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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 50, de 23/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 50
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 46
celebrada el martes, 23 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Coalición Canaria, Orgánica de
modificación del Código Penal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 125-1, de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000110.) ... (Página 2344)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Estatuto del periodista profesional. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 44-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente
122/000032.) ... (Página 2358)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para proceder a la dispersión de los presos extranjeros que están causando graves altercados en las prisiones españolas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 95,
de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 162/000184.) ... (Página 2369)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas para proteger la vida de los jóvenes y mejorar su seguridad en el tráfico.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 60, de 26 de julio de 2004. (Número de
expediente 162/000128.) ... (Página 2379)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesaria puesta en marcha de medidas para prevenir los accidentes de tráfico de los jóvenes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 74, de 27 de septiembre
de 2004. (Número de expediente 162/000154.) ... (Página 2379)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 103, de 15 de noviembre de 2004.
(Número de expediente
173/000034.) ... (Página 2386)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad institucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 103, de 15 de noviembre de
2004. (Número de expediente 173/000035.) ...
(Página 2393)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno del
fraude fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 103, de 15 de noviembre de 2004. (Número de expediente 173/000036.) ... (Página 2399)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación a la política de inmigración. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 103, de 15 de noviembre de 2004. (Número de expediente 173/000037.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 2344)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Coalición Canaria, orgánica de
modificación del Código Penal ... (Página 2344)
Presentan la toma en consideración de la proposición de ley, presentada conjuntamente, en la que se plantea la derogación de los contenidos de los artículos 506 bis, 512 bis y 576 bis del Código Penal, los señores Cuesta Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Cuesta Martínez y Jané i Guasch, la señora Uría Etxebarría y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del Estatuto del periodista profesional ... (Página 2358)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tras leer una cita de Chesterton en el año 1917, donde se
dice que el capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo y que ya no se necesita censura para la prensa porque la prensa misma es la censura, afirma que su proposición trata de trasladar una reivindicación de los
profesionales del periodismo que quieren ejercer su profesión con garantías, derechos y dignidadon Asimismo, añade, pretende proteger el derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución española, el derecho a la información.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Replica la señora Navarro Casillas.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Coalición Canaria, orgánica de modificación del Código Penal, se aprueba su toma en consideración por 175 votos a favor, 133 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del estatuto del periodista profesional, se aprueba la toma en consideración por
175 votos a favor, 134 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 2369)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para proceder a la dispersión de los presos extranjeros que están causando graves altercados en las prisiones españolas ... (Página 2369)
La señora Sánchez-Camacho Pérez defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que persigue incrementar la previsión, la detección y la erradicación de la conflictividad en los centros penitenciarios.
Describe la situación de las cárceles españolas, con frecuentes altercados protagonizados por reclusos extranjeros, especialmente de carácter islamista, y el gran incremento de la población reclusa extranjera, porque de cada 10 nuevos presos, seis
son de nacionalidad extranjera. Su grupo considera que son necesarias medidas urgentes adicionales como las que se establecen en esta proposición no de ley, y se refiere a un nuevo modelo de tratamiento penitenciario ante una nueva realidad como la
de que presos comunes se encuentran presionados y extorsionados por quienes pueden ejercen en alguna que otra prisión un mayor liderazgo, una mayor presión fundamentalista. Por ello proponen un mayor control en las cárceles tanto en el sistema de
comunicaciones como en el análisis y seguimiento previo para poder realizar la dispersión en los casos de conflictividadon Agradece las enmiendas presentadas y espera llegar a una iniciativa conciliadora y consensuada para tener una actuación eficaz
en las cárceles españolas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y
los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas para proteger la vida de los jóvenes y mejorar su seguridad en el tráfico ...
(Página 2379)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesaria puesta en marcha de medidas para prevenir los accidentes de tráfico de los jóvenes ... (Página 2379)
El señor Mayoral Cortés defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Manifiesta en primer lugar que la nueva política de seguridad vial que ponen en marcha los socialistas tiene como objetivo claro
reducir la cifra de fallecidos en un 40 por ciento durante los próximos cinco años y la no resignación ante la catástrofe de la inseguridad vial. Hace un análisis de la situación que se produce los fines de semana y llega a la conclusión de que son
los más jóvenes los que pagan un tributo más fuerte. Ante la situación descrita considera que es necesario actuar con firmeza no sólo los poderes públicos y la sociedad en general, sino también el conjunto de organizaciones sociales representativas
de la juventud, los propios empresarios y todas las entidades que han ido surgiendo en el país para hacer una mejor defensa de la vida en la seguridad vial. A continuación expone una serie de medidas que consideran imprescindibles.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Jané i Guasch. Expone una serie de datos sobre la mortalidad en las carreteras españolas y su incidencia en la población
juvenil, llegando a la conclusión de que la juventud ligada a los accidentes de tráfico constituye una franja especialmente mortífera y que hay una mayor concentración de accidentes de jóvenes por las noches y los fines de semana. La finalidad que
persigue su grupo es impulsar medidas que redunden en una disminución de los accidentes de tráfico, especialmente en el segmento de la población juvenil, y anuncia una autoenmienda a su iniciativa con el fin de que coincida con la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, porque, dice, el objetivo del Congreso de los diputados en materia de seguridad vial es aunar esfuerzos para reducir las cifras de accidentes que van aumentando cada fin de semana.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mayoral Cortés y Jané i Guasch.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para proceder a la dispersión de los presos extranjeros que están causando graves altercados en las prisiones españolas, con la
enmienda transaccional suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 297 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre medidas para proteger la vida de los jóvenes y mejorar su seguridad en el tráfico, con las enmiendas de adición aceptadas, provenientes del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 301 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesaria puesta en marcha de medidas para prevenir los accidentes de tráfico de los jóvenes, con las autoenmiendas que han
sido admitidas por el propio grupo autor de la iniciativa, se aprueba por 299 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 2386)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional ... (Página 2386)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Considera que la excarcelación del ex general Galindo es un escándalo político y un acto genuinamente
antidemocrático y se refiere a las reflexiones dudosamente ajustadas a derecho que hizo el señor ministro en el debate de la interpelación urgente. Considera incomprensible que los ocho condenados por la denominada trama GAL -que no son los únicos
responsables- estén todos excarcelados en este momento, lo que supone no formalmente pero sí materialmente la concesión de una amnistía sobre uno de los sucesos más vergonzosos de la transición democrática. Apela a la sensibilidad democrática de
todos los grupos parlamentarios para que se apruebe esta moción que considera puesta en razón, equilibrada y que no pretende buscar ningún tipo de venganza, ningún tipo de retribución ni ningún tipo de vindicación; de no aprobarse, la
deslegitimación
democrática de las instituciones que se produciría sería, en su opinión, de muy difícil reparación.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Cerdà
Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En Olabarría Muñoz da lectura a una sentencia del Tribunal Constitucional.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad constitucional ... (Página 2393)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Puigcercós i Boixassa, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC). Da cuenta en primer lugar del cumplimiento del contenido de una moción que se aprobó en
el Parlamento de Cataluña en el año 2003, que entre otras medidas instaba al departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat a trabajar en colaboración con los otros departamentos para hacer un seguimiento y una evaluación de las leyes y
normas estatales que tenían un impacto sobre el presupuesto de la Generalitat, y lo hace porque considera que para un Gobierno que apuesta por un Estado descentralizado y plural, ésta tendría que ser considerada como una situación anómala, una
prueba de que tienen que cambiar las cosas para que el cambio de talante y las formas se materialicen en medidas reales y efectivas. A continuación explica el contenido de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Malaret García, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Puigcercós i Boixassa.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno del
fraude fiscal ... (Página 2399)
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta esta moción de medidas de lucha contra el fraude intentando establecer un marco que defina las normas que debe
ejercer el Estado en la lucha contra el fraude, refiriéndose en concreto al caso de las cesiones de crédito.
Quieren luchar contra el fraude, explica, y necesitan para ello ayuda del Parlamento y una actitud activa del Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política de inmigración ... (Página 2404)
La señora Montesinos de Miguel, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, que se enmarca, dice, dentro de lo que debe ser una de las principales preocupaciones y
prioridades del país, porque será la inmigración la que cambie de manera sostenible la configuración económica, laboral y social.
Su grupo, consciente de la complejidad, considera que se debe planificar, para evitar que lo hagan las mafias,
respecto a la capacidad de acogida, al mercado laboral, a la política de integración en el seno de la Unión Europea y con expresa referencia a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero está en contra de la regularización masiva y del
efecto llamada.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Montesinos de Miguel.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional, en sus propios términos, se rechaza por 19 votos
a favor, 265 en contra y siete abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y lealtad institucional, con la enmienda de
adición presentada por el Grupo Socialista, se aprueba por 169 votos a favor y 122 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han
adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno del fraude fiscal, con la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), se rechaza por 12 votos a favor, 273 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la política de inmigración, en sus propios términos, se rechaza por 123 votos a favor, 158 en contra y diez
abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y DE COALICIÓN CANARIA, ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000110.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es la toma en consideración de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana, Vasco, de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds y de Coalición Canaria. Es una proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 126.4 y 126.5 del Reglamento, en relación con el 74.2. De acuerdo con el artículo 129, la proposición de ley puede retirarse en cualquier momento anterior a la adopción del acuerdo de toma en
consideración. No se ha presentado criterio del Gobierno respecto a la toma en consideración. Vamos a ir al procedimiento, y empezamos con las intervenciones, por un turno de 15 minutos, de los grupos parlamentarios autores de la proposición de
ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor diputado Álvaro Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Presidente, señoras y señores diputados, con esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, en la que se plantea la derogación de los contenidos de los artículos 506 bis, 512 bis y 576 bis, se
pretende corregir algo que en su día la mayor parte de la doctrina y de los grupos parlamentarios calificamos de fraude de ley legislativo. Se pretende reparar de alguna forma una indignidad del Parlamento; o, por usar una expresión muy querida
para algún ingeniero de la disposición que hoy queremos derogar, de reparar un legalicidio.
En efecto, en la anterior legislatura se aprobó la denominada Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Aquel proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de los
Diputados y remitido al Senado con el título de proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de arbitraje, por la que se
modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir que era una ley de arbitraje, una ley instrumental para la Ley de arbitraje. Constaba de un artículo único, que modificaba el artículo 8 ter g) de la ley orgánica, para adaptarla -como
decíamos- a la Ley de arbitraje. Curiosamente, en la fase de enmiendas, ya en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda de adición en la que se formuló una disposición final primera nueva, por la que se introdujeron unos
redactados, a veces de tenor imposible en cuanto a la descripción del tipo, de los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal, tipificando como conducta punible la convocatoria de consultas populares por autoridad sin competencia para
ello.
Esta iniciativa se adoptó contra el criterio de todos los grupos parlamentarios; si bien es verdad que con el apoyo de quien tenía la mayoría. El 18 de diciembre, el Pleno de esta Cámara, que recibe el dictamen del Senado, debatió y votó
las enmiendas aprobadas por el Senado con una actitud testimonial de protesta del resto de los grupos parlamentarios consistente en no votar, sin más; en no votar, con lo que, según el resultado final de la votación, la reforma unilateral, un tanto
alambicada y extravagante, del Código Penal se aprueba con 179 votos a favor, de un total de 180 votos emitidos. Hasta aquí, la historia de una tramitación y de cómo por medio de una ley instrumental para la modificación de la Ley de arbitraje
acabamos modificando el Código Penal.
Yo creo que, como mínimo, sólo por lo que ha sido el iter histórico, la forma de tramitación parlamentaria, era una responsabilidad del Parlamento devolver el decoro a lo que debe ser una adecuada política
legislativa, sobre todo en un tema que afecta a derechos fundamentales, que afecta a garantías, que afecta a conceptos como el de la libertad personal, que afecta a valores constitucionales tan directos como es un Código Penal.
No voy a hacer ahora un inventario de lo que fueron las críticas de la doctrina a esta histriónica modificación, pero en el corto espacio de tiempo que nuestra doctrina ha venido publicando un análisis de esta reforma del Código Penal se han
dicho cosas tan concluyentes como: esta es una ley que consiste en lanzar el derecho penal contra el adversario político; estamos ante un abuso del derecho penal y una banalización de la legalidad; estamos ante un derecho penal simbólico, o
estamos ante el efecto escaparate del derecho penal. No voy a leerles la autoría de este catálogo simbólico de descalificaciones doctrinales que se ha hecho a este proceder.
Por mi parte, quisiera justificar que la derogación de estos artículos no abre espacios de impunidad para las conductas que el legislador parcial, el concreto artífice de aquella reforma, quería incriminar. No deja espacios de impunidad
porque aquella reforma era una reforma de contenido imposible; tipos inaplicables y además tipos penales reiterativos que encontraban ya acomodo y tratamiento penal en otros ámbitos del Código.
Delitos como usurpación de funciones, malversación de
fondos, la figura de la prevaricación, por poner unos ejemplos, daban suficiente acogida a lo que se pretendía impedir con aquella reforma; reforma que por otro lado generaba una desproporción absoluta en el tratamiento penal que se hacía. Fíjense
en esa desproporción; hablábamos de introducir nuevos tipos delictivos de conducta difícilmente realizable, tipos delictivos que acababan con penas privativas de libertad que podían llegar hasta los siete años. Hay una desproporción absoluta.
Cuando se produce aquella reforma, el penalista Enrique Gimbernat califica esta reforma como una reforma absolutamente disparatada y establece un ejemplo de desproporción. Dice: el delito de conspiración para la rebelión armada para declarar la
independencia se castiga en el actual Código Penal con penas de entre tres a siete años de prisión, según el juego de los artículos 472.3, 473 y 477 del actual Código Penal. Pues bien, el teórico tipo delictivo de convocatoria por persona
inadecuada de referéndum se castiga con penas de privación de libertad inferiores a la de la conspiración para la rebelión armada. La verdad es que era un despropósito, una desproporcionalidad absoluta. Un insigne penalista que me niego a dejar de
citar por su sentido no solamente científico sino también por su sentido histórico y del humor, Gonzalo Quintero Olivares, afirma lo siguiente: sólo al Código Penal del régimen del general Franco se le ocurrió ofrecer el extravagante delito de
rebelión astuta y no violenta (se refería al artículo 17.1.º del Código Penal del franquismo), que no despertaba otra cosa que hilaridad en todo el conjunto de los penalistas si se olvidaba que en su tiempo, además, sirvió para aplastar incluso
inofensivas tertulias de opositores al régimen y de conceptuarlas, aplastándolas con el terror penal, como conspiradoras. Es verdad, aquí se ha venido a pintar una cierta suerte de delito de rebelión astuta y no violenta, además, yo creo, huyendo
de lo que es el espíritu de nuestra Constitución.
Señorías, yo quisiera acabar con lo que entiendo que puede ser una buena síntesis de la filosofía que inspira nuestro artículo 25.2 de la Constitución española -los fines de la pena- y que inspira lo que fue también la filosofía del Código
Penal de 1995, aquella afirmación que decía cuando abordaba la finalidad del derecho penal: asistencia social, toda la que sea posible; pena, sólo cuando sea necesaria. Estoy hablando del ilustre penalista Hesse; estoy hablando de Jiménez de
Asúa: cada minuto de hoy vale por años del pretérito, por eso es de esperar que el impulso expiacionista de la pena se cancele pronto. Es verdad, yo creo que, en los tiempos que corren, violentar principios que denunciaba Montesquieu -toda pena
que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica-, apartarse de la línea de nuestra Constitución y volver al terror penal no solamente es un disparate en las formas, sino también en el fondo y
en la concepción de lo que debe ser el adecuado ordenamiento que desarrolle, proteja y garantice nuestras libertades y derechos fundamentales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Jordi Jané, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Honorable president, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el día en que se abrió esta legislatura formalmente el pasado mes de abril, el primer día hábil, presentó en el
Registro del Congreso una proposición de ley orgánica con la finalidad única de dar marcha atrás, de retroceder en lo andado de manera precipitada al final de la anterior legislatura. Por tanto, una proposición de ley pionera del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) fue la que hoy ha permitido que, al estar cronológicamente bien situada para ser debatida en el Pleno, se pueda sustituir por esta conjunta. Mi grupo parlamentario entiende que es positivo hoy debatir
conjuntamente, a través de una propuesta firmada por siete grupos parlamentarios, lo que debe ser la derogación de una modificación del Código Penal que no debería haberse producido nunca como se produjo al final de la pasada legislatura. Si me lo
permiten SS.SS., fue una reforma inducida políticamente para tener en el Código Penal unas figuras delictivas que el iter normal de la legislatura no hubiese permitido su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, hoy, señor
presidente, señorías, no estamos ante un debate jurídico a pesar de que estemos derogando unos artículos del Código Penal; hoy estamos ante un debate de naturaleza eminentemente política, porque fue la naturaleza política la que indujo, con
precipitación, con una marcha absolutamente forzada, a introducir esos artículos en el Código Penal al final de la legislatura pasada. Se quería resolver a través de la vía penal lo que era un debate político de forma muy centrada en el País Vasco,
y para resolver el debate político que se originaba en el País Vasco a través de lo que se llama y se llamó el Plan Ibarretxe y de posibles o no posibles convocatorias de referéndum, lo que se pretendía antes de que finalizara la pasada legislatura
era tener esas conductas dentro del Código Penal, y no puede resolverse penalmente lo que es, lo que era y lo que sigue siendo un debate político. No podemos reformar el Código Penal con precipitación. Hoy está aquí el que era entonces ministro de
Justicia y yo creo que podríamos compartir todos que las reformas penales requieren sosiego, requieren siempre una maduración y, evidentemente, el más amplio consenso posible. Se ha dicho muchas veces que el Código Penal no deja de ser una
constitución en negativo, que el Código Penal no deja de trasladar al conjunto de la ciudadanía aquellos valores que entendemos fundamentales en cada momento. Llevar a la vía penal una conducta requiere siempre un grado de maduración, de consenso y
de debate que en aquella ocasión no tuvimos. Por tanto, hoy mi grupo parlamentario se congratula de que finalmente demos marcha atrás, de que aquello que se anduvo con rapidez hoy, a través de esta proposición de ley conjunta, podamos desandarlo y
deshacer lo que nunca debía haberse hecho. Solo hace falta repasar el debate que tuvimos en este mismo hemiciclo el pasado día 18 de diciembre. Fíjense, estamos en el mes de noviembre siguiente y ya estamos dando marcha atrás a esa reforma por la
puerta falsa que entró el pasado mes de diciembre. Señor presidente, hay hemerotecas para confirmar o no este dato, pero quizá estamos ante la reforma penal que menos meses habrá estado en vigor en la historia de nuestra democracia. El Código
Penal siempre es la culminación de un gran debate y, como aquella reforma no obedeció a ese debate sosegado, sino a una precipitación y a una voluntad de resolver penalmente lo que no debía resolverse por esa vía, mi grupo parlamentario entiende que
el hecho de que hoy se tome en consideración esta proposición de ley es una buena noticia para nuestro sistema democrático y es una buena lección de futuro.
Repasemos simplemente el íter, el camino que recorrió la reforma que hoy vamos a votar que se derogue. Dado que la Ley de arbitraje era ordinaria pero hubo que hacer una disgregación de su articulado en unos artículos expresos que merecían
el carácter de orgánico porque contemplaban una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los nuevos juzgados de lo Mercantil, aprovechando que había esos artículos orgánicos y que, por tanto, había un proyecto de ley orgánica
complementario a la Ley de arbitraje, de articulado sencillo y ágil, aprovechando esa disgregación y como tenía el carácter de orgánico se pensó en aquel momento: ¿En qué ley orgánica puedo introducir antes de que se disuelvan las Cortes esa
modificación política del Código Penal que quiero impulsar? Y se señaló la Ley orgánica complementaria a la Ley de arbitraje. ¡Qué triste favor le hicimos al Parlamento! ¡Qué triste favor les hicimos incluso a los operadores jurídicos! Cada día se
abre más el debate sobre el principio de seguridad jurídica, que está garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución. ¿De qué forma? Aprovechando la disposición adicional de una ley se modifica nada más y nada menos que el Código Penal, cuando
por razones de seguridad jurídica lo aconsejable es modificar el Código Penal por el cauce adecuado, con el trabajo también de la Comisión general de Codificación, evidentemente, tras el iter legislativo que debe contemplar un aspecto básico en todo
proyecto de ley, que es que esta Cámara tenga el proyecto de ley y que se abra el plazo de enmiendas para poder plantear las debidas alternativas políticas. Estamos hablando de forma, pero también quiero hablar de contenido. Mi grupo no comparte
tampoco el contenido y lo que puede suponer de alteración en el sistema penal como última ratio, filosofía que tenía el proyecto de ley cuya derogación hoy estamos impulsando.
Convergència i Unió entiende que hoy estamos haciendo lo que debíamos hacer y por eso mi grupo parlamentario presentó la proposición de ley el primer día de la legislatura, porque debíamos desandar ese camino y buscar claramente un consenso
para poder dar marcha atrás en una reforma que nunca debía haberse aprobado y menos en las condiciones formales en que se produjo. Porque, para finalizar, señor presidente, señorías, ¿qué oportunidad tuvimos los diputados de la pasada legislatura
de enmendar aquella reforma penal? Estamos hablando de una reforma del Código Penal.
¿Qué oportunidad tuvo un diputado, un grupo parlamentario de este Congreso de enmendarla? Simplemente hubo la oportunidad final de votar sí, no o abstención a
las enmiendas que venían del Senado, pero no se abrió aquí un plazo para presentar enmiendas y no hubo el necesario contraste, no se vio hasta qué punto cada grupo se posicionaba respecto de cada uno de los artículos. Era, si me lo permiten, un
debate con resultado final conocido. En aquella ocasión, existía en la Cámara una mayoría absoluta, una mayoría absoluta que se quedó huérfana de aliados, pues no hubo ni un solo grupo parlamentario que diera apoyo a las tesis que en aquel debate
mantuvo el grupo que tenía la mayoría absoluta.
Señorías, termino con una apelación de futuro. Esperemos que no tengamos que repetir en esta Cámara debates como los de hoy, que no tengamos que repetir situaciones en las cuales por la vía del Senado la última noche se introducen unas
enmiendas que nada tienen que ver con el proyecto enmendado y que vienen a dar una solución política a lo que debía ser un debate con un alcance distinto en esta Cámara. Por tanto, esta es la petición que hace hoy mi grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esperemos que en un futuro no volvamos a reformar el Código Penal en esas circunstancias y esperemos también que en futuras reformas del Código Penal pueda ser posible el amplio consenso que se necesita
del Congreso de los Diputados y del conjunto de las Cortes Generales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Jané.
Para intervenir en su turno a favor, tiene la palabra el señor Cerdà por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, que siete grupos parlamentarios se pongan de acuerdo no es muy habitual y, si ha sido así, ha sido porque el Gobierno del PP dio luz verde a una reforma del Código Penal que tipificó como
delito la convocatoria ilegal de procesos electorales y referendos. Fue una reforma que reintrodujo el delito político y criminalizó el debate político, aprobando unas medidas propias de un Gobierno a nuestro entender con vocación totalitaria. Con
la reforma que incluyó estos artículos en el Código Penal el Gobierno del PP amenazó con la prisión a los gobiernos municipales y autonómicos que promovieran la celebración de un referéndum para los nuevos estatutos, una situación que muestra hasta
qué punto las diferentes reformas del PP nos han acercado a la situación de permanente recorte del derecho de expresarse, del derecho de proponer las políticas que se crean oportunas, sin miedo a la pérdida de libertad, sin miedo a la opinión que
pueda tener la ciudadanía sobre todo aquello que le concierne. Desde Esquerra Republicana consideramos que la penalización de la convocatoria de referéndum supuso un grave atentado contra la democracia no solo a nivel de los gobiernos de Euskadi y
de Cataluña, sino también de los propios ayuntamientos. Por ello, algunos ayuntamientos, como el de Badalona o el de Hospitalet, aprobaron a instancia de Esquerra, con la única oposición del PP, mociones en las que se manifestaba el rechazo a que
el Gobierno impulsara unilateralmente una reforma del Código Penal con la finalidad de castigar la convocatoria de referendos por parte de las comunidades autónomas y de los entes locales. También las Juventudes de Esquerra Republicana de Olesa de
Montserrat, en colaboración con su ayuntamiento y las Juventudes Socialistas, mostraron su rechazo a un hecho anecdótico, como fue convocar un referéndum en el municipio, que fue secundado por 700 personas, en el que se preguntaba sobre las
preferencias de la población sobre los yogures, si se preferían azucarados o naturales; ya sé que suena a chufla, pero se convocó sin autorización del Gobierno español, desafiando con este acto de desobediencia civil. Con esta ridiculización de
esta reforma del Código Penal se puso en evidencia el recorte de libertades que suponía la ilegalización de la convocatoria de referendos. Si lo he citado es por homenajear esta misma iniciativa que tuvieron nuestras Juventudes y las del Partido
Socialista.
En el fondo, lo que subyace en este debate es un modelo de participación de la ciudadanía en la vida democrática, que en el caso que tratamos se ve reducida a unas elecciones cada cuatro años, u otro modelo, consecuente con el artículo 92 de
la Constitución española, en el que se aboga por arbitrar los mecanismos por los cuales la ciudadanía expresa su legítima opinión y participa en la toma de decisiones de una manera más cotidiana y directa que la mera participación en las
convocatorias electorales. Para Esquerra tiene especial importancia la posibilidad de poder convocar consultas en el ámbito municipal sin tener que pedir permiso para ello, puesto que son muchas las cuestiones que afectan o que pueden afectar más
directamente a la
ciudadanía y donde la pedagogía democrática del ejercicio de la democracia puede conllevar mejores resultados. Obviamente en el ámbito autonómico Esquerra lo plantea porque dentro de poco tendremos que abordar algunas cuestiones y algunas
reformas de estatuto pendientes en las que sí queremos (así lo avanzamos) contrastar aquello que emane de nuestras Cortes con la opinión de la ciudadanía, para que sea ésta quien refrende efectivamente aquí estas decisiones. Por todo esto, daremos
nuestro voto favorable a esta proposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias señor Cerdá por su concreción.
Tiene ahora la palabra para su turno a favor, por 15 minutos, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para mi grupo, para mi formación política es importante que hoy vayamos a tomar en consideración esta ley, que es derogatoria de lo que para nosotros fue una barbaridad jurídica y un abuso político. Era argumento supremo en la
pasada legislatura, cuando se adoptaban leyes, tantas leyes que desde nuestra perspectiva (desde nuestra perspectiva, manifiesto) supusieron un importante retroceso en la garantía y en la tutela de derechos, manifestar no solo por la formación que
propuso esta iniciativa y por el Gobierno que lo apoyó, sino también por quien hoy forma Gobierno, es decir, por lo que era la mayoría y su alternancia política, que se habían aprobado con la mayoría absoluta de la Cámara, como si para subsanar las
tropelías que se contienen desde el punto de vista de la garantía de los derechos (por ejemplo en las escuchas permitidas, en la ley que regula el CNI, o cuando se introduce el Código Penal con el cumplimiento íntegro de penas, o el régimen de
prisión provisional centralizada que hace imposible su seguimiento, o la normativa antiterrorista referida a menores), como si para subsanar las posibles incorrecciones sirviesen los meros números, como si ellos se inclinasen siempre hacia la
corrección jurídica y hacia el respeto de los valores. Efectivamente rige el sistema de mayorías, pero no siempre ello lleva aparejado la corrección jurídica, política y el respeto de determinados valores. En este caso concreto ni siquiera fue
así.
La votación (consta en el 'Diario de Sesiones') se produjo solo respecto de la iniciativa planteada por el Grupo Popular; solo 180 votos con una abstención y la absoluta falta de participación de las demás formaciones políticas en el mero
acto de poder apretar el botón, considerando que aquello era una burla, que aquello era una farsa y que no se debía participar en ella. Recordarán todos ustedes, recordaremos quienes estábamos en la pasada legislatura, cómo desde alguna formación
política se gritaba: ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!; cómo la señora Chacón, hoy vicepresidenta primera de la Cámara, manifestaba en el momento de la votación: Estáis solos; qué solos estáis. Así era efectivamente, porque, insisto, solo el
Grupo Popular participó en aquella votación de algo que desde nuestro punto de vista jamás debió pasar a engrosar el ordenamiento jurídico.
Señorías, se produjo una modificación del Código Penal a través del trámite insólito de introducir enmiendas, cuando un proyecto de ley que nada tenía que ver con una modificación del Código Penal llegó al Senado.
Voy a referirme a frases
que fueron pronunciadas por distintos portavoces. El señor Aymerich se preguntaba cuál era el bien jurídico protegido en un precepto de esta índole y, si se estaban refiriendo al terrorismo, qué conductas terroristas se imputaban a quien pudiera
convocar un referéndum. El señor Núñez, que hoy ya no es diputado, decía que se utilizaba esta Cámara, que debe ser un foro de debate, para saltarse el debate. El señor Puigcercós aludía a la sensación de asfixia permanente a las instituciones que
discrepamos de este modelo de Estado.
Quien intervenía en nombre de Iniciativa per Catalunya hizo también referencia a un debate que debía ser político y que se solventaba mediante una reforma del Código Penal. El señor Labordeta se manifestó
harto de que la legislación penal se estuviese convirtiendo en un instrumento para la acción política. El señor Mardones, veterano diputado, aludía a que ahora, a los 25 años de la Constitución española, debemos tener el decoro de mantener el
principio de calidad democrática de todas nuestras normas, y a esta falta de calidad democrática dedicaba su intervención. Yo misma, interviniendo en nombre de mi formación política (yendo de menos a más respecto del orden del 'Diario de
Sesiones'), intenté hacer una intervención que resultase técnica, tratando acreditar el porqué de lo irregular del trámite de introducir reformas en el Código Penal en una ley orgánica, insisto, a través de la introducción de enmiendas en el trámite
del Senado; el porqué se había evitado el pase por el Consejo General del Poder Judicial, sin que este, por cierto, hubiese reivindicado el informe, cuando ahora su presidente se ha apresurado a manifestar, en clara sintonía con el Gobierno
anterior, que le parece inadecuado que se vaya a producir ahora la derogación, cuando no tuvo ningún inconveniente en que se aprobase la introducción de estos preceptos sin informe del Consejo.
Intenté acreditar la violación del artículo 23.2 de la Constitución, porque no se había permitido a los diputados que teníamos que haber participado en la intervención el ius in officium, el utilizar nuestro deber de parlamentarios,
participando en todo el iter legislativo que el constituyente quiso que acompañase a la modificación o a la introducción en el ordenamiento de una disposición con el carácter de orgánico.
Manifestaba
además que si de lo que se quería hablar era de una decisión que pudiese resultar injusta utilizando poderes públicos, el artículo 404 del Código Penal tenía ya previsiones que podían resultar suficientes en el hipotético caso de que la
conducta que se pretendía penar fuese punible.
Aludía al principio penal de mínima intervención, citado también en casi todas las intervenciones de los ponentes, y me refería también a que toda política criminal que se pretendiese sensata no podía
introducir elementos de sanción que iban dirigidos a persona concreta o incluso a particulares, puesto que quienes participasen en esos procesos estaban también penados, cuando ni siquiera se les podía imputar la condición de funcionarios públicos,
es decir, el deber de infracción de algún deber inherente al cargo.
El señor Alcaraz manifestaba que so pretexto de la defensa de la Constitución se estaba realizando una lectura unilateral de la misma, socavando los cimientos del pluralismo político. Quien más apasionado se mostró, señorías, fue el propio
ministro de Justicia, a quien, por cierto, me hubiera gustado ver hoy en este debate, cuando manifestaba la burla que estaba siendo la degradación parlamentaria, el esperpento legislativo de que se hubiese traído a esta Cámara una iniciativa de esta
índole. Él además veía más destinatarios políticos que la mera obviedad de que se tratase de perseguir al lehendakari Ibarretxe o al presidente del Parlamento vasco, señor Atutxa; él veía una amenaza de cárcel para el señor Maragall e incluso para
el señor Chaves. Hacía alusión también al informe de más de 120 constitucionalistas, entre ellos 35 catedráticos de derecho constitucional, que calificaban esta utilización de torticera, oportunista, chapucera (decía él) y profundamente contraria
al espíritu de la Constitución, de la legislación penal, como derecho penal del enemigo y que supone en todo caso un colofón difícilmente superable a lo que ha sido el estilo del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta a lo largo de la legislatura
(este era su criterio, que no el mío), un colofón que retrata todo el estilo de una época.
Señorías incluso el propio entorno periodístico, el entorno mediático fuerte y poderoso que acompañó a la tarea legislativa del Gobierno en la legislatura anterior no estuvo de acuerdo con esta decisión. Tengo enfrente una editorial del
diario El Mundo que hablaba de propósito discutible por un camino equivocado y desde el propio diario ABC (siento citar directamente los medios, pero todos conocen cuáles son los que apoyan específicamente determinadas opciones políticas) se decía
que era un uso abusivo porque se respondía con una artimaña legal a un problema político. Insisto, ni siquiera la inmensa mayoría de esta Cámara, lo que utilizaban como argumento supremo para aprobar otras iniciativas o para justificar su
introducción en el ordenamiento, se daba en este caso.
Tampoco la opinión de la doctrina (así lo manifestaba el entonces portavoz del Grupo Socialista y hoy ministro de Justicia) acompañó en ningún momento la decisión legislativa que se había
adoptado y desde luego tampoco gozó del beneplácito de los medios de comunicación más próximos al Gobierno.
¿Por qué hago toda esta disertación? Señorías, porque lo que entró con tanto estruendo en el ordenamiento jurídico a mi formación política le hubiese gustado que saliese con algo más explícito, algo más llamativo, algo más específico que es
el tenor literal de la proposición de ley que hoy traemos, cuya parte dispositiva únicamente dice que quedan derogados los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal nada más, incluyendo otra disposición final sobre su entrada en vigor.
En la exposición de motivos hay alguna referencia más, pero es ante todo una referencia de reproche político a determinadas propuestas ideológicas, y eso que desde mi formación política nuestro portavoz aquilató, suprimió, algunos párrafos que
suponían censura política de determinadas opciones políticas. Se llegaba a decir delito no son, pero sí que son criticables, lo cual me parece inaudito como propósito en el texto de una disposición.
Si esto se interpreta como elegancia o como no
revanchismo, yo puedo admitir que son valores parlamentarios y no está mal que así sea; sin embargo, manifiesto que a nuestra formación política nos gustaría que se recogiese que esto había sido un error no solo jurídico, sino una tremenda torpeza
política, y hubiera sido una buena ocasión para que la literatura de la exposición de motivos así lo recogiese. Insisto en que lo que con tanto estruendo entra en el ordenamiento debiera también salir con algo de acompañamiento de reproche, no de
un modo tan aséptico como es el tenor literal de la iniciativa que hoy vamos a tomar en consideración. Por ello he adoptado este estilo de intervención. Sirvan mis palabras para manifestar el criterio de reproche, pues tal es el parecer de mi
grupo.
Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Uría.
Tiene ahora un turno a favor por 15 minutos la representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Mediante esta proposición de ley tratamos sencillamente de volver a la normalidad democrática, suprimiendo los artículos de lo que fue la cuarta modificación del Código Penal operada por la mayoría absoluta del Partido Popular en su
particular manera de entender la democracia, que es la de solo vale lo que nosotros pensamos y el resto a la cárcel. En cualquier caso esta supresión era urgente, pero hay más, y estaremos ahí al tanto para que se lleven a cabo. En cuanto a la
tramitación parlamentaria ya se ha dicho aquí. Se
hurtó el debate al Congreso introduciendo un nuevo tipo penal, a través curiosamente de la Ley de Arbitraje en el Senado, y se impidió el informe del ahora tan adorado Consejo General del Poder Judicial. En esta legislatura los ciudadanos
han optado por abandonar el rodillo, por la vuelta a la democracia, al debate y a esta nueva mayoría que permite hoy llevar a cabo este pequeño y gran avance: acabar con el delito político que ustedes introdujeron.
El traslado al ámbito penal de una situación estrictamente política como podría ser la que se da en el País Vasco denota claramente los problemas del Partido Popular para entender un Estado democrático y de derecho reflejado en la
Constitución española. Sencillamente esta fue una oportunidad más para que todos alcanzáramos esta conclusión, pero por desgracia hay más y nos dieron más pruebas de ello, por ejemplo las mentiras del 11-M, pero quizás sea normal porque muchos de
ustedes no vienen precisamente de una tradición democrática. (Rumores.)
Como todos saben, esta modificación legal se hizo mediante una ley ad hominem, una ley con destinatario personal, alertando a los españoles de una gran amenaza separatista, fomentando el enfrentamiento entre los pueblos que conforman el
Estado español y las distintas visiones que hay en estos, todas legítimas, todas, desde mi punto de vista por motivos, como vengo diciendo, precisamente no democráticos y puramente electoralistas. No se puede reinventar el Código Penal ante
cualquier discrepancia política; no se puede perseguir, utilizando artimañas jurídicas, a quien piensa diferente, como ustedes hicieron. Lo hicieron así, señores del PP. Uno de los principios básicos del derecho penal que todos estudiamos en la
facultad, aquellos que estudiamos derecho, para establecer un tipo penal es la existencia de un bien jurídico a proteger; esto se llama el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.
En este caso ocurre precisamente lo contrario, que lo
que se vulneró fue un derecho constitucional a la participación política, el derecho a que los ciudadanos opinen, voten y manifiesten sus opciones libremente. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que el instrumento del referéndum
precisamente debe promocionarse; es un mecanismo de participación ciudadana actualmente infrautilizado. Es más, a la vista de la actual configuración del Estado, repartido en comunidades autónomas, sería un instrumento de gran utilidad para que
los ciudadanos pudieran manifestar sus opiniones políticas no solo cada cuatro años, en los momentos electorales, sino que lo hicieran más a menudo, implicándose en esas decisiones políticas que en la práctica no les son ajenas.
Volviendo al análisis jurídico de la medida, también se vulnera el principio de proporcionalidad al utilizar la incriminación penal para una conducta que no merece tamaña persecución. Ni la sanción penal es idónea para reaccionar ante un
referéndum, ante una mera consulta popular, ni tampoco necesaria, pues incluso los perseguidores de esta medida (como ustedes, que siempre se oponen a ella) tienen otros mecanismos más adecuados para cuestionar legalmente la medida, como sería por
ejemplo el recurso ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de invasión de competencias. Incluso la pena prevista es absolutamente desproporcionada, comparada con el delito de producción de normas generales, porque no tiene competencias
para ello. Además, sabiendo que se trataba de un referéndum que no tendría efectos jurídicos válidos, sino únicamente políticos, solo cabría concluir que estábamos ante un delito político.
Por ello, reitero y aplaudo la vuelta a la normalidad
democrática, dándole la bienvenida. Hoy es un día para celebrar, señorías (y es gracias a que ustedes ya no gobiernan), y lo que les recomiendo es la vuelta al juego democrático, aunque creo que les resulta muy difícil. Me imagino que ahora vendrá
una intervención absolutamente apocalíptica de lo que puede ocurrir tras la supresión de estos artículos del Código Penal, que por fortuna no es compartida por un gran número de españoles.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Tiene su turno a favor el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, Coalición Canaria, con los grupos que hemos firmado esta proposición de ley, va a dar también su voto favorable para su toma en consideración.
