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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 157, de 02/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 157
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 146
celebrada el jueves, 2 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 67-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000067.) ...
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7846)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público ... (Página 7846)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público.
Explica que el proyecto
de ley que tiene el honor de presentar pretende adecuar un instrumento de la política económica del Gobierno, la SEPI, a su nueva situación económica y financiera. Hace una referencia al origen de la sociedad y al contexto económico y financiero en
este momento de la misma. El proyecto de ley que hoy se presenta pretende la modificación del régimen patrimonial de SEPI contenido en la citada Ley 5/1996, a través fundamentalmente de dos medidas. En primer lugar permitir que SEPI se financie
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, suprimiendo, por tanto, la prohibición legal de recibir aportaciones y garantías del Estado. En segundo lugar, eliminar la exigencia de una cifra de fondos propios mínimos. La primera modificación
responde a la constatación de que SEPI no puede mantener en el futuro su actual esquema de financiación a través de los ingresos procedentes de las ventas de sus participadas, pero responde también al objetivo de dotar de la mayor transparencia la
utilización de recursos públicos para el desarrollo de las actividades empresariales por parte del Estado. Hace un repaso exhaustivo de ambas medidas y finaliza señalando que espera que el debate de hoy conduzca a que la Cámara apoye la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas intervienen los señores Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds ; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Para turno de réplica pide la palabra el señor Castelló Boronat, que no le es concedida por no proceder este turno.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público, se rechazan por 128 a favor, 167 en contra y siete abstenciones.
Se levanta la sesión a las diez y veinticinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1996, DE 10 DE ENERO, DE CREACIÓN DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000067.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público. Para la presentación del proyecto por parte del
Gobierno tiene la palabra su vicepresidente segundo, señor Solbes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que tengo el honor de presentar ante SS.SS.
pretende adecuar un instrumento de la política económica del Gobierno, la SEPI, a su nueva situación económica y financiera. En el texto se introducen algunos cambios
para que la SEPI pueda cumplir las funciones para las que fue creada y cuya continuidad estimamos necesaria. Comenzaré mi intervención con una breve referencia al origen de la sociedad y al contexto económico y financiero de este momento.
SEPI se crea mediante la Ley 5/1996, de 10 de enero, y con ello se inició una nueva etapa en el proceso de reestructuración o de estructuración del sector
público empresarial. Por esta norma se dotaba a la SEPI de autonomía financiera basada en que las sociedades participadas no requerían de forma reiterada el apoyo del propietario y que en su mayor parte eran rentables, competitivas en el
mercado y repartían dividendos entre los accionistas, en algunos casos importantes. Por otra parte, las empresas no rentables no se integraron en la SEPI sino que se hicieron depender de la Agencia Industrial del Estado, también creada en aquella
ley y que recibía los fondos directamente de los Presupuestos Generales del Estado.
En este contexto era perfectamente válido el régimen de autonomía financiera.
A raíz del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se establecen las bases del programa de modernización del sector público empresarial del Estado, se constituye un agente gestor de los procesos de privatización y
tras la supresión de la Agencia Industrial del Estado mediante Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, asume también los costes derivados de la reestructuración industrial hasta entonces sufragados por el Estado en relación con las empresas
deficitarias dependientes de la Agencia Industrial del Estado. Con el fin de que determinadas aportaciones a empresas no rentables quedaran excluidas del cómputo de déficit público, SEPI, en vez de reintegrar al Estado los fondos obtenidos de las
privatizaciones para que este realizara las aportaciones a las empresas, procedió a cubrir directamente los desequilibrios de las empresas no rentables de acuerdo con las instrucciones del Gobierno. Este sistema ha funcionado bien mientras SEPI
tuvo en su cartera empresas privatizables rentables. En la actualidad el programa de privatizaciones prácticamente ha concluido y la mayoría de las empresas que restan en la cartera de SEPI no son susceptibles de privatización. Por tanto, hoy no
dispone de activos suficientes para poder cubrir los compromisos a contraer en el futuro en las empresas en proceso de reconversión.
La modificación legislativa que hoy se propone a esta Cámara responde fundamentalmente a la conveniencia de adecuar el régimen financiero de SEPI a su actual configuración y necesidades, pero manteniendo tanto su carácter de holding, que
aporta una visión estratégica y maximiza desde una óptica empresarial el resultado global de sus participadas, como su papel de agente privatizador, si bien este último con una importancia secundaria dada su actual cartera. En esta línea el
proyecto de ley que hoy presento a SS.SS. pretende la modificación del régimen patrimonial de SEPI contenido en la citada Ley 5/1996, a través fundamentalmente de dos medidas: en primer lugar, permitir que SEPI se financie con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado suprimiendo, por tanto, la prohibición legal de recibir aportaciones y garantías del Estado; en segundo lugar, eliminar la exigencia de una cifra de fondos propios mínimos. La primera modificación que he señalado
responde a la constatación de que SEPI no puede mantener en el futuro su actual esquema de financiación con los ingresos procedentes de las ventas de sus participadas, pero responde también al objetivo de dotar de la mayor transparencia la
utilización de recursos públicos para el desarrollo de las actividades empresariales por parte del Estado. Me permitirán que me extienda en algunas consideraciones sobre ambos aspectos.
Como SS.SS. conocen, los distintos procesos de reestructuración emprendidos por SEPI en sectores como la construcción naval o la minería del carbón van a requerir en los próximos años importantes dotaciones para asegurar su financiación.
Esta tarea, vital para asegurar la modernización y mejorar la competitividad de las empresas que desarrollan estas actividades en un entorno crecientemente exigente, no puede cubrirse con los recursos patrimoniales con los que hoy cuenta la
sociedad. SEPI, creada en su momento para ostentar la titularidad de las empresas más rentables, guarda en la actualidad rasgos mucho más similares a lo que fue la Agencia Industrial del Estado. El recurso a los Presupuestos Generales del Estado
como fuente de financiación no implica en modo alguno un debilitamiento del principio rector de autonomía de gestión que guía la actuación de SEPI, antes al contrario, introduce una disciplina adicional en la óptima utilización de los recursos
públicos, ya que el destino de los fondos obtenidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado está sometido a un mayor grado de control, y las eventuales necesidades netas de financiación serán objeto de la debida valoración tanto por el
Ejecutivo a la hora de proponerlas como por el Legislativo a la hora de autorizarlas. Por otra parte, como he mencionado, la consignación de financiación en los Presupuestos Generales del Estado supone dotar de transparencia a tales recursos, ya
que los ciudadanos pueden conocer los costes que implica el desarrollo de esta actividad pública empresarial. Adicionalmente he de señalar que la desaparición del principio de autonomía financiera de SEPI no genera un incentivo a la gestión
ineficiente y antieconómica, ya que la gestión de los recursos es independiente del origen de los mismos. Por estas razones no puedo compartir el criterio de que la autosuficiencia financiera conduzca necesariamente a una mejor asignación de
recursos que, en última instancia, son públicos. Los recursos obtenidos de privatizaciones también eran públicos, aunque no figuraran como aportaciones del presupuesto del Estado a la SEPI. Señalar en este contexto que la reforma abre la puerta a
un incremento del déficit público constituye, en mi opinión, un temor infundado. Recordemos que las actuales normas sobre contabilidad nacional exigen desde el año 2002 computar como déficit público las aportaciones de SEPI a sus empresas
deficitarias, incluso cuando se trate de fondos extrapresupuestarios. Si el Estado hace frente a tales necesidades, resulta irrelevante que lo instrumente a través de presupuesto o de fondos de una entidad pública. Todas las aportaciones
que SEPI realiza a sus empresas en reestructuración han computado, y así va a seguir haciéndose, en los últimos ejercicios a efectos de déficit público y este será el sistema normal para el futuro.
