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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 172, de 27/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 172
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 161
celebrada el jueves, 27 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de
los fondos de pensiones de empleo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 32-1, de 8 de abril de 2005.
(Número de expediente 121/000032.) ... (Página 8600)
-Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
58-1, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente 121/000058.) ... (Página 8605)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República Popular China y el Reino de España, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 228, de 17 de febrero de 2006. (Número de
expediente 110/000135.) ... (Página 8608)
-Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 229, de 17 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000136.)
... (Página 8608)
-Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, relativo a la profundización de la
cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 230, de 17 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000137.) ... (Página 8608)
-Acuerdo entre Rumania y España sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2005.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 231, de 17 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000138.) ... (Página 8608)
-Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 8 de septiembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 232, de 17 de febrero de 2006.
(Número de expediente 110/000139.) ... (Página 8608)
-Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría del Convenio sobre diversidad biológica sobre la cuarta reunión del Grupo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el artículo 8.j) y disposiciones conexas del
Convenio sobre la diversidad biológica, y la cuarta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de beneficios a celebrar en Granada del 23 de enero al 3 de febrero de 2006, hecho en Madrid el 19 de
diciembre de 2005.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 235, de 24 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000140.) ... (Página 8608)
-Convenio de Seguridad Social entre España y Rumania, hecho en Madrid el 24 de enero de 2006. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 236, de 24 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000141.) ...
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8608)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
-Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 221-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 122/000180.) ...
Votaciones de conjunto ... (Página 8624)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado. ... (Página 8600)
Proyecto de ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de
los fondos de pensiones de empleo. ...
(Página 8600)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Arnáiz García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre ... (Página 8605)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón
Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 8608)
Convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República Popular China y el Reino de España, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005 ... (Página 8608)
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. ... (Página 8608)
Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, relativo a la profundización de la
cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación
... (Página 8608)
Acuerdo entre Rumania y España sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2005
... (Página 8608)
Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 8 de septiembre de 2005 ... (Página 8608)
Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría del Convenio sobre diversidad biológica sobre la cuarta reunión del Grupo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el artículo 8.j) y disposiciones conexas del Convenio
sobre la diversidad biológica, y la cuarta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de beneficios a celebrar en Granada del 23 de enero al 3 de febrero de 2006, hecho en Madrid el 19 de diciembre de
2005 ...
(Página 8608)
Convenio de Seguridad Social entre España y Rumania, hecho en Madrid el 24 de enero de 2006 ... (Página 8608)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8608)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, se rechazan por 125 votos a favor, 153 en contra y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, se
aprueban por 278 votos a favor y uno en contra.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 8609)
Proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica ... (Página 8609)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Atencia Robledo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Intervienen los señores Atencia Robledo, Jáuregui Atondo, Llamazares Trigo y Esteban Bravo.
Se someten a votación las enmiendas a la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica.
Votación de conjunto ... (Página 8624)
Sometida a votación de conjunto por tramitarse la proposición de ley en lectura única, se aprueba por 172 votos a favor, 131 en contra y cuatro abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS REGULADO EN LA DIRECTIVA 2003/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE JUNIO DE 2003, RELATIVA A LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO. (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, proyecto de ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
Fijación de posiciones. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
De las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta a este proyecto de ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado por la directiva citada del Parlamento Europeo y del Consejo, del año 2003,
relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, vamos a hacer llegar a los servicios de la Cámara la relación de enmiendas que mi grupo va a votar negativamente, y las restantes las votaremos positivamente.
Queremos destacar las enmiendas al apartado 4 del artículo único del proyecto, que es donde se han concentrando fundamentalmente las enmiendas de la Cámara Alta, que suponen la supresión del texto que salió del Congreso referido a la
regulación de planes y fondos de pensiones, pues tenemos nuestras reservas al respecto. Hay una enmienda a este apartado 4 dirigida a la regulación de la comisión de control del plan correspondiente y que hace una refundición de leyes. Es un tema
bastante complejo en cuanto a lo que se mantiene vivo y lo que se relaciona con el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones y el Real Decreto-ley del año 2002, que incidió sobre el mismo tema. Hay otras enmiendas
que suponen únicamente una adecuación gramatical, como la dirigida, también en este apartado 4, a sustituir la palabra desarrollo por integración, que nos parece que no tiene ninguna otra connotación restrictiva. Y están también las enmiendas que
para nosotros tienen algún principio de rechazo y de discusión sobre lo que había generado este Congreso de los Diputados en su trámite previo a la remisión del proyecto al
Senado, ya que se hace una adición del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones y una supuesta aplicación de aspectos financieros y actuariales de los planes de pensiones aplicables en la legislación
española. Es un tema bastante complejo en cuanto a su interpretación jurídica, y nosotros creemos que esta ley no debe contribuir a un principio de inseguridad jurídica sino a clarificar perfectamente el alcance de todas estas cuestiones.
Finalmente, hay una enmienda a la disposición adicional nueva que viene a incluir una disposición adicional referida a la obligación del Gobierno de respetar las reformas fiscales que aborden los derechos adquiridos de los que han aportado
hasta esta fecha o tienen comprometidas aportaciones futuras a planes de empleo, sin que se pueda restringir la capacidad de elección en forma de prestación o reembolso. También convendría hacer aquí la matización de que los textos tienen que tener
una claridad que evite cualquier inseguridad jurídica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
El presente proyecto de ley es un claro ejemplo de que, aunque algunos dirigentes de Convergència i Unió nos hagan creer que no habrá pactos con el Grupo Popular, en el Senado hay un buen entendimiento. Y lo digo porque estas son las mismas
enmiendas que el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular presentaron en esta Cámara, fueron rechazadas, las han presentado de nuevo en el Senado, donde los dos gozan de mayoría y también de la simpatía y del apoyo mutuo, y nos
las someten otra vez a votación en esta Cámara. Es decir que una vez más apreciamos que la colaboración parlamentaria entre el Partido Popular y Convergència i Unió en la Cámara Alta goza de buena salud.
Avanzamos que nuestro grupo parlamentario votará en contra de todas ellas no por el origen o la autoría, sino porque el contenido de las enmiendas que se nos presentan a consideración tampoco es de nuestro agrado, en primer lugar, porque la
propia naturaleza del proyecto de ley tan solo persigue la trasposición de una directiva europea y, por tanto, supone la adecuación al ordenamiento jurídico interno del Estado español del derecho comunitario. En segundo lugar, compartimos la
finalidad y el contenido del proyecto, que no es otro que el de avanzar hacia la consecución de un mercado interior de servicios financieros. En síntesis, el objetivo de la directiva que se traspone no es otro que crear un marco legal comunitario
que regule los fondos de pensiones de empleo para liberalizar la inversión de los activos y proteger a los futuros pensionistas, conservando los Estados la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones; asimismo, obliga a
estos a permitir que los fondos de pensiones domiciliados en su territorio integren planes de pensiones promovidos por empresas situadas en otros países de la Unión, así como que las empresas establecidas en su territorio puedan promover planes
integrados en fondos de pensiones de otros Estados miembros, tal como reza la exposición de motivos.
Las enmiendas presentadas creemos que en nada mejoran el proyecto de ley; por el contrario, aportan, como decía el portavoz socialista en la Comisión de esta Cámara, cierta rigidez en la aplicación de la norma, que no es nada oportuna. En
general, damos por bueno el proyecto de ley como inicialmente entró en esta Cámara, con las ligeras modificaciones que en su día aprobó la Comisión de Economía y Hacienda, y por tanto no apoyaremos las enmiendas que hoy nos presentan el Grupo
Popular y Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, contestaré a la pequeña interpelación que nos ha hecho el diputado de Esquerra Republicana respecto a que nosotros pactamos con el Grupo Popular. Sí, con el Grupo Popular hemos pactado unas enmiendas en el Senado, y ¿qué
pasa? ¿No es lógico? ¿No es legítimo? Si hasta incluso llegamos a pactar aquí con ustedes y les apoyamos enmiendas, después de la labor de gobierno tan interesante que están haciendo en Cataluña. No sé de qué se queja usted, señor Ramón. Hemos
pactado con el Grupo Popular las enmiendas en el Senado, sí, ¿qué pasa? ¿Es que ustedes no pactan nunca o no votan nunca afirmativamente enmiendas del Grupo Popular? Yo les he visto aquí votar afirmativamente enmiendas del Grupo Popular y no pasa
nada. (Aplausos.) Hasta aquí hemos llegado, señor Ramón.
Vamos directamente al núcleo de la cuestión. Respecto a las enmiendas que hemos presentado y aprobado con los votos del Grupo Popular, las vamos a mantener para su votación. Hay tres o cuatro enmiendas que para nosotros son relevantes y
que hacen referencia a cuestiones que modernizan, agilizan y homogeneizan desde diferentes puntos de vista la normativa que existe en la Unión Europea respecto a los fondos de pensiones con la legislación española y que ya nos ha dicho el Grupo
Socialista, señor Ramón, que también las va a apoyar; o sea que no solamente las apoyó el Grupo Popular en el Senado, también el Grupo Socialista las va a apoyar aquí. Por tanto, le invito a que se sume al voto afirmativo del Grupo Socialista para
que podamos dar más consistencia y más solvencia a esta legislación europea. Por consiguiente, vamos a mantener las enmiendas para la votación, partiendo de la base de que existen algunas relevantes,
como la enmienda número 10, en la que planteamos la necesidad de que en las normas reguladoras de los planes de pensiones promovidos por empresas de otros Estados se haga mención de que la supervisión de los mismos se realizará con los
órganos de representación o participación de empresas y trabajadores para mantener la no constitución de la comisión de control prevista en el proyecto. En la enmienda número 9 planteamos la posibilidad de suprimir la exclusión de los fondos de
sistemas de reparto en los que los empleados no tienen derecho a prestaciones y las empresas tienen derecho de rescate para que pueda actuar España, toda vez que no se recoge en la directiva, y en la modificación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas vamos a plantear una enmienda en esta dirección.
Estas son las consideraciones más relevantes que pensábamos plantear en este debate en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la directiva sobre actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo, del año 2003, supuso sin duda el primer paso dirigido a crear un mercado interior de la previsión empresarial para la jubilación de los
trabajadores de una forma organizada a escala europea.
Esta norma surge de la necesidad de establecer un marco legal de carácter comunitario que permita a los fondos de pensiones de empleo beneficiarse de las ventajas de ese mercado interior en la
medida en que juegan un papel esencial en la integración, en la eficiencia y en la liquidez de los mercados financieros. Hace ahora algo más de seis años, el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado el 23 y el 24 de marzo de 2000, expresó la necesidad
de la integración de los servicios y de los mercados financieros en toda la Unión Europea y ponía en evidencia que el mercado interior de esos servicios financieros ha de ser un factor fundamental para el fomento de la competitividad en la economía
europea, el desarrollo de la nueva economía y la cohesión social. Por este motivo, los jefes de Estado y de Gobierno abogaron en aquel momento por la aplicación antes de 2005 del plan de acción en materia de servicios financieros, plan que
incorpora como uno de sus objetivos estratégicos el establecimiento de un mercado interior genuino para las transacciones financieras al por mayor y que prevé, como requisito previo para alcanzar las metas, la adopción de disposiciones legislativas
o de inversiones de los organismos de previsión para la jubilación. En sus conclusiones la Presidencia insistía en que se debía conceder prioridad a la supresión de los actuales obstáculos a la inversión en el ámbito de los fondos de pensiones,
porque sin duda estos son elementos e instrumentos de previsión social que juegan un papel central en el fomento de la cohesión social en muchos de los Estados miembros, así como en la financiación de la economía europea. Esta norma, aplicable a
los instrumentos de previsión social complementaria en el contexto de la actividad laboral, pretende garantizar la seguridad y la gestión eficaz de los regímenes de pensiones de los trabajadores mediante normas de supervisión.
Bienvenida sea, por tanto, esta adaptación a la legislación española del régimen de actividades transfronterizas relativas a actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo en la medida en que estos instrumentos potencian el
ahorro destinado a la previsión ocupacional, por contribuir también al progreso económico y social de nuestro país y en toda la Unión Europea. Bienvenida sea también esta adaptación a la directiva, modificando la Ley de regulación de planes y
fondos de pensiones en aquellas cuestiones que no se ajustaban a la misma, con elementos básicos de criterios prudenciales que la configuran y con los que coincidimos. La supervisión central de una autoridad nacional competente del Estado miembro
donde estén domiciliados, con poder y con medios necesarios para recabar y supervisar información y elementos de política de inversión, la información sobre la gestión, las cuentas anuales, las auditorias, y para poder realizar también inspecciones
in situ e intervenciones para prevenir o corregir, en su caso, situaciones que pudieran poner en peligro los intereses de los beneficiarios y los participes. La exigencia, por otra parte, del cumplimiento de ciertos requisitos para el ejercicio de
la actividad, así como también velar por la obligación de información a los partícipes y beneficiarios sobre solvencia financiera, normas contractuales, prestaciones, financiación de derechos devengados y sobre regular el cálculo de las provisiones
técnicas sin la necesidad de su cobertura por activos que sean suficientes y adecuados, así como la exigencia de recursos propios para absorber desviaciones. En definitiva, señorías, avanzar en el diseño de normas de inversión bajo criterios de
seguridad, de calidad, de liquidez y de rentabilidad también de la totalidad de la cartera, así como en la congruencia con la naturaleza y la duración de las obligaciones en la inversión mayoritaria en mercados regulados, así como la diversificación
o la limitación del endeudamiento. Por tanto, medidas de carácter garantista, de carácter homogeneizador en el espacio europeo, pero, eso sí, con la posibilidad de los Estados miembros de establecer normas más detalladas.
