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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 29/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 116
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 108
celebrada el jueves, 29 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria ('BOE' núm. 223, de 17 de septiembre.) (Número de expediente 130/000023.) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de tropa y marinería. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 37-1, de 13 de mayo de 2005. (Número de expediente 121/000037.) ... (Página 5838)
SUMARIO
Jueves, 29 de septiembre de 2005
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes ... (Página 5827)
Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria ...
(Página 5827)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone ante la Cámara que la convalidación de este decreto-ley responde a la puesta en marcha de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera del pasado 13 de septiembre, en el que se aprobaron una serie de medidas para afrontar los dos problemas más urgentes de la financiación sanitaria: el retraso de las comunidades autónomas en disponer de estos recursos así como el volumen
de los mismos. En definitiva, el decreto-ley que se presenta tiene su origen en la voluntad del Gobierno de llevar a la práctica un acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas en un tema tan importante como es la sanidad.
Espera la conformidad
de los grupos para la aprobación del citado Real Decreto-ley 12/2005.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora
García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
(ERC); el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley debatido, se aprueba por 179 votos a favor, 136 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley, se rechaza por 134 votos a favor y 180 en contra.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 5838)
Proyecto de Ley de tropa y marinería ... (Página 5838)
El señor ministro de Defensa (Bono Martínez), presenta el proyecto de ley de tropa y marinería resumiendo en una frase publicada en un diario nacional la importancia de este proyecto de ley: ya se puede ser soldado en España. Resalta que
el sacrificio de nuestros soldados, su vocación y su deseo de servicio a los demás no solo hay que contarlo, sino valorarlo y pagarlo. Con este proyecto de ley se pretende solucionar un problema grave en los ejércitos, porque faltan soldados y
porque no se les atiende debidamente como profesionales. Hace un repaso sobre la historia del servicio militar señalando que estuvo lleno de vergonzosas injusticias y excepciones, así como de la situación del modelo actual de tropa y marinería.
En defensa a la enmienda a la totalidad presentada, interviene la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Interviene el señor ministro de Defensa, Bono
Martínez; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); interviene el señor ministro de Defensa, Bono
Martínez; el señor Puig Cordón, de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); interviene el señor ministro de Defensa, Bono Martínez; el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); interviene el señor
ministro de Defensa, Bono Martínez, y la señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley de tropa y marinería, se rechaza por 132 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 12/2005, DE 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN SANITARIA.
(Número de expediente 130/000023.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.
¿Tendrían los grupos parlamentarios la amabilidad de transmitirme quiénes son los oradores? (Pausa.)
Gracias.
¿El Gobierno desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre. Este decreto-ley responde a la puesta en marcha de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 13 de
septiembre. Como recordarán SS.SS., en dicho consejo se aprobaron una serie de medidas de mejora de la financiación sanitaria, como respuesta de una demanda reiterada de los gobiernos autonómicos. A pesar de que la competencia de prestación de
servicios sanitarios pertenece a las comunidades autónomas, el Gobierno se ha comprometido a desarrollar una serie de medidas sobre los dos problemas más urgentes que presenta dicha financiación y que resulta necesario afrontar: por un lado, el
retraso que sufren las comunidades autónomas para disponer de esos recursos, que en buena medida constituye la causa o una parte importante de las causas de la deuda que acumulan; por otra parte, el volumen de recursos. A las dos finalidades
responden respectivamente los elementos del acuerdo citado. En primer lugar, la posibilidad de obtener anticipos de tesorería hasta alcanzar en este ejercicio el cien por cien de los fondos previstos para las comunidades autónomas, lo que supondrá
una cuantía máxima de 1.365 millones de euros en este ejercicio y también en futuros y, en segundo lugar, el incremento de la fiscalidad del alcohol y del tabaco, que supondrán 227 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. El
presente real decreto-ley materializa la instrumentación de estas dos medidas. El resto de los acuerdos derivados de la señalada reunión del 13 de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera se instrumentan por los cauces apropiados.
Los acuerdos, como el relativo fondo adicional de 500 millones de euros, en el proyecto de ley de presupuestos y otros tendrán que venir en normas específicas.
De acuerdo con el sistema de financiación regulado en la Ley 21/2001, el Estado realiza durante el ejercicio presupuestario una entrega a cuenta de los recursos que el sistema asigna a las comunidades. Las entregas se calculan sobre el
importe presupuestario de los tributos cedidos susceptibles de liquidación, así como sobre el fondo de suficiencia que corresponde al ejercicio, aplicando a esta base un porcentaje del 98 por ciento de lo presupuestado. Posteriormente, una vez que
se conocen los datos definitivos de la recaudación del ejercicio, circunstancia que no se produce hasta dos años después, se procede a liquidar la diferencia.
Por tanto, las comunidades autónomas no pueden disponer del importe total de los recursos
correspondientes a cada ejercicio hasta dos años después, pese a que las necesidades de gasto a cuya financiación se aplican, no admiten tal diferimiento. Esta situación, unida al sensible incremento del gasto sanitario, ha conducido a un proceso
de acumulación de deuda por parte de las comunidades autónomas para hacer frente a este desfase que es necesario contener. De esta forma el incremento de recursos pasa por conceder anticipos de tesorería a aquellas comunidades que así lo soliciten
a cuenta de la liquidación definitiva de recaudación de los tributos cedidos, así como de la liquidación definitiva del fondo de suficiencia.
El artículo primero autoriza al ministro de Economía y Hacienda a conceder dichos anticipos de forma inmediata, pudiéndose aplicar ya en el año 2005. Esto supondrá, como he citado anteriormente, hasta 1.365 millones de euros para las
comunidades autónomas en este ejercicio.
El artículo 2 prevé una modificación de los tipos impositivos de los impuestos de alcohol y tabaco. La modificación respeta la normativa comunitaria en la materia y consiste en que los impuestos sobre las bebidas alcohólicas se
incrementarán un 10 por ciento. Obviamente quedan exceptuados de esta medida los productos cuyo tipo impositivo actual es cero, es decir, el vino y las bebidas fermentadas, así como la cerveza sin alcohol.
En cuanto al impuesto sobre las labores del tabaco, el tipo específico aplicable a los cigarrillos se incrementa en un 5,3 por ciento, mientras que el ad valorem se incrementa en 1 punto porcentual, del 54 al 54,95.
Los tipos impositivos ad
valorem aplicables al resto de labores de tabaco se incrementan en una proporción similar a la elevación global que sufre la fiscalidad de los cigarrillos por aplicación de los nuevos tipos. La adopción de tal medida obliga a modificar varios
preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en la que se regulan los tipos impositivos afectados, y esto se concreta en los
artículos 2 y 3 del real decreto-ley. Como ya se ha señalado, se estima que a través del incremento de estos impuestos posibilitado por esta norma las comunidades autónomas obtendrán un volumen de recursos de 227 millones de euros
adicionales sobre la base del cálculo de la recaudación actual.
Una vez descritas la razón y concreción de las medidas previstas en el real decreto-ley que se presenta para su convalidación, resta hacer una referencia a los motivos para la elección de este instrumento normativo.
La necesidad de aprobar
estas medidas a través de una norma con rango de ley, en el caso referido a los anticipos a cuenta contenido en el artículo 85.3 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, según la cual una medida de estas características exige que los términos y
condiciones de su aplicación se encuentren previstos en una norma con rango de ley, es una de las razones. En el supuesto del incremento de la fiscalidad que grava el consumo de las bebidas alcohólicas y labores de tabaco, también de acuerdo con el
principio de la reserva de ley en materia tributaria contenido en el artículo 133 de la Constitución, debe ser una norma con rango o fuerza de ley la que realice la modificación.
Siendo necesaria, por tanto, una nueva norma, los plazos que deben observarse en la aprobación de una ley, ya sea por procedimiento ordinario o de urgencia, no resultan adecuados a la inmediatez que exige la medida a adoptar. En efecto, y
como se ha mencionado, en el caso de los anticipos a cuenta, elemento fundamental para adecuar el flujo temporal de ingresos y gastos, se ha previsto que se autoricen durante el presente ejercicio y en una cantidad nada desdeñable. Por tanto,
existen justificadas razones de urgencia para utilizar un vehículo normativo especialmente rápido como es el decreto-ley.
En el supuesto de los tipos de gravamen, además de que es deseable que las comunidades autónomas dispongan de estos recursos cuanto antes, la existencia en el marco de una tramitación parlamentaria ordinaria de un período de tiempo
prolongado entre el conocimiento de la medida y su entrada en vigor podría provocar una acaparamiento de productos gravados antes de que la subida impositiva se materialice, lo que generaría conductas especulativas en el mercado y afectaría de forma
negativa a la propia efectividad de la subida y a las previsiones recaudatorias en que se sustentan.
Por lo que hace referencia a la utilización de la figura del decreto-ley en esta materia, el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/2004, de 30 de junio, ha avalado esta posibilidad al enjuiciar un supuesto que, como el presente, se
refiere a la subida de impuestos especiales sobre alcohol y tabaco. Por ello se entiende que los requisitos previstos en la configuración del decreto-ley por el artículo 86 de nuestra Constitución se encuentran plenamente satisfechos en este caso.
En definitiva, el decreto-ley que hoy se presenta tiene su origen en la voluntad del Gobierno de llevar a la práctica, de la forma más diligente posible, un acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre un tema de vital importancia
como es el de la sanidad, por lo que espero que SS.SS. entiendan la manera que he expuesto la medida que hoy se presenta y se muestren de acuerdo con dicha convalidación del Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban
determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor vicepresidente.
¿Algún grupo de la Cámara desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos a fijar posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto.
Les recuerdo que el formato del debate es el de diez minutos, por ser procedimiento legislativo.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, vaya por delante que Chunta Aragonesista, aunque mantiene algunas discrepancias con el acuerdo sobre financiación sanitaria alcanzado en la última conferencia de presidentes, va a votar a favor de la
convalidación de este real decreto-ley porque estamos de acuerdo con la literalidad de los tres artículos que lo componen.
De la batería de medidas acordadas en el Senado el pasado día 10, este real decreto-ley recoge solo tres medidas que respaldamos: la concesión de los anticipos de tesorería, que les van a venir muy bien a todos los consejeros de economía
para cuadrar las cuentas, y la moderada subida de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco. Nosotros consideramos que los servicios básicos universales, como la sanidad, deben financiarse con la tributación directa que grava la renta y las
sociedades porque se trata de impuestos progresivos en los que pagan más los que más tienen. Por eso, nos oponemos a que el déficit sanitario recaiga en impuestos indirectos, como el mal llamado céntimo sanitario sobre la gasolina o sobre la
electricidad, que van a soportar todos los consumidores sin tener en cuenta su nivel de renta, lo que nos parece tremendamente injusto. Así se lo hemos hecho saber al Gobierno de Aragón, al que hemos pedido que no aplique esa posibilidad que ahora
tiene.
Otra cuestión distinta es el incremento de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, que, aunque también sean indirectos, no son comparables con la gasolina o la luz. La subida del alcohol y del tabaco nos parece razonable, no
desde el punto de vista del afán recaudatorio, sino desde la voluntad extrafiscal de incidir en conductas contradictorias con la salud pública, dada la relación directa de estos tributos con sustancias que tienen clara incidencia en el deterioro de
la salud. Hay que tener en cuenta también que estos impuestos en España están muy por debajo de la media comunitaria europea y existe, por tanto, margen para su subida. Por eso votamos a favor.
Otra cosa sería un debate global sobre el acuerdo sanitario, que nosotros consideramos insuficiente, pues el Gobierno central podía haber aportado más; de hecho, el acuerdo no logra cubrir toda la deuda sanitaria que se acumula cada año.
También discrepamos porque no se han tenido en cuenta los criterios territoriales de envejecimiento y de baja densidad demográfica, que nos preocupan enormemente en Aragón. Una vez más, los fondos adicionales se van a repartir teniendo en cuenta
principalmente la población, ignorando que en las comunidades del interior cuesta más acercar los servicios sanitarios a un territorio amplio y despoblado, al igual que cuesta más atender a las personas mayores. Sin embargo, no me extenderé en las
discrepancias porque ese debate no nos toca hoy y, repito, vamos a votar a favor de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Segunda parte de la intervención del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque nuestro grupo tuvo la oportunidad de debatir esta cuestión en el Pleno de la semana pasada a consecuencia de una moción que presentamos después de la consiguiente interpelación que estaba concretamente relacionada con
este tema. Nuestra postura está fijada debido a que desde el inicio de esta legislatura fue una constante preocupación para nosotros, que manifestamos al Gobierno en las diferentes sesiones de la Comisión de Sanidad, cuál iba a ser el modelo de
financiación sanitaria que este nuevo Gobierno iba a diseñar para el Estado, y concretamente cómo se iba a hacer el reparto para las comunidades autónomas, y Galicia en particular. En su momento, cuando en el año 2002, y tomando como base el año
1999, se implantó, sin un debate profundo respecto al coste real de la sanidad, el nuevo modelo, se tuvo como concreción de variables tres aspectos, la población protegida, la población mayor de 65 años y la insularidad. Nosotros siempre dijimos
que en Galicia había que tener en cuenta otra variable, que era la dispersión poblacional, y pensábamos que cuando se anunció la Conferencia de Presidentes para tratar el tema de la financiación esa sería una de las cuestiones que se iban a tener en
cuenta. No dejamos de reconocer que la financiación que se acaba de anunciar y que se recoge en el decreto mejora la que existía hasta ahora, pero tenemos que manifestar que Galicia, que tuvo que crear un fondo de contingencia para poder asumir los
gastos sanitarios en el presupuesto del año 2005, no puede estar satisfecha, y desde nuestro punto de vista no lo está.
Reconociendo, por tanto, los avances en cuanto al incremento de la financiación, incluso no estando en desacuerdo con los métodos para ese incremento, como el aumento de la fiscalidad en el tabaco y en el alcohol, no podemos estar de acuerdo
con el decreto porque sigue sin tener en cuenta una realidad que en Galicia encarece la sanidad y con esta financiación se sigue sin poder hacer frente al verdadero coste, al coste real que tiene la sanidad pública. Pensamos que -yo también soy de
esa idea-, a pesar de que el sistema sanitario español, por tanto también el sistema sanitario de Galicia, es de los mejores sistemas sanitarios del mundo, tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo resolver aspectos tan importantes como las listas
de espera, y esto no se puede hacer sin los recursos financieros necesarios y correspondientes.
Por tanto, reconociendo la bondad de la nueva financiación pero también su insuficiencia y la falta de reconocimiento de las variables que sería necesario tener en cuenta para Galicia, no vamos a poder votar que no, pero tampoco podemos
votar que sí, por lo que nos vamos a abstener.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Señor Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, hemos sido convocados para convalidar o derogar un real decreto-ley del Gobierno de España con relación a una aportación financiera al Sistema Nacional de Salud que se ha producido
en las últimas semanas, después de un importantísimo debate en torno a este tema, quizás demasiado concentrado, solo en quince días.
En principio nuestro grupo va a votar favorablemente a la convalidación en virtud de que sus contenidos están referidos al adelanto de liquidación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y, por otra parte, contempla una medida
de urgencia, como es el incremento de la fiscalidad del tabaco y del alcohol que, de no producirse de manera inmediata, generaría problemas en ese mercado siempre complejo. Referirnos a este real decreto-ley para resolver esos dos problemas que el
Gobierno plantea en torno a la financiación sanitaria nos da una oportunidad para hablar del fondo de la cuestión, que desde nuestro punto de vista no se ha tratado de forma adecuada. De haber tenido la oportunidad esta Cámara de discutir de verdad
y a fondo el problema de la financiación sanitaria, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. El debate planteado por el Gobierno de España en relación con este tema, aun siendo legítimo, desde nuestro punto de vista se ha formulado de manera
incorrecta. Incluso se podría caracterizar de injusta la dialéctica que se ha formulado en torno a la financiación sanitaria y el intento por parte del Gobierno de España de establecer una especie de buenos y malos en torno al sistema sanitario.
El sistema sanitario público español es un sistema consolidado, apreciado por los ciudadanos, que tiene dificultades, pero que esencialmente funciona bien y, desde luego, entre sus
dificultades está precisamente la financiación. Es un tema que no se ha resuelto en los 20 años de existencia del Sistema Nacional de Salud, que es preciso abordar de manera seria y desgraciadamente no lo hemos hecho.
Se ha planteado una aportación financiera unilateral por parte de la Administración Central del Estado a la sanidad pública, estableciendo un debate -insisto- que de entrada me parece injusto porque es claramente incorrecto: las comunidades
autónomas generan gasto y el Gobierno de España cobra los impuestos. Esto no es así; desgraciadamente no es así porque si no, sería sencillo de encauzar. Las comunidades autónomas pagan la factura de la sanidad pública, pero las decisiones de
gasto se toman esencialmente aquí. Y les pongo un ejemplo evidente. Hoy, sin ir más lejos, ascenderá aproximadamente a 25 millones de euros el gasto farmacéutico; hoy, el Sistema Nacional de Salud prescribirá medicamentos por valor de 25 millones
de euros. Las comunidades autónomas no tienen nada que decir en cuanto a la política del medicamento, sino que exclusivamente han de gestionar, difícilmente además, las prestaciones que están decididas en leyes estatales y, entre otros, está el
problema del medicamento. Este es un ejemplo que pone en evidencia que no es verdad que las decisiones de gasto estén residenciadas en las comunidades autónomas, sino que esencialmente se han tomado en esta Cámara, se han tomado por parte de la
Administración Central del Estado, porque esas son las reglas del juego. Me refiero a la prestación farmacéutica y a todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El catálogo de prestaciones no lo establecen las comunidades, aunque lo
pueden aumentar, lo han hecho simbólicamente en algún caso, pero lo esencial es que los compromisos de los servicios de salud de las comunidades autónomas están obligados a prestar los servicios a los que esta Cámara ha decidido que tienen derecho
el conjunto de los ciudadanos del Estado español. Por lo tanto, las prestaciones se deciden aquí, la política del medicamento se decide aquí y se toman decisiones cada día que inducen al gasto a las comunidades autónomas. Lo decía el otro día con
mucha claridad: hay dos leyes sanitarias que nosotros compartimos en su espíritu y esencialmente en la letra. Una es la Ley Antitabaco, que estamos discutiendo, que va a inducir y a generar gasto en las comunidades autónomas porque la lucha contra
la dependencia del tabaco va a generar que en las comunidades autónomas los servicios de salud establezcan servicios para contribuir a la lucha contra esa dependencia. Y otra es la Ley de Reproducción Asistida, que también estamos discutiendo en
este Parlamento, y que va a inducir al gasto a las comunidades autónomas, porque se establecen nuevas prestaciones, nuevos desarrollos científicos que necesariamente van a tener que asumir las comunidades autónomas, y así sucesivamente. Cada día,
en esta Cámara, se toman decisiones que inducen al gasto a las comunidades autónomas y por eso me parece incorrecto, injusto e incluso peligroso establecer la dialéctica de buenos y malos que se ha generado en torno al debate sanitario.
El sistema de financiación es un modelo esencialmente correcto. El problema no es de modelo, sino de cantidades. El planteamiento sería ver en esta Cámara, con la participación de las comunidades autónomas, de los profesionales, de los
usuarios y de la industria, hasta dónde queremos llegar en el modelo sanitario. El vicepresidente Segundo del Gobierno y ministro de Economía decía que el dinero no es de las comunidades autónomas ni de la Administración Central del Estado -y eso
es elemental-, sino de los contribuyentes. Se trata de ponernos de acuerdo en qué esfuerzos fiscales estamos dispuestos a hacer en este país para garantizar un sistema sanitario público universal, gratuito, ampliamente generoso y profundamente
justo como el que tenemos. Ese es el debate que debemos plantearnos: hasta dónde queremos llegar con el esfuerzo fiscal para mantener el servicio sanitario público, y luego ya veremos, en función de las reglas del juego, el asunto de la
corresponsabilidad fiscal; por cierto, elemento positivo del acuerdo de financiación de las comunidades autónomas vigente, pero que no ha tenido ningún impacto en este acuerdo. Es decir, una de las cuestiones que a mí me parece que no han
conseguido el efecto deseado es precisamente que una de las virtudes del modelo de financiación de las comunidades autónomas es la corresponsabilidad fiscal. Aquí la Administración Central del Estado, por una estrategia que yo no acabo de entender,
ha puesto sobre la mesa una cantidad importante de dinero, pero en ese esfuerzo fiscal no han participado las comunidades autónomas porque el debate se ha planteado mal.
