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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 39, de 07/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 39
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 35
celebrada el jueves, 7 de octubre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 2-1, de 1 de julio de 2004. (Número
de expediente 121/000002.) ... (Página 1703)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: - Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 8, de 11 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000003.) ... (Página 1725)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 9, de 11 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000004.) ... (Página 1725)
- Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), hecho en Washington el 31 de mayo de 1949, y Protocolo de enmienda. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 10, de 11 de junio de 2004.
(Número de expediente 110/000005.) ...
(Página 1725)
- Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República del Líbano, por otra, hecho en Luxemburgo el 17 de junio de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes
Generales', serie A, número 12, de 21 de junio de 2004.
(Número de expediente 110/000006.) ... (Página 1725)
- Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra, hecho en Valencia el 22 de abril de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 13, de 21 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000007.) ... (Página 1725)
- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 14,
de 21 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000008.) ... (Página 1725)
- Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 1989 y Reservas que España va a formular en el momento de su ratificación. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 16, de 28 de junio de
2004. (Número de expediente 110/000009.) ... (Página 1725)
- Denuncia del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 17, de 28
de junio de 2004. (Número de expediente 110/000010.) ... (Página 1725)
- Adhesión del Reino de España al Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo, 1976, hecho en Londres el 2 de mayo de 1996 y Reservas que España va a formular
en el momento de la adhesión. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 18, de 28 de junio de 2004.
(Número de expediente 110/000011.) ... (Página 1725)
- Denuncia del Protocolo que modifica el Convenio Internacional de 10 de octubre de 1957, relativo a la limitación de la responsabilidad de propietarios de buques que navegan por el mar, hecho en Bruselas el 21 de diciembre de 1979. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 19, de 28 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000012.) ... (Página 1725)
- Denuncia del Convenio Internacional relativo a la limitación de la responsabilidad de propietarios de buques que navegan por alta mar, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 1957. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 20, de
28 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000013.) ... (Página 1725)
- Denuncia del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1924. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 21, de 28 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000014.) ... (Página 1725)
- Convenio de Adhesión del Reino de España al Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, en carácter de socio extrarregional, hecho en Madrid el 5 de marzo de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 22, de 28 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000015.) ... (Página 1725)
- Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 23, de 28 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000016.)
... (Página 1725)
- Canje de Notas, hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y
científica, de 27 de octubre de 1994. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 24, de 5 de julio de 2004.
(Número de expediente 110/000017.) ... (Página 1726)
- Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 25, de 5 de julio de 2004.
(Número de expediente 110/000018.) ... (Página 1726)
- Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 26, de 5 de julio de 2004. (Número de
expediente 110/000019.) ... (Página 1726)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003, y
Protocolo. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 27, de 5 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000020.) ... (Página 1726)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe Siria para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Damasco el 20 de octubre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 28, de 5 de julio de 2004.
(Número de expediente 110/000021.) ... (Página 1726)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila), hecho
en Madrid el 22 de julio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 29, de 5 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000022.) ... (Página 1726)
- Protocolo de 2003 relativo al Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, hecho en Londres el 16 de mayo de 2003. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 30, de 5 de julio de 2004. (Corrección de error en serie A-38, de 12 de julio de 2004.) (Número de expediente 110/000023.) ... (Página 1726)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Malabo el 22 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 31, de 5 de julio
de 2004. (Número de expediente. 110/000024.) ... (Página 1726)
- Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo el 16
de octubre de 2001 y Declaración de aplicación. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 33, de 12 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000025.) ... (Página 1726)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 34, de 12 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000026.) ... (Página 1726)
- Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 16 de junio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 35, de 12 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000027.) ...
(Página 1726)
- Convenio complementario al Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 36, de
12 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000028.) ... (Página 1726)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 37, de 12 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000029.) ... (Página 1726)
- Canje de Notas, de fechas 9 de enero y 6 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio cultural entre España y Paraguay de 26 de marzo de 1957. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 40, de 19 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000030.) ... (Página 1726)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión de personas en situación irregular y Protocolo para su aplicación, hechos en Madrid el 17 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 41, de 19 de julio de 2004. (Número de expediente 110/000031.) ... (Página 1727)
- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Barcelona el 12 de mayo de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 42, de 19 de
julio de 2004. (Número de expediente 110/000032.) ... (Página 1727)
- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 43, de 19 de julio de 2004.
(Número de expediente 110/000033.) ... (Página 1727)
- Autorización de la firma ad referendum de las Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Beijing el 15 de septiembre de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 46, de 27 de julio
de 2004. (Número de expediente 110/000034.) ... (Página 1727)
- Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 15 de marzo de 2000. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 47, de 2
de agosto de 2004. (Número de expediente 110/000035.) ... (Página 1727)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre Transporte Internacional de Viajeros y Mercancías por Carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 48, de 2 de
agosto de 2004. (Número de expediente 110/000036.) ... (Página 1727)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Quito el 20 de noviembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 49, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente 110/000037.) ... (Página 1727)
- Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 50, de 6 de agosto de 2004. (Número de
expediente 110/000038.) ... (Página 1727)
- Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 51, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente 110/000039.) ...
- Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 52, de 6 de
agosto de 2004. (Número de expediente 110/000040.) ... (Página 1727)
- Acuerdo de participación de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República Eslovaca en el Espacio Económico Europeo, hecho en Luxemburgo el 14 de octubre de 2003, y cuatro Acuerdos conexos. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 54, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente
110/000042.) ... (Página 1727)
- Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal el 12 de septiembre de 2000 en Panamá. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 55, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000043.) ...
(Página 1727)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.): - Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 2-1, de 1 de julio de
2004. (Número de expediente 121/000002.) ...
(Página 1727)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 1703)
Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género ... (Página 1703)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Destaca en primer lugar la IV Conferencia Mundial de 1995 de las Naciones Unidas, donde se reconoció como un
impedimento para lograr los objetivos de igualdad, de desarrollo y paz la violencia contra las mujeres y donde se destacó igualmente que esa violencia viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El señor
ministro añade que la violencia que se ejerce contra las mujeres atenta también contra la Constitución española que defiende los principios de la dignidadon Por eso, dice, para dotar de dignidad a todos y para combatir la desigualdad, el Gobierno ha
querido que el primer proyecto de ley que se enviara a esta Cámara fuera el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Tras agradecer a todos el trabajo desarrollado en su tramitación manifiesta que el
contenido del proyecto de ley responde a un sentido profundo en defensa de la dignidad y completa el compromiso que asumió el presidente del Gobierno con los ciudadanos españoles en su debate de investidura. A continuación explica las líneas
generales del proyecto de ley desde el convencimiento de que una lucha eficiente y eficaz contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres exige políticas integradas, globales, coordinadas en las que participen todas las fuerzas políticas, todas
las instituciones, los agentes sociales y las organizaciones especializadas, con una mención especial a la actuación de los jueces, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la administración sanitaria, y por supuesto, con la acción del
Gobierno y de todas las administraciones públicas mediante políticas activas e iniciativas concretas, anunciando la creación de nuevos organismos para garantizar la acción de Gobierno y la coordinación de todas las políticas llevadas a cabo para
erradicar esta lacra social.
En defensa de las enmiendas intervienen las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, el señor Labordeta Subías, que ha retirado sus enmiendas, la señora Fernández Dávila y el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto;
las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC);
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Monteserín Rodríguez y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor presidente abre un segundo turno en el que interviene de nuevo la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales ... (Página 1725)
Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003 ...
Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003 ...
Convención para el establecimiento de una Comisión Iberoamericana del Atún Tropical (CIAT), hecho en Washington el 31 de mayo de 1949, y Protocolo de enmienda ... (Página 1725)
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República del Líbano, por otra, hecho en Luxemburgo el 17 de junio de 2002 ...
(Página
1725)
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra, hecho en Valencia el 22 de abril de 2002 ...
Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002 ... (Página 1725)
Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 1989, y Reservas que España va a formular en el momento de su ratificación ... (Página 1725)
Denuncia del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910 ... (Página 1725)
Adhesión del Reino de España al Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo, 1976, hecho en Londres el 2 de mayo de 1996, y Reservas que España va a formular
en el momento de la adhesión ... (Página 1725)
Denuncia del Protocolo que modifica el Convenio Internacional de 10 de octubre de 1957, relativo a la limitación de la responsabilidad de propietarios de buques que navegan por el mar, hecho en Bruselas el 21 de diciembre de 1979 ...
Denuncia del Convenio Internacional relativo a la limitación de la responsabilidad de propietarios de buques que navegan por alta mar, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 1957 ... (Página 1725)
Denuncia del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1924 ...
Convenio de adhesión del Reino de España al Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, en carácter de socio extrarregional, hecho en Madrid el 5 de marzo de 2004 ... (Página 1725)
Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 ... (Página 1725)
Canje de Notas, hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y
científica, de 27 de octubre de 1994 ... (Página 1726)
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003 ... (Página 1726)
Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003 ... (Página 1726)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003, y Protocolo
... (Página 1726)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Arabe Siria para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Damasco el 20 de octubre de 2003 ... (Página 1726)
Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila), hecho en
Madrid el 22 de julio de 2003 ... (Página 1726)
Protocolo de 2003 relativo al Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, hecho en Londres el 16 de mayo de 2003 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Malabo el 22 de noviembre de 2003 ... (Página 1726)
Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo el 16
de octubre de 2001, y Declaración de aplicación ...
(Página 1726)
Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004 ...
(Página 1726)
Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 16 de junio de 2003 ... (Página 1726)
Convenio complementario al Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 ... (Página 1726)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ...
(Página
1726)
Canje de Notas, de fechas 9 de enero y 6 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio cultural entre España y Paraguay de 26 de marzo de 1957 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión de personas en situación irregular y Protocolo para su aplicación, hechos en Madrid el 17 de noviembre de 2003 ... (Página 1727)
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Barcelona el 12 de mayo de 2003 ... (Página 1727)
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003 ... (Página 1727)
Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Beijing el 15 de septiembre de 1999 ... (Página 1727)
Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 15 de marzo de 2000 ... (Página 1727)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 2003 ... (Página 1727)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ecuador sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Quito el 20 de noviembre de 2003 ... (Página 1727)
Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004 ... (Página 1727)
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004 ... (Página 1727)
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003 ... (Página 1727)
Acuerdo de participación de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República Eslovaca en el Espacio Económico Europeo, hecho en Luxemburgo el 14 de octubre de 2003, y cuatro Acuerdos conexos ... (Página 1727)
Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), aprobadas en el XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, el 12 de septiembre de 2000 en Panamá ...
Sometidos a votación conjunta la globalidad de los citados dictámenes, se aprueban por asentimiento de la Cámara. )
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 1727)
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley, así como las transaccionales, que son aprobadas excepto las presentadas por las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y las
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación del dictamen de la Comisión con las enmiendas incorporadas.
En primer lugar se somete a votación desde el artículo 28 bis nuevo al artículo 32, con las correcciones técnicas que han sido distribuidas ya a los grupos parlamentarios, lo que se aprueba por 190 votos a favor, 130 en contra y una
abstención.
En segundo lugar se someten a votación los artículos 36 a 39 y 41 a 48, que son aprobados por 191 votos a favor y 130 en contra.
Por último, se somete a votación el resto del dictamen con una corrección técnica al artículo 15 y el resto de las correcciones técnicas que han sido distribuidas, que es aprobado por 319 votos a favor y dos abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página 1729)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, por su carácter de orgánica, se aprueba por 320 votos a favor.
Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 121/000002.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Para esta mañana había dos puntos en el orden del día. El primero relativo a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, aproximadamente una cuarentena, y en segundo lugar, el dictamen de la Comisión
sobre iniciativas legislativas del proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Al objeto de favorecer los debates y de agilizar la mañana, les propondré que la cuarentena de acuerdos internacionales, en
vez de tener que votarlos uno a uno los votemos conjuntamente por asentimiento.
Posteriormente, haremos un bloque de votaciones porque, teniendo en cuenta que hay bastantes enmiendas y también transaccionales, la Mesa necesitará un cierto tiempo
para organizar estas votaciones correctamente. Les comunico que pensamos que la votación en cualquier caso no se haría antes de las once de la mañana.
Así pues, comenzamos con el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la Organización de Naciones Unidas, en la IV Conferencia Mundial de 1995, reconoció como un impedimento para lograr los objetivos de igualdad, de desarrollo y paz la violencia contra las mujeres. Destacó
igualmente que esa violencia viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señoras y señores diputados, la violencia que se ejerce hacia las mujeres o contra las mujeres atenta también contra un artículo
sustancial en que se basa nuestro proyecto de convivencia -la Constitución Española-, aquel artículo que defiende los principios de la dignidad. Por ello, para dotar de dignidad a todos y para combatir la desigualdad, este Gobierno quiso que el
primer proyecto de ley que se enviara a esta Cámara fuera la norma, la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Quiero agradecerles a todos ustedes el trabajo que han desarrollado en
su tramitación, a todas las personas y organizaciones cuyos representantes han comparecido en esta Cámara para darnos su opinión, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Económico y
Social y al Consejo Escolar del Estado por sus observaciones y, por supuesto, a las asociaciones de mujeres por su infatigable lucha por la igualdad entre géneros en todos los ámbitos de la vida política y social y la protección integral de sus
derechos.
Constituye para mí un gran honor presentar ante ustedes este proyecto de ley, primero, como les decía, porque responde a un sentido profundo en defensa de la dignidad y, segundo, porque el mismo representa un compromiso en defensa de la
igualdad; también, porque completa aquel compromiso que asumió el presidente del Gobierno con los ciudadanos españoles en su debate de investidura. Entonces, él dijo que sería el primer proyecto de ley que enviaríamos a la Cámara, y así fue. La
voluntad política, señorías, que subyace detrás de esta norma supone apostar por una estrategia de protección integral. Ello no significa que se dejen a un lado los importantes avances que han supuesto las disposiciones legislativas anteriormente
implantadas con este objeto, por supuesto que no. Esta estrategia parte del convencimiento de que una lucha eficiente y eficaz contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres exige políticas integradas, globales, coordinadas, en la que
participen todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, los agentes sociales y las organizaciones especializadas; exige de manera especial la actuación de los jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como delito grave que es, y
también de la Administración sanitaria. Por supuesto, exige la acción del Gobierno, de todas las administraciones públicas mediante políticas activas e iniciativas concretas. Para garantizar esa acción de Gobierno y la coordinación de todas las
políticas llevadas a cabo para erradicar esta lacra social, el proyecto de ley articula nuevos organismos: Delegación del gobierno contra la violencia sobre la mujer, Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer.
El proyecto también apuesta por la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de medidas de acción positiva cuya destinataria es exclusivamente la mujer, pues la problemática social grave que manifiesta esta
violencia de género la padecen, o tienen el riesgo de padecerla, fundamentalmente las mujeres. Es a los poderes públicos a los que corresponde la adopción de las medidas que traten de corregir las desigualdades de partida, de eliminar las
situaciones discriminatorias, de conseguir resultados igualadores y de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social de las mujeres. El proyecto ha optado, por lo tanto, por un derecho desigual para la igualdad, ignorando por completo el
otro fenómeno de violencia de género, esto es, la sufrida por varones, bajo la convicción de los efectos favorables que un trato desigual, incluso en materia penal, puede generar en el reequilibrio de situaciones de partida desiguales. Es verdad
que existe una excepción que han introducido ustedes en la tramitación parlamentaria: si la víctima fuera una persona -no un colectivo sino una persona- especialmente vulnerable que conviva con el autor, se prescinde del factor de género pues se ha
entendido -han entendido ustedes- que también procede la acción positiva como elemento restaurador de situaciones de partida desiguales.
