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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 68, de 08/02/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 68
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 63
celebrada el martes, 8 de febrero de 2005
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de familia.
'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 28-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000014.) ... (Página 3209)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 84-1, de 11 de junio de 2004. (Número de expediente
122/000068.) ... (Página 3209)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General del Estado, Diputados,
Senadores y otros cargos de órganos públicos y de creación de la Agencia Estatal de Vigilancia en Materia de Incompatibilidades y Ética Pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 62-1, de 23 de abril de 2004. (Número de
expediente 122/000051.) ... (Página 3219)
Modificación del orden del día ... (Página 3226)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conocimiento y utilización de los símbolos de la Unión Europea. (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de expediente 161/000511).
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 83, de 20 de diciembre de 2004, y número 99, de 4 de febrero de 2005. (Número de expediente 162/000258.) ... (Página 3227)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración de debates públicos sobre la Constitución Europea. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 142, de 26 de enero de 2005.
(Número de expediente
162/000255.) ... (Página 3233)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno. (Número de expediente 173/000046.) ... (Página 3242)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado
de poblaciones. (Número de expediente 173/000047.) ... (Página 3250)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual. (Número de expediente 173/000048.)
... (Página 3254)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. (Número de expediente 173/000049.) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático, hecha en París el 2 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 53, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente 110/000041.) ...
- Protocolo aprobado con arreglo al artículo 34 del Tratado de la Unión Europea que modifica, en lo relativo a la creación de un fichero europeo de identificación de los expedientes de investigación aduanera, el convenio relativo a la
utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 64, de 27 de septiembre de 2004.
(Número de expediente 110/000051.) ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú para la cooperación en materia de inmigración, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 71, de 5 de noviembre de 2004. (Número de
expediente 110/000052.) ... (Página 3265)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 1 de julio de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 72, de 5 de noviembre de 2004. (Número de expediente 110/000053.)
... (Página 3265)
- Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía sobre protección de información clasificada en materia de defensa, hecho en Bucarest el 3 de marzo de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 78, de 26 de noviembre de 2004.
(Número de expediente 110/000054.) ... (Página 3266)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 3209)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de familia ...
(Página
3209)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica relativa a la modificación de la ley orgánica del poder judicial ... (Página 3209)
En turno a favor de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene la señora Pigem i Palmés manifestando que la misma tiene por objeto la creación de una jurisdicción de familia, con la finalidad de
mejorar la protección de las familias y especialmente de las familias en crisis, dado que desde su punto de vista tal protección está insuficientemente garantizada con la actual situación jurisdiccional, pues es un hecho notorio que la enorme
complejidad de nuestra sociedad hace prácticamente inviable un conocimiento, siquiera sea superficial, de todas las materias.
El señor López-Medel Bascones defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a favor de la especialización de la administración de justicia en el ámbito del derecho de familia. Alude a las numerosas reformas
realizadas en los últimos años de cara a la consecución de una justicia más eficaz y de mejor calidad, con la creación de juzgados especializados por ejemplo en el ámbito mercantil, afirmando que todas las razones que llevaron a la creación de
dichos juzgados, y muchas más, justifican la creación de juzgados especializados en el ámbito del derecho de familia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señor Villarrubía Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración General del Estado, diputados,
senadores y otros cargos de órganos públicos y de creación de la Agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública ... (Página 3219)
En turno a favor de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds interviene la señora Navarro Casillas señalando que tienen hoy en día una ley de incompatibilidades de altos
cargos declarada insuficiente por la casi totalidad de los grupos representados en la Cámara, dándose además el caso de que muchos de estos altos cargos se adjudican indemnizaciones compatibles con cualquier retribución pública sin ningún pudor.
Son muchas las cuestiones por revisar, tal como se propone precisamente en esta proposición, como por ejemplo una separación necesaria y urgente entre lo público y lo privado al mayor nivel posible, creando una agencia estatal de vigilancia en
materia de incompatibilidades y ética pública.
Se trata en definitiva de devolver la dignidad al trabajo público y para ello pide el voto de la Cámara a favor de esta iniciativa.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 3226)
El señor presidente propone a la Cámara, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la modificación del orden del día a los efectos de excluir el último punto del mismo, relativo al
debate de totalidad de la proposición de ley del Senado, de modificación
de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, así como que el punto VI, correspondiente a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, pase a ser debatido como último
punto de la sesión de hoy, 8 de febrero.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.
Asimismo somete a la Cámara el acuerdo de la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 150 del Reglamento, de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se reconoce una prestación económica
a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
Se aprueba por asentimiento la tramitación directa y en lectura única del citado proyecto de ley.
Toma en consideración de proposiciones de ley (votaciones.) ... (Página 3227)
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de
familia, se aprueba su toma en consideración por 326 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica relativa a la modificación de la ley orgánica del poder judicial, es aprobada su toma en consideración por 326 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración
General del Estado, diputados, senadores y otros cargos de órganos públicos y de creación de la Agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública, es rechazada su toma en consideración por 15 votos a favor, 302 en contra
y nueve abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 3227)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conocimiento y utilización de los símbolos de la Unión Europea ... (Página 3227)
El señor Estrella Pedrola defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso manifestando que los objetivos de la misma no son otros que incorporar y promover en nuestro acervo lo que la Constitución europea
establece como símbolos de la Unión, tales como la bandera y el himno de la Unión, la moneda o el día de Europa, a celebrar el 9 de mayo. Pretenden que el Gobierno promueva el conocimiento de estos símbolos, ya incorporados formalmente a la
Constitución europea, por parte de los ciudadanos y ciudadanas de España, que se regule su utilización y tratamiento en los actos protocolarios u oficiales tanto civiles como militares, y que se fomente la conmemoración del día de Europa el 9 de
mayo, contemplando su inclusión entre las fiestas laborales de ámbito nacional.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista intervienen los señores Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC), y Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y
Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Hace nuevamente uso de la palabra el señor Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para fijar la posición en relación con las enmiendas presentadas.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración de debates públicos sobre la Constitución Europea ...
(Página 3233)
La señora Montesinos de Miguel defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Destaca la necesidad de que el contenido de la Constitución europea sea conocido por los ciudadanos, a quienes van a pedir la
opinión el próximo día 20, celebrando al efecto debates públicos y llamadas a la reflexión de los ciudadanos
desde las diferentes opciones políticas, siempre con las necesarias garantías de respeto al pluralismo y objetividad, especialmente en los medios de comunicación de titularidad pública, que deberían ajustarse a los principios de pluralismo y
proporcionalidad en relación con la representación parlamentaria de las fuerzas políticas, criticando a este respecto el trabajo desarrollado por Televisión Española.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
El señor presidente llama al orden al señor Puig Cordón ante algunas palabras pronunciadas en catalán y le recuerda los criterios establecidos al respecto por la Presidencia, a la vez que le advierte de la posible retirada del uso de la
palabra.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los señores Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conocimiento y utilización de los símbolos de la Unión Europea, en los términos resultantes de la enmienda transaccional aceptada, es
aprobada por 318 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración de debates públicos sobre la Constitución europea, con la enmienda de adición aceptada por el grupo proponente, es
aprobada por 321 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 3242)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno ... (Página 3242)
El señor Mingo Zapatero defiende la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la interpelación urgente debatida el pasado 22 de diciembre, sobre una importante faceta de la política sanitaria como es la política
farmacéutica, formulando una serie de propuestas que considera imprescindibles para garantizar una asistencia farmacéutica de calidad para todos los españoles.
El señor Xuclá i Costa defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Martel Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Interviene de nuevo el señor Mingo Zapatero para expresar su aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente ley de expropiación forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado
de poblaciones ... (Página 3250)
Defiende la moción el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, recordando que el derecho a elegir libremente la residencia es un derecho que el artículo 19 de la Constitución reconoce a todos los españoles. Sin embargo, en
nuestro ordenamiento jurídico siguen existiendo normas de carácter preconstitucional que ignoran absolutamente la libertad de residencia de los españoles y en concreto la vigente ley de expropiación forzosa de 1954 contempla un procedimiento
especial para expropiaciones que den lugar a traslado de poblaciones, que en sí misma constituye
una intervención pública para modificar de forma coactiva y forzosa el lugar de residencia de los afectados por una expropiación. Por este motivo ha presentado la moción cuyo contenido concreto expone a la Cámara.
Defiende las enmiendas presentadas el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual ...
(Página
3254)
La señora Pigém i Palmés defiende la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con la política para hacer frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual, manifestando que a través
de la misma instan al Gobierno no sólo a estudiar el tema sino a formular propuestas para avanzar en aspectos fundamentales del tratamiento del mismo. Agradece la buena receptividad que la moción ha tenido por partes de todos los grupos
parlamentarios y, procurando el consenso, han redactado un texto transaccional ya conocido por todos y entregado a la Mesa.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y señora Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan estratégico de infraestructuras y transporte ... (Página 3260)
El señor Ayala Sánchez defiende la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Lamenta la falta de contestación por parte de la ministra de Fomento a lo que se le preguntaba el pasado miércoles en esta Cámara, como también
lamentan la ineficacia y falta de gestión del PSOE en materia de infraestructuras, después de diez meses perdidos y poniendo en riesgo la solidaridad entre regiones, la vertebración y el bienestar de nuestras familias, así como el pulso económico de
nuestras empresas.
Añade que el Partido Popular tiene la mejor voluntad y predisposición de hacer un pacto para que no se paren las infraestructuras y aceptan la oferta de pacto. A cambio piden que se acepte esta moción, ya que garantiza que
España no se pare, que las obras sigan teniendo financiación y que los cambios políticos no interfieran en la ejecución de las infraestructuras.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y señor Herrera Torres, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene de nuevo el señor Ayala Sánchez al efecto de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno, en los términos de la enmienda transaccional presentada, es rechazada por 134 votos a favor y 161 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente ley de expropiación forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía
vigentes, que dan lugar a traslado de poblaciones, en los términos de la enmienda transaccional y de sustitución, es aprobada
por 170 votos a favor, cinco en contra y 119 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual, con la
incorporación de la enmienda transaccional presentada, es aprobada por 295 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan estratégico de infraestructuras y transporte, es rechazada por 126
votos a favor, 168 en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 3265)
- Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, hecha en París el 2 de noviembre de 2001 ... (Página 3265)
- Protocolo aprobado con arreglo al artículo 34 del Tratado de la Unión Europea que modifica, en lo relativo a la creación de un fichero europeo de identificación de los expedientes de investigación aduanera, el convenio relativo a la
utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 9 de mayo de 2003 ... (Página 3265)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú para la cooperación en materia de inmigración, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004 ... (Página 3265)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 1 de julio de 2004 ... (Página 3265)
- Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía sobre protección de información clasificada en materia de defensa, hecho en Bucarest el 3 de marzo de 2004 ... (Página 3266)
Sometidos a votación conjunta, son aprobados por asentimiento de la Cámara los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Se suspende la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PROCEDER A LA CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA.
(Número de expediente 122/000014.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 122/000068.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. El primer punto del orden del día es el relativo a la toma en consideración de proposiciones ley. En primer lugar, procederemos al debate de dos proposiciones de ley que se van a tratar de forma
acumulada por tener identidad de objeto. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de
familia. En segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el mismo sentido que la anterior.
Para turno a favor, tiene la palabra la señora Pigem por tiempo de 15 minutos.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió trae hoy a debate una iniciativa que tiene por objeto la creación de una jurisdicción
de familia, una iniciativa que claramente se enmarca en el reiterado compromiso político de Convergència i Unió para impulsar actuaciones que tengan como finalidad mejorar la protección de las familias.
Concretamente la de hoy incide en la
protección de las familias en crisis, porque para mi formación política las familias en crisis son también, y especialmente, merecedoras de protección, una protección que, desde nuestro punto de vista, no está suficientemente garantizada con la
actual situación jurisdiccional en materia de familia, ya que, a pesar de la encomiable dedicación de cuanto se imparte en justicia en esta materia, la actual estructura de los juzgados que conocen y resuelven los conflictos derivados de las
separaciones y los divorcios no atiende a dos de los elementos que, a nuestro juicio, son claves en esta materia y que serían, de un lado, una justicia de auténtica calidad, lo que requiere la necesaria especialización de cuantos operadores
jurídicos intervienen en el enjuiciamiento de estas materias y, de otro, garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley, garantizar que todos pueden acceder a un mismo tipo de juzgado cuando lo que se enjuicia es un
mismo tipo de conflicto, lo cual, como todos ustedes conocen, no sucede en la realidad.
Señorías, creo totalmente innecesario cansarles con una justificación acerca de la necesidad de especialización en todos los ámbitos del conocimiento, porque es un hecho notorio que la enorme complejidad de nuestra sociedad hace
prácticamente inviable un conocimiento, ni que sea superficial, de todas las materias. Esto es así en todos los ámbitos y también en el mundo del derecho en donde la creciente complejidad de las normas requiere una especialización de todos los
operadores jurídicos. Si docentes y abogados están abocados a la especialización para una mejor defensa de los ciudadanos, no tiene sentido que aquellos en quienes reside la función de resolver conflictos, interpretando y aplicando estas normas,
queden al margen de esta necesidad de especialización. De hecho no quedan ya al margen en muchas materias, porque la especialización de juzgados y tribunales no es una excepción sino prácticamente una regla; la jurisdicción
contencioso-administrativa, la social, los juzgados de vigilancia penitenciaria y los muy recientes de menores, mercantiles y de violencia sobre la mujer, evidencian que el legislador, en todas estas parcelas de tutela de los derechos de los
ciudadanos, ha querido introducir algo que es obvio en cualquier materia y que es la necesidad de especialización.
Pues bien, en el tema que nos ocupa quizá un análisis superficial del derecho de familia podría llevarnos a la conclusión de que la materia no reviste especial complejidad, pero francamente no hay nada más alejado de la realidad, porque de
entre todas las materias susceptibles de litigio el derecho de familia requiere para su enjuiciamiento no solo de un profundo conocimiento de la normativa vigente, tanto nacional como internacional -no podemos olvidar el creciente aumento de
matrimonios de distinta nacionalidad-, sino que requiere algo más, que es una especial sensibilidad, humanidad y una clara y específica vocación, porque las resoluciones que se dictan van a afectar de manera intensa y profunda las relaciones
cotidianas de la vida de los hombres, las mujeres y los niños.
Un derecho que no se ciñe únicamente al matrimonio, su nulidad, separación y divorcio y los efectos correspondientes, sino que abarca otras muchas materias, tales como las relativas a
las parejas de hecho, la capacidad de la persona o su incapacitación, la declaración de prodigalidad, la declaración de ausencia o fallecimiento, la filiación, la adopción, el acogimiento, las relaciones paterno-filiales, los alimentos entre
parientes, la tutela, la curatela, los regímenes económico-conyugales y su liquidación, las sucesiones, materias que requieren todas ellas en mayor medida que otras parcelas del derecho de una mayor intervención personal del juez, quien goza además
y debe gozar de un alto grado de discrecionalidad en sus actuaciones, imprescindible para adaptar la ley a cada supuesto concreto. Pero indudablemente a mayor grado de discrecionalidad mayor necesidad de formación en todas estas materias que la que
le puede dar únicamente su experiencia vital. La constante presencia de menores o incapacitados requiere, por otra parte, de un mayor cuidado y atención para no infringir las normas de protección especial de estos grupos. Finalmente, el
enjuiciamiento de estas cuestiones requiere, además de conocimientos técnico-jurídicos, un indiscutible conocimiento del comportamiento humano y un alto grado de psicología, por lo que se precisa del auxilio constante de los equipos psicosociales.
Pues bien, esta justificada necesidad de especialización no halla respuesta en la regulación actual, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada para una mejor defensa de los ciudadanos, tanto por asociaciones de abogados -y quiero citar
al respecto las reiteradas peticiones de la Coordinadora estatal de mujeres abogadas, de la Asociación española de abogados de familia, de la Asociación catalana de abogados de familia, como de los propios jueces de familia que anualmente reiteran
esta petición con motivo de sus jornadas; incluso haciéndose eco de estas peticiones, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, don Félix Pantoja, buen conocedor del derecho de familia, en octubre del año 2003 elevó una petición al pleno
para que impulsara la creación de una jurisdicción especializada.
Señorías, a diferencia de los países de nuestro entorno, en España no existe una jurisdicción de familia. La mal llamada Ley del divorcio del año 1981 creó juzgados de familia, pero no lo hizo ni como una jurisdicción, es decir, no
consideró que la especialización fuera condición preferente para ser titular de estos juzgados ni los creó en todos los territorios ni para todos los ciudadanos, a pesar de que lo lógico es pensar que si creaba los
juzgados de familia era porque creía más beneficioso para los ciudadanos que sus conflictos familiares los resolvieran precisamente los juzgados de familia en vez de los juzgados ordinarios, porque si no no los hubiera creado. No hay una
jurisdicción de familia. Hoy, la diferencia entre los juzgados de familia, donde los hay, y los restantes del mismo orden civil y penal, es únicamente que en virtud del nombre tienen una competencia exclusiva y excluyente para conocer de algunos
asuntos del derecho de familia, ni siquiera de todos los que antes he enumerado, pero además ni se exige preparación específica ni tenerla es mérito para su promoción.
Al juzgado de familia llega el juez por el único requisito de la antigüedad. La
especialidad se adquiere únicamente por la práctica, si llegan a estar el tiempo suficiente para adquirirla. Esto contrasta con lo que ocurre, por ejemplo, con los juzgados de menores, con los jueces de menores, y no deja de ser curioso que se
exija una formación específica para ser juez de menores, pero cuando estos mismos menores están inmersos como vulnerables protagonistas en los juicios familiares, entonces no precisan que quienes enjuician la cuestión y determinan su destino tengan
una formación especializada. No hay una jurisdicción de familia y es necesaria; una jurisdicción que comprenda no sólo el enjuiciamiento de las materias que hoy conocen los llamados juzgados de familia allí donde los hay, sino que conozca el
amplio abanico de temas relacionados con la familia que antes he detallado y que además permita superar la actual inseguridad jurídica que se crea por la dispersión de criterios según el lugar donde se juzga, y que permite incluso situaciones
verdaderamente paradójicas que se producen en la actualidad, como por ejemplo que la ruptura de una pareja de hecho con hijos tiene que ir a dos procesos: uno, ante el juez ordinario para resolver los problemas entre los convivientes y, otro, para
resolver las cuestiones relativas a los hijos ante el juez de familia allí donde lo hay; juzgados distintos y procedimientos distintos para una misma situación.
Finalmente, la jurisdicción de familia debe crearse para superar la situación perversa y contraria a los principios constitucionales de igualdad y de tutela judicial efectiva que se vive actualmente, y es que hay lugares donde existen
juzgados de familia y otros en los que estos juzgados no están creados, y el enjuiciamiento de estas cuestiones queda para los juzgados ordinarios, que además son, con frecuencia, civiles y penales. Evidentemente, si el legislador creó juzgados de
familia fue, como ya hemos apuntado, porque estimó que eran los más adecuados para resolver este tipo de conflictos. No obstante, su creación se hace únicamente cuando se considera que hay un número suficiente de estos asuntos en un término
judicial. A nuestro entender, ésta no es razón suficiente para mantener una desigualdad de oportunidades para acceder a los juzgados de familia. El que los ciudadanos y ciudadanas de una determinada capital puedan acceder a juzgados de familia,
dotados de equipos auxiliares y que sólo conocen de estos temas, y que los ciudadanos de capitales más pequeñas o de otras localidades no tengan acceso al mismo tipo de juzgados, entendemos que es o puede ser una infracción del principio de igualdad
y del de tutela efectiva consagrados en nuestra Carta Magna al que es necesario poner fin, y a esta finalidad atiende la iniciativa que estamos viendo. Se argumenta a veces que no hay número suficiente de asuntos que justifiquen la generalización
de juzgados de familia. Quizá en cada partido judicial no hay este número suficiente. Pero no se trata de crear más y más juzgados, sino de que la especialización de suficientes juzgados permita combinar la proximidad con ese derecho igual para
todos a poder acceder a un mismo tipo de juzgado cuando se trata de enjuiciar un mismo tipo de asunto. Además, y con independencia de que según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial el número de asuntos en materia de familia
aumenta desgraciadamente cada año, además de esto no hemos escuchado objeciones parecidas cuando se han creado los juzgados mercantiles o los más recientes de violencia sobre la mujer. No deja de ser un contrasentido que los ciudadanos que se
separan y hay violencia además, tengan unos juzgados especializados, y los ciudadanos que se separan sin que haya violencia entre ellos, que afortunadamente son la inmensa mayoría, no tengan derecho, todos ellos por igual, a que su asunto lo vea
también un juzgado especializado.
Señorías, estamos en estos momentos tramitando un proyecto de ley para modificar el Código Civil en materia de separación y divorcio, un proyecto que quiere adaptar a la realidad social de nuestros días la regulación en estas materias
después de 25 años de vigencia de la normativa actual. Convergència i Unió considera que la reforma impulsada por el Gobierno es, en términos generales, buena y además necesaria, y que recoge aspectos que ya habían sido objeto de iniciativas de mi
propio grupo parlamentario en la pasada legislatura como, por ejemplo, la no necesidad de acudir en todos los casos a un doble proceso desvinculador, primero de separación y luego de divorcio. Pero creemos también sinceramente que la eficacia de
las reformas previstas en este proyecto de ley dependerá en buena medida de la existencia de juzgados especializados y suficientemente dotados de medios materiales y personales porque los juzgados, señorías, son los encargados, como todos sabemos,
de convertir las leyes en realidad.
Es ahora el momento adecuado para -tal como se hizo durante la tramitación de la Ley Concursal- abordar, paralelamente a la reforma del Código Civil, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que desde Convergència i Unió estamos
proponiendo, una reforma que coincide en sus rasgos más importantes con la que también propone el Grupo Parlamentario Popular y que vamos a apoyar; una reforma que, indudablemente, podría modificarse y hasta mejorarse en el trámite parlamentario
pero que redundará en una mayor
calidad de la justicia y en una profundización de los derechos de ciudadanía porque va a consistir -si se aprueba- en la creación de unos verdaderos juzgados de familia a los que puedan acceder todos los ciudadanos, con independencia del
lugar donde vivan, para todo lo cual les solicito su voto afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Pigem.
Grupo Parlamentario Popular. Señor López-Medel, por favor.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde el honor de presentar en el Pleno de esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestra proposición de ley para la especialización de la Administración de justicia en el ámbito del
derecho de familia. Quiero comenzar mi intervención tomando como punto de partida algo muy importante para este diputado y para el grupo al que pertenezco. Me refiero al artículo 1 de la Constitución en el que se proclama que España se constituye
en un Estado social y democrático de derecho. Quiero subrayar lo que significa un Estado social como un avance en la configuración de una organización que está comprometida constantemente en construir una sociedad democrática avanzada en la que los
poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad, la justicia y la igualdad sean, no ya una proclamación teórica, sino una realidad cierta. Esa actuación de los poderes públicos ha de traducirse particularmente en un constante avance
y profundización en los derechos y libertades fundamentales. Precisamente el título I de la Constitución, referido, como bien saben todas SS.SS. a esta materia, contiene un capítulo tercero que lleva la rúbrica: De los principios rectores de la
política social y económica. Pues bien, este capítulo comienza con un precepto, el artículo 39, cuyo apartado 1 establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Este es, pues, el primer pilar
que sustenta la iniciativa parlamentaria que presenta mi grupo.
El segundo pilar es el artículo 24, también incluido en el título I de la Constitución. En él se proclama el derecho que tienen todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos. Pero para que esa tutela judicial sea verdaderamente efectiva se requieren varias cosas. Se requiere, en primer lugar, unas leyes procesales que hagan compatibles las garantías necesarias con la celeridad exigible
en todo proceso. En ese sentido, quiero recordar que en estos últimos años se aprobaron por amplísimo consenso de esta Cámara importantes leyes procedimentales como la nueva Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa o la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que sustituía a otra anterior de 1881, debiendo destacarse la nueva regulación que se da en la ley a los procesos de familia. También, junto con leyes procesales modernas, se requiere una organización judicial adecuada, que
sea sensible a las necesidades sociales, con más recursos y que estén más aprovechados, mejor formados y más comprometidos en la difícil pero honrosa labor de administrar justicia. En ese sentido, también en los últimos años se han logrado
importantes acuerdos por amplio consenso de las Cortes. En esa línea quiero recordar la nueva configuración de la oficina judicial o la creación de juzgados especializados de lo contencioso-administrativo o juzgados igualmente especializados de lo
mercantil. La iniciativa que hoy presenta ante el Pleno mi grupo va en esta línea de compromiso para conseguir una justicia más eficaz y de mejor calidad.
En estos últimos años se han producido -quiero destacar- importantes avances, y fue mérito de todos los grupos de esta Cámara que contribuyeron con ideas y con aportaciones para conseguir entre todos mejorar un servicio público tan
fundamental. El pacto de Estado que suscribimos fue en su momento un buen cauce y posibilitó sin ninguna duda el diálogo y el encuentro. Ciertamente no todo fue perfecto, también nosotros, igual que todos los demás, cometimos algún error en esta
materia y hay que admitirlo con naturalidad, pero, en todo caso, quiero decir que nadie puede negar que el balance de lo que se consiguió en el ámbito de la Administración de justicia en esos últimos años fue muy positivo precisamente por ese
diálogo y ese entendimiento que hubo. Lo que nosotros también estamos pidiendo ahora es esa receptividad y esa apertura al diálogo. Traigo a colación dicho pacto porque en él, que fue suscrito no solo por el Partido Popular sino también por el
Partido Socialista Obrero Español, se expresa el compromiso -y leo literalmente- de avanzar en el diseño de juzgados especializados en materia mercantil y de contemplar el desarrollo de los juzgados de familia. Los primeros, los juzgados de lo
mercantil, ya están creados y aprobados igualmente con amplio consenso en la Ley Concursal, queda, pues, lo relativo al derecho de familia. Permítanme decirles que si diversas razones abonaban en su momento la creación de juzgados especializados de
lo mercantil, muchas más razones humanas, sociales y también de orden práctico, justifican la creación de juzgados especializados en el ámbito del derecho de familia.
La naturaleza de estos asuntos, su cotidianidad y la sensibilidad que implican al
afectar a esferas muy personales e incluso íntimas de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas requiere que existan unos juzgados especializados que, para todas las personas por igual, atiendan y resuelvan estas cuestiones tan singulares.
Señorías, esto es lo que proponemos en nuestra iniciativa parlamentaria y también es lo mismo que se pretende en esencia en la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
con el matiz de que en esa iniciativa se pretende crear una jurisdicción nueva mientras que en la nuestra se pretende una especialización del derecho de familia dentro de lo que es el orden jurisdiccional civil.
Aunque, como no puede ser de
otra manera, nos gusta más la nuestra, evidentemente vamos a votar favorablemente también la iniciativa de Convergència i Unió porque ambas comparten la misma sensibilidad, comparten el mismo sentido progresista y de compromiso con lo que es un
estado social de derecho.
Nos gustaría que esto que acabo de señalar fuera compartido por los demás grupos parlamentarios de esta Cámara, y especialmente por el grupo mayoritario, y permita la toma en consideración de esta proposición de ley para hacer cumplir no
solo lo afirmado, sino incluso, como he dicho también, lo firmado en su momento. Un voto negativo no tendría hoy, señorías, sentido y no podría fundarse en razones serias sino en excusas.
Pretender decir que no porque el Partido Popular ha estado
gobernando durante un tiempo sería una simple excusa pues saben bien, señorías, que entre todos, como antes he dicho, en estos últimos años hemos creado especialización en la exposición mercantil al igual que en lo contencioso-administrativo.
Quiero recordar simplemente un dato: cuando el Partido Popular accede al Gobierno, en el año 1996, existían en España, en aquel momento, siete juzgados especializados en el ámbito del derecho de familia. Después de ocho años de Gobierno, el número
de juzgados existentes es 61. Por otro lado, señorías, también quisiera decir que aludir a los juzgados recién creados en la Ley de violencia doméstica para justificar un hipotético no a esta iniciativa sería una excusa. Saben que hubo una
enmienda de CiU en ese sentido y que fue retirada porque ustedes no estaban por la labor y en aquel momento se trataba de propiciar el consenso. Si la gravedad de los temas de violencia pudiera justificar la creación de juzgados que conocieran en
el ámbito civil y en el ámbito penal asuntos derivados de malos tratos, con mucha más razón, porque la frecuencia es muchísimo mayor, como bien saben SS.SS, pueden requerir o justificar la creación de unos juzgados específicos que conozcan estas
cuestiones en los casos en que no exista violencia doméstica, y que al mismo tiempo puedan conocer de otro tipo de cuestiones como acogimientos, adopciones, tutelas, alimentos entre parientes o incapacidades.
Además, hay otra razón que me gustaría que compartieran con nosotros los demás grupos. Estoy seguro de que para todos son muy importantes los valores superiores que la Constitución proclama. Quiero resaltar aquí y ahora el principio y el
valor de la igualdad. Pues bien, en estos momentos, en temas de familia y tutela judicial existe una discriminación injustificada entre ciudadanos y ciudadanas en función de su residencia, que con nuestras iniciativas dejarán de sustanciarse.
Ahora, aunque sea diputado por Madrid, permítame que me refiera a mi provincia de origen de nacimiento y también mi anterior circunscripción electoral, Cantabria.
Pues bien, desde hace dos años, solamente desde hace dos años, existe por fin un
juzgado de familia en Santander. Ese juzgado especializado, dedicado solo a los temas de familia, que dispone de un equipo psicosocial a su servicio, conoce, por ejemplo, de los juicios de separación o divorcio de una pareja que resida en
Santander. Ahora bien, si otra pareja reside apenas 25 kilómetros más allá, en Torrelavega o Castro Urdiales, su proceso de separación o divorcio se tramitará ante un juzgado de primera instancia ordinario de dichas localidades, juzgado que no
tiene especial sensibilidad ni formación en los temas referidos al derecho de familia y que, al mismo tiempo, está conociendo cuestiones tan alejadas de lo que es el derecho de familia como los interdictos, reivindicaciones, desahucios, embargos,
etcétera. Esto mismo le sucede a los que residan en provincias de tamaño medio o pequeño, en algunas de las cuales no existen todavía juzgados de familia. ¿Es esto justo? ¿Es un tratamiento igual y deseable para todos los ciudadanos y ciudadanas?
Esto, con nuestra proposición de ley dejaría de suceder.
Con esta iniciativa perseguimos consagrar mediante ley la especialización de una sección en cada Audiencia Provincial para este tipo de asuntos. En estos momentos sucede que, después de haber conocido un asunto, incluso cuando la Audiencia
Provincial conoce por vía de recurso la apelación de un juzgado de familia, ese asunto puede ir indistintamente a cualquiera de las secciones, sin ningún tipo de especialización, salvo que las normas de reparto interno hayan establecido otra cosa.
Nosotros queremos que el conocimiento de todos estos asuntos en segunda instancia se unifique en la misma o, en su caso, en las mismas secciones, de manera que tengan un conocimiento más especializado y existan también unas resoluciones más
uniformes, lo cual debería contribuir a una mayor predecibilidad y, por tanto, el fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Señorías, lo que proponemos en esta iniciativa no solo responde a un sentido progresista y de sensibilidad hacia los temas de familia o tutela judicial, sino que también se hace eco de una importante demanda social, a la cual ya ha aludido
anteriormente la diputada Mercè Pigem.
Igualmente, los trabajadores lo vienen demandando en el ámbito social, así como los abogados de familia, cuya asociación, con más de mil miembros y sensibilidades políticas muy diferentes, es unánime a la hora
de reivindicar lo que nosotros pedimos hoy aquí. Además, quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial viene impulsando estos temas, y no lo hace por mayoría simple, ni por mayoría absoluta, ni siquiera por mayoría de dos tercios, sino
por unanimidad. Quiero recordar que pronto se cumplirán dos años del acuerdo que adoptó por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial el 12 de octubre de año 2003, a requerimiento de esta Cámara, a propósito de la especialización de los
juzgados, especialmente en el ámbito de los juzgados de primera instancia. En este informe,
emitido a instancias del Congreso de los Diputados y remitido a esta Cámara, la primera medida que se propone es la especialización de los asuntos del derecho de familia. Además, la misma propuesta se hizo, igualmente por unanimidad, en
otra sesión plenaria del Consejo, concretamente la celebrada el 22 de octubre del año 2003, acogiendo la propuesta del vocal antes citado y que yo quiero reiterar aquí, Félix Pantoja, porque viene reivindicando desde hace muchos años este tipo de
cuestiones. Por último, hace apenas nueve meses, igualmente por unanimidad, el 14 de abril del año 2004, el Consejo General del Poder Judicial aprobó impulsar la especialización de los juzgados de familia.
Antes de finalizar, permítanme que, cualquiera que fuera el resultado de esta votación, exprese mi reconocimiento y felicitación a la diputada Mercè Pigem por su compromiso personal, jurídico y político mantenido en estos asuntos de derecho
de familia durante mucho tiempo, y que también aproveche para recordar con afecto y añoranza a quien fue y esperamos que sea en un futuro de nuevo un brillante diputado por ese mismo grupo parlamentario dedicado a los temas de justicia, el diputado
Manuel Silva.
Concluyo ya, señorías, señor presidente, invocando una frase que hace justo hoy una semana expresaba desde esta misma tribuna el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero: Decidamos juntos. Esto se lo dirigió al presidente de una
comunidad autónoma que aquí comparecía. Esto mismo, decidamos juntos, nos gustaría que nos lo dijeran también alguna vez al Grupo Parlamentario Popular, a nosotros, y lo digo sin ningún tipo de afán monopolizador ni tampoco excluyente. El partido
del Gobierno no puede ignorar que un grupo de 148 diputados, con 10 millones de españoles detrás, aunque estemos en la oposición, debe tenerse especialmente en cuenta cuando se trata de cuestiones que afectan a la articulación, a la arquitectura del
Estado, y entre ellas están las referidas al Poder Judicial, como la iniciativa que hoy nos ocupa. Decidamos, pues, juntos, señorías. Tienen ahora una ocasión magnífica para demostrar que el talante también son capaces de aplicarlo a iniciativas
del Grupo Parlamentario Popular y que este talante es algo más que palabras.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
¿Algún grupo parlamentario desearía ejercitar un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto.