Quisiera resaltar, señorías, algunos elementos del espíritu de la norma europea que trasponemos a nuestra ordenación, como son que prevé la no sujeción a los requisitos de notificación previa o sistemática de las decisiones de inversión;
por otra parte, que garantiza la libertad de designar para la gestión o custodia de activos de la cartera de fondo a entidades establecidas en cualquier
Estado miembro que estén autorizadas para ello, elemento que está en la directiva y que formaba parte de nuestra ley previa; que añade la previsión de la supervisión administrativa de las relaciones entre los fondos de pensiones y sus
gestoras con otras empresas o instituciones a las que transfieren funciones, y que además regula la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo a través de un nuevo capítulo, el X, en el texto refundido de la Ley de regulación de
los planes y fondos de pensiones. Es decir, señorías, la posibilidad de que fondos de pensiones domiciliados en España integren planes de pensiones promovidos por empresas situadas en otros Estados miembros, a la vez que empresas establecidas en
España puedan promover planes integrados en fondos de pensiones domiciliados en otros Estados miembros. Para todo ello prevé la colaboración entre las autoridades de los Estados miembros de origen y de acogida, el respeto a las disposiciones de
derecho social y laboral y la negociación colectiva del Estado de acogida en la medida en que afecte a las previsiones de jubilación; la comunicación entre el fondo de pensiones y las autoridades competentes de los dos países, de forma que el fondo
de pensiones desarrolle su actividad sujeto a la legislación nacional, aunque en algunos aspectos pueda estar sometido a la legislación del Estado de acogida. En este sentido, señorías, mi grupo presentó una enmienda que ha sido aprobada en el
Senado sobre la exigencia de aplicación de la legislación española al fondo en el caso de que nuestras normas sobre aspectos financieros o actuariales fueran más rigurosas que las del otro; y lo hicimos precisamente para que la adscripción de un
plan de pensiones de una empresa española a un fondo de un Estado miembro no supusiese, en ningún caso, una desregulación del plan y para poder limitar la posibilidad de que nuestra legislación se convirtiera en un factor limitante, en una barrera
de entrada para la constitución de fondos de pensiones en nuestro país. Es, sin duda, una medida garantista, de cautela y de prudencia que estoy seguro de que SS.SS. votarán también afirmativamente. La norma también modifica la disposición
transitoria segunda de nuestra ley para que aquellos fondos de pensiones que integran planes de pensiones de empleo y planes del sistema asociado e individual a la fecha de 1 de enero de 2002, y quisieran tener en este momento actividades
transfronterizas, puedan limitar su actividad a los planes de empleo y movilicen, por tanto, a otros fondos los planes que no sean de ese sistema de empleo.
Señorías, mi grupo votará afirmativamente las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, pero permítanme que me detenga en una enmienda incorporada en el Senado que me parece fundamental.
Hemos incorporado una disposición adicional para que el Gobierno, al abordar las reformas fiscales en curso, respete los derechos adquiridos de aquellas personas que han aportado hasta esta fecha o tienen comprometidas aportaciones futuras a planes
de empleo, y para que en ningún caso se pueda restringir su capacidad de elección en la forma de prestación o en la forma de reembolso. Este es un asunto de vital trascendencia porque el Gobierno no puede cambiar las reglas a mitad de juego, ya que
muchos ciudadanos españoles han realizado hace mucho tiempo su planificación fiscal en función de sus necesidades o de sus perspectivas de futuro, por ejemplo, para arreglar la casa del pueblo o para comprar una residencia junto al mar donde pasar
sus últimos años, y no pueden encontrarse ahora que el Gobierno, por un capricho, no respete sus derechos adquiridos y quiera cambiar de forma absolutamente unilateral su futuro y el diseño de su vida postrera, y les obligue a tener que recibir las
cantidades a que tienen derecho de forma mensual o que limite las condiciones previas sencillamente porque esa no era, repito, no era su opción cuando realizó la planificación económica y fiscal de su jubilación. Por este motivo hemos presentado
esta enmienda para que en futuras reformas en el ámbito fiscal no tengan efectos retroactivos que perjudiquen a los ciudadanos, enmienda para la que solicitamos también el apoyo de esta Cámara.
Señorías, en definitiva, esperamos y deseamos que esta directiva y su adaptación a la legislación española constituya, de acuerdo con la posición común aprobada por el Consejo, una contribución significativa para conseguir en el futuro unas
pensiones más seguras y favorables en Europa, al tiempo que se amplía y se contribuye a la construcción del mercado único europeo de los servicios financieros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
La Directiva 2003/41 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, es consideraba por mi grupo de vital importancia para la consecución de un mercado interior de la llamada previsión social empresarial de carácter
complementario. Es importante destacar que el objetivo fundamental de esta directiva es la creación de un marco legal comunitario que regule los fondos de pensiones de empleo, en aras de encontrar un buen equilibrio entre seguridad y asequibilidad.
Tales fondos juegan un papel central en el fomento de la cohesión social en los Estados miembros, así como en la financiación de la economía europea, y por ende es de crucial importancia cualquier cambio normativo que adoptemos en la materia. Esta
directiva surge de la voluntad expresada por los Estados miembros en el Consejo Europeo de Lisboa, del año 2000, de integrar los servicios y mercados financieros de la Unión Europea como paso básico y fundamental para mejorar el mercado interior y
dinamizar la economía. Por este motivo, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron la aplicación
antes de 2005 de un plan de acción en materia de servicios financieros. En sus conclusiones, la Presidencia insistió en la necesidad de conferir un carácter prioritario a la supresión de los actuales obstáculos a la inversión en el ámbito
de los fondos de pensiones. El resultado de esta voluntad unánime es, entre otras medidas, la directiva que nos ocupa.
Como consecuencia, la legislación española ha de adaptarse, y tal adaptación se produce en los dos grandes ámbitos. En primer
lugar, las normas prudenciales y de supervisión y, en segundo lugar, la actividad transfronteriza.
En materia de normas prudenciales hemos de señalar que nuestra legislación encaja bastante bien en el marco de la directiva, ya que tanto el Real Decreto Legislativo 1/2002 como el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, incorporaron de manera clara y suficiente los mecanismos prudenciales y de control, entre los que destacaría la supervisión de los fondos y sus entidades gestoras por parte del Ministerio de Economía y
Hacienda, y en particular por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la obligación de información a los partícipes y beneficiarios de los fondos y el establecimiento de normas que garanticen una inversión segura y rentable que se
articule sobre criterios de seguridad, calidad, liquidez, diversificación y rentabilidad. El proyecto de ley se limita a introducir únicamente un nuevo apartado 5 en el artículo 24 del texto refundido. Su objetivo es regular la supervisión
administrativa de las relaciones entre los fondos de pensiones y sus entidades gestoras con otras empresas o instituciones a las que se hayan transferido funciones que incidan en la situación financiera o sean de importancia para la supervisión
efectiva.
La razón de ser de esta medida de control viene recogida en el considerando número 25 de la directiva, que dice literalmente: Cuando un fondo de pensiones de empleo haya encomendado a terceros funciones relevantes tales como la gestión
de las inversiones, los procesos informáticos o la llevanza de la contabilidad, deben extenderse a dichos terceros las facultades de solicitud de información e intervención, a fin de comprobar si las actividades se desarrollan de conformidad con las
normas de supervisión. Con estas normas estrictas de supervisión se pretende garantizar un elevado grado de seguridad para los futuros pensionistas, así como posibilitar una gestión eficaz de los sistemas complementarios de pensiones.
En cuanto a la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones, que no parecía regulada específicamente en la legislación española, el proyecto de ley añade un capítulo X en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y
fondos de pensiones cuyo objeto es la subsanación de esta carencia, colmar este vacío normativo. La directiva obliga a los Estados miembros a permitir, por una parte, que los fondos de pensiones domiciliados en su territorio, en el del Estado de
origen, integren planes de pensiones promovidos por empresas situadas en otro Estado, en el de acogida; y por otra parte, que las empresas establecidas en su territorio puedan promover planes que se integren en los fondos de otros Estados miembros,
permitiendo la colaboración entre las autoridades de ambos países. Una previsión importante es la relativa a que la actividad transfronteriza de los fondos ha de ejercerse respetando plenamente las disposiciones del derecho laboral y social vigente
en el Estado de acogida en cuanto afecte a las pensiones de jubilación.
Respecto a las enmiendas presentadas en el Senado, adelanto ya nuestro rechazo a las del Grupo Parlamentario Popular. Este grupo pretende con la enmienda número 5 que España imponga sus normas sobre aspectos financieros y actuariales a los
países en donde radiquen los fondos de pensiones en los que se pueden integrar nuestros planes de pensiones.
Esta enmienda entra en contradicción con el artículo 15 de la directiva, por lo que podría ser fácilmente impugnado por los países
afectados.
Además, la argumentación es errónea, ya que no se limita la posibilidad de que la legislación española sea una barrera de entrada para la constitución de fondos en nuestro país, puesto que esto no se aplicaría a nuestros fondos sino a de
otros países que integrasen nuestros planes.
Respecto a la enmienda número 6, su contenido no es materia de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, que es una norma de ordenación y supervisión de la actividad, sino que es una
materia de la ordenación de carácter fiscal. Será en el futuro debate sobre el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas donde se substancien las cuestiones relativas a los umbrales del sistema de previsión social y la
forma de percibir las prestaciones.
El Grupo Parlamentario Catalán también ha presentado unas enmiendas. Mi grupo no acepta las números 7, 10, 12, 13, 14 y 15 porque, aunque tengan un carácter formal, no introducen mejoras significativas al proyecto.
Asimismo rechazamos el
resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán, pues entendemos que colisionan bien con otros artículos de la directiva, bien con nuestra legislación, por lo que, tal y como acabo de anunciar, también las votaremos en contra.
Más concretamente y por mencionar aquellas que nos resultan más significativas, me gustaría comentar que no podemos asumir la enmienda número 8 porque consideramos mucho más adecuada la redacción original del proyecto. Recordemos que tanto
la normativa española como la propia directiva en su artículo 6.d) prevén prestaciones complementarias o subsidiarias de fallecimiento, invalidez y desempleo. En el caso de la número 9, la exclusión de prestaciones que no tengan carácter dinerario
es acorde con la configuración normativa de los fondos de pensiones españoles; configuración que, por cierto, el proyecto que nos ocupa conserva. Actualmente, los fondos españoles no están habilitados para la prestación de servicios y consideramos
que es facultad de la legislación interna permitirles o no dicha actividad, tanto en el territorio nacional como en el ámbito transfronterizo. La enmienda resultaría discriminatoria porque permitiría a los fondos de pensiones españoles atender
prestaciones
no dinerarias de planes de otros países, mientras que por nuestra legislación no podría hacerlo para nuestros planes.
Finalmente, con la número 11 se suprimiría la posibilidad prevista en la directiva, en su artículo 21.5, de incorporar una nueva medida de control especial, actualmente inexistente en nuestra normativa, y que supone una garantía adicional
para los planes de pensiones en caso de anomalías en los fondos. La exigencia de separación de activos y pasivos puede ser realizada también por los estados de origen de los planes, según el artículo 21 de la directiva, y debe, por tanto, ser
recogida en nuestra legislación. Debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema, cuando un fondo de pensiones integra diversos planes, no puede afectar inversiones concretas de cada uno. La medida de separación de activos y pasivos permitiría
exigir esta afectación para evitar la contaminación entre planes en caso de problemas de solvencia de alguno de ellos.
Termino, señor presidente, manifestando que el debate que hoy nos ocupa es de concluyente relevancia y consideramos que la trasposición de esta directiva afectará aproximadamente al 25 por ciento del conjunto de la población activa de la
Unión Europea, la cual representa asimismo nada menos que un cuarto del producto interior bruto europeo. Estos datos ponen de manifiesto su crucial importancia como instrumento de ahorro, como fuente de financiación y de canalización de la
inversión en la economía europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arnáiz.
-PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO LEGAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, DE 29 DE OCTUBRE. (Número de expediente 121/000058.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, siguiente proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente. Intervengo con brevedad, dado que las enmiendas que proceden del Senado a este proyecto de ley que modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros y que fue aprobado el año 2004, en virtud del Real Decreto Legislativo número 7, de 29 de octubre, traen una modificación que podíamos concretar prácticamente en única enmienda, que sería la dirigida al artículo 2 nuevo, teniendo en cuenta
que el texto que salió de este Congreso de los Diputados solamente contemplaba un artículo único de adecuación al Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. La enmienda del Senado que hace referencia a un artículo 2 nuevo introduce
unas modificaciones tanto en el título como en el preámbulo del proyecto de ley y la enmienda que se dirige a la disposición final primera viene a sustituir el epígrafe correspondiente con el nuevo de títulos competenciales. Nosotros entendemos que
esta enmienda es correcta y la vamos a votar favorablemente. También queremos hacer una llamada de atención al artículo 2 nuevo, que es la enmienda fundamental que viene del Senado, en cuanto que hace una serie de modificaciones e introduce como
nuevo artículo 2 una redacción de complementariedad a la Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que venía como ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. Nosotros tenemos nuestras
reservas al respecto y vamos a pedir votación separada de este artículo 2 nuevo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad porque la modificación que procede del Senado, como ya se ha dicho, es una modificación prácticamente idéntica a la que salió de este Congreso. Las enmiendas son transaccionales y realizadas con el acuerdo de todos los
grupos y vienen a mantener el contenido del proyecto, que consiste básicamente en que este organismo del Consorcio de Compensación de Seguros indemnice a los titulares de seguros de vida afectados por sucesos extraordinarios, entre ellos los
atentados terroristas. Como estábamos de acuerdo con el proyecto y estamos de acuerdo con la enmienda transaccional, nuestro voto será positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Solo son dos las enmiendas introducidas por el Senado y ambas hacen referencia a la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Como ya manifestamos en la Comisión de Economía y Hacienda, el proyecto de ley
gozaba del voto favorable de mi grupo parlamentario. Actualmente, el Consorcio de Compensación de Seguros da cobertura a todos los riesgos extraordinarios. Con las modificaciones, introducidas con acierto, se han incorporado aquellos riesgos
extraordinarios consecuencia de actuaciones de tipo violento. La evolución del mercado de seguros y las
correspondientes pérdidas han hecho que se incorporen nuevos elementos de cobertura, riesgos producidos sobre las personas por muerte e invalidez, así como riesgos extraordinarios relacionados con actuaciones violentas.
En definitiva, el
proyecto de ley actualiza y adapta con acierto el Consorcio legal de Compensación de Seguros a las necesidades actuales.
