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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 159, de 15/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 159
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 148
celebrada el miércoles, 15 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 7908)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus familias. (Número de
expediente 172/000168.) ... (Página 7934)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la violencia de género. (Número de expediente 172/000169.) ... (Página 7939)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO. (Número de expediente 172/000170.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 7908)
Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué sostiene el Gobierno que bajar los impuestos directos obedece a una
política de izquierdas? (Número de expediente 180/001165.) ... (Página 7908)
Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿En el ecuador de la legislatura, cómo valora el Presidente del Gobierno la política de apoyo
al sector industrial? (Número de expediente 180/001168.) ... (Página 7909)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué valor tiene para usted la inclusión en un Estatuto de Autonomía del término nación y de un título de
Derechos y Deberes distinto que el resto de los españoles? (Número de expediente 180/001188.) ... (Página 7910)
Del Diputado don Pere Grau i Buldú, en sustitución de don Jordi Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Va a
presentar el Gobierno un Plan de Viabilidad para Radio 4 con el fin de que esta emisora pueda ejercer las funciones de promover la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural del país a través de un medio de comunicación radiofónico en lengua
catalana? (Número de expediente 180/001167.) ... (Página 7912)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno en su política de
nombramientos para los principales organismos e instituciones del Estado? (Número de expediente 180/001170.) ...
(Página 7913)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Comparte el Gobierno las manifestaciones del Sr. Mas
respecto a la efímera vigencia de la reforma del Estatuto de Cataluña que ha pactado el Gobierno con CiU? (Número de expediente 180/001171.) ... (Página 7914)
De la Diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar la financiación del gasto social,
en concreto el nuevo sistema de autonomía personal y de dependencia, después de la rebaja generalizada de impuestos contemplada en el proyecto de reforma del IRPF aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes? (Número de expediente
180/001189.) ... (Página 7915)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál piensa el Vicepresidente que debe ser el
perfil de los posibles sucesores del actual Gobernador del Banco de España? (Número de expediente 180/001172.) ... (Página 7916)
Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Sigue pensando el Vicepresidente que las
posiciones de las autoridades españolas y europeas respecto a la OPA de Gas Natural sobre ENDESA son como 'dos gotas de agua'? (Número de expediente 180/001173.) ... (Página 7918)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Cuáles son los planes del Ministerio en relación con las obras de soterramiento de las vías ferroviarias a su
paso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz, consensuada o comprometidas en las distintas reuniones interinstitucionales realizadas hasta la fecha? (Número de expediente 180/001166.) ...
(Página 7919)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál fue el motivo de las alteraciones que se produjeron, una vez finalizado el
Consejo de Ministros, en el Real Decreto-ley que amplía las funciones de la CNE? (Número de expediente 180/001174.) ... (Página 7920)
De la Diputada doña Rosario Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el acuerdo alcanzado,
recientemente, sobre el nuevo Plan del Carbón 2006-2012? (Número de expediente 180/001179.) ... (Página 7921)
De la Diputada doña María Gràcia Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué iniciativas tiene el Ministerio de Cultura en relación con la mejora y actualización de los
fondos de las bibliotecas públicas? (Número de expediente 180/001180.) ... (Página 7922)
De la Diputada doña María Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué actos está organizando el Ministerio de Cultura para conmemorar el Centenario de Francisco Ayala?
(Número de expediente 180/001181.) ...
(Página 7922)
Del Diputado don Carlos Javier Cabrera Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Piensa el Gobierno que están suficientemente protegidos los derechos de los
ciudadanos españoles en Venezuela? (Número de expediente 180/001176.) ... (Página 7923)
De la Diputada doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo valora el Ministerio de Sanidad la reciente renovación del convenio
con la ACB, para luchar contra la obesidad en niños y jóvenes a través de la práctica regular de ejercicio físico? (Número de expediente 180/001182.) ... (Página 7925)
Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo valora el Ministerio de Sanidad la puesta en marcha del proyecto de investigación
epidemiológica en materia de donación y transplantes en Europa, liderado por la Organización Nacional de Transplantes (ONT), denominado proyecto DOPKI? (Número de expediente 180/001183.) ... (Página 7925)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Por qué el Gobierno es permisivo con la continuada y creciente violación de la frontera sur del
Estado en el Archipiélago Canario, que pone en serio riesgo la seguridad nacional por parte de las mafias que trafican con personas desde la costa africana? (Número de expediente 180/001164.) ... (Página 7927)
Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Podría confirmar el Sr. Ministro si son ciertas las informaciones recientemente aparecidas que
vinculan a uno de los autores materiales del 11-M con la banda terrorista ETA? (Número de expediente 180/001175.) ... (Página 7928)
Del Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada en
Galicia? (Número de expediente 180/001178.) ... (Página 7929)
De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede informar la Ministra de Medio Ambiente del grado de cumplimiento del Programa de Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua -Programa AGUA- en Alicante? (Número de expediente 180/001184.) ... (Página 7930)
Del Diputado don Francesc Antich Oliver, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿En qué consiste el Convenio de colaboración firmado entre la Ministra de Medio Ambiente y el
Consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares para la ejecución de obras hidráulicas? (Número de expediente 180/001185.) ... (Página 7931)
Del Diputado don Josep Antoni Santamaría i Mateo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Cómo está actuando SEPES, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, para poner suelo a
disposición de la vivienda protegida y así facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda de calidad y asequible? (Número de expediente 180/001186.) ... (Página 7932)
De la Diputada doña Gloria Elena Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Cuál es la política del Gobierno de España para la recuperación del patrimonio arquitectónico de
nuestros pueblos y ciudades? (Número de expediente 180/001187.) ... (Página 7933)
Interpelaciones urgentes ... (Página 7934)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus familias ...
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Resalta la preocupación constante de su grupo por los trabajadores afectados de asbestosis y por la incidencia de esta afectación en sus familias.
En esta línea iban las iniciativas de control que presentó en la anterior legislatura, en una de las cuales se pedía el acceso voluntario a la incapacidad absoluta por enfermedad profesional y puestos de trabajo alternativos para las personas
afectadas de asbestosis o por alguna patología vinculada al amianto que aún pudieran seguir trabajando. Al mismo tiempo, se instaba a crear un fondo económico para hacer frente a una serie de medidas de carácter preventivo en relación con el
amianto, incluyendo en este fondo
económico las posibles indemnizaciones para los afectados. Y por último se hablaba de que buques, edificios y máquinas de los astilleros públicos fuesen censados en cuanto tuviesen presencia de amianto y de que se hiciese un plan para su
sustitución. Hace un repaso a las estadísticas de afectados por asbestosis en el Estado español, siendo la comarca de Ferrol la que más casos detectados presenta. Vistos los resultados conseguidos hasta la fecha quiere manifestar que no está
funcionando correctamente el ordenamiento jurídico vigente en relación con la prevención y el desamiantado necesario de muchas máquinas, objetos y edificios y que hay una falta de control riguroso en este aspecto.
Finaliza manifestando que si hubo
irresponsabilidad y desaprensión por parte de las administraciones públicas a su debido tiempo, puesto que no pudieron garantizar la seguridad y la prevención de los trabajadores, no es de recibo que ahora no se haga todo lo posible para adecuar la
legislación sociolaboral a esta problemática y se garantice una cobertura mínima también a los familiares de los trabajadores afectados.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Agradece la interpelación y afirma que el amianto, al igual que otras enfermedades profesionales, conlleva graves resultados en
materia de salud, por lo que constituye un problema sanitario. Este es un problema que se viene tratando de forma continuada y sistemática desde hace 30 años y en el cual se han venido produciendo desarrollos constantes, mejoras y avances en muy
diversos ámbitos. Señala que desde la Administración del Estado, junto con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, se viene realizando un trabajo permanente en relación con el problema del amianto y sus repercusiones, habiendo
desarrollado actuaciones en el plano normativo, en el de la vigilancia, en el técnico-científico, en el de la divulgación, en el de la prevención y en el de la protección. En el aspecto normativo, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
de marzo de 2003, sobre los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, debe ser integrada al ordenamiento jurídico español antes del 15 de abril de 2006. A tal fin, se ha considerado que, en lugar de modificar aquellos
aspectos parciales de nuestra legislación que necesariamente requieren la adaptación a lo dispuesto en la última directiva, esta trasposición debe aprovecharse para aprobar un texto único que incorpore la dispersa regulación española sobre la
materia, y determinadas propuestas de modificación legislativa realizadas por el grupo de trabajo sobre el amianto en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo serán incorporadas en la futura norma, pues suponen claras mejoras sobre la
legislación vigente. Finaliza resaltando que el Gobierno ha hecho suyo el problema desde el primer momento y su intención es que ningún trabajador afectado se vea desprovisto de sus legítimos derechos.
Replica el señor Rodríguez Sánchez y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre violencia de género ... (Página 7939)
Plantea la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Camarero Benítez, señalando que la política de igualdad y no discriminación se hace trabajando por las mujeres y sus problemas, no montando numeritos.
Reprocha al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que no haya encontrado un hueco en su agenda para comparecer en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer para hablar de este y de otros temas, a pesar de llevar casi dos años
intentándolo.
Recuerda que se ha cumplido un año desde la puesta en marcha de una ley que se presentó como la panacea, como una varita mágica que lograría erradicar la violencia. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que ni la ley era la panacea ni
se ha solucionado el problema, y el tiempo transcurrido ha servido también para poner de manifiesto los muchos defectos de origen de la ley, que su grupo en su momento puso de manifiesto. Finaliza reclamando acciones eficaces para la prevención,
detección y erradicación de la violencia, acciones que lleguen al conjunto de las mujeres, y especialmente a los más vulnerables, como los mayores, discapacitados e inmigrantes, que por sus especiales circunstancias tienen más dificultades de
protección de sus derechos.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Manifiesta que en solo dos años se ha incrementado más del 50 por ciento la ayuda al desarrollo por parte del Gobierno, que ha
demostrado querer superar una situación tan trágica.
Señala que no le importan las críticas del grupo interpelante mientras tengan el apoyo de la totalidad de las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de la mujer. Resalta que cuando
presentaron el proyecto de ley señalaron que llevaría años cambiar las actitudes, pero era un proyecto para las mujeres para ayudar en la lucha a salir de esa situación, y no se pueden medir los resultados de una ley que solo lleva nueve meses en
pleno despliegue. El Gobierno se comprometió a traer la ley y lo ha hecho, una ley que establece medidas de protección integral dirigidas a prevenir, sancionar, erradicar esta forma de violencia y prestar asistencia a las víctimas. Hace mención a
las próximas actuaciones previstas por el Gobierno
para garantizar el pleno desarrollo de las previsiones contenidas en la ley. Finaliza señalando que aunque el Gobierno mejore todos los instrumentos a disposición de las mujeres, aunque avance en este camino de la igualdad, el grupo
interpelante jamás lo reconocerá porque su único ánimo consiste en atacar al Gobierno y no defender los derechos de la mujer.
Replica la señora Camarero Benítez y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO ... (Página 7946)
Presenta la interpelación urgente el señor Cerdà Argent, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) Recuerda que en el año 1982 ocurrió la tragedia de Tous, con muchos años de juicios y cargas para mucha gente, ya que
muchos perdieron su pequeña empresa, su campo, su casa y estuvieron mucho tiempo litigando con la Administración y después de 20 años esta gente todavía está litigando con una Administración que no le hace caso. El ICO en 1982 ofrece una serie de
préstamos, pero en el año 1987 vuelve a haber riadas y muchos de los afectados de 1982 vuelven a verse inmersos en ellas, y eso supone deudas importantes como consecuencia de las que habían adquirido ya en el año 1982. Se presentaron iniciativas
que fueron rechazadas y en la última proposición no de ley se pide al Gobierno que se siente con los afectados que quedan en estos momentos y se busque una salida negociada. Considera que hay trato discriminatorio, pues en la misma asociación de
afectados hay gente que ha pagado y otra que no, hay gente que ha pagado el capital, otros el capital más los intereses y otros los intereses de demora. Finaliza señalando que un gobierno progresista tendrá que tener otra política para con esta
gente y para con los créditos que, después de 20 años, tendrían que estar liquidados.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno. Quiere intentar aclarar algunas ideas y conceptos para entender bien de qué se está hablando, pues cree que se
están mezclando muchas cosas al mismo tiempo. Igualmente quiere recordar que los gobiernos no pueden hacer lo que quieren, pueden hacer lo que legalmente están autorizados para hacer, lo que significa que aun teniendo buena voluntad para resolver
algunos problemas hay cosas que no se pueden plantear como se ha hecho esta tarde. Entre 1982 y 1989 se aprobaron una serie de decretos-leyes para paliar las consecuencias de las inundaciones producidas, y entre ellas se encuentra la concesión de
créditos en una condiciones especiales, créditos que no equivalen a donaciones. En la actualidad existen en la cartera del ICO créditos excepcionales instrumentados, entre otras razones, a consecuencia de las inundaciones ocurridas en el citado
periodo. Esta cartera de préstamos fue concedida en su momento por los bancos oficiales. Hace un repaso exhaustivo de los procesos seguidos por los bancos, así como de los distintos pronunciamientos judiciales durante este tiempo. Finaliza
haciendo una serie de consideraciones, entre ellas que la adopción de una nueva medida de condonación sería injusta y discriminatoria por la gran cantidad de titulares que ya han pagado las deudas derivadas de estos préstamos, o bien por haber
atendido al pago de la posibilidad de condonación aprobada en el año 1999.
Replica el señor Cerdà Argent y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SOSTIENE EL GOBIERNO QUE BAJAR LOS IMPUESTOS DIRECTOS
OBEDECE A UNA POLÍTICA DE IZQUIERDAS? (Número de expediente 180/001165.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Control al Gobierno. Preguntas. Al señor presidente, del diputado Joan Herrera Torres.
Adelante, señor diputado.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
¿Por qué sostiene el Gobierno que bajar los impuestos directos obedece a una política de izquierdas? Dicho de otra manera, la reforma fiscal ¿para qué, para quién y con quién la quieren pactar?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Herrera.
Como usted conoce, el Partido Socialista incorporó en su programa electoral y posteriormente en el discurso de investidura un compromiso doble en relación con nuestro sistema fiscal: la reforma del IRPF y del impuesto de sociedades y la
lucha decidida contra el fraude fiscal. Esos compromisos se han traducido en los anteproyectos de ley que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada y que tienen como objetivo hacer una fiscalidad más sencilla, una fiscalidad más equitativa,
más justa, especialmente para las rentas del trabajo, y que también que sirva de estímulo a la creación de empleo y a la actividad económica de nuestras empresas. Lo he expresado en más de una ocasión y lo reitero hoy: créame, señor Herrera, desde
mi punto de vista la política fiscal es una política instrumental. El objetivo es mantener recursos públicos suficientes para hacer una política social y de progreso, pero también permitir que la economía y la sociedad tengan la potencialidad
suficiente para crear empresas, crear actividad y, como consecuencia de ello, crear empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Estoy de acuerdo con usted: la política fiscal está al servicio de las políticas públicas. Pero lo cierto es que en España hay seis puntos de diferencia en gasto social respecto a la media de la Unión Europea. Por tanto, ¿para qué la
reforma, para ingresar como mínimo 4.000 millones de euros menos? Nosotros no lo compartimos y entendemos que ese es el paradigma del Partido Popular. Políticas sociales ¿cómo? Políticas de dependencia ¿cómo, con menos recursos? No lo
compartimos, señor presidente. En España tenemos un problema: recaudamos menos y sobre todo hay quien paga poco o paga mucho menos. Somos el único país de Europa -tenemos ese mérito- en el que los empresarios dicen ganar menos que los
trabajadores -7.000 euros menos de media cada año-; no está nada mal. La pregunta es: ¿la reforma para quién? A nuestro entender la reforma tenía que ser para que quien pagaba menos pagase más, para conseguir lo que también aparecía en su
programa -tercer elemento clave-, que las rentas de capital tributasen igual que las rentas de trabajo. Para nosotros, si bien es un tímido avance que las rentas de capital pasen del 15 por ciento al 18 por ciento, es claramente frustrante que las
rentas de capital, las plusvalías de menos de un año tributen también al 18 por ciento cuando antes tributaban de acuerdo con el marginal. ¿Para quién? No sirve para que esos empresarios que dicen ganar menos que sus trabajadores simplemente
paguen más.
Señor presidente, en España el 90 por ciento de las aportaciones a la renta las hacen asalariados y pensionistas, y eso es algo absolutamente atípico en nuestro entorno. En España las empresas tienen beneficios históricos y el tipo de
sociedades real está en el 24 por ciento. Podemos competir con Estonia, puede ser una referencia, pero no debería ser así para un gobierno de izquierdas. Y en cuanto a la reforma del IRPF, un 30 por ciento se dirige al 5 por ciento de los
contribuyentes. Las rentas más altas son las que se benefician más. Por eso, señor presidente, le pedimos una cosa -no me llame iluso si tengo una ilusión-: quiero que un gobierno de izquierdas haga políticas de izquierdas, con políticas fiscales
de izquierdas, y lo que le pedimos es que las negocie con la izquierda desde los paradigmas que ustedes también defendían en la oposición.
El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo, lo lamento.
Señor presidente, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Herrera, yo respeto muchísimo sus posiciones y su interpretación de lo que es una política de izquierdas en el siglo xxi y en la economía española con los datos que tenemos, pero
coincidirá conmigo en que una política de izquierdas es aquella destinada a crear empleo, como hemos hecho en estos dos años -en el último año 2005 se han creado un millón de nuevos empleos en España-; a elevar las pensiones mínimas, como ha hecho
el Gobierno con el apoyo de la mayoría social; a aumentar las becas; a aumentar el salario mínimo interprofesional, etcétera. Si a una política de izquierdas, lo que incluye una visión progresista de la fiscalidad -porque las rebajas fiscales
mayores van a ser a las rentas del trabajo y a las rentas más bajas-, acompaña una idea y un principio de buen gobierno, al país le irá mucho mejor. Y buen gobierno es aumentar el gasto social como lo hemos aumentado, presentar una bajada de
impuestos y a la vez tener un superávit público del 1,1 por ciento. Eso es buen gobierno y con buen gobierno se puede, como demostramos, hacer una política progresista en interés de los sectores sociales más necesitados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA, CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA POLÍTICA DE APOYO AL
SECTOR INDUSTRIAL? (Número de expediente 180/001168.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joan Puigcercós. Adelante, señor diputado.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, su Gobierno y los grupos -el suyo y grupos como el nuestro y otros de esta Cámara- han respaldado una política de giro a favor de sectores industriales. Dejar de lado determinada sensación de que este país
únicamente podía vivir de los servicios y recuperar el espíritu de la productividad y de la internacionalización han sido hasta ahora la bandera de algunos de sus ministerios, pero actualmente estamos en un momento clave en el que tenemos que
aplicar la estrategia de Lisboa y mejorar nuestro tren productivo, sobre todo en materia de investigación y desarrollo, y algunas nubes se ciernen sobre el horizonte, por ejemplo, la reforma fiscal. Ustedes ya han corregido y evidentemente no van a
retirar las deducciones por I+D+i, pero es evidente que el problema principal, que es el acceso de la pequeña y mediana empresa a los profits, a los recursos, a las deducciones para investigación y desarrollo, si no se aligeran las trabas, si no se
aligeran algunas barreras administrativas, no se podrá solucionar.
También quisiéramos recabar su atención sobre tres subsectores industriales que en estos momentos ven su futuro amenazado. Uno de ellos es el sector textil. Creo que ya es hora de que usted, como presidente del Gobierno, reciba a
representantes del Consejo Intertextil Español.
Otro es el sector de la industria farmacéutica, que en estos momentos está seriamente amenazado por una ley que tenemos que negociar, la Ley del Medicamento. No olvide usted que seguramente el sector
industrial promotor en I+D es el sector de la industria farmacéutica, importante en Madrid y en Cataluña. Finalmente está el sector de la automoción y de los componentes. Usted sabe perfectamente, y si no le podrá informar su ministro de
Industria, cuál es la situación de Seat, del grupo Volkswagen, de General Motors y de OPEL. Estamos en un momento clave y usted y su Gobierno tienen que liderar el vuelco definitivo a favor del sector industrial, que es el que nos garantiza
crecimiento, buenas exportaciones y sobre todo un patrón industrial diferente del que hasta ahora había existido.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puigcercós, el Gobierno cree que es necesario y conveniente hacer una política industrial activa. Quiero recordarle que durante el año 2005 la actividad industrial ha aumentado en España un 0,6 por ciento, una cifra similar a la
europea, y que además hubo un buen comportamiento en el empleo industrial; se ha creado empleo, un 0,4 por ciento, mientras que en la Unión Europea caía un 1,7 por ciento. Para 2006 el Gobierno considera que tanto la actividad como el empleo
muestran signos positivos en nuestro país. En enero la producción industrial creció un 3,4 por ciento, un dato realmente favorable, y el empleo, de acuerdo con los datos de afiliación a la Seguridad Social, ha aumentado en más 15.000 personas en
enero y febrero. La política industrial más importante que necesita nuestro país es el esfuerzo en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. Para ello, como usted sabe, el presupuesto del año 2006 ha incorporado un aumento del gasto público
en torno a un 30 por ciento, con nuevos programas, algunos de los cuales están destinados prioritariamente y pensados para la pequeña y mediana empresa, que es sin duda el sector que más necesita ese empuje en investigación, en desarrollo y en
nuevas tecnologías.
Por supuesto, también estamos convencidos de que es imprescindible hacer una política sectorial de determinados ámbitos industriales, como el automóvil - y sabe que lo ha hecho el Ministerio de Industria- o el sector textil, respecto al cual
el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas un plan específico conforme al mandato de esta Cámara. Mañana mismo hay una reunión importante a tal efecto, y puedo anunciarle que es mi intención mantener una reunión con los representantes del
sector textil para dar el impulso necesario en todos aquellos ámbitos de fomento empresarial, de investigación y desarrollo tecnológico que necesita un sector que tradicionalmente ha sido muy importante en nuestro país y que queremos que siga
siéndolo a pesar de la competencia internacional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, usted ha dejado claro que mañana hay una reunión importante de miembros del Ministerio de Trabajo con el Consejo Intertextil, y en ese sentido le ruego que se tenga en cuenta también el aspecto de las prejubilaciones, ya
que es un sector con 250.000 puestos de trabajo que necesita una redimensión si quiere poder competir.
Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALOR TIENE PARA USTED LA INCLUSIÓN EN UN ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL TÉRMINO NACIÓN Y DE UN TÍTULO DE
DERECHOS Y DEBERES DISTINTO QUE PARA EL RESTO DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001188.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy Brey.
El señor RAJOY BREY: El debate del Estatuto de Autonomía es el más importante que se ha producido en España en los últimos años. Afecta a la España constitucional, y usted ha dicho muy poco. Le pregunto si la afirmación del preámbulo
sobre la nación catalana, la afirmación del título preliminar sobre el origen de los poderes de la Generalitat, el pueblo catalán -cuando en el Estatuto anterior eran la Constitución, el Estatuto y el pueblo-, y la existencia de un título de
derechos y deberes distintos entre españoles afectan a la idea de España como nación de ciudadanos libres e iguales que ostentan la soberanía nacional.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, desde mi punto de vista, tanto el preámbulo, en lo que representa de incorporación de lo aprobado por el Parlamento de Cataluña, en los términos que un preámbulo permite conforme a la interpretación comúnmente admitida y
sancionada por el Tribunal Constitucional, como lo que establece el artículo 1 del Estatuto en estos momentos en tramitación sobre la definición de Cataluña como nacionalidad -conforme a la Constitución- resultan plenamente adecuados a la
Constitución de 1978, a lo que ha sido la interpretación hasta ahora razonable del término nacionalidad, y a lo que supone, por supuesto, la afirmación de todos aquellos pronunciamientos básicos sobre la esencia del funcionamiento del Estado que la
Constitución de 1978 ha establecido. Por cierto, he de decirle que el Estatuto de Cataluña, como el Estatuto de la Comunidad Valenciana, afortunadamente para los ciudadanos de Cataluña y afortunadamente para los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, incorpora derechos -muchos de los cuales han sido establecidos en leyes de esas comunidades- para establecer compromisos y obligaciones a los poderes públicos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias,
dentro del marco general de los derechos fundamentales básicos y libertades públicas que la Constitución establece para todos los españoles. Bienvenidos sean esos nuevos derechos para los ciudadanos de Cataluña y para los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, porque es una señal de progreso y de bienestar. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, su turno.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.
Señor Rodríguez Zapatero, usted pactó esto con el señor Mas (Rumores.), y el señor Mas lo interpreta así: El preámbulo equipara nación y nacionalidad porque interpreta la Constitución y, por tanto, según la Constitución, hay más de una
nación. El señor Mas dice que estamos reconociendo un acto de soberanía del Parlamento de Cataluña y además dice que estamos dando el primer paso para la construcción nacional de Cataluña. Usted no ha dicho nada de esto, su partido calló en la
Comisión y yo le pregunté y volvieron a callarse -es verdad que algunos se pusieron colorados- (Protestas.), pero usted es el que ha hecho este pacto, y yo le tengo que preguntar y usted que responder si está de acuerdo con la interpretación que
hace el señor Mas. Yo creo que él no engaña a nadie, y si usted está de acuerdo sería gravísimo, y si no lo está, me gustaría saber qué es lo que estamos aprobando. Quiero decirle que el relativismo con el que usted se comporta es tremendamente
peligroso cuando tratamos temas tan importantes como estos. Le pido que quite esos preceptos y le digo que son una bomba de relojería para el futuro. No puede haber dos naciones en una ni dos soberanías en una, eso es, lisa y llanamente, ridículo
y lo entiende cualquier persona.
(Rumores.) Además le digo que están ustedes cometiendo un fraude, porque como quieren quedar bien con todo el mundo están aprobando artículos que dicen una cosa y la contraria y que son un gravísimo conflicto
respecto al futuro. Están ustedes faltando a la verdad ante los ciudadanos de Cataluña y ante los del resto de España. Le voy a decir una cosa: han aprobado un título de derechos y deberes, que realmente son obligaciones para los ciudadanos de
Cataluña, que no lo tenían ni el Estatuto de 1932 ni el de 1979. Es usted el presidente del Gobierno que se liquida la igualdad de derechos y deberes de los españoles por primera vez en 500 años.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Rajoy, el tiempo ha terminado.