Señora Fernández Davila, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la creación de juzgados de familia ha sido una constante en los últimos años, si bien no se ha creado una jurisdicción especializada en esta materia. Eso implica que existen juzgados de familia en las grandes poblaciones donde el
número de asuntos así lo aconseja y por prescripción del Consejo General del Poder Judicial, pero no existe una previsión legal para su implantación generalizada, lo que impide su extensión global, de forma que en una parte importante del territorio
del Estado los casos de familia aún son enjuiciados por juzgados ordinarios de primera instancia. Lo que pretenden estas proposiciones de ley es que en todo el territorio del Estado haya juzgados especializados en conocer asuntos relativos a la
nulidad, separación y disolución del matrimonio, a sus efectos y a las medidas cautelares a adoptar en dichos procedimientos, además de trascender a las materias de filiación, relaciones paterno-filiales, alimentos entre parientes, régimen económico
matrimonial y la guarda de menores e incapacitados. Es evidente que estamos ante un amplio catálogo de materias que serán competencia de esta jurisdicción de familia que por su amplitud pero también íntima conexión aconsejan que se implanten a lo
largo de todo el territorio del Estado.
También es cierto que la implantación de juzgados de familia ha suscitado más adhesiones que rechazo allí donde se han creado, porque la especialización contribuye a un mejor conocimiento de la materia, una
mayor calidad en las resoluciones judiciales y agiliza la tramitación de los expedientes judiciales. Precisamente el rechazo está originado por la escasa dotación de medios materiales y personales, que ha provocado un colapso en algunos de los
juzgados de familia.
Además, esta propuesta es muy oportuna por cuanto la entrada en vigor de la reforma en materia de separación y divorcio requerirá para asegurar su eficacia no solo el acortamiento de los plazos procesales previstos, sino también una mayor
dotación de medio materiales y humanos, para lo cual es procedente la creación de una auténtica jurisdicción de familia dotada de recursos sociales, de apoyos suficientes tales como equipos psicosociales, puntos de encuentro de familia y servicios
de mediación familiar, sin perjuicio de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer recientemente creados en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. En suma, apoyamos esta iniciativa que
pretende la creación de una verdadera jurisdicción especializada en materia de familia independiente de la jurisdicción civil, con un ámbito competencial mayor tanto a nivel de atribución de materia como a nivel territorial y extendiendo su
competencia a todas las demarcaciones judiciales para garantizar un acceso equitativo de todos los ciudadanos a la justicia y sin menoscabar, como se ha dicho, las competencias que se han atribuido recientemente a los juzgados de violencia sobre la
mujer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo de los muchos debates que hemos tenido en las pasadas legislaturas, en 1982, 1983 y 1985, cuando hemos ido modificando las áreas competenciales y los órdenes jurisdiccionales, hemos visto que se han superado aquellas primeras
fases de los juzgados de primera instancia e instrucción, de la jurisdicción civil, de la jurisdicción penal, de la contencioso-administrativa, es decir, de los grandes órganos y de los grandes esquemas y escenarios jurisdiccionales, para llegar
después a una demanda de la sociedad, que el Parlamento recogió con gran interés y modificó la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, introduciendo si no unos nuevos órdenes jurisdiccionales, sí unos reflejos de especialización en la
estructura jurisdiccional, fuera penal, civil o contencioso-administrativa. La última modificación, hecha el año pasado, en la anterior legislatura, fue la de los juzgados de lo mercantil, cuando discutimos y aprobamos definitivamente la Ley
Concursal. Se entendió que tenía que haber esos juzgados especializados, con sus jueces correspondientes, en lo mercantil. En anteriores legislaturas habíamos discutido la demanda de los juzgados de menores y así se recogió en las modificaciones
de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, como también se había recogido la peculiaridad específica de la vigilancia penitenciaria. Incluso en determinadas cuestiones relacionadas con el terrorismo se otorgó una competencia a los
juzgados de vigilancia penitenciaria, competencia que se extraía de las audiencias provinciales y se llevaba a la Audiencia Nacional.
Ahora, con estas iniciativas, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), viene esta petición en relación con los juzgados de familia, con una peculiaridad, que nos encontramos que en
España había territorios jurídicos, territorios de la Administración de Justicia que sí tienen juzgados de familia y otros donde no están constituidos. Se nos niega hoy en día una demanda en relación con una casuística que requiere una especialidad
en los juzgados de familia por algunas de las materias que han introducido ambas iniciativas legales; son las que figuran a partir del apartado 5 sobre las cuestiones de nulidad, separación y divorcio, los derechos de los hijos, etcétera, y qué
decir de la nueva legislación que está a punto de ser debatida en esta Cámara sobre la separación y divorcio en lo que respecta a la custodia, compartida o no, de los hijos habidos en el matrimonio que se anula. Pues bien, cree mi grupo que ha
llegado el momento de hacer un reconocimiento expreso de lo que ya está en gran parte de territorios jurídicos españoles, audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas que han desarrollado las competencias
transferidas sobre esta cuestión. Por ello, mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración, con las observaciones que después, si se acepta, podamos hacer. Por ejemplo, cuando hacía el estudio comparativo de la evolución de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a estos órganos jurisdiccionales, tradicionales o de nueva especialidad, me encontré con una referencia que debe de haberse copiado de una redacción antigua, puesto que no se hacía
referencia a los juzgados de lo mercantil. Así, la referencia exacta en la legislación actual, la producida por la última reforma del Consejo General del Poder Judicial durante la legislatura pasada, dice, señor presidente, juzgados de primera
instancia e instrucción, juzgados de lo mercantil, juzgados de lo penal, de lo contencioso-administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de menores; y ahora se propone añadir los de familia. Entiendo que esos están en el libro I,
título IV, capítulo V; y no en el título II, como viene en la iniciativa que se nos ha repartido a los parlamentarios. Que se entienda, pues, que nos estamos refiriendo al libro I, título IV, y no al título II.
Hecha esta observación, solo me queda añadir que se abre un proceso de normalización que podrá atender una gran demanda. Ya que se presentarán procesos en este ámbito, sobre todo de matrimonios disueltos, con la correspondiente separación y
divorcio, bueno será que contemos con jueces especializados en los juzgados de Familia. De ahí que nuestro voto sea favorable a ambas iniciativas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Verde. Señora Navarro, adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Llama mucho la atención que el Partido Popular presente ahora esta proposición de ley. Quizá esté repasando los 'Diarios de Sesiones', buscando aquello que en su día rechazó para pedírselo ahora al Gobierno socialista. Lo cierto es que el
Partido Popular se opuso durante la pasada legislatura a la reforma legal que hoy nos propone. Y no lo hizo solo en sede parlamentaria, sino también rechazando las propuestas que hicieron en este sentido los vocales progresistas del Consejo General
del Poder Judicial. La mayoría conservadora, sustentada por el Partido Popular, se opuso una y otra vez a ellas; no es cierto que se aprobaran por unanimidad, como se ha manifestado. De modo que nos encontramos ante un caso clarísimo de
oportunismo político y no ante una iniciativa basada en convicciones políticas.
El portavoz del Partido Popular hacía referencia al comienzo de su intervención a que España se constituye como Estado social. Con lo mucho que se les olvidó durante la legislatura pasada la afirmación de la Constitución de que España es un
Estado social, no sé cómo se atreve a subir hoy a la tribuna para hacer ese tipo de declaraciones. Izquierda Verde, sin embargo, ha defendido de distintas maneras la necesaria especialización en materia de familia, haciendo especial hincapié en los
procedimientos relativos a la capacidad de las personas. Igualmente, hemos defendido el aumento de la planta judicial en los juzgados de familia e incapacidades, puesto que son insuficientes y no han sido creados todavía en todos los partidos
judiciales. De esta manera, según dónde viva uno, puede contar o no con jueces especializados, vulnerándose así el principio de igualdad. Por nuestra parte, hemos de trabajar por lograr la igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración de
Justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva. Las desigualdades de trato son evidentes, como digo, cuando no existen juzgados especializados en todos los partidos judiciales.
En un Estado de derecho se debe poner a disposición de los ciudadanos los medios para el ejercicio de los derechos reconocidos, y los más relevantes, según nuestro grupo parlamentario -no así para otros-, son los que afectan al núcleo de la
vida de las personas. Por ello, les hemos de garantizar el acceso a una jurisdicción capaz de dar una respuesta rápida, especializada y, en definitiva, eficaz. Todo ello, tanto en los juzgados como en los tribunales colegiados; todo ello con
magistrados que deban recibir formación específica sobre la labor que desarrollen. Así, en las conclusiones de las II Jornadas de Jueces y Magistrados de Juzgados de Familia e Incapacidades, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, se
insiste en la necesidad de especialización y dotación de recursos en estas materias. Sin embargo, hemos de recordar que recientemente se ha creado una jurisdicción mercantil a la que nosotros no hubiéramos dado la prioridad que sí han dado esos
otros grupos parlamentarios frente a la de familia, a pesar de todo lo que hoy vengan aquí a decir. También hemos aprobado la Ley integral contra la violencia de género, donde se recogen los juzgados especiales que conocerán de estas materias y
todas las relacionadas cuando exista el maltrato. Por tanto, no parece que sea el momento adecuado para, sin consenso, presentar esta propuesta. Desde aquí anunciamos nuestra intención de trabajar por avanzar en esta materia, implicando al grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno, y de presentar una iniciativa que obligue al estudio de esta situación para crear los juzgados que sean necesarios porque hacen falta y porque hemos de trabajar por ello. Por eso, vamos a abstenernos en la
votación de la proposición de ley que se propone.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, desde la absoluta sinceridad que debemos tener siempre en esta tribuna, debo manifestar las dudas que a mi formación política le han sumido en relación con qué postura adoptar respecto
de esta iniciativa. De una parte ha pesado de manera muy importante el prestigio personal y político de quienes han sido los autores de la iniciativa: por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem, conocida por todos en esta
Cámara por su rigor y también por su especial conocimiento de la materia derecho de familia, y por parte del Grupo Popular el que fuera presidente de la Comisión de Justicia, Jesús López- Medel, a quien todos reconocemos su prestigio no solo por su
condición de abogado del Estado, sino por los conocimientos que a lo largo de su trayectoria en esta Cámara nos ha evidenciado a todos.
De otra parte, señorías, en el filo de la balanza poníamos también otra cuestión. A mi formación política y a esta diputada en concreto le resulta particularmente doloroso cada vez que modificamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, eje
troncal de la estructura y el funcionamiento de la Administración de Justicia, del Poder Judicial, cuando acaban de entrar en vigor unas reformas como las que hemos introducido recientemente, aprobadas en esta Cámara al aprobarse la Ley integral
contra la violencia de género, y lo que ahora se pretende con estas proposiciones incidiría en alguna medida en esas iniciativas. Creemos, además, que es absolutamente imprescindible a la hora de valorar si se van a tramitar o no las iniciativas
que hoy vemos un estudio estadístico sobre su necesidad. No basta con enunciarlo sino que además es ineludible la prueba de que estamos ante una materia que en número requiere la existencia de unos juzgados de la índole que se pretende. Existe
además la necesidad absoluta de la justificación teórica de la especialidad jurídica del asunto. Para nosotros -debo manifestarlo- familia es materia civil y por tanto no existe especialización (sí numérica pero no sustantiva, no en cuanto al
derecho a aplicar) en relación con los juzgados de primera instancia. Se ha puesto el ejemplo de los juzgados de lo mercantil. Respecto de los juzgados de lo mercantil, tanto la dogmática como la práctica ha evidenciado que existían connotaciones
de índole económica y sobre todo connotaciones derivadas de la pertenencia a la Comunidad Europea y a la traslación del derecho comunitario que justificaban la sustantividad cuantitativa y cualitativa de la materia.
En todo caso, no nos cerramos a
la posibilidad de que se haga el estudio concreto respecto de esta materia. Conocemos que en tres ocasiones distintas el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado a favor de que existan juzgados de esta índole pero nosotros creemos que
el derecho de familia es el
de siempre, es materia civil, salvo los recursos que existen frente a la tutela administrativa de menores que existen en esta materia. Eso sí, en el otro lado de la balanza habría que volver a poner otra cuestión: se busca la calidad y la
rapidez, lo cual es loable pero, insistimos, no creemos que realmente exista una especialidad en la materia.
Ahora bien, estamos hablando de un trámite de toma en consideración de unas iniciativas. La propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretende la creación de una jurisdicción específica de familia. Ha manifestado,
sin embargo, quien ha intervenido en nombre de su grupo, la señora Pigem, que también les parecería bien y están dispuestos a tomar en consideración la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular que, sin embargo, lo que propugna es la
necesaria especialización en la materia, especialización que lleva no solo a la primera instancia sino que incluso trasladan a lo que sería la segunda dentro de las audiencias provinciales. Teniendo en cuenta lo que es en esta Cámara la toma en
consideración de iniciativas, el material aportado por formaciones políticas que luego, junto con lo que pueda proponer el grupo mayoritario, con lo que el propio Gobierno tenga en este momento en estudio, servirá de base para la elaboración de
textos legales, entre impedir su tramitación ulterior o posibilitar su paso por la Cámara con las modificaciones y las aportaciones de todos que sean necesarias, nuestro grupo, aun no teniéndolo claro en inicio, finalmente apuesta por votar la toma
en consideración. Es un material, insistimos, que con las aportaciones de todos podrá llegar a ser ley o no -no debemos olvidarlo, el grupo mayoritario y el propio Gobierno tienen la palabra- pero sí nos gustaría que fuera objeto del necesario
debate, puesto que lo que es indudable es que en el sustrato de la pretensión traída hoy a la Cámara por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Popular está por lo menos un eco social que propugna la existencia de una
jurisdicción específica respecto de la materia específica de familia.
Insistimos, no estamos de acuerdo en absoluto con el texto de las dos iniciativas, no estamos siquiera convencidos de que sea un derecho sustantivo o especial, eso sí, en cuanto
a la cantidad de los litigios que se llevan a ella y las posibles vicisitudes de los pleitos en esta materia, nos parece que, cuando menos, merecerían que esta Cámara se haga eco, que lo tome en consideración y, con las aportaciones que sean
necesarias, finalmente pueda trasladarse, con el mayor consenso posible, a una norma en un futuro.
Finalmente, a pesar de nuestras dudas manifestadas, dudas serias en ambos sentidos, el Grupo Vasco votará a favor de la toma en consideración de ambas iniciativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Cerdà, por Esquerra Republicana. (Pausa.)
Señor Villarrubia, por el Grupo Socialista.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, dos son las proposiciones de ley que se han sometido de forma acumulada a la toma en consideración de esta Cámara. Ambas pretenden la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de los juzgados de familia. Hay una
cuestión previa porque cualquier profano puede no entender, como es lógico, la trascendencia, la relevancia y las pretensiones de estas proposiciones de ley que es posible, es probable, a tenor de las manifestaciones de los distintos portavoces, que
puedan ser tomadas en consideración inicialmente, pese a la falta de entusiasmo de los grupos para ser tomadas en consideración, al menos en la forma en que están diseñadas y presentadas. Quizás esta toma en consideración que se puede producir
obedezca más a razones de oportunidad o de oportunismo político que al tema tan importante que estamos aquí debatiendo.
Yendo al grano, señorías, ¿qué estamos debatiendo para su toma en consideración en la tarde de hoy? (Rumores.) La jurisdicción...Señor presidente, hay bastante ruído.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, lleva usted toda la razón, pero fíjese si tuviera que llamar al orden...
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No hay problema, está todo controlado.
Gracias, señor presidente.
Hay tres niveles de tratamiento en la jurisdicción que para entendernos son: la jurisdicción especial, que, como todos sabemos, está prohibida por el artículo 117 de la propia Constitución española. Solo hay como jurisdicción especial la
jurisdicción militar y es en el ámbito castrense. Hay otros dos niveles, la creación de una jurisdicción de familia dentro de la jurisdicción ordinaria, que es lo que plantea Convergència i Unió, y un tercer nivel que plantea la proposición del
Grupo Popular, que es la creación de juzgados especializados dentro de la jurisdicción civil.
Señorías, la necesidad de crear un orden jurisdiccional nuevo dentro de la jurisdicción ordinaria conforme plantea Convergència i Unió, además -todo hay que decirlo- de suponer un elevado coste, no es lo más eficiente en este momento, y hay
razones tan de peso que avalan la no necesidad de su creación como importantes leyes que acabamos de tramitar en este Parlamento y otras que estamos tramitando. En la actualidad la jurisdicción ordinaria tiene cuatro órdenes: el civil, el penal,
el administrativo y el laboral, que permiten abarcar con efectividad la totalidad de los asuntos que reclaman la tutela de los tribunales. La creación de un
nuevo orden requeriría la creación de órganos de familia propios para cada una de las instancias, señora Pigem. La proposición del Grupo Popular recoge la especialización de las audiencias provinciales, su proposición ni siquiera lo recoge,
pese a hablar de un orden jurisdiccional al margen de los cuatro existentes que, por cierto, desde el periodo democrático ningún nuevo orden jurisdiccional se ha aprobado o ampliado en el Estado español; ni uno nuevo, están los cuatro: la Ley
Concursal, dentro del orden civil, la Ley de responsabilidad penal del menor, con los juzgados creados también dentro del orden penal, siempre dentro de la jurisdicción ordinaria existente en nuestro país. La necesidad de crear órganos propios de
este nuevo orden no viene en la actualidad exigida ni avalada por el número de asuntos que existen sobre estas materias. Señora Pigem, la creación de un orden jurisdiccional diferenciado, como usted pretende, necesitaría la elaboración incluso de
una ley procesal propia, que tampoco tenemos, como son las leyes de Enjuiciamiento Civil, la de Enjuiciamiento Criminal, la Laboral y la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La naturaleza de estos pleitos de familia no exige una ley
procesal propia, porque la coincidencia con el proceso civil es absoluta en todos sus principios, excepto en el principio dispositivo. El derecho de familia como rama del ordenamiento nacida del tronco común del derecho civil carece de una
especialidad material que justifique la especialidad procesal de una normativa procedimental específica.
Señorías, el nivel siguiente que plantea el Grupo Popular -y voy a argumentos conjuntos que sirven para ambas proposiciones de ley- es más leve -entre comillas-, pero absolutamente innecesario. Señor López-Medel, ustedes plantean la
especialización en cada una de las provincias. La posibilidad de especialización sin límite está recogida en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y reiterada en el artículo 46 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así existen
numerosos juzgados de familia allá donde son necesarios y, si hubiera que crear algunos más, sería posible por el Consejo General del Poder Judicial en aplicación de esta posibilidad expresa que recoge nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y
nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Nada nuevo se está planteando, porque esa posibilidad ya existe. Pero nos sorprende esa vehemencia, don Jesús López-Medel -y se lo digo con todo cariño-, en reivindicar este principio de igualdad y este
incremento de la tutela judicial efectiva en abril, que presentan ustedes la proposición de ley, cuando en diciembre de 2003 reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera sustancial y no admitieron las solicitudes y las sugerencias de esta
jurisdicción. Tenían mayoría absoluta ustedes y modificaron la ley orgánica ustedes. Pero hay otras razones de peso -y voy concluyendo- si cabe más importantes que estas. Si la posibilidad existe, si además por unanimidad de esta Cámara acabamos
de aprobar la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, uno de cuyos elementos fundamentales es el aspecto procesal de la creación de juzgados de violencia contra la mujer, con una vacatio legis, con un plazo de seis meses al Gobierno para que
ponga en marcha estos juzgados, que tienen las mismas competencias que ustedes están proponiendo hoy aquí (por cierto, en un caso se repiten y en otro hay un pequeño problema técnico, quizá mecanográfico, pues es el punto 7 y no el 5, el 1 y el 7 se
repiten en la del Partido Popular, pero son temas menores); si se toma en consideración, estoy seguro de que daremos la vuelta a muchos argumentos y a buena parte del contenido. En definitiva, si acabamos de aprobar la Ley Orgánica contra la
Violencia de Género y creamos estos juzgados que se están creando ahora, ¿qué sentido tiene una nueva jurisdicción en la misma provincia con un juzgado distinto? ¿Cuál creamos de los dos? ¿Cuál es el coste en aquellos sitios donde no es
necesario?, principio también fundamental para la tutela judicial efectiva, que es la proximidad. ¿Por qué obligo a uno por provincia si en algunos casos hay 150 y hasta 200 kilómetros de distancia? ¿Por qué donde no hay asuntos suficientes tengo
que crear un juzgado de familia con todos los recursos económicos necesarios, que también -por qué no decirlo- dentro del presupuesto público y en la escasez de recursos hay que poner sobre la mesa?
Llamo la atención a todos aquellos diputados y diputadas que de buena fe oyen sin profundizar la conveniencia o la necesidad de crear juzgados de familia para que reflexionen sobre estos aspectos, porque nosotros estamos abiertos, por
supuesto que sí, a valorar la realidad de la puesta en funcionamiento de los juzgados de violencia contra la mujer, a valorar la realidad de cualquier juzgado de familia que haga falta implantar a lo largo y ancho de nuestro territorio español y a
impulsar que sean creados, pero no generalicemos con la demagogia -lo digo suavemente- de que el principio de la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad constitucional del artículo 14 hace que yo tenga el juzgado ahí al lado, porque,
primero, no es verdad que lo tenga al lado sino que lo puedo tener a muchos kilómetros y, segundo, todos sabemos, por ejemplo, que determinadas especialidades de un hospital las tienen en Barcelona y en Madrid y no las tenemos en Soria o en Palencia
porque no las podemos tener por la escasez de recursos. Lo mismo ocurre con la teórica aplicación del principio de igualdad en la asistencia de estos juzgados.
Señorías, en cualquier caso, parece ser que el órgano de la soberanía popular se
expresará por distintas razones convergentes y coincidentes, unas de buena fe, otras quizá para castigar a alguien y otras apuntándose a un carro en el que nunca habían estado. Al final, como es lógico, la soberanía de la Cámara dirá lo que hay que
hacer. Otra cuestión será el aspecto presupuestario si en un momento posterior fuera necesario y preceptivo
y, en cualquier caso, si se tomara en consideración, el Grupo Parlamentario Socialista trabajará y colaborará a lo largo de la tramitación legislativa posterior para dar la vuelta como un calcetín a esto que entendemos de verdad -lo digo
sinceramente- no va muy bien tirado ni muy bien recogido en un tema trascendental e importante con el que no se debe -respetuosamente creo- jugar para dar una patada a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA EFICACIA DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO, ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DIPUTADOS,
SENADORES Y OTROS CARGOS DE ÓRGANOS PÚBLICOS Y DE CREACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIGILANCIA EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA. (Número de expediente 122/000051.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir la proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno, altos cargos de la Administración General del Estado, diputados, senadores y otros cargos de órganos públicos y de creación de la Agencia Estatal de Vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Se dice -y se sabe- que la sociedad, los ciudadanos desconfían de los políticos, aquello tan escuchado de que todos quieren chupar del bote.
Nosotros, los políticos, deberíamos demostrar que ello no es cierto y que si estamos aquí haciendo
este trabajo es porque creemos en unos ideales, que nuestras inquietudes ideológicas nos llevan a presentarnos a unas elecciones para defenderlas; desde el Gobierno o desde la oposición defendemos lo que creemos que es justo. Para demostrarlo
chocamos con una realidad: el abuso que tantas veces se hace del dinero público, el dinero que es de todos, y de la condición de cargo público. Hasta hoy no hemos dado ejemplo; no. Tenemos una ley de incompatibilidades declarada insuficiente por
la casi totalidad de grupos representados en la Cámara y que está sin tocar. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) La mayoría de los políticos han hecho creer a la sociedad que lo normal es lo ordinario, que el juego de
la identificación de los intereses públicos y de los intereses privados es lo habitual. El escándalo ya no es escándalo. De este modo, el privilegio de recibir, por ejemplo, una pensión vitalicia para los ex presidentes del Gobierno se extiende a
las comunidades autónomas en lugar de ser retirada. La última ha sido la aprobación del nombramiento vitalicio de los ex presidentes del Gobierno como miembros del Consejo de Estado compatible con los dos años de indemnización por dejar de presidir
el Gobierno, con lo cual durante esos dos años los ex presidentes del Gobierno percibirán una sustanciosa suma todos los meses a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Congreso, el secretario de Estado, los comisarios
europeos, el presidente del Gobierno, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, en definitiva, los altos cargos se adjudican indemnizaciones absolutamente compatibles con cualquier retribución pública sin
ningún pudor. Los mismos que se niegan a que la pensión del SOVI sea compatible con la de viudedad se otorgan indemnizaciones muy elevadas compatibles con todo.
¿Por qué ha de cobrar una ministra el 80 por ciento de su sueldo durante dos años al
mismo tiempo que el de diputada, eurodiputada o comisaria europea? ¿Puede un trabajador acaso cobrar el paro cuando está trabajando? ¿Por qué los que dirigen el país no tratan a los ciudadanos como a ellos mismos?
Hay muchas cuestiones por revisar, tal como se propone precisamente en esta proposición de ley, como por ejemplo la figura que se ha creado en la práctica del alto ejecutivo privado-alto cargo público. También los ciudadanos se han
acostumbrado, gracias a las numerosas ocasiones en que ha sucedido, a esta confusión permanente de determinados altos cargos, de sus intereses privados y de los públicos, preguntándose quién defendía los públicos. Después de los terribles casos de
corrupción bajo el Gobierno socialista, que llevaron precisamente a la aprobación de la Ley de incompatibilidades de 1995, vino la era empresarial del Partido Popular, en la que los intereses privados han tenido tanta presencia en lo público que han
podido llegar a provocar una segunda vuelta electoral, presuntamente: un señor diputado, abogado y con intereses inmobiliarios, un Plan Hidrológico Nacional con un transvase cuya mayor virtud era todo el ladrillo que traía o el caso Gescartera.
Mediante la propuesta que hoy se somete a votación se intenta una separación necesaria y urgente entre lo público y lo privado, al mayor nivel posible, aunque haya casos como el del peluquero del señor Aznar que seguramente se nos han escapado,
porque algunos son impredecibles.
Ante la incapacidad de actuación de entes imparciales, también es necesaria la creación de una agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública; una agencia que vele por la salvaguarda del cumplimiento de esa
ética que tan necesaria es en la
vida política y que se ha de imponer -por faltar, por no existir en la actualidad- a través de normas específicas que la regulen. Si están de acuerdo con lo que acabo de exponer, señorías, deberían votar a favor y no escudarse -como me
imagino que ahora se hará- en cuestiones técnicas de la iniciativa o en una supuesta falta de consenso, pues el consenso se puede alcanzar en la tramitación parlamentaria si mediante el voto positivo se da hoy pie a ella. Y las cuestiones técnicas
se corrigen del mismo modo. Cuando se cree en el sentido, en el objeto material de esta propuesta, la toma en consideración debe votarse a favor. Si ustedes quieren que aquello que defendieron en el 2002 respecto al Grupo Socialista -que firmó una
proposición no de ley en este sentido junto al Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida y el Grupo Mixto- sea una realidad voten a favor, o si no es que quizás cuando lo presentaron, como no gobernaban, no se lo creían, porque precisamente el
Grupo Socialista defendió la necesidad de una reforma de la Ley de 1995 en el año 2002 y el contenido de la propuesta que firmó tenía plasmados precisamente los mismos objetivos que esta proposición de ley. ¿Se puede mejorar esta proposición de
ley? Por supuesto que sí, nosotros estamos siempre abiertos a ello y para eso hay una tramitación parlamentaria.
En resumen, desde Izquierda Verde hablamos de incompatibilidad de cargo público con cualquier actividad privada, de medidas que eviten el uso del cargo para beneficio particular, de incompatibilidades en la condición de diputado y senador
con actividades para que tengan éstos una dedicación no solamente exclusiva, la creación de la agencia que ya he expuesto, una mayor capacidad de control, investigación, verificación y seguimiento de la Comisión del Estatuto del Diputado y la
incompatibilidad de la asignación indemnizatoria con las retribuciones de cualquier cargo público o cargos directivos en empresas privatizadas. Hablamos, en definitiva, de garantizar el cumplimiento de la ética; hablamos de dejar de atribuirse
indemnizaciones cuantiosas que obligan al erario público a pagar dos gobiernos durante 24 meses, es decir, el 80 por ciento del anterior Gobierno del Partido Popular y el actual del Partido Socialista; hablamos de trabajar para que los ciudadanos
vuelvan a confiar en la política, dándoles razones para ello; hablamos ahora mismo de un imposible, porque el Partido Popular y el Partido Socialista previsiblemente votarán en contra de esta iniciativa, pero seguiremos luchando por ello, por la
ética que consideramos necesaria en la vida política. Aquellos que tienen más responsabilidad previsiblemente no darán el paso para cambiar las cosas ni tampoco renunciar nunca. Lo cierto es que, según una pregunta que formulé al Gobierno, no se
ha producido ninguna renuncia al percibo de la pensión indemnizatoria de ex altos cargos cesantes al producirse el cambio de Gobierno. Es más, incluso aquellos que ocuparon cargos de secretario de Estado y de ministro han optado por la pensión de
secretario de Estado porque es más cuantiosa. Y todo esto va a costar al erario público para el año 2005 una provisión aproximada de 2.940.341 euros. Así, la indemnización que percibe el ex presidente del Gobierno, referido a 2004, es de 133.271
euros y la de secretario de Estado o asimilado 148.999. Estas son las cuantías que estamos abonando a partir de los impuestos de todos los ciudadanos.
Es necesario devolver la dignidad al trabajo público. Por ello les pido el voto favorable a esta iniciativa y que a partir de hoy empecemos a trabajar realmente y con un compromiso firme para que esto cambie.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
¿Grupos parlamentarios que quieren ejercer su turno en contra? (Pausa.)
Para fijación de posiciones tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Brevemente, vamos a dar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con el criterio de que es urgente que lo que se conoce con el nombre de clase política tenga una
vinculación y un ejercicio de funciones basado, desde el punto de vista del terreno del interés económico, en la significación, en la transparencia, en la ponderación y en la equidad. La portavoz de Izquierda Unida hablaba de la dignidad de los
políticos; sin duda, una dignidad maltrecha en estos momentos y que sería muy importante, desde el punto de vista de la eficacia de los métodos de la Administración, que quedase a salvo. Está claro que hace falta dejar constancia de que se están
produciendo muchos casos que no son aceptables desde el punto de vista de la justicia social, incluso de una administración pública que sea mínimamente transparente y que tenga una cierta ponderación en relación con el trato que recibe el resto de
los ciudadanos. Por eso hay una parte de la proposición de ley que hace referencia a esta simplificación y a esta ponderación que apoyamos totalmente.
No creemos, sin embargo, que sea el mejor camino -aunque vamos a apoyar la toma en consideración- la de conformar una nueva agencia para el control de estas situaciones. Sería bueno que la Administración pública, los ciudadanos y las
instituciones democráticas tuviésemos ya un marco legal suficientemente claro para poder detectar todos los casos de injusticia o de ilegalidad. Por eso lo que hay que hacer es cambiar el marco legal, como intenta esta proposición de ley, y
adecuarlo a unas circunstancias de un Estado que merezca el nombre de democrático. Por lo demás, quiero dejar constancia de que el problema de la actual
situación de corrupción, falta de equidad o falta de ponderación viene motivada también por un sistema económicosocial, no sólo político, abiertamente mejorable. Sería de desear que el funcionamiento de las empresas, su transparencia y el
papel social que deben cumplir estuviese garantizado por una norma, un modelo o un diseño de sociedad que está muy lejos de ser no sólo el imperante en este momento, sino el que se está diseñando o, si ustedes quieren, desarrollando con el tratado
constitucional de la Unión Europea. Por lo tanto, aunque esto juega contra corriente, es muy importante que las instituciones democráticas juguemos a favor de la mayoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para fijación de posición tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds con un recuerdo a los procesos que se han debatido en esta Cámara sobre
incompatibilidades -me refiero al área de diputados y senadores- con la Ley electoral general. Una de las hondas, profundas y concretas modificaciones que sufrió la primera ley democrática de elecciones generales se introdujo a través de enmiendas
para el caso de las incompatibilidades en el desempeño del cargo de diputado o senador, para lo que ha sido suficiente dónde situó el poder legislador de las Cortes Generales el listón de las incompatibilidades de diputados y senadores en la Ley
electoral general. En cuanto a las incompatibilidades de ministros, ex ministros y altos cargos de la Administración General del Estado, el poder de control desde la Cámara y las leyes que al respecto se han emitido, sancionadas por las Cortes
Generales, mi grupo entiende que también están situadas correctamente. La conducta personal es una cuestión de ese patrimonio personal, una cuestión de ética personal corregida por las distintas leyes, bien sean penales, bien electorales generales,
bien del Gobierno y de sus incompatibilidades. Si queremos crear una agencia estatal de vigilancia en materia de compatibilidades, es llevarlo a un grado de burocratización improcedente.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es una especie
de tribunal, de análisis inquisitorial de las incompatibilidades de todos estos cargos que se relacionan aquí, bien gubernamentales, bien parlamentarios, y en el fondo nosotros no estamos dispuestos a que aquellas personas que con honestidad, con
ética en su vida y en su medio personal se han dedicado al servicio de la Administración pública, al servicio del Parlamento, en términos generales, al servicio de la democracia, sean objeto de un tratamiento penoso, penal y cicatero de su propia
conducta. Nosotros nos oponemos rotundamente a esto. Si además de ese servicio público se pide una conducta franciscana de cicatería, no estamos en esa línea, por lo que no vamos a votar a favor esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Navarro, quiero comentarle que en principio tenemos una posición un tanto esquizofrénica en relación con esta iniciativa de su grupo parlamentario. La intención es buena y nosotros como grupo parlamentario somos proclives a
promocionar las buenas intenciones, pero el contenido material de la proposición nos parece deficiente, se lo digo honestamente.
Nosotros sabemos perfectamente -en expresión maxweberiana- que toda democracia es perfectible desde la perspectiva de la ética, de la probidad, pero quizá esta proposición no sea la adecuada para corregir estas deficiencias desde varias
perspectivas. Una de ellas, señora Navarro -se lo tengo que decir con el cariño que le profeso y con el respeto a su actividad parlamentaria-, es que en su propia exposición de motivos se incurre en una cierta contradicción cuando se dice que la
normativa es suficiente, que los instrumentos de verificación de la misma son correctos, la Comisión del Estatuto del Diputado y la Comisión de Incompatibilidades, y sin embargo las disfunciones son notables. Eso parece una contradicción difícil de
superar.