Las líneas básicas de actuación del proyecto consisten en definir el objeto de la ley, que es actuar contra la violencia, que no es una violencia cualquiera, es una violencia que surge como manifestación de la discriminación, de la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y basándose en ellas se ejerce la violencia sobre las mujeres. Quiere ello decir que la ley no actúa sobre cualquier tipo de violencia, sino sobre aquella que manifiesta unas
pautas de conducta socioculturales que colocan a la mujer en una situación de supeditación o sometimiento al hombre y que constituyen por ello prácticas discriminatorias. El proyecto de ley combate, pues, la violencia de género, la cual se asienta
en una idea de profunda desigualdad entre seres humanos y particularmente entre el género femenino y el masculino. Esta violencia de género es ejercida sobre la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones familiares de afectividad, aun sin convivencia. Es decir, se trata de una violencia, señorías, cualificada por la relación singular que la víctima tiene con el agresor, pues es en este ámbito donde ese factor
de riesgo sociocultural tiene su más clara plasmación.
La ley también actúa a través de medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las víctimas. Protección integral desde la prevención mediante medidas que sensibilicen
a la opinión pública acerca de la existencia de modelos de feminidad y masculinidad estereotipados y sexistas. Por ello también se actúa en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación a estos efectos. Prevención desde la educación
incidiendo, en la primera etapa educativa y también en la enseñanza de adultos, en aquellos hábitos de conducta que impiden la plena igualdad entre hombres y mujeres. Nuestro sistema educativo debe contribuir a analizar y valorar críticamente las
desigualdades de género, debe educar en la resolución pacífica de conflictos y en el ejercicio, señorías, de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. Por ello hay que formar a los profesionales de la
educación inicial y permanentemente. Prevención también a través de la sensibilización y formación del personal sanitario para mejorar la atención y rehabilitación de la víctima y fundamentalmente para la detección precoz de la violencia.
Prevención, claro, desde la especialización y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, administraciones públicas, mediante planes de colaboración integral que garanticen la asistencia y persecución del
agresor, así como desde la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del propio agresor mediante programas específicos de rehabilitación. Protección integral mediante el reconocimiento de derechos laborales y de Seguridad Social
que también se extienden a las funcionarias públicas; también para autónomas y personas con difícil inserción en el mercado de trabajo. Las trabajadoras tendrán derecho de reducción y reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica,
cambio de centro de trabajo, suspensión de relación laboral con reserva de puesto de trabajo y extinción del contrato. Estos dos últimos supuestos generarán, en su caso, derecho a la protección por desempleo. A las empresas se les concederán
bonificaciones para que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estas trabajadoras. Hay coordinación de los servicios públicos de empleo para facilitar el acceso al trabajo de las mujeres que, por razón de esta violencia, hayan tenido
que cambiar de lugar de trabajo y de residencia.
En cuanto a la Seguridad Social, se garantiza a la víctima de violencia de género la no interrupción de su carrera en el ejercicio de los derechos laborales. Se considera como período de cotización efectiva el tiempo de suspensión, derecho
que también se reconoce a las trabajadoras autónomas cuando se vean obligadas a cesar en su actividad. Un programa específico de empleo, que implicará el cobro de la renta activa de inserción y ayudas para el comienzo de una nueva actividad, para
aquellas mujeres víctimas de violencia de género que no estén insertas en el mercado laboral o para aquellas que sean autónomas, y ayudas económicas para aquellas que no puedan formar parte de los programas, debido a circunstancias personales que
determinen que su inclusión no va a mejorar de modo sustancial su empleabilidad. Esta ayuda económica consistirá en una prestación equivalente al subsidio por desempleo, que podrá oscilar entre 6 y 18 meses, y se modulará en atención a la edad y
responsabilidades familiares de la víctima. Derecho a la información, a la asistencia jurídica gratuita y a una asistencia integral.
Por último, protección integral mediante la sanción y persecución del agresor. Las medidas punitivas, señorías, son el último instrumento de que debe valerse el Estado para conseguir sus fines, pero en violencia de género esta máxima debe
ser cumplida de forma estricta. Así, la finalidad de la norma consiste en avanzar fundamentalmente en la promoción de nuevos hábitos de conductas sociales que actúen como resortes en la erradicación de esta lacra social. En esta función pedagógica
no debemos desdeñar las normas penales y procesales, que también tienen función pedagógica. Es cierto que se refuerza la protección penal frente a los actos de violencia contra la mujer, pero, sobre todo, me interesa destacar el esfuerzo que la
norma hace para combatir esta violencia a través de la especialización de juzgados y especialización a través de la formación de todo el personal al servicio de la Administración de justicia, desde los fiscales hasta los medios forenses.
El proyecto de ley, señorías, no se olvida de los menores, porque protege la tutela de sus derechos y porque, al protegerlos, garantiza de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.
También contempla
situaciones de determinados colectivos que presentan un mayor riesgo de sufrir esta violencia o una mayor dificultad para acceder a los servicios previstos en la norma.
En definitiva, señorías, estas son las líneas generales de este proyecto de ley, que pretenden combatir un determinado tipo de violencia, manifestación de un modelo de conducta sociocultural que rechazamos, que nos repugna y que constituye
su principal factor de riesgo. Desde el análisis y evaluación de este factor de riesgo es desde donde debe organizarse el sistema de prevención, que constituye el principal factor de protección que se puede ofrecer a las víctimas de la violencia de
género. Todos somos conscientes, señorías, de que las medidas legislativas que proponemos son un elemento importante, pero no definitivo, en la corrección de estas pautas culturales profundamente arraigadas, de ese machismo que a veces deriva en
conductas criminales.
No será suficiente la norma, pero ésta tiene un sentido protector y pedagógico. Estoy convencido de que, para la corrección de estas pautas de comportamiento, además de la norma, necesitamos esfuerzos plurales y, de forma
significativa, procesos de aprendizaje basados en la igualdad, como predica nuestro texto constitucional, y de forma más específica en la igualdad de género, como exige de forma radical nuestra realidad social, una realidad que se muestra todavía
refractaria a estos avances sociales, pero que vamos a conseguir entre todos. Esa realidad mostrenca, por decirlo de algún modo, justifica una iniciativa legislativa como la que hoy está sobre la mesa, el proyecto de ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género; constituye también una expresión de rebelión frente a estos comportamientos que todos rechazamos. Combatir esta situación eficazmente es tarea de todos y de todas, y sólo conseguiremos erradicarla cuando
toda la sociedad adquiera el compromiso de tolerancia cero con este tipo de violencia. Estoy seguro de que ustedes con su trabajo van a contribuir poderosamente a erradicarla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Comenzamos con el turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, hay enmiendas de las señoras Barkos y Lasagabáster, del señor Labordeta y de la señora Fernández Dávila, a quienes ruego utilicen su turno compartido
por este orden.
Señora Barkos, tiene la palabra.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, corresponde a Nafarroa Bai en esta sesión arrancar el turno de la oposición con el debate de enmiendas sobre un proyecto que tiene una trascendencia social de envergadura, el proyecto de ley de violencia de género, un proyecto
legislativo que, mucho más allá de ser una de las promesas electorales del partido que sostiene al Gobierno central, es una necesidad patente de todos los ciudadanos. Nos enfrentamos, en primer lugar, a un proyecto de ley necesario y, por tanto,
más que susceptible -y lo vamos a ver esta mañana aquí- de consenso. Nos negamos, eso sí -no sólo desde Nafarroa Bai, estoy absolutamente convencida de que desde todos los grupos de esta Cámara-, a que se tramite un proyecto de ley poco ambicioso,
pero además nos encontramos -y aquí sí un punto de crítica- con un proyecto de ley que corre el riesgo de precipitado.
Con respecto a la necesidad imperiosa de una ley integral que haga frente a un tipo específico de violencia que tiene como víctima a uno de los sectores más frágiles y más desprotegidos de la sociedad, no es necesaria defensa alguna, pero sí
el recordatorio -y me parece importante- de que este proyecto de ley va mucho más allá de cualquier apuesta programática.
Quiero apuntar además que, al referirme a uno de los sectores más desprotegidos, no me refiero en absoluto a las mujeres en
general, sino a aquellas mujeres que, desprotegidas por lo infranqueable del entorno privado, necesitan una protección específica, y este -entendemos desde Nafarroa Bai- es el fundamento del proyecto de ley.
Este mismo fundamento, este mismo motivo, nos ha llevado a apoyar de forma decidida la posición del grupo proponente frente a algunas de las polémicas más abundantes que han rodeado el proyecto de ley desde su nacimiento, polémicas centradas
en la posible inconstitucionalidad de este texto, pero que -y no puedo dejar de señalarlo con tristeza- han tenido desde su inicio hondas raíces partidistas. Precisamente en su fundamento, en la necesidad de delimitar, con
rigor pero también con ambición, el entorno privado que sirve como especial cobertura a este tipo de violencia, quedan flecos importantes.
No podemos dejar cerrada esta ley exclusivamente como herramienta de protección de aquellos entornos
más cercanos, más conocidos, más propios, debemos asegurar mucho más allá la protección a las víctimas de este tipo de violencia, y en este sentido van algunas de las enmiendas que Nafarroa Bai mantiene abiertas.
Esta Cámara puede llevar a cabo, estoy absolutamente convencida, ejercicios para forzar de manera ambiciosa -y abundo en este punto- algunos usos que quedan demostrados en el propio nombre de la ley, ley de violencia de género -y me
congratulo absolutamente-, un dato fundamental al que ya se habían negado instituciones de envergadura en materia lingüística.
Finalizo, y lo hago, por cierto, con la esperanza de equivocarme -y me temo que no sólo yo, sino que también son otros grupos los que esperan equivocarse en este punto- en apuntar que la rapidez con la que se está llevando a cabo la
tramitación de este proyecto en la Cámara Baja no sea tanto rapidez como precipitación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Subimos a esta tribuna porque acogemos con satisfacción que esta Cámara, las Cortes Generales, aborde un tema difícil y complejo, pero realmente es necesario hacerlo. Ciertamente, es una obligación abordar el grave problema de la violencia
contra las mujeres de manera integral. En este sentido, nos congratula que se haga desde una perspectiva multidisciplinaria, en su integridad, con medidas que no sólo sean para el corto plazo, fundamental y lógicamente las medidas aseguradoras de
derechos ya reconocidos o las de índole penal, sino también a medio plazo, especialmente las de tipo social y sanitario, y a largo plazo, las de tipo educacional. Sólo desde esta perspectiva se puede hacer caso omiso a los cantos de sirena que
apuestan por soluciones sencillas a problemas realmente complejos -y este lo es sobremanera-, primero, por afectar a la esencia misma de la mujer y a las situaciones de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las víctimas de este tipo de
violencia. Debemos poner fin a la lacra más importante del presente siglo, y no por nueva, sino por el agravamiento cualitativo de la tendencia, no siendo, desgraciadamente, hasta hace pocos años cuando por fin ha entrado en la agenda política para
ser configurada como una de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
No es fácil dibujar el perfil de la violencia de género, lo hemos visto a lo largo de la tramitación -muy acelerada, todo hay que decirlo- de este proyecto de ley. Así lo han hecho múltiples expertos y expertas que han expuesto su
conocimiento y experiencia en la Comisión parlamentaria y a los que hemos seguido y leído con gran atención, y hay que decir que es difícil apostar por soluciones unívocas. Hemos oído, de boca de personas muy cualificadas y comprometidas en la
defensa de los derechos humanos, en la lucha contra este tipo de violencias, opiniones contradictorias en materia de política criminal, igual que con respecto a crear una jurisdicción especializada. Por ello, creemos que no hay recetas milagrosas y
que serán los resultados posteriores a la reforma legal los que dirán si se ha acertado o no con la orientación legislativa.
A este respecto, Eusko Alkartasuna ha presentado 33 enmiendas, que hacen referencia a tres tipos de consideraciones. Primero, a la participación de las comunidades autónomas en todo este elenco de medidas integrales, porque afectan a sus
propias competencias y es básico que estén desde el inicio y, sobre todo, porque muchas veces son ellas, las comunidades autónomas, las que tienen la obligación de financiar este nuevo tipo de medidas y proyectos; segundo, enmiendas que hacen
referencia a mejoras técnicas de la propia ley que entendíamos necesarias, y tercero, enmiendas que hacen referencia a aspectos de la tutela penal, sin desvirtuar del todo el sentido del proyecto de ley, porque entendemos que hay determinadas
consideraciones que no corresponden a una reflexión serena y global sobre la regulación penal. Hay determinadas confusiones, exceso de pena, centralidad en la prisión y una tendencia a llegar a la prisión a través del quebrantamiento de medidas
cautelares o de conversión de hechos nimios -faltas- en delitos. Por ello, esas 33 enmiendas pretenden incidir en esos tres tipos de cuestiones que nos parece que deben ser objeto de una mayor reflexión.
En todo caso, mantenemos las enmiendas porque la tramitación acelerada, a veces la nocturnidad a la hora de hacer pactos, hace que al día de hoy no sepamos exactamente cómo ha quedado este proyecto de ley. Mantenemos las enmiendas, salvo
que consigamos más información a lo largo de esta mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Las hemos retirado, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Interpreto que ha retirado las enmiendas? (Asentimiento.) No figuraba aquí. Gracias.
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, aprovecharemos estos pocos minutos que tenemos para manifestar nuestra
posición sobre el proyecto de ley de protección integral contra la violencia de género para exponer casi telegráficamente algunas cuestiones que nos parecen importantes y que no hemos tenido ocasión de plantear durante el proceso de
tramitación del proyecto ni telegráficamente ni de forma más amplia.
Consideramos que el contenido del proyecto no responde a la idea de una verdadera ley integral, ya que no abarca todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia de género, la violencia sexual o la violencia contra las mujeres, como
queramos llamarla. Este proyecto de ley, como se ha dicho en muchas ocasiones, contempla exclusivamente la violencia en el ámbito la pareja. No obstante lo anterior, por considerar necesario y urgente legislar en materia de protección tanto
personal como social, económica y laboral a las mujeres que son víctimas de la violencia en el ámbito denominado doméstico, y puesto que es urgente afrontar un trabajo de debate social así como actuar en materia educativa profundizando en la
educación en igualdad, sin olvidar la formación precisa de todos los agentes que tienen que intervenir en la atención de las mujeres que sufren violencia, esto es, jueces, fiscales, policías, profesionales sanitarios, profesionales de los servicios
sociales, etcétera, asumimos nuestra responsabilidad y consideramos esta ley como un avance, pues no deja de ser un logro reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de alta prioridad política, como desde hace muchos años vienen
reclamando los movimientos feministas. Asumiendo, pues, esta responsabilidad, presentamos 51 enmiendas, con el objetivo de mejorar el texto en los aspectos antes mencionados, así como en el trato y atención a los menores que viven en un entorno de
violencia doméstica, aspecto que consideramos que no ha sido debidamente tratado en el proyecto de ley.
Aunque reconocemos la urgencia de la ley, entendemos que el trámite parlamentario de debate de las enmiendas fue excesivamente apresurado, y aun
reconociendo el gran esfuerzo de los grupos por alcanzar acuerdos, consideramos que disponer de más tiempo de reflexión y debate hubiera sido beneficioso para el resultado final de una ley tan importante.
Señoras y señores diputados, seguramente hoy vamos a aprobar una ley que todos los grupos políticos que conformamos la Cámara consideramos necesaria, pero sobre todo asumimos la responsabilidad de incluir en nuestro ordenamiento jurídico una
ley que incide en la defensa y el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el derecho de las mujeres a vivir sin estar sometidas a una situación de violencia; una violencia que es consecuencia de las condiciones de desigualdad que existen
en nuestra sociedad. Con esta ley se paliarán algunos efectos de esa desigualdad y se corregirán algunas carencias de seguridad, que afectan incluso a la supervivencia, de muchas mujeres en situación desesperada. Ahora bien, señoras y señores
diputados, ninguna ley, por muy integral que se llame, va a eliminar la violencia que se ejerce contra las mujeres mientras perdure la desigualdad entre los géneros y persistan los estereotipos y roles definidos para lo femenino y lo masculino y,
desde luego, no se eliminará la violencia mientras perdure la dependencia económica de las mujeres.