(Aplausos.) Gracias, señoría.
Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
No me extraña que se agarre tenazmente a las interpretaciones y valoraciones que hace el señor Mas, dirigente de Convergència i Unió, y no me extraña porque se tiene que agarrar a cualquier cosa después de todas las que les hemos oído a
ustedes durante todas estos meses, que han sido exageraciones... (Aplausos.-Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: Sí o no.)
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
Le reitero, señor Rajoy, que el preámbulo es impecable, el artículo primero es impecable constitucionalmente, y su problema, después de todo lo que han dicho, es que tienen que dar marcha atrás. Pero, bueno, ya vemos que usted ha empezado
la tendencia a la rectificación. Continúe por ese camino de la rectificación, que seguramente le irá mucho mejor, a usted y a todo el país. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON PERE GRAU I BULDÚ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JORDI VILAJOANA ROVIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿VA A PRESENTAR EL GOBIERNO UN PLAN DE VIABILIDAD PARA RADIO 4 CON EL FIN DE QUE ESTA EMISORA PUEDA EJERCER LAS FUNCIONES DE PROMOVER LA PLURALIDAD Y LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DEL PAÍS A TRAVÉS DE UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN RADIOFÓNICO EN LENGUA CATALANA? (Número de expediente 180/001167.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora vicepresidenta primera.
Pregunta formulada por el diputado don Pere Grau.
Adelante, señor diputado.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
La reciente presentación del plan de viabilidad para Radiotelevisión Española ha llevado consigo el anuncio del desmantelamiento de Radio 4 en Cataluña como una de las medidas previas para la reducción de la deuda histórica que arrastra
Radiotelevisión Española. Esta premura en las declaraciones y la contundencia de la solución, además también de la existencia de visos de posibles reajustes en San Cugat, nos hacen plantearle la pregunta tal como viene en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señoría.
Como usted muy bien ha dicho, la SEPI ha elaborado y está empezando a negociar un plan de futuro para el conjunto de la radio y la televisión estatales conforme a los criterios de servicio público, independencia y responsabilidad financiera
que, como he visto, usted conoce muy bien.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta. Existe este plan, no esperaba otra respuesta, pero su valoración de la situación como base de partida nos hace pensar que no se han valorado todos los aspectos que configuran el
servicio. En primer lugar, la situación actual de Radio 4 no es una floración espontánea, hace varios años que esta emisora tiene pérdidas. Se han realizado acciones de revisión de programas, de contenidos. ¿Se ha estudiado anteriormente alguna
reorganización? En segundo lugar, la cuantificación de las pérdidas no puede ser calibrada en total sin más. Como no hay publicidad, ¿hay una valoración de los share de forma objetiva para definir la eficiencia de este servicio público? En tercer
lugar, existe una producción de Radio 4 que no solo es para Cataluña sino también para toda la cadena de Radio Nacional de España. ¿Ha valorado la SEPI este aspecto? En cuarto lugar, se ha actualizado el objetivo de servicio público. Se creó la
empresa para mantener la pluralidad y la diversidad lingüística que propició la reacción de Radio 4 en 1976 como la primera emisora de ámbito nacional en Cataluña en catalán, y la primera fue Radio Olot, que un año antes ya emitía en catalán. Pero
después de todos estos años, ¿cómo son validos aquellos principios que crearon Radio 4? ¿ Por qué no se puede pensar Radio 4 como una desconexión de Radio Nacional de España en Cataluña? Existen otras emisoras en catalán y, por lo tanto, hay que
plantearse en ánimos de competencia este tipo de emisiones. Porque si el argumento de cierre es la existencia de otras emisoras en catalán, ¿lo aplicará el Gobierno para las emisoras en castellano, o es que no hay más emisoras en castellano que en
catalán? ¿Serviría este criterio para cerrar Radio Nacional de España? ¿Se plantearía la señora vicepresidenta, equiparando este sistema, cerrar un museo o una biblioteca porque no tienen visitantes o lectores? Creemos, señora vicepresidenta...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Grau, el tiempo terminó.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, el plan de saneamiento que han elaborado la SEPI y la dirección de Radiotelevisión reafirma los principios de nuestro compromiso electoral. Dijimos que queríamos una radio y una televisión del Estado independientes del Gobierno;
dijimos que queríamos una radio y una televisión fuertes, de calidad, conforme a los criterios de servicio público europeos y que contribuyeran a la cohesión de España; dijimos que queríamos un radio y una televisión administradas conforme a
criterios financieros sólidos y responsables, y en ello estamos, señoría. Por supuesto que la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural son componentes esenciales de los principios que han regido, rigen y seguirán rigiendo la prestación del
servicio público de radio y televisión. En la medida en que esto es así, por supuesto que lo vamos a tener en cuenta en el proceso que ahora se abre al diálogo y la búsqueda del acuerdo, como usted bien sabe, con los representantes de los
trabajadores y, como ya señaló el presidente del Gobierno, con los representantes de la Generalitat. Tenga S.S. la tranquilidad de que en este proceso vamos a cuidar con mimo
los principios de respeto y fomento de la pluralidad cultural y lingüística, pero también y al mismo tiempo debemos alcanzar los objetivos de independencia, viabilidad financiera y cumplimiento de los requerimientos europeos para la
prestación y financiación de un servicio público. Todos los datos que usted me ha mostrado los hemos analizado, pero este es el momento de hablar y llegar a un acuerdo.
Gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN SU POLÍTICA
DE NOMBRAMIENTO PARA LOS PRINCIPALES ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001170.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ángel Acebes.
Adelante.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señora vicepresidenta, ¿cuáles son los criterios del Gobierno en su política de nombramientos?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Mérito y capacidad.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ACEBES PANIAGUA: Ustedes se comprometieron en su programa electoral a garantizar la independencia de determinados nombramientos.
Veamos cómo han aplicado esos criterios de mérito y capacidad. Al frente de la Comisión Nacional de
la Energía, Maite Costa. Méritos y capacidad: ex diputada, militante del PSOE y amiga de Montilla. (Varios señores diputados: No, No; te has colado.) El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia: ex eurodiputado del PSOE, militante
del PSOE y amigo del señor Solbes. (Varios señores diputados: Muy bien.) El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: ex secretario de Estado con los gobiernos socialistas de Felipe González. La directora general de
Radiotelevisión Española: nombrada por el PSOE, no por el Parlamento por dos tercios, como ustedes habían comprometido en el programa electoral, y quien, por cierto, todavía no ha dimitido por los episodios de manipulación y algunos especialmente
vergonzosos y reiterados sobre el líder de la oposición. (Protestas.) El fiscal general, que, como todo el mundo sabe, ha pasado de ser el fiscal general del Estado al fiscal general del Partido Socialista...(Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Pausa.)
Señor Acebes, continúe ahora.
El señor ACEBES PANIAGUA: Después del fiscal general del Partido Socialista, ahora la nueva amenaza del PSOE, o de una facción del PSOE (Rumores.), es que parece que van a poner al número dos del Ministerio de Economía como gobernador del
Banco de España, es decir, a controlar la política económica que ha estado haciendo hasta este momento.
¿Saben cuál es el problema? Que ustedes no quieren gobernar para todos los españoles. Solo quieren gobernar para los que consideran los suyos y al servicio del interés del partido. Por eso, cuando alguien no se somete, como el presidente
del Tribunal Supremo (Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Hala!), organizan una campaña de desprestigio y persecución intolerable y además impresentable. No les basta con haber acabado con una justicia única e igual para todos los
españoles, como han hecho esta semana al crear un poder judicial propio para Cataluña -por cierto, como siempre habían pedido los nacionalistas y ustedes dijeron que no iban a hacer-, sino que ahora también quieren poner fin a la independencia
judicial nombrando no servidores de la nación, como en todo, sino servidores del Partido Socialista. Les decimos claramente: a este grupo no le van a someter, tampoco lo vamos a tolerar, y vamos a apoyar a todos aquellos que ustedes persiguen por
querer ser libres y ejercer en libertad su independencia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): El nombramiento de los altos cargos del Gobierno se basa en los criterios constitucionales -repito- de mérito y
capacidad, aunque le cueste entenderlo, señor Acebes, porque no fue precisamente esa la tónica que siguieron sus gobiernos. Este Gobierno actúa así: mérito y capacidad, aunque no le guste. Designamos a todas las personas que usted ha mencionado
-vea sus currículos- y designamos también a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, persona sobradamente cualificada, cuya trayectoria de servicio público y cuya experiencia profesional en España y fuera de España están sobradamente acreditadas y fuera de
toda duda razonable. Digo razonable porque esa palabra no existe en ninguna de sus manifestaciones, señor Acebes, no ya porque desconozcan cuestiones elementales de la democracia, como es el principio de la dirección política del Gobierno o el
respecto a la voluntad popular, sino porque ignoran principios elementales de la Constitución,
sí, porque son los principios de la Constitución los que garantizan la independencia del funcionamiento de los órganos reguladores. Señoría, no existe ningún principio, afortunadamente para la calidad de nuestra democracia, que se llame
arbitrariedad, que era el criterio que ustedes utilizaron durante sus gobiernos. (Rumores.) A pesar de que crean lo contrario, en ningún sitio, señor Acebes, está escrito que los servidores del Estado tengan que ser solo los amigos del Partido
Popular o las personas que piensan como usted. No, señor Acebes, eso solo funcionó cuando ustedes gobernaban, y así nos fue. Por eso están ustedes ahora en la oposición. En ningún sitio, señor Acebes, consta eso. Por respeto institucional y por
delicadeza, no voy a recordarle ninguno de sus nombramientos, pero la gente de este país tiene memoria de los fiscales que ustedes nombraron y de muchos otros cargos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR MAS RESPECTO A LA EFÍMERA VIGENCIA DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CATALUÑA QUE HA PACTADO EL GOBIERNO CON CIU? (Número de expediente 180/001171.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Eduardo Zaplana.
Adelante, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, imagino que se refería al nombramiento del Defensor del Pueblo o de algún ilustre embajador de nuestra época de Gobierno, por ejemplo, a la hora de citar al Gobierno anterior. (Rumores.) Pero yo le quiero preguntar
por otra cosa. En la Comisión Constitucional se está tramitando la reforma del Estatuto de Cataluña, pero en esta sesión de control al Gobierno queremos saber, si le parece a S.S. razonable en esta ocasión, si puede hacer un pronóstico, si en su
opinión el Estatuto tendrá un plazo de vigencia como el que dice el presidente del Gobierno o si nace con fecha de caducidad, como avisa el señor Mas.
El señor PRESIDENTE: Su turno, por favor, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): De ser cierta esa última afirmación la respuesta sería no, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, cuánto ganaría la Cámara (Un señor diputado: ¡Alomojó¡) si usted, que es tan aficionada a disfrazarse de vez en cuando, un día, aunque solamente fuera un día, se vistiera de
vicepresidenta de Gobierno y cumpliera con la obligación...
(Fuertes protestas.-Aplausos.-Un señor diputado: ¿Qué pasa, hombre, qué pasa?)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como he dicho ya tantas veces, tener sentido de las formas, de las expresiones, tener sentido del límite (Rumores y protestas.) es algo que en un momento determinado puede ser hasta una gran virtud. Yo ya
estoy cansado de repetir que en esta sesión de control, que probablemente es la más interesante del debate parlamentario de la semana, interesa mucho más lo que digamos fuera de estos muros que dentro de ellos. A partir de esta consideración
elemental, que ya he dicho docenas de veces, ajusten ustedes su propio comportamiento. Como presidente no puedo estar cada cinco minutos señalando a uno y a otro, no es mi tarea. (Rumores.) En consecuencia, les ruego que por favor ajusten ustedes
su propio comportamiento a la necesidad de un debate político de envergadura. Es todo lo que tengo que decir.
Señor Zaplana, continúe.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, no creo haber cometido ningún exceso. (Varios señores diputados: ¡Sí, sí! -Rumores.) No he dicho que le falten escrúpulos a S.S., ¿verdad que no? Simplemente le he dicho que en alguna ocasión la hemos visto
disfrazarse y que por favor se vista un día de vicepresidenta de Gobierno y, aunque sea en una sola ocasión, conteste de verdad a lo que le preguntamos en las sesiones de control del Gobierno.
(Aplausos-Protestas.)
Señora vicepresidenta, el señor Mas ha sido muy claro al decir...
(Continúan las protestas.-Un gran número de señoras diputadas y algunos señores diputados abandonan el hemiciclo.-Una señora diputada: ¡Que lo retire, señor presidente!- El
señor Hernando Fraile: Numeritos que espero que valgan.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión de control.
Por favor, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, por mucha que sea la presión, seguiremos siempre ejerciendo nuestra labor de oposición
y de control al Gobierno por encima de todo. (Aplausos.)
El señor Mas ha sido claro al decir que no estamos ante un acuerdo definitivo. Ha dicho -y cito literalmente- que a su objetivo se puede llegar de una sola vez o a través de algunas etapas, y lo que sin duda quiere en esta ocasión, por
grave que sea el acuerdo de la Comisión Constitucional -que lo es-, es llegar a su objetivo en varias etapas. Por tanto, en este proceso que ha promovido e impulsado el presidente del Gobierno, estamos en una etapa grave pero sin duda no la última.
Señorías, la única verdad que han dicho ustedes es que no se ocuparán de negociar el nuevo Estatuto. ¿Saben por qué? Porque ya es evidente que cuando convoquen elecciones volverán a la oposición. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señor Zaplana, se ponga como se ponga, la realidad no va a ser como usted cree que es sino como es. Por tanto, es evidente que por mucho que quiera engañar a todos en todo no lo va a conseguir. La realidad es que hay un Estatuto, que va a
haber un buen Estatuto, un Estatuto que responde al consenso de la mayoría, un Estatuto que está dentro de la Constitución (Rumores.), dentro de los márgenes de la Constitución de 1978, y un Estatuto que es bueno para los ciudadanos. Eso es lo que
hay. Ustedes de no debatir han pasado a debatir, la normalidad democrática va a funcionar y habrá Estatuto y buen Estatuto.
Dicho esto, en cuanto a eso que le preocupa tanto de que yo me disfrace o que acuda como vicepresidenta, señor Zaplana (Una señora diputada: ¡Es un machista!), le voy a decir que me siento absolutamente honrada de haber representado a este
país, a los ciudadanos de este país y a las mujeres de este país en un encuentro en África con mujeres africanas (Rumores.) para compartir un futuro de esperanza con quienes han sido gestores de la resistencia, del hambre, de la enfermedad y del
desastre y que es hoy un poder emergente al que hay que apoyar. Prefiero esa imagen de vicepresidenta que la imagen de las Azores, señor Zaplana (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos.); mucho mejor. He de decirle que la mayoría de los
ciudadanos está conmigo. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Bravo, bravo!- Las señoras y señores diputados que se habían ausentando entran en el
hemiciclo aplaudiendo.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Adelante.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Quiero pensar, señor Zaplana, que en su caso no sé si es un problema de ignorancia, que sería inexcusable, de
maledicencia, que sería intolerable, o de machismo, que sería detestable. (Protestas.-Aplausos.) Creo que son las tres cosas, señoría, las tres cosas; las tres. Por tanto, me quedo, por supuesto, con la política exterior de priorizar África y sus
mujeres que con la política exterior de llevarnos a una guerra inmoral e injusta. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Faltáis siempre a
la verdad!)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SOCIAL, EN CONCRETO
EL NUEVO SISTEMA DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DE DEPENDENCIA, DESPUÉS DE LA REBAJA GENERALIZADA DE IMPUESTOS CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL IRPF APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES? (Número de expediente 180/001189.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo de la diputada doña María Olaia Fernández. Adelante, por favor, señora diputada.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Hacemos esta pregunta porque, al mismo tiempo que el Gobierno nos anuncia y aprueba proyectos de ley de disminución de la presión fiscal, también anuncia y aprueba leyes con un fondo de contenido social que para que realmente puedan
desarrollarse y cumplir con el objetivo que se pretende necesitan garantía de financiación. Por tanto, señor vicepresidente, le formulamos la pregunta que usted ya conoce.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo, adelante.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la reforma que ha remitido el Gobierno es prudente, entre otras razones, porque toma en consideración los retos que esta sociedad y nuestra economía van a tener en los años futuros, retos relacionados con
el envejecimiento y la dependencia. Por eso nuestra apuesta de gasto es moderada, entre 4.000 y 4.500 millones de euros, y el Gobierno está convencido de que con esa reducción prudente de los impuestos tendremos mayor actividad económica y
dinamizaremos la economía, el crecimiento y el empleo. Al mismo tiempo dispondremos de recursos suficientes para hacer frente a nuestras obligaciones, y no olvide S.S. que la ley de reforma fiscal va acompañada por una ley de prevención del fraude
fiscal, pero también hay una serie de medidas específicas para hacer frente a los problemas de dependencia y envejecimiento, dando el mismo trato a estos temas que al de las pensiones, poniendo en marcha sistemas de ahorro sistemático para el futuro
y también la movilización del patrimonio inmobiliario, todo ello teniendo un superávit que sin duda alguna nos va a ayudar a hacer frente a nuestras obligaciones futuras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora diputada.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor vicepresidente, recordará que cuando aprobamos la Ley contra la violencia de género, una de las cuestiones que más escepticismo nos provocaba era justamente la falta de capacidad de financiación.
Actualmente se han anunciado -de hecho ya están aprobados los anteproyectos- dos leyes de una importancia que no vamos a explicar porque todo el mundo la entiende, que son la Ley de la autonomía personal y la dependencia y la Ley de igualdad. Por
tanto, reconociendo el hecho de que en estos dos últimos años subió en dos puntos el gasto social en el Estado español, no es menos cierto reconocer que aún distamos tres puntos de la media europea -el 22,6 por ciento frente al 25,6-, diferencia que
se agranda si comparamos estos datos con distintos Estados de la Unión Europea, como los nórdicos Noruega o Dinamarca, Alemania o Francia, con un nivel mucho más elevado en políticas sociales. No creemos que sea casualidad que la presión fiscal en
estos Estados también sea mayor: el 49,9 por ciento en Dinamarca, el 47,4 por ciento en Bélgica y el 45,3 por ciento en Francia. La media europea está en un 41 por ciento frente al 35,4 por ciento en el Estado español. No queremos que se
entienda, señor vicepresidente, que nos parece mal la bajada de impuestos, pero nos parece peor que por contentar al conjunto de la ciudadanía con siempre engañosas rebajas fiscales no se garantice el desarrollo de esas leyes tan importantes y las
demandas...
El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido. Lo lamento.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.
La correlación que S.S. ha deducido entre gasto fiscal, prestaciones y aumento de impuestos existe. La conclusión a la que S.S. no llega es qué sucedería en términos de crecimiento y empleo si llegásemos a esos niveles de fiscalidad y de
gasto público. Seguramente tendríamos más tensiones de demanda, tendríamos más inflación y posiblemente menos crecimiento a largo plazo. Sin embargo, hoy plantea usted su preocupación básicamente en términos de la Ley de dependencia. Recordará
S.S. que garantizar el nivel de prestación corresponde a la Administración General del Estado, pero con un sistema en el que participan las comunidades autónomas, que son responsables fundamentales de esta actuación. El nuevo coste que suponga la
implantación del sistema se financiará por tanto a mitades entre el Estado y las comunidades autónomas, y por eso las comunidades autónomas dispondrán no solo de sus recursos actuales sino de una mayor capacidad fiscal para el futuro. Entiendo su
preocupación porque el conjunto de las administraciones públicas implicadas cuente con recursos suficientes para hacer frente a un reto de envergadura como es este cuarto pilar, pero sinceramente creo que el Estado se encuentra en un buen momento
financiero para poder abordar esa cuestión sin que se genere ningún problema en términos de financiación, y creo que lo mismo puede hacer la Administración territorial dada su actual posición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL PIENSA EL VICEPRESIDENTE QUE DEBE SER EL
PERFIL DE LOS POSIBLES SUCESORES DEL ACTUAL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001172.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
Señor vicepresidente, la verdad es que si pudiera me gustaría cambiar la pregunta y preguntarle a usted qué efecto económico tuvo el macrorreportaje con modelos exclusivos de las ministras en La Moncloa en la revista Vogue.
(Aplausos.-Protestas.-La señora Sánchez Díaz: ¡Ya está bien! Esa no es la pregunta.-Un señor diputado: ¡Payaso!) Entonces no se sintieron tan ofendidas.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿ha entendido usted lo que he dicho antes de guardar mínimamente las formas? ¿Lo ha entendido? (La señora Salom Coll: ¡Que guarden las formas ellos!- Rumores.)
Por favor, comprendo que pueda haber variaciones sobre la pregunta, pero está usted introduciendo un elemento que no tiene nada que ver. Así que vaya a la cuestión y pregunte sobre lo que quiere preguntar. Se lo ruego, por favor, porque si
no esto es insoportable para cualquiera.
Entiéndanlo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, le agradezco que me llame a la cuestión y lo acepto. Sin embargo, en cuanto a las formas lo he dicho de la mejor manera posible, las que se han ido son otras. (Una señora diputada: ¡Qué
tiene que ver!)
El señor PRESIDENTE: Haga usted el favor de ir a la cuestión, señor Martínez-Pujalte, porque si no vamos a terminar esta tarde dando otro espectáculo, que es lo que yo lamento. Por favor, a la cuestión.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me vuelvo a la cuestión, señor presidente.
Señor vicepresidente, hace unos meses -y usted lo sabe bien- le parecía un perfil inadecuado para ser vocal del Banco de España haber sido ministro hace veinte años; hoy le parece un perfil adecuado ser secretario de Estado y de ahí pasar a
vocal del Banco de España, solo que esta vez lo elige el Partido Socialista. ¿Le parece eso sentido común y lógica? (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Como sabe S.S. la designación del gobernador del Banco de España está claramente marcada por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto primero del artículo 24 de la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España, que dice
textualmente: El gobernador del Banco de España será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios y bancarios. En el artículo 25 se establecen las
causas de cese, que son haber cumplido 70 años y la de encontrarse procesado por delitos dolosos. Las tres condiciones exigibles para ser gobernador serán en su momento ser español -evidente-, de reconocida competencia y no estar incurso por causa
de cese, que pueden ser fácilmente contrastables en el currículo de cualquier interesado. A partir de ahí S.S. plantea un segundo debate en el que estoy encantado en entrar porque fui yo el que pactó precisamente con ustedes en su momento el
perfil de los consejeros del Banco de España, llegando a la conclusión en el año 1994 de que el perfil debía ser que no fueran ex ministros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, el perfil era que no fueran ex ministros, pero que sea secretario de Estado hasta el momento del nombramiento es un poco excesivo. Ustedes están traicionando su programa electoral y apelan a leyes. Me parece bien,
pero en su programa electoral pusieron que los nombramientos se harían de personas independientes y por el Congreso de los Diputados, pero no lo han cumplido ni en la CNE ni en el Tribunal de Defensa de la Competencia ni en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y ahora quieren llevarlo al Banco de España. Señor vicepresidente, ¿le parece lógico llevar el debate político también al Banco de España? ¿Le parece lógico poner a una persona, cuya capacidad intelectual yo no cuestiono, con un
perfil altísimamente político en el Banco de España? (Un señor diputado: ¿Y Rato qué?) Ustedes no se dan cuenta de que están en la ocupación del poder, de que en el Tribunal de Defensa de la Competencia le han hecho un informe en contra y usted
lo que hace es una ley para disolverlo. Señorías del Grupo Socialista, señor vicepresidente, están en la ocupación del poder y eso no es lógico. Da la impresión de que el Gobierno está a punto de caer en la tentación de colocar a una persona al
frente del Banco de España que, independientemente de sus méritos, tiene un altísimo perfil político. Nos parece mal; así no hay ningún gobernador de un banco central europeo.
Señor Solbes, eso es malo para la economía y llevaremos este tema a
Bruselas porque cuestiona la independencia de una entidad enormemente...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó; lo lamento.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que será estupendo hablar sobre Bruselas y los perfiles de los gobernadores del Banco de España. En cuanto a los nombramientos de tipo político, si usted quiere revisamos los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de su
época o los últimos nombramientos que ustedes hicieron en el Tribunal de Defensa de la Competencia, prácticamente ya dimitidos. ¿Qué perfil existe en Europa? Como S.S. sabe, en Europa hay todo tipo de perfiles. Le recuerdo que el señor
Duisenberg, durante muchos años presidente del Banco Central Europeo, fue ministro de Economía; el actual presidente ha sido director general del Tesoro, el equivalente a ser en Francia secretario de Estado de Economía, y el actual gobernador de
Finlandia es ex ministro de Asuntos Exteriores, ex ministro de Economía, y ex comisario europeo;
el irlandés, anterior secretario de Estado de Economía, dejó un puesto para pasar a otro. Le puedo hacer la retahíla de cada uno de ellos. Si quiere hacemos la lista y verá usted que en cuanto a lo que está prejuzgando respecto a quién va
a ser el gobernador del Banco de España -no yo, porque eso se decidirá...- (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El tiempo concluyó; lo siento.
-DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿SIGUE PENSANDO EL VICEPRESIDENTE QUE LAS
POSICIONES DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS RESPECTO A LA OPA DE GAS NATURAL SOBRE ENDESA SON COMO 'DOS GOTAS DE AGUA'? (Número de expediente 180/001173.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Castelló.
Adelante.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
¿Sigue pensando el vicepresidente que las posiciones de las autoridades españolas y de las europeas respecto de la OPA sobre Endesa son como dos gotas de agua?