Desde la perspectiva de la sistemática de la proposición que usted presenta nos preocupan distintas cuestiones. En primer lugar, esta especie de inmersión de preceptos de naturaleza penal que deberían ser objeto de injustos penales ubicados
en el Código Penal del año 1995, delitos de prevaricación, de tráfico de influencias en relación con las conductas que usted insinúa y proclama de corrupción política. Ahí deberían estar ubicados y donde se deben aplicar las penas correspondientes
de este tipo de conductas no ubicables en una proposición de ley con una vocación omnicomprensiva en relación con la probidad pública o la probidad en relación con el ejercicio de las labores públicas. En segundo lugar, nos preocupa también una
cierta afección a un precepto constitucional que es el contenido en el artículo 33 de la Constitución, que proclama no sólo el derecho a la propiedad privada sino que las expropiaciones tienen que ser por causas justas y de interés público,
debidamente acreditadas. Desde esa perspectiva entendemos que su proposición se encuentra en el umbral del contenido esencial del derecho que
proclama el artículo 33 de la Constitución cuando, por ejemplo, a los cónyuges supérstites de las personas beneficiarias que son sujetas a la atención o vigilancia de esa agencia se les limita de forma muy notable, hasta el 25 por ciento,
las percepciones a las que pudieran eventualmente tener derecho: o a las personas que se presume que van a prevalerse de su condición mediante la ostentación de otros cargos públicos diferentes se les impide, por ejemplo, la gestión de su
patrimonio en aquellas empresas públicas con una participación sólo del 20 por ciento de naturaleza pública. Entendemos que aquí nos encontramos con algo muy próximo a la expoliación, a la expropiación sin causa justa, sin causa de interés público.
También entendemos que de forma bien intencionada -y les alabamos por eso- ustedes han pretendido establecer una especie de lista exhaustiva de personas sujetas a la vigilancia de esta especie de agencia relativa a la probidad en el ejercicio de la
actividad pública y, sin embargo, como siempre ocurre cuando se tienen pretensiones de exhaustividad y de establecer listas cerradas se dejan fuera numerosos cargos públicos que también tienen derecho a estar en situación de vacatio, a estar
cobrando indemnizaciones por cese o a estar en una situación de ostentación de cargos públicos que pueden comprometer actividades de naturaleza privada a la que luego adquieren -y le puedo citar numerosísimos casos-, etcétera.
Por último, entendemos que cuando estamos hablando de preceptos constitucionales cuyo contenido esencial, en virtud de la jurisprudencia o de la doctrina iniciada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/1981, relativa al contenido
esencial del derecho de propiedad privada y no expropiación, y sobre todo -se lo digo con toda honestidad- en su disposición transitoria única ustedes cometen lo que podría calificarse sin duda alguna de una aberración jurídica, que es establecer
una especie de creación de cuerpo de inspección y de cuerpo de procedimiento disciplinario sin tipificar las conductas meritorias de ser objeto de sanción, sin establecer o configurar esa estructura de cuerpo de inspección o de prevención, sin
establecer además cuál es el procedimiento sancionador y cuáles son las sanciones pertinentes, deslegalizando una materia que a tenor de lo previsto en el artículo 9.3 de la Constitución no puede ser deslegalizada, pues vemos disfunciones de
naturaleza jurídica o técnico-jurídica que lo hacen -y se lo digo con todo el respeto que le profeso- difícilmente regenerables a través de los trámites parlamentarios posteriores. Desde esta perspectiva, señor presidente, me gustaría comentarle
que Max Weber decía que toda democracia es perfectible, que toda democracia tiene déficit intrínsecos en su propia naturaleza, que en el ámbito de la ética y de la probidad pública todo es perfectible, pero desde luego no esta proposición, que no
nos parece la mejor configurada para corregir esas disfunciones. Quizás habría que hacer un esfuerzo de mayor consenso, de mayor identificación de los conceptos o de los títulos jurídicos que hay que utilizar para corregir los problemas de
prevaricación, problemas que corresponden al Código Penal, problemas de tráfico de influencias, cuestiones que son injustos penales que corresponde ser regulados por el Código Penal, problemas que corresponden también a la legislación electoral, a
los artículos 168 y 169 de la Loreg, etcétera, pero que no están bien identificados en esta proposición. Desde esta perspectiva eso nos impide desde luego dar un voto positivo, pero tampoco uno negativo. Nos parece que la incorporación de la
probidad, de la ética a la actividad política es algo importante y necesario, es algo imprescindible en los tiempos que corren. Desde esa perspectiva nuestra posición va a ser la de la abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olabarría.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana comparte el espíritu de la proposición de ley que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds. Puede parecer dura -lo ha sido- en el fondo y en la forma la
exposición que ha hecho su portavoz, pero no refleja nada que no haya sido explicitado y divulgado en los medios informativos y, lo que es peor, que no haya calado en el imaginario colectivo de la ciudadanía. A ello ha contribuido sin duda el juego
cruzado de acusaciones entre partidos, unos con más vocación que otros.
Compartimos, como decía, el espíritu de la proposición porque plantea que el problema de fondo no reside en la legislación sino en su cumplimiento, mejor dicho, en su
incumplimiento. Es algo parecido a lo que sucede con los enunciados de las declaraciones de derechos humanos o el articulado de las constituciones, que son formulaciones solemnes e impecables desde muchos puntos de vista pero que topan con muchas
dificultades a la hora de materializarse. Creemos que describe una situación que afecta a la relación entre ética y política, como ya se ha dicho. No hablamos de una nostalgia por valores perdidos, sino que hablamos de la necesidad de apuntalar
unos valores que retornen credibilidad a la acción política y a sus protagonistas; en particular hablamos de la transparencia, limpieza, austeridad y necesidad de no confundir lo público con lo privado, o que lo uno no sea la prolongación de lo
otro o viceversa. Es cierto que una legalidad draconiana, aplicada con rigor, podría servir de freno, de filtro insuperable para muchos de quienes quieren dedicarse al ejercicio de responsabilidades políticas en cargos electivos o ejecutivos desde
la atalaya de su alta capacitación profesional y su honestidad personal. Me parece obvio -y se han hecho ya apelaciones a ello- que solo un amplio consenso con compromiso
expreso de respeto a las leyes puede resolver esta situación. También es cierto que la utopía del buen gobernante es un buen objetivo hacia el cual caminar. Esa reivindicación de la utopía en el buen ejercicio de un cargo público no ha de
ser desechada, y no hay duda de que esa proposición de ley camina en ese sentido. Sabemos de la intención del grupo mayoritario de esta Cámara de legislar respecto al tema que estamos debatiendo, como también somos conscientes de que la propuesta
de Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya necesita mejoras técnicas de contenido y procedimentales. Pese a todo, atendiendo al espíritu, votaremos a favor pero conscientes de que necesita -como decíamos- una seria revisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Convergència i Unió. Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el año 1994, en la última etapa de gobiernos socialistas presididos por el entonces presidente del Gobierno, señor Felipe González, se aprobó por unanimidad en esta Cámara una propuesta de resolución, tras un debate de política
general, en la que se pedía una legislación sobre incompatibilidades. Esa petición fue unánime en esta Cámara tras constatarse algunos casos, siempre puntuales, de corrupción.
La respuesta a esos casos de corrupción detectados fue modificar la Ley
de Incompatibilidades en el año 1995, durante la última legislatura socialista presidida por Felipe González. Esta normativa estuvo en vigor durante las dos legislaturas pasadas, estando el Partido Popular en el Gobierno. Por tanto, tenemos una
legislación de incompatibilidades fruto de una unanimidad inicial y para dar respuesta a unos casos de corrupción que existieron, que se detectaron y en torno a los que hubo un ánimo generalizado de toda la Cámara para atajarlos a través de una
normativa que se consideró estricta y de consenso. Esa fue, repito, la génesis de la actual Ley de Incompatibilidades.
Hoy se nos plantea una reforma de esta ley. Es una reforma importante la que hoy nos trae el Grupo de Izquierda Unida, una reforma que merece el respeto de cualquier grupo de la Cámara porque es una propuesta articulada, pero Convergència i
Unió entiende que esta propuesta no parte del necesario consenso que debe presidir una normativa como la de incompatibilidades; consenso que garantice su estabilidad, su permanencia y su utilidad. Por tanto, no consideramos que la mejor manera de
reformar una ley que obtuvo un gran consenso en el año 1995 sea ahora la proposición de ley que se nos presenta. Entendemos que no es la mejor fórmula y más aún cuando el 23 de abril del año 2002 este Pleno aprobó una proposición no de ley en la
que se instaba al Gobierno a modificar, si existía consenso y desde el Gobierno -presentando el Gobierno, como tal, un proyecto de ley-, la normativa sobre incompatibilidades. Esa ruta es la correcta, la que marcamos en el Pleno de 23 de abril del
año 2002.
Sería aconsejable que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Administraciones Públicas se analizaran aquellos aspectos que pueden generar un consenso de modificación de la normativa sobre incompatibilidades y se trajera a la Cámara en
esta legislatura un proyecto de ley bajo ese prisma del consenso. No entendemos adecuado que se establezca una vara de medir sobre la ética o no a partir de si se comparte o no un determinado texto que hoy se nos propone para su votación, que tiene
algunos aspectos técnicamente mejorables -se ha referido a ello algún portavoz-, aunque no se trata tanto de que tenga aspectos mejorables o no -que se pueden corregir en la fase de enmiendas-, no se trata tanto de ese aspecto de necesidad de una
mejora técnica que incluso podría motivar una abstención de nuestro grupo. No, hoy nuestro grupo no puede apoyar la proposición ni abstenerse -votaremos en contra de la proposición de ley- porque consideramos que rompe el esquema que nos habíamos
marcado en el año 2002: consenso previo, análisis previo de aquellos aspectos que puedan generar un debate y una modificación de la normativa sobre incompatibilidades, tutelados por el Gobierno. Está presente el señor Acebes, que ha sido ministro
de Administraciones Públicas, y cualquier Gobierno sabe bien que en el ámbito de las incompatibilidades de los altos cargos ya existe un control. El Ministerio de Administraciones Públicas realiza un control del cumplimiento o no de las
incompatibilidades de los altos cargos. Se realizan comparecencias ante esta Cámara, ante la Comisión del Régimen de las Administraciones Públicas, para hacer un seguimiento de los casos de posible incumplimiento. Por tanto, que no se dé a este
debate la traslación de que aquí no hay en absoluto una normativa estricta que, evidentemente, debemos cumplir. Por consiguiente, mi grupo entiende que la vía para cumplirla no es una proposición de ley, que la vía para cumplir y mejorar la
normativa actual sería a través de un amplio consenso de todos, con ese mínimo común denominador que en toda democracia debe ser también un régimen estricto de incompatibilidades.
Esperemos que -y el propio ministro de Administraciones Públicas ha
anunciado ya reformas en este ámbito-, a partir de las reformas anunciadas, podamos alcanzar en esta legislatura el grado de consenso necesario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Jané.
Fijación de posición. Grupo Parlamentario Popular. Señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Le tengo mucha
simpatía, señora Navarro, pero hoy he oído aquí algunas frases y como me gusta mucho leer los discursos de Castelar, tengo que decirle que cualquier parecido es mera coincidencia. Ha indicado usted que el pueblo, en general, considera que
los políticos chupamos del bote, que hay corrupción. No. Indudablemente son términos que yo retiraría incluso del 'Diario de Sesiones'. Voy a entrar en el tema concreto, con toda simpatía y con todo respeto.
Señora Navarro, en la propia exposición de motivos usted indica que nuestra normativa actual es comparable y homologable con las del resto de los países democráticos del mundo occidental. No, es mucho más estricta.
Si usted, señora
Navarro, se lee -pídalo en la Cámara porque me lo han dado a mí- la normativa francesa, alemana, italiana o del Reino Unido, verá que son mucho más amplias fundamentalmente para diputados y senadores; la nuestra es una de las más restrictivas.
Aquí se ha recordado que, con motivo de algunos casos de corrupción, se llegó a un acuerdo con el anterior Gobierno socialista. La norma es muy restrictiva y sería un error hacer una normativa más restrictiva. Si usted repasa, señora Navarro, por
ejemplo, las Cortes de la República, los notarios podían ser parlamentarios -había siete u ocho- y en estos momentos no lo pueden ser, así como una serie de cargos que no tendrían por qué ser incompatibles, pero, en fin, ahí están.
Señora Navarro, después dice usted que en la actual legislatura y en las anteriores se han dado casos. Aquí debemos hacer una distinción. Señora Navarro, si hay corrupción, como se ha dicho por alguno de los diputados que me han precedido
-me parece que lo decía el señor Rodríguez-, lo que sí hay es el juzgado de guardia. No se puede admitir que casos de corrupción no hayan terminado en los juzgados de guardia. Ha citado usted a los ex presidentes de Gobierno. Le voy a decir que,
por ejemplo, en Italia, automáticamente los ex presidentes de Gobierno pasan a ser senadores vitalicios. Que un ex presidente del Gobierno en España tenga una indemnización y una serie de servicios, como pueden ser dos funcionarios de nivel 30 y
28, me parece lo normal y lo lógico, y es tan pequeño el costo en un presupuesto nacional que es absolutamente ridículo, no llegaría al 0,00000.
Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Usted plantea un nuevo órgano, la agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades. Me va a perdonar, señora Navarro, que yo considere esta agencia estatal como una
especie de KGB para ver quién hay y quién no hay. No es necesario. Se ha dicho anteriormente por el representante de Convergència i Unió que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene que velar para aquellos casos en los cuales considere que
puede haber incompatibilidades, bien que se pase de la empresa privada a ejercer un cargo público o a la inversa, pero esta agencia no existe en ningún país del mundo occidental y, por lo que usted ha dicho, da la sensación de que haya que controlar
hasta lo más mínimo. Mire, o se tiene ética por parte de los diferentes políticos, en cuyo caso no hay problema ni haría falta agencia estatal de ningún tipo, o no se tiene ética y las fórmulas serían muchísimas para librarse del control de esa
teórica agencia.
Además, señora Navarro, en su proposición habla usted de la regulación de algunos temas que corresponden a las comunidades autónomas. Le puedo decir que algunas comunidades autónomas han decidido que los ex presidentes de las Cámaras tengan
una serie de garantías o condiciones el día que abandonen la presidencia e, incluso, los ex diputados. Además, sabe usted que cuando termina la legislatura los diputados no tenemos ni una posible indemnización de 6 meses, mientras uno reorienta su
vida profesional, cuando en algunos parlamentos sí se tiene. Incluso, muchos diputados y senadores, usted y yo, señora Navarro, cobramos menos que en algunos parlamentos autonómicos. Todo esto lo tienen que legislar los parlamentos autonómicos, no
nos metamos nosotros a legislar lo que realmente no nos corresponde.
Se le ha recordado que hubo un acuerdo de la Mesa de Congreso y Senado muy importante, el 18 de diciembre de 1995, en materia de registro de intereses, por el que tenemos que hacer declaración de todos nuestros intereses, cuando llegamos y
cuando salimos. Por lo tanto, hay un control exacto de nuestros intereses.
Señora Navarro, para terminar, todos los grupos están de acuerdo en que no se debe tomar en consideración esta proposición de ley, independientemente de que jurídicamente, dentro de su exposición y posteriormente, tiene temas que
corresponden al Código Civil, otros son de derecho laboral e, incluso, hay temas de Código Penal.
Como estamos en el IV Centenario de el Quijote, no sé si recordará usted -si no, léalo- la carta que le escribía don Quijote a Sancho cuando era gobernador de la isla Barataria, en la que le decía: No hagas muchas pragmáticas y, si las
hicieras, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen.
Señoras y señores diputados, yo creo que la mayoría de los miembros de esta Cámara y la mayoría de los altos cargos de la Administración tienen ética. Existe una minoría que no la tiene y para eso están los juzgados de guardia. Ética
significa ser recto conforme a la moral, no a la moral religiosa, sino como la define el diccionario de la Real Academia Española. Pues bien, la mayoría de los políticos de este país tenemos ética, la señora Navarro, el que les habla y los que han
intervenido antes y, por lo tanto, respetan la diferencia entre lo privado y lo público.
Respecto a las indemnizaciones, es normal que un ex ministro que tiene una serie de condicionamientos cobre durante dos años una indemnización que sea
compatible si es diputado o senador. En todo caso, si quiere usted, señora Navarro, se tendría que tratar de un acuerdo de los diferentes grupos de la Cámara. Si usted considera que se pueden mejorar algunos aspectos de las
incompatibilidades, habrá de hacerse por consenso, exactamente igual a como se hizo en los acuerdos de Mesa y Portavoces como posteriormente entre los diferentes grupos de la Cámara. Por lo tanto, podrá haber consenso si piensa usted que hay
algunos temas de incompatibilidades que se pueden mejorar.
Señora Navarro, yo le aconsejo que el asesor que le prepara la exposición de motivos y los temas que plantea aquí lo haga jurídicamente mejor, para que, políticamente, pueda conseguir la conformidad de todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Guerra Zunzunegui.
Fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señor presidente.
Señorías, en este turno de fijación de posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista adelanto que no apoyaremos la proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
para su toma en consideración. Esta proposición de ley, como ustedes ya saben, pretende, entre otras cosas, modificar las leyes vigentes, entre ellas la Loreg y la Ley de Incompatibilidades, así como la creación de una agencia estatal de vigilancia
en materia de incompatibilidades y de ética pública. Esta oposición por parte de mi grupo, señora Navarro, le tengo que decir sinceramente que es sin perjuicio de la coincidencia sustancial que orienta su presentación. El Grupo Socialista y el
Gobierno compartimos que es necesaria la profundización en los valores éticos que deben presidir el ejercicio de la actividad pública, que son necesarias medidas para regenerar el ejercicio de la democracia, que es necesaria la máxima eficacia en la
prestación de los servicios y la transparencia en sus procedimientos.
Entrando en la proposición, tiene dos aspectos claramente diferenciados: el primero atañe, en teoría, al endurecimiento del régimen de compatibilidades de los parlamentarios y altos cargos de la Administración General del Estado; y, el
segundo, a la indemnización que corresponde a ministros, secretarios y altos cargos en general de instituciones del Estado cuando cesan en el desempeño de sus cargos.
Respecto al primer aspecto, nosotros consideramos que existe, por decirlo de forma suave, una cierta falta de correspondencia entre los problemas detectados en la aplicación del régimen de incompatibilidades y las medidas concretas que se
proponen. Si lo que importa fundamentalmente, según la exposición de motivos y de acuerdo con el discurso que nos ha hecho desde esta tribuna la señora Navarro, es evitar la colisión entre los intereses públicos y privados que se traduce en impedir
el paso inmediato al desempeño de actividades privadas por parte de aquellos altos cargos cuando cesan en su función, tenemos que decir que, tras un análisis serio de la propuesta presentada, no encontramos medidas directas que lo dificulten, no
cumplen el objetivo, y es una razón de fondo la que estoy poniendo encima de la mesa. Lo único que se crea es una agencia que controlará el régimen de incompatibilidades. Además de esto -lamento que la señora Navarro no me preste atención-, las
deficiencias de técnica legislativa que hemos detectado a lo largo de todo el texto realmente impiden que esta iniciativa presentada nos sirva de base para poder crear un consenso más amplio y extenderla a todos los grupos parlamentarios. Por ello
me resulta imprescindible, aunque sea de forma muy somera, hacer una referencia a estas disfunciones técnicas.
El primer artículo lo que pretende es modificar el artículo 157 de la Loreg, y lo único que hace es crear un embrollo jurídico, porque el apartado 2 de la Loreg lo llevan al apartado 1 pero no derogan la parte que corresponde a la ley
orgánica; nos cambian el término para senadores y diputados de dedicación absoluta por dedicación exclusiva. Supongo que la señora Navarro sabrá perfectamente que no aporta sustancialmente ningún cambio.
Además, en otras modificaciones a lo largo del texto lo que nos hacen es aportar términos que provocan inseguridad jurídica. Por ejemplo, en el apartado 3 lo que pretenden es modificar un artículo de la Loreg en el que se establece la
prohibición de ejercicio de actividades públicas y privadas a senadores diputados introduciendo el término relación de cualquier tipo con las administraciones públicas. Como decía, este término es susceptible de crear inseguridad jurídica por su
amplitud, ya que no se especifica el tipo de relación con las administraciones públicas que determinaría la aplicación del régimen previsto en este apartado.
Respecto al régimen de administración temporal que prevé la proposición de ley en los artículos 1 y 2 y que sería ejercida por la agencia que se pretende crear a través del artículo 3 respecto de las participaciones en el patrimonio personal
y familiar de los parlamentarios y altos cargos, podría resultar contrario, como ha apuntado algún otro interviniente, a los derechos de propiedad y de libertad de empresa reconocidos en los artículos 33 y 38 de la Constitución. Entendemos que,
como consecuencia de la colisión entre intereses públicos y privados, pueda admitirse que el cargo público, durante el ejercicio del mismo, pueda verse impedido a ejercitar el patrimonio personal, pero en ningún caso podrá imponérsele un régimen de
administración determinado sobre su propio patrimonio.
Consideramos que esto es contrario a una interpretación sistemática de los
preceptos constitucionales. Y esto no es solamente para este periodo de cuatro años, sino que lo extienden otros dos años más una vez que haya cesado en el ejercicio de su cargo.
Creo que la señora Navarro, en su propuesta, aunque no lo ha mencionado expresamente, hacía referencia a la economía y la austeridad que debe presidir el ejercicio de la Función pública. Sin embargo, con esta propuesta que nos ha
presentado, en este aspecto tan puntual como es el de la administración temporal tenemos que tener presente que esto podría ocasionar una responsabilidad patrimonial del Estado por un ejercicio inadecuado de la gestión patrimonial de los bienes
privados y, además -y vuelvo a los temas de fondo-, su propuesta no excluye la oposición entre los intereses públicos y privados.
Una pequeña pincelada sobre otro de los elementos novedosos que se introducen, la creación de la agencia estatal de vigilancia. Consideramos que son varios los aspectos que se omiten en su regulación, entre los que puede destacarse la falta
de determinación expresa de la composición, constitución, estructura, competencias y funciones de la agencia, que, además de todo esto, se pretende que actúe para la preservación de un código ético deducible de la normativa vigente. Este código
ético lo vamos a tener porque es un compromiso del Gobierno, compromiso que se va a plasmar en esta Cámara, pero espero que la señora Navarro entienda que, en técnica legislativa, no parece lógico asumir remisiones al vacío.
Respecto a la última parte de su propuesta, incompatibilidad de la asignación indemnizatoria como ex ministro del Gobierno o ex alto cargo del Estado, quisiera recordar que en la legislación vigente ya hay más de una limitación, no partimos
de la nada, no partimos de cero. Hay una limitación fundamental, que dice que no puede percibir esa asignación aquel que desempeñe otro cargo que, a su vez, genere derecho a la indemnización. En la propuesta que estamos debatiendo amplían dicha
incompatibilidad a la percepción de cualquier retribución correspondiente a los cargos, y figura una relación muy amplia. Esta relación no sólo incluye a todos los cargos públicos de cualquier administración, sino el desempeño de cualquier puesto
de trabajo en la Administración pública, y compartirán conmigo que, cuando menos, es muy discutible que la situación de un alto cargo que cesa, que sea funcionario perteneciente, por ejemplo, a los grupos C ó D, sea una situación asimilable a la del
presidente del Tribunal de Cuentas, por poner un ejemplo.
El criterio que parece presidir la incompatibilidad de retribuciones es únicamente el de incompatibilidad con el desempeño de cargos y puestos públicos, de cargos en empresas privatizadas o con participación pública, o de cargos en partidos
políticos. Esta propuesta no afecta en absoluto a los cargos en el sector privado, y esto implica un trato desigual para aquellos altos cargos que fueran a una empresa privada; estos sí que podrían percibir simultáneamente la indemnización y el
sueldo que les correspondiese. Esta realidad se compadece mal con los objetivos que se han mencionado en la exposición de motivos. Todas estas cuestiones, y otras muchas más en cuyo detalle no voy a entrar, evidentemente, han imposibilitado que
tomásemos la proposición como base de un acuerdo con el resto de los grupos políticos.
Para terminar, tengo que manifestar que, después de escuchar las intervenciones de los portavoces de otros grupos parlamentarios, parece concurrir, junto con la clara y firme voluntad del Gobierno, un amplio acuerdo parlamentario en torno a
la necesidad de clarificar y modificar el actual régimen de incompatibilidades. Por ello, señorías, aunque el Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, nos comprometemos a trabajar por medio
del consenso para que la vida pública esté presidida por la máxima transparencia y el máximo respeto a la legalidad.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Unzalu.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta de modificación del orden del día.
Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día a los efectos de excluir el último punto del mismo, relativo
al debate de totalidad de la proposición de ley del Senado, de modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, así como a los de que el punto VI, correspondiente a los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales, pase a ser debatido como último punto de la sesión del martes, 8 de febrero. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
En segundo lugar, acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones de ley. Aunque en el debate se hayan acumulado las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se votarán
separadamente. En primer lugar votaremos la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de familia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 326; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Por favor, silencio. Ahora votamos la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 326; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio. Votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la eficacia del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, altos
cargos de la Administración General del Estado, diputados, senadores y otros cargos de órganos públicos y de creación de la Agencia Estatal de Vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 15; en contra, 302; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000258.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley. Empezamos por la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre conocimiento y utilización de los símbolos de la Unión Europea.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo, interviene en un turno de diez minutos el señor Estrella. (Rumores.) Por favor, guarden silencio, el debate va a continuar.
Señor Estrella, adelante.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente. Muchas gracias.
La legislatura pasada...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio, por favor, la sesión continúa.
Adelante, señor diputado.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El Grupo Socialista planteaba en la legislatura pasada una iniciativa en términos prácticamente iguales a la que hoy nos trae aquí; entonces se nos dijo por parte de algunos grupos parlamentarios y especialmente
por parte de quien tenía la mayoría en aquel momento que, estando de acuerdo con el fondo, no era todavía el momento oportuno porque existía incertidumbre sobre el futuro de la Constitución europea y que debíamos esperar, por tanto, a que hubiese
una Constitución aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno. Sin duda tenían razón, no era el momento oportuno; el momento oportuno ha llegado hoy. Desde el pasado 29 de octubre tenemos un texto de un tratado por el que se instituye una
Constitución para Europa, firmado por los jefes de Estado y de Gobierno y que se halla ahora en fase de ratificación, proceso de ratificación en el que además los españoles estamos llamados el día 20 a un referéndum consultivo. Los objetivos de la
proposición no de ley sobre la que todos los grupos se pronunciaban favorablemente en cuanto a sus contenidos en diciembre de 2003 no son otros que incorporar y promover en nuestro acervo lo que la Constitución europea establece; dicha Constitución
en su articulado establece la institucionalización de los símbolos de la Unión. Se dice que la bandera de la Unión representará un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul; que el himno de la Unión se tomará del Himno a la Alegría de la
Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven (como ustedes saben, su autor quiso registrarlo como Himno a la Libertad, pero por razones de censura política en aquel momento tuvo que sustituirlo por este de Himno a la Alegría, pero seamos conscientes de
que también es un himno de libertad, el himno y la voz de Europa); que la divisa de la Unión será Unida en la diversidad; que la moneda de la Unión será el euro y que el 9 de mayo se celebrará en toda la Unión como el Día de Europa. El objetivo
de
nuestra proposición no de ley es precisamente que el Gobierno promueva el conocimiento de estos símbolos ya incorporados formalmente a la Constitución europea por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de España; que se regule la
utilización y el tratamiento de estos símbolos en los actos protocolarios u oficiales tanto los civiles como los militares; que se fomente la conmemoración del día 9 de mayo, Día de Europa, mediante la celebración de los actos oficiales que sean
oportunos, y al mismo tiempo que se contemple la inclusión entre las fiestas laborales de ámbito laboral. Esta es en síntesis la propuesta del Grupo Socialista.
Conocen SS.SS. que la Constitución española incorpora en su artículo 4 la plasmación constitucional de la descripción y el uso de la bandera española, así como la previsión del reconocimiento estatutario de los símbolos autonómicos; que
existe una legislación no excesivamente abundante en cuanto a la utilización de esos símbolos nacionales (los símbolos españoles); también en lo que se refiere a los símbolos de las distintas comunidades autónomas, puesto que son de competencia de
ellas los respectivos estatutos de autonomía, la normativa de las comunidades regula igualmente la descripción y la utilización de las banderas, emblemas, himnos y festividades oficiales. Hay, por tanto, una regulación que se encuentra incluso
incorporada en la Constitución. Queremos también generar un espacio que promueva el conocimiento, la difusión, el espacio institucional de los símbolos europeos y muy en particular de la bandera de la Unión Europea, que eso se haga a través de la
acción del Gobierno y que el Gobierno le dé el máximo impulso a la conmemoración del 9 de mayo, contemplando en su caso la inclusión entre las fiestas laborales de ámbito nacional. Queda claro que no hay en absoluto invasión competencial, por si
alguien tuviera alguna preocupación en ese sentido; es el mandato que se le da al Gobierno: que cualquier regulación que tenga que ver con esta materia tendrá que ser respetuosa con otras competencias.
Quiero anunciar desde aquí que el Grupo Socialista ha contemplado favorablemente las contribuciones muy constructivas que han realizado diversos grupos parlamentarios. Se han corregido algunos errores que se han puesto en evidencia por
parte del Grupo Popular y del Grupo de Convergència i Unió; se han clarificado algunas dudas que se habían planteado por parte del Grupo de Esquerra Republicana; estamos dispuestos a incorporar una propuesta del Grupo Popular de que esta acción
que se le pide al Gobierno que haga de regular la utilización y el tratamiento de los símbolos se debe hacer buscando el máximo consenso posible; y estamos dispuestos también a incorporar (esta recogido en el texto transaccional sobre el que hemos
estado trabajando) la propuesta del Grupo de Convergència y Unió de que no se trate solamente del fomento de la conmemoración del 9 de mayo en actos institucionales, sino que se extienda también a actos ciudadanos, sociales y escolares (es quizás la
única regulación que existe en el ámbito español del Día de Europa, una normativa del Ministerio de Educación), y que eso se haga además en colaboración con las comunidades autónomas. Estas sugerencias de Convergència i Unió son también
incorporadas a la proposición no de ley, que mi grupo espera que alcance la unanimidad de la Cámara. En un momento en que los españoles estamos llamados a votar, a pronunciarnos sobre la Constitución quizás el mejor mensaje que podemos lanzar
quienes les representamos, quienes representamos a todos los españoles es expresar nuestro compromiso y nuestro impulso a la acción de Gobierno para una mayor proyección de los símbolos de Europa que todos estamos incorporando en nuestros actos. Me
parece importante destacar que en los actos en torno al referéndum del 20 de febrero, cuando suben los dirigentes de una formación política a la tribuna, detrás suele estar la bandera europea; con independencia del criterio o el parecer que tengan
sobre el referéndum, sobre la Constitución, si les parece más avanzada en unas cosas u otras, de los aspectos que a unos nos gustan más o nos gustan menos, la bandera europea es el símbolo que nos une. Ese es el mensaje que debiéramos enviar a la
ciudadanía en este día y entendemos que también es el compromiso que el Parlamento debe pedir al Gobierno, el cual estoy seguro que además lo va a asumir de muy buen grado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, a usted, señor Estrella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene por tiempo de diez minutos, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Soravilla. Adelante.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna a fijar nuestra posición sobre esta iniciativa y en cierto modo a defender unas enmiendas, aunque se ha presentado una enmienda transaccional. Por una parte, consideramos que nuestras enmiendas mejoran el texto,
y en ese sentido pedimos nuevamente que se reconsidere precisamente el calado de las enmiendas, sobre las que haré alguna reflexión. De cualquier manera, la enmienda transaccional es verdad que no satisface plenamente, pero yo creo que la
satisfacción de las transaccionales se corresponde precisamente con que no satisfaga a todos por igual ni a ninguno en particular. En consecuencia, vamos a apoyar sin ninguna duda esta proposición no de ley sobre los símbolos de la Unión.
Por la brevedad de este turno, permítanme que de alguna manera centre un poco históricamente este asunto, que no parezca que estos símbolos surgen de la nada, ex novo, y que haga una pequeña reflexión y algunas puntualizaciones con cada uno
de los símbolos que figuran
en ese artículo I.8 del Tratado Constitucional europeo. La idea de dotarse de una imagen de identidad europea es antigua, pero como tal Comunidad Europea esto se materializa en el año 1984, en la cumbre de Fontainebleau, donde se nombra a
una serie de delegados, y como resultado de aquella iniciativa en la cumbre de Milán del año siguiente, de 1985, se aprobó el denominado informe Adonnino, en el que se proponía precisamente la adopción del 9 de mayo como Día de Europa, la bandera de
las 12 estrellas y el Himno a la Alegría de Beethoven, si bien hay que recordar que tanto el himno como la bandera ya habían sido adoptados por el Consejo de Europa e incluso en el año 1968 este himno se había tocado precisamente con motivo de la
inauguración del Cuartel General de la OTAN y estuvo a punto de convertirse en el himno de la OTAN. No obstante, la presentación comunitaria se hizo ante el edificio de la Comisión, allí en Bruselas, por el entonces presidente Jacques Delors en el
año 1986, es decir, justo el año de nuestro ingreso. Así que la divisa y la moneda es lo que ahora incorporamos, pero aquellos símbolos son los mismos que ahora quedan recogidos en el artículo I.8 del Tratado Constitucional, símbolos que tienen
para la Comunidad Europea 20 años de tradición.
Con respecto a las enmiendas nosotros proponíamos que se incorporara de alguna manera en vez de ciudadanos de España, ciudadanos de la Unión, precisamente para no darle un ámbito geográfico estricto, sino sencillamente porque pensamos que de
esta manera se hace hincapié en la idea de ciudadanía a la que se refiere el Tratado. Con respecto al punto 2, yo sigo insistiendo en alguna cuestión a la que ya se ha hecho referencia aquí, y es que quizá regular no sea el verbo más adecuado,
puesto que efectivamente el Tratado Constitucional está firmado, pero falta todavía refrendarlo. En consecuencia, no parece que sea lo más adecuado hacer regulaciones previas a la ratificación correspondiente. No creo que esto tenga un carácter
sustantivo y en consecuencia pasaremos de ello. Yo creo que es un acierto que en la transaccional se haya aceptado la idea del consenso; que se haga con el máximo consenso posible dice la transaccional, y nosotros hablamos del consenso de los
grupos políticos.