La financiación vía Presupuestos Generales del Estado a la que he estado haciendo referencia conduce a la segunda medida que he destacado al principio, es decir, la eliminación de la exigencia de unos fondos propios mínimos. Este requisito
tenía su razón de ser en la anterior desvinculación de los Presupuestos Generales del Estado como garantía frente a terceros sobre el cumplimiento de obligaciones del ente.
Adicionalmente, el mantenimiento de este límite obligaría al Estado a
realizar aportaciones superiores a las necesidades reales de tesorería y, por tanto, a mantener recursos ociosos.
Estos son en conjunto los motivos que, recogidos en la memoria económica, justifican la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto de ley según la cual, transcurridos ocho años desde la última norma citada, la Ley 5/1996,
SEPI ha entrado en una nueva etapa empresarial en la que el principio de autonomía financiera ya no puede ser mantenido. Por todo ello, espero que el resultado del debate de hoy conduzca a que SS.SS. apoyen la continuación de la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley que acabo de presentar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Pasamos a continuación al turno a favor de las enmiendas presentadas. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda de totalidad presentada por mi grupo al proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de
entidades de derecho público. El proyecto de ley que nos ocupa es una prueba más de no solamente el talante del Gobierno, sino de lo que realmente está haciendo el Gobierno Socialista, el Ejecutivo del señor Zapatero, incluso de la falta de
coherencia que el Ejecutivo tiene, sobre todo en estos últimos tiempos; de la contradicción entre el discurso teórico, especialmente de su vicepresidente, y la realidad de los hechos; de la divergencia entre lo que se suponía en el señor Solbes,
como vicepresidente económico, con su experiencia, con su acreditada moderación como comisario, orientado por las directrices de las políticas de la Unión Europea, y las decisiones que viene tomando el Ejecutivo y que tienen un claro efecto negativo
en todo el ámbito económico del Gobierno; de lo que esperábamos que fuera la consolidación de un marco económico en sintonía con la Unión Europea, de marcado carácter liberalizador, de defensa de la competencia, de respeto de la seguridad jurídica
de las reglas del mercado, de reducción del sector público, del control del déficit, de la estabilidad presupuestaria frente a la realidad de los hechos de lo que está haciendo este Gobierno: intervencionismo gubernamental, proteccionismo y vuelta
a los años ochenta y primeros noventa cuando los Presupuestos Generales del Estado pagaban la mala gestión de los gobiernos socialistas.
Señorías, no solo hemos sido el hazmerreír del mundo occidental en política exterior gracias a los desatinos del ministro de Asuntos Exteriores y a las nuevas amistades y enemistades del señor Rodríguez Zapatero, sino que ahora empezamos
también a serlo, por desgracia, en materia económica -y esa, señor vicepresidente, es su responsabilidad- por ese intervencionismo, por el inaudito proteccionismo trasnochado y la utilización torticera y parcial de la acción de Gobierno, con enorme
trascendencia en ese ámbito económico, tanto en el caso que nos ocupa como, muy especialmente, en el sector energético, en el que también tienen una gran influencia esas responsabilidades que tiene usted como vicepresidente del Gobierno; un sector
que está viviendo momentos muy complicados, especialmente por todo lo relacionado con la OPA, que nos ocupa y que nos preocupa muchísimo a todos y que lo tiene a usted, señor vicepresidente, totalmente descolocado y que, según nuestro criterio, nos
está alejando claramente de Europa e incluso puede provocar un nada deseable enfrentamiento con las autoridades comunitarias; es decir, una clara deriva que nos puede alejar de la convergencia con la Unión Europea, un asunto de enorme trascendencia
y, en cualquier caso, de impredecibles consecuencias para España en estos momentos.
Señor Solbes, lo sabe usted que entiende de esto: están dilapidando la merecida y excelente reputación económica que teníamos por la seguridad, la confianza y la coherencia en las decisiones de política económica y el respeto internacional
que nos habíamos ganado en los últimos años con el esfuerzo de todos, pero fundamentalmente por el rigor y la seriedad de los anteriores gobiernos del Partido Popular en el ámbito económico.
Mientras tanto, usted asiste como convidado de piedra,
ausente y aparentemente sin mando en la plaza económica que se vea, soportando que el señor Zapatero y el señor Montilla hagan y deshagan, con el señor Sebastián entre bambalinas, sin importarles echar por la borda el prestigio de España, la opinión
y el criterio de la Unión Europea, arrollando al Tribunal de Defensa de la Competencia, destrozando la credibilidad de los organismos reguladores, cambiando las normas a su antojo en plenos procesos empresariales e imponiendo una baraja con las
cartas marcadas, como los más avispados jugadores de ventaja de una novela de Marcial Lafuente Estefanía.
Señor Solbes, ¿qué hace usted entre tan ilustres manipuladores? Podría aprovechar la ocasión y decirnos qué opina de las declaraciones y de las advertencias del presidente de la Comisión Europea, el señor
Durão Barroso, respaldadas por el señor Almunia, sobre el proteccionismo; o de las de aquellos que opinan en Bruselas que el señor Zapatero está más cerca de la línea del señor Chávez que de la de un presidente de un país de la Unión
Europea; o de los informes de los grandes bancos de inversión que hoy hemos conocido por la prensa. Señor Solbes, solamente tiene dos alternativas, poner orden y parar la deriva que en el ámbito económico se está produciendo o dejar el Gobierno.
Señor Solbes, una dimisión a tiempo puede ser una gran decisión.
Como decía al principio, este proyecto de ley no está en la línea que se esperaba del Ejecutivo español o, cuando menos, que esperábamos de usted.
Señorías, el proyecto de ley que hoy nos ocupa pretende modificar radicalmente y de forma
sustantiva el régimen jurídico y patrimonial de la SEPI. Estamos ante un cambio de rumbo en la institución, con el que nuestro grupo parlamentario está en total desacuerdo, y por eso la enmienda de totalidad al proyecto de ley. Y no podemos entrar
en lo que supone para el futuro este proyecto de ley sin hacer previamente una breve valoración de ese modelo que se pretende liquidar y que, a nuestro juicio, ha dado unos excelentes resultados y podría continuar dándolos.