Por todo ello, señor vicepresidente, señora ministra, como miembros del Gobierno, me parece que se ha perdido la oportunidad de debatir esto en profundidad. El problema de la sanidad no es solo un problema de dinero.
El problema de la
sanidad es un problema de acuerdo entre los ciudadanos, los profesionales y las instituciones públicas, sea comunidad autónoma o Administración del Estado, y nos tendremos que sentar y definir desde el catálogo de prestaciones a los modelos de
gestión, a los niveles de gasto que queremos soportar los próximos años. Pues bien, esta oportunidad se ha perdido. Es cierto que en el propio real decreto y en el debate, sobre todo al final del mismo, se ha reconocido que aquí no se pretendía
resolver el problema de fondo, sino sencillamente aportar una cantidad de dinero que permitiera transitar hasta el debate de fondo que tendríamos a lo largo de esta legislatura, pero esa oportunidad se ha perdido.
Vuelvo a reiterar, y lo decía el otro día con relación a algunas mociones sobre este asunto, la necesidad que tenemos de que este Parlamento, que toma decisiones relevantes sobre el Sistema Nacional de Salud, participe en el debate de fondo
del futuro del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, del modelo de financiación de las comunidades autónomas a través de un gran acuerdo, no
le llamemos pacto de Estado si esto genera alguna suspicacia, que saque de la pelea política el futuro del Sistema Nacional de Salud, y eso pasa por un acuerdo con los ciudadanos, con los profesionales, con la industria, evidentemente con
las entidades gestoras de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y con la Administración General del Estado, que tiene muchísima responsabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Entre ellas, la decisión de los derechos en cuanto a
las prestaciones de los ciudadanos, que es vital. Por tanto, me parece que se ha perdido esa oportunidad.
Hay un dato, con relación a lo establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuanto a la distribución de los recursos que se han puesto sobre la mesa. Se han puesto sobre la mesa unas cantidades que van a tener reflejo
presupuestario el 1 de enero del próximo año y otras que, en función de la aplicación de esos programas, tendrán más o menos eficacia. Hay un tema que se ha puesto sobre la mesa del que no me puedo sustraer y que me ha parecido injusto, y no lo
digo en contra de nadie.
Es positivo considerar la insularidad como un elemento que genera gasto, que obliga a duplicar servicios, como ocurre claramente en el caso de los dos archipiélagos. Se ha fijado la cantidad de 55 millones de euros para
compensar, en la medida de lo posible, este elemento que hace compleja la prestación de los servicios sanitarios, que es la insularidad, pero su distribución, señor ministro, es claramente injusta. El archipiélago canario tiene dos millones de
habitantes y el balear en torno a un millón y la distribución no se ha hecho conforme a este elemento poblacional, que me parece elemental, sino que se ha hecho una especie de distribución fifty-fifty que en ningún caso parece justa.
En cualquier caso, nuestro grupo apoya la convalidación del real decreto-ley por la urgencia que existe en cuanto a los impuestos al tabaco y al alcohol, porque es necesaria una norma con rango de ley para autorizar al ministro en estos
anticipos de tesorería, pero insisto a la señora ministra y al señor vicepresidente primero en que se ha perdido una oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Espero que de aquí al año 2007 tengamos la posibilidad de debatir a fondo todo lo referente al futuro del Sistema Nacional de Salud, porque es muy importante la financiación, pero no es lo único sobre lo que hay que ponerse de acuerdo
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Izquierda Verde. Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias señor presidente.
Señora ministra, señor ministro, señorías, el real decreto que nos ocupa es el instrumento jurídico para dar cumplimiento a dos de las medidas acordadas el 13 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, relacionadas, en este
caso, con la financiación sanitaria.
Las medidas que hoy estamos discutiendo son, como ya se ha reiterado, la autorización de anticipos de tesorería y la subida de determinados impuestos especiales. El decreto, que nosotros adelantamos que vamos a
apoyar, por sí solo no permitiría decir mucho más. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hemos manifestado en estas semanas de manera reiterada que las medidas propuestas por el Gobierno no eran el
final del problema, sino una inyección de vitaminas al sistema sanitario y a las comunidades autónomas. Han sido, como ya hemos dicho y repito aquí, unos acuerdos importantes por varias cuestiones. En primer lugar, porque han significado una
corresponsabilidad del Estado en cuanto al déficit sanitario, un reconocimiento no en teoría sino en la práctica. Han significado también un reconocimiento de que la sanidad requiere una financiación específica y diferente de la que actualmente
tenemos.
Igualmente han significado aceptar que los ingresos han de proceder también de aportaciones impositivas; en el caso del tabaco y del alcohol, pueden además ayudar a disuadir de su consumo. Pero adelantamos aquí -y con esto anuncio en lo
que no coincidimos del todo- que no pensamos lo mismo sobre otro tipo de impuestos, como los hidrocarburos, que afectarían de igual manera a todas las rentas y no tienen ninguna relación con la sanidad. Nuestra posición en relación con los
impuestos ha sido siempre muy clara y vamos a seguir insistiendo en ella. Apostamos fundamentalmente, salvo en excepciones como esta de la que estamos hablando, por los impuestos directos, que nos parecen más equitativos y más justos. Mientras
tengamos necesidades sociales y sanitarias, mientras tengamos en la sanidad un déficit tan importante en la cartera de servicios y en otras cuestiones, decir que bajar impuestos es de izquierdas es una burla a una verdadera política de izquierdas y
de progreso. Por eso vamos a insistir, en la medida en que nos sea posible, allí donde hablemos de déficit, de bienestar social, en que el camino correcto es el de los impuestos directos, el de que quien más tiene pague más. La solidaridad, de la
que tanto hablamos, comenzando por la solidaridad que preconizamos para las comunidades autónomas, ha de comenzar por la solidaridad individual, que pasa por los impuestos directos.
Se trata, pues, de una aportación importante pero insuficiente y que solo resuelve una parte pequeña del problema. Es imprescindible un pacto de Estado que permita un acuerdo sobre la financiación de la sanidad, que incluya un incremento y
una mejor redistribución del fondo de cohesión social, una compensación adecuada por los gastos derivados de los cambios demográficos y un esfuerzo por parte del Estado y de las comunidades autónomas -aquí también nos van a
encontrar- para equiparar el gasto sanitario público. En España es del 5,74 y es aún inferior en las comunidades autónomas, como en Cataluña, que es la que más conozco. Por tanto, todos tenemos que hacer el esfuerzo de llegar como mínimo
al 6,3 por ciento. Pero nuestro grupo parlamentario quiere ir más allá y decir que sin reformas sustanciales en el sistema sanitario el incremento financiero tendrá un impacto relativo. No podemos hablar siempre exclusivamente de incremento del
gasto; hemos de hablar de incremento del gasto, como ya he dicho, pero hace falta también mejorar la eficiencia y la gestión. Debemos hablar también, por tanto, de modelos territoriales, de planes estratégicos que permitan evaluar resultados y
corregir desviaciones en la asignación de recursos; debemos hablar de información y transparencia, pues el sector público, y aún más el sanitario, ha de ser un referente de buena gestión, de eficiencia y de eficacia; debemos hablar de la
participación de la ciudadanía a través de los consejos de participación, pues no puede haber una buena gestión sin una participación activa de la población afectada; debemos hablar de la responsabilidad que tiene el sistema público en mejorar las
prestaciones y los servicios a través de la reducción de costes, lo cual es posible si abordamos el gasto de los medicamentos, que esperamos que sea una realidad con la nueva ley de medicamentos que el Ministerio de Sanidad está elaborando.
El gasto en medicamentos ha crecido de una manera insostenible hasta 2003, en estos momentos parece que se ha frenado, pero el incremento de gastos se ha de reducir ya que es una de las medidas que tenemos para mejorar nuestro sistema. ¿Por
qué hay este incremento de gastos? Todos lo conocemos, pero no está de más recordarlo: el precio de los medicamentos es muy alto; el incremento del número de recetas continúa siendo muy alto; el coste de la distribución, el 8 por ciento, es
altísimo; el coste de la dispensación, el 27,9 por ciento, es insostenible, y, por último, hay factores culturales que estimulan, sin duda, el consumo de medicamentos. Hemos de ser valientes y abordar que todo eso está ahí y que hay que tenerlo en
cuenta si queremos mejorar el sistema sanitario.
La realidad es que España tiene el coste más elevado en medicamentos y el consumo más bajo en genéricos de toda Europa. Las razones son varias: industriales, políticas de registro y de fijación de
precios del Ministerio de Sanidad y Consumo; normativas poco prácticas, poco ortodoxas, etcétera. Todas las especialidades farmacéuticas comercializadas en España, que son más de 6.450, son financiadas por el Sistema Nacional de Salud y cada año
se incorporan más de cien a la lista de financiadas. Debemos poner remedio de manera urgente a esa situación.
Es imprescindible, y por eso aprovechamos este momento para insistir en que una política de medicamentos generaría un ahorro importante
de recursos que podrían destinarse a mayor calidad y a mayor eficiencia.
Señorías, la salud -y aquí también quisiera dedicar un minuto a recordar que tenemos, a pesar de todo esto, un buen sistema- es el elemento de la vida que más valor tiene para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La sanidad es
una de las políticas públicas que la ciudadanía, siempre que se le ha consultado, ha valorado como prioritaria y además ha reconocido como un sistema útil y beneficioso que quiere mantener. En ningún momento se ha de poner en duda que tenemos un
sistema positivo y que está consolidado. Pero el reto es reforzarlo mediante un nuevo sistema de financiación y mediante unas reformas sustanciales en la gestión de recursos. Por lo tanto, reitero que vamos a votar a favor del real decreto.
Creemos que ha sido un paso importante, pero no podemos tener la tranquilidad, ni el Estado ni las comunidades autónomas, de que con esta aportación, ni tan siquiera con esta línea, es suficiente. Hemos de intentar que no haya más decretos de este
tipo. Hemos de intentar que haya soluciones verdaderamente estables y de futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García Suárez. Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, egunon danori. Ya estamos otra vez, señor vicepresidente, ante un real decreto-ley, procedimiento que a nuestro grupo no le gusta en absoluto y que su grupo también ha criticado reiteradas
veces en el pasado, tal como nosotros lo hacemos ahora. Creemos que esto se podía haber hecho sin tantas prisas, pero ustedes han apreciado una urgencia que nosotros no vemos con tal claridad. Sin embargo, entrando en lo que es la cuestión
material, el lehendakari Ibarretxe participó en la Conferencia de Presidentes y dio el visto bueno a las medidas que allí se acordaron. Posteriormente, la representación vasca, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobó también
estas medidas, condicionadas a que se incorpore en su día una medida número 7, para dar su visto bueno. Esta medida 7 señalaba, como usted bien sabe, señor vicepresidente, que la aplicación de las medidas de carácter tributario y financiero a las
comunidades autónomas de régimen foral se realizará de acuerdo con su específico sistema de financiación de concierto o convenio. En particular dice esta medida número 7, y en relación con las dotaciones presupuestarias extraordinarias destinadas
por la Administración del Estado a financiar los gastos sanitarios de competencia de las comunidades autónomas, que la participación de las comunidades forales se realizará por minoración en el cupo o aportación del importe que resulte por
aplicación del índice de imputación vigente en cada ejercicio a las mencionadas dotaciones presupuestarias elevadas a nivel nacional. Bien es verdad, señor vicepresidente, que todavía la comisión mixta del concierto no se ha reunido para dar una
respuesta satisfactoria a esta medida a la que me he referido. Espero que esta reunión se pueda
celebrar lo antes posible. Por lo tanto, no será el Grupo Parlamentario Vasco el que se oponga a la aprobación de este real decreto a pesar de entender que este no es el mejor procedimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Turno del Grupo de Esquerra Republicana, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidente.
Señorías, frecuentemente en los debates públicos y mediáticos como este perdemos de vista el contexto real del problema, lo que puede crear cierta confusión. Actualmente es falaz hablar del déficit de la sanidad o de la financiación
sanitaria con independencia del sistema de financiación autonómica. Si bien es cierto que el comportamiento del gasto sanitario tiene unas particularidades que exigen un tratamiento específico y que la deuda en la sanidad pública ha llegado a unos
niveles ciertamente preocupantes -en Cataluña superiores a los 2.000 millones de euros-, el modelo de financiación aprobado en el año 2001 integraba el gasto sanitario de las comunidades autónomas en el sistema de financiación general, consolidando
una situación que ya era de por sí extremadamente crítica. Este es un contexto que nos lleva a constatar dos realidades innegables. La primera es que el modelo de financiación pactado en 2001 es un mal modelo; el parche que estamos poniendo en el
gasto sanitario es una muestra de ello. Resulta de una gran irresponsabilidad integrar el gasto sanitario dentro del sistema general sin garantizar recursos suplementarios. Es bien sabido que el gasto sanitario crece, a partir de la evolución de
la prestación sanitaria media, a un ritmo muy superior al del conjunto de ingresos impositivos.
Las nuevas cesiones impositivas, tramos del IVA y de impuestos especiales, no fueron ni mucho menos suficientes. Reconocidos expertos de financiación
autonómica -y no únicamente catalanes- ya advirtieron de los peligros de integrar la sanidad en el sistema general. Es comprensible que este modelo se haya impulsado desde los líderes del centralismo aventajado. Pero más sorprendente resulta que
fueron avalados por los que ahora se presentan como los radicales, bienvenidos sean, pero nosotros mantenemos nuestra coherencia. La segunda realidad es que la única solución a medio y largo plazo para garantizar una financiación satisfactoria de
la sanidad es una reforma radical del sistema de financiación autonómica. Las comunidades autónomas no pueden cargar con todo el riesgo financiero sin una autonomía fiscal efectiva. Actualmente, los recursos atribuidos a las comunidades autónomas
siguen ceñidos a unas necesidades de financiación calculadas por el Estado o, lo que todavía es peor, pactadas entre el conjunto de las comunidades autónomas, que tienen necesidades y prioridades muy dispares. El Estado no puede centrifugar el
riesgo y los problemas -competencia de gasto- sin ceder una mayor autonomía financiera.
Hechas estas consideraciones, desde Esquerra Republicana somos conscientes de que es necesario implantar medidas de carácter urgente para solucionar este problema a corto plazo, sin olvidar que estamos hablando de un parche y que lo que
Cataluña y el conjunto del Estado necesitan es un traje nuevo. En este contexto valoramos positivamente que el Gobierno haya querido abordar un problema de difícil solución, aunque tenemos ciertas reservas. Las cuatro medidas de la propuesta son:
primera, creación de un nuevo fondo de 500 millones de euros; segunda, recursos procedentes de anticipos de tesorería; tercera, recursos procedentes de incremento de la imposición indirecta, y cuarta, capacidad normativa en impuestos indirectos
sobre hidrocarburos, matriculación de vehículos y electricidad. Sobre la primera medida consideramos que representa una oferta presupuestaria por parte del Estado, pero los criterios de distribución del fondo no se corresponden con el esfuerzo
soportado por las comunidades autónomas. Los criterios de reparto se basan en los índices poblacionales que se utilizaron para calcular las necesidades del gasto sanitario en el modelo de financiación de 2001. Es, por lo tanto, un esfuerzo que
penaliza a aquellas comunidades autónomas que, como Cataluña, han asumido en primera instancia las competencias de sanidad ya que han soportado un gasto sanitario de fuerte crecimiento con unos recursos insuficientes, generando en consecuencia un
mayor endeudamiento.
Respecto a la medida tercera, el incremento de impuestos, cuando aparece déficit de financiación, parece una medida muy razonable porque probablemente aumentar el gravamen de bienes como el tabaco y el alcohol es lo más adecuado para
desincentivar consumos perniciosos que repercuten en un mayor gasto sanitario y además nos aproximan a los estándares europeos. El problema está en que Cataluña hace tiempo que vive un tratamiento fiscal de excepción. Si en el año 2003 el Estado
español tenía una presión fiscal media del 36 por ciento del PIB, en Cataluña ya era un 10 por ciento superior, que, dicho sea de paso, no repercute en mayores recursos sino al contrario. Por lo tanto, no es que en Cataluña tengamos unas tendencias
especialmente neoliberales contrarias a los incrementos impositivos, sino que, como ya saben ustedes, hace tiempo que estamos instalados en la excepcionalidad fiscal.
Respecto a la medida cuarta, sin duda la corresponsabilidad fiscal que supone otorgar mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas siempre es una buena noticia; sin embargo, continuando con la argumentación anterior, sería
interesante diferenciar entre capacidad normativa real y capacidad normativa efectiva. Les propongo un ejercicio de suplantación de personalidad: si ustedes fueran los gobernantes de una comunidad autónoma con un déficit fiscal próximo al 10 por
ciento del PIB y con la presión fiscal ya mencionada, ¿cuál sería su capacidad normativa efectiva para subir los impuestos, cómo plantearían esta medida a sus ciudadanos, especialmente a sectores económicos en situación
comprometida como el pesquero y el agrícola, que no estarían especialmente satisfechos de cargar con un aumento significativo de sus costes de producción? Adicionalmente cabe valorar como positivo, aunque no suficiente, el resto de medidas
impulsadas por el Gobierno, como la racionalización del gasto sanitario y la priorización de la atención primaria, o los 200 millones de euros destinados a compensar la asistencia de los residentes extranjeros, realidad especialmente acuciante en
Cataluña, principal destino turístico del Estado y de acogida de inmigrantes. Actualmente Cataluña, como ya hemos dicho, tiene ya 7 millones de tarjetas sanitarias. En conjunto son unas medidas necesarias y globalmente positivas, pero siguen
hipotecadas por un mal sistema de financiación autonómica.
Aprobaremos este real decreto porque entendemos que es un parche necesario, imprescindible y urgente en este momento, pero repetimos que la solución no está en la mejora de la financiación sanitaria sino en la financiación autonómica. El
resto de medidas, como mejorar la gestión sanitaria y la racionalización del gasto de medicamentos, se deben impulsar, pero la solución es la financiación autonómica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, señora ministra de Sanidad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a votar a favor de este real decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de financiación
sanitaria, como ustedes saben, porque, como pudimos manifestar y justificar en una reciente interpelación que presentó nuestro grupo parlamentario, este real decreto avala el definido por nosotros como el pacto de la calderilla sobre el reciente
acuerdo conformado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno central y las diferentes autonomías. ¿Por qué no vamos a apoyar este real decreto? Entre otras muchas cosas que voy a intentar detallar en esta intervención, en
primer lugar porque este real decreto representa para la sociedad española y para todos los españoles una mayor presión fiscal en determinados impuestos indirectos que no resuelve en absoluto el actual déficit sanitario. Desde esta perspectiva, lo
que plantea el Gobierno es legislar sobre una subida de impuestos que va a afectar a determinados impuestos especiales, como el alcohol y el tabaco.
