucía, quiero expresar en nombre del Gobierno la satisfacción por este debate de toma en consideración, satisfacción en primer lugar porque este es un acto de
convalidación de un éxito colectivo que debería fundamentar la confianza de todos por cómo se han hecho las cosas en España, la confianza que se desprende de manera indubitada de la evolución de Andalucía, del progreso económico, político, social,
educativo y cultural que ha tenido Andalucía. Ha sido un cambio espectacular que se debe a los andaluces que hace 25 años dijeron que querían formar parte de la decisión de su propio destino. Además, esos 25 años han sido liderados por el mismo
partido, que tuvo la fuerza de canalizar a la ciudadanía en el año 1980 para que Andalucía pudiera coger el tren del autogobierno desde el primer momento. Nadie pondrá en duda el espectacular cambio de Andalucía en todos los órdenes, nadie pondrá
en duda qué presente que vive Andalucía en creación de empleo, en desarrollo económico, en acercamiento a la renta media europea, en empuje tecnológico, empresarial e innovador y en todos los ámbitos. Al Gobierno de España le merece mucha confianza
cómo se han hecho las cosas en Andalucía, cómo va a ser este Estatuto y el futuro de su gestión, que, a tenor de lo visto hoy, me da la impresión de que seguirá en las mismas manos. (Aplausos.)
Esta es la tercera reforma de estatutos que tenemos en esta legislatura.
La primera ha sido la de la Comunidad Valenciana, donde hubo consenso. La segunda, la reforma del Estatuto de Cataluña, donde los ciudadanos se van a pronunciar el
día 18, y es notorio que la voluntad del pueblo de Cataluña será un referente trascendental para la reflexión de todos los que hemos apoyado la reforma y también debe serlo para aquellos que no la han apoyado, porque la fuerza del sufragio y de la
voluntad popular debe ser siempre un elemento de meditación para todos. Ahora tenemos la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En el Estatuto de Autonomía de Cataluña el grupo mayoritario de la oposición no formó parte de la mayoría del
consenso a favor de esa reforma. Creo que deberíamos de hacer el esfuerzo de deshacer el empate que llevamos hasta ahora en las dos reformas estatutarias y que esta tercera reforma contara con el mayor grado de consenso. Es verdad que algunos
discursos que hemos oído aquí esta tarde no anticipan un trabajo fácil, pero aquellos trabajos difíciles son los que merecen la pena. Desde la perspectiva del Gobierno, merece la pena hacer el máximo esfuerzo por el consenso. Quiero expresar y
reiterar que esa va a ser la posición del Gobierno, a pesar de las muchas cosas que hemos escuchado; los 25 años que han pasado avalan de manera objetiva y objetivable las tesis de quienes en su día dijimos sí a este referéndum y hoy decimos sí a
este Estatuto para los andaluces. Los que tendrían que hacer una reflexión a fondo son los que dijeron: Andaluces, este no ese tu referéndum. Parece que ahora se recuerda con: Este no es tu estatuto. (Aplausos.) Aún así, estamos dispuestos a
hacer el mayor esfuerzo. Sería positivo. Seguramente, en el desarrollo del debate, todos tendremos parte de razón y argumentos sólidos y sostenibles
en la defensa de las enmiendas, pero hay que intentar escucharlos y, para ello, hay que tener una actitud abierta. A pesar de algunos discursos, espero que este día no sea el final del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, sino el principio de la recuperación del espíritu del consenso. Así afrontan el Gobierno y el Grupo Socialista, a partir de hoy, el trámite parlamentario en esta sede, en la sede de la soberanía popular que todos representamos.
Seguramente los ciudadanos nos observarán para apreciar quién hace un esfuerzo para que ese consenso sea posible. En esa observación cuentan sin duda las palabras y las actitudes. Esa es la primera etapa para que de verdad exista voluntad de
llegar a acuerdos. Espero que todos sepamos recorrerla.
Voy a hacer dos consideraciones finales para distender un poco el debate.
La primera, a tenor de algunas intervenciones, especialmente del señor Rajoy. Espero que esto no dé lugar a réplica. (Un señor diputado: ¡Hombre, no!-Rumores.)
