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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 160, de 16/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 160
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 149
celebrada el jueves, 16 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 49-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000049.) ...
(Página 7956)
-Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 155-1, de 11 de febrero de 2005. (Número de expediente 122/000135.) ... (Página 7959)
-Proyecto de Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 11 de marzo de 2005.
(Número de expediente 121/000025.) ... (Página 7963)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Secretaría General Iberoamericana, hecho en Madrid el 30 de septiembre de 2005 y Canje de Notas de 19 y 21 de octubre de 2005 por el que se subsanan errores.
'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 210, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 110/000124.) ... (Página 7970)
-Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Polonia, sobre el establecimiento y funcionamiento de los institutos de cultura, hecho en Varsovia el 30 de septiembre de 2005.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 211, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 110/000125.) ... (Página 7970)
-Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 212, de 23 de
diciembre de 2005. (Número de expediente 110/000126.) ... (Página 7970)
-Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y el Reino de Suecia relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países para los fines de la cooperación en materia de defensa, la investigación,
la producción y las adquisiciones, hecho en Madrid y Estocolmo los días 29 de septiembre de 2005 y 3 de octubre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 213, de 23 de diciembre de 2005. (Número de expediente 110/000127.) ...
(Página 7970)
-Declaración relativa a la aplicación a la Región Administrativa Especial de Hong Kong del Convenio de París sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, hecha en París el 13 de octubre de 2000.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 218, de 30 de enero de 2006. (Número de expediente 110/000128.) ... (Página 7970)
-Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay, de 1 de diciembre de 1997, hecho en Segovia el 8 de septiembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
219, de 30 de enero de 2006. (Número de expediente 110/000129.) ... (Página 7970)
-Protocolo Adicional al Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Madrid el 12 de julio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 220, de 30 de enero de
2006. (Número de expediente 110/000130.) ...
(Página 7971)
-Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 221, de 30 de enero de 2006. (Número de expediente
110/000131.) ... (Página 7971)
-Tratado entre el Reino de España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en Pekín el 21 de julio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 222, de 30 de enero de 2006. (Número de
expediente 110/000132.) ... (Página 7971)
-Canje de Notas, de fechas 1 de septiembre de 2004 y 6 de septiembre de 2005, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece el Reglamento de pesca en el tramo internacional del río Miño.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 223, de 30 de enero de 2006. (Número de expediente 110/000133.) ... (Página 7971)
-Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea relativo al estatuto del personal militar y civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, de los cuarteles generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición de la
Unión Europea en el marco de la preparación y ejecución de las operaciones previstas en el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar de los Estados miembros puestos a disposición de la
Unión Europea para que actúe en ese contexto (EU SOFA), hecho en Bruselas el 17 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 224, de 30 de enero de 2006. (Número de expediente 110/000134.) ...
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 44-1, de 26 de agosto de
2005. (Número de expediente 121/000044.) ... (Página 7971)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000066.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado. ... (Página 7956)
Proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias ...
(Página 7956)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea. ... (Página 7959)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado ... (Página 7963)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Martínez
Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a los artículos 2 y 5 nuevos y a la disposición transitoria segunda nueva del proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices
comunitarias sobre ayudas del Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, se aprueban por 171 votos a favor y 123 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda del Senado a la disposición transitoria tercera nueva del mismo proyecto de ley, se rechaza por 124 votos a favor y 170 en contra.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas del Senado al mismo proyecto de ley, se aprueban por 294 votos a favor.
Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta
Directiva europea, se aprueban por 294 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 8.3 del proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, se rechaza por 14 votos a
favor, 279 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 14.4 del mismo proyecto de ley, se rechaza por 136 votos a favor, 157 en contra y dos abstenciones.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas del Senado al mismo proyecto de ley, se aprueban por 294 votos a favor y uno en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página 7970)
Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Secretaría General Iberoamericana, hecho en Madrid el 30 de septiembre de 2005 y Canje de Notas de 19 y 21 de octubre de 2005 por el que se subsanan errores ...
(Página
7970)
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Polonia, sobre el establecimiento y funcionamiento de los institutos de cultura, hecho en Varsovia el 30 de septiembre de 2005 ...
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación ... (Página 7970)
Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y el Reino de Suecia relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países para los fines de la cooperación en materia de defensa, la investigación, la
producción y las adquisiciones, hecho en Madrid y Estocolmo los días 29 de septiembre de 2005 y 3 de octubre de 2005 ... (Página 7970)
Declaración relativa a la aplicación a la Región Administrativa Especial de Hong Kong del Convenio de París sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, hecha en París el 13 de octubre de 2000 ...
Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay, de 1 de diciembre de 1997, hecho en Segovia el 8 de septiembre de 2005 ... (Página 7970)
Protocolo Adicional al Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Madrid el 12 de julio de 2005 ... (Página 7971)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005 ... (Página 7971)
Tratado entre el Reino de España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en Pekín el 21 de julio de 2005 ... (Página 7971)
Canje de Notas, de fechas 1 de septiembre de 2004 y 6 de septiembre de 2005, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece el Reglamento de pesca en el tramo internacional del río Miño ...
(Página 7971)
Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea relativo al estatuto del personal militar y civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, de los cuarteles generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición de la
Unión Europea en el marco de la preparación y ejecución de las operaciones previstas en el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar de los Estados miembros puestos a disposición de la
Unión Europea para que actúe en ese contexto (EU SOFA), hecho en Bruselas el 17 de noviembre de 2003 ... (Página 7971)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 7971)
Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril ... (Página 7971)
Interviene en nombre del Gobierno la señora ministra de Cultura (Calvo Poyato).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo y la señora García Suárez del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora
Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas defendidas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, así como del texto del
dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7986)
Proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página 7986)
La señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), presenta el proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Explica que en su primera comparecencia en mayo del año 2004 expuso las líneas
generales de actuación de su ministerio para esta legislatura y se comprometió a la elaboración de un plan estratégico de política farmacéutica. Ese compromiso respondía a la necesidad de actuar sobre aspectos claves del sistema, necesidad que
derivaba de la política desarrollada en los últimos años y que era preciso corregir dado que se habían puesto de manifiesto carencias notables. Señaló en aquellos momentos que el plan estratégico de política farmacéutica debía abordar, entre otros
aspectos, el impulso a la extensión de los genéricos, la revisión del sistema de precios de referencia para solucionar sus deficiencias, la financiación selectiva de medicamentos en función de su aportación terapéutica para los pacientes y un
análisis farmacoeconómico riguroso, la incorporación de la receta electrónica y de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad y disminuir los trámites. Señala que el proyecto de ley es la respuesta a una necesidad de reforma del marco vigente,
y fruto de largos meses de intenso trabajo, y se elabora con una vocación de futuro, con el propósito de lograr un marco estable y perdurable para el sector. Finaliza haciendo un examen exhaustivo del texto del proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas de devolución al Gobierno intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Bonás Pahisa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo interviene la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Pozuelo Meño del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, se rechaza por 122 votos a favor y 167 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES NAVIERAS EN FUNCIÓN DEL TONELAJE A LAS NUEVAS DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO AL TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.
(Número de expediente 121/000049.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día. Enmiendas del Senado. Proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Turno de fijación de posición. Tiene la palabra el señor Mardones por Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo valora positivamente en su conjunto, con unas excepciones que ahora señalaré, las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta a este proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las
nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Recordarán sus señorías, señor presidente, que este punto del orden del día fue en su día retirado de un
anterior Pleno, dado que no se había podido dar el trámite constitucional obligado al pronunciamiento del Parlamento autónomo de la Comunidad de Canarias.
Subsanado ese requisito formal y oído el pronunciamiento del Parlamento de Canarias podemos
estar en este momento en disposición reglamentaria de posicionarnos y votar sobre las enmiendas que nos llegan del Senado. El trámite tiene una peculiaridad que nosotros aceptamos plenamente, porque se trata sencillamente de aproximarnos y de
incluir en el acervo comunitario la legislación sobre estas entidades navieras en función del tonelaje, que ya está recogida en las directrices comunitarias.
Vamos a votar favorablemente casi todas las enmiendas que nos llegan del Senado, que son de escasa cuantía numérica, algunas de las cuales son de perfeccionamiento técnico o de amplitud relativa. Sin embargo, tengo que señalar, para que los
servicios de la Cámara lo anoten, que vamos a votar en contra de una serie de enmiendas en cuya aprobación en el Senado no participamos, porque creemos que, de aprobarse, distorsionarían el planteamiento de fondo sobre estas cuestiones. En primer
lugar, lo haremos sobre la enmienda dirigida a la disposición adicional tercera, nueva, dado que pretende incluir en las embarcaciones no sujetas al impuesto especial de determinados medios de transporte a las de recreo.
Creemos que esta
equiparación no se hace armónicamente y no se nos alcanzan muchos de los argumentos para que esto se pueda hacer así. Por tanto, pedimos su separación del resto porque esta enmienda a la disposición adicional tercera nueva no la vamos a votar
favorablemente.
Igualmente votaríamos en contra de la disposición transitoria tercera nueva que viene también de la Cámara Alta, sobre la que señalamos nuestra discordancia. Nosotros no queremos tampoco que alguien pudiera suponer que la Ley del
régimen económico y fiscal de Canarias distorsiona normativas comunitarias o que no tenga el debido respeto al acervo comunitario, tradicionalmente, desde el ingreso en 1986 de España en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y
desde los tratados de Amsterdam, en que vienen siendo reconocidas esta singularidad y peculiaridad. En la todavía no aprobada Constitución europea se viene a ratificar el carácter de regiones ultraperiféricas, lo que hace que todo lo relacionado
con el transporte marítimo tenga una especial sensibilidad. Por estas razones, señor presidente mi grupo va a votar en contra a estas enmiendas del Senado votando favorablemente el resto de enmiendas de la Alta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente, señor presidente. Votaremos a favor la iniciativa, pero algunas enmiendas contradictorias que vienen del Senado no las votaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llama-zares.
Señor Puig, Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Tal como reza el propio enunciado del proyecto, este tiene por objeto la adaptación de la legislación estatal a las directrices comunitarias en materia de ayudas de Estado al transporte marítimo. El proyecto básicamente viene a modificar la
normativa, concretamente el régimen de entidades navieras en función del tonelaje, recogido en el capítulo XVII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a fin de extender el mencionado régimen a las entidades que
realicen, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación de los buques incluidos en el régimen especial; permitir la aplicación del régimen a los buques de remolque que realicen actividades de transporte marítimo, cuando menos del 50 por
ciento de los ingresos procedan de la actividad realizada en puertos o de la prestación de ayuda a buques autopropulsados, así como permitir la inclusión de buques no registrados en España o en otro Estado de la Unión Europea, siempre que mantengan
o incrementen el porcentaje del tonelaje neto bajo registro comunitario.
Finalmente, se introducen las modificaciones oportunas en la Ley del régimen económico y fiscal de Canarias.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo y vamos a votar mayoritariamente el proyecto, excepto en algunas de las enmiendas a las que daremos nuestro voto contrario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Catalán (CiU), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
A este proyecto de ley sobre la adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias nuestro grupo parlamentario no formuló enmiendas, ni en la tramitación en el Congreso ni en la del Senado, contando con nuestro apoyo en las dos Cámaras. La razón de este apoyo es básicamente que en este proyecto se recogen todas
aquellas legislaciones que van a facilitar la trasposición de las directivas europeas. De todas formas quisiéramos hacer una observación. Esta ley no es una ley de medidas y, ya sea vía proyecto o vía enmiendas, la mayoría formuladas por el grupo
que da apoyo al Gobierno, han convertido este proyecto en una ley escoba que modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, en diversos
aspectos, y también en aquellas cuestiones que hacen referencia a la Ley 50/2002, de 27 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y a la Ley del impuesto sobre el valor añadido.
Nuestro grupo parlamentario siempre ha sido partidario de hacer una ley de acompañamiento. El Gobierno está en la dirección opuesta, pero en la tramitación parlamentaria de diferentes iniciativas aprovechan para hacer leyes de miniacompañamiento
que, en definitiva, dan una visión global totalmente tergiversada respecto al objetivo fundamental de la ley, que es la trasposición de la directiva comunitaria.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
A este proyecto de ley efectivamente en el Senado se han introducido enmiendas con distinto grado de importancia, algunas de las cuales, tal y como acaba de señalar el representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nada tienen
que ver con el texto y con el título que dio lugar a la tramitación tanto en el Congreso como en el Senado de este proyecto de ley. Se han utilizado más bien para introducir modificaciones a la Ley del impuesto sobre el valor añadido en el régimen
especial de agricultura, ganadería y pesca, que son las enmiendas números 3 y 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que dan una idea del grado de insatisfacción que al senador Gasòliba i Böhm, ponente de esta ley en el Senado, le producía su
tramitación y debate, concluyendo, y cito palabras de dicho senador, que el Gobierno no había hecho un buen trabajo en el conjunto de esta ley. También hay que destacar que el senador Urrutia Elorza, que igual que el señor Gasòliba tampoco es de
nuestro grupo, calificó de tramitación lamentable la que se había dado a este proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Popular introdujo dos enmiendas, de las que ahora los grupos del Congreso parece que no son partidarios, que se corresponden con la disposición adicional tercera y la disposición transitoria tercera. La primera tenía
precisamente como objeto el régimen y la regulación territorial que el proyecto está abordando, trataban y tratan de solucionar las dudas, en un caso de la sujeción o no al impuesto especial de determinados medios de transporte de las embarcaciones
que están en el registro especial de buques y empresas navieras en un régimen especial para Canarias -simplemente se pretende aclarar la legislación y solventar las dudas de su aplicación, no otra cosa-. La otra enmienda, que ha dado lugar a la
disposición transitoria tercera, tenía como finalidad permitir la materialización en deuda pública de las dotaciones con cargo a beneficios anteriores a la ley, concretamente los del año 2004 y 2005, que también son objeto del título y del texto de
la ley. El Grupo Parlamentario Socialista presentó otras enmiendas, a las que ya nos hemos referido, algunas de las cuales apoyamos porque mejoraban el texto, pero concretamente hay una transaccional, la del artículo segundo, que creemos que es
claramente negativa para
los intereses de Canarias. Ciertamente, se ha producido el informe del Parlamento canario cumpliendo el requisito constitucional, pero desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos pensando que este artículo segundo supone una restricción
al régimen actual de reserva de inversiones y es claramente perjudicial para las empresas canarias, que bastante hándicap tienen para ser competitivas con ser zona ultraperiférica, ultra, ultra, ultraperiférica después de la ampliación a 25, que ha
desplazado el centro neurálgico de Europa mucho más al este y que aparta lógicamente más todavía a las islas Canarias. Opinamos que el artículo segundo sigue siendo perjudicial porque la aplicación retroactiva de esta ley a los beneficios del año
2005 es un dislate. También es un dislate que no se pueda aplicar a los beneficios de las entidades financieras que se invierten necesariamente en Canarias creando riqueza y empleo. Con ello estamos rompiendo la filosofía de reserva de inversiones
y perjudicando a Canarias. El estímulo directo a la autofinanciación de nuevas inversiones se pierde, y estamos hablando de unos niveles de inversión muy importantes. Seguimos sosteniendo, tal y como dijimos aquí en el Congreso y luego en el
Senado, que si el Gobierno hubiera negociado convenientemente con Bruselas, habríamos conseguido que las empresas españolas no perdieran incentivos. La negociación con Bruselas ha sido una desidia. La misma mañana del debate en el Senado se
intentó llevar a cabo una negociación telefónica. Eso no es de recibo. Se tenía que haber hecho durante los tres meses que teníamos de plazo, para poder aplicar a los dos ejercicios posteriores un régimen que ahora está perjudicando a Canarias.
Por tanto, se quiera reconocer o no, es una demostración más de la mala política exterior que tiene este Gobierno y de la desidia, y es la única palabra que en el diccionario recoge la actuación del Gobierno que ha abandonado una negociación que era
imprescindible y necesaria.
El portavoz socialista nos dirá ahora que el Parlamento canario lo ha informado favorablemente. No se ría, me tengo que adelantar a lo que usted dirá después porque no podré replicarle. Usted nos dirá que a pesar de que el representante
del Grupo Parlamentario Popular le habla de perjuicio, se ha votado favorablemente en el Parlamento canario. Nada tiene que ver ese voto favorable -también otros grupos que tienen representantes en el Parlamento canario van a hacer aquí una
votación distinta al voto favorable, como nos acaba de anunciar el señor Mardones- con aquí digamos que el régimen que se ha establecido para los dos próximos ejercicios para las entidades financieras en Canarias es claramente perjudicial. Nuestra
opinión sigue siendo esa y usted podrá -y permítame la expresión castiza- cantar misa, pero eso es así. Por tanto, seguimos pensando que el RIC mantenía unos beneficios para Canarias al menos en los dos próximos ejercicios, pero se van a perder
caprichosamente porque el Gobierno no ha hecho sus deberes. En consecuencia y para dejar patente nuestra postura, aunque sea testimonial, sobre ese perjuicio para Canarias, votaremos en contra del artículo segundo y nos abstendremos, ya que no
negaremos el régimen especial del IVA para las actividades ganaderas o agrarias, en una intromisión en esta ley que no tienen ningún encaje técnico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, Grupo Socialista, señor Armas, por favor.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, viene de vuelta del Senado una ley que adapta una normativa comunitaria sobre buques y embarcaciones con determinado tonelaje. No olviden que en Canarias tenemos un registro especial de buques que también hay
que adaptar a la normativa comunitaria; por eso se ha aprovechado la ley para modificar una parte del REF canario, como es la aplicación de la reserva de inversiones para Canarias. Como han manifestado otros portavoces, en el trámite del Senado se
incluyeron algunas enmiendas para recoger los acuerdos del Gobierno con las entidades agrarias y ganaderas, concretamente con COAG y con UPA, sobre el aumento en un punto porcentual y así minimizar el impacto de la subida del coste de los insumos
por efecto del aumento del precio del petróleo y los combustibles. También se ha modificado el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de 2004, para adaptarla a Ley de sociedades de capital riesgo, aprobada el año pasado,
introduciendo a Cruz Roja y la ONCE entre aquellas sociedades susceptibles de ser consideradas de mecenazgo.
Nos vamos a limitar a hablar de aquellas enmiendas que han sido introducidas en el Senado -como han hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y del resto de los grupos- que son las únicas que no han tenido el voto favorable de todos
los grupos. Son, concretamente, las que tratan de introducir dos modificaciones en la reserva de inversiones para Canarias, por un lado, en su aplicación a una parte de las entidades financieras que realizan actividades intragrupos, que no son
todas -dice usted que se negoció con Bruselas a última hora y le diré por qué-, y también con las entidades canarias, concretamente, las cajas canarias, no solo las canarias propiamente dichas, sino las de otras comunidades autónomas que ejercen su
actividad en Canarias. En el Senado se negoció una enmienda transaccional del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Socialista con el resto de los grupos, excepto el Grupo Popular, como es habitual, y lo he citado anteriormente en relación con el
decreto sobre el tabaco. Ustedes tienen razón y todos los demás estamos equivocados. Se aplicó además la posibilidad de que algunas entidades financieras pudiesen acogerse a esa reserva de inversiones de Canarias no solo en deuda pública para la
construcción o creación de infraestructuras, sino para la otra parte, que es lo que su grupo no permitió en la Comisión del Congreso,
y por eso hubo que introducir esa modificación en el Senado, no, como dice usted, por teléfono, sino porque la Unión Europea lo había aceptado un viernes y la Comisión era el martes, que es cuando lo quisimos incorporar -antes solo se había
negociado para deuda pública-, y usted no permitió que in voce se tramitara. No diga que no, señor Ayala, porque fue usted quien, vía telefónica, contactaba con el senador señor Sánchez-Simón para decirle lo que tenía que hacer. Por tanto, es
correcto lo que estoy diciendo y hubo que tramitarlo en el Senado. En el Senado se amplió no solo lo relativo a una parte de las entidades financieras y de las actividades, sino también a la retroactividad, en el sentido de que no afectara
únicamente a la reserva de inversiones de los beneficios obtenidos hasta 2003, porque el Grupo Popular había dejado pasar el límite para prorrogarlo sin hacerlo y por eso hubo que negociar con Bruselas al mismo tiempo que se negociaba la inclusión
de Canarias como zona ultraperiférica en la non nata Constitución europea -fíjese la dificultad de la negociación-, y por eso se negoció con Bruselas primero lo referente a la deuda pública. Posteriormente, al desaparecer el peso de la Constitución
europea, se pudo negociar el resto y así se introdujo esa posibilidad de que afectara también a los beneficios de 2004, 2005 e incluso de 2006, vía esa enmienda transaccional con Coalición Canaria que usted ha calificado de catástrofe para las
empresas canarias. ¿Es catástrofe que los empresarios canarios puedan aplicar también los beneficios de 2003, 2004, 2005 e incluso hasta enero de 2006 de la RIC a la reinversión? No se olvide de que se trata de una provisionalidad para esas
reservas, porque todo el REF, tanto la reserva de inversiones, la zona especial canaria u otras medidas -el segundo registro de buques entre otras-, tiene que ser negociado con Bruselas para las perspectivas financieras 2007-2013. Por eso no
entiendo esa cerrazón en cuanto a votar la enmienda transaccional que ustedes introdujeron en el Senado. Dice que los grupos van a votar distinto que en el Senado. No es así. En el Senado, para aprobar su enmienda hubo tres votaciones con
resultado de empate y al final, no sé si por ausencia de un senador, se aprobó por 115 votos contra 114. Por tanto, no es que el resto de los grupos accedieran y luego aquí voten una cosa contraria. Usted sí que va a votar lo contrario porque en
el Parlamento canario votaron favorablemente a todo esto y nosotros no.
Le voy a hacer una propuesta que también va dirigida al resto de los grupos. Estamos considerando la posibilidad de que se incluya determinado tipo de embarcaciones en el registro de buques. No se olvide de que en Canarias, para el
impuesto especial de determinados medios de transporte, hay ocho listas para inscribirse en el registro. Solamente las listas 6, 7 y 8 tienen incidencia en el impuesto especial. La 6 se refiere a embarcaciones de recreo sujetas a una actividad
económica, vacaciones chárter, alquiler; la 7 se refiere a embarcaciones de recreo propiamente dicho y la 8 son embarcaciones en construcción. En Canarias no existe eso. Sí existe cuando no se aplica el segundo registro especial de buques -lo
hemos denominado coloquialmente el segundo registro, pero es el registro especial de buques de Canarias-. Hay una lista única y como las embarcaciones de recreo podrían entrar por esa vía, vamos a considerar ahora la posibilidad -lo propondré al
resto de los grupos- de que teniendo una lista única se pueda aceptar. Eso no hace sino interpretar una sentencia que hace extensiva la consideración de embarcaciones de recreo al resto de buques, lo que es muy complejo y puede crear más problemas
de los que queremos solucionar, pero estamos dispuestos a negociar.
En lo que se refiere a la segunda enmienda, lo que ustedes proponen exigiría -usted que habla de negociar con Bruselas-, si se incluye a todas las entidades financieras incluso a las que realizan actividades intragrupos, que forzásemos a
Bruselas introduciendo por esta vía una de las cosas que no ha aceptado en las dos negociaciones que se tuvieron, tanto para la materialización de la RIC en deuda pública como para la reinversión de los empresarios. Introduciríamos un elemento que
Bruselas no aceptó en esas dos negociaciones, lo que pude ser contraproducente en las futuras negociaciones 2007-2013 que se acordaron ya en el Parlamento de Canarias por unanimidad. Por eso, vamos a votar en contra de esa enmienda sobre la
transitoria tercera porque introduciría un factor no acordado con Bruselas, lo que podría ser perjudicial. Señorías, esta es la posición del grupo parlamentario. Vamos a votar favorablemente el resto de enmiendas que vienen del Senado, como no
podía ser menos, porque fueron introducidas por nosotros. No nos es posible aceptar la enmienda sobre la adicional tercera que propone el Grupo Popular relativa a la inclusión de determinadas embarcaciones en el registro de buques, porque sería
perjudicial para los intereses de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armas.
-PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA ADECUAR LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE PRORRATA A LA SEXTA DIRECTIVA EUROPEA. (Número de expediente 122/000135.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las enmiendas del Senado. Proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta
Directiva europea. Fijación de posiciones, por el mismo orden que en el proyecto de anterior. En primer lugar, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado a este proyecto. Queremos hacer una salvedad
sobre la disposición adicional primera nueva que se introduce. Se trata de un texto ampliamente discutido y de considerable extensión y nosotros vamos a pedir votación separada de dicha enmienda del Senado a la disposición adicional primera
nueva modificando la Ley 20/1991, del régimen económico y fiscal de Ca-narias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
En segundo lugar, Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también va a apoyar esta proposición de ley, va a votar favorablemente a las enmiendas, en coherencia con la iniciativa del Parlamento de Canarias que solicita del grupo dicho apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Puig, adelante por favor.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley tiene por objeto adecuar la legislación a la Sexta Directiva europea que prevé que los Estados miembros puedan incluir en el denominador la cuantía de las subvenciones que reciben los sujetos pasivos para financiar
parte de sus actividades profesionales o empresariales. Esta adecuación de la legislación a la Sexta Directiva europea tiene su razón de ser en que actualmente el derecho interno español fija que se aplicará la regla de prorratas a todos los
sujetos pasivos que reciben subvenciones destinadas a financiar actividades empresariales o profesionales, siendo que el importe de dichas subvenciones se incluya en el denominador del cálculo de prorrata que determina a su vez el porcentaje del IVA
soportado que las empresas se pueden deducir. Esta regulación choca frontalmente y es contraria a la normativa europea que establece que solo a los sujetos pasivos que efectúen operaciones con derecho a deducción y operaciones que no generen este
derecho se les pueda aplicar la regla de la prorrata. Dicha disfunción o situación contraria al derecho comunitario ya ha sido objeto de una denuncia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La oportunidad de la proposición viene tanto porque
la legislación española se adapta a la comunitaria como porque, tal y como está regulado hasta la fecha, ha generado un problema importante para muchas entidades que perciben subvenciones para financiar parte de sus actividades y que han visto
limitado su derecho a deducirse el IVA, pagando por ello más cantidades por dicho concepto. Buena parte de estas entidades tienen carácter social, cultural o reciben subvenciones para financiar actividades de investigación. Con la reforma damos
una respuesta social porque dichas entidades podrán destinar más recursos a los fines que les son propios.
Finalmente añadiremos, respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, que daremos nuestro voto favorable a las mismas. Por una parte entendemos que la modificación del preámbulo de la Ley y la nueva disposición final primera tienen
relación con la modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, que regula, entre otros aspectos, el impuesto general indirecto canario para que se le aplique una regla de prorrata similar a la nueva regulación del IVA, que será mediante la
proposición de ley. Es más, entendemos que hacemos coherente la nueva regulación del IVA con la imposición indirecta existente en Canarias. Finalmente quiero añadir que la supresión de la disposición adicional tiene pleno sentido ya que entendemos
que su inclusión es del todo innecesaria e incluso podría llevar a confusión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mediante la aceptación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la ponencia designada por la Comisión de Economía y Hacienda para el estudio de una proposición de
ley, que también había sido presentada por Convergència i Unió, para la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, referida al impuesto sobre el valor añadido para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea,
se han propiciado, desde nuestra perspectiva y a través de las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario, debidamente pactadas con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno -o sea, el Partido Socialista- y con el soporte del
resto de formaciones de la Cámara, los siguientes objetivos. En primer lugar se ha hecho justicia y se ha logrado dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2005, ya que, con anterioridad a
dicha sentencia, la Ley española del IVA no permitía a los empresarios deducir en su totalidad el IVA soportado si se percibían subvenciones para actividades no exentas del impuesto, lo cual se ha declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea contrario a las directivas comunitarias. En segundo lugar, señorías, estas modificaciones afectan principalmente a los servicios públicos que no están exentos del IVA, tanto si se prestan a través de una empresa pública -sociedad mercantil
cien por cien capital propiedad de una administración pública- o de un operador privado -en este caso, por ejemplo, concesionario-. También afecta, entre otros, a los servicios de transporte público y, en gran medida por la composición del capital
de las entidades a las que me voy a referir, afecta muchísimo a organizaciones de carácter social, a organizaciones de carácter cultural, a organizaciones cuyo objetivo fundamental es estudiar
todos aquellos aspectos que hacen referencia a la investigación y al desarrollo, y también a entidades que tienen como fin fundamental espectáculos culturales, teatros, liceos, etcétera; es decir, esta sentencia beneficia a un sinfín de
actividades cuyo objetivo fundamental es hacer obras de carácter cultural y a compañías que tienen trazadas sus orientaciones mercantiles hacia la materialización de servicios públicos.