En 1996 la SEPI recibe el encargo de realizar un ambicioso programa de privatizaciones de empresas públicas al amparo del programa de modernización del sector público empresarial del Estado -como ha dicho el vicepresidente en la presentación
del proyecto de ley- y dentro de la nueva política económica del Gobierno del presidente Aznar, cuyo objetivo central era sentar las bases que facilitaran un crecimiento sostenido de la economía a medio y largo plazo y modernizar esa economía
española, que en aquellos momentos todos recordarán que estaba en muy mal estado por la herencia que habíamos recibido de los socialistas, objetivos indiscutiblemente alcanzados y de cuyos efectos y de cuyas rentas aún vive este Gobierno después de
dos años. Cumpliendo con ese mandato del Gobierno SEPI privatizó durante el periodo 1996-2004 alrededor de 50 empresas públicas con un balance claramente positivo. A fin de evitar los errores previos al año 1996, se diseña un método en el que se
adoptan los principios de publicidad, de concurrencia y de transparencia y se diseña un procedimiento que combinaba eficacia, garantías y control. Se separó la gestión de las compañías de la gestión de la venta, realizando valoraciones
independientes de las empresas a privatizar, combinando los controles anti y posventa, y sus efectos están bien patentes: todas las sociedades privatizadas siguen vivas y su evolución ahora en el sector privado está siendo satisfactoria para la
economía española, ya que globalmente consideradas han aumentado un 40 por ciento su facturación anual, un 20 por ciento su inversión anual y un 10 por ciento el número de empleados. En términos financieros se obtuvo un precio neto de unos 19.000
millones de euros, que se emplearon básicamente para pagar obligaciones anteriores al año 1996: deuda histórica del INI, externalización de compromisos laborales -un 50 por ciento-, reestructurar empresas y cubrir pérdidas -un 28 por ciento-,
aumentar los propios activos de SEPI -un 12 por ciento- y pagar dividendos al Estado -un 4 por ciento-. Se realizaron reestructuraciones empresariales en las sociedades no privatizables mejorando sus cuentas de resultados reduciendo las pérdidas en
las deficitarias y aumentando los beneficios en las rentables. Durante ese periodo el Gobierno fue asignando a la SEPI empresas públicas que estaban en la órbita de la Dirección General de Patrimonio para sustituir a esta por un accionista más
activo que incorporaba más experiencia y mayor capacidad de gestión, dirección y coordinación. Son los casos, por ejemplo, de Trasmediterránea, Cetarsa, Tragsa o de Mercasa. A su vez, la SEPI también desarrolló un innovador plan de promoción
empresarial para propiciar la realización de iniciativas empresariales privadas y se puso en marcha la construcción de 27 parques empresariales, con una superficie de 26 millones de metros cuadrados y una inversión pública recuperable de 763
millones de euros, con una inversión inducida, privada, de más de 7.000 millones de euros y 53.000 empleos, participando también de forma transitoria, a través de Sepides, en más de 400 proyectos empresariales con una inversión pública de 160
millones de euros recuperables, una inversión privada inducida de 1.800 millones de euros y 15.000 empleos.
En definitiva, este dinamismo de la SEPI en su triple faceta de agente privatizador, de gestor de empresas y de impulsor de iniciativas privadas ha contribuido a esa evolución positiva de la economía española que ha vivido la mejor década de
su historia, porque además de sanear las cuentas públicas ha crecido a un ritmo alto y continuado aumentando el nivel de empleo en más de un 50 por ciento. Este modelo es el que hoy se pretende liquidar. Pretenden liquidar un modelo que está en la
línea de la política económica, que ha dado muy buenos resultados y que también está en sintonía con lo que se quiere en la Unión Europea. Nos traen este texto que es sin duda una vuelta al pasado, a los años en que los Presupuestos Generales del
Estado tenían que soportar el despilfarro y la mala gestión de los gobiernos socialistas. Volvemos a tener que pagar entre todos los caprichos de los gobiernos socialistas. Con este proyecto de ley se paraliza el proceso de privatizaciones, se
frena la migración de empresas públicas hacia la SEPI y se ralentiza el proceso de promoción empresarial de la SEPI. Es decir, el señor Solbes -no sé si por convencimiento o por imposición- renuncia a las enormes potencialidades que tiene la SEPI y
que ha demostrado como agente económico del Gobierno.
¿Señor Solbes, cree usted en esto o se lo han impuesto? Si se lo han impuesto, ¿quién ha sido? ¿Sus socios parlamentarios o ese perverso trío que conforman el señor Zapatero, el señor
Sebastián y el señor Montilla, que maquinan, que
amenazan, que toman decisiones con evidente repercusión económica a sus espaldas?
Señor vicepresidente, invocan la necesidad del proyecto de ley argumentando que la SEPI ha entrado en una nueva etapa empresarial en la que el principio de autonomía financiera no puede ser mantenido ya. Sin embargo, nada justifica esta
afirmación, salvo el convencimiento que puede tener el Gobierno de lo que puede ser en el futuro la mala gestión de los actuales responsables de la entidad. Por tanto, sí es cierto que ha entrado en una nueva etapa empresarial: la de la vuelta a
primar la ineficacia, a abrir la puerta al despilfarro, a posibilitar el incremento del déficit público y a consolidar ese intervencionismo gubernamental. La aceptación del modelo propuesto por el Gobierno supone negar la capacidad de
autofinanciación de la SEPI generando un incentivo a la gestión ineficiente y antieconómica, puesto que siempre se podrá disponer de la financiación del Estado para cubrir las pérdidas generadas por la actividad de sus entes. Además, habida cuenta
que las aportaciones del Estado para financiar sociedades participadas se van a destinar a sociedades con pérdidas o sin expectativas ciertas de rentabilidad, tales transferencias tendrán un impacto directo sobre el déficit, lo que además de crear
un estímulo a una gestión ineficiente abre la puerta, como decía, a un incremento del déficit público del Estado, algo que ya conocemos de anteriores etapas de Gobierno socialista y que se había corregido durante los años del Gobierno del Partido
Popular. El dinero de los impuestos de los españoles que se gestiona a través del presupuesto no puede incentivar la gestión ineficiente y antieconómica ni servir para cubrir la previsible mala gestión de los actuales responsables socialistas.
Ese, a nuestro juicio, es un concepto equivocado de la rentabilidad social, un camino equivocado que sin duda tendremos que corregir de nuevo cuando volvamos al Gobierno, como ya lo hicimos el año 1996. Por todas estas razones pedimos en nuestra
enmienda que se devuelva el proyecto al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castelló.
Para la defensa de su enmienda, Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, nuestro grupo parlamentario presenta una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Mi grupo ya tiene una cierta costumbre de reivindicar la memoria histórica.
Permítanme entonces empezar
con un pequeño ejercicio de memoria histórica de esta Cámara que puede ayudar a contextualizar este proyecto de ley. La transferencia de una empresa de la Agencia Industrial del Estado a la SEPI exige que aquella esté en condiciones de desarrollar
con garantía razonable sus actividades sin recurrir a los Presupuestos Generales del Estado actuando con criterios de libre competencia. Por tanto, la empresa debe ser viable y estimamos que la mejor manera de que la empresa dé garantías razonables
de su viabilidad es la acreditación de forma continuada y rigurosa en un determinado espacio de tiempo. Estas son palabras de la diputada del Grupo Socialista señora Pellicer Raso en una intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
de este Congreso en noviembre del año 1995.