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Sigo pensando lo que dije en su momento.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
Señor Solbes, lo que mal empieza, mal acaba, y este proceso de la OPA sobre Endesa, que empezó mal por el impulso y por el apoyo total del Gobierno al mismo, acabará peor, y además teniendo consecuencias negativas para quienes a nosotros nos
importan, los consumidores españoles, las empresas españolas, la economía de este país y el prestigio de España. Allá por el mes de octubre usted decía que esa decisión final de las autoridades españoles y europeas sobre el dossier se parecerían
como dos gotas de agua. Pues bien, con mucha imaginación serían ahora una gota de agua limpia y cristalina y una gota de agua sucia y muy contaminada. Nadie tiene en estos momentos ninguna duda de que el criterio de las autoridades europeas y el
de su Gobierno -no sabemos si el que personalmente usted defiende- son absolutamente diferentes, porque, señor Solbes, lo que su Gobierno está haciendo no tiene nada que ver -y usted lo sabe- con lo que S.S. ha defendido en Europa, lo que hemos
defendido ustedes y nosotros apoyando la Constitución europea, y menos aún lo que necesita este país para su futuro y lo que pide Europa en este sector. Tenemos algo más que dudas razonables de que usted sea un firme defensor de las actuaciones
proteccionistas e intervencionistas que el Gobierno del señor Zapatero está llevando a cabo en este asunto, y supongo que usted lo puede entender perfectamente. Por cierto, señor Solbes, sabe también que esto que se hace para asegurar el suministro
energético, como están diciendo, es simple y llanamente mentira; si fuera así, su posición sería otra, y no vamos a pedir que modifique su posición sino simplemente que no hagan trampas, que no cuenten mentiras para justificarse y que el Gobierno
defienda los intereses de los ciudadanos y no su interés particular. En estos momentos la Comisión les pide explicaciones porque los criterios del Gobierno son vagos e imprecisos. El señor Montilla pide más tiempo; esperemos que no sea para
intentar engañar a la Comisión en la respuesta.
Dicen que esperan que Europa nos trate mejor que a otros países o por lo menos que no nos trate peor. El secretario de Estado de Asuntos Europeos ha reconocido que la defensa de España no es fácil, y
su Gobierno ya asume que esto puede acabar en los tribunales. Señor Solbes, este es el reconocimiento de que ustedes y su Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo terminó.
Señor vicepresidente, adelante.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que S.S. mezcle dos temas que no tienen nada que ver: la pregunta que usted me ha hecho con su reflexión posterior. Voy a ceñirme a su pregunta, que se refiere a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. El 28 de septiembre, con motivo
de la interpelación del señor Pujalte, contesté que el problema no era si la OPA se estudiaría en Bruselas o no, ya que el análisis que hace la Comisión y las autoridades españolas se parecen como una gota de agua a otra gota de agua. Tanto las
autoridades españolas como las comunitarias defienden los mismos principios: La OPA debe ser autorizada por la autoridad competente, en este caso la española; coincidimos ambos en que se debe examinar caso por caso para garantizar que no tiene
efectos restrictivos sobre la competencia en los mercados afectados; Madrid y Bruselas consideran que las operaciones de concentración con efectos restrictivos se deben autorizar si existen condiciones que permitan eliminar o compensar los efectos
restrictivos de la competencia, y también hay plena coincidencia en que dichas condiciones deben ser proporcionales al objetivo perseguido. Por tanto, el procedimiento y los criterios son los mismos.
El análisis es, en ambos casos, que los efectos anticompetitivos deben ser corregidos. ¿Cómo se corrigen? En una operación de concentración se corrigen los horizontales, y en el caso al que me refiero las condiciones impuestas por el
Consejo de Ministros eliminan toda adición de cuotas e incluso van más allá. Hay unos segundos efectos anticompetitivos derivados de la integración vertical o los denominados de efectos conglomerado, que solo se pueden justificar de forma muy en el
límite para una prohibición. Hay una jurisprudencia comunitaria muy clara en los casos Tetra Laval, Air Tours, General Electric y Honeywell, en la que se establece que, para motivo de prohibición, se debe acreditar de forma convincente que los
efectos negativos son superiores a los positivos y que no existen condiciones que compensen los efectos negativos. Esos son los elementos que se utilizaron en la decisión española y eso es lo que se ha aplicado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS FERROVIARIAS A SU
PASO POR LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, CONSENSUADA O COMPROMETIDAS EN LAS DISTINTAS REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS HASTA LA FECHA? (Número de expediente 180/001166.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento, del diputado don Emilio Olabarría. Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, esta es una pregunta que se incardina en el concepto más etimológico de la expresión. Nosotros solo pretendemos recabar información, ser ilustrados sobre la cuestión que le planteamos y no generar
polémicas estériles, algo tan al uso en estas sesiones de control de las tardes de los miércoles. El tenor literal de la pregunta es el siguiente: ¿Cuáles son los planes del ministerio que usted dirige en relación con las obras de incardinación de
la nueva red ferroviaria del País Vasco en la ciudad de Vitoria-Gasteiz?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Adelante, ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, hace un año, en marzo de 2005, expuse en Vitoria la voluntad del Ministerio de Fomento de soterrar la línea ferroviaria que atraviesa la ciudad y, con ello, eliminar barreras internas entre barrios y liberar el terreno de propiedad
estatal que ocupan las vías para aportarlo a la financiación de las obras. Por ser un deseo muy sentido por los ciudadanos de Vitoria y por estar convencida de la bondad de este proyecto, el Ministerio de Fomento ha seguido impulsando las
actuaciones y al día de hoy puedo decirle, señoría, que estamos redactando el estudio informativo y que hemos logrado el acuerdo y la cooperación de todas las administraciones afectadas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora ministra, por su información, que no por parca es menos relevante. En todo caso, nos gustaría que nos responda a tres cuestiones concretas que le voy a mencionar a continuación. La primera de
ellas hace referencia a cuál de las alternativas posibles maneja el Ministerio de Fomento para la integración de la nueva red ferroviaria, el llamado ramo alavés de la Y vasca en Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta que ha habido varios informes
técnicos que aconsejan distintas soluciones, que van desde el soterramiento a la separación de la red viaria de mercancías y viajeros, y varias alternativas en relación con ambas, unas que pasan por el norte de Vitoria, por la zona de Lacua o por la
zona de Foronda, u otras que penetran por el centro de Vitoria, por la calle de Dato, dentro de la propia ciudad. Esa sería la primera cuestión. En segundo lugar, nos gustaría saber si han considerado la posibilidad de separar la red viaria
relativa al tráfico de mercancías de la red viaria relativa al tráfico de pasajeros, y si la red viaria relativa a mercancías realmente no se separase, penetraría a través del entubamiento correspondiente y por la fórmula del soterramiento por
dentro, por el centro de la ciudad, por la calle de Eduardo Dato que, como sabe, constituye el corazón, el núcleo central o urbano de Vitoria-Gasteiz. Y por último, una cuestión de naturaleza económica y competencial que sometemos a su
consideración o sobre la cual inquirimos su respuesta. En opinión de su ministerio, si se opta por una fórmula que consiste en la separación de la red de mercancías, eludiendo Vitoria, buscando una circunvalación a Vitoria, y se mantiene a través
de la fórmula del soterramiento la red viaria relativa al tráfico de personas...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado, el tiempo ha terminado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, presidente.
Señoría, espero tener tiempo de contestarle. La voluntad de llevar a cabo el soterramiento de la línea ferroviaria en Vitoria-Gasteiz ha sido permanente, dada la importancia que tiene su trazado. Como bien sabe, se creó una comisión para
estudiarla en el año 2000 y no es hasta octubre de 2005 cuando se consensúa con el ayuntamiento la solución que paso a detallarle. El recorrido
del ferrocarril en la ciudad de Vitoria será de 12 Km, de los cuales siete estarán soterrados. Le recuerdo que la propuesta inicial eran 5,7 Km y, a solicitud del Ayuntamiento de Vitoria para minimizar la afección en el área de Zabalgana,
se han incluido 1,3 Km más, hasta alcanzar los siete de soterramiento. Adicionalmente, se abandona el corredor actual del ferrocarril en superficie por la ciudad y se lleva el soterramiento por el nuevo pasillo Lakua-Arriaga. El ferrocarril
soterrado tendrá tres vías, dos de ancho internacional y una de ancho ibérico, y se construirá una nueva estación subterránea intermodal bajo la plaza de América Latina para los modos ferroviarios y el sistema de transporte urbano, incluyendo en
este el autobús y el tranvía.
Quedan, señorías, algunos aspectos técnicos pendientes, a los que se dará solución en el grupo técnico. Es el caso de los tráficos de mercancías que, a propuesta del ministerio, convendría desviar por una variante exterior a la ciudad o por
otro corredor, dejando el soterramiento solo para el tráfico de viajeros. Esta medida fue planteada por el ministerio el 7 de marzo de 2006. Ha sido una propuesta bien acogida y se estudiará con mayor detalle en la nueva reunión. El estudio
informativo se podrá sacar a información pública en dos meses. El coste total de la operación dependerá, señoría, del método constructivo que se elija. Por último, la financiación, como sabe, es conjunta entre las administraciones integrantes en
la comisión: ministerio, Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LAS ALTERACIONES QUE SE PRODUJERON, UNA VEZ FINALIZADO EL
CONSEJO DE MINISTROS, EN EL REAL DECRETO-LEY QUE AMPLÍA LAS FUNCIONES DE LA CNE? (Número de expediente 180/001174.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de don Javier Gómez.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer al señor ministro la pregunta que consta en el orden del día, pero antes, señor presidente, espero no tener que recurrir a su amparo para escuchar hoy alguna verdad. Dígame la verdad, señor ministro. No me repita las razones
que contó al salir del Consejo de Ministros porque eso ya no se lo cree nadie.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, no sé a qué alteraciones se refiere en su pregunta porque únicamente hay una versión del Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de la Energía, que es obviamente el
publicado en el Boletín Oficial del Estado.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante. Su turno, por favor.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señoría, la verdad es que en el viaje de Moncloa al BOE se elimina la mención al Gobierno en el punto 2 b), se cambia la redacción del punto número 3, se introduce un apartado c) nuevo, el c) antiguo se convierte
en el d) y este d), que era un solo párrafo, se descompone en tres puntos separados. Por lo tanto, es mentira que sea un error de transcripción, como se dijo. Es absolutamente imposible que esta modificación pueda ser considerada como un error.
Una vez aclarado esto, hay que decir, señorías, que, para error, el propio decreto, cuya modificación, por cierto, ha fotografiado sus auténticas intenciones. Señorías, el afán totalizador del decreto rezuma una mentalidad intervencionista
incompatible con el marco europeo. Además, el descrédito del Gobierno a nivel internacional lo vamos a pagar todos los ciudadanos y encima ustedes, señor ministro, van a desestabilizar de forma irreversible un sector que precisa un marco previsible
y jurídicamente seguro. Señorías, señor presidente, este Gobierno es un yacimiento de despropósitos. Este Gobierno es especialista en buscar problemas, en encontrarlos, en hacer un diagnóstico falso y en aplicar después los remedios equivocados.
Baten todos los récords de arbitrariedad, incompetencia y falta de respeto a la ley. Cambian durante el partido las reglas del juego para bloquear la OPA. Fabrican una normativa contraria a los tratados de la Unión Europea. Desoyen las
advertencias de la Comisión Europea contra cualquier barrera de la libre circulación de capitales, y un sinfín de despropósitos más. Señorías, señor presidente, lo que yo he dicho nadie puede decir que es mentira, sin embargo ustedes, señor
ministro, señores del Gobierno, faltan a la verdad. Señor presidente, ¿sabe esto el señor Rubalcaba? Si no lo sabe, alguien tendrá que decírselo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, después de tantos años siendo usted diputado sabe perfectamente que no es posible que este ministro ni ningún otro, ni de este Gobierno ni de gobiernos
anteriores, hayan podido alterar un acuerdo del Consejo de Ministros. Por tanto, dada su dilatada trayectoria no puedo achacar sus afirmaciones al desconocimiento o a la inexperiencia, señoría. Me voy a inclinar a pensar que lo que ocurre
es que se deja usted influenciar en demasía por los comentarios de algunos terturlianos poco cumplidores del octavo mandamiento y de determinados titulares de diarios con vocación de ser el epicentro mundial. Lo malo es que no le puedo pedir que no
se deje influenciar tanto por ellos, porque ya se ha visto en esta legislatura que ustedes van a remolque de estos medios de comunicación, que les llevan por el camino de cuestionar incluso el funcionamiento del Estado de derecho. Es lamentable,
pero es lo que ustedes están haciendo: crispar, mentir y dividir a los españoles. Es lamentable, repito, pero mientras sigan así, seguirán ustedes también ahí, en la oposición, que es donde le han situado los ciudadanos. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA ROSARIO VELASCO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EL ACUERDO ALCANZADO,
RECIENTEMENTE, SOBRE EL NUEVO PLAN DEL CARBÓN 2006-2012? (Número de expediente 180/001179.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosario Velasco.
Adelante.
La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el acuerdo alcanzado la semana pasada con sindicatos y empresarios sobre el nuevo Plan del carbón es muy importante para las comarcas mineras. Señor ministro, mi grupo parlamentario quiere felicitar a los agentes sociales que han
negociado y han logrado este acuerdo, y sobre todo a usted y al Gobierno, porque para completar la reestructuración de la minería del carbón y la reactivación de las comarcas mineras es fundamental es esfuerzo económico que pone encima de la mesa el
Gobierno en el acuerdo de este plan.
El proceso de reestructuración que se llevó a cabo en el primer Plan del carbón 1998-2005 no ha permitido que las empresas productoras de carbón puedan mantener su actividad sin ayudas en un mercado competitivo.
Respecto a la
reestructuración y reactivación de las comarcas mineras, los resultados no han sido los esperados en el anterior plan, por una parte, porque faltaron instrumentos para hacer un seguimiento directo de las ayudas y un control efectivo por parte de los
agentes sociales y, por otra parte, por la falta de voluntad política del Partido Popular en facilitar el control y el seguimiento del plan. El Partido Socialista tuvo claro desde el primer momento la necesidad de un nuevo plan del carbón, y así se
comprometió en un programa electoral. Este Gobierno cumple con el proyecto de su programa electoral y en dos años de Gobierno el nuevo Plan del carbón está encima de la mesa y negociado. Además, hay que destacar la coherencia del Gobierno en las
medidas estratégicas de planificación energética porque se mantienen unas reservas estratégicas de carbón que permiten utilizarlo en la generación de energía eléctrica.
Por tanto, el nuevo plan converge en la política energética del Gobierno de
diversificación y reducción de la dependencia exterior en el suministro energético. Sindicatos, empresarios y la mayoría de las comunidades autónomas han valorado muy favorablemente este plan. Sin embargo, me preocupa un tema, especialmente como
diputada de León, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y es la actitud del Gobierno del Partido Popular de Castilla y León. A lo largo de todo el periodo del plan han estado criticando su proceso y ahora se niegan a entrar en el plan, en la
parte de adición de los fondos que corresponde a la comunidad autónoma. Por tanto, señor ministro,... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el acuerdo final alcanzado ya con los sindicatos sobre el Plan de la minería del carbón para el periodo 2006-2012 resultará sin duda sumamente beneficioso para el sector, para las comarcas mineras y también para el conjunto de la
economía española porque es un plan que garantiza la estabilidad del sector a medio plazo, se adecua al Reglamento comunitario de ayudas, reajusta la capacidad productiva, atiende los aspectos laborales y sociales, y supone además un esfuerzo
presupuestario notable para impulsar precisamente la diversificación económica de las comarcas mineras. El nuevo plan del carbón es en todos sus aspectos mejor que el anterior, porque es más riguroso con el control de la producción subvencionada y
con las ayudas; porque los sindicatos podrán participar de manera permanente en las decisiones relacionadas con la ejecución del plan como los compromisos de producción, el empleo, las recolocaciones o los propios proyectos de reactivación; porque
el sistema de reasignación de fondos que contempla responde a una metodología que es objetiva y transparente; porque representa un mayor esfuerzo en las políticas de cohesión social y de reequilibrio territorial al destinar más dinero en
infraestructuras y promoción económica por cada empleo que se prevé perder, ya que el anterior plan destinaba poco más de 3.120 millones de euros para una pérdida de 15.737 empleos -es decir, 198.000 euros para reactivación económica por empleo
perdido- y este plan destina 2.880 millones de euros para una pérdida de 3.204 empleos -es decir, algo más de 898.000 euros por empleo perdido-; o sea, señoría, este plan destina a reactivación más de 700.000
euros más por empleo perdido que el plan anterior. Además, es así en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la suya, en Castilla y León, esta diferencia positiva es de 741.800 euros, en Galicia de 624.180 euros, en Aragón de
884.779 euros más que en el plan anterior para reactivación económica por empleo perdido. En definitiva, señoría, he citado algunos aspectos, pero podría seguir poniendo ejemplos de cómo el Plan de la minería del carbón 2006-2012 es mejor que el
anterior.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA GRÀCIA MUÑOZ SALVÀ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ INICIATIVAS TIENE EL MINISTERIO DE CULTURA EN RELACIÓN CON LA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
FONDOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001180.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministra de Cultura. Pregunta de la diputada doña María Gràcia Muñoz. Adelante.
La señora MUÑOZ I SALVÀ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, una sociedad que avanza como la nuestra precisa de mecanismos, elementos y estructuras para que las ciudadanas y ciudadanos tengamos acceso a la información y a la cultura para poder desarrollarnos y seguir avanzando. El
compromiso con la cultura, con la educación y con la formación se estructura desde diversos ámbitos y uno de estos son las bibliotecas que desarrollan una función social importante no solo de formación e información individual, sino también de
cohesión, de divulgación y de potenciación de la lectura, entendida esta como una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad y sobre todo como elemento de socialización, esencial para la convivencia en democracia y para desenvolverse
en la sociedad de la información.
En España durante estos últimos años ha habido un incremento en número de puntos de servicios de bibliotecas públicas, también en adquisición de fondo bibliográfico por habitante, aunque con valores muy alejados de las directrices de la
Unesco. Como saben SS.SS., más del 90 por ciento de las bibliotecas públicas en España son de titularidad municipal. Por tanto, las entidades locales son las que más esfuerzo realizan para el mantenimiento y sostenimiento de las mismas, que, a
pesar de estar obligadas por ley, ofertan el servicio por la concienciación y sensibilización hacia el conocimiento y el desarrollo de sus conciudadanos. Sin duda, los fondos del ministerio destinados a las bibliotecas públicas son de gran ayuda
tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos, pero para estos últimos representan una mayor ayuda ya que son los que más gestionan y los que de menos recursos disponen. Por tanto, es preciso que estos fondos se repartan
equitativamente y que vayan destinados realmente a las bibliotecas y no a otros fines.
Dicho esto, señora ministra, el Grupo Socialista, al que represento en este momento, quiere conocer de primera mano las iniciativas que ha tomado el Ministerio de Cultura en relación con la mejora y actualización de los fondos de las
bibliotecas públicas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, tal como usted manifestaba, el 96 pro ciento de las bibliotecas de este país son públicas, fundamentalmente de responsabilidad y titularidad municipal, y las que son de titularidad estatal tienen la gestión transferida a las
comunidades autónomas. Esto significa que, para este Gobierno, la política de impulso y mejora de los fondos de las bibliotecas públicas es una política voluntaria; voluntaria, pero prioritaria en las políticas culturales de este Gobierno. Tan es
así, que le voy a dar algunos datos que tranquilamente se pueden calificar como históricos. Las recomendaciones de IFLA y de Unesco son que la ratio de libros por habitante de una sociedad desarrollada oscile entre 1,5 y 2,5 libros por habitante.
España no la alcanza; por eso, este Gobierno ha pasado, por primera vez en la historia de este país, de los 129.000 euros que recibí en los presupuestos de 2004 -presupuestos cerrados para el Gobierno entrante, del que formo parte- a 9.600.000
euros en los presupuestos de este año; el 7.400 por ciento más de incremento para los fondos destinados a las bibliotecas públicas de este país. Las cifras cantan por sí solas. Nos vamos a acercar a la ratio que indica Unesco; vamos a refrescar
los fondos y a actualizarlos para que las bibliotecas, que son puertas del conocimiento, sean verdaderamente lugares de servicio público y de amparo cultural de los ciudadanos. Este Gobierno sí cree en la lectura -obras son amores- y esta es la
única manera de informar y de formar a una sociedad libre. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ESCUDERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ ACTOS ESTÁ ORGANIZANDO EL MINISTERIO DE CULTURA PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE FRANCISCO
AYALA? (Número de expediente 180/001181.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señora ministra, don Francisco Ayala García-Duarte es una de las figuras
más importantes que ha dado la cultura española en el siglo xx. Su proyección es sin duda universal, pero es también uno de los más insignes granadinos. En 1932 ingresa en el Cuerpo de Oficiales Letrados del Congreso de los Diputados.
Para entonces ya había escrito varias obras.
En palabras de Luis García Montero, comisario del centenario, Francisco Ayala es un referente moral en la España del siglo xxi. Además de su importancia como narrador y ensayista, celebramos el
centenario de una figura civil que ha dado ejemplo de actuación moral en las difíciles situaciones históricas de la España contemporánea. Defendió los valores democráticos de la II República y fue leal al Gobierno legítimo hasta el punto de volver
a España desde Chile, donde se encontraba al inicio de la guerra civil. Desde 1936 hasta 1939 sirve a la República como funcionario del Estado, desempeñando el puesto de secretario consejero de la delegación en Praga. Partió al exilio tras el
triunfo de las tropas rebeldes, viviendo largos años en países sudamericanos y en Estados Unidos, y sus libros estuvieron prohibidos durante el franquismo. No volvió a su ciudad hasta 1960, en su primer viaje a España tras el largo exilio; a esa
Granada de la que él mismo dice que le queda todo porque el sitio donde uno ha nacido marca las primeras huellas que el mundo deja en la conciencia del ser humano y eso es indeleble, la hulla de la primera juventud no se borra. Granada está
presente en muchas de sus obras, entre las que destacan El jardín de las delicias y Recuerdo y olvido. Ayala posee los premios literarios más prestigiosos, como los nacionales de las Letras y de Narrativa o el Premio Cervantes, y tiene también
numerosos reconocimientos en Granada y en Andalucía.
La Fundación Ayala nació en 1998 y desde noviembre de 2005 cuenta en su patronato con todas las instituciones granadinas: ayuntamiento, diputación y universidad, además de la Junta de Andalucía, y con una sede permanente en el palacete del
Alcázar Genil. Recientemente ha recibido, de manos del presidente del Gobierno, la distinción de Hijo Predilecto de la Provincia, concedida por la Diputación de Granada. Señora ministra, en nombre de la ciudadanía de Granada, quisiera felicitar a
don Francisco por cumplir un siglo, y ofrecerle nuestra gratitud por su legado intelectual y su magisterio en honestidad y coraje cívico. El mejor regalo de cumpleaños que podemos hacerle es conocer su obra y aprender de ese humanismo riguroso que
practica. Los actos previstos para conmemorar el centenario van a contribuir a un mayor conocimiento...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora diputada.
Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señorías, mañana, 16 de marzo -le agradezco la pregunta, por otra parte obvia, siendo usted diputada granadina-, cumplirá cien años. Eso representa una circunstancia feliz para la cultura española, feliz para su persona, y excepcional
porque no se celebra el centenario de un autor, de un personaje tan importante para entender la cultura española de todo el siglo XX, teniéndolo no solo vivo, sino lúcido intelectual y creativamente hablando. Por eso este Gobierno ha creado una
comisión nacional, donde hemos querido que estuvieran todas las administraciones públicas, principalmente la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada, el Instituto Cervantes y la Casa de América, todas aquellas
instituciones que en el ámbito territorial interior, pero también en la proyección internacional, podamos ofrecer el homenaje de gratitud y de respeto que se merece don Francisco Ayala dentro y fuera de nuestro país.
Las celebraciones que vamos a acometer, que se inician mañana, van a radicar fundamentalmente en estas que paso a relatarles brevísimamente.
Vamos a celebrar un congreso, que se denomina: Meditaciones sobre la Libertad, para hacer honor,
en este caso, al principal motivo de reflexión de toda su obra, tanto en el terreno ensayístico, periodístico, y naturalmente también literario. De tal manera que los autores cercanos, conocedores de su obra, de prestigio nacional e internacional,
puedan volver a la reflexión de la libertad y sobre todo de las amenazas de la libertad en el momento en que nos ha tocado vivir, y que afortunadamente también le toca vivir a él con sus cien años. Haremos un congreso internacional de don Francisco
de Ayala en su tiempo, de tal modo que puedan participar las universidades extranjeras en las que estuvo, y naturalmente aquellos países a los que fue forzado en un exilio doloroso, como el que desgraciadamente seguimos recordando por parte de la
cultura y de la intelectualidad republicana de este país. Haremos un documental sobre su vida, de modo que lleguemos a muchas más personas a través del mensaje audiovisual. Recrearemos también en una exposición las primeras ediciones y todo ese
mundo de objetos que rodean la vida de un personaje que tiene los contactos más importantes con los creadores de su época, que naturalmente ya no viven. En definitiva, señoría, con estos y con otros homenajes que desde Andalucía y desde la ciudad
de Granada -usted ha contado algunos, pero sería largo relatarlos todos- se le están haciendo...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON CARLOS JAVIER CABRERA MATOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE ESTÁN SUFICIENTEMENTE PROTEGIDOS LOS DERECHOS DE
LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN VENEZUELA? (Número de expediente 180/001176.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores del diputado don Carlos Javier Cabrera Matos.
El señor CABRERA MATOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿piensa el Gobierno que están suficientemente protegidos los derechos de los ciudadanos españoles en Venezuela?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, hace apenas tres semanas, en la sesión de control del Senado me formulaba esta misma pregunta un senador de su mismo grupo parlamentario.