Hasta el momento de la sentencia, si la empresa de transportes
recibía una subvención para financiar su actividad, no podía deducir el cien por cien del IVA que soportaba, por ejemplo, por la compra o reparación de tranvías, ferrocarriles o autobuses. Ello producía un desequilibrio en la financiación pública,
básicamente local y autonómica, para las empresas municipales y autonómicas ya que no podían deducir todo el IVA que soportaban, teniendo, por tanto, que ingresar más IVA a Hacienda, obligando de esta manera de modo indirecto a que las
administraciones locales y autonómicas aumentaran el importe de las subvenciones concedidas para la gestión de los diferentes servicios públicos -por ejemplo, el transporte- y, por tanto, a que se aumentara el déficit público o los impuestos a
cobrar de los ciudadanos. Lo mismo pasaba con todas aquellas organizaciones de carácter cultural, como por ejemplo los teatros, que se veían obligados a incrementar los precios de los servicios culturales, básicamente por tener que ingresar más IVA
del que realmente podían deducir. No obstante, las modificaciones no afectan a otros servicios públicos que se encuentran en todo caso exentos del impuesto, como educación, o a servicios exentos prestados, como el caso de fundaciones o asociaciones
sin ánimo de lucro. En tercer lugar, la modificación afecta a todas las empresas privadas que, no estando exentas del IVA, tampoco podrían deducir el cien por cien del IVA soportado en sus compras, gastos e inversiones por el mero hecho de percibir
subvenciones; ahora también se lo podrán deducir, contribuyendo a restablecer la necesaria neutralidad impositiva en materia de subvenciones e IVA. Por tanto, señorías, han pasado alrededor de siete u ocho años desde que el gobierno de turno, en
aquellos momentos del Partido Popular, introdujo unas iniciativas legislativas en las leyes de acompañamiento, cuyas consecuencias principales han resultado nefastas para aquellas empresas orientadas a actividades de transporte público o
espectáculos culturales. Ahora, repito, a través de esta sentencia y de esta proposición de ley presentada por nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se va a hacer justicia y finalmente se van a ver
beneficiados todos los consumidores españoles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos asistiendo al último acto del trámite parlamentario de la adecuación de la Ley del IVA a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2005, y menos mal que es el último trámite, porque desde
que fue una proposición de ley presentada por Convergència i Unió hasta este momento hemos asistido a una serie de modificaciones, de planteamientos distintos en cada ocasión por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Hemos contemplado cómo se
introducen una serie de modificaciones notablemente distintas a las que se habían aprobado en estas Cortes en fechas todavía recientes. Digo esto porque entre las modificaciones introducidas en el Senado hay tres cuestiones que me gustaría
destacar. En principio, en el preámbulo, dicen, como justificación, que quieren adecuarse estrictamente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, vemos que van más allá en algunos temas concretos; es decir, la
sentencia del Tribunal de Justicia dice que no se puede aplicar la regla de prorrata a aquellas operaciones que están sujetas totalmente al IVA, pero no dice nada de las empresas mixtas, es decir, aquellas cuyas operaciones pueden o no estar sujetas
a IVA. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, me sorprende gratamente que el Grupo Parlamentario Socialista, que podía simplemente limitar la aplicación de la sentencia tan solo a aquellas empresas que tengan sus operaciones gravadas al cien por cien, la
apliquen en su totalidad.
Bienvenido sea.
En segundo lugar, cuando se debatió en esta Cámara su aprobación tuvimos serias discusiones sobre la aplicación o no aplicación de la regla de prorrata o, mejor dicho, la aplicación de las subvenciones percibidas de aquellas empresas
públicas y si iban a formar o no parte de la base imponible del IVA en la subvención percibida. El Grupo Parlamentario Popular dijo que estaba totalmente de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en que en aquellas empresas públicas que
perciban subvenciones, estas subvenciones tienen que formar parte de la base imponible, porque si no se podía dar una discriminación absoluta entre empresas que trabajen en un determinado municipio o en una determinada institución y empresas que no
lo hagan así, o entre empresas que perciban subvenciones y empresas que no las perciban. Los billetes de autobús, teniendo un mismo coste, podrían tener un precio distinto en Madrid y en Sevilla. Vuelvo a repetirles que ustedes otra vez se vuelven
a equivocar, porque introducen una modificación aprobada en esta Cámara en el artículo 74, utilizan la expresión costes directos, y ahora en el Senado la suprimen. ¿Qué significa esto? Esto solo puede dar lugar a interpretaciones distintas, porque
si lo han introducido aquí, y luego lo han quitado en el Senado, ¿qué va a pasar? ¿Va a significar que las subvenciones al precio van o no a formar parte de la base imponible? Lo digo porque la redacción queda como estaba inicialmente. Vuelvo a
repetirle que poner algo y después quitarlo solo da lugar a malas interpretaciones.
Hay otro tema, que es el más conflictivo. Ustedes bien saben que el Tribunal de Justicia en sus sentencias, cuando habla de la prescripción, dice que no tiene limitación en el tiempo. La Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda se
han preocupado muchísimo de publicar la resolución 2/2005, en la cual dicen cuál puede ser la prescripción.
Después de muchas discusiones en esta Cámara, ustedes propusieron una disposición adicional en la cual convertían la prescripción en una
entelequia, que posteriormente se modificó porque todos los grupos parlamentarios transaccionamos lo que podía ser la prescripción. Yo sé lo que ustedes querían conseguir con aquella disposición adicional, querían limitar -dicho taxativamente- la
prescripción tan solo a los últimos cuatro años. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Por qué la eliminan? Si ustedes en esta Cámara dicen que eran cuatro años, y luego la retiran en el Senado, ¿qué van a interpretar los tribunales? Que no hay limitación a
la prescripción, que no la va a haber, por tanto, su resolución 2/2005 va a quedar sin efecto y van a tener que devolver, por una vía o por otra -llámense recursos de revisión o por la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado-, a
partir de 1998, todos los importes vinculados a la regla de prorrata. Eso va a ocurrir así, y va a pasar una cosa, que ustedes van a inundar los tribunales con recursos. Porque hay que tener en cuenta que por parte de la Agencia Tributaria se está
intentando impedir por todos los medios cualquier tipo de devolución. En la solicitud de ingresos indebidos -que es una solicitud normal, que se hace todos los días- la administración tributaria no hace absolutamente nada más que devolver, y ya
revisará o no revisará en su día, si lo considera pertinente, pero en este momento, con los condicionamientos que se están poniendo para devolver los ingresos indebidos, se exige entre otras cosas copia de la solicitud de la subvención, libro de
registro de facturas emitidas, las facturas de los bienes de inversión, etcétera.
¿Qué va a ocurrir? Que posiblemente buscarán cualquier artificio fiscal para negar la devolución; habrá que ir al TEAC y, posteriormente al Contencioso
Administrativo. Pero también pasa una cosa. ¿Qué va a ocurrir a los que les devuelvan? Porque a los que les devuelvan cuando no han deducido el IVA que le correspondía tendrán que optar por incrementar el activo pertinente de la subvención o,
lógicamente, por incrementar un mayor gasto en la cuenta de perdidas y ganancias. Es decir, que o bien el activo está inflado o bien la cuenta de pérdidas y ganancias está inflada, y si el activo está inflado se ha amortizado sobre ese activo
inflado y, por tanto, lo que va a ocurrir es que hay que rectificar estos últimos cuatro años del Impuesto de Sociedades o del IRPF o de la cuenta de pérdidas y ganancias. Fíjense lo que van a hacer, se van a acumular en los tribunales recursos y
recursos y en tanto no se resuelvan se van a estar prescribiendo liquidaciones del Impuesto de Sociedades y del IRPF.
Esto es lo que viene a cuenta de lo que ustedes han estado haciendo.
Antes de que termine el tiempo le quiero decir que hay otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que también modifica la Ley del IVA. Hay que traerlo aquí rápidamente porque nos vamos a encontrar con el mismo problema.
Están las admisiones dentro de la totalidad del patrimonio empresarial y las operaciones vinculadas, es decir, hay una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia que también nos atañen a nosotros.
Por tanto, señorías, bienvenida sea la modificación porque no quedaba otro remedio. Ya sabemos que ustedes dirán que no fue su Gobierno, o los gobiernos que ustedes apoyan, el que promulgó aquella famosa ley 66/1977.
Sabemos que ha sido
otro Gobierno, supongo, lógicamente, que con las mejores intenciones del mundo. Se han equivocado, vamos a rectificar ahora, pero creo que no lo hemos hecho suficientemente bien. Vamos a generar mucha conflictividad y esta conflictividad, vuelvo a
repetir, va a terminar en los tribunales.
Termino diciendo que también en el Senado se ha introducido una modificación del IGI canario y ayer recibimos el informe favorable del Parlamento de Canarias. Por tanto, si Canarias está totalmente de acuerdo, por parte de nuestro grupo
vamos a estar también todos de acuerdo. Señorías, lógicamente vamos a apoyar todas las enmiendas que vienen del Senado y deseamos que las próximas modificaciones del IVA, que hay que hacerlas, se lleven de una forma más concreta y no tan cambiante
como ha ocurrido con esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mantilla.
Grupo Socialista, señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, hoy finaliza la tramitación en las Cortes Generales de esta proposición de ley destinada a restablecer una normativa del IVA acorde con la legislación europea. El tratamiento de las
subvenciones en el IVA era sin duda en 1997 una cuestión a resolver. La Ley de acompañamiento para 1998 optó por una solución que, a la postre, se ha demostrado equivocada. El señor Sánchez Llibre decía que el gobierno de turno es el que había
acometido esa modificación, pero antes de ese gobierno de turno hubo muchos otros gobiernos de turno, ya que desde 1986, que entró en vigor el IVA, hasta el año 1998 hubo gobiernos de otro color que no lo hicieron. Si cuando se refiere al gobierno
de turno quiere decir que es el que le tocaba, he de decirle que no es el que le tocaba, sino el que decidió acometer algo que podía no haber acometido. Vamos, que el color sí importa. Quiero dejar claro que el color sí importa. El Gobierno de
entonces optó por incluir las subvenciones no vinculadas al precio en el denominador de la regla de prorrata. La literalidad de los artículos 17.5 y 19.1 de la Sexta Directiva
no lo permite. Optó también por limitar el derecho a la deducción del IVA soportado en la adquisición de bienes financiados con subvenciones de capital y la literalidad de la Sexta Directiva tampoco lo permite. La sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo del 6 de octubre de 2005 ha censurado el proceder del legislador español, aún más, ha amparado el derecho a la devolución del IVA soportado de los perceptores de subvenciones que vieron eliminado su derecho a deducirlo. La
transcendencia económica de la sentencia en cuanto a devoluciones ascenderá a varios centenares de millones de euros, además, cada año el Tesoro Público dejará de percibir no menos de 100 millones de euros y, lo que es peor, volvemos a estar como en
1997, sin resolver cómo debieran tratarse a efectos del IVA las subvenciones no vinculadas al precio para no romper el principio de neutralidad del impuesto. Al propio tiempo, sigue teniendo unos límites borrosos determinar cuándo ha de entenderse
que una subvención sí está vinculada al precio de las operaciones.
Para este año de 2006 la Unión Europea tiene prevista una modificación de la Sexta Directiva para lograr un trato equilibrado entre entes públicos y entes privados a efectos de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Sin duda, la
delimitación del concepto mismo de subvención y su tratamiento en el impuesto será un tema central. Debemos confiar en que, de una vez por todas, se hallen las soluciones adecuadas. En la tramitación en el Senado se han introducido una serie de
enmiendas que mejoran sensiblemente el texto inicialmente aprobado por el Congreso -se trata de enmiendas coincidentes presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Convergència i Unió- y se ha decidido aparcar para mejor ocasión una mejor
delimitación de las subvenciones vinculadas al precio de las operaciones. Repito, señor Mantilla, en este momento está en estudio la modificación de la Sexta Directiva para el año 2006, por lo tanto, cuando está prevista para este año la
modificación de la Sexta Directiva creo que es oportuno haberlo aparcado, aunque es verdad que lo habíamos introducido hecho aquí, en el Congreso. El trámite del Senado ha permitido aparcar una mejor delimitación de las subvenciones vinculadas al
precio hasta el momento en que se produzca esa modificación esperada de la Sexta Directiva.
Por otro lado, se ha suprimido la disposición adicional, que critica el portavoz del Grupo Popular, cuya introducción en el Congreso -lo recordamos todos- fue de muy complicada redacción. Una cosa era la enmienda que se había presentado y
otra la transaccional. Recuerdo que en la transaccional no se hablaba para nada de cuatro años. Decía que sin más limitaciones que las que resultasen de la doctrina comunitaria. Eso es lo que se decía. Al final, es verdad que quedaba ciertamente
ambiguo.
En el Senado, con buen criterio, se ha decidido suprimir esa disposición adicional porque se entendía que no añadía absolutamente nada y que realmente era innecesaria. Yo creo que la Cámara Alta ha estado acertada a la hora de suprimir
esta disposición adicional, que aquí tuvo una vida tan azarosa.
Por último, se ha añadido también significativamente una disposición final introduciendo modificaciones en el impuesto general indirecto canario para dar a las subvenciones un tratamiento similar al del impuesto sobre el valor añadido. Así
pues, nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, puesto que somos uno de los grupos que formulamos las enmiendas en el Senado, vamos a apoyar todas las enmiendas que nos vienen de la Cámara Alta porque creemos que mejoran sensiblemente el
proyecto.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados.
(Aplausos.)
-PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000025.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las enmiendas del Senado. Proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Por el mismo orden, de
menor a mayor, señor Mardones, Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, mi grupo, en la fijación de posición sobre estas enmiendas del Senado, quiere hacer una valoración previa del conjunto de la ley que nosotros vamos a votar a favor. Las funciones de los altos cargos de las administraciones
públicas del Estado español, aquellas que hagan referencia explícita a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas o a la Administración local, deben gozar, primero, de un principio de seguridad jurídica, segundo, de un
principio de transparencia, y tercero, de un principio democrático de honestidad con el régimen de incompatibilidades. Así pues, es imprescindible disponer de esta ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración del Estado. Esto es un avance y demuestra que, en un sistema democrático, todo proceso de clarificación evita distorsiones, escándalos públicos y generación de opiniones contradictorias, que nada dicen en favor
de una Administración pública democrática y correcta, en que los principios de transparencia, honradez y honestidad deben estar perfectamente garantizados ante los ciudadanos y donde se acredite la actividad política lejos de cualquier contaminación
improcedente. Por lo tanto, el recurso a la ley se hace imprescindible en un sistema democrático.
Señor presidente, vamos a votar favorablemente todas las enmiendas que vienen de la Cámara Alta que se refieren a cuestiones puramente técnicas o de perfeccionamiento y contribuyen a la seguridad jurídica, excepto dos, que mi Grupo,
Coalición Canaria, va a votar en contra. En primer lugar, no estamos conformes con la enmienda del Senado al apartado 3 del artículo 8, pues el régimen de limitaciones se refiere solamente al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al
cese. En esta cuestión tenemos que ser extremadamente escrupulosos y tener un pensamiento lo más ortodoxo posible de acuerdo con una opinión pública que exige el principio de honradez a cualquier cargo público una vez abandonado y con posterioridad
al cese del mismo. Debería quedar como estaba en el texto original que salió del Congreso de los Diputados, que hablaba de administraciones públicas. La enmienda del Senado las sustituye por la Administración General del Estado en relación con las
competencias del cargo desempeñado, y a nosotros no nos parece bien porque podría dar lugar a un equívoco. Resultaría chocante que quien cesa en una Administración General del Estado, que tiene competencias compartidas a través de las instituciones
constitucionales con comunidades autónomas, a las que se les están transfiriendo competencias, presupuestos, etcétera, pudiera ser contratado o entrar a prestar servicios en una comunidad autónoma que ha recibido beneficios administrativos por vía
legal desde la Administración General del Estado.
Sería chocante no poder hacerlo en la Administración General del Estado y sí en la administración autonómica, por ejemplo, si la ley no lo señala aquí. Por tanto, nosotros proponemos que se vuelva
al texto original del Congreso de los Diputados y que las limitaciones del artículo 8 se extiendan con carácter general a las administraciones públicas, sean centrales, autonómicas, insulares, locales, etcétera, y no señalarlo solo para esa
actividad.
La otra enmienda del Senado, relativa a los registros, suprime el apartado 14 del artículo 4, y a nosotros nos parece que tiene que mantenerse el texto que salió de la Cámara. ¿Por qué digo esto, señorías, señor presidente? Porque el
contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Es una exigencia democrática y para eso está entre otras cosas el
Boletín Oficial del Estado. Se debe tener un conocimiento público de esas actividades, pues, publicándose en el Boletín Oficial del Estado, tienen un alcance de obligatoriedad jurídica para estas personas. En un sistema democrático es un derecho
inalienable de los ciudadanos que puedan conocer a través de una publicación oficial, el Boletín Oficial del Estado, el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales. Por tanto, esta enmienda del Senado que propone la supresión
del apartado 14 del artículo 4, relativo a los registros, no nos parece de recibo, puesto que no contribuye a los principios de transparencia e información, a los que vuelvo a decir nos debemos en un sistema democrático. Por esta razón mi grupo
solicita a los servicios de la Cámara que estas dos enmiendas del Senado se voten separadas de las demás, que votaremos afirmativamente, ya que, por las razones que he expresado, señor presidente, vamos a votarlas en contra, por inadecuadas e
improcedentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa vamos a apoyar esta ley y no vamos a apoyar dos de las enmiendas que vienen del Senado, porque van totalmente en contra de las aspiraciones que tiene esta ley.
En primer lugar quiero recordar que nosotros, como grupo parlamentario, en esta legislatura y en anteriores, hemos sido siempre los primeros en plantear la necesidad de regular el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y
altos cargos. Siempre hemos demostrado nuestra apuesta y preocupación por la transparencia y por la necesidad de que exista una nítida separación entre los intereses públicos y los privados.
Por ello, como he dicho, apoyamos esta ley, pero
pensamos que se podía haber hecho mucho más. Nosotros presentamos ya nuestra proposición de ley con todas las medidas que entendíamos que debían ser adoptadas; algunas están y otras no. Entendemos que era mucho más lo que se podía haber hecho por
esa transparencia y por la separación entre los intereses públicos y privados.
Las encuestas -como ustedes bien saben- indican el bajo índice de confianza que tiene la ciudadanía en la clase política. Evidentemente ello tiene como origen distintos motivos, no solo este, pero es seguro que este es uno de ellos, seguro,
y que se resuelve parcialmente a través de esta ley, porque hoy en día, como saben, el escándalo ya no es escándalo y los ciudadanos se acostumbran a ver una excesiva relación entre lo público y lo privado. Yo pregunto al Grupo Parlamentario
Socialista y, en su caso, al Gobierno si están seguros de que han hecho todo lo posible para que esto no sea así o si creen que están haciendo todo lo posible para recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política. Ustedes saben que no.
Es necesario devolver la dignidad al trabajo de lo público y para ello queda mucho trabajo por hacer. Por eso nosotros presentamos una serie de enmiendas que intentaban reforzar este trabajo, pero no fueron aceptadas.
En cualquier caso, no
implican el rechazo sino todo lo contrario, lo que se hace es positivo, pero se puede avanzar más. Era importante, era necesario y a la larga debe implicar un cambio de la situación política, debe implicar más transparencia y debe implicar que se
persigan esas irregularidades que de manera excesivamente frecuentes se comenten. Nosotros no vamos apoyar las enmiendas que repercuten en los artículos 8 y 14, aprobadas gracias a los votos del Grupo Popular y Convergència i Unió en el
Senado, porque significan un evidente paso atrás. La falta de publicidad en el Boletín Oficial del Estado de los bienes y derechos patrimoniales de los ministros y altos cargos y -como decía el portavoz de Coalición Canaria-Nueva Canarias- que se
remita la limitación únicamente a la Administración General del Estado y no a todas las administraciones son un evidente paso atrás que se aparta de los objetivos de esta ley. Exigimos más, queremos más, y les invito, señorías, a que con leyes así
sigamos construyendo democracia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
El 27 de diciembre de 2005 se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley de régimen de incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalitat. La ley catalana y la presente ley están inspiradas en los mismos principios y buscan
que la actuación del personal al servicio de las administraciones públicas sea imparcial y objetiva y que los altos cargos de la Administración tengan una dedicación absoluta de las funciones que les han sido encomendadas.
Esta es y ha sido una clara voluntad de nuestro grupo parlamentario y, por extensión, de nuestra formación política. Por ello no es de extrañar que en el Parlamento de Cataluña se haya aprobado recientemente una ley de similares
características a la que hoy sometemos a votación, o que estén en tramitación otras leyes como la de la oficina antifraude de la Generalitat o la de la financiación de partidos políticos, en este caso tramitada ante esta Cámara. Eliminar o, cuando
menos, limitar al máximo las corrupciones y las corruptelas de funcionarios y altos cargos de la Administración y, en general, de todos los miembros de los poderes públicos del Estado es un objetivo de nuestro grupo parlamentario. Por ello, nos
agrada este proyecto de ley. Repetimos que nuestro Parlament aprobó una ley similar para los altos cargos al servicio de la Generalitat y correspondía, como así ha sido, al Gobierno presentar en esta Cámara el proyecto de ley referido al régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de la Administración del Estado. Nosotros nos felicitamos y felicitamos también al Gobierno.
Con relación a las enmiendas propuestas por el Senado, nuestro grupo parlamentario las aceptará todas, por entender que son solo mejoras técnicas y que en nada afectan al contenido, a excepción de dos que enumero a continuación. Votaremos
desfavorablemente la enmienda al artículo 8.3 de la ley, porque entendemos que suaviza el régimen de incompatibilidades. Nos gusta la redacción actual y cómo salió del Congreso y entendemos que la prohibición durante dos años a los altos cargos
salientes de celebrar contratos de asistencia técnica de servicios o similares con las administraciones públicas es mucho más adecuada, garantista y acorde con el espíritu del proyecto de ley que limitar esta prohibición de contratación con
referencia a las competencias del cargo desempeñado. También votaremos en contra de la enmienda que suprime el apartado 4 del artículo 14 de la ley. Un cargo público no debe ocultar nada, no debe tener nada que ocultar y a nosotros nos parece
apropiado que se publique el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el Boletín Oficial del Estado. Una medida de esta índole, señorías de Convergència i Unió y del
PP, solo nos ofrece transparencia, debe permanecer en el texto de la ley y no alcanzamos a entender por qué se pretende su supresión. Bueno, sí que lo entendemos. Esperemos que a partir de la entrada en vigor de la ley la transparencia, el control
y la actuación de los cargos públicos sean ejemplares y evitemos escándalos bochornosos, como los que en su día se pusieron de manifiesto ante la Comisión de investigación, por ejemplo, del caso Gescartera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió dio su apoyo a este proyecto de ley en el Congreso, lo dio en el Senado y dio también su apoyo, tanto en el Congreso, aunque
no prosperaron, como en el Senado, a unas enmiendas específicas que hoy también va a votar favorablemente. Quiero destacar de forma expresa dos enmiendas. Una primera enmienda, la relativa al artículo 8.3, se refiere a la necesidad de que, durante
un periodo en este caso de dos años, los altos cargos y los miembros del Gobierno no puedan, por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más de un 10 por ciento, celebrar contratos de
asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas. Nosotros entendemos claramente el objetivo de este artículo, que es un artículo que ya estaba en la
actual legislación, pero en términos distintos.
Piensa mi grupo que es necesario concretar el ámbito de esta prohibición tras el cese. ¿La prohibición tras el cese debe existir? Sí, pero debe existir en todos los ámbitos de la Administración pública, ámbitos con los cuales el ex alto
cargo cesado, el secretario de Estado cesado, no tenía ningún tipo de vinculación; le vamos a obligar a que no tenga ninguna relación con la Administración pública, ninguna. Esto a nosotros nos parece que puede provocar un resultado no deseado,
que es que
alejemos de la Administración pública a personas capaces, con mérito, con una voluntad clara de servicio público, que, ante esta prohibición de que durante dos años tengan relación con la Administración pública, pueden llegar a no aceptar
ese nombramiento, sea quien sea el que esté en el Gobierno -ahora hay un Gobierno del Partido Socialista, puede haber un Gobierno del Partido Popular-. Es una ley que va a quedar, no es ni para unos ni para otros; es una ley para garantizar el
buen servicio público y un régimen transparente de incompatibilidades.
Mi grupo entiende que sería mucho más acertado establecer la incompatibilidad, establecer esa prohibición en el ámbito de la Administración pública durante dos años, exclusivamente en relación con la Administración General del Estado -es una
ley que afecta a la Administración General del Estado- y a las competencias del cargo desempeñado. Este sí que es el objetivo de la ley. Estamos diciendo que ese ex alto cargo de la Administración General del Estado no podrá contratar con una
Administración local ni con una autonómica, con la que no ha tenido ningún tipo de relación, y quizás, por pasarnos, estaremos provocando un resultado no querido y estaremos alejando de la Administración pública a personas que serían las más idóneas
para realizar un servicio público de calidad.
Desde esta óptica, señor presidente, señorías, nosotros seguimos manteniendo y seguimos defendiendo la enmienda del Senado al artículo 8.3 y mi grupo parlamentario la votará favorablemente en el Pleno que hoy estamos celebrando. De la misma
forma votaremos a favor de la supresión de la disposición específica que obligará a publicar en el BOE el patrimonio de los altos cargos de la Administración General del Estado, de los ministros y de los secretarios de Estado. ¿Es que no queremos
que exista un control de los bienes de los altos cargos? Por supuesto que sí.
¿Es que no queremos que exista una transparencia? Por supuesto que sí.
Pero, señorías, ¿qué pretendemos con la publicación en el BOE? Ahora está en el hemiciclo la
ministra de Cultura y yo no tengo por qué saber su patrimonio, yo no tengo por qué saber el global del patrimonio de cada uno de los ministros por el BOE. Tengo que poder controlarlo, tengo que tenerlo registrado, tengo que poder controlar que no
se produce un enriquecimiento no justificado, que cualquier grupo pueda ir al Registro para conocer esos datos. Todo esto sí, pero que se publique en el BOE no, por razones de seguridad personal, por razones de evitar lo que después puede ser una
interpretación de los datos desgajada y a veces con afán de erosionar a cada uno de los miembros de un Gobierno o a sus secretarios de Estado.
No está bien, señor presidente, señorías, que digamos que, para controlar, hay que publicar en el BOE el patrimonio de los ministros y de los altos cargos. Es una medida, repito, que ya verán cómo se va a aprobar aquí hoy al votar en contra
de esa enmienda que ha introducido el Senado. Mi grupo va a votar a favor y mi grupo defiende la transparencia, defiende el control, defiende que existan registros, defiende que puedan existir interventores, dentro de la Administración General del
Estado, que controlen la evolución del patrimonio de cada alto cargo, y que a eso se pueda tener acceso, como puede tenerlo la Administración de Justicia, si hay algún elemento que pueda pensarse que genera dudas. Estamos de acuerdo con el máximo
control, pero en desacuerdo con que ese control sea publicar en el BOE el patrimonio de cada miembro del Gobierno y de cada secretario de Estado. Nos parece que esta no es la mejor fórmula de control, que va a provocar unos efectos que al final no
serán deseados, que a veces se podrán utilizar mal esos datos, que además están ya en los registros civiles, están ya en los registros de la propiedad.
No nos engañemos. Aquí ya hay una publicidad y cada alto cargo, cuando llega, tiene que hacer la declaración de todo, como tiene que hacerla de su patrimonio. ¿Estamos diciendo que la declaración del patrimonio tiene que estar en el BOE o
que tiene que hacerla y tiene que estar controlada? Tiene que estar controlada, pero no publicada en el BOE. Es una forma de ejercer el control que pensamos que no es la más apropiada y que no va a producir los resultados deseados. Lo advierto en
nombre de Convergència i Unió. Así no avanzamos hacia una administración pública que sea atractiva para las personas que, con vocación de servicio público, quieran dejar sus responsabilidades privadas y pasar a prestar un servicio público a través
del Gobierno, sea secretario de Estado, sea ministro. Repito que no va a provocar los efectos que, con la mejor de las intenciones, el Gobierno y los grupos que apoyan esta medida quieren defender.