Por nuestra parte, manteniendo las críticas que hemos expresado escuetamente, queremos manifestar nuestro reconocimiento del esfuerzo de los grupos para llegar a acuerdos e incorporar enmiendas al texto. Las de nuestro grupo parlamentario,
en concreto, se incluyen como tales o transaccionadas con otros grupos, razón por la cual retiramos las enmiendas que permanecían vivas y solicitamos votación para la número 25.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, Grupo de Coalición Canaria.
Rogaría a los portavoces que van a intervenir que fueran muy precisos respecto al mantenimiento o no de sus enmiendas ya que, como ustedes saben, el dictamen contiene 449 y sería conveniente que la Mesa y el presidente supiesen exactamente
qué enmiendas van a quedar vivas para proceder a organizar la votación, que puede ser sumamente complicada. Por tanto, les rogaría que fueran precisos. Gracias.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, estamos seguros de que la ley que hoy debatimos se ha convertido en la estrella de la primera parte de esta legislatura, en primer lugar, porque el Gobierno se comprometió a remitir
a esta Cámara un proyecto de ley y cumple así el compromiso que anunció el presidente del Gobierno en el debate de investidura y, en segundo lugar, recoge una demanda clamorosa de la sociedad en relación con el grave y preocupante fenómeno de la
violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Estamos convencidos de que el mensaje que hoy trasladamos a la opinión pública es que esta Cámara, los grupos parlamentarios y las instituciones públicas lideramos la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Somos
conscientes de que ni esta ley ni las anteriores ni seguramente las que algún día volveremos a discutir aquí resolverán de forma definitiva la importante lacra social de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, pero si alguna institución tiene
la responsabilidad de liderar la lucha contra este fenómeno es esta Cámara, son los grupos políticos, son los representantes de los ciudadanos.
Esta Cámara se ha pronunciado y ha legislado en los últimos años de manera efectiva en torno a este tema. Hay aspectos referentes al Código Penal que incluso están todavía pendientes de evaluación porque han entrado en vigor recientemente.
En otros ámbitos institucionales del Estado, en las comunidades autónomas,
se ha legislado también en esta materia. Sin ir más lejos, la opción a la que pertenezco promovió hace ya año y medio una ley de similares características en el ámbito competencial de la Comunidad canaria que lleva un título prácticamente
calcado del que hoy discutimos aquí. Somos conscientes, por tanto, de que el esfuerzo legislativo es necesario pero claramente insuficiente para romper con la dinámica de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Somos conscientes de que las
estrategias, las medidas, los medios para proteger a las mujeres contra la violencia, para perseguir a los violentos, para normalizar la vida de la gente afectada por este fenómeno se establecen en esta norma con bastante claridad. Pero no habrá un
cambio de esta realidad si no somos capaces de cambiar lo que determina al final el fenómeno de la violencia, que no es otra cuestión que la ideología dominante. El papel del hombre en la sociedad actual posibilita que se produzcan fenómenos como
el que hoy tratamos de paliar a través de esta ley y otros que hemos visto recientemente en los medios de comunicación que no son ajenos a esta ideología de dominio del hombre sobre la mujer que todavía prevalece en la sociedad actual. Por eso
otorgo el mayor de los valores a esta ley en relación con el intento de ser una ley integral que trata de actuar sobre otros ámbitos de la realidad precisamente para transformarla. Y me parece que el más estratégico de esos valores es precisamente
el papel que se otorga a la sociedad, y de manera especial al sistema educativo, en el proceso de cambio de valores, que será la única manera de transformar la realidad que estamos viviendo. En este sentido, me parece vital -de ahí el gran valor de
la ley- hacer una ley integral que otorga responsabilidades al sistema educativo, que otorga responsabilidades al sistema sanitario, que otorga muchísimas responsabilidades y medios al sistema judicial y de manera muy especial al dispositivo de los
servicios sociales del conjunto de las estructuras del Estado español.
Ha habido un debate importante desde que el Gobierno presentó esta ley y se han hecho aportaciones positivas. Me parecen especialmente reseñables las del Consejo Escolar del Estado, las del Consejo Económico y Social y las muchas jornadas
que se han desarrollado en torno a este tema, algunas de ellas promovidas por el que les habla en la circunscripción electoral en la que trabajo y en la se han celebrado unas jornadas de trabajo con la secretaria general, doña Soledad Murillo, a la
que aprovecho para agradecer su disposición a colaborar, y en la que han participado dos destacadas diputadas, la portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, doña Carmen García, que también estuvo dispuesta a participar, y la portavoz del Partido
Nacionalista Vasco en esta materia, doña Margarita Uría, que también participó en esas jornadas, quienes contribuyeron a posicionar a mi opción política en relación con las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley.
Si alguna objeción hay que hacer al proceso de trabajo que se ha desarrollado en torno a esta ley es que el enemigo principal ha sido el tiempo. Ha habido poco tiempo para discutir una ley tan compleja, que interviene en ámbitos tan
diversos, que compromete al conjunto de las estructuras institucionales del Estado y que hace un llamamiento a un compromiso social para la lucha contra la violencia de género. El tiempo es el gran inconveniente del proceso de tramitación de esta
ley, aunque entendemos el mensaje que el Gobierno pretende lanzar a la sociedad española de liderazgo en la lucha contra la violencia de género articulando un proyecto de ley que ha sido el primero de esta legislatura y que tiene el objetivo de
contribuir a generar la conciencia y las condiciones necesarias para luchar contra este fenómeno.
Aprovecho para agradecer de manera expresa la disponibilidad, la sensibilidad y la cooperación de todos los grupos parlamentarios en el proceso de tramitación, porque si no, no hubiera sido posible que estuviéramos hoy en esta Cámara
aprobando prácticamente esta ley por un amplio consenso -estoy convencido de ello- que ya se ha expresado en la ponencia, en la Comisión y que seguramente se expresará hoy en este Pleno. Es de justicia reconocer al conjunto de los grupos su
disponibilidad, su sensibilidad y su compromiso en relación con esta ley, que es lo que ha posibilitado que el tiempo, que ha sido el gran enemigo de la ley, haya sido vencido por el trabajo que han desarrollado los grupos.
Hoy vienen a esta Cámara 320 enmiendas. Algunos grupos han tomado la palabra y han renunciado a una parte de ellas, precisamente en favor del consenso y de la clarificación y para trasladar un mensaje claro a la opinión pública del esfuerzo
que esta Cámara va a hacer para luchar contra esta importante lacra. En ese sentido, mi grupo se suma al consenso que se ha manifestado ya en ponencia y Comisión y que trasladamos hoy a este Pleno retirando una veintena de enmiendas que hemos
mantenido vivas hasta el día de hoy y manteniendo dos. La primera, que se refiere al sistema educativo y que nos parece estratégica, incorpora contenidos curriculares en relación con la igualdad entre hombres y mujeres como estrategia a medio y
largo plazo que puede permitirnos vencer este importante fenómeno. Se trata de la enmienda 325, que propone que en el nivel universitario también se desarrollen medidas en este sentido, porque en el resto de los ámbitos del sistema educativo ya se
recogen en el proyecto de ley, enriquecido a través de la ponencia y del dictamen de la Comisión.
La segunda enmienda, la 340, hace referencia a un aspecto que me parece vital si queremos tener éxito, y es el compromiso de los distintos ámbitos institucionales. Los que hemos ejercido funciones de gobierno en las comunidades autónomas
somos plenamente conscientes
de las siguientes consideraciones. Hemos conseguido un Estado descentralizado fundamentalmente en la gestión de los grandes problemas, pero las decisiones básicas de coordinación siguen estando en el ámbito de este Parlamento. En
muchísimas ocasiones aquí se legisla y se enuncian compromisos que luego tienen que ejecutar los ayuntamientos, las corporaciones locales y las comunidades autónomas, y si las iniciativas legales no van acompañadas por las fichas financieras
pertinentes, frustramos expectativas y esperanzas en torno a los cambios que se puedan producir conforme a esta ley. En la enmienda número 340, que mantenemos viva, pretendemos que, sin perjuicio de las responsabilidades que las comunidades
autónomas tienen en el ámbito de sus competencias, haya una estrategia, un mecanismo que nos permita evaluar el impacto del gasto de esta ley en las distintas comunidades autónomas y que permita que estas puedan ser informadas a través del
Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que tomen las medidas pertinentes. Nos parece vital que los compromisos que aquí se generen puedan ser ejercidos por los otros ámbitos institucionales de la
Administración del Estado, y para ello son fundamentales la lealtad institucional y los recursos financieros pertinentes. Por tanto, retiramos todas las enmiendas, exceptuando las números 325 y 340, que esperamos transaccionar con el grupo
mayoritario a lo largo del debate de esta mañana.
Finalizo mi intervención reconociendo la iniciativa del Gobierno por el liderazgo que pretende trasladar a la opinión pública, reconociendo el compromiso y el trabajo de todos los grupos parlamentarios a favor de esta ley y del consenso que
se ha alcanzado, y agradeciendo y felicitando de manera muy especial a las organizaciones de mujeres, protagonistas durante las últimas décadas de una lucha incansable en contra de este fenómeno que estamos convencidos de que con el compromiso del
conjunto de la sociedad, del conjunto de las instituciones y con el liderazgo de los grupos políticos podemos contribuir a erradicar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere manifestar en relación con el debate que estamos realizando sobre el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género, que sin duda hoy es un día importante, significativo y de una gran trascendencia no sólo para la mujer, desde nuestro punto de vista, sino para el conjunto de la sociedad. Lo digo convencida de ello, no como una frase
hecha y políticamente correcta, sino desde la reflexión y el análisis que hemos realizado como grupo parlamentario y habiéndolo compartido con el conjunto de entidades, asociaciones, grupos sociales, hombres y mujeres, en definitiva, toda la
sociedad.
Tanto Iniciativa per Catalunya como Izquierda Unida han llevado en su programa electoral, en varias legislaturas, la propuesta concreta de la elaboración de una ley de violencia. Nuestro grupo ha tenido la firme voluntad de apoyar esta
iniciativa desde el primer momento en que conoció la intención y después la propuesta del equipo de Gobierno de presentar un proyecto de ley orgánica con el objetivo de sacar del ámbito privado y familiar un problema que siempre ha sido social,
aunque durante muchos años no haya estado considerado como tal ni cultural ni políticamente.
Esto conlleva, por tanto, que la Administración pública y el Estado de derecho no pueden quedar ajenos a la violencia de género y que se debe legislar para
garantizar los derechos básicos, elementales, imprescindibles, como son la libertad, la igualdad, la seguridad y la no discriminación de ningún tipo. Es cierto, por eso, que no partíamos de cero y que nuestro Código Penal, y aún con más precisión
en las últimas reformas realizadas, ha incidido desde hace algún tiempo en distintos ámbitos civiles, penales y sociales a través de normativas y también con leyes, tal y como fue la aprobación de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la
orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. No podemos tampoco olvidar que desde hace años, con gran esfuerzo y voluntad concretada en partidas presupuestarias, algunas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos del Estado han
desarrollado planes, programas y actuaciones para abordar de la manera más directa posible las necesidades de las mujeres y de su entorno familiar. Y es necesario e imprescindible recordar también aquí hoy, como ya ha hecho algún grupo de los que
han intervenido, que las entidades y asociaciones de mujeres han sido en muchos casos las pioneras en la sensibilización y en la atención a las mujeres maltratadas y que llenaron un vacío tanto legal como de competencias no asumidas por la
Administración pública.
Quiero que quede constancia aquí del reconocimiento de mi grupo parlamentario, y el mío propio, a todo el trabajo realizado día a día, de forma solidaria y pocas veces agradecido y valorado en su medida. Sin duda, hoy
estamos debatiendo esta ley por la suma de muchas y muchas horas, esfuerzo, compañerismo y dedicación de mujeres de nuestro país y de muchos hombres que a ello se han sumado. Hoy estamos, entendemos nosotros, normalizando un poco más esta
situación, y con esta ley se concreta en gran medida el papel que deben tener el Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales y los organismos
de igualdad. Es un paso importante, como ya he dicho, señorías, que marcará sin duda un antes y un después.
Dicho todo esto, si ustedes me permiten, pasaré a detallar otras cuestiones significativas que mi grupo parlamentario desea que consten en el 'Diario de Sesiones'. En primer lugar quiero manifestar que queríamos una ley, pero también es
cierto que queríamos una ley tramitada con más tiempo y más posibilidad de análisis y reflexión. ¿Quiere decir esto que no hemos analizado o reflexionado? No, señorías. Quiere decir que el calendario de tramitación ha sido excesivamente corto y
que la experiencia ha de servir para que en próximas leyes de esta envergadura no vuelva a darse una dinámica de trabajo parlamentario tan rígida y tan limitada en tiempo y discusión. Nos gustaría que el Gobierno comprendiera que el papel que hemos
de realizar los diputados es precisamente el de participar, pero en mayúsculas, y colaborar en la mejora de las iniciativas que lleguen a la Cámara, y para eso se necesita un mínimo de tiempo y quizá más recursos que los que tenemos, sobre todo los
grupos minoritarios.
Ustedes saben que el 8 de junio los grupos parlamentarios recibimos el proyecto de ley, y si tenemos en cuenta el periodo de verano y que hoy estamos debatiendo en el Congreso el proyecto de ley, sin duda hemos de reconocer que ha sido un
proceso de extrema rapidez. En este punto, señorías, mi grupo parlamentario quiere expresar también que el trabajo realizado en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que se desarrolló el calendario de comparecencias durante el mes de
julio, ha sido, a nuestro entender, fructífero, enriquecedor y de un alto nivel, tanto en las comparecencias como -quisiera resaltarlo- en la colaboración e interés que todos los grupos parlamentarios hemos demostrado durante las sesiones y en la
relación y también en la camaradería que se dio entre todas las mujeres y todos los participantes en las comparecencias en la Comisión de Trabajo. Han sido sesiones que, por su contenido e interés, han llevado a una mejora del proyecto de ley que
se ha concretado en enmiendas presentadas por todos los grupos.
Señorías, mi grupo parlamentario presentó 64 enmiendas, referentes a la exposición de motivos, a los aspectos educativos, a los medios de comunicación, a las medidas integrales y a los servicios que debían desarrollarse. El total de
enmiendas aceptadas en el primer momento por el equipo del Gobierno, íntegras en nuestro caso, fueron seis y nos sentimos también representados en más de 10 enmiendas que se plantearon como transaccionales y finalmente como enmiendas del Grupo
Socialista que se integraron en el dictamen que hoy se trae a votación. Creemos que el dictamen que se trae a votación ha sido, sin duda, mejorado y enriquecido con las enmiendas realizadas por todos los grupos parlamentarios y por las aportaciones
que se han ido haciendo en las comparecencias. De nuestras enmiendas quisiéramos resaltar aquellos aspectos que valoramos como más significativos y que a nuestro entender dan a esta ley un plus de consistencia y de compromiso, que son los
siguientes. En primer lugar, el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas, al que se refiere la enmienda 146, que se recoge en la exposición de motivos.