Entonces y ahora, como no puede ser de otra manera, doy una respuesta clara. Desde que el
Gobierno tuvo conocimiento de la inquietud de los ciudadanos españoles en Venezuela ejerció inmediatamente la protección de los intereses de los ciudadanos en el exterior, reclamando a las autoridades venezolanas la salvaguardia de los bienes y la
integridad física de los ciudadanos españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor CABRERA MATOS: Es evidente para nosotros, señor ministro, que ni usted ni el Gobierno de España han defendido en absoluto los derechos y legítimos intereses de los españoles en Venezuela. Este convencimiento no es solo nuestro,
sino que es -y esto es lo importante- del conjunto de los ciudadanos españoles afectados. El Gobierno español no ha querido defender con la dureza y la energía que el caso requería los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados de forma
continuada, y así evitar situaciones gravemente calamitosas sufridas por ellos en este país sudamericano. Estos españoles emigrantes en Venezuela, pocos -y ese dato fue el único que le importó al Gobierno del señor Zapatero-, han visto cómo se han
consolidado e intensificado las ocupaciones de sus tierras y no a través de expropiaciones amparadas jurídicamente, sino a través de la usurpación sin más, por la fuerza y bajo la amenaza -y esto no podemos olvidarlo- que hacían peligrar la propia
integridad física e incluso hasta la vida misma. Mientras, el Gobierno venezolano mira hacia otro lado y paradójicamente alienta con una sutil inactividad que casi invita, más que prohibe, a que se produzcan estos actos vandálicos y delictivos y,
paralelamente, el Gobierno español confía en el demostrado talante conciliador del presidente venezolano que manifiesta que no va a expropiar las tierras cuyos propietarios fueran españoles. Y no faltó a la verdad, señor ministro, no expropió pero
permitió por acción, jaleando la ocupación de estas tierras, y por omisión del deber de protección jurídica, la comisión de estos actos delictivos. Mientras, estos españoles afectados no encuentran, aunque lo buscaron, el acogimiento jurídico,
administrativo, diplomático y gubernamental de nuestro Gobierno. El Gobierno llega ya tarde y mal y, causado el grave problema, intenta ahora resolverlo. Pues sepa, señor ministro, y no le quepa duda, que las vivencias reales de peligro, de
indefensión, de impotencia, de nula protección a los españoles en ese territorio serán algunos de los logros de usted y del Gobierno. A nosotros no nos extraña porque es la continuidad de una política exterior caracterizada por un talante
permanentemente complaciente. El turno que tocaba en este momento era el de claudicar ante el Gobierno venezolano sin protesta formal alguna ante los ataques a lo más sagrado que debe invocar y proteger un gobernante, que es el derecho a la vida,
la libertad y la defensa de los intereses legítimos de sus conciudadanos. Sea amigo de los españoles aunque tenga que poner verde, o en su lugar, al amigo del Gobierno español, al presidente venezolano. Ahora solo le queda extinguir cualquier otro
ataque o amenaza y exigir una indemnización justa en un proceso a todas luces ilegal. Hágalo, exíjaselo a sus subordinados, porque estos españoles no tienen ya otra cosa que esperar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, la posición del Gobierno español, como le indicaba anteriormente, fue de inmediata acción. Es verdad que el Gobierno español no se pronuncia sobre la legislación de tierras en Venezuela, que es una decisión soberana de ese país,
pero inmediatamente insistimos ante las autoridades venezolanas y explicamos el carácter y la calificación de lo que usted ha mencionado como finca abandonada y que no era el caso, y así se lo hicimos llegar a las autoridades venezolanas para
permitir a los propietarios españoles hacer uso de su ejercicio de propiedad. En segundo lugar, tampoco el Gobierno ha entrado en los eventuales arreglos, negociaciones y en lo que los propios propietarios españoles han alcanzado, como algún tipo
de indemnizaciones, con las autoridades venezolanas. Como le señalaba, desde el primer momento el embajador, la embajada, el consulado y este ministerio -yo mismo tuve la ocasión de convocar al embajador venezolano- han pedido explicaciones y han
insistido en la necesidad de la protección de los intereses españoles, de los ciudadanos españoles, y esto ha dado sus frutos. Ha dado sus frutos porque muy recientemente, señoría, responsables de la Embajada de España y de nuestro Consulado
General en Caracas se han reunido con todos esos propietarios que usted ha señalado que se consideran indefensos y, mire usted por dónde, ha habido una carta de todos los españoles que están interesados en el diálogo felicitando y elogiando la labor
del
Gobierno, de las autoridades consulares y de la embajada española.
(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO VALORA EL MINISTERIO DE SANIDAD LA RECIENTE RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON
LA ACB PARA LUCHAR CONTRA LA OBESIDAD EN NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA REGULAR DE EJERCICIO FÍSICO? (Número de expediente 180/001182.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la ministra de Sanidad y Consumo.
Pregunta de la diputada doña Mercedes Coello. Adelante.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, de todos es sabido que la obesidad se está convirtiendo en un problema de salud pública de primer orden a nivel mundial. Como consecuencia de ello, la Organización Mundial de la Salud instó a los Estados miembros a que se
elaboraran estrategias encaminadas a combatir lo que ya ha adquirido el rango de epidemia. En nuestro país la situación no es distinta en cuanto a la prevalencia de la obesidad, especialmente en la infancia, donde alcanza cifras alarmantes. En
comparación con otros países de Europa, España se sitúa en una posición intermedia en el porcentaje de adultos obesos; sin embargo, en lo que se refiere a la población infantil, nuestro país presenta una de las cifras más altas, solo comparable a
las de otros países del Mediterráneo. Las razones de este fenómeno se deben a los profundos cambios en nuestros estilos de vida, pero fundamentalmente las causas son dos: el deterioro de nuestros hábitos dietéticos y un estilo de vida cada vez más
sedentario. Como respuesta a este problema, el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha, en febrero del año pasado, la denominada estrategia NAOS, de prevención de la obesidad y fomento de la actividad física, que engloba una serie de
acciones encaminadas a los cambios de hábitos dietéticos y al fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Paralelamente, se han puesto en marcha otras acciones con el mismo objetivo. Muestra de ello es el denominado código PAOS, de
autorregulación de la publicidad sobre alimentos y bebidas dirigidas a menores que, junto con estrategias de marketing, intenta fomentar entre la población infantil y juvenil hábitos saludables de alimentación y la práctica de ejercicio físico.
El pasado año el Ministerio de Sanidad y la ACB firmaron un convenio de colaboración denominado: Muévete, contra la obesidad infantil, que, contando con el apoyo de los grandes jugadores de baloncesto de la liga ACB, organizaron una gran
cantidad de actividades de animación, competición, divulgación, etcétera que dieron excelentes. Por ello, le pregunto: ¿Cómo valora la señora ministra de Sanidad la reciente renovación del convenio con la ACB para promocionar la práctica regular
del ejercicio físico y la prevención de la obesidad en niños y jóvenes? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, el modo de vida en las ciudades, la generalización de las nuevas tecnologías y el aumento de ocio pasivo inducen de manera preocupante a nuestros jóvenes a conductas sedentarias. Esta disminución de la actividad
física es particularmente preocupante en el caso de los niños. En España dos de cada tres niños en edad escolar dedican menos de una hora al día a la actividad física fuera de la escuela. La práctica deportiva se sustituye por el entretenimiento
pasivo. Nuestros niños pasan de media dos horas y media al día delante del televisor y otra media hora más jugando con el ordenador o la consola de videojuegos. Por eso en la estrategia NAOS se ha buscado la colaboración de personajes con
influencia sobre la población infantil para que participen en programas de entretenimiento apoyando la difusión de mensajes positivos y el estímulo a la práctica del deporte. Hemos firmado y renovado un convenio con la Asociación de clubes de
baloncesto, que dispone de una amplísima plataforma mediática para la promoción del deporte y la actividad física.
Eso nos va a permitir que los jugadores difundan mensajes positivos que lleguen a los más jóvenes. Entre las actividades que se
derivan está la instalación de guarderías en los pabellones de baloncesto para que los más jóvenes, los niños, participen en actividades físicas adecuadas a su edad o la organización entre febrero y abril de una competición entre los colegios cuyas
ciudades tengan equipo ACB que va a culminar con una final nacional. Esta actividad va a implicar a 140 colegios y contará con la participación de 4.500 jugadores agrupados en 288 equipos, por cierto, la mitad de ellos femeninos. Está previsto
también celebrar con motivo de esa final una semana contra la obesidad infantil con debates y mesas redondas para abordar este problema. Por eso desde el Ministerio de Sanidad nos congratulamos de la firma de este convenio, que nos va a permitir
usar la buena imagen de nuestros deportistas para estimular la práctica del deporte entre la población escolar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO VALORA EL MINISTERIO DE SANIDAD LA PUESTA
EN MARCHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES EN EUROPA, LIDERADO POR LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES (ONT), DENOMINADO PROYECTO DOPKI? (Número de expediente 180/001183.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alberto Fidalgo.
Adelante.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, nuestro país sustenta el liderazgo mundial en materia de donación y transplantes de órganos gracias, sobre todo, a la solidaridad de la sociedad española y a la implicación de los profesionales.
Han pasado ya más de 25 años desde la publicación en el BOE de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos y 20 desde que la Ley General de Sanidad desarrollara los valores solidarios constitucionales que dan
pie a los principios generales en materia de donación y transplantes: voluntariedad, altruismo, gratuidad, ausencia de ánimo de lucro, anonimato, equidad y el principio de precaución; principios que están en relación directa con la excelencia y
ejemplaridad de nuestro sistema y que coinciden básicamente también con los principios que inspiran el sistema sanitario público español. Es precisamente esta coincidencia el factor clave en la consecución de los logros en la materia, inimaginables
para otros países, como así lo demuestra que hayamos alcanzado la tasa de donación de 35,1 donaciones por millón de habitantes en este año 2005, es decir, más del doble de la media europea y seis veces más que el país de la Unión Europea con menos
donaciones.
Cabe destacar el papel de las comunidades autónomas y, sobre todo, de la Organización Nacional de Transplantes, como organismo coordinador y gestor de la política de donación y transplantes de órganos en España y cuya experiencia le permite
ser referente en la OMS, liderando, por ejemplo, la base de datos internacional, ser responsable también del Registro Europeo de Transplantes, así como del ya ratificado registro iberoamericano, reconociéndose así a España su capacidad de impulso en
este campo.
Sin embargo, señora ministra, en nuestro país sigue habiendo 5.000 personas que esperan un órgano para sobrevivir y en la gran mayoría de los casos para reinsertarse laboral y socialmente y liberar a sus familias de la obsesión de la
supervivencia. Muchos de ellos se transforman en agentes solidarios a través de organizaciones que trabajan para que la cultura de la donación crezca en España. Así se consigue que el 83,5 por ciento de las familias digan sí cuando se solicita una
donación concreta. El sí de 1.548 familias ha hecho posible 3.828 transplantes en 2005 y ha ayudado a disminuir la lista de espera, por primera vez, de hígado, riñón, corazón y pulmón. Por eso es muy importante preservar la cultura solidaria, los
principios y el modelo de gestión que tan bien ha funcionado, pero también es necesario y justo aprovechar nuestro prestigio y ejemplo para que todos los ciudadanos europeos puedan tener igualdad de oportunidades. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo terminó.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, el transplante de órganos, tejidos y células se ha ido incrementando en los últimos años. Durante el año 2004 se realizaron en Europa cerca de 18.000 transplantes renales, más de 6.200 transplantes hepáticos y más de
2.100 transplantes cardiacos. La tasa media de donación es -como usted ha dicho- de 17 por millón y oscila entre los 35,1 en España y los 6 de Grecia y, por supuesto, eso es correlativo con la tasa de negativas familiares en la que España ostenta
el menor porcentaje de todo el mundo.
El problema es que el número de donantes no crece al ritmo que aumenta el de candidatos a recibir un transplante y por eso está previsto que entre el 10 y el 50 por ciento de las personas que en toda la Unión Europea necesitan un órgano,
desgraciadamente, fallezcan antes de poder recibirlo. En el caso de España, hemos tenido, por primera vez, una reducción de la lista de espera de transplantes -hemos presentado esos datos en el día de ayer-, por primera vez, en el año 2005 se ha
reducido esa lista de espera, pero sigue habiendo -como usted dice- muchas personas esperando un órgano.
Por eso proyectos europeos como el Dopki, que permite determinar el potencial de donación de órganos, analizar el desarrollo de los procesos y definir los límites de calidad y de seguridad van a ofrecer, sin duda, soluciones a estas personas
que están esperando desde hace tanto tiempo un transplante. Es un proyecto que engloba a 13 países, al que la Unión Europea ha dedicado 1.600.000 euros y que va a definir guías universales que fijen los límites de seguridad de los transplantes que
se realicen en el ámbito europeo. En ese proyecto van a participar organizaciones de una gran experiencia como Eurotransplant o la Agencia de Biomedicina, y también los nuevos miembros de la Unión Europea, pero, desde luego, va a tener en ese
proyecto, como en todos los que se refieren a transplantes, un papel fundamental la Organización Nacional de Transplantes española.
Hemos firmado un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para que sea en España donde se ponga en marcha ese
observatorio internacional de transplantes y vamos a participar, a través de la ONT, en este proyecto Dopki, que va a estar al corriente de cualquier iniciativa que surja y que pueda ser de interés en este tema. Va a permitir que todos nos
enriquezcamos con este intercambio
y va a permitir, por supuesto, consolidar el liderazgo de la ONT.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO ES PERMISIVO CON LA CONTINUADA Y CRECIENTE VIOLACIÓN DE LA FRONTERA SUR
DEL ESTADO EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, QUE PONE EN SERIO RIESGO LA SEGURIDAD NACIONAL POR PARTE DE LAS MAFIAS QUE TRAFICAN CON PERSONAS DESDE LA COSTA AFRICANA? (Número de expediente 180/001164.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, en Canarias se empieza a tener la sensación de la desidia y del abandono del Gobierno ante la constante violación de las fronteras del archipiélago canario. A través del mar son las mafias las que
fijan la hoja de ruta, fijan los puntos de salida, a qué isla se dirigen y a qué ritmo tienen que mover a la gente. A través de los aeropuertos son más de 20.000 las personas de países no comunitarios que entran a Canarias con permiso turístico y a
partir de ese momento se quedan en una situación de ilegalidad, vulnerando la legalidad vigente. La pasividad de los organismos internacionales de la Unión Europea y de los Estados implicados en este asunto, entre ellos España, está posibilitando
que decenas de miles de personas mueran en la costa africana. Señor ministro, ¿por qué esa permisividad del Gobierno en el control de la frontera sur del Estado? (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Está diciendo por ahí atrás un diputado que qué barbaridad. Efectivamente, señor Rivero. Usted puede tener todas las discrepancias políticas que quiera, pero hablar de permisividad y complacencia del Gobierno me parece algo brutal. El
Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando muy duramente y con mucha eficacia en la lucha contra las mafias que controlan el tráfico ilegal de seres humanos. Entre otros datos que podría darle puedo decirle que en
2005 la Policía y la Guardia Civil desarticularon nada menos que 333 redes mafiosas que trafican con seres humanos y detuvieron a 1.469 de sus integrantes, y en los dos primeros meses de 2006 han desarticulado 54 redes y han detenido a 158 personas.
Estamos haciendo frente, pues, con toda determinación policial y política al fenómeno de las mafias y también estamos tratando de paliar el enorme drama humano que está teniendo lugar en el continente africano.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor diputado, adelante.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, aunque no le guste, los canarios nos preguntamos si se actuaría igual en cualquier otro punto del Estado español si sucediera lo que está ocurriendo en Canarias, porque es dramático que cada día
lleguen más de 300 personas y, según ha denunciado la Cruz Roja, hayan muerto desde el mes de noviembre más de 1.200 personas en la costa africana. Hay que reconocer que en este asunto hay falta de previsión del Gobierno. Era previsible que, una
vez que las mafias tuvieran dificultades para partir de Marruecos, buscaran otros puntos de destino. ¿Qué hizo la diplomacia española? ¿Qué hicieron los servicios de inteligencia para prever esta situación? Venimos reclamando constantemente,
antes al Gobierno del Partido Popular y ahora a su Gobierno, que se cumpla con la puesta en marcha de un plan integral de seguridad para Canarias comprometido por el presidente del Gobierno en diciembre de 2004. Ese plan integral de seguridad para
Canarias incluye la coordinación y la puesta en escena de todos los medios, tanto humanos como materiales, de los distintos ministerios y es absolutamente urgente y necesario. Fíjese si es extraordinaria la situación que venimos denunciando que
esta mañana se reunía ese mini Consejo de Ministros para hablar de este asunto. Para situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Por eso, señor ministro, es urgente la puesta en marcha de medidas. Menos palabras y más
hechos.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.
Señor Rivero, le he dado los datos de las mafias y tengo que decirle también que el Gobierno y la Administración del Estado estamos trabajando muy duramente para paliar ese enorme drama humano del que le hablaba. En 2005 -tiene que
saberlo-, los servicios de salvamento tanto de la Guardia Civil como de Salvamento Marítimo rescataron a 6.722 personas en las aguas territoriales españolas y en 2006 solo en Canarias han rescatado a 622 personas, evitando que pierdan la vida. Por
lo tanto, también estamos haciendo frente a ese problema difícil y complejo desde el lado humano y seguimos activando -no hemos dejado de hacerlo- medidas para hacer frente a la inmigración ilegal, no solo desde la política de seguridad -le reitero
las cifras de lucha contra las mafias-, sino también desde políticas sociales y exteriores, desde políticas diplomáticas.
Efectivamente, hoy se ha reunido la vicepresidenta con cuatro ministerios
implicados, el de Trabajo y Asuntos Sociales, el de Asuntos Exteriores, el de Defensa y el mío, para que aporten lo que puedan, y sabe que mañana se va a hacer un viaje a Mauritania, donde vamos a tratar de cerrar un convenio de readmisión y
devolución, que es donde está el punto central.
El Ministerio del Interior va a facilitarles además cuatro patrulleras en buen estado, si las asumen, y vamos a invitar a que vaya un representante del Gobierno canario, pues esta también es una
cuestión de colaboración institucional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PODRÍA CONFIRMAR EL SEÑOR MINISTRO SI SON CIERTAS LAS INFORMACIONES RECIENTEMENTE APARECIDAS
QUE VINCULAN A UNO DE LOS AUTORES MATERIALES DEL 11-M CON LA BANDA TERRORISTA ETA? (Número de expediente 180/001175.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jaime del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, las últimas informaciones publicadas por el diario El Mundo sobre el 11-M han producido gran conmoción en la opinión pública.
Lo siento mucho pero su verdad oficial no ha calado en la sociedad española; nadie se cree que
los moritos de Lavapiés fueran capaces, por sí solos, de llevar a cabo un atentado tan milimétricamente programado.
(Rumores.) Cada vez hay más gente que se pregunta quién fue. La reacción del Gobierno, como siempre, ha sido la de matar al
mensajero: todo son calumnias, mentiras, injurias o, como diría el presidente del Gobierno, basura. Su ministerio ha acusado al periódico El Mundo de mentir, pero resulta difícil de creer. (Varios señores diputados: ¡No!) Porque, señor ministro,
la inmensa mayoría de los agujeros negros de la investigación del 11-M, denunciados por los escasos medios que se han tomado en serio lo de querer saber la verdad, se han confirmado. De no ser por esa prensa canallesca, nunca hubiéramos sabido que
todos, absolutamente todos, a los que el juez considera autores materiales de la masacre o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI o estaban estrechamente vigilados por la Policía, por el CNI o por la Guardia Civil, bajo la
batuta del juez Garzón, al menos en cuanto a los islamistas más peligrosos.
Recuerdo que usted me acusó de sostener teorías extravagantes cuando le pregunté -no hacía otra cosa que preguntar- si se había investigado la posible conexión entre los islamistas y los etarras. Supongo que le sonará aquello de que son
como el agua y el aceite, que nunca se mezclan.
Nos dijeron en la Comisión que no estaban dispuestos a perder el tiempo con una investigación innecesaria, pero poco después -no habían transcurrido más de 60 días hábiles-, nos dijeron que ya lo
habían investigado todo y que ETA no aparecía por ninguna parte. Esto llevó al presidente del Gobierno a afirmar que nunca se probaría la conexión entre ETA y los islamistas. (Rumores.) Hace unos días El Mundo -siempre El Mundo- denunció que el
asturiano Suárez Trashorras, acusado de vender la dinamita a la célula de Lavapiés, dijo en su primera declaración que el tristemente célebre el Chino le había manifestado que era amigo de los dos etarras detenidos en Cañaveras cuando trataban de
introducir en Madrid una furgoneta bomba capaz de borrar del mapa un edificio como la Audiencia Nacional. (La señora Sánchez Díaz: ¡Bueno, bueno!-Un señor diputado: ¡Increíble!) De ser cierta esta información -de ser cierta- daría también un
vuelco a la investigación del 11-M porque demostraría la implicación de ETA en el atentado.
Como siempre, han negado la mayor. Nunca nadie oyó tal cosa, no existe ningún informe y, por tanto, no se ha extraviado ninguno, pero, ¿podría decirme si han consultado sobre su veracidad a quien escuchó esta declaración? (Un señor
diputado: ¡Cómo faltas a la verdad!) Veremos qué pasa el día en que comparezcan ante el juez. Le recuerdo, señor ministro, aquello de que: Nunca se probará la implicación del Estado en los GAL; lo dijo un presidente de su partido. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que repetirle una vez más, señor Del Burgo, que la investigación criminal en nuestro país no es una cuestión de políticos; es una cuestión de profesionales de la investigación, de policías y guardias civiles que actúan bajo la
dependencia funcional de los jueces y magistrados titulares del Poder Judicial. Usted me plantea una perversión característica. No me pregunta sobre política de seguridad; no me pregunta sobre los medios -que son muchos, por cierto- que estamos
poniendo contra el terrorismo internacional; no me pregunta por los elementos de coordinación como el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista; no me pregunta sobre la ingente labor de cooperación internacional que estamos haciendo desde el
Gobierno, etcétera; me pregunta sobre justicia criminal, es decir, sobre el espacio constitucional que es responsabilidad exclusiva de los jueces y magistrados. (Un señor diputado: ¡Claro!) Le subrayo: exclusiva.
Le voy a responder a la pregunta, pero no se lo voy a responder yo, me voy a remitir a los cinco autos que ha dictado el juez instructor ya, a día de hoy, que contienen un relato exhaustivo, del que se desprende inequívocamente que no hay
vinculación ETA-islamistas en
el 11-M; el juez, el sujeto constitucionalmente encargado de decirlo o de no decirlo. Por mi parte le diré que la labor policial ha sido ingente, ha sido un trabajo brillante, ha sido un magnífico trabajo de investigación, los policías y
los guardias civiles encargados de la misma, bajo la dependencia del juez, se han dejado la piel. Le voy a dar un dato que seguramente usted no conoce, espero que alguna vez esté interesado en conocerlo. La policía científica y los servicios de
información, entre unas actuaciones y otras -huellas, análisis de ADN, toma de declaraciones, etcétera--, han realizado 90.107 diligencias policiales de investigación. Por tanto, tengo que decirle que por ese lado puede quedarse tranquilo; se ha
hecho una labor exhaustiva y más que exhaustiva de investigación, siempre bajo la dependencia de ese sujeto constitucional que llamamos juez instructor, que es lo que nuestra Constitución -con mayúsculas-, señor Del Burgo, dice que es quien tiene
que realizar esa tarea, constitucional le repito.
Finalmente, señor Del Burgo, le voy a decir dos cosas. La Constitución efectivamente encarga la tarea de investigar a los profesionales: a los jueces, a los tribunales, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, etcétera, es
decir, a los profesionales de la investigación criminal -artículo 117 y concordantes-. Lo que yo le recomendé cuando comparecimos en la Comisión fue una cosa que compruebo que por desgracia no ha hecho, aunque ese es su problema: que leyera la
Constitución. (Un señor diputado: Lee lo que le interesa.) La Constitución dice lo que le he indicado, lo que no dice es que la labor de investigar los delitos en nuestro país corresponde a Jaime Ignacio del Burgo, por fortuna y con gran alivio de
los ciudadanos de este país. (Risas.-Aplausos.-El señor del Burgo Tajadura pide la palabra.-El señor Martínez Sanjuán: Tiene dos segundos.)
El señor PRESIDENTE: Lleva razón. El tiempo es sagrado. Tiene usted dos segundos. Adelante.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor ministro, no me ha contestado a la pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Le quedan a usted seis segundos.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): En seis segundos, señor Del Burgo. ¡Viva la Constitución! (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GALICIA? (Número de expediente 180/001178.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Domingo Miguel Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, es conocido que el programa electoral con el que el Partido Socialista ganó la confianza de la ciudadanía hacía una fuerte apuesta por las políticas de seguridad para generar confianza en la sociedad, confianza que los
ciudadanos habían perdido durante los gobiernos del Partido Popular, debido a la erosión constante de la seguridad pública: 10.000 efectivos policiales menos entre los años 1996 y 2004, falta de coordinación e incluso reducción de la inversión del
0,63 al 0,52 por ciento del PIB.
El Gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero ha apostado claramente por el reforzamiento y la modernización de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dirigiendo sus actuaciones
estratégicas a mejorar la eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente narcotráfico, blanqueo de capitales y actividades delictivas que le son afines mediante la creación de unidades especializadas en este tipo de conductas.
Señorías, España tiene hoy una moderada tasa de criminalidad, con 49,3 infracciones por 1.000 habitantes, lo que nos sitúa entre los países más seguros de la Unión, 20 puntos por debajo de la media europea y muy por debajo de Alemania,
Francia y Reino Unido. En Galicia, señor ministro, se dan una serie de circunstancias que sin ser diferentes del conjunto del territorio español, sí hacen poner el acento sobre una determinada forma de criminalidad, debido a que su orografía
litoral le facilitó ser una de las zonas preferentes de entrada de sustancias estupefacientes en España.
La aparición de clanes que en un primer momento aprovecharon la infraestructura de las antiguas organizaciones del contrabando de tabaco y que
hoy tienen componentes trasnacionales en sus intereses y modos de actuación origina episodios de violencia que causan alarma social. Por eso, la presencia de unidades especializadas como la del grupo Greco en Pontevedra, es una iniciativa que la
sociedad aplaude como una apuesta real para que Galicia siga siendo lo que es, una comunidad autónoma segura, como así lo demuestran los datos referidos a 2005. Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el
Gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada en Galicia?
