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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 138, de 15/12/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 138
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 130
celebrada el jueves, 15 de diciembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-Real Decreto-Ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre. ('BOE' núm. 291, de 6 de
diciembre de 2005.) (Número de expediente 130/000025.) ... (Página 6951)
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 36-1, de 9 de mayo de 2005.
(Número de expediente 121/000036.) ... (Página 6986)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
-Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2001. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 180, de 16 de septiembre de 2005. (Número de
expediente 110/000110.) ... (Página 6960)
-Acuerdo por el que se autoriza la adhesión de Finlandia al Acuerdo de cooperación en materia de astrofísica, hecho el 26 de mayo de 1979 e Instrumentos conexos. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 181, de 16 de septiembre de
2005. (Número de expediente 110/000111.) ...
(Página 6960)
-Acuerdo Marco entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa sobre los programas educativos, lingúísticos y culturales en los centros escolares de los dos Estados, hecho en Madrid el 16 de mayo de 2005. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 186, de 30 de septiembre de 2005. (Número de expediente 110/000112.) ...
(Página 6960)
-Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP/UNFPA), hecho en Nueva York el 28 de junio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 187, de 30 de septiembre de 2005. (Número
de expediente 110/000113.) ... (Página 6960)
-Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 20 de junio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 191, de 21 de octubre de 2005.
(Número de expediente 110/000114.) ... (Página 6960)
-Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), hecho en Madrid el 8 de junio de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 192, de 21 de octubre de 2005.
(Número de expediente 110/000115.) ... (Página 6960)
-Acuerdo entre España y Bosnia y Herzegovina sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Sarajevo el 18 de mayo de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 193, de 21 de octubre de
2005. (Número de expediente 110/000116.) ...
(Página 6960)
-Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Belgrado el 17 de mayo de 2005. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 194, de 21 de octubre de
2005. (Número de expediente 110/000117.) ...
(Página 6960)
-Protocolo número 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio, hecho en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 197, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente 110/000118.) ... (Página 6960)
-Adhesión del Reino de España al Acuerdo por el que se establece la Organización Internacional para el desarrollo de la pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH), hecho en Copenhague el 23 de mayo de 2000.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 198, de 28 de octubre de 2005. (Número de expediente 110/000119.) ... (Página 6960)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley Orgánica de Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 6960)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 58-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000047.) ... (Página
7001)
-Proposición de Ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 198-1, de 5 de septiembre de 2005. (Número de expediente 122/000162.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página 6951)
Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre ... (Página
6951)
El señor ministro del Interior(Alonso Suárez), expone ante la Cámara el catálogo de medidas urgentes plasmadas en el Real Decreto-ley 14/2005.
Resalta la rapidez con que el Gobierno actuó ante esta catástrofe, pues entre el paso de la
tormenta tropical Delta y la aprobación del Real Decreto-ley transcurrieron poco más de 48 horas. Los daños en infraestructuras municipales han sido numerosos en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, produciéndose graves riesgos para la vida y
la seguridad de las personas. Se han visto afectados puertos y zonas costeras y los daños en explotaciones agrarias han supuesto la destrucción total de plantaciones plataneras así como daños de diversa importancia en cultivos típicamente
insulares. Finalmente señala que el Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, van a dictar todas las disposiciones necesarias para desarrollar la ejecución de lo establecido en el Real
Decreto-ley que hoy tiene el honor de presentar ante la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometido a votación el Real Decreto Ley debatido, se aprueba por 297 votos a favor.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 135 votos a favor; 159 en contra y dos abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 6960)
Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2001 ...
(Página 6960)
Acuerdo por el que se autoriza la adhesión de Finlandia al Acuerdo de cooperación en materia de astrofísica, hecho el 26 de mayo de 1979 e Instrumentos conexos ... (Página 6960)
Acuerdo Marco entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa sobre los programas educativos, lingüísticos y culturales en los centros escolares de los dos Estados, hecho en Madrid el 16 de mayo de 2005 ...
Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Fnuap/Unfpa), hecho en Nueva York el 28 de junio de 2005 ... (Página 6960)
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 20 de junio de 2005 ... (Página 6960)
Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), hecho en Madrid el 8 de junio de 2005 ... (Página 6960)
Acuerdo entre España y Bosnia y Herzegovina sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Sarajevo el 18 de mayo de 2005 ... (Página 6960)
Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Belgrado el 17 de mayo de 2005 ... (Página 6960)
Protocolo número 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio, hecho en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004 ...
Adhesión del Reino de España al Acuerdo por el que se establece la Organización Internacional para el desarrollo de la pesca en Europa Oriental y Central (Eurofish) hecho en Copenhague el 23 de mayo de 2000 ...
Sometidos a votación conjunta los dictámenes, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 6960)
Proyecto de Ley Orgánica de Educación ... (Página 6960)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo, Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet i Coma, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (San Segundo Gómez de Cadiñanos)
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno del proyecto de Ley Orgánica de Educación, así como el texto del dictamen.
Enmiendas del Senado. ... (Página 6986)
Proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco ... (Página 6986)
La señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno, señala que el proyecto de ley que hoy entra en su fase final en esta Cámara es la culminación de muchos meses de trabajo y el inicio de un futuro esperanzador,
porque con la aprobación de esta ley se están sentando las bases para que las nuevas generaciones vivan como normal lo que para nosotros ha sido una excepción. Los miles de jóvenes que se van a incorporar en los próximos meses al mercado laboral
van a comenzar a trabajar en lugares sin humo de tabaco; nuestros niños no verán publicidad de productos del tabaco en la calle, no volverán a escuchar cuñas publicitarias en la radio y no se les volverá a incitar a fumar con la publicidad que hoy
les rodea. Todos nosotros vamos a poder disfrutar de un aire sin humo de tabaco en los centros de trabajo y en los lugares de ocio. Esta ley supone un avance fundamental en la defensa de la salud, pues la prevención y el control del tabaquismo, el
abandono del consumo del tabaco, son fundamentales en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de cáncer. Esta ley tiene como objetivos fundamentales evitar el inicio en el hábito tabáquico, garantizar el
derecho de los no fumadores a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco y hacer más fácil el abandono de este hábito a las personas que lo deseen. Finaliza felicitando a todos por lo que considera va a ser un hito fundamental en la lucha
contra el más grave problema de salud pública al que nos enfrentamos y dando las gracias a los diputados y senadores miembros de la Comisión de Sanidad en cada una de las Cámaras por el trabajo desarrollado en la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Pan Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pozuelo Meño,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. ... (Página 7001)
Proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. ... (Página 7001)
En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. ... (Página 7010)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo, interviene el señor Tardá i Coma.
En turno en contra interviene la señora Couto Rivas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se rechaza por 112 votos a favor, 146 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, se rechaza por ocho votos a favor, 253 en contra y una
abstención.
Se levanta la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
-REAL DECRETO-LEY 14/2005, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL DELTA EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 130/000025)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el
archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre.
Como saben ustedes el procedimiento establece que la presentación de las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley corresponde al Gobierno. Lamentablemente, una vez más me veo obligado a suspender momentáneamente la
sesión por no estar presente ningún representante del Gobierno. Créanme que lamento tener que llegar a este punto de esta manera tan repetitiva.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señoras y señores diputados, quisiera pedir disculpas antes de nada por estos dos o tres minutos de retraso. En fin, mi trabajo a veces tiene estas cosas. Lo lamento mucho, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hoy presento para su convalidación ante el Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la
tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre. Como todas SS.SS. conocen durante esos días una tormenta tropical denominada Delta arrasó la mayor parte del islas Canarias produciendo cuantiosos daños de toda
índole. En cuanto a daños personales ha de lamentarse la pérdida de una vida humana, así como tres heridos de diversa consideración y la evacuación a lugares seguros de numerosas personas desamparadas. Respecto a los daños en infraestructuras
municipales han sido numerosos en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, produciéndose graves riesgos para la vida y la seguridad de las personas al haberse producido caídas de árboles, farolas, tejados, derrumbamiento de muros, etcétera.
Se han visto afectadas infraestructuras viales, puertos y zonas costeras. En este apartado, señor presidente, señoras y señores diputados, la isla más afectada ha sido Tenerife, que con grave daño para sus ciudadanos ha sufrido importantes cortes
de fluido eléctrico durante varios días obligando a la empresa suministradora Unelco-Endesa a desplazar material y técnicos para restaurar el suministro, por cierto con ayuda de las infraestructuras del Estado, a pesar de que el Estado no tiene
competencias en la materia; ayuda solidaria como no podía ser de otro modo. Finalmente, los daños en explotaciones agrarias, señorías, han supuesto la destrucción total de plantaciones plataneras en diversas islas y daños de diversa importancia en
cultivos típicamente insulares.
Ante esta tragedia el Ministerio del Interior dispuso de manera inmediata los mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos ministeriales con el fin de elaborar un catálogo de medidas urgentes que se plasmaron en el Real
Decreto-ley 14/2005, que hoy presento para su convalidación. Quiero recalcar la rapidez con que el Gobierno actuó ante esta catástrofe, pues entre el paso de la tormenta tropical Delta los días 28 y 29 de noviembre y la aprobación de este real
decreto-ley el 2 de diciembre transcurrieron poco más de 48 horas. El propósito del real decreto-ley desde el principio constitucional de solidaridad y con amparo legal en la autorización contenida en el artículo 86 de nuestra Constitución es la
aprobación de una serie de medidas paliativas y restauradoras que afectando a varios departamentos ministeriales se dirigen a favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños causados en las islas y la vuelta a la
normalidad de las zonas afectadas por el paso de la tormenta tropical. Su ámbito de aplicación se extiende a todo el archipiélago canario y será el Ministerio del Interior mediante orden ministerial el que va a determinar los términos municipales y
núcleos de población a los que se aplicarán concretamente las medidas previstas en esta norma. En las obras de reparación o reposición de infraestructuras municipales está prevista una subvención estatal del 50 por ciento del coste de estas,
quedando pendiente de determinar el crédito que se asignaría al Ministerio de Administraciones Públicas para su gestión una vez que se conozca la valoración de los daños producidos. Además de lo anterior se contemplan las siguientes medidas de
contenido similar a las ya adoptadas en situaciones análogas de modo que, señoras y señores diputados, en primer lugar, y por lo que hace a los daños en producciones agrícolas los requisitos y cuantías de las indemnizaciones serán los determinados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la correspondiente norma de desarrollo. En segundo lugar, y por lo que se refiere a los beneficios fiscales, el real decreto prevé, primero, la exención de las cuotas del impuesto sobre
bienes inmuebles en el año 2005, que afectan a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, locales de trabajo o similares afectados directamente por la tormenta tropical; segundo, la reducción en el impuesto
sobre actividades económicas del año 2005 a industrias, establecimientos mercantiles y a profesionales cuyos locales hayan sido afectados por la tormenta; tercero, la exención de tasas para las bajas de vehículos o embarcaciones o para la
expedición de duplicados de documentación que hayan de tramitarse ante la Jefatura Central de Tráfico o la Dirección General de la Marina Mercante; cuarto, las reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, medidas que se concretarán a través de la correspondiente aprobación por el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el tercer paquete de medidas tiene que ver con las medidas laborales y de Seguridad Social. En este punto el real decreto exonera a empresarios del abono de cuotas a la Seguridad Social
mientras dura la suspensión de la actividad derivada de los daños producidos por la tormenta tropical; prevé la moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y bonificaciones del 50 por ciento en el pago de
las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas encuadradas en regímenes especiales de Seguridad Social (plátano y tomate fresco), agrarios por cuenta propia, autónomos en actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Estas medidas las va a desarrollar, como es lógico, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. El cuarto paquete de medidas tiene que ver con el régimen de contratación. A efectos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tienen la consideración de emergencia las obras, servicios,
adquisiciones o suministros derivados de la reparación de infraestructuras o reposición de bienes afectados por la catástrofe.
Señorías, el quinto paquete de medidas está relacionado con las ayudas de emergencia. El Ministerio del Interior va
abonar en este sentido ayudas por los daños derivados de fallecimientos o daños personales, así como subvenciones a las corporaciones locales que han efectuado gastos de emergencia inmediatos para garantizar la vida y seguridad de las personas. El
sexto lugar lo ocupa el paquete de medidas que tienen que ver con los daños en viviendas. Estos daños serán subvencionados a través del Ministerio de Vivienda con los requisitos y cuantías determinados reglamentariamente. En séptimo lugar, y con
relación a las líneas preferenciales de crédito el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, va a instrumentar una línea de préstamos de mediación con un interés preferencial con el fin de financiar reparaciones de instalaciones industriales y
mercantiles, vehículos comerciales, explotación agrarias y ganaderas, buques, embarcaciones, locales de trabajo, etcétera. El importe global de la línea de préstamos se va a determinar una vez conocido cuáles serán las personas físicas o jurídicas
beneficiarias.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el real decreto-ley, con el fin de instrumentar adecuadamente aquellas medidas que estando previstas en el mismo son susceptibles de realización en cooperación con la Administración autonómica o
local, prevé expresamente la posibilidad de suscribir convenios de colaboración oportunos a tal efecto entre administraciones públicas. Este real decreto-ley, con el fin de agilizar el desarrollo de las medidas previstas en el mismo y de asegurar
la necesaria coordinación entre los diferentes departamentos ministeriales, crea la comisión interministerial en la que se encuentran representados todos los ministerios y organismos con competencias relativas a la aplicación de las medidas de
coordinación por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que ya ha convocado su primera reunión para el próximo 16 de diciembre. Además, la disposición adicional cuarta declara inhábiles los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de
diciembre en los términos municipales que hayan resultado afectados a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos, judiciales y registrales, sin perjuicio de la validez de actuaciones y de las diligencias practicadas en
días inhábiles si se hubiesen realizado con los requisitos legales. Finalmente el Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales en el ámbito de sus competencias van a dictar todas las disposiciones necesarias para
desarrollar la ejecución de lo establecido en el real decreto-ley que tengo el honor de presentar en esta Cámara.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el Gobierno ha respondido con diligencia a las necesidades de los ciudadanos y ahora nos toca a todos convalidar el real decreto-ley.
Señor presidente, reitero mis disculpas.
Señoras y señores diputados, Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Naturalmente agradezco sus disculpas.
¿Eventualmente turno en contra? No creo. (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Señor Rivero. Le recuerdo que el turno de fijación de posición es de diez minutos.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canarias, para fijar nuestra posición respecto a la
convalidación del real decreto-ley que el señor ministro ha presentado ante la Cámara. Adelanto que la posición del Grupo canario va a ser la de apoyar la convalidación del real decreto-ley que hoy se ha presentado.
Señoras y señores diputados, como bien indicaba el señor ministro, entre los días 28 y 29 del pasado mes de noviembre un temporal conocido como Delta afectó al archipiélago canario produciendo efectos devastadores, sobre todo en algunas
zonas del Archipiélago, y daños en sus infraestructuras, en servicios, en la agricultura y perjuicios importantes en distintos sectores, como el industrial o el del comercio.
Los daños producidos en general se debieron a la intensidad del fuerte
viento que acompañó a esta tormenta. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales -en Canarias no se ha conocido en los últimos 60 ó 70 años un temporal de estas características- los vientos máximos registrados en el Archipiélago a lo largo
de estos últimos 60 ó 70 años habían tenido una intensidad de 125 kilómetros por hora, y la cola de esta tormenta tropical llevó a Canarias vientos por encima de los 200 kilómetros por hora, que fueron los que causaron los efectos devastadores en
las infraestructuras y los servicios, como antes indicaba.
Afortunadamente, la declaración de alerta llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, el desalojo de los centros escolares que se ordenó en la tarde del día 28 y la recomendación a los
ciudadanos de que se recogieran en sus viviendas o en los centros de trabajo evitó que las personas sufrieran daños y que hubiera más víctimas, salvo el caso excepcional en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Hay que destacar también
que, para que las personas no sufrieran las consecuencias directas de este temporal, el trabajo de coordinación muy puntual y muy próxima que se llevó a cabo en todo momento por los servicios de emergencia y la coordinación de los distintos
servicios, tanto los del Estado como los de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos y de protección civil, fue evaluado satisfactoriamente por todos los grupos parlamentarios en la comparecencia del presidente del Gobierno de la comunidad
autónoma que ayer
tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, en la que dio cuenta de los efectos de este temporal.
Hay que destacar que desde un primer momento en Canarias se recibió apoyo y hubo solidaridad con las personas y a los sectores afectados, y que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de la comunidad autónoma se comprometieron a
impulsar medidas de apoyo a las personas y a las instituciones para afrontar los efectos del temporal. El compromiso del Gobierno del Estado quedó plasmado en la visita de la vicepresidenta del Gobierno a los pocos días del temporal y en la
aprobación el mismo día de la visita por el Consejo de Ministros del real decreto que hoy se presenta ante esta Cámara. El compromiso del Gobierno de Canarias quedó plasmado en el acuerdo del Consejo de Gobierno del día 13 del presente mes, después
de haber llevado a cabo una evaluación de los efectos que había tenido el temporal. Las medidas adoptadas por ambos gobiernos, tanto las contempladas en el real decreto-ley como las impulsadas por el Gobierno de Canarias, son complementarias y
actúan en la misma dirección, que es ayudar a las personas y hacer frente a la reposición de las infraestructuras, de los servicios y de los equipamientos que han sido dañados por los efectos del temporal.
Las medidas que se contemplan en este real decreto-ley que hoy se presenta ante la Cámara carecen desde nuestro punto de vista de algunos elementos que deben ser corregidos, bien con la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley, bien con un nuevo real decreto que complemente las medidas que se contemplan en este, como ha sucedido en anteriores ocasiones. La carencia de algunos aspectos en este real decreto-ley es probablemente por la prontitud, por la rapidez con la
que actuó el Gobierno a las 48 horas de producirse la tormenta tropical y aprobar de forma inmediata este real decreto-ley. Por eso nos parece importante, señor ministro, que hoy podamos decidir si el camino es la tramitación a través del proyecto
de ley o las medidas complementarias que puedan corregir tres aspectos que a nuestro juicio son importantes y que deberíamos despejar en esta tramitación que se está produciendo en el Parlamento. En primer lugar, las ayudas que reciben las personas
como consecuencia del temporal tienen que quedar exentas de tributar en el IRPF. Se ha contemplado siempre en situaciones similares y aquí nos parece que tenemos que acordar cómo resolvemos esta situación. En segundo lugar, las bonificaciones que
contempla el real decreto-ley, como bien indicaba usted, para los agricultores en los módulos del IRPF tienen que extenderse a otros sectores que también han sido afectados. Hay que tener en cuenta que el temporal no solo ha causado perjuicios a la
agricultura, sino también a los bares, a los restaurantes y al comercio al estar cinco días sin suministro eléctrico. Se trataría de que esa bonificación del pago de los módulos de los agricultores sea extensiva a otros sectores afectados como los
que le acabo de indicar. El tercer aspecto que hay que corregir son las medidas que se contemplan en el artículo 2 del real decreto que se refiere a los daños sufridos en infraestructuras municipales y en la red viaria de los cabildos. En cuanto a
los municipios, nada que objetar. En el real decreto se recoge que se actuará en las infraestructuras, equipamientos, en las instalaciones y en los servicios que han sido dañados; sin embargo, en cuanto a los cabildos se hace referencia
exclusivamente a su red viaria, y estos son algo más desde el punto de vista competencial que las diputaciones. Los cabildos tienen otro ámbito competencial, por tanto nos parece que la medida tiene que hacerse extensiva a otras infraestructuras
dañadas que en estos momentos son del ámbito competencial de los cabildos. Me refiero concretamente a infraestructuras hidráulicas, a los residuos sólidos, porque la planta de residuos sólidos ha sido dañada por el temporal, y equipamientos
insulares de competencia del cabildo, como son los equipamientos deportivos. En ese sentido, habría que buscar el mecanismo más ágil, más rápido que pueda complementar las medidas que hoy estamos convalidando en esta sesión. Insisto en que puede
tramitarse como proyecto de ley o con el compromiso de complementarlo con un nuevo real decreto.
Por último, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero agradecer, en nombre de mi grupo parlamentario, creo que interpreto bien que es el sentimiento de toda la gente que vive en Canarias, el apoyo, las muestras de solidaridad
recibidas desde todos los puntos del Estado español y, particularmente, las muestras de afecto, de apoyo y solidaridad que se han recibido de todos los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Izquierda Verde. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quisiera empezar por donde acababa el señor Rivero: nuestro grupo también se solidariza con la población de Canarias por lo acontecido por la tormenta tropical. En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario va a votar
favorablemente. Entendemos que las medidas son de carácter urgente y que hay elementos que se pueden mejorar, pero también que lo que hace el real decreto es dar respuesta ante lo que ha sido una catástrofe de grandes dimensiones en multitud de
aspectos: en reparación de red viaria por la destrucción de infraestructuras públicas, en indemnizaciones agrarias, así como en la reducción de varios impuestos. No por ello quisiera dejar de hacer una reflexión. Nuestro grupo entiende que el
mejor instrumento en las medidas de reales decretos de estas características no siempre es la disminución de impuestos o el simple hecho de que determinados impuestos no se tengan que pagar. De hecho, creemos que lo mejor son las políticas públicas
para reparar aquello que se ha destruido. Por último, dos
reflexiones. Lo que está claro es que lo que ha pasado estos días en Canarias demuestra la fragilidad del sistema eléctrico. Sé que el señor Rivero tiene una interpelación la semana que viene, pero lo que está claro es que en el proceso de
liberalización del sistema eléctrico alguna cosa no se hizo bien y que los CTC (los costes de transición a la competencia) no sirvieron tanto para la transición a la competencia como -muchísimo- para que determinadas empresas o sectores, e incluso
la industria nuclear, tuvieran mayores beneficios, pero no para que se adecuase el sistema eléctrico a los tiempos que corren, al año 2005. Por tanto, más allá del real decreto es necesaria una reflexión profunda sobre el sistema eléctrico que
tenemos, que no funciona, en el que no se ha hecho bien esta transición a la competencia y en el que las redes no son las que deberían ser.
Segunda y última reflexión. Está claro que la tormenta tropical Delta es consecuencia ya -a nadie se le escapa- de los efectos del cambio climático. El señor Rivero hablaba de que hace 70 años que una tormenta de estas características no
pasaba por las islas Canarias. Hemos visto lo que ha pasado este año también en el Caribe, tormentas de las que antes había una o dos al año y que hoy podemos contar por docenas. Pues bien, lo que ha pasado en Canarias tiene mucho que ver con lo
que se ha discutido estos días en la Cumbre de Montreal. Nosotros aplaudimos la actitud exigente de la Unión Europea y del Gobierno español, pero tenemos que hacer una reflexión profunda: si desde España se puede continuar con las mismas
políticas. Una cosa es exigir que se cumpla con Kioto, otra cosa es -está muy bien- aprobar el Plan Nacional de Asignaciones, pero de nada sirve eso si continuamos con la misma política energética, con la misma política que incrementa la demanda
energética o con la misma política de infraestructuras que nos coloca a la cabeza no de Europa, sino del mundo, en kilómetros de autovía por habitante, siendo el país que incumple más con Kioto de todo el marco de la Unión Europea. Por tanto, más
allá del real decreto, más allá de la reflexión del Gobierno en torno al sector eléctrico tiene que haber también otra reflexión o, es más, una exigencia, la de cambiar pautas y hábitos, la de cambiar políticas, para que no solo apostemos por Kioto,
sino para que cumplamos con Kioto, y eso significa cambiar la política de infraestructuras y cambiar de forma decidida la política energética.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
¿Grupo Vasco? (Pausa.)
Por Esquerra, el señor Ramón tiene la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Solo quiero reiterar en primer lugar la solidaridad de nuestro grupo con todo el pueblo canario, sobre todo con los sectores económicos que tanto han sufrido esta tormenta Delta, seguramente con más gravedad el sector
agrario, que va a tener que luchar bastante para recuperar muchos de sus cultivos. Quiero anunciarles que nuestro grupo votará favorablemente. En esta Cámara hemos dado siempre apoyo a los reales decretos que implantan medidas de ayuda a todos los
problemas que surgen, sobre todo por causas climáticas; lo hemos hecho con el real decreto de sequía, lo hemos hecho con varios reales decretos que este año nos ha presentado el Gobierno y también lo vamos a hacer ahora. Me gustaría aprovechar
esta intervención para denunciar también, como lo hacía el señor Herrera, la deficiencia del sistema eléctrico. Han sido muchos los alcaldes y representantes municipales canarios que se han quejado y la misma sociedad civil ha salido a la calle con
caceloradas denunciando el mal sistema eléctrico que tenemos. Este sistema de monopolio que utiliza Unelco-Endesa en Canarias ha demostrado que la inversión en infraestructura eléctrica es muy deficiente y ha comportado que el problema para la
sociedad civil y para las empresas canarias se haya agravado por esa falta de inversión y por esa tardanza en la recuperación del fluido eléctrico en Canarias.
Reitero que votaremos favorablemente y también la solidaridad con el pueblo canario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervendré también brevemente para manifestar nuestra posición positiva respecto a la convalidación del real decreto-ley que hoy se nos presenta. Y seré breve no porque su contenido y a
quien va dirigido no tenga una gran importancia y trascendencia que nos merezcan todos los respetos y atención, sino para evitar reiterar los argumentos y justificaciones fundamentadas de quienes me han precedido en sus intervenciones y, además,
porque esta es una cuestión que con matices, en función del territorio y circunstancias en que se han producido las catástrofes y los daños, viene siendo habitual en esta sede parlamentaria y, en consecuencia, los planteamientos deben ser
inevitablemente repetitivos.
Efectivamente, en diversas ocasiones el Gobierno ha presentado en esta Cámara la convalidación de reales decretos-leyes que con carácter de urgencia prevén medidas para paliar y reparar daños y perjuicios provocados por circunstancias
climatológicas excepcionales, como es el caso que nos ocupa de la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario, accidentes naturales como riadas, desbordamientos, inundaciones o catástrofes como las provocadas por los incendios unas veces en
Galicia y Castilla y León, otras en el País Valencià, Baleares o Cataluña, otras en el oeste de Andalucía, en Navarra o en la provincia de Guadalajara, como es el caso del último verano. Lógicamente la tipología de medidas y ayudas a implementar
son de carácter coyuntural en todos los supuestos y de aplicación urgente. De
ahí que valoremos la idoneidad del procedimiento del real decreto-ley y que nos parezca razonable también aplicar el mismo esquema o estructura de medidas y ayudas a las islas afortunadas, en esta situación no tanto, que a los precedentes
casos, como no podría ser de otra manera. La repetición de estas decisiones del Gobierno por medio de reales decretos-leyes, ratificadas por el Parlamento en las diversas ocasiones que todos recordamos y en tan breve espacio de tiempo como se han
producido, con contenidos conceptuales muy semejantes y prácticamente con la misma variedad de ministerios comprometidos en su aplicación, nos hace deducir -como ya comentamos en anteriores ocasiones- que deberíamos ir avanzando hacia el
establecimiento con carácter general y permanente de un catálogo o inventario de medidas de ayuda que deban implementarse para esos casos de catástrofes naturales o de otra etiología pero con efectos sobre colectivos importantes, y aplicar las
mismas en todos los casos salvo matizaciones específicas, estableciendo al mismo tiempo un mecanismo más sencillo, rápido y ágil para su puesta en práctica que el utilizado tan repetidamente del real decreto-ley y su convalidación posterior y la
posibilidad de su tramitación como proyecto de ley, lo cual no deja de ser muy farragoso.
Nuestro grupo considera que en los casos de catástrofes de efectos sobre colectivos, cuanto antes las víctimas reciban las ayudas o constaten que se toman medidas para minimizar o paliar los daños les hará más soportable y superable su
pesar, su dolor y sus perjuicios. En este ámbito el Gobierno debería ser todavía más sensible y reaccionar con mayor celeridad caso por caso y territorio por territorio. La labor legislativa de esta Cámara debería consistir en analizar,
profundizar y establecer legislativamente con carácter general ese catálogo de medidas estándar y comunes a aplicar en esos casos, que es lo que observamos que es el contenido mimético de todos los decretos convalidados hasta ahora.
Por otro lado,
desde la óptica de la observancia de las competencias autonómicas que nuestro grupo como opción nacionalista debe atender especialmente por convicción, por descontado, pero también para evitar que se sientan precedentes que en otras ocasiones puedan
afectar a nuestras competencias, entendemos que quedan suficientemente garantizados por esa disposición final primera que, como cláusula de salvaguarda, prevé que el contenido del real decreto a convalidar -y cito- se establece sin perjuicio de las
competencias de la comunidad autónoma, en este caso de Canarias.
Votaremos a favor de la convalidación del real decreto y también lo haremos a la tramitación del mismo como proyecto de ley si así lo solicita algún representante de esta comunidad, entendiendo que esa tramitación no impide, retrasa o dilata
la puesta en marcha de las medidas, como tampoco así ha sido en otras ocasiones, para que en este proceso pueda mejorarse el contenido conceptual o territorial de esa disposición.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, señorías, señor ministro, como usted ha recordado, entre la tarde del lunes 28 y la mañana del martes 29 de noviembre el archipiélago canario sufrió las gravísimas consecuencias de la tormenta
tropical Delta. Vientos que alcanzaron en algunos puntos, como aquí se ha recordado, los 200 kilómetros por hora causaron enormes daños a los ciudadanos canarios, a sus economías y administraciones públicas, y sobre todo la pérdida de una vida que
lamentamos profundamente. El viernes siguiente, la vicepresidenta del Gobierno se trasladó a las islas para comprobar in situ la gravedad de los daños, cuyas imágenes había visto toda España a través de los medios de comunicación. Si bien es
cierto que desde el grupo parlamentario consideramos dentro de lo razonable la celeridad con que actuó el Gobierno, también lo es que los canarios estábamos acostumbrados a algo más. El 31 de marzo de 2002, la naturaleza ya nos había golpeado
también brutalmente en forma de lluvias torrenciales en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Antes de las 24 horas ya estaban en Santa Cruz el ministro de la Presidencia, don Juan José Lucas, y la subsecretaria de Interior, doña Ana
Pastor, y en los días siguientes recibimos al vicepresidente primero y ministro del Interior, don Mariano Rajoy.
Además, sabemos que el Gobierno en esos días andaba bastante ocupado con el fracaso de la cumbre de Barcelona, con el caso Montilla,
con la nueva bomba de ETA en Bilbao, con el auto que confirmaba la ilegalidad de las detenciones de los militantes del Partido Popular, con el enésimo lío en que les metía Esquerra Republicana y con la campaña para intentar desacreditar la
concentración en defensa de nuestra Constitución convocada el pasado día 4. (Rumores y protestas.-La señora Hermosín Bono: ¡A la cuestión!)
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la convalidación del presente real decreto, pero creemos que es muy mejorable. Por ello vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de presentar las
oportunas enmiendas. Este real decreto de medidas urgentes obedece al modelo de decreto de ayudas habitualmente utilizado por el Gobierno para paliar los daños producidos por temporales u otros fenómenos meteorológicos adversos: la subvención del
50 por ciento del coste de reparación de los daños sufridos en las infraestructuras municipales y del cabildo, la posibilidad de que los distintos departamentos ministeriales declaren con la consideración de obras de emergencia zonas de actuación
especial las áreas afectadas, la indemnización por los daños causados en las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 20 por ciento, la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles y la reducción del
impuesto de actividades económicas respecto a las viviendas y locales que hubieran tenido que ser desalojados.
También recoge la posibilidad de autorizar con carácter excepcional reducciones de los índices de rendimiento neto en el método de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el régimen especial
simplificado del impuesto sobre el valor añadido, tal y como dispone el artículo 6 del real decreto. Este artículo 6 pone en evidencia que para establecer las ayudas del Gobierno, éste ha tirado de un modelo ya hecho, de una plantilla, sin
detenerse ni un solo minuto a analizar cuáles eran las medidas idóneas para paliar los daños sufridos en Canarias, pues propone una reducción del impuesto sobre el valor añadido, impuesto que no se aplica en Canarias. (Aplausos.) También propone
medidas especiales en materia laboral y de Seguridad Social, la consideración de obras de emergencia contratadas para la reparación de los daños en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la remisión de la
tramitación de las ayudas de emergencia al Real Decreto 307/2005 y las ayudas para alquiler, reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas. Como he dicho, es un real decreto que no se detiene ni un solo minuto a analizar las
especiales características de los daños causados por la tormenta tropical Delta, y sobre todo de los daños no directamente causados por ella sino por la pérdida de luz eléctrica que afectó a viviendas y negocios, es decir, a medios de vida de cerca
de 400.000 personas durante casi cinco días.
Se podía haber hecho de otra manera. Ya lo hizo el Gobierno del Partido Popular cuando aprobó el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales
acaecidas el 31 de marzo del año 2002 en Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. En dicho real decreto-ley se adoptaron medidas acordes con la naturaleza de los daños producidos. El Gobierno no se limitó a copiar un modelo tipo. El
Gobierno tomó el modelo tipo y lo adaptó a las circunstancias propias de ese temporal. Introdujo las ayudas por daños personales y para enseres y vehículos, les asignó partidas presupuestarias determinadas del presupuesto del Ministerio del
Interior, concretamente las partidas denominadas para atención de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia, estableció determinadas medidas para los comerciantes minoristas a través de exenciones en el impuesto
general indirecto de Canarias, que ese sí que es el impuesto que se aplica en Canarias y no el impuesto sobre el valor añadido. Por eso, porque es posible y porque hubiera sido lo deseable es por lo que creemos que este real decreto-ley debería
contener ayudas a los miles de hogares que sufrieron daños materiales, cuantificables económicamente, bien por la acción directa del temporal, bien por la cantidad de días que estuvieron sin suministro eléctrico. También debería haber establecido
procedimientos más ágiles para que las ayudas por los daños en nuestro campo lleguen rápidamente a los agricultores, también a los agricultores más pequeños, a las pequeñas huertas de subsistencia familiar, con la necesaria participación de los
ayuntamientos de los municipios agrícolas que son los que conocen perfectamente esta situación. Ayudas también al pequeño y mediano comercio; me refiero a los que sufrieron perjuicios económicos no solo por la acción directa de la tormenta sino
por la injustificable caída del suministro eléctrico. Lo mismo podría decirse respecto a la pequeña y mediana industria, las empresas de servicios y los profesionales. Debería contemplar asimismo la ampliación de posibilidades y subvencionar otras
infraestructuras del cabildo a las que se ha referido el señor Rivero, y no solo las viarias. Para mejorar el presente real decreto-ley es por lo que solicitamos, como ya manifesté, su tramitación como proyecto de ley.
Para concluir, voy a referirme a dos hechos sobre los que creo conveniente hacer un comentario. Señorías, cuando se aprueba un real decreto-ley de ayudas con tantas carencias, cuando hay muchísimos hogares modestos que se recuperarán con
muchísimas dificultades de los daños económicos sufridos y que el Gobierno por ahora, a menos que se enmiende en un proyecto de ley o se complemente con otro real decreto-ley, no va a ayudar, cuando hay miles de trabajadores autónomos y pequeños
empresarios agrícolas, industriales, del comercio o de otros servicios para los que hoy por hoy no se contempla ningún tipo de compensación, no se puede decir, como hizo el señor Caldera, que las ayudas del Gobierno de la nación para Canarias son
ilimitadas. Sinceramente, esas manifestaciones las consideramos una auténtica falta de respeto para los ciudadanos canarios que han sufrido los efectos de la tormenta y que han quedado fuera del real decreto.
La segunda cuestión que quería comentar se refiere a la gestión política de esta crisis. Señorías, en política es hasta lógico que un partido que está en la oposición critique aquellas actuaciones del Gobierno que no le gustan, y eso lo
entienden los ciudadanos; escuchan las críticas y las medidas y las acepta o las rechaza. Pero lo que no aceptan los ciudadanos, lo que les desconcierta y les indigna es que dos socios que les gobiernan se echen la culpa los unos a los otros.
Coalición Canaria, socio del Partido Socialista en Canarias y en Madrid, le echa la culpa por su mala gestión al Gobierno central, y lo hace en Canarias; incluso echa la culpa al Instituto Nacional de Meteorología y pide que el Gobierno asuma
responsabilidades. El Partido Socialista, socio de Coalición Canaria en Canarias y aquí, en Madrid, le echa la culpa al presidente del Gobierno de Canarias, presenta una reprobación en sus ayuntamientos y en la ejecutiva de su partido en Tenerife
pero lo apoya en el Parlamento. Yo sé que al Partido Socialista -no aquí, en Canarias- le da cierto pudor reconocer que son socios de Coalición Canaria y necesita hacer gestos para la galería que evidencien un distanciamiento, y también sé que a
Coalición Canaria -que tiene gran parte del electorado de centro- también le da cierto pudor en Canarias reconocer que aquí, en Madrid, son socios del Partido
Socialista, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya e intentan disimularlo lo más posible. (Rumores.) Pero, de verdad, el espectáculo que han dado en Canarias echándose las culpas unos a otros ha sido lamentable y los ciudadanos
canarios no se lo merecen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna con el fin de fijar la posición del Grupo Socialista en relación con el Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario, que por supuesto será de apoyo al mismo.