La Ley 5/1996 que se pretende modificar, aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno popular, fue impulsada entonces por el Grupo Socialista. Somos flexibles para entender que las circunstancias varían en 10 años, entre ellas dos
cambios en el Gobierno del Estado. El problema no es el cambio de posición sino la débil justificación del cambio de orientación en una política presupuestaria de gran calado. Se trata de cambios muy importantes, expeditivos; me atrevería a decir
que dejan la puerta abierta a un trato preferente y discriminatorio a empresas públicas del Estado. En primer lugar, se abre la posibilidad de que estas empresas sean financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; en segundo lugar,
se suprime la prohibición de que la SEPI y sus empresas puedan recibir aportaciones o garantías de las administraciones públicas; y en tercer lugar, se permite que las empresas puedan acudir al mercado inversor y al mismo tiempo financiar sus
respectivos proyectos con instrumentos propios de las sociedades anónimas.
Es muy comprensible, hasta defendible, que se quieran sanear las cuentas de determinadas empresas públicas, pero nos cuesta imaginar un conjunto de medidas que distorsionen más el funcionamiento del mercado.
Especialmente grave es imaginar
la discriminación que supondría a favor de empresas del grupo como Iberia, que con un entorno tremendamente competitivo y una gestión empresarial de eficiencia discutible ha aumentado un 98 por ciento sus beneficios después de impuestos en 2005.
Me
cuesta imaginar que un ministro de corte más bien liberal pueda validar una medida que no favorece precisamente la competitividad de la economía española. Ya no es cuestión de ser más o menos liberal, sino de gestionar eficientemente los recursos
de los contribuyentes, el dinero de todos, un principio que debería ser primordial para aquellos que piensan que se pueden hacer políticas públicas capaces de mejorar nuestro entorno. No se pueden impulsar medidas indefinidas de esta envergadura
sin motivaciones claras aparentes. Que la SEPI haya entrado en una nueva etapa empresarial en la que el principio de autonomía presupuestaria no puede ser mantenido no es razón suficiente si no se especifica cuáles son los objetivos finales y
concretos de estas modificaciones. El resultado consolidado provisional de SEPI en 2005 ha sido de 191,6 millones de euros, debido a la reinversión de provisiones contables dotadas en ejercicios anteriores que compensan las pérdidas del agregado
SEPI generadas por Izar, Navantia y Hunosa. Es cierto que algunas empresas públicas de la sociedad requieren
un plan de viabilidad realista para que sean rentables, pero si no especificamos, no veo cuáles son las modificaciones de esta nueva etapa.
Entendemos que hay empresas del grupo, como Radiotelevisión Española, que requieren un plan de
saneamiento que, por cierto, ya está redactado y presentado; ciertamente, un déficit de 624 millones de euros en el último ejercicio que eleva la deuda por encima de los 7.500 millones de euros no es para menos. No sería justo imputar esta
situación a este Gobierno -todo hay que decirlo-, pero si este es realmente el problema o uno de los problemas hay que plantearlo abiertamente. Si es verdad que Radiotelevisión Española es el grupo de comunicación de todos, aunque a veces cueste
creerlo, pongamos las cartas encima de la mesa y digamos cuánto cuesta. Con estas facilidades de financiación puede resultar lógico para algunos plantear el cierre de Radio 4 en Cataluña, radio en catalán del grupo Radiotelevisión Española. Dicen
que es un cierre por cuestiones de eficiencia, pero si todo fuera por cuestiones de eficiencia, seguramente lo óptimo sería privatizar Radiotelevisión Española.
El Grupo de Esquerra Republicana ha insistido siempre en el principio de la transparencia, porque transparencia es información e información es poder. Si el poder está realmente en manos de los ciudadanos, la transparencia en la información
de las cuentas públicas es un indicador de democracia. Sin embargo, en este proyecto de ley se observa de todo menos transparencia, en primer lugar, por la vaguedad de los objetivos perseguidos, que ya hemos comentado, y en segundo lugar, porque
son dos cambios que significan un paso atrás en lo referente a la claridad de la gestión de los presupuestos públicos. El último ejercicio ha sido el primero en el que SEPI ha presentado el resultado consolidado del año de acuerdo con la
modificación del artículo 42 del Código de Comercio introducido por la Ley 62/2003. Pues bien, supongo que esto sería ahora muy difícil porque en este proyecto de ley desaparece la obligación de consolidar -prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio- por parte de SEPI. Esto podría pasar por un tecnicismo sin mayor importancia, pero lo que no tiene desperdicio es la disposición final primera, en que la se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para que en el ejercicio durante el
cual entre en vigor esta ley acuerde las modificaciones presupuestarias necesarias para su aplicación. ¿Con la aprobación de quién? ¿En detrimento de qué partidas? ¿En qué cuantía? Demasiadas preguntas que quedan sin respuesta y con un excesivo
margen de discrecionalidad por parte de un Gobierno que ha requerido de cierta labor de consenso para aprobar esos presupuestos. Permítame frivolizar, pero espero que estas modificaciones presupuestarias no vayan a cuenta de los fondos de
suficiencia transferidos a las comunidades autónomas; solo nos faltaría eso. Independientemente de este comentario, las empresas públicas también tienen un impacto económico territorial y no es precisamente un impacto muy ecuánime en el
territorio. Como muestra ilustrativa, de las 34 empresas que conforman la SEPI 29 tienen domicilio social en Madrid. Un dato curioso: una tiene sede en Holanda, pero ninguna en Barcelona. Comprenderán que desde Cataluña, cuando se aprobó la Ley
5/2006 que impedía las ayudas a las empresas SEPI a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, respiráramos con alivio, porque al menos se nos cerraba una de las numerosas fuentes del déficit fiscal.
Esto que parece tan complicado de calcular
y que plantea tantísimos problemas metodológicos era una de las garantías que recogía la Ley 5/2006.