Cabe recordar (lo ha hecho aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista) que efectivamente los símbolos de las comunidades autónomas y los símbolos nacionales sí están regulados por ley, y que con el mismo hincapié que
defendemos los símbolos de la Unión Europea nosotros también defendemos esa regulación y esa aplicación de las normativas correspondientes que se refieren a los símbolos nacionales.
Si hablamos de cada uno de los símbolos a los que estamos haciendo referencia, desde el Grupo Parlamentario Popular creo que hay uno al que se hace muy poca referencia, pero que para nosotros es muy importante y quizá el símbolo más
palpable, que es la moneda, el euro. Quiero recordar que la introducción, con una complejidad técnica considerable, se hizo bajo presidencia española, con un Gobierno popular, que no solo hizo esa atribución, sino que permitió que entráramos en la
primera velocidad, superando los obstáculos de carácter económico y también la resignación a la que estábamos sometidos en el último Gobierno del presidente González.
Respecto al 9 de mayo sería de toda justicia no solo recordar ese 9 de mayo de 1950, que es cuando recordamos la declaración de Schuman, sino que debe recordarse también que el máximo impulsor de todo aquello (debe recordarse y quedar
reflejado en el 'Diario de Sesiones') es Jean Monnet.
Probablemente el inspirador de todo aquello, todavía más olvidado, es el austríaco Coudenhove-Kalergi, que en 1923 publicó el libro Paneuropa que da lugar a todo el desarrollo posterior. Sobre
el himno al que se ha hecho referencia puntualizaré que es el Himno a la Alegría, es la Oda a la Alegría de Schiller no la Oda a la Libertad. Es verdad que Bernstein, el director americano, lo dirigió como Himno de la Libertad frente al Muro de
Berlín, pero la diferencia entre Freude y Freiheit son distintas.
Aquí no estamos hablando precisamente del Himno de Beethoven. Nótese que el artículo dice: 'Se tomará de', porque el auténtico autor del himno europeo es Herbert von Karajan. Se
le encargó un himno de dos minutos; él, como no podía haber letra, precisamente por cuestiones lingüísticas, tomó la parte coral y la traspuso a orquesta y además le dio un carácter completamente distinto en el tono de sus crescendos
correspondientes, razón por la cual incluso von Karajan y sus herederos han estado cobrando derechos de autor.
Ahora ya sería difícil, incluso en estos momentos, aprobar el otro símbolo más notable de la Unión Europea que es la bandera. En un primer momento se pensó en una bandera que tuviera una cruz, pero ya en tiempos muy pasados, pensando
precisamente en Turquía, se abandonó la idea de utilizar la cruz en la bandera europea, utilizándose las 12 estrellas a las que nos referimos. Quiero recordar que lo políticamente correcto ahora también quizá nos impidiera hacer esa aprobación,
porque deriva directamente del capítulo 12, versículo 1, del Libro de la Revelación de San Juan, del Apocalipsis.
En lo relativo a la divisa, Unida en la diversidad, nos parece tan sumamente expresiva esta divisa que para mi grupo la validez de este lema, tanto en España como en Europa, es lo que nos anima en parte también a defender con la misma
convicción su vigencia, no solo en la Constitución española, como la bondad que pueda traer precisamente la futura Constitución europea, cuyo referéndum vamos a celebrar el próximo 20 de febrero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Soravilla.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.) Usted sabe que no están reconocidos nuestros derechos lingüísticos y quisiéramos que fueran reconocidos. Hace pocos días ya denunciábamos desde esta misma tribuna que querer
asociar catalanismo político con actitudes antieuropeístas no tenía ninguna razón de ser. Ha quedado claramente demostrado en la historia reciente de Cataluña que nuestra actitud, la del catalanismo político, ha sido pro-Europa; de manera que esto
conlleva tener una actitud, un comportamiento y una voluntad claramente favorable a los símbolos, emblemas, divisas y celebraciones de toda índole que signifiquen potenciar el sentido colectivo de ciudadanía europea. En este sentido, debemos decir
que apoyamos la proposición no de ley, aunque no entendemos la oportunidad de hacerlo justamente en estos momentos en que estamos inmersos en la campaña que tiene como objeto que la ciudadanía se manifieste a favor, en contra o se abstenga ante el
Tratado.
Dicho esto, hemos presentado una enmienda al punto número 3, que tiene como objeto apoyar que el día 9 de mayo, Día de Europa, sea fiesta laboral, en la medida en que siéndolo calaría mucho más en el imaginario de la ciudadanía el hecho
relevante de la pertenencia a la Unión Europea; aun así, entendemos que nunca esta fiesta laboral debería ser a costa de cualquier fiesta de alguna comunidad autónoma o de algún municipio. Por lo tanto, nuestra posición será que la fiesta del día
9 de mayo debería sustituir cualquiera de las dos fiestas que a continuación les diré: la festividad de la Inmaculada Concepción de María, dogma escasamente centenario, o la fiesta religiosa del Viernes Santo, entendiendo que en un Estado
aconfesional como el nuestro y con la voluntad laicista que persigue Esquerra Republicana cualquiera de estas dos fiestas deberían ser sustituidas por el Día de Europa, 9 de mayo, fiesta laboral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, señor Xuclá.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para presentar esta enmienda y también para fijar la posición en este debate, planteado a partir de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Mi grupo parlamentario cree que esta es una iniciativa oportuna en cuanto al contenido político y a su enfoque, pero seguramente no al cien por cien oportuna en cuanto a la propuesta, y después haré referencia a ello.
Creo que todos
deberíamos tener muy presente la falta (creo que es acertada la palabra) de regulación, no en función de la ratificación del Tratado, sino en función de una realidad ya existente, que es la de la construcción política e institucional, no solamente
intergubernamental, sino con un alma determinada. Creo que nos invita a la reflexión el hecho de que actualmente exista un vacío legal tan importante y que la presencia de los símbolos europeos sea única y exclusivamente fruto de un elemento
voluntarista por parte de las distintas instituciones.
Como bien señala la exposición de motivos de esta proposición no de ley, el único símbolo, la única manifestación de carácter jurídico de esta voluntad de presencia de los símbolos europeos es una resolución de la Secretaría de Estado de
Educación del 7 de septiembre del año 1994. A partir de aquí la presencia de símbolos, la presencia de la bandera europea al lado de la bandera nacional de cada uno de los países que conforman el Estado español es única y exclusivamente un acto de
voluntarismo. Dicho acto debe dar un paso más hacia la regulación, no única y exclusivamente en el ámbito del Estado español. Creemos que sería positivo que este Parlamento instara al Gobierno a trabajar coordinadamente -creo que está en el ánimo
de la iniciativa- para que el 9 de mayo sea un día de celebración - debemos discutir si un día festivo- en los 25 Estados miembros y después en los 27 ó en los 28. Ya veremos hasta qué límites de sostenibilidad geográfica y política de la Unión
Europea. Seguramente en el ámbito del calendario y de la cronología concreta, convocado ya el referéndum para el día 20 de febrero, quizás nos llega un poco tarde este debate, este gesto de indudable carácter político, que es instituir el 9 de mayo
como el Día de Europa en el calendario español. Creo saber de buenas fuentes parlamentarias que en el ánimo del Grupo Parlamentario Socialista no está convertir el debate en si el 9 de mayo debe ser o no día festivo, pero la verdad es que en
literalidad de lo redactado se hace referencia a esto en el tercer punto.
De tal manera que, si me permiten lo esquemático de la expresión, el titular de este debate puede ser que hay un día más de fiesta en el calendario de las fiestas del
conjunto del Estado español. La posición de este grupo parlamentario es que no se deben incrementar las fiestas en el calendario festivo español. Primera consideración. Una segunda consideración es que coincidimos con la enmienda del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. En ningún caso esta fiesta puede ir a cuenta de las fiestas de las comunidades autónomas. Es cierto que, hoy por hoy, hay una regulación que deslinda claramente las fiestas de ámbito estatal de las fiestas de
las comunidades autónomas, pero es una regulación estrictamente a nivel gubernamental. Deseamos que conste que en ningún caso esta celebración europea debería aplicarse a cuenta de una fiesta del ámbito de las comunidades autónomas.
En cuanto al punto 3 de esta proposición, más que cerrar un tema, abrimos el debate de aquello que en la intervención anterior del diputado, señor Tardá, ya se apuntaba como una propuesta. ¿Se debe sustituir alguna fiesta actual, la fiesta
de la Concepción -él apuntaba la fiesta del Viernes Santo- por el día de Europa? Sería mucho mejor que por medio de una transaccional se propusiera una alternativa cerrada al respecto si es que se debe considerar que el 9 de mayo debe ser un día
festivo. Lo digo en condicional porque tampoco es indispensable que lo sea, y les voy a poner un ejemplo bastante ilustrativo del calendario festivo de Cataluña.
El día de San Jordi, que no es festivo, es un día mucho más cívico, más participado y
mucho más entrañable que el 11 de septiembre, día nacional de Cataluña, que si cuenta con la posibilidad de ser un puente y no hay voluntad de participar activamente en la celebración, termina siendo un día burocrático dentro del calendario de días
festivos. Por eso queda abierto este aspecto y desde esta tribuna desearía plantear al Grupo Parlamentario Socialista, concretamente al diputado señor Estrella, la posibilidad de que desde el consenso que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular
pudiéramos transaccionar la proposición no de ley que nos ha hecho llegar, suprimiendo esta frase final que literalmente reza: ...contemplando, en su caso, su inclusión entre las fiestas laborales de ámbito nacional. Porque de lo contrario, más
que conseguir lo que creo que persigue esta proposición no de ley, que es realzar el día 9 de mayo, abrimos un debate sobre si debe o no ser festivo, y también abrimos algunas incógnitas sobre qué fiesta puede sustituir. En todo caso, creemos que
no debe ampliarse el calendario festivo en el ámbito español.
Es evidente que también hay otra corrección, que es sustituir la Comisión Mixta de la Unión Europea por el Congreso de los Diputados, que ya ha sido recogida por parte del Grupo Socialista, y esta aportación en el sentido de hacer no
simplemente una fiesta de carácter institucional sino una fiesta con un fuerte componente de carácter participativo y de carácter cívico. Sea cual sea la fórmula final en la que se recoja esta aportación que he hecho in voce, evidentemente la
voluntad de este grupo parlamentario es sumarnos al consenso que se está creando en este trámite.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo en relación con esta iniciativa que nos parece oportuna y absolutamente necesaria; además, ha sido mejorada con las enmiendas
transaccionales que se han apuntado en los inicios del debate.
Nos parece oportuno que los ciudadanos del Estado español tengan la oportunidad de conocer la simbología de la Unión Europea, entre otras razones porque formamos parte de ella y porque puede ser un instrumento de aproximación, de
conocimiento, yo diría de posibilidad de entender el proceso constituyente que estamos viviendo. También nos parece adecuada la regulación en actos protocolarios y actos oficiales, hoy no regulado y por tanto sujeto a la improvisación, y también
nos parece una oportunidad de cara a la institucionalización de la Unión Europea la fijación de un día de la Unión.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria suscribe en todos sus términos, con el enriquecimiento de las enmiendas transaccionales, la proposición no de ley del Grupo Socialista y manifestamos nuestro apoyo con claridad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Está claro que somos Europa, nadie lo discute y, por tanto, es positivo que aprobemos la simbología, las referencias, la bandera, el himno, pero el problema de este debate -lo decía el señor Tardá, lo decía también el portavoz del Grupo
Popular- seguramente esta en el momento en que se da, y el momento en que se da nuestro grupo parlamentario cree que no es el más oportuno. No lo es precisamente porque estamos en el marco de una discusión electoral, de un referéndum, en torno a lo
que tiene que ser el Tratado de la Constitución europea y porque la Junta Electoral ha recomendado a las instituciones que no mezclemos debates y posicionamientos que puedan dar lugar a la confusión. Por tanto, este no es el momento más oportuno
para mantener un debate como este. Es más, creemos que en esta campaña de forma demasiado frecuente se mezcla el ser Europa, las bondades de la Unión Europea, lo que ha aportado la presencia del Estado español, de las diferentes comunidades
autónomas en Europea, con las bondades de la Constitución. Se lo digo desde una convicción profundamente europeísta, pero la verdad es que no creemos que este sea el momento. Pese a ello, nosotros estimamos que como somos Europa lo que tenemos que
hacer es normalizar los símbolos y por eso vamos a dar apoyo a la transacción a la que finalmente se llegue para tener la posibilidad de que el Congreso de los Diputados se pronuncie en torno a un tema de tal trascendencia.
En este contexto, a nuestro grupo parlamentario le gustaría que nos interrogásemos sobre cuáles deben ser
los símbolos de la Unión Europea. Nosotros entendemos que hoy los símbolos van más allá de la bandera y del himno, que lo que nos une no es un idioma, incluso les diría que no son elementos culturales que atraviesen Europa de forma
transversal. El común denominador entre un danés, un ciudadano de Madrid o una persona de Chipre no es una bandera, no es un himno, no es un idioma, no es una cultura, el elemento realmente aglutinador debería ser el modelo social europeo, debería
ser una política exterior que nos permitiese tener como Unión Europea un rol internacional activo, deberían ser instituciones que realmente obedeciesen al criterio clásico, antiguo pero vigente de la separación de poderes, entre Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es si lo que tenemos nos sirve. Nuestro grupo parlamentario entiende que lo que tenemos, lo que nos propone el Tratado no nos sirve del todo. Es una discusión que ya hemos tenido y
que no voy a reproducir. En este contexto, en el marco del debate sobre lo que puede ser o puede no ser el Tratado que conforma una Constitución para Europa, lo que puede hacer la bandera y lo que puede hacer el himno es precisamente tapar el
debate en torno a los contenidos, a los objetivos, a los déficit que tiene esta pretendida Constitución europea. Por todo ello, nuestro grupo va a votar favorablemente, pero entiende que precisamente el mejor día para celebrar Europa sería el 20 de
febrero, favoreciendo un debate público que no se está dando, favoreciendo un debate en torno a lo que supone el Tratado, que no se está dando, consiguiendo que haya discusión y que no haya propaganda; en definitiva, haciendo que en este país haya
un profundísimo debate sobre lo que tiene que ser el proceso de construcción de la Unión Europea. Tuvimos una experiencia en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, con un índice de participación bajísimo, seguramente el más bajo de la
historia reciente de España. El problema que tenemos en este país es la desafección real en torno al modelo de construcción europea, una desafección como si esto de Europa no fuese con nosotros. Pues bien, nuestro grupo comparte la oportunidad de
la bandera, del himno, pero entiende que hoy la desafección hacia lo que se decida en Bruselas, que afecta de forma muy cotidiana a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que conforman este Estado y las diferentes comunidades autónomas, no se
soluciona con un himno ni con una bandera, sino con más políticas sociales, con cohesión social para toda Europa, con instituciones más democráticas y con un rol exterior activo. Vamos a votar que sí, pero parece que esta proposición no de ley la
traemos hoy al Pleno para ver si de forma colateral y por la puerta de atrás introducimos fervor europeísta pero sin sustancia. Nosotros, fervor europeísta como el que más, pero a poder ser que sea con condimento y con sustancia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Brevísimamente, señor presidente. Estamos de acuerdo con el fondo de lo que se propone. Nos parece que los símbolos europeos forman parte de nuestro acervo cultural y adelante. Votaremos que sí.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor Estrella, entiendo que la transaccional ha sido negociada.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, si me lo permite, para información de la Cámara me gustaría resaltar los elementos que se incorporarían.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Además de la corrección de error que supone a quién se dirige y quién adopta la proposición no de ley, que, insisto, es una proposición no de ley, el punto 1 permanecería igual que está. El punto 2, recogiendo la
propuesta del Grupo Popular, diría: Regular, desde el máximo consenso posible, la utilización y tratamiento en los actos protocolarios y oficiales, tanto civiles como militares, de los símbolos.
El punto 3 incorporaría elementos que estaban en la
idea de Convergència i Unió y en parte también los de Esquerra Republicana, sobre los que haré ahora una salvedad, y diría: Fomentar la conmemoración del 9 de mayo, Día de Europa, mediante la celebración de los actos oficiales que sean convenientes
y de los actos ciudadanos, sociales y escolares oportunos, en colaboración con las comunidades autónomas -que, como es sabido, tienen competencias muy sustanciales en esta materia-, contemplando, en su caso, su inclusión entre las fiestas laborales
de ámbito nacional. El contemplar en su caso es la frase que constituye el punto de equilibrio entre quienes hubieran querido ir más allá y mandatar al Gobierno para que desde ya estableciese no una nueva fiesta en el calendario laboral, sino la
sustitución de esta por otra y quienes preferirían que no se alterase nada y que el Día de Europa fuera un día sin conmemoración formal festiva sino laboral, al estilo -se ponía este ejemplo- del día de San Jordi. Esto, junto con el punto 2 de la
proposición, es una invitación al Gobierno para que cualquier decisión en esta materia se haga buscando y generando el máximo consenso. Ese es el mensaje claro que transmite la proposición, en la que se refuerzan y se potencian los símbolos de
Europa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000255.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración de debates públicos sobre la Constitución europea.
Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presentó esta proposición de ley el pasado mes de enero con el objetivo esencial de implicar y responsabilizar a los medios públicos de comunicación
en la tarea de dar la mayor difusión y el mayor protagonismo posible al Tratado constitucional europeo. Hoy volvemos a debatir esta propuesta porque sigue vigente su utilidad, su justificación y la oportunidad de su propósito último. Teníamos
entonces la percepción de que España afrontaba una consulta popular de enorme trascendencia para su futuro con una insuficiente y tardía iniciativa oficial de movilización social, con una campaña institucional desganada y corregida por la Junta
Electoral y en medio de una apatía y desconocimiento ciudadano realmente preocupante. Todos los estudios demoscópicos y las encuestas de opinión reflejan, incluso a 11 días de la celebración del referéndum, un altísimo desinterés social ante la
Constitución europea.
En el Grupo Parlamentario Popular consideramos imprescindible que el contenido de la Constitución europea sea conocido por los ciudadanos. Es un derecho de los españoles, a quienes vamos a pedir opinión el próximo día 20 de
febrero y no una herramienta al servicio de la imagen del Gobierno.
El Gobierno ha mostrado mucha urgencia en convocar el referéndum para ser los primeros, a pesar de que las recomendaciones del Parlamento Europeo sugerían a los Estados miembros la semana que comprende del 5 al 8 de mayo como la elección más
adecuada para la celebración de las consultas sobre la Constitución y, sin embargo, y a pesar de esas prisas, se encuentra paralizado a la hora de convencer a los ciudadanos sobre su relevancia. Celebrar debates públicos, contrastar razonamientos,
acentuar contenidos y puntos de vista, explicar, animar y llamar a la reflexión a los ciudadanos desde las diferentes opciones políticas en los medios públicos de comunicación y hacerlo con las necesarias garantías de respeto al pluralismo y a la
objetividad sigue siendo algo imprescindible en este momento. Esta proposición no de ley formó parte de una solicitud de nuestro grupo parlamentario en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 25 de enero para que el Pleno de la Cámara
celebrara una sesión conjunta, incluyendo su discusión en el orden del día, junto a la declaración del Congreso de los Diputados sobre el Tratado, pero esta petición fue rechazada. En aquel momento el Grupo Socialista argumentó su oposición a la
misma apoyándose en el plan de cobertura informativa que Radiotelevisión tenía previsto realizar sobre el referéndum, en el que ya estaban incluidos los debates. Es precisamente ese plan de Radiotelevisión Española el que nos lleva a traer de nuevo
ahora esta proposición no de ley y a considerarla en toda su actualidad y eficacia.
No es cierto que nuestro grupo parlamentario improvise una opinión favorable a los debates electorales, como dijo el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente. Es una de las cantinelas que se repiten una y otra vez para
simularlas como ciertas pero que son radicalmente falsas. Nuestra historia democrática reciente está plagada de numerosos ejemplos de debates públicos celebrados con el concurso del Partido Popular y, también hay que decirlo, de desencuentros
políticos por los que tal posibilidad no se ha materializado. Lo que pedimos con esta propuesta es que se garantice que los medios públicos de comunicación pongan al servicio de este objetivo toda la voluntad y los medios precisos para alcanzarlo y
no falsear las intenciones de unos y otros. Más bien parece que los adalides de las exigencias de debates cuando estaban en la oposición han enfriado, y mucho, sus ardores y han cambiado considerablemente de postura. En octubre de 2003 el Grupo
Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en materia de campañas electorales y debates públicos.
Ahí se puede leer, entre otras cosas, y
cito textualmente: Los medios de comunicación de titularidad pública, en cumplimiento de su función de servicio público, destinarán espacios de tiempo en horario de mayor audiencia para la celebración de debates. La organización de estos debates
se ajustará a los principios de pluralismo y proporcionalidad en relación con las representaciones parlamentarias de las fuerzas políticas. La misma previsión se hace en dicha iniciativa para el ámbito autonómico, sin embargo, ¡oh casualidad!, la
realidad actual es bien distinta.
La Dirección General de Radiotelevisión ha elaborado, efectivamente, un plan de cobertura informativa enmendado en dos ocasiones por la Junta Electoral Central, que no se parece en nada a lo que el Grupo Socialista nos proponía no hace mucho
tiempo en esta materia cuando era leal oposición. En una primera idea la dirección de Radiotelevisión Española elimina del plan de cobertura informativa el criterio de proporcionalidad de las fuerzas políticas mediante el malabarismo dialéctico
-por cierto, afección muy arraigada en estos tiempos- de inspirar la información electoral en criterios periodísticos novedosos -claro que al hecho
de ser los últimos en audiencia se le llama ahora liderazgo compartido-, una burda treta con aspiración de sentar un precedente que les beneficiase en las próximas elecciones para hacer de su capa un sayo y evitarse el engorro de llevar a
cabo una atención informativa proporcional. La Junta Electoral tuvo que intervenir para que el principio de proporcionalidad fuera rehabilitado. Tras el primer patinazo es el Partido Socialista de Cataluña el que reclama la independencia del
Partido Socialista Obrero Español y una presencia separada de éste en la información electoral, recurso que la Junta Electoral Central estima pero que la Dirección General de Radiotelevisión Española, que tiene acreditada una baja consideración por
las estancias judiciales e institucionales, no tiene en cuenta. La Junta Electoral Central volvió a exigir a Radiotelevisión Española que contemplara un tratamiento diferenciado para el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero
Español, lo cual convierte al Partido Popular en la primera fuerza política a los efectos de iniciar los bloques informativos electorales de televisión y Radio Nacional de España y de cerrar la ronda de las entrevistas programadas en ambos medios.
Tampoco eso se cumple siempre por parte de la dirección de Radiotelevisión Española y, como ejemplo, he de decirles que desde el día 4, incluso en la mañana de hoy, en los espacios que corresponden a la publicidad de los partidos, sigue estando por
delante el Partido Socialista y no el Partido Popular como así dictaminó la Junta Electoral. Le ruego que contraste los datos porque incluso el jefe de los Servicios Informativos así lo ha asentido.
Si el principio de pluralismo y proporcionalidad ha sido flor de un día para el Partido Socialista como bien se viene demostrando en Radio Nacional de España, no es menos elocuente comprobar en qué ha devenido su otrora elevado interés por
los debates electorales públicos. De acuerdo con el plan de cobertura informativa de Radiotelevisión Española -recordemos que este documento fue la única razón esgrimida por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Diputación Permanente de 25
de enero para tachar a esta iniciativa de innecesaria- hay una previsión de debates, claro que sí, pero paupérrima, marginal y rotundamente insuficiente. (El señor Blanco López: Antes no había ninguno.) Ya tenemos la voz de uno de los adalides de
aquellos magníficos debates que se proponían cuando uno era fiel y leal opositor. En cualquier caso, hemos pasado de proponer debates públicamente emitidos en momentos de gran audiencia, como el vehículo idóneo para transmitir más y mejor
información, a proponer ahora un solo debate en La 2, el día 16 de febrero, e incluir una disposición abstracta para la celebración de otros debates en los centros territoriales y en Radio Nacional de España, eso sí -entre comillas- si las fuerzas
políticas lo solicitan.
Es evidente que se han desinflado algunos talantes en muy poco tiempo y, en todo caso, que la provisión de cobertura informativa de Radio Televisión Española sobre el referéndum del día 20 está sembrada de desconfianzas, es escasa, accesoria
y muy poco comprometida con el esfuerzo que los poderes públicos están obligados a hacer en la divulgación del contenido y del alcance de la Constitución europea.
Sabemos, desde luego, de la enorme dificultad que el Gobierno socialista tiene para
sentarse a debatir sobre la Constitución europea con sus socios políticos y parlamentarios que van a votar no en el referéndum.
Sabemos que desvelar esa gran incoherencia supone un alto riesgo de desgaste ante la opinión pública y, por supuesto,
una incomodidad ante los socios que se quiere evitar por todos los medios. Les conviene mucho más relegar los debates públicos a favor de los monólogos gubernamentales, contando para ello con la fiel alianza e inestimable colaboración de la
dirección general de Radio Televisión Española, pero, por el contrario, a la salud democrática de un país y al referéndum de la Constitución europea... (El señor Blanco López: Urdaci. La sentencia condenatoria. Es que no tienen vergüenza.) Yo
creo que sus palabras son absolutamente desmedidas y creo que está usted perdiendo todo en este momento. Insisto, por el contrario, a la salud democrática de un país y al referéndum de la Constitución europea, por descontado, les sienta mejor el
libre contraste de pareceres y de argumentos, la información plural, el conocimiento de la posición de cada fuerza política, el enfoque objetivo y no parcial de los medios públicos de comunicación y las buenas artes en la invitación a la
participación electoral de los ciudadanos.
Por todo ello, nuestra proposición de ley quiere poner remedio a la indigencia del Gobierno y Radio Televisión Española en materia de debates públicos. (El señor Blanco López: Hay debates todas las semanas.) Su aprobación esta tarde
llegaría todavía a tiempo de corregir el rumbo de una campaña electoral oficial descafeinada, que ni estimula el interés de los ciudadanos ni les brinda el derecho a acceder a la información más útil y plural a la hora de emitir su voto y que, por
el contrario, parece orientada a atacar única y exclusivamente al Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez Sanjuán: ¡Qué barbaridad, lo que hay que oír!-El señor Blanco López: No le aplauden ni los suyos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor Rodríguez tiene la palabra para la defensa de su enmienda.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La intención del Bloque Nacionalista Galego al presentar esta enmienda de adición es la de poder hacer algunas observaciones y matices que sitúen la razón de por qué compartimos el contenido de esta proposición
no de ley, aunque, sin duda, seguro que no compartiríamos las prácticas del Partido Popular si estuviesen en el poder en este exacto momento de realizar un referéndum sobre el Tratado constitucional; de hecho, el señor Aznar había anunciado
este mismo referéndum, sin duda para dar una batalla sin cuartel a los partidos nacionalistas.
Dicho esto, como en el Bloque Nacionalista Galego no tenemos por norma fijar nuestra posición según quién sea el autor de la iniciativa, sino por el contenido de las iniciativas, vamos a apoyarla. El referéndum que se acaba de convocar,
cuya propaganda fue iniciada por el Gobierno, está planteado como un plebiscito, ya que se trata de un referéndum que no tiene carácter prescriptivo y obligado, sino puramente consultivo. Sin duda, cuando un Gobierno hace esto es porque sabe que va
a ganar ese referéndum. En ese sentido, esto explica por qué razón prefiere las adhesiones a críticas, por qué razón prefiere jugar con los simbolismos y con la emoción, en vez de establecer un debate de ideas que provocaría, cuando menos, una
cierta convulsión en la opinión pública del Estado español. Es mejor mantener la ignorancia y resolver cuanto antes, rápidamente, la cuestión. Por lo tanto, tenemos una propaganda oficialista y, especialmente, con recurso a personalidades del
establishment cultural, lo cual indica hasta qué extremo se hace una manipulación con dinero público de lo que no dejan de ser, en todo caso, opiniones particulares interesadas.
La reducida presencia de los que defendemos el no al Tratado constitucional es indicativa de la falta de pluralismo real y de la falta de debate plural, un problema básico de la democracia en el Estado español, porque nunca se respetó ni se
respeta el pluralismo político como un valor constitucional. Nada más hay que ver los telediarios de televisión o los informativos de Radio Nacional y nunca se sabe, ni siquiera en los grandes debates en los que acontecen todas las semanas, el
martes, por ejemplo, o el jueves, lo que votaron o cuál fue la posición de todos los partidos políticos, excepto del Partido Popular y del PSOE, en menor medida de Izquierda Unida, como partido de ámbito estatal, y solamente de vez en cuando algunas
concesiones a Cataluña y en menor medida sobre todo a Euskadi. Realmente la proporcionalidad no puede conllevar la eliminación de las opciones políticas que además estamos representadas en el Congreso de los Diputados, que es la característica no
solamente de los informativos sino también de estos debates, como puede ser el referéndum. En concreto, en el único debate que va a haber en La 2 puede participar todo el mundo menos los partidos del Grupo Mixto, que son como una especie de
apestados constantes en la práctica del respeto al pluralismo político en la Cámara. A veces yo pienso si los grandes medios de comunicación públicos del Estado español tienen algo de racistas, porque no hacen una selección de las intervenciones o
de los derechos de los partidos políticos ni siquiera en nombre de los resultados electorales, cosa que ya se daba con el Partido Popular en el Gobierno de forma alarmante. Por tanto, esta es una práctica común, con matices, en todos los gobiernos
alternantes en el Estado español. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda que concreta que no son todas las fuerzas políticas democráticas que lo deseen, por lo menos las que estamos representadas en el Parlamento español, porque a esas se
nos obvia, no en el referéndum, en todos los debates fundamentales, no hay manera de enterarse. La opinión pública española puede pensar que el Bloque Nacionalista Galego no habla nunca. Si ustedes creen que esta es una imagen respetuosa con el
pluralismo, que venga Dios y lo vea. Por eso hemos hecho esa apostilla de no todas las fuerzas políticas democráticas que lo deseen, por lo menos las que estamos aquí sentadas, y nos podemos dar con un canto en los dientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Interviene en primer lugar Coalición Canaria, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, para fijar posición sobre esta proposición de ley. De acuerdo en el texto de la misma, menos de acuerdo en la presentación de la portavoz del Partido Popular, que casi nos quita de
la cabeza apoyarla con su argumentación, pero creo que el texto es positivo porque trata de profundizar en el déficit más importante que tiene en estos momentos el debate de la Constitución europea, y es el alejamiento absoluto de la opinión pública
de los contenidos del texto constitucional, y todo lo que vaya a favor de profundizar en el debate en el conocimiento de los electores, de su contenido y de las distintas posiciones políticas que hay en torno a él nos parece positivo.
Quiero aprovechar para hacer una referencia a ese referéndum del 20 de febrero. Es altamente probable, dadas las circunstancias que estamos viviendo, el escaso entusiasmo que están poniendo los partidos políticos en torno a este tema, las
dificultades objetivas de los propios partidos para difundir los contenidos y las posiciones sobre la Constitución, que el día 20 de febrero nos vayamos a llevar un serio disgusto todos con relación a los porcentajes de participación, y esto no será
un fracaso ni del Partido Socialista, ni del Gobierno español, sino en todo caso de la sociedad española, y creo que no es buena noticia que el 20 de febrero tengamos una participación escasísima de los ciudadanos españoles en una convocatoria como
esta.
Por todo ello me parece que el esfuerzo que hagamos los partidos políticos que estén en la posición del no, del sí o de la abstención, para que se conozca el texto constitucional para que la participación sea la
mayor posible será bueno para la imagen del Estado español en Europa y también para la imagen de las consultas populares. Hay pocas consultas a los ciudadanos sobre asuntos de relevancia, y por una vez que se consulta a la opinión sobre un
tema importante como este nos podemos encontrar con una escasísima participación. De ahí que el texto de la proposición no de ley sea razonable en el sentido de incentivar cualquier tipo de debate en torno a los contenidos de la Constitución en los
medios de comunicación pública, aunque insisto en que la presentación del texto por la portavoz del Partido Popular casi nos hace desistir de esta opinión inicial favorable al contenido estricto del texto.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Nosotros no nos engañamos con respecto a la capacidad que tiene el momento electoral o el momento previo a un referéndum para cambiar los parámetros de la participación democrática en la construcción europea. El déficit de participación
democrática en la Unión Europea es un déficit crónico, que no se produce en estos momentos concretos, sino que viene de largo y, por tanto, difícilmente lo vamos a solucionar con esta convocatoria o acertando en los debates públicos o en la
comunicación pública en esta convocatoria concreta. Nos da la impresión de que ese déficit democrático nos va a pasar factura en este referéndum en relación con el Tratado constitucional, igual que nos pasó factura en las últimas elecciones
europeas. Eso no quita para que nosotros no estemos preocupados con respecto a la información pública, con respecto al debate público que pueda estimular la participación electoral de los ciudadanos, pero una cosa es estimular la participación
electoral de los ciudadanos y otra bien distinta reconocer que existe una opinión pública europea. En nuestro país no hay opinión pública europea, y no hay más que ver en los medios de comunicación que cuando se habla de un debate europeo no se
establece el debate en torno a figuras o a posiciones políticas, sino en torno a Estados. Por tanto, no hay opinión pública europea, como no ha habido ciudadanía europea en la elaboración del Tratado constitucional.