Señorías, durante los días 28 y 29 las islas Canarias se vieron azotadas por una perturbación de origen tropical que fue denominada Delta por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Instituto Nacional de Meteorología realizó
un seguimiento riguroso de este fenómeno ya que su trayectoria denotaba con bastante seguridad que atravesaría el archipiélago canario. Las predicciones indicaban que el Archipiélago podría verse afectado sobre todo por vientos muy intensos y
precipitaciones de tipo tormentoso, aunque afortunadamente estas últimas no fueron tan intensas como se preveía. Si alguna persona tuviera dudas sobre las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología, le recomiendo que entre en la página web
del instituto donde hay un dossier de 16 páginas sobre cómo se desarrolló esta tormenta tropical. El día 26 de noviembre se declara la situación de prealerta tomando como base las predicciones atmosféricas, que al día siguiente se elevó a la
categoría de alerta, y muy a nuestro pesar estas predicciones se cumplieron ampliamente. La tormenta Delta penetró en la tarde del día 28 por el norte del Archipiélago y los vientos llegaron a tener una fuerza entre 120 y 150 kilómetros por hora en
zonas de medianía, 100 kilómetros por hora en zonas costeras y 250 kilómetros hora en las zonas altas de las islas Canarias, con lo que en realidad superó las ya alarmantes predicciones. Por consiguiente, numerosas zonas del archipiélago canario
quedaron incomunicadas, se produjeron cortes de carretera y se suspendió el tráfico marítimo y aéreo entre las islas. Para prevenir posibles daños, la Dirección General de Centros de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suspendió las
actividades lectivas de todos los centros educativos no universitarios de Canarias, y lo mismo ocurrió en los dos distritos universitarios. Como consecuencia de la tormenta también sufrimos daños humanos, resultando heridas de distinta magnitud
tres personas y produciéndose la muerte accidental de un ciudadano en la isla de Fuerteventura y de otros seis emigrantes, víctimas mortales del naufragio de una patera junto a las costas de Gran Canaria. En cuanto a los daños en infraestructuras,
las más afectadas han sido sin duda las energéticas, sobre todo en la isla de Tenerife, y las urbanas, las de telecomunicaciones y las de transporte también se vieron muy afectadas.
En el sistema eléctrico de Tenerife se cayeron 39 apoyos en las
líneas de alta tensión y 139 en las de baja tensión, quedando afectados 250.000 clientes sobre un total de 450.000 y permaneciendo durante días el área metropolitana de la isla de Tenerife sin fluido eléctrico. Las actuaciones técnicas
desarrolladas por Endesa desde el inicio de las incidencias han consistido en reparar las líneas eléctricas dañadas, aportar nueva generación por medio de grupos electrógenos autógenos y atender a la reposición de los suministros a los clientes más
sensibles, administraciones públicas, hospitales y otros servicios esenciales. Para ello reforzaron los medios materiales y personales disponibles. No obstante, y a pesar de no ser competencia de la Administración General del Estado, el Gobierno,
atendiendo una demanda de la Delegación del Gobierno de Canarias, facilitó aviones militares Hércules desde la Península que colaboraron con el dispositivo de emergencia, trayendo desde la Península a Canarias grupos electrógenos para la compañía
Unelco-Endesa y bovinas de cables de la red eléctrica de alta tensión. En este momento quisiera dar mi más sincera felicitación a todo el dispositivo de emergencia de Canarias, que durante esta catástrofe funcionó a la perfección.
Cabe destacar que el fallo del suministro eléctrico se acompañó en algunos núcleos de la falta de agua potable. Se carecía de la energía necesaria para poner en funcionamiento los dispositivos de bombeo. Otras islas también sufrieron
cortes de luz pero de menor magnitud y fueron subsanados con mayor celeridad. En distintas zonas el temporal tuvo un efecto devastador sobre la producción agrícola, llegando la Consejería de Agricultura del Gobierno autónomo a pedir que se declara
el campo canario como zona catastrófica, ya que el temporal destruyó tanto los cultivos de abrigo como al aire libre. Las plantaciones de plátanos de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, así como los municipios de Arico, Granadilla, el
Valle de Güimar y Arafo, en la isla de Tenerife, quedaron totalmente destruidas, así como las instalaciones de empaquetado de plátanos. Concretamente, en la isla de Lanzarote se ha perdido casi el cien por cien de la producción agrícola, ya que el
viento arrasó prácticamente con todos los cultivos de la misma; una situación que afectó tanto a aquellos productos que ya estaban plantados como a los que iban a ser plantados en los próximos meses, al resultar el terreno destinado para ellos
gravemente afectado. El temporal marino como consecuencia del fuente viento arrasó playas como la de Puerto Naos, en la isla de La Palma, y tanto en Lanzarote como en Fuerteventura embarcaciones y distintas infraestructuras han experimentado
notables daños. Los perjuicios económicos fueron cuantiosos en
todas las islas del Archipiélago, afectando sobre todo al sector primario, así como al sector público, turístico, industria, comercio, deportivo, de redes viarias y del litoral. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Rivero en el sentido
de que las redes viarias de aguas también se vieron afectadas. En estos últimos días se están produciendo reuniones entre los responsables de los ayuntamientos y de los distintos cabildos insulares con el objeto de intentar cuantificar los daños.
Cabe destacar el interés y la sensibilidad que mostró con los canarios el presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, quien inmediatamente se puso en contacto con el delegado del Gobierno de Canarias, don José Segura Clavell,
para que éste le trasladase la situación en la que se encontraba cada una de las islas y las necesidades de los ciudadanos afectados, acordando entre ambos elaborar un borrador de real decreto-ley para el establecimiento normativo de ayudas
económicas a fijar para cada uno de los sectores afectados, resultando aprobado éste mismo en el Consejo de Ministros que tuvo lugar dos días después, quedando por tanto demostrado una vez más el firme compromiso adquirido por el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero con Canarias.
El real decreto de medidas urgentes tiene una gran amplitud de miras y facilita su desarrollo mediante la tramitación de otros reales decretos u órdenes ministeriales que permitan su perfeccionamiento en cada
uno de los departamentos ministeriales afectados. Ya ha dicho el ministro del Interior que su real decreto saldrá prontamente. Ese mismo día la vicepresidenta primera del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, junto con el ministro de
Justicia, don Juan Fernando López Aguilar, se personaron en la isla de Tenerife reuniéndose con los alcaldes, asociaciones de agricultores y otros muchos colectivos representativos que les expusieron sus reivindicaciones y necesidades de ayudas
respectivas. Visitaron también diversas zonas afectadas de la isla de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde pudieron comprobar in situ la magnitud de la catástrofe y en donde recogieron de primera mano los testimonios de los ciudadanos que han
padecido los efectos devastadores de la tormenta tropical Delta.
Por último, no quisiera abandonar esta tribuna sin una reflexión que va a ir en concordancia con lo dicho por el señor Herrera. Los fenómenos meteorológicos adversos que últimamente están teniendo lugar en nuestro país, entiéndase sequía
pertinaz, lluvias torrenciales, tormentas tropicales, olas de calor, etcétera, no dejan de ser por inusuales menos ciertos y hasta este momento han causado múltiples pérdidas tanto materiales como en algunas ocasiones personales. Algunos estudiosos
de la materia piensan que se trata de la consecuencia directa del cambio climático que se nos avecina. Hace unos días ha finalizado en Montreal la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se ha llegado a acuerdos
con el objeto de unificar esfuerzos para avanzar en la lucha ante los cambios que sin duda se están manifestando. En la misma y con este fin se ha llegado a dos acuerdos básicos. El primero supone una revisión de las obligaciones asumidas en
Kioto, de manera que todos los Estados miembros se han comprometido a reducir aún más la emisión de gases de efecto invernadero a partir de 2012; y el segundo involucra a todas las comunidades internacionales e implica al diálogo a largo plazo para
hacer frente al cambio climático. En este acuerdo hay que felicitarse de que Estado Unidos, por fin, entre en las discusiones.
Por ello, y enlazando con el asunto que me ha traído hoy aquí, apelo a la conciencia de la responsabilidad
medioambiental que debemos asumir y manifestar los que contamos con el voto de los ciudadanos que, como ha sucedido en fechas recientes en el archipiélago canario, sufren los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos y esperan prevención
y protección por parte de sus dirigentes. Quiero señalar que la prevención y protección han de ser rápidas, no como en otras ocasiones en las que se ha sido un poco lento. También me gustaría señalar que Coalición Canaria y el Partido Socialista
no estamos gobernando en unión, colaboramos en asuntos puntuales, y es necesario que se nos vea como partidos políticos distintos.
Por todo lo expuesto, el Gobierno, consciente de la necesidad de actuar con celeridad, ha elaborado este real decreto-ley que ayuda a paliar los efectos de la tormenta tropical Delta en las islas Canarias, reiterando aquí, como no podía ser
de otra manera, el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamamos a votación. (Pausa.)
En primer lugar, procederemos a la votación del real decreto-ley y a continuación les ruego que permanezcan en los escaños para, si hubiera acuerdo por asentimiento, proceder a la votación de la lista de acuerdos internacionales.
Antes les doy un aviso: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de Ley Orgánica de Educación no tendrá lugar antes de las 12:00
horas.
Votación del Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
Dos grupos parlamentarios, Coalición Canaria y Grupo Popular, han solicitado su tramitación como proyecto
de ley. Así pues vamos a votar si se tramita o no como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 135; en contra, 159; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
-CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000110.)
-ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADHESIÓN DE FINLANDIA AL ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ASTROFÍSICA, HECHO EL 26 DE MAYO DE 1979 E INSTRUMENTOS CONEXOS. (Número de expediente 110/000111.)
-ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LOS DOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 16 DE MAYO DE 2005.
(Número de expediente 110/000112.)
-ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP/UNFPA), HECHO EN NUEVA YORK EL 28 DE JUNIO DE 2005. (Número de expediente 110/000113.)
-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 20 DE JUNIO DE 2005. (Número de expediente 110/000114.)
-ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (UNIFEM), HECHO EN MADRID EL 8 DE JUNIO DE 2005. (Número de expediente 110/000115.)
-ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN SARAJEVO EL 18 DE MAYO DE 2005. (Número de expediente 110/000116.)
-ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y SERBIA Y MONTENEGRO SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN BELGRADO EL 17 DE MAYO DE 2005. (Número de expediente 110/000117.)
-PROTOCOLO NÚMERO 14 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, POR EL QUE SE MODIFICA EL MECANISMO DE CONTROL DEL CONVENIO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 13 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente
110/000118.)
-ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA EN EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL (EUROFISH) HECHO EN COPENHAGUE EL 23 DE MAYO DE 2000.
(Número de expediente
110/000119.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Denegación.)
¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Denegación.)
En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan
aprobados los referidos dictámenes.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de Ley Orgánica de Educación.
Señorías, los grupos han expresado su deseo de que, por la especial significación de este proyecto de ley orgánica, la Presidencia amplíe el tiempo de palabra y les comunico que así se hará. En consecuencia, los señores portavoces
dispondrán de 15 minutos para poder
presentar sus argumentaciones. En primer lugar, comenzamos por los turnos a favor de sus respectivas enmiendas. Grupo Mixto: señora Barkos, señor Labordeta, señor Rodríguez. (Pausa.) Señora Barkos, señora Lasagabaster, señor Labordeta,
señor Rodríguez. ¿Los cuatro? (Pausa.) No, tres. Supongo que repartirán amigablemente el tiempo. (Asentimiento.) Gracias.
Señora Barkos. (Rumores.) Espere, que hay mucho murmullo. Señorías, por favor. (Pausa.)
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Simplemente, doy por defendidas las enmiendas presentadas por Nafarroa Bai al proyecto de Ley Orgánica de Educación, que tan poca suerte, por cierto, corrieron en Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Eusko Alkartasuna ha presentado a este importantísimo proyecto de ley 35 enmiendas, que nos parecían fundamentales en la medida en que hacen referencia sobre todo a la distribución de competencias en una cuestión de tanta trascendencia y a
temas tan sensibles para la ciudadanía.
Ya señalamos anteriormente en esta tramitación que era evidente que compartíamos el espíritu del contenido de este proyecto de ley y que realmente nos parecía que era absolutamente necesaria la modificación de la ley anterior, que no
podíamos compartir de ninguna manera. Este proyecto de ley -tengo que hacerlo de una manera muy sucinta, lógicamente me hubiera gustado extenderme más pero haré caso al presidente- tiene elementos y contenidos que, desde luego, nosotros compartimos
sin lugar a dudas, en la medida en que precisamente en la propia Comunidad Autónoma del País Vasco muchas de las cuestiones que hoy se recogen en este contenido educativo ya son elementos que nosotros tenemos en aplicación práctica o también hemos
creído dirigirnos en el mismo sentido que el proyecto de ley. Por tanto, en muchos aspectos estamos totalmente de acuerdo. Nos congratulamos de poder ir en la misma dirección hacia una educación moderna, una educación que tenga un nivel de
igualdad para todos los ciudadanos, para todas las familias y para todas las personas, tanto en educación obligatoria como no obligatoria y en el aprendizaje permanente. Sin embargo, nos queda pendiente la parte competencial.
A lo largo de la tramitación ha habido un verdadero espíritu negociador, que hemos de agradecer sinceramente al propio Gobierno y a la ministra de Educación, a la que agradezco la intención, la voluntad, la dedicación y el esfuerzo que ha
hecho hasta el último momento para intentar conseguir una mayor aproximación, hasta ayer mismo por la noche con el consejero.
Efectivamente se han conseguido algunas de las cuestiones que pretendíamos. Por ejemplo, en cuanto a los recursos,
atendiendo a una enmienda de otro grupo vasco, hemos conseguido el respeto a dos cuestiones básicas: el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el convenio con Navarra. Por tanto, se han dado pasos importantes en cuanto al
contenido y hay aproximación en cuanto a técnicas educativas, pero todavía nos queda pendiente recoger y respetar de manera muy clara la distribución de competencias para la cual tenemos capacidad jurídicamente -no hablo en términos políticos sino
jurídicos- reconocida.
No puedo explayarme en los 11 puntos que presentamos como síntesis de lo que podemos avanzar recogiendo simplemente el ordenamiento jurídico actual, pero voy a citar muy someramente algunos. Por ejemplo, nos preocupa el sistema de selección
de los directores de centros docentes públicos; nosotros tenemos un sistema sustancialmente diferente. Por ejemplo, el aprendizaje a lo largo de la vida; por ejemplo, sobre las enseñanzas no obligatorias, que no debieran ser objeto característico
de una ley básica; por ejemplo, el reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado; por ejemplo, becas, conciertos y algunos otros temas más que no son menores, aunque sean de otra índole, como la autonomía de los centros, revisión de los
módulos o los recursos, aunque en este aspecto el artículo 155.2 va a recoger la enmienda 589 y esto es un avance.
En este momento -voy a ser muy sincera- estamos entre la abstención o el voto favorable en la votación final de la ley. Señora ministra, aquí estoy. Podemos abstenernos, ya que no compartimos el voto en contra porque estamos de acuerdo en
muchos temas. Nos gustaría obtener, si fuera posible, el compromiso del Gobierno o del Grupo Socialista de que algunos de estos temas se debatieran y negociaran en el trámite del Senado. Si fuera así, nuestra posición podría balancearse a lo largo
de esta mañana.
Somos conscientes de que hay poco tiempo y de que algún grupo político -no quiero señalar a nadie, pero todos somos conscientes de cuál ha sido- ha utilizado este tema por otro tipo de motivos. Creemos que todavía se puede trabajar
más para perfeccionar esta ley y lo dejamos en sus manos.
Si ustedes se comprometen a debatir en el Senado estos temas que son sustanciales para el respeto a la distribución competencial -singularmente, para la Comunidad Autónoma del País Vasco,
esto no solo aparece en un artículo de su estatuto, sino también en una disposición adicional, en la que la materia de educación se relaciona con los propios derechos históricos, algo singular a cualquier otra comunidad autónoma-, nosotros
definiremos nuestro voto en función de ese compromiso.
En todo caso, expreso mi agradecimiento a la ministra y al Grupo Socialista. Creo que la ley se puede mejorar. Esperamos su respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presentó 159 enmiendas a este proyecto de Ley Orgánica de Educación, lo cual indica una hondísima discrepancia con el proyecto del Gobierno. Lamentablemente la dialéctica política en el Estado español dio la
falsa imagen de que hay dos proyectos educativos radicalmente diferentes entre aquel que presentó el Gobierno y aquel que defiende el grupo mayoritario de la oposición. Sin embargo, de forma sorpresiva hemos observado que evidentemente hay matices
significativos, pero no modelos diferenciados. Sin duda el proyecto del Gobierno es más progresista desde el punto de vista pedagógico que la LOCE y sin duda es un proyecto menos restrictivo y rígido sobre lo que debe de ser la educación y es
también de un centralismo menos avasallador.
Dicho esto pensamos que el sustrato fundamental de los dos modelos tiene unos puntos de concomitancias filosóficas fundamentales. Esto nos llevó lógicamente a la presentación de esas 159 enmiendas, que voy a resumir en sus aspectos más
esenciales. El primero de ellos es que si el Estado español reconoce que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita, el concepto de gratuidad debe de abarcar todos los aspectos, es decir, debe de abarcar en cuanto a los centros públicos y a la
enseñanza obligada y a la enseñanza infantil en este aspecto al transporte, al comedor, a los libros de texto, al material didáctico y a las actividades extraescolares. Sería lógico que una ley estatal esto lo dejase perfectamente claro y ninguna
comunidad autónoma podría argumentar que realmente introduciría factores de desequilibrio en sus competencias.
Esto sí tiene que ver con el derecho de las personas, con el derecho de los ciudadanos y con una educación igual en todas las partes del
Estado español. Sin embargo, curiosamente la ley no opta por clarificar ese concepto de gratuidad.
En segundo lugar, hay un aspecto fundamental para nosotros, para juzgar una ley educativa, que sería en qué medida mejora la relación del profesorado con el alumnado y en qué medida impulsa al profesorado como personal autónomo y con
capacidad. Tenemos que decir que la ley desoye la mejora de las ratios profesor-alumno, que no cambian en relación con las leyes anteriores. Aquí tampoco ninguna comunidad autónoma, si se estableciese un cambio en relación con todo lo anterior,
podría justificar o alardear de que se le están introduciendo factores de desequilibrio en sus competencias. Por supuesto, tenemos el aspecto fundamental del profesorado. A la altura del siglo XXI uno de los cambios fundamentales que se deberían
de hacer es que la formación inicial del profesorado en cuanto a su estructuración fuese homóloga, es decir, la licenciatura. Se desaprovecha una oportunidad de oro para hacer efectivamente un cuerpo de profesores que vaya desde la educación
infantil hasta el bachillerato, con especialidades diferenciadas lógicamente, y con una capacidad demostrada a través de esta formación inicial, que después se debe de prolongar a lo largo de toda la vida docente, pero sobre todo centrado en el
desarrollo de esa actividad en el propio centro; no una especie de formación del profesorado puramente meritocrática, totalmente burocrática y muchas veces vinculada incluso a diferencias de carácter salarial. La ley no plantea así ni la formación
del profesorado, ni la formación inicial, ni tampoco da una respuesta adecuada a la gran bolsa de profesorado interino que existe sobre todo en algunas comunidades autónomas. No reduce los horarios lectivos sin consecuencias para los profesores
mayores de 55 años y hay que reconocer que el único aspecto donde se da un paso importante es en la asunción de la jubilación anticipada sin las discriminaciones que teníamos hasta ahora. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante y tengo que reconocer
que es efectivamente un aspecto muy positivo. Sin embargo, no es positiva la concepción de la dirección del centro como un órgano directivo básico y fundamental de carácter unipersonal que tenga capacidad incluso para la evaluación del propio
profesorado. Aquí se establece un criterio jerárquico en el aspecto pedagógico-docente que es muy negativo precisamente para un correcto funcionamiento de los centros. Nosotros pensamos que en todas estas etapas el profesorado debe tener una
consideración de tipo pedagógico y de formación igualitaria y que, por tanto, se habitúe a discutir y a tratar los temas como adultos que tienen la misma categoría. Otra cosa es la relevancia de carácter administrativo que efectivamente deben tener
determinado tipo de cargos directivos.
A pesar de que se mejoró respecto de la LOCE en relación con la evaluación de diagnóstico de los centros, sobre todo en primaria y secundaria, en nuestra opinión este tipo de evaluación se debería hacer de forma ordinaria y continua en el
propio centro. Las evaluaciones externas, aunque se hagan con finalidades puramente informativas, van a tener como consecuencia que se señalen los centros según categorías, igual que el hecho de que se establezcan itinerarios larvados en la
enseñanza secundaria obligatoria. Ocurre lo mismo con que la formación profesional seguirá siendo una opción totalmente discriminatoria, a la que prácticamente se verán abocados todos aquellos que no completen los estudios de carácter secundario.
No obstante, señora ministra, lo más grave para nosotros es que la ley no quiere distinguir claramente entre enseñanza privada concertada y enseñanza pública. Ahora la enseñanza privada concertada ya no es una posibilidad, es un derecho.
En nuestra opinión, esta indefinición o no diferenciación va a provocar que la enseñanza pública realmente retroceda más y encima sin que la enseñanza privada concertada cumpla unos requisitos básicos que no puede cumplir. Un centro ideario siempre
será un centro particular, privativo; será, por
tanto, un centro de interés ideológico y de carácter lucrativo. Esto es inevitable, por mucho que pongamos determinado tipo de resortes de control y de que estos centros cumplan con algunos criterios en el acceso de alumnos.
Desgraciadamente vamos a pagar con dinero público caprichos o mentalidades de carácter privado, lo cual se establece como un derecho y no como una posibilidad alternativa siempre de carácter mucho más discrecional y mucho más minoritaria. En este
sentido, señora ministra, no es de recibo que la ley impulse los conciertos en la educación infantil, en las enseñanzas no obligatorias e incluso para personas adultas. Aquí sí nos parece que han injerencias con las comunidades autónomas. Por
ejemplo, ¿por qué se puede obligar a las comunidades autónomas a que concierten el segundo ciclo de educación infantil cuando pueden tener cantidad de aulas vacías en la enseñanza pública que posibiliten el desarrollo de esta enseñanza infantil
precisamente en aquello que depende del Estado y de las administraciones públicas? ¿Cómo se puede decir que para las enseñanzas obligatorias, la infantil y las de cualificación profesional, se van a mantener los conciertos que existen hoy en día?
Eso no entra dentro de la conceptualización de enseñanza obligatoria. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de la religión como asignatura de carácter académico. Asimismo la financiación nos parece a todas luces insuficiente. Ustedes van a
trasladar a las comunidades autónomas el 45 por ciento de la financiación de este cambio educativo.
Ya me dirán cómo lo van a hacer, porque con los modelos de financiación que hay, desde luego Galicia no puede enfrentarse a este problema.
Termino, señor presidente, diciendo a la señora ministra que nos hemos visto desagradablemente sorprendidos por el hecho de que ustedes hayan llegado a un acuerdo nada menos que con la patronal de la enseñanza concertada, lo cual no debería
tener rango legal. Más grave aún es que ustedes hayan suprimido en la ley la comisión de escolarización, precisamente para beneficiar a la enseñanza concertada, ya que funcionará nada más que cuando haya discrepancias entre la oferta y la demanda.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, recuerde que el tiempo está ampliado. Gracias.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señor presidente.
Como decía, de esta manera se evita la escolarización de alumnado inmigrante.
Ante este panorama nosotros no podemos votar afirmativamente. Nos damos cuenta de que hay una dialéctica política simple que provoca una distorsión en la información pública. Nuestra posición será la de abstención para la ley orgánica,
pero créame que en otras circunstancias hubiésemos votado negativamente, a pesar de que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en la jubilación anticipada, así como la mejora relativa para los profesores de religión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canarias ha mantenido para este debate en Pleno un total de 31 enmiendas que no fueron aceptadas en el trámite de Comisión. Visto el dictamen elevado por la Comisión a este Pleno, anuncio ya
que mi grupo va a retirar las enmiendas 614, 635, 636, 638 y seis más, que haré llegar a los servicios de la Cámara una vez que hayamos comprobado que no están dentro del paquete de las transaccionadas en la Comisión. Como usted comprenderá, señor
presidente, después de debatir 1.300 enmiendas durante días y noches, las transaccionales que a mi grupo le había ofertado el Grupo Parlamentario Socialista estaban también en relación con otras transaccionales de Esquerra Republicana, del Grupo
Parlamentario Vasco y de Convergència i Unió.
Señor presidente, mi grupo va a pedir votación separada de nuestra enmienda número 660, que fue previamente negociada con el Grupo Parlamentario Socialista y se aceptó, pero por un error en las votaciones de la Comisión no quedó aprobada y,
por tanto, viene al Pleno. La enmienda 660 se refiere al artículo 126, composición del consejo escolar.
Nosotros proponemos un texto que modifica el actual apartado 7 del artículo, con cuyo fondo estamos de acuerdo, pero entendemos que hay que
resaltar con especial singularización las actividades deportivas en los centros colegiales. Estamos de acuerdo plenamente con esa educación especial para personas adultas y que en los centros educativos se impartan enseñanzas artísticas
profesionales o de idiomas, pero nosotros añadimos las deportivas porque entendemos que, hoy, no solamente en los estratos juveniles sino también tanto en educación infantil como en educación secundaria y en educación permanente de personas adultas,
las actividades deportivas de cualquier rango, tenor o intensidad están consideradas como actividades específicas de implantación obligatoria en todos los países de nuestro ámbito cultural semejante en Europa, en el hemisferio occidental y en el
oriental, sobre todo en Japón y en la República Popular de China. A esto se refiere nuestra enmienda 660.
Señor presidente, en el orden de ideas general de las restantes enmiendas que mantenemos vivas, queremos destacar lo que se implanta en la primera, en la 605, que es la defensa de la educación como servicio público, y también queremos
destacar una reserva que ha hecho el Grupo de Coalición Canaria respecto a la enmienda 695, porque, a pesar de que se nos ha entregado tan solo hace unos minutos la memoria económica que trae el dictamen de la Comisión para este proyecto de ley, lo
consideramos insuficiente. El documento que hemos recibido de la memoria económica ha sido un avance, pero no suficiente para comunidades autónomas, como es el caso del archipiélago canario, que están recibiendo una
auténtica oleada de inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Europa y de Latinoamérica (no me refiero a la llegada de subsaharianos en pateras porque esa población no se queda a residir allí), de países como Colombia, Ecuador, Bolivia,
Chile, Argentina, México, Cuba y sobre todo de países de la Unión Europea. En Canarias hay centros escolares en los que, entre los chicos y chicas que están cursando la enseñanza general básica, hay más de 17 nacionalidades. Esto obliga, como
obligaba en el caso de la sanidad cuando discutimos sobre ello, a tener unas dotaciones económicas suficientes para compensar lo que, habiéndose superado por limitaciones de la tasa de natalidad de la población autóctona española, se ha visto ahora
agravado por la presencia de los hijos de todas estas familias de inmigrantes. Por tanto, hacemos esta reserva. Finalmente, señor presidente, mi grupo va a votar a favor del carácter de ley orgánica de este proyecto de ley porque desde el texto
que se publicó en su día, aprobado por el Consejo de Ministros y que entra en la Cámara, al que va a salir después de este debate del Pleno, surge un documento equilibrado y moderado. Desde el punto de vista de una política de moderación, de algo
que a veces ha motivado y está motivando críticas adversas de las distintas agrupaciones sociales, políticas, educativas, sindicales, etcétera, nos encontramos, como digo, con un texto equilibrado porque se han quitado una serie de aristas en dos
aspectos fundamentales: la enseñanza de la religión, que a juicio de mi grupo queda solventada, y el binomio enseñanza pública-enseñanza concertada, el permanente contencioso que hemos tenido en la enseñanza, aparte de las cuestiones ideológicas,
de religión sí o no, cuestiones que ya estaban resueltas en la convivencia constitucional de todas las fuerzas políticas españolas. Ese es un equilibrio que, como los dos platillos de una balanza, va a seguir existiendo porque la aportación de la
enseñanza concertada por coste, por atender a poblaciones a las que de otro modo sería imposible desde el punto de vista de la nacionalización de la educación, de un servicio público estatal administrativo al cien por cien, es inviable. Es inviable
porque iría contra el principio de la pluralidad ideológica de la Constitución española. Una ley de educación tiene que dar un equilibrio a esas opciones, de un extremo ideológico a otro, de un sistema de enseñanza laico o religioso que están en la
Constitución. No se puede prescindir de ninguno de esos dos platillos de la balanza, aunque uno sea mayor y otro menor. Pues bien, si el sector de la enseñanza concertada acepta este proyecto de ley, porque se recoge una de las cuestiones que yo
decía respecto a la memoria económica, el coste menor que sobre la enseñanza estatal tiene la enseñanza concertada, damos un balón de oxígeno a una actuación que tiene que ser pacificadora y complementaria de las opciones que hay. Con este texto se
solucionan demandas objetivas que subyacían derivadas de un análisis económico del coste de la plaza escolar en España para que esta enseñanza concertada obtenga también la solidez, la seguridad jurídica, que es la operativa, a través del flujo de
medidas financieras que están en la memoria económica.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente el carácter de ley orgánica del texto, sin perjuicio de las votaciones de las enmiendas al articulado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Verde, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, saludo también a todo el público que nos acompaña, a entidades, asociaciones y personas interesadas en uno de los debates más importantes de toda la legislatura. Es uno de los más importantes porque las leyes de educación regulan
los aspectos neurálgicos del sistema educativo. En definitiva, la educación es la neuralgia de un país. A la vez las leyes de educación tienen un fuerte componente ideológico que nos empeñamos en relativizar continuamente, argumentando que la
ideología debe quedar al margen de la educación. Nada más imposible porque la Ley de educación siempre es una de las más ideológicas por antonomasia. Seguramente ha de ser así y es bueno que lo sea. La mayoría de los grupos parlamentarios hemos
trabajado, con diferentes intensidades seguramente, por dejar un poco de lado esta ideología que ha de estar presente y siempre lo estará.
Con el fin de alcanzar un acuerdo para aprobar una ley que sea duradera, debíamos reducir la intensidad en la
emoción que la ideología nos impone a todos.
Nuestro grupo no ha escatimado esfuerzos en este sentido, y más adelante me referiré al trabajo realizado antes de la elaboración del proyecto, porque hace muchos meses que venimos trabajando. Nosotros no somos de los que esperan al último
minuto ni a la última semana para ver qué es lo que podemos introducir, sino que nos hemos dedicado durante muchos meses a esta ley. Hoy sí toca hablar de la ideología, porque, si no, ¿qué hacemos los partidos políticos? Quisiera decir algunas
cosas al respecto. Para las formaciones políticas de izquierda la educación pública ha sido siempre uno de los pilares más importantes del bienestar social por diferentes motivos. Primero, entendemos -lo decimos así de claro- que es el sistema
público quien hace de garante de la igualdad de oportunidades, quien debe y puede equilibrar con criterios de equidad las diferencias sociales, económicas y familiares de los alumnos, quien debe y puede garantizar que se cumplan los derechos de
nuestra Constitución -entre ellos el derecho a la educación, pero hay muchos más-, y a quien debemos exigir una educación de calidad, de excelencia decimos también nosotros, para todos los alumnos y alumnas. No queremos una escuela pública
devaluada ni desprestigiada, queremos la mejor escuela pública, queremos sentirnos orgullosos de ella. Cuando hablamos de calidad
y de excelencia para todos, estamos significando que cada alumno pueda ir a su velocidad.
El sistema educativo público debe establecer la meta mínima a la que todos deben llegar, este es uno de los objetivos claros. Vamos a comparar la educación con un viaje de Madrid a Irún: no podemos exigir que todos hagan su viaje en un
tren de alta velocidad. Es irrealizable, muy poco respetuoso con la individualidad e inhumano. El sistema tiene que permitir que haya diferentes velocidades, diferentes trayectos, diferentes paradas y paradas intermedias incluso. Algunos se
saltarán recorridos y llegarán antes, estupendamente y eso está muy bien. Otros necesitarán parar en alguna estación y consolidar el recorrido hecho.
Algunos, al llegar a Irún, decidirán quedarse, han finalizado su camino, y otros decidirán pasar
algunas fronteras más y está muy bien. Esto es lo que tiene que garantizar el sistema educativo. Hay un recorrido mínimo para todos. Una sociedad plural, diversa y democrática exige una educación a la altura de las circunstancias si quiere ser
una sociedad cohesionada. Señorías, cohesión social para nosotros significa que exista una vinculación. ¿Qué es cohesión social, de la que siempre estamos hablando? Una vinculación, es sentir que se pertenece a un colectivo. Un grupo social es
diverso, integrado por personas de diferentes procedencias, culturas y religiones, pero que comparten y fundamentalmente viven y conviven en una socialización, en una convivencia democrática. La cohesión no se improvisa. Hay quien cree que se
improvisa, pero no se improvisa. Lo vemos en Francia y en otros países. Ni es producto del azar, como algunos piensan. La cohesión social ha de ser un objetivo estratégico, de convivencia, de respeto y de tolerancia, y necesita ser planificada.
Esta ley está intentando -y yo tengo esta esperanza- esa planificación de la cohesión. Esa es una de las razones fundamentales por las que nosotros damos nuestro apoyo.
Este es el modelo mayoritario en toda Europa, y a veces se nos olvida. La mayoría de las escuelas en Estados Unidos son públicas, no hay este planteamiento que tenemos en nuestro país, y sin embargo lo ponen de modelo liberal en muchas
ocasiones. Nuestra Constitución, además del derecho a la educación, dice en el artículo 27.2 lo siguiente: 'La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales'. Pues bien, entendemos que solo los poderes públicos pueden ser institucionalmente destinatarios de un mandato legal de tal magnitud y solo ellos son los responsables de la obligación de ponerlo en ejecución
y de velar por su desarrollo. Lo digo con todos mis respetos a la educación privada, que se la tengo sin duda personalmente y como grupo político, aunque tampoco importa mucho lo personal, lo que importa es lo que yo represento, pero quiero
decirlo.
Con todos mis respetos, hay una cosa que es irrebatible: todos estos derechos y garantías que ha de cubrir la educación pública ni puede ni corresponde cubrirlos a la privada. El sistema público por definición nace con esa obligación.
Es la esencia y el fundamento de su razón de ser y esto es así. Ahora bien, la LOE no se ha edificado en un solar vacío, sino sobre unos pilares muy sólidos que han condicionado en parte su construcción. No ha sido fácil construir prescindiendo de
estas realidades y ello nos lleva a todos, por diferentes motivos seguramente, a no sentirnos cómodos con el edificio levantado con esta ley. Lo que debería importar, señorías, no es si los grupos nos sentimos más o menos cómodos, sino que sea
útil, que sea práctico y que sea eficaz para el conjunto de la comunidad educativa y, sobre todo, para los alumnos y alumnas de este país.
Debemos recordar que fue la Constitución la que reconoció la existencia de una red de centros escolares públicos y privados. Debemos recordar también, aunque duela, que fue la LODE, en 1985, la que abrió la posibilidad de un sistema de
conciertos en el marco de la programación general de la enseñanza y este es el edificio que heredamos. Hoy no inventamos ese edificio. En todos estos años el desarrollo del sistema de conciertos ha sido desigual en las diferentes comunidades
autónomas, fruto del marco legislativo y de las ideologías de cada gobierno autonómico. Cataluña y País Vasco, por ejemplo, en estos últimos 20 años han sido las dos comunidades autónomas con mayor porcentaje de concierto.
Hoy tenemos que
reconocer ese edificio y adaptarlo a las verdaderas necesidades que tiene nuestra sociedad, el sistema educativo. Ese es el reto: reconocer ese edificio y adaptarlo al planteamiento del servicio público de educación. ¿Y cuáles son las necesidades
desde nuestro punto de vista? Muchas. No voy a enumerarlas todas porque se me está acabando el tiempo. Son: mejorar el rendimiento del alumnado en las competencias claves; combatir el fracaso escolar; incrementar la formación permanente y
promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Son muchas más, pero no puedo leerlas. Son muchos retos los que tenemos y todo esto lo hemos de hacer teniendo en cuenta que a la vez ha de haber un objetivo estratégico de la cohesión. No es
solamente esto, sino que ha de haber esta cohesión social.