Como bien ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría, cuando el año pasado intervine en un debate similar para esta materia basé mis fundamentos de diálisis, de transparencia y de sentido de racionalidad
jurídica en lo que ella bien ha calificado de calidad democrática. Entendíamos que la calidad democrática en una sociedad como la española, parlamentaria, democrática, constitucional, tenía que estar basada, tanto en las formas como en el fondo, en
la adecuación de todos los preceptos legales. El Tribunal Constitucional español ha señalado reiteradas veces que en la filosofía de la interpretación del Código Penal hay que atenerse a dos principios fundamentales: el principio de la mínima
intervención y el principio de la proporcionalidad; pero las leyes también tienen que resolver problemas y no complicarlos o agravarlos con su aplicación. ¿Se imaginan ustedes que con lo que trata el Código Penal en los tres artículos bis, que
vamos a modificar a partir de estos trámites en el Pleno, se llegara a la circunstancia de ordenar el ingreso en prisión de un presidente de una comunidad autónoma? ¿Qué agente de la autoridad? ¿En qué circunstancias se puede producir eso? Porque
los tipos están calificados
como un delito y con penas de prisión. ¿Estamos reinventando una especie de preso político, de delito político en el sentido democrático de la expresión? De ahí que vuelva a la tesis de la calidad democrática: respetar los principios
señalados de mínima intervención y de proporcionalidad del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo hacer también la adecuación de las leyes para que éstas respondan en su contenido a su título. Menos mal que en aquel trámite del Senado los
servicios de la Cámara Alta y los letrados de Cortes Generales (actuación que les honra) lo advirtieron, porque no se presentó ninguna enmienda al título de la Ley Concursal que se estaba modificando y del Consejo General del Poder Judicial. Se
introdujo la enmienda, pero no se había tocado en los debates en el Senado el título del proyecto de ley. Eso podía haber llevado a una situación esquizofrénica de relacionar una modificación de un precepto legal (ahora me referiré a ello con más
detalle) con el título que traía el proyecto de ley, de ahí que cuando se envió de vuelta al Congreso el texto enmendado los letrados del Senado cambiaron el título (no fue una enmienda de ningún grupo parlamentario curiosamente), porque se dieron
cuenta de que había que poner algo allí que relacionara la Ley Concursal y el Consejo General del Poder Judicial con el Código Penal. Afortunadamente vino con aquel título que al menos permitía a cualquier estudioso del derecho relacionar una
modificación del Código Penal con la Ley Concursal porque es bastante difícil hacer una similitud y relación al respecto.
¿Qué ocurre con esta adecuación que se tiene que hacer? En primer lugar que la calidad democrática falló ahí, porque se perdió el respeto legislativo a uno de los grandes pilares que toda sociedad democrática de derecho tiene, que son el
código civil y el código penal. Después vendrán otras grandes leyes mercantiles o no mercantiles, de seguridad del Estado, etcétera, pero una sociedad democrática y civil se siente con seguridad jurídica si tiene un buen código civil y un buen
código penal.
Pues bien, si esta adecuación se tenía que hacer, téngase respeto por el Código Penal. El Código Penal no es un instrumento jurídico banal que se puede estar alterando y modificando continuamente si no hay un consenso, una voluntad
de todas las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias de darse un código penal, porque el código penal como el código civil son leyes que en las sociedades democráticas nos damos a nosotros mismos. Son muchos los tratadistas del derecho
político que dicen que una sociedad política puede ser calificada de más o menos democrática, más o menos autoritaria y más o menos de degradación legislativa analizando qué regula un código civil en las libertades de los ciudadanos y qué regula un
código penal en la penalización a los que conculcan esas libertades de los ciudadanos.
Aquí se faltó al respeto al Código Penal, y hay que recuperarlo siempre por la vía de agotar el diálogo, el consenso, la confrontación legítima, dialéctica y parlamentaria. Esto es lo que exige a una sociedad como la nuestra la calidad
democrática fundamental. Por eso fue aquélla nuestra posición y es ahora ésta coincidente también con la delos otros grupos con los que hemos firmado para corregir esta situación, para que no haya más problemas políticos en nuestra nación, en todo
el Estado español, que aquellos que se deriven de la propia dialéctica. Nosotros no queremos resolver los problemas políticos por la vía judicial y menos por la vía judicial penal; los problemas políticos que se resuelvan por la vía política, que
es compleja, complicada, pero que ennoblece, que es digna de una representación democrática de un Parlamento. No metamos a los jueces y magistrados a resolver problemas que proceden de una posición política legítimamente reconocida en nuestra
Constitución, como, vuelvo a decir, el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo en determinadas sentencias y en la jurisprudencia que se ha venido creando al respecto.
Por estas razones hoy en día, restituyendo una calidad democrática y una
adecuación en las formas y en el contenido, vamos a tratar de que nunca más un código civil o un código penal sea modificado por una ley cuyo título ni siquiera respondía a su contenido. Esta es una exigencia que nuestra propia Constitución y
nuestra propia inteligencia y conciencia democrática nos tienen que exigir como primer planteamiento de respeto a la estructura del derecho en un Parlamento y en una sociedad democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Me informan de que no hay turno en contra. Por tanto, pasaríamos a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios que no hayan intervenido. Esta fijación de posición será por diez minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El hecho de que intervengamos en el turno de fijación de posiciones no se debe a ninguna sutil o distanciada actitud respecto de este proyecto de ley, como ya dejaron claro la señora Uría y el entonces diputado del Bloque Nacionalista
Galego, que hoy desgraciadamente no me acompaña, el señor Aymerich, quien manifestó de forma contundente la posición de nuestro grupo a la política del Partido Popular en materia de libertades, y en especial a esta joya con la que nos obsequió a
finales del año 2003.
Esta iba destinada sin duda a intentar amenazar con cárcel nada menos que a un presidente de Gobierno de una comunidad autónoma, que todos sabemos que es un digno representante de su pueblo, como todos los representantes
elegidos democráticamente, y además a intimidar al presidente de un Parlamento
nada menos que por el hecho de verse en una situación cuando menos suficientemente complicada, como era la subvención a grupos políticos supuestamente ilegalizados cuando seguían manteniendo una representación de carácter parlamentario
intacta. Por tanto, eran algunas situaciones conflictivas que habría que tratar en el terreno de la política. Por eso ahora queremos mostrar nuestro pleno entusiasmo y aceptación a esta proposición de ley, que viene a dejar las cosas en la
situación anterior a finales del año 2003. En aquel momento pensamos que se trataba de una auténtica chapuza desde el punto de vista procedimental y del debate parlamentario, pero lo más grave eran los contenidos, que realmente mostraban la
posición del Gobierno, un contenido represivo, contrario al pluralismo político y que hacía tabla rasa de la legitimidad democrática de las autoridades constituidas.
Para nosotros sigue habiendo un problema político que no se resuelve con esta proposición de ley en la medida que está pendiente aclarar el problema competencial de las convocatorias de referéndum, y esperemos que sea posible convocar
referendos, aunque no tengan carácter vinculante para el Estado español, por cualquier presidente de comunidad autónoma o cualquier autoridad para temas que estén en consonancia con sus competencias y con sus intereses de carácter colectivo. Por
eso pensamos que en este caso se acaba con la escalada represiva, pero queda pendiente un problema político de clarificación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene ahora la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Desde Eusko Alkartasuna creemos que esta iniciativa tiene una gran importancia y trascendencia en la medida que afecta a valores esenciales en una democracia: la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos a poder expresar
directamente cuál es su opinión con relación a las soluciones políticas que deben dar lugar a la convivencia entre los ciudadanos.
Tres cuestiones querría resaltarles en este debate. Primera, una cuestión previa que no quiere tener ninguna polémica, pero que nos interesa, en representación de Eusko Alkartasuna, dejar claro para el futuro, en caso de que alguien tenga
interés en saber por qué Eusko Alkartasuna, por qué las formaciones políticas del Grupo Mixto no firmaron esta iniciativa cuando se posicionaron claramente en contra hace apenas un año. Ello fue por una cuestión muy simple: no se atendió por parte
de los promotores, o al menos por el grupo principal promotor de esta iniciativa, una espera de media hora para poder también coadyuvar a esta firma. No se quiso corregir el error y, por tanto, no estamos en esa firma. Cuestión de talante. Lo
dejo aquí para que en las actas, en el futuro, si alguno tiene interés sepa qué paso con esta iniciativa.
Me interesan los dos temas fundamentales relativos al porqué hay que dar la vuelta y anular esta reforma y esta ley que se nos planteó, vulnerando los derechos fundamentales del Poder Legislativo: por una cuestión de procedimiento, lo
dijimos en su momento el 18 de diciembre, atacaron la línea de flotación del Poder Legislativo, impidieron el debate, impidieron los derechos básicos de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de poder aportar y presentar enmiendas al
debate y a la aprobación de una ley, en definitiva, atacaron a la democracia. Esto no fue admisible, y así lo dijimos. Pero también entendemos que había un procedimiento, no sólo incorrecto y vulnerador de derechos básicos del Poder Legislativo,
sino un contenido que tampoco podíamos admitir. En lo que había sido la legislatura nos llevaban a una utilización del derecho penal para afrontar o combatir posiciones políticas diferentes, criminalizar ideas políticas, en definitiva, utilizar el
derecho penal como el derecho penal del enemigo. Nos abordaron con múltiples reformas legales, cuatro reformas del Código Penal, en donde el tenor literal de las mismas tenía un carácter represivo y regresivo claro y concreto. Esto suponía
claramente, y sigue suponiendo en la medida en que todavía no se le ha dado la vuelta a estas reformas, una vulneración de los principios democráticos, de los principios básicos de la libertad de expresión, de la libertad de opinión y, en
definitiva, de la democracia. Creemos que esta reforma, además de vulnerar esos derechos básicos y esas libertades fundamentales, iba también en contra de los principios que deben ser siempre respetados en cualquier Estado de derecho: el principio
de proporcionalidad, el principio de intervención mínima del derecho penal, el principio de seguridad jurídica y así sucesivamente.
Nos congratulamos, y hoy votaremos a favor para dar la vuelta a esta reforma inadmisible, como fue en su momento, y nos alegraríamos que esto fuera simplemente el inicio de otras derogaciones, de otras reformas de la legislatura pasada, que
entendemos que tampoco son correctas ni apropiadas para este siglo ni para esta sociedad. Se lo dijimos el 18 de diciembre de 2003, y lo reiteramos aquí. Eusko Alkartasuna entiende, en lo que se refiere al debate que se está llevando a cabo del
nuevo marco jurídico-político en el Parlamento vasco, que nosotros, después de un debate serio y riguroso, si se aprueba una propuesta clara, en un ambiente pacífico, civilizado y democrático, promoveremos, facilitaremos e intentaremos asegurar que
los ciudadanos vascos puedan decidir y expresar lo que quieran en relación a su futuro. Se lo dijimos el 18 de diciembre de 2003 y lo seguimos manteniendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra para fijar su posición, por el Grupo Popular, el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos, señorías. Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Popular que, como todos imaginan y conocen, es de oposición completa a esta proposición de ley, por su contenido, por la forma en la que se ha planteado y,
añadiría, que si las conociese bien, por lo menos, respecto de algunos, incluso por las razones por las cuales la propuesta se ha formulado. Es curioso, porque del fondo de la cuestión realmente solo ha hablado la última interviniente, que ha
concluido -y en el 'Diario de Sesiones' está- con una cosa que no sé con qué ánimo habrá escuchado el Grupo Socialista: que hará todo lo posible para que, una vez pronunciado el Parlamento vasco sobre un plan que, como ustedes saben, nosotros
calificamos de secesión, de independencia de España, se pronuncien los ciudadanos, pase lo que pase, sobre lo que opinemos los demás, incluidas estas Cortes Generales.
Ese es el fondo de la cuestión y de eso aquí se ha hablado poco, por no decir nada. Quiero retrotraerme muy poquito -lo han hecho otros intervinientes- a hace un año. Hace un año, a ustedes, señores del Grupo Socialista, y a nosotros, en
el Gobierno y en el Grupo Popular, se nos formulaba una pregunta muy sencilla: ¿Qué piensa hacer el Estado de derecho para afrontar el anuncio de un presidente de comunidad autónoma que ha dicho: tengo un plan, ese plan lo voy a someter, primero,
a las Cortes Generales y, si las Cortes Generales no dan vía libre al plan, como ahora se ha dicho también en esta tribuna, no me importa porque convocaré a los ciudadanos a un referéndum para que se pronuncien sobre eso? Esa es la cuestión.
Hace un año incluso se nos planteaba que contestásemos cosas muy dramáticas: ¿Piensan ustedes -les preguntaban a ustedes, señores del Grupo Socialista, y nos preguntaban a nosotros- aplicar el artículo 155 de la Constitución? Eso estaba en
el debate. O también: ¿Qué medidas se tomarían si no son medidas jurídicas para evitar que se produzca un desafío a España, al conjunto de España, a una cosa tan sencilla como es la unidad nacional de España? Y nosotros, en la responsabilidad del
Gobierno, respondimos diciendo: Con el derecho en la mano. Con el derecho en la mano: cumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo, no incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo por parte de las instituciones; recurriendo a quien tenemos
que recurrir, el Tribunal Constitucional, y fortaleciendo la ley. Este Estado de derecho tiene instrumentos que van más allá de la pura acción de hecho; puede tener instrumentos jurídicos que eviten que se produzca una violación tan grave no ya de
la ley, sino de la Constitución, del fundamento constitucional mismo, como que alguien diga que tiene un plan de ruptura nacional y que le importa absolutamente nada lo que opinemos los demás, incluidas las Cortes Generales; que ese plan se somete
a referéndum de los ciudadanos, con independencia de que ni siquiera tenga capacidad para convocarlo. Esa es la cuestión y con el derecho respondimos y ante el derecho recibimos, digamos, la reacción habitual, salvo en un caso: ustedes y nosotros,
Grupo Socialista y Grupo Popular, habíamos trabajado juntos hasta ese momento para dar respuesta a cada uno de los desafíos que se habían ido produciendo de esta naturaleza; para luchar juntos contra el terrorismo y para preservar juntos, desde el
Estado de derecho, la defensa y el mantenimiento de la Constitución con el cumplimiento de las reglas.
Frente a la propuesta que en su día se planteó y se aprobó de modificación del Código Penal, la reacción del resto de los grupos de esta Cámara fue de la misma virulencia que el resto de las reacciones que suscitaron cada una de las medidas
que ustedes y nosotros adoptamos juntos hasta ese momento. Con lo cual, si el portavoz del Grupo Socialista se ha fijado en lo que se ha ido desgranando en esta tribuna, no habrá escuchado respecto de esta reforma cosas muy distintas, por no decir
que ha escuchado cosas idénticas, a las que nos dijeron a ustedes y a nosotros respecto a la Ley de Partidos Políticos, respecto a cada una de las reformas del Código Penal anteriores para combatir desde la violencia callejera hasta la exaltación
del terrorismo, etcétera. Es decir, que los mismos señores que entonces a ustedes y a nosotros nos dijeron: no estamos con ustedes, son los que hoy les sirven a ustedes de argumento para decir: y, en esto, no estamos con ustedes. Ustedes dijeron
entonces que esto tenía una explicación: que nosotros adoptábamos decisiones con criterio de beneficio electoral. Estábamos en los meses en los que estábamos y no era verdad -la verdad de las cosas era distinta-, pero dijeron eso. Hoy ya no lo
pueden decir y, como ya no lo pueden decir, señor Cuesta, usted ha subido a la tribuna y ha dicho, de forma moderada, cosa que le agradezco, una cosa que resume en parte la forma de argumentar de aquellos otros que, frente a esta reforma y a todas
las demás, argumentaron con la idea de totalitarismo, de retroceso de garantías, de delito político, de vocación totalitaria, de recorte de libertades, etcétera. Usted, moderadamente, ha dicho: esta es una norma para lanzar contra el adversario
político. No es así. Ni entonces ni ahora -y cuando uno habla de una reforma del Código Penal, sobre todo, tiene que hablar de derecho- las razones de forma y de fondo que se manifestaron llevan a la conclusión de que esta modificación que ustedes
plantean es una buena idea.
La argumentación principal entonces -y vuelve a serlo hoy- fue que se ha utilizado un procedimiento parlamentario abusivo. Déjenme que diga con toda claridad que, con independencia de que fuera o no fuera el
mejor procedimiento parlamentario -que, desde luego, no lo era-, esto es una pura excusa argumental para no entrar en el fondo de la cuestión, porque S.S. sabe (como sé yo y como saben la generalidad de los parlamentarios que están en esta
casa, más los de esta legislatura) que eso que parece tan escandaloso -es decir, que el Senado introduzca unas enmiendas en un momento determinado- se ha hecho decenas, decenas y decenas de veces; decenas de veces. Me producía una cierta sensación
curiosa oír al portavoz de Convergència i Unió decir que, en este caso, esto es lo que más le ha preocupado, cuando yo he visto al portavoz de Convergència i Unió en otra legislatura, sentado en la mesa de los taquígrafos, poniendo nombre a leyes
que se habían modificado de arriba abajo en el Senado, como consecuencia de un pacto entre Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista. Así de sencillo. Además, el Tribunal Constitucional ha dicho -esto nos gustará más o menos, pero
que no es constitucional- que el papel del Senado no se puede disminuir desde el Congreso, diciendo que todo esto es contrario a la Constitución y a las leyes. Nos gustará o no, pero se ha dicho mil veces que esto es algo que está en nuestra
Constitución; sea mejor o peor.
Sobre la forma quiero añadir que, probablemente, todo esto tendría que tener un procedimiento mejor, pero no olvidemos el momento en que se produce: al final de una legislatura, en la que se han producido desafíos en distintas instituciones
a partir del mes de septiembre, a los que se da respuesta desde el derecho en el momento posible, al final de la legislatura. Yo he dicho -y lo repito en esta Cámara- que hoy, frente a esa necesidad, que justifica incluso que no se siga el
procedimiento, aunque es impecable y nos gustaría a todos, ¿cuál es la necesidad de que hagamos esto como lo estamos haciendo? ¿Cuál es? Ustedes hablan desde la pureza del talante y de abolir ciertas prácticas. El jueves vamos a estar en esta
misma tribuna, rompiendo uno de los precedentes más sostenidos y solemnes de esta Cámara, como es no someter un debate a lectura única cuando, por lo menos, un grupo parlamentario -no les quiero decir el mayoritario de la oposición- no está de
acuerdo con eso. ¿Dónde está la pureza? ¿Dónde?
Ahora me hablan de los informes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Conocen mi opinión. Les he propuesto en la última sesión de la Comisión de Justicia que en todos estos casos tengamos en esta casa el criterio
de que siempre vayan a informe del Consejo de Estado e informe del Consejo del Poder Judicial cuando proceda, y ustedes están diciendo: no se escuchó al Consejo de Estado para defender una proposición de ley en relación con la cual el Consejo
General del Poder Judicial ha pedido informar y ustedes han dicho que no. ¿Cuál es la coherencia y la pureza de todo esto? Pero les digo más. Vamos al fondo con rapidez para no consumir mucho más tiempo.
Hay tres líneas de argumentación aquí, de medio argumentación, de enumeración de algunas causas, porque en el fondo no se ha entrado. Por una parte, y ahí no me voy a detener, esto es intolerable porque esto es un delito político.
Contéstele a todos los demás y a ustedes mismos lo que les hemos contestado juntos en otros proyectos de ley. Pero se dice (y esto sí me parece muy serio, porque el fondo es si tenemos defensa jurídica en nuestro país frente a actitudes de esta
naturaleza), señor Cuesta: hay otros tipos en el Código Penal que pueden servir para esto, y se enumeran hasta una docena: usurpación de funciones, asociación ilícita, prevaricación, desobediencia, sedición, rebeldía. ¿Todos? ¿Estamos hablando
del Código Penal de verdad? Es decir, ¿usted cree que le son aplicables todos los tipos? Si me dice que sí piense que antes tiene que leer la exposición de motivos de la proposición de ley que han presentado, porque están argumentando al mismo
tiempo -y fíjese si es serio- que esto está resuelto en otros tipos del Código Penal y en la exposición de motivos dicen literalmente: se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la
pena que se contempla es la prisión. (Aplausos.) Y añaden, por si no nos habíamos enterado: en suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan las notas exigidas para proceder a su intimidación. O está en el Código Penal
o no está en el Código Penal, eso de que está en 17 artículos del Código Penal, pero ustedes hacen esta reforma para que esto no esté en el Código Penal, no se lo cree nadie.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
A mi juicio, esto es especialmente serio porque estamos diciendo: el desafío sigue vivo, ¿o no? ¿O no ha repetido el presidente de la comunidad correspondiente el 24 de septiembre literalmente lo que le leo: si el Parlamento vasco aprueba
una propuesta de nuevo estatuto político y las Cortes Generales no se avienen a un proceso de negociación, entonces solicitaré autorización a la Cámara vasca para la celebración de una consulta general en referéndum que ratifique el proyecto
aprobado en su caso por el Parlamento vasco? No está diciendo lo que dice la señora Navarro de vamos a hacer un referundillo que no tiene valor jurídico. No.
Está diciendo en sede institucional: si ustedes en las Cortes me dicen que no a lo que
yo quiero, yo convocaré el Parlamento y en sede institucional convocaré un referéndum.
No ha dicho hoy el señor Cuesta en su intervención una cosa que sí dijo el señor ministro de Justicia el otro día en el Senado y que repite mucho, que es: hay otros remedios fuera del Código Penal para afrontar este reto. A mi juicio, eso
es lo importante y sobre lo que tenemos que trabajar. ¿Cuál es? Responda aquí, en el Congreso de los Diputados, cuál es. Se dice a veces: contencioso-administrativo. Se dice a veces: recurso constitucional, artículo 161. Y yo tengo una
pregunta
cuando se me contesta eso: ¿Cuál es el acto jurídico que ustedes prevén que va a dar origen a la convocatoria de eso que con seguridad se nos ha anunciado?
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tendría que ir acabando, señor diputado.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, señor presidente.
Dejo ahí la pregunta para futuros debates de esta proposición de ley: ¿cuál es el acto jurídico que ustedes prevén? Porque según el que prevean tendremos recursos o no los tendremos, y en todo caso sepan que desde la perspectiva del Código
Penal ustedes están transmitiendo el mensaje de que hacer todo esto sale gratis. Se puede presentar un recurso contencioso, se puede presentar un recurso constitucional, pero hacer esto se sabe que no tiene consecuencias.
Termino, como me pide el presidente y tiene razón. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante un proceso de secesión anunciado; no podemos. El Estado de derecho tiene la obligación de preservar, de tener medidas de preservación -y no
sólo de reintegración- del orden constitucional; tiene la obligación de establecer las medidas de protección penal del orden constitucional. Y no engañemos a la gente, por favor -se lo digo a tantos grupos de esta Cámara-, volviendo a decir lo que
dijeron sobre la Ley de partidos o en otros sitios: se están persiguiendo ideas, se están persiguiendo planteamientos políticos. No, no; se puede defender cualquier plan, de acuerdo con las reglas del ordenamiento jurídico vigente; y no
diciendo: si no me lo aprueban, convoco un referéndum, y hemos acabado con el problema. Es así. (Varios señores diputados: ¡Muy bién!, ¡Muy bien!)
Después de este debate, me queda una sensación amarga. (Rumores.) Ustedes han dicho repetidamente: no se preocupen, el Gobierno garantiza -el Gobierno de España, decía solemnemente el ministro de Justicia- que, aunque se produzca esta
reforma, hay remedios para esto. La sensación amarga es que terminamos este debate con la conciencia de que, si se aprueba lo que quieren que se apruebe, nos quedamos sin respuesta en nuestro ordenamiento jurídico para algo que tiene que tener
respuesta, y que -¡no lo olviden!-es la convocatoria ilegal de un referéndum de secesión, pero también un artículo que yo creía (por lo menos, los dos grupos parlamentarios mayoritarios estábamos absolutamente de acuerdo en ello) que era pura lógica
y deducción de lo que habíamos acordado en otros sitios: que no se puede financiar con fondos públicos un partido que ha sido declarado ilegal.
Y sobre eso -y de verdad que con esta frase termino, señor presidente- vuelvo a leerles la exposición de motivos, para que ustedes vean por qué les digo que no está claro en absoluto dónde quieren ir ustedes. Dice, en cuanto a las ayudas
públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos: el ordenamiento -primera afirmación- ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita. Y, si tales conductas no encajaran en ese supuesto, no es la
vía penal la adecuada para una hipotética sanción. Reflexionen, por favor, señores del grupo mayoritario; reflexionen, por favor, y, entre todos, no rebajemos un ápice -fíjense en que no he hecho ningún juicio de valor sobre por qué lo hacen- el
cuadro de garantías de protección constitucional de los elementos básicos de nuestra convivencia. Así de sencillo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Astarloa.
De acuerdo con el artículo 73, todo diputado tiene derecho a un turno de réplica, por una sola vez y cinco minutos. Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, esta es la primera impresión que me ha producido la intervención del Grupo Parlamentario Popular: hay -creo, y eso es malo- la misma truculencia -perdóneme la palabra- y la misma
sobreactuación que inspiró la política legislativa, la defraudación parlamentaria, que supuso la introducción en el Senado, en una ley instrumental de la Ley de arbitraje -de carácter orgánico-, de una reforma nada más y nada menos que del Código
Penal.
Es cierto que, en relación con el procedimiento parlamentario, me ha llegado a reconocer que no era el mejor de los mecanismos, aunque luego intentaba encontrar algún precedente. A mí me resulta muy difícil encontrar en leyes que regulan
ámbitos del derecho privado modificaciones del derecho penal nada más y nada menos que por la puerta falsa, a última hora y en el Senado. Pero a continuación daba un paso más en su argumentación y decía que se frivolizaba cuando considerábamos que
con esa reforma penal se estaba reintroduciendo una afirmación que usted considera falsa, que es la reintroducción del delito político. Ustedes, con esta reforma, están reintroduciendo el delito político. (Un señor diputado: No.) Y no es una
ocurrencia de este modesto parlamentario, no es ni siquiera una ocurrencia del resto de portavoces que secundan esta proposición de ley, es una ocurrencia de la generalidad de la doctrina del derecho penal de España, que asistió con absoluto
escándalo a una reforma que, según usted, cubría un espacio de impunidad que no existía.
Más de 60 penalistas del grupo de estudio de política criminal en España, integrado por lo más progresista pero también por lo más riguroso de la doctrina
penal española, calificaron aquella reforma no de legalicidio (que es la expresión preferida por algunos ingenieros de aquellos engendros legislativos), sino como una reintroducción literalmente del delito político.
Yo quisiera preguntarle, señor Astarloa ¿es que con anterioridad al año 2003 no tenía el Estado suficientes instrumentos jurídicos y garantías para hacer prevaler el respeto al Estado de derecho? ¿Es que no existen instrumentos jurídicos en
nuestro ordenamiento? (Un señor diputado: No.) Tercera cuestión, ¿es que cualquier solución desde el punto de vista legislativo tiene que ir acompañada única y exclusivamente de una respuesta penal, o hay otros instrumentos en nuestro
ordenamiento? (Rumores.-Aplausos.) ¿De qué estamos hablando, señor Astarloa? Yo creo que ustedes se situaron, para empezar, en el dramatismo y en la falsedad porque esta proposición derogatoria no genera nuevos espacios de impunidad penal, no
existía una desproporción.
Nosotros hemos firmado con el Partido Popular, en su momento, un pacto por las libertades y contra el terrorismo y ese pacto nos obligaba a actuar de manera conjunta, incluso en determinadas iniciativas de reforma penal; en esta reforma
penal ustedes no consideraron que esta cuestión fuera ámbito del acuerdo porque lo consideraban innecesario y obraron de manera unilateral. (Aplausos.) No me haga usted una apelación a los tiempos del entendimiento conjunto porque esto no afecta,
no perjudica, no disminuye los instrumentos del Estado a la hora de hacer frente a conductas que pudieran estimular actitudes separatistas, actitudes anticonstitucionales o actitudes terroristas. No me plantee esas concepciones. (Rumores.)
Hay distintos umbrales de protección en esta proposición de ley. Se crea un tipo que yo creo que es prácticamente de aplicación imposible, que es el tipo penal del que convocare referéndum o elecciones generales careciendo manifiestamente
de competencias. Si ese es un tipo imposible.
Si uno recurre esa convocatoria, el Estado de derecho da instrumentos suficientes. (Un señor diputado: ¿Cuál?) Cuando se declara nula esa convocatoria, desatender ese pronunciamiento de los
tribunales puede generar unas consecuencias jurídico penales. Desatender el principio de legalidad, yendo a ilícitos administrativos, puede generar otras consecuencias también en materia de derecho penal. (Rumores.) Por lo tanto, habrá que estar
al caso concreto, a la individualización de la conducta, y no acudir permanentemente al terror penal, que ese es el exponente del derecho penal del antiguo régimen, y ahí no nos van a encontrar, señor Astarloa. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Cuesta.
Tiene la palabra el señor Jané por cinco minutos.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, sabe el señor Astarloa que valoro su trayectoria jurídica, sé que tiene buena memoria y ha sido secretario general en esta casa. El señor Astarloa nos decía: Evidentemente, no es la
primera vez que el Senado es objeto de la introducción de enmiendas. Citaba incluso en su intervención el ejemplo de una reforma que venía del Senado. Yo, que también tengo buena memoria en estos casos, quiero recordar la reforma que usted ha
querido relatar esta tarde aquí, la de la Ley de Comercio. Efectivamente, en dicha reforma -y está el señor Martínez-Pujalte que también fue protagonista en la misma- en el Senado se consideró, y por los servicios jurídicos, que en algún momento se
trasladaban competencias del Estado a las comunidades autónomas y por la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución pareció aconsejable desgajar en dos ese proyecto de ley, ya en el Senado, con lo cual, cuando vino aquí, tuvimos que dar,
efectivamente, un nuevo nombre a ese proyecto de ley, pero, con toda sinceridad, no es lo mismo, señor Astarloa. Hay muchos más ejemplos que podríamos sacar de enmiendas del Senado que introducen aspectos novedosos o que crean algunos aspectos de
derecho, pero no es exactamente el mismo ejemplo que nos trae aquí, que es nada más y nada menos que la reforma del Código Penal. Por tanto, yo, que aprecio la trayectoria jurídica y parlamentaria del señor Astarloa, podría coincidir en esto.
También creo que él mismo ha reconocido en su intervención que no fue el mejor mecanismo posible. Por tanto, aquí buscaría una no discrepancia.
Un segundo aspecto. Le ha dolido a Convergència i Unió una parte de su intervención, y está aquí el que fue ministro de Justicia. La memoria de los últimos años y de las últimas legislaturas no puede ser tan injusta que usted haga un
planteamiento diciendo: En materia de lucha contra el terrorismo estamos los dos grandes de acuerdo y todos los demás, todos los demás, todos los demás... No es verdad, señor Astarloa, aquí hay muchos grupos parlamentarios que han colaborado
activamente, implicándose en leyes, y lo sabe el señor Michavila porque fue ministro de Justicia.
No tiene nada que ver con que no apoyáramos esa última reforma del Código Penal, porque entendíamos que tampoco la forma era adecuada. Se nos decía:
no hablamos de contenido. Yo he hablado del contenido muy brevemente. Convergència i Unió tampoco estaba de acuerdo con el contenido de esa reforma porque la legislación penal siempre es la última ratio, es el principio de intervención mínima y no
podemos llevar a la vía penal aspectos que mi grupo parlamentario entiende que se estaban debatiendo en el ámbito más político. Era una reforma precipitada y en aquel caso se buscó el Senado pero creando un precedente que entiende mi grupo
parlamentario no se existía con anterioridad.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a todos los grupos parlamentarios por el tono de sus intervenciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Jané.
Tiene la palabra por cinco minutos la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Astarloa, ha dado usted argumentos que realmente no valen. En esta Cámara ciertamente hemos hecho chapuzas legislativas y, entre ellas, suelo citar que se haya introducido un sistema de incompatibilidades de magistrados del Tribunal
Supremo regulando el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia, pero no tiene la magnitud de introducir preceptos del Código Penal -ley orgánica donde las haya, constitución negativa conforme se ha dicho- por vía de enmiendas en el Senado.
Ha evitado también mencionar el porqué no se contesta a lo que yo le manifestaba, quién en la doctrina, quién en las clases que trabajan en el mundo del derecho, qué colegio de abogados, hubo incluso un comunicado del Consejo General de la
Abogacía criticando la práctica que ustedes habían utilizado. Solo el sector ultraconservador del Consejo General del Poder Judicial estuvo a favor, pero sí evitó, se cuidó mucho su portavoz de manifestar que no les importaba que se remitiese a
informe la propuesta que ustedes traían, quizá para evitar el sonrojo de tener que hacer un informe fundamentando que aquello era correcto.
Por supuesto que cuando hemos habladode que existen en el Código Penal tipos delictivos bastantes, yo no me refería a que haya tipos bastantes para castigar al lehendakari, yo no considero que su proyecto sea delictivo en absoluto. Quiero
decir que el Código Penal actual tiene tipos delictivos bastantes para aquellas conductas que lo sean contra el Estado de derecho, lo que yo no creo que es el proyecto político que mi formación política en este momento defiende y al que se denomina
coloquialmente con el nombre de proyecto del lehendakari. Es además un proyecto al que usted y su formación política parecen tener miedo, porque no les oímos nunca argumentos políticos frente a él, sino que ponen en marcha una batería, que me
permitirá que le diga ha sido por tierra, mar y aire, la jurisdicción contenciosa, el intento ante el Tribunal Constitucional al que me referiré en último lugar y que, sin embargo, de momento no está impidiendo que en el foro en el que se debe, en
el Parlamento vasco, este debate se esté produciendo.
Finalmente, ha evitado también manifestar que entre el día en el que se aprobaron las modificaciones del Código Penal y el día de hoy ha habido un pronunciamiento fundamental por parte del Tribunal Constitucional al pronunciarse en contra de
la admisibilidad a trámite de lo que fue la resolución de la Mesa admitiendo la entrada en el Parlamento vasco de este proyecto. Ciertamente, esto no indica que el proyecto sea constitucional, pero sí hay argumentos suficientes para que sepamos ya
desde ahora que el Tribunal Constitucional manifiesta que una Constitución española no veta el debate de ningún proyecto político. Es, por tanto, legítimo, es, por tanto, factible, no es instrumento utilizable el Código Penal para cortar lo que,
como todos los representantes proponentes de la iniciativa le hemos manifestado, no es más que una propuesta de una formación política -de un Gobierno, perdón, puesto que el Gobierno es tripartito- que pretendemos que sea debatido dentro del Estado
de derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias.
Tiene la palabra por cinco minutos el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, espero que con más brevedad que en la ocasión anterior por una razón sencilla y es que no veo respuesta a lo que plantean. Se podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero no veo respuesta a
lo que plantean. ¿Quién en esta casa -aquí detrás, en la Mesa, ahí entre todas SS.SS.-está en condiciones de decir cuándo las enmiendas del Senado han sido introducidas de forma más o menos sensata, en un asunto de mayor o menor calibre, si hay
cientos de precedentes? Llamarse a escándalo en uno es porque uno quiere llamarse a escándalo en uno, porque necesita encontrar argumentos allí donde no había otros argumentos para ir de frente y por derecho a decir: Esto no nos parece una buena
idea. (El señor Michavila Núñez: Sí, señor. ¡Muy bien, muy bien!) De verdad.
Señor Jané, por empezar por su segunda consideración, yo he trabajado con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en algunas de las reformas más importantes que se han hecho para proteger la democracia española y para favorecer la fortaleza
del Estado de derecho contra el terrorismo, con lo cual en la generalización no he sido del todo justo con su señoría.
Probablemente, me viene del dolor de haber comprobado que en esta legislatura, por ejemplo, ustedes, que habían apoyado en la
anterior la Ley de Partidos Políticos, han pedido la derogación de la Ley de Partidos Políticos. Me viene de ahí. (Aplausos.)
Señora Uría, con mucha inteligencia mezcla dos cosas que no tienen nada que ver para este debate. Recuerda S.S. lo que ha dicho el Tribunal Constitucional -respetado-, ergo, ¿qué hacen ustedes queriendo llevar esto al Código Penal? ¿Qué
tiene que ver? Parte de la misma confusión, voluntaria o involuntaria, es decir, generalizadamente intencionada, como es: Ese tipo de medidas que ustedes toman, tanto recurrir al Tribunal Constitucional como modificar el Código Penal como aprobar
una Ley de Partidos Políticos, son medidas políticas, ¿no? No hay nada que ofenda a la libertad de expresión, a la capacidad de tener los planteamientos y los planes que uno quiera, señorías. Nadie ha puesto en cuestión en España eso y desde luego
no en esta Cámara y desde luego no el Grupo Parlamentario Popular. Eso no tiene que ver con el hecho de que haya respuesta jurídica penal a autoridades que están
diciendo, a quienes les quieren escuchar a todas horas, que tienen un plan, que lo van a sacar adelante, que si los demás nos plegamos, bien, pero que si no van a someterlo a un referéndum ilegal y lo van a llevar adelante. Y con toda
sencillez los demás, por lo menos nosotros, a todos los españoles, a todos los vascos les decimos no. Haremos todo lo que de acuerdo con la ley esté en nuestra mano para que ustedes defiendan siempre lo que quieran, pero respetando las reglas de
juego que todos queremos respetar. Así de claro. (Aplausos.)
Al señor Cuesta no tengo mucho más que añadirle: la parte de truculencias sobre actuaciones, dramatismo, falsedades y terrores penales para el cine X de madrugada, señoría. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bueno!) Ha dicho usted una
cosa, supongo que en el calor del debate, que no había citado en su primera intervención y es que se ha hecho eco del delito político. Piénselo y, en cuanto pueda, retírelo del 'Diario de Sesiones'.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo principal
que le pregunto delante de todos, pensando en todos los ciudadanos de España, es: ¿Quieren ustedes, como nosotros queremos, que tengamos instrumentos jurídicos para que desde el derecho y desde la normalidad, ante conductas de convocatoria de un
referéndum ilegal de secesión de España o de financiación de partidos políticos declarados ilegales por su vinculación al terrorismo, le demos respuesta? Como entiendo que sí, respondan por favor a algunas de mis preguntas. ¿Cuáles? Nosotros
tenemos estas encima de la mesa. Ustedes me hablan, desde la desobediencia a la malversación, de medio Código Penal y me dicen que además no les hace falta el mismo y que entonces actuarán por lo contencioso-administrativo y por lo constitucional y
yo les pregunto: ¿Contra qué acto tienen ustedes previsto actuar? Respondan a cada una de esas preguntas y creeremos que de verdad coinciden con nosotros en que nuestro ordenamiento tenga respuesta desde el derecho a convocatoria ilegal de un
referéndum de secesión y a financiación desde autoridad a un partido político ilegal por su vinculación al terrorismo.
Así de sencillo también. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Astarloa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL. (Número de expediente 122/000032.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al segundo punto de la toma en consideración de proposiciones de ley. Vamos a analizar la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de
estatuto del periodista profesional.
Para defender su proposición de ley, tiene la palabra la señora Navarro por quince minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Querría comenzar leyendo una cita de Chesterton del año 1917, que dice así: Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos
convencido, y de un modo súbito que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su propia naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace
falta que nadie se oponga a la censura de la prensa, no necesitamos una censura para la prensa, la prensa misma es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Hace casi un
siglo de esta cita y hoy la amplío a todos los medios de comunicación. Este contundente análisis se encuentra más en vigor que nunca. Por ello, los periodistas nos piden su amparo, piden amparo a esta Cámara. Por ello, Izquierda Verde está aquí
trasladando una reivindicación de los profesionales que sencillamente quieren ejercer su profesión con garantías, derechos y dignidad. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)
Del mismo modo, pretendemos proteger el derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución española, el derecho a la información, olvidado y maltratado. La información, como dice Ignacio Ramonet, durante mucho tiempo fue un
recurso de los ciudadanos frente a los abusos de poder. Prensa y periodistas, como cuarto poder, constituían un contrapoder, cumpliendo con su deber de denunciar atropellos, discriminaciones y abusos. A través de ese cuarto poder, los ciudadanos
podían criticar, rebatir, oponerse en un marco democrático a las decisiones legales, que podían ser inicuas o injustas. Sin embargo, hoy día los medios de comunicación ya no se plantean como objetivo cívico ser ese cuarto poder para corregir los
disfuncionamientos de la democracia.