También el principio de transversalidad en las medidas y en las
actuaciones, un hecho fundamental para asegurar que las políticas para la prevención y la atención de las mujeres víctimas de violencia serán realizadas atendiendo la diversidad de las necesidades que este problema plantea, y las competencias
transversales de quien corresponda. Ya en el título III del preámbulo de la ley, la concreción que garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada a través de servicios de atención permanente y que haya quedado
recogida, explícitamente y en diferentes apartados, la igualdad en el acceso a los servicios y a los recursos para las mujeres con problemas de discapacidad, incluido el lenguaje de signos. El valor y la importancia que se le otorga al sistema
educativo y a la capacidad que puede tener para influir en los cambios de valores, capacidad que no es exclusiva sino que realmente es de toda la sociedad, pero muy importante la del sistema educativo. La importancia de las medidas de coordinación
y actuación sanitarias y, de manera especial, que se hayan concretado cualitativamente los apartados del derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita. Pero sobre todo resaltamos la importancia de que
se concreta asignación presupuestaria y, por tanto, compromiso financiero, que es importante, necesario y fundamental para hacer creíble esta ley. Valoramos también muy positivamente las enmiendas recogidas sobre la tutela penal y que han mejorado
sustancialmente el texto inicial, así como las propuestas de la redacción del artículo 153 del Código Penal. En concreto, nuestro grupo celebra que el texto recoja también el concepto de persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
Creemos que esta última redacción no perjudica en absoluto a la mujer y permite que en aquellos casos en que sea necesario otras personas vulnerables puedan acogerse a esta ley.
Valoramos como cuestión muy importante que la mujer inmigrante tenga
las garantías de ser atendida exactamente igual, con los mismos derechos y sin correr el peligro de tener problemas con la justicia por su condición legal en el país.
Señorías, podría seguir, pero eso significaría hacer un repaso a todos los artículos de la ley, una ley que sin duda es mejorable, que no será por sí sola la panacea ni la garantía absoluta de la erradicación de la violencia, pero que a
pesar de eso, señorías, después del trámite parlamentario, ha dado como resultado una muy buena propuesta de ley orgánica. No obstante, mi grupo va a mantener una enmienda que ahora pasaré a defender, en concreto la número 159, y presenta también
un texto transaccional con el Grupo Socialista, que se ha entregado
a la Presidencia, referente a la ampliación del artículo 15 y que hace, por tanto, decaer la enmienda número 171, que respondía a este artículo.
También informo que hago decaer el resto de las enmiendas, salvo la número 159.
La enmienda que voy a defender se refiere a la sensibilización, prevención y detección y recoge dos puntos. Primero: Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán campañas de información y sensibilización con el fin de
prevenir la violencia de género. Segundo punto: Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos
vulnerables.
La enmienda que nosotros presentamos dice concretamente: Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado, y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un
plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género que, como mínimo, recoja los siguientes elementos: que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad entre hombres y mujeres así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad conforme a los principios democráticos de convivencia, todo desde la perspectiva de las relaciones de género; que vaya dirigido tanto a
hombres como a mujeres desde un trabajo comunitario intercultural; que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones; que esté controlado por una comisión de
amplia participación, que se creará en el plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos
temas. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de
violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas discapacitadas. Entendíamos que el proyecto de ley quedaba muy flojo en cuanto a los planes de sensibilización y por eso mantenemos esta enmienda, la número
159.
Por último, para no extenderme más, quisiera informar sobre la enmienda transaccional que hemos acordado con el Grupo Socialista, que está relacionada con la disposición adicional decimotercera y que está redactada de la siguiente manera:
Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 15 de esta ley y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta ley se
dotará un fondo al que podrán acceder las comunidades autónomas de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva conferencia sectorial. Nosotros añadimos este apartado: Las comunidades autónomas, en uso de sus
competencias, durante el año siguiente a la aprobación de esta ley, realizarán un diagnóstico conjuntamente con las administraciones locales sobre el impacto de la violencia de género en su comunidad así como una valoración de necesidades, recursos
y servicios necesarios. Todo ello con el objeto de implementar el artículo 15 de esta ley, que recuerdo que es el del derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Para finalizar, señorías, repetiré de nuevo que hoy se está aprobando una ley necesaria, que una vez incorporadas las enmiendas y las mejoras técnicas por parte de todos los grupos parlamentarios ha mejorado sustancialmente y que aún podrá
mejorar sin duda en el trámite parlamentario del Senado. Hemos de felicitarnos el conjunto de la Cámara y el conjunto de la sociedad, ya que esta ha colaborado de formas muy diferentes desde hace muchos años. Este no es un punto final, sino que
debería ser el inicio de una nueva etapa, con compromisos de la Administración pública y del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Acabo, señor presidente.
No serviría de mucho si no conseguimos que el conjunto de la sociedad comparta la filosofía y el espíritu de esta ley, que la haga suya y que se convierta en su cómplice y aliada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el de hoy es un debate importante. Es un día feliz para quienes durante tanto tiempo hemos luchado por la consecución de una ley integral contra la violencia de género. Iba a comenzar felicitándome de la presencia en la Cámara de
dos ministros, pero justo en este momento se han ausentado ambos. No es habitual que esto ocurra -la presencia- en un trámite como el del dictamen de Comisión y la verdad es que se agradece el gesto. Sin embargo, la andadura del texto de la ley no
empezó bien. Mi formación política se ha quejado de la falta de participación institucional que se dio en los inicios de la elaboración del anteproyecto y, después, del proyecto de ley. No existe corrección jurídica alguna en la transformación en
un mero trámite de audiencia a las comunidades autónomas de lo que debió ser la búsqueda de la cooperación normativa con las instituciones autonómicas. En el paso por la Cámara ha habido desvelos importantes en todos los portavoces de todas las
formaciones políticas, pero singularmente
merece la pena señalar los de las portavoces y el portavoz socialista, teniendo en cuenta que son el grupo mayoritario y quienes estaban en condiciones de aceptar o no, de transigir o no con las demás formaciones políticas, lo que quiero
ejemplificar especialmente en la persona de Julio Villarrubia, con quien tantos quehaceres he compartido en esta Cámara.
Dicho esto, para nuestra formación política la valoración general de la ley es positiva. Entendemos que estamos ante una ley oportuna y necesaria que trata de dar respuesta a la manifestación de una de las vulneraciones más graves de los
derechos humanos, la violencia ejercida contra las mujeres, que afecta no sólo al principio de igualdad, sino también a la dignidad y al propio derecho a la vida y a la integridad física. Nos parece bien y hemos apostado por que la ley se llame de
violencia de género, si bien hemos sido acusados desde distintas instancias -Academia incluida- de violentar el idioma. Nos parece que el idioma también debe evolucionar y que el término género está documentado hasta la saciedad en el sentido de
conjunto de diferencias entre ambos sexos. En ese sentido nos hemos movido en la tramitación, en que el proyecto debe ser común, tiene que ser de todas las formaciones políticas para que el proyecto pueda ser eficaz. De ahí nuestra actitud en los
trámites y sobre todo en este momento con la importante retirada de enmiendas, fruto de las negociaciones habidas en el último momento con la formación mayoritaria.
Voy a hacer referencia a una de las enmiendas que mantengo, por ser significativa en cuanto a la falta de respeto a las competencias propias de las comunidades autónomas. Es la enmienda número 111, referida a la disposición final
decimoquinta en origen, ahora disposición final 7.3.
Contenía la previsión de que el Estado y las comunidades autónomas tenían que adaptar su normativa para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la presente ley y creíamos que esta
previsión era contraria a la autonomía política, dado que ignoraba que a la función legislativa autonómica le corresponde realizar su ordenación social propia y no es el único papel de ejecutor de la política que le vaya siendo señalada por las
competencias estatales. Esta ley, señorías, no puede sustituir en ningún caso la delimitación competencial que transparenta la Constitución y los estatutos de autonomía. Si esta enmienda es aceptada, como se nos ha prometido, quedan muy
salvaguardadas las competencias propias de las comunidades autónomas.
Me referiré ahora, aunque sólo sea esquemáticamente, a distintos ámbitos sectoriales. En relación con el educativo, presentamos las enmiendas 66 y 67, que en gran medida han quedado asumidas y que nosotros hemos interpretado en el sentido
de que la ley dice lo que puede decir. Está haciendo uso de las competencias que al Estado le confiere el artículo 149.1.30 de la Constitución y esto es correcto. Otra cuestión es que esa normativa que dicte el Estado se haga o no con el consenso
de las comunidades autónomas, que en este caso ni siquiera habían sido oídas, pero esto puede ser corregido, tal y como recomienda el Consejo de Estado en su dictamen. Las comunidades autónomas pueden adoptar también medidas legislativas, no sólo
ejecutivas, que entiendan necesarias para abordar la violencia de género en el ámbito escolar. Eso finalmente la ley lo permite y ha quedado bien. Los artículos 13 a 16 aluden al derecho de las mujeres víctimas de la violencia a una asistencia
social integral. En este tramo, de las enmiendas 71 a 77 que sosteníamos fueron aceptadas ya en el informe de la ponencia en un número importante. Particularmente es satisfactorio para nosotros la aceptación de la enmienda número 76, que deberá
ser corregida en el dictamen de la Comisión, ya que una parte de ella ha desaparecido, aunque se nos ha manifestado que se trata de una corrección meramente técnica y que será subsanada. En ella se hace referencia, respecto de la dotación del fondo
que la ley prevé crear, a que se salvaguardan las posibilidades o los niveles en el sistema de financiación propio que tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del sistema de concierto, o la Comunidad Foral de Navarra, a través de su
sistema de convenio. Nos parece especialmente sensible el reconocimiento de esta cuestión y nos satisface mucho que ya se haya incorporado al dictamen de la Comisión.
Por lo que hace referencia a las ayudas sociales, se sigue produciendo algún solapamiento, si se me permite utilizar esta expresión, alguna confusión entre la materia de empleo y trabajo y la materia servicios sociales, cuando son títulos
competenciales distintos. A pesar de ello las transacciones que se han ido efectuando despejan este panorama y creemos que está trabado con el suficiente cuidado para que queden salvaguardadas las competencias propias de las comunidades autónomas.
En vivienda, igualmente se ha hecho al final caso a las observaciones que al respecto hacía el Consejo de Estado, entendiendo que la capacidad normativa en este caso corresponde a las propias comunidades autónomas y que debe haber remisión expresa a
los términos en que esta legislación sea aplicable, legislación autonómica, insistimos, que no estatal.
Pretendíamos -quizá lo volvamos a intentar en el Senado- una formulación genérica antes de llegar a la protección institucional. Nos parece que
la ley peca de monopolizar en manos del Estado todos los instrumentos a través de los cuales deberá instrumentarse esta protección institucional.
Contemplar el elenco de administraciones públicas, de poderes públicos llamados a esta protección
institucional hubiera sido bueno y en tal sentido pretendíamos establecer un artículo 24 bis previo, que volveremos a intentar introducir en el Senado. De la misma manera tengo que manifestar que el hecho de que el órgano que se crea se llame
observatorio nacional no nos hace especialmente felices a quienes creemos
que nación hay más que una. Con todo, en este momento no haremos causa de esta cuestión.
Mantenemos nuestra enmienda número 86, con un texto que presentamos como transaccional y que creemos que ha sido aceptado para su tramitación por todas las formaciones de la Cámara, en el sentido de que, cuando se habla de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que hacen referencia, según la dicción de la Ley de Cuerpos y Fuerzas, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, haya previsión expresa respecto de las policías autonómicas, tal y como se establece en la disposición
adicional de la ley que he mencionado, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley 2/1986, y también a las leyes propias de la Policía. Insisto en que el texto, tal y como está redactado y que será ofrecido a la Mesa de la Cámara y a
SS.SS., ha sido objeto de aceptación expresa por la formación mayoritaria y permiten su tramitación el total de las fuerzas políticas presentes en la Cámara.
No puedo concluir mi intervención sin hacer alguna referencia a la materia penal, que ha sido quizás la que ha dado más que hablar en el debate mediático de la iniciativa de que se trata. Nuestra formación política sí entiende que existe
una especificidad del fenómeno violencia de género que puede justificar un tratamiento específico, que además creemos que tiene las siguientes ventajas: expresa la singularidad de la lesividad del maltrato a las mujeres y asocia al delito de
maltrato a la mujer consecuencias jurídicas ajustadas al fenómeno, tanto en la previsión de medidas cautelares -orden de protección- como de penas complementarias o posibles medidas de seguridad. Y en tercer lugar, el seguimiento estadístico de los
concretos delitos de maltrato contra la mujer, diferenciándolos de otras violencias que también se puedan producir en el seno del ámbito doméstico.
Nos pareció menos congruente utilizar distintos criterios de delimitación del sujeto, previstos en el artículo 173 y en el 153, y en tal sentido articulamos enmiendas. De la misma manera nos hubiese gustado que existiese -lo volveremos a
intentar en el Senado; en este momento retiramos nuestra enmienda- algo parecido a lo que prevé nuestra enmienda número 88: establecer alguna agravante genérica que permitiese apreciar que la clave no está en que el sujeto activo sea hombre y el
sujeto pasivo sea mujer, sino en que la conducta de maltrato constituya la creación de un clima de sometimiento, de vejación, de erosión de la autoestima o de temor idóneos para esa sumisión. Creemos que este es el tenor con el que ha venido
expresándolo la línea jurisprudencial más reciente, referida antes al artículo 53 y hoy al 173. Que hubiese una previsión en este sentido con el carácter de genérica nos hubiera parecido bien, pero en este momento nos conformamos con el texto tal y
como ha quedado.
Nos ha sido aceptada nuestra enmienda 89, en la que se incluye la previsión de la alevosía, y sí me gustaría hacer un llamamiento a otra cuestión respecto de la que mi grupo no formuló enmiendas, pero que le inquieta especialmente como ha
quedado en el texto. Me refiero, señorías, al quebrantamiento de condena. En su comparecencia en las sesiones previas, la profesora Elena Larrauri aludió a por qué existen tantas mujeres maltratadas que retiran las denuncias. Si retiran las
denuncias, señorías, y las retiran, con más motivo van a ser ellas mismas cómplices de estos quebrantamientos de condena. En muchas ocasiones, el condenado querrá acercarse a su pareja por motivos vinculados a las posibles visitas familiares o por
cualesquiera otros y la propia víctima lo consentirá. ¿Se van a abrir diligencias penales por todas estas causas? ¿Se les van a aparejar las gravísimas consecuencias de pena que aparecen en el texto de la norma? Nos parece que hay que revisar
cómo queda esta cuestión porque quizás vaya a ocasionar más problemas en vez de solucionar lo que pretende.
La existencia de juzgados específicos no nos hacía especialmente felices, pero intentamos aquilatar la distribución competencial que respecto de ello se hacía, y creemos que justo es que en este apartado de la ley se haga especial mención a
la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem, experta abogada de familia, que tanta contribución ha hecho a que se introduzcan elementos de sensatez en lo que se pretende atribuir como competencia a estos
juzgados. Nos quedamos ella y yo, su grupo y el mío, con la promesa de que además, cuando se regulen las uniones de hecho estables, se va a atribuir también a estos juzgados la posibilidad de conocimiento de las cuestiones que sean conexas con este
tipo de uniones.
He aludido ya a que mantengo la enmienda número 111, en relación con las normas que se modifican, que nos satisface especialmente, en cuanto denota reconocimiento de una sensibilidad autonómica, y nos hubiera gustado que se recogiesen las
enmiendas 197 y 198, que son del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre tratamientos preventivos o alternativos a la pena. Algo ha quedado recogido en el artículo 28 bis a) quáter, pero es otra de las
asignaturas que quizás nos queden como pendientes para darle un giro de perfección en el Senado.