Nuestro grupo planteó al inicio de la legislatura la suspensión del calendario de la aplicación de la LOCE, convencidos de que era una ley que no solucionaba los problemas educativos y que generaría una falta de cohesión y nos pusimos a
trabajar hace mucho, como ya he dicho, en la futura ley. Nuestras prioridades fueron muy claras y concretas, y lo sabe la señora ministra: potenciar la educación pública; regular y revisar los conciertos de la privada; incorporar la financiación
a la ley y dotarla de recursos; mejorar la equidad; volver a la elección democrática del director e introducir la laicidad y el reconocimiento del papel del profesorado como factor esencial de cualquier reforma o cambio educativo.
Aquí quiero
felicitar a los sindicatos que han hecho posible, junto al Gobierno, que pronto tengamos un estatuto docente tan necesario.
No todas nuestras propuestas, ni mucho menos, han sido recogidas; imposible. No es, por tanto, tampoco nuestra ley. No inventamos nada. No puede ser nuestra ley. No sé si puede ser de alguien, lo dudo, pero no inventamos nada. Y no nos
sentimos representados -y lo quiero resaltar- con varias cuestiones. La primera, con algunos aspectos de la concertada que han tenido que ser cuestiones que han entrado para que otros se sientan representados, pero no afectan directamente al núcleo
de lo que nos parece que ha de ser el sistema educativo público. No nos sentimos identificados con la elección del director y sobre todo no nos sentimos identificados con la falta del derecho a la laicidad. Nuestro concepto de Estado aconfesional
y laico nos lleva a defender que la religión se imparta voluntariamente y fuera del marco escolar. Con esta ley no va a ser posible, pero seguiremos adelante conjuntamente con miles de personas y entidades que así lo consideran y estoy convencida,
señorías, de que un día u otro esto va a ser así. Incluso, aquellos sectores más radicales que actualmente se manifiestan contra este criterio terminarán aceptando que la laicidad en las escuelas es la garantía de la libertad de conciencia y de las
manifestaciones de esa libertad de conciencia, que el valor de la laicidad es la garantía de la neutralidad del Estado ante las creencias religiosas de todas las personas que conviven en un mismo país.
Esto un día va a ser posible, un día lo vamos
a hacer posible, porque es lo mejor para todos. Y lo que es mejor para todos, un día u otro, ha de ser posible. En todo lo demás, nuestra aportación e influencia ha sido notable. En el proyecto de ley incorporamos propuestas de gran calado:
potenciación de la Administración local y presencia en los centros concertados de la Administración local, compromiso de mayor incremento de plazas públicas, un capítulo específico de equidad, la garantía de la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión, la garantía de la gratuidad en la escuela concertada, etcétera. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la presidencia.)
Aunque tengo poco tiempo, quisiera referirme, por último, a uno de los puntos más importantes para nosotros, que es la financiación. No podemos olvidar que cualquier ley que recoja esas voluntades que se plantean, tiene que ir acompañada de
una memoria económica y de un compromiso de financiación. Nuestras aportaciones más importantes han sido: que se recoge la financiación en el preámbulo de la ley, que se dedica el título VIII a la misma, con el compromiso de incrementar el gasto
público en educación, equiparándonos en 10 años a la media de los países de la Unión Europea. Durante estos últimos 8 años, quien tanto ahora defiende la educación nos hizo bajar dos décimas en el gasto educativo, y ahora vamos a situarnos en 10
años a la altura de los países de la Unión Europea.
Finalmente, e igual de importante, la ley se presenta acompañada de una memoria económica para 5 años, con una estimación de gasto concreta para cada uno de los objetivos que plantea la ley: para
el incremento de la oferta de plazas del primer ciclo; el incremento de la escolarización y educación secundaria posobligatoria; la equidad y la gratuidad de la educación; los programas de refuerzo educativo; el incremento de programas de
cualificación profesional; el refuerzo de aprendizajes de lenguas extranjeras, etcétera. Las medidas de apoyo al profesorado son fundamentales, porque, de no ser así, no nos creeríamos que vamos en serio con esta ley. Para simplificar, hoy
estamos hablando de 664 millones y en 5 años tenemos que dedicar casi 2.000 millones. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo para comprobar que esto va a ser así.
Me queda poco tiempo, pero no quisiera dejar de manifestar que estamos aprobando una ley que mejora sustancialmente a las anteriores. Si no lo creyera así, por más trabajo que hubiéramos hecho, nuestro grupo votaría en contra, no lo duden;
lo hemos dicho en más de una ocasión. Pero no tengo esta duda, no solamente por nuestro trabajo, sino porque muchos hombres y mujeres -algunos de ellos nos acompañan hoy en representación de muchos más- han estado comprometidos con estos mismos
objetivos y, sobre todo, con la defensa de la escuela pública. Sin ellos, sin las asociaciones, sin los sindicatos, sin las representaciones, esta ley sería más pobre, menos participativa, más alejada de la realidad, menos plural y menos diversa.
Ellos son los principales protagonistas. Les quiero pedir lo siguiente: una vez aprobada la LOE, no se olviden de ella. Una ley no es nada si no tiene el respaldo y la vigilancia activa de aquellos que la hicieron posible y la apoyaron. Pese a
las renuncias que hayamos podido tener, esta ley permite grandes cambios y mejoras para el conjunto de la sociedad. Esta ley abre nuevos caminos y nuevas soluciones a problemas viejos, pero dependerá de todos nosotros.
Dependerá del Estado, de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los sindicatos, de los padres, de las asociaciones y de los grupos políticos. Quiero que quede constancia de mi compromiso personal, y como portavoz de mi grupo, de velar, durante el tiempo que
democráticamente nos sea posible, por el desarrollo de esta ley, por su cumplimiento y por la defensa, como siempre, de la educación pública, laica y de calidad para todos.
Termino, señora presidenta -lamento haberme pasado del tiempo-. Señorías y representantes que nos acompañan hoy, prefiero ver el vaso medio lleno y mostrarme convencida de que vamos a seguir mejorando la educación de nuestro país con la
ayuda de todos y todas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. En los debates anteriores que han tenido
lugar en esta Cámara, especialmente en aquel en el que se sometieron a la consideración del Pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos, señalábamos nuestra visión de la ley alejada de los planteamientos que nos
gustaría defender y adecuarlos a la legislación en materia de educación. Pero veíamos la posibilidad de que pudieran acercarse los planteamientos entre diversos grupos parlamentarios y buscar un punto de encuentro satisfactorio, si no al cien por
cien, sí en un porcentaje importante para una mayoría amplia de esta Cámara.
Partíamos de otro punto muy importante, lo dijimos desde el primer día y quiero reiterarlo hoy, y es que la legislación educativa en vigor en estos momentos, aprobada por
las Cortes de la legislatura anterior, era inaceptable para nosotros, tanto en términos educativos como de invasión de competencias autonómicas. En cualquier caso, partíamos de un texto tomado como borrador presentado por el Gobierno que podría
mejorar la situación. En ese sentido, hemos tenido dos áreas principales de debate y de interés. Por una parte, una ley de educación que pueda perdurar tiene que reflejar cuál es la realidad actual de la educación en el Estado. Esa realidad es
que existe, sobre todo en algunas comunidades autónomas, una escuela concertada importante a la que no se puede dar la espalda, que está cumpliendo una labor interesante en la sociedad, algo a tener en cuenta de manera más equilibrada a como lo
estaba al inicio del proyecto.
Dentro de esta área había otro asunto que también nos preocupaba, y es que quedara manifiestamente clara la libertad de elección de centro por parte de los padres. Creemos que en ese ámbito hemos avanzado bastante.
Se ha hecho un buen trabajo y nuestras enmiendas han contribuir a un punto de encuentro que, aunque no satisfaga plenamente porque a todos nos gustaría que la redacción hubiera sido más específica, dé un margen para sentirnos satisfechos y creer que
nuestras demandas han sido consideradas. Téngase en cuenta también que para Euskadi la escuela concertada es un sector muy importante -estamos hablando de un 55 por ciento-, con unas características especiales, puesto que en Euskadi existe también
la confederación de ikastolas que dan una seña muy específica a nuestro sistema educativo, algo a tener muy en cuenta y de lo que no podemos ni queremos prescindir. Tal y como se recoge ahora en la ley, su situación y sus demandas han sido
respetadas.
El otro área al que hemos prestado atención desde el primer momento es el competencial. En este ámbito ha habido avances, no todo lo satisfactorios que hubiéramos querido, aunque tengo que reconocer, como señalaré, que muy recientemente
hemos dado un paso muy importante que va a inclinar el sentido de nuestro voto. Antes tengo que detenerme en un aspecto muy importante de la ley con el que no estamos de acuerdo. Hemos sido el único grupo que ha exigido la votación de un voto
particular al artículo 6.3, que hace referencia al porcentaje de materias comunes. El cambio producido en la discusión en Comisión es un paso atrás respecto a las posiciones que han mantenido gobiernos socialistas anteriores, no hay más que
comparar el articulado con la Logse; paso atrás que no entendemos porque estábamos conformes con lo que había plasmado en la ley el Gobierno en el proyecto inicial de hasta un 55 por ciento -un 55 por ciento ó 65, dependiendo de que la comunidad
autónoma tuviera lengua propia o no-, que era una copia de la Logse y que había sido ya aceptada jurisprudencialmente. Que ahora se modifique esto no nos parece coherente con lo sucedido hasta ahora y con un asunto que, en lo que se refiere a
porcentajes, estaba bastante asentado y aceptado. Dicho esto, pedimos votación separada de ese artículo 6.3, ya que nuestro voto será contrario al texto tal y como se encuentra en estos momento, queriendo volver al dictamen. Insisto en que hemos
sido el único grupo que lo ha propuesto, pero es que consideramos que ese es un tema fundamental. Aun así, tengo que señalar que más preocupante que el artículo en sí, que quizá pudiera tener un desarrollo no beligerante en el futuro, es el
desarrollo que a través de decretos pueda hacerse. Ahí ha habido muy malas experiencias, seamos sinceros, ya que, por mucho que se hayan señalado determinados porcentajes, en muchas ocasiones esos decretos de desarrollo han hecho que, en la
práctica, el porcentaje haya sido mucho más elevado, simplemente porque ocupaban demasiadas horas lectivas. Si había que dar cumplimiento a esos decretos, el porcentaje de libre disposición de la comunidad autónoma quedaba verdaderamente minorado.
Por tanto, vamos a estar atentos. Nos parece que era simbólico que esto se hubiera mantenido en esta ley como estaba en la Logse, por eso vamos a defender este voto particular, pero tengo que señalarles que lo verdaderamente importante va a ser
cómo se hagan esos decretos. Me gustaría oír algo por parte de la señora ministra si es que va a tomar la palabra, un compromiso firme de que, al final, va a haber una adecuación a ese porcentaje y que no va a ser rebasado, como ha sucedido con
gobiernos anteriores. A eso vamos a estar muy atentos y, si se produce ese exceso, lo vamos a combatir con los instrumentos que tengamos a nuestro alcance.
Estamos satisfechos con algunas cuestiones y este grupo ha contribuido a buscar un punto intermedio en relación con problemas que venían siendo demasiado antiguos y que se arrastraban, uno de los cuales era la situación laboral de los
profesores de religión. Por primera vez y sin ningún voto en contra por parte de los grupos de la Cámara, vamos dar una solución digna, dejando fuera el debate sobre si la religión debe estar o no presente en la escuela y preocupándonos de la
situación laboral de un colectivo que, en nuestra opinión, hasta la fecha ha sido verdaderamente maltratado, como se ha reconocido por el conjunto de la Cámara. Estamos satisfechos con la solución a la que se ha llegado.
Centrándonos en el ámbito competencial, dentro de que todas las enmiendas que hemos presentado son importantes para nosotros, hay una que tiene una especial importancia, la número 589, para la que hemos
pedido votación separada. La citada enmienda 589 se refiere a que sea reconocido el concierto económico de la Comunidad Autónoma vasca y de Navarra como el marco en el que se deben desarrollar las relaciones financieras a los efectos
también de esta ley. Digo también porque nos parece muy importante que esto se refleje así, ya que, después de un conflicto que ha durado unos cuantos años y que ha sido bastante desagradable para todas las partes en el ámbito de la sanidad, con
descuentos continuados en el cupo, al final se llegó al acuerdo de que se iba a buscar una solución a través del cupo y del Concierto Económico y que la Comunidad Autónoma vasca y Navarra no se encontraban excluidas de ese tipo de financiaciones
suplementarias. Que esto se refleje ahora en la ley es importante, porque además lo único que hace en la práctica es reconocer lo que ya existe dentro del ordenamiento jurídico. Entendíamos que habiendo sido conflictivo durante bastante tiempo,
que esto aparezca plasmado en la ley es algo fundamental. Por tanto, la aceptación por parte de esta Cámara, viendo que tenemos ya el acuerdo del grupo mayoritario -y quiero pensar que también el resto de los grupos de esta Cámara nos van a apoyar
en esa enmienda concreta-, hace que nuestra visión y nuestra actitud hacia la ley quede modificada en parte. No les voy a negar que hay enmiendas competenciales que todavía nos preocupan y que nos gustaría seguir discutiendo con el Gobierno y con
el Grupo Socialista, como aspectos de alta inspección, de información mutua de las administraciones, becas, pero sobre todo que quede reflejado en la ley que el desarrollo que haga el Gobierno del Estado de las bases debe ser un complemento técnico
y no más allá, y eso quedaría fijado en varios artículos, por ejemplo en la disposición adicional sexta. Todos esos temas creo que deberían ser de nuevo discutidos y tratados. De hecho, entiendo -luego oiré al representante socialista- que hay un
compromiso para seguir discutiendo estos asuntos en el Senado, una voluntad también de poder llegar a algún acuerdo transaccional en algunas de las materias que nosotros hemos planteado en nuestras enmiendas, y en ese sentido vemos esa actitud como
positiva y tenemos que reconocer que ha sido la que se ha mostrado por parte del grupo mayoritario a lo largo de la tramitación de la ley.
Por tanto, nuestra posición con respecto a la votación de esta ley y al dictamen de la misma va a ser positiva. Vamos a votar a favor en este trámite porque creemos que hemos avanzado también en el ámbito competencial, y es muy
significativa esa enmienda 589, y porque entendemos que hay un compromiso firme de intentar limar algunos aspectos en el trámite del Senado. En ese sentido, nuestro grupo quiere dar un paso adelante, sobre todo considerando también que esta Ley
Orgánica de Educación es un avance sustancial -lo tenemos que decir así- con respecto a la LOCE; creemos que es positiva para lo educativo en general y también para el respeto al edificio constitucional en el ámbito educativo con respecto a las
comunidades autónomas. En ese sentido, no nos queremos quedar atrás, vamos a dar un paso adelante, lo cual no compromete el voto de nuestro grupo en el Senado, pero yo estoy convencido de que, existiendo ese compromiso por parte del Grupo
Socialista y también nuestra voluntad de intentar limar esas dificultades, vamos a poder avanzar en algún aspecto en el Senado y ese voto positivo va a reproducirse también en ese trámite.
En cualquier caso y como resumen, ha sido una ley muy trabajada, nos sentimos satisfechos de la contribución que ha podido hacer nuestro grupo para acercar posiciones y para mejorar aspectos de la misma. Desde luego, creemos que es mejor
que la legislación actual. Confiamos en que sea una legislación duradera y esperamos que en el desarrollo y en la aplicación de la misma el Gobierno correspondiente haga una aplicación ponderada, sobre todo subrayando ese artículo 6.3 que, insisto,
a nosotros nos gustaría que volviera a su redacción anterior y a los términos en los que estaba recogido en la Logse.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Esteban.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. En su nombre tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Señora vicepresidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, el debate de esta ley orgánica ha sido intenso, a veces duro, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación e incluso en la calle. Por
tanto, los términos son muy conocidos, las posiciones de cada grupo también. Así pues, la intervención de Esquerra Republicana simplemente será para recordar los aspectos más generales del porqué vamos a votar favorablemente esta ley orgánica de
educación y también, por qué no, aquellos puntos en que, pese a no estar de acuerdo, aceptamos que figuren en aras de lo que todo el mundo ha reclamado con diferente éxito, que es el pacto de Estado. Ante la hipotética tentación de reformar la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación, nuestro grupo apostó por la derogación y fue una de las condiciones que expusimos claramente en el momento de apoyar la investidura del presidente del Gobierno. Entendíamos que la dispersa legislación educativa
y el sesgo autoritario y centralista de la LOCE exigían una nueva ley, y nos comprometimos desde un primer momento a ello. Éramos conscientes de que debía afrontarse el reto de llegar a un pacto de Estado que implicase a los partidos políticos y a
las organizaciones representativas de la comunidad educativa. Debía buscarse obviamente el pacto que nuestra realidad social -bien diversa- pudiera hacer posible. Una sociedad enraizada política e históricamente en el modelo europeo del bienestar,
una sociedad también necesitada inexorablemente de afrontar con éxito el reto de la integración
cohesionada de nuevos ciudadanos y ciudadanas llegados de otras tierras y culturas.
En este contexto, estábamos y estamos todos llamados a buscar un acuerdo básico sobre el modelo educativo. Hablamos de un modelo educativo que, más allá de las banderas ideológicas de unos y otros, permita construir sólidamente la sociedad
de nuestras próximas generaciones, sobre los pilares, eso sí, de la igualdad, la cohesión social y la equidad. Estos conceptos, visto y oído lo que hemos visto y oído, son lugar común en los discursos y manifestaciones parlamentarias y callejeras
de los partidos.
¿Por qué no puede haber entonces un acuerdo sobre el sistema educativo que mejor los garantice? Seguramente casi todos convenimos en que no es socialmente viable un modelo educativo liberal puro, de la misma manera que tampoco lo
sería un modelo que no contase con una presencia importante de la iniciativa social. Debíamos y debemos trabajar por acabar con el conflicto histórico que arrastramos desde hace más de 30 años y por mejorar la educación de todos desde la equidad y
la igualdad de oportunidades.
Desde Esquerra Republicana proponemos un modelo mixto en el que se concilien la igualdad con la libertad de la enseñanza, con la condición de que dicha conciliación no suponga un obstáculo para la efectividad del objetivo colectivo de
ofrecer a nuestros jóvenes una educación de calidad en el contexto de una sociedad justa, cohesionada y plural. Existen posibilidades de acuerdo. ¿Es posible ponerse de acuerdo en que no puede haber calidad educativa sin igualdad ni cohesión
social? ¿Es posible ponerse de acuerdo también en que la pluralidad educativa es un valor enriquecedor? ¿Es posible ponernos de acuerdo en que un servicio público educativo puede y debe garantizar la igualdad y la pluralidad? Si contestamos
afirmativamente a estos interrogantes, pongámonos de acuerdo en que una decidida y clara apuesta por la mejora de las escuelas públicas no es incompatible con destinar los recursos públicos necesarios para garantizar la igualdad y la gratuidad
también en las escuelas privadas concertadas. Estos acuerdos básicos serían sin ninguna duda un buen punto de partida. No obstante, consideramos que la ley ha de fijar claramente, y desde nuestro punto de vista lo hace, las condiciones para que
salgan reforzados mutuamente la igualdad y la pluralidad. Por ello, entendemos que deben regularse claramente los requisitos y las condiciones que deben cumplir los centros privados para acceder al concierto educativo, y que dichas condiciones y
requisitos deben estar orientados fundamentalmente por los principios de igualdad, cohesión social y libertad. Nuevamente insistimos en que el límite de la libertad individual debería ser la igualdad, es decir, el bien común. También deben
regularse los procesos de admisión de forma que se garantice la efectividad del principio de igualdad en el acceso a los centros públicos y a los privados concertados. Todo ello no sería suficiente, y así deberíamos reconocerlo unos y otros, sin
una adecuada financiación del sistema educativo, en general, y de los centros públicos y privados concertados, en concreto. Por eso hemos reclamado un compromiso explícito en la ley, para hacer de la inversión pública en educación una verdadera
prioridad presupuestaria. Este compromiso no sería tal sin emplazar al Estado a unos concretos niveles de inversión en los próximos diez años.
También, vista la realidad nacional plural del Estado, desde mi grupo y bastantes más, como ya se ha escuchado, se ha puesto especial énfasis en que la realidad fuera respetuosa al máximo con las competencias de las comunidades autónomas.
Como se ve, hablamos de un modelo educativo de todos y para todos, de la libertad de todos para cooperar en el logro de una sociedad más culta, más justa, más cohesionada y más plural. El reto es este y no otro, aunque a veces lo parece.
Estamos convencidos de que desde la óptica hasta ahora expuesta esta ley ofrece sólidos motivos para apoyarla parlamentariamente aun cuando determinados aspectos nos satisfacen más que otros, que no nos satisfacen en nada. Esta ley refuerza
el principio de igualdad de oportunidades en la admisión en los centros públicos, privados y concertados; redefine el objetivo de la finalidad de los conciertos educativos, estableciendo una clara vinculación entre el concierto educativo y la
satisfacción de las necesidades de escolarización. Esta vinculación de la que nos sentimos como mínimo coartífices, constituye la premisa básica para que los centros sostenidos con fondos públicos asuman el mismo compromiso en relación con la
efectividad de los principios de igualdad, equidad y cohesión social. Además, ello se visualiza con la posibilidad de regular en una norma con rango de ley -de ley orgánica- las comisiones de escolarización. Esta ley representa en muchos campos un
notable avance respecto a legislaciones anteriores. Por citar algunos avances, considera la educación infantil una etapa educativa y no asistencial; potencia la escuela pública, comprometiendo más recursos y promoviendo la autonomía de los
centros; fortalece la participación, pero también a los equipos directivos como órganos de Gobierno; armoniza la libertad de las familias de elegir centro con la garantía de una adecuada y equilibrada escolarización de todo, resalto, todo el
alumnado; presta atención a la mejora del profesorado, con mención especial a la prórroga de la jubilación voluntaria anticipada; establece la no discriminación por razones de sexo y la coeducación como factor de prioridad educativa y, por último,
fija una atención preferente en la escolarización y en la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Además, esta ley representa una ampliación competencial para las comunidades autónomas. La LOE delimita mejor que las anteriores leyes orgánicas las competencias de las comunidades autónomas y del Estado Con ello las comunidades autónomas
amplían su campo de acción sin poner en entredicho la estructura básica del sistema educativo ni crear, como se ha dicho, 17 sistemas educativos distintos; una situación inexistente, insisto, pero que en caso de ser real no tiene por qué ser
por definición negativa, como se demuestra en países muy desarrollados del mundo occidental. Un ejemplo de este avance es la disposición final que establece qué preceptos tienen carácter básico -por tanto de legislación obligatoria del
Estado- y cuáles no y, otro ejemplo, la relación de materias sobre las que expresamente podrá legislar cada comunidad autónoma. El resultado es, a nuestro juicio, una mayor seguridad jurídica.
Como ya he dicho, mantenemos desacuerdos con el redactado, de forma y de fondo, de ahí el mantenimiento de un grupo de enmiendas para esta sesión plenaria. Queremos visualizar aquello que la ley no refleja y hubiéramos querido que reflejara
pero sabemos que buena parte de estas propuestas quedarán fuera del texto final de la LOE. Son exigencias del consenso por el que hemos apostado y así lo aceptamos. Hubiéramos querido, entre otros aspectos, que la religión quedara fuera del
currículum y fuera sustituida por una asignatura de cultura religiosa no confesional y que se llegara más lejos en garantizar los derechos laborales de los profesores implicados. Hubiéramos querido que la ley pusiera las bases para resolver de
manera eficaz el problema real de la inmensa bolsa de profesorado interino, signo evidente de precariedad laboral peligrosa, especialmente en determinadas comunidades autónomas. Creemos que se necesitan medidas excepcionales que el texto no
contempla, en parte quizá por una presión sindical de determinada procedencia que parece haber impuesto sus criterios al Ejecutivo, según ponen de manifiesto ciertos informes publicados. Hubiéramos querido ver en el texto una apuesta diferente en
algunos aspectos del currículum, para garantizar el peso de áreas como la tecnología, la música o las artes plásticas. Y, lógicamente, hubiéramos deseado una mayor descentralización competencial que permitiese más margen de maniobra en la
aplicación de la ley a todas las comunidades autónomas. Pero reconocemos que, también en este terreno, se ha logrado un notable equilibrio entre las competencias del Estado y las posibilidades de amplia autonomía que el texto ofrece a las
administraciones educativas.
Nos gustaba más, evidentemente, el redactado del proyecto en cuanto a contenidos mínimos -los fijaba en un máximo del 55 por ciento en comunidades autónomas con lengua propia- y por ello apoyaremos el voto particular que en este sentido
presenta el Partido Nacionalista Vasco, para volver al texto original. Pero hemos de reconocer, para ser justos, los esfuerzos del partido que apoya al Gobierno, que nos ha admitido en el trámite parlamentario que ese porcentaje afecte también a la
formación profesional, hasta ahora dejada al libre albedrío del gobierno de turno a raíz de la Ley de Cualificaciones Profesionales aprobada en la legislatura anterior.
Creemos que nuestra participación, para ir concluyendo, en el proceso, con las premisas que acabo de describir, ha sido responsable y discreta para facilitar el trabajo del Gobierno en un contexto de ofensiva radical del primer partido de la
oposición que interpreta sistemáticamente cualquier acuerdo o colaboración política como un proceso de chantaje y claudicación. No hemos querido caer en ese juego porque desde el primer momento nuestra apuesta ha sido clara: una ley para todos
progresista desde la centralidad educativa.
La deseable estabilidad del sistema educativo exigía la búsqueda del consenso más amplio posible. Por ello, esta ley tenía que ser de síntesis, equilibrada, sin vencedores ni vencidos, y así creemos que ha resultado. Pese a las presiones
de última hora, el redactado no incluye determinadas pretensiones que buscaban laminar elementos troncales de la ley. De haberse cedido a estas pretensiones no hubiéramos apoyado la ley.
Parece que el deseable consenso, entendido etimológicamente,
no será posible. Se debería al menos poder llegar a aprobar una ley sin votos en contra, sería un augurio de larga vida y de estabilidad para el sistema educativo y en el caso de Cataluña sería la puerta abierta para nuestro objetivo de una ley
catalana de la educación, en definitiva, un pacto de Estado en nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Canet, muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, estamos ante un tema de vital importancia porque a nadie puede escapársele que las oportunidades que tanto a nivel individual como a nivel de país, a nivel colectivo, vamos a tener en el futuro van a depender en
muy buena medida de la formación y del nivel de conocimientos que adquiera nuestra juventud. La educación es pues un tema capital -se ha repetido muchas veces, también se lo he oído muchas veces a la señora ministra- porque, además, es un elemento
vertebrador de la sociedad, igualando las oportunidades de la ciudadanía y actuando como elemento esencial en la cohesión social. Estos retos y objetivos de la educación, ya de por sí fundamentales, tenemos que abordarlos sin obviar, sin querer
cerrar los ojos a los informes -que ya no son ni uno ni dos- que diagnostican que la situación de España en el conjunto en el que nos movemos de países de la OCDE no es buena, porque nos dicen no solo que no vamos bien -estamos a la cola en cuanto a
calidad de educación-, sino que la situación tiene tendencia a empeorar cada año que pasa. Quiero poner dos ejemplos de lo que afirmo: uno, los datos de que más del 21 por ciento de los jóvenes estudiantes de 15 años tienen dificultades para
comprender la lectura y, dos, que el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no han completado sus estudios ha aumentado, ha pasado del 28,8 por ciento al 31,1 por ciento en los últimos cincos años; cifras, datos, estudios que nos dicen que
hemos de actuar, que hemos de hacerlo con urgencia
y que hemos de encontrar una fórmula adecuada para garantizar a nuestra juventud una educación de calidad y una educación adecuada para los retos de futuro que van a tener que afrontar ellos y todos nosotros como colectivo.
¿Con qué espíritu hay que afrontar estos cambios tan necesarios? A mí me gusta traer a colación una cita de Tony Blair, que ha hecho de la educación uno de los temas bandera en sus tres mandatos consecutivos y que ha conseguido dar un giro
muy notable a la situación no excesivamente buena, por no decir mala, que había en el Reino Unido. Decía Tony Blair en el último congreso del Partido Laborista: Sabemos lo que hace una buena escuela: buen liderazgo, buenos maestros, fuerte
disciplina y gusto e interés por aprender. Pues quizás no con la literalidad, porque las sociedades y los sistemas educativos son distintos, pero sí con este espíritu, Convergència i Unió ha abordado el estudio del proyecto de ley que el Gobierno
propuso y ha realizado sus aportaciones al mismo. Señora ministra, usted sabe que el texto inicialmente no nos agradó, porque, a nuestro juicio, no resolvía los déficits de calidad. Además era un texto notoriamente intervencionista. Contemplaba
la escuela concertada prácticamente como una anomalía con la que se estuviera condenado a convivir y, por ello, la regulaba, también a nuestro juicio, en un claro plano de subsidiariedad de la escuela pública, llegando a vulnerar el derecho a la
libertad y a la elección de centro docente por parte de las familias. La propuesta ponía en peligro la libertad de creación de centros docentes de iniciativa social y abocaba a los centros concertados a una clara situación de ahogo económico.
Por todo ello, a pesar de los esfuerzos negociadores que se realizaron tanto por parte de los representantes del Ministerio de Educación, como por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, desde luego, de Convergència i Unió, nosotros, en
su día, presentamos y defendimos una enmienda a la totalidad, eso sí, diciendo desde entonces que la posición de nuestro grupo no era obstruccionista, sino que, como siempre, era una posición con voluntad de realizar aportaciones y de demostrar
serenamente, a través del diálogo, que la ley era claramente mejorable y que debía mejorarse si se quería que fuera aceptada al menos por una buena parte del mundo educativo. Entendemos que así se ha hecho. Quiero agradecer aquí el esfuerzo tanto
del Gobierno -se lo agradezco a la señora ministra- como del Grupo Socialista -lo quiero personalizar en la persona de su portavoz, don Raimundo Benzal-, porque, tras una intensa y extensa negociación con Convergència i Unió, se ha conseguido dar un
giro importante a la ley, un giro que ha introducido reformas sustanciales y cambios fundamentales en el proyecto inicial. Hoy el proyecto plantea realmente un modelo educativo plural, garantiza la libertad de elección de centro y pretende mejorar
la calidad de la educación pública.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
La señora PIGEM I PALMÉS: Hoy, señorías, Convergència i Unió se reconoce en buena parte de las reformas que se han realizado, reformas no solo numéricamente importantes, sino especialmente trascendentes en su contenido. ¿Cuáles son estas
reformas? Se ha reforzado la autoridad y la profesionalización de la dirección de los centros públicos. Ahora la dirección, a diferencia del texto inicial, es órgano de Gobierno, ostenta la representación del centro, representa a la Administración
educativa en el mismo y, como tal órgano de Gobierno, va a poder intervenir de manera inmediata para mantener un buen clima escolar. Estoy hablando de temas importantes, que ocupan primeras páginas de los medios de comunicación, como las
situaciones de mobbing, que desgraciadamente son cada vez más frecuentes. Va a poder intervenir para dar soluciones, impulsando la mediación para la prevención y resolución de los conflictos, pero también sancionando e imponiendo las medidas
disciplinarias que correspondan a los alumnos, naturalmente sin perjuicio de la revisión que pueda hacerse por parte del Consejo Escolar. Se introduce en la ley el valor del esfuerzo. A partir de las enmiendas de Convergència i Unió no solo se va
a valorar la dedicación, sino también el rendimiento. Esto se va a reflejar, por ejemplo, en las condiciones para promocionar de curso -dos asignaturas suspendidas y, excepcionalmente, tres- y también en la introducción de pruebas extraordinarias
en julio o en septiembre. Se produce la mejora de la formación del profesorado, de su función y del reconocimiento social que ha de tener; el refuerzo de la autonomía de los centros educativos; la facilitación de las actividades innovadoras de
los centros en los aspectos pedagógicos y organizativos; el favorecimiento de la investigación en los centros; la incorporación de mecanismos y de recursos para atender la diversidad; la incorporación de medidas para la integración de las
personas con discapacidad; la introducción como objetivo en el bachillerato -y miro al diputado de mi formación, señor Jané- de la necesidad de afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial, capital a nuestro juicio
para dar respuesta y erradicar la alta siniestralidad que existe sobre todo entre los jóvenes, y la introducción de manera relevante del contenido de los derechos humanos, de manera que la asignatura de educación para la ciudadanía pasará a llamarse
educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Todas estas son algunas de las importantes mejoras en las que reconocemos el sello de Convergència i Unió.
Por lo que se refiere a la escuela concertada, ha habido un cambio radical en su tratamiento, que ahora refleja el pensamiento de Convergència i Unió, que no es otro que el pensamiento recogido en el artículo 27 de la Constitución, de que el
bien público de la educación se presta tanto por centros de titularidad pública como de titularidad
privada concertada en situación de complementariedad y no de subsidiariedad, y ello como un activo importante y valioso de nuestro sistema educativo, en el que se han de compatibilizar la obligatoriedad y la gratuidad con el derecho de
creación de centros y el derecho de las familias a elegir centro educativo. Así el término servicio público de la educación, que ha quedado reducido a una única mención en el artículo 108 suprimiéndose del resto de artículos, queda redefinido y a
nuestro entender equiparado a lo que denominamos servicio de interés público, pues queda directamente relacionado tanto en el preámbulo de la ley como en el articulado, con lo que su prestación puede hacerse efectiva tanto a través de los poderes
públicos como de la iniciativa social, precisamente como garantía del derecho de los padres a escoger centro docente tanto público como privado. Todo ello configura una fórmula a través de la cual se incorpora en la programación la demanda de las
familias, tal y como figura además literalmente en el artículo 15.2 en relación con el segundo ciclo de la educación infantil.
Por lo que respecta a la concertación, a diferencia del texto del proyecto que atribuía únicamente el derecho a poder solicitarla, el texto aprobado atribuye el derecho de acogerse, naturalmente siempre que se reúnan los requisitos para
ello, y además se estipula que la educación infantil se concertará -no dice se podrá concertar- con centros privados. Resulta de interés recordar en este punto que la satisfacción de necesidades de escolarización, como requisito de acceso al
concierto, no tiene ya en el artículo 116 una dimensión puramente cuantitativa, como ya se había ocupado de señalar nuestro Tribunal Supremo, sino cualitativa, tal y como resulta de configurar nuestro modelo educativo con el doble objetivo de
garantizar el derecho de todos a la educación y el derecho a escoger centro distinto de los creados por los poderes públicos. Precisamente es ahí donde cobra relevancia la demanda de las familias a cuya satisfacción alude el artículo 15.2 del
dictamen. Por tanto, satisfacción de necesidades de escolarización y demanda de las familias, como actualización de la libertad de elección o derecho a escoger, constituyen ya un todo indisoluble.
Por último, en este punto el artículo 86.2 regula las comisiones o ejercicio u órganos de garantías de admisión. Tal y como resulta del propio articulado, sus funciones son exclusivamente de supervisión del procedimiento de admisión y de
propuesta a la Administración educativa de las medidas que se estimen adecuadas, es decir, ni gestionan el procedimiento de admisión, que corresponde en los centros privados concertados al titular, ni tienen facultad resolutoria sino de simple
propuesta. De ahí que cuando las solicitudes de admisión en un centro se presenten ante tales comisiones u órganos o ante la Administración educativa éstas deberán remitirlas al centro solicitado para su tramitación.
Por lo que se refiere a la financiación de los centros concertados, una financiación que hoy claramente es insuficiente para atender la gratuidad, creemos que tras la aceptación de nuestras enmiendas queda claramente mejorada o al menos en
vías de mejora. Así nos lo hace pensar el compromiso de alcanzar en cinco años la plena financiación, así como el conjunto del módulo, no solo la parte de los salarios del personal docente, se va a incrementar anualmente en la misma medida en que
lo haga el salario de los funcionarios de la Administración del Estado. Ello unido a que no se impide que las fundaciones aporten recursos a las escuelas concertadas, siempre que estas reciban fondos de las familias con carácter voluntario y que
con respecto a la necesidad de que los centros concertados escolaricen alumnos con necesidades específicas, que es algo con lo que Convergència i Unió está plenamente de acuerdo, esto lleve aparejado los recursos personales y económicos necesarios
para que este gasto no tengan que sufragarlo ni los titulares de los centros ni las familias de los otros alumnos, entendemos que todo este paquete supone una clara mejora en la financiación. Estos son cambios sustanciales y cambios importantes que
dan un claro giro a este proyecto de ley.
