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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 131, de 23/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 131
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 123
celebrada el miércoles, 23 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 6646)
Interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno. (Número de expediente 172/000132.) ...
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno de las Corporaciones Locales.
(Número de expediente
172/000134.) ... (Página 6676)
-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad
de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente. (Número de expediente 172/000135.) ... (Página 6681)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 6646)
Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno para garantizar la igualdad de condiciones y
prestaciones de todos los ciudadanos y usuarios de las líneas de ferrocarril y en concreto de las de Alta Velocidad?(Número de expediente 180/000968.) ... (Página 6646)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué objetivos defenderá, Sr. Presidente, en la próxima Conferencia Euromediterránea?
(Número de expediente 180/000948.) ...
(Página 6647)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Después de la manifestación del pasado día 12, está dispuesto a replantearse los principios que inspiran su
reforma educativa?(Número de expediente 180/000949.) ... (Página 6648)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Ministro de
Industria, Turismo y Comercio puede seguir desarrollando correctamente sus funciones? (Número de expediente 180/000950.) ...
(Página 6649)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que es admisible en un
sistema democrático que el Gobierno insulte a medios y profesionales independientes de la comunicación? (Número de expediente 180/000951.) ... (Página 6650)
Del Diputado don Juan Antonio Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles han sido los resultados del Plan de Lucha
contra el Fraude Fiscal? (Número de expediente 180/000958.) ... (Página 6651)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo valora el Gobierno la decisión de la
Comisión Europea respecto de la OPA de Gas Natural sobre Endesa? (Número de expediente 180/000959.) ... (Página 6652)
Del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Defiende el Ministro el compromiso expresado por el Sr.
Zapatero de no tolerar las
'subvenciones encubiertas'? (Número de expediente 180/000952.) ... (Página 6653)
De la Diputada doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Contempla el Gobierno reconsiderar la existencia del Juzgado Central de Menores? (Número de expediente
180/000947.) ... (Página 6654)
De la Diputada doña María Dolors Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el Ministro un comportamiento ético aceptar la condonación de una
deuda de 6 millones de euros a una de las empresas que opera en los mercados que usted regula? (Número de expediente 180/000953.) ... (Página 6655)
De la Diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué tramitación ha seguido el expediente de autorización de la
subestación eléctrica de Patraix, en Valencia? (Número de expediente 180/000961.) ... (Página 6657)
Del Diputado don Ricardo Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Acuerdo firmado recientemente entre los Gobiernos de España y de la
República Popular China por el cual se permitirá la exportación de cítricos españoles al país más poblado del mundo? (Número de expediente 180/000962.) ... (Página 6658)
De la Diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación a fin de garantizar la cobertura de vuelos entre el aeropuerto de
Peinador (Vigo) y Madrid, de acuerdo a las necesidades y volumen de demanda de viajeros existente? (Número de expediente 180/000944.) ... (Página 6659)
De la Diputada doña María Salom Coll, en sustitución del Diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Considera el Gobierno que las
amenazas e insultos a los convocantes de una manifestación forman parte de la regeneración democrática prometida? (Número de expediente 180/000954.) ... (Página 6660)
Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Sigue manteniendo el Gobierno que los convocantes de la manifestación contra la Ley
Orgánica de Educación mintieron a los ciudadanos? (Número de expediente 180/000955.) ... (Página 6661)
Del Diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cree el Gobierno que la Ley de Educación cuenta con 'el amplio consenso social' que
comprometió el Presidente en su discurso de investidura? (Número de expediente 180/000956.) ... (Página 6662)
De la Diputada doña María José Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno para promover la igualdad en el empleo entre
el hombre y la mujer? (Número de expediente 180/000960.) ... (Página 6663)
Del Diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Por qué no se ha dado cumplimiento y ejecución a las previsiones contempladas en la
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en materia de subvenciones a la actividad de desalación de agua de mar a las plantas potabilizadoras de las Islas Canarias? (Número de expediente 180/000943) ...
(Página 6664)
De la Diputada doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede la Sra. Ministra explicar la importancia que tiene, para su Ministerio, el
presidir durante los próximos cuatro años el llamado 'Convenio de Londres'? (Número de expediente 180/000964.) ...
(Página 6665)
Del Diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál ha sido el impacto del Real Decreto-Ley de 22 de julio de 2005 por el que se aprobaron
medidas urgentes en materia de incendios forestales? (Número de expediente 180/000965.) ... (Página 6666)
De la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Qué ha supuesto la materialización de la firma del Convenio de Navalcarnero para la
construcción de vivienda protegida? (Número de expediente 180/000966.) ... (Página 6667)
Del Diputado don Francisco Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Qué acuerdos está firmando el Ministerio de Vivienda con las entidades financieras referidos al Plan
de Vivienda 2005-2008? (Número de expediente 180/000967.) ... (Página 6668)
Interpelaciones urgentes ... (Página 6669)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno ... (Página 6669)
El señor Zaplana Hernández-Soro defiende la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso manifestando al señor Montilla que está en una situación política insostenible, ya que estamos ante un gran escándalo, del que él es el
principal protagonista. Añade que no debería durar un día más al frente de su responsabilidad, ya que se trata de un escándalo que ha sobrepasado nuestras fronteras y ha sido recogido en los periódicos más prestigiosos del mundo. Se trata además
de un escándalo que deteriora la credibilidad y confianza del Gobierno español en tres sectores claves como son el financiero, el energético y el de los medios de comunicación, todos los cuales están en manos del señor Montilla, al ser el
responsable de los tres.
Relata a continuación los hechos que motivan la interpelación, a los que atribuye enorme gravedad y por los que el señor Montilla debe responder ante esta Cámara, al considerar que tienen consecuencias éticas, legales y políticas
incuestionables y tratarse de un evidente trato de favor; una condonación de intereses concedida cuando el señor Montilla llevaba ya siete meses al frente del Ministerio de Industria.
Se refiere por otra parte a la OPA actualmente puesta en marcha en el sector energético, afirmando que existe un claro conflicto de intereses y donde el señor Montilla no puede tomar decisiones que necesariamente estarían bajo sospecha,
máxime cuando se ha posicionado claramente a favor de una operación para la que está evidentemente inhabilitado. De ahí que le pida, como única salida digna, que presente la dimisión.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), señalando que por mucho ruido que hagan los diputados del Grupo Parlamentario Popular las cosas seguirán siendo como son y no como ellos
las pintan. Afirma que no tiene ningún conflicto de intereses, porque no está en política para forrarse. Consiguientemente, se siente perfectamente capacitado para continuar ejerciendo su labor como ministro sin hacer dejación de ninguna de sus
responsabilidades y con pleno respeto a la legislación vigente y a la libertad de las empresas en el mercado libre. Alude en este sentido al interés del Grupo Parlamentario Popular en intentar torpedear una operación empresarial que en opinión del
Gobierno debe resolverse única y exclusivamente en dicho marco empresarial y de acuerdo con la legislación vigente y sobre la que el Gobierno aún no se ha pronunciado más que para defender nuestra soberanía.
En relación con el crédito de la Caixa al PSC, informa que se trata de la renegociación de un crédito concedido en 1989 y vencido desde 1994, que había generado unos intereses que el PSC no había pagado, produciéndose en dicho proceso de
renegociación
la condonación de esos intereses vencido y no pagados, sin que exista ningún trato de favor y calificando de ejercicio de cinismo atribuirle ningún tipo de responsabilidad como ministro de Industria en el citado proceso de renegociación.
Replica el señor Zaplana Hernández-Soro, duplicando el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno de las Corporaciones Locales. ...
El señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presenta la interpelación urgente sobre las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno
de las Corporaciones Locales, señalando que plantean esta interpelación desde la doble perspectiva de las cuestiones atinentes a régimen de representación política y su ordenación constitucional y aquellas atinentes al régimen o a la regulación
jurídica del funcionamiento de los partidos políticos. Manifiesta que el Estado invade competencias cuando regula el régimen electoral municipal, porque es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en virtud de lo que prevé el
artículo 37.3. c) del Estatuto de Autonomía de Gernika; el régimen electoral general es competencia de los territorios históricos.
Contesta el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), en nombre del Gobierno. Señala que el tema que subyace de la intervención del interpelante apunta directamente a la Ley de Partidos Políticos. Recuerda que la modificación
introducida en el artículo 182 de la Ley del Régimen Electoral, por Ley Orgánica 1/2003, introduce la novedad de que, en el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal y no existiendo en las listas candidatos o suplentes a nombrar,
las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad, siendo éstos designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores, con la preceptiva comunicación a la Junta
Electoral. Manifiesta que en la presente legislatura se han aprobado o están en trámite numerosas iniciativas parlamentarias que promueven reformas puntuales de aspectos concretos de nuestro régimen electoral general.
Replica el señor Olabarría Muñoz y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la
posibilidad de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarla a la Constitución vigente. ...
(Página 6681)
El señor Herrera Torres, plantea en la interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que los motivos de la misma son variados. Su grupo pretende cumplir lo que demanda la ciudadanía,
cumplir lo que demandan la ley y la Constitución y acabar con determinados privilegios en un Estado que se declara aconfesional pero que tiene prácticas muy poco aconfesionales.
Cada vez hay más gente que discute los privilegios de la Iglesia
Católica y no lo hacen solo personas laicas o no creyentes, sino incluso personas creyentes. Son muchos los católicos apostólicos y romanos que discuten estos privilegios. Los acuerdos internacionales del Estado español se deben ajustar a la
Constitución y a los acuerdos internacionales que en materia económica tiene el Estado español con la Santa Sede. Hace un repaso de las subvenciones de unas y otras iglesias y muestra su desacuerdo con la gran diferencia entre lo que percibe la
Iglesia Católica y el resto de confesiones. Hace un repaso de las subvenciones a los colegios concertados, y señala que la Iglesia Católica no paga IVA, ni el impuesto de sucesiones y donaciones. Su grupo entiende que la solución para finalizar
con estos privilegios es que el Estado español cumpla con la Constitución y la ley.
Contesta el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno. Empieza por aclarar que la alegada financiación de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado no
constituye un todo homogéneo e indistinto y procede por tanto distinguir la Iglesia Católica de otras confesiones que expresan la libertad religiosa y su corolario en toda sociedad libre y abierta, que es el pluralismo religioso. También quiere
alcara que la relación bilateral entre el Estado español y la Santa Seda, sujeta a acuerdos que están en vigor desde 1979, es interpretable de acuerdo con la Constitución y es deber del Gobierno que su aplicación se sujete a una lectura adecuada de
la Constitución. Este Gobierno nunca ha sostenido que sea imprescindible revisar
los acuerdos calificados como Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarlos a la legislación vigente, como se plantea en la interpelación. Es imprescindible subrayar que la libertad religiosa es un derecho fundamental.
La libertad de creencias y la libertad ideológica aparecen asociadas a la libertad religiosa y de culto. La libertad religiosa se ejerce individualmente pero también en comunidad. La Constitución consagra el derecho a la libertad religiosa para
los individuos pero también para las comunidades, y así lo señala de manera expresa. Finaliza subrayando que en un Estado aconfesional es legítimo afirmar que no existe deber de ningún Gobierno de sostener la actividad ordinaria de ninguna
confesión, por lo que no se puede plantear un agravio comparativo por parte de confesiones minoritarias como si el horizonte deseable fuese un multiconfesionalismo a través de distintas líneas de cooperación económica y tributaria con cargo a los
presupuestos del Estado. El Gobierno espera de la interlocución con la Iglesia Católica un clima razonable de conducción del diálogo institucional bilateralizado que permita encontrar soluciones satisfactorias y duraderas en el tiempo, de acuerdo
con la Constitución.
Replica el señor Herrera Torres y duplica el señor ministro de Justicia.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA EMPRENDER EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE CONDICIONES Y
PRESTACIONES DE TODOS LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LAS LÍNEAS DE FERROCARRIL Y EN CONCRETO DE LAS DE ALTA VELOCIDAD? (Número de expediente 180/000968.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Iniciamos la sesión de control al Gobierno. En primer lugar, preguntas al señor presidente del Gobierno. Tiene la palabra don Joan Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas piensa emprender el Gobierno para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los usuarios de los ferrocarriles y los trenes de gran velocidad? Hace poco los usuarios de la línea
Lleida-Zaragoza-Madrid descubrieron, con ocasión de la inauguración del tren Madrid-Toledo, las diferencias que había. En tiempos en los que se predica y se pide algunas veces desde diferentes tribunas, por tierra, mar y aire, la igualdad y la
solidaridad entre todos los ciudadanos del Estado, hemos descubierto que un trayecto de 75 kilómetros, el Madrid-Toledo, vale 8 euros, es decir 1,06 euros por cada 10 kilómetros; con un abono de 50 viajes queda reducido a 0,48 euros por cada 10
kilómetros. Curiosamente, el trayecto Madrid-Zaragoza-Lleida vale 56 euros y son 470 kilómetros, es decir 1,19 euros cada 10 kilómetros; una diferencia muy apreciable si se tiene en cuenta el abono.
Sinceramente, creemos que hay precios a dos velocidades. Es más, decimos dos velocidades porque después de la chapuza y el despropósito del trayecto del señor Álvarez-Cascos en la línea Madrid-Zaragoza-Lleida...
(Protestas.-Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Aplausos.) Sí, sí.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Continúe, señor diputado.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Después de la chapuza, el despropósito y la calamidad del trayecto...
(Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
No se preocupe que el tiempo está detenido. Adelante, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Como decíamos, no es solo un problema de precios, es también un problema de velocidad. Se prometió que el tren de gran velocidad entre Madrid, Zaragoza y Lleida tendría una velocidad punta de 350 kilómetros a la hora y resulta que estamos a
200. Además de ser más lento y de ser más caro, llueve sobre mojado porque hemos leído hace poco en medios de comunicación que si se mejoraban las prestaciones de velocidad subiría la tarifa de los usuarios del trayecto Madrid-Lleida, pasando por
Zaragoza.
En Huesca diferentes instituciones y usuarios de Aragón y de Cataluña, concretamente de Lleida, se han reunido para pedir un trato de igualdad.
Creemos sinceramente que aquí hay que intervenir y hay que garantizar el mismo trato para
todos los ciudadanos que usen el ferrocarril. Las comarcas de Lleida han sufrido un agravio y creemos sinceramente que en estos tiempos ningún agravio puede quedar sin respuesta -trenes de
baja calidad como el Manresa-Lleida, la N-II sin desdoblar y durante muchos años pagando peaje-, y que ahora es un buen momento para garantizar la igualdad en los usuarios del ferrocarril y del AVE.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Puigcercós. Como bien sabe, el Gobierno tiene en marcha un ambicioso plan de modernización de las infraestructuras de este país, especialmente del ferrocarril, y de manera muy concreta de lo que representa un gran impulso a
la alta velocidad. De los 1.000 kilómetros actuales de alta velocidad vamos a pasar a 10.000 kilómetros. A título de ejemplo le diré que en los últimos tres meses el Ministerio de Fomento ha adjudicado o licitado obras por un importe de 2.900
millones de euros.
(Rumores.) Esto va a representar que todas las capitales de provincia tendrán acceso directo a esas líneas y el 90 por ciento de la población se situará a menos de 50 kilómetros de una estación de esta red. Las infraestructuras
de ferrocarril, especialmente las de alta velocidad, una vez concluidos sus distintos trayectos, tienen que ofrecer prestaciones similares y con ello proporcionar también similares condiciones de uso, servicios, puntualidad, seguridad, versatilidad
y precio.
Quiero expresar mi comprensión por lo que representa la insatisfacción fruto de una inadecuada planificación y ejecución de la línea del tren de alta velocidad de Madrid a Lleida. (Rumores.) Está representando para este Gobierno un esfuerzo
inversor importante para corregir muchas deficiencias. Señor Puigcercós, quiero expresarle a usted y a la Cámara que desde esas ofertas y prestaciones equiparables el Gobierno se compromete a diseñar un sistema de tarifas versátil y que tenga como
horizonte la similitud de condiciones económicas y de todo tipo para sus usuarios en todo el territorio nacional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS DEFENDERÁ, SEÑOR PRESIDENTE, EN LA PRÓXIMA CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA?
(Número de expediente 180/000948.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Al margen de los avatares de la política diaria, la Cámara conoce que este fin de semana se celebra en Barcelona la Conferencia Euromediterránea.
Quisiera conocer los objetivos del Gobierno en esa cumbre y al mismo tiempo, si me lo
permiten, señor presidente, señorías, explicar cuáles son las consideraciones respecto de la misma que formula nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, Convergència i Unió desea que no sea simplemente una conmemoración de los diez años del
Proceso de Barcelona, sino que sea auténticamente un relanzamiento de la política euromediterránea. En segundo lugar, desea que esa política no sea contemplada como una política regional sino global. En esa área hay problemas globales
-terrorrismo, inmigración- y como tales deben ser considerados. En tercer lugar, deseamos -y así lo exponemos al Gobierno- que la política de vecindad diseñada en la Unión Europea no sustituya a los acuerdos de Barcelona, sino que los complemente o
los refuerce en cualquiera de los casos. En cuarto lugar, deseamos también que se sea consciente de la importancia del área de libre comercio con los países de la otra parte del Mediterráneo. No soy apóstol del liberalismo pero sin duda ello es
imprescindible para asegurar la competitividad y la capacidad de esa área para ser, en definitiva, un foro y un marco de progreso y de generación de recursos económicos. En ese contexto creo que hay que defender, señor presidente, la necesidad de
la integración del mercado sur-sur, que es uno de los defectos a la hora de hacer balance de estos diez años del Proceso de Barcelona. Entiende también este grupo parlamentario que hay que añadir entre los objetivos aquellos que esta misma mañana
la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó precisamente a iniciativa del Grupo Socialista con alguna enmienda transaccional de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana. Quiere recordarle este grupo parlamentario que ayer mismo esta Cámara aprobó
una iniciativa para que se tuvieran en cuenta los derechos de las mujeres en especial, considerando además -como así lo recomiendan los informes del PNUD de Naciones Unidas- a la mujer como motor de progreso económico de esa área.
Además, señor
presidente, creo que debe quedar claro en esa asamblea que el respeto a los derechos humanos es fundamental y a partir de ahí se puede discutir sobre modelos de democracia. Pero si algo ha fallado durante estos años ha sido que no ha habido un
seguimiento permanente de la política mediterránea. Por eso nuestro grupo propone -sabiendo que no es de hoy para mañana ni que pueda acordarse definitivamente en Barcelona- que el Gobierno se comprometa -y me gustaría conocer su posición- a crear
una secretaría general permanente de la mediterránea, como se ha hecho en el ámbito iberoamericano, para que dé continuidad y eficacia a los acuerdos que se vayan adoptando en el Proceso de Barcelona de cara al futuro, y se comprometa además a que
la sede, cuando sea posible -hay que empezar el procedimiento-, sea la ciudad de Barcelona.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Duran, por su pregunta. En efecto, la cumbre que vamos a celebrar en Barcelona los próximos días 27 y 28 de noviembre supone el intento de revitalizar política y económicamente el Proceso de Barcelona, inaugurado precisamente
bajo Presidencia española en 1995. Estamos convencidos de que tanto la declaración que apruebe la cumbre como, lo que es más importante, el plan de trabajo para los próximos cinco años confirmarán y profundizarán los compromisos políticos y
económicos de la Declaración de 1995, ampliando a áreas específicas de gran importancia como inmigración, interior y justicia, con el objetivo prioritario de promover la democracia, los derechos humanos, la cohesión social, el libre mercado y ante
todo la participación de la mujer en la vida educativa, social y laboral. En este sentido apoyaremos de manera concreta el objetivo de crear una gran zona de libre cambio Euromed para el año 2010, la creación de un instrumento financiero de
vecindad suficientemente dotado por la Unión Europea, la continuidad de facilidad del Banco Europeo de Inversiones para el Mediterráneo sur, así como la apertura de nuevas líneas de crédito específicas para el sector privado.
Y le puedo confirmar
al señor Duran, respondiendo a su inquietud, que el Gobierno de España va a defender una nueva institucionalización en lo que representa el Proceso de Barcelona y la relación entre la Unión Europea y el Mediterráneo. Estamos convencidos de que una
nueva estructura -una secretaría general, un responsable concreto- para la gestión, el desarrollo, la aplicación y el impulso de esas políticas de integración entre Europa y el Mediterráneo para superar la brecha de desarrollo económico y social
sería, sin duda alguna, una palanca determinante y decisiva. Por tanto, puede contar con mi compromiso de defender eso, y estoy convencido de que esa defensa inicial abrirá el paso para lo que representará un nuevo impulso desde la perspectiva de
una estructura institucional para el ámbito del área euromediterránea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿DESPUÉS DE LA MANIFESTACIÓN DEL PASADO DÍA 12, ESTÁ DISPUESTO A REPLANTEARSE LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN SU
REFORMA EDUCATIVA? (Número de expediente 180/000949.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, le pregunto por un tema capital, la educación de los niños y jóvenes españoles. Hoy ya nadie duda, ni padres ni profesores ni alumnos, que la Logse ha sido muy negativa para nuestro sistema educativo. El
Gobierno anterior aprobó una ley -la Ley de calidad- que supuso un paso en la buena dirección. Usted la derogó al llegar al Gobierno y anunció una nueva ley y un pacto social por la educación. No hubo tal pacto. La ley recibió cerca de 2.000
enmiendas en el Consejo Escolar del Estado; el Consejo de Estado en su dictamen dijo que quizá hubiera sido más recomendable la aplicación de la Ley de calidad; y hace pocas fechas más de un millón de personas, en su mayoría padres de familia y
jóvenes, inquietos y preocupados, salieron a la calle. Fue una de las manifestaciones más importantes de nuestra historia moderna. (Rumores.)
Señor presidente, a usted le gusta mucho hablar de diálogo. Yo le he ofrecido, y lo reitero ahora, un pacto por la educación, pero un pacto en serio y de verdad. Creo que lo agradecerían los españoles. Y me gustaría que por una vez dejara
de lado las tácticas y las estrategias e intentara llegar a un acuerdo en este tema capital para todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el Gobierno está comprometido con la mejora de la educación y con la cohesión social de nuestro país. Toda reforma educativa ha dado lugar a manifestaciones en nuestro país. Eso no es lo novedoso; lo novedoso ha sido que el
presidente del Gobierno ha respetado a los manifestantes, les ha convocado y se ha sentado a dialogar y a negociar con los mismos, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, usted recibió a los convocantes y, como de costumbre, no se comprometió a nada. Después recibió a otra parte del sector educativo que no convocó la manifestación y algunas de esas personas le dijeron
que sería deseable un pacto educativo. Señor presidente, tal y como se está desarrollando el debate en las Cortes las cosas van muy mal: una ponencia que duró dos horas; más de 1.000 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y solo
fueron aceptadas 37, todas del Grupo Socialista; ahora quieren liquidar en dos días el debate en Comisión; el Grupo Popular ha presentado 120 enmiendas y no se le ha aceptado ninguna.
Señor presidente, estamos hablando del futuro de los españoles; estamos hablando del prestigio de España; estamos hablando de las oportunidades en un mundo global que va a ser muy difícil y estamos hablando de
un tema que es básico y capital para la competitividad de nuestra economía, y no solo para un mejor conocimiento de las personas. Yo estoy dispuesto a hablar con usted. Usted tiene la manía y está empeñado en aislar al Partido Popular;
tanto le gusta decir eso de que están solos.
(Rumores.) Creo que debería hacer un esfuerzo para olvidarse un poco de la política, de la estrategia, de la táctica; tener un poco de patriotismo (Continúan los rumores.) para que de una vez por todas
prime el interés general cuando se trata de un tema que preocupa, señor presidente. Y no puede hacer una ley contra millones y millones de españoles; no se puede actuar contra tanta gente a la vez, señor presidente del Gobierno, y yo estoy
dispuesto a hablar con usted de este tema de la educación. Por cierto,... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, nuestro sistema educativo ha tenido un formidable avance en estos 30 años de democracia, y es tan sólido que no se ha resentido por ministros de Educación tan nulos como usted (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!-
Aplausos.-Protestas.-El señor Hernando Fraile: ¡Vaya talante!), que durante 15 meses ocupó esa cartera, y la huella es tan inexistente que casi nadie se acuerda de que usted fue ministro de Educación. (Aplausos.) Incluso cuando le escucho y
también le leo algunas cosas creo que usted mismo se ha olvidado de que fue ministro de Educación del Gobierno de España. (Rumores.)
Le quiero decir que nuestra educación tiene que mejorar; tiene problemas.
Nuestros docentes y estudiantes tienen grandes potencialidades, y desde aquí le digo sí a un pacto escolar, sí a un pacto que mejore toda la educación, sí a un pacto
que refuerce la educación pública, sí a un pacto que defienda y garantice la religión para aquellos que la quieran como asignatura, pero solo para los que la quieran. (Rumores.) Dejemos las cosas claras. Si se trata de marginar a la escuela
pública o de imponer la religión búsquense a otro, no a mí. (Prolongados aplausos.-Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Aplaudan que las encuestas van mal!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, por favor, la sesión continúa.
-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL MINISTRO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO PUEDE SEGUIR DESARROLLANDO CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES? (Número de expediente 180/000950.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia de don Ángel Jesús Acebes. Señor diputado, su turno.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿considera que el ministro de Industria puede seguir desempeñando sus funciones después del caso Montilla? (Varios señores diputados: ¡Sí!- Varios señores diputados: ¡No!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señora vicepresidenta, su turno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Por supuesto que sí.
(Protestas.) Le diré más. Es un buen ministro y un hombre ponderado.
(Aplausos. -Un
señor diputado: ¡Honrado, no!- El señor Madina Muñoz: ¡Qué poca vergüenza!)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Señor Acebes, ahora que hay silencio, adelante.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
No me sorprende la respuesta, como a usted no debería sorprenderle que hayan perdido la confianza de los ciudadanos y estén tan excitados por ese motivo, porque los ciudadanos ya les conocen, les van conociendo.
(Rumores.) No se fían de
ustedes ni de sus compromisos, tampoco del de regeneración democrática.