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, para combatir esta nueva forma de delincuencia básicamente relacionada con el gran tráfico de estupefacientes y con la enorme capacidad que tienen las organizaciones criminales para blanquear dinero y, por consiguiente, para
infectar socialmente las sociedades en las que se desempeñan, hemos establecido varias líneas de actuación. En un primer nivel, están en esa lucha las unidades destinadas a la represión del narcotráfico como fenómeno de criminalidad organizada y
trasnacional, en concreto, la Udyco Galicia, constituida por más de 40 funcionarios destinados en diferentes sedes, en A Coruña, en Pontevedra, en Vigo, en Villagarcía y en Ribeira. En un segundo nivel estamos trabajando con las unidades cuyo
objetivo es la lucha contra el tráfico de drogas en sus niveles, no ya grandes niveles sino niveles medio y bajo, porque para comprender y actuar contra el fenómeno hay que actuar en todos los niveles en los que piramidalmente se produce. Los
grupos contra el tráfico medio de estupefacientes que están adscritos a las brigadas de Policía judicial de las comisarías de La Coruña, Santiago, Orense y Vigo cuentan con un total de treinta funcionarios. Finalmente, en el tercer nivel tenemos
por objetivo combatir el más pequeño tráfico, el menudeo de estupefacientes y erradicar los puntos negros de venta, tarea fundamentalmente encargada a los grupos de Policía judicial de las comisarías. Por tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado también trabajan contra este tipo de delincuencia para cerrar el círculo de lucha contra el narcotráfico a todos los niveles. Además hemos potenciado -como no puede ser de otro modo- la lucha desde el punto de vista de la inteligencia
criminal y de la información policial. Luchar adecuadamente contra un delito serio, como es el narcotráfico, supone tener buenas fuentes de información, tener una buena inteligencia criminal que nos permita, como lo estamos haciendo, anticiparnos a
los delincuentes y darles una respuesta en términos de política criminal y de operativa policial adecuada.
Efectivamente, como usted decía en su pregunta, hemos constituido algo que nos ha dado muy buenos resultados en otras partes del territorio nacional y que también va a dar buenos resultados en Galicia, que es un Greco, un grupo especial de
respuesta al crimen organizado, compuesto por diecinueve miembros del Cuerpo Nacional de Policía y radicado en la ciudad de Pontevedra. Por tanto, estamos activando todo lo que tenemos para acabar con un fenómeno que nos debe tener como Gobierno y
como representantes de los ciudadanos y de la sociedad en cierta medida seriamente preocupados. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE INFORMAR LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACUTACIONES
PARA LA GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DEL AGUA -PROGRAMA AGUA- EN ALICANTE? (Número de expediente 180/001184.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Medio Ambiente de doña Juana Serna.
Adelante, por favor.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como sabe, Alicante es una provincia que tiene graves carencias de agua. Esta no es una situación nueva, llevamos así centenares de años y hasta la fecha lo único que habíamos conseguido es llevar soluciones propias del
siglo XIX que es la solución de los trasvases. De todas formas, el trasvase Tajo-Segura permitió a mi provincia llevar a cabo un desarrollo económico-social importantísimo y esa es la razón por la cual los alicantinos cuando el Partido Popular
prometió otro gran macrotrasvase, como es el trasvase del Ebro, lo acogieron muy bien. La cuestión está que a los trasvases les pasa lo que al caballo de Troya: que son muy hermosos por fuera, pero están llenos de graves peligros y de amenazas en
su interior. En ese sentido, yo quería hacerle una pequeña reflexión. En relación con el trasvase del Ebro para la provincia de Alicante resulta que el agua iba a llegar tardísimo, dentro de unos 15 años; iba a ser carísima para los agricultores,
cosa que ellos además todavía no sabían, más bien parecía que este trasvase estaba pensado para los especuladores del suelo; era un agua que nos traía graves conflictos sociales con otros territorios, con aquellos que nos tenían que ceder el agua.
Quizás lo más grave de todo sea que justo los trasvases no nos sirven cuando más se necesitan, que es en el periodo de sequía, porque entonces resulta que los ríos que nos tienen que traer el agua tampoco pueden aportarla porque ellos no la tienen.
Por tanto, el programa Agua del Gobierno socialista, que era el programa alternativo al trasvase del Ebro, nos parecía que era una solución integral y moderna, una solución más propia del siglo XXI porque se basa en medidas complementarias unas con
otras, como son la desalación, la depuración de las aguas residuales para volver a reutilizarlas, la modernización de los regadíos y un pequeño trasvase que hay para el Júcar-Vinalopó.
En ese sentido yo quería señalar, señora ministra, que el Gobierno socialista se comprometió con los alicantinos que con el programa Agua, el agua llegaría antes a Alicante. Le pregunto: ¿Es así, señora ministra? El Gobierno socialista
prometió a los alicantinos que con el programa Agua tendríamos recursos hídricos de forma autónoma y tendríamos recursos propios. Yo le pregunto: ¿Es así, señora ministra? Por último, quiero preguntarle que si es verdad, como nos decía el
Gobierno socialista, que a los alicantinos con el programa Agua lo mejor que nos va a pasar es que no dependeremos de otros territorios
y, por tanto, nuestro desarrollo económico y social no dependerá de la bondad de otros. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, su tiempo terminó.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente ni la desalación ni la reutilización de aguas residuales ni el ahorro que se puede obtener en la modernización de regadíos dependen de otros territorios, sino exclusivamente de allí donde se realizan las actuaciones y
por eso vertebran la alternativa diseñada para Alicante que se está ya desarrollando. Por lo pronto, en Alicante, donde solo se había ejecutado el 2 por ciento de las inversiones previstas para esa provincia en el anexo de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, se ha aumentado considerablemente la inversión por parte del Gobierno de la nación y eso, entre otras cosas, ha permitido, por ejemplo, que en Alicante el año pasado no hubiera ni un solo corte de suministro de agua potable, a
pesar de ser el año más seco de la historia de España. Eso se logró gracias a anticipar la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro del Pinatar, que sirve a un conjunto de municipios de Alicante; como digo, gracias a ello el año pasado no
sufrieron lo que en cambio padecieron el año 2003, cuando no había sequía y sin embargo por el retraso de obras como esa, en Alicante y en Murcia hubo cortes en el suministro de agua.
Además de la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro del Pinatar, anticipada en el tiempo respecto a la previsión inicial, que supone un total de 24 hectómetros cúbicos, de los cuales aproximadamente la mitad están ya a disposición de
la provincia de Alicante, hace pocos días hemos puesto en marcha la ampliación de la desaladora de Alicante, lo cual supone otros 6 hectómetros cúbicos más. Se ha comenzado ya la obra de la segunda planta desaladora de Alicante. También se ha
comenzado la obra -y en este caso por emergencia- de la segunda planta de San Pedro del Pinatar, lo que supone otros 24 hectómetros cúbicos más de agua desalada, aproximadamente 11 de ellos para la provincia de Alicante. Hoy mismo se ha publicado
la declaración de impacto ambiental de la planta desaladora de Torrevieja, que supondrá 60 hectómetros cúbicos para regadío y otros 20 hectómetros cúbicos para abastecimiento, y aproximadamente el 40 de ese total es precisamente para la provincia de
Alicante. Esa planta, una vez que ya tenga la declaración de impacto ambiental, se va a licitar de forma inmediata. Asimismo, señoría, se licitarán este año la ampliación de la planta desaladora de Jávea, la planta de Denia, la planta de Campello
y, por supuesto, las obras de reutilización de agua...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON FRANCESC ANTICH OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y EL
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LAS ISLAS BALEARES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS? (Número de expediente 180/001185.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francesc Antich.
El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, en el Grupo Parlamentario Socialista aplaudimos el esfuerzo que está haciendo el ministerio en la aplicación del programa Agua, eje fundamental de la nueva política del agua en nuestro país; una política
eficaz, respetuosa con el medio ambiente y que ofrece realidades y no solo promesas, como en otros tiempos; una política y un esfuerzo que nos consta que está haciendo en todas las comunidades autónomas con la mejor disposición para la cooperación
y colaboración, que es sin duda la mejor forma de atender un tema donde concurren atribuciones de distintas instituciones y que a la vez es de vital importancia para la ciudadanía. Sin duda, la protección y mejora de los recursos hídricos deber
abordarse, tal y como lo hace el ministerio, desde la voluntad de aunar esfuerzos entre instituciones. Fruto de esta forma de hacer las cosas es que en menos de un año el ministerio haya suscrito en esta materia dos convenios importantes con el
Govern de les Illes Balears. El primero de ellos fue suscrito el pasado 29 de abril de 2005 para la financiación, ejecución y explotación de una serie de infraestructuras hidráulicas de desalación de interés general del Estado; convenio que prevé
nuevas desaladoras para la bahía de Alcudia, Santa Eulalia, Ciudadela y Andratx. El segundo ha sido suscrito recientemente, concretamente el 27 de febrero de este año, para la ejecución de determinadas obras hidráulicas, obras que estamos seguros
que van dirigidas a optimizar las infraestructuras ya existentes, a conseguir un mejor control del agua y a mejorar la calidad de las infraestructuras de producción y saneamiento. Este es un convenio que supone una inversión total de más de 34
millones de euros y que va a mejorar las infraestructuras hidráulicas de las Islas Baleares. Señora ministra, le preguntamos en qué consiste este convenio firmado el 27 de febrero.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, el convenio que hemos firmado se refiere a las actuaciones en las arterias generales de distribución
de agua para conducir la que se produce en una serie de desaladoras a las redes de distribución en las islas de Ibiza y de Formentera. También están incluidas en este convenio las acequias reales de la albufera de Mallorca, la conducción
Consell-S'Estremera, que forma parte del abastecimiento a la zona de Palma de Mallorca, y el saneamiento del polígono industrial de Alaior. Como usted señala, señoría, se trata de 34 millones de euros y el 50 por ciento de esta cantidad lo aportará
cada una de las dos administraciones. Puedo anunciarle que tenemos previsto terminar en diciembre de este año 2006 la obra de mayor envergadura de todas las declaradas de interés general del Estado en las Islas Baleares, las obras de
aprovechamiento de los recursos hídricos de la sierra de Tramontana y Sa Costera, por importe de 56 millones de euros. Es una obra hace tiempo requerida por la necesidad de estos recursos para la isla y este año se va a convertir en una realidad.
Asimismo, puedo decirle que en estos momentos el ministerio está terminando las conducciones de reutilización en Llucmajor y también la depuradora de la ciudad de Palma, que ha sido objeto de un modificado. Todo ello se inscribe en la voluntad
política de cooperación con el Gobierno de las islas, que tiene plenas competencias en materia de gestión del agua. El Gobierno, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, también el Ministerio de Agricultura, con obras de modernización de regadíos
que han entrado dentro del plan de choque recién aprobado, quiere contribuir a una optimización de los recursos de las islas con el menor impacto ambiental posible y siempre desde el ámbito de la cooperación, como en estos dos convenios a los que
usted hacía referencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI SANTAMARÍA I MATEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CÓMO ESTÁ ACTUANDO SEPEPS, ENTIDAD DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, PARA PONER SUELO A
DISPOSICIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA Y ASÍ FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A UNA VIVIENDA DE CALIDAD Y ASEQUIBLE? (Número de expediente 180/001186.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Vivienda, del diputado don Josep Antoni Santamaría.
El señor SANTAMARÍA I MATEO: Gracias, presidente.
Señorías, un absoluto fracaso para los intereses de la mayoría y el vergonzante abrazo a los deseos especulativos de una minoría marcan las políticas de suelo y vivienda de la derecha; por ello, y afortunadamente, hoy en bancos de la
oposición, aunque mayoritariamente ausentes.
Ministra, tutelada por su ministerio, Sepes, ese experimentado operador público, está desplegando una notable actividad. Conocemos a quien limitaría su actuación al suelo industrial, y es que, como siempre, al pretender de la necesidad
negocio, consideran al mercado única pócima o bálsamo sanador de todo mal que a la sociedad aqueja y, empecinados en el error, obvian que, más allá de la pura posesión y posterior venta beneficiosa, existe el valor de disfrutar la vivienda, el valor
de la felicidad al compartir ese espacio en el que las ilusiones afloran con plenitud y permiten soñar proyectos de vida, sin que estos peligren por esclavitud de gravosa y larga hipoteca. Posiblemente, el tiempo dedicado a la caza impidió pensar
en Sepes como actor público en la escena del suelo residencial, pero ¿qué decir de la actual postura del Partido Popular, que contempla al Gobierno como simple firmón de talones para autonomías? Lo de las firmas ya se está convirtiendo en
patología. Para la derecha, la política siempre ha estado ausente, señorías, de muestra un botón que conozco bien. Orihuela, el Instituto Valenciano de la Vivienda, Cullera, son casos que jalonan la complicidad del Partido Popular en el Gobierno
valenciano, complicidad que permite al mercado dirigir la actividad urbanística. ¿Imaginan cuánto negocio fácil, cuánto atropello, señorías, cuántas ilusiones y sueños hipotecados por la especulación? Pero, ministra, la propia existencia del
ministerio y la orientación socialista de Sepes -orientación política, ahora sí- generan credibilidad y nuevas expectativas en el tratamiento del suelo. Por ello, vista la inversión para 2006, deseamos conocer las actuaciones de Sepes en materia de
suelo a favor de la vivienda protegida.
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
En efecto, nos separan muchas diferencias al Gobierno actual del Gobierno anterior. La política de vivienda y suelo es una prioridad para el Gobierno de España y el Ministerio de Vivienda ha venido cumpliendo todos y cada uno de sus
compromisos adquiridos con la ciudadanía: aprobación del Plan de choque, la Sociedad Pública de Alquiler, Plan estatal de vivienda 2005-2008, en un par de días el código técnico de la edificación y próximamente la ley del suelo. El Gobierno de
España ha sacado a la vivienda protegida del profundo agujero en que el Gobierno anterior la había enterrado. Hoy podemos decir que las viviendas protegidas iniciadas en España en los años 2004-2005 son casi un 30 por ciento más que respecto al
periodo 2002-2003. En definitiva, en este bienio se han iniciado más viviendas protegidas que en ningún otro de las dos legislaturas anteriores, y esto irá a más. Objetivo: que de cada cien viviendas que se construyan en
España, 30 sean protegidas. Pero también el Gobierno de España está dando ejemplo poniendo el suelo público del Estado a disposición de la vivienda protegida, de todos los ministerios, pero hoy del Ministerio de Vivienda a través de Sepes.
En dos años el Ministerio de Vivienda ha conseguido suelo urbanizado y en desarrollo para construir 18.000 viviendas protegidas, casi seis millones de metros cuadrados solo del Ministerio de Vivienda a través de Sepes, y hemos contado con los
ayuntamientos, porque ahora afortunadamente, por decisión de este Gobierno, los ayuntamientos son protagonistas de la política de vivienda junto con las comunidades y las ciudades autónomas. Actualmente, estamos urbanizando suelo para viviendas
protegidas en Navalcarnero (Madrid) para 1.503, en Mieres (Asturias) para 711. En unos días vamos a licitar las obras de urbanización para 2.113 viviendas protegidas en Guadalajara. Además, tenemos suelo urbano para edificar inmediatamente en
Alcalá de Henares 103 viviendas, todas protegidas; en Utiel (Valencia), 397; en Carral (La Coruña), 240; y en Loma Colmenar (Ceuta), en dos fases, 1.800. Por último, hay otras ocho actuaciones en desarrollo con convenios cerrados con los
ayuntamientos, comprando suelo o con suelo ya comprado y modificando el planeamiento. En una semana sacaremos los primeros concursos para los proyectos de edificación de algo más de 5.000 viviendas protegidas y en unos meses veremos los cimientos
de estas primeras casas. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA GLORIA ELENA RIVERO ALCOVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES? (Número de expediente 180/001187.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Gloria Elena Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Constitución española en su artículo 46 dispone la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España. Su protección
corresponde, pues, al Estado y obliga, por tanto, a todas las administraciones que lo integran con competencias en dicha materia. Nos consta que por esta razón el Ministerio de Vivienda, y dentro del mismo la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, viene desarrollando una importante labor de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico en diversos programas, tales como la intervención, el patrimonio arquitectónico-histórico, la reutilización del patrimonio
arquitectónico-industrial en desuso, la rehabilitación de edificios patrimoniales de titularidad pública para vivienda protegida, actuaciones en conjuntos urbanos y rurales y recuperación de espacios públicos, etcétera. Sabemos que su ministerio,
pues, se ha propuesto ir avanzando en la recuperación del patrimonio arquitectónico por considerarlo de capital importancia, ya que de estas inversiones se derivan notables beneficios para nuestro país. En primer lugar, son actuaciones que
contribuyen a la puesta en valor del patrimonio, con reutilización de muchos edificios que estaban próximos a su desaparición; en segundo lugar, porque genera una importante mano de obra, que puede estimarse además entre un 70 e incluso un 90 por
ciento en la inversión.
Intervienen, además, numerosas especialidades: arquitectos, arqueólogos, historiadores, restauradores y empleos de oficios que hasta ahora habían estado en proceso de desaparición, como la forja, vidrieras, plomeros,
etcétera. Es además una inversión rentable. No cabe duda de que un patrimonio bien conservado atrae a numerosos visitantes y dinamiza aquellas zonas que carecen de otros atractivos turísticos de generalizado consumo, como sol y playa. En este
sentido, se ha incrementado también el presupuesto en los actuales de 2006 hasta un 44,95 por ciento más en referencia al de 2003. Su destino, por tanto, es una ambiciosa programación con 176 actuaciones, de las cuales se están ejecutando 57, con
importes de 149 millones de euros, de los que el ministerio asume dos tercios. Teniendo en cuenta los nulos antecedentes existentes en esta materia y sabiendo el esfuerzo financiero y la disposición absoluta de su ministerio, le pregunto, señora
ministra: ¿Cuál es la política del Gobierno de España para la recuperación del patrimonio arquitectónico de nuestros pueblos y ciudades?
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Vivienda, además de favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda de calidad y asequible, está trabajando para hacer ciudades cohesionadas socialmente, competitivas económicamente y sostenibles
mediambientalmente, que garanticen la calidad de vida de nuestros ciudadanos y el bienestar de la sociedad. En los dos últimos años, como he mencionado anteriormente, se ha iniciado un 30 por ciento más de viviendas protegidas que en el bienio
anterior, y los precios de la vivienda hoy crecen seis puntos menos que cuando llegamos al Gobierno.
Respecto al segundo aspecto, señoría, y como parte de las políticas urbanas del Ministerio de Vivienda, estamos recuperando el patrimonio arquitectónico de nuestros pueblos y ciudades con un capítulo inversor propio de los presupuestos del
Ministerio de Vivienda. Estamos ayudando y colaborando con las comunidades autónomas y corporaciones locales para recuperar ese patrimonio para todos los ciudadanos. Estamos firmando
convenios con estas administraciones públicas y actualmente estamos recuperando patrimonio en sus diversas modalidades en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. En concreto, estoy hablando, como S.S. decía, de casi 180
obras, cuya valoración total asciende a casi 400 millones de euros, de los que el Ministerio de Vivienda aporta 294, es decir, más del 70 por ciento de la recuperación del patrimonio arquitectónico que corresponde a mi ministerio. Además, este tipo
de obras, como S.S. señalaba, por sus características genera un empleo importante que, además, es un empleo especializado y cualificado. Las obras de recuperación de nuestro patrimonio tienen un efecto socioeconómico importantísimo sobre las zonas
que se están recuperando: más turismo, más comercio, más recuperación del centro de nuestras ciudades y del patrimonio arquitectónico natural y cultural. Por cada euro invertido se generan seis euros. El Ministerio de Vivienda ha incrementado año
tras año el presupuesto destinado a este fin. En los presupuestos de 2006 se va a invertir un 45 por ciento más que en el año 2003 -estoy hablando, señorías, de 57 millones de euros, a los que próximamente se unirá también la iniciativa privada-.
Estamos recuperando, como decía, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio industrial, los mercados, la arquitectura eclesiástica, los conjuntos urbanos y rurales y los espacios públicos. Señoría, recuperamos el patrimonio, pero el que está
asociado a las políticas urbanas competencia del Ministerio de Vivienda... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo concluyó.
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE UN PLAN DE MEDIDAS GLOBALES, ESPECIALMENTE SOCIALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVAS, DESTINADAS A TRABAJADORES AFECTADOS DE ASBESTOSIS Y A SUS FAMILIAS. (Número de
expediente 172/000168.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el trámite de preguntas, iniciamos el de interpelaciones.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre la necesidad de un plan de medidas globales y especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis
y a sus familias. Para formular la interpelación, por un tiempo de doce minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego ha tenido desde el año 2000 una preocupación constante por el tema de los trabajadores afectados por asbestosis y por la incidencia de esta afectación en sus
familias.(La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Lo hicimos a través de iniciativas de control, de iniciativas que buscaban información por parte de la Administración pública y, además, instando al Ejecutivo. Ya en
marzo de 2001 fue desestimada una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, debatida en la Comisión de Economía y Hacienda, por el entonces partido del Gobierno, el Partido Popular, pero contando con los votos favorables del Partido
Socialista Obrero Español. En ella se pedía de forma esquemática el acceso voluntario a la incapacidad absoluta por enfermedad profesional y puestos de trabajo alternativos para las personas afectadas por asbestosis o por algún tipo de patología
vinculada al amianto que aún pudiesen seguir trabajando. Al mismo tiempo, se instaba a crear un fondo económico para hacer frente a una serie de medidas de carácter preventivo en relación con el amianto, incluyendo en este fondo económico las
posibles indemnizaciones para los afectados. Por último, como se trataba sobre todo de los casos más llamativos que se habían denunciado en relación con la construcción naval, se hablaba de que buques, edificios y máquinas de los astilleros
públicos fuesen censados en cuanto tuviesen presencia de amianto y que al mismo tiempo se hiciese un plan para su sustitución. No es anormal que fuese en la comarca de Ferrol donde surgiera precisamente un movimiento organizado denunciando,
reivindicando que las administraciones públicas fuesen conscientes de la situación, porque nosotros teníamos allí el paradigma y la evidencia. Le voy a dar dos ejemplos, señor ministro. Según contestaciones del Gobierno, en concreto de dos etapas
distintas -de la etapa del Partido Popular y de la del actual-, los resultados en relación con los astilleros públicos eran los siguientes: En el año 2001 se contabilizaron oficialmente 340 casos de asbestosis en el astillero de Ferrol, 27 en el de
Fene, cinco en el de Cartagena, cinco en el de San Fernando; a finales del año 2004, con datos ya del Partido Socialista Obrero Español en la Administración, eran 423 en Ferrol, 99 en Fene, 28 en San Fernando, 12 en Cartagena, ocho en Gijón, cinco
en Puerto Real y dos en Sestao. Pues bien, de los casos afectados en la ría de Ferrol, 359 eran trabajadores en activo o prejubilados y el resto eran mayores de 65 años. Pero hay un dato aún más elocuente, señor ministro: las últimas
informaciones rubricadas, oficializadas por la directora o el director -no lo sé en este momento- del Hospital Arquitecto Marcide, que es el que atiende la sanidad pública de la comarca de Ferrol, afirman que de 850 casos de asbestosis detectados
solamente en la comarca de Ferrol, el 90 por ciento pertenecen a la antigua Astano y Bazán. Pero no estamos para hablar solamente de empresas públicas y menos de empresas dedicadas exclusivamente a la construcción naval. Es cierto, aunque no se
halle una avanzadilla tan grande en el resto de los sectores productivos, que faltan por contabilizar, por supuesto en el conjunto del Estado, los talleres, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que hay una opacidad
tremenda -pero sí hemos sido conscientes de esa opacidad precisamente cuando hubo los siniestros con muerte en la última fragata Extremadura-, los casos de Renfe y todos los casos vinculados a la construcción. Es cierto que la organización
más activa hasta ahora y la pionera es de carácter gallego, Agavida, pero usted sabe que hay ya muchas organizaciones en el conjunto del Estado que están precisamente canalizando los intereses de los afectados ante el hasta ahora silencio de las
administraciones públicas y que están recurriendo también a demandar a estas empresas por lo social. Hubo un cambio espectacular en las demandas por lo social entre los años 2001 y 2004. En concreto, en el caso de Ferrol pasaron de 30 a 235.
Ustedes y todos nosotros tenemos que ser conscientes, con los datos fiables en la mano, de que hay una especie de cascada que garantiza que en los 30 próximos años van a oscilar las muertes por amianto entre 40.000 y 50.000 personas en el Estado
español, y no es un caso excepcional seguramente en el conjunto de la Unión Europea, en todo caso serán 1.660 muertos por año. Muchas veces estos muertos, señor ministro, no han tenido ni siquiera acceso con anterioridad a la incapacidad absoluta,
ni siquiera se les ha relacionado la muerte con la contaminación por amianto y aparecen incluso catalogados como muerte natural. Esto quiere decir que no está funcionando correctamente el ordenamiento jurídico vigente -que sin duda lo hay- en
relación con la prevención y el desamiantado necesario de muchas máquinas, objetos y edificios, y también que está habiendo una falta de control riguroso en este aspecto. Sin duda, no solamente es el aspecto sanitario y medioambiental -aspecto en
el que hay cobertura jurídica suficiente si se actuase de forma consecuente-, falta una mejora sensible en cuanto a lo que serían problemas de carácter sociolaboral y mejoras de carácter administrativo. Hay una serie de demandas que se están
planteando incluso desde organismos de carácter oficial o paraoficial.