A pesar de ello, hemos de señalar que evidentemente este no es el proyecto educativo que hubiera hecho Convergència i Unió, como seguramente tampoco será el que hubiera hecho cada una de las fuerzas políticas consideradas individualmente.
Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo que quizá no sea el óptimo a juicio de cada uno de nosotros individualmente, pero sí es el acuerdo posible. En todo caso, entendemos que es francamente mejor que el inicial.
En Convergéncia i Unió, en ejercicio -como siempre hacemos- de nuestra responsabilidad, no podíamos renunciar a introducir todas estas mejoras para hacer simplemente una estéril oposición frontal. Con todo, hay aspectos que no vamos a poder
votar favorablemente y que básicamente son los que contradicen las enmiendas mantenidas por mi grupo parlamentario para su votación en este Pleno. Bastantes de estos aspectos son de carácter competencial, pues aunque esta ley es notablemente más
respetuosa con la distribución competencial en materia de educación que la LOCE -nosotros votamos en contra de esta ley-, a nuestro entender aún lamina competencias de las comunidades autónomas. En este sentido, vamos a votar a favor del voto
particular que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco al artículo 6.3; mantenemos nuestras enmiendas y apoyaremos las que otros grupos han presentado en el mismo sentido.
Tampoco vamos a votar a favor de otras cuestiones, como la inclusión en
el consejo escolar de los centros concertados de un concejal o representante de la Administración municipal, con la que estos centros no tienen relación jurídica alguna. Este es un aspecto sobre el que hemos presentado un voto particular.
Señorías, finalizo anunciando nuestro voto positivo. En cualquier caso, el nuestro no es un voto positivo cerrado, sino que lo entendemos como un voto positivo abierto porque no renunciamos a intentar seguir mejorando el
proyecto en lo que queda de trámite legislativo, no solo subsanando algunos aspectos que han quedado pendientes -así se ha acordado con el Grupo Socialista-, sino también continuando con la negociación tanto con el Grupo Socialista como con
otros grupos para que la ley recoja mejoras sustanciales, sobre todo en cuanto a los aspectos competenciales que todavía quedan por resolver.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Pigem.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tiene la palabra la señora Pastor.
Adelante. (Rumores.)
Silencio, señorías, por favor.
La señora PASTOR JULIÁN: Gracias, señora presidenta.
Señores invitados, señores consejeros de las comunidades autónomas, muchas gracias también por estar hoy en esta casa.
Señorías, acudimos hoy a esta Cámara para votar un proyecto de ley de enorme trascendencia para la sociedad española, una ley, por tanto, de la que se debería esperar que aporte mucho a nuestro sistema educativo; mayores cotas de calidad
que contribuyan a tener un futuro mucho más próspero para el conjunto de la sociedad española. Estamos, por tanto, en un momento crucial. Como ustedes conocen, los informes internacionales, los informes elaborados en nuestro país, profesores,
familias y la sociedad española saben que el sistema educativo español ha entrado en crisis, que hay un deterioro, y voy a poner algunos ejemplos. Un porcentaje elevado y creciente de niños en nuestro país abandona la educación obligatoria sin
titulación ni cualificaciones. Muchos de ellos no alcanzan el nivel de bachillerato; el rendimiento escolar a los 15 años es mediocre; se producen graves deficiencias de expresión oral y escrita; pobres resultados en matemáticas y en ciencias,
precisamente en un contexto, como conocen señorías, en el que la dimensión científica y tecnológica en España y en el mundo es fundamental. Señorías, estas son las características de nuestro sistema educativo; son hechos objetivos.
Nuestro país,
por su nivel de desarrollo social y económico, no puede o no debe permitirse estos resultados.
Por todo esto, desde el Partido Popular apelamos a que el Gobierno y el Partido Socialista hagan todo lo que esté en su mano por superar esta situación. Señora ministra, señores del Grupo Socialista, en este sentido valdría la pena aceptar
muchas de nuestras propuestas por el bien de la educación, por un sistema educativo de calidad, cohesionado y equitativo; por que la botella medio llena o medio vacía esté totalmente llena. Hoy, mañana, pasado mañana, y yo creo que siempre, vamos
a seguir defendiendo principios fundamentales del sistema educativo. Vamos a trabajar por una equidad real, por una España cohesionada y por un sistema de calidad. Por eso -más alto no lo puedo decir, porque tengo micrófono y se me oye bien-, yo
creo que lo más importante para que se nos entienda a todos nosotros y que nos entienda la sociedad española es decirles a todos que no sería bueno volver a los errores del pasado, que no sería bueno apostar de nuevo por un sistema educativo como el
que hemos vivido en los últimos 15 años por eso que todos conocemos, por la Logse, esa ley que hoy se pretende aprobar pero de una forma agravada. ¿Y por qué digo agravada? Los políticos utilizamos palabras y a veces la gente no nos entiende.
Pues bien, señorías, si la Logse ha rebajado el nivel de exigencia de los alumnos, esta Logse 2 lo rebaja todavía más y condena a los alumnos al desconocimiento bajo la filosofía del todo vale y el facilismo. Y si la Logse ha facilitado que las
comunidades autónomas se diferencien cada vez más en sus contenidos educativos, esta Logse 2 condena al sistema educativo a la desvertebración, a que se disuelva como un azucarillo en un vaso de agua. Porque si la Logse ha hecho de la escuela
pública su principal víctima al debilitarla como institución y no dotarla de organización profesionalizada, hoy la Logse 2 va a agravar más esta situación porque, ¿qué piensan ustedes de extender a los alumnos el derecho a reunirse, o sea, a hacer
novillos en las horas de clase? Porque si la Logse ha colocado al profesorado español en una situación en la que ha de hacer frente a un trabajo tremendamente sacrificado, esta Logse 2 no hace nada por mejorar la situación de los profesores y por
favorecer su reconocimiento a todos los niveles.
Señorías, esta no es una buena ley, en todos los sentidos, se lo dije ya en mi intervención anterior, en el fondo y en la forma. Desde hace 18 meses hemos asistido, señorías, a una tramitación virtual, y digo bien, virtual. Ha sido virtual
el diálogo, porque no han dialogado con el principal partido de la oposición. Señora ministra, ¿se ha reunido usted con nosotros, se ha reunido usted a dialogar? Y es virtual el consenso (ese consenso que tanto han buscado y que lo tenían tan
fácil porque nos tienen aquí y tienen a miles, a millones de ciudadanos) porque tienen en contra -y digo en contra- a muchas asociaciones educativas, a muchos padres, a muchos profesores, porque no responde a las necesidades reales del sistema
educativo y porque se han encontrado con una protesta multitudinaria, y usted sabe que cuando la gente dice que no está de acuerdo será por algo. Y son virtuales también los acuerdos, de los que se ha hecho publicidad. ¿A qué acuerdo han llegado
ustedes con la enseñanza concertada, con algunas asociaciones? ¿Dónde está firmado ese acuerdo, qué puntos se recogen? Por cierto, ¿quién lo firmó y en calidad de qué se firmó? Son ustedes, señorías -permítanme-, víctimas de su propia estrategia,
por cierto, absolutamente retorcida. Hay que analizar todas las noches qué es lo que están pensando hacer al día siguiente y uno se levanta por la mañana y descubre perfectamente en qué están pensando:
están pensando, normalmente, en titulares, pero el mundo va por otro lado.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora PASTOR JULIÁN: Los profesores, los padres y los alumnos ¿saben donde están? Están en el mundo real. ¿Y saben cuál es la característica fundamental de esta ley? Que nada cambie, que todo permanezca. Es aprobar una ley, la que
sea o, mejor dicho, como se dice ahora, como sea. Es una ley como sea. Pues sepan ustedes que nosotros seguimos pensando y actuando en positivo, y actuar en positivo significa que cuando uno no está de acuerdo, lo dice y lo explica, y cuando uno
está de acuerdo, también lo dice y lo explica.
Seguimos creyendo en la necesidad de participar en la reforma, en la que de verdad necesita el sistema educativo. Nuestro posicionamiento respecto al contenido de este proyecto no es sin razón, es porque creemos firmemente que agravará más
la situación del sistema educativo. Señorías, esta ley no genera ilusión ni esperanza. Les pregunto: ¿qué innovaciones aporta, qué diferencias marca, cuál es la marca de esta ley? ¿Tal vez la educación para la ciudadanía o que dependiendo de
donde se viva los niños tengan unos conocimientos de nuestra historia y de nuestra geografía que no se parezcan en nada? ¿O la aportación es quizá que dependiendo del lugar donde vivas te examinen en septiembre o no, o son tal vez los novillos? La
marca de esta ley debería ser el apoyo a la escuela pública, el reconocimiento del esfuerzo a los profesores, la equidad real, la defensa de la libertad, a la que luego me referiré, un patrimonio cultural común y compartido y mejorar la calidad del
sistema educativo.
Vamos al fondo, ya que les he hablado de las formas. Me llama la atención, me la llama de verdad, por qué hay este empeño en no sentarse formalmente con el Partido Popular, en no hacer una reunión que sea pública y en la que se hable y se
pongan proyectos y propuestas sobre la mesa. No importa que le den vueltas, que cambien las comas de sitio, que cambien los titulares. No importa que hayan retocado el texto con términos ambiguos.
¿Saben cuántas veces se dice en el texto podrá o
podrán? Se dice 163 veces. Este proyecto de hoy, a mi juicio, perdónenme, es un proyecto mucho más indefinido y que genera inseguridad jurídica, pero si algo genera esta ley es el desapoderamiento de competencias fundamentales del Estado que es
imprescindible que se mantengan. Esta no es una buena ley, ni lo fue su planteamiento ni lo es después de estos retoques, de las 80 veces en que aparece: deben y deberán, que es el cambio más importante que tiene esta ley. Digan lo que digan,
porque una cosa es decir de decir y otra escribir de escribir, solo hay que leer la ley para ver que no se garantizan las enseñanzas comunes. Si de verdad quieren garantizar las enseñanzas comunes para todos los españoles, lo tienen bien fácil.
Cojan la redacción de la Ley de Calidad, y estaríamos de acuerdo, porque común es compartir, no es otra cosa. Comunes son los currículos en sus propios términos y no el tiempo. El tiempo es importante, claro, para dar algo común hay que tener
tiempo y horas, faltaría más, pero comunes son los contenidos en sus propios términos, es decir que la historia, la geografía y la literatura de todos tengan una parte común y compartida, con independencia de las peculiaridades de cada comunidad
autónoma. No es una cuestión de porcentaje ni de puntos y comas, es defender un patrimonio cultural compartido común. Eso es un sistema educativo. Para eso ha de servir. Ha de ser un sistema educativo que mejore y además cohesione. Cohesionar
es tender puentes que lleguen a Irún, que lleguen a Andalucía, que lleguen a Canarias, que lleguen al País Vasco. Eso es cohesionar. (Rumores.) Cohesionar debería ser reforzar la escuela pública, porque no se puede decir más alto, a pesar del
murmullo. El primer factor de calidad de la educación para mejorar los rendimientos escolares es que exista un buen clima escolar, que haya orden, que el derecho al estudio esté garantizado, y su ley, señorías, impone un modelo de centro educativo
que no responde a las demandas de la sociedad. Impone un modelo viejo, superado, que no se aplica ya en Europa. Es un modelo que desprofesionaliza y devalúa la dirección. La ley mantiene su concepción de la comprensividad, del aprender por
ósmosis. Su ley, a pesar del retoque, permite que dependiendo de donde vivas haya exámenes de septiembre o no y permite pasar de curso con lo que a nosotros nos parecen excesivos suspensos.
Nosotros, señoría, apostamos por la evaluación y también por la evaluación externa. Apostamos también por apoyar a los profesores, y por eso defendemos una carta de derechos y deberes y defendemos una carrera profesional para todos los
profesores y maestros de nuestro país.
Defendemos, señorías, la escuela pública. Ustedes están fallando a la escuela pública, fallan a los profesores y fallan también a los alumnos porque su sistema no apuesta por la calidad. ¿Saben por lo que
tiene que apostar un sistema educativo? Por enseñar más y mejor. ¿Y saben quiénes hacen eso? Los profesores. ¿Y saben lo que no debe hacer un sistema educativo? Que los alumnos aprendan cada vez menos. ¿Y saben cómo se comprueba que se
aprende? Entre otras formas, por los exámenes, por eso no hay que tener aversión a los exámenes. El único modo de conseguir una mejor enseñanza o hacer que no sea tan mala como ahora es dar oportunidades para que la gente aprenda. Hoy su ley
rebaja las enseñanzas formativas, pasar de curso incluso con tres asignaturas no es el mejor sistema educativo del que podemos hablar. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora PASTOR JULIÁN: Hoy les puedo decir aquí que no queda asegurado el contenido de la ESO ni del bachillerato, que asignaturas como la física, la química y el latín han de ser no optativas, y también les quiero decir que su redacción
de la libertad es ambigua, como lo es la redacción del bachillerato a la carta. Esa redacción de la libertad sigue siendo ambigua en muchos de sus extremos. ¿Por qué les da miedo decir que la relación directa centro-familia a la hora de la
admisión de los alumnos es un derecho y por qué el texto dice que podrán, por qué no dice que los padres tienen el derecho de ir a los centros educativos a decidir a dónde van a ir sus hijos? ¿Por qué les da miedo? No se asegura, a nuestro juicio
y con la lectura exhaustiva de la ley, la aceptación del principio de libertad, pero es para que los padres elijan lo que quieran, centros públicos o centros privados a los que quieran llevar a sus hijos, ese es el respeto que hay que tener a la
Constitución.
Por todo esto, en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, y donde se educan, por cierto, más de dos millones de niños y de jóvenes de nuestro país, nosotros, además de seguir pidiéndole, señora ministra, diálogo -también con el
Partido Popular, que quedan todavía tres meses-, le pediría que comparta con nosotros que las comunidades del Partido Popular, que por cierto no somos insumisas pero tampoco somos sumisas...
(Varios señores diputados: ¡Sí, sí! -Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Silencio.
La señora PASTOR JULIÁN: Nosotros queremos enseñanzas comunes, que asignaturas como el latín, la química o la física, si es posible, sean impartidas a más alumnos dentro de la libertad. Nosotros queremos planes de fomento de la convivencia
y una carrera docente. Creo que es bastante razonable. Lo que no queremos es resucitar una ley del año 1990, que estoy segura de que no va a ser buena para nadie, sobre todo porque es antigua, y lo antiguo puede tener alguna virtualidad, pero no
se adapta a lo nuevo y sobre todo no se adapta al futuro. Nosotros, señorías, señora ministra, le agradeceríamos mucho que cuando hablen de diálogo, de acuerdos y de consenso, tengan en cuenta que hay personas que están esperando a día de hoy ir
alguna vez al Ministerio de Educación para hablar de la ley de educación, y quedan aún tres meses para la esperanza.
Por eso, señorías, hoy en esta Cámara el Partido Popular ha venido a defender un sistema de calidad, un sistema con equidad real y
un sistema más cohesionado. (Rumores.)
Con el respeto a todas las ideas, a todos los posicionamientos, y respetando la legalidad y la legislación vigente, me gustaría que la ley que saliera para el Senado tuviera cuando menos algunas de las enmiendas del Partido Popular; de 252,
tres y media, nos parece que el balance no es el mejor, pero no para nosotros, señorías, sino para el conjunto del sistema educativo. Hay que pensar que la razón no tiene que estar solo en algunas partes, está uniformemente repartida, y por eso yo
apelaría a que tengan en cuenta en el tiempo que queda al Partido Popular, a tantos padres, a tantos alumnos y a tantos profesores que les han dicho que esta ley no es la mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pastor, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra en su nombre el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar saludando a quienes nos acompañan como responsables de organizaciones sociales, políticas e institucionales.
Señorías, uno, donde gobierne la LOE se aplicarán unos contenidos básicos del 55 o del 65 por ciento, lo que implicará que el horario, por supuesto, que es el continente y no el contenido, también va a llevar esa carga porcentual y en esos
términos, que son propios, por tanto en esos términos propios o en sus propios términos, que es una expresión que no tiene ningún sentido, el Estado, dentro del respeto a las comunidades autónomas, va a aplicar en esos contenidos básicos ese
porcentaje. Donde no gobierne la LOE y, por tanto, seguramente se produzca un desgobierno del sistema educativo o una insumisión, lo que va a ocurrir va a ser que esos contenidos y esos horarios no se van a respetar e incluso van a sufrir la
agresión de quienes han venido haciéndolo con las competencias de las comunidades autónomas.
Dos. Donde gobierne la LOE va a haber recuperaciones definidas por las propias comunidades autónomas, y en muchos casos las comunidades autónomas van a extender esa autonomía hacia los centros porque los informes educativos han dicho que la
autonomía de los centros es fundamental para la calidad del sistema. El informe PISA nos lo ha dicho muy claro y nos lo dijo su responsable tanto en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Educación en este Parlamento como posteriormente en
alguna visita que ha hecho a esta ciudad. Donde, en cambio, se produzca el desgobierno y la insumisión sobre el sistema educativo habrá una imposición desde el partido para que esas recuperaciones definidas sean con un modelo uniforme en un siglo
precisamente que no es uni, sino multi.
Tres. Donde gobierne la LOE va a haber evaluaciones externas y las va a haber en cuarto de educación primaria y en segundo de educación secundaria, cuando todavía hay tiempo para hacer que el sistema educativo tenga en cuenta sus errores y
pueda modificarlos, y además cualesquiera otras evaluaciones que decidan las comunidades autónomas. Donde exista el desgobierno del sistema educativo no se va a producir esto así. Hemos
vivido precisamente en una comunidad, la que nos acoge, una pretendida evaluación en sexto de primaria que ha tenido un afán clasificador más que formativo y una total oposición por parte de la comunidad educativa.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor BENZAL ROMÁN: Cuatro. Donde gobierne la LOE va a existir la física y la química, por supuesto, porque forman parte de las ciencias de la naturaleza, en primero, segundo y tercero de la ESO. Va a existir para todos los alumnos que
la quieran la cultura clásica, el latín, las lenguas clásicas en el bachillerato de humanidades, y también la educación para la ciudadanía. Los ciudadanos de este país son europeos, son occidentales y, como el resto de sus compatriotas -entre
comillas- de Europa, tienen derecho a esa formación cívica, y es una humillación para el sistema democrático, para nuestro país desarrollado, para el sistema incluso occidental que se dude de los controles democráticos que tienen, empezando por este
Parlamento, siguiendo por los consejos escolares, y de la capacidad de controlar y se acuse de adoctrinamiento a algo que no lo va a tener. Es más, donde se produzca el desgobierno lo que va a ocurrir va a ser precisamente un adoctrinamiento por
defecto, porque no sé por qué hay partidos que lo que pretenden es precisamente que no haya formación cívica para los alumnos. Tendrán física y química y tendrán formación cívica también.
Cinco. Donde gobierne la LOE va a haber un bachillerato flexible que van a definir en muy buena parte las comunidades autónomas porque las respetamos, pero sobre todo con una intención, que es la de titular a los alumnos que necesita este
país. Sabemos por informes recientes de la OCDE que necesitamos un mayor número de titulados en el sistema educativo en los niveles de la educación secundaria y que esa es una necesidad social y una necesidad también económica de este país. En
cambio, donde se produzca el gobierno -mejor dicho, el desgobierno- del sistema educativo, donde se produzca la insumisión no va a existir ese bachillerato que algunos llaman a la carta -yo casi diría un bachillerato a la única carta y,
probablemente, por las imposiciones al as de bastos-.
Seis. Donde gobierne la LOE va a ocurrir que la equidad seguirá asociada a la calidad, porque va a haber un equilibrio en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, y va a haber un equilibrio porque va a haber más
recursos a disposición del sistema para que eso ocurra y va a haber mayores medidas compensatorias. Donde no ocurra esto, donde se desgobierne el sistema educativo, donde se produzca la insumisión educativa, va a ocurrir, como en otros casos, que
20 años después se darán cuenta de que hay que establecer un compromiso con la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Veinte años después parece que se dan cuenta de casi todo; en cambio, no recuerdan que han tenido
responsabilidades de gobierno en la educación en los últimos ocho años y que algún mal del sistema educativo -que reconocemos, por supuesto- vendrá de esa época.
Siete. Donde gobierne la LOE se va a llevar a cabo la escolarización de los alumnos en programas de iniciación profesional, programas de cualificación inicial profesional a los 15 años, siempre que eso sea una consecuencia y no un
antecedente, siempre que con esos alumnos se hayan intentado todas las medidas recuperadoras posibles, es decir, como un final de proceso de inclusión y no como un inicio de una exclusión, que es lo que a veces se pretende. No ocurrirá así donde se
desgobierne el sistema educativo, porque ni habrá antecedentes ni habrá consecuentes, solamente habrá consecuencias.
Ocho. Donde gobierne la LOE se producirá, sin duda alguna, un refuerzo de la educación pública, también por la integración que se va a hacer con la educación privada, asumiendo unas responsabilidades que todos sabemos que ahora mismo no
existen y, por supuesto, porque a la educación pública va a ir destinado casi un 80 por ciento de esa memoria económica que tienen SS.SS. en sus manos, que se ha mejorado y a la que después me referiré.
Donde se desgobierne el sistema educativo,
en cambio, se va a producir lo que hemos conocido: que hay unos presupuestos generales del Estado que este año tienen un aumento de aproximadamente el 18 por ciento, cuando en el último gobierno del Partido Popular hubo un 3 por ciento de aumento,
es decir, se ha multiplicado por 6.
Nueve. Donde gobierne la LOE los alumnos van a recibir formación académica, van a recibir formación cívica y, por supuesto, van a recibir también el aprendizaje suficiente para que se les enseñe a participar, a reunirse y a decidir, y las
comunidades autónomas -suponemos que en sus propios términos- van a desarrollar ese sistema de reunión y de participación de los alumnos. Donde se desgobierne el sistema educativo habrá la desconfianza hacia las competencias de las comunidades
autónomas y hacia los propios alumnos, a quienes supongo que se sigue considerando como una panda de maleantes y de holgazanes, y no se va a producir eso porque no se les va a enseñar en ese sentido.
Diez. Donde gobierne la LOE se va a producir, porque lo indican los principios y los fines de la educación, porque lo indican los objetivos de las distintas etapas, una integración de la convivencia también a través de los planes
correspondientes que están indicados en el proyecto educativo. La tolerancia es fundamental, y la tolerancia empieza por aceptar que uno no es único ni puede imponerla. Donde se produzca el desgobierno del sistema educativo se va a imponer
seguramente el veto, como parece que se nos anunció que se iba a hacer con posibles transacciones en este Pleno, impidiendo que hubiera acuerdos entre los partidos políticos, y que continuarán
posteriormente en el Senado, como se nos ha dicho anteriormente.
Y once. Donde gobierne la LOE se va a establecer una carrera docente incluida dentro de un estatuto de la función docente, que ha sido un compromiso que se ha adquirido ya con los sindicatos en los acuerdos que el Ministerio de Educación ha
firmado tanto con la escuela pública como con la concertada. Donde se desgobierne el sistema educativo se ha descubierto ahora que hay que respaldar al profesorado, cuando otros lo llevamos haciendo hace mucho tiempo.
En conclusión, señorías, se ha indicado como una insumisión posible que haya comunidades que no van a respetar en sus propios términos lo que se indica para el sistema educativo con carácter básico desde este Parlamento. No va a ser posible
aunque lo intenten. Ya no lo fue cuando hace unos meses, queriendo aplicar la LOCE, que estaba retrasada -que no derogada como ustedes han querido manipular-, alguna comunidad, como la de Madrid, intentó capitanear una rebelión para aplicar esa
ley. Algo imposible, como dijeron en su momento los tribunales. Por tanto, esa insumisión no se va a producir.
Señorías, seguramente en estos momentos ya han sido todos capaces de deducir las características por los aspectos más generales del sistema educativo que he venido indicando, pero me voy a permitir recordarlas. En primer lugar, la
estabilidad. Ofrecemos a la sociedad española un sistema educativo estable. Y lo es, en primer lugar, porque sintetiza las normas anteriores, y eso tiene un valor añadido. En segundo lugar, porque se ha llegado a acuerdos muy razonables, en
algunos casos muy importantes, con muchísimos colectivos, empezando por los autonómicos. En la conferencia sectorial ha habido consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular que ni siquiera han reivindicado cuestiones que
posteriormente les hemos oído reivindicar en la calle. En tercer lugar, porque ha habido acuerdos sociales con los sindicatos y con las patronales. Y, en cuarto lugar, porque parece -y aprovecho para agradecer en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista que apoya al Gobierno la disposición al voto favorable de otros grupos políticos- que también ha habido acuerdos políticos. Por tanto, va a ser muy difícil que con ese respaldo político ese sistema educativo pueda cambiar. Ha habido
algún cambio últimamente, porque nadie va a deslegitimar la aritmética cuando se tengan votos suficientes en este Parlamento para cambiar un sistema educativo. Pero el sistema educativo que va a salir de este Parlamento, con el apoyo político y
social que va a recibir, va a ser muy difícil que otro partido pueda cambiarlo antes de que se aplique y dé frutos. Es algo que queremos trasmitir hoy a la sociedad. La legitimidad aritmética no va a poder con la legitimidad y con la estabilidad
política. El sistema educativo que ofrecemos recupera la participación social, porque se había excluido a la sociedad del gobierno de los centros y de la educación. Las competencias que se recuperan en los consejos escolares, incluida la elección
del director, los convenios que cada centro puede hacer con las familias y, presidiéndolo todo, el sistema de elaboración de la propia ley partiendo desde aquel documento inicial que hace ya año y medio nos propuso el Ministerio de Educación, son
aspectos fundamentales de la participación social, no solo en la gestión del sistema educativo, que por supuesto se recupera, sino también en la elaboración de esas normas en las que todos han podido participar. Es un sistema educativo con calidad
y equidad, pero también con libertad. No se puede manipular con el término libertad y hacer creer a los ciudadanos que se va a disminuir su capacidad de elección de centro. Es completamente falso. Los padres van a seguir teniendo las mismas
posibilidades que tienen ahora de elegir el centro y, por supuesto, de elegir la religión que crean oportuna para sus hijos.
Además, es un sistema educativo que va a integrar a los alumnos, que va a integrar a una parte de la sociedad que está
desintegrada y exclusivamente concentrada en los centros públicos, porque los centros concertados van a asumir las responsabilidades. Por cierto, centros concertados con los que se han acordado, especialmente con los sindicatos, cuestiones como las
siguientes.
En primer lugar, el Partido Socialista ha sido el único que ha extendido en dos años la escolarización obligatoria y, por tanto, son 2 años más de concierto los que tienen los centros privados concertados. En segundo lugar, por primera vez
se va a financiar el compromiso del Partido Popular de incluir el 3-6 como una escuela gratuita, cosa que era completamente falsa. En tercer lugar, se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre la educación privada que ratifica lo que estoy
diciendo.
Paralelamente a todo esto, hay un gran beneficiario que es la educación pública, porque se va a proyectar sobre ella esa necesidad de que haya menos alumnos integrados con problemas en esa escuela.
Para concluir, la financiación. La financiación del sistema educativo está ampliamente considerada en la propia ley, en primer lugar, porque hay unos compromisos clarísimos en un título específico de la ley; en segundo lugar, porque todos
ustedes tienen -se les ha repartido esta mañana- una memoria mejorada incluso con relación a la que inicialmente se había previsto, con un aumento sustancioso del orden de 700 millones de euros más en los próximos 5 años, y esa es una cantidad
importantísima. En tercer lugar, porque con los Presupuestos Generales del Estado estamos precisamente definiendo una situación que ya para el año 2006 ha superado con creces lo previsto inicialmente para una LOE que, sin aprobar, tenía
financiación, cosa que no tenía la LOCE una vez aprobada. Por tanto, señorías, concluyo: un sistema educativo estable, de calidad, con equidad, con participación, con libertad, con integración y con financiación.
Queremos decir a los grupos que nos han apoyado que, por supuesto, recogemos el guante para continuar el diálogo en los casos en que se nos ha pedido que así ocurra, y la experiencia seguramente les indicará nuestra
mejor disposición al respecto; especialmente ha sido pedido por Eusko Alkartasuna y PNV, pero lo hacemos extensivo a todos los grupos, también a Convergència, para continuar en este sentido en el Senado. Por tanto, les invitamos a votar de
forma favorable esta ley, a dar juntos este primer paso que seguramente va a hacer que el sistema educativo de este país, la educación de este país, entre definitivamente en el siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Educación y Ciencia, San SegundoGómez de Cadiñanos, pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora ministra, su turno.
(Rumores.)
Silencio, señorías, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (San SegundoGómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, quiero agradecer muy sinceramente lo hecho durante el último año y medio, pero hoy es un día especialmente adecuado para reconocer el trabajo que se ha hecho por los grupos parlamentarios y cómo la inmensa mayoría de SS.SS. han
trabajado con la responsabilidad que la sociedad reclama cuando estamos hablando de educación. Hoy -creo que lo han recogido todos los portavoces- vamos a votar una ley educativa que afecta de manera muy significativa al futuro de nuestro país, y
esa conciencia de que estamos decidiendo cómo mejorar la formación, pero no solo la formación, sino las oportunidades, la sociedad que van a tener nuestras generaciones más jóvenes, es lo que se ha reflejado en el esfuerzo que han hecho durante
muchos meses muchos de los grupos parlamentarios, y yo quiero reconocerlo y agradecerlo en nombre del Gobierno. Formo parte de un Gobierno que creo que muestra un especial reconocimiento, una especial dedicación a la hora de trabajar con este
Parlamento, y lo vamos a seguir haciendo así, lo que es muy adecuado cuando estamos hablando de una ley orgánica. Pero permítanme que hoy también reconozca que entre el público aquí presente hay muchísima gente que ha contribuido de manera
significativa a esta ley y que forma parte de ese entramado de nuestro sistema educativo -recordemos que el trabajo empieza el día que esta ley se publique en el Boletín Oficial del Estado-. Tenemos aquí a representantes del sistema educativo, a
representantes de las comunidades autónomas, cosa que me congratula porque, si de verdad vamos a mejorar nuestro sistema educativo, va a ser con el trabajo y con la colaboración -igual que lo han hecho durante el último año y medio- de nuestras
comunidades autónomas, de todos los representantes del sistema educativo, de las distintas instancias que han trabajado en la ley. Veo por aquí representantes de profesores, de padres, de distintas instancias, pero permítanme que lo personalice en
la presidenta del Consejo Escolar del Estado, que nos representa un poco a todos. En definitiva, vamos a seguir trabajando para mejorar el sistema educativo, y con esta ley y la memoria económica que la acompaña es posible.
Termino recordándoles que esa confianza en la importancia del trabajo en el Parlamento se recoge en los artículos de la ley que comprometen que el Gobierno tendrá que presentar informes sobre el estado del sistema educativo todos los años en
esta Cámara. Ese debate continuado que vamos a necesitar durante todos los años es lo que nos permitirá garantizar que mejoramos el sistema educativo. El esfuerzo que se hace en este momento necesita una continuidad en los próximos años, y sé que
podemos contar con ustedes.
Muchas gracias a todos y especialmente a los que muestran su confianza en el proyecto y lo van a votar a favor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
Muchísimas gracias.
Señorías, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación con las enmiendas al proyecto de ley y, posteriormente, continuaremos con el dictamen.
En primer lugar, votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes a la señora Barkos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 13; en contra, 299; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la señora Lasagabaster con el siguiente orden. En primer lugar, ... (La señora ministra de Medio Ambiente, Narbona Ruiz, pide la palabra.)
Supongo, señora ministra, que quiere decir que al votar no se ha reflejado su voto. No se preocupe. Lo vamos a verificar y, en ese caso, entiendo cuál sería el sentido de su voto, y se corregiría inmediatamente.
Gracias. (Pausa.)
Ya me han confirmado el problema de su escaño, señora ministra.
Grupo Mixto, señora Lasagabaster. En primer lugar, votación de la enmienda 700.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 5; en contra 180; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votación de las enmiendas 701, 709, 722, 723, 728, 729 y 730.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 21; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 708.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 143; en contra, 169; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 710.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 154; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se vota, a continuación, el resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor 12; en contra, 301; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Mixto, señor Labordeta. Votación de las enmiendas números 158, 161, 164, 169, 170, 172, 176, 183, 189, 192, 195, 200, 202, 203, 214, 246, 249, 250, 253, 260 y 282.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, cinco; en contra, 173; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 168, 182, 185, 191, 215, 224, 226, 233, 235 y 240.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 133; en contra, 169; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 241.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos el resto de las enmiendas del señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, seis; en contra, 299; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Mixto, señor Rodríguez. Votación de las enmiendas números 9, 35, 36, 52 y 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 46, 73, 74, 105, 111 y 145.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 11; en contra, 172; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 16, 24, 28 y 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 137; en contra, 169; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 11; en contra, 301; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votación de las enmiendas números 606, 622, 624, 640, 656, 658 y 662 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, uno; en contra, 173; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 611, 623, 639, 645 y 691.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 133; en contra, 169; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 660.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 175; en contra, seis; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, dos; en contra, 297; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de las enmiendas 1007, 1025, 1030, 1036, 1040, 1043, 1048 a 1052, 1055, 1061, 1075, 1076, 1115 y 1130.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 183; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 1010 y 1056.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 18; en contra, 302; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, seis; en contra, 314; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los votos particulares. Votación del voto particular número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, ocho; en contra, 314; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el voto particular número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de las enmiendas 531, 532, 546, 551, 579, 581, 582, 590 y 591.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 574 y 588.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 170; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 589.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 315; en contra, seis; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular. Voto particular número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 27, en contra, 294; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas 353, 354, 355, 378, 382, 393, 400, 417, 418, 419, 467, 470, 472, 476, 478, 493 a 500, 502 a 514, 517, 518, 520, 521 y 524.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 28; en contra, 296.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 463, 491, 492 y 522.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 11; en contra, 305; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 468.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 294; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 433.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 12; en contra, 296; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas 450 y 515.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor 22; en contra 296; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 473 y 487.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 12; en contra, 169; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 11; en contra, 296; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de las enmiendas 1213, 1217, 1230, 1233, 1235, 1241, 1255, 1264, 1268, 1281 a 1283, 1320, 1323, 1338 y 1345.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10, en contra, 171; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 1214, 1215, 1219, 1225, 1263, 1267, 1270, 1278, 1279, 1284, 1305, 1317, 1328, 1339, 1340, 1346, 1347, 1352, 1254, 1358 a 1363.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 151; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 27; en contra, 296; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de votos particulares. Votamos el voto particular número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Grupo Popular. Votación de las enmiendas 731, 735, 852, 853, 890, 899, 946 y 948.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 144; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 737 a 746, 847, 876 a 883, 929 a 933 y 980.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 135; en contra, 187; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 133; en contra, 179; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Socialista del Congreso. Votación del voto particular número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 166; en contra, 21; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, votación del voto particular número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 161; en contra, 148; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Si les parece a los señores portavoces, vamos a acelerar porque, si no, nos vamos a alargar extraordinariamente. Van a cambiar el sistema a 10 segundos.
Pasamos a votar el dictamen. Título preliminar. Votación del artículo 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 170; en contra, 135; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto de los artículos del título preliminar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 190; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Título I. Votación de los artículos 12, 13, 14 y 27 a 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 188; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del artículo 15.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 184; en contra, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto del artículo 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 187; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del artículo 33 g), segunda parte, desde 'de las Comunidades' a 'exigencias curriculares'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, siete; en contra, 315; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado en las condiciones que he leído.