Señora vicepresidenta, el pasado 18 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un código de buen gobierno para sus miembros. Pues bien, nueve meses después el señor Montilla ha vulnerado la inmensa mayoría de los principios que ustedes
mismos se aprobaron. El señor Montilla infringe los principios básicos enumerados en el apartado 1: ha perdido la objetividad y la imparcialidad (Risas.); no ha actuado con transparencia, y menos con ejemplaridad. El ministro de Industria ha
pisoteado los principios éticos enumerados en el apartados 2 porque no respeta las libertades de los ciudadanos al vulnerar la libertad de expresión e información insultando gravemente y de manera vergonzosa y prepotente a los directores de El Mundo
y de La Mañana de la COPE por informar en libertad. (Aplausos.-Rumores.) Señora vicepresidenta, el señor Montilla infringe los principios de conducta enumerados en el apartado 3 -¡atención que les va a sonar!- porque desempeña un cargo en un órgano
ejecutivo de dirección de su partido político que está comprometiendo el ejercicio de sus
funciones como ministro, y no ha rechazado prestaciones económicas para el partido que dirige que pueden condicionar el desempeño de sus funciones.
(Rumores.) Señorías, es literal. No se puede describir mejor el caso Montilla. ¿Es visión
de futuro del redactor o quizás estaba describiendo un caso que es ya conocido? Lo digo por las fechas. El código se aprobó en Consejo de Ministros en febrero de 2005 y el perdón de la deuda es de finales de 2004. La continuidad del señor
Montilla en el Gobierno es un desprecio a la ética pública que contamina el Gobierno (Rumores.), pero no le cesarán porque ya saben los ciudadanos... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo ha terminado.
Señora vicepresidenta, su turno, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, se han cumplido exactamente 19 meses desde que el Gobierno empezó a trabajar. (Rumores.) Le voy a señalar al menos 19 razones por las que el ministro debe seguir trabajando como lo vienen haciendo. En 19 meses el señor Montilla ha
logrado una ley de comercio para evitar la morosidad en los pagos, planes para incrementar las exportaciones... (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Varios señores diputados: ¡Bravo!- Un señor diputado: ¡Que repita lo de
morosidad en los pagos!)
El señor PRESIDENTE: Silencio. Hasta que no haya un mínimo de condiciones el debate estará parado. (Rumores.) Hasta que no se den las mínimas condiciones de debate no merece la pena continuar. Les ruego silencio, por favor.
Continúe, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias por su apoyo. (Rumores.)
Planes de promoción de sectores tecnológicos, un fondo de modernización de las infraestructuras turísticas (Un señor diputado: ¡Olé!), plan de objetivos para la promoción exterior del turismo, ampliar la oferta televisiva (Varios señores
diputados: ¡Bien!), adelantar el cambio de la televisión analógica a la digital (Varios señores diputados: ¡Bien!), plan Avanza para el desarrollo de la sociedad de la información (Varios señores diputados: ¡Bien!) cobertura de teléfonos móviles
en poblaciones de más de 50...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora vicepresidenta.
Ya lo he dicho tantas veces que sobra. Yo les ruego que solamente al final del intercambio de opiniones en el turno de control del Gobierno se produzca este tipo de júbilo porque, si no, no se puede celebrar la sesión. ¡Por favor!
Señora vicepresidenta, continúe. No se preocupe que está el tiempo parado.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): A ver si puedo.
Antes de seguir con los logros que ha conseguido el ministro Montilla (Rumores.) les voy a decir una cosa porque creo que los ciudadanos lo deben saber. A los señores de la oposición no les interesa lo que ha hecho el señor Montilla ni el
Gobierno. (Continúan los rumores.) Están sustituyendo, como siempre -y ese es su concepto de la libertad de expresión-, la palabra por el ruido y el razonamiento por el escándalo.
(Aplausos.)
Dicho esto, el señor Montilla, además de lo que he dicho, ha conseguido un plan de energías renovables para este país que ustedes no hicieron, uno de asignaciones de emisiones para cumplir Kioto, seis observatorios industriales para relanzar
sectores tradicionales, incrementar el presupuesto de I+D+i en un 50 por ciento, programas Cenit, planes específicos para sectores como el textil o para comarcas como Ferrol (Rumores.), préstamos tecnológicos a más de 14.000 pymes, un plan de la
minería, por solo citar 19 asuntos.
Como pueden ver todos los ciudadanos, el balance que hasta el momento puede presentar el ministro es excelente. Creo que no todos ustedes, y desde luego no usted, señor Acebes, pueden hacer un balance semejante de cuando estuvieron en el
Gobierno. (El señor Atencia Robledo: Nosotros pagamos los préstamos.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE ES ADMISIBLE EN UN
SISTEMA DEMOCRÁTICO QUE EL GOBIERNO INSULTE A MEDIOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA COMUNICACIÓN? (Número de expediente 180/000951.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana. Adelante, señor diputado.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, doy por fomulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Le contesto a su pregunta: No, señor. (Aplausos.-Risas.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el caso Montilla es de una enorme gravedad, pero en esta pregunta quiero ir más lejos del caso concreto por grave que este sea, y luego ya se ocuparán mis compañeros en la interpelación de esa eficacia contra la
morosidad del señor Montilla que usted destaca.
(Risas.)
Lo que quiero decir en estos breves minutos es que ustedes creen -es su filosofía- que cuando se ejerce el poder no se tienen límites. Y la democracia es justo lo contrario. (Rumores.) Quien ejerce el poder tiene que estar siempre sometido
a controles; al control del Parlamento, señora vicepresidenta, que por cierto llevan cinco semanas sin venir a estas sesiones de control (Rumores.); de los jueces, a los que como poder independiente no se puede atacar y amenazar desde el Gobierno
como hacen ustedes, y también a la prensa, que en todas las democracias es necesariamente crítica con el Gobierno y también con la oposición. En estos días estamos asistiendo a unos ataques a medios de comunicación y a profesionales de la
comunicación inadmisibles en un sistema democrático.
No solo se les está amenazando con la propia supervivencia de sus empresas (Rumores.), sino que por no gustar lo que dicen o lo que cuentan se les llama, por ejemplo, sembradores de odio, bazofia
informativa, amorales, caverna mediática o mentirosos, entre otras cosas que ustedes les han dicho recientemente. Claro que es verdad que en eso hay una continuidad porque cuando tuvieron problemas hace no mucho tiempo les llamaban gusanos
goebbelianos o vendaval antidemocrático y cosas todavía peores. Han vuelto ustedes a las andadas y el problema no son los periodistas, el problema es que ustedes creen que pueden gobernar sin controles, el problema es que quien es responsable -el
ministro de industria- de la regulación, el señor regulador, no puede amenazar a los medios e insultar a los profesionales. El problema de nuestra democracia, desgraciadamente, vuelve a ser ustedes. (Aplausos.-Varios señores diputados:
¡Bien!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Incapaz, acomplejado, manipulador, cobarde, mentiroso y traidor. Eso es lo que ustedes han dicho del presidente
del Gobierno de todos los españoles.
(Aplausos.-Rumores) Y no voy a citar lo que han dicho ustedes referido al Gobierno, solo un último caso, una nueva modalidad, del señor Acebes por cierto, porque hasta ahora mismo, señorías, habíamos conocido
gobiernos más o menos eficaces, cumplidores, más o menos -más bien más- mentirosos, pero no habíamos conocido el gobierno churro. (Risas.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué tendrá que ver!) Churro, sí, churro. (El señor Atencia Robledo: Todos.)
¡Qué nivel intelectual, qué concepto ilustrado, señorías! (Aplausos.) Su falta de respeto institucional y democrático es muy grave. Los ciudadanos, señorías, sienten bochorno de que solo sepan hacer oposición desde la rabia y el insulto. (Un señor
diputado: A la cuestión.) La rabia de estar ahí sentados y ser oposición y el insulto por la falta de argumentación. La conclusión es tan simple como tremenda: o gobiernan ustedes o solo vale la crispación. ¿Que se extienden velos de sospecha
sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas? No importa. ¿Que hoy y mañana vilipendian al presidente del Gobierno? (Rumores.) No importa. ¿Que los ciudadanos están hartos de la clase política que insulta? No importa. Para ustedes
vale todo. Pero, señorías, no vale todo. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Y los insultos valen?) La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos -¿me ha oído bien, señor Zaplana?-, de todos, para todos, en cualquier tiempo y en
cualquier lugar. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Incluido el de Montilla o no? ¿Montilla puede insultar?) Por cierto, ¿de qué medios de comunicación me habla? ¿De aquellos que intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar? ¿O me habla
usted, señor Zaplana, de los medios que siendo usted presidente de la Generalitat de Cataluña (Risas.-Rumores.), de la Generalitat valenciana, expulsó hasta dejar fuera, obteniendo una sentencia condenatoria del tribunal superior? No, señor
Zaplana, seamos serios, la libertad de expresión es muy importante y no se puede manosear al socaire de sus chascarrillos y de sus ocurrencias.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO BARRIO DE PENAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DEL PLAN DE LUCHA
CONTRA EL FRAUDE FISCAL? (Número de expediente 180/000958.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda de don Juan Antonio Barrio.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Señor presidente, señorías, señor vicepresidente del Gobierno, la lucha contra el fraude fiscal es para mi grupo, el Grupo Socialista, un objetivo de primer orden por un doble motivo. En primer lugar, se trata
de asegurar por el lado de los ingresos la consecución de los objetivos del Gobierno y posibilitar la realización de sus políticas, desde las políticas sociales hasta las políticas en I+D+i que hagan posible mejorar la competitividad de nuestra
economía. En este sentido, compartimos plenamente las ideas fuerza del Plan de prevención y corrección del fraude fiscal puesto en marcha por el Gobierno. Resulta extremadamente importante controlar el fraude allí donde se sospeche de mayores
incumplimientos, por ejemplo, las tramas organizadas en materia de IVA o en el impuesto especial de matriculación de vehículos o también sectores específicos de actividad donde los niveles de cumplimiento correcto parezcan anormalmente bajos; por
ejemplo, también en el sector inmobiliario donde nos consta que se han cambiado las pautas y así actuar desde el inicio de la gestión urbanística pues ya ahí se producen las primeras plusvalías; también en lo referente al aprovechamiento del
sistema de módulos para la emisión de facturas falsas o, asimismo, nos parece especialmente importante abordar el tema del blanqueo de capitales y el análisis de los denominados paraísos fiscales, reforzando el control y los mecanismos de
cooperación entre los Estados.
En segundo lugar, la prevención del fraude tiene otro componente digamos ejemplarizante y también positivo. Cuantos más contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias ello generará un efecto contagio que mediante el boca a boca,
como decía el director de la Agencia Tributaria recientemente, señor Pedroche, creará la sensación de que cualquier impunidad resulta improbable en el sector de actividad correspondiente, generándose, por lo tanto, un círculo virtuoso altamente
recomendable.
Por lo tanto, se están cambiando pautas de actuación y hay también un cierto cambio de cultura de la Agencia Tributaria con el objetivo de realizar más de 200.000 actuaciones de control selectivo. Por ello que le formulo la siguiente
pregunta: ¿Cuáles han sido los resultados del plan de lucha contra el fraude fiscal? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, como conoce bien, la lucha contra el fraude ha sido una prioridad clave del ministerio desde el inicio de la esta
legislatura y los resultados que se están obteniendo son satisfactorios. No es casualidad que en el primer año de aplicación del plan los ingresos tributarios hayan registrado entre enero y septiembre una tasa de crecimiento de casi el 13 por
ciento en términos homogéneos, muy por encima de la tasa de crecimiento nominal del producto interior bruto. Creemos que lo que nos están diciendo estos datos es que los contribuyentes declaran más de lo que lo hacían antes y estimamos que con ello
lo que estamos logrando es lo que nos proponíamos cuando aprobamos el plan, es decir, prevenir el fraude y evitar que se produzca.
Las actuaciones desarrolladas por la Agencia no solo han permitido mejorar los resultados obtenidos por actuaciones de control que han aumentado un 9,5 por ciento en los primeros meses del año, sino que han permitido también que se aumente
de forma notable el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Usted me preguntaba por actuaciones específicas. El fraude del IVA es una de las áreas prioritarias de investigación señaladas en el plan y hemos incrementado las
actuaciones en un 196 por ciento. En los nueve primeros meses del año 2005 la Agencia ha investigado prácticamente 400 empresas por su presunta participación en tramas de fraude en el IVA frente a las 134 actuaciones del año 2004.
Hemos llegado a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que la Agencia Tributaria compruebe antes de la matriculación de un automóvil su valor declarado y esto ha permitido reducir en un 98 por ciento las solicitudes de
matriculación de vehículos con valor inferior al del mercado, aspecto por otra parte muy ligado a fraudes asociados a la matriculación de vehículos de lujo procedentes de otros países de la Unión Europea. En el sector inmobiliario, por el que
también preguntaba, las novedades introducidas en la campaña del IRPF han permitido incrementar el número de declarantes, fundamentalmente en alquileres, en un 8,6 por ciento y que los rendimientos declarados crezcan en un 9,25 por ciento.
Finalmente, en blanqueo de capitales la Agencia Tributaria ha aumentado un 58 por ciento sus actuaciones. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo terminó.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA DECISIÓN DE LA
COMISIÓN EUROPEA RESPECTO DE LA OPA DE GAS NATURAL SOBRE ENDESA? (Número de expediente 180/000959.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Arantza Mendizábal. Adelante.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en esta escalada de oposición apocalíptica crispadora y sin ninguna alternativa hemos asistido una vez más, en un acto de prestidigitación, a un debate falso, a una polémica creada de manera artificial basada en un
cúmulo de mentiras para lanzar simplemente sospechas sobre una operación puramente empresarial como es el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, con el único objetivo de desgastar al Gobierno con la estrategia del calamar, estrategia que ha
llegado al ridículo y al absurdo, como ya dijeron ayer, porque se ha basado en lanzar sospechas e insidias no solo contra el presidente del Gobierno, sino también sobre el presidente de la Comisión Europea, señor Durão Barroso, por cierto miembro
del Partido Popular Europeo y de su confianza. Hemos oído estos días declaraciones de destacados miembros del Partido Popular que solo causarían sonrojo y vergüenza ajena si fuesen producto de la ignorancia, que lo debe de ser porque todo el mundo
sabe que el presidente de la Comisión no decide sobre los fondos europeos, pero que provocan indignación y rechazo -y no quiero poner más calificativos- cuando resulta evidente que son producto de la mala fe y de la manipulación.
Señor vicepresidente, el Gobierno ha venido contestando de manera reiterada a las preguntas, en muchos casos insidiosas, del Partido Popular sobre la OPA, y siempre ha respondido usted en el mismo sentido, pero hoy me voy nuevamente en la
obligación de preguntar cómo valora el Gobierno la decisión de la Comisión Europea respecto a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.
Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Permítame, señoría, en primer lugar, hacer una digresión respecto a su comentario inicial. Vincular las negociaciones del señor Barroso con el
tema de las perspectivas financieras es como negociar con el director general de Música los problemas de la inspección fiscal. (Aplausos.) Es un desconocimiento cósmico de cómo funcionan las instituciones comunitarias. Nada tiene que ver una
decisión adoptada por unanimidad en un Consejo de Ministros a 25 y presidida por un inglés con una institución europea, que es la Comisión, que actúa con otros criterios y que además, lógicamente, tiene que tomar decisiones no políticas sino
regladas.
¿Cómo nos sentimos con la decisión de la Comisión? Pues yo le diría que bastante fríos. La Comisión Europea ha adoptado la única posición posible, de acuerdo con la legislación vigente. Por tanto, en ese sentido no ha habido ninguna
sorpresa. La decisión es claramente motivada y basada en criterios estrictamente técnicos. De acuerdo con las normas comunitarias y con las prácticas de los últimos 15 años, que es lo que se ha intentado cambiar en razón del intento de
modificación de una comunicación interpretativa de la Comisión, evidentemente la concentración Gas Natural-Endesa no tiene dimensión comunitaria, nos empeñemos o no nos empeñemos, porque más de dos tercios de las operaciones las realiza el mismo
Estado miembro, que es España. Por tanto, no se hace sino confirmar lo expuesto por las instituciones españolas de defensa de la competencia desde el primer día. Todo esto, además, como usted muy bien ha dicho, intentando que la tinta del calamar
lo cubra todo, porque no olvidemos que la legislación aplicable en Bruselas y en Madrid es exactamente la misma. La jurisprudencia aplicable en Bruselas y en Madrid es exactamente la misma y, por tanto, el que las decisiones se tomen en Bruselas o
en Madrid es irrelevante. Lo que se está planteando con este intento de ir a Bruselas en vez de Madrid es echar tinta y -yo diría- generar desconfianza sobre las instituciones españolas, cosa que me parece especialmente grave. Estos son los
grandes patriotas y los grandes defensores de las instituciones en España.
(Aplausos.-Rumores.) Es evidente que la decisión final que se adopte será de acuerdo con la legislación comunitaria... (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Ay, Pedrito!, ¡Ay,
Pedrito!-La señora Cunillera i Mestres: Madero, no pares, que eres muy gracioso.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor vicepresidente. El tiempo concluyó.
-DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿DEFIENDE EL MINISTRO EL COMPROMISO EXPRESADO POR EL SEÑOR ZAPATERO DE NO TOLERAR LAS
'SUBVENCIONES ENCUBIERTAS'? (Número de expediente 180/000952.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio del diputado don Jorge Fernández Díaz.
Señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, una democracia moderna exige que los campos de actuación entre el poder político y el poder económico estén nítidamente separados. Hay que favorecer la transparencia entre esos dos poderes y terminar con la
época de las subvenciones encubiertas, porque hoy no es exagerado decir que hemos regresado a unas pautas de conexión entre poder político y poder económico características del franquismo.
(Rumores.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras
que no se perciben.) Sí, doña Teresa Cunillera, pero es que esto no lo he dicho yo, son palabras que el señor
Rodríguez Zapatero dijo hace unos meses. (Aplausos.-Rumores.) Están tan nerviosos y tan agitados que sabía que, aun citando al propio presidente del Gobierno, se iban a enfadar. Señor ministro, le formulo en relación con estas afirmaciones
del presidente del Gobierno la pregunta que consta en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, en respuesta a la pregunta que figura en el orden del día, defiendo todos los compromisos expresados por el presidente del Gobierno, por supuesto que sí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor ministro.
Está claro que usted a la vista de los hechos ni hace frente a los compromisos del hoy presidente del Gobierno ni a los que se derivan de las exigencias propias de la ética política en este ámbito. A usted, señor Montilla, que está tan
sensible a las críticas procedentes de los medios de comunicación, se le podría aplicar aquello de que ve la mota de polvo en el ojo ajeno y no está viendo la viga en el propio. Señor Montilla, le voy a recordar algunas de las cosas que usted dijo
en relación con dos casos de presunta corrupción política para que ahora se aplique usted el mismo nivel de exigencia política que usted exigía a los demás. Ante un caso que afectó a otro partido y que ahora los tribunales han dejado sin efecto y
han dicho que era falso y por eso lo cito, el que usted llamó caso Pallarols, dijo literalmente que los implicados en ese caso -citó a dos diputados que se sientan habitualmente detrás de usted en el hemiciclo- tenían que ser retirados
definitivamente de la vida política. ¿Se va a aplicar usted a sí mismo, como Torquemada, ese nivel de exigencia ahora? Y ante otro caso también de presunta corrupción -usted dijo de corrupción política por fraude fiscal- que nos afectaba a
nosotros y en el que por supuesto los tribunales no han encontrado ni el más mínimo indicio de responsabilidad ni civil ni penal, usted dijo que si Rajoy tuviese un poco de sentido común, de responsabilidad y de vergüenza cesaría a esa persona que
está dejando las manos libres a los magnates de cuello blanco para que cometan fraude fiscal. Señor Montilla, ¿va a tener usted ahora el sentido común, la vergüenza y la responsabilidad que le exigía al señor Rajoy y se la va a aplicar usted a sí
mismo en el caso Montilla dimitiendo? Habrá visto que hoy ya son mayoría los españoles que le piden a usted que se aplique un poco el sabor de su propia medicina.
Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!))
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señor Fernández Díaz, están ustedes tratando de crear polémica en torno a un asunto que, como ya he dicho varias veces, no tiene nada de irregular ni de ilegal ni de
encubierto. Al contrario, desde el momento en que lo recogieron los medios de comunicación no solo se ha negado, sino que se ha explicado e incluso se han ofrecido detalles. Así pues, no estamos ante una subvención encubierta ni ante un trato de
favor, sino ante una operación realizada entre dos entidades para salvar una situación originada por un crédito, una operación que ha saltado a los medios de comunicación porque ustedes se han empeñado en relacionarla con otra que se realiza entre
dos entidades y en la que ni ustedes ni el Gobierno deberían entrar más que para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Señoría, el PSC ha informado de esta operación sin tener obligación de hacerlo hasta que fuese requerido por el
Tribunal de Cuentas, porque la legislación y el cumplimiento de las obligaciones de ellas derivadas es igual para todos, aunque a ustedes les pese. Es tan transparente como las que año tras año han realizado ustedes con diversas entidades
financieras de todo el país y que cita también el Tribunal de Cuentas. Se las recuerdo o se las cuento por si acaso no las conoce, señor Fernández Díaz. Veamos: 48 millones de pesetas condonados según el informe de 1989, 124 millones en 1993 y 34
en 1994. En 1996 -estaban ustedes en el Gobierno-, renegocian un crédito con el resultado de la condonación de casi 300 millones de pesetas. El 50 por ciento se les condona. Se produce en el año 1996. Curiosidad: 12 millones les condonan en
1997; en 1998 unos proveedores -no sabemos quiénes- les condonan una deuda de 43 millones de pesetas y podría seguir. Estas cifras salen de las diferencias entre los créditos vivos y las obligaciones que ustedes reconocen en su contabilidad. ¿Y
son o no son condonaciones, señores del Partido Popular? (Varios señores diputados: ¡No!, ¡no!) Llámelo usted como quiera, es el mismo caso por el que ustedes nos critican y desde luego en el nuestro se ha actuado con total transparencia.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Fernández Díaz: ¡No es el mismo!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONTEMPLA EL GOBIERNO RECONSIDERAR LA EXISTENCIA DEL JUZGADO CENTRAL DE MENORES? (Número de expediente
180/000947.)
El señor PRESIDENTE: Antes de continuar, quiero pedir disculpas a la diputada, señora Uría, porque he cometido un error. Seguía el número de pregunta en lugar del orden de respuesta y su pregunta al ministro de Justicia estaba antes. Le
pido disculpas.
Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente, pero me hubiese parecido igual que continuase con las preguntas al señor ministro de Industria.
Señor ministro, usted conoce que a mi grupo le pareció aberrante la creación de un Juzgado Central de Menores porque entendíamos que se sacrificaban el principio de proximidad y el principio de posibilidad de reinserción de estos menores.
Transcurrido el tiempo vemos que, a este sacrificio de principios, se une además la inoperancia de estos juzgados.
Ayer el señor fiscal general del Estado nos explicaba que en este año había habido tan solo nueve diligencias preliminares referidas
a once jóvenes y tres expedientes de reforma. Mucho sacrificio de principios para tan poca causa. Señor ministro, usted y yo, debatíamos en esta Cámara, hace exactamente hace cinco años, por la creación de este juzgado. Acababan de asesinar a don
Ernest Lluch y le decía que no era un buen momento para tomar decisiones drásticas en materia de terrorismo, pero además le recordaba el clima que había habido en aquella grandiosa manifestación de Barcelona en la que se hablaba de distintas
posibilidades de salida de determinadas situaciones. Hoy que estamos en un momento diferente, le expongo los motivos de menor a mayor: primero, por el despilfarro de medios que supone que exista un juzgado de excepción de estas características en
la Audiencia Nacional, segundo, por los principios que se sacrifican y, tercero, por este nuevo contexto tan cercano a los principios que propugnaba don Ernest Lluch, ¿no le parece que ha llegado el momento de que el Gobierno se repiense la
existencia de este Juzgado Central de Menores?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, con todos los respetos a su pregunta, la respuesta es no.
Efectivamente en los últimos cinco años han cambiado algunas cosas en España, pero hay algo que no ha cambiado y es la prioridad absoluta de la política
antiterrorista para la sociedad española y lógicamente para su Gobierno. Pensamos que este Juzgado Central de Menores ha desempeñado un papel en la definición de una política que tiene un pilar penal, un pilar procesal, un pilar penitenciario, pero
tiene que tener también un pilar orgánico-judicial y de especialización del ministerio fiscal. Ha cumplido un papel, como pone de manifiesto precisamente el descenso drástico de la kale borroka y de las actividades asociadas, desde el entendimiento
de que el terrorismo no se circunscribe solo al asesinato o al comando, sino a toda una conglomeración que acompaña, justifica, reverbera o da cobertura a la actividad terrorista. Desde esa medida, el Gobierno no contempla modificar la legislación
orgánico-judicial para reconsiderar, como usted ha dicho, la existencia del Juzgado Central de Menores.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, no le digo que no persiga esas conductas, sino que no las persiga con un juzgado de excepción. Mire usted la memoria del Consejo General del Poder Judicial y la memoria de la Fiscalía General del
Estado y repiénsese este asunto. Se lo pido por favor.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Simplemente intervengo para que conste en el 'Diario de Sesiones'. Hace tiempo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional certificó que habiendo prohibido la Constitución cualquier
jurisdicción de excepción, la Audiencia Nacional no es un tribunal de excepción ni ninguno de los órganos que desempeñan funciones especializadas por razón de materia puede ser calificado de esa forma; antes bien, desempeñan una función en la
definición de una política penitenciaria, penal, procesal y orgánico-judicial que tiene que tener sentido y coherencia. Por tanto, déjeme decirle que estamos convencidos de que ese juzgado ha desempeñado un papel positivo en la reducción de esa
modalidad de acompañamiento de la actividad terrorista que se ha denominado la kale borroka, y de forma muy especial en su incidencia en el sector de la delincuencia juvenil. Hemos puesto en marcha, en cumplimento de un compromiso contraído en
nuestro programa y ante la ciudadanía, una reforma de la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor, además comprometida por la propia redacción de la ley orgánica que mandataba que en cinco años se hiciese una revisión. Esa reforma tiene
sentido y espero, por tanto, que sea posible conseguir aquí un gran consenso para sacar adelante esa reforma, contando también con el Partido Nacionalista Vasco y con su representación en esta Cámara, pero entre los objetivos del Gobierno no figura
eliminar el Juzgado Central de Menores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORS NADAL I AYMERICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO UN COMPORTAMIENTO ÉTICO ACEPTAR LA CONDONACIÓN DE UNA
DEUDA DE 6 MILLONES DE EUROS A UNA DE LAS EMPRESAS QUE OPERA EN LOS MERCADOS QUE USTED REGULA? (Número de expediente 180/000953.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden de las preguntas.