El Grupo de trabajo de amianto de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha planteado algunas cuestiones que deberían ser oídas y escuchadas por parte del Gobierno. En concreto, me voy a referir a las últimas, que realmente
serían objeto de algún tipo de acuerdo, de algún tipo de consenso con relación a la puntuación y la admisión que deben tener por parte de la Administración pública las problemáticas que aquí se plantean. En primer lugar, en las propuestas del Grupo
amianto se pone de manifiesto que hace falta un desarrollo homogéneo del programa nacional de vigilancia sanitaria de los trabajadores que han estado expuestos al amianto. En segundo lugar, que se deberían incluir también en los registros de
tumores los relacionados con la exposición al amianto. En tercer lugar -y esto es muy importante, señor ministro-, que habría que mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional por parte de los equipos de valoración de incapacidad de la
Seguridad Social de las patologías relacionadas con la exposición al amianto, evitando así -esta sería una forma eficaz- que se sigan judicializando todos los casos y llegando a estos números alarmantes que les he indicado al principio y solamente
referidos a una comarca. En cuarto lugar, que es muy necesario un programa o plan de acción que permita la gestión, el control, la eliminación correcta del amianto instalado y, además, evitar el impacto en la salud pública y el medio ambiente,
tanto del amianto instalado como cuando se retira, ya que también es un problema dónde depositar los residuos de amianto. Por último, el Grupo de trabajo del amianto planteaban que el año 2006 podría ser un gran año para hacer una campaña pública
en la que se informase perfectamente de todas las medidas legales, técnicas, sociales y medioambientales vigentes, dando una gran participación a los agentes sociales para que así se cumpliese también la ley.
No querría ocultar dos aspectos reivindicativos que, aunque el Grupo de trabajo del amianto los plantea, siempre desaparecen a la hora de tratarlos en el plenario de la comisión: la necesidad de activar políticas que posibiliten lo que
podrían ser ceses o jubilaciones anticipadas, aplicando coeficientes reductores en la edad de jubilación y también la creación, mediante norma reglamentaria, de un fondo de indemnización para los afectados. Nos gustaría, señor ministro, que nos
dijese lo que piensa la Administración, y en particular su ministerio, en relación con poder aproximarse a este tipo de demandas. Por otra parte, hay una serie de revisiones y adaptaciones normativas en curso por parte del Gobierno que nos gustaría
que se realizasen conforme a algunas de las demandas de los trabajadores afectados, y en particular de los sindicatos, que en este caso, en el plano teórico, están actuando con corrección. Nos referimos, en primer lugar, al cuadro de enfermedades
profesionales aprobado por el Real Decreto 1995/1978, y en particular al punto 1.b) del apartado c), asbestosis, del citado cuadro de enfermedades profesionales. Ahí se habla de una serie de trabajos con exposición al amianto, pero no se establece
la presunción automática del origen de la enfermedad en trabajadores que, sin saberlo, hubiesen estado expuestos a la inhalación de amianto. Sería bueno que en esta revisión del cuadro de enfermedades se incluyesen la carga, la descarga y el
transporte de mercancías que pudiesen contener fibras de amianto, en términos análogos a lo existente para el carbunco. También están ustedes elaborando, o tienen elaborado ya, un proyecto de real decreto por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto. Sería fundamental que ahí hubiese un reconocimiento claro de que es necesario homologar los reconocimientos de los trabajadores potencialmente afectados
por amianto o que estén afectados ya conforme al Plan nacional de vigilancia de la salud y, también, que se hiciese un esfuerzo para que en las empresas donde realmente fuese imposible que los trabajadores no estuviesen en contacto con amianto -esa
es una condición inevitable en algunas de ellas; en concreto, en las que se dedican, por ejemplo, a la retirada de amianto- que realmente fuera posible que los trabajadores que tuviesen ya afectación
pasasen a la incapacidad permanente total o a un mayor grado del que tienen. Por último, quiero recordarle que no sería bueno que este real decreto de adaptación de la Directiva 2003/18/CE, de 27 de marzo, dejase fuera el artículo 12 ter de
esa directiva, porque es muy importante que las empresas que se dediquen a desamiantar estén homologadas desde el punto de vista oficial. Esto es fundamental. Señor ministro, este debate es muy necesario y muy urgente. No se puede cerrar los ojos
a una problemática así, condenando como están haciendo a las empresas públicas por parte de muchos juzgados de lo Social en sentencias que, aunque después se recurran, dejan en evidencia a la Administración Pública -ya no digo a muchas empresas
privadas-, cuando se está en progresivo aumento de los afectados por esta enfermedad y, cuando además hay una relación comprobada e inequívoca causa-efecto entre el amianto y la asbestosis y, por supuesto, en todas las patologías precedentes a que
se produzcan tumores cancerígenos e incluso muertes. Si hubo irresponsabilidad y desaprensión por parte de las administraciones públicas a su debido tiempo, puesto que no pudieron garantizar la seguridad y la prevención de los trabajadores, no es
de recibo que ahora no se haga todo lo posible por que se adecue la legislación sociolaboral a esta problemática y se garantice una cobertura mínima también a los familiares de los trabajadores afectados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Continuamos esta interpelación con la respuesta del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Rodríguez, gracias por su interpelación. En primer lugar, debemos situar adecuadamente el asunto que nos plantea, afirmando que el amianto, como bien sabe usted, al igual que otras enfermedades profesionales porque esta es una
enfermedad profesional, conllevan graves resultados en materia de salud y, por tanto, constituyen un importante problema sanitario. A pesar de ello, en segundo lugar, tengo que decirle que de los más de 60.000 trabajadores que han estado expuestos
a este tipo de productos no todos -por fortuna- contraerán enfermedades; los análisis actuales así lo ponen de manifiesto. Sin embargo, los expertos estiman que puede haber un número elevado de afectados, como usted indicaba, a lo largo de las
próximas décadas. Por otra parte, no cabe duda de que no estamos ante una cuestión nueva ni que deba ser abordada por primera vez.
Estamos ante un problema que se viene tratando de forma continuada y sistemática desde hace 30 años y en el cual se
han venido produciendo desarrollos constantes, mejoras, avances en muy diversos ámbitos.
Debo señalar a la Cámara que desde la Administración del Estado, junto con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, venimos realizando un trabajo permanente en relación con este problema, con el problema del amianto y de sus
repercusiones, habiendo desarrollado muy diversas actuaciones en el plano normativo, en el de la vigilancia, en el técnico-científico, en el de la divulgación, en el de la prevención y también en el de la protección. Se trata de un problema que
desde hace tiempo se aborda en todas estas dimensiones por más que haya muchas cuestiones que puedan y deban ser mejoradas. De hecho, en los últimos meses el tratamiento de la problemática del amianto ha recibido, señorías, un considerable impulso
desde el ámbito del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales que represento. En el aspecto normativo, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, sobre los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante
el trabajo, debe ser integrada al ordenamiento jurídico español antes del 15 de abril de 2006, o sea en pocos días, en un mes. A tal fin se ha considerado que en lugar de modificar aquellos aspectos parciales de nuestra legislación que
necesariamente requieren la adaptación a lo dispuesto en la última directiva, esta trasposición debe aprovecharse para aprobar un texto único que incorpore toda la dispersa regulación española sobre la materia y, al mismo tiempo, determinadas
propuestas de modificación legislativa realizadas por el grupo de trabajo sobre el amianto en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que usted hacía referencia, serán tenidas en cuenta e incorporadas en la futura norma, ya que
suponen claras mejoras sobre la legislación existente y dado que además dichas propuestas han sido consensuadas en el seno de dicho grupo tripartito. Así pues, el real decreto vendrá a actualizar, mejorar y refundir la legislación ahora vigente,
elevará su rango normativo y dará aplicación a lo dispuesto en las correspondientes directivas comunitarias. El texto del real decreto, tras el informe favorable del pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud celebrado el pasado 3 de
febrero, hace un mes, ha sido remitido para informe al Ministerio de Sanidad y Consumo y una vez que se cumpla dicho trámite el borrador de decreto estará en condiciones de ser consultado con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
En el ámbito de la Seguridad Social, señor Rodríguez, estamos abordando nuevas actuaciones sobre el problema. Estamos en proceso de aprobar una nueva lista de enfermedades profesionales que sustituya a la aprobada hace 28 años y que adecue
a la normativa española a las orientaciones comunitarias sobre la materia, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la recomendación europea sobre lista de enfermedades profesionales del año 2003. En la nueva lista figuran como enfermedades
profesionales aquellas relacionadas con la asbestosis, de modo que a partir de su entrada en vigor -no es que ahora no estén protegidos, ahora ya es una enfermedad profesional-, que pensamos aprobar muy pronto
está en proceso de diálogo social-, ningún trabajador que sufra las consecuencias de la exposición al amianto tenga problema alguno para el reconocimiento de su dolencia como enfermedad profesional. Hoy es una enfermedad profesional, pero
es verdad que hay dificultades para la prueba y existen algunos problemas que queremos corregir con la aprobación de la nueva lista de enfermedades profesionales. De igual modo, los nuevos procedimientos de notificación y registro de las
enfermedades profesionales recogidas en la norma que apruebe esta nueva lista, supondrán una mejora en la protección social de los trabajadores en cuanto que al descansar tales actividades en los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad
Social o de las mutuas, se evitarán los perjuicios que podrían derivarse para los trabajadores de la falta de notificación de tales enfermedades por las propias empresas. Eliminaremos este problema. A su vez, la trasposición de la directiva
comunitaria sobre el amianto deberá garantizar que los trabajadores en activo estén realmente protegidos de las consecuencias a la exposición al amianto.
En síntesis, señor diputado, de una parte reforzamos los mecanismos para evitar que los trabajadores puedan contraer enfermedades motivadas por la realización de actividades relacionadas con el amianto y, de otra, mejoraremos las medidas
para que en el supuesto de que aparezcan las dolencias los afectados puedan recibir una protección social adecuada. En este ámbito, el sistema de protección social permite establecer las correspondientes prestaciones económicas y sanitarias que
reparen las consecuencias de la enfermedad profesional contraída, prestaciones que incluso pueden alcanzar a las personas que se encuentren ya en situación de jubilación cuando las circunstancias de la enfermedad que provocan la incapacidad se
produzcan después de la jubilación ya que, lógicamente los síntomas de la enfermedad debieron aparecer previamente, como así ha de quedar acreditado en el correspondiente procedimiento médico-administrativo. Es pues el seguimiento del estado de
salud de los trabajadores una de las preocupaciones que han de atender los poderes públicos. En esa dirección se pretende conseguir la aprobación de un protocolo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las correspondientes consejerías
autonómicas de salud o sanidad, a través del cual y siguiendo el precedente de protocolos similares, como el que se firmó con la comunidad valenciana para los supuestos de hepatitis C o el relacionado con los afectados por las minas de uranio de
Andújar, se posibilite, de una parte, llevar a cabo un control periódico y exhaustivo del estado de salud de los trabajadores afectados por la asbestosis y, de otra, que consigamos una mejor coordinación y cooperación entre los propios servicios de
salud y los equipos de valoración de las incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de modo que los expedientes de reconocimiento de la incapacidad permanente derivada de la asbestosis estén perfectamente documentados, facilitando
de esta forma la gestión de los mismos y la atención puntual a los trabajadores y a sus familias. En este marco de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y las administraciones autonómicas, puedo anunciarles la intención de ofertar por nuestra
parte a estas últimas, a las comunidades autónomas, la realización de un estudio completo mediante la suscripción de los oportunos convenios de colaboración que permitirían la identificación del colectivo afectado y un conocimiento exhaustivo tanto
de su situación sanitaria como de sus niveles de protección social. Este estudio, que pondría en coordinación los datos sanitarios de todos los servicios de salud y los relacionados con beneficiarios de prestaciones económicas deducidos de los
ficheros del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos puede permitir identificar la existencia o no de personas que pudiendo ser beneficiarias de las prestaciones correspondientes no hubieran ejercido su derecho y también haría posible la
aplicación de todas las medidas previstas en la normativa de protección social, como el recargo de las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional en el caso de responsabilidad empresarial cuando en su momento no hubieran sido
ejercitadas.
En definitiva, señorías, y recapitulando, podríamos decir que estamos ante un caso, el de las patologías derivadas de la exposición al amianto, cuyo tratamiento por los poderes públicos se está mejorando continuamente, que este Gobierno ha
hecho suyo el problema desde el primer momento, que está dando nuevos pasos, como le he indicado, que se van a materializar muy pronto en la atención de los afectados, en la mejora de la regulación y en la disposición de mecanismos y procedimientos
administrativos más adecuados y eficaces para entender el conjunto de los aspectos de esta patología, todo ello con la intención de que ningún trabajador afectado se vea desprovisto de sus legítimos derechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Abrimos, señorías, los turnos de réplica de esta interpelación. Comenzamos con el primer turno que corresponde al señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Celebro, como representante del Bloque Nacionalista Galego, que la información del señor ministro no fuera puramente de autosatisfacción y de restar importancia a un tema que si bien es cierto que llevamos años con él, no es menos cierto que
este problema con evidencia y, además, con conciencia por parte de muchos de los afectados, es una cuestión de no más de seis años, porque desgraciadamente muchos trabajadores afectados por asbestosis no figuraron ni siquiera como tal a la hora de
morir o incluso a la hora de que pudiesen jubilarse o prejubilarse por algún determinado tipo de dolencia o de enfermedad. Está claro que aquí hace falta una mayor adecuación para que las personas que están afectadas por el amianto cuando menos
puedan tener una consideración por parte de la Administración pública adecuada.
En este aspecto creo que es importante que los pasos que se van a dar desde el Gobierno se hagan con la mayor contundencia posible.
Efectivamente, usted dijo que la asbestosis hoy en día estaba ya reconocida como enfermedad profesional,
pero también sabe que a veces hay muchísimas dificultades no solamente para la catalogación como tal, sino para declararla invalidante por parte de los equipos de valoración de incapacidad. Ahí es donde hay que hacer un especial esfuerzo, de forma
que los informes de la unidad médica específica se miren, desde el punto de vista de la apertura a la protección social y de la apertura a que no se espere a que el afectado esté prácticamente en fase terminal. Hay muchas personas a las que se les
concede y a los 15 días mueren. Esta es una situación que hay que obviar. Igualmente, sería muy importante que se flexibilizaran los criterios -usted dio a entender que así se iba a hacer- para el reconocimiento de la enfermedad profesional tanto
de los trabajadores expuestos al amianto como de las personas afectadas. No ha dicho nada de dos cuestiones y me gustaría saber, señor ministro, si estos dos objetivos a los que ahora me acabo de referir, es decir, la consideración de la asbestosis
como invalidante por parte de los equipos de valoración, de incapacidad se va a posibilitar a partir de los informes de las unidades médicas específicas de la Seguridad Social o de las mutuas y, en segundo lugar, si va haber esa proclividad a la que
usted se refirió también -no sé si ambigua o indicativa- de flexibilizar los criterios para que se reconozca como enfermedad profesional tanto a los trabajadores expuestos como a aquellos que puedan estar afectados.
Falta en su intervención
cualquier referencia, aunque sea negativa -me gustaría saber su opinión-, acerca de la posibilidad de hacer un sistema público de indemnizaciones para los afectados, de tal manera que se pudiese indemnizar por causa de enfermedad profesional no
debidamente valorada en su momento. Usted dijo que las nuevas modificaciones legales se iban a aplicar a aquellas personas jubiladas o prejubiladas. Quiero saber si esto es así y si incluso se podría llegar al fondo de indemnizaciones para las
familias que no fueron debidamente amparadas. Y también me gustaría saber si es viable un tema que reconocemos es difícil, pero que no debería desecharse totalmente. Se trata de aprobar una norma que posibilite la jubilación anticipada con la
aplicación de coeficientes reductores de una forma similar a como se hace en la minería del carbón. Sé que es un problema de inviable solución administrativa, pues crea muchas problemáticas de valoración justa de las situaciones, pero si existe en
la minería del carbón no se explica muy bien cómo en los casos en los que hay una relación causa-efecto, muchas veces mortal, prácticamente condicionante para el resto de la vida, no se puede llegar también a un modelo similar. Señor ministro, me
gustaría que matizase estas cuestiones y que nos las aclarase desde el convencimiento de que los pasos que se den, si son positivos, los valoraremos no como cesiones precisamente gratuitas, sino como demandas muy importantes del mundo del trabajo
que ustedes conocen perfectamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Su turno de dúplica, señor ministro. Adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rodríguez.
En primer lugar, quiero reiterarle mi comprensión y mi agradecimiento por su interpelación y decirle que comparto el problema amplia y profundamente. Le he indicado además que este Gobierno y, este ministerio en particular, vienen
trabajando en la resolución de las lagunas que generan ausencia o minoración de derechos para las personas afectadas, pero debe hacerlo dentro del marco general de nuestra normativa y de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y equidad. Eso
es lo que pretendemos hacer y por eso no solo el Ministerio de Trabajo, sino también otros ministerios implicados estamos trabajando sobre el problema con seriedad y sensibilidad. Como le he indicado, estamos adoptando medidas siguiendo los
criterios de los expertos, de los interlocutores sociales, de las diferentes instituciones implicadas que van informando favorablemente acerca de su necesidad, conveniencia y resultados. Y el Gobierno ha abordado además una importante reforma
normativa, como le señalaba, con la nueva lista de enfermedades profesionales, donde efectivamente va a haber una mejora notable en cuanto a los procedimientos para el reconocimiento de la enfermedad profesional, como usted podrá comprobar en muy
poco tiempo. Y también vamos a desarrollar un conjunto de medidas en el ámbito de la Seguridad Social, que van, como le decía, desde la mejora del reconocimiento de la enfermedad profesional hasta una mayor cooperación y trabajo conjunto con las
comunidades autónomas, con la Administración sanitaria de las comunidades autónomas, porque tenemos que conocer exactamente la situación de todas las personas para poder hacer una adecuada evaluación de la misma. Por eso el Gobierno constata que
sobre este particular está previsto poner en marcha todas las medidas que he indicado en mi intervención y en las que no puedo profundizar más, aunque estamos dispuestos a discutirlas. Señor Rodríguez, también le reitero mi disposición a considerar
para su análisis y su estudio en el marco de la moción que usted presentará, las medidas concretas que se justifiquen desde el punto de vista de su clara necesidad, de su equidad, de su oportunidad y que vayan en la línea de lo que le he indicado.
Estamos dispuestos a mejorar esta situación para que, como le dije antes, nadie vea sus derechos disminuidos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, señor Rodríguez.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 172/000169.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la violencia de género.
Defenderá esta interpelación en nombre del Grupo Popular la señora Susana Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la política de igualdad y no discriminación no se hace montando numeritos, se hace trabajando por las mujeres y sus problemas.
(Rumores.-Aplausos.) Como esta tarde con esta interpelación por las mujeres maltratadas. Por
eso, los hombres y las mujeres del Grupo Parlamentario Popular estamos esta tarde aquí para interesarnos por los problemas de las mujeres, especialmente por el problema más dramático de las mujeres: la violencia que les afecta. Quizá a sus mujeres
y a sus hombres no les importa tanto esta problemática. El respeto a la mujer no se gana posando para la revista Vogue. (Protestas.) Por eso, no entendemos por qué se molestan ahora cuando se les dice que no se disfracen, cuando han aparecido en
una revista envueltas en pieles y con trajes más propios de desfile que de mujeres que deben trabajar por los intereses del resto de las mujeres. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Señorías, si quisiéramos frivolizar con el tema del viaje, le preguntaríamos cuánto nos ha costado a todos los españoles, pero somos mucho más respetuosos y, por eso, nos tomamos estos temas mucho más en serio. (Una señora diputada
pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Qué le parece, señor ministro, que el señor Bono en unas declaraciones dijese de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, besa de día y muere de noche? Una vez más nos encontramos con
una doble vara de medir y no vamos a consentir que nos den lecciones de feminismo a estas alturas de la película. (Rumores.) De verdad, señor ministro, este tema de la violencia de género es muy importante para nosotros.
(Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Le digo esto porque llevamos casi dos años intentando que venga a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer para hablarnos de este y de otros temas y no ha encontrado usted hueco en su agenda para hacerlo.
Parece que tras su paso por la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista le ha cogido tirria al Parlamento y no quiere venir a dar cuentas de su gestión. Le recuerdo que tiene más de 40 comparecencias pendientes de distintos grupos de esta
Cámara, para hablar sobre distintos temas de mucha sensibilidad. Pero su ausencia es la sensibilidad real de este Gobierno y su preocupación por las mujeres.
Esta vez, señor ministro, no le ha quedado más remedio que venir y, por fin, podrá
escuchar las numerosas cuestiones que mi grupo parlamentario quiere plantearle sobre la violencia de género y, concretamente, sobre la Ley integral.
Señor ministro, señoras y señores diputados, se ha cumplido recientemente un año desde la puesta en marcha de una ley que se presentó como la panacea, como el instrumento imprescindible que iba a terminar con la violencia de género y como
una varita mágica que lograría erradicar la violencia. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que ni la ley era la panacea ni se ha solucionado el problema; un problema, sin duda, mucho más profundo y mucho más arraigado en nuestra sociedad de lo
que ustedes suponían. Señor ministro, a pesar de que durante el año 2005 se redujo levemente el número de mujeres muertas por violencia de género, el comienzo del año ha sido trágico cambiando esta tendencia. El número de mujeres víctimas de
violencia de género en los dos primeros meses del año, ha sido el más alto desde 1999 al haberse producido 17 víctimas. Le recuerdo que, desde que el señor Zapatero es presidente del Gobierno y ustedes, el Partido Socialista, están en el mismo, han
fallecido 138 mujeres víctimas de violencia de género. Estas cifras nos deben hacer reflexionar y plantearnos la necesidad de hacer un análisis con detalle sobre el porqué de esta situación.
Señor ministro, el año transcurrido ha servido también para poner de manifiesto, por un lado, los muchos defectos que esta ley traía de origen, que nosotros denunciamos desde el principio e intentamos corregir a través de nuestras enmiendas
-con muy poco éxito- y, por otro lado, los defectos añadidos que han surgido de un mal desarrollo de esta ley por su Gobierno. Como usted sabe -y se lo reitero-, el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta ley, aun poniendo en evidencia los
defectos que detectábamos y lo hicimos por responsabilidad. Además de votar a favor nos implicamos a fondo en el trabajo parlamentario con el deseo de que esta ley llegase a ser una ley verdaderamente eficaz y útil para las mujeres más vulnerables,
para las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, esta ley está demostrando que es ineficaz, solo por un motivo, por la falta de compromiso de su Gobierno. Ustedes han pensado que con aprobar leyes está todo resuelto y, desgraciadamente, las
cosas no son así.
Señor ministro, créame si le digo que lamento sinceramente lo que le voy a decir a continuación, pero estoy convencida de que usted va a pasar a la historia como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales más ineficaz de la democracia.
(Protestas.-Un señor diputado: ¡Sí!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No es que lleve solo dos años con el diálogo social sin haber dado un paso adelante, hoy al borde de la ruptura por su ineficacia. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Lo único que ha
hecho ha sido aprobar leyes cargadas de buenos propósitos; eso sí, vendidas con todo el aparato mediático posible (Una señora diputada: ¿De qué estamos hablando?), pero absolutamente inútiles.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No sé si será por su culpa o porque el vicepresidente Solbes no le da la financiación requerida, pero el hecho es que al final sus leyes están completamente vacías y el ejemplo está en la Ley de la Dependencia.
Pero esta tarde quiero hablar concretamente de la Ley contra la violencia de género.
Señor ministro, la Ley de protección integral contra la violencia de género no está dando el resultado previsto por las profundas deficiencias que voy a concretar a continuación. En primer lugar, el presupuesto es insuficiente. Los 10
millones que en el mes de diciembre se transfirieron a las comunidades autónomas resultan insuficientes para las obligaciones que se les trasladan y, los 2 millones de incremento que por enmienda se incluyeron en el presupuesto, no resuelven esta
deficiencia. Por otra parte, los juzgados de Violencia son insuficientes, carecen del personal necesario y están colapsados con cargas de trabajo imposibles de soportar. Hemos hablado largamente de los defectos de estos juzgados y podemos concluir
que sus problemas son de origen y obedecen a una errónea planificación de los mismos y a muchas prisas por poner en marcha una infraestructura tan compleja sin la debida preparación. Esto nos lleva a que, tras ocho meses de vigencia de los mismos,
todos los implicados, especialmente los responsables de la judicatura y los sindicatos, hayan criticado abiertamente estos instrumentos. Esto lleva a que el Gobierno deba arreglar deprisa y corriendo la situación y tenga que duplicar el número de
juzgados existente; eso sí, mientras se ponen en marcha o no, las mujeres sufren largos retrasos y lo más sangriento, tienen que pasar horas junto con sus agresores. Los asuntos se acumulan y con ello la desesperanza de las víctimas. Y como lo
que mal empieza, mal acaba, las prisas y la mala planificación llevan a que ayer mismo conociésemos la noticia de que la base de datos del Juzgado de Violencia de Palma de Mallorca se borrase por completo. Puede usted contestarme que se trata de un
problema informático, pero convendrá conmigo en que hay cosas que se pueden evitar. Estos juzgados cuentan con la buena voluntad de los funcionarios que allí trabajan y con una excesiva precariedad de los medios materiales y personales que conducen
a que situaciones como esta se puedan plantear. Y, cómo no, tenemos que hablar de la insuficiencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ustedes afirman que existen 1.102 efectivos en las unidades especializadas; los
sindicatos los mantienen a la baja. Esto, si fuese cierto, nos parecería realmente escaso, si tenemos en cuenta las más de 59.000 mujeres que denunciaron malos tratos el año pasado o las 35.000 órdenes de protección solicitadas. Haga usted
cálculos y dígame si le parecen suficientes cerca de 59 mujeres a proteger por un solo agente, eso sin que ninguno enferme.
