CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 146

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ

Sesión plenaria núm. 135

celebrada el martes, 7 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:


-Del Parlamento de Cataluña, Orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 12-1, de 16 de abril de 2004. (Número de expediente 125/000012.) ... (Página 7324)


Modificación del orden del día ... (Página 7338)


Toma en consideración de Proposiciones de Ley:


-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 221-1, de 16 de diciembre de
2005. (Número de expediente 122/000180.) ... (Página 7338)


Proposiciones no de Ley:


-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre pluralismo lingüístico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 306, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 162/000415.) ... (Página
7346)

Página 7320


-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la no persecución de los ciudadanos por la lengua que utilicen. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 306, de 16 de diciembre de 2005.
(Número de expediente
162/000414.) ... (Página 7353)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


-Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago
canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 312, de 30 de diciembre de 2005. (Número de expediente 173/000107.) ...
(Página 7362)


-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 312, de 30 de diciembre de 2005. (Número de
expediente 173/000108.) ... (Página 7366)


-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 312, de 30 de diciembre de 2005. (Número de expediente 173/000109.) ... href='#(Página7371)'>(Página 7371)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas. ... (Página 7324)


Del Parlamento de Cataluña, Orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum ... href='#(Página7324)'>(Página 7324)


Defienden la iniciativa del Parlamento de Cataluña las señoras Cuenca i Valero, Santos i Arnau y el señor Ridao i Martín, representantes del Parlamento de Cataluña.



En turno en contra interviene el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Replica la señora Cuenca i Valero, representante del Parlamento de Cataluña y duplica el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Modificación del orden del día ... (Página 7338)


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de comenzar la sesión
plenaria del jueves 9 de febrero a las 10:00 horas, así como excluir del punto IX el debate de los puntos 40 a 42 del mismo, relativo a los dictámenes de comisiones del proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, del proyecto de
ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea y del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Montes, lo que se aprueba por asentimiento.



Página 7321


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas. ... (Página 7338)


Del Parlamento de Cataluña, Orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum. (Votación.) ... href='#(Página7338)'>(Página 7338)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de
autorización para la convocatoria de referéndum, se rechaza por 33 votos a favor y 279 en contra.



Toma en consideración de Proposiciones de Ley. ... (Página 7338)


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica ... (Página 7338)


El señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds defiende la proposición de ley que pretende declarar el año 2006 como año de la memoria histórica. Señala dos razones
fundamentales para esta propuesta: el aniversario de la Segunda República española y el aniversario de la guerra civil como consecuencia de la sublevación ilegítima contra la República española. Pone de relieve diversos antecedentes que también
justifican esta proposición de ley. Resalta que la iniciativa no pretende reabrir heridas, como quizá piensen algunos, sino que se presenta desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación, pero perdón y reconciliación
significan al mismo tiempo memoria, memoria democrática y memoria civil. Finaliza señalando que esta iniciativa pretende ser el puente con la iniciativa pendiente por parte del Gobierno en torno a la verdad, a la justicia y a la reparación y el
puente necesario con la memoria para que tengamos un relato compartido basado en la verdad histórica desde diferentes visiones, no únicamente desde una sola visión y desde un solo imaginario colectivo.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Sometida a votación la proposición de ley debatida, se aprueba por 176 votos a favor y 131 en contra.



Proposiciones no de Ley. ... (Página 7346)


Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre pluralismo lingüístico ... (Página 7346)


El señor Jáuregui Atondo interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso señalando que con esta proposición su grupo pretende dos objetivos: elevar la voz de alarma porque hay peligro de que en España se instale una
guerra de lenguas y obtener una resolución de todos los grupos parlamentarios a favor del reconocimiento, de la cooperación y del diálogo entre las lenguas españolas. No quiere definir políticas lingüísticas, pero sí reafirmar la necesidad de la
cooperación, del reconocimiento y del diálogo entre las lenguas de las comunidades en España. Recuerda que cuando se hizo el pacto constituyente, cuando se construyó nuestro Estado autonómico, había un valor implícito que consistía en recuperar las
lenguas propias de las comunidades españolas en el marco del autogobierno, y así se estableció en el artículo 3 de la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las leyes de normalización lingüística. Señala que no hay conflicto lingüístico
en España y hay que decirlo de manera tajante. Puede haber problemas en la aplicación de las políticas lingüísticas, pero lo importante es reiterar que la política que se quiere instalar en el país, el bilingüismo armónico, con políticas
lingüísticas prudentes y sensatas está avanzando en nuestro país. Finaliza proclamando la conveniencia del respeto, de la cooperación, de la protección y el apoyo a las políticas que se están haciendo en estos años y pidiendo a todos un esfuerzo
por reafirmar esto hoy aquí.



Página 7322


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Jáuregui Atondo.



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la no persecución de los ciudadanos por la lengua que utilicen. ... (Página 7353)


La señora Nadal i Aymerich presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso esta proposición no de ley. Resalta que sube a la tribuna a hablar de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país, a tratar de los derechos
y libertades de los españoles, pero sube también a la tribuna para recordarle al Gobierno de la nación que tiene el deber de defender la Constitución, las leyes y el derecho de los españoles a usar la lengua española en todo el territorio nacional
sin ningún tipo de coacción, traba o sanción. Finaliza señalando que es una proposición no de ley que no va contra nadie, va a favor de todos.



En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



La señora Nadal i Aymerich pide la palabra al amparo del artículo 71.1 del Reglamento que no le es concedida.



A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda interviene la señora Nadal i Aymerich.



Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre pluralismo lingüístico, con las enmiendas de Izquierda Verde, Convergència i Unió, Grupo Mixto y las enmiendas 6 y 7 de Esquerra Republicana,
se aprueba por 167 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones.



Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la no persecución de los ciudadanos por las lenguas que utilicen, se rechaza por 134 votos a favor y 180 en contra.



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 7362)


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario
como en el resto de los territorios extrapeninsulares ... (Página 7362)


El señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente por entender que la tormenta tropical denominada Delta, así como el viento huracanado, pusieron de
manifiesto, los pasados 28 y 29 de noviembre, las carencias que tiene el sistema eléctrico canario, carencias de un sistema que pasó de ser un monopolio público a serlo privado, que funciona sin los debidos controles públicos y que a lo largo de los
últimos años se ha ido deteriorando. Señala que necesita medidas desde el punto de vista público para garantizar la competencia o para que quien presta el servicio en régimen de monopolio cumpla con los parámetros de calidad y precio ajustados a
una sociedad moderna como la canaria. Finaliza resaltando que hay que fijar claramente las competencias que corresponden a las administraciones central y autonómica, teniendo en cuenta la condición de territorio ultraperiférico de Canarias.



En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Rivero Baute.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad.
... (Página 7366)


El señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la moción consecuencia de interpelación urgente que pretende defender el aprovisionamiento puntual de material móvil, de material de alta velocidad
regional como el que se utiliza para el recorrido del AVE a Toledo, a Puertollano o a Ciudad Real, debido a la importante contestación social que se ha producido sobre todo en Lleida y Zaragoza en el sentido de que se ha visto una discriminación
entre la alta velocidad de grandes líneas y la alta velocidad de distancia media o regional.



En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).



A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Grau i Buldú.



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara. ... (Página 7371)


El señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente señalando que ya han transcurrido casi siete meses desde la tragedia humana ocurrida en la provincia de
Guadalajara y prácticamente desde ese mismo momento y a solicitud de los afectados y de las familias de las víctimas su grupo ha tratado completamente en vano conocer la verdad, que se aclararan los hechos, se señalara a los responsables y se
pusieran en marcha actuaciones que paliaran lo sucedido y que evitaran que volviese a ocurrir algo semejante en el futuro. Resalta que es necesario impulsar las investigaciones precisas que permitan conocer la verdad y reparar el daño moral a los
afectados y a las familias de las víctimas mortales. Es necesario aclarar la pasividad, la descoordinación y la imprevisión.



En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC) y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Echániz Salgado.



Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro
eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 292
votos a favor y una abstención.



Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios regionales de alta velocidad, con la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 287 votos a favor y seis abstenciones.



Sometida a votación en tercer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara, se rechaza por 126 votos a favor, 151 en contra y
16 abstenciones.



Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.



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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:


-DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ORGÁNICA, POR VÍA DEL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN, DE TRANSFERENCIA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM. (Número de expediente
125/000012.)


El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al 7 de febrero de 2006.



El primer punto del orden del día es la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.



Del Parlamento de Cataluña, orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalitat de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum.



Para su defensa está con nosotros la delegación de la asamblea proponente, compuesta por doña María Eugènia Cuenca, doña Lidia Santos y don Joan Ridao, que ya nos han acompañado en anteriores ocasiones.



En primer lugar, tiene la palabra la señora Cuenca. El tiempo, como saben, es de quince minutos, repartido amigablemente en tramos de cinco.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Señor presidente, señorías, me corresponde, en nombre del Parlamento de Cataluña y en el de mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, defender la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña por la cual se transfieren competencias en materia de autorización para la convocatoria de referendos por la vía del artículo 150.2 de la Constitución española.
Por tanto, es una vía correcta constitucionalmente, de la
cual ya ha hecho uso el Parlamento de Cataluña en alguna otra ocasión; les recuerdo la transferencia, por la vía del artículo 150.2, en materia de tráfico y seguridad. No voy a entrar, aunque es conexo, en el debate sobre la democracia
representativa y la democracia participativa. Aunque es conexo, como digo, solamente quiero manifestar que la participativa no es ni más válida ni más legítima ni legitima más la democracia, pero sí es complementaria y compatible con la democracia
representativa. En España, desde que tenemos la Constitución española, se ha hecho uso de ella en muy pocas ocasiones. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues a lo mejor porque estábamos cansados de las vías plebiscitarias y, excepto en aquellos asuntos
de gran trascendencia nacional e internacional del Estado español, no se ha hecho uso de ella. Saben SS.SS. que en ocasiones hay muchos ciudadanos que necesitan poder expresarse, pero esta expresión de los ciudadanos ha de hacerse con las debidas
garantías legales, puesto que ahora solamente lo hacen -porque no se convocan estas consultas populares ni referendos- bien mediante una llamada a un medio de comunicación en la que dan su opinión, bien porque le piden su opinión en la calle en unas
determinadas encuestas, o más recientemente mediante este procedimiento tan original y tan ilegal como son las mesas petitorias, en las cuales no hay ninguna garantía ni de lo que se consulta ni del resultado ni de la posibilidad de revisar o
recurrir si el resultado no ha sido correcto y el procedimiento tampoco.



Pero aunque haya hecho esta pequeña incursión, hoy no vamos a hablar de esto sino de lo que dice la proposición de ley aprobada por el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña. Contiene tres párrafos -puesto que soy la primera en
intervenir, los voy a leer- por los cuales se pide la transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias que correspondan al Gobierno del Estado y al presidente o presidenta del Gobierno en materia de autorización de convocatoria de
consultas populares por vía de referendo, para que disponga de la facultad de someter las decisiones políticas de una trascendencia especial al referendo de los ciudadanos de Cataluña. Además, se establecen en esta propuesta las condiciones para el
ejercicio de esta competencia, es decir, la coordinación y colaboración con la Administración del Estado, todo esto, evidentemente, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, mediante su correspondiente acuerdo, en el cual se contendrán los
medios personales, materiales y presupuestarios necesarios para llevar a cabo esta transferencia.



Señorías, el artículo 149.1.32.ª de la Constitución española reserva al Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referendo. Reserva la autorización en exclusiva al Estado. También el artículo 92 de la
Constitución dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de los ciudadanos. Hay, pues, dos modalidades de referendo: el consultivo, las consultas populares, y el referendo de los
artículos 167 y 168 de la Constitución. Las dos modalidades de referendo las reguló la Ley Orgánica 2/1980; ley que creemos que hoy tiene que ser modificada. Entró en vigor inmediatamente después de aprobarse la Constitución, y considero que
tiene grandes fallos y lagunas, sobre todo después de 25 años de desarrollo del Estado autonómico.



Señorías, la petición del Parlamento de Cataluña de transferir, por la vía del artículo 150.2, la competencia para convocar referendos no interfiere de ninguna manera en la soberanía que tiene el Estado español, ni mucho menos. Ese es un
debate absurdo. Lo que no tiene sentido es que hoy los ayuntamientos puedan convocar consultas populares y las tenga que autorizar el Gobierno de la nación. Ayer se constituyó la ponencia mixta para el debate sobre el Estatuto de Autonomía.
Señorías, les pido que estudien esta propuesta, que la mejoren -seguro que


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puede ser mejorada-, que presenten enmiendas y que aprueben esta transferencia de competencias. Seguro que será un buen paso para el inicio de los debates en la ponencia mixta para el debate sobre el Estatuto de Autonomía. Solamente
pedimos esta transferencia para que la Generalitat pueda convocar consultas populares en su ámbito material en beneficio, en definitiva, de la democracia y de los ciudadanos de Cataluña.



No me alargo más. Señorías, les vuelvo a pedir que con su voto favorable faciliten la tramitación de esta iniciativa que seguro que podrá ser mejorada.



Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados por su atención.



El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Cuenca.



Tiene la palabra la señora Santos.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Santos i Arnau): Señor presidente, señorías, con toda seguridad mi intervención será complementaria de la que me ha precedido. La proposición que hoy presentamos en esta Cámara al objeto
de solicitar, como se les acaba de decir, la transferencia de la competencia en materia de referendo, fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 26 de junio del año 2003. En aquel momento -a finales de la anterior legislatura catalana- es
posible que no se viera otra forma de dar cauce a una vía que pretende incrementar los instrumentos de democracia participativa, es decir, la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. Ese es un empeño del actual Gobierno de la
Generalitat. Por eso acabamos de aprobar en el Parlamento de Cataluña la ley de iniciativa legislativa popular que mejora e incrementa ese instrumento específico de participación. El Parlamento de Cataluña quiere dichos instrumentos actuando solo
dentro y por los cauces legalmente previstos y en el marco del artículo 149.1.32 de la Constitución. En derecho comparado podemos encontrar ejemplos de la capacidad de los entes subestatales para convocarlos; los encontramos en Suiza, en Italia,
en Estados Unidos, en Austria, incluso en países centralistas como Francia. Ese no es el problema, que no cuestiona, como es deber por los ejemplos citados, la soberanía de los Estados. Cierto que nuestro sistema y nuestra Constitución tratan
dicho instrumento con mucha prevención, porque hay en él claramente dos riesgos. El más pacífico y generalmente evidente es el de causar la fatiga que se observa en la ciudadanía suiza o italiana -pongamos por caso- convocada a pronunciarse sobre
casi todo y sobre no importa qué. Más de diez consultas al año y hasta 12 consultas de una vez. Hay que emplearlo -y así lo establece la Constitución- de una forma razonable. El segundo riesgo, aquel que los constituyentes tenían en mente
justamente porque se quería evitar, es el uso fraudulento que las dictaduras suelen hacer de los referendos, reconvertidos en plebiscitos e instrumentos populistas que, al tiempo que persiguen la justificación del sistema y su caudillo, se presentan
como un sucedáneo de la democracia, siendo en realidad su sustituto. Algo a lo que el tardo franquismo había infaustamente recurrido. Los referendos, las consultas solo tienen pleno sentido democrático si se conciben como un instrumento
fuertemente imbricado y coadyuvante de la democracia representativa, de manera que refuerzan la legitimidad democrática y en modo alguno la cuestionan o debilitan.
Cuando las consultas disocian o contraponen la legitimidad de la democracia
representativa en la apelación popular eso, en la teoría y en la práctica política, tiene un nombre, y en estos momentos algunos tienen una cierta tendencia a incurrir en el riesgo de caer en ese nombre.



La petición que viene del Parlamento de Cataluña huye de dichos planteamientos. Se inscribe, como decía, en la voluntad de incrementar los mecanismos participativos y se acoge a los procedimientos constitucionales y con escrupuloso respeto
al ámbito de competencia estatal establecida en el artículo 149.1.32.ª Pero es cierto que ahora estamos también en un punto distinto de aquel junio de 2003. Ayer mismo se constituyó aquí la ponencia conjunta que elaborará el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, y allí hay una previsión específica sobre la transferencia de la competencia para convocar referendos y sobre la que se otea un acuerdo. Seguro que por encima de las rigideces de los procedimientos de una y otra Cámara, que es lo que
nos ha conducido al punto en el que nos encontramos, quizá extemporáneo o absurdo, daremos cumplimiento al objeto de la petición que plantea esta proposición de ley de encontrar las soluciones que eviten los riesgos de discordancias y
contradicciones con lo que se acuerde en el ámbito del Estatuto de Cataluña.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Santos.



Tiene la palabra el señor Ridao.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martín): Muchas gracias, señor presidente.



Señoras y señores diputados, el Estado de las autonomías, que incorporó una nueva distribución del poder como es sabido, supuso la creación de nuevas instancias tanto ejecutivas como legislativas territoriales. Pero, al mismo tiempo, la
dinámica de un estado democrático y participativo supuso también la extensión al ámbito autonómico de algunos instrumentos de participación directa de la ciudadanía en los procedimientos políticos -por ejemplo, en el terreno de la iniciativa
legislativa popular, pero también en el caso bien sabido de algunos referendos como el de ratificación de la iniciativa autonómica o el de aprobación y reforma de los distintos estatutos-, o sea que, sin ningún género de dudas, la recepción del
referendo en el ordenamiento jurídico estatal no queda circunscrita en ningún lugar al ámbito estatal, de donde se puede inferir, si me lo permiten, que hay cabida perfectamente para que las comunidades


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autónomas, en el marco de sus propias competencias de autoorganización, puedan celebrar este tipo de consultas. Luego su no reconocimiento normativo expreso -por ejemplo, a través del artículo 148 de la Constitución- no debería impedir, en
nuestra opinión, su conformación normativa -como sucede, según ya se ha dicho, con las consultas locales-, aunque también es cierto que la autorización debería competer al Gobierno del Estado; en todo caso, no es eso lo que hoy nos trae aquí.



Quiero aclarar en primer lugar que esta iniciativa legislativa que trae hoy el Parlamento de Cataluña a instancias de Esquerra Republicana y que fue aprobada por amplísima mayoría de aquella Cámara no es una modificación de la Ley Orgánica
2/1980, que es la que regula las distintas modalidades de referendo, sino la petición de que se traspase directamente a la Generalitat, por la vía del artículo 150.2, la capacidad de autorizar este tipo de consultas, como sucede, por cierto -ya se
ha dicho muy bien-, en la mayoría de los Estados compuestos y descentralizados. ¡Cuántas veces hemos oído hablar de referendos en los estados de Estados Unidos, en los cantones suizos e incluso en algunas regiones italianas de larga tradición
plesbicitaria, pero también en otros Estados como Canadá, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, etcétera.
Este planteamiento, señorías, se diga lo que se diga, nos parece que es escrupuloso, en primer lugar, con una integración amplia del Estado
democrático y, en segundo lugar también, escrupuloso y respetuoso con el derecho de participación de la ciudadanía en la vida política a través de un procedimiento de decisión colectiva -el referendo- que permite, en primer término, plasmar con
mayor claridad la voluntad de la mayoría y, en segundo término, que podamos disponer de una ciudadanía más vigilante en democracia. Señoras y señores diputados, no creo que vayamos muy desencaminados precisamente cuando, por cierto, el segundo
grupo de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular -el único grupo ciertamente que votó en contra de esta iniciativa en el Parlamento de Cataluña, también es verdad que con fines absolutamente perversos, con aviesa intención (El señor Acebes
Paniagua: ¿Aquí qué pasa?)-, plantea el referendo recogiendo firmas aparentemente sobre el proyecto del Estatuto de Cataluña, lo cual, si se me permite, no deja de ser paradójico porque sus promotores son los mismos que, tiempo atrás, estaban
dispuestos a modificar el Código Penal para impedir una consulta de este tipo en el País Vasco. Ello me lleva, señorías, a una última reflexión: no nos parece que haya argumentos para oponernos a este derecho democrático, ni tan siquiera para que
se pueda exhibir el espantajo del derecho a la autodeterminación. Los demócratas sabemos perfectamente que la autodeterminación es un derecho elemental: todo pueblo dispone de la facultad de decidir el marco político que le corresponde, y eso en
ningún caso depende de ninguna ley. De todas formas, ese no es el tema. Hoy, ciertamente, lo que se pide es otra cosa: el traspaso de un instrumento adecuado para el desarrollo del potencial democrático de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña,
de la misma forma, por cierto, que ya viene recogido en una disposición adicional del proyecto de Estatuto de Autonomía, en estos momentos en trámite en esta Cámara y que fue aprobado por amplísima mayoría el 30 de septiembre por el Parlamento de
Cataluña, previsión que, por cierto, en los últimos días ha sido eliminada, ha sido suprimida totalmente por el PSOE en el acuerdo que ha alcanzado con otros grupos del Parlamento de Cataluña.



Quisiera acabar, señorías, pidiéndoles que tomen en consideración esta iniciativa y advirtiéndoles que un voto en contra de la toma en consideración de esta propuesta en parte es también, si me lo permiten, un voto en contra del proyecto de
Estatuto.



Muchas gracias, señores diputados.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao.



Concluida la presentación por parte de la delegación del Parlamento de Cataluña, en primer lugar, ¿algún grupo desea intervenir en contra? (Pausa.) Adelante, señor Fernández Díaz.



El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, ilustres diputados del Parlamento de Cataluña, bienvenidos.



Subo a esta tribuna para exponer en nombre de mi grupo las razones, tanto jurídico-constitucionales como de oportunidad política, que nos llevan a oponernos, como hicimos en el Parlamento de Cataluña, a la tramitación de esta proposición de
ley presentada por el Parlamento de Cataluña ante esta Cámara.



Quiero empezar diciéndole al señor Ridao que, efectivamente, nosotros votamos en contra en el Parlamento de Cataluña. Entonces apoyábamos al Gobierno de Convergència i Unió en la Generalitat, y se decía que nos oponíamos porque gobernábamos
en Madrid. Pues mire usted, estamos en la oposición en las Cortes Generales y votamos lo mismo que votamos en el Parlamento de Cataluña porque tenemos principios, tenemos convicciones, tenemos ideas e intentamos ser coherentes con ellas. Luego
veremos la coherencia de otros grupos, que tienen una coherencia y unas convicciones, como mínimo, digamos que volátiles. Por cierto, como pedimos un referendo, lo hicimos por el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de modalidades de
referéndum y de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 92.3 de la Constitución; o sea, dentro del Estado de derecho y en el marco de la ley. A ningún presidente de comunidad autónoma del Partido Popular se le ocurre ni se le ha
ocurrido ni se le ocurrirá convocar un referendo al margen de la ley. Esa es la diferencia con el ejemplo que usted ponía. Es decir, no me traiga aquí aquello que ha traído, porque usted sabe que eso no se coge ni por el cuello. Estamos en este
momento debatiendo, pues, esta iniciativa, y decía que nos oponemos por razones de oportunidad política y por razones jurídico-constitucionales.



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Razones de oportunidad política. Esta iniciativa fue aprobada en el Parlamento de Cataluña -se ha recordado aquí- hace dos años y medio aproximadamente, pero desde entonces, durante casi dos años, el Parlamento de Cataluña ha estado
debatiendo el nuevo Estatuto de Cataluña, que precisamente fue admitido a trámite aquí, en esta Cámara, hace ya cuatro meses y, mira por donde, inexorablemente han venido a coincidir en el tiempo la tramitación de una proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, que tiene por contenido material sustantivo la transferencia desde el artículo 150.2 de la Constitución de las competencias ejecutivas del Estado en orden a la convocatoria de referendos con el inicio de la tramitación, ayer,
de otra proposición de ley, nada menos que de un nuevo estatuto, que también regula esta materia. Sinceramente, señorías, lo que no se puede hacer es pedir la misma cosa por dos instrumentos distintos y de manera diferente. Si me permiten la
expresión, hay que ser un poco serios; hay que respetar más al Parlamento de Cataluña y hay que respetar más a esta Cámara. Porque yo les digo: si el Estatuto de Cataluña no tuviera ninguna previsión respecto a lo que aquí estamos tratando,
habría que explicarlo políticamente, pero se podría entender, pero es que el artículo 122 del nuevo Estatuto de Cataluña -proposición de ley también, jurídicamente hablando, del Parlamento de Cataluña- dice: Consultas populares.
Corresponde a la
Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias, de encuestas,
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular. Disposición adicional tercera de la proposición de ley del Estatuto: Asunción de competencias por el artículo 150.2 de la Constitución. Es exactamente
esta proposición de ley que estamos debatiendo ahora. Y, por si fuera poco, disposición adicional novena: Modificación de leyes para la plena efectividad del Estatuto. f) El artículo 122, el que cité antes en relación con la Ley Orgánica 2/1980,
de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referendo. Oigan, seamos serios. No podemos traer aquí, al Pleno del Congreso de los Diputados, una proposición de ley que es el contenido exacto de una disposición adicional de otra
proposición de ley que desde ayer se está tratando en esta Cámara y que viene complementada, además, con otra disposición adicional y con otro artículo sustantivo sobre la materia. Si me parece a mí que el Estatuto, jurídicamente hablando, como
norma institucional básica de la Generalitat, merece el respeto de todos, empiecen ustedes, los promotores de esta iniciativa, a respetarse a sí mismos, a respetar a esta Cámara, como he dicho, y a respetar al Parlamento de Cataluña. Ha habido
tiempo más que suficiente para haber retirado esta iniciativa y no encontrarnos con el bochorno con el que nos encontramos ahora. Porque si hoy es admitida a trámite, mañana, en la Comisión Constitucional, se pueden encontrar el Estatuto de
Cataluña y esta norma, tratando la misma cosa de manera distinta.



Señorías, como me imagino que ustedes considerarán que es más importante el Estatuto de Cataluña que cualquier otra ley, y más una ley de transferencia o delegación, podían haber hecho los deberes bien hechos.
Yo me podría quedar aquí
porque me sobran las razones jurídico-constitucionales, pero lo hago a mayor abundamiento. Por otra parte, si analizamos los argumentos sobre los que se apoyaron los diputados que en el Parlamento de Cataluña, en la sesión de 26 de junio de 2003,
defendieron en nombre de sus grupos esta iniciativa, nos encontramos con argumentos que, a día de hoy, son realmente interesantes.
Decía el señor Ridao que el tema del referendo está de actualidad por lo que está haciendo el Partido Popular.
Perfecto, pero yo solo digo que si leemos en el 'Diario de Sesiones' del Parlamento de Cataluña lo que dijeron los portavoces de los grupos parlamentarios que impulsaron esta iniciativa, no tengo la menor duda de que van a apoyar nuestra iniciativa.
Les remito al 'Diario de Sesiones', señorías.



En cuanto a la oportunidad política, señor Ridao, ya que usted ha empezado metiéndose -políticamente hablando, y está en su derecho- con el Partido Popular, le diré que una de las razones en las que usted justificaba esa iniciativa era en
que así la Generalitat podría convocar el referendo anticipado para dar el máximo soporte al Estatuto, es decir que, como se hizo con el proyecto de Estatuto de Núria, fuera plebiscitado en Cataluña antes de que viniera aquí. Como ese momento
procesal ha pasado, solo ese argumento ya bastaría para que también hubiera decaído esta iniciativa y, por razones de oportunidad política, ustedes la hubieran retirado. Por tanto, intentemos ser serios y coherentes. Hablo de coherencia porque,
como acabo de decir, seguramente en aquel entonces todos pensaban que la mayoría de la que disponía en aquel momento el Partido Popular en las Cortes Generales seguiría siendo la misma después. Si no, no se entiende lo que algunos de esos
portavoces decían. El señor Ridao, en nombre de Iniciativa per Catalunya, decía -voy traduciendo-: Votaremos entusiásticamente la propuesta que hoy se plantea aquí sabiendo que la mayoría de las Cortes Generales no le da ningún futuro. Eso, al
maestro armero. Ya no es cosa nuestra. Ahora, el tripartito de allí es el mismo que gobierna el tripartito de aquí, por tanto, vamos a ver donde está la coherencia. Señores de Esquerra Republicana, señores de Iniciativa per Catalunya y señores
socialistas, teniendo en cuenta que el portavoz de ustedes en aquella ocasión es hoy miembro del Gobierno de la Generalitat, el señor Vallès de Ciutadans pel canvi, Grup Socialistes, que decía que teníamos que acabar con el peligro de la anemia
cívica que amenaza nuestra democracia y que, por lo mismo, tenía que ser impulsada y apoyada esta iniciativa. Espero que hoy el Grupo Socialista, para evitar la anemia cívica en la que hace dos años nos decía que estábamos inmersos este grupo y un
miembro del Gobierno de la Generalitat de Cataluña hoy, apoyará esta iniciativa. Luego ya se arreglarán en la Comisión Constitucional; ya veremos lo que nos dicen después, y cómo ponen en colisión, en contradicción o en coherencia el Estatuto con
esta norma.
Ese es


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su problema; ustedes han traído esto aquí, y están logrando que el Parlamento de Cataluña, con todos los respetos, haga un papelón. El señor Jaume Camps -buen amigo-, en nombre de Convergència i Unió, comenzaba diciendo que las palabras de
la anemia cívica, a las que se había referido el señor Vallès, le habían dejado impresionado, pero luego añadía: Por tanto, bienvenida sea la posibilidad de que Cataluña pueda convocar referendos, y en castellano decía: ... si el tiempo no lo
impide y la autoridad es magnánima. El tiempo y la autoridad ahora no lo impiden ni son magnánimas a juzgar por la situación en que está el Estatuto de Cataluña, pues sabemos que el señor Rodríguez Zapatero ha pactado el Estatuto con el jefe de la
oposición en el Parlamento de Cataluña, y como el Estatuto contiene tres referencias específicas y concretas a la regulación que hoy nos trae aquí, no dudo que, como el tiempo no lo impide -aunque fuera de noche- y la autoridad es magnánima -porque
lo ha recibido en La Moncloa muchas veces y ha pactado con él el nuevo Estatuto-, estoy seguro de que esta iniciativa hoy la votarán aquí superfluamente, porque entiendo que en el Estatuto que han pactado estará resuelto en los términos que
plantearon allí, que plantearon en el Estatuto de Cataluña.



Como pueden ver, señorías, todo esto es muy poco serio. Me recuerda aquello que decía un personaje, que sin duda muchos de ustedes recordarán, un militar francés que hizo incursiones importantes en la política, condiscípulo del general De
Gaulle, alumnos los dos en Saint-Cyr, el mariscal Juin -junio, claro-, al que la volatiblidad de sus posiciones políticas llevaba a que los demás dijeran, en relación con él cuando alguien lo citaba poniendo de manifiesto algunas de sus opiniones,
de sus palabras o de sus planteamientos: ¿El mariscal Juin, de qué año, por favor? En ese sentido, hemos de decir, señores de Iniciativa per Catalunya, señores del Grupo Socialista, señores de Convergència i Unió, señores de Esquerra Republicana:
¿su coherencia, la de qué año? ¿La de cuando estaban en la oposición en el Parlament de Catalunya?


Sabemos dónde está Esquerra Republicana; Iniciativa, más o menos; Convergència i Unió honradamente sabemos dónde quiere estar, pero no sabemos dónde está hoy; esperamos ver cuál es el sentido de su voto, como el del Grupo Socialista,
porque al menos así sabremos, en el pacto del señor Zapatero con el señor Mas, cómo va a quedar este tema en el Estatuto de Cataluña. Sería muy serio que ustedes votaran a favor hoy aquí y luego viéramos en la Comisión Constitucional que el
artículo 122 y estas disposiciones adicionales son retiradas del Estatuto, porque supongo que no dirán una cosa aquí y otra en el Estatuto, además coincidiendo en el tiempo. Y digo lo mismo del Grupo Socialista, me imagino que van a decir aquí una
cosa y van a decir lo mismo en el Estatuto, porque coincidiendo en el tiempo si no fuera así, sería para inscribirlo en los anales políticos, jurídicos y parlamentarios.



Por razones jurídico-constitucionales, señorías, creemos sinceramente que esta iniciativa no cabe en la Constitución. De hecho, esta iniciativa plantea una mutación constitucional, porque amplía las posibilidades de convocatoria de
referendo en un sentido que sin duda el constituyente no quiso prever, como la propia exposición de motivos de esta proposición de ley recoge. Además, tengo que decir que nuestra opinión coincide plenamente con la opinión manifestada por el Consejo
de Estado en su reciente dictamen, contestando, como máximo órgano consultivo del Gobierno, a la petición que al efecto le hiciera el Gobierno de la nación, que me imagino que algún caso le hará. El dictamen del Consejo de Estado dice que la vía
escogida por los proponentes de esta iniciativa, es decir, el artículo 150.2 de la Constitución, debe restringirse al máximo. El Consejo de Estado incluso llega a proponer una modificación de este artículo para hacerlo más claro y evitar las graves
disfunciones derivadas de una utilización abusiva o masiva de este instrumento excepcional. Entre las competencias exclusivas del Estado que no deben delegarse, a juicio del Consejo de Estado y de este grupo parlamentario, está la consagrada en el
artículo 149.1.32ª de la Constitución: competencia exclusiva del Estado para la autorización de convocatorias, de consultas populares o referendos. Es más, eso mismo reconoce implícitamente la exposición de motivos de la iniciativa que estamos
debatiendo, porque dice que dentro de la competencia general de organización de sus instituciones de autogobierno, reconocido por el artículo 148 de la Constitución, debería incluirse -en lo que hace referencia a las comunidades autónomas- que estas
pudieran organizar y celebrar referendos. Esto lo dice la proposición de ley, pero debe decirse que no existe ningún precepto constitucional que apoye esta postura ni tampoco se puede apoyar en los debates constitucionales ni en la doctrina
jurídico-constitucional. En absoluto, todo lo contrario, la doctrina va en la línea de restringir al máximo, para no desnaturalizarlo, el artículo 150.2 de la Constitución.



Termino, señor presidente. Al hablar de la coherencia de los grupos parlamentarios a la hora de manifestar presuntas opiniones y convicciones tan firmes como volátiles en el tiempo, hice referencia al mariscal Juin, militar y político galo.
Por contraposición, tenemos otro militar y político galo, que sí que tenía convicciones, el general De Gaulle, quien decía que para gobernar Francia por lo menos era necesario tener una idea de Francia. Yo tengo la impresión de que el problema que
tenemos hoy es que los nos gobiernan en España no tienen una idea de España; el problema es que ustedes, señores socialistas que nos gobiernan, básicamente no tienen esa idea de España. Y con iniciativas como la que estamos tratando hoy se pone de
manifiesto de una manera palmaria y evidente lo que estoy comentando.



Termino con una referencia menos histórica y más cinematográfica. Señores, sobre todo, de la mayoría, señores del Grupo Socialista, les recuerdo esa famosa escena en la que Groucho Marx con gran solemnidad decía: Señora, estos son mis
principios y si no le gustan, no se preocupe, tengo otros.



Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.



El turno en contra abre el correspondiente turno de réplica. En nombre de la delegación del Parlament intervendrá la señora Cuenca por un tiempo de cinco minutos.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, en primer lugar, quiero manifestar rotundamente el absoluto respeto del Parlamento de Cataluña por esta Cámara; respeto que, al menos en el tono, también nos gustaría que se produjera por parte de esta Cámara respecto al
Parlamento de Cataluña.