Asimismo, respecto a las dos enmiendas que quedaron vivas en el trámite del Senado, que fueron sometidas a votación y que hoy
se nos someten a consideración, gozaron de un enorme consenso en la Cámara Alta y tuvieron un apoyo mayoritario del Grupo Entesa Catalana de Progrés, apoyo que nosotros reiteramos en esta Cámara por compartir el contenido de las mismas, si bien
reiteramos las veladas quejas que hemos venido haciendo en esta Cámara, pues creemos que no debemos aprovechar tanto el trámite del Senado para introducir enmiendas o algunos criterios que poco tienen que ver con el proyecto de ley en el que se está
trabajando.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a intervenir con brevedad en este proyecto de ley que hoy acaba su tramitación. Este proyecto de ley, señorías, trataba en su día de modificar el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. Era
un proyecto legal de esos que se dan poco en las legislaturas, pues no tenía enmiendas ni del Grupo Parlamentario Popular ni de los grupos nacionalistas ni del Grupo Mixto, ni siquiera del Grupo Socialista. Se tramita en la Comisión de Economía del
Congreso con competencia legislativa plena, se aprueba por unanimidad, como saben las señorías del Grupo Parlamentario Socialista, y va al Senado, pero allí tampoco se presentan enmiendas y a todos nos parece correcto. ¿Por qué? Porque son
modificaciones breves del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros que quieren ajustarlo a la normativa comunitaria.
De hecho, si uno lee el proyecto, puede ver que se trata de modificaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 6,
del artículo 7 y de un apartado del artículo 19; modificaciones que tienden a mejorarlo y a ajustarlo a la legislación comunitaria. Quieren abrir la posibilidad a otras formas complementarias de asistencia jurídica para casos especiales, aclarar
algunos aspectos del sistema, realzar el aspecto civil de la relación entre el consorcio y los letrados sustitutos, todo razonable. Y ustedes, señorías, se preguntarán: si no hay enmiendas, ¿cómo es que el proyecto de ley ha venido del Senado?
Porque en el Senado se ha hecho otra ley sobre esta; una técnica legislativa mejorable, como pueden entender sus señorías. De hecho, ha habido que cambiar el título al proyecto. Ya no se llama modificación del texto del Estatuto Legal del
Consorcio de Compensación de Seguros, ha habido que cambiarle el título, y ahora, aparte de eso, se llama y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Se levanta el señor Pérez, que ya no nos acompaña, y dice: Las enmiendas sobre el
texto mejoran el Consorcio. No, no, si sobre el consorcio no hay enmiendas, esto ya va sobre la Ley del Mercado de Valores. Ustedes, señorías, dirán: ¿El Grupo Parlamentario Popular las va a apoyar? Pues claro que las vamos a apoyar, somos un
grupo dialogante, mi grupo ha hablado con parlamentarios de su grupo, hemos dialogado sobre ellas, e incluso las hemos hecho nuestras y las hemos presentado.
Nosotros no vamos a armar un lío diciendo que la técnica legislativa es mala. Yo recuerdo
en la legislatura pasada lo que nos decían desde las filas socialistas cuando el Senado cambiaba alguna ley en otra ley que pasaba por ahí. No, nosotros lo aceptamos porque nos parece que el Senado tiene que ser importante, lo que no nos parece
bien es que luego ustedes no voten las enmiendas del Senado en el otro proyecto de ley, porque en este me imagino que las votarán ya que allí fueron votadas por unanimidad. Mi grupo las va a votar, pero son enmiendas que lo que modifican es la Ley
del Mercado de Valores, y eso sí que me interesa recalcarlo porque como ya no vamos a tener oportunidad de debatirlo porque se ha cambiado en el Senado, las hacemos nuestras y ya no se van a debatir más, sí quiero señalar algunos aspectos que se han
cambiado en el Senado sobre la Ley del Mercado de Valores.
El primero es aumentar las obligaciones de algunos agentes del mercado financiero sobre modificación de información que tienen que dar a la CNMV sobre operaciones que pudieran conllevar información privilegiada o falsear la libre formación
de los precios. Nos parece muy importante esa adaptación de una directiva, como sabrá el portavoz socialista, pero nos parece interesante que se haga cuanto antes. Creo que los mercados de valores tienen que funcionar bien, que se haga cuanto
antes nos parece bien, y que se haga en una enmienda del Senado no nos parece mal, no vamos a armar un lío, nos parece bien, la hacemos nuestra e incluso la presentamos, y creo que ustedes la votarán porque es suya. Han utilizado el Senado para
hacerlo, pero nos parece bien.
Lo segundo es que se completa la regulación de Bolsa de los mercados españoles para dotarlos de mayor flexibilidad. También nos parece bien cambiar la regulación de las sociedades de Bolsa. Se aclaran y se homogeneizan los regímenes de
participación significativa en las entidades que administran sistemas de registro, compensación y liquidación de valores en los mercados secundarios españoles, que también nos parece bien. No son modificaciones que tengan nada que ver con el
Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, sino con la Ley del Mercado de Valores, pero todo aquello que contribuya a que el
mercado funcione bien, a que la sociedad de Bolsa funcione bien, a nosotros nos parece correcto. Saben ustedes, señorías del Grupo Socialista, que cuando plantean cosas correctas, nosotros las aceptamos, las admitimos, las dialogamos, las
hacemos nuestras y las votamos, y por eso saldrá por unanimidad. Los señores del Grupo Socialista saben que el Grupo Parlamentario Popular está abierto a dialogar cuando es necesario, incluso para utilizar el Senado para cambiar leyes sobre otras
leyes que nada tienen que ver con esas. Me gustaría que ustedes hicieran una reflexión. En la próxima legislatura, cuando estén en la oposición, no nos critiquen tanto porque usemos el Senado, como hicieron en la anterior legislatura. Es una
práctica que utiliza hoy aquí el Ministerio de Economía, a través de los grupos parlamentarios, para agilizar unas modificaciones que a nosotros también nos parecen bien.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar el apoyo del Grupo Socialista a este proyecto de ley que entró en esta Cámara como modificación del Estatuto Legal del Consorcio de Seguros y va a salir ya aprobado con el título de modificación del Estatuto legal de
la Ley de Seguros y de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Hasta cuando hay unanimidad de todos los grupos el señor Martínez-Pujalte, del Grupo Popular, no pierde la ocasión para intentar hacer herida en el Grupo Socialista. Pero es que no tiene usted razón, señor Martínez-Pujalte, no tiene ninguna
razón. En el trámite en esta Cámara, en la fase de presentación de enmiendas al inicial proyecto de ley, el Grupo Socialista ya presentó enmiendas -pregúnteselo al que en aquella ocasión era ponente, el señor Echániz, que está a su lado- para
modificar la Ley del Mercado de Valores. Es cierto que esa fue la única enmienda que se presentó en esta Cámara. Eso hizo que el señor Echániz, acusándonos de una práctica legislativa irregular, solicitara en una enmienda in voce en la propia
Comisión que se instara al Gobierno a que hiciera un texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Le instamos a que en el Senado, puesto que al ser irregular no se podía hacer -y así lo advirtió la letrada en la Comisión-, presentáramos una
enmienda de consenso para modificar el título de la ley, cosa que se hizo. Por tanto, no debe extrañarse porque es una iniciativa, aceptada por nuestro grupo, con distinto procedimiento del que propuso el señor Echániz. Luego no fue en el Senado
donde se aprovechó su trámite para modificar la ley, sino que se hizo en esta misma Cámara con luz y taquígrafos. Por cierto, puesto que a usted le parece una actividad irregular, fue su propio grupo en el Senado el que presentó una enmienda para
modificar la Ley del Mercado de Valores.
Como ya se ha señalado, este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Esa enmienda presentada por el Grupo Socialista se transaccionó con el Grupo Popular, así como algunas enmiendas que fueron
presentadas por el resto de los grupos, por cierto, enmiendas técnicas ya que, al incluir un nuevo artículo, obligó a modificar todo el procedimiento, la remisión de los artículos a la ley.
En ese sentido, quiero señalar a la letrada que tramita
este proyecto de ley que hay que introducir una nueva enmienda técnica por un error de redacción en la disposición final tercera. Donde dice: apartado 2 del artículo único de esta ley, como ya no es artículo único sino que hay dos artículos, debe
decir apartado 2 del artículo primero de esta ley.
Como se ha dicho, esta ley modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo texto original es del 19 de diciembre de 1990, que ya se ha corregido en anteriores ocasiones porque mucho ha sucedido desde entonces. Esta
adaptación no hace sino actualizar de nuevo ese texto, adecuarlo a los acontecimientos extraordinarios, especialmente los sucedidos desde entonces, como los atentados del 11 de marzo en Madrid, o los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en
Washington. Por tanto, es una revisión necesaria que cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Cámara y con el acuerdo del sector de seguros implicado.
Se regulan las funciones indemnizatorias del consorcio en materia de riesgos extraordinarios y también -lo que es importante- se tiene en cuenta dónde reside la persona y no dónde está el tomador del seguro.
Como ha señalado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, se incluye una remisión a la defensa, no por parte de la Abogacía del Estado sino de letrados colegiados en ejercicio para que puedan actuar en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros; práctica que ya se venía
haciendo y que ha demostrado su eficacia. Para regular mejor el contrato civil entre el Consorcio de Compensación de Seguros y los letrados que lo atiendan, siempre con la asesoría posible de la Abogacía del Estado, es por lo que se modifica esta
parte de la ley.
En definitiva, señorías, tanto la modificación del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros como la modificación de la Ley del Mercado de Valores suponen una adecuación de ambos textos a la legislación vigente y a la normativa
europea. Por tanto, nuestro grupo votará favorablemente todas las enmiendas que vienen del Senado, tanto las de carácter sustantivo como las de carácter técnico, las que allí se aprobaron y las que he señalado desde la tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
-CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005.
(Número de expediente 110/000135.)
-TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000136.)
-TRATADO ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, RELATIVO A LA PROFUNDIZACIÓN DE LA
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, EN PARTICULAR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA Y LA MIGRACIÓN ILEGAL, HECHO EN PRÜM EL 27 DE MAYO DE 2005, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMAR PARTE EN EL MOMENTO DE SU
RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000137.)
-ACUERDO ENTRE RUMANIA Y ESPAÑA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE EDAD RUMANOS NO ACOMPAÑADOS EN ESPAÑA, SU REPATRIACIÓN Y LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS, HECHO EN MADRID EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005.
(Número de expediente 110/000138.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000139.)
-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOBRE LA CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA ENTRE PERIODOS DE SESIONES, SOBRE EL ARTÍCULO 8.J) Y DISPOSICIONES CONEXAS DEL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS A CELEBRAR EN GRANADA DEL 23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2006, HECHO EN MADRID EL 19 DE
DICIEMBRE DE 2005.
(Número de expediente 110/000140.)
-CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA, HECHO EN MADRID EL 24 DE ENERO DE 2006. (Número de expediente 110/000141.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. En primer lugar votaremos el punto VII del orden del día por asentimiento ya que se trata de la habitual votación de dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Dice
así: Punto VII del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Denegación.) ¿Algún grupo solicita que se proceda a
la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Denegación.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.
ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES):
-PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS REGULADO EN LA DIRECTIVA 2003/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE JUNIO DE 2003, RELATIVA A LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO. (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: Con relación al punto VI dos votaciones. En primer lugar, votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Votamos en bloque todas las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 125; en contra, 153; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
-PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO LEGAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, DE 29 DE OCTUBRE. (Número de expediente 121/000058.)
El señor PRESIDENTE: Segunda votación: enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros aprobado por el Real Decreto legislativo 7/2004, de 29 de
octubre. Votamos en bloque todas las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 278; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica.
Comenzamos por los turnos a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Popular en el Congreso y el Grupo Socialista del Congreso. Para defender las enmiendas
tiene la palabra el señor Cerdà por un tiempo de 15 minutos.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a la tribuna para explicar y defender las 24 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a la presente proposición de ley. En este sentido, hay que señalar que las enmiendas de Esquerra
pretenden profundizar en la conmemoración del 75º aniversario de la proclamación de la II República, en la recuperación de la historia silenciada por 40 años de dictadura y en el reconocimiento y homenaje de aquellas personas que la padecieron,
especialmente, de aquellas que desde el 18 de julio de 1936 y hasta la muerte del dictador lucharon por la defensa de la democracia y de las libertades. Esto a la espera del proyecto de ley de la memoria histórica que el Gobierno español se
comprometió a presentar en este período de sesiones, fecha que esperamos cumpla y que ha de significar la restitución moral y también económica a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la democracia.
Nuestras enmiendas se pueden agrupar en los siguientes bloques temáticos.
El primer bloque es de reconocimiento y homenaje. En este ámbito se reclaman una serie de jornadas de homenaje a diversos colectivos o personas que se significaron
en su lucha contra la dictadura o que padecieron sus consecuencias. Estas jornadas, que estarían presididas por un miembro del Gobierno y por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios que así lo desearan, rendirían reconocimiento y
homenaje a las personas fusiladas por la defensa de la legalidad republicana y el mantenimiento o recuperación de las libertades; a las personas encarceladas, exiliadas y desterradas, así como a las víctimas de campos de concentración y a aquellas
personas que, legítimamente y arriesgando su vida, optaron por la resistencia armada contra la dictadura; a la mujer, a la comunidad gitana, a las personas homosexuales o transexuales, como víctimas de la discriminación de las políticas de la
dictadura; a las organizaciones prohibidas y/o perseguidas durante el franquismo o al funcionariado que fue represaliado por éste. Dichas jornadas incluirían ponencias de investigadores de la materia y personas afectadas que recordarán las
políticas represoras, sus causas y sus consecuencias y donde se rendirá un merecido homenaje a quienes las padecieron. Asimismo, se reclama que, en colaboración con las comunidades autónomas, se realicen actos de recuerdo y de homenaje a aquellas
personas que fueron asesinadas por destacar en la lucha por un Estado autonómico o federal y por la afirmación nacional de sus territorios, y en este caso de Lluis Companys, Carrasco i Formiguera o Alexandre Bóveda, cuyos homenajes han sido ya
reclamados por esta Cámara al aprobar sendas proposiciones no de ley y que también deben ser extensibles a otros personajes, como el andaluz Blas Infante.
Un segundo bloque de enmiendas es de recuerdo y pedagogía. Entre las medidas propuestas está la realización de una serie documental de televisión sobre la II República y otra sobre la represión franquista, que sería emitida por La Primera
de Televisión, así como por el Canal Internacional, en horario de máxima audiencia. Esta serie pretende ser similar a la que se realizó durante años en Televisión Española sobre la transición. Asimismo, se reclama la realización de una campaña
institucional de difusión de la historia de la II República mediante conferencias, exposiciones, edición de libros, vídeos y material sonoro.