También plantean en este real decreto un nuevo modelo de ingeniería presupuestaria, un modelo de
ingeniería financiera que van a aplicar a un tema tan importante como es la sanidad española. Ustedes, en vez de hacer lo que hicieron en Renfe, que resolvieron de inmediato su gran déficit presupuestario poniendo recursos del Estado, y lo mismo
que también van a hacer en Televisión Española, que es poner el contador a cero, en sanidad no se han atrevido a hacerlo, han pasado el muerto a las comunidades autónomas y han planteado un mecanismo de ingeniería financiera que nosotros hemos
definido como modelo trampa, en el sentido de que anticipan a las comunidades autónomas una serie de impuestos que ya son propiedad de las mismas y en definitiva estos anticipos van a representar más déficit financiero para los años 2006 y 2007.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, es importante recalcar ante esta Cámara que el déficit de la sanidad española está hoy alrededor de 7.200 millones de euros, y ustedes, a pesar de sus manifestaciones en diferentes medios de
comunicación, de estos 7.200 millones, señor vicepresidente, solamente aportan recursos directos por parte de la Administración del Estado a una cantidad que oscila alrededor de 1.677 millones de euros, con lo cual solamente resuelven el 25 por
ciento del déficit sanitario español. El resto, 2.730 millones, corresponde básicamente a ingeniería financiera, a adelantos de impuestos que en realidad ya corresponden a las diferentes comunidades autónomas en función de la recaptación que cada
año efectúan por los impuestos cedidos. Y lo que es más grave es que en Cataluña, donde no tenemos un déficit de 2.000 millones de euros, señora Bonás, sino de 3.000 millones de euros, el Estado solamente va a aportar la cantidad de 160 millones de
euros. El Estado solo va a resolver el 5 por ciento del déficit sanitario, y ustedes lo encuentran perfecto, maravilloso, y van a votar a favor de esta medida legislativa planteada por el Gobierno que solamente resuelve el 5 por ciento del déficit
sanitario catalán y que oscila en torno a una cantidad que va a llegar solamente a unos 160 millones de euros. Es significativo y clarificador que en esta tribuna se digan las verdades, y Esquerra Republicana de Catalunya va a votar gratis este
real decreto que aporta no calderilla sino miseria a la financiación o a la solución del déficit sanitario catalán. Estos son los datos y están perfectamente reflejados en el resumen que se pudiera desprender de este real decreto. Vale la pena
también resaltar que, a pesar de sus manifestaciones y de criticar la actuación de nuestro grupo parlamentario en el sistema de financiación del año 2001, que fue positivo y que fue votado por todos los grupos de esta Cámara, incluso por el Grupo
Socialista, ustedes van a apoyar ahora esta miseria que va a recibir la Generalitat de Catalunya y que solamente va a soportar el 5 por ciento del déficit catalán, que asciende a 3.000 millones de euros, no 2.000 millones de euros; no cambien las
cifras cuando intervengan. Esto va a quedar en los medios comunicación y va a ser muy clarificador para la sociedad catalana.
Desde esta perspectiva, señor vicepresidente, no vamos a poder votar a favor del real decreto por lo que he manifestado, pero al mismo tiempo insistimos en que el reciente acuerdo sanitario entre el Gobierno, las diferentes comunidades
autónomas y el Consejo de Política
Fiscal y Financiera no permite sanear la deuda histórica, que es una cuestión grave desde nuestro punto de vista. Entendemos que esto es un parche en un asunto tan delicado como la sanidad española; ustedes tendrían que haber sido
conscientes de esta problemática y poner el contador a cero, como lo han hecho en Renfe y en Televisión Española, pero no se han atrevido a hacerlo con un tema que afecta a toda la sociedad española. Sinceramente, no lo entendemos. Ustedes
parchean el actual déficit sanitario y lo trasladan a los próximos años. Además, señor vicepresidente, este real decreto no asegura el equilibrio financiero de la sanidad en el futuro, no se ponen las bases suficientes para mejorar la eficiencia y
la suficiencia financiera del mismo ni contempla la contención y la racionalización del gasto en el futuro.
Entendemos que esta es una cuestión en la que tendrían que estar involucradas todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Hubiera sido muy
interesante buscar un pacto de Estado, del que serían partidarias la mayoría de las fuerzas políticas según han manifestado en esta tribuna, e intentar involucrar a los agentes sociales y económicos para tratar de resolver la situación y que no
pudiera ser utilizada como arma electoral de un partido contra otro. Por lo tanto, continuamos considerando que sería interesante intentar buscar un pacto de Estado por el que se pudieran poner las bases para la contención y la racionalización del
gasto en el futuro.
No deja de ser una realidad, que también ha sido asumida por todos los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, que este es un sistema que va a continuar generando déficit y que vamos a hacer la pelota muchísimo más grande para
cuando se tenga que plantear la solución definitiva. Por ello no vamos a votar a favor de este real decreto.
Después de las intervenciones e iniciativas que hemos planteado en esta Cámara, después de haber intentado conseguir este pacto de Estado,
de haber planteado la posibilidad de poner el contador a cero y buscar para la sanidad española la misma solución que se ha encontrado para otros organismos dependientes del Estado, como Renfe o Radiotelevisión Española, entendemos finalmente que
esta solución que ustedes han planteado no deja de ser una tomadura de pelo, señor vicepresidente, y se lo dijimos en la interpelación. La sociedad española no se merece una solución de la envergadura de la que ustedes han planteado y que es solo
un parche para un grave problema que existe en la sociedad española. Ha sido una solución trampa -también lo dijimos en nuestra interpelación-, es pan para hoy, por los anticipos que van a proporcionar a las comunidades autónomas, y hambre para
mañana, porque cuando hayan cobrado estos anticipos volverán a tener un agujero fiscal por impuestos que van a cobrar pero que ya les han anticipado a ustedes en los años 2005 y 2006. Con estos mecanismos, señor vicepresidente, han ninguneado,
desde nuestro punto de vista, a las comunidades autónomas, les han traspasado el muerto, y sinceramente pensamos...
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Termino, señor presidente.
Por estos motivos vamos a votar en contra de esta iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señores ministros, quiero empezar agradeciendo al señor presidente los medios informáticos que nos ha suministrado, porque me han permitido conocer on-line, ahora mismo, el IPC adelantado: 3,7, cuatro décimas más que el mes anterior, casi
el doble de lo que el Gobierno dijo en su previsión del año pasado. Y el hecho de que se hable hoy de una subida de impuestos con una inflación del 3,7 me permite, gracias a los medios tecnológicos que nos ha proporcionado el señor presidente,
cuestionar todavía más este real decreto-ley. Además quiero añadir una cosa también en el preámbulo. Decía la portavoz de Esquerra Republicana que estaba muy contenta porque este decreto-ley avanzaba en la capacidad normativa. No, no se lo ha
leído, señora portavoz. No hay ni un pasito de capacidad normativa adicional. Ustedes están muy contentos con apoyar al Gobierno, pero no emplee ese argumento porque se van a creer ustedes sus propias trampas.
Señor vicepresidente, con toda la literatura que usted quiera añadir, hoy nos trae un decreto para su convalidación que, aparte de adelantar un dinero a las comunidades autónomas -poco, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre-, lo único que
hace es subir impuestos. Además suben impuestos cuando hace dos días alardeaban de que los ingresos iban extraordinariamente bien, que estaban teniendo ingresos por encima de lo previsto en cantidades exorbitantes. Entonces, ¿por qué suben
impuestos? ¿Es que están utilizando la sanidad para hacer caja? ¿Están utilizando la sanidad para subir los impuestos? Por eso mi grupo va a votar que no, porque no estamos de acuerdo con subir impuestos. Nos parece mal y fundamentalmente en un
momento donde España tiene unos desequilibrios en precios o en el déficit exterior que lo hace todavía más contraproducente.
El decreto-ley, en su exposición de motivos, empieza diciendo: el derecho a una asistencia sanitaria de calidad constituye uno de los pilares del Estado del bienestar con el que el Gobierno se encuentra firmemente comprometido. No podemos
estar más de acuerdo. Mi grupo está absolutamente de acuerdo con que la sanidad es uno de los elementos esenciales en el Estado del bienestar. Es
el servicio público que más reclaman los ciudadanos, que más calidad debe tener y que debe priorizar todas las políticas de gasto de un gobierno.
De hecho, las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular así lo hacen, están
incrementando el gasto en la sanidad por encima del PIB nominal. Pero, señor ministro, ¿qué tiene que ver que usted suba los impuestos especiales con que la sanidad funcione bien? ¿No tenía tanto dinero? Volvemos al Partido Socialista de siempre:
subir impuestos. ¿Qué hacen cuando tienen un problema con la sanidad? Subir impuestos. Dentro de poco tendrán un problema de la dependencia y nos pondrán un impuesto adicional. Volvemos siempre a lo mismo, porque este decreto-ley no otorga -como
no podía ser de otra manera- carácter finalista a ningún impuesto.
Es que no son impuestos para financiar la sanidad, son impuestos para hacer caja.
Señor ministro, señorías, ¿ustedes saben que de esta subida de impuestos las comunidades autónomas solo se llevan el 40 por ciento y que el 60 por ciento de los impuestos especiales se los queda el Estado? ¿Ustedes creen que subiendo dos
impuestos el 10 por ciento y dándoles de esa subida el 40 por ciento a las comunidades autónomas se arregla algún problema? Porque si no es así, señor ministro, dele instrucciones a su portavoz; si no es así, señor ministro, no figura en el
decreto-ley. En el decreto-ley lo que figura es una subida de impuestos y un anticipo a cuenta. Usted es consciente, señor ministro, y así lo hace constar en la exposición de motivos, que existe insuficiencia en la financiación de la sanidad, pero
no quieren reconocer una realidad, y es que eso se debe fundamentalmente al aumento de la población protegida. Las comunidades autónomas no tienen apenas responsabilidad directa en el incremento del gasto sanitario y, además, cuando incrementan el
gasto sanitario por encima de los estándares lo pagan con sus propios ingresos.
El incremento del gasto sanitario se debe al aumento de la población protegida, al incremento de la población en nuestro país. Existe un modelo que debían haber puesto en funcionamiento, reconociendo el aumento de la población. Lo que
habría que haber hecho es reconocer la población real que hoy tienen las comunidades autónomas, pero no, ustedes han preferido, primero, no reunir a los consejeros de Sanidad -que son quienes de verdad conocen este problema- y dejarlos al margen;
después reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrar una Conferencia de Presidentes, que no tenía marco legal para aprobar nada, y todo con el objeto de traer aquí un decreto-ley que lo único que hace es subir dos impuestos.
Después de leer este decreto-ley pienso que la sanidad no es una prioridad para ustedes. No quieren poner más dinero en la sanidad pública, no quieren priorizar el gasto en la sanidad y están montando un vodevil con la Conferencia de
Presidentes y la subida de impuestos, pero a la hora de poner dinero para quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas, calderilla. En lugar de colaborar con las comunidades autónomas para tratar del incremento de los gastos
derivado del aumento de población lo que hacen es intentar echar la culpa a las comunidades autónomas y no hacer nada. ¿No sería mejor priorizar la financiación sanitaria sobre otros gastos? ¿No sería mejor cumplir el acuerdo de financiación
sanitaria y reconocer los incrementos de población? Aquí hay una realidad que es muy importante que la Cámara conozca. Después de la Conferencia de Presidentes, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de este decreto-ley, ustedes van a poner
en el año 2006 menos dinero per cápita para la sanidad que el que puso el Gobierno del Partido Popular hace tres años y es justo que eso se sepa en esta Cámara. Esa es la prioridad que ustedes conceden a la sanidad. Se estaba poniendo de media
para las comunidades autónomas -para unas más y para otras menos- 1.000 euros por persona protegida. Ustedes financian a la población adicional en no más de 220 euros por persona, y en algunas comunidades con muchísimo menos. ¿Es que cuesta menos
dar servicios sanitarios a los nuevos ciudadanos que a los antiguos? No están reconociendo la prioridad que para la sociedad española tiene la sanidad. Por eso vamos a votar que no.
Ustedes están montando un lío con la financiación sanitaria con el único objetivo de no aportar más dinero al sistema, de no poner el dinero que el sistema requiere, de no priorizar este gasto sobre el resto, y disfrazarlo con una subida de
impuestos es un mal camino. Con una inflación que se va a poner al final del ejercicio casi en el 4 por ciento, subir los impuestos no es la medida adecuada. Y yo sé que usted lo sabe. No se puede caminar por una senda de más impuestos. Eso es
malo a medio plazo. Nosotros creemos que es necesario aportar más dinero a la sanidad y que la sanidad pública sea una prioridad, pero eso deberíamos haberlo hecho anteayer, cuando usted presentó los presupuestos. Pero ahí la sanidad pública no
era una prioridad, ahí ustedes no estaban apostando por la sanidad, y hoy quieren que aprobemos un decreto-ley que no tiene nada que ver con la sanidad. Usan la sanidad como excusa para subir impuestos y ese es un mal camino para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo. El Partido Popular nunca votará a favor de subidas de impuestos, aunque lo disfracen diciendo que es para la sanidad, porque es mentira.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Por el Grupo Socialista, su turno, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señora ministra, señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar este real decreto, dejando claro cuál ha sido el proceso anterior porque en las últimas intervenciones se ha
desvirtuado. En cualquier caso, quisiera hacer una consideración general, sobre todo porque algunos grupos han insistido mucho en que no están recogidas las variables que inciden en la financiación de sus comunidades, para volver a decir que no
estamos hablando del replanteamiento del sistema de financiación autonómica. Este no es el tema. Por tanto, no es posible introducir elementos correctores porque en un puente necesario por la urgencia que tienen las comunidades autónomas para
financiar la sanidad no se pueden introducir variables que distorsionan el conjunto del sistema de financiación. Como ha dicho el vicepresidente hay que tener tranquilidad. Un grupo de trabajo específico lo estudiará y si la variable dispersión
hay que tenerla en cuenta así se hará. Las variables que se sugirieron de población efectiva atendida, los costes de cogestión que otras comunidades intentan aportar, así como la insularidad serán tenidas en cuenta cuando se resuelva de una manera
consensuada un nuevo sistema de financiación.
Estamos hablando de que existe un acuerdo del año 2001, en el que se acordó por parte de todas las comunidades autónomas que se les transfería el coste efectivo de la sanidad. Señor Sánchez i Llibre, en este tema quiero dirigirme a usted
porque no es de recibo que diga que este es un mal acuerdo, cuando lo que hace es mejorar sustancialmente el acuerdo que ustedes apoyaron en el 2001. Se mejora sustancialmente y esa es una afirmación que no es calderilla, ni podemos dejar pasar.
Deben ustedes saber que los más de 1.100 millones directos con cargo al presupuesto superan ampliamente el presupuesto del Ministerio de Justicia y de otros, por ejemplo el de Exteriores. Es un desprecio hacia el propio funcionamiento de las
instituciones del Estado que usted califique de calderilla un importe tan considerable y que requiere un esfuerzo presupuestario tan notable.
Por otra parte, también me asombra la falta de memoria que tiene el Partido Popular cuando dice que no apoyarán nunca la subida de impuestos.
Señor Martínez-Pujalte, ustedes modificaron 17 impuestos en la anterior legislatura. Le voy a
recordar más. Lo primero que hicieron ustedes en el año 1996, cuando llegaron, fue subir el impuesto sobre el alcohol y el tabaco un 26,5 por ciento. Esa fue su primera medida. Lo volvieron ustedes a subir en el 2002. Por tanto, no puede usted
decir que en aquel momento aquella medida era buena y ahora es mala. Puedo traerle a colación las manifestaciones que hacía el vicepresidente de aquel momento, señor Rato, cuando decía que el alcohol y el tabaco no constituían bienes de consumo de
primera necesidad, cuya fiscalidad es aún inferior a la que tiene la mayor parte de los países europeos, y resaltaba la casi nula incidencia sobre la inflación. El propio ministro de Hacienda en aquel momento, señor Montoro, apoyaba la subida
gradual de impuestos. Podría ir más lejos, podía irme a sus planteamientos programáticos que tanto les gusta sacar en esta tribuna. En la ponencia económica del PP, cuando se le pregunta al redactor de la ponencia sobre los impuestos especiales,
se afirma literalmente que no, que subir esos impuestos realmente no es una subida porque hay que diferenciar muy bien una subida de impuestos de otro tipo de lo que es la armonización con la imposición indirecta de la Unión Europea, y apoya la
subida de tabaco y alcohol. Por tanto, esto que ha dicho señor Martínez-Pujalte -y discúlpeme- es un ejercicio de cinismo político porque ustedes han tomado dos veces esta medida, aportándola desde el punto de vista programático como una buena
solución, y ahora dicen que es un desastre.
También voy a corregirle -si me permite- en dos o tres afirmaciones que han tratado de desvirtuar la bondad de esta medida. En primer lugar, usted afirma que el incremento que se ha producido en el coste de la sanidad está provocado por el
incremento de población. Señor Martínez- Pujalte, eso no es así. El grupo de trabajo del ministerio determinó claramente que la incidencia de la población en el coste era solo del 20 por ciento. Son los incrementos de coste producido por
decisiones de gestión, fundamentalmente de las comunidades autónomas, los que han incidido en esa subida del coste. Si hiciésemos caso a su argumentación sobre que el incremento de financiación se dirigiera solo a aquellas comunidades que han
tenido ese aumento espectacular, nos encontraríamos que comunidades como Galicia, Castilla y León y muchas otras tendrían después un problema tremendo porque son comunidades cuya población no ha crecido, y su error parte de que el acuerdo de 2001
era un mal acuerdo.
Señoría, le recuerdo que el Partido Socialista firmó ese acuerdo y en el mismo acto de la firma dijo que no era bueno y que lo cambiaríamos cuando gobernásemos. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Eso se llama lealtad a la
firma!) Por tanto, no vuelva a decir que nosotros estábamos de acuerdo con ese sistema porque el mismo día de la firma dijimos que no era un buen sistema. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Eso es lealtad!)
Le voy a corregir otro error. No es cierto que las comunidades autónomas se lleven solo el 40 por ciento por la proporción que les corresponde de la subida de los impuestos del tabaco y del alcohol. No es cierto porque entre otras cosas, y
como usted debería saber, estos impuestos especiales están en la base sobre la que se liquida el impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, cuando los contribuyentes pagan sus impuestos, además de alcohol y tabaco, están pagando un IVA adicional
que va a las arcas de la comunidad autónoma, por lo que el resultado final no es del 40, sino que está cercano al 60 por ciento.
Por último, no hablaremos de inflación porque este no es el debate, pero le puedo asegurar que la repercusión de estas medidas sobre la inflación es absolutamente mínima. Por ejemplo, la subida del 10 por ciento de la cerveza tiene una
incidencia sobre el precio final del 0,31
por ciento, lo que al final en el IPC podría ascender a 0,0017 puntos porcentuales. Por tanto, señor Pujalte, deje de preocuparse por la repercusión de estas medidas y preocúpese de si este sistema puente que ha acordado el Gobierno con las
comunidades autónomas va a mejorar o no la financiación de la sanidad. Estamos aquí porque las comunidades autónomas pidieron urgentemente dos cosas al Gobierno: un anticipo, porque estaban ahogadas en los pagos, y mayores fondos para que este
sistema no se cayera, que ustedes firmaron y entró en vigor en el año 2000. Yo creo que esto se ha conseguido y simplemente quiero apoyar el hecho de que esta medida se tramite por real decreto-ley. Y en este punto quiero discrepar con el Grupo
Parlamentario Vasco. Señor Azpiazu, si no lo tramitamos mediante real decreto usted sabe que una subida de impuestos genera movimientos especulativos y de acumulación. Por otra parte, la medida se encuentra soportada perfectamente en la doctrina
del Tribunal Constitucional y no sería posible otra tramitación porque, primero, las comunidades autónomas necesitan urgentemente el dinero, y, segundo, crearíamos una distorsión grave en el sistema de funcionamiento del mercado de tabaco y alcohol.
Esta medida es buena y en otro debate supongo que se hablará de la repercusión sanitaria, pero las capas de la sociedad que son más sensibles a esta subida son los jóvenes. En ese punto la elasticidad de la demanda respecto al precio es importante
y esperemos que esto sirva no solamente para conseguir un saneamiento financiero de las comunidades autónomas, sino también para que junto con la ley de tabaco, cuya tramitación vamos a iniciar, sea efectiva la lucha de este Gobierno por la salud de
los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
Vamos a proceder a la votación del Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 179; en contra, 136; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)
Pasamos, pues, a votar si el real decreto-ley convalidado se tramitará o no como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 134; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE TROPA Y MARINERÍA. (Número de expediente 121/000037.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: debate de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de tropa y marinería.
En primer lugar, presentación del proyecto por un miembro del Gobierno.
Señor ministro de Defensa, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias a quienes a esta hora de la mañana consideran oportuno prestar atención a los asuntos que hacen referencia a la tropa y a la
marinería. Comienzo esta exposición con la conclusión a la que se llegaba en un diario nacional para resumir la importancia del presente proyecto de ley: ya se puede ser soldado en España -se decía-.
