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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 29/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 21
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 20
celebrada el martes, 29 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA: Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: ...
- REAL DECRETO-LEY 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. ('BOE' núm. 148, de 19 de junio de 2004.) (Número de expediente 130/000002.) ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de derogación de la prohibición a las Comunidades Autónomas a complementar las pensiones.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 17-1, de 23 de abril de 2004. (Número de
expediente 122/000003.) ... (Página 900)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, para el acceso de la unión estable de pareja o pareja de hecho al Registro Civil.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 38-1, de 23 de abril de 2004. Correpción de error: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 38-2, de 18 de junio de 2004. (Número de expediente 122/000024.) ... (Página 912)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 26-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000012.) ...
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 45-1, de 23 de abril de 2004. (Número de
expediente 122/000034.) ... (Página 912)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), de igualdad jurídica para las uniones de hecho. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 55-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000044.) ...
(Página 912)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 43, de 25 de junio de 2004. (Número de expediente 162/000111.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 38, de 18 de junio de 2004. (Número de expediente 162/000105.)
... (Página 938)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial. (Número de expediente 173/000015.) ...
(Página 948)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de 'O Bahía'. (Número de expediente 173/000016.) ...
(Página 954)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 876)
Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 876)
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno, presenta para su convalidación el Real Decreto-ley por el que se derogan los artículos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional relativos al trasvase del Ebro y se
aprueban también obras e inversiones públicas para dar agua a Valencia, Murcia, Cataluña y Andalucía. Explica las razones de carácter técnico, jurídico, económico y ambiental, además de las razones políticas, por las que el Gobierno del Partido
Socialista ha considerado necesario acometer una profunda reorientación de la política del agua en España, según palabras del señor Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, y defiende la alternativa que su Gobierno ofrece al trasvase del
Ebro.
En turno en contra interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno a favor interviene la señora Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Reabre el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
En turno de réplica intervienen la señora De Lara Carbó, el señor Labordeta Subías y la señora Ortiz Rivas.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se aprueba su convalidación por 185 votos a favor y 141 en
contra.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 900)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de derogación de la prohibición a las comunidades autónomas a complementar las pensiones ...
(Página 900)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cumplir con el compromiso de su grupo en el debate de la fase final de la
tramitación del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, en el sentido de que si en la nueva legislatura existía una nueva mayoría, Convergència i Unió impulsaría la derogación de aquella normativa que pretendía
impedir el libre ejercicio de solidaridad de los contribuyentes catalanes con sus pensionistas. Explica el contenido de su proposición de ley y pide el voto favorable de la Cámara para su toma en consideración.
En turno en contra interviene el señor Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica interviene el señor Campuzano i Canadès.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora López i Chamosa, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, para el acceso de la unión estable de pareja o pareja de hecho al Registro Civil ...
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja ... (Página 912)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho ...
(Página 912)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de igualdad jurídica para las uniones de hecho ... (Página 912)
A continuación se debate conjuntamente la toma en consideración de las cinco proposiciones de ley. En primer lugar el señor Cerdà Argent, en nombre de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), defiende la proposición de ley de
modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, para el acceso de la unión estable de pareja o pareja de hecho al Registro Civil; en segundo lugar, la señora Pigem i Palmés defiende, en nombre de Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), la proposición de ley sobre uniones estables de pareja; en tercer lugar, la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defiende la proposición
de ley sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho, y en cuarto lugar la señora Fernández Dávila defiende la proposición de ley de igualdad jurídica para las uniones de hecho, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y el señor Pedret i Grezner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) de derogación de la prohibición a las comunidades autónomas de complementar las pensiones, se aprueba por 183 votos a favor y 136 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) de modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, para el acceso de la unión estable de
pareja o pareja de hecho al Registro Civil, se aprueba por 181 votos a favor, 136 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre uniones estables de pareja, se aprueba por 301 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho, se aprueba por 177 votos a
favor, 140 en contra y una abstención.
Sometida finalmente a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto de igualdad jurídica para las uniones de hecho, se aprueba por 179 votos a favor, 138 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 926)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo ... (Página 926)
El señor Pérez Rubalcaba defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que piden al Gobierno que regule cuanto antes el derecho de los gays y
lesbianas a contraer matrimonio en las mismas condiciones en las que hoy lo pueden hacer las parejas heteroxesuales. Con la presentación de esta iniciativa pretenden, dice, comenzar a cumplir el programa electoral con el que el Partido Socialista
se presentó a las últimas elecciones en lo que se refiere a los derechos de los gays y de las lesbianas y modificar el Código Civil para garantizarles la equiparación legal.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Pérez Rubalcaba.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral ... (Página 938)
Presenta la proposición no de ley la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera un honor poder defender esta iniciativa ante la Cámara desde su doble condición de madre y mujer trabajadora y,
por tanto, plenamente consciente de las dificultades con las que se encuentran las mujeres para compatibilizar el trabajo con la vida familiar. Recuerda el papel que tradicionalmente han jugado las mujeres en el seno de la familia en tareas como el
cuidado de hijos, de personas mayores y de discapacitados o enfermos, sin olvidar el trabajo casi infinito de las tareas domésticas, y afirma que la incorporación de la mujer al mundo laboral exige la adopción de medidas legales que permitan a la
mujer desarrollar su carrera profesional y, al mismo tiempo, poder tener los hijos que desee. Considera que su grupo ha demostrado durante los últimos ocho años de gobierno su gran preocupación por la conciliación de la vida laboral y familiar y
presenta esta iniciativa porque quiere seguir avanzando y apostando por la igualdad real de oportunidades para las mujeres.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García
Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Madrazo Díaz.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 948)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial ... (Página 948)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Expone las argumentaciones que justifican esta moción, que son similares a las que justificaron la
presentación de la interpelación, y explica que se trata de resolver los problemas que hacen referencia a la sentencia 56/90 del Tribunal Constitucional, administración de la Administración de Justicia, por entender que esta estructura
administrativa, fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y las competencias que ejercen, no se ajustan a los requerimientos que derivan de la propia Constitución que diseña un Estado no centralista sino autonómico.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Astarloa Huarte-Mendicoa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de 'O Bahía' ...
(Página 954)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, reiterando las argumentaciones de la interpelación urgente. Afirma que los muertos en la mar son excesivos como
para que la situación siga igual, y considera urgente aplicar medidas correctoras para evitar nuevas tragedias, porque, sin duda, no se está ante un riesgo natural, aunque muchos de los trabajadores de la mar lo vivan así. Finalmente anuncia que
han consensuado una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Parlamentario Popular porque consideran que el conjunto de medidas es positivo, y pide el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Proposiciones no de ley (Votaciones.) ... (Página 957)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexto, en sus propios términos, se aprueba por 176 votos a favor, 125 en contra y tres
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral en los términos de la enmienda transaccional presentada por el grupo
proponente, se rechaza por 139 votos a favor, 160 en contra y seis abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votaciones) ...
(Página 957)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial, en sus propios términos, se rechaza por 34 votos a favor y 272 en
contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de 'O
Bahía', en los términos de la enmienda transaccional del grupo proponente con el Grupo Socialista y el Grupo Popular, se aprueba por 307 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a la una y treinta minutos de la madrugada.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES)
- REAL DECRETO-LEY 2/2004, DE 18 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 130/000002.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión con el orden del día correspondiente al martes 29 de junio. El primer punto es el relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley, de 18 de junio, por el que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El procedimiento será el de la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley y a continuación turnos a favor, turnos en
contra si eventualmente los hubiere, réplicas o rectificaciones por los grupos que se hubieran opuesto y finalmente un turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Por parte del Gobierno, para la exposición de las razones que han
obligado a la promulgación de este real decreto-ley, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados... (Señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie, exhiben unos carteles y gritan: ¡Agua para todos!-Un señor
diputado: ¡Queremos agua para Murcia!-Un señor diputado: ¡Estarás contenta!-Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el efecto demostrativo ha sido más que suficiente. (El señor Pérez Laserna: ¡Agua para todos!-Protestas.) Vamos a proceder a la realización del debate de la mejor manera posible. Les rogaría que guardaran
silencio y dejaran exponer sus argumentos al Gobierno (Un señor diputado: ¡Queremos diálogo!) y cuando llegue su turno suban a la tribuna y expresen democráticamente su punto de vista.
(Aplausos.-Rumores.)
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente. (El señor Pérez Laserna: ¡Agua para todos!)
El Gobierno trae a esta Cámara para su convalidación un real decreto-ley en el cual se derogan los artículos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional relativos al trasvase del Ebro y se aprueban también obras e inversiones públicas para dar
agua a Valencia, a Murcia, a Cataluña y a Andalucía. (Protestas.-Aplausos. -Un señor diputado: ¿Dónde? ¿Dónde?) Sobre la primera parte de este decreto, la correspondiente a la derogación del decreto-ley, esta Cámara ha tenido ya ocasión de
manifestarse, concretamente cuando el Grupo Parlamentario Popular trajo hace algo más de un mes una proposición no de ley de la cual se derivó que el Grupo Popular era el único grupo de esta Cámara que defendía el trasvase del Ebro, el único.
(Aplausos.) Hemos tenido también que contrastar cuál es la voluntad mayoritaria derivada de las urnas en las últimas elecciones generales en el Senado. (El señor Hernando Fraile: ¿En Valencia? ¿En Murcia? ¿En dónde?) En el Senado pudimos
escuchar a todas las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios. (El señor Hernando Fraile: ¡No hiciste nada; no has hecho nada!) En el Senado pudimos escuchar cómo las únicas comunidades autónomas que defendían el trasvase del Ebro eran
las gobernadas por el Partido Popular, las únicas.
(Aplausos.-Protestas.) Sería extraordinariamente interesante que SS.SS.
tuvieran a bien leer el 'Diario de Sesiones' de esa reunión del Senado porque en él se ve que tanto comunidades autónomas no
gobernadas por el Partido Popular, como grupos parlamentarios que tampoco son el Partido Popular y que en la anterior legislatura habían aceptado el trasvase del Ebro, todos ellos habían cambiado de actitud, todos salvo el Partido Popular.
(Protestas.-El señor Hernando Fraile: ¡Tus mentiras las hemos leído!) Las razones de ese cambio de actitud (El señor Hernando Fraile: ¡Por principios!) están también recogidas en
el 'Diario de Sesiones' del Senado. Los grupos parlamentarios diferentes del Partido Popular que habían apoyado el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional pudieron explicar a los senadores por qué habían cambiado de opinión y fue
muy ilustrativo. La razón del cambio de opinión de otros grupos parlamentarios distintos del Partido Popular, que en su momento apoyaron el trasvase del Ebro, fue que se les había engañado, señorías. (Aplausos.) Está escrito en el 'Diario de
Sesiones' del Senado.
En cualquier caso, para eso se celebra esta reunión, para que todos los grupos parlamentarios puedan opinar sobre la derogación. (Rumores.) No se preocupen, señorías, seguramente van a poder escuchar lo que no han leído en el
'Diario de Sesiones' del Senado. (Un señor diputado: ¡Miente, miente!) Yo comprendo que se tarda un tiempo en aceptar los resultados de las urnas, les aseguro que lo comprendo. (Aplausos.)
Sobre la parte de este real decreto-ley que hoy se somete a convalidación en lo que toca a la derogación del trasvase del Ebro no es ninguna sorpresa para quien haya tenido ocasión de comprobar cómo el año 2001 el Partido Socialista trajo a
esta Cámara un texto alternativo a la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Desde el año 2002 el Grupo Parlamentario Socialista intentó, sin éxito, llevar a los dirigentes del Gobierno del Partido Popular a presentar a esta Cámara un proyecto de ley
del Plan Hidrológico Nacional que entre otras cosas se adaptara a la directiva marco de política del agua europea. No lo conseguimos y trajimos a esta Cámara un texto alternativo de ley del Plan Hidrológico Nacional. El presidente del Gobierno
actual, en su discurso de investidura, ya anunció que una de las prioridades de este Gobierno iba a ser la profunda reorientación de la política del agua en España, señorías, porque para que haya en España una política del agua acorde con nuestra
condición de país miembro de la Unión Europea, como explicaré después, hay que hacer muchas cosas que no se han hecho hasta ahora. (Rumores.) Por tanto, voy a pasar de manera inmediata a lo que ofrece el Gobierno como alternativa al trasvase del
Ebro, no sin antes recordar que además de las razones políticas evidentes -una mayoría política no quiere que se haga el trasvase del Ebro- hay razones también de carácter técnico, de carácter jurídico, económico y ambiental (Protestas.-Aplausos.),
y todo ello está recogido, señorías, en primer lugar, en informes que el propio Gobierno del Partido Popular encargó y pagó a expertos elegidos por el mismo, científicos y expertos en materia de agua. La mayoría de esos informes eran claramente
desfavorables respecto del trasvase del Ebro y eran expertos elegidos por el anterior Gobierno entre las personas que más saben en España en materia de agua, señorías. La Comisión Europea, varias de sus direcciones generales en el mes de marzo de
este año se pronunciaron por escrito en informes que trascendieron a la opinión pública pero que en efecto contenían sólo y exclusivamente aspectos desfavorables en lo económico, en lo ambiental, en lo técnico y en lo jurídico. Señorías, esos
informes llegaron a la opinión pública por aquella filtración y están a disposición de todo el que los quiera conocer. Quizá ustedes no les quieran dar importancia porque efectivamente todos eran contrarios al trasvase del Ebro. (Un señor
diputado: ¡Agua para todos!) No es sólo una decisión partidaria. Los informes de la Comisión Europea de marzo son todos contrarios al trasvase del Ebro y si alguien quiere comprobarlo están disponibles porque fueron filtrados, entre otras cosas,
por algunos funcionarios que estaban ya cansados de la presión que se les hacía para que antes de las elecciones generales se pronunciara la Comisión Europea. (Aplausos.-Protestas.)
Señorías, el real decreto-ley que traemos a esta Cámara es el avance de lo que va a ser la nueva política del agua en nuestro país (El señor Ayala Sánchez: ¡Ya veremos!-Rumores.), una nueva política del agua que va a poner el énfasis en la
gestión de la demanda, en la buena gestión de la demanda, algo que jamás se ha tenido en cuenta en nuestro país. Por eso hoy no podemos decir con el menor rigor ni cuánta agua se consume, ni quién consume esa agua, ni cuánto paga por consumir esa
agua, ni cuánto contamina. (Rumores.) Todo eso hay que cambiarlo, señorías, si forma parte del compromiso prioritario de este Gobierno hacer del agua un territorio para la racionalidad y responsabilidad y no para el agua gratis que algunos todavía
se atreven a defender (Un señor diputado: Tenemos contadores por todos lados.), como si este fuera un país subdesarrollado que no formara parte de la Unión Europea y que se tuviera que seguir subvencionando como si estuviéramos en la época del
hambre que hubo antes de la democracia en nuestro país. Por supuesto, racionalidad económica, racionalidad del gasto público. El gasto público tiene que ser cada vez más eficiente y, por tanto, hay que intentar que se aplique con resultados
correctos y sin ningún despilfarro. Con menos dinero del que ustedes planteaban para hacer el trasvase del Ebro, prácticamente con la tercera parte de lo que ustedes planteaban, es posible incrementar en 1.060 hectómetros cúbicos el agua disponible
para las cuencas mediterráneas (Rumores.); pero además de eso se puede mejorar la calidad, se puede mejorar la gestión del agua y se puede restaurar ambientalmente nuestros ríos. Todo eso cabe en una cifra que, incluso incorporando el coste de las
indemnizaciones que hay que pagar justamente a aquellas empresas a las que se les había convencido para que empezaran ya las obras, aunque el Gobierno ni tan siquiera había dicho cómo se iban a repercutir sus costes, supone un coste público de 3.800
millones de euros frente al coste inicial de 4.200 millones de euros que planteaba el Gobierno del Partido Popular y que, de acuerdo con los propios informes de la Comisión Europea, no eran costes creíbles, eran costes muy infravalorados.
En cualquier caso, un ahorro, de entrada, de 400 millones de euros que nos servirá para hacer muchas otras cosas que este país necesita. Por supuesto, respeto a las directivas ambientales, a las exigencias ambientales que forman parte hoy
día de nuestro ordenamiento jurídico, y eso quiere decir permitir que en los ríos haya el agua que tiene que haber, nada de ponerse a hacer un trasvase sin haber fijado ni siquiera el caudal ecológico en la desembocadura del Ebro. (Protestas.-El
señor Ayala Sánchez: ¡Eso es mentira; eso no es verdad!) Cosas que no se hicieron. (Aplausos.)
Por otra parte, señorías, la nueva política del agua requiere una reordenación de las concesiones existentes, porque en España existen concesiones históricas que permiten utilizar cantidades de agua a determinados usuarios absolutamente
superiores a las cantidades de agua que se podrían utilizar incrementando la eficiencia en el uso del agua.
(Un señor diputado: ¡Agua para todos!) Por tanto, esa reordenación de las concesiones la llevaremos a cabo de manera inmediata con los
centros de intercambio de derechos del agua que ya existen en la legislación en vigor y que no han sido nunca utilizados, y en los próximos meses iremos reformando la legislación vigente para crear verdaderos bancos públicos de agua. Y por
supuesto, esa reordenación de las concesiones tendrá en cuenta la equidad social, la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental. Más control público de las confederaciones para que de verdad se sepa quién usa el agua, para qué la usa,
cuánto paga y cuánto contamina en cada caso, algo que este país lamentablemente en estos momentos no sabe, y eso es ciertamente gravísimo. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Agua para todos!-Un señor diputado: ¡Agua para Almería!)
Naturalmente, además de una buena política de gestión de la demanda, inexistente prácticamente en nuestro país hasta este momento, hay que aplicar las mejores tecnologías posibles desde el punto de vista de la oferta. Cuando digo mejores
tecnologías posibles obviamente estoy hablando de su coste económico, estoy hablando de su impacto ambiental y estoy hablando de su capacidad técnica. Tenemos que apostar en este país por un modelo de desarrollo bien diferente al que ha
caracterizado los últimos años de nuestra vida en España, con mucha más innovación tecnológica. Señorías, si no lo saben, han dejado ustedes a España en la cola de Europa en materia de investigación y desarrollo tecnológico.
(Aplausos.-Varios
señores diputados: ¡Agua para todos!, ¡agua para todos!, ¡agua para todos!...) Les hemos oído, se lo aseguro. Les hemos oído. (Varios señores diputados: ¡Agua para todos!-La señora García-Hierro Caraballo: Presidente, presidente...- Una señora
diputada: ¡Qué falta de cortesía.-El señor Ayala Sánchez: ¡Eso no es verdad!-Las opciones de oferta que tienen que ser desarrolladas... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio. Dejen expresarse a la ministra. (Fuertes rumores.) El resto de los grupos parlamentarios cuando suban a la tribuna, porque estamos en un Parlamento, cada uno dará su opinión y
luego la opinión pública ya sacará sus conclusiones de lo que pasa en el hemiciclo. (La señora García-Hierro Caraballo: Que retiren las pancartas.-Un señor diputado: ¡Ella nos provoca!-Una señora diputada: ¡Qué espectáculo están dando!)
Siga, señora ministra, pero por favor les ruego particularmente, aunque no me gusta la llamada al orden, que dejen de gritar.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Estaba hablando de la oferta de agua que me parece que es lo único que interesa por esta parte de la sala. Pues bien, señorías, se puede incrementar la disponibilidad de agua en este país, por cierto no sólo en el arco mediterráneo.
Después de ocho años de gobierno del Partido Popular hay problemas de disponibilidad del agua en toda la cornisa cantábrica, en Extremadura y en muchas otras zonas donde ustedes prometieron actuaciones que no llevaron a cabo, y esa es una de las
razones por las cuales han perdido la confianza mayoritaria de los ciudadanos de este país. (Aplausos.) La directiva europea en materia de política del agua lo dice muy claramente. En primer lugar, hay que optimizar los recursos hídricos que tiene
cada una de las cuencas y mientras haya algo que hacer en materia de modernización de regadíos, en materia de ahorro de agua, en materia de reutilización de aguas residuales depuradas, en materia de buena gestión del agua y también en las cuencas
con litoral la posibilidad de emplear la desalazón de agua de mar, todo eso es previo a tomar en consideración ninguna transferencia de agua entre cuencas, señorías. Eso está clarísimo en las directrices europeas en vigor, y a eso es a lo que nos
vamos a dedicar, por supuesto.
Y entiendo por buena gestión del agua, por ejemplo, muchas de las sugerencias que algunos regantes valencianos han tenido a bien comunicar al ministerio, que durante dos meses ha estado dispuesto a escuchar. Y ha
escuchado entre otros a regantes valencianos y parte del anexo de inversiones que incluye el decreto-ley son sugerencias de regantes valencianos, como lo son también de regantes y de otras instituciones en Andalucía o en Cataluña. (Un señor
diputado: ¿De qué te ha servido?-El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Agua en Almería!) Yo comprendo que cuando algunas instituciones sociales dicen que no quieren el trasvase del Ebro, como son los empresarios de Almería, el señor don Javier Arenas
les llama al orden. (Aplausos.-El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Agua en Almería!-) En cualquier caso, es evidente que en este país hay que cuidar no sólo la disponibilidad
del agua, sino que en la oferta hay que cuidar muchísimo más que hasta ahora la calidad del agua.
La salinización que existe en acuíferos sobreexplotados, sobre los cuales no se ha actuado en su momento y han seguido siendo sobreexplotados, genera en estos momentos una situación dramática, desde el punto de vista de esos acuíferos...
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo. Su tiempo ya terminó. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Agua para todos!)
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Estas actuaciones previstas, como digo, tienen en cuenta tanto la necesidad de nueva disponibilidad del agua para todas las cuencas mediterráneas como también de más calidad, mejor
gestión, mejor uso del agua y restauración ambiental en esas cuencas. Todo ello va a ser llevado a cabo desde una concepción modular en el tiempo. No se va a hacer ninguna actuación que no tenga bien definidos quiénes serán los usuarios del agua,
no como el trasvase del Ebro en el que todavía no existía el decreto previsto por la ley del plan hidrológico para fijar quiénes eran los usuarios de ese agua. Por tanto, se van a conocer antes de cada obra tanto las tarifas del agua que se van a
aplicar como quiénes van a ser los usuarios, y esto significa avanzar en el tiempo empleando la máxima responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, del dinero público, pero también del agua. Esa es, señorías, nuestra gestión.
Quiero anticipar en esta primera intervención y desde ahora que el Gobierno está dispuesto a que este decreto-ley se tramite como ley, e invitamos a todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular y en particular el Partido
Popular, a que si se lleva adelante se sumen al trabajo de definir cuanto más mejor las actuaciones deseables en todo el arco mediterráneo, que ayuden todos a definir un buen esquema de tarifas que cumpla con la exigencia europea de la repercusión
de los costes pero que, a su vez, tenga en cuenta que no todo el uso del agua genera la misma rentabilidad económica y que esa recuperación de los costes, que fijaremos en tarifas a través de una ley, de este propio decreto-ley si se tramita como
ley, será equitativa y corresponderá a esa necesaria repercusión de costes que no sólo en el caso de las cuencas mediterráneas, sino en toda España, se tiene que ir haciendo gradualmente, porque también eso lo establece la directiva marco en materia
de política del agua.
Por último, la desalación ha sido objeto de una especie de campaña donde parece que las únicas plantas desaladoras correctas son las que inauguraron los gobiernos del Partido Popular... (Protestas.-Aplausos.) Sí, vean ustedes las
hemerotecas, vean ustedes los folletos de propaganda, bastante costosos, por ejemplo, para la desaladora de Carboneras; hay suficiente material escrito como para demostrar que cuando el Gobierno del Partido Popular inauguraba una desaladora sabía
perfectamente que, por ejemplo, existen técnicas que evitan que la salmuera sea un problema ambiental, existen esas técnicas, y todos los portavoces tienen en estos momentos el informe ambiental que ha elaborado el Gobierno y en el que se ve
claramente que el impacto ambiental del trasvase del Ebro es muy superior al impacto ambiental de la alternativa presentada, y si este decreto-ley se tramita como ley el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo una evaluación estratégica ambiental de
acuerdo con una directiva que entra en vigor en este país a partir del 24 de julio, aunque el anterior Gobierno no se preocupó de preparar su trasposición.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados del Grupo Popular exhiben carteles y gritan: ¡Agua para todos, agua para todos!-Aplausos de los diputados del Grupo Socialista puestos en pie.-Un señor diputado: Ocho años sin agua.-El
señor Ayala Sánchez: Pedro, levántate; te van a poner un monumento.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué vergüenza!-Una señora diputada: ¡Terra Mítica!-El señor Cuesta Martínez: ¡Es una vergüenza!-Un señor diputado: ¡Gamberros!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que el Pleno vaya tornando a lo que tiene que ser el hemiciclo, un lugar de debate político. (Continúan las protestas.) Antes de continuar el orden del día, rogaría tranquilamente que los carteles
fueran retirados amablemente. Muchas gracias. (La señora Cunillera i Mestres: Nunca debieron ser puestos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Cuesta Martínez: ¡Quién te ha visto y quién te ve, tan finolis! El señor
Castelló Boronat: Cállate la boca, Álvaro, que te oímos.)
Por favor, señorías, que esto es el hemiciclo. Les quiero simplemente...
(Continúan las protestas.) Por favor, por favor, ¿quieren atender a la Presidencia? (Un señor diputado: ¡No!) Mucho más sensato que el Reglamento, mucho más sensato
que la dirección de los debates es lo que piense la opinión pública de lo que está pasando aquí, y es la opinión pública la que va a sancionar los comportamientos y las opiniones de unos y de otros. En consecuencia, lo único que pido es que se
mantenga el tono del debate, que puede ser duro, que puede ser rudo, lo que ustedes quieran, pero dejen expresarse con tranquilidad a todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Yo comprendo que hoy es un día difícil. Quienes eran deseosos de
expresar su punto de vista lo han hecho y creo que con suficiencia. Eso sí, piensen un poco en la situación que se ha creado en el día de hoy. Vamos a continuar el debate.
Tiene la palabra para un turno en contra el Grupo Parlamentario Popular, la señora De Lara. Les ruego,
por favor, que escuchen los argumentos de una y de otra parte.
Gracias. (El señor Cuesta Martínez: ¡Quieren privatizar el agua!)
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, hoy es un día triste para el levante y el sureste español (Aplausos.) y lo es porque sin diálogo, sin consenso, sin atender a razones y excusándose en falsas explicaciones, el Gobierno de
España, a través de un real decreto, va a impedir que continúe el desarrollo económico y social de esa amplia zona española que necesita agua para seguir avanzando. El real decreto que hoy se quiere convalidar deroga el trasvase del Ebro, señorías,
pero, a la vez que el trasvase del Ebro, cercena las esperanzas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia y de la provincia de Almería, y especialmente de los regantes de esas zonas, que han hecho cuantiosas inversiones
para utilizar el agua que les iba a llegar y que observan con estupor cómo, siguiendo la consigna del señor Maragall de: ni una gota de agua del Ebro para levante y Andalucía, el Gobierno de España les niega el agua a la que tienen derecho.
(Aplausos.) Creo, señorías, que por primera vez en la historia de la democracia española, con descaro, los intereses de un partido político y de su pacto de Gobierno en Cataluña prevalecen sobre los intereses generales de la nación. (Aplausos y
protestas.) Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia y de la provincia de Almería saben que las desaladoras que les ofrece la ministra de Medio Ambiente son, a día de hoy, un brindis al sol. Se desconoce su ubicación. No
se ha mantenido conversaciones con los municipios, municipios en los que parece que se van a ubicar, si es que la señora ministra lo sabe, y se desconoce asimismo el impacto ambiental y paisajístico que producirán en el bello litoral español.
(Rumores.) El real decreto que hoy se quiere convalidar deroga el trasvase del Ebro, pero no ofrece alternativas reales, señorías, sino que aplaza la solución del problema, pues como ya ha dicho la señora ministra, dentro de un año se estudiarán
posibles transferencias.
Señorías, hoy es un día triste para los ciudadanos del levante y del sureste español y lo es porque en esa decisión del Gobierno de España han primado razones de partido por encima de razones de Estado, ha primado la arbitrariedad por encima
de la solidaridad interterritorial consagrada en el artículo 2 de la Constitución. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.) Las razones dadas por la señora ministra son un exponente de que la demagogia para ustedes, señorías socialistas,
sustituye a la verdad. Cuando un ministro del Gobierno utiliza como sistema la dialéctica de la falsedad lo primero que debemos preguntarnos es por qué lo hace. A mi juicio, en este caso la respuesta es clara: desde la verdad no podría mantener
su posición ni justificar sus planteamientos. Trataré de denunciar, señorías, la manipulación de la realidad que hace la ministra de Medio Ambiente, manipulación de los datos, manipulación en sus afirmaciones, para que al menos, en el 'Diario de
Sesiones' de esta Cámara que recoja este debate y que la ministra no podrá manipular, quede constancia para el futuro de cuál ha sido y de cuál es la realidad del Plan Hidrológico Nacional que hoy va a resultar herido de muerte. (Un señor diputado:
Esa es la realidad.)
Señorías, es falsa la afirmación de la ministra de Medio Ambiente de que existen informes desfavorables de la Comisión Europea sobre el trasvase del Ebro. Lo que usted, señora ministra, llama informes desfavorables no es más que la
filtración de una nota de las decenas de notas que se producen en los distintos servicios de la Comisión Europea y que refleja únicamente el punto de vista de un funcionario. Tengo a su disposición, señorías, las declaraciones del comisario de
Política Regional y la carta de la comisaria de Medio Ambiente, señora Wallström, lamentando las filtraciones que han conducido, y leo textualmente, a tergiversar la posición de la Comisión sobre el trasvase del Ebro. (Un señor diputado: Eso es
verdad.) Aquí están, señorías, por si les interesan, las declaraciones del comisario y la carta de la comisaria de Medio Ambiente, que dice lo contrario de lo que dice vergonzosamente la ministra de Medio Ambiente. (Aplausos.) Usted sabe, señora
Narbona, que sus informes no son tales informes y cabe la posibilidad de que la nota a la que usted alude se haya elaborado posiblemente atendiendo a su petición. ¿Por qué acude a la mentira, señoría, para defender sus propuestas?
Es falsa la afirmación de la señora Narbona de que la calidad del agua del Ebro en su desembocadura es mala y hace inviable el trasvase. Señorías, esa agua la utilizan los habitantes del delta del Ebro, la utilizan para beber, para regar
27.000 hectáreas de arrozales, y también sirve para el consumo de los habitantes de Tarragona y de Reus desde que se aprobó el ministrasvase de 1981. ¿Considera S.S., la ministra de Medio Ambiente, que el agua que consumen los ciudadanos de
Cataluña es menos buena para el consumo de los ciudadanos de levante?
Es, además de falsa, un insulto a la inteligencia la afirmación de la ministra de Medio Ambiente de que la energía necesaria para la desalación procederá de energías renovables, de energía eólica. La energía eólica, señorías, no ofrece ni
la garantía ni la regularidad en el suministro necesaria para el proceso de ósmosis inversa. Esto lo sabe cualquier principiante. Por lo visto no lo sabe la señora ministra. (Aplausos.) Pregunte a sus técnicos, señora ministra, y asuma usted que
hoy es la ministra comprometida con todos los afectados. Tome sus decisiones con rigor, dejando a la puerta de su despacho viejas parcialidades y demagogias.
Es falsa, señorías, la afirmación de la señora ministra cuando nos dice que con su proyecto alternativo va
a llegar más agua, 1.000 hectómetros cúbicos, que con el proyecto del Plan Hidrológico Nacional. En el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, una vez se definió que el déficit del arco mediterráneo eran 2.150 hectómetros cúbicos, en el
anexo de inversiones viene toda una serie de medidas de ahorro de agua, de modernización de regadíos, de reutilización y de desalación en puntos costeros para consumo. Aplicando todas estas medidas, señoría, se consiguen 1.100 hectómetros cúbicos
de agua y se proponía que el trasvase fuese de otros 1.000. Luego miente la señora ministra cuando dice que llevará 1.000 hectómetros cúbicos de agua, porque seguirán faltando en el levante y en el sureste español otros 1.000 hectómetros cúbicos de
agua.