Votación del resto de artículos del título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 187; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título II. Votación de los artículos 71, 72, 79 a 83 y 89.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 190; en contra, cinco; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 73, 75, 78 y 90.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 84 a 88.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 187; en contra, 135; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de los artículos del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 182; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Título III. Votación de los artículos 94, 97, 100, 102 y 104 a 106.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 91, 92, 93, 95, 98, 99 y 101.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 320; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del resto del título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 191; en contra, 130; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Título IV. Votación del artículo 107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 188; en contra, cuatro; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del artículo 110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 316; en contra, tres; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 191; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 112 y 113.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 191; en contra, tres; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del artículo 116.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del artículo 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 111 y 114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del resto de los artículos del título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 190; en contra, 131; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Título V. Votación de los artículos 120, 122 a 125 y 131 a 139.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 185; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del artículo 121.2.3 y 121.2.6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 172; en contra, 148; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto del artículo 121.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 190; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto de artículos del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 189; en contra, 133; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto de artículos del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 189; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VI. Votación en bloque de los artículos del título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 187; en contra, 133; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Título VII. Votación de los artículos 149 y 150.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 188; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del resto de los artículos del título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 189; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VIII. Votación en bloque de los artículos del título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 189; en contra, dos; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales. Votación de la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 176; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la disposición segunda bis, nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones adicionales vigesimoctava y trigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 187; en contra, tres; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la disposición adicional vigesimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 187; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las disposiciones adicionales quinta, séptima, novena, decimoctava y trigesimoprimera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 190; en contra, dos; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la disposición adicional vigesimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 174; en contra, 19; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la disposición adicional decimoquinta, punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 183; en contra, seis; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de la disposición adicional decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 182; en contra, dos; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las disposiciones adicionales primera, cuarta, undécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimonovena a vigesimoquinta y vigesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de las disposiciones adicionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; en contra, 130; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones transitorias. Votación de la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 323; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las disposiciones transitorias décima y decimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 186; en contra, cinco; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la disposición transitoria decimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 322; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las disposiciones transitorias primera a novena, undécima a decimosexta y decimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de las disposiciones transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 191; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones finales. Votación de las disposiciones finales primera, punto 6 bis, segunda, cuarta y octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la disposición final primera, punto 5, párrafo segundo, desde 'en los términos' hasta 'la Dirección del Centro'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 171; en contra, 142; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las disposiciones finales primera, punto 7, quinta y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 171; en contra, 150; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 188; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el preámbulo y el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 192; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Como SS.SS. saben, este proyecto de ley tiene carácter orgánico y procede, en consecuencia, la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 184; en contra, 134; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
(Aplausos.-Rumores.)
Muchas gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO.
-PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. (Número de expediente 121/000036.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, enmiendas del Senado. Proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
(Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa y les rogaría que permitan la continuación del debate. (Continúan los rumores.)
Continuamos con el punto VIII del orden del día. Escuchen un momento, por favor, porque es un aviso. Ahora comenzamos con el punto VIII del orden del día, que votaremos inmediatamente después de ser debatido. Después daremos un breve
plazo de tiempo para comer rápidamente y continuaremos la sesión. Calculamos que se votará dentro de una hora aproximadamente, sobre las dos y media, la enmienda del Senado y luego habrá una hora -de dos y media a tres y media- para comer y
continuaremos sin parar hasta la terminación del orden del día. (Rumores.)
Señora ministra. (Continúan los rumores.)
Señorías, silencio. Oiremos a la ministra, se debatirá, se llamará a votación, se interrumpirá el Pleno por una hora y continuaremos hasta terminar. Eso es lo que desea la mayoría. Así pues, mantengan silencio y, señora ministra, tenga la
amabilidad de presentar el punto de vista del Gobierno.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra.
Por favor, guarden silencio. Señoras diputadas, no hagan corrillos.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy entra en su fase final en esta Cámara es la culminación de muchos meses de trabajo y es, desde luego, el inicio de un futuro esperanzador, porque con la aprobación de esta ley estamos sentando las bases
para que las nuevas generaciones vivan como normal lo que para nosotros ha sido una excepción. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Los miles de jóvenes que se van a incorporar en los próximos meses al mercado
laboral van a comenzar a trabajar en lugares sin humo de tabaco y así continuarán el resto de su vida. Nuestros niños no verán publicidad de productos del tabaco en la calle, no volverán a escuchar cuñas publicitarias en la radio, no se les volverá
a incitar a fumar con la publicidad que hoy les rodea. Miles de menores que salen a los locales de ocio pensados para ellos van a disfrutar de ambientes sin humo de tabaco. Todos nosotros, incluidos por supuesto los dos tercios de la población que
no fumamos, vamos a poder disfrutar de un aire sin humo de tabaco en los centros de trabajo, vamos a disponer de más espacios sin humo en los lugares de ocio, vamos a poder hacer gestiones en cualquier establecimiento público en un ambiente sin
tabaco y en poco tiempo lo vamos a considerar habitual. Las nuevas generaciones van a ver que lo normal es trabajar o divertirse sin estar rodeados por el humo del tabaco. Todo esto es motivo para congratularnos, y más aún cuando, por encima de
las pequeñas diferencias que han marcado la tramitación de este proyecto, estos son objetivos que compartimos todos los grupos políticos y que sintonizan con los deseos de la mayoría de los ciudadanos, incluidos un buen número de fumadores.
La prevención y el control del tabaquismo, el abandono del consumo del tabaco, son fundamentales en la prevención y en el control de enfermedades cardiovasculares y de determinados tipos de cáncer. Por eso esta ley supone un avance
fundamental en la defensa de la salud pública, y permítanme que les recuerde las cifras que se derivan de este problema: más de 50.000 personas mueren en España cada año a consecuencia del tabaco; ello representa el 16 por ciento de todas las
muertes entre mayores de 35 años. Son más muertes que las producidas por el sida, el alcohol y los accidentes de trabajo y de tráfico juntos. Y de ellas en torno a 700 personas mueren cada año por haber inhalado involuntariamente humo de un tabaco
que no han fumado. Además, el tabaquismo es la primera causa de enfermedad y de invalidez en España. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco está relacionado con más de 25 enfermedades. Es la causa principal del
90 por ciento de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen por cualquier
tipo de cáncer.
La lucha contra el tabaco ha sido y es una prioridad del Gobierno. Como recordarán los diputados miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo, en mi primera comparecencia ante el Congreso el 31 de mayo del 2004 adquirí el compromiso de que
la prevención y el control del tabaquismo sería uno de nuestros objetivos prioritarios de legislatura, y por ello el Ministerio de Sanidad y Consumo ha destinado en estos veinte meses de gestión casi 30 millones de euros para el impulso de programas
de control del tabaquismo y para el año 2006 el presupuesto que está siendo debatido en las Cortes contempla un incremento significativo para financiar el Plan nacional de control del tabaquismo. Las dotaciones económicas se han orientado
principalmente para desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, programas de ayuda a la deshabituación tabáquica, a la creación de unidades de deshabituación, formación y sensibilización de profesionales sanitarios y educadores, a
programas de sensibilización en centros laborales, a campañas informativas y a políticas de prevención del inicio del tabaquismo fundamentalmente dirigidas a niños y a adolescentes. A propuesta del Gobierno, el 30 de diciembre de 2004, las Cortes
autorizaron la ratificación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, instrumento internacional básico que marca las líneas de lucha contra el tabaquismo que todos los países deben afrontar. El proyecto de ley que hoy se somete a la
aprobación de esta Cámara se enmarca en este convenio y es un engranaje más de la lucha contra el tabaco, que además vamos a complementar con políticas de información, de educación, de asistencia y de investigación. La adopción de las medidas que
hoy aprobamos se hace necesaria para ofrecer un soporte y cobertura normativa a todas las intervenciones que se están desarrollando en el conjunto del Estado. Necesitábamos una base jurídica que facilitara la existencia y eficacia de esas
intervenciones, especialmente en la población infantil y juvenil, uno de los principales sectores de la población al que se dirige esta ley. En efecto, el proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco tiene como objetivos fundamentales evitar el inicio en el hábito tabáquico, garantizar el derecho de los no fumadores a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco y a hacer
más fácil el abandono de este hábito a las personas que lo deseen.
Como ustedes saben, desde la presentación del primer borrador, hace más de un año, el Ministerio de Sanidad y Consumo quiso abrir un amplio debate social. El trámite de audiencia fue especialmente amplio, consultando a sociedades
científicas, colegios profesionales, sector sanitario, organizaciones empresariales y sindicales, otros ministerios y también a la industria. El texto se debatió con las comunidades autónomas a través del
consejo interterritorial y fue informado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado. El debate fructífero continuó en las Cámaras a través de comparecencias de expertos que se produjeron en la Comisión de Sanidad y Consumo
y también entre los propios grupos políticos. Es un debate también que se ha trasladado a los medios de comunicación y a la opinión pública y que ha generado un muy apreciable cambio de criterio respecto a lo que era habitual opinar hace muy poco
tiempo. En este cambio ha sido fundamental el papel jugado por los medios de comunicación, que han ayudado a sensibilizar a la opinión pública sobre la gravedad del problema y sin duda han contribuido a conformar el amplio consenso social alrededor
de las medidas que hoy va a aprobar esta Cámara. Entre todos hemos enriquecido la ley y, aun con las lógicas discrepancias que podamos mantener en determinados puntos, sus aspectos fundamentales como la definición de espacios sin humo, las
limitaciones a la venta y el suministro de los productos derivados del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio, así como el régimen de infracciones y sanciones, estoy segura de que van a contar con un consenso mayoritario, por
no decir unánime, de esta Cámara y, lo que todavía es más importante, de una inmensa mayoría de los ciudadanos.
No me cabe ninguna duda de que lo que hoy se ve como un riesgo económico por parte de algunos sectores se va a convertir, en muy breve plazo, en la percepción de que en realidad es una oportunidad. España está inmersa en un proceso de
aumento de calidad de la oferta turística y, sin duda, esta ley también ofrece una oportunidad de mejora de la oferta de ocio de la pueden disfrutar los cada vez más exigentes visitantes que recibe nuestro país. El cambio de mentalidad respecto del
tabaco que se ha producido en muy breve plazo en la sociedad española va a permitir que la existencia de espacios sin humo sea un aliciente más de los locales de hostelería y restauración. La experiencia de otros países demuestra que, en términos
generales, los resultados del sector de la hostelería no solo no empeoran sino que mejoran tras la adopción de restricciones al consumo de tabaco. En efecto, recientes ejemplos de aprobación de normativas similares en otros países europeos han
demostrado que la adopción de medidas legales similares a las que hoy va a adoptar esta Cámara generan resultados positivos, son aplicadas sin conflicto alguno y están teniendo una gran aceptación social. Como ejemplo podría citar el caso de
Italia, donde la aplicación de la nueva normativa no está generando ningún problema significativo y cuyo cumplimiento es generalizado. La gran mayoría de los países de la Unión Europea han adoptado o están adoptando disposiciones normativas
similares a la ley que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara. Hoy nos incorporamos al bloque de países que lideran la lucha contra el tabaco, pero en breve serán muchos más los que nos acompañen porque son muchos los que están tramitando o
elaborando normativas de limitación del consumo de tabaco, cada una de ellas con las características propias derivadas de la atención a la realidad social a que se refieren. Así, por ejemplo, quisiera mencionar que en España hemos incluido un
tratamiento distinto y más gradualista de los locales de restauración y hostelería que el vigente desde hace muchos años en otros países. Sabemos, porque nos lo dicen las encuestas, que una buena parte de los fumadores desea la entrada en vigor de
la ley porque la consideran una excelente oportunidad y un estímulo para dejar de fumar. Todos los fumadores saben ya que el tabaco es malo para la salud, para la suya propia y para las de quienes conviven o trabajan con ellos. El respeto a la
salud de los demás es uno de los elementos centrales de la ley. Si este sencillo principio se entiende bien y se aplica con normalidad, los conflictos que pudieran surgir a la hora de aplicarla serán sin ninguna duda muy pocos y se resolverán con
facilidad. Se trata de un esfuerzo que va a significar mucho en términos de salud para quienes no fuman y también para quienes fuman. Tenemos la seguridad de que la mayoría de los fumadores así lo va a entender. La ley no va contra nadie, va a
favor de la salud de todos. Ya hay centros públicos y privados donde a lo largo de este año se han desarrollado experiencias de aplicación de criterios similares, si no idénticos, a los que recoge esta ley que se presenta hoy para su aprobación.
La experiencia demuestra que la acogida ha sido buena, los beneficios grandes y los conflictos escasos.
Señorías, quisiera terminar felicitándonos todos por lo que creo que va a ser un hito fundamental en la lucha contra el más grave problema de salud pública al que nos enfrentamos. Quisiera agradecer a los grupos parlamentarios del Congreso
y del Senado, en particular a los diputados y a los senadores miembros de las comisiones de Sanidad y Consumo de ambas Cámaras, el excelente trabajo desarrollado en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
Muchas gracias a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra de Sanidad.
Señorías, comenzamos con el turno de fijación de posiciones. Lo haremos como siempre de menor a mayor y comenzaremos por la señora Barkos, en nombre del Grupo Mixto. Tiene usted la palabra.
La señora BARKOS BERRUEZO: Empezaré donde ha terminado la señora ministra, saludando iniciativas de estas características que creo que a todos, incluso a los fumadores y a mí, se lo digo en primera persona, de una u otra manera nos
benefician más allá de las críticas.
Quería en cualquier caso llamar la atención sobre dos enmiendas que nos llegan desde el Senado y anunciar que hemos solicitado la votación separada de las mismas. Son la referida a la disposición adicional quinta, con la entrada de los
establecimientos autorizados como puntos de venta con recargo situados en municipios fronterizos con dependencias aduaneras y la disposición adicional
undécima, ambas dirigidas a paliar de alguna manera las importantes cargas económicas que esto va a suponer en determinados municipios fronterizos, y por supuesto estamos hablando de sus hombres y mujeres. Nos parece que esta carga debería
ser tenida muy en cuenta dado que va a afectar a las economías de los municipios de manera muy importante, a esos hombres y mujeres, a muchas familias. Por lo tanto, son dos enmiendas que vienen a paliar estas consecuencias de lo que todos
esperamos, de verdad, se convierta en una disminución cada vez más rápida de la venta de tabaco.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.
Continúa el turno del Grupo Mixto con la intervención de la señora Fernández.
Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra, efectivamente finalizamos hoy el trámite parlamentario de una ley que para todos los ciudadanos pero que para usted también, como ministra y preocupada con sinceridad por la salud pública -que lo
sabemos-, tiene una importancia grande. No tenemos ningún problema en felicitarla al igual que usted nos felicitó a todos por conseguir que al final el proyecto de ley salga en las condiciones en que se va a aprobar en el día de hoy.
Efectivamente, es una ley de una controversia social tremenda.
Afortunadamente hemos tenido un año para debatirla, no solamente en el trámite parlamentario sino también en el debate social. No ha habido en toda esta legislatura ninguna ley
que haya tenido tanta participación de tantas organizaciones sociales, unas a favor y otras en contra pero todas entendiendo perfectamente la necesidad de legislar sobre las restricciones en materia de tabaco, aunque no todas compartían la rigidez
que el proyecto de ley inicialmente contenía, sobre todo alguna de las partes. También es cierto que hay que reconocer que incluso un sector importante de la sociedad, no digo la mayoría, llega a considerar el proyecto de ley y la ley misma que hoy
vamos a aprobar como intolerante, en la medida en que es muy rígida con respecto a las limitaciones para aquellas personas fumadoras. Esta consideración no se ha hecho solo por los fumadores y las fumadoras, sino también por parte de muchos
ciudadanos que entienden que la ley tiene esas características.
Nosotros queremos ponerlo de manifiesto hoy aquí porque pensamos que si queremos que la ley sea eficaz es necesario continuar con una política de pedagogía a nivel social, de tal manera que los fumadores entiendan la importancia de esas
restricciones y así no lleguen a considerarla, como se considera ahora por parte de un sector muy importante de la sociedad, como intolerante.
Señora ministra, también quiero aprovechar la ocasión para manifestar -lo hice en la Comisión de Sanidad- que entiendo hoy mucho mejor que hace un año y estoy más convencida que hace unos meses de la necesidad de esta ley, que me parecía
excesivamente rígida, independientemente de se fuera flexibilizando en el transcurso del trámite parlamentario. Hoy reconozco que, así como hubo aportaciones sociales en la posición favorable a la ley que no me parecen en absoluto afortunadas para
el fin que queremos que cumpla la ley, la intervención de profesionales de la sanidad y otros, así como los informes presentados tuvieron el suficiente significado como para obtener una idea más clara de la gravedad del tabaquismo. También es
cierto que aún nos queda alguna duda de que, efectivamente, la gravedad sea tal como para que legislemos en las condiciones en que estuvimos trabajando. También aprovecho su presencia en la Cámara para decir que desde el Ministerio de Sanidad,
igual que se trató el tema del tabaco como nocivo y con el nivel de gravedad con que se presenta para la salud pública, se trabaje y se legisle respecto de otros productos igualmente nocivos también considerados cancerígenos que diariamente
ingerimos en nuestra dieta alimentaria y que, efectivamente, está comprobado que son negativos para nuestra salud.
Además de las consideraciones que hacemos y podamos hacer con el fin positivo de que la ley sea lo más eficaz posible, pedimos que efectivamente también se pongan en marcha las medidas que usted acaba de expresar en su intervención y que
tiene su ministerio intención de continuar tomando, porque, repito, al día de hoy aún queda una parte importante de nuestra sociedad que no entiende el objetivo que la ley persigue. Es cierto que cada vez somos más las personas que no fumamos, y no
me preocupa confesar que no sé si por el proyecto de ley o si por la restricción de los lugares donde se podía fumar -en los aeropuertos, en esta misma casa, etcétera-, desde abril no fumo y me felicito por ello.
Por lo tanto, considero y reconozco
la importancia que para las personas significa dejar el tabaco, y no solamente por la salud, sino también por la calidad de vida. Por eso, vamos a apoyar la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado, porque mejoran el texto que salió del
Congreso en cuestiones como el régimen sancionador en la medida en que puede hacer más eficaz la ley, porque también incide en la flexibilización ligera -tampoco quisimos cambiar el fondo del contenido del proyecto presentado por su ministerio- que
ya iniciamos en el Congreso y porque, en definitiva, pensamos que puede aunar más las distintas posiciones que socialmente existen respecto de este tema. Por tanto, quitando algunas de las enmiendas, que no es necesario enumerar y que votaremos en
contra, y menos tres en las que nos vamos a abstener, el resto contará con nuestro voto a favor.
Muchas gracias y felicidades de nuevo, señora ministra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y tiene la palabra para ejercerlo en su nombre el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero anunciar que mi grupo va a votar favorablemente todo el contexto de esta ley que hemos llamado antitabaco o antifumadores de tabaco, en el sentido de que coincidimos con lo que ha dicho la señora ministra de proteger un bien público,
reforzado con las estadísticas de las causas del tabaco en el cáncer de pulmón, en las cardiopatías, en estados generales que alteran fisiológicamente el organismo tanto de los fumadores activos como de los fumadores pasivos. Por tanto, hay un bien
jurídico a proteger que es la salud pública, cuya defensa está muy bien consagrada en todo el ordenamiento jurídico español, incluso en el Código Penal figura el delito contra la salud pública. Ahora aquí dedicaré un comentario reflexivo a una
parte de este proyecto de ley. En su conjunto nosotros lo vamos a apoyar porque entendemos que es una ley positiva en la defensa que decía de este bien jurídico a proteger y también dentro de los usos y costumbres de una sociedad que trata de
ordenar la propia convivencia y evitar enfrentamientos.
De las 36 enmiendas que nos vienen del Senado -ha sido muy abundante la cosecha de enmiendas recogida allí-, mi grupo a votar en contra de 14, cerca de la mitad -ya se las hemos hecho llegar a los servicios de la Cámara para su separación-,
y a favor de 16 aproximadamente, ya que lo que se ha introducido en ellas nos parece enriquecedor y nuestro grupo también las votó favorablemente en el Senado.
Votaremos favorablemente la enmienda al artículo 4. El proyecto que salió de aquí señalaba las prohibiciones o las autorizaciones en los casos especiales. Nos parece bien que el tratamiento que se da en esta ley a los bares, restaurantes,
etcétera, se conceda igualmente a hoteles, hostales y demás. En Canarias el turismo es uno de los sectores generadores de producto interior bruto. En comunidades autónomas como Canarias o Baleares, o en zonas de Andalucía como la Costa del Sol o
del Levante español en las que hay una gran densidad hotelera, la industria hotelera ofrece estos servicios al turismo nacional o extranjero.
Igualmente, vamos a apoyar las enmiendas del Senado que se refieren a la protección de los menores que
entran en determinados establecimientos expendedores de tabaco y las regulaciones que se les tienen que aplicar, que se guían por un principio de protección del menor.
Vamos a votar favorablemente todas las enmiendas que llegan del Senado referidas a infracciones. Quiero aprovechar la presencia aquí de la señora ministra para hacerle una reflexión tanto sobre las infracciones como sobre las sanciones.
Ayer, desde la Comunidad Autónoma de Canarias, las consejerías responsables, Sanidad y otras, me preguntaban sobre los órganos ejecutivos encargados de hacer cumplir esta ley. En este momento, ni las comunidades autónomas, ni los cuerpos de la
Guardia Civil o de la Policía Nacional, ni las policías autonómicas tienen instrucciones para saber cómo se va a controlar la aplicación de esta ley a partir del 1 de enero. Esta ley, por ser ordenancista y reglamentaria, tiene que tener definida
la figura institucional que va a hacerla cumplir. Señora ministra, en España, siglos pasados, cuando el contrabando era una defraudación a la Hacienda pública y un acto a perseguir jurídica y penalmente, se creó el Cuerpo de Carabineros para
prevenir el contrabando de tabaco. Después de la guerra civil, suprimido el Cuerpo de Carabineros, para la lucha contra el contrabando de tabaco en las fronteras, hubo que segregar de la Guardia Civil el contingente dedicado al resguardo fiscal,
por ser el tabaco uno de los instrumentos de recaudación fiscal de la Hacienda pública. Esto sucedía también en otros muchos países, España no era una excepción. Italia tuvo que crear también la guarda de finanzas, la guarda fiscal para el control
del contrabando de tabaco. Para hacer cumplir una normativa tan intervencionista y reguladora como la de tráfico, destinada a evitar los accidentes de carretera y a ordenar el tráfico, ha habido que segregar de la Guardia Civil o de las policías
autonómicas las agrupaciones de tráfico correspondientes. Con todo esto quiero decir que cuando se saca una ley de esta envergadura hay que definir cuál es el instrumento que va a hacerla cumplir, quién se va a ocupar de esa tarea, para que no
quede en papel mojado. No desearíamos que de esta ley se dijera después: Bueno, las leyes se acatan pero no se cumplen. Por tanto, nuestro apoyo vendrá dado por que las instituciones administrativas del Estado o de las policías autonómicas,
Guardia Civil, etcétera, tengan pronto a su disposición los instrumentos necesarios para hacer cumplir esta ley, que tiene un capítulo muy amplio e importante de infracciones, y las infracciones van seguidas de las sanciones. Quién va a tener esa
corresponsabilidad de vigilancia y de cumplimiento de la ley es la observación que quería hacer. Una ley conveniente, desde el punto de vista del bien jurídico a defender, en una sociedad moderna no puede seguir soportando esas cifras. No hablamos
solamente de los 50.000 muertos por tabaquismo en España, como bien ha señalado la señora ministra, sino que hay países como el Reino Unido que ya se están planteando algo preocupante como es negar la asistencia de la sanidad pública a cualquier
enfermo que alegue en sus antecedentes de la anamnesis que es fumador, es decir, ante un acto de riesgo se le va a mandar a la cola de las listas de espera de los quirófanos o se le va a prohibir acceder a bienes de la Seguridad Social. Fijémonos
de qué estamos hablando. Efectivamente, 50.000 muertos por tabaquismo en España significa que más de la mitad han tenido que pasar por una cama de un hospital de la Seguridad Social en España. No estamos hablando solo de pérdidas de vidas humanas
lamentable, sino del tremendo coste que
conlleva además por tratarse de enfermedades crónicas, porque el tabaquismo no solo provoca procesos agudos, salvo que al cabo de años como fumador se tenga un infarto de miocardio, sino que conlleva procesos carcinogenéticos y
fundamentalmente procesos crónicos que hacen que en este momento se ocupen todas las camas en España.
Nosotros queríamos señalar con esto el deseo de que esta ley tenga un acertado cumplimiento. Además, vamos a votar favorablemente la enmienda a la disposición adicional cuarta que nos ha llegado del Senado. Nosotros habíamos propuesto allí
con otros grupos parlamentarios la peculiaridad de Canarias en cuanto a los puestos del menudeo de la venta al detalle, es decir, lo que en el territorio peninsular y de Baleares se llaman los estancos por el antiguo monopolio de Tabacalera que en
Canarias no existe. En Canarias la red de estanco con efectos timbrados no ha existido nunca, al igual que ocurre con Campsa. Esto se ha sabido recoger con una enmienda a la disposición adicional cuarta que nos ha trasladado el Senado, que
reconoce el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la peculiaridad comercial y estructural que allí tenemos y, por tanto, nos damos por satisfechos.
El resto de las enmiendas no las he comentado porque para nosotros tienen un sentido demasiado restrictivo o contrario al espíritu que impregnaba el texto de la ley, que es el compartíamos, por lo que votaremos en contra como ya haré llegar
a los servicios de la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en su nombre ejercerá este turno la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, en este tramo final de la ley de prevención del tabaquismo mi grupo parlamentario será breve, porque no quisiera repetir ya parte del debate que tanto en Comisión como en el Pleno del Congreso de los Diputados en
su momento se realizó. En todo caso, estamos ya ante la aprobación definitiva y tenemos que discutir las enmiendas que nos han llegado del Senado. A pesar de que no voy a alargarme quisiera volver a dejar constancia, como ya lo hice en su momento,
de que para nosotros esta ha sido una ley que con sinceridad -y ya lo he manifestado en diferentes ocasiones- nos hubiera gustado que hubiera tenido otro cariz, en el sentido de que para nosotros el hábito de fumar es una dependencia más, y ya sé
que para la señora ministra y para el resto de señorías seguramente también lo sea. En todo caso, como tal dependencia, en una ley que sale del Ministerio de Sanidad tenían que haber tenido un peso bastante más importante los aspectos de salud y de
tratamiento y, por tanto, las medidas que en ella se proponen tenían que haber sido más a corto, medio y largo plazo. Un hábito que viene como ya se ha dicho de una cultura arraigada durante tantísimos años y que hasta hace muy poco la propia
Administración en general -no estoy hablando de ninguna Administración en concreto- y toda la sociedad potenciaban. Incluso para algunas personas no fumadoras, como es mi caso, era un problema no serlo porque te miraban mal y como un poco raro. En
cambio, a nuestro modo de ver con esta ley quizás hayamos dado un giro demasiado radical en algunos aspectos. Comprenderán que no es porque a nosotros no nos gusten los planteamientos radicales -que en general si son serios y rigurosos nos gustan-,
sino porque no siempre el intento de cambiar las cosas con demasiada rapidez tiene el efecto que se pretende. Simplemente dejamos en el aire nuestra incógnita en cuanto a esta ley, es decir, si por ser muy concreta en los tiempos y en las
prohibiciones que a partir del 1 de enero se establecen vamos a conseguir rebajar verdaderamente el índice no solo de molestia de los no fumadores, que también es un aspecto muy importante que comparto y he padecido, sino que lógicamente esta ley
tiene que pretender y pretende mucho más, que es reducir el hábito del tabaco. Por tanto, nosotros realmente compartimos la filosofía y el marco del proyecto para prevenir el tabaquismo y preservar la salud de los ciudadanos; para intentar
conseguir mediante las medidas que se plantean en la ley que se reduzca el número de las personas que fuman y que disminuya la incorporación de nuevos fumadores, así como la garantía del derecho de los no fumadores a no tener que exponerse a los
efectos del humo del tabaco tanto en el ámbito laboral como en los espacios de ocio y tiempo libre, cuestión que nunca antes había sido tenida en cuenta y que verdaderamente durante todos estos años ha sido un calvario para los no fumadores.
En cualquier caso, seguimos pensando que la ley que hoy se va aprobar es demasiado rígida, por ejemplo, en el ámbito laboral, y deja en tierra de nadie la negociación de los agentes sociales. Esto quizá puede generar problemas -ojalá no sea
así, de lo cual nos alegraríamos, aunque en todo caso manifestamos aquí y en este momento nuestra duda al respecto- en el ámbito laboral, cuando con algo más de flexibilidad y tiempo quizás hubieran podido adaptarse a la norma y evitar así algunos
conflictos. La realidad de este país es que hay un porcentaje de trabajadores y trabajadoras fumadores muy importante que no van a dejar de fumar de la noche a la mañana, ya que este hábito es una dependencia. No porque la ley entre en vigor el 1
de enero va a ser posible que dejen de fumar, sino que van buscar rincones, espacios, escaleras, etcétera. De momento esto va a ser así, en cuyo caso podríamos haber encontrado fórmulas un poco más adecuadas para evitar precisamente esa sensación
-entre comillas- de marginalidad que se va a dar.
Tengo que decir que no se ataja demasiado el problema fundamental de la industria del tabaco, sino que este es un tema que queda sin resolver; quizás la solución no sea esta ley, pero queremos comentarlo. Asimismo,
y sin menoscabar lo positivo que tiene la ley, como es la introducción de un nuevo capítulo sobre prevención del tabaquismo y promoción de la salud -de la que carecía la ley, pero que nuestro grupo, junto con otros, hicimos la propuesta y
finalmente fue aprobada- pasaré a comentar de una manera muy concreta cuál va a ser nuestra posición con relación a las enmiendas que nos llegan del Senado. En este contexto y para no alargarme demasiado voy a dejar constancia -para que además
figure en el 'Diario de Sesiones'- de aquellas que nuestro grupo no va a apoyar, mientras que ya anuncio que daremos nuestro voto favorable al resto.
No vamos a apoyar las letras d) y f) del artículo 4, ni tampoco el artículo 7 en su letra r) ni el apartado 1 del artículo 8. Esperamos que se pueda votar separadamente el artículo 8.2,b) porque la palabra adecuadamente abre en este punto
la posibilidad de que realmente cada restaurante acabe decidiendo cómo adecuadamente hace las separaciones, etcétera, y nosotros tampoco lo vamos a apoyar. Tampoco apoyaremos el artículo 20.2; la disposición adicional quinta; la disposición
adicional octava; la disposición adicional décima; la disposición adicional undécima; la disposición transitoria primera, apartado 2; la disposición segunda, párrafos primero y segundo; la disposición transitoria segunda, párrafos primero y
segundo, ni finalmente la disposición transitoria tercera. Nos vamos a abstener -por coherencia con muchos aspectos que ahora no es momento de comentar porque ya lo hemos tratado en otras sesiones- en cuanto a la disposición transitoria quinta.
En estos últimos minutos que me quedan diré que, a pesar de todo esto, nosotros vamos a colaborar en la medida de lo posible por que esta ley tenga éxito y por que su aplicación sea efectiva y consigamos lo que para nosotros es lo
fundamental, que es rebajar el número de personas que en estos momentos están fumando en nuestro país y que se incorpore el menor número de personas posible al hábito de fumar. Si lo conseguimos, señora ministra, de aquí a muy poco tiempo yo le voy
a reconocer que nuestras dudas eran infundadas y que estamos aprobando la ley más correcta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y ejercerá en su nombre la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, señora presidenta, a usted que comparte conmigo inquietudes en esto, le diré nuevamente que necesitamos la reforma del Reglamento de esta Cámara. Una ley tan importante como esta llega a Pleno a través de un
trámite que denominaré menor, con el debido respeto al Senado, como es el de la revisión de las enmiendas del Senado. No hubo debate de totalidad, no estuvo avocado a Pleno y no ha sido objeto de tratamiento más que en el trámite de hoy, que no es
de los más vistosos, si bien ha estado dignificado por la presencia y presentación de la norma por parte de la señora ministra, lo que todos los ponentes le agradecemos especialmente.
No me puedo limitar a lo que es el examen de las enmiendas del Senado, sino que, por lo menos, habrá que encajarlo dentro de los bienes y valores que pretendemos defender con la ley que hoy aprobamos. La Constitución española reconoce, en
su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y encomienda, en su apartado 2, a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública mediante medidas preventivas. La Ley General de Sanidad establece, además, la obligación de
las administraciones sanitarias -y en ello estamos- de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, evitar las actividades y productos que directa o indirectamente puedan tener
consecuencias negativas para la salud y regular su publicidad y propaganda comercial. Esto es lo que pretende la ley; lo que tenga de mercantil, comercial o fiscal son aspectos añadidos, pero la protección del valor salud, el cumplimiento de este
mandato constitucional, es lo que nos ha movido y ha guiado la postura, al menos, de la formación política a la que yo represento en la tribuna.
Tengo ya que ceñirme, por cuestiones de tiempo, a lo que ha sido introducido por la Cámara Alta y, con todo respeto, debo manifestar que en algunos casos ha intentado ensanchar los límites de lo que había salido de la Comisión. Hay -eso sí
debo reconocerlo- algunas correcciones de índole técnica que mi grupo aceptará, pero en otros casos han sido más tolerantes con estos aspectos mercantiles o comerciales, en una dimensión que mi formación política no va a aceptar con su voto cuando
concluya este turno de intervenciones. En el artículo 4, referido a la venta y suministro a través de máquinas, hay alguna ampliación, extendiendo a hoteles u hostales lo mismo que se permite ya para bares y restaurantes, y eso nos parece aceptable
-no así lo que se establece en los apartados d) y f)-, de la misma manera que aceptaremos la modificación que se ha introducido en el artículo 5. Respecto de la prohibición total de fumar, se hacen algunas aclaraciones que mejoran lo que había
quedado establecido en esta Cámara respecto de zonas situadas al aire libre, y nos parece especialmente aceptable lo que ha quedado regulado sobre la situación de vagones, andenes y estaciones, que han de estar completamente al aire libre; no tener
alguna parte al aire libre, sino completamente al aire libre. El artículo 8 ha sido objeto también de cinco retoques en relación con la habilitación de zonas para fumar, en el mismo sentido de ensanchar lo que era el criterio de prohibiciones.
Vamos a votar favorablemente todo lo que tiene que ver con la protección de menor, por supuesto, pero nos oponemos totalmente al apartado 2, letra b), cuando hace referencia, utilizando el adverbio adecuadamente, a las
zonas que puedan habilitarse; adecuadamente es un criterio valorativo; adecuadamente, ¿en relación con qué? Sin embargo, el adjetivo completamente, que es el que se utilizaba en esta Cámara, nos parece más adecuado porque es objetivo;
completamente es completamente, es del todo y sin posibilidad de que el humo contamine el resto del espacio del local.
En el artículo 8, apartado 3, nuevamente se hace referencia a la protección de menores y, aun no gustándonos mucho, tampoco vamos a poner especial objeción a las modificaciones que se han hecho en los artículos 9 y 19, sobre publicidad,
promoción y patrocinio, con la inclusión del adverbio exclusivamente, dejando la posibilidad de que se puedan regalar productos tales como mecheros o camisetas no necesariamente vinculados con el uso del tabaco. En materia de infracciones y
sanciones ha habido algunos aciertos en el Senado, referidos fundamentalmente a enmiendas que habían dejado el texto descompensado y por culpa -debo manifestarlo- de enmiendas que le habían sido aceptadas a mi propia formación política.
Han quedado
corregidas esas disfunciones, fruto de la aceptación de enmiendas, si bien debo manifestar una cuestión que inquieta especialmente a quienes son propietarios o tienen responsabilidades en relación con locales donde pueda efectuarse el trabajo, no
solamente los dedicados a la hostelería. En el artículo 19 causa cierto pánico que la idea de permitir fumar pueda ser interpretada como una conducta objetiva, de la misma manera que se dice que son objetivas las infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales y que aparezca el elemento volitivo que la dogmática, en materia de sanciones, exige en todo caso.
En la medida en que la intervención en esta tribuna pueda servir de elemento auténtico de interpretación para que en
el futuro un juzgador o una administración sancionadora lo tenga en cuenta, permitir ha de interpretarse con elemento volitivo, es decir, en la idea de dar autorización, no la mera conducta de ver que se está fumando y no impedirlo. La idea de dar
autorización encaja más en el contenido de la potestad sancionadora que pretendemos establecer.