Este es el resumen que quisiera hacer llegar a
SS.SS. en primer término, muy especialmente a quienes hoy están en nuestros ejércitos, a quienes pretenden acceder a ellos, a quienes los abandonaron sin las ventajas que la ley que hoy presento les ofrece y, además, a aquellos militares que no
pudieron continuar en nuestros ejércitos porque se lo impedía una normativa desconsiderada con los que los sirvieron.
El sacrificio de nuestros jóvenes soldados, su vocación y su deseo de servicio a los demás no solo hay que contarlo, sino valorarlo y pagarlo.
Con este proyecto de ley se trata de solucionar un problema grave de los ejércitos porque faltan
soldados, y un problema muy grave de los soldados porque no se les atiende debidamente como profesionales. Esta ley prestigia a nuestros soldados y contiene en su articulado un reclamo claro: queremos a los mejores. Con esta ley esperamos que la
profesión de soldado cotice al alza.
En marzo del año 2001 se incorporó a las Fuerzas Armadas Españolas el último soldado de leva obligatoria. Terminaba entonces un periodo de casi dos siglos de servicio militar obligatorio que comenzó en el año 1812 con la Constitución de
Cádiz. La creación de las milicias nacionales previstas en aquella Constitución respondía al inicio de una nueva etapa histórica para España y daba lugar a su vez a una nueva era para el desarrollo de los ejércitos. Atrás iban a quedar las
partidas de recluta por cuenta de cada regimiento, la leva forzosa entre determinados colectivos sociales y las quintas llamadas de sorteo. A lo largo de esos casi dos siglos hubo, por cierto, algún intento de hacer profesionales nuestros ejércitos
en todos sus empleos. Fue durante la Primera República cuando se abolió el reclutamiento forzoso, pero la norma estuvo solo en vigor
durante seis meses. El servicio militar obligatorio estuvo lleno de vergonzosas injusticias y excepciones. Así, por ejemplo, se puede dar cuenta de las redenciones en metálico de los llamados soldados de cuota o del pago de sustituciones
para enviar a las guerras de Marruecos a los soldados pobres, cuyas familias recibían una compensación económica de aquellos a los que por sorteo se había designado. Cuando en el año 2001 desaparecía en la práctica el servicio militar obligatorio
dejábamos atrás un modelo establecido en 1968 consistente en un servicio militar general obligatorio para todos los jóvenes varones, sin más excepciones que la limitación física y la condición que se llamó de sostén familiar o de ayuda a las madres
viudas pobres, de las que algún engaño y corruptela sonoros podría mencionarse.
Hagamos un repaso ahora del origen de este proyecto de ley que el Gobierno remitió a las Cortes Generales el pasado 29 de abril. Remontémonos a comienzos de 1990, cuando un acuerdo de este Parlamento reconocía carencias en nuestros
ejércitos y hablaba de la necesidad de reducir el volumen total de efectivos militares e incrementar notablemente el de tropa profesional. Exactamente, a uno de septiembre del año 1991 existían 184.000 soldados de reemplazo y 20.900 profesionales;
a finales de ese mismo año, de 1991, la Ley Orgánica del Servicio Militar establecía un modelo mixto de Fuerzas Armadas en España en el cual habrían de convivir los soldados de leva obligatoria con los profesionales. Este modelo mixto, que se debía
lograr en el plazo de una década, debería permitir desde la perspectiva de 1991 -conviene ser preciso en esa fecha- una planificación adecuada hacia la plena profesionalización. No fueron pocas las voces que en todos los partidos vinieron a abogar
por una aceleración del proceso hacia la profesionalización plena. La tendencia era clara y la necesidad cada vez más evidente; pero tampoco faltaban quienes, pensando en la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, comprendían que no podía haber
profesionalización correcta sin respaldo presupuestario o que la medida de la profesionalización total no debía improvisarse ni adoptarse por razones de urgencia distintas de aquellas que afectaren a la defensa nacional. Así lo debía entender,
quiero suponer, el anterior presidente del Gobierno cuando siendo candidato en el año 1996 escribió: Hablemos claro. Cada vez hay más gente que defiende la opción de la plena profesionalidad en razón de argumentos no desdeñables de funcionalidad
operativa. Las consideraciones de viabilidad económica obligan a dejar apuntada esa posibilidad -decía- como hipótesis de futuro. Añadía: La profesionalización resultaría enormemente costosa. En resumen y literalmente, el señor presidente del
Gobierno tres meses antes de las elecciones de 1996 defendía: modelo mixto con servicio militar obligatorio. En cambio, señor Maldonado, el programa de Convergència i Unió era igual de explícito, aunque en sentido totalmente opuesto. Decían
ustedes: La supresión del servicio militar obligatorio, sustituyéndolo por el servicio militar voluntario en el marco de un ejército profesionalizado es nuestra prioridad. El Grupo Popular y Convergència i Unió firmaron el acuerdo de investidura y
gobernabilidad en 1996 y escribieron en su acuerdo: Proponer la creación de una ponencia para que, en un plazo no superior a un año, se establezcan la fórmula y plazos para conseguir la supresión del servicio militar obligatorio. No cabe duda de
lo que cada uno había puesto en esta salsa. Los ingredientes, el guiso, los puso Convergencia i Unió; el plato lo sirvió el Gobierno recién investido con sus votos. Hubo críticas, pero no giraban sobre el final del servicio militar obligatorio.
Dejar atrás la mili obligatoria era asunto que compartían muchas personas. Por eso el contenido de la decisión -de CiU, insisto- ni merecía la crítica ni la recibió. Tampoco era criticable el acuerdo con ustedes, con Convergència i Unió. En
política, y lo sabe esta Cámara, no son desdeñables los pactos ni los acuerdos ni cuando se pasa de la desconsideración al pacto en los pocos minutos que distan entre el anuncio de una victoria absoluta y la finalización del escrutinio. Lo
deplorable no es el pacto al que se pueda llegar, sino en cualquier caso la desconsideración o el insulto que le precediese. La noticia precipitó los acontecimientos: se va a acabar con el servicio militar obligatorio. Ese fue el anuncio que se
hizo en el discurso de investidura del señor presidente del Gobierno y tuvo un efecto inmediato: dobló el número de solicitudes de exención por razón de objeción de conciencia. Inmediatamente aparecieron en España, casi como si de un milagro laico
se tratara, 164.000 objetores de conciencia. Esa fue probablemente la primera fruta de aquel anuncio del discurso de investidura; era lógico también una vez que se conoció. Se arrastró la caída del servicio militar obligatorio. (La señora
vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La Comisión Parlamentaria Mixta Congreso-Senado fijó un plazo para que terminase en España la mili obligatoria, 31 de diciembre de 2002; fue el mismo que recogió la Ley de Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas de 1999, pero nuevamente el candidato a presidente del Gobierno en su segundo discurso de investidura volvió a adelantarlo. En esta ocasión ya no le presionaban sus socios o aliados, porque por razón de la mayoría
absoluta obtenida no los necesitaba; sencillamente tenía una presión más importante -y no hay ironía en cuanto digo-: no había soldados para los ejércitos y -algo casi tan grave- no había trabajo para la prestación social sustitutoria de los
cientos de miles de objetores que no querían hacer el servicio militar.
Habíamos llegado a un ejército sin soldados y a un número de objetores a los que no teníamos trabajo que ofrecerles. Esta es la historia.
No es motivo de crítica que se adelantase el proceso ni en 1996, ni en 1998, ni en el 2000, ni finalmente en el 2001. Lo que resulta evidente, y con esta ley tratamos de remediarlo, son las deficiencias de un modelo que, en contra de lo que
afirmaba el decreto que lo adelantaba, ni promueve el nivel de profesionalización de los soldados, ni responde a las previsiones que sobre el mismo
existían, ni ha dado respuesta debida a las necesidades de los ejércitos.
Esta ley viene a corregir la gestión de quienes tras afirmar primero -no les faltaba razón- que sería muy costoso económicamente, como hizo el señor presidente del
Gobierno anterior, después presumieron de poder hacerlo con poco dinero. Concretamente se llegó a hablar de coste cero en el paso del ejército de leva obligatoria al ejército profesional. El portavoz del Grupo Popular en esta Cámara en la Comisión
Mixta dijo literalmente: Me doy por satisfecho de que con menos dinero seamos capaces de tener unas Fuerzas Armadas profesionales y acordes con las necesidades reales de España; sin embargo, el portavoz del mismo partido en el Senado dijo todo lo
contrario, y afirmaba: Esto significa que el coste de profesionalización ha debido sufragarse a costa de reducir otras partidas dentro del presupuesto militar. Añadía: Las inversiones en el presupuesto de Defensa han caído en la última década en
torno a un 15 por ciento en términos reales. La congelación del gasto militar español en la última década, junto a la necesidad de asumir los costes de la profesionalización, ha provocado una caída en la capacidad propia de inversión de nuestras
Fuerzas Armadas. Era el señor Cosidó, y lo decía en el año 2003. Por tanto, la profesionalización, que iba a costar cero, acabaría costando al menos lo que queda dicho por el luego portavoz del partido que entonces gobernaba.
La mili larga, en la que vino a quedarse aquella profesionalización, fue una solución mala para quienes aspirasen a servir a España como soldados y negativa para la defensa nacional. No es otro el origen del problema que, con urgencia, esta
ley pretende abordar ahora. No tiene sentido, señoras y señores diputados, tener los mejores medios aéreos, navales y terrestres, estar en la Unión Europea, estar en la Alianza Atlántica, estar presentes en misiones internacionales y no hacer un
esfuerzo por tener los mejores soldados; los que necesitemos, pero los mejores.
¿Cuál es la situación actual de la tropa y marinería en los ejércitos? El actual modelo de tropa y marinería es un modelo improvisado que presenta graves problemas de viabilidad. En cuanto al número de soldados y de marineros -contra
hechos, señoras y señores, no vale ningún tipo de razones ni de insultos-, la Ley 17/1999 establecía un número de soldados y marineros entre 102.000 y 120.000; repito, porque la fecha es importante: la Ley de 1999 establecía entre 102.000 y
120.000. Sin embargo, el número de efectivos se encuentra estancado en una cantidad que apenas ha podido superar los 70.000; es decir, 32.000 soldados y marineros menos que la cifra menor de la horquilla que por ley se fijó entonces como
necesarios para las Fuerzas Armadas. Concretamente en enero de 2004 había 71.083 soldados y marineros; en el día en que les hablo hay 73.162. Esa es la realidad. En estas cifras los ingresos y las salidas de efectivos se producen en un número de
11.000 soldados y marineros cada año, lo cual no permite la profesionalización real de una tropa y una marinería, cuya permanencia, en término de promedio, no alcanza a tres años de permanencia en los ejércitos. Fíjense a dónde llegó el modelo: no
se alcanza el número necesario y además la renovación tiene un periodo medio de menos de tres años en el llamado ejército profesional. Nuestros profesionales, en cuanto a tropa y marinería, no están ni tres años en los ejércitos. Tenemos un
problema evidente, grave y urgente de reclutamiento y además, y sobre todo, de retención de los efectivos cuando se acercan a los ejércitos. Necesitamos una ley que permita un futuro profesional en los ejércitos para cualquier joven español que lo
desee. No tenemos el modelo que necesitamos, pero no el que necesitamos desde una previsión utópica del ministro que les habla; no tenemos el ejército profesional que necesitamos según la ley que esta Cámara aprobó en 1999. Además, lo que tenemos
no lo tiene, en cuanto a regulación se refiere, ningún ejército europeo de nuestro entorno; no tenemos lo que tienen los países de nuestro entorno. España necesita un modelo que no se pueda resumir con una frase que algunos muchachos ya van
haciendo célebre de que en el Ejército español como mucho 12 años y a la calle. Eso es real; es duro, pero es real. Al que mejor le pueda ir, 12 años y a la calle. Eso es lo que hoy tenemos, y es urgente acabar con ello para poder ofrecer algo
de permanencia para un ejército profesional y algo de estabilidad para unos muchachos y muchachas que en un ejército profesional han de tener derecho a llamarse profesionales, aunque no sean generales, aunque no sean militares de academia, aunque no
sean oficiales. (Aplausos.) Si el ejército es profesional, también tendrán que ser profesionales los soldados para que no se les pueda decir, como se ha dicho -no cito al autor porque hacerlo podría levantar protestas-, que la profesionalización ha
acabado en lo que alguien llamó la 'puta mili' larga. Tenemos urgencia en cambiar lo que de manera tan evidente no funciona, como está acreditado en lo que les digo y, mucho más, en la realidad cotidiana, en la realidad de las miles y miles de
esperanzas de muchachos y muchachas que se acercan a los ejércitos para ser soldados y los echamos. La nueva ley establece un modo de profesionalización para las Fuerzas Armadas que es novedoso, estable y que considero que tiene algún atractivo.
La nueva ley da un paso definitivo de la improvisación a la estabilidad. Señorías, necesitamos una ley para poder disponer en el tramo de tropa y marinería de un verdadero ejército profesional. Este es el propósito principal del proyecto de ley
que tengo el honor de presentarles.
¿Cuál es el contenido de esta ley? Según la evaluación que se ha hecho en los estados mayores de los ejércitos necesitamos unos 86.000 soldados.
Concretamente, en el cálculo que hemos hecho, se trata de una necesidad de soldados de
compromiso corto, es decir de hasta seis años de permanencia, de unos 30.000; de larga duración, hasta que cumplan 42 años, de unos 38.700; y, permanentes, hasta la jubilación de unos 17.200; por tanto, 86.000 soldados con garantías de
permanencia y
con opciones de futuro en todos los casos, cualquiera que sea el régimen de compromiso que firmen. En definitiva, necesitamos unas Fuerzas Armadas que sean homologables con los países de nuestro entorno. Para ello se han de ofrecer, y se
ofrecen en la ley, posibilidades de permanencia en el servicio análogas a las que se ofrecen en los países europeos cercanos a España, salidas laborales a quienes se incorporen a nuestras Fuerzas Armadas y compensaciones económicas a quienes han
dedicado buena parte de su vida a servir a España a través de los ejércitos.
¿Qué ofrecemos con esta ley a un muchacho o una muchacha que esté planteándose ingresar en las Fuerzas Armadas? En primer lugar, les ofrecemos algo que los soldados no han tenido nunca, estabilidad de por vida; esto es lo que les
ofrecemos. Quien quiera servir en los ejércitos a España podrá hacerlo profesionalmente y podrá tener estabilidad profesional o económica de por vida, si firma un compromiso de larga duración. Después de haber trabajado en funciones operativas,
porque lógicamente la edad no perdonaría a sus capacidades físicas, pasaría a funciones administrativas o logísticas de los ejércitos hasta que cumpliera 58 años, momento en el cual pasaría a la reserva hasta su jubilación a los 65 años; este sería
el primer compromiso de oferta.
Todos los que firman el compromiso de larga duración hasta los 58 años permanecen activos, pasan a la reserva a esa edad y de la reserva a la jubilación. Antes de comprometerse de por vida, inicialmente podrá firmar
un compromiso de dos o tres años, para ver cómo le va, que podrá renovar hasta los seis. A partir de los tres primeros años de compromiso le vamos a dar la opción de que pueda ser suboficial e integrarse en la cadena de mando de suboficiales; a
los cinco años de trabajo en las Fuerzas Armadas va a poder acceder -con ventaja lícita- o ingresar en la Guardia Civil.
Va a tener preferencia sobre otros muchachos o muchachas que no han servido en los ejércitos, va a tener ventaja para ingresar
en el Cuerpo Nacional de Policía y también, en la medida en que lo pactemos con los ayuntamientos, para entrar en la Policía local. Además, el tiempo servido en los ejércitos de España va a ser un mérito evaluable para poder acceder, si lo desea,
como tiempo de servicio en la Administración.
Señoras y señores diputados, ¿acaso tiene sentido que la legislación española estatal, autonómica o local, contemple méritos adquiridos, por ejemplo para los interinos de la educación o de la sanidad
-probablemente muy legítimo, porque así lo reconoce el ordenamiento jurídico-, para acceder a su permanencia definitiva y que los soldados de España tengan menos derecho, menos consideración que los sanitarios o que los educadores? No tiene ningún
sentido, pero no tiene ningún apoyo legal hasta el momento. Si SS.SS. aprueban esta ley, los soldados tendrán cómputo del tiempo servido con las armas para acceder a otras administraciones en la medida en que el ordenamiento jurídico lo regule
-aunque aquí existe un mandato-, y aun cuando no lo regule, para la Guardia Civil y para la Policía Nacional -en este momento para la policía no existe esa ventaja-, así como para las policías locales según los convenios, por cierto muy adelantados,
que probablemente firmemos la semana que viene con alcaldes de todos los partidos políticos -así nos lo han manifestado-. Si ese soldado que ha hecho compromisos de corta duración, no de larga duración, quiere seguir en los ejércitos, y se
comprueba su idoneidad, va a poder continuar, señoras y señores diputados, hasta que cumpla 42 años, y al término de ese periodo, cuando tenga 42 años cumplidos, y haya servido 18 años en las Fuerzas Armadas va a poder marcharse, pero con una
compensación económica vitalicia hasta que llegue a la edad de la jubilación equivalente a la cantidad que hoy en términos reales supone el salario mínimo interprofesional; es decir, de 12 años y a la calle pasamos a que al que sirve hasta los 42
años se le va a dar una compensación económica pequeña, sí, el salario mínimo interprofesional hasta que se jubile, pero compatible con cualquier trabajo, con cualquier actividad excepto lógicamente con la percepción del subsidio de desempleo. Ese
es el modelo que también incluye otro compromiso: en el supuesto de que un muchacho decidiera, como un mecánico, un sanitario o un educador, abandonar su profesión militar, aunque no haya cubierto sus 18 años, tendría derecho a una indemnización,
porque servir a los ejércitos no puede ser acercarse a lo que entre comillas alguien ha definido como la 'puta mili' larga que con esta ley se acaba. (Rumores.) No es muy fina la expresión, pero procede de esta parte de la Cámara. La ley permitirá
un contrato blindado con la defensa nacional a corto y a largo plazo. Se trata, señoras y señores diputados, de un acto de justicia de la sociedad; se trata de dar seguridad a los que nos dan seguridad, y ya nadie en las Fuerzas Armadas trabajará
en precario y sin opciones de futuro; por esto era urgente.
Señoras y señores diputados, quisiera llevar a la convicción de los que tienen la bondad y la cortesía de escucharme que probablemente la demanda que esta planteando hoy el ministro de Defensa no afecta familiarmente a SS.SS., pero afecta a
miles de familias de España a las que tenemos que dar solución, entre otras cosas porque no son las más ricas del país y tienen muy pocas posibilidades de hacer presente su reclamación porque no tienen sindicatos -ni por cierto los van a tener-, ya
que es legalmente imposible. Por eso tenemos que convertirnos en sus delegados sindicales y dar opciones de fijeza en el empleo a los que están en precario. ¿Desde cuándo? Desde siempre, excepto los que pudieron librarse del servicio militar
cuando era obligatorio o los que ahora se libran en la medida en que consideran que ir al servicio militar es poco menos que una vergüenza por el salario que cobran, porque a los 12 años se les echa o porque no se les tenga consideración legal.
Tengamos a un soldado la misma consideración que se tiene a cualquier otro trabajador y démosle en esta ley y en esta legislatura lo que no han obtenido nunca en la historia de España. (Aplausos.)
He leído las enmiendas de SS.SS., las que han presentado al proyecto de ley todos los grupos, y quiero darles las gracias; gracias por la dedicación y el estudio a la hora de redactar sus enmiendas, y gracias también por sus aportaciones.