Es falsa la afirmación de la señora ministra de que el coste de la desalación es menor que el coste del trasvase y que el coste de la desalación se sitúa, según afirmaciones suyas aparecidas en toda la prensa, en 30 céntimos de euro por
metro cúbico. El coste de la desalación en plantas estándar se sitúa entre los 60 y los 75 céntimos de euro por metro cúbico, dato que puede confirmarse con cualquiera de los fabricantes españoles de plantas de desalación (desalación por ósmosis
inversa). Otra cosa es si se decide subvencionar parte o la totalidad de la infraestructura, algo que la señora ministra no nos ha aclarado. El precio del agua, señora ministra, de la desaladora de Carboneras, a la que usted alude tantas veces,
amortizando el cien por cien de la inversión, es 0,577 céntimos de euro por metro cúbico. Por consiguiente, señoría, este es un dato objetivo y se puede comprobar, es decir, el doble de todo lo que usted afirma en la prensa. Usted afirma que es de
30 céntimos de euro y el precio en Carboneras, que es donde está el agua desalada más barata, está rondando los 60 céntimos de euro. También hay que tener en cuenta que la desaladora de Carboneras tiene unas características muy peculiares, que se
encuentra junto a una central térmica de carbón, que es la que le proporciona la energía eléctrica.
Convendría que la señora Narbona nos dijera si su modelo para el litoral mediterráneo es que junto a cada desaladora quiere poner una central
térmica de carbón, en cuyo caso tal vez podríamos saber qué es realmente lo que el Ministerio de Medio Ambiente quiere hacer. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) El precio del trasvase del Ebro, señoría, usted que ahora está en el ministerio y tiene
los papeles, es de 0,33 euros por metro cúbico de agua. Usted lo tiene, señoría, usted tiene los papeles. Usted es la ministra de Medio Ambiente y debe dejarse de mentir y de demagogias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)
Es falsa la afirmación de que el Plan Hidrológico Nacional incumple el principio de recuperación de costes establecido en la Directiva marco del agua. En el Plan Hidrológico Nacional, como la señora ministra habrá visto en los papeles del
ministerio, se prevé la repercusión en los usuarios de los costes repercutibles de inversión, mantenimiento y reposición e, incluso, de los costes ambientales. Por cierto, señora ministra, como usted bien sabe, la vida media de una desaladora
oscila entre los 12 y 15 años. Convendría que nos dijera de dónde cree que podrán sacarse fondos o ayudas para volver a hacer las desaladoras que a los 12 años ya han terminado su vida útil. Tal vez convendría que esta amortización la incluyéramos
en el precio de la desalación.
Es falsa, señorías, la afirmación de que el consumo energético de la desalación es menor que el del trasvase. El perfil de las instalaciones del trasvase, así como la demanda y la producción de energía, está definido en la documentación de
la empresa Trasagua, que tiene la señora ministra y que yo puedo ofrecer a S.S. cuando quieran. En ella se determina un consumo energético de 2 Kwh/m3 de agua, es decir, la mitad que en la desalación, señora ministra. En la desaladora de
Carboneras, a la que usted siempre hace referencia, el consumo energético se sitúa en los 4 Kwh/m3, el doble, señora ministra, que en el trasvase. Esto es un dato verificable. Sin embargo, este sería el consumo a pie de planta, porque normalmente
el agua no se utiliza en el lugar que se produce.
Habría que contar, señorías, el consumo para llevar el agua hasta donde haga falta, lo cual incrementa el consumo energético e incrementa el precio. Por cierto, señora ministra, ¿ha calculado usted
el incremento de emisiones de dióxido de carbono que se producirá como consecuencia del incremento de consumo energético? ¿Ha calculado usted cuál será el impacto ambiental de la desalación? ¿Ha calculado usted lo que hará con las toneladas y
toneladas de salmuera que se van a producir? ¿Conoce usted que la Junta de Andalucía no hace más que poner multas a las desaladoras por atentar contra la salud pública? ¿Cómo va usted a remediar esta situación? ¿Es este el modelo con el que la
señora ministra quiere llenar el litoral mediterráneo?
Finalmente, señorías, es falsa la afirmación de la señora ministra de que el ministro Matas ocultó los informes de los expertos porque eran contrarios al Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos.) El ministro Matas encargó informes a una serie
de expertos sin mirar su adscripción política para saber su opinión sobre aspectos concretos del Plan Hidrológico Nacional. De estos informes, señorías, un tercio fueron desfavorables, los demás no. Pero ocurre que el señor Matas no ocultó nada,
porque todos estos informes que la señora Narbona ha buscado desesperadamente por el ministerio durante mucho tiempo y que no encontraba bastaba con que se los pidiera al portavoz de su grupo en la pasada legislatura, porque usted no era diputada
entonces y por lo visto había mala comunicación entre ustedes, pero en la pasada legislatura en la Comisión de Medio Ambiente hubo más de treinta comparecencias de todos los expertos que quisieron venir a explicarnos cuáles eran sus ideas y esos
expertos, tanto los que
vinieron a la Comisión como los que no vinieron, señoría, nos mandaron sus informes. Luego es mentira, señora Narbona, que los informes se conozcan por filtraciones. Los informes los tenemos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de
la pasada legislatura. (Aplausos.)
Señorías, hoy se va a derogar el trasvase del Ebro y se va a aprobar una mal llamada alternativa que lo único que hace es prometer llenar el levante y el sureste español con desaladoras. La nueva cultura del agua, como nos ha explicado la
señora ministra de Medio Ambiente -y no voy a entrar en una guerra de cifras-, apuesta por la desalación masiva; desalación masiva que conlleva un mayor coste económico, un mayor coste energético y un mayor coste medioambiental. Este es el modelo
por el que apuesta la ministra de Medio Ambiente, el modelo por el que apuesta el Partido Socialista.
Señorías, hoy concluye una larga etapa que inició el Partido Socialista en Aragón cuando mentía a los aragoneses porque les decía que el Plan Hidrológico Nacional perjudicaba a esa comunidad. Hoy concluye esa larga etapa de deslealtades de
varios líderes socialistas, entre ellos usted, señora ministra, que acudían a Bruselas a solicitar, en un acto insolidario sin precedentes, que no se financiaran las obras del Plan Hidrológico Nacional, obras necesarias en todas las comunidades
autónomas. (Aplausos.) Hoy concluye esa larga etapa en la que la demagogia y la sinrazón han sido sus características principales, señorías socialistas. El Gobierno del Partido Socialista ha liquidado con un decreto, desde la precipitación y
alejado del rigor, una parte fundamental del Plan Hidrológico Nacional; Plan Hidrológico Nacional que pasará a la historia, y así será reconocido pese a la demagogia, como la respuesta positiva más importante y realista al problema del agua en
España, que venía aplazándose por comodidad o por falta de decisión de los gobiernos desde hace decenios. La señora ministra lo sabe bien porque en su día apostó por un plan hidrológico con trece trasvases. Hay que decir que aquel Gobierno
socialista intentó afrontar el problema, pero la falta de decisión y la falta de consenso con los regantes lo impidió.
Ahora la ministra de Medio Ambiente apuesta por la derogación de un trasvase limitado y por lo mismo riguroso. Los ciudadanos
deben saber que esta pirueta política se debe a condicionantes partidistas.
Previsiblemente hoy saldrá adelante parte de una alternativa que fue rechazada en la anterior legislatura por todos los grupos de la Cámara menos por el Grupo Socialista.
También fue rechazada por todas las organizaciones ecologistas. Algo que tendrá que explicar el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero es su estrategia de concesiones políticas...
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, vaya terminando. Gracias.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.
... que hará posible que el decreto de hoy sea convalidado por aquellos que hace tres años rechazaron la alternativa socialista que contenía lo que hoy se nos propone. Un Gobierno débil confunde pactar con ceder y ya sabemos desde Cánovas
que un pacto no supone una cesión sino un compromiso en lo fundamental. Señorías, aquí el compromiso en lo fundamental es nada menos que la solidaridad que supone llevar el agua que se vierte al mar -15.000 hectómetros cúbicos en lo que va de año
hidrológico, quince trasvases- hasta donde se necesita. Esa actitud insolidaria, no dialogante y excluyente es la que ha adoptado el Partido Socialista y la que nos ha presentado aquí esta tarde, desde la manipulación reiterada, la ministra de
Medio Ambiente, cambiando sus planteamientos de hace años, pero allá ella con sus responsabilidades. En el 'Diario de Sesiones' se reflejarán unos hechos y unos datos...
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, ahora ya tiene que terminar.
Gracias.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.
Como final, queda el compromiso del Partido Popular de devolver la verdad a la política del agua, queda el compromiso de llevar el agua a la España que lo necesita dentro de cuatro años, o antes tal vez, desde un gobierno del Partido
Popular. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Vete a Fátima!)
Gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Medio Ambiente, Narbona Ruiz, sube a la tribuna.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, discúlpeme, usted puede tomar la palabra en cualquier momento del debate, pero el orden del día establece el turno a favor de la convalidación. En consecuencia, tendrá lugar dicho turno y, después, si
lo desea, usted puede subir a la tribuna.
(Protestas.)
Señores diputados, yo les rogaría que siguieran las instrucciones de la Presidencia dentro de un Pleno en el que hay bastante tensión. El procedimiento para la convalidación o derogación de este real decreto-ley va a seguir los requisitos,
por así decirlo, del debate de totalidad. En consecuencia, ha habido una presentación por parte del Gobierno de las razones que le han llevado a promulgar este real decreto-ley, y el Reglamento establece con toda claridad que habrá un primer turno
en contra, que ha sido el realizado por el Grupo Popular; a continuación, puede haber un turno a favor de la convalidación, también por 15 minutos, que puede ejercer el Grupo Socialista, si bien este grupo puede decir que no lo desea ejercer y que
intervenga el Gobierno. Lo que está haciendo el presidente es estrictamente lo que se les había comunicado y lo que dice el Reglamento. En
consecuencia, ¿desea un turno a favor el Grupo Socialista? (El señor López Garrido: Sí.) Turno a favor del Grupo Socialista. (Rumores.)
Tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se somete hoy a la consideración de esta Cámara la convalidación del real decreto-ley por el que se derogan los artículos relativos al trasvase del Ebro y se aprueba con carácter de urgencia un conjunto de
actuaciones para las cuencas mediterráneas receptoras de dicho trasvase.
En primer lugar, señorías, yo querría pedir a los diputados del Grupo Popular, a los escaños de mi derecha, que dado que la materia que nos ocupa, el agua, es una materia altamente inflamable, tuviésemos la suficiente serenidad para exponer
nuestros argumentos con tranquilidad y serenidad. (Aplausos.)
En segundo lugar, señorías, la portavoz del Grupo Popular ha hecho referencia en varias ocasiones a la desaladora de Carboneras, desaladora de mi provincia, construida por el Partido Popular, según el cual su construcción era de una garantía
total desde el punto de vista medioambiental. Decía la señora De Lara que el precio del agua de la desaladora de Carboneras era aproximadamente de 0,577 euros. Señora diputada, eso no es lo que se les dijo a los regantes, no es lo que se convino
con los agricultores de la provincia de Almería y le diré que esa famosa desaladora de Carboneras está al lado de Galasa, una empresa pública de abastecimiento de una zona, y no se previó que la empresa pública Galasa tiene necesidad de agua, hay
cortes de abastecimiento de agua y ustedes ni siquiera lo previeron (Rumores.) Como digo, desde esa necesaria serenidad en este debate, durante los escasos meses que lleva esta legislatura el debate sobre la nueva política de agua se ha convertido
en una de las cuestiones prioritarias. Se han formulado preguntas, se han presentado proposiciones no de ley, ha comparecido la ministra en diversas ocasiones e incluso ha habido mociones. Señorías, hay un total -he tenido la curiosidad de
mirarlo- de 125 iniciativas registradas en la Cámara, teniendo en cuenta también las preguntas escritas y las solicitudes de información. Por su parte, como ha expuesto la señora ministra, el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido reuniones y
contactos con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, con los usuarios, con los regantes, con los empresarios, con los sindicatos, con las organizaciones agrarias, con los ecologistas, etcétera, para transmitirles los planteamientos
del Gobierno en política del agua y para escuchar sus opiniones. Además, señorías, por primera vez y con carácter previo a la aprobación del Consejo de Ministros del real decreto-ley, la ministra compareció en el Senado en la Comisión de
Comunidades Autónomas para exponer su posición. Por lo tanto, señorías, se trata hoy de convalidar un real decreto que reconoce con carácter de urgencia una serie de actuaciones de sobra conocidas; de sobra conocidas puesto que en lo fundamental
el Grupo Socialista presentó en esta Cámara, en la anterior legislatura, un plan alternativo al Plan Hidrológico Nacional del Grupo Popular. Además, dichas propuestas fueron recogidas, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el programa
electoral de los socialistas a las elecciones generales, que fue mayoritariamente respaldado por los ciudadanos en las urnas; actuaciones urgentes y necesarias dado el fracaso del Gobierno del Partido Popular en materia de agua en los últimos
cuatro años para solucionar el déficit hídrico de Cataluña, de Valencia, de Murcia y de Andalucía, un fracaso porque el eje de esa política, el trasvase del Ebro, se ha demostrado inviable desde el punto de vista presupuestario, inviable desde el
punto de vista medioambiental, con informes desfavorables de la Comisión Europea que han llevado a ésta a declarar en varios ocasiones la suspensión técnica de los expedientes para su posible financiación. Yo le iba a preguntar al Partido Popular
si creían también que los informes de la Comisión Europea contrarios al trasvase del Ebro los había dictado el señor Maragall, como decía la portavoz del PP, pero ya lo tengo claro: la portavoz del PP dice que lo ha dictado la señora ministra,
claro que, señora diputada, esos informes de la Comisión Europea son anteriores a las elecciones del 14 de marzo; en todo caso, la señora ministra los habrá dictado a título particular. Como digo, esa política del agua ha sido un fracaso,
fundamentalmente porque no ha sido capaz de dar una respuesta a la necesidad de agua en las cuencas mediterráneas. Se sobrestimó la capacidad del trasvase a las cuencas receptoras. A la vez, como ya hemos dicho también en múltiples ocasiones, no
se fijó el caudal ecológico de la desembocadura del Ebro, se infravaloró el precio final del agua y no se fijaron ni los derechos a esa agua de los usuarios ni las tarifas.
Como digo, todo un fracaso de la política del agua del Partido Popular,
pero también, señorías, un fracaso político, electoral, del Partido Popular y quizás esto sea en el fondo lo que el PP no se resigna a aceptar. Digámoslo claro, ustedes diseñaron la política del agua sin tener en cuenta la Directiva europea del
Agua, sin tener en cuenta la cohesión territorial, pero eso sí, teniendo muy en cuenta los hipotéticos réditos electorales. Puedo comprender que les cueste aceptarlo, porque su política del agua también electoralmente para ustedes ha sido un
fracaso.
Su planteamiento político en estos momentos es que fracase la nueva política del agua. Para ello han anunciado que recurrirán a la política de pancartas, que recurrirán al Tribunal Constitucional y donde haga falta, sin tener en cuenta
que los ciudadanos lo que esperan son soluciones. Es más, el Gobierno de la Comunidad murciana ha anunciado sin el menor recato que pedirá a la comisaria europea de Medio Ambiente que rechace la propuesta de la ministra y del Gobierno de España
para financiar con fondos europeos la alternativa
al trasvase. Ahora el Grupo Socialista podría decir una frase como esta -leo textualmente-: Hemos comprobado con estupor cómo el principal partido de la oposición solicita a Bruselas que no se otorgue financiación a nuestro país. Pero
esta frase no la dice la portavoz del Grupo Socialista, la pronunció el señor Pintado Barbanoj, del Grupo Popular, cuando el Partido Popular presentaba proposiciones no de ley en todos los parlamentos diciendo que el Grupo Socialista no apoyaba la
financiación europea. Para eso presentaron la misma proposición no de ley en Estrasburgo, en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos. Como digo, esa frase le viene hoy al pelo al Gobierno de la Comunidad murciana:
Comprobamos con estupor cómo el Gobierno de la Comunidad murciana solicita a Bruselas que no se otorgue financiación para obras importantes en su propia comunidad. (Aplausos.) Son muy distintas las actitudes, señorías, está claro. En aquel
momento, mientras que el Grupo Popular pedía eso, la posición del Grupo Socialista recogida en el 'Diario de Sesiones' era la siguiente: instábamos al Gobierno del Partido Popular a que al fin se pudiera obtener el máximo importe posible de fondos
europeos. Como digo, dos actitudes claramente diferenciadas.
Una actitud completamente diferente a la que está teniendo el Gobierno de la Comunidad murciana.
Señorías, volvamos a la realidad y esa realidad es que el nuevo Gobierno se ha encontrado con un trasvase, el trasvase del Ebro, sin viabilidad y con unas cuencas mediterráneas con necesidad de soluciones a sus problemas del agua. Esa es la
realidad y no otra. Para dar respuesta a esa realidad el Gobierno se ha puesto manos a la obra con urgencia y con la misma urgencia el PP debería anteponer la necesidad de soluciones de los ciudadanos y aceptar el fracaso de su política del agua.
Desde luego, una urgencia justificada teniendo en cuenta que con tal de poner primeras piedras en la campaña electoral -no olvidemos que el PP pensaba sobre todo en el rédito electoral de esta actuación-, se adjudicaron obras que en estos momentos
son inútiles y no se van a terminar. Suponen, por tanto, un despilfarro de la inversión pública que es urgente parar. Como también es urgente asegurar la cofinanciación europea y dar respuesta a las necesidades de agua en comunidades como
Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Por eso el decreto-ley contempla un incremento de 1.063 hectómetros cúbicos de agua, algo más que los hipotéticos 1.050 hectómetros cúbicos, no del Plan Hidrológico Nacional, sino del trasvase del Ebro, de
los cuales 145 hectómetros irán destinados a las cuencas de Cataluña, 270 para la del Júcar, 336 para la del Segura y 312 para la cuenca del Sur; 187 para Almería y 125 para Málaga, que no estaba ni siquiera previsto. Estas actuaciones son
urgentes y, por supuesto, con todas las garantías ambientales. Ya sabemos que al Grupo Popular se le ha despertado su lado verde y ahora le preocupa la repercusión de las emisiones de CO2 en la atmósfera y los vertidos de salmuera, cuestión que,
como es sabido, no les preocupó cuando de las desaladoras se encargaba el Gobierno del Partido Popular, así como tampoco les preocupó el cumplimiento del Protocolo de Kioto casualmente cuando ellos eran Gobierno.
El real-decreto va acompañado de una memoria ambiental comparativa que también ha expuesto aquí la ministra. Además, el Grupo Socialista defendió en el debate del pasado Pleno una enmienda -por cierto, enmienda que ustedes no aceptaron-
para hacer una evaluación ambiental estratégica de las actuaciones recogidas en el decreto-ley, manteniendo, eso sí, la urgencia de algunas de las actuaciones. Como dijimos, esa propuesta se mantendrá en la tramitación como proyecto de ley que ha
anunciado la ministra que vendrá a esta Cámara. En relación con el consenso, que también se esgrime, he de decirles que el apoyo de este real decreto va a quedar reflejado en la votación de convalidación que tendrá lugar al final. Espero que
obtenga de los grupos parlamentarios más apoyo que obtuvo el plan hidrológico y más votos. Como dijo la ministra, será tramitado como proyecto de ley con la voluntad del Grupo Socialista de alcanzar el máximo consenso.
Señorías, el Grupo Socialista pide la convalidación en esta Cámara del real decreto que recoge las actuaciones claramente urgentes, actuaciones imprescindibles en las cuencas mediterráneas para solucionar el déficit hídrico; actuaciones
viables, posibles, respetuosas con el medio ambiente y actuaciones que desde el ministerio y desde el Grupo Socialista pretendemos que tengan el máximo consenso territorial, social y político.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno en contra y el turno a favor entraríamos en el turno de fijación de posiciones, pero es cierto que el Gobierno puede intervenir cuando lo desee. Si quiere, puede hacerlo S.S.
(Pausa.)
En ese caso, entramos en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, ha solicitado la palabra el Grupo Mixto.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy es un día de gran satisfacción no sólo para la mayoría de los aragoneses y para la gente del Delta del Ebro, sino para todos aquellos que creen en la nueva cultura del agua y por tanto en la racionalidad y en la sensatez. El
Gobierno anterior intentó ocultar el debate científico. Previamente a la aprobación del denominado Plan Hidrológico Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente encargó a 130 hidrólogos, geólogos, ingenieros, geógrafos, ecólogos, economistas, juristas
y sociólogos la elaboración de informes acerca
del plan, de los cuales sólo 85 respondieron en el plazo de noviembre de 2000. Sin embargo, estos dictámenes no se hicieron públicos ni se tuvieron en cuenta por el Gobierno ni por el Consejo Nacional del Agua.
Según el señor Matas, no se
publicaron porque eran secretos. Eso ha dicho hace cuatro días. El 5 de febrero de 2001, 62 científicos de aquellos se reunieron en Madrid para contrastar sus informes y acusar públicamente al ministerio de no haber consultado a los expertos con
intenciones sinceras, sino sólo para cubrir el expediente, actuando de cara a la galería. Salvo uno, todos los informes coincidían en criticar profundamente el plan y en concluir solicitando la retirada del mismo. El propio Grupo Chunta
Aragonesista tuvo que ir al ministerio y trabajar como amanuense del medioevo para extraer una serie de conclusiones que no me resisto a traer a la Cámara de nuevo para que quede claro que esta derogación no es un capricho ni una venganza, sino el
fruto de la sensatez.
Las conclusiones de la remisión de los informes que por su contundencia y claridad quiero recordar son las siguientes. Primero: ausencia de debate.
Los expertos creen que se ha hurtado a la sociedad el debate, no sólo de política hídrica,
sino del futuro modelo territorial del Estado español.
El Plan Hidrológico Nacional ignora lo que el Ministerio de Medio Ambiente decía en el Libro Blanco del agua: Es posible resolver graves contenciosos hidráulicos si se aborda con prudencia y
rigor técnico; explicación a los agentes interesados; plena transferencia en el proceso de discusión y verdadera voluntad política de alcanzar acuerdos razonables y equitativos. Todo esto no se hizo. Segundo. Adolece de rigor científico.
Conceptos como déficit estructural o cuencas excedentarias y deficitarias son desmoronados literalmente desde la perspectiva de los científicos. Al igual que nadie entendería que se hablara del déficit estructural de la gasolina o del desequilibrio
del petróleo. Resulta cuando menos chocante que el Plan Hidrológico Nacional ni siquiera aborde las raíces o analice las causas de las situaciones de sobreexplotación, degradación o salinización de acuíferos. Tercero. Impacto medio ambiental. El
Plan Hidrológico Nacional no responde a la lógica de la sostenibilidad, no valora el impacto de cambio climático y sus previsibles efectos sobre la futura distribución de cultivos. Tampoco considera los riesgos de pérdida de la biodiversidad de las
cuencas donantes y preceptoras o los efectos demoledores sobre valles y ríos del Pirineo o del Delta del Ebro. Cuarto. Errores en el análisis económico.
No supera las prácticas propias del análisis de rentabilidad financiera y de coste a
beneficio del plan que justifique la opción elegida. Los presupuestos se basan en estimaciones hechas sobre costes de obras caracterizadas como similares, abocando, según los expertos, a que en las estimaciones se produzcan desviaciones en la
ejecución de obras complejas que rebasen el 50 y aún el cien por cien. Quinto. Incumple todas las directivas europeas. La técnica jurídica para articular el Plan Hidrológico Nacional es insuficiente para que sea compatible con la Directiva marco
del Agua que consagra el principio de unidad de cuenca, tanto en los aspectos económicos, política de repercusión en los usuarios de coste ambiental y externalidades, como medioambientales. Su planteamiento choca frontalmente con el Tratado de
Amsterdam, que establece como objetivo de la Unión Europea el desarrollo sostenible.
Sexto. Duda sobre la agricultura del futuro. En la evolución de la demanda de agua para riego no se ha contemplado ni los escenarios resultantes de la próxima
liberalización comercial ni el impacto de la reforma de la PAC ni el futuro de la política de subvenciones, que no se podrá mantener ilimitadamente. Séptimo. Insuficientes estudios previos.
Los beneficios están mucho más personalizados en la
cuenca receptora que en la cedente. Algunos expertos piden revisar las demandas de agua que se han utilizado para definir los denominados déficits hídricos estructurales, concepto del Plan Hidrológico Nacional difícil de comprender desde una
perspectiva exclusivamente científica. Octavo.
Desequilibrios territoriales. Es un plan de obras hidráulicas que responde a una anacrónica concepción de la planificación y no exactamente a un plan hidrológico. Apuesta por una política
desarrollista anticuada para las zonas receptoras y poco equilibradas. España ya es el primer Estado del mundo en número de presas por habitante y el último en Europa en el uso de aguas subterráneas para abastecimientos urbanos. De esto debe usted
ir tomando nota. Nueve. Falta de estudios alternativos. No se estudian las alternativas a los trasvases que son desechadas sin un análisis riguroso, ni siquiera mínimo, que permita plantearse otras opciones: desalación de agua del mar en zonas
costeras, solución esta definitivamente para la que el tiempo juega a favor y que no se ve afectada por los cambios climáticos; aprovechamientos de agua subterráneas o acuíferos salobres; reutilización de las aguas residuales, reciclaje y
depuración de las aguas; políticas activas de reducción del consumo de agua y limitación al crecimiento futuro de la demanda en zonas deficitarias. Los científicos a los que se les pidió el estudio rechazaron radicalmente este plan. La señora
diputada que se ha marchado dijo que los habían publicado. A mí no me ha llegado nunca ninguna publicación, las deben de tener guardadas solamente para los militantes del Partido Popular. (Aplausos.)
Señorías, ha sido una guerra larga y dura, repleta de mentiras, medias verdades, abuso de los poderes mediáticos, paseos militares y victorias testiculares, pero al final se han impuesto las razones científicas y económicas desvelando tantas
y tantas cortinas de humo lanzadas para ocultar las verdaderas razones, que son nada más y nada menos que la especulación. El día que la fuerza de la razón vence a la razón de la fuerza siempre será una fecha para ser señalada en los anales de
nuestra historia colectiva. Por todo ello, vamos a
votar afirmativamente apoyando el real decreto presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente; gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. ¿Por Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, desde mi condición de portavoz del Grupo de Izquierda Unida, que lo conforman dos formaciones políticas, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera hacer mi intervención sobre algunas
reflexiones que ya hemos hecho llegar a la señora ministra y partiendo de la base del apoyo a la convalidación del real decreto. Es una noticia muy positiva que se haya derogado el trasvase, una obra disparatada en cuanto a impactos ambientales y
económicos. Esta obra, de hecho, era el paradigma de la gestión insostenible del agua. No voy a explicar argumentos que ya ha dado José Antonio Labordeta. Compartimos las fuentes y normalmente acabamos pisándonos las intervenciones. Por tanto,
reharé mi intervención en función de que la suya también es la mía.
La anterior política llevada a cabo por el Partido Popular era muy clara: gestión de la oferta, buscar los recursos para atender el incremento creciente de la demanda, fuese como fuese. Partía de la base de la inagotabilidad de los
recursos hídricos superficiales que se vertían al mar como sobrantes -habían dicho-, que se desaprovechaban sin función ecológica, económica ni social. Por otra parte, descuidaban el valor energético. La alternativa que usted propone supone un
ahorro energético respecto a la propuesta del Partido Popular. El planteamiento del Partido Popular comportaba diversos elementos. El primero de ellos es que daba por bueno un actual modelo de consumo y de gestión de recursos disponibles
absolutamente insostenible. El segundo es que se daban por perdidos los muchos recursos hídricos hoy contaminados, destruidos o ineficientemente utilizados. El tercero es que desatendía de forma insuficiente e inadecuada los requerimientos del
programa de acción comunitaria, la Directiva marco de Agua de la Unión Europea y en general todas las declaraciones, requerimientos, recomendaciones de las diferentes conferencias internacionales.
Es curioso que ante este panorama aquellos que anteriormente defendían el Plan Hidrológico Nacional hoy intenten territorializar el conflicto. No se trata de la llegada del agua; se trata de la llegada de la obra y de hecho tienen más en
cuenta la obra misma, los recursos que se invierten, el negocio que se puede hacer que la llegada de agua a las zonas teóricamente deficitarias. Tiene que haber agua para todos, pero agua para todos los ríos, agua para todas las personas, agua para
todos los ecosistemas, agua en definitiva para un uso sostenible de la misma. Como les digo, bienvenidos a la cultura de la pancarta. He visto que ponían la pancarta no como una pancarta sino como un tapete, pero se leía sólo Para todos. Se han
descuidado en ponerla bien. Supongo que es falta de experiencia. Pues bien, en el Para todos podían haber incorporado el ladrillo, el cemento y mucho menos el agua que ustedes reclamaban.
(Aplausos.) Lo digo porque a uno se le encoge el corazón
al ver a tanta gente del Partido Popular poner la pancarta y durante tanto tiempo. Es una gozada, un privilegio que tenemos en esta legislatura.
Desde nuestro punto de vista, lo más importante del real decreto es que tiene una función claramente pedagógica, porque lo que introduce es que la solución mejor, la más ecológica, la más económica no son los grandes trasvases, sino
criterios de racionalidad. Hoy es un gran día para las gentes de las tierras del Ebro, una gente que ha batallado, que ha discutido, que ha dado argumentos para la introducción de una nueva cultura del agua y que en fines de semana anteriores
celebraban precisamente la derogación del trasvase. El real decreto va a introducir vida para el Ebro con la aportación de lodos, de hectómetros cúbicos, con una solución para la situación crítica que se vive hoy por los vertidos de la planta de
Flix; en definitiva va a introducir una serie de medidas que van a recuperar la vida de los ríos y, concretamente, la vida del delta y la vida del Ebro, un delta del Ebro que es -hay que recordarlo- el segundo hábitat acuático más importante del
Mediterráneo occidental.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario entiende que este real decreto es claramente positivo, pero el nuestro va a ser un sí exigente, se lo transmitimos a la ministra. Valoramos positivamente el real decreto, pero queremos discutir sobre
elementos que están encima de la mesa y que se tienen que evaluar. En primer lugar, la desalación. Pensamos que la desalación es una solución, siempre y cuando agotemos primero otras opciones. Por ejemplo, en la cuenca del Segura la desalación
supone el 36 por ciento de las inversiones previstas, frente al 3 por ciento de la reutilización. Desde nuestro punto de vista, es necesario dar la vuelta a este planteamiento. La energía que se utilice en el caso de la desaladora de Barcelona -y
esperamos que también en el resto- tiene que ser renovable y se tiene que prestar especial atención a la gestión de los residuos de la planta, tal como se ha planteado en las distintas discusiones en Comisión, garantizando que los emisarios lleguen
más allá de las praderas de posidonias.
En segundo lugar, tenemos que reabrir, discutir y valorar el anexo 2 del Plan Hidrológico Nacional, porque tal y como se planteaba puede implicar -esperamos que se modifique- que se sigan programando múltiples trasvases y que el trasvase
Júcar-Vinalopó se dé en un río que la mayor parte del año no llega al mar. Se tiene que hacer un plan de recuperación integral del Júcar que incluya la detención de la sobreexplotación
de los acuíferos de la Mancha oriental. Hay otro tema que afecta sobremanera a este anexo 2, que es el pacto del agua del Aragón. El informe realizado recientemente por técnicos de la Fundación de la nueva cultura del agua concluye que el
recrecimiento de Yesa no era necesario y se planteaba como alternativa que no se almacenase esa agua. No sé si esas obras pueden ser tan impactantes como el trasvase, pero en todo caso pueden ser muy impactantes. Son medidas a revisar, a
reorientar y a discutir en el marco de lo que tiene que ser la nueva política de aguas.