Repito que para Esquerra Republicana la información es un elemento esencial en democracia. Por esa falta de transparencia y de motivación de este cambio drástico en la política presupuestaria del Gobierno nos vemos obligados a presentar
esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, al buscar en la hemeroteca del Congreso de los Diputados los diarios de sesiones, desde el anterior régimen dictatorial en que se creó el Instituto Nacional de Industria, en 1941, para salvar una serie de economías autárquicas
-colectivos de gente desplazada por la guerra civil- y adaptarse a unos principios de economía subvencionada con cargo a los presupuestos del Estado hasta la recreación en la democracia del INI, hemos visto la entrada y salida de sectores
industriales, estratégicos o no, que con déficits estructurales, económicos o de financiación y repercusiones en las medidas que se pudieran tomar tenían una incidencia no solo económica sino social y, más allá de la misma, política. Cuando se
produce la gran transformación, la Ley 5/1996, y la creación de estas entidades estatales transformando aquel INI autárquico en un sistema de empresas a las que se les va a reconocer un principio de autonomía financiera y a encomendar un saneamiento
de esos sectores, ya éramos conscientes -no podemos engañarnos- de que al crearse la nueva SEPI se mezclaban empresas rentables muy atractivas para ser puestas en un proceso de privatización en una economía libre de mercado, mientras que había otras
empresas cuya solución financiera y económica arrastraba un déficit estructural permanente como las de los astilleros y de la minería. Y ahora llega este proyecto de ley del Gobierno que mi grupo va a apoyar por lógica, y por tanto va a votar en
contra de las enmiendas a la totalidad presentadas al mismo, porque ¿cuál es la solución con la que
se puede encontrar el Gobierno para mantener en la SEPI el principio de financiación autónoma y que no pueda recibir fondos del Estado si existen todavía empresas deficitarias, aunque no por una mala gestión empresarial? Hemos discutido
este tema cuando se disociaron los astilleros en civiles y militares. A nadie se le hubiera ocurrido decir que los astilleros militares corrieran la aventura de quedar en libertad, sin un sector estratégico que emplea tecnologías como la
electrónica, de alto secreto, con una falsa transparencia informativa. Hoy en día en la economía libre de mercado hay una serie de entidades financieras que se derivan de una economía liberal a ultranza pero de alto riesgo, las entidades
financieras de capital riesgo. La economía liberal corre un riesgo, pero cuando toma una empresa en régimen de capital riesgo trata de ponerla en condiciones y pasado un tiempo ofertarla al mercado libre de adquisiciones. Si sale bien la operación
ganan, si no sale bien pierden. Ese es el fondo del capital riesgo. No podemos pedir a otras entidades que con estructuras empresariales como la de la SEPI se hagan cargo de generar beneficios una vez que se han ido desprendiendo de las empresas
mollares, con viabilidad económica por la demanda de mercado, y quedarse con sectores como astilleros civiles, de la minería y de otras empresas, una vez han desaparecido las verdaderamente apetecibles para la privatización o la economía libre de
mercado. ¿Cuál es la alternativa a no aceptar este proyecto de ley del Gobierno? ¿Va a permitir a la SEPI entrar otra vez? Díganme cuál es la alternativa. ¿Cerramos la empresa? Si no se generan por cuestiones estructurales cuyas medidas
recogidas en el proyecto de ley nos acepta la Unión Europea, y no estamos rompiendo ninguna disciplina porque las están practicando Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido de una manera o de otra, vuelvo a preguntar cuál es la alternativa, porque
con esta situación no cabe más que cerrar las empresas. ¿Qué gobierno y qué país democrático acepta la traslación de un problema económico a un problema social y político? ¿No recordamos en la época del ministro Solchaga lo que costó el esfuerzo
de adaptación, las huelgas, los motines, la inestabilidad social? ¿No podemos por vía Presupuestos Generales del Estado pagar estabilidad social? ¿Es que la única alternativa es cerrar estas empresas y por tanto el despido? ¿Cómo es posible
recolocar trabajadores de la minería o de astilleros en otras empresas que tengan una localización próxima a las que se cierran? Esta es la gran reflexión que podemos hacer.
Mi grupo no ve otra solución que sin llegar al cierre de empresas, al despido o a las recolocaciones, y por tanto a generar una inestabilidad laboral con huelgas y protestas, una situación que no es aconsejable en la convivencia pacífica,
intentar resolver esa situación no solo empresarial sino laboral con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, evitar despidos, evitar inestabilidad, evitar una serie de trastornos que en la época que estamos atravesando de
replanteamientos de nuestra estructura administrativa con las comunidades autónomas y con los estatutos de autonomía aconseja tener sosegado este escenario laboral. Cuando hemos tratado de defender con este proyecto una modificación de la Ley
5/1996, el principio de autonomía presupuestaria ya no puede ser mantenido. Cuando se redactó la Ley 5/1996 aceptamos el accionista único porque no había otra solución, y no un pool de accionistas sin participación. Se dijo que fuera controlado
por un grupo económico autosuficiente. Era autosuficiente hace ocho años, cuando a las pérdidas de unas empresas que estaban en SEPI se podían sumar las ganancias que estaban obteniendo otras, bien por su gestión, bien por su privatización en el
mercado libre. Tal vez pecamos de demasiado optimistas cuando se aprobó la Ley 5/1996 y se dijo que no tuvieran apoyo presupuestario. Pero hemos llegado a una situación en que la SEPI de este año 2006 no es estructural ni financieramente la SEPI
de 1996. Han transcurrido ocho años, pero con unos efectos estructurales y financieros y con una situación de los mercados y una situación laboral totalmente distintos. Lo que ha quedado en la SEPI se parece muy poco o casi nada a la SEPI de hace
ocho años. Los problemas que se plantean no pueden ser almacenados y generar una bomba de relojería de conmoción laboral y social en la que nos podemos encontrar con esta inestabilidad o estos efectos indeseables. Por tanto, si por una falsa
interpretación de la autosuficiencia financiera la alternativa es el cierre de empresas, como son empresas que están dentro del Estado español, para eso están los Presupuestos Generales del Estado. Cuando hemos oído quejarse al señor ministro de
Defensa de que en las operaciones de envío de expediciones militares a Pakistán que ha autorizado esta Cámara le toca pagar al Estado español, nadie ha opuesto esa función de Estado para operaciones que no tienen un sentido de rentabilidad medible
en términos puramente de economía de mercado, como es la defensa. Pero si hemos tenido que aceptar que en la estructura de la SEPI haya empresas dedicadas a la defensa nacional, como los astilleros, vamos a ser consecuentes con este principio y,
por tanto, vamos a dar nuestra autorización, con los controles de la Cámara, porque tendrá que seguir viniendo aquí todos los años el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y veremos qué fondos van destinados a la SEPI en razón de la
nueva ley que aprobemos.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo va a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad presentadas. Esperemos que en el trámite parlamentario de ponencia, Comisión y Pleno podamos hacer las modificaciones pertinentes que estimen
los grupos enmendantes, pero como mi grupo comparte el fondo del proyecto de ley del Gobierno, las medidas expresadas en su preámbulo y en la intervención del señor vicepresidente del Gobierno, vamos a votar favorablemente el proyecto del Gobierno y
en contra de las enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señor Pérez, por favor.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lo que propone el proyecto de ley del Gobierno es modificar las posibilidades de financiación de la SEPI. Para ello plantea dos novedades: la primera es la posibilidad de financiar la SEPI a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado, dado que los fondos necesarios no pueden ser obtenidos mediante la propia gestión de la sociedad estatal; y la segunda, que es consecuencia lógica de la anterior, es la supresión de la prohibición legal para recibir aportaciones o
garantías de las administraciones públicas. Se plantea, además, que la deuda contraída por la sociedad estatal para captar fondos mediante emisión de valores de renta fija tenga también la garantía del Estado frente a terceros en los mismos
términos que para las obligaciones de la Hacienda pública y según el importe que fijen los Presupuestos Generales del Estado anualmente.
Las sociedades mercantiles del grupo incorporarán también un instrumento que permitirá reforzar los fondos
propios acudiendo al mercado inversor a través de las acciones rescatables. Se trata de financiar, por tanto, sus propios procesos de adaptación empresarial e industrial sin aumentar los costes públicos. Se suprime la exigencia de conservar unos
fondos propios mínimos de 1.200 millones de euros, tal y como se establecía en el Real Decreto-ley de 1997, lo que en nuestra opinión debería permitir más eficacia y agilidad en la gestión de sus propios recursos. Dicho todo esto, lo que queda por
saber es si SEPI seguirá siendo un instrumento para la privatización o para la gestión de lo que queda. Confiando sinceramente en que sea lo segundo, vamos a apoyar este proyecto y por tanto a rechazar las enmiendas, porque entendemos que para
privatizar SEPI no debería necesitar más recursos. Para nosotros, se trata ahora de mantener la viabilidad y garantizar el futuro de algunos sectores económicos importantes para nuestro país.