Nos ha parecido erróneo el empeño del Senado en hacer desaparecer del artículo 20.2 la capacidad económica del infractor como criterio para graduar la cuantía de la sanción. Es algo que existe en materia penal en relación con las penas y en
toda la normativa la dogmática referida a sanciones también aparece. De no estar en la ley sería igualmente atendible porque así lo establece la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. En
cuanto a las personas responsables, nos parecen bien las modificaciones que se han introducido. Dado que también hubo enmiendas de mi formación política a la adición de los puntos 3 y 4 del artículo 22, debo referirme a las personas responsables de
sancionar cuando las infracciones se cometan a través de los medios de radio y de televisión. Las enmiendas que presentó el Grupo Vasco, que se aceptaron en Comisión, pretendían que solo la Administración sanitaria fuese la competente para
intervenir en materia de infracciones que creíamos no de índole industrial o técnica, sino sanitaria. Sin embargo, la eficacia en la persecución de estas conductas nos lleva a reconsiderar nuestra postura y a que sea adecuado que sea la
Administración competente, la de industria, la que sancione. A la Administración sanitaria le quedará siempre el importante papel de ser la Administración denunciante, ahora que conocemos que el denunciante tiene cada vez más papel e importancia en
el procedimiento sancionador.
La disposición adicional segunda nos parece especialmente bien puesto que se precisa cómo han de medirse los 100 metros cuadrados, en relación con el espacio útil destinado a clientes. Saludamos -así lo propiciamos en
Comisión- que se haya llegado a un acuerdo en la disposición adicional cuarta en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Defensores como somos de las peculiaridades del sistema vasco, creíamos que se debía hacer un esfuerzo especial en relación
con las especialidades que en esta materia tiene Canarias sin que pareciese que quedaba como una zona exenta de la protección del valor salud al que toda la ley va orientada.
Debo hacer especial mención, por ser mi obligación, a la disposición adicional décima, donde se encuentra para algunos el quid de la cuestión, la financiación o no de las estrategias de investigación, prevención y facilitación de la
deshabituación. Sabemos que es impopular oponerse a la introducción de estas medidas, pero vamos a votar en contra de lo establecido por el Senado. Existe el fácil argumento de pretender que si se prohíbe una conducta: que me ayuden a
deshabituarme. Hay también un contraargumento que resulta fácil en esta cuestión: lo que se puede ahorrar en tabaco se lo puede gastar en el tratamiento de deshabituación.
Mucho más en serio -la señora ministra es consciente de ello-, hay muchas
patologías, los medios de que disponen la Administración son limitados y hay que optar y decidir cuáles son financiadas con cargo al sistema público. Nos parece que una decisión de este estilo no debiera ir nunca en esta ley, sino que debiera ser
objeto de debate y decisión en el seno del Consejo Interterritorial. No nos oponemos a que en un futuro pueda haber una financiación de este estilo. No es este el lugar y habría que considerarlo en relación con otras patologías y necesidades de
financiación que existen en el Sistema Nacional de Salud.
Nos oponemos a las disposiciones adicionales que se han introducido que, a nuestro juicio, no tienen nada que ver con el contenido de la norma, porque son meras burocracias que se añaden para retrasar la entrada en vigor de la norma. Tengo
que referirme a la disposición transitoria segunda, párrafos primero y segundo, respecto de la cual la comisión técnica de prevención del tabaquismo que existe en el Gobierno vasco me manda una nota pidiéndome que tengamos especial cuidado en que
desaparezca del texto de la norma, porque supone ofrecer en bandeja a las tabaqueras un bypass que necesitan para seguir publicitando marcas del tabaco sin anunciar
tabaco, vaciando de contenido la decidida redacción de los artículos 9 y 10. La protección de la salud pública de sectores vulnerables debe prevalecer sobre cualquier argumento de tipo comercial. Nos instan a que seamos conscientes de la
falta de ética y de la gran rentabilidad económica de este tipo de estrategias y, lo que es más grave, el acceso, la penetración y la influencia sobre la población, diana a la que van dirigidas estas campañas, que es la población joven, incluso la
población menor de edad. Por tanto, queda aclarado con esta argumentación que votaremos en contra.
La disposición transitoria cuarta tiene una nueva moratoria, dejando a los fabricantes que dispongan de hasta 6 meses para adecuar el formato de las cajetillas. Aunque no nos oponemos a que así sea, nuestro grupo va a votar en contra, a
pesar de que sabemos que gozará del favor de toda la Cámara esta nueva moratoria que se establece en la disposición transitoria quinta, donde se prevé un plazo de 3 años para la finalización del patrocinio y publicidad del tabaco en los eventos
deportivos. Nos oponemos rotundamente pues creemos que es una presión intolerable del sector, ajeno a la voluntad que pretende esta norma.
Concluyo con el primer párrafo del preámbulo de la ley cuando dice rotundamente que el tabaquismo es la
primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. Esto es lo que pretendemos evitar con la ley que hoy aprobamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Uría, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra para ello doña Rosa Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, hoy vamos a aprobar en esta Cámara un proyecto de ley elaborado con el propósito de establecer medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los frutos del tabaco.
El tabaquismo ha sido durante muchos años un hábito socialmente admitido, e incluso en algunos momentos de la historia incentivado por los grandes beneficios económicos que ha aportado a muchos sectores e incluso a la Administración pública vía
impuestos.
Señorías, en la actualidad el tabaquismo constituye un gran problema de salud pública que preocupa a las administraciones sanitarias a todos los niveles. Desde la Unión Europea se ha pretendido combatir con diferentes medidas,
especialmente con la Directiva 2003/33 que el capítulo III de esta ley incorpora a la normativa estatal.
Los ponentes de la comisión de Sanidad hemos sido conscientes, durante el proceso de deliberación de este proyecto de ley, de que trasponer esta directiva no es fácil, porque el consumo de tabaco afecta a muchos intereses, a la salud de las
personas y a potentes intereses económicos.
Para el Grupo de Esquerra Republicana el primer interés ha sido la salud de las personas. SS.SS. saben que existe evidencia científica de que el tabaco es nocivo para la salud; el humo del tabaco, como
ya ha destacado la señora ministra, contiene sustancias cancerígenas, perjudica a los órganos respiratorios, puede ser causante de diversos tipos de cáncer, de asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en España padecen ya 1.300.000
personas y es la cuarta causa de muerte.
El problema del hábito de fumar tabaco es que el humo del tabaco no perjudica solo al consumidor, sino también a las personas que están a su alrededor. Se ha dicho que es una ley para prohibir fumar. Esquerra Republicana nunca apoyaría una
ley que prohibiera fumar, ni mucho menos que ilegalizase el consumo del tabaco, no porque creamos que fumar tabaco sea deseable, sino porque intentamos ser escrupulosos con los derechos individuales, pero los derechos individuales terminan donde
empiezan los derechos de los demás. Prueba de ello es la enmienda introducida por Esquerra Republicana a la disposición adicional novena por la que esta ley no será de aplicación en los clubes privados de fumadores. Frente al derecho a fumar
existe el derecho a respirar un aire limpio de tabaco.
Las personas que lo deseen pueden fumar, el tabaco es una sustancia legal, pueden seguir fumando cuanto quieran, lo que no puede el fumador es obligar al prójimo a respirar el humo que está
exhalando.
Algunos artículos de esta ley serían innecesarios si los fumadores hubieran sido escrupulosamente respetuosos con el derecho del prójimo al aire limpio. Estamos de acuerdo en aquellos artículos de la ley que permitirán a partir del 1 de
enero trabajar en un ambiente limpio de humo de tabaco. Pero la ley omite que los restaurantes y salas de fiesta son también lugares de trabajo. Si la ley establece que los lugares de trabajo deberían estar limpios de humo, porque se considera que
perjudica la salud de las personas que están expuestas a él, no es coherente con la permisión de fumar en bares y restaurantes. Entendemos que se ha intentado compaginar el deseo de mantener los ambientes limpios de humos de tabaco con los
intereses colectivos que ven asociados el hábito de fumar con los hábitos de ocio en restaurantes y salas de fiesta. Con el compromiso buscado por el ministerio se permite fumar en restaurantes de menos de 100 metros. En este punto hay un agravio
para los trabajadores de estos locales que se verán obligados a trabajar durante ocho horas o más en ambientes malsanos que pueden perjudicar gravemente su salud.
Esquerra Republicana cree que hubiera sido más claro no fumar en ningún tipo de
restaurantes sin agravios comparativos entre locales de 100 metros o de 110 metros. La ley permitirá crear zonas para fumadores en los restaurantes de más de 100 metros, lo que ha provocado quejas del sector, ya que los restaurantes que deseen
habilitar zonas para fumadores se verán obligados a efectuar una serie de inversiones. Aquí se podría haber considerado si no hubiera
sido más conveniente no crear zonas para fumadores como ya sucede en otros países. No habría agravios comparativos y se ha comprobado en aquellos países donde se aplica la ley que ha aumentado la afluencia a restaurantes y que se han
convertido en lugares agradables también para los no fumadores que, recordamos, constituimos el 70 por ciento de la población.
La moratoria de 8 meses que establece la ley para habilitar zonas para fumadores, a nuestro entender es demasiado corta, ya que cabe la duda de si los ayuntamientos serán capaces de acelerar el trámite de permiso de obras antes de la época
estival. Si no es así, en las zonas turísticas será prácticamente imposible terminar las obras pertinentes antes de 8 meses. Lamentamos en el debate en el Congreso no haber contado con los votos suficientes para modificar el plazo a 12 meses. La
enmienda propuesta ahora por el Senado de una moratoria de 18 meses nos parece excesiva. No se entiende cómo un grupo que se ha manifestado preocupado exclusivamente por el aspecto sanitario de la ley no aceptó la moratoria de 12 meses a la que sí
se había llegado a un acuerdo entre los grupos parlamentarios del Senado y por motivos partidistas hayan querido imponer un plazo que sabían de antemano que era inadmisible. Además de garantizar un espacio libre de humos, la segunda preocupación
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es cómo prevenir el acceso a la dependencia del tabaco de los niños y adolescentes. Según datos recientes, el hábito de fumar está disminuyendo entre la población adulta, pero crece entre los jóvenes
y muy jóvenes y progresivamente está disminuyendo la edad de acceso al hábito de fumar. Aquí todos, los padres y las madres, se enfrentan al dilema de cómo prevenir el acceso a esta adicción que los adultos sabemos que es una de las más difíciles
de abandonar. Pensando en limitar el acceso de los más jóvenes al tabaco, la ley limita los puntos de venta, especialmente en aquellos con recargo autorizado donde es más difícil realizar un control. Hemos tenido dudas sobre si esta media va a ser
contraproducente y si va a provocar un florecimiento de mercado negro de cigarrillos. En todo caso, las autoridades pertinentes deberán seguir controlando como hasta ahora el control de la venta no autorizada de tabaco. Un punto conflictivo
también ha sido la restricción de la publicidad. No sabemos si la publicidad es responsable directa del incremento del hábito de fumar entre los adolescentes porque el uso de sustancias ilegales está muy extendido, a pesar de que no se permite su
publicidad. Es probable que entre los jóvenes funcionen otros mecanismos de iniciación al hábito. De todas formas, había que adaptar también la legislativa europea.
Aprobaremos la mayoría de las enmiendas aportadas por el Senado, especialmente las que aportan más petición al texto. Nos hubiera gustado aprobar la enmienda a la disposición adicional quinta referida a la posibilidad de que municipios
fronterizos con dependencias aduaneras puedan seguir con la venta de tabaco en los establecimientos autorizados con puntos de venta con recargo, ya que en algunos municipios limítrofes con Francia la venta de tabaco a los turistas constituye una
fuente de ingresos no despreciable de momento mientras el precio del tabaco siga más bajo en España. En este momento no sería nocivo para el espíritu de la ley que en estos lugares determinados pudieran continuar con esta actividad. El problema es
que, tal como está redactada esta enmienda, la excepción se abre a grandes municipios como Barcelona que también tiene espacios aduaneros y es fronterizo, tiene frontera marítima, y en general a todos los municipios con puerto y aeropuerto, lo que
desvirtuaría el objetivo perseguido. Instaremos al ministerio competente, en este caso el de Sanidad, a buscar una fórmula para delimitar qué municipios pueden seguir con esta actividad. Tampoco votaremos a favor de la disposición adicional
décima. La ley ya prevé en el capítulo 4 medidas de prevención para facilitar la deshabituación tabáquica. Nos sorprende que un grupo parlamentario con experiencia de gobierno intente introducir vía enmienda la financiación de determinados
fármacos por el Sistema Nacional de Salud. Y no solo esto, sino que vía enmienda intentan incrementar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, sin contar con el Consejo Interterritorial. Nos ha parecido más una enmienda propia de un
grupo sin experiencia ni asesores que de un grupo con pretensiones de gobierno.
A pesar de que algunos fumadores se sienten asediados, la mayoría de ellos opina que las medidas dispuestas por esta ley les ayudarán a abandonar el hábito. Para toda la población, fumadores y no fumadores, cuando se aplique en su
totalidad, supondrá un cambio cualitativo en nuestra calidad de vida y los sectores que temen ser perjudicados, como la restauración, espero que dentro de 2 años corroboren que su volumen de negocio no ha disminuido sino que ha aumentado, porque no
deben olvidar que el 70 por ciento de la población son no fumadores y encontrarán mucho más agradable comer en un aire limpio. Es una ley muy necesaria y ha tenido un efecto importante antes de su aplicación, que es abrir el debate sobre las
consecuencias de este hábito.
Felicitamos a la señora ministra por haber sabido mantener su compromiso de inicio de la legislatura y esperamos que los problemas que puedan surgir por su aplicación se puedan subsanar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ello tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.
Si no le importa, por una cuestión de movilidad transitoriamente limitada -y espero que no lo tomen como
una falta de cortesía-, me manifestaré desde el escaño sin levantarme.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante las enmiendas del Senado y para aprovechar el debate final en el Pleno para hacer algunas consideraciones generales sobre la ley. Hemos
estado casi un año debatiendo la ley, creo que ha sido muy acertado este periodo para madurar una ley que tiene un importante impacto de carácter social, que afecta a millones de personas.
Este grupo parlamentario comparte los objetivos de fondo de
esta ley, pero ha discrepado y discrepa en algunos aspectos que podríamos definir no del qué sino del cómo desarrollar esta ley. Por eso votaremos a favor algunas de las enmiendas que nos remite. Esta es una ley importante en tanto en cuanto es la
primera ley sobre deshabituación tabáquica que se hace en España, tiene la vocación de ser una ley integral y este grupo parlamentario considera que en buena parte lo consigue. Quizás le falta algún elemento, tema sobre el que haré referencia
después. Como se ha apuntado, esta ley afecta especialmente a los fumadores, afortunadamente mejora la calidad de vida y la salud de los no fumadores, pero afecta a este 31 por ciento de la población adulta que en España aún es fumadora.
El espíritu de este grupo parlamentario desde el primer día, de sus intervenciones y aportaciones, ha estado en la línea de conseguir -en parte se ha logrado a través de las enmiendas y de las hoy también votaremos- que sea una ley con un
claro espíritu reformista, que dentro de 5 ó 10 años podamos hacer una valoración claramente positiva de una caída importante porcentual de este 31 por ciento de fumadores que hay en España. A sensu contrario -y en esto creo que estarán
absolutamente de acuerdo la señora ministra y SS.SS.-no podía ser una ley redentorista, una ley que a partir de las 0 horas del día 1 de enero del año 2006 intentara cambiar algunos hábitos, pues remover esos hábitos y dependencias de la sociedad en
algunos casos requiere tiempo. En el trámite parlamentario a través de las enmiendas hemos incorporado este punto de vista reformista y, en alguna dimensión, gradualista.
Les decía al principio que consideramos esta ley casi integral. Como muy bien saben SS.SS., fumar es un hábito que crea dependencia y es reconocido que fumar es una drogodependencia. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
cree que esta ley no contempla los recursos económicos necesarios para hacer frente al tratamiento médico para la deshabituación. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente la enmienda que nos remite el Senado, que
sí contempla instrumentos para financiar los tratamientos médicos para la deshabituación. Quiero recordar que esta es la primera ley que quiere ser integral, que esta ley supondrá medidas excepcionales, que esperamos todos que tenga un impacto
excepcional y que ante esta realidad se requieren fondos para hacer frente a las personas que quieran dejar el tabaco, fondos para las comunidades autónomas, fondos para los poderes públicos. Por cierto, un argumento vertido es el de que es un
planteamiento antiautonómico. La enmienda del Senado propone fondos y destina algunos impuestos para la deshabituación tabáquica, pero no ataca directamente a los que tienen competencia en la gestión sanitaria que son, como saben SS.SS., las
comunidades autónomas. Creemos que es la pata que le falta a esta ley.
Se han vertido argumentos en el debate parlamentario sobre el carácter dudosamente científico de los medicamentos para la deshabituación tabáquica. Hace una semana conocíamos que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha decidido
financiar los medicamentos a todos los funcionarios que fumen para ayudarles a dejar de fumar. Queremos pedir al Grupo Parlamentario Socialista y a los otros grupos que forman mayoría gubernamental en el Parlamento de Cataluña, Esquerra Republicana
e Iniciativa per Catalunya Verds, que una vez más hagan buena la máxima de que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España, y que se exprese en la adopción y votación de estas medidas de financiación de la deshabituación tabáquica. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera también positivos los períodos transitorios que se han incorporado en el debate, bien sea en el Congreso de los Diputados bien sea en el Senado y los votaremos a favor.
Quiero recordar a SS.SS. que en el texto inicial del proyecto de ley remitido a esta Cámara, no se contemplaba ni un solo día de período transitorio de adaptación de bares y restaurantes. Se fijó un primer horizonte a los 6 meses, después,
en la votación final, conseguimos 8 meses y en este momento el Senado nos presenta una ampliación a 18 meses.
Seguramente entre 8 y 18 meses habría un punto de equilibrio que sería el año, que en el Senado se estuvo a punto de aprobar. Pero la
falta de acuerdo con algunos grupos parlamentarios para alcanzar una transacción no hizo posible llegar a un período transitorio razonable como sería el año. Referido a estos períodos transitorios, también valoramos positivamente la enmienda que
nos remite el Senado, que será votada a favor, que contempla períodos transitorios para determinados eventos deportivos. No estoy hablando únicamente del circuito de Montmelo, sino de circuitos de otras partes de la geografía española. Es evidente
que necesitamos este período transitorio de 3 años para que se reorienten los espónsores a estos eventos deportivos.
En cuanto a bares y restaurantes, mi grupo parlamentario presentó una enmienda en la línea de estimular la aplicación de la normativa, para que se contemplen las exenciones fiscales necesarias para la realización de las obras en bares y
restaurantes. Esta enmienda fue rechazada en el Congreso de los Diputados y ha vuelto a serlo en el Senado con el argumento de que es una medida económica no propia de una ley de carácter sanitario. Justo al revés. Para que sea una ley integral
debería contemplar todos los mecanismos que permitieran catalizar,
precipitar y aplicar la ley. Me permito anunciarles que, fuera del texto final de esta ley, el conjunto de los ayuntamientos de Convergència i Unió impulsará las exenciones fiscales necesarias para la realización de las obras de adaptación
a esta ley en bares y restaurantes. Es una medida que coadyuva, que facilita, que ayuda a la aplicación de la ley, y desearíamos que, además de aplicarse en los ayuntamientos gobernados por Convergència i Unió, se extendiera a todos. Si me
permiten la expresión, que cunda el ejemplo.
Termino, señorías. Insisto en que compartimos los objetivos de conjunto, finales, de esta ley impulsada por el Ministerio y por la señora ministra, a la que felicito; felicito a la señora ministra por el impulso político que ha supuesto la
presentación de la ley, pero creo que también nos tenemos que felicitar el conjunto de los ponentes por tantas y tantas horas de reflexión y, como decíamos en Comisión, de dar una vuelta más al tema. Nos tenemos que felicitar porque este es un buen
instrumento en relación con la política sanitaria en España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra la señora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, bienvenida a esta Cámara. Estamos, como han comentado los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, en el último trámite para la aprobación de una ley que va a afectar, como ya se ha dicho aquí, de forma
notable el día a día de una gran cantidad de ciudadanos españoles, un 30 por ciento, señora ministra. La fórmula que se ha elegido para la tramitación de la ley -ya se ha dicho también- indica cuál es el interés que suscita en el Gobierno, en el
Ministerio de Sanidad, un asunto de tanta importancia. La señora ministra ha hecho su exposición, ha presentado un mundo feliz, pero no ha querido concretar cuáles son esos puntos de las enmiendas del Senado que su grupo, con el apoyo de alguno de
sus socios de Gobierno, no va a aceptar. Le ha dejado el papel feo a la portavoz del Grupo Socialista, que será la que finalmente nos lo aclare, pero ya ayer, al salir del Consejo Interterritorial, nos lo adelantaba.
Voy a exponer, de forma casi telegráfica, la posición de mi grupo con relación a este proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Sí a la prevención y a la educación para la salud y también a la protección de los menores. Sí a proporcionar toda la ayuda a los fumadores respetando su libertad. Y aquí hay un argumento muy importante, son los fumadores los primeros afectados,
los que van a tener enfermedades y los que se van a morir por causa de su hábito; por tanto, sí a toda la ayuda a los fumadores y el respeto por su libertad. Sí también a la defensa del derecho de los no fumadores a respirar un aire libre de los
productos nocivos del tabaco, por supuesto. Sí al cumplimiento del Convenio de la OMS, así como a la directiva comunitaria, que, como bien saben, está en vigor, aunque nosotros la empecemos a cumplir con la aprobación de esta ley. Si a rescatar e
impulsar el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. Sí a establecer un observatorio de control y seguimiento del tabaquismo. Para todo esto es necesario querer abordar este problema de forma integral, completa y correcta. Para ello
es necesario dotar presupuestariamente y de forma adecuada los programas de prevención, educación para la salud, seguimiento e investigación. Para ello es necesario dotar de presupuesto y de medios a las unidades de tabaquismo, y entre estos medios
se encuentra el tratamiento de ayuda a la deshabituación. Hay que atender las necesidades de las comunidades autónomas para un control adecuado del cumplimiento de esta ley y no pretender pasarle -y me van a permitir la expresión- un paquete o una
responsabilidad sin más. Porque estamos viendo en este momento, y en la sociedad se ha suscitado un debate muy importante, que nos encontramos ante ciertas contradicciones, y le comentaré algunas. Por un lado, el Estado recauda, y de una forma
importante, dinero. El tabaco es legal, pero hoy vamos a prohibir, de una forma importante también, su uso; no les vamos a permitir a los fumadores o no les vamos a dar acceso a las ayudas. Se está autorizando el tabaco a bajo precio, sus
compañeros de escaño lo están diciendo y las cifras las daban hoy los medios de comunicación. Se ha multiplicado por cuatro en este último año el consumo del tabaco de bajo precio y usted sabe, ministra, que eso afecta a los jóvenes y a los
estratos sociales más desfavorecidos, y todo eso sin proporcionarles correlativamente ayudas para dejar el tabaco.
No se prevén fórmulas para reducir el impacto en los sectores afectados ni se permiten plazos, o parece que no se van a permitir, razonables para su adaptación. Para no querer financiar el tratamiento se han dado muy diversas y cada vez más
variopintas excusas. Por un lado, que no es eficaz. Eso es mentira y usted lo sabe. Tiene un informe de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías. Además, se lo dicen todos los profesionales. Por otro lado, que es competencia de las
comunidades autónomas. Tampoco es cierto, ministra. ¿O es que usted les pregunta a las comunidades autónomas cuando autoriza un fármaco nuevo para cualquier otra dolencia, mucho más caro que el anterior, y a veces, todos lo sabemos, sin demostrar
demasiada eficacia con respecto a lo que ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud? Señora ministra, cuando habla de efectividad, ¿conoce cuál es la efectividad de los tratamientos de deshabituación de otras sustancias adictivas que sí están
contempladas en el Sistema Nacional de Salud? ¿De la metadona, por ejemplo? ¿Nos lo ha dicho? ¿Lo podemos comparar? ¿Sabe cuántas veces recae un alcohólico para
poder vencer su adicción? ¿Va a ser éste un motivo para no pagar un tratamiento a algunas de las personas que tienen este problema? Creo que estos planteamientos que hemos estado oyendo hasta el día de hoy se caen por sí mismos.
Ayer planteaba usted una cartera de servicios a las comunidades autónomas.
Parece ser que tuvo acogida y ahora se va a iniciar un estudio. Pero ¿no le parece que después de su exposición, después de las cifras que usted ha dado en esta
misma tribuna hoy, el tabaquismo es lo suficientemente importante como para que usted lo incluya en esa cartera de servicio, lo contemple y lo financie? ¿Le parece que no es un tema que el Sistema Nacional de Salud o que la ministra de Sanidad
tenga que abordar? Tiene usted la obligación, al menos moral, de financiar estos tratamientos, porque por causa directa del tabaquismo -lo ha dicho usted hoy aquí- se mueren al año 50.000 españoles y es su obligación, como ministra de Sanidad, y
siento recordárselo, evitar todas las muertes posibles poniendo todos los medios que estén a su alcance para poder evitarlas, y eso sí está a su alcance, ministra. El cumplimiento de la ley y sus resultados es también su responsabilidad. Por
tanto, tiene la obligación de escuchar y de incorporar en la ley todas las mejoras posibles, porque esto va a redundar en beneficio de la salud de todos los ciudadanos.
Nosotros no estamos defendiendo aquí, en esta tribuna, ni nunca lo hemos hecho,
un tratamiento indiscriminado, sino que estamos defendiendo aquel indicado por un profesional en una unidad del tabaquismo y en aquellos casos en los que este profesional considere que esta persona lo necesita para abandonar el tabaco, como ocurre,
por otra parte, con el resto de las dolencias, con el resto de las patologías o con el resto de las adicciones. El ciudadano no es el que acude directamente a comprarse unos chicles, a comprarse unas pastillas o a comprarse un tratamiento, señora
ministra, o al menos esto no es lo recomendable. El tabaquismo es la única dependencia que no está financiada por el Sistema Nacional de Salud. Esto es una injusticia que hay que corregir.
El Partido Popular -ya sé lo que me van a decir ahora sus compañeros- hizo bastante más de lo que se está haciendo ahora: inició un Plan nacional de control del tabaquismo, que ustedes han paralizado y han votado en contra de una
proposición no de ley. Además, ese fue el período en el que más se legisló al respecto, y probablemente también habríamos hecho una ley como la que ahora se debate, pero mucho mejor. Esta ley tenía un estrato muy pobre; se le han incorporado,
gracias al Grupo Parlamentario Popular, un título, un artículo nuevo y algunas cosas más. En cualquier caso, comprenderá usted que esta no es la solución definitiva. Usted -hoy lo ha dicho aquí- cree que con el tabaquismo y el tabaco se acaba solo
con la aprobación y promulgación de una ley. Señora ministra, esto no es cierto.
No deje fuera, señora ministra, al 30 por ciento de la población, que son los fumadores, que están en riesgo, y no rompa el consenso y el punto de encuentro que en el
Senado tuvo la aprobación de esta ley por una amplia mayoría. Por tanto, espero que en los pocos minutos que nos quedan recapacite e incorpore todas las enmiendas que en el Senado se han aprobado. Señora ministra, se lo dije en Salamanca, hasta el
último minuto, hasta el último segundo este partido seguirá trabajando por la salud de los ciudadanos y por que usted se avenga a contemplar el tratamiento del tabaco en esta ley tan importante.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Pan.
Señorías, finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, en su nombre tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, iniciamos el trámite final, las últimas intervenciones para la aprobación de esta ley. Es una buena ley en un doble sentido: es una ley de salud pública que pretende que la Cámara apruebe una serie de medidas que
vienen a ayudar a que la mayor parte de los españoles que fuman dejen de hacerlo o reduzcan el consumo de tabaco y también es una ley que quiere ayudar a que no se inicien nuevos consumidores de tabaco en las edades jóvenes y adolescentes. Ahora
mismo estamos en una edad de inicio del consumo de tabaco en torno a los 12 ó 13 años, consumo que, como bien se ha dicho aquí, crea adicción, crea dependencia y, por ese motivo, una vez que se inicia es muy difícil luchar contra el mismo y
abandonarlo. Buena prueba de ello tienen todos aquellos que han intentado en una o varias ocasiones dejar de fumar y que no lo han conseguido o lo han conseguido después de dos o tres intentos de abandonar ese hábito nocivo para la salud. Esta ley
va a ejercer, una vez que se apruebe aquí -ya lo ha ejercido a lo largo de toda su tramitación en estos meses-, un efecto muy beneficioso de buena acogida social, de consenso social, de entendimiento social, más allá de los intentos que ha habido
por parte de algunos sectores, básicamente de la industria tabaquera, para denigrar este proyecto de ley y presentarlo como un proyecto negativo, prohibicionista, coercitivo y que va en contra de los derechos individuales de los ciudadanos. Nada
más lejos, porque, como muy bien han dicho otros portavoces en esta tribuna con anterioridad, estamos ante el cumplimiento de un mandato constitucional.
El artículo 43 de la Constitución insta, exige a los poderes públicos que tomen las medidas
preventivas de ayuda y atención a toda la población para mejorar la salud pública, para atender todos aquellos problemas que necesitan una mayor prevención, una mayor atención y una mayor ayuda para mejorar la salud pública de todos los ciudadanos.
Ese es el mandato constitucional, por tanto, esta ley contempla -por primera vez- una serie de medidas de carácter sanitario y de carácter regulador referidas al consumo, suministro, venta, publicidad,
promoción y patrocinio de las labores del tabaco. Es precisamente el conjunto de estas medidas lo que hará eficaz la ley, y el tratamiento que se da a las mismas en cada aspecto y las medidas de carácter infractor y sancionador que se
establecen culminarán en que la efectividad de la ley sea la mejor posible entre todos.
Es cierto que, con la aprobación hoy aquí de la ley, no terminamos la responsabilidad ni política ni administrativa ni social que tenemos todos para su cumplimiento y para su mejor y mayor efectividad. Pero eso pasa con esta y con cualquier
otra ley. Sin embargo, está muy claro la buena acogida social que esta ley va a tener porque no va destinada ni al 30 por ciento de la población -fumadores- ni al 70 por ciento de la población -no fumadores-. Va destinada al cien por cien de la
población de nuestro país, va destinada a todos, a prevenir y ayudar a los que fuman para que dejen de fumar o reduzcan su consumo, a aquellos jóvenes que todavía no se han iniciado pero pueden iniciarse y también a proteger la salud de los no
fumadores que han estado soportando hasta hoy las condiciones de espacios poco saludables, contaminados por el humo que masivamente existen en nuestro país. Nos ponemos en la línea del conjunto de los países de nuestro entorno, los países europeos
porque, aunque con retraso, España se pone en esa primera línea de medidas de atención sanitaria, preventiva y de tratamiento para todos aquellos que dejen de fumar.
El acuerdo que esta Cámara ha conseguido en esta ley ha sido un buen acuerdo. Esta ley pone de manifiesto que es posible llegar a aprobaciones con consenso y acuerdo entre todos los grupos parlamentarios cuando se trata de cuestiones de
primera magnitud y primera importancia como es la salud pública, y que los partidos políticos y todos los grupos parlamentarios somos capaces de dejar al margen cuestiones partidistas, así como cuestiones de interés económico o empresarial, a favor
de un principio que está por encima de todos los intereses, que es el bien común, el bien de la sociedad, el bien de la salud pública de todos los españoles. Eso ha sido posible con las aportaciones de todos los grupos, con el trabajo minucioso,
exhaustivo y detenido que hemos estado haciendo en esta Cámara, también en el Senado, y que finalmente nos lleva a presentar este proyecto de ley en esta última fase de tramitación parlamentaria.
Esta ley contempla algunos aspectos que todos hemos señalado aquí con anterioridad y en declaraciones a los medios de comunicación. Hay hechos muy importantes y relevantes, y así nos los han presentado y nos los han demandado socialmente
muchos españoles y todas las personas que trabajan en asociaciones de prevención y lucha contra el tabaquismo y todos los expertos en salud pública como, por ejemplo, que se prohibiera fumar en los centros de trabajo. Una medida de carácter
pedagógico y de carácter social que va a permitir que todos aquellos que están fumando en estos momentos puedan o dejar de fumar o disminuir el consumo, no como un hecho individual, sino como un hecho social, no como una lucha particular, sino con
un conjunto de ayudas; todos los trabajadores de esos centros de trabajo van a compartir esa responsabilidad y esa ayuda para dejar de fumar. Es una ley que dirige todo su articulado a la protección de los menores -es algo verdaderamente
importante- y, dentro de la protección a los menores, también hay una variante muy señalada de atención y de protección a las mujeres. Todos los expertos, todos los terapeutas, todos los médicos nos señalan cómo la variante de género es muy
importante en el hábito del consumo de tabaco, cómo se inician en el hábito del consumo mucho más las niñas, las chicas jóvenes -casi el doble- que los chicos, cómo les cuesta mucho más trabajo dejar de fumar a las mujeres que a los hombres y cómo
las medidas terapéuticas tienen menor incidencia, menor acierto en las mujeres que en los hombres, es decir, hay una serie de condicionantes que hacen que la condición femenina empeore el éxito en la deshabituación y en el abandono del consumo del
tabaco. Pero además hay una cuestión muy importante que contempla la ley, y es el apoyo consciente y detenido de todo el Sistema Nacional de Salud. Los españoles, tanto los que fuman como los que no, tienen que saber que el Sistema Nacional de
Salud, a través de esta ley, ha reforzado todas sus medidas asistenciales y preventivas para atenderles, para indicarles cuál es el mejor método posible y cuáles son las pautas para dejar de fumar, de qué manera pueden recibir la mejor información
posible sobre cuáles son los riesgos que el consumo del tabaco tiene y cuáles son las mejores medidas para conseguir que tanto en el ámbito privado, como muchas veces se nos reclamaba por parte de algunos grupos parlamentarios, como en el ámbito
público se deje de fumar; unido a esa información, hay que hacerles conscientes del riesgo que tiene fumar. La gente joven no tiene conciencia del riesgo que conlleva el consumo de tabaco -nos lo dicen también todas las encuestas-, por eso,
reforzar la prevención, la asistencia de todo el Sistema Nacional de la Salud a través de la atención primaria, a través de las unidades de deshabituación tabáquica es de una enorme importancia.
Señorías, me queda poco tiempo, por lo que me referiré muy brevemente a algunas de las enmiendas del Senado que vamos a aprobar o desestimar. El Senado ha hecho un magnífico trabajo incorporando mejoras sustanciales al texto del proyecto de
ley. Sin embargo, el Grupo Socialista -se ha dicho aquí muy claramente- va a votar en contra de algunas de las enmiendas que se habían aprobado en el Senado, entre ellas la de la financiación de los medicamentos, porque creemos que de ninguna
manera puede aprobarse a través de una ley la financiación de un medicamento. No es una cuestión estrictamente formal, es una cuestión de fondo, es una cuestión de calado, porque no podemos ir en contra de nuestro sistema competencial y de nuestro
sistema de financiación autonómica; no podemos incorporar a través de una ley el aumento del gasto farmacéutico
cuando la factura farmacéutica tienen que financiarla las comunidades autónomas. Habrá que escuchar a las comunidades autónomas precisamente en ese debate sobre la cartera de servicios y la incorporación de nuevos fármacos, y ver si hay
unanimidad o al menos una mayoría de criterios por parte de las comunidades autónomas y si para ellas es una prioridad la financiación de estos tratamientos o prefieren establecer la financiación de otros tipos de tratamientos dentro del Sistema
Nacional de Salud antes de aquellos a los que nos estamos refiriendo. Será en ese momento, y a través del método que legislativa y reglamentariamente está previsto, en el que se pueda admitir la financiación de estos tratamientos.
Señorías, señora presidenta, termino ya, felicitándonos a todos los grupos, felicitando a la ministra de Sanidad que ha tenido la valentía, la decisión y la autonomía política suficientes para poder traer a debate parlamentario y a su
aprobación una ley de estas características, que, desgraciadamente, nuestro país no pudo disfrutar con antelación; por mucha voluntad y por muchos planes de actuación antitabáquica que se aprobaran durante los ocho años anteriores, no tuvimos la
oportunidad de contar con una ley que tratara en sentido amplio todos los aspectos que conciernen al tabaco y a la lucha contra el tabaquismo como estamos pudiendo ver y aprobar en el día de hoy.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señorías, procedemos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Son quince votaciones.
Comenzamos con la primera votación. Enmiendas al artículo 4, letras d) y f).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 138; en contra, 159; abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas al artículo 7, letra r) y al artículo 8, párrafo inicial del apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 134; en contra, 168.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 8, apartado 2, letra b), párrafo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 127; en contra, 165; abstenciones, diez.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 8, apartado 2, letra b), párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 297; en contra, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 19, apartado 2, letra a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 290; en contra, ocho; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 19, apartado 3, letra a) bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 291; en contra, diez.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 19, apartado 3, letra a) ter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 290; en contra, diez.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Seguimos con las enmiendas al artículo 20, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 137; en contra, 164.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas a las disposiciones adicionales primera y octava, a la disposición transitoria primera, apartado 2, a la disposición transitoria segunda, párrafos primero y segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 136; en contra, 166.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 137; en contra, 163.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas a la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 137; en contra, 165.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas a la disposición adicional décima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 133; en contra, 165; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Señorías, seguimos con las enmiendas a la disposición adicional undécima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 138; en contra, 153; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas a la disposición transitoria quinta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 290; en contra, siete; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Finalizamos con la votación del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 297; abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobadas.