No nos extrañemos entonces de
que los ciudadanos europeos no se sientan concernidos en esta convocatoria de referéndum y de nuevo vuelvan a mostrar una desafección con respecto al proyecto europeo, cosa que debería servir para que los procesos fueran distintos en el futuro. En
todo caso, estamos en lo que estamos, en una campaña ya en marcha y, por tanto, habrá que mejorar las condiciones de la campaña. Desde luego, nosotros no estamos satisfechos de esta campaña, que nos parece que es harto desigual, y nos llama la
atención que precisamente quieran debatir los que están de acuerdo. ¿Qué está pasando en esta campaña? Los que debaten en estos momentos y propugnan debates son aquellos que coinciden en el sí. ¿O no coinciden en el sí? Esa es la pregunta
fundamental. Como en estos momentos estamos, además de en campaña, en carnaval, probablemente esto sea producto de la simulación, simulación que lleva a que todos digan que tienen una posición concreta con respecto a la Constitución y no es así,
probablemente sea una simulación más del carnaval. En todo caso, nosotros queremos tener espacio para el no, queremos tener espacio para posiciones críticas, y ese es el problema de esta campaña desde el punto de vista de la campaña institucional y
desde el punto de vista de la campaña política. Desde el punto de vista de la campaña política no hay lugar para las posiciones críticas, que sé anatemizan o, de alguna manera, se apartan. Por tanto, nos parece muy bien que se propongan debates,
pero quiero aclarar a la portavoz del Grupo Popular que nosotros también hemos estado en las comisiones que se han creado y no ha oído esa misma posición al Grupo Popular en las comisiones, en las que se han debatido, por una parte, los medios para
la comunicación electoral y, por otra, la participación en la Radiotelevisión pública. Es verdad que ha habido una diferencia por parte de los grupos políticos con respecto a la propuesta inicial, y es que no estábamos de acuerdo conque el debate
fuera en La Segunda; queríamos que se le diera la máxima solemnidad y que fuera en La Primera. Esa ha sido la única diferencia, porque quiero recordar que la fuerza política que ha planteado más debates ha sido la nuestra; no ha habido otras
fuerzas políticas que hayan estado preocupadas por ese cúmulo de debates en los medios de comunicación, ni por los debates en la radio ni por los debates en la televisión pública. En todo caso, bienvenido sea que ahora se propugne más de un debate
en Radiotelevisión.
Querría hacer otra referencia con respecto al pluralismo. Es la primera vez que se aplica de manera dura, estricta y sin ninguna concesión el criterio de proporcionalidad para anular el pluralismo, porque ese ha sido el objetivo de alguna
de las reconvenciones del Partido Popular en la Junta Electoral. Nosotros nos sentimos claramente agredidos por esas iniciativas, que han hecho que un grupo parlamentario de esta Cámara no esté en ninguna comunidad autónoma por la cual no tenga
ningún diputado -ese es el resultado- y que, por ejemplo, nosotros no solamente seamos medidos en los espacios oficiales, sino en todo espacio político, con lo cual se quiere anular cualquier elemento de profesionalidad en el ámbito de los medios de
comunicación públicos. Queremos hacer referencia a estos aspectos, para mostrar nuestro desacuerdo en la campaña institucional.
Nos parece una campaña claramente orientada al sí, de la cual están muy contentos los partidos políticos que propugnan
el sí y absolutamente descontentos
los partidos políticos críticos; quiero ponerlo de manifiesto aquí.
Por otra parte, en relación con lo que podríamos denominar el reflejo de la pluralidad política, en este caso, y de la pluralidad de posiciones respecto a la Constitución o al Tratado constitucional europeo, tampoco estamos en absoluto
satisfechos. Vemos cómo, respecto de las resoluciones de la Junta Electoral Central, las instituciones se posesionan; cómo el presidente del Gobierno se posesiona desde la institución, en vez de jugar su papel como secretario general del partido;
cómo los partidos mayoritarios que dicen coincidir en el sí parece que no coinciden, porque quieren debatir entre ellos e intentan anular las posiciones críticas.
Creo que no es un buen camino para superar el déficit democrático que todos
reconocemos que late detrás de la escasa participación que se prevé en el próximo referéndum. Intentemos corregirlo en el tiempo que nos queda, pero, desde luego, no lo corrijamos para anular la voz de los que tienen posiciones críticas, sino para
favorecer el pluralismo en el debate europeo. Es decir para favorecer una democracia deliberativa también en el marco de la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, comienzo haciendo la declaración inevitable de que es imposible oponerse a lo que dice literalmente esta proposición de ley, imposible oponerse al texto literal. Otra cosa, mucho más
matizada, ocurre cuando se interpreta el texto literal en el contexto en el que se produce. Es imprescindible, en efecto, que en una democracia medianamente sana existan debates y contrastes de opinión plurales, que se expliciten y desarrollen a
través de los medios de comunicación y, cómo no, a través de los medios de comunicación públicos, y que esto ocurra de forma regular, e incluso intensa, con ocasión de un referéndum o sin ocasión. Eso sería siempre deseable, eso es una democracia
sana y firme. Imprescindible, pues, que existan también con el referéndum. Pero es tan imprescindible, como perfectamente prescindible resulta que esta proposición no de ley haya sido traída hoy aquí. Yo me pregunto, y me imagino que lo mismo se
preguntará la inmensa mayoría de la gente que haya tenido conocimiento de esta PNL, si hace falta que el Pleno del Congreso dedique una parte de su tiempo -si no tiene nada mejor que hacer- a aprobar una proposición no de ley que dice una obviedad
de este calibre: que Televisión Española y Radio Nacional de España celebren debates, mesas redondas o como quiera que se llamen, sobre el referéndum europeo. Me pregunto si no bastaba con que plantearan el tema en el Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española quienes están en él -que algunos no estamos-.
Mi grupo ve con perplejidad y desconfianza esta proposición no de ley, y le voy a explicar por qué. Todos somos conscientes de que el tema de los debates electorales constituye un elemento de campaña. En este país aparece como elemento de
debate en sí mismo, de una o de otra forma, en épocas electorales o preelectorales. Ocurre habitualmente de la forma siguiente: el grupo o los grupos de oposición retan e intentan plantear debates al Gobierno y al grupo que le apoya, y estos
remolonean o se niegan a secundarlos; eso es lo que viene ocurriendo en épocas electorales o preelectorales. El último de los ejemplos, todavía reciente, es lo que ocurrió con motivo de las elecciones generales que dieron lugar a esta VIII
Legislatura y a la distribución actual del Parlamento. El grupo de la oposición, el Partido Socialista, planteó unos debates, planteó una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y el grupo en ese momento del Gobierno se opuso; lo
habitual, lo que habitualmente, por desgracia, viene ocurriendo en este país. Y hoy estaríamos, al parecer, en la repetición de este hecho, pero solo al parecer porque hay diferencias importantes. La primera es que estamos ante un referéndum y no
ante unas elecciones, que son dos hechos notablemente distintos uno del otro; en segundo lugar, como una diferencia más de fondo, quien lo presenta, en este caso uno creía que no era de la oposición sino que coincidía en la oposición con el
Gobierno.
Luego quiere debatir pero en este caso no es como grupo de oposición frente a un Gobierno que plantearía hipotéticamente que no sino sencillamente por otras razones.
Resulta difícil de entender -insisto- que un grupo que en este caso se plantea respeto al referéndum como coincidente con el Gobierno al menos rompe la lógica con la que en otras ocasiones se ha presentado este debate en público. Dicen que
en política todo es posible; hay quien añade, pero menos. En cualquier caso, no todo es fácil de entender y requiere una cierta reflexión, al menos por dos razones. En primer lugar, no entendemos por qué esta iniciativa es necesaria, no lo
entendemos, para cumplir los supuestos objetivos que ustedes proponen; en segundo lugar, porque entiendo que todos y también el Partido Popular debieran hacer el esfuerzo de deslindar el tema objeto del referéndum europeo de los temas de política
interna, y el grupo proponente con esta proposición no de ley corre el riesgo de no hacerlo. Alguien podrá decir que esto es un puro juicio de intenciones. Nosotros creemos que no, que se debe más al escarmiento porque si así fuera no sería
lamentablemente la primera vez. En este mismo Parlamento no hace mucho pudimos todos observar que cuando a propuesta del Gobierno debatimos la conveniencia o no de convocar este referéndum, el principal grupo de la oposición, el Partido Popular,
quien hoy propone esta proposición no de ley, obvió prácticamente
el tema del referéndum y se dedicó a hablar de un tema que no voy a calificar yo de menos importante, el llamado, entre comillas, plan Ibarretxe, que fue de lo que de verdad habló. Es decir, cuando hubo ocasión de hablar del referéndum
hablamos de un tema de política interior y uno teme que volvamos a las andadas. Que el tema europeo es un tema desconocido es evidente, que requiere de explicaciones no es menos evidente, que deben contrastarse las opiniones que existan a favor y
en contra no lo es menos, y que entre el sí, al igual que entre el no, existen numerosos matices no hay lugar a dudas, pero no menos evidentes son para mi grupo otras cosas que observamos con preocupación estos días, sobre todo determinadas
corrientes de fondo que aun no situándose explícitamente en el no van difundiendo cada día más la desconfianza, el desinterés y el alejamiento respecto al nuevo texto europeo, en muchos casos, por cierto, al amparo o bajo el impulso de desconfianzas
y posicionamientos que se refieren a temas de política interior. Todos tenemos razones para matizar, todos tenemos razones para, en su caso, poder discrepar en mayores o menores detalles unos de otros, pero ello, al menos a este grupo, no le lleva
a perder la perspectiva clara de que ante lo que estamos de verdad es ante la necesidad de declarar que debemos hacer una apuesta política clara y firme por Europa como el único marco posible para salir adelante desde el respeto de la diversidad en
el mundo que nos espera y en el que estamos ya en el siglo XXI. Estos son los posicionamientos de mi grupo. Debatiremos cuando sea el caso, pero también -lo digo con claridad- procurando, por un lado, no debatir otros temas más de política
interior que de contenido europeo, y por otro lado, procurando no suscitar innecesariamente y para confusión de los ciudadanos debates de matiz entre los del sí. Nosotros, al menos, no lo haremos y creemos que no debe hacerse, entre otras cosas
porque todos deberíamos tener claro que estamos definiendo, aunque parcialmente, una decisión de nivel y alcance europeo donde el gran matiz sigue estando en toda Europa y también entre nosotros entre quienes apostamos de verdad por una Europa
única, fuerte, dinámica, sólida, capaz de tener voz propia internacionalmente y quienes simplemente prefieren seguir anclados en el pasado y siguen apostando abiertamente o de forma soterrada por la no Europa. Debates, cuantos hagan falta, pero
debates europeos, eso es lo que nosotros desearíamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Beloki.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos ante una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que reclama la celebración de debates plurales -repito, debates plurales- en Televisión Española y Radio Nacional en torno al referéndum de la Constitución
europea. ¡Qué tiempos aquellos en los que el Partido Popular tenía mayoría absoluta y hacía gala de una actitud clara de fomento del pluralismo político en Radiotelevisión Española! Es un decir, aún hoy en la hemeroteca se puede comprobar la
actitud del Partido Popular contraria a cualquier intento de que las minorías tuviesen presencia en los medios públicos. Cosas del destino, hoy el Partido Popular en la oposición nos presenta una propuesta para activar la celebración de debates
plurales en los entes públicos. En su exposición de motivos llegan al extremo de solicitar el pleno respeto a las minorías mediante el debate democrático, la información objetiva y plural y la libre expresión de opiniones. Ante tanto interés que
muestra el Partido Popular en el respeto a la diversidad y al pluralismo, nuestro grupo parlamentario se tiene que mostrar, como mínimo, escéptico, teniendo en cuenta además de dónde procede la propuesta. De todos modos, más vale tarde que nunca,
bienvenidos, pues, al mundo del respeto a las diferencias, a las minorías, y al respeto a los pensamientos divergentes.
La argumentación de la proposición no de ley más bien suena a preparar las excusas ante un posible fracaso de la participación y, sobre todo, del resultado contrario a la Constitución en algunos territorios del Estado.
Pero, por favor, no
nos carguen el problema a nosotros, a los grupos parlamentarios que siempre hemos defendido la participación y el pluralismo. Ustedes, en vez de fomentar una campaña de explicación del significado de esta Constitución, junto con otros partidos
partidarios del sí, se enzarzan en una campaña de intereses partidistas. Incluso el partido en el Gobierno, el Partido Socialista, hace caso omiso a la resolución de la Junta Electoral en referencia a la falta de neutralidad de la campaña
institucional y sigue intentando confundir a la opinión pública cuando en actos claros del Gobierno e institucionales se sigue pidiendo el sí. Tenemos una muestra en la prensa de hoy. (El señor diputado lee palabras en catalán.) Dice: Zapatero no
hace caso a la Junta Electoral y pide el sí en un acto del Gobierno. Sigue la información con que el señor Zapatero dijo en un acto con el presidente de la Comisión Europea, señor Barroso, en un marco de diálogo, tolerancia y buen talante como es
el marco universitario, que iba a apoyar sin fisuras la Constitución europea y pedir el voto afirmativo en el referéndum del próximo día 20. En definitiva, el Gobierno incumple los acuerdos de la Junta Electoral, el presidente del Gobierno incumple
la aprobación del Consejo de Ministros recogiendo el acuerdo de la Junta Electoral que aprobó el Ministerio de la Presidencia que preside la vicepresidenta; en esta orden ministerial se dice: (El señor diputado lee palabras en catalán.) Por parte
de los órganos de la Administración...
El señor PRESIDENTE: Señor Puig, usted hará intervenciones escuetas y precisas al principio de la intervención. Si por ese método pretende usted alterar otra vez los criterios establecidos por la Presidencia, le llamo por primera vez al
orden. Puede usted hacerlo al principio de la intervención de una manera escueta y precisa. Ya sabe usted los criterios que he señalado tanto en Mesa como en Junta de Portavoces. Le llamo, pues, por primera vez al orden.
Continúe.
El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, lo único que he hecho ha sido leer una cita de un periódico que está escrito en catalán.
El señor PRESIDENTE: Le llamo por segunda vez al orden y le advierto que, si le llamo una tercera vez, le retiraré la palabra.
Continúe, por favor, respetando lo que el presidente ha señalado esta mañana en Junta de Portavoces. Se lo ruego, por favor.
El señor PUIG CORDÓN: Ante tales hechos por parte del Gobierno, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana pide no solo debates plurales en Radiotelevisión Española sino que pedimos respeto y un trato igualitario en el tratamiento de la
información, no solo en los medios públicos de comunicación, en los que pedimos que en programas tipo 59 segundos se exprese la pluralidad, sino también en algunos de los privados, por algo son concesiones públicas que reciben además a veces
subvenciones públicas.
Podemos entender que en una campaña electoral entre partidos políticos se establezcan mecanismos de participación en función de su representación, pero cuando hablamos de referéndum -por cierto, aún siguen en vigor demasiadas limitaciones a
la realización de referendos-, un mecanismo que la democracia española ha utilizado, lamentablemente escasas veces, nos tendríamos que plantear otra manera de hacer más atractiva la participación de los ciudadanos. Esquerra Republicana es
partidaria de que los debates y, sobre todo, en el caso de referéndum no signifiquen desigualdades graves en el acceso a los medios por parte de las diferentes voluntades. No tiene ninguna lógica democrática que los partidarios del sí en el caso
que nos ocupa tengan la máxima presencia y, en cambio, los partidarios del no casi no aparezcan. ¿Por qué no participan en los debates entidades ciudadanas partidarias de alguna de las opciones? Estamos hablando de un referéndum, de un mecanismo
de participación ciudadana. ¿No sería más lógico que, si los debates han de ser plurales y de respeto a las minorías, los participantes del sí y del no tuviesen una presencia más igualitaria? ¿Por qué no han de participar representantes de las
propias instituciones civiles que se comprometen con la ciudadanía y con la propia sociedad? ¿Qué miedo hay a fomentar las libertades, a acercar la democracia a la propia sociedad? No se sorprendan luego si aumenta la abstención.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es partidario de fomentar los debates al máximo y de que sean plurales y con respeto a las minorías. En ese sentido, anunciamos la entrada en el registro de esta Cámara de una proposición no de
ley para garantizar en casos de referéndum la igualdad de las partes, la igualdad de representación en los debates de los partidarios del sí y de los partidarios del no, de la igualdad de las diferentes partes que participan. Por tanto, somos
partidarios de los debates, de fomentar el pluralismo con todas sus consecuencias. Pedimos a los diputados del Grupo Popular que cumplan hoy lo que solicitan en su proposición no de ley, pero que lo cumplan siempre y en todos los ámbitos: respeten
el pluralismo con todas sus consecuencias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar su posición. Como es lógico, votará a favor de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. El Grupo Popular presenta hoy ante esta Cámara, como
ya ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, una obviedad coyuntural ante un referéndum porque a fecha de hoy, en plena campaña, se han establecido ya los acuerdos de la misma para celebrar un debate en Radiotelevisión Española y en las
cadenas regionales de Radio Nacional de España. Requerir la pluralidad en estos momentos, requerir transparencia, requerir información y, en definitiva, requerir la formación de un criterio para los ciudadanos es algo obvio.
Lógicamente, todos los
grupos que estamos presentes en esta Cámara y que nos presentamos a unas elecciones tenemos diferentes opciones políticas e intentamos que nuestros pareceres, nuestras opiniones o nuestros criterios lleguen al ciudadano y más en un momento en el que
directamente con un plebiscito pedimos la opinión al pueblo, a los ciudadanos, a los votantes, que tienen que tener muy clara nuestra posición y conocer nuestra realidad. Entendemos que es absolutamente necesaria la participación de un servicio
público, como es Radiotelevisión Española, para formar parte de este criterio, por lo que es obvio que tiene que participar. Lógicamente, estos principios de transparencia, pluralidad e información tienen que respetarse. A partir de los
planteamientos realizados y de las conversaciones mantenidas nos encontramos en una situación en la que parece que se ha llegado a un acuerdo de base, pero nos preguntamos: ¿Las acciones
que emprendamos serán suficientes para conseguir esta transparencia, esta pluralidad y esta formación de criterio? ¿Informaremos suficientemente a los telespectadores, a los oyentes, en definitiva, a los ciudadanos? ¿Seremos capaces de
transmitir la capacidad para que se formen un criterio nuestros ciudadanos votantes? ¿Serán, como ya ha dicho otro portavoz, unos debates realmente europeos? ¿Hemos hecho debates europeos al plantear la necesidad de este referéndum en esta propia
Cámara en el mes de enero? Si parece ser que recientemente se han llevado a cabo muchas reuniones previas discretas, en las cuales se ha llegado a diferentes acuerdos, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo más práctico y evitar esta discusión en
plena campaña del referéndum?
Entendemos que esta es una situación absolutamente coyuntural y que las bases de pluralidad tienen que estar más claras a la hora de hacer las ofertas a la ciudadanía para que este servicio que tenemos que dar los políticos pueda llegar a
los ciudadanos. Esto hoy no se hace aquí, este tema no se resuelve y queda abierto para una nueva ocasión en la que tengamos que acudir a pedir la opinión del ciudadano. La pluralidad tendrá carta de naturaleza en las opciones políticas, pero no
en las bases de actuación de las campañas para referendos. Por ello también me ha parecido oportuno -este grupo lo recuerda- que al menos se haya demorado el informe de los técnicos sobre Televisión Española hasta después del día 20, para que no
distraigamos más la importancia del voto que tiene que emitirse dicho día en otros temas que no sean el referéndum de Europa. Tendremos que demostrar la importancia que este voto de Europa tiene para el futuro de todos los ciudadanos, este voto al
que ahora le toca ser en primera persona el objetivo de todos nuestros debates, el objetivo de defender un tratado informado y debatido, con información de todas las opciones que puede tomar el ciudadano. Si hacemos esto, posiblemente interesaremos
a la ciudadanía -no queda demasiado tiempo- para que el día 20 tenga las máximas opciones y ganas de votar posibles.
Los diferentes grupos intervinientes han manifestado aquí su posición, pero no corresponde en estos momentos hacer campaña ni por el sí ni por el no, aunque los posicionamientos de cada grupo están fijados, como el nuestro, en favor de esta
Constitución europea. El aprobado que obtendrá esta Cámara de nuestra gestión será la alta participación ciudadana en el referéndum. Nuestro suspenso puede darse por la abstención, porque la abstención para mí no es un sí crítico decepcionado, un
no que quiere decir que sí, un no que hace falta poner en una urna, en definitiva, un no decepcionado. Nosotros creemos que la abstención tiene demasiadas interpretaciones para arrimarla cada cual a su favor. El resultado del referéndum será
claramente el de las urnas, el de los votos, el de los síes y el de los noes. Nada más. Las abstenciones no pueden capitalizarse a favor de ninguna de las opciones. Por ello, aunque sea un derecho lícito, nosotros tenemos que solicitar que se
ejercite este derecho del voto. A estas alturas del debate que tenemos aquí, esto no correspondería. Es una nueva digresión a todo este proceso del referéndum. Se ha dicho que este referéndum era acelerado, que la fecha de la votación podía haber
sido posterior, pero es la que hay y se acordó en esta Cámara por unanimidad. Sobre esta cuestión todos los grupos tendríamos que asumir nuestra propia responsabilidad, porque en el mes de enero así lo aceptamos. Aunque sea como un mal menor o
como una aceptación compungida, aquí se acordó por unanimidad aplastante que el 20 de febrero sería el día del referéndum del Tratado europeo.
Reitero que nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley, aunque es una obviedad, como he dicho al principio, porque tiene que pasar lo más rápidamente posible y reafirmar esta voluntad de pluralidad, de sumar y de transmitir a
la ciudadanía la necesidad de la participación en la vida política, la necesidad de la participación en el futuro de nuestro proyecto europeo en el que no solo esta Cámara está involucrada, sino todo el país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Montesinos, sabía que hoy venía usted un poquito mal de salud porque me lo había adelantado y le deseo una pronta recuperación, pero desde luego lo que no sabía es que traía usted la fiebre tan alta, porque ha hecho una
intervención verdaderamente onírica para una proposición no de ley que le he anunciado que vamos a apoyar y en una cuestión, como es la Constitución europea, en la que también estamos de acuerdo. Me parece una intervención verdaderamente onírica.
Señorías, presten atención porque les voy a dar una buena noticia: el Partido Popular pide debates en Radiotelevisión Española; una noticia excelente. Les hablo en serio y les pido que se lo tomen en serio, porque en la intervención de
varios de los portavoces he oído un cierto escepticismo a esta propuesta del Partido Popular y creo que nos equivocamos. Precisamente tendríamos que tomar en positivo esta iniciativa para ver si de una vez convencemos al Partido Popular de las
virtudes del debate en un Estado democrático y a ver si de una vez llegan al club del debate, nunca más se tienen que ir de él y nunca más tenemos que recordarles esta cuestión. No olvidemos -quizás de ahí venga ese escepticismo de alguno de los
portavoces- que el Partido Popular siempre ha tenido una cierta alergia o animadversión a esto del debate. Le han tenido tanta alergia
que incluso quisieron impedir que esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional, pudiera debatir el plan Ibarretxe. Por tanto, bienvenidos al debate. Espero que no se vayan nunca más.
Permítame que le haga una serie de precisiones en relación con su intervención. Hablaba del plan de cobertura y de que no estaba de acuerdo con el orden en la programación de los espacios electorales gratuitos de esta mañana. Hable usted
con el señor Ballestero -no está aquí hoy-, que es compañero suyo de escaño y que acordó y firmó ese reparto de espacios gratuitos. Por tanto, ahora no entiendo que no le guste aquello que firmó. Habla usted también del plan de cobertura y comete
otro error, porque sigue pensando en el pasado; no pasan página. Hablaba de la programación del Partido Socialista. No; hay un cambio radical. Antes el plan de cobertura lo elaboraba el Partido Popular y ahora los planes de cobertura los
realiza Radiotelevisión Española que, como saben, es un ente independiente. (Rumores.) Lo saben bien porque ustedes con nosotros corrigieron el plan (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) e incluso introdujeron una entrevista en hora de prime time,
de máxima audiencia, de mutuo acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque los planes de cobertura los hace Radiotelevisión Española y no el partido en el Gobierno, como se hacía con anterioridad.
Entrando en el fondo de la proposición no de ley, les diré que no puedo estar más de acuerdo con la exposición de motivos. Es obvio, todo el mundo lo ha reseñado. Necesitamos dar a conocer al máximo los contenidos de la Constitución, y no
solo el Gobierno, sino las fuerzas políticas y las televisiones, especialmente las públicas, tienen una especial responsabilidad para hacer llegar estos contenidos a los ciudadanos, así como nuestras posiciones y nuestros argumentos en relación con
la misma.
Por cierto, en coherencia con la crítica que realiza el Partido Popular en relación con la falta de información sobre los contenidos de la Constitución, creo que podrían aprovechar un poquito mejor los tiempos de los que disponen no solo
en la Televisión Española, sino también en las televisiones autonómicas. No voy a entrar a opinar sobre lo que dicen esos cortes, pero permítame que le haga un comentario. Ya nos han llegado los comentarios de muchos redactores de televisiones
autonómicas y también de centros territoriales de Radiotelevisión porque se encuentran con un problema, y es que les sobra tiempo, porque el Partido Popular tiene mucho tiempo en esta campaña. Le voy a poner un ejemplo: saben ustedes que todas las
televisiones hacen un programa especial para el acto de apertura de campaña y en las provincias de León, Cádiz, Sevilla, Salamanca, Rioja, Jaén, Toledo, Alicante, Cuenca, Soria y Orense no hubo acto de inicio de campaña del Partido Popular. El
problema es verdaderamente dramático para esos programadores, que tienen que rellenar ese tiempo de que dispone el Partido Popular para informar sobre su posición en relación con la Constitución europea. (Rumores.-Un señor diputado: Es verdad.)
Permítame que además le diga que esta iniciativa que hoy discutimos aquí, a pesar de que la vamos a apoyar, es absurda porque el plan de cobertura de Radiotelevisión Española ahora sí incluye debates e incluye entrevistas, a diferencia de lo
que ha venido pasando en este país a lo largo de los últimos ocho años. Absurda porque pretende instar a la directora general del Ente Público de Radiotelevisión Española, precisamente aquella que ha programado los debates en televisión, a que haga
algo que ya ha hecho. De hecho, la nueva Radiotelevisión Española no solo ahora en periodo electoral, sino siempre tiene debates, y ustedes lo saben bien; tiene debates en La Primera y tiene debates en La 2. En programas como 59 segundos o como
Enfoque todas las fuerzas políticas están representadas y debaten. Por cierto, como les gustan tanto los debates, no estaría de más, señora Montesinos, que en Canal Nou, por ejemplo, y en otras más, pongan también debates. (Aplausos.) No estaría
mal.
Decía que es absurda porque pretende instar a la directora general de Radiotelevisión a hacer algo que ya ha hecho. De hecho, no solo en periodo electoral, como le decía, sino también habitualmente, Televisión Española ha rescatado el
debate. En definitiva, el debate ya es habitual y se lo debemos en parte precisamente a esa directora general a quienes ustedes interpelan. En fin, creo que esta proposición no de ley debería servir para reconocer que Televisión Española, por fin,
después de ocho años, programa debates en esta campaña, pero ya se sabe, con el Partido Popular siempre el mundo es al revés. Los que siempre impidieron y siguen impidiendo en las televisiones que haya debates piden a los que ofrecen debates en la
televisión que pongan debates. No se entiende nada. Por cierto que en esta ocasión, y al hilo de lo que decía la señora Montesinos, se programan los debates sin condiciones. Saben ustedes que el Partido Popular utilizaba siempre una fórmula para
huir del debate.
Decía que habrá debates siempre y cuando haya acuerdo de todas las fuerzas políticas, para imposibilitar que hubiera ese acuerdo y nunca hubiera debate. En esta ocasión los debates están programados sin condiciones a todas las
fuerzas parlamentarias.
A diferencia de lo que ha pasado en este país a lo largo de los últimos ocho años, ahora sí hay debates en la televisión pública, y esto es muy serio porque responde a un profundo convencimiento democrático. No se debe jugar con intereses
tácticos ni cortoplacistas porque los debates son un derecho de los ciudadanos; un derecho a poder comparar opciones, a contrastar opiniones; un derecho que ustedes les han hurtado a lo largo de mucho tiempo a los españoles. Lo hicieron incluso
en las elecciones generales. Y así le fue al señor Rajoy por no dar la cara.
Afortunadamente, los tiempos
han cambiado y yo espero que nunca más tengamos que lamentarnos por que nadie en el futuro impida que haya debates en la televisión pública.
Señores del PP, algunos no hemos cambiado, lo pedimos en el pasado y lo saludamos en el presente, y por eso, aunque sea extemporáneo, votaremos sí a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Vamos a admitir la enmienda del grupo proponente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Se incorpora? (Asentimiento.)
Gracias.
Vamos a votar.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, votamos la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre conocimiento y utilización de los símbolos de la Unión Europea. Se ha presentado
una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.)
Se vota, pues, esta proposición no de ley en los términos resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración de debates públicos sobre la Constitución europea, con la enmienda de adición que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA FARMACÉUTICA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000046.)
El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno. (Rumores.)
Les ruego diligencia a la hora de salir, porque el debate continúa. Es una falta de respeto, creo, al parlamentario que está en el uso de la palabra. Por favor, silencio.
Tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Me corresponde defender la moción que el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate y pide el voto afirmativo a toda la Cámara, en relación con la interpelación urgente que debatimos el pasado 22 de diciembre en este Pleno y que me
correspondió el honor de defender ante la ministra de Sanidad y Consumo. Debatíamos sobre una importante faceta de la política sanitaria que no es otra que la política farmacéutica, y hacíamos las propuestas que nuestro grupo entendía que eran, en
colaboración con las comunidades autónomas, factores imprescindibles y hoy necesarios para garantizar una asistencia farmacéutica de calidad para todos los españoles. Concretamente, esa tarde mencionaba que el Grupo Popular había planteado al
Ministerio de Sanidad y Consumo unas propuestas para un plan integral de política farmacéutica que vendrían a marcar cuatro líneas estratégicas básicas y que eran, a nuestro juicio, imprescindibles. En primer lugar, articular la participación de
las comunidades autónomas en la política farmacéutica y en particular en la gestión de la oferta. En segundo lugar, la creación de instrumentos de gestión integrada en el Sistema Nacional de Salud que permitieran, como es natural, algo tan
trascendente como la evaluación de sus resultados.
En tercer lugar, la disposición de un plan de calidad y seguridad en la prestación farmacéutica que garantice la equidad y la cohesión. Y en último lugar, la implementación de una estrategia de
investigación en farmacoterapia que dé respuesta a las necesidades que hoy tienen los ciudadanos españoles. La ministra de Sanidad y Consumo en su respuesta concluyó, y consta en el 'Diario de Sesiones', con una propuesta favorable a la
participación de los distintos grupos políticos y de las distintas comunidades autónomas a la hora de elaborar propuestas alternativas o que mejoraran el plan estratégico presentado por el Gobierno.
En relación con esta invitación de la ministra y como consecuencia del debate de la interpelación urgente y teniendo como antecedentes dos hechos nada baladíes en relación con este asunto, como es, en primer lugar, la aprobación por
unanimidad de la moción de farmacia en el año 2000, una propuesta de Coalición Canaria que venía a incidir en el uso racional del medicamento, que fue aprobada por todos los grupos políticos y trasladada
mediante pactos por el Gobierno del Partido Popular, y en segundo lugar, la aprobación por unanimidad de la Ley de Cohesión y Calidad, a la que se refiere en diversos aspectos en todo el capítulo II y en distintos artículos, en relación con
las características que debe tener una política farmacéutica. Con estos antecedentes, mi grupo ha presentado una propuesta de moción que incide en tres aspectos fundamentales: por un lado, en que es necesario acordar un plan estratégico entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y todas las comunidades autónomas que tienda a actuar sobre los cuatro aspectos más importantes del medicamento. En primer lugar, mejorar la calidad en la prestación farmacéutica incluyendo diversas medidas, y entre
ellas la creación del observatorio del medicamento. En segundo lugar, tomar cuantas medidas fueran necesarias para incrementar la seguridad y, por tanto, crear un plan de farmacovigilancia. En tercer lugar, fomentar los avances científicos en el
ámbito del medicamento, para lo que proponemos la aprobación y el desarrollo de un plan nacional de investigación. Y en cuarto lugar, algo que es trascendente en la realidad diaria de las comunidades autónomas que tienen que hacer frente al gasto
en farmacia, que no es otra cosa que hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas a la hora de tomar las decisiones en relación con la financiación de los medicamentos y la fijación de sus precios.
Por último, quiero destacar un punto de -a mi juicio- extraordinaria trascendencia en el momento actual, que no es otro que mantener el sistema de precios de referencia, que ha supuesto una extraordinaria aportación en el último año. El
incremento del gasto en medicamentos ha descendido al 7 por ciento en el último año y el porcentaje de incremento del gasto en recetas no supera el IPC, lo que demuestra la acción directa del modelo de precios de referencia en la bajada del precio
de la mayor parte de los medicamentos, en concreto de más de 2.000 medicamentos el año pasado. Es un modelo estable, previsible, moderno y estructural que viene, además de a potenciar los medicamentos genéricos, a dar un valor coste-eficacia
verdaderamente razonable en los medicamentos. Esta es una propuesta medida que pretende el consenso de todos los grupos; es un mínimo común denominador en el que todos nos podemos poner de acuerdo y espero el voto favorable de los distintos grupos
parlamentarios.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Convergència i Unió, al que agradezco el esfuerzo y el interés demostrado, que refleja algunos aspectos de nuestra moción (es una enmienda de sustitución cuando debería ser
de adición porque recoge la mayor parte de las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Popular) y añade aspectos en relación con el diálogo que tiene que haber -siguiendo, como es natural, la Ley de cohesión y calidad- entre el Gobierno y las
distintas comunidades autónomas y con el impulso de todo lo referente a los medicamentos genéricos. Quiero recordar a SS.SS. que para finales de 2008 estaba previsto que los genéricos alcanzasen una participación en el mercado del 20 por ciento y
que algunas comunidades, como la de Madrid, hoy ya han alcanzado ese porcentaje, de forma que de cada cinco medicamentos prescritos uno es genérico. Se pretende valorar y potenciar las actividades de investigación y desarrollo, que pueden ser
compatibles. Desde luego, así lo entiendo y así se lo he transmitido al portavoz del Grupo de Convergència i Unió, con quien estoy seguro de que a lo largo del debate de esta tarde llegaremos a un acuerdo.