En cuanto a lo señalado por el señor interviniente del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decir que de tanto leer leyes sin tener la formación jurídica suficiente se confunden y se hacen análisis jurídicos extraños, en todo caso confusos
y seguro que inexactos. Usted decía: la misma cosa por dos procedimientos diferentes y, señor diputado, esto no es así.
Incluso es cierto que en este momento de discusión hay un paralelismo entre esta propuesta de ley del Parlamento de Cataluña y
el Estatuto de Autonomía, pero mucho me temo que el Estatuto de Cataluña sin esta ley nunca podría hacer efectiva la competencia que se define en el propio Estatuto de Autonomía. Esta propuesta de ley consiste en una transferencia del ejercicio de
una competencia exclusiva del Estado y el redactado del Estatuto está solicitando la competencia, pero para ejercerla es necesaria la transferencia de la competencia exclusiva, puesto que no estamos modificando la Constitución; por eso se pide la
modificación de la Ley Orgánica 2/1980. Señor Fernández, primera exactitud jurídica y constitucional.



Usted no solo se ha confundido en esto, el rango normativo y constitucional, sino también en otras muchas cosas. ¿No sabe usted qué son las consultas vinculantes o es que las confunde con los referendos preceptivos? Usted no ha dicho
absolutamente nada de esto. En cualquier caso, en este momento la mayor violación del referendo constitucional la está realizando el Partido Popular utilizando una petición de firmas sin ningún rigor, y le diré más, pidiendo consulta sobre un
Estatuto de Autonomía que excede el ámbito de Cataluña. (Aplausos.) Eso no lo dice la Constitución ni ninguna ley orgánica. Precisamente estamos pidiendo el ejercicio de considerar la posibilidad de convocar referendos en ámbitos territoriales
determinados y para el contenido material propio de ese ámbito territorial determinado. Usted ha mezclado cosas que no tienen nada que ver y que en todo caso están fuera del más estricto rigor jurídico y constitucional.



Señor Fernández, la carrera de Derecho no se hace porque sí, sino que los conocimientos que se adquieren en la misma después se ven reflejados en la manera de interpretar y leer las leyes y la Constitución. Por tanto, quiero manifestar en
este turno en contra, primero, que la proposición de ley del Parlamento de Cataluña es de un estricto rigor constitucional; otra cosa es que ni siquiera sea aceptada a trámite. Como he dicho, nos gustaría que la propuesta fuera estudiada y
enmendada -seguro que la pueden mejorar-, pero en todo caso es rigurosa y rabiosamente constitucional y quiero señalar que su grupo ha aprobado esta misma vía del artículo 150.2 para la transferencia de una competencia a la Comunidad Autónoma de
Cataluña, por tanto, no sé por qué les extraña que hoy estemos aquí. Hay paralelismo en cuanto al tema, pero no en cuanto al concepto. Pedimos la transferencia del ejercicio y no la competencia. El Estatuto seguirá su vía; yo les decía que sería
un buen momento para aprobar esta ley porque facilitaría que se pudiera ejercer la competencia que está descrita en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía que usted ha leído pero no ha situado jurídicamente.



Señorías, no quiero alargar más mi intervención. Gracias por su atención y, en todo caso, espero que respeten las decisiones del Parlamento de Cataluña -las voten a favor o no- como respeta el Parlamento de Cataluña los debates celebrados
en esta Cámara.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, su turno.



El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.



Señora Cuenca, me dirijo a usted con la misma cortesía y cordialidad con las que usted se ha dirigido a mí, pero la cortesía y la cordialidad no son incompatibles con la claridad y la sinceridad, sino todo lo contrario.



La dicción literal de la disposición que he leído de la proposición de ley que aquí estamos debatiendo es exactamente la misma que la que nos traen aquí hoy. (La señora Cuenca i Valero hace gestos negativos.) Transferencia, vía artículo
150.2, de la competencia ejecutiva que reconoce la ley al Estado para convocar referendos. Señoría, otra cosa es la transferencia de los medios personales y materiales que permiten la efectiva prestación o ejercicio de esa competencia, pero, como
usted sabe y un servidor también -porque se ha dedicado a eso durante un tiempo-, eso se hace en el seno de la Comisión mixta de transferencias. Para eso no hace falta una ley. Si el Estatuto de Autonomía reconoce esa competencia, después se reúne
la Comisión mixta de transferencias y considera cuáles son los medios precisos para ejercerla de manera adecuada. Para eso no hace falta otra ley. Por tanto, lo que usted ha dicho simplemente no se ajusta al derecho al que usted tan reiteradamente
se ha referido. Cuando ha puesto de ejemplo, para contradecirme, que ya nosotros siendo Gobierno habíamos impulsado un proyecto de ley orgánica por vía del artículo 150.2 para transferir a la Generalitat una competencia, tiene razón, pero una
verdad a medias es una doble mentira.
Se lo voy a recordar porque la hicimos nosotros. En primer lugar, no fue un proyecto de ley del Gobierno, fue una proposición de ley de los grupos


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parlamentarios y, en segundo lugar, aquello fue porque el Estatuto de Autonomía vigente excluye de manera expresa -repito, de manera expresa- la competencia de control del tráfico en las carreteras catalanas que, por el juego del artículo
149 de la Constitución, significa que la competencia de control del tráfico en las carreteras catalanas ejercida hasta ese momento por la Guardia Civil era una competencia de titularidad estatal. Y como era una competencia de titularidad estatal
que por su propia naturaleza era susceptible de transferencia o delegación, por una proposición de ley orgánica por vía del artículo 150.2 se le transfirió a la Generalidad de Cataluña. Estamos ante una competencia que no aparecía en el artículo
149 como competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, aquí sí, aquí estamos en presencia de una competencia que en el artículo 149.1.32ª aparece como competencia exclusiva del Estado y para que se pueda transferir en los términos que usted
plantea tiene que ser por su propia naturaleza susceptible de transferencia o delegación. Ahí es donde yo, entre otras cosas, le he aludido al dictamen del Consejo de Estado.
Por tanto, señoría, cualquier comparación entre lo que se hizo para la
transferencia del control del tráfico en las carreteras catalanas en su día y lo que ahora se pretende hacer -con todos los respetos- es mera coincidencia, desde el derecho o desde donde usted quiera.



En cuanto al referendo al que usted aludía, se lo voy a aclarar porque no puedo desperdiciar dos minutos que me concede el Reglamento para aclarárselo a usted, al señor Ridao y a todas aquellas personas de buena voluntad que quieran escuchar
lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a presentar una iniciativa parlamentaria para solicitar desde el Congreso al Gobierno que el presidente del Gobierno, haciendo uso de las previsiones contenidas en el artículo 92.3 de la Constitución -someter
a referendo nacional decisiones políticas de especial transcendencia- ponga en marcha las previsiones que la Constitución y la Ley 2/1980 permiten.
Está absolutamente dentro de la ley. Lo de las firmas es para que nuestra iniciativa venga apoyada
por la gente. No estamos planteando una iniciativa legislativa popular ni estamos aplicando ninguna otra cosa que no sea lo que yo le acabo de decir. De lo que estamos convenciéndonos un día sí y otro también, señora Cuenca, es que con las mesas
petitorias -como las llaman-, con la democracia electrónica, con todo esto que estamos impulsando y que está llevando a que centenares de miles de ciudadanos quieran opinar sobre algo que han decidido el señor Rodríguez Zapatero y el señor Mas y que
nos afecta a todos, estamos acertando, porque les está molestando y preocupando mucho. Como les está molestando y preocupando mucho quiere decir que estamos acertando.



En última instancia, señora Cuenca, estamos haciendo lo que los proponentes, los intervinientes en el Parlamento de Cataluña decían que había que hacer: fomentar la participación ciudadana, fomentar la democracia directa, que se complementa
con la democracia representativa, e impedir la anemia civil. Todo eso es lo que pretende ese referendo. No sé por qué les asusta. Si tan convencidos están de la bondad de lo que han hecho, de lo que están impulsando, dejen que el pueblo se
manifieste, que siempre será para bien.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Concluido este punto preciso del turno en contra, comenzamos el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer término, señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.



Compartiré el turno con el señor Rodríguez. Intervengo muy brevemente para dar la bienvenida a los parlamentarios del Parlament de Catalunya. Es un honor y un placer que estén aquí. Quiero agradecerles la cantidad de iniciativas que nos
presentan en la medida que ha supuesto un esfuerzo, un debate y una interesante iniciativa que desde su Parlamento, como expresión de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, entienden que puede ser interesante para múltiples cuestiones. En este
caso, nos traen una iniciativa de gran calado desde el punto de vista democrático, que pueda existir una voluntad real y por tanto un ejercicio de esa voluntad para intentar buscar fórmulas de participación directa en este caso por parte de la
Generalitat de Catalunya, que pueda tener la capacidad para intentar la vía del ejercicio de la voluntad de los ciudadanos en diferentes temas. Para ello aluden a un artículo que ya se ha utilizado, el 150.2, en concreto en la competencia de
tráfico a la Generalitat, y no tiene ninguna pega desde el punto de vista jurídico-constitucional. Desde el punto de vista de la oportunidad, no hay ningún reparo para hablar hoy de este tema, en la medida en que responde a una de las
profundizaciones de la sociedad democrática, sin perjuicio de que con respecto a la transferencia a la competencia stricto sensu se pueda hablar de manera global en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Les agradecemos
mucho esta iniciativa que presentan, a la que vamos a dar nuestro apoyo, y no voy a entrar en contradicciones respecto a la posición en contra. Simplemente manifestaré que no parece muy normal que pretendan restringir las posibilidades de referendo
cuando precisamente el Grupo Popular se ha echado a la calle, con toda la legitimidad del mundo, pero parece que en vez del Parlamento le van más las mesas petitorias. Es muy legítimo y respetable, pero parece poco razonable que se nieguen a
celebrar referendos cuando ustedes están auspiciando uno y lo normal es que ese tema se debata en el propio Parlamento.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.



Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.



Voy a empezar por saludar en nombre del Bloque Nacionalista Galego a las dignísimas representantes del Parlament de Catalunya y al dignísimo representante que


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tenemos hoy aquí con nosotros. Quiero hacer hincapié en que hace tiempo que asistimos a debates propuestos por el Parlamento de Cataluña, destinados sobre todo a dos objetivos fundamentales, a aclarar el concepto de autogobierno en el
ámbito institucional político y en el ámbito cultural lingüístico. Estos objetivos del Parlament de Catalunya son dignos de ser compartidos por una fuerza nacionalista como la que nosotros representamos y además pensamos que debemos compartirlos
porque el Estado español tiene una gran contradicción entre su carácter unitario y sus pretensiones de organización territorial descentralizada. Para que esta organización territorial descentralizada tenga un carácter claramente político debe
considerar a las comunidades autónomas como entes con voluntad política propia. Realmente, la proposición de ley que hoy nos presentan tiene esta intención y nosotros no podemos por menos que compartirla. No vamos a entrar en disquisiciones de
carácter procedimental, cosa que siempre es discutible y es un argumento puramente formal, y tampoco en disquisiciones de interpretación jurídica sobre lo que es o no transferible según el artículo 150.2, pero tenemos claro que según este artículo
todo lo que es competencia del Estado se puede transferir si el Gobierno quiere y si hay voluntad política de hacerlo.
Por lo tanto, la competencia de la convocatoria de referendos profundizaría, primero, en el carácter democrático del trabajo de
la entidad política, que es una comunidad autónoma y, segundo, en una correcta descentralización que asumiese su carácter político y no su carácter puramente administrativo. Sobre todo, señorías -sería bueno entenderlo de una vez por todas-,
acabaríamos con las sospechas y las reticencias respecto de determinados territorios que tienen legítimamente voluntad de autogobierno y que no sabemos por qué no pueden pasar a su sociedad, a su opinión pública, a su cuerpo electoral decisiones e
incluso opiniones sobre muchas de las medidas que se toman y que les van a afectar de manera fundamental y específica. Por todo esto, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar decididamente esta proposición de ley del Parlament de Catalunya.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.



Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.



Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo de Coalición Canaria de bienvenida a los representantes del Parlamento de Cataluña que comparecen hoy en esta Cámara, muy especialmente a la señora Cuenca, antigua compañera en pasadas
legislaturas en este Parlamento. Esta es una materia de hondo calado. Podríamos estar discutiendo aquí si se trata de transferir competencias constitucionalmente reservadas al Estado en cuanto a organizar, desarrollar y convocar un referendo a
todas las comunidades autónomas de cada territorialidad que hay en el Estado español, o si se trata -como recoge esta iniciativa- de una transferencia a la Generalitat de Catalunya. Vuelvo a repetir que este tema es de hondo calado. Tiene tan
hondo calado que podía ser merecedor de figurar en la agenda de trabajo de la Conferencia de presidentes. Mi grupo interpreta que en una cuestión de esta envergadura, como la competencia para un referendo -no estamos hablando del tráfico de
carretera o de competencias policiales de una determinada comunidad autónoma-, habría que profundizar en cuál es el concepto del bien jurídico a proteger o a ejercitar que se señala en el propio artículo 150, apartado 2, de la Constitución, ya que
recoge que se podrán transferir o delegar aquellas materias que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.



Mi grupo entiende que la cuestión del referendo tiene naturaleza suficiente para entrar de lleno en el amparo constitucional. Es decir, son claras las frases que la Constitución española señala en el artículo 149, apartados 1 y 32, respecto
a estos temas competenciales e igualmente lo es el artículo 92.1 de la Constitución, que señala cuál es el cimiento de arranque y de sustento de la competencia del referendo. Nosotros impulsaríamos cualquier idea tendente a que este bien
democrático de una consulta popular fuera del ámbito de todo el Estado, contemplando el Estado como la suma de una serie de comunidades autónomas, no de una sola comunidad autónoma, y no hago un juicio de graduación ni de agravio comparativo en
ninguna, sino un derecho que arrancara de la Constitución para todas las comunidades autónomas. Esto me vuelve a retrotraer a la idea de que tendría que ser en una Conferencia de presidentes donde todas las comunidades autónomas estuviéramos de
acuerdo para modificar lo que a nuestro juicio consideramos necesario e imprescindible, para que una iniciativa de este tipo se refiera a todas las comunidades autónomas y no solamente a una de las que forma actualmente el Estado español. Así
tendríamos el amparo constitucional y el compromiso de que queremos reformar la Constitución en su artículo 150.2 y los demás que traen consecuencia del mismo, ya sea el artículo 92.1 o el artículo 149, apartados 1 y 32. Esto proporcionaría
carácter de seguridad jurídica y legitimaría un derecho para todas las comunidades autónomas que quisieran ejercer el principio de convocar y celebrar referendo, con las limitaciones de carácter técnico jurídico que la ley orgánica después
estableciera.



Por tanto, mi grupo entiende que actualmente, en el imperio de la Constitución española y con el artículo 150.2 no pueden darse las circunstancias de seguridad jurídica para poder impulsar una iniciativa de este tipo. Señor presidente, si
algún día la Conferencia de presidentes y todos los grupos parlamentarios acuerdan modificar la Constitución en los artículos que he señalado, referidos a la convocatoria de un referendo, mi grupo estaría en esa línea. Sin embargo, en este momento
mi grupo tiene que votar en contra de esta iniciativa porque trata de hacer una transferencia de competencia a una comunidad autónoma en una interpretación legítima,


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pero a nuestro juicio distinta de la nuestra, del artículo 150.2 de la Constitución.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.



Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Desde Izquierda Verde, pero también desde Izquierda Unida y desde Iniciativa Verds, considerábamos y seguimos considerando que esta es una iniciativa oportuna. Lo consideramos hoy porque, coincidiendo con el
Estatut, sería bueno que se aprobase la transferencia, por la vía del 150.2, de una competencia exclusiva del Estado y sería positivo porque contribuiría al desarrollo del autogobierno, además convendría democráticamente que en el Estado español se
hiciese lo que se hace en democracias más consolidadas. Por tanto, no hay argumento ni jurídico ni político que haga pensar que esta no sea una iniciativa que deba prosperar. Incluso de acuerdo con el artículo 122 de la actual propuesta aprobada
por el Parlament de Catalunya sería una iniciativa, una proposición de ley que, de aprobarse, convendría política y jurídicamente para la tramitación del Estatuto. Lo cierto es que en el desarrollo de toda democracia tienen que combinarse los
elementos de democracia representativa con los elementos de democracia participativa.
Dentro de este marco, uno de los implementos para el desarrollo de la democracia representativa, pero que complementa a esta, es la convocatoria de referendos. Y
a partir de aquí la pregunta es: ¿Por qué una comunidad autónoma no debería convocar un referendo sobre competencias que afectan a la misma comunidad autónoma? ¿Por qué una comunidad autónoma no puede convocar referendo alguno sobre competencias
que tienen que ver con su política cotidiana? Nosotros no lo entendemos ni lo compartimos. Lo cierto es que en la Constitución se extendieron al ámbito de las comunidades autónomas los referendos de ratificación de una iniciativa autonómica, como
por ejemplo el de la propuesta que estamos discutiendo en torno al Estatut de Cataluña. También se extendieron al ámbito de la comunidad autónoma el referendo en el caso de reforma; es el caso del Estatut de Cataluña. Esto es lo que explica que
jurídicamente sea posible, tal y como explica la exposición de motivos, la transferencia en la convocatoria de referendo a las comunidades autónomas.



El constituyente por tanto quiso que hubiese resquicios, que hubiese márgenes, que hubiese espacio para que la comunidad autónoma pudiese convocar su referendo. Lo que es sorprendente -a mí no me deja de sorprender el Partido Popular- es
que a estas alturas el señor Fernández Díaz venga aquí a darnos lecciones de derecho. Yo creo que sería una cuestión de primero de Derecho que un referendo en torno a una proposición de ley, que es un estatuto, en caso de referendo debe producirse
en el marco de la comunidad autónoma. Pueden hacer muchas diatribas, pueden hablar de diferentes fundamentos jurídicos, pero sus argumentos, señor Fernández Díaz, no hay por dónde cogerlos. El señor Fernández Díaz, hablando de referendos, decía
que su máxima es como la de Groucho Marx: Estos son mis principios pero, si no le gustan, no se preocupe, tengo otros. Podemos decir que ahora el Partido Popular tiene otra máxima: Esta es mi Constitución pero, si no le gusta, si no le conviene,
no se preocupen, tengo otra. La Constitución dice que no caben los referendos de toda España para un estatuto que viene de una comunidad autónoma, y ustedes lo convocan. Digamos que su máxima con la Constitución es la máxima de Groucho Marx. Su
Constitución es una Constitución mutante, que va en función de cómo sopla el viento y no en función de cómo debería interpretarse.



Pese a sus argumentos, las comunidades autónomas hoy necesitan de esa competencia, que sería muy positiva para que la democracia representativa tuviese elementos de democracia participativa que la fortaleciesen. La pregunta que nos
deberíamos hacer todos y todas es: ¿Lo que conviene en Suiza, lo que sirve en los cantones suizos, lo que sirve en Dinamarca, lo que sirve en Italia, lo que sirve en Irlanda, lo que sirve en Portugal, lo que sirve en el Reino Unido y lo que sirve
en una realidad tan jacobina como la francesa, por qué no puede servir para el Estado español? ¿Por qué no es conveniente, por qué no toca, por qué apelan a esa coherencia, que puede ser muy coherente pero que es bastante inútil y, sobre todo, no
redunda en un fortalecimiento de la democracia? Porque lo que ustedes entienden es que hay terrenos vetados al desarrollo del Estado de las autonomías, y uno de los terrenos que ustedes vetan al desarrollo del Estado de las autonomías es
precisamente la convocatoria de referendos. Lo cierto es que en una de las democracias más jóvenes del contexto europeo, en la nuestra, los referendos han escaseado. ¿Cuántos hemos tenido, señor Fernández Díaz, en todos los años de democracia?
Más allá de los referendos constitucionales y estatutarios, hemos tenido tan solo dos referendos. ¿Eso sirve realmente para fortalecer la cultura democrática? No. ¿Serviría para fortalecer la cultura democrática que la Generalitat pudiese
convocar referendos en temas como inmigración, en temas como transporte, en temas que afectan a la vida cotidiana de la gente? Claro que sí. La pregunta es: ¿Por qué se oponen ustedes? No se oponen por el derecho de autodeterminación, no se
equivoquen, se oponen porque en realidad estos son elementos que fortalecerían la democracia y que además la democracia se fortalecería a partir del desarrollo del Estado de las autonomías. Ese es el problema. Por tanto, nosotros decimos
clarísimamente que es positivo que se transfiera. Entendemos además que a partir de la proposición de ley que viene del Parlament de Catalunya se podría circunscribir esa transferencia a aquellos aspectos en los que las comunidades autónomas tienen
competencia. Hay margen y hay recorrido, claro que sí, y además ayudaría a la negociación del Estatuto. Por eso, nuestro grupo parlamentario, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa


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per Catalunya Verds, va a votar favorablemente. Entendemos que la Generalitat debe convocar esos referendos, y queremos hacer una salvedad que Rafael Ribó hizo también en el debate en el Parlament, habiendo leído el 'Diario de Sesiones' en
el Parlament. La propuesta del referéndum es un elemento positivo, muy positivo, pero a la vez hay que entender que los referendos no son la solución balsámica para cualquier democracia; son un complemento, pero no son el único instrumento para el
fortalecimiento de una democracia. De hecho, tenemos algunos ejemplos de referendos en Estados Unidos que no han significado fortalecimiento alguno de la democracia. Queríamos hacer esa salvedad.



Acabo ya, señor presidente. A nuestro entender, hoy la propuesta conviene, es conveniente jurídicamente, es conveniente políticamente y es conveniente para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.
Algunos tienen la desfachatez
de negarlo. Dicen que es una propuesta inconstitucional, sin fundamento jurídico, pero se atreven a convocar un referendo en el que todos los ciudadanos españoles voten en torno a una propuesta que viene del Parlament de Catalunya. Allá ellos. Se
pueden hacer muchas diatribas sobre si es constitucional o no. A mí me explicaron que un Estatuto, sea de Cataluña o sea del sitio que sea, se tiene que votar precisamente allí donde se produce. El señor Fernández Díaz ha hablado de la coherencia
de unos y otros. A nosotros nos gustaría -y así se lo trasladamos- que el Grupo Socialista apoyase esta proposición de ley, pero la actitud que debería tener hoy el Grupo Popular sería la de no dar consejos. No pueden dar consejos aquellos que
utilizan la Constitución cuando les conviene y cuando no les conviene convocan referendos al margen de dónde tengan que celebrarse. El Estatuto catalán está negociándose en el Congreso de los Diputados y luego deberá ratificarse y someterse a
referendo allí donde toque, en Cataluña. Eso es precisamente lo que debemos reivindicar y explicar.



Por todo ello, porque entendemos que esta es una buena proposición de ley, porque conviene democráticamente, porque cabe jurídicamente y porque además ayuda al proceso del Estatut, nuestro grupo parlamentario va a votar en sentido favorable.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.



Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.



En repetidas ocasiones el Grupo Vasco ha insistido en que la actual regulación de los procedimientos de democracia directa y semidirecta en el ordenamiento jurídico del Estado no son los más adecuados. Lo hicimos así en el debate todavía no
concluso de la reforma de la iniciativa legislativa popular y en algunas otras iniciativas también nos hemos referido a la Ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referendo. Entendemos que esta ley fue fruto de las circunstancias y
del momento. Es una ley restrictiva, una ley que está redactada desde un miedo a las posiciones que se puedan adoptar desde la ciudadanía en un momento de cambio político, en un momento de transición, y hoy en día es una ley plenamente periclitada
y plenamente caduca que debería ser objeto de reforma, como muchas otras leyes que conforman la columna vertebral del ordenamiento jurídico y que fueron aprobadas en unas circunstancias muy especiales y muy diferentes al momento actual. En ese
sentido, pensamos que la transferencia a través del artículo 150.2 es correcta, pero más tarde o más temprano estaremos abocados a entrar en la modificación de la propia ley, y mi grupo no descarta iniciativas en este sentido. Nos parece que la
transferencia a través del artículo 150.2 es técnicamente correcta y posible, al fin y al cabo no es nada más que una competencia más del artículo 149, y la única restricción que fija el 150 para transferir o delegar competencias a las comunidades
autónomas a través de ley orgánica es que sean facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Entendemos que en este caso, por su propia naturaleza, no hay
absolutamente ningún problema. Sin embargo, el rechazo a este tipo de iniciativas que se han sucedido a lo largo de varias legislaturas -en esta y en las anteriores- ha mostrado una desconfianza clara del Estado hacia la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos a través de la consulta popular, y lo problemático del caso es que no se está utilizando como un estricto control de legalidad la autorización del referendo, sino que se utiliza como una cuestión de estricta
oportunidad política a la hora de autorizar o no esos referendos. Se hace mención en la proposición del Parlamento de Cataluña a algunos referendos que están entroncados dentro del bloque de constitucionalidad porque se hace mención expresa a ellos
dentro de los estatutos y que en cierto modo estarían excluidos de la autorización de la ley. Hay unos cuantos. Les voy a comentar un ejemplo que está incluido dentro de ese bloque de constitucionalidad, que forma parte de un Estatuto y que sin
embargo no ha podido ser llevado a cabo, esto es, se ha incumplido el Estatuto precisamente porque el Gobierno del Estado se ha negado a autorizar el referendo, no por cuestiones de estricta legalidad, que estaban todas cumplidas, sino porque no le
parecía políticamente conveniente para sus intereses llevarlo adelante. Me refiero al enclave de Villaverde de Trucíos, que es un municipio que está dentro de la Comunidad Autónoma Vasca pero que pertenece a la Comunidad de Cantabria. Según la
regulación tanto del Estatuto cántabro como del Estatuto vasco, todos los pasos que deberían darse para la integración dentro de la Comunidad del País Vasco fueron dados, desde la propia voluntad manifestada por el ayuntamiento hasta el resto de las
circunstancias necesarias para ello. Solo quedaba el referendo, y el referendo, por mor de la ley orgánica que queremos modificar, obligaba a la autorización por parte del


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Gobierno del Estado, y el Gobierno del Estado no lo llegó a autorizar nunca, pero, insisto, no porque no se hubieran dado todos los pasos legales requeridos, sino simplemente porque no le daba la gana, y eso, a mi entender, es un abuso de
derecho que debería hacernos reflexionar a todos y modificar la legislación. Aferrarse a esta reserva competencial refleja la estrecha concepción que se tiene de la democracia desde algunos ámbitos, reduciéndola a unas elecciones cada cuatro años,
y a nuestro modo de ver la democracia debe ir mucho más allá, debe ser mucho más participativa, debe abrir más canales de opinión a la ciudadanía de forma constante, no única y exclusivamente en el momento de disolución de la Cámara legislativa
correspondiente.



En nuestra opinión, los referendos o consultas, sean hechos a través de las vías que marca el ordenamiento jurídico o no, siempre tendrán una validez política y serán legítimos moralmente, si se hacen democráticamente, como voluntad
expresada por la ciudadanía; otra cosa es que tengan o no efectos jurídicos. Porque desde luego es sorprendente que algunos grupos que ahora están empeñados en poner en marcha referendos hasta hace poco no tenían mucha afición a estos mecanismos,
incluso hasta querían meter en la cárcel, con el Código Penal en la mano, modificándolo subrepticiamente, a algunos presidente autonómicos. El PP debería estar a favor de esta propuesta que hace el Parlamento catalán si quiere estar en consonancia
con su iniciativa de recogida de firmas; recogida de firmas que nos parece correcta. A nosotros desde luego no nos preocupa que pregunten a la ciudadanía si considera conveniente que España siga siendo una única nación, porque estaría muy bien ver
el resultado, la respuesta que obtienen en Euskadi y en Cataluña. Nosotros queremos que se pregunte a la ciudadanía si considera que España es una única nación. Tampoco deja de ser sorprendente que el señor Rajoy dijera hace unos días que le
parece inaudito que haya quien se oponga a que los españoles opinen.
Estoy de acuerdo con él, pero al señor Rajoy también le parecerá inaudito que haya quien se oponga a que los vascos opinen, a que los catalanes opinen o incluso a que los
ciudadanos de Villaverde de Trucíos opinen.
Parece que hay diferencias. Por cierto, no deja de ser curioso que el inicio de la recogida de firmas sea precisamente en Cádiz, porque, dejando aparte lo sibilino de unir en la pregunta que quiere hacer
el Partido Popular la igualdad de derechos con la existencia de una única nación, lo cierto es que se comienza en Cádiz porque es la cuna del constitucionalismo moderno y el símbolo de la igualdad entre todos los ciudadanos, y no hay mayor paradoja,
porque una Constitución que hacía diferencia entre nacionalidad y ciudadanía restringiendo la ciudadanía a muchos nacionales, con una elección de tres niveles en el Congreso de los Diputados, donde solo podían entrar aquellas personas que alcanzaban
determinada renta, una Constitución que admite la esclavitud, o una Constitución que prohibe el ejercicio de aquella religión que no sea la católica, desde luego no es una muestra de constitucionalismo moderno y sobre todo de igualdad de derechos
entre los ciudadanos.



Nos parece que no hay inoportunidad política en la propuesta del Parlamento catalán. Desde luego, han sido la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso las que han puesto esta iniciativa en este momento, porque esta iniciativa llevaba
mucho tiempo dando vueltas en esta Cámara, que yo sepa al menos desde la legislatura anterior. Ustedes sabrán cuáles deben ser los ritmos de esta Cámara, pero esta iniciativa, si se hubiera querido, se podría haber discutido, entiendo yo, antes.

Tampoco nos parece inoportuna esta propuesta porque el Estatuto catalán todavía está elaborándose y además tampoco podemos prejuzgar qué es lo que puede salir de este texto que ahora se nos presenta ya que perfectamente podría ampliarse esta
delegación de competencias a otras comunidades autónomas o podría convertirse en una iniciativa de modificación de la Ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referendos. Por tanto, nos parece una propuesta que puede ser oportuna,
que al menos no es inoportuna. Desde luego, habrá que enfrentar de una vez y mejor cuanto antes este asunto, de manera que se facilite a la ciudadanía su participación, se haga a las comunidades autónomas y a los municipios también partícipes y
poseedores de los instrumentos adecuados para conocer la posición de su ciudadanía sobre temas que les afecten, que les competan o que les preocupen, y desde luego no va a ser al Grupo Vasco al que le dé miedo o le eche atrás conocer la opinión de
la ciudadanía, sea cual sea la pregunta y sea cual sea el marco en el que se hace, siempre que sea dentro de unos estrictos parámetros democráticos.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.



Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente. (Pronuncia palabras en catalán.)


Anuncio de entrada el voto favorable de nuestro grupo parlamentario porque figura entre las propuestas que hemos suscrito en el documento sobre autogobierno que hemos firmado conjuntamente Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya y
porque asumimos dicha demanda desde nuestro grupo parlamentario. Y la asumimos porque es una cuestión concreta, por los principios políticos que defiende nuestro grupo, especialmente el principio de promover una mayor proximidad a la toma de
decisiones de la comunidad que esté más afectada. Hay que respetar el principio de subsidiariedad. Es necesario favorecer los procedimientos de la democracia directa y participativa. Estas palabras y otras más que nuestro grupo parlamentario
comparte fueron pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament de Catalunya, el señor Josep María Valles, actual conseller de Justicia de la Generalitat. Por cierto, es una proposición presentada a propuesta de
Esquerra Republicana de Catalunya y aprobada en el


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Parlamento por una amplia mayoría de 113 votos contra 12. Todos los grupos votaron a favor, excepto el Grupo Parlamentario Popular, igual que ocurrió con el Estatuto de Cataluña.



Por los antecedentes y los comentarios realizados por el portavoz del grupo mayoritario, deduzco que seguramente hoy asistiremos a otra situación de incoherencia. Votar una cosa en Cataluña y aquí lo contrario debe formar parte de esta
lógica política que nuestro grupo parlamentario no entiende, una lógica política que puede entusiasmar a los ciudadanos y que luego reflejan en la valoración que hacen de la clase política. Ahora no valen posibles explicaciones; ahora no toca. No
es válido que por estar en trámite el proyecto del Estatuto de Cataluña ahora toque retirada. Hemos de hablar claro, porque el Grupo Socialista es conocedor del acuerdo Mas-Zapatero y ha puesto en el cajón de los olvidos las competencias de
Cataluña en materia de convocatoria de referendo; unas competencias, como muchas otras acordadas, que a pesar de ser aprobadas por amplia mayoría del Parlamento de Cataluña han pasado a mejor ocasión, igual que sucedió con el Estatuto aprobado el
30 de septiembre. Un Estado plural y que se jacte de democracia avanzada no debería tener ningún problema para traspasar las competencias en materia de referendo. Es lo que han hecho multitud de Estados avanzados de Europa y del mundo: Canadá,
con su ley de la claridad; Estados Unidos; Dinamarca, con el tema de las islas Feroe; Francia, con consultas en el ámbito regional; Irlanda, con colectividades específicas; Reino Unido, con el referendo sobre la devolución de Escocia y País de
Gales y en el proceso de pacificación del Ulster, o Italia. ¿Por qué ese miedo por parte del Gobierno de turno a permitir el ejercicio de incrementar la participación ciudadana?


Lo que pide el Parlamento de Cataluña por amplia mayoría es el traspaso de la competencia de convocatoria de referendos por el artículo 150.2 para incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en temas de ámbito
concreto, de ámbito local. ¡Qué paradoja no poder consultar a los ciudadanos de un municipio concreto sobre un tema específico! Pero hablemos con claridad: si el problema es el derecho a la autodeterminación, los demócratas sabemos que este es un
derecho elemental. Toda comunidad nacional, todo pueblo posee la facultad de decidir su marco político. Esto no depende de ninguna ley; depende de la voluntad de sus ciudadanos. Es lo que ha sucedido en Europa a lo largo de los últimos años. La
historia reciente nos muestra la vía por la cual los últimos Estados han llegado a su soberanía, y no hay ninguna ley que lo pueda impedir cuando la voluntad de sus ciudadanos es clara. Pero hoy no hablamos de autodeterminación; hoy pedimos
aumentar los mecanismos de participación, y el referendo es uno de ellos. En todos los años de democracia en el Estado español se ha ejercido en contadas ocasiones esta vía de participación. Por eso desde el Parlamento de Cataluña, y por amplia
mayoría, solicitamos el traspaso de dicha competencia para ejercerla, para acercar la política a las ciudadanas y los ciudadanos.
Por favor, señorías, diputados y diputadas del Grupo Socialista, no tengan miedo, dejen que la ciudadanía ejerza sus
derechos, tomen ejemplo, como lo ha hecho y está haciendo el principal partido de la oposición según estamos comprobando estos días. Con un esfuerzo gigantesco, el Partido Popular se ha puesto a recoger firmas en contra del Estatuto de Cataluña.
Tengo que decir que no sé contra qué estatuto, si el bueno o el malo, si el del 30 de septiembre del Parlament de Catalunya o el de La Moncloa. Pero ¿para qué tanto esfuerzo por parte del Partido Popular? ¿Para qué tanto engaño a la ciudadanía, a
sus simpatizantes y a los que firman para el referendo -incluidos los personajes de ficción, que por cierto también firman- si luego no van a cumplir lo prometido? Y lo vamos a comprobar hoy aquí. Hoy el Partido Popular y el Partido Socialista van
a votar en contra de esta propuesta aprobada por amplia mayoría del Parlamento de Cataluña. Van a tener miedo de que los ciudadanos respondan y decidan. ¿Por qué tanta incoherencia de quienes tendrían que dar ejemplo?


Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.



Tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, en primer lugar yo también quiero saludar y dar la bienvenida a las señoras y señores diputados del Parlament de Catalunya.



Quizás alguien pueda considerar que este es un debate sobre reparto de poder político y sobre reparto de autogobierno a partir de esta iniciativa del Parlamento de Cataluña de la anterior legislatura, del mes de junio de 2003. Pero,
señorías, estamos también ante un debate siempre oportuno en un Parlamento y en una Cámara sobre la mejora de los mecanismos de participación política y democrática directa. Este Parlamento, que de forma tan habitual habla y profundiza, este
Gobierno, que de forma tan habitual habla y quiere apostar por un discurso de más calidad democrática, tienen en la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlament de Catalunya una magnífica oportunidad para afrontar una puesta al día
-porque no es nada más que un ajuste y una puesta al día- de este mecanismo de participación que son los referendos, a través de la posible transferencia a la Generalitat de Catalunya, pero, evidentemente, también abriendo la posibilidad a otras
comunidades autónomas. No estamos más que ante una posible y necesaria adaptación del marco de los mecanismos de participación directa, de acuerdo con la evolución del régimen autonómico en el último cuarto de siglo.



Este grupo parlamentario también considera que las previsiones constitucionales sobre referendo son limitadas, pobres y tímidas. Sus señorías conocen perfectamente la previsión de los referendos estrictamente consultivos no vinculantes, de
los referendos de ratificación y aprobación en su momento, ahora solo de ratificación


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de reformas de estatutos de autonomía y también de ratificación de una eventual incorporación de Navarra al País Vasco. Un cuarto de siglo después del desarrollo del Estado de las autonomías es evidente que se ha consolidado y constituido
un ámbito autonómico importante de ejercicio del poder político. Creo que esto lo vemos y observamos todos o casi todos. Por tanto, parece oportuno que los ciudadanos puedan ejercer este derecho de participación directa en este ámbito de decisión
y de participación de las competencias de las comunidades autónomas. Y esta es, señorías, una buena propuesta. Es una propuesta en el ámbito y en el marco constitucional y, por cierto, de acuerdo con los requisitos que últimamente se plantean,
formulada también por una amplia mayoría del Parlamento de Cataluña. Es una propuesta de transferencia de la competencia del artículo 149.1.32 a las comunidades autónomas a través del artículo 150.2, todo perfectamente constitucional; una
transferencia de ejecución y, como saben SS.SS. y como tendrían que saber las señorías de las filas del Partido Popular, a través de un artículo, el 150.2, que permite también la reversión de esta delegación de competencia donde hay la más tímida
consideración de no constitucionalidad. Tomemos en consideración esta proposición de ley, votemos a favor de su toma en consideración. El elemento nuclear es el artículo 1. ¿Mejorable en su redacción, mejorables los mecanismos de autorización por
parte del Estado de la propuesta de una comunidad autónoma? Quizá sí. ¿Un ayuntamiento puede proponer un referendo y, en cambio, una comunidad autónoma no puede proponer una materia de decisión?


Señorías, han pasado muchos años desde que en 1778 el Estado de Massachusetts propuso la aprobación de su Constitución a través de referendo. Desde la constitución como república, Italia ha celebrado más de 39 referendos; Irlanda, más de
18; Dinamarca, más de 12. Alguien nos dice que seamos serios. Si somos serios, tenemos que profundizar en la calidad democrática en España y en el mecanismo de los referendos, por cierto, habituales en tantos entes subestatales en nuestro entorno
jurídico político, habituales en regiones italianas, habituales en regiones danesas, habituales e incluso contemplados en la legislación francesa, en la irlandesa, en Portugal y en el proceso de devolution en Reino Unido. Hemos escuchado esta tarde
en esta Cámara a alguien que ha afirmado que se ha hecho un uso abusivo de los referendos en la reciente tradición democrática española. Se ha hecho un uso demasiado moderado. Es evidente que también debemos afrontar una reforma más profunda que
la que estamos discutiendo sobre la iniciativa legislativa popular y que el próximo miércoles veremos en la Comisión Constitucional. También se han hecho consideraciones sobre la oportunidad de la tramitación de esta proposición de ley después del
debate de toma en consideración de 2 de noviembre y después de que ayer se constituyera de forma paritaria, entre la delegación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional, la Comisión para la reforma del Estatuto de Cataluña y la
ponencia. Pues bien, señorías, la casualidad hace que sea especialmente oportuno, como ya señalaban la diputada Cuenca y el diputado Herrera, que en estos momentos podamos tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña con su previsión
en el artículo 122 de este proyecto y a la vez esta proposición de ley para la transferencia de la posibilidad de convocar referendos a través del artículo 150.2. Seguramente este es el mejor mecanismo político y jurídico para garantizar una
competencia ampliamente avalada por el Parlamento de Cataluña y que se puede preservar a través de la tramitación de esta iniciativa. En este sentido, me quiero dirigir especialmente al grupo de la mayoría, el Grupo Socialista. Tenemos una gran
oportunidad que o consolidamos en este momento o en el plazo de unas cuantas semanas o de unos cuantos meses deberemos reabrir para dar cumplimiento a la previsión del artículo 122 del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hoy se da una
gran oportunidad desde el punto de vista político, pero también para la declaración de voluntad política.



El señor Fernández Díaz, en nombre del Grupo Popular, haciendo referencia a un general francés cuyo nombre lamento mucho no recordar, nos pedía coherencia. Pues bien, señor diputado, la coherencia de nuestra apuesta del mes de junio del año
2003; la coherencia de nuestra apuesta del día 30 de septiembre de 2005, día de aprobación del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña; la coherencia de hoy, día 7 de febrero de 2006, y la coherencia hasta el día que conseguimos
constitucionalmente la transferencia de competencias. Lo lamento mucho, pero, señor portavoz del Grupo Popular, señorías del Grupo Popular, han descarrilado en su sacrosanta defensa de la Carta Magna. Hoy han intentado cambiarla, hoy nos han
entregado su versión número 3 o su versión número 4, pero empezaron recogiendo firmas por toda España a fin de que se celebrara un referendo para que en toda España se refrendara la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hoy, el portavoz
del Grupo Popular nos ha entregado la versión número 3, la versión número 4, la modificación por la cual nos anuncia una iniciativa parlamentaria avalada y apoyada por las firmas. Recojan estas firmas también en Cataluña, también en el País Vasco,
también en otros territorios; pero recordemos que su primera iniciativa, su primera voluntad política era violentar claramente -ustedes sí- el marco constitucional sometiendo la reforma del Estatuto de Autonomía al conjunto del Estado español.



Llegaremos a buen término, llegaremos a la modificación del Estatuto de Autonomía, llegaremos a la aprobación del Estatuto de Autonomía, llegaremos evidente y claramente a la conclusión de que estamos ante esto, ante una modificación del
Estatuto de Autonomía y no ante lo que ustedes han anunciado como una modificación encubierta de la Constitución española. Llegaremos al día en que veremos la reforma en profundidad del modelo territorial y una evolución, no su grito de que España
se rompe.
Llegaremos a ese día de la aprobación y, en su juego del todo o nada, se quedarán en nada en el hilo argumental. Esto es grave, pero más grave será que su crédito para


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entrar en una Facultad de Derecho quedará gravemente dañado después de su planteamiento sobre la recogida de firmas y el sometimiento de un referendo para la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el conjunto de España. ¿Este es
su concepto de autonomía?


Para terminar, señor presidente, me permito cordial y modestamente sugerir a las filas del Partido Popular que empiecen a ensayar su discurso para el día después de esta reforma, que saldrá bien y que será buena para España, para el conjunto
del modelo autonómico y para el conjunto del Estado español.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.



Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Vallès.



El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente, señores representantes del Parlament de Cataluña, señor Ridao, señora Santos, señora Cuenca, señorías, la propuesta de ley orgánica promovida por el Parlament de Cataluña que hoy debatimos tiene por
objeto hacer efectiva, mediante la utilización de la fórmula habilitada en el artículo 150.2 de la Constitución, la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la facultad de autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de
referendo, cuya competencia tiene atribuida en exclusiva el Estado por mandato constitucional. La proposición entiende, y así lo han defendido hoy aquí los representantes del Parlament de Cataluña, que el sistema de relaciones entre las comunidades
autónomas y los ciudadanos implantado por la Constitución produjo una dinamización de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en dicho ámbito, si bien es cierto que quedó reducido a los referendos de ratificación de la iniciativa
autonómica y de aprobación y reforma de los estatutos de autonomía. Por ello solicitan ahora que sea ampliada la posibilidad de celebrar consultas populares territoriales, pese, como admiten, a su falta de reconocimiento expreso.



Esta proposición de ley que hoy se presenta, señorías, tiene un precedente no muy lejano en esta misma Cámara. Se trata de una reproducción casi literal de la que ya presentó durante la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Mixto, a
instancia en ese caso del diputado Joan Puigcercós, y cuya toma en consideración fue debatida y rechazada por el Pleno de 12 de febrero del año 2002. Ya en aquella ocasión el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, diputado señor Joan Marcet,
experto en esta materia por su condición también de profesor de derecho constitucional, sostuvo acertadamente que nos encontrábamos ante una materia que no es delegable, de acuerdo con las previsiones del artículo 150.2 de la Constitución,
fundamentalmente por razón de su naturaleza jurídica. Y no es delegable, no tanto, como argumentan los miembros del Grupo Popular, porque con ello se vaya a afectar cuestiones vinculadas a la soberanía, sino porque con esta proposición lo que se
pretende transferir no es una competencia en sentido estricto, sino más bien la delegación de un acto político, como es el de la autorización para la celebración de referendos.



Mi grupo, señorías, señor Fernández Díaz, en coherencia, sigue manteniendo esta misma argumentación, puesto que, aunque podamos coincidir con el principal objetivo que mueve la proposición de ley al Parlament de Cataluña, esto es propiciar y
potenciar la participación ciudadana, la realidad es que dicha transferencia no es posible jurídicamente hablando.
En nuestro ordenamiento jurídico, la institución del referendo se concreta bajo distintas formas y modalidades, pero en ningún caso
se prevén los referendos territoriales a los que la proposición de ley que hoy discutimos se refiere. Entendemos que dichas consultas solo podrían tener encaje dentro del marco jurídico-constitucional actual en el referendo consultivo del artículo
92 de la Constitución, pero precisamente ese tipo de referendo es el que requiere una convocatoria regia, a propuesta del presidente del Gobierno, y previa autorización de este Congreso de los Diputados. Así pues, en la medida en que estas
consultas populares carecen de reconocimiento tanto constitucional como legal, no pueden transferirse, sencillamente porque no tienen existencia jurídica en nuestro derecho vigente.



Esta última conclusión que acabo de decirles no implica sin embargo que una modalidad de referendo consultivo autonómico no pueda tener cabida en nuestro ordenamiento. En la medida en que el artículo 92.3 remite a una ley orgánica la
regulación de las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referendos previstas en la Constitución, parece estar autorizando otras modalidades no previstas en nuestra Norma Fundamental, aunque es evidente que ello conllevaría
ciertos condicionantes jurídicos y constitucionales; entre otros, que dicha formalización se efectúe mediante la aprobación de una ley orgánica. Ello es así no tanto porque se deduzca de las previsiones del tan citado hoy artículo 92.3 de la
Constitución, sino porque encuentra su fundamento en el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución y, en consecuencia, su desarrollo está reservado a la ley orgánica, por
imperativo del artículo 81 de la Constitución española. Sin embargo, señorías, mi grupo es receptivo a abordar y discutir estas cuestiones, de forma que con ello consigamos profundizar en el desarrollo de nuestro Estado democrático y fomentar
nuevos mecanismos de democracia participativa, facilitando con ello la implicación y la participación de los ciudadanos en la vida política e incrementando así, si cabe, la legitimidad en la toma de decisiones. No cabe ninguna de que las consultas
populares son un mecanismo útil para conseguir ese objetivo, pero a su vez deben ser utilizadas con prudencia, dado que el abuso en su ejercicio puede derivar, como ya se ha dicho hoy aquí, en la construcción de un sistema plebiscitario. Por no
hablar, señorías, de los efectos nocivos que provocan en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema democrático, cuando son utilizados de forma inconstitucional, de forma demagógica, intentando dividir, engañar y


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manipular a la sociedad, como está haciendo en la actualidad el Partido Popular.



A pesar de estas cautelas que acabo de mencionarles, mi grupo entiende que la iniciativa además adolece de otro vicio, ya no tanto jurídico, sino político, puesto que entendemos que su presentación y discusión hoy aquí es, si me permiten la
expresión, cuando menos extemporánea. Como bien saben SS.SS., ayer se ha constituido la ponencia constitucional, que empezará a trabajar para proceder a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La propuesta de Estatut que ha remitido el
Parlament a esta Cámara, en su artículo 122 incluye una referencia expresa a las competencias que la Generalitat puede asumir en materia de consultas populares, por lo que en este momento, señorías, esta cuestión es ya objeto de discusión, de debate
y de trabajo en este Parlamento. Este mismo artículo 122, que ya goza de un preacuerdo con la mayoría de los diputados de esta Cámara, atribuye una nueva competencia exclusiva de la Generalitat para el establecimiento del régimen jurídico, las
modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta
popular, con excepción, claro está, de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución, que reserva al Estado la autorización previa para la convocatoria por vía de referendo. En nuestra Constitución, el referendo es una consulta con unas
características muy precisas y que versa necesariamente sobre la aprobación de una norma jurídica o sobre una cuestión política de especial trascendencia. Salvaguardando esta competencia, la ponencia constitucional tiene la legitimidad suficiente
para reconocer a la Generalitat de Cataluña la capacidad para realizar todo tipo de consultas, pues se tratará de ámbitos respecto de los cuales la propia Generalitat ya tiene las competencias asumidas.



Es en ese ámbito procesal y en ese preciso espacio temporal de la Comisión Constitucional del Congreso, en pleno debate de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y no aquí, donde deben discutirse y dilucidarse estas cuestiones. A
ello emplazo tanto a la delegación del Parlament de Cataluña que hoy nos acompaña, todos ellos en calidad -si no he entendido mal- de miembros de la delegación parlamentaria en la Comisión Constitucional del Congreso, como, señor Fernández Díaz, a
los miembros del Grupo Parlamentario Popular, cuya actitud en relación con el reconocimiento de la legitimidad para celebrar referendos es al menos incoherente, por no utilizar términos más explícitos. Solo hace falta recordar cuál ha sido su
posición sobre este asunto en los dos últimos años y recordar también lo insólito de su posición hoy aquí consumiendo un turno en contra de una proposición de ley de un parlamento autonómico.



Termino, señor presidente, señor Fernández Díaz, parafraseando a Groucho Marx: Lo que más me ha gustado hoy de su representación ha sido sobre todo el descanso.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallès.



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, someto a consideración de la Cámara una propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de
los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de comenzar la sesión plenaria del jueves 9 de febrero a las 10 horas así como de excluir del punto IX el debate de los puntos 40 a 42,
relativos a los dictámenes de comisiones sobre el proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, sobre el proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión
Europea, y sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Montes.



¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)


Queda aprobada la modificación del orden del día.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:


-DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ORGÁNICA, POR VÍA DEL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN, DE TRANSFERENCIA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM. (VOTACIÓN.)


El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley de comunidad autónoma, del Parlamento de Cataluña, orgánica, por vía del artículo 150.2 de la Constitución, de transferencia a la Generalitat de Cataluña de
las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referendo.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 33; en contra, 279.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)


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El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración del año 2006 como año de la
memoria histórica. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, vamos a continuar con la sesión plenaria.



Toma en consideración de proposiciones de ley. Comenzaremos con la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre declaración del año 2006 como año de la memoria histórica.



Tiene la palabra -y les pido silencio, señorías, para que haga convenientemente uso de ella- el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para presentar la proposición de ley que pretende declarar este año 2006 como año de la
memoria histórica. Dos son las razones fundamentales para esta propuesta: el aniversario de la II República española, antecedente de la democracia española que hoy disfrutamos, y el aniversario de la guerra civil como consecuencia de la
sublevación ilegítima contra la República española. Bastaría esta efemérides para justificar nuestra propuesta, la propuesta de que este año sea el año de la memoria histórica, pero hay antecedentes que también lo justifican.



En esta Cámara, sobre todo a lo largo de los últimos años, podríamos decir que a lo largo del final de los años noventa y el principio del siglo XXI, se han sucedido iniciativas de justicia, de reparación y de memoria de lo que ha sido el
olvido de la democracia republicana, del antifranquismo y del exilio. Esas iniciativas han sido aprobadas por esta Cámara y han supuesto reparaciones parciales tanto de la memoria como de la justicia. Esperamos que este año, el año 2006, en que se
produce el 75º aniversario de la II República y el 70º aniversario de nuestra guerra civil, sea el año en que esta Cámara dé satisfacción a los ciudadanos de este país y permita la recuperación de un relato compartido sobre nuestra memoria y sobre
nuestra historia. Algunos pensarán que esta iniciativa es una iniciativa para reabrir heridas o una iniciativa de venganza. Nada más lejos de la realidad. Esta iniciativa se hace desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y fue
imprescindible la reconciliación.
Sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy habría un régimen democrático en nuestro país, difícilmente se hubieran vuelto a hacer realidad los valores democráticos de la República. Nada más lejos de esta
iniciativa que retomar lo que fue un gran acierto de la transición democrática. Pero perdón y reconciliación no son contradictorios con la memoria; muy al contrario, perdón y reconciliación significan al mismo tiempo memoria, memoria democrática y
memoria civil. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio, por favor!


El señor LLAMAZARES TRIGO: Para que se haga cierto el perdón y la reconciliación también tiene que haber reconciliación con la memoria de los demócratas, con la memoria de los republicanos y con la memoria de los antifranquistas españoles.
Por eso esta iniciativa para declarar el 2006 año de la memoria pretende ser también la iniciativa puente con el compromiso del Gobierno para presentar ante esta Cámara la ley de la memoria histórica, que estamos convencidos que avanzará de forma
clara en la justicia, en la memoria y en la reparación, tanto a los republicanos como a los antifranquistas y exiliados, que hoy son ancianos y que hoy todavía no han recibido la reparación democrática necesaria a su esfuerzo y a su compromiso.



Esta iniciativa pretende ser una iniciativa puente por la que, de forma simbólica, se declare este año 2006, aniversario de la República y también aniversario de la guerra civil, como año de la memoria. Es, en nuestra opinión, el año de la
memoria democrática, el año de la memoria en que, como diría López Piñeiro, independientemente de los aciertos y errores de la República, la democracia española de la Constitución actual se reconcilia con sus antecedentes democráticos, su principal
antecedente democrático, la Constitución republicana y la II República española, dotada de los mismos valores y de las mismas aspiraciones de modernización y de participación democrática que la Constitución de 1978.
Es un año también de
reconciliación con la memoria democrática de nuestro país para que se produzca un relato que aún no tenemos. Por nuestras calles, el imaginario colectivo sigue siendo el imaginario colectivo fracturado, donde la amnesia prima en relación con la II
República, en relación con el antifranquismo y en relación en definitiva con los demócratas. El imaginario colectivo no es todavía el imaginario de todos y el relato democrático en nuestro país no es aún tampoco el relato de una sociedad
democrática, sino el relato de una sociedad demediada, donde el relato comienza con la transición democrática y se pierde en la nebulosa, en la época republicana y en la época de la lucha antifranquista. Dice Javier Cercas que para que en nuestro
país exista un relato compartido tiene que haber, por una parte, verdad histórica y, por otra, tiene que haber también las distintas memorias: la memoria de los que fueron vencedores mediante un golpe ilegítimo y la memoria de los que fueron
vencidos y defendieron la democracia y la República a lo largo de décadas en la larga noche del franquismo. Por eso, esta proposición pretende ser el puente con la iniciativa pendiente por parte del Gobierno en torno a la verdad, a la justicia y a
la reparación y el puente necesario con la memoria para que tengamos un relato compartido basado en la verdad histórica, compartido desde las diferentes visiones, no únicamente desde


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una sola visión y desde un solo imaginario colectivo. Ese es el sentido de esta iniciativa parlamentaria, que estamos convencidos que va a ser respaldada por esta Cámara porque en buena parte cumple con otra recientemente aprobada en este
Parlamento; cumple con la propuesta de memoria histórica aprobada en este Parlamento y aún pendiente -estamos convencidos de que se presentará en las próximas fechas- y cumple también con la declaración solemne de este Parlamento del año 2002 donde
no solamente se condenaba el franquismo, no solamente se reconocía la memoria moral y política de los antifranquistas, sino que además se mandataba a las instituciones para recuperar esa memoria de los antifranquistas. Este es un acto de
recuperación de la memoria: el acto de reconocer el año 2006 como año de la memoria histórica, año de la memoria democrática y republicana de nuestro país.



Muchas gracias, señorías.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.



¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.



Efectivamente, vamos a defender y a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque ya va siendo hora de que lo que ha dicho el señor Llamazares se vaya cumpliendo en este país. Hace unos días se ha hablado
de que a través de la Fábrica de Moneda y Timbre se hagan unos sellos como recordatorio de aquellos momentos, de aquellas figuras importantes que han desaparecido casi en la historia de España.
Es curioso como estos días un periódico de tirada
nacional está sacando sellos de aquellos años y mientras los sellos de la República reproducían grandes figuras de la historia, de la cultura y de la investigación española, en los sellos del franquismo sacaban solamente a Franco, Franco, Franco.



Yo creo que ha llegado el momento, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, de que cambie aquella frase que circulaba en el año cuarenta y tantos entre los soldados de la República que habían sufrido heridas graves, que decían:
Mientras unos son caballeros mutilados, nosotros somos putos cojos. Creo que ha llegado la hora de que todos aquellos que participaron en la guerra y que lucharon en un bando y en otro sean considerados como caballeros mutilados de guerra; que nos
dejemos ya de este enfrentamiento, que por fin las calles vuelvan a recuperar nombres de gente heroica que estuvo en la lucha y enfrente del franquismo y que también vayan desapareciendo muchos de los nombres de gente que utilizó fundamentalmente
las armas cortas para acabar con muchos ciudadanos que defendían la República.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.



Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.



El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Lo vamos a hacer porque se trata de una
iniciativa puente entre los objetivos finales que todos perseguimos, que estaban plasmados en concreto en las decisiones de este Parlamento de hacer un estudio general sobre la situación de los derechos reconocidos por la legislación estatal y
autonómica a las víctimas de la guerra civil y a las perseguidas y a las represaliadas por el régimen franquista. También lo vamos a hacer por el deseo de que hubiese un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales
en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por nuestra Constitución. Mientras se llevan a cabo el proyecto de ley y el estudio sistematizador, pensamos
que no podemos esperar más a que se utilice el año 2006 como un año de homenaje y de rememoración de una etapa histórica fundamental, la de la República, que acabó con un alzamiento militar, un golpe de carácter fascista y una guerra civil posterior
con represión cruenta durante muchos años en nuestro país. En este aspecto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene una intención muy comedida de carácter puramente
simbólico que solamente obliga al Gobierno a promover y a apoyar actos precisamente de recuperación de la memoria histórica.



Como gallego tengo que decir que esta recuperación de la memoria histórica es fundamental para todos los pueblos del Estado español y en especial para el que en este momento represento, por lo menos en uno de esos sectores. Decimos esto
porque hay una casuística engañosa en el alzamiento militar y en la posterior guerra civil, que llevó a considerar que hubo unas partes del Estado español que se alinearon con la República y otras que prácticamente fueron el granero del franquismo.
Este tipo de interpretación de la historia del Estado español es tan simplista como falsa. El problema estuvo, señorías, en que la memoria debe de indicar que hubo territorios del Estado español que por no gozar precisamente de marco autonómico de
autogobierno, fácilmente debido a una posición muy timorata y ambigua de las autoridades de la República y a la indefensión de todos los ciudadanos que querían defenderla, cayeron prácticamente en manos de los militares alzados en armas; por tanto,
sufrieron un alzamiento militar, con la posterior represión. Otras partes del Estado español pudieron participar en defensa de la República porque sus instituciones estuvieron a la altura de las circunstancias y después en todo caso participaron


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en una guerra y, cuando se impusieron definitivamente los armados, en una represión posterior. Todo el conocimiento del pasado en este aspecto es fundamental para recuperar también determinado tipo de estereotipos y argumentos que valieron
de forma desconsiderada para atacar un régimen constitucional, legal y plenamente democrático en nombre de que había que oponerse al comunismo y a la desmembración de España. Este último pretexto recuerda muchos de los argumentos que hoy se dan
para ir en contra de un nuevo Estatuto en Cataluña o para situarse de forma beligerante y agresiva contra propuestas democráticamente enunciadas en las instituciones de representación popular. Por eso consideramos que todo lo que se haga por
rememorar la historia, por recuperar la conciencia perdida y por dignificar un periodo histórico fundamental de nuestra evolución democrática bienvenido sea y, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego lo va a apoyar de forma entusiasta, mucho más
cuando se va a hacer en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, alguno de los cuales tienen ya preparada una batería y una planificación importante de actos en función de clarificar este pasado, de homenajear a los
demócratas de todos los momentos históricos desde el año 1931 y de no ocultar lo que fue nuestro pasado por bien de nuestro presente.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.



Señor Esteban, es su turno en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.



El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.



Intervendré muy brevemente, porque la posición de nuestro grupo en estos temas es de sobra conocida, para apoyar absolutamente la propuesta que se ha hecho por el diputado señor Llamazares. Insisto en que ya es conocida la posición de
nuestro grupo; de hecho a impulso del mismo el Pleno de la Cámara aprobó en junio de 2004 una resolución en la que se pedía al Gobierno que elaborara un informe sobre la situación en que se encontraba el reconocimiento de todos los represaliados
durante la dictadura franquista por parte de los distintos poderes del Estado y por parte de las comunidades autónomas y sobre cuál podría ser la ley que pudiera reparar -proponiendo propuestas concretas y programas específicos- la dignidad y
mejorar la situación de las personas que sufrieron daños personales y también económicos en esa dictadura. Volvemos a reiterar en ese sentido la petición que ya hicimos en diciembre del año pasado para que el Gobierno presente cuanto antes esta
documentación y este proyecto de ley. Ya ha pasado más de un año desde que lo debería haber hecho.
Esperemos que en esta ocasión se cumpla la promesa del presidente del Gobierno de presentarlo en este periodo de sesiones. Mejor antes que más
tarde, porque el tiempo va pasando para todos, también para aquellos supervivientes de tan dramáticas circunstancias. Nos parece que, como complemento a esa resolución del Congreso, sería un broche perfecto en este periodo de sesiones esta
propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unida de declarar este año como año de la memoria histórica, en homenaje y reconocimiento a la II República y a toda la gente que sufrió en esos duros tiempos.



Muchas gracias, señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.



Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el señor Tardá.



El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías, celebramos la coincidencia con Izquierda Unida de que el año 2006 debe ser un año clave para la recuperación de la memoria histórica. Si nuestro grupo presentó en julio del año pasado una
proposición no de ley en la que se instaba a la conmemoración durante el año 2006 del 75º aniversario de la proclamación de la II República española, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida nos traen a debate hoy una proposición de ley en la
que se pretende declarar este año como el año de la memoria histórica, coincidiendo con la efemérides citada. En definitiva, es una coincidencia de fondo y contenido que nos permitirá ponernos de acuerdo en uno de los temas clave de la presente
legislatura: la recuperación de una memoria histórica que supere la amnesia colectiva a la que nos obligaron cuarenta años de cruel dictadura. Ahora bien, para llevar adelante este proceso necesitamos el apoyo del Gobierno español y del grupo
mayoritario de la Cámara. De hecho, uno de los motivos por los que los republicanos dimos nuestro apoyo a este Gobierno y a su presidente fue su compromiso con la recuperación de la memoria histórica. Hoy, cuando estamos rozando el ecuador de la
legislatura, ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. El Grupo de Esquerra Republicana ha sido paciente con este Gobierno. Hemos esperado para que la Comisión creada para estudiar la recuperación de la memoria histórica
trabajara con calma y sin presiones por urgencias. Hemos confiado en el trabajo que realizaban, delimitados por las propias fechas que el Gobierno español decidió establecer para tener unas conclusiones definitivas. Estas fechas se han cumplido y
comenzamos a mostrarnos impacientes, porque ni el Gobierno español ha presentado la ley de la memoria histórica a la que se comprometió, ni ha anunciado una fecha para hacerlo. Nuestra paciencia ha sido demostrada, pero el tiempo para el
cumplimiento de los compromisos de la presente legislatura nos apremia y ya no podemos esperar más, máxime cuando el gran compromiso del presidente español con el pueblo de Cataluña, el compromiso de aprobar el Estatut de nuestro Parlament, no ha
sido cumplido. No queríamos que nos aprobaran un Estatut, queríamos que nos aprobaran el Estatut. Ahora no queremos que hagan una ley de la memoria histórica, sino que queremos la ley de la memoria histórica, sin recortes. Consideramos que sería
un paso adelante que


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hoy voten la presente proposición de ley que han traído hasta aquí nuestros compañeros de Izquierda Unida y que durante este año se conmemore el 75º aniversario de la proclamación de la República española, nuestra República; que se editen
monedas o sellos o que se realicen toda una serie de actos o actividades que rememoren la legalidad republicana y la negra etapa de terror de la dictadura fascista. Pero no será suficiente y no lo será hasta que exista una ley integral de
recuperación de la memoria que no solo desentierre verdades, sino que reconozca jurídicamente la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron represalias, a todos los luchadores y luchadoras que sacrificaron su bienestar o su vida en
defensa de la República, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad.



La España democrática debe hacer un ejercicio de reconocimiento de su pasado para cerrar las viejas heridas de aquellas personas que lucharon por la libertad y por la democracia, que fueron reprimidas, expulsadas de su tierra o asesinadas.
Es un deber recuperar las historias individuales que conforman la historia más reciente del Estado. No se trata de un ejercicio de venganza, ni mucho menos, no reclamamos que los culpables de represión y genocidio sean juzgados y castigados por
ello, aunque, como saben, los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. No pedimos eso.
Lo que reclamamos es que la actual ciudadanía del Estado conozca qué fue la dictadura franquista para que no vuelva a repetirse, que conozca la lucha de
un pueblo por la democracia y las libertades para que valore la democracia y las libertades que hoy tenemos, y que finalmente reconozca el trabajo de las personas que defendieron la legalidad republicana a las que la historiografía y el sistema
franquista han criminalizado, para que sus familias, lejos de sentirse humilladas de su pasado, se sientan orgullosas de él. Solo se pueden sentir ofendidos aquellos que protagonizaron la represión franquista o aquellos que se sienten herederos de
ella. La España democrática de las izquierdas o de las derechas debe reconocer y restituir la lucha por la democracia en los años treinta. La izquierda española debe ser suficientemente valiente para hacerlo y la derecha española debe ser
suficientemente democrática para condenar la dictadura franquista y reconocer la labor de los defensores de las libertades. Si no es capaz de hacerlo es que no es suficientemente democrática, es que no ha roto con el pasado franquista, es que se
sienten herederos de él. La España democrática, pues, debe hacer un ejercicio de pedagogía entre su propia ciudadanía; en este sentido iban buena parte de las proposiciones no de ley que hemos presentado en esta legislatura, como la de realizar
una serie de televisión en horario de máxima audiencia que explique tanto la II República española como la represión de la dictadura franquista; la que hacía referencia a la incorporación en los libros de texto escolares de la memoria histórica de
la II República y la dictadura franquista; otra que hacía referencia a la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental sobre la represión franquista; otra declarando el 14 de abril día de la
República, o la proposición no de ley sobre la conmemoración del 75º aniversario de la proclamación de la República, coincidente con la de nuestros compañeros.



Vamos a trasladar el contenido de estas proposiciones no de ley como enmiendas a esta proposición de ley que esperamos que hoy se apruebe, porque si bien consideramos que es una iniciativa interesante y un punto de partida, creemos que hay
que completarla para que el año de la memoria histórica tenga una mayor difusión y para que permanezca en el tiempo con material educativo y espacios conmemorativos a lo largo de la geografía del Estado. Por todo ello, por la coincidencia con
nuestras iniciativas, por la idoneidad de la efeméride y por las aportaciones que pensamos realizar a lo largo del trámite parlamentario y que esperamos sean bien recibidas por el grupo proponente, vamos a votar a favor de la proposición de ley de
Izquierda Unida, y ello sin dejar de insistir al Gobierno y al grupo mayoritario de esta Cámara en que ha llegado la hora de pasar de los hechos a las palabras y que esperamos que presenten en breve plazo la ley de recuperación de la memoria
histórica y antifascista, donde se reconozca y restituya -repito, donde se reconozca y restituya- jurídica, moral y económicamente a las luchadoras y luchadores por las libertades y la democracia. Piensen que ya estamos enterrando a los hijos de
los fusilados y las fusiladas por el fascismo y todavía no han sido anuladas las causas sumarísimas que los llevaron ante un pelotón de ejecución.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá.



Continuamos con el turno del señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante, señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar de entrada el voto positivo de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Verde, que creemos ajustada, oportuna y
acertada. Es una iniciativa breve pero con un alto valor declarativo, con un alto valor político. Valoramos y apreciamos como justos y apropiados estos tres artículos y estas dos disposiciones, que además nos permitirán durante su tramitación
parlamentaria algunas aportaciones por parte de distintos grupos parlamentarios, también por parte del que represento, el cual desde el inicio de esta legislatura y también desde hace unas cuantas legislaturas viene proponiendo distintas medidas
justo en la misma línea y que además en esta legislatura estaba convencido -y había depositado la confianza en el Gobierno y en el grupo de la mayoría- de que se tramitarían con más celeridad y con un mayor exactitud. Creemos que es el momento de
reconocer, desde la máxima dignidad que supone este Parlamento,


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a las víctimas de la guerra civil y también a los que padecieron la persecución y fueron víctimas de la dictadura franquista.



Como saben sus señorías, en el momento de la transición existió un pacto -que muchas veces se ha dicho tácito, pero yo creo que es más que tácito, que forma parte ya de los libros de historia- de una amnesia colectiva selectiva. Después de
un cuarto de siglo de convivencia democrática creemos que ha llegado el momento de afinar la verdad histórica. También valoramos muy positivamente algunos pasos que ha dado este Parlamento, este Congreso de los Diputados, durante la presente
legislatura sobre toda la verdad histórica. Por ejemplo, valoramos positivamente el reconocimiento de lo que supuso el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña. Valoramos muy positivamente el debate que trajo ante este Pleno el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre lo que supuso también el fusilamiento del que fuera diputado de estas Cortes, el señor Carrasco i Formiguera. En definitiva, debemos analizar y valorar los claroscuros que hubo en la parte de
la legitimidad republicana. Creo que este viaje hacia el valor histórico de la verdad lo estamos haciendo en los debates parlamentarios de esta legislatura y que a mejorarlo contribuirá la tramitación de esta proposición de ley sobre la memoria
histórica por la cual se instaura el año 2006 como el año de la memoria de los hechos acaecidos durante la guerra civil, la República y la larga noche del franquismo.