Concluyo, señorías, señor presidente. Nos parece que el valor de la Ley integral de medidas contra la violencia de género reside en que se plantea estrategias a medio y a largo plazo, dirigidas a incidir sobre el imaginario colectivo y
sopesar los patrones culturales de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Dada la pléyade de instrumentos que introducimos en esta modificación sustantiva, penal y procesal, creemos que lo procedente es que luego nos demos un tiempo mínimo para
poder evaluar sus efectos. En reciente reunión con el Consejo General de la Abogacía se nos achacaba a los portavoces parlamentarios, a los ponentes de las normas, que todos asumamos con gusto ser quienes
hemos participado en la elaboración de una norma, norma que puede ser correcta, y me ponían el ejemplo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero luego todos somos más renuentes, estamos más remisos a aceptar que esas leyes, con el paso del
tiempo, evidencian que existen problemas y requieren correcciones. Resulta mucho menos vistoso haber participado en las correcciones que se introduzcan en una determinada norma. Nos parece que en ésta esto va a ser necesario y debe quedar como
asignatura pendiente. Ver cómo funciona y, si es preciso retocar o enderezar, que lo hagamos en el tiempo venidero. Para ello se crean instrumentos de seguimiento de todo lo que haya de ser el control o las medidas que se establecen en esta norma
integral contra la violencia de género. Con ese espíritu participa nuestro grupo y por tanto vamos a dar nuestro voto favorable a esta norma, manteniendo únicamente en este trámite dos enmiendas que someteremos a votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor president.
Señoras diputadas, señores diputats, ante todo desde Esquerra Republicana queremos mostrar nuestro agradecimiento a los colectivos individuales que han colaborado invirtiendo tiempo, esfuerzo y esperanzas en la presentación de enmiendas al
proyecto de ley contra la violencia de género. Han sido sumamente interesantes las comparecencias ante la Comisión -maratonianas, por cierto- de distintos expertos y representantes de distintos colectivos. Solamente lamentamos que por problemas de
calendario no se hayan podido realizar todas las comparencias solicitadas. Esta ley, efectivamente, ha despertado gran expectación y creemos que ha sido uno de los proyectos en los que la ciudadanía prácticamente se ha volcado a participar. Se
espera de la futura ley que sea el detonante de un cambio en nuestra sociedad, un cambio que signifique el paso de una sociedad patriarcal, con una separación de papeles muy definida, donde la mujer ha tenido secularmente un papel secundario, hacia
una sociedad más igualitaria, más justa, más republicana. Precisamente cuando más mujeres avanzan en esta lucha hacia la paridad, hacia la plena igualdad, es cuando aumentan las expresiones violentas por parte de hombres que no están preparados
para asumir este cambio. Se espera de la futura ley, aparte de una protección integral de las víctimas, un esfuerzo en todos los ámbitos formativos, para cambiar las mentes de los futuros ciudadanos y ciudadanas, que se formen en el respeto a la
diversidad y que posibilite a niñas y niños desarrollar sus potenciales en libertad.
La urgencia en tramitar este proyecto de ley nos parece que no irá en su beneficio. Las aportaciones de los distintos grupos hubieran merecido una discusión más profunda. Es posible que, debido a las prisas, algunas de las enmiendas que no
se han considerado hubieran contribuido a mejorar la ley. No entendemos muy bien las razones para correr tanto en el trámite de este proyecto, precisamente cuando los cambios que se proponen en los distintos ámbitos son cambios de profundidad y sus
efectos son a medio y largo plazo. Reconocemos sin embargo el esfuerzo realizado por llegar al máximo consenso. De las más de 50 enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, la mayoría han sido recogidas en el dictamen, ya sea directamente o
incorporadas a enmiendas de otros grupos. Las que no se han podido transaccionar por falta de tiempo se tramitarán en el Senado; eso pasa con la enmienda 358, donde proponemos medidas de acción positiva para fomentar la visión positiva de la mujer
en los medios de comunicación y aumentar su visibilidad como miembro activo de la sociedad y protagonista de la historia de la humanidad.
Queremos tramitar también el reconocimiento de la violencia económica. Nos preocupaba en el texto original la poca participación de las comunidades autónomas. En Cataluña y Valencia, los órganos con competencia exclusiva en políticas de
igualdad son el Institut Català de la Dona y el Institut Valencià de la Dona respectivamente. Varias enmiendas presentadas al texto original en este aspecto se han consensuado, con el resultado de un texto que contempla las competencias y establece
la cooperación de las distintas comunidades autónomas y los órganos centrales del Estado. Se han incorporado enmiendas de Esquerra Republicana en el ámbito sanitario, en la garantía de los derechos de las víctimas, esencialmente en el artículo 15,
del derecho a la asistencia social integral, que ha sido sustancialmente mejorado. Este capítulo es sumamente importante, ya que sin el apoyo solidario de la sociedad, las mujeres víctimas de violencia de género no serán capaces de afrontar su
situación y liberarse. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) En asistencia jurídica se ha admitido nuestra enmienda en cuando a la inmediatez de la gratuidad de la defensa jurídica.
Otra enmienda admitida que considerábamos importante era la relativa a la inclusión de derechos laborales para las mujeres trabajadoras por cuenta propia. Lamentablemente, no se ha podido incluir en este capítulo a las mujeres trabajadoras
por cuenta ajena en regímenes especiales. Es un colectivo económicamente muy vulnerable, al que deberá prestarse atención, no sólo en los casos de violencia de género sino en general, cuando se revise la legislación laboral. Una enmienda que hemos
presentado todos los grupos pero que a pesar de ello hemos retirado es la referida al límite de 55 años para recibir ayuda en forma de pago único.
Entendemos las razones presupuestarias, aunque no renunciamos en un futuro a mejorar las prestaciones
sociales. Esta ley supondrá un encomiable esfuerzo
presupuestario, pero en nuestro criterio es necesario para conseguir nuestro objetivo de erradicar la violencia de género. Es más, no lo consideramos un gasto, sino una inversión de futuro. Así, de las enmiendas presentadas, queremos que
se voten sólo las enmiendas número 349, 362 y 378. La 349 se refiere al artículo 4. Proponemos añadir un apartado 7 en los siguientes términos: Las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e
investigación, en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. El citado artículo 4 del proyecto de ley hace referencia a la educación primaria, secundaria y formación de adultos, pero se olvida de la universidad, que es un ámbito
importante, porque no es el paradigma de la igualdad. Diferentes estudios denuncian situaciones de marginación, de diferencia de trato y de discriminación dentro de la universidad.
Teniendo en cuenta que en la universidad van a formarse
importantes dirigentes de la sociedad política, económica y social, es de máxima relevancia que se tenga en cuenta el ámbito universitario no solamente en la docencia sino también en la necesidad de investigación.
La segunda enmienda, la 362, se refiere al artículo 12. Es una enmienda de adición, que dice: La comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas
las comunidades autónomas con competencias en la materia. En el artículo 12, la ley prevé la constitución en el seno de dicho Consejo de una comisión contra la violencia de género, pero no se establece su composición. Sanidad es una competencia
compartida, correspondiendo a la Generalitat catalana y valenciana el desarrollo ejecutivo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad. El Govern de las Illes Balears tiene como competencia exclusiva la sanidad e
higiene y el desarrollo legislativo y ejecución de la coordinación hospitalaria, incluida la competencia exclusiva sobre el fomento de la mujer. Consideramos esto suficiente argumento para regular que necesariamente la composición de la comisión
constituida dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe contar con representantes de todas las nacionalidades y comunidades autónomas con competencia en la materia.
La tercera enmienda, la 378, es de sustitución al artículo 26.1, en el que se regula la constitución del observatorio nacional de la violencia.
Proponemos sustituir nacional por estatal, ya que el Estado español está constituido por
diferentes naciones. Creemos que para un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo con funciones de colaboración institucional es más adecuado el adjetivo estatal.
En aras del consenso retiramos el resto de las enmiendas. Esquerra Republicana se manifiesta favorable a este dictamen. Es más, creemos que es un paso importante. Este proyecto de ley integral está siendo observado con interés desde otros
países, ya que la violencia de género, desgraciadamente, afecta a todos los países de la Unión Europea y el Estado español está siendo pionero y posiblemente modelo para otros países. Nuestro grupo ha querido ser participe de este proyecto, que
posiblemente es mejorable. He mencionado que hubiéramos deseado debatirlo más profundamente, aunque entendemos que no nos podemos entretener mucho.
La terrible situación de las víctimas calladas necesita que los mecanismos previstos por la ley se
pongan en marcha cuanto antes. Nuestro voto es un voto de confianza al grupo proponente. Esperemos que no nos defrauden, no tanto a nosotros como grupo parlamentario, sino a todas las mujeres que trabajan para conseguir una sociedad más justa, más
libre y más igual.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás.
Muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió compartimos la necesidad de este proyecto de ley integral, necesidad que nace del convencimiento tantas veces por nosotros expresado de que la lacra social que es la violencia de género exige la
articulación y la implementación de instrumentos que puedan ser eficaces para dar un vuelco a la realidad, una realidad trágica que nos habla de decenas de mujeres muertas cada año -aunque para nosotros evitar una sola muerte merecería todos los
esfuerzos posibles- y una realidad cuya magnitud se refleja también en los varios miles de mujeres que en un solo año han solicitado ser amparadas a través de una orden de protección.
El proyecto que estamos debatiendo es un instrumento que no nace de la nada -se ha dicho hoy aquí- puesto que, por un lado, y tal como muy bien se recoge en la exposición de motivos, continúa, refuerza y complementa las medidas que todos los
grupos parlamentarios, sin excepción, por unanimidad y por consenso, aprobamos la pasada legislatura. Por otro, presentarlo como absoluta novedad sería no reconocer el esfuerzo que todas las administraciones, todas, y de todos los colores
políticos, y especialmente las autonómicas y las municipales, han hecho, articulando cuantas soluciones han podido al respecto, muchas veces con insuficiencia de recursos, que han suplido con dedicaciones personales verdaderamente encomiables y que
sería injusto ahora olvidar. Es un instrumento que presenta a nuestro entender dos importantes novedades: en primer lugar su forma integral, pues aborda en un solo instrumento el completo y complejo conjunto de aspectos que interrelacionan en la
violencia de género, desde la
detección de las primeras agresiones físicas o psíquicas hasta el enjuiciamiento y la punición, pasando naturalmente por todos los niveles -la educación, la prevención, la formación de todos los profesionales que intervienen en el proceso,
la información, la protección social, jurídica y sanitaria, y la recuperación integral de las víctimas y de sus hijos-.
En segundo lugar, algo que se presenta también como novedad y que nos parece fundamental como es pasar de la concepción un tanto
asistencial que tenemos a un reconocimiento de derechos sociales, lo cual, además de suponer una profundización siempre conveniente de los derechos de ciudadanía, requiere, tal como se recoge en el proyecto, una dotación económica que esperamos que
sea suficiente, porque a nadie se le oculta que los derechos reconocidos en una norma con rango de ley como la que estamos viendo son claramente exigibles al obligado a prestarlos y no meramente graciables.
En definitiva, es un proyecto ambicioso, en el que el Gobierno ha querido visualizar la importancia que daba, que da, a la necesidad de actuar con renovada energía para erradicar la violencia de género, que es un objetivo al que desde
Convergència i Unió nos sumamos y compartimos, en coherencia con lo que ha sido y es toda nuestra acción política. No obstante entendemos que la importancia que a esta ley dan en su discurso tanto el Gobierno como el Grupo Socialista casa mal o no
casa bien con la precipitadísima tramitación que han impuesto. Hubiera sido a nuestro entender mucho más adecuado y acorde a la importancia y complejidad de este proyecto tener el tiempo necesario para poder defender y debatir con mayor sosiego las
numerosísimas enmiendas que los grupos hemos presentado. Tantas enmiendas no se han hecho con ningún ánimo de obstaculizar, al menos por nuestra parte, sino precisamente por el interés de contribuir a la mejora de este proyecto, recogiendo la
valiosa información e introduciendo las propuestas que nos han hecho los numerosos expertos y expertas en sus comparecencias en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y también las que nos han hecho llegar numerosos colectivos y que desde
Convergència i Unió queremos especialmente agradecer. Estas objeciones procedimentales no impiden que reconozcamos el esfuerzo personal que bilateralmente con los grupos, al menos con nuestro grupo, con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), han ido realizando estos últimos días y hasta el último minuto los ponentes del Grupo Socialista para acercar posiciones y llegar a acuerdos que permitieran consensuar un texto que todos pudiéramos votar, un esfuerzo que desde Convergència
i Unió no queremos dejar de valorar porque como fruto del mismo se ha podido llegar a transacciones satisfactorias para nosotros, ya que bien en su literalidad, bien en su sentido y en su espíritu, constatamos que muy buena parte de las enmiendas de
Convergència i Unió han sido aceptadas e introducidas en el texto. Así, y por mencionar algunas, nos reconocemos en la modificación del texto que hace referencia a la imperativa transversalidad de todas las medidas del proyecto, en el sentido de
que hay que tener en cuenta la especificidad de todas las mujeres, introduciendo de esta manera la dimensión de la discapacidad y de la vulnerabilidad en todas las políticas que se regulan, objeto de muchas de nuestras enmiendas y que ya no tiene
sentido mantener. Nos reconocemos también en la generalización de la necesidad de especialización de los colectivos profesionales que intervienen a lo largo de todo el proceso, superándose así el texto inicial, que preveía sólo la especialización
de alguno de ellos. Por otra parte, coincidimos con otros grupos en la necesidad de introducir la formación en todas las etapas, también en la universitaria, que todavía no está recogida en el proyecto, aunque en este punto, y en aras de la
coherencia de redacción, no mantenemos la literalidad de nuestra enmienda, sino que anunciamos que vamos votar afirmativamente la enmienda que se ha mantenido en este sentido.
El texto ha mejorado, tanto en el respeto competencial como en la observación del principio de lealtad institucional en cuanto a los recursos. Las competencias de muchas de las medidas que aquí se articulan son de las comunidades autónomas
y, por lo tanto, era preceptivo que así se recogiera. En este punto consideramos introducidas globalmente en el texto nuestras enmiendas y, por lo tanto, no las vamos a mantener. No obstante, sí vamos a mantener la enmienda número 400 en su
apartado primero, porque consideramos que, tanto el derecho que se reconoce a las víctimas en el proyecto a cambiar de localidad manteniendo el puesto de trabajo, como las que cambien de lugar de residencia por razón de padecer violencia y huir de
ella, plantean la necesidad de la escolarización inmediata de sus hijos e hijas. Y, tal y como se sugirió en el informe del Consejo de Estado, esto debía quedar regulado en el proyecto y preverse por las administraciones competentes. Por lo tanto,
mantenemos nuestra enmienda 400 en su apartado primero. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Respecto a otros temas de carácter competencial, coincidimos con el planteamiento que han defendido algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Señalo como ejemplo el riguroso trabajo que ha hecho Margarita Uría
en una mejor articulación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En aras de la coherencia de la redacción del proyecto, retiramos la literalidad de nuestras enmiendas y vamos a apoyar las que se han defendido aquí en el mismo sentido.
Por lo que se refiere al tratamiento penal, Convergència i Unió -todos ustedes lo saben- veía mejor abordarlo a través de una agravante genérica por sexismo o dominación que, a nuestro modo de ver, tenía un mejor acomodo en nuestro sistema
jurídico penal, pero tampoco lo manteníamos como una postura inamovible
y habíamos formulado enmiendas alternativas que respetaban los tipos que el proyecto proponía modificar. Por ello, y sin ser a nuestro juicio la solución óptima, valoramos positivamente la redacción transaccional del Grupo Parlamentario
Socialista que incluye como sujetos pasivos de los tipos agravados además de a las mujeres, a las personas especialmente vulnerables, lo que da cabida, además de a los hijos y a las hijas, a las personas mayores, a las que padecen alguna
discapacidad y a todos aquellos en quienes el juzgador aprecie circunstancia de especial vulnerabilidad. Se trata de una nueva redacción que esperamos contribuya definitivamente a pacificar las objeciones, a nuestro entender un tanto
distorsionadas, de hipotética inconstitucionalidad. En el mismo sentido hemos de pronunciarnos respecto a los nuevos juzgados de violencia contra la mujer. Convergència i Unió prefería mantener las jurisdicciones civil y penal separadas, eso sí,
debidamente coordinadas por la Fiscalía.