Pregunta número 18, de la diputada doña María Dolors, al ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Adelante, señora diputada.
La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.
Fíjese, señor Montilla, si no tiene parangón su actuación que usted mismo ha tenido que admitir que cuando ya era ministro le regaló a su partido más de mil millones de pesetas una entidad bancaria que usted sabía con intereses en los
mercados regulados por su ministerio. ¿Considera S.S.
que este es un comportamiento ético, digno de un ministro del Gobierno de España? (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, mi actuación, no solo como ministro sino como persona, ha sido y será siempre ética y responsable.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Su turno, señora diputada.
La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.
Señor Montilla, lo primero que debería tener usted claro es que los que no hemos cursado la LOGSE ni hemos cursado la LOE no nos distraemos tan fácilmente. Por tanto, no nos va a despistar y vamos a seguir pidiéndole explicaciones, a pesar
de sus intentos de disfrazar la pesada mochila que usted ha cargado sobre los hombros del Gobierno de España. Es su responsabilidad haber dado la razón a los más pesimistas, señor Montilla.
Fíjese, en solo dos años desde la llegada a La Moncloa
del señor Rodríguez Zapatero, volvemos a estar hablando de corrupción institucionalizada. (El señor ministro de Justicia, López Aguilar: ¡Fuera!- Rumores.) Pero no se habla solo en este Parlamento, se habla en la prensa internacional. Lea usted
el Financial Times, señor Montilla, al que, por cierto, no sé si pretenderá usted también incorporar al conjunto de medios de comunicación a los que usted se dedica a insultar, a los que amenaza en su libertad de expresión simplemente por el hecho
de atreverse a poner en evidencia sus favores, sus hipotecas políticas. (Una señora diputada: ¡Mentira!) Señor ministro, si el Gobierno está en apuros, si usted está en apuros no es por ninguna conspiración, por ninguna trama que se haya fraguado
en los medios de comunicación o en los despachos del Partido Popular. Fíjese usted, señor ministro, ¿cómo van a confiar los ciudadanos si ante una decisión en la que se pondera por un lado el interés general y se pondera por otro lado los intereses
de quienes le han dado a usted mil millones de pesetas? ¿Cómo quiere usted que los ciudadanos se crean que usted va a decidir a favor del interés general? ¿Cómo quiere que se lo crean los ciudadanos? (Aplausos.) Señor ministro, se lo digo con
toda claridad. En este mundo todos servimos para alguna cosa y es posible que incluso usted también sirva para alguna cosa, pero lo que está claro es que usted para lo que no sirve es para ser ministro de Industria. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, terminó su tiempo.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora Nadal, tenga usted seguro que al contrario que algún compañero suyo de Cataluña, que no ha tenido vergüenza en reconocerlo, yo no paso el platillo. ¿Me
entiende? (Aplausos.-Risas.) Y por más que ustedes insistan no voy a hacer dejación de funciones. Lo ético es actuar con respeto a la normativa vigente y con responsabilidad. Le garantizo que no pienso inhibirme de ninguna de mis
responsabilidades. Mi responsabilidad como ministro en el asunto que ustedes tratan de relacionar con mi responsabilidad como dirigente de un partido político, que es dar mi opinión sobre una operación que ponen en marcha dos empresas privadas, la
ejerceré en el momento en que el Gobierno deba manifestarse, porque le recuerdo señoría también que hasta ahora el Gobierno no se ha manifestado ni a favor ni en contra de la OPA lanzada sobre una empresa energética.
(Varios señores diputados:
¡No! ¡No!) Al contrario que ustedes.
Seguramente mucha gente se preguntará qué interés mueve al Partido Popular a defender con tanto ahínco a los dirigentes de una empresa privada frente a otra. (Aplausos.) En todo caso, no me parece falta de
ética que ante la renegociación de un crédito entre un partido y una entidad financiera, que es una operación sujeta al control público, se informe al organismo pertinente, en este caso al Tribunal de Cuentas y al Banco de España, incluso antes de
tener la obligación de hacerlo. A ustedes tampoco les parece poco ético; lo han hecho en muchas ocasiones, como he dicho antes. Entonces, estamos de acuerdo. No es extraño ni novedoso que se produzca una renegociación. Si nos gusta más o menos
podremos discutirlo ahora que reformaremos la Ley de financiación de los partidos políticos, pero sospecha, señoría, ninguna. ¿La entidad financiera tiene intereses en empresas que operan en un mercado regulado? Sí, es cierto. Precisamente por
operar en un mercado regulado, está bajo la tutela de los organismos reguladores, que son independientes y cuyos informes son vinculantes en algunas ocasiones. Porque, qué paradoja, señora Nadal, que critiquen ustedes a este Gobierno por actuar
conforme a la ley, con responsabilidad
y transparencia, mientras hay una serie de empresas -que no sabemos cuáles, ni si operan en estos mercados regulados- que también, legalmente -eso no lo discutimos-, les han regalado a ustedes casi 28 millones de euros desde 1988. (El señor
Aragonés Mendiguchía: ¡Ojalá!- Rumores.-El señor Aragonés Mendiguchía: Di cuáles. Dilo.) ¿Ha sido eso por compartir intereses ideológicos o ha sido por otros intereses? Permítanme también que tenga derecho a la duda. ¡Ah!, y aquí los únicos que
están en apuros y en la oposición durante mucho tiempo son ustedes. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA: ¿QUÉ TRAMITACIÓN HA SEGUIDO EL EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE
PATRAIX, EN VALENCIA? (Número de expediente 180/000961.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Antonia de Armengol, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora DE ARMENGOL CRIADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, tranquilo, mucho ruido y pocas nueces. Pero vamos al grano. La instalación de la subestación eléctrica en el barrio de Patraix, en Valencia, está produciendo una gran alarma social entre los vecinos, debido a que este tipo
de instalaciones generan campos electromagnéticos que pueden afectar a la salud de las personas que viven escasamente a diez metros de la misma. El informe STOA, del Parlamento Europeo, del año 2001, dice: La preocupación de la gente no es
infundada y la ironía de la situación actual es que las directrices de seguridad existentes, sorprendentemente, proporcionan mayor atención a la protección de la instrumentación electrónica que a los seres humanos.
Aunque la contaminación
electromagnética ha existido siempre, no ha sido percibida por los ciudadanos como un elemento que pudiera ser nocivo para su salud y hoy en día su presencia es cada vez más abundante, pero también es más abundante la información de la que se
derivan incógnitas sobre sus efectos en los seres humanos. Estas incógnitas nos reafirman en que se debería actuar siguiendo el principio de precaución, tal como se plasma en la directriz 85/337, en cuyo preámbulo se establece que la mejor política
de medio ambiente consiste en evitar desde el principio la creación de contaminaciones o daños, más que combatir posteriormente sus efectos, y en evaluar los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente para proteger la salud humana.
Pero si son importantes los temores y las dudas sobre los efectos nocivos sobre la salud, no lo es menos la problemática derivada de la intervención de las distintas administraciones competentes, como el Ministerio de Industria, la
Consellería de Infraestructuras, concluyendo con la más próxima a los ciudadanos, que es el Ayuntamiento de Valencia, que es quien informa y decide sobre su ubicación.
Ante esta problemática, señor ministro, ¿qué tramitación ha seguido el expediente de autorización de la subestación de Patraix?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, la subestación de Patraix está contemplada en el documento de planificación de los sectores de la electricidad y del gas, desarrollo de las redes de transporte 2002-2011, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 13 de
septiembre de 2002.
El expediente por el que pregunta comenzó el 13 de junio de 2003, fecha en la que Iberdrola solicita la autorización del sistema de 220 kilovoltios de la subestación de Patraix. A partir de ese momento, el 17 de junio de 2003, la Dirección
General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Economía solicita informe al Ayuntamiento de Valencia, a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y a Red Eléctrica.
El 23 de octubre de 2003, la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre la base de las alegaciones recibidas, informa favorablemente el expediente. El 15 de diciembre de 2003 se solicita informe a la Comisión Nacional de la Energía, que dictamina favorablemente el 19 de
febrero de 2004. Finalmente, el 26 de febrero de 2004, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio, en aquel momento, de Economía autoriza el sistema de la subestación. El conjunto de las decisiones que he citado, todas
ellas favorables al expediente, fueron adoptadas durante los años en los que el Partido Popular estaba en el Gobierno del Estado, de la comunidad y del ayuntamiento. Por tanto, hasta ese momento la única responsabilidad sobre la suerte del mismo es
del propio Partido Popular. El 27 de mayo de 2004 el proyecto obtuvo la licencia de impacto ambiental solicitada por la Generalitat y el 8 de marzo de 2005 la licencia de obras del Ayuntamiento de Valencia.
Señoría, en este momento se ha concluido la obra civil del edificio, se ha ejecutado gran parte de la canalización, están fabricados los transformadores, las celdas de media tensión y el cable de 220 kilovoltios. Todo esto se
ha realizado al disponer de las preceptivas autorizaciones otorgadas todas ellas por administraciones gobernadas por el Partido Popular: el Ministerio de Economía entre el 2002 y el 2004, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Valencia. Extraña cuando menos, señoría, una actitud contraria al proyecto que adoptan ahora algunos concejales del Partido Popular en el ayuntamiento, cuando desde su inicio lo han estado avalando desde la corporación y desde el resto de las
administraciones competentes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON RICARDO TORRES BALAGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL ACUERDO FIRMADO RECIENTEMENTE ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA POR EL CUAL SE PERMITIRÁ LA EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS ESPAÑOLES AL PAÍS MÁS POBLADO DEL MUNDO? (Número de expediente 180/000962.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ricardo Torres.
Adelante, señor diputado.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, después de 30 años de relaciones diplomáticas con China nuestras relaciones comerciales no se corresponden con la potencia que suponen los dos países. China, como sabemos, supone un tercio del crecimiento mundial y es la
tercera potencia comercial del mundo.
Tenemos, pues, una asignatura pendiente y hemos tenido la suerte de firmar recientemente una asociación estratégica privilegiada donde se pueden buscar acuerdos de gran alcance. Estuvo en este mismo Congreso
el presidente Hu Jintao y aquí nos dijo lo que pensaba que debían de ser las futuras relaciones comerciales y manifestó una voluntad inequívoca de corregir el saldo comercial deficitario. Por fin, el coloso país levantará unas barreras que había
colocado a la exportación de nuestros cítricos, de nuestras naranjas, de nuestras mandarinas, tan importantes en muchas regiones, entre otras la mía, la Comunidad Valenciana.
El buen trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, y también su ministerio a través de la oficina comercial, ha dado unos frutos brillantes: podremos exportar cítricos. Se ha levantado una barrera fitosanitaria que hacía imposible
que el mayor mercado del mundo tuviese la posibilidad de acceder a los cítricos de España. Se han creado las medidas necesarias para corregir este hipotético problema que las autoridades chinas nos ponían; habrá una colaboración conjunta para
inspeccionar nuestras exportaciones de cítricos en el puerto de origen; habrá un registro donde queden claro cuáles son las condiciones fitosanitarias de nuestros huertos; y, por fin, tendremos las mismas oportunidades que otros países, como son
los grandes países europeos que tienen en este gran mercado su futuro inmediato.
Quiero felicitar a usted y al Ministerio de Agricultura y preguntarle: ¿Qué posibilidades piensa usted, señor ministro, que nos abre este nuevo acuerdo que el Gobierno ha firmado con China en cuanto podemos de nuevo tener la posibilidad de
que los cítricos... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, su tiempo concluyó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, la reciente firma del protocolo para la exportación de productos cítricos españoles a China, en el marco de la asociación estratégica que usted menciona, es el resultado de un largo proceso de negociación que, sin duda, redundará en
una mejora de nuestra balanza comercial con este país. Como usted sabe, la existencia en España de la mosca del mediterráneo, junto a la actitud proteccionista de ciertos países, ha venido causando problemas para la exportación de nuestros
cítricos. Por este motivo el Gobierno considera que la firma de este acuerdo, que significa la apertura del mercado chino, es sumamente satisfactoria para nuestros intereses comerciales. Si tenemos en cuenta que somos el principal exportador
mundial de cítricos para consumo en fresco, estando nuestra producción presente en los principales mercados internaciones, incluso los que presentan mayores estándares fitosanitarios, como es el caso de Japón, de Australia, de Estados Unidos, es de
interés que se consolide nuestra posición mediante la apertura de nuevos mercados.
Además, China ostenta, como usted sabe, la doble condición de productor y gran consumidor de cítricos. Unido este hecho a su alta demografía, la apertura de su mercado a nuestros productos resulta extraordinariamente prometedora para
potenciar un sector que de por sí es altamente dinámico.
En definitiva, señoría, dada la reconocida calidad de nuestros productos cítricos y siempre que las condiciones climáticas y de demanda nos sean favorables, es de esperar que con la firma de
este ventajoso acuerdo entre los gobiernos español y chino, en las próximas campañas alcancemos unos resultados que permitan una mejora significativa en nuestra balanza comercial bilateral con China.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA DE VUELOS ENTRE EL AEROPUERTO DE
PEINADOR (VIGO) Y MADRID, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y VOLUMEN DE DEMANDA DE VIAJEROS EXISTENTE? (Número de expediente 180/000944.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Fomento de doña Olaia Fernández.
Señora diputada.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, el aeropuerto de Peinador tiene un área de influencia superior al millón de habitantes y está instalado en una ciudad, Vigo, eminentemente industrial y de servicios que tiene, por lo tanto, un elevado volumen de
negocio; circunstancias que generan una gran demanda y necesidad de transporte. Dado que no existe un ferrocarril adecuado y teniendo en cuenta la agilidad y rapidez que la demanda requiere, este servicio tiene que ser aéreo. Actualmente, a las
históricas dificultades a las que están sometidos los usuarios de este aeropuerto, hay que añadir la supresión de vuelos decidida por una operadora, Iberia, que está generando graves problemas, por lo que le formulamos esta pregunta en los términos
que usted ya conoce.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Fomento, a través de AENA, ya ha tomado medidas en 2005 y ha presupuestado las medidas para 2006 que garantizan que el aeropuerto de Peinador, en Vigo, tenga las infraestructuras y los medios técnicos y humanos
necesarios para asumir en las mejores condiciones posibles la actual demanda de las compañías prestatarias del servicio de transporte aéreo y, además, su posible incremento en el futuro. A partir de esta oferta de capacidad e infraestructura que
debe garantizar AENA, como usted bien sabe, corresponde a la compañía aérea en el marco de sus políticas comerciales -que son de su exclusiva competencia- el establecimiento del trayecto, del número de vuelos, de los horarios y de la oferta de
asientos en cada trayecto, además de las tarifas.
Señora diputada, no hay ninguna petición adicional de slot en el aeropuerto de Vigo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora ministra, me parece muy bien que el ministerio tenga un aeropuerto en condiciones para que puedan operar las distintas compañías, pero además tendrá que hacer las gestiones o negociaciones correspondientes
para que las compañías puedan tener intereses o razones para operar allí. Desde nuestro punto de vista, no es una cuestión de qué compañía opere; es una cuestión de que Vigo necesita cubrir un servicio de transporte aéreo, que esa responsabilidad
corresponde al Ministerio de Fomento en tanto que los aeropuertos y la gestión de los transportes no sea transferida a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, nos da igual cuál sea la compañía que opere; lo que sí nos importa es que ustedes hagan las
gestiones necesarias para que Vigo tenga este servicio. Es un servicio que le corresponde garantizar al Gobierno central porque tiene las competencias.
Señora ministra, le traslado toda la incomodidad y la situación de malestar que vive la ciudad en este momento; una ciudad que se considera maltratada por las administraciones y cuyos problemas van más allá del aeropuerto de Peinador,
algunos de ellos, por ejemplo, relacionados con Justicia. No solo hay malestar; la palabra exacta es cabreo. Si no atajamos de alguna manera esta situación, le aseguro que la ciudad está dispuesta a movilizarse. Por lo tanto, le pedimos al
Gobierno, a su ministerio y a usted, como ministra, que trate de solucionar este problema porque no podemos...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora Fernández, su tiempo terminó.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted está en el Congreso y sabe la importancia que tiene la normativa vigente. Así que no, señoría. Esa competencia de decidir los vuelos o las tarifas de las compañías aéreas ya no la tiene ni el Gobierno central ni la tendrá
ninguna comunidad autónoma. Porque está así expresamente regulado por la normativa de la Unión Europea; normativa que regula la liberalización del transporte aéreo y que está en vigor, que establece que serán las compañías aéreas las que
determinen sus vuelos de origen y destino, sus horarios, las plazas que ofertan y las tarifas. Le estoy analizando concretamente la normativa aplicable a la conexión por la que usted pregunta, que es Vigo-Madrid. Por tanto, se trata de una
decisión a tomar por las compañías, sea de quien sea la competencia de la navegación aérea -que es del Gobierno central- o de las infraestructuras que, como le he dicho, estamos haciendo un gran esfuerzo, sensible con el planteamiento que usted ha
hecho de las necesidades de conexiones que tiene Galicia. Por cierto, señoría, Iberia ha eliminado en invierno un vuelo Madrid-Vigo y dos compañías distintas se están planteando conectar con otros destinos. Por lo tanto, si están
contestando con esa oferta será porque la demanda que plantean las personas que viven en Vigo es distinta de la que usted ha planteado, diciendo que están enfadados con la situación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora ministra, su tiempo ha terminado.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA SALOM COLL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS
AMENAZAS E INSULTOS A LOS CONVOCANTES DE UNA MANIFESTACIÓN FORMAN PARTE DE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA PROMETIDA? (Número de expediente 180/000954.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación, de doña María Salom.
Adelante, señora diputada.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
El pasado día 12 de noviembre más de un millón y medio de personas se manifestaron por las calles de Madrid en contra del proyecto de ley de educación; personas que, voluntariamente y por convicción, defendiendo unos principios, salieron a
la calle. Defendiendo la libertad de elección de centro. ¡Qué menos que unos padres puedan escoger dónde van a llevar a sus hijos al colegio! Defendiendo que haya un mínimo de asignaturas comunes en todo el territorio español. Salieron a la calle
defendiendo el principio de la equidad, que se refuerce el papel de los profesores en las escuelas y salieron a la calle porque piensan así. ¿Cuál ha sido su respuesta? Su respuesta ha sido amenazas, insultos y desprecio a los manifestantes.
¿Considera el Gobierno que las amenazas e insultos a los convocantes de una manifestación forman parte de la regeneración democrática prometida? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que forma parte de la regeneración democrática que nuestro país necesita el respeto que se ha declarado por parte del Gobierno al derecho de todas las personas a manifestarse, por supuesto, incluidas las que lo hicieron el
pasado 12 de noviembre.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora diputada.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros hemos presentado más de 250 enmiendas a su proyecto de ley y a día de hoy en Comisión se han visto 120 y ustedes, con su respeto, no han aceptado ni una de estas enmiendas. ¿Es esta una manifestación del pacto del Tinel? ¿Es esta?
Desde el Partido Popular apostamos por el pacto en un sistema en el que la escuela pública y privada convivan como hasta ahora, porque la educación es demasiado importante. Ustedes, desde el PSOE, apuestan por la propaganda y por la imagen y por
que cualquier pacto es válido, de todos y por todo con tal de ir en contra del Partido Popular. Esto, en democracia, en el año 2005 no es de recibo, señora ministra.
El señor Blanco dijo desde Buenos Aires que desde pequeño le enseñaron que mentir es pecado. El señor Blanco llamó mentirosos a los obispos. La vicepresidenta dijo que iba a reducir los fondos a la Iglesia después de la manifestación.
Esta fue su consecuencia, es decir, el PSOE no acepta la crítica. Después de una manifestación en un momento dado, detienen a militantes del PP y ahora, después de esta manifestación ustedes amenazan a la Iglesia con retirarle los fondos.
(Rumores.) Ustedes tienen el peor talante democrático de la historia de la democracia española, señora ministra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, no se sabe muy bien si usted quiere hablar hoy de las manifestaciones, de los muy necesarios derechos públicos y democráticos o de educación. Vamos a suponer que le interesa hablar de educación. Ya sé que no quieren que vayamos
habitualmente al fondo del asunto. Ya le he reiterado que hemos respetado, y lo seguiremos haciendo, el derecho de todas las personas que se manifiestan. Lo que importa a los ciudadanos, a los que nos están oyendo es que discutamos sobre esos
eslóganes. Nosotros sí que no trabajamos con eslóganes, intentamos ir al fondo del debate educativo, que creemos que es de lo que depende el futuro no solo de nuestros jóvenes, sino de toda la sociedad; ahí es donde nos parece que su postura es
inconsistente. ¿Quiere que les diga por qué es inconsistente? Es inconsistente oponerse a una ley orgánica que les invita a que participen en ese proyecto de futuro, en esa mejora de los resultados de todos los jóvenes desde primaria; es
inconsistente decir que una memoria económica es insuficiente, cuando hace dos años ustedes defendieron a capa y espada que no era necesario gastar nada para conseguir calidad educativa, se lo negaban a cada una de las comunidades autónomas.
Ahora les invitamos a que entre todos trabajemos para mejorar los conocimientos y las competencias de nuestros jóvenes en todos los territorios. Eso es cohesión territorial y cohesión social, y lo estamos haciendo. ¿Sabe que en el
presupuesto del año 2006 se cumple el 115 por ciento de la memoria económica? Ustedes se oponen, por supuesto. (La señora Salom Coll hace gestos negativos y pronuncia palabras que no se perciben.) Hablemos de educación. ¿Quiere hablar de
educación? Hablamos de educación. Lo hemos hecho con los convocantes de la manifestación, lo hacemos con ustedes, es lo que le interesa a toda la población.
Trabajemos juntos por mejorar los resultados educativos de todo el país, sin exclusiones.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿SIGUE MANTENIENDO EL GOBIERNO QUE LOS CONVOCANTES DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN MINTIERON A LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000955.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Ignacio Echániz.
Adelante, señor diputado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
¿Sigue manteniendo el Gobierno que los convocantes de la manifestación contra la LOE mintieron a los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: La señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, está claro que el Gobierno no miente cuando dice que el proyecto de ley orgánica de educación garantiza el derecho a recibir clases de religión para aquellas familias que lo deseen y, por supuesto, garantiza el derecho de los padres
a elegir centro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, adelante.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde la redacción de la LOE ustedes han hecho oídos sordos a la honda preocupación que generaba una ley que es inoportuna, que es innecesaria, que es perjudicial y que vuelve a caer en errores que ya estaban pagando caros los
alumnos hasta este momento. Por ese motivo, señoría, todos los sectores de la comunidad educativa presentaron más de 2.000 enmiendas en el Consejo Escolar del Estado que ustedes despreciaron, todos los grupos parlamentarios han presentado más de
1.400 enmiendas que ustedes también han despreciado y también por ese motivo el clamor social se ha convertido en una indignación popular y en la convocatoria de una manifestación que ha hecho que ustedes cambiaran los oídos sordos por la lengua
afilada, descalificando a partidos, a Iglesia y a medios de comunicación, intentando engañar a los ciudadanos y peregrinando patéticamente a Roma a pedir árnica. Cuando vieron ustedes que les servía de poco, porque más de un millón y medio de
personas salieron a la calle pidiendo equidad, pidiendo calidad y pidiendo libertad y porque sus encuestas se desmoranaban, optaron entonces por recibir a 19 representantes de todas las organizaciones de la comunidad educativa, que, aunque inquietos
y desconfiados también, tras dejarse hacer la foto, aún guardan el hilo de esperanza de que ustedes cumplan, de que los alumnos, padres y profesores puedan sentirse parte de un proyecto educativo y cultural común suprarregional, cosmopolita y en
condiciones de competir con sus compañeros de la Unión Europea.
Señora ministra, la sociedad española es madura, que, cuando cree que un gobierno no defiende sus intereses, lo hace saber con contundencia, y a ustedes ya se lo ha hecho saber cuatro veces en lo que va de año. Es una sociedad que no se
deja manipular ni amedrentar, una sociedad que está alarmada y que, además, tiene razones para ello, y, sobre todo, que no va a renunciar a ejercer sus derechos.
Esta ley, señoría, no resuelve los problemas, sino que los agrava, y puede llegar a convertirse en un ejemplo de lo que Valle-Inclán llamaba la teoría del esperpento y que Ramón Gómez de la Serna expresaba como que hay que dejarlo todo bien
desecho.
Señores del Gobierno, ustedes han dejado a su paso descontento, incertidumbre y confusión. Sean sensibles, escuchen a la calle, elijan mejor a sus compañeros de viaje, aún pueden rectificar. Nosotros les hemos tendido la mano. Negocien,
dialoguen, no gobiernen solo para sus votantes o la sociedad seguirá, como hasta ahora, dándoles la espalda, porque, señorías, un país se puede permitir perder.... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señoría, su tiempo terminó.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, cuando estaba usted haciendo el análisis de nuestros 19 meses de Gobierno me daba la sensación de que estaba haciendo balance de sus ocho años de gestión en política educativa. (Aplausos.) Como les hemos manifestado varias veces,
nosotros preferimos mirar
hacia delante, porque pensamos que los retos que tiene nuestro país son tan importantes; lo que podemos prometer a nuestros jóvenes y a toda la sociedad es tan importante (podemos hacerlo; lo estamos haciendo en esta ley, en su memoria
económica y en los objetivos que hemos fijado con todas las comunidades autónomas) que les invitamos a formar parte de ello porque les necesitamos; necesitamos a todo el país; igual que hemos declarado que necesitamos a todos los centros de este
país. Por esta razón creemos que esta ley debe ser tremendamente exigente en cuanto a qué les pedimos a nuestros niños; qué les pedimos a nuestros centros; a nuestros profesores; a todas las familias, pero también debemos ser exigentes en qué
nos pedimos nosotros. En este sentido, nosotros nos debemos pedir un poco de rigor; por eso hemos respetado, por supuesto, las manifestaciones que se han hecho tanto de observaciones a la ley como de desacuerdos en diversos puntos. Asimismo
debemos trabajar por estas necesidades que tenemos en nuestro sistema educativo y dejar claro que con eslóganes que llevan a la confusión no vamos a ayudar.