Dicho esto, señorías, señora presidenta, me gustaría hacer una referencia final no sobre los puntos positivos, aquello en lo que hemos avanzado durante esta legislatura, sino sobre los incumplimientos importantes por parte del grupo de la
mayoría y del Gobierno. Empezamos esta legislatura con el debate, en el mes de junio de 2004, de una proposición no de ley con un importante valor político, por la cual instábamos al Gobierno a presentar una iniciativa para la reparación moral,
política y económica de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. No se ha dado cumplimiento a aquella proposición no de ley de principios de legislatura. Pero estamos especialmente decepcionados, nos sentimos defraudados y, si me permiten
sus señorías, nos sentimos engañados ante lo que fue la máxima aproximación a la posibilidad de tramitación de un proyecto de ley para la reparación de los daños causados a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. En el primer periodo de
sesiones del año 2005 este grupo parlamentario presentó una proposición de ley, más amplia incluso que la planteada en estos momentos por Izquierda Unida, con propuestas concretas para la reparación de los daños causados a las víctimas de la guerra
civil y del franquismo. El grupo parlamentario de la mayoría, el Grupo Socialista, nos pidió que retiraramos esta proposición de ley con un compromiso firme, con un compromiso desde la tribuna, con un compromiso del diputado Ramón Jáuregui de
presentar un proyecto de ley antes del mes de junio del año 2005. Estamos en el mes de febrero del año 2006 y estamos a punto de llegar al ecuador de la legislatura. Insisto, nos sentimos profundamente defraudados, nos sentimos engañados respecto
al compromiso del grupo de la mayoría.



Queremos aprovechar, pues, la toma en consideración de esta proposición de ley para presentar en forma de enmiendas aquellas iniciativas que el Gobierno se había comprometido a impulsar y aquellas iniciativas a las que la Comisión
interministerial de la memoria histórica está dando vueltas, pero sobre las que no está encontrando el acierto para elevarlas en forma de proyecto de ley antes estas Cortes Generales. Bienvenido sea, pues, este nuevo paso adelante hacia la verdad
histórica desde la concordia que ha presidido estos 25 años de vida democrática. Esperemos que a partir de esta iniciativa parlamentaria resolvamos la falta de impulso político del Gobierno en esta tan sensible e importante materia.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchísimas gracias.



Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para ello el señor Atencia.



El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.



Señorías, al abordar la cuestión que hoy se plantea uno tiene la sensación de que algunos vienen aquí a dar lecciones no solo de historia sino de todo. Si me permiten una pequeña digresión, desde mi punto de vista, aquí no hemos venido a
dar lecciones de antifranquismo, porque a mí no me las van dar ni me van a dar lecciones de pedigrí democrático. Cada uno tiene su historia y su experiencia. Yo estuve en la Coordinadora democrática, en la Platajunta en Granada luchando por la
libertad y la democracia. Yo, humildemente, como estudiante, todavía joven -no pude votar, la primera vez que voté fue en el referendo constitucional, porque antes no podía votar-, lo que pude observar -y sacar una experiencia personal de ello- fue
el proceso de transición política que de forma tan generosa se abordó por todos y que nos permitió lograr el pacto constitucional y la reconciliación, cerrar heridas, mirar hacia delante y superar problemas del pasado que venían de mucho tiempo -y
no voy a circunscribirme a la cuestión histórica que usted plantea- y, por tanto, fundamentalmente, entre todos construir un futuro en libertad y en democracia. Me parece muy relevante que preservemos aquellos acuerdos que están en los pilares
básicos del sistema democrático y constitucional en el que nos desarrollamos y que nos han dado el periodo de libertad y prosperidad más amplio de toda la historia de nuestro país.



Hoy nos encontramos con la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se ha defendido con un tono equilibrado y mesurado por el señor Llamazares, y después están las interpretaciones de los que se suman y que inmediatamente o
abren la intención real de esa iniciativa o, por supuesto, la mandan a otros derroteros.



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Cuando se habla de la iniciativa concreta del Grupo de Izquierda Unida y cuando se habla de memoria histórica creo que lo primero que hay que recordar es que la historia tiene un afán de objetividad. La memoria en cambio es subjetiva y
además selectiva. La historia se escribe contra el olvido y la memoria se acuerda de unas cosas y se olvida de otras. Por eso considero que plantea usted un debate excesivamente complejo y, sobre todo, en cuanto a lo que propone el fondo de su
iniciativa, a mí no me parecen mal las conmemoraciones que se puedan realizar. Nosotros estamos a favor, como es natural, de cuantas iniciativas de carácter académico, histórico, editorial o cultural se añadan a las que ya están en marcha con
ocasión del 70º aniversario de la guerra civil o del 75º aniversario de la proclamación de la II República española. De hecho, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales -creada por cierto durante el Gobierno del Partido Popular- tiene
previsto celebrar un congreso de carácter académico sobre la guerra civil, creo que en noviembre de este año. Pero eso parece que no es lo que importa a las señorías que plantean esta iniciativa y a las que hasta ahora la han respaldado.



Quiero dejar claro -no quiero que quede ninguna duda- que este grupo parlamentario no puede apoyar la iniciativa que se somete a la consideración de la Cámara. (Un señor diputado: ¡Qué raro!) Los términos en los que se ha planteado esta
iniciativa y especialmente los que se han defendido por quienes se adhieren a ella en nada coinciden ni con el espíritu con que se ha abordado este tipo de cuestiones desde la transición democrática ni concretamente -y luego me referiré a ello- con
la forma en que se abordó la resolución unánime del 20 de noviembre de 2002 cuando en la Comisión Constitucional aprobamos un texto, por cierto, redactado o propuesto por el Grupo Parlamentario Popular y acordado entre todos. Ustedes pretenden
ahora que respaldemos sus iniciativas que están llevadas -por lo visto- por muy nobles sentimientos. Y la verdad es que aquella resolución del año 2002 que habla de la guerra civil, de sus consecuencias, de las víctimas de la represión franquista,
yo creía que era un acuerdo de caballeros, un acuerdo político, reflejado solemnemente por la intervención del señor López de Lerma y del señor López Garrido y de quien intervino en nombre del Grupo Popular -que es quien les habla-, con el que se
acordó cerrar y culminar aquel debate en términos políticos y que todas las cuestiones que tenían que ver con nuestra historia reciente quedasen fuera del debate político y para el análisis de los historiadores. Ese fue el acuerdo claro y de
futuro, recuperando el consenso de la transición que alcanzamos en aquellas fechas.



Esta iniciativa utiliza como antecedentes, aparentemente así lo hace en la exposición de motivos del texto que se somete a nuestra consideración, prácticamente párrafos literales de aquel texto pero en nada respeta aquel acuerdo, ni en su
planteamiento ni en su defensa ni en las valoraciones y adhesiones que hoy ha recibido. Por eso me quedo con algunas palabras, creo que del diputado de CiU, señor López de Lerma, donde se decía que uniéndonos en la libertad, en la Constitución y en
la democracia habíamos acordado alejar del debate político de una vez y para siempre la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Pero parece que eso no vale, parece que hay que recuperar o recurrir a la llamada memoria histórica.
Señorías, entiendo que lo que se llama engañosamente memoria histórica, y especialmente su recuperación, es justo lo contrario de lo que entre todos hicimos en la transición política española y que esta iniciativa se enmarca en un proceso de
revisión de ese proceso político. ¿Ahora queremos revisar la transición política española? Señorías, para eso no cuenten con el Grupo Parlamentario Popular. No nos puede extrañar a los diputados de esta Cámara que lo propongan los que no se
incorporaron a ese proceso, los que incluso se han arrepentido de la posición que mantuvo en su momento el Partido Comunista de España y el señor Carrillo, pero no quien fue protagonista, que a algunos ya hemos oído y a otros esperamos oírles
después.



Señorías, la llamada recuperación de la memoria histórica significa utilizar el pasado como arma política y solo tengo que referirme a las intervenciones que se han producido. Eso significa ir claramente contra el pacto constitucional, que
no es una cuestión menor o al menos a mí no me lo parece. A nosotros, como a muchas personas de distintas ideas, nos parece un enorme error escarbar en el pasado, y nos parece peor que se pretenda construir una especie de verdad oficial desde los
poderes públicos para establecer la verdad histórica, curiosamente esos anhelos que están en la iniciativa de su señoría. Sinceramente nos parece que esta iniciativa supone un ataque frontal, si no la pretensión de liquidación -parece que va por
ahí-, al pacto constitucional al que me he referido. En este momento recuperar y decir que el pacto constitucional fue un pacto de convivencia y libertad, me parece que no significa en modo alguno dar la espalda a la historia, porque lo que
pretendía y lo que buscaba ese pacto era aprender de los errores del pasado, tratar de superarlos y huir de su repetición. Precisamente por eso se alcanzó, y creo que las cosas han ido bien y cuando van bien no es bueno volver a cometer errores.



Me parece oportuno traer el testimonio de alguien que no es sospechoso de ser del Partido Popular, alguien con un pasado político y familiar muy respetable como Nicolás Redondo Terreros que, en un artículo en la prensa nacional, hace menos
de un año, hablaba del peligro de escarbar en la historia. Hablaba de la experiencia de su abuelo, que sufrió la represión franquista, las privaciones y la cárcel, y decía: Observando, por tanto, el producto de esa experiencia llena de grandeza,
de valor, de privaciones, de una acción continúa y tenaz en defensa de sus ideas, rechazo con contundencia la utilización del pasado como arma política.
Los partidos políticos nunca nos evitan ni imponen responsabilidades contraídas por nuestros
antepasados. Cuando alguien manosea y utiliza esas responsabilidades a favor o en contra de los demás siempre es con la voluntad y el deseo de encontrar beneficios


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partidistas. Finalmente, llamaba al necesario consenso si algo se quería hacer entre todos, pero por lo demás entendía que cuando las cosas se hacían sin consenso o sin acuerdo se corrían riesgos excesivos, riesgos que no compensan la
satisfacción que con ello pueda obtener una de las partes. Creo que es un testimonio relevante de alguien que no es de nuestras ideas y que dice cosas muy sensatas, y que, por cierto, coinciden con el sentir mayoritario del conjunto de la sociedad
española, y me remito a las encuestas del CIS, concretamente a la de octubre del año 2005.



Por todo lo que acabo de decir, y voy terminando, señora presidenta, no vamos a respaldar la iniciativa, en primer lugar, porque nos parece que, en todo caso, el consenso del pacto constitucional y los acuerdos unánimes de esta Cámara nos
marcan una línea, y esto se plantea en otra absolutamente diferente; en segundo lugar, porque el régimen de 1931 no es ni mucho menos antecedente de la Constitución de 1978.
Cronológicamente estará cuando esté, pero precisamente el proceso de la
transición política pretende superar errores de mucho tiempo. Por cierto, la Constitución de 1978 se alcanzó entre todos por primera vez en la historia. Desde el año 1812 todas las constituciones eran impuestas de unos a otros con más o menos
mayoría, y es la primera vez que se alcanza una Constitución entre todos. El gran éxito de la Constitución de 1978 fue precisamente haber superado la efímera historia de nuestra Constitución, que era la hegemonía de una parte frente al pacto de
todos.



En tercer lugar, señorías, nos parece adecuado esperar a que otros muevan ficha. El Gobierno ha dicho que va a traer un proyecto de ley. No somos muy optimistas respecto al planteamiento que se ha dado, pero, en cualquier caso, existe un
compromiso del Gobierno de alcanzar el consenso. Si quiere plantearse algo, que se ofrezca, como hizo el Grupo Socialista -no se lo he oído al Gobierno-, a los grupos parlamentarios, pero, señorías, no nos parece que esto corresponda al sentir
mayoritario de la sociedad española ni a las necesidades de la sociedad española. En cualquier caso, quiero reiterarles que el Grupo Parlamentario Popular está por el pacto constitucional y no por abrir heridas y traer división.



Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Atencia.



Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Muñoz.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, la lección de historia interesada que nos ha dado el historiador señor Atencia debe ser puesta en sus justos términos con una intervención que vaya al fondo de la proposición de ley que nos plantea el Grupo de
Izquierda Unida, proposición de ley que trae nuevamente al pleno del Congreso el debate del exilio, el debate de los luchadores contra la dictadura franquista y el debate de la II República.
En primer término queremos decir que el Grupo Socialista
comparte el reconocimiento que se contiene en la proposición de ley sobre la recuperación de la memoria, sobre la recuperación de los luchadores contra la dictadura franquista y sobre la puesta en valor de lo que significó la II República. Como ha
dicho el señor Atencia, efectivamente, cada grupo político, cada formación política tiene su historia. Yo estoy en esta tribuna representando al Partido Socialista Obrero Español creado en mayo del año 1879, que ha tenido siempre como seña de
identidad permanente la lucha por la democracia, la lucha por la recuperación de la democracia cuando ésta no existía y especialmente la lucha contra la dictadura franquista cuando, de forma unánime, todos los que componían la organización del
Partido Socialista o sufrieron la represión o la persecución o el exilio. Desde nuestro fundador, Pablo Iglesias, que en el año 1910 obtiene el acta de diputado en este Congreso -entonces era el único diputado de esta Cámara que pertenecía a
nuestro partido-, hasta la proclamación de la II República, en el año 1931, tras unas elecciones municipales que en las principales ciudades ganan las candidaturas republicanas y socialistas, en un ejemplo que ha sido definido por algún autor, como
Tuñón de Lara, como una situación de júbilo general y de ensoñación colectiva, estaba clara la postura a favor de la democracia de nuestro partido, el Partido Socialista, recorriendo el pueblo español, todo ese terreno y todo ese tiempo. El PSOE,
como organización política, dio sustento a la República. Se comprometió con la legitimidad republicana y se implicó allá donde los ciudadanos, en cada uno de los momentos, le pusieron. El historiador Alvar ha escrito: Cuando se haga el balance de
lo que cada uno de los partidos dieron a la República, se verá claramente que el Partido Socialista fue quien más puso y quien más supo renunciar, que es el heroísmo más difícil.



Cuando en julio de 1936 se produce la sublevación militar contra la República y cuando después llega la victoria, que no la paz, y comienza la historia de la represión franquista, se inicia el camino del exilio español, un camino que abre el
drama de una generación de españoles que contemplaron cómo eran barridos por un vendaval absolutamente autoritario y antidemocrático los ideales republicanos de modernidad, de educación y de regeneración de la vida política. Afirmaba entonces
Azaña, ya desde el exilio: Se tejerá una historia oficial para los vencedores y, acaso, una antihistoria, no menos oficial, para los proscritos. Como ha escrito nuestro compañero Alfonso Guerra en el prólogo al libro El exilio español, España
vivió en los años treinta una tragedia nacional sobre cuyas responsabilidades individuales no hay que volver, pero cuyas raíces y evolución deben ser objeto de estudio para el conocimiento de todos. La recuperación de la memoria es el combate
contra el olvido.



A esa generosidad de los vencidos responde hoy parte de la derecha con la mentira sobre la historia. Nuestro compañero Alfonso Guerra se preguntaba: ¿Cometimos un error con el consenso de la transición? Y respondía: No lo creo.



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Pienso que la presión psicológica que ejercía en nosotros la guerra civil primó sobre la visión a corto plazo. Pensamos más en nuestros nietos que en nosotros mismos.



Pero aquella visión de futuro supuso olvidar a los exiliados y a los defensores de la democracia. La historia de los exiliados y de la resistencia antifranquista es la historia de la dignidad. Cuando las Cortes democráticas, en el año
1977, aprobaron la Ley de Amnistía, estaban aprobando esa ley con el voto unánime de la izquierda y estaban haciendo que corriéramos un velo en relación con la responsabilidad penal y política de aquellos que actuaron en la represión, pero lo
hicieron en beneficio del conjunto del pueblo español, y el esfuerzo colectivo de las fuerzas democráticas que sí participaron firmando la Constitución de 1978, respaldándola y trabajando en ella, se vio luego recompensado en el referendo
constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978, que instauró además, y así quedó plasmado en el artículo 1.3 de la Constitución, el régimen de la monarquía parlamentaria.



En ese sentido es en el que el Partido Socialista inscribe el voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, en el respeto al pacto constitucional, precisamente lo contrario de lo que se afirmaba por el Partido Popular. El
Partido Socialista y el Gobierno socialista en este caso lo hacen como continuación de aquel acuerdo unánime -eso sí se ha dicho- de la Comisión Constitucional del día 20 de noviembre de 2002 y con el precedente fijado ya en esta legislatura cuando
nuestro compañero Ramón Jáuregui subió a esta tribuna el 1 de junio de 2004 en cumplimiento del mismo. Aquí se ha dicho que no se estaba cumpliendo, y a lo mejor era verdad en cuanto a los plazos, pero no en el espíritu, porque ahí está el decreto
1891/2004, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la guerra civil y del franquismo.
Ciertamente, y así lo reconoció, como acabo de decir, el presidente del Gobierno ante una pregunta del portavoz del
Grupo Vasco al final del anterior periodo de sesiones, se acumula un retraso en la elaboración de ese informe, pero también es verdad que no es un retraso porque sí, es un retraso que tiene su causa y su origen precisamente en los trabajos que viene
desarrollando esa Comisión, en las más de 40 reuniones con asociaciones y con interesados y afectados; en eso, en la elaboración de ese trabajo, en la magnitud de ese trabajo, en lo ingente del trabajo es donde está la causa del compromiso no
cumplido en cuanto al tiempo, pero sí políticamente aceptado y que aquí reafirmamos y lo hacemos también con la toma en consideración de esta proposición de ley. El propio presidente del Gobierno respondía al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) que en este periodo de sesiones se traería a la Cámara el informe solicitado.



Entendemos, eso sí, la angustia de muchos de los afectados. Sabemos que muchos de ellos tienen una edad avanzada, y apelamos a su comprensión, pero tenemos que decir que el Gobierno ya está avanzando en relación con la conmemoración de
estos eventos. Tenemos que decir que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizará y promoverá este año varias actuaciones en relación con estos temas. Con motivo del 25º aniversario de la llegada del Guernika a España se realizará
una exposición. Con motivo del 75º aniversario de la II República y de las misiones pedagógicas se realizará también una exposición con documentales y mesas redondas. Un congreso internacional estudiará la guerra civil, bajo la dirección del
profesor Santos Juliá; una exposición en el año 2006 recordará también a Juan Negrín en el cincuentenario de su muerte, así como se recordará el 70º aniversario de la Brigada Lincoln. Se continuará con la labor de homenaje y recuperación de
diversas personalidades, entre ellas Francisco de Ayala y Ortega y Gasset, que sufrieron también el exilio. Por tanto, acciones concretas del Gobierno, como lo son también la aprobación en el mes de diciembre del año pasado de la orden del
Ministerio de la Presidencia para que tanto las asociaciones como los grupos de personas físicas pudieran acceder y tener la capacidad de optar a subvenciones para realizar actividades en torno a la recuperación de la memoria. En este ámbito se
inscriben todas estas actividades del Gobierno. Por ello, nuestro grupo, en la convicción de haber participado en todos los procesos democráticos, en la convicción de un historial democrático intachable, desde la legitimidad que le da el tiempo
transcurrido luchando por y para la democracia, por y con los españoles, tomará en consideración esta iniciativa. Pero decimos al resto de los grupos parlamentarios que el compromiso del Gobierno de traer el informe es claro, y que nosotros
entendemos que en su momento utilizaremos el cauce de las enmiendas o buscaremos la fórmula para que ese informe de la comisión ministerial conlleve la integración de esta proposición de ley.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Muñoz.



Llamamos a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar.



Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la declaración del año 2006 como año de la memoria histórica.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 176; en contra, 131.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE PLURALISMO LINGÜÍSTICO. (Número de expediente 162/000415.)


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El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre pluralismo lingüístico. (Rumores.)


Señorías, ruego que faciliten la renovación del debate.



Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene el señor Jáuregui por un turno de siete minutos. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la sesión plenaria, señorías. (Rumores.)


Intentaremos que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, grupo proponente, pueda hacer uso de la palabra en las condiciones adecuadas.
(Pausa.)


Tiene la palabra el señor Jáuregui por el Grupo Socialista. Adelante.



El señor JAÚREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, subo a esta tribuna a defender una proposición no de ley sobre un tema delicado e importante. Vamos a hablar de las lenguas en España y hablar de las lenguas en España es hablar de identidades, es hablar de diversidad cultural, de
realidades sociolingüísticas diferentes, de políticas lingüísticas, etcétera.



Con esta proposición el PSOE pretende dos objetivos. En primer lugar, afirmar que hay razones para elevar la voz de alarma frente a los intentos de instalar en nuestro país una guerra lingüística que ni existe ni debe existir. Ustedes
saben lo que digo. Hay razones para que elevemos nuestra voz de alarma, porque hay peligro de que en España se instale una guerra de lenguas. En segundo lugar, queremos obtener una resolución de todos los grupos parlamentarios a favor del
reconocimiento, de la cooperación y del diálogo entre las lenguas españolas. Nada más. No queremos definir políticas lingüísticas, pero sí queremos reafirmar la necesidad de la cooperación, del reconocimiento y del diálogo entre las lenguas de las
comunidades en España. Tampoco nada menos.



Señorías, cuando hicimos el pacto constituyente, cuando construimos nuestro Estado autonómico, había un valor implícito en aquellos años que consistía en recuperar las lenguas propias de las comunidades españolas en el marco del
autogobierno. Así se estableció en el artículo 3 de la Constitución, en los estatutos de autonomía, en las leyes de normalización lingüística, etcétera. Lo cierto es que esta decisión política de la democracia de recuperar las lenguas que habían
estado oprimidas durante 40 años, después de 25 años de democracia y de aplicar unas determinadas políticas, ofrece un balance que hoy merece la pena examinar. Primero, las lenguas propias de los pueblos de España han avanzado en todos los campos,
en el educativo, en el nivel de conocimiento de la población, en las publicaciones, en las editoriales, etcétera, como nunca en la historia. Segundo, en estas comunidades donde hay dos lenguas -no olvidemos que hay más de seis comunidades y que el
40 por ciento de la población española tiene dos lenguas, que afectan a casi la mitad de la población; eso es España, señorías- el bilingüismo se está instalando de manera natural, de una manera que va progresando hasta llegar a un proceso
integral. Y, tercero, curiosamente esa integración lingüística se asienta sobre un equilibrio que no es conflictivo con las pertenencias culturales o políticas de cada parte. Lo diré de una manera más sencilla. Hay ciudadanos, por ejemplo, en
Cataluña, que tienen un sentimiento identitario de ser españoles, que hablan catalán con igual naturalidad que un ciudadano que siente que su idioma, el catalán, es la esencia de un proyecto político antagónico al otro, pero lo habla de la misma
manera, sin conflicto político entre ellos, y esto es fundamental en una política de integración y de bilingüismo armónico.



Lo estamos haciendo bien, señorías. Lo estamos haciendo muy bien, como otras muchas cosas en nuestro país. No hay conflicto lingüístico en España y resulta necesario decirlo hoy de manera tajante. Es responsabilidad de todos, de los
partidos políticos, de los medios de comunicación -y no quiero señalar-, de las instituciones, porque en este tema la demagogia y la manipulación son peligrosísimas. Hay que decirlo porque hay una tentación manipuladora y demagógica en lo relativo
a las lenguas en nuestro país. ¿Hay problemas con las políticas lingüísticas? Sí. En la aplicación de las políticas lingüísticas puede haber problemas.
Puede ser que una comunidad autónoma considere que la traslación del idioma de la familia,
por ejemplo, castellanohablante a la inmersión lingüística en el catalán puede requerir medidas más suaves, pero también lo contrario. Mis hijos en el País Vasco han cursado el modelo A y no han aprendido el euskera suficientemente. La educación
en gallego en el sistema educativo en Galicia todavía no está instalada suficientemente.
Claro que hay problemas de política lingüística, pero lo importante es reiterar una vez más que la política que se quiere instalar en el país, el bilingüismo
armónico, con políticas lingüísticas prudentes y sensatas está avanzando bien en nuestro país.



Las lenguas -suele decirse- no tienen derechos y creo que es verdad, tienen políticas que las favorecen. Son los ciudadanos quienes tienen los derechos. Hace unos días escribía Jean Daniel, el articulista francés, a propósito de la
polémica de las viñetas, algo que es muy elemental.
Decía: La libertad es una gran conquista. ¿Qué es la libertad en el terreno de las políticas lingüísticas? Algo muy sencillo, que cada ciudadano tiene la libertad de elegir y el derecho de usar
el idioma oficial que le plazca. Eso es así de sencillo. Por eso desde esta prudencia que yo recomiendo y que en general estamos haciendo bien en nuestro país, es necesario decir que hoy las políticas lingüísticas no exigen forzar a nadie con los
idiomas ni imponer un idioma sobre otro ni sancionar ni perseguir ninguna conducta lingüística. Eso no es justo porque vulnera derechos y no es bueno porque provoca rechazos. Las lenguas se aprenden y se usan para comunicarse y para entenderse y
así se aman y así se hacen de todos.



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Señorías, lo estamos haciendo razonablemente bien y España está construyendo un pluralismo lingüístico con acierto, con esa diversidad tan rica y tan compleja que nos caracteriza y que no nos divide ni nos enfrenta, que hace que toda esta
riqueza cultural y lingüística sea un orgullo para España y no un problema para los españoles. Esta es la perspectiva que tenemos. Piensen en nuestro alrededor. Todos conocemos el caso de los médicos de Bruselas, que no pueden entenderse con
pacientes del cinturón de Bruselas porque hablan el flamenco y ellos hablan francés. Ese problema existe. Hay países en nuestro entorno que tienen cuatro idiomas y una interconexión entre sus cantones y sus regiones humana y convivencialmente muy
parca, muy limitada, pues los idiomas no les permiten construirse como una comunidad armónica. En España no está pasando esto; al contrario, lo estamos haciendo bien y por eso, reitero, sobra la demagogia y la manipulación en estos asuntos tan
delicados.



Termino pidiéndoles encarecidamente que apoyen una resolución del Partido Socialista que dice algo muy elemental, pero también muy necesario; algo que no es ninguna novedad porque no elabora políticas lingüísticas nuevas, puesto que las
hacen las comunidades autónomas y no nosotros aquí. Quiero proclamar la conveniencia del respeto, de la cooperación, de la protección y del apoyo a estas políticas que estamos haciendo en estos años. Les pido, señorías -con esto termino-, que
hagan un esfuerzo por reafirmar esto hoy aquí, pues es muy importante hacerlo y saben por qué lo digo. Les pido ese consenso en favor de esta decisión porque tenemos que seguir impulsando con prudencia y con sensatez las políticas de bilingüismo en
España. Estamos viviendo uno de esos momentos históricos en los que desgraciadamente se enfrentan demasiados sentimientos e intereses entre pueblos de España. Y es muy fácil darle fuego a esa hoguera. Algunos creen que en esa hoguera se queman
otros, pero yo les digo que en esa hoguera nos quemamos todos.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jáuregui.



Comenzamos con los turnos de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Empezamos con las del Grupo Parlamentario Mixto, cuyo portavoz, el señor Rodríguez, tiene el uso de la palabra para defender la enmienda.



Adelante, señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.



El Bloque Nacionalista Galego piensa que se han dado pasos importantes para hacer coincidir la España legal con la real en materia lingüística, pero falta mucho por andar en este campo, especialmente en el cultural, en el de la información y
conocimiento del pluralismo y la diversidad tanto en su vertiente histórica como actual y en el aspecto lingüístico, es decir, en el estatus de verdadera igualdad funcional de ámbitos de uso y de trato legal para todas las lenguas del Estado
español.



El Estado español sigue siendo un Estado en gran parte centralista en lo que se refiere a poderes económicos, mediáticos, culturales, lingüísticos e institucionales. No se entiende muy bien lo que está aconteciendo si no tenemos en cuenta
que el problema lingüístico no es solamente un problema de derechos individuales de los ciudadanos, sino también un derecho de los pueblos. Hay que contemplar un aspecto individual y una perspectiva colectiva. Señorías, querámoslo o no, el idioma
es un fenómeno social.
Existe el idioma si hay sociedad y poderes que lo sustentan, lo usan y lo impulsan. De lo contrario, sin poder social y político, hay subordinación de uno de los idiomas, dependencia, fragmentación y retroceso. Está claro
que una amplia extensión del territorio español es unilingüe, con sociedad coherente detrás. Resulta inimaginable para esta sociedad y para sus ciudadanos una situación de normalidad en la que su idioma, el castellano, esté sometido a condiciones
de precariedad de usos, de subordinación social y de fragilidad como sistema en los que están y estuvieron sometidos de forma específica y particular, cada uno a su manera, el catalán el vasco o el gallego. Ellos sí tienen que compartir su espacio
natural y su territorio con otra lengua con estatus legal superior y poderosos resortes de poder actuales y de dinámica, en todo caso, de imposición política-histórica, cuyo cambio de orientación y tendencia exige cuando menos una política de
restauración y de usos del debilitado y del que está prácticamente desmayado, que no es precisamente el español.



Señorías, todavía hoy las lenguas españolas no son un patrimonio común.
Para elegir con libertad y con conocimiento hay que estar en condiciones de igualdad. Nadie elige la discriminación y la marginalidad. Lo digo yo, como hablante del
gallego: repito, nadie elige la discriminación y la marginalidad. Hay que romper los dominios y la ocultación para poder actuar libremente. Hay que tener cultura y verdadera educación en el sentido de que curiosamente los gallegos, los catalanes
y los vascos, todos, leemos en español y todos conocemos, si tenemos una cierta cultura, la literatura y la historia de España. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los ciudadanos españoles que tienen como lengua natural el español. Para
nosotros la preocupación en todas estas proclamas a favor de la igualdad lingüística y de las libertades individuales es dejar a salvo las políticas de normalización de los idiomas propios en los territorios, que se hace en la escuela como un
instrumento ad hoc, en los medios de titularidad pública, a través de la administración y de la burocracia de esa Administración pública. Lo que se está intentando lograr exclusivamente en los territorios que tienen una lengua propia es que se
atienda a los usuarios del idioma en sus actuaciones individuales ante las administraciones públicas y los servicios en general dentro de este territorio en la lengua propia, que es lo que no acontecía y lo que sigue sin acontecer especialmente en
casos sangrantes como el del país al que yo pertenezco. Nunca podré entender, a pesar de las aristas y de que hay casos individuales que podrían ser tratados con otra metodología,


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el ataque sistemático a políticas de normalización que lo único que persiguen es hacer de idiomas que eran anormales en sus territorios propios, idiomas con plenos derechos como son el español en Madrid, en Sevilla, en Palencia o en
Guadalajara.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.



Continuamos con el turno de defensa de las enmiendas presentadas. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.



Adelante.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque comparte la importancia y el esfuerzo que se han hecho en los últimos 27 años
por construir una España plurilingüe, una España pluricultural que acompaña a estas lenguas que están creciendo, y más teniendo en cuenta que hemos conseguido vencer el esfuerzo que se hizo en los 40 años de oscuridad franquista para acabar de una
forma definitiva con toda esta pluralidad lingüística del Estado español.



Según la proposición no de ley, estamos hablando de 27 años de éxito lingüístico. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría decir que hemos tenido un éxito de convivencia lingüística y de integración. Es decir, el catalán, el vasco y
el gallego, más que separar, han integrado.
No han ido, en absoluto, contra la lengua castellana sino que han fomentado la propia; han ayudado a la convivencia y a la integración en estas comunidades que tienen esta doble lengua. Es un éxito
cuantitativo -y hablaré del catalán, que es el que más conozco- en el sentido de que en Cataluña se ha conseguido a partir del esfuerzo que han hecho, en primer lugar -me gustaría destacarlo-, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que han amado
su lengua, los que la tenían y los que no la tenían como lengua propia, que han tenido una voluntad de conocerla; de las instituciones -el Gobierno de la Generalitat, ayuntamientos, diputaciones-, sindicatos, partidos políticos, así como el mundo
intelectual, los creadores y las empresas que han trabajado en este proceso; así como del sistema educativo. Como decía el señor Jáuregui, es cierto que puede haber errores, pero en Cataluña tenemos un millón de escolares que están utilizando la
inmersión lingüística y -estoy hablando de mi época- hay 70 denuncias al año. Seguro que nos equivocamos en 70 escolares. Más que poner en cuestión al sistema, esto lo reafirma. Repito que de un millón de escolares, hay una media de 50-70
denuncias o incorrecciones al año. Es fundamental que esto quede claro en este debate que ahora tenemos en esta proposición no de ley. No hay conflicto lingüístico sino convivencia. El nivel de conocimiento en Cataluña de la lengua catalana se
sitúa en el 95 por ciento; el 95 por ciento de ciudadanos de Cataluña entiende el catalán y lo puede hablar el 75 por ciento. Esto es muy importante en un país donde el 50 por ciento de la población tiene como lengua propia el catalán y el 50 por
ciento no lo tiene. Por tanto, el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos es muy importante. Quisiera decir más cosas en este sentido. Es muy importante en este diálogo -y este es el sentido de nuestra enmienda-, en este respeto y en esta
libertad, situar el fomento del uso, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Las lenguas, para estar vivas y para crecer, han de ser útiles para el conjunto de la sociedad, han de ser útiles para trabajar, han de ser útiles para estudiar
y han de estar en los medios de comunicación, que ha sido otro elemento determinante en este crecimiento de las lenguas, en este caso del catalán. Dicho todo esto, hemos de seguir mejorando. Cuando hablamos del bilingüismo, ¿quién es absolutamente
bilingüe en Cataluña? El 75 por ciento que habla o puede hablar catalán. ¿Qué hemos de conseguir? ¿Cuál ha de ser nuestra política? Conseguir que el cien por cien de ciudadanos de Cataluña pueda hablar catalán y que a partir de aquí decidan qué
lengua utilizan. Este es un factor determinante. También es cierto que en estos momentos nuestro objetivo y el de nuestro grupo ya no es solamente llegar al bilingüismo, sino conseguir una ciudadanía que sea capaz en su totalidad de hablar
catalán, castellano y conocer una tercera lengua: el inglés, el francés, el chino o el que deseen. Esta es la sociedad plural que queremos construir, que hemos intentado construir, que estamos construyendo en convivencia, sin conflicto, con la
idea de avanzar hacia un futuro mejor.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana.



Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra para defender su enmienda el señor Joan Tardá.



El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías, paso a comentar las enmiendas que presentamos a esta proposición no de ley, con el espíritu abierto y dirigiéndonos a los demócratas, a las personas que pueden entender cuál es el
sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas minoritarias.



El Partido Socialista Obrero Español debería aceptar una enmienda, la primera, en la que intentamos que los derechos lingüísticos de los ciudadanos sean reconocidos en todas las instituciones en Cataluña, tanto de titularidad autonómica como
estatal. Les pongo un ejemplo. Es muy difícil que un ciudadano catalán pueda presentar una denuncia en una comisaría de policía. Les invito a hacer la prueba. Creo que el resultado sería ejemplar y didáctico.



Hemos presentado también un conjunto de enmiendas que instan al Gobierno a legislar en favor de las modificaciones necesarias para que una persona pueda vivir libre y felizmente en su lengua materna. Hoy día es todavía muy difícil vivir en
catalán, es difícil vivir en


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gallego y es difícil vivir en euskera. El castellano es exclusivo en el etiquetaje de los productos y bienes de consumo, es ampliamente mayoritario tanto en el número de películas dobladas como de copias y salas de exhibición; solamente el
10 por ciento de los documentos notariales se ha registrado en lengua catalana, por no hablar de los sellos, las monedas, el documento nacional de identidad electrónico, los programas informáticos, el cine, el vídeo, la radio y, repito, el
etiquetaje. Es más fácil encontrar en Cataluña productos etiquetados en lengua árabe que en catalán. Así pues, pedimos que se legisle en favor de la pluralidad lingüística en el conjunto del Estado. ¿Por qué no? Hay que legislar para que los
medios de comunicación públicos y privados de ámbito estatal sean respetuosos y garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos. También hay que legislar para que las instituciones del Estado y los órganos constitucionales contemplen esta
garantía.