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds estamos de acuerdo en recurrir a los Presupuestos Generales del Estado para proyectos de reconversión, reestructuración o modernización cuyos costes son inasumibles por las
empresas del grupo público. Creemos en la rentabilidad social, creemos en la dimensión económica de la rentabilidad social y creemos, al mismo tiempo, que esta dimensión ha sido demasiadas veces ignorada. Y no avalamos intenciones del Gobierno.
Hablamos de nuestra posición acerca de lo que este proyecto de ley debería significar y por eso estamos de acuerdo con la modificación del régimen financiero de la SEPI, mucho más de acuerdo que con las 58 privatizaciones de empresas rentables que
han favorecido a los menos sin beneficiar en absoluto a los más. Queremos garantizar la viabilidad de Izar o de Hunosa, y más en este momento en el que deberíamos apostar por Izar como grupo industrial y cumplir los acuerdos, es decir, evitar el
despiece de la compañía e impedir operaciones especulativas que pongan en riesgo los puestos de trabajo. Todo ello es preciso en el caso de Izar y lo puede ser con Hunosa, pues la sociedad estatal no está preparada actualmente desde el punto de
vista industrial y financiero. Se trataría también de mantener presencia pública en importantes empresas de nuestro país.
Por todo ello, señorías, que el Partido Popular enmiende a la totalidad nos parece natural como la derecha misma. Riesgo de déficit y rentabilidad social son conceptos que aterrorizan a cualquier centrista de derechas que se precie. Ya
hemos oído en esta tribuna esta mañana las bondades de las privatizaciones con las que coincidirán los nuevos propietarios, los monopolios y los oligopolios de nuestro país; pero el Partido Popular, ya se sabe, es insaciable en estas cuestiones.
Señores del Partido Popular, lo que ha venido a decirles hoy el señor vicepresidente del Gobierno es: Misión cumplida; esto es lo que les ha dicho. Y ustedes lo que dicen es: Hay que seguir hasta el final, hasta que no quede un solo resto de
empresa pública. La pregunta ahora es qué defendían ustedes en la crisis de Izar. ¿Defendían la privatización, hacer casitas en los terrenos de los astilleros? ¿Qué es lo que defendían? Desde luego no defendían lo mismo que nosotros; esto es
evidente. Ahora bien, entendemos las razones del Partido Popular porque para nosotros son naturales. Sin embargo, cuando hemos leído la justificación de la otra enmienda, créannos que nuestra consternación ha sido algo así como la del señor Bush
cuando se encontró el libro. Nos hemos quedado absolutamente perplejos, sin entender absolutamente nada.
Hablar de trato preferente a un sector público más que diezmado, mal vendido y peor tratado no es la mejor defensa que se puede hacer de lo
público. Si se trata de defender Radiotelevisión Española, sus centros territoriales o Radio 4, saben ustedes que Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds estará en esa pelea y, por tanto, si existe la discriminación será en
el sentido de intentar salvar lo que queda, que sería nuestra posición, pero nunca que se pierda todo por mor de un trato igual. En definitiva, señorías, nos gustaría que este grupo proponente de esta enmienda a la totalidad variase su posición
para no tener que decir aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Vasco. Señor Azpiazu, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores diputados, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno del Estado que modifica algunos preceptos de la Ley 5/1996, de 10 de enero, tiene por
objeto cambiar el actual régimen financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. La SEPI es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar que se crea a la par que la Agencia Industrial del Estado mediante el Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, sustituido
a su vez por la Ley 5/1996, de 10 de enero, que hoy se plantea modificar de nuevo. De acuerdo con la referida Ley 5/1996, la SEPI se crea con el objetivo fundamental de agrupar a las empresas estatales más rentables y también con el de amortizar la
deuda generada por el desaparecido INI. Por su parte, a la Agencia Industrial del Estado le va a corresponder la ejecución de las directrices del Gobierno en materia de reconversión y reestructuración industrial, los regímenes especiales y
derogaciones parciales de las normas comunitarias sobre competencia, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de la Unión Europea. Ambas entidades tienen su propio patrimonio distinto al del Estado. A la SEPI y a las sociedades participadas por
ésta les está vedado percibir subvenciones, avales, subrogaciones de deuda, ampliaciones de capital o cualquier tipo de aportaciones equivalentes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones
locales, a menos que provengan de conceptos de subvenciones o ayudas que estas sociedades pueden obtener en las mismas condiciones que otros posibles beneficiarios y de acuerdo con las normas que las regulen.
La filosofía que inspira al legislador en los años 1995 y 1996 es la de desvincular de los presupuestos del Estado la reestructuración de las empresas públicas, los procesos de privatización y la amortización de la deuda histórica del INI,
filosofía bien explicada en la exposición de motivos que acompaña a la ley. Este principio de autonomía se contempla en el año 1997 con el Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996 y que impone a la SEPI la
obligación de mantener unos fondos propios mínimos de 1.200 millones de euros. Según explica la parte expositiva del Real Decreto-ley de 1997, con esa reforma legal se trata de reestructurar el sector público empresarial industrial español desde la
perspectiva de un accionista único, porque entiende que los ingresos de los presupuestos no pueden dedicarse sistemáticamente a la cobertura de las pérdidas de ciertas empresas que encarnan un mal concepto de rentabilidad social. Precisamente para
que durante el proceso descrito la SEPI sea una entidad jurídica que mantenga la ortodoxia financiera con que debe comportarse un inversor a largo plazo que se desprende de sus negocios, se establece la regla de conservación de un fondo patrimonial
único para la citada sociedad estatal que se mantendrá en los límites señalados, utilizando para ello los ingresos ordinarios o extraordinarios que el citado ente jurídico sea capaz de producir. Esto es lo que dice la parte expositiva del Real
Decreto de 1997. Por otro lado, explica la norma que la rápida reorganización del sector público industrial exige la transferencia de activos y pasivos de la Agencia Industrial del Estado, que se suprime, a la SEPI, que va a asumir parte de sus
funciones, como la anteriormente señalada en materia de reconversión y reestructuración industrial. Esta es la situación actualmente vigente, situación que de aprobarse la reforma legislativa que plantea el Gobierno, hoy en trámite parlamentario,
cambiaría de manera radical.
El proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara introduce novedades importantes en el régimen financiero de la SEPI. A partir de su aprobación este grupo podrá recibir aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y podrá
también captar fondos en el mercado, dado que sus empresas podrán emitir acciones rescatables para financiar sus procesos de adaptación empresarial e industrial. En coherencia con lo anterior se suprime la prohibición legal de que la SEPI pueda
recibir aportaciones o garantías de la Administración y se elimina la exigencia de unos fondos propios mínimos de 1.200 millones de euros. Ahora el Estado podrá asumir directamente la amortización de la deuda histórica del INI, la financiación de
ajustes previos a los procesos de privatización o las aportaciones a las empresas deficitarias. La razón que se alega para la modificación del régimen financiero de este holding público es que sus arcas están casi vacías y necesitan disponer de
fondos que por su cuantía no puede obtener por sí mismo el grupo estatal para hacer frente a importantes compromisos. En las memorias adjuntas al proyecto se señala que SEPI, con cargo a los fondos obtenidos de las privatizaciones, ha afrontado las
necesidades de las empresas deficitarias y la amortización de la deuda histórica del INI. Sin embargo, parece que el programa de privatizaciones se ha acabado en el ámbito de este grupo y ello afecta de manera determinante al modelo de autonomía
financiera de la SEPI, que a juicio del Gobierno no puede ser mantenido, dado que dicho régimen estaba diseñado fundamentalmente para la privatización del sector público empresarial, proceso que está ya casi concluido. Parece que los ingresos son
cada vez menores y son necesarias aportaciones importantes para financiar el Plan de empresas 2006/2012 de Hunosa, la liquidación ordenada de Izar y las necesidades operativas y financieras del resto de empresas en liquidación y reconversión, de
modo que, según la memoria económica del proyecto, en el ejercicio 2006 los fondos propios se situarían en 440,97 millones de euros, muy por debajo de los 1.200 millones legalmente exigidos. Por todo ello se propone la reforma legislativa que
pretende, según el Gobierno, mejorar los instrumentos financieros de SEPI. El proyecto señala en su exposición de motivos que la SEPI ha entrado en una nueva etapa empresarial en la que el principio de autonomía presupuestaria no puede ser ya
mantenido y se hace necesario, por tanto, modificar el régimen financiero.
Sin entrar, señor vicepresidente, en valoraciones sobre la oportunidad de la reforma proyectada, lo que no parece del todo lógico es que se justifique la misma en
razones coyunturales como la liquidación de Izar o la reducción de la plantilla de Hunosa, cuando la SEPI va a recibir dinero del Estado todos los años, salvo que vuelvan a modificar su régimen de financiación. Por otro lado, y en relación
con la alegación del Gobierno de que la reforma permitirá una mejora en la financiación de SEPI, es obvio que cualquier empresa que pase a financiarse del Estado se financiará muchísimo mejor.
Ahora será el Estado o, lo que es igual, el conjunto de
los ciudadanos el que son sus impuestos va a evitar la quiebra de las empresas del grupo.
Al hilo de lo anterior, y en relación con la afirmación contenida en la parte expositiva del proyecto referente a la necesidad de abordar la reforma, siempre dentro del respeto al derecho comunitario, tenemos que decir que desconocemos si la
UE sabe de la existencia del proyecto y, en definitiva, su opinión sobre si la misma afecta o no a la libre competencia, ya que no hay constancia de ello en el expediente que acompaña al proyecto.
Señor vicepresidente, el proyecto de ley que hoy debatimos no explica ni justifica suficientemente el cambio que se plantea en la concepción del sector público empresarial. Habría sido deseable más claridad, más transparencia y más
información en relación con SEPI. Si nos lo hubieran explicado quizá habríamos entendido lo que pretende el Gobierno.
Permítame, señor vicepresidente, hablando de SEPI, que critique, aunque sea brevemente, la actuación de este grupo empresarial. SEPI no habla, no explica y no permite que, tal y como hemos venido reclamando reiteradamente desde esta
tribuna, y ustedes bien lo saben, el Gobierno vasco participe, al amparo del artículo 12.7 del Estatuto de Autonomía, en las cuestiones estratégicas de SEPI que afectan a la Comunidad Autónoma de Euskadi. SEPI, en su línea de falta de colaboración,
o de poco estrecha colaboración y de falta de información, no responde o lo hace de forma parcial e insuficiente a las preguntas que se realizan desde nuestro grupo parlamentario. Estamos en este sentido, señor vicepresidente, bastante
desinformados y confusos. Nos puede parecer razonable que SEPI necesite recursos públicos, pero desconocemos cuál es la situación económica real de SEPI. Esperamos que nos lo explique.
Mientras tanto nuestro grupo se va a abstener en las
votaciones a las enmiendas a la totalidad planteadas por los Grupos Popular y Esquerra Republicana de Cataluña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Señor Guinart, por CiU.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nuestro grupo va a apoyar el proyecto del Gobierno y, por tanto, votará en contra de las enmiendas a la totalidad.
Desde la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la realidad de esa
sociedad en el entorno económico ha cambiado de forma importante y en eso coincidimos todos los grupos que hasta ahora han intervenido. El número de empresas dependientes de SEPI ha disminuido de forma sustancial y convenimos, como pretende el
proyecto de ley, en que es necesaria una adaptación del marco regulatorio que promueva la liberalización de una cantidad importante de recursos económicos que actualmente se hallan prisioneros -entre comillas-, ociosos decía el ministro,
condicionados, y que pueden ser utilizados en múltiples objetivos para perseguir la SEPI. Esa sociedad, al ser el órgano designado por el Gobierno como agente gestor de los procesos de privatización de empresas públicas, articula sus funciones en
torno a las líneas de actuación definidas en el programa de modernización del sector público empresarial del Estado, lo comentaba el señor ministro, esto es, el saneamiento de las empresas públicas deficitarias, la consolidación de proyectos
empresariales sólidos, rentables y viables, y la puesta en marcha de programas de privatizaciones.
En los últimos años la SEPI, además, ha potenciado su papel de instrumento de reordenación, racionalización y mejora de la estructura industrial española a través de la promoción de proyectos empresariales privados y la reindustrialización
de zonas afectadas por reconversiones. Desde Convergència i Unió pensamos que esta dimensión debe ser ampliada y promocionada a fin de que la SEPI deba y pueda jugar un papel fundamental en el futuro del mapa industrial español para su
reindustrialización como impulsor de parques industriales, como promotor de nuevas empresas privadas en sectores de futuro, como contribuidor neto, directo, en el proceso de modernización del sector industrial y productivo.