A continuación le leo unas manifestaciones de algunos de los dirigentes de su partido: Que los padres que quieran que su hijo pueda estudiar esta asignatura lo tengan a su alcance y no se impida, como pretende el Gobierno. ¿A usted le
parece un texto fundado en cuál es el contenido de la disposición adicional segunda de la ley orgánica de educación? ¿A usted le parece que se corresponde con lo que el Gobierno ha prometido y garantizado? ¿Usted cree que se corresponde con el
mismo mensaje que se ha mantenido durante 18 meses acerca de cómo iba a quedar la enseñanza de la religión? Miremos hacia delante... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LA LEY DE EDUCACIÓN CUENTA CON 'EL AMPLIO CONSENSO SOCIAL' QUE
COMPROMETIÓ EL PRESIDENTE EN SU DISCURSO DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000956.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eugenio Nasarre.
Señor diputado, adelante.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta que figura en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, todos los días trabajamos para alcanzar el mayor consenso posible y cada día conseguimos más y más acuerdos. Por otra parte, como S.S.
sabe, nosotros seguimos trabajando para ampliar ese consenso.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora ministra, el consenso social en torno a su ley no se ve por ninguna parte; se ha convertido en un fantasma que quizás se les aparezca a algunos de ustedes, pero vender fantasmas a estas alturas resulta
cada vez más difícil. Además, señora ministra, probablemente más que un fantasma para usted se ha convertido en una pesadilla, porque el señor Zapatero le encomendó hacer una nueva ley educativa para cargarse la ley de calidad e impedir que se
pusiera en práctica. Asimismo le encargó entregarle con esa ley lo que tanto le gusta al señor Zapatero: la foto del consenso. Lo malo es que ustedes han hecho una pésima ley que va contra la libertad que quieren ejercer millones de familias;
que reproduce todos los errores de la LOGSE; que quiebra la unidad del sistema educativo y que propone un modelo nefasto para la escuela pública. Su ley no podía lograr el consenso con estos mimbres y, entre otras cosas, han actuado ustedes con
sectarismo, como lo están haciendo en otros ámbitos.
Ustedes han introducido un peligroso precedente: destruir la obra legislativa del Gobierno anterior. Sabemos que el mayor responsable de ello es el señor Zapatero, pero usted ha sido la ejecutora y ha conseguido generar un gran malestar en
la comunidad educativa y en gran parte de la sociedad española. La preocupación por la educación aumenta, como revela la última encuesta del CIS. Su partido lo sabe, está inquieto y su presidente está muy enfadado, como se ha demostrado hoy mismo.
Varios son los síntomas de esta inquietud. El señor Pérez Rubalcaba ha acudido en su socorro -malo, señora ministra, cuando el señor Pérez Rubalcaba acude en socorro de alguien-, y ha tenido la osadía y la desfachatez -él, el autor de la Logse, la
gran causante de los males de nuestra educación- de echar la culpa al PP. El poderoso señor Blanco lanza un mensaje: El desgaste del señor Rodríguez Zapatero se debe a que algunos ministros no responden, están missing. ¿No se ha sentido aludida,
señora ministra? La pregunta que hoy se hacen en las salas de profesores de muchos institutos voy a formulársela ahora aquí. Ante las advertencias del señor Blanco, ¿ha pensado dimitir, señora ministra? ¿Cuándo va a dimitir, señora ministra?
(Aplausos.-El señor Campos Arteseros: Es que no hablan de educación. No quieren hablar de educación.-El señor Fernández Díaz pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, durante 18 meses usted y yo hemos discutido de educación, y veo que cada vez le gusta menos y que se ha incorporado a este debate general en el que si hablamos de educación nos estorba, porque lo único que importa es cómo mantenemos
el nivel de enfrentamiento, a ver a cuántos enfrentamos y que lleguemos a la bronca; el todo vale contra el Gobierno.
Si usted se refiere a que me busca en esos debates, le doy toda la razón, no me va a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos muy
ocupados trabajando por la política educativa y defendiendo la ley siempre que podemos. Por supuesto, me gustaría multiplicarme mucho más; claro que sí. Tenemos un programa tremendamente ambicioso en el que creemos con toda convicción; si no, no
estaríamos haciendo la ley. En cuanto a los 18 meses de debate que ustedes ahora pretenden convertir en una ficción, menos mal que tuvimos la buena idea de reflejarlo todo por escrito, para que queden para el futuro no solamente nuestras
propuestas, sino las de todos los que nos han contestado. Todo el sector educativo ha hecho constar por escrito cuáles son sus propuesta, y eso quedará para el futuro. Seguimos trabajando por tener la mejor ley posible. Yo he dado al menos 30
conferencias sobre la ley orgánica y, por supuesto, me gustaría multiplicarme mucho más por todo el país para explicar a todo el mundo qué queremos conseguir. Le repito, sé que a usted, cuando le dejan hablar de educación, también le gusta pensar
en qué podemos hacer los próximos años para que nuestros jóvenes mejoren sus resultados y que no volvamos a tener informes como el que la Unión Europea reflejaba con los resultados de la última legislatura, que era una evaluación de los años 2000 a
2004, y no les dejaba muy bien. (El señor Fernández Díaz pronuncia palabras que no se perciben.) No echen la culpa a las leyes, porque ustedes estaban gobernando, y mucho podían haber hecho por haber mejorado los resultados del sistema educativo.
Ayúdennos ahora a hacerlo en todo el país...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, terminó su tiempo.(Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ MEDIDAS PREVÉ ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL EMPLEO ENTRE
EL HOMBRE Y LA MUJER? (Número de expediente 180/000960.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María José Sánchez Rubio al señor ministro de Trabajo. Adelante, señora diputada.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientemente en su visita a Granada para presidir el VII Foro empresarial organizado por el diario Ideal y la confederación andaluza y granadina de empresarios y empresarias puso de manifiesto su satisfacción por los
resultados de la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del año 2005. La tasa de paro se situó en el 8,4 por ciento, cifra histórica en los últimos 25 años.
Respecto al empleo, se han creado 930.000 empleos nuevos en doce
meses, el volumen más elevado de creación de empleo alcanzado nunca en nuestro país. Con relación al empleo femenino, la proporción de mujeres en edad de trabajar que están ocupadas ha superado ya el 52 por ciento y está a punto de alcanzar el
nivel medio europeo, con lo que se superaría uno de nuestros mayores retrasos sociales. La tasa de paro femenino se ha reducido 4,5 puntos en solo un año y medio, pasando del 15,7 al 11,2 por ciento. Tiene motivos el Gobierno para estar
satisfecho, y todas y todos tenemos motivos para alegrarnos pero, señor ministro, no es suficiente.
Una tasa de paro de las mujeres 4,7 puntos superior a la de los hombres evidencia una desigualdad entre hombres y mujeres en materia laboral aunque
se haya producido un mayor crecimiento de ocupación de mujeres que de hombres. De otro lado, el abandono del trabajo de un número importante de mujeres por el nacimiento de un hijo o una hija o para ejercer las tareas de cuidado de un familiar en
situación de dependencia evidencian que las medidas contempladas en la Ley 39/1999 para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras no ha sido suficiente y no ha ido al fondo del problema, ya que aun cuando algunos de los
derechos reconocidos podrían ejercitarse indistintamente por hombres o mujeres gran parte de las tareas siguen ejerciéndolas exclusivamente las mujeres. Por eso le preguntamos ¿qué medidas prevé adoptar el Gobierno para promover la igualdad en el
empleo entre el hombre y la mujer? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, como sabe S.S., la consecución de la igualdad hombre-mujer es una seña de identidad irrenunciable para este Gobierno, que exige medidas de calado, medidas profundas porque supone un cambio muy importante en las pautas de
comportamiento que hasta ahora hemos tenido. A eso se dirige toda la política del Gobierno, por ello, por ejemplo en materia de empleo, estamos incentivando en el Plan Nacional de
Empleo la incorporación de la mujer al trabajo, y es por lo que elaboramos y aprobó este Parlamento por unanimidad una ley integral para combatir la violencia que se ejerce hacia la mujer, que es la mejor medida a favor de la igualdad.
Estamos haciendo mucho más, señoría. Quiero decirle que estamos ultimando la ley de igualdad entre hombre y mujer, que será una ley transversal que a través del diálogo social pretendemos que irradie la igualdad real en todos los ámbitos de la vida
política y social y que contemplará medidas en una triple dirección: primero, la trasposición o incorporación de la Directiva europea sobre igualdad; segundo, la promoción de los planes de igualdad en las empresas; y tercero, las políticas
orientadas a mejorar el reparto de las cargas familiares entre hombres y mujeres. También estamos trabajando, y lo verá pronto esta Cámara, en el proyecto de ley para atender a las personas en situación de dependencia, que también supondrá liberar
a muchas mujeres de unas cargas que ahora hacen en nombre del conjunto de la sociedad.
En materia de Seguridad Social hemos trasladado a los negociadores en la mesa de diálogo social diversas propuestas que espero que pronto podamos hacer realidad: ampliación de prestación por riesgo durante el embarazo, implantación de una
prestación por riesgo durante la lactancia y finalmente una mejora de la protección de la maternidad-paternidad. Para ello hemos propuesto a la mesa de diálogo social la incorporación de un nuevo derecho social, un permiso de paternidad que
proponemos sea al menos de una semana de duración adicional al de la madre en función del coste de la medida. Concretaremos en la mesa de diálogo social su duración definitiva, pero pretendemos que sea al menos de siete días. Ya hemos incorporado
200 millones de euros para el próximo año. En definitiva, señoría, la igualdad hombre-mujer no puede ser una utopía, va a ser una realidad. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUÉ NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN A LAS PREVISIONES CONTEMPLADAS EN
LA LEY 2/2004, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005 EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD DE DESALACIÓN DE AGUA DE MAR A LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LAS ISLAS CANARIAS? (Número de expediente 180/000943.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente del diputado don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el objeto de mi pregunta es poner énfasis en algo a lo que los canarios tuvimos que recurrir hace ya unas cuantas décadas, como es la desalación de agua de mar para suplir la falta de agua natural.
Desgraciadamente esta es
una necesidad que se ha extendido a otros territorios del Estado español, y espero que la experiencia canaria sea útil a esa nueva estrategia en relación con el problema del agua en el territorio continental. Señora ministra, hemos avanzado en todo
este proceso y hoy el agua desalada supone algo insustituible en la estructura de consumo de este bien tan preciado en nuestra comunidad, pero sigue siendo muy cara la producción de agua a través de la desalación. Por eso la Administración central
del Estado desde hace más de 20 años viene contribuyendo a subvencionar la producción de agua desalada para nuestra comunidad. Este año se ha producido un retraso muy significativo en la convocatoria de las subvenciones, hasta el punto que ha
generado una enorme inquietud en las instituciones que tienen la responsabilidad de suministrar agua a las poblaciones. Sabe usted también de la debilidad económico financiera de las corporaciones locales y de las empresas interpuestas que se
dedican a esta actividad. El retraso -hemos conocido su explicación en la otra Cámara- es debido a que la orden se adapta a la nueva Ley reguladora de las subvenciones, pero mi pregunta, una vez conocida la causa del retraso, es: ¿para cuándo y
cómo vamos a garantizar que los recursos consignados en la vigente Ley presupuestaria van a llegar a sus destinatarios? Porque esos recursos son vitales para mantener los precios, ya de por sí muy caros, en la producción de agua en nuestra
comunidad. Por lo tanto, señora ministra, se trata de trasladar la garantía, la tranquilidad a las instituciones responsables para ver cómo va a resolver este problema, dado el retraso y lo avanzado del ejercicio presupuestario.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, presidente.
Gracias, señoría, por su pregunta. En efecto, como tuve ocasión de explicar en el Senado hace unos días, la única razón ha sido la adecuación a la Ley 13/2003 y la negociación que sobre la propuesta de nueva orden hemos llevado a cabo con
el actual Gobierno de Canarias. En estos momentos le puedo decir que el texto definitivo de la orden, una vez acordado su contenido con el Gobierno autonómico, está siendo informado por la Intervención Delegada del Ministerio de Medio Ambiente, por
lo tanto está en su fase final para su publicación. Dado lo avanzado de este ejercicio y la dificultad de poder pagar con recursos presupuestarios de este mismo ejercicio las subvenciones que comporta esa orden, seguramente tendremos que publicarla
con cargo a los propios fondos que para estas subvenciones
se tienen reservados para el próximo año y hacer una modificación presupuestaria para que el próximo año haya, además de las subvenciones correspondientes pagadas por la actividad del año 2005, las correspondientes a la actividad del año
2006. Por lo tanto, el compromiso firme del ministerio es que no se pierda ni un solo euro, y estoy segura, señoría, que usted entiende lo positivo del cambio de esta regulación que va a incentivar claramente las tecnologías más eficientes en
cuanto al consumo de energía precisamente para que pueda reducirse el coste, por tanto también el precio a los usuarios del agua desalada, y también incentivar las mejoras ambientales asociadas a la producción de agua a partir del mar. Reitero el
compromiso del Gobierno: haremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para que no se pierda en absoluto la partida de este año, los 15 millones de este año, y por supuesto la actividad del año que viene está ya consignada en
presupuestos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solo intervendré un segundo, señora ministra, para reiterar que sí tiene importancia para nosotros saber los tiempos porque la debilidad, insisto, de la situación financiera de estas instituciones es muy seria.
Ya ha dicho usted que va a ser difícil aprovechar los créditos de este año; tendrá que recurrir a la consignación del próximo ejercicio presupuestario y a una modificación, pero yo le pediría la máxima diligencia ya que estas cantidades son
significativas porque repercuten de forma sensible en el precio al consumidor. No menos de un 15 o un 20 por ciento está asociada la ayuda de los Presupuestos Generales del Estado en el precio al...
El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo, lo lamento.
Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Solo quiero reiterarle al señor diputado el compromiso de ultimar este mismo mes los informes internos que pueden dar paso ya a la publicación de la orden ministerial pero que, como digo, teniendo en cuenta lo avanzado del ejercicio
presupuestario, significará que a partir del próximo mes de enero se podrán arbitrar todas las actuaciones que llevan al cobro de esas subvenciones. Por lo tanto, aunque sabemos que ha existido un retraso, las razones son transparentes y, como
digo, esperamos además que haya un impacto muy positivo precisamente en términos del precio y de las tecnologías que se utilicen en la desalación de agua de mar en Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
-DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE LA SEÑORA MINISTRA EXPLICAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA SU MINISTERIO EL
PRESIDIR DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS EL LLAMADO 'CONVENIO DE LONDRES'? (Número de expediente 180/000964)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Mercedes Coello.
Adelante.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Convenio de Londres es uno de los convenios más antiguos para la protección del medio marino respecto de la actividad humana y está en vigor desde 1975. Su finalidad es promover el control efectivo de todas las fuentes
de contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertido de deshechos y otras materias. Es preciso subrayar que el medio marino y los organismos vivos que mantienen son de
vital importancia para la humanidad y que es de interés común utilizarlos de forma que no se perjudiquen ni su calidad ni sus recursos, teniendo en cuenta que la capacidad del mar para asimilar deshechos y convertirlos en inocuos y que su
posibilidad de regeneración de recursos naturales no son ilimitados. En 1996 se puso en marcha el protocolo relativo al convenio.
Los Estados miembros estaban convencidos de la necesidad de proteger el medio marino y de fomentar el uso sostenible
y la conservación de los recursos marinos. Parece que era necesario un planteamiento mundial de estas cuestiones que elaborara medidas para prevenir, reducir y, cuando fuera factible, eliminar la contaminación del mar causada por vertidos.
Para
ello fue necesario adoptar medidas más rigurosas que las que se preveían en los convenios internacionales o en los acuerdos de otro tipo de ámbito mundial. No hace falta que expliquemos en el seno de esta Cámara qué es lo que ocurre cuando no se
cumplen dichos objetivos, pues lamentablemente nuestras costas aún sufren las consecuencias del último vertido. Pues bien, España ha sido elegida por aclamación durante la celebración de la XXVII Reunión consultiva del convenio para ostentar
durante los próximos cuatro años la presidencia del mismo. Es por ello por lo que le pregunto a la señora ministra: ¿Puede informarnos de qué importancia tiene para España presidir durante los próximos cuatro años el Convenio de Londres?
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada. El ministerio concede la máxima importancia a esa responsabilidad que hemos
asumido. Tengo que manifestar mi satisfacción por el hecho de que un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente presida la reunión consultiva de las partes, es decir el órgano plenario del Convenio de Londres durante los próximos
cuatro años. Ello es sin duda el resultado de la buena tarea realizada por parte del Ministerio de Medio Ambiente no solo en esta legislatura. Señorías, tengo que reconocer que respecto de este convenio, del Convenio de Londres, hay que manifestar
un reconocimiento también al anterior Gobierno de la nación, puesto que ha sido una tarea de varios años que ha llevado a que España juegue un papel estratégico en ese convenio a la hora de diseñar el plan de trabajo efectivo para el desarrollo del
mismo durante los próximos años y para que haya un español al frente. Por supuesto, eso pone en valor el compromiso del Gobierno de España ante los grandes convenios multilaterales en materia ambiental. Tiene también un efecto colateral, creo que
muy positivo, que es la utilización del idioma español como lengua de trabajo en una organización asociada a la organización marítima internacional, por lo tanto con un amplio campo de actuación en todo lo que tiene que ver con el transporte, con
los vertidos al mar y con la calidad de nuestros fondos marinos.
Quiero también señalar que en estos momentos el Convenio de Londres se ocupa de temas de gran transcendencia para España como son, por ejemplo, las condiciones en las cuales se podrá llevar a cabo el secuestro de CO2, anhídrido carbónico, en
el subsuelo marino, para complementar de esa manera otras medidas que conduzcan en la lucha contra el cambio climático a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También cabe destacar el trabajo que se está realizando en el
Convenio de Londres para establecer unas normas muy claras respecto al establecimiento o la colocación de arrecifes artificiales en el fondo del mar que permitan ser compatibles con el respeto a la biodiversidad de los fondos marinos. Solo quiero
reiterar en estos momentos el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente para seguir actuando de una manera muy efectiva... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora ministra, el tiempo terminó.
-DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL REAL DECRETO-LEY DE 22 DE JUNIO DE 2005 POR EL QUE SE APROBARON
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES? (Número de expediente 180/000965.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Sebastián Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, es innegable que una de sus mayores preocupaciones y acciones ha sido la de dotarnos de mayores instrumentos y medidas en la lucha contra los incendios forestales. Su trabajo se ha visto reforzado por los acuerdos
alcanzados en las distintas conferencias sectoriales.
Gracias a estos acuerdos se han podido poner en marcha una serie de medidas estructurales que están permitiendo ya una mayor eficiencia a la hora del trabajo conjunto que tienen que realizar las
administraciones públicas en prevención y en lucha contra los incendios forestales. De estas medidas estructurales me gustaría destacar tres: los acuerdos de la conferencia de Medio Ambiente de Santander, la modificación de la Ley de Montes y el
Plan del Gobierno de lucha contra los incendios forestales en el que se implican 13 ministerios. ¿Cómo ha cambiado esto, señora ministra? Hay que decirlo. Mientras que con el Gobierno del Partido Popular los responsables ministeriales miraban
para otro sitio cuando ocurría un incendio forestal diciendo que era una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que ellos cumplían enviando los medios aéreos, ahora hay un Gobierno comprometido, como lo pone de manifiesto la
implicación de 13 ministerios y los acuerdos alcanzados con las distintas comunidades autónomas. Se está trabajando en el buen camino, y no es una apreciación de este humilde diputado y de mi grupo parlamentario, sino la consideración de las
propias comunidades autónomas que en la última conferencia sectorial del pasado mes de julio pusieron de manifiesto ese buen trabajo. Solamente el Partido Popular se ha tirado al monte a sacar rédito político de los incendios forestales, de la
tierra quemada en una actitud de irresponsabilidad, de auténticos pirómanos de la alarma social que se genera normalmente cuando ocurre un incendio forestal. Esa no es más que una maniobra para tapar sus vergüenzas políticas después de ocho años en
los que se quemaron casi un millón de hectáreas, hubo más de 167.000 siniestros y en un año como el 2000 incluso se quemaron más hectáreas que este año, caracterizado por una gran sequía y unas altas temperaturas. Es indudable que las
circunstancias climatológicas de este año han hecho que las condiciones de la lucha contra los incendios forestales hayan estado condicionadas, pero de nuevo ha habido un Gobierno que ha respondido, que ha aprobado un real decreto-ley de medidas
urgentes, muchas de ellas impopulares, pero necesarias, que muestran la responsabilidad del Gobierno. Una vez que prácticamente han dejado de estar vigentes, quisiéramos saber el impacto de estas medidas coyunturales en la lucha contra los
incendios forestales... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo. Lo lamento, señor diputado.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Mañana tendré ocasión de comparecer en el Senado en la Comisión de Comunidades Autónomas a petición propia, precisamente para informar con detalle de la evolución de los incendios forestales y de la incidencia que han
tenido las distintas medidas aprobadas por el Gobierno de la nación. Puedo avanzar con los datos disponibles que, después de la aprobación del decreto-ley de medidas excepcionales, el día 22 de julio se ha quebrado en toda España la tendencia
alcista del número de incendios que se estaba registrando este año. Sin ninguna duda, este año va a ser recordado por el fallecimiento de 17 personas en total en tareas de extinción, pero también por ser un año con un número elevadísimo de
siniestros. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Antes de la publicación del decreto-ley de 22 de julio el incremento que se había dado en el número de incendios significaba un 69,5 por ciento superior a la media de
los últimos diez años. Después del día 22 de julio y hasta la fecha se ha registrado un número de incendios que significa una reducción del 12,7 por ciento respecto a la media de los últimos diez años. En algunas comunidades autónomas la
diferencia entre el antes y el después ha sido realmente espectacular; citaré el caso concreto de Castilla-La Mancha. El crecimiento del número de incendios que se había dado hasta el día 22 de julio era del 170,6 por ciento respecto de la media
de los últimos diez años; a partir del día 22 de julio ha decrecido en un 38,9 por ciento respecto de la media de los últimos diez años. En Castilla y León se había registrado un crecimiento del número de incendios de un 160,5 por ciento por
encima de la media de los últimos diez años hasta el día 22 de julio; desde el día 22 de julio ha habido un decremento del 12,2 por ciento respecto de la media de los últimos diez años. Sin ninguna duda, señorías, las medidas contenidas en el real
decreto-ley de 22 de julio han tenido cierta efectividad, pero es una tarea que tenemos que seguir compartiendo con las comunidades autónomas. El esfuerzo del Gobierno de la nación se ha acrecentado significativamente, también en lo que se refiere
a la aportación de medios para la...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra. Se ha acabado su tiempo.
-DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GARCÍA-HIERRO CARABALLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ HA SUPUESTO LA MATERIALIZACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE NAVALCARNERO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA? (Número de expediente 180/000966.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Vivienda.
En primer lugar, la que formula diputada doña Dolores García-Hierro.
Adelante, señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, probablemente esta pregunta es uno de los ejemplos más claros de lo que han venido significando los dos modelos de políticas de vivienda de
promoción pública del Partido Popular y del Partido Socialista. Estamos hablando ahora de un convenio, sobre el cual le voy a preguntar los detalles, que ha estado bloqueado más de siete años en su desarrollo, pero yo no creo que haya sido solo
porque una parte de la Administración, es decir el Sepes a través del Ministerio de Fomento en su momento, no quisiera realizar la financiación para construir el parque o porque el conjunto de las viviendas que se pretendían preferiblemente querían
que fuera de renta libre, sino que las razones son otras. Si nos atenemos a lo que leemos estos días, por ejemplo, el nada sospechoso observatorio de expertos del despacho de Garrigues habla claramente de cómo la especulación urbanística ha sido el
dogma de fe en nuestra región. Es verdad, los madrileños venimos viviendo desde el año 1992 unas políticas que favorecían que de cada 100 viviendas construidas al menos 43 tuvieran algún tipo de promoción; sin embargo, desde el año 1998 hasta el
2004 de cada 100 solo 16 tenían algún tipo de promoción. Mientras tanto, el tipo de la vivienda se encarece y la especulación crece, concentrándose en unas cuantas empresas constructoras y promotoras que no han hecho, a pesar de la liberalización
del suelo, precisamente una política favorecedora de la accesibilidad de ese derecho constitucional. Esa es la labor de las administraciones públicas, es la labor que desde hace un año y medio usted viene realizando. Fíjese, un convenio bloqueado
siete años, en una zona muy singular de Madrid, con un gran atractivo urbanístico y de desarrollo y en el que además se pretende no solo construir vivienda protegida, sino una zona industrial que generará empleo y también una zona verde; en
definitiva, un modelo urbanístico y de territorio... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchisímas gracias, señora diputada. Lo siento, acabó su tiempo.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como bien sabe, Sepes, la empresa pública de suelo del Ministerio de Vivienda, trabaja en los desarrollos de suelo tanto para llevar a cabo una actividad empresarial, logística y tecnológica como para hacer viviendas. En efecto,
como dice S.S., cuando llegamos al Gobierno tanto Navalcarnero como otros desarrollos
para hacer casas en toda España no solo estaban bloqueados, sino que además estaban diseñados única y exclusivamente para hacer vivienda protegida. En el caso de Navalcarnero estaba prevista la construcción de 515 viviendas libres y solo
534 viviendas protegidas. Como puede entender S.S., inmediatamente después de llegar al Gobierno nos pusimos a trabajar con el ayuntamiento para sacar adelante esta operación para construir casas, todas ellas protegidas, para los madrileños.