Este material, de la misma manera que las series documentales de televisión referidas y las conferencias
de homenajes esbozadas en el bloque de enmiendas anterior, sería distribuido en todas las lenguas oficiales del Estado, catalán, gallego y euskera, a las bibliotecas del Estado y a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, y estaría
disponible gratuitamente en formatos digitales accesibles para todas estas entidades. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Otra medida propuesta es la incorporación de manera destacada a los temarios escolares de todos los niveles, del superior al infantil, de la II República, como precedente del actual Estado social y democrático de derecho, y de la represión
franquista, incluyendo la persecución e intento de genocidio cultural y lingüístico de las nacionalidades, como pedagogía, para que no se vuelvan a repetir experiencias autoritarias similares. También se propone la instauración del 14 de abril como
el día de la memoria republicana, como jornada donde las administraciones públicas realicen toda una serie de actos que evoquen la contribución del republicanismo a la causa de la libertad, al Estado de derecho y a la democracia, y formulen una
serie de recomendaciones para profundizar en la concienciación de este día histórico. Por último, y no por ello menos importante, se promueve la labor de las personas y organizaciones que trabajan a favor de la recuperación de la memoria histórica,
con la aportación de recursos económicos y materiales para la continuación y la difusión de su labor, y velando especialmente por garantizar el apoyo de los trabajos propios circunscritos a comunidades autónomas o a entes municipales. En este
sentido, no quiero desperdiciar la oportunidad de agradecer el trabajo realizado por estas personas y por estas organizaciones.
El tercer bloque de enmiendas se refiere a las garantías para llevar a cabo las medidas anteriores y, así, se crea un consejo estatal de pedagogía de la memoria histórica y un fondo económico que han de garantizar la eficiente ejecución de
la presente ley. Finalmente, se incluye una enmienda que pretende dar rango de ley al mandato a esta Cámara de retirada de todos los símbolos franquistas y falangistas adosados o inscritos a los edificios de la vía pública.
A grandes rasgos, estas son las enmiendas presentadas por Esquerra, que pretenden completar la iniciativa que debatimos con la finalidad de dotarla de mayor contenido y realizar una verdadera labor de recuperación de la memoria durante el
presente año. Esperamos, pues, el voto afirmativo de todas aquellas fuerzas políticas que verdaderamente pretenden la recuperación de la memoria histórica y no simplemente un lavado de cara y de conciencia al respecto. Sin embargo, a la luz de la
enmienda transaccional pactada entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida, nos tememos que no se va a aceptar ni una sola de nuestras enmiendas -ni una sola-, y lo peor es que ni siquiera ha habido la más mínima intención de negociarlo. Creemos
que vamos mal si se excluye de esta ley, puesto que hay una fuerza política como es Esquerra Republicana que ha trabajado desde el principio en toda una serie de iniciativas parlamentarias en este sentido, y vamos mal porque consideramos que esta
ley presupone el preámbulo y la vara de medir de las aspiraciones para el proyecto de ley de la memoria histórica. La presente proposición de ley, en caso de aprobarse tal cual, queda muy lejos de nuestras aspiraciones, y nos preocupa que augure
una descafeinada ley de la memoria, porque si hoy, que simplemente hablamos de recuerdo, de homenaje y de memoria, no estamos dispuestos a llegar más allá, ¿qué harán mañana cuando hablemos de reparaciones morales y de indemnizaciones económicas?
Por todo ello, si no se incorporan nuestras enmiendas que competen al texto, vamos a optar por la abstención tanto en las enmiendas del Grupo Socialista como en la enmienda transaccional acordada con Izquierda Unida.
Es verdaderamente una lástima que esta ley, que podría ser una gran ley de recuperación de la memoria y de pedagogía y que podría dar un impulso como proponíamos a la edición de libros, series de tradición, conferencias y homenajes, vaya a
quedar reducida a una simple declaración de intenciones que no especifica qué memoria va a recuperarse, cómo, qué tipo de actos van a celebrarse, qué tipo de homenajes y sin tan siquiera prever una asignación presupuestaria para ello. Es más,
ustedes votaron en contra de la enmienda que nuestro grupo presentó a los Presupuestos Generales del Estado para la conmemoración del 75.º aniversario de la II República española. He de decirles con sinceridad que nos da una enorme pena, y la pena
no es porque vayan a votar en contra de nuestras enmiendas, la pena es la misma que deben sentir muchos republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, a la vez admiradores y nostálgicos de aquel periodo histórico que situó a este Estado a la
vanguardia de Europa y del mundo. Si no se arregla, la ley de la memoria supondrá un desengaño, una frustración de muchos sueños de futuro y de muchas esperanzas de entonces. Nos da una enorme pena que no se vaya a aprobar hoy una proposición de
ley que declara el año 2006 como el Año de la Memoria y que ordena cómo realizarlo, y que este Parlamento, defenestrado en los años treinta por el alzamiento fascista, hoy en el siglo XXI no sea lo suficientemente valiente como para organizar toda
una conmemoración de Estado del periodo democrático que supuso la II República y un reconocimiento de los que lucharon por su restauración y que simplemente deje su actividad al libre albedrío de aquellas instituciones que les plazca hacerlo, como
si este Parlamento no tuviera nada que decir, como si fuera un mero espectador.
Lamentamos que el Grupo Socialista todavía se vea reo de las implícitas amenazas del PP, que sigue en su línea de boicotear el necesario proceso de recuperación de la memoria histórica, y que Izquierda Unida no haya sido lo suficientemente
valiente como para forzar al Grupo Socialista a llegar un poco más allá. Por ello nos abstendremos, ya que no queremos ser cómplices de un proceso que nace mutilado y mutilador; mutilado porque no hace un verdadero proceso de recuperación y
difusión de la memoria, y mutilador porque rasga muchos sueños, muchas esperanzas y muchas ilusiones.
En coherencia con lo dicho, vamos a votar en contra de las enmiendas del PP si no las retiran. Les pediríamos sincera y vivamente que las retiraran, que dejaran de boicotear el proceso de recuperación de la memoria histórica y que se
muestren, por favor, como una derecha
verdaderamente democrática que ha roto definitivamente con su herencia franquista. Dejen de azuzar miedos del pasado para poder superarlo verdaderamente. Una derecha democrática, verdaderamente democrática, debería ser la primera en
renunciar y renegar del franquismo para consolidarse como tal, para alejar cualquier sombra de sospecha sobre su connivencia con el régimen autoritario. Una derecha democrática debería sentirse heredera y orgullosa del periodo de democratización y
modernización sin parangón que supuso la II República española y avergonzada del golpe militar que truncó este proceso democratizador. En sus enmiendas afirman que pretenden conmemorar el año de la concordia para servir como reconocimiento a todas
las víctimas causadas por la división y el enfrentamiento de los españoles, pero digan que las víctimas no se debieron a la división sino a un alzamiento fascista que provocó una dictadura de 40 años, y la concordia no se puede sustentar sobre el
silencio y el olvido. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define concordia como conformidad, unión, y en una segunda acepción como ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan.
Para que haya conformidad, unión o convenio,
en definitiva para que exista concordia, esta no puede imponerse por una parte sobre la otra; las víctimas de la barbarie franquista y de sus descendientes no están conformes con el olvido que ustedes pretenden imponer y, si no hay conformidad, no
hay concordia.
En otras palabras, es necesario conmemorar primero el año de la memoria para poder después conmemorar el año de la concordia verdadera, porque ustedes se llenan la boca al hablar de la Constitución y pretenden legitimar con ello el olvido,
pero díganme: ¿qué artículo constitucional prescribe el olvido? Las víctimas y sus descendientes hicieron -hicimos- un gran esfuerzo durante la transición para no romper el proceso hacia la democracia, pero nunca hablamos de olvido, nunca votamos
a favor del olvido. Simplemente, en un acto de madurez y de responsabilidad, ante un inestable e incierto proceso de transición a la democracia, optamos por dejar transcurrir el tiempo, esperando que un día la democracia estuviera suficientemente
consolidada como para poder recuperar la memoria sin miedo a perder la democracia y las libertades, y creemos que este momento de madurez ya ha llegado. Dígannos, señores del Partido Popular, ¿nos equivocamos? ¿La democracia no está
suficientemente consolidada como para recuperar la memoria sin miedo a la involución? Respóndannos, por favor, porque ustedes saben mejor que nadie cuál es la respuesta.
Señoras y señores del Grupo Socialista, valoramos que hagan un esfuerzo por incorporar esta derecha a este proceso, que hagan un esfuerzo para la democratización de nuestra derecha, porque no entendemos ni legitimaremos que este proceso sea
ninguneado ni vaciado de su contenido por el chantaje de la derecha. La recuperación de la memoria histórica no solo es un acto de justicia, sino el cumplimiento eficaz del derecho a saber, principio establecido por las Naciones Unidas en el
conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad. Permítanme que les lea literalmente lo que establece la ONU sobre este derecho. Derecho al saber. Principio segundo, el derecho
inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y las circunstancias y los motivos que llevaron,
mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de estos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguarda fundamental contra la repetición de tales violaciones. Principio tercero, el deber
de recordar. El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y por ello se debe conservar, adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras
pruebas relativas a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Estas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y en particular evitar
que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Principio cuarto, el derecho de las víctimas a saber. Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer
la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
Atiendan, pues, a la ONU y no a los miedos y chantajes azuzados por la derecha reaccionaria, sean valientes en esta ley y en la ley de la memoria, no dejen pasar esta oportunidad que se nos antoja única. Se merecen esto este Estado y este
pueblo, que tanto ha sufrido a lo largo del siglo XX, y se lo merecen todas las víctimas. No quisiera acabar sin dirigirme a todas las personas y colectivos que han trabajado por la recuperación de la memoria histórica, porque gracias a ellos hoy
también estamos aquí. Les convido, les invito a que hagan justicia y les reitero que estamos aquí para dar voz a todos, al tiempo que manifiesto nuestras gracias por su lucha, nuestras gracias por su tesón, nuestras gracias por su ánimo y también
por su fe y por su esperanza.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Cerdà, muchas gracias.
Continuamos con el siguiente de los grupos enmendantes, que es el de Catalán (Convergència i Unió). En su nombre tomará la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos tramitando en lectura única esta proposición de ley para declarar el año 2006 como Año de la Memoria Histórica, presentada y defendida por
Izquierda Unida y el señor Llamazares hace unas cuantas semanas. Se trata de una ley que forma parte del paquete de iniciativas políticas legislativas que en esta legislatura se están impulsando para recordar, reparar y homenajear a las
víctimas de la guerra civil, a las víctimas del franquismo; una ley que es un prolegómeno a lo que debe ser esa ley pendiente de recuperación de la memoria histórica que el Gobierno deberá de hacer llegar a la Cámara en las próximas semanas,
esperemos que lo más pronto posible, tal como hemos tenido ocasión de recordar desde esta tribuna los diversos diputados de Convergència i Unió y muchos de los grupos de esta Cámara que hemos intervenido en estas discusiones.
En esta intervención, señorías, nos gustaría fijar algunos elementos de fondo sobre cómo Convergència i Unió se posiciona frente a este debate.
Nos gustaría empezar recordando un artículo recientemente publicado por Paul Preston, en la
revista que edita el Centro de Estudios Jordi Pujol, hablando sobre el revisionismo histórico en relación con la guerra civil donde Preston afirma que no estamos en tiempos de agitación y propaganda, sino de investigación, demostración y recuerdo,
que la guerra civil fue no una guerra entre buenos y malos, según los prejuicios de quien quiera escribir la historia, sino una experiencia traumática de sufrimientos en masa de la que muy pocos salieron ganando y la mayoría salió perdiendo.
Nos
parece que es desde esa convicción que afirma Preston, historiador progresista indiscutible, conocedor a fondo de la guerra civil, desde la que nos debemos posicionar en este debate. En segundo lugar, reivindicando, e Izquierda Unida tiene ahí un
valor incalculable al hacerlo así, lo que supuso la transición desde las fuerzas de la ruptura al régimen franquista -socialistas, comunistas, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes y franquistas moderados-, lo que supuso ese esfuerzo que ha
permitido al conjunto de la sociedad española unas décadas de progreso colectivo. Si hoy nos instalamos en la crítica y en lo que supuso la transición nos estaremos instalando ante una visión negativa sobre el principal esfuerzo que ha hecho esta
sociedad para avanzar en democracia, progreso y bienestar. En tercer lugar, desde la defensa de los valores de la II República que se deben reivindicar, desde la defensa de los avances sociales y políticos de la II República que se deben
reivindicar, y dicho esto desde una fuerza política catalanista, nacionalista que enlaza en su trayectoria histórica con las demandas del catalanismo en esa época, también debemos afirmar que una mitificación ingenua de la II República no nos ayuda
a construir nuestra memoria colectiva. Agustí Calvet, Gaziel, director de La Vanguardia afirmaba en 1933, y nos lo recordaba Francesc-Marc Álvaro en un reciente artículo en la misma Vanguardia, decía: Esto acabará mal, para las derechas la
República es demasiado revolucionaria, para las izquierdas es excesivamente conservadora. También esa reflexión debe formar parte de nuestro debate. En cuarto lugar, denunciar sin ningún tipo de complejo el revisionismo histórico que está
practicando una determinada derecha. Hoy nos gustaría que los portavoces del Grupo Popular en este debate denunciasen ese revisionismo histórico de la guerra civil y del franquismo. Un revisionismo histórico que se limita a recuperar artículos,
libros y títulos de la época franquista, de manipulación histórica desde el franquismo, de lo que supuso el franquismo y la guerra civil. Un revisionismo histórico que no tiene nada que ver ni con la concordia, ni con el espíritu de la transición,
ni con la Unión del Centro Democrático, que simplemente tiene que ver con la justificación ideológica de lo que supuso el franquismo. Ahí nos gustaría una actitud democrática, civilizada y positiva del Partido Popular condenando ese revisionismo
histórico. Ojalá hoy el señor Atencia en su intervención, más allá de defender legítimamente sus enmiendas, se pronuncie inequívocamente en contra del revisionismo histórico que esa derecha está propiciando en esta materia.
Señorías, estamos todos convencidos -lo está el Partido Socialista; lo está Izquierda Unida; lo está el Partido Nacionalista Vasco; lo está el Bloque Nacionalista Galego; lo está Coalición Canaria, y seguro que también lo está Esquerra
Republicana- de que recuperar la memoria histórica, no olvidar, no es sinónimo de venganza. Con esa actitud es con la que todos estamos abordando el debate de esta proposición de ley que ha presentado el señor Llamazares y también ese proyecto de
ley que el Gobierno deberá enviar a la Cámara. Pretendemos recuperar la memoria para reconocer las injusticias de la guerra civil y del franquismo, para no olvidar, porque los ciudadanos del Estado español no podemos ni debemos olvidar. El no
olvido es la mejor garantía para nuestro progreso colectivo en términos democráticos, en términos de reconocimiento de la pluralidad del Estado y en términos de reconocimiento de la propia pluralidad que expresa esta Cámara.