Simplemente les pido que escuchen lo que voy a decir. No es ninguna valoración. Como he dicho antes, se trata de intentar distender el debate. Señor Rajoy, a tenor de su intervención y de ese proceso en el que usted ve en el futuro al Gobierno de
España: prácticamente inexistencia y falta de poder político. Espero que pongan muy poco interés en recuperar el Gobierno de España porque para el Partido Socialista será sin duda alguna un factor fundamental.
(Aplausos.) Por último, quiero
decirles que no voy a hacer ninguna referencia a la nación, porque la nación tiene en nuestra tradición parlamentaria su propio debate, el debate sobre el estado de la Nación, que será la próxima semana. Ese será, en mi opinión, el momento de
hablar de la nación.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy. Tres minutos.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, lo que usted dice está muy bien, pero del presidente del Gobierno de España o del presidente del Gobierno de cualquier país se espera otra cosa, sobre todo cuando se está tratando
un tema de las características del que estamos debatiendo. Se espera otra cosa. Le voy a decir lo que yo espero del presidente del Gobierno que me habla de consenso. Yo puedo tener muchos defectos; si ustedes quieren tengo muchos defectos, pero
algo he acreditado en mi vida: que he sido capaz de pactar veinte reformas de estatutos de autonomía, diez en representación del partido de la oposición en el año 1992 y diez siendo miembro del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas en
1996, y no fueron mal las cosas, señor presidente. No hemos sido nosotros quienes hemos roto el consenso. Yo se lo ofrecí y usted me dijo que sí, y no podré olvidar nunca esa fecha del 14 de enero del año 2005. También quiero decirle que no basta
con venir aquí a hacer declaraciones florales, y perdón que utilice esta expresión.
Usted lo primero que tiene que exponer aquí es cuál es la idea que tiene de su país. Yo quiero saber qué cree usted que deben ser las competencias del Estado;
cuál cree que debe ser la legislación del Estado, la que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía o de Cataluña; qué opina de la utilización del artículo 150.2 que figura en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Cree usted o no que
esta Cámara, que representa evidentemente en su conjunto, señor López Garrido, la soberanía nacional tiene que decidir sobre las inversiones del Estado o quien tiene que decidir son los estatutos? ¿Qué idea de España tiene usted, señor presidente?
Si no, es muy difícil llegar a un consenso con usted. Para llegar a un consenso hay que tener voluntad de llegar a un acuerdo, pero todos tienen que presentar una posición clara, entendible, definida, saber a dónde van, que es lo que le he querido
decir en la primera parte de mi intervención de esta tarde.
Señor presidente del Gobierno, hay muchas cosas que son importantes. A mí no me parece la reforma del Estatuto de Autonomía la más importante y no creo que para los andaluces sea una prioridad vital. No obstante, estoy dispuesto a hablar
de ese asunto. Me parecen más importantes un amplio paquete de reformas económicas, una buena Ley de Educación. Los jóvenes y los niños andaluces ya no van a competir con los del pueblo de al lado.
Vivimos en un mundo global donde hay países como
China y la India con más de 1.000 millones de habitantes que compiten con nosotros. Esa debe ser la prioridad española, señor presidente del Gobierno: la competitividad de nuestra economía, ser mejores, un buen sistema educativo; ese es el
mensaje que hay que darle a la gente. Una buena política de infraestructuras, una buena política de vivienda, eso es lo que yo creo que quiere la gente en Andalucía y, en general, en España. Este es, en mi opinión, su más grave error: que ha
equivocado las prioridades que como país debíamos tener. Estamos debatiendo -se lo he dicho en alguna ocasión y se lo reitero ahora- no sobre adónde vamos, sino de dónde venimos y quiénes somos.