Estoy seguro de que en la necesidad de transparencia y de control coincidimos todos, pero insisto en que el control no pasa necesariamente por publicar el montante patrimonial de cada miembro del Gobierno en el BOE. Si un miembro del
Gobierno recibe una herencia de un ascendiente, con la que se incrementará muchisimo su patrimonio, ¿tiene también que publicarse en el BOE? Que se registre, que se acredite, que se justifique ante la Administración pública. En esta Cámara, señor
presidente, señorías, tenemos un Registro. Lo puede conocer el señor presidente del Congreso, lo puede conocer cualquier grupo parlamentario, si hay una polémica sobre alguno de nosotros, pero que no se publique en el BOE el registro de bienes de
cada uno de los miembros de esta Cámara. No lo hacemos para nosotros y, sin embargo, hoy vamos a votar que se aplique a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado, a las ministras o a los ministros.
Entendemos que es una medida desafortunada, que es una medida que provocará unos efectos no deseados. No es más control, es difusión generalizada de datos que entran dentro de la esfera privada de cada una de las personas que ejercen cargos
públicos. ¿Que los límites de quien ejerce un cargo público son distintos? De acuerdo. Pero no hasta el extremo de llegar a esa publicación, que no provocará los efectos deseados y que en
nada garantizará un mejor control. Por tanto, votaremos a favor de estas enmiendas del Senado, las defendemos ante el Pleno con la misma voluntad de transparencia y con la misma voluntad de control, pero estamos en contra de que se rechacen
unas enmiendas que a nosotros nos parece que ponen un mayor sentido común en una ley necesaria como la que hoy vamos a aprobar y que mi grupo apoya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular con relación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado. Anuncio que nuestro grupo apoyará todas las enmiendas del Senado a excepción de la que aparece en la correspondiente intervención de la Cámara Alta referida al artículo 8.3, porque compartimos lo que ya han manifestado otros
grupos, que dicha enmienda restringe el régimen de incompatibilidades, al limitar las previsiones que en la misma se establecen a servicios o similares con la Administración General del Estado y no con la totalidad de las Administraciones Públicas,
como figuraba en el texto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Padilla.
Por favor, ruego al corrillo de la derecha y al corrillo de la izquierda que bajen el nivel sonoro de sus conversaciones, porque el murmullo que se oye es muy fuerte. Piensen que alguna vez también ustedes desearían silencio cuando estén
interviniendo.
Adelante, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente.
Decía que compartimos los criterios ya expresados en el sentido de que esa enmienda supone una restricción del texto que fue aprobado por el Congreso de los Diputados en Comisión con competencia legislativa plena.
Este es un texto jurídico que supone un avance en el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. El resto de las enmiendas del Senado mejoran el texto. De la totalidad de las enmiendas que la Cámara
Alta ha incorporado, la que se refiere al artículo 8 tiene una especial significación y, como hemos dicho, no la apoyaremos. Ya se ha anunciado por algunos grupos que no van a apoyar la enmienda relativa al artículo 14, apartado 4, de los
registros, que motivó en gran parte el debate de este proyecto de ley en la Comisión de esta Cámara. La disposición adicional cuarta, relativa al Fiscal General del Estado, ha resultado mejorada en el texto del Senado; el Grupo Popular había
puesto objeciones a la cita que el proyecto de ley hacía al Fiscal General del Estado.
Como este proyecto de ley no ha tenido debate en el Pleno, puesto que ni tuvo enmienda de totalidad ni se avocó por el Pleno su votación final, haré unos breves comentarios para dejar constancia de nuestra apreciación sobre el mismo. Antes
quiero dar por reproducido lo que el portavoz de Convergència i Unió ha expresado sobre la enmienda al artículo 14.4, que consideramos que es la de mayor calado del proyecto y que ha sido introducida por el Senado. Señorías, no es lo mismo la
publicidad que la publicación. Entendemos que debe haber publicidad, y la hay, y que incluso se podía haber avanzado en ese criterio de publicidad en relación con los registros de bienes de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, pero
consideramos que la publicación no añade nada; no añade más que cuestiones relativamente desaconsejables. No se justifica que, por razón del rango legal de la disposición que estamos abordando, la protección de datos relativos a los miembros del
Gobierno y a los altos cargos experimente un sacrificio que vaya más allá de lo que debe ser, que es que puedan ser conocidos. No entendemos este afán publicador de algunos datos que les ha entrado últimamente, también, por cierto, en esta casa,
datos que además pueden ser conocidos perfectamente y que no parece que tengan por qué ser sometidos a la curiosidad o al chismorreo por su lectura en el Boletín Oficial del Estado. Lo decimos con toda sinceridad.
Nos parece que se pudo avanzar más en la intervención del Parlamento en la función de vigilancia y control de las incompatibilidades. Ya dijimos en la Comisión, y lo repetimos ahora, que no entendemos bien para qué se trae a los candidatos
a altos cargos al Congreso de los Diputados para que expliquen su situación económica, en definitiva para que la Cámara avale que no incurren en ninguna incompatibilidad, y que después, en el momento de controlar ese aval, el Parlamento desaparezca.
Nos parece una utilización no justificada de la legitimidad del Parlamento que los aspirantes a altos cargos vengan a explicar por qué no incurren en una incompatibilidad y que después, en el control de ese aval de compatibilidad, que en definitiva
se pide al Congreso, este no tenga ninguna intervención. Nosotros hicimos unas propuestas, que no han sido admitidas, pero, como las cosas razonables, razonables son, estamos seguros de que en el futuro el régimen jurídico de las incompatibilidades
tenderá a perfeccionarse en la línea que habíamos apuntado en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. También pensamos que es muy razonable que al final el Senado perfeccione la disposición adicional cuarta en relación con el fiscal general
del Estado, que es un alto cargo del Estado pero no es un alto cargo del Estado en la función ejecutiva, ni siquiera en la función consultiva. Es un alto cargo del Estado que no es de la Administración General del Estado y que no forma parte del
Gobierno; por lo tanto, el título de la ley
en modo alguno le afecta y naturalmente su régimen jurídico -también el relativo a sus incompatibilidades-, como ya dijimos, debe estar regulado en la ley que establece su propio estatuto orgánico, que es el del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Es ahí donde entendemos que, en el caso del fiscal general del Estado, debe estar residenciada la previsión de su eventual incompatibilidad y ahí deben trasladarse las previsiones de esta ley. Así lo solicitamos; al principio
no convencimos mucho a otros grupos y en particular al Grupo Socialista, pero nos alegramos de que en definitiva esto haya mejorado.
Concluyo, señor presidente, señorías. De vez en cuando no vendría mal, además de hablar tanto del Senado y de su perfeccionamiento, que aceptaran ustedes que, aunque sea un sistema bicameral de asamblea dominante, este es un Parlamento con
dos Cámaras y que, salvo que tengan razones muy objetivas para rechazar las enmiendas del Senado, alguna vez tengan ustedes la cortesía de respetarlas, porque si no esto no es más que un viaje de ida y vuelta. Cuando ustedes, en el caso sobre todo
de la mayoría, digamos, que va formando voluntad en esta Cámara, se ven desautorizados por el otro cuerpo colegislador, nunca son capaces de aceptar que la realidad parlamentaria de España es esa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras son para decir que estamos en parte de acuerdo con el señor Padilla. El señor Padilla ha terminado su intervención pidiendo que este Congreso escuche al Senado y que le tome en cuenta. Señor Padilla, tan en cuenta le
vamos a tomar que vamos a aprobar todas las enmiendas que vienen del Senado excepto dos, porque son absolutamente contrarias al posicionamiento político del Gobierno, del Grupo Socialista y, como he escuchado esta mañana, de todos los grupos
parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nosotros vamos a votar a favor de todas excepto dos, que son aquellas a las que los demás grupos parlamentarios se han referido.
Como también decía el señor Padilla, es la primera vez que en este Pleno del Congreso vamos a hablar, vamos a discutir y vamos a fijar posición no solo sobre las enmiendas del Senado, sino sobre este proyecto de ley tan importante, que no ha
tenido audiencia en este Parlamento al no haber tenido en su momento una enmienda de totalidad, lo cual significaba que el proyecto que había mandado el Gobierno era un buen proyecto para discutir, para avanzar y para acordar, como creo que se ha
hecho a lo largo del trámite parlamentario. Es decir que no había ningún grupo que formalmente estuviera en contra del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que quiere regular los conflictos de intereses entre lo privado y lo público, un tema tan
apasionante y tan importante desde que el hombre es hombre y desde que existen instituciones políticas y órganos de funcionamiento democrático. Una obsesión lógica de las democracias y de los países es regular los posibles conflictos de intereses
entre lo privado y lo público en el ejercicio de la actividad política. También ha sido una constante de la democracia española, que se ha ido dotando de leyes importantes que regulan la incompatiblidad de los cargos políticos como las de 1983,
1991 y, sobre todo, la de 1995, aquella Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos que ha sido eficaz y que ha cumplido su función gracias a que en este país tenemos, con carácter general, una muy decente clase política, lo cual no significa que no
existan, como en la viña del Señor, casos de irregularidades y actitudes en las que se mezcla lo privado y lo público. Tenemos el caso eólico en Canarias, el caso Fabra o el caso de Orihuela, en los que se ha utilizado el papel político sobre todo
para enriquecerse políticamente. (Aplausos.) No es una cuestión de leyes ni de generalización de la dignidad de la clase política que defendí en Comisión y defiendo en el Pleno. A lo largo de la pasada legislatura, con la Ley 12/1995 de
Incompatibilidad de Altos Cargos, tuvimos discusiones importantes y sabrosas sobre un ex secretario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, habiendo actuado sobre temas de telefonía, al acabar su trabajo político fichó como secretario
general del consejo de administración de Telefónica española.
Estoy seguro de que el señor Mardones lo recuerda -no citaré el nombre porque no quiero darle publicidad-. Ese tema fue discutido y hablado.
¿Qué pasaba? Que con la Ley 12/1995 había
dudas sobre si un secretario general de la CNMV era un alto cargo o no; un ex ministro, vicepresidente del Gobierno, que tenía intereses entre lo privado y lo público, tenía participaciones cruzadas e indirectas en empresas que no contrataban con
las administraciones públicas, porque tampoco la Ley 12/1995 hablaba con claridad sobre qué era tener participaciones en empresas que contrataban con la Administración pública. Por eso la Ley 12/1995 fue objeto de discusión en este Parlamento y los
grupos parlamentarios llegamos a un acuerdo para que se modificara con consenso, con reforma y se ampliara la dureza de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Esta recomendación del Congreso por unanimidad, junto al compromiso del Gobierno y
del Partido Socialista y las recomendaciones más recientes de la OCDE para mejorar la transparencia en la vida pública, llevó al Gobierno de este país, al Gobierno Socialista, a aprobar, en primer lugar, un código ético de buena conducta en su
característica de gestión política basado en la austeridad, en la cercanía, en la dedicación, en la imposibilidad de aceptar regalos y en la transparencia y, en segundo lugar, le llevó también a aprobar el proyecto de ley que estamos discutiendo en
esta mañana.
El objetivo de esta ley, señor Padilla -usted lo sabe-, es lograr una mayor transparencia de la vida pública, estableciendo obligaciones a los miembros del Gobierno que regulen los posibles conflictos de intereses que surjan o puedan surgir
durante o después del ejercicio de la vida pública. Esta ley no trata solo de hacer una reproducción de las normas anteriores, sino que va a construir un nuevo régimen jurídico que introduce nuevas exigencias y cautelas. Se han tratado de reducir
las expectativas tanto del Gobierno como de este Congreso de los Diputados con el texto que ha aprobado definitivamente en el Senado. Este proyecto de ley regula los requisitos previos para el nombramiento de determinados cargos constitucionales,
dando la voz a este Parlamento para que decida, para que determine, para que sepa si ese algo cargo que propone un gobierno para un cargo constitucional o un órgano regulador incumple o no en materia de obligaciones y de incompatibilidades. Este
proyecto de ley define con mejor lógica y una exhaustividad mayor el concepto de alto cargo en la Administración del Estado para evitar las dudas que decía anteriormente y que se produjeron con la Ley 12/1995. Hoy con esta ley sabemos que también
son altos cargos los responsables de las fundaciones públicas, los cargos directivos de órganos reguladores y otros similares, para que no pasen los casos que he mencionado anteriormente y que discutimos en este Parlamento hace algunos años. El
proyecto de ley refuerza el control sobre los intereses patrimoniales de los altos cargos, consagrando el principio de dedicación exclusiva y eliminando también la percepción de cualquier retribución por la participación, por ser quien es, por tener
un cargo político en los órganos rectores y consejos de administración de empresas públicas. El proyecto de ley mejora, aclara y delimita mejor la participación del alto cargo en empresas. Se impedirá la contratación de éstas, incluso cuando la
participación sea indirecta a través de sociedades patrimoniales, sociedades patrimoniales cada vez más en vigor en determinadas personas vinculadas al mundo económico que se han estado dedicando a la vida política. El proyecto de ley introduce un
control adicional en el desempeño de actividades privadas por los altos cargos tras el cese.
Los señores Padilla y Jané hacían referencia a que a un alto cargo, al dejar su puesto, no deberían ponérsele trabas para que pudiera contratar desde una empresa privada con otra administración distinta de la del Estado. Pero lo cierto es
que la Administración del Estado toma decisiones que afectan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, no solo a la Administración del Estado, y alguien puede prevalerse de su cargo, de su actuación, de sus actitudes para luego, al dejar el
cargo político, al dejar el cargo público, tener un trato preferencial con una Administración autonómica o local a la que ha podido ayudar. Mi grupo sigue defendiendo desde la ética y la transparencia el texto del Gobierno en cuanto a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del patrimonio de los altos cargos del Gobierno. Señorías, entre conocer grosso modo, no con la exhaustividad que algunos han dicho -porque no somos insensatos para decir que se publique dónde vive, en
qué número, en qué piso y en qué calle un alto cargo-, en el Boletín Oficial del Estado el patrimonio o a través de ese seudoamarillismo de algunos medios de comunicación diciendo que la ministra tal o el ministro cual tienen un piso en la calle de
no sé dónde, prefiero que nos enteremos todos por el Boletín Oficial del Estado, porque este Gobierno se impone decisiones de transparencia que a algunos parece no les puede interesar. El proyecto de ley crea la oficina del conflicto de intereses,
como existe en otros países, con autonomía funcional.
Estamos, pues, ante un proyecto de una ley moderna, que recoge y mejora nuestro sistema tradicional de incompatibilidades. Estamos ante una ley que ha sido dialogada y acordada en gran medida con los grupos parlamentarios. Hemos hecho en
el trámite parlamentario, que ha sido lento, un gran esfuerzo de asimilar alternativas de otros grupos y, por eso, estoy convencido de que mayoritariamente, con independencia de la votación de dos enmiendas parciales, el conjunto de los grupos
parlamentarios apoyarán este proyecto de ley. A partir de hoy, señorías, España tendrá una ley que regulará los posibles conflictos de intereses de los altos cargos de una manera más eficaz, más moderna y más transparente, como nos lo pide la
democracia española y como nos pide la ciudadanía de este país a la clase política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Llamamos a votación. (Pausa.) En primer lugar, votaremos el punto VII del orden del día, enmiendas del Senado, que incluye tres votaciones, y a continuación el punto VIII, acuerdos internacionales, que se hará por el sistema de
consentimiento de la Cámara.
Primera votación. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del
régimen económico y fiscal de Canarias.
Votación de las enmiendas a los artículos 2º y 5º nuevos y a la disposición transitoria segunda nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 171; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda a la disposición transitoria tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 124; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Segunda votación. Enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea.
Votamos en bloque todas las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tercera votación. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Votación de la enmienda al artículo 8.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 14; en contra, 279; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda del artículo 14.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 136; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 294; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
-ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA, HECHO EN MADRID EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y CANJE DE NOTAS DE 19 Y 21 DE OCTUBRE DE 2005 POR EL QUE SE SUBSANAN ERRORES.
(Número de expediente 110/000124.)
-CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE CULTURA, HECHO EN VARSOVIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
(Número de expediente
110/000125.)
-CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, HECHA EN NUEVA YORK EL 31 DE OCTUBRE DE 2003 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000126.)
-ACUERDO GENERAL DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE SUECIA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA ENTRE LOS DOS PAÍSES PARA LOS FINES DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, LA INVESTIGACIÓN,
LA PRODUCCIÓN Y LAS ADQUISICIONES, HECHO EN MADRID Y ESTOCOLMO LOS DÍAS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y 3 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000127.)
-DECLARACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN A LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DEL CONVENIO DE PARÍS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR, HECHA EN PARÍS EL 13 DE OCTUBRE DE 2000.
(Número de expediente
110/000128.)
-CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1997, HECHO EN SEGOVIA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000129.)
-PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, HECHO EN MADRID EL 12 DE JULIO DE 2005. (Número de expediente 110/000130.)
-CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, HECHO EN BOGOTÁ EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000131.)
-TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN PEKÍN EL 21 DE JULIO DE 2005. (Número de expediente 110/000132.)
-CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE PESCA EN EL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO.
(Número de expediente 110/000133.)
-ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO AL ESTATUTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DESTACADO EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, DE LOS CUARTELES GENERALES Y DE LAS FUERZAS QUE PUEDEN PONERSE A DISPOSICIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17.2 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, INCLUIDOS LOS EJERCICIOS, Y DEL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE LOS ESTADOS MIEMBROS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA PARA QUE ACTÚE EN ESE CONTEXTO (EU SOFA), HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000134.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo
solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el
orden del día.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Quedan aprobados los referidos dictámenes.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL. (Número de expediente 121/000044.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, el Pleno continúa.
Si desean ausentarse del hemiciclo les ruego lo hagan en silencio y con celeridad, por favor.
Para presentar el proyecto tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
Adelante, señora ministra, cuando quiera. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señora presidenta, señorías, el pasado 22 de julio el Gobierno acordó remitir a las cámaras un proyecto de ley de reforma del vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El
objetivo principal de este proyecto no era otro que el de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una directiva europea, la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001. Dicha directiva, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ha hecho que sea más conocida como la Directiva de la sociedad de la información. Sabíamos y sabemos que esta
reforma con ser imprescindible no era suficiente, pero la demora en la que España había incurrido en la incorporación de esta norma comunitaria imponía la necesidad de acometer todo un proceso de reforma profunda de nuestro sistema de propiedad
intelectual en dos fases: una primera de adecuación a la legislación comunitaria y una segunda para resolver los problemas domésticos que a lo largo de estos años han ido emergiendo en este campo.
El proceso que se siguió hasta ese 22 de julio de 2005 se caracterizó por ser un proceso abierto en el que se tuvieron en cuenta todos los agentes e intereses en juego, empezando por la piedra nuclear de todo el sistema de propiedad
intelectual. Obviamente, me refiero a los autores y demás creadores hasta llegar a los consumidores, es decir, los ciudadanos, sin olvidar a todos aquellos que contribuyen a la difusión y divulgación de las creaciones, esto es, también lo que
podríamos calificar
como industrias culturales y, muy en particular, las vinculadas de manera emergente a la llamada sociedad de la información. Tras muchos meses de trabajo, sinceramente, podemos afirmar que el Gobierno aprobó un buen proyecto, justo y
equilibrado en esta cadena de intereses. Pues bien, hoy, aprovechando la ocasión que me brinda estar presente cuando este texto normativo se somete, por primera vez, al debate y a la aprobación de esta Cámara, podemos decir que aquel proyecto está
mejorado y ello gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los miembros de la Comisión de Cultura que durante las semanas pasadas, siguiendo los principios que marcaron las pautas del Gobierno, han ido introduciendo modificaciones que permiten
vislumbrar lo que será una buena Ley de Propiedad Intelectual en un futuro inmediato. En este sentido, quiero agradecer el amplio nivel de acuerdo obtenido por todos los grupos políticos en esta Comisión de manera muy sincera. La Directiva de la
sociedad de la información que da origen a este proceso de cambio no es una norma exclusivamente europea, responde a las necesidades de Europa, pero responde también al cumplimiento en lo sustancial de lo previsto en los tratados de la OMPI sobre
interpretación y ejecución en fonogramas, ambos de 1996, mediante los cuales se adecua la legislación internacional de propiedad intelectual al entorno nuevo, al entorno digital. En este proyecto de ley se ha conseguido trasponer en las condiciones
idóneas las obligaciones de la legislación comunitaria pero, a su vez, nos hemos adentrado en una senda que permite una reforma de mayor calado del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el futuro.
El Gobierno, al aprobar y remitir a las Cortes Generales este proyecto, y posteriormente la Comisión de Cultura con su trabajo, han querido seguir apostando por los creadores, poniendo a su disposición los instrumentos necesarios para
conseguir un mejor desarrollo de su trabajo. La propiedad intelectual es una importante herramienta de política cultural y debe destacarse el compromiso decidido en defensa de los derechos de quienes crean. La protección de la propiedad
intelectual también garantiza a todos los agentes que intervienen en la creación y difusión de los bienes culturales los recursos necesarios para poder desarrollar su proyecto creativo con independencia y con dignidad. Por tanto, este proceso de
protección beneficia a los autores, artistas, productores, pero también a los consumidores y a las industrias. Con todos ellos se ha contado en la elaboración de este texto normativo. Como resultado se ha otorgado el mayor protagonismo no solo a
los autores y demás titulares de los derechos de propiedad intelectual, sino también a los ciudadanos usuarios y consumidores de los bienes de la cultura, que tienen que acceder a ellos como un verdadero bien público en las mejores condiciones
posible y, sobre todo, de la manera más igualitaria posible. Asimismo, y al objeto de que la creatividad contribuya a la prosperidad de los autores y ciudadanos en la sociedad de la información, se debe tener en cuenta cada eslabón de la cadena de
producción desde el creador hasta el público y es en ese contexto donde se otorga una importancia fundamental a las industrias culturales en su doble faceta de recurso económico y de fuente generadora de diversidad cultural, de pluralidad, en suma,
de libertades.
Han jugado igualmente un papel clave en este proyecto las industrias culturales, pues, si bien la cultura y la creación no pueden ser tratadas como una mercancía más, ello no debe suponer que la creación tenga que vivir de espaldas a
la realidad económica e ignorar la importancia de su relevancia en este campo y en la generación de empleo. Por ello, debe subrayarse la importancia que las industrias culturales aportan como fuente generadora de riqueza y de desarrollo económico
en un montante cada vez mayor y creciente en nuestro propio producto interior bruto. Es necesario crear un entorno cada vez más favorable a la creación, a una creación que, de manera emergente, implica también el desarrollo de las industrias y del
tejido económico que sostiene la cultura en cualquier sociedad desarrollada como la nuestra. Es necesario seguir favoreciendo la existencia de un marco adecuado que permita que estas industrias culturales encuentren soluciones para adaptarse a las
nuevas necesidades técnicas, a los nuevos hábitos de consumo cultural que cambian vertiginosamente, al desarrollo tecnológico al que se ven sistemáticamente sometidas. Conscientes de todas estas circunstancias y complejidades, es clara la vocación
de desarrollar una política efectiva de apoyo y de protección a todos estos sectores, empezando por la modificación que hoy traemos a esta Cámara. En definitiva, y partiendo del diálogo con todos ellos, se han buscado soluciones jurídicas a
problemas que se están dando en el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual. La incorporación de esta directiva es capital para garantizar la protección de los derechos de autor ante las posibilidades que brinda la sociedad de la
información y sus novedades, los nuevos canales de distribución y de difusión de contenidos, cambiantes de manera rápida con arreglo a los cambios tecnológicos. La armonización comunitaria es especialmente significativa en el momento actual de
expansión de la sociedad de la información y de explotación transfronteriza de la propiedad intelectual, lo cual, naturalmente, da muchos problemas nuevos. La difusión de contenidos no conoce fronteras y es en ese contexto donde debe lograrse la
seguridad jurídica en el marco de la armonización comunitaria, evitando disparidades entre los diferentes regímenes jurídicos nacionales de los Estados de la Unión.
Debe sacarse el máximo provecho de la aplicación de las tecnologías digitales a la
conservación, el tratamiento y la difusión de la cultura, pero sin perder de vista los derechos de los creadores en el marco de esta circunstancia. El desarrollo tecnológico influye de manera decisiva en la evolución de la legislación sobre
propiedad intelectual. Por ello se hace necesaria una actualización y armonización de la normativa sobre la materia, tanto en el ámbito comunitario como en el más global de la sociedad internacional, que se ha plasmado en numerosos
documentos comunitarios y en tratados internacionales a los que nuestro país ahora debe responder. Con la incorporación de esta directiva, la normativa española se adapta para hacer frente a los desafíos tecnológicos y así responder
adecuadamente a las nuevas formas de explotación y de producción de los bienes de la cultura.
A mi juicio, el contenido de la directiva puede dividirse en dos partes.
Por un lado, la determinación de un sistema de derechos y excepciones límite, según la terminología de nuestra ley, a los mismos y, por otro, la creación de un sistema
de protección de las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de derechos para proteger sus obras de usos no autorizados por los mismos y de la información electrónica para la gestión de dichos derechos. Los criterios seguidos en la
trasposición de la directiva se han basado en la fidelidad al tenor literal de la misma y en el principio de mínima reforma del texto actual de la ley. El primer gran objetivo de la Directiva de la sociedad de la información es armonizar el
contenido de los derechos, si bien el proyecto de ley no introduce grandes modificaciones en la legislación vigente, ya que en lo esencial su contenido es conforme a las exigencias de la directiva. Los derechos patrimoniales que se armonizan son
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. La novedad más destacable en el catálogo de derechos la constituye el derecho de puesta a disposición interactiva, es decir, aquel en virtud del cual cualquier persona puede acceder
a la obra desde el momento y lugar que elija. Se trata de una modalidad del actual derecho de comunicación pública que, teniendo en cuenta la prolija regulación que efectúa nuestra ley de este derecho, podría entenderse incluida en la misma. No
obstante, dada la importancia que adquieren hoy las tecnologías digitales, en especial la puesta a disposición del público en Internet de contenidos como medio de difusión de la cultura, hemos considerado conveniente incluir expresamente este
derecho tal y como aparece en la directiva. Además, en el caso de los artistas, intérpretes o ejecutantes y entidades de radiodifusión, se ha optado no solo por el reconocimiento de un nuevo derecho exclusivo de puesta a disposición interactiva,
sino que para el caso de los primeros así como para el de los autores de las obras audiovisuales se ha optado también por la consolidación de un derecho de remuneración por esta modalidad de comunicación pública.
En relación con el derecho de reproducción es un hecho consolidado que en el uso de Internet se generan una serie de operaciones que se repiten frecuentemente y que producen interrogantes respecto a si constituyen reproducciones llevar a
cabo acciones de búsqueda o simplemente de visualización de descarga. Si bien no se altera en su concepto, se clarifica puntualizando las formas en las que puede manifestarse, de modo que se eviten posibles dudas sobre las reproducciones realizadas
por sistemas digitales y sobre su legalidad. Igualmente, en el caso del derecho de distribución, clarificamos que tiene por objeto obras en soporte tangible, evitando malentendidos respecto de algunas formas de explotación como las que se producen
a través de Internet. Además, en el caso de los artistas y ciertamente excediendo el alcance del contenido de la directiva, se homogeneiza la tutela post mortem de sus derechos morales con lo previsto para los autores, reconociendo que el derecho
al nombre y a la integridad de la actuación podrían ejercerse sin límite de tiempo. También se han realizado ajustes técnicos y se han armonizado otras cuestiones, tal y como la relativa a la duración de los derechos de los productores de
fonogramas. Por otra parte, el proyecto de ley introduce ciertas novedades en el sistema de límites a los derechos de autor, pues la revolución digital ha afectado a todo el edificio de la propiedad intelectual y lo transforma en sus viejos
contenidos, incluyendo en esa transformación incluso los límites de ese derecho, al fin y al cabo derecho de propiedad. Aunque la directiva, como en toda armonización de los derechos de autor, se ha basado en un elevado nivel de protección, en todo
momento se ha buscado mantener el equilibrio entre aquellos derechos y los límites para fines educativos y culturales, pues si bien ningún derecho es absoluto y toda propiedad tiene límites con arreglo a nuestro modelo constitucional, en este campo
existe una especial conexión con otros derechos y valores esenciales, también reflejados en numerosos documentos e iniciativas comunitarias, tales como el acceso a la cultura y a la información como verdaderos derechos de ciudadanía.