También habíamos presentado enmiendas alternativas por si se mantenía, como se ha hecho, el diseño del proyecto. En este sentido, vemos introducidas nuestras enmiendas, especialmente en lo que se refiere a
sustraer del conocimiento de estos juzgados materias que, a nuestro juicio, tienen nula conexión con la violencia, como es el conocimiento de la capacidad de las personas o la prodigalidad. No obstante, mantenemos, además de la mencionada enmienda
400 -apartado 1- a la que ya he aludido, las enmiendas 431 y 443, de introducción de un nuevo apartado 3, con el texto transaccional que hemos ofrecido por escrito a los grupos y a los servicios de la Cámara.
La enmienda 431 hace referencia a la necesidad de que en todos los casos en que haya violencia de género quede vedada explícitamente la mediación.
Es evidente que en los casos de violencia no hay igualdad entre las partes, por lo que la
mediación es absolutamente inadecuada, tal como se sostiene en todos los foros especializados. A pesar de ello, aún existen situaciones en las que se reconduce a la mediación aunque haya violencia, por lo que mantenemos la necesidad de que quede
expresamente vedada la misma. Por último, la enmienda 443 propone la introducción de un apartado 3, nuevo, a la disposición adicional primera, una disposición que hace referencia a que el condenado por delitos de homicidio o lesiones no pueda
cobrar la pensión de viudedad. Nosotros proponemos que esta persona tampoco pueda ser beneficiario o administrador de la pensión de orfandad que puedan percibir sus hijos. Consideramos necesario proteger la situación de los hijos y de las hijas de
las mujeres fallecidas, que muchas veces quedan viviendo con los abuelos maternos o con otras personas de su entorno familiar que no son los que pueden administrar la pensión de orfandad, ya que, legalmente, el administrador de los bienes de los
hijos sigue siendo, hasta la privación de la patria potestad, el padre, que es precisamente la persona condenada por un delito grave de violencia de género, lo que, como todos pueden imaginar, da lugar a situaciones de abuso que es necesario
corregir.
Quedan fuera del proyecto cuestiones de no menor importancia, como la creación de un fondo de alimentos impagados, tantas veces demandado por CiU, por el Grupo Socialista y por otros grupos, y queda fuera también el que estos nuevos juzgados
puedan conocer de los asuntos civiles derivados de la ruptura de las parejas de hecho, a lo que ya ha aludido la portavoz del Grupo Vasco Margarita Uría. No obstante, aceptamos que quizás estos son temas que exceden del marco que aquí estamos
tratando porque afectan a muchas más mujeres, hijos y parejas de hecho, y no sólo a los que padecen violencia. Por eso, y en aras del consenso, aceptamos tratarlo fuera, aunque anunciamos ya iniciativas al respecto.
Finalizo, señor presidente. Señorías, este proyecto no es, evidentemente, el proyecto literal que hubiera propuesto Convergència i Unió y tampoco es la tramitación que hubiéramos deseado, pero después del resultado de las últimas
negociaciones hemos de manifestar que vemos aceptadas, bien en su literalidad, bien en su espíritu, un número sustancial de las enmiendas que habíamos presentado, por lo que, con excepción de las expresamente mencionadas, no mantenemos las demás,
sin que me pueda comprometer a no reintroducir alguna en el trámite que queda en el Senado a resultas del texto que finalmente se apruebe aquí. En todo caso, y no renunciando tampoco a presentar más adelante iniciativas que puedan mejorar o incluso
corregir lo que de este proyecto se revele insuficiente o ineficaz después de su entrada en vigor, anunciamos que vamos a dar nuestro apoyo al proyecto por compartir especialmente su objetivo y su necesidad.
No quiero terminar sin que conste el agradecimiento de Convergència i Unió a todos los servicios de la Cámara, y especialmente al letrado don Ignacio Gutiérrez; su buen y mucho trabajo han sido imprescindibles en toda esta vertiginosa
tramitación y creemos que es de justicia que conste así en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, quiero agradecer y saludar, en primer lugar, la presencia de asociaciones y colectivos de mujeres que hoy nos acompañan, y muy especialmente agradecer el trabajo de todas y cada una de los
expertos que han comparecido en la Comisión de Trabajo y cuyas aportaciones han sido fundamentales para la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos parlamentarios y que mejorarán sin duda el texto de la ley.
Comenzamos hoy el debate parlamentario del proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Digo que comenzamos porque esta es la primera y última ocasión que los grupos parlamentarios tenemos para manifestar nuestra opinión
sobre el texto remitido por el Gobierno y para la posible defensa de nuestras enmiendas. La tramitación de este proyecto de ley ha sido atropellada, precipitada e irrespetuosa con los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista ha
hecho todo lo posible por obviar el debate y no ha hecho ningún esfuerzo por alcanzar el consenso más allá de ofrecer unas cuantas enmiendas transaccionales sobre aquellos aspectos en los que le ha interesado hacerlo.
Como ustedes conocen, señorías, el órgano parlamentario para facilitar el diálogo y buscar consensos es la ponencia. Pues bien, todas SS.SS. deben saber que en este importante proyecto sólo hemos tenido la oportunidad de reunirnos durante
menos de dos horas en una única ponencia. Esta es la importancia que se le ha concedido a esta importante ley por parte del Partido Socialista. El diálogo que en su momento nos anunció en esta Cámara el señor Caldera ha brillado completamente por
su ausencia. El resultado es que el proyecto de ley remitido por el Gobierno, más allá de algunas mejoras puntuales a las que después me referiré, no ha mejorado sustancialmente en su tramitación parlamentaria, y por ello me veo obligada a expresar
en esta tribuna la misma opinión que manifestamos desde que conocimos el proyecto de ley.
Para el Grupo Popular esta no es una buena ley, es una ley muy mejorable, y nos tememos que si sigue en sus actuales términos no va a significar un avance en la lucha contra la violencia de género. Nos encontramos con un proyecto de ley
sumamente genérico, impreciso, lleno de declaraciones de principios y carente de medidas efectivas, y las escasas medidas que contiene son en su mayor parte reiteración de las que ya se habían incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en los
últimos años. Da la impresión de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que a una simple operación de marketing con la que el Gobierno socialista pretende dar por cumplido un compromiso electoral. Este proyecto de ley no supone progreso alguno
sobre los verdaderos y sustanciales avances operados en el tratamiento legislativo de la violencia de género, que son los que se contienen en las leyes aprobadas en la pasada legislatura, especialmente en la Ley de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana y violencia doméstica, en la reforma del Código Penal y muy especialmente en la Ley que regula la orden de protección, que constituye el instrumento más eficaz para la protección de las mujeres que sufren violencia de género, que
fue aprobada el año pasado con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios y ha sido muy positivamente valorada por cuantos dedican sus esfuerzos a la erradicación de la violencia de género. Hay que recordar, señorías, que fue una ley que
supuso un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en el Parlamento cuando hay interés en mejorar la situación de los que lo necesitan, de cómo se pueden poner por delante los intereses de las víctimas desde los partidos o los grupos
políticos, de cómo puede primar el consenso a la hora de trabajar por las víctimas, por las mujeres. Una medida de la que se han beneficiado, después de un año de vigencia, casi 13.000 víctimas de violencia; un ejemplo que nos gustaría que se
hubiera extendido a este proyecto de ley.
Sinceramente, nos deja perplejos que, tratándose de una ley cuyas buenas intenciones compartimos todos y de un problema fundamental que todos reconocemos como una gran lacra social que debemos erradicar, y coincidiendo como coincidimos todos
en la necesidad de una lucha enérgica contra estas agresiones, esta ley haya suscitado el rechazo de importantes asociaciones y colectivos y críticas frontales a aspectos sustanciales del proyecto por parte de los órganos consultivos preceptivamente
consultados por el Gobierno. Esta polémica podría haberse evitado. Creemos que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno deberían reaccionar y tener cintura política suficiente para llegar a acuerdos con los demás grupos parlamentarios que
mejoren el texto. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 101 enmiendas, con el ánimo de dar pie a la adopción de acuerdos y de aportar a la ley las mejoras que necesita para que sea útil y eficaz.
El Partido Popular siempre ha sido sensible en lo relativo a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, y muy especialmente a la lucha contra la violencia, de modo que en este momento, en la oposición, seremos más contundentes, si
cabe, en la defensa que ello requiera.
Queremos hacer la mejor ley posible, la más eficaz para las víctimas y para la sociedad española. El Grupo Parlamentario Popular se siente orgulloso, sin duda, de haber conseguido ya algunas mejoras. Quiero
destacar especialmente el nuevo artículo 27.3, que establece la obligación de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionen una protección individualizada a las víctimas de la violencia de género. Este artículo es una aportación
del Grupo Parlamentario Popular, como digo, que ha sido el único en destacar la importancia de que las víctimas de violencia cuenten con protección personalizada, materia sobre la que tenemos presentada una proposición de ley que no renunciamos a
defender en este Pleno, como desarrollo precisamente del principio general que establece el citado artículo 27.3.
También hemos conseguido que se contemple en esta ley la situación específica de las mujeres con discapacidad, como comentaba algún otro portavoz. Concretamente, se ha incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que recoge la
obligación de que la información a las víctimas de violencia de género se
les proporcione a las personas con discapacidad en formato accesible, como por ejemplo la lengua de signos. Sin embargo, hay otros muchos aspectos importantes que se encuentran pendientes todavía, tales como el objeto de la ley. Hemos
presentado diversas enmiendas que tienen como eje común la incorporación expresa de los menores como objeto de la ley. Esta fue una de las omisiones más flagrantes del anteproyecto, desde nuestro punto de vista, denunciada por numerosos colectivos,
expertos y órganos consultivos -como el Consejo de Estado-, y que el proyecto de ley apenas resuelve pues parte de la consideración de que los menores son sólo víctimas indirectas de la violencia contra la mujer, cuando en la mayoría de los casos lo
son directas e inmediatas, como reconoce la nueva exposición de motivos, atendiendo a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Además, se utiliza a los hijos para causar daño a la mujer.
Parece necesaria la expresa incorporación de los
menores como objeto de la ley, tanto en el artículo 1 como en las medidas concretas previstas en esta ley. Creemos que esto no desvirtúa en absoluto el ámbito de la ley, sino que, por el contrario, lo mejora sustancialmente. Por otro lado y para
pasar de meros anuncios genéricos de la ley a compromisos cuantificables, proponemos que se establezca un calendario para la efectiva creación de una red de centros y recursos de atención a las víctimas de violencia de género. Concretamente,
nuestra propuesta es que, en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley, exista un centro de información y asesoramiento para víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes, un centro de emergencia o casa de acogida
por cada 100.000 habitantes, y un centro de apoyo y recuperación para víctimas por cada millón de habitantes. Para nosotros es una enmienda fundamental, puesto que establece plazos concretos y un calendario de realizaciones. Si el Partido
Socialista no la vota a favor y concreta así la ambigüedad y la falta de compromiso que refleja el proyecto, demostrará que esto es un simple brindis al sol y que no le interesa que la ley pueda ser efectiva. No queremos dirigir la responsabilidad
a las comunidades autónomas o al reglamento que desarrolle la ley, porque esta puede ser mucho más concreta.
En relación con el artículo 15 del proyecto, el Grupo Parlamentario Popular ha querido apoyar la enmienda transaccional que ha presentado Izquierda Unida como muestra evidente de nuestra disposición a cualquier avance que mejore el texto de
la ley, además de reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos los grupos parlamentarios de la oposición por mejorar el proyecto de ley. Pensando en las comunidades autónomas, solicitamos al Gobierno que las dote del fondo que establece el proyecto
en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone y el cumplimiento de los plazos a que antes me he referido.
En cuanto a la tutela penal, que es la que más polémica ha provocado desde el comienzo de la tramitación de la ley, el Grupo Popular entiende que no se debe castigar de forma diferente un mismo hecho en función del sexo del autor y la
víctima. Nuestras enmiendas pretenden extender el agravamiento de las penas por los delitos de amenazas y coacciones siguiendo las pautas de todas las reformas legislativas aprobadas hasta ahora a todos los supuestos de violencia doméstica.
Posiblemente para resolver su propio conflicto interno, del que han dado noticia los medios de comunicación -es otro de los innumerables campos en el que se han producido contradicciones y rectificaciones entre los propios miembros del Gobierno-, y
también para resolver las dudas de inconstitucionalidad que la ley ha suscitado en este punto desde el principio, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional por la que extiende el agravamiento de las penas a los supuestos en los
que la agresión se dirija a personas especialmente vulnerables que convivan con el autor.
Esta enmienda, aunque mejora el texto inicial, no resuelve completamente el problema, pero es un avance sustancial que valoramos positivamente.
Desde nuestro
punto de vista, se crea un cajón de sastre donde se pueden incorporar hombres, mayores o niños por su especial vulnerabilidad y cuya aplicación práctica queda reservada al arbitrio de los jueces. En cuanto a la tutela procesal, el Grupo Popular no
es partidario de una jurisdicción especializada con mezcla de competencias civiles y penales.
Nuestras enmiendas van en la línea de eliminar las competencias civiles de estos juzgados, salvo las medidas civiles que se adopten al otorgar la orden de
protección, extendiendo, en cambio, las competencias penales a todas las causas de violencia doméstica.
Señorías, con nuestras enmiendas se mejora el texto de ley, se amplía el ámbito de protección de la ley y se hace más eficaz, pues el texto era sin duda en muchos aspectos inútil y genérico. El Partido Socialista todavía tiene tiempo de
demostrar dónde está su capacidad de diálogo y si de verdad están pensando en las víctimas y desean mejorar esta ley para ellas haciendo una ley más eficaz y no piensan sólo en sacar un rédito político. El Grupo Popular entiende que en la lucha
contra la violencia de género cualquier paso adelante que se dé, por pequeño que éste sea, merece ser respaldado y que en esta materia se debe luchar desde el consenso entre todas las fuerzas políticas, sin convertirla en una cuestión partidista.
El Grupo Popular mantiene en este momento dudas sobre la votación final del proyecto de ley. Dudamos entre la abstención y el sí. Queremos comprobar cuál es la actitud del Partido Socialista esta mañana antes de tomar una decisión definitiva.
Esperamos que esta buena disposición del Grupo Popular sea correspondida con una mayor disposición al consenso por parte del Grupo Socialista y del Gobierno.
Sin embargo, sí les adelanto que votaremos con responsabilidad.
Nosotros queremos remar en la misma dirección que el Gobierno en temas tan importantes como éste, igual que nos hubiera gustado contar con el Partido Socialista en la pasada legislatura. Por cierto, señor Caldera, usted, ayer, se dedicó a
leernos algunos teletipos sobre datos de empleo, sin embargo, olvidó otros en los que usted y su grupo hablaban de violencia de género, a algunos de los cuales voy a hacer hoy referencia.