Señorías, mi grupo apoyará la propuesta transaccional que el señor Jáuregui y el señor Llamazares nos hicieron llegar, en la medida en que responde a un planteamiento ajustado que podríamos esperar de esta proposición de ley que declara el
año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Nos parece una propuesta ajustada y nos gustaría que el Grupo Popular no impidiese a la Cámara votar esta transacción. No entenderíamos que se ejerciese un acto de obstrucción parlamentaria a una legítima
decisión del grupo proponente de alcanzar un acuerdo con una serie de grupos parlamentarios en el trámite de lectura única que, desde el propio sentido común, debe permitir que en el Pleno de la Cámara se pueda hacer lo que razonablemente hubiésemos
hecho todos en Comisión, y es que una proposición de ley que debe declarar el año 2006 Año de la Memoria Histórica se tramite con la mayor celeridad posible. Como digo, no entenderíamos que el Grupo Popular impidiese hoy ese ejercicio legítimo de
transacción entre el grupo proponente y los grupos enmendantes.
Señorías, en el caso de que esta transacción se pudiera tramitar, nuestro grupo parlamentario retiraría la
enmienda número 26 y la otra enmienda que se mantiene viva, porque entendemos que en esa transacción quedarían incorporadas. En el supuesto de que el Grupo Popular impidiese esta transacción, en aras al acuerdo que creemos necesario
alcanzar, mantendríamos nuestra enmienda número 25 y retiraríamos nuestra enmienda número 26. La enmienda número 25 que mantendríamos viva es aquella que insta al Gobierno en el plazo de un mes desde la aprobación de esta ley a presentar ante la
Comisión Constitucional los informes elaborados por la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Nos parece que no tiene ningún sentido que continuemos retardando el conocimiento
por la Cámara de esos informes que están pendientes. En cuanto a la enmienda número 26 -que sería la que en todo caso retiraríamos-, pretende articular una serie de medidas para dar mayor contenido a lo que supondría este Año de la Memoria
Histórica. En cualquier caso, estaríamos en la línea manifestada también por otros grupos de que ese paquete de propuestas que formula Convergència i Unió y que son muy amplias, que van desde la anulación de todas las sentencias y resoluciones
dictadas durante y después de la guerra civil con relación a juicios políticos efectuados por el franquismo hasta la reparación moral y material de las personas afectadas por el franquismo, la retirada de símbolos franquistas que aún puedan existir,
el apoyo a esa investigación y reconocimiento de espacios significativos de la guerra, etcétera, deberían formar parte de ese proyecto de ley, insisto, pendiente de presentarse por parte del Gobierno en las próximas semanas.
Nos parece, señorías, que hoy hacemos un acto de justicia, un acto de reconocimiento, un acto de no olvido, un acto de rigor histórico y nos gustaría que en ese acto nos acompañasen la mayoría de los grupos de la Cámara, porque en el fondo,
en esta iniciativa de declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, de la memoria republicana, planteamos valores compartidos por el conjunto de los grupos de la Cámara, expresados en el pacto de la transición, en el propio espíritu de
la transición y en la propia Constitución democrática de 1978.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.
Continuamos con el turno de presentación de enmiendas, en este caso del Grupo Popular, y tomará la palabra en su nombre el señor Atencia.
Adelante, cuando quiera.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular fijar la posición sobre el debate del día de hoy, a la vez que defender las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado a esta proposición de ley que viene
denominada como Año de la Memoria Histórica.
Quiero recordar a SS.SS. y es necesario, aunque sin duda para algunos será ocioso, que ya en el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley fijamos la posición del Grupo Popular sobre esta iniciativa, sobre su contenido y
sobre su trasfondo. Como SS.SS. saben, nuestra posición es bien conocida. Votamos entonces en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. Entendíamos que no era la línea en la que había que actuar, entendíamos que el acuerdo unánime
de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre del año 2002 cerraba el debate de las múltiples iniciativas que había entonces en esta Cámara, cerrado entonces y para el futuro, y representaba un punto de encuentro para siempre entre los grupos
parlamentarios, punto de encuentro que con esta iniciativa se rompe, desde nuestro punto de vista, y que, en cualquier caso, está avalada o respaldada por una concepción política que difiere radicalmente de la que animó el proceso de transición
política, el proceso de recuperación de las libertades y el proceso que permitió el establecimiento de las pautas del actual régimen de monarquía constitucional que se consagra en la Constitución del año 1978.
Señorías, esta iniciativa se sustenta en el revisionismo histórico, revisionismo histórico que este grupo -lo diré reiteradamente- no comparte porque no es ni conveniente en términos políticos ni corresponde a una realidad social y en nada
es coherente con lo que han significado los pasos que en democracia se han dado en este país y con lo que representó en su inicio el pacto constitucional. Además, señorías, el revisionismo histórico que ahora se pretende imponer es contradictorio
porque, de una parte, se apoya en visiones parciales de la realidad a la que se refiere en su iniciativa y porque, de otra, divide e intenta reabrir heridas del pasado ya superadas ampliamente por la sociedad española.
Señorías, la II República española es historia y como tal debe ser tratada, puesto que se refiere a unos hechos que pertenecen a una etapa ya afortunadamente lejana de nuestra historia, situada en la primera mitad del siglo XX y además lo
que hoy es España, lo que es nuestro país, no lo es por un hecho concreto, sino por todos los hechos anteriores que han sucedido en nuestra historia hasta nuestros días. En cada etapa podemos hablar de cosas buenas y de cosas no tan buenas, y en
eso podremos tener acuerdos o a veces incluso matices, pero lo importante es que el régimen político de 1978 supera lo que significaron errores del pasado, actitudes que llevaron a enfrentamientos de todos los españoles y, sobre todo, viejos
conflictos. Señorías, si malo es desconocer la historia, malo es también manipularla o tergiversarla desde posiciones políticas interesadas y, sin ninguna duda, eso está en el trasfondo de esta iniciativa y de muchas que en esa línea se han
planteado en esta Cámara, y de otras que parece que vendrán también. La mal llamada recuperación de la memoria histórica no es otra cosa que la utilización del pasado como arma política.
Se le podrá llamar como quiera, pero simplemente tapará esa verdadera realidad: la pretensión de utilizar el pasado como arma política. Eso no es -insisto- ni coherente con lo que hicimos durante la transición ni siquiera responsable.
Algunos lo que pretenden, llevándole la contraria a distinguidos miembros de la izquierda española que han avisado del error de ir en esa línea, es escarbar en el pasado. En el debate de 7 de febrero cité algunos testimonios de ciertos dirigentes,
unos activos en la vida política y otros en otra situación, que, viendo las cosas con más distancia, claramente incidían en ello. Creo, sin ninguna duda, que esa es la pretensión de muchas iniciativas. También se pretende tratar de construir una
especie de verdad oficial desde los poderes públicos, una especie de verdad oficial declarada solemnemente y eso, además de ser una solemne tontería -perdonen la expresión-, es una tremenda falta de respeto a la historia, a los ciudadanos y al afán
de ganar el futuro.
Esta iniciativa, señorías, tal como está planteada y como ha sido defendida hasta ahora por los grupos que la van a respaldar y por otros a los que no les parece suficiente -intervengo antes de que otros grupos hayan hecho uso de la palabra,
pero ya tuvimos oportunidad de conocer sus planteamientos, aunque seguro que ahora profundizarán en ellos-, supone un ataque frontal, si no la pretensión de liquidación del pacto constitucional. El pacto constitucional es la piedra angular del
régimen político democrático de la monarquía constitucional de 1978. Creo que deberíamos ser mucho más responsables, mucho más coherentes a la hora de afrontar iniciativas en esta línea.
Señorías, ¿es que en la transición política no hubo memoria? Sí, hubo mucha memoria, y mucha memoria de la buena, como ha dicho algún autor, porque precisamente se tuvieron muy presente los errores, los enfrentamientos y las cosas que han
ocurrido en este país para no volver a repetirlos, para, aprendiendo de errores históricos, construir entre todos un futuro mejor que nos permitiera ir superando esas divisiones del pasado. Todo ello, señorías, como bien se sabe, se produjo con
consenso, con espíritu de reconcialición y buscando la concordia para construir, como saben, un futuro entre todos. Eso se hizo bien y se hizo entre todos. No cuenten con el Partido Popular, como he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones,
para revisar o someter a juicio la transición política. Nos gusta coincidir con otros grupos que también lo han dicho.
A nosotros nos importa más mirar hacia delante y dedicar nuestro tiempo a resolver o a aportar soluciones a los problemas reales
que tienen los ciudadanos españoles que crear conflictos de interpretación y usar la historia para enfrentar a los españoles. Nuestra función, señorías, como representantes públicos no es la de cambiar la historia, sino aceptarla como es y tratar
de hacer las cosas mejor cada día entre todos y de acuerdo con el mundo en el que nos movemos. El revisionismo histórico no tiene ningún sentido -como he dicho- en la España actual. Esta tendencia que se ha instalado de la mano de determinados
grupos políticos solo puede conducir a tapar la ausencia de ideas. Resulta sorprendente -algunos lo califican de ridículo- que el presidente Rodríguez Zapatero se declare heredero de la II República, que fracasó, y además en los términos en que lo
hace, en vez de declararse heredero de Felipe González, de Alfonso Guerra o de Santiago Carrillo, que tuvieron un papel trascendental en el pacto constitucional, que tuvieron un papel transcendental, con otros, en la transición política, en la que
tanto se hizo y que permitió superar el pasado y construir el régimen de libertades que ha permitido darnos la etapa de mayor estabilidad, de mayor progreso y mayor bienestar de nuestra historia. Eso no se hace por algunos, pero curiosamente
nosotros no tenemos ningún empacho -lo hacemos con tranquilidad- en declararnos herederos, y muy orgullosos, de la Unión de Centro Democrático, que pilotó la transición política y en la que militamos algunos. (Un señor diputado pronuncia palabras
que no se perciben.) No sé dónde estaría usted, señoría, pero nosotros nos sentimos orgullosos entonces y hoy de aquello a lo que contribuimos y de lo que representa lo construido entre todos.
Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas, una a la totalidad, que retiramos como gesto de buena voluntad, y un conjunto de enmiendas parciales que hoy se defienden. No vamos a respaldar ninguna
iniciativa que se sustente en la llamada recuperación de la memoria histórica por ser contraria al pacto constitucional, porque pretende establecer una verdad oficial, porque pretende revisar la transición política y porque incumple el acuerdo
unánime que entre todos alcanzamos el día 20 de noviembre del año 2002 en la Comisión Constitucional, un acuerdo impulsado por el Grupo Popular, que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara, pero alcanzado entre todos como consecuencia de una
iniciativa de todos los grupos, donde tuvo un papel relevante don Alfonso Guerra, miembro del Grupo Socialista. Ese fue el acuerdo y ese acuerdo se incumple claramente en el día de hoy por mucho que en la iniciativa que da origen a este debate se
pretenda utilizar ese acuerdo para llegar a unas conclusiones que nada tienen que ver con él. Las enmiendas del Grupo Popular quieren respetar todo lo anterior y se apoyan en ese acuerdo del año 2002, donde expresamente se subraya que la
Constitución de 1978 fue llamada por todos, con indudable acierto, además de la Constitución de las libertades, la Constitución de la concordia. La Constitución del año 1978 está impregnada de voluntad de convivencia y todos los constituyentes, en
aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento del marco democrático duradero que se quería, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente mantenidas en el tiempo, para buscar puntos de encuentro capaces de superar
viejos y endémicos conflictos. En consonancia con el espíritu de aquel acuerdo del año 2002, sin ninguna duda con algo más solemne, como fue el propio pacto constitucional, este
año en que se cumplen 70 años del inicio de la terrible guerra civil y 75 años del advenimiento de la II República española nos parece que esa conmemoración debería ir unida inextricablemente al reconocimiento moral de todos los hombres y
mujeres que fueron víctimas de la división y el enfrentamiento entre españoles. Por eso proponemos en esta iniciativa que el año 2006 sea declarado año de la concordia y, para homenajear este año en que se cumplen esas dos fechas, reconozcamos a la
Constitución de 1978 y a los que la hicieron posible y que nos han permitido que sea el símbolo de la reconciliación nacional -sobre todo la Constitución de 1978 y el pacto constitucional-, como superadores de conflictos y enfrentamientos entre
españoles. Ese es el sentido de nuestra iniciativa, con la que hemos hecho un esfuerzo para acercarnos a lo que aquí se plantea, pero, lógicamente, en términos muy distintos, manteniendo siempre la línea del pacto constitucional, del consenso, de
la transición política, de la Constitución de 1978 y de los acuerdos que se han alcanzado de forma unánime en esta Cámara. Por tanto, no podemos respaldar y no respaldaremos la iniciativa que el Grupo de Izquierda Unida ha presentado ni las
enmiendas de los demás grupos.
Supongo que no tendré oportunidad de intervenir después. Hay una enmienda transaccional que no se ha presentado y por tanto no puedo fijar mi posición. ¿Tendré oportunidad de intervenir después, señora presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Usted puede intervenir en la defensa de las enmiendas y, finalmente, los grupos que no hayan defendido enmiendas intervendrán en fijación de posiciones, por lo que, si tiene usted algo más que
decir, le quedan dos minutos, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Pues como no voy a fijar posición sobre aquello que no he oído, simplemente diré en este momento, confiando en que tenga la oportunidad de que se me conceda un minuto después de que intervengan otros grupos para
fijar mi posición, que nos reiteramos en nuestros argumentos. El Grupo Popular defiende sus enmiendas, espera que sean aceptadas y que esta proposición de ley se pueda votar por unanimidad, pero lógicamente no va a respaldar las enmiendas
presentadas; con respecto a las transaccionales, me gustaría poder fijar posición.
Esperaré a ello.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Atencia.
Finalizamos el turno de los grupos enmendantes con el último grupo, que es el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas el señor Jáuregui.