Este Parlamento aprobó diversas proposiciones no de ley, pero al cabo de dos años, todavía no se ha ejecutado nada. Les invito a que abran la página web de cualquier ministerio y verán que todavía no se han normalizado, cuando se aprobó en
este Parlamento hace un año y medio.
Aprobamos también una proposición no de ley que instaba al Ministerio de Cultura a rotular los museos de titularidad pública dependientes de él en las cuatro lenguas, de manera ejemplar y pedagógica, pero no se
ha hecho nada en absoluto. Esto, el Gobierno amigo, la buena gente de España, los demócratas; imagínense los que van en contra de la lengua catalana.
Además, no se ha cumplimentado la parte española de la Carta Europea de las Lenguas Regionales
cuyo informe destaca dos puntos, la justicia y la Administración estatal; por cierto, dedica solamente palabras y elogios al Gobierno de Cataluña. Los que se creían que el Gobierno tripartito cambiaría de política se han equivocado, porque la
política lingüística del Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya responde a un consenso y a una demanda popular, a una demanda democrática, el gran pacto de las clases populares catalanas ya desde la época de la transición.



Hay algo que nos duele muchísimo, no saben cuánto nos duele, y es que no sean capaces de publicitar la unidad lingüística de la lengua catalana.
Nunca hubiéramos creído que aquello que no fue posible en la década de los ochenta, es decir,
que la derecha rompiera la unidad de la lengua, se consumara en el siglo XXI, en el año 2006. Francamente, nos duele tanto como le dolería a un ciudadano soriano o extremeño que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se contemplara que la lengua
de la comunidad es la lengua andaluza. Les dolería a todos los castellanos y también a los catalanes. ¿Cómo es que no les duele a ustedes? ¿Cómo es que esto no duele a los demócratas españoles? No lo entendemos. Se lo digo con toda sinceridad,
creo que se están suicidando políticamente, pero lo hacen a costa de nuestra lengua, y esto es gravísimo, es lamentable y no nos lo merecemos.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.



Continuamos con la última enmienda presentada, la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.



Empezaré como acababa el señor Tardá; para nosotros también ha sido una decepción lo del Estatuto valenciano. Nos sorprende que en 2006 realidades científicas filológicas se discutan e incluso se avalen. Junto a esto tenemos que añadir
que lo que estamos discutiendo hoy no es esa decepción compartida, y un error grave en este caso del Partido Socialista, sino que lo que estamos discutiendo hoy en esta proposición y en la siguiente son las falsedades y las mentiras que se están
diciendo sobre la política de normalización lingüística en Cataluña.



No es la primera proposición no de ley que se discute ni va a ser la primera proposición no de ley que se apruebe en esta Cámara ni en esta legislatura. De hecho, nuestro grupo parlamentario, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, en octubre de 2004, presentó una proposición no de ley que ya suponía compromisos más que fundamentados y bastante transcendentes para el Gobierno. A estas alturas, habiendo pasado ya bastante tiempo, lo que hemos visto es que en
algunos casos hemos avanzado pero que tenemos otros empantanados, en los que no se ha avanzado aún. Ante la situación que se vive hoy no valen las declaraciones alarmistas -tiempo tendremos después para desmontar las falsedades que se están
diciendo sobre Cataluña-, pero tampoco sirven las declaraciones bienintencionadas diciendo que todo va bien. Es verdad que va razonablemente bien, pero lo cierto es que hoy existen problemas de discriminación de lenguas, pero la lengua discriminada
no es el castellano, las lenguas discriminadas son el catalán... (El señor Moragas Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Moragas, el catalán, el euskera y el gallego en ámbitos como el de la justicia. No sé si usted se ha
pasado por los juzgados de Cataluña, pero si lo hace verá que el catalán es una lengua vetada. Si usted se pasea por la Administración periférica del Estado en Cataluña, en Euskadi o en Galicia verá que la normalización no se ha producido. Lo que
para nuestro grupo parlamentario era trascendente de la proposición no de ley presentada hoy es que nos ratificásemos en aquello que ya se ha aprobado. Para nosotros -y así se lo trasladamos al Grupo Socialista con la enmienda que hemos presentado-
lo que es clave y fundamental es decir que este Congreso se ratifica hoy, en febrero de 2006, en todos los compromisos asumidos en esta Cámara, y lo decimos porque es cierto. En materia europea hemos avanzado, no creemos que sea solo el talante,
pero si se ha avanzado desde el punto de vista plurilingüístico es porque existe una mayoría exigente con el Gobierno. Junto a esto, hay terreno donde avanzar en materia de justicia y en la normalización de todas las


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lenguas oficiales en la justicia, en la Administración periférica del Estado, en el ofrecimiento a través de los diseños curriculares de la enseñanza secundaria obligatoria de un conocimiento suficiente de la realidad social, cultural y
plurilingüe del Estado en las comunidades autónomas que no son bilingües; en definitiva, en las medidas que nuestro grupo parlamentario solicitaba y que el Pleno aprobaba el 18 de octubre de 2004. Eso significaba adaptar la legislación vigente,
pero hay que decir que aún no se ha adaptado la legislación vigente para adecuarnos a esa realidad plurilingüe. Eso significaba proponer medidas políticas y legales para fomentar ese conocimiento de la realidad pluricultural y plurilingüe, para
promover el conocimiento básico de todas las lenguas españolas diferentes al castellano en todo el territorio, para garantizar el respeto efectivo de la realidad plurilingüe del Estado, para que los símbolos se adecuen a esa realidad. Eso es lo que
el Congreso aprobó y eso es lo que queremos que se vea ratificado hoy.



Por tanto, ante la ofensiva de la derecha, de la derecha extrema y de la centralista, de la muy centralista, lo que hay que hacer es ratificar lo que simplemente es de sentido común. Con nuestras enmiendas, y esto es lo realmente
importante, lo que queremos es que el Grupo Socialista y el Congreso se ratifiquen en los compromisos. En primer lugar, exigimos a este Gobierno que, de la forma más amplia posible, cumpla con lo que acordó el Congreso en octubre de 2004. Y en
segundo lugar, que esto lo haga precisamente respetando las competencias. Para nosotros esto era un elemento importante sabiendo, además, que en materia lingüística algunos quisieron que estas competencias no se respetasen.



Dicho esto -tiempo tendremos después para desmontar falsedades-, para nosotros lo que es clave y fundamental no solo es que lo aprobemos por sentido común, sino que se comprometan de nuevo con lo que se comprometieron en el 2004 y sobre todo
que, con un doble compromiso, el de octubre de 2004 y el de hoy, cumplan con lo que aprobamos, que era importante, que era transcendente. En definitiva, este Gobierno tiene el compromiso de avanzar en la realidad más plurilingüe de Europa, con un
Estado que adecue esta realidad plurilingüe también a sus instituciones, que pertenecen en este caso a la Administración central del Estado.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Herrera.



Defendidas las enmiendas, señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones.



Comenzamos con el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.



Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, deseando también que se incorpore a ella la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las lenguas menos
difundidas, que en el caso de Cataluña y del catalán entendemos que se refiere al aranés como lengua hablada en la zona del valle de Arán. Nos parece totalmente justo y legítimo. También creemos que otras enmiendas que puedan ser aceptadas por el
grupo proponente, como la que ha firmado conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, reconocen el ámbito de las comunidades autónomas con sus competencias normales y habituales.



¿Qué está ocurriendo en el ámbito local y universal con el asunto de las lenguas? Pues que se están manejando prácticamente en tres escenarios: en primer lugar, que el inglés es la lengua dominante en todo el mundo civilizado, sobre todo
en los programas de ordenador. Se ha convertido en la lengua franca de prácticamente toda la globalización técnica y económica del mundo. En segundo lugar, el escenario estatal, como es el caso de España con el castellano. Y en tercer lugar, el
escenario territorial de las comunidades autónomas, que en nuestro Estado puede ser el catalán, el euskera o vascuence o el gallego, que tienen todos nuestros respetos en esta sociedad plurilingüe y que nosotros tenemos que armonizar. Ese es el
reto con que nos encontramos, un reto de identidad cultural y sociológica localizada y un reto globalizado, ya que, como he dicho, la nueva lengua franca, que es el inglés, lo está dominando prácticamente todo en cualquier vector de avances
económicos o tecnológicos. Pero tenemos que luchar también por estas señas de identidad localizada, que son las lenguas que unos denominan vernáculas, las lenguas que tienen una circunscripción territorial dentro de Estados plurilingües como es el
caso español.



Dicho esto, nosotros tenemos que ir por un sendero que me permite decir que mi grupo y este diputado suscriben plenamente los juicios de valor expuestos por el diputado que ha defendido la propuesta del Grupo Socialista, don Ramón Jáuregui.
Suscribo plenamente lo que ha dicho el señor Jáuregui, porque esto o nos salva a todos o nos quema a todos, y nos quema cultural, tecnológica y sociológicamente, porque si todo el proceso de normalización que tengamos que hacer no lo hacemos como lo
establece esta iniciativa, con un sentido genérico de respeto, en positivo, no en negativo, no penalizar, sino estimular - y que son conceptos que, como bien ha dicho el señor Jáuregui, yo resumo en tres palabras fundamentales para suscribir su
aserto: prudencia, sensatez y racionalidad en esta aplicación-, no nos será permitido convivir cultural, sociológica y políticamente, es decir, pacífica y democráticamente.



Por eso nuestro voto será afirmativo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista con las enmiendas que han presentado los grupos.
Como he dicho, he prestado especial atención a la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y a aquellas otras que van en la misma línea de complementariedad, racionalidad y


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normalización de todo este proceso, con un sentido positivo y no punitivo del uso de las lenguas.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.



Señor Esteban, continuamos con usted en el turno del Grupo Parlamentario Vasco.



El señor ESTEBAN BRAVO: Una vez más nos encontramos con un debate sobre las lenguas que no ha sido generado por iniciativa de los grupos minoritarios, supuestamente celosos defensores de determinadas lenguas por encima del castellano. Nos
encontramos de nuevo con una proposición sin medidas concretas, con muy buena intención, con buenas palabras -a las que, desde luego no nos podemos oponer-, pero tanto el texto de la iniciativa como la intervención del representante socialista nos
parecen bastante beatíficos: todo va bien, todo sale bien, esto es maravilloso y aquí funciona todo de maravilla. Es evidente que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista es consecuencia de una presentada anteriormente que vamos
a debatir a continuación. La del Grupo Parlamentario Popular es de fecha 28 de noviembre y la del Grupo Parlamentario Socialista es de fecha 9 de diciembre. No es que al Grupo Parlamentario Socialista se le haya ocurrido ahora generar una
iniciativa a favor de los idiomas del Estado, sino que se trata de sacar una proposición no de ley rebatiendo a otra proposición no de ley que, dicho sea de paso, quiere utilizar los idiomas para hacer política. Lamento mucho que no se hayan
debatido conjuntamente.



El señor Jáuregui decía: lo estamos haciendo bien. Considero que se han suscitado una serie de dudas y quisiera hacer -igual que han hecho otros portavoces- una relación de hechos. Nosotros no podemos comulgar con un párrafo de la
exposición de motivos de esta proposición que dice: El fundamento de este éxito compartido radica en que en dichas comunidades autónomas los ciudadanos tienen derecho a usar, de acuerdo con su libre elección y con plena validez jurídica, cualquiera
de las lenguas oficiales en todos los ámbitos y tipos de relación y, por lo mismo, sus relaciones con cualquier poder público radicado en el correspondiente territorio. Esto no es así, y gran parte de la responsabilidad la tiene la Administración
del Estado y, por tanto, el partido que dirige esa administración. No es cierto que exista el derecho y la posibilidad de usar estos idiomas en las delegaciones del Gobierno. No es cierto, y eso está en manos de la Administración del Estado. No
es cierto que se pueda hacer en los tribunales. Cada vez que se hace el comentario de que sería necesario que los jueces de una determinada comunidad autónoma tuvieran conocimiento del idioma propio de la comunidad parece que eso es anatema, que es
un auténtico pecado y que vale con que ya se considere con unos puntitos como mérito el conocimiento de ese idioma. Pero hoy por hoy ese derecho no está garantizado ante los tribunales de justicia. No está garantizado ni en los propios
ministerios. Se han mencionado antes las páginas web de internet. Si uno entra en la página del Ministerio de Cultura -por poner un ejemplo del que debería ser el adalid de esta política pluricultural y plurilingüe-, lo único que encuentra en
idiomas distintos del castellano son los epígrafes. Por ejemplo, se puede leer bibliotecas o convocatorias y ayudas en euskera, pero si uno entra ahí se encuentra el resto en castellano. No puede ser que la propia ministra de Cultura incumpla las
promesas hechas al principio de la legislatura. Dijo que la Biblioteca Nacional sería un ejemplo de plurilingüismo; cero hasta la fecha. No puede ser que los medios de comunicación que dependen del Estado tengan una política como la que tienen
hasta ahora, un 2 por ciento de utilización del uso del euskera en Nafarroa, en Navarra, y algo más de un 4 por ciento -no llega al 5- en el caso del País Vasco. Una ridícula cuota del euskera. No puede ser que se hable de que existe un
bilingüismo perfecto y natural cuando hay algunos gobiernos, incluso autónomos, que persiguen determinadas lenguas, por ejemplo en Navarra, y así ha sido señalado, dicho sea de paso, por las instituciones europeas correspondientes. Un Gobierno que
penaliza a algunos de sus ciudadanos que utilizan un idioma.



Termino, señora presidenta. Desde luego no se puede decir que se está haciendo un bilingüismo integral de manera natural, porque lo que es cierto -y en el caso del País Vasco es muy evidente- es que la mayoría de los ámbitos los ocupa el
castellano. Cuando los niños salen de clase todas sus relaciones y en muchos de los focos, aparte de la familia y algunos lugares muy concretos, el que controla, domina y es mayoritario es el castellano, porque no habrá un bilingüismo integral
natural hasta que los idiomas propios estén integrados de forma natural en la industria, en la universidad, en los despachos de abogados, en las notarías, en el cine y no solo en la panadería o con la vecina de la escalera. Quiero señalar que el
respeto a las lenguas también pasa por no jugar políticamente con ellas. Se lo digo al Partido Popular -ya hablaremos en la siguiente proposición que vamos a discutir- pero también al PSOE por su actitud en el caso del Estatuto de Valencia con
respecto a una lengua única con denominaciones diferentes que no se ha querido tratar así.



Podríamos votar que sí a la proposición, no es que estemos en contra de los puntos que plantea, pero la verdad es que es una iniciativa vacía de contenido y estamos ya hartos de votar iniciativas vacías de contenido.
¿Volver a ratificar y
poner en marcha todas las proposiciones aprobadas por el Parlamento en materia de política lingüística? ¿Para qué, si ya están aprobadas y deberían ser puestas en marcha por el Gobierno? ¿Ratificar acuerdos anteriores de nuevo? No. Por lo tanto,
no es que estemos en contra de lo que dicen, podemos estar de acuerdo pero, desde luego, no cuenten de nuevo con nosotros para hacer declaraciones vacías de contenido que después no llevan a nada concreto a medida que pasan los meses y los años.



Nos abstendremos.



Muchas gracias, señora presidenta.



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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.



Finalizamos con el turno de la señora Rodríguez-Salmones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, empezamos el periodo de sesiones debatiendo una cuestión fundamental en el más estricto sentido del término fundamento, que es la política lingüística.



Se ha hablado aquí, y muy bien -apreciamos el discurso del señor Jáuregui-, de convivencia, de prudencia, de no manipulación, de no demagogía, y suscribimos todo lo que ha dicho. Ahora bien, vamos a empezar por poner por delante las
generales de la ley. Creemos que en España ha habido hasta ahora un desarrollo muy positivo del artículo 3 de la Constitución; desarrollo que se ha basado en tres pilares que suscribimos plenamente. Uno, la diversidad lingüística es la gran
riqueza de nuestro país y, por tanto, exige y necesita todo nuestro apoyo. Dos, la cooficialidad debe ser máxima, y aquí se han denunciado muchas lagunas. La cooficialidad en aquellas seis comunidades que tienen una lengua propia debe ser máxima
y, además, esta lengua tiene que ser difundida y conocida entre las demás comunidades autónomas y fuera de nuestras fronteras. Tres: no es una cuestión tan obvia como parece. En España hay una lengua común, que es el castellano. Decía bien el
señor Jáuregui que esto no sucede en muchos países plurilingues -Suiza y Bélgica son dos ejemplos clásicos-. Esta es otra de nuestras riquezas.
Por lo tanto, el desarrollo del artículo 3 de la Constitución se debe basar en esta diversidad, en la
cooficialidad al máximo nivel y en la protección y el desarrollo de nuestra lengua común. Hasta ahora ha sucedido así, con problemas pero de modo muy positivo, armónico, flexible y muy eficaz, pero se ha interrumpido, señorías -y hay que llamarlo
así, por su nombre-, y en nuestra opinión lo ha hecho concretamente en una comunidad autónoma, y hemos traído aquí este problema. Decía muy bien ahora el señor Esteban: traemos el problema y ustedes traen esta proposición no de ley absolutamente
impecable, pero que carece de compromiso alguno. Lo defiende el señor Jáuregui de una manera impecable, pero también sin compromiso alguno. Se busca, por lo tanto, neutralizar nuestra proposición no de ley, que sí habla de problemas reales.
Estarán ustedes de acuerdo o en desacuerdo, pero la proposición que ahora defenderá mi compañera Dolores Nadal habla de los problemas que se están planteando, y ustedes, ante estos problemas, traen aquí algo que sería como si, ante un problema
sanitario, le dijéramos a la ministra Salgado que velara por la salud de los españoles. Pues claro que es impecable, pero los problemas quedarían sin resolver.



Usted sabe, señor Jáuregui -y ha hablado de sus hijos-, que si decidiera hoy, por razones positivas y deseables, ir a Cataluña, plantearía a sus hijos el problema verdadero, difícil y durísimo de terminar sus estudios.
Eso sucedería así, y
no sucede en las otras comunidades ni en Euskadi, como usted bien ha dicho. Ese problema hay que abordarlo. Entendemos que ustedes han querido neutralizar sin compromiso nuestra proposición no de ley, y, por lo tanto, si ustedes aceptaran unos
compromisos mayores, nuestro voto podría ser favorable. Por lo tanto, nuestro voto queda condicionado, y esperamos ver cuál es su posición ante la proposición no de ley que va a defender la señora Nadal. Existe un problema: se ha interrumpido una
trayectoria de eficacia, de armonía y de flexibilidad, a nuestro juicio concretamente en una comunidad autónoma, y los ciudadanos exigen que lo abordemos.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.



Señor Jáuregui, tiene la palabra para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.



Tengo que comunicar que, efectivamente, nuestro grupo acepta no solamente la enmienda que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, que lo ha hecho conjuntamente con nosotros, sino también la de Convergència i Unió, la del Grupo Mixto -la
del señor Rodríguez- y, de las que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana, tengo que decir al señor Tardá que, dado que son muchísimos puntos y excede la pretensión de una resolución de principios, vamos a incorporar las enmiendas números 6
y 7, es decir, la adición del punto 8 y la adición del punto 9, que hacen referencia a las lenguas y a los compromisos de España con la Unión Europea y con la Carta Europea de las Lenguas Regionales.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Jáuregui. Todas ellas son compatibles, por lo tanto, votaremos la proposición del Grupo Parlamentario Socialista junto con las enmiendas del Grupo Mixto, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), las enmiendas números 6 y 7 del Grupo de Esquerra Republicana y la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.



-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO RELATIVA A LA NO PERSECUCIÓN DE LOS CIUDADANOS POR LA LENGUA QUE UTILICEN. (Número de expediente 162/000414.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, a debatir la última proposición no de ley del orden del día de la sesión de hoy, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la no persecución de los ciudadanos por la lengua
que utilicen. Para su defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la señora Dolors Nadal.



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La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna a hablar de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país, subo a esta tribuna para tratar de los derechos y libertades de los españoles, pero subo también a esta tribuna para recordarle
al Gobierno de la nación que tiene el deber de defender la Constitución, que tiene el deber de defender las leyes y que tiene el deber de defender lo que es de sentido común, como lo es el derecho de los españoles a usar la lengua española en todo
el territorio nacional sin ningún tipo de coacción, de traba ni de sanción. Lo ha dicho el señor Jáuregui y, naturalmente, eso se corresponde con el planteamiento del Grupo Popular.



Pero subo también a esta tribuna para defender los derechos y libertades de los españoles, porque desde que el tripartito llegó al poder se han intensificado las coacciones, las trabas y las sanciones que el señor Jáuregui parece ignorar. Y
ese no es, señorías, un planteamiento del Partido Popular; eso lo demuestra el hecho -fíjense- de que en solo tres meses las quejas al Defensor del Pueblo derivadas de la política lingüística del Gobierno tripartito ascienden a más de 450; en tres
meses, 450 quejas. Ante esta situación, que es una auténtica vulneración de los derechos y libertades de los españoles, el presidente del Gobierno dice que sí, que las hay, que hay vulneración de derechos, pero que son casos aislados. Me dirijo al
Grupo Socialista: ¿alguno de ustedes tendría la bondad de explicarle al presidente del Gobierno que cuando se vulneran una sola vez derechos o libertades fundamentales el Gobierno tiene que actuar? Porque vamos a ver, ¿cuántas veces se tiene que
entrar a robar a una casa para considerar que ha habido un robo según el presidente del Gobierno? Señorías, ustedes me pueden decir, y es muy probable que esta tarde lo digan, que los catalanes solo queremos aprender, hablar, comunicarnos,
relacionarnos en nuestra lengua materna. Quien lo diga tiene razón, es cierto, es verdad, pero quien lo afirma ha de entender, ha de saber y ha de respetar que hay miles y miles de catalanes, un 45 por ciento -que son tan catalanes como yo, que
tengo como lengua materna la catalana y que nunca he renunciado y nunca podré renunciar a ella-, que tienen como lengua materna la lengua española, y esa no es una anormalidad. Eso no es una anormalidad que deba ser corregida a través de una
determinada política lingüística como pretende el Gobierno tripartito, a través de la política que está aplicando en el tiempo que lleva en el poder; esa es la riqueza que compatibiliza lenguas y sentimientos en Cataluña, que habla en catalán y en
castellano. Porque en Cataluña, señorías, no hay una lengua propia y otra impropia; no hay una lengua propia y otra ajena. Precisamente por eso defender, promover, impulsar el catalán no puede en ningún caso reducir la presencia de la lengua
castellana en Cataluña.



Se han referido al proceso de normalización lingüística en Cataluña. Se inició con la Constitución y con una ley que contó con un amplísimo consenso de todas las fuerzas políticas, la Ley de normalización lingüística de 1982 y, a
continuación, sin tanto consenso, se aprobó la Ley de política lingüística de 1998. Pero fíjense, en las dos se establece, se reconoce y se garantiza el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual. Pues ese mandato
legal no se aplica. En Cataluña, los padres no pueden elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Es así; no lo dice el Partido Popular.
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la consellera d'Ensenyament, la señora Marta Cid,
para decirle que en las hojas de preinscripción de los colegios públicos y concertados no existe apartado para que los padres puedan decir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos. No es una cuestión aislada, no está en los impresos de
preinscripción; no es un caso aislado. Pero es que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña se ha pronunciado también al respecto y ha dictado sentencias a favor de ese derecho a recibir clases en castellano y de ese deber de los centros de
impartirlas. La semana pasada tuvimos un último ejemplo. Es cierto que hay casos que han adquirido una gran notoriedad, pero que haya casos que tengan notoriedad y otros que no la tengan no quiere decir que sean casos aislados.



Hay otros datos, señorías, que no quiero dejar de mencionar, porque obligan moral y políticamente a esta Cámara a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Son los referidos al fracaso escolar en Cataluña: el 46,6 por
ciento es castellanohablante y el 18,5 por ciento es catalanohablante. Esto quiere decir algo: algo falla en el sistema. Con estos datos, señorías, ¿qué queda de la igualdad de oportunidades, qué queda de la libertad y de la igualdad? Esto
ocurre precisamente cuando el sistema educativo debe garantizar a los escolares esos derechos, y esto, en comunidades autónomas en las que tenemos la gran suerte de ser bilingües, señorías, debería ser un plus y una ventaja. Esa ventaja no puede
terminar perjudicando a quienes inicialmente tienen ese plus, esa ventaja de salida o, lo que es peor, señorías, que no acaben espiando al servicio del Gobierno tripartito, a las órdenes de ese funcionario que tiene ese nombre tan progresista y tan
propio del Gobierno tripartito como es el de coordinador lingüístico de interculturalidad y cohesión social. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)


Veamos otro aspecto, señorías, de la política de normalización lingüística del tripartito, que ha dado lugar también a numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo. Desde que un socialista preside la Generalitat, las inspecciones a
comercios y restaurantes por cuestiones lingüísticas se han incrementado en un 400 por ciento. El año pasado se presentaron más de un millar de denuncias anónimas. Hay campañas como la del comercio en catalán, y ustedes me pueden decir que son
campañas que animan a denunciar -naturalmente las denuncias son anónimas-, me pueden decir que son asociaciones privadas, pero también he de decirles que están generosísimamente subvencionadas por el Gobierno tripartito. Por cierto, ¿me pueden
decir qué tiene de anticatalán el decir


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que algo raro debe de estar pasando en Cataluña cuando el ayuntamiento de Barcelona edita campañas en catalán, en árabe, en urdu, en inglés, en francés, y no lo hace en castellano? ¿Qué tiene de anticatalán defender que no se puede violar
el derecho a la intimidad que supone la inspección de historiales médicos para ver en qué idioma se relaciona un enfermo con su médico? Les aseguro, señorías, que esto es más propio de tiempos oscuros que todos creíamos superados.



Pero he de decirles también que solo cabe el estupor cuando nos enteramos de que ha sido el propio presidente del Gobierno quien ha impulsado un Estatuto para Cataluña que institucionaliza la estrategia de convertir la lengua en un arma
política, en un elemento diferenciador y separador, que busca imponer a la sociedad catalana un futuro de monolingüismo, en definitiva, dar un instrumento más para seguir haciendo ingeniería social en una sociedad que -insisto- es bilingüe.
Cataluña es una sociedad bilingüe: el 45 por ciento de los catalanes tiene como lengua materna la lengua española. Esto solo se puede entender en ese proyecto nacionalista que ustedes llaman, que algunos grupos llaman avanzar en el proceso de
construcción nacional. Eso lo entendemos de los nacionalistas y naturalmente de los independistas, pero no lo podemos entender de los socialistas. Esto no es mera retórica. Lo sabe muy bien el señor Rubalcaba -hace un rato que estaba por aquí-,
que se afanó en salir rápidamente diciendo con la mayor seriedad que el contenido del Estatuto referido a la lengua era un derecho impropio. Lo que es impropio es la impertinencia del señor Rubalcaba, que cree que los demás no sabemos leer; o la
del señor Bono, que ordena a los militares hablar solo en español en todo el territorio nacional, cuando sabe perfectamente que la carta de un subsecretario está muy por debajo del Estatuto que ha impulsado su jefe, el Estatuto de La Moncloa.
Señorías, no es mera retórica, la historia nos enseña que cuando se instrumentalizan sentimientos, cuando se instrumentaliza la lengua, cuando se instrumentaliza la identidad, cuando se instrumentaliza el origen, siempre hay una víctima
propiciatoria: la libertad y los derechos fundamentales.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Nadal, por favor, debe acabar; ha sobrepasado su tiempo en tres minutos.



La señora NADAL I AYMERICH: Termino, señora presidenta.



Este Parlamento, señorías, representa al pueblo español, también a todos los catalanes; representa nuestros derechos y libertades y, por tanto, está obligado moral y políticamente a defenderlos. Señorías, esta tarde no pueden limitarse a
mirar para otro lado, les pido que no miren para otro lado en la defensa de los derechos y libertades de los españoles. Es una proposición no de ley que no va contra nadie, va a favor de todos.



Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Nadal.



Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Mixto.



Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.



Para el Bloque Nacionalista Galego -a juzgar por los poderes que sustentan cada idioma- no cabe duda de que los poderes mediáticos, económicos, institucionales, ideológicos y culturales que sustentan el castellano, incluso en Cataluña, son
mucho más poderosos que los que sustentan otras lenguas y por este orden: el catalán, el vasco y el gallego. Nos gustaría empezar por reconocer -y sería bueno que todos lo reconociésemos, aunque de aquí no sacásemos las mismas conclusiones- que la
lengua propia de Cataluña es el catalán, como sin duda la lengua propia de Castilla-León, Madrid o Andalucía es el castellano, sin duda alguna. Un proceso histórico, no precisamente espontáneo ni libre -que tanto gustan declamar en este momento-,
legitimó la presencia y el uso social y dominante en lo político del español en los territorios que tenían otras lenguas. Esta realidad, sin duda, hoy es legítima, es incuestionable, pero no puede servir para dotar de derechos superiores al
castellano como una lengua de imposición -así se dice también en la proposición no de ley del Grupo Popular-, es decir, que tiene la imposición del deber de ser conocido y que al mismo tiempo hace imposible que esta exigencia se haga extensiva a
otros idiomas en su propio territorio.



Esta lectura del artículo 3 de la Constitución española es fuente de todo tipo de discriminaciones, sin duda, pero no en contra del castellano, sino precisamente en contra de las otras lenguas peninsulares. Como tampoco esa realidad
incuestionable de que existe el español en Cataluña, en Euskadi y en Galicia debe valer para que las administraciones autonómicas no tengan el deber de garantizar el conocimiento colectivo del idioma propio y amparar su uso sin restricciones ni
represiones, no solamente en el territorio catalán, como lo están haciendo, sino en el vasco, como lo intentan hacer y con el inconveniente de la opacidad de la lengua propia en relación con el español, y como no se ha hecho hasta ahora, por
supuesto, en el caso de Galicia. Esto conlleva que la igualdad de todos es una falacia; la discriminación realmente sigue existiendo, en mayor o menor medida, para el catalán, el vasco y el gallego, aún hoy discriminados en la justicia de forma
aberrante, contra los más elementales derechos humanos. No vamos a hablar de instituciones como el ejército; no vamos a hablar de las grandes empresas, de las instituciones de ámbito estatal e incluso de muchas autonómicas, en el caso de mi país,
o en la vida social. Todos los conflictos de persecución y discriminación, en el caso de quien les habla, en mi país son contra el gallego; no conozco un solo caso en contra del español. Conozco casos de personas expulsadas o combatidas


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en su puesto de trabajo por hablar gallego; conozco casos de empresarios que no pueden registrar sus empresas en lengua gallega; conozco cantidad de usuarios que yendo al servicio de sanidad no es que no les atiendan en gallego, es que
figuran como enfermos de lengua castellana, a pesar de manifestación explícita en contra de esa definición. Señorías, en mi país de hablar de persecuciones, de bajar a este tipo de caracterización, hablaría de persecución contra la lengua que yo
tengo o intento tener como lengua normal. Por tanto, en la proposición no de ley del Grupo Popular se hace una inversión de la realidad.



Toda política de normalización, lo dije antes, para buscar las condiciones de igualdad de la lengua en el propio territorio tiene sus dificultades -no lo negamos-, tiene sus problemas -no lo negamos-, pero también es grave que en nombre de
esas dificultades se intente negar el proceso de normalización que necesita como agua de mayo precisamente la lengua propia del territorio. El español goza de muy buena salud. No me cansaré de decírselo desde todos los puntos de vista. Hoy por
hoy, desde luego, está claro que si hay que instar a algo es precisamente en el sentido contrario como nosotros lo hacemos y, señorías, si no hay incitación a la confrontación, si no hay intoxicación desde voces poderosas, la gente considera normal
o puede considerar normal que en Cataluña se exija conocer el catalán y además incluso que desde el punto de vista de la Administración autonómica esa sea la lengua preferente, por más que en la vida familiar, en la vida social, en los
entretenimientos, en el juego y en las diversiones el español siga siendo la lengua de muchas personas y pasen de lengua y cultura catalana.



Pero hay algo evidente. Si ustedes hablan de conflictos en Cataluña, hay una normativa lingüística del año 1998 que es la que se está aplicando.
Curiosamente en aquel momento no hubo aquí ningún tipo de protestas, estaba gobernando el
Partido Popular, ni una. Se las escuché al valedor del pueblo, el inefable señor Múgica Herzog. Le escuché aquí varias, no sé cuántas quejas contra el uso del catalán. Pero ¿qué pasa? Que no se hacía un uso político de esas quejas o porque no
convenía o simplemente porque se estaba en un estado de aceptación de unos mínimos. Por lo tanto, acabo diciendo, señorías, que hoy es posible vivir en Galicia y vivir incluso en Cataluña hablando español como lengua de uso cotidiano normal. Desde
luego, les puedo decir que no es posible vivir en Galicia hablando gallego con la misma naturalidad. Algo no funciona de forma ecuánime, pero no es lo que denunció el Grupo Popular en su exposición de motivos con grave irresponsabilidad desde
nuestro punto de vista, con el objetivo de llevar a una confrontación también en el interior de la sociedad catalana y contra las instituciones de autogobierno. Lo dijo la señora portavoz: usar la lengua española en todo el territorio nacional sin
cortapisas. Eso para ustedes significa que acabemos con el modelo educativo lingüístico en Cataluña. Digámoslo con claridad. Y nosotros decimos que eso no puede conllevar acabar con el modelo lingüístico de Cataluña porque como nosotros sabemos
muy bien lo que es un modelo lingüístico inane, sin contenido de ningún tipo desde el punto de vista de la lengua gallega, no queremos eso para los demás y trabajaremos para tener un estatus lingüístico similar al de Cataluña -no digo igual, sino
similar-, donde el respeto de los gallegohablantes sea uno de los principios fundamentales por los que se mueva la Administración autonómica; es un deber y es un derecho. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.



Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el señor Herrera en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Adelante.



El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.



Señora Nadal, si hablan de la lengua y no hablan de otras cosas es porque quizá se están quedando sin argumentos y cuando hacen alarma de aquello que es normal, plenamente normal en Cataluña, es porque precisamente los argumentos le fallan.
Pero no se pongan nerviosos, no se pongan porque...
(Un señor diputado: Mire como tiemblo.) Sí, sí, ustedes critican un modelo de integración. Ustedes saben además que la Ley de política lingüística lo que hace es desarrollar el Estatuto de Sau,
ese estatuto que ustedes dicen que es referencia y lo que hace precisamente la Ley de política lingüística es desarrollar el Estatuto de Sau. Y lo cierto es que se garantiza el uso normal y oficial del catalán y del castellano, el uso de las dos
lenguas. Pero es que además se hace otra cosa, se acepta el principio de discriminación positiva del catalán como lo han aceptado leyes, tratados internacionales y como lo ha aceptado, señora Nadal, el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es:
¿lo que acepta el Tribunal Constitucional les vale en ciertas épocas pero ahora ya no? A nuestro entender, precisamente es necesario discriminación positiva hacia aquellas lenguas minoritarias y discriminación positiva hacia el catalán cuando lo
que estamos es ante un proceso clarísimo de normalización.
¿Pero cuál es su principal argumento? ¿Acaso no saben que el modelo catalán se basa precisamente en la no segregación, hecho que prohíbe explícitamente la ley? ¿O acaso no saben, en
definitiva, que lo se busca con el modelo catalán es que el alumnado sea tan competente en catalán como en castellano? La señora Nadal quizás no sepa -seguro que sí- que el modelo catalán, el modelo de inmersión fue una reivindicación de las clases
populares, fue una reivindicación de la izquierda, fue una reivindicación del sur y fue una reivindicación precisamente para que todo el mundo, para que todos los hijos de catalanes y catalanas, independientemente de su origen social y de su lengua
habitual, tuviesen conocimiento de catalán y castellano.