En tercer lugar, lo que nos hace falta es una cultura de la gestión de la demanda. Queremos hablar de la gestión de la demanda para cubrir las necesidades del bajo Ebro y de levante, porque son necesarias, pero se pueden dar con menos
regadíos, con más ahorro y con una eficiencia en la gestión del agua. No es el primer sitio, ni sería la primera vez que se pasan campos de regadío a campos de secano. En un país como el nuestro debe estudiarse el trasvase del regadío al secano.
En definitiva, le pedimos que se plantee una cultura del agua basada en la sostenibilidad, en la subsidiariedad, en la eficacia y en la participación.
En cuarto lugar y por último, en las confederaciones se debe hacer esa reforma que la ministra ha planteado. Es un elemento fundamental para garantizar una buena gestión de un recurso escaso, cosa que en las confederaciones no se da, a
veces incluso se da una gestión que podríamos tildar de oscura. Las subvenciones se deben regir por la ecoconvencionalidad. Hay que rescatar derechos del agua de quien los tenga y poner en orden los derechos consolidados pero pésimamente usados y,
por supuesto, no hay que legalizar lo que no es legal. Hasta ahora, la cultura del agua se ha basado en el crecimiento continuo y a veces exponencial de la demanda; luego seguían las necesidades de medias estructurales de gran alcance para hacer
frente a este crecimiento de la demanda y, por último, se proyectaban necesidades de obras hidráulicas a largo plazo para paliar los déficit.
Nuestra propuesta es que, más allá del real decreto, haya un cambio en el modelo de la gestión del agua y que, por tanto, el énfasis no se ponga en si ponemos los mismos hectómetros en el levante, sino en qué políticas alternativas hacemos.
Creemos que el real decreto va en la buena dirección, que apunta bien, pero que hay que rematar. El remate para nosotros se deberá dar en el cambio sustancial del anexo II. Es imprescindible que lo que ha empezado siendo una excelente noticia y un
punto de inflexión en la nueva cultura del agua, acabe siendo un cambio definitivo a favor de una cultura -no de la demanda sino de la oferta- del ahorro y la eficiencia, de una cultura que hable menos de infraestructuras y hable más de esta gestión
sostenible del agua.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, se ha utilizado por varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra la expresión de que es un día triste. Efectivamente, señor presidente, hoy es un día triste pero no sé
para quien. Desde luego, sí que lo es para el parlamentarismo porque tengo la impresión -no sé si usted la compartirá, señor presidente- de que el espectáculo que se ha dado esta tarde en este primer debate no ha sido particularmente edificante.
Dicho esto, señor presidente, usted no se puede imaginar las ganas que este grupo parlamentario tiene de que este problema se resuelva de una santa vez y, particularmente, el diputado que les habla, que lo hace por sustitución del encargado de este
negociado de mi grupo parlamentario y sobre todo porque estamos hablando de un problema serio, grave, de Estado. La distribución de una de las mayores o más relevantes fuentes de riqueza de un país no es una cuestión baladí y aquí el consenso
político es absolutamente imprescindible.
Señora ministra, le ha provocado cierto alivio a mi grupo parlamentario su oferta de que se tramite como proyecto de ley este real decreto, cuya convalidación adelanto vamos a votar de forma favorable. El debate parlamentario de los
proyectos de ley requiere aproximaciones a lo que en este momento supone el gran déficit de este debate, y un consenso suficiente, una serenidad, una razonabilidad sobre problemas que son complejos técnicamente -qué le voy a decir para mí, que no
soy un experto en esta materia- para cualquier experto, a tenor de los informes que me ha sido dado a leer y a conocer.
Nuestra opinión sobre esta materia, dado el apasionamiento con que se ha producido este debate -lo voy a explicar no de forma sucinta, sino palmaria-, es la siguiente. El problema del agua deriva de un requerimiento constitucional. El
problema de la distribución equilibrada de los recursos naturales es un requerimiento, es un mandato, que la Constitución dirige a todos los poderes públicos, a los poderes públicos del Estado también. Es un mandato consignado por el artículo 45 de
la Constitución. Los recursos naturales deben ser equilibradamente distribuidos entre todos los lugares, entre todas las regiones, entre todas las comunidades autónomas, entre todas las naciones del Estado español. Es un requerimiento
absolutamente constitucional. Desde esta perspectiva, el real decreto-ley que nos presenta para su convalidación, señora ministra, tiene el fumus, tiene la apariencia de estar concebido de forma técnicamente razonable. Los parámetros en los que se
basa nuestra opinión son los siguientes. En primer lugar, lo que hay que conseguir es la disponibilidad de agua para todos. Ese es un paradigma, es un principio
difícilmente discutible que no va a ser refutado por nadie en esta Cámara.
Es necesario garantizar el agua para todos desde determinadas limitaciones y perspectivas entre las cuales nosotros primero destacaríamos la sostenibilidad;
sostenibilidad que es un concepto absolutamente incompatible con el desarrollismo que a veces se ha practicado de forma muy desordenada por los reclamantes y receptores legítimamente de agua con ciertas prácticas turísticas, de un turismo
particularmente sofisticado y glamuroso, con un exceso de consumo de agua que iba más allá de lo razonable e incluso para los requerimientos turísticos de la zona. En definitiva, la sostenibilidad es un principio que debemos considerar. Usted no
sólo habla de desaladoras -yo creo que se está simplificando excesivamente el debate-, porque en la propuesta de este real decreto-ley estamos hablando de captación de aguas subterráneas, de reciclaje del agua usada, estamos hablando de múltiples
mecanismos de actuación que le dan una apariencia de sostenibilidad e incluso de ajuste a la normativa europea, en concreto a la Directiva 2060, que hace referencia al mantenimiento de los ecosistemas asociados a las cuencas que algunos piden que
sean objeto de trasvase.
Desde esa perspectiva, eso es lo que nos hace mantener una posición no particularmente crítica, pero sí con algunas reservas, señora ministra.
El tema del agua, en primer lugar, requiere consenso social. Por lo tanto, le reclamamos, le
solicitamos o le pedimos -use la expresión que usted considere pertinente- que hagan un gran esfuerzo por conseguir o recabar este consenso social del que en este momento carece este debate.
En segundo lugar, un estudio adecuado de los impactos
medioambientales, según los cuales las desaladoras no son las que propician las mejores prestaciones a tenor de lo que estamos viendo. Podríamos poner como ejemplo lo que está ocurriendo en la provincia de Almería, donde todas las desaladoras allí
existentes están en una situación o de alegalidad o de ilegalidad o cerradas o sancionadas. A nosotros nos preocupan estas disfuncionalidades. Me estoy refiriendo a la desaladora de Carboneras, a la de Palomares, a la de Almería capital, a la de
Pulpí, a la del Cabo de Gata, de Almería, y la de Marbella sigue sin funcionar, señora ministra.
No parece que tampoco las desaladoras se erijan en el paradigma o en la varita mágica que solucione este tipo de problemas. Nos encontramos también
con el problema del precio de la reutilización del agua de las desaladoras y con potenciales impactos medioambientales que hay que valorar como, por ejemplo, el lugar geográfico, ya en el mar, en el que hay que proceder a la desalación para evitar
impactos medioambientales en las costas poseidóneas. Nos estamos refiriendo, en definitiva, a distintas cuestiones que no parece que estén perfectamente perfiladas en el real decreto-ley que usted nos presenta y que quizás en un proyecto de ley se
puedan perfilar mejor y puedan ser susceptibles de recabar mayores consensos.
Nos estamos refiriendo también a que parece que no sólo desde una perspectiva de aproximación empírica al problema, sino incluso experimental, las desaladoras sí son una solución para zonas insulares, son una solución también en los
requerimientos de aguas en determinadas zonas costeras, pero son más dudosas como solución para zonas del interior para los requerimientos de la agricultura, de la industria y del turismo, donde parece más pertinente la utilización de procedimientos
como trasvases, en la medida en que sean técnicamente razonables, el afloramiento de aguas subterráneas u otros. No digo que no se contengan fórmulas de esta naturaleza en el real decreto-ley que usted nos presenta, pero es una opinión y nuestro
grupo observa esta especie de contradicción, de dialéctica absolutamente contradictoria, entre desaladora y trasvase, que no parece que sea una dialéctica pertinente para recabar el consenso social y tampoco las soluciones técnicas que un problema
de esta dimensión y de esta profundidad requiere.
Señora ministra -usted sabe derecho-, a veces tengo la impresión, en este tipo de debates, de que el derecho público no sirve para casi nada; yo me vuelvo a enamorar del derecho civil, del derecho privado. Qué pena que en un problema de
esta naturaleza no se pueda utilizar la actio comuni dividendo, qué pena que no se pueda llegar a una fórmula de naturaleza pactada, consensuada entre todos y que unos recursos que no pertenecen a nadie -pertenecen al demanio público, que es como
decir nadie-, que son de todos, no se puedan distribuir de una forma equilibrada, equitativa y justa, tal como mandata el artículo 45 de la Constitución. Espero que, por fin, no sólo con la convalidación de este real decreto-ley sino sobre todo en
el proyecto de ley que vamos a debatir, de forma menos apasionada, de forma menos acalorada, de forma más consensuada y de forma técnicamente más fundada, podamos resolver este recurrente problema sobre el que, señor presidente, con honestidad le
digo, personalmente, que a mi grupo no le gustaría tener que intervenir en muchas más ocasiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.
Grupo de Esquerra Republicana. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor president.
Señores diputats, señoras diputadas, lo riu es vida. En Esquerra Republicana expresamos nuestra felicitación al nuevo Gobierno por la decisión de emprender una nueva política del agua. Les felicitamos porque es una decisión en contra de
potentes intereses económicos y por la que ganaremos todos, no sólo las gentes
del delta del Ebro, sino todas las gentes del Estado español. En las tierras del Ebro hace unos meses veían difícil la anulación del trasvase.
Ellos lo han hecho posible gracias a su determinación y sacrificio. Este decreto que hoy vamos
a convalidar es el triunfo de la democracia contra la demagogia, contra el uso partidista de los recursos naturales para beneficio de unos pocos. Es el triunfo del sentido común, del respeto al entorno, a la herencia común de vida, de paisaje que
cada generación tiene el deber de preservar para las generaciones venideras. Aun así el nuevo Plan Hidrológico Nacional debe ser coherente y congruente en su totalidad con una nueva concepción de la política hidrológica y una gestión sostenible del
agua. Celebramos las actuaciones referidas en los anexos III y IV, pero vemos con preocupación la vigencia del anexo II de la Ley 10/2001, del PHN. Lo vemos con preocupación porque después de la lectura del citado anexo contabilizamos más de cien
embalses, presas y recrecimientos.
La señora ministra ha expresado su voluntad de incorporar la evaluación ambiental en la tramitación como proyecto de ley de este decreto. Nuestro grupo considera esta cuestión como fundamental. Aun entendiendo que hay determinadas
actuaciones urgentes que deben iniciarse cuanto antes para solventar los problemas más graves de abastecimiento, consideramos que debe generarse un debate transparente y detallado sobre el conjunto de alternativas que constituyen el nuevo plan
hidrológico. El marco normativo europeo y los antecedentes de movilización social nos obligan a desarrollar un debate constructivo con fundamentos rigurosos y sostenibles sobre el futuro hidrológico de nuestros territorios. La evaluación ambiental
debe ser necesaria para cualquier plan o programa que se elabore con respecto a la gestión de recursos hídricos, tal y como expresa la directiva europea. Asimismo, esta normativa expresa que los procesos de consulta, tanto a las autoridades como al
público deben ser previos a la tramitación del proceso legislativo. Es posible que las conclusiones del informe ambiental no coincidan plenamente con la propuesta que hoy está sobre la mesa y que se ha realizado en un tiempo récord por su
dimensión. Este acontecimiento sería un síntoma de higiene y transparencia técnica. El nuevo Gobierno tiene ante sí un reto de democracia ambiental, en la línea de las vigentes directrices europeas, en materia de participación del público y en
línea con el Convenio de Aarhus. Nadie antes ha coordinado una gestión racional y sostenible del agua de las dimensiones pretendidas. Hay motivos para pensar que ahora puede ser el momento, pero no hay garantías ni antecedentes para que lo sea:
Itoiz, Yesa, infraestructuras y pavimentación crecientes en el delta del Llobregat, sobreexplotación histórica de acuíferos, desarrollismo de regadíos en zonas de secano, descontrol en equipamientos consumidores de aguas potables, acusados déficit
en la reutilización de aguas, inexistencia de dobles redes de distribución y un largo etcétera nos aconsejan ser cautos. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que el Estado español sea un modelo de gestión sostenible del agua, pero cuenten con
nosotros para ello.
Nuestro grupo da el voto afirmativo a la derogación del trasvase del Ebro mediante real decreto con la esperanza de que durante la tramitación como ley se produzca el necesario debate sobre política hidrológica, un debate extremadamente
ausente estos últimos años. Aun así hay algunos puntos en los que vamos a insistir. El trasvase Júcar-Vinalopó: el proyecto de conexión de la Redes del Consorci d'Aigües de Tarragona y las Aigües del Ter-Llobregat y el necesario desarrollo de un
plan estratégico de conservación del delta del Ebro.
Sobre el primero, el trasvase Júcar-Vinalopó, apelamos a la exposición de motivos que aconsejan la aprobación del real decreto-ley 2/2004 objeto hoy de convalidación. Es una cuestión de coherencia. Los mismos argumentos que atañen a la
derogación de los grandes trasvases del Ebro son igualmente aplicables al trasvase Júcar-Vinalopó: gravísimas dudas sobre la definición y conservación del caudal ecológico, ausencia de una rigurosa evaluación de los impactos ambientales, falta de
rigor técnico, sobreestimación de recursos, ausencia de estudios de alternativas y vulneración de la directiva marco de aguas. Dado que el trasvase Júcar-Vinalopó es anterior a la definición del derogado plan hidrológico y que aún hay mínimas
opciones para reconducir las inversiones efectuadas hasta ahora en este proyecto, con más motivo hay que remitirse a una cuestión de urgencia incluso en el real decreto objeto de convalidación hoy. Aunque el trasvase forma parte de decisiones
anteriores a la Ley del Plan Hidrológico Nacional, consideramos necesaria la inclusión de las alternativas técnicas al trasvase actual del Júcar-Vinalopó en los anexos III y IV. La reconsideración de este trasvase nos indicaría que realmente el
nuevo Gobierno va a aplicar una política medioambiental sostenible.
Sobre la conservación del delta del Ebro cabe recordar que forma parte del articulado del plan hidrológico la constitución de un plan integral de protección del delta, del que se menciona un contenido mínimo y genérico.
La constitución de
un consorcio en el marco del anterior plan hidrológico entendemos que se hizo para justificar y posibilitar el trasvase. Ahora, sin embargo, consideramos que se deben tomar las medidas necesarias para que el consorcio para la protección integral
del delta del Ebro sea un organismo que desarrolle de forma coordinada y participativa la aplicación de una nueva cultura del agua. Hemos presentado una proposición de ley en este sentido y la mencionaremos en el marco de debate cuando llegue el
momento.
Vemos también que sigue vigente en los anexos el concepto de interconexión de cuencas y, por tanto, sigue siendo objeto de preocupación por parte de Esquerra Republicana el proyecto de conexión de las
redes Tarragona-Ter-Llobregat. Añadiré que no tenemos información detallada de cómo se concretan las propuestas del nuevo plan hidrológico: fórmulas de aplicación tarifaria para propiciar el criterio de recuperación de costes e incentivar
un uso racional del agua; control efectivo de los caudales concesionales; recursos y cobertura legal y administrativa para poder optimizar la gestión de las aguas subterráneas, en algunos puntos no gestionadas o infrautilizadas o/y en otros puntos
sobreexplotadas; estrategias de registro y control de las inversiones del dominio público; acciones para un correcto seguimiento de los vertidos y consiguiente aplicación de cánones; propuestas para el control y reducción en origen de la
contaminación; propuestas y aprovechamiento de aguas pluviales; campañas de mejora en los mecanismos domésticos de suministro de agua, así como electrodomésticos; criterios generales en la recuperación de los ecosistemas acuáticos.
A pesar de los interrogantes sobre los puntos mencionados -evaluación ambiental del nuevo plan hidrológico, derogación del trasvase Júcar-Vinalopó, constitución del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro y retirada del
proyecto de conexión de las redes CAT-ATLL-, damos un voto de confianza al Gobierno y volvemos a expresar la voluntad de Esquerra Republicana para colaborar en la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Finalmente, en turno de fijación de posiciones, por Convergència i Unió, el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la convalidación del real decreto-ley de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional
que prevé la supresión de las obras relativas al trasvase del Ebro, sustituyéndolas por medidas y obras alternativas que persiguen los mismos objetivos. Nuestro grupo parlamentario no puede más que congratularse por la promulgación de dicho
decreto-ley, que significa la retirada del Plan Hidrológico Nacional por lo que respecta al trasvase del Ebro y en consecuencia la preservación ambiental del delta del Ebro, tal y como comprometimos solemnemente en nuestro programa electoral, página
282.
Con esta resolución se resuelve la duda que planteamos al Gobierno en nuestra anterior intervención, el 18 de mayo, sobre cuál sería la formulación jurídica de la anulación del trasvase y, además, valoramos positivamente su debate en esta
Cámara, sometiéndola a su convalidación en su caso. Entendemos que los recursos hídricos, el agua, su uso, su suministro, su sostenibilidad es una cuestión de capital importancia, ecológica, social y económica para este país, que viene de lejos y
que trasciende en el futuro, cuyo abordaje es necesariamente cambiante a lo largo del tiempo y, por tanto, debatir sobre este tema, como lo estamos haciendo reiteradamente y lo haremos sin duda en el futuro en sede parlamentaria, es absolutamente
necesario y puede ser pedagógico para la ciudadanía. En gestión del agua lo que era válido e incontestable, casi dogma de fe, hace 20 años quedó obsoleto 10 años más tarde y lo que entonces fue lo correcto e indiscutible puede haber dejado de serlo
en la actualidad: cambio de tecnologías, cambio de valores, cambio de prioridades, cambio de sensibilidades, evolución social en definitiva.
Valoramos también la circunstancia de la relativa celeridad con que se han adoptado las decisiones
políticas y cómo estas se van reflejando en acciones legislativas, pues la necesidad de suministro y disposición de agua en ciertas zonas del país y la garantía de mantenimiento de ciertos caudales del propio territorio en otros, así como la
aplicación de medidas y obras correspondientes relativas a la reutilización del agua de profundizar en la racionalización de la demanda, no admite demoras. Ahora bien, es necesario ser absolutamente tajante y ágil en la aplicación y ejecución de
las alternativas que prevé el real decreto, paralizando de forma radical y revocando administrativa y jurídicamente las obras en proceso y en marcha. A pesar de lo que digan algunos los dos planteamientos no son compatibles o alternos ni técnica ni
económicamente. Solo uno, entendemos que el propuesto por el Gobierno, puede y debe llevarse a cabo.
En segundo lugar, nos congratulamos por que la modificación de la ley establecida por el Gobierno no afecta a las mejoras que en el trámite parlamentario de la Ley de PHN introdujo el Grupo Catalán de Convergència i Unió, como, por ejemplo,
la creación del consorcio, ahora se citaba, para la protección integral del delta del Ebro, donde la acción conjunta y coordinada de los diferentes niveles de la Administración pública deben asegurar una correcta gestión integral del conjunto del
territorio, incluida el agua, así como las obras comprometidas de preservación y de regeneración del delta o la incorporación de conceptos indicadores de calidad ambiental como el caudal ecológico, el caudal de mantenimiento con carácter de mínimos.
Otros contenidos garantistas de la ley originaria, introducidos en esta Cámara en el proceso de tramitación del plan por nuestro grupo, proceso, por otro lado, insoslayable, dada la mayoría absoluta del grupo que apoyaba al Gobierno y su
determinación de llevarlo adelante a cualquier precio, fueron descartados y excluidos de la redacción definitiva en el último trámite en el Senado, siendo su significado tan trascendente para nuestra posición que el Gobierno de Cataluña, en aquel
momento ejercido por Convergència i Unió, llegó a plantear en su día un recurso contencioso-administrativo contra la legalidad del plan. Efectivamente, lo decía la ministra, nos sentimos engañados. Así pues, reconocemos el
valor de la operación de cirugía fina que significa el real decreto, que ha extirpado sólo aquellas disposiciones de la ley que afectan al trasvase del Ebro, dejando intactas otras disposiciones del texto que nuestro grupo, en su momento,
colaboró en mejorar.
En tercer lugar, quiero constatar que de las disposiciones que el real decreto prevé, más allá de descartar el trasvase del Ebro, deducimos un conjunto de actuaciones hidráulicas y medidas todas ellas coincidentes en educar para el consumo
racional, optimizar el ciclo del agua en el entorno próximo, promoviendo el saneamiento y la reutilización y la obtención de agua donde con las medidas anteriores no sea suficiente, a través de la desalación y la desalobración. Todas ellas
responden a un principio sobre el que nuestro grupo siempre ha insistido y ha defendido, como es el de poner atención y preocupación por las cuencas interiores que, según qué zonas, también padecen escasez o crisis de agua y pueden poner en peligro
su desarrollo, tanto agrícola, urbanístico e industrial como social. Sin ir más lejos estamos pensando en algunas zonas de Girona, la Cataluña central y Aragón. Nos complace comprobar que otros grupos también se han añadido a esta preocupación.
Abundando en esta cuestión, confiamos en que el dimensionamiento de la desaladora de Barcelona, se habla de 60 hectómetros cúbicos, juntamente con la ampliación de la de Blanes y con el concurso de alguna otra en la Costa Brava, permita liberar
caudales del Ter para las cuencas interiores y que este cauce suministre agua a su territorio natural y pueda reducirse paulatinamente el aporte de agua a la gran metrópoli de Barcelona, que actualmente es de siete metros cúbicos por segundo. El
agua del Ter ha de ser prioritariamente para Girona. Sólo en el caso de que las medidas de pedagogía en el consumo del agua, la depuración del agua, la implantación de desaladoras cuyo coste ambiental y económico de funcionamiento ha ido
modulándose por aplicación de mejoras tecnológicas, pero a cuyo pesar el análisis coste-beneficio, incluido el coste ambiental, no resistiera la conexión a la Europa húmeda, nuestra opción política seguirá defendiendo y justificando el trasvase del
Ródano como última ratio. Confiamos, no obstante, que la habilidad, veracidad y oportunidad de la aplicación de las medidas precedentes no hagan ni tan siquiera cuestionable este tema.
De ustedes depende.
Acabo, señor presidente, señorías, señora ministra, afirmando que nuestro voto va a ser positivo a la convalidación del real decreto de referencia y que ahora es el momento de ponerse de nuevo manos a la obra para asegurar y garantizar
cuanto antes a nuestros ciudadanos y de una vez por todas todo el agua necesaria, pero también todo el agua suficiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
Como usted sabe, señora ministra, su intervención va a reabrir un pequeño turno de réplica para los grupos parlamentarios que lo desearan, y luego ulteriormente, si usted lo desea, puede de nuevo intervenir para hacer el turno de cierre.
Gracias.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Presidente, señoras y señores diputados, hemos tenido ocasión de escuchar a todos los grupos políticos que han querido intervenir en este debate, y una vez más, como ha sucedido ya en
esta Cámara, como ocurrió la otra tarde en el Senado, el único grupo que ha defendido el mantenimiento del trasvase del Ebro ha sido el Grupo Popular. (Aplausos.)
Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios que van a votar a favor de este Decreto-ley sus intervenciones, que entiendo en sus contenidos de exigencia ulterior. Como he dicho en mi intervención anterior, esto no es
más que el inicio de un proceso de reforma profunda de la política del agua en nuestro país no sólo en las cuencas mediterráneas, sino en el conjunto de España, que sin ninguna duda va a llevar un tiempo, yo espero que el menor tiempo posible, y
algunas de las herramientas para consolidar ese cambio en la orientación de la política del agua tendrán que ser aprobadas por normas con rango de ley. Por eso creo muy interesante, además de para favorecer la continuación del debate de hoy con
mucho más sosiego y detalle, también para que en el trámite legislativo al que se someterá, si así lo quieren los grupos parlamentarios, este decreto-ley, se incorporen algunas cuestiones que no podíamos añadir al propio decreto-ley. Por ejemplo,
las tarifas a incorporar, y seguramente también el uso de los centros de intercambio de derechos del agua para poder proceder a la reordenación de las concesiones existentes, o incluso ya en ese trámite la creación de los verdaderos bancos públicos
del agua. Estas cuestiones no las podíamos presentar por decreto-ley, pero sí las podemos hacer, y hay toda la voluntad de este Gobierno para llevarlas a cabo aprovechando este trámite legislativo que se puede abrir a partir de ahora. Por
supuesto, también en lo que se refiere a la evaluación estratégica ambiental, a la que me he comprometido desde esta tribuna, que hubiera sido imposible hacerla en los tiempos requeridos para tomar una decisión que considerábamos de la máxima
urgencia. De las intervenciones de todos los grupos que apoyan este decreto-ley, deduzco que entienden las razones de esa urgencia y que, al mismo tiempo, van a ser exigentes, como debe ser, en cuanto a ordenar ese proceso de una reforma en
profundidad de la política del agua. Por tanto, sin perjuicio de algún comentario que haré con más detalle, vaya por delante mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que hoy se suman a la decisión tomada por este Gobierno, decisión que
apareció en el discurso de investidura del presidente Rodríguez Zapatero y que, como otras decisiones que anunciamos,
estamos intentando cumplirlas en el menor plazo de tiempo posible.
Me referiré ahora a los argumentos utilizados por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora De Lara, a la que no he escuchado ninguna explicación de por qué el Gobierno anterior no había establecido la estructura de precios por
distintos usos a la que se iba a someter el uso del agua trasvasada. No se ha dicho nada de por qué se iniciaba una obra de 4.200 millones de euros sin tener fijados ni los usuarios ni las tarifas del agua que se iban a cobrar. Me habla con
carácter general de que estaba prevista la recuperación de costes, pero en su momento pude escuchar a la propia ministra, Elvira Rodríguez, decir que las tarifas se fijarían cuando se terminara; cuando se terminara una obra de 4.200 millones de
euros, para la que no se había fijado todavía, y ya había empezado la obra, quiénes iban a ser sus usuarios, para lo cual se requería un decreto del Gobierno que no llegó a promulgarse. Quizás no le parezcan argumentos solventes, pero le diré que
son los argumentos que aparecen en lo que usted llama una nota de la Comisión Europea. Señoría, hay cuatro informes desfavorables de cuatro direcciones generales consultadas en el trámite previo a la decisión de la Comisión Europea sobre si otorgar
financiación al trasvase o no otorgarla, u otorgarla con determinadas condiciones. El Partido Popular insistió mucho durante tres años, desde que se había aprobado el trasvase del Ebro, en que tenía garantizada la financiación europea. Es más, que
tenía derecho a la financiación europea. Algo que nosotros no diremos nunca, señorías, porque es la Unión Europea la que toma sus decisiones valorando cada una de las obras. El anterior Gobierno llevaba tres años defendiendo esta obra en Bruselas
con todo tipo de argumentos que el Gobierno consideraba los pertinentes. Sin embargo, al cabo de tres años, los informes desfavorables llevaban a lo que se llama, como se ha señalado por parte de la portavoz socialista, la suspensión del trámite de
financiación de la obra, informes que crean una situación de suspensión. Eso es lo que se puede leer en esos informes que usted descalifica nada menos que como una nota escrita para contestar a la responsable del partido en la oposición en ese
momento. Una cosa totalmente descabellada porque ninguna dirección general, en un trámite formal como el que estaba abierto, hace una nota para contestar a un grupo político de ningún país. La Comisión tiene sus tiempos. Por supuesto no había
llegado todavía a la decisión definitiva, pero todos los informes del trámite abierto para tomar esa decisión eran desfavorables. Esa es la realidad. Aquí no hay ninguna manipulación. Si usted quiere llamar nota a informes de cuatro direcciones
generales consultadas en el trámite, puede usted hacerlo, pero posiblemente no sepa cómo funciona la Comisión Europea.
Los informes técnicos según usted los conocen todos los diputados de esta Cámara, aunque creo que ya ha habido alguno que ha manifestado que no los conocen0. Por supuesto se explicaron aquí 30 de un total algo superior a los 80, por lo que
hasta ahora sabemos. Evidentemente, no estaban precisamente a la vista, porque han tenido que darse gestiones de los anteriores responsables del ministerio para que encontráramos los informes guardados en un armario de esos que no se abren nunca,
señorías.
Esa es la realidad de donde están los informes. Este Gobierno los publicará todos. (Aplausos.) Los desfavorables ya han sido publicados, sus propios autores se ocuparon de reunirlos en un libro que se publicó el año 2001. Nosotros
vamos a hacer públicos también los informes favorables, porque eso contribuirá a un debate democrático, riguroso y absolutamente solvente sobre las alternativas de política de agua que hoy en el fondo está valorando esta Cámara con mayoría contraria
al trasvase del Ebro.
Por otra parte, señoría, usted identifica un trasvase, un gran trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos, con la solidaridad y con el desarrollo económico, es decir, según usted no hay desarrollo económico si no hay trasvases. Pues lamento que
no haya escuchado a los representantes de Coalición Canaria que el otro día tuvieron ocasión de manifestar públicamente que en Canarias hay desarrollo económico gracias a la desalación; por supuesto que lo hay. (Aplausos.)
Hay que utilizar mejor las aguas subterráneas, utilizar mejor las aguas superficiales, aumentar la modernización de nuestros regadíos, que todavía hay regadíos tradicionales incluso en Murcia, que es, sin ninguna duda, la comunidad autónoma
donde más se han modernizado los regadíos.
Ahí están las hectáreas modernizadas y también las no modernizadas hasta ahora. Por cierto, esas obras que ustedes prometían además del trasvase del Ebro están en el anexo II. Ya saben ustedes que en el
anexo II de la Ley del Plan Hidrológico Nacional se metió todo, estaban obras incluso terminadas, que se sacaron rápidamente cuando se descubrió que alguna ya la había inaugurado algún ministro del Gobierno del Partido Popular; también había obras
en ejecución, una parte muy importante de obras del anexo II estaba en ejecución desde hacía un tiempo; luego, había obras que todavía no estaban en ejecución. Lo que nos hemos encontrado en el Ministerio de Medio Ambiente, señorías, es que ni
siquiera había presupuesto consignado para los próximos cuatro años para llevar a cabo la mayoría de esas obras que según ustedes se iban a hacer además del trasvase del Ebro. ¿Cuándo se iban a hacer? ¿Por qué después del trasvase del Ebro, cuando
la directiva marco dice muy claramente que antes de hacer una transferencia de agua háganse todas las otras actuaciones que permiten optimizar el agua de una cuenca? Ustedes habían dado la vuelta a esa prioridad porque seguramente nunca se fijaron
demasiado en los contenidos de esa directiva que estaba ya aprobada por la
Unión Europea cuando trajeron a esta Cámara la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Señores del Partido Popular, el único pacto que tiene este Gobierno es con los ciudadanos, con los ciudadanos de Murcia, con los ciudadanos de Valencia, con los ciudadanos de Cataluña, con los ciudadanos de Andalucía y del resto de España.
(Aplausos.) ¿Queremos hablar de solidaridad? Expliquen ustedes a los diputados de Asturias, de Cantabria, de Extremadura, por qué no se ocuparon durante ocho años de resolver carencias de abastecimiento de agua potable -no hablo de otras carencias,
hablo de abastecimiento de agua potable- a esa España que en parte se sigue denominando con bastante imprecisión la España húmeda. ¿Quieren ustedes saber qué está pasando en la España húmeda? Dejen hablar, como hablaron el otro día en el Senado, a
los representantes de las comunidades autónomas de Asturias y de Cantabria. Lo de la España húmeda y la España seca y lo de que todo se resuelve con un trasvase se podía entender hace veinte años, hace once años, desde luego, hoy día no sólo no es
esa la única respuesta respuesta en materia de política del agua, como dicen ustedes, sino que ni siquiera es la prioritaria.