En todo caso, se trata de un poder que se une a los otros poderes; en definitiva, que se une a los poderes económico y político.
Acabo de describir dos contundentes análisis, el de Chesterton y el de Ignacio Ramonet, que nos conducen indefectiblemente a la necesidad de actuar como Poder Legislativo y proteger el derecho de los periodistas en el ejercicio de su
profesión. Asimismo, proteger el derecho de los ciudadanos a la información, que pertenece a las personas, a los editores, a los propietarios y a los periodistas. Los ciudadanos han de poder participar en la toma de decisiones de manera formada
para garantizar el propio sistema democrático. La soberanía de la sociedad civil requiere una opinión pública libre e informada. Hemos, por tanto, de establecer los mecanismos para que ello sea posible y así avanzar en la democracia.
Desde Izquierda Verde traslado la propuesta que precisamente se ha efectuado al respecto por los profesionales del sector, que llevan años reivindicando este estatuto, y que lograron el compromiso del actual presidente del Gobierno,
Rodríguez Zapatero. En concreto, el texto es fruto del debate de más de cinco años del foro de organizaciones periodistas, integradas por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Colegio
de Periodistas de Cataluña y las dos agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, algunos de cuyos representantes se encuentran hoy aquí atentos a las reacciones de los grupos parlamentarios ante esta iniciativa y por supuesto de las
votaciones. Son ellos los que nos han pedido la defensa hoy de este estatuto. Por lo tanto, no hay oportunismo político y somos sencillamente portavoces de una demanda social.
Recordemos, igualmente, que estamos ante una toma en consideración que posibilita las enmiendas y el debate de aquellos contenidos que despierten dudas a algunos grupos parlamentarios. Es fundamental el apoyo a este gran paso en el camino
hasta que se logre aprobar la regulación del ejercicio de la profesión de aquellos que hacen de mediador entre la información y el ciudadano; un estatuto que reglamenta el derecho del ciudadano a recibir información veraz y plural; un derecho
actualmente desprotegido y cada vez más ante la concentración de los medios de comunicación, derivados de los intereses económicos y del mundo globalizado.
No se trata, lo que estamos regulando, de un privilegio corporativo, pues precisamente se regula la profesión fijando de forma clara las obligaciones y el compromiso deontológico de los profesionales. El estatuto garantiza el secreto
profesional, establece un código ético y de incompatibilidades, crea la figura del consejo de información estatal y los autonómicos. Se trata con estas medidas de garantizar la independencia en el interno. Igualmente, se legisla sobre la
titularidad, la acreditación, la titulación de los periodistas y las distintas categorías. Se trata de regular para evitar el instrusismo que tanto daño hace a esta profesión. Se regulan categorías como el periodista a la pieza, que es el que
trabaja por encargo; el periodista por libre o freelance, que ofrece el producto, y la de otros colaboradores literarios especializados con igualdad de derechos, atendiendo siempre a las particularidades de los mismos, y también los periodistas
extranjeros. Se regula igualmente el deber de informar, esto es, de ofrecer a la sociedad información veraz de relevancia pública. Se regula la responsabilidad del periodista y una carta de derechos que comprende, por supuesto, la libre expresión
e información, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la libertad de creación y los derechos de autor, la firma, el libre y preferente acceso a las fuentes informativas y la participación en la orientación editorial. También se regula
la figura del director, los consejos de información, estructurados en pleno y en comisiones, comisiones de acreditación, deontológica y de estudios y, para finalizar, el ya citado código deontológico, que regula los deberes éticos que han de
respetar los periodistas y que nosotros hemos de garantizar que puedan respetar desde esta responsabilidad que tenemos hoy aquí como mandatarios de la soberanía popular.
Tenemos claro que esta propuesta que planteamos debe ir acompañada de una regulación de las muy deterioradas relaciones laborales. La precarización del sector del que estamos hablando es insostenible. Una vez aprobado este estatuto, el
siguiente paso para ofrecer a los profesionales unas garantías en sus relaciones laborales y condiciones de trabajo será la reglamentación de estas relaciones laborales. Nuestro grupo no comparte la idea de las empresas, que estos días están
argumentando que la mejor regulación es aquella que no existe. Desde luego, no compartimos esta idea.
Señorías, tanto los ciudadanos, como receptores de la información, como los profesionales del mundo de la comunicación merecemos y exigimos la aprobación de este estatuto porque exigimos un Estado más democrático, porque la Constitución
española, que recoge el derecho a la información como derecho fundamental en su artículo 20, no debe ser papel mojado y por amparar a un sector tan denostado como el de los periodistas. Por todo ello les pido su apoyo a esta iniciativa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Navarro.
¿Turno en contra? (Pausa.) No habiendo solicitudes de turno en contra, pasamos a fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tal como hicimos en la legislatura pasada al apoyar una
proposición de ley presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y una proposición no de ley del Grupo Socialista que entonces instaba al Gobierno del Partido Popular a regular el estatuto del periodista profesional. Tanto
entonces como ahora prestamos nuestro apoyo con la convicción de que el artículo 20 de la Constitución española debe ser desarrollado si queremos que, incluso desde el punto de vista formal, exista un derecho a la información que tenga en cuenta el
pluralismo y un factor fundamental: la independencia de aquellos y aquellas que están encargados de ejecutar ese derecho a la información, en definitiva, a las personas trabajadoras de los medios de comunicación públicos y privados.
En este momento la independencia de los periodistas y las periodistas merece una cobertura de carácter legal e institucional. Lo merece porque en esta especial situación estamos asistiendo a un proceso de concentración de los medios,
estimulado por motivos económicos principalmente y que en vez de ser modificado o rectificado desde los distintos poderes públicos es alentado, tal y como vimos en las leyes de acompañamiento de años pasados en los que se modificaron diversos
preceptos de las leyes de televisión privada y de televisiones locales, donde el denominador común de dicha reformas puntuales era eliminar o atenuar las trabas impuestas a la concentración del accionariado del capital social de las empresas de
televisión. Por tanto, cuando la propia de situación del mercado de la comunicación causa un fenómeno en el que ya no es necesaria la intervención política directa para lograr la censura, la desinformación en el control o la tergiversación, sino
que funciona incluso una especie de mecánica natural del sistema, está claro que la cobertura para los principales agentes de la información, los trabajadores y trabajadoras, es fundamental y en concreto es fundamental garantizar su independencia.
Para ello hay dos vías. En primer lugar, nos parece que es muy importante acabar con las altas tasas de precariedad laboral que sufren los periodistas, que también hay en otros colectivos de trabajadores y trabajadores pero que, en todo caso, en
esta profesión se muestra muy singularmente. En concreto, habría que establecer una causalidad estricta muy clara a la hora de permitir contratos de carácter temporal en las empresas periodísticas, para que estos fueran exclusivamente residuales y
justamente adecuados a aquello que fueran necesidades ineludibles por parte de las empresas y comprensible desde el punto de vista del regulador. Insistimos en que es fundamental abordar la precariedad laboral de esta profesión y dotar medidas para
erradicarla.
En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, se debería lograr una institucionalización de la independencia y garantizar así el derecho de las y los periodistas a informar conforme a su libertad de conciencia, al criterio de
objetividad, al mantenimiento del derecho al secreto profesional y el acceso a las fuentes informativas y actos públicos y también a la propiedad intelectual, además acompañado de la creación de algunos mecanismos internos que puedan parecer
frágiles, pero que tendrían su importancia, como los comités de redacción, para hacer de intermediarios entre la empresa y su línea editorial y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa a mantener el deber de informar, la
libertad de conciencia y el secreto profesional.
Se trata de articular medidas como las que esta iniciativa contiene tendentes a garantizar o cuando menos reducir al máximo los peligros que tiene precisamente para esta libertad y este pluralismo informativo la imposición absoluta de la
línea editorial económico-política de los medios de comunicación privados o de los medios públicos que están sometidos muchas veces a los gobiernos de turno. Debemos regular de tal forma que esos principios se cumplan y los derechos que de su
aplicación derivan existiesen y no fueran puras caricaturas como hoy en día lo son.
Por todo esto vamos a apoyar esta proposición de ley que merecería, caso de ser aceptada a trámite, algún debate sobre la cuestión del conocimiento de las lenguas
del Estado español para la acreditación de periodistas, cuestión fundamental en cualquier medio plural tanto público como privado y algunas otras cuestiones dirigidas a aumentar las competencias de los consejos de información de las comunidades
autónomas.
Por tanto, una ley de este tipo nos parece no solamente muy loable sino de una necesidad extrema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo considera que este debate sobre un estatuto de la profesión periodística tiene todos los aditivos de la actualidad y de la racionalidad que se pueden dar. Mi grupo no se va a oponer ni va a votar en contra, sino que vamos a votar a
favor de que se tome en consideración para que se pueda abrir un debate sobre este tema. Yo no sé si las palabras que ha empleado la portavoz del grupo proponente, señora Navarro, están dictadas desde una exigencia de la profesión del periodista o
por un interés político. Por eso cuando he leído detenidamente la propuesta me doy cuenta de que falta algo, y esto puede ser uno de los motivos del debate para su toma en consideración, para que haya incluso una ponencia de estudio que oiga a los
representantes de las distintas organizaciones colegiales o profesionales de los periodistas.
Hacer desde la Cámara el traje a los periodistas sin que ellos digan las medidas que tienen y si les queda estrecho o ancho es muy delicado en una
sociedad democrática donde la libertad de expresión, la libertad de prensa es todo un valor constitucional que está escrito con claridad, negro sobre blanco, en el texto de nuestra Constitución. Los desvíos que pudiera haber están señalizados en el
Código Penal y el ministerio fiscal, a petición privada o pública, puede actuar en consecuencia. Es un tema muy delicado, señora Navarro, y esto será motivo de debate. Me encanta tener debates dialécticos sobre cuestiones que afecten a cualquier
profesión, sobre todo a la profesión periodística, pero lo que no quiero como político es suplantar la voluntad del periodista y de las empresas periodísticas, porque es un binomio. No se puede resolver matemáticamente una fórmula binomial tocando
solamente uno de los dos factores del binomio, porque el periodista y
su profesión tienen una relación contractual, de cualquier forma, con la empresa periodística. La empresa periodística, como sociedad anónima, financiera, limitada, etcétera, tiene unos derechos contractuales también reconocidos en la
Constitución. Y es ese binomio el que hay que resolver, no una de las partes.
Yo sería muy prudente sobre todo en los debates sobre la comisión deontológica, porque han traído ustedes algo que me deja tremendamente ilusionado en el debate, si usted quiere, que es el código deontológico.
La clase política, desde el
Parlamento, le dictamos a una profesión un código deontológico cuando en España la clase política no tiene código deontológico; nosotros no estamos regidos por ningún código deontológico escrito en artículos que pueden inducir a la utopía o a la
ingenuidad.
Reflexionen mucho sobre esto. Fíjense que en relación con la empresa, más allá del dictamen Olivencia y de lo que fue la Comisión Aldama, unas prácticas de buen regir de los consejos de administración de las sociedades anónimas, se han
quedado en eso, en consejos de una comisión, porque con el sistema constitucional español de libertades, derechos y obligaciones es muy difícil entrar en ese mundo. Desde luego, si alguien está legitimado para hacerse un código deontológico son los
propios profesionales del periodismo, sus organizaciones, asociaciones, colegios profesionales, etcétera, porque si fuera una profesión la que dijera a la clase política que no tiene que aceptar dinero o tergiversar opiniones creo yo que nos
sentiríamos muy violentados. Por tanto, vamos a tener también el rasgo democrático de escuchar a las organizaciones profesionales periodísticas y ver si se quieren meter en este asunto con las indicaciones que les dicta la Cámara. Yo sería muy
prudente en que la Cámara no entrara (hemos visto polémicas estos días pasados) en cuestiones de comités deontológicos y en señalar a unas personas cuál debe ser su conducta, porque es muy difícil que no tenga visos de intromisión, de un dirigismo
que anularía toda la voluntad que yo creo que tiene al respecto, y lo ha expuesto así con toda naturalidad la portavoz del grupo proponente. Si tomamos en consideración esta proposición de ley -y el voto de mi grupo estará presente-, que sea para
una simbiosis muy clara con la profesión periodística y que nos digan ellos también cuál es el alcance de las medidas que desean, porque la clase política no podemos atribuirnos conocer el ejercicio de la profesión periodística mejor que los propios
periodistas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, de la mano del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds vuelve a esta Cámara la proposición de ley del estatuto del periodista profesional,
cuya toma en consideración hoy debatimos. Vuelve, si no estoy equivocado, en idénticos términos a los que se presentó allá por el año 2001 a los grupos parlamentarios y a aquellos que se debatieron y se rechazaron en la anterior legislatura, creo
recordar que por el año 2003. Es una iniciativa que viene y que vino, pues, en nombre y con el propósito de desarrollar y garantizar ese derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Vaya por delante el convencimiento sincero y profundo de mi grupo de que, en efecto, aquí en el Estado español y ahora en el año 2004, el
ejercicio de este derecho es manifiesta y necesariamente mejorable en múltiples aspectos y campos entre los que evidentemente algunos hacen referencia a la situación de los que ejercen el periodismo, bien sea de forma oral, bien escrita o bajo
cualquier otro formato. Aunque no fuera más que por esta primera y elemental razón, mi grupo no se opondría en ningún caso y no se va a oponer a un debate y a la toma de medidas que la mayoría estime convenientes y necesarias en el marco de un
proyecto de ley en el que se aborden cuestiones referidas al ejercicio del periodismo entre nosotros.
La situación actual del ejercicio del periodismo entre nosotros adolece de muchos -yo diría que de excesivos- defectos y problemas. Si uno analiza la evolución que ha tenido en los últimos 25 años -por hablar de una fecha más o menos
emblemática-, la situación laboral, sindical, deontológica y organizativa de la profesión periodística puede concluir, creo que sin equivocarse, que estamos ante una profesión que hoy se encuentra, como mínimo, invertebrada entre nosotros. Se ha
hecho referencia ya a algunos de los aspectos que pueden justificar una afirmación como la que acabo de hacer, nosotros compartimos esos análisis y preocupaciones y no insistiré sobre ellos, pero al entender del Grupo Parlamentario Vasco los
diagnósticos tienen que reflejar hoy y aquí la complejidad y la gravedad de la problemática que afecta al ejercicio del periodismo entre nosotros. A ese respecto, en demasiados diagnósticos quedan vacíos, quedan huecos, quedan lagunas y quedan
agujeros negros. ¿A qué me refiero? De entrada a uno y que para mi grupo es principal. Hoy es el día en el que un periódico, el único periódico en euskera que había en aquel momento, Euskaldunon Egunkaria, sigue suspendido desde el 19 de febrero
del año 2003 y siguen inculpadas personas en un sumario del que al menos cabe decir, como acaba de afirmar un catedrático de la comunicación del País Vasco, que es de una insoportable fragilidad.
Insoportable fragilidad pero a modo de contrapeso,
en el otro lado de la balanza, consecuencias gravísimas, en primer lugar, para los propios encausados. Dejo aquí de lado las circunstancias
de su detención, pero recuerdo a quienes todavía siguen encausados y recuerdo también a quien como Martín Ugalde moría hace pocas fechas con sus cuentas embargadas. Insoportable fragilidad del sumario pero contra la actividad de una empresa
que no ha podido seguir siéndolo; insoportable fragilidad del sumario para, al final y a la postre, dejar al País Vasco en aquel momento sin el único periódico en euskera que había en la calle. Quizá alguien pueda preguntarse si esto de lo que
hablo y que denuncio tiene algo que ver con el tema que hoy debatimos.
Para mi grupo sí, tiene que ver y mucho, porque si de libertad de expresión y de información se trata -y al parecer de eso se trata- es necesario preguntarse cómo es posible y
por qué que tanta fragilidad pueda tener tantas consecuencias tan graves. Si analizamos las causas veremos que sólo es posible cuando la politización que rodea y penetra a los medios de comunicación -politización que hemos vivido hasta extremos
absurdos en fechas todavía muy recientes y de forma específica en relación con muchos temas vascos y más concretamente con el nacionalismo vasco- campa a sus aires no ya en las declaraciones de muchos políticos sino también en el jaleo que a este
respecto provocan muchos medios de comunicación que, insisto, jalean abiertamente declaraciones así y hasta cierto punto entran en competición con ellas. Nadie, pues, más interesado que nosotros en que de una vez, cuanto antes y de forma definitiva
desaparezca hasta donde ello es posible -que tampoco somos ingenuos- la supeditación de los medios de comunicación a los vaivenes de la política, de un partido, de otro o de dos partidos cuando se ponen de acuerdo y firman un llamado Pacto
antiterrorista que puede dar cobertura al cierre de un periódico pero que no debiera darla. Si hubiéramos contado con una estructura profesional de los medios de comunicación y con unos periodistas en organizaciones sólidas, realmente autónomas,
más independientes, con más criterio propio, con menos supeditación bien al poder político, bien al poder económico, la situación no hubiera sido la que de hecho ha sido, no al menos con la impunidad y la facilidad con la que ha sido.
Ante la magnitud de estos problemas, la sensación que mi grupo extrae de la lectura de la proposición que hoy se trae aquí es que ese proyecto aborda al mismo tiempo demasiadas cosas y demasiado pocas, siempre desde la perspectiva de
fortalecer la libertad de expresión e información, y que lo hace además en unos términos, con una metodología y unos procedimientos de los que habría que hablar más y más a fondo. No pretendo hacer aquí un análisis detallado de los términos en los
que se presenta la proposición de ley, que tiempo habrá para eso, pero mi grupo tiene más preguntas que respuestas de la lectura de esa proposición de ley, preguntas que podría explicitar pero que, insisto, creo que no es el momento, preguntas que
requieren de unos procedimientos y de un método de trabajo por el que se termine por dar determinadas respuestas que no sólo tienen que ser las más adecuadas, sino que tienen que ser aquellas respuestas que cuenten también con el máximo apoyo y con
el visto bueno para que esas medidas resulten a la postre efectivas, que es de lo que se trata. Nosotros creemos que al día de hoy las medidas que se proponen no cuentan con el suficiente apoyo, seguramente ni en el propio mundo periodístico, pero
no somos nosotros quienes debemos decirlo. Desde luego, por lo que se refiere al País Vasco, no cuentan por ejemplo con el apoyo sindical con que puede contar a otros niveles, ni entiendo yo que contarán en el mundo propiamente empresarial de los
medios de comunicación en lo que les afecta, ni en el mundo propiamente político institucional respecto a lo que corresponde regular y hasta dónde desde este Parlamento y lo que corresponde regular en su caso desde ámbitos autonómicos.
Nuestro grupo entiende que es necesario tiempo, método para adentrarse a fondo en esta temática que urge porque la problemática en la que hoy está situada la profesión periodística y en general el ejercicio del derecho de expresión requiere
una actuación urgente, pero requiere también una actuación sólida y que pueda ser provechosa para ese objetivo que, resumido, mi grupo establecería en que es necesario de una vez vertebrar el periodismo. No seremos, pues, nosotros quienes
retrasemos un solo día este debate. Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley, pero lo haremos con el firme propósito de, por un lado, no obviar ni uno solo de los problemas que nosotros entendemos que tiene la problemática que
aquí se aborda y, por otro, ayudar a definir el conjunto de medidas que, bien sean recogidas por esta proposición, bien por cualquier otro medio, sirvan con eficacia para fomentar y asentar una real libertad de expresión y de información, y hacerlo
todo ello desde el más estricto respeto competencial, así como con el máximo consenso posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Puig tiene la palabra.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.) He iniciado estas palabras en lengua catalana porque espero que pronto, y a lo largo de esta legislatura, con toda normalidad y respeto podré realizar mis intervenciones en la
lengua catalana, hablada por miles de ciudadanos y ciudadanas de los països catalans, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó. Vuelvo a empezar.
Anunciamos por parte del Grupo de Esquerra Republicana nuestro voto favorable a la toma en consideración del proyecto de ley del estatuto del periodista profesional,
a la vez que anunciamos la presentación de enmiendas en el trámite parlamentario para garantizar, si cabe aún más, los derechos de los periodistas, su independencia, incorporando el derecho a la pluralidad cultural y lingüística de este
Estado. He empezado de esta manera porque siempre he entendido que el mundo del periodismo es básico para garantizar el respeto a las minorías y a sus libertades nacionales. Los profesionales del periodismo nos garantizan los derechos de las
minorías si ellos tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión. La falta de un estatuto del periodista que regule la profesión ha fomentado la baja calidad de algunos productos informativos. Los episodios de manipulación informativa en
medios públicos y privados en los últimos meses han comportado una inevitable secuela de pérdida de prestigio de los periodistas. Lo que sucedió el 11 de marzo como consecuencia de los graves atentados de Madrid demuestra la capacidad de algunos
gobiernos, en concreto el del Gobierno del Partido Popular y del señor Aznar, para manipular e intentar cambiar la realidad. (Rumores.) Aquel episodio de intento de manipular a los medios, tanto públicos como privados, nos tiene que servir de
ejemplo para legislar a favor de garantizar a los profesionales de los medios de comunicación el derecho a trabajar en libertad.
Desde nuestro grupo parlamentario no consideramos en ningún momento que la creación de un estatuto profesional pueda significar un privilegio corporativo. Todo lo contrario. Dicho estatuto tiene que significar la garantía de que el derecho
a la libertad de información no puede ser propiedad de los medios sino de los ciudadanos. Por ello entendemos que un verdadero y eficaz estatuto del periodista tiene que beneficiar básicamente a los ciudadanos y ciudadanas, les tiene que garantizar
una información veraz y plural, y más aún hoy en día cuando existen más dificultades que nunca debido a la alta concentración de la propiedad de los medios. El estatuto del periodista profesional tiene que garantizar la libertad de información
basada en la responsabilidad y garantizar su seguridad laboral. No podemos permitirnos la actual situación de muchos y buenos profesionales que, forzados a una situación de precariedad laboral, no tienen garantizados los más mínimos derechos
laborales. El propio Consejo de Europa ha recomendado la existencia de los estatutos de redacción para regular las relaciones internas de las empresas de medios y garantizar la pluralidad informativa. Igualmente el Consejo de Europa entiende que
las empresas de medios de comunicación no pueden considerarse empresas al uso, sino que deben entenderse como entidades de carácter socioeconómico por su responsabilidad social. Garantizar los derechos laborales de los periodistas es básico. La
actual precariedad laboral del sector haría actualmente inviable la aplicación del estatuto del periodista profesional. Como lamentablemente sucede en otros sectores, los contratos precarios, salarios mínimos y plantillas encubiertas no garantizan
las condiciones para cumplir el estatuto. Según datos del sindicato de periodistas casi un 40 por ciento de los profesionales del Estado trabajan a la pieza, mediante colaboraciones, y al no estar inscritos en el régimen general de la Seguridad
Social no están protegidos por los convenios del sector ni de la empresa, no cuentan con escalas salariales, no pueden organizarse sindicalmente ni pueden integrar los consejos de redacción. En definitiva, están en una situación de vulnerabilidad.
Como ya ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la propuesta que se presenta hoy en este hemiciclo es el fruto de los acuerdos elaborados por el Foro de organizaciones de periodistas por mandato de la II
Convención de periodistas del Estado y aprobado por unanimidad en 2002 por la III Convención. Dicho foro lo integran las agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, los colegios de periodistas de Cataluña y Galicia y la Federación de
Sindicatos de Periodistas. Entendemos que es una necesidad y una obligación por parte de este Gobierno dar apoyo a esta proposición de ley y así cumplir con los compromisos que adquirió el actual presidente del Gobierno, señor Zapatero, hace ahora
un año, en la clausura de unas jornadas parlamentarias denominadas Derecho a la información, derechos de los informadores. Se comprometió principalmente en tres aspectos básicos: promulgación de un estatuto del periodista profesional, modificación
del Estatuto de Radiotelevisión Española para que su director fuera elegido por las Cortes y por mayoría cualificada, con mandatos no renovables, y regulación de la incorporación de los debates políticos a los medios públicos. Con referencia al
tema que nos ocupa hoy, las manifestaciones del actual presidente del Gobierno no dan lugar a dudas y la voluntad expresada como responsable del principal partido de la oposición en aquel momento tiene que ser garantizada hoy como presidente del
Gobierno.
Demasiadas veces los ciudadanos y ciudadanas quedan desengañados por las promesas que algunos políticos hacen en la oposición y luego, cuando están en el Gobierno, son incapaces de asumir. Estoy seguro de que este no será el caso. Entre
los argumentos utilizados hay que destacar que la Constitución sólo ampara dos grupos de profesionales: los profesores -sobran las explicaciones- y los periodistas. Decía el señor Zapatero: Nuestro debate, por tanto, está plenamente justificado
por la Constitución, exigido por la Constitución y amparado por la Constitución; es la Constitución la que concede una atención extraordinaria al derecho a la información y al derecho de los informadores. Seguía diciendo el señor Zapatero: La
profesión periodística es una profesión machacada en muchos aspectos: precariedad labora, sueldos bajos, becarios y prácticas que se eternizan. Y seguía diciendo: Tenéis la garantía y la tutela constitucional; os
sabéis responsables de la tarea de informar verazmente y con independencia a los ciudadanos, pero, como os he dicho, sufrís al mismo tiempo la paradoja de hacerlo en condiciones profesionales y sociales inadecuadas.
Podría seguir comentando las palabras del señor Zapatero, coincidiría con muchas de ellas, pero creo que han sido suficientes para esperar que el Partido Socialista no cambie de actitud y, ahora que está en el Gobierno, ponga en práctica lo
mismo que decía en la oposición. Hemos vivido una etapa de presión inadmisible sobre los medios de comunicación por parte del anterior Gobierno del Partido Popular, ocho años de manipulaciones, de presiones inconfesables, compra de medios de
comunicación privados para ponerlos al servicio de la propaganda del Estado, órdenes directas del anterior Gobierno a los directores de los medios de comunicación, cierre del único periódico en euskera, Egunkaria, un ataque imperdonable a la
libertad de expresión -en democracia no podemos permitirnos el cierre de un periódico-, llegando finalmente a la histeria colectiva del anterior Gobierno cuando, en los días posteriores al trágico 11 de marzo, el anterior presidente del Gobierno
llamó no una sino dos veces, como emulando a Jack Nicholson en su película El presidente siempre llama dos veces, a los directores de algunos medios de comunicación para intentar falsear la verdad. (Rumores.) No podemos permitirnos que casos como
estos puedan volver a ocurrir en el Estado español. Por eso vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley y vamos a trabajar para mejorarla introduciendo enmiendas en este sentido. Por tanto, estaremos en contra de
cualquier intento de diluir este proyecto de ley. Todo lo contrario. Trabajaremos para mejorar las condiciones de la profesión de periodista, para garantizar las libertades, para garantizar la libertad de expresión, en definitiva, para garantizar
los derechos de las minorías y su pluralidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclá.
El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este debate de toma en consideración de una proposición de ley para la creación de un estatuto del periodista profesional. No es necesario que destaque
a SS.SS. el papel, la función social que desempeñan los medios de comunicación en la transmisión de información y en la contribución a la conformación de una opinión de cada uno de los ciudadanos, una opinión de unos ciudadanos responsables y
libres. Personalmente me place más esta expresión, la opinión de los ciudadanos, que la expresión más vaga, más difusa, la opinión pública.
Sin duda, una cultura política democrática necesita de una buena información, y esta información se encauza
a través de los medios de comunicación. Es apropiado formularnos algunas preguntas sobre la proposición de ley. ¿Debe intervenir el poder público? ¿Debe intervenir este Parlamento en la configuración del marco en el que los periodistas han de
poder desarrollar su trabajo con toda libertad? ¿Es necesaria una regulación específica, un estatuto profesional, o es suficiente una lectura integrada de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales en la protección de las labores
profesionales de los periodistas? La respuesta de este grupo es que de entrada sí, que de entrada es conveniente estudiar un estatuto profesional, una regulación específica para los periodistas. Posteriormente, los contenidos y los límites de esta
regulación deberán ser objeto de una profunda reflexión durante la tramitación parlamentaria. Hoy sólo pero principalmente estamos en un debate de toma en consideración y, posteriormente, este posible futuro marco legislativo requerirá una
reflexión -si me permiten SS.SS- a fuego lento, no sólo con la contribución inicial de un grupo parlamentario sino también, evidentemente y de forma innegociable, escuchando la opinión de los profesionales, de los periodistas y de los diversos
actores que concurren en el desarrollo de la información periodística.
Les avanzo que ante una lectura inicial de esta proposición al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se le plantean varias dudas, interrogantes, debates y cuestiones que se vehicularán a través de enmiendas, por ejemplo, respecto
al respeto a las competencias que seis comunidades autónomas tienen en la regulación de los colegios profesionales, y por tanto también de los colegios profesionales de periodistas. Nos parece también oportuna la fijación de una carta de derechos y
deberes, así como algunas reflexiones de carácter liberal, que el diputado señor Mardones ha hecho hace un rato, sobre la necesidad de que este marco legislativo esté concertado con los profesionales. Creo que es bueno que SS.SS observen que esta
proposición de ley que plantea el Grupo de Izquierda Verde tiene mucho de buen código profesional, y como todo buen código profesional tiene mucho de ético, tiene mucho de declarativo y tiene, afortunadamente, poco de coercitivo. En su exposición
de motivos, muy completa, tiene mucho de discursivo y afortunadamente, como debe ser en todo lo referente a la libertad de expresión, muy poco de coercitivo y algunas referencias a otras leyes ya vigentes como, por ejemplo, la Ley Orgánica 2/1997,
de 19 de junio, en lo referente a las cláusulas de conciencia, o unas pocas y muy concretas referencias al Código Penal como última ratio en la defensa de los derechos fundamentales y de algunos extremos de la libertad de expresión.
Esta
proposición de ley es tan declarativa que algunos podrían inclinarse por la opción de la autorregulación, un viejo y profundo debate en el ámbito de los medios de comunicación.
En una materia como el derecho a una información veraz, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que sí que es necesaria una intervención de los poderes públicos, una intervención de este Parlamento para fijar una mínima
regulación, un mínimo marco de garantías para el desarrollo en libertad de la profesión periodística. Este planteamiento de mi grupo parlamentario se formula en coherencia y de forma analógica con nuestra propuesta de creación del consejo
audiovisual, presentada hace un mes en este mismo Pleno. En un ámbito tan concreto, pero con un impacto tan importante sobre el conjunto de la sociedad y sobre la buena o la mala información, sobre el derecho a la buena información de los
ciudadanos, como es el ámbito de lo audiovisual, este grupo parlamentario cree que es necesaria la creación de un consejo, cree que es insuficiente la autorregulación como elemento discursivo que el anterior Gobierno planteó ante nuestra propuesta
de creación del consejo audiovisual. Por cierto, aquella fue una iniciativa loable y loada por parte del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Pero sin querer hacer ningún acto de melancolía,
uno tiene derecho a preguntarse hoy aquí por qué el Grupo Parlamentario Socialista puede llegar a apoyar dentro de unos momentos la toma en consideración de esta apropiada proposición de ley, y por qué en cambio no votó afirmativamente la toma en
consideración de la proposición de ley de creación de un consejo audiovisual. El argumento del grupo de la mayoría es que hay una iniciativa gubernamental. Pero creo que en estas materias de libertad de información es mucho mejor trabajar desde la
fórmula de la ponencia parlamentaria que desde la fórmula anunciada de la iniciativa gubernamental.
Señorías, deberemos discutir mucho los contenidos. Nuestro grupo parlamentario que tiene mucha menos vocación intervencionista -desde la cordialidad y desde la discrepancia se lo digo, diputada Navarro-, no alcanza a comprender la necesidad
de la creación de un consejo estatal de la información. ¿Es necesaria la creación de un consejo estatal de la información? No lo sé. No se queden con una opinión formada, pero esto será objeto del debate durante la tramitación parlamentaria.
Pero yendo de lo menor a lo mayor, sí a la proposición de ley, sí a vertebrar y a estimular, a través de esta iniciativa parlamentaria, la formulación de un código deontológico, o para ser más precisos, de varios códigos deontológicos, de un buen
catálogo ético para una buena calidad en la información. Es evidente que un código deontológico no se puede regular, no se puede dictar desde el Parlamento, sino que tiene que participar en él, como ya han venido participando en redacciones de
periódicos, en redacciones de televisiones, en redacciones de radios los propios profesionales. Hay buenos modelos comparados en nuestro entorno jurídico-político, hay buenos modelos comparados en Europa que nos invitan a la reflexión. Seguramente
la toma en consideración de esta proposición de ley da satisfacción a una asignatura pendiente en la consolidación de una cultura democrática. Debemos dar un marco de garantías, derechos y deberes para conseguir, para asegurar una verdadera
libertad de información, una libertad de información de calidad.
Por todo lo anterior, en nombre de mi grupo parlamentario expreso el voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ballestero tiene la palabra.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo en torno a la proposición de ley, idéntica a la ya presentada, debatida y denegada aquí el 9 de diciembre del pasado año 2003; y desde entonces hasta ahora prácticamente no ha cambiado nada,
excepto la posición en torno al voto de algunos grupos como Convergència, que me precedía en el uso de la palabra, y sí algunos aspectos de la situación política, y lo han hecho para darnos la razón desde los hechos, en mi opinión, en torno a
algunos de los argumentos que se emplearon en el debate del pasado año. En aquel entonces el portavoz del Grupo Socialista dijo que el Gobierno del Partido Popular había puesto en marcha de forma descarada y casi escandalosa la mayor operación de
control y manipulación informativa de nuestra democracia. Y esto lo dijo para defender su voto favorable.
Supongo -y espero- que, cuando el portavoz del Grupo Socialista suba hoy a esta tribuna, sea consciente del ridículo de esas manifestaciones.
Y digo del ridículo, a pesar de la opinión de algún otro portavoz, como el de Esquerra, que no sé si estuvo o no en España durante esos días, del 11 al 14. A lo mejor, al estar en los países catalanes, creía que no estaba en España, pero sí estaba
usted en España, si estaba en los países catalanes. Pues bien, a pesar de eso, han sido precisamente las políticas del Gobierno anterior, de proliferación de medios de comunicación y de apuesta por la libertad de información, las que han
posibilitado que el Partido Socialista se siente hoy en los bancos azules -bueno, hoy, no, porque no hay nadie; pero habitualmente-.
Decía entonces, como creo ahora, que siendo la materia a tratar una materia importantísima, debido principalmente a la inestabilidad en la que trabajan gran cantidad de periodistas, es prácticamente imposible tomar en consideración una
proposición de este tipo porque crea más problemas de los que resuelve. En primer lugar, porque adolece de deficiencias jurídicas importantes, tanto formales como de fondo. Entre las primeras, está la intención de regular el artículo 8, que
habla del régimen de incompatibilidades; o el 13, de la cláusula de conciencia; o el 14, del secreto profesional. Todo ello por medio de ley ordinaria, cuando conocen SS.SS. que esto es materia de ley orgánica. O cuando en el artículo 2
se pretende fijar un modelo de carnet por parte del Estado -ya lo ha comentado algún otro portavoz-, que se imponga a los consejos autonómicos; la doctrina del Tribunal Constitucional dice que los modelos oficiales de impresos no pueden
considerarse básicos, por ser un aspecto de carácter procedimental, conectado al ejercicio de competencias de control, que, en este caso, corresponde a las comunidades autónomas. Además, en los artículos 25 y siguientes se plantea la creación de un
consejo estatal de la información, dotándolo de funciones más propias de los colegios profesionales. Señorías, la Lofage regula esta figura con fines y competencias diferentes de las que se proponen para este consejo. Entre las de fondo, quiero
destacar la pretensión del artículo 19 de regular los derechos de autor, cuando ya hay una Ley de propiedad intelectual, del año 1996 que, en mi opinión, es mucho más completa. O las innecesarias referencias que, al tratar de los directores de
medios de comunicación, hace el artículo 21 al artículo 30 del Código Penal, relativas a la responsabilidad punitiva a la que éstos están sometidos. Hay también pretensiones, como la regulación del acceso a las fuentes informativas, la de los actos
públicos aun siendo de carácter privado, o la de las vistas judiciales, que seguimos pensando que tratan de dotar a los periodistas de unas prerrogativas en algunos casos desorbitadas y, en otros, con muy pocas garantías.
A la vista de estos errores jurídicos, ¿por qué no ha habido, señorías, ni una sola rectificación, ni intención alguna de rectificar, de Izquierda Unida? Pues porque, una vez que desmenuzamos esta proposición de ley, parece que en el único
aspecto en el que Izquierda Unida quiere poner el acento es en el capítulo V, de comités de redacción. Sobre este particular, el debate aún no está claro, señoría. Por un lado, esta proposición trata la cláusula de conciencia, el secreto
profesional y los derechos de autor; por otro, nos encontramos con unos comités de redacción con cierto olor a comisarios, que parecen estar mucho más cercanos a las políticas comunicativas del señor Chávez, ese líder internacional al que tanto
abrazan los socialistas en estos días y del que, por no contar una anécdota ajena, les contaré una propia. Fuimos testigos el señor Hernando -diputado de este grupo- y yo mismo, cuando fuimos hace años a Venezuela, a hablar de la libertad en los
medios de comunicación. La contestación fue que, a la semana siguiente, después de irnos, salió en el programa Aló, presidente diciendo que iba a hacer una ley mordaza para expulsar del país a los extranjeros que no tuviesen opiniones similares a
las suyas. No sé si será esa su pretensión.
Señorías, entenderán que nos llame la atención que se diga en la proposición que los comités no asumen la representación laboral de los periodistas, mientras se propone que sean órganos de mediación entre éstos y la empresa, en lo que afecta
a los derechos conferidos por el estatuto y a cualquier otra cuestión profesional que pueda suscitarse. O que nos cuestionemos el planteamiento cuando, por un lado, se pretende que los comités sean garantes -según dicen- de un periodismo libre e
independiente y, por otro lado, sean algunos sindicatos -y les recuerdo de nuevo que, cuando se quisieron reunir con este diputado, lo hicieron desde Comisiones Obreras- los que de modo parcial -importante, pero parcial- quieran impulsar esta
iniciativa. No sé si la intención final de esta proposición de ley es que sean determinados sindicatos y no los propietarios de los medios quienes marquen la línea editorial. Nuestro grupo, y creo que la mayoría de la profesión periodística con
las organizaciones profesionales a la cabeza, no estamos en esta idea. Pero decía al principio que ha habido un cambio importante en los últimos años. Durante los últimos ocho años, el Gobierno del Partido Popular hizo una apuesta clara a favor de
la libertad y de la transparencia en los medios, una apuesta para posibilitar la multiplicación de vías de difusión, la convergencia tecnológica de redes, la diversificación de ofertas y audiencias y el acceso individualizado a los diferentes
servicios. Esta fue una manera distinta de la que hoy creo que tienen otros portavoces de garantizar la libertad de expresión, creyendo en el individuo, confiando en la sociedad, creyendo en el profesional. Pues bien, durante esos ocho años el
Partido Socialista mantuvo una postura descarada, vehemente, tremenda diría yo, de acoso y derribo a las políticas del Gobierno y a los profesionales, muy especialmente a los de Televisión Española. Incluso en el debate de esta proposición, el
portavoz socialista volvió a acusarnos de manipulación y a decirnos que el Gobierno tenía miedo al periodismo libre.
Señores del Grupo Socialista, la mayor demostración del éxito de la apuesta por la libertad en los medios del Partido Popular fue precisamente eso, que algunos medios se convirtiesen durante los días del 11 al 14 en el cómplice necesario de
lo que a mí me pareció una estrategia comunicativa cuando menos oportunista y que produjo claramente un vuelco electoral. Y por favor no suban después a hacer campañas tan vergonzosas como las que hicieron contra el señor Urdaci y a decir que era
justo lo contrario, que quedaba un pequeño reducto de libertad. No lo hagan, no lo hagan porque, si lo hacen, probablemente habrá grabaciones radiofónicas que han desaparecido, pero confío que Televisión Española conserve aún las cintas donde,
gracias a la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la libertad, el actual portavoz de su grupo parlamentario hacía campaña descaradamente la jornada de reflexión y la hacía en la televisión pública.