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Yo, señora Nadal, me eduqué en un instituto de La Verneda y allí los hijos de los castellanohablantes aprendieron a hablar catalán. En los institutos de La Verneda, de Santa Coloma, de Hospitalet, de muchos sitios de Cataluña lo que se hizo
fue que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades. Eso es seguramente lo que le molesta a la derecha, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que todo el mundo tenga el mismo conocimiento de catalán y castellano, seguramente porque
pocos de ustedes pisaron los institutos de La Verneda, de Santa Coloma o de Hospitalet donde esa era la realidad, pero lo cierto es que todos los hijos de catalanes y catalanas, todos, están agradecidos de que en Cataluña no se imponga su modelo, el
modelo de la segregación. Estamos contentos desde la izquierda, desde el progresismo, desde la perspectiva de la integración por tener una ley que niega la segregación. Y les pregunto: ¿cómo explican ustedes -quizás no lo sepan o si lo saben no
lo quieren explicar- que de 335.000 alumnos escolarizados apenas hay una decena de casos de padres que hayan pedido la escolarización individualizada? ¿Por qué, señora Nadal? Porque, más allá de su campaña de los últimos meses, la lengua se vive
con toda la normalidad en Cataluña. Hoy el alumnado catalán obtiene resultados de competencia lingüística, no en catalán sino en castellano, superiores -lo dicen los estudios- al del resto del Estado. ¿Cuál es el problema? El problema no es el
catalán, el problema es que en Cataluña no tenemos un modelo de segregación y que todos los alumnos tienen las mismas oportunidades, todos los alumnos conocen catalán y castellano y, por tanto, todos los alumnos, independientemente de su origen
social, tienen los mismos derechos. Ese es el problema. Quizás ustedes no sepan -sí que lo saben y deberían explicarlo- que la Sentencia 337/1994 del Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad del modelo. Es curioso -y el señor
Rodríguez lo recordaba- comprobar cómo en el año 1998 no criticaban la ley. Hoy la critican. ¿Por qué no interpusieron entonces el recurso de constitucionalidad? ¿Porque no tocaba, porque no convenía, porque no les preocupaba? Hoy les preocupa y
les preocupa simplemente porque lo que les interesa a ustedes es hacer electoralismo, sacar ventaja y, si puede ser, confundir un poquito a la opinión pública en el resto del Estado. Pero lo cierto es que en 1998 ustedes no interpusieron el recurso
de constitucionalidad y hoy claman al cielo contra lo que es una política lingüística que funciona, porque en Cataluña todos tienen los mismos derechos.



¿Por qué esta proposición no de ley? Porque ustedes, señora Nadal, han dejado de ser la derecha centrada, están siendo la derecha extrema, la derecha muy extrema. El problema que tenemos es que con lo que están diciendo ustedes pueden
llegar a confundir a una parte de la gente, pero tenemos una ventaja y es un amplio consenso en esta Cámara. Sabemos muy bien que en Cataluña queremos un modelo, como dice el Tribunal Constitucional, que discrimine positivamente el catalán, que
reconozca catalán y castellano y que todo el mundo conozca ambas lenguas. En definitiva, como dicen las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, también la del año 1987 en la que en su fundamento jurídico décimo niega lo que ustedes están
explicando del artículo 14, que todo el mundo tenga conocimiento de ambas lenguas, sin discriminación, con igualdad y, sobre todo, sin aquello que ustedes reclaman también por motivos raciales o por motivos religiosos, sin segregación en las
escuelas. Eso es lo que les preocupa.



Señora presidenta, tengo muchos más argumentos, pero no tengo más tiempo, si bien los portavoces que van a intervenir a continuación van a dar algunos más. En materia de justicia, tienen razón ustedes, hay discriminación, porque un abogado,
porque yo mismo no puedo expresarme en los juzgados con tranquilidad en catalán porque no se ha normalizado el catalán en los juzgados. Tiene razón, señora Nadal, en la Administración periférica del Estado hay discriminación, pero no con el
castellano, sino con el catalán. Preocúpese un poquito por la discriminación en la Administración periférica del Estado, yo le podría poner muchos más ejemplos.



Acabo, señora presidenta, dando a la mayoría -seguramente a la señora Nadal no- un mensaje de optimismo. Vamos a continuar por la misma senda y vamos a pactar en el Estatuto -así lo esperamos- un paso más, un paso más que simplemente es de
justicia, que en realidad no va a cambiar nada, pero que va a tener trascendencia jurídica, la igualdad jurídica del catalán y el castellano, claro que sí, porque no tiene sentido alguno que en un sitio en el que ambas lenguas son cooficiales no
haya igualdad jurídica entre el catalán y el castellano. Y seguramente le daremos un disgusto más, pero ¿sabe qué? En Cataluña se continuará viviendo con plena normalidad, porque en Cataluña dicen que ya basta, señora Nadal...
(Termina su
intervención en catalán.-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.



Continuamos, señorías, con la intervención del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene de nuevo la palabra el señor Esteban.



Adelante.



El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.



He señalado anteriormente y vuelvo a reiterar que esta proposición no de ley es un intento de instrumentalizar las lenguas en favor de una campaña y de unas posiciones políticas, creando tensión, enfrentamiento y problemas donde no los hay.
Para mí es evidente que se trata de parte de la campaña del PP de: Se rompe España, y de eso nada, no hay esos problemas que está usted señalando. Lo primero que pensé cuando leí el texto de la proposición no de ley -el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a garantizar que no se persiga a ningún ciudadano español por la lengua que utilice- fue que tenían ustedes una gran oportunidad. Dejen que la Mesa y el


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presidente de la Cámara nos permitan hablar en los idiomas que queramos en esta Cámara, dejen que se respeten mis derechos lingüísticos y que pueda expresarme en la lengua que yo elija. Lo tienen muy facilito. Esa podría ser la primera
plasmación de su buena voluntad.



Ha señalado usted también muy claramente que lo que se busca aquí es reducir la presencia de la lengua española en Cataluña. Acabáramos. No se trata de que las lenguas puedan convivir y pueda optarse por ellas con libertad, sino que el
catalán está cogiendo terreno y eso no nos parece bien. Usted tiene un concepto del castellano como si fuera una especie de lengua superior, la lengua diplomática, la que se puede utilizar, y lo demás está muy bien cuando se habla en casa, en el
campo, cuando la utilizan los aldeanos y poquitos más, unos cuantos intelectuales chalados, pero, cuando comienza a avanzar y pasa de ese estadio tan modesto a ocupar terreno en la industria, en la universidad, en los negocios y en la cultura,
empiezan a preocuparse porque el predominio del castellano comienza a correr peligro. No dejen al natural correr, como decía antes el portavoz socialista. A mí me parece sorprendente que una comunidad de 400 millones de hablantes, si no son más,
que seguramente lo serán, tenga miedo al retroceso de un idioma o a que ese idioma pueda correr algún peligro. Es simplemente impresionante.



También quería señalar otra cosa y es que a mi grupo el rechazo frontal de la lengua propia de una comunidad autónoma no le parece que sea de recibo y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Tampoco sería de recibo -usted estará en eso de
acuerdo absolutamente conmigo- que hubiera un rechazo frontal a aprender el castellano por parte de alguien que viene a España a trabajar y a integrarse. Lo lógico sería que lo hiciera, que se le pusieran los medios y que esa persona, si
verdaderamente quiere integrarse en la sociedad, utilice los instrumentos que se le dan, porque tampoco se le van a ofrecer cosas demasiado especiales, pero ese rechazo frontal a integrarse en el idioma castellano lo entenderíamos todos.
Resulta
que el rechazo frontal que sienten algunos a integrarse y a conocer los idiomas propios del lugar donde están residiendo parece que no lo entendemos. Podemos entender que en Suiza, en un cantón francés, un muchacho se desplace a estudiar a un
cantón alemán y se le dé un año de transición para estudiar en francés, pero al siguiente tenga que estar estudiando en alemán. Eso lo podemos entender y es la democrática Suiza.
Sin embargo, no podemos entender cosas muchísimo menos radicales,
mucho más integradoras, como se ha explicado anteriormente que existen dentro de los modelos educativos en el Estado. Muchas veces no es que no se quiera estudiar en catalán; es que muchas veces ni siquiera se quiere aprender catalán. Ese suele
ser el problema. No es que no se quiera estudiar en catalán; es que ni siquiera se quiere aprender el catalán. La verdad es que a uno le sorprende que siendo un idioma latino, no tan diferente del castellano a la hora de aprenderlo y teniendo las
posibilidades que le brinda el sistema educativo para poder aprenderlo, para enriquecerse, para ser bilingüe, para conocer más, para ampliar su mente, haya gente que quiera rechazarlo.



Ustedes han hablado del fracaso escolar. Yo les diría que hay alguna comunidad monolingüe que tiene bastante mayor fracaso escolar que Cataluña. Digo esto para demostrar que el bilingüismo no es la causa del fracaso escolar, ni la
utilización de un idioma propio es causa del fracaso escolar. Además, deberían preguntarse -enseguida acabo, señora presidenta- qué ocurre en Ceuta y Melilla, comunidades gobernadas por ustedes, donde existe la mayor tasa de fracaso escolar y donde
ni siquiera se han planteado ustedes en que puede haber una enseñanza bilingüe, en árabe en el caso de Ceuta y en beréber en el caso de Melilla, junto con el castellano. Hay una normativa lingüística desde 1998, que no ha sido recurrida. Una
práctica, un modelo aplicado desde 1983 que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional desde el año 1992. Le aseguro que cuando vote hoy no voy a mirar para otro lado, voy a mirar al texto de la proposición, a la exposición de motivos, voy a
mirarle a usted y conscientemente votaré no.



Gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.



Le recuerdo que el mecanismo de advertencia temporal no lo activa la Presidencia, sino que es automático. Es la tercera vez que me lo comenta.



Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.



En la anterior proposición no de ley nuestro portavoz, Joan Tardá, ya expresó nuestra posición con claridad, contundencia y argumentación. Lo hemos hecho a la propuesta del Partido Socialista Obrero Español. Hemos puesto otra vez encima de
la mesa la oportunidad de convertir este Estado, el español, en un Estado plurinacional y plurilingüístico. Lo hemos hecho, a pesar del pacto de la vergüenza que ha hecho el Partido Socialista del País Valencià/PSOE con el Partido Popular para
cometer un grave atentado a los ciudadanos, un grave atentado a la comunidad científica. Promover el secesionismo lingüístico y legislar sobre ello es incomprensible para nuestro grupo parlamentario y supongo que para muchos diputadas y diputados
de esta Cámara, incluidos los del Grupo Parlamentario Socialista. A pesar de los oídos sordos de España, de una España que sigue sin escuchar, las izquierdas catalanas insistiremos una y otra vez, tenemos paciencia, no infinita, a pesar de su
actitud, de pactar con aquellos que aún están en las antípodas de la pluralidad democrática. Lo haremos hasta el final, un final que ustedes podrán decidir. Sin embargo, puedo ser que algún día nosotros ya no llamemos a su puerta.



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Señores del Grupo Popular, señora Nadal, su proposición no de ley me recuerda algo. ¿Se acuerda, señora Nadal, quién dijo que nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro, que a nadie se le obligó nunca hablar en castellano,
que fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad libérrima el idioma de Cervantes? ¿Sabe quién dijo esto, señora Nadal? El jefe de Estado del Gobierno del Partido Popular leyó ese texto. Hoy ustedes vienen aquí y dicen:
Instamos al Gobierno a garantizar que no persiga a ningún ciudadano español por la lengua que se utilice. Claro, en el sentido en que ustedes lo dicen, las dos son falsas. Son falsedades del Partido Popular, unas dichas por el jefe del Estado y
otras dichas por el Partido Popular. Cuando uno lee el título de la proposición que instan al Gobierno, me pregunto si he dejado de ser yo ciudadano español por decreto del jefe de la oposición. Podría ser una suerte, pero lamentablemente creo que
no, que aún lo soy, como mínimo por imperativo legal, porque si hay alguien que es perseguido por utilizar su lengua, seremos los que hablamos en catalán, en gallego o en euskera. Por todo ello, hay que leer una y otra vez esta proposición no de
ley del Grupo Popular para que no se persiga a ningún ciudadano por la lengua que utilice. Estamos de acuerdo, porque podemos comprobar quién es el perseguido y quién es el perseguidor. Si quieren, podemos realizar una lección práctica. Sí,
señorías del Grupo Popular, la lección práctica la podemos realizar aquí mismo, ahora mismo. Si quieren, empiezo a hablar en catalán, a ver qué pasa. ¿Lo probamos, señora Nadal? Ustedes seguramente esperan que pase esto, porque jalearían, como
siempre, desde el lado sur a los demócratas. Pero no lo voy a hacer, señora presidenta. Espero que algún día la pluralidad del Partido Popular permita que en esta Cámara se pueda expresar uno en la lengua materna que conoce. Espero que esto
llegue.



La lengua perseguida es aquella que no se puede hablar en este Parlamento; es aquella que no sale en la página web del Congreso ni en la mayoría de páginas web de las administraciones; es aquella que no sale en las películas ni en los DVD;
es aquella que no sale en los prospectos de los medicamentos; es aquella que no se puede utilizar para pedir subvenciones públicas estatales; es aquella que es rechazada cuando los ayuntamientos de este Estado transmiten sus acuerdos soberanos a
esta Cámara en catalán, euskera o gallego, como le ha sucedido recientemente al Ayuntamiento de Riudecañas y a otros muchos que son perseguidos por escribir y usar su lengua propia materna, su lengua catalana, euskera o gallega. La lengua
perseguida es aquella que no se puede estudiar íntegramente en una carrera universitaria, aquella que no se puede utilizar en la justicia. ¿Qué justicia es aquella que no se puede practicar en la lengua que uno conoce? Señora Nadal, usted es
incapaz de traer a esta Cámara ningún ciudadano catalán que no sepa castellano. Yo le puedo traer muchos ciudadanos catalanes que aún no saben el catalán.
Su mundo es un mundo al revés. La persecución lingüística existe, claro que existe, y el PP
lo sabe mejor que nadie. Es la que practican día a día en los territorios donde gobiernan; es la que practican día a día en el País Valencià y en las Illes Balears.



Con el permiso de la señora presidenta, termino con unos versos de un insigne poeta catalán, abuelo del actual presidente de la Generalitat de Catalunya, mi presidente. Son unos versos de Joan Maragall. (Pronuncia palabras en catalán.) Les
traduzco, porque creo que es interesante que lo entiendan: Escucha, España, la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana. Hablo en la lengua que me ha dado esta tierra. En esa lengua pocos te han hablado, en la otra demasiados. ¿Sabe,
señora Nadal, como termina esta oda? Sí que lo saben; lo saben ustedes y, si no lo saben, lo aprenden.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.



Finalizamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. (Pausa.) Perdone, señor Vilajoana. (Rumores.) Señorías, para pedir respeto hay que tenérselo también a los miembros de esta Cámara, por favor.



Señor Vilajoana, es su turno en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta. Sabía que no me iba a discriminar y que me dejaría intervenir.



Señora Nadal, tengo que expresárselo, y lo hago con afecto y personalmente. Usted y yo hemos convivido en el Parlamento de Cataluña durante los cuatro años en los que usted era una magnífica diputada del Parlamento de Cataluña y yo era
consejero de Cultura, responsable de la política lingüística del Gobierno de la Generalitat. Cuando le escuchaba hace un rato me recordaba, no a la Dolors Nadal con la que conviví durante cuatro años en el Parlamento, sino a épocas anteriores en
las que el PP de Cataluña había perdido el centro y un señor que se llamaba Vidal-Quadras defendía exactamente lo que usted estaba defendiendo hace un rato. Esto me ha llevado a recordar el año 1996, cuando el Partido Popular ganó por primera vez
las elecciones generales. Recuerdo que aquella noche estaban ustedes celebrando la victoria y en la calle Génova había ciudadanos y ciudadanas que llevaban unas banderas blancas con letras rojas en las que ponía PP y había una especie de pajarito
azul; había también un balcón en el que estaban los líderes y se oía un grito: ¡Pujol, enano, habla castellano! Esto ocurría en el año 1996. Me sorprende que volvamos a este discurso.



Usted dice en la exposición de motivos que intentar estigmatizar, segregar y discriminar a los ciudadanos por la lengua que libremente deciden utilizar constituye una práctica antidemocrática y regresiva. Bien.
Aquella noche ustedes
celebraban la victoria con una actitud que ustedes definen como antidemocrática y regresiva, y yo también lo creo: Pujol, enano, habla castellano. Perdón, hay otra


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cosa importante. Ustedes estaban insultando al presidente de Cataluña.
(Rumores.-El señor Aragonés Mendiguchía: Nosotros no.) Seguro que no eran ustedes, señor Aragonés; usted no era, pero eran personas que llevaban sus banderas.
(Rumores.) Ustedes nunca pidieron disculpas, nunca pidieron disculpas por este tema. Lo que hicieron al cabo de un mes fue otra cosa que fue grotesca: su presidente dijo que no había problema porque él hablaba catalán en la intimidad. Esa fue la
disculpa. ¿Qué ocurre? ¿Sabe lo que ocurre? Que probablemente ustedes crean que el catalán solo sirve para hablar en la intimidad, pero nosotros pretendemos que el catalán, que es la décima lengua de la Unión Europea, sea una lengua potente en
todos los sentidos, que pueda ser utilizada por todo el que lo desee.
Queremos además una lengua que esté presente en las nuevas tecnologías, en internet; el catalán es la decimonovena lengua en internet. Esta es la realidad de Cataluña. ¿Y esto
por qué es posible? Por el mérito de mucha gente y, entre otras cosas, por el del sistema educativo que usted se acaba de cargar. (Una señora diputada: No, no.) No, no se lo ha cargado, pero pretende cargárselo. Señora Nadal, usted sabe que el
artículo 21.2 de la ley del año 1983 da derecho al alumno a pedir en primaria la educación en la lengua materna, y sabe que esto se aplica en Cataluña.
¿Que a veces se aplica mal? Por supuesto, es posible, pero se aplica en Cataluña y usted lo
sabe. En el artículo 21.5 -lo ha recordado el señor Herrera-, una de las características importantes de este sistema educativo es que no hay separación lingüística. ¿Por qué? Porque hemos conseguido una cosa muy importante, que el 75 por ciento
de la población de Cataluña pueda hablar catalán, y esto lo hace un país en el que el 50 por ciento de sus ciudadanos tienen como lengua materna el castellano.
Esto es un éxito colectivo que no podemos perder, señora diputada, señores del Partido
Popular. Además, repito -se ha dicho antes-, el Constitucional lo avala.



Pero queremos ir más lejos. En el año 1998 hicimos una ley que fomentaba los usos. Ustedes, en su exposición de motivos dicen cosas que son falsas. Por eso, señora Nadal, usted no ha aludido a dos cosas que dicen en la exposición de
motivos que son falsas. Como ha dicho antes el señor Herrera, el tripartito no ha cambiado la política lingüística, no la ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Que la ley de 1998, por ejemplo, en el tema de la rotulación en tiendas daba cinco años para
la adaptación. Lo que está haciendo el Gobierno es cumplir con su obligación, que es aplicar una ley vigente. Y repito, no prohibe, que es lo que ustedes ponen aquí.
Usted puede rotular en Cataluña su tienda con las lenguas que quiera. Hay
tiendas rotuladas en paquistaní, en inglés, y en castellano, todas; lo único que pedimos es que también estén rotuladas en catalán. Esto es lo que pide la ley y es lo que también se pide a cualquier ciudadano. (Un señor diputado: Eso no es
verdad.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señoría, por favor, está el señor Vilajoana en el uso de la palabra.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Perdón, esto es verdad y no quiero debatir con usted. Señora Nadal, ustedes dicen aquí que además obligan a hablar castellano a una persona al atender al público. No es cierto. Lo que dice la ley es lo que ha
planteado muchas veces el señor Puig. Si voy a una tienda o voy a un comercio o voy a la Administración, tengo derecho no a que me hablen en catalán, sino a que me entiendan, y no todo el mundo, sino que haya alguien que me entienda. Es decir, que
si pido un tallat, que me entiende perfectamente el camarero de aquí arriba y que además me lo sirve inmediatamente, me entiendan, nada más. ¿Esto le parece aberrante? Usted sabe, señora Nadal, que Omnium Cultural es una entidad que ha hecho una
gran labor para la cultura y la lengua en nuestro país durante muchos años, no pueden ustedes decir que Omnium Cultural fomenta el boicot y ataca. No es verdad. Y ustedes lo ponen. Por todo esto, señora Nadal, lamentando seriamente su
intervención, el Grupo de Convergencia i Unió va a votar en contra de su proposición no de ley, y les pido que no vuelvan a ir por un camino que realmente es muy peligroso, y sobre todo gente como usted, que estoy seguro de que quiere a su lengua y
quiere a su país, no se merece que le hagan hacer estas cosas.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Vilajoana.



Señora Batet, finalmente es su turno para defender la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.



Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar posición sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en materia lingüística. Quiero empezar manifestando el rechazo absoluto al enfoque, al
tratamiento y al contenido que el Grupo Popular expone en su iniciativa parlamentaria, y me sorprende y me entristece que una diputada como usted, señora Nadal, se preste a defender lo que sabe perfectamente que no responde a la realidad en
absoluto. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Yo no voy a ser demagoga en un tema que afecta a derechos fundamentales y a libertades personales, y si ustedes quieren también, por qué no, a sentimientos, pero a esto no me voy a referir porque no
creo que sea el ámbito oportuno. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo el de ser extremadamente exigentes para que nadie se pueda sentir discriminado por razón de la lengua que utilice, ni por utilizar el castellano ni por utilizar
el catalán. Por eso presentamos y apoyamos la anterior proposición no de ley. Señora Rodríguez y señora Nadal, no se puede defender solo a una parte de la sociedad, eso sí que es ingeniería contra la libertad.



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Voy a intentar aportar algo de racionalidad a este debate, casi esquizofrénico, yo diría, y sobre todo muy irresponsable, que puede acabar perjudicando una convivencia ejemplar y pacífica de 30 años en una comunidad autónoma como Cataluña.
No podemos permitir crear problemas allí donde no los hay. Adoptar una actitud histriónica no nos va a conducir a nada o, lo que es peor, va a provocar que acabe habiendo problemas. Les voy a hablar con mucha sinceridad y con permiso de mi grupo
parlamentario. A estas alturas me da exactamente igual quién vaya a ganar las elecciones y me importan muy poco los puñados de votos que con iniciativas como esta se puedan conseguir. El tacticismo nunca ha sido mi fuerte y tampoco he compartido
nunca que el fin justifica los medios.
Para llegar al poder no vale todo, por eso me gustaría contribuir a un solo objetivo: dejar de escuchar las mentiras y la demagogia que se está haciendo en relación con diversos temas, especialmente en
relación con Cataluña, es decir, en relación con los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. (Aplausos.) Ya no solo enfrentamos a territorios sino que ahora hemos iniciado la senda del enfrentamiento entre personas. Esta confrontación irreal es
agotadora y sobre todo peligrosa. Pensemos seriamente que en determinados temas y en determinados ámbitos no hay marcha atrás, por ello apelo a la responsabilidad y les invito a todos, principalmente al grupo proponente, a mantener un debate sereno
y sobre todo racional.



Empecemos con nuestro ordenamiento jurídico. En Cataluña estamos en un marco constitucional y estatutario desde los años 1978 y 1979, respectivamente, y por cierto este Estatuto, el de 1979, que es el que está en vigor, ya habla de lengua
propia, señora Nadal. Estamos en un marco legislativo de política lingüística desde 1983, con una ley posterior que modifica en parte a esta, que es de 1998, y ocho años después de esta última norma aprobada por el Parlament de Catalunya estamos
discutiendo aquí, en el Congreso de los Diputados, y poniendo en cuestión el modelo lingüístico adoptado. Después de 23 años tomando como referencia la Ley de 1983, ustedes nos plantean que esto rompe con la Constitución, con la convivencia en
Cataluña y que transforma el castellano en una lengua perseguida. Me permito hacerles dos preguntas ciertamente retóricas, porque lamentablemente sabemos todos cuáles son las respuestas: ¿Por qué ahora, señora Nadal, plantean la posible
vulneración de derechos de algunos ciudadanos en Cataluña, si tenemos exactamente el mismo marco legal desde hace ocho años? ¿Es porque ahora tenemos Estatuto de Autonomía? Segunda: ¿Por qué no recurrieron la ley de 1998 ante el Tribunal
Constitucional si consideraban que tenía contenidos inconstitucionales? ¿Es porque ahora no gobiernan en España? Les voy a contar el modelo lingüístico de Cataluña porque parece que no lo conocen a pesar de haberlo votado, dejando claro ya que ha
sido un éxito. La ley de 1983, donde se establece que el catalán es la lengua vehicular en la educación o donde se establece la necesidad de proteger y potenciar especialmente el catalán como lengua minoritaria para conseguir así una cierta equidad
entre las dos lenguas oficiales en Cataluña, fue votada por unanimidad, contando por tanto con los votos del Partido Popular. El modelo socialista que defendió Marta Mata desde el inicio de nuestra democracia y que fue apoyado por todos los
partidos políticos, todos, insisto, era un modelo lingüístico de cohesión, de no segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos porque todos acaban sus estudios conociendo las dos lenguas. ¿Qué mejor que esto, conseguir dominar dos
lenguas en vez de una, o tres en vez de dos? Es algo absolutamente positivo y no creo que pueda ponerse en cuestión por nadie.
¿O es que el catalán va a ser la única lengua del mundo que genera rechazo o que molesta cuando se escucha? Les invito,
pues, a que digan con claridad el porqué y por qué lo cuestionan ahora, 23 años después, y sobre todo que expongan con claridad qué modelo alternativo presentan que garantice tanto como este el equilibrio y la equidad entre las lenguas y sobre todo
la libertad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña.



Vayamos a los datos objetivos que tenemos. En primer lugar, en 20 años ha habido tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dos en 1994, a las que nadie hizo alusión, tampoco su grupo parlamentario, y una
recientemente. Ha habido una mala aplicación de la ley y, por tanto, los tribunales han hecho lo que se espera de ellos, que es que obliguen al cumplimiento de la ley. En segundo lugar, durante el año 1984 el Sindic de Greuges recibió 38 quejas en
materia de normalización lingüística, de las cuales la inmensa mayoría van referidas evidentemente a la discriminación del uso del catalán, no del uso del castellano. Y en tercer lugar, el Defensor del Pueblo -me gusta que se haya referido al
Defensor del Pueblo- declara tener unos 50 casos planteados -usted ha hablado de 450, perfecto, 450 planteados-, sin especificar a qué van referidos, curiosamente, todos presentados en los últimos tres meses. ¿Esto no nos hace pensar nada? ¿Que
todos los problemas lingüísticos en Cataluña hayan surgido en los últimos tres meses no nos hace reflexionar nada, señora Nadal? Es evidente que esto es una campaña orquestada, señora Nadal. No tiene ninguna otra explicación.
(Aplausos.) Solo en
los últimos tres meses hay problemas lingüísticos en Cataluña. ¿Alguien puede pensar que con estas resoluciones judiciales, que con estos datos del Sindic de Greuges y del Defensor del Pueblo estamos frente a un problema de discriminación o
persecución del castellano en Cataluña?


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando, por favor, señora Batet.



La señora BATET LAMAÑA: Los socialistas hemos apostado siempre por garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. En Cataluña nadie está obligado a utilizar una u otra lengua, pero convendrán conmigo en que para que haya
auténtica libertad para todos, todos debemos conocer ambas lenguas. Le pondré un ejemplo, señora Nadal: debate en TV3, usted hablando con la señora López i Chamosa; usted habló todo el debate en


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catalán, la señora López i Chamosa habló en castellano. Eso fue posible porque usted conoce perfectamente el castellano y ella conoce perfectamente el catalán. Las dos ejercieron sus derechos sin que ninguno de los dos prevaleciera sobre
el otro. Aquí hay libertad y equidad.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que terminar, señora Batet.



La señora BATET LAMAÑA: Acabo, señora presidenta.



Crear confusión y querer representar una realidad falsa presentando proposiciones no de ley como esta no tiene justificación alguna, ni querer ganar unas elecciones ni desgastar un Gobierno. Siempre he pensado lo absurdo que es discutir
sobre problemas inexistentes. Siempre había pensando que con un poquito más de empatía mutua estos prejuicios desaparecerían. Ahora me doy cuenta de que además hace falta querer conocer la realidad y defender de verdad valores democráticos para
todos los ciudadanos. Les pido respeto y no caer en la mezquindad política. La fusión y el mestizaje que se ha conseguido en Cataluña nos tendría que producir admiración, satisfacción y reconocimiento por todos aquellos que han luchado tantos años
para conseguirlo, y hay que seguir trabajando juntos para que esta libertad e igualdad entre los ciudadanos se respete en todo momento. Como decía Julián Marías, no hay nada más antiespañol que el intento de disminuir la personalidad de Cataluña.
Para terminar les diré dos cosas. La primera, no van a conseguir que haya un problema lingüístico en Cataluña, ni con esta proposición no de ley ni con cualquier otra iniciativa. Y la segunda, están haciendo ustedes un daño terrible a Cataluña y,
en consecuencia, a España. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, en turno de aceptación o rechazo de enmienda tiene la palabra.



La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, no ha sido presentada ninguna enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular que acabo de defender, pero le pido la palabra...



El señor PRESIDENTE: Una. Ha sido presentada una enmienda.



La señora NADAL I AYMERICH: No la tenía yo en este momento. En cualquier caso, señor presidente...



El señor PRESIDENTE: No, en cualquier caso no, señora Nadal. En turno de aceptación...



La señora NADAL I AYMERICH: Le pido la palabra al amparo del artículo 71.1 del Reglamento, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: No, señora Nadal, en cualquier caso no. ¿Acepta o rechaza la enmienda del Grupo Mixto?


La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, me han dicho que quiero acabar con la convivencia de mi país, en Cataluña.



El señor PRESIDENTE: En cualquier caso no, señora Nadal. ¿Acepta o rechaza la enmienda del Grupo Mixto? Eso es lo que toca hacer ahora.



La señora NADAL I AYMERICH: Rechazo la enmienda, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre pluralismo lingüístico, con las enmiendas de Izquierda Verde, Convergència i Unió, Grupo Mixto y las enmiendas números 6 y 7 del
Grupo de Esquerra Republicana.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor; 167; en contra, 133; abstenciones, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la no persecución de los ciudadanos por las lenguas que utilicen. La proposición no de ley se vota en sus términos.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 134; en contra, 180.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, SOBRE LAS DECISIONES QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, EN LAS MISMAS CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO, TANTO EN EL ARCHIPIÉLAGO
CANARIO COMO EN EL RESTO DE LOS TERRITORIOS EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 173/000107.)


El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En


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primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el
archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares.



Señor Rivero, tiene la palabra durante siete minutos para defender la moción. (Rumores.) Guarden silencio por favor.



El señor RIVERO BAUTE: Señoras y señores diputados, los pasados días 28 y 29 de noviembre Canarias sufrió los efectos de la tormenta tropical denominada Delta, que produjo graves desperfectos en el litoral del archipiélago canario, en los
puertos y en los aeropuertos, en las infraestructuras, en los equipamientos, en la agricultura y especialmente en la red de transporte de energía eléctrica del archipiélago canario, lo que llevó a que en algunos puntos el corte de suministro
energético alcanzara cuatro o cinco días sin disponer de este servicio esencial.
Señorías, la tormenta tropical Delta y el viento huracanado pusieron de manifiesto las carencias que tiene el sistema eléctrico canario, dejaron al descubierto las
carencias de un sistema que pasó de ser un monopolio público a un monopolio privado que funciona sin los debidos controles públicos, que a lo largo de los últimos años se ha ido deteriorando y que necesita medidas desde el punto de vista público
para garantizar la competencia o para que quien presta el servicio en régimen de monopolio cumpla con los parámetros de calidad y de precio ajustados a las necesidades de una sociedad moderna como la nuestra.



En el debate de la interpelación que tuvo lugar en el Pleno celebrado en el último periodo de sesiones, coincidíamos en líneas generales mi grupo parlamentario y el ministro de Industria en la radiografía del problema y en cuáles eran las
medidas que podían posibilitar la mejora del sistema eléctrico canario. Esa voluntad de entendimiento y de acuerdo quedó expresada en esta tribuna, y hoy es el momento de analizarla en las propuestas que llevamos a cabo plasmadas en la moción
correspondiente.
Hoy contemplamos esa voluntad de entendimiento sobre las líneas generales del problema en la moción y en la enmienda que hemos firmado conjuntamente el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y el Grupo
Parlamentario Socialista, que ratifican el acuerdo básico alcanzado en el Pleno celebrado el pasado mes de diciembre. Las propuestas que se hacen en esta moción abarcan cuatro apartados muy importantes para la mejora del servicio eléctrico en
Canarias: en primer lugar se trata de que el Gobierno debe impulsar la aprobación urgente de las órdenes ministeriales que desarrollen el real decreto aprobado en diciembre del año 2003, en el que se regulan las condiciones para los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares. Llevar a cabo la publicación de estas órdenes ministeriales, en desarrollo de la regulación especial que se contempla en el real decreto del año 2003, va a suponer dos cosas que son muy importantes para la
mejora del servicio: por una parte, tienen que fijar esas órdenes las compensaciones necesarias a la empresa o empresas que prestan el servicio eléctrico en Canarias. Estamos hablando de que en estos momentos el precio de la energía es igual en
todo el Estado español; sin embargo, la producción de la misma es mucho más cara en los territorios insulares y extrapeninsulares, y la empresa o empresas que prestan ese servicio tienen que tener la necesaria compensación del sistema eléctrico
nacional. En las órdenes se contempla esa compensación, que va a permitir el cumplimiento más estricto de las condiciones de calidad por parte de las empresas que prestan el servicio. Por otra parte, el desarrollo, la publicación de esas órdenes
ministeriales va a permitir también un escenario que posibilite que Red Eléctrica Española lleve a cabo lo que es el transporte de la energía, con lo cual estamos introduciendo otro elemento muy importante, que es empezar a generar competencia en el
sistema eléctrico canario. Hasta hoy, la misma empresa genera, transporta y distribuye la energía. Por eso es muy importante que se posibilite que Red Eléctrica Española -para lo cual ya hay un acuerdo- empiece a ejercer las funciones de
transportista de la energía en el archipiélago canario.