La solidaridad de la acción pública viene a través de los Presupuestos Generales del Estado, que distribuyen en todo el territorio nacional, de acuerdo con prioridades reales, los recursos que todos los ciudadanos aportamos a través de los
impuestos. Ustedes, con esa solidaridad, desde el gasto público, han rebajado el peso del gasto social en términos de producto interior bruto en los ocho años que han gobernado. ¿Llaman solidaridad también a bajar el gasto social en términos de
producto interior bruto durante los ocho años que han gobernado, alejándonos así de los mejores niveles de calidad de vida y de protección social de los países europeos? Nuestra idea de la solidaridad es bastante distinta.
(Aplausos.)
Señora De Lara, usted dice, entre otras cosas, que todavía hay muchas dificultades para aprovechar bien la energía eólica. Si siguen ustedes gobernando otros cuatro años, ni le cuento las dificultades que iba a tener, porque ustedes no han
hecho un esfuerzo real para promover en España las energías renovables. En este país, el incremento del consumo de energía de los últimos años, que ha ido muy por delante del incremento del producto interior bruto, prácticamente ha absorbido lo que
se había avanzado en energías renovables, con lo cual España sigue estando en una situación lamentable, donde ustedes la dejaron, a la cola de todos los países europeos, en relación con el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Me parece haber oído
que se preocupan ustedes del Protocolo de Kioto.
Espero que sea así y que en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan se pongan manos a la obra para hacer políticas de apoyo a la eficiencia energética y a las energías renovables.
La señora De Lara ha manejado algunos datos económicos, algunos datos energéticos. Yo me remito a los datos que ha presentado el Gobierno en el informe ambiental que se acompaña, que tienen ya todos los portavoces de los grupos políticos y
que es el primer paso para una auténtica evaluación estratégica ambiental; unas primeras comparaciones donde, además del gasto energético, que nosotros entendemos que es un 30 por ciento inferior al consumo energético de las desaladoras, hay
algunas otras cuestiones a las que ustedes no parecen dar importancia, como la ocupación del terreno o el movimiento de tierras, algo que he escuchado que preocupaba para las plantas desaladoras. Toda la alternativa del Gobierno socialista, todas
las obras relativas a la calidad del agua, a la mejor gestión del agua, a la modernización, a la reutilización de aguas residuales y a las desaladoras, todo ello, tiene un impacto en términos de ocupación de terreno y de movimientos de tierras
insignificante respecto a lo que iba a ser la ocupación de terrenos no sólo del tubo del trasvase a lo largo de 914 kilómetros sino todos los movimientos de tierra asociados, con sus correspondientes impactos ambientales no evaluados en la
declaración de impacto ambiental que se hizo en su día del trasvase del Ebro.
Ustedes piden que haya diálogo y consenso. Bien. Es difícil dialogar y consensuar nada con quien no quiere escuchar, señorías. En este momento, además de los grupos de esta Cámara, de los grupos que representan a la mayoría de los
españoles, saben ustedes que Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos de los trabajadores de este país, apoyan la alternativa del Gobierno; dos de las tres organizaciones agrarias (UPA y COAG) apoyan la decisión de este Gobierno, y todas las
organizaciones ecologistas están felices por el hecho de que se derogue el trasvase del Ebro. Ésa es la realidad, señorías. (Aplausos.) Les digo algo. No sé lo que pensarán los ciudadanos de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan y
donde siguen queriendo convencerles de que si no hay trasvase es la ruina, cuando empiecen a ver que hay agua disponible con otras actuaciones que no son el trasvase, que ustedes se han estado oponiendo a que haya inversión pública en sus
comunidades autónomas y a que se haga un esfuerzo no sólo para incrementar los hectómetros disponibles sino, todavía más importante, para mejorar el uso del agua, para mejorar su gestión y su calidad; no sé lo que pensarán los ciudadanos de dos
comunidades autónomas que en estos momentos abanderan el trasvase del Ebro como la única solución para evitar la ruina de los valencianos y de los murcianos. ¿La ruina? Tengan en cuenta que la ruina procede de muchos factores, por ejemplo, de
hacer proyectos económicos totalmente desmesurados, como Terra Mítica, por ejemplo -y ahí viene la ruina- (Aplausos.), perdiendo calidad nuestra oferta turística a base de cementar el litoral sin siquiera dejar un rastro de los valores ecológicos
y naturales que hacen que nuestro país goce de un extraordinario prestigio en el ámbito internacional. Ustedes están favoreciendo la muerte de la gallina de los huevos de oro, señorías. Luego si queremos hablar de desarrollo económico,
seguro que podemos hablar, sin ninguna duda.
Respecto al resto de las intervenciones que se han producido en esta Cámara, comenzaré por la del Grupo Mixto, señor Labordeta. En relación con su apreciación sobre el libro blanco, señor Labordeta, quiero decirle también que aquel libro
blanco editado el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente dejaba clarísima la situación de caos administrativo total de las confederaciones hidrográficas, caos administrativo total. El propio libro blanco decía que sin superar ese caos no se
podría hacer una política racional del agua. Año 1998. Ahora empezamos a intentar reconducir ese caos administrativo, comenzando, por supuesto, por cerrar pozos ilegales, como estamos haciendo ya en la Confederación Hidrográfica del Segura, porque
no hay peor sentido de la solidaridad que aquel que pretende aprovecharse del agua sin tener siquiera derecho a ello o yendo más allá de los límites que hacen sostenible el uso de los recursos subterráneos. Eso, señorías, nada tiene que ver con la
solidaridad, y ustedes lo saben bien.
Además de los informes a los que se refería el diputado Labordeta -los informes a favor, los informes en contra-, aprovecho para decir en este momento que en el libro que recoge todos los informes desfavorables está publicado el voto
contrario de los cinco expertos del propio Consejo Nacional del Agua, es decir, los que forman parte de ese órgano al que el Partido Popular concede la necesaria relevancia; los cinco científicos del Consejo Nacional del Agua que, digo yo, estaban
ahí porque el Gobierno anterior consideraba que representaban a la comunidad científica de nuestro país. Todos en contra, señorías.
En cuanto a la intervención del representante de Izquierda Verde, que nos da ese voto de confianza que también se ha expresado en otras intervenciones en esta Cámara y que yo agradezco sin ninguna duda, quiero remitirme a algunos detalles en
relación con la propuesta y con las observaciones que él mismo ha hecho. La desalación debe hacerse agotando otras posibilidades. Señorías, hasta donde hemos podido, en el poco tiempo que hemos tenido para evaluar qué alternativas podía haber para
incrementar el agua, hemos apurado bastantes de las posibilidades de ahorro, de modernización y de reutilización. Precisamente porque no tenemos un conocimiento exhaustivo, hemos dicho que en el plazo de un año podremos tener un diagnóstico mucho
mejor y ver qué actuaciones complementarias se pueden hacer. El orden de actuaciones que llevaremos a cabo se ajustará al diagnóstico que tengamos con mayor precisión que el que hemos tenido para hacer este primer intento de reorientar la política
del agua en España. No habrá ninguna desaladora financiada con fondos públicos que no garantice desde el propio diseño de la desaladora que no habrá impacto sobre las praderas de posidonia y el resto de los ecosistemas marinos a proteger; ninguna
desaladora se adjudicará si no cumple esa condición. Todas aquellas que puedan asociarse al uso de energías renovables se asociarán a las mismas. En ese sentido, ya hemos transmitido a las empresas del sector nuestra prioridad absoluta en esta
materia. En este país se puede utilizar muchísima más energía renovable de la que se ha utilizado hasta ahora y estaremos muy satisfechos si este proyecto alternativo, entre otras cosas, contribuye a elevar el peso de las energías renovables en
nuestro país.
Por supuesto, hay muchas otras cuestiones. Varios diputados han expresado su preocupación por el contenido del anexo II de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Les puedo decir que revisaremos todos los planes de cuenca a la luz de la
directiva marco y que aquellas actuaciones para las que existan alternativas mejores serán también revisadas para cumplir los objetivos que se pretendían, pero siempre con la mejor de las alternativas disponibles. Lo que vamos a hacer con el
trasvase del Ebro pretendemos hacerlo con el conjunto de la política del agua en España.
Soy consciente de que para ello necesitamos tiempo y capacidad de abordar esta empresa, pero estoy segura de que, entre otras cosas, la tramitación como ley de
este real decreto-ley va a favorecer las mejores ideas de este Congreso de los Diputados para aportar a ese esfuerzo del Gobierno, que está comprometido en introducir racionalidad económica, sostenibilidad ambiental y justicia social en la política
del agua, en toda la política del agua.
El portavoz del Grupo Vasco nos ha dicho cuál es la posición de su partido en este momento y nos ha pedido la máxima capacidad de consenso. No lo dude su señoría. Con el consenso ocurre como en el amor (Rumores.), no hay amor si uno de los
dos no quiere, exactamente igual, señorías; el que no quiere consensuar porque parte de una postura de prejuicio y de negativa a abrir cualquier diálogo es muy difícil que favorezca el consenso. En toda la política del agua para las cuencas
mediterráneas y en lo que son las actuaciones urgentes, estamos abiertos al diálogo, y lo he dicho antes. Algunas de esas obras las han propuesto regantes de la Comunidad Valenciana, regantes e instituciones de Cataluña, regantes de Almería e
instituciones de otras comunidades autónomas distintas de Murcia y de Valencia. Tendremos ocasión de mejorar, con el máximo consenso posible en esta Cámara, las actuaciones alternativas que se plantean para las cuencas mediterráneas.
Esquerra Republicana ha descrito la situación real del agua en nuestro país. Parece mentira que sólo hablemos de hectómetros cúbicos cuando hay que hablar de todas esas cuestiones que la diputada representante de este grupo ha mencionado
con detalle en su
intervención. Señoría, tenga toda la confianza de que sabemos que ese es el diagnóstico real y que no vale poner la prioridad en la cantidad cuando no se atiende la calidad. Un agua de mala calidad no se puede utilizar, es más, puede
causar enfermedades y desastres en los regadíos.
No sólo tiene que haber agua, tiene que haber agua de buena calidad.
Nuestros ríos necesitan una profunda restauración ambiental, y espero que todo ello se vaya pudiendo hacer en los próximos meses
y a lo largo de esta legislatura, con el compromiso de colaboración que se ha manifestado aquí y que yo de nuevo agradezco. Por supuesto, si la evaluación de impacto ambiental que se lleve a cabo ofrece soluciones diferentes, ofrece obstáculos
importantes en cuanto a las obras, no tenga ninguna duda de que el Gobierno tomará buena nota y en la propia Cámara, durante el trámite que se va a abrir, corregirá y mejorará aquello que sea mejorable de las actuaciones que hoy traemos dentro del
real decreto-ley a convalidar.
Hay actuaciones como las del Júcar-Vinalopó que en estos momentos estamos estudiando con sumo detalle, porque la Comisión Europea apreciaba que no había un caudal suficiente en el Júcar. Pues bien, efectivamente, ahora estamos estudiando
desde la Confederación Hidrográfica del Júcar la realidad del río Júcar, y no le quepa duda de que lo vamos a tener muy en cuenta.
En relación con los grupos que han intervenido, como Convergència i Unió, he de recordar que, aparte de que fueron engañados por el Gobierno del Partido Popular, como escuchamos también en el Senado la otra tarde, señorías... (Rumores.-Una
señora diputada: ¡Ni una gota de agua!) Señorías, cuando no se cumplen los compromisos, uno tiene que asumir que no los ha cumplido y, como mínimo, dar una explicación que satisfaga a aquel al que ha convencido a fuerza de una promesa que no ha
cumplido. A veces no se pueden cumplir los compromisos que se adquieren ante otros grupos parlamentarios o ante los ciudadanos, y ese es el momento en que un Gobierno tiene que dar la cara y decir que no ha cumplido tal compromiso por tal razón.
¿Han explicado ustedes por qué no han cumplido el compromiso que asumieron con Convergència i Unió durante el trámite de la Ley del Plan Hidrológico Nacional? ¿Por qué derogaron en la ley de acompañamiento aquello que permitía a Convergència i Unió
tener la seguridad de que se gestionaba conjuntamente el delta del Ebro? ¿Por qué? ¿Lo han explicado ustedes alguna vez? ¿Pueden hacerlo ahora? Seguro que los diputados de Convergència i Unió les agradecerán por lo menos la sinceridad.
(Aplausos.)
Por último respecto a la intervención de Convergència i Unió, nuestro compromiso es que ese consorcio creado en el momento de la tramitación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional sea revitalizado y cumpla los objetivos para los que se
creó, que son los de la gestión compartida entre la Administración General del Estado y la Administración de Cataluña para proteger y defender el delta del Ebro. Eso es lo que tenemos pensado hacer.
A la representante del Grupo Parlamentario Socialista, que ha intervenido en primer lugar, quiero agradecerle el apoyo que presta a este Gobierno, así como la claridad de su exposición como diputada por Almería. Por Almería, señorías, por
Almería, que recibirá exactamente el doble de agua y mucho antes de lo que le hubiera llegado. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¡Mentira!) ¿Saben ustedes por qué los ciudadanos de Almería prefieren la alternativa? Entre otras cosas porque
saben lo que significa depender de un trasvase. Depender un poquito del trasvase Tajo-Segura ha supuesto a los almerienses frustración tras frustración, porque una solución que depende de una cuenca (El señor Hernando Fraile: Son tres cuencas.)
cedente es una solución extremadamente vulnerable, y lo será cada vez más por ese cambio climático que ustedes ahora han descubierto, señorías, porque las aguas superficiales tendrán cada vez menos capacidad de tener caudales estables y abundantes.
Si no, véase la evolución del río Ebro o el disparate que ahora suponen las previsiones que hace muchísimos años se hicieron sobre los embalses de cabecera del trasvase Tajo-Segura, que jamás podrán aportar los 1.000 hectómetros cúbicos que
prometieron. Jamás podrán aportarlos, ya que esos embalses de cabecera no tienen la capacidad de dar esa agua a Murcia y a Almería y los almerienses saben que en mucho menos tiempo podrán tener agua, el doble de agua de la que les ofrecía el
Gobierno de la nación. (Aplausos.) Señorías, han tenido ocasión de escuchar a una parlamentaria almeriense que se debe a sus ciudadanos; si eso no sucediera, ante sus ciudadanos y junto con el Gobierno dará la cara. Ni engañaremos ni ocultaremos
si no somos capaces de cumplir en esta legislatura lo que hemos comprometido con este decreto-ley. Lo haremos, señorías, no engañaremos a la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: La intervención de la señora ministra ha reabierto el debate y en consecuencia procede un turno de réplica.
¿Qué grupos parlamentarios desean hacer uso de la réplica? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora De Lara.
La señora LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, voy a empezar por su última frase. Ha dicho usted que la ministra no mentirá a los españoles. Me alegraría mucho, porque dejaría de hacer lo que está haciendo solamente desde hace 8 años: mentir y falsear los datos.
(Aplausos.) Esta es su conducta señora ministra. Si usted desea en este momento cambiar de conducta, alabamos el cambio que se va a producir. Usted, señora ministra, se ha equivocado de escenario,
usted ha venido a esta tribuna para hablarnos del real decreto que quiere que se convalide esta tarde. Usted no tiene por qué preguntarme a mí, señoría, hoy soy yo la que le pregunto a usted. Es usted quien tiene que contestar a mis
preguntas (Aplausos.), no yo a las suyas, se ha equivocado. Señoría, sucede que no ha contestado a ninguna de mis preguntas. Le he hecho una serie de enunciados y le he dicho que usted falseaba los datos, falseaba los datos del precio del
trasvase, del precio de la desalación, del consumo energético del trasvase, del consumo de la desalación. Señora Narbona, ha dicho usted que se remitía a no sé que escrito. Le estoy preguntando a usted, explíqueme, dígame usted si me he equivocado
en los datos que le he dado.
Señoría, también ha dicho usted que le extraña mucho que el Partido Popular todavía no hubiera conseguido financiación europea para el trasvase. Le voy a informar. La petición de financiación europea no se presentó hasta el mes de
diciembre, cuando todo el proceso de evaluación del impacto ambiental había finalizado. De todas formas, varias obras del anexo de inversiones que se presentaron tuvieron que mirarlas con lupa en la Comisión Europea, que no entendían que el
principal partido de la oposición acudiera a Bruselas a solicitar que no se financiara el Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos.) En Bruselas no entendían, señora ministra, la deslealtad de un partido que, por razones políticas, estaba dispuesto a
que no hubiera dinero para todas las comunidades autónomas españolas, porque en el Plan Hidrológico Nacional se hacían obras para todas las comunidades autónomas, no solamente para el Levante español.
Por consiguiente, no se extrañe usted de la
reiteración. Ustedes presentaron en Bruselas enmiendas para que no se financiaran. Enmiendas, viajes: esta ha sido su actuación, actuación desleal. Por cierto, el otro día el señor Borrell solicitaba lealtad de los eurodiputados, que no se
zancadilleara la actuación del Gobierno español. (Un señor diputado: ¡Mentira!) El señor Borrell se ha confundido. El Partido Popular hace política, el Partido Socialista pone zancadillas para que el Partido Popular no pueda tener actuaciones
adecuadas. (Aplausos.)
Señora ministra, después de oír las intervenciones de esta tarde, si algo ha quedado claro es la dependencia del señor Zapatero del tripartito que está gobernando Cataluña, esto ha quedado clarísimo. (Rumores.) La señora Narbona insiste en
la desalación con renovables. Señora Narbona, aquí tiene al señor Montilla, que le explique el señor Montilla, porque usted por lo visto no lo entiende, que es imposible proceder a la desalación con energía eólica. Es imposible porque la energía
eólica no tiene ni garantía ni regularidad en el suministro. No se puede alimentar una desaladora por tramos, tiene que ser un consumo continuo.
Usted ha alabado a la portavoz de su grupo, diputada por Almería, que ha dicho que estaba convencida de que ustedes llevarían agua a Almería. Me alegro de ello, señora Narbona, pero usted posiblemente conoce que la portavoz del Partido
Socialista, diputada por Almería, votó a favor del transvase del Ebro en el Parlamento Andaluz. (El señor Hernando Fraile: ¡Sí!-Aplausos.) Ella votó a favor del transvase del Ebro, señora Narbona.
Le voy a preguntar, señora ministra, algo que se me ha olvidado antes.
¿Por qué antes del real decreto que usted nos trae aquí no ha convocado al Consejo Nacional del Agua como es preceptivo? ¿Acaso no se ha atrevido usted a enfrentarse
con los usuarios? ¿Qué ha ocurrido, señora Narbona?
Quiero decir que me reitero en todo lo que he dicho acerca del proyecto que nos ha traído la señora ministra. La alternativa que nos trae la señora ministra es copiar el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional y unas cuantas
desaladoras puestas al azar por las comunidades del Levante, repartidas desde un despacho ni se sabe dónde. Nosotros apoyamos la desalación, señora ministra, como complemento al trasvase, no como alternativa al mismo. Y, por supuesto, claro que
tiene que existir la desalación en las islas Canarias y en las Baleares. Sería de Perogrullo negar esta evidencia. También apoyamos la desalación para consumo en zonas costeras, pero no la desalación masiva, por su mayor coste económico, su mayor
coste energético y su mayor coste ambiental.
Dice usted, señora Narbona, que va a seguir adelante con el plan de protección del Delta. ¡Faltaría más, señora Narbona! ¡Si el plan de protección del Delta tiene un presupuesto de 580 millones de euros! ¡Faltaría más que no siguiera usted
adelante con él! Ha mostrado su inquietud porque los informes de los expertos del Plan Hidrológico Nacional han dicho que estaban guardados en un armario, y un armario que no se abría. Le repito, señora Narbona, que si usted hubiera llamado al
portavoz del Grupo Socialista en la pasada legislatura o me hubiera llamado a mí le hubiéramos dado esos informes. Nos los entregaron en esta Cámara, señora Narbona. No hay que acudir a filtraciones para enterarse de ellos. Respecto a las
filtraciones producidas, voy a leerle un párrafo de la declaración del comisario Barnier. Dice: Antes de que la Comisión concluya su estudio global en torno a este asunto -se refiere al Plan Hidrológico Nacional-, necesitamos de nuestros servicios
apreciaciones y opiniones, que se recogen en notas y documentos de trabajo que circulan de funcionario en funcionario y de unidad en unidad. Son precisamente documentos contrarios al trasvase los que se han filtrado. ¡Qué casualidad, señora
Narbona! Y aquí está la carta de la comisaria señora Wallstron disculpándose de la filtración de los documentos que han conducido a una tergiversación de la posición de la Comisión Europea en el tema del trasvase del Ebro.
Nos habla usted de solidaridad. No sé a qué solidaridad se refiere cuando ustedes están negando el agua al
levante y al sureste español, porque sus desaladoras no van a solucionar el problema del agua.
En cuanto al Protocolo de Kioto, apoyamos las iniciativas para su cumplmiento, para reducir las emisiones de gases, pero de momento, señora Narbona, las únicas iniciativas son las que ha presentado el Partido Popular en estos ocho años que
ha gobernado. Lo único que sabemos de sus iniciativas, señora Narbona, es: Apuesta por la desalación masiva, más incremento de CO2 y más emisiones y cierre de las nucleares. Si usted cierra las centrales nucleares y las sustituye por gas, como ha
dicho, señora Narbona, no sé si sabe que cuando el gas arde, como es un compuesto orgánico, desprende CO2 , luego más emisiones de CO2. Esto es lo que sabemos de su política ambiental: que produce más emisiones de CO2 y que apuesta única y
exclusivamente por la desalación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Por favor, levanten la mano, porque desde aquí es imposible ver a todos. Gracias.
Señor Sagaseta. (Risas.) Discúlpeme, no sé en qué estaría yo pensando.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, no se preocupe, me siento honrado de que me haya confundido con el señor Sagaseta, una de las personas más ilustres de este Congreso.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Labordeta. ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Levanten la mano, porque desde aquí es muy difícil apreciar quién solicita la palabra.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Yo admiro la voluntad de la señora De Lara, que durante cuatro años ha tenido que inventar, inventar e inventar. Yo no sé si esos informes estaban en un armario, pero eran unos informes absolutamente desconocidos y que había que leerlos
casi como un fraile medieval. No nos dejaron ni hacer fotocopias, porque decían que estaba prohibido hacerlas en el ministerio. Hubo que leerlos de una manera increíble.
El problema de la señora De Lara y de algunos de los que defienden el trasvase de esta manera tan radical es que leen poco. Yo les aconsejaría que leyeran los informes del señor Prat, que es uno de los mejores conocedores del río Ebro, que
sabe perfectamente de qué va el Ebro y sabe de qué van los trasvases; les aconsejaría que leyeran al señor Arrojo, que, aparte de que le han concedido un Premio Nobel de ecología o de medio ambiente, conoce perfectamente los gastos económicos que
está produciendo el trasvase del Ebro. Y también les aconsejaría que leyeran al señor Llamas, que desde el primer día llamó a este plan plan hidroilógico, porque no tenía ningún sentido. (Aplausos.) Ninguno.
Ustedes están jugando continuamente con la confusión. Ustedes siempre están confundiendo a los españoles con el Plan Hidrológico Nacional y con el trasvase. Ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros estamos a favor del Plan Hidrológico
Nacional, porque lo que es una vergüenza es que del pantano de Yesa salgan 10 litros de agua hacia las Cinco Villas y se pierdan cuatro por el camino. Eso es lo que tiene que solucionar el Plan Hidrológico Nacional, como tiene que solucionar todas
las conducciones de agua de estas ciudades, en las que se pierde una enorme cantidad de agua.
Eso sí, pero llevarse el agua de un lado a otro, eso, ni hablar.
(Rumores.) Como hemos estado dando razones continuamente sobre este proyecto, han hecho
exactamente lo que están haciendo ahora, no dejarnos hablar. (Rumores.) A ustedes les fastidia que podamos hablar. Ya lo dije una vez aquí, volveré a decirlo y les mandaré al mismo sitio, al mismo sitio les mandaré, sí señor. (Aplausos.) Porque
aquí a los aragoneses nos han insultado, nos han degradado, nos han llamado poco solidarios, cuando nosotros tenemos toda una provincia, como la provincia de Huesca, destrozada por los pantanos para que se rieguen muchas zonas de España.
(Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Déjeme hablar de una vez, no hable usted solo, tengo la palabra yo, yo tengo la palabra, señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? El puño cerrado lo tengo yo, yo voy con el
puño cerrado y con dignidad, no me lo cierres tú,... (Palabra retirada del 'Diario de Sesiones'.-Aplausos.) Perdón, ya acabo. Es que me están insultando. Están todo el rato metiéndose conmigo y haciendo gestos. Que si el puño cerrado, que si la
mano abierta. (Protestas.)
Yo lo que quiero decir es que -se dijo aquí y hoy se ha vuelto a repetir- en este país hay un grave problema con el agua. No hay agua, tenemos que racionalizarla, tenemos que estudiarla, tenemos que llegar a un entendimiento entre todas las
regiones y no llegar a un enfrentamiento, que es lo que han conseguido ustedes, un enfrentamiento radical (Continúan las protestas), acusándonos a los aragoneses de que somos insolidarios. Vayan ustedes por las tierras de Aragón y verán el secano,
vayan ustedes por el Pirineo y verán los pueblos abandonados debajo de los pantanos. (Protestas.) Eso es la solidaridad, eso es la solidaridad, muchacho, eso es la solidaridad.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, por favor, un momento.
Señor Labordeta, me voy a dirigir a usted y creo que me va a entender.
Comprendo que hay dificultades, momentos de tensión, pero tampoco esta Presidencia
puede permitir que se vayan creando precedentes en la Cámara de los que probablemente nos arrepintamos en el futuro. Usted ha utilizado un palabro, que ciertamente es castizo, pero espero que lo retire.
(Protestas.)
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, como usted me lo pide, yo lo retiro. No tengo ningún problema, mi dignidad no va por esos caminos.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Lo que sí le pediría es que cuando uno está hablando el resto de la Cámara se guarde de hacer gestos y de insultar.
Ellos insultan por lo bajo, yo digo palabras en alto. Retiro la palabra, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco de verdad, señor Labordeta. Si continuáramos por esta espiral, imagínense lo que sería el hemiciclo en algunas semanas.
Señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente, intervendré con mucha brevedad.
La portavoz del Grupo Popular hablaba de las votaciones. Yo creo, señora De Lara, que le explican las cosas de forma precipitada y no llega a enterarse del todo de la situación. Ustedes aprobaron una Ley del Plan Hidrológico Nacional con
una mayoría absoluta. En mi provincia, Almería, hubo un consenso, a propuesta del Grupo Socialista, respecto al déficit hídrico, 320 hectómetros cúbicos. Usted sabe bien que sí. Y a partir de ese momento ustedes se dedicaron, en vez de a
gestionar su Plan Hidrológico y la propuesta de su Gobierno y de su mayoría absoluta, a presentar propuestas parlamentarias trampa. En Andalucía, en el Parlamento Europeo y en este mismo Congreso. Esa misma estrategia fue la que utilizaron en
Andalucía. Nosotros siempre dijimos lo mismo: necesitamos agua. Esa no es nuestra propuesta, esa es la de ustedes.
Háganlo. Esa ha sido su estrategia: iniciativas trampa y no gestionar su propia alternativa.
Respecto a Europa, tengo aquí la transcripción del debate de esta iniciativa también trampa de posible financiación europea del Plan Hidrológico Nacional, que ustedes absurdamente llevaron al Parlamento Europeo, trajeron a este Congreso y
llevaron a parlamentos autonómicos como el de Andalucía. En este 'Diario de Sesiones' del Congreso se recoge la posición responsable del Grupo Socialista, que siempre dijo que, aunque no era nuestra alternativa, apoyaríamos la financiación europea
para España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene derecho a cerrar el debate.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, intervengo para cerrar este debate después de haber oído... (Varios señores diputados: ¡No!) El presidente del Congreso será el
que ordene el debate. El Gobierno cierra normalmente los debates. (Aplausos.) Evidentemente, si ustedes quieren seguir haciendo réplicas, no se preocupen que les contestaré a todas. Empiezo por la señora De Lara, que consideraba que no le había
respondido satisfactoriamente y una vez más me acusaba de mentir y de falsear los datos.
Señores del Grupo Popular, no voy a hacer ahora una descripción pormenorizada de todas las mentiras del Gobierno del Partido Popular, y no sólo en materia de agua, que llevaron a la decisión mayoritaria de los ciudadanos de este país a
retirarles la confianza. (Aplausos.-Protestas.) Usted puede no contestarme cuando le pregunto por qué el Gobierno anterior no aclaró qué tarifa se iba a aplicar o por qué no asignó agua a los futuros usuarios. (Un señor diputado: ¡Agua para
todos!) Usted es muy libre de no contestarme, lo respeto profundamente, pero sepa usted que esas son de las cuestiones que aparecen negro sobre blanco en esos informes, a los que usted quiere seguir quitando valor, de cuatro direcciones generales de
la Unión Europea, no de un funcionario que se lo mandaba a otro, sino de las direcciones generales que enviaban a la Dirección General de Política Regional su opinión sobre el trasvase.
Léase esos informes y verá cómo en ellos se pone de manifiesto
la posición de los responsables, de los altos funcionarios de la Comisión Europea, cuando decían que aquí no se sabe cuánta agua se va a poder trasvasar de verdad, ni cuánto va a costar esto, porque los costes están claramente infravalorados, ni
cómo se va a repercutir, porque no se ha dicho. Por favor, léase usted esos informes. Estoy segura de que tiene usted la suficiente inteligencia y capacidad para entender lo que en ellos se dice, que está bastante claro.
Nunca he dicho que se hubiera ya cerrado el proceso de decisión de la Unión Europea, sino que se había suspendido en ese momento, con esos informes, esa tramitación. Desde luego, lo que no me parece en absoluto de recibo es que la señora
Loyola de Palacio, que es nada menos que la actual vicepresidenta de la Comisión, se haya atrevido a decir que si no llegan los socialistas a llegar al Gobierno en 10 días estaba ya la financiación europea resuelta, pero que nosotros llegamos e
inmediatamente retiramos la solicitud. Señorías, nosotros la acabamos de retirar hoy. Hoy, señorías. Nosotros no habíamos pedido esa retirada hasta este momento, hasta el momento en que la mayoría de la Cámara ratificara el decreto-ley derogando
el trasvase del Ebro. Estaba viva la solicitud. Viva a medias, pero viva. (Aplausos.)
Señoría, si quiere que le dé los costes que aparecen en la memoria económica, yo se los doy encantada, pero creo que todos los diputados van a poderlo leer y
me parece que aquí, sobre todo, hay que dar grandes ideas para el debate.
Los números están, como está el impacto ambiental del trasvase, el impacto ambiental de la alternativa. Por cierto, señorías, ustedes insisten en que la alternativa
al trasvase son desaladoras. Por favor, léase usted el decreto-ley que hoy traemos, porque hay más de 100 actuaciones, de las cuales solamente 20 son desaladoras, señorías. El resto es mejorar la gestión del agua, mejorar la calidad del agua,
modernizar infraestructuras, reutilizar aguas residuales, un abanico de opciones que se presentan como alternativa. Y algo más, porque el trasvase sólo pretendía, según ustedes, resolver la cantidad de agua, pero nada sobre la calidad, nada sobre
la gestión, nada sobre el control público. Nuestra alternativa contiene todas esas otras cosas, señoría.
Por lo tanto, no sigan diciendo que la alternativa del Gobierno son las desaladoras, porque es solamente una parte. Queremos hablar de ellas
y ya le he dicho en qué condiciones se van a licitar esas obras. Me sorprende mucho, sabiendo que usted es persona que estudia, que no sepa que ya hay desaladoras alimentadas por energía eólica. En Canarias las hay, señoría, y están funcionando.
No hace falta que se lo pregunten al señor Montilla, pregúnteselo a los canarios, aunque no sean socialistas. Verá cómo les explican que hay desalación funcionado con energía eólica. (Aplausos.)