Conseguimos con el Ayuntamiento de Navalcarnero aprobar el plan parcial, que todas las viviendas -1.049- fueran protegidas y además conseguimos hacer un parque urbano para unir la zona residencial con la zona empresarial de generación de empleo, de
puestos de trabajo. Posteriormente licitamos las obras, que fueron adjudicadas, y la semana pasada yo misma como ministra inauguré la urbanización de estas 1.049 viviendas -todas ellas van a ser protegidas- con una inversión de 27.500.000 euros, de
los cuales están incluidos cuatro para desarrollar un parque urbano. Como decía hace una semana, inauguré esta obra de urbanización y en poco más de un año van a empezar a levantarse las 1.049 viviendas, todas ellas protegidas, el cien por cien de
viviendas protegidas. Mientras tanto se va a hacer un concurso de ideas para que la arquitectura recupere la función social que había perdido anteriormente y además vamos a sacar los proyectos básicos para adjudicar las parcelas, mediante concurso,
porque el suelo para vivienda protegida no se puede subastar. El suelo público de esta actuación en Navalcarnero para 1.049 viviendas protegidas va a salir a concurso con un precio de repercusión sobre el precio de la vivienda que pueda hacer
efectiva y realidad la compra de la vivienda. Además, igual que en Asturias, el Ministerio de Vivienda va a promover aproximadamente unas 200 viviendas como experiencia piloto y como referencia de sostenibilidad y de calidad para el resto de las
urbanizaciones en España. No sólo en Navalcarnero, sino en más sitios, se están llevando a cabo...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra. Se acabó su tiempo, lo siento. (Aplausos.)
-DEL DIPUTADO DON FRANCISCO CONTRERAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ ACUERDOS ESTÁ FIRMANDO EL MINISTERIO DE VIVIENDA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS REFERIDOS AL
PLAN DE VIVIENDA 2005-2008? (Número de expediente 180/000967.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos el turno de preguntas con la que realiza el diputado señor Contreras.
Adelante, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Cuando los socialistas llegamos al Gobierno nos encontramos, no sólo con un incremento disparado de los precios de la vivienda, sino también
-esto es lo más grave- con un Plan de Vivienda totalmente insuficiente para las necesidades existentes. Los socialistas nos comprometimos con el problema del acceso a la vivienda, sobre todo, con aquellos sectores que tienen más dificultades:
jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género, inmigrantes, etcétera. Por ello se creó el Ministerio de Vivienda. A los pocos meses de constituirse el Gobierno, en julio de 2004, se aprobó un plan de
choque para hacer efectivo el compromiso del Partido Socialista de facilitar el acceso a una vivienda digna a 180.000 familias cada año.
El 1 de julio del presente año se aprobó el Plan de Vivienda 2005-2008, con una previsión de gasto de 6.822
millones de euros y la atención a 720.000 familias, en contraste con el anterior Plan del Gobierno del señor Aznar, que sólo tenía una previsión económica de 3.380 millones de euros y un alcance de 442.000 actuaciones. En los Presupuestos Generales
del Estado para 2005, la previsión de gasto asciende a 887 millones de euros, más del 30 por ciento superior al último ejercicio presupuestario del Gobierno del Partido Popular que fue de 680 millones de euros. En los presupuestos, la previsión de
gasto es de 1.068 millones de euros para el ejercicio 2006, un incremento del 20,35 por ciento superior al del año 2005. La arquitectura financiera del Plan supone, además de transferencias de capital a las comunidades autónomas, transferencias de
capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro para el pago de la ayuda estatal a la entrada y a la subsidiación de intereses. Tanto la ayuda estatal directa a la entrada como la subsidiación implican la firma de convenios con entidades de
crédito. Por esta razón le formulo, señora ministra, la pregunta que figura en el orden del día. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Contreras.
Su turno, señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, tras la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 el pasado mes de julio y para su puesta en marcha el Gobierno autorizó la firma de convenios no sólo con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, sino
también con las entidades financieras. Como bien acaba decir S.S., con unos recursos presupuestarios de 6.822 millones de euros, el doble que el plan anterior, y con 720.000 viviendas para que 720.000 familias puedan acceder a lo largo de la
legislatura es el mejor Plan de Vivienda de toda la historia de la democracia. Los convenios con las comunidades
autónomas se están firmando ya y ayer concretamente se firmaron los convenios con las entidades financieras. A lo largo del plan, el volumen máximo de préstamos que podrán conceder las entidades financieras ascenderá a la importante cifra
de 33.000 millones de euros. Esto constituye casi un 8 por ciento de la deuda hipotecaria existente en España. Pues bien, han sido 118 entidades de crédito entre bancos, cajas de ahorro y cajas rurales las que se han presentado a la convocatoria
que aprobamos recientemente y con las que se han firmado los convenios. Estas 118 entidades financieras suponen la práctica totalidad del sistema financiero español, con ello se garantiza la financiación de las viviendas protegidas que se inicien
en el marco del Plan de Vivienda 2005-2008. Con este nuevo plan se ha ganado en flexibilidad en el proceso de financiación por cuanto que las entidades de crédito van a tener mayor libertad para acordar los préstamos con los promotores y con los
compradores de vivienda protegida, consiguiendo mayor agilidad y eficacia.
Entre los convenios que se firmaron ayer hay uno especialmente importante, que es el convenio firmado con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, por cuanto forma parte de las medidas de apoyo a la lucha contra el fraude en materia de
viviendas protegidas. Este convenio va a permitir que las comunidades autónomas puedan financiar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y que a partir de ahora ninguna administración pública, como medida de prevención del fraude, pueda
decir que no tiene disponibilidad presupuestaria para ejercer estos derechos.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CONFLICTO DE INTERESES Y LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LOS QUE HA INCURRIDO UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000132.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al punto V del orden del día de esta semana, que es el que corresponde a interpelaciones urgentes.
Comenzamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el conflicto de intereses y los ataques a la libertad de expresión en los que ha incurrido uno de los miembros del Gobierno.
Para formular dicha
interpelación, tiene la palabra el señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señora presidenta.
Señor Montilla, no hace falta que yo se lo diga. Lo sabe S.S. de sobra.
Está en una situación política insostenible. (Risas.-Protestas.) Señor Montilla, por mucho que grite el Grupo Socialista, por muchas declaraciones a favor de su
continuidad, aunque algunas de ellas sean nada más y nada menos que del presidente del Gobierno, estamos ante un gran escándalo del que usted es el principal protagonista. Señor ministro, usted no debería durar un día más al frente de su
responsabilidad. Es un escándalo que ya ha sobrepasado nuestras fronteras y que ha sido recogido en los periódicos más prestigiosos del mundo.
Según su propia teoría, debe ser que el mundo está lleno de cavernas mediáticas y de periodistas
ególatras y amorales. Yo creo que no. Yo creo que estamos ante un gran escándalo que, lejos de salpicar únicamente a su persona y a quien habiéndole nombrado le mantiene en el cargo, deteriora la credibilidad y la confianza del Gobierno español en
tres sectores claves, el financiero, el energético y el de los medios de comunicación.
Todos ellos están en sus manos, señor ministro, porque usted es el responsable de los tres. (Una señora diputada: ¡Sí señor!)
Voy a dedicar los primeros minutos a relatar los hechos que no por conocidos dejan de ser de una enorme gravedad. Esta interpelación permite, señorías, que la Cámara conozca por primera vez lo sucedido, ya que el presidente del Gobierno y
el ministro se han negado a comparecer y a dar las explicaciones oportunas en el Pleno de la Cámara. Además, viene bien relatarlos porque los hechos por sí solos explican claramente la gravedad del caso, y son incontestables, señor ministro. Son
hechos tan ciertos y tan verdaderos que espero con verdadera curiosidad la valoración que merecen en sí mismos al resto de la Cámara, que conoceremos como tarde la próxima semana cuando se debata y se vote la moción correspondiente. Ya sé que está
en el ánimo de toda la Cámara el conocimiento de los hechos, pero voy a hacer, como digo, un breve recordatorio de los mismos. Señor Montilla, usted accedió al cargo de secretario de organización del PSC en 1994. Ese mismo año vencía un préstamo
concedido por una caja de ahorros a su partido. Al año siguiente, en 1995, y hasta 1998 es usted consejero general de dicha entidad financiera. En todo ese periodo en el que es usted consejero, señor ministro, el Tribunal de Cuentas no registra
movimiento de pago alguno del crédito citado. Durante cuatro años, en los que usted compagina su condición de secretario de organización del partido con la de consejero general de la entidad prestadora, no hay reclamación alguna por parte de la
entidad, ni pago alguno por parte del PSC. El Tribunal de Cuentas, en su informe correspondiente al ejercicio del año 1999, hace notar que no ha recibido ninguna información del estado de la deuda, pero no solo eso, el tribunal -y cito textualmente
el informe- dice que se da la circunstancia de que esta entidad sí ha informado sobre las operaciones mantenidas con otras formaciones políticas. Y sabe que aquí no termina la historia. En el año 2000, ya siendo usted primer secretario del PSC, el
tribunal sigue notificando la situación irregular de la deuda, que continúa sin registrar en esa fecha ningún pago. Para ahorrar tiempo a la Cámara, diré que
el pasado 27 de octubre, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprueba el informe del ejercicio del año 2002. En ese informe se asegura que su partido, el PSC, había comunicado en el escrito de alegaciones el acuerdo alcanzado a finales del año
2004 con la entidad financiera en relación con esa deuda. Sin embargo, el tribunal dice textualmente: el PSC no aporta documentación acreditativa correspondiente.
Según el informe del tribunal y solo sobre la base de las estimaciones realizadas por su propio partido, es decir, por usted, esta deuda registraba unos intereses contabilizados pendientes de pago de más de 6,5 millones de euros.
(Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías.
Señor Zaplana, adelante, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias señora presidenta.
De acuerdo con la información -por cierto, conocida gracias a la prensa-, esta última es la cantidad que le ha sido condonada al PSC, mientras que el principal crédito, de casi 8 millones de euros, ha sido renegociado con un tipo de interés
tres veces inferior al aplicable en 1994, cuando venció el crédito principal.
Señor Montilla, usted es miembro del Gobierno, es un ministro responsable ante esta Cámara, ante la que debe responder. ¿Está usted en condiciones de subir a esta tribuna dentro de un momento e informar exactamente del estado en el que se
encuentra esa deuda en estos momentos? ¿Está usted, señor ministro, en condiciones de poder informar detalladamente de todo este proceso? Eso es lo que tiene que hacer hoy, eso es lo que le estamos reclamando, y no es un tema menor.
Estos son los hechos, señor Montilla, y tienen consecuencias éticas, legales y políticas que son incuestionables. Estamos, señor ministro, ante un evidente trato de favor. Después de diez años sin que se registrara ningún pago de la deuda
y a pesar de las continuas notificaciones del Tribunal de Cuentas, se nos oculta la condonación de los intereses. Una condonación concedida precisamente cuando usted llevaba ya siete meses al frente del ministerio; una condonación concedida cuando
usted ya negociaba con la cartera ministerial encima de la mesa.
En su condición de consejero general de la Caja de Ahorros, entre los años 1995 y 1998, tenía usted la obligación de cumplir y hacer cumplir los estatutos de la entidad de la que estaba al frente o de la que formaba parte. En el artículo 7
de esos estatutos se establece que los consejeros generales velan por la salvaguardia de los intereses de los depositantes y clientes y por la integridad de su patrimonio. Usted incumplió con sus obligaciones. ¿Y sabe por qué incumplió con sus
obligaciones? Para favorecer intereses particulares, señor ministro, suyos y de su formación política, para eso las incumplió. Usted violó esos estatutos. Usted nos deberá decir dentro de un momento si ha violado también, ha pasado por encima, o
ha vulnerado la Ley de financiación de partidos políticos que en su artículo 5.3 b) prohíbe que los partidos -le recuerdo- acepten o reciban directa o indirectamente aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la
cantidad de 10 millones de pesetas al año. (Rumores.) ¿Cuántos años, señor ministro, tendrían que pasar para que esos más de 1.000 millones pudieran estar dentro de esta ley? (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Reflexione sobre ello. Por no hablar
ya del Código de buen gobierno aprobado por el Consejo de Ministros, del que usted forma parte, precisamente en el momento en que estaba usted negociando la condonación de la deuda, o por no hablar del código ético de su propio partido, del PSC,
aprobado en julio del año 2004, que debería usted releer porque usted mismo lo aprobó. Léase -se lo recomiendo- el artículo 38.
Siendo este relato claramente consistente hay otras valoraciones, si me permite la expresión, que no tienen desperdicio político. Usted ha causado un grave daño a tres sectores clave como son el energético, el financiero y el de medios de
comunicación. Usted ha puesto en un brete a una entidad financiera muy importante. Su actuación como dirigente de su partido, como consejero de esa entidad o como ministro del Reino de España ha puesto en tela de juicio la credibilidad de todo el
sistema financiero. (Protestas.) Sí, señorías, sí. Además usted pretende que la sociedad española crea que nada de esto tiene que ver con la OPA en el sector energético. Nadie puede creer, señor ministro, que sea usted neutral después de
conocidos los hechos y las circunstancias relatadas.
Nadie le cree, como habrá tenido ocasión de comprobar en las encuestas sociológicas y de opinión de las que se dispone. Además se ha demostrado que usted conocía la operación con antelación y ha
hecho usted, no sé por qué, una incansable campaña personal a favor de esta operación.
Señor ministro, existe un claro conflicto de intereses y usted no puede tomar determinadas decisiones que necesariamente están bajo sospecha.
Usted se ha posicionado claramente a favor de una operación para la que está evidentemente
inhabilitado. Usted ha nombrado y ha tomado decisiones clave que en estos momentos no se pueden sostener, entre otras el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía.
Ahora entendemos el porqué de todas las decisiones
previas en su momento y el sentido de las mismas. Ya se las criticamos, ya nos parecían exageradas, pero tenían un porqué; un porqué que no ha tardado en evidenciarse. Ya ha tomado decisiones relevantes que están claramente, como les decía, bajo
sospecha. Usted está claramente inhabilitado. El otro día el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía decía en una entrevista que usted debía inhibirse, o decía que podría hacerlo -abría esa posibilidad- cuando se refería a la OPA. Su
propio compañero de gabinete abría esa posibilidad. ¿No cree
usted que cada vez que tenga que tomar una decisión en el futuro como ministro su propio Gobierno, sus propios compañeros, van a abrir esa posibilidad y todo el mundo se la va a exigir? ¿No ve usted que no está ya en condiciones de poder
seguir al frente de ese departamento? (Rumores.)
Señor ministro, le queda una salida digna y tiene la oportunidad dentro de un momento: salir a esta tribuna y presentar la dimisión.
(Protestas.-Aplausos.) Sí, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señor Zaplana, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Si el señor ministro, por los motivos que sean, de índole política o por conveniencia, tiene que seguir en el Gobierno, a mí y a mi grupo nos parecería mal (Rumores.), pero en ese caso que le hagan ministro
de otra cosa, porque siempre el daño será menor. (La señora López i Chamosa: ¡En la Castellana!- Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora López i Chamosa, por favor.
Señor Zaplana, vaya concluyendo.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Que le hagan ministro de Vivienda, que le den otra cartera ministerial, porque en esa no puede seguir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señor Zaplana, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Concluyo, señora presidenta.
Señor ministro, le pueden apoyar lo que quieran, pero en su fuero interno usted sabe perfectamente la verdad como la sabe toda la Cámara. Usted ya le ha dado nombre a un caso: el caso Montilla. (Protestas.) En poco tiempo, ante un tema de
financiación claro de un partido político, como es el suyo, usted ha pasado de negarlo, de amenazar, de poner el ventilador -que también lo intenta- a insultar a medios de comunicación y a profesionales de la comunicación. (Un señor diputado:
Tiempo.) Y ahora su actitud es esperar a que escampe, a ver si esto pasa; a ver si pasamos unas tardes complicadas y el tema se olvida. No va a escampar, señor ministro. (Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Se lo digo esta tarde con toda la consideración que su persona me puede merecer. No va a escampar. Como le decía, es usted el protagonista de un gran escándalo político. Ha hecho usted daño al sector
financiero, ha hecho usted daño al conjunto de la clase política. Tenga agallas, señor ministro, y presente la dimisión.
(Protestas.) En política se puede estar en muchos sitios. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Zaplana.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. (Rumores.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Señorías, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Señor Zaplana, señores del Grupo Parlamentario Popular, no se esfuercen ustedes en vano. Pueden hacer ustedes todo el ruido mediático que quieran, pero las cosas seguirán siendo como son y no como ustedes las pintan. (Rumores.) Yo no tengo
ningún conflicto de intereses porque yo no estoy en la política para forrarme. (Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¡Olé!-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Ayala.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Por cierto, la frase no es mía, pero supongo que al autor no le interesará demandarme por plagio. (Protestas.-Aplausos.) Por cierto, tampoco tengo ninguna
investigación abierta por la Fiscalía en relación con el caso Terra Mítica. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Y como no tengo ningún conflicto de intereses, me
siento perfectamente capacitado para continuar ejerciendo mi labor como ministro, sin hacer dejación de ninguna de mis responsabilidades y con el pleno respeto a la legislación vigente y a la libertad de las empresas en un mercado libre, señor
Zaplana. Porque supongo que ustedes están a favor de un mercado libre donde las empresas puedan actuar en el marco de la legislación vigente, con libertad de iniciativa. ¿O quizá sucede que también desde la oposición pretenden continuar realizando
una política intervencionista, dictando lo que deben y lo que no deben hacer las empresas y los empresarios como hacían cuando ustedes estaban en el Gobierno? (Protestas.-Aplausos.) Su interés en insistir en que yo tengo un conflicto de intereses y
en la catarata de descalificaciones que ustedes y sus voceros están lanzando sobre mí no creo que se corresponda con otra cosa que con intentar torpedear una operación empresarial que, en opinión del Gobierno, debe resolverse única y exclusivamente
en dicho marco empresarial y de acuerdo con la legislación vigente. (Rumores.
Aplausos.) Tengo aquí que recordarles además que es una operación sobre la que el Gobierno aún no se ha pronunciado más que para defender la soberanía española. Legislación que -dicho sea de paso- proviene, en una grandísima parte, de su
etapa gubernamental y que este Gobierno está aplicando con escrupulosidad. ¿Por qué otra razón, más que por este afán de continuar ejerciendo el ordeno y mando, están ustedes y sus voceros utilizando todos los medios que pueden y distorsionando la
realidad (Rumores.-Protestas) -y utilizo un cierto eufemismo cuando digo distorsinando- para intentar convencer a los españoles de que existe una conspiración en la que participan el PSC, el Ministerio de Industria y una entidad financiera?
Señoras y señores diputados, no sé que más se puede decir ante esta actitud (Un señor diputado: ¡Respuestas!) que le ha entrado a la derecha con este asunto de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Poco puedo decir más de lo que ya he dicho,
he dado todas las explicaciones que han reclamado y lo seguiré haciendo. (Rumores.) Lo haré cuantas veces haga falta porque aunque esta no es la costumbre del Partido Popular cuando gobierna, sí que lo es de este Gobierno del Partido Socialista que
prefiere convencer que vencer. (Rumores.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Solo como anécdota. (El señor ministro de Justicia: Silencio, silencio.) ¿Saben ustedes que en los años en que gobernó el Partido Popular no se admitieron a trámite y
por tanto no se pudieron formular iniciativas para que el Gobierno diera explicaciones sobre diversos asuntos que habían salido a la luz pública? Por ejemplo, varias preguntas para que el Gobierno aclarara los créditos que al parecer una entidad
financiera había concedido a varias empresas participadas por el vicepresidente.
(Rumores.)
Señorías, el Partido Popular cree que tengo un conflicto de intereses porque en diciembre del año 2004 el Partido de los Socialistas de Cataluña firmó con la Caixa las nuevas condiciones de la renegociación de un crédito que se concedió en
1989 y que estaba vencido desde el año 1994 y que había generado unos intereses que el PSC no había pagado. En dicho proceso de renegociación se produce una condonación de intereses vencidos y no pagados (Varios señores diputados: ¡Ah, ah!)
Información sobre impagados que obra, como es preceptivo y como ha recordado el señor Zaplana, en los informes del Tribunal de Cuentas.
Como he dicho antes, según el Partido Popular, todo este asunto responde a una confabulación entre el ministerio, el PSC y la entidad financiera para obtener beneficios (El señor Hernando Fraile: ¡Diez millones!) -supongo que particulares-
que se traducirían en un supuesto trato de favor a la entidad para favorecer sus inversiones industriales. Señoras y señores populares, lamento que la realidad les estropee un bonito guión de novela o unos cuantos titulares vendedores y bastantes
tertulias. No hay ningún trato de favor. (Varios señores diputados: ¡Ah, ah!) En primer lugar, porque este Gobierno, como he dicho, actúa siguiendo escrupulosamente los procedimientos reglados que marcan las leyes, aprobadas en muchos casos por
ustedes y, cuando es el caso, los dictámenes de los organismos reguladores independientes. En segundo lugar, aunque ustedes lo vayan pregonando por ahí, yo no soy tan clarividente como para haber sabido en 1989 y durante los años sucesivos que se
iba a producir una liberalización del mercado energético, con las consiguientes privatizaciones; que estas serían capitaneadas además por un Gobierno del Partido Popula que, por cierto, las aprovecharía para colocar al frente de las empresas
privatizadas a sus amigos (Aplausos.); que una entidad financiera de la que éramos y somos clientes tendría intereses en empresas que operan en estos mercados; que tras la victoria del PP en el año 1996 el PSOE volvería al Gobierno en 2004; que
Gas Natural lanzaría dos OPA, una que ustedes impidieron por aquello de que no me da la gana y la actual, y que yo mismo sería ministro en este momento. (Rumores.) Señores populares, buscar una relación entre la no exigencia del pago de crédito en
aquellos años y su posterior condonación al renegociar el mismo y mi responsabilidad como ministro de Industria y Turismo es puramente un ejercicio de cierto cinismo (Rumores.), como poner el grito en el cielo por una condonación de intereses. Por
cierto, ¿saben SS.SS. cuántos créditos no reclamados ha tenido el Partido Popular entre 1989 y 2002? (Varios señores diputados: ¿Cuántos?) ¿Saben lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Partido Popular desde 1989? (Varios
señores diputados: Sí, sí.) (El señor Ayala Sánchez: Sí que lo sabemos.) ¿Saben cuántos intereses han dejado ustedes de pagar? ¿Saben cómo se financian? (Rumores.) Léanse los informes del Tribunal de Cuentas sobre el Partido Popular y vean
también sus alegaciones -las de ustedes- porque son muy curiosas. Por ejemplo, señala que en el año 1993 se ha producido la condonación de los intereses contabilizados por 124 millones, correspondientes a dos operaciones de crédito; 1994, una
operación con una deuda de 171 millones, de la que no se han reconocido intereses, se ha cancelado con el pago de 137, regularizándose la diferencia de 34 millones con abono a fondos propios; es decir, condonados 34 millones. (Un señor diputado:
¿Qué dice?- El señor Hernando Fraile: Pagando, pagando.) Señorías, al Partido Popular se le han condonado deudas e intereses. Podrán decir: vale, nos han condonado deudas, pero no se nos puede acusar de connivencia porque entonces no estábamos
en el Gobierno, y eso es cierto, aún no habían llegado, pero sí lo estaban en el año 1996. En ese año, el primero del Gobierno del Partido Popular en España, el informe del Tribunal de Cuentas refleja la cancelación de cinco operaciones de
créditos suscritas con Caja Galicia de ejercicios anteriores con el resultado de que se condonan 297.858.303 pesetas (Aplausos.), y no sigo con otros años porque no me interesa saber cuánto dinero han condonado las entidades financieras al
Partido Popular. (Rumores.) Solo quiero poner de manifiesto la doble moral de SS.SS., porque díganme ustedes, señores del Partido Popular, si, como aseguran, ha habido connivencia entre el PSC y La Caixa para renegociar un crédito que estaba
pendiente, ¿cuántas connivencias ha habido entre el propio Partido Popular y todas las entidades financieras (La señora Montesinos de Miguel: Ni una.) con las que llevan renegociando y recibiendo condonaciones de créditos durante todos estos años?