Usted, en la oposición, como portavoz del Grupo Socialista, decía que el problema de violencia de género es un problema que se ha agravado en España durante el mandato del señor Aznar. Algunos otros miembros de su grupo, como la señora
Chacón, hoy vicepresidenta del Congreso, decía que el Gobierno del Partido Popular ha causado riesgos para la vida y la integridad física de muchas mujeres maltratadas, que se han visto abandonadas por el Gobierno. Otra de sus portavoces, la señora
Navarro, hablaba de la pasividad del Ejecutivo ante la muerte de mujeres en manos de sus compañeros. Estos son algunos de los ejemplos que he querido hoy recordar para refrescarles la memoria y que ahora entregaré. Esto, señor Caldera, señoras y
señores del Grupo Socialista, es lo que nosotros no hemos hecho. Esta es la actitud que nosotros hemos cambiado. Nosotros no le hemos echado en cara ninguna de las casi 60 muertes por violencia de género que se han producido en lo que llevamos de
año; ustedes sí lo hacían. Esta es la responsabilidad a la que yo hacía referencia; responsabilidad que imperará en esta legislatura y que tanto echamos de menos en la pasada.
Quiero adelantarles que vamos a mantener vivas todas nuestras enmiendas, salvo aquellas que consideramos que ya están recogidas de una u otra forma en el dictamen, enmiendas que ya hemos comunicado a la Mesa.
También queremos manifestar que
volveremos a presentar en el Senado las enmiendas que no se aprueben esta mañana, con la esperanza de que en la Cámara alta haya más voluntad de diálogo, se permita un debate con la tranquilidad y sosiego necesarios y se pueda llegar a acuerdos que
mejoren de forma más amplia el texto actual.
Para terminar, señorías, quiero decirles que todo el esfuerzo que hemos dedicado al estudio y tramitación de esta ley lo hemos hecho pensando en las víctimas de las que hoy nos sentimos más cerca que nunca.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno a favor de las enmiendas, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones, en este caso por el único grupo que no ha enmendado, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Me comunican que habrá cesión de palabra.
Tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la lucha de las mujeres por su autonomía y su libertad ha sido una lucha constante a lo largo de la historia. No en vano el siglo XX ha sido calificado como el siglo de la revolución silenciosa de las mujeres, aunque todas y todos
sepamos que hoy, entrado ya el siglo XXI, no podemos hablar de una sociedad verdaderamente igualitaria. Si pensamos que sólo hace 60 años las mujeres no teníamos derecho a votar y que sólo en 1963 se deroga el privilegio del varón para dar muerte a
su mujer sorprendida en adulterio, nos hacemos idea de lo que trato de explicar. Esta historia, señorías, que parece que no tiene nada que ver con este debate, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque la ley que queremos aprobar hoy
reivindica y protege el derecho fundamental de las mujeres a la integridad física y moral y es un eslabón más del largo camino de la emancipación de las mujeres al que sin duda ha contribuido de manera fundamental el movimiento feminista.
(Aplausos.)
La ley que hoy queremos aprobar habla de dignidad y quizá sea la primera norma desde la que estamos reivindicando realmente el estatuto de ciudadanía de las mujeres y su derecho a vivir sin violencia. Hasta ahora hemos tenido un sistema que
ha legitimado la dominación y que ha justificado las desigualdades en el ámbito privado y por primera vez estamos dispuestos como Estado, como Estado social y de derecho, a romper esa situación en un espacio, el hogar, donde las mujeres han estado
condenadas a mantener un rol de subordinación con los hombres. Lo más importante de esta ley, señorías, es que implica fundamentalmente un cambio en la concepción de las relaciones entre las mujeres y los hombres, que hasta que hace muy poco han
sido de poder y que ahora pretendemos que sean libremente consentidas. (Aplausos.)
Señorías, para mí, como diputada, es un honor defender hoy aquí esta ley y que desde esta Cámara, desde el Poder Legislativo, intentemos legislar con una adecuada perspectiva de género. El Gobierno ha cumplido, ha presentado la ley, la
primera ley que se va a aprobar en esta legislatura, que era un compromiso fundamental que había adquirido con la ciudadanía en las pasadas elecciones generales; un compromiso para elevar este problema a un problema de Estado y legislar de manera
integral en esta materia superando las medidas hasta ahora insuficientes; un compromiso que no tiene nada que ver con el marketing, que tiene que ver con la emancipación de las mujeres. No se trata sólo de apoyar a las víctimas y de mitigar las
situaciones que padecen, sino de combatir las causas estructurales que producen esta situación. Por eso, señorías, esta Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género es necesariamente compleja y transversal, como muy
bien explicaba anteriormente la señora Pigem. Implica no sólo a siete ministerios, a las
comunidades autónomas y a la Administración local, sino que me atrevería a decir que implica a toda la sociedad. Requiere, por tanto, no sólo de amplios acuerdos sociales, que yo creo que ya los había, sino de amplios acuerdos políticos,
que es lo que tratamos de hacer durante este trámite parlamentario.
Señorías, esta ley compleja la hemos tramitado de manera urgente porque entendemos que urgente es la solución al problema que nos ocupa. En todo el proceso, además, me atrevo a decir que hemos mantenido por parte de los grupos un espíritu
abierto al diálogo y al consenso, que es lo que la sociedad sin duda ninguna nos estaba reclamando. Creo, sinceramente, que hemos hecho un buen trabajo en un espacio de tiempo verdaderamente muy corto. Desde el consenso alcanzado podemos decir que
hemos mejorado aspectos importantes de la ley sin desvirtuar el fondo de la misma. Es una ley de acción positiva a favor de las mujeres víctimas de violencia de género, desde la exposición de motivos hasta la última disposición final. Es muy
importante resaltar que esto sea así. El consenso no ha desvirtuado para nada el fondo de la ley. Es una ley impulsada por el Gobierno, pero es una ley también de todos los grupos parlamentarios, que la hemos modificado en parte atendiendo a
nuestros respectivos criterios.
En ese sentido agradezco la colaboración y el trabajo de todos los diputados y diputadas que han participado en la Comisión. Tampoco puedo sustraerme al hecho de mencionar que he visto que el Grupo Parlamentario
Popular, a lo largo de las comparecencias y del tratamiento de la ley, ha evolucionado muy positivamente en la aproximación del problema, si bien creo que todavía no se acerca al fondo del mismo.
Señorías, paso ahora a explicar las enmiendas incorporadas inicialmente como transaccionales del Grupo Parlamentario Socialista en el dictamen de la Comisión. He de decir que el esfuerzo por llegar a textos que recogieran aportaciones
comunes al resto de los grupos queda claro. En el mismo se pueden ver aportaciones fundamentales de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Esquerra Republicana, de Convergència i Unió, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), del
Bloque Nacionalista Galego y también del Grupo Parlamentario Mixto. Ha habido una disposición plena a hacer importantes aportaciones que mejoraban sin duda el texto y en algunos casos profundizaban en las garantías de las prestaciones de los
servicios a las mujeres víctimas de violencia. Voy a hablar en ese sentido hasta el artículo 28; a partir de ahí, mi compañero de ponencia, Julio Villarrubia, se referirá al resto del articulado.
Hemos incorporado en la exposición de motivos una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre lo legislado en la pasada legislatura en esta materia y otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que tiene que ver con aquellas
recomendaciones de organismos internacionales que en este sentido no estaban recogidas. La coordinación con otras administraciones, la especialización de los profesionales en el proceso de atención y protección de las víctimas y la transversalidad
de las medidas en su aplicación son incorporaciones que de una u otra manera se han hecho tanto desde mi grupo como desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Convergència i
Unió y Bloque Nacionalista Galego.
En las medidas de sensibilización vamos a votar a favor de la enmienda de Izquierda Unida número 159, que amplía los planes de sensibilización a las medidas específicas para prevenir la violencia de género, como muy bien ha explicado
anteriormente la señora Carme García. En el ámbito educativo hemos incluido un artículo 7 bis, de actuación de la inspección educativa que ha de velar por el cumplimiento y aplicación de los principios recogidos en la ley destinados a fomentar la
igualdad real entre hombres y mujeres. También vamos a votar favorablemente la enmienda 349 de Esquerra Republicana, sobre la formación académica en la universidad y la investigación sobre la igualdad de género, que creo que puede dar respuesta a
lo planteado en este sentido por Coalición Canaria y por Convergència i Unió. Asimismo, votaremos la enmienda 400 de Convergència i Unió, en su apartado 1, que ya ha sido explicada anteriormente por la señora Pigem. En el artículo 12, que tiene
que ver con las medidas en el ámbito sanitario, apoyaremos también la enmienda 362 de Esquerra Republicana, sobre la composición del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud. En el artículo 9 se ha incluido el Instituto de la Mujer u órgano
competente en cada comunidad autónoma y al ministerio fiscal como órganos de legitimación activa para solicitar la cesación o rectificación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria o discriminatoria la imagen de la mujer. En el ámbito
sanitario, se incorpora un punto 4 al artículo 11 para que en los planes nacionales de salud se contemple un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género y se cree una comisión contra la violencia de género en el Consejo
Interterritorial del Sistema de Salud, recogiendo la enmienda 362 de Esquerra Republicana.
Señorías, si hay algún artículo que ha sido ampliamente debatido en la primera parte de la ley, ha sido el artículo 15, sin duda porque es el que define la atención integral a las víctimas, y el acuerdo llegó, por un lado, incorporando de
forma clara a las comunidades autónomas y corporaciones locales y, por otro, mejorando la financiación y el mantenimiento de los servicios, además de introducir los diferentes organismos de igualdad en la orientación y valoración de los programas.
En ese sentido, votaremos a favor de la enmienda número 25 del BNG, donde se contempla además el tratamiento de los hijos de mujeres maltratadas.
En el artículo 16 se garantiza la asistencia letrada para todas las víctimas dando respuesta a la aspiración
de que las mujeres maltratadas dispongan de asistencia jurídica gratuita.
Hemos ampliado los derechos laborales de las víctimas garantizando las prestaciones de la Seguridad Social y hemos incluido medidas para poder iniciar una actividad
laboral por cuenta propia. El Observatorio Nacional de Violencia de Género pasará a denominarse Observatorio Estatal de Violencia de Género, si así lo aprueba la Cámara, recogiendo una enmienda de Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, BNG, CiU y EAJ-PNV.
En el artículo 27, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se incluye la protección personalizada de las mujeres víctimas de la violencia de género, como explicó la señora Susana Camarero. Por último, en el artículo 28 hemos tenido
especial cuidado en atender a las mujeres en situación de mayor riesgo y que por sus circunstancias de discapacidad, por ser inmigrantes o por estar en riesgo de exclusión social, tengan mayor dificultad para acceder a los recursos y medidas que se
prevén en esta ley.
Señorías, llegados a este punto, estoy convencida de que el consenso es posible. Todos y todas tenemos muchas razones para votar la ley. Es una buena ley y será sin duda un buen instrumento. El Estado se debe responsabilizar de la
prevención y de la protección efectiva de las víctimas, pero también de fomentar y construir un nuevo modelo social basado en la igualdad. La violencia es el síntoma más evidente de desigualdad, pero también un elemento que nos ayuda a entender la
distribución desigual de la sociedad y su perpetuación histórica.
Señorías, termino como empecé, recordando que entre la igualdad formal y la igualdad real existe todavía una gran distancia que sólo se irá cerrando si todos los actores sociales nos comprometemos con esta tarea.
Somos conscientes de que
esta ley no es suficiente para acabar con la violencia, pero nos corresponde a los políticos y a los poderes públicos remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva y transformar las reglas de un juego democrático lleno de trampas
para las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el problema no es la extensión del tiempo, el problema es que estamos en un turno de fijación de posiciones. Debido a la importancia que tiene este debate, estoy permitiendo que todos los grupos
parlamentarios se excedan, pero en un turno de fijación de posiciones no se puede contestar las enmiendas de los oponentes. En consecuencia, quiero advertir que como esto se ha hecho, si algún grupo parlamentario deseara rectificar lo dicho, puede
hacerlo. A eso me refería.
Adelante, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, escribimos hoy una página positiva en el libro de la vida política, con mayúsculas, de este Parlamento. Vamos a aprobar inicialmente una ley integral para combatir la violencia contra la mujer.
En la tramitación parlamentaria
hemos mejorado el proyecto de ley sin cambiar ni los objetivos ni los principios ni la filosofía de dicho proyecto. Gracias a todos los grupos por el intenso trabajo, el diálogo y las aportaciones realizadas, especialmente a todos los ponentes,
también a doña Esperança Esteve, ponente del Grupo Parlamentario Socialista que hoy no ha subido a esta tribuna.
Señorías, quiero plantearles dos grandes bloques en este momento.
Interesante era, por la polémica también suscitada, la tutela penal que el proyecto de ley recogía. Pues bien, señorías, en relación con el inicio donde se recogía una
agravación de las penas por lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones que sufrían las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, actual o pasada, con o sin convivencia, se consideraba y se sigue considerando en el proyecto de ley que no hay
amenaza o coacción leve realizada por su pareja a una mujer y todo ello se convierte en delito. El proyecto de ley, tal como queda hoy, no sufre ninguna modificación sustancial: la mujer sigue igualmente protegida, la agravación se mantiene
íntegramente. Sin embargo y como quiera que la totalidad de los grupos parlamentarios, sensibles al problema y a las aportaciones de numerosos comparecientes, realizaron una serie de enmiendas que iban más allá, finalmente desde el Grupo
Parlamentario Socialista hemos decidido ofrecer una transacción que, sin satisfacer íntegramente a ninguno de los grupos, afortunadamente ha sido aceptada por todos. Pues bien, esta gran enmienda, entre comillas, incluye en la agravación -insisto,
separadamente de esa agravación en el caso de la mujer- a todos los colectivos especialmente vulnerables. Se lima así, incluso intelectualmente, una serie de aristas que había desde el punto de vista de quienes sostenían la posible
inconstitucionalidad de este proyecto, y aunque en ningún caso existía, quitamos ese debate y no por razones de constitucionalidad sino por razones de oportunidad política.
Ahí podrían entrar -será un tema que la jurisprudencia tendrá que ir
aclarando- menores, incapacitados, ancianos, personas que sean especialmente vulnerables, pero bien entendido que la tutela procesal se mantiene exclusivamente para la mujer. Estamos hablando de una tutela penal añadida, con esta agravación, a
estos colectivos especialmente vulnerables que no van a tener acceso a esa especial protección, a una mayor tutela judicial efectiva, que se mantiene exclusivamente -y ese era el objeto de la ley- para la mujer que ha sido víctima de un maltrato.
Como tengo pocos minutos, quisiera indicar que en el ámbito penal se modifican de manera muy interesante los artículos 83 y 84 del Código Penal, cuya reforma
acaba de entrar en vigor el pasado día 1 de octubre, en el sentido de exigir más requisitos para poder suspender la condena al maltratador, exigiendo -requisitos 1, 2 y 5 del artículo 83-: prohibición de acudir a determinados lugares,
aproximarse a la víctima y programas formativos -voy muy rápido-, con la revocación de la suspensión de la condena, si se produjere, en cuanto se conculcara cualquiera de estos requisitos.
Igualmente, en cuanto a la sustitución de la pena, no podrá
serlo ya -como venía en el Código Penal actual- por pena de multa sino exclusivamente, cumpliendo todos esos requisitos, por los trabajos en beneficio de la comunidad.
Muchísimo más importante, señorías, que la tutela penal es la tutela procesal que se realiza a favor de las mujeres que han sufrido maltrato, y se crean los juzgados especiales contra la violencia sobre la mujer.
Señorías, es
importantísimo. Se crean además de tal forma que va a haber al menos un juzgado contra la violencia sobre la mujer en cada uno de los partidos judiciales. El objetivo es la proximidad en atención a la víctima con el criterio de la competencia en
el propio domicilio de la víctima. Se concentran las competencias civiles y penales en estos juzgados de violencia sobre la mujer en cuanto se produzca cualquier agresión, de tal forma que un mismo juez conocerá absolutamente de todos los asuntos,
evitando la dispersión y el peregrinaje de las mujeres que ponen varias denuncias y va cada una a un juzgado distinto. Eso se va a acabar. Se crea la figura del fiscal contra la violencia sobre la mujer, con creación de secciones en todos los
tribunales superiores de Justicia y en todas las audiencias provinciales.