Quizás resulte sorprendente, pero debo decir que ninguna enmienda de cuantas he leído cuestiona el modelo de tropa y marinería que se propone; ninguna, ni siquiera la enmienda a la totalidad, lo cual ya resulta prometedor a la hora de poder llegar
a acuerdos. Por tanto, me encuentro esperanzado de que las diferencias que puedan existir se solucionen, porque intelectualmente no he encontrado diferencias que se sobrepongan al bien que se pretende conseguir. Algo que me ha sorprendido, incluso
sobre la figura más innovadora que esta ley tiene, la mayoría de los grupos nos sugiere que el compromiso de larga duración, establecido en el proyecto de ley hasta los 42 años de edad de los soldados, lo hagamos llegar hasta los 45, posibilidad que
el proyecto solo contemplaba de una manera excepcional para quienes no tuvieran cumplidos los 18 años de servicio. Ya adelanto a los grupos enmendantes que, por lo que al Gobierno se refiere, no tendríamos gran dificultad en pasar de los 42 años de
edad a los 45 con carácter general.
Otras enmiendas proponen mejoras parciales de la norma, que con su apoyo presupuestario será posible asumir porque, si quien tiene lo más puede lo menos, si se hacen propuestas para que la ley mejore con más dotación presupuestaria, el
ministro de Defensa no tendrá sino que aplaudir, señor Mardones, como, por cierto, ha hecho siempre respecto de sus intervenciones. Se lo agradezco muy sinceramente, lo que pasa es que luego tendremos que convencer a los que no votan las enmiendas
de incremento presupuestario, porque no tendría sentido hacer dotaciones que implican incrementos presupuestarios y que luego nadie se acordase de ayudar en el sentido que en la ley se propone, de modo que aceptaría de buen grado el planteamiento
que se hace también en este punto.
Algunas enmiendas hacen precisiones con el fin de evitar conflictos competenciales, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco. Si se trata de evitar conflictos, bienvenidas sean porque nosotros lo que queremos es evitarlos. En ese
sentido, habiéndolas leído -no es que ahora tengamos que resolverlas-, no veo una dificultad metafísica para no poder atender la solicitud de que el conflicto que es innecesario no lo tengamos. Otras quieren aprovechar esta oportunidad de la ley
para arreglar asuntos que no se relacionan directamente con el propósito o el contenido de la misma, pero en las que podríamos estar de acuerdo, o si no lo estamos podríamos intentarlo. En definitiva, es una ley que parece contar con la comprensión
y con la responsabilidad de la gran mayoría de SS.SS., y por ello les doy las gracias.
Se ha presentado una única enmienda a la totalidad, la del Grupo Parlamentario Popular. No hacen una propuesta alternativa, es decir, no presentan una enmienda de texto alternativo; ya sé que no es preciso, aunque al no presentar una
propuesta alternativa lo que ofrece la enmienda de devolución es que nos quedemos con lo que hay. Esto es un argumento a barbara: si no vale lo que viene, hay que devolverlo y no se ofrece, como el Reglamento permite, una alternativa, lo que
quedaría es lo que actualmente hay. Visto lo visto, yo me pregunto: ¿defiende el Partido Popular lo que hay en contra de lo que se propone? Yo creo que, aunque lo que hay sea fruto de su legislación, no parece que así sea; no lo parece porque
creo interpretar que la enmienda a la totalidad se presenta por razones que tienen poco que ver, ciertamente, con la explicación que estoy dando respecto a la vida de nuestros soldados y marineros; incluso creo que no se quiere cambiar lo que se
propone, ni quedarse por tanto con lo que hay, porque probablemente el Partido Popular ya ha hecho una cuenta y es que, como ha ocurrido en otras leyes, se quedará sólo votando en contra de algo que es beneficioso para la inmensa mayoría de los
soldados y marineros. (Aplausos.)
Esto me recuerda a un grupo político que en la campaña del referéndum constitucional solicitaba el voto contrario. Recuerdo que en un debate -no hace falta decir el nombre de los que debatían- alguien le dijo: ¿Acaso usted está a favor de
que la Constitución no prospere y nos quedemos con las Leyes Fundamentales? Y aquel hombre, que era sensato dijo: No, pero de eso ya se encargan los que votan que sí a la Constitución. (Risas.-Aplausos.) Bueno, pues los que votamos que sí a la
Ley de Tropa y Marinería ya nos encargaremos de que no tengan que soportar nuestros soldados y marineros la situación que les he descrito con anterioridad.
Se critica en la enmienda la estrategia legislativa. Deberíamos presentar -vienen a decir- una sola norma básica de personal que luego se desarrollará en los diversos títulos. Debo reconocer que no les falta razón, en parte. Sin embargo,
la necesidad y la urgencia -que no la ha producido este Gobierno- no nos permiten esperar, es por lo que hemos tenido que empezar a hablar de soldados y de marineros, y después hablaremos de suboficiales, de oficiales, de generales, de jefes, de
comandantes, porque la situación de soldados y marineros es, a juicio de los generales, de los comandantes, de los capitanes, de los suboficiales, mucho más grave y los ejércitos necesitan más la recluta de soldados y de marineros que de otros
empleos. Por eso no les falta razón intelectual, debería haberse hecho en conjunto; sí, no les falta en parte razón, pero era muy urgente para soldados y marineros y por eso hemos querido singularizarlo. Cuando digo en parte es porque creo que
los soldados y marineros de España, como empleo específico, probablemente merecen el reconocimiento de las Cámaras, del Parlamento español, en una ley singular que no han tenido, lo que también es un modo de compensar lo que antes relataba respecto
a las corruptelas y desvergüenzas del sistema de soldado de cuota, de soldado de sustitución, de soldado que se libra por aquellas -¿cómo era?- ayudas a madres viudas pobres. Fue un
sistema muy vergonzoso que llevó a ejemplos muy condenables. Eso queda para otro debate, si lo desean.
¿Acaso no les parece grave que no se completen las dotaciones que hoy tenemos? Ayer hablábamos de los buques de guerra que están en la mar, hablábamos de 33 ó 34. ¡Claro que hay que completar esas dotaciones que no están completas y que
son necesarias! Además, hoy tenemos 3.000 soldados y marineros más que hace un año y medio, pero no es suficiente.
Por eso es urgente que, con carácter de ley, se trate de arreglar este asunto.
Hemos tomado alguna medida, aunque no ha sido suficiente, como por ejemplo el decreto para el ingreso de extranjeros. En este momento -resulta sorprendente pero es real-, frente a los que se oponían diciendo que se trataría de un ejército
de mercenarios si había extranjeros -cuya procedencia queda muy bien delimitada-, tenemos 2.048 extranjeros como soldados o como alumnos. Se ha incrementado ese cupo. Tenemos más soldados permanentes, concretamente -para que vean que algo se ha
avanzado pero no es suficiente-, en enero de 2004 teníamos 5.900 soldados permanentes, en el momento en el que les estoy hablando tenemos 8.540 soldados permanentes. Es decir, está mejor la situación que la que nos encontramos, pero no es
suficiente; por eso era urgente. Los incentivos económicos que hemos implementado tampoco han sido suficientes. Hacen falta más marineros, más soldados.
Necesitamos que el rango legislativo de esta ley sea el que es porque no bastan las medidas parciales, puesto que con ellas no se puede ofrecer lo principal, que es el futuro profesional a quienes vienen a los ejércitos, que un chico o una
chica que quiera ser soldado se pueda jubilar en el ejército o con una paga asegurada de por vida. Esto es lo que van a votar SS. SS., esto es lo que contiene esta ley. Se precisaba garantizar una carrera profesional digna no sólo de palabra.
Ser soldado es muy digno, pero además tiene que ser digno durante un tiempo que a él también le permita decir que es digno; si no, volvemos a esas expresiones que no repetiré por tercera vez. También dicen que se ha enviado al Congreso de los
Diputados sin el consenso previo que la política de la defensa exige.
En este punto, he de decirles que me resulta paradójico que acusen de falta de consenso los únicos que presentan la única enmienda a la totalidad. Esto me resulta algo
paradójico. ¿No les parece exagerado que acusen de falta de consenso en materia de defensa quienes, por una 'y', por una 'o', o por una 'o' y una 'y', se separaron de toda la Cámara para ponerse en contra de una ley, la de Defensa Nacional, que
impide que los soldados vayan a guerras que los españoles no quieren? (Aplausos.) ¿Cómo pueden acusar de falta de consenso quienes estuvieron en contra, ellos solos, de una Ley de la Defensa que no tiene ni una sola línea que no pueda aceptar
cualquier votante del Partido Popular de España? Ésa es la realidad. (Aplausos.)
Estamos dispuestos a ceder y a consensuar, pero ¿se han parado a pensar lo difícil que resulta, aunque viniese de una secta la acusación, habiendo oído decir esta misma mañana lo que he oído yo -no sé si los taquígrafos-, hipócrita hace un
instante y trilero hace unos instantes más? ¿Se han parado a pensar lo difícil que es poder llegar a consensos con gentes -y no les englobo a todos porque me parecería indecente y falso- que nos llaman en la Cámara hipócrita hace un instante,
trilero hace unos instantes más y, en los medios de comunicación, necios de estulticia insuperable, antidemocráticos o sectarios de sonrisa boba, insultos que algunos jefes de este partido dedican al Gobierno de España? ¿Creen que así se puede
llegar a consensos? (Aplausos.) Aun así hay miembros en ese grupo, que están en esa bancada, a los que yo no voy a poner por testigos, que saben que han sido -las he contado- más de 60 las veces que hemos hablado de defensa. Seguiremos haciéndolo,
a pesar de insultos como el de trilero o el de hipócrita porque sé que eso no puede venir más que de gente que está militando no en el PP, sino en una secta.
(Aplausos.) Seguiremos hablando con el Partido Popular. Solo hace falta una cosa para que
lleguemos a un acuerdo, aunque nos insulte uno -a mí no me importa que nos insulte el señor que esta mañana lo hacía, incluso hasta viene bien para diferenciar que no todos son iguales en el Partido Popular-, debemos tener la suficiente fuerza para
que, si ustedes quieren negociar, lo hagamos, vamos a ceder para alcanzar el acuerdo porque esa es la voluntad.
Desde mi punto de vista, viviendo todos o casi todos en el seno de partidos políticos, lo complicado es que todos tenemos estrategias que unas veces van en la dirección de la defensa del partido y hacen más hincapié en ello y otras veces van
más en la dirección de la defensa de intereses no estrictamente partidistas o más generales. Todos son lícitos y todos son legítimos. Ahora, lo que no es legítimo es pensar que los intereses generales o los de España solo son aquellos que
coinciden con la estrategia de defensa de intereses partidistas y además de los del partido de cada uno. Esto es un disparate y algún día la Cámara tendrá que hacer un esfuerzo en todos los ámbitos porque, cuando lo ha hecho -y en esto los grupos
minoritarios están dando ejemplo-, los ciudadanos lo han valorado mucho más, porque los ciudadanos quieren que nos entendamos.
Estoy seguro de que a los que usan insultos como trilero -de un lado o de otro- luego les tiene que dar vergüenza salir a
la calle y que les digan que este es el que llama trilero al ministro de Defensa, porque eso no le puede gustar ni a su familia, y a la gente de este país debe gustarle que nos entendamos.
Lo complicado para quienes acusan a esta ley de falta de consenso es que esta ley lo tiene; esta ley tiene el consenso de quienes lo han manifestado de un modo o de otro, esta ley tiene el consenso de quienes piensan que es bueno defender
los intereses generales, incluso los intereses generales que yo califico como de España -algunos también lo critican-, entendiendo que en
España cabemos todos y no solamente aquellos que tienen una idea rancia, antigua y verdaderamente cerrada de lo que España es. Aquí cabemos todos, claro que sí, y lo complicado es decir que no hay consenso cuando estoy seguro de que quien
se opusiera a esta ley no soportaría un estudio demoscópico ante la sociedad española, porque los soldados y sus familias son más representativos en sus necesidades que algunos partidos políticos en su voluntad sectaria de dejar en solitario al
partido del Gobierno, para salir diciendo al día siguiente que nos apoyan en la ley de tropa los separatistas y los republicanos. (Aplausos.) Eso es, en definitiva, lo que se quiere decir. Por cierto, esto no significa que el ministro de Defensa
vaya a hacer guiños a separatistas porque no estoy en esa posición. (Risas.) Cada una de SS.SS., al sentarse en esta Cámara tiene idéntica legitimidad para llegar a acuerdos que los que tienen más antigüedad en la misma. Aquí la antigüedad no es
un grado como en los ejércitos. Por tanto, todo el que está aquí tiene derecho a votar y a que se respete su voto. Si además lo que se vota, como ocurre en la Ley de la Defensa Nacional, interesa a toda España creo que es un ejercicio mucho más
patriótico votarla a favor que en contra, aunque la vote favorablemente gente que diga que no está de acuerdo con la idea que yo tengo de España.
Esta ley que ahora se presenta cuenta además con el consenso básico hasta de quienes no la quieren. Yo he leído las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Me atrevería, si fuera posible, a preguntarles: ¿Y si se las
aceptásemos votarían la ley inmediatamente? No en un pacto al que luego dé cada uno su interpretación, sino en público y con taquígrafos. ¿Y si las aceptásemos? (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Sería muy razonable decir, si no hay ningún asunto de fondo, que no es el ministro de Defensa quien ha de aceptarlas sino la Cámara. La disposición manifestada por el Grupo Parlamentario
Socialista es la de intentar aceptar todo aquello que mejore el régimen de los soldados y de los marineros; eso sí, si cuesta más dinero, en la ley de presupuestos hay que arreglarlo. Por lo demás, el ministro de Defensa no tiene dificultad en
aceptar todas las enmiendas de todos los grupos que beneficien a los soldados y a los marineros. A ver si es posible el consenso en este asunto, porque yo de los insultos estoy dispuesto a pasar página en cuanto me baje de esta tribuna.
Señoras y señores diputados, esta es una ley urgente, pero no improvisada y, además, es necesaria porque así no podemos seguir ni un día más. Es una ley buena por lo que soluciona y justa por lo que ofrece a quienes quieren trabajar en
nuestros ejércitos y luego no tienen posibilidad, en algunos casos, de trabajar en otros sitios. Me he querido esmerar en acreditar y demostrar que existe un problema en los ejércitos. Ni tenemos los soldados mínimos que ustedes dijeron que
deberíamos tener, ni nuestros soldados tienen un nivel de permanencia, porque no llegan a tres años, para hablar realmente de especialización y de profesión. El problema existe, nosotros hemos ido a buscar la solución y creo que el Gobierno la ha
encontrado en este proyecto de ley. Sin embargo, estoy seguro de que SS.SS. van a mejorar la solución que hemos encontrado. Por eso, a los que quieran mejorarla, con independencia de que la ley lleve el sello de un gobierno que no tiene mayoría
absoluta en la Cámara, les doy las gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, al proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad.
Para la defensa de la misma, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Oltra.
Adelante, señora Oltra, es su turno.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Defensa, el mayor insulto a esta Cámara es su propia intervención. (Rumores.-Aplausos.)
Subo a esta tribuna a defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de ley de tropa y marinería que acaba de exponer el ministro de Defensa ante esta Cámara.
Tal y como reflejamos en la
justificación de la enmienda, hemos motivado la presentación de la misma en dos cuestiones fundamentalmente: la falta de una visión global y de conjunto de la política de defensa, particularmente en este caso en lo referido a política de personal,
y la falta de consenso previo con el grupo parlamentario al que hoy me corresponde el honor de representar en esta tribuna.
Señorías, he de comenzar mi intervención diciendo que, lamentablemente, de nuevo se ha abordado por parte del Gobierno el cambio de una pieza estructural de la defensa de España, como es el modelo de ejército profesional del que queremos
dotarnos, sin el diálogo y el consenso previo con el principal grupo de la oposición. Nuevamente, tenemos que recordar la diferencia de talante, porque aquí se están haciendo patentes dos formas de gobernar. Unos tenemos buen talante y ofrecemos
el diálogo y el consenso en una materia que requiere una verdadera política de Estado y no presumimos de ello porque consideramos que es un ejercicio de responsabilidad. Otros tienen por bandera el talante, sin calificativos, y ni siquiera
preguntan nuestra opinión respecto de esta cuestión y tantas otras que al parecer ya no consideran ustedes política de Estado, vulnerando incluso los pactos a los que llegaron nuestros grupos parlamentarios en la pasada legislatura.
Señor ministro, debe usted saber que cuando se pactó entre el Gobierno popular y su grupo parlamentario la revisión estratégica de la defensa -documento que me temo no le gusta demasiado, porque no veo más que intención de hacerla
desaparecer de la historia, y la historia no comienza con usted, señor Bono-, se tomaron dos acuerdos que ahora se han roto y que yo quiero citar hoy; aquí hay testigos que me rectificarán si no digo verdad. Uno, que la nueva Ley Orgánica de la
Defensa Nacional se traería a esta Cámara solo con el consenso previo con el Grupo Parlamentario Socialista. Dos, que las modificaciones que hubiese que hacer a la ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, nacerían del consenso
entre ambos grupos parlamentarios; incluso se habló de plantearla ante esta Cámara bajo la forma de proposición de ley suscrita por ambos grupos. Nosotros, teniendo el trabajo hecho y la mayoría suficiente para haber aprobado ambas leyes, no lo
hicimos porque en aquel momento no entraba en la estrategia de su partido un pacto en materia de defensa con el Gobierno y por no faltar a la palabra dada.
Nosotros tenemos sentido de Estado, ejercemos responsablemente el Gobierno y, sobre todo,
tenemos palabra. Esa es la diferencia entre unos y otros.
Ahora bien, he de decirles que después de haber visto el comportamiento que han tenido ustedes en el trámite parlamentario de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Grupo Parlamentario Popular ya no espera nada del Gobierno: ni manos
tendidas ni ofertas que no son más que palabras vacías. Sin embargo, esperamos que usted, señor ministro -que parece que le importa poco mi intervención- deje de encomendarse a la virgen y cumpla con sus obligaciones como miembro del Gobierno -le
recuerdo que es voluntario ser miembro del Gobierno-, así como que no deje para mañana coger un avión o un helicóptero y visitar Ceuta y Melilla, que es donde está siendo necesario. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio, por favor.
La señora OLTRA TORRES: No se preocupe, señor ministro, allí no está el Santiago Bernabéu, pero hay campo de fútbol. Por cierto, ¿le ha consultado ya a Carod Rovira qué hacer en Ceuta y Melilla? (Un señor diputado: ¡Qué triste!)
Señorías, el Gobierno ha presentado este proyecto de ley que afecta, según su título indica, a la tropa y marinería profesional única y exclusivamente, y a mi juicio lo hace porque tiene un problema con el reclutamiento y la dificultad de
mantener el número de efectivos necesarios para responder a las necesidades de la defensa de España, materia en la que podríamos estar de acuerdo, como más adelante referiré.
Si se quedase ahí la cuestión, ¿no sería más lógica una modificación de
la Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en lo que afecta a tropa y marinería? ¿No solucionaría esto la urgencia a la que aludía el ministro? Nuestra perplejidad aumenta al conocer que el Gobierno ha anunciado su intención
de remitir a las Cortes Generales diversos proyectos de ley, como el de suboficiales, el de reforma de la carrera militar, el de derechos y libertades de los militares, que unidos al de tropa y marinería -que se debate hoy- implican una revisión
completa del modelo del ejército profesional que acordamos en su día, y de eso no hace tanto tiempo.
Señor ministro, los objetivos deben plantearse con carácter previo y posteriormente legislar para adaptarse a los mismos y este proceso de revisión completa no parece que pretenda hacerse con luz y taquígrafos, como se hizo en su día con el
proceso de profesionalización cuando, con un Gobierno del Partido Popular, se constituyó una comisión mixta Congreso-Senado, que trabajó el tiempo que consideró necesario y donde compareció todo aquel que tuvo que decir algo con respecto al cambio
de modelo, tan importante como el que se proyectaba en aquel momento, y que puso las bases de la Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Este, sin duda, es otro motivo que ha pesado en la decisión que ha tomado el Grupo
Parlamentario Popular de presentar la enmienda de totalidad a este proyecto de ley.