(Rumores. Aplausos.) La respuesta será, como no puede ser otra, que ninguna connivencia, ni mucho menos ningún trato de favor, y yo hasta les creeré. (El señor Hernando Fraile: En lo de Filesa decían lo mismo.) Entonces, ¿de qué estamos hablando,
señorías? (El señor Martínez-Pujalte López: El discurso se lo ha hecho Sala.) Es cierto que soy el primer secretario del PSC y, aunque nunca he tenido responsabilidades en las finanzas del partido, se podría argumentar que soy el responsable
máximo del mismo. Lo que sucede es que... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Montilla. Un momento, por favor, señor ministro. Señor Pujalte, cuando usted sale a la tribuna, intento que con respeto usted pueda ejercer como portavoz sus funciones. Le
pido a usted, que no ha parado un segundo, se lo permita el señor ministro, por favor. (El señor Villarrubia Mediavilla: No puede, es imposible.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Decía, señorías, que lo que sucede es que no creo que ustedes piensen argumentar lo mismo respecto de José María Aznar, presidente del PP y presidente del Gobierno de
España, bajo cuyo mandato se producen, que sepamos hoy, el 60 por ciento del total de condonaciones hasta el año 2002, de condonaciones de ustedes. (Un señor diputado: ¡Qué sinvergüenza!) ¿Tenía el señor Aznar conflictos de intereses? Entonces,
¿por qué insisten en que tengo yo un conflicto de intereses por que el PSC negociara y acordara una operación -el PSC, que no yo- que es lícita y transparente? Una operación que, además, ustedes mismos califican de práctica habitual y que también
está respaldada por una resolución unánime del Parlamento, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sí, señorías, cuando el Tribunal de Cuentas pone en evidencia en el año 1996 la condonación de esta deuda que mantenían
ustedes con Caja Galicia, ustedes alegan, y cito textualmente: Como ya indicamos en las alegaciones de ejercicios anteriores, la Caja de Ahorros de Galicia consideró que la única posibilidad de cobro era referente a la devolución del capital
prestado, realizando una quita de los intereses devengados, siendo ésta una práctica habitual en casos similares por parte de las entidades financieras. (Rumores.-Una señora diputada: A ellos.) Y cierro comillas. Posteriormente, en el año 1997,
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprueba la resolución que dice que se considera asimismo conveniente que se regulen las condiciones de deuda con proveedores o entidades de crédito, de forma que las que se realicen lo
sean sobre la base de laudos, transacciones aprobadas judicialmente o acuerdos admitidos en los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes. Por tanto, señorías, la condonación de intereses del PSC, que con tanto cinismo y
bombo están intentando convertir en una actuación reprobable, no es más que una operación transparente, comunicada además al Tribunal de Cuentas y absolutamente legal, tan legal como las que ustedes han realizado y como los cerca de 28 millones de
euros que han recibido ustedes de aportaciones anónimas. Y explíqueme, si puede, por qué es más sospechoso el hecho de que el PSC negocie una deuda conocida y pública con una entidad financiera a que lo hagan ustedes. Además, reciben ustedes 28
millones de euros de empresas que no sabemos cuáles son. (Varios señores diputados: Ahí, ahí.) Por tanto, en mi parecer, la cuestión es que ustedes intentan, como he dicho antes, condicionar a través del supuesto escándalo una operación
empresarial, que, por razones que no explican, quieren sustraer del ámbito puramente empresarial. Quiero suponer que ello no tiene nada que ver con el hecho de que la empresa opada en esta ocasión tenga al frente a un presidente puesto a dedo por
el Gobierno del Partido Popular y estrechamente ligado en este caso a través de la FAES.
(Aplausos.)
Señorías, para finalizar, permítanme decir algo respecto a la parte de la interpelación referida a los ataques a la libertad de expresión. Yo no creo que haya cercenado la libertad de expresión de nadie (Varios señores diputados: ¡No,
no!), de hecho solo basta escuchar determinados programas donde casi cada día nos insultan y nos acusan de delitos -a mí y a muchos otros- sin prueba alguna para cerciorarse de ello. Yo opino que los que verdaderamente atacan la libertad de
expresión son los que, retorciendo la información, insultan y calumnian a las personas sobre las que informan ignorando que la información debe ser veraz. Esta conducta, lo dije y lo mantengo en ejercicio también de mi libertad de expresión, es
amoral.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-El señor Hernando Fraile: Qué bonito es esto. Mil millones bien valen levantarse.-El
señor Martínez-Pujalte López: Mil millones avalan levantarse.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
El turno de réplica corresponde al señor Zaplana, y solo él tiene la palabra, señorías, por favor. (Rumores.)
Adelante, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor ministro, se ha dejado un papel. Lo tapo y así no lo leo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante, señor Zaplana. Veo que empieza usted. Adelante.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor ministro, no me ha defraudado S.S., está en la línea de lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos; desde que se le ha pillado. (Varios señores diputados: ¡Oh!- Rumores.) Sí, desde que se le
ha pillado.
Yo no voy a perder tiempo en otros momentos políticos suyos, piense lo fácil que lo tendría (Un señor diputado: ¡Sí, sí!), pero tengo suficiente interés en profundizar en este tema y argumentos me sobran. Sin embargo, no puedo dejar pasar
dos manifestaciones que ha hecho S.S. al subir a esta tribuna. En primer lugar, ha dicho que yo había pronunciado una frase que jamás he pronunciado; jamás, jamás, jamás... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ...por mucho que hayan querido atribuírmela; jamás. Y, señor ministro, en segundo lugar, no tengo ninguna investigación abierta por nadie. (Un señor diputado: ¡Mentiroso!) Ha mentido usted y ha mentido a
conciencia en los dos casos.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Ha hablado de las privatizaciones y de los créditos. De amigos y de otras cosas hablamos cuando usted quiera, pero hoy hemos venido a hablar de usted y de sus responsabilidades. (Una señora diputada: ¡Ahí, ahí!) De amigos, de
privatizaciones y de otros momentos políticos -fíjese que no le quiero poner en más apuros que los estrictamente necesarios- hablamos cuando S.S. quiera; me ofrezco. (Un señor diputado: ¡Uy, qué miedo!) Me tiene usted a su entera disposición,
pero hoy hemos venido a hablar de usted, de su gestión y de sus responsabilidades. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Señor ministro, yo me he leído los informes del Tribunal de Cuentas hasta donde he podido. Reconozco que el del año 1993, no. En ese momento no estaba... Sí, sí estaba en política de nuevo (Varios señores diputados: ¡Ah!) Sí, es que han
pasado tantos años... En cualquier caso, he precisado a tiempo, para no mentir como el señor ministro. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Pero, ¿usted cree que como argumento de defensa puede utilizar las apelaciones y manifestaciones que ha
utilizado, señor ministro? ¿Por qué no es capaz de venir aquí sin poner el ventilador y defender o argumentar el porqué de la denuncia, de la que todo el mundo coincide en que es usted el máximo responsable? No tome usted el aplauso de su grupo
como una gran muestra de apoyo; muchas veces los aplausos tienen que ver más con momentos de nerviosismo y de histeria que con apoyos y otras circunstancias. (Risas.-Aplausos.) Sí, de verdad. Tómelo con la gravedad y las circunstancias del
momento. (Rumores.-Una señora diputada: Es lo que interpreta él.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor ministro, usted quiere evitarlo, pero tiene que responder de las actuaciones que, como le decía antes, han rebasado los límites de lo jurídico, de lo político y, reitero, de lo moral. Yo puedo
imaginarme cómo se siente S.S en estos momentos, sé que está pasando un mal trago, pero nosotros ni tenemos la culpa ni somos responsables. Quiero volver a decirle lo que ya le he dicho anteriormente en mi primera intervención. Usted tiene que
tomar -ha tomado- en el futuro decisiones claves en sectores en los que ya no solamente no tiene ninguna credibilidad, sino que está bajo sospecha, señor ministro. Este país y el Gobierno no se pueden permitir tener un ministro permanentemente bajo
sospecha. No va a haber una empresa ni una entidad del sector energético que no le ponga a usted en tela de juicio cada vez que tenga que tomar una decisión, y cada vez que tenga que tomar también decisiones en el ámbito de los medios de
comunicación, porque usted ha vuelto a reiterar en esta tribuna las ofensas y los insultos a profesionales y a medios libres de nuestro país. (Rumores.) ¿No saben ustedes que un principio básico de la democracia es respetar la libertad de expresión
y convivir con las críticas, por duras y complicadas que sean, e incluso injustas a veces? (Aplausos.)
Esta tarde le decía a la señora vicepresidenta que cuando ustedes gobiernan se resienten los pilares del sistema democrático.
(Protestas.-Varios señores diputados: ¡Ejemplos, ejemplos!) Ejemplos me sobran también. No hagan ustedes que me
detenga más de lo estrictamente necesario; ejemplos sobran. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor ministro, ya que tiene otro turno, díganos por qué le han condonado esa deuda en 2004 y no antes. Si tan normal es -dice usted que es normal; yo creo que no pensarán lo mismo los clientes de la
entidad financiera a los que no les van condonando deudas todos los días-, si tan normal es, diga por qué han esperado a condonarle esa deuda al año 2004, cuando usted es ministro y tiene que tomar decisiones fundamentales e importantes que
afectan a esa entidad financiera. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando, por favor, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Explique por qué han tenido que esperar hasta ese momento.
Señor ministro, hoy acabará este debate, esta interpelación -la tenemos que reproducir el martes próximo-, y usted está inhabilitado para ese puesto; no puede permanecer un día más. Voy a darle un consejo (El señor Villarrubia Mediavilla:
Que no, que no.), y palabra que no se lo digo en estos momentos intentando buscar una argucia u otra crítica política: Su final está escrito; cuanto antes tome la decisión, mejor para el Gobierno, mejor para la sociedad española y mejor para
usted.
(Aplausos.-El señor Campos Arteseros: Los ciudadanos son los que toman las decisiones.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Zaplana.
Señor Campos, por favor.
Finalizamos con el turno de dúplica del señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo no he dicho que usted dijera la frase; usted se ha dado por aludido, repáselo. (Aplausos.) Ustedes no defienden los intereses de España ni de los españoles ni de los accionistas de la empresa opada.
Ustedes solo están
defendiendo los intereses de los gestores de una empresa que fueron puestos a dedo por ustedes, que son amigos suyos, que incluso algunos han sido patrones fundadores de la FAES, gestores que compartieron negocios con algunos dirigentes del Partido
Popular. Seguro que a algunos de ustedes les sonará Alianza de Inversiones, señorías. Yo nunca he negociado ni renegociado ni firmado ninguna operación con La Caixa como primer secretario del PSC ni tampoco como secretario de organización.
Incluso voy a decirles que en la etapa en que fui miembro de la asamblea general -que consiste en ir a una reunión al año, como ustedes saben-, el PSC no firmó ninguna operación con La Caixa. Por el contrario, cuando a ustedes, señores del PP,
Caixa Galicia les condonó 300 millones de pesetas, había algunos señalados alcaldes del Partido Popular de Galicia sentados en el Consejo de Administración de Caixa Galicia, no digo en la asamblea, digo en el Consejo de Administración, el órgano que
toma decisiones. ¿Lo hicieron en beneficio de los impositores? (Rumores.) Y les voy a decir más, señorías, no resulta del todo ético ni coherente (se ha puesto de relieve en la fase de control) la actitud que están adoptando ustedes contra el
presidente de la Comisión Europea, haciendo gala de un desconocimiento cósmico, ustedes que son personas tan documentadas, cuando le acusan de haber negociado con el presidente del Gobierno la reducción de los fondos estructurales que deberá recibir
España a cambio de otorgar al Gobierno la competencia para decidir la OPA.
Poco más queda por decir. Creo que su argumentación no se sostiene por ninguna parte, pero ustedes si quieren podrán seguir insistiendo, y no dudo que lo harán. Yo insistiré no en defenderme, porque no tengo nada de qué defenderme, no
tengo nada que ocultar, sino en defender el Estado de derecho, la verdad, la ética y la coherencia política. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) El PSC, no yo personalmente, es quien ha renegociado un crédito con La Caixa y como
resultado se ha condonado parte de la deuda. (El señor Hernando Fraile: ¡Mil millones!) El PP renegoció créditos -he citado el de Caixa Galicia en 1996- y como consecuencia se condonó parte de la deuda, entonces el señor Aznar era presidente del
Gobierno. Ustedes dicen que La Caixa tiene intereses en la OPA. ¿Qué intereses tienen las cajas de ahorros, bancos y empresas privadas que condonan créditos o hacen donaciones anónimas al Partido Popular? ¿Saben qué es lo que más me preocupa,
señorías? El interés tan exacerbado que tiene el Partido Popular y sus acompañantes, algunos de los cuales forman parte del Consejo de Administración de la empresa opada y algunos además en su día fueron patronos de la FAES con los que compartieron
negocios (Rumores.) en que no salga adelante esta OPA.
Señorías, fíjense que el Gobierno no ha mostrado ningún interés ni a favor ni en contra de la OPA. (Continúan los rumores.) Por más que se nos ha preguntado no han logrado extraer ninguna
opinión del Gobierno. Nos mantenemos al margen porque nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento de la legislación vigente, y el Gobierno dictaminará cuando llegue el momento teniendo en cuenta únicamente la defensa del interés general de
la mayoría de los ciudadanos españoles. Pero el Partido Popular sí que ha mostrado interés por la OPA, interés por que no salga adelante, y para ello no han parado de denunciar que detrás de ella había una operación política. Lo que están haciendo
es politizar una operación planteada desde el ámbito puramente empresarial. ¿Dónde está la vinculación política, señores del Partido Popular? ¿Está en la empresa que lanza la OPA o en la empresa opada? Este férreo ataque que está realizando el
Partido Popular contra la OPA es lo que más me preocupa, señorías, porque no sabemos qué interés persigue el Partido Popular. ¿Por qué les molesta tanto? ¿Qué temor tienen? Explíquenlo, señorías, y dejen al Gobierno que trabaje y que cumpla con
su responsabilidad libremente, sin tener que perder el tiempo ni las energías en responder a veces a injurias, calumnias y también a algún insulto. Y, por supuesto, ningún problema, señor Zaplana, continúen así, ello garantiza que estarán mucho
tiempo donde están ahora, en la oposición y solos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Poneos de pie, poneos de pie!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LAS DISFUNCIONES QUE LAS REFORMAS INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PROVOCA EN EL GOBIERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
(Número de expediente
172/000134.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 33 del orden del día, relativo a la interpelación urgente... (El señor Martínez-Pujalte López: Vámonos, que a este paso nos suben el gas otra vez.) Señor
Martínez-Pujalte, por favor. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco relativa a las disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General provoca en el gobierno de las corporaciones
locales.
Para defender dicha interpelación tiene la palabra el señor Olabarría.
(Rumores.) Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les agradecería que salieran en silencio.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta por su amabilidad y al resto de mis compañeros diputados por la diligencia en el abandono del hemiciclo, que permite un cierto tono ambiental más propicio para la especulación y
para el debate sereno, sobre todo cuando se plantean problemas de dimensión institucional profunda como el que mi grupo pretende plantear a través de esta interpelación.
Señora presidenta, es de las pocas iniciativas que se van a dilucidar esta tarde que no van dirigidas al señor Montilla. Yo no sé si esto constituye una excentricidad, incluso si se ajusta a Reglamento, espero que sí.
Nosotros no tenemos
ningún reproche que hacerle al señor Montilla e incluso, por qué no decirlo, a tenor de lo que hemos oído en las intervenciones anteriores, podemos hasta manifestar cierta empatía personal, sobre todo en lo atinente al tratamiento de...(Aplausos.)
No, no es por eso, sino por el tratamiento de los medios de comunicación de ciertas cuestiones, porque alguna experiencia tenemos acumulada sobre esta materia, sobre este pormenor, y hay ciertos medios de comunicación que lo más suave que nos han
dicho a nosotros, el epíteto o calificativo más suave que hemos podido escuchar por boca de sus estrellas mediáticas ha sido el de que somos un grupo constituido por terroristas. Desde esa perspectiva, vaya nuestra empatía en esta especie de
reflexión preambular, absolutamente ajena a lo que venimos a debatir aquí, que es una cuestión importante y que hace referencia al nervio de problemas constitucionales profundos como es la gobernabilidad de las corporaciones locales y la legislación
electoral, cuestiones no baladíes. Usted, señora presidenta, que es profesora de Derecho Constitucional, sabe cómo en opinión de Max Weber, de cualquiera de las escuelas de teoría del derecho y de teoría del Estado, en el ámbito de cualquier
reflexión de cualquier persona que manifieste la más mínima sensibilidad democrática, hay dos cuestiones que constituyen la clave de bóveda, núcleo jurídico sustancial, de lo que se puede denominar un régimen jurídico democrático representativo.
Son aquellas cuestiones atinentes a régimen de representación política y su ordenación constitucional, por una parte, y, en segundo lugar, son las cuestiones atinentes al régimen o a la regulación jurídica del funcionamiento de los partidos
políticos. Desde esa doble perspectiva, señor ministro, es desde la cual nosotros le planteamos esta interpelación sobre un asunto que ya está produciendo problemas materiales que nos preocupan sobradamente. En este momento hay en el territorio
histórico de Guipúzcoa cinco ayuntamientos carentes de gobierno municipal. Esta no es una cuestión baladí, es una cuestión importante que nos debería preocupar a todos. Carentes de gobierno municipal porque hemos hablado de dos cuestiones que
constituyen la clave de bóveda de un sistema democrático, un régimen representativo democrático, y una de ellas, la segunda, es el régimen legal que regula el funcionamiento ordinario de los partidos políticos. En este momento, este régimen, el
régimen de funcionamiento pretendidamente ordinario de los partidos políticos, está configurado jurídicamente por la denominada vulgarmente Ley de Partidos Políticos, la Ley 6/2002, Ley Orgánica de Partidos Políticos, que es una ley que, en nuestra
opinión -y se lo han comentado otros portavoces de mi grupo parlamentario-, adolece de deficiencias jurídicas notables, es una ley configurada en términos jurídicos intuito personae, es una ley destinada a ilegalizar una determinada y específica
organización política, específicamente a esto, este es el fin, la teleología de esta ley, no el regular el funcionamiento ordinario de los partidos políticos; una organización política que tiene nombres y apellidos y aquellas que la sucedan
fraudulentamente, en virtud de los requerimientos previstos en el artículo 9 y siguientes de esta ley. Son leyes excepcionales, son leyes intuito personae, como comentamos, y son leyes (esto no son reflexiones demagógicas, señor ministro, son
reflexiones que nosotros hemos mantenido aquí recurrentemente) que se basan o que posibilitan o legitiman a instar el procedimiento judicial de ilegalización de esta organización política y aquellas que los jueces desde una perspectiva del más puro
arbitrismo judicial decidan que son sucesoras fraudulentas de Batasuna. Desde esas posibilidades se legitiman a instar la ilegalización por cuestiones tan peculiares, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico regulador de los partidos
políticos, como algunas de las que le voy a citar a continuación. Por ejemplo, colaborar tácitamente con una organización armada. Es que ni el Tribunal Constitucional, cuando tuvo que dilucidar esta cuestión, se atrevía a pronunciarse sobre una
cuestión absolutamente metajurídica.
Comprendo que el Código Penal pueda regular un tipo, un injusto penal específico consistente en la colaboración expresa con una organización armada, pero no creo que usted ni nadie en esta Cámara, por muy fino jurista que sea, me pueda
explicar cómo tácitamente se puede colaborar con una organización armada. U obligaciones negativas u obligaciones de no hacer, como no condenar la violencia, también esto legitima para instar el proceso de ilegalización de un partido político, o
cuestiones peculiares como que para que personas puedan adquirir la condición de candidatos a cualesquiera comicios electorales, siempre que hayan estado encausados en causas por delitos de terrorismo, aunque estas causas hayan sido objeto de
archivo, tengan que refutar expresamente, no sé si mediante documento público, pero expresamente, que no coinciden y repudian los fines de las organizaciones terroristas. Al final estas características provocan primero lagunas jurídicas notables,
relevantes, constituyen el fundamento de este problema ya político de falta de gobernabilidad o de quebranto de la gobernabilidad de determinados municipios y dislocaciones institucionales y funcionales graves que nosotros queremos denunciar a
través de esta interpelación y de la consecuente moción.
Señor ministro, aquí los problemas son de doble naturaleza. Hay un problema de naturaleza competencial; usted está invadiendo competencias, el Estado está invadiendo competencias cuando regula el régimen electoral municipal porque es una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en virtud de lo que prevé el artículo 37.3 e) del Estatuto de Autonomía de Gernika, incluso no es ni siquiera del Parlamento vasco, es una competencia de los territorios históricos el régimen
electoral municipal, artículo 37.3 e), sin embargo, las elecciones municipales en Euskadi se celebran a través de lo previsto por la LOREG, por la Ley de 1985, de 19 de junio, ley que regula el régimen electoral general. Con lo cual, empezamos bien
la interpelación, con una vulneración competencial importante, con una negativa a cumplir los requerimientos consignados por el bloque de constitucionalidad. Pero continuamos peor, señor ministro, porque resulta que el artículo 182 de la LOREG, de
la Ley Orgánica que regula el régimen electoral general, ha sido reinterpretada por una ley que eufemísticamente se denomina Ley de garantía de la democracia y de la seguridad de los municipios y de sus concejales, que es la Ley 1/2003, y que da una
nueva configuración del artículo 182 de la LOREG, estableciendo que en el caso de que se produzca por cese, por renuncia o por dimisión la desaparición, el abandono de un número equivalente a los dos tercios de los miembros de la corporación
municipal que legalmente están previstos que deben configurar la misma, se expolia lo que constituía antes un verdadero derecho histórico, incluso anterior a la Ley del año 1985, a las diputaciones forales de la posibilidad o de la competencia para
nombrar comisiones gestoras para remover o para corregir esa situación de ingobernabilidad y se atribuye la competencia para cubrir esas vacantes producidas por renuncia, por cese o por no toma de posesión, o por legítima no toma de posesión, a las
organizaciones políticas, a las federaciones o coaliciones electorales o grupos de electores que han perdido el concejal por las circunstancias que hemos citado, renuncia, cese o no toma de posesión. Aquí estamos hablando ya de problemas de
profundo nervio constitucional, señor ministro. Porque, en primer lugar, no se puede atribuir a los partidos políticos una función que contraviene específicamente el contenido esencial del derecho de representación política tal como está
configurado por la Constitución en el artículo 6 de la misma, en su Título Preliminar, que configura cuál es la función, el rol institucional de los partidos políticos. En segundo lugar, en el artículo 22 del propio texto constitucional, que regula
el derecho de asociación, y en el artículo 23, que regula el derecho a la participación en asuntos públicos. ¿Por qué? Porque ese contenido esencial de las funciones de los partidos políticos ha sido ya desarrollado por la jurisprudencia
constitucional, por sentencias que no le tengo que citar porque presumo que usted las conoce, ya que es un fino jurista, como la 361, la 683, etcétera. Presumo que las conoce y, si no, se las puedo proporcionar, las puedo obtener en la página web
de Aranzadi y en cualquier procedimiento que usted considere pertinente.
El contenido esencial de un derecho, como sabe, está a su vez definido por la jurisprudencia constitucional, y la sentencia 8 de abril de 1981 define el contenido esencial de un derecho constitucional como aquel conjunto de facultades o
posibilidades de actuación que hacen reconocible a esas facultades o posibilidades de actuación como pertinentes al tipo abstracto de derecho definido por el texto constitucional. Le puedo asegurar que entre estas facultades o posibilidades de
actuación que tienen los partidos políticos no figura la de nombrar obligatoriamente a personas que no han sido elegidas en unos comicios mediante sufragio directo y libre en un sistema electivo. Estamos incurriendo en una paradoja; estamos
pervirtiendo el derecho de sufragio pasivo, señor ministro; estamos obligando a personas que no han concurrido a las elecciones a asumir funciones de representantes electos; y subrayo la expresión representantes electos. De repente estos partidos
se ven en la obligación antijurídica e inconstitucional de nombrar a personas que no se han presentado a los comicios electorales como representantes electos pervirtiendo absolutamente la propia naturaleza jurídica del derecho de sufragio pasivo,
tal como está reconocido por la Ley Electoral General.
Desde esta perspectiva nos encontramos en la primera disfunción. Esta obligación que se dirige a los partidos políticos de nombrar representantes de forma obligatoria me recuerda mucho a
aquellas obligaciones que consignaban los regímenes corporativistas, el Portugal salazarista, el régimen franquista, el fascio italiano, en los que cuando una persona era tocada por el dedo del dictador no tenía capacidad de disposición y de
renunciar a la ocupación del cargo público para el cual era llamado.
Estamos en una figura muy similar a esta, muy poco congruente con los principios democráticos que pretendidamente inspiran la Constitución española.
El problema mayor no es este. Hay otro problema que aunque los partidos políticos quisieran cumplir esta obligación que ya en sí mismo es inconstitucional ni siquiera pueden disponer, y es obligar a una persona que no se ha presentado a las
elecciones a asumir la condición de representante electo. ¿Qué capacidad tienen los partidos para obligar a una persona a que asuma una concejalía de un municipio si no tiene ninguna vocación política, que incluso puede no pertenecer a ese partido
político y, aunque pertenezca, qué capacidad de disposición tienen los partidos políticos para imponer esta obligación? Ninguna, porque la propia Ley de Partidos Políticos -y voy acabando, señora presidenta- establece en su artículo 1 que la
afiliación a los partidos políticos y la actuación en el ámbito político es libre. Luego estamos vulnerando también un contenido esencial del derecho que asiste a cada ciudadano a participar o no libremente en actividades de naturaleza política, en
este caso de orden municipal.
Termino, señora presidenta, y esta no es una promesa vana. Cuando es una normativa de excepción la que regula la materia electoral que estamos debatiendo, cuando estamos hablando de normas que Günter Jakobs podría definir, parafraseándole,
como no solo derecho punitivo sino ordenamiento penal del enemigo, en contraposición al ordenamiento jurídico del ciudadano, la pregunta que a cualquiera se le ocurre inmediatamente es ¿qué Estado de derecho estamos configurando? ¿Con qué
principios inspiradores del Estado de derecho estamos conviviendo? Esta es una cita para ilustrar al señor ministro. ¿Qué pensaría Anna Arendt cuando dice que la función del Estado -usted representa al Estado, es un ministro de la Administración
central del Estado- es la de erigirse en el supremo protector de la ley y en el garante de los derechos de las personas? ¿Cómo pretende usted corregir esta disfunción y garantizar los derechos de las personas?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Olabarría.
Doy fe de que no soy yo la que hace sonar el timbre cuando usted está en la tribuna. (Risas.)
Continuamos con la contestación del señor ministro del Interior a la interpelación que acaba de formular en nombre del Grupo Vasco el señor Olabarría.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Olabarría, la interpelación que formula al Gobierno su grupo parlamentario se refiere a las -cito textualmente- disfunciones que las reformas incluidas en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General provocan en el gobierno de las corporaciones locales. Esa misma interpelación, o al menos el texto con el que la formulan, atribuye supuestas disfunciones a la modificación del artículo 182 de esa Ley Orgánica 5/1985, que se llevó
a cabo por Ley 1/2003, orgánica de garantía de la democracia en los ayuntamientos y de la seguridad de los concejales.