Señorías, la transaccional, en atención a lo que el señor Atencia comentaba, está repartida a todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente, este año 2006 se cumplen 75 años del comienzo de la II República, esto es un hecho; también lo es que se cumplen 70 años del levantamiento militar de Franco y el comienzo de la guerra civil española. La pregunta es
si estas efemérides merecen o no una conmemoración. ¿La España oficial de 2006, su poder legislativo, la expresión de la ciudadanía española puede mirar a su pasado y reivindicarlo con franqueza, extrayendo las consecuencias que el paso de la
historia nos aporta? ¿Sí o no? ¿Podemos hacerlo respetando la pluralidad de puntos de vista, respetando la memoria de cada uno de nosotros, intransferible, individual y propia, diferente, sin que se abran las heridas de un pasado traumático
felizmente superado? Esta es, señorías, la pregunta del debate de hoy.
El Grupo Socialista dice sí a este recuerdo. El PSOE va a votar a favor de que las Cortes Generales declaren 2006 Año de la Memoria Histórica y a favor de que los españoles conmemoren el inicio de la II República, y sobre todo se rinda
homenaje a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil o, posteriormente, de la represión de la dictadura franquista. Lo vamos a hacer por tres razones que he sistematizado y que responden globalmente a la argumentación que acaba
de exponer el señor Atencia, en nombre del Grupo Popular, una argumentación que quiero calificar de inmediato como pobre, parcial, equivocada y peligrosa, porque realmente creo que hay un error profundo en la manera en la que el Partido Popular,
representando a una parte importante de la población española, mira a estos acontecimientos tan importantes en nuestra vida.
Primero, porque nosotros estamos convencidos de que la memoria histórica debe de iluminar nuestro presente y nuestro debate
político. No puede taparse como si no hubiera existido; no puede decirse que corramos un tupido velo, porque son acontecimientos claves en nuestra historia y en nuestras vidas, señorías; porque, lo hemos dicho muchas veces, la transición
democrática confundió el perdón -y lo digo con la mirada autocrítica que esa actuación merece- con el olvido; porque la verdad, que siempre es dura y escabrosa, que toca siempre elementos conflictivos en cada uno de nosotros, es también liberadora;
porque la verdad, decían los clásicos, os hará libres; porque no estamos dispuestos a que aquellos grandes y graves acontecimientos se diluyan en el mar proceloso de una sociedad que, es cierto, está multiinformada, pero poco formada, en la que los
acontecimientos pierden sus perfiles, sus contornos, sus hechos reales, y porque no estamos dispuestos a que nos manipulen la historia cuatro revisionistas de pacotilla. Por todo eso, señorías, nosotros queremos reivindicar estos hechos y queremos
conmemorarlos, sin más, con
una afirmación a propósito de lo que fue el perdón y el olvido. Hace poco un escritor español, andaluz, Caballero Bonal, en una entrevista decía desde una perspectiva de su crítica sobre el pasado, y cito literalmente, que fue un error
decretar una historia sin culpables. Mi grupo y yo, señorías, no hemos exigido culpables. Creemos que acertamos con la amnistía de 1977, pero tampoco estamos dispuestos a injustas confusiones sobre la responsabilidad de los acontecimientos. La
historia coloca a cada uno en el sitio que le corresponde, pero para que ello sea posible la historia se reivindica, se recuerda, se cuenta, se explica, se conmemora, como vamos a hacerlo hoy. Esta es la primera razón que explica nuestra posición.
La segunda, señorías, es que la memoria no se impone a nadie; nadie nos impone una memoria única, porque no hay una memoria única, hay tantas memorias como personas. La memoria es un espacio de intimidad, de recuerdos, de narraciones
personales, intransferibles, distintas, como decía antes. Sin embargo, la historia se describe sobre hechos más o menos controvertidos, pero sobre hechos incuestionables. La memoria es personal. Cada español tiene su memoria construida sobre los
mimbres preciosos de los recuerdos, de las sensaciones vividas por uno mismo o por las descripciones de nuestros antepasados. No hay una sola familia española en la que la república o la guerra no estén presentes de una u otra manera; todos somos
hijos de la guerra, porque la mayoría de los españoles somos hijos o nietos de los que la sufrieron. Decir hoy a los españoles, en este aniversario, desde el Congreso de los Diputados, que no olvidamos aquellos hechos, es demostrarles que la España
oficial se mueve en esa misma onda sentimental que su ciudadanía; es colocar en el 'Diario de Sesiones' y en el Boletín Oficial del Estado un sentimiento común, una idea compartida de la trascendencia de aquellos hechos, de su enorme influencia en
la vida de todos nosotros. Pero es también, señorías, demostrar que la sociedad española puede mirar a su pasado sin zonas oscuras, con la valentía de asumir sus enseñanzas, aceptando la dosis de autocrítica y de reflexión que aquellos hechos nos
puedan merecer, pero con el valor y el coraje de quienes se sienten capaces de mirar al pasado desde la fuerza liberadora de la verdad. Esa verdad, la verdad de los hechos, que no es cuestionable, es que en el año 1931 hubo unas elecciones
democráticas que trajeron a España la II República, que seis años más tarde un golpe militar contra la democracia instaurada en la República provocó una guerra de tres años, la fractura de la sociedad española, un millón de muertos, una represión
cruel de los vencidos, 40 años de dictadura y opresión de todo el pueblo español. Decir esto en esta Cámara y decirlo hoy no ofende a nadie, hace grande a la verdad y honra a esta casa. (Aplausos.) Pero eso sí, lo decimos sin afanes vengativos,
sin sectarismos, sin partidismos, sin abrir heridas, porque la historia no daña a los pueblos, los hace grandes y los corrige evitando que repitan errores. Hacerlo como lo hacemos hoy, conmemorando estas efemérides, no es cuestionar nuestra
transición, señor Atencia, ni los valores del consenso que la hicieron posible, porque la recuperación consensuada de nuestra memoria hace más fuertes los fundamentos de nuestra convivencia. Precisamente eso. (Aplausos.)
Tercera razón. Lo hacemos porque queremos reivindicar honestamente el significado de aquellas fechas. El 14 de abril de 1931, tras la celebración de las elecciones municipales, se proclamó la II República.
La República tuvo como objetivo
configurar España como un Estado social de derecho, modernizarla y europeizarla; inició una reforma agraria, promulgó una avanzada legislación social, transformó la educación con la construcción de miles de escuelas, reformó la Administración de
Justicia y el Ejército y acometió un importantísimo número de obras públicas.
Lo decía hace unos días Gregorio Peces-Barba: La Constitución de 1931 fue uno de los momentos históricos más dignos y más nobles del que podemos enorgullecernos los españoles; la del año 1931, señorías. No diré, como dicen algunos, que la
II República fue la primera experiencia democrática de España, pero sí digo que fue un emocionado intento de construir un país moderno, democrático, inspirado en valores de progreso, en anhelos de justicia y libertad. Y no hago esta afirmación
movido por la nostalgia, porque afortunadamente hoy nuestro mejor homenaje a todo aquello es precisamente ofrecerles la España de hoy. Es verdad que más tarde hubo excesos y errores, hubo desmesuras. ¡Cómo negarlo! Hubo sectarismos y graves
acontecimientos que merecen una crítica severa a cualquiera de nosotros. Pero, con todo, no mereció aquel final.
Recientemente Muñoz Molina, en un artículo precioso publicado esta semana, decía: Nos indignaba el escándalo de la indiferencia de
las democracias hacia la suerte de la República española; el modo en que aceptaron sacrificarla queriendo apaciguar a Hitler. Señorías, conmemorar la II República no es escarbar en el pasado; no es un ejercicio inútil de unos contra otros; no es
un acto peligroso de nostalgia; es reivindicar el compromiso con la libertad y con la democracia del pueblo español. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Simplemente es eso, es enarbolar nuevamente los valores del progreso y de la modernidad que la
inspiraban. Y aunque los vencedores de la guerra quisieron extirpar esas ideas y las reprimieron duramente -cómo no decirlo- durante decenios, llegó la Constitución de 1978, sí, la de 1978, para demostrar la vitalidad y la permanencia de esos
valores republicanos, siendo así ella el mejor homenaje a la Constitución de 1931. Eso es lo que reivindicó Rodríguez Zapatero en sus declaraciones en el Senado. Y, por eso, cuando hace unos meses el Rey de España visitó Toulouse y saludó a los
republicanos que allí viven, o cuando hace ya varios años fue a México y conoció y saludó a la viuda de Azaña, el Rey estaba haciendo visible su respeto y su homenaje a la II República; lo mismo que hacemos ahora nosotros, lo mismo. (Aplausos.) Lo
mismo, señorías, señor Atencia, que hizo
el Partido Popular en la Asamblea de Madrid hace solo unos días, cuando el 2 de marzo de este año aprobó por unanimidad, votando junto a Izquierda Unida y el Partido Socialista, una resolución que dice: Manifestar su voluntad de promover
actos conmemorativos y divulgativos del 75º aniversario de la II República en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Hubo unanimidad y voto a favor del Partido Popular. ¿Por qué hoy no, señorías?
Nuestro grupo -y termino- ha presentado una serie de enmiendas, pero también ha presentado una transaccional que pretende agrupar a todos. Es verdad que lo hemos hecho a la vista de las diferentes enmiendas de todos los grupos, pero como en
este trámite parlamentario -que ustedes saben que es de urgencia- no ha habido oportunidad de debatir y consensuar una enmienda transaccional, como no la ha habido (Rumores.), la hemos presentado desde hace varios días. Por cierto, quiero decirle a
los diputados del Grupo Popular que, este lunes, este diputado que les habla mandó por correo al Grupo Popular este texto de transacción; también, por supuesto, al proponente, al señor Llamazares, y se pactó con él, como es lógico. El Grupo
Popular tiene esta enmienda desde el lunes. Yo respeto que el PP pueda decir que no le gusta; tenéis todo el derecho, pero, por favor, no la vetéis. Es la enmienda que todos los grupos hemos querido hacer para conseguir una proclamación simple,
que es lo que pretende esta proposición de ley: conmemorar esta efemérides y rendir homenaje a las personas que lo merecen. Punto, nada más. La transaccional que el Grupo Socialista ha presentado y que ha sido repartida esta mañana, pero que el
señor Atencia tiene en su correo electrónico desde el lunes, está sometida a votación y, señorías, tengo mucho miedo -lo digo con sinceridad-, aun respetándolo, de que la veten. No puedo comprender que veten un acuerdo de todos los grupos. Respeto
que ustedes se opongan, pero, por favor, no la veten porque esta es la manera de poder obtener una resolución que esta Cámara merece y que estos hechos merecen.
Señorías, termino, y lo voy a hacer con una cita que me parece muy apropiada. Fue Albert Camus quien dijo que en España los hombres aprendieron que se podía tener razón y ser vencidos; que la fuerza puede derrotar al espíritu y que hay
tiempos en los que el valor no es su propia recompensa. Nosotros, señorías, vivimos en un país que ha dado la vuelta a esas páginas negras de nuestra historia y hoy la razón no es vencida por la fuerza; incluso cabe decir que no hay fuerza alguna
que se imponga al espíritu de los hombres. Hoy, al tiempo que conmemoramos esta efemérides, al tiempo que conmemoramos con sentido común, con sentido de la historia y con sentido de la reivindicación de los valores de la II República y homenajeamos
a quienes la hicieron posible y a todos los que sufrieron la guerra y la represión, hoy, 75 años después, proclamamos orgullosos y bien alto los valores de la razón y el espíritu de la libertad.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra del global de las enmiendas presentadas? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones que comenzamos con el Grupo Mixto. Tiene la palabra en su nombre el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Comenzaré por fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con el debate general tal y como se está produciendo hoy. El Bloque Nacionalista Galego no puede compartir la teoría de la concordia porque significaría olvidar sin
recuperar la memoria de los perseguidos, de los derrotados y, sobre todo, la memoria de los que tenían la legitimidad democrática. Si el actual régimen político es democrático, creo que no debe haber ningún inconveniente en conectar con ese pasado
democrático y de defensa de las libertades individuales y colectivas. Porque no cabe duda que la amnesia favorece a una determinada posición política. La historia, por mucho que lo intentemos, señorías, no es neutra en absoluto porque es
inevitable que tenga un factor de carácter subjetivo; en el objeto está el sujeto. Aquí tenemos un debate determinado por esta cuestión: hay una parte de los sujetos históricos que estamos en una orientación y hay otra parte que están en otra
determinada orientación, pero creo que debería existir un punto común cual es la defensa de los valores democráticos, y está claro que el régimen franquista no era un régimen que tuviese esas características; el régimen republicano, sí. Por lo
tanto, nosotros queremos decir que no estamos dispuestos a ahogar e ignorar el pasado, a legitimar una etapa histórica que no tiene legitimidad democrática. Desde un punto de vista como el gallego, señorías, no hubo una guerra civil, hubo un golpe
de Estado, con una represión cruel, cruenta, de la cual fuimos víctimas miles y miles de familias de Galicia. Por cierto, un país que tiene tanta fama de connivencia con el fascismo. Va siendo hora de que esta imagen se acabe y, desde luego, el
Bloque Nacionalista Galego va a optar por esa alternativa.
Con todas las loas que se lanzan a la transición hay un hecho objetivo. La transición fue un pacto con el pasado. Nosotros no discutimos si eso era lo único posible, acreditamos incluso que eso era lo único posible, no vamos a ponerlo en
duda, pero una cosa es que sea posible y otra muy distinta es aceptar que esa transición no condicionó gravemente la democracia española hasta el extremo de que ahora tenemos temas pendientes derivados de no haberse hecho bien o de no existir una
ruptura clara del proceso democrático con el franquismo. La República española no puede someterse a una revisión descalificadora, como tampoco el franquismo a una
revisión enaltecedora, porque eso sería justificarlo y eso tiene hoy unas consecuencias prácticas indudables.