Espero que esta moción, que -repito- es un mínimo común denominador y que contempla los aspectos básicos de la política del medicamento del Sistema Nacional de Salud en el momento actual, sea aprobada. Sólo me queda agradecerles una vez más
su atención y pedir el voto afirmativo para esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mingo.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para fijar posición ante esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular ante el Plan estratégico de política farmacéutica y también para
presentar una enmienda de sustitución en nombre de mi grupo. Esta es una magnífica oportunidad para plantear los modelos de cada uno de los grupos parlamentarios, motivo de la sustantivación de esta moción consecuencia de interpelación.
Como muy bien saben SS.SS., el pasado mes de noviembre vio la luz el Plan estratégico de política farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Por primera vez en España se ha hecho público un plan que intenta abordar de forma integral
el complicado engranaje de la política farmacéutica. El plan responde a un compromiso político, por lo que es digno de ser apreciado. Es un plan que quiere ser ambicioso al afectar a la práctica totalidad de los agentes del mundo del medicamento,
pero tal vez esa virtud puede ser un inconveniente al intentar abarcar ámbitos de competencia y actuación para los que, junto a la buena voluntad, resulta imprescindible el respaldo y la cooperación de terceras instancias. El plan tiene aciertos en
sus enunciados, aunque en algunos casos no se concretan adecuadamente en el texto. La mejor accesibilidad a la información autorizada de los medicamentos a través de la ficha técnica por parte de los profesionales es una necesidad
imperiosa en una sociedad que se llama a sí misma de la información, y es una medida que hay que aplaudir, como imprescindible es la utilización de nuevas tecnologías que aparece varias veces en el texto para la actualización de bases de
datos y las recetas electrónicas, entre otras.
Un acierto también es la asignación de fondos para la formación de profesionales por el propio Sistema Nacional de Salud en materia del buen conocimiento y uso de los medicamentos, siempre que se
respete el obligado debate científico con aportaciones cualificadas como las de los proveedores. No olvidemos que el Sistema Nacional de Salud es el empleador de los profesionales y el primer responsable de su formación.
Algunas medidas merecen una especial atención, y así han sido expresadas y reflejadas a través de esta enmienda de sustitución. En primer lugar hago referencia a la financiación selectiva. La discriminación en la financiación de los nuevos
medicamentos en función de su utilidad terapéutica es una medida llena de sentido común. Sin embargo, tan fácil es plasmar el concepto en un texto como complejo es su posterior desarrollo y ejecución de forma eficaz y justa. La dificultad es clara
si consideramos que esta financiación selectiva está en la Ley del Medicamento y en 15 años no se ha puesto en marcha. Ante la valentía de la medida no cabe más que desear que se lleve a cabo con acierto, lo que implica necesariamente diálogo y
reglas de juego claras.
Ustedes saben que mi grupo parlamentario plantea discrepancias con la posición del Gobierno respecto a la suspensión de los precios de referencia. La argumentación para la suspensión de los precios de referencia peca, a nuestro entender, de
ingenua o mal informada. En las reglas de juego del sistema de precios de referencia está escrito que a la fuerza ha de impactar de forma simétrica sobre aquellas compañías cuyos productos entren en precios de referencia. En mercados con libertad
de precios, el impacto se produce al caducar las patentes y entrar en juego los genéricos, genéricos muy poco presentes en nuestras perspectivas de futuro del sistema farmacológico español. Es algo que las compañías saben incluso antes de solicitar
la patente y que hasta el mismo mercado de capitales descuenta de antemano. En países con mercados menos competitivos y escasa tradición de genéricos, como es el nuestro, el efecto de la pérdida de patente o la exclusividad de la protección de
datos se fuerza con los precios de referencia. Pero esas son las reglas de juego conocidas y aceptadas, por lo que la suspensión temporal del sistema de precios de referencia y su sustitución por la bajada de precios generalizada es una mala señal
para los agentes. Las cargas deberían recaer de forma repartida entre todos ellos y no creo que así será. Cosa distinta es que el sistema anterior, tras la reforma del año 2003, era en puridad una poco deseable fórmula de sistema de precios
máximos y no un sistema de precios de referencia, pero había mantenido la dinámica de la bajada de precios y de consecución de ahorros establecidos por el sistema previo.
Señorías, esta enmienda de sustitución es la oportunidad de plantear el modelo de Convergència i Unió, que -para terminar, señor presidente- quiere poner el acento en dos aspectos muy concretos. Los portavoces conocen la literalidad del
conjunto de esta enmienda, pero desearía terminar mi intervención poniendo el acento en dos aspectos muy concretos. A fecha de hoy, después de unos cuantos meses de dinámica gubernamental y de dinámica parlamentaria, en el Estado español no existe
un clima positivo de diálogo y de buena relación entre las comunidades autónomas con competencias importantísimas en materia de sanidad y el Ministerio de Sanidad. Esta debe ser una responsabilidad compartida, pero me permito señalar desde una
formación política con vocación de gobierno -me permito decir que con cultura de gobierno aunque en estos momentos sin responsabilidades de gobierno- que esta es una responsabilidad de las dos partes, pero singularmente de las comunidades autónomas,
algunas de las cuales no exhiben la mutua fidelidad y corrección institucional debidas. Finalmente, para que todo este debate sobre el sistema de financiación de las políticas farmacéuticas tenga una buena salida y un buen desarrollo es básico
adecuarnos a los niveles, exigencias y estándares europeos en materia de medicamentos genéricos. Estamos muy lejos de conseguir en nuestras comunidades este objetivo, este horizonte razonable europeo de alrededor del 20 por ciento. Estos son los
dos aspectos concretos que se traen a debate a través de esta enmienda de sustitución.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para explicar las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego va a votar no a esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, no restamos legitimidad a la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular puesto que consideramos que es legítimo hacerla. Aun estando de acuerdo con algunos de los puntos que recoge esta moción, como diputada gallega no puedo sustraerme a la realidad de nuestro país en lo que respecta al gasto
farmacéutico, y no puedo olvidarme de que hace dos años llegamos a unas conclusiones en el Parlamento gallego, en una comisión específica para analizar el gasto farmacéutico en Galicia, que lo lógico es que se hicieran llegar al Gobierno central
para poder saber si está dispuesto o no a aceptar algunas de ellas ahora que se está elaborando el Plan de política farmacéutica con
las comunidades autónomas. Por tanto, la postura del Gobierno gallego del Partido Popular, que desde nuestro punto de vista no actuó con la necesaria responsabilidad al acudir a la comisión interterritorial para exponer las acciones que
desde Galicia se considera que deben ser afrontadas por el Gobierno central, hace que pensemos que no sea conveniente apoyar una moción oportunista, cuando además desde el punto de vista de la responsabilidad política y en el caso concreto de que se
gobierna una comunidad autónoma como la de Galicia no se participa de esos acuerdos en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Como no podía ser de otra manera, como anfitrión el conselleiro acudió al consejo interterritorial celebrado en Galicia,
en Santiago de Compostela, pero sin participar en el debate presentando las propuestas que yo acabo de mencionar. Por tanto, manifestamos nuestra postura como la oportunidad política de expresar en este Parlamento nuestra posición ante una
irresponsabilidad institucional, en un momento en que el Gobierno de Madrid no es amigo del Gobierno de Galicia, pero durante ocho años el Gobierno de Madrid fue amigo del Gobierno de Galicia y en ese tiempo no se supo defender ni conseguir del
Gobierno central muchas de las necesidades que tenemos en Galicia en materia sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, es difícil decir que no al contenido de esta moción porque los aspectos a los que se refiere están recogidos en el plan estratégico que ha presentado el ministerio, la propia
ministra, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para volver a insistir en algo que siempre digo cuando hablo de la sanidad pública española y es reconocer que tenemos un buen sistema sanitario, un sistema sanitario eficiente, y además una buena
prestación farmacéutica en el sistema sanitario público español que hace que prácticamente todos los medicamentos con probada eficacia científica estén al alcance de todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud de manera casi gratuita. Al ser
esta la única prestación que aporta el usuario en determinadas condiciones, afortunadamente más del 90 por ciento de la factura farmacéutica la paga el sistema y no los usuarios.
Pero esta prestación tiene algunos problemas, fundamentalmente el
abuso en el consumo de los medicamentos. Es una práctica desgraciadamente en crecimiento consumir medicamentos sin ningún tipo de prescripción facultativa, sin control profesional, lo que está generando problemas de salud. El otro gran problema de
la prestación farmacéutica en España es la evolución del gasto farmacéutico por encima de la evolución del gasto del sistema y, por tanto, tensionando la situación financiera del mismo como ningún otro parámetro del gasto sanitario. En relación con
estos aspectos, al abuso en el consumo de medicamentos y a la evolución del gasto, es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial para tratar de contener este parámetro del gasto sanitario en la estructura global del gasto de nuestro país.
En este sentido, algunas de las propuestas que se enuncian en esta moción, pero sobre todo en la propuesta que hace el Gobierno, que hace la ministra, me parece que apuntan un conjunto de contenidos que pudieran permitirnos por primera vez tener una
política farmacéutica en España que trate de corregir el abuso en el consumo de medicamentos y controlar la evolución del gasto de manera más racional y eficiente. Para conseguir que ese plan salga adelante es vital el consenso, y no bastará con
implicar a las comunidades autónomas y al Gobierno central, que es elemento imprescindible para avanzar en esta materia, sino que es necesario implicar a los usuarios, es determinante implicar a los profesionales, que son al final quienes toman las
decisiones de las prescripciones, y es necesario sin duda ninguna implicar a la industria y a las oficinas de farmacia. Nos parece que el plan que apunta el ministerio, el plan que apunta la ministra y que debatiremos en la Comisión el próximo
jueves tiene los contenidos suficientes, si se consigue el consenso necesario, para abordar una política farmacéutica que trate de corregir aquellos aspectos más ineficientes del Sistema Nacional de Salud. Sólo pongo un ejemplo para poner en
evidencia lo mal que lo hemos hecho en esta materia a lo largo de estos 25 años. Concretamente la política de envases, un tema elemental, casi organizativo, sigue siendo un problema que incide de forma relevante en el abuso y en la evolución del
gasto. Por primera vez veo un documento oficial del ministerio haciendo referencia a corregir la política de envases, de manera que hay un conjunto de procesos de salud totalmente estandarizados en que se conoce la posología y la duración y hay que
adaptar los formatos a las circunstancias, lo que todavía no hemos conseguido. Y me refiero a éste por ser el elemento más claro de la propuesta que hace el ministerio.
Acabo reiterando que de acuerdo con los contenidos del Partido Popular en relación con estos aspectos, yo creo que todos ellos recogidos en el plan estratégico que presenta el ministerio, más desarrollados en el plan estratégico, no hay
ningún inconveniente en apoyar esta moción, pero sobre todo hay que aprovechar esta oportunidad para generar el necesario consenso en torno a este aspecto del gasto sanitario, sin el cual es imposible avanzar. Que no sea la política farmacéutica un
arma arrojadiza entre los dos grandes partidos, sino que nos permita llegar a acuerdos sobre esas acciones que apunta el ministerio, sobre las 67 medidas que propone, algunas de ellas mejorables y modificables. Sin consenso y sin una política
concreta y clara en esta materia no corregiremos los déficit que el sistema farmacéutico
tiene en estos momentos, que son -insisto- fundamentalmente el abuso de consumo y el excesivo gasto en relación con el gasto sanitario total. Por tanto, votaremos a favor de la moción, pero pedimos al Partido Popular que sea consecuente,
que se apunte de verdad al consenso y haga un llamamiento a las comunidades autónomas donde gobierna para que participen en el consejo interterritorial, que es un espacio vital para el encuentro entre la Administración Central del Estado y las
comunidades autónomas en un asunto tan relevante como este.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve y empezaré por posicionar el voto de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, un voto que no va a ser favorable a la moción presentada por el Grupo Popular. El Grupo Popular presenta una
moción, por un lado, con un objetivo genérico que interpretamos como la retirada por parte del Gobierno del Plan estratégico de política farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud y, por otro lado, con un objetivo concreto, la suspensión del
modelo de precios de referencia. No toca ahora posicionarnos sobre el Plan estratégico de política farmacéutica del Gobierno socialista, posición que lógicamente nos reservamos para cuando se debata en esta Cámara dicho plan, pero sí nos hemos de
posicionar sobre la moción presentada por el Partido Popular. Como ya he dicho, nuestro voto no va a ser favorable por diferentes motivos, Básicamente entendemos que es una moción que no presenta ninguna novedad, más bien diría que la mayoría de
las propuestas que se contemplan en la misma estaban ya contempladas en una moción presentada por Coalición Canaria en diciembre de 2000 y aprobada por unanimidad tras incorporar enmiendas de la mayoría de los grupos, y lamentablemente el Grupo
Popular, entonces en el Gobierno, ha sido el responsable de su incumplimiento. En esa moción, como digo, aprobada por el Pleno del Congreso el 19 de diciembre de 2000, se instaba al Gobierno, entre otras cosas, a diseñar conjuntamente con las
comunidades autónomas un plan integral de medidas de control del gasto farmacéutico y el uso racional del medicamento, así como a encauzar conversaciones con los interlocutores de los servicios indicados. La realidad ha sido que el gasto
farmacéutico ha continuado aumentando año tras año muy por encima del incremento del IPC. Por este y otros motivos que ahora expresaré, y lamentándolo mucho, la moción del Grupo Parlamentario Popular es, en nuestra opinión, un brindis al sol.
La primera parte propone acordar un plan estratégico, que resulta que el Ministerio de Sanidad ya ha presentado, tanto a las comunidades autónomas como a los agentes sociales para que puedan hacer propuestas y alegaciones y sea un documento
con la máxima participación. Nuestro grupo va a vigilar, entre comillas, que esto sea así y poder, en caso de que no lo fuera, hacer nuestras aportaciones y objeciones al respecto. Este primer punto que hace referencia al plan estratégico y
algunas de las cuestiones concretas que solicita, como la creación de un observatorio del medicamento, quedaron asumidas en la sesión del consejo interterritorial. El segundo punto hace hincapié en el sistema de precios de referencia de los
medicamentos. Hay que recordar que este asunto, que ahora parece interesar de una manera tan especial, fue introducido en el trámite del Senado en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que por desgracia ha tenido una
repercusión desigual, y que la política de prestación farmacéutica establecida en los últimos años se ha demostrado incapaz de controlar el gasto farmacéutico. Por otro lado, ¿en qué momento estamos ahora? Desde el pasado 23 de noviembre de 2004
el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene presentado ante las comunidades autónomas y distintos agentes el Plan estratégico de política farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud al objeto de recoger, como ya se ha dicho, propuestas y
alegaciones. En este sentido, quiero recordar que la Generalitat de Catalunya encargó un estudio a un grupo de expertos que se entregó a la Consellería de Sanitat la semana pasada. Son propuestas que se harán llegar al ministerio, que sin duda
serán escuchadas y muchas de ellas posiblemente recogidas si se quiere modificar la situación del gasto farmacéutico. El 15 de diciembre se reunió el consejo interterritorial para debatir el plan elaborado por el ministerio y la propuesta de las
comunidades autónomas. En dicha sesión se acordó la incorporación de muchos de los aspectos propuestos, incluida la creación del citado observatorio del medicamento.
Por todo ello, entendemos que en este momento no toca esta moción. En todo caso, para nuestro grupo parlamentario la moción no presenta ninguna novedad. Lo que pretende, en cierto modo, es frenar un proceso que nosotros defendemos y
apoyamos, y que nos permitirá debatir el plan con suficiente amplitud y con voluntad política de resolver el problema con el máximo consenso. En todo caso, en ese debate cada grupo parlamentario podrá aportar las enmiendas que considere oportunas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dispongo de cinco minutos para valorar el contenido de la moción que, como todas, ha de ser conclusión de los términos del debate sobre una interpelación cuya presentación hay que agradecer al representante del Grupo Parlamentario
Popular, señor Mingo, que ha traído a esta Cámara un debate que a todos interesa sobre la política farmacéutica del Gobierno para esta legislatura. Dicho debate se dilucidó a tenor de lo que la señora ministra manifestó y con el compromiso de
cumplir lo que había manifestado en su primera comparecencia ante esta Cámara: la presentación de un plan estratégico de política farmacéutica antes de final de año -el debate se produjo el 22 de diciembre, hay que señalarlo-, con el fin de
garantizar que todos los ciudadanos obtengan del Sistema Nacional de Salud los medicamentos que necesitan y al coste preciso, y para promover un uso racional de los medicamentos. A la hora de resumir -permítanme, señorías, que lo haga de esta forma
quizá tan burda pero tan gráfica-, el debate se produjo en estos términos. El solicitante de la interpelación al Gobierno manifestaba que lo que proponía el Gobierno era, desde su perspectiva, peor que lo que ya había hecho, y el Gobierno contestó
en estos términos: Lo que yo hago o voy a hacer mejora notablemente lo que usted hizo.
Fruto de este debate se nos presenta hoy una moción urgente sobre la política farmacéutica que, a resultas de lo que consta y a la espera de lo que pueda resultar de lo que de la enmienda presentada por el Grupo Catalán se acepte como
transacción, en principio le merece a mi formación política un juicio negativo. Cuando se habla de acordar un plan estratégico de política farmacéutica con las comunidades autónomas, creemos que el plan estratégico ya está acordado, vigente y
aceptado en la Comisión de Farmacia, y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios ha ofrecido la inclusión en el mismo de aquellas sugerencias razonadas propuestas por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Para la
mejora de la calidad de la prestación farmacéutica se propone la creación del observatorio del medicamento. La propuesta nos parece correcta y razonable, pero la Dirección General de Farmacia se lo ofreció ya a las comunidades autónomas gobernadas
por el Partido Popular como tema a incluir en el plan estratégico. Se propone también el plan de farmacovigilancia para incrementar la seguridad. Esta petición no nos parece necesaria, puesto que ya existe el Sistema Español de Farmacovigilancia,
del cual forman parte las comunidades autónomas que tienen unidades propias de farmacovigilancia. No obstante, el plan estratégico ya propone dedicar recursos a esta mejora de una manera que más adelante veremos. Para fomentar los avances
científicos se propone el desarrollo del plan nacional de investigación. Desconocemos si existe uno como tal; que sepamos, no existe. El Ministerio de Sanidad y Consumo sostiene que el mismo se financiará y soportará con la aportación de los
laboratorios farmacéuticos, vía tasa contenida en la Ley de presupuestos, pero estas son sólo sus intenciones. Conocida es por esta Cámara la postura que mi formación política ha sostenido en relación con la creación de esta tasa, ampliamente la
manifestamos a la hora de posicionarnos en relación con el contenido de la Ley de Presupuestos y también hemos sostenido siempre que si tiene la naturaleza de tributo habría de ser concertado tanto con los territorios forales de la Comunidad
Autónoma vasca a la que yo pertenezco como también con la Comunidad Foral de Navarra. En las comunidades autónomas, hasta ahora, se ha tenido poco conocimiento de cómo se gastaba este dinero y en muchas ocasiones ni siquiera se ha tenido algún
acceso al mismo (fundamentalmente iba a la Carlos III); dicen que a partir de este año un porcentaje revertirá a las comunidades autónomas. Haremos un gesto de fe esperando ver cómo se traduce esta cuestión.
En cuarto lugar, se habla de la participación de las comunidades autónomas en decisiones de financiación y fijación de precios. El plan estratégico ya lo contempla y hasta la fecha la Dirección General de Farmacia ha trabajado con las
comunidades autónomas, eso sí, con las que acuden a la Comisión de Farmacia, aunque todavía no se ha concretado nada. He dicho, señorías, y lo vuelvo a repetir ahora, que nuestra postura en esta moción tiene mucho de fe, quizá también de esperanza,
pero, hoy por hoy, preferimos mantener la confianza en las bondades de lo que desde el ministerio se nos ha ofertado, conocido también, por emplear el término al uso, el talante que hasta ahora se viene manifestando.
Finalmente, se propone en la moción que presenta el Grupo Popular mantener el actual sistema de precios de referencia que ha sido ya modificado por el Real Decreto 2402/2004 y en la Comisión de Farmacia se está trabajando en el diseño de un
nuevo sistema de precios de referencia. Estimamos que hay que dar tiempo y colaborar en el citado diseño, de modo que se obtenga un modelo más eficiente y predecible para el sector farmacéutico en su conjunto.
Las matizaciones que hemos indicado respecto de los puntos que contiene la moción nos llevarán, como he manifestado antes, a oponernos a la misma siempre que no nos parezca satisfactorio el resultado que se alcance, puesto que la enmienda
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene algunos aspectos que nos satisfacen y habrá que estar a lo que resulte de la negociación que vaya a sostener sobre la misma o los términos en los que la misma pueda ser aceptada por el
grupo proponente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, sorprende que esta moción provenga de un grupo que ha estado gobernando durante ocho años y no ha sido capaz de llevar a cabo estas propuestas, aunque no nos debería sorprender porque ya deberíamos estar acostumbrados al cinismo
del Grupo Popular.
El Grupo Popular nos presenta una moción que tiene dos partes; una parte a), que nos parece muy bien, no tenemos nada que objetar, y una parte b), sobre la que sí deberíamos decir algunas cosas. El punto a) empieza con una bonita palabra,
la palabra acordar. Es interesante que cuando las mayorías pasan a la oposición descubran palabras en el diccionario.
Además, hablan de acordar con comunidades autónomas cuando la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial no se reunía
desde abril del año 2002, y ahora, cuando el ministerio ha comenzado a mantener relaciones con las comunidades autónomas, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han decidido boicotearla. El punto 4 es fantástico: hacer efectiva la
participación de las comunidades autónomas en las decisiones sobre financiación de nuevos medicamentos y en la fijación de sus precios. Lástima que cuando ustedes estaban gobernando no lo hicieran efectivo. Permítannos pensar que estas propuestas
del Partido Popular tienen un tanto de cinismo. Permítannos que seamos escépticos con las propuestas que nos hablan de acordar con las comunidades autónomas cuando provienen de este lado de la Cámara, y he de decir a los señores del Partido Popular
que en cuestiones de sanidad preferiría que no hicieran demagogia. Además, esta propuesta llega tarde. Llega tarde porque hay un plan estratégico de política farmacéutica encima de la mesa que en algunos puntos mejorará la política farmacéutica
que ustedes llevaron a cabo. Por ejemplo, aplaudimos la remodelación de la Agencia del Medicamento. Después de una época en que algunas empresas tenían la alfombra roja en el ministerio y otras empresas farmacéuticas recibían aquella respuesta de
vuelva usted mañana y a veces esperaban uno o dos años para registrar un medicamento y luego otro año para recibir precio, aplaudimos que finalmente haya transferencia en la Agencia Española del Medicamento. Además, en la propuesta número 18 del
plan estratégico se propone la creación de un comité técnico de información constituido por expertos de todas las comunidades autónomas y al Consejo rector se incorporarán las comunidades autónomas, todo ello en la línea que ustedes proponen.
Respecto al punto b), de los precios de referencia, Esquerra Republicana ya en la primera comparecencia de la ministra anunció que nos parecía una propuesta positiva y que debería mantenerse, siempre que se aplique con equidad, porque algo debe
pasar cuando el sistema de precios de referencia afectó a un grupo de empresas que casualmente son las empresas que fabrican, investigan y que están en Cataluña. Si alguna empresa -las que tienen alfombra roja, claro- recibe como novedoso algún
producto con un pequeño cambio de presentación y con ello se libran de los precios de referencia, esto quiere decir que no se ha aplicado con equidad. Entonces, da la casualidad de que estas grandes empresas que están en Cataluña fueron las más
perjudicadas y las multinacionales que se instalan al lado del ministerio, por aquello de la fluidez, no fueron perjudicadas.
Por otra parte, nos parece que es interesante que se haya suspendido -suspendido, porque no se ha anulado- el sistema de precios de referencia para que se reexamine y se analice el impacto que puede tener en algunas empresas farmacéuticas el
establecimiento de los precios de referencia, ya que la empresa farmacéutica es el sector que más invierte en I+D y recordamos al señor Zapatero que en su discurso de investidura dijo que una de las líneas de su Gobierno sería apoyar el I+D. En esta
línea, tenemos que decir al Partido Socialista que nos parece un error el último real decreto en el que se establece un descuento del 4,2 por ciento sobre todos los productos que llevan un año en el mercado. La empresa farmacéutica ya ha hecho,
como saben ustedes, una aportación, que se ha comentado, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado donde, gracias a nuestra enmienda, suavizamos en algo el impacto en las empresas que investigan y producen, no en las empresas que solo están
comercializando sus productos. Este nuevo impacto puede suponer en algunas empresas un 7 por ciento menos de incremento de beneficios. Algunos de ustedes pueden pensar que las empresas farmacéuticas tienen pingües beneficios, pero esto no pasa en
las empresas que hoy están luchando para mantenerse trabajando e investigando. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la presidencia.) Por tanto, este impacto va a repercutir en las inversiones de I+D. Creemos que debería revisarse.
Además, si se admite que un producto necesita diez años para amortizar su inversión en investigación, entonces no es coherente bajar el precio del producto al cabo de un año. Por otra parte, no creemos que sea eficaz para la disminución del gasto
farmacéutico. El número de recetas es un factor importante en el gasto farmacéutico en España. El precio de los medicamentos es el más bajo de Europa.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que vaya concluyendo, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Termino ya.
Esta medida podría llevar a exportaciones paralelas, a un desabastecimiento del mercado y hay que estudiar el impacto del reetiquetaje. Es un tema que ya debatiremos el jueves.
Para terminar, solo quiero decir que no podemos votar a favor de su proposición porque nos parece demagógica, porque no estamos de acuerdo con el segundo punto. Creemos que es positivo que se haya
suspendido la imposición de los precios de referencia, pero anunciamos al Grupo Socialista que tenemos algunas dudas, sobre todo respecto a este real decreto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás, muchas gracias.
Continuamos con el último turno, que es el del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Martel.
La señora MARTEL GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los socialistas votaremos en contra de la moción presentada por el Grupo Popular, porque no ha hecho honor a la verdad en la presentación de la interpelación urgente que ha dado origen a esta moción. Al afirmar que hasta el
momento actual no hay ningún documento serio y fiable para su debate y estudio en los foros de representación de los ciudadanos, el Grupo Popular no ha hecho honor a la verdad, sino más bien a su bien ganada reputación.
El Gobierno socialista fue consciente desde que asumió sus responsabilidades de la importancia de la sostenibilidad del sistema farmacéutico. Por ello, en fecha tan temprana en esta legislatura como el 16 de junio de 2004 en Bilbao y ante
el Consejo Interterritorial se avanzaron las líneas maestras del Plan estratégico de política farmacéutica. Bien es cierto que el Partido Popular no se enteró, porque para ese momento sus consejeros, los consejeros de las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular, ya habían abandonado la reunión.
La Ley del Medicamento establecía la necesidad de asegurar una prestación de medicamentos por el Sistema Nacional de Salud a precios razonables y con un gasto público ajustado. Pues bien, puede afirmarse que este mandato de la ley no se ha
cumplido durante los ocho años de Gobierno del PP, provocando un incremento interanual del gasto farmacéutico muy por encima de la media europea. La política que practicó el PP no fue una política integral, fue una política sin orientación
estratégica y con grandes improvisaciones, como improvisada fue la que tanto parece interesarles: la política de precios de referencia. El sistema de precios de referencia ha tenido una repercusión completamente asimétrica en las compañías
farmacéuticas produciendo un fuerte impacto en un número limitado de empresas, casualmente nacionales y de genéricos, y prácticamente ninguno en las multinacionales. Muestra de esta improvisación ha sido la exclusión de formas farmacéuticas del
sistema de precios de referencia, calificándolas con poco rigor científico como formas farmacéuticas innovadoras. Aún desconocemos las razones que permitieron que 146 formas farmacéuticas fueran excluidas del sistema de precios de referencia y que
han supuesto al sistema en el año 2004 más de 102 millones de euros. Otro gran fracaso de su política farmacéutica han sido los medicamentos genéricos, y consecuencia de ello es que el mercado de genéricos se sitúa tan solo en torno al 6 por ciento
del total del gasto.
Señorías, la política farmacéutica del Partido Popular ha sido un estrepitoso fracaso. Ha fracasado en la calidad de la prestación, en la promoción del uso racional de los medicamentos, en la formación e información de los profesionales, en
la tramitación de nuevos medicamentos, así como en la articulación de acciones coordinadas con las comunidades autónomas y, cómo no, en lo que era el objetivo principal de su política: la contención del gasto.
El Gobierno socialista ha querido cambiar esta política farmacéutica al considerar que no se corresponde con el mandato de la Ley del Medicamento. No planteamos la supresión de los precios de referencia, por el contrario, queremos rediseñar
esa política, sin improvisación, para que sea objetiva, gradual, predecible y estable, fruto de la reflexión y del debate con los agentes implicados. Para ello se ha pedido la colaboración de las comunidades autónomas, incluidas las del PP. El
plan estratégico fue presentado por la ministra de Sanidad a las comunidades autónomas y a los distintos agentes sociales, con el fin de recoger las alegaciones que más tarde se debatirían en el seno del Consejo Interterritorial. En él se
contemplan el impulso a la extensión de los genéricos, la revisión de los precios de referencia, una financiación selectiva de medicamentos, el refuerzo de la Agencia Española de Medicamentos, así como una nueva relación con la industria
farmacéutica, con las farmacias y con la distribución. Se contempla también la creación de un comité de evaluación de la utilidad terapéutica de nuevos medicamentos, así como la creación en el seno de la agencia de un comité técnico de información
constituido por expertos de todas las comunidades autónomas. Son todos aspectos orientados a garantizar la sostenibilidad del sistema sobre esquemas más adecuados, más estables y más transparentes, con unos niveles de participación institucionales
inéditos en la historia del Sistema Nacional de Salud.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe ir concluyendo, señora Martel, por favor.
La señora MARTEL GÓMEZ: Voy terminando, señoría. Gracias.
De igual forma, no aceptaremos la enmienda de sustitución presentada por CiU porque no incorpora ninguna mejora relevante a la política farmacéutica que ya ha iniciado el Gobierno socialista en su plan, un plan que expuso el Gobierno al
Consejo Interterritorial el pasado 15 de diciembre, curiosamente una semana antes de que el Grupo Popular presentara la interpelación urgente en relación con la política farmacéutica. Señores del PP, llegan tarde con sus propuestas y no
una semana, sino exactamente dos legislaturas, que ya es llegar tarde. Y además llegan haciendo honor a su talante, es decir, sin decir la verdad, sin atender ni oír y boicoteando los órganos de participación en los que pueden y deben
debatirse las medidas que mejoren el sistema en beneficio de todos. Por tanto, rechazamos la moción presentada por el Grupo Popular al estar ya sobre la mesa un plan estratégico que no solo contempla los aspectos de participación y financiación,
sino que también los mejora cualitativa y cuantitativamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Martel.
Señor Mingo, para la aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Agradezco el voto afirmativo de Coalición Canaria y manifiesto a la Cámara que vamos a presentar una enmienda transaccional a la enmienda presentada por Convergència i Unió, la cual haré llegar inmediatamente a la Mesa.
Pido a todos los
grupos políticos que no pongan obstáculo alguno a la hora de tramitar la votación de esta propuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mingo. La Mesa esperará la transaccional para poder repartirla al resto de portavoces.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE PLANES DEL GOBIERNO PARA ACTUALIZAR LA VIGENTE LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, ESPECIALMENTE EN LAS CUESTIONES REFERIDAS A LOS PROCEDIMIENTOS, TODAVÍA VIGENTES, QUE DAN LUGAR AL TRASLADO
DE POBLACIONES. (Número de expediente 173/000047.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente, que lo es del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre los planes del Gobierno para actualizar la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado de poblaciones.
Tiene para su defensa la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el derecho a elegir libremente la residencia es un derecho que el artículo 19 de la Constitución reconoce a todos los españoles. Dicho precepto establece lo siguiente: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su
residencia y a circular por el territorio nacional. El Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad de residencia implica la libertad de habitar en un determinado lugar o, dicho de otro modo, el derecho subjetivo y personal a determinar
libremente el lugar o lugares donde se desea residir transitoria o permanentemente. No obstante lo anterior, debe señalarse que en nuestro ordenamiento jurídico siguen existiendo normas de carácter preconstitucional que ignoran de forma absoluta la
libertad de residencia de los españoles. En concreto, la vigente Ley de Expropiación Forzosa, que data de 1954, contempla un procedimiento especial para expropiaciones que den lugar a traslado de poblaciones, artículo 86 a 96, procedimiento que en
sí mismo constituye una intervención pública para modificar de forma coactiva y forzosa el lugar de residencia de los afectados por una expropiación. Las expropiaciones por grandes obras, como los embalses, que conllevan inundaciones de núcleos
habitados, son el ejemplo más claro de sacrificio de un derecho fundamental de los ciudadanos a favor de intereses carentes de relevancia constitucional, como puede ser el denominado derecho a regar o la transformación de terrenos en regadíos. De
acuerdo con lo señalado, debe concluirse que nuestra Constitución, al establecer el régimen de derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos, ha venido a imponer unas limitaciones a la acción de los poderes públicos que obliga a cuestionar
facultades de intervención todavía contenidas en la normativa preconstitucional, normas concebidas en un sistema político donde los ciudadanos eran considerados como meros administrados o particulares. Debemos acabar con la imagen del ciudadano
desarraigado, arrancado de su lugar contra su voluntad en nombre de un supuesto interés general y afirmar que la plena realización de los derechos fundamentales es un límite infranqueable para todo proyecto u obra pública. De manera que el
desarrollo no será sostenible o socialmente admisible si para su realización ha de sacrificar y anular derechos fundamentales de una parte de la ciudadanía, porque esa anulación contraviene el fundamento de nuestro orden político y de nuestra paz
social.
Por todos estos motivos hemos presentado la siguiente moción para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a: Primero. Remitir al Congreso de los Diputados, en el menor plazo de tiempo posible, un proyecto de ley por el que se
proceda a adaptar la legislación de expropiación forzosa al conjunto de exigencias y limitaciones que impone el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas del conjunto de los ciudadanos, a la nueva realidad de distribución
autonómica de las competencias y a las exigencias medioambientales más avanzadas. Segundo. Impulsar las actuaciones necesarias para realizar un estudio cuyo fin último sea promover un programa, coordinado con las comunidades autónomas, destinado a
revisar y, en su caso, reparar: 2.1.