Antes de nada, quiero recordarle a usted, señor Olabarría, y al resto de las señoras y señores diputados que el Partido Nacionalista Vasco manifestó en el debate de toma en consideración de la proposición de ley orgánica por boca de su
entonces portavoz, el señor Erkoreka, su apoyo incondicional a las medidas que perseguían reforzar la seguridad de los miembros de las corporaciones que padecen el acoso del terrorismo y de las demás personas amenazadas. Del mismo modo su partido
político, el PNV, reclamó la autoría de algunas de las medidas que recogía la proposición. En ese mismo debate el actual portavoz de su grupo, el señor Erkoreka, concretó los puntos de la proposición de ley orgánica con los que el PNV no estaba de
acuerdo, básicamente dos -según se desprende del 'Diario de Sesiones'-, la financiación de los partidos políticos y las previsiones vinculadas a la disolución gubernativa de las corporaciones locales, ninguno de los cuales se aborda en el artículo
182, que es objeto de su interpelación actual, bien entendido que puede ser legítimo que ustedes sobrevenidamente y no sé en virtud de qué intereses interpelen ahora al Gobierno por esta cuestión, pero que quede claro que en su día no pusieron
ninguna tacha al asunto.
Como usted mismo viene a explicitar en su intervención, el tema que subyace apunta directamente a la Ley de Partidos Políticos, afirmación para cuya prueba voy a realizar las siguientes consideraciones. La modificación introducida en el
artículo 182 de la Ley de Régimen Electoral por Ley Orgánica 1/2003 introduce la novedad de que en el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, y no existiendo en las listas candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán
cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad, siendo estos designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores con la preceptiva comunicación a la Junta Electoral. Del mismo
modo, señoras y señores diputados, la modificación a la que nos venimos refiriendo estableció que, en el caso de que el número de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de
miembros de la corporación, se constituiría una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continuaran y los ciudadanos designados de aquella manera para cubrir las vacantes que se habían producido. Por tanto, señoras y
señores diputados, señor Olabarría, con respecto a lo que establecía con anterioridad el artículo 182 de la ley orgánica citada, la Ley de Régimen Electoral, la ley orgánica que la reformó introdujo la previsión de que los concejales suplentes no
estuviesen incursos en causa de no elegibilidad, que la designación correspondía a los partidos,
coalición, federación o agrupación de electores y que la constitución de la comisión gestora se produciría cuando el número de concejales fuera inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación frente a los dos tercios que
se exigían con anterioridad. Por lo que respecta a la previsión de que los suplentes no incurran en causas de no elegibilidad, la normativa no hace sino incorporar en el supuesto del artículo 182 las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2003. La
inclusión de esta previsión de ningún modo -eso parece obvio, señor Olabarría- puede contribuir al supuesto desgobierno o vacío de poder, sino todo lo contrario, es una previsión perfectamente democrática, como lo son las demás.
Usted y su grupo argumentan dos cuestiones con respecto a que la designación sea realizada por los partidos políticos. En primer lugar, tengo que decirle que la Constitución española define a España como lo que es, un Estado democrático y
de derecho. Por tanto, señor Olabarría, me parece que sobran alusiones más o menos oblicuas al régimen de Salazar y a no sé qué regímenes no democráticos a los que usted se ha referido. Y en segundo lugar, tengo que decirle también con toda la
estima que la Constitución y las leyes que emanan de la misma traducen una idea política elemental cuando hablamos de partidos políticos. Los partidos políticos pertenecen por naturaleza al cupo o al espacio del sistema político que media
legítimamente en una democracia entre la llamada sociedad civil y las instituciones del Estado eventualmente para conquistar el poder, en estas no legítimo, mediante los mecanismos usuales de representación democrática. Nada extraño por tanto. En
tercer lugar, tengo que decirle que los partidos políticos no tienen un mandato específico, según esta reforma, para proceder al nombramiento de los suplentes de los concejales que renuncian a sus cargos. Ese es su argumento. Sin embargo, ese
mandato es precisamente el que encontramos en el artículo 182, que no contiene una imposición de las organizaciones a sus militantes sino que es una decisión libre, un derecho u obligación, si quiere, que entra de lleno en las funciones propias de
esa pertenencia sistémica a la parte política del sistema democrático que media entre la sociedad y el Estado por derecho. Por qué no los van a nombrar los partidos precisamente cuando son ellos los que han recibido, primero -tengo que decírselo
claramente-, el voto y por tanto la legitimación democrática y, segundo, son los miembros de esos partidos que habían ocupado los cargos de concejales los que han sufrido el castigo de las amenazas y de las coacciones del entorno terrorista.
En cuanto a la nueva regulación de la comisión gestora, el número mínimo de concejales que debe constituir la misma, tengo que señalarle que la naturaleza de este órgano es precisamente la de evitar vacíos de poder en los ayuntamientos. Esa
fue la interpretación que efectuó el Tribunal Supremo en su sentencia, de 22 de mayo de 2001, en la que afirma razonadamente que se trata de un régimen excepcional para un plazo concreto y para la concurrencia de unas circunstancias excepcionales,
para evitar el vacío de poder y de gestión en beneficio de la propia corporación y de los ciudadanos afectados y cuando se hayan agotado todas las previsiones del procedimiento electoral. Interpretación jurisprudencial que tiene en cuenta la
redacción actual del apartado tercero del artículo 182, por lo que entendemos que esa interpretación jurisprudencial sigue siendo plenamente válida.
A la vista de la argumentación establecida hasta aquí resulta difícil, señor Olabarría, hablar de las medidas concretas que piensa acometer el Gobierno para resolver supuestos -subrayo supuestos- problemas de gobernabilidad y de gestión
municipal derivados de la aplicación del artículo 182. Este artículo es una norma perfecta y plenamente democrática, y no las normas democráticas las que producen problemas de gobernabilidad sino el comportamiento de los antidemócratas.
En la exposición de motivos de la interpelación que han planteado ustedes también menciona que la nueva regulación de esta materia se complica por la aplicación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. He leído con
detenimiento el párrafo y no encuentro justificación alguna para afirmar que los consistorios, en virtud de esa Ley de Partidos Políticos, carezcan en algún caso de representantes municipales. Como le digo, los motivos en la mayoría de los casos
son otros. No los achaque a la Ley de Partidos Políticos porque no es casual que los lugares donde se provocan la mayor parte de estas situaciones sean el País Vasco y Navarra. Señorías, el ministro que les habla no desconoce que la casuística
concreta da lugar a multitud de situaciones que necesitan respuestas que a veces no son fáciles. En Navarra hay 13 ayuntamientos que no celebraron elecciones en los últimos comicios municipales -quede claro que fue por falta de candidatos-, en tres
de ellos continúan las corporaciones de la legislatura precedente y en otras diez localidades tampoco hubo votación por la misma causa, pero el Gobierno de Navarra ha nombrado gestoras en aplicación de la legalidad entonces vigente. En el caso
concreto del País Vasco la casuística es todavía más abundante, pero no creo que la solución sea ir a una situación anterior a la reforma y volver a atribuir -como parece deducirse de su propuesta- a la diputación provincial o, en su caso, al órgano
competente de la comunidad autónoma o a cualquier otra institución pública la correspondiente competencia para designar a los suplentes.
Señoras y señores diputados, señor Olabarría, en la presente legislatura se han aprobado o están en trámite numerosas iniciativas parlamentarias, tanto legislativas como no legislativas, que promueven reformas puntuales de aspectos concretos
de nuestro régimen electoral general. Me remito a lo que allí se diga por parte de ustedes y de nosotros, que somos los representantes libremente elegidos por los ciudadanos para, entre otras cosas, elaborar las leyes del Estado. En cualquier
caso, entiendo que por donde va su interpelación el asunto no tiene ni el más mínimo recorrido.
Se lo digo con toda la
estima y le agradezco la información respecto de las páginas web -no recuerdo ahora mismo de qué editoras jurídicas- que, como puede imaginar, he consultado con cierta frecuencia.
Muchas gracias, señor Olabarría, señora presidenta, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor ministro.
Continuamos con la interpelación. Señor Olabarría, ahora es su turno para ejercer la réplica a la contestación del señor ministro.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, nosotros planteamos la cuestión desde una perspectiva neutra y exclusivamente jurídica, sin mayores valoraciones políticas. Hemos intentado conscientemente hacerlo así.
Tiene escaso recorrido. Su
respuesta tiene menos recorrido todavía. No nos ha propuesto ninguna solución. Usted representa al Gobierno, que tiene que proveer soluciones a lo que denomina usted eufemísticamente, quiero creer -será una broma o una licencia literaria-,
supuestos problemas. Si usted considera supuestos problemas que cinco municipios guipuzcoanos carezcan de un solo concejal, o la situación de los municipios navarros que no han podido celebrar comicios, ya me explicará qué entiende usted por
problemas reales. Son problemas que dimanan efectivamente de la modificación que del artículo 182 de la Loreg ha hecho la Ley de democracia de las corporaciones locales y de garantía de sus concejales, que cojea del mismo pie que la Ley de Partidos
Políticos.
Son leyes de excepción; son leyes que a la postre, y esto me duele decirlo, señor ministro -no lo pensaba decir en la primera intervención ni probablemente en la segunda si hubiese oído reflexiones más constructivas por su parte-, son
hijas no de los requerimientos constitucionales, desde el contenido esencial de los derechos previstos en los artículos 6, 22 y 23 de la Constitución, de cómo se debe regular el contenido esencial o el funcionamiento ordinario de los partidos
políticos, sino de la política antiterrorista del Gobierno, o de la política antiterrorista de un Gobierno que estaba impregnado por un pacto antiterrorista cuya situación en este momento desconocemos cuál es: no sabemos si sigue vigente, si está
suspendido en alguno de sus contenidos, si está suspendido en su totalidad, si está siendo objeto de revisión o si se mantiene en su totalidad. Hay muchas especulaciones sobre este tema, pero del pacto antiterrorista han aflorado una serie de leyes
que han distorsionado; leyes como la de 1978 que siendo preconstitucional tenía unos fundamentos mucho más democráticos que las que luego han servido para regular el funcionamiento ordinario de la Ley de Partidos Políticos.
El problema de los municipios en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra, en Euskadi, es el siguiente, señor ministro. No solo se ilegaliza Batasuna sino que con cierta facilidad, dada la laxitud de los elementos que legitiman la
ilegalización judicial, con el mismo arbitrismo judicial por el carácter deletéreo de los elementos que legitiman para instar esta ilegalización, se ilegalizan a su vez plataformas de electores u organizaciones mediante el procedimiento de
considerarlas sucesoras fraudulentas de la previamente ilegalizada Batasuna. Eso provoca una situación que obliga a determinados partidos políticos, con toda legitimidad porque no es su obligación, a designar a otras personas que cubran las
vacantes que se producen porque algunos de sus miembros electos no quieren tomar posesión o porque, una vez que han tomado posesión, con la misma legitimidad renuncian. Tanto la no toma de posesión como la renuncia son derechos constitucionales.
El derecho a la participación en los asuntos públicos, en este caso en las corporaciones locales y en el gobierno municipal, es un derecho constitucional proclamado como tal por el artículo 6 y por el artículo 23 de la Constitución, que regula el
derecho a la participación en los asuntos públicos.
Usted dice que hay una serie de iniciativas que están en curso -no sé a cuáles se refiere- y que está esperando con cierta curiosidad nuestro posicionamiento al respecto. Yo le pido más, le pido soluciones. No puedo permitirme como
representante de Euskadi en esta Cámara que cinco municipios de mi país estén en este momento sin un solo concejal, absolutamente desgobernados. Esto es un quebranto político institucional absolutamente insoportable en un país democrático, y usted
tiene la obligación de buscar soluciones a esta cuestión, usted es el competente para instar la actividad normativa, la actividad legislativa del Gobierno.
Para finalizar, señora presidenta, parafraseando al señor Erkoreka ha elegido la peor de las citas posibles porque precisamente esta interpelación la ha redactado él con mi ayuda. Búsquese otros elementos de referencia intelectual más
relevantes para contradecir mis argumentaciones.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría.
Finalizamos con el turno de dúplica que tiene el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.
Señor Olabarría, le voy a decir tres cosas tan solo. En primer lugar, yo no he dicho que no haya problema; lo que he dicho literalmente es que la ley democrática resuelve el problema que crean los antidemócratas mediante las amenazas y las
coacciones. Para eso está el artículo 182.
En segundo lugar, quiero recordar lo que dijo el ponente del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuesta, que está aquí presente, con ocasión de esa reforma. Dijo, y suscribo lo que dijo: Lamentablemente, la dinámica del terror ha
provocado que en algunas corporaciones locales no haya candidatos suficientes para
cubrir las vacantes. En casos alarmantes se producen renuncias por efectos de esa coacción. De mantener el ordenamiento tal y como está en la actualidad, esas vacantes no serían cubiertas por nadie y, por tanto, la acción del terror y de
la coacción conseguiría como primer resultado dejar sin voz en determinadas corporaciones locales a colectivos importantes de ciudadanos que por esa vía dejan de estar representados en el ámbito local. Debemos acabar con esa situación y para ello
se introduce en la proposición una importante novedad, y es la posibilidad de cubrir esas vacantes con personas que reúnan los requisitos de ser ciudadanos elegibles y puedan ocupar, a propuesta de los partidos afectados -subrayo afectados-, ese
lugar en la corporación para garantizar esa representación política en el seno de las corporaciones locales. Hasta ahora, decía el señor Cuesta, esto no era posible y para llevarlo a cabo se introduce en la proposición de ley la posibilidad de
nombramiento, en este caso, de estas vacantes por parte de los partidos políticos.
La razón de la norma es plenísimamente democrática y, por tanto -y es lo que quería decir en tercer lugar-, sigue siendo necesaria y lo será mientras subsistan las causas que tratan de impedir algo consustancial a cualquier ordenamiento
democrático, y es que en las corporaciones locales las personas designadas por los ciudadanos puedan ejercer su tarea representativa en condiciones democráticas y garantizar de tal modo el pluralismo político. Lo único que hay que hacer de verdad,
señor Olabarría, es no buscar falsos problemas. Hay que aplicar la solución legal, la solución contenida en el artículo 182, cuando excepcionalmente es necesario hacerlo. Cuando hay que hacerlo se hace aplicando una norma que sale del Parlamento
de la nación, del Parlamento español, y que por tanto tiene una plena legitimidad democrática de origen y una plena legitimidad democrática en el sentido material, a la vista de que la razón que la justifica está absolutamente justificada con la
Constitución y con la legalidad derivada de ella en la mano.
Señor Olabarría, muchas gracias por su interpelación. Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DEMÁS CONFESIONES RELIGIOSAS A COSTA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD
DE REVISIÓN DEL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE PARA AJUSTARLO A LA CONSTITUCIÓN VIGENTE. (Número de expediente 172/000135.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos el orden del día de hoy con la última interpelación urgente, que lo es del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la
financiación de la Iglesia católica y demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarlo a la legislación vigente.
Para formular esta interpelación tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Los motivos de esta interpelación, como bien sabe el ministro y como bien saben los diputados y diputadas, son variados. Nuestro grupo pretende precisamente cumplir lo que demanda la ciudadanía, cumplir lo que demandan la ley y la
Constitución y, por tanto, acabar con determinados privilegios en un Estado que se declara aconfesional pero que en cambio tiene prácticas muy poco aconfesionales. ¿Por qué decimos que es una exigencia ciudadana? Porque cada vez es más la gente
que discute los privilegios de la Iglesia católica. Y no lo hacen solo personas laicas o personas no creyentes, lo hacen incluso personas creyentes. No me refiero a cristianos de base, como Casaldáliga, ni a los cristianos de izquierdas que
podrían escribir en la revista El Ciervo sino, tal como decía Salvador Giné, a los cristianos sensatos, moderados, amables y cívicos que ya están hartos de tanta cabezonería y de tanto dogma en el seno de la Iglesia y que también discuten los
privilegios de la misma. Son muchos los católicos apostólicos y romanos que precisamente también discuten esos privilegios. No es que sea una creencia. Buena muestra de ello precisamente es la disminución de contribuyentes, de fieles
comprometidos en la casilla del IRPF con el impuesto religioso. Las aportaciones han caído 10 puntos en tan solo tres años y cada vez más gente apuesta por otros fines sociales. Los descensos han sido continuados pero desde el año 2001, desde el
caso Gescartera, el descenso ha sido más que notable.
Lo cierto es que la opción de poder escoger ha llevado a mucha gente a poner la equis en la casilla de los fines sociales y no en la de los fines de la Iglesia. Este es al fin y al cabo el
índice de apoyo que tiene hoy la Iglesia. No son tantos credos ni tantas confesiones, sino el hecho de que cada vez menos gente apuesta por financiar la Iglesia en la casilla del IRPF dirigido a este fin. Hoy no llegan a una cuarta parte de los
contribuyentes cuando hace apenas unos años este porcentaje superaba el 40 por ciento.
Si este es el argumento del apoyo ciudadano, hay un segundo argumento que nos lleva a hacer esta interpelación: existe una exigencia constitucional y legal. Los acuerdos internacionales del Estado español se deben ajustar precisamente a la
Constitución española y también a los acuerdos internacionales que en materia económica tiene el Estado español con la Santa Sede, y se deben
ajustar a la Constitución española especialmente en lo que se refiere a los artículos 14 y 27. Nuestro Estado es un Estado aconfesional y eso significa en definitiva abordar una revisión urgente del Concordato entre el Estado español y la
Santa Sede para adaptarlo a la Constitución, que fue negociado precisamente entre un Gobierno y un Estado preconstitucional. Además, lo que está pasando hoy, lo que acabamos de aprobar en los presupuestos que han ido al Senado, va en contra de lo
establecido en la ley. En la Ley de Presupuestos de 1988 se establecía como límite de la dotación directa a la Iglesia católica precisamente el año 1991, limitando la subvención del Estado a partir de esa fecha a lo recaudado efectivamente por el
IRPF. Lo cierto es que hoy, en el año 2005, lo que establecía la ley del año 1988, el límite del año 1991, lo que establecía la Constitución de 1978, lo que dicen los artículos de la Constitución de que somos un Estado acofensional, hoy, a las
puertas del año 2006, eso aún no se cumple. ¿Y cuál es la realidad con la que nos encontramos? Con privilegios, con muchos privilegios para la Iglesia católica. De hecho la Iglesia católica tiene invertido como mínimo, que nosotros sepamos, 1.500
millones de las antiguas pesetas en fondos opacos. Existen datos que realmente son preocupantes. La financiación de la Iglesia este año asciende a 144 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado, mucho más de lo que los
contribuyentes han asignado a la Iglesia. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que va a otras confesiones: 144 millones para la Iglesia católica; 4 millones de euros para el resto de confesiones. No queremos que exista tan gran diferencial entre
la Iglesia católica y el resto de confesiones. El Estado abona su sueldo a 15.000 profesores de religión: 11.000 en escuela pública y 4.000 en la escuela privada. Mientras el Estado abona su sueldo a 100 profesores de religión evangelista y a 36
profesores de religión islámica. El coste por este concepto es de 517 millones de euros. El Estado subvenciona con casi 4.000 millones de euros a 3.949 colegios concertados. De ellos 1.860 colegios pertenecen a órdenes religiosas católicas y
aglutinan el 65 por ciento del alumnado de la privada concertada, recibiendo por tanto 2.600 millones de euros. Por otro lado, el Estado subvenciona no a 1.860 colegios sino a cuatro colegios protestantes y a dos colegios judíos. Digamos que a la
Iglesia católica la i del impuesto es una letra del abecedario que le está prohibida prácticamente. La Iglesia católica no paga IVA en sus compras, no paga impuesto de sucesiones, no paga impuesto de donaciones. Desde el año 1991, según fuentes
acreditadas, ha recibido 500 millones de euros de más sobre lo que los contribuyentes han decidido otorgarle. Estos son los fondos de la Iglesia católica; fondos que no tributan al igual que tributan los fondos de un particular o de una sociedad.
Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿En qué Estado aconfesional del mundo una confesión o la Iglesia católica tiene estos privilegios? La respuesta es sencilla: en ninguno. Y si en ningún Estado aconfesional del mundo la Iglesia católica o
confesión alguna tiene estos privilegios, ¿qué está pasando? Tan simple como que estamos incumpliendo la ley.
El 13 de septiembre de 1979 -han pasado años- Jordi Solé Tura, padre de la Constitución, decía: Estamos ante un Estado aconfesional y laico y esto supone dos consecuencias importantes: la primera, que el Estado no puede ya identificar ni
proteger discriminadamente ninguna confesión religiosa, y la segunda, que todas las confesiones religiosas tienen reconocida su independencia y el derecho a una plena libertad en el desarrollo de su misión, con sus debidas garantías. En aquella
misma sesión Jordi Solé Tura nos recordaba que Estado confesional significa respeto; respeto por la libertad de práctica de todas las confesiones, de la libertad de conciencia para creyentes y para no creyentes, para cristianos y para no
cristianos. Veintiséis años después lo que decía Jordi Solé Tura es plenamente vigente. Álvaro Cuesta me recordaba que hace apenas un par de años él precisamente decía que el modelo de financiación de la Iglesia está fuera del marco de la
Constitución y fuera del marco de la ley, y Álvaro Cuesta lo recordaba precisamente en 2003, durante un debate de presupuestos. Hay que decir que 26 años después no se respeta esa libertad de culto, esa libertad religiosa, esa libertad de
creencias. Lo que tenemos hoy es una Iglesia protegida, una Iglesia amparada, una Iglesia privilegiada, que no tiene sentido alguno y precisamente en los tiempos que corren.
La justificación de los privilegios -ustedes lo saben- es muy variada.
Aluden al derecho fundamental a la libertad religiosa como un derecho real de contenido social, y el segundo argumento para justificar los privilegios es la importante
función social que cumple la Iglesia. Sin embargo, como decimos el catalán, vayamos a palmos. El derecho a la libertad religiosa -dicen- subyace en la Constitución, en el artículo 1.1, en el 9.2 ó en el 16, pero ese derecho que subyace, según
algunos, en la Constitución contrasta con la declaración explícita del Estado español como un Estado confesional. Además, existe una gran diferencia en ese derecho a la libertad religiosa. No se protege igual a laicos, a aconfesionales o a otras
creencias que a la jerarquía eclesiástica, que a la Iglesia católica. Por tanto, la libertad religiosa que argumentan algunos no se cumple precisamente en cómo estamos financiando a la Iglesia y en los privilegios que le estamos dando. De hecho,
ese principio de libertad religiosa se vulnera con un impuesto religioso que opta por una de las confesiones. La correspondiente casilla del IRPF opta claramente por una de las confesiones. No se puede, pues, conciliar libertad religiosa e
impuesto religioso; es incompatible.
El segundo de los argumentos es la amplia función social que cumple la Iglesia. Hay que recordar algunas cosas. Nos dicen que Caritas y Manos Unidas cumplen una excelente función social y nosotros coincidimos, pero ¿cuál es la trampa del
argumento? Que Caritas y Manos Unidas no se financian precisamente con los recursos con los que dotamos a la Iglesia; se financian mayoritariamente con el 0,52 por ciento del IRPF que
va destinado a fines sociales, con lo cual la función social que cumplen algunas organizaciones vinculadas a la Iglesia la cumplen precisamente porque muchos ciudadanos optamos por el 0,52 para fines sociales y para que Caritas, entre otras
organizaciones, cumplan ese fin social.
Dicen que hay otras entidades que cumplen otras funciones. La Iglesia la cumple pero la cumple desde una función claramente ideológica. De hecho, si repasamos la memoria explicativa de la aplicación de los fondos procedentes de la
asignación tributaria y complemento en los últimos años, vemos cómo los recursos precisamente se distribuyen con el objeto de mantener la estructura de la Iglesia católica y no por esos fines sociales. Nuestro grupo ha repasado cómo distribuía los
fondos la Iglesia en el año 1999, en 2000, en 2001, 2002, 2003 y 2004 y no lo hace en razón de los fines sociales. Lo hace para mantener la jerarquía. ¿Legítimo? Sí, pero no cumple la misma función que los sindicatos, los partidos o las
organizaciones básicas de un Estado de derecho. Los fines sociales deben cumplirse, por supuesto, pero se deben cumplir sin adscripción ideológica alguna. Lo cierto es que hoy la Iglesia católica cuando cumple fines sociales como institución lo
hace con adscripción ideológica y esto no es permisible en un Estado confesional.
Entraré después durante el turno de réplica en las propuestas que vamos a hacer pero por último nuestro grupo quiere que abordemos este elemento sin ocurrencias. ¿Por qué digo sin ocurrencias? Porque una de las ocurrencias que hay
últimamente es que hay un sector de la jerarquía eclesiástica que habla de subir la casilla del IRPF al 0,80 por ciento.
Supongo que a medida que van bajando las aportaciones de los contribuyentes pretenden ir subiendo la casilla que se asigna a la
Iglesia. Y, claro, no deja de ser curioso. Quizás dentro de unos años, cuando estemos en el 10 por ciento de los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia a lo mejor nos proponen que la casilla sea del 10 ó del 15 por ciento, que lo
vayamos subiendo. No, la solución no es esa. La solución no es la de las ocurrencias. Nuestro grupo parlamentario entiende que la solución para dar fin a los privilegios es llegar a una solución justa, equitativa, conforme a derecho, conforme a
la Constitución, conforme a la ley, que lo que haga sea acabar con los privilegios de la Iglesia católica, que opte por la libertad de culto, que apueste por el Estado confesional que somos y que de una vez por todas haga que el Estado español
cumpla la Constitución y la ley y, repito, acabe con los privilegios de la Iglesia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Continuamos con la contestación a esta interpelación del Grupo de Izquierda Verde y tiene para ello la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Señorías, a esta avanzada hora de la tarde quiero comenzar por saludar una iniciativa de control parlamentario que tiene un punto de oportunidad y que trae al conocimiento de esta Cámara y a su debate la visibilidad y el protagonismo de una
cuestión que está presente en estos momentos en la actualidad española y que se presta a distintas y controvertidas versiones. Por tanto, es procedente que el Gobierno haga un esfuerzo de clarificación, explicación y pedagogía porque esa es la
función que cumplen en el control parlamentario las interpelaciones. Además, considero que es muy bueno comenzar por aludir al objeto de la interpelación que plantea la financiación de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas a costa
de los Presupuestos Generales del Estado, así como la posibilidad de revisión del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarlo a la legislación vigente.