Algunas de SS.SS. han demostrado a todos los españoles, y lo han hecho para siempre, que lo único que les importa es ganar unas elecciones y después echar tierra y no investigar, pero confío que los pasos andados en materia de libertad
informativa no se transformen en retroceso a los tiempos sectarios de la anterior etapa socialista que dejaron ríos de tinta sobre la manipulación. Espero, sinceramente, que si se toma en consideración esta proposición no sea con la intención de
imitar los modelos tan celebrados de la ley mordaza de Chávez o el de Castro. Y tienen que comprender nuestras dudas ante los antecedentes que están sembrando, como el globo sonda de sacar alguna nueva licencia de televisión para dársela a los
amigos por los servicios prestados, dejando caer, eso sí, la amenaza de que esto significaría menos ingresos para algunas privadas. O la pelea que tienen montada con la Iglesia porque la Conferencia Episcopal tiene una emisora que pretende
esclarecer lo que pasó realmente el día 11 de marzo (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Entenderán nuestras dudas cuando tan solo en seis meses de Gobierno la señora Caffarel, tras una purga de profesionales en Radiotelevisión Española, ordena o
consiente que no vaya Televisión Española a las ruedas de prensa del Partido Popular, o hace desaparecer del mapa al señor Rajoy en reuniones importantes como las que tiene con los líderes sindicales de este país. Señorías, entenderán nuestro miedo
a la vuelta a los comisarios políticos del Partido Socialista cuando, frente al impecable comportamiento en torno a los medios del Gobierno del Partido Popular en las últimas elecciones generales, la señora Caffarel tuvo que ser obligada a
rectificar por su comportamiento sectario en las elecciones europeas, y aún así, hasta los ordenadores en Televisión Española se equivocaron y emitieron gráficas manipuladas de los resultados electorales.
Señorías, a pesar de que hoy algunos grupos han hecho verdaderos equilibrios para apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, nosotros tenemos que ser coherentes y seguir diciendo que no por los importantes defectos de los
que adolece. No creo que se tenga que tomar en consideración, a pesar de la importancia de los temas, cualquier cosa a cualquier precio. Ahora bien, quiero decirle que si sale adelante la toma en consideración, el Grupo Popular, siguiendo desde
luego a los profesionales y a las asociaciones de profesionales, consultándolos ampliamente, abriendo un ámbito de reflexión como el que hubo en la V Legislatura en el Senado en temas similares, y, ya digo, después de todo este proceso, siempre que
no se vaya con ideas preconcebidas, nosotros aportaremos y colaboraremos en todo aquello que sea necesario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Ballestero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo una breve referencia a la sorpresiva intervención del señor Ballestero que, sin que venga a cuento, ha hablado aquí de sectarismo.
Quiero recordarles, señorías, que el señor Zapatero tardó tres años en ser entrevistado en Televisión
Española cuando fue elegido secretario general del PSOE y que el señor Rajoy tardó, cuando cambió la dirección en Televisión Española, tres días, exactamente tres días, a diferencia de lo que era el comportamiento sectario de Televisión Española en
los tiempos del Partido Popular. Pero me parece que es una desconsideración a esta Cámara que hablemos de un debate anacrónico y pasado y, sobre todo, me parece un descrédito para con la proposición de ley que estamos discutiendo. Sinceramente no
sé a qué viene todo ese repaso obsesivo, sectario, hasta caer en el ridículo, sobre el pasado.
Hoy estamos aquí para discutir sobre una proposición de ley que pretende regular en las Cortes lo que se llama el estatuto del periodista profesional. Quiero fijar al respecto la posición del PSOE diciendo en primer lugar que nosotros hemos
barajado dos poderosas razones iniciales para oponernos a esta proposición de ley: la primera, porque el Gobierno tiene ya un mandato electoral. Hay un compromiso electoral del Partido Socialista en su programa para regular esta ley; lo hemos
establecido en nuestro propio programa de Gobierno. El Gobierno creó una comisión de expertos para elaborar un informe sobre medios de comunicación públicos, y hace muy poquitos días, curiosamente, el Gobierno ha contestado a una pregunta del
diputado Popular, Gil Lázaro, a este mismo propósito, anunciándole por escrito en su respuesta que el Gobierno tiene el deseo de regular, mediante un proyecto de ley, este estatuto cuando el informe de los expertos se haya publicado. En
consecuencia, primera razón, señorías: el Partido Socialista ha considerado que era su derecho presentar su proyecto de estatuto y que este era nuestro compromiso con la ciudadanía. La segunda razón: tengo que decirles que el proyecto que se nos
ha presentado hoy no es un buen proyecto legislativo. Quiero que interprete doña Isaura mis palabras con el afecto que se las hago. No es una valoración despectiva pero, sinceramente, el proyecto es malo, tengo que decirlo con toda sinceridad.
Tiene un buen número de reflexiones técnicas, jurídicas y políticas, que estoy obligado a hacer: en primer lugar es un proyecto de parte. Este es un tema muy delicado y muy complejo, que afecta a intereses muy contrapuestos, como ustedes saben
bien, y es un proyecto de parte; es un proyecto, como bien se ha explicado aquí, que coincide literalmente con el aprobado por el Foro de organizaciones periodísticas y, por cierto, entregado a los partidos políticos en el mes de mayo del año 2002
-es decir que responde a una posición de parte-. En segundo lugar, no recoge derechos y deberes propiamente como un proyecto de ley,
sino más bien vagas declaraciones de principios -en muchos casos no hay otra cosa que esto-. En tercer lugar regula derechos fundamentales y, sin embargo, no le da carácter de ley orgánica. En cuarto lugar, se refiere otra vez a la
cláusula de conciencia, y ésta ya está regulada en una ley del año 1997. En quinto lugar establece un delito penal para la violación del secreto profesional, y nosotros creemos que una reforma del texto punitivo por la puerta de atrás y
asistemática no es correcto hacerlo en esta ley. En sexto lugar, esta ley invade competencias autonómicas, claramente en aquellos casos en los que tienen competencias en la regulación de la profesión de los colegios profesionales. En séptimo
lugar, la incorporación de un anexo de código deontológico queda sujeta, en mi opinión, a una autorregulación profesional no a un anexo de la ley.
En fin, podría seguir.
Señorías, nosotros creemos que se trata de una ley que regula un asunto antiguo sobre el que hay una vieja reivindicación que el Partido Socialista asume como tal, que regula derechos fundamentales muy importantes en una materia clave de
nuestro sistema de libertades, porque está afectando a principios sensibles del corpus democrático de nuestro país: el derecho a la expresión, la libertad de información, la cláusula de conciencia, el secreto profesional. Como todo esto está por
hacer, hay que aprovechar esta iniciativa, aunque ya quiero dejar muy claro que nuestro grupo no comparte el texto exacto de esta proposición de ley.
Desde luego, es importante abordar la problemática de las condiciones laborales de los
periodistas, muchos nos preguntamos si en este marco y en este contexto de devaluación, de depauperación de condiciones laborales en la profesión se garantizan los derechos que están en juego en esta materia. Hay una concentración de poder
mediático en nuestro país que reclama un examen, hay recomendaciones internacionales del propio Consejo de Europa, hay experiencias en otros países que hay que abordar.
En fin, señorías, todo esto nos lleva a considerar que la iniciativa debemos
abordarla, en parte porque, como bien han recordado varios intervinientes, el señor Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, entonces candidato y ahora presidente del Gobierno, anunció en un encuentro con el mundo periodístico el 25 de
noviembre de 2003 un compromiso personal con la promulgación de un estatuto del periodista profesional. Como queremos ser congruentes con ese compromiso y aunque el Gobierno y nuestro grupo hubieran deseado una proposición más pausada, más
multidisciplinar, que recogiera todos los planos de esta materia, vamos a aprobar la proposición como iniciativa del debate, porque creemos que esta iniciativa da un impulso a un debate y abre una oportunidad a la reflexión. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Quiero advertir que queremos establecer un plazo largo de consulta, con lo que llamaríamos las experiencias del derecho comparado, con la determinación de los espacios que hay que regular para evitar superposiciones
legislativas y que tenemos que respetar competencias autonómicas. Tenemos que recordar que este mismo debate se produjo ya en el año 1994 y no había acuerdo entre los profesionales para la regulación del secreto profesional, que es un tema muy
complejo y muy delicado.
Sobre todo ello -termino, señor presidente- nuestro grupo solicitará en la tramitación de esta proposición la apertura de un periodo de comparecencias a sindicatos, a colegios profesionales, a empresas editoras, a expertos, para tener una
base informativa amplia que nos permita, si es posible, que los mismos grupos que hoy estamos diciendo sí a esta proposición -y, por qué no, también el PP, si se quiere sumar a este consenso en una materia que me parece importante que lo tenga-
podamos elaborar un texto alternativo, un texto que pueda servir incluso de enmienda de totalidad para la tramitación de este proyecto de ley sobre otra base jurídica puesto que la de este texto no la consideramos adecuada. Es sobre esas
condiciones que nuestro grupo va a decir sí, a continuación, a propósito de esta materia.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Para turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Sí, no la había visto. Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, el portavoz de Coalición Canaria ha manifestado que no le parece correcto que sea Izquierda Verde quien haga un traje a los periodistas. Evidentemente, no ha sido así y así lo he expuesto al
defender esta proposición de ley. Son ellos los que se han hecho el traje e Izquierda Verde ha sido el portavoz de lo que ellos entienden ha de ser la regulación de su sector. Por lo tanto, cuando el portavoz del Grupo Socialista manifiesta que la
iniciativa le parece mala, se refiere precisamente al contenido que los propios profesionales del sector proponen para autorregularse.
No puedo dejar de mencionar las referencias que ha hecho el portavoz del Grupo Popular al presidente Hugo Chávez. Le informo de que Aló, presidente es precisamente el programa más visto los domingos en Venezuela, a través del cual el
presidente transmite lo que ha hecho y lo que va a hacer durante la semana a los ciudadanos venezolanos, dando cumplimiento al derecho de información. Además, quiero manifestar que, como quizá no estaban conformes con las regulaciones, por eso
decidieron apoyar un golpe de Estado en ese país. Cuando se produjo ese golpe de Estado, la primera televisión que se censuró y que se cerró fue la pública, dejando que todas las televisiones privadas
siguieran contando mentiras respecto a lo que estaba ocurriendo en ese golpe de Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de las dos proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y de Coalición Canaria, orgánica de modificación del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 175; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: La proposición de ley ha sido tomada en consideración.
En segundo lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de estatuto del periodista profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 175; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: La proposición de ley ha sido tomada en consideración por el Pleno.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROCEDER A LA DISPERSIÓN DE LOS PRESOS EXTRANJEROS QUE ESTÁN CAUSANDO GRAVES ALTERCADOS EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 162/000184.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para proceder a la dispersión de los presos extranjeros que están
causando graves altercados en las prisiones españolas. (Rumores.)
Por favor, señorías, el Pleno continúa. Ahora va a intervenir uno de sus colegas. Tomen nota y consideren que algún día les tocará intervenir en el primero y en el último turno y se desesperarán por el ruido que hace el resto de los
diputados. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. El debate continúa.
Adelante, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente, señorías, por su benevolencia para que pueda intervenir en este turno.
Subo a esta tribuna para debatir sobre uno de los temas que nuestro grupo parlamentario considera... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señora diputada.
Voy a hacer una consideración elemental, y ya estoy cansado de hacer esta advertencia sistemáticamente. Siempre que un diputado o diputada sube aquí, después de un cambio en el orden del día porque entra otro tema, me hace la siguiente
consideración: presidente, no se puede hablar en este turno. Y es verdad. Igualmente, cuando se llama a votar, la diputada o el diputado me dice en la tribuna: no se puede hablar. Y es verdad. El problema es que ustedes solo se acuerdan de
esta circunstancia cuando les toca hacer el primero o el último turno. Sean correctos con sus colegas porque alguna vez les va a tocar ser el primero o el último, y esta es una profunda desconsideración al trabajo y a la propia estima de la Cámara.
Disculpe, señor Sánchez. Ahora creo que hay silencio. Continúe, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Deseo que esta espera sea suficiente para que lo que vamos a tratar sea del interés de SS.SS.
Como les decía, subo a esta tribuna para debatir sobre uno de los temas que nuestro grupo parlamentario considera de mayor trascendencia, importancia y, sin duda, preocupación para la sociedad española, que es la situación de nuestras
cárceles, en concreto el aumento de la población reclusa. Para nuestro grupo lo más importante es conseguir -lo digo, señorías, con sinceridad- evitar entre todos lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, es decir, incrementar la previsión, la
detección y la erradicación de la conflictividad en nuestros centros penitenciarios.
Todos sabemos, señorías, también los ciudadanos españoles, que nos estamos refiriendo a una situación novedosa a la que estamos asistiendo estos últimos días con alarma y preocupación. Desde el Gobierno, pero también desde la oposición, se
requieren actuaciones, soluciones, propuestas y medidas que posibiliten frenar lo que ha estado ocurriendo en algunas cárceles españolas. Incluso, un miembro del Gobierno aquí presente estaba a favor de una de las medidas que contiene nuestra
proposición no de ley, que es la dispersión en aquellos casos en los que los reclusos produzcan conflictividad o peligrosidad. Sin embargo -permítanme decirlo- el Gobierno y la señora Gallizo
no se enteraban. Todo lo que estaba pasando ocurría sin que la señora Gallizo se enterara y sin que actuara consecuentemente. Créanme, señorías, que planteamos esta iniciativa con la intención y la responsabilidad de conciliar acuerdos y
consensos que nos permitan a todos atajar la situación y trabajar al servicio de los ciudadanos, que esperan que los principios constitucionales de resocialización y de reeducación se conjuguen a su vez con los principios de seguridad pública del
Estado. Por ello, señorías, entendemos que los frecuentes altercados producidos en las cárceles españolas protagonizados por reclusos extranjeros, especialmente de carácter islamista, como los recientes incidentes ocurridos en Topas, en la cárcel
de León y en otros centros penitenciarios de Andalucía o de Galicia, constituyen el exponente más manifiesto de que tenemos un grave problema en el sistema penitenciario.
Por esta razón, con el rigor que me corresponde, debo manifestar que, tal
como evidencia el sindicato mayoritario de instituciones penitenciarias, la población extranjera se ha incrementado en nuestro país en los últimos años un 110 por ciento -lo digo para que no se posibiliten los discursos de algún grupo parlamentario
echando la culpa a unos o a otros-, produciéndose una evolución de 7.900 internos; 16.626 internos es la población reclusa que tenemos a principios de octubre del año 2004, es decir, de cada 10 nuevos presos en las prisiones españolas, seis son de
nacionalidad extranjera. La explicación de ese incremento de la población extranjera se fundamenta en que los extranjeros lo tienen peor en algunos supuestos, dado que carecer de arraigo familiar les imposibilita en gran medida obtener la libertad
bajo fianza hasta que se realiza su juicio; por eso tenemos un buen número de preventivos en las cárceles extranjeras. Es decir, señorías, desde 1999 a 2004 se ha producido un incremento de 8.726 extranjeros y desde 1990 tenemos 15.228 reclusos
extranjeros, que suponen un porcentaje del 27,97 de la población reclusa española. Por nacionalidades, hay más de 6.000 reclusos en situación preventiva y en cumplimiento de condena de origen magrebí, procedentes de países musulmanes, más de 4.000
son de origen marroquí y más de 1.900 son de origen argelino.
Señorías, el esfuerzo de creación de más de 14.000 plazas en estos últimos ocho años y de 12 centros tipo han mejorado sustancialmente las infraestructuras penitenciarias, lejos del catastrofismo mal evaluado y valorado por la directora
general de Instituciones Penitenciarias y además se ha seguido trabajando en los proyectos de cuatro nuevos centros, como son el de Morón, el de Puerto III, el de Extremera y el de Albocàsser. Hemos de recordar que en estos presupuestos no se ha
previsto ningún centro tipo, aunque sabemos que el Gobierno está en ese objetivo y además les avanzo que nosotros les ayudaremos en esa línea.
La radiografía de las infraestructuras, del incremento de los presos, es la que hemos dicho y la estamos intentando realizar con rigor y con responsabilidad, pero no podemos dejar de mencionar lo siguiente. En primer lugar, la inactividad y
la incompetencia manifiesta hasta ahora de la señora Gallizo, se lo digo y se lo reitero utilizando aquella expresión de algún correligionario socialista, se lo digo sin acritud.
Cuando desde el 10 de septiembre empezaron a aparecer en los medios
de comunicación las denuncias sindicales sobre los graves incidentes en Topas, en Alhama, en Villabona y en muchísimos centros penitenciarios, denuncias sobre los graves sucesos de presión y sometimiento y actuaciones fundamentalistas e incluso de
entrenamiento militar en cárceles españolas por parte de presos extranjeros, la respuesta de la señora Gallizo la conocen ustedes bien y la conoce toda España. No sólo negó la evidencia diciendo textualmente que no existían grupos fundamentalistas
en las cárceles de Topas o que la situación era normal, de una normalidad que después se tuvo que remediar y conjugar, sino que además acusó a este grupo parlamentario y al sindicato mayoritario Acaip de mostrar actitudes xenófobas y alarmistas.
Afirmó tanto en sede del Congreso de los Diputados como del Senado haber realizado una investigación interna cuyo resultado mostraba que en estas cárceles no pasaba nada. Permítanme decirles que la señora Gallizo o se equivocó, o no sabía lo que
decía, o no controlaba lo que sucedía en las cárceles. Lo peor no es solo que no se entera, sino que parecía que no quería enterarse. Por esta razón nuestro grupo parlamentario presentó esta iniciativa y manifestó que eran necesarias medidas
urgentes adicionales, como las que se establecen en esta proposición no de ley y en otras proposiciones que nuestro grupo a su vez presentaba. Nos estamos refiriendo a que necesitamos, señorías, un nuevo modelo de tratamiento penitenciario ante una
nueva realidad en la que ya se produce, es evidente, la dispersión de reclusos procedentes de causas de fundamentalismo islamista o pertenencia a banda armada, como decía el ministro de Justicia, que no sé si ahora nos podrá escuchar, y que suponen
que un total de 72 extranjeros reclusos en las cárceles estén sometidos a ese régimen de dispersión. Sin embargo, nosotros vamos más allá, vamos a decirles que esa nueva situación en la que nos encontramos se ha modificado, que ahora presos comunes
se encuentran presionados y extorsionados por quienes pueden ejercer en alguna que otra prisión un mayor liderazgo, una mayor presión fundamentalista.
La realidad sociológica penitenciaria ha cambiado. Todos sabemos que se necesita un mayor control en las cárceles tanto en el sistema de comunicaciones como en el análisis y seguimiento previo para poder realizar esta dispersión. Ante lo
ocurrido y sobre todo ante la decepción de las medidas que el Gobierno adoptó después de la desarticulación por el juez Garzón de la célula
integrista correspondiente a la operación Nova, se desencadenó un plan de choque que nosotros también veníamos demandando y que además la directora general había anunciado en esta misma Cámara en septiembre de este mismo año: traslado de 17
presos acusados, es decir, la dispersión de esos presos islamistas; un informe minucioso de todos los altercados protagonizados por internos musulmanes, que esperemos que no sea como el que ya hizo la directora general y que anunció en el Congreso
y en el Senado; limitaciones regimentales y control de comunicaciones. Un plan que esperamos conocer porque además así lo hemos solicitado al ministro o a la directora general de Instituciones Penitenciarias en el Congreso, en la Comisión de
Interior. Un plan del que no solo queremos enterarnos por los medios de comunicación, sino que como he reiterado debe ser presentado ante esta Cámara y así lo hemos solicitado. Ese plan lo podremos mejorar entre todos, sin duda, sobre todo porque
es fundamental la previsión, que el Gobierno no debe actuar a golpe de actuación judicial en respuesta de lo que ha realizado el juez Garzón, sino con previsión y con capacidad de oficio previa.
Tenemos una situación especialmente delicada en cárceles como la de Alhama, la de Mansilla, la de Topas, la de Villabona y la de Almería, que están esperando la actuación de los responsables públicos y del Gobierno en beneficio de todos los
españoles. Por dicha razón hemos presentado esta proposición no de ley, señorías, cuyo principal objetivo es intensificar ese nuevo modelo de tratamiento penitenciario con la extensión de esa primera medida de dispersión. Y déjenme aquí
matizarles.
No queríamos, con la parte dispositiva de esta proposición no de ley, estigmatizar a toda la población extranjera, ni muchísimo menos. Por eso establecimos la precisión que se refería a aquellos supuestos en los que se causaran graves
altercados y supusiera un aumento de la conflictividad. Además de esa medida de la dispersión, incluso de los cabecillas fundamentalistas que también había solicitado Instituciones Penitenciarias, nosotros entendíamos que debíamos entrar en ese
nuevo modelo de tratamiento, con nueva clasificación, con un control más exhaustivo, con el control de las comunicaciones, etcétera. Pero sobre todo era emblemática esta petición porque nuestro grupo parlamentario entiende que la medida de
dispersión ha sido muy efectiva, extraordinariamente eficaz y efectiva en la lucha contra el terrorismo con la dispersión de los presos etarras. Por eso la habíamos planteado también con este carácter.
Debo decirles, señorías, que se han presentado varias enmiendas, las cuales agradezco; agradezco tanto al Grupo de Convergència i Unió como al Grupo del Partido Socialista Obrero Español. Creo que son enmiendas que van en la línea de
completar y de realizar una propuesta mucho más exhaustiva de control y de actuación en ese nuevo modelo penitenciario.
Les decimos que la nuestra era solo una iniciativa previa a lo que después iba a ser una actuación consecuente, dado que el
Gobierno y la directora general de Instituciones Penitenciarias no estaba actuando, sino que estaba haciendo lo contrario, negando la evidencia. Por eso, señorías, les quiero adelantar que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo de Convergència i
Unió y con el Grupo del Partido Socialista Obrero Español en una transaccional, que espero, señor Martínez Sanjuán, que aparte de que provoque esa hilaridad, provoque la satisfacción de su grupo y la del nuestro, porque estamos tratando de un tema
harto importante para nosotros y supongo que para ustedes también, y para la sociedad española, en la medida en que consideramos que se deben seguir realizando y acordando esas medidas organizativas de clasificación y de control en el régimen
disciplinario, así como intensificar las medidas de control y de observación, manteniendo especialmente la parte expositiva de nuestra proposición no de ley, que era la referida a la dispersión de los presos en los casos de conflictividad.
Señorías, como por parte de este grupo parlamentario habíamos solicitado reiteradamente información manifiesta sobre lo que estaba ocurriendo en las cárceles...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy acabando, presidente.
Y además habíamos solicitado la personación en las cárceles de Topas y Alhama y no hemos obtenido respuesta por parte del Gobierno, entendemos que es muy positiva la incorporación que nuestro grupo ha hecho a esta transaccional de mantener
informados a los grupos parlamentarios sobre las medidas relevantes que se adopten en esta materia.
Sobre el nuevo modelo penitenciario, sobre lo que ocurre en nuestras cárceles, sobre la efectividad de la lucha contra el terrorismo islamista, y sobre todo para conciliar la seguridad pública, las libertades y los objetivos de
resocialización, es muy importante que no nos enteremos por los medios de comunicación y es muy importante que el Gobierno no actúe después de que actúen los jueces. Por eso hemos presentado esta iniciativa y por eso, principalmente, este grupo es
el que denunció la situación en la que estaban las cárceles. Esperemos que, a partir de ahora, con esta iniciativa de consenso y conciliadora podamos tener realmente una actuación eficaz en las cárceles españolas.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Para la defensa de sus enmiendas, Grupo Catalán y a continuación Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para presentar y defender una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la
dispersión de internos extranjeros en las cárceles españolas. No cabe duda de que esta cuestión es relativamente novedosa y reciente y que los últimos acontecimientos carcelarios de todos conocidos, y especialmente los horribles atentados del 11 de
marzo, han provocado de forma circunstancial que la sociedad española dirigiese su mirada crítica a todos los ámbitos donde se congregan personas con conductas antisociales, especialmente las cárceles. Es bien cierto que, por informaciones que se
han ido difundiendo y haciendo públicas, también a través de los trabajos de la Comisión del 11 de marzo, los centros penitenciarios son lugares propicios, por sus condiciones físicas y dinámicas internas, para el proselitismo, la radicalización de
las posturas, los procesos de cohesión interna de grupos antisociales, todo ello facilitado por la proximidad física en un entorno cerrado y la presión consecuente, así como por el estrés ambiental lógicamente cuando se produce una elevada
concentración de internos con una misma configuración ideológica, religiosa y personal. Nos estamos refiriendo claramente a los recientes casos de altercados, disturbios y disfunciones que se han producido en las prisiones con un elevado número de
presos extranjeros, circunscribiendo en la actualidad esa problemática de forma necesaria a los internos relacionados, de una u otra forma, con grupos terroristas de corte islamista. No obstante, esta casuística, relativamente reciente por lo que
se refiere a internos islamistas, solo se da en algunos centros de reclusión y no en todo el territorio del Estado. Los territorios donde están ubicados alguno de estos centros -nunca está de más recordarlo- quieren competencias en materia de
ejecución penal, como es el caso de Cataluña. Evidentemente, la opción de la dispersión de internos de esas características, como sostiene el grupo proponente, puede ser una de las medidas para rebajar el índice de conflictividad y riesgo provocado
por esa extremada agrupación, pero nuestro grupo entiende que no necesaria y exclusivamente. Pensamos que puede haber otras medidas y decisiones que, sin obviar algún tipo de dispersión selectiva, también pueda coadyuvar a la finalidad que se
persigue, como lo es salvaguardar la seguridad de los internos en las prisiones, los derechos de los reclusos, así como el libre y pacífico uso por parte de estos a las instalaciones penitenciarias en las condiciones reglamentarias previstas, todo
ello para garantizar que las penas privativas de libertad puedan estar efectivamente orientadas a la función resocializadora. En este sentido nos hemos pronunciado en nuestra enmienda. Entendemos, en definitiva, que la Administración penitenciaria
coincidirá, simplemente por una cuestión de tranquilidad y sosiego en sus centros de reclusión, en los objetivos de minimizar la conflictividad interna y que adoptará las medidas necesarias para conseguirlo, como seguro -y así nos consta- que lo
está haciendo. No está de más que el Parlamento se lo recuerde al Gobierno a través de esta proposición no de ley y nuestro grupo estaría de acuerdo en una redacción transaccionada, como nos consta que finalmente se ha acordado, de la disposición
en donde se reconsidera el sentido de nuestra aportación de ampliar la tipología de las medidas partiendo de la confianza en la Administración penitenciaria y, al mismo tiempo, aceptamos y compartimos la referencia específica a internos -entre
comillas- vinculados con grupos integristas islamistas imputados por delitos de terrorismo, como propone el Partido Socialista, así como la de tener informados a los grupos parlamentarios sobre la situación de esta proposición. Esperaremos, pues,
la intervención del otro grupo enmendante y, así, si se confirma la propuesta transaccional, votaríamos a favor de ésta en el momento oportuno.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Guinart.
Grupo Parlamentario Socialista, su turno para la defensa de sus enmiendas.
Señor Martínez Sanjuán
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la proposición no de ley sin obsesiones y sin exageraciones porque, señora Sánchez-Camacho, le he sonreído a unas palabras suyas y usted ha dicho que me reía con
hilaridad. Lo digo a efectos del 'Diario de Sesiones', porque hay una diferencia entre una sonrisa o manifestar hilaridad en una intervención. Por eso creo que para hablar de la situación de las prisiones, para hacer un análisis, también hay que
poner las cosas en sus justos términos y hay que hacerlo con un cierto grado de sosiego y sin obsesiones ni con direcciones generales ni con determinadas personas.
En el sistema penitenciario español tenemos problemas, los tuvimos antes, los tenemos ahora y podemos tenerlos mañana, porque problemas estructurales como los que hay en las prisiones españolas no se han afrontado con realismo ni con
decisión en los últimos años. Se ha roto la necesaria ecuación de aumento de un problema/más recursos para resolver el problema. El mayor número de población reclusa año tras año no ha ido acompañado de la creación de las necesarias plazas
penitenciarias, a pesar de los esfuerzos, y la mayor complejidad de la población reclusa en cuanto al origen de su procedencia o su peligrosidad no ha ido acompasada con una similar evolución de los funcionarios del sistema ni de su
preparación. Sin poner citas que no me corresponden, simplemente citando no solamente lo que piensa el Grupo Parlamentario Socialista, el representante de un sindicato mayoritario en el cuerpo de prisiones, el señor Delgado, decía en Europa Press
el otro día que la actual directora de Instituciones Penitenciarias ha heredado un problema que nadie resuelve, como es el del hacinamiento, es decir, un problema que dificulta históricamente la resolución de problemas y agrava otros.
La población
reclusa creció en España un 31 por ciento en los últimos cuatro años creando un problema de celdas importante, con un déficit de aproximadamente 12.000. Mientras, en este período los funcionarios de prisiones, las personas encargadas de
rehabilitar, atender y cuidar han crecido solo el 7 por ciento, pero lo peor de todo, como decía, señora Camacho, es que la población reclusa hoy, con más extranjeros, no es la misma que hace unos años, tenemos 14.000 reclusos en las cárceles que
son competencia del Estado, porque hay otra Administración penitenciaria que usted bien conoce que es competencia de la Generalitat de Cataluña, que también tiene un problema similar, porque la creación de centros tampoco ha ido acompañada de la
evolución de los reclusos. En estos momentos hay 8.110 reclusos en Cataluña para 5.700 celdas, creo.
La población extranjera, y dentro de ella la población magrebí, con unas especiales características, tiene unos problemas que han producido tensiones, pero curiosamente, teniendo el mismo problema, no ha tenido la misma dimensión o no ha
creado la misma alarma social que se ha podido crear en algunas cárceles españolas, lo cual me lleva a hacer una pregunta. ¿Por qué la problemática o la fotografía actual a veces se amplifica y se retoca? ¿Por qué surgen denuncias en plena
discusión y negociación de los acuerdos sindicales? ¿Por qué se pretende poner en fase de presente lo que han sido problemas de estos últimos años? La concentración de magrebíes y extranjeros en unas pocas cárceles no es de hoy ni de hace seis
meses, los conflictos en las cárceles españolas no son de ahora. Tengo un dato del sindicato mayoritario de las prisiones españolas que decía que 847 funcionarios han sido agredidos desde el año 2000, es decir, los conflictos en las prisiones
españolas vienen desde hace unos años. Yo no quiero decir que ahora no los haya, pero estamos hablando de una situación en la que hoy se pone como una foto fija algo que viene produciendo una serie de conflictos en los últimos años.
La constitución de células islamistas bajo el liderazgo de Mohamed Acraf en la cárcel de Topas, dando lugar a células que parece que querían atentar contra objetivos civiles, concretamente contra la Audiencia Nacional, no es tampoco de
ahora, es de los años 2001/2002, así que tenemos problemas, pero no conviene exagerar ni hacer demagogia, ni echar toda la culpa a los magrebíes ni a los musulmanes, ni a los ateos ni a los de comunión diaria, porque no se puede abordar el problema
sin juicios o con juicios apriorísticos. En Topas, en Alhama, en Dueñas y en otras cárceles ha habido tensión, igual menos de la que se ha dicho, igual menos que la que se ha publicado, porque la existencia de magrebíes o de musulmanes no es
condición sine qua non para que existan conflictos.
Les hablaba anteriormente de la problemática de las cárceles catalanas, donde hay 2.500 extranjeros y casi 2.000 magrebíes. Decía el otro día una noticia en Europa Press: las cárceles catalanas
no registran los incidentes con presos de origen musulmán. ¿Qué pasa, que los musulmanes que están en las cárceles catalanas son muy distintos que los que pueda haber en Algeciras, Huelva u otras cárceles? Quizá se están exagerando determinadas
cuestiones que en un momento determinado se han podido desarrollar. Además la existencia de personas de población magrebí o de origen musulmán tampoco es condición sine qua non para la existencia permanente de problemas, y no hay que exagerar.
Le voy a ofrecer un dato. En la cárcel de Huelva, con el mismo tamaño que la de Topas, con tan solo el 10 por ciento de la población magrebí que existe en Topas, en el año 2004 ha habido 41 agresiones a internos, mientras en la de Topas 5;
agresiones a funcionarios 6, en Topas 5; resistencias a órdenes 22, en Topas 1; luego, no se puede hacer una extrapolación a priori diciendo que allí donde hay musulmanes, donde hay magrebíes, donde hay gente con problemas de islamismo radical
automáticamente hay un problema latente o real. No es verdad, no se puede exagerar, y creo de verdad que se exagera bastante. Un dirigente sindical de Topas alertaba el otro día de la posibilidad de que algunos presos musulmanes radicales se hagan
explotar en el interior de las penitenciarías en las que cumplen condena, y se quedaba tan tranquilo.
¿Es que a alguien en su sano juicio se le ocurre pensar que en las cárceles españolas, sea Topas o sean otras, se van a producir los problemas que
algunos están diciendo, que, insisto, algunos son reales y otros están siendo bastante amplificados?
Sabemos que hay terroristas islamistas recluidos, de los del 11-M y de los de antes, que también estos han organizado células de acción, como lo demuestra la acción del juez Garzón en el caso de la desarticulación de la operación Nova;
sabemos que también hay fundamentalistas islamistas que quieren desestabilizar la situación carcelaria, captar adeptos y crear en ocasiones un contrapoder en las cárceles. La Dirección General de Prisiones ha tomado medidas, como se informó y se
aceptó por parte de grupos parlamentarios, concretamente del Grupo Popular en la última reunión del pacto
antiterrorista: aislamientos, cambio de destino, informe sobre incidentes y control de comunicaciones entre otros, sobre todo con los peligrosos, pero por ser peligrosos, no por ser extranjeros, como dice la proposición no de ley, y siempre
y en todo momento informando a la Audiencia Nacional. Se ha ordenado a través de las instrucciones del Gobierno, de la Dirección General de Prisiones, la aplicación del artículo 75 del reglamento penitenciario a todos los detenidos por su
implicación terrorista, a los del 11-M y a los últimos. La prueba está en que el último registro que ordenó Garzón para 12 detenidos se tuvo que hacer en 10 cárceles distintas porque, quitando cuatro o cinco cárceles de Madrid, donde están
preventivamente a expensas de acudir a la Audiencia Nacional, prácticamente no hay más de dos o tres personas en las cárceles españolas vinculadas a temas de terrorismo. No tengo tiempo para darle toda la relación, pero es así. Los 84 internos
dispersos o procesados por terrorismo islámico están en 30 cárceles distintas, por cierto ninguno en Topas.
El Gobierno asimismo es consciente de que determinados colectivos, sobre todo los integristas radicales, podrían presentar un riesgo específico para la seguridad y la ordenada convivencia, por lo que se ha ordenado intensificar su
observación y aplicar otras medidas de control, a fin de identificar a aquellos que son líderes o colaboradores activos en el proselitismo y captación de internos, potenciando el régimen cerrado de los más peligrosos, así como traslados selectivos a
otros centros. Así que muchos de estos peligrosos reclusos con características especiales provenientes del islamismo radical o desde el fundamentalismo religioso están dispersos, controlados y seguidos, por cierto atendidos por unos empleados
públicos en prisiones, aspecto que espero que a partir de ahora funcione todavía mucho mejor como consecuencia del preacuerdo al que se ha llegado con los empleados, que también era una de las causas de insatisfacción en el mundo carcelario. Así
que hay dispersión, hay medidas correctoras y hay acuerdo para intentar construir una política carcelaria que sea acorde con los principios políticos y fundamentales, sobre todo del mundo del derecho.
La proposición en los términos en que ha sido presentada y por supuesto la exposición de motivos (les recuerdo que no se vota; simplemente un grupo parlamentario la ha presentado, pero mi grupo no coincide con los términos) tienen problemas
para poder ser aceptadas, pero lo hemos dicho y, gracias a ello, hemos presentado una alternativa conjunta. Discriminar a los presos en función de que sean extranjeros, peligrosos o no, en contra de la normativa internacional, en contra de la
Declaración de Derechos Humanos, de la protección de los derechos humanos, de las libertades fundamentales o reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o de la propia reglamentación y jurisprudencia española es algo que no podríamos aceptar.
Como para nosotros es importante la política penitenciaria (sobre todo la que hay que aplicar con este amplio colectivo, que esta presentando gravísimos problemas en algunas cárceles españolas y que puede dar lugar a problemas que no vayan en la
dirección de la resocialización o de la reinserción, sino que pueden ir en la dirección contraria) hemos presentado una enmienda, inicialmente el Grupo Parlamentario Socialista, lo mismo que otra que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para, en aras de un acuerdo, que espero que sea fructífero y que siente las bases de una política fundamentalmente coherente, participativa, mejorar el clima de las instituciones penitenciarias; hemos presentado conjuntamente
esta enmienda transaccional que espero sea votada a favor mayoritariamente por la Cámara para conseguir un sistema penitenciario más justo, más coherente con los principios de las normas que inspiran el régimen penitenciario actual y, en definitiva,
más tendente a conseguir los principios de resocialización y de atención a aquellas personas que cumplen condena y que algún día deben salir a la sociedad española con los principios de la defensa, no del crimen ni de la violencia, sino de la
tolerancia y el respeto a la ley. Esta es una política que debe ser apoyada por todos los partidos políticos de esta Cámara en relación con un colectivo del que no conocíamos su virulencia, su problema y su importancia. Tenemos que hacer un
esfuerzo por conseguir que donde hay un problema haya una solución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de defensa de enmiendas, pasamos al de fijación de posición.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula por esta enmienda transaccional que han consensuado los portavoces de los distintos grupos, el Grupo Parlamentario Popular, que es el proponente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cuyos argumentos
compartimos plenamente, y el Grupo Parlamentario Socialista. En la primera lectura de la iniciativa había disparidad de denominaciones y conceptos entre la exposición de motivos, que es donde se detecta el problema real, y lo que era el texto de la
proposición no de ley, que se refería genéricamente a extranjeros. Esto, junto a lo que podía tener de imputación de xenofobia encubierta en el ámbito de las prisiones para determinados lectores, tema siempre delicado, hace necesario llamar a las
cosas por su nombre, y no solamente a las cosas, sino a los agentes, a las singularidades o a los reclusos. En la exposición de motivos, acertadamente por los casos que se detectan al menos en dos prisiones españolas, con retenidos por orden
judicial en este momento (condenados
unos y otros en espera de juicio) que son de religión musulmana y están considerados como cooperadores en casos de terrorismo o sus aledaños, como islamistas, hay unos términos; pues vamos a llevar ese mismo concepto y esa misma
terminología al texto de la proposición no de ley: llamar a los agentes por su nombre y que haya coincidencia de léxico entre lo que explicita la exposición de motivos y lo que dice el texto de la proposición no de ley. La enmienda transaccional
creemos que recupera este sentido de equilibrio conceptual y se refiere a esos colectivos que están imponiendo una ley interna con el islamismo integrista, que es lo que está alterando y perturbando, y no la palabra genérica extranjeros, dado que
dentro de la población reclusa y penada en España en estos momentos el componente de extranjeros en términos generales es superior al que tenemos de ciudadanos procedentes de países musulmanes o con práctica radicales del extremismo islamista.
Además esto hubiera llevado incluso a una situación de conflicto en la legislación penal española con los acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos, de protección de los mismos, esté donde esté el ciudadano, bien en libertad, bien en
un centro penitenciario. De aquí que mi grupo (con esto termino, señor presidente) votará favorablemente, si es aceptada por la Cámara, la enmienda transaccional que ha explicitado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, insta al Gobierno a que proceda a la dispersión de los presos extranjeros que han provocado altercados graves en las prisiones españolas.