Con la directiva se ha querido avanzar en la armonización de los sistemas nacionales de límites, puesto que en un mercado único no pueden funcionar con unos niveles de protección muy diferentes entre sí. Ha sido necesario actualizar y poner
al día todo el sistema, sobre todo teniendo en cuenta la rápida evolución del entorno tecnológico. La directiva regula una serie de límites y excepciones. Sin embargo, este listado de límites y excepciones no viene impuesto y solo se recogen unos
límites obligatorios relativos a ciertos actos de reproducción provisional de carácter técnico y necesario. Con estos límites también queremos dar respuesta a la lógica del funcionamiento de los sistemas de transmisión de redes en las que se
producen ciertas reproducciones provisionales y técnicas necesarias para el funcionamiento de la red, que si bien constituyen una reproducción de acuerdo con la esencia de este término, es razonable que se incorporen como límite a tal derecho. Por
otra parte, en la directiva se establece un listado de límites facultativos. De ellos se han recogido dos nuevos límites. Uno de ellos, en beneficio de determinados establecimientos sin fines lucrativos y que consiste en la consulta con fines de
investigación mediante terminales especializados instalados a tal efecto y mediante red cerrada e interna. No obstante, será necesario pagar una remuneración por ello. El otro se refiere a la ilustración con fines educativos, regulado actualmente
para las bases de datos. Este límite es muy importante en lo que a la educación y a la facilitación de materiales en el sistema
educativo se refiere. De ahí que el proyecto de ley haya optado por extenderlo y no restringirlo a una sola categoría de obras. Se han tomado diversas cautelas al objeto de no perjudicar injustificadamente los derechos de los titulares y
de los autores. En este sentido, la ley establece que los beneficiarios serán los profesores de la educación reglada para el ejercicio de las actividades educativas en las aulas y no será de aplicación ni a los libros de texto ni a los manuales
universitarios. Este límite facilitará la labor de las actividades educativas y se ha previsto, entendemos, una regulación equilibrada entre los derechos contradictorios entre sí que aquí se ven afectados.
Por otra parte, se incorporan mejoras respecto a otros límites que ya aparecían en nuestra legislación, como en el límite de copia privada, en el que se aclara que la reproducción ha de ser efectuada por una persona física para su uso
privado y se precisa que deberá realizarse a partir de una copia legal. Como complemento a esta redefinición se ha abordado una importante innovación respecto del régimen de compensación al que da lugar este límite. Se hacía precisa una
modificación en el régimen jurídico de copia privada que diferenciase entre el entorno analógico y el entorno digital, pues, tal y como señala la propia directiva, la copia privada digital puede propagarse mucho más y tener mayor impacto económico.
Teniendo en cuenta estas diferencias, se ha establecido un régimen jurídico en el que se diferencia entre los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción analógicos y los de reproducción digitales. Para estos últimos se ha previsto un
régimen en el que se da la mayor relevancia al acuerdo entre las partes, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y asociaciones sectoriales que representen mayoritariamente a los deudores de la compensación, sin olvidar la
participación de las organizaciones de consumidores a lo largo de todo este proceso. La decisión definitiva sobre las cuantías, los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación serán establecidos por orden conjunta de
los ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, si bien esta orden ministerial deberá ser motivada en caso de que se aparte del acuerdo entre las partes, porque lo que pensamos es que habrá algún modo arbitral conciliatorio de manera
casi natural para encontrar muchos acuerdos. Se excluyen expresamente los discos duros de ordenador, cuya definición se realizará en la orden ministerial conjunta de ambos ministerios. No obstante, y hasta que se apruebe la mencionada orden
ministerial, la cuantía de compensación y la relación de lo que está sujeto se ha incluido, obviamente, en un régimen jurídico transitorio. Como novedad se incluye que para la fijación de la compensación habrá de tenerse en cuenta, entre otros
criterios, si se aplican a las obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Por otra parte, y para mayor claridad, se establece de forma expresa la prohibición de copia privada de base de datos electrónica, si lo recuerdan, la misma
prohibición que para los programas de ordenador. También se lleva a cabo una mejor sistematización respecto de otros límites antes referidos únicamente al derecho de reproducción y cuyo ámbito de aplicación se extiende más en esta normativa. Este
sería el caso del límite relativo a invidentes, que se extiende a todo tipo de discapacidad en nuestra norma. Igualmente, el límite basado en razones de seguridad se ha extendido a todo tipo de obras y no solo a las bases de datos y a los límites
referidos a los procedimientos oficiales, porque se añaden también los procedimientos parlamentarios. Asimismo se ha aclarado el alcance de lo que debe entenderse por las revistas de prensa, con el fin de evitar que bajo dicho límite se amparasen
actos consistentes en la mera reproducción de artículos periodísticos. El sentido de esta modificación es claro, señorías, y consiste en someter al régimen de autorización correspondiente a las actividades empresariales basadas en la explotación
comercial del contenido de textos de otros medios de comunicación cuando tal explotación consista en su mera reproducción sin ningún otro valor añadido. En último lugar, se amplían los fines en virtud de los cuales los museos, bibliotecas o
instituciones similares de titularidad pública o integradas en las instituciones de carácter cultural o científico puedan realizar reproducciones, atendiéndose al de investigación y conservación. Al ejercer las bibliotecas públicas funciones tan
relevantes, tal y como el garantizar a los ciudadanos el acceso al conocimiento y la cultura, resulta imprescindible que los límites a los derechos de autor y derechos conexos tengan el alcance suficiente para que, sin menoscabar los mismos, puedan
dichas instituciones atender de forma satisfactoria las demandas e intereses de los usuarios. Con la ampliación de este límite se da justa cabida a una de las funciones básicas de las bibliotecas y centros similares, esto es, la preservación del
patrimonio cultural.
Otro aspecto regulado en esta ley es el de la protección de las medidas tecnológicas. La adaptación de los derechos de autor y derechos afines a los nuevos desafíos tecnológicos y las oportunidades que comportan, hacen necesario el
desarrollo de medidas tecnológicas y de sistemas que hagan posible la gestión y la protección electrónica de los derechos. Una de las novedades de la revolución digital ha sido, por tanto, la posibilidad de los titulares de derechos de controlar el
acceso y utilización de las obras y de las prestaciones. En la transposición realizada en el proyecto de ley se incorpora la obligada tutela jurídica de la tecnología, estableciendo la prohibición de actos de elusión y de los preparatorios a la
elusión. No obstante, en los casos en los que se empleen medidas tecnológicas surge el problema de qué hacer si el beneficiario de un límite no puede hacer uso del mismo. La directiva resuelve este problema estableciendo un sistema en el que es
obligatorio la protección de ciertos límites y en virtud del cual se prevé que será necesario levantar la medida tecnológica en su momento, sobre todo, al objeto de que el beneficiario de la excepción pueda hacer uso de ella reconocido su derecho.
Entre esos límites que gozan de una especial protección
se incluye el de la copia privada, sin impedir a los titulares adoptar las medidas adecuadas respecto del número de reproducciones. Como base de las medidas a adoptar se declara la obligación de los titulares de derechos de adoptar medios
adecuados para el disfrute del límite. Como complemento de esto que digo se regula, por razones lógicas, la protección de los sistemas para la gestión electrónica de derechos, especialmente en lo que se refiere a la alteración de la información
identificativa que acompaña a las obras, en particular, en el entorno de Internet, que es donde se producen las mayores alteraciones.
Otro aspecto recogido en esta ley es el del refuerzo de las acciones y procedimientos de que disponen los creadores para la defensa y protección de sus propios derechos. Si las condiciones de protección son equiparables, efectivas y
transparentes en todos los países miembros, la seguridad jurídica que ello genere permitirá la explotación transfronteriza de los productos y servicios protegidos por los derechos de autor en nuestro país. Esta seguridad jurídica resulta
especialmente importante teniendo en cuenta la progresiva difusión de formatos digitales en línea y la mayor disponibilidad de las obras protegidas también en la tecnología digital. En este sentido se establece que los titulares de derechos pueden
solicitar la adopción de medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual sin exigir que el intermediario sea también infractor.
Estos son los elementos esenciales que se abordan con la actual reforma que hemos traído a las Cámaras. No obstante, como señalé al principio, resulta necesario abordar una futura reforma de mayor calado en nuestra Ley de Propiedad
Intelectual. No es una reforma total de la ley pero sí de algunos de los temas más importantes lo que hoy nos convoca, aunque sin duda alguna se trata de una tarea que es necesario emprender, y así lo hemos hecho desde el Gobierno y desde el propio
ministerio. En ella tendremos que resolver ciertas cuestiones que requieren una solución jurídica y un pronunciamiento expreso, tal y como la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas; es necesario adecuar la
distribución de competencias en lo establecido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 196/1997, que atribuye la competencia de las comunidades autónomas sobre las facultades de vigilancia, inspección y control de las sociedades de
gestión. Igualmente debe crearse una comisión de propiedad intelectual que constituya un mecanismo eficaz de resolución de conflictos en términos lo menos contenciosos posibles. El funcionamiento de la actual comisión mediadora y arbitral ha sido
ineficaz, por lo que resulta urgente articular un organismo para la resolución de conflictos en la reforma definitiva de la ley que abordaremos de manera pronta; tendremos que procurar en la nueva regulación que la comisión disponga de los medios y
facultades necesarios para hacer de ella un instrumento ágil, que permita una explotación pacífica de los derechos, dotando a sus decisiones de mayor efectividad, sin menoscabo, obviamente, de los recursos judiciales que corresponda en el propio
Estado de derecho a cada uno de los titulares de los derechos y de la defensa de los mismos. Además de estas cuestiones esenciales deberemos tener en cuenta otros aspectos que contribuyan a mejorar la transparencia de las entidades de gestión,
fundamentalmente en su relación con los consumidores de los bienes culturales.
Por todo ello, señorías, espero que el resultado del debate de hoy conduzca a que apoyen la continuación de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que acabo de presentar, agradeciendo una vez más el trabajo útil, esforzado, yo
diría que leal y generoso, de todos los grupos parlamentarios, tal cual llega hoy el texto de la propia Comisión de Cultura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Comenzaremos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas presentadas, empezando por el Grupo Mixto. Señor Rodríguez, para la defensa de su enmienda tiene usted diez minutos.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Intervendré brevísimamente y empezaré por coincidir con que efectivamente se acaba de hacer un proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
que es un texto, sobre todo después de haber pasado por el debate en Comisión, que establece unas reglas de juego equilibradas entre los distintos sectores que hoy entran a formar parte de este problema; problema de propiedad intelectual para los
autores, problema para que estas obras puedan ser debidamente respetadas en el aspecto económico e intelectual, y también un cierto equilibrio en relación con el derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura y a la información. Por tanto, el
resultado final mejorado satisface al Bloque Nacionalista Galego y vamos a votar positivamente el dictamen.
Es cierto que quedan temas pendientes de una gran importancia en el contexto del Estado español, uno de ellos es la transparencia del comportamiento de las entidades de gestión en relación con los usuarios.
Creo que ese es un tema pendiente
que merece un debate en serio y una conclusión que acabe con las sospechas, no solamente de ciertas corruptelas, sino de prepotencia por parte de algunas entidades de gestión en relación con actividades o acciones de carácter cultural que no debían
de ser punidas, castigadas o perseguidas como lo están siendo de forma desconsiderada. En segundo lugar, el problema de las competencias. Efectivamente, debe de haber un marco legal donde, a partir de que la propiedad intelectual debe de ser
protegida por el Estado, lo que es la inspección y el control del comportamiento de las entidades de gestión debe de corresponder a las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, consideramos que
había un tema muy importante que en el proyecto no quedaba ni siquiera medianamente encarado, que era la necesidad de contar con una verdadera comisión de la propiedad intelectual. Se da un paso, aunque sea tímido, admitiendo que, como dijo
la señora ministra, la comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual deja mucho que desear en su funcionamiento. Que se dé el paso de que asuma realmente la resolución de conflictos de arbitraje, por lo menos la intencionalidad, después
de esta transacción con la enmienda número 119, del Grupo Parlamentario Popular, nos obliga a retirar nuestra enmienda número 12, que era la única que quedaba viva. Por lo tanto, repito, vamos a votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez. El siguiente grupo parlamentario que ha sostenido enmiendas para el Pleno es el de Izquierda Verde. El señor Llamazares defenderá, en primer lugar, en nombre
de su grupo las enmiendas del señor Herrera y la señora Navarro, y continuaremos con la intervención de la señora García Suárez.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, Izquierda Unida comparte con algunos matices la necesidad y oportunidad de las reformas contenidas en este proyecto de ley, ya que en su mayoría buscan y hallan un justo equilibrio entre los intereses de
creadores intelectuales y usuarios o deudores, enfrentados en estos momentos con mayor agudeza en el ámbito de las explotaciones propiciadas por las nuevas tecnologías. Es preciso recordar, no obstante, y como principio rector de la materia, que
las normas sobre propiedad intelectual como la presente nacen y sientan su fundamento en el propósito de proteger y tutelar el interés del creador y no tanto el interés del explotador de las creaciones. El alto grado de consenso que se ha logrado
en esta materia debería ser pauta habitual en esta Cámara, y lo saludamos. Los cambios que introduce el proyecto en nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual logran, en nuestra opinión, acomodar las normas imperativas contenidas en la directiva
objeto de trasposición con las especialidades que ya prevé nuestra ley, a la par que actualizan y aclaran algunos aspectos de ésta que, interpretados inadecuadamente hasta hoy, estaban distorsionando la verdadera naturaleza de los derechos
intelectuales y del sistema de gestión colectiva por el que ha optado nuestro legislador. Señorías, los titulares de los derechos han de ver satisfechos sus legítimos intereses económicos y los usuarios o consumidores han de contar siempre con la
certeza y la seguridad jurídica de que cuando pagan por la utilización de una creación, quedan liberados de todas sus obligaciones para con la ley.
La directiva confiere a los Estados miembros la posibilidad de mantener y establecer sistemas compensatorios respecto a la reproducción mediante equipos, soportes y materiales digitales para uso privado, que se impone como límite a los
derechos de autores, artistas y otros titulares de derechos conexos, posibilidad de la que acertadamente hace uso el proyecto al incorporar al artículo 25 del mismo las condiciones que han de regir la determinación de la compensación por la copia
privada digital. De este modo, y mientras no se plantee un sistema alternativo, el legislador ofrece soluciones legales a un problema real, que se ha visto acrecentado por una importante batalla mediática y que tan solo había sido solucionado de
forma parcial y transitoria mediante el acuerdo suscrito entre la Simelec, es decir la industria electrónica, y las entidades de gestión. El creciente interés en todo lo relacionado con el tema de la economía cultural y el empleo demuestra que en
los últimos diez años la cultura ha dejado de considerarse en la Unión Europea como una parte exclusivamente de la política social del Estado, y ha pasado a ser tenida en cuenta como factor cultural y económico, como generador de riqueza. De
acuerdo con un estudio encargado por la Comisión Europea, tomando como punto de partida una definición amplia del término sector cultural, puede concluirse que en él trabajan actualmente 7,2 millones de personas en la Unión Europea. Se espera que
este crecimiento continúe en el próximo futuro. Como quiera que la propiedad intelectual fija su fundamento esencial en el establecimiento de un incentivo económico y moral para el creador e incluso, bajo ratio diversa, también para el inversor, el
desarrollo de ese sistema especial de protección camina y evoluciona inexorablemente en íntima conexión con el desarrollo económico y cultural de cada pueblo o sociedad. A mayor nivel de protección y respeto de los derechos subjetivos o
individuales, mayores cuotas de desarrollo se han alcanzado. Por tanto, es preciso desterrar algunos tópicos y malentendidos, deliberados o no, acerca de la propiedad intelectual. A saber, esta forma de propiedad no constituye un obstáculo para la
libre circulación y el desarrollo de las ideas y de las creaciones; todo lo contrario, la especial protección que brinda la propiedad intelectual no se puede confundir con un impuesto o tributo que grava y perjudica el desarrollo económico, social
y cultural, sino como incentivo para seguir creando riqueza y cultura al servicio de la sociedad y del individuo. Tampoco cabe concebir el derecho moral de autor como un obstáculo para la divulgación de las ideas, sino asociado a la identidad
legítima del creador y al entronque que con la personalidad del mismo manifiesta la obra del espíritu. Igualmente, de modo particular, el derecho de autor no dificulta el libre acceso a la cultura. Nadie más interesado que el propio creador en que
su obra adquiera conocimiento y notoriedad universal. Lo contrario significa desconocer los límites del derecho de autor y la compatibilidad que media entre el interés general por acceder a la cultura y el particular por incentivar el hecho
creador.
Consecuentemente, sentado el absoluto convencimiento de que la clave del progreso y del desarrollo económico, científico y cultural humano se halla en el establecimiento de normas de convivencia y de ordenación económica adecuadas y justas,
así como en la real efectividad de tales normas, parece oportuno fijar otra
idea básica. A saber, la propiedad intelectual constituye un ámbito de protección especial y fundamental para el desarrollo de los pueblos en todas sus dimensiones. Por otra parte, mediante la protección que brinda el derecho de autor y
los derechos afines a la creación original se está protegiendo el acervo cultural de cada pueblo y se está contribuyendo a incrementar el valor añadido de otros sectores de extraordinaria importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país,
con independencia del estado de desarrollo en que se halle. Por cuanto antecede parece clara la incidencia de la propiedad intelectual en la dinámica de desarrollo económico, científico y cultural de los Estados y de los individuos. Por ello vamos
a apoyar esta iniciativa legislativa que debe ser culminada por una nueva Ley de Propiedad Intelectual, pero en tanto en cuanto esta modificación es positiva y clarificadora la apoyaremos y retiraremos todas nuestras enmiendas, salvo las números 42,
43, 44 y 45, que defenderá la portavoz parlamentaria de mi grupo, Carme García. Por otra parte, se han presentado una serie de enmiendas transaccionales que salvo esas excepciones nos permiten retirar todas nuestras enmiendas, sobre todo las que
hacen referencia a la distinción clara de lo que es el artista de lo que es el productor y a que reciben remuneraciones diferenciadas. Esas enmiendas lo clarifican y, por tanto -repito-, retiramos casi todas nuestras enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
A continuación, en el mismo turno, tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en pocas ocasiones nuestro grupo se reparte el tiempo de las intervenciones. En este caso está justificado por la presentación por separado de algunas enmiendas. Otras las hemos presentado conjuntamente y, por tanto, me sumo a la
intervención que acaba de realizar mi compañero Gaspar Llamazares. Nosotros mantendremos cuatro enmiendas, las números 42, 43, 44 y 45, que comentaré ahora para que quede constancia y que pretendemos que puedan ser debatidas en el Senado.
Señorías, Iniciativa per Catalunya cuestiona el sistema de compensación por copia privada, el llamado canon digital. Es el sistema que existe en estos momentos, y estamos convencidos de que en la futura ley, tendrá que abordarse en
profundidad este punto que es la raíz de nuestras enmiendas.
Ahora bien, señorías, no queremos que haya ni un ápice de dudas -de ahí la intervención por separado- sobre nuestra más absoluta convicción y posicionamiento a favor del derecho de autor;
un derecho que deviene, desde nuestro punto de vista, del hecho mismo de la creación, no de una herencia ni de una propiedad adquirida. Una sociedad en la que el creador no vea retribuida su creación, su trabajo, está condenada a la extinción
intelectual y por eso siempre hemos sido defensores de la protección de este derecho. Ahora bien, de la misma manera, una sociedad sin capacidad de adquirir nuevos conocimientos está condenada al ostracismo. Por eso nuestras enmiendas pretendían
situar el derecho de autor y el derecho a la cultura en el mismo plano, con una protección asimilada. ¿Por qué? Porque creemos que uno y otro se necesitan y se retroalimentan. En definitiva, estamos hoy aprobando una trasposición de la directiva
europea, pero somos críticos porque creemos que no hemos llevado al límite las excepciones al derecho de autor que ésta permitía. Por ejemplo, lamentamos que en el campo de la educación y la reproducción, el préstamo y consulta de obras mediante
terminales en determinados equipamientos como archivos, bibliotecas y centros de información no haya sido más clara la excepción. Lamentamos también que no se haya dado un impulso más adecuado a la participación de los usuarios y consumidores en el
marco de las revisiones de las compensaciones, lo que podría haber servido para avanzar en una mayor pedagogía y comprensión del derecho de autor.
Los nuevos retos y paradigmas de la sociedad de la información nos han de llevar por fuerza a nuevos acuerdos y nuevas alternativas como las que ahora se proponen en esta ley que debatimos. Sabemos -así lo ha manifestado la señora ministra,
el Gobierno, y ello nos tranquiliza- que el Gobierno se ha comprometido a que salga pronto el anteproyecto de esta nueva ley de protección intelectual y así podamos discutir profundamente estos temas. La sociedad del siglo XXI y las nuevas
tecnologías nada tienen que ver con los sistemas anteriores. En el debate de esta nueva ley tendremos que esforzarnos más por este encuentro justo y equilibrado entre los intereses de los creadores, los autores, de los intérpretes y ejecutores y de
los usuarios de la cultura, diferenciando todo esto de la explotación de las creaciones, aspectos absolutamente distintos. Nuestro voto va a ser favorable porque tenemos el convencimiento de que en la discusión de esta nueva ley vamos a poder
profundizar en todo esto, sobre todo porque no queremos que quede ninguna duda de nuestro posicionamiento a favor de los derechos de autor y porque consideramos que ha habido un consenso muy amplio que de ninguna forma queremos romper ni que pueda
prestarse a una interpretación que nada tiene que ver con el fundamento de los derechos de autor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas. Tendrá la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canarias el señor Mardones. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha mantenido vivas para este trámite desde la enmienda número 13 a la 21, y las vamos a mantener con las mismas justificaciones que ya conocen SS.SS. por las publicaciones de la Cámara y que tuvimos ocasión de evidenciar en los
trámites anteriores de ponencia y Comisión. Haré únicamente una observación dado que el Grupo Parlamentario Socialista ha ofertado a mi grupo una transaccional a la enmienda número 15. Por tanto que se vote de la 13 a la 21 y la número 15 decaería
para ser sustituida por la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista dirigida a estas empresas que prestan un gran servicio a una serie de entidades u organismos. En la vida administrativa política nosotros mismos hacemos uso de estas
empresas denominadas de recorte de prensa, en el lenguaje anglosajón press clipping, recortes con el clip, que nos permiten tener un acceso diario a una serie de publicaciones a las que de manera individual sería imposible. Están prestando un
servicio y, por tanto, nos parece razonable armonizar sus intereses legítimos con los de los usuarios y los de los medios informativos, normalmente periódicos y revistas que generan la noticia original, que muchas veces se limitan a hacer un
ordenamiento, como se dice en el argot, el uso de la tijera en los medios base de comunicación. Creemos que pueden convivir perfectamente en el mercado sin provocar ningún daño económico, al revés, potencia una actividad. Sería imposible leer
quince periódicos al día o leer 30 revistas semanales. Tiene que haber unas empresas de intermediación que nos puedan facilitar el tipo de noticias generadas en el medio de comunicación adecuado.
Respecto al contenido general de la ley, señora presidenta, mi grupo lo va a votar a favor. Desde la lejana fecha de 1996, la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Ley de Propiedad Intelectual, que coincidió con la
aprobación de los tratados internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, significó una puesta en base legislativa y la voluntad en la Unión Europea de cumplir estos tratados. El tema está tan globalizado que hoy cualquier
obra en cualquier formato no tiene fronteras, circula por los grandes espacios, y eso no puede significar que los derechos de autor se pierdan al atravesar una frontera determinada. Creemos que se ha hecho un gran esfuerzo de redacción para
explicar los contenidos de este proyecto de ley, sobre todo en su preámbulo. Hay una cuestión muy positiva en el preámbulo que no viene reflejada en el texto articulado por razones obvias, sobre todo tecnológicas, y es la referencia que se hace a
que en un futuro inmediato habrá que abordar una serie de problemas que están llamando a la puerta, como es el de los organismos arbitrales. Desde la Ley concursal que debatimos en esta Cámara hace años estamos viendo que hay que llevar muchos
litigios no por la vía judicial del orden civil, penal o económico-administrativo, sino por la vía de los arbitrajes en el mundo mercantil, así como la clara delimitación de competencias en materia de propiedad intelectual entre el Estado y las
comunidades autónomas o la evolución tecnológica y su incidencia en el nivel de desarrollo de la sociedad de la información en España. Qué duda cabe que el imperativo de esta ley, como muchas de nuestras enmiendas, se dirige también a aspectos
correctores pero respetando la concordancia de apoyos que tiene el resto del proyecto de la ley, que trata de armonizar fundamentalmente derechos de autor y derechos de consumidor. Este es el fondo en que está la seguridad jurídica que se desprende
de la misma, porque en una sociedad democrática, como bien ha señalado la señora ministra, ¿qué nos proponemos políticamente? Pues respetar derechos, delimitarlos por la ley, derechos del origen del autor, de los medios de transmisión de la obra,
la que sea, y derechos de los consumidores, porque muchos de los problemas han surgido por las copias o reproducciones; se ha hablado de ello aquí. Qué duda cabe que desde 1996 hasta ahora, como bien ha señalado también la señora ministra, nos
hemos encontrado con conceptos nuevos como el de la comunicación de noticias por vía digital, la reproducción por vía analógica. Vemos cómo hacia el cajón de los recuerdos va pasando la vía analógica y estamos entrando en la gran era de lo digital.
¿Y qué hace esto? Que lo que estábamos definiendo como fonogramas en 1996 esté superado, sobre todo porque un fonograma se puede obtener hoy en día como un refresco en una máquina expendedora, como el tabaco o cualquier otro producto. Por eso
tiene que ser legislado si quien lo usa lo puede reproducir o no, qué derechos de reproducción hay.
Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley porque tiene tres grandes reconocimientos: el derecho fundamental de la reproducción, el derecho fundamental de la distribución y el derecho de puesta a disposición, figura muy importante que era
necesario regular en cuanto a las disposiciones interactivas. En este nuevo mundo de la tecnología, de la que sobre todo las nuevas generaciones llegan a hacer uso con gran naturalidad y que posiblemente los mayores en edad, saber y gobierno -que
se decía antes- utilizamos mucho menos, nuestros servicios están hoy en día conectados con esta interacción. Todo esto nos lleva, señora presidenta, a mostrar nuestro apoyo a esta imprescindible actualización de la Ley de la Propiedad Intelectual
en cuanto a que la misma, como generadora de un sistema económico, de un sistema de ocio, de un sistema sociológico de convivencia, de notificación y de armonía, tiene que llevar en un Estado de derecho y democrático al principio de seguridad
jurídica de todos sus autores y de todos sus actores. Espero que en el futuro la legislación que estamos debatiendo para transformarla en fechas inmediatas en proyecto de ley y luego definitivamente en ley de regulación de estos nuevos aspectos
impulsados por la tecnología, las prácticas comerciales y las posibilidades de reproducción se pueda llevar con satisfacción cumpliendo la normativa europea e incorporando la directiva del año 2001 que nos permita una armonización con la defensa de
los derechos de autor allende fronteras -por ponerles fronteras a los hoy 25 países de la Unión Europea-, por lo que adaptamos todos la misma directiva
del Parlamento europeo del año 2001 y del Consejo para hacerla ya imperativo legal en el acervo comunitario. Por estas razones votaremos favorablemente, por supuesto, las enmiendas de nuestro grupo, la transaccional que nos ha ofrecido el
Grupo Parlamentario Socialista a la número 15 y, en conjunto, este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos, señorías, con el turno del señor Esteban en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
La discusión de este proyecto de ley ha pivotado sobre el presupuesto de que se trataba de una mera trasposición de una directiva, dejando para un periodo posterior -se anuncia breve, tengo mis dudas- la redacción, presentación, discusión y
aprobación de una futura Ley de Propiedad Intelectual más completa, más integradora. Aunque se ha partido de este presupuesto, nuestro grupo entiende que no ha sido exactamente así puesto que se ha entrado, se han modificado y se han regulado
algunos aspectos que no estaban contemplados en la directiva y, sin embargo, en otros asuntos contemplados en ésta, incluso de manera bastante clara y literal, se ha decidido no proceder a la trasposición. Es cierto que ha sido una ley muy
discutida y con mucha franqueza en la ponencia y en la Comisión y que ha habido un esfuerzo sincero por parte de todos los grupos de intentar un texto lo más equilibrado posible, y en ese sentido se ha llegado a acuerdos. Sin embargo, en opinión de
nuestro grupo, quizá ha habido una tendencia -lógica por otra parte porque era un flanco que había que cubrir- a incidir demasiado en la defensa del artista, el creador, también de la industria en un segundo término, frente al interés de los
consumidores. A pesar de que teóricamente todos estamos buscando un equilibrio, tengo mis dudas de si en este nuevo proyecto realmente lo hemos conseguido o si habrá que volver e reequilibrar todo esto en una futura ley, sobre todo porque a veces
esa defensa de los derechos de los creadores, de los artistas, en la práctica no repercute directamente en ellos sino que va a engordar las cuentas de unas sociedades de gestión que son necesarias, que son absolutamente fundamentales para la gestión
de todos estos derechos, pero tarde o temprano deberíamos reflexionar sobre esos resultados prácticos, sobre todo porque tampoco podemos hacer que todas las repercusiones económicas recaigan finalmente en el consumidor. Es necesario regular una
serie de derechos -en parte se ha hecho- que estaban desprotegidos. Es cierto que la realidad de estos ámbitos y de la industria ha cambiado mucho, pero es necesaria una readecuación de la industria a las nuevas condiciones y eso todavía no se ha
planteado desde la propia industria. No se puede querer funcionar con los mismos parámetros que antes de esta revolución tecnológica imparable, cada vez más rápida, que estamos viviendo estos últimos años y, tarde o temprano, la industria tendrá
que adaptarse a estas nuevas condiciones, lo que no se puede es poner vallas al campo e intentar obtener ingresos de los mismos objetos y por las mismas razones que los ha estado obteniendo hasta ahora o que en una situación anterior a estos cambios
tecnológicos tan rápidos podría haber sido razonable. En ese sentido, la industria va a tener que readaptarse, va a tener que buscar el mercado y el beneficio de una manera diferente, y para eso también tendrá que renunciar al beneficio en ámbitos
en los que hasta ahora era posible y estaban abiertos.