Señor presidente, yo puedo tener, porque lo he acreditado y se lo vuelvo a reiterar, capacidad de acuerdo. Sin embargo, lo que se ha hecho en Andalucía ha sido con voluntad deliberada de no llegar a un acuerdo con el Partido Popular porque
la política que algunos estamos viendo a lo largo de estos últimos meses es vamos a jugar a aislar al Partido Popular. No sé si eso será bueno para usted, pero para España es un error porque este partido representa a los que les han votado y a
otros que les pueden votar o no, pero representa algo en la sociedad española. Si yo le hubiera dejado solo en el plan Ibarretxe el que se hubiera quedado solo era usted. ¿Hubiera sido eso responsable o no hubiera sido responsable?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he subido a la tribuna a reiterar la oferta de búsqueda del acuerdo y del consenso, señor Rajoy. No he subido a polemizar y menos aún sobre lo que representa la política general del Gobierno o la visión del país porque tenemos una
cita la semana que viene, el debate sobre el estado de la Nación, en donde hablaremos de todo. Quiero hacerle dos consideraciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, sobre la autonomía de Andalucía, que valen con carácter
general para la autonomía y para lo que representa el autogobierno. La primera es que tenemos un Estado descentralizado políticamente, no solo administrativamente. Eso significa que cada comunidad autónoma tiene la capacidad de marcar una
dirección y un rumbo políticos estableciendo prioridades. La segunda es que cada comunidad autónoma y los poderes autonómicos tienen un espacio constitucional relevante. Tanto es así que tienen iniciativa legislativa, tanto es así que en este
trámite, como bien se sabe, participan en una delegación parlamentaria y que en última instancia determinan que el acuerdo y la aprobación de un estatuto se haga con el concurso de dos voluntades. No es una cuestión solo ni del líder de la
oposición ni del presidente del Gobierno, es una cuestión de los Parlamentos autonómicos, que son sujetos constitucionales relevantes, con un espacio constitucional relevante, y de esta Cámara, que es la soberanía.
Señor Rajoy, yo tengo un profundo convencimiento de la bondad, de la utilidad y del éxito del Estado de las autonomías, de lo que significa la proximidad de la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de lo que significa y
representa la capacidad de defensa del interés territorial regional. ¿Algún ciudadano de Andalucía duda de que si no hubiera habido autonomía en esa comunidad autónoma no tendría hoy la fortaleza que tiene en el ámbito universitario, de institutos
tecnológicos y de interés de dedicarse a lo que representa el esfuerzo que ha supuesto en Andalucía la elevación del nivel educativo? Nadie puede dudar de que el interés territorial de defensa, especialmente en aquellos territorios que más
dificultades históricas han tenido, que representa el autogobierno y la comunidad autónoma, ha sido fruto del desarrollo, del progreso y del bienestar. En España decir democracia, decir progreso económico y social, equilibrio territorial,
solidaridad, es decir Estado de las autonomías. (Aplausos.) Eso representa algo todavía mucho más importante, que es confianza democrática, porque el Gobierno de Andalucía es un Gobierno tan español como el Gobierno de España. El Gobierno de cada
comunidad autónoma es un Gobierno que tiene la legitimidad del voto popular y las facultades constitucionales claramente determinadas. Las comunidades autónomas -conviene recordarlo- son Estado, tan Estado como el Gobierno de la nación. Esta
Cámara y el Senado representan a la totalidad del pueblo español, ejercen su soberanía de una manera evidente, por cierto, incluso con aquellas propuestas, como el plan Ibarretxe, que en su día se rechazaron. Quiero subrayar, señor Rajoy, que su
propuesta en el plan Ibarretxe era que no se debatiera en esta Cámara y, sin embargo, el debate del plan Ibarretxe en esta Cámara fue extraordinariamente positivo para la democracia, para la consolidación del Estado de las autonomías, y para marcar
un rumbo y un camino de cómo tienen que hacerse las cosas para que sean pactadas, acordadas, y lo vamos a ver en el futuro. (Aplausos.)