La segunda medida que se menciona es impulsar medidas para garantizar la seguridad en el suministro. Esta cuestión se refiere a lo siguiente: el archipiélago canario está en la situación geográfica que está -territorio alejado, territorio
fragmentado- y la empresa o empresas que prestan el servicio no tienen suficiente stock de materiales, no tienen suficientes medios materiales y recursos humanos para atender una situación de emergencia. No es igual que en territorio continental;
en territorio continental se tienen depósitos, en Sevilla, en Barcelona o en Madrid, y rápidamente se pueden mover a través de los distintos medios de comunicación -carretera, ferrocarril- para atender una emergencia; sin embargo, cuando un
fenómeno natural como el que ocurrió en Canarias en el mes de noviembre produce los efectos que produjo y no hay capacidad de respuesta próxima inmediata, hay una situación de aislamiento que no da seguridad para la prestación, para la recuperación
de ese servicio. Por tanto, es muy importante que se impulsen esas medidas para garantizar los medios materiales y los recursos humanos.



En tercer lugar, hay que impulsar medidas para garantizar la competencia, hay que abrir la competencia para que haya nuevas empresas generadoras de energía en Canarias. Teniendo nuevas empresas generadoras y teniendo el transporte en manos
de otra empresa estaremos generando competencia y estaremos avanzando hacia parámetros de calidad y de mejora en el servicio. Y, en cuarto lugar, señoras y señores diputados, hay que clarificar el ámbito competencial, hay que fijar las competencias
que corresponden a la Administración central y las que corresponden a la Administración autonómica. En estos momentos hay dudas en algunos aspectos competenciales y es necesario que por parte del Gobierno del


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Estado y por parte de las instituciones canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, haya una clarificación de este ámbito competencial, eso sí, teniendo en cuenta en la clarificación de estas competencias la condición de territorio
ultraperiférico de Canarias, la condición especial que da el hecho de ser islas, ser territorio fragmentado y ser territorio alejado.



Señoras y señores diputados, estas medidas que hemos flexibilizado para alcanzar un acuerdo con el grupo mayoritario de la Cámara esperamos que sirvan para mejorar y para empezar a impulsar mejoras en el suministro eléctrico en Canarias.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.



Enmiendas presentadas a la moción. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para su defensa el señor Matos.



Como saben SS.SS., a partir de ahora los turnos están tasados y son de cinco minutos.



El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.



Señor Rivero, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la moción que hoy debatimos. Vamos a apoyarla porque del texto de la moción, y también de la intervención del señor Rivero el pasado 21 de diciembre, se evidencian dos
cosas: por un lado, una valoración muy positiva, que hizo el 21 de diciembre, sobre el proceso de liberalización del sector eléctrico y de la economía, y, por otro, una apuesta clara para que este proceso liberalizador llegue y se implante de una
vez en Canarias. Oír a uno de los socios preferentes del Gobierno -junto con Izquierda Unida y Esquerra Republicana- las bondades y beneficios de este proceso liberalizador llevado a cabo en la legislatura pasada, a nosotros, y a mí personalmente,
de verdad que nos llena de satisfacción. Cuando era portavoz en el Parlamento de Canarias mantuve siempre -lo sabe perfectamente su compañero de escaño, don Román Rodriguez, que era presidente del Gobierno canario- que era necesario que este
proceso llegara a Canarias. Porque en Canarias solo habíamos pasado de tener un monopolio público a tener un monopolio privado, pero no se había abierto a la competencia, a la libre competencia.



Señorías, el pasado 21 de diciembre escuchamos con mucha atención el debate de la interpelación de la que esta moción trae causa y la intervención del señor Montilla nos pareció lamentable. El señor Montilla nos anunció que iba a aclarar en
su intervención las responsabilidades de la situación eléctrica de Canarias creada tras la tormenta Delta y que iba a asignar a cada agente o a cada administración sus responsabilidades. Textualmente dijo: Permítanme indicar a la Cámara cuál es la
responsabilidad de cada una de las partes y sobre todo poner de relieve la responsabilidad del Gobierno de España. A continuación, y con relación a los tres aspectos que conforman el sistema eléctrico -la generación, el transporte y la
distribución-, el señor Montilla dijo que en la generación no hay ningún problema en Canarias; que las actuaciones de transporte y distribución están bajo la autoridad normativa del Gobierno de Canarias y que por lo tanto era responsabilidad de la
comunidad autónoma; que si se detectara una falta de inversión por parte del operador -en este caso, Unelco-Endesa- podría deberse únicamente a una inacción en el pasado por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, que quizás no hubiera ejercido
con rigor sus competencias, y que la carencia de infraestructuras en el sector eléctrico -históricas, según el señor Montilla y por tanto no achacables al Gobierno de España- se debe exclusivamente a las dificultades que ponen para esas
infraestructuras la opinión pública y las administraciones públicas canarias. Y que la culpa del retraso en aprobar las órdenes ministeriales que usted solicita en su moción era exclusivamente del Partido Popular, que en el año 2003 -cuando lo
tenía que haber hecho antes- ya había aprobado el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre.



El Señor Montilla no nos dice ni una sola palabra de por qué el Gobierno socialista ha tardado dos años en redactar dos órdenes que desarrollen un real decreto y todas las demás culpas las diluye sobre todo en el Gobierno de Canarias. El
señor Montilla responsabiliza al Partido Popular -como es natural en todos los debates, aunque no estemos gobernando-, a la opinión pública, a las administraciones públicas canarias y a los gobiernos de Canarias, en concreto, a los gobiernos
presididos por don Manuel Hermoso, por don Román Rodríguez y por don Adán Martín, todos ellos de Coalición Canaria. Usted, señor Rivero, después de esa intervención del señor Montilla, hoy nos ha dicho aquí que habían llegado a muchísimas
coincidencias con ellos. Yo no soy de su partido, señor Rivero, pero creo que no es cierta la responsabilidad que atribuyó al Gobierno de Canarias el señor Montilla. Usted puede decir que nosotros también participábamos en el Gobierno y que hemos
llevado la Consejería de Industria, pero cuando se detectaron por primera vez las carencias del sistema eléctrico de Canarias, que fue en la inundación del 31 de marzo, en la consejería estaba don Julio Bonis, de Coalición Canaria, y durante la
tormenta Delta, también; en medio, hemos tenido responsabilidades en esa consejería. Por tanto, señor Rivero, yo no sé por qué está usted tan satisfecho de la intervención o de la coincidencia.



A la moción, que ya hemos anunciado que apoyamos, hemos presentado 4 enmiendas, que solo pretenden mejorar la moción técnicamente y no desvirtuarla. En el apartado b) queremos incluir la obligación de las empresas de generación, no solo de
las transportistas, de disponer en cada isla de unos stocks mínimos de materiales, lo cual ofrece unas mayores garantías. En el apartado segundo, pedimos introducir el instrumento del acuerdo en la transmisión de la red de transporte de
Unelco-Endesa a Red Eléctrica Española. En el apartado 2 c), queremos garantizar que las nuevas inversiones que se realicen sean acometidas en un régimen de competencia.



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Y en el apartado 4 pedimos la supresión de la letra d), porque nosotros consideramos que el lugar adecuado para tratar sobre el marco competencial en materia eléctrica es el debate que actualmente tenemos en el Parlamento de Canarias sobre
la reforma del Estatuto de Autonomía.



No sé lo que hará con las enmiendas que hemos presentado, que ya le he dicho que mejoran técnicamente el texto, porque no se ha referido a ellas. Nosotros desde luego apoyamos esta moción, porque es la política que siempre hemos mantenido
en Canarias y no la vamos a cambiar aquí, aunque hayamos cambiado de socios.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Rivero.



La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.



Señoras y señores diputados, efectivamente, tal y como se ha dicho por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, el pasado mes de noviembre, como todos recordarán, las islas Canarias vivieron unas fechas amargas y
complicadas y sufrieron múltiples consecuencias por la tormenta tropical Delta. Canarias, y Tenerife de forma muy particular, sufrió la mayor interrupción de suministro eléctrico conocida en una gran ciudad española en los últimos años,
produciéndose en algunas zonas apagones generalizados durante más de cuatro días. Estos hechos no solo suponen desasosiego y numerosas incomodidades para el conjunto de los ciudadanos canarios, sino que además tienen serias consecuencias económicas
para el conjunto de la nación y resultan absolutamente inadmisibles en un país desarrollado.



Resulta oportuno -y no voy a sustraerme a ello- aclarar algunos aspectos de este proceso. Reitero lo dicho, señor Matos, por el ministro, ya que, efectivamente, de los tres aspectos fundamentales que conforman el sistema eléctrico
-generación, transporte y distribución-, el problema no se originó en la generación; lo que falló fue el transporte y la distribución. Ambas actividades las realiza en Canarias la empresa Endesa, al igual que la gestión técnica del sistema que
coordina la generación, el transporte y la distribución. Ahora bien, todas estas actuaciones, como bien decía el señor ministro, están bajo la autoridad normativa de la comunidad autónoma, a diferencia de la Península, donde el transporte es
supervisado por la Administración del Estado y la distribución por las comunidades autónomas.



¿Qué ha pasado en Canarias? Por un lado ha habido un problema claro de falta de inversiones por parte del operador que gestiona el sistema y ostenta el monopolio en Canarias, así como un problema evidente de inacción por parte de la
comunidad autónoma, que no ha ejercido bien y con suficiente rigor su competencia como autoridad supervisora y de control y no ha estado suficientemente comprometida con la mejora de la red de distribución. Las comunidades autónomas deben definir
con sus operadores las prioridades de actuación y las inversiones concretas a realizar. El Gobierno autónomo llegó tarde con su propuesta del año 2004, que fue presentada el pasado mes de octubre; y no sabemos todavía nada sobre el año 2005,
aunque suponemos que no se ha llegado a acuerdos con el operador. La carencia de infraestructuras en Canarias es histórica y no se ha desarrollado el plan energético de Canarias, que fue aprobado en 1995; por tanto, sobra cualquier otra
aclaración.



El actual Ministerio de Industria ha comenzado a realizar una ardua labor para subsanar las carencias y retrasos normativos, para aplicar la legislación vigente y complementar la normativa existente en materia energética en los casos en los
que fuese necesario, como ha sido precisamente el desarrollo, entre otros, del tardío Real Decreto 1747/2003, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, aprobó con 6
años de retraso respecto a la Ley del sector eléctrico de 1997. Señor Matos, le recordamos que no hubo iniciativa alguna ni por parte de Coalición Canaria ni por la suya, ya que usted, como diputado, podía haber dicho a los diputados autonómicos
que presentaran iniciativas en el sentido que usted ahora sugiere. Tampoco hubo iniciativas desde el propio Gobierno autónomo, siendo además el PP, a mayor abundamiento, titular de la Consejería de Industria; también Coalición Canaria.

Actualmente el Ministerio de Industria se encuentra analizando el informe remitido ya en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Energía sobre estas órdenes de desarrollo del real decreto, que, insisto, debían haberse hecho por el Gobierno del
Partido Popular, esperándose que las mismas puedan ser objeto de aprobación antes del primer trimestre de 2006, es decir, en este propio trimestre; 2 años, frente a los 8 años del Partido Popular, poniendo precisamente el tiempo que usted marca.
Así se dará por terminado el proceso de liberalización.



Debo señalar en este punto que, incluso habiendo sido publicadas estas órdenes -y lo digo también para el resto de la Cámara-, tal y como apuntó el señor ministro, no se habría evitado lo ocurrido en Tenerife, porque no hay relación alguna
entre este real decreto y la calidad del suministro o el precio de la electricidad en Canarias. La compensación que recibe el operador de generación por operar en un sistema extrapeninsular, aunque es provisional mientras no sea definitivo por la
orden, no la ha dejado de percibir el propio operador, se le está dando; se corrige luego, a posteriori. Por tanto, no había ningún motivo para que esto ocurriese tal cual usted lo ha expuesto. Si bien es cierto que 8 años de carencia no se
pueden subsanar en dos días, consideramos crucial que se acelere el proceso de liberalización y por ello consideramos oportuna y acertada la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Estamos de acuerdo en sus principios
generales y hemos estimado, junto con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que habrá que matizar sus puntos a fin de facilitar su


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aplicación en la mejora efectiva de los sistemas eléctricos para garantizar la seguridad de suministros en las situaciones de emergencia; habrá también que impulsar todas aquellas medidas que favorezcan la competencia y el mercado y que
tengan relación con la distribución de competencias, clarificando el marco competencial, pero teniendo siempre en cuenta el marco constitucional de competencias en el sector energético y de actividad económica que son exclusivas del Estado.



De ahí la enmienda conjunta de modificación que ha presentado el Grupo Socialista, para cuyo texto solicitamos el voto favorable de los distintos grupos de la Cámara.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Rivero.



Turno de fijación. (Pausa.) Por Izquierda Unida, señor Pérez.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Intervengo con brevedad. Nosotros creemos que los fallos de suministro eléctrico en las islas se deben fundamentalmente a la falta de inversiones por parte del operador, que lo es en régimen de monopolio, es decir, Unelco-Endesa. Esa
situación también ha sido posible por la inactividad de los gobiernos de esa comunidad autónoma, que no han ejercido una función supervisora para la que tienen evidentemente competencias. El resultado de eso es que la calidad del suministro en
Canarias es inferior al de la Península, y es así con tormenta y sin tormenta. Lo que propone la moción es la ruptura del monopolio, cuestión con la que nosotros estamos de acuerdo, aunque no confiamos en que un oligopolio sea la solución, si no
hay medidas que garanticen las inversiones necesarias en la red, que incentiven el ahorro y que diversifiquen las fuentes energéticas.



Estamos seguros de que si Unelco hubiera sido una empresa pública estaríamos oyendo a estas horas las voces clamando por la privatización a raíz de las deficiencias que la tormenta puso en evidencia. Ya no hace falta, el sector ya está
liberalizado, y esa no es la receta mágica. La receta mágica son las inversiones y anteponer el suministro eléctrico, y por lo tanto el servicio público que se debe, al beneficio, sean privadas o públicas las empresas. Las recetas dogmáticas sobre
la liberalización tampoco resuelven los problemas. En cualquier caso, creemos que la propuesta es mejor que la realidad actual, queremos entender que cuando se habla de nuevas medidas se está hablando de inversiones en el sentido en que nosotros
planteamos y, si las enmiendas realizadas por el Grupo Socialista son aceptadas por el grupo proponente, no seremos nosotros los que nos opongamos. Por lo tanto, votaremos a favor de la moción.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.



Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Intervengo solo para comentar que nosotros vamos a apoyar la moción reconfigurada por la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista.
Teníamos un discurso y la verdad es que de forma sobrevenida se ha convertido en un discurso un tanto
apócrifo. Nosotros utilizamos las reflexiones de la interpelación, que no beligerantes y críticas con la actitud del Grupo Socialista. Vemos que se llega a un acuerdo razonable en todos sus términos y en las tres cuestiones troncales que hacen
referencia a este problema, que afectó de forma tan brutal los días 28 y 29 a los ciudadanos canarios, con los cuales nos volvemos a solidarizar.
Y solo por el hecho del consenso que se ha podido conseguir, y siendo tan escaso este valor en esta
Cámara, nosotros, por el contenido material y por el consenso, con entusiasmo vamos a apoyar esta moción en sus propios términos, con las transacciones realizadas, señor presidente.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.



En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, señor Rivero.



El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, la enmienda ha sido firmada conjuntamente por los dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, por tanto, es obvio que la
aceptamos. Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, nos gustaría también incorporarla, pero entendemos que el fondo de los asuntos que plantean se recoge en la enmienda que hemos firmado conjuntamente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.



-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES DE ALTA VELOCIDAD.
(Número de expediente 173/000108.)


El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad.



Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Grau, por siete minutos.



El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.



Señorías, subo a la tribuna para defender la moción consecuencia de interpelación urgente que nuestro grupo presentó al final del anterior periodo de sesiones, referente a las redes de alta velocidad regional o de distancias medias de alta
velocidad. Nuestra interpelación pretendía


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defender el aprovisionamiento puntual de material móvil, de material de alta velocidad regional como el que se utiliza para el recorrido del AVE a Toledo, a Puertollano o a Ciudad Real. Debido a la contestación social importante producida
sobre todo en Lleida y en Zaragoza, donde se ha visto una discriminación y las diferencias, posiblemente habría que haber explicado las diferencias que existen entre la alta velocidad de grandes líneas y la alta velocidad de distancia media o
regional. Ello nos ofreció la oportunidad de presentar una moción basándonos en esta superposición de redes de alta velocidad, generando una red de cercanías de alta velocidad, como la que se presupone para Madrid; serían unas dobles cercanías,
las de velocidad normal, que corresponde a los municipios vecinos, y después, tomando en consideración el tiempo que se consume en estos recorridos de cercanías normales, aplicarlas a la alta velocidad, lo cual permite pensar que Puertollano, Ciudad
Real, Toledo y en el futuro posiblemente Segovia y Valladolid serán unas cercanías de alta velocidad de Madrid; permitirán el ahorro del automóvil porque en un tiempo prudencial, en una hora aproximadamente, se podrá estar en la capital.



Nosotros considerábamos que Barcelona era otro punto importante de estas sinergias, como lo era Zaragoza. Nuestra interpelación se refería a la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, existiendo un agravio comparativo con la ciudad de
Zaragoza, que tiene una alta velocidad regional que, comparada con la alta velocidad que tiene en estos momentos el tramo Madrid-Lleida, no supera los 200 kilómetros por hora. Por otro lado, hace días que estamos viendo el final de un túnel, pero
no sabemos cuándo estará terminado. Siempre se nos dice que ya y la ministra lo ha dicho recientemente, pero no se aventura a dar una fecha exacta para esta velocidad de 250 kilómetros/hora, que no es la prevista y que, después de los estudios
realizados por el Gobierno Socialista, ha reducido el proyecto inicial de 350 a 300 kilómetros/hora. Esta línea ha nacido mal, ha nacido coja. ¿Se imaginan SS.SS. si, a los problemas de infraestructuras que hubo en la construcción, se hubiera
sumado el hecho de que la infraestructura hubiera estado terminada en su momento? ¿Qué material ferroviario hubiéramos tenido para disponer de este recorrido? La baja velocidad permitió durante más de un año, casi dos, utilizar prestado el AVE de
la línea Madrid-Sevilla, dejando dos líneas mal atendidas.



Mi grupo ha propiciado de alguna forma que se tenga más previsión. Se van a abrir nuevas expectativas y los estudios marcan que llegaremos muy pronto, dentro de dos años, al gran impacto que va a producir esta gran línea de alta velocidad
que es Madrid-Barcelona. Sabemos que tiene una gran cantidad de usuarios y que, en el momento en que se abra Perafort, posiblemente habrá un trasvase de determinados usuarios del puente aéreo de la provincia de Tarragona o de Reus, que utilizarán
el AVE para venir a Madrid. Es posible que determinadas personas que residen en Barcelona prefieran, si el tren funciona a la velocidad prevista, utilizar el AVE.
En el momento en que el AVE llegue a Barcelona, tendremos una gran ocupación -se
habla de un 67 por ciento de trasvase del puente aéreo al AVE- y al mismo tiempo se generarán disfunciones o necesidades de pasajeros, disponibilidad de plazas, para recorridos como Barcelona-Lleida, Barcelona-Tarragona, Barcelona-Zaragoza,
Zaragoza-Huesca o Zaragoza-Calatayud. Esta configuración la hemos analizado en el plan estratégico de Renfe y realmente no vemos una programación exacta para la cobertura con material móvil de estos posibles incrementos o al menos de estos
estudios. Por eso presentamos esta moción, para que se reprograme, que se hagan los análisis oportunos y que se adecue rápidamente, para que cada apertura tenga esta superposición de redes, la de larga distancia y la regional, pudiendo ofrecer a
los ciudadanos de Lleida o de Tarragona, por ejemplo, 50 minutos de tiempo para llegar a Barcelona. También se dice que el suministro de trenes a Renfe no va a ser algo inmediato, sino que se trata de programaciones a 3 y 4 años, tiempo suficiente
para conocer el plan estratégico con mayor profundidad.



Mi grupo pedirá una comparecencia, para que se expliquen concretamente a esta Cámara las programaciones de material para el AVE regional o para el AVE de media distancia, para ver cómo encaja este tema con el desarrollo de los nuevos
destinos. Habrá que pensar en Soria y en Valladolid, que entrarán en esta línea, y en otros destinos. Señoras y señores diputados, mi grupo está abierto a buscar una vía futura, consensuada, con la oferta a los nuevos destinos que tenga la alta
velocidad, ir a las redes superpuestas. Por eso hemos aceptado la propuesta del Grupo Socialista, en el sentido de que ninguna nueva apertura de destino en alta velocidad se produzca sin el aprovisionamiento correspondiente de material y sin una
oferta automática a los ciudadanos del sistema tarifario de velocidad media regional con el tema de los trenes de larga distancia, todo sumado, para que el territorio se vaya cohesionando.



Para terminar, quiero decir que, tomando en consideración las propuestas de mejora que ha hecho el Grupo Popular, circunscribimos esta propuesta a la línea Madrid-Barcelona. Realmente, existen otras circunstancias distintas para el corredor
del Mediterráneo que deberían ser objeto de reconsideración, primero por la extensión, segundo por el material y lógicamente entendemos que el principio de superposición de redes es válido para todos los destinos de alta velocidad, para todas las
puntas de larga distancia, para que se superpongan estas dos redes y para que también exista un sistema tarifario competitivo. Esto es posible. Por ello, nosotros apoyaremos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre este tema, pero no lo
intentaríamos sumar, porque bastantes desgracias tiene la línea de Madrid-Barcelona, de forma que pudiéramos encontrar en cada caso un posicionamiento específico.



El señor PRESIDENTE: Señor Grau, le ruego que concluya, por favor.



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El señor GRAU I BULDÚ: Termino, señor presidente.



Ya he citado que Segovia y Valladolid van a estar incardinados en la red de Madrid, por lo cual creo que se ha subsumido la primera enmienda en la situación propia porque ya se ha hecho así con Toledo. En el segundo caso, en el tema del
corredor Mediterráneo, que también apoyaremos gustosamente, nos gustaría hacerlo separadamente.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.



En primer lugar, para la defensa de las enmiendas por un turno de cinco minutos tiene la palabra la señora Nadal, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, quiero en primer lugar agradecer al señor Grau la valoración positiva que ha hecho de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y manifestarle un doble agradecimiento, porque ha anunciado que daría apoyo a
nuestra propuesta si se trataba en una iniciativa separada que no fuera concretamente esta moción que hoy defiende S.S. por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Efectivamente, nuestras enmiendas son de adición, son
enmiendas de complementariedad y pretendían extender el planteamiento que se hace por parte de su grupo a otros trayectos de la alta velocidad regional, que están ya en una situación que sería susceptible de tener un reconocimiento por parte de esta
Cámara para que se pusieran en funcionamiento con una cierta rapidez, hacia Segovia, Valencia, Guadalajara, el corredor del Mediterráneo, entre Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia y también entre Córdoba y Málaga. En definitiva, son
enmiendas que pretenden ampliar la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con un nuevo apartado g). Sin embargo, lo dejaré aquí, señoras y señores diputados, puesto que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha anunciado que va a apoyar esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular.



Nosotros hemos de estar a favor necesariamente de la propuesta que se hace desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque usted recordará, señor Grau, que fue en noviembre del año 1999 cuando por primera vez -y fue un
Gobierno del Partido Popular- se planteó aprovechar la línea férrea Madrid-Barcelona-frontera francesa para implantar un servicio de trenes regionales de alta velocidad, con el objetivo que compartimos, que es comunicar Barcelona con las grandes
capitales catalanas. Los tiempos de conexión de ese AVE regional que preveía el Gobierno del Partido Popular se corresponden prácticamente con los que usted ha planteado y, por tanto, creemos que se ajusta a lo que se puede realmente concretar,
realizar y terminar con esa especie de macrofalla que representa la ciudad de Barcelona. Realmente, tiempos de treinta minutos entre las grandes capitales, entre Tarragona, Girona, Lleida, etcétera, permitirán a la gente trabajar en Barcelona y
vivir fuera de esa ciudad. Por tanto, no solo estoy completamente de acuerdo, sino que quisiera recordar que fue el Partido Popular en noviembre del año 1999 quien lo planteó.



Estamos de acuerdo en que se inste al Gobierno por parte de Convergència i Unió a implantar los servicios regionales de alta velocidad iniciando este tipo de servicio en la línea Madrid-Lleida-Barcelona-frontera francesa. También
naturalmente lo estamos en que en un plazo máximo de seis meses -porque es importante ponerle plazos a un Gobierno- presente un plan de implantación de los servicios regionales de alta velocidad que incluya un calendario para la entrada en
funcionamiento de los distintos trayectos regionales de esta alta velocidad. En cualquier caso, las características que deberá tener serán siempre en función de la demanda inicial y de la ubicación de los núcleos operativos. También estaremos de
acuerdo en que el plan recoja las previsiones de compra del material móvil necesario para este tipo de servicios, tanto a corto como a medio plazo, y la previsión para la implantación del servicio regional de alta velocidad en Cataluña con base
operativa en Barcelona, que permita unir las capitales catalanas más otras capitales con frecuencias que permitan terminar con esa macrofalla que tenemos en una gran capital como es la ciudad de Barcelona. Lo que me sorprende, señor Grau, y se lo
digo con toda cordialidad, es que usted haya aceptado esa enmienda del Grupo Socialista, del grupo de la mayoría. Es una pena porque era una muy buena moción, que ha despertado no solo la simpatía sino el reconocimiento, ya que es de una enorme
utilidad poner en marcha esa alta velocidad regional. En definitiva, al aceptar que la implantación se efectúe de acuerdo con el plan estratégico de Renfe-Operadora 2005-2009 ¿qué estamos diciendo? Ese plan ya existe. Este Congreso no está
mandatando esta tarde nada nuevo al Gobierno. Todos los planteamientos que se han hecho no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista técnico de forma muy adecuada a los intereses de movilidad y de transporte en
Cataluña quedan completamente desvanecidos aceptando que lo que tenemos que hacer es volver al plan estratégico de Renfe-Operadora 2005-2009. Es lo que ya existe en este momento. Señor Grau, para distender el clima que ha habido esta tarde le digo
que es una muy buena moción, pero si acepta usted la enmienda del Grupo Socialista se quedará en una especie de sinfonía morisca para canto y piano.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.



Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas. Señora Cunillera.



La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.



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La enmienda que nuestro grupo parlamentario ha presentado es en primer lugar una enmienda que se ha ceñido exactamente al motivo y al objetivo de la moción. Estamos hablando de una enmienda que tiene voluntad de fijar puntos que tengan un
sentido. Quería ceñirme a mi enmienda, quería hablar solamente de la moción que ha presentado Convergència i Unió, cuyo representante me permitirá que haga una pequeña excursión para decir ¡qué sarcasmo, señora Nadal! ¡Qué sarcasmo oír hablar aquí
a un represente del Grupo Popular de exigencias de plazos al Gobierno! Hemos oído solemnemente en esta Cámara que este tren que hoy todavía no ha llegado a Barcelona iba a llegar en 2004, pero el tren no llegó. Como ese tren no llegó y la
construcción de esa línea ha sido tan desgraciada, tan mal hecha, estamos padeciendo las deficiencias actuales. ¡Qué sarcasmo oírle hablar a usted de esta línea cuando ustedes olvidaron hacer la línea y hacerla bien! Ustedes olvidaron comprar el
material y ahora viene a decirnos que hay que ampliarlo a otros sitios. ¡Qué sarcasmo!


Yo comparto que la moción que ha presentado Convergència i Unió es una buena moción, y como tal tiene que tener continuidad, porque de esa línea se ha hablado muchísimo en esta Cámara y se volverá a hablar también en el futuro; se ha
hablado en el pasado, se habla en el presente y siempre tendremos que volver a lo que ha sido el origen de la línea. Nosotros compartimos muchas de las cosas que dijo aquí el representante de Convergència i Unió el pasado 21 de diciembre.
Compartimos el diagnóstico que hizo la señora ministra de Fomento sobre los problemas que debemos afrontar, pero sabe también el señor Grau, y lo hemos hablado en el pasado, que no podemos avanzar más de lo que permite esta línea. ¿O es que cuando
se prometió que esta línea iría a 300 kilómetros por hora desde el primer momento nos estaban engañando? Porque todavía no va, ¿eh? Hablaban ustedes también de una línea que nos iba a permitir maravillas que todavía no vemos. En cualquier caso,
efectivamente, en un futuro habrá que plantear esos trenes de AVE regional, como los llaman; trenes que, por cierto, habrá que comprar, porque al Partido Popular se le olvidó que había que rodar con ese material móvil.



Lo que hemos propuesto a Convergència i Unió es una enmienda en la que recogemos tres puntos muy claros. En un primer punto hablamos de la voluntad de información por parte de Renfe a esta Cámara, información que tendrá que estar compuesta
por estudios de análisis y desarrollo. Señor presidente, si me lo permite, nos gustaría añadir una frase en cuanto a ese compromiso sobre los mismos análisis y estudios, en función de los nuevos destinos que vayan entrando en funcionamiento. Por
tanto, en el párrafo a), después del punto y seguido, añadiríamos: Igualmente y con carácter previo a la entrada en funcionamiento de nuevos destinos, se presentarán los mismos estudios y análisis.



También se ha recogido con una crítica que se hable del plan estratégico de Renfe. La suerte que tenemos con este Gobierno es que cuando se habla de un plan es para cumplirlo. Cuando hablamos de planes hablamos de planes que se hacen en
concierto con comunidades autónomas. Estamos hablando de un sistema distinto al que nos venían acostumbrando los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, podemos tener la confianza de que lo que aquí se comprometa se va a ejecutar. Ya el PEIT,
en su página 145, menciona de manera específica a Barcelona, que, cómo no, va a tener que ser un gran centro de cercanías, de AVE regional, además de la línea de alta velocidad. Sin embargo, en ese Plan estratégico de infraestructuras y transporte
se dice claramente que el Ministerio de Fomento propondrá a las comunidades autónomas y entidades locales la elaboración de planes de movilidad sostenible específicos para cada ámbito urbano o metropolitano y, como he dicho antes, en particular,
menciona a Barcelona. Cabría recordar que compartimos perfectamente lo que se dijo aquí el 21 de diciembre por parte del interpelante, pero también por parte de la ministra. El compromiso del Gobierno viene desde el día del debate de investidura
de su actual presidente. Solo haría falta comprobar los incrementos que ha habido en los presupuestos del año 2005-2006, tanto para el PEIT como para el plan de Renfe.



Siento no tener mucho más tiempo, pero quiero decir que vamos a proponer que en la Comisión se haga el seguimiento oportuno de los compromisos que hoy adquiriremos en esta moción, que me parece muy bien que al Grupo Popular le parezcan poco,
pero a mí lo que hizo el Partido Popular me parece nada.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera.



Comenzamos la fijación de posiciones. Señor Sagaseta. Por Dios, Labordeta.
(Risas.) Era para distender un poco el ambiente.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Muy bien, señor Trillo. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Desde Chunta Aragonesista vamos a apoyar esta moción sobre la implantación de servicios ferroviarios regionales de alta velocidad porque viene a ser complemento, continuación y reiteración de lo acordado el pasado
mes de noviembre en la Comisión de Infraestructuras del Congreso: una proposición no de ley que instaba al Gobierno a que, tan pronto como estuvieran solucionados los problemas técnicos -que son realmente impresionantes- que actualmente presenta la
línea de alta velocidad Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Huesca-Lleida, permitiendo el incremento de velocidad y, por tanto, la introducción de nuevos servicios, se diseñara un sistema de tarifas versátiles que suponga la similitud de
condiciones económicas y de todo tipo para usuarios. Además, en el segundo punto del texto acordado se indicaba que mientras se solucionan estos problemas, el Gobierno negociaría


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la implantación de unas tarifas que permitan a los usuarios habituales, tanto en recorridos íntegros como intermedios, acceder a unas condiciones de abonos y descuentos similares a los actualmente existentes en las otras líneas de alta
velocidad en servicio en España: tarjeta plus, tarjeta global plus y abono mensual de estudiantes. Se rebaja el precio, es cierto, no se atascó el tema como suele pasarnos en Aragón, pero con la subida de este año tenemos lo comido por lo servido,
por lo que habrá que volver a insistir en este tipo de descuentos requeridos en la Comisión de Fomento. Esperamos que con el acuerdo de todos este nuevo agravio comparativo se subsane, porque algunos venimos pidiéndolo ya desde la anterior
legislatura, desde el mismo momento, si no antes de la puesta en marcha del AVE, con la que se suprimieron de raíz prácticamente todos los servicios de ferrocarril convencional. También queremos apoyar la posición del PSOE, ya que el trabajo del
Partido Popular sobre este tren fue una verdadera vergüenza que hemos sufrido y seguimos sufriendo los usuarios. Creemos sinceramente que habría que pedir responsabilidades políticas a todas las autoridades y responsables de este desastre
ferroviario sobre el que caminamos con aparentes y posibles peligros.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta, gracias siempre por su buen humor.



Señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente, de forma breve.



Nuestro grupo va a apoyar la moción o incluso la transacción a la que puedan llegar, señor Grau, pese a que quisiéramos hacer alguna matización. La moción pone de manifiesto que Convergència i Unió, por una vez, viene a las posturas de
Iniciativa Verds. Lo digo por la discusión histórica que ha habido sobre el AVE. Nosotros dijimos desde el primer día que lo que tenía sentido era un tren a 200 que articulase la movilidad entre Barcelona y Madrid, por supuesto, pero sobre todo
entre las capitales catalanas, y lo que les preocupa es eso, con lo cual se demuestra que la opción más razonable no era la suya, señor Grau, sino que era la nuestra, pero ya es tarde y digamos que hacemos políticas imitando lo que hacen en Europa
cuando en realidad en Europa ya han dejado de hacerlo.



Nosotros entendemos que tiene que haber esta planificación, que tiene que haber esta política integral y que a la vez debemos priorizar un modelo que nos articule territorialmente más allá de la política del AVE y sobre todo en el entorno
del ferrocarril convencional. Para acabar le pondré un ejemplo. Usted ha hablado de los tiempos de Barcelona a Girona, a Lleida, a la estación de Perafort. ¿Sabe usted cuáles son los tiempos a Puigcerdà? Los tiempos a Puigcerdà o los tiempos a
Vic, línea que utiliza casi tanta gente como el resto, van a ser tiempos no del año cuarenta sino tiempos anteriores al año cuarenta. Digo esto simplemente para que tomen nota. En cualquier caso, bienvenida su preocupación por esta movilidad.
Llegamos tarde pero a ver si a partir de ahora nos apuntamos más al tren 200, que es lo razonable, que es lo que hacen en Europa, y no al papanatismo -permítanme la expresión- del AVE, que suena muy bien pero que no va a 300, pero, eso sí, cuesta lo
que cuestan los trenes a 300.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.