Señorías, gracias a todos.
Hemos tomado la decisión de continuar con el Pleno. (Aplausos.) No antes de las diecisiete horas se producirá la votación. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (Número de expediente 122/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, continuamos la sesión con la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que tiene una enmienda a la totalidad, de texto
alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su turno a favor tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, como es evidente, subo a la tribuna a defender la posición del Grupo Parlamentario Popular, consistente en una enmienda de la totalidad, con texto alternativo, a la iniciativa que planteó hoy hace un año -creo
recordar que se tomó en consideración el 21 de diciembre de 2004- el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aunque el conjunto de la Cámara, con el voto en contra de Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Grupo de Coalición Canaria y
Grupo Popular, nos opusimos por entender que no era el instrumento idóneo para poder abordar lo que se pretendía, que era una lucha decidida contra la alta tasa de siniestralidad laboral en el sector de la construcción y que planteaba un excesivo
intervencionismo y podía incluso colisionar con el mandato constitucional del
artículo 38 de la Carta Magna en relación con la libertad de empresas y, por lo tanto, también a la libertad de contratación de los que promueven la actividad económica en nuestro país, por lo que, en definitiva, no era eficaz ni eficiente a
los fines que se proponía. Es una vieja materia que fue objeto incluso de una iniciativa legislativa popular, de la que en buena parte, por no decir en toda, trae causa la proposición de ley que se tomó en consideración hace un año, y ha habido
numerosos pronunciamientos por esta Cámara. Ya en diciembre del año pasado, mi compañero Andrés Ayala, con la claridad y solvencia que habitualmente le caracterizan, expuso las razones de oposición a esa iniciativa, en las que yo no voy a ahondar,
sino que las doy por reproducidas.
No obstante, dicho esto, hay un punto en el que compartimos sustancialmente las pretensiones de la iniciativa que en su día trajo al Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que es la finalidad que se persigue,
que no es otra que intentar contribuir a que la tragedia de los accidentes de trabajo que se producen, en particular en el sector de la construcción, en nuestro país se puedan reducir, se puedan paliar, sobre todo los accidentes graves, muy graves y
mortales, o al menos que articulemos los instrumentos jurídicos necesarios para evitar aquellos que sean evitables. Es cierto también -y lo decimos ya- que, aunque tenemos plena convicción de que la propuesta alternativa que plantea el Grupo
Parlamentario Popular, o lo que finalmente resulte del debate parlamentario y salga de la Cámara, puede ser un instrumento eficaz, las medidas legales son muy importantes, pero la realidad social, la ejecución, la aplicación en la práctica son
fundamentales y la cuestión no se debe quedar tan solo en la letra de una ley, por bien hecha que esta sea.
Defiendo, por tanto, nuestro decidido compromiso contra la siniestralidad laboral, pero lo hago conciliando y equilibrando, como dije antes, respecto a algo que entiendo que no se produce en el texto que enmendamos, que es la libertad de
empresa, que es la libertad de contratación, que es el movimiento de la actividad económica y la riqueza que, por cierto, a lo largo de estos últimos años, señaladamente, se ha traducido en España en un crecimiento económico y del empleo
importantes, esto es, en un crecimiento importante del bienestar económico general y social. He de decir, porque lamentablemente es cierto, que los accidentes de trabajo en general en nuestro país, y señaladamente en la construcción, están,
lamentablemente, en una tendencia al alza. Les daré un dato. En el año 2005 se están incrementando en el sector de la construcción más de un 10 por ciento. En el periodo de enero a septiembre de 2004 al mismo periodo del 2005 se ha pasado de
164.843 a 182.983 accidentes en la construcción, y si nos fijamos en lo que es más relevante porque es irreparable, que es la pérdida de vidas humanas, nos encontramos con que se ha pasado de 186 trabajadores de la construcción muertos en 2004, en
los nueve primeros meses, a 239 en lo que va del año 2005. Un incremento de 53 personas más, casi un 30 por ciento. Conocemos todos la complejidad de la materia que nos ocupa. Por eso nos decidimos a articular un texto que nos parece que puede
dar una cabal respuesta para mejorar la situación y para que, en definitiva, estas ratios, estas lamentables realidades humanas, estas pérdidas económicas que señalaba Izquierda Unida en el preámbulo del texto que se tomó en consideración hace un
año, bajen. Estamos hablando, en cifras extrapoladas, de casi 300 muertos al año, casi uno al día en el sector de la construcción, y nos parece que algo podremos hacer todos para contribuir a aminorar esta situación. Por tanto, urge actuar y
hacerlo con acierto y eficacia, porque doy por sentado que todos los grupos parlamentarios compartimos esa voluntad, que es la que yo vengo a manifestar esta tarde.
Diré también que el sector de la construcción, haciendo una foto de lo que antes señalaba respecto a que implica progreso, actividad económica y empleo, representa hoy ya en la realidad en nuestra sociedad más de un millón de empleos, más de
un millón de trabajadores ocupados. Es el 12,3 por ciento del empleo nacional; significa el 18 por ciento del producto interior bruto; implica la actividad de 415.000 empresas en las actividades constructivas, sean como contratistas principales o
subcontratistas, y ha supuesto en el periodo 1994-2005 prácticamente un tercio, un 32 y pico por ciento, del crecimiento del empleo global en España. Con ello quiero decir lo que desde el principio estoy tratando de poner de relieve en mi
intervención: manifiesta preocupación y acción decidida en contra de la siniestralidad laboral, pero preocupación no solo constitucional de proteger y preservar la libertad de actividad económica en una economía de libre mercado, sino también ser
consecuentes con lo que implica de valor, de riqueza, de empleo en definitiva, la actividad económica de la construcción.
Lamentablemente, a lo largo del año transcurrido desde la toma en consideración, sindicatos y empresarios, aun cuando lo han intentado, no han llegado a un acuerdo. No han sido capaces de aportar, sobre este problema de la siniestralidad,
un texto que tradujéramos aquí normativamente, con las rectificaciones que parecieran oportunas, en una ley. En este sentido, me van a permitir que exprese mi perplejidad por cuanto tuve oportunidad de escuchar ayer por la tarde al ministro de
Trabajo, con cuya presencia, desgraciadamente, no contamos hoy. Hubo dos cuestiones que llamaron poderosamente mi atención porque no responden a la realidad. La primera fue la afirmación gratuita y falsa, al contestar a requerimientos de una
interpelación del señor Olabarría, de que solo los gobiernos socialistas -y aquí está el 'Diario de Sesiones'-, solo ellos, suben las pensiones en este país por encima de la inflación cuando gobiernan. Yo no sé si esto ha obedecido a que se ha
hecho realidad el viejo aforismo romano: post festum, pestum y, tras la cena previa del Grupo Parlamentario Socialista y esas mexicanadas, tal vez al día siguiente hubo una obnubilación y se subió el ministro a la tribuna
y dijo esto. Escrito está, y esto no es verdad, y como no es verdad, debo decirlo. Pero a continuación tendré que decir otra cosa que se dijo ayer aquí y que tampoco es verdad, y la verdad se debe imponer, señores. Les recordaré -y voy a
dar tres o cuatro pinceladas porque no es momento ni lugar de ahondar en esta cuestión- que en el año 2000, presidiendo el Gobierno el señor Aznar con el Partido Popular, los sindicatos consiguieron algo que históricamente y tras catorce años de
socialismo no habían conseguido, y fue la equiparación de las pensiones de jubilación e incapacidad para mayores de 65 con cargas al salario mínimo interprofesional, y hubo una subida entre el 4,9 y el 16 por ciento de las pensiones mínimas, con un
promedio del 5,5 por ciento, con el denostado Partido Popular, señorías, esa es la realidad. Y la realidad es que tras esos ocho años de gobiernos populares los huérfanos pueden disfrutar más años de la pensión, de 18 años se ha pasado a 22 ó 24,
según el huérfano lo fuera parcial o absoluto, pero la pensión SOVI, a la que tanto se recurre, también subió, un 4,82 por ciento descontada la inflación, por encima de la inflación; la no contributiva, el 3,9; la orfandad, un 5,83; la viudedad,
salvo la de titular con cónyuge a cargo mayor de 65, que subió cerca del 3, ha subido un 5,83, y la jubilación lo mismo, un 5,82 para los menores de 65 años y para los mayores un 2,80, y todas las pensiones han subido por encima del IPC, todas, no
las mínimas, empezando porque en los tres primeros años de gobierno popular la inflación real fue inferior a la que se había previsto y se consolidó un punto y medio en tres años de subida. Por tanto, el señor ministro dijo algo que no era cierto.
Además, cuando el señor Campuzano le pregunta en torno a cuáles son las perspectivas gubernamentales o en relación con la negociación colectiva, humildemente les confieso mi sorpresa, porque hete aquí que se nos despacha con esta afirmación:
Señor Campuzano, el diálogo social no está bloqueado, está funcionando correctamente y ha dado ya excelentes resultados; por ejemplo, la proposición de ley sobre subcontratación que vamos a tramitar en este Parlamento ha sido también consensuada
con los agentes sociales. Pues no es verdad tampoco. A mí me dirigen una carta los empresarios del sector de la construcción en la que me exponen que es verdad que se ha negociado, que es verdad que ha habido aproximación en muchos temas, incluso
algunos que nosotros planteamos ahora en nuestro texto alternativo, pero que es verdad también que lamentablemente no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Por tanto, lamento rectificar al ministro y decir que aquí no se ha llegado a ningún
acuerdo. Ojalá se llegue en sede parlamentaria, y haremos nosotros todo lo posible, pero no se ha llegado, y aquí está, firmado por el presidente del sector empresarial de la construcción. Y lamentablemente el Gobierno tampoco ha traído un
proyecto de ley que superara este vacío legal de falta de acuerdo, de desacuerdo, entre los interlocutores sociales.
¿Qué les proponemos nosotros? Pues un texto, como he dicho, equilibrado, completo, en el que hay una exposición de motivos, como no puede ser de otra manera, catorce artículos, tres disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales.
¿Con qué pretensión? Pues con varias pretensiones que yo creo que son dignas de ser discutidas aquí. Una es establecer que el número de subcontrataciones no pueda exceder de tres. Nos parece que establecer este límite es introducir un elemento de
corrección de -perdón por la expresión- un desmadre a la hora de las diversas cadenas de subcontratación en el sector de la construcción; nosotros les planteamos en el artículo 10 la reducción a tres. También pretendemos establecer, dependiendo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una certificación de seguridad y salud en el trabajo para las empresas, que es lo que les habilitaría para poder ejercer la actividad constructora, y sin esta certificación, que tiene un periodo de
vigencia de dos años, un modo de obtenerla, unos requisitos para obtenerla y un registro que establecemos, como digo, en el Ministerio de Trabajo, no puede una empresa, ni con carácter de contratista ni de subcontratista, actuar en el mercado de
subcontratación. Un tercer aspecto que nos parece fundamental para intentar reducir la siniestralidad, que era también el objetivo de la iniciativa de Izquierda Unida, es el establecimiento de un carné profesional en materia de seguridad y salud
expedido por la Fundación laboral de la construcción y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o los órganos que establezca el Ministerio de Trabajo, evidentemente previa formación y previa superación de los cursos que se les
imparta para que también se capacite a los trabajadores. A lo mejor algunos tendrán que estudiar idiomas, porque hay obras donde el problema es que no se entienden porque el encargado es un señor que antes era peón y habla en español y tenemos un
polaco, un mauritano y un marroquí. A lo mejor también hay que actuar ahí, porque a la hora de hablar y verbalizar no se acaban de entender bien determinadas instrucciones o medidas de prevención de riesgos laborales. Y establecemos por fin en el
artículo 4.2 algo que nos parece muy importante, que es que aquella empresa que contrate a una que no esté habilitada, es decir, que no tenga el certificado que expida el Ministerio de Trabajo de ser idónea en materia de seguridad y salud laboral,
sea en el grado que sea de la cadena de subcontratación, tenga responsabilidad solidaria en esta materia. Es decir, que no se escurra diciendo que el tercer subcontratista no estaba certificado pero que no lo contrató él sino que fue el segundo.
Tendrá responsabilidad el tercer subcontratista que no está certificado, tendrá responsabilidad el que ha hecho la subcontrata, que es el segundo, y tendrá responsabilidad también el contratista principal por el establecimiento de esta solidaridad
en la responsabilidad, que nos parece que es un mecanismo que lo que hace es viabilizar y materializar el cumplimiento en materia de salud y seguridad.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que nuestro texto es mucho más apto que el que se nos ha propuesto, que el que se ha tomado en consideración, nos parece que es mucho más equilibrado y quiero trasladarles que es un texto con toda
la buena voluntad. Es un texto trabajado, pero que está abierto al debate, al diálogo, a la reforma, abierto al debate en el trámite parlamentario, abierto a la enmienda, con vocación de que entre todos seamos capaces de dar una mejor solución y
una mayor satisfacción a la lucha contra la accidentalidad laboral en la construcción. Y nos parece que nos podemos encontrar -he echado un vistazo apresurado a las enmiendas, porque no han sido publicadas y hay que andar buscándolas en Comisión y
fotocopiándolas- con que muchos de los grupos parlamentarios comparten y coinciden con la filosofía que estamos abiertamente tratando de manifestar a esta desangelada Cámara, pero con la capacidad, por muy desangelada que esté, de aceptar el reto
que con buena fe proponemos a todos ustedes. En sus manos, señorías, está.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
¿Algún grupo quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el señor Pérez, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado lunes moría un trabajador de la construcción. Ese mismo día conocíamos el aumento de siniestralidad en los diez primeros meses de este año y de forma muy acusada en el sector de la construcción.
El mes de noviembre,
como todos recordamos, ha sido un mes negro. Al dramático accidente de Almuñécar, con un resultado de seis trabajadores muertos, ha seguido el fallecimiento en accidente de trabajo de otros 13 trabajadores del sector. Cuando tengamos todos los
datos seguramente hablaremos de unos 25 muertos en el sector. Con ser esto bastante para preocuparnos, no es quizá lo que más debe alarmarnos. Los datos oficiales revelan que el número de accidentes con baja en el sector de la construcción ha
experimentado un aumento del 11 por ciento sobre igual periodo del año anterior, lo que viene a representar el doble de lo experimentado por el resto de sectores económicos, en los que el aumento se sitúa en el 5,7 por ciento. En una palabra, nos
encontramos ante cifras escandalosas que no pueden observarse con pasividad y que revelan tanto la importancia de intervenir en la regulación del sector como de abordar con rapidez iniciativas en este terreno.
Las casi 100 enmiendas que corresponden a las legítimas opiniones de los grupos parlamentarios no devalúan, evidentemente, nuestra preocupación por la situación del sector ni la voluntad de intervención demostrada en esta Cámara al
producirse la toma en consideración del proyecto. En cuanto a la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular nos plantea, además de tener coincidencias con las que plantean otros grupos, que nosotros entendemos perfectamente y que anuncian en todo
caso una tramitación de la ley en la que va a haber convergencias ciertamente notables de las que nos alegraremos, creemos que se instala en la lógica de negar la relación entre la subcontratación y la siniestralidad, que viene a abundar en el
discurso de la no intervención y que pretende, mediante certificaciones, regular un sector que por lo que nosotros conocemos no es precisamente susceptible de ser regulado a través de ese tipo de normativas o de actuaciones administrativas.
La situación de siniestralidad pone en evidencia que se necesitan medidas urgentes para acometer los problemas que sufre el sector de la construcción y que no pueden ignorarse en nombre de la defensa de las políticas de flexibilidad, de no
intervención y de libre empresa que se citan en enmiendas de diversos grupos políticos. Es una situación que reclama del Ministerio de Trabajo acciones negociadoras y una revitalización del diálogo social en esta materia, y en este sector
concretamente no ha sido posible el acuerdo. Es una realidad -se ha dicho en esta tribuna-, y es así porque durante meses lo han estado intentando los agentes sociales y los empresarios y no ha sido posible que se pongan de acuerdo. Ojalá sea
posible, como se decía aquí, en el transcurso de la tramitación. Bien está que se aborden campañas específicas de sensibilización como las recientemente acordadas, pero eso no es suficiente. Deben negociarse nuevas iniciativas para afrontar, entre
otras cuestiones, lo que tiene que ver con la actuación de las inspecciones de trabajo y su relación con las fiscalías. Lo que demuestran las cifras del sector de la construcción y las trágicas cifras que tenemos sobre la mesa es que la
construcción en España sigue siendo un sector en el que determinados segmentos del ámbito empresarial subcontratista vienen violando, vulnerando y quebrantando los derechos de los trabajadores, obligando a los empleados a trabajar en condiciones
penosas y dramáticas. En ese sentido, llamamos la atención sobre las enmiendas que se han presentado al texto y sobre la necesidad de ser consecuentes con la preocupación que unánimemente solemos expresar en este sentido. El hecho es que en el
sector de la construcción muere un trabajador cada día como consecuencia de la falta de seguridad por no cumplir con la Ley de prevención de riesgos laborales. La primera responsabilidad se encuentra en una legislación que sigue permitiendo que en
el sector de la construcción siga funcionamiento el tráfico de mano de obra o prestamismo laboral de aquellas subcontratas a las que lo único que les interesa es el dinero rápido y fácil. Se ha dado aquí el dato.
Existen en nuestro país más de
415.000 empresas de la construcción. El 46 por ciento de ellas no tienen asalariados, el 50 por ciento tienen entre 1 y 20 y solo el 0,02 de las empresas tienen más de 500 trabajadores.
Es decir, hablamos de un sector absolutamente atomizado, en el que las grandes empresas controlan la gran demanda y contratan la mayor parte del proceso productivo; las pequeñas, evidentemente, incrementan su grado de especialización o
aportación de mano de obra. Esa estructura del sector, sin ninguna regulación, es campo abonado, por lo que ya la bautizaron los propios trabajadores de la construcción hace muchos años como pistolerismo. Hoy, señorías, en este sector hay decenas
de miles de empresarios que se autocalifican como autónomos y que no se corresponden con la generalidad de lo que son los pequeños empresarios autónomos y que, con un cuatro por cuatro, con un casco y pocos escrúpulos, con menos formación, negando
derechos evidentes y con muchos abusos y muchos destajos, pueden estar haciendo por ahí discursos acerca de la libertad de empresa que no deberían agradar a aquellos otros agentes o a aquellas otras fuerzas políticas que defienden la libertad de
mercado desde presupuestos democráticos y progresistas. Por eso llamamos la atención sobre esas enmiendas que se enrocan en la legislación vigente, que reducen el problema al aumento de formación, a la sensibilización o a la negociación colectiva.
La seguridad es algo casi siempre objetivable; sabemos cómo evitar casi siempre los accidentes que se producen, pero la seguridad desde luego no es negociable, es un derecho no negociable. Puede haber empresas que no tengan recursos para
evitar accidentes. Hasta ahí podríamos llegar a admitir. Pero no podemos admitir que la seguridad sea una moneda de cambio en mesas de negociación. El problema tiene una raíz, y esa raíz, la cultura del tráfico de mano de obra a través de la
contratación, requiere intervención administrativa, guste o no guste a quienes aducen la libertad de mercado y la liberalización. Todos sabemos que la inestabilidad en el empleo está en el centro de las situaciones de indefensión y de vulneración
de derechos que ha convertido el sector de la construcción en una auténtica jungla. Entenderán, por tanto, que defendamos un ataque radical a la cultura de la temporalidad. Estas razones justifican que veamos con cierta inquietud enmiendas que
reducen el grado de intervención de la Administración, devalúan el principio de registro y control y se muestran tolerantes con la cultura de la temporalidad. Manifestamos nuestra voluntad de acordar cuantas más enmiendas mejor, de hacer que la
tramitación de esta ley sea rápida, pero no que en nombre de estos criterios se devalúe la propuesta hasta hacerla irreconocible. En este sentido nos gustaría que, tanto el Grupo Catalán como el Grupo Vasco, recuperaran la sensibilidad que ya
mostraron hace cuatro años en esta materia y pudiéramos avanzar todos los grupos en una ley asumible, desde las preocupaciones que decimos compartir, y seguramente compartimos. No dejaremos de reconocer la coherencia de la derecha en esta materia.
Su Gobierno sufrió tres huelgas generales de la construcción, y esto, señorías, puede hacer entender la actitud del Partido Popular en el pasado. Nos gustaría que esa actitud en el presente varíe la línea en que se anunciaba en la tribuna,
dispuestos a la negociación, dispuestos al diálogo, dispuestos a avanzar en una ley que todos podamos suscribir. Pero tras la defensa de la libertad de empresa, se puede amparar, y no decimos que sea la intención ni que se haga, a aquellos que no
dudan en jugar con el empleo, con los derechos y con la vida de los trabajadores de la construcción.
Señorías, hay razones que justifican la enmienda a la totalidad que hoy estamos debatiendo acerca de esta ley, y es que hay una deleznable estrategia de productividad basada en la precariedad, en el destajo y la subcontrata, que conllevan
desprofesionalización en el sector, que conllevan dumping social y laboral, siniestralidad en el sector de la construcción. Hay prácticas fraudulentas en la subcontratación en cadena, hay falta de responsabilización del sector ante la ley, hay
necesidad de discriminar positivamente la estabilidad en el empleo. Se trata, en definitiva, de acabar con las prácticas abusivas mediante la única estrategia posible: la ley y la intervención reguladora que delimite las relación entre las
empresas y de éstas con los trabajadores, la ley que delimite responsabilidades. Sin ellas, sin ley y sin intervención, seguirá imperando la jungla en las obras, en los tajos y el deterioro de los derechos de los trabajadores y la lacra de
siniestralidad que hoy sufre este sector y en general nuestra sociedad. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado. Para la fijación de su posición, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, mi grupo, como quizá recuerde alguna de SS.SS., ya se mostró escéptico y crítico sobre la toma en consideración de la proposición de ley que, presentada por Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, debatimos hace varios meses, en concreto, si no recuerdo mal, el 21 de diciembre del pasado año, hace prácticamente un año. Hablamos entonces, y seguimos dispuestos a hacerlo hoy, de
cómo el camino por el que se traen proyectos de ley a esta Cámara está empedrado de buenas intenciones, no se lo negamos a nadie, como dicen que está lleno el infierno, pero otra cosa son los resultados prácticos, reales de todas esas buenas
intenciones. Nuestro posicionamiento era y es hoy el siguiente. La consecución de unos más altos niveles de seguridad laboral así como de seguridad en el empleo, temas ambos a los que aquella proposición de ley se proponía hacer frente, merecen el
esfuerzo de todos los agentes y de todas las instituciones. Ahí no tenemos ninguna duda.
Ello no obstante, entendemos que en el contexto del ordenamiento actual difícilmente se justifica la necesidad de aprobar una nueva ley específica reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, y ello porque el marco jurídico del que disponemos arbitra ya normas dedicadas al logro
de tales finalidades. Este fue y es básicamente nuestro posicionamiento y la razón que nos llevó a oponernos a la toma en consideración de aquella proposición de ley. Son grandes las dosis de escepticismo y criticismo que mantenemos sobre
lo que realmente se pueda derivar de estas buenas intenciones, y no tenemos la menor duda ni la menor vacilación en reconocerlo delante de toda la gente. Nuestro escepticismo se basaba en que, como recordábamos entonces, esta no es, en absoluto, la
primera vez que estas Cortes legislan de hecho sobre este tema, llevadas siempre por las buenas intenciones y por alcanzar ese punto final que todos desearíamos alcanzar como fuere, que es el de la desaparición o cuasi desaparición de la
siniestralidad laboral. Y citábamos entonces, y por cierto sin ánimo de exhaustividad, leyes y normas como el Estatuto de los Trabajadores, artículo 42, el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, artículo 12, el
Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, véase su artículo 116, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, o el propio Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. Y concluíamos lo que hoy seguimos concluyendo: llueve sobre mojado. Como mínimo, llueve sobre mojado,
esa es la verdad. Como verdad es que, sin embargo, lamentablemente, la siniestralidad sigue estando presente e incluso en determinados campos va para arriba, como ocurre, en concreto, en el de la construcción. Seguramente en este campo esta
siniestralidad tiene que ver con el hecho de que se desarrolla tal como se desarrolla la subcontratación; seguramente es verdad.
Hoy, el Partido Popular, con un texto alternativo a la proposición de ley anterior, vuelve a plantearnos, yo diría, una lluvia alternativa; sobre mojado, pero una lluvia alternativa. En algún sentido es más suave, más flexible. A nuestro
entender es menos antisubcontratación por antisubcontratación, pero también nos parece que en realidad no es muy práctica ni muy eficaz. A nuestro juicio, la aplicación de esta nueva ley va a tener muchos problemas. El sistema de certificación y
registro de empresas certificadas en materia de seguridad y salud que se establece no va a ser, a nuestro entender, el más eficaz, habría que darle un repaso en serio y, además, y para nosotros muy importante, entendemos que no es nada respetuoso
con la distribución competencial establecida, por ejemplo, en el artículo 12.2 del Estatuto de Gernika. A pesar de esto, estamos dispuestos, en contra incluso de lo que hicimos y de alguna forma con una falta de lógica con nosotros mismos, a dar un
voto afirmativo.
¿Por qué? Pues no porque creamos que ustedes han dado con ninguna piedra filosofal que nos vaya a resolver por sí misma este gravísimo problema de seguridad en el trabajo que hoy todavía seguimos padeciendo, ya que pensamos que es
inútil ir en busca de esa piedra filosofal. Por cierto, que esto es algo similar, y creo que nos debiera hacer reflexionar a todos, a lo que ocurre con los accidentes de carretera, porque, señores, ¿hay algún miembro de esta Cámara que se guarde en
el bolsillo alguna proposición de ley, alguna nueva normativa, algún nuevo reglamento, algún nuevo procedimiento por el que se puedan evitar los accidentes de carretera de todos los fines de semana, como dicen las estadísticas? ¿Hay algún miembro?
Es que ya no depende de eso. ¿Por qué suponemos entonces que en este campo sí depende de una nueva normativa? ¿Por qué? Es un a priori como otro cualquiera. De forma que no se trata de falta de sensibilidad o de recuperar una sensibilidad
anterior que hubiéramos tenido y hayamos podido perder. Creemos sinceramente que no. En cualquier caso, respecto a su proposición de ley, como en su caso la suya, nosotros siempre hemos mostrado nuestra disposición a colaborar. Hemos introducido
nuestras enmiendas, que podrán juzgarse en los términos en que cada grupo quiera juzgarlas, habíamos expuesto nuestras ideas, nuestros mejores argumentos y nuestras propuestas, y estamos dispuestos a discutir con cualquier otro grupo los mecanismos,
las propuestas que cualquiera quiera hacer. Nunca nadie nos convencerá de que con ello habremos dado con la resolución del problema, porque sería equivocarnos a nosotros mismos y sería transmitir a la sociedad que las responsabilidades que aquí un
día se toman resuelven los problemas que no se van a resolver aquí. Nosotros creemos que debe hablarse claro a la sociedad. A pesar de ello, insisto, no tenemos ningún problema en decir que, cualquiera que sea la proposición de ley que finalmente
se siente como base, y desde esa perspectiva, un día, efectivamente, votamos que no a la proposición de ley de ustedes y hoy vamos a votar que sí a la de ustedes, para demostrarles que nuestra voluntad es la de entrar, pero sin que nuestras ideas
básicas, que fueron las que en su día nos llevaron a decir que no y hoy nos llevan a decir que sí, hayan sufrido ningún deterioro ni por el camino hayamos perdido o ganado sensibilidad. Simplemente decimos las cosas como las pensamos, porque la
dificultad de la resolución del grave problema al que nos enfrentamos no permite simplificaciones. Nos equivocaríamos radicalmente y transmitiríamos un mensaje que, a la postre, sería negativo para la solución del problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Beloki.
Tiene la palabra el señor Tardá, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, voy a ser muy breve. Vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, quedó clara nuestra posición desde el día en que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presentó la proposición de ley. En aquella ocasión felicitamos la Grupo de Izquierda Unida en particular. De
hecho, manifestamos nuestro apoyo a las centrales sindicales, tanto a UGT como a Comisiones Obreras, quizás especialmente a esta última en tanto en cuanto asumió la ingente labor de recoger medio millón de firmas que sirvieron como
catalizador del proceso que hoy nos lleva ante esta tribuna. Está claro que el incremento de la siniestralidad, producto básicamente de la subcontratación, hace evidente la urgencia de la ley.
Se trata de un mal endémico. Creo que los compañeros
que me han precedido, en particular el diputado por Izquierda Unida, han dado en la diana. Han hecho la diagnosis correcta, que nosotros suscribimos totalmente. El problema de este cáncer tiene origen en la voracidad capitalista, pero sobre todo
en la voracidad protagonizada por el subproducto más evidente de esta voracidad, que es el típico empresario que supedita los derechos de los trabajadores, el más importante de los cuales es el derecho a la vida, al beneficio de una cuenta de
resultados inmediata y a ser posible espectacular. Lo que se requiere es una ley progresista, una ley pactada con los sindicatos, que no se doblegue a los intereses de la patronal. Habrá que evitar, pues, la subcontratación en cadena, prohibiendo
la posibilidad de que la empresa subcontratada especializada subcontrate a su vez la tarea a unos terceros o a otros.
También procuraremos conseguir una ley que intente suprimir de raíz buena parte de la temporalidad, por lo cual defendemos que la
empresa subcontratada deberá contar con un volumen mayoritario de trabajadores en plantilla estable. Estas medidas tendrán que conjugarse con otras que también están representadas en las enmiendas que hemos presentado.
Algunas de ellas tienen que
ver con la necesidad de fomentar y proteger a la pequeña y mediana empresa, porque aquí también son víctimas de este proceso perverso de subcontratación, y también tendrán que recoger la necesidad de legitimar y legalizar la capacidad de
fiscalización que ya tienen algunos cuerpos autonómicos en materia de prevención, y que los textos estatutarios que se están reformando regulan en cuanto a la competencia de inspección laboral, que ciertamente también representa un agujero negro en
este proceso. Deseamos que el Partido Socialista esté por la labor, que sea receptivo a las demandas de los sindicatos obreros, y esperamos encontrar en el trámite legislativo una buena predisposición por parte del conjunto de la izquierda,
presente en esta Cámara, para encontrar una síntesis que conjugue la eficacia empresarial, los derechos de los trabajadores y el fomento económico, porque es evidente que estamos hablando de actividad económica, pero los derechos no pueden ser
nominales sino reales, amparados por un texto legislativo que pretendemos que sea aprobado pronto, que sea garantista y acabe con una lacra que debería avergonzarnos: la lacra de la siniestralidad. En el fondo estamos hablando de explotación, y
esperamos que la subcontratación -que se produce sobre todo en este sector de la construcción tan dinámico y a la vez históricamente tan susceptible de convertirse en la punta del iceberg de la explotación obrera-, que esta lacra, acabe siendo
superada de una vez por todas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, diputado.
Para fijar la posición, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votó negativamente a la toma en consideración de esta proposición de ley que nos planteó Izquierda Unida hace un año. Entonces, en una intervención coincidente con los planteamientos de
fondo del señor Beloki, del señor Mardones y de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, ya nos parecía que desde la coincidencia en la gravedad del problema, el enfoque que expresaba esa proposición de ley era inadecuado, que teníamos un
problema grave que no podía de nuevo encontrar respuesta en el incremento, en la creación y en la puesta en marcha de nuevas regulaciones que supusieran más intervención legal. El problema general de la siniestralidad y el problema específico de
los accidentes mortales en la construcción iban más allá del marco legal del que nos habíamos dotado. Nos mostramos escépticos sobre la eficacia de la norma que Izquierda Unida nos proponía para poder atajar ese objetivo. Es más, estábamos
convencidos -y estamos convencidos- de que introducir más rigidez en las relaciones laborales en el ámbito de la construcción tan solo iba a fomentar más fraude en el ámbito de la construcción. Esa era nuestra posición, que nos llevó, insisto, a
votar en contra. Hemos entendido que este largo periodo de inactividad del Parlamento en esta materia -cerca de un año- respondió a una cierta idea que teníamos todos de que el enfoque de esta proposición de ley era inadecuado en relación con las
cuestiones de fondo. Las lamentables muertes en Granada han activado este procedimiento parlamentario pero, desde el más absoluto respeto a aquellas personas que han muerto y a sus familias, estamos convencidos de que no es serio que este
Parlamento legisle en función de hechos de estas características. No es serio tener diez meses bloqueado este proceso legislativo, y porque la opinión pública se escandalice por esas muertes, activemos de nuevo la puesta en marcha de esta
proposición de ley; sabiendo, además, que estamos hablando de uno de los sectores económicos que constituyen la locomotora de la creación de empleo en España.
Si nos explicamos por qué en España en estos últimos diez años se ha creado el empleo que se ha creado es en función de la capacidad de creación de empleo del sector de la construcción. Entre empleo directo e indirecto, alrededor del 20 por
ciento del empleo que hay en España se vincula al sector de la construcción, y el peso directo e indirecto de este sector en el PIB español representa
alrededor del 14 ó el 15 por ciento. Estamos hablando de sectores económicos muy importantes que, junto con esa atomización del sector -que el señor Pérez no sé si enunciaba-, porque esta conformado por una amplia cantidad de pequeñas y
medianas empresas, de empresarios autónomos que, por ser pequeños y medianos empresarios o por ser empresarios autónomos, no los debemos etiquetar de empresarios fraudulentos. Estamos convencidos de que no va a ser útil, en esa realidad compleja y
difícil de miles de pequeños empresarios, enfocar la solución a los problemas que se nos generan con normas que introducen mayor rigidez, mayor formalismo y mayor formalismos.
Además es un sector -el señor Azpiroz lo formulaba al defender su enmienda, y no es un tema menor- en el que la mayor parte del crecimiento de ese empleo ha tenido su origen en población de origen extranjero.
Según la EPA, la construcción
absorbe cerca del 22 por ciento del conjunto del empleo extranjero que se genera en el Estado español, con todos los problemas que eso comporta desde todos los puntos de vista. En paralelo, tan solo el 4 por ciento de las actividades formativas de
la formación continua -comparado con el 20 por ciento del conjunto del empleo que se genera en España y con más del 22 por ciento del empleo extranjero que absorbe el sector de la construcción- se dedicaba a trabajadores en el ámbito de la
construcción. ¿Es ese un problema de legalidad? ¿Es ese un problema de las normas? Creo, señorías, que no estamos ante un problema esencialmente de marco normativo. Estamos ante un problema de políticas públicas, estamos ante un problema de
responsabilidades, estamos ante un problema de coordinación de las empresas, estamos ante un problema de papel de uno de los principales promotores de obra, que es la Administración pública, que tiene enormes responsabilidades en sus actuaciones.
Por tanto, definitivamente, estamos ante un problema de política mas que ante un problema de marco legal.
Pero, señorías, comparto una reflexión que formulaba el señor Azpiroz. La sensación que ayer tuve cuando el ministro de Trabajo nos citó como ejemplo del diálogo en el que se produjo un acuerdo en relación con esta proposición de ley, fue
de sorpresa. Mi grupo entendía que el diálogo social estaba bloqueado. Eso es al menos lo que los agentes nos han manifestado: no hay manera de desencallar ninguna de las mesas abiertas, ni la reforma del mercado de trabajo, ni la reforma de la
protección social, con una posición crítica de Comisiones Obreras con el texto que el Gobierno ha formulado. Y ayer el ministro, para explicarnos que las cosas van bien, nos cita un acuerdo en esta materia. Desde el desconocimiento que mi grupo
tenía de las negociaciones del Grupo Socialista con los agentes sociales pensé que habría algo de cierto, pero cuando hoy el señor Azpiroz nos enseña una carta en la que la patronal afirma que ese acuerdo no existe, mi grupo aún se siente más
perplejo.
¿Cómo el Gobierno, con el diálogo social bloqueado en un aspecto tan sustancial como es la subcontratación en la construcción - seguramente la cuestión más compleja en relación con el problema en general de la subcontratación en nuestro
sistema de relaciones laborales- nos anuncia ayer un acuerdo, que la patronal hoy mismo, a través del señor Azpiroz, desmiente? Yo creo que ese tipo de planteamiento por parte del Gobierno es de una frivolidad enorme.