A nadie debería molestarle -porque es una verdad histórica- que la República haya sido, al final sobre todo, un régimen defendido por los partidos nacionalistas y por todos los partidos de tendencia no anticomunista o, por lo menos, no
antimarxista. Pero eso está dentro de la realidad histórica de aquel momento, dentro de la situación internacional. Lo elocuente es que coincidieron todos los demócratas en la defensa del régimen y eso es algo que nos debe de unir en este momento
político. Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar todas las enmiendas de Esquerra Republicana a pesar de que no somos entusiastas de recordar, desde el punto de vista simbólico, el día de la República, entre otras cosas porque
tampoco la tenemos mitificada. Curiosamente la República coincide con el régimen actual en algo muy sustancial y es que las naciones del Estado español pueden optar a procesos para llegar a un Estado federal, pero la República no era federal como
el régimen actual tampoco lo es. Es curioso, hay una coincidencia perfecta, era una República centralista igual que el régimen actual. Por lo tanto, es la única enmienda de Esquerra Republicana que no nos entusiasma, pero también vamos a votarla
favorablemente porque no tenemos prejuicios. Sin embargo, nos parece que todo el resto concreta de forma exhaustiva mucho mejor lo que debe ser una conmemoración, con los compromisos del Gobierno, con el dinero debido y, sobre todo, teniendo en
cuenta todos los sujetos que fueron víctimas de represión durante esa etapa histórica.
Exactamente igual, las dos enmiendas de CiU, siendo más sintéticas, sin embargo reproducen exclusivamente lo que aquí se aprobó, por cierto, y que es bastante
ponderado. Por supuesto, nosotros estamos en esto por el consenso, porque lo importante es que se celebre esta efeméridess y que ayude a recuperar no solamente la verdad histórica, sino también esta verdad como un elemento de racionalidad y de
asunción de elementos positivos democráticos que en el Estado español a veces cuesta trabajo aceptar hoy en día. Lógicamente vamos a votar positivamente la transaccional a la que llegaron el Partido Socialista e Izquierda Unida, que me imagino que
es la base de un consenso que no niega la historia, aunque no profundice como debiéramos en este momento en lo que es la recuperación de la memoria histórica con todas las consecuencias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias. El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los que tenemos que hablar por imperativo de edad de nuestra generación, tenemos que preguntarnos si actuamos desde la nostalgia o desde el reconocimiento de los hechos de nuestra historia. Cuando esto se quiere garantizar con lo que se
denomina la memoria histórica, nuestra pregunta sería a quién obliga esta memoria histórica y sobre qué hechos, sobre los dramáticos o sobre los alegres. Esto nos lleva en este momento a una situación para mí de mucha preocupación. Por mi recuerdo
de memoria histórica -política fundamentalmente-, lo que se me puede exigir como diputado, como representante político, como a cualquiera de los que estamos en esta Cámara, es saber qué hechos queremos destacar de la memoria histórica, bien para
recordarlos como positivos en una democracia, bien para dejarlos en el libro de la historia para que los eruditos los estudien y los analicen. Si estamos tratando de recordar aquí lo que ocurrió hace 75 años en España con la proclamación de la II
República, con la aprobación en esa II República de una Constitución española, que ahora tenemos otra Constitución y que el cambio de régimen fue evidente -de una República a una Monarquía constitucional y parlamentaria-, lo primero que me llama la
atención es: ¿cómo es posible, teniendo yo este recuerdo histórico fundamental por imperativo generacional de lo más próximo a esta memoria que es la Constitución de 1978, como la mayoría de los diputados, que hace 30 años aproximadamente nos
pudiéramos poner de acuerdo todas las fuerzas políticas democráticas españolas para hacer una Constitución en el escenario del consenso y ahora seamos incapaces de redactar una enmienda transaccional o no, un texto común a suscribir? ¿Qué dato de
memoria es este que podemos ofertar a las nuevas generaciones de españoles cuando ahora, en el año 2006 que tratamos de hacer esta conmemoración, somos incapaces de ponernos de acuerdo en un texto de conmemoración común de todas las fuerzas? Creo
que un texto de estas características debe ser más sencillo que redactar y aprobar una Constitución completa. Si fuimos capaces del todo, ¿cómo es que ahora no somos capaces de la parte? Esto es lo que me preocupa para alegar una memoria
histórica. Creemos en este momento en apoyar lo positivo, en apoyar lo que permite cerrar la cicatriz que se hizo cuando aprobamos el primer momento de la convivencia de los españoles. ¿Por qué no recordar solamente la parte democrática y
positiva? Si la cicatriz está en 1978, con la Constitución, que viene a cerrar todos los olvidos de la parte dramática, ¿qué es lo que queremos recordar: lo positivo, lo negativo, lo democrático, o no? Mi grupo se va a inclinar por votar la
enmienda que ha defendido el señor Jáuregui, porque creo que está hecha desde aquella frase que decía Manuel Azaña: se tiene que exigir el patriotismo a los españoles desde las zonas templadas del espíritu, no desde la vehemencia, no desde la
irritación, no ir en contra de, sino a favor de. Votaremos favorablemente esta enmienda que trata también de conciliar una serie de posiciones en aquello que tenemos que ser positivos y enseñar. Muy afortunadamente el señor Jáuregui ha recordado
un artículo publicado en El País del pasado lunes del
escritor don Antonio Muñoz Molina, que viene a señalar unos hechos que a veces estamos olvidando cuando tratamos de tener memoria y herencia, y es que en la Constitución republicana de 1931 no hay ninguna libertad, no hay ningún derecho de
los ciudadanos españoles que no esté recogido plenamente y ampliado en la Constitución de 1978. Esto es importante destacarlo aquí, porque significa situarnos en nuestro momento político histórico, como afortunadamente ha recordado Muñoz Molina.
No hay nada, ningún valor que esté recogido de forma menor en la Constitución de 1978.
Por eso mi grupo parlamentario quiere llevar la permanente memoria histórica al hecho positivo que nos ha unido y evitar cualquier disquisición, porque mi grupo
-como cualquier persona sensata y responsable en España- está en contra de olvidar. Posiblemente muchos querrán recordar; otros querrán olvidar, porque en los problemas políticos la amnesia también forma parte de los derechos de los pueblos y de
los ciudadanos. Tienen derecho a la amnesia de aquellos hechos luctuosos, de aquellos hechos graves. Mi grupo parlamentario y esta persona que les habla estamos tan en contra del drama de la guerra civil de 1936-1939 como del golpe de Estado de
Tejero y compañeros el 23 de febrero de 1981. No quiero que vuelva a ocurrir en España ninguna guerra civil como la de 1936-1939 ni ningún 23-F de 1981. Para prepararnos para eso tenemos que estar permanentemente vigilantes en nuestras actitudes
democráticas y constitucionales.
Esa síntesis de memoria histórica es fundamentalmente lo que nos tiene que llevar a esta situación. Porque no olvidemos que en España, para tomar posesión de cualquier puesto de responsabilidad, por imperativo constitucional y democrático
se exige el juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución con lealtad al Rey. La síntesis que ha tenido también el señor Jáuregui -y con esto termino, señora presidenta-, nos lleva a pedir, si es posible, esta conciliación de
intereses y un texto común. Mal ejemplo vamos a dar a la ciudadanía, que tiene derecho a memorias y a olvidos legítimos y democráticos, pero que fundamentalmente viene a ser una síntesis de exposiciones. En esa línea de concordia, de conciliación,
de democracia, de espíritu constitucional irá nuestro voto positivo. En esta línea al menos hay un texto que hecho desde estas zonas cálidas -que decía Azaña y que yo he repetido- permite que se pueda votar con comodidad una situación histórica que
nosotros consideramos irrepetible.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
Señorías, finalizamos el debate con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (El señor Estaban Bravo pide la palabra.)
Discúlpeme, señor Esteban, porque como se imaginará ha sido un descuido de esta vicepresidenta. Tiene usted la palabra en nombre Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa.)
Discúlpeme otra vez, señor Esteban, porque efectivamente tiene la palabra el señor Llamazares, ya que es el siguiente en el orden de intervención en el turno de fijación de posiciones. Lo que he hecho mal ha sido decir que interviene
finalmente, porque después del señor Llamazares será usted, señor Esteban, quien tome la palabra.
Tiene la palabra, señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
La intención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds es únicamente, de manera modesta pero con orgullo al mismo tiempo, que en el 75.º aniversario de la proclamación de la República, una proclamación por sus
cabales -como diría Antonio Machado-, por los cabales democráticos, hubiera por parte de las administraciones, de las instituciones públicas, un recuerdo para la República, para uno de nuestros antecedentes democráticos -que no hemos tenido muchos,
por desgracia- y, por otra parte, una rememoración de los republicanos, de los antifranquistas, de los demócratas, en definitiva, de los cuales nos consideramos herederos, tanto la democracia española y la Constitución de 1978 como los demócratas
españoles de hoy. Eso es lo que pretendía, modestamente y con orgullo, nuestro grupo parlamentario.
No nos ha sorprendido, desgraciadamente, la posición de la derecha política en nuestro país. Creemos que todavía está a tiempo de rectificar. La derecha política no debe sentirse en ningún caso heredera del franquismo; muy al contrario,
la derecha democrática española debería sentirse heredera de lo mejor de la transición democrática, de lo mejor de la apuesta por la recuperación de las libertades y de los derechos democráticos. No sabemos qué querencia hace que el Partido
Popular, hoy, se vea tan ofendido por la recuperación de la memoria republicana y por la rememoración de los demócratas y antifranquistas. No lo entiendo, creo que no lo entiende ningún demócrata.
En todo caso, nosotros queremos ser también modestos con esta iniciativa.
A aquellos grupos parlamentarios que piensan que esta iniciativa es la ley de la memoria he de decirles, señorías, que nada más lejos de nuestra intención que
sustituir a los grupos parlamentarios y su necesario consenso en la memoria republicana. Memoria, justicia y reparación tienen un camino concreto, aprobado por la mayoría de esta Cámara, que es el camino del informe y la ley de la memoria, que
nosotros no pretendemos sustituir. Esta iniciativa no es siquiera el prolegómeno de la ley de la memoria, es una iniciativa diferente, mucho más modesta, humilde, que lo único que pretende, en el aniversario de la República, es rememorar la
República como antecedente democrático
y también reconocer a los luchadores, a los demócratas de este país. Nada más y nada menos que eso. Por tanto, no nos confundamos, señorías. La ley de la memoria irá por otro camino, seguramente tendrá un proceso de negociación en esta
Cámara, y nosotros estamos convencidos de que saldrá mayoritariamente de esta Cámara memoria, justicia y reparación para los demócratas de este país. Señorías, a nosotros lo que nos interesa, en el 75 aniversario de la II República y en el 70
aniversario del inicio de la guerra civil, del golpe que provocó ilegítimamente una guerra civil cruenta en nuestro país y, posteriormente, un verdadero genocidio de la izquierda, de los nacionalistas y de una parte de los republicanos y demócratas
españoles, es hacer aquí únicamente un homenaje a esas gentes, un homenaje de todos los demócratas. Es lo único que pretende nuestra fuerza política. No se trata, pues, señorías, de reabrir ninguna herida.
Lo que ocurre, y no se debe
descontextualizar lo que hoy ocurre en España de lo que ocurre en Europa, es que cuando se produce una catástrofe humana como fue, entre otras, la guerra civil contra la República, cuando se produce una catástrofe humana que se prolonga en el tiempo
como fue la represión contra los demócratas y los republicanos, incluso desde el punto de vista psicológico, los pueblos tardan décadas en recuperarse y utilizan durante un tiempo el olvido para sanar o para intentar no reabrir la herida. Pero al
cabo de un tiempo, al cabo de décadas, los pueblos europeos están comenzando a rememorar el holocausto, a rememorar situaciones como la guerra civil precisamente a través de los nietos de aquella época. Son ellos los que ya sin represión, sin la
presión de la catástrofe, recuperan la memoria para hacer una catarsis y enfrentar con otro talante el nuevo tiempo. Pues se trata, hoy, aquí, de hacer eso. Una vez que han pasado décadas, una vez que, frente a lo que dice el Partido Popular, las
heridas están cerradas en términos democráticos, no hay peligro en nuestro país de una confrontación, no es cierto. No se trata de rememorar para confrontar, muy al contrario; frente a esa visión pesimista y catastrofista de la democracia
española, la reconciliación ya se ha hecho, ya ha habido una generosa aportación a la reconciliación por parte de los que fueron derrotados por un régimen ilegítimo y, sin embargo, fueron capaces de aportar su esfuerzo al régimen legítimo, al
régimen democrático sin juzgar a los franquistas, sin llevar a cabo un juicio político del franquismo. La reconciliación, pues, está garantizada, es la sólida base de nuestra democracia. De lo que se trata ahora, señorías, es de la memoria y de la
justicia; se trata de hacer memoria de aquella época, de reconocernos en aquel antecedente democrático que fue la II República española, con sus luces y sus sombras, pero antecedente democrático al fin y al cabo. Se trata de hacer justicia
también. Una democracia debe hacer justicia, y hacer justicia significa que aquellos que hicieron el esfuerzo por la República, por las libertades democráticas y que se sacrificaron también por la recuperación de la democracia en nuestro país sean
recordados.
Quiero recordar hoy a personas como Simón Sánchez Montero, porque no acepto la dicotomía a la que me quiere condenar el Partido Popular.
Señorías, ustedes no son propietarios de la transición democrática, en absoluto. Nosotros somos tan
propietarios o más. Aquellos, como Simón Sánchez Montero, que estuvieron en la defensa de la República, que estuvieron después en el antifranquismo y que les costaron torturas y cárcel, que organizaron al Partido Comunista de España, que crearon
las Comisiones Obreras y que luego fueron diputados constituyentes de la nueva transición democrática, son los demócratas en este país, señorías, y ustedes no pueden contraponer República a transición democrática, porque los mismos autores de la
República fueron los autores de la transición democrática en nuestro país. Los mismos. (Aplausos.)
Con esta iniciativa se reconoce la legitimidad de la II República, que es incontestable en términos históricos; se reconoce al mismo tiempo el trabajo y la lucha de tantos demócratas republicanos y antifranquistas, que en términos
históricos es incontestable; se reconoce también el esfuerzo en favor de la transición democrática y de la recuperación de las libertades, y de la misma manera legítimamente se reconoce la legitimidad de que haya fuerzas políticas en esta Cámara
que sigan defendiendo un régimen republicano en una sociedad pluralista y democrática, al igual que hay otras fuerzas políticas que defienden otra forma de Estado. De eso se trata en esta iniciativa parlamentaria, señorías. Quien únicamente en
estos momentos trate de ver en esta iniciativa la apertura de no sé qué heridas olvidará que aquellos que han apostado por la reconciliación todavía permanecen en el olvido en muchos casos -me vuelvo a referir a Simón Sánchez Montero, un luchador
por la democracia en nuestro país- y otros, como los restos de Lorca o de Antonio Machado, en términos históricos, se encuentran en un barranco o están fuera de nuestra patria, fuera de nuestro país. Eso demuestra la necesidad de la memoria y de la
justicia, en ningún caso de la venganza, porque la reconciliación ya fue hecha y es una buena base de nuestra democracia frente a cualquier avance o amenaza catastrofista de la derecha, que creo que debería reconocerse en esta iniciativa y no en
quienes ilegítimamente intentaron abortar una experiencia democrática en nuestro país. Espero que la derecha reconsidere su posición y verdaderamente sea la derecha heredera de la Unión de Centro Democrático.