Experiencias como la Oficina de Promoción de Inversiones, dedicada a la captación de proyectos de inversión empresarial internacional en España, deben potenciarse y apoyarse. Desde otra perspectiva hemos de manifestar que hasta el momento
desconocemos cuál es la política del Gobierno en esa materia, tanto en la gestión de la SEPI como de las participaciones en las empresas públicas, así como de las privatizaciones de empresas públicas. Por ello próximamente vamos a solicitar la
comparecencia del señor ministro de Economía y Hacienda ante la Comisión correspondiente del Congreso para conocer la política que pretende desarrollar el Gobierno en materia de gestión de empresas públicas y de privatización de empresas públicas,
pero mientras tanto no vamos a impedir la tramitación de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Señor Torres, Grupo Socialista. Adelante, por favor.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Se ha analizado suficientemente el proyecto de ley de modificación de creación de entidades públicas y, por tanto, voy a permitirme ir directamente a los argumentos que se han esgrimido desde esta tribuna para rechazar el proyecto. En
primer lugar, he escuchado que el proyecto de ley no estaba motivado. Es probable que el diputado que ha dado esta argumentación no haya leído la extensa memoria que acompaña el proyecto, donde claramente se encuentran justificadas las operaciones
de la SEPI, su proyección hacia el futuro y está claramente documentada la motivación. En segundo lugar, se ha hablado de una gestión antieconómica e ineficiente si se acude a la financiación del Estado por parte de la SEPI. Ya lo ha dicho el
señor vicepresidente, nada tiene que ver el origen de los recursos con la administración de los mismos. Podemos encontrar justamente los ejemplos contrarios en la etapa reciente del Partido Popular. Podríamos recordar qué ocurrió con el caso Izar,
qué ocurrió con la declaración de subvenciones ilegales por parte de la Unión Europea de 1.200 millones de euros, o podríamos recordar un caso más reciente -sentencia de los juzgados muy reciente- que es el caso Ebro-Puleva, para el que la SEPI ha
tenido que desembolsar 267 millones por el 6,27 por ciento de la sociedad cuando su valor de mercado no alcanza el 50 por ciento, originado por la intervención del Ministerio de Agricultura cuando era su titular la ministra Loyola de Palacio. Nada
que ver con los Presupuestos Generales del Estado estos casos de clarísima mala gestión. Por tanto, el origen de los recursos no tiene nada que ver con su administración.
Insiste el Partido Popular en el déficit público, probablemente porque no debe haber dormido bien esta noche después de saber que el ejercicio 2005 se cerró con más de 10.000 millones de pesetas de superávit. Se ha insistido en que da igual
los medios por los que lleguen los recursos a las empresas públicas; se contabiliza déficit público de acuerdo con los criterios de contabilidad nacional tanto de una manera como de otra, por tanto, por favor, no insistan en algo que es
absolutamente falso. No se modifica el déficit público de ninguna de las maneras. Vayamos al fondo del asunto.
¿Qué ha ocurrido? Periodo en el que se privatiza 1985-1986. Las privatizaciones iniciales son fundamentalmente de carácter industrial, se venden en Bolsa a través de las ofertas públicas y se palia el déficit público. Periodo 1996-2004.
Aquí, el Partido Popular nos habla de las bondades de este periodo. Tengo que recordarles que en ese periodo, aparte de que se privatizaron las empresas más atractivas de los sectores de telecomunicación, hidrocarburos, siderurgia, aluminio,
electricidad, excepto Red Eléctrica Española, lo obtenido estaba en torno a los 20.000 millones de euros. ¿Saben ustedes lo que hicieron con ese dinero? Por una parte, pagar las pérdidas de ese periodo, 16.000 millones, y con el resto parte
compromisos de privatización y parte pagos de la deuda anterior del INI. No generaron recursos de ningún tipo y vendieron todo el patrimonio.
En las memorias económicas se puede contrastar lo que estoy diciendo. No generaron ni un euro de
recursos, todo fue mediante venta de patrimonio, nunca generación de recursos propios, a pagar, pérdidas del período y los 3.000 millones de pesetas de deuda anterior. Se llega a la etapa actual, 2004-2006, y la SEPI tiene que hacer frente a
numerosos problemas heredados porque quiero recordarle que el fracaso industrial de Izar fue un fracaso reconocido por ustedes. Les puedo leer declaraciones del ministro Piqué diciendo que el plan de viabilidad que había tenido Izar no había sido
posible llevarlo adelante y en ese momento no solamente es que no generan recursos, sino que aparece un pasivo laboral porque, desde luego, mi grupo nunca va a dejar a los trabajadores sin la asistencia y la ayuda necesaria a la que tiene que hacer
frente. Le quiero recordar que en el pasivo de la SEPI fundamentalmente están las provisiones generadas por su mala gestión. Parece que nunca hayan roto un plato, pero les recordaré que la deuda de Televisión Española pasa de 1.700 a 7.000
millones de euros de déficit; eso está en el pasivo de la SEPI y a eso hay que hacer frente. Por lo tanto, hemos agotado la venta de patrimonio público porque las empresas que quedan son difícilmente privatizables.
Intente usted privatizar Hunosa
y verá cómo tiene unas dificultades de mercado importantes, otras que no interesan por cuestiones estratégicas como usted conoce u otras que están en un proceso de privatización, pero tiene que estar tutelada por el sector público como es el caso de
Izar.
Si no tenemos más ventas de patrimonio que realizar porque ustedes las hicieron todas y fueron al agujero de las pérdidas, si, por lo tanto, hay que cumplir con los compromisos, dígame usted qué alternativa propone, porque sus enmiendas no
sirven para nada al articulado, sino retirar totalmente la ley. ¿Y cómo hacemos frente al plan de Hunosa? Usted eso no me lo citará porque no se atreverá a decirme que dejemos tirados en la calle a los mineros de Hunosa, como no se atreverá a
decirme que no cumplamos con los compromisos que tenemos con los trabajadores de Izar o que no cumplamos con el plan de I+D para Navantia. Eso usted no me lo dirá. Sin embargo, sí que se atreve a decirme que no se financie con cargo a los
presupuestos del Estado. Me dice una parte, pero la otra no se atreve a decirla. ¿Quién es incoherente? Incoherencia es lo que hacen ustedes, una mala gestión durante su período, generación de pasivos fundamentalmente laborales y de compromisos
que están en el pasivo, no hay recursos por venta de patrimonio y, sin embargo, a pesar de eso, se atreven a decir que no se financie con el déficit público.
Como conclusión tenemos que decir que en el momento actual está prácticamente finalizada la etapa de privatización generalizada de las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Se ha hecho un gran esfuerzo, la SEPI
prevé ingresos derivados de las ventas que todavía le quedan de Red Eléctrica Española, Iberia, Aldeasa y Altadis y la venta
de la participación de Endesa en 2006, pero, a pesar de esto, la sociedad no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones futuras con sus empresas participadas y lo saben porque el patrimonio que había lo vendieron
ustedes. En ese sentido, para el puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por la SEPI se hace necesario este cambio legislativo, una urgente reforma para asegurar la cobertura de sus necesidades.
Para acabar, solamente la memoria les puede refrescar a ustedes sus fracasos no en la privatización, que ahí ustedes hicieron lo que Dios les dio a entender, pero sí en la gestión empresarial. El propio ministro de Industria en su momento
reconoció que las empresas públicas gestionadas por ustedes no fueron capaces de tener números negros y, si ustedes no fueron capaces, no solamente no es coherente, sino de un gran atrevimiento pretender que en este momento y en esta situación las
empresas que quedan en la cartera de la SEPI serán capaces de generar recursos por sí mismas.
Por eso le pido a la Cámara que rechace una enmienda a la totalidad demagógica y que, si tuviera un poco de coherencia, el Grupo Popular debería retirarla.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Castelló Boronat pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame. No, no hay turno de réplica. Estamos en fijación de posiciones. Lo lamento. He preguntado en voz alta si algún grupo parlamentario deseaba ejercer su turno en contra y cuando hay turno a favor y turno en
contra, siempre hay réplica, pero, cuando se fijan posiciones ustedes saben que no.
Votamos las enmiendas de totalidad, de devolución del proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 128; en contra, 167; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las diez y veinticinco minutos de la mañana.