Finalmente, Convergència i Unió ha presentado unas enmiendas en la línea de fortalecer el diálogo social, en la línea de fortalecer las buenas prácticas, en la línea de trasponer las directivas de la Unión Europea que inciden en la
coordinación de procedimientos administrativos en la adjudicación de determinados contratos de carácter público y en la línea de dotarnos de un fondo de apoyo a la pequeña y mediana empresa en este ámbito. Pero hoy no vamos a votar favorablemente
la enmienda a la totalidad que nos presenta el Partido Popular. Nos guste o no nos guste la iniciativa de Izquierda Unida continúa su tramitación -y la intervención del señor Pérez esta mañana es de agradecer, por su tono- y, por tanto, nos invita
a ser capaces en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y en el seno de la correspondiente ponencia a buscar líneas de acuerdo. El tono de las intervenciones del señor Azpiroz, del señor Beloki y del señor Tardá nos indican que todos
pretendemos en esta tramitación buscar algún tipo de salida a ese problema complejo, algún tipo de solución. Por tanto, en aras de nuestra capacidad para buscar en el trámite parlamentario una salida a un problema grave, tramitación a nuestro
entender equivocada, nuestro gesto político hoy va a ser abstenernos con relación a la enmienda a la totalidad que nos plantea el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad como texto alternativo presentado por el Grupo Popular a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida reguladora de subcontratación en el sector de la construcción. Y lo haremos no solo por estar en desacuerdo con el contenido, sino también por el procedimiento que la propia presentación de este texto alternativo supone para
nosotros. Señorías, con el respeto que merece cualquier interpelación y aportación al debate -no tenemos ninguna duda de que haya una intencionalidad en ese sentido-, nos parece que la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario
Popular es poco afortunada y muy inoportuna. Se lo he transmitido a su portavoz reiteradamente porque, como todos los portavoces de los grupos saben, hace un año, el día 21 del mes de diciembre del año pasado, admitimos con matices y con muchas
prevenciones la proposición de ley presentada
por el Grupo de Izquierda Unida. Todos los grupos asumimos, con las diferencias en las intervenciones, que las hubo, que la importancia y trascendencia de esta ley nos emplazaba a dilatar los plazos de enmiendas, hasta 30 aplazamientos.
¿Con qué intención? Para instar a que los empresarios y los sindicatos del sector se pusieran de acuerdo, nos diesen elementos para poder trabajar conjuntamente. Todos estuvimos de acuerdo en que lo más importante de una ley de estas
características no es el contenido, sino el apoyo y la complicidad con ella por parte de los directamente afectados. Hoy tenemos marco jurídico suficiente para resolver muchos problemas de prevención de riesgos y de salud laboral; nos falta
cultura en ese sentido y nos falta sobre todo implicación de los actores fundamentales, que son las empresas y los trabajadores. Pues bien, tras un año aquello no ha podido cuajar en un documento escrito. Ha habido numerosas reuniones de la parte
social y de la parte empresarial y ha habido en los últimos días un importante grado de acercamiento, por no decir de consenso, que ha posibilitado que nuestro grupo pueda trabajar enmiendas con alto grado de coincidencia empresarial y sindical;
quiero repetir los términos exactos de coincidencia empresarial y sindical, no absolutamente al cien por cien, por lo que desgraciadamente no ha podido plasmarse en un documento escrito, pero es cierto que las posturas se han acercado y que las
diferencias estarán en un 10 o un 15 por ciento del arco, del ángulo complementario.
Este trabajo, este procedimiento de no forzar situaciones es lo que desde nuestro punto de vista ha quedado erosionado con la enmienda que hoy nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a través del señor Azpiroz, porque para nosotros,
al margen de esto, al margen del debate de hoy, lo más importante es recuperar el marco de diálogo entre los distintos grupos y clarificarlo en torno a las 148 enmiendas presentadas para así sacar adelante una ley vital para el sector y para reducir
los accidentes laborales del mismo; eso es lo más importante. Decía que había dos cuestiones por las cuales estamos en desacuerdo con la propuesta del Grupo Popular: una era el procedimiento y la otra el contenido. A nosotros el contenido de la
enmienda presentada por el Grupo Popular no nos convence, porque para hacer frente al problema de un sector con niveles de siniestralidad muy altos, con prácticas abusivas desde el punto de vista de la seguridad y de la salud, muy concentrado en las
subcontratas y con un gran predominio de microempresas con escaso control, el Grupo Popular presenta alternativas poco operativas y desde nuestro punto de vista muy burocráticas. Crear una comisión certificadora en materia de seguridad y de salud
laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que acredite a las empresas que cumplen la normativa de prevención de riesgos y la obligación de que posteriormente se registren en una oficina de registro ad hoc, nos parece que es
complicado y al mismo tiempo difícil de cumplir, porque estamos hablando de casi 245.000 empresas en el sector con un altísimo número de microempresas; 172.000 tienen menos de seis trabajadores y tan solo 45 empresas tienen más de 500 trabajadores.
Con este tejido empresarial esto se puede convertir en un trámite burocrático sin más, porque actualmente tenemos un marco jurídico en la prevención de riesgos y de salud laboral amplio y suficiente que no puede atajar por sí mismo niveles muy altos
de siniestralidad. Solo este sector de la construcción, como anteriormente decía el portavoz de Izquierda Unida, registró la cuarta parte de todos los accidentes con baja laboral del año 2004. Al mismo tiempo, la propuesta del Grupo Popular
plantea la creación de un carnet profesional obligatorio para los trabajadores que realizan obras con riesgo físico y que pueden conllevar condicionantes añadidos de difícil solución. Este es un problema, porque indudablemente estamos hablando de
un sector con 1.800.000 trabajadores por cuenta ajena, pero con otros 500.000 aproximadamente por cuenta propia, con niveles de temporalidad rozando el 80 por ciento y con más de 315.000 inmigrantes dentro del mismo.
Compartimentar esto, darle un
carné, buscar un carné vinculado a la formación de todo esto, lleva consigo un esfuerzo y un tiempo no menor de 5 ó 6 años, y nosotros estamos hablando de problemas de mañana y de pasado mañana.
Señorías, desde nuestro punto de vista, esta enmienda a la totalidad tiene como objetivo garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, no tenemos ninguna duda. En la misma hay un espíritu con el que nosotros estamos de acuerdo,
pero tiene un escaso contenido laboral y está más orientada a regular y a ordenar elementos de carácter empresarial y organizativo que aspectos de la vida laboral de los trabajadores.
Señorías, para nosotros el proyecto debe orientarse hacia el
ámbito laboral, hacia la mejora de las condiciones laborales en que se desarrolla la labor de la construcción, pues entendemos que la subcontratación por sí misma ni es buena ni es mala; es una forma de actividad empresarial que tiene sus aspectos
positivos y negativos. El uso y el abuso que se hace de la misma es lo que indudablemente puede perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores porque, señorías, la utilización abusiva de la figura de la subcontratación repercute
negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores en el caso de aquellas empresas que basan su competitividad en el recorte de gastos que origina el cumplimiento de la ley, ya sea dejando de hacer frente al pago de impuestos o imponiendo
condiciones laborales por debajo de los mínimos legales en salarios, vacaciones, descansos y prevención de riesgos laborales y de seguridad. Estas son las prácticas que distorsionan no solo la propia actividad, sino también la competencia, y
empobrecen la calidad de los bienes y los servicios afectados. Cuando este tipo de prácticas afecta a la prevención de riesgos laborales se produce un incremento de los mismos, e indudablemente es en esto en lo que debemos trabajar. De ahí que
veamos su enmienda poco efectiva, pues no clarifica la cadena de subcontratación, no garantiza el control de las
empresas en los centros de trabajo tanto por la autoridad laboral como por los propios trabajadores. A esto se debe añadir una necesaria e imprescindible garantía de cualificación y formación de los trabajadores en las empresas como base de
una mayor competitividad y solvencia empresarial.
Señorías, regular la subcontratación en la construcción es necesario por el efecto pernicioso de los accidentes laborales, por la estabilidad empresarial y por la mejor competencia de la misma. Hacerlo con el único objetivo de mejorarlo
requiere la participación de todos. Volvamos al principio y sobre la base de la proposición de ley que actualmente todavía está en trámite podremos trabajar en la Comisión para hacer una ley que sea ajustada a las necesidades de la construcción,
que mejore las condiciones de los trabajadores y sobre todo que ataje las condiciones laborales de este sector. Quisiera terminar haciendo dos apreciaciones a valoraciones efectuadas por el señor Aspiroz referidas a la intervención que el señor
ministro de Trabajo realizó aquí...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Ha de ir terminando, señor diputado.
El señor MEMBRADO GINER: Los incrementos adicionales que usted está planteando que promovió el Grupo Popular sobre el tema de las pensiones se realizaron en el año 2000 y en el año 2004; tiene usted razón, años electorales. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias.
-PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER EN EL ORDEN DE SUCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS. (Número de expediente 122/000162.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 18 de octubre, día en que los grupos proponentes presentaron en el Pleno de la Cámara el proyecto de ley que hoy nos ocupa, nuestro grupo parlamentario argumentó su voto no favorable a su tramitación, a la vez que mostró
su sorpresa por el hecho de que la demanda contenida en la proposición llevara la firma del Grupo Socialista; sorpresa y perplejidad tanto por su contenido como por su inoportunidad. El Grupo Socialista pretende hacer creer a la sociedad que esta
iniciativa legislativa persigue la igualdad entre hombre y mujer, y en consecuencia contribuye al progreso en el reconocimiento de los derechos individuales ante la discriminación de género. A lo largo del debate de la toma en consideración
Esquerra Republicana aportó argumentos denunciando esa hipocresía política: ni la ley afecta a un número sustancial de personas ni se trata de un sector social afectado por necesidades económicas o precariedad social. Todo ello, y dada la
situación de déficit en que actualmente se hallan todavía los derechos de la mujer en nuestra sociedad en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, precariedad del empleo, falta de paridad en la configuración de las listas electorales
y un larguísimo etcétera, nos lleva a calificar esta ley de frívola.
El legislador constituyente de 1978 hubiera podido prohibir la concesión de nuevos títulos, al menos de títulos hereditarios, e incluso hubiera podido prohibir o mitigar la subsistencia de los antiguos, como hacía la Constitución
republicana, en cuyo redactado se ampara la enmienda que Esquerra Republicana propone; no obstante, en la actualidad existen tanto los títulos nobiliarios antiguos como los de nueva creación. Así pues, poseer un título nobiliario es un hecho
admitido por el ordenamiento jurídico actual, que ampara constitucionalmente su concesión por parte del Rey a cualquier español como acto de gracia o merced en cuanto a la decisión última, pero en todo caso con arreglo a las leyes; leyes que
contienen normas sobre la rehabilitación de títulos, su transmisión y caducidad, que protege el uso de los títulos y persigue su usurpación o uso por quienes no tengan derecho a utilizarlos. No puede afirmarse lo que en su día manifestó la
representante del Grupo Socialista cuando dijo que el hecho de ser o no ser noble, de tener o no tener título carece totalmente de relevancia para el ordenamiento pues lo irrelevante para el derecho es aquello que este no contempla ni regula, que es
lo que pretende Esquerra Republicana con la enmienda a la totalidad.
Según la legislación actual un título nobiliario es una preeminencia o prerrogativa de honor y tiene plasmación en normas de protocolo, y de facto sitúa a las personas que los poseen en un plano de prevalencia respecto al resto de los
ciudadanos, lo cual se acrecienta todavía más dado el carácter monárquico del Estado. La enmienda a la totalidad que hoy presentamos pretende que el Estado deje de reconocer los títulos nobiliarios de igual manera que sucede en países como Italia,
Francia, Irlanda, Portugal, Polonia, Dinamarca o Estados Unidos, por citar unos cuantos, a pesar de que en algunos de estos Estados se sigan utilizando e incluso tengan un amplio reconocimiento en la vida social. De hecho, nuestra enmienda va en
esa línea, no pretende negar el derecho de una persona a llamarse como quiera y que le llamen así las personas que lo deseen; lo que reclamamos es que los poderes públicos no reconozcan más identificación personal y social que el nombre y apellidos
que constan en el Registro Civil y que es común a todas las personas. Después, en su casa, en Baqueira-Beret, en Mallorca, en Marbella o en su barrio, donde quieran, que cada cual se
llame como le plazca. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Que alguien se llame marqués de Génova o conde de Ferraz nos da absolutamente igual, lo que nosotros decimos es que el Estado no debe regularlo ni
reconocerlo como tal, que no debe ser el ministro de Justicia ni su ministerio quien diga que alguien es por derecho conde, duque o marqués, y mucho menos utilizar dichos títulos para privilegios protocolarios o para tratamientos como ilustrísimo o
excelentisímo. Estas distinciones provienen de épocas autoritarias en las que se primaban las acciones a favor de un sistema vertical, clasista y colonial, en las que se gratificaba únicamente a las clases dominantes. No se engañen, el
reconocimiento de las distinciones supone una cuestión de honor social, de voluntad de preeminencia en el reconocimiento por encima del resto de la ciudadanía, pero no es solo una cuestión de simple vanidad, que por otro lado existe en altas dosis,
sino que es también una cuestión de influencia, de utilizar el nombre para obtener ciertos privilegios en el seno de la sociedad. Es decirle implícitamente a una persona ante la que se utiliza el título: Yo no soy un cualquiera, soy el conde-duque
de Azores -por poner un ejemplo ficticio-. Insisto, lo preocupante no es la voluntad de cada cual de considerarse más que otro, lo preocupante es que el Estado, la legislación, los poderes públicos, lo reconozcan así.
Les instamos, en especial al Grupo Socialista, a superar un anacronismo, un arcaísmo, el que se desprende de este mantenimiento del reconocimiento de una institución cuyo pasado no es, por otro lado, demasiado ejemplar respecto a los valores
democráticos, ni leal -repito, ni leal- con el Estado democrático. Lo dicho, corresponde al Rey la concesión de títulos nobiliarios; se trata de un derecho que le corresponde constitucionalmente, y hoy por hoy, ahora y aquí, no cuestionamos tal
capacidad. Si el Rey quiere conceder títulos, que lo haga; lógicamente la nobleza se ve reflejada en la Corona -de hecho es uno de los suyos- y, a la vez, esta misma institución es consustancial a ella. Ahora bien, repetimos, esos títulos no
pueden conllevar ningún tipo de reconocimiento público. Si desea la nobleza configurar sus propios círculos y afirmar sus propias instituciones de transmisión de valores y contenidos históricos, tiene reconocido el marco legal, de igual manera que
pueden hacerlo aquellos ciudadanos que se agrupan en función de cualquier otra variable que les lleve a optar por la asociación, pero que no insista en superar este marco, el común a toda la ciudadanía, y alcanzar el reconocimiento del Estado.
Desconocemos la razón que ha llevado al Grupo Socialista a coincidir con la derecha en esta iniciativa legislativa. Es cierto que son conocidas las reclamaciones de ciertos personajes, algunos de ellos relacionados con el mundo empresarial
de los medios de comunicación, que pretenden alcanzar títulos nobiliarios a través del reconocimiento de titularidades nobiliarias de sus consortes, pero nos negamos a creer que esta pudiera ser la razón, aunque en el mundo madrileño que empezamos a
descubrir ya nada nos sorprende y todo parece posible. La verdad es que desconocemos la razón profunda. ¿Por qué ustedes, el Grupo Socialista, puestos a mostrar tanta sensibilidad con la Historia, han priorizado los supuestos derechos de las
mujeres nobles y todavía no han dicho nada de las mujeres republicanas fusiladas, torturadas, encarceladas o incluso de aquellas otras mujeres que vieron cómo no podían recuperar a sus hijos perdidos, ingresados en centros psiquiátricos, por su
condición de rojas y separatistas al finalizar la Guerra Civil? ¿Quizás alguien puede negar que coincidieron en el tiempo todas estas miserias con la rehabilitación de todos los honores y privilegios para la nobleza desde el mismo momento en que se
quebró la legalidad republicana? ¿Recuerdan cómo, inherente al título de Grande de España, existía el de Capitán General? El presidente Zapatero decía el otro día en esta Cámara que había actitudes de Esquerra que no le gustaban, que no compartía.
Ya respondimos que lo entendíamos a la perfección, que es evidente, que él nunca se ha declarado independentista leonés. También es cierto que hay actitudes que calificamos de frívolas en las que no coincidimos con el Grupo Socialista, y esta es
una de ellas. Quien legisla a favor del matrimonio homosexual no puede legislar lo que nos propone ahora aquí. En cambio, quien se opone a la libertad sexual, quien se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo fácilmente debe ser receptivo
a aquellas iniciativas que pretenden mantener el statu quo de una institución que, hoy por hoy, en el mundo actual debe dejar de tener cualquier preeminencia en lo público por encima de cualquier otra institución civil.
Les pedimos que reconsideren su posicionamiento y voten a favor de la enmienda a la totalidad, petición que hacemos extensiva al otro grupo parlamentario de Coalición Canaria, cuyas razones desconocemos aunque las respetamos, y también al
resto de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. Una petición final: que nadie pretenda tergiversar nuestro posicionamiento, ni confundir o manipular nuestra opinión. Esto me lleva a recordar (de hecho parece que estemos obligados,
siempre en el ojo del huracán y susceptibles de ser criminalizados los republicanos) que nuestra enmienda a la totalidad contiene una disposición final que explicita el respeto de los títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona; es
decir, aquello que queda integrado en el artículo 57 de la Constitución española. Es evidente, utilizando una expresión muy común en Cataluña que acuñó el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, que ahora esto no toca.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Tardá.
Señorías, ¿va a ser ejercido algún turno en contra por algún grupo parlamentario? (Pausa.)Dado que hay dos grupos parlamentario con la intención de ejercer el turno
en contra, tenemos que priorizar al grupo mayoritario que será el único que podrá ejercerlo. Por tanto, señora Torme, usted lo tendrá que hacer en fijación de posición, por cuanto como es sabido por todos según el Reglamento solo un grupo
parlamentario puede ejercer el turno en contra.
De manera que va a ser la señora Couto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quien puede ejercer dicho turno. La voluntad del Grupo Popular está clara y en cualquier caso la realizará la
señora Torme en fijación de posiciones.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para ejercer el turno en contra, tiene la palabra la señora Couto.
La señora COUTO RIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición con relación a la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Esquerra Republicana.
Señorías, el objeto de esta proposición de ley sobre igualdad del hombre y de la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios no es suprimir el reconocimiento de las distinciones clasicistas de la nobleza por parte del Estado
como pretende la enmienda a la totalidad, sino aplicar el principio de igualdad evitando una discriminación. Es cierto que en esta proposición de ley nos movemos en el contexto de los títulos nobiliarios, pero el objeto de la misma es la adecuación
del principio de igualdad a la sucesión nobiliaria. Ya existe en la Cámara una proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios que en su momento parlamentario se tratará.
Vamos a aclarar, señorías de Esquerra Republicana, que podemos estar de acuerdo con la ideología de fondo presente en esta enmienda, pero el procedimiento que sigue Esquerra no es el adecuado, porque saben que el planteamiento tiene que hacerse
dentro del marco de la reforma constitucional y no fuera de ella, al ser el otorgamiento de los títulos nobiliarios una prerrogativa que la Constitución otorga el Rey. Lo hemos dicho en la toma en consideración y lo volvemos a repetir hoy, el orden
de sucesión de los títulos nobiliarios es cuestión de legalidad ordinaria. Las normas vigentes para la sucesión nobiliaria son las contenidas en el Código de las Siete Partidas de Alfonso X, entre ellas rige la preferencia masculina, reglas
ajustadas a los valores del antiguo régimen pero no a los valores actuales. Por ello, estamos de acuerdo en que la regulación de los títulos nobiliarios está en la actualidad afectada por disposiciones anacrónicas y desenganchadas de los valores
propios de un Estado social y democrático de derecho, pero es el legislador el que en el ejercicio de sus poderes constitucionales puede proceder a dar a la sucesión nobiliaria una regulación conforme con los valores y principios de nuestro
ordenamiento jurídico, como de hecho hace al tomar en consideración la proposición de ley objeto de esta iniciativa.
El legislador ha decidido introducir en dicha ordenación histórica un valor esencial asentado en nuestra sociedad y determinante de nuestro orden de convivencia civil en razón de la oportunidad política que la Cámara decide. Dicho valor es
la no discriminación de la mujer en la sucesión del título nobiliario por razón de su sexo. Aquí estamos hablando de adecuar el principio de igualdad a la sucesión nobiliaria, únicamente de eso, y no de otra cosa. Algunas mujeres luchan por
conseguir los títulos nobiliarios familiares. Ya en el caso de que tengan hermanos varones, y a pesar de ser primogénitas, es a ellos se les adjudican estos títulos. Este principio electivo es un reflejo de la postergación y discriminación de las
mujeres también en este campo como en otros. Existen otras discriminaciones que afectan a un gran número de mujeres en nuestra sociedad, pero tenemos que reconocer que con este Gobierno socialista se ha avanzado mucho en materia de igualdad y se
avanzará mucho más. Es cierto que hoy hablamos para un reducido número de mujeres, pero hablamos de discriminación, y esto siempre nos mueve a los socialistas. Peldaño a peldaño construiremos la escalera que conduzca a la plena igualdad en todos
los ámbitos.
Es cierto que la posesión de un título nobiliario no otorga ningún estatuto de privilegio al tratarse de una distinción meramente honorífica, como no podría ser de otra forma en la actual sociedad democrática regida por el principio de
igualdad ante la ley; pero también es cierto que el principio de plena igualdad entre hombres y mujeres debe proyectarse sobre ámbitos representativos y simbólicos cuando estas distinciones sean reconocidas y amparadas por las leyes, como es el
caso.
La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue la línea indicada anteriormente. Los títulos nobiliarios carecen de consecuencias jurídicas, están presentes en nuestra cultura y
ordenación de la vida social como un mero símbolo, como un nombre honorífico destinado a mantener vivo el recuerdo histórico al que se debe su otorgamiento. ¿Qué pretendemos con esta proposición de ley? Lo dice la exposición de motivos, que se
reconozca que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones a realizar esa función de representar simbólicamente a aquel de sus antepasados que por sus méritos excepcionales mereció ser agraciado por el Rey. Por todo lo expuesto votaremos en
contra de la enmienda a la totalidad con texto alternativo de la proposición de ley en cuestión, si bien podrían introducirse mejoras técnicas sugeridas en las enmiendas presentadas por los grupos durante la tramitación parlamentaria de la presente
proposición de ley.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Couto.
Señor Tardá, ¿desea usted ejercer turno de réplica? (Denegaciones.) Muy bien. Pasaremos, señorías, al turno
de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Empezaremos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y quien lo ejercerá en su nombre la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Este texto alternativo nos trae de nuevo el debate sobre una de las iniciativas más vergonzosas de esta legislatura. Lo que nos sorprende es que lo haga un grupo que se abstuvo en la votación, pues la verdad, señor Tardá, yo no entendí su
abstención en la misma; se lo digo en esta intimidad que tenemos ahora en este Pleno que nos cobija. En cualquier caso, nosotros vamos a apoyar su enmienda de totalidad de texto alternativo.
Señorías, imaginemos un país de condes, marqueses y duques cuya más alta institución del Estado es el rey, que tiene un hijo y dos hijas y estos a su vez tienen más hijos e hijas que los ciudadanos mantienen a través del pago de los
impuestos, pero nadie puede saber en qué se gastan el dinero.
En este país imaginario, el rey tiene la potestad de conceder honores y distinciones a su libre albedrío o consideración, honores de transmisión hereditaria como la corona que ostenta.
El problema es que solo los hombres podían acceder a la herencia de tan alta distinción, sufriendo las mujeres una incomprensible discriminación en un supuesto mundo de iguales. Pero estas mujeres que aspiraban a disfrutar de los honores o títulos
nobiliarios tuvieron la fortuna de que sus intereses fueron representados por ciertos caballeros andantes que desfacían entuertos. Y así, herederos y herederas de tan altas distinciones pudieron disfrutar por igual de ser distintos ante el resto de
la sociedad, pues sus ancestros un día hoy más o menos lejano recibieron un título por motivos que quizás en la actualidad a muchos de nosotros nos avergonzaría. Quizás estas gentes fueron felices y comieron perdices, pero lo cierto es que no
siempre fue así y no tiene por qué serlo.
Señorías, cada uno de nosotros sabe en su interior por qué le han votado, tiene un mandato de los ciudadanos y debe respetarlo. Ese mandato de los ciudadanos, esa legitimidad se obtiene a través de la soberanía del pueblo, a diferencia de
los títulos nobiliarios que ahora estamos tratando de dónde procede su legitimidad, cómo se obtienen, de qué meritos se deriva su otorgamiento. Señorías, la sociedad avanza y también deben hacerlo las leyes y con esta propuesta que nos trajeron los
grupos Popular, Socialista y Coalición Canaria lo que hacemos es actualizar y reavivar la discriminación más rancia de un mundo del pasado. Muchos ciudadanos seguiremos luchando ahora y siempre por acabar con todas aquellas distinciones que tengan
su origen en la cuna o linaje, sean Borbones o disfruten de cualquier otro apellido. La igualdad entre los ciudadanos es la máxima aspiración que debe regir en las leyes que apruebe este Parlamento -así lo manda la Constitución española-, y los
títulos nobiliarios tanto para hombres como para mujeres es evidente que se apartan de esta máxima o principio rector. Los pasos hacia atrás, señorías, no son gratuitos -su coste no es puramente simbólico ni implica más portadas en la prensa rosa-,
sino que lo que hacen es generar y fomentar un modelo de sociedad y de familia por el que desde luego nosotros, Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, no apostamos, ni tampoco por un modelo que represente los valores supremos de
la Constitución española. La igualdad, la justicia y la solidaridad no tienen nada que ver con los títulos nobiliarios.
Señorías, avancemos en democracia, avancemos en igualdad real; deroguemos por fin y para siempre privilegios absurdos de sociedades del pasado basados sencillamente en la discriminación, en las clases sociales; legislemos mirando hacia el
porvenir; trabajemos por todos los ciudadanos y no por unos pocos, sean mujeres u hombres, por todos sin exclusión.
Señorías, quizá la República hoy sea todavía un sueño, pero muchos de nosotros nunca vamos a dejar de luchar por los valores que
representa.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ello tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, Esquerra Republicana, en el marco formal de una enmienda a la totalidad de texto alternativo, nos plantea una reforma de un calado no menor, de un calado importante y que afecta incluso a preceptos constitucionales, como ya se ha
dicho aquí por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Esta reforma que nos propone es la supresión de las distinciones y de los títulos nobiliarios. Es una reforma -ya lo he dicho- de importancia. Por ello, a nuestro modo de ver, excede
claramente el cauce a través del que se plantea, porque en la iniciativa original suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias se ponía el acento
en tratar la igualdad entre hombres y mujeres, no en debatir acerca de la naturaleza ni de la pervivencia de los títulos nobiliarios.
Ustedes recordarán que el objetivo de la iniciativa que se tomó en consideración era que la ley reconociera que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones en el orden de sucesión de títulos nobiliarios, para que de esta manera el
principio de plena igualdad entre hombres y mujeres, preconizado constitucionalmente, pudiera proyectarse también sobre funciones o derechos meramente representativos y simbólicos, como es el caso de los títulos nobiliarios, con un carácter que
reiteradamente ha venido señalando el Tribunal Constitucional; no tienen otro carácter, únicamente éste. Dicho más concretamente,
era una modificación del artículo 1 de la Ley de sucesión de títulos nobiliarios en el sentido de que, a partir de su aprobación, el hombre y la mujer tuvieran igual derecho a suceder en las Grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que
pudiera preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular de llamamiento, y todo esto para superar la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia que vedaba esta interpretación. El objetivo, como digo, era
por lo tanto la igualdad, no era tratar acerca de los títulos nobiliarios.
Ustedes recordarán también que mi grupo parlamentario no apoyó la iniciativa y se abstuvo en la votación. Lo hizo, como ustedes pueden imaginar, no porque estuviera en contra de la igualdad entre hombres y mujeres en cualquier campo o
materia sino por razones de oportunidad.
¿Por qué razones? Porque hay múltiples y variadas problemáticas que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin ánimo de hacer un detalle exhaustivo de las mismas, sí quiero citar, por ejemplo, que
en el año 2005 no hay todavía ninguna mujer presidenta de alguna de las empresas del Ibex-35 ni ninguna consejera-secretaria. Podemos recordar también, por baja, la diferente tasa de ocupación de las mujeres, la grave discriminación salarial, que
son las mujeres las que en un 99 por ciento solicitan la jornada a tiempo parcial por obligaciones familiares, que son las mujeres en un 98,46 por ciento las que solicitan el permiso de maternidad y que todavía no existe, porque se ha venido
rechazando en esta Cámara, un permiso individualizado de paternidad. Todas ellas son cuestiones que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres y que a Convergència i Unió le parece prioritario resolver porque afectan a millones de mujeres, y no
los títulos nobiliarios que, siendo partidarios de la equiparación en la igualdad, no es un tema prioritario al menos en nuestra agenda política.
Es una iniciativa que, como ya manifestamos en su día, nos pareció muy poco oportuna; una iniciativa casi provocadora frente a la inactividad legislativa en cuestión de igualdad, de la igualdad que sí que afecta a millones y millones de
ciudadanas de a pié. Por ello, no nos extraña y comprendemos que Esquerra Republicana haya reaccionado planteando la enmienda a la totalidad que hoy debatimos. Pero más allá de esta comprensión de la reacción, es evidente que lo que plantea
Esquerra Republicana es otro debate. No es un debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sino acerca de la oportunidad de que persistan los títulos nobiliarios. Por todo ello hoy no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad y, sin
pronunciarnos sobre el fondo del asunto que se nos plantea, que se podrá ver cuando se debata la iniciativa que al respecto tiene presentada el mismo Grupo de Esquerra Republicana, entendemos que este debate excede del marco de una enmienda a la
totalidad. Es un debate con sustantividad propia y suficiente para ser discutido singularmente cuando se vea la iniciativa de Esquerra Republicana.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular, que ejercerá en su nombre la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, señorías, la práctica totalidad de las monarquías europeas contemporáneas conceden títulos y dignidades como las que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana nos propone hoy que desaparezcan
en España. La existencia de tales títulos es consustancial a la institución de la Monarquía, como refleja la propia Constitución española al otorgarles un reconocimiento expreso en el artículo 62. Desde este punto de vista, yo encuentro
perfectamente lógico que Esquerra Republicana haya presentado este texto alternativo a la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular y de Coalición Canaria. En realidad, lo que Esquerra Republicana pretende no es atacar a
los títulos nobiliarios, sino atacar a la Monarquía, que -recordémoslo- ha sido un baluarte esencial para la recuperación en España de la democracia y de las libertades y que continúa siendo hoy un elemento fundamental para nuestra estabilidad
política, institucional y social. Es bueno que los españoles sepan quién defiende estas posiciones.
Sin duda se trata de posiciones legítimas que mi grupo respeta aunque no comparte, pero habrán de reconocer también que son tremendamente
minoritarias en la sociedad española porque una abrumadora mayoría respalda y aprecia la Monarquía. Lo que no es tan legítimo ni tan razonable es que un grupo que sostiene esas posiciones tan alejadas del sentir de la mayoría de los ciudadanos
juegue un papel preponderante en la acción del Gobierno porque así lo ha querido el Partido Socialista.
Hoy no estamos en el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley, que fue aprobada por la Cámara, ni en el de las enmiendas parciales, que ya serán abordadas en su momento, por ello no creo necesario reiterar el criterio de
mi grupo, que la Cámara ya conoce, sobre los principios y valores que inspiran la proposición de ley que en su momento defendimos y que no son otros que los de la plena igualdad de la mujer. En pleno siglo XXI no es razonable que continúe
existiendo algún sector de nuestro derecho en el que la mujer no se encuentre plenamente equiparada al hombre, pero de eso ya hablamos en su momento.
Hoy lo que se somete a debate en esta Cámara es otra cosa, es la posición de un grupo político que
propugna un cambio de régimen, que no está de acuerdo con la forma de Estado que los españoles nos dimos libremente en 1978 y que en un nuevo intento de alterar las reglas del juego -a lo que ya nos tiene acostumbrados desde el inicio de esta
legislatura- tiene como horizonte la desestabilización del sistema constitucional. Hay que reconocerles cierta coherencia, al fin y al cabo no engañan a nadie.
Ustedes, señores de Esquerra Republicana, son republicanos y
por ello no les resulta simpático nada que tenga que ver con la Monarquía, y dentro de su programa republicano pretenden abolir una institución ligada a la Monarquía como la que nos ocupa en estos momentos. Les agradezco que hayan
presentado este texto alternativo porque es bueno que los españoles sepan que esta es su posición y porque es bueno también que los españoles sepan que el principal socio del Gobierno -de esto no tienen la culpa ustedes; la tienen el Gobierno y el
Partido Socialista- es una formación política que propugna un cambio de régimen y que no acepta el pacto constitucional de 1978, ni en lo que se refiere a la forma de Estado ni en otros muchos aspectos, como ha tenido ocasión de demostrar a lo largo
de este periodo de sesiones. Es bueno que los españoles sepan que mientras persista la actual alianza entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya la estabilidad constitucional no se encontrará segura.
No obstante, permítanme que les advierta también de un aspecto en el que esta enmienda a la totalidad no resulta coherente con las posiciones que ustedes mismos han defendido en otros debates. Señalan como justificación de esta enmienda a
la totalidad que nuestro sistema democrático no puede tener su legitimidad en la legalidad anterior a 1789, que era una legalidad feudal que consagraba privilegios de los poderosos. Mi grupo está de acuerdo en que no hay otra legitimidad que la que
arranca de la Constitución que los españoles nos dimos en 1978, Constitución a la que ustedes no citan en su proposición de ley y que de modo constante tratan de vulnerar; Constitución a la que ustedes humillaron en su aniversario jaleando a sus
juventudes en ese bochornoso acto que protagonizaron el pasado 6 de diciembre arrancando sus páginas. Pues bien, como decía, no deja de ser curioso que nieguen la vigencia de cualquier legalidad proveniente del pasado y que, sin embargo, defiendan
en su proyecto de Estatuto de Cataluña derechos históricos que arrancan de la época anterior a 1789. Tendrán que admitir que, siguiendo la argumentación que emplean en esta enmienda a la totalidad, el Estatuto de Cataluña que han aprobado
consagraría una legalidad feudal que constituye una reliquia del pasado y una reminiscencia del Antiguo Régimen. Señorías, en esto no les puedo reconocer coherencia.
Mi grupo va a votar en contra de la enmienda a la totalidad que han presentado porque piensa que su posición no se corresponde con el sentir mayoritario de la sociedad española, pues más del 95 por ciento de los ciudadanos valora altamente
la institución monárquica y comparte la convicción de que la Monarquía ha sido decisiva para la instauración y la consolidación de la democracia en España; porque piensa también que el texto que han presentado suscita importantes dudas de
inconstitucionalidad al contravenir lo dispuesto en el artículo 62.f de la Constitución; porque entiende que es lamentable aprovechar una iniciativa a favor de la igualdad de la mujer para plantear un debate acerca de la forma de Estado, que es un
debate que hoy los españoles no se plantean pues la tienen perfectamente asumida y respaldan en una amplísima mayoría el marco constitucional que acordamos en 1978, y porque es consciente de que no hay otra legitimidad que la que arranca de la
Constitución de 1978, que es justamente la que ustedes quieren alterar, contando para ello en muchas ocasiones -por suerte no en ésta- con la alianza del Partido Socialista.
Señores de Esquerra Republicana, señor Tardá, la Constitución y la Monarquía no pueden separarse de nuestra reciente conquista de la democracia. Con la Constitución los españoles somos libres y tenemos nuestros derechos garantizados. Con
las leyes que ustedes hacen cuando tienen la oportunidad no parece que la libertad salga bien parada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Torme.
Señorías, vamos a llamar a la votación, pero como saben será a las cinco en punto cuando procedamos a la misma.
Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, procedemos a ejecutar las votaciones del último punto del orden del día que, como les dije, no podíamos llevar a cabo antes de las cinco de la tarde.
En primer lugar, votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo, del Grupo Parlamentario Popular, a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 112; en contra, 146; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a la proposición de ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, ocho; en contra, 253; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.