Señor ministro, ¿por qué no han querido abrir un foro en este Parlamento para estudiar sus propuestas y los cambios necesarios donde participen todos los grupos de esta Cámara, al estilo de aquella comisión mixta que inició el proceso de
profesionalización? ¿Por qué ni siquiera han comparecido para explicar dónde se enmarca ese cambio legislativo? ¿Por qué no hemos podido conocer en esta Cámara qué modelo de ejército profesional quieren? ¿Por qué no hemos podido conocer la
trascendencia económica que va a tener la aplicación de esta ley, no considerada aisladamente, sino en el marco de los compromisos globales del Ministerio de Defensa, en cuanto a modernización y transformación, así como en lo referente a los
compromisos internacionales que tenemos? ¿Qué tienen que esconder?
Hablando de la trascendencia económica de la ley, no quiero dejar pasar la oportunidad de contestar a una de sus manifestaciones en esta Cámara -hoy repetida-, en la que aseveró que el día 31 de diciembre de 2001 se suprimió el servicio
militar obligatorio y se dijo que se hacía a coste cero. Le recuerdo, señor ministro, que sus palabras van todas al 'Diario de Sesiones' y serán todas ellas contestadas, como yo voy a hacer con esta aseveración en este momento. No he podido
encontrar, desde entonces, manifestación alguna por parte del Partido Popular en ese sentido, y no voy a repetir la cantidad de comparecencias que tuvieron lugar, tanto en la Comisión mixta como, posteriormente, en la ponencia de la Ley 17/1999,
entre otros, del secretario de Estado de Defensa y de otros altos cargos del ministerio, entonces dirigido por el Partido Popular, en las que se dio cuenta minuciosamente del coste que tendría el nuevo modelo que se estaba planteando en aquel
momento. Sin
embargo, sí he encontrado un artículo en El País, de fecha 2 de mayo del presente año, titulado Soldados profesionales -entrecomillado lo de profesionales, ignoro por qué-, del señor subsecretario de Defensa, respecto a este proyecto de ley,
en el que dice literalmente: El ciudadano se preguntará por el coste que tal propuesta supone. Cabe responder que de inmediato el coste es prácticamente nulo y no se hará presente hasta pasado el año 2015, alcanzando velocidad de crucero en 2025.
Son ustedes quienes hacen manifestaciones irresponsables, pues el coste es previsible y cuantificable, y no parece que del escrito del subsecretario o del estudio de la memoria económica que acompaña a este proyecto de ley se deduzca que el
cumplimiento estricto de la Ley General Presupuestaria es el principal objetivo de este Gobierno. No es serio pensar, señorías: El que venga detrás, que reme. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) ¿No consideran SS.SS. que hubiese sido más
productivo que el subsecretario hubiese comparecido ante la Comisión de Defensa, para explicarnos cuáles son las líneas de la política de personal que tiene encomendada, en vez de escribir artículos de opinión? ¿Por qué lo esconde, señor ministro?
Mi grupo tiene solicitada su comparecencia incluso antes de que el Gobierno aprobase el presente proyecto de ley -le hablo de marzo de 2005-, pero ni a petición propia ni a petición de mi grupo. Ahora que no me extraña, porque la única vez que
hemos tenido la oportunidad de poder debatir con él en la Comisión, con motivo de las comparecencias del Gobierno para explicar los presupuestos del pasado ejercicio, se hartó de ofrecer al Grupo Popular consenso y diálogo en materia de personal.
Esta ha sido la primera oportunidad que ha tenido para cumplir su palabra y ¡vaya con el diálogo y el consenso!
Aunque no es este el momento de abordar cuestiones parciales de la ley, voy a mencionar siquiera algunas de las que no nos han satisfecho y que esperamos mejoren en el trámite parlamentario. El debate sobre el número de efectivos es un
debate superado para nuestro grupo parlamentario y debería haberlo sido para el suyo también, pues ya en la revisión estratégica de la defensa hubo consenso entre mi partido, entonces en el Gobierno, y el suyo, entonces en la oposición. Pueden
comprobarlo SS.SS.
en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Defensa del día 18 de diciembre de 2002. Les invito a leer lo que respecto del número de efectivos dice el criterio 9 de la revisión estratégica de la defensa. En ese sentido mi
grupo ha hecho una enmienda parcial, que les invito a estudiar con detenimiento. Hablando de ese mismo apartado, ¿cómo podríamos calificar el hecho de que el Gobierno nos envíe un proyecto de ley que reconoce que va a incumplir desde la entrada en
vigor de la misma hasta el año 2008? Señorías, les recomiendo un repaso a la memoria económica que acompaña al proyecto de ley y verificarán que el artículo 2 de este proyecto de ley no va a cumplirse, en el mejor de los casos, hasta el 1 de enero
de 2008. Señor ministro, contra hechos no vale razones.
No están justificadas las edades en el proyecto de ley. En ningún caso se ha explicado por qué han fijado las edades que han fijado y no otras, por qué 42 y no 45. Han regulado los derechos y no las obligaciones. Regulan una cantidad que
percibirán los reservistas de especial disponibilidad, pero no prevén qué pasará si cuando se les necesita se niegan a reincorporarse.
Si hablamos de los militares de complemento, hay que decir que con este proyecto de ley ha dejado en muy mal lugar al presidente del Gobierno, que cuando era candidato empeñó su palabra en solucionar los problemas del colectivo de militares
de complemento, cuando -y cito textualmente- el pueblo español nos dé al PSOE una mayoría suficiente para formar Gobierno. Queremos decirle que, desde nuestro punto de vista, no es este el lugar adecuado para introducir como disposición adicional
lo que este Gobierno ofrece como solución a los militares de complemento. Este no es el proyecto de ley de militares temporales, porque así lo ha querido el Gobierno, sino solamente el de tropa y marinería. Por tanto, hablar de los militares de
complemento está fuera de lugar. Además, vaya solución que proponen. ¿Está usted seguro de que el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno pensaba en esta propuesta cuando hablaba de la solución?
No quiero dejar de manifestar en este trámite nuestra sorpresa al leer la única enmienda que ha presentado a la ley el partido que da soporte al Gobierno respecto del problema del reordenamiento de escalas, que tanto tiempo lleva pendiente
de solución. Señores de la mayoría, deben conocer ya el rechazo por parte de los afectados a la solución que ustedes proponen en esta enmienda. Voy a ahorrarme los calificativos que he oído y leído sobre el contenido de la misma para evitar que
este debate pueda perjudicar a la transacción que espero se acuerde a lo largo del trámite parlamentario.
Quiero terminar mi intervención con unas palabras que no son mías, son del anterior portavoz de Defensa del Grupo Socialista en la presentación de la revisión estratégica de la defensa, en las que alababa el consenso con el que se había
trabajado para obtener aquel resultado, la transparencia en su elaboración como en su presentación al público en esta Cámara, así como la voluntad de permanencia en el tiempo, superando a los diferentes gobiernos. Decía: Lo que hoy hacemos es
expresar las coincidencias y los acuerdos sobre los contenidos de la revisión estratégica, revisión en la que han trabajado muchas personas, civiles y militares, y en el transcurso de la cual siempre se ha manifestado una voluntad de acuerdo por
ambas partes. Es bueno manifestarlo y reconocerlo hoy aquí, intentando superar el debate cotidiano. Y seguía diciendo: Creo que estamos transmitiendo a la sociedad un mensaje de transparencia, de responsabilidad y de voluntad de consenso, y a las
Fuerzas Armadas les trasladamos también un mensaje de garantías, de suficiente continuidad y acuerdo, para
posibilitar su transformación en las Fuerzas Armadas que la sociedad española exige para el siglo XXI. Solo hizo falta que llegaran ustedes al Gobierno para que esto se desvaneciera.
Concluyo, señora presidenta. Señor ministro, es necesaria una ley mejor, una ley de consenso, una ley que respete los cambios que se han ido produciendo en la defensa, una ley que, con una visión global y de conjunto, sirva para esa
transformación de las Fuerzas Armadas del siglo XXI, pero su ambición personal, la carencia de política de Estado de este Gobierno, su sequía de ideas y sus pactos con Carod Rovira nos han traído a este punto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Oltra.
¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Pasaríamos entonces al turno de fijación de posiciones, comenzando por el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Este proyecto de ley de tropa y marinería merece el apoyo del Bloque Nacionalista Galego por los siguientes aspectos que voy a comentar. Es un paso adelante en la dignificación del trabajo ejercido por la tropa y marinería de los ejércitos,
bien necesitados de más seguridad laboral, de posibilidades de promoción y de viabilidad de su integración en la vida civil, de ser esto necesario, un paso consecuente con la profesionalización del ejército y una forma de hacer posible que esta
profesionalización sea atractiva desde el punto de vista estrictamente laboral. Tener en cuenta experiencias dolorosas y conflictivas vividas precisamente desde que existe el ejército profesional para muchas personas adultas que, después de pasar
años en el ejército, vieron imposible legalmente su continuidad, a la vez que no se les ofreció capacitación ni posibilidades reales de integración en la vida civil con otra profesión. Llama la atención que el partido que hizo un marco legal de
profesionalización de tropa y marinería a todas luces deficiente, marginadora y discriminatoria, mantenga una posición ahora tan negativa, pese a que aparentemente parezca o pretenda que parezca reivindicativa, cuando se trata de mejorar el marco
legal para que no exista total desamparo y desprotección de los que pasan años de su vida adulta ejerciendo la profesión militar.
No podemos apoyar la enmienda de devolución que se presenta, porque está más, desde nuestro punto de vista, en sintonía de intereses partidistas inexplicables -tratándose de esta materia que tanto une a los partidos de ámbito estatal: la
defensa del ejército como institución y como profesión- que en una intencionalidad constructiva. El pasado en este aspecto no puede eludirse. El anterior marco legal era un fraude incompatible con derechos mínimos de los trabajadores y con el
mínimo respeto y dignidad para una profesión. Ahora se va a dar un paso significativo, sin que desaparezcan los problemas; hará más asumible la vida y las perspectivas de los que sean profesionales del ejército como soldados y marineros, su
promoción, capacitación y cobertura social. Sin duda, este proyecto de ley puede ser mejorado y nosotros así lo intentaremos con las enmiendas parciales que tenemos presentadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Coalición Canaria. Señor Mardones, su turno, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, señorías, mi grupo se posiciona ante esta enmienda de devolución de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular bajo los siguientes principios. En primer lugar -ya lo adelanto para que se vea la
justificación a nuestra dialéctica-, quiero decir que vamos a votar en contra. Esto no quita para que tengamos que hacer un cántico a virtudes que se contemplan en el proyecto de ley que remite el Gobierno; nada más lejos. Pero nosotros lo
hacemos bajo la responsabilidad de Estado con nuestras Fuerzas Armadas, para que un principio como la defensa nacional y la proyección de España en compromisos internacionales con estas Fuerzas Armadas tenga todos los elementos de dignidad, de
eficacia, de estar complementados con recursos económicos y sociales de la nación española y, como hemos debatido tanto en esta Cámara, con principios del derecho internacional, de acuerdos de Naciones Unidas o de cualquier organismo internacional
democrático del que España forma parte. Que nuestras Fuerzas Armadas sean dignas merecedoras de un recuerdo permanente de los españoles, porque contribuyen precisamente a la defensa de unos principios democráticos dentro y fuera de España.
Dicho esto, en este análisis que quiero hacer del proyecto de ley del Gobierno, a nuestro juicio hay en el proyecto dos cuestiones fundamentales. Una es la cuestión que voy a llamar secundaria, que es a la que más se dirige todo el concepto
del proyecto de ley, que diríamos que es de tipo de régimen económico, de hacer atractivo a tropas y marinería, a soldados de base, su vida profesional en las Fuerzas Armadas españolas, independientemente del número de efectivos de tropa y marinería
que tengan. Es un atractivo económico, pura economía. Y ahí, señor ministro, sabe que tiene siempre el voto de apoyo en los presupuestos del Estado, que siempre, en coherencia con la dimensión de nuestras Fuerzas Armadas, de sus sistemas de armas,
de sus dotaciones operativas, etcétera, hemos reivindicado que estuvieran perfectamente respaldadas en los Presupuestos Generales del Estado, sin ninguna cicatería. Porque no
podemos exigir a ningún colectivo que tenga una calidad profesional sin corresponder económicamente a esta calidad profesional. Esa es una de las reglas más elementales de la economía libre de mercado, por la cual un señor, a través de una
vocación o de una necesidad laboral, se inscribe en un determinado colectivo. Por tanto, ahí nuestra permanente coherencia con los Presupuestos Generales del Estado. No voy a entrar en esa parte del proyecto de ley, porque creo que la ley
contempla dos directivas fundamentales. Una es la de hacer atractivo, con todo lo que aquí se ha dicho, remuneraciones, acceso a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.
Tiempo tendremos de discutirlo en alguna de las 35 enmiendas que me he
permitido modestamente presentar, con un sentido de cooperación, a este proyecto de ley, señor ministro.
Me voy a centrar en lo que considero preocupante. Decía el señor ministro que, de las enmiendas que se había leído, de todos los grupos, ninguna cuestionaba el modelo de tropa y marinería de base de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no sé si
nuestra enmienda al artículo 2 del proyecto de ley es la que cuestiona el modelo de las Fuerzas Armadas o el que lo cuestiona es el propio texto del artículo 2. Esto es lo grave, esto es muy importante.
Formamos parte de la ponencia de la Comisión mixta Congreso-Senado que llevó a buen término, con consenso de todas las fuerzas políticas mayoritarias, la vigente Ley 17/1999, de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí se
definió, de acuerdo con las necesidades de la defensa nacional, un modelo. Este modelo contemplaba integralmente a todas las Fuerzas Armadas, desde el primer cargo de la cúpula militar hasta el último soldado o marinero de base. Se fijaron unas
cifras y se habló de 48.000 cuadros de mando y entre 102 y 120.000 efectivos de tropa y marinería. Pero eso está ensamblado, ese es el modelo de una plantilla o de una necesidad general de las Fuerzas Armadas. En este proyecto de ley, señor
ministro, porque es donde está el motivo de nuestra enmienda más política y fundamental, me parece que sobraba el artículo 2, que es el que ha motivado los tres folios y pico de la enmienda que he estado redactando, antes de presentarla, con mucho
asesoramiento, con mucha meditación y con mucho conocimiento. Hasta me permití, con dos personas expertas en diseño de ejercicio de simulación, simular el envío de contingentes españoles al extranjero con un efectivo entre 80 y 90.000 personas. Yo
personalmente era del criterio de haber dejado la cifra del efectivo como lo hizo la Ley 17/1999 y no decir nada más. Y, de acuerdo con las necesidades y con las disponibilidades presupuestarias, financiar todo lo que dice la ley a partir del
artículo 2 de este proyecto con cargo a los presupuestos del Estado y las medidas complementarias de acceso a otros cuerpos de Seguridad del Estado. Este texto del artículo 2 del proyecto de ley distorsiona totalmente todo el modelo.
Vamos a votar que sí a la ley, porque hemos entendido que hay una prioridad absoluta a nuestras Fuerzas Armadas, que no es disponer de jefes, de oficiales, ni de suboficiales; es disponer de soldados. Porque, en el ejercicio de simulación
que he estado haciendo, España difícilmente podrá colocar fuera de sus fronteras, en operaciones internacionales, más de 6.000 efectivos. Teniendo en cuenta una rotación, nos quedamos con dos brigadas operativas o dos contingentes, si tenemos 3.000
hombres en ese momento fuera -vamos a poner, si se quiere, 5.000, como cifra máxima-, un contingente preparado para el relevo, si estamos haciendo operaciones de cinco meses de duración. A mí no me salen las cifras de que con 80.000 efectivos de
tropas y marinería podamos cumplir compromisos internacionales superiores a los que estamos haciendo en este momento.
Porque, poniendo 5.000 soldados por cada conjunto de operaciones en el exterior, con unos 5.000 en la zona, otros 5.000 preparados
y otros 5.000 que han vuelto, que durante cinco meses están bloqueados, salvo que queramos reengarcharlos y engañarnos a nosotros mismos de que no se están haciendo periodos de cinco meses, vamos a necesitar una operatividad de fuerzas de proyección
permanentemente de 15.000 hombres. Hay que tener en cuenta las bajas por enfermedad, absentismo, etcétera, que se producen en las tropas profesionales; no hay más que hablar con sus mandos, que dicen que no pueden tener todos los días formados 126
hombres de una compañía, porque tienen una serie de bajas laborales permanentemente -se empiezan a quejar en cuanto ven que hay una operación difícil en el extranjero y se dan de baja-. Ahí es donde está la gravedad del problema.
Eso es lo que, con estas críticas constructivas que hago, lleva a mi grupo a votar favorablemente la entrada en ponencia y en Comisión del proyecto de ley y no votar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque entiendo que en esta
situación en la que estamos no es necesario aumentar la plantilla de generales, de jefes, ni de oficiales; estamos servidos con los efectivos actuales. Lo que sí es necesario es consolidar al menos esta fuerza. No sé si esto nos lleva a generar
una especie de disminución de plantilla, porque, con este artículo 2, esta ley es una ley de disminución de los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas; a eso se circunscribe, a hacer un miniejército. ¿Estamos en condiciones de permitirnos esta
retracción? Con este artículo 2 se está incumpliendo, a mi juicio, lo que se había establecido por mutuo consenso en la Ley 17/1999, que consideró la estructura de plantilla de las Fuerzas Armadas en las cifras comprendidas entre 150.000 y 170.000
efectivos, que entonces manejamos, donde estaban incluidos todos los mandos y toda la tropa.
Tenemos dudas sobre la cifra de 80.000. Sabe, señor ministro, que las plantillas orgánicas de los distintos cuerpos del Estado nunca están cubiertas, pues están a expensas de que Hacienda dote o no económicamente una plaza de cualquier
cuerpo del Estado de acuerdo con las necesidades presupuestarias. ¿Qué necesidad hay de
decir que tenemos que rebajar de 102.000 ó 120.000 a 80.000 ó 90.000 los efectivos de tropa y marinería? Déjese como está. Convóquense las plazas que anualmente permitan los presupuestos, con dignidad y con dotación, pero déjese quieta
aquella plantilla. Esto le va a obligar a usted de inmediato, señor ministro, a tener que traer una ley, como planteamos con una de nuestras enmiendas a las disposiciones finales, de adición, de plantillas de las Fuerzas Armadas. De la relación
nos salen unas cifras de generales, jefes y oficiales, con relación a tropa y marinería, que son muy preocupantes. Si comparamos la plantilla actual de 80.000 efectivos de generales, jefes y oficiales, de las Fuerzas Armadas con la Guardia Civil,
manda más números armados un general de la Guardia Civil, siete veces más, según el estudio que he hecho, que un general del ejército.
Yo pediría a todos los grupos, incluso al Popular, que tuviésemos un sentido de responsabilidad de Estado y habláramos y acordáramos una buena ley, porque nuestro voto es un voto condicionado a decir al señor ministro: Señor ministro,
traiga esto cuanto antes, porque hemos quitado una piedra angular de la sillería de la estructura de las Fuerzas Armadas -y termino, señor presidente- y hay que reajustarla inmediatamente con la plantilla de generales, de jefes y de oficiales,
porque si no estaremos en una dislocación de nuestra operatividad. Y lo que quiere mi grupo es la plena eficacia, la plena racionalidad -y usted sabe, señor ministro, que lo defenderemos siempre-, dentro de la responsabilidad del Gobierno, como ya
tendremos ocasión de discutir en los trámites de ponencia y de Comisión. Nos preocupa este artículo 2, que no vemos la necesidad de introducirlo; habría que dejar el texto como está. Si el ministro de Hacienda dice que tiene dotación para el 80
por ciento de las plazas, como para el cuerpo de abogados o de técnicos del Estado, 80 por ciento, pero no modifiquemos toda la estructura del arco de esta catedral, que creemos que debe ser la dignidad y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
El señor ministro desea intervenir.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señorías, señor Mardones, intervengo con mucha brevedad y en atención al trabajo que S.S. dedica -y me consta- a la Defensa y a la preparación de sus propias tareas
parlamentarias.
La proporción entre cuadros de mando y soldados, que S.S. establece con las previsiones de la ley, es la que ha dicho. En el momento en el que estamos ahora, tiene que admitir conmigo que es mucho más negativa, porque si tenemos 73.000
soldados y estamos poniendo en la ley entre 80.000 y 90.000, ello supone una mejora en ese punto específico, no un retroceso.