En primer lugar, instamos al resto de los grupos de esta Cámara a hacer una reflexión, que ya ha sido mencionada en alguna otra intervención anterior a la mía. En nuestro ordenamiento jurídico no existen distintos tipos de presos en función del
delito que han cometido, por el que han sido condenados a una pena privativa de libertad. Todos los penados tienen los mismos derechos, por lo tanto la finalidad de la pena se debe ajustar a parámetros constitucionales en términos de igualdad y el
tratamiento penitenciario debe ser individualizado y no agrupado por nacionalidades, religiones o tipo de delito cometido. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa demasiadas veces, como he podido comprobar en diferentes 'Diarios de Sesiones' de
otras legislaturas, y de forma ciertamente oportunista a mi entender, desviando el debate de manera artificiosa para eludir la cuestión central, que no es otra que nuestro sistema penitenciario, los derechos que reconoce nuestra legislación a las
personas privadas de libertad y cuáles serían las reformas que se han de acometer para su mejor desarrollo. Este es realmente el marco del debate y no otro.
Antes de pasar a referirme directamente al texto de la proposición que estamos discutiendo, quisiera resaltar nuestro desacuerdo total con la exposición de motivos de su proposición de ley. Quisiera dar algunos datos a esta Cámara, que me
parecen del todo necesarios para situarnos.
Los datos, como todas las estadísticas y los números, no son neutros, sino que todo tiene ideología; yo daré otros datos diferentes, pero también ciertos, tanto como los que ha podido dar la diputada
Alicia Sánchez Camacho o algún otro portavoz de esta Cámara. En primer lugar, la población reclusa en nuestro Estado se eleva aproximadamente a 59.000 personas, de las que aproximadamente unas 7.000 personas son de origen musulmán y 73 personas
están en prisión, condenados o imputados por delitos terroristas. El porcentaje total entre personas extranjeras y personas del país según cifras oficiales es del 70 por ciento en personas del país y del 30 por ciento en personas extranjeras.
Señorías, demos ahora otro dato significativo, que habla por sí solo. En estos momentos en nuestro país tenemos aproximadamente (más hacia arriba que hacia abajo) 1.647.000 personas extranjeras legales residentes, según datos de enero de 2004. El
Grupo Popular menciona en la proposición de ley una serie de datos, algunos de los cuales son ciertos, pero que nosotros consideramos sesgados. Afirma que el 27 por ciento del total de los reclusos son extranjeros, es decir, aproximadamente unos
16.000 reclusos no son del país. En su proposición de ley dice que estos reclusos tienen un perfil diferente, con distinta cultura, distinta religión, distinto concepto del nuestro sobre el derecho a la vida y las costumbres.
Señorías, yo me he
alarmado mucho con estas apreciaciones. Yo me pregunto, señores del Grupo Popular, si ustedes entienden que los extranjeros deben tratarse de manera diferente en función del lugar de origen y si cuando afirman que el 27 por ciento del total de los
reclusos son extranjeros y con un perfil diferente nos están diciendo que quizá debamos dividir a los reclusos por su color, por su religión, por sus ideas y costumbres, por su cultura, por su idioma, por sus gustos gastronómicos o por su tendencia
sexual; no lo sé. Deberíamos ver por cuántas cuestiones diferentes deberíamos dividir a los reclusos de nuestro país.
Señores del Grupo Popular, esta proposición que ustedes hacen a esta Cámara es de un calado ideológico muy profundo que yo les invito a reconsiderar para adaptarse mejor a nuestro tiempo y a la sociedad actual. Hoy en esta Cámara,
representada democráticamente por 350 diputados y diputadas, convivimos y trabajamos colectivamente todos nosotros pero desde ideas,
valores, religiones y culturas muy diferentes, y se pone de manifiesto en muchas de las iniciativas parlamentarias. Hoy mismo con esta discusión se pone de manifiesto cuán diferentes podemos llegar a ser, y no pasa nada, así es la sociedad
y así vamos a avanzar y seguramente nos vamos a enriquecer. Fomentar el miedo al otro, el miedo a la diferencia y sobre todo la desconfianza del diferente hacia nosotros es un ejercicio peligroso que siempre en la historia de la humanidad ha tenido
consecuencias muy negativas para el progreso y la convivencia entre países, comunidades y pueblos; pero hay más. No puede ser que con tan pocos meses ustedes hayan olvidado su responsabilidad de Gobierno durante ocho años. Están argumentando un
problema en la prisión de Topas que nació y se gestó, como ya se ha dicho también aquí, en el otoño del 2001.
¿Qué política penitenciaria han tenido ustedes durante estos años que nos ha llevado a un hacinamiento de las prisiones, como ya he
mencionado al inicio, con la cifra de 59.000 reclusos? ¿Qué política de reinserción y de reeducación, como marca el artículo 25 de nuestra Constitución, han realizado ustedes en estos años? Por todas estas cuestiones que hemos planteado, nuestro
grupo va a votar en contra, primero, por la visión simplista e interesada, por llamarlo de una manera suave, que se plasma en la exposición de motivos, porque con los medios legales y reglamentarios pero con más recursos se ha de poder mantener el
orden interno de los centros penitenciarios. En este sentido, con la finalidad de garantizar el eficaz cumplimiento de las penas y evitar las alteraciones del régimen de vida en las prisiones que puedan menoscabar los derechos de los demás
reclusos, los cuales somos los primeros en defender, no dudamos ahora en exigir de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la firmeza necesaria y la aplicación de la legalidad vigente para mantener la convivencia interna de los centros.
También por coherencia con la oposición a la política de dispersión de presos que nuestro grupo parlamentario ha mantenido en otros debates la votaríamos en contra. Ahora lo que toca es otra cosa. Lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular
no es lo que toca; lo que toca es un cambio en la política penitenciaria que vaya por supuesto mucho más allá de la política fácil de la represión y del hacinamiento. Toca desarrollar el artículo 25 de nuestra Constitución, que dice que la
reeducación y la reinserción son los fines exclusivos de las penas privativas de libertad.
Esto, ya lo sabemos, es mucho más difícil; requiere mucha voluntad, sobre todo voluntad política, imaginación, recursos y un cambio de mentalidad, pero
seguro que da más y mejores resultados. Por todo esto, nuestro voto, que ya hemos anunciado, es negativo a la proposición presentada por el Grupo Popular y será favorable sin duda a la transaccional a la que parece ser que han llegado, por una
razón, porque señores del Grupo Popular, esta transaccional no tiene nada que ver, es radicalmente diferente a lo que ustedes han propuesto. Queremos que quede constancia de esto, porque si no de ninguna manera la estaríamos votando, y porque
evidentemente no se vota la exposición de motivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Turno del Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Sánchez, nuestro grupo va a votar a favor de la enmienda transada por su grupo, el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista, además enfatizando la última expresión de la
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, y es que es sustancialmente diferente. Usted la ha considerado como que es una mejora en la exhaustividad de los controles, que mejora incluso la eficacia desde una perspectiva filosófica, de la
suya propia; no, es contradictoria absolutamente. Yo no voy a incurrir en esta contradicción o, mejor dicho, en la paradoja casi unamuniana que ha producido el señor Jáuregui anteriormente, cuando se refería a otra portavoz, a la del Grupo de
Izquierda Unida, diciéndole: Con todo el respeto y con el cariño que le profeso, su proposición es muy mala. Yo no me atrevo a decir tanto; no es mala, pero es discutible. Tiene una serie de aristas esdrújulas, aristas represivas, que nos
parecen particularmente preocupantes en cuanto configuran una filosofía del tratamiento penitenciario de la población reclusa extranjera, que merece una desagregación de todos estos conceptos.
En primer lugar, analizando la parte dispositiva, ustedes propugnaban: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente proceda a la dispersión de los presos extranjeros que están causando graves disturbios en las
prisiones españolas. Bueno, también hay presos de nacionalidad española que están causando graves disturbios en las cárceles españolas, respecto a los cuales no realizan ustedes ninguna instancia. Por otra parte, usted sabe que hay una serie de
principios y derechos constitucionales, que ya están desarrollados por muy prolija jurisprudencia constitucional, y que con relación a los extranjeros se establece además, en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional del artículo 13 de la
Constitución, que gozan de los mismos derechos que el título I consagra para los ciudadanos españoles, también en el ámbito penitenciario; en concreto lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, la 46/1998. Desde esa perspectiva, esa
estigmatización del preso extranjero por la circunstancia de serlo nos parece filosóficamente preocupante y llamativa en una persona como usted, que dentro de su grupo parlamentario (permítame la licencia de decírselo) mantiene unas posiciones más
progresistas quizás que las del común. Esto son digresiones, o un obiter
dicta que quizá no sea muy pertinente comentar. En fin, me ha sorprendido dicho por usted.
En segundo lugar, la exposición de motivos habla de una problemática: hace referencia ya a los presos musulmanes; ya entramos en materia. Aquí se sobredimensiona, dando una visión apocalíptica de lo que los presos musulmanes están
pretendidamente provocando en determinadas prisiones españolas en la época en que estas responsabilidades, tanto las de materia penitenciaria como las del Ministerio del Interior, las gestionaban responsables del Partido Popular. Estamos hablando
del año 2001 e incluso de años anteriores; desde 1997 hay presos encartados en sumarios, detenidos e ingresados en prisión por procesos siempre del juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De modo que no es un problema nuevo. No me
ha parecido entender que impute responsabilidades al partido actualmente gobernante, pero cierta reflexión autocrítica hubiese sido pertinente a la hora de hacer reflexiones tan apocalípticas en la exposición de motivos.
Por cierto, analizándolo detenidamente y si es verdad lo que usted expone de que hay 110 presos musulmanes en Topas que imponen sus reglas, su ley (suena un poco a película norteamericana; la terminología suena a la ley de la cárcel; es
muy poco propia dentro de los usos de la nomenclatura parlamentaria), nos da la impresión de que estamos hablando más bien de falta de responsabilidad en la gestión del director de esa prisión, que posibilita que esa situación perversa y patológica,
si fuera cierta, se produzca en los propios funcionarios, incapaces, cuando no tendrían que serlo, de evitar, frustrar y reprimir legítimamente este tipo de situaciones, repito, suponiendo que sean ciertas; responsabilidades que se podrían extender
hasta la Dirección de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior. No es un problema de los reclusos; los reclusos seguramente pueden practicar estas actividades, pero desde luego la Administración penitenciaria tiene la obligación
de evitarlas, la obligación legal de evitarlas; si no las evita, puede incluso incurrir en un injusto penal, en un delito que está tipificado en el Código Penal.
Ha hablado de otras prisiones. Le debo decir dos cosas sobre esta materia.
En primer lugar, nos preocupaba mucho el componente estigmatizador del preso, particularmente musulmán. Sobre eso tampoco voy a hacer un discurso fácil. Algunos
de los que estamos presentes participamos en la Comisión del 11-M, y sabemos que en algunos centros penitenciarios se han organizado células islamistas de carácter radical con la pretensión de cometer atentados terroristas. En este momento esa
información obra en nuestro poder y nos consta fehacientemente, por lo que no vamos a realizar discursos carentes de pragmatismo y ajenos a la realidad; estas cosas han sucedido, también en la época del mandato del Partido Popular por cierto. En
segundo lugar, no solo este componente estigmatizador es preocupante sino que lo es el que la fórmula que se propugne sea la dispersión. Usted sabe que la dispersión de los presos, y lo sabe perfectamente, tiene un encaje complejo en nuestro
ordenamiento penitenciario; lo tiene en virtud del desarrollo jurisprudencial por el Tribunal Constitucional del artículo 25.2 de la Constitución, donde de alguna forma se establece que son principios contradictorios la dispersión penitenciaria con
el fin resocializador y reinsertador de las penas de privación de libertad. Tiene difícil encaje la dispersión con el artículo 22 de la Ley General Penitenciaria, que establece que la proximidad de los presos a su entorno familiar es incluso un
elemento resocializador, y luego lo concreta mejor la exposición de motivos del reglamento penitenciario, que lo establece como medida específica que debía ser utilizada como elemento de resocialización. Yo en absoluto puedo compartir, discrepo
radicalmente (quiero que conste con todo el énfasis que sea posible en el 'Diario de Sesiones') de que la dispersión penitenciaria que en este momento se mantiene sobre el colectivo de presos de ETA sea un instrumento eficaz para acabar con esta
fenomenología terrorista; es más, opinamos que constituye todo lo contrario. El efecto que produce es el contrario, no solo por la incorporación del sufrimiento que provoca el traslado a estos centros penitenciarios a los familiares, a personas
que no han cometido ningún tipo de delito, sino por el elemento de legitimación de los déficit que muchas veces organizaciones políticas, ahora organizadas, sistemáticamente utilizan para a su vez legitimar sus posiciones políticas, que yo no
comparto en absoluto. Hay déficit democráticos (decía Karl Popper que toda democracia tiene déficit democráticos), y es particularmente relevante éste del mantenimiento de la dispersión penitenciaria contra las previsiones legales de nuestro
ordenamiento jurídico, y en absoluto contribuye a crear un ambiente de apaciguamiento, de paz social, de tranquilidad social que contribuya a acabar con el fenómeno de la violencia, porque no es por esta vía por la que puede finalizar, ni siquiera
por la vía de la actuación policial exclusivamente en nuestra opinión.
Luego ya son varios los problemas que tenía su proposición no de ley; sin embargo, nos parece muy ajustada, muy bien equilibrada conceptualmente la transacción que ha sido suscrita por los grupos parlamentarios antes citados, en primer
lugar, porque ya no se generaliza la conducta perversa o patológica; se individualiza la conducta, se habla de las personas concretas, cualquiera que sea su nacionalidad, que cometan actos meritorios o que puedan provocar a tenor de las previsiones
legales la dispersión, el alejamiento o la reubicación en otro centro penitenciario.
La intensificación de medidas de control y observación sobre aquellos internos que muestren conductas de presión sobre otros internos es razonable, pero ya está
previsto en la legislación;
sería redundante decirlo pero nos parece importante sobre todo cuando nos encontramos con fenomenologías terroristas de nuevo cuño, de nueva morfología como es el terrorismo islamista, sobre el cual poco sabemos todos los que estamos aquí.
Es un grave problema que tenemos que afrontar, y no es ninguna excentricidad comentar en el ámbito de las prisiones una vigilancia bastante extrema. Quizá habría que articular sobre ese tipo de presos que ya no son tan pocos como ha dicho la
portavoz de Izquierda Unida, son bastantes más. Por último, mantener informados a los grupos parlamentarios sobre las medidas relevantes que se adopten en esta materia es sencillamente una cláusula de adorno que a mí, que soy proclive a la estética
parlamentaria, me parece correcta sin más. La enmienda lo mejora, contradiciendo precisamente la proposición que usted ha presentado. Nos felicitamos porque ustedes hayan participado en la confección de la enmienda y hayan limado las aristas
absolutamente regresivas y absolutamente represivas, las aristas más esdrújulas de una proposición que nosotros bajo ningún concepto podíamos compartir, manteniendo (lo vuelvo a repetir, señor presidente, porque todo lo que se diga en este ámbito es
poco) que no es la dispersión penitenciaria la mejor solución para acabar con ningún tipo de fenomenología patológica, ni terrorista ni no terrorista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Finalmente, para fijación de posición, por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, señora Sánchez-Camacho, su iniciativa parlamentaria, efectivamente, es tan importante para ustedes como absurda para nosotros, y le diré por qué. Actualmente la administración
penitenciaria española ya tiene la potestad de trasladar presos que crean problemas de convivencia. No entendemos la urgencia para que se tome justamente esta medida, o sí que la entendemos. La finalidad de esta iniciativa responde más bien a una
iniciativa mediático-circense, como están haciendo en la Comisión del 11-M y otras comisiones, que no a atajar un problema real.
Este tipo de iniciativas transmiten, fomentan y envían mensajes y actitudes xenófobas a nuestra sociedad en una muestra más de lo que puede ser una demagogia antiextranjeros, haciendo buena aquella frase que tanto le gusta, no a usted, sino
a su grupo que dice: odia todo aquello que no conozcas. Tampoco es la solución, como bien apuntaba el señor Olabarría, lo que podríamos llamar un cierto progresismo caritativo, atendiendo a lo que hayan sido las últimas informaciones derivadas de
la Comisión del 11-M, donde, efectivamente, en muchas prisiones ha habido la confabulación de núcleos de carácter terrorista. Pero justamente este tipo de iniciativas también nos llevan al efecto contrario, puesto que, de instar a que se tomen
estas medidas, tal y como dice la exposición de motivos y también el texto inicialmente propuesto, se han de tomar en función de la pertenencia a un colectivo, en este caso, el de presos extranjeros, como si todos los presos extranjeros por el hecho
de serlo ya fueran susceptibles de cometer este tipo de actuaciones. A nuestro entender, las actuaciones individuales son las que deben ser atajadas en su momento.
Igualmente queremos insistir, y así lo entendemos, en que toda la población -la penitenciaria también- tiene derecho a la libertad religiosa. Cualquier persona presa, incluidos los presos y presas de religión musulmana, por supuesto, tienen
derecho a practicar su religión -es un derecho individual que recoge nuestra legislación vigente- y desde Esquerra Republicana defenderemos la compatibilidad del derecho a la libertad religiosa de cada individuo con la laicidad, que, a nuestro
juicio, ha de defender e impulsar el Estado español. Pero en este caso, igualmente que en el anterior, la normativa estatal ya prevé el ejercicio de la práctica religiosa en los centros penitenciarios. No obstante, el derecho a la libertad
religiosa ha de ejercerse dentro de los límites que establecen la normativa penitenciaria y los derechos fundamentales de la colectividad, y deben respetarse por encima de los derechos religiosos y, en ningún caso, no han de comportar ningún
privilegio respecto al resto de población, sea esta penitenciaria o no.
En la actualidad, cuando hay problemas de convivencia, la administración general penitenciaria del Estado tiene la potestad de trasladar los presos de un centro penitenciario a otro. Entendemos desde Esquerra Republicana que hay una
limitación a esta potestad. La administración penitenciaria no debe alejar a los presos de sus lugares habituales de residencia, debe mantenerlos cerca de sus familiares y de amistades, con la finalidad de no obstaculizar su reinserción y respetar
el mandato constitucional de la resocialización, sobre todo, con la intención de no castigar a los familiares y amigos que, en ningún caso, y por supuesto, no han delinquido. Por ello entendemos que la administración general penitenciaria debe
aplicar subsidiariamente el traslado de los presos de unos centros penitenciarios a otros. En el caso de decidir el traslado de presos de un centro a otro debería elegirse como destino penitenciario el más cercano posible, siempre a una distancia
que sea razonable y siempre que las capacidades lo permitan con tal de cumplir con el mandato constitucional de la resocialización.
Respecto a la enmienda transaccional -y termino con esto, señor presidente-, coincido con varios de los intervinientes que me han precedido, es sustancialmente diferente lo que había presentado el Grupo Popular y lo que ha quedado reflejado
en la transaccional. Entendemos que con la enmienda transaccional se ha hecho un esfuerzo de consenso que enmienda rigurosamente
la posición inicial del Grupo Popular y da una aceptable satisfacción a nuestras reservas, por lo cual, en caso de ser aceptada, nuestro grupo la votaría favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Concluido el debate, entiendo que la enmienda transaccional que ha sido negociada entre los grupos parlamentarios es aceptada por el resto de los grupos. Por tanto, procederemos a su votación acumuladamente con el siguiente punto del orden
del día.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS JÓVENES Y MEJORAR SU SEGURIDAD EN EL TRÁFICO.
(Número de expediente 162/000128.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA NECESARIA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO DE LOS JÓVENES. (Número de expediente 162/000154.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir los puntos 4 y 5 que tienen identidad de objeto, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para proteger la vida de los jóvenes y mejorar su seguridad en el tráfico, y la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa también a medidas para prevenir los accidentes de tráfico de los jóvenes.
Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Mayoral para defender la proposición y, a continuación, el señor Jané.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, la nueva política de seguridad que ponemos en marcha los socialistas se fundamenta en un objetivo claro: reducir la cifra de fallecidos en un 40 por ciento durante los próximos cinco
años, y en una actitud también clara, que es la no resignación ante esta catástrofe a cámara lenta que afecta a la sociedad española. Estamos, señorías, ante uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, la inseguridad vial. Y hoy hacemos
especial referencia a la que se produce los fines de semana. Basta analizar los datos para saber lo que ocurre los fines de semana, un mayor número de víctimas en el tráfico, de muertos, de heridos graves, leves. Basta analizar también, señorías,
los datos para comprobar que son los más jóvenes aquellos que pagan un tributo más fuerte a esta situación. Basta también examinar los propios datos que nos dan las estadísticas. Si cogemos por cohortes de edad, los jóvenes de 18 a 20 años
representan el 4 por ciento de la población total, pero representan en lo que se refiere a siniestralidad y a muertes en la carretera el doble, el 8 por ciento; de 21 a 24 años son el 6 por ciento de la población, pero en lo que se refiere a
muertos en el tráfico son el 11 por ciento, y por lo que respecta a los de 25 a 34 años, que son el 16 por ciento de la población, representan, a su vez, el 23 por ciento de los fallecidos en el tráfico.
Ante esta situación, señorías, la sociedad no puede cerrar los ojos.
Tenemos el deber de actuar, tenemos el deber de proteger a los más vulnerables, porque existen factores propios de los conductores más jóvenes que les hacen,
evidentemente, más vulnerables. Entre ellos podemos citar la falta de experiencia, en primer lugar, cosa obvia y natural. Se trata de una etapa de autoafirmación y en la que la asunción de riesgos es mucho más asumida por parte de los jóvenes.
Por último, existe también la influencia que representan los estímulos externos, como pueden ser los propios amigos, la publicidad, los mensajes publicitarios en relación con la conducta de los jóvenes.
Sabemos que existe una concentración de riesgos los fines de semana. Esta concentración existe porque las pautas de conducta, los hábitos de los jóvenes han conducido a una prolongación de los horarios nocturnos y los datos demuestran, una
vez más, que entre el 45 y el 50 por ciento de los fallecimientos de los jóvenes en accidentes de tráfico se producen los fines de semana. Y se producen porque los jóvenes la mayor parte de los kilómetros que hacen los recorren durante los fines de
semana, el 80 por ciento. Y se producen porque realizan prolongados períodos de diversión, sin apenas descanso, con una ayuda de estimulantes frecuentemente, y se olvidan que la fatiga es uno de los enemigos más importantes que tiene la seguridad
vial.
No se trata, señorías, ni mucho menos de estigmatizar a los más jóvenes ni de identificarlos de manera genérica e injusta con determinadas conductas perniciosas de grupos minoritarios que sí existen y que son los que alientan las situaciones
catastróficas, pero no podemos olvidar los efectos del alcohol y de las drogas tal y como se usan los fines de semana por pequeños grupos de jóvenes. También hay que advertir que, según las investigaciones más solventes, se puede afirmar que la
incidencia del alcohol entre los conductores jóvenes no es mayor que entre los conductores adultos. Por lo tanto, repito, no se trata de estigmatizar a segmentos de la juventud, sino de analizar cuál es el riesgo mayor que para los jóvenes
significa el fin de semana y la combinación de alcohol y velocidad. En España, el porcentaje de conductores que consumen alcohol conduciendo no es muy alto tampoco. Si consideramos que aproximadamente el 6 por ciento de los conductores más o menos
está influido por el alcohol, nos encontramos con que el total de personas que conducen bajo la influencia del alcohol en nuestro país está en torno a las 900.000, según investigaciones solventes, lo que representa unos 100.000 jóvenes influidos en
este caso por una conducta en la que se combina el alcohol y la velocidad.
Señorías, ante esta situación, ante este fenómeno, que en realidad es un fenómeno complejo y no un fenómeno que pueda ser abordado con una sola medida o que pueda ser enfocado sin la complementación de elementos muy diversificados y desde
luego con el apoyo de toda la sociedad, los socialistas podemos y debemos realizar esfuerzos concretos, esfuerzos realistas, adoptar medidas posibles, medidas de aplicación inmediata que pongan freno a esta situación. Los poderes públicos tienen
que ser beligerantes y, cuando hablo de poderes públicos, no me refiero solamente al Estado, sino también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y cuando hablo de la sociedad, considero que la sociedad en sí misma también tiene una
posición y un deber activo de colaboración y actuación, no solamente la sociedad genéricamente considerada, sino también el conjunto de organizaciones sociales representativas de la juventud, los propios empresarios, tanto de ocio como de otras
actividades, y, obviamente, todas las entidades que han ido surgiendo en nuestro país para hacer una mejor defensa de la vida en la seguridad vial.
En este momento, el Grupo Parlamentario Socialista propone a esta Cámara una serie de medidas que consideramos en sí mismas imprescindibles y que tienen distinto carácter. En primer lugar, haciéndonos responsables en definitiva, haciéndonos
eco y siendo coherentes con nuestro programa electoral, planteamos que se elabore un plan especial de prevención para los fines de semana, plan que consideramos debe ser el instrumento articulador del conjunto de medidas que se desarrollen para la
consecución del objetivo final, que es frenar la siniestralidad los fines de semana. Lo hacemos en connivencia, en colaboración o, si quieren ustedes, incluso en comunión con el propio Gobierno. Hacemos este conjunto de propuestas porque
consideramos que el Grupo Socialista y todos los grupos de la Cámara, obviamente, no pueden ser elementos pasivos, sino todo lo contrario, elementos activos y colaboradores para la consecución de un fin que, en definitiva, es un objetivo de salud
pública.
Pedimos en nuestra proposición que se intensifiquen los controles preventivos, especialmente sobre el alcohol y el consumo de drogas, y no de manera genérica, sino en las horas, en las vías y en las zonas en donde se presuma que este consumo
se produce y en donde se pueda prevenir de una manera eficaz la actuación de personas que deban y puedan ser ayudadas precisamente para evitar males mayores. Pedimos también en nuestra proposición que se intensifiquen campañas preventivas
orientadas a los jóvenes y, sobre todo, que se ponga en marcha -y creo que es una idea compartida por todos los grupos de la Cámara o por casi todos- la figura del conductor alternativo como práctica social; conductor alternativo que es una figura
surgida en los países nórdicos y que solamente se entiende y se practica en función de un incremento de lo que se puede considerar como educación cívica, como un elemento de autorregulación por parte de las personas ante los riesgos a los que se
tienen que enfrentar. Campañas, por lo tanto, para promover conductor alternativo.
Igualmente pedimos que un sector que hasta la fecha ha estado ajeno a este tipo de prevenciones, a esta lucha por la seguridad vial, se incorpore.
Por las relaciones, contactos y conversaciones que hemos podido tener con ellos, consideramos
que están en una posición de colaboración activa para la consecución de estos fines. Me estoy refiriendo particularmente al mundo de los empresarios del ocio, de las entidades que se dedican a la venta de alcohol y bebidas de este tipo, que están
en la idea -y creo que la sociedad también podría exigírselo- de prestar su colaboración y su contribución a este objetivo de la disminución de la siniestralidad entre los jóvenes.
Creemos que la articulación de los transportes, la regulación de sus horarios y sus frecuencias, buscando la adecuación a estas nuevas costumbres y hábitos de la juventud en lo que se refiere a su traslado a los lugares de ocio, también es
una medida imprescindible y pedimos que el Estado demande a las entidades locales, a las comunidades autónomas y particularmente a los municipios.
Finalmente, requerimos la colaboración de toda la sociedad. Hacemos una llamada de atención a todo tipo de entidades públicas y privadas, asociaciones empresariales, de padres, a los centros escolares, de trabajo, a todos los lugares donde
los ciudadanos de edad juvenil desarrollan su vida, al objeto de que entre todos hagamos esta actuación que, en definitiva, trata de arropar, de proteger y de evitar que los más vulnerables por su edad sean víctimas de conductas que todos queremos
que se erradiquen; que esa minoría que, en definitiva, está en el fondo de muchas catástrofes sea también orientada hacia un ocio más creativo. En este sentido, vamos a aceptar enmiendas de algunos grupos, concretamente de Convergència i Unió, que
creo que van a contribuir a complementar desde esta perspectiva del ocio creativo alternativo a esta mejora de medidas sociales que tratan de que la juventud sea protegida y orientada y preservada de esta catástrofe, a la cual todos estamos
obligados a ponerle fin.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mayoral.
Su turno para la defensa de su proposición no de ley, señor Jané, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el pasado domingo día 21 de noviembre fue el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Por tanto, el pasado domingo, señor presidente, si me lo permite, sería
oportuno -y haremos las gestiones
necesarias para que sea una realidad- impulsar una declaración institucional para que este Congreso de los Diputados no quede al margen de lo que es una triste realidad; una triste realidad que las cifras cada año, cada semana, nos
confirma. El año pasado murieron en las carreteras españolas 5.400 personas y tuvimos más de 30.000 accidentes, con heridos graves.
Si disgregamos esas cifras por segmentos de población, veremos como la primera causa de mortalidad entre la población menor de 15 años son los accidentes de tráfico. Los varones entre 18 y 20 años son el colectivo que más riesgo tiene de
morir en nuestras carreteras en un accidente de tráfico. El 42 por ciento de los fallecimientos de jóvenes de 15 a 24 en el año 2001 se ha debido a accidentes de circulación. Los jóvenes de entre 15 y 24 años representan el 12,7 por ciento de la
población y, sin embargo, representan el 22 por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico. La juventud ligada a los accidentes de tráfico constituye una franja especialmente mortífera, especialmente peligrosa. Las estadísticas nos
demuestran también otro dato: Hay una mayor concentración de accidentes de jóvenes por las noches y los fines de semana. Los datos están ahí. Los accidentes son la primera causa de mortalidad entre nuestra juventud. Se trata de un problema de
Estado que debemos atajar.
Debemos impulsar medidas.
El propósito que hoy guía a este Congreso de los Diputados es impulsar medidas que redunden en una disminución de los accidentes de tráfico, especialmente en el segmento de la población juvenil. Las medidas deben adoptarse con el máximo
consenso, y ya adelanto que el Grupo de Convergència i Unió, como en el resto de las materias relativas a seguridad vial, está por el consenso, incluso hemos presentado una autoenmienda a nuestra proposición no de ley para que coincida con la otra
propuesta presentada. De esta manera, al aprobar las dos proposiciones no de ley, podremos conseguir textos que sean plenamente compatibles, porque el objetivo del Congreso de los Diputados en materia de seguridad vial es aunar esfuerzos para
reducir esas cifras, para que esas cifras no alcancen la magnitud que desgraciadamente vamos comprobando año tras año, fin de semana tras fin de semana. Debemos reaccionar. El número de accidentes y muertos que hay cada fin de semana debe dejar de
ser una rutina, y para hacerlo debemos implicarnos todos.
Las proposiciones no de ley que hoy van a aprobarse van en la línea de generar complicidades, de buscar junto al Gobierno un plan de choque que sea efectivo, de buscar la colaboración del conjunto de la sociedad, de las asociaciones y de
todos aquellos ámbitos que deben ayudar a que esas cifras sean cada año más reducidas. Promover el conductor alternativo -como se ha dicho hace un momento- puede ser una idea importante para los grupos de jóvenes que salen. También hay que buscar
formas de ocio alternativo. Cuántas veces en algunas localidades o en algunos municipios existen pabellones en los que podrían organizarse fiestas, evitando muchos desplazamientos. Las autoridades locales pueden contribuir, y mucho, a promover
todo ese ocio alternativo.
Lógicamente, el ocio va conectado con la juventud y debe seguir así siempre, pero existen medidas que podemos y debemos fomentar, entre ellas todos los aspectos relativos al transporte público. En las grandes ciudades, en muchas ocasiones,
no hay un transporte público idóneo para poder regresar a casa el sábado por la noche cuando termina la fiesta, lo que fomenta el uso de vehículos y de motocicletas. Si existiera esa alternativa, ese metro que no cerrara durante el horario
nocturno, muchos jóvenes podrían regresar a casa en transporte público. En nuestra proposición no de ley también hay aspectos dirigidos a fomentar el transporte público, a fomentar la educación para una movilidad más segura como instrumento básico
para modificar y reducir comportamientos y actitudes de riesgo durante todo el ciclo vital y a fomentar la difusión de la normativa vigente para que se conozca entre los conductores.
Señor presidente, señorías, quería terminar mi intervención haciendo una referencia a un tema de actualidad. Ha entrado en esta Cámara un proyecto de ley del Gobierno que va a implementar un nuevo sistema de conducir por puntos. Nosotros
debemos divulgar esa nueva normativa entre el conjunto de la población y hacer un esfuerzo para que esto funcione bien. Debemos explicar de qué forma ese nuevo sistema de conducir por puntos redunda en beneficio de una mayor implicación y
sensibilización de cada uno de los conductores, en su expediente y en su historial sancionador. Nunca una sanción económica puede hacer recuperar los puntos que se hayan perdido.
Los puntos no se compran, sino que los puntos sólo se recuperan a
través de cursos específicos, o a través de un transcurso de tiempo sin que cometa una nueva infracción. Todo esto debe provocar entre nuestra juventud una mayor implicación en lo que supone la conducción temeraria, la conducción con alto riesgo,
la conducción cuando se han consumido bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
El mensaje que debemos dirigir a los jóvenes es que existe ese peligro.
Hay que dirigir un mensaje a los jóvenes para que sepan que un accidente de tráfico puede ser la principal causa que les puede llevar a una muerte anticipada entre ese
segmento. Hay tantos elementos que, si las cifras fueran iguales, seguro que la reacción sería distinta. Si hubiera altos índices de mortalidad por subirse a un ascensor, seguro que la gente subiría más por las escaleras. En cambio, nos da la
sensación de que en el tema de la seguridad vial y de los accidentes ya nos hemos acostumbrado a que esto es un factor más de nuestro día a día cotidiano.
Tenemos que reaccionar ante esta situación. Las medidas como las que hoy vamos a impulsar
-espero que con el consenso
de todos- van en el buen camino, pero queda mucho trabajo por hacer.
Termino recordando a las víctimas de la carretera, que este pasado domingo 21 de noviembre celebraron su día mundial. También espero que durante el Pleno de esta semana podamos impulsar entre todos una declaración institucional que no deje
de ser una clara manifestación del Congreso de los Diputados de que no olvidamos esta problemática y de que impulsamos actuaciones en todos los ámbitos y en todos los poderes públicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Iniciamos el turno de defensa de enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte la gravedad del problema que estamos tratando. Efectivamente, los accidentes de tráfico son hoy una de las causas fundamentales de la muerte de muchas personas, especialmente jóvenes. Hasta ahora se
siguió en relación con la seguridad vial una vía puramente sancionadora y recaudatoria, ya vimos algunos ejemplos incluso en la última etapa del Gobierno del Partido Popular y también el fracaso consecuente de esta vía como solución. Sabemos que no
existen varitas mágicas, pero es cierto que se puede mejorar sensiblemente para que podamos enfrentar el problema con otro modelo, con otra actitud y por tanto seguramente con otros resultados. En el caso particular de Galicia las cifras son
alarmantes en cuanto a los accidentes de tráfico, a pesar de la mejora de la red de carreteras en los últimos años. Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego en todas sus intervenciones institucionales intenta llevar a buen puerto un análisis y un
conocimiento de las causas reales de estos accidentes.
Para nosotros está claro que uno de los objetivos fundamentales, desde el punto de vista de Galicia, es reclamar la transferencia en materia de seguridad vial para nuestro país. Sin duda una de las formas más adecuadas para hacer una
vigilancia apropiada a las condiciones sociales del país, para tener un conocimiento del medio, para que haya una relación entre las infraestructuras viarias, la seguridad, la educación, los servicios médicos y un largo etcétera, se podría resumir
en una palabra: autorresponsabilizarnos.
Es cierto que este va a ser un tema de debate precisamente con las reformas estatutarias, desde luego en el caso de mi país, y esperemos que llegue a buen puerto. De momento, ante la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Bloque Nacionalista Galego tiene claro que, desde su óptica política, es más perfilada la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Por eso hemos optado por completar con
algunos añadidos la del Grupo Parlamentario Socialista.
Empezaré por aquella que tiene más que ver con el hecho de que en las dos proposiciones no de ley se contempla el problema desde sociedades que tienen grandes áreas metropolitanas, pero no se hace alusión alguna a las comunidades autónomas
que, como en el caso de Galicia, tienen muchísimos municipios pequeños pero que agrupados, por su proximidad, pueden llegar a más de 20.000 habitantes y donde los fines de semana hay un trasiego muy importante de gente joven que va a discotecas o
pubs que están situados en carreteras o en el extrarradio de grandes áreas metropolitanas. Pues bien, pensamos que, como se contempla en alguna de las proposiciones no de ley, sería importante que el transporte colectivo urbano funcionase. En el
caso de Galicia, desgraciadamente, no tenemos ferrocarril para que pueda cumplir esta misión tal como está funcionando hoy en día, incluso por sus trazados, pero se debería posibilitar la agrupación de municipios de más de 20.000 habitantes para que
las entidades locales pudieran contar con subvenciones del Estado para ese transporte de tipo colectivo por carretera. Como saben ustedes, conforme a la legislación actual solamente acceden a estas subvenciones los municipios de 20.000 habitantes o
más y que además reúnan una serie de características.
Hay otras cuatro enmiendas que se refieren a problemas que tienen más incidencia de la que nosotros pensamos o que, por lo menos, inciden en valores y en actitudes que están situadas muy negativamente en nuestra realidad social, en concreto,
el problema de la publicidad de vehículos, que está basada muchas veces en sensaciones de velocidad y riesgo, en conductas de carácter agresivo al volante, que sería importante eliminar.
Por otra parte, ya que normalmente -y ese normalmente no
quiere decir en su generalidad- los conductores con menos experiencia, si son jóvenes, tienden más a extralimitarse en la velocidad, proponemos que se estudie la implantación de limitadores de velocidad en los vehículos que vayan a ser conducidos
por estos sectores de población. Pensamos que queda mucho por hacer aún para incorporar nuevas tecnologías que ayuden a garantizar la seguridad de los viajeros. Por último, desde el punto de vista de las responsabilidades de las comunidades
autónomas -por eso hablé antes de reclamar esas transferencias- sería muy importante fomentar la implantación de equipos de ayuda y asistencia, tanto psicológica como jurídica, a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familias.
Desde esta óptica, nosotros vamos a apoyar lo que resulte del consenso entre los grupos parlamentarios que han presentado las dos proposiciones no de ley. Solamente hacemos votos para que en el futuro se contemplen estructuras poblacionales
que no sean las de las grandes áreas metropolitanas de Cataluña, de
Madrid o de Valencia, y también para que nos vayamos preparando para un debate de fondo sobre estas transferencias competenciales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de sus enmiendas, señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, señoras y señores diputados, dicen los economistas que los números no mienten y los estadísticos que su trabajo nos ofrece un retrato que refleja fielmente la realidad, sobre todo cuando son
adecuadamente interpretados. Pues bien, los números y las estadísticas que vienen a cuento en el debate que tenemos esta tarde son incontestables -se han expuesto aquí algunos, todos ellos ciertos-, y además nos enfrentan a una realidad trágica.
Es cierto que los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad en España en el segmento de edad comprendido entre los 18 y los 35 años. El número de heridos es asimismo relevante y el de aquellos que quedan inhabilitados para
desarrollar la vida que normalmente hubieran podido tener de no haber sido víctimas de accidentes también es notable.