Empiezo por aclarar -porque creo que ese es el sentido que tiene que tener el turno de Gobierno en una interpelación- que la alegada financiación de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas a costa de los Presupuestos Generales
del Estado no constituye un todo homogéneo e indistinto y procede por tanto distinguir a la Iglesia católica de otras confesiones que expresan la libertad religiosa y su corolario en toda sociedad libre y abierta, que es el pluralismo religioso.
También quiero aclarar, como enseguida explicaré, que, a juicio del Gobierno, la relación bilateral entre el Estado español y la Santa Sede, efectivamente convenida, sujeta a acuerdos que están en vigor desde 1979, es interpretable de acuerdo con la
Constitución y es deber del Gobierno que su aplicación en todo punto se sujete a una lectura adecuada de la Constitución. Por tanto, nunca ha sostenido este Gobierno que sea imprescindible revisar los acuerdos calificados como concordato -es una
cuestión discutible en la que no entraré- entre el Estado español y la Santa Sede para ajustarlos a la legislación vigente, como se plantea en la formulación de la interpelación. De manera que vamos a proceder, por tanto, a unas clarificaciones
previas.
Es imprescindible subrayar que la libertad religiosa es un derecho fundamental y muy precioso, no por casualidad está emplazado en la Constitución inmediatamente después del derecho a la vida. El artículo que inmediatamente viene después
del artículo 15 es el de la libertad religiosa, por cierto, no en solitario, porque viene asociada a libertades que tienen que ver con lo más preciado de la cultura, del constitucionalismo liberal y democrático, que es la libertad de pensar: La
libertad de creencias y la libertad ideológica aparecen asociadas -en el mismo artículo 16 de la Constitución- a la libertad religiosa y de culto. Efectivamente, el artículo 16 consagra conjuntamente la libertad ideológica y la libertad religiosa y
de culto y señala que no tendrá más limitaciones que las exigidas por el orden público protegido por la ley.
Además consagra la libertad religiosa
como una libertad individual y colectiva. Esto es interesante porque, a menudo, en un debate que se presta a muchas simplificaciones se escucha decir que no existen derechos fundamentales y titularidad colectiva. Sí existen y la
Constitución los reconoce. Este es un magnífico ejemplo. La libertad religiosa se ejerce individualmente, pero también en comunidad, por tanto, la Constitución consagra el derecho a la libertad religiosa para los individuos, para las personas,
pero también para las comunidades, y así lo señala de manera expresa. En el punto 2 del artículo 16 la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar -por tanto, a confesar- sobre su ideología, religión o creencias, o su desapego o
su no creencia con respecto a ninguna ideología o religión. En el punto 3 es donde se señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Me interesa citarlo literalmente porque es cierto que se puede afirmar, y yo ratifico, que la definición en
este ámbito constitucional es que el Estado es confesional, aunque también procede aclarar que esta definición es doctrinal y, por tanto, es una acuñación a partir de lo que la Constitución establece literalmente.
Esto tiene paralelos en distintos
ámbitos de debate. Se dice a menudo que el orden territorial que la Constitución establece es el del Estado autonómico. Me importa traer aquí a cuento que esa calificación es una vez más doctrinal y, si se quiere, política. Hemos establecido que
el orden territorial se llama Estado autonómico, pero la Constitución no lo califica así, la expresión Estado autonómico o Estado de las autonomías no aparece en ningún momento en la literalidad de la Constitución.
Igualmente en la Constitución no
aparece literalmente la calificación del Estado a efectos de libertad religiosa. Decimos que es confesional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional afirma a menudo que es confesional o laico o confesional y laico, y son calificaciones
perfectamente aceptables si estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en lo que se quiere decir con esas expresiones. De hecho la calificación de laico, constitucional, democrático, libre y abierto del Estado está presente en documentos autorizados
por el Vaticano y por el Papa. En declaraciones recientes del papa Benedicto XVI se afirma el respeto que debe la Iglesia a la legítima laicidad del Estado. Por tanto, estamos hablando de un Estado que ha renunciado a hacer suya una confesión, a
oficializarla y, por tanto, a promoverla y exigirla a sus ciudadanos.
En este punto la Constitución de 1978 rompe con una tradición histórica, bastante siniestra, de imposición, de un monolitismo y de una homogeneidad religiosa a la sociedad española para aceptar que la libertad religiosa es un derecho
fundamental y, por tanto, puede y debe ser ejercida libremente y puede conducir a una sociedad pluralista desde el punto de vista religioso. Ahora bien, dicho esto, añadamos de inmediato que la Constitución también señala que el Estado mantendrá
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones. Lo dice expresamente y esto no puede ser obviado porque explica todo lo demás: explica la situación en la que estamos; explica no solamente los acuerdos suscritos en
1979 con la Santa Sede, sino también los acuerdos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, se negociaron y se concluyeron en su momento, en 1992, y fueron validados por ley de este Parlamento; por ley del Parlamento que
representa la soberanía popular; las leyes 24, 25 y 26, de 1992, que establecieron acuerdos del Estado con las confesiones judía, musulmana y protestante. Por tanto, articulan un mandato constitucional, el de que el Estado tenga en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española -como sociedad abierta y plural- y mantenga relaciones de cooperación con la Iglesia católica, a la que llama por su nombre, y las demás confesiones. Luego, vaya por delante que no puede ser
inconstitucional que el Estado tenga convenidos acuerdos con la Santa Sede; es el cumplimiento de un mandato constitucional. No puede ser inconstitucional que el Estado tenga convenidos acuerdos con otras confesiones, porque es el cumplimiento de
un mandato constitucional. Lo que tenemos que garantizar es que, por supuesto, esos acuerdos no solamente sean conformes con la Constitución, sino que también lo sea cada uno de sus actos de aplicación, y, desde luego, la interpretación que
patrocine el Gobierno en el ejercicio de su responsabilidad y de sus poderes públicos.
Ese es el trabajo que está intentando llevar adelante este Gobierno.
A partir de ahí, déjeme aclarar también a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, que es cierto que los acuerdos fueron negociados en la fase constituyente y, por tanto, se puede afirmar y se afirma a menudo que los acuerdos tuvieron una
negociación preconstitucional. Como se sabe, su aprobación definitiva se pospuso unos días a la ratificación del referéndum de la Constitución española, pero no cabe la menor duda de que siendo la Constitución la norma fundamental del Estado, la
norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, la interpretación de los acuerdos, que son acuerdos de derecho internacional público que vinculan al Estado con la Santa Sede -dos personas de derecho internacional público- debe hacerse siempre y en
todo caso de conformidad con la Constitución.
Un tercer punto que me interesa subrayar es el de que esos acuerdos dan cuenta de los distintos ámbitos de interés en que debe expresarse y concretarse ese mandato de relación y de cooperación del Estado con la Iglesia católica y las demás
confesiones. Ese es el caso de los acuerdos suscritos con la Santa Sede y ese también es el caso, en su medida, de los acuerdos de 1992 suscritos con las confesiones musulmana, judía y protestante.
Los acuerdos suscritos con la Santa Sede tienen una especial sofisticación y complejidad. Esto es cierto; innegable. Hay un acuerdo de relación bilateral, una relación diplomática entre el Estado y la Santa Sede, como sujeto de derecho
internacional público, y hay unos acuerdos sectoriales específicos. Uno de ellos en asuntos educativos y culturales; otro de ellos en asuntos económicos y financieros, y un tercero que ha ido perdiendo
relevancia, que es el relativo a la ordenación del servicio militar de los clérigos y sacerdotes, y, en su caso, a la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es claro que hay cuestiones vivas en los acuerdos en materia
educativa y en materia financiera que, a cada tanto, son parte del debate político y, por tanto, es perfectamente legítimo que haya asuntos en los que se pueda centrar en un momento dado en el proceso democrático. Una discusión. Es perfectamente
legítimo que nos ocupemos de ellos y también debo afirmar que es nuestro deber hacerlo siempre en un clima de mutuo respeto por parte del Estado y de la Santa Sede, de voluntad de cooperación cumpliendo el mandato de la Constitución.
Sin duda alguna, el asunto financiero está en el epicentro de la interpelación formulada. A este respecto hay que llamar a las cosas por su nombre y, por tanto, decir con claridad que el tipo de colaboración económica y financiera que se ha
establecido entre el Estado y la Santa Sede no es solo especialmente complejo y sofisticado, sino también diferente y diferenciado en sus contenidos con respecto al resto de las confesiones. Por ello se puede afirmar que la situación de la Iglesia
católica es una situación singular desde el punto de vista económico y financiero, que goza del máximo nivel de beneficios fiscales de nuestro ordenamiento, entre ellos la exención del IVA, un impuesto armonizado en Europa, como es sabido, que no
disfruta ninguna otra confesión que tenga convenido acuerdo de cooperación con el Estado. En todo caso, lo realmente relevante es que la articulación de esta cooperación económica y financiera se sustenta, en primer lugar, sobre el reconocimiento
en el propio acuerdo del carácter provisional de las fórmulas, señalado en el artículo 2 del acuerdo suscrito con la Santa Sede, en tanto que la Iglesia provee a su propia suficiencia financiera, a su adecuado sostenimiento económico. En segundo
lugar, en aras de esta voluntad de cooperación, se han ido estableciendo distintas fórmulas, la última de las cuales se aprobó en 1988. A partir del año 1988, se ha establecido un mecanismo de cooperación tributaria en la liquidación del IRPF, por
la cual los contribuyentes voluntariamente pueden asignar una cantidad de su cuota íntegra del IRPF, el 0,52 por ciento, al sostenimiento de la actividad ordinaria de la iglesia, lo que significa también una especialidad porque ahí, efectivamente,
se está incidiendo en la suficiencia financiera de la actividad de culto y clero, así denominada tradicionalmente, que es la actividad ordinaria de la Iglesia en España.
En la medida en que esa colaboración tributaria no ha llegado a subvenir a la
suficiencia de la estimación de los gastos de actividad ordinaria de la Iglesia, el Estado ha ido adicionando cantidades que han quedado reflejadas en la liquidación definitiva, aproximadamente en torno a un 20 ó 30 por ciento por encima de la
contribución que de forma voluntaria aportan los contribuyentes, cierto es, a través de la mediación del aparato de Administración tributaria del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Ahí se plantea, por tanto, una situación pendiente de una solución definitiva que en estos momentos puede estar en el centro de un debate al que este Gobierno está abierto para con la otra
parte de la relación bilateral y convenida, la Santa Sede. Por ello, el Gobierno ha mostrado siempre sensibilidad en este punto, desde luego la han mostrado todos los gobiernos socialistas a lo largo de estos 27 años de democracia constitucional, y
así está siendo también en el caso de este Gobierno. En este marco hemos provisto una solución con respecto a la caducidad del último período trianual de vigencia de la fórmula convenida de cooperación de este mecanismo tributario, consistente en
una prórroga por un solo año, de manera que así establecemos un marco temporal en el que podemos entrar a dialogar y, en su caso, a negociar y a convenir con la Santa Sede una solución que tenga proyección en el tiempo. El Gobierno no se
desentiende del marco convencional, que entiende que es vinculante y que puede ser interpretado de acuerdo con la Constitución, pero sí me importa subrayar en esta Cámara y ante la opinión pública que sigue los debates de la misma que en un Estado
confesional es legítimo afirmar que no existe ningún deber de ningún Gobierno de sostener la actividad ordinaria de ninguna confesión.
Por tanto, no se puede plantear un agravio comparativo por parte de otras confesiones minoritarias como si el
horizonte deseable fuese un multiconfesionalismo a través de distintas líneas de cooperación económica y tributaria con cargo a los presupuestos del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor ministro, le ruego que concluya.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Termino, señora presidenta.
Esto se pone de manifiesto en la evidencia de que en los acuerdos suscritos con las confesiones minoritarias no existe un paralelo de financiación a la actividad ordinaria de esas confesiones, porque no es exigible a ningún Gobierno en un
Estado confesional que patrocine o financie de manera directa el culto o la actividad directamente religiosa. Lo que se hace, y por primera vez en los presupuestos de 2004, bajo mandato de este Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero,
es a través de una fundación pública establecer una línea de cooperación que presta apoyo presupuestario no a la actividad ordinaria religiosa, sino a la integración social de la actividad socialmente relevante de las confesiones minoritarias en el
ámbito educativo, asistencial, hospitalario y también en el penitenciario. Consideramos que estas líneas son razonables y pueden dialogarse para el futuro. Esperamos de la interlocución con la Iglesia católica, que como digo se incardina dentro
del cumplimiento de un mandato constitucional, un clima razonable de conducción
de ese diálogo institucional bilateralizado que nos permita encontrar soluciones satisfactorias y duraderas en el tiempo de acuerdo con la Constitución. Este es el principio que está inspirando la actuación del Gobierno y tenga la seguridad
S.S. y el conjunto de la Cámara de que así va a seguir siendo en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.
Iniciamos el turno de réplicas a esta interpelación y para ello tiene la palabra el señor Herrera de nuevo.
El señor HERRERA TORRES: Sin lugar a dudas el ministro es un excelente jurista y muy prolijo en argumentos. Yo creo que no ha entrado en la materia y si me permite diré que se ha ido un poco por las ramas porque de lo que se trata hoy es
de decidir si la Iglesia tiene privilegios o no. Yo le quiero preguntar a usted, señor ministro: ¿La Iglesia católica, hoy, en España, tiene privilegios? Sí, nuestro grupo entiende que sí.
Tiene privilegios que derivan de acuerdos con la Santa
Sede con consecuencias que son inconstitucionales, claro que sí, porque la singularidad que usted reclama para la Iglesia católica, singularidad que es fruto precisamente de esos acuerdos con la Santa Sede, lo que supone son privilegios, y los
privilegios en un Estado aconfesional no caben, y en 2005, el año que viene ya en 2006, estamos en condiciones políticas de mayoría de edad de nuestra democracia como para acabar con aquellas cosas que no son constitucionales en nuestro desarrollo
como modelo de sociedad. Y algo que no es constitucional son precisamente estos privilegios de la Iglesia católica.
¿Tiene razón alguna la Iglesia católica para relacionarse fiscalmente con la ciudadanía? Nuestro grupo parlamentario entiende que no. La sola casilla del IRPF es algo absolutamente anómalo. ¿Por qué una confesión y no los laicos, los
aconfesionales u otras confesiones? ¿Por qué una confesión puede relacionarse con los contribuyentes? No lo entendemos.
Pero si eso es preocupante, si eso es privilegio, aún más indignante es que a la Iglesia católica se le financie entre un 30 y
un 40 por ciento de más de lo que le asignan los ciudadanos y las ciudadanas. Eso son privilegios, y eso, a nuestro entender, no está dentro del marco de la Constitución. La pregunta es: ¿Para qué van esos dineros? Tengo la memoria explicativa
de la Conferencia Episcopal Española de los diferentes años y no me queda claro a lo que van esos dineros. Esos dineros van a inversiones en Bolsa, esos dineros van a inversiones opacas, esos dineros van a fines nada sociales, y estoy seguro que a
los contribuyentes que marcan la casilla del IRPF para la Iglesia no les gusta que sus dineros vayan a eso, pero aún nos gusta menos a los ciudadanos que no marcamos la casilla del IRPF para la Iglesia católica que también nuestros dineros vaya a
que la Iglesia invierta en Bolsa. Eso es algo que tiene que acabar. ¿A qué van esos dineros? Esos dineros van a hacer una función tan poco evangélica como la que cumple la Cadena COPE, porque la Cadena COPE no cumple grandes funciones evangélicas
sino todo lo contrario. Nuestro grupo parlamentario entiende que hoy está sembrando odio, dicho así, clara y llanamente, y lo cierto es que la financiación a la Iglesia católica de los que marcan la casilla y de los que no la marcan va por ejemplo
a financiar cadenas que siembran odio. Lo cierto es que hoy la Iglesia católica está jugando un papel político activísimo, y lo cierto es que la Constitución lo que hace es circunscribir a partidos políticos o a sindicatos una función social, pero
lo que no dice es que las jerarquías eclesiásticas y en este caso que la Iglesia católica tenga que cumplir un papel político y menos aún que debamos financiar el papel político que está jugando la Iglesia católica. Ante esto, nuestro grupo
parlamentario lo que va a plantear en esta moción es simple y llanamente si acabamos con los privilegios. Sabemos la diferencia entre lo que es un Estado aconfesional y lo que la doctrina dice sobre la libertad religiosa. Entendemos precisamente
que hoy la libertad religiosa, que sabemos que no está en la Constitución, sino que es doctrina, no se respeta con estos acuerdos de la Santa Sede, pero nuestro grupo parlamentario entiende que hay que acabar con los privilegios, que nos tenemos que
poner en el marco de la Constitución y que lo que hay que aprobar es que España sea un país homologable al resto de países de la Unión Europea, al resto de países que son aconfesionales, que son laicos.
Señor ministro, nuestro grupo no apuesta por la multiconfesionalidad, lo que no entendemos es cómo aquello que exigimos a otras confesiones no se lo exigimos a la Iglesia católica. Por tanto, nuestro grupo lo que dice es que si en el año
1988 se dio un plazo para que la Iglesia católica se autofinanciara, ¿Por qué hoy la Iglesia católica aún no se autofinancia? Es más, ¿por qué hoy el Gobierno no exige a la Iglesia católica que cumpla lo que dijo que cumpliría en el año 1988, que
cumpla lo que dijo que cumpliría en la transición? Nuestro grupo parlamentario entiende que ya es hora de que cumpla. Lo sangrante es que hoy estamos hablando de la financiación y de los privilegios de la Iglesia católica cuando la jerarquía
eclesiástica se ha extralimitado en todas las líneas rojas que valen en democracia, cuando la jerarquía eclesiástica está jugando un rol activísimo en política, cuando en definitiva está haciendo que esos privilegios sirvan para lo que sirven. Es
por eso que nuestro grupo parlamentario va a presentar una moción con cinco puntos. Pero les pido que, aparte de los puntos que planteamos ya en el debate de presupuestos y que algunos de sus diputados y diputadas apoyaron y otros finalmente
votaron que no, más allá de estos puntos, que estudien uno. Pronto vamos a tener una reforma del IRPF sobre la que en algunos temas nuestro grupo va a discutir, pero sin lugar a dudas en la reforma del IRPF y del sistema tributario vamos a tener
que discutir sobre determinados privilegios. Hoy existe en la Unión Europea un debate sobre la compraventa de patrimonio y los privilegios que tienen determinadas instituciones; en España la Iglesia católica no tributa por la compra y venta de
patrimonio.
Les vamos a proponer lo siguiente, que en pocos meses, cuando abordemos la reforma del modelo fiscal, lo que hagamos precisamente sea acabar con los privilegios, tan simple y tan sencillo.
Para acabar, señora presidenta -me he pasado casi dos minutos, no he llegado a los cinco-, les vamos a plantear si finalmente están dispuestos o no a acabar con los privilegios. Nuestro grupo pretende y espera de este Gobierno al que damos
apoyo que no dude porque, ante la ofensiva más dura de la jerarquía eclesiástica de los últimos años, no se debe esconder la cabeza debajo del ala, lo que hace falta es valentía. Lo que le pedimos a este Gobierno y también al ministro es la
valentía de aprobar simplemente lo que exige la ley y lo que exige la Constitución, que el Estado español sea un Estado aconfesional, que en el Estado español ninguna confesión, tampoco la Iglesia católica, tenga privilegio alguno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Finalizamos con la réplica del señor ministro, a quien solo recordaré que es de cinco minutos.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora presidenta, intentaré ser sintético en este turno de dúplica. En primer lugar, la Constitución establece que este Parlamento representa la soberanía popular en España. Por tanto, a
este Parlamento le corresponde hacer el trabajo en los distintos ámbitos en los que se expresa el cumplimiento de ese mandato, también constitucional, de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, en el ámbito educativo, en el
ámbito económico y financiero y que lo haga, además, de conformidad con los principios que expresamente consagra la Constitución y desde luego sus valores superiores: libertad, igualdad, justicia y pluralismo.
En segundo lugar, la Constitución nos ha enseñado en estos 27 años de vigencia que lo contrario de la igualdad no es la desuniformidad, lo contrario de la igualdad es efectivamente la discriminación negativa y el privilegio y, además, la
Constitución prohibe en varios de sus artículos y de forma siempre muy enfática el privilegio. Es por ello que pensamos que conviene establecer un diálogo razonable e inspirado por la buena voluntad, por la lealtad institucional y, desde luego, por
la voluntad de servir a los objetivos y a los valores profundos de la Constitución para ver si existen desigualdades de trato que puedan redundar en privilegios en ese ámbito al que usted ha hecho referencia y en cualquier otro.
Quiero señalar que la Iglesia católica aparece mencionada por su nombre, no por casualidad. Es el reconocimiento a un trayecto histórico de presencia en la sociedad española y de influencia en la configuración, si se quiere, de la identidad
española. Esto no significa que esa mención expresa deba traducirse en privilegio, y es seguramente de eso de lo que hay que hablar cuando debatimos en esta Cámara cómo diseñar y ejecutar una política educativa que respete todos los derechos
fundamentales y las libertades y cómo respetar el pluralismo en el ámbito educativo. Debemos hablar de ello cuando hablamos también de financiación de la Iglesia católica o de cooperación económica con la integración social o con la obra social y
con la presencia social de otras confesiones que quizá en 1978 eran muy minoritarias, pero que han ido creciendo en presencia en el curso de estos 27 años y ahora son también parte del paisaje plural de la identidad española y que están ahí para
quedarse.
En tercer lugar, esta consideración es especialmente relevante en el ámbito económico y tributario. Sin duda ninguna el régimen económico tributario de la Iglesia católica en España es singular, no está transportado a otras confesiones
minoritarias y no hay una identidad de trato. Sin embargo, hay que hablar de este asunto en serio y tratarlo seriamente, para empezar, reconociendo que el régimen jurídico de esta cooperación con la Iglesia católica es un acuerdo de derecho
internacional y que, por tanto, solo podrá ser modificado a través de un diálogo inspirado en el respeto mutuo, en la mutua confianza y en la mutua lealtad institucional entre los representantes del Reino de España y los representantes de la Santa
sede. Por tanto, mientras eso no se haga, estamos vinculados por los acuerdos y además tenemos la obligación de interpretarlos de conformidad con la Constitución.
La contemplación del régimen jurídico de la Iglesia plantea toda una serie de ámbitos en los que habrá que detenerse con el rigor exigible. Si hablamos de exenciones fiscales, si hablamos de bonificaciones y subvenciones, si hablamos de
contribución a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas a su financiación directa, si hablamos de conciertos educativos o si hablamos de sostenimiento de la obra social de instituciones u órdenes religiosas vinculadas con la
Iglesia católica y que tienen gran presencia, implantación y que cumplen sin duda ninguna un papel que debe ser reconocido, en cada uno de esos ámbitos habrá que moverse con el detenimiento y con el rigor exigible. Por eso es perfectamente posible
que este Parlamento decida constituir una comisión en la que se estudien todos estos elementos en detalle; una comisión que pueda estudiar cuáles son las aportaciones que el Estado, las comunidades autónomas y el resto de los poderes públicos
representativos efectúan a la Iglesia y a otras confesiones, tanto en la cooperación tributaria directa como en lo relativo a exenciones fiscales directas o indirectas, que repercutan tanto en esa cooperación económica y financiera como en otros
aspectos que puedan resultar de la contemplación global de la cuestión. Además, que este Parlamento sea capaz, que para eso está y es el que representa la soberanía popular en España, de efectuar planteamientos políticos que inspiren la acción del
Gobierno y le motiven porque de lo que no cabe duda es de que estas cuestiones forman parte del régimen jurídico que ha desarrollado la Constitución en cumplimiento de sus mandatos a lo largo de todos estos años y que, si
tienen que traerse a la conciencia de esta Cámara y de la sociedad española, ha de hacerse por los conductos que la propia Constitución establece: en el caso de la Iglesia católica, a través de un diálogo y de una negociación bilateral con
la Santa sede, que es la personificación en derecho internacional público de la Iglesia católica, que culmine con éxito en lo que pueda ser en su momento alguna nueva concreción de alguno de los capítulos que hasta el momento han estado regidos por
los acuerdos de 1979.
Para terminar, subrayo que este Gobierno está cumpliendo su programa en todos los puntos, y lo está haciendo con coraje. Está promoviendo cambios significativos, todos ellos habían sido compromisos contraidos ante la ciudadanía española con
anterioridad a las elecciones en las que este partido obtuvo la confianza mayoritaria de la sociedad y, por tanto, nos sentimos avalados por un mandato democrático para llevarlos adelante. No figuraba en nuestro programa ni en nuestros compromisos
ni en la investidura del presidente del Gobierno una revisión, una renegociación o una denuncia, que sería el paso procedimental previo para iniciar ese camino de los acuerdos suscritos con la Santa Sede. A nuestro juicio, es posible y es obligado
interpretarlos de conformidad con la Constitución.
Es lo que estamos haciendo en este aspecto, es lo que estamos haciendo en el ámbito educativo, es lo que estamos haciendo siendo respetuosos con la Iglesia y con su presencia social en España, como
con el crecimiento y la significación de las confesiones minoritarias.
Permítanme concluir mi intervención señalando -porque creo que merece la pena- que estos asuntos deben ser tratados con madurez democrática y con pleno respeto a las creencias de cada uno, sin que las posiciones políticas estén condicionadas
por las creencias personales sobre las que nadie está obligado a declarar ni a confesarse, con eso acabó la Constitución en 1978. Por eso me parece perfectamente posible defender una aproximación pluralista y respetuosa con los derechos de cada uno
a la libertad religiosa, al pluralismo religioso y a la relación con las confesiones religiosas, independientemente de las creencias de cada cual, de las actitudes más o menos laicas o aconfesionales de cada partido político o de la cultura de la
que cada cual traiga causa. Simplemente estamos sirviendo a la mejor realización de los valores y principios constitucionales, si entramos en un diálogo razonable, regido por la mutua confianza y la búsqueda del mejor servicio a las libertades de
todos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señorías, antes de suspender la sesión hasta mañana a las nueve, les recuerdo que la primera votación será rápida por cuanto hay un solo punto, que es el debate de un decreto.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.