Para nosotros no es suficiente y evidencia una falta de esfuerzo por parte de este Gobierno en un tema tan fundamental como
es la protección de las víctimas. La no aceptación de las iniciativas que en este sentido se plantean desde el Grupo Parlamentario Popular, como la proposición de ley sobre un plan de seguridad personalizado, ponen en evidencia la actitud resignada
del Gobierno ante el incremento de víctimas de violencia de género. Tampoco nos podemos olvidar, señor ministro, de la falta de coordinación con las comunidades autónomas. El Gobierno las despreció y se olvidó de ellas durante la elaboración y la
tramitación de la ley y las vuelve a olvidar durante su desarrollo. Por eso reclamamos más reuniones de las conferencias sectoriales de cada ministerio implicado en esta ley con las distintas comunidades autónomas. Esta falta de coordinación se
hace más preocupante cuando el Gobierno tarda más de un año en aprobar un protocolo con la Federación Española de Municipios y Provincias para las policías locales, desaprovechando su inestimable ayuda, algo inadmisible desde nuestro punto de vista.
No quiero dejar de hablar de la teleasistencia. Usted, señor Caldera, anunciaba la distribución de 20.000 teléfonos móviles destinados a aquellas mujeres que tuvieran una orden de protección o de alejamiento.
De estos 20.000 teléfonos,
6.000 tenían que haber estado en funcionamiento, según sus palabras, antes de finalizar el año 2004; sin embargo, en septiembre de 2005 solamente funcionaban 2.000. Usted mantuvo que no se habían repartido más porque las mujeres no los habían
pedido, no haciendo la autocrítica necesaria para un buen gobernante. El retraso también se ha dado en la aprobación del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, aprobado la semana pasada. Este observatorio nace rodeado de polémica.
Mientras que en el programa electoral del Partido Socialista se recogía que fuera un órgano independiente, su composición final no solo incumple esta promesa sino que prevé casi tanta representación institucional como de la sociedad civil, quedando
las organizaciones de mujeres muy infrarrepresentadas, y eso que tras las presiones de estos colectivos se aumentaron las plazas florero que les correspondían.
Existen otros instrumentos previstos en la ley que no han corrido la misma suerte y que
en estas fechas todavía están sin aprobar, como es el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, a pesar de que el artículo 3 de la ley recoge y prevé su puesta en marcha de forma inmediata a la entrada en vigor de
dicha ley. Según su secretaria general de Políticas de Igualdad se pondría en marcha antes de finalizar el año 2005, según la delegada del Gobierno contra la violencia la
próxima primavera. Desajustes en el Gobierno que una vez más tienen que padecer las víctimas. Sin duda la lucha contra la violencia de género requiere políticas activas, eficaces y contundentes, pero requiere también sensibilización y por
ello este plan es tan urgente a pesar de que usted no lo vea. No quiero terminar sin decirles que creo necesario poner más énfasis en las medidas recogidas en la Ley integral dirigidas a los menores. La situación de alarma social generada tras la
agresión recibida por Alba, la niña de Barcelona, y que ha destapado otros muchos casos de violencia nos hace reflexionar sobre la necesidad de legislar adecuadamente sobre esta materia para evitar que se pueda volver a producir esta lamentable
cadena de errores, como usted mismo la denominó.
Un reciente informe del Centro Reina Sofía para la Violencia destaca que el 67 por ciento de asesinatos por violencia doméstica se cometen en el hogar y el 9 por ciento en presencia de los niños.
Más de 6.500 niños han sufrido agresiones desde 1997, veintitrés de los cuales murieron de 2002 a 2005, y esta ley integral sigue sin reconocer que los más pequeños son objetos directos de la violencia de género, a pesar de que desde el Grupo
Parlamentario Popular pedimos durante la tramitación parlamentaria que se reconociese a los hijos como víctimas directas de la violencia independientemente de sus madres.
Señor ministro, esta es una somera radiografía del desarrollo de la Ley de violencia, pero consideramos que debemos seguir reclamando acciones eficaces para la prevención, la detección y la erradicación de esta violencia, acciones que
lleguen al conjunto de las mujeres y especialmente a las más vulnerables, como mayores, discapacitadas, inmigrantes, que por sus especiales circunstancias tienen más dificultades de protección de sus derechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Camarero, muchas gracias.
Continuamos con la contestación a esta interpelación. Para ello tiene de nuevo la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Adelante, cuando quiera.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ya sabía yo que a S.S. y a su grupo parlamentario les interesaba poco la situación de la mujer y mucho el ataque a este Gobierno, ya lo sabía yo. (La señora Torme Pardo pronuncia palabras que no se
perciben.-Rumores.) Ya sabía yo que, como han demostrado ahora y esta tarde su propio portavoz, su opinión es bastante despectiva, o sea que les parece mal que una delegación de mujeres españolas vaya a participar con mujeres africanas para mejorar
su situación. Les parece mal. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Les parece que lo único que importa es preguntarse cuánto cuesta ese viaje. ¿Y cuánto cuesta, señorías, la desgracia, la miseria, la desesperación, el hambre, la
injusticia, la desigualdad (Rumores.-Aplausos) que este Gobierno, incrementando más del 50 por ciento la ayuda al desarrollo en solo dos años, ha demostrado querer superar frente a lo que ustedes hicieron, cerrar los ojos ante una situación trágica?
(Varios señores diputados: ¡Sí!) Por tanto, les preocupa muy poco la situación de las mujeres y la violencia que se ejerce hacia ellas; muy poco les preocupa. (Un señor diputado: ¡Mentira!) Les preocupa muy poco seguramente porque fueron
incapaces de traer a esta Cámara una ley integral que ya dijimos en su momento... (Rumores.-Una señora diputada: Dejad hablar.) Señora presidenta, yo les he escuchado con respeto. (Protestas.-El señor Padilla Carballada: Señor ministro, a la
cuestión.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor ministro.
Señorías, por favor vamos a intentar tener la interpelación tranquila, me parece que el tema lo requiere. Por favor, señorías, a una bancada y a la otra. Ustedes pretenden que sus portavoces tengan silencio cuando toman la palabra y yo lo
intento. Hagan ustedes el favor de corresponder cuando es el señor ministro el que responde. (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.)
Por favor, señor Padilla, lleva usted toda la tarde igual. Le llamo por primera vez al orden.
Señorías, seguimos con esta interpelación. Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Les preocupa poco que este Gobierno trajera a esta Cámara una ley que apoya por cierto la totalidad de las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de la
mujer. Le diré algo, señoría: mientras tengamos ese apoyo me importan muy poco sus críticas; no me importan nada. (Aplausos.-Rumores.-El señor Mariscal Anaya: Demócratas) El apoyo de organizaciones de mujeres a las que usted ha catalogado de
floreros.
Se ha permitido usted calificar de floreros a las organizaciones que durante tantos años han venido luchando por los derechos de la mujer y sensibilizando a las instituciones en la necesidad de tomar medidas de acción positiva para
combatir ese fenómeno. Ahí se ve cuál es la idea que tiene el Partido Popular de las organizaciones de mujeres. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Señorías, el problema de la violencia que se ejerce hacia la mujer hunde sus raíces en la desigualdad, por eso ustedes no hicieron ninguna ley en contra de la desigualdad;
nosotros sí. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile: ¡Seis millones de empleos para mujeres! Aplausos) La ley para la igualdad que llegará a este Parlamento y la ley que regulará la dependencia, y ustedes no lo hicieron porque no está en su
ideario; porque no está en la naturaleza de su política; porque no creen en la igualdad; porque no creen en ella.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio. (El señor Hernando Fraile: ¡Nos ha insultado! ¡Nos ha ofendido!)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Como la situación de la violencia que se ejerce hacia la mujer hunde sus raíces en la desigualdad, hace poco... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben.) No crean que me van a despistar; pueden ustedes continuar. (Aplausos.-Protestas.) Estoy acostumbrado. Pero por respeto a la situación de las mujeres me permito explicar la política del Gobierno, que es lo que ustedes quieren que no
haga. Hace un mes, en el Congreso sobre violencia doméstica y de género reunido en Granada decían los expertos que queda mucho camino hasta lograr la completa erradicación de la violencia porque hunde sus raíces en la desigualdad entre el hombre y
la mujer. Eso lo dijimos aquí cuando presentamos el proyecto de ley, y dijimos que ese era un proyecto de ley para las mujeres, para ayudarlas en la lucha por salir de esa situación, y que nos llevaría tiempo resolverlo, que nos llevaría años
cambiar las actitudes y que no se pueden medir los resultados de una ley que solo lleva nueve meses en pleno despliegue por los efectos de esos nueve meses. Nosotros nos comprometimos a traer esta como la primera ley en nuestra legislatura, y lo
hemos hecho, señorías; una ley que establece medidas de protección integral dirigidas a prevenir, sancionar, erradicar esta forma de violencia y prestar asistencia a las víctimas; una ley que es una ayuda para ellas, para que este problema no se
viva en soledad, que no se viva como un problema privado porque es un problema público. En este sentido, estamos disponiendo de múltiples instrumentos para ayudar a que las mujeres no mantengan silencio ante esa situación. Por tanto, siendo el
origen de la violencia de género la desigualdad, la ley incide en la corrección de las causas estructurales que motivan esta violencia, aunque a ustedes les importen poco.
Señoría, ¿por qué se empeña en decir que se está produciendo un incremento de víctimas de violencia de género? Si se refieren al número de muertes -que siempre son dramáticas-, no son 17, sino que van 14 muertes en lo que llevamos de año.
En el año 2005 se produjeron 60 muertes, con una importante caída sobre el año 2004 y sobre el año 2003. Yo podría decir que durante el periodo de mandato del Partido Popular había más muertes de mujeres, pero no se me ocurre decirlo, ya que en el
año 2005... (La señora Roldós Caballero: ¡No lo digas!-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): No lo digo; se lo pongo como ejemplo. En el año 2005 se produjo un importante descenso en el número de fallecidas, pero da igual, cualquier mujer fallecida es un
drama y es una responsabilidad para todos. (Un señor diputado: ¡Ahora!) Ha habido un aumento de denuncias muy importante que debemos interpretar como el aumento de la confianza depositada por las mujeres víctimas favorecidas por la aprobación de
la ley y la puesta en marcha de estas medidas. Les haré un repaso de cómo están las cosas.
Señorías, la dignidad de toda una sociedad nos exige a todos seguir trabajando en la misma dirección. Ya veo que ustedes no quieren, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo por las mujeres de este país, por eso estamos fortaleciendo las
medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género. Veintiún consejos de ministros han adoptado medidas de desarrollo de la Ley integral y los barómetros del CIS indican cada vez un mayor compromiso de la sociedad española
en el combate de esta lacra machista. Cada vez hay un mayor compromiso, y ese es el camino para acabar con la violencia. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Ya sé que les hace mucha gracia, a mí no; no me hace gracia la situación de las mujeres que sufren violencia. (El señor Padilla Carballada: ¡A usted le hacen
gracia muchas cosas!) A usted parece que sí, a mí no.
(Protestas.-El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): En el ámbito educativo el proyecto de ley orgánica de educación intenta medidas que garantizan la formación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos. Se está produciendo un reforzamiento de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género desde el punto de vista de la asistencia social, los nuevos derechos que integran o que reintegran a la mujer víctima de la
violencia de género en un estatuto pleno de ciudadanía. Reconocemos nuevos derechos laborales y funcionariales que concilian los requerimientos de la relación laboral con las circunstancias de quienes
padecen esta violencia. Se establece un sistema integral de tutela institucional. Por cierto, señorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incrementado sus unidades especializadas más de un 50 por ciento en dos años. ¡Pero
cómo se permite criticarlo! (Aplausos.) Más de un 50 por ciento en solo dos años, de 740 efectivos cuando ustedes gobernaban a 1.122 efectivos hoy. Me podrá decir que todavía el esfuerzo es pequeño, que se necesita un esfuerzo mayor, pero yo le
digo a usted que este Gobierno ha incrementado un 50 por ciento el número de personas destinadas a la protección de las mujeres y ha fortalecido el marco penal y procesal porque a 1 de enero del año 2006 el total de juzgados especializados asciende
a 437; se han coordinado los recursos e instrumentos para asegurar la prevención y, en su caso, la sanción del agresor; se ha creado la Comisión nacional para la implantación de los juzgados especiales y la Comisión nacional de coordinación de la
Policía judicial y se han establecido convenios en materia policial para garantizar la asistencia jurídica gratuita y el servicio 24 horas a las víctimas, entre otros. Por cierto, el servicio de teleasistencia tiene ya 3.000 usuarias, no 2.000, y
las terminales están a su disposición. Si lo solicitan 20.000 mujeres, 20.000 mujeres tendrán a su disposición la terminal del servicio de teleasistencia; si no desean solicitarlo, señorías, a pesar de que insistentemente se les envía esa
información, no podemos hacer nada. Pero le recuerdo que ya tenemos 3.000 usuarias del sistema de teleasistencia. Se ha incrementado la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y
protección, desde el plan de formación del profesorado hasta la actualización de los planes de estudio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adaptar sus contenidos a la Ley integral, pasando por las acciones dirigidas a la
preparación de formadores en la prevención o los cursos de formación especializados para los profesionales de los juzgados de violencia sobre la mujer, para los fiscales en los programas de formación continua y resto de profesionales de juzgados y
tribunales, a través del Centro de Estudios Jurídicos.
Señorías, quiero terminar mencionando las próximas actuaciones previstas por el Gobierno para garantizar el pleno desarrollo de las previsiones contenidas en la ley. Primero quiero pedirle por favor que no diga usted que el presupuesto de
la ley para combatir la violencia que se ejerce hacia la mujer es de 12 millones de euros. La aportación estatal para el conjunto de las medidas que acompañan a la ley asciende a 150 millones de euros en el año 2006; de ellos, 12 millones son para
cooperación con las comunidades autónomas en el establecimiento de la red de atención y acogida para las mujeres víctimas de violencia de género, pero hay otros muchos capítulos, ayudas laborales, inserción profesional, educación, justicia, que
suponen un gasto de 150 millones de euros. Por cierto, cuando ustedes gobernaban no había nada, cero euros en este capítulo. Por tanto, se ha avanzado de cero a 150 millones de euros. ¿Que probablemente sean insuficientes? Probablemente,
señorías, tendremos que seguir mejorando en el futuro, pero se ha hecho ya un gran avance. Las nuevas medidas que pondremos en marcha serán la puesta en funcionamiento del observatorio estatal, que permitirá evaluar la efectividad de las políticas
y medidas que se están desarrollando y propondrá la adopción de aquellas que resulten más eficaces en la erradicación de esta lacra social. Por cierto, en este observatorio están representadas en paridad las organizaciones de la sociedad civil,
mitad y mitad, y la vicepresidencia de ese observatorio será ostentada por una representante de asociaciones en defensa de los derechos de la mujer, que han elogiado esta medida, y a usted le parece que son puestos florero para estas personas. Por
último, en 2006 está prevista la puesta en marcha de 21 nuevos juzgados exclusivos y en este año se aprobará el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Lo que ocurre, señoría, es que me temo que aunque se apruebe
este plan, aunque mejoremos todos los instrumentos a disposición de las mujeres, aunque avancemos en este camino de la igualdad, ustedes jamás lo reconocerán porque su único ánimo consiste en atacar a este Gobierno y no en defender los derechos de
la mujer. (Aplausos.-Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular exhiben carteles que dicen: ¡Ni una más! Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Continuamos, señorías, con el turno de réplica. Tiene la palabra de nuevo doña Susana Camarero. (Rumores.)
Silencio, señorías. Continuamos, señorías, con el turno de doña Susana Camarero y solo de la señora Camarero. (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Padilla, ni siquiera a su portavoz la está dejando
tomar tranquilamente la palabra esta tarde. Por favor, señora Camarero, adelante.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta. Señor ministro, como cuestión previa y respecto al viaje, ¿sabe lo que nos gustaría haber visto de la vicepresidenta? Una denuncia de la vejación, de la violencia y de la humillación
que sufren las mujeres africanas (Varios señores diputados: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!- Aplausos.), y no, señor ministro, la instrumentalización y la propaganda, que es lo que a ustedes les gusta.
Señor ministro, fíjese si nos preocupan los problemas de las
mujeres que le hemos hecho venir a hablar de las víctimas de la violencia de género y de qué están haciendo ustedes, a pesar de que lleva dos años sin querer venir a la Comisión donde trabajamos estas cuestiones. (Varios señores diputados: ¡Sí!
¡Sí! ¡Sí!) Le diré qué le preocupaba al Gobierno del Partido Popular. Hicimos cosas muy importantes. Es verdad que no hicimos la ley y, sobre todo, no nos poníamos en la foto, pero hicimos cosas, como dos planes contra la violencia de género con
la mayor financiación que ha tenido; hicimos reformas legislativas verdaderamente importantes, como la del
Código Penal, y creamos un instrumento tan importante, y el único que ha servido para algo, como es la orden de protección. Usted, señor Caldera, manifestaba hace unas semanas, y lo ha repetido hoy, que se habían alcanzado 3.000 usuarias
del servicio de teleasistencia móvil. Sin embargo, estas cifras no coinciden con las respuestas parlamentarias que ustedes como Gobierno trasladan a esta diputada. Decían en septiembre pasado que había 2.000 mujeres usuarias de este servicio; el
18 de noviembre, que habían alcanzado las 2.149 -149 mujeres más- y que las previsiones eran que para terminar el año se llegase aproximadamente a las 2.500. Respuesta parlamentaria de 21 de febrero de 2006: las cifras son 2.149, no las 3.000 que
usted ha manifestado esta tarde. ¿Qué significa esto, señor Caldera? ¿Ha venido a esta Cámara a mentir? Mal está que falseara los datos como portavoz de la oposición... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Pero que lo haga como ministro me parece escandaloso. No solo es usted el ministro de Trabajo más ineficaz de la historia, sino también el que más falsea los datos. Una vez más, señor ministro, viene e intenta
manipular en esta ocasión mis palabras. Le he dicho claramente que ustedes vuelven a engañar a las asociaciones de mujeres y les dan plazas florero en el observatorio, en lugar de las plazas que les correspondía. Cinco plazas, señor ministro, no
nos engañe porque tenemos la orden. Las han engañado en esto, las engañan en la Ley de Igualdad -porque no les pasan el documento- y las engañan constantemente. Las utilizan y luego las engañan. Viene a no contestarnos y a utilizar lugares
comunes para llenar su tiempo de intervención.
También quiero que hablemos de las denuncias. Decía usted que habían crecido las denuncias en los últimos tiempos. Le voy a dar los datos que ofrece el Instituto de la Mujer, no nosotros. Las denuncias por malos tratos se incrementaron en
2003 un 13,5 por ciento; en 2004, un 12,9 por ciento, y en 2005, un 3,7 por ciento. El incremento de denuncias en 2005 es menor que en los años anteriores. Por algo será, señor ministro. Quizá las mujeres no confían en este Gobierno.
(Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor ministro, hace dos semanas, a mi compañera María Salom, respecto a una pregunta parlamentaria sobre este tema que tanto nos preocupa y por eso hacemos que de vez en cuando venga y nos lo cuente, le
contestaba: No conviene utilizar a las víctimas como arma política. ¿Desde cuándo, señor Caldera? ¿Le suenan estas palabras: la violencia de género se ha agravado durante el mandato del presidente del Gobierno, José María Aznar, debido a la
insensibilidad de la derecha.
No se ponen en marcha los mecanismos necesarios para combatir esta verdadera lacra social. La violencia de género no solo no cesa en España, sino que aumenta más desde 1996? Y sigue: Desde la llegada del PP al
Gobierno se han producido más de 500 muertes derivadas de malos tratos y este año llevamos la escalofriante cifra de 30 mujeres asesinadas. Acusó al Gobierno de presentar mucha propaganda y pocas soluciones. Señor Caldera, son palabras suyas, de
cuando usted se sentaba en los bancos de la oposición (Rumores.) y para usted todo valía.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Quizá le gustaría borrar estas barbaridades, pero en esta ocasión sus artimañas no sirven y usted es esclavo de sus palabras. ¿Sabe qué ha cambiado en los últimos tiempos? La actitud del Partido Socialista, que
desde la oposición cada vez que una mujer era asesinada promovía manifestaciones, concentraciones, protestas y minutos de silencio y desde el Gobierno, y a pesar de que el número de mujeres víctimas de violencia ha crecido, silencian y callan.
Mientras el PSOE desde la oposición tildaba de fracaso político-social cada una de las mujeres muertas por violencia, desde el Gobierno miran hacia otro lado.
Ya me gustaría que cada vez que una mujer fuese víctima de violencia las mujeres del
Partido Socialista demostrasen tanta sensibilidad como han demostrado esta tarde. El Grupo Parlamentario Popular reclama que el Gobierno sea implacable en la lucha contra la violencia de género e impulse las medidas necesarias. La resignación del
Gobierno y su rechazo a nuevas medidas es el peor mensaje que se pueda lanzar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Señor Caldera, este Gobierno no tiene voluntad política de que esta ley funcione; su esfuerzo se limita a sacar adelante
leyes y luego no las desarrollan -eso sí, conseguirá la aprobación y la foto; lo más importante-; ya no les sirven para nada más, se olvidan de ellas y de su debido desarrollo. Las leyes, señor Caldera, no sirven para nada si no se ponen los
medios, los recursos y las infraestructuras necesarias para desarrollarlas. En la lucha contra la violencia han tenido ustedes una política poco seria, poco comprometida; han defraudado las expectativas de las mujeres (Protestas.), de las víctimas
y a estas alturas ya nadie les cree. Tenemos una ley que es de todos, pero no podemos conformarnos. Debemos seguir trabajando, debemos redoblar esfuerzos y seguir buscando soluciones a este grave problema y a todos los problemas que afectan de
verdad a las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Camarero.
Finalizaremos con el turno de dúplica del señor ministro. Cuando quiera, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías. Señora Cunillera, silencio por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Me hubiera gustado escuchar... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor ministro.
Por favor, señorías, quedan cinco minutos de interpelación, vamos a acabarla tranquilamente. Adelante, señor ministro, lo vamos a intentar de nuevo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Decía que me hubiera gustado escuchar alguna de esas soluciones que la señora diputada no aporta. Lo único que le interesa, como dije al principio, no es defender los derechos de la mujer sino atacar ahora a las organizaciones de mujeres
diciendo que el Gobierno las engaña. Créame si le digo que en el proceso de diálogo y negociación de las normas con las asociaciones de mujeres éstas muestran una gran inteligencia y una dureza negociadora, como debe ser, muy importante. No creo
en la capacidad del Gobierno para engañarlas. Ese es un comentario despectivo que deberían ustedes retirar. (Aplausos.) Las asociaciones de mujeres representan al movimiento organizado que ha sensibilizado a la sociedad española en relación con el
fenómeno de la violencia, igual que ocurre con la situación de los pueblos y de las mujeres oprimidas, especialmente en África. ¿Incrementar la ayuda al desarrollo -ahora que está aquí el señor vicepresidente- en más de un 40 por ciento es
propaganda? (Rumores.) ¿Comprometerse con los que sufren y con los que pasan necesidades es propaganda? ¿Ese es su concepto de la política?
En todo caso, quiero que sepan ustedes que, como les decía antes, las medidas que está desarrollando el Gobierno son amplias y profundas; que la delegación especial del Gobierno aporta 30 millones de euros para combatir la violencia de
género; que la futura ley de educación tiene ya consignados para el año 2006 cuarenta millones de euros en sus aportaciones para fomentar la lucha contra la violencia hacia la mujer; que en las políticas activas de empleo tenemos 38 millones de
euros destinados a mejorar la situación de estas mujeres y que hemos incrementado la aportación al servicio teleasistencia notablemente en el año 2006, porque esperamos que se reciba una demanda mayor de las 5.000 previstas en este año. Parece que
les molesta a ustedes que vaya subiendo el número de mujeres acogidas al servicio de teleasistencia. Les enviaré los datos concretos a día de ayer para que puedan comprobarlos. El Ministerio de Justicia aporta cerca de 11 millones, por tanto
estamos desarrollando una enorme actividad. Quiero recordarle las palabras de la fiscal Soledad Cazorla en Granada, que deberían hacerles a ustedes reflexionar. A mí ya me han hecho reflexionar hace mucho tiempo, a ustedes veo que no. Si me
preguntaran -dice la fiscal- qué es lo que más me gustaría que consiguiera la sociedad, diría que lo que quiero es que la mujer rompa el cordón umbilical que tiene con el maltratador sobre la base de una perversa relación afectiva y que encuentre
apoyo en todos los que estamos colaborando. Entre los que estamos colaborando deberían estar ustedes, y no están colaborando. (Aplausos.-Rumores.) Están entorpeciendo un día y otro más; también en esto. Me parece lógico el papel de oposición,
¡pero utilizar también en esta materia como arma arrojadiza contra el Gobierno el sufrimiento y la desgracia de miles de mujeres! ¡También en esta materia! (Una señora diputada: Era lo que hacías tú.) No conocen ustedes límite. (Aplausos.
Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Si ayudamos a las mujeres a cortar ese cordón de muerte y maltrato, ese atavismo cultural, económico y social que llega a amordazarlas, habremos conseguido encontrar
el camino de la dignidad de una sociedad que cada vez menos puede tolerar situaciones de privación de libertad derivadas de la ausencia de igualdad real. A ello van encaminadas, señorías, esas normas que usted ha descalificado tan gratuitamente
desde la tribuna, como la futura Ley de Igualdad y la futura Ley de Dependencia, leyes que van a dar a las mujeres españolas más espacio de libertad y de igualdad y que nos van a ayudar a construir nuestro espacio de convivencia.
La necesidad de la ley para combatir la violencia hacia las mujeres no se entiende si se desconoce o no se quiere conocer la realidad de su ámbito de aplicación, la violencia de género. Los primeros pasos de la aplicación de esta ley no
estarán exentos de tropiezos y de ellos se aprenderá para mejorarla, no bastará por sí misma para alcanzar plenamente el objetivo propuesto. Tampoco el Código Penal, que se aproxima al bicentenario, ha conseguido erradicar los delitos y no por ello
deja de ser necesario. ¿Saben quién escribía estas palabras? No son mías, están escritas en el libro Una juez ante al maltrato, de doña Raimunda de Peñafort Llorente, titular del Juzgado número 1 de Madrid de Violencia sobre la Mujer; palabras
que nos obligan a implicarnos de lleno, independientemente del lugar social o político que ocupemos, en el empeño de manifestar a todas las mujeres y a todos los hombres que solo en igualdad es posible reivindicar nuestra condición humana, y eso se
puede hacer desde el Gobierno y desde la oposición, cooperando y no poniendo obstáculos en la lucha a favor de las mujeres como hacen ustedes. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR LAS RIADAS DE 1987 POR PARTE DEL ICO. (Número de expediente 172/000170.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con el punto 34 del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos
concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO. (Rumores.) Señorías, por favor, silencio.