Se producen también mejoras a lo largo de la tramitación parlamentaria en concreto en las competencias civiles al suprimir en el artículo 37.2 algunas que evidentemente no eran propias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Se produce
la especialización no sólo en los juzgados de violencia, sino también en los juzgados de lo penal y en las audiencias provinciales. Se regula, porque es verdad que había una laguna en el proyecto, la posibilidad de celebración de juicios rápidos en
la forma que establece ya el dictamen que hoy sometemos a la aprobación del Pleno.
Se incluye en el 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de que los jueces de violencia sobre la mujer dicten sentencias de estricta conformidad. Se
mejora la redacción del artículo 16, ya importante -la asistencia jurídica gratuita a las mujeres-, en el sentido de que se le asigna de forma rápida y urgente un único letrado para la totalidad de los problemas que puedan tener, y se mejora, a
instancia y solicitud de determinados grupos políticos, que cuando la mujer acuda a denunciar no tenga que esperar a acreditar que carece de ingresos y a la tramitación del oportuno expediente, sino que de entrada le será asignada la defensa letrada
sin tener que esperar y sin perjuicio lógicamente de la tramitación posterior de este expediente.
Señorías, se ha apelado a la falta de diálogo sólo por parte de un grupo, es curioso, y voy a ser exquisitamente correcto, porque la verdad es que el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado intensamente también, y tengo que reconocerlo,
para mejorar este proyecto. De hecho, en las enmiendas que se han aprobado hemos tenido en cuenta numerosas aportaciones de todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular. Simplemente, no podemos admitir que no haya habido diálogo y
consenso, porque hemos llegado a un acuerdo con la totalidad de los grupos de la Cámara, que han retirado todas sus enmiendas, excepto unas poquitas del Grupo Mixto, el resto son las transaccionales acordadas con el Grupo Parlamentario Socialista.
También ha mejorado el proyecto de ley con las distintas aportaciones del Grupo Parlamentario Popular que hemos incorporado en el dictamen, aunque hoy no les admitamos otra serie de enmiendas. Tengan en cuenta que no pueden mantener la afirmación
de que no ha habido diálogo y consenso si está conseguido con la totalidad de la Cámara. Es más, esta ley necesita también del apoyo del Grupo Parlamentario Popular y les insto, sin perjuicio de que estamos abiertos si cabe a mejorar algo más este
magnífico proyecto de ley que vamos a aprobar hoy en esta Cámara, a que apoyen también con su voto favorable esta iniciativa y no se queden solos, sin perjuicio -insisto- de algún pequeño retoque que podamos hacer en el Senado.
Emplearé medio minuto para la fijación de voto, sin explicar ninguna enmienda. Vamos a votar favorablemente la enmienda número 340 de Coalición Canaria -la 325 queda incluida en la 349 de Esquerra Republicana de Catalunya-, la 86,
transaccionada con el Grupo Vasco EAJ-PNV; la 111 del Grupo Vasco, la 25 del Bloque Nacionalista Galego, las 159 y la 131 -con una transaccional- de Izquierda Unida; de Convergència i Unió la 400, apartado 1, la 431, la transaccional, que doy por
reproducida, a la 443 y, cumpliendo mi compromiso, quiero decirle que intentaremos dar cobertura a la enmienda 428 en la tramitación de la futura ley de uniones de hecho. Le agradezco expresamente sus importantísimas aportaciones, igual que las de
la señora Uría, en el ámbito jurídico, procesal y penal fundamentalmente, pero también en el resto de la ley. Aceptamos las enmiendas 349 y 362 de Esquerra Republicana, habida cuenta que la otra que ha presentado, relativa a la supresión del
término nacional por estatal, ya está recogida en el dictamen. Creo que no me olvido de ninguna y rechazaremos el resto de las enmiendas que se mantengan vivas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Aunque se trataba de un turno para fijar posiciones, es difícil negar que en realidad ha sido un turno de contestación de enmiendas. Así pues, si algún grupo parlamentario
deseara un turno para rectificar, puede hacerlo en este momento. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
Adelante.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
La lucha por la violencia de género ha sido siempre nuestra bandera y nuestro objetivo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No es el momento de contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero en mi intervención ya he mencionado los antecedentes de esta ley, el sustancial avance que se ha producido en los últimos años
en la igualdad de oportunidades y especialmente en la erradicación de la violencia. He citado el mejor instrumento legislativo del que hoy nos hemos dotado para luchar contra la violencia de género, que es la orden de protección, y también cómo se
consiguió aprobar esta ley por unanimidad, con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Lo que no he mencionado, y quiero hacerlo ahora, son los planes contra la violencia de género que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha, así
como los numerosos instrumentos que entraron en vigor la pasada legislatura para erradicar esta violencia. Me parece, señorías, que a estas alturas es un retroceso querer ponerse medallas por los avances que hemos conseguido todos, que ha
conseguido la sociedad española (Aplausos.), por lo que recomiendo a la portavoz del Grupo Socialista que sea consciente y respetuosa con el trabajo realizado por todos los grupos y sobre todo, insisto, por la sociedad española.
Esperamos
sinceramente que esta ley que estamos mejorando en este trámite parlamentario acabe siendo un instrumento útil para las víctimas, que de eso se trata. Insisto en que no ha habido el consenso y el diálogo que el Grupo Parlamentario Popular hubiese
querido. De las 101 enmiendas presentadas quedan vivas más del 90 por ciento. Este, señorías, es el proyecto del Gobierno del Partido Socialista. Nosotros hubiéramos hecho una ley mejor (Rumores.), aunque reconozco las mejoras producidas por las
enmiendas que hemos presentado todos los grupos.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
¿Desea el Gobierno hacer su turno de cierre? (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Con suma brevedad, señorías, y desde el escaño, permítanme que mi primer pensamiento, y estoy seguro que el de toda la Cámara, vaya dirigido a los ciudadanos, para quienes legislamos hoy, pero en especial para las víctimas de la violencia de
género (Aplausos.), víctimas todas ellas con nombres y apellidos. Como ya dije en esta Cámara con ocasión de otro debate, recordando al poeta inglés John Donne, toda muerte nos disminuye porque todos formamos parte de la humanidad. Decía John
Donne: Por eso no preguntes por quién doblan las campanas; doblan por todos.
Quiero agradecer sinceramente a la Cámara el trabajo que ha realizado y desde luego a las asociaciones de mujeres, que durante tanto tiempo vienen trabajando por una perspectiva integral. Y al agradecer a todos los grupos de la Cámara su
trabajo y el enriquecimiento que han aportado a este proyecto de ley -no me importa reconocer que sale de esta Cámara mejor que como lo envió el Gobierno-, quiero pedir un esfuerzo especial al Grupo Parlamentario Popular. Siempre hemos reconocido
que las normas aprobadas en la anterior legislatura eran normas positivas. Lo fueron, pero faltaba quizás una perspectiva integral, que es lo que pretende aportar este proyecto de ley. Piensen, señorías, si hoy la sociedad española puede
contemplar un tablero de votación unánime a la hora de impulsar este proyecto de ley. Les pido, por tanto, ese esfuerzo y esa aportación. El texto ha mejorado mucho, ha mejorado en la valoración especial de los colectivos con mayor riesgo de
violencia, ha mejorado la definición de los servicios sociales a las víctimas, ha mejorado el respeto competencial a las comunidades autónomas, el refuerzo de los mecanismos de cooperación, el perfeccionamiento del marco de garantías laborales, el
refuerzo de la participación social y el reconocimiento del papel de las asociaciones de mujeres. Esta será una ley, señorías, sin ninguna duda -creo que todos lo compartimos-, contra el silencio y contra la impunidad; una ley que permitirá que
algo que todavía se situaba en el ámbito de lo privado pase al ámbito de lo público y se convierta en un objetivo para toda la sociedad española. Es un asunto de todos. Yo sé -y con esto acabo, señorías- que con una norma quizá no baste, tal vez
con una ley no sea suficiente. Blaise Pascal nos dejó escrito que toda nuestra dignidad -decía- está en nuestro pensamiento. Quizá se trata de pensar de otra manera y, en consecuencia, de actuar de otra manera. La Constitución del año 1978, en su
artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. En nombre de la justicia, de la libertad y de la
igualdad, y también de la dignidad, creo que hoy es lo que hemos hecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN TALLIN EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de
expediente 110/000003.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN RIGA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de
expediente 110/000004.)
- CONVENCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL (CIAT), HECHO EN WASHINGTON EL 31 DE MAYO DE 1949 Y PROTOCOLO DE ENMIENDA. (Número de expediente 110/000005.)
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DEL LÍBANO, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 17 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente
110/000006.)
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, POR OTRA, HECHO EN VALENCIA EL 22 DE ABRIL DE 2002. (Número de
expediente 110/000007.)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), HECHO EN GINEBRA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000008.)
- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE SALVAMENTO MARÍTIMO, 1989, HECHO EN LONDRES EL 28 DE ABRIL DE 1989 Y RESERVAS QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000009.)
- DENUNCIA DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO MARÍTIMO Y PROTOCOLO DE FIRMA, HECHO EN BRUSELAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1910. (Número de expediente 110/000010.)
- ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1996 QUE ENMIENDA EL CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976, HECHO EN LONDRES EL 2 DE MAYO DE 1996 Y RESERVAS QUE ESPAÑA VA A FORMULAR
EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN. (Número de expediente 110/000011.)
- DENUNCIA DEL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO INTERNACIONAL DE 10 DE OCTUBRE DE 1957, RELATIVO A LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE PROPIETARIOS DE BUQUES QUE NAVEGAN POR EL MAR, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 1979. (Número
de expediente 110/000012.)
- DENUNCIA DEL CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE PROPIETARIOS DE BUQUES QUE NAVEGAN POR ALTA MAR, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE OCTUBRE DE 1957. (Número de expediente 110/000013.)
- DENUNCIA DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS A LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS DE BUQUES Y PROTOCOLO DE FIRMA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE AGOSTO DE 1924. (Número de expediente
110/000014.)
- CONVENIO DE ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, EN CARÁCTER DE SOCIO EXTRARREGIONAL, HECHO EN MADRID EL 5 DE MARZO DE 2004. (Número de expediente 110/000015.)
- CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL CONTROL DEL TABACO, HECHO EN GINEBRA EL 21 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente 110/000016.)
- CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID LOS DÍAS 20 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2004, CONSTITUTIVO DE ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y
CIENTÍFICA DE 27 DE OCTUBRE DE 1994. (Número de expediente 110/000017.)
- CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000018.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000019.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN TEHERÁN EL 19 DE JULIO DE 2003 Y
PROTOCOLO. (Número de expediente 110/000020.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN DAMASCO EL 20 DE OCTUBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000021.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGUIMIENTO TERRESTRE Y ADQUISICIÓN DE DATOS, INCLUIDA UNA ANTENA DE ESPACIO LEJANO, EN EL EMPLAZAMIENTO DE CEBREROS (ÁVILA), HECHO
EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2003. (Número de expediente 110/000022.)
- PROTOCOLO DE 2003 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992, HECHO EN LONDRES EL 16 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente
110/000023.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MALABO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000024.)
- PROTOCOLO DEL CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, CELEBRADO POR EL CONSEJO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 16
DE OCTUBRE DE 2001 Y DECLARACIÓN DE APLICACIÓN. (Número de expediente 110/000025.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 4 DE MARZO DE 2004.
(Número de expediente 110/000026.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ, HECHO EN MADRID EL 16 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000027.)
- CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DE 16 DE MAYO DE 1991, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000028.)
- DECLARACION DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000029.)
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 9 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO DE 2004, CONSTITUTIVO DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 13 DEL TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y PARAGUAY DE 26 DE MARZO DE 1957. (Número de
expediente 110/000030.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA SOBRE LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y PROTOCOLO PARA SU APLICACIÓN, HECHOS EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000031.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, HECHO EN BARCELONA EL 12 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente 110/000032.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN FIGUEIRA DA FOZ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000033.)
- AUTORIZACION DE LA FIRMA 'AD REFERÉNDUM' DE LAS ACTAS APROBADAS POR EL XXII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU), CELEBRADO EN BEIJING EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000034.)
- PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LOS SUCESOS DE CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS, HECHO EN LONDRES EL 15 DE MARZO DE 2000. (Número de expediente 110/000035.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN SOFÍA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000036.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES O DE SERVICIO, HECHO EN QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000037.)
- TRATADO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 2 DE MARZO DE 2004. (Número de expediente 110/000038.)
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 2 DE MARZO DE 2004. (Número de expediente 110/000039.)
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN MADRID EL 3 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000040.)
- ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA, LA REPÚBLICA DE MALTA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA DE
ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO, HECHO EN LUXEMBURGO EL 14 DE OCTUBRE DE 2003 Y CUATRO ACUERDOS CONEXOS. (Número de expediente 110/000042.)
- ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP) APROBADAS EN EL XVIII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 EN PANAMÁ. (Número de
expediente 110/000043.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de los puntos del orden del día.
En primer lugar, punto VII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos?
(Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Votación)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, vamos a votar las enmiendas al proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Se trata de toda una serie de votaciones que intentaremos plantear de la manera más clara posible a la Cámara. Para que no haya malentendidos, me comunican los servicios de la Cámara que todos los portavoces están en posesión del guión de
las votaciones y de las enmiendas transaccionales.
¿Es así? (Asentimiento.)
Comenzamos, pues, con la votación de la enmienda 213, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la señora Barkos Berruezo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 30; en contra, 162; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 121 a 130, 141 y 143, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 22; en contra, 171; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 25, del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 188; en contra, tres; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda 340, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepto el último párrafo, que ha sido retirado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda 159, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 191; en contra, tres; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transaccional a la enmienda 171.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Continuamos con la votación de la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 192; en contra, dos; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda enmienda al bloque del Grupo Parlamentario Vasco. Esta vez enmienda transaccional a la enmienda 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Entramos en el bloque de Esquerra Republicana y votamos en bloque las enmiendas 349, 362 y 378.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 192; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Ahora pasamos al Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió. Votación de las enmiendas 400, apartado 1, y 431.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 191; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 443, del mismo grupo, que supone la creación de un apartado 3 nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Entramos ahora en el bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Las agrupamos? (Asentimiento.) Gracias. En consecuencia, vamos a votar en bloque las enmiendas números 217, 218, 220 a 230, 232, 234 a 238, 240 a 244, 246,
248, 249, 251, 253 a 262 y 264 a 316.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 132; en contra, 186; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora, señorías, vamos a proceder a la votación del dictamen y, después, como todos ustedes saben, teniendo esta ley carácter orgánico, habrá otra votación respecto al conjunto de la ley que requerirá mayoría absoluta.
Votamos ya, pues, el
dictamen de la ley con las enmiendas incorporadas.
En primer lugar, votación desde el artículo 28 bis nuevo al artículo 32, con las correcciones técnicas que han sido distribuidas ya a los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 190; en contra, 130; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se considera aprobada esta parte del dictamen.
Continuamos. Segunda votación, de los artículos 36 a 39 y 41 a 48.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 191; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se considera aprobada esta parte del dictamen.
Por último, votación del resto del dictamen con una corrección técnica al artículo 15 y el resto de las correcciones técnicas que ya han sido oportunamente distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 319; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada también esta parte del dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Concluida la votación separada del dictamen, procede ahora la votación del conjunto de ley, que por tener carácter orgánico exige mayoría absoluta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la ley por unanimidad. (Prolongados aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.