Todo ello, señor presidente, nos hace ver que estamos ante un grave problema que padece nuestra sociedad y que debe resolver. Sabemos también que el mayor número de los accidentes de los que son protagonistas los jóvenes ocurre durante los
fines de semana y que son el resultado de ese cóctel indigesto entre el consumo de alcohol, alguna droga y la velocidad; un número reducido de jóvenes, pero un número muy activo en cuanto a los efectos negativos para la seguridad vial. Bien es
cierto que en los últimos años la tendencia en cuanto a los accidentes de los jóvenes, en cuanto a las consecuencias de muerte en esos accidentes, afortunadamente ha ido decreciendo pero todavía estamos, sin duda, ante unas cifras que son
sobrecogedoras y ante las que todos tenemos que reaccionar. Esto hace que sea natural que debates como este se celebren en la Cámara y además hace necesario, desde nuestro punto de vista, que todos los grupos intentemos hacer un esfuerzo, el mayor
de los esfuerzos posibles, para llegar a acuerdos eficaces que faciliten la solución del problema en la medida de lo posible.
Esta es la posición del Grupo Parlamentario Popular, no hay otra y la que nos ha llevado a presentar una enmienda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Los nuevos métodos de diversión de los jóvenes hacen que se concentre su
actividad en zonas urbanas concretas alrededor de eso que conocemos como el botellón o en macrodiscotecas que se sitúan normalmente a las afueras de los pueblos, de las ciudades, hasta las que hay que desplazarse en vehículos y volver también en
vehículos y muchas de las carreteras por las que tienen que transitar son de competencia autonómica, provincial y, raramente, de competencia nacional. Por otra parte, las administraciones locales tienen también competencias concretas en cuanto a la
regulación y el control de estas instalaciones donde se consume el alcohol, los estupefacientes y desde donde se sale hacia otros lugares con más velocidad de la debida. Eso es lo que pretendemos con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que
desde el principio se haga un esfuerzo de coordinación con las comunidades autónomas, con las entidades locales, para que todas ellas asuman su responsabilidad, se comprometan a poner cada una de su parte lo que le corresponde y, por qué no, que
todas ellas aprendan de las otras en cuanto a las experiencias de cada una. Nos parece que esto es más eficaz y ayuda a resolver de forma más práctica el problema.
No querríamos que nuestro trabajo de esta noche se quedara en una simple declaración de la preocupación de todos los grupos políticos por un problema real que tenemos, sin duda alguna, la obligación de combatir. No querríamos que cuando
analicemos los resultados de esta iniciativa nos demos cuenta que no hemos avanzado lo suficiente porque no ha habido la suficiente coordinación entre todos aquellos que están llamados a colaborar en la solución del problema. Sin ir más lejos, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una serie de medidas que tengo entendido van a ser asumidas por la iniciativa del Grupo Socialista entre las que están, por ejemplo, buscar otras formas alternativas de ocio, que es un
asunto en el que, sin duda alguna, los ayuntamientos tendrán mucho que decir; favorecer una mayor frecuencia del transporte público e incidir en la formación vial de los jóvenes. Nos parece que todas estas medidas son adecuadas y que son una
muestra clara de la necesaria coordinación que desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos entre las distintas administraciones para que nuestro trabajo de hoy resulte más eficaz. Por lo demás, estamos de acuerdo en las propuestas y en el
contenido de este plan de prevención de fines de semana en lo que se refiere a la intensificación de controles preventivos, a las campañas de sensibilización y también, cómo no, a probar la eficacia de la figura del conductor responsable; no en
vano, todos los grupos políticos de esta Cámara y, por tanto, también el Grupo Parlamentario Popular, hemos suscrito una iniciativa en este sentido.
Señoras y señores diputados, esperamos que nuestra enmienda sea considerada. Nos parece que con ello lo que hacemos es sumar eficacia a las propuestas que aquí se han planteado y que, desde luego, cuando entre otras cosas pretendemos que
toda la sociedad reaccione y que en conjunto colabore a la mentalización y solución del problema, sería el mejor dato que todos los grupos parlamentarios de la Cámara esta noche aquí votáramos a favor de una iniciativa que nos parece
puede ser un paso al frente en la solución del problema que todos queremos combatir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Souvirón.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. Señor Pérez, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en los diez últimos años han muerto en las carreteras españolas 17.565 jóvenes menores de 25 años y más de 647.000 han resultado heridos de diversa consideración. Según las encuestas, entre el 35 y el 50 por ciento de jóvenes ha
sufrido algún accidente de tráfico y en más de la mitad de los accidentes mortales hay implicados menores de 30 años. Es, por tanto, obvia la necesidad de la adopción de medidas concretas y por eso saludamos el registro de estas dos iniciativas por
parte del Grupo Catalán y del Grupo Socialista del Congreso.
Parece evidente la relación entre consumo de alcohol, drogas y accidentes, y estamos de acuerdo con las campañas que en ese sentido viene realizando la Dirección General de Tráfico. Ahora bien, parece que las causas de accidentes tienen que
ver también con el contexto y las circunstancias en las que los jóvenes conducen: qué costumbres, qué tipos de ocio, qué alternativas de transportes, qué medidas concretas de seguridad activa y pasiva, qué educación vial reciben los jóvenes o qué
servicios públicos tienen a su alcance son preguntas que pueden ayudar a disminuir los accidentes porque pueden ayudar a entender las causas. En definitiva, qué instituciones, con qué resortes, qué recursos materiales y humanos hay que poner en
juego son los interrogantes a despejar.
Por ello, estando de acuerdo con las dos proposiciones no de ley presentadas y que entendemos compatibles, creemos más concreta la presentada por el Grupo Catalán, pues apunta un mayor abanico de medidas, no solo en cuanto a la seguridad
vial en un sentido estricto, sino también con relación al contexto en el que esta seguridad debe darse.
Coincidimos en que deben implicarse comunidades autónomas y ayuntamientos, que deben implicarse las fuerzas de seguridad con un mayor grado de
coordinación, con mayores dotaciones también, hoy claramente insuficientes, tanto en lo que se refiere a recursos materiales como a recursos humanos. Son necesarias más medidas para investigar las causas de los accidentes, más medidas para
prevenir, para educar, para informar, para sensibilizar, para seguir sensibilizando, porque hay informes como el realizado por el RACE, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, en donde sobre 4.150 encuestas realizadas, el 85 por
ciento de los jóvenes afirma que consume alcohol cuando sale los fines de semana, pero además uno de cada cinco afirma su intención de conducir con independencia del grado de alcoholemia que en ese momento pueda tener.
Esto quiere decir que son
necesarias esas campañas de sensibilización y que son precisas esas medidas.
Hay que ofrecer, por tanto, servicios más frecuentes en los distintos modos de transporte y sus conexiones, ampliar los servicios horarios de esos transportes públicos, aumentar la formación vial, que no debiera ser única y principalmente un
negocio limitado al aprendizaje para un examen, mejorar las infraestructuras y su mantenimiento, mejorar las señalizaciones y los elementos de seguridad en las carreteras, aumentar las dotaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y su
coordinación con las policías locales y con las policías autonómicas son medidas concretas frente a la siniestralidad. También hay que ofrecer otras formas de ocio no consumista, como propugna la proposición no de ley de Convergència i Unió, o la
mayor utilización de infraestructuras públicas para ofertar ocio alternativo, en colaboración con los ayuntamientos y con las propias organizaciones de jóvenes, son también prácticas que seguramente disminuirían riesgos. En definitiva, es preciso
entender que evitar la tragedia que suponen las cifras exige diagnóstico integral del problema, voluntad política de hacerlo frente y, desde luego, destinar recursos; recursos que en cualquier caso serán muchos menos en términos económicos que el
coste que generan los accidentes; recursos que, desde el punto de vista humano, moral y social, son sencillamente una obligación no discutible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pérez.
A continuación, por el Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, con mucha brevedad para comentar que las dos proposiciones nos parecen razonables, el momento coyunturalmente en que se presentan muy oportuno y la verdad es que los datos que dimensionan el
problema son escalofriantes. Es verdad que más del 58 por ciento de los menores de 25 años ha sufrido algún siniestro de estas características y que estamos ante un problema verdaderamente serio que hay que afrontar. Lo que pasa es que, sin volver
a relatar todas las medidas, que todas ellas nos parecen correctas, hay algo que no nos termina de convencer, no sería la expresión gustar la razonable, señor presidente, en este tipo de proposiciones. Tienen un tono excesivamente justificativo,
exculpatorio de la conducta de estos jóvenes, como si ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en lo que está aconteciendo y fueran circunstancias ajenas a sus propios actos las que causan todos estos siniestros que entre todos queremos
evitar.
Yo no sé si SS.SS. conocen ciertas beneméritas instituciones, como la llamada El Pájaro que consiste en que un grupo de jóvenes se coloca con la boca abierta boca arriba en la barra de un bar y un barman les va sirviendo con una botella a
todos ellos por el correspondiente orden correlativo la bebida que en ese momento se están tomando los jóvenes. No sé sí conocen la institución, también igualmente benemérita, de las carreras, institucionalizadas en muchos municipios pequeños,
sobre la rueda de atrás de una moto. Yo no sé si conocen SS.SS. las carreras de coches, institucionalizadas y toleradas por los ayuntamientos en muchos municipios, que están provocando no pocas muertes incluso de peatones, ajenos a semejante
práctica deportiva, entrecomillando la expresión. No sé si conocen SS.SS. cómo la mensajería en este momento está formándose cada vez más como un segmento de la economía sumergida en este país, hasta el punto de que supone ya un problema para las
empresas de mensajería regularizadas. El hecho es que son jóvenes, muchas veces fruto del fracaso escolar, en el ámbito de la marginalidad, que tienen una moto, un teléfono móvil y desde un coche, con un teléfono móvil, se les dice qué tipo de
recado tienen que realizar. Al margen de cualquier control legal, no sólo son una práctica peligrosa por la forma de conducción que se practica, porque es la velocidad y el número de reparto de paquetes lo que ahí se valora, sino una competencia
verdaderamente desleal con las empresas de mensajería existentes. Desde esa perspectiva, me gustaría enfatizar, estando de acuerdo en que hay que hacer un diagnóstico global, aportar recursos, mejorar las infraestructuras viarias y, lo que siempre
decimos todos, también hay que inocular valores contradictorios con algunos consistentes en la velocidad como elemento de afianzamiento de la personalidad cuando todavía ésta no está fortalecida, la ingesta del alcohol, las macrofiestas
desgraciadamente toleradas por muchos municipios en pabellones sin ningún tipo de licencia para las mismas, donde no sólo se consume alcohol sino otro tipo de sustancias, y otra serie de prácticas que no justifican este planteamiento absolutamente
exculpatorio y justificativo de la conducta de los jóvenes, como si ellos fueran, en si mismos, la víctima de algo ajeno creado por personas perversas o por políticos ineficientes sobre una realidad en la que también los jóvenes tienen mucho que
decir.
Al margen de esta reflexión, ya casi de naturaleza ontológica, estoy de acuerdo con las dos proposiciones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señorías, antes de que se aproximen sus colegas en silencio para votar, he entendido que ustedes han intercambiado enmiendas. ¿Me lo podrían confirmar?
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Mi grupo ha aceptado la enmienda que ha presentado el Grupo Popular y la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y también votaremos a favor la enmienda que este último grupo
que he citado ha presentado a su propio texto. Estos serían los elementos que configuran la posición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo, buscando un texto lo más consensuado posible, ha redactado una autoenmienda, que evidentemente aceptamos, y, por tanto, sometemos a votación nuestra proposición no de ley pero con el texto
autoenmendado.
El señor PRESIDENTE: Han llegado ustedes a la paz perpetua de Kant en cinco minutos. Les felicito.
Señorías, tomen asiento. Vamos a efectuar tres votaciones. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para proceder a la dispersión de los presos extranjeros que están
causando graves altercados en las prisiones españolas. Se ha presentado una enmienda transaccional, suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ¿Se opone
algún grupo parlamentario a su admisión a trámite? (Denegaciones.) En ese caso, se votará la proposición del Grupo Parlamentario Popular con la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sobre medidas para proteger la vida de los jóvenes y mejorar su seguridad en el tráfico, con las enmiendas de adición aceptadas,
provenientes del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesaria puesta en marcha de medidas para prevenir los accidentes de tráfico de los jóvenes, con las autoenmiendas
que han sido admitidas por el propio grupo parlamentario autor de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 299.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL. (Número de expediente 173/000034.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continua, no sé si han caído ustedes en la cuenta.
Disculpe, señor Olabarría, puede acceder a la tribuna.(Rumores.)
Por favor, guarden silencio. (Rumores.) Por favor, guarden silencio. (El señor presidente toca la campanilla.)
Antes de empezar, señor Olabarría, quiero hacer una advertencia de carácter general. Cuando sea muy tarde y ustedes estén cansados, les volveré a decir que según los cálculos que ha hecho la Mesa del desarrollo de la sesión de los martes
aproximadamente el 30 por ciento del tiempo se pierde en entrar y salir. En consecuencia, no se quejen luego de que terminamos muy tarde.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Si me permite esta reflexión, que se ajusta a los requerimientos parlamentarios, quiero manifestarle mi total conformidad con su reflexión y sobre todo su enérgico amparo utilizando
métodos acústicos que desconocía que existieran en esta Cámara pero que, en todo caso, han resultado muy pertinentes, porque no es a mí a quien le preocupa particularmente hacer la defensa de un tema que consideramos trascendente y de nervio
democrático, sino que yo creo que es el decoro de la institución lo que entre todos deberíamos comprometernos a defender.
Al margen de estas reflexiones preambulares y ya entrando en materia, señor presidente, quiero comentar que la excarcelación del ex general Galindo -se lo comentamos al ministro y reproduzco la reflexión- nos pareció en su día un escándalo
político y un acto genuinamente antidemocrático, por varias razones. En primer lugar, cuando se lo comentamos al ministro su defensa no fue particularmente contundente, no fue el ministro capaz de refutar las argumentaciones que hice en nombre de
mi grupo. Utilizando el símil del juego de tenis, estuvo con el brazo un tanto encogido en la defensa de la pertinencia y de la regularidad jurídico-formal de la medida, hasta el punto de que yo no le vi particularmente convencido de qué era lo que
se debía haber hecho con el señor Galindo. Hizo una serie de reflexiones dudosamente ajustadas a derecho, habló de que la excarcelación no derivaba de los requerimientos del Código Penal que exigen un padecimiento, una enfermedad incurable,
irreversible y, según complementa la jurisprudencia constitucional, que no sea tratable en centros penitenciarios o en una situación de privación de libertad. Nos comentó que era una situación atípica, inexistente en nuestro ordenamiento
penitenciario, y que realmente estaba cumpliendo la pena de privación de libertad, sólo que en su domicilio, algo que gustaría a todos los presos del Estado español, casi con toda seguridad: un tratamiento penitenciario cuya generalización yo
solicitaría porque parece una medida eficazmente reinsertadora, cumpliendo los requerimientos del artículo 25. Sobre todo lo que se acreditó -y el ministro no estuvo en condiciones de hacerlo- es que los responsables de la denominada trama GAL
están todos excarcelados en este momento; no hay ninguno que esté cumpliendo pena de privación de libertad. Los ocho condenados -que no son los únicos responsables, porque la sentencia indicaba enigmáticamente que podía haber otros, o
particularmente otros- están gozando, por unas u otras razones, de una situación de libertad que resulta incomprensible. Y resulta incomprensible por varias razones, porque la obtención de esta situación, el acceso al advenimiento de esta situación
de libertad se ha hecho por procedimientos tortuosos y dudosamente legales en la mayoría de las ocasiones -yo diría que en todas ellas-, y es paradigmático lo que se ha hecho con el ex general Galindo; y sobre todo porque una situación de estas
características supone de facto -no formalmente pero sí materialmente- la concesión de una amnistía sobre uno de los sucesos más vergonzosos de la transición democrática, una amnistía encubierta y sin recurrir a los requerimientos formales de la
legislación de amnistía, la última de 1977.
De hecho, la trama GAL está amnistiada, no formalmente pero sí materialmente amnistiada, y esto constituye una atrofia democrática que a mi grupo le interesa denunciar por razones de depuración democrática, Todos los responsables están
excarcelados en este momento. Además, nadie ha escuchado en esta Cámara -y no creo que nadie esté en condiciones de comentarlo- una petición de disculpas o una petición de perdón, ni siquiera ha habido ningún tipo de reproche político por los
responsables políticos del Partido Socialista -ni los de entonces ni los actuales- en relación con
estas conductas, con estos crímenes de Estado; esta es la expresión.
Veintiocho asesinatos, señor presidente, numerosos secuestros, torturas cuya reproducción produciría escalofríos, desaparición de cadáveres utilizando cal viva, etcétera,
delitos de todo tipo, los más graves previstos en nuestro ordenamiento punitivo, en nuestro Código Penal, cometidos por funcionarios públicos sabiendo que nuestro Código Penal en su artículo 167 establece un plus, un gravamen de penalidad, de
punición, a los delitos que cometen los funcionarios públicos; crímenes o tramas organizadas desde la Administración del Estado, todo ha quedado de facto amnistiado. Amnistiado -y vuelvo a la situación que afecta al ex general Galindo- de forma
absolutamente antijurídica. La única persona que ha sido excarcelada a tenor de los requerimientos del artículo 92 del Código Penal tuvo que litigar hasta llegar al Tribunal Constitucional, y es el único caso en que por el padecimiento de una
enfermedad coronaria se ha excarcelado a un preso, por entender la jurisprudencia Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en todos los demás casos que este tipo de enfermedades es perfectamente atendible en los centros hospitalarios
de los penales -de las instituciones penitenciarias- o mediante tratamientos ambulatorios, mediante entradas y salidas de estas personas que pueden ser atendidas por sus padecimientos. La sentencia del Tribunal Constitucional -la última- que
posibilita la excarcelación por la vía del artículo 92 del Código Penal de un preso que padece enfermedad de naturaleza coronaria, la 48/1996, de 25 de marzo, establece un requerimiento que se ha obviado arbitrariamente en esta ocasión: que ese
preso que es objeto de excarcelación haya obtenido el tercer grado penitenciario. Nos encontramos con la paradoja, que no supo explicar el señor ministro cuando tuvo que responder a mi interpelación, de que se negó consciente e intencionalmente la
concesión del tercer grado penitenciario al señor Galindo y, sin embargo, por este procedimiento se le excarceló.
Para acabar mi intervención, voy a leer lo que se consigna en esta sentencia, que es la única que posibilita que sea excarcelada una persona, un preso que padece una enfermedad del corazón. Se establece que se pueden eludir en determinadas
ocasiones y en pro del respeto a la vida que consagra la propia Constitución determinados requerimientos para la excarcelación por esta vía, por ejemplo, no superar los 70 años de edad, cosa que no ocurre con el general Galindo, o los padecimientos
incurables que puedan ser atendidos dentro del centro penitenciario y algunos otros requisitos anteriormente aludidos que desagrega la sentencia del Tribunal Constitucional pero dice que es ineludible la ostentación del tercer grado parlamentario.
Este es un requisito sine qua non para la excarcelación, luego la excarcelación ha sido antijurídica o por lo menos contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia.
Y desde esa perspectiva, señor presidente, vuelvo a
reproducir la expresión que constituyó el frontispicio de mis palabras. Nos encontramos ante una atrofia democrática, ante un problema de decoro democrático, ante un problema que hay que denunciar con toda intensidad. En este momento que exigimos
responsabilidades a las personas y a los partidos políticos para acabar con fenomenologías terroristas clásicas y nuevas, muy complejas de comprender, lo primero que tendríamos que hacer es una cierta autocrítica y una cierta reflexión sobre cómo se
han pretendido en determinados momentos, en los peores momentos de la historia de la gobernación del Estado por anteriores partidos socialistas, determinados problemas. En esa época de gobernación del Partido Socialista se produjeron los atentados
más graves que un Estado democrático puede soportar, o concebibles en un Estado democrático, crímenes de Estado, corrupción económica generalizada y otros que en este momento no es pertinente particularizar. Y esto no puede ser resuelto por el
procedimiento que se ha hecho, mediante el olvido, sin la petición previa de perdón, mediante la amnistía encubierta, sin un cambio de situación política, sin una situación política especial que justifique la concesión de una amnistía. En
definitiva, señor presidente, nos encontramos con un problema de decoro democrático, de depuración democrática, de algo que debe ser evitado. Este tipo de excarcelaciones no son comprensibles ninguna de ellas, pero me gustaría dar una perspectiva
pro futuro a esta moción que presenta mi grupo parlamentario y por lo menos algo conseguiríamos si lográramos evitar preventivamente con esta iniciativa lo que ya se intuía que era una cascada de nuevas excarcelaciones o nuevas concesiones de
indultos a otros presos también implicados en esta trama que ya se anunciaban por los medios de comunicación. Sólo logrando esto llegaríamos a reducir la atrofia democrática que esta amnistía encubierta ha supuesto. Estas son las palabras que mi
grupo, con el tono moderado que nos caracteriza pero con el énfasis que algo tan grave como lo que estamos denunciando requiere, quería manifestar. Nos dirigimos a todos los grupos parlamentarios, todos sin ninguna excepción, que posean la
sensibilidad democrática suficiente para saber que los crímenes de Estado deslegitiman al propio Estado. El ejercicio del monopolio de la violencia es el elemento fundamental que justifica la propia esencia de la Administración, la propia esencia
del Estado, el ejercicio perverso, el ejercicio ilegal, el ejercicio patológico de la violencia deslegitima de la misma manera la propia esencia de la estatalidad, la propia legitimidad del Estado para seguir actuando por lo menos en este ámbito.
Desde esa perspectiva, señor presidente -y con esto acabo-, apelo a la sensibilidad democrática de todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una moción que yo creo que está puesta en razón, que es equilibrada, que no pretende, como decía
al ministro, buscar ningún tipo de
venganza, ningún tipo de retribución, ningún tipo de vindicación.
Señor presidente, no es una promesa que le voy a volver a frustrar, acabo de verdad mis palabras. Hay un problema que resulta particularmente preocupante. Las penas de privación de libertad que prevé el artículo 25.2 de la Constitución en
relación con el fundamento ontológico de las penas de privación de libertad es la resocialización de los delincuentes, pero el derecho positivo que desarrolla este precepto establece tres funciones o tres fines para la pena. Una primera función
sería la prevención especial, es decir, la prevención de determinadas figuras delictivas. ¿Qué prevención especial cabe esperar cuando de manera encubierta y formal se amnistían los crímenes más graves que articula nuestro derecho punitivo? La
segunda es una función que se denomina prevención general. ¿Qué tipo de prevención general cabe esperar cuando se amnistían los crímenes más graves que tipifica o articula nuestro ordenamiento jurídico? Una tercera función y última es la
retribución.
¿Qué tipo de retribución es la que cabe esperar cuando se condonan penas de esta magnitud o por delitos de esta magnitud? En definitiva, estamos vulnerando los fines o fundamentos ontológicos de las penas. Si no se aprueba una moción
como ésta o algo parecida a ésta que algún otro grupo pueda presentar, desde luego, el elemento de deslegitimación democrática de nuestras instituciones que se produciría sería, en nuestra opinión, de muy difícil reparación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Fijación de posición. En primer lugar, señor Rodríguez. (Pausa.) No está.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para señalar nuestro voto favorable a esta moción que tiene como pretensión reparar la legalidad en materia de excarcelaciones. Es evidente que el debate de hace 15 días hacía referencia a unas cuestiones muy graves y
a un hecho muy concreto reciente, a la excarcelación del ex general Rodríguez Galindo. Hablamos de una época negra -de los crímenes de Estado, de los crímenes del GAL- y no vamos a entrar en el debate jurídico que se produjo hace 15 días en
relación con los criterios para conceder o no una libertad condicional, ni vamos a entrar respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en si existen o no más o menos sentencias sobre la cuestión (cuestión que quedó plenamente justificada
y explicada por el señor Olabarría de cómo no se acercaban a la legalidad las actuaciones que se habían realizado recientemente), sino que vamos a expresar al menos la conclusión de lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos años. La
conclusión es muy clara: hay diferente vara de medir en función de a quién se apliquen determinados criterios de legalidad o extralegalidad para proceder a conceder beneficios penitenciarios. La realidad es clara y es obstinada porque dice que de
crímenes de Estado y de crímenes de los GAL terriblemente graves, que no citaré, ninguna de las ocho personas condenadas está en la cárcel, de los 28 crímenes por torturas, secuestros, detenciones ilegales no hay nadie en la cárcel.
Esta es la
realidad obstinada y evidente, y es la conclusión a la que uno llega con relación a si se ha cumplido la legalidad a la hora de proceder a aplicar la doctrina penitenciaria en los distintos objetivos que tiene una condena o una sentencia. La
realidad es que esas ocho personas condenadas no han cumplido ningún tipo de pena, o al menos no como cumplen otra serie de personas condenadas, y la realidad es que aquí hay una amnistía encubierta. Esto se ha producido y se produce constantemente
si añadimos a los crímenes del GAL otra serie de condenas, por ejemplo, por torturas realizadas por funcionarios públicos y es habitual que se produzcan -digo habitual entre comillas pero con la realidad también- indultos sobre condenas por
cuestiones tan graves como las torturas. Lo dice esta diputada, lo dicen más diputadas y diputados de esta Cámara, pero lo dice constantemente el relator de Naciones Unidas, Theo van Boven, lo dice el Consejo de Europa y lo dicen otros organismos
internacionales. En definitiva, no es admisible esta amnistía encubierta, no es admisible mirar hacia otro lado cuando se están produciendo este tipo de actuaciones por parte de funcionarios públicos de manera grave, vulnerando derechos y
libertades fundamentales, como pueden ser las torturas, y no es admisible lo que viene ocurriendo, que gobiernos sucesivos hagan excarcelaciones, indultos u otro tipo de medidas para evitar que esas personas condenadas por graves crímenes no cumplan
con lo que la ley establece. Son dos varas de medir -expliquen ustedes por qué- y, en todo caso, amnistías encubiertas que nosotros no admitimos y que votamos para que no se produzcan. Esperamos que los demás también voten en relación con la
legalidad y en relación con la justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Brevemente, lo cierto e indiscutible, como ya se ha manifestado, es que las ocho personas condenadas por los crímenes del GAL, condenadas por sentencia firme por la comisión de crímenes, torturas y secuestros organizados desde el Estado se
encuentran fuera de prisión; por diversos motivos, progresión de grado, razones de enfermedad u otros, pero fuera de prisión, a pesar de
ser condenados por largas penas privativas de libertad, por la comisión de los delitos más graves tipificados por el Código Penal. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde ha mostrado siempre su más absoluto rechazo y oposición a las
expresiones y declaraciones de determinados dirigentes políticos solicitando indultos y excarcelaciones para las personas condenadas por sentencia firme por crímenes de Estado. No sabemos si las personas que hacen estas declaraciones son
conscientes o no del daño que hacen a la democracia y al sistema de libertades públicas. Desde luego, es un mal ejemplo para la democracia la constante presión ejercida por algunos de los que fueron responsables de Interior en anteriores gobiernos
para que el ex general Rodríguez Galindo fuera excarcelado, como lo está actualmente, negándose a cerrar la etapa más oscura del Gobierno de Felipe González; nos referimos a la etapa de la guerra sucia.
Concretamente, en el caso de la excarcelación de Rodríguez Galindo, sin entrar en la legalidad de la decisión, es evidente que los mismos criterios que han supuesto el cumplimiento de su condena en segundo grado en su domicilio, en
aplicación del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, no se aplican a una población penitenciaria que, como ha reconocido el propio ministro del Interior en el debate de la interpelación y la directora general de Instituciones Penitenciarias,
se encuentra aquejada de graves enfermedades que afectan al 80 por ciento de los penados, entre ellas, sida generalizado, VIH, hepatitis, psicopatías y politoxicomanías. Quisiera hacer ver que las cárceles de nuestro Estado están minadas de
personas que como el señor Rodríguez Galindo -así también ha sido manifestado por el portavoz del Grupo Vasco- tienen padecimientos graves e incurables que se ven agravados por las condiciones de vida que impone la cárcel a presos que carecen del
alto rango del ex general. Son enfermos que en su mayoría están presos por delitos contra la propiedad y no por asesinato, y muchos sin alcanzar la suma de años a los que está condenado el señor Rodríguez Galindo. Son presos que con mucha suerte
son conducidos al hospital, esposados, solos, sin comunicar a su familia el ingreso -dudo mucho que esto haya ocurrido con el ex general- y este hecho se produce sólo cuando la precariedad de su salud es extrema, y son presos que en demasiadas
ocasiones mueren en la cárcel o al poco tiempo desde que se produce su excarcelación. Nadie reinventa nada para ellos. La buena voluntad y la humanidad a la que hacía alusión el ministro de Interior, señor Alonso, se reserva para los elegidos.
Los calificativos pueden ser muy variados, pero la realidad es que Instituciones Penitenciarias permite disfrutar de un segundo grado que a efectos prácticos es mucho más ventajoso que el propio tercer grado necesario para obtener la libertad
condicional. El resultado le sale cuadrado: Rodríguez Galindo en casa, sin ruidos y con todas las de la ley y la bandera de los derechos humanos en la ventana de su casa.
Termino reiterando el compromiso de este grupo parlamentario con un cambio en la política penitenciaria que permita un verdadero y efectivo desarrollo del artículo 25 de nuestra Constitución, la ya tan mencionada reeducación y reinserción
como fines exclusivos de las penas privativas de libertad; nuestro compromiso con la defensa del principio de humanidad e individualización en la aplicación y ejecución de las penas, pero sin dos varas de medir, sin privilegios, respetando la
igualdad de todos y todas ante la ley. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde va a votar a favor de esta moción que presenta el Grupo Vasco instando al Gobierno a reparar la legalidad en materia de excarcelaciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
A continuación, por Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Procuraré ser breve. Para Esquerra Republicana el trato de favor que han recibido los imputados de los GAL no es en ningún caso admisible. No es posible que todas las personas condenadas por terrorismo de Estado cometidos por el GAL, entre
los que se encuentran asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, torturas y desaparición de cadáveres, tal y como recoge la moción, estén excarceladas en su totalidad. Desde Esquerra Republicana consideramos que se puede estar incurriendo en
estimaciones políticas, y no en el ámbito jurídico, en una amnistía generalizada y encubierta de la criminalidad del Estado, sin que ello esté acordado ni recogido ni acogido ni amparado en ninguna norma. Por ello consideramos apropiado, y por eso
votaremos a favor, que en el ejercicio de control parlamentario se interpele sobre este trato de favor a todas las personas condenadas por terrorismo de Estado cometido por el GAL. La realidad, aunque no nos guste, es que la Administración
penitenciaria estatal ha excarcelado a todas las personas condenadas por terrorismo de Estado, bien mediante la libertad condicional, bien mediante el cumplimiento de la condena en sus domicilios, y a nuestro entender discrimina a un gran número de
población reclusa que en situaciones de enfermedades muy graves, incluso incurables, y con el riesgo que para sus vidas y para su integridad física puede suponer la permanencia en el recinto penitenciario, se encuentra con que sus solicitudes de
excarcelación no han sido debidamente atendidas. Para nosotros, los republicanos, una ley también es buena si se aplica con criterios de igualdad y en función del delito cometido, y no discriminatoriamente, dependiendo de quién o quiénes son los
infractores. A nuestro
juicio, la aplicación de la ley con criterios de parcialidad conlleva una desconfianza legítima de la ciudadanía respecto de la Administración de Justicia y de la Administración penitenciaria que no debemos permitir en ningún caso en
beneficio propio y en beneficio del Estado de derecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Olabarría, ante esta interpelación y la consiguiente moción que usted presenta hoy a votación, mi grupo desea realizar las siguientes consideraciones. Una, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico-técnico, como
usted planteó al sustanciar la moción. Nosotros no compartimos la totalidad de su interpretación en la interpelación que usted sustanció y tampoco la interpretación de Instituciones; eso sí, le vamos a explicar que la consideramos en parte. Me
explico, señoría.
Pensamos que la decisión de la directora general no puede considerarse ilegal. Usted afirmaba que la resolución de la directora general podía considerarse ilegal, pero nosotros no vamos a referirnos a ese mismo término dado que
entendemos que la excarcelación del ex general Galindo se produjo al amparo del artículo 92 del Código Penal con la incorporación, como muy bien usted ilustraba a esta Cámara, de determinados requerimientos del Reglamento general penitenciario en su
artículo 60 en periodo de vacatio legis. Usted sabe, como bien recoge en su interpretación la jurisprudencia del Constitucional en esa sentencia tan mencionada por usted, que conocemos todos, respecto a enfermedades irreversibles, en este caso
enfermedades coronarias, la 48/1996, de 25 de marzo, que posibilita la excarcelación de esos reclusos por enfermedad grave e irreversible, no tratable en un centro penitenciario, en sus dependencias hospitalarias o en régimen ambulatorio, además de
exonerar de otros requisitos como haber cumplido los 70 años o haber cumplido las tres cuartas partes de su condena. Nosotros entendemos que lo que ha ocurrido, señor diputado, señorías, al haber prescindido de ese tercer grado o de la libertad
condicional, que es a lo que usted iba cuando se refería al señor ministro, es que se ha producido una posible hipertrofia. Vamos a recoger la palabra que usted utiliza, no una atrofia sino una hipertrofia o abuso de las competencias de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias para esta decisión de arresto domiciliario. Se lo decimos por dos razones que usted no precisa y que no he escuchado a ninguno de los diputados que han intervenido. El régimen que ahora tiene al ex
general Galindo mejora en gran parte el régimen de semilibertad del tercer grado. Ustedes saben muy bien que con el tercer grado deben dormir en prisión y en este caso esta persona está gozando de un arresto domiciliario que le permite unas
condiciones, una mejor calidad de vida. Además, en este caso se imposibilita el recurso de los jueces de vigilancia penitenciaria a esa decisión del posible tercer grado, puesto que no se posibilita decisión alguna de los jueces ante la resolución
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En ese sentido, nosotros no consideramos esa ilegalidad, pero sí que Instituciones Penitenciarias ha sustanciado este trámite mediante un híbrido jurídico, utilizando esta posibilidad.
Además, la Junta de Tratamiento había propuesto en este caso -y usted lo conoce muy bien y así lo había sustanciado- el paso al tercer grado. Entendemos que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español no ha utilizado los mecanismos que tenía
y que, como bien decimos, la Junta de Tratamiento había posibilitado, quizás ante una alarma social, como bien ellos decían, o quizás por otras razones que también se han mencionado en los medios de comunicación. Pero nosotros entendemos que el
híbrido jurídico que se ha utilizado, y que es el que constata, no era la mejor solución para poder llevar a cabo la situación en la que ahora se encuentra el ex general Galindo.
Permítame sólo una concesión o licencia en este sentido, señor Olabarría, y permítame que en este caso coincida con el señor ministro. Cuando usted se refiere a que tiene algún tipo de información respecto a que el señor Galindo no está en
esta situación o que no tiene esta enfermedad o que esa patología no es tan grave, hubiéramos esperado de un diputado como usted datos fehacientes o algún soporte documental que usted anticipó que no tenía. Desde el punto de vista político, también
nos preocupa, y mucho, lo que está ocurriendo. Y yo creo que la intencionalidad de su interpelación y de su moción iba por ahí, iba en el sentido de que lo que está ocurriendo respecto a la petición de indulto por la condena de malversación -usted
mencionaba al mismo señor Vera o a otras personas- de fondos públicos del señor Vera solicitada por insignes representantes del Partido Socialista Obrero Español, incluido el ex presidente del Gobierno. Comparto con usted, señor Olabarría -y lo
comparto muy sinceramente- el bochorno que algunas de estas declaraciones -y muchos de los correligionarios socialistas también lo compartirán-, que en este caso, señor portavoz del Partido Socialista, sí que son apocalípticas y en algún caso
amenazantes hacia algún miembro del Gobierno que no nos hubiera gustado escuchar no sólo de un representante del Partido Socialista, sino de un representante público al frente de una comunidad autónoma. Como representante público, entendemos que no
debía haber realizado ese tipo de declaraciones y en esa situación amenazante hacia el Gobierno.
Señor Olabarría, lo que sí nos parece poco procedente y no entendemos -quizás es que utilizando el principio de reciprocidad y ese criterio unamoniano que usted ha usado antes es discutible también su moción, y no consideramos que sea mala,
pero sí discutible o poco entendible y poco rigurosa para nosotros- es que solicite la reparación de la legalidad y remover la atrofia democrática en la que usted dice se encontraban los condenados por crímenes del GAL. Señoría, cuando apela a la
sensibilidad democrática, los primeros y en el mismo nivel que los demás, no queremos prioridades de ningún tipo, porque no debe ser así; cuando usted apela a esa sensibilidad democrática y cuando algún otro grupo ha hablado de ese periodo negro de
nuestra historia, de esa lacra de la historia de la transición española que nosotros entendemos que han sido los crímenes de Estado, permítanme ustedes decirlo, a veces cuando se recrimina a algún partido esa situación, nos lo echan en cara y no se
le recrimina al partido ni muchísimo menos, sino a los responsables que han sido condenados y juzgados por cometer esos crímenes de Estado en el ejercicio de sus poderes públicos. Pues bien, cuando usted dice todo eso, le repito, señor Olabarría,
que también esos condenados, de los que no me siento en absoluto orgullosa, sino que me avergüenzo como española y como ciudadana de un Estado democrático, han sido condenados, han sido juzgados, han sido beneficiarios también de recursos
penitenciarios como usted conoce muy bien...
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho, vamos muy retrasados.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo en un segundo, señor presidente.
... han sido beneficiarios de esos recursos penitenciarios e incluso indultados en el marco del Estado de derecho. Si usted solicitara la reparación de esa legalidad estaríamos demostrando que el Estado de derecho y sobre todo los órganos
judiciales no han actuado correctamente recurriendo esas decisiones en el marco del Estado de derecho, que es en el que nosotros creemos.
Por ello, señorías, entendiendo su objetivo, nosotros no podemos suscribir esta moción, no por los principios básicos que usted exponía, sino más que nada por la redacción y por la manera en que está expuesta, que esperamos que no sea un
precedente para algunos otros indultos como los que hemos dicho, pero seguro que en alguna otra cuestión podremos llegar a algún acuerdo con ustedes.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Hace ya 20 días que se celebró la interpelación y volvemos sobre los mismos argumentos, las mismas tesis, similares imputaciones y los mismos prejuicios, señor Olabarría, que creo que debía haber corregido a la luz de lo que ha venido
pasando y debatiéndose a lo largo de estas últimas semanas en relación con temas que no vienen a cuento, aunque algunos los utilizan, como el famoso tema de la petición de indulto del señor Vera.
Los mismos prejuicios, los mismos argumentos y las
mismas imputaciones.
Yo esperaba que hubiesen cambiado de actitud y no hubiesen presentado esta moción, que presentan, por cierto, desde el punto de vista de nuestro grupo, una moción inconcreta y cargada de inexactitudes, porque se da como hecho
algo que no es verdad. No es verdad que todos los condenados por el asunto Lasa y Zabala estén excarcelados, y esto lo debiera de saber usted, señor Olabarría. El señor Vaquero está cumpliendo condena en Ocaña; Dorado y Bayo cumplen el tercer
grado y se presentan a dormir todas las noches en el centro penitenciario de inserción social Victoria Kent, de Madrid. Es verdad que el señor Elgorriaga está excarcelado por motivos de salud y ahora el tema que debatimos es el caso del señor
Rodríguez Galindo, pero no se puede decir algo que no es verdad, incluso en una moción, porque nos interese decirlo. Hay que ser un poco más serio, de verdad. No se puede hacer una generalización que no es verdad y, como se ha dicho una vez que es
verdad, tiene que ser verdad. No, señor Olabarría, lo siento, aunque discrepemos, no es verdad.