Todos aquellos casos que, tras la aplicación de las medidas previstas en la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, están soportando en determinadas situaciones la paralización administrativa de las peticiones al Estado realizadas por parte de particulares y por otras administraciones públicas que pretenden conseguir la reversión
de bienes y propiedades de los afectados, en su momento, por la construcción de pantanos. Y 2.2. Todas aquellas situaciones que han soportado el incumplimiento por parte del Estado de unas mínimas condiciones de restitución territorial de las
zonas que están afectadas por la servidumbre de la ubicación de los embalses.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor Labordeta.
Repartiremos a todos los portavoces de los grupos parlamentarios la transaccional que usted ha presentado.
Continuamos con la defensa de las enmiendas de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y de Convergència i Unió.
Tiene en primer lugar la palabra el señor López-Medel, para la defensa de su enmienda.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular celebró la iniciativa del señor Labordeta presentando esta moción en la que solicitaba del Gobierno que remitiese a esta Cámara una ley de
expropiación forzosa. Celebrábamos la iniciativa por varias razones. En primer lugar, por coherencia con nuestra propia trayectoria. Quiero recordar que en los últimos años, en los años de Gobierno del Partido Popular, se llevó a cabo una
importantísima labor de modernización de la legislación administrativa que existía en nuestro país. Quiero recordar que cuando el Partido Popular accede al Gobierno en el año 1996 estaban pendientes un buen número de leyes importantes elaboradas en
los años cincuenta y que eran claramente incompatibles con el sistema constitucional, con el sistema del Estado de derecho y con el régimen de garantías propias de un sistema democrático. Estas normas, como digo, tal vez fueron avanzadas para su
tiempo, pero lo cierto es que nosotros no estamos cómodos con ellas. El Gobierno que nos precedió en la responsabilidad de dirigir los designios de esta nación mantuvo la vigencia de esta normativa durante mucho tiempo. Sin embargo, como le digo,
nosotros no estábamos cómodos y procedimos a cambiar dichas normas.
Quiero recordar que cuando nosotros llegamos a ejercer la responsabilidad de gobierno estaba vigente una Ley de lo Contencioso-Administrativo del año 1957 que regulaba el control
de las administraciones públicas, procedimos a sustituirla por otra nueva y procedimos a derogar totalmente lo que quedaba de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen Jurídico y también fue objeto de modificación la Ley de la
Administración del Estado de los años cincuenta. Otra razón por la que celebramos la iniciativa del señor Labordeta era porque el Gobierno del Partido Popular, aunque no llegó a aprobarla, sí dejo totalmente elaborado un anteproyecto de ley de
expropiación forzosa. Evidentemente un texto no se elabora en tres días. En ese sentido quiero destacar que durante más de tres años, con amplia participación de representantes de varios ministerios y con amplia participación del sector académico,
se elaboró un anteproyecto de ley de expropiación forzosa que sustituía a la anterior del año 1954. Este es un trabajo, como digo, que refrendaba precisamente la coherencia que nosotros estábamos manteniendo al celebrar la iniciativa del señor
Labordeta. Otra razón por la cual también celebrábamos y aplaudíamos esa iniciativa es porque ya en abril del año pasado presentamos una proposición no de ley, que no ha sido objeto todavía de inclusión en el orden del día de la sesión plenaria, en
la cual solicitábamos básicamente lo mismo que el señor Labordeta en su primer punto. Esto es, que el Gobierno remitiese a esta Cámara un proyecto de ley de expropiación forzosa.
Estas son las razones por las cuales habíamos presentado una enmienda. En ella reforzábamos lo que se solicitaba en el punto primero, es decir, la remisión de la ley ya elaborada, con las mejoras que se tengan a bien, y la modificación en
el punto segundo con una mejora que entendíamos contribuía a facilitar el acuerdo entre los grupos. Sin embargo, señorías, por la enmienda transaccional con la que el señor Labordeta ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, parece que
esto no será viable. En ese sentido, anuncio la abstención de mi grupo parlamentario.
A nosotros lo que nos hubiera gustado, señor Labordeta, es haber aprobado su iniciativa parlamentaria directamente, que coincidía básicamente con lo que nosotros planteábamos en nuestro punto primero; esto es, que el Gobierno remitiese a
esta Cámara un proyecto de ley que, insisto, ya está elaborado y que se puede mejorar. Sin embargo, crear una comisión interministerial, crear un grupo de estudio supone, todos lo sabemos, señorías, diluir, enterrar y, en definitiva, no buscar
solución. Creo que fue muy explícito el otro día el señor ministro cuando en la interpelación manifestó que no era prioritario para el Gobierno remitir una nueva ley de expropiación forzosa. Nosotros creemos que sí que es necesario, no solo en la
materia que usted trata a propósito de la reversión, que ya fue objeto de modificación en la Ley de Calidad de la Edificación. Sin embargo, entendíamos que era necesario remitir un texto, con lo cual nos hubiera gustado mantener el voto favorable a
su iniciativa o, en su caso, con las enmiendas que nosotros habíamos presentado, que iban en la misma línea, pero ahora con el acuerdo a que ha llegado con el Grupo Socialista entendemos que queda totalmente descafeinado. No podemos votar de modo
negativo, pero tampoco nos pueden pedir que aplaudamos
que quede enterrado, que quede diluido un texto y un trabajo que ya se había hecho por el mundo académico, por los técnicos, de una manera muy positiva.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor López-Medel.
Continuamos con la señora Malaret, en defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera en primer lugar aplaudir la celebración de este debate en torno a un instituto clásico del derecho público, porque creo que revisar las instituciones a la luz de problemas concretos es siempre positivo, ya que siempre que se ven
nuevas cuestiones se suscitan nuevas miradas. En segundo lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que nos ha brindado el representante del Grupo Mixto, señor Labordeta, para ver ahora algunos de los problemas suscitados por la política de
embalses de los años sesenta y setenta.
Dicho esto, me gustaría señalar también algunas consideraciones de carácter general. La expropiación forzosa es una institución típica del derecho administrativo, del derecho público, heredero de la Revolución francesa. En efecto, la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano alumbra, junto al derecho de propiedad que lo consagra, la expropiación forzosa, y desde aquel momento reviste el carácter garantista que todos conocemos. La Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano encuentra en la expropiación forzosa el equilibrio necesario en la garantía de un derecho individual y desde entonces la expropiación será precisamente un instituto garantista. Una expropiación que, como el tiempo, irá ampliando su
ámbito de intervención; es decir, la Administración lo utilizará en campos nuevos. Al inicio era solo en carreteras y ferrocarril; posteriormente se irá ampliando al campo de la ordenación del territorio y ahora también, a veces, al medio
ambiente, y paralelamente las garantías irán aumentando. Este refuerzo de las garantías, el refuerzo y la intensidad cada vez mayor del control jurisdiccional, de las garantías procedimentales, del papel del legislador, es el que nos explica que
una ley que se alumbra en el año 1954 haya pervivido en la actualidad sin problemas. Ha pervivido en un entorno radicalmente nuevo, en un contexto en el que la primacía es de los derechos fundamentales, en un entorno de Estado autonómico y en un
contexto en el que el principio de sostenibilidad aparece como un referente fundamental en las obras públicas, pero estos cambios no han cuestionado la Ley de Expropiación Forzosa. ¿Por qué? Porque la ley es un marco general, es un procedimiento
general; en cambio, los desarrollos concretos, las singularidades, las especificidades, las encontramos en la legislación sectorial. Este ha sido el ámbito en el que se han desarrollado las competencias autonómicas. Incluso no podemos olvidar
cómo las comunidades autónomas han legislado en materia de jurados de expropiación. Esto se ha hecho sin un cuestionamiento general de la ley, sin que se expliciten problemas graves en torno a la Ley de Expropiación Forzosa. Por eso, cuando el
representante del Grupo Mixto, señor Labordeta, nos ha traído una problemática singular, una problemática específica, una problemática derivada de la dinámica suscitada por la política de embalses, implementada durante el franquismo, el Grupo
Parlamentario Socialista, en sintonía con las preocupaciones que están detrás, precisamente la moción presentada por el diputado Labordeta, ha planteado que pretende clarificar, precisar e introducir mayor rigor técnico en la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. Por eso anuncio que presentamos una enmienda de carácter transaccional (la hemos distribuido) que a la luz de los problemas, tal como se nos han ido explicando, pretende dar satisfacción a las demandas planteadas en la
moción del diputado Labordeta. Con esta enmienda transaccional pretendemos examinar, a través de un estudio sosegado, la problemática que ha sido presentada en esta Cámara por el diputado Labordeta. Queremos ver qué ha ocurrido con los embalses
que se han señalado, con las expropiaciones que se realizaron en aquellos años y ver en el entorno actual de protección del medio ambiente y de una ordenación del territorio no agresiva con los ciudadanos del lugar, y sobre todo no agresiva con el
entorno físico y ambiental, cuáles son las políticas que debe desarrollar la Administración en este contexto singular y concreto como es el de las zonas donde se pretendieron realizar embalses que no se realizaron en un momento dado, pero donde
colean problemas.
Por este conjunto de consideraciones de carácter general y con las propuestas concretas que realizamos pido el voto favorable de la Cámara para la enmienda que formulamos por escrito y para la enmienda que hemos acordado con el señor
Labordeta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Malaret.
Continuamos con el señor Jané para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, señor Labordeta, hoy debatimos una moción que inicialmente es importante (remarco, inicialmente) en el texto presentado por el señor Labordeta. Quiere promover un cambio legislativo en
materia de expropiación forzosa, y el señor Labordeta quiere hacerlo por varios motivos. Uno de ellos es para adaptar una legislación al pleno desarrollo de los derechos fundamentales.
Tenemos ya una Constitución con un título I, con un reconocimiento de derechos, y le queremos dar plena efectividad en situaciones concretas (segundo punto) que han pasado en la Comunidad de Aragón con determinados pantanos y que el señor
Labordeta legítimamente quiere introducir en esta moción. Un tercer aspecto es la necesidad de tener en cuenta la nueva distribución competencial que hay en este ámbito. Esta es una propuesta que merecería sin ninguna duda el voto favorable de
Convergència i Unió.
Nosotros nos atrevíamos hoy aquí a enriquecerla a través de una adición concreta para un supuesto que no es la expropiación sino cuando la Administración es responsable por un deficiente servicio, por un mal servicio, por un
error en su actuación; cuando esa Administración es responsable queríamos dar la posibilidad de un anticipo provisional para las personas que sufren esas deficiencias por culpa de la Administración, especialmente cuando afectan a su vivienda
habitual o cuando afectan a su negocio. Entendíamos que con la propuesta del señor Labordeta más la mejora que introducía hoy Convergència i Unió de este Pleno hubiera salido una buena moción, pero no va a ser así; hoy no va a salir una buena
moción. Quizá hoy, señora presidenta, deberíamos cambiar el nombre de nuestra institución porque más que un Congreso de los Diputados es la segunda ocasión en un día en que este diputado se encuentra con que somos casi una escuela de estudios. En
lugar de fomentar la legislación (que es una de las competencias que tiene esta Cámara, legislar o fomentar que se legisle) lo que estamos haciendo últimamente son transacciones, ante una propuesta concreta lanzamos la pelota hacia adelante y
decimos que se realicen estudios. Somos ya una comisión de estudio; todo el día estamos aprobando proposiciones que lo que hacen es promover estudios futuros, no concretamos. Decía la señora Malaret: Espero que me apoyen las propuestas concretas
que van en nuestra enmienda. ¡Qué más quisiera! La vamos a apoyar, señora Malaret, no sufra porque nuestro voto será favorable.
¿Propuestas concretas? ¿Propuesta concreta es la creación de un grupo interministerial que elabore un estudio?
Crearemos un grupo interministerial para elaborar un estudio, cuando sabemos que el anterior Gobierno tenía un proyecto de ley de expropiación forzosa que incluso estaba en el Consejo de Estado. Ahora no, ahora ya vamos a estudiar muchísimo. Esta
mañana ante una propuesta de Izquierda Unida en temas registrales también hemos aprobado que se haga un estudio. Por tanto, ya llevamos dos estudios, pero el tercero nos viene también con la propia transacción, porque con su buen hacer el señor
Labordeta, como en tantas ocasiones, quiere solucionar un tema concreto que está en Aragón, y se veía obligado a que algún aspecto determinado saliera también en esta moción que vamos a aprobar. En la moción hay un segundo punto que dice: Impulsar
las actuaciones necesarias (he pensado: vamos bien, impulsar las actuaciones necesarias)... ¿Para qué? Para realizar un estudio. Otra vez vamos a realizar estudios. Vamos a aprender muchísimo. No sé si esta es la labor de este Parlamento,
aprobar mociones así.
Señor Labordeta, nuestro voto no le va a faltar. Lamentamos que no se acepte nuestra enmienda, porque era positivo que cuando se dan casos de responsabilidad de la Administración por un funcionamiento deficiente de la misma, por un error,
estuvieran previstos en el ordenamiento claramente esos anticipos provisionales. Era una buena propuesta, pero toda transacción obliga a unos límites. Por tanto, tendrá el voto a favor de Convergència i Unió, como sabe el señor Labordeta que tiene
el aprecio de este grupo. Repito, la que vamos a votar no es una buena moción. Lo lamentamos; lamentamos votar tantos estudios y esperemos que por lo menos tras varios meses de estudiar lleguemos a medidas concretas, que es lo que esperan los
ciudadanos que aprobemos en este Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Jané.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Quiero decir que desde el primer momento apoyamos la moción. Lo que se está planteando es la necesidad de reformar la Ley de Expropiación de 1954, cuya aplicación abusiva ha resultado y resulta en atropellos a la
ciudadanía, a los propietarios de terrenos por parte del Estado. Hoy se generaliza el cuestionamiento de aquella lógica productivista en la política hidráulica en la que la destrucción de patrimonio natural, la ignorancia de los derechos de la
gente, de los propietarios perjudicados se sustituye por políticas sostenibles, racionales, de gestión de la demanda, de respeto a los recursos y de la mejor gestión de estos, pero lo cierto es que aquella ley y aquella interpretación de la ley se
ha traducido durante años en disfunciones habituales, que deben cesar y deben ser reparados los daños. Esa interpretación abusiva ha provocado un incumplimiento de los plazos establecidos, procesos dilatados en determinar y abonar el justiprecio,
renuncias a tramitar los intereses de demora, dificultades para hacer efectivos los derechos de los propietarios en los procesos de expropiación, y se ha utilizado por parte de la Administración muchas veces la urgencia como norma. Esas son algunas
disfunciones, porque lo cierto es que, hablando de las urgencias, la Administración se encuentra en una situación
en la que el 97,7 por ciento de los casos en que se requiere un terreno particular por parte de la Administración se hace en expropiación de urgencia. Esto además no significa tampoco a la larga grandes ventajas para la propia
Administración, que termina pagando el precio que ella misma establece más los intereses de demora, si bien es cierto que a los propietarios perjudicados sí se les perjudica más aun porque pueden esperar hasta nueve años para recibir lo que en
definitiva es suyo. Por otra parte, no son defendibles situaciones como esas en las que la propia Administración retiene propiedades que no han sido utilizadas para los fines por los que fueron precisamente expropiadas. Eso supone una lesión grave
a los derechos de la propiedad original y un abuso por parte de quien debe velar precisamente por la ley y su justa aplicación, es decir, la Administración en primer lugar. Por tanto, creemos que el sentido de la moción es absolutamente procedente,
que plantea cuestiones urgentes que deben atenderse positivamente, y tenemos que lamentar también que efectivamente hagamos tantos estudios. Lamentaremos más todavía si después de estudiar encima nos suspenden, si bien es cierto que trabajamos con
cierta ventaja, porque nosotros mismos nos ponemos la nota muchas veces.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
Continuamos con el turno del Grupo Esquerra Republicana de Cataluña. Para ello tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor diputado Labordeta, sabe que cuenta con nuestro voto favorable. Su referencia y las que han hecho los otros portavoces parece que nos remonten a tiempos ancestrales del franquismo por el tema de los pantanos.
Tenemos hechos de actualidad inmediata que tienen que ver también con esta reforma de la ley; me refiero concretamente al trasvase del Ebro, porque en la anterior legislatura hicieron las expropiaciones el Gobierno del Partido Popular con el
consentimiento, el soporte de otros grupos de esta Cámara. Estas expropiaciones del trasvase del Ebro que después se anularon están en este momento por revertir a los antiguos propietarios, a los payeses, els llauradors del País Valencià; no
estamos tratando solo de aquellos problemas que persisten a lo largo del tiempo, los pantanos de Aragón.
También tenemos problemas en otras zonas, concretamente en Vinaròs, con las expropiaciones que se realizaron durante los últimos meses de
Gobierno del Partido Popular, corriendo, sirviendo de campaña electoral y que tras nueve meses de Gobierno socialista no se han solucionado.
Quisiera que la voluntad que ha expresado Elisenda Malaret acerca de que hay que solucionar este tema se
pudiera cumplir, ya con la voluntad de este nuevo Gobierno. Hay un problema en el sentido de que hoy estamos debatiendo que a través de Acuamed no es posible la reversión de los terrenos expropiados en el término de Vinaròs a los labradores que
fueron expropiados por el trasvase del Ebro. Lo apoyaremos, pero ya que son capaces de presentar la transaccional, también les pedimos que desde la acción del Gobierno consigan que este problema que criticábamos al anterior régimen no sea imputado
al actual Gobierno de este país.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Andreu.
Conocen ustedes que existe una enmienda transaccional que el diputado señor Labordeta ha hecho llegar a los servicios de la Cámara para que la tengan todos los portavoces. Señor Labordeta, ¿entiendo que mantenemos esa enmienda
transaccional?
El señor LABORDETA SUBÍAS: Sí, efectivamente, señora presidenta.
Mantenemos la transaccional con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Se trata de una enmienda de sustitución, capítulo 1, que tiene todo el mundo, a lo que hay
que añadir la enmienda transaccional al punto 2.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perfecto, señor Labordeta.
Muchas gracias, de nuevo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA POLÍTICA PENITENCIARIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 173/000048.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente, que lo es del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, relativa a la política penitenciaria que piensa
adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual.
Para su defensa tiene la palabra la señora Mercé Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles mi grupo parlamentario interpeló al ministro del Interior para conocer cuál iba a ser la política penitenciaria que pensaba adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la
libertad sexual. El propósito que animaba a mi grupo era abrir un debate, un debate reflexivo entre el Parlamento y el Gobierno que nos permitiera
de manera serena y con la mayor objetividad posible conocer las medidas que se estaban adoptando y también las que el Gobierno pensaba implementar para combinar la seguridad de los ciudadanos (de las ciudadanas, mejor dicho, tratándose de
delitos contra la libertad sexual) con la resocialización de los condenados por estos delitos, para combinar, en definitiva, el mandato constitucional del artículo 25.2 de nuestra Carta Magna, que ordena orientación de las penas privativas de
libertad y de las medidas de seguridad hacia la reinserción social, con el derecho de la ciudadanía (indudablemente amparado también por la Constitución) a ser protegida. Es un debate que, como decíamos, se está produciendo ya en muchos países de
nuestro entorno en donde también se ha abierto una reflexión acerca de cuáles son las medidas que se podrían adoptar para hacer frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual, una reincidencia que (no podemos olvidarlo)
se produce durante algunos permisos penitenciarios, durante la libertad condicional o incluso después del cumplimiento de la condena, y que aquí, como allá donde se producen, crean una gran preocupación y una gran alarma social. Decíamos, y
coincidía con nuestro planteamiento el señor ministro, que teníamos la seguridad de que la legislación en materia penitenciaria se aplica correctamente y que quien no actúa como debería es siempre el presunto asesino o violador. Añadíamos nosotros:
Es difícil que la ciudadanía confíe y entienda un sistema penitenciario que permita estas situaciones de reincidencia que crean conmoción y alarma social.
Deberíamos, por tanto, abordar un estudio y una reforma del propio sistema para
compatibilizar la seguridad de la ciudadanía con la efectiva resocialización y tratamiento de los condenados como medida también práctica, porque, tal como decía el ministro y compartimos desde Convergència i Unió, solo el tratamiento y la efectiva
rehabilitación, la efectiva curación en muchos casos, harán que no vuelvan a delinquir y habremos ganado de esta manera en seguridad ciudadana. Sin tratamiento personalizado no es posible la rehabilitación porque, aunque no se concediera ningún
permiso a lo largo de toda la condena, la cárcel por sí sola no cura y además tras cumplir la condena llega un momento en que se tiene que salir a la calle.
Coincidimos con la necesidad y al menos teórica bondad de las medidas que nos anunció el ministro que se están implantando desde la Dirección General Penitenciaria para desarrollar una acción integral y, como decimos, muy personalizada, pero
creemos que es bueno, de una parte, que los grupos parlamentarios nos impliquemos en este debate impulsando y estimulando la acción del Gobierno en una materia como la que estamos viendo, especialmente sensible para la opinión pública, y, de otra,
creemos que también es bueno y necesario renovar el mensaje a la sociedad, especialmente a las mujeres en un tema que de nuevo es violencia de género (en este caso fuera del ámbito doméstico), de que seguimos siendo capaces de dejar la confrontación
partidista y de adoptar medidas por consenso porque están en juego valores que, estoy segura, todo el arco parlamentario considera que hay que preservar.
Desde estas consideraciones presentamos una moción con un contenido amplio para instar al Gobierno no solo a estudiar el tema, sino a formular propuestas para avanzar en aspectos fundamentales del tratamiento del mismo como la profundización
de tratamientos específicos y personalizados a los que se debe someter a los condenados por la comisión de delitos contra la libertad sexual, como potenciar el buen funcionamiento y la adecuada actuación de la Administración penitenciaria en
relación con la clasificación penitenciaria y la propuesta de disfrute de permisos de salida, como la adopción en las circunstancias que se consideren necesarias de algún control telemático o electrónico para hacer seguimientos de los movimientos
del penado, reforzando el seguimiento de los excarcelados por estos delitos, para asegurar precisamente su buen comportamiento, y otras medidas en el sentido de combinar siempre la seguridad con el tratamiento y la resocialización.
Se han presentado algunas enmiendas a esta moción (una por el Grupo Popular, otra por el Grupo de Izquierda Verde y otra por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña) que quiero agradecer porque han aportado sugerencias interesantes y
sobre todo porque son la explicitación de su voluntad de mejorar el texto inicial, algo que desde Convergència i Unió estamos siempre dispuestos a aceptar. Quiero agradecer también la buena receptividad que la moción ha tenido por todos los grupos
parlamentarios, agradecimiento que quiero personalizar en la portavoz del Grupo Socialista doña María Escudero por su comprensión, su acercamiento y su incansable trabajo para encontrar un texto que todos pudiéramos aprobar. También quiero
agradecer la disponibilidad de la propia directora general de Instituciones Penitenciaras, nuestra antigua compañera y diputada del Grupo Socialista, doña Mercedes Gallizo.
Señorías, con estas aportaciones, y primando el valor del consenso, hemos redactado un texto transaccional que todos ustedes conocen porque les ha sido entregado, igual que a la Mesa. Es un texto abierto que invita e insta al Gobierno al
estudio de esta complicada problemática y también a presentar propuestas concretas en el sentido que ya he explicitado, propuestas que tendremos la ocasión de revisar una a una porque para Convergència i Unió esta moción es un punto de partida y no
un punto de llegada; en todo caso, señorías, quiere ser un punto de encuentro en la necesidad de abordar de manera pausada pero efectiva esta forma de violencia de género que son las agresiones sexuales. Es una moción, señorías, para la que les
solicito su voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Pigem.
Continuamos con la defensa de las enmiendas. Tiene en primer lugar la palabra la señora García Suárez por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la propuesta de moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), consecuencia de la interpelación urgente relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el
Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual. Finalmente nuestra enmienda y las de otros grupos parlamentarios han dado como resultado una enmienda transaccional, a la que anunciamos como es lógico nuestro
voto favorable, dado que por un lado recoge aquellos puntos de nuestra enmienda que consideramos más importantes y además ha retirado otros puntos de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que no compartíamos. En primer
lugar, nuestro grupo y personalmente esta diputada quieren aclarar (aunque no haría falta ninguna aclaración, pero se trata de un tema suficientemente delicado) que cualquier delito contra la libertad sexual que se cometa contra una persona, más aun
si es un menor, merece la más clara repulsa y condena, así como la necesaria reflexión de la sociedad en general y de los gobiernos en particular y posteriormente de las políticas penitenciarias. Señorías, lo que nunca aceptará nuestro grupo
parlamentario es simplificar y reducir el análisis de problemas de gran envergadura y caer en la trampa de pretender legislar como consecuencia de la presión pública o, podríamos decir, presión publicada. Los grandes problemas requieren a nuestro
entender de generosos análisis y profundas estrategias. Por este motivo nuestro grupo hubiera votado en contra de la moción de Convergència i Unió, por lo que nos alegramos de haber llegado a un acuerdo.
Sin duda, durante esta legislatura es necesario abordar cambios en la política penitenciaria. Quisiera recordar aquí que en Comisión se aprobó una proposición de ley de nuestro grupo en la que se hacía hincapié en la necesidad de reformas
legales que afrontasen el núcleo de las políticas penitenciarias y, más concretamente, reformar y adaptar a los cambios sociales la Ley Orgánica General Penitenciaria, para que sea eficaz respecto a las nuevas necesidades surgidas desde su entrada
en vigor. Es necesario abordar estas reformas para que nuestro sistema penitenciario esté a la altura de la tarea que nuestra Constitución le encomienda, es decir, dar cumplimiento al fin primordial de las penas y medidas privativas de libertad,
que no es otro que la reeducación y reinserción social de los penados, tal y como recoge expresamente el artículo 25.2 de la Constitución española.
En los últimos años del anterior Gobierno muy a pesar nuestro se ha profundizado en una estrategia penológica, que se ha venido a denominar como la teología de la seguridad o, lo que es lo mismo, desde nuestro punto de vista se ha pretendido
resolver con exceso problemas de un gran calado social y político por la vía penal. Esta estrategia se ha plasmado en la utilización del sistema penitenciario como primera, única y última respuesta a las conductas sancionadas penalmente, con unas
consecuencias y unos datos objetivos difícilmente rebatibles, como son la masificación de centros penitenciarios, la inadecuación de infraestructuras, la desmotivación del personal que trabaja en ellos y el alto número de presos preventivos o de
población reclusa respecto a otros países de nuestro entorno. En este contexto apoyamos el resultado de esta moción transaccional, entendiendo que se pretende mejorar el marco legislativo actual en materia de reincidencia de delitos contra la
libertad sexual, con el objetivo de garantizar los fines constitucionales de la pena privativa de libertad y de las medidas de seguridad que deberán estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La apoyamos, por tanto, entendiendo que
profundizar en tratamientos específicos es desarrollar de forma eficaz el tratamiento penitenciario como vehículo para dar cumplimiento de los fines constitucionales y asentar una política penitenciaria de corte humanitaria que no olvide el
principio fundamental sobre el que se cimienta, el principio de individualización científica, recogido en el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Por todo esto y haciendo solamente un apunte sobre otra cuestión que a nosotros nos preocupaba de la moción inicial presentada por Convergència i Unió y porque esta diputada tiene un especial interés, quisiera comentar que es necesario abrir
cauces para posibilitar la eficaz aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuya competencia se atribuyó a las comunidades autónomas sin transferencia de recursos por parte del Gobierno Central y que ha sido, por tanto, una ley con
una aplicación absolutamente a precario en la que no se han podido desarrollar las intenciones que el Poder Legislativo tenía en el momento de elaboración de esta ley. Esto lleva a sacar unas conclusiones demasiado frecuentemente superficiales y
poco profundas en relación con la problemática de la delincuencia juvenil, que también parece quererse aprovechar en estos momentos para intentar resolver la conflictividad una vez más con las propuestas de incremento de penas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted concluir, señora García Suárez, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Nosotros adelantamos que esta evidentemente no sería una línea que nuestro grupo apoyaría en su momento.
Por todo esto, y dado que ha acabado mi tiempo, apoyamos y nos felicitamos colectivamente de esta enmienda transaccional que finalmente hemos podido elaborar todos juntos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Señora Camarero, su turno para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Popular queremos comenzar manifestando nuestra sintonía con el contenido de la moción de Convergència i Unió y nuestra absoluta coincidencia con la motivación que expuso la señora Pigem durante la
exposición de la interpelación que dio lugar a esta moción y hoy mismo.
En la actualidad suscitan una gran preocupación social las conductas delictivas en las que se ven implicadas víctimas, en especial mujeres y niñas, agredidas sexualmente, provocando un gran interés en la sociedad y una urgente necesidad de
actuación a favor de la seguridad de los grupos más desfavorecidos. La señora Pigem enumeró durante su argumentación numerosos casos de mujeres y niñas asesinadas por jóvenes o por hombres que se encontraban disfrutando de permisos penitenciarios.
Especialmente impactante para alguno de nosotros, quizá por su cercanía, fue el caso de las niñas de Alcàsser y más recientemente, como usted misma decía, el de Sandra Palo, por tratarse de menores los que cometieron el macabro asesinato.
Sin duda, señorías, hoy estamos tratando de un tema especialmente sensible para la opinión pública, que ha suscitado numerosos debates en los medios de comunicación, que genera alarma social y parece razonable que los poderes públicos, y en
este caso los legisladores, debatamos y busquemos soluciones a una cuestión que afecta a las mujeres como víctimas de estos delincuentes pero que tiene necesariamente que afectarnos a todos, a la sociedad en general.
Todos los expertos y los datos conocidos indican que año tras año aumentan los delitos contra la libertad sexual, que en un porcentaje muy alto estos delincuentes reinciden en la comisión de los delitos, por lo cual hay que estudiar y tratar
estos casos de forma especial y específica, como se ha comentado anteriormente. Evidentemente hay que cumplir el mandato del artículo 25.2 de la Constitución en cuanto a la reinserción y reeducación, pero algunos nos preguntamos: ¿Cómo hacer esto
compatible con la seguridad de las mujeres? Desde el Grupo Popular consideramos positivos los programas de reeducación en las prisiones como medida que ayuda a evitar que cuando el delincuente sale de prisión reincida y vuelva a delinquir. Tenemos
que legislar pensando que el delincuente un día saldrá de la cárcel y hay que prepararle para ello. Nosotros siempre hemos sentido esta preocupación y por eso la pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular puso en marcha algunos mecanismos
para mejorar esta situación. En materia penal, se reformó el Código Penal a través de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Nosotros considerábamos que el Código Penal dejaba resquicios importantes de impunidad que estaban siendo
aprovechados por algunos para cometer más delitos; entre estos resquicios, que la sociedad no tiene por qué aceptar, se encuentra la habitualidad o la multirreincidencia. Porque parece obvio que no debe tratarse del mismo modo al que comete un
delito que al que reincide, se introdujo una reforma del artículo 66 del Código Penal, cuyo nuevo apartado 5.º permite que cuando el culpable haya sido condenado por tres delitos de la misma naturaleza se aplique la pena superior en grado a la
prevista para ese delito.
También se decidió implantar un programa de tratamiento para reclusos condenados por delitos contra la libertad sexual. Este programa pasa por reconocer las situaciones de riesgo que conducen al delito, el aprendizaje del control de sus
impulsos, la concienciación del daño producido a sus víctimas y la asunción de la responsabilidad de sus actos y las consecuencias. La valoración de estos años de experiencia es bastante positiva. Se consigue que el interno reconozca que tiene una
problemática seria y la libre aceptación de su inclusión en el programa es, sin duda, un paso fundamental para poder rehabilitarse. La experiencia nos demuestra que los casos de reincidencia se mitigan e incluso desaparecen en los reclusos que
siguen estos programas.
Evidentemente, se trata de evitar que estos delincuentes sigan siendo una amenaza para la sociedad cuando salen de prisión.
El Grupo Popular, coincidiendo con el contenido de la moción, ha presentado una enmienda que pretendía ampliar las garantías de la misma.
El Grupo Popular tiene claro que hay que cumplir con la legislación penitenciaria, pero no es menos
cierto que estamos comprobando cómo en la práctica, a la hora de conceder un permiso penitenciario a un preso por delitos sexuales, a pesar de los informes psicológicos contrarios, el juez de vigilancia penitenciaria lo concede y, en el supuesto de
presentarse un recurso, cuando este se resuelve el delincuente ya está en la calle y ya ha podido cometer otro delito. Nosotros creíamos que, siguiendo en la línea del grupo proponente y estudiando todas las alternativas posibles para mejorar la
situación existente, en esta moción podíamos concretar un poquito más, podíamos dar un paso adelante y apoyar a las mujeres incrementando su seguridad decidiendo que hasta que los recursos no estén resueltos se suspendan los permisos penitenciarios,
intentando de esta forma que los delincuentes
sexuales no reincidan y cometan más delitos mientras disfrutan de permisos penitenciarios. Esta, señorías, es una reivindicación de las familias de las víctimas que nosotros queríamos recoger; sin embargo, el Grupo Popular, en ese ánimo de
consenso con el que estamos tratando todo lo que tiene que ver con la seguridad de las mujeres, vamos a apoyar la transaccional que nos propone Convergència i Unió, donde se recoge de forma general la resolución de estos recursos que nosotros
proponíamos en nuestra enmienda. Nosotros pretendíamos una mayor concreción, pero, reitero que, en aras de este espíritu de consenso, y siempre dejándonos la puerta abierta a la presentación de futuras iniciativas, votaremos a favor de la
transaccional. Insisto en nuestra honda preocupación por estas cuestiones y nuestro deseo de que a partir de hoy esta iniciativa no quede en papel mojado, sino que se abra un amplio debate que conduzca a encontrar las medidas más eficaces para
acabar con la situación existente en la actualidad, denunciada hoy por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Para defender la última enmienda, por Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: A Esquerra Republicana le parece muy positiva esta propuesta como punto de partida para afrontar la violencia contra la libertad sexual. Es importante que esta Cámara aborde este problema e inste al Gobierno a
tratarlo en profundidad y con seriedad. Sin abandonar la filosofía de que el fin último de la situación penitenciaria es la reinserción, el Estado debe garantizar la seguridad de las víctimas, en este caso mujeres, niños y niñas. Todas las medidas
que se proponen merecen nuestra aprobación y votaremos a favor por lo que es, una especie de hoja de ruta, pero en nuestra enmienda exigimos que en el texto se contemple que el Gobierno sea respetuoso con las comunidades autónomas que tienen
transferidas las competencias de ejecución. Parece una obviedad decir que el Gobierno debe ser respetuoso, pero en la anterior legislatura esto no ocurría. Por tanto, hemos creído oportuno que conste esto.