Lamentamos también que no haya habido acuerdos con respecto a enmiendas de nuestro grupo, a pesar de la comprensión demostrada y de la aceptación por parte de todos los grupos de que efectivamente existe un problema en el ámbito de la
actividad no lucrativa museística. No se ha querido entrar en el tema, aunque todos somos conscientes de que hay que entrar en ello. Habrá que comenzar a discernir y poner límites a sociedades de gestión, y también a museos, pero habrá que
discernir cuál es ese límite.
En este momento no se ha querido hacer; se habla, se promete que en la próxima ley. Sinceramente, con la directiva en la mano y viendo ejemplos de otros países, como Dinamarca e Italia, se podría haber abordado
perfectamente esta cuestión en estos momentos y, sin embargo, ya digo que no ha habido una voluntad de acercamiento o transacción con respecto a nuestras enmiendas. Por otra parte, hay un defecto evidente en esta ley en lo que respecta al reparto
competencial entre las instituciones del Estado y las instituciones autonómicas. De acuerdo con el bloque de constitucionalidad y las competencias asumidas en diferentes estatutos de autonomía, hay una serie de competencias que se atribuyen
directamente al Estado cuya redistribución no se produce en estos momentos. Es cierto que en el preámbulo del proyecto que presumiblemente va a convertirse en ley se ha introducido un anuncio de que hay que proceder a esta redistribución, pero con
la excusa de que esto es una mera trasposición -insisto, al final no es exactamente así- lo postergamos de nuevo a una futura -no sabemos cuándo, cómo ni con qué contenido se va a aprobar- Ley de Propiedad Intelectual. En ese sentido, nuestro grupo
no puede estar contento y cree que ese respeto al bloque de constitucionalidad se debería haber producido ya en el texto de esta ley.
En consecuencia, aunque en este texto se han regulado algunos aspectos positivamente, hay asuntos como el del ámbito autonómico y otros que no se han querido afrontar y respecto a los cuales nuestras enmiendas no han sido contempladas ni
siquiera en el ámbito de una transacción que nos imposibilitan apoyar la ley. Por tanto, aunque sabemos que no hay una votación final sobre el conjunto del proyecto, deseo expresar que la posición de nuestro grupo respecto al texto es de
abstención.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para defender sus enmiendas vivas en este Pleno tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora vicepresidenta.
Las nuevas tecnologías han introducido nuevas normas de juego. Cualquier persona puede producir o distribuir contenidos de forma casi inmediata.
Si bien esto nos conduce a la sociedad del conocimiento, también es cierto que distorsiona el
mercado tradicional de la información y de la cultura. No siempre la producción o la distribución de contenidos se realiza de acuerdo con los principios básicos del respeto al derecho de autor. Para Esquerra el principio básico de la regulación de
los derechos de autor debe garantizar un justo equilibrio entre los derechos económicos de los autores, productores o distribuidores y la regulación de una serie de excepciones que permitan el uso de dichas obras con o sin remuneración. Esto son
los preceptos que Esquerra ha tomado en consideración. Se dice que se ha perseguido la fidelidad al texto de la directiva y aplicar los mínimos cambios posibles a la actual normativa.
En principio podríamos aceptar este segundo argumento, aunque
es público y notorio que la actual Ley de Propiedad Intelectual necesita una profunda reforma para incorporar todos los cambios acaecidos en el mercado de la información, de la cultura y en el marco tecnológico. En este sentido, la ministra de
Cultura del actual Gobierno ha expresado repetidas veces la voluntad del gabinete de acometer dicha reforma.
Esperamos pues que se cumpla.
Volviendo a la voluntad restrictiva, en algunos casos incluso es superior a la misma directiva. Por ejemplo, la excepción de la ilustración en la enseñanza. ¿Por qué se quiere limitar dicha excepción en los términos que se proponen? Se
habla solamente de educación reglada, obviando otros tipos de formación igual de importantes como la formación permanente. La directiva incluye también la excepción por motivos de investigación y, en cambio, ustedes la desoyen. Podría darse la
paradoja de que las investigaciones realizadas por un equipo de una institución pública no se pudiesen divulgar porque hubiesen salido previamente publicadas en una revista científica y los científicos, financiados con dinero público, no dispusieran
ya de los derechos de explotación. Siguiendo con las amputaciones practicadas en las excepciones, ustedes han decidido limitar el uso en el aula, en aulas físicas, como si no existieran las aulas virtuales o la formación a distancia. Otra
paradoja. Un profesor universitario, autor de un manual, no podrá colgar en la web de su asignatura fragmentos de su propia obra sin la autorización correspondiente de quien tenga los derechos de autor de su obra. Más sobre limitaciones. Aceptan
ustedes que bibliotecas y centros similares puedan poner a disposición de sus usuarios obras digitalizadas de sus fondos, pero solamente en ordenadores que no estén conectados a la red, y esto además sujeto a remuneración. ¿Qué hacemos pues con las
bibliotecas virtuales? Y llegamos a la copia privada y al canon para los aparatos y soportes de grabación. Debemos felicitarnos por la marcha atrás en el proyecto inicial que pretendía mantener el canon y al mismo tiempo permitir el límite a tres
copias, supuesto que hubiera sido sencillamente incomprensible para los ciudadanos. Esquerra es partidaria del canon, pero el Estado debe garantizar que dicha copia se pueda realizar, pues no es de recibo que se pague un canon para no poder hacer
copias si las medidas tecnológicas lo impiden en número. Estamos de acuerdo con el canon, como hemos dicho, ahora bien no podemos aceptar cómo se desarrolla su implantación. Se ha continuado con el modelo del entorno analógico y de esta forma se
instaura un canon universal con independencia del uso al que se destine el CD u otro soporte de grabación. Mientras que técnicamente no sea posible discriminar el uso que se da al CD, podemos entender que el canon sea de aplicación universal, pero
¿cómo podemos defender que las escuelas, museos, juzgados y empresas paguen un canon en compensación por una copia privada que por definición misma del concepto de copia privada no pueden ejercer? Es otra de las paradojas del proyecto. Para
evitarlo, Esquerra ha presentado enmiendas en el sentido de exonerar del pago de dicha compensación aquellos usos que no pueden considerarse copias privadas de obras protegidas.
Desde Esquerra creemos que es necesario hacer pedagogía, pero, si me permiten, de la buena. Ni podemos tolerar la piratería, entendida como distribución mediante pago de copias no autorizadas, ni tampoco podemos equiparar la copia privada a
un acto delictivo, como sí se ha venido haciendo en algunas campañas. En ese sentido, tampoco piensan aceptar nuestra enmienda que pretende que conste en la factura o producto el importe del canon para reflejar que se está pagando una compensación
a los autores. No debemos temer la copia privada mientras el sistema compensatorio funcione correctamente, cosa que el presente proyecto no resuelve.
Se echa en falta también en la regulación de la compensación por copia privada la posibilidad de que por ley los autores que no deseen ser socios de una entidad de gestión puedan cobrar también esa compensación, de igual forma que debemos
lamentar que, aunque lo que se viene denominando revistas de prensa se sujeta a remuneración, no se especifica que los periodistas tengan el derecho inalienable de remuneración.
Desgraciadamente, se ha desaprovechado -véanse si no las enmiendas de
Esquerra Republicana, que posiblemente serán de nuevo derrotadas- una buena ocasión para incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con la sentencia 196/1997 del Tribunal
Constitucional
pronto vamos a celebrar el décimo aniversario- que avala dicha intervención.
En conclusión, no vemos expresado en este borrador la mayoría de los objetivos propuestos por Esquerra Republicana sobre equilibrio, pedagogía y autonomismo, que consideramos necesario. Nos parece que el Gobierno ha querido quedar bien con
todo el mundo o, en todo caso, no enfadar a nadie; pero puede ser que el proyecto enfade a usuarios y a autores de información. Ahora bien, como quiera que las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana perseguían ese justo equilibrio al que
nos hemos referido y no han sido aceptadas ni siquiera transaccionadas, optamos por la abstención por cuanto reconocemos la voluntad del Gobierno de velar por el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura y a la vez reconocer el derecho del
autor. Entendemos que esta filosofía ha impregnado la voluntad del Gobierno; de hecho, ha impregnado la voluntad de los miembros en los trabajos de la ponencia. Por ello, optamos por la abstención respecto a la votación del dictamen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá.
Finalizamos con las últimas enmiendas presentadas y que siguen vivas en el Pleno. En primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su exposición, señora ministra, que ha sido larga y útil. Y ya que se ha dicho todo sobre el contenido de este proyecto, de esta futura ley, voy a empezar permitiéndome una licencia, señora presidenta, fuera del orden del
día, que es decir que, puesto que estamos hablando de cultura, de la columna vertebral de la cultura que son los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, querría hacer un homenaje, antes de entrar en la materia, a quien hoy es
nuestro máximo representante en cultura, a don Francisco Ayala, que cumple cien gloriosos años y que es homenajeado por todos. Me gustaría que también desde esta Cámara, si le parece, señora presidenta, nos sumáramos a su felicitación y a su
homenaje. (Aplausos.) Son ellos los que dan sentido a lo que estamos haciendo y, en la medida que podemos hacer un pequeño servicio, les devolvemos algo de tanto como nos han dado.
Entro ahora a fijar nuestra posición respecto al trámite de esta ley. Como han dicho los demás portavoces y como ha dicho la señora ministra, hemos hecho todos un esfuerzo de entendimiento. Quiero agradecérselo especialmente al Grupo
Socialista, y, por tanto, al Gobierno, que le ha ido autorizando y pilotando. Hemos podido llegar a la transacción de muchas enmiendas, hemos flexibilizado todos nuestras posturas, y yo creo que en sí mismo el acuerdo es un valor. Además del
instrumento que estamos creando hoy -instrumento de la máxima utilidad-, el hecho de que haya sido por acuerdo le añade valor, y es para nosotros un honor poderlo hacer así. Sin embargo, mantenemos unos pequeños matices, pero importantes, que nos
gustaría señalar. Existe una discrepancia en el artículo 25 y en la disposición adicional que ahora pasa a llamarse primera, porque creemos que de alguna manera damos al Gobierno unos poderes deslegalizadores que no nos parecen oportunos. Por otro
lado, mantenemos un pequeño matiz -pequeño pero transcendente- en el artículo 32.2; pediríamos que este límite de la enseñanza, que sin duda apoyamos, fuera de alguna manera remunerado. Creemos que es una buena política social lo que se hace
estableciendo este límite de la enseñanza, pero la política social no la debemos hacer con los derechos de los autores, sino con la contribución de todos los contribuyentes. Mantenemos también una discrepancia en el punto 1 de la disposición
transitoria única a favor de la industria. Creemos que la redacción actual se podría mejorar porque va a dar lugar a confusión y les puede hacer daño. Todavía estamos a tiempo de mejorar estos matices que, siendo importantes, no son de
envergadura.
En cuanto a las enmiendas transaccionales, quiero referirme a lo que ha señalado el señor Mardones en cuanto a las empresas de press clipping; si pudiéramos avanzar un poco más en el Senado, estaríamos satisfechos. Es importante lo que se
introduce con respecto al MP-3. Ustedes saben lo que digo en esta transaccional del artículo 25. Aceptamos también la transaccional por la que el Gobierno va a dar más poderes a la Comisión Interministerial de la Propiedad Intelectual, lo que nos
hace retirar nuestras enmiendas 117 y 119, que eran más ambiciosas.
Llegados a este punto, en el que yo creo que ya lo hemos dicho todo y expresamos el reconocimiento a todos los grupos por el esfuerzo que han hecho, me gustaría hacer dos consideraciones de índole general. Todos los que han intervenido aquí
han hablado de la palabra equilibrio, y creo que es un término esencial. Lo que hemos buscado por encima de todo es el equilibrio entre lo que es sustancial, el apoyo al creador en los derechos de autor -la protección, el estímulo, el apoyo a la
creatividad- y el apoyo al ciudadano -el otro punto de este arco-, su acceso a la cultura, que hoy es de una gran envergadura, lo que hace que cada día nos quedamos cortos y atrasados en lo que estamos regulando. No estoy de acuerdo en que haya
sido el abandonado. Un empobrecimiento del lado de los creadores es un empobrecimiento del lado de los ciudadanos que van a acceder a esa cultura tarde o temprano, sin la menor duda. Yo creo que en ese equilibrio, que pasa por todos los medios de
difusión, las nuevas tecnologías, los soportes, las infraestructuras necesarias y no rivales sino complementarias para que la cultura pueda llegar finalmente al ciudadano y tenga mayor acceso a ella, en ese equilibrio, es donde nos hemos esmerado
todos.
Quiero dar las gracias a los sectores que han trabajado tanto o más que nosotros en esta materia. Nos han ilustrado, que falta nos hacía, y, aunque no habrá nadie que esté totalmente contento y satisfecho -lo sabemos-, e incluso puede que
alguno esté insatisfecho, creo que hemos buscado ese equilibrio.
Quiero hacer también una consideración general importante. Cuando en la Cámara hablamos de cultura, normalmente, lo hacemos de política pura o de economía. La cultura parece un arcano para algunos de los que estamos aquí y también para los
de fuera. Voy a hacer una reflexión insistente y es que la cultura, además de este intangible que a todos nos enriquece, concretamente para España es un bien tangible, cuantificable, de primera magnitud. España puede no ser una potencia económica,
pero desde luego es una potencia cultural. Por tanto, estamos haciendo algo muy importante.
Precisamente ellos, los autores, los actores, los intérpretes, han sido la mejor llave para nosotros como país. Han sido los editores y por tanto los
autores los que nos han abierto con un gran esfuerzo las puertas de Iberoamérica, donde ahora están nuestras grandes empresas. Si leemos el periódico de hoy, nos daremos cuenta de quiénes son los grandes embajadores que nos abren las puertas.
Vuelvo a decir que es don Francisco Ayala, que en Estados Unidos es posiblemente el español más reconocido; pero es que en la página de al lado aparece Juan Manuel Serrat, que ha hecho por la cultura española lo que no han hecho 20 institutos
Cervantes en todos los años que lleva creado, y en la página siguiente aparece que mañana estrena su película Almodovar, posiblemente, aunque muchos discrepen, el más universal de los españoles que hay ahora, que se va a comer las pantallas en todo
el mundo. Es un valor de España, no solo el valor inmaterial e intangible, es mucho más. Y, al dotar a los autores y por tanto a los ciudadanos y a la cadena que los une de los medios suficientes, espero que estemos haciendo un pequeño servicio
-insisto, para nosotros es un honor poder hacerlo- y que con esto devolvamos algo de lo mucho que a todos nosotros nos dan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez-Salmones. Muchísimas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Quedan dos grupos parlamentarios por intervenir. Comenzaremos con el señor Grau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Adelante, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, mi grupo ha fijado ampliamente su posición en la Comisión. Somos conscientes de que la trasposición de esta directiva ha llegado en un tiempo límite, pero era una asignatura pendiente que tenía el Estado español y realmente
hacía falta trasponerla a nuestro régimen jurídico. Mi grupo se congratula por el buen trabajo hecho por la Comisión, como creo que se trasluce de todas las intervenciones realizadas hasta este momento. Se ha hablado francamente, se ha obtenido
consenso, al menos del 90 por ciento de las posiciones, y se ha intentado una posición de equilibrio para llegar a un acuerdo entre los productores, las sociedades de explotación, los consumidores, los autores y el público. De esta forma,
posiblemente encontremos una solución que no sea satisfactoria para todos, pero en estos casos de transacción o consenso siempre llegamos a la situación menos mala. Las transacciones permiten que se tengan en cuenta muchas de las posiciones y mi
grupo se felicita porque se hayan incluido cinco enmiendas mediante el sistema de transacción y también por ver incluidas -por eso las retiramos- muchas de nuestras propuestas en enmiendas de otros grupos.
Entendemos que nuestra posición tiene que ser favorable, en apoyo de esta ley. Por tanto, mantendremos nuestro voto negativo a las transacciones que quedan vivas, excepto algunas de ámbito competencial a las que sumamos las enmiendas 123,
124 y 135 del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda 34 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), manteniendo en las demás una posición contraria. En consecuencia, nuestro voto será favorable a todo el texto del articulado por considerar que esta
ley ha mejorado su redacción después de su paso por la Comisión.
Finalmente, nuestro grupo espera que esta comisión arbitral, que se generará en virtud de los acuerdos tomados por las enmiendas transaccionales, sea un elemento de actualización porque también hemos hablado de la dinámica que se ha generado
a partir de las nuevas tecnologías, de la digitalización y de los nuevos medios de comunicación para que mediante esta comisión arbitral tengamos un elemento de actuación, como pueden ser los consejos audiovisuales en televisión, o en este caso una
comisión que actualice o aplique en el momento adecuado y de forma coyuntural los preceptos de esta ley, que esperamos que tenga un largo recorrido y que nos integre en el consenso de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Grau.
Muchísimas gracias.
Finalizamos con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Para ejercer dicho turno tiene la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria de 22 de mayo de 2001, que regula la
propiedad intelectual en la Unión
Europea, y de armonizar derechos de autor y derechos afines con la sociedad de la información. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero expresar nuestra satisfacción, en primer lugar, por el hecho de que la reforma del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual esté en este trámite parlamentario y esté alcanzando sus últimas etapas y, en segundo lugar, por los trabajos realizados tanto en el seno de la Comisión de Cultura como en la ponencia. Sin duda, se ha
trabajado mucho, se ha trabajo bien, se ha trabajado con eficacia y se ha trabajado desde el rigor, desde el diálogo y con la voluntad de entendimiento y de encuentro de todos los grupos de esta Cámara. Digo que se ha trabajado con rigor en el
estudio de una materia de gran complejidad técnica como es la propiedad intelectual, dado que existen múltiples casuísticas, existen múltiples intereses contrapuestos y, sin lugar a duda, existen muchos matices. Decimos que trabajamos desde el
diálogo con los sectores implicados, escuchando y hablando con todos ellos, manteniendo una relación fluida, buscando encuentros y buscando la palabra a través de las distintas comparecencias. Señorías, también decimos que hemos trabajado con una
voluntad de acuerdo y de consenso entre los distintos grupos. Hemos trabajado con esa voluntad, desde las lógicas diferencias entre los grupos, para buscar un texto de amplio acuerdo. Esto, sin lugar a dudas, fortalece al nuevo texto y por ello
fortalece a la cultura.
Señorías, el objetivo de esta ley es fortalecer nuestro espacio cultural desde la convicción profunda de que la creación artística e intelectual es uno de los bienes más preciados de las sociedades democráticas. Sin
pensamiento libre y sin libre creación intelectual se agotan las ideas generadoras de avance y mejora de nuestros países. Tenemos, por tanto, la obligación y la conveniencia de preservar y alcanzar la creación artística e intelectual. Esta ley es
un instrumento básico para el desarrollo de nuestro ecosistema cultural.
Señorías, el informe de la Comisión que ahora sometemos a su consideración recoge aportaciones de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. De las múltiples enmiendas presentadas, la gran mayoría están incorporadas y recogen el sentir
de los distintos grupos y sectores implicados, así como de los distintos grupos y sectores afectados. Debo decir que la voluntad negociadora que ha presidido los trabajos en ponencia y en Comisión llega también al Pleno de la Cámara. Esto se
traduce en que se han alcanzado enmiendas transaccionales con distintos grupos. Hay seis enmiendas transaccionales de los distintos grupos de cuyo contenido ya se ha dado cuenta en intervenciones precedentes. El texto resultante da satisfacción
plena al mandato de la directiva comunitaria, pero también aborda algunas cuestiones que no son objeto de la directiva pero que dan respuesta a necesidades urgentes en las relaciones entre los agentes y las entidades culturales.
Señorías, con esta ley reconocemos más derechos a los autores, a los creadores y a los productores culturales. Quiero recordar aquí que es necesario desplazar y abandonar un falso debate. Se trata del debate de la supuesta confrontación
entre los derechos de autores y creadores y el desarrollo de la sociedad de la información. Nada más lejos, señorías.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura multiplican las oportunidades para los creadores y para los productores
culturales, ofreciendo y disponiendo de nuevos soportes para la creación y para la difusión de la cultura. Pero tampoco podemos olvidar que la sociedad de la información precisa de contenidos; precisa de una importante industria cultural, que es
la industria de contenidos, industria que necesita un entramado de actores, intérpretes y productores. Sin este entramado no es posible dar soporte a esa importante industria de contenidos que tanto significa en nuestro país desde el punto de vista
económico. Para ello, los creadores, señoras y señores diputados, deben recibir una compensación justa por su trabajo, por desarrollar su talento y ponerlo a disposición del conjunto de la ciudadanía. Sobran, por tanto, los falsos debates con
planteamientos excluyentes. La búsqueda del interés general y del necesario equilibrio ha animado el trabajo en ponencia y en Comisión.
Esta orientación debe marcar las tareas futuras, por el bien de nuestra cultura y por el conjunto de la
sociedad, de nuestros ciudadanos. Sin la cultura no existe avance posible.
Señorías, señora presidenta, me cabe la satisfacción de recordar que con esta ley se confirma y reitera la apuesta del Partido Socialista por la cultura. De gobiernos socialistas han surgido proyectos de reforma y mejora de nuestro
ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual. Es justo recordar que en el año 1987 se aprobó en esta Cámara la Ley de propiedad intelectual, promovida e impulsada por un Gobierno socialista, con un ministro socialista, que era Javier
Solana.
En el año 1996, en este Parlamento, se aprobó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, promovido e impulsado también por un Gobierno socialista y con una ministra socialista, que era doña Carmen Alborch. Hoy vamos a someter a
consideración de esta Cámara una modificación del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual; estamos en el año 2006 y España está gobernada por un Gobierno socialista, con una ministra socialista, que es doña Carmen Calvo.
Señoras y
señores diputados, es para mí una satisfacción recordar que las principales actuaciones en materia legislativa fueron promovidas e impulsadas por gobiernos socialistas; es un motivo de orgullo y satisfacción para el Grupo Socialista. Es, sin duda,
algo bueno que nos gustaría compartir con todos los grupos y, cómo no, señoras y señores diputados, con todos ustedes.
Señorías, la aprobación de esta ley de propiedad intelectual supone: Primero, reconocer más derechos a creadores, autores y productores culturales. Segundo, establecer compensaciones a los titulares de esos derechos. Tercero, fijar
límites y excepciones en función del interés general. Cuarto, buscar el equilibrio entre sectores e intereses.
Establecer una mayor seguridad jurídica y alcanzar más garantías jurídicas, consolidar un
ámbito estable de negociación entre las partes y, por último, desplazar el falso debate entre opciones supuestamente excluyentes, asumiendo el desarrollo de la sociedad de la información, que no debe colisionar con la capacidad de los
creadores de contenidos y con sus derechos.
Señoras y señores diputados, con la aprobación de esta ley, sin lugar a duda, fortaleceremos, nuestro ecosistema cultural. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, pensamos que merece el apoyo de todos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Louro.
Llamamos a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En primer lugar, enmiendas del
señor Herrera Torres, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la enmienda 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, siete; en contra, 286; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, siete; en contra, 283; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 44.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 14; en contra, 282; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, ocho; en contra, 287; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Navarro Casillas, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la enmienda transaccional a la número 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transaccional a la número 50.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transaccional a la número 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 296; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transccional a la número 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 295; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 294; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, cuatro; en contra, 283; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de las enmiendas 22, 30 a 33, 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 21; en contra, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 23 y 25 a 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, nueve; en contra, 280; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación de la enmienda 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, ocho; en contra, 279; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas 123, 124, 135 y 139.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 21; en contra, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, ocho; en contra, 286; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación de la enmienda transaccional a la número 119.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 286; en contra, tres; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 129; en contra, 168; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen con las correcciones técnicas, terminológicas y gramaticales que han sido distribuidas. Para clarificar las votaciones se designará cada una de ellas por el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que es
objeto de reforma.
Artículo 25.10 y 25.11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 287; en contra, nueve; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 25.25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 164; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 32.1, primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 289; en contra, siete; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 32.1, segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 297; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 32.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 162; en contra, 134; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 289; en contra, siete; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 113.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 295; en contra, siete; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 161.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 288; en contra, seis; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones. Disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 163; en contra, 133; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 296; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 295; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición final segunda nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 165; en contra, 124; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 290; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos, finalmente, el resto del texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 289; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En primer lugar, presentación del proyecto por la
señora ministra de Sanidad. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, hay una ministra en la tribuna. Quien desee abandonar el hemiciclo ruego que lo haga con celeridad y en silencio para poder continuar con la sesión plenaria, así podremos
proseguir con los debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en particular, con el del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
(Continúan los rumores.) Señorías, insisto en solicitarles
silencio, por favor, de forma que la señora ministra pueda presentar el proyecto.
Señora ministra, tiene la palabra; vamos a intentarlo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
En mayo del año 2004, en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo en esta legislatura, me comprometí a la elaboración de un Plan estratégico
de política farmacéutica, compromiso que reiteré en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 16 de junio en Bilbao y ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado el 21 de junio. Ese compromiso respondía a la
necesidad de actuar sobre aspectos clave del sistema, necesidad que derivaba de la política que se había desarrollado en los últimos años y que era preciso corregir, dado que se habían puesto de manifiesto carencias notables en la calidad de la
prestación, en la promoción del uso racional de los medicamentos, en la formación e información independiente por el sistema de los profesionales, en la extensión de los genéricos y en la articulación de acciones coordinadas con las comunidades
autónomas. Existía, además, un serio problema en la tramitación de nuevos medicamentos y en los procedimientos de fijación y revisión de precios y fracasos continuos en la contención del gasto. En aquellos momentos señalé que el Plan estratégico
de política farmacéutica debía abordar, entre otros aspectos, el impulso a la extensión de los genéricos, la revisión del sistema de precios de referencia para solucionar sus deficiencias, la financiación selectiva de medicamentos en función de su
aportación terapéutica para los pacientes y de un análisis farmaco-económico riguroso, la incorporación de la receta electrónica y de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad y disminuir los trámites, el refuerzo de la Agencia Española del
Medicamento y una nueva relación del Sistema Nacional de Salud con la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y la distribución mayorista que garantizara a la vez el acceso universal a los medicamentos y la sostenibilidad del sistema sobre
esquemas más adecuados, estables y transparentes, todo ello con el fin de garantizar que todos los ciudadanos obtienen del Sistema Nacional de Salud todos los medicamentos que necesitan. Antes de finalizar el año 2004 presentamos ya el Plan
estratégico de política farmacéutica y desde entonces nos hemos volcado en el desarrollo y articulación de las 67 medidas allí contenidas.
Señorías, el proyecto de ley que hoy se somete a debate es la respuesta a una necesidad de reforma del marco actualmente vigente, que obedece a varios motivos. En primer lugar responde a la obligación de trasponer la nueva legislación
comunitaria sobre medicamentos, así como de adaptar el marco legal del medicamento a la nueva distribución competencial en la materia y a la propia evolución de un sector que destaca por su gran dinamismo, todo ello en línea con la necesidad de dar
respuesta a los nuevos problemas derivados de la globalización -las nuevas tecnologías, el propio desarrollo del sector-, de manera que podamos asegurar la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos en este ámbito y, a la vez, fomentar el
desarrollo del sector y la I + D.