Propone la reparación de la legalidad en materia de excarcelaciones. Se lo digo en serio: no hay que reparar lo que no está roto, no hay que arreglar lo que no está quebrado. Ustedes lo saben, aunque no lo compartan. Yo puedo entender el
discurso político del Partido Nacionalista Vasco o de otras formaciones políticas, pero usted sabe que no es una amnistía encubierta, ni queremos pasar página a unos hechos que nunca ha defendido y menos ha amparado el Partido Socialista. No
podemos aceptar como algo absolutamente normal y lógico la vulneración de la legalidad en la lucha antiterrorista y nunca lo hemos hecho. Estoy de acuerdo con el señor Urkullu cuando decía que había que dar pasos en el respeto de los derechos de
los presos, pero de todos, de los de un sitio y de los de otro. Hay que hacer la misma interpretación. No se puede decir que queremos unos derechos para uno y no querer aceptarlos para otro con el que no se comparte nada o con el que se quiere
rebatir, política o históricamente. ¿Se ha roto la legalidad en serio? ¿Usted lo cree sinceramente, señor Olabarría? ¿Lo creen otros portavoces? ¿Ha habido un trato históricamente a favor del ciudadano al que estamos haciendo referencia y al que
parece que podríamos haber llamado moción Rodríguez Galindo, en vez de una especie de entelequia desde el punto de vista generalista, en relación con el cumplimiento estricto de la legalidad en materia de excarcelaciones? Pues no.
Le voy a poner dos casos. Hablaban de la decisión de la Junta de Tratamiento Penitenciario cuando se había planteado que fuera a cumplir el tercer grado y fue negado, en primer lugar, por la Audiencia Nacional y, en este último caso, por la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. También al señor Rodríguez Galindo, en junio del año 2004, la Audiencia Nacional le rechazó una petición de reducción extraordinaria de pena por el cumplimiento de determinada actividad, cuando,
por el contrario, había sido aceptada a dos miembros del colectivo de ETA. Hay veces que los jueces interpretan las leyes de una forma o de otra, y yo no voy a estar poniendo en solfa las decisiones de los jueces. Desde luego, una actuación
absolutamente beneficiosa a favor de parte no ha habido.
Como bien decía usted, al señor Rodríguez Galindo no se le ha concedido el tercer grado, como solicitaba la Junta de Tratamiento Penitenciario, sino que está cumpliendo condena en función de la interpretación del artículo 92 del Código Penal
y de la interpretación del Constitucional a la que hacía usted referencia, fuera de la cárcel pero sujeto a un nivel de control absoluto, dependiente de un centro penitenciario que le ha realizado un programa de seguimiento al que no puede
sustraerse en su actividad ordinaria. Es verdad que algunos excarcelados cumplen la condena fuera y están controlados por una pulsera magnética. En el caso del señor Galindo tiene que llevar escolta, porque la llevaba antes, porque la lleva ahora
y porque la tendrá que llevar mañana; en el caso del señor Rodríguez Galindo no hacen falta pulseras. No voy a entrar en ello, porque nadie ha entrado y porque nadie posee ningún dato más que lo que la justicia, en este caso la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, ha aceptado, que es la enfermedad, en los términos que todo el mundo conoce. Cinco veces tuvo que salir al hospital e incluso estando fuera tuvo que pasar por el hospital de Zaragoza. No me voy a referir a
situaciones que usted y yo conocemos de gente que fue excarcelada por la misma razón que el señor Rodríguez Galindo, como el señor Idígoras en su día, que nosotros no criticamos, ni condenamos. Si usted recuerda la anterior declaración o la
interpelación, se decía que en la salud, como en los conceptos del Tenorio, el enfermo o el muerto tenía buena salud. No me voy a referir a situaciones anteriores que nadie condenó y sin embargo, por el cumplimiento de la ley y por el mismo
planteamiento estaban cumpliendo la condena verdaderamente fuera.
Concluyo, señor presidente. Para el Grupo Socialista esta situación no supone ni amnistía cubierta, ni encubierta, ni ilegalidad, ni hipotecas con el pasado, ni chantajes de nadie, simplemente supone el cumplimiento del Estado de derecho,
de los derechos de los reclusos y el impulso de los principios reconocidos en las leyes penales y en la doctrina penitenciaria. Por eso no vamos a aprobar su moción, porque entendemos que precisamente supone un recorte de los derechos y la
aplicación de un concepto de venganza en vez de justicia.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, por favor, concluya.
Gracias.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Concluyo, señor presidente.
No la vamos apoyar, pero no la vamos a apoyar ni pedir perdón a nadie. No vamos a pedir perdón a nadie por considerarnos ni más ni menos demócratas de los que piensan distinto de nosotros. Nosotros entendemos que las leyes son para todos
igual y para todos hay que llevarlas adelante. Yo sé que a veces esto en función de determinados intereses políticos y en función de estrategias se puede aceptar de una razón o de otra. Sin embargo, insisto, nosotros no podemos apoyar esta moción
y nos sentimos tan demócratas y tan cumplidores del Estado de la legalidad como el que piense lo contrario. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, hay un precepto reglamentario, cuyo nominal no recuerdo en este momento, que autoriza a la lectura de textos concretos cuando ha habido imputaciones de falta de rigor o de desfiguración; en este
caso sería una sentencia del Tribunal Constitucional. Si usted me autoriza, en un segundo soy capaz de leer el texto que ha sido desfigurado en las intervenciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Lo tiene a su disposición?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, lo tengo aquí.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a proceder a la lectura de la sentencia, que ha sido citada por varios portavoces, que establece las condiciones en las que se puede aplicar el artículo 92 a efectos de excarcelación. Se exonera de todos los
requisitos, salvo de tres, que se exigen explícitamente y le agradecería, señor Martínez Sanjuán, que escuche la reflexión. En primer lugar, requisito imperativo que se consigna es estar en el tercer grado penitenciario, es decir, si no se posee el
tercer grado penitenciario, no es posible la excarcelación. En segundo lugar, comportarse bien hasta ese momento y, en tercer lugar, ofrecer garantía de hacerlo así en el futuro. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' esta formulación, que
es una reproducción exacta de la única sentencia del Tribunal Constitucional que posibilita una excarcelación por este tipo de enfermedades.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señor Olabarría. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.)
No hay procedimiento contradictorio en este momento del debate. Lo siento, señor Martínez Sanjuán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO RESPECTO AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y LA LEALTAD INSTITUCIONAL. (Número de expediente 173/000035.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad institucional.
Tiene la palabra el señor Puigcercós para defender su moción.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
Nos gustaría desde Esquerra Republicana empezar nuestra intervención anunciando que el pasado 16 de noviembre se ha dado cumplimiento de una moción, en su momento aprobada en el Parlamento de Cataluña en el año 2003 -el año pasado- propuesta
por nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña que entre otras medidas instó al departamento de Economía y Financias de la Generalitat de Cataluña a trabajar en colaboración con los otros departamentos para hacer un seguimiento y una
evaluación de las leyes y normas estatales que tienen un impacto sobre el presupuesto de la Generalitat. Durante este mes de noviembre se tendrán los primeros resultados y se realizará el informe correspondiente. Aparte los departamentos de
Economía y de Educación trabajarán conjuntamente para cuantificar el impacto de la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Seguramente se preguntarán por qué les estoy explicando el contenido del cumplimiento de una moción que ni
se aprobó, ni se presentó en esta Cámara; pues precisamente por eso. Para un Gobierno que apuesta, honesta y desacomplejadamente, por un Estado descentralizado y plural, ésta tendría que ser considerada como una situación anómala, una prueba de
que tienen que cambiar las cosas para que el cambio de talante y formas se materialice en medidas reales y efectivas.
El Gobierno catalán, a instancias de su Parlamento, en un acto de responsabilidad que le honra, ha hecho el ejercicio de trasladar a datos reales de impacto económico los efectos de la acción legislativa del Estado. Esto demuestra, en
primer lugar, que no tenemos intención de explotar esa situación desde actitudes victimistas, sino que sentamos las bases, nos anticipamos a lo que tendría que ser la acción de un gobierno de un Estado descentralizado y responsable. En segundo
lugar, en la interpelación que este mismo diputado sustanció con el señor ministro de Administraciones Públicas, quizás tuviera razón el ministro cuando afirmaba que la solución a los conflictos entre diferentes niveles de administración exige algo
más que medidas legislativas. Puede que se precise de un cambio de actitud, una actitud más dialogante, en la que el Gobierno socialista ha hecho ciertos avances respecto al anterior, pero tendrán que reconocer que no era demasiado difícil. En
tercer lugar, si les he expuesto el cumplimiento de esta moción es precisamente para demostrar que sin medidas reales y visibles como ésta -no cuesta tanto, es cuestión de voluntad política por parte del Estado-, el cambio de actitud y el nuevo
talante se pueden convertir en simples cortinas de humo.
Seguramente el señor ministro, el ministro Sevilla podría replicar que el cumplimiento de esta moción que hoy presentamos hace referencia a la acción legislativa del Gobierno anterior, y tendría toda la razón. Pero déjennos hacer dos
comentarios al respecto. Sin medidas efectivas en el campo legislativo, este Gobierno está asumiendo que el problema del incumplimiento de los principios de lealtad institucional y subsidiariedad se soluciona con la buena voluntad del Gobierno
español.
No dudamos de la buena voluntad y de la actitud dialogante de este Gobierno, pero no buscamos soluciones coyunturales ni que requieran actos de fe. Vuelvo a repetir que nosotros, Esquerra Republicana, siempre hemos explicado que somos un
partido agnóstico y laico y los actos de fe no entran en nuestros parámetros. Entenderán que no parezca un planteamiento serio desde una perspectiva de Estado plurinacional como el que este Gobierno dice que propugna.
Este Gobierno no asume responsabilidades de la acción legislativa del Gobierno anterior -estamos de acuerdo, nos parece hasta cierto punto lógico-, pero permítannos que les plantee una nueva pregunta: ¿Quién asume los costes por la acción
legislativa del Estado que serán estimados por los informes elaborados en este caso por el departamento de Economía y Finanzas del Gobierno de Cataluña? Si ustedes no quieren asumirlos, los acabará asumiendo el Gobierno de Cataluña, y en este caso
no es sólo un hecho de Cataluña, muchas comunidades autónomas están en la misma situación. Decíamos en la interpelación que teníamos la sensación de que en los últimos años se ha centrifugado buena parte del gasto social, pero también se ha
aumentado la capacidad legislativa y esto ha aumentado las prestaciones y los servicios que comunidades autónomas y entes locales han tenido que prestar, y esto ha generado deuda, ha generado déficit para cerrar algunos presupuestos de comunidades
autónomas, y en este caso también se hace extensible a ayuntamientos.
Como decíamos, Cataluña y diversas comunidades autónomas se encuentran en una situación insostenible, que nos obliga a ser muy exigentes con el nuevo rol de este Gobierno. El impacto económico del problema ya es suficientemente importante
como para justificar esta
moción sin necesidad de recurrir al agravio político y competencial que significan las permanentes injerencias legislativas del Gobierno anterior, a partir de leyes orgánicas, con la pretensión, casi patológica, de homogeneizar un Estado que
es por naturaleza heterogéneo y plurinacional -y que en términos politológicos es conocido como modelo compuesto-, y el bloqueo de traspaso de recursos a las comunidades autónomas necesarios para ejercer sus competencias, aprobadas por el Tribunal
Constitucional.
Por estas razones, el Grupo de Esquerra Republicana, después del debate de la interpelación con el ministro de Administraciones Públicas, presentó una moción con cuatro puntos, relativos a dos ámbitos. Primero, pedíamos que se cuantifique
el coste que han supuesto para comunidades autónomas y ayuntamientos los cambios normativos que se han producido en los últimos años. Y poníamos ejemplos. He hablado antes de cómo, en el Gobierno de Cataluña, los departamentos de Economía y de
Educación se ponen de acuerdo para evaluar qué ha significado la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, el impacto que ha tenido sobre las competencias exclusivas y la implementación de esta ley en los presupuestos, en este caso del Gobierno de
Cataluña, pero esto es extensivo a todas las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de educación. En ese sentido también podríamos hablar del impacto de la generalización de la sanidad en algunas comunidades autónomas, de las
modificaciones del Código Penal o de muchas leyes que se han hecho en los últimos años y que han acabado teniendo impacto sobre sus presupuestos.
Hay que cuantificar y pediríamos que se busque la fórmula para que cualquier cambio normativo, tanto en el ámbito local, entes locales, como en el ámbito autonómico, cualquier cambio normativo no sólo tenga la memoria económica preceptiva,
sino que se evalúe, se calcule y se dispongan las transferencias necesarias para que no se creen situaciones en este caso de ineficiencia y de incapacidad de las administraciones que tienen que acabar implementando estas políticas. También pedíamos
en esta moción la ejecución, por el principio de lealtad institucional, de sentencias del Constitucional que están a favor en este caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y de otras comunidades autónomas, en lo que hace referencia a los fondos
del Forcem -hay cinco sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen que quien tiene que gestionar y administrar la territorialización de estos fondos son las comunidades autónomas y, en este caso, el Gobierno de Cataluña- y a las becas en el
ámbito de la educación escolar y la universidad. Hay sentencias constitucionales que avalan perfectamente. Curiosamente, alguien que siempre ha presumido de ser defensor de la constitucionalidad, el anterior Gobierno, se negaba a aplicar lo que
decía el Tribunal Constitucional. No era precisamente Esquerra Republicana quien se negaba a aplicar las sentencias del Constitucional, era el Gobierno del Partido Popular. Lo que pedimos aquí es que se acabe cumpliendo lo que dicta la ley, que
haya un principio de lealtad institucional en las normas en este ámbito, en lo que hace referencia al Forcem y también a las becas educativas.
Creemos que esta moción es el principio de lo que tiene que ser un giro importante, el principio del giro para que haya lealtad entre las diferentes instituciones, lealtad entre los diferentes ámbitos y niveles de ejecución presupuestaria
porque, al final, el único destinatario de esta lealtad son los ciudadanos y las ciudadanas. Curiosamente, muchas veces se habla de la ineficacia, del despilfarro, de la burocracia que puedan generar comunidades autónomas o entes locales; creo que
este no es el criterio para analizar el problema, hay que buscar la fórmula de que las políticas sean más descentralizadas, sean más eficaces y estén más coordinadas. Creo que esto es contrario a los principios de homogeneidad, de armonización de
los que han hecho gala los diferentes gobiernos.
Por estas razones el Grupo de Esquerra -y acabo, señor presidente- defiende hoy esta moción en esta Cámara.
Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de defensa de enmiendas y les rogaría que intentaran ser muy precisos porque, si no, nos vamos más allá de la media noche. Vamos muy retrasados.
Señora Fernández, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Las dos primeras enmiendas comienzan justificando su existencia y pretenden mejorar el texto. Las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de formación continua o de
gestión de becas y ayudas al estudio, se realiza sobre la base de disposiciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña que también aparecen recogidas en otros estatutos de autonomía, por lo que la transferencia en las materias citadas debe ser
extensible a otras comunidades autónomas que tienen un nivel competencial similar. Por otro lado, se pretende mejorar el texto de la moción incluyendo dos aspectos que afectan a la lealtad institucional. El desarrollo del esquema constitucional de
descentralización territorial no ha sido acompañado por el establecimiento de un modelo económico descentralizado que contase con una participación real de las instituciones autonómicas en la dirección y planificación general de la economía a partir
de sus previsiones, tal y como establece el artículo 131.2 de la Constitución. La dirección de la política económica del Estado no ha contado, hasta el momento, con la reflexión de las comunidades autónomas
e incluso, cuando se abordaron actuaciones públicas en sectores estratégicos de importancia en algunos territorios del Estado a partir de planes o programas estatales elaborados unilateralmente desde estas instituciones centrales del Estado,
la relegación de las comunidades autónomas en la planificación y concreción de la política económica se debe a concepciones centralistas y unitarias de la política económica nada acordes con la lealtad y la colaboración recíproca entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas, que deben ser modificadas en el futuro.
La enmienda que presentamos como adición y que pretendemos introducir se refiere al empleo de la normativa básica por parte del Estado de forma abusiva y extensiva a través incluso de normas de rango reglamentario, lo que ha implicado un
recorte sustancial de las competencias que tanto el artículo 148.C como los diferentes estatutos de autonomía atribuyeron a las comunidades autónomas, pues el carácter básico ha servido más que para formular mínimos normativos comunes en el Estado
con amplias facultades de desarrollo para los entes territoriales, en atención a su especificidad, para homogeneizar el marco jurídico y político por medio de regulaciones básicas que no dejaron margen de autonomía a los poderes autonómicos. Además
esta forma de actuar del Estado influyó de forma importante en las competencias exclusivas autonómicas, que en algunos casos se vieron afectadas a posteriori al promulgarse normas básicas del Estado en materias ya reguladas en algunos casos por las
comunidades autónomas al amparo de sus competencias exclusivas, por lo que éstas han tenido que modificarlas. En todo caso, las comunidades autónomas han visto limitado su marco competencial, teniendo en cuenta su catálogo exclusivo de competencias
por la proliferación de regulación básica del Estado sin contar con su participación, tendencia que ha de invertirse para afianzar la lealtad institucional.
Estas son las razones por las que presentamos estas enmiendas. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con vocación de no agotar el tiempo, simplemente para manifestar lo que SS.SS. ya saben, que es que esta mañana en la Comisión de Economía se ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán exactamente en la
misma línea de lo planteado esta noche por parte del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, con lo cual de antemano quiero anunciar el voto afirmativo, la coincidencia, que no es la primera ni será la última, del Grupo Parlamentario Catalán con
Esquerra Republicana en esta materia, una materia que se puede expresar de muchas maneras, pero yo creo que en un Estado moderno, en un Estado afinado, puesto al día, no puede ser que este Parlamento simplemente legisle y que pase la factura del
gasto de las previsiones de decrecimiento a las comunidades autónomas o a las corporaciones locales sin ningún cálculo, sin ninguna memoria de la repercusión que pueden tener estas modificaciones legislativas en el ámbito de los poderes autonómicos
o de los poderes de carácter local.
El Gobierno y las Cortes Generales proponen y aprueban leyes que en muchos casos suponen un incremento de los gastos de los servicios previamente transferidos a las comunidades autónomas o bien una reducción de los ingresos autonómicos, por
lo que el coste de estas leyes rompe el equilibrio financiero que la propia Constitución contempla, ya que el coste recae exclusivamente en las comunidades autónomas. Desde la aprobación de la Ley de estabilidad presupuestaria se han aprobado leyes
como la Ley orgánica de las calificaciones y de la formación profesional, la Ley orgánica de la calidad de la educación, la Ley de prevención y controles integrados de contaminación, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de sanidad
vegetal, leyes que han incrementado el gasto de las comunidades autónomas con competencias transferidas sin que se haya compensado con mayores ingresos, y por otra parte otras leyes como la reforma parcial del IRPF y las deducciones en determinados
impuestos han supuesto una disminución de los ingresos. El caso más evidente es la reforma del impuesto de actividades económicas, que no viene acompañada de medidas para aminorar el impacto sobre la financiación de las arcas municipales.
Por todo ello, esta mañana Convergència i Unió había impulsado esta iniciativa, primera en el tiempo, primera en la votación, que coincide sustancialmente con lo planteado por parte del Grupo de Esquerra Republicana, y simplemente hemos
presentado una enmienda que enriquece algo los planteamientos de Esquerra Republicana en el sentido de que haya una previsión de la repercusión del impacto económico -memoria a la cual hacía referencia el portavoz de Esquerra Republicana- también en
las arcas municipales; una incorporación de la evaluación de las modificaciones de la legislación estatal en las administraciones autonómicas. Y atendiendo a las consideraciones que hace el Grupo de Esquerra Republicana sobre dos aspectos muy
concretos, la financiación en becas y la competencia del Forcem, pedimos el cien por cien de la transferencia de los fondos del Forcem a las comunidades autónomas, en cumplimiento estricto de una sentencia constitucional que el anterior Gobierno no
quiso acatar, y parece que el actual Gobierno está poniendo alguna prosopopeya bastante barroca al cumplimiento estricto de una sentencia del Constitucional. No se trata del 30 por ciento del Forcem, se trata del cien por cien
de sus fondos. En este sentido esta enmienda intenta completar la aportación de Esquerra Republicana, indicando que, con carácter inmediato, se transferirán a las comunidades autónomas los excedentes no gastados en cada anualidad. Porque,
señorías, si hay algo bastante escandaloso es que los fondos del Forcem, año a año, no son desplegados ni ejecutados presupuestariamente al cien por cien. Este incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional viene acompañado además por
este freno de mano en los fondos estatales respecto de algo tan sensible como es la educación y la formación para la inserción laboral.
Por lo demás, doy por defendida la enmienda y expreso el voto favorable y la feliz coincidencia en un mismo día de dos iniciativas que van en defensa de las competencias de la Generalitat de Cataluña, pero también del conjunto del Estado de
las autonomías, un Estado de las autonomías sensato que, cuando hace una modificación legislativa, no puede pasar alegremente la factura a las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Su turno de defensa de enmiendas, señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte el análisis de la situación que ha efectuado el portavoz de Esquerra Republicana, una posición en consonancia con la del Gobierno, como ya expresó el ministro Sevilla en el debate relativo a la
interpelación urgente de la que trae causa la moción que ahora debatimos.
En efecto, entendemos que el principio de lealtad, que por cierto no cabe reducir a la fórmula prevista en la Lofca, informa todas las relaciones entre Estado y comunidades autónomas y propone un marco basado en la confianza mutua, en el
respeto al ejercicio de las competencias de los distintos niveles y a la búsqueda de fórmulas de colaboración y arreglo de las discrepancias mediante el diálogo. Por ello, uno de los primeros pasos del Gobierno fue precisamente buscar las fórmulas
para reducir la conflictividad en sede del Tribunal Constitucional y poner paralelamente en funcionamiento las comisiones mixtas de traspaso y las conferencias sectoriales que habían visto reducida su actividad notablemente.
En concordancia con esta visión del funcionamiento del Estado autonómico, hemos presentado una enmienda que pretende mejorar técnicamente el contenido de la moción presentada por Esquerra Republicana. Expondré brevemente los fundamentos de
las propuestas y el contenido de las mismas. En primer lugar, quisiera señalar que, si bien podemos diferenciar dos partes en el contenido de la moción, no podemos ignorar que ambos aspectos tienen en común que se trata de cuestiones relativas a
los fondos necesarios para el ejercicio de las competencias de los niveles de gobierno distintos del Estado. Son dos materias que necesariamente están disciplinadas por un mismo principio: el principio de conexión o coherencia entre las
competencias y los fondos necesarios para su ejercicio. En definitiva, un principio inherente al Estado autonómico y que ha sido sancionado de manera distinta en nuestra Constitución, explícitamente, mediante una cláusula de garantía genérica con
relación a las haciendas locales y mediante una cláusula de garantía específica en relación a la delegación de competencias en las comunidades autónomas. Una sanción del principio de suficiencia financiera que posteriormente la Lofca ha precisado
imponiendo cláusulas de compensación. Un principio de compensación que la legislación de haciendas locales también ha reconocido. Pero si todo ello es cierto, también es verdad que el deber de cobertura financiera que vincula al legislador estatal
en materia de cargas financieras tiene límites y estos límites están en lo fáctico, en las disponibilidades presupuestarias. Por ello, nosotros proponemos un conjunto de mecanismos de garantía que tienen carácter indirecto, mecanismos que van
destinados a conocer, a evaluar los costes de las medidas legislativas, que van destinados, en definitiva, a actuar racionalmente en las relaciones entre niveles de gobierno y, en segundo lugar, mecanismos destinados a territorializar los fondos que
permiten que las competencias de las que son titulares las comunidades autónomas reciban los fondos correspondientes. Por esto, nuestra enmienda propone que toda modificación legislativa -y recogemos con esto propuestas que están en las otras
enmiendas- que minore ingresos derivados de los tributos cedidos a las corporaciones locales vaya acompañada de un estudio sobre su impacto económico y, en su caso, se prevean los mecanismos de compensación. Quiero recordar que la obligación de que
todo proyecto de ley vaya acompañado de un estudio, de una memoria económica, estaba en la Ley del Gobierno que aprobó el anterior Parlamento y su aplicación ha sido básicamente reducida a la nada.
En segundo lugar, proponemos que en el plazo de un mes se convoque el grupo de trabajo al que se encomendó diseñar la metodología para dar cumplimiento a los principios de la Lofca. Quizá esta tarde, en la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, ya se ha empezado a caminar en esta dirección.
En tercer lugar, para abordar las cuestiones que ha planteado tanto la moción de Esquerra Republicana como las reflexiones que estaban en la intervención para defender la enmienda de Convergència i Unió, proponemos que se realice un estudio
en un plazo de seis meses para conocer cuál es el impacto económico de las medidas legislativas que adoptó el anterior Gobierno y el anterior Parlamento para ver los costes que tienen y proponer, en su caso, las compensaciones pertinentes.
Finalmente, con relación a las competencias en materia de formación continúa en el ámbito del trabajo y becas de estudio, proponemos lo siguiente. Con relación al Forcem, continuar con el proceso ya iniciado por el Ministerio de Trabajo,
que este año ya ha asignado a las comunidades autónomas fondos en este ámbito; que se acelere este proceso de territorialización y de traspaso de fondos a todas las comunidades autónomas, y con esto recojo el espíritu de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, y que se proceda, consecuentemente con la sentencia del Tribunal Constitucional, a la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio. Por este conjunto de consideraciones y por estas propuestas, que recogen el espíritu de
todas las enmiendas y de la moción de Esquerra Republicana, pido ahora el voto para nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.
Turno de fijación de posiciones.
Señora García Suárez, adelante.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Intervendré brevemente.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana en relación con la necesidad de mejorar los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y lealtad institucional. En estos
últimos años, y lamentamos tener que volver a reiterarlo -sólo reiteraré este punto en relación con las intervenciones de los anteriores portavoces-, ha habido numerosas ocasiones en las que se han aprobado leyes que han significado un retroceso en
el concepto de plurinacionalidad y en el derecho de las comunidades autónomas a desarrollar las competencias que tienen como derecho y, lo que es peor y más grave, en muchas ocasiones han tenido que hacerse cargo del desarrollo de leyes, con
competencias o sin competencias, pero, en todo caso, sin suficiencia presupuestaria. Ya se han ido comentado las diferentes leyes, como la de sanidad y otras muchas, por lo que no voy a reiterarlo. Ahora bien, voy a referirme a un aspecto en el
que quizá no se haya puesto todo el énfasis y donde, desde nuestro punto de vista, se tendría que poner. En primer lugar, quiero decir que esto no solo ha ocurrido en el pasado, sino que, lamentándolo mucho, hay algún ejemplo muy reciente del
presente más inmediato, que ha preocupado a nuestro grupo parlamentario. Hemos aprobado ya el primer proyecto de ley en esta Cámara -la Ley Orgánica de medidas integrales contra la violencia de género- y lamentamos decir, señorías, que, desde
nuestro punto de vista, tampoco esta ley ha contado con un estudio económico real y verídico de la incidencia que su desarrollo va a suponer para las comunidades autónomas y, sobre todo, para los entes locales. No se puede decir que cuando se
apruebe la ley de manera definitiva, se dotará. En primer lugar, porque ya hay comunidades autónomas y ayuntamientos que están actuando y dedicando recursos a lo que esta ley nos señala ahora como obligación, pero que no lo era hasta este momento.
¿Cómo lo hacían? Priorizando y dejando de atender, quizá, otras necesidades. Desde nuestro punto de vista, esta ley tampoco ha sido suficientemente leal y deja grandes interrogantes en cuanto a su financiación. En un futuro próximo tendremos la
ley de la dependencia, que, si no tomamos buena letra de lo que hoy estamos debatiendo aquí, podría ser otro ejemplo parecido en un futuro cercano.
Señorías, la distribución de competencias del título VIII, artículos 148 y 149 de la Constitución, no está ultimada y debe comprometer a las administraciones públicas a una respuesta cooperativa en competencias compartidas, por lo que las
decisiones unidireccionales las pagan los ciudadanos con el deterioro de los servicios y el permanente peloteo competencial. La Constitución insta a coordinarse y cooperar para mejorar la respuesta a los problemas de los ciudadanos desde las
distintas administraciones, pero donde más se nota este proceder, desde el Estado y desde las comunidades autónomas -y querría poner el énfasis en ello-, es en las corporaciones locales, que ven cómo se van aprobando cuerpos legales que no prevén la
financiación necesaria tanto en las bonificaciones fiscales de los ingresos como en los servicios a poner en marcha, sin ser una competencia exclusiva de los municipios.
La Federación Española de Municipios cifra en 4.200 millones de euros la deuda acumulada por servicios prestados por los municipios sin ser su competencia, casi un tercio de sus gastos anuales, por lo que, antes de hablar de una reforma,
habría que hacer frente a esta deuda. En algún momento tocará abordar esta realidad, más aún cuando la forma de pagar ha sido precisamente la no compensación por la supresión del IAE por decisión del Gobierno central, sin modificar su participación
en los ingresos del Estado, tanto del IRPF como de otros impuestos, o la facilidad y margen para actuaciones fiscales específicas como la vivienda.
Es cierto, y lo celebramos de manera especial, que hace dos meses se ha aprobado un paquete de transferencias -en este caso a la Generalitat de Cataluña-, a través de la Comisión Mixta de Transferencias, entre la Administración del Estado y
las comunidades autónomas, muchas de las cuales hacía años que se estaban reclamando. Es cierto también que la voluntad expresada hasta ahora por el Gobierno es la de cooperar y cogobernar con las comunidades autónomas y que hay diferencias
sustanciales en cuanto a la necesidad e importancia de revisar el modelo de financiación autonómica para hacer viable y posible el principio de subsidiariedad entre todas las administraciones del Estado. Ahora bien, frecuentemente, la tentación y
la inercia pueden llevar a actuaciones que desvíen esa voluntad. Por todo ello, creemos que es necesario que abordemos los puntos que se recogen en esta moción y que se realice
un estudio, con la mayor brevedad posible, sobre cómo ha afectado estos años a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos esta falta de lealtad institucional, y que se creen los mecanismos de compensación pactados y acordados con el
mayor consenso posible.
Sin más, volvemos a reiterar nuestro voto favorable a la moción de Esquerra Republicana o, en caso de que el grupo proponente lo aceptara, a la propuesta transaccional, una vez conocida la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Entenderíamos que podría haber un acuerdo, al cual nos sumaríamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Atendiendo a sus requerimientos ya muy perentorios en cuanto a la austeridad en el uso de la palabra, quiero comentar que vamos a votar a favor de la moción fundamentalmente por empatía ideológica. Esta es una moción que tiene un carácter
muy vinculado a la problemática catalana. La nuestra no es exactamente igual, ni en materia financiera dada la existencia del concierto económico, nuestro peculiar régimen de financiación, pero sí que tenemos otros problemas comunes, parecidos. La
apelación a la lealtad institucional es muy pertinente por parte del señor Puigcercós, porque podríamos hablar de deslealtad institucional hasta el momento, y esperemos que esta situación cambie en el futuro, pero desde luego el gravamen que supone
la aprobación de determinadas leyes que son de aplicación en las comunidades autónomas evidentemente lo padecemos todos. Hay otro gravamen al que no se ha referido el portavoz de Esquerra Republicana, que es la no transferencia de competencias
debidas, la no cumplimentación de competencias que son debidas en número de 38 a la Comunidad Autónoma de Euskadi y que obligan, para el ejercicio de ciertas políticas sectoriales, a detraer presupuestos de otras consignaciones presupuestarias
destinadas a otras políticas que sí están transferidas, con el quebranto económico y financiero que eso supone. La desaparición de impuestos, en la que se basa la financiación de las corporaciones locales, como el IAE no ha sido compensada; mejor
dicho, en Euskadi sí, porque hay un acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, las diputaciones y el Gobierno vasco de consuno que está compensando el quebranto económico que para las corporaciones locales ha supuesto este tributo. En definitiva,
Esquerra Republicana tiene mucha razón, la no transferencia de numerosas competencias supone un quebranto económico importante y determinadas legislaciones, que se aplican en todo el Estado en el ejercicio de sus competencias legislativas, suponen
también un quebranto económico importante que se tiene que compensar de forma razonable en un Estado de carácter plurinacional, como bien lo definía él.
Nuestra realidad con relación al Forcem no es exactamente igual. Nosotros no aspiramos a que se territorialice el Forcem. En Euskadi existe un acuerdo interconfederal idéntico al que ha alumbrado la Forcem, y que ha alumbrado a una
institución homónima a la Forcem que se denomina Hobetuz.
En Euskadi hay sindicatos que ostentan la noción jurídica de mayor representatividad sindical, ELA y LAB en concreto, que han signado con la patronal vasca, Confebask, un acuerdo que tiene
la misma virtualidad, el mismo carácter imperativo que el acuerdo que alumbró la Forcem suscrito por UGT, Comisiones Obreras y la CEOE. Lo que nosotros reclamamos es que las cuotas que se detraen obligatoriamente a empresarios y trabajadores
destinadas de forma finalista a la formación profesional, se retengan en Euskadi, no que se territorialice. Por eso tenemos singularidades que deberían ser mencionadas, pero con relación al resto y al contenido filosófico de la proposición, hacemos
una apelación a la lealtad institucional. Estamos en un Estado plurinacional. Quizás esta definición conceptual, que en nuestra opinión es indiscutible, requiera que por lo menos se constituya un Estado autonómico, que sería el primer paso para
llegar a un Estado plurinacional. Pero es que el Estado autonómico se está creando de forma absolutamente torticera y creando unos gravámenes económicos absolutamente injustos para numerosas comunidades autónomas.
Luego nos vamos a conformar con
lo primero, conque se cree un Estado autonómico de forma correcta a los requerimientos constitucionales, a los requerimientos del bloque de constitucionalidad, y luego ya iremos avanzando hacia la estructuración de un Estado que tiene una naturaleza
jurídica diferente. Señor Puigcercós, por empatía ideológica, nosotros estamos de acuerdo con su propuesta y, por tanto, la vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, pues por empatía habría que decir que por desempatía, pero como no es correcto, pues no lo vamos a decir. Esta moción se dice que es congruente con la
interpelación por decirlo, porque si se habla de todo en la interpelación, después en la moción se puede plantear lo que se quiera. Si habláramos en sentido riguroso de un proceso judicial, sería rechazado el recurso porque no había unidad de
alegaciones. Ha sido interesante escuchar a la portavoz del Grupo Socialista practicando, con buen criterio y con buen tino, eso del dilatar para ganar tiempo. Me parece
bien que a ustedes les parezca bien la enmienda del PSOE para mejor dilatar, nos parece muy bien.
Hubiéramos hecho una enmienda -lo habíamos pensado-, incluso de sustitución, probablemente parecida a la que hicimos esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda para una iniciativa muy similar de Convergència i Unió. Pero no ha sido
admitida, no ha sido votada y, por tanto, no ha sido tenida en cuenta, y hemos preferido ganar tiempo.
Además, consideramos, señorías, que todo tiene un límite, y con todos estos obiter dicta que ustedes ponen para justificar su iniciativa, ya lo
ha dicho usted -estamos en la liturgia laica; no se confiesa usted en lo otro, pero sí en esto-, se trataba realmente de dirigir reproches al Gobierno anterior. Reproches se pueden dirigir, calificativos no; y emplean ustedes calificativos
innecesarios. Y eso, incluso a la hora de juzgar sobre la voluntad con la que se hacen las cosas, agrava la situación, y crean ustedes un ambiente poco confortable; poco confortable para leer su moción, poco confortable para escucharle... Por
cierto, vayan un poco a Alemania, que parece que sobre la toma de decisiones en Estados complejos, sobre todo de forma histórica, pueden aprender ustedes cosas interesantes, porque, a base de tantos para decidir, suelen llegar tarde a tomar la
decisión.
Decía Pirandello, señor Puigcercós, que el hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Su señoría no ha entendido este Estado autonómico -S.S. y otros muchos-, pero el Gobierno del PP es el que más transferencias
realizó y el que, por tanto, menos involución llevó a cabo en educación, en política social y en el cupo, señor Olabarría; y nadie le puede negar una disposición de lealtad institucional en el cumplimiento sobre todo de la financiación autonómica.
Termino. Por eso sencillamente vamos a votar que no. Porque ni siquiera han tenido ustedes la cortesía de hablar con nosotros. Nos parece, naturalmente, respetable, cada uno puede hacer lo que quiera. Además, le voy a decir otra cosa:
entre los obiter dicta de los antecedentes, hacen ustedes afirmaciones que no son ciertas, y los antecedentes no se pueden enmendar; tendríamos que hacer una enmienda de sustitución total. Por otra parte, sabe usted perfectamente que la
Constitución dice lo que dice: la Constitución habla de nacionalidades y de regiones. En 16 líneas hablan ustedes cinco veces de las nacionalidades esas por las que ustedes producen en este momento un discurso de gran insistencia ciertamente.
Espero que el presidente del Gobierno, que el otro día hablaba de fundamentalismos, ejerza su didáctica pedagógica con ustedes, que son los que lo necesitan, a ver si les tranquiliza. Mientras tanto, nosotros les decimos: miren, con obiter dicta
de esta naturaleza y con este sistema de dedicarse realmente a querer molestar a los demás, lo mejor que puede uno hacer es cosas que no merezcan no leerlas.
Muchas gracias, y vamos a votar en contra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Padilla.
Grupo autor de la moción, ¿me confirma su aceptación o rechazo de las enmiendas? Adelante.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Aceptaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque consideramos que integra la línea de buena parte de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y de una parte importante de las del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Gracias. Así será votada la moción: con estas enmiendas de adición.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO Y LOS CORRESPONDIENTES ÓRGANOS SUPERVISORES HAN ADOPTADO O TIENEN PREVISTO ADOPTAR PARA EL CONTROL Y EL FRENO DEL
FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 173/000036.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día. De nuevo les voy a pedir, tanto a los proponentes como a los que intervengan, que sean lo más precisos posibles; si no, terminaremos muy tarde esta noche.
Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno
del fraude fiscal.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve y explicar a la vez el motivo de la moción.
Presentamos esta propuesta de medidas de lucha contra el fraude intentando establecer un marco que definiese la potestas -las normas- que debe ejercer el Estado en la lucha contra el fraude. Lo que hicimos en la interpelación ante el
ministro Solbes fue compatibilizar esta potestas con la necesidad de auctoritas -de acción- en la lucha contra el fraude; haciendo, en definitiva, que la lucha contra el fraude tenga tanto una cosa como la otra. Mientras lo primero lo podemos
discutir, la potestas, y podemos hablar e incluso podemos llegar a acuerdos, en la auctoritas lo que necesitamos es simplemente la acción.
Nuestro grupo planteaba y plantea también hoy que ante esta necesidad el Gobierno tiene hoy la oportunidad de ejercer la autoridad en uno de los casos más graves que ha habido en la historia de España en materia de fraude fiscal, el caso de
las cesiones de crédito. ¿Cuáles son los datos? 47.000 operaciones, 432.000 millones de pesetas. ¿La actitud de los responsables del
banco? Activa en el diseño de la estrategia de evasión del erario público y muy viva también en la ocultación de la identidad de los tenedores de las cesiones de crédito. ¿Y cuál fue la respuesta de la Agencia Tributaria? Fue muy
diligente. Lo fue anteriormente con la denuncia que permite la apertura del juicio y lo es también después con los informes periciales que suministra. La actitud del ministro Rato fue la de seguir la actitud que tuvo en su día el señor Fungairiño,
simplemente pedir el archivo del caso. ¿Y la actitud de Iniciativa per Catalunya Verds y de Joan Saura? Ustedes lo saben, fue la de personarse en un caso en el que debería haberse personado el abogado del Estado y en definitiva hacer que en un
caso grave finalmente se procediese a la apertura del juicio oral.