Señor Olabarría, Grupo Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Esta moción le parece bien a todo el mundo y poca reflexión complementaria merece por nuestra parte, incluso con la legitimación adicional del señor 'Sagaseta', lo cual le da una impronta de difícil refutación. Desde esa perspectiva lo
único que queremos es felicitar al portavoz de Convergència i Unió por su brillante defensa. Nosotros estamos de acuerdo con su contenido material particularizándolo en el apartado e), donde se hace una apelación a la celeridad en el acometimiento
de las obras para la implantación del servicio regional ferroviario de alta velocidad en Cataluña y a la filosofía que impregna la moción, en la que estamos absolutamente de acuerdo. Hay una filosofía en materia de infraestructuras asentada
desgraciadamente o con demasiado énfasis en el Estado español consistente en hacer demasiadas veces obras de infraestructuras con muchos kilómetros de carreteras, de ferrocarriles, de infraestructuras aeroportuarias, y conviene enfatizar lo de
infraestructuras aeroportuarias dado lo que estamos sufriendo los que no vivimos en Madrid con la nueva terminal de Barajas en este momento, lo cual nos provoca verdaderas reservas mentales respecto a esta filosofía imperante en materia de grandes
infraestructuras y de otras que nosotros estamos en condiciones de refutar. Hay una persona que me ha contado una vivencia propia de la que quiero hacer partícipes a SS.SS. porque a veces las anécdotas son verdaderamente ilustrativas. Es una
persona que tomó el tren en la estación de Chamartín en Madrid hacia San Sebastián y tardó doce horas en llegar. Realmente estas obras de infraestructuras, cuando no se acometen con los debidos requerimientos de celeridad y eficiencia, de
prestación de servicio al usuario en definitiva, se convierten en grandes obras de infraestructuras pero ineficientes. Lo que propugna el Grupo de Convergència i Unió es lo contrario, medidas de infraestructuras de alta velocidad de carácter
regionalizado que nosotros compartimos absolutamente no solo para la nación catalana, sino para todas las demás que configuran el Estado español. Desde esa perspectiva, felicitamos al Grupo de Convergència i Unió por la propuesta y a todos los
demás grupos por esta proposición consensuada prácticamente por todos, lo cual es un valor añadido que nosotros, de nuevo, queremos destacar.



Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.



Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.



El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señor presidente.



Señorías, el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó la mayor inversión nunca realizada en Cataluña, concretamente en el corredor mediterráneo del tren convencional; una licitación de 101 millones de euros y que posibilitará
conectar el cinturón mediterráneo, obra reclamada insistentemente por nuestro grupo. Me hubiera gustado haber defendido la moción inicial. No la hubiéramos podido votar, porque planteaba unos maximalismos extraordinarios. En ella se hablaba de
que en tres meses se tenía que definir un plan, que teníamos que hacer la alta velocidad regional en 2006-2007, con frecuencias de quince minutos desde Lleida y desde Tarragona. Pedir esto sin estudios previos lo encontrábamos exagerado, pero tal
como ha quedado la moción, que establece que se hará de acuerdo con el plan estratégico de Renfe-Operadora 2005-2009, yo reto a cualquiera de los diputados que han intervenido a que me digan en qué página el plan estratégico de Renfe-Operadora
2005-2009 contempla la alta velocidad regional en el corredor de Madrid a Barcelona o en cualquier otro de los corredores que se piden. No existe. Si tenemos que hacer caso al programa de Renfe-Operadora, no dice nada, no tendremos nada.



Nos hemos dejado otras cosas en este corto espacio de la moción inicial a la transacción. En el Estatuto que salió del Parlamento hablábamos de las competencias en cercanías y no creo que tenga que ser yo el que defienda el concepto
brillante de un consejero de Convergència i Unió en el Parlamento catalán que propugnó, definió y estudió el concepto de cercanías en toda Cataluña y que a través de Ferrocarriles de la Generalitat como operadora planteó para la velocidad alta
regional.
Realmente, tal como ha quedado la moción, votar que sí tampoco nos hará ninguna pupa, pero tenemos que ser más serios. No podemos decir que lo haremos conforme a un plan de Renfe-Operadora en el que no se dice absolutamente nada de la
velocidad alta regional. No se puede pasar de pedirlo todo en tres meses y cada quince minutos a una indefinición en lo que estamos aprobando.



Estamos muy conformes con el enunciado de que cuando esté disponible la alta velocidad no tardemos 10 ó 12 años en incorporar la alta velocidad regional, como ha ocurrido en la línea Madrid-Sevilla. Con este enunciado sí estamos de acuerdo,
pero tenemos que ser más serios a la hora de hacer transacciones y cuando las haya tenemos que saber lo que decimos, porque si nos referimos al plan de Renfe y tenemos que ejecutar su plan, hasta el año 2009 no habrá nada, y si no es así, que salga
cualquier diputado y me diga en qué página, en qué línea del plan de Renfe-Operadora 2005-2009 se hace referencia a ello.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.



A efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.



Aceptamos en los términos transaccionados con el Grupo Socialista su propuesta de sustitución por la que al final del segundo párrafo se agrega: Igualmente y con carácter previo a la entrada en funcionamiento de nuevos destinos, se
presentarán los mismos estudios y análisis. Este portavoz suscribe lo que se ha expresado en esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: Gracias. Así se presentará la votación.



-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL BALANCE DE LA GESTIÓN DEL INCENDIO DE GUADALAJARA. (Número de expediente 173/000109.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara. Para la defensa de la misma tiene la palabra por un tiempo de siete minutos
el señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, han transcurrido casi siete meses desde la tragedia humana, la catástrofe ecológica y la ruina económica de la zona devastada por el incendio iniciado el 16 de julio en Guadalajara. Desde ese mismo momento y a solicitud de los
afectados y de las familias de las víctimas, este grupo ha tratado completamente en vano de que se conociera la verdad, de que se aclararan los hechos, se señalara a los responsables y se pusieran en marcha actuaciones que paliaran lo sucedido y que
evitaran que una gestión tan lamentable como esta volviese a ocurrir en el futuro. En este tiempo el Partido Socialista que gobierna en España y en Castilla-La Mancha ha impedido dos veces la creación en esta Cámara de una comisión que permitiese
alcanzar la verdad; ha impedido también el normal funcionamiento de la de Castilla-La Mancha vetando comparecientes, vetando testigos y documentos considerado vitales para esclarecer los hechos y ha intentado por todos los medios evitar hacer
justicia y ha intentado silenciar la verdad. No son casuales las huelgas de hambre ni las multitudinarias manifestaciones en homenaje a las víctimas, de apoyo a sus familias y de protesta contra el Gobierno convocadas por los afectados; ni el
clamor de una sociedad que pide justicia y que ha visto con desolación y con indignación que se han cerrado las puertas a su justa demanda de conocer la verdad sobre una catástrofe evitable y también que el Gobierno cumpla con las actuaciones
comprometidas entonces y olvidadas ahora.



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Señorías, por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta moción para que el Gobierno establezca un nuevo plan de prevención y lucha contra incendios para que esto no vuelva a ocurrir. La señora ministra y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha ya reconocen en estos momentos que hubo fallos, que hubo múltiples errores, que hubo medios insuficientes, que hubo descoordinación. Los pilotos, cuyo testimonio se vetó en la Comisión de investigación de
Castilla-La Mancha, han declarado en el sumario que no estaban coordinados por un responsable, que hubo abandono de los puestos de trabajo por parte de los responsables, que las instrucciones las daba el telefonista del 112 sin tener ningún
conocimiento sobre incendios, que les mandaban descargar el agua donde pudieran, que se les terminó la espuma retardante, que los retenes fallecidos no tenían ningún tipo de apoyo aéreo un día y pico después de iniciado el incendio, que estaban
abandonados a su suerte y que hasta que no hubo muertos no se tomó en serio la catástrofe.
Señorías, el catedrático de física responsable del laboratorio de teledetección de la Universidad de Valladolid, cuyo testimonio también se vetó en la
Comisión de investigación de Castilla-La Mancha, ha declarado que a los 15 minutos de iniciado el incendio la temperatura del mismo era de 324 grados centígrados, con una potencia de 166 megavatios, superior a la que puede generar la central nuclear
de Zorita, y que en el momento de la muerte de los retenes, 28 horas después, la potencia era superior a la de una central nuclear mayor que la de Trillo, que tiene una capacidad de 1.000 megavatios. A pesar de monitorizar el incendio cada 15
minutos ni unos ni otros pudieron comparecer en la vergonzosa Comisión de investigación ni sus testimonios se pudieron incorporar a las conclusiones.



Señorías, es necesario impulsar las investigaciones precisas que permitan conocer la verdad y reparar el daño moral a los afectados y a las familias de las víctimas mortales. Es necesario aclarar la pasividad, la descoordinación y la
imprevisión. Es necesario dar explicaciones de por qué recolocaron a los pocos días en una empresa pública a la consejera dimitida. Es necesario explicar por qué no se ha abierto ningún expediente administrativo a pesar de la constatación de los
abandonos de funciones y de la imprudencia temeraria. Y es necesario también que los compromisos estén en los presupuestos, porque hoy aún no lo están. Sobre todo, es necesario que ustedes tomen ahora -que aún pueden- medidas preventivas y de
coordinación, porque quedan únicamente cuatro meses para el inicio del verano y en otro año de sequía como este todos sus errores, improvisaciones e incompetencias se pueden reproducir.



Señorías, con esta moción queremos equiparar las indemnizaciones y desgravaciones de las víctimas a las que recibe otro personal dependiente de la administración fallecido en acto de servicio. Queremos que se dé un futuro a la zona a través
de su desarrollo mediante inversiones, mediante la creación de empresas y de empleo y su consideración como zona catastrófica. Queremos que se cumplan los compromisos para desarrollar nuevas redes de telecomunicaciones en la zona e impulsar el
desarrollo turístico con la construcción, entre otras infraestructuras, de un parador de turismo en Molina de Aragón. Queremos convertir la N-211 en autovía para mejorar la conexión entre el levante español y la zona centro y norte de España y para
impulsar económicamente la zona arrasada por el incendio. En definitiva, queremos incrementar los medios técnicos y humanos para la lucha contra los incendios forestales, porque los retenes para estas tareas y también para la limpieza de los montes
son absolutamente insuficientes, no tienen una formación adecuada, van mal equipados y su material es obsoleto. Sobre todo, queremos que el Partido Socialista deje de intentar imponer una ley de silencio sobre el asunto a toda costa: presionando a
los medios de comunicación para que no hablen del asunto; persiguiendo y despidiendo a los trabajadores que han querido denunciar la ausencia de los responsables y el retraso letal en la toma de decisiones; dejando de asistir a los actos de
homenaje a las víctimas; con declaraciones como las de la eurodiputada Inés Ayala, diciendo que Guadalajara es un buen ejemplo de lo que se debe hacer frente a un incendio; con las trabas y el afán de ocultar la verdad, de entorpecer y enterrar la
tragedia con la visita que se organizó de una delegación de europarlamentarios del Comité de desarrollo regional a la zona por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, con su programa y sus vehículos; intentando obstaculizar las reuniones entre
alcaldes y víctimas e imponiendo que las mismas siempre fueran a puerta cerrada, o con la inaudita desfachatez con la que el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha obvió en su mensaje televisado de Navidad el hecho más importante acaecido en
la región durante todo el año 2005. No hizo ni una sola referencia ni dedicó una sola palabra de recuerdo y de homenaje a los fallecidos por servir a los demás, calificando el año terminado de apasionante y a su Gobierno de defensor eficaz de los
intereses de los castellanomanchegos. ¡Qué falta de sensibilidad, qué ganas de imponer el silencio y qué mala conciencia para un gobernante!


Señorías, algo grave debe estar pasando en España para que la insolidaridad haya anidado en la conducta política de algunos grupos que hubieran actuado de otra manera si esta tragedia -de la que la mayoría de los ciudadanos saben que se hizo
mal, con incompetencia, con negligencia, con irresponsabilidad e ineficacia- hubiese ocurrido en sus comunidades.
Algo grave debe estar ocurriendo en España cuando hay quienes quieren recuperar la memoria histórica de hace 70 años y, sin embargo,
piden amnesia y quieren olvidar a toda costa lo ocurrido hace solo siete meses.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.



Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Llamazares.



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El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, creo que tampoco vamos a salir bien de este debate a la luz de la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Hubiéramos deseado una intervención que permitiera el acuerdo. Da la
impresión de que seguimos en las obsesiones y no en las propuestas que puedan permitir diálogo y acuerdo.



Nosotros, en primer lugar, frente a una catástrofe -en este caso, la catástrofe del incendio de Guadalajara, catástrofe ecológica y humana-, hemos dicho siempre, y seguimos diciendo, que las actuaciones no fueron las que debieron ser, que
las actuaciones fueron manifiestamente mejorables, que hubiera sido preciso contar con más medios, con una mejor coordinación y que, sin ser la causa última de los fallecimientos, los riesgos no se supieron prever. En segundo lugar, hemos apoyado
que la investigación se realizara allá donde debe hacerse, donde existen las competencias, en función de nuestra distribución constitucional. Las competencias están en la comunidad autónoma, señorías, y, por tanto, apoyamos -y promovimos desde un
primer momento- la investigación en el ámbito del Parlamento de Castilla-La Mancha. Una investigación que para nosotros tampoco ha sido satisfactoria, una investigación sesgada en la que, lejos de buscar las causas y los riesgos, se defendió la
gestión del Gobierno. En nuestra opinión debería haber sido una investigación a fondo para mejorar las condiciones tanto de la prevención como de la extinción de incendios. No fue así, señorías, y consideramos que la investigación ahora está en el
ámbito judicial -es el juzgado el que tiene abierta la investigación-. Por tanto, lo que debe de haber fundamentalmente es colaboración con el juzgado para que la investigación llegue al fondo, allá donde no pudo llegar la investigación
parlamentaria. Señorías, ahí es donde está la verdad material de los hechos, no en la investigación parlamentaria, y vuelvo a decirle al Partido Popular que investiga no la verdad material de los hechos, sino los problemas de las administraciones,
los problemas de la coordinación, de la prevención y de la extinción de incendios, naturaleza de las dos investigaciones bastante diferente.



Por tanto, en ese sentido no aceptamos que el Partido Popular venga aquí a proponer que el Parlamento español sea el tribunal de alzada del Parlamento castellano-manchego. No existe jerarquía en materia competencial entre el Congreso de los
Diputados y el Parlamento castellano-manchego, no hay una segunda vuelta o un segundo tiempo del Parlamento de Castilla-La Mancha. Y mira que nos duele, señorías, que estemos discriminados y que no podamos acceder a ese Parlamento no solamente por
razón de voto, sino por un sistema injusto en materia electoral, pero nosotros respetamos el reparto de competencias y también las decisiones, aunque no nos gusten, de los parlamentos legítimamente elegidos. Ahora les toca a los ciudadanos de
Castilla-La Mancha. Por lo tanto, queremos que la investigación judicial tenga toda la colaboración de las administraciones públicas, que depure toda la verdad y que también asuma las responsabilidades a que haya lugar.



Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular en la enésima intervención de capitalización y de patrimonialización de las víctimas. Señorías, en este caso, las víctimas necesitan de la solidaridad y el apoyo
de todas las instituciones, y en ese sentido estamos de acuerdo; necesitan el máximo apoyo legal, pero esto no significa asimilar víctimas de un incendio a víctimas del terrorismo, porque se está haciendo una manipulación y una patrimonialización
inaceptables. Nosotros queremos ser claros en esta materia: máxima solidaridad con las víctimas, máximo apoyo legal y ninguna instrumentalización ni patrimonialización.



Señorías, termino diciendo que nosotros hemos tomado una serie de iniciativas en relación a la prevención, en relación a la extinción de incendios, en relación a la mejora laboral, que todavía esta pendiente, y hemos reflejado nuestras
iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el presupuesto para el próximo año. Seguiremos haciendo un seguimiento de la política del Gobierno en materia de prevención, en materia de vigilancia, en materia de extinción de incendios, en
relación con los retenes y los contratos necesarios, con el parque, con los medios materiales municipales, con la restauración, etcétera. Y tenemos también el compromiso del Gobierno, que exigiremos, en relación con el despoblamiento del medio
rural; hay un compromiso del presidente del Gobierno que nosotros seguiremos y exigiremos en los próximos días y en los próximos meses. En definitiva, señorías, desearíamos un acuerdo que impulsase las medidas del Gobierno y aportase otras nuevas.

Desgraciadamente, volvemos a las obsesiones del Partido Popular de patrimonialización de las víctimas y de buscar que esta Cámara sea una segunda lectura del Parlamento castellano-manchego.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.



Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.



Señorías, si bien no en la forma, Esquerra Republicana está de acuerdo en la moción presentada por el Grupo Popular. Como ya anunciamos en los diversos y sucesivos debates sobre el incendio forestal que tuvo lugar en la provincia de
Guadalajara, Esquerra Republicana se solidariza con las víctimas, con las familias, con los habitantes de la zona y de los alrededores. Un incendio forestal de la magnitud del de Guadalajara, además de la pérdida de vidas humanas, de la pérdida de
grandes zonas boscosas, con consecuencias negativas de largo alcance para el medio ambiente, supone una hipoteca para el futuro económico de la zona y la pérdida de un bien


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intangible, como un paisaje perdido, para muchos años, quizá para siempre.



El Grupo de Esquerra Republicana no puede dejar de ser solidario porque en Cataluña, por desgracia, conocemos de cerca los estragos del fuego. Hemos vivido dos grandes incendios, uno en la comarca de Solsona, en 1994, y otro en la comarca
del Vallès, de donde yo misma procedo, en el verano de 2003. Precisamente pocos días antes de este incendio pasé por esta zona, no lejos de mi domicilio, y fue la última vez que probablemente la vi como era, porque aquel paisaje ya nunca lo veré.
En este incendio también hubo víctimas y la zona, una zona forestal colindante con un parque natural, que empezaba a desplegar un proyecto turístico, vio frustrados sus proyectos de futuro. Por cierto, no recuerdo entonces tanta preocupación del
Grupo Popular, quizá porque entonces gobernaban en España y cogobernaban en Cataluña con Convergència i Unió. No creo, no quiero creer, que en aquel caso las pérdidas no contaran tanto o las víctimas no merecieran tanto reconocimiento porque eran
catalanas; no creo, no quiero creer que el sectarismo del Partido Popular llegue a este punto. Entonces se habló de condiciones climatológicas extremas y de imprudencia, actitud muy distante de la actitud del Partido Popular con este incendio de
Guadalajara, lo que nos podría llevar a la conclusión de que el Partido Popular puede estar utilizando la catástrofe del incendio de Guadalajara y los muertos con fines partidistas.



Independientemente de las intenciones del Partido Popular, Esquerra Republicana va a apoyar su moción, pero con dos apreciaciones. La primera, que las medidas que se proponen, con las que estamos de acuerdo, no deben ceñirse exclusivamente
a Guadalajara, sino que deben ser medidas de solidaridad, en general, con todas las zonas afectadas por incendios forestales. Parece curiosa la propuesta de equiparar las víctimas de un incendio forestal a las víctimas del terrorismo. Se podría
pensar, si consideramos que la mayoría de los incendios son provocados, que un incendio forestal es un acto de terrorismo en cuanto que pone en peligro la vida de personas inocentes y desestabiliza la sociedad causando daños irreparables y
comprometiendo importantes recursos públicos que podrían destinarse a otros servicios que la sociedad necesita.



La segunda apreciación es que las propuestas del Partido Popular no tienen en cuenta los repartos competenciales. Así, pedimos la supresión del punto 2, porque si bien estamos de acuerdo en que deben investigarse las causas del incendio,
porque si no sabemos las causas no podemos evitar que se repitan, no creemos que esta Cámara ni el Gobierno sean la autoridad competente, sino que es la comunidad autónoma la que debe investigar los hechos y averiguar las causas que condicionaron la
rápida extinción del fuego.



Asimismo, respecto al resto de los puntos, quiero señalar que el primero de ellos, el plan de prevención, debe ser elaborado por las autoridades competentes. La función del Gobierno central será cooperar en la elaboración de protocolos de
coordinación. Para los demás puntos pretendemos la misma consideración, porque al Gobierno central le corresponde una función de coordinación y cooperación.



Por último, hemos añadido dos puntos más en los que pedimos un esfuerzo definitivo para impulsar la producción de energía a partir de biomasa forestal. Hoy existe la tecnología para poder convertir en energía toda la masa forestal que
carece de valor y que tarde o temprano acabará quemándose. Venimos insistiendo desde el principio de la legislatura en que debe impulsarse la creación de un régimen especial para las centrales que utilicen como combustible la biomasa forestal
procedente de operaciones de prevención de incendios. Este es un tema recurrente que hemos debatido en la Comisión de Medio Ambiente como estrategia positiva para evitar incendios, para el aprovechamiento del bosque y para la creación de puestos de
trabajo.



En el punto 12 pedimos la creación de una línea especial de subvenciones para las instalaciones de producción térmica doméstica que utilicen como combustible biomasa forestal. Repito, existe ya la tecnología y solo falta el pequeño impulso
que puede suponer una subvención. Por tanto, a pesar de discrepar de los motivos del Partido Popular, esta moción podríamos aprobarla si admitieran nuestras enmiendas.



Gracias, señorías.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.



Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Alonso.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Quisiera comenzar mi intervención reiterando nuestro homenaje y recuerdo a las víctimas de los incendios forestales y también, por qué no decirlo, a todos los trabajadores que anualmente aportan lo mejor de sus vidas para proteger nuestro
medio ambiente. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Hemos pasado un año que, efectivamente, con relación a los incendios forestales ha tenido resultados negativos: han fallecido 16 personas en las tareas de extinción de los
más de 25.000 incendios que se han declarado a lo largo del año. Pero cualquier persona que se acerque con seriedad a este problema sabe que en ningún país de la tierra se puede asegurar en este momento el riesgo cero en materia de incendios, que
incluso los países más poderosos del planeta sufren efectos devastadores por daños provocados por incendios forestales. Por tanto, al Partido Popular, que propone esta moción tan beligerante con relación a este incendio ahora que ya no están en el
Gobierno, habría que recordarle que ellos gobernaron, que tuvieron responsabilidad de gobierno en España durante muchísimos años, que el año que tiene la cifra récord de superficie quemada en España fue precisamente el año 2000, con Gobierno del
Partido Popular, y que también hubo accidentes y muertos durante la etapa de


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gobierno del Partido Popular, en concreto, más de 31 muertos en incendios forestales. Quiero apelar a su responsabilidad y decirles, señores del Partido Popular, que ustedes tendrán aspiraciones de gobierno, pero en este momento tienen
responsabilidad en alguna de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en esta materia. El problema es que el Partido Popular en esta materia, como en tantas otras, no está ejerciendo una oposición responsable y no le duelen prendas al
utilizar en el Congreso, una vez más, unos días a las víctimas del terrorismo y otros, como hoy, a las víctimas del incendio de Guadalajara. Ustedes lo único que pretenden es dañar al Gobierno legítimo en este momento e intentar arañar unos pocos
votos sin que, vuelvo a repetirlo, les duelan prendas por hacer una utilización política partidaria de las víctimas del incendio. En esta estrategia están contaminando a todo el partido, porque si no es incomprensible que algunos portavoces que
tenían fama de ser ciertamente algo más calmados que usted, señor Echániz, han llegado a decir algo tan insólito en algún medio de comunicación como comparar a las víctimas de un incendio con los daños en los percebes producidos por la catástrofe
del Prestige. Eso, nada más y nada menos, lo ha dicho el anterior portavoz del Partido Popular en estas Cortes Generales.



Señores del Partido Popular, como les está diciendo el resto de los portavoces, creo que en este momento hay que mirar hacia delante y poner los medios para que sucesos como los que han ocurrido este año y otros anteriores no vuelvan a
repetirse. Y en esta línea, señores del Partido Popular, les recuerdo que todos los alcaldes de la zona, de todo signo político, están haciendo un trabajo ejemplar, encomiable; han conseguido el apoyo, el acuerdo, la colaboración del Gobierno de
España, del de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial y de instituciones públicas y privadas que están comprometiéndose en este momento con la recuperación de una zona en la que, desgraciadamente, ha habido víctimas y que ha sufrido daños
incuestionables en el medio ambiente.



Por ello les animo, señores del Partido Popular, a bajar de esa posición extremista en la que están, porque en este campo queda muchísimo por hacer. Creemos que con el apoyo de todos, incluso con el del Partido Popular, podríamos avanzar
algo más deprisa en materia de incendios.



De nuevo el Partido Popular ha vuelto a contarnos aquí la misma cantinela y, una vez más, señor Echániz, bastantes mentiras. Ustedes están confundiendo deseos con realidad, incluso están diciendo aquí que este año es más seco que el
anterior. ¿Pero de dónde saca usted los datos, si estamos en febrero? Eso es lo que usted desea. Ustedes están preparando la campaña de incendios del año que viene para intentar hacer la misma tarea de oposición destructiva que están haciendo en
este momento.



Han hablado de un catedrático. Yo le digo que se lea las actas de la Comisión de investigación, porque han sido muchos los investigadores, los catedráticos que avalan la actuación del Gobierno, los sistemas de extinción y que han dicho algo
a lo que usted se refería: que fue un fuego por explosión y que fue imposible luchar para controlarlo en las primeras horas de extinción.



Señor Echániz, señores del Partido Popular, ahora vamos a la cuestión.
Ustedes han planteado una moción que lo que busca básicamente es que votemos en contra, para ir de nuevo a Guadalajara a decir que el Partido Socialista impide la
investigación -la misma cantinela de siempre-, intentando apropiarse de algunos compromisos que han asumido el Gobierno de España y el Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha. Han presentado una moción que recoge algunos de estos compromisos y yo
le digo que el compromiso del Gobierno de España y de Castilla-la Mancha va mucho más allá de lo que en la misma se anuncia. Por eso, nosotros hemos presentado un texto alternativo que pretende abarcar tres aspectos fundamentales: el tema de la
víctimas, el de las políticas nacionales en materia de lucha contra incendios y las medidas para la recuperación de la zona.



En relación con las víctimas quiero decirle, señor Echániz, que todos los señores diputados deben tener constancia de que en este momento todas las víctimas han cobrado las cantidades, que oscilan entre 346.579 euros y 362.000 euros; que
son cifras que contrastan, por ejemplo, con las de los fallecidos en el Yak-42, que murieron sin seguro, señor Echániz, y que tuvieron que cobrar una indemnización mediante un real decreto-ley aprobado por el Gobierno socialista con carácter
retroactivo; o las de los tres fallecidos en el incendio de León, que cobraron diez años más tarde, después de dos sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia que revocaban la actuación de la Junta de Castilla y León que
impedía el cobro de las indemnizaciones por estos tres fallecidos. Hemos planteado medidas para mejorar el Plan nacional de lucha contra incendios y mejorar la colaboración y la coordinación con las comunidades autónomas y hemos comprometido en
nuestro texto un plan de actuación que ha sido formalizado en convenio con todos los alcaldes de la zona y que compromete actuaciones en materia de infraestructuras terrestres, de telecomunicaciones, de política turística, de políticas de empleo, un
plan de recuperación económica, con incentivos económicos, el parador nacional de turismo para Molina de Aragón y, por supuesto, esa planta de biomasa forestal que tanto han solicitado los alcaldes de la zona.



El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, vaya concluyendo.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino, señor presidente, como comenzaba, reiterando nuestro compromiso con la zona, con las víctimas y llamando al PP a una política más constructiva y menos demagógica, como la que están manteniendo con este y con
tantos temas que afectan a muchos españoles en este momento. (El señor


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Martínez-Pujalte López: Humillante. El año que viene otro incendio.)


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. (Pausa.)


Señor Olabarría tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo con brevedad para fijar la posición, señor presidente. La posición original de mi grupo era abstenerse en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No carecían de fundamento
algunas de las reflexiones realizadas por el señor Echániz. Sin embargo, también entendemos, y compartimos la opinión de otros grupos parlamentarios, que estas reflexiones se incardinan en una estrategia que nosotros no compartimos, la de la
utilización de desgracias humanas como instrumento de erosión o de destrucción del adversario político, del partido gobernante en este momento, y del Gobierno. Desde esa perspectiva, este tipo de estrategias contradicen un acervo éticopolítico que
nosotros hemos mantenido desde la II República en que mi partido está presente aquí, un acervo y una forma de entender los acontecimientos y la reflexión política con la cual hemos pretendido ser congruentes. No obstante, y entendiendo que esa
intención no desautoriza algunas de las reflexiones hechas, tengo que compartir algunas del portavoz del Grupo Popular. Evidentemente es obvio, y así ha sido reconocido por la mayoría de los presentes y de algunas de las resoluciones de la Comisión
de investigación en el Parlamento de Castilla-La Mancha, que la forma de afrontar el incendio, a pie, por esa serie de personas que carecían de la cualificación profesional suficiente, estaba desaconsejada ya por las indicaciones de la visualización
aérea, de las características del incendio y de su peligrosidad, con pinos resinosos, con una dificultad derivada de la orografía del terreno, con un viento que ponía en especial dificultad a estas personas y hacía previsible el denominado
técnicamente factor chimenea que provocaba una gran peligrosidad.



Por otra parte, también ha sido comentado por el señor Echániz, con pertinencia, en opinión de nuestro grupo, que falta por elaborarse ese plan conjunto entre los ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente en relación con la prevención de
los incendios forestales comprometido durante tantos años. No es baladí ni es casualidad, señor presidente, que el 75 por ciento de la totalidad de los incendios forestales en Europa se produzcan entre España y Portugal y eso obedece a deficiencias
administrativas, entre otras muchas razones, que hacen referencia a algo que también se puede erradicar, y en lo que habría que adoptar medidas, como es la despoblación rural y los problemas que conlleva, que está produciendo una gran acumulación de
elementos con capacidad de combustión y donde habría que tomar medidas, algunas de ellas ya indicadas, para compensar el abandono de la tierra, como la limpieza de desbrozos, la utilización de la ganadería extensiva, técnicas de incendios
controlados y otros mecanismos que están siendo utilizados en países de nuestro entorno y que evitan una proliferación tan abundante de incendios forestales.



Dicho lo cual, señor presidente, nosotros, como lo hemos comentado, no vamos a participar de una estrategia de erosión del adversario político, de crispación, de utilización de ese tipo de accidentes o de desgracias humanas, aunque haya
deficiencias en el ámbito preventivo. Desde esa perspectiva nuestra idea original era abstenernos en relación con la moción en sus términos presentados, pero nos parece correcta la enmienda presentada por el Grupo Socialista tal como está
configurada y ha sido explicada por su portavoz. Nos parece que esas son medidas correctoras adecuadas y que hay que hacer muchas cosas. Esperamos que las administraciones competentes y los dos ministerios directamente implicados, el de Medio
Ambiente y el de Agricultura, realicen ese plan coordinado para la prevención de los incendios forestales y no sigamos viviendo con esa lacra que afecta al Estado español de forma muy particularizada, cuantitativa y cualitativamente. Así pues,
votaremos de forma favorable la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la moción, que no carece de razonabilidad, presentada a su vez por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor PRESIDENTE: Señor Grau, adelante.



El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.



Intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo, Convergència i Unió, sobre la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Popular, relativa a los incendios de Guadalajara del pasado verano en los que,
lamentablemente, perdieron la vida 11 ciudadanos, a los que también nuestro grupo desea testimoniar nuestra solidaridad. Nuestro grupo estaría de acuerdo, en términos generales, con el contenido de los diez puntos de la moción, si no constatáramos
de nuevo y denostáramos una vez más la actitud del Grupo Popular por instrumentalizar una catástrofe y una desgracia humana para intentar sacar, por encima de todo, una ventaja partidista y electoralista. A nuestro grupo, que ha tenido experiencia
de gobierno durante mucho tiempo y la sigue teniendo en diversos niveles de la Administración, le repele la utilización sectaria, interesada y demagógica de grandes catástrofes, cuyo abordaje y resolución no siempre es previsible y fácil de aplicar
en todos sus extremos. Nos repele en todos los casos, sea quien sea el grupo o partido que utilice esta estratagema política de bajo nivel, que, si bien es cierto que el principal grupo de la oposición utiliza a nuestro juicio con exceso y
exageradamente durante los últimos tiempos, el grupo actualmente en el Gobierno también la ha utilizado sin reparo en otros tiempos cuando ha ocupado situaciones de oposición.



En esta moción, al lado de algunas propuestas lógicas, racionales, oportunas y necesarias, hay otras que rezuman


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claramente aquella intencionalidad de hacer demagogia o instrumentalizar la catástrofe de interés electoral, entre otras sin duda la pretensión del impulso de nuevas investigaciones -léase de nuevo la comisión de investigación aquí o allá-,
soslayando las que siguen en marcha por parte de la instrucción judicial o los planteamientos maximalistas sobre la implementación de ciertas medidas, algunas de las cuales corresponden claramente a la Administración autonómica. Aquella
interpelación y esta moción deben sumarse a otras iniciativas del Grupo Popular sobre el mismo tema y en el mismo sentido, ya sea en la Diputación Permanente, en Comisión o por medio de preguntas, a nuestro juicio, intentando siempre rentabilizar
políticamente unas circunstancias, unos dramáticos acontecimientos sobre los cuales no siempre es posible una previsión absoluta y un control humano total. Como no podía ser de otra manera, algunos de los contenidos de las iniciativas tienen
sentido preventivo, planificador o paliativo, aunque a menudo con una cierta tendencia a ignorar, laminar o centralizar competencias que en prevención y extinción de incendios forestales u otras materias tienen las comunidades autónomas. Prueba de
la estrategia política del grupo proponente es la no aceptación -según se nos ha informado- de ninguna de las enmiendas de carácter constructivo que algunos grupos han presentado, ni siquiera el intento de transaccionar con todas o algunas de ellas
y llegar a una redacción final de carácter más técnico que permita abordar con carácter general la problemática de los incendios forestales en aquellas pocas competencias residuales que mantiene el Estado central y, de forma más específica, el
luctuoso caso de Guadalajara.



El hecho de que el Grupo Popular se quede solo -o casi- en esta moción confirma nuestras impresiones en cuanto a la valoración política de su posición. En el caso, que parece improbable, de que el grupo proponente dejando de lado su interés
partidista admitiera enmiendas o una transaccional con los demás grupos, el nuestro apoyaría el resultado con entusiasmo y celebraría un cambio de actitud del citado grupo, cuyo enroque en este tema ha hecho que nuestro grupo no propusiera enmiendas
convencidos de que no serían aceptadas. Estamos seguros de que, aunque esta moción no prospere, muchas de las propuestas que se prevén en la moción o en las enmiendas, sobre todo del Grupo Socialista, se están implementando o se harán en el futuro
de forma coordinada entre el Gobierno autonómico y el Estado central en aquello que sea de su competencia y ya hemos manifestado nuestra conformidad con alguno de los contenidos puntuales de la moción. Señoras y señores diputados, nuestra posición
final será la de abstenernos en la votación.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.



En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.



Ruego a S.S. que, en caso de que se le vuelva a olvidar poner en marcha el contador antes de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, no se le olvide descontar el tiempo para que todos los portavoces gocemos de la misma igualdad
de oportunidades.



En segundo lugar, respecto a la moción, en la medida en que las enmiendas presentadas obvian la demanda de justicia y quieren ocultar la verdad, dan por bueno lo hecho, no se comprometen a nada y, lo que es más importante...



El señor PRESIDENTE: Por favor, estamos en el turno de aceptación o rechazo de enmiendas.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Estoy terminando, señor presidente.



Y no dan satisfacción...



El señor PRESIDENTE: Aceptación o rechazo de enmiendas, señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Como decía, en la medida en que las enmiendas no dan satisfacción a las demandas de los afectados y de sus víctimas, mi grupo parlamentario lamentablemente no puede aceptarlas.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias. Lleva usted razón, no he activado el ordenador. Son cosas que pasan. La próxima vez le compensaré en su tiempo. La diferencia son 30 ó 40 segundos. Insisto, así no se pasa a la historia de España, pero le
compensaré la próxima vez.



Vamos a votar las mociones. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro
eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



En segundo lugar, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en los términos de la
transacción presentada.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 287; abstenciones, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



En tercer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara que se vota en sus términos.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 126; en contra, 151; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se suspende la sesión hasta mañana.



Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.