Este proyecto de ley está elaborado sobre dos ideas fuerza: por una parte, la ampliación y el refuerzo del sistema de garantías que rigen el entorno de los medicamentos y, por otra, el uso racional de los mismos. El texto incorpora
elementos del Plan estratégico de política farmacéutica orientados a reforzar el uso racional de los medicamentos, como por ejemplo las disposiciones que inciden en la disponibilidad de información de calidad independiente para los profesionales,
resaltar la importancia de la receta médica y articular medidas estructurales de racionalización del gasto en el Sistema Nacional de Salud. La elaboración de un proyecto tan complejo y ambicioso comenzó ya hace 18 meses. En el mes de julio del año
2004 tuvieron lugar -sin la participación, por cierto, de las comunidades autónomas del Partido Popular, que se autoexcluyeron del proceso- las primeras reuniones de la Comisión de Farmacia para ir definiendo las líneas básicas del Plan estratégico
de política farmacéutica al que me he referido. Aprobado el plan en noviembre del año 2004, se abordó la elaboración del proyecto de ley con todos los sectores implicados.
Señorías, el proyecto de ley es fruto de largos meses de intenso trabajo, de más de 1.500 reuniones con los sectores implicados, y fruto del análisis de las posiciones de todos ellos en la búsqueda de un equilibrio que, por su propia
naturaleza, no puede coincidir con las posiciones de partida de ninguno de los protagonistas, pero que va a permitir alcanzar nuestro principal y básico objetivo que no es otro que el interés general de los ciudadanos. El proyecto se elabora además
con una vocación de futuro, con el propósito de lograr un marco estable y perdurable para el sector, porque, como apunté antes, a lo largo de los más de 15 años transcurridos desde la Ley del año 1990 se han producido muchos e importantes cambios
que hacen necesario y justifican un proyecto de la envergadura del que hoy les presento. En primer lugar se han aprobado una serie de directivas comunitarias que modifican el marco de la autorización de los medicamentos de uso humano y veterinario,
principios básicos que deben incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico a través de esta ley. Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde el 1 de enero del año 2002 todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en
materia de sanidad. El papel que deben desempeñar en el ámbito farmacéutico es muy importante y eso debe quedar reflejado en la normativa sectorial. Con este proyecto, y sin olvidar que estamos ante una competencia exclusiva del Estado y que
determinadas tareas recomiendan la centralidad de las decisiones, se otorga a las comunidades autónomas un mayor protagonismo en distintas áreas. Es importante señalar su directa implicación en las garantías de seguridad de los medicamentos
mediante las actividades ligadas a la
farmacovigilancia y control y también en lo que se refiere a la información y promoción de los medicamentos. Además, por primera vez, expertos de las comunidades autónomas se van a incorporar al proceso de determinación de la utilidad
terapéutica de los medicamentos, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de cuyo consejo rector queremos que formen parte. También en la regulación de las medidas de impacto económico las comunidades autónomas tienen
una particular consideración; tan es así que los fondos generados por las aportaciones de la industria al Sistema Nacional de Salud van en buena parte destinados a estas administraciones, bien a través del Fondo de Investigación Sanitaria, bien a
través de las actuaciones a favor de una mayor y mejor información y formación de nuestros profesionales. Pero lo importante es resaltar que las comunidades autónomas han estado presentes en todo el proceso de elaboración de esta norma, cuyos
principios han sido debatidos a lo largo de diez reuniones de la Comisión de Farmacia y en el propio Consejo Interterritorial de Salud. A este respecto no puedo dejar de recordar que en los años anteriores las comunidades autónomas no habían tenido
participación alguna en la política farmacéutica.
En otro orden de cosas, el proyecto de ley también incluye disposiciones muy importantes para los profesionales sanitarios, tanto respecto a sus actuaciones como en lo que se refiere a la protección de su independencia y el apoyo a su
formación, reforzando así su papel. Los profesionales sanitarios son clave en nuestro Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, también en la prestación farmacéutica. Esa es también la percepción que tienen los ciudadanos; baste en ese sentido
recordar los datos del barómetro sanitario que acabamos de conocer, en el que aspectos como la confianza y la seguridad que trasmite el médico, el trato del personal sanitario, la información recibida sobre su problema de salud o los cuidados y
atención de los profesionales son valorados por los ciudadanos con notas entre el 7,2 y el 7,5 en una escala de uno a diez.
En el proyecto de ley se definen con claridad las funciones de cada uno de los profesionales sanitarios implicados en la
prestación farmacéutica y se articulan medidas de apoyo a su formación y al acceso a la información sobre medicamentos. En todo caso, se garantiza que estas actividades, así como las de promoción comercial de los medicamentos, deben tener como
elementos centrales en su práctica el rigor científico, la transparencia y la ética.
En el proyecto de ley se resalta el carácter de la oficina de farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público y se reconocen al farmacéutico sus funciones en materia de atención farmacéutica o en el campo de las
estructuras de gestión de atención primaria, actuaciones que hoy en día ya vienen desempeñando en muchos lugares y que contribuirán de manera decisiva al uso racional del medicamento. Así, por ejemplo, el papel de los farmacéuticos en el
asesoramiento para un adecuado seguimiento del tratamiento es esencial, como también lo es el respeto de las condiciones de prescripción de los medicamentos. En efecto, el médico es una figura central, puesto que es quien, en su caso, establece un
tratamiento con medicamentos y, por tanto, en gran medida la calidad de la prestación farmacéutica depende de él. Obviar este papel no puede sino traer un empeoramiento de la calidad de la prestación y de la salud de los ciudadanos. El acceso de
los ciudadanos a medicamentos que solo deberían poder obtenerse con receta médica y las prácticas de automedicación irresponsable están potenciando un consumo inadecuado de medicamentos por parte de los ciudadanos, generándoles efectos adversos y
convirtiéndose así en un problema de salud que es necesario abordar. No podemos olvidar que el 33 por ciento de los casos atendidos en urgencias tiene su causa en el uso indebido de los fármacos o que se calcula que en nuestro país más de un tercio
de la población ha desarrollado resistencia a los antibióticos por su uso inadecuado.
La receta electrónica, cuyo desarrollo estamos acometiendo en el marco del Plan Avanza, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la red pública Red.es, y al que se están adhiriendo las comunidades
autónomas, va a permitir una mayor comodidad para el usuario, especialmente para los enfermos crónicos, pero también un mayor control y cumplimiento de la prescripción efectuada.
El proyecto de ley incorpora medidas para proporcionar a los pacientes información suficiente sobre la identificación del medicamento e instrucciones sobre su uso. La información contenida en los prospectos debe ser clara, legible,
comprensible, e incorporar instrucciones sobre el empleo, la administración, la conservación, los efectos adversos y las contraindicaciones, de modo tal que se reduzcan al mínimo los conceptos y términos técnicos. Asimismo, toda esta información
estará en alfabeto Braille, con el fin de garantizar su accesibilidad a todas las personas con discapacidad visual. En este mismo empeño por que la ley se adapte a las realidades y necesidades de los ciudadanos se contempla la posibilidad de un
espacio en blanco en los embalajes para que el farmacéutico pueda rellenarlo y describir en cada caso la posología, la duración del tratamiento y la frecuencia de las tomas.
Señorías, estamos ante un proyecto que, en el ámbito de la dispensación de los medicamentos, contempla todas las modalidades de dispensación que, con las garantías de salud pública necesarias, permiten adaptarse al máximo a las necesidades
de los pacientes. Precisamente por este motivo, por la garantía de salud pública y la preocupación por los ciudadanos, el proyecto no contempla la unidosis. Es un hecho cierto que no se aplica en ningún país de la Unión Europea, salvo en el Reino
Unido, donde ya se está considerando eliminar este sistema por la falta de garantías que tiene para los pacientes. La dispensación de medicamentos sin su embalaje, prospecto o etiquetado dificulta la trazabilidad y supone una pérdida de información
esencial que el
ciudadano debe conocer. Esto no es asumible por ningún sistema sanitario que se preocupe por sus ciudadanos. Como complemento de estas medidas, y de acuerdo con lo previsto en el Plan estratégico de política farmacéutica, vamos a llevar a
cabo actuaciones que permitan una adecuación de los formatos de los medicamentos a la duración media de los tratamientos.
Incidiendo en otra área de esta norma, quisiera referirme a los medicamentos genéricos, como saben, de igual calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos originales de referencia, y que desempeñan un importante papel en las políticas
de contención del gasto, puesto que el valor añadido de su precio competitivo permite desarrollar el sistema de precios de referencia. La incorporación más relevante en el ámbito de los medicamentos genéricos es la adecuada trasposición que se
lleva a cabo de la cláusula Bollard que, como saben, va a permitir una más rápida incorporación de este tipo de medicamentos al mercado. Esta medida adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que en los próximos años van a vencer las patentes
de algunos de los medicamentos más relevantes desde el punto de vista del gasto público. Esta medida, junto con otras disposiciones que inciden en el precio de los medicamentos que forman parte de la prestación farmacéutica, tiene un importante
papel en la estabilidad del gasto farmacéutico, siempre que sea aplicada con objetividad y transparencia en la toma de decisiones. Y esta ley, señorías, incorpora estos dos factores como elementos esenciales a la hora de adoptar una decisión en
este ámbito. La transparencia y la objetividad se incorporan en todas y cada una de las actuaciones y decisiones que se contemplan a lo largo del texto. Las garantías de objetividad y transparencia constituyen una base fundamental para evitar que
en el futuro la factura farmacéutica pueda alcanzar otra vez tasas de crecimiento de dos dígitos, como el 12,4 por ciento alcanzado en el año 2003 por factores no estructurales. En la actualidad se ha conseguido reducir el incremento interanual a
un 4,93 por ciento, y ello -debo decirlo- respetando un crecimiento del sector de un 6 por ciento; según los datos de 2005, un crecimiento similar al de países como Francia -5 por ciento-, Alemania -7 por ciento-, y muy superior al del Reino Unido
con un 3 por ciento, o al de Italia con un uno por ciento.
Señorías, este texto incorpora medidas estructurales que permiten racionalizar el gasto farmacéutico, mejorar la eficiencia del sistema y optimizar la gestión de los recursos. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor en beneficio
de los ciudadanos y así, entre otras acciones para alcanzar nuestro objetivo, se incorporan medidas referentes al precio de los medicamentos que lleven un determinado plazo en el mercado y de los que exista un genérico o se reglamenta la aportación
de la industria por su volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. No debemos olvidar que el Sistema Nacional de Salud es el comprador del 80 por ciento de los productos farmacéuticos que se venden en nuestro país, por un importe de más de
10.000 millones de euros. Con este volumen de facturación creemos que es razonable implantar una aportación limitada que revierte en gran medida al sector por vía de la investigación sanitaria.
Como saben, la contención del gasto farmacéutico no es solo un objetivo en nuestro país, sino en todos los países de nuestro entorno. Gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas para conseguir esta contención
del gasto. A modo de ejemplo, quisiera recordar aquí recientes bajadas coyunturales de precios de un 7 por ciento en el Reino Unido o de un 6 por ciento en Alemania, donde además el sistema de precios de referencia incluye medicamentos bajo
patente, la desfinanciación de medicamentos en Francia o la no financiación de aquellos que no suponen una clara innovación como es el caso de Bélgica.
El proyecto de ley incorpora en efecto medidas en este sentido, pero objetivas y transparentes y cuya entrada en vigor y efectos son perfectamente previsibles, dotando así al sector de un marco de referencia estable. En este texto, y en
paralelo a las medidas de racionalización de los recursos, se reconoce la importancia de la investigación. Es destacable volver a remarcar que el destino de las aportaciones de la industria farmacéutica se dirige principalmente a la financiación
del fondo de investigación sanitaria, garantizándose así la aportación de los fondos necesarios para seguir financiando una investigación como la desarrollada hasta ahora, investigación que, no lo olvidemos, se lleva a cabo en los hospitales
públicos del Sistema Nacional de Salud y sirve de base para el desarrollo de investigación aplicada que dará lugar a futuros medicamentos.
Por otra parte, la valoración de la innovación y la industria a través de la acción Profarma constituye uno de los sistemas más transparentes en el ámbito de la Unión Europea para revertir los recursos del Sistema Nacional de Salud en
investigación en beneficio de la industria innovadora, reconociendo la riqueza que puede aportar al sistema y a sus profesionales, a la vez que estimulando el desarrollo de esta industria.
Por primera vez se reconoce en este proyecto la
investigación en el ámbito de la incorporación de medicamentos a la financiación del Sistema Nacional de Salud, ya que se integra la innovación como uno de los criterios para determinar su financiación pública y se reconoce de manera expresa la
innovación galénica, a la que se otorga un plazo antes de integrarla en el sistema de precios de referencia para tener así en cuenta su innovación.
Señorías, nadie cuestiona hoy que los ensayos clínicos son una parte fundamental del proceso de investigación para la incorporación de nuevos fármacos y a la vez suponen una importante fuente de recursos para nuestro Sistema Nacional de
Salud. Sin embargo, la falta de liderazgo del Gobierno en legislaturas anteriores ha empeorado el atractivo de nuestro país para la realización de este tipo de pruebas, al no haberse dado solución a los conflictos que se plantean en los ensayos
multicéntricos cuando los comités éticos tienen planteamientos
distintos o corresponden a comunidades autónomas diferentes que no responden en los plazos que el promotor tiene previstos. Eso supone un desaprovechamiento importante de los recursos de nuestro país tanto de profesionales como de
infraestructuras sanitarias y es necesario, por tanto, poner solución a esto. La ley reconoce el interés de los ensayos clínicos, el interés también de que las autoridades sanitarias faciliten su realización en los servicios sanitarios del Sistema
Nacional de Salud y prevé en su articulado medidas que facilitan la adopción de un dictamen único válido en todo el territorio.
Señorías, como decía al principio, esta es una ley orientada hacia los ciudadanos que van a ser los máximos beneficiarios de su aplicación. Este proyecto incorpora las garantías y la transparencia como principios fundamentales en la
regulación del sector farmacéutico y ambos conceptos son básicos en la regulación de la trazabilidad de los medicamentos, cuestión que, por primera vez, se recoge en una norma legal. Asegurando la trazabilidad del medicamento, se podrá garantizar
el abastecimiento, cuya consecuencia directa es que el ciudadano disponga en su farmacia del medicamento que necesita y cuando lo necesita. Asegurar la trazabilidad del medicamento va a permitir conocer su situación en toda la cadena de
distribución hasta llegar al paciente, de manera que se asegurará la actuación de las autoridades sanitarias en casos ligados a la seguridad o retiradas del mercado, así como evitar falsificaciones. Esta medida se inserta en otras de refuerzo de
las funciones de almacenes y distribuidoras como garantes de la función prioritaria y esencial de abastecimiento de oficinas y servicios de farmacia. Ligado con la transparencia del mercado se encuentra la decisión de prohibir las bonificaciones,
que a lo largo de la cadena del medicamento tienen un efecto perverso ya que promueven la dispensación de un determinado producto por razones puramente económicas y no de salud pública, lo que conlleva problemas para el paciente de identificación
del producto, de su tratamiento y un incremento del número de consultas y de atención en urgencias. La prohibición de este tipo de actuación nada transparente dotará de mayor claridad a las transacciones de la cadena del medicamento.
En otro orden de cosas, y para finalizar, quisiera destacar que, por primera vez, se regulan en un capítulo específico de la ley los medicamentos veterinarios por su importante papel en la protección de la salud pública y sus evidentes
repercusiones en la cadena alimentaria.
Así, se incorpora con carácter general lo establecido para la autorización de medicamentos de uso humano. Se exigirá la prescripción veterinaria previa a la dispensación de medicamentos destinados a los
animales productores de alimentos y se posibilita también la creación del sistema español de farmacovigilancia veterinaria.
Hoy comienza la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley fruto de muchos meses de trabajo, fruto de innumerables reuniones con los sectores implicados y la decidida vocación de mejorar la calidad de la prestación farmacéutica. Sin
duda, las aportaciones que durante el trámite parlamentario van a realizar los grupos nos van a permitir mejorar, aún más si cabe, el proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y confío, en este sentido,
que podamos llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios.
Señorías, hace quince años otro Gobierno del Partido Socialista afrontaba una regulación innovadora y en profundidad de la prestación farmacéutica; entonces, como ahora, algunos hablaron de la destrucción del empleo, de ruptura del modelo
tradicional de farmacia español, de crisis profunda y definitiva del sector. La realidad fue otra: hay más industria que entonces, nacional y extranjera, más empleo y más investigación, el modelo de farmacia se ha reforzado y modernizado, el
sector ha crecido como nunca lo había hecho y hemos asegurado en estos años la prestación universal para todos nuestros ciudadanos.
Hoy presentamos un proyecto de ley que sienta las bases para una mayor modernización del sector en beneficio siempre de los ciudadanos, que supone una oportunidad de desarrollo empresarial innovador, que consolida nuestro modelo de oficina
de farmacia, que establece unas reglas de juego transparentes, estables y objetivas, que facilitan así las decisiones empresariales, que apoya a los profesionales con formación, información y respeto a sus funciones, que es respetuoso con los
diferentes espacios que componen el sector y, sobre todo, que vela por la calidad de la prestación, por la seguridad, por la garantía del acceso universal a los medicamentos, por la sostenibilidad, por la salud de los ciudadanos y, en definitiva,
por el interés general.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.
Comenzaremos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas, comenzando por las de devolución y debatiendo, a continuación, las de texto alternativo, todas ellas, como ustedes saben, por 15 minutos.
Enmiendas de devolución al Gobierno. En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para la defensa de su enmienda de devolución al Gobierno el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que en su momento presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de garantía y uso racional del medicamento y productos sanitarios. Presentamos
una enmienda a la totalidad en aquel momento porque, tal y como fue aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Ministros, nos parecía una mala ley. No era una ley integral ni una ley que pudiéramos decir que hiciera honor a su título, al propio
nombre de la ley, motivo por el cual presentamos la enmienda a la totalidad, y a partir de aquel momento afirmamos que solo podríamos apoyar la ley si, dialogando, conseguíamos cambiar aspectos sustanciales de la misma. Señorías, así ha
sido, y dentro de un momento pasaré a detallarles algunas de estas modificaciones, pero antes me gustaría hacer unas consideraciones previas.
Es evidente que estamos ante una situación de tensión presupuestaria en la factura farmacéutica, una factura que, por una parte, legisla el Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por otra, gestionan las comunidades autónomas.
Esta era -quiero subrayar el pasado- una ley que básicamente pretendía reducir el gasto farmacéutico. Otros aspectos de esta ley se podían regular, y de hecho se han regulado, a través de otros instrumentos normativos de rango inferior a la ley, y
nos podemos preguntar, señorías, si esa pretensión de reducción del gasto farmacéutico es loable por sí misma. La respuesta es no a cualquier precio, no puede ser el único objetivo de una ley. Seguramente el debate de hoy sería más fácil con un
pacto de Estado en materia de sanidad, pero no entraré en esta cuestión porque no es objeto de la discusión de hoy; ahora bien, la señora ministra sabe que en cualquiera de mis intervenciones durante la presente legislatura subrayaré la necesidad
de este pacto de Estado. El precio de aplicar esta ley tal como entró en el Congreso de los Diputados era lesionar gravemente a sectores importantes que se dedican a la investigación médica y a la investigación farmacéutica, sectores que son pieza
clave en una política sanitaria moderna que hay que contemplar de forma global. No hay que hacerlo pensando solamente en la factura, sino que hay que acometerla de forma global pensando en el futuro. Esta ley sin acuerdo podía ser pan para hoy y
miseria investigadora para mañana; era una ley que no contemplaba suficientemente aspectos de estímulo a la I+D+i. Para empezar, me pueden decir que el enfoque que estoy dando es de política industrial, y yo les digo que sí, que también, que este
es un sector estratégico innovador muy importante. En España, después del sector del automóvil, el segundo sector más importante es el farmacéutico, y mi grupo parlamentario, evidentemente, es partidario de la colaboración con lo público y lo
privado, de la colaboración con el Instituto Carlos III, pero reconociendo también en una sociedad como la nuestra el papel del sector privado en el ámbito de la investigación. Señores del Grupo Parlamentario Catalán, No nos incomoda para nada que
nos digan que el Grupo Parlamentario Catalán defiende el tejido productivo farmacéutico innovador. Evidentemente, porque nosotros hemos defendido este sector, como otros -después haré referencia a ellos y se los detallaré-, porque estos sectores
innovadores también suponen una garantía de futuro. La innovación de hoy serán los genéricos de mañana y la innovación de hoy en el sector farmacéutico español, señorías, se encuentra en un punto crítico. Nuestra política industrial respecto al
sector farmacéutico no es lo suficientemente buena como para decir que estamos entre los mejores de los mejores, pero tampoco debemos resignarnos a ser un país simplemente importador y comercializador de productos farmacéuticos. Como les decía
estamos en un punto crítico en el cual es necesario el apoyo, el estímulo y la apuesta estratégica del Gobierno a favor de la innovación, que quiere decir, evidentemente, a favor de la salud de los ciudadanos.
Señorías, señora presidenta, durante el día de ayer, casi en tiempo de descuento -no sé por qué, pero fue casi en tiempo de descuento- se realizó una intensa negociación entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), encabezada
por su portavoz, señor Duran, el portavoz del grupo mayoritario, señor Pérez Rubalcaba, y miembros del Ministerio de Sanidad, llegando a un acuerdo de modificación de la ley.
Un acuerdo de modificación en profundidad de la ley, que supondrá la
incorporación de 40 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta ley y que supondrá el sello de este grupo parlamentario a la tramitación parlamentaria de la misma: veintidós enmiendas aceptadas en su literalidad y
dieciocho enmiendas transaccionadas. Algunas de esas enmiendas incluso ya han estado incorporadas, y lo celebro positivamente, en el discurso inicial de la ministra. Esto ya es un punto de convergencia entre los planteamientos iniciales del
proyecto de ley y las enmiendas propuestas por Convergència i Unió, que evidentemente pasan a la tramitación parlamentaria y al conjunto del proyecto. (El señor Mingo Zapatero: ¡Qué barbaridad!)
Quisiera hacer referencia a algunos de estos acuerdos y destacar tres grandes aspectos. En primer lugar, hemos modificado en profundidad la disposición adicional sexta. Como muy bien saben S.S. en esa disposición se contemplaba una
aportación voluntaria -entre comillas, obligatoria- del sector farmacéutico a la investigación. No puedo, por cuestiones de tiempo, entrar en el debate conceptual sobre lo apropiado o inapropiado de esta aportación. Es evidente que en el anterior
Gobierno, y en este, había y hay una vía de colaboración con el sector farmacéutico para la investigación. Antes he hablado de la colaboración entre el sector público y el sector privado. Nuestro planteamiento de fondo es que tenía que ser una
aportación concertada y no unilateralmente definida por parte de una ley. En todo caso, nos congratulamos de que a partir de un tope definido por el Gobierno en el proyecto de ley del 3,5 por ciento nos hemos instalado casi en una aportación lineal
del 1,5 por ciento hasta 3 millones de euros de facturación cuatrimestral, o del 2 por ciento en cantidades superiores a los 3 millones de euros, más -y creo que este es un aspecto muy importante- una minoración de esta aportación en los casos del
fomento de la excelencia y de industrias innovadoras en una escala que va del 5 al 25 por ciento. Para nosotros este es un aspecto muy importante.
Existe un segundo aspecto que se ha modificado con profundidad en la ley.
Para nosotros es muy importante el reconocimiento de las innovaciones galénicas. Innovaciones galénicas que suponen mejoras en la utilidad
terapéutica de los pacientes, evidentemente, y que a partir de lo acordado, sin medicamentos genéricos -y es evidente que no los habrá, estamos hablando de innovación en el campo galénico- se contempla una excepción del sistema de precios de
referencia durante un periodo de cinco años. Evidentemente esta innovación galénica también repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos porque supone una mejora terapéutica como tal, pero además SS.SS. saben perfectamente que es
uno de los campos más innovadores de la industria farmacéutica española.
El tercer punto de modificación y de acuerdo al que hemos llegado en la ley se refiere a la reducción del precio a los diez u once años -no voy a entrar en los pormenores de cuándo diez y cuándo once años- en un 20 por ciento. Hemos
descartado a los Estados de la Unión Europea en los que existan genéricos o tengan régimen excepcionales o transitorios en materia de propiedad intelectual. Si me permiten descodificar un poco lo que les acabo de decir, pasamos del criterio de la
Unión Europea de los Veinticinco al criterio de la Unión Europea de los Quince. Porque es evidente que la entrada de diez nuevos países, con precios de medicamentos, también de genéricos, muy distintos a los de la media de la Unión Europea, hacen
prácticamente inviable la innovación en el ámbito español y en el ámbito que a nosotros nos interesa para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Señorías, hemos ido bastante más allá en otros aspectos. Gracias a este acuerdo, gracias a la incorporación de estas enmiendas, hemos restablecido un papel, que nunca se debía haber perdido, para el farmacéutico, para la oficina de
farmacia. El farmacéutico, las oficinas de farmacia no pueden ser -si se me permite la expresión- meros y autómatas ejecutores de las recetas farmacéuticas. Estamos hablando de farmacéuticos, estamos hablando de personas con conocimientos, estamos
hablando de personas con formación universitaria, estamos hablando de personas que tienen un papel importante también en todo el sistema sanitario español. Por premura de tiempo, no puedo entrar a detallar muchos de los aspectos que hemos mejorado
en las oficinas de farmacia.
También hemos modulado algo que era evidente y que era objeto de enmiendas por parte de distintos grupos parlamentarios; ante aquella máxima de que solo se podrán dar con receta médica algunos medicamentos, era
evidente que esto en algunos casos se tenía que modular.
Hemos introducido claridad en la trazabilidad materialmente posible. Esta ley contemplaba una trazabilidad no viable por parte, por ejemplo, de las propias oficinas de farmacia. También hemos mejorado la definición de medicamentos
genéricos y hemos suprimido algunas remisiones a los reglamentos. Hemos avanzado en transparencia, dando carácter público a los informes de evaluación de nuevas evidencias sobre seguridad de medicamentos autorizados; era algo ampliamente requerido
por el sector investigador y por el sector universitario y lo hemos incorporado en esta tramitación y en este acuerdo. Hemos incorporado la especialidad importante y creciente de radiofarmacia, que había sido ignorada en el proyecto de ley tal como
entró en estas Cortes Generales. En estas modificaciones se reconoce el derecho de los almacenes mayoristas a ser suministradores. Igualmente -y celebro que también se haya incorporado como parte del discurso- hemos incorporado la necesidad de
tener en cuenta a aquellas personas con deficiencias visuales, con la obligatoriedad de incluir el lenguaje braille en los envases de los medicamentos, más algunas otras informaciones complementarias.
Asimismo hemos hecho un ejercicio de sentido común incorporando las previsiones de que algunas profesiones -estamos hablando claramente de podólogos, de ópticos optometristas y de protésicos- sanitarias puedan recetar, que no prescribir
-seguramente en el trámite parlamentario podremos precisar más, porque creo que en la ley hay alguna confusión respecto a lo que es prescribir y a lo que es recetar-, algunos medicamentos vinculados claramente a su especialidad. Hemos avanzado
también en el reconocimiento de las competencias autonómicas. Hace un momento hacía referencia a que estamos legislando en el ámbito de las Cortes Generales sobre una competencia básicamente de las comunidades autónomas, sobre la participación de
las comunidades autónomas en la definición de los fondos públicos. Quiero subrayar que por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se mantienen vivas unas enmiendas de este grupo, pero que también son del propio Gobierno de la
Generalitat, y espero que durante la tramitación parlamentaria precisamente el Gobierno tenga sensibilidad ante unas enmiendas planteadas en línea con el Gobierno de la Generalitat. Curiosidades casi de letra de tango, el Grupo Parlamentario
Catalán presentando enmiendas en sintonía con el Gobierno de la Generalitat.
Para terminar, señora presidenta, debo decir que hemos llegado a un buen acuerdo, a un muy buen acuerdo, que evidentemente es mejorable en el trámite parlamentario, a partir del diálogo, a partir del pacto, de ese diálogo y de ese pacto al
que hemos llegado -como les decía hace un momento- en tiempo de descuento, exactamente en el mismo tiempo de descuento que ahora tengo en mi intervención. Quizás habría sido bueno, y es una cuestión procedimental, haber llegado antes a este
acuerdo. Este es un acuerdo que pone el rumbo hacia un planteamiento bastante más equilibrado de esta ley, hacia un reconocimiento a los sectores innovadores, de mayor protección a los usuarios, a los pacientes, y también de reconocimiento a
sectores varios, entre los cuales quiero destacar especialmente el sector de los farmacéuticos.