Quisiera hacerle una última reflexión después de las dos consideraciones anteriores. La última reflexión, señor Rajoy, es que desde el inicio de la legislatura y muy especialmente como consecuencia de la reforma del Estatuto de Cataluña,
donde todos somos conscientes de que se produjo una gran polarización, una gran tensión y contó con su rechazo activo, con unas valoraciones desde mi punto de vista absolutamente exageradas de lo que contenía y de las posibilidades que existían de
reforma, de pacto, como siempre ha sido a la hora de dar luz verde a un estatuto como el de Cataluña que ahora votarán los ciudadanos, desde el inicio de la legislatura, decía, ha habido toda una estrategia política que sinceramente les ata, yo creo
que equivocadamente, y de manera muy singular a usted, señor Rajoy; se lo voy a decir con toda claridad. Esa estrategia política es no tener nunca cintura y la cintura es la esencia de la democracia. (Risas.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Es ser incapaces de abordar un debate con una mínima racionalidad y de afrontar ante su propia responsabilidad que las cosas normalmente no son blanco o negro; que no resulta creíble,
por mucho intento de deslegitimación que se produzca, que la mayoría de esta Cámara y el partido que la sostiene, que tiene una hoja de servicios muy acreditada con la democracia de este país, con España, tenga el objetivo, el interés o la actitud
de romper la cohesión de nuestro país. A base de exagerar, de dramatizar -porque fuera del debate normal, tal como van las cosas en este país es muy difícil-, han llegado a hacerse a sí mismos una trampa que consiste en refutar, en negar, en
exagerar cualquier reforma de alcance territorial que se produzca en esta legislatura... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, en Valencia porque era un presidente que quería hacer la reforma y no se atrevieron a decirle
que no, el presidente Camps. (Aplausos.) Exactamente, porque no se atrevieron a decirle que no.
La mejor prueba es que vamos a tener otras reformas y aquellas que, como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, el señor López Garrido, vengan
lideradas por un presidente de su partido tendrán
consenso, porque el Grupo Socialista sí está siempre dispuesto al consenso con los grupos minoritarios y con el grupo mayoritario de esta Cámara cuando se trata de reformas territoriales.
Usted ha invocado el pasado. Sí, pero en el pasado hay algún matiz. En efecto, quien ha estado siempre en todos los consensos ha sido el Partido Socialista: en el de 1992, en el de 1978 y en todas las reformas estatutarias. Nosotros, en
todos. Cuando se hizo el título VIII no estuvieron todos; cuando se hicieron el Estatuto de Cataluña y el del País Vasco no estuvieron todos y cuando se hizo el referéndum de Andalucía no estuvieron todos. (Aplausos.) Aquello salió por puro
esfuerzo de los ciudadanos. ¡Claro que sí!. Y el Estatuto de Carmona, el Estatuto de Andalucía vigente, es fruto de la fuerza imparable del sufragio del 28 de febrero de 1980, donde el partido de centroderecha en aquel entonces no quería que
Andalucía tuviera la autonomía del artículo 151. Esto es así; no ha habido siempre consenso, pero ha habido un partido político que siempre ha estado en el consenso y ha habido algún otro partido que alguna vez no ha estado en el consenso, en la
fuerza de las reformas y de los cambios. Ese partido fue en algún momento quien representó al centroderecha, UCD y Alianza Popular, y quien es hoy heredero de aquel centroderecha, que son ustedes. Esa es la realidad. La disponibilidad que hemos
tenido es toda. Es evidente que después de la reforma del Estatuto de Cataluña, si el Grupo Popular, que ha venido diciendo que se parecía mucho al Estatuto de Cataluña, estuviera en la actitud del consenso, todo el discurso hecho sobre Cataluña se
desmoronaría por sí mismo. Este es el problema ante el que están ustedes, señor Rajoy, es el problema ante el que están, y además se ha visto aquí muy claro, porque el argumento que más se ha invocado, en el que más énfasis se ha puesto es que el
Estatuto de Autonomía de Andalucía recogía un número de preceptos muy importante del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reflexión que hay que añadir a continuación es: ¿y eso no ha pasado desde 1979 con todos los estatutos de Autonomía vigentes
y que se han reformado, algunos de los cuales, como ha dicho en muchas ocasiones la doctrina, se parecen como gotas de agua en sus preceptos y en sus artículos? Eso ha pasado siempre. A no ser que si se trata de artículos del Estatuto de Cataluña
eso sea un límite insalvable. Pues miren, hay muchas cosas que se pueden tomar en consideración como referencia de Cataluña, muchísimas cosas y, desde luego, mejor les iría si tuvieran en consideración y tomaran en cuenta muchas cosas de las que
pasan en Cataluña y no hicieran la reflexión y la valoración que hacen sobre esa comunidad autónoma, sobre la historia que tiene y sobre el carácter de su ciudadanía. Este es el problema ante el que están, señor Rajoy. Este es el problema: que si
entran a negociar de verdad el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el discurso que han hecho sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña aparecería radicalmente falso para todos los ciudadanos de este país. (Aplausos.) Así de claro. Por ello el
señor Rajoy no ha sido capaz de decir aquí: para que nosotros podamos votar a favor de este Estatuto tiene que cambiar estas cosas. (Rumores.) Eso es lo que debe de hacer, porque hay una mayoría clara de apoyo y ha dicho que quiere el consenso,
que siempre ha llegado a pactos y a consensos. Señor Rajoy, yo le invito a que suba a la tribuna y diga qué artículos... (Varios señores diputados: Sí, que suba.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Cintura, Marín, cintura!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor. (Rumores.) Silencio, por favor.