Para realizar esta interpelación al vicepresidente segundo y ministro de Economía tiene la palabra el señor Cerdà por 12 minutos.
Adelante, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el tema que nos trae hoy aquí es sangrante para nosotros, tiene muchas raíces y además, nunca mejor dicho, llueve sobre mojado. Después de 20 años es una de las cuestiones que aún se arrastran por aquello de lo que
a veces los valencianos consideramos que es un trato habitualmente discriminatorio. Usted sabe que en el año 1988 hubo lo que se llama...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe un momento, señor Cerdà, perdone. Por favor, ¿alguna diputada del Grupo Popular podría despegar una pegatina que está en este caso dañando el mobiliario? Me parece que es lo mínimo
que hay que hacer por respeto en este caso por la casa. (Pausa.) Gracias, señora Camarero.
Continúe, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Decía que es una historia triste para muchos valencianos, para comarcas como el Bajo Segura, como Vinalopó, también para zonas de Lleida y de Murcia, pero sobre todo para la comarca de la Ribera del País Valenciano
-por la que tengo un especial cariño porque nací cerca de allí-, especialmente castigada por muchas cosas. Decía que es conocido de todos que en el año 1982 hubo la famosa pantanada de Tous, con muchos años de juicios y muchas cargas para mucha
gente; muchos perdieron su pequeña empresa, su campo, su casa y estuvieron durante mucho tiempo litigando con la Administración. Es la historia de mucha gente humilde que lo perdió todo en una catástrofe natural y que 20 años después aún está
litigando, aún está discutiendo con una Administración que no le hace caso. Esto redunda en el carácter un poco anarquista o libertario de los valencianos ya que pase el gobierno que pase los problemas siguen estando. Esa es también la historia de
un cierto despropósito de las diferentes administraciones que ha habido en el Gobierno del Estado. El ICO en 1982 ofrece una serie de préstamos, pero en 1987 vuelve a haber riadas y muchos de los afectados de 1982 vuelven a verse inmersos en ellas,
y eso supone deudas añadidas como consecuencia de las que habían adquirido ya con la pantanada de 1982. El ICO sabe que muchos de los préstamos de 1987 son para cubrir los de 1982 -créditos gestionados en aquel momento por lo que fue banca pública,
como el Crédito Agrícola, de titularidad estatal-, con arreglo al Decreto 4/1987, de 13 de noviembre, por el que se concedían esta serie de ayudas. En aquel momento se dieron más de 50.000 créditos, cifra suficientemente ilustrativa para saber cuál
fue la magnitud de la tragedia de aquellas inundaciones, para saber que repercutió y que percutió de una manera contundente sobre la vida de una de las zonas neurálgicas del País Valenciano. En aquel momento mucha gente, la mayoría, fue
devolviendo, como es normal en estos casos, los créditos conforme se los iban reclamando, pero en un momento determinado las mismas organizaciones crediticias que dieron los créditos -que sufrieron toda una serie de avatares, de concentración
bancaria, que fueron absorbidas por otras bancas, como el BBVA o Argentaria- dejaron de reclamar los importes.
Muchas de esas familias, que no la mayoría, se vieron influidas incluso por las prédicas en aquellos momentos de muchos de los alcaldes
-algunos del Grupo Socialista- que hacían correr la consideración de que aquello ya no se iba a devolver, que eran ayudas, como hemos visto que se ha hecho en Guadalajara debido a los incendios o en El Carmel; ayudas que tenían beneficiarios
directos, la gente más desprotegida de estas zonas, habitualmente agrícolas.
Fue en los años noventa, con el Gobierno de Felipe González, cuando se privatizaron tres de los bancos que habían concedido esos créditos: el Banco Hipotecario, el Banco Industrial y el Banco Agrícola. Estos bancos y las cajas rurales
habían dado muchos de los créditos. Esas mismas cajas una vez consultadas saben perfectamente que la mayoría de los peticionarios de los créditos no se habían negado nunca a pagar, sino que sencillamente en muchos casos -así lo afirman algunas
sentencias judiciales- se habían dejado de reclamar. Es en 1993 cuando un Gobierno, por cierto del PP, decide que se van a condonar los intereses de demora hasta la fecha y da un plazo de un año para que la gente se pueda acoger a esta moratoria de
intereses de demora de un 20 por ciento; solo había que pagar un 20 por ciento. A partir de ese plazo, de esa fecha, 29 de septiembre de 2001, el BBVA podría actuar, y de hecho actuó; actuó con demandas, con embargos, que después fueron
inhabilitados por una sentencia del Tribunal de Orihuela en la que se decía que, aun siendo el gestor de las deudas de las anteriores entidades crediticias, el BBVA no estaba autorizado a reclamar esos créditos porque no los había concedido.
Sencillamente eran deudas heredadas que en ningún caso podía reclamar el BBVA, con lo cual fue el ICO, a instancias del Gobierno, quien tuvo que reclamarlo. Por tanto, nos encontramos con que para muchos de los afectados que empezaron a litigar
contra el BBVA
ganar esta sentencia implicaba que debían pagar hasta el año 2001 ó 2002 el 20 por ciento de los intereses de demora; perder implicaba que tenían que pagar el 80 por ciento o la totalidad de los intereses de demora. La condonación se hizo
pública, pero solo a través del BOE; no hubo una información directa a los afectados, no hubo una información a la gente que había pedido esos créditos y que podía verse beneficiada por la condonación. Así -esta cifra debía dar alguna luz al
respecto-, solo el 20 por ciento de unas 7.000 personas o familias, que era el número de afectados en aquel momento, se acogió a las medidas de condonación. Hacia falta una información directa -así lo dicen también otras sentencias, sobre las que
después seguramente podremos hablar-, porque hubieran tenido la oportunidad de acogerse a estas medidas de condonación que, como ya he dicho, eran del 20 por ciento.
A partir de ahí se empieza a reclamar los créditos. Con este nuevo Gobierno se sigue con la misma política, y es este grupo parlamentario el que en septiembre de 2004 mediante una proposición no de ley insta al Gobierno a que condone los
créditos del año 1987 y del año 1982. Si no recuerdo mal, después presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, negociada entre el señor Torres y yo, que retiramos en favor de una proposición no de ley conjunta -que nunca tuvo
lugar- en el mismo sentido, aceptando que los créditos de 1982 se iban a condonar y que los de 1987 iban a continuar. A esto le siguen unas declaraciones suyas, señor Torres, y también del director del ICO, en las que se dice que por justicia
social estos créditos se tienen que perdonar porque son comparativamente onerosos para la gente que queda por pagar. Había mucha gente que se había acogido a la condonación del 20 por ciento. Cuando empiezan a reclamarse por vía judicial todos los
créditos, hay muchas sentencias que son exoneratorias, que por una parte son condenatorias del ICO, y otras exoneran del pago de los intereses y de los intereses de demora. En función del territorio o incluso del juzgado en que le toque a cada uno
ser juzgado por este crédito se recibe un trato u otro. Por eso, aquella posición de la que ustedes hablaban, según la cual iban a hacerlo para todo el mundo igual e iban a tener que pagar todos -que es la posición que han mantenido ustedes hasta
ahora-, porque así todos estarían igual y nadie se sentiría discriminado, ya no es cierta, porque hay gente que ha pagado, gente que no ha pagado, gente que ha pagado los intereses de demora, gente que no ha pagado los intereses de demora, gente que
ha pagado los intereses, los intereses de demora y el crédito oficial, y además gente que ha pagado incluso las costas, sin embargo otros no han pagado nada de esto. Por tanto, no hay un trato exactamente igual. Además, hay sentencias, algunas muy
serias -si tengo oportunidad, aunque creo que ahora no, me gustaría pasarle algunas de ellas-, que dicen que hay mala fe si un banco pide unos intereses de demora cuando, primero, no es el que ha generado la deuda y, segundo, cuando ha pasado un
tiempo en el que ese banco no ha reclamado ninguna de las cantidades a satisfacer en esos momentos.
A esa proposición no de ley le siguió otra presentada en solitario; también hubo una segunda enmienda a los presupuestos -que efectivamente ya no se rechazó-; hubo otra proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida y finalmente una
proposición no de ley en la que sencillamente se pide lo que pedían muchos de sus ayuntamientos -ayuntamientos socialistas, ayuntamientos valencianos y mancomunidades de municipios-: que ustedes se sienten con los afectados que quedan en estos
momentos y busquen una salida negociada, porque de hecho ya hay trato discriminatorio. En la misma asociación de afectados hay gente que ha pagado, gente que no ha pagado, gente que ha pagado el capital, gente que ha pagado el capital más los
intereses y gente que ha pagado los intereses y los intereses de demora; lo ha pagado. Hay variedad, y esto no solamente en la comarca de La Ribera sino que aparece en Murcia y Lleida. Luego, en función del territorio y del juzgado no hay una
misma orientación, por tanto hay un trato discriminatorio y mala fe de la banca. No entiendo -esa sí es nuestra pregunta- que, si el ICO se ha hecho cargo muchas veces de créditos como el de la PSV o del 80 por ciento de la condonación de la deuda
de Isla Mágica, un gobierno progresista como el que tenemos en estos momentos -al que hemos dado nuestro apoyo y se lo seguiremos dando en muchos casos- se embarca en esta historia, cuando ustedes mismos durante bastante tiempo dijeron que era por
justicia social. ¿Sabe qué me pasa? Soy de un barrio que se llama el barrio de las casas baratas de Canals y al final me da la sensación de que en este como en otros temas acabamos siempre pagando los mismos. Me parece que un gobierno progresista
y que se jacta de ello tendría que tener otra política con esta gente y con estos créditos, que efectivamente después de 20 años ya tendrían que estar liquidados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cerdà.
Para responder a esta interpelación tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría, por su interpelación.
Voy a intentar aclarar algunas ideas y algunos conceptos para entender bien de qué estamos tratando, porque estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, y todo ello con un tema previo: los gobiernos no pueden hacer lo que quieren,
pueden hacer lo que legalmente están autorizados para hacer. Eso significa que aun pudiendo tener buena voluntad para resolver algunos problemas hay cosas que no se pueden plantear, por lo menos tal y como yo las he oído esta tarde.
Entre 1982 y 1989 es verdad que se aprobaron una serie de decretos-leyes para paliar las consecuencias de inundaciones producidas en distintos momentos de ese periodo. Entre las medidas adoptadas se encuentra la concesión de créditos en
unas condiciones especiales; créditos que no equivalen a donaciones, y este es un punto fundamental. Tous es un problema aparte, lo sabemos porque sí hay un elemento de posible responsabilidad estatal como consecuencia de la rotura de la presa.
En la actualidad existen en la cartera del ICO créditos excepcionales instrumentados, entre otras razones, a consecuencia de las inundaciones ocurridas en el citado periodo. La cartera de prestados por inundaciones, como bien ha señalado, fue
concedida en su momento por bancos oficiales.
Cuando Argentaria se integra en el BBVA se transfiere la misma al Instituto de Crédito Oficial en 1993 y, dado el número de préstamos objeto de traspaso y la ausencia de medios humanos precisos para
gestionarlos, el propio ICO suscribe un acuerdo con los bancos para que su administración y su gestión se realice por aquellos bancos hoy integrados en el BBVA; se hace por cuenta del ICO, no es que el BBVA lo haga como tal BBVA, sino que en cierta
medida es la oficina del ICO a estos efectos. De acuerdo con el citado acuerdo se traspasaron en torno a 73.000 operaciones de estos créditos excepcionales. Las labores de recuperación de esta cartera han venido siendo desarrolladas de forma
continuada desde su formalización tanto por las entidades oficiales de crédito como por el ICO una vez asumida la propiedad de la cartera.
Dichas labores, realizadas en el ámbito prejudicial por la iniciación de los correspondientes procedimientos
de reclamación de deudas a través de los juzgados, se traducen en una continua y progresiva disminución de las operaciones pendientes de pago, de forma que en el año 1999 quedaban pendientes 18.000 operaciones de las 70.000 a las que he hecho
referencia anteriormente.
Respecto a los créditos de las inundaciones del año 1987, que es el tema específico de su interpelación, para promover medidas que facilitaran su recuperación la comisión delegada del Gobierno en el año 1999 instruye al ICO para que proceda
a la condonación del 80 por ciento de los intereses de demora existentes en el momento, siempre que el titular cancele los demás conceptos de deuda que integran el saldo de estas cuentas, y para esta operación se establece un plazo máximo de nueve
meses a contar desde la fecha de la operación hasta la fecha del acuerdo. Posteriormente dicho plazo se amplía en un año adicional, por tanto un año y nueve meses, por un nuevo acuerdo del mes de noviembre del año 2000, de forma que el plazo máximo
para acceder a la condonación de estos intereses del 80 por ciento se extingue el 21 de septiembre de 2001. ¿Se enteró o no se enteró la gente? Es verdad que este es un tema del que, como ahora verá, mucha gente sí se enteró. Agotado el plazo,
que, como se ha mencionado, fue de casi dos años, se autorizaba al ICO a ejercitar cuantas acciones estimara pertinentes para el recobro de los créditos pendientes. La medida de condonación -vuelvo al tema de si se enteró o no se enteró la gente-
fue informada a cada uno de los titulares y avalistas de créditos mediante escritos remitidos por el banco BBVA en fechas de marzo y julio de 2000 y en febrero de 2001. Con el fin de ampliar la difusión también se publicaron en el BOE el 3 de marzo
de 2000 y el 10 de febrero de 2001 y se incorporaron referencias en la página web del Instituto de Crédito Oficial -me dirá S.S. que los agricultores no suelen acceder a las páginas web, pero se introdujo también esta posibilidad, y hubo gente que
pudo entrar en la misma- y se dio traslado a los titulares del contenido del acuerdo por asociaciones agrarias y diarios de ámbito local. Por tanto, existía suficiente conocimiento por todo el mundo de lo que se hizo. En consecuencia, hubo plazo y
publicidad suficientes de una medida que -no debe olvidarse- tiene ya un carácter excepcional, dada la naturaleza de las operaciones de crédito que se conceden en determinadas condiciones de reembolso, que evidentemente ya eran muy ventajosas, según
las características de las operaciones por las cuales se concede, y entre las que se incluyen los intereses de demora.
En el periodo de acceso a la condonación se benefician unos 2.700 titulares, lo que representa prácticamente casi un 19 por ciento del total de operaciones susceptibles de acceso a dicha medida. El restante 80 por ciento, que no había
cumplido con sus obligaciones de reembolso de principal más intereses, evidentemente no se acogió a este beneficio excepcional. Desde el año 2000, y finalizados los plazos -no es que se intente recuperar en un periodo sí y en otro no, sino que hay
una lógica de recuperación que tiene mucho que ver con la vigencia de los periodos para poder acceder a la condonación-, lo que se produce, repito, desde el año 2002, finalizados los periodos y de acuerdo con las instrucciones del Gobierno en su
momento, es que el ICO reanuda las labores de recuperación. Durante esta tarea se han producido distintos pronunciamientos judiciales, sobre los que no voy a hacer ninguna valoración no solo por la diversidad de supuestos de hecho, sino por respeto
a la independencia también del Poder Judicial. A 28 de febrero de 2006, prácticamente en estos momentos, el número total de operaciones pendientes de devolución se sitúa en torno al 7 por ciento de las operaciones que resultaron traspasadas al ICO
en enero del año 1993, de las cuales 2.164 corresponden a las inundaciones del año 1987.
A la vista de los datos que le he ido ofreciendo -y de forma coherente con la información de la que ya dispone S.S., derivada de las distintas iniciativas parlamentarias en la materia- podríamos hacer las siguientes consideraciones.
Primero, la adopción de una nueva medida de condonación sería injusta y discriminatoria por la gran cantidad de titulares que ya han pagado las deudas derivadas de estos préstamos, bien por haber atendido sus compromisos de pago de manera puntual,
bien como consecuencia de reclamaciones judiciales efectuadas, lo que ha llevado en ocasiones al embargo o subasta de bienes inmuebles, o bien por haber atendido al pago beneficiándose de la posibilidad de condonación aprobada
en el año 1999. De acuerdo con los datos disponibles, los procedimientos de reclamación de deudas iniciados actualmente alcanzan a la práctica totalidad de las operaciones excepcionales pendientes de devolución. Como segunda consideración
señalaría que un nuevo acuerdo de condonación podría impulsar el inicio de reclamaciones para solicitar la devolución de los importes abonados en su día por los titulares en concepto de intereses de demora y conllevaría el grave riesgo de generar
entre los beneficiarios la confianza de que siempre hay nuevas medidas y mejores que las anteriores, con lo que se reduce el interés en aceptar cualquier condonación presupuestaria, y evidentemente se generarían expectativas en los beneficiarios de
operaciones similares. Hay que recordar que el anterior acuerdo de condonación, que como tal tenía ya un carácter muy excepcional, establecía de forma explícita que, agotados los plazos máximos para acceder a la medida ofertada, se autorizaba al
ICO a ejercitar cuantas acciones estimara convenientes para lograr el recobro de la totalidad de los débitos vencidos que integraran el saldo de los créditos, incluidos los intereses de demora, por lo que dicha medida se arbitró como última
posibilidad para acceder a condiciones ventajosas de regularización.
En resumen, por lo que se refiere a las inundaciones de 1987, adoptar una nueva medida de condonación para estos créditos excepcionales no parece adecuado, porque supondría una actuación contradictoria respecto a la condonación que ya tuvo
lugar y que por su propia naturaleza debía tener carácter definitivo. En otro caso se provocaría una situación de desigualdad y trato diferente respecto a los titulares de los préstamos que saldaron sus deudas, cumpliendo los compromisos contraídos
en el contrato de préstamo de forma voluntaria o a través de los procedimientos de ejecución singular que en su momento se plantearon.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Cerdà, tiene S.S. de nuevo la palabra para su turno de réplica tras la contestación a su interpelación del señor vicepresidente segundo y ministro de Economía.
El señor CERDÀ ARGENT: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, si usted quiere podemos hablar de muchas cosas, pero a algún dato tenía usted que hacer caso. De ese ejercicio de explicación a la ciudadanía, en cuanto a los que habían pedido un crédito solo el 18,7 por ciento se enteró de
que podía acogerse a las medidas de condonación.
El dato es suficientemente explicativo para comprobar que no se hizo bien la exposición pública de esa posibilidad de acogerse a un crédito, que usted ha dicho que era extraordinario. No se lo digo
solo por eso. Me gustaría leerle algunas sentencias por eso que usted dice de que, si no, se crearía un trato desigual. Es que en estos momentos ya hay un trato desigual.
Si me lo permite, le voy a leer dos sentencias que dicen cosas contradictorias, por lo que los resultados para unos y para otros son diferentes, lo que se hubiera podido evitar si ustedes de vez en cuando hubieran hecho un poco de caso, si
se hubieran sentado a la mesa y hubieran hablado con las mismas asociaciones. No determino cuál hubiera sido el final, pero sí que en ese momento, con la gente que aún estaba por resolver su situación agobiante, hubiéramos podido llegar a una
solución seguramente negociada para liquidar de una manera razonada, razonable y probablemente justa un problema que tenía arreglo. Le voy a leer una sentencia: Contemplada la relación jurídica desde esa perspectiva, debemos concluir que la
extraordinaria dilación de más de once años en reclamar a los prestatarios el pago de su deuda -el último ingreso lo efectuaron el 23 de enero de 1992-, junto con la desaparición del acreedor originario, la cesión del crédito al ICO y las sucesivas
absorciones bancarias sin comunicación personal ninguna a los deudores, permiten estimar que concurre la falta de buena fe objetiva que hubiera inspirado una actuación diligente en la permanente información a los prestatarios y en la oportuna
reclamación del pago conforme a las pautas habituales del sector bancario. Me parece que ha entendido perfectamente de lo que estamos hablando. Esta es una sentencia firme para unos casos, y se terminó pagando -no me extenderé más- solo y
exclusivamente los costes -el crédito- más los intereses hasta la fecha de devolución normal; es aquello que se había pedido más los intereses razonables, que también se había firmado en el crédito, lo que nos parece razonable.
Ninguna de las
asociaciones, ninguno de los afectados y ninguna de nuestras peticiones iba más allá de esto. Incluso la última, nuestra proposición no de ley, pide sencillamente eso: siéntense ustedes a negociar, tal como habían dicho inicialmente, con los que
quedan afectados y resuelvan un pleito que lleva más de 20 años; no estamos hablando de otra cosa. Entendíamos que en este Gobierno había suficiente sensibilidad como para hacer todo esto.
Le voy a leer otro caso, que sucedió un poco más tarde, que acaba diciendo lo siguiente: En 1987 mi padre -que murió en el año 2001- era propietario de un huerto cerca de la localidad de La Xara, Denia. El mismo resultó afectado por las
inundaciones y solicitó las ayudas públicas que pusieron a disposición de los afectados, a través del Banco de Crédito Oficial, posteriormente absorbido por el Instituto de Crédito Oficial y perteneciente al Grupo Argentaria. En concreto le
facilitaron ayudas a través de un préstamo excepcional por importe de 4 millones. Nuestra sorpresa fue que en el año 2002, transcurridos más de 14 años desde la concesión de ayudas -por tanto, a escasos meses de la prescripción por la Ley de la
Deuda que establece 15 años-, recibimos una notificación, vía telegrama, del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA) reclamando el pago de la deuda. Parece ser que esta entidad financiera estaba gestionando los derechos de cobro cedidos por el ICO;
imaginamos que por la fusión con Argentaria aplicaron
el criterio comercial de recuperación de préstamos morosos, ya que como usted conocerá las recuperaciones se contabilizan directamente como beneficios para la entidad. Seguramente por ahí va la cosa. Tras analizar los riesgos y los
posibles costes en que podríamos incurrir (económicos y judiciales), procedimos al pago de la totalidad del importe reclamado -manteníamos una hipoteca de la vivienda- para que no se pusiera en marcha el proceso de embargo, ya que como usted conoce
es difícil y costoso iniciar un pleito contra cualquier entidad bancaria. Dado que mi madre no tenía capacidad de pago, mi hermano y yo hemos tenido que pagar la totalidad de la deuda solicitando créditos personales para hacer frente a esta deuda.
En este sentido hemos pagado al BBVA los 4.189.000 pesetas que pidieron como crédito, más los intereses, en este caso de demora, que ascienden a 6.851.000; en total, 11 millones de los 4 millones que se habían pedido. Me parece que estas son las
conclusiones a las que tenemos que llegar.
Usted me puede hablar de pautas de legalidad o de lo que usted quiera, pero al final el resultado es que mucha gente, mucha de ella humilde, tiene que pagar exactamente un 164 por ciento más del capital inicial que había pedido, cuando han
pasado muchos años sin que ninguna entidad bancaria reclamara absolutamente nada. Me parece que era un Gobierno de izquierdas, un gobierno progresista el que tenía que haber resuelto este agravio comparativo que ha afectado a mucha gente que es de
su tierra y de la mía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cerdà.
Finalizamos con la dúplica del señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.
El argumento que S.S. me utiliza para decir que solo se enteró el 18,7 por ciento no me parece correcto. Si uno de cada cinco se enteró en una zona relativamente reducida y en pueblos de la misma comarca, no me dirá usted que los otros
cuatro no se enteraron. Los otros cuatro apostaron a no pagar porque consideraban que esa era la mejor opción, a pesar de que fuese un préstamo, y prefirieron jugársela para intentar buscar una solución mejor posteriormente. ¿Que hay situaciones
distintas? Muy distintas, porque también los casos de las inundaciones son distintos. Es verdad que no tiene nada que ver el problema de Tous, al que antes me he referido, con el problema de los demás. En el caso de Tous hay una moratoria, hay
unas indemnizaciones del Estado, como consecuencia de la ruptura de la presa, y ya hay sentencias del Tribunal Supremo que son muy claras, lo que ha hecho que finalizado todo el proceso judicial se haya podido dar un trato a todos, en tema de
intereses y demoras, parecido o equivalente al que se dio en su día a los que estaban afectados por las otras inundaciones. Al reabrir en este momento el otro tema, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos se apuntarían ahora, el 18,7 de los que
quedan o muchos menos? Si cada equis años volvemos a reabrir el tema, ¿por qué pagar? Aquí estamos entrando en un tema de credibilidad del sistema.
Entiendo esos problemas humanos que usted plantea y los lamento como los lamenta usted, pero hay
un problema en mi opinión mayor. Cuando estamos hablando de la concesión de préstamos con condiciones muy excepcionales; que ya ese préstamo en sí mismo tiene una ventaja importante; que los propios intereses de demora tienen una ventaja muy
sustancial; que no se pagan los intereses ni se paga el préstamo principal; que se recurre ese pago equis años después; que se hace una condonación automática de los intereses de demora al 80 por ciento; que se alarga el plazo para que pueda ir
más gente, luego, equis años después, resulta que usted me dice: Es que no se han enterado. No; prefirieron no ir y apostar a otra cosa.
Entiendo que puede haber casos como el que usted ha contado absolutamente dignos de ser tomados en
consideración, pero tengo la sensación de que desgraciadamente el problema general no era ese sino otro. Es cierto, como decía antes, que tenemos que aplicar normas de carácter general.
Hemos hecho el máximo que hemos podido, introduciendo la
posibilidad de la condonación de intereses de demora en el caso de Tous, precisamente porque no se aplicó en el modelo anterior porque existía la moratoria y solo ahora tiene sentido. Eso es lo que se ha hecho siguiendo un poco lo que ustedes
debatieron en el Parlamento, de acuerdo con el margen de maniobra del que actualmente disponemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente, muchas gracias, señoras y señores diputados.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.