Yo pedí la palabra, señor presidente, para con mucha brevedad decir algo que creo que estoy obligado, como ministro, a manifestar. Ha dicho S.S.
que, cuando se convoca a una compañía o se forma un batallón, no están presentes todos los que
en el contingente o en su plantilla figuran, y eso es así. Es verdad que tenemos bajas psicofísicas en niveles que al ministro le preocupan. Es verdad. Yo sé que S.S. lo ha dicho en la intención argumentativa, pero lo que no puedo aceptar es que
diga que, cuando se convoca una operación en el exterior, por difícil y grave que esta sea, los soldados dan un paso atrás. Los soldados de España no dan un paso atrás y siempre están dispuestos a estar con sus jefes donde el Gobierno les manda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, para una breve réplica.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por supuesto que mi intervención no iba por esa segunda alternativa, sobre todo cuando usted sabe que, en su comparecencia para explicar el accidente de Afganistán de los helicópteros y la muerte de 17 soldados, pedí para
ellos la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, porque entendía que estaban en acto de servicio. Y ninguno de esos 17 soldados, que fueron seleccionados por su jefe para esa operación de riesgo, dio un paso atrás. Nos enorgullece como
españoles que dieran el paso adelante. Estoy hablando de otras formaciones de compañías ordinarias matutinas en los cuarteles, por cuestiones ordinarias. ¡Qué menos que guardar este respeto a esas personas, sobre todo a esos 17 soldados, que
cumplieron la orden y perdieron su vida!
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Aclaradas las posiciones, tiene la palabra el señor Llamazares, de Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías. Mi grupo parlamentario, que se reclama no solo de izquierdas sino ecopacifista, va a respaldar esta iniciativa, porque creemos que obedece a dos objetivos coherentes con nuestras ideas
políticas. Por una parte, la dignificación laboral de unos trabajadores públicos, que en estos momentos no tienen y que la ley prevé, independientemente de que esta pueda ser mejor o peor, cosa que decidiremos en el debate parlamentario. Además
hay otro aspecto que nos extraña en el Grupo Parlamentario Popular, porque hemos compartido con él y con otros grupos de esta Cámara la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Hay grupos especialmente dedicados a desbaratar o a malbaratar su
patrimonio. Nosotros no queremos malbaratar el nuestro.
Nuestro patrimonio, en lo que puede ser la democratización de este país, también es la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Haciendo algún matiz al señor ministro, yo diría que ha
contado una parte, la parte parlamentaria-política de la
evolución de la profesionalización de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Pero ha habido otra parte, la de los jóvenes, la de la contestación y de la organización social, que muestra el anacronismo de un ejército de leva obligatoria en
nuestro país, con relación a las cuestiones democráticas, al avance democrático en nuestro país, y también con relación a los compromisos internacionales y a la tecnificación de las Fuerzas Armadas.
El ejército de leva obligatoria o los soldados de
leva obligatoria era ya una fórmula anacrónica en el momento en que se adoptó la decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas. Y era una situación anacrónica que fue percibida por parte de grupos parlamentarios de esta Cámara -es un patrimonio
que honra también al Grupo Parlamentario Popular- y fue percibida por muchos grupos sociales, que tienen parte de la responsabilidad y parte del beneficio de lo que ha significado la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Por estas razones fundamentales, mi grupo parlamentario considera que esta iniciativa es nuestro proyecto, que culmina, por una parte, la dignificación laboral de la tropa y la marinería al nivel que podemos hacerlo hoy, probablemente con
mejoras en el trámite parlamentario, y, por otra parte, también desarrolla las previsiones de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, previsiones que inicialmente han podido ser más o menos adecuadas pero cuya modificación hoy sabemos que es
imprescindible.
Se ha producido un debate en esta Cámara respecto al número de la plantilla militar. Tenemos una tercera razón para apoyar esta iniciativa y precisamente es esa, la razón relativa al realismo con respecto al volumen de nuestras Fuerzas
Armadas. Desde un principio la posición de nuestro grupo parlamentario -ahí también nos reconocerán la coherencia- ha sido un modelo de Fuerzas Armadas de alrededor de 80.000 soldados, hombres y mujeres, y 30.000-40.000 mandos. Eso no se ha
producido en la teoría pero en la práctica es así. Lo que queremos es que las leyes se correspondan con la realidad y esta es que no tenemos y no tendremos un volumen de ejército -que además no lo necesitamos- de las características que se debatió
en su momento en esta Cámara. Eso plantea otro problema que no se aborda en esta iniciativa pero que habrá que hacerlo en un futuro, porque esta iniciativa es parcial, es urgente e intenta dignificar la condición laboral de los soldados y marineros
de ambos sexos en nuestro país. Queda pendiente el tema de los suboficiales y el necesario equilibrio entre mandos y el resto del ejército, porque creemos que está sobredimensionado. Por eso pensamos que esta iniciativa tiene un tercer punto
positivo para nuestro grupo parlamentario.
También quería profundizar en esta ley de tropa y marinería en las motivaciones para continuar en las Fuerzas Armadas, que no son únicamente económicas, igual que ocurre en otras profesiones. Tiene que haber un mínimo económico. Nuestro
grupo parlamentario piensa que esta ley avanza en ese mínimo económico para que sea atractiva la presencia dentro de las Fuerzas Armadas como soldado o como marinero. Pero creemos que hay otros factores que motivan la entrada o la salida de las
Fuerzas Armadas y eso no se soluciona aquí, señorías. Quizás tenga que solucionarse en un proceso porque la situación para una buena parte de los soldados es que en determinados ámbitos del ejército siguen siendo tratados como soldados de leva
obligatoria, es decir, no son tratados como profesionales. Por tanto, hay un problema económico pero también hay un problema de cultura organizativa en nuestro ejército y también un problema profesional. Esa carrera profesional, en mayúsculas,
todavía no está predeterminada en este proyecto de ley. Puede estar predeterminada una cierta dignificación de sus condiciones laborales, la reubicación en mejores condiciones de aquellos que salen del ejército pero la carrera profesional todavía
no está garantizada. Creo que en esto hay que hacer un especial hincapié: en la formación profesional de la tropa y marinería de todo tipo y también en sus derechos y libertades. Antes el ministro hablaba de los derechos sindicales pero eso está
vetado en nuestra Constitución. Pero sí puede haber derechos de asociación y de representación que permitan que sea más atractiva la presencia en el seno de las Fuerzas Armadas. Porque al entrar en las Fuerzas Armadas no hay que dejar la
democracia a la puerta.
En ese sentido, consideramos que, en primer lugar, debe dignificarse laboralmente su profesión; en segundo lugar, tenemos que avanzar en una carrera profesional que todavía no está claramente definida en el seno de las Fuerzas Armadas,
sobre todo en el ámbito de los soldados y marineros y suboficiales y, finalmente, es necesario avanzar en otros aspectos de motivación que tienen relación con otras leyes, como la ley de derechos de los soldados que también está comprometida en la
Ley de Defensa Nacional y que tendrá que ponerse en práctica.
Señorías, estas son las razones por las que nuestro grupo parlamentario se ha sentido copartícipe de esta iniciativa, que nos parece importante, de modernización de nuestras Fuerzas Armadas y está dispuesto, junto a otros grupos
parlamentarios, a mejorar el texto. Además, nuestro grupo parlamentario cree, teniendo en cuenta el carácter sobredimensionado de nuestro ejército y, por tanto, el dimensionamiento que va a suponer esta iniciativa en materia de soldados y
marineros, que a continuación vamos a tener que hablar también de cómo queda la dimensión definitiva del ejército, que probablemente no sea la que se pactó en el año 1999 y tenga que ser otra; nosotros estamos dispuestos a hablar con el resto de
los grupos parlamentarios.
Hay algunas cosas del proyecto que nosotros querríamos mejorar. Hemos presentado una serie de enmiendas que creemos que coinciden con las de otros grupos parlamentarios. Se puede llegar a aproximaciones y podemos mejorar el texto, pero no
cabe duda, señorías, que este era un texto urgente incluso desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo y que podía haber presentado
el ministro de Trabajo ante esta Cámara. La primera razón es la dignificación de condiciones laborales en la Administración -en este caso, en el sector público-, condiciones laborales que son precarias con relación a las ya muy precarias
condiciones que tienen los trabajadores a nivel del sector privado en nuestro país. Y la segunda razón, la profesionalización de las Fuerzas Armadas que se inició con una decisión acertada en esta Cámara y que debería culminarse, haciéndola
posible. Ya hablaremos en otro momento de otras cosas relativas al sobredimensionamiento del ejército, a sus objetivos y también con relación a los derechos y libertades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka. Su turno, por favor.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señor ministro, señorías, que conste en el 'Diario de Sesiones' que empiezo este debate como nacionalista demócrata y republicano.
Recientemente debatimos la Ley de Defensa Nacional y en dicha ley insistimos a través de nuestras enmiendas en que lo que tocaba entonces era regular las bases de la organización militar, y decíamos que en no pocos artículos se confundía con
la propia actividad material. Pues bien, entendemos que en esta ley que hoy debatimos se comienza a caminar en la línea del debate de la actividad material. No hemos presentado enmienda a la totalidad y anuncio que tampoco vamos a apoyar la que
presenta el Grupo Popular porque la filosofía básica que nos anima es plantear la cosa militar -entre comillas- con plena normalidad y en plena normalidad.
Así entendida, el que se plantee una adecuación salarial aunque esta suponga un aumento del
25 por ciento en tres años lo entendemos conveniente dada la situación actual y, además, es un tema de plena normalización y, en cierta manera, de homologación al resto de la sociedad. Aquí el ministro también nos dio una muestra de su capacidad y,
por qué no, de su habitual puesta en escena cuando afirmó: si no, yo dimito. Creo que esto es propio de usted, señor ministro. En la línea de esa normalidad es por lo que no nos agradan los excesos de consideración de las Fuerzas Armadas -como
tesón, espíritu y sacrificio- como si fueran superiores al resto de la sociedad. Señor ministro, nosotros los consideramos de la misma forma y nivel que al resto de la sociedad, por ejemplo, que a los agricultores, a los bomberos, a los dentistas,
a los administrativos, a los albañiles, etcétera. Por tanto, en plena normalidad y con plena normalidad. Creemos que este tipo de concepción es tan necesario como la homologación salarial. La normalización democrática debe servir tanto para los
defectos, que es uno de los temas que plantea en esta ley el ministerio -defectos salariales, de consideración, etcétera-, como para los excesos de interpretación de los papeles que todos los ciudadanos del Estado deben de aportar al bienestar del
Estado.
En esta línea hemos presentado una enmienda que no pretende una consideración distinta en ese esquema de normalización en Euskadi -y esto me gustaría que quedara claro-, sino que no estamos de acuerdo en que se pretenda que los servicios
prestados como militares constituyan un mérito en todos los sistemas de selección para el acceso a la Función pública en general. Creo que este es un matiz importante, señor ministro, porque el problema es que más allá del debate tradicional sobre
las ventajas e inconvenientes de las fases de oposición y de mérito en los procesos selectivos de personal en las administraciones públicas, hasta los mayores defensores de la fase de méritos la circunscriben, en todo caso, a acreditaciones bien
fehacientes y sobre todo muy directamente relacionadas con las funciones que el correspondiente cuerpo, escala o categoría laboral ha de desempeñar. Parece evidente que únicamente deben constituir mérito aquellas experiencias demostradas que
presuponen conocimientos o destrezas estrictamente relacionados con las funciones que se han de realizar y no cualesquiera otras. Por tanto, es una especie de aberración intentar imponer que la experiencia como militar pueda estar siquiera
remotamente relacionada con la inmensa mayoría de los empleos públicos existentes. Este es el sentido de la enmienda. Además, señor ministro, encontramos hasta razonable que la posibilidad de enfocar como mérito la experiencia militar para el
acceso a las funciones de policía fuera únicamente consecuencia de una colaboración acordada entre el Ministerio de Defensa y las administraciones autonómicas y locales. Yo diría, por tanto, señor ministro, que más que un conflicto competencial,
que es el esquema que usted ha planteado en cuanto se ha referido al Grupo Vasco, es una especie de pequeño conflicto conceptual, para que quede clara esta cuestión. Esto es lo que le expongo respecto a la enmienda que, como usted sabe, hemos
presentado.
Planteamos una duda sobre el debate que entiendo que se ha dado y se va a dar, más que nada a modo de reflexión sobre una materia, y es que personalmente no sé si es adecuado -y lo digo entre comillas y con buen espíritu- que un soldado con
41 años tenga -se le llame como se le llame-, señor ministro, una especie de pensión vitalicia equivalente al salario mínimo interprofesional. Las problemáticas que se les plantean a los soldados o militares en esta situación se les presentan en
esta sociedad a muchos otros colectivos, señor ministro, y, que yo sepa, no se les garantiza dicha pensión vitalicia para el resto de su vida laboral.
No quiero iniciar un debate semántico, pero si un señor se jubila o se prejubila a los 42 años y
se le garantiza una pensión hasta que llegue a la edad normal de recibir pensión, nosotros lo entendemos como una pensión vitalicia. Usted se empeña en llamarlo compensación, con su natural habilidad, pero me va a permitir que yo lo defina como
pensión vitalicia, y además creo que es el único precedente
que se va a regular en este sentido, y lo digo como reflexión.
Sinceramente creo que es una especie, entre comillas también, de pequeña anomalía en el sistema social. Además, no sé si una prejubilación a los 42 años es contraria a los
pilares que se aprobaron en el Pacto de Toledo; nos lo debería aclarar, en su caso, el ministro de Trabajo.
Sinceramente creo que se precisa de un debate conceptual sereno. Y solamente como matiz, le recuerdo también que el 50 por ciento de los
pensionistas españoles no cobran lo que va a cobrar un soldado de 42 años que está en pleno estado de salud. Lo digo como reflexión. Sería interesante que hubiera un debate sobre esta cuestión.
Sin más, finalizo, señor ministro, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado, como puntualmente se ha referido al aspecto que ha llamado de prejubilación o de pensión, quisiera significarle, sin vocación dogmática, que este sistema no es
innovador. Este es el sistema que aplican las Fuerzas Armadas de prácticamente todos los países de los que España es aliada. Primera cuestión.
Segunda cuestión. No se trata de una pensión en sus términos jurídicos ni reales. La cuantía la hemos tenido que prefigurar para la ley de algún modo, pero no está prefigurada. Señor diputado, conocemos a muchos prejubilados de verdad,
que son jurídicamente prejubilados, y que tienen edades no muy distintas a las que se ha referido, de empresas de las que podríamos hablar después del debate, que nos van a resultar muy conocidas a S.S. y a mí; pero tampoco ellos, como decía S.S.
al principio, tienen por qué tener más derechos que los soldados; deben ser todos iguales.
En cuanto a la ventaja de los soldados con mérito acumulado para acceder a un puesto público en las administraciones del Estado, que S.S. planteaba, quisiera decirle que coincido plenamente con usted en que no cabe en la cabeza que haber
sido soldado pueda ser mérito acumulado para el concurso de profesores de cálculo infinitesimal de la Universidad de Madrid, evidentemente. Eso sí, aspiramos, con el voto de S.S., a que aunque haya restricción funcional en el mérito no la haya
territorial, es decir, que el mérito lo sea en todo el territorio nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puig Cordón.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, señor ministro, en primer lugar me voy a dirigir a la portavoz del Grupo Popular porque, como es habitual y norma ya instaurada en dicho grupo, siempre tienen que hacer referencia a nuestro partido, en
este caso al señor Carod-Rovira. Le voy a dar la razón. ¡Claro que tenemos que ver con los temas de defensa! ¡Faltaría más! El señor Carod-Rovira hizo el servicio militar y yo mismo lo hice.
Me parece que algún miembro de su partido, algún ex
presidente del Gobierno no tuvo esa fortuna, se escaqueó. Por tanto, me parece lógico que nos den la razón una vez más.
Señor ministro, estamos de acuerdo en que hay que regularizar el ejército profesional. El paso del ejército de leva obligatoria al profesional quedó a medias, quedaron cosas por hacer y por mejorar; estamos de acuerdo. Pero creo que hay
algunos matices, que nuestro grupo ha presentado en forma de enmienda, en los que coincidimos con algún otro grupo. Señor ministro, si hablamos de vírgenes seguramente no nos pondremos de acuerdo. Usted se encomendó a la virgen de su pueblo, yo
seguramente me encomendaré a la Moreneta, que además es morena; seguramente en esto no vamos a coincidir.
Señor ministro, le tengo que agradecer que haya dicho que los votos de los separatistas y de los republicanos son válidos en esta Cámara. Se lo agradezco, pero también son válidos en otras cámaras y en el Parlamento de Cataluña, y son los
votos que decidieron que Cataluña es una nación.
Por tanto, del mismo modo que los votos son válidos en un sitio lo son en otro. En Cataluña decimos: cornudos y encimar pagar, no. El voto es válido, la representatividad es válida y por tanto
responsablemente participamos en la Ley de Defensa y la aprobamos, pero creemos que hay una serie de matices que habría que incluir en la ley de tropa y marinería. Hay que regularizar, hay que establecer el número de tropa necesaria para dar
cumplimiento a la propia Ley de Defensa.
Algunos de esos matices hacen referencia al tema de la paga, de la pensión que se va a instaurar para los soldados cuando dejen el servicio a los 42 o a los 45 años. Coincido con las reflexiones que ha hecho el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco en cuanto a que esto hay que discutirlo y analizarlo, porque en este país va a ser difícil explicar, cuando hay pensiones que no llegan a este salario mínimo, que vayamos a instaurar por norma y sin limitación que a un soldado en
plena forma, con 42 o con 45 años, que encuentre un trabajo con un sueldo elevado se le dé esta paga de 600 euros o una cantidad parecida al salario mínimo. Creemos que no tiene sentido. Pensamos que no sería justo y que deberíamos reflexionar
sobre ello. Aquí me remito también a una proposición no de ley que presentó el otro día el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de Trabajo, referente a que los que hicieron el servicio obligatorio no les ha sido computado ese tiempo
de servicio, y donde se acordó remitir el tema a la Comisión del Pacto de Toledo. Por tanto, sería lógico y estaríamos de acuerdo en trasladar ese tema a la Comisión del Pacto de Toledo y encontrar una solución global. Para nuestro grupo
parlamentario es complicado asegurar esa paga a esos soldados cuando está pendiente que se les compute
como tiempo trabajado a aquellos que dedicaron un tiempo de su vida por obligación cuando hicieron el servicio obligatorio, algunos en plena dictadura. Yo creo que por responsabilidad sería bueno matizar ese tema desde un punto de vista más
global. La proposición no de ley que presentó Convergència i Unió en la Comisión de Trabajo se remitió a la Comisión del Pacto de Toledo y yo creo que sería interesante trasladar también ese tema y encontrar una solución global para todos los
ciudadanos del Estado, de tal manera que no quede como una especie de privilegio, como puede parecer ahora. Para muchos pensionistas es difícil explicar esta situación que prevé el proyecto de ley. En todo caso, tenemos tiempo para hablarlo y
estamos dispuestos a negociar, lo hemos demostrado con la Ley de Defensa y con esa ley y, y a discutirlo en los trámites posteriores.
También coincidimos con otros grupos en el tema de no convertir en un privilegio el haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas; hay que garantizar que para el acceso a la Función pública esto no sea un privilegio o un punto de avance;
creemos que es necesario terminar de matizarlo para dar esta igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
Hay matices, la ley es mejorable. Nosotros vamos a trabajar en esa línea.
Hemos concretado las enmiendas en ese sentido y, por tanto,
ahí nos encontrará para seguir hablando en los siguientes trámites. Lógicamente vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular, porque no tiene nada que ver con nuestro planteamiento.