Luego está la financiación, que parece casi inconveniente que figure en este documento de trabajo. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tenemos la experiencia de que, durante años, la Generalitat ha aceptado transferencias
sin la debida partida presupuestaria. Esto está ocasionando que los servicios públicos en Cataluña estén prácticamente al borde del colapso, situación que suple la ciudadanía por el sistema del copago. Está pasando en enseñanza y en sanidad;
naturalmente, en las instituciones penitenciarias no puede ocurrir. Este bello documento lleno de bellas propuestas sería papel mojado, un brindis al sol, si dichas propuestas no pudieran aplicarse por falta de dotación presupuestaria.
Como ha
dicho muy bien la ponente de Izquierda Unida, el fracaso de muchos programas penitenciarios -y también de educación- se ha debido a la falta de financiación, de modo que hemos presionado para que figure esta precisión en la propuesta.
Votaremos, pues, a favor de la iniciativa esperando que sea un punto de partida, que el Gobierno la tome en serio y que el problema se aborde con profundidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás, muchísimas gracias.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Adelante, señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré brevemente, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente este texto que nos han hecho llegar los grupos parlamentarios proponentes, con la enmienda transaccional que recoge la situación, como han dicho todas las portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Bienvenida sea una propuesta de este calibre, que propone en el fondo, y esperamos que se concrete con firmeza en el futuro, una modificación de la Ley General Penitenciaria, que es donde tienen que estar recogidas todas estas propuestas
de nueva política penitenciaria sobre la comisión de delitos contra la libertad sexual.
Hay alarma por la puesta en libertad condicional de condenados por delitos de agresión sexual, las garantías de cuyas posibles víctimas -que se pueden transformar en víctimas seguras- necesitan de todos los recursos posibles, y hay una
panoplia de ellos en el texto de la enmienda que han suscrito todos los grupos. Por nuestra parte, agradecemos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la sensibilidad que ha mostrado por boca de su portavoz, la señora Pigem, al
presentarnos esta iniciativa.
Vemos que las competencias se distribuyen en los distintos ámbitos administrativos -tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica-, y este principio ennoblece el de defensa de unos derechos humanos que
podrían verse conculcados si se produjeran determinadas situaciones fuera de control. Por fin, si en su día hay una modificación en esta línea de la Ley General Presupuestaria, nos congratularemos doblemente. Vaya, pues, nuestro voto de apoyo a
esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones; muchísimas gracias.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la moción presentada por Convergència i Unió en relación con el tratamiento penitenciario de los delincuentes sexuales. Quiero empezar agradeciendo
que lo que fue una moción de Convergència con una serie de enmiendas se haya convertido en una transacción aceptada por todos los grupos. Quiero agradecérselo sobre todo a la señora García y a la señora Pigem, por su actitud y su trabajo.
Nos encontramos con delitos llamados por la ciencia jurídica contra la libertad sexual, pero, en la normativa internacional sobre derechos humanos estas agresiones son consideradas una manifestación más de la violencia contra las mujeres.
El concepto violencia contra la mujer se definió oficialmente en la Declaración de la plataforma de acción de Beijing, en el año 1995, que establecía que la violencia contra la mujer abarca, entre otros actos, la violencia física, sexual y
psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, incluidos la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo.
El compromiso del actual Gobierno en la lucha contra la violencia de género se ha puesto de manifiesto con la presentación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género que esta Cámara aprobó por
unanimidad el pasado 23 de diciembre. Esta ley, además de asegurar la adecuada atención a las víctimas, busca causar un cambio en el modelo social para propiciar la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que en el origen de la violencia de género
están las relaciones de dominio que pretenden perpetuar esa desigualdad histórica de las mujeres.
Por tanto, se trate de violencia en el ámbito familiar o de la llamada violencia sexual, es especialmente necesario desarrollar políticas preventivas.
La estrategia de prevención prevista en la Ley Orgánica 1/2004 tanto en el ámbito de la educación como en los de la salud y los medios de comunicación ayudará también a reducir este tipo de delitos.
Nos encontramos ante hechos que provocan tensión
-ya se ha dicho- entre dos mandatos legales de nuestra convivencia: la pretensión de resocialización de los delincuentes y la garantía de libertad y de seguridad de la ciudadanía.
La moción que hoy se debate nos sitúa, como dijo el ministro del Interior, señor Alonso, ante una reflexión compartida que nos lleva a evaluar lo realizado y a la adaptación de los tratamientos a la realidad para la mejora de la política
penitenciaria que se realiza con los delincuentes sexuales. El Parlamento Europeo, en la Resolución 4486 sobre agresiones a la mujer, realizó un pronunciamiento sobre demandas de evaluaciones médicas y psicológicas de los agresores sexuales antes
de que saliesen de la cárcel o de los centros de detención para reducir los riesgos por la comisión de posteriores ataques. El reglamento penitenciario español en su artículo 116.4 recoge la posibilidad de realizar tratamientos con los delincuentes
sexuales en el interior de los centros penitenciarios. La intervención con este tipo de reclusos busca la rehabilitación de los penados mandatada constitucionalmente y por ende pretende evitar la reincidencia. Si algo exaspera -creo que lo sabemos
todos- a la opinión pública es que estos actos delictivos se produzcan durante los permisos penitenciarios de los condenados anteriormente por el mismo tipo de delitos.
Señoras y señores diputados, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está realizando un gran esfuerzo para revisar e impulsar los programas de tratamiento en nuestros centros penitenciarios en un contexto difícil, marcado no
solo por la masificación pues además los cambios y la diversidad en los perfiles delincuenciales añaden dificultad a las intervenciones. Progresivamente se han ido incrementando tanto en el número de reclusos como en el de centros los tratamientos
psicológicos con este tipo de penados, tratamientos que tienen carácter voluntario y que requieren de un periodo de tiempo suficiente para ser evaluados. Tal como expuso el ministro del Interior en la interpelación, la acción del Gobierno abarca
otro tipo de medidas como son el reforzamiento de las medidas de control con este tipo de reclusos, la posibilidad de incluir a los delincuentes especialmente peligrosos en el fichero de internos de especial seguimiento y la existencia de un
programa piloto de control telemático. Las medidas que se conocen de diferentes países suponen un amplio abanico como es la castración química o el registro de delincuentes sexuales, entre otras.
La moción que hoy debatimos propone un enfoque global de la delincuencia sexual que excede el ámbito puramente penitenciario. Hay que prestar especial atención a los aspectos preventivos y evaluar no solo los tratamientos sino que ha de
abarcar otros de carácter complementario a las penas que permitan un control posterior de los delincuentes con el fin de evitar la reincidencia.
Todo este debate debe tener un reflejo legislativo y el momento es de la máxima oportunidad porque ya se han constituido grupos de trabajo para la relectura de la Ley General Penitenciaria y está prevista la constitución de otro grupo de
trabajo para la revisión del Código Penal. El Gobierno y el Grupo Socialista tendrán en cuenta la Declaración de Montreal sobre la seguridad de las mujeres, integrando el enfoque de género tanto en los programas de prevención del crimen, como en el
tratamiento de las penas privativas de libertad, en la atención a las víctimas y en el desarrollo de iniciativas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Señorías, el Parlamento es el lugar adecuado para dar respuesta a la gran preocupación y alarma social que causa la violencia sexual y que todos los grupos han expuesto. Hasta ahora nos podemos sentir satisfechos
porque las iniciativas que han tenido que ver con la política penitenciaria se han podido consensuar. En ese sentido, estamos en la misma situación hoy. Las iniciativas legislativas que se propongan en relación con este tema tienen que ser
consensuadas porque la sociedad espera nuestra unanimidad contra todo tipo de violencia, tal como hemos hecho hoy.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Escudero, por favor, tiene que ir usted terminando.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo. Repito que así lo hemos hecho en la transacción aceptada y presentada por todos los grupos.
Señorías, este camino es el que tenemos que seguir porque eso es lo que espera la sociedad de nosotros.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Escudero.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LAS DOTACIONES DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. (Número de expediente 173/000049.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos a la última de las mociones de hoy, que lo es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el
desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el pasado miércoles la ministra de Fomento no dijo nada sobre lo que se le preguntaba, no dio ni una fecha, no asumió ni un compromiso temporal y ni siquiera trató de fundamentar la dotación financiera del PEIT.
A pesar de ello, al día siguiente en Antena 3 dijo que había presentado el PEIT en el Congreso. Si alguna de SS.SS. cree que la ministra presentó el PEIT en el Congreso el miércoles pasado, que lo diga fuerte y alto porque lo único que hizo la
ministra fue venir forzada por una interpelación urgente a, con un capotazo, cargarse las preguntas que le estábamos haciendo. Eso sí, presionada por su propia ineficacia, presionada por su escaso convencimiento del documento que le han hecho en el
ministerio, dijo textualmente: Sería bueno que intentáramos llegar a un pacto de Estado en política de infraestructuras. Esa oferta la hizo adornándose de dos perlas. Una, que en el PEIT se contenía todo el plan del Partido Popular, es decir, que
contenía el PIT 2000-2007 y, otra perla, que ese plan era escasamente los 12 folios que exhibió. A ese dislate ni siquiera tuvimos que contestar ya que al día siguiente Seopan advirtió del riesgo de crisis si se prolonga el parón en la obra
pública, es decir, que tal como dijo y mantiene el Partido Popular, la ineficacia y la falta de gestión del PSOE en materia de infraestructuras es profunda y nos aboca a la paralización. Sin duda, llevamos perdidos 10 meses y vamos camino de
perpetuarlo. A eso, como digo, aboca el PEIT. El PSOE durante nueve meses de 2004 no ha sido capaz de contratar ni una décima parte de lo que el Partido Popular había contratado en cada uno de los tres primeros meses del año 2004, todo ello a
pesar de sus cacareados planes de choque para la conservación y supresión de pasos a nivel.
Con esos antecedentes y capacidades de gestión, el PEIT es pura fantasía, un auténtico brindis al sol. Es el plan de un partido que había prometido quitar los peajes y que, al final, tiene que acudir a ellos para que le cuadren las cuentas.
Acuden al peaje ahora, a la tarificación por el uso y a las concesiones. Lo triste es que con este PEIT volvemos a la España de 1993, volvemos al famoso PDI de Borrell, volvemos a los planes puente para salvar la cara, pero todo ello demorado a
2020. Ello pone en riesgo la solidaridad entre regiones, la vertebración, el bienestar de nuestras familias, pone en riesgo el empleo y el pulso económico de nuestras empresas. Como digo, la única salida que tiene la ministra a todo esto es
ofrecer un pacto. La verdad es que, por lo menos, podía haber venido esta noche a ver qué le contestábamos a ese pacto. Es curioso, es un sarcasmo que se pida un pacto y que luego se diga que las infraestructuras deben estar por encima de los
posibles cambios políticos cuando ha sido el PSOE el que ha provocado la situación actual.
Las infraestructuras en España se estaban ejecutando y suponían un importante ejercicio de vertebración territorial y de eficaz afección de fondos públicos, y ha sido el Partido Socialista el que las ha paralizado. Es decir, el PSOE revisa
y deshace todo aquello que había hecho el PP y, cuando es incapaz de solventar el problema que ha generado, ofrece un pacto para que otros le arreglen lo que rompió por su voluntad e ineficacia. Esto me recuerda un sucedido que hace tiempo me
contaron.
Un hombre camina por la calle de un pueblo cuando de pronto se da cuenta de que encima de él hay un globo aerostático flotando. En la canasta de ese globo hay un señor que hace señas desesperadamente y le grita al ciudadano: Disculpe,
¿podría ayudarme? Es que prometí a un amigo que me encontraría con él a las dos de la tarde, pero ya son las dos y media y no sé dónde estoy. El ciudadano le responde: Claro que puedo ayudarle.
Usted se encuentra en un globo a 20 metros de
altura y está usted en una situación geográfica
determinada. El aeronauta escucha con atención y después le pregunta: Amigo, ¿es usted del PP? Dice: Sí, señor, pero ¿cómo lo supo? Dice: Porque todo lo que usted me ha dicho es técnicamente correcto, pero esa información no me sirve
de nada y sigo perdido. El hombre del PP le pregunta al del globo: ¿Y usted no será por casualidad del PSOE? Dice: Sí, soy socialista. ¿Cómo lo ha averiguado? Dice: Pues muy fácil. Usted no sabe ni dónde está ni para dónde va. Hizo una
promesa que no tiene ni idea de cómo va a cumplir y espera que otro le resuelva el problema. Está exactamente tan perdido como antes de preguntarme, pero ahora por algún extraño motivo resulta que la culpa es mía. (Rumores.)
Esa es la situación que ustedes han creado con ese pacto. Ustedes han parado las infraestructuras y ahora piden ayuda. En cualquier caso, la culpa será nuestra, la culpa seguro que será del Partido Popular. El Partido Popular tiene la
mejor voluntad, la mejor predisposición de hacer un pacto para que no se paren las infraestructuras, por una razón, porque para nosotros España está por encima de los intereses partidistas.
Aceptamos la oferta de pacto. Eso sí, como son ustedes
los que han provocado esta situación, volvamos a la que se quedó en abril de 2004 y comprometámonos todos a continuar con la planificación de las obras que ustedes pararon. Recuerden que se dejaron en marcha 30.618 millones de euros. Acepten la
moción que hemos presentado, ya que sus puntos lo que hacen es garantizar que España no se pare, que las obras van a seguir teniendo financiación y desde luego que los cambios políticos no interfieren la ejecución de las infraestructuras que se van
a terminar de acuerdo con una planificación viable. Por ello los puntos de nuestra moción deben ser el punto de partida de ese pacto. Acéptenlos y nos pondremos inmediatamente a seguir trabajando codo con codo. Sin embargo, parece que eso no va a
ser posible, ya que hemos visto la enmienda que han presentado no ustedes, señores del PSOE Fue su Gobierno el que hizo la oferta de pacto y, sin embargo, la enmienda la presentan conjuntamente con Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda
Unida-Los Verdes, es decir, el tripartito, los que sostienen al Gobierno, en la prueba inequívoca de que están hipotecados en materia de infraestructuras, de que son prisioneros de Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida. No hay más que
ver lo que pasó con los presupuestos del 2005 tanto con las enmiendas de Esquerra Republicana y la renuncia al Plan extraordinario de mantenimiento de ferrocarriles como con la imposición de Izquierda Unida de renunciar al AVE y abrazarse a la red
convencional mixta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego concluya, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta.
Presentan una enmienda en la que no dicen nada de nada, solo las mismas vaguedades que dispersas se pueden encontrar en el PEIT. No dice nada, salvo una cuestión importante, que se mantenga el ritmo inversor de los presupuestos de 2005, es
decir, no llegar al 1 por ciento del PIB y mantener las hipotecas a las que les obliga Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Esa es la capacidad de maniobra que el señor Rodríguez Zapatero tiene para gobernar España. El Gobierno de Rodríguez
Zapatero está parando España, porque parece que España es demasiado para el señor Rodríguez Zapatero. No hay otra explicación a la serie de decisiones que el Gobierno del PSOE está adoptando en todos los campos, empezando por la unidad de España,
siguiendo con la educación, la justicia, la familia, la inmigración, pasando por el agua y terminando con las infraestructuras.
Parece que el señor Rodríguez Zapatero ha alcanzado su propio nivel de incompetencia y eso solamente hay una forma de
decirlo, señores diputados, y es que a Zapatero le viene grande España. Al señor Rodríguez Zapatero le viene grande España. Si admiten nuestra moción, por lo menos en infraestructuras están a tiempo de corregirlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.
Señorías, pasamos al turno de defensa de enmiendas. La primera es del Grupo Socialista, del Grupo de Izquierda Verde, del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de empezar, quiero decirle, señor portavoz del Grupo Popular, que la ministra de Fomento está en Polonia cumpliendo con sus obligaciones ministeriales, trabajando por este país. Si no está aquí, por tanto, no es por voluntad propia,
sino porque también tiene que cumplir con sus cometidos fuera de España, cosa que quizá hemos echado de menos con el anterior ministro de Fomento y así nos han dejado las infraestructuras.
Señoría, sinceramente creo que usted no se ha leído el Plan de Infraestructuras y Transporte, el PEIT, que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado día 23 de diciembre y que contempla una inversión de 241.392 millones de euros y un cambio
radical en nuestra red de infraestructuras. Sabe usted que el PEIT desarrolla cuatro objetivos básicos: impulsar la economía y la competitividad, fortalecer la cohesión social y territorial, incrementar la calidad y seguridad de las
infraestructuras y contribuir a la movilidad sostenible de España. Este PEIT se revisará cada cuatro años y por tanto es susceptible de mejora y de modificaciones, no es una
foto fija. Además, siguiendo la política del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se va a someter a información pública, a las consideraciones de las comunidades autónomas, de los agentes sociales, de los empresarios, de los sindicatos,
de las universidades, de los colegios profesionales y de otros organismos para posteriormente ser remitido al Consejo de Ministros y a estas Cortes españolas para su aprobación definitiva. Por tanto, señorías, en la forma impecable. Recuerde,
porque la memoria no se puede olvidar, que el Plan de infraestructuras 2000-2007 del Gobierno del Partido Popular ni se debatió en estas Cortes españolas ni se aprobó en Consejo de Ministros ni tenía dotación presupuestaria.
Era un documento, según
la Intervención General del Estado, sin rango normativo alguno, que solo describía acciones globales estimativas y nada más. En este sentido, por fin en España, en esta España de Rodríguez Zapatero, se recupera la planificación, algo abandonado en
ocho años de Gobierno del Partido Popular, así como la intermodalidad. Y dice usted en ese tono de su jefe de filas, el señor Acebes, que España corre el grave peligro de paralización de las infraestructuras que estaban planificadas.
Pues no, muy
al contrario. Nuestro PEIT -se lo ha dicho por activa y por pasiva la ministra- respeta todos los plazos establecidos por el anterior Gobierno y el nuevo plazo fijado hasta el año 2020. Por tanto, no lance usted más mensajes maliciosos. En
Galicia saben que se respetará y se dotará aún más el Plan Galicia, en Extremadura lo saben igual, con el acuerdo que hay con Extremadura, en Baleares, en cuanto al convenio de carreteras, lo mismo, y así en todas y cada una de las comunidades. Por
tanto, dejen de reiterar una cantinela que solo usted, señor Ayala, se cree, puesto que, obviamente, nadie es capaz de seguir la pauta porque las obras se están viendo. Es lo bueno de las infraestructuras, que los ciudadanos salen a la calle y las
pueden ver.
Dice usted que no tenemos credibilidad. Voy a poner un ejemplo que todos van a entender: 800 kilómetros de alta velocidad en este país, 400 Madrid-Sevilla, aquel AVE que ustedes descalificaron, otros 400 Madrid-Lleida y 200 kilómetros por
hora, la máxima velocidad que puede lograr ese AVE y ni siquiera se podía oír el teléfono hasta que hace unos meses el Ministerio de Fomento ha puesto sobre la mesa 30 millones de euros para corregir ese déficit de los muchos que ha tenido. Por
tanto, ¿qué nos va a decir usted respecto a gestión, por hablar de una de ellas, de alta velocidad? Pero ocurre igual con el eje atlántico, por ejemplo.
Ustedes no habían previsto ni siquiera su electrificación. No estaba ni contratada. Solo
aparecía la doble vía. Así le podría poner un rosario de ejemplos para desmontar la falacia de sus palabras, señor Ayala. Además con el PEIT, durante estos 15 años, vamos a aumentar el ferrocarril hasta situarlo en el 50 por ciento de la inversión
y dotar a todas las capitales de provincia de la red de altas prestaciones, conectándolas a ella. El 90 por ciento de la población se va a situar a menos de 50 kilómetros de una estación de red; el 94 por ciento se va a situar a menos de 30
kilómetros de una vía de alta capacidad y se incrementa la inversión en I+D+I desde el 0,3 actual, en que lo dejaron ustedes, hasta el 1,5 por ciento. Lo mismo ocurre en carretera, donde vamos a pasar de los 5.600 kilómetros a los 15.000
kilómetros. Es decir, un 62 por ciento más que la red actual. Vamos a cerrar los ejes inconclusos que ustedes no fueron capaces de acometer: Cantabria, Mediterráneo hasta Cádiz, Ruta de la Plata, conexión de los valles del Duero y del Ebro. En
puertos y aeropuertos lo mismo, puesto que el PEIT contempla una visión global de todas las infraestructuras y transportes.
Termino, señorías, diciéndoles que ya distintos agentes empresariales, del transporte, de la logística y de las áreas portuarias han reconocido públicamente -léase las revistas especializadas en transporte, léaselo, señor Ayala- que el plan
es textualmente, sin duda, una apuesta muy importante para el desarrollo del conjunto global del transporte y de la economía en general. Por eso le pido al Partido Popular que lea el PEIT, que lo estudie y le digo que en modo alguno podemos apoyar
su moción, porque ustedes no han sido capaces en ocho años de cumplir ni la mitad de lo que dicen ahora. Por tanto, ¿cómo vamos a apoyar una moción en la que piden el doble de lo que ustedes no han hecho? Es un brindis al sol. Esto sí que es un
brindis al sol. Me parece que el otro día cuando intervino la ministra hizo un cierto chiste con la gracia andaluza que tiene y le gustó. Le aconsejo, por favor, que cuando suba aquí y haga un chiste por lo menos lo haga con la mitad de gracia que
lo hizo la ministra, con la gracia andaluza, aunque en este caso sea con la gracia murciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor De la Encina.
Continuamos, señorías, con el turno del señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto, para defender su enmienda.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Desde el Bloque Nacionalista Galego estamos deseando que empiece la hora política de la verdad y que no estemos sometidos a una dialéctica entre propaganda y pocos hechos. Sin duda a un país como el mío al que se le prometieron grandes
infraestructuras, en concreto ferroviarias, y que los hechos fueron con una lentitud a prueba de paciencia galaica, estaría bien que con el cambio de Gobierno entrásemos en un debate que tuviese credibilidad, racionalidad, que fuese positivo para el
equilibrio territorial del Estado y también para la vertebración interna de las distintas nacionalidades y regiones que lo conforman. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Por eso, estando de acuerdo con algunos puntos de la moción del Partido Popular, sin duda alguna, como el que intenta asegurar la financiación del PEIT e incluso el que intenta vincularlo a las ayudas europeas del
período 2007-2013 o el que habla de que el PEIT para ser transparente debe de aparecer territorializado por comunidades autónomas, para saber las inversiones y qué se va a hacer en cada legislatura en relación con cada modo de transporte. En lo
demás nos plantea el peligro de que seguimos primando, más que nada, los brindis al sol que las realidades. Creo que cifrar el diseño de la red, incluso de alta velocidad, en que alcance 350 kilómetros por hora es una falsedad que ni siquiera en el
plan del señor Álvarez-Cascos, que en algunos aspectos tuvo voluntad ejecutiva evidente -no lo voy a negar-, se cumplía. Todos sabemos que el decreto de interoperabilidad iba desde unas velocidades de 80 kilómetros por hora, por motivos
urbanísticos, hasta 250, 200 y 300. Es decir, que valía para todo. Por tanto, seguir atados a eso para un país como Galicia no dice nada, cuando se están ejecutando obras de iniciativa del Partido Popular que son de 150 kilómetros por hora en todo
el eje más populoso u otras que dejó preparadas el señor Álvarez-Cascos de 120 kilómetros por hora y 470 millones de euros teóricamente. No las vimos por ninguna parte. Comprenderán que estemos deseando poder entrar en una negociación real,
ejecutiva y que se haga en plazos que no acaben con nuestra paciencia y que puedan valer para restaurar, por ejemplo, el tren, ya que decimos que todos participamos del criterio de que debemos de darle prioridad.
Nuestras enmiendas a la moción del Partido Popular iban solamente dirigidas a intentar racionalizar un poco la cuestión en el punto 1, por no pedirle al nuevo Gobierno lo que el anterior no estaba dispuesto a hacer, ya que hay obras del
anterior Gobierno que planificaba para el año 2012-2015, y en definitiva para que se integrasen no tanto las obras contempladas en el Plan Galicia en su parafernalia teórica de alta velocidad, sino en los itinerarios, que contemplaba que todos eran
necesarios. Por eso hemos presentado esta enmienda.
Acabo ya, señor presidente, expresando la voluntad del Bloque Nacionalista Galego de que podamos llegar a un debate más serio, que es muy importante, y en concreto en relación con el tema del ferrocarril.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Turno de fijación de posiciones. El señor Herrera, de Izquierda Verde.
El señor HERRERA TORRES: Voy a intervenir de forma muy breve.
Hemos presentado una enmienda conjuntamente con el Grupo Socialista y con Esquerra Republicana debido a la inconsistencia, entendíamos, de la moción del Grupo Popular. El señor Ayala hablaba de hipotecas y es verdad, hay una gran hipoteca
en este país: la gran hipoteca es la ambiental que han dejado, la de recursos que se han gastado para trenes que no van como pretendían que fuesen. Ustedes hicieron una opción en el Madrid-Barcelona. La opción llega tarde, la vía no permite que
el tren funcione como tenía que funcionar y el contrato que hacen con Siemens lo que hace es que tengamos un tren que tampoco va a 350 kilómetros por hora. La verdad es que con este expediente, sin ánimo de ser andaluz, y por supuesto sin entrar en
el marco del humor murciano, a mí el escenario no me hace gracia.
En esta situación, nuestro grupo plantea diferentes elementos: compromisos territoriales. Dicho de otra manera, hoy no se puede hacer política de infraestructuras sin tener presente a las comunidades autónomas. Segundo elemento: que haya
un compromiso parlamentario. Yo no estaba en la última legislatura, pero usted sabe bien que aquí el compromiso parlamentario no funciona. Tercer elemento: que haya una potenciación del ferrocarril. Y para nuestro grupo es fundamental un
elemento: que haya gestión de la movilidad. ¿Qué significa eso? Que lo que se haga sea gestionar mejor las infraestructuras existentes, que la mejor infraestructura no es la nueva; la mejor infraestructura es aquella que se utiliza de forma
correcta. Y, por supuesto, todo ello en un marco. Y el marco es el impulso del transporte de mercancías, y especialmente por ferrocarril, que en los últimos años, y con el mandato del Partido Popular, ha ido para atrás. Yo coincido en algo con
usted, señor Ayala. Es cierto que hoy el PEIT está por concretar. Tenemos intenciones y un discurso que va en la buena línea, pero que aún no se ha concretado presupuestariamente ni concertado con las comunidades autónomas. Nuestro grupo
parlamentario lo que quiere es que exista un compromiso por parte del ministerio, por parte en este caso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que sí entendemos es una cosa muy clara. Yo no sé si ustedes estaban en el suelo o en el
globo, pero estuviesen donde estuviesen lo que estaban haciendo ustedes iba mal; mal ejecutado, con retraso, sin la velocidad prevista, gastando más recursos que nadie, pero con una hipoteca ambiental que la reconocen no sólo los grupos ecologistas
de aquí, sino los grupos ecologistas de toda la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Señor Jané, de Convergència i Unió. Adelante. (Pausa.)
Perdón, señor Andreu. Estamos ya en el turno de fijación de posiciones, pero recuperamos su turno de palabra. Adelante, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: El portavoz de Izquierda Unida está en turno de defensa de enmienda como yo. Me gustaría que fuese tan laxo en esta ocasión como en el tiempo que han tenido los portavoces del Partido Popular y del Partido
Socialista Obrero Español según el Reglamento.
Supongo que no lo será, pero se lo pido.
Que estemos en este Parlamento en un debate como es el plan de infraestructuras, que tendría que marcar 15 años de cuál es el futuro en el ámbito ferroviario y de carreteras, de puertos y aeropuertos en este país, haciendo chistes, me parece
que este Parlamento no está a la altura. (El señor Ayala Sánchez: Yo no he dicho un chiste, es un sucedido.) Señor Ayala, ya sé que empezó la ministra. Estamos en un debate importantísimo que todos los grupos parlamentarios deberíamos tomar con
mucha más seriedad de la que se ha producido hasta el momento.
Tanto el debate de la semana pasada como el de hoy no nos ayudan a ver esta cuestión importantísima para la modernización de este país, ni hacia dónde tenemos que ir. Quizá acabemos
como en el debate celebrado el siglo pasado en esta Cámara que, hablando de ferrocarril entre el ancho ibérico y el ancho internacional, se invoque patriotismo, lo cual será la garantía de que no haya una nueva invasión de las tropas napoleónicas.
Sí, porque aquí se está jugando en infraestructuras con conceptos de vertebración de España. Y miren, uno que va a votar no a la Constitución europea, lo que la mayoría de los grupos parlamentarios llaman alta velocidad española, la mayoría de los
europeos lo llamamos tren de gran velocidad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
El señor ANDREU DOMINGO: Con este debate, hace 150 años, invocando patriotismo, la concepción radial nos alejó de Europa. Las infraestructuras, los corredores mediterráneos, ferroviarios y de carreteras lo que tienen que hacer es vertebrar
Europa. La mayoría de estas infraestructuras que estamos discutiendo proceden de fondos europeos. No he oído en los discursos de los grupos mayoritarios de esta Cámara que estuviéramos hablando de proyectos europeos para vertebrar Europa. En la
moción que hemos consensuado hemos introducido la Unión Europea y lo hemos hecho los que dentro de unos días vamos a votar no a esta Constitución porque no es suficiente Europa, porque no respeta la Europa de los pueblos, porque está aún anclada en
esta España radial, en esta España del Estado. En este Congreso ya se realizaron debates sobre infraestructuras que nos costaron años de ostracismo, años de regresión, años de no estar conectados con Europa. A ver si acabamos con los chistes de
unos y otros y emprendemos el camino de los pueblos libres, el camino de Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu. Le pido disculpas por el error cometido en la ordenación de las intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente este es un debate importante, lo decía ahora el portavoz de Esquerra Republicana, señor Andreu, pero es un debate importante porque estamos en el horizonte de definir cuáles son las infraestructuras prioritarias, cuál
tiene que ser el contenido del PEIT.
Efectivamente en la interpelación de la semana pasada la ministra exhibió un documento, entregado ya a todos los portavoces de la Comisión de Fomento -lo exhibió como lo está haciendo ahora el señor De la
Encina-, un ejemplar titulado PEIT, que está lleno de buenos propósitos pero que está vacío de concreciones. ¿Es bueno o es malo? Dependerá de las concreciones, dependerá finalmente de los plazos que acordemos, de los calendarios.
Ante la moción que hoy se nos presenta mi grupo votará negativamente y lo hará porque esas concreciones de la moción tampoco son extrapolables al PEIT que estamos tramitando y no tienen la legitimidad de unos cumplimientos que por ejemplo en
materia de gran velocidad no tuvimos de manera clara en el tramo ejecutado del AVE Madrid-Lleida. No es esta la solución, pero para mi grupo tampoco lo es dejar sin contenido el PEIT.
Evidentemente no lo vamos a poder hacer con una moción -está
aquí el presidente de la Comisión de Fomento y Vivienda de esta Cámara-, y sabemos bien que el PEIT habrá que negociarlo y pactarlo entre los distintos grupos parlamentarios. Este el es propósito de Convergència i Unió. Queremos dialogar con el
Gobierno el contenido del PEIT, queremos discutir los calendarios, discutir las prioridades y, por tanto, entendemos que de momento se ha fijado un marco, pero al marco le falta el contenido final. El contenido final tendrá una fase que será su
entrada en el Congreso de los Diputados, pero los grupos parlamentarios, antes de que entre formalmente el documento con concreciones, debemos intentar negociarlo. Esta es la voluntad de mi grupo: intentar llegar a un consenso en el debate del
PEIT. El consenso no lo conseguimos con la moción que hoy nos presenta el señor Ayala; más allá de los chistes no es la manera de encontrar el consenso. El consenso sólo lo vamos a encontrar, sólo lo vamos a conseguir a través de la negociación
de los contenidos.
Por tanto, y atendiendo también a la hora, señor presidente, señorías, termino ya diciendo que no a la moción, sí a la negociación de un PEIT que dé respuesta real a los problemas de infraestructuras que tenemos y muy especialmente a los que
tiene Cataluña, que padece un déficit de infraestructuras desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, sí a la negociación, que esperemos que sea
fructífera, y esperamos que ese marco que nos presentó la ministra se llene de un contenido que nos permita una mayor competitividad en materia de infraestructuras y que nos permita también al final conseguir esos objetivos que todos tenemos
planteados en esta legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, ¿por favor, podría usted precisar la aceptación o rechazo de enmiendas?
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Consecuentemente con lo expresado en la exposición, no podemos admitir las enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Así pues, se votará la moción en su literalidad, en los términos propuestos por el Grupo Popular.
En primer lugar, votaremos las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, y después de la última, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Primera votación, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno. Se ha presentado una enmienda transaccional.
¿Algún grupo parlamentario
se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, se procede a la votación de la moción en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 134; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación, moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos todavía vigentes que
dan lugar a traslados de poblaciones. Se ha presentado una enmienda de sustitución y una enmienda transaccional.
¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, se vota la moción en los términos de la enmienda
transaccional, más la de sustitución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 170; en contra, cinco; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera votación, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual. Se ha
presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es el caso, se votará la moción con la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Última votación de las mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan estratégico de infraestructuras y transporte. La moción
se vota en sus términos iniciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 126; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO, HECHA EN PARÍS EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000041.)
- PROTOCOLO APROBADO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA QUE MODIFICA, EN LO RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN FICHERO EUROPEO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADUANERA, EL CONVENIO RELATIVO A LA
UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente 110/000051.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ PARA LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, HECHO EN MADRID EL 6 DE JULIO DE 2004. (Número de expediente 110/000052.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA, HECHO EN MADRID EL 1 DE JULIO DE 2004. (Número de expediente 110/000053.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN BUCAREST EL 3 DE MARZO DE 2004. (Número de expediente 110/000054.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a proceder a la votación del punto VI del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, números de expedientes 110/000041 y
110/000051 a 110/000054.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.)
¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de algunos de los dictámenes referidos? (Pausa.)
En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan
aprobados los referidos dictámenes.
Buenas noches. Se levanta la sesión.
Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.