Que somos rehenes del tripartito. Señoría, si quiere usted despreciar a los ciudadanos que votan a Convergència i Unió y a los ciudadanos que votan al Partido Nacionalista Vasco, son ustedes muy libres de hacerlo, pero en esta Cámara hay
pluralidad de opiniones; pluralidad que hoy día se manifiesta en dos opciones evidentemente diferentes: La mayoría de la Cámara a favor de la derogación de este trasvase del Ebro.
En cuanto a cómo se plantean las desaladoras, según usted las hemos imaginado en el despacho y las vamos a repartir nada menos que a boleo por la costa. Señora De Lara, llevamos dos meses hablando, también con ayuntamientos, obviamente.
(Rumores.) Con muchos ayuntamientos ya hemos hablado y las primeras obras se van a hacer con aquellos ayuntamientos con los que ya hemos hablado. Nosotros no tenemos sólo una gran obra, una cosa rígida e inflexible; tenemos más de 100 actuaciones
y para cada una de ellas podemos adquirir todos los compromisos necesarios. Aquí no nos jugamos todo a un as, a una carta: o bien el agua del Ebro o la ruina.
Ustedes mismos lo han dicho: o viene el agua del Ebro o la ruina. Tampoco esto me
parece nada serio.
Por cierto, también le recomiendo que lea el informe del Gobierno británico decidiendo no hacer un trasvase desde el norte del Reino Unido a Londres y hacer, en cambio, una planta desaladora en Londres, porque la desalación no es ni sólo
para los pobres ni sólo para no se sabe quién.
No, la desalación es una técnica más, que va mejorando. Y quiero recordar asimismo -esto lo señalaba el señor representante del Grupo Parlamentario Vasco- que la desalación, por supuesto, es para
utilizar el agua lo más cerca posible del litoral. ¿Queremos hablar de solidaridad? Díganme si se llama solidaridad a que las aguas del altiplano y las aguas de Villena, aguas superficiales y aguas subterráneas en principio para la agricultura, se
estén utilizando en el litoral para usos turísticos y para usos inmobiliarios. Por lo tanto, incluso para un mayor valor añadido. Lo que nosotros pretendemos es precisamente liberar con la desalación en el interior aguas que hoy día, de manera más
o menos clara, van a parar a usos en la costa, señoría. Nunca hemos dicho que vayamos a llevar la desalación mil metros para arriba. Lo de los mil metros para arriba es su trasvase, que para ir de un sitio a otro requería bombeos de hasta mil
metros por encima del nivel del mar.
Y si quiere que hablemos de la opinión de los comisarios, yo me remito a la declaración que hizo ante la prensa la comisaria de Medio Ambiente, con ocasión de mi primera visita a Bruselas, donde le expliqué lo que íbamos a hacer. Delante de
todos los medios de comunicación, la comisaria dijo literalmente: Doy la bienvenida al nuevo enfoque integral de la política del agua en España. ¿Quiere opiniones de la Comisión? Le doy una muy reciente. Sé que de momento no se les vas a poder
convencer, pero no pierdo la esperanza de que sean razonables y piensen precisamente en los ciudadanos, a los que este Gobierno no sólo no les niega el agua, sino que se la va a dar de mejor calidad, en menos tiempo y con menor coste público para
los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación para la convalidación o derogación del real decreto-ley, en primer lugar, y posteriormente solicitaré a la Cámara su posición respecto a que se tramite como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia.
Primero, votamos para convalidar o derogar el real decreto-ley. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 185; en contra, 141.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos.)
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Se ha solicitado ya por varios grupos parlamentarios y en consecuencia tengo que someter la
decisión a la Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE DEROGACIÓN DE LA PROHIBICIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A COMPLEMENTAR LAS PENSIONES.
(Número de expediente 122/000003.)
El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día con la toma en consideración de proposiciones de ley. Como ustedes saben, es un paquete de cinco, pero es verdaderamente arriesgado decirles una hora para votar.
Calculo que en ningún caso
será antes de las nueve de la noche. Sé que me arriesgo, lo digo para facilitar su vida, aunque es muy complicado estimarlo. En ningún caso votaremos antes de las nueve de la noche.
Vamos a comenzar con la toma en consideración de proposiciones de ley y continuaremos después con la toma en consideración de las proposiciones no de ley. Lo digo para que quede claro. En primer lugar, proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de derogación de la prohibición a las comunidades autónomas a complementar las pensiones.
Tiene la palabra el señor Campuzano, de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, por acompañarnos en este debate, que, desde un punto de vista político, no es menor para Convergència i Unió.
El pasado 27 de noviembre, yo mismo, en nombre de Convergència i Unió...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, lo lamento. (Pausa.) Por favor, señorías, guarden silencio. Continúe.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Decía que el pasado 27 de noviembre yo mismo, en nombre de Convergència i Unió, cerraba nuestra intervención en la aprobación definitiva del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social anunciando que, si en la siguiente legislatura en esta Cámara existía una nueva mayoría política, Convergència i Unió impulsaría la derogación de aquel artículo, de aquella normativa, que pretendía impedir el libre ejercicio de solidaridad de
los contribuyentes catalanes con sus pensionistas. Y hoy, con esta toma en consideración de esta proposición de ley, mi grupo cumple con aquella afirmación en aquel debate en esa fase final de la tramitación de aquel proyecto de ley. (La señora
vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
En los debates parlamentarios que acompañaron toda aquella tramitación definimos ese artículo en concreto de ese proyecto de ley como una verdadera LOAPA social, recordando lo que fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico,
en la medida en que la pretensión expresada por la mayoría entonces de la Cámara, y principalmente por quien entonces dirigía el Gobierno, era recortar de manera sustancial las capacidades de autogobierno de los parlamentos autonómicos en materia
social. Veíamos tres cuestiones fundamentalmente en relación con aquella ley que pretendía impedir los complementos autonómicos a las pensiones.
En primer lugar, era un artículo que limitaba el campo competencial del título de asistencia social de
las comunidades autónomas, un campo, el de asistencia social, que da capacidad, frente a las situaciones de necesidad, de intervención a los poderes autonómicos. Y, al limitar la posibilidad de complementar las pensiones, en ejercicio de ese título
competencial, no se permitía a las comunidades autónomas cumplir sus funciones de responder a las situaciones de necesidad que en el ámbito de las personas mayores se podían constatar. En segundo lugar, ese artículo de ese proyecto de ley limitaba
el mandato de promoción de la igualdad real efectiva que establece la Constitución, no tan sólo en relación con el Gobierno del Estado, sino también a los gobiernos autonómicos. Ese mandato es explícito, es de carácter amplio, y diversas sentencias
del Tribunal Constitucional nos han indicado que permite y obliga a las comunidades autónomas a intervenir, en esa línea de complementariedad, en aquellas situaciones de necesidad que se constatan para determinados pensionistas. Ese artículo de la
ley también establecía una limitación sustancial a la autonomía financiera de los parlamentos de los gobiernos autonómicos de las diversas comunidades autónomas que conforman el Estado español. Limitaba esa autonomía financiera porque pretendía
impedir que, en ejercicio de la misma, los parlamentos autonómicos, aprobasen disposiciones presupuestarias destinadas a dar respuesta a esas necesidades de carácter social que habían constatado. Finalmente, un proyecto de ley absolutamente
contrario a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo en esa materia y específicamente contrario a una sentencia del Tribunal, como resultado del debate abierto con relación a la decisión tomada por parte de la Junta
de Andalucía, que el Tribunal Constitucional validó en sentido favorable, y la respuesta política del Gobierno a esa validación del Tribunal Constitucional a una política de la Junta de Andalucía fue precisamente la puesta en marcha de esa ley.
Desde Convergència i Unió entendemos que con fondos propios, y frente a los límites de nuestro sistema de protección social y ante las situaciones de necesidad, es legítimo y necesario que los parlamentos autonómicos puedan aprobar
complementos para reforzar el carácter protector de nuestro sistema de atención social para nuestro sistema de protección social. Es más, ante la realidad de la pobreza, que continúa existiendo entre los colectivos de personas mayores, nos parece
que los parlamentos autonómicos están obligados a hacer frente a estas situaciones de pobreza. Hace 15 días debatíamos en esta Cámara otra iniciativa de nuestro grupo, la que hace referencia a la compatibilidad entre el SOVI y la pensión de
viudedad, y entonces afirmábamos claramente que aquella iniciativa pretendía hacer frente a la situación de pobreza existente en diversos puntos del Estado y también en Cataluña. Defender el derecho de los parlamentos autonómicos a complementar las
pensiones contributivas y no contributivas, es también defender el derecho de las comunidades autónomas para hacer frente a la situación de pobreza de las personas mayores. Además, en un país como Cataluña, donde nuestra inflación es superior a la
media del Estado, negar la posibilidad al Parlament de Cataluña, al Gobierno de Cataluña de complementar las pensiones es condenar a nuestros pensionistas a ser más pobres. Por ejemplo, en tan solo dos años, de enero de 2002 a mayo de 2004, un
pensionista que en el año 2002 tuviera una pensión de 600 euros al mes en Cataluña, actualmente tiene un poder adquisitivo de 595 euros al mes, es decir, ha perdido capacidad de compra por valor de 4,8 euros al mes, como resultado de tener una
inflación superior a la media del Estado de un 0,8. Este diferencial, acumulado en un periodo de 10 años, nos sitúa en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas catalanes de 18 euros al mes. Es también voluntad política y, a nuestro
entender, obligación política de los gobiernos autonómicos, en nuestro caso del Parlamento de nuestro país, hacer frente a esa situación de empobrecimiento de nuestros pensionistas. Entendemos, señorías, que una política basada, de verdad, en la
equidad, es aquella política que permite, ante situaciones diferentes, desarrollar políticas diferentes también en el ámbito de la protección social. Y rechazamos radicalmente el discurso de fondo que el anterior presidente del Gobierno, expresó a
la hora de defender esa iniciativa política de aquel Gobierno. Rechazamos que, bajo la bandera de la igualdad, se pretenda impedir la mejora de la situación de nuestros pensionistas y denunciamos que esta es una filosofía que pretende igualar en la
miseria a los pensionistas del conjunto del Estado.
Todo ello me lleva hoy a proponer esta iniciativa, en términos puramente legislativos, modesta. Se trata de la modificación de un artículo de una ley, pero a nuestro modo de ver de un alto contenido político, por entender que ese artículo
que se incorporó en aquella ley es anticonstitucional, antiautonómico y antisocial y, por tanto, desde la convicción de la necesidad de dotar de contenido real al concepto de asistencia social, de hacer efectivo el principio de promoción de la
igualdad real efectiva que compete a las comunidades autónomas y en defensa de esa autonomía financiera, los parlamentos autonómicos deben poder tener capacidad de complementar aquellas pensiones, aquellas situaciones en las que están los
pensionistas, que necesiten ese proceso de ajuste. Las comunidades autónomas deben de estar en disposición de hacer frente al deterioro de su protección social que supone la diversa realidad socioeconómica en la que la expresión de una inflación
diferente es una evidencia obvia.
Finalmente, señorías, estamos también convencidos de que la defensa del concepto del autogobierno, de un concepto avanzado, progresivo, moderno del autogobierno, exige defender ese derecho a complementar nuestro sistema de protección social.
Un modelo de Estado que en estos 25 años ha permitido el progreso general de la sociedad española se ha basado fundamentalmente en esa capacidad de confianza en las iniciativas que tomasen las comunidades autónomas en el ámbito de lo social.
Señorías, si hoy comparan ustedes la realidad social del conjunto de las naciones y regiones que componen el Estado español y valoran la capacidad que el autogobierno ha tenido para provocar el progreso social en el conjunto del Estado, les debe
hacer ver que defender la capacidad de las comunidades autónomas de dar respuesta a los problemas sociales constituye un factor de progreso social, no de desigualdad social. El hecho de que los gobiernos autonómicos puedan aprobar complementos no
es la expresión de la desigualdad, sino de la capacidad de hacer progresar al conjunto de la sociedad, y desde la perspectiva de una fuerza política como Convergència i Unió la defensa de esta idea es también la idea de que el autogobierno debe
responder a los problemas reales de nuestra sociedad. Si en Cataluña reclamamos más autogobierno, más poder político, tener un sistema de financiación justo, lo hacemos en defensa de una concepción del autogobierno que pretende dar respuesta a los
problemas de la gente. Además, señorías, por un grupo parlamentario que se define como nacionalista y que por tanto entiende que Cataluña es una nación, es su nación, la capacidad de reconocer al Parlament de Cataluña y a su Gobierno el
establecimiento de este tipo de complementos, de estas prácticas políticas, de estas políticas en el ámbito de la protección social, responde a la idea muy genuina de entender que nuestro espacio principal de solidaridad nacional lo constituye
Cataluña; que el ejercicio libre de solidaridad que se expresa en el Parlamento de Cataluña decidiendo que una parte de los ingresos que gestiona se destine a complementar las situaciones de necesidad de los pensionistas más pobres de nuestro país,
es la expresión de nuestro compromiso con una concepción de Cataluña
basada en la idea de nación. Por tanto, no tan solo convencidos de que la autonomía es un factor de progreso para el conjunto del Estado sino también convencidos de que entender que Cataluña es nuestro principal espacio de solidaridad, debe
requerir una normativa que reconozca la posibilidad de establecer esos complementos.
Señorías, en el dictamen que el Consejo Económico y Social efectuó a este artículo concreto se le recordaba al anterior Gobierno de una manera muy clara que, frente a un conflicto político, el planteado por la Junta de Andalucía, o por el
Gobierno de la Generalitat, o por otros gobiernos autonómicos, incluso por algún ayuntamiento, algunos de ellos gobernados por el Partido Popular, como el de Vitoria, si no recuerdo mal, el Gobierno respondía con una normativa sin que la misma
viniese precedida del mínimo debate político, ni de la mínima voluntad de buscar el acuerdo social. El Consejo Económico y Social decía: oiga, ante ese conflicto político lo normal no es que ustedes pretendan imponer la ley basándose en su mayoría
absoluta, sino que hubiesen iniciado un proceso de diálogo con los gobiernos autonómicos y con los agentes sociales. Hoy mi grupo pretende derogar aquella imposición y volver, como mínimo, a la situación que teníamos antes de finales del año 2004
pero, en la línea de lo que establece el Consejo Económico y Social, entendemos que hay que abrir un debate sobre esa participación de las comunidades autónomas en el ámbito de la protección social. Esta mañana, y le he pedido permiso al señor
Olabarría, me decía: Hombre, Campuzano, hacéis un planteamiento modesto, tan solo os limitáis a modificar ese artículo de la Ley de la Seguridad Social que se introdujo en el debate parlamentario, y el tema es más de fondo. Efectivamente, nuestro
amigo y colega, señor Olabarría, supongo que planteará en su intervención otra cuestión de fondo que a entender de nuestro grupo no sabemos si encajará en la tramitación de este proyecto de ley, pero sí hay que abordar en esta legislatura, como es
la participación de las comunidades autónomas que tienen reconocido en sus estatutos de autonomía, los hoy vigentes, no aquél que va a llegar desde el Parlamento de Cataluña o el que va a llegar desde el Parlamento del País Vasco. Los hoy vigentes
establecen la participación en la gestión de la Seguridad Social por parte de las comunidades autónomas. Ese es un debate pendiente en estos 25 años de desarrollo autonómico en el conjunto del Estado.
Quizá esta proposición de ley -desde la coincidencia en la posición que mantuvimos unos y otros en la pasada legislatura, muy especialmente con la señora López i Chamosa y con el señor Jáuregui, que se mostraron también combativos en la
defensa del marco constitucional estatutario- sirva para volver a esa situación anterior a la aprobación de aquel proyecto de ley, pero creemos necesario abrir en esta legislatura un debate a fondo sobre la participación de las comunidades autónomas
en la gestión de la Seguridad Social. Mi grupo entiende que en el desarrollo de un modelo de Estado avanzado, que responda de verdad a los problemas sociales y económicos que tiene la ciudadanía, hay que abrir, sin ningún tipo de complejo, esta
cuestión porque permitirá reforzar y mejorar la posición social del conjunto de los ciudadanos del Estado español, pero especialmente del conjunto de los ciudadanos que representamos las diputadas y los diputados catalanes que nos sentamos en este
hemiciclo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Algún grupo quiere utilizar el grupo en contra? (Pausa.) Adelante, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, debatimos hoy la toma en consideración de una proposición de ley que pretende derogar el artículo 1, apartado segundo, de la vigente Ley de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social, una ley que en su día buscó perfilar con nitidez el régimen público de Seguridad Social dispuesto en el artículo 41 de la Constitución española, en aras de garantizar los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad
del sistema.
Derogar, pues, esos artículos no es una pretensión baladí. Es una pretensión que busca desplazar esos principios en que se basa nuestra Seguridad Social y sustituirlos por otros, donde la unidad, la igualdad y la solidaridad del
sistema cedan ante ideas de inequidad, de discriminación, de diferencias y de desigualdades. Esta proposición de ley persigue anteponer al principio de igualdad entre todos los ciudadanos una ciudadanía desigual basada en el territorio, una idea
para nosotros profundamente inadecuada. Persigue desarrollar políticas que olvidan que no son los pueblos o las comunidades autónomas los destinatarios de los impuestos ni los perceptores de las prestaciones públicas o los servicios, en este caso
las prestaciones contributivas y no contributivas, sino que son las personas. Nosotros trabajamos para las personas, para sus derechos, con independencia de dónde vivan, de dónde residan. Y estamos orgullosos de hacerlo así. Abandonar la idea de
que los ciudadanos tengan derechos básicos iguales, residan donde residan, puede ser una idea vendible y justificable por algunos, pero en modo alguno por el Partido Popular.
Señorías, trabajar por la equidad y por la solidaridad no es un camino de frases huecas y grandilocuentes, es un camino de realidades y de conquistas diarias en que no podemos dejar a un lado a ciudadanos con necesidades o no atender
adecuadamente a quienes la vida les ha deparado infortunios o penalidades. Por eso no podemos avalar que se trocee la solidaridad de todos con quien lo necesite y que esa solidaridad sea de primera, de segunda o de tercera sólo por el hecho
aleatorio
de residir aquí o allá. El Grupo Parlamentario Popular no está en ese camino ni lo estará. Nosotros defendemos que el sistema de Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como en la no contributiva, se fundamente en los
principios de unidad, de solidaridad y de igualdad.
Nosotros defendemos que las prestaciones económicas de la Seguridad Social y cualquier prestación pública que tenga por finalidad complementarlas, ampliarlas o modificarlas son competencia
exclusiva del Estado conforme a lo que dispone el artículo 149 de la Constitución española. Incluso don José Bono, en su día presidente de Castilla-La Mancha y hoy flamante ministro de Defensa, afirmó que las comunidades autónomas deben rendirse al
principio de igualdad de las pensiones por encima de la propia autonomía que tienen sus políticas sociales. Así lo dijo cuando este tema se planteó y no pidió una medalla por ello.
Señor Campuzano, este no es un debate sobre subir o no las pensiones más bajas. En el Pacto de Toledo nosotros abogamos por que se incrementen y nunca han subido las pensiones como en la época del Gobierno popular. Por tanto, señor
Campuzano, no se ampare en ello para justificar su propuesta. Si se pueden subir las pensiones mínimas que se haga, pero para todos los ciudadanos. Si hay que cubrir mejor situaciones de necesidad que se haga, pero en un esfuerzo solidario para
todos, vivan en Sabadell o en Medina del Campo. Debatamos mejoras, debatamos avances para todos. Desarrollemos los contenidos del Pacto de Toledo y mi grupo los apoyará fervientemente. Este no es un debate sobre tasas de inflación para justificar
pensiones distintas. ¿Es adecuado decir que caben pensiones distintas ante IPC autonómicos distintos? ¿Y por qué por comunidades autónomas y no por municipios? ¿Por qué no ante salarios medios distintos si las pensiones son expresión de la
contribución realizada y esta es en alguna medida exponente del salario percibido? ¿Por qué no ante los datos demográficos si hay comunidades autónomas con índices de aportación al sistema de Seguridad Social en función de sus activos y pasivos con
enormes diferencias? No esperen, señorías, que aboguemos por esa suerte de beneficencia autonómica que amparándose en la excusa de atender mejor a los más necesitamos acaba por generar un escenario de inequidades y de discriminaciones, poniendo en
riesgo la caja única de la Seguridad Social y estableciendo un sistema percibido por los ciudadanos como fraccionado y con diferente nivel de generosidad y de cobertura; no un modelo único sino un mosaico de actuaciones dispersas y desiguales.
Señor Campuzano, tampoco vamos a caer en el grandilocuente debate del victimismo autonómico. El artículo 1.2 de la ley que se pretende derogar es respetuoso con las competencias autonómicas, lo dijimos en su día y lo reiteramos: no hay
LOAPA social; las comunidades autónomas pueden establecer las ayudas económicas que consideren pertinentes a aquellas personas en situación de especial necesidad. Las posibilidades en este ámbito son prácticamente inabarcables, porque si lo que de
verdad se busca es tender a paliar necesidades no cubiertas o cubiertas de modo insuficiente por el cuadro prestacional estable de la Seguridad Social hay opciones y políticas múltiples para conseguirlo. Ahí tenemos el ejemplo de las rentas mínimas
de inserción, muy diversas en unos y otros territorios, que no han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional aunque sus beneficiarios pueden ser también, como lo son de hecho, perceptores de prestaciones de Seguridad Social. Pero
no compartimos que pueda utilizarse esa competencia para modificar o complementar las pensiones contributivas o no contributivas, pues el sistema público de pensiones es por decisión constitucional competencia exclusiva del Estado. Esto es así no
porque lo diga el Partido Popular, es así porque la ley que reguló las pensiones no contributivas, elaborada por el Partido Socialista, fue la que otorgó la cualidad de las pensiones no contributivas como integrantes del sistema de la Seguridad
Social, lo que implica que son competencia exclusiva del Estado. Esta modalidad de pensiones no contributivas no es asistencial sino que constituye el desarrollo de una prestación de la Seguridad Social. Y si ambas prestaciones, contributivas y no
contributivas, son por igual Seguridad Social por decisión de esta Cámara, ¿cómo pueden defenderse complementos para las no contributivas y no para las contributivas? ¿Por su cuantía? ¿Por la diferente cuantía de unas o de otras? Yo creo que eso
no tiene sentido, señorías. A igual naturaleza de las pensiones, igual consideración.
Defendemos nuestra posición, además de por todas estas razones, porque sabemos que al final, de no hacerlo, se acabará perjudicando a los más débiles. Estamos convencidos de que es la existencia de un sistema de derechos y no una concesión
graciable de cada Administración, que es la idea de igualdad, que los ciudadanos no perciban prestaciones mayores que otros ante las mismas situaciones de necesidad; es la idea de que la seguridad de los ciudadanos está más garantizada ante
situaciones de penalidad con un sistema objetivo, conocido, predecible, universal y equitativo, y no ante un sistema de Seguridad Social trufado de elementos coyunturales, discrecionales, extraordinarios o clientelares la que nos lleva a mantener en
esta Cámara el texto de la ley y a no votar favorablemente esta iniciativa. Porque la equidad, señorías, está en juego también en el debate de hoy. Este es un debate con consecuencias importantes para los ciudadanos, y esas consecuencias radican
en el concepto que tenemos y que queremos seguir teniendo de nuestra Seguridad Social, un concepto que el ciudadano identifica con la igualdad, con la unidad y con la solidaridad. Cuantías diferentes de pensiones mínimas en función del territorio
suponen un claro efecto disfuncional para nuestro sistema de Seguridad Social, precisamente el mismo
efecto que se intentó corregir con la modificación legislativa que hoy se pretende derogar en esta Cámara para evitar precisamente la perturbación de la convivencia de esas dos modalidades, contributiva y no contributiva. Podría ocurrir,
señorías, que pensiones no contributivas complementadas fueran en algunos lugares incluso más altas que las propias pensiones contributivas que recibirían otros ciudadanos. El efecto desincentivador que estas iniciativas tienen sobre la
contributividad, que es un elemento tan esencial como los demás para el sostenimiento presente y futuro de nuestro sistema, es evidente y el riesgo a medio plazo en el que incurriríamos es más que previsible.
En definitiva, nosotros defendemos un avance equilibrado en todos los pilares que sostienen nuestro sistema de Seguridad Social. Ese es el espíritu del Pacto de Toledo y a él nos atenemos. Somos perfectamente conscientes del esfuerzo que
hay que seguir realizando, tras ocho años de importantes avances en aras de un sistema cada día más solvente, más justo, más viable, más equilibrado y más racional. Nos tendrán a favor de cualquier avance, de cualquier mejora, de cualquier medida
destinada a incrementar la intensidad de la cobertura de nuestros ciudadanos en función de sus necesidades, pero de todos los ciudadanos, señorías, no de unos pocos, no de los ciudadanos de unas comunidades y no de otras. La equidad y la
solidaridad en España no puede medirse por el hecho de que los catalanes paguen más o reciban menos que los gallegos, o que los vallisoletanos aportemos más a Hacienda que los sorianos, o que tengamos menos IPC que los donostiarras, sino por el
hecho de que dos personas con la misma renta contribuyan lo mismo y que ante una misma situación de necesidad objetivable y evaluable tengan los mismos derechos y reciban las mismas prestaciones, en este caso pensiones, en cualquier rincón de
España. Ese es el sistema que entendemos siguen queriendo los ciudadanos.
No compartimos el discurso que algunos plantean. No son los catalanes los que financian a los vascos, como dice hoy el señor Maragall en la prensa, ni los madrileños a los
andaluces. No es eso. Son los que tienen rentas más altas, los que más cotizan, los ciudadanos que a título personal en todo el Estado tienen más capacidad los que ayudan a los que menos tienen. Esa es la base de un sistema de reparto, esa es la
base de un sistema redistributivo, solidario y avanzado. Dígase claramente si es este sistema el que se quiere desmantelar y asúmanse las consecuencias, pero ese es el sistema que se vería afectado por los planteamientos que sostiene la proposición
de ley que debatimos.
Señorías, en un escenario demográfico como el que se avecina en nuestro país, nuestro sistema de Seguridad Social necesita mejores instrumentos para garantizar su solvencia, su cohesión y su perdurabilidad, no instrumentos para fraccionarlo
o para disgregarlo. Curiosamente algunos piden ahora que no se empiecen a hacer propuestas de reforma del sistema público de pensiones por trozos o en función del colectivo que recibamos cada uno de nosotros en cada momento y sin embargo aceptan
sin problema alguno que se planteen diferencias por territorios, que se adopten medidas que suponen diferencias apreciables entre ciudadanos sin más requisito ni más condicionante que el lugar en el que vivan. Creo que un poco de coherencia y un
poco de rigor tampoco vienen mal en un debate de estas características, señorías. Porque noticias como el dato del IPC interanual que hoy hemos conocido, 3,5 puntos, no abonan precisamente el optimismo y advierten de que la prioridad en nuestro
sistema de Seguridad Social ha de ser garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y no introducir más incertidumbres, más desequilibrios o más discriminaciones, que bastantes aporta ya el Gobierno socialista por sí mismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Burgos.
Tiene cinco minutos para su réplica el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor Burgos, usted no ha podido plantearnos un debate en términos jurídicos sobre esta proposición, en términos constitucionales o en términos estatutarios. No lo ha podido hacer, señor Burgos, porque las sentencias del Tribunal
Constitucional son inequívocas en esa materia, en defensa del concepto del título competencial en asistencia social, en defensa del mandato también a los gobiernos autonómicos a promover la igualdad real y efectiva -y subrayo, la igualdad real y
efectiva- y en defensa de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Y pretende situar el debate en relación con un concepto etéreo de igualdad.
Pero ahí, señorías, hay dos realidades: una, las propias sentencias del Tribunal
Constitucional han establecido que el concepto sustancial de igualdad, la igualdad sustancial, corresponde también a los poderes autonómicos, y sobre la base a esa obligación de los poderes autonómicos de hacer efectiva la igualdad sustancial, es
donde concurre la posibilidad de establecer esos complementos de carácter voluntario por parte de los gobiernos autonómicos. Pero además, señoría, no hay igualdad a final de mes entre una persona mayor de Barcelona, a la hora de hacer su compra en
el mercado, y un ciudadano de Castilla y León. Por tanto, es legítimo que si el Parlament de Cataluña, que si el Gobierno de Cataluña quieren garantizar que a final de mes esa viuda pueda comprar lo mismo que compra aquella otra viuda que vive en
Castilla y León, es necesario que se pueda establecer ese complemento de carácter autonómico. Quizá la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros
entendemos que Cataluña es el espacio de solidaridad entre los ciudadanos que viven en Cataluña para poder ejercer ese tipo de políticas y por eso rechazamos por absurdo plantear un debate sobre si esa solidaridad se puede ejercer en
Hospitalet de Llobregat o en Valseca. No es ese el debate. Entendemos que el espacio donde es posible ejercer la solidaridad frente a las situaciones de necesidad es nuestro país, es Cataluña.
Además, señor Burgos, allí donde ustedes gobiernan o
donde han tenido capacidad de incidencia parlamentaria, han defendido, han propuesto y han legislado en esa materia. En Cataluña, presupuestos del año pasado, cuando se introdujo el complemento de las pensiones de viudedad, con la votación
entusiasta del Partido Popular de Cataluña, en defensa de que las viudas catalanas recibiesen ese complemento. La pena es que no nos acompañe en el debate, pero la cabeza de lista por Barcelona, la portavoz parlamentaria de su grupo en el Parlament
de Cataluña, defendió que el Parlament de Cataluña pudiese otorgar complementos a las pensiones de viudedad. Es más, yo no he entendido el argumento que usted ha dado para, en cambio, defender que se pueden desarrollar por parte de los parlamentos
autonómicos los salarios mínimos de inserción. Bajo la misma lógica que hemos desarrollado durante estos 20 años creo recordar que el primer debate se produjo a iniciativa del Parlamento vasco con el denominado salario social en ejercicio de
nuestras competencias en el campo social y en el campo laboral, hemos decidido subvenir aquellas situaciones de necesidad que el sistema de desempleo en su modalidad contributiva y no contributiva eran incapaces de cubrir, y hemos reconocido que ese
era un factor de progreso para el conjunto del Estado.
Creo, señorías, que su concepción del autogobierno (la intervención de S.S. esta tarde junto con las intervenciones del anterior presidente del Gobierno justifican plenamente la vocación de
Convergència i Unió de derogar ese artículo y su concepción de la autonomía es antitética a la nuestra, absolutamente. Ustedes continúan instalados en una visión desconfiada del hecho autonómico, continúan instalados en una concepción retrógrada
del autogobierno y continúan instalados en una visión antisocial de la igualdad. Por eso era necesario que impulsásemos esta proposición de ley.
Su señoría en su intervención ha introducido un debate que no viene ahora a cuento pero en el que podríamos entrar con toda rotundidad, que es el debate sobre la solidaridad fiscal de Cataluña con el conjunto del Estado. Hoy existe un
consenso en Cataluña que va desde la Cámara de Comercio y el Círculo de Economía hasta los sindicatos, pasando por el actual Gobierno de la Generalitat y el principal grupo de la oposición, en entender que el esfuerzo de solidaridad de Cataluña es
excesivo y que ese esfuerzo excesivo de solidaridad está provocando un estrés al país en su conjunto y a las familias en concreto, que además está haciendo muy difícil que Cataluña pueda dar respuesta a los retos de la competitividad a escala
global. Señor Burgos, el debate que también le plantea Cataluña, que le planteamos los grupos catalanes que vamos a votar favorablemente esta toma en consideración es el de una sociedad que tiene la sensación de que paga demasiados impuestos, de
que paga demasiadas cotizaciones y de que en su entorno social continuamente hay gente pobre, gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Este es el debate que se le plantea desde Cataluña. Nos gustaría que el Partido Popular, que no es
un partido menor sino la principal alternativa de gobierno al Partido Socialista, pudiese también compartir con la mayoría de la Cámara una visión avanzada, democrática y acorde con los tiempos de su autogobierno.