Estas podían ser mis palabras, podían ser mis reflexiones, pero son también las reflexiones de Apife, la Asociación profesional de Inspectores de Hacienda. Estas, que podrían ser
mis palabras, y lo son, que podrían ser las reflexiones, y lo son, de Apife, son palabras semejantes a las que en su día dijo el portavoz socialista, el señor Eguiagaray, allá por el año 1998, en la Comisión de Economía, y en esta tribuna lo
ratificó la señora Mendizábal Gorostiaga, también portavoz socialista. Por aquel entonces, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y el Partido Socialista coincidíamos en que era un caso flagrante en el que debía personarse el Estado
defendiendo sus intereses. En aquel entonces queríamos que el abogado del Estado y la Fiscalía tuviesen una actitud activa. Desde el año 1998 hasta ahora han pasado cosas, pero no en el sentido de ratificar la opinión del entonces ministro de
Economía o de la Fiscalía por aquel entonces, sino en el sentido contrario. Desde el año 1998, desde la personación de Iniciativa per Catalunya, como decía a SS.SS., ha habido informes periciales que han ratificado lo que nuestro grupo planteaba,
lo que el señor Eguiagaray planteaba o lo que Pedro Antonio Ríos también planteaba en aquel momento. Esos informes periciales son los que permiten hoy decir que hay elementos suficientes para que se abra el juicio oral. De hecho, difícilmente, si
los elementos no fuesen lo suficientemente sólidos, se hubiese abierto el juicio oral como se ha abierto y por tanto estaríamos ante un archivo del caso.
Ante esta situación ¿qué es lo que plantea nuestro grupo? Muy simple y muy sencillo: que el abogado del Estado defienda los intereses del erario público, que haga reserva de acciones civiles por el perjuicio de los 84 millones 935.000
euros, que no es precisamente poco -hemos discutido por mucho menos en los presupuestos- que están en juego; en definitiva, que cumpla con sus funciones. Porque, ustedes lo saben, una política contra el fraude realmente efectiva requiere una
colaboración leal y exacta de las entidades financieras. ¿Y cuál es la mejor forma de garantizar que las entidades financieras ejerzan esta colaboración leal y exacta? Personándonos ante los casos, sobre todo cuando el juicio oral está abierto,
personándonos en este caso mediante los representantes del Estado. El abogado del Estado tiene aún oportunidades de hacerlo.
Nosotros hemos consultado con nuestros cuerpos jurídicos, con aquellas personas que representan en este caso a Iniciativa
per Catalunya Verds en el caso del Santander, y tiene dos oportunidades de oro; la primera oportunidad cuando la juez dé la segunda posibilidad al abogado del Estado de personarse, una vez vistos los escritos de acusación y de defensa; segunda
oportunidad, cuando se abra el juicio oral. El abogado del Estado podría ir allí con una actitud más activa que con la que ha ido en este caso el fiscal señor Fungairiño, no cruzándose de brazos sino con una actitud activa, viendo cuáles son las
pruebas y en función de esas pruebas personarse en el caso. Dos oportunidades para cambiar la actitud ante un caso en el que más que nunca hay elementos para que el abogado del Estado defienda los intereses del erario público. ¿Problemas? Que si
no lo hace, en este caso Iniciativa per Catalunya Verds va a tener que personarse y va a tener que defender los intereses del erario público cumpliendo las funciones que debería cumplir el Estado pero, eso sí, sin los recursos que tiene el Estado
para defender sus intereses; digamos que es David contra Goliat, pero si David no ha podido con Goliat la primera vez, si ustedes nos tumban esta moción en este Pleno, vamos a ver si podemos en la segunda oportunidad.
Termino, señor presidente, intentando ceñirme al tiempo, tal y como usted había pedido. Simplemente quiero hacerles una reflexión: ¿cuál creen que va a ser la moral de los inspectores de Hacienda que han trabajado muchísimo en los últimos
años para que saliese el juicio oral? ¿Cuál creen ustedes que es la credibilidad del plan de lucha contra el fraude sin la auctoritas en un caso tan flagrante y tan evidente como el de las cesiones de crédito? ¿Cuál va a ser el resultado si
finalmente el Banco Santander tiene que devolver 84 millones de euros al Estado y el abogado del Estado no ha hecho reservas de acciones civiles?
Para acabar, si ustedes votan hoy en sentido contrario, va a ser un día muy triste, no solo para Iniciativa o para Joan Saura que lo defendió, sino para todos los que defendemos el interés del erario público.
Nosotros queremos coincidir con
ustedes en la lucha contra el fraude, queremos que la lucha contra el fraude esté bien argumentada, que tenga autoridad, pero necesitamos de ustedes y del Gobierno también una actitud activa en la lucha contra el fraude ante los poderosos, porque
realmente la autoridad se ejerce ante ellos. Como le decía al señor Solbes, seguramente nos van a dejar solos otra vez, como lo hizo el Grupo Popular (a lo mejor les coge un arrebato a la hora de votar). Les pido que reflexionen y que cambien de
postura, que no nos dejen solos porque si no al final vamos hacer una alianza con la sociedad civil para defender los intereses que debería defender el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, se está...
El señor HERRERA TORRES: Termino lo que no queremos precisamente que en esta alianza se ponga en evidencia que el Gobierno no ejerce sus funciones, no cumple con la defensa del interés del erario público, en definitiva, no defiende el
interés de todos los contribuyentes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera, y disculpe. Esta noche hay que ser un poquito... Usted suele ser siempre muy correcto.
Entramos en el turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, señor Puigcercós, de Esquerra.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña votará favorablemente la moción del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña Verds, porque somos conscientes de que esta es una
asignatura pendiente de la pasada legislatura, aunque a muchos les escueza que hablemos de la anterior legislatura, pero en estos momentos no hay perspectivas de solución. En la interpelación de la pasada sesión el portavoz de Izquierda Verde, el
señor Herrera, hablaba de los informes de Apife (Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado), asociación que representa los intereses de una parte importante de quienes ejercen la inspección fiscal. La sensación que tiene uno
después de leerse no solo los informes de Apife, sino después de las conversaciones con algunos delegados territoriales que ejercen las funciones en materia de inspección, es que defraudar es fácil, porque básicamente en los últimos años la
inspección se ejercía sobre aquello que era controlable, sobre aquellos que declaraban, sobre personas jurídicas o físicas que ejercieron sus funciones y declaraban lo que ganaban, lo que ingresaban y lo que gastaban, pero con aquellos que tenían
más fácil buscar otras vías de financiación, de lucro, de negocio, no controlables por el fisco, no declarables, con eso no se hacía nada. La sensación es que el fraude fiscal no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado en los últimos diez
años. Por eso se pide aquí más control, y en esta situación tendrán siempre nuestro apoyo.
En segundo lugar, el grupo de Izquierda Verde hacía referencia a la falta de equidad, porque todos somos iguales ante la ley y más ante Hacienda.
La sensación es que aquí no todos somos iguales, que algunos son más iguales que otros; y la
denuncia permanente que ya encabezó en su momento el señor Saura, ex diputado de esta Cámara y hoy miembro del Gobierno de Cataluña, pone en evidencia que no todos somos iguales ante la ley; falta equidad, y sin equidad no puede haber autoridad.
Difícilmente se les puede exigir a muchos ciudadanos honrados, pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos, asalariados que ejerzan sus deberes, cuando hay alguien con muchos más recursos que parece que se escapa a la voluntad de control no
solo del Poder Judicial, sino del mismo poder político. Por esta razón, nosotros apoyaremos la propuesta del Grupo de Izquierda Verde, y añadimos una enmienda que nosotros consideramos también importante, porque este es un debate curioso.
Este diputado en la pasada legislatura preguntó al Ministerio de Hacienda, antaño separado en dos ministerios, con el señor Montoro al frente, la relación que había en las diferentes anualidades de la inspección y la liquidación que se hacía
por parte de las delegaciones territoriales.
Cuál no fue la sorpresa cuando descubrimos con papeles, con el certificado del Ministerio de Hacienda, ejemplos como el siguiente. En el año 1999 el porcentaje de eficacia de la Administración de
Hacienda en Cataluña de las inspecciones realizadas y la liquidación posterior fue del 94 por ciento. Felicidades, porque esto es una eficacia no británica, prusiana como mínimo; el 94 por ciento. Si esta relación en la misma fecha la trasladamos
a la Comunidad Autónoma de Madrid (¡oh sorpresa!), este porcentaje bajaba al 42 por ciento. ¿De qué estamos hablando? ¿De modalidades laborales diferentes en la ejecución y en la inspección en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la de Cataluña?
¿Hay territorios más defraudadores que otros por naturaleza, es algo genético? No lo sabemos.
Por eso pedimos aquí que se aclare cuál es el mapa, cuál es el atlas de la defraudación, cuáles son las razones; por eso pedimos los criterios de
distribución territorial de la inspección fiscal del Estado.
Este mismo diputado también se interesó por una cuestión laboral, y es cuánto personal había dedicado a la inspección en los servicios territoriales centrales del ministerio, cuántos en la Comunidad Autónoma de Madrid y cuántos en Cataluña;
curiosamente estábamos casi empatados.
Nosotros creemos que aquí ha habido una vocación depredadora. En Madrid lo hemos visto en casos desgraciados como el de Gescartera; no era tan importante el caso en sí de la agencia de valores, sino lo que
se presumía detrás, una cierta consanguinidad y unos automatismos entre la Agencia Tributaria y algunos representantes incluso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde al final algunos expedientes se morían de risa en los cajones.
Este es un tema al que hay que dar prioridad. Apoyaremos esta moción, aunque creemos sinceramente que es mejorable la inspección, que hay que aflorar las bolsas importantes de fraude que hay hoy, porque todos somos iguales ante la ley (me
refiero ahora a este importante banco y al pleito que hay encima de la mesa). Finalmente, nuestra enmienda va en la línea de clarificar que todos, no solo los ciudadanos y ciudadanas, sino también los territorios, somos iguales ante la ley.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Señor Utrera, sus enmiendas, en nombre del Grupo Popular.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.
Me van a permitir, en primer lugar, que señale que ya llevaba tiempo sin oír desde esta tribuna una sarta de topicazos y de sandeces como las que acabamos de oír en relación con desequilibrios territoriales en las inspecciones fiscales.
Dicho esto, vamos a pasar a analizar la cuestión del fraude fiscal, el control del fraude fiscal en los términos en que pensamos que debe analizarse.
En primer lugar, quiero señalar que durante los pasados ocho años se han acreditado importantísimos avances en la lucha contra el fraude fiscal.
No lo digo yo, sino los datos, por lo menos aquellos de los que dispone la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, quizá no aquellos de los que se dispone en otros grupos parlamentarios. En el período 1995-2003 la recaudación líquida por todos los tributos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha aumentado en
más del 80 por ciento, muy por encima del crecimiento del producto interior bruto, que lo hizo por debajo del 70 por ciento en ese período de ocho años.
Especialmente notorios son los incrementos de recaudación por el impuesto sobre sociedades,
casi un 200 por ciento; por el impuesto sobre el valor añadido, casi un cien por cien, un 95 por ciento; y por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, un 50 por ciento, a pesar de dos reformas fiscales que redujeron el impuesto en
términos medios en un 25 por ciento para cada contribuyente. Además es importante constatar que este incremento de recaudación líquida, superior al crecimiento de la economía española, se ha realizado con una política consistente en la reducción de
la carga tributaria que soporta cada uno de los ciudadanos: el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas ya mencionado, una reducción fiscal para todos los contribuyentes; pero también el impuesto sobre sociedades, la reducción a un
tipo especial, un tipo reducido del 30 por ciento, para las pequeñas y medianas empresas; la desaparición del impuesto sobre actividades económicas, de lo que también se ha hablado esta tarde; etcétera. Que yo sepa, en la historia financiera
reciente de nuestra Hacienda pública nunca ha sido más cierto (me gustaría oír lo contrario si es que alguien tiene datos) que los contribuyentes pagan menos precisamente porque hay muchos más; muchos más porque se ha creado mucho empleo, más de
cinco millones de nuevos puestos de trabajo; muchos más porque se han creado muchas empresas, pequeñas empresas fundamentalmente; y muchos más también porque se controlan mejor las bases imponibles declaradas por cada uno de los más contribuyentes
que cumplen sus obligaciones fiscales. Es importante también señalar que estos resultados se han podido conseguir por el esfuerzo desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para mejorar la colaboración, las relaciones con los
administrados, con los contribuyentes, proporcionándoles no solamente información, sino facilitándoles también el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y lógicamente por una lucha más eficaz contra el fraude fiscal.
Permítame que aporte cuatro datos importantes a este respecto, cuatro datos que están íntimamente vinculados a las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: primero, los resultados de inspección. Se midan como se
midan, incluso territorialmente con la dispersión a que pueda haber lugar, los resultados de inspección son elocuentes. En el año 1995 esos resultados, los generados por recursos de inspección, ascendían a 3.100 millones de euros, algo más de medio
billón de las actuales pesetas; pues bien, en el año 2003 se habían multiplicado por dos, ascendiendo a algo más de 6.200 millones de euros en términos homogéneos, por encima del billón de pesetas de recaudación en un año. En cuanto a los
resultados de gestión el paso ha sido todavía más considerable en términos relativos, puesto que se han más que duplicado: de 1.060 millones de euros en el año 1995 se ha pasado a superar los 2.600 millones de euros en el año 2003. Por lo que se
refiere a los expedientes de delito fiscal, de los 203 que se incoaron en el ejercicio 1995 se ha pasado a ocho veces más en el año 2003: 1.624 expedientes abiertos por fraude fiscal. Con respecto a las aduanas y a los resultados en la lucha
contra el narcotráfico y en la lucha contra el contrabando, piénsese que estamos asistiendo en estos momentos a una cifra histórica por reducida de importaciones ilegales de tabaco en España, tal y como está reconocido tanto por los operadores
españoles como por los internacionales. Estos resultados son los que son, se presenten de la forma que se quieran presentar, pero por otro lado hacemos nuestra también la afirmación que hizo en el pasado Pleno el ministro de Economía y
vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Solbes, relativa a que el fraude fiscal, la evasión fiscal en su conjunto, en general, es un fenómeno evolutivo, un fenómeno dinámico, y precisamente porque es un fenómeno dinámico, porque presenta
nuevas formas derivadas de la internacionalización de la economía española, nuevos procedimientos basados en tramas organizadas, en contrataciones ilegales, etcétera, es por lo que se requiere un esfuerzo de gestión y de control que desarrolle la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para el futuro. Dicho de otra forma, no podemos estar satisfechos por los resultados del pasado, no podemos quedarnos anclados en los magníficos resultados del pasado, sino que necesitamos actualizar
permanentemente
y mejorar los procedimientos en fraude fiscal y en otras muchas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, debe terminar.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente. Permítame un par de minutos.
El señor PRESIDENTE: No, no.
El señor UTRERA MORA: ¿No me permite un par de minutos?
El señor PRESIDENTE: Lo siento.
El señor UTRERA MORA: Pues entonces voy a extractar el contenido de la enmienda que presentamos, porque como es de todos los grupos conocida...
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, por favor, se ha excedido del tiempo y estoy diciendo a todos los oradores que vamos con mucho retraso. Yo se los daría con toda amabilidad. Intente ser lo más preciso posible.
El señor UTRERA MORA: Estoy concluyendo ya.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero lleva una conclusión muy extensa. Haga usted un esfuerzo.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
El contenido de la enmienda que presentamos es de todos conocida. En una conversación que he podido tener con el portavoz de Izquierda Verde se me ha comunicado que no va a ser aceptada nuestra enmienda, por lo que quizás resulte
innecesario en este momento detallar su contenido, pero sí quiero insistir en que siempre y cuando se trate de forma políticamente profesional la cuestión del fraude fiscal los demás grupos de esta Cámara, y también el Gobierno, encontrarán la
colaboración y el impulso del Grupo Parlamentario Popular. Siempre que, por el contrario, lo que se pretenda es una simple nueva campaña de comunicación basada en palabras y no en hechos, que luego seguiríamos en el futuro, encontrará no solo
nuestro rechazo, sino que además se encontrará instalada en la nada, puesto que no hay datos, y desde luego no los puede haber, que avalen inactividad, inacción por parte del Gobierno anterior (esperemos que tampoco del Gobierno actual) en la
persecución y el control del fraude fiscal y el control de las obligaciones tributarias, en lo que creo que todos los grupos parlamentarios estaremos de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera. Lo siento de verdad, pero el señor Olabarría ha elaborado una teoría general de la empatía, que en el caso del cronómetro es casi científica.
Señor Torres, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Por favor, sea breve también.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
A estas horas y con este tema es difícil entusiasmar a los señores diputados, pero al menos voy a tratar de contestar a las argumentaciones que ha formulado el señor Herrera por parte de Izquierda Unida y hacer un comentario breve general
sobre el fraude fiscal.
Está claro que la recaudación ha aumentado. Lo que no está tan claro es que la eficiencia del sistema lo haya hecho. No lo dice el Partido Socialista, lo dicen trabajos del Instituto de Estudios Fiscales, que ya se han citado en esta
tribuna en anteriores ocasiones, hablando de que el fraude fiscal está en el entorno del 20 por ciento en estos momentos, de acuerdo con los indicadores indirectos. Estamos calificados, dentro de ese esquema que el Fondo Monetario Internacional
tiene para los diferentes países por el nivel de fraude, como un país en transición, porque un país desarrollado no tiene este nivel de fraude fiscal; por lo tanto hay mucho que hacer y mucho que aflorar. Incluso yo mantengo la teoría de que entre
las variables macro, donde analizamos la demanda interna y sector a sector, hay una falla, que la constituye la economía sumergida. Vamos muy bien de demanda interna, pero cuando se analiza sector a sector no suma lo que suman a nivel macro estas
magnitudes. Por lo tanto, sí que tenemos un problema de fraude fiscal y el Gobierno se ha comprometido verdaderamente. No quiero citar todas las teorías de la Asociación de Inspectores Financieros, pero usted sabe perfectamente que lo importante
era levantar actas y no tanto recaudar. Los incentivos de estos altos funcionarios muchas veces se realizaban sobre la base de actas teóricas más que de recaudación efectiva, con lo cual la lucha contra el fraude (entre comillas) no ha sido todo lo
eficiente que desearíamos, y no estoy poniendo en tela de juicio la profesionalidad, que lo es y grande, de nuestros funcionarios del Estado. Por tanto, este es un plan que anuncia el Gobierno y que va a ir adelante.
Respecto al Banco de Santander, diríamos a Izquierda Unida que el Grupo Socialista no puede más que ser respetuoso con el Estado de derecho. En estos momentos ya no hay posibilidad legal de personarse en el juicio de la cesión de la nuda
propiedad de los derechos de crédito. Llevamos peleando más de una década y en la etapa socialista se han hecho múltiples actuaciones. No creo de verdad que aquí no haya auctoritas, porque al Banco de Santander se le ha reprochado públicamente esa
manipulación de las listas que entregó a la Agencia Tributaria, en las que había personas que no se correspondían con los titulares reales. Lo que realmente está en juego en estos momentos no es el ilícito administrativo y el reproche que se le
hizo desde la Agencia Tributaria.
Quiero recordarle, señor Herrera, que el Banco de Santander regularizó su situación fiscal; otra cuestión distinta es que la situación inicial de retenciones no practicadas no fuera un supuesto tipificado en su momento en el Código Penal.
En estos momentos se está hablando de si es o no cooperador necesario, pero el reproche por parte de la Agencia Tributaria y por parte de la Abogacía del Estado ha ido siempre por delante en cualquier actuación que se ha hecho desde lo público. Al
banco se le ha reprochado una actuación manifiestamente irregular que, si hubiera estado bien tipificada, hubiera llevado a una condena a sus administradores. Por tanto, ese reproche ha estado claro. Este Gobierno no dice que el Banco de Santander
haya actuado ajustado a derecho, lo que dice es que después de múltiples informes, de múltiples periciales, en estos momentos no se aprecia la posibilidad de personarse y en momentos anteriores no hubo la posibilidad clara de acusarles de un delito,
porque la legislación en aquel momento no estaba valorando suficientemente ese ilícito y se quedó en un ilícito administrativo. Por tanto, no se puede imputar a este Gobierno que sea tolerante, porque lo ha manifestado públicamente y ahora va a
plantear una lucha tremenda contra el fraude fiscal. Se entiende que sobre todo lo bueno que ha tenido la etapa anterior en cuanto a avanzar en la información del contribuyente hay que dar un paso más, y no solamente inspeccionar sobre los datos
obrantes en poder de la Administración, sino ser incisivos y acabar poquito a poquito con aquellas bolsas de fraude que todos tenemos en la cabeza, como el fraude inmobiliario y la economía sumergida, que en ocasiones están causando un grave
perjuicio a la economía (por entendernos) oficial.
Por tanto, insisto, no se puede crear la idea de que este Gobierno no está por luchar contra el fraude fiscal, ni está por tolerar por la falta de auctoritas, en absoluto. Aquí apelo al compromiso que tiene el Gobierno de presentar en breve
un plan contra el fraude fiscal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Muy amable.
Señor Herrera, tiene usted la posibilidad de señalar si acepta o rechaza las enmiendas.
El señor HERRERA TORRES: Aceptamos la enmienda de Esquerra Republicana y, como le he expresado a su portavoz, no aceptamos las del Grupo Popular, precisamente porque no hacen mención de ninguno de los puntos principales a los que nosotros
hacíamos referencia en la moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 173/000037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular en relación con la política de inmigración.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
La moción que defiende nuestro grupo se enmarca dentro de lo que debe ser una de las principales preocupaciones y prioridades de este país. La inmigración será el fenómeno que cambie de manera ostensible la configuración económica, laboral
y social. Somos conscientes de la complejidad y debemos planificar para evitar que las mafias nos lo planifiquen. Entendemos que la inmigración debe enmarcarse con respecto a la capacidad de acogida, al mercado laboral, a la política de
integración en el seno de la Unión Europea y con expresa referencia a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La situación va cambiando. La inmigración no es una foto fija sino que va cambiando, y con ella van cambiando las medidas, al
igual que cambia la percepción de la sociedad.
El CIS en el mes de septiembre anunciaba que para un 21,99 por ciento de la población el principal problema era la inmigración, tras el paro y el terrorismo, y en Cataluña era el primer problema para
un 42,2 por ciento.
Hace seis meses, en marzo de 2004, con el Gobierno del Partido Popular era tan solo para un 9,6 por ciento de la población el primer problema; algo tendrán ustedes que ver, evidentemente.
También cambia la situación nacional de empleo. Por ejemplo, le voy a leer una noticia que aparecía el lunes 15 de noviembre de 2004 en un periódico de tirada nacional: Expertos advierten del riesgo de que aumente el paro por la
regularización de inmigrantes. El PSOE prevé dar papeles a 800.000 extranjeros con contrato, pero solo está previsto crear 270.000 nuevos empleos. El Instituto de Estudios Económicos ha advertido que España atraviesa uno de los peores momentos
para la regularización masiva de extranjeros que emprenderá el Gobierno en el año 2005. Esto no lo dice el Partido Popular, sino que lo dice el Instituto de Estudios Económicos.
Por eso, desde nuestro grupo mantenemos la postura que defiende el
CES y la Unión Europea acerca de los procesos de regularización y de sus beneficios.
Por parte de todas las instituciones se hacen llamamientos expresos a lo que debe ser una política de inmigración coherente. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el enfoque que debe tener la inmigración debe ser, primero, el
de flexibilizar el acceso a la inmigración. Podría parecer por parte de algunos que el Partido Popular quiere cerrar las puertas a la inmigración y no es eso, en absoluto. El Partido Popular ha fomentado la incorporación de nuevos trabajadores a
la Seguridad Social y lo ha multiplicado por cuatro durante sus años de Gobierno. En la ley se
flexibilizan las vías a través de contingentes, régimen general, visado para búsqueda de empleo, para estudiantes, para solicitantes de asilo, situaciones humanitarias, etcétera, donde se contempla el arraigo tanto social como laboral. Por
eso apelamos a la aprobación del reglamento. Ahí estamos todos de acuerdo, imaginamos. ¿Dónde surge entonces el desacuerdo? Muy sencillo, en la regularización masiva y en el efecto llamada. Nosotros decimos que no a ambas. Yo les pregunto a
ustedes: ¿Están a favor de los procesos de regularización masiva y del efecto llamada? Si no, deberán apoyar nuestra moción. Ustedes tienen la responsabilidad, pero sus decisiones nos afectan a todos. Señoría, apuesten por lo que determinaba la
ley, por lo que marca el sentido común y la coherencia. Por tanto, retiren sus enmiendas y apoyen esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montesinos.
Para la defensa de las enmiendas, ¿Esquerra Republicana de Catalunya? (Pausa.) ¿No? Mejor, digo mejor para ganar tiempo, no porque no desee escucharle esta noche, señor Puigcercós.
Adelante.
El señor PUIGCERCÓS BOIXASSA: Señor presidente, intervengo para darlas por defendidas.
El señor PRESIDENTE: ¿Izquierda Verde?
El señor HERRERA TORRES: Voy a ser breve, pero no tanto como el señor Puigcercós.
El señor PRESIDENTE: Séalo, no importa.
El señor HERRERA TORRES: Una pequeña explicación yo creo, señor presidente, que siempre viene bien, y más habiendo escuchado a la portavoz del Grupo Popular.
Nosotros creemos que debe haber acuerdo en materia de inmigración, que se debe hacer de la inmigración una oportunidad y no un problema. Sabiendo esto, lo que hicimos cuando vimos la moción presentada por el Grupo Popular fue presentar,
junto con Esquerra Republicana -el señor Tardá y yo hemos estado trabajando en ello, que diría aquél-, una enmienda para llegar a un punto de encuentro con el Grupo Popular, partiendo de posturas desde nuestro grupo parlamentario muy distantes a las
que planteaba el Partido Popular.
Escuchando a la portavoz del Grupo Popular vemos que tenemos posturas casi irreconciliables, porque si lo que quería hoy era hablar del efecto llamada y de un proceso de regularización masiva, supongo que habrán escogido la buena vía. Pero
lo cierto es que hoy en nuestra sociedad hay un efecto llamada que es la economía sumergida, la explotación de miles de personas y una ley y una situación que dejó el Partido Popular que lo que hacía precisamente era potenciar la inmigración de
carácter irregular. Nuestro grupo lo que plantea es que aquí debe haber modificaciones sustanciales, y por eso hacíamos esa propuesta en un proceso de acercamiento, pero lo que vemos por parte del Grupo Popular es una actitud en la que el punto de
acercamiento es prácticamente imposible. Lo cierto es que se ha dado rienda suelta a la explotación.
Por mucho que haya gente en Cataluña que vea el fenómeno de la inmigración como un problema, luego, al preguntarle en la encuesta del CIS si eso le afecta a su vida cotidiana, el porcentaje es menor que ese 42 por ciento del que hablaba la
portavoz del Grupo Popular. Desde nuestro punto de vista, aquí lo que sería realmente interesante es que hubiera un pacto para no hacer de la inmigración un factor para sacar réditos electorales.
Lo que nos preocupa es que vemos en su discurso de
la inmigración un factor para sacar réditos electorales, porque si ustedes hablan del efecto llamada y ustedes saben que es la economía sumergida, y ustedes hablan de un proceso de regularización masiva cuando saben que hoy hay miles de personas
trabajando con condiciones de ser regularizadas y niegan a esas personas algo tan básico es porque, quizás, y de forma muy preocupante, ustedes quieren hacer de la inmigración un arma arrojadiza de carácter electoral.
Nuestro grupo ha planteado una enmienda, ustedes dicen que no, que hablemos del efecto llamada y del proceso de regularización masiva. Si están en esas y no quieren llegar a consenso, nuestro grupo rechazará el conjunto de todos los puntos
que ha planteado el Partido Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora Montesinos, menuda patata caliente le han dejado a última hora, defender su moción y defenderla intentando buscar el consenso, pero a paraguazos. Ustedes presentan una moción que no se compadece en nada con
el discurso que mantienen, es una moción mucho más baja, mucho más ligth. Nosotros hemos presentado una enmienda, muy parecida a la de otros grupos, con la intención sana y sincera de llegar a un acuerdo y ahora resulta que tenemos que retirar
nuestra enmienda.
No, así no se consiguen los consensos, así no.
Hay varias cosas que tenemos claras, y es que la política de inmigración se tiene que basar en el control, en la canalización y en la integración, y en eso se basa nuestra enmienda. Usted ha dicho que el Grupo Popular no quiere cerrar las
puertas a los inmigrantes. A lo largo de estos años hemos visto que no se ha cerrado las puertas a los inmigrantes; por no cerrarse, no se han cerrado a casi nadie, es decir, aquí ha entrado casi quien le ha dado la gana. No lo decimos nosotros,
lo dicen las
diferencias entre el padrón y el número de permisos de trabajo y residencia o lo dice Eurostad.
Canalizar está muy bien y está bien que se hayan firmado convenios con países como, por ejemplo, con Ecuador. Lo que pasa es que cuando se firman convenios con países para canalizar los flujos migratorios hay que dotar a las oficinas de
inmigración de medios suficientes. Les recuerdo que a la oficina laboral de Quito ustedes mandaron un responsable de la oficina que era la misma persona que hacía las funciones de administrativo, que era la misma persona que hacía las funciones de
técnico, que era la misma persona que tenía que canalizar los flujos migratorios desde Ecuador, el tercer país en flujo migratorio hacia España.
Finalmente, estamos de acuerdo en que hay que hacer políticas de integración. Lo que pasa es que sobre integración ya bastan los discursos y lo que faltan son recursos. Nosotros, este año, hemos puesto recursos, recursos para la
integración social de los inmigrantes han crecido un mil por cien y yo no he oído aquí hoy ni oí el día del debate de presupuestos que ustedes fuesen favorables a ello, es más, he oído fuera de esta Cámara que no están de acuerdo con la creación de
ese fondo porque les parece escaso, pequeño, cuando ha crecido un mil por cien. Entonces, ¿cómo votaron el presupuesto del año pasado, tapándose la nariz y mirando al tendido? Si no es así, no me lo explico.
Se oponen al proceso de documentación de extranjeros con dos razones: que se trata, básicamente, de una regularización masiva y que crea efecto llamada. Se oponen ustedes que han sido los campeones de las regularizaciones no ya masivas
sino chuscas, simplemente chuscas. Ustedes tuvieron un delegado del Gobierno que regularizó, por ejemplo, a ciudadanos ecuatorianos por el simple hecho de que viajaban; les metían en aviones, les mandaban a Ecuador, les daban allí un visado y se
venían aquí y entonces ¿sí era ese un proceso de regularización válido? Ustedes hicieron un proceso de regularización en el año 2002 para repescar, lo llamaron reexamen para los que no habían sido regularizados en otro proceso de regularización que
hicieron en el año 2000, y en el año 2003 volvieron a hacer otro proceso de regularización en el que dieron documentación a personas que no tenían ni oficio ni beneficio y no sabían si trabajaban o no. En total, en cuatro años, 480.000 personas
regularizadas y nos acusan a nosotros de querer hacer un proceso de regularización masiva, un proceso que es condicional, un proceso que no afecta a todas las personas que carecen de documentación, un proceso que es solamente para aquellas personas
que disponen de trabajo y que cumplen una serie adicional de condiciones. Esto no es una regularización masiva.
Regularización es lo que ustedes votaron en el mes de junio en el Senado, cuando votaron una moción que decía: Abrir un periodo de
regularización para aquellas personas que en la actualidad se encuentren en situación de irregularidad administrativa en la perspectiva del mercado laboral actual. Esto que votaron en junio en el Senado sus compañeros sí era un proceso de
regularización, pero aún siéndolo tenía que ver con el mercado de trabajo, que es lo que nosotros ahora proponemos.
Han dejado un problema grave. El 11 de marzo se produjo en nuestro país el atentado más grave de la historia de España y yo les voy a poner un ejemplo dramático de lo que ese atentado nos ha trasladado en materia de inmigración. Murieron
192 personas y hubo miles de personas heridas.
Ustedes decidieron, creemos que con buen criterio, documentar a muchos de los heridos y a gran parte de los familiares de aquellas personas desgraciadamente fallecidas. Les documentaron porque
carecían de documentación, porque eran personas inmigrantes que no tenían papeles.
Fíjese, aquellas personas a las siete de la mañana, aquellos extranjeros, aquellos inmigrantes a esa hora de la mañana en los trenes de la muerte no venían a Madrid
a visitar el museo del Prado, venían porque tenían trabajo y, señoría, si tienen trabajo tienen que tener documentación porque con la documentación podrán tener derechos pero también deberes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, ya en este ámbito de empatía que estamos generando de forma colectiva, antes he conseguido casi intervenir en un minuto y a ver si mejoramos la prestación.
Hablar de efecto llamada, en primer lugar, es usar una expresión particularmente infeliz. Parece que cuando hablamos de efecto llamada se trata de una competición entre países a ver quién articula una legislación más restrictiva como si la
llegada de extranjeros fuera un mal a evitar, una especie de epidemia a la que corregir mediante prácticas normativas que eviten esta mala expresión de efecto llamada.
Hablar de regularización masiva pertenece, con la legislación en vigor,
sencillamente al término de lo onírico, y no sólo la que está en vigor, sino la que estamos en trance de aprobar, y me estoy refiriendo al reglamento de extranjería.
Señor presidente, nosotros nos vamos a oponer a la moción presentada por el Partido Popular y nos vamos a abstener con relación a la enmienda del Partido Socialista por varias razones, unas de carácter filosófico: nosotros seguimos todavía
pensando que la regularización o el fenómeno de la extranjería no tiene que vincularse necesariamente al hecho del trabajo, nosotros no creemos en los contingentes, y menos en los contingentes exclusivamente vinculados al hecho de trabajar, pero
además al hecho de trabajar muy circunscrito a la celebración de contratos de trabajo y a la afiliación al régimen general de la Seguridad Social, como si no hubiera otras formas de vincularse al mercado del
trabajo, bien sea a través de la figura del socio cooperativista, las sociedades cooperativas, en las sociedades agrarias de transformación, en las sociedades anónimas laborales. Nos oponemos también a lo que en los distintos formatos de
reglamento que nos van siendo entregados -y que el señor Hernando conoce perfectamente- supone restricciones progresivas.
Hay un proceso de regularización y una cosa muy curiosa, señor Hernando, que usted seguramente compartirá conmigo, que es que en el formato de reglamento que nos entregaron en el mes de septiembre se consignaba la posibilidad de regularizar
la situación de aquellas personas que sufrieran una enfermedad que no fuera tratable en su país de origen, y de repente nos encontramos que en el modelo que se nos entrega en el mes de octubre se incorpora una expresión no baladí, que la enfermedad
sea de naturaleza sobrevenida, es decir, que se adquiera en el Estado español, con la reducción y limitación que eso supone, en definitiva la trampa saducea que hay a efectos de regularización por esta vía.
Hay luego otras fórmulas perifrásticas, enigmáticas, que no son interpretables desde una perspectiva de interpretación de las normas, de la hermenéutica normal. Se quiere decir algo así como que las mujeres que sean devueltas a su país y
sufran allí situaciones de subordinación por razones de sexo en este caso u otras puedan ser regularizadas, pero se dice de forma tan inconcreta, tan difícil de interpretar, que eso va a provocar un arbitrismo absoluto por parte de la Administración
a efectos de regularización. Luego que no se hable de regularización masiva, no ya en la normativa aprobada por el Partido Popular, en parte consensuada con ustedes, sino tampoco en la normativa reglamentaria que aparentemente o de facto va a
producir elementos de apertura en materia de regularización, pero absoluta y manifiestamente insuficientes.
A uno le llama mucho la atención, señor presidente, primero, que se utilicen expresiones desafortunadas como efecto llamada, como si fuera una especie de premio a una legislación permisiva y fuese un mal a evitar la llegada de extranjeros, y
en segundo lugar hablar de regularizaciones masivas. ¿Cómo regularizaciones masivas, si las normas con las que nos encontramos son cada vez más restrictivas y limitan más las posibilidades de regularización de los extranjeros y se abandona el
elemento de solidaridad que debe ser el inspirador, sobre todo en un partido de izquierdas y en un partido progresista, a efectos de la situación de las personas que vienen a este país a buscar trabajo normalmente? Desde esta perspectiva, señor
presidente -y solicito primero perdón por el incumplimiento de la promesa en el uso austero de la palabra-, estamos hablando de paradojas, y éstas sí que son unamunianas.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, si es usted breve no toco el timbre, porque comprendo que es un drama para el que interviene el primero y el último, ya lo he dicho, pero no es un problema de la Presidencia, sino de sus colegas y del
ruido que arman.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a ser breve, señor presidente.
Señorías, lamentamos que esta moción que hoy presenta el Grupo Popular no permita llegar a un consenso del conjunto de la Cámara en esta materia. Y lo lamentamos porque por el conjunto de papeles que a lo largo de la tarde nos hemos ido
traspasando unos grupos a otros nos parecía que era perfectamente posible que hoy se asumiese una posición común en esta materia, en esta cuestión que es esencial para la convivencia en nuestras sociedades y en nuestros barrios, que afecta a las
relaciones del día a día entre personas que conviven en los mismos espacios urbanos y que, además, afecta en términos conceptuales al propio funcionamiento de las sociedades democráticas y abiertas como la nuestra. Este tipo de cuestiones
merecerían un esfuerzo del conjunto de los grupos parlamentarios para definir políticas compartidas en esta materia.
En este sentido, mi grupo entiende que la propuesta de enmienda que ha formulado el Grupo Socialista habría permitido perfectamente alcanzar un acuerdo con el Grupo Popular. No entendemos, por tanto, por qué esta enmienda no ha sido
aceptada finalmente por parte del principal grupo de la oposición.
Si el problema lo situamos en el abordaje del proceso de regularización extraordinaria que con la puesta en marcha del nuevo reglamento se va a iniciar en los próximos meses, no podemos compartir la visión catastrofista que sobre esta
cuestión aborda el Grupo Popular. Y no lo podemos compartir, como no lo hemos compartido entre 1999 y este año 2004, cuando el anterior Gobierno abordó también otros procesos extraordinarios de regularización. Apoyamos entonces que el Gobierno,
frente a la situación de miles de personas sin documentos, sin papeles, y que estaban trabajando, pudiesen incorporarse a una situación de regularidad, y apoyamos al Gobierno en la puesta en marcha de ese proceso. Eso sí, formulando una
consideración crítica de que el Gobierno ha tenido demasiado tiempo abierto este proceso, prácticamente desde mediados de este verano, y con la preocupación y la insistencia en el Gobierno, y parte de esta cuestión la enmienda del Grupo Socialista
así lo recogía, que frente a este proceso, como han hecho otros gobiernos europeos, hay que ser capaces de garantizar que el espacio Schengen, la existencia de la libre circulación de personas, no permita que personas en situación irregular en otros
países de la Unión lleguen a España con la vocación de resolver su situación administrativa. Porque precisamente en anteriores procesos de regularización, y especialmente en Cataluña, vivimos situaciones derivadas de esa expectativa que un proceso
de estas características genera. La crítica a un proceso de documentación como
el que el Gobierno pone en marcha merece una alternativa y, hoy por hoy, el Grupo Popular no ha formulado una alternativa a esta política.
Ahora bien, el texto de la moción que nos plantea el PP, en sus siete u ocho puntos, mi grupo no la puede discutir. Por tanto, tampoco vamos a votar en contra de esta moción, pero sí lamentamos que no hayamos aprovechado esta tarde para
poder generar un acuerdo en esta cuestión en lo que todos coincidimos que es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, abierta y plural y en donde la demagogia alrededor de la inmigración tan sólo va a ser aprovechada por aquellos
que no tienen en la democracia su fundamento principal político.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Campuzano.
Señora Montesinos, ¿qué enmiendas acepta o rechaza?
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
A nosotros también nos hubiera gustado poder consensuar la moción. En cualquier caso quiero decir que no podemos aceptarlo ya que ello supondría justificar lo que el Partido Socialista y el Gobierno están preparando, es decir, la
regularización masiva y el efecto llamada.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montesinos.
Vamos a votar sucesivamente las cuatro mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional, que se va a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 19; en contra, 265; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y lealtad institucional, con la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 169; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno
del fraude fiscal, con la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 12; en contra, 273; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política de inmigración, que se vota en sus términos originales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 123; en contra, 158; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las once y treinta minutos de la noche.