Por todas estas consideraciones, señora presidenta, doy por retirada la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a la vez que me congratulo del acuerdo alcanzado sobre esta ley de uso racional del
medicamento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.
Continuamos con el debate y por tanto con la defensa por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de la última enmienda de devolución al Gobierno de las presentadas. Tiene la palabra para este turno la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el proyecto que hoy debatimos es muy necesario ya que debemos adaptar la legislación vigente a las nuevas exigencias emanadas de la Unión Europea y a la realidad social y política del Estado español. Este proyecto derogará la Ley
del Medicamento de 1990. Desde entonces se ha producido la descentralización completa de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud y es evidente que se impone la revisión del marco normativo, para dotarnos de un instrumento legislativo
adaptado a la nueva realidad. Estamos ante un proyecto de gran trascendencia porque a partir de él van a desarrollarse las políticas sanitarias para los próximos años, políticas que van a incidir en todos y cada uno de los ciudadanos, un gran
número de ellos doblemente implicados: por su salud personal y por su actividad profesional. En el ámbito de la salud no se les escapa, señorías, que hay muchos sectores implicados: profesionales de la salud, oficinas de farmacia, laboratorios,
distribuidores, etcétera.
El proyecto expone que el desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado, capaz de impulsar el uso racional de los medicamentos, y cuyo objetivo central sea que todos
los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad. Sin embargo, después de haber examinado el anteproyecto y haber constatado las primeras encuestas y las
restricciones en el número de comparecencias, llegamos a la conclusión de que el principal motivo que perseguía el anteproyecto no era tanto establecer un marco legal que permita el uso racional del medicamento, sino satisfacer una necesidad
inmediata, que es la reducción del gasto farmacéutico. La necesidad de reducir el gasto farmacéutico ya ha conllevado distintas regulaciones, como el establecimiento de precios de referencia y aportaciones de la industria farmacéutica,
disposiciones que fueron adoptadas por el ministerio en los Presupuestos Generales del Estado. Para conseguir este objetivo, consideramos que no era necesario correr a presentar un nuevo proyecto de ley, porque se podía regular al margen del
proyecto. Es más, tenemos fuertes dudas de que este anteproyecto, hoy ya proyecto, consiga su verdadero objetivo: reducir el gasto farmacéutico. De las cuatro líneas de actuación principales para la contención del gasto: incremento de presencia
de genéricos, establecimiento de criterios de coste-efectividad, control sobre la industria -ya sea control de márquetin o control de precios- y mayor responsabilidad en la gestión del gasto, se ha apostado por el control de precios y con alguna
confusión en el incremento de genéricos. Nosotros creemos que se comete el error de no profundizar en las otras dos opciones.
Respecto al control de precios, dudamos de su eficacia, ya que los precios por receta en el Estado español se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea y el menor precio es compensado por un mayor volumen de prescripción; si se
sigue presionando en este sentido, va a haber una desviación de la receta hacia otros productos más caros, como ya ha ocurrido en otros países. El sistema de precios de referencia, que produce resultados a corto plazo, entraña riesgos. Por
ejemplo, la disminución de recursos en I+D, provocada por la reducción de márgenes, ya que los recursos que se destinan a I+D provienen del margen de toda la gama de productos de las empresas, especialmente de los que han sido amortizados, es decir
de los que llevan más tiempo en el mercado. Otra posible consecuencia de su aplicación es que la bajada de precios hace que los genéricos pierdan su ventaja principal, el precio más bajo.
Alternativamente, los genéricos, para tener cuota de
mercado, ofrecen grandes descuentos a distribuidores y a farmacias, con lo cual tampoco tienen incentivos para reducir su precio. Ello explica la poca penetración del genérico en el Estado español. Claro que si el interés del genérico parece ser
que solo radica en su precio, no tiene mucha importancia, porque en España ya hay más de un 20 por ciento de medicamentos que están a precio de genérico.
El medicamento genérico de calidad debe ser visto como una oportunidad de contención de gasto y de creación de riqueza y puestos de trabajo. La visión reduccionista del genérico como un medicamento barato no le hace ningún favor; lo que
impulsará el medicamento genérico, como ha dicho la señora ministra, es la correcta trasposición de la cláusula Bolard, facilitar su salida al mercado y no la bajada permanente de precios. Si consideramos que el gasto farmacéutico per cápita es más
bajo que la media europea y que el incremento en el gasto no es debido al aumento de precio de un medicamento sino al aumento del número de recetas, es obvio que el acento debe ponerse en la calidad de la atención médica en su conjunto. De un
estudio realizado en Cataluña se dedujo que el 41 por ciento de las visitas al médico de gente mayor polimedicada, con patologías vasculares crónicas, se podía evitar si el enfermo tuviese un acceso al mejor conocimiento de su tratamiento, con una
intervención educativa dirigida por un farmacéutico.
Volvemos a caer en el error de considerar el gasto farmacéutico como un factor aislado, no integrado en el proceso de diagnóstico y terapéutico en conjunto. La clave de la contención del gasto farmacéutico está en el título VI de la ley del
uso racional del medicamento. El prescriptor es quien tiene la llave de la contención del gasto y a este se debe dar el soporte necesario para prescribir
el medicamento más adecuado para una patología determinada. El funcionamiento del sistema debe estar basado en una interacción entre servicios hospitalarios, servicios de atención primaria y un farmacéutico de la oficina de farmacia, en la
creación de guías de buenas prácticas y protocolos de prescripción, como ya se está haciendo en algunas comunidades donde efectivamente el crecimiento del gasto farmacéutico está en el mismo nivel que en Europa. La coordinación entre niveles
asistenciales está llamada a ser en el futuro inmediato una de las llaves para garantizar a los ciudadanos una farmacoterapia segura, eficiente, de calidad, y a menor coste. En cambio, el capítulo VI del proyecto parece pertenecer a una ley
destinada a regular las competencias de la profesión farmacéutica más que a promover un uso saludable de los medicamentos. Se ignora el deber de los médicos y la responsabilidad del sistema público, se ignora el papel de la enfermería comunitaria
en el uso correcto de los medicamentos, se ignora la necesaria colaboración multidisciplinar propia de todos los profesionales sanitarios y no contempla aspectos como el papel de los farmacéuticos y oficinas de farmacia a través del desarrollo de
actividades de atención farmacéutica. En cambio, se proyecta una sombra de sospecha sobre el farmacéutico de la oficina de farmacia, dudando de su capacidad profesional.
Otro aspecto que a nuestro juicio ya justificaría una enmienda de devolución es el escaso, prácticamente nulo, reconocimiento de responsabilidad e implicación de las comunidades autónomas en los procesos de toma de toma de decisiones
relacionados con la autorización de los nuevos medicamentos, la valoración de su innovación, la fijación de precios, su inclusión en la oferta del Sistema Nacional de Salud y las condiciones de su financiación. Se debe tener en cuenta que los
gobiernos de las comunidades autónomas son los que deberán asumir las consecuencias que se deriven de estas decisiones, ya sea desde el punto de vista económico, al asumir los costes de financiación de los medicamentos ofertados por el Sistema
Nacional de Salud, o desde el punto de vista de la utilización de los recursos terapéuticos disponibles. La modificación de la Ley del Medicamento es una oportunidad de primer orden para que la Administración General del Estado establezca
mecanismos de codecisión en esta materia a fin de alcanzar un objetivo común, que es la sostenibilidad del sistema.
Consideramos que el procedimiento de financiación selectiva debería garantizar unas relaciones francas y transparentes con la industria farmacéutica, esenciales para la modernización del sector productivo y sostenibilidad del sistema. Se
debía contemplar la innovación y utilidad terapéutica como hechos esenciales para la fijación de precios. Las distintas medidas que prevé este proyecto de ley para conseguir bonificaciones al sistema nos parecen contraproducentes, innecesarias y de
consecuencias imprevisibles para muchos ciudadanos y ciudadanas que sustentan a sus familias gracias a la industria farmacéutica. El proyecto, como ya se ha dicho, establece que para los medicamentos que lleven más de diez años en el mercado y no
cuenten con un genérico se reducirá su precio a un 20 por ciento. Se incorpora solamente el criterio de tiempo de permanencia en el mercado y no se tienen en cuenta otros aspectos relacionados con las condiciones en que fue aprobado el medicamento,
se fijó su precio y la prevalencia de uso.
Se ha comentado la disposición adicional sexta. Pensamos que antes de aplicar estas medidas se debería realizar una evaluación pormenorizada del impacto sobre la industria y las posibles consecuencias sobre la viabilidad de determinados
laboratorios, especialmente en la pequeña y mediana empresa. La industria farmacéutica implantada en Cataluña genera un valor añadido bruto de más de 1.700 millones de euros. Estas cifras la sitúan como el sector industrial más importante de
Cataluña. El Estado español es el sexto productor farmacéutico de la Unión Europea y en Cataluña, como he dicho, es un sector estratégico. El peso de la producción catalana es asimilable al de los Países Bajos y Dinamarca y, en términos de
capacidad productiva per cápita, solo es superado por Irlanda y Dinamarca. En Cataluña solamente el sector de fabricación de productos farmacéuticos ocupa a 21.200 personas y en el conjunto del Estado a 40.000. El peso de la ocupación en la
industria farmacéutica en Cataluña supera ampliamente la media europea, solo es superada por Irlanda y a un nivel similar al de países con potentes multinacionales, como Suiza. Ante estos datos, creemos que es un acto de responsabilidad pedir al
Gobierno que evalúe mejor las medidas tomadas. Con las cosas de comer, me decían en casa, no se juega.
Estamos hablando de uno de los pocos sectores productivos del Estado. La industria farmacéutica catalana ocupa el quinto lugar de la Unión Europea en cuanto a productividad. Cuando se ha debatido repetidas veces en esta Cámara la necesidad
urgente de incentivar el I+D, cuando la Unión Europea ha establecido fondos especiales para I+D, con el fin de competir en el mercado global, con este proyecto de ley se quiere institucionalizar medidas contra un sector productivo en lugar de
incentivar inversiones.
La industria farmacéutica es uno de los sectores de la economía que dedica más recursos a la investigación, desarrollo e innovación. Creemos que esta disposición adicional sexta debería desaparecer de la ley o que se
debería diseñar un sistema transparente que controle la promoción excesiva de nuevos medicamentos por encima del crecimiento del PIB, pero que incentive las inversiones en I+D. Otro aspecto relacionado con esta disposición es el destino de estos
recursos. Tampoco estamos de acuerdo en cómo se distribuyen las susodichas aportaciones. La futura ley debería incorporar otros aspectos que el anteproyecto no contempla, relacionados con la definición de una política farmacéutica orientada a
potenciar el desarrollo industrial y de la investigación y el desarrollo de las empresas farmacéuticas implantadas en el Estado español y que sea compatible con el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud.
Ante la trascendencia del proyecto, después de un detenido examen, en Esquerra Republicana consideramos que este proyecto no estaba preparado para su debate en Comisión y que merecía una reflexión profunda. Nosotros consideramos que las
líneas maestras que regían el documento no eran las convenientes para afrontar los nuevos retos que suponen el sostenimiento de un Sistema Nacional de Salud público de calidad y sostenible. Por eso presentamos esta enmienda de devolución para que
el proyecto fuera mejor examinado y corregido. Hemos de decir que desde hace 24 horas ha habido contactos con el ministerio y se ha empezado un diálogo positivo, se han considerado positivamente parte de nuestras enmiendas y de nuestra visión.
Como ya ha comentado el diputado portavoz que me ha precedido, se suaviza el impacto sobre la pequeña y mediana empresa farmacéutica con algunas de las disposiciones comentadas, se mejora la protección a la innovación galénica y se pone de
manifiesto un entendimiento del papel codecisivo de las comunidades autónomas previendo crear instrumentos para que puedan intervenir por medio de comités en la evaluación de la efectividad y utilidad terapéutica de los medicamentos; así se recoge
la aspiración de la codecisión.
Las comunidades autónomas participarán en los términos establecidos reglamentariamente en el consejo rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como órgano colegiado de dirección del organismo; asimismo, la agencia
contará con la colaboración de expertos independientes de reconocido prestigio científico propuestos por las comunidades autónomas. Este es un punto positivo que recoge una aspiración que comentábamos que debería recoger el proyecto de ley. La ley
respetará escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas; contemplará la figura del especialista en radiofarmacia y el derecho del mayorista a ser suministrado por los laboratorios; se admiten los descuentos por pronto pago o
volumen de compras, que es una aspiración que nos parece lógica y de sentido común; incluye la autorización de la distribución por terceros, que se había olvidado; permite la sustitución por el farmacéutico cuando las circunstancias lo exijan -así
recogemos el sentimiento de frustración de los farmacéuticos de las oficinas de farmacia al no ver reconocidas su competencia ni su profesión-; contempla el sistema de dispensación personalizada, avance que se ha introducido en algunas comunidades
autónomas y que era un retroceso no reconocerlo. Y hay un tema que parece menor, pero que no lo es, que es muy importante, que en las recetas y órdenes hospitalarias se incluirán advertencias al farmacéutico, que así se convierte en copartícipe del
cuidado del paciente; el farmacéutico de oficina de farmacia no es una figura que se debe limitar exclusivamente a vender medicamentos, sino que es un elemento clave en el autocuidado y en el uso racional del medicamento. Aparte de estos cambios
ya aceptados por el ministerio, lo más importante es que se ha creado un ambiente de diálogo, que esperamos que continúe durante todo el debate parlamentario, en aras de facilitar la colaboración por el bien de todos.
Señorías, hemos decidido retirar nuestra enmienda de devolución, porque nuestro propósito en esta Cámara no es hacer una oposición de acoso y derribo, sino constructiva y que permita llegar a soluciones por el bien de la ciudadanía. Si esta
colaboración, que ha empezado hace 24 horas, continúa existiendo durante el debate parlamentario y todos los grupos se incorporan a esta oposición constructiva que creemos que debe haber, esperamos que surja un documento útil, como he comentado
antes, para los próximos años. Es importante porque, como he dicho al comenzar mi intervención, este proyecto de ley no es un proyecto cualquiera, es un proyecto que va a incidir en todos y cada uno de los ciudadanos y que tiene implicaciones
económicas importantes que no se deben olvidar. La industria farmacéutica es clave para el papel del Estado español en la Unión Europea y en el mundo, es un sector estratégico que tenemos que considerar, y debemos continuar el diálogo con este
sector industrial.
Por tanto, señorías, repito que doy por retirada mi enmienda de totalidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Bonás.
La última enmienda presentada lo es de texto alternativo y ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra la señora Ana Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, señor Xuclà, esta ley se va a llamar la ley Xuclà. Después de haberle oído, no sé muy bien a qué ley me tengo que referir en este momento. Hoy veníamos a debatir un proyecto de ley de garantías y uso racional del
medicamento, mejor dicho, veníamos a defender y a debatir enmiendas a la totalidad. Este es un debate, si me lo permiten, de una enorme trascendencia social para los profesionales sanitarios, para la política farmacéutica y para la industria.
Porque hablar de medicamentos es importantísimo, es hablar de la salud de los españoles, es hablar del diagnóstico de enfermedades, es hablar de la prevención, es hablar del tratamiento de las enfermedades, es hablar de 20.000 farmacias, es hablar
de médicos, es hablar de futuro, es hablar de innovación, es hablar de 4.000 investigadores, es hablar de más de 100.000 personas que trabajan directa o indirectamente en este sector productivo. Hoy venía yo a hablar del proyecto de ley que conocía
y venía a hablar de muchas cosas que muchos de quienes me han precedido en el uso de la palabra me van casi a evitar que hable, porque la ley de la que me están diciendo que se ha cambiado en las últimas 24 horas no se parece en nada a la ley que
conocemos. Y luego haré un repaso.
Hoy veníamos a aportar cada uno, cada grupo, aquello que nos parece relevante para la política del medicamento. Hoy veníamos a hablar de salud y a hablar de mejoras en la salud. Nosotros, el Grupo Popular, veníamos por coherencia, que es
lo primero que uno tiene que tener en política; coherencia con lo que hemos defendido siempre, coherencia con lo que se recogió en la Ley de cohesión y calidad y en la Ley de ordenación de profesiones sanitarias -a las que parece que algunos tienen
alergia, porque no las nombran nunca; no importa, están ahí, son de todos-; coherencia con lo que hemos defendido en el consejo interterritorial del 24 de octubre de 2003; coherencia con los consejeros de las comunidades autónomas y coherencia,
señorías, con una proposición de ley que el 2 de septiembre de 2005 se presentó en esta Cámara y que, aunque han pasado muchos meses, todavía no se ha debatido. Hemos tenido más suerte en la Cámara Alta. Ya saben, allí la vamos a debatir el día
22. Hoy también venimos, señorías, señora ministra, por responsabilidad, se lo aseguro.
Este proyecto tenía que haber buscado el consenso. El balance a día de hoy es: tres enmiendas a la totalidad, una -la nuestra- de sustitución y más de 570 enmiendas, y un enorme descontento. Yo me pregunto cómo es que en 24 horas algunos
resuelven -fantástico- lo que no han resuelto en dos años. Permítanme que les recuerde que hoy aquí debatimos un proyecto de ley que ha recibido críticas de todos y desde luego paseos de todos los sectores -profesionales, colegios, federaciones
empresariales, la industria- a todas partes, incluida Moncloa. Lo que el Gobierno nos presentaba -hablo en pasado porque ya no sé qué nos presenta- es una ley vieja para retos nuevos, es para un modelo de sanidad que ha cambiado, que es otro. Se
nos ha recordado lo que pasaba hace 15 años, o hace 14, o hace 13, u 8 años. Claro que sí, pasaban muchas cosas; se presentó una ley, la Ley del Medicamento; el gasto en algunos años creció un 18 por ciento. Pero lo ha dicho muy bien la señora
Bonás, tenemos que analizar siempre cuántos ciudadanos reciben prestación farmacéutica y a cuántos ciudadanos atiende el sistema. Por cierto, hoy el sistema atiende a 4 millones más de ciudadanos que lo hacía a principios del año 2000. Hoy,
señorías, venimos por responsabilidad y para defender el acceso de todos los ciudadanos a una prestación farmacéutica en igualdad; venimos por la seguridad en el uso de los medicamentos, lo que se conoce como el buen uso del medicamento; venimos
para defender un modelo en el que creemos.
Hay otro reto más en esta ley, un nuevo reto, el de los profesionales.
Profesionales que tengan información suficiente y formación continuada, que conozcan las innovaciones no a través de la industria,
sino a través del propio sistema. Venimos hoy también porque tenemos otro reto por delante, el reto de saber escuchar y después entender y atender; escuchar y atender a los profesionales, a las comunidades autónomas, escuchar las opiniones del
sector, a los órganos consultivos -por cierto, al Consejo de Estado-, a las asociaciones de pacientes. Escuchar y atender a todos para así enriquecer las normas, que las normas al final son de todos.
El proyecto de ley, señorías, no responde a estos retos. El objetivo fundamental -lo han dicho el señor Xuclà y la señora Bonás- es el buen uso de los medicamentos y por eso, señora Bonás, agradezco la defensa que usted ha hecho de la
dispensación de medicamentos necesarios a los ciudadanos. Porque es necesario que nos paremos a pensar por qué se dispensan a través de receta farmacéutica en nuestro país más de 20 millones de envases de paracetamol y otro montón de millones sin
receta médica. Eso nos ha de hacer pensar que algo está pasando y por eso tenemos que poner medidas en esa dispensación personalizada. Por cierto, señorías, no hablo de dispensación de papel albal, hablo de dispensación personalizada, que son dos
cosas bien distintas. Hablar de medidas innovadoras es hablar de dosificación personalizada. ¿Con qué finalidad? Con una muy sencilla: que, si uno necesita tres comprimidos, no se lleve a casa veinte y que, si uno tiene que ponerse un
inyectable, no se lleve a casa cuatro. Eso es personalizar y el Partido Popular no está pensando en llevarse cuatro comprimidos en un papel albal en el bolsillo.
No se equivocan tampoco quienes han defendido aquí que hay que aumentar la seguridad. A nosotros nos parece inseguro que se vendan fármacos a través de Internet. No sé muy bien cómo queda esta parte de la ley, no lo sé, sé lo que decía el
proyecto; lo que dice ahora no lo sé. El proyecto en 24 horas está irreconocible y no voy a usar palabras más altas, pero no lo va a reconocer nadie. Es muy importante lo que se ha dicho esta mañana, se ha hablado de precios, pero lo que el señor
Xuclà y la señora Bonás han dicho -perdonen que repita tanto sus nombres- de precios no tiene nada que ver con lo que dice el proyecto. La señora Bonás ha dicho con muy buen criterio: ojo con los precios de referencia, con qué concepto hablamos de
precios de referencia, tengamos en cuenta la innovación y tengamos en cuenta las patentes. Totalmente de acuerdo, señora Bonás. Esa es la política que se defiende en toda Europa y ojalá en este proyecto de ley se recoja. Yo repito que he venido a
defender lo que decía el proyecto que todos conocemos y que entró en esta Cámara.
Hoy defiendo una política de precios basada en que no es lo mismo un medicamento innovador que un medicamento que está fuera de patente, como demuestra que hoy en España tengamos medicamentos que bajaron su precio en un 65 por ciento. No
creo en las bajadas lineales de precio. No creo en la bajada del precio de los medicamentos innovadores porque estaremos destruyendo el tejido innovador y el tejido industrial que tanta importancia tienen en Cataluña -también en Madrid- y en otras
comunidades para el futuro de nuestro país. Es importante que se protejan las patentes, porque si no la industria huirá de España como el gato del agua escaldada, y eso no nos conviene para nada. Tampoco nos conviene poner una tasa a las ventas,
que es de dudosa
constitucionalidad. Hoy por la mañana se ha empezado hablando de una tasa del 3,5, luego del 2 y ahora se está hablando ya -aquí no lo ha dicho nadie- del 1,5. Yo me voy a referir a la tasa que tiene el proyecto de ley. Le digo
sinceramente que de este modo las intervenciones parlamentarias son muy poco seguras. En esta tribuna estoy segura, pero desde el punto de vista parlamentario no son seguras porque venir aquí a debatir algo que ya sabemos de antemano que han
cambiado es empobrecedor intelectualmente, y para los ciudadanos más todavía. Nosotros vamos a seguir defendiendo algunas de las cosas que, por cierto, se ha dicho que están incluidas. Fue el Gobierno Socialista el que puso en marcha en este país
el programa Profarma. El citado programa fue excelente e innovador, pero este proyecto de ley no tiene ni una sola línea acerca del modelo de I+D en este país ni de la sostenibilidad del modelo de investigación en materia de fármacos. ¿Dónde están
los medicamentos huérfanos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien sabe lo que son los medicamentos huérfanos en esta ley? No. Nadie se ha preocupado de pensar que hay que investigar no solo en los medicamentos en los que tiene interés la
industria farmacéutica sino en los que llevan en el mercado muchos años y cuya eficacia terapéutica hay que ver y en medicamentos utilizados en enfermedades raras o poco prevalentes. El señor Rodríguez Zapatero hablaba de que este país va a ser una
referencia en investigación y desarrollo, por eso muchas partes del sector han ido a Moncloa a reunirse con el equipo del presidente y trasladarle su malestar, porque el sector farmacéutico -lo dijo la señora Bonás- representa más del 35 por ciento
de la investigación en este país, y con esta ley corre serios riesgos.
Estamos ante un proyecto de ley -el que conocemos, insisto- que afecta de una manera importantísima al futuro de los profesionales, de los investigadores y a más de cien mil profesionales que trabajan en este sector. La industria ya ha
anunciado que más de 2.740 personas se van a ir a la calle -con perdón-. Por eso hemos presentado una alternativa que es muy sencilla de entender. Creemos que es posible otro modelo, que son posibles alternativas como las que han mencionado el
señor Xuclà y la señora Bonás. Han dicho que la innovación galénica se va a tener en cuenta -de acuerdo-; que el papel de las comunidades va a cambiar -de acuerdo-; que va a haber cambio y que va ha haber derechos para los mayoristas -de
acuerdo-; que va a haber capacidad de distribución para terceros -de acuerdo-; que va a haber capacidad de sustitución y que desaparece el nunca jamás -de acuerdo-; que va a haber dispensación personalizada -de acuerdo-. Sigo con el señor Xuclà,
que nos ha recordado que también están las enmiendas de la Generalitat, que seguro que son muy atinadas, como las que usted ha defendido. S.S. ha manifestado que se cambia el sistema al 20 por ciento y ha hablado de otra novedad más, de que los
precios de referencia no van a bajar en un año, ni en dos, ni en tres, sino en cinco -he creído entender-. También ha hablado de algo muy importante, de medidas estructurales y de trazabilidad, de otro modelo de trazabilidad que llega al paciente
-estoy totalmente de acuerdo-, así como del Braille en los envases y en el prospecto de los medicamentos.
Estoy de acuerdo porque es lo que contiene la enmienda del Partido Popular.
Señorías, se me termina el tiempo, me queda un minuto y 49 segundos.
Solamente quiero decirle que si las cosas que aquí he oído son ciertas, si esas 24 horas han servido para todo lo que ustedes han dicho, ¡qué dos años más perdidos!. No
hemos sido llamados nunca para una reunión, pero hoy desde aquí, señora ministra, le pido que nos llame. Creemos en la política que han defendido los grupos parlamentarios esta mañana aquí y coincidimos prácticamente con todo lo que han dicho. Yo
la llamo ya ley Xuclà y ley Bonás, si me permite compartirlo con su compañera y además paisana. Hablar hoy del medicamento en España es hablar de uso racional, es hablar de dosis personalizadas, es hablar de I + D+ i -la i pequeña-, es hablar de
medicamentos huérfanos, es hablar de innovación, es hablar de trazabilidad pero que llegue al paciente, es hablar de sostenibilidad, es hablar de políticas sostenibles. Se dijo aquí que en el año 2003 creció la factura farmacéutica más de dos
dígitos y otros años, el 18, pero de lo que no se ha hablado es de cuál era el gasto por receta en el año 2003 ni del impacto de los precios de referencia en 2004. Seguro que hicimos todos cosas mejores, pero no llegamos a hacer más. Pues bien,
habrá que tener más oportunidades para hacer más cosas, pero, sin duda alguna, tendríamos que entender que la política del medicamento es una política de Estado y que solo lo entenderán los ciudadanos cuando trabajemos todos en la misma dirección.
Si lo que he oído aquí es cierto -que estoy segura de que lo es-, cuenten con mi grupo parlamentario, cuenten conmigo y cuente, señora ministra, con mi persona para que cuando quiera y donde quiera, me reúna con usted con el fin de hacer esta
pequeña aportación de mi grupo parlamentario y de mi humilde persona.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pastor.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora García Suárez para fijar posición en nombre de su grupo.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, empezaré con el dicho aquel de que nunca te irás a dormir sin saber alguna cosa más, dicho que se cumple casi sesión tras sesión en el Congreso de los Diputados. Este debate es una verdadera sorpresa. No
me produce enfado, ni siquiera confusión, me produce sorpresa. Veníamos a discutir tres enmiendas a la totalidad. Yo estaba atenta porque tenía muchísimo interés en saber cuáles eran los fundamentos para hacer una propuesta de enmienda a
la totalidad. Soy diputada desde hace solo 2 años, pero espero que cuando lleve 3 ó 4 -no sé si repetiré- alguien me habrá explicado cómo es posible que en un debate de totalidad parte de los grupos -porque encuentro bastante más coherente su
intervención, señora Pastor-, los dos grupos proponentes nos dicen que retiran sus enmiendas porque ya están incorporadas en la ley. No hemos empezado la ponencia ni la Comisión, no hemos discutido nada y los dos grupos proponentes nos dicen que
retiran su enmienda a la totalidad: uno en 24 horas y el otro porque en unas intensas tres horas -debe ser algo así como el Estatuto- han logrado lo que pretendían buscando la foto. Yo espero que hoy no salga una foto de Convergència i Unió sobre
esta cuestión diciendo que ha transformado la Ley del Medicamento, sería como para plegar -en castellano, para dejarlo correr-.
Entrando en materia, nosotros no llevamos 24 horas, sino meses, hablando -no negociando- con el Gobierno, como intentamos hacer con todas las leyes que son de importancia y en este caso estamos ante una ley muy importante; una ley muy
importante que, si no he entendido mal, se llama de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Quizá tendríamos que haber puesto a continuación: para los ciudadanos.