Es una pena que continúen
instalados en esa visión más propia de la época preconstitucional que de la época que estamos viviendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
A continuación, seguimos con los turnos de fijación de posición. En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego, a finales del año 2003, cuando el Gobierno del Partido Popular presentó su proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social rechazó este proyecto con toda energía y lo hizo, en primer
lugar, porque sabía que estábamos ante un conflicto competencial con las comunidades autónomas relacionado con el respeto a las facultades de complementar pensiones no contributivas. El Gobierno fue derrotado en su posición y en sus previsiones por
la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. En concreto, la Sentencia 239/2002, del 11 de septiembre, dejaba claro que las comunidades autónomas tenían derecho a que se pudiesen formular prestaciones económicas para complementar pensiones
no contributivas. Y lo hacía en atención a un criterio de carácter básico, de tipo competencial, que es que la asistencia social es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que por tanto en este campo tienen derecho a actuar con
total soberanía e independencia. Esta sentencia dejaba claro que el Gobierno con este proyecto de ley actuaba sin lealtad constitucional de ningún tipo y, desde luego, con una actuación de carácter unilateral. Como el juicio de constitucionalidad
no era acorde con su postura, lo que hizo el Gobierno fue alterar unilateralmente las reglas constitucionales de atribución de competencias en materia de Seguridad Social y en materia asistencial. Modificaba en concreto de forma sustancial los
artículos 2 y 38 de la Ley General de Seguridad Social
estableciendo una referencia legal cualitativamente distinta que obligaba a la unidad del sistema de la Seguridad Social y a la inclusión de cualquier prestación de carácter público en esta unidad del sistema. Así, indudablemente, es
imposible que las comunidades autónomas puedan ejercer una competencia clara en materia asistencial. De todas maneras, es curioso que se recurra a la igualdad, uno de los criterios más vapuleados en el actual Estado de derecho, porque está claro
que las pensiones en el Estado español no son iguales desde ningún punto de vista, ni siquiera las prestaciones de carácter social son iguales y ya no hablemos de los salarios. Por tanto, argumentar con esta teoría de la igualdad no sólo no deja de
ser paradójico sino irónico. Realmente, en una situación de este tipo no es anormal que los gobiernos de las comunidades autónomas, con sus parlamentos detrás, puedan influir precisamente en una política social más equitativa no solamente desde el
punto de vista de hacer que las personas que menos tienen puedan afrontar con dignidad su vida, sino también haciendo que pueda aumentar la solidaridad interna en la comunidad autónoma. En todo caso, llama la atención que un Gobierno que centralizó
o dio pasos de centralización precisamente para acceder a operadores privados en el control y en la gestión de las prestaciones complementarias niegue a la propia comunidad autónoma el derecho a poder actuar en materia de dichas prestaciones con
sentido de equidad y de justicia y, sobre todo, que se pueda hacer frente a los déficit que la Seguridad Social no cubre en la vida diaria de las personas. Por tanto, vamos a apoyar la proposición de ley de Convergència i Unió puesto que somos
conscientes de que retrotrae la situación a unos postulados anteriores que violó el Partido Popular al final de la anterior legislatura con su mayoría absoluta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Vamos a votar a favor de la proposición de ley que trae a esta Cámara Convergència i Unió. El debate ha sido interesante ya que ha ido más allá incluso del ámbito estricto de la propia proposición de ley, lo cual es bueno. Se han citado
tres antecedentes que conviene resaltar. En primer lugar, las competencias de las comunidades autónomas. Citaré en nuestro caso la competencia exclusiva en materia de asuntos sociales, el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Evidentemente, ahí está ese ordenamiento jurídico. En segundo lugar, se ha citado la Sentencia 239/2002, del Tribunal Constitucional, que ante el conflicto positivo de competencias frente a los decretos de la Junta de Andalucía declara que la
competencia para el establecimiento de las mencionadas ayudas, ayudas económicas complementarias, corresponde a la comunidad autónoma. Y un tercer dato que me gustaría resaltar y que me parece interesante, ya que en el fondo es de lo que estamos
tratando, es que la cuantía de la pensión media a nivel estatal durante el año 2003 ha sido de 549,84 euros mensuales; sin embargo, hay que decir que un segmento importante de este colectivo tiene unos ingresos mensuales que están por debajo de
esta cuantía media. Sólo quiero destacar que del total de los pensionistas el 27 por ciento cobra una pensión de viudedad y su importe medio es de 397 euros, una cuantía bastante inferior a la pensión media. Pero si hacemos también un análisis de
las pensiones en función del régimen, observaremos que el 38,27 por ciento de los pensionistas cobra una pensión inferior al salario mínimo interprofesional. ¿Qué queremos decir? Que es necesario una intervención, puesto que lo que deducimos es
que las cuantías de las pensiones mínimas que reciben muchos ciudadanos tienen poco que ver con el nivel medio de renta de los trabajadores en activo, que muchas de esas pensiones son pensiones de pobreza -porque no se les puede llamar de otra
manera- y que el sistema de protección social no contempla niveles de cobertura que eviten caer por debajo del umbral de pobreza. ¿Cuál es nuestra posición? Es evidente que nosotros consideramos que debe ser dentro del sistema general de la
Seguridad Social donde se deben plantear y resolver dichas situaciones por considerarse la suficiencia y calidad de las pensiones una exigencia de derecho universal y subjetivo, y no un objeto simplemente de complemento asistencial. Por tanto, la
primera consideración -lo hacemos desde la lógica del ordenamiento jurídico- sería la transferencia inmediata del sistema de Seguridad Social por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco simplemente en cumplimiento del propio
ordenamiento jurídico que establece la gestión del régimen económico en Seguridad Social. Esa sería desde nuestra perspectiva la clave de todo el asunto. Ciertamente, en la medida en que no se produzca ese cumplimiento de la transferencia de la
competencia, en cumplimiento de nuestras competencias asistenciales tenemos -aunque entendemos que solamente de manera transitoria- que dar salida al planteamiento grave y terrible de pobreza, del que hemos hablado, tratando de completar las
pensiones más bajas hasta el salario mínimo interprofesional. Esto es lo que estamos haciendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la renta básica, a través de los complementos del Pagami, que están dirigidos a personas que siendo
titulares de pensiones contributivas o no contributivas siguen teniendo pensiones insuficientes, por lo que estamos actuando como complemento al sistema de pensiones, tratando de que incluso en unidades convivenciales de un solo miembro lleguen a
tener el 90 por ciento del salario mínimo
interprofesional y si la unidad convivencial tiene más de dos miembros pueda llegar incluso a superarlo.
Se hablaba aquí de que el problema es que no estamos anteponiendo las personas. Creo que es todo lo contrario. En este caso el Partido Popular no antepone las personas, antepone un principio de supuesta homogeneización del territorio, una
supuesta unidad que les lleva a primar esa supuesta unidad del territorio frente al interés de las personas, al interés real de solventar el problema de las personas. Por tanto, la unidad del territorio está antes que el problema de las personas.
Esta es la realidad que ustedes están planteando. Ustedes no dan soluciones e intentan que las soluciones de los demás no las podamos dar. Este es un problema grave porque para ustedes las personas al parecer no existen. Lo que habría que hacer
es una reforma del sistema general de Seguridad Social, una revisión de las cantidades establecidas y pactadas por el Gobierno del Estado que situara a los beneficiarios, desde luego, no en el umbral de la pobreza sino más allá y de una manera
digna. Queremos la transferencia de nuestra competencia, porque 25 años después ya es hora, y queremos poder solventar los problemas de nuestros ciudadanos. No intenten boicotear las soluciones que otros estamos dando.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, vamos a apoyar esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, por una razón de fondo, porque nos parece que las comunidades
autónomas tienen capacidad para tomar este tipo de decisiones que complementen esta política y otras políticas. Me parece razón suficiente para suscribir la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No obstante, en relación
con las políticas básicas, con las políticas públicas y con las políticas vinculadas al Estado del bienestar, no es ninguna novedad lo que hoy se está proponiendo aquí. Habría que decir que otro gran servicio público, como es el sistema sanitario,
establece ya en su propio sistema de financiación un elemento diferencial en cuanto a la presión fiscal que pueden ejercer las comunidades autónomas en relación con los impuestos especiales, con los impuestos de los carburantes que están
precisamente destinados para que estas comunidades, en función de esa corresponsabilidad fiscal, puedan destinar más recursos al sistema sanitario. En materia educativa y en materia sanitaria, ya existen diferencias sobre las prestaciones básicas
del sistema educativo o del sistema sanitario en España. Esto ya es una realidad y lo debe ser también en este otro ámbito, porque en última instancia no es sino reconocer el hecho diverso que se da en el territorio del Estado español.
No es lo
mismo, una vez que se garanticen las prestaciones básicas -y el sistema de Seguridad Social lo garantiza, aunque habrá que mejorarlo-, la situación de un territorio como el canario que un territorio continental.
Para nosotros forma parte
consustancial de las prestaciones, por ejemplo, el movimiento de personas en el territorio, dado el hecho insular.
Destinamos parte de los recursos sanitarios a financiar el traslado de pacientes y acompañantes en el territorio, destinando recursos
del sistema sanitario, que es sensible a esta tarea. Por tanto, si esto ocurre en el sistema sanitario y también ocurre en el sistema educativo, lógicamente tiene que ocurrir en el sistema de pensiones. Creemos que hay un sistema único para el
conjunto del Estado que cumple su función. Habrá que seguir haciendo un esfuerzo para que se destinen más recursos a las pensiones más bajas, sean contributivas o no contributivas, pero esto no va en detrimento de que las comunidades autónomas, en
el ejercicio de su función de autogobierno y reconociendo su realidad, puedan complementar estas pensiones.
Nos parece oportuna y necesaria esta proposición de ley que presenta Convergència i Unió y nuestro grupo la va a apoyar por coherencia con nuestra percepción de la diversidad territorial del Estado y por coherencia también de lo que ya es
habitual en otras prestaciones sociales básicas que se garantizan mínimamente para el conjunto de los ciudadanos, pero luego la diversidad territorial las complementa y el propio sistema de financiación sanitario, insisto, establece esa
diferenciación. Y la comunidad de Madrid es un ejemplo, la comunidad andaluza es otro ejemplo de prestaciones sanitarias que se dan de forma distinta en estas comunidades porque lo deciden sus legítimos gobiernos territoriales. Por tanto, nuestro
apoyo claro a esta iniciativa de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para explicar que nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa y lo hará por razones tanto de forma como de fondo.
Votaremos a favor por razones de forma porque estamos convencidos de que la prohibición no lleva
al camino del acuerdo entre los gobiernos, entre el Gobierno central y los de las comunidades autónomas. Y votaremos a favor por razones de contenido porque nuestra preocupación por el carácter social del Estado tiene más que ver con la vía de
ampliar derechos y prestaciones sociales que
no por la vía de restringir derechos y prestaciones sociales. Por tanto, por esas dos cuestiones, vamos a votar a favor.
Vamos a votar a favor porque en nuestro país son más de 480.000 personas las que, por llamarlas de alguna manera, serían beneficiarias de las pensiones no contributivas con una percepción media en torno a los 268 euros. La verdad es que dan
ganas de decirlo en pesetas para que parezcan algo, porque decir 268 euros causa cierta tristeza. Además, estas mismas personas, desde el año 2001, han visto su capacidad adquisitiva congelada por obra y gracia de un Gobierno que estaba bastante
más entretenido en impedir que entre los menos favorecidos hubiera privilegios; dicho sea esto y se entienda con comillas, con muchas comillas. Estas mismas personas -insisto, en torno a 480.000- no fueron tenidas en cuenta tampoco en el acuerdo
de pensiones suscrito por el Gobierno de entonces, por la CEOE y Comisiones Obreras, y el compromiso para la revalorización de 2004 excluye mejoras por encima de la inflación para estas pensiones y para otras pensiones mínimas, como es el caso de
las que perciben los mayores de 65 años. Hablamos, pues, de una situación de las pensiones manifiestamente mejorable.
La prohibición para que las comunidades autónomas puedan complementar estas pensiones parece que quiere tener su origen en el discurso de un aparente Estado social protector e igualitario, que debe velar para que las comunidades autónomas no
pongan en cuestión los derechos básicos de las personas estableciendo diferencias en función del lugar en el que se percibe la pensión. Vaya por delante que nosotros nunca hemos creído que la derecha española tenga una concepción del Estado social
de estas características; más bien una percepción asistencial del Estado que casi siempre nivela a los más menesterosos, pero por la línea más baja posible, por la línea de la mayor necesidad posible. Dice el Tribunal Constitucional que no puede
resultar extravagante que las comunidades autónomas puedan establecer ayudas complementarias para atender necesidades no cubiertas por la Seguridad Social. Añadiríamos nosotros -y se lo plantearíamos así al grupo proponente- que estos complementos
deberían consolidarse en esa percepción de las pensiones para que en ningún caso sean trucos de artificio en manos de posibles oportunismos de uno u otro signo. La verdad, señorías, es que para nosotros los derechos básicos están bastante
cuestionados, pero no porque haya mejoras leves por parte de algunas comunidades autónomas, sino más bien cuestionados por las cuantías mismas de las pensiones. Nos parecería bastante más razonable que la preocupación viniera por atender las
necesidades y no tanto por quién es más competente a la hora de ignorar esas necesidades.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya siempre hemos defendido y defendemos que nuestro sistema de Seguridad Social debe regirse por principios de universalidad, de unidad, de solidaridad y de igualdad, y por ello creemos que el
Estado, el Gobierno central tiene competencias para regular aspectos importantes de la protección social mediante normas básicas o armonizadoras. Las rentas mínimas y los servicios sociales son cuestiones en las que las diferencias interregionales
generan a veces mayores desigualdades que el conflicto que en su día quiso evitar el anterior Gobierno en materia de pensiones asistenciales. En nuestra opinión, no se trata de agudizar disputas sino de tomar los criterios del Tribunal
Constitucional, de tomar las recomendaciones del Consejo Económico y Social y avanzar en el acuerdo político del Gobierno central y las comunidades autónomas. Es en ese horizonte, repito, en el que votaremos a favor para facilitar una situación más
abierta hacia un futuro en el que ninguna administración renuncie al papel que le corresponde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, intervendré con brevedad para comentar que vamos a votar favorablemente la proposición que ha presentado con brillantez, como siempre, el señor Campuzano.
La Ley 52/2003 -permítame la ironía, señor Burgos- es uno de esos misterios parlamentarios que rayan lo paranormal. Es una ley aprobada por el Partido Popular pero que contradice su doctrina en esta materia.
Parece una especie de
autoflagelación, de refutación de la propia doctrina en esta materia, porque es una ley que impide complementar determinadas pensiones cuando ustedes -recuerdo aquella que presentaron sobre la coordinación de las fuerzas de seguridad- han sido los
adalides en complementar determinadas pensiones en comunidades autónomas en las que han gobernado. Por tanto, paradójicamente, su doctrina parece ser congruente con lo que prohibe esta ley. Recuerde lo que hizo el Gobierno de La Rioja con su
aquiescencia. No hubo ningún recurso de inconstitucionalidad, ni siquiera el presidente del Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, fue reprendido públicamente por sus líderes políticos cuando incrementó unilateralmente las pensiones de
viudedad.
Recuerde lo que hizo el Gobierno de la Generalitat valenciana, presidido por el señor Zaplana, cuando incrementó unilateralmente las pensiones de viudedad, de orfandad y algunas más. Recuerde también la posición del Grupo Popular en el
Parlament de Cataluña -ahora me he enterado- en relación con el incremento o la complementación de las pensiones de viudedad, que no deja de ser más que un requerimiento de justicia material
elemental porque las pensiones de viudedad generan verdaderas bolsas de pobreza. Desde esa perspectiva conceptual y utilizando como contraargumento el concepto de caja única (concepto por cierto no metajurídico sino jurisprudencial, y
dudosamente jurisprudencial porque es una sentencia del Tribunal Constitucional la que lo ha consagrado, y para crear jurisprudencia constitucional hacen falta por lo menos dos sentencias que consagren la misma opinión), ese concepto no sirve parar
argumentar lo que usted pretende argumentar, señor Burgos, permítame que se lo diga. En todo caso, señor Campuzano, su pretensión es modesta. Es un problema menor, colateral a los problemas de fondo que afectan al sistema público de pensiones en
el Estado español. Los títulos competenciales del propio Gobierno de Cataluña son mucho más amplios que la pura capacidad de complementar determinadas pensiones cuya cuantía es particularmente baja. En Euskadi tenemos títulos competenciales
específicos, no sólo el indicado por la señora Lasagabaster en materia de asistencia social. La disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika establece que se transferirá al Gobierno vasco la gestión económica del régimen
público de la Seguridad Social en régimen de convenio, figura similar a la de concierto económico. La Ley de Amejoramiento de Fuero de Navarra tiene un precepto similar e incluso, desde otras perspectivas y con su propio estatuto de autonomía,
ustedes podrían reclamar, utilizando las competencias de ejecución de la legislación laboral del Estado de planificación económica de Seguridad Social, competencias mucho más amplias que las que derivan de una mera capacidad de complemento de
determinadas pensiones particularmente bajas, que si bien desde un requerimiento de justicia social resultan muy pertinentes, sin embargo, pueden encubrir una cierta trampa sobre la que yo le voy a advertir. Asumir ciertos compromisos
presupuestarios que corresponden al Estado o que derivan de incumplimientos del Estado, consagrados por requerimientos que están perfectamente tipificados en el artículo 41 de la Constitución (como que el sistema público de pensiones sea suficiente,
que es uno de los requerimientos previstos en el artículo 41 -y suficiente quiere decir cuantitativamente suficiente- para cubrir cualquier situación de necesidad, el concepto de universalidad y que además sea irregresivo, lo que quiere decir que
cualquier modificación del sistema tiene que mantener por lo menos la cuantía de protección previgente que es objeto de reforma), si no se transfieren los correspondientes créditos presupuestarios o las competencias, significa que las comunidades
autónomas están detrayendo de otras consignaciones presupuestarias, de otros requerimientos presupuestarios, cantidades que corresponden a incumplimientos del Estado para resolver problemas que debería haber resuelto y no lo ha hecho. Luego yo le
aconsejaría también cierta prudencia. En el Gobierno vasco -ya lo ha comentado la señora Lasagabaster- se está llegando a porcentajes del 83 por ciento en este momento del salario mínimo interprofesional en relación con cualquier pensión, la más
pequeña, que perciba cualquier persona que habite en este momento en Euskadi, que sea un ciudadano de Euskadi. Pero tengamos cuidado con consolidar situaciones que al fin y al cabo mantengan un permanente y cronificado incumplimiento por parte de
la Administración Central del Estado de sus obligaciones en materia de Seguridad Social.
Hay que tener cuidado con este tema.
Hay que tener cuidado también con otras dos perversiones -ustedes las conocen perfectamente- que pueden afectar al sistema público de pensiones y que serían las siguientes. En primer lugar, que las ayudas de emergencia social se cronifiquen
y dejen de ser ayudas esporádicas para resolver problemas de necesidades puntuales o eventuales y se conviertan en ayudas estructurales; y en segundo lugar -y esta es la peor perversión porque puede ser el principio del fin del sistema público de
pensiones-, que estas ayudas sean de cuantía superior a algunas de las previstas, de forma contributiva o asistencial, por el sistema público de pensiones, como ocurría con la renta básica de inserción o las ayudas de emergencia social en relación
con las pensiones de viudedad y orfandad. Cuando esto ocurre el sistema se resiente indefectiblemente y antes o después cae y se desestructura. Luego también tenemos que ser prudentes con ese tipo de valoraciones que usted, yo y los demás grupos
parlamentarios hemos consensuado perfectamente en el Pacto de Toledo.
En definitiva, qué decir sobre esta materia. Que existen varias cuestiones pendientes, todas relevantes. La gran cuestión competencial no se resuelve sólo con esta proposición no de ley que ustedes presentan aquí.
Las competencias
estatutarias van mucho más allá, tienen mucha más profundidad que lo que se pretende con esta proposición de ley, que es cubrir una incongruencia, una injusticia social de carácter puntual. La transferencia a aquellas comunidades autónomas que
tienen competencias, la descentralización del sistema público de pensiones -es otra de las asignaturas pendientes-, y la articulación y la profundización en que todos los grupos parlamentarios aquí presentes podríamos estar de acuerdo en que el
sostenimiento financiero del sistema público de pensiones es una materia terriblemente delicada y que requiere amplios consensos políticos. Los acuerdos del Pacto de Toledo los sigo suscribiendo en su totalidad. La clarificación de los flujos
financieros para la financiación, por una parte, de las pensiones y, por otra, de lo que no son pensiones. Los problemas demográficos que gravitan negativamente sobre el mantenimiento del sistema de envejecimiento de la población. La necesidad de
articular para ello o contra ello políticas de apoyo a la familia adecuadas, los problemas que hacen referencia a la flexibilización de la edad de jubilación, la necesidad de hacer emerger la
economía sumergida. En fin, los múltiples problemas que gravitan negativamente sobre un sistema público de pensiones cuya sostenibilidad en la cumbre de Lisboa se advirtió con gravedad en relación con el Estado español para el año 2050, en
donde el porcentaje de personas activas en relación con personas pasivas o perceptoras de las prestaciones va a ser de 2,5 con relación a 1, ya empezamos a andar en parámetros o en ratios peligrosas para la sostenibilidad económica del sistema.
Desde esa perspectiva nosotros vamos a apoyar la proposición. Exigimos de nuevo que hay competencias que están pendientes de transferir, que en Euskadi hacen referencia nada menos que a la gestión del régimen económico del sistema público de
pensiones, porque así lo establece la disposición transitoria quinta, además en régimen de convenio económico; que el tema competencial está pendiente y ello indica que existen ámbitos de solidaridad donde se puede actuar con una libertad, una
autonomía razonable, pero un sistema de Seguridad Social disforme, no coherente y, en definitiva, donde se establezcan desequilibrios o desigualdades territoriales y geográficas tampoco parece la mejor de las soluciones. Reclamando las
competencias, reclamando la posibilidad de que pensiones que por su escasa cuantía están generando verdaderas bolsas de pobreza en la actualidad, reclamando, en definitiva, avanzar y profundizar en todos los requerimientos o en todos los principios
consensuados en el Pacto de Toledo podemos tener alguna posibilidad de que nuestro sistema público de pensiones se mantenga. Desde luego, con las actitudes o con los planteamientos del Partido Popular permanentemente incongruentes, curvilíneos y
absolutamente contrarios a los requerimientos de solidaridad y equilibrio más elementales en esta materia va a ser muy difícil el sostenimiento de un sistema público de pensiones sobre el que gravitan gravísimos problemas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
A continuación, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, vamos a dar nuestro voto favorable a la proposición de ley de derogación de la prohibición a las comunidades autónomas a complementar las pensiones. Entendemos que es de justicia y reconocida por los tribunales
la potestad de complementar las pensiones por parte de aquellas comunidades autónomas que en uso de sus competencias así lo deseen. Así ha sido en el caso de Andalucía, Cataluña o Navarra, que han dispuesto el complemento de pensiones no sólo a las
no contributivas sino también a las contributivas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)En la anterior legislatura, el Gobierno del Partido Popular impuso su visión uniformista del Estado y, olvidando sentencias de los propios tribunales,
quiso evitar e impedir las potestades de los diversos gobiernos del Estado con una ley hecha a medida de sus enemigos políticos. Tal circunstancia quedó puesta en evidencia cuando el Gobierno del Partido Popular cargó contra las decisiones de la
Junta de Andalucía y de la Generalitat de Catalunya y, en cambio, no dijo nada de las actuaciones que realizó la Comunidad Foral de Navarra, que incluso fue más allá aplicando una ley que complementa las pensiones contributivas de viudedad hasta el
salario mínimo interprofesional. Este cinismo político demuestra adónde llega la pretendida unidad de la patria, hasta donde a uno le parezca en función de los intereses políticos. Felicidades a la Comunidad Foral de Navarra, lo que demuestra que
la realidad es una y variada, más allá de las voluntades del discurso único y trasnochado de algunos. En este sentido, desde Esquerra Republicana de Catalunya reivindicamos no sólo el derecho a suplementar las pensiones no contributivas, sino
también todo tipo de pensiones, incluidas las contributivas, porque es de sentido común que no es lo mismo vivir en un sitio que en otro, porque las condiciones por sí ya no son iguales, ni peores ni mejores, en definitiva, distintas, y por eso nos
hemos dotado -mal le parezca a más de uno- de sistemas propios de decisión de gobiernos elegidos democráticamente en los respectivos territorios del Estado con sensibilidades diferentes.
Consideramos un primer paso, un pequeño avance la derogación de dicho artículo, pero ya anunciamos la voluntad de llevar a otros foros, ya sea a la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo o a otros, la necesidad de seguir avanzando para
hacer posible la suplementación de cualquier tipo de pensión, la participación en la gestión de la propia Seguridad Social o en el traspaso de la gestión directa de las competencias de Seguridad Social al Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Por eso vamos a votar favorablemente la proposición de ley que deroga esos artículos que van contra la voluntad de gobiernos que entienden que hay que avanzar en políticas sociales y en mejorar las prestaciones.
En su momento dijimos no a una ley regresiva, tanto social como nacionalmente, que atentaba contra el fundamento de la democracia, que atentaba a las competencias en materia de asistencia social de los diferentes gobiernos de los territorios
del Estado; una ley que lesionaba gravemente los intereses de las clases más populares, de las clases más necesitadas. Es inadmisible que el anterior Gobierno quisiera evitar un acto de justicia e impedir, con la excusa de la uniformidad, que las
clases más necesitadas pudieran tener una pequeña ayuda para mejorar su calidad de vida. Es un acto de mala fe política, indigno de ser utilizado con la excusa
de romper la unidad de lo universal del poder del Estado central.
Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vamos a seguir trabajando para poder mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que sufren y han sufrido un modelo de sociedad salvaje y un Gobierno que les dejó abandonados a la
libertad del mercado. Por eso ayer, hoy y mañana nos manifestamos a favor del derecho que tienen los gobiernos de los diferentes territorios del Estado que lo deseen a tomar medidas de mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos y sobre todo de
las clases más necesitadas, de las clases populares. Por todo ello nos manifestamos de acuerdo en la anulación de esos artículos porque, como independentistas, somos partidarios de la máxima soberanía en todos y cada uno de los aspectos de la vida
cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país; porque queremos que la Generalitat de Catalunya tenga la máxima soberanía para decidir sobre sus ciudadanos, no queremos que en temas que nos afectan otros nos impongan sus voluntades.
Por
eso ya hemos dicho que queremos avanzar mucho más. Queremos decidir desde nuestro propio país y queremos poder decidir no sólo en las pensiones no contributivas sino también en las contributivas y en la gestión de la propia Seguridad Social. No
sólo nos opondremos a que se le quiten las competencias a la Generalitat de Catalunya, sino que queremos un mayor nivel de soberanía que nos permita ser más responsables delante de nuestros propios ciudadanos. Más soberanía, más soluciones.
Por último, para que no se olvide lo que cada día el Grupo de Esquerra Republicana manifiesta (Pronuncia palabras en catalán.), les instamos a adquirir el compromiso solidario de superar la injusticia que representa que no podamos
expresarnos en catalán. ¿Cómo podemos pedir a Europa aquello que en esta Cámara nos es negado día a día?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Es su turno de fijación de posiciones, doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Antes de fijar la posición de mi grupo parlamentario permítanme, señorías, que felicite al Grupo Popular porque desde que están en la oposición, por lo menos, han aprendido a hacer pancartas, aunque sean en serie. Sólo les queda ser un poco
más originales y una sindicalista como yo tiene que recomendarles que cuando se hace una reivindicación cuántos más se sea, mejor se entiende la reivindicación, para que la próxima vez estén todos.
(Aplausos.)
Dicho esto, señorías, paso a defender la posición de mi grupo. Decía yo aquí en esta misma tribuna el 27 de noviembre que el Partido Socialista no compartía el artículo 1.2 de la Ley 52/2003 y decía el 27 de noviembre que una mayoría
parlamentaria diferente cambiaría este artículo.
Señorías, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cambiar ese artículo, porque, señor Burgos, la Ley 52/2003 no es fruto de un consenso, ni siquiera fruto de una defensa del sistema público de
pensiones. La Ley 52/2003 es fruto de la intolerancia del Gobierno de José María Aznar, que no supo admitir que el Tribunal Constitucional le dijera que la Junta de Andalucía podía complementar las pensiones no contributivas y ustedes buscaron con
esta ley el refrendo jurídico para ir contra la política de la Junta de Andalucía, es decir, hicieron una ley por ser intolerantes y para impedir algo que llevaba a cabo una autonomía gobernada por el Partido Socialista. Además parece que les
obsesiona la Junta de Andalucía y por eso interpusieron el recurso.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de CiU para que se elimine el artículo 1.2, pero dejando claras varias cosas. Primera, nosotros compartimos que las comunidades autónomas puedan
complementar las pensiones no contributivas y que las comunidades autónomas tienen la competencia de las políticas sociales y, como tales políticas sociales, pueden dar esos complementos a las pensiones no contributivas. Sin embargo, en ningún
momento vamos a votar ni a admitir, porque no lo compartimos, el complemento de las pensiones contributivas. El sistema de la Seguridad Social es uno, tiene una ley general y el debate que hoy estamos haciendo aquí es fruto de que el Partido
Popular hizo aquella enmienda al artículo 38. Antes de 2003 en este país nadie cuestionaba la unidad de las pensiones ni los complementos a las contributivas ni a las no contributivas, y ustedes, con esa política cicatera y a veces yo creo que
también preconstitucional, metieron este debate. El Partido Socialista -repito para que quede bien claro- está de acuerdo en que se complementen las pensiones no contributivas, pero no las contributivas. Por tanto mi grupo, repito, va a defender
que se pueda tramitar la eliminación del artículo 1.2.
El Gobierno ya estaba estudiando la posibilidad de adecuar la propia ley a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es que tiene varios problemas y no es el simple hecho de eliminar este artículo de la ley 52/2003. ¿Por qué? Porque
la ley de las pensiones no contributivas habla de que la pensión se cobra cuando no se tiene ningún otro ingreso. Por tanto, si no hacemos ninguna modificación jurídica de la ley de pensiones no contributivas, lo que podría suceder sería que el
complemento que una comunidad autónoma diera a una pensión no contributiva se le tendría que detraer de dicha pensión. Por tanto estamos de acuerdo en corregir eso y es lo que vamos a hacer hoy aquí.
Yo quisiera exponer dos consideraciones en nombre del Grupo Socialista. El Gobierno va a cumplir el programa electoral con que el Partido Socialista ganó las elecciones del 14 de marzo, pero lo vamos a cumplir
estableciendo los criterios y prioridades por parte del Gobierno y del Grupo Socialista, no en función de que otros grupos nos planteen aquí proposiciones que puedan coincidir con lo que nuestro programa electoral conlleva. ¿Qué quiero
decirles con esto? Quiero decirles que el Grupo Socialista no quiere hacer parcheos de la Ley en la Seguridad Social y entendemos que hay muchos grupos y colectivos que tienen unas necesidades concretas de que se revise su situación, y seguramente
lo haremos, pero debemos hacerlo dentro de un consenso y dentro del Pacto de Toledo. Todos decimos -se ha dicho hoy aquí desde esta tribuna, ayer en la comparecencia del secretario de Estado- que el Pacto de Toledo es una herramienta eficaz, que es
el ámbito donde todos los grupos políticos podemos consensuar aquellas reformas de la Seguridad Social en las que entre todos seamos capaces de ponernos de acuerdo. Pues bien, señorías, lo que trato de decirles es que mi grupo no va a apoyar las
proposiciones de ley en cuanto a la Seguridad Social que en el futuro se puedan presentar en esta Cámara. Creo que es razonable llevarlas al Pacto de Toledo.
Me gustaría contestar a unas cuantas cosas de su intervención, señor Burgos, que suenan estridentes. Usted habla de que trabajan para las personas. Han gobernado durante ocho años y las pensiones mínimas del sistema no han mejorado en los
últimos años absolutamente nada. Ustedes hablan -y ayer lo decía su portavoz- de que han subido un 28 por ciento.