Continúe, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Como le decía, señor Rajoy, si hay voluntad de consenso y de acuerdo no tenga ninguna duda de que el Gobierno la va a promover y el Grupo Socialista -y estoy convencido de que también la delegación del Parlamento de Andalucía- va a ser
plenamente receptivo. Creo que debemos adoptar una posición que nos libere de prejuicios y de debates que, en buena medida, tienen un contenido que está alejado de lo que es el texto concreto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Le acabo de pedir que subraye cuáles son los elementos determinantes para que pueda haber ese diálogo, esa negociación y ese acuerdo, y le puedo asegurar que por mi parte y por parte del Grupo Socialista va a haber la mayor disponibilidad para poder
llegar a un consenso. Ese es mi deseo.
Espero que sea la actitud del Grupo Popular. En todo caso, felicito a Andalucía por su pasado reciente, por su presente y por su futuro, y por el trabajo que ha hecho la digna representación de su Parlamento
en beneficio de los ciudadanos, que es, sin duda alguna, el depositario último del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, dígame, señor Rajoy, qué desea.
(Risas.-Rumores.)
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, como yo deseo el consenso y he sido invitado por el señor presidente del Gobierno a explicar cuáles son las posiciones en las cuales quiero manifestar mi desacuerdo, supongo que eso reabre el debate y
además quiero atender la petición muy razonable que me ha hecho el presidente del Gobierno. No sé cómo su grupo se puede oponer.
Primero, lo pidió el presidente del Gobierno y, segundo, es algo absolutamente democrático. (El señor Villarrubia
Mediavilla: Apunta, apunta.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Yo se lo explico. Le he concedido, después de la intervención del presidente del Gobierno, la posibilidad de replicarle, situación que es la que vengo aplicando, como ustedes saben perfectamente, a lo largo de toda la
legislatura, pero quien tiene
el turno de cierre -y usted lo sabe perfectamente bien- es el Gobierno.
(Continúan los rumores.) Por la vía de atosigar al presidente no conseguirán nada. Se lo digo a usted que le tengo un gran afecto y respeto, señor Rajoy, pero no
pretenda que detrás de usted se esté permanentemente atosigando al presidente y a los oradores. No es manera, lo siento mucho. ¿Tendrán ustedes posibilidades de discutir esto? Sí, porque hoy es solo la toma en consideración. Quedan todavía dos
meses de debate en el Congreso de los Diputados, donde se podrán establecer todos los debates que ustedes quieran, pero creo que la aplicación que he hecho en beneficio del debate de hoy es la que procedía: abrir un nuevo turno de réplica y no
hacer hoy un turno irreplicable. Muchas gracias, señor Rajoy, porque creo que usted me ha comprendido perfectamente.
Llamamos a votación. Me permito invitar a la delegación de la Asamblea proponente a que ocupe la tribuna, agradeciéndole su presencia y el trabajo que han realizado. (Aplausos.)
Vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía presentada por el Parlamento de Andalucía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 187; en contra, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobada la propuesta. [Aplausos de las señoras y señores diputados de los grupos parlamentarios Mixto, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Vasco (EAJ-PNV),
Esquerra Republicana de Catalunya, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista, puestos en pie.]
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y quince minutos de la noche.