¿Cuál es el objeto -como se enseña en gramática- de
atención de esta ley? ¿Son los ciudadanos? ¿Es la industria? ¿Es la investigación y desarrollo? Lógicamente todo va unido, en esta vida casi todo tiene relación, pero hay unas leyes y unos ámbitos que tienen que preocuparse más por unos aspectos
que por otros. En este caso, para el Ministerio de Sanidad -y más en una ley como esta- lo básico, lo central, es una ley que pretende regular el uso racional de los medicamentos en beneficio de la salud de los ciudadanos. Esa regulación puede
traer, lógicamente, conflictos por los diferentes enfoques e intereses de unos y otros sectores y habrá que buscar -nosotros no somos un grupo irresponsable, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones- la manera de equilibrar esos intereses. ¿Para
qué? Para garantizar que tengamos en el mercado todos aquellos medicamentos que necesitamos. Por tanto, también es imprescindible que en nuestro país haya innovación y desarrollo. ¿Para qué? Para la salud. Repito, para la salud. Yo he oído
aquí cosas en nombre de algunos grupos que me sorprenden. He ido anotando cuántas veces se hablaba del concepto de preocupación por la salud y cuántas del de industria, precios, medianas y pequeñas empresas, etcétera. Perfecto, pero estamos en el
Ministerio de Sanidad y en una ley que pretende regular el uso racional de los medicamentos para garantizar la salud de los ciudadanos. ¿De qué hemos hablado en estos meses con el Gobierno? De cómo garantizábamos eso, de cómo esta ley garantizaba,
primero, un compromiso político por la salud pública y, segundo, una defensa clara de los derechos de todos los ciudadanos puesto que todos somos consumidores; todos somos consumidores y, por tanto, todos deberíamos tener el mismo interés. Esta
ley ha de ser un instrumento que garantice el acceso a los medicamentos de manera universal. ¿Qué ha de contemplar además? Que la información y la educación en los hábitos saludables sean una prioridad. ¿En concepto de qué? En concepto de
criterios de salud. ¿Qué ha de garantizar la promoción de los medicamentos? La formación, la información y la promoción científica de los medicamentos. ¿Cómo debe hacerse eso? Con la máxima transparencia para saber qué nos estamos administrando;
para saber qué es aquello, qué contiene, para qué sirve y cómo y de qué manera está científicamente probado que tiene un uso terapéutico. Estas son cuestiones básicas que tenía que recoger esta ley. ¿Y de qué depende todo esto, qué necesitamos?
Unos precios asequibles o gratuitos si fuera necesario, una correcta selección y un uso racional de estos medicamentos, una financiación adecuada y sostenible, un buen sistema de salud y un sistema de suministro fiable. Todo eso es lo que
necesitamos.
Antes de que se me acabe el tiempo, porque no era este el enfoque que quería hacer, quiero decirle algo al señor Xuclà. Nosotros hemos presentado 68 enmiendas y todas ellas recogen cuestiones de la importancia de lo que le estoy diciendo y,
además, tienen en cuenta el Estado de las autonomías, que defendemos clarísimamente, no hace falta que nos diga S.S. en esta enmienda a la totalidad que lo ha conseguido.
En la ponencia y en la Comisión se verá quiénes hemos presentado unas u
otras enmiendas, y qué es lo que se incorpora, señor Xuclà. Si no es así -y yo he estado muy atenta a lo que usted nos ha explicado-, el resto de los grupos podemos quedar en una situación en la que parece que no hemos intentado velar por los
intereses, y sobre todo por que se respete el Estado de las autonomías. Con nuestras 68 enmiendas -todo el mundo las puede mirar-, hemos apuntado algunos de los problemas que S.S. detalla.
También es verdad -se lo digo a la señora ministra de
Sanidad y al Grupo Parlamentario Socialista- que parece ser que algunas de las cuestiones apuntadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), e incluso por Esquerra Republicana, que ya están incorporadas, pueden entrar en
contradicción con lo que pensamos o con lo que hemos estado hablando con el Gobierno. En este caso solo me atrevo a decir que hemos estado intentando negociar, pero no hemos incorporado nada a esta ley, porque reglamentariamente esto se hace en la
ponencia. Sí tengo que manifestar que nos preocupa un poco. Nuestra actitud ha sido la decir: no es una ley de rompe y rasga, no es la ley que nosotros hubiésemos planteado, pero en el proceso parlamentario puede mejorarse, y sobre todo es una
ley en la que se abordan cuestiones básicas de defensa de la salud pública y de potenciación de los genéricos. Dicho sea de paso y respecto a los genéricos, sobre la preocupación de la industria por
saber qué pasará si se aumentan los genéricos, la mayoría de los países de nuestro entorno europeo tiene un porcentaje muchísimo más alto en genéricos que nuestro país, y las industrias están en perfecto estado.
Por tanto, alguna cuestión
debe haber aquí que a todos se nos escapa.
Nuestras preocupaciones -y las dejó en el aire- son dos. Primera, si por presentar una enmienda a la totalidad hay una mayor puntuación para llegar a acuerdos. Porque si sucede, todos lo haremos así y en las próximas leyes presentaremos
enmiendas a la totalidad para ver si conseguimos fotos y aparentar que hemos transformado las leyes. Segunda cuestión, nosotros que teníamos una total predisposición y creíamos que esta ley pretendía avanzar y mejoraba aspectos fundamentales, ahora
nos encontramos con un gran interrogante. Veremos qué pasa en la ponencia. A partir de aquí, si se ha negociado tanto -parece ser que hace muchísimo tiempo que están hablando-, quizás haya contradicciones insalvables entre unos y otros. Vamos a
verlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Continuamos con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Para ello tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
He entendido perfectamente la actitud de sorpresa de la representante del Grupo de Izquierda Verde, pero no puedo decir que esa sea mi actitud, en parte porque he estado informada -alguna cosa sabía-, y en parte porque llevo en esta Cámara
dos legislaturas, y en las dos legislaturas precedentes tengo ya, señorías del Grupo Parlamentario Popular, muchísimo visto en cuanto a formas de tramitación de los proyectos de ley.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Yendo al grano de lo que me es dado examinar en este momento, cuando una se enfrenta a unas enmiendas a la totalidad, en primer lugar, lo que hay que valorar es si estamos hablando de una materia que deba
regularse y, en segundo lugar, si el proyecto que se presenta tiene las condiciones bastantes para que, con las enmiendas parciales que puedan adherirse en su tramitación, llegue a ser una norma adecuada a lo que se pretende. Las dos enmiendas de
devolución no niegan que sea necesario y lo ha reconocido expresamente al haberlas retirado tras su intervención. La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular con texto alternativo también deja evidente que es necesario regular esta
materia. Además, el Grupo Parlamentario Popular ha iniciado otro camino legislativo en el Senado que, a nuestro modo de ver, no induce más que a confusión cuando se está defendiendo limpieza en la tramitación de los proyectos y de las materias en
esta Cámara. No digo yo que no haya competencia legislativa en el Senado, pero me parece que es un factor de confusión, tal y como vienen acreditando lo que en los medios se dice respecto de esta cuestión.
Señorías, hace 15 años que está vigente la ley anterior, la Ley de 1990, hay que incorporar una serie de normas de la Unión Europea y debe añadirse la necesidad de armonización con reglamentos comunitarios.
Evidentemente la ley es
necesaria. La ministra se ha referido -lo dice la exposición de motivos- a dos ideas fuerza, que son la ampliación y el reforzamiento de un sistema de garantías que gire sobre la autorización del medicamento y la promoción del uso racional del
mismo. Perfectamente.
El desarrollo tecnológico, la globalización y el acceso a la información, así como la pluralidad de agentes que intervienen en el proceso de administración de medicamentos, hacen necesaria la actualización de la Ley 25/1990.
Debiera haber habido, no obstante, señora ministra, una tercera idea fuerza que solo de refilón es citada en la exposición de motivos y es que el Sistema Nacional de Salud es ahora absolutamente descentralizado, han asumido competencias la totalidad
de las comunidades autónomas y, sin embargo, no hay más que una muy pobre referencia, insisto, cuando se habla del marco descentralizado del Sistema Nacional de Salud sin más, en una larga exposición de motivos y con escasísima traslación en el
articulado. Técnicamente nos parece que el contenido del proyecto de ley es correcto, pero mejorable e igualmente estamos por la oportunidad de la promulgación. Ahora bien, en el texto legal continúa vigente el aforismo, que sin duda la señora
ministra ha oído ya muchas veces de: yo invito y tú pagas. Yo es el Estado y las comunidades autónomas son evidentemente las que pagan, puesto que el Ministerio de Sanidad y Consumo se atribuye todas las funciones básicas de autorización,
financiación y fijación del precio de los medicamentos, amén de la negación a que participen en las aportaciones de la industria farmacéutica derivada de los volúmenes de venta dentro del Sistema Nacional de Salud, sin dar participación directa a
las comunidades autónomas en estos procedimientos, siendo éstas las que con cargo a sus presupuestos tienen luego la obligación de afrontar el gasto en medicamento tanto en el nivel hospitalario como en el de atención primaria.
Se ha perdido en la redacción del texto legal una oportunidad histórica de hacer realmente efectiva la participación de la comunidad autónoma en todo el proceso de financiación de los medicamentos. Asimismo, la presencia autonómica en las
competencias inspectoras y en las facultades autorizadoras chirría con la relevancia que en los mecanismos, recursos y centros sanitarios tienen las comunidades autónomas. Debe dejarse a un lado la desconfianza respecto de la capacidad reguladora,
planificadora, directora y gestora de las comunidades autónomas porque en mucho ha
ganado el Sistema Nacional de Salud con la entrada de éstas en el mismo y mucho ha ganado también el Estado reservando sus competencias para aplicar técnicas de colaboración y coordinación que prioricen su papel en el Estado de las
autonomías. Nuestra perspectiva -ya lo habrán intuido ustedes- es esta, la defensa de las competencias de las comunidades autónomas que no está absolutamente conseguida en el texto, aunque desde otros grupos, los que han retirado las enmiendas, se
haya hecho gala de que sus enmiendas han sido asumidas; lo han sido en cuanto a lo que importa, el tejido productivo, absolutamente respetable, y en cuanto a intereses socioeconómicos; nada en absoluto desde nuestra perspectiva desde la mejora de
la postura o el reconocimiento del papel que han de desempeñar las comunidades autónomas.
Ese es el dibujo de las enmiendas que hemos presentado. Hemos evidenciado lo que la realidad ya nos muestra y es que los centros sociosanitarios deben jugar también un papel como el resto de establecimientos sanitarios en el clausurado de
esta ley. Hay normas de otras comunidades autónomas además de lo que el Estado legisla. La Ley 11/1994 de Ordenación Farmacéutica en el País Vasco permite esta posibilidad y en este momento está en fase de creación una empresa pública que permite
gestionar el suministro de los medicamentos en los establecimientos de esta índole, lo que llevará a un ahorro del 40 por ciento en el gasto de la farmacia. En segundo lugar, propiciamos la participación de las comunidades autónomas en el sistema
de farmacovigilancia. En tal sentido, nuestras enmiendas apuestan por que las comunicaciones que se den en este ámbito se produzcan a través de las autoridades sanitarias como primer canal de comunicación, así como por contemplar la presencia de
expertos de las comunidades autónomas en todos los órganos de asesoramiento de la Agencia para la Evaluación de Medicamentos. La mayor importancia en cuanto a la distribución competencial es la propuesta de que el otorgamiento de la autorización a
los fabricantes, de conformidad con los requisitos y con las garantías que una ley estatal determina, toda vez que la autorización es un mero acto reglado, lo puedan realizar las comunidades autónomas con competencia en la materia. Se trata de
aspectos ligados con la ordenación farmacéutica donde el Estado dispone de una menor habilitación competencial. Unido a ello se sugiere la creación de los registros donde consten las autorizaciones otorgadas, así como sus modificaciones o
cancelaciones, aunque luego todos estos datos deban concluir en una única base bajo la responsabilidad de la agencia. Hay una serie de enmiendas fundamentales en la materia de ordenación farmacéutica en las que optamos por restringir la injerencia
estatal en la misma. Así, y en cuanto al sector de la distribución, nuestras enmiendas tratan de disminuir la presencia reglamentista del Estado -no todo es básico, señora ministra-, tanto por tratarse de una materia incardinable, sin duda, en la
competencia de ordenación farmacéutica, cuanto porque se debe respetar la utilización de normas con rango de ley para introducir normativa básica en el ordenamiento jurídico y descartar las remisiones en blanco a los reglamentos, a lo que, por
cierto, se comprometió el señor presidente del Gobierno, como consecuencia del debate sobre el Estado de la nación y en posterior pregunta parlamentaria.
Como hemos anticipado, la parte más sustantiva de nuestro posicionamiento es la relativa a la participación autonómica en la entrada de los medicamentos dentro de las prestaciones del sistema, así como en la fijación de sus precios y su
financiación, con apoyo en la doctrina constitucional que ha delimitado los preceptos relativos a la financiación pública de los medicamentos dentro del título Sanidad y no dentro del título Seguridad Social -sentencia 98/2004, por si quieren
hojearla-, puesto que los temas financieros no se circunscriben a la asistencia sanitaria, que es dispensada por el sistema de Seguridad Social a favor de los beneficiarios que se encuentran dentro de su campo de aplicación, sino que más ampliamente
se refiere a la financiación pública de una prestación sanitaria, el medicamento, proporcionada por el Sistema Nacional de Salud, con carácter universalista a todos los ciudadanos. En definitiva, los preceptos relativos a las cuestiones que hemos
citado son los del artículo 149.1.16ª de la Constitución y, por tanto, el Estado tiene dentro de ellos lo que tiene y el resto le corresponderá a las comunidades autónomas. El proyecto no ha contemplado participación alguna en el procedimiento para
la financiación pública de los medicamentos cuando en realidad son éstas -como he indicado con el aforismo simple del comienzo, pero gráfico- las que se hacen cargo del gasto farmacéutico. Por todo ello, nuestras enmiendas procuran una
participación a través del Consejo Interterritorial de Salud en los términos que en la misma constan. Colindando con el tema anterior, nos enfrentamos con la financiación de la industria farmacéutica en función de los volúmenes de ventas en el seno
del Sistema Nacional de Salud.
Cuando menos es sorprendente que se obvie y se niegue a las comunidades autónomas la recepción de estos fondos sobre todo si tenemos en cuenta que corresponde a los servicios públicos de las comunidades autónomas y al
Ingesa -no hay que olvidar las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla- el pago de los medicamentos que cada uno de ellos dispensa a través de la prescripción y receta oficial del Sistema Nacional de Salud.
Todo ello está articulado en nuestras
enmiendas debidamente. Quiero hacer referencia, sobre todo, a la pretensión de reconducir los títulos competenciales, porque creemos que el proyecto del Gobierno lo hace de manera incorrecta y confusa y nosotros lo hemos trasladado en una completa
enmienda a la disposición final primera.
Debo manifestar que a mi grupo le han aceptado algunas enmiendas de entrada, ninguna de ellas referentes
al ámbito competencial, pero creo justo trasladárselas a SS.SS., porque alguna de ellas, como las modificaciones que proponíamos en el artículo 14 sobre la garantía de información y el dato de que esta vaya a poder hacerse en todas las
lenguas oficiales del Estado, es para mi formación motivo de especial satisfacción y esperemos que se traslade también a la enmienda del artículo 30, puesto que los medicamentos de uso veterinario no deben ser de peor condición en cuanto a las
garantías de información.
En el artículo 14, el que se añada a los odontólogos dentro de quienes podrán acceder a la ficha técnica, nos ha satisfecho también y muy especialmente la aceptación de las enmiendas de modificación del artículo 45, que
pretenden reforzar una trazabilidad mucho más garantista cuando se habla de medicamentos de origen humano. Las dos enmiendas que presentábamos a este respecto han sido objeto de aceptación como también, como garantía de transparencia del sistema,
el que la publicación de los resultados de los ensayos clínicos, cuando éstos no sean publicados directamente, deberá obligatoriamente hacerse. La aceptación de la sustitución de un podrá por un deberá nos hace particularmente felices, de igual
manera el contenido del artículo 76, referido a las lenguas cooficiales.
Algo deberé decir en relación con el texto presentado como texto alternativo por el Grupo Popular. Hay una connotación que nos desagrada y es la desaparición de cualquier alusión a la tasa de ventas de los laboratorios farmacéuticos, tasa o
aportación sobre el volumen de ventas.
No sabemos si es que su pretensión era volver al opaco sistema previo que existía con aquello que a mi grupo le gustaba tan poco de los llamados cheques de Farmaindustria. Este aspecto de la propuesta que ha
hecho el Grupo Popular nos parece particularmente negativo. Mayor satisfacción nos produce lo relativo a la participación de las comunidades autónomas. He advertido hasta 18 guiños de intervención de las comunidades autónomas en competencias que
mi formación política lleva tiempo reivindicando, pero me permitirán, señorías, que sea relativamente escéptica.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que termine, por favor.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Concluyo enseguida, señora presidenta.
No se me escapa que las ofertas sobre participación de las comunidades autónomas que hizo el Partido Popular mientras estuvo en el Gobierno son similares a las que hoy hace el Partido Socialista y que en leyes tramitadas durante su etapa de
Gobierno quedaron siempre pendientes las reivindicaciones competenciales que mi grupo formulaba. Tuvieron nuestra adhesión en algunos proyectos, en otros nuestra expresa abstención precisamente por la no inclusión de las competencias autonómicas.
Por todo ello, como conclusión, vamos a votar que no, y a la enmienda a la totalidad... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio, señorías, por favor! Disculpe, señora Uría. Señorías, hay un compañero suyo en la tribuna intentando fijar posición sobre una ley importante. Les ruego silencio.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Ahora sí termino, señora presidenta.
Votaremos que no a la enmienda a la totalidad que subsiste y a su texto alternativo y con paciencia y tesón, como nos caracteriza, intentaremos conseguir apoyos para nuestras reivindicaciones competenciales en los pasos que todavía le queda
por dar a esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.
Muchísimas gracias.
Finalizamos, señorías, con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, estamos terminando el debate de la nueva Ley del Medicamento que sustituirá a la Ley del año 1990, 15 años de vigencia de una importantísima ley que ha permitido el desarrollo de una parte muy importante del
Sistema Nacional de Salud y de sectores profesionales, económicos y empresariales de la industria y de la investigación en nuestro país. Esta nueva ley, tal como decía la señora ministra en su presentación, viene con vocación de estabilidad, de
permanencia, de innovación, de equilibrio y de ecuanimidad y con un objetivo y un eje -coincido plenamente con lo que decía la señora García- fundamental, el mejor servicio, la mejor prestación farmacéutica a los ciudadanos y la mejora del Sistema
Nacional de Salud en todo lo que afecta a la ordenación farmacéutica, a la gestión del medicamento, que no es poco, sino todo lo contrario, mucho y muy importante. Es una ley que además establece un excelente marco regulador para todos los sectores
profesionales mencionados en las intervenciones que tienen que ver en la gestión del medicamento -médicos, farmacéuticos, profesionales sanitarios-, así como para los sectores empresariales e industriales, muy importantes en nuestro tejido
productivo, para la mejora de la productividad como sector económico de nuestro país, pues aportan innovación, investigación y desarrollo dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de la mejora de la calidad y la prestación del servicio a los
ciudadanos, dentro del conjunto de la economía de un país que apuesta decididamente por ser moderno, por tener unas reformas profundas en su sistema productivo, en su sistema económico, que mejoren cada día la situación y la vida social de todos sus
ciudadanos. Por tanto,
todos estos agentes -profesionales, distribuidores, almacenes mayoristas, laboratorios, industrias- van a tener la oportunidad de aportar en este nuevo marco lo mejor de su conocimiento y de su inteligencia para mejorar la vida de todos los
ciudadanos y beneficiar al Sistema Nacional de Salud, un sistema positivamente valorado por todos los ciudadanos. Este proyecto de ley, con este nuevo marco regulador, ofrece una nueva oportunidad para estos sectores de investigación e innovación y
para este sector económico, que complementa de manera tan trascendental el hecho de que el Sistema Nacional de Salud no sea solamente un sector insaciable de recursos para las arcas públicas del Estado sino que signifique unas aportaciones
importantísimas, como nuevos recursos industriales, como nuevos recursos productivos, a la mejora económica de nuestro país. Este es el nuevo marco que se tendrá a partir de la aprobación de esta ley.
Señorías, esta ley viene a esta Cámara con un amplio consenso social y de todos los agentes que participan en ella. Las docenas, cientos, miles de reuniones que ha habido antes de traer a la Cámara este proyecto de ley han servido para
establecer un marco en el que todos puedan desenvolverse. Es cierto que ha habido todas esas reuniones porque todas y cada una de ellas han sido necesarias para que cada uno de estos sectores aporte lo mejor que tenía que aportar para que podamos
debatir aquí una nueva ley. Pero aun así no ha sido suficiente. También cuenta -y en este primer debate de la Cámara hemos podido comprobarlo- con un gran apoyo de los grupos parlamentarios, con un gran apoyo inicial que se ha producido además,
como han manifestado los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana, con la retirada de dos enmiendas a la totalidad. Realmente el diálogo y la palabra, que es el mayor valor que tenemos los parlamentarios, han hecho
posible que la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley en ponencia y Comisión permita la incorporación con criterios de sentido común, de ecuanimidad, con un trabajo sosegado, con un trabajo ecuánime, de las sensibilidades y preocupaciones
que cada uno de los grupos parlamentario tenían y tienen ante este proyecto de ley. A todos nos preocupa el principal objetivo y eje del proyecto de ley: la mejora de la prestación farmacéutica, una prestación universal. Hoy tenemos que celebrar
aquí que este proyecto de ley consagre, porque no existe en todos los lugares del mundo, ni siquiera en todos los países de nuestro entorno, un aseguramiento universal de la prestación farmacéutica como establece nuestro propio Sistema Nacional de
Salud. Por tanto, cuando este proyecto termine su tramitación parlamentaria, si todos seguimos trabajando con esa ecuanimidad y con ese sentido común, vamos a poder disponer de una ley magnífica que permitirá a todos tener el marco de desarrollo,
tal como antes les decía.
La situación de la que partimos... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora POZUELO MEÑO: Para el Gobierno socialista ha sido una prioridad traer esta ley a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, porque veníamos de una situación verdaderamente preocupante, una situación en la que el crecimiento del
gasto farmacéutico había sido descontrolado.
Terminamos el año 2003 con un crecimiento del 12,15 por ciento en gasto farmacéutico y en estos momentos, señorías, tenemos un crecimiento del 4,29 por ciento, con los mismos más de cuatro millones de
ciudadanos que se atienden dentro del Sistema Nacional de Salud. Señorías, ha sido posible en apenas dos años controlar el gasto farmacéutico que estaba poniendo en riesgo, en seria crisis la viabilidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y que había permitido además a muchos sectores verdaderamente obsesionados por una posición no ya liberal sino ultraliberal hablar de que nuestro Estado del bienestar no era sostenible en nuestro país, que había que hacer recortes, que España
no era un país que económicamente pudiera permitirse... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora POZUELO MEÑO: ... el gasto que significaba la factura farmacéutica y el coste del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por eso ha sido una prioridad traer este proyecto de ley a la Cámara, traerlo con una preocupación y una
ocupación central: obtener el mayor bienestar de los ciudadanos; que se garantice la universalidad, la calidad y la seguridad de la prestación farmacéutica; que se permita el mejor acceso a los medicamentos innovadores, y ya el nuestro es uno de
los países del mundo que con más facilidad, con mayor rapidez permite la introducción de medicamentos innovadores en su sistema así como el acceso de todos los ciudadanos. Es un proyecto de ley que consagra, para mayor seguridad del paciente, que
el médico es el prescriptor de los medicamentos y que el farmacéutico es el dispensador y el asesor responsable que debe seguir cumpliendo un papel de coordinación y de atención en el seguimiento terapéutico de los ciudadanos; que crea un sistema
independiente y objetivo de información y de formación a todos los profesionales sanitarios. Es un proyecto de ley que incorpora la realidad de lo que a partir del año 2002 es la transferencia de competencias en todas las materias y específicamente
en materia farmacéutica y de gestión de los medicamentos a todas las comunidades autónomas, muy presentes en toda la ley; que refuerza las garantías de seguridad, de calidad y de abastecimiento; que incorpora a los medicamentos veterinarios en
igualdad de condiciones en cuanto a la seguridad, en cuanto a la trazabilidad en todo aquello que afecta a la regulación de los mismos; que incorpora también a los productos sanitarios, que tampoco estaban
dentro de la legislación de manera homogénea con los medicamentos; que apuesta de manera, ahora sí, definitiva, estable, rigurosa y objetiva por los medicamentos genéricos, elemento esencial para el control del precio de los medicamentos.
Los términos en que se incorpora la cláusula Bolard es una garantía de que habrá una situación de estabilidad y de objetividad. Esta es una ley que introduce importantísimas novedades y que establece una objetividad y una transparencia total en
cuanto a la industria farmacéutica, a la investigación y al desarrollo, que promueve la investigación hospitalaria y que promueve la investigación en la atención primaria de manera muy relevante.
Señorías, agradezco en este momento la colaboración que ha habido por parte de todos los grupos parlamentarios para obtener un acuerdo y un consenso: a Convergència i Unió, a Esquerra Republicana, a Izquierda Unida-Izquierda Verde, al
Partido Nacionalista Vasco, a todos los grupos parlamentarios con los que hemos estado dialogando y con los que se ha podido obtener un consenso que seguirá, sin duda, en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
La señora POZUELO MEÑO: Un proyecto de ley, señorías, al que invito a que se incorpore al Grupo Parlamentario Popular, que también fue invitado y con el que se han celebrado reuniones y conversaciones previas al debate que mantenemos en
este momento sobre este proyecto de ley. Por cierto, no he tenido la oportunidad de conocer muy directamente cuáles son sus alternativas, cuál era el contenido de su proyecto alternativo a este proyecto de ley. No sé si el desconcierto producido
por la retirada de las enmiendas de totalidad de otros grupos parlamentarios ha producido el cambio de intervención por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Pozuelo.
Señorías, silencio, por favor. Señora Pozuelo, por favor, por segunda vez le pido que acabe. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, silencio! (El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Ya han pasado tres minutos!) Tenga usted respeto por sus
compañeros diputados que están todavía en el uso de la palabra. (Aplausos.)
Adelante, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Intento terminar con mucha brevedad, señora presidenta.
Quería decir simplemente que nuestro grupo, evidentemente, va a votar en contra de su enmienda de totalidad. Es una enmienda con un texto alternativo que realmente no creo que sea ni creíble ni coherente; que no es coherente porque ustedes
se unen para intentar encabezar una manifestación de reclamo autonomista en el que nadie puede creer. No es coherente porque cuando se aprobó en esta Cámara la Ley de cohesión que regula la participación de las comunidades autónomas, en ningún
momento hablaban de lo que ahora pretenden hacernos creer que es su voluntad e iniciativa política: hacer participar a las comunidades autónomas en el proceso de decisión que es competencia exclusiva del Estado.
(Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Pozuelo, por favor, le ruego por tercera vez que termine su intervención.
La señora POZUELO MEÑO: Termino, señora presidenta, si me permiten SS.SS.
terminar. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Pozuelo, es que se lo he pedido por tercera y última vez. Por favor, termine.
La señora POZUELO MEÑO: Termino, señorías, diciendo que no es creíble la actuación que ustedes tuvieron cuando gobernaron y el uso que hicieron de los precios de referencia... (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio.
La señora POZUELO MEÑO: ... el uso que hicieron del silencio administrativo para aprobar la subida de precios de los medicamentos, etcétera. En todo caso, señorías, les aseguro que estamos abiertos al diálogo y que lo que queremos es que
salga la mejor ley posible, una ley que cuente con el mayor apoyo parlamentario de esta Cámara... (Rumores y protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Pozuelo, por favor.
La señora POZUELO MEÑO: ... con el mayor apoyo social y con el mayor apoyo de todos los sectores profesionales que tienen algo que decir y que hacer en este proceso de selección de los medicamentos. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!-
Protestas.)
Muchas gracias por su amabilidad, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señorías, como ha quedado claro en el debate, finalmente habrá una sola votación y será la de la enmienda de totalidad de texto alternativo de este proyecto de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
(El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la votación.
Votación de debates de totalidad de iniciativas legislativas. Una sola votación. Enmienda de totalidad de texto alternativo del proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 122; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.