La explicación que dio una diputada del Partido Popular de Cataluña en un acto fue que su partido había subido un 28 por ciento las
pensiones mínimas en los últimos ocho años. Entonces se levantó un señor y dijo: oiga, señora, ¿dónde está mi 28 por ciento, porque a mí no me han subido eso? Porque ustedes han jugado muy hábilmente buscando colectivos a los que las subidas en
su base luego se las comían en los complementos a mínimos. Eso no es hacer política para los que cobran menos, señor Burgos. Eso es tomar el pelo precisamente a aquellas personas más necesitadas. Por eso nosotros defendemos estas políticas,
porque creemos en ellas. No lo hacemos como escaparate político o para hacer demagogia, como hacen ustedes.
Decía usted que es un riesgo subir las pensiones porque puede dar lugar a que una pensión contributiva quede por debajo de una no contributiva.
Pero, señoría, ¿saben los complementos que se están dando en las comunidades autónomas a las
pensiones no contributivas? Si son pequeños complementos que no llegan a ningún lado, ni suponen en absoluto ningún riesgo en cuanto al importe de la pensión. A veces hablamos de los más necesitados. Yo creo que tendríamos que hablar menos y
tomar más medidas que fueran a favorecer esas situaciones de los más necesitados. Aquí todos lo hacemos, el PP lo ha hecho, pero en Cataluña, cuando gobernaba CiU, los complementos no se dieron a los colectivos más necesitados, sino que fueron
fruto, señor Campuzano, de las reivindicaciones que en aquel momento hacían los colectivos de viudas y por eso pusieron los complementos a las viudas, pero se olvidaron ustedes de todos los que cobran pensiones mínimas no contributivas.
¿Quién ha hecho una política acorde con lo que tienen que ser las competencias de las comunidades autónomas, desde nuestro punto de vista? La comunidad de Andalucía, que complementó con ayudas sociales las pensiones no contributivas, que es
lo que le corresponde a las comunidades autónomas. El debate que ustedes han intentado introducir hoy aquí y que no toca aquí tráiganlo al Pacto de Toledo y hablemos allí de lo que quieran. Les espero en el Pacto de Toledo y no a través de una
proposición de ley como la que hoy estamos tratando aquí. Por tanto les invito a que traigan todos los debates que quieran ustedes al Pacto de Toledo. El Partido Socialista está abierto a hacer esos debates, a consensuar las medidas que haya que
tomar y, además, a consensuarlas con los agentes sociales, porque ese es el espíritu, y termino, señor presidente, del Pacto de Toledo.
Señorías, fue el Partido Socialista quien implantó las pensiones no contributivas y se cobraron sin ningún problema hasta que ustedes llegaron al Gobierno, señor Burgos, y ahora menos mal que la Seguridad Social y las pensiones no
contributivas están en buenas manos, en manos de un Gobierno Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, REGULADORA DEL REGISTRO CIVIL, PARA EL ACCESO DE LA UNIÓN ESTABLE DE PAREJA O PAREJA DE HECHO AL REGISTRO CIVIL.
(Número de expediente
122/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE UNIONES ESTABLES DE PAREJA. (Número de expediente 122/000012.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE IGUALDAD JURÍDICA PARA LAS PAREJAS DE HECHO.
(Número de expediente 122/000034.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), DE IGUALDAD JURÍDICA PARA LAS UNIONES DE HECHO. (Número de expediente 122/000044.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta primera proposición de ley, a continuación vamos a debatir de una manera acumulada la siguientes proposiciones de ley: del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para el acceso de la
unión estable de pareja o pareja de hecho al Registro Civil; del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja; del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre
igualdad jurídica para las parejas de hecho, y del Grupo Parlamentario Mixto, de igualdad jurídica para las uniones de hecho. La acumulación se va a regir por la misma ordenación de debates, es decir, un primer turno a favor de los grupos que han
hecho la propuesta; eventualmente, si alguien lo pidiera, un turno en contra; sobre el turno en contra habría la correspondiente réplica, luego la fijación de posiciones y, al final, haremos la votación, pero no creo que tampoco respetemos el
plano de las nueve, con lo cual me equivoqué en mi apreciación, pero el debate continuará hasta que terminemos este punto del orden del día. Así pues, tiene la palabra, para la defensa de su proposición de ley, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señorías, en los tiempos actuales es práctica frecuente la convivencia estable de dos personas de distinto o del mismo sexo. La percepción de una parte significativa de la sociedad en materia de relaciones de parejas se basa desde hace
tiempo sobre principios muy alejados de los tradicionales y rechaza la inserción de su convivencia íntima dentro del encorsetado marco institucional del matrimonio. Una parte significativa de nuestra sociedad utiliza la alternativa que supone
convivir como unión de hecho. Vale la pena aclarar por nuestra parte que es esta relación basada en la unión estable o pareja de hecho la que pretendemos regular y dotar de seguridad jurídica en esta proposición de ley. En ningún caso es nuestra
intención que la regulación de la pareja de hecho y su acceso al Registro Civil impida o menoscabe el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Creemos que son dos modelos diferentes de regular la convivencia de dos personas: el de las
parejas de hecho y el del matrimonio. Por tanto, que quede claro, desde Esquerra Republicana insistiremos en que ambas situaciones sean debidamente regladas como expresión del derecho a la libertad de establecer una convivencia basada en la unión
estable o pareja de hecho y del derecho de cualquier persona a acceder al matrimonio, independientemente de su orientación sexual, así como el derecho a la adopción.
El Tribunal Constitucional afirma en la sentencia 222 de 1992 que la protección a la familia establecida en el artículo 39 de la Constitución no se limita a aquella que tiene su origen en el matrimonio y confirma que el matrimonio y la unión
de hecho no son situaciones equivalentes ni equiparables, pero el Tribunal Constitucional estima que la unión estable o pareja de hecho merece protección constitucional en virtud del citado artículo 39 de la Constitución. Por tanto discriminar
irrazonablemente a quienes deciden no contraer matrimonio privándoles de determinados beneficios supondría desde nuestro punto de vista un atentado contra el principio de igualdad y una vulneración de la legítima libertad de la ciudadanía a decidir
sobre su vida afectiva. La pareja de hecho no puede quedar absolutamente desprotegida. La famosa frase atribuida a Napoleón, los concubinos ignoran la ley, la ley se desentiende de los concubinos, vulneraría la legítima libertad de la ciudadanía
para convivir afectivamente sin casarse, entendemos defendiendo y garantizando la libertad de vivir en pareja sin contraer matrimonio y no ser discriminado por ello. Creemos que existe un auténtico derecho a convivir en pareja sin casarse.
Las nacionalidades históricas han aprobado distintas regularizaciones que tienen como figura central esta nueva institución jurídica como es la unión estable o pareja de hecho. Por una parte, aquellas nacionalidades históricas que tienen
derecho civil foral o especial reconocido han regulado la unión estable o pareja de hecho de forma sistemática, unitaria y orgánica. En este sentido se han regulado las parejas de hecho en la Ley 10/1998, de Cataluña, de uniones estables de pareja;
en la Ley 6/1999, de Aragón, relativa a parejas estables no casadas; la Ley foral 6/2000, de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas estables, y la Ley 18/2001, de las Illes Balears, de parejas estables. Por otra parte, aquellos
territorios que por distintas razones no tienen legislación civil foral o especial propia han optado por regular la unión estable básicamente desde la óptica del derecho público. Este es el caso de la Ley 1/2001, del País Valenciano, por la que se
regulan las uniones de hecho, o la reciente Ley 60/2004, de Canarias, de parejas de hecho.
Nos encontramos, pues, ante una nueva institución que se interconecta con el resto de instituciones y con el resto del ordenamiento jurídico, una nueva
institución que ha de mantener una relación de coherencia en la delimitación de la pareja de hecho o unión estable. Por una parte, es imprescindible dejar claro definitivamente que es esencial delimitar que la unión de hecho englobe tanto una
orientación homosexual como heterosexual, sin ninguna clase de distinciones ni trato diferenciado.
Dos personas del mismo sexo pueden constituir una relación de pareja de hecho. Es una cuestión que debe quedar zanjada sin posible diferenciación
alguna. En este sentido, cabe destacar en primer lugar la jurisprudencia del Tribunal Superior, que al describir la unión estable o pareja de hecho no incluyó explícitamente la heterosexualidad entre los elementos que la componían. Esto no puede
ser más que significativo en este contexto. Por otro lado, el legislador ya ha reconocido las uniones homosexuales
mediante una fórmula que las engloba, la fórmula a la que se refiere el legislador, aprobada por esta Cámara, por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es la fórmula que define a las parejas de hecho como la de
relación análoga a la de efectividad conyugal, con independencia de su orientación sexual. En tercer lugar, la pareja de hecho se trata de una convivencia marital, cuya identificación esencial es la de no ser equiparable al matrimonio. ¿Qué
relevancia y qué consecuencias tiene afirmar que dos personas del mismo sexo pueden establecer una convivencia en pareja de hecho o unión estable? Significa que la relación entre dos personas del mismo sexo no puede ser desconocida o irrelevante
para el derecho como si se tratara de una amistad o de compañerismo. Significa que el tratamiento jurídico y las consecuencias que se han de otorgar a la relación homosexual son las mismas y las propias de lo que son, una convivencia de unión
estable, sin diferenciación alguna a la hora de regular su constitución, ni en la eficacia ni en la adopción, de las parejas de hecho que pueden estar formadas por personas de distinto sexo.
No es necesario acudir a complicados razonamientos jurídicos para aceptar que hay determinados aspectos derivados de una convivencia de hecho que deben ser tutelados por el derecho. Además de la razón y de la justicia, debe respetarse
también la voluntad de excluirse de la institución del matrimonio por parte de quienes optan por una unión de hecho. En consecuencia, el contenido de la regulación sobre las parejas de hecho, uniones estables, debe alejarse de cualquier
planteamiento de constitución de las parejas de hecho a través del tiempo. No debemos pretender crear un segundo matrimonio o un matrimonio de segundo grado.
Debemos, en cambio, reflejar las especificidad de la situación de la ciudadanía que desea
convivir maritalmente sin casarse. Carece, pues, de sentido que intentemos imponer legalmente deberes en el ámbito personal de la convivencia. Carece por completo de sentido que se establezcan otras medidas sobre la vida en común de ayuda mutua o
en el ámbito de las uniones estables. Las disposiciones legales que regulan a la pareja de hecho en el ámbito personal de las relaciones, en el ámbito de las relaciones horizontales, podrían afectar exclusivamente a tres aspectos: el patrimonio,
la sucesión y la posible indemnización por ruptura de la convivencia. Puesto que debe respetarse en todo caso la legítima voluntad de la pareja para decidir su forma de vida, las previsiones que realizaremos en este ámbito deben tener un carácter
subsidiario sobre las previsiones o acuerdos que libremente estime la pareja. La nueva institución de la que hablamos, de las parejas de hecho o uniones estables, debe también tener una relación de coherencia en las relaciones con terceros, en la
proyección externa de la pareja de hecho. En las relaciones de la pareja de hecho con terceros, bien con el Estado, bien con particulares, no procede hacer distinciones entre parejas de hecho y matrimonio. No procede, pues, establecer diferencias
entre el matrimonio y las uniones estables a la hora de adjudicarles derechos, beneficios o imponerles deberes o cargas. Es esta coherencia del ordenamiento jurídico la que permitirá y justificará a partir de la aprobación de alguna de las
proposiciones de ley que hoy debatimos la atribución de derechos relacionados con la asistencia sanitaria, con las prestaciones por fallecimiento, los derechos laborales, los derechos arrendaticios mortis causa, la pensión de viudedad y otros
efectos como las agravantes o atenuantes y exención de penas por encubrimiento de delitos que contempla el Código Penal, el régimen de visitas a la población penitenciaria, la información a las parejas de hecho sobre enfermedad o defunción que
reconoce la Ley General Penitenciaria, la posibilidad de instar al procedimiento de habeas corpus o para solicitar el derecho de asilo, también reconocido en las leyes respectivas. Sin ánimo de entrar en un elenco cerrado de derechos que asistirían
a la relación de las parejas de hecho, cabría destacar también la necesaria regulación de la adopción por las parejas de hecho homosexuales, puesto que en la actualidad la legislación reconoce únicamente capacidad para adoptar -cito entre comilla-
al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente. Por tanto, respetar la libertad parece más acorde con ofrecer un estatuto jurídico a la pareja de hecho, unión estable, que denegarlo.
Al regular la pareja de hecho no
debemos pretender crear un segundo matrimonio, debemos reflejar la voluntad de quienes desean convivir sin casarse y así lo manifiesten. Con la regularización y publicidad de la pareja de hecho, insistimos en que en ningún caso debemos menoscabar o
impedir la regulación del matrimonio entre homosexuales, pues el matrimonio es una institución diferenciada de las uniones de hecho a tratar en una modificación del Código Civil referente al matrimonio, a la adopción y a las disposiciones que del
resto del ordenamiento se deriven.
En esta proposición de ley que presentamos Esquerra Republicana pretende dejar patente que nos encontramos ante una nueva institución. Esta nueva institución de las uniones estables o parejas de hecho debe interconectarse con el resto de
instituciones jurídicas manteniendo una relación de coherencia. Para mantener esta coherencia y adecuar las parejas de hecho a las exigencias constitucionales es necesario el respeto al principio de seguridad jurídica. La necesidad de seguridad
jurídica se impone en el momento en que las uniones estables o parejas de hecho no sólo producen efectos entre sus partes, sino que también producen efectos en relación con terceros, ya sean personas privadas o entes públicos. Todas las personas o
entes públicos que puedan verse inmersos en una red de obligaciones y derechos con una unión estable de pareja deben tener la certeza de la existencia de esta pareja de hecho como presupuesto básico y previo del nacimiento de esos derechos y
obligaciones.
En la actualidad no existe la certeza de la existencia o inexistencia válida de pareja de hecho y, por tanto, tampoco la batería de derechos y obligaciones que pueden derivar de ella. El motivo de la incerteza es que esta nueva institución
no tiene acceso o un registro interconectado de ámbito estatal. Es evidente que esta situación de incerteza no se adecua al principio constitucional de seguridad jurídica. El instrumento básico para procurar seguridad jurídica en materia de
derecho civil es el Registro Civil. Los legisladores de las nacionalidades históricas o de los distintos territorios del Estado son los competentes para regular la unión estable, tal y como se ha regulado y como he expuesto anteriormente, pero el
legislador autonómico no es competente en el Registro Civil, son las instituciones estatales las competentes en esta materia. Y es el Estado el que está obligado por la exigencia del respeto al principio de seguridad jurídica, huyendo de provocar
situaciones confusas. La seguridad jurídica crea el clima cívico de confianza en el orden jurídico y evita, como he dicho, situaciones confusas.
Esquerra Republicana adelanta que considera acertadas las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, dado que entendie están en la misma
filosofía que lo expuesto hasta el momento, ampliando las reformas a las diferentes ordenaciones legales en el Código Civil, derecho laboral, derecho tributario, derecho penal, etcétera. Por el contrario, no estamos en la misma dinámica respecto a
la proposición presentada por el Grupo de Convergència i Unió. La proposición de ley que presenta el citado grupo establece una separación incomprensible entre las uniones de hecho heterosexuales y homosexuales; impone legalmente deberes en el
ámbito personal de la convivencia, sobre la vida en común o la ayuda mutua, que confunde las parejas de hecho con el matrimonio.
Finalmente, es importante destacar como cuestión prioritaria para mi Grupo Parlamentario, Esquerra Republicana, el
hecho de que la proposición de ley de Convergència no contempla entre las modificaciones del Código Civil referencia alguna a la adopción. Entendemos, pues, que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no acepta ni la adopción conjunta ni la
adopción coparental por las parejas de hecho homosexuales. Es por este motivo por el que nuestro grupo se abstendrá respecto a la proposición de ley presentada por Convergència i Unió.
A través de la proposición de ley de modificación de la Ley del Registro Civil para el acceso de la unión estable o pareja de hecho al Registro Civil, que presenta Esquerra Republicana, reclamamos al legislador estatal, único competente en
materia de Registro Civil, que haga efectivo el principio constitucional de seguridad jurídica en el ámbito de las uniones estables o parejas de hecho. Les invitamos a que voten a favor de la proposición de ley que presentamos, una proposición de
ley que introduce los cambios legislativos necesarios para que la nueva institución (la institución de las uniones estables o parejas de hecho) tenga acceso al Registro Civil. Con ello, dotaremos de seguridad jurídica y de confianza a la cada día
más numerosa ciudadanía (en mayúsculas), sin ninguna discriminación por razones de orientación sexual, que opta por el modelo de convivencia de la unión estable o pareja de hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdá.
En segundo lugar, para defender la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para defender la proposición de ley que Convergència i Unió ha presentado sobre uniones estables de pareja con independencia de su orientación sexual. Lo hago con la confianza y esperanza de que en esta ocasión esta
iniciativa pueda ser tomada en consideración. Como ustedes conocen, este no es un debate nuevo. La normalización jurídica de las uniones estables de pareja o de las parejas de hecho con independencia de su orientación sexual empezó a debatirse en
esta Cámara hace ya dos legislaturas. Tan sólo en la pasada legislatura tuvimos ocasión de tratar este tema en el Pleno en cuatro ocasiones, todas ellas con el mismo resultado de rechazo por parte de la mayoría del Grupo Popular, quien, a pesar de
anunciar en reiteradas ocasiones la entrada inminente de su propuesta, nunca llegó a materializar ese propósito ni permitió la normalización jurídica de una realidad social plenamente aceptada.
Como decía al principio de mi intervención, confiamos en que hoy tengan estas iniciativas una mejor suerte y puedan por fin ser tomadas en consideración porque la sensación que tiene mi grupo parlamentario es que en el tema que estamos
tratando de equiparación jurídica de las uniones estables de pareja se ha producido algo que no debiera producirse nunca, y es que la legislación llega ya con mucho retraso; llega tarde porque va demasiado detrás de una realidad social que hace
tiempo viene demandando ordenación y regularización jurídica. Es un hecho notorio que existen desde hace tiempo en nuestra sociedad convivencias heterosexuales u homosexuales more uxorio, convivencias basadas en el afecto distintas del matrimonio,
con o sin hijos que están perfectamente consolidadas y aceptadas, que existen y que van a seguir existiendo porque el matrimonio es un derecho pero no una obligación. Aunque no son situaciones matrimoniales se integran perfectamente en el concepto
constitucional de familia contemplado en el artículo 39 de la Constitución y como tales familias demandan reconocimiento y la protección social, económica y jurídica que los poderes
públicos tenemos obligación de asegurar. Este reconocimiento y esta protección social, económica y jurídica han sido ya iniciados, afortunadamente, por los parlamentos autonómicos, que han demostrado tener una mayor sensibilidad y una mayor
proximidad a la realidad social.
Quiero recordar que ya en 1998, en Cataluña, el Gobierno de Convergència i Unió impulsó la primera ley en el Estado que reguló efectos jurídicos (derechos y también obligaciones) para las uniones estables de pareja
con independencia de su orientación sexual. Una ley que mereció la aprobación de todas las fuerzas políticas parlamentarias, con excepción del Grupo Popular, y que mantiene su vigencia en la actualidad con una única propuesta de reforma del nuevo
Gobierno de la Generalitat en orden a posibilitar la adopción por parte de las parejas de las uniones de hecho homosexuales. Un marco normativo y un reconocimiento al que se han ido sumando otras comunidades autónomas pero que todavía hoy es
inexistente en el Estado español. Esta inexistencia de regulación produce, a nuestro entender, diversos efectos no favorables. Uno de ellos sería el que obligamos a los jueces y tribunales a dar respuesta jurídica a los problemas derivados de
estas situaciones convivenciales, especialmente en su disolución, bien por separación bien por fallecimiento, con un tema especialmente recurrente que es la solicitud de la pensión de viudedad.
Los jueces y tribunales, ante el vacío legal
existente, se ven obligados a crear derecho y lo hacen de forma dispersa y muchas veces contradictoria ya que, como digo, tienen que ejercer una función legislativa que no les corresponde a ellos sino a nosotros. También la ausencia de legislación
estatal impide el reconocimiento y la regulación de efectos jurídicos de las parejas de hecho en aquellas comunidades autónomas que estatutariamente tienen una situación compleja para legislar en materia de derecho civil. Un último efecto que
quiero señalar, de capital importancia y que a nuestro juicio merecería por sí solo la toma en consideración de la iniciativa que estoy defendiendo, es que aun en el caso en que los parlamentos autonómicos hayan legislado, la ausencia de legislación
estatal supone que las uniones estables de pareja tienen vedado el acceso a buena parte de las prestaciones del Estado del bienestar, porque los parlamentos autonómicos han legislado obligatoriamente, en el marco de sus competencias y, por tanto, su
regulación y reconocimiento de las parejas de hecho precisa para poder desplegar toda su eficacia que el Estado complemente la regulación en todas aquellas materias en que la competencia es estatal. Que se tome en consideración la iniciativa que
estamos viendo y que se traduzca finalmente en una ley de uniones estables de pareja será tanto como decir que las parejas de hecho homosexuales y heterosexuales podrán acceder al cobro de la pensión de viudedad poniendo fin a una situación como la
actual de una grandísima injusticia social; querrá decir también que tendrán acceso a la normativa estatal de conciliación de la vida laboral y familiar, a los efectos de equiparación fiscal con los matrimonios en todas las figuras impositivas,
renta, sucesiones, etcétera y tendrán acceso asimismo a la equiparación procesal. Podría aducirse que efectos parecidos se conseguirían alargando la equiparación que normativa a normativa se empezó a hacer desde comienzos de los años noventa en la
Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Penal o la más reciente Ley de Víctimas del Terrorismo, pero la iniciativa que les propone Convergència i Unió va más allá de una regulación dispersa de derechos, porque quiere que esta ley, al igual que la
que aprobó en su día el Parlamento catalán, suponga, además de derechos concretos, el reconocimiento del ordenamiento jurídico de la propia existencia de una realidad social que son las uniones more uxorio, en definitiva, el reconocimiento de
familias plurales distintas del matrimonio.
Esta es nuestra propuesta, una iniciativa que pretende regular no sólo aspectos frente a terceros, el acceso al Estado del bienestar y la equiparación procesal y fiscal, sino también derechos y obligaciones entre los miembros de la pareja,
tanto durante la convivencia como a su disolución. Sin este reconocimiento de derechos se seguirán produciendo situaciones injustas. Una iniciativa que podrá, indudablemente, mejorarse en su tramitación parlamentaria con las aportaciones de los
otros grupos parlamentarios y para la que les solicito su voto afirmativo.
Por lo que respecta a las iniciativas que estamos viendo de otros grupos parlamentarios, anuncio el voto positivo de Convergència i Unió a la de Esquerra Republicana que nos propone un texto que se limita a la modificación de la Ley
reguladora del Registro Civil para que las parejas de hecho puedan inscribirse en el mismo y cuyo texto recoge una modificación prácticamente idéntica a la que para esta misma materia se recoge en el propio texto de la iniciativa de Convergència i
Unió y, en consecuencia, vamos a votarla favorablemente. En cuanto a las otras iniciativas, la del Grupo Mixto y la del Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, aun coincidiendo con su finalidad y con buena parte de su
contenido, proponen la regulación de la adopción por parte de las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales. Aun tratándose de un debate de toma en consideración en el que el contenido concreto de las iniciativas puede modificarse en el
trámite parlamentario, anuncio que, por coherencia política con el fondo de lo que se discute, mi grupo va a tener libertad de voto.
En este tema de la adopción de las parejas de hecho hay en la sociedad opiniones plurales, si bien conviene dejar claro que no está en discusión la adopción por una sola persona, que es la regla para todo tipo de adopciones, ya que la
adopción conjunta es una excepción actualmente reservada en el Código Civil únicamente al matrimonio. Pues bien, ni en nuestra legislación
vigente ni en las de nuestro entorno ni en las de nuestra tradición jurídica hay limitación alguna por causa de orientación sexual para que una persona pueda individualmente adoptar, como de hecho así viene produciéndose. De lo que se está
hablando ahora es de extender este derecho individual, que como digo ya existe, a los dos miembros de la pareja -homosexual o heterosexual-, de manera que el derecho de los niños y niñas, que son a nuestro modo de ver los verdaderos titulares del
derecho a ser adoptados, el derecho que tienen a que las obligaciones y deberes inherentes a la patria potestad, en definitiva, la protección familiar de los niños, se extienda a los dos miembros de la pareja que les está criando y educando y no
sólo a uno de ellos como sucede en la actualidad en que, bien por filiación biológica, bien por adopción, la tiene uno solo de los miembros de la pareja, pudiéndose derivar claros vacíos legales y de desprotección al menor cuando, por ejemplo,
fallece el o la titular de la patria potestad. Esta sería una corriente de opinión, de esta opinión plural que hay en la sociedad, mientras que hay otras corrientes de opinión que consideran que esta extensión del derecho a la adopción conjunta
está en realidad contemplando más los derechos de los propios adultos que los de los niños que no tienen en esta ocasión capacidad de elección. Este es un tema en el que quizá falta todavía un poco de tiempo, de debate y de análisis para que haya
una sola opinión pacífica. En este tema de la adopción de las parejas de hecho de orientación homosexual hay en mi grupo, como también en la sociedad, opiniones plurales, todas ellas a nuestro juicio dignas de consideración y respeto. Todos y cada
uno de los diputados de mi grupo, y también la diputada que les habla, haciendo uso de su libertad, expresará con su voto el posicionamiento con el que se sienta más identificado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A la vista de la nueva configuración del Congreso es el momento de que la diversidad afectiva que se da en todos los ámbitos de la vida por fin quede reflejada en el ámbito legislativo. Hoy por hoy estamos ante un objetivo que, como ya se
ha explicado, está incumplido y -por qué no decirlo- con expectativas parciales, a la vista de las declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia respecto a la adopción. Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere que
se reconozcan todos los derechos con independencia de la opción familiar que se tenga y, por supuesto, no toleramos una ley que avance en ello y retroceda en cuanto a la discriminación por orientación sexual. Todos los derechos para todos. Los
poderes públicos tienen la obligación de garantizar la libertad individual. Ni los poderes públicos ni mucho menos el Vaticano deben inmiscuirse en la vida privada de las personas. Los ciudadanos son seres libres y no rehenes de la Conferencia
Episcopal, por lo que en un Estado laico y democrático el Estado debe regular los derechos de los ciudadanos sin que les subyugue ningún tipo de ideología o creencia religiosa. Los ciudadanos, siempre con independencia de su orientación sexual,
tienen derecho a contraer matrimonio y a no contraerlo, tienen derecho a constituirse, por supuesto, como pareja de hecho y siempre con independencia de su orientación sexual, porque libertad significa permitir que los individuos puedan optar por
cualquier forma de familia que les permita el libre desarrollo de su personalidad.
Con esta pretendida equiparación en derechos y deberes a aquellos que viven en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual,
cumpliremos así la resolución del año 2000 del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea. Esta resolución pide a los Estados miembros que garanticen a las familias monoparentales, a las parejas no casadas y a
las parejas del mismo sexo la igualdad de derechos respecto a las familias tradicionales, especialmente en lo que se refiere a derecho fiscal, a los regímenes patrimoniales y a derechos sociales entre otros. Asimismo, insta al reconocimiento
legislativo de estas familias y al reconocimiento matrimonial de las parejas del mismo sexo. Desde el grupo parlamentario al que represento, instamos al cumplimiento de esta resolución de la Unión Europea.
En nuestra propuesta legislativa, consideramos la unión de hecho como una unión libre, pública y notoria de dos personas con independencia de su orientación sexual, y por eso señalamos en su artículo primero que nadie puede ser discriminado
por razón del grupo familiar del que forma parte y que cualquier norma que contravenga este principio es nula. Izquierda Verde entiende que la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna, sino que alcanza el derecho a no sufrir sanción
o injerencia de los poderes públicos por su ejercicio. El amparo de la libertad ideológica y la realidad social descrita ha sido precisamente recogido en diversas comunidades autónomas en sus correspondientes leyes de parejas de hecho, unas más
avanzadas que otras y unas con mayores posibilidades que otras dadas las competencias o el derecho foral del que disfrutan.
Esta ley, la que proponemos, será estatal y no puede hacerse a medias.
Por supuesto, estoy hablando del derecho de
adopción, el derecho de adopción de las parejas de hecho con independencia de su orientación sexual. Antes de profundizar en el necesario reconocimiento de este derecho a las parejas de hecho siempre sin discriminación, quiero dejar claro de manera
rotunda que esta ley de parejas de hecho no pretende ser una puerta de atrás para otorgar un derecho negado hasta
hoy a los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, colectivo históricamente discriminado en muchos ámbitos. Se han de equiparar los derechos y será por la puerta grande: el matrimonio. Nosotros defenderemos el cien por cien de derechos
siempre, sin medias tintas, pero el alcance de este derecho, el matrimonio por fin, no implica que debamos dejar sin regular la alternativa jurídica al matrimonio: las parejas de hecho. Debemos hacerlo igualmente, sin contener ningún tipo de
discriminación por orientación sexual. No pensamos apoyar propuesta de texto legislativo que contenga discriminación alguna ni podemos permitir que las parejas de hecho se regulen sin el derecho de adopción porque estaríamos incurriendo en una
doble discriminación, la ideológica y la de orientación sexual.
El ministro de Justicia, como decía, ha declarado que los homosexuales pueden adoptar, sin comprometerse por tanto a su regulación. Pues bien, cuando una pareja decide adoptar, tenga la orientación sexual que tenga, debe poder hacerlo como
tal, como pareja, tanto para reconocer el derecho a la igualdad como para aplicarlo, incluso para amparar el derecho del menor, pues no hacerlo por parte del ministro de Justicia significa una dejación de funciones, ya que el ministro y el
Parlamento deben legislar para ordenar y garantizar nuestros derechos y no nos importa cómo ello afecte a las mentes más retrógradas. El Gobierno ha de ser coherente y si realmente quiere erradicar la discriminación por orientación sexual, como
dijo el señor Zapatero en el debate de investidura, debe reconocer la adopción conjunta por las parejas de hecho y el matrimonio, siempre con independencia de la orientación sexual. Debe regular esa realidad social que el propio ministro ha
reconocido.
El derecho de adopción debe reconocerse en beneficio del menor y quiero dar dos ejemplos. Uno ya lo ha ofrecido la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Efectivamente, cuando estamos ante una pareja estable de
gays, lesbianas, transexuales o bisexuales que educa al hijo conjuntamente, si uno de los dos falleciera y fuera el que tiene atribuida la patria potestad, legalmente al otro, que lo está educando y criando, no le corresponde ningún derecho
jurídico. Estamos ante una situación absurda y de desprotección del menor. Igualmente ocurre cuando se da una separación de esa pareja de hecho: la persona que no tiene la patria potestad no puede disfrutar de visitas al menor, con el perjuicio
que ello acarrea, tanto al padre o madre como al menor, que no puede disfrutar de las visitas de la persona que le ha estado criando. Por otra parte, a los que están en contra les diré que el Poder Legislativo no puede cambiar la realidad social,
lo que debe hacer es regularla. Porque aquí de lo que estamos hablando es de una configuración legal, no estamos hablando de un debate sobre si existe o no esa realidad social. La realidad social existe y lo que hay que hacer es regularla. Las
diversas estructuras familiares, con el avance de la ciencia, con las técnicas de reproducción asistida y con la apertura de la adopción internacional, han dado nuevos colores a la estructura familiar. Esto debe ser regulado por ley, siempre sin
discriminación por orientación sexual. Basta ya de familias proscritas y rechazadas. Los derechos humanos no pueden ser una utopía, deben ser una realidad y eso está en nuestras manos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
Por último, para la defensa de su proposición de ley va a intervenir el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, una de las preocupaciones del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Todos tratamos de buscar las formas de convivencia que mejor nos faciliten las condiciones para conseguirlo. En la actualidad son muchas
las personas que optan por comenzar la convivencia en común, incluso la formación de una familia, no considerando necesario asumir la forma jurídicamente establecida y representada por el contrato social del matrimonio. Muchas pueden ser las
razones, pero es evidente que una de las que inciden en este momento en la decisión de las personas que optan por este modelo de convivencia es nuestra mayor capacidad y, sobre todo, la necesidad de poder elegir y decidir en libertad la orientación
que queremos darle a nuestras vidas y con estas fórmulas contestamos al modelo de convivencia establecido. No podemos olvidar, asimismo, el hecho afortunado de que en nuestra sociedad cada vez más está reconocido y asumido el derecho de las
personas a formar unidades de convivencia independientemente de su orientación sexual o, lo que es lo mismo, que homosexuales y lesbianas puedan vivir su afectividad en la plenitud del reconocimiento social. Así lo creemos y es necesario que así
sea como parte del reconocimiento de los derechos fundamentales. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que existen muchas personas que se ven obligadas a establecer su comunidad permanente de vida, es decir, a formar una familia al margen del
matrimonio. El optar por estas nuevas formas de uniones de hecho no significa que las personas que así libremente lo deciden pretendan obviar el compromiso y derechos civiles que en toda convivencia concurren. Esta realidad social, por lo tanto,
hizo que en los últimos 10 años comenzara a darse ese debate, orientado a conseguir los derechos que de una manera mayoritaria ya se reconocen en nuestra sociedad, pero para que estos no se mantuvieran al margen del derecho positivo. Como digo,
este debate inicial se dio de una manera fundamental en el reducido ámbito de la Administración municipal, con
las consiguientes aperturas de los registros de parejas de hecho, tratando así de buscar un instrumento jurídico para favorecer la igualdad y garantizar la protección social, económica y jurídica de las familias constituidas mediante uniones
no matrimoniales, con la intención de evitar a los ciudadanos y ciudadanas situaciones de auténtico desamparo o de penosas injusticias en ámbitos tan distintos como el civil, el administrativo, el fiscal, el social y el penal.