Lo espero. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Finalizamos el turno de fijación de posiciones con el del Grupo Parlamentario Vasco y la intervención de su portavoz en esta iniciativa, el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Como ya hemos manifestado en diferentes ocasiones en esta Cámara y en el debate inicial sobre la presente proposición de ley, vamos
a apoyar todo este tipo de iniciativas; de hecho en algunos casos hemos sido impulsores de las mismas porque creemos que todavía queda una deuda pendiente con muchas personas, debida por este Parlamento y por este nuevo sistema político. A
uno le llama la atención esa acusación que se hace a algunos grupos políticos de idealizar la República, a aquellos que defendemos que debe haber una memoria histórica, que deben recordarse aquellos tiempos. Es curioso que en un momento en que se
habla de respeto a las instituciones -y el Partido Popular en esto es un auténtico artista-, a los procedimientos establecidos, al ordenamiento jurídico, etcétera, parece que no se quiere reconocer que hubo un total rompimiento, un total ataque a
las instituciones, a los procedimientos establecidos, al ordenamiento jurídico, democrático y legal en aquel momento. Yo les puedo asegurar que desde el Partido Nacionalista Vasco, un partido de inspiración cristiana, no se idealiza la República;
también había aspectos que no nos gustaban, como supongo que a todos los partidos políticos de todas las ideologías que hoy continuamos aquí y que tenemos nuestras raíces en aquellos tiempos, pero lo que pusimos por encima de todo fue que lo
importante era la lealtad a la legalidad pero sobre todo la lealtad a la defensa de la democracia, y eso algunos no lo hicieron.
Se habla de revisionismo histórico con este tipo de iniciativas, de construir una especie de verdad oficial. El revisionismo histórico y las construcciones de verdades extrañas son las de aquellos que niegan el Holocausto, las de aquellos
que hacen libros de elogio y justificación de la época franquista, como hemos asistido en los últimos años, las de aquellos que se escandalizan cuando se quitan las estatuas de dictadores, que es increíble que sigan permaneciendo en este país, y
tantos nombres de represores en las calles de este país después de tantos años. Aquellos que se escandalizan por eso son los que hacen revisionismo histórico, aquellos que sitúan al mismo nivel a una dictadura feroz con una democracia como si
hubiera sido solo un conflicto de pareceres, aquellos que señalan lo idílico -y luego entraré más en esto- de la concordia de 1978. Es muy beatífica esa expresión de reconocer a todos los hombres y mujeres que sufrieron. Aquí hay que decir muy
claramente que unos ya tuvieron su homenaje permanente durante cuarenta años, lo tuvieron, fueron reconocidos una y otra vez y fueron respaldados y ayudados desde las instancias oficiales. Hoy, que se pide con absoluta razón el reconocimiento a las
víctimas de la violencia -y estamos totalmente de acuerdo con ello desde nuestro grupo político-, debería darnos vergüenza que a las víctimas del 37 y de la represión franquista todavía no se les haya reparado. Si queremos ser coherentes con
aquello que defendemos, tenemos que aplicarlo al presente, al futuro y también al pasado.
Nuestro partido está en la oposición y no me habrán oído desde esta tribuna hacer elogios del presidente o de los miembros del Gobierno, pero que se eche en cara al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que se diga heredero de la
República, en vez de de Felipe González y de la transición, nos parece sorprendente; nos parece sorprendente que se considere una especie de vergüenza que alguien se declare heredero de la República. Delata, junto con otras frases que hemos oído
por parte del Grupo Popular, como esa de: no vamos a apoyar ninguna ley de la memoria histórica -y esto es literal-, a mi modo de ver, que ni siquiera están considerando legítimo el régimen republicano, ni siquiera legítimo, y que en el mejor de
los casos lo sitúan al mismo nivel que la etapa franquista. Tampoco estamos de acuerdo con que el régimen de 1978 supera todo: supera todas las divisiones, supera todos los conflictos y nos debe obligar a olvidar. La mejor muestra de que no lo ha
superado es el debate de hoy y no se nos diga que el régimen de 1978 fue el del consenso. Les quiero decir que en algunos lugares del Estado, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, en el caso de Euskadi, la Constitución tuvo un apoyo muy
limitado, el 30 por ciento, y la Constitución no supuso por parte de los partidos mayoritarios de Euskadi ni una aceptación ni un acuerdo amplio de consenso en que ese era verdaderamente el arreglo al que debíamos llegar. El régimen de 1978 supera
todo, es el espíritu de la reconciliación, se hizo entre todos, y se dice: y todos hicieron renuncias. Unos tuvieron que hacer muchas; otros, ¿a qué renunciaron? ¿A no mantener la dictadura? ¿A eso es a lo que no renunciaron? ¿A la generosidad
de no mantener la dictadura? Me hace un gesto como que sí.
(El señor Atencia Robledo hace gestos de denegación.) Parece ser que podían haber seguido perfectamente. Lo que quiero volver a señalar desde esta tribuna, como lo he hecho en otras
ocasiones, es que hay que decirlo muy claramente. Con la transición, aquellos que mantuvieron un estatus privilegiado, que tuvieron prebendas, que hicieron negocios, que se aprovecharon del régimen dictatorial, después de esa transición, siguieron
con las prebendas, siguieron con el dinero y siguieron con el mismo estatus, mejor todavía, porque lo que se produjo con la transición política es una especie de limpieza de cara a todos y cada uno, sin que eso supusiera asumir cuentas por
actuaciones antidemocráticas. Fue un blanqueo político. ¿Es eso lo idílico de la transición?
Es evidente que el Gobierno ha retrasado, voluntaria o involuntariamente, los deberes que debía haber hecho. Nosotros solicitamos hace dos años que se presentara un informe sobre la situación de víctimas, represaliados, etcétera. Se han
incumplido muchas veces los plazos. La última promesa del presidente del Gobierno es que sería presentado en este periodo de sesiones. Queremos pensar y confiar que ello va a ser así, pero es que, como decía el señor Llamazares, esta ley que
previsiblemente podamos apoyar ahora no es la ley de la memoria histórica, ni es tampoco ese informe. Hace falta una ley que cubra todos los aspectos de la reparación a las víctimas y a los represaliados. Es por eso por lo que desde nuestro grupo
político se decidió no presentar enmiendas a esta proposición entendiendo que debería ser otra ley más
amplia y trabajada inicialmente desde el Gobierno la que debería traerse.
Con relación a las enmiendas presentadas, las de Esquerra Republicana nos parece que en alguno de los casos entran en materias quizá demasiado concretas para lo que pudiera ser este texto, pero aciertan en algo que muchas veces no se señala
cuando se habla de la guerra civil y de la época de la República y es que hubo muchas formas de interpretar y muchas guerras civiles dentro del Estado, porque en algunos casos, y hablo por ejemplo del caso vasco, se unía también una problemática
nacional evidente y algunos no tuvimos un único epíteto de rojos, sino que lo teníamos doble: de rojos separatistas, pecadores por partida doble. Creo que esas realidades de Cataluña, de Euskadi, etcétera, también deberían salir a la luz cuando
hablemos de la República y de aquellos tiempos y eso en cierta manera está reflejado en algunas enmiendas de Esquerra Republicana. Estamos de acuerdo con las enmiendas de Convergència i Unió en la medida que lo que exigen es poner en marcha medidas
que este Parlamento había solicitado.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, en lo que no estaríamos en ningún caso de acuerdo es en suprimir la exposición de motivos de la normativa, en primer lugar porque tampoco se propone otra, y votar sobre algo que ya veremos qué
es lo que es no nos parece ni correcto ni técnicamente viable. Además, según el texto de las enmiendas, y deduzco que no del discurso que ha hecho el portavoz socialista, da la sensación de que otra vez se quiere pasar por esa concordia genérica,
cuando lo que tenemos que hacer aquí es recordar a esa gente que no ha sido reconocida en todos esos años. En ese sentido -con matices que todos podríamos añadir- nos parece interesante la exposición de motivos presentada por el grupo proponente.
Finalmente, señora presidenta, no sé qué va a pasar con la enmienda transaccional. Si se mantuviese, la apoyaríamos; si no, intentaríamos apoyar en el sentido que he dicho el ámbito de las enmiendas de Convergència i Unió, algunas de
Esquerra y, en la medida en que haya consenso entre Izquierda Unida y el Grupo Socialista, aquellos puntos en los que así se haya concertado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Señorías, aunque no está recogido en este trámite, aprovechando las últimas palabras del señor Esteban y el artículo 73.1 del Reglamento, dado que existe una enmienda transaccional que todos los grupos parlamentarios tienen, ¿algún grupo
desea dar alguna explicación sobre dicha enmienda transaccional? (Pausa.) Señor Atencia, su turno, por breves segundos, por favor, a este efecto.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con el texto ofrecido con la fórmula de transaccional por el Grupo Socialista.
Entendemos que es un mero maquillaje de las enmiendas del grupo. En cualquier caso no la
podríamos aceptar hipotéticamente sin entrar en el fondo del trámite procesal. En cuanto a la propuesta de tramitación por el procedimiento de lectura única -y fijo mi posición con toda claridad-, este grupo no puede unirse a la unanimidad para
ello porque entendemos que una iniciativa de este calado debería haberse tramitado por el procedimiento ordinario, con su trámite de ponencia, su trámite de Comisión y después en el Pleno antes de ir al Senado. Aquí ha habido algún grupo, y le ha
respaldado la mayoría de esta Cámara, que ha solicitado su tramitación mediante el procedimiento de lectura única, procedimiento que precisamente dificulta o imposibilita la tramitación de transaccionales y obliga, por empeñarse en lectura única, a
hacer chapuzas como las que hoy se proponen. Además, señorías, precisamente la lectura única está prevista para proyectos de ley muy simples y en los que hay consenso, y en el de hoy no había consenso. Podríamos haber ido por el procedimiento
ordinario y hoy no estaríamos ante este problema. Va a ir al Senado. A lo único a lo que les animo es a que en el Senado no se empeñen en ir a procedimientos inflexibles, que sean flexibles. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Hasta ahora es
verdad que el señor Jáuregui nos ha ofrecido un texto, pero con nosotros no se ha negociado antes del trámite de enmiendas, que hubiese sido lo exigible. En cualquier caso, señora presidenta, nuestra posición creo que está suficientemente clara.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias. ¿Algún otro grupo desea intervenir a este efecto? (Pausa.) Por orden de intervenciones, tiene la palabra el señor Jáuregui, por el Grupo Socialista, y después el señor
Llamazares.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Únicamente quería fijar la posición de mi grupo respecto de las enmiendas, cosa que -pido disculpas- no he hecho en el trámite anterior. En ese sentido, conocida ya la posición del Grupo Popular de vetar una enmienda transaccional con una
argumentación que sencillamente considero impresentable -diría que es un abuso de un derecho que raya en el filibusterismo parlamentario porque no hay razón para dicho veto- (Aplausos.-El señor Atencia Robledo hace gestos negativos.), constatada ya
la negativa, repito, inconcebible del Grupo Popular a que se tramite la transaccional, quiero señalar que nuestro grupo, en primer lugar, retira la enmienda número 35 a la exposición de motivos, de supresión de la misma, porque como bien decía el
señor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, no tiene lógica suprimir una exposición de motivos que es el preámbulo de la ley, que nosotros pretendíamos sustituir por otro texto mediante
la transaccional, pero como no se puede tramitar, no tenemos más remedio que aceptar el texto original de la proposición de ley y retirar nuestra enmienda. Por otra parte, mantenemos nuestras enmiendas números 33 y 34 presentadas al
articulado y anunciamos que aceptaremos la enmienda número 25 de Convergència i Unió, que pretende comprometer al Gobierno a que presente el informe sobre la memoria en el plazo de un mes después de la publicación de esta ley.
Termino, señora presidenta, anunciando que nuestro grupo presentará la enmienda transaccional que no ha podido tramitarse en este Pleno del Congreso en el Senado y pretenderemos hacerlo de acuerdo con los demás grupos proponentes como
enmienda de totalidad al texto que vamos a aprobar hoy aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jáuregui.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Nosotros conseguiremos los mismos objetivos, aunque sea por caminos menos lineales -no nos lo permite el Grupo Parlamentario Popular-. Los mismos objetivos son mantener la exposición de motivos, votar favorablemente las enmiendas números 33
y 34 del Grupo Parlamentario Socialista -prácticamente el texto quedará igual que la transaccional-, y luego tener la voluntad, junto con otras enmiendas, de que este texto mejore en el Senado. Pero ustedes entenderán que no es posible una
tramitación normal de esta iniciativa porque pretende reconocer el año de la memoria y no se puede reconocer el año de la memoria en octubre o en noviembre, señorías: se reconoce ahora o no se reconoce. Por tanto, no sé si el Partido Popular está
haciendo filibusterismo, pero alguna cosa parecida sí está haciendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Finalizamos con el turno del señor Esteban también a estos efectos.
Adelante.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Le pido disculpas por no haberlo señalado antes, pero he visto el guión de votación y me gustaría, si todavía estoy a tiempo, que algunas enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que le voy a enumerar fueran votadas
separadamente en un bloque. Serían las enmiendas números 1, 7, 8, 9, 21 y 23.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Separadamente cada una o agrupadas las que usted me ha nombrado?
El señor ESTEBAN BRAVO: En conjunto, pero separadamente del resto de las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Es decir, separadas pero agrupadas las que usted ha nombrado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Exacto y disculpe de nuevo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Está usted disculpado. Así se hará, señor Esteban, y así se hará para el resto de portavoces que tienen el guión de votación.
Muchas gracias, señorías. Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas números 1, 7, 8, 9, 21 y 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 15; en contra, 288; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, siete; en contra, 287; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda número 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votamos las enmiendas de dicho grupo en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Votación de la enmienda número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 174; en contra, 129; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 174; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Finalmente, al tramitarse en lectura única, procedemos a la votación del conjunto del texto de la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 172; en contra, 131; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce del mediodía.