Esperamos encontrar
fórmulas de diálogo para intentar llegar otra vez a un acuerdo, a pesar de que a algunos les parezca mal que separatistas y republicanos lleguemos a acuerdos con el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado, señorías, por supuesto que manifiesto también, con motivo de su intervención, el deseo de llegar al mayor nivel de acuerdo posible. Pero tomo la palabra por la
mención que ha hecho S.S. respecto al valor de los votos, con lo que no puedo sino coincidir. Respeto no solo los votos sino sobre todo a la decisión que tome cualquier Parlamento autónomo y concretamente el de Cataluña. Pero -el pero no es
contra su autonomía- también respeto la decisión que sobre esa misma materia tome el Congreso de los Diputados o el Parlamento español. El pero tiene mucha importancia porque en materia de aprobación del Estatuto de Cataluña quien más manda es
quien quiere la Constitución que más mande. En esto podemos tener acuerdo o desacuerdo, pero el Estatuto de Cataluña, respetando el trabajo que se está haciendo allí, será el que diga esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor, a la cuestión, porque estamos en tropa y marinería y hemos llevado una deriva de debate, que no coincide con el punto que estamos tratando, respecto a las competencias del Parlamento del
Estado o de Cataluña.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, le ruego...
El señor PRESIDENTE: Siéntese usted. Es el presidente el que dirige el debate. A la cuestión y discutamos sobre tropa y marinería. El señor Puig quiere responder sobre tropa y marinería. Por favor, siéntese.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): ¿Por qué a él le deja hablar y a mí no?
El señor PRESIDENTE: Tome asiento, por favor, y le ruego que respete las decisiones del presidente. Es una ley sobre tropa y marinería y están ustedes discutiendo sobre las competencias de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña
sobre la elaboración del Estatuto de Autonomía, que no tiene nada que ver con el punto que estamos tratando. En consecuencia, señor Puig, responda sobre tropa y marinería. Si usted respondiera sobre el tema de competencia de los dos parlamentos,
autonómico y del Estado, también le llamaría a la cuestión para centrar el debate.
Adelante, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, intervengo para responder muy brevemente a las palabras del ministro. (Rumores.)
Yo creo que me remito a la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Estamos discutiendo sobre la ley de tropa y marinería y esto no puede derivar hacia un debate, sin duda importante, pero ajeno al punto del orden del día de hoy. Si no necesita responder usted sobre tropa y marinería,
pasamos el turno a otro orador.
El señor PUIG CORDÓN: Voy a responder sobre lo que se ha discutido y sobre lo que hablado el ministro en relación con la tropa y marinería y el valor de los votos, como ha comentado.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor PUIG CORDÓN: Señor ministro, no tengo ninguna duda de que en esta Cámara el voto tendrá la importancia que debe tener, pero estoy convencido de que el presidente del Gobierno cumplirá su palabra de que lo que salga de Cataluña...
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Puig, no.
Continúa el debate.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): No es para entrar en el debate. Intervengo simplemente para manifestar, si tengo derecho y aceptando, como es lógico, su autoridad, mi desacuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Respecto a qué?
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Respecto a la interpretación que ha hecho S.S. de la intervención del ministro. Acepto, como no puede ser de otra manera, su autoridad, pero no estoy de acuerdo con dicha interpretación.
El señor PRESIDENTE: Constará en el 'Diario de Sesiones', pero comprendan ustedes que si en este Parlamento, al tratar sobre un punto del orden del día o sobre una cuestión concreta, entran ustedes en deriva por aquí y por allá respecto a
cuestiones políticas que son muy importantes, esto nos llevaría obligadamente a desfigurar los términos del debate. Así que lo lamento profundamente, señor ministro, pero también es mi obligación impedir que estemos aquí hasta las cuatro o las
cinco de la tarde discutiendo sobre temas que no tienen que ver con el punto del orden del día. Creo que es lo correcto y así lo hago constar en el 'Diario de Sesiones'. Lo lamento.
Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¡y eso que son socios! Vamos a intentar distender un poco el debate. Yo haré lo que veo que empieza a ser norma en este hemiciclo.
Veo que esta mañana la gente se identifica. Pasa como en las épocas pasadas cuando te
decían: Identifíquese. Me voy a identificar: ante ustedes un nacionalista catalán demócrata. Creo que era la condición sine qua non al comenzar el debate. Pues bien, vamos a empezar este debate que ha tenido un tono político con la portavoz
popular, para seguir con un tono explicativo del ministro y que yo intentaré que vaya en la misma línea explicativa.
Señor presidente, señor ministro, señorías, comparezco una vez más como portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en materia de defensa.
Fíjense bien, digo una vez más, lo cual significa que otra vez estamos debatiendo en el
hemiciclo aspectos normativos de defensa. Al señor ministro le puede gustar o no -que de todo habrá en la viña del Señor-, pero lo que está claro es que en defensa algo se mueve. Lo que está claro es que defensa está normando; lo que está claro
es que se están modificando normas, unas obsoletas, otras antiguas, otras deficitarias democráticamente. Ayer fue la Ley Orgánica de Defensa. Si me permite usar el tono coloquial y simpático que tenemos esta mañana, usted decía ley nacional
orgánica y yo le diría ley estatal orgánica. Señor ministro, usted y yo estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero en esto, lógicamente, estamos semántica e ideológicamente lejanos. Bromas aparte, como decía, hace pocos días fue la Ley Orgánica de
Defensa, hoy la ley de tropa y marinería y mañana, como el señor ministro ha anunciado, carrera militar, etcétera. Por tanto, es bueno que vayamos subiendo a este estrado a menudo para cambiar marcos jurídicos, porque es verdad que el ministerio de
Defensa, desde los años ochenta, ha sido el segmento gubernativo que menos se ha movido, que tiene una estructura arcaica y una base jurídica antigua que, lógicamente, hacía falta ir modificando poco a poco.
Señor ministro, con su habilidad dialéctica ha hecho un repaso histórico a lo que vulgarmente llamábamos mili, servicio militar obligatorio. En este aspecto, yo le agradezco sinceramente su honestidad política al reconocer el papel de
Convergència i Unió en el hecho de que desapareciera la mili, el servicio militar obligatorio. Hace pocos días, hablando de la Ley Orgánica Nacional de Defensa se decía que debería llamarse ley Bono. Pues bien, la ley que hizo desaparecer el
servicio militar debería llamarse ley Campuzano. Usted sabe que Carles Campuzano fue, es y esperemos que sea un excelente diputado que hizo bandera de esta lucha para que desapareciera el servicio militar obligatorio. Consiguió el consenso, aunque
fue una obra de todos, por qué no, y gracias a aquella situación conseguimos dar un paso en un aspecto que se reivindicaba desde la sociedad. Usted ha dado a entender con esto que no todos los pactos son malos y que, por tanto, los pactos de
Convergència i Unió con UCD, con PSOE, con PP tampoco fueron tan malos como alguno intenta decir hoy. Es más, para Cataluña fueron muy buenos y para el resto del Estado en muchos aspectos también. Aquel fue un pacto, el del Majestic, en el que
incluimos algunos aspectos, entre ellos la desaparición del servicio militar obligatorio. Si SS.SS. leen el 'Diario de Sesiones' comprobarán la insistencia permanente del portavoz de Convergència i Unió, Carles Campuzano, que decía que este sería
un mal modelo si no iba acompañado de otros aspectos que deberían complementar esta ley. La ley se hizo por pacto, era condicionante, pero tenía que haber unos aspectos que debían acompañarla. Desafortunadamente, el Gobierno anterior no lo hizo,
porque no pudo, porque no supo o porque no quiso. ¿Qué aspectos hacían falta? Nosotros insistíamos en tres: sueldos dignos, que significan buenos sueldos, elevar el nivel de formación de los militares y medidas de reinserción laboral. Esto es lo
que hoy estamos reabriendo y en lo que estamos avanzando. Señor ministro, nos encontrábamos con unos ciudadanos que tenían un bajo nivel económico -usted ha puesto el ejemplo de un capitán de una embarcación militar que ganaba mucho menos que un
taxista en un mal día-, con malos sueldos; sin formación, con un nivel bajo de educación; sin instrumentos para reinsertarse laboralmente y que al cabo de 12 años se encontraban en la calle convirtiéndose en ciudadanos de segunda.
El proyecto de ley que hoy debatimos intenta reconvertir esta situación, pues aunque había un buen modelo, no tuvo los complementos necesarios en su día. Hoy no
hablamos de una ley política -fíjense bien, señorías-, sino que hablamos de una ley social que afecta a hombres, a mujeres y a familias. Por tanto, es cada vez más importante en este aspecto el consenso político.
No es el modelo ideal. Es
un modelo mejorable. Vamos a mejorarlo. Por todo ello, no votaremos a favor de la enmienda a la totalidad del Partido Popular, si bien -a mí no me ha puesto el señor Zapatero para criticar a la oposición y no lo voy a hacer; no soy yo quien tiene
que criticar la enmienda a la totalidad, simplemente digo que no votaremos a favor de la misma porque no creemos que sea lo mejor en esta materia-dicha enmienda presenta dos aspectos razonables. Por un lado dice que se tendría que haber hecho en
una sola norma, lo cual es verdad -se ha argumentado que era urgente, no lo sé-, y por otro lado habla de consenso, algo que también es cierto. En cualquier caso, señora portavoz del Grupo Popular, no pasa nada, el consenso puede no ser previo, es
decir, una ley no tiene por qué venir consensuada previamente. Vamos a rebajar el tono del diálogo político en esta Cámara. Consensuemos. Esta ley pasa a la Comisión, volverá al Pleno y aquí es donde tiene que haber consenso. Me consta que
ustedes han presentado enmiendas y deduzco de las palabras del señor ministro que habrá voluntad de diálogo; veremos si habrá después voluntad de entendimiento.
Señor ministro, tengo poco tiempo para acabar, pero me gustaría hablar de diferentes aspectos. Nosotros hemos enmendado esta ley. Nos gustaría que fuera, como la Ley Orgánica de Defensa Nacional, una ley generosa, una ley consensuada, una
ley positiva. Esta es una ley que necesita ser mejorada. Los demás grupos la han enmendado y nosotros también. Hay aspectos que nos gustaría que constasen cuando esta ley se apruebe definitivamente aquí. Por ejemplo, por mi condición de
nacionalista opino que tiene que haber una cláusula general que establezca que cuando las comunidades autónomas establezcan -valga la redundancia- en materia de selección de personal aspectos de autoorganización de las mismas, no vayan en
detrimento. Se ha de respetar la autoorganización de las comunidades autónomas que tengan cuerpos policiales propios, como son Cataluña, Euskadi y Navarra. También nos gustaría que no se discriminase a los oficiales procedentes de la reserva
transitoria. Esta es una ley pensada para las personas, y esto vale dinero. Usted ha pedido apoyo parlamentario; sus socios se lo darán. Ustedes no han pactado los presupuestos con nosotros, pero pidan dinero a sus socios porque es para las
personas que forman parte de los ejércitos.
Tengo muchas más cosas que decirle, pero no me queda tiempo. En cualquier caso le contaré que hace unos días, en los pasillos del Congreso, un compañero suyo decía en sentido positivo: Bono es un ministro marchoso; le va la marcha. Pues
bien, señor ministro, yo le emplazo a que tenga en cuenta un aspecto muy importante. Usted ha dicho que no hay sindicatos ni los habrá. Me da la impresión de que en un Estado democrático, moderno y en el que hay evolución social los ejércitos se
han de modernizar. Ya sé que la Constitución no lo permite, pero la Constitución se puede modificar. Incluso, en el buen sentido, hay una expresión que dice: hecha la ley, hecha la trampa. Pues bien, no hagamos trampas; busquemos resquicios
legales. Intentemos que los ejércitos se puedan si no sindicar, asociar, que puedan unirse, porque hoy son una realidad la Asociación Unificada de Militares Españoles, la AUME, Unión de Militares Temporales, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, debe concluir.
El señor MALDONADO I GILI: Acabo, señor presidente.
Como digo, hay asociaciones, no reconocidas, pero son una realidad. Por tanto, le emplazo a que, como decía también el señor Llamazares, este reconocimiento de los derechos y libertades de los soldados y militares...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir.
El señor MALDONADO I GILI: Anunciamos nuestro voto en contra de la enmienda a la totalidad y esperamos que esta sea una ley de consenso, como lo fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional, y que el debate se centre en las personas y no solo en
la política.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Con el permiso del señor presidente.
Señorías, señor diputado, respecto a la voluntad de acuerdo y consenso, se la reitero. Le agradezco el apoyo a las posiciones que ha manifestado y tomo la palabra casi en exclusiva para responder a la última referencia que hacía a la
sindicación de las Fuerzas Armadas. Cuando he manifestado que no hay sindicatos ni los habrá, no se trataba de querer imponer algo que esté al margen o por encima de la ley, y, lógicamente, mucho menos por encima de la ley de leyes que es la
Constitución. Digo que al jurar mi cargo prometí cumplir y hacer cumplir la ley, y mientras no se modifique la legislación española -que yo no deseo que en este punto se modifique- no puede haber sindicatos en las Fuerzas Armadas, y para cumplir
con mi juramento, mientras sea ministro, no los habrá.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, su intervención ha dejado claro que la ley de tropa y marinería es una ley buena, necesaria y que soluciona un problema grave de los ejércitos, como es la falta de soldados y la poca atención debida.
Por eso, desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos agradecer al Gobierno y a su ministerio la rapidez con la que se ha decidido abordar el tema y buscar una solución. El Gobierno socialista ha sido siempre consciente de este problema. Desde un primer momento, el
ministerio que usted preside ha tomado medidas, por ejemplo, el incremento de las plazas de permanentes, las pagas extraordinarias a los destinos con más carencia de personal o el aumento de cupo de extranjeros. Pero usted, señor Bono, tiene razón:
no son suficientes las medidas parciales, este tema hay que abordarlo desde la profundidad y con urgencia, y nada mejor que esta ley de tropa y marinería para ello.
Hemos visto hoy grandes coincidencias en todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han subido a esta tribuna. Tenemos un modelo de ejército profesional que no es sostenible y es necesario un nuevo modelo realista de
profesionalización. Sinceramente, señor ministro, partimos de un pedazo de ley, que sin duda podremos mejorar en su tramitación parlamentaria; con ese ánimo han presentado los distintos grupos sus enmiendas parciales. Se abre, pues, un proceso de
diálogo en el que todos los grupos que quieran pueden participar, porque aquí quien quiere aportar ideas las aporta. Por eso mi grupo parlamentario no entiende que hoy estemos debatiendo una enmienda a la totalidad del Partido Popular. Y creo que
se ha demostrado suficientemente en esta tribuna, porque la mayoría de los grupos parlamentarios han pasado de discutir esa enmienda a la totalidad y se han centrado ya en las enmiendas que les interesan para mirar al futuro de esta ley.
El PP vuelve a desmarcarse en defensa, ha perdido el rumbo, navega en el desconcierto y lleva el paso totalmente cambiado. Primero no apoyan la Ley de Defensa, y ahora piden la devolución de una ley que contribuye a mejorar las deficiencias
de un modelo de ejército que no es sostenible.
Pero ¿cuáles son las razones que el PP alega para querer devolver esta ley al Gobierno? Sinceramente, mi grupo parlamentario no ha visto ninguna razón sensata, tampoco propuestas alternativas y ni
siquiera grandes diferencias con la filosofía de esta ley. Pero según las tesis FAES-PP, esta ley hay que devolverla al Gobierno. Dice FAES-PP que esta ley no puede ser porque no se puede hacer un proyecto de ley sobre el régimen de personal que
disgregue los distintos aspectos del personal. Pues bien, lo que no es bueno es no buscar una solución al modelo profesional del ejército actual. Dice Aznar-PP o FAES-PP -lo que tenéis vosotros ya es una confusión y hasta nos confundís a nosotros
en esto- que esta ley nace sin el consenso que la política de defensa exige y, por último, dicen que ese proceso abierto de diálogo y de trabajo no se ha hecho con todos los grupos parlamentarios. Señores del PP, ahora toca debatirla, ahora pueden
participar. Lo primero que ha hecho la señora Oltra cuando ha subido a esta tribuna ha sido criticar la enmienda parcial que ha hecho mi grupo parlamentario. Señora Oltra, usted ha votado esa enmienda. ¿Sabe cómo? En una proposición no de ley
que aprobamos por unanimidad en la Comisión de Defensa. Léase antes las cosas, señora Oltra. (Aplausos.) Pero no se confundan. Quienes se quedan solos una y otra vez en este Parlamento sois vosotros, quienes se quedan aislados, socialmente
también, sois vosotros y quienes no han consensuado la Ley de Defensa Nacional -no digan que no- sois vosotros. (Rumores.)
Señorías del Partido Popular, no os vendría nada mal un poco de humildad y reconocer que la situación en que se encuentran las Fuerzas Armadas es parte de vuestra gestión de ocho años de Gobierno. ¿Que queréis que hagamos un poco de
memoria? La hacemos: ocho años de Gobierno del Partido Popular, y no tomasteis ni una medida para que no fracasara el paso de la mili obligatoria al ejército profesional, no tomasteis ninguna medida para cumplir con los objetivos previstos de
tropa y marinería, tampoco pusisteis solución para que la captación y la retención no fuesen un problema, simplemente lo basabais todo en la propaganda, y cuando entraba un soldado veía que toda esa propaganda era mentira. No supisteis abordar la
formación ni la salida profesional de quienes cumplían y debieron dejar las Fuerzas Armadas obligatoriamente y no os importó que quienes salieran de los ejércitos después de dar lo mejor de sus años a las Fuerzas Armadas no tuviesen otra forma de
vida ni de supervivencia, y no encontraron en ningún momento el amparo del Gobierno. Sí, señorías, el modelo de profesionalización del Partido Popular es fruto de la improvisación y no de un plan consciente y definido de profesionalización.
(Rumores.) Estamos, por tanto, ante un modelo caduco que debemos reformar porque hay que invertir en el futuro. La ley de tropa y marinería es eso, una ley con expectativa de futuro. Por cierto, ¿no dice el señor Rajoy que tenéis que mirar al
futuro? Pues esta es una ley de futuro y vais a votar en contra con esa enmienda a la totalidad.
Lo que todavía creo que no le ha quedado claro a ningún diputado en esta sala es por qué no os gusta esta ley, porque no se ha dado ni una sola razón. ¿Quizá no os guste porque se les garantice a los soldados y a los marineros formación,
permanencia, prestigio, estabilidad y economía laboral? ¿O no estáis de acuerdo con que tras 18 años de servicio y 42 años de edad puedan tener una paga similar al salario mínimo interprofesional hasta la jubilación? ¿O no estáis de acuerdo con
que después de tres años de servicio puedan llegar a suboficiales o que se les facilite el acceso a la Guardia Civil o a la Policía Nacional? ¿O es que, señores del PP, os molesta que puedan volver a los ejércitos aquellos militares que pusisteis
en la calle sin nada? (Un señor diputado del Partido Socialista: Exactamente.) ¿Saben cuántos soldados y marineros que han pasado apenas tres años en las Fuerzas Armadas piensan que esto ha sido tiempo perdido en su vida? Pues, sinceramente,
cuando esta ley
quede aprobada no creo que haya ningún marinero, ningún soldado, hombre o mujer, que piense que su tiempo en la vida militar ha sido inútil y perdido.
Una crítica también ilógica que ha hecho el Partido Popular dice que el coste de esta ley va a aumentar conforme pasen los años. Pues claro, y ojalá suba mucho porque sería señal de que la ley tiene efectividad y entra mucha gente en las
Fuerzas Armadas. (Rumores.) Usted sabe, señor ministro, que mi provincia es una de las que más personal ha aportado siempre a los ejércitos. Estamos remontando, pero estos años hemos visto cómo en la provincia de Cádiz cada vez más hombres y más
mujeres no renovaban su compromiso con el ejército, cómo la Armada tenía verdaderas dificultades para cubrir los puestos en los buques. Hoy hay en mi provincia 2.961 hombres y mujeres soldados y marineros, en la provincia de la señora Oltra hay
2.527. Estoy segura de que cuando entre en vigor esta ley los 73.162 soldados y marineros que sirven a nuestros ejércitos se van a sentir por primera vez soldados profesionales. Que nadie les quite esa oportunidad.
Señor ministro, felicidades y gracias por esta ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de tropa y marinería.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 132; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.