Hay que decir, efectivamente, que después de este inicio de debate, en el que se posibilitó la apertura de este registro de parejas de hecho en los municipios, también se llevó a las cámaras autonómicas y a este propio hemiciclo donde, como
ya dijeron otras portavoces, no tuvo la suerte de ser aprobada, cuestión que nosotros esperamos que en este momento pueda ocurrir en el debate que se da en el día de hoy. Ese tímido debate inicial, como decíamos, tenía en cuenta -se sigue teniendo
en cuenta- acuerdos que ya fueron adoptados en el debate iniciado con anterioridad en otros estados y concretamente en resoluciones de la Unión Europea tales como la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos
de homosexuales y lesbianas o la del 7 de mayo de 1988, que postula el reconocimiento de la eficacia de contratos y pactos entre personas que convivan de hecho.
No sé, señorías, si es necesario recordar que la propia Constitución española, en sus artículos 1.1, 9.2, 10.1 y 14 recoge que el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la ley, que constituyen principios fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico y social, demandan de todos los poderes públicos la promoción de las condiciones para que esa libertad e igualdad de los ciudadanos y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, debiendo ser removidos los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, en el artículo 39 de la Constitución se dice: Todo hombre y toda mujer, en el libre ejercicio de su autonomía personal, tiene derecho a constituir, mediante una unión afectiva y estable,
una comunidad de vida que completada o no con hijos dé lugar a la creación de una familia, cuya protección social, económica y jurídica deben asegurar los poderes públicos. Entendemos, por lo tanto, que existen datos de suficiente entidad para
sostener que el derecho a contraer matrimonio y el contenido del mismo a que se refiere la Constitución no supone en la actualidad la única forma legítima de familia ni tampoco la única vía legítima de ejercicio de la sexualidad.
Como expresamos en la exposición de motivos de nuestra proposición de ley, entendemos que a partir de este punto de referencia constitucional debemos avanzar en la necesidad de equiparar las uniones de hecho al matrimonio en el sentido de
extender las normas y resoluciones legales aplicables que afectan especialmente a lo relativo a cuestiones que adquieren una dimensión pública en cuanto que son de interés supraindividual u objetivo de un derecho necesario en una serie de aspectos:
paternidad, maternidad, protección de los hijos, derecho de sucesión y conceder a los integrantes de estas uniones de hecho los mismos efectos jurídicos en el acceso a la protección social, los derechos y permisos laborales y funcionariales, el
tratamiento fiscal o la situación procesal.
La presente proposición de ley no pretende institucionalizar las uniones libres de pareja, porque ello supondría desnaturalizar las mismas, sino otorgarles la misma igualdad jurídica ante determinados fenómenos que a las uniones
matrimoniales, evitando la continuidad de una discriminación que se sustenta en dogmatismos éticos, religiosos y jurídicos que están siendo superados por la realidad social. Comienza delimitándose el ámbito de aplicación con una definición amplia
de unión de hecho, contemplando además los instrumentos de acreditación de la misma y estableciendo el principio de no discriminación entre ésta y el matrimonio, con independencia de la orientación sexual de los integrantes de las uniones de hecho,
es decir, concediendo los mismos derechos y efectos a las parejas homosexuales y heterosexuales, matrimonios o de hecho. El resto del texto incluye de modo sistemático los preceptos de leyes que se consideran discriminatorios para las uniones de
hecho y cuya modificación debe ser acometida de inmediato con el objetivo de alcanzar la igualdad jurídica entre matrimonios formales y uniones de hecho. Por tanto, en nuestra propuesta se recogen las modificaciones del Código Civil necesarias para
cumplir con estos objetivos, la reforma de la Ley 21/1987, en la que se modifican artículos del Código Civil en materia de adopción. Consideramos que es necesario contemplar esto en la proposición de ley que estamos presentando, porque si bien es
cierto que en las adopciones es preciso tener en cuenta como prioritario el derecho y la protección del menor, esto es extensible a todo tipo de adopciones, igualmente a las que en estos momentos están reguladas por ley. No pensamos que el hecho de
que el derecho y la protección del menor sean prioritarios tenga nada que ver con que otras parejas, otras personas, independientemente de su orientación sexual, puedan asumir estas adopciones, porque efectivamente los sistemas de baremación, de
control o de análisis del adoptante respecto del derecho y la protección de menor van a estar igualmente garantizados, ya que van a ser los mismos baremos y la misma legislación. No hay absolutamente ninguna razón a mayores que permita considerar
susceptible de no ser adecuada a una pareja que está unida a través de una unión de hecho o una unión no matrimonial frente a otra que sí lo está, mucho menos teniendo en cuenta que en estos momentos sí están adoptando sin problemas, salvo aquellos
derivados del derecho y la protección del menor, personas que viven solas o personas, tanto hombres como mujeres, que no están unidos por
ningún tipo de unión, pero que pueden adoptar a menores. No contemplar esto en una propuesta como la que hacemos, sería mantener una discriminación que no entenderíamos desde ningún punto de vista.
Además de la modificación del Código Civil en materia de adopción y de acuerdo con lo que acabamos de exponer, es necesaria también la modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad jurídica en el ámbito laboral y
social; la modificación del Decreto 2065 de 1974, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo que acabamos de exponer; la modificación de la legislación pública a fin de igualar
jurídicamente los derechos en la Función pública y en las clases pasivas; de alcanzar la igualdad jurídica en el ámbito tributario o en el impuesto de sucesiones y donaciones y también de alcanzar la igualdad jurídica en el ámbito procesal y, por
tanto, en la normativa del derecho público.
Señoras y señores diputados, de acuerdo con lo que acabo de exponer, pensamos que los cimientos están asentados para acabar de construir un edificio. Como decía anteriormente el debate suscitado desde hace más de diez años hace entender que
efectivamente esta institución, que es la que tiene que legislar en las materias que harían posible la igualdad jurídica de estas uniones de hecho en nuestra sociedad y, por lo tanto, ese edificio jurídico que alberga con igual reconocimiento a las
uniones matrimoniales y de hecho sean heterosexuales u homosexuales. Entendemos que derribando los prejuicios institucionales que hasta ahora se tiene manifestado en esta institución y que estamos en un buen momento de modificar la legislación
española en este sentido, aprovechando el vigor con que embisten los aires de libertad que en estos momentos la Cámara están reflejando, pedimos el voto favorable a nuestra proposición de ley.
Asimismo, manifestamos nuestra decisión de apoyar las
otras propuestas que se presentan porque independientemente de los diferentes matices, entendemos que la toma en consideración de las proposiciones de ley aquí presentadas y defendidas será una posibilidad de avanzar en una legislación que la
realidad social demanda y que la justicia y los derechos fundamentales de las personas así lo exigen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
A continuación entramos en el turno de fijación de posiciones comenzando por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a estas cuatro iniciativas que se han presentado, mi grupo fijará su posición de la siguiente manera. Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja porque nuestro pensamiento está mucho más identificado y reflejado en el texto de la iniciativa de dicho grupo para regular las parejas de hecho, en el lenguaje ya digamos común y ordinario.
Nuestra sociedad española viene aceptando cada vez con mayores índices, según las encuestas y los análisis sociológicos y estadísticos que venimos conociendo en la opinión pública y por supuesto en los medios parlamentarios, la necesidad de regular
las parejas de hecho.
La semana pasada el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya de una manera oficial y a través de su propia consejera de Presidencia, abrió el registro de parejas de hecho en el archipiélago canario, con los requisitos formales de
seguridad, de clarificación, que estipuló el Parlamento autonómo de Canarias en su día. Por tanto, se ha dado ya un gran paso institucional para normalizar esta situación.
La propuesta que trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por las razones que voy a decir, nos permite también realizar un voto diferente respecto a las demás iniciativas que se han presentado. En cuanto a la propuesta
presentada por Esquerra Republicana de Catalunya nos vamos a abstener porque contempla un aspecto que nosotros entendemos que ya está dentro de la propia iniciativa de Convergència i Unió y además solo se refiere a la modificación de la Ley del año
1957 del Registro Civil, es decir, sólo tiene efectos sobre el Registro Civil.
Entendemos que esto sería dejar a las parejas de hecho en una desprotección incluso frente al Código Civil, a la Ley de Clases Pasivas y a los propios derechos y
obligaciones que deberían contraerse dentro de esta institución. Asimismo, nosotros nos abstendremos en cuanto a la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Mixto.
No obstante, a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida nosotros vamos a votar negativamente porque ha planteado una cuestión de máximos. Puede ser que en la sociedad española, dentro de unos años, a medida
que va avanzando una especie de cultura de la aceptación general, no produzca estridencias ni distanciamiento. Mi grupo respeta estos principios pero no se siente en este momento obligado defenderlos, como ha hecho la portavoz del grupo proponente,
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Nosotros queremos destacar aquellas cuestiones que han introducido un rigor de estructura de planteamiento, como ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Era imprescindible no solamente una modificación de la Ley del
Registro Civil y del propio Código Civil, sino una regulación propia e intrínseca que no está recogida en este momento en
ningún texto legal de nuestro Estado español. Es, por ejemplo, lo que se refiere a la regulación del ámbito de aplicación de esta ley de parejas de hecho, la regulación de la convivencia -una aportación que creemos muy importante-, así como
el régimen de extinciones. Hay una serie de garantías que las personas que contraen este compromiso civil de pareja de hecho deben tener como garantía de ambos. Las modificaciones del Código Civil nos parecen acertadas, así como todo el
tratamiento económico. Hay que evitar que con el paso de los tiempos la ruptura de una pareja de hecho signifique una verdadera indefensión, un menoscabo o un condenar a una pobreza, y muchas veces es la mujer, el sexo femenino, quien tiene las de
perder en esta equiparación económica. La estructura sistemática de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) viene a tocar aspectos que no podemos olvidar para dar esta seguridad jurídica -la modificación del
Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Clases Pasivas-, para aquellas parejas de hecho que estén en el ámbito de las administraciones públicas, que han venido cotizando por los derechos pasivos de sus respectivos cuerpos de funcionarios ante
las haciendas públicas y que deben ser merecedoras de todas estas garantías.
Nos parece un documento que estaba también acorde con posiciones que ha mantenido mi grupo e incluso con las de otros grupos de la Cámara que apoyaron en su día en el Parlamento autónomo de Canarias la posibilidad de que esta semana pasada,
como he dicho, se haya abierto ya el registro de parejas de hecho con una serie de garantías. Sin embargo nos hemos dado cuenta de que hay una serie de normativas, como es la modificación del Código Civil, la del Registro Civil o la de las otras
leyes concordantes que he dicho, que no son competencia de los parlamentos autonómicos y, por lo tanto, tenemos una propuesta deficiente en cuanto a sus aspectos formales, que traemos para que ahora se pueda complementar con la legislación del
Parlamento español.
Por estas razones, como he dicho, señor presidente, votaremos favorablemente la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos abstendremos en la del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto y votaremos en contra de la del
Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, una persona que trabaja para nuestro grupo, Maite Artolazábal, cuando el otro día me daba estas iniciativas, se sorprendía del número de veces que me ha oído intervenir sobre esta
cuestión en la Cámara y, sobre todo, recordaba que hace siete años, cuando se incorporaba a su trabajo en el grupo, fue la primera vez que ella oyó una intervención de esta diputada, precisamente sobre esta misma cuestión. Y es que, señorías, hace
siete años existía ya la idea, la convicción social, el requerimiento de muchas fuerzas políticas para que esta cuestión de las uniones de hecho estables fuese abordada en esta Cámara. Recordaba ella -recordaba yo también- aquella histórica
votación de empate el 18 de marzo de 1997 en la que ya habíamos sostenido, como sostenemos ahora, que en los preceptos constitucionales, el artículo 9.2, según el cual corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, llevaba a una regulación de este estilo, de la misma manera que el artículo 14 cuando habla de la igualdad de todos los ciudadanos o el artículo 39 al proclamar
la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, sin decir de qué tipo de familia, que también es proclama constitucional.
Con posterioridad, y fruto de las actitudes del entonces grupo mayoritario de no querer proceder a ninguna regulación, se nos convenció a algunas formaciones políticas de lo idóneo que podría resultar la creación de una subcomisión que
estudiara los múltiples aspectos, las múltiples aristas, asuntos entonces todavía no excesivamente aclarados que ahora sí lo están, en relación con la regulación de estas uniones. Hubo formaciones políticas como la que yo represento que nos tomamos
aquello en serio, trabajamos duramente en una subcomisión, cuyos frutos estarán ahí en los archivos de la Cámara, y que tendrán un enorme interés de tomarse en consideración, como esperamos que así sean las iniciativas que hoy han traído diversos
grupos y que son objeto de debate en este momento.
Nuevamente hubo en esta Cámara un debate días posteriores, el 27 de mayo, cuando el Grupo de Coalición Canaria presentó otra iniciativa más, que también fue tomada en consideración y que, sin embargo, durmió el sueño de los justos por no
tener el grupo mayoritario vocación alguna de llevar adelante este proyecto. En idéntica manera, en la legislatura pasada, se debatió en diversas ocasiones la regulación de las uniones estables de hecho y también lo que será objeto de un debate
posterior, que es la posibilidad o no de matrimonio homosexual. Ponía yo de manifiesto en uno de estos debates, habido el 20 de febrero del año 2003, las contradicciones en las que incurría el Grupo Popular que de una parte negaba la posibilidad de
cualquier regulación respecto de las uniones de hecho y, sin embargo, en normas sectoriales una y otra vez atribuía efectos a estas uniones. Se ha referido la diputada del Grupo Catalán de Convergència i Unió a que en distintas leyes, en la
legislatura pasada, hemos recogido la realidad de las uniones de hecho; tanto en la Ley de
Indemnización y Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, como en las Leyes de Propiedad Horizontal, como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se tiene en cuenta que existen en la sociedad uniones de hecho estables en materia de
indemnizaciones fundamentalmente y también para establecer un régimen de incompatibilidades. ¿Por qué se habla de ellas si luego desde la formación mayoritaria, si desde el Gobierno una y otra vez ha habido una cerrazón, una negativa firme a
proceder a la regulación de estas uniones de hecho?
Desde que empezaron estos debates en la Cámara en el año 1997 hasta aquí ha habido circunstancias que también es conveniente tener en cuenta. Ante la inactividad de la regulación por parte del Estado distintas comunidades autónomas, la
mayoría hay que decirlo, han procedido a efectuar sus propias regulaciones. La primera de ellas, la regulación de la Ley catalana 10/1998, de unión estable de parejas y otras sucesivas.
En unos casos amparándose en peculiaridades de derecho foral
o derecho civil privativo, como es el caso de Cataluña, de Aragón, la Ley de parejas estables de Navarra o la propia ley vasca, pero en otros casos sin ningún tipo de soporte en normativa civil específica, lo que ha llevado a que se pueda predicar
un cierto fariseísmo por parte del Estado cuando con tanto ardor defiende títulos competenciales en materia civil y luego no le importa, por no proceder a regular, por no querer dejar que desde las comunidades autónomas se hagan regulaciones
distintas.
Es también sorprendente que ante institutos que serán objeto de polémica como el de la adopción, en la ley navarra se haya permitido que existan, mientras que la ley vasca que también las contempla fue recurrida por parte del Estado sólo en
este aspecto. Los demás aspectos civiles o fiscales no fueron objeto de regulación. Se da por supuesto que sí tenía la comunidad vasca competencias al respecto y no seré yo quien lo discuta, pero el Estado invocó el artículo 161.2 y procedió a la
suspensión de estos preceptos. Cierto es que en el caso navarro el recurso no provenía del Estado y, por tanto, no se podía invocar el 161.2, sino de un número suficiente de diputados, pero cierto es también que en el caso vasco se empleó este
subterfugio, poniendo en condiciones de desigualdad a dos comunidades vecinas. Cabe aquí también el reproche al grupo mayoritario, a la formación política que hoy gobierna, puesto que han anunciado en distintas ocasiones que van a retirar distintos
recursos de inconstitucionalidad y respecto de éste no se ha producido ni la retirada, ni siquiera la presentación de un escrito invocando la posibilidad de alzamiento de suspensión respecto de los preceptos que regulan la adopción por homosexuales
en la ley vasca. Nos parece además sorprendente que el grueso de la argumentación del abogado del Estado se haga reivindicando la competencia porque es materia civil, a pesar de que hay materia foral también al respecto porque la troncalidad
contempla aspectos de la adopción, pero que sobre todo se haga hincapié en el interés superior del menor. Sin embargo, el interés superior del menor no impide que en el ordenamiento civil hoy en día se permita la acogida, es decir, que puede ser
bueno para un niño vivir con una pareja de homosexuales en régimen de acogida y no lo es en un régimen que aporta para él mayores seguridades, como es el de la adopción, porque las personas sean homosexuales. Igual de homosexuales lo serán para el
régimen de acogida que para el régimen de adopción. No nos parece una razón suficientemente fundada para evitar que pueda haber una regulación de este estilo.
Ocurre además que se ha producido otra circunstancia a la que yo me refería. Cuando iniciamos la andadura de la regulación de leyes de parejas de hecho parecía que era un camino no sólo para las parejas heterosexuales, sino también para
solventar la imposibilidad de acceso al matrimonio de las parejas homosexuales. Hoy en día esto ya no es así.
Siete años han transcurrido, la sociedad está hoy más madura, los grupos que representan a estos colectivos sociales insisten y reclaman
con intensidad la posibilidad de existencia del matrimonio homosexual. Por tanto, hoy ambos debates van separados, como tendremos ocasión de comprobar hoy mismo en esta Cámara cuando se debata con posterioridad una proposición no de ley del grupo
mayoritario, que responde a un principio de su propio programa electoral regulando el matrimonio homosexual.
Nos parece que ha llegado el momento de tener en cuenta que en el ejercicio de la libertad personal muchas personas constituyen unidades de relaciones afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato
matrimonial, bien porque no desean sujetarse a este régimen, bien porque de momento, al tratarse de parejas del mismo sexo, no tienen la posibilidad de casarse. Estas uniones dan lugar a verdaderos núcleos familiares no sujetos actualmente a
ninguna regulación jurídica más allá de la interpretación de los jueces y tribunales, que se formula siempre, por cierto, en circunstancias de conflicto en las que el desamparo de derechos aboca inevitablemente a la judicialización.
Como dice el preámbulo de la Ley vasca de parejas de hecho, hay que poner fin a esta situación de discriminación legal que padecen muchas personas al hacer uso de su libertad al configurar el modelo de familia que se adecua al desarrollo de
su personalidad dentro de un marco de respeto a todas las opciones afectivo-sexuales y con respeto a los principios de pluralidad, igualdad y libertad. Debería recogerse dentro de ese texto legal un precepto que mantuviese de manera clara que se
prohibe la discriminación por razón del grupo familiar en el que cada uno se integra y por razón de la orientación sexual tanto en la interpretación como en la aplicación del ordenamiento jurídico.
Nos parece que ya ha llegado el momento y por tanto nuestra formación política va a votar a favor de las cuatro iniciativas, que son distintas en sus contenidos, como han tenido ocasión de manifestar otros portavoces, pero que a nosotros nos
parece que constituyen un material valioso para que, llevadas a Comisión, puedan ser objeto de regulación con respecto a los posicionamientos concretos de cada una de las opciones políticas. Nuestra formación política apuesta por que exista la
regulación y hoy se posiciona por el voto favorable a las cuatro proposiciones de ley que nos han sido presentadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular, la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, estamos ante un debate de gran calado y trascendencia social porque afecta a valores tan esenciales como son la igualdad y la libertad. Quiero dejar constancia de que para el Partido
Popular es fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluyendo la personalidad emotiva y sexual. Pues bien, por esa especial trascendencia, desde mi punto de vista hubiera sido preferible que se desarrollara con un formato
distinto al que hoy nos acompaña, puesto que lo que debatimos es la toma en consideración de cuatro proposiciones de ley relativas a la regulación de las parejas de hecho y presentando cada una de ellas un contenido muy diverso.
Quisiera por ello, sin entrar en aspectos concretos de los diversos textos presentados, que ya serán objeto de análisis y discusión en su caso en la posterior tramitación parlamentaria, plantear algunas reflexiones generales. Quisiera
señalar, en primer término, que el Grupo Parlamentario Popular considera que, a pesar del inconveniente del formato, debemos abordar este debate. Es también voluntad de mi grupo propiciar una regulación estatal de las uniones estables de parejas
heterosexuales y homosexuales que proporcione seguridad jurídica y que contribuya a paliar la dispersión hoy existente como consecuencia de las diferentes regulaciones aprobadas por las comunidades autónomas, que están generando desigualdades entre
los ciudadanos. Por ello, vamos a votar a favor de una de las iniciativas presentadas, en concreto la del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió que es la que más se aproxima a nuestra posición; posición que, por otra parte, ya venía recogida
en nuestro programa electoral.
Desde nuestro punto de vista, la necesidad de esta legislación es una cuestión social y jurídicamente madura. Es el momento del reconocimiento de las parejas de hecho en España, como se está haciendo en los países de nuestro entorno en
estos últimos años. El Grupo Popular quiere que nuestras leyes consideren y reconozcan lo que la sociedad española admite en su convivencia cotidiana, que se reconozcan determinados derechos que la sociedad ya acepta. En este sentido, hay que
destacar el papel clave que la jurisprudencia ha desempeñado con respecto al reconocimiento jurídico de estas formas de convivencia, así como la tendencia del legislador a ir extendiendo en leyes concretas determinados efectos jurídicos a las
uniones de hecho. Si bien nuestro derecho no contempla un régimen jurídico completo a aplicar a las parejas de hecho, entre otras cosas porque no prosperó ninguna iniciativa de estas características durante los 14 años de Gobierno Socialista ni con
el Gobierno del Partido Popular, lo que sí contempla son efectos jurídicos concretos que el legislador ha atribuido a las uniones de hecho en materia penal, procesal, civil o administrativa, entre otras. Por ello, como decía anteriormente, mi grupo
considera que es el momento de abordar de manera global la regulación en el ámbito estatal de estas formas de convivencia, teniendo en cuenta las leyes autonómicas aprobadas así como la legislación de los países de nuestro entorno.
En una primera aproximación al derecho comparado, podemos apreciar que actualmente la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, en mayor o en menor medida, reconocen efectos jurídicos a las uniones de hecho no
matrimoniales. Las soluciones son muy diversas y, por poner un ejemplo, citaré los casos de dos países a los que a ustedes, a los miembros del Grupo Socialista, les gusta poner permanentemente de ejemplo. En Francia, se ha aprobado una ley por la
que se regula el pacto civil de solidaridad. Supone el reconocimiento a las parejas de hecho, homosexuales o no, de una serie de derechos como la asistencia sanitaria, subsidios, posibilidad de presentar declaraciones de renta conjunta, pero no
incluye el derecho de adopción, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Alemania, en el año 2000, se aprobó la ley de comunidad registrada de vida que concede a las parejas homosexuales ventajas fiscales y jurídicas, pero no les permite
adoptar niños. Excluyen de esa regulación de parejas de hecho a las heterosexuales. Son dos ejemplos concretos no coincidentes, y es que, como decía anteriormente, las opciones de los países de nuestro entorno son diversas. Desde nuestro punto de
vista es conveniente estudiar esas legislaciones, así como los debates que las han propiciado. En todo caso, desde el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta la gran trascendencia de este debate y de esta futura regulación legal,
consideramos fundamental que se aborde con el máximo consenso político y social, con responsabilidad, rigor y sin apasionamientos.
Señorías, no estamos ante una cuestión territorial, ni ideológica. Supongo que el Grupo Parlamentario Socialista no ignora la posición de muchos líderes socialistas, por ejemplo, la del el ex primer ministro francés, Lionel Jospin, que no
son coincidentes con las
posiciones que hoy defiende el Partido Socialista Obrero Español.
Señorías, no creo que nadie pueda atribuirse aquí más representación que otro en la defensa de determinados intereses o posiciones de las personas homosexuales, muy al
contrario. Por pura lógica estadística, mi grupo es destinatario de la confianza de un número muy considerable de ciudadanos con esa orientación sexual. No encontrarán en nosotros posiciones de incomprensión en este debate, pero sí reclamamos de
nosotros mismos y del resto de SS.SS. el rigor y seriedad necesarios a la hora de establecer una regulación que no sólo atienda a reivindicaciones conocidas sino que busque la aceptación y el consenso del conjunto de la sociedad española.
Hemos de
reflexionar, pues, sobre cuál es la regulación más coherente de las uniones de hecho o de las uniones estables de pareja. A ello nos vamos a dedicar en los próximos meses, y el Grupo Parlamentario Popular quiere desde este momento ofrecer su
colaboración. Vamos a defender nuestra posición y nuestras ideas, que en algunos aspectos no coinciden con el contenido de las iniciativas que hoy debatimos. Manifestamos la voluntad de aprobar una regulación de las uniones de hecho y de
contribuir desde nuestra posición a que esta sea eficaz, coherente con nuestra Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, y que obtenga el mayor consenso social.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para su turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permitan ustedes que sean mis primeras palabras para saludar y agradecer la presencia de representantes de la Federación estatal de lesbianas, gays y transexuales que nos acompañan en la tribuna para seguir este debate, y supongo
que muy especialmente el que viene a continuación en el orden del día. Posiblemente no estaríamos debatiendo este tema si no hubiera sido por el trabajo de los distintos colectivos representantes de los ciudadanos afectados, pues han trabajado
intensamente a lo largo de muchos años para conseguir lo que por fin parece va a ser realidad. Por el impulso social, no sólo por la convicción política de cada uno de nosotros sino también por el impulso social, absolutamente imprescindible en un
sistema de democracia representativa, estamos ahora discutiendo este tema con las posibilidades de conseguir un resultado favorable para los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Sean mis segundas palabras para dar la bienvenida al Grupo Parlamentario Popular al reconocimiento de las realidades sociales que negaba anteriormente. Es bueno que reconozca que existe la realidad de las parejas de hecho, que no se ampare
en extraños contratos de unión civil y que diga que realmente existe algo en la sociedad que debe de tener un tratamiento jurídico producido por este Parlamento. Sea también bienvenida la ilustre portavoz del Partido Popular a la cita como
argumento de autoridad de líderes socialistas. Me parece que el reconocimiento de la verdad que se contiene en las palabras de la inmensa mayoría de los líderes socialistas es algo que les hará bien en el estudio de sus posiciones políticas. Si
hemos de citar líderes socialistas vamos a citar también a uno un poco más antiguo que ganó bastantes elecciones, el magnífico tribuno socialista de la III República francesa, Leon Gambeta, una de cuyas frases me parece absolutamente aplicable al
caso que tratamos. Decía Leon Gambeta que la auténtica democracia no es la que reconoce a los iguales, sino la que crea a los iguales. Con estas iniciativas que debatimos ahora y que hemos debatido anteriormente vamos a crear iguales al reconocer
los mismos derechos al conjunto de los ciudadanos sin distinción por razón de su orientación sexual.
Señorías, desde marzo de 1994 comenzó el Grupo Parlamentario Socialista a presentar iniciativas en esta Cámara a favor del reconocimiento de las parejas de hecho. Desde entonces ha continuado haciéndolo de una forma permanente, encontrando
siempre, desde las elecciones de 1996, la oposición radical del Grupo Parlamentario Popular, al que vuelvo a felicitar por el cambio radical de postura. Me parece que ésta es una buena línea de actuación. Siempre había creído, porque era un dicho
político de muy antiguo, que los discursos parlamentarios podían hacer cambiar de opinión pero jamás de voto. Veo que en esta ocasión los repetidos discursos también hacen cambiar de voto, y creo que es una buena noticia para el parlamentarismo.
Desde 1994 estamos insistiendo en la misma línea. El conjunto del Parlamento ha conseguido, con la oposición del Partido Popular, establecer en la sociedad lo que era importantísimo, un debate de normalización de la situación. Lo que
parecía exótico, raro, minoritario en 1994, en 1997, en las siguientes ocasiones en que lo discutimos, es ahora normal. Ello ha supuesto la existencia de una cantidad notable de leyes sectoriales que reconocen esta realidad, desde la Ley de habeas
corpus de 1984, del Gobierno socialista, al Código Penal, a la Ley de Arrendamientos Urbanos, a la Ley de Propiedad Horizontal y a la Ley de atención de víctimas al terrorismo, hasta una ley tan seria, que parece como alejada de este tipo de cosas,
como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, e, incluso, con obvia contradicción del Gobierno en aquel momento en el poder y del grupo parlamentario que le daba soporte, es decir el Grupo Parlamentario Popular, en multitud de decretos de
reconocimiento de indemnizaciones a víctimas de catástrofes como la de Viescas, que alguna de SS.SS. recordará, que fue firmado por el entonces presidente del Gobierno el día anterior en que su grupo parlamentario votara en contra
del reconocimiento de las parejas en esta sede parlamentaria. Allá cada uno con su coherencia.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que existen muchos tipos de familia. La inmensa mayoría de las familias en nuestro país tiene como núcleo un contrato matrimonial, un matrimonio establecido anteriormente, pero hay muchas otras formas
de familia distintas, la inmensa mayoría de ellas amparables por la obligación que nos impone la Constitución en su artículo 39 de dar protección a las familias. Sólo de uno de estos tipos de familia estamos hablando en este debate, de las uniones
de hecho...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Pedret. Por favor, guarden silencio y ocupen lo más rápidamente posible sus escaños. Espere, señor Pedret.
(Rumores.)
El señor PEDRET I GRENZNER: No sabe S.S., cómo le agradezco el amparo y la incitación al silencio porque en estas condiciones es difícil ganárselo uno mismo. Muchas gracias, señor presidente. Continúo.
El señor PRESIDENTE: Espere, espere. (Rumores.)
El señor PEDRET I GRENZNER: Espero.
El señor PRESIDENTE: Mi vocación de amparo sabe usted que es enorme.
Guarden silencio, por favor.
Continúe.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo de un tipo de familia estamos hablando aquí, de las uniones de hecho, las parejas de hecho, las uniones estables, los distintos nombres que han recibido en las proposiciones que discutimos ahora y en la enorme cantidad de legislación
autonómica existente al respecto, a la que no voy hacer más que una alusión de pasada, puesto que todos los intervinientes anteriormente lo han detallado. Sepan SS.SS. que de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas de que se compone
nuestro país, once comunidades autónomas han aprobado leyes propias de parejas de hecho o uniones de hecho o como les llamen. Por tanto, es algo reconocido en el conjunto del territorio.
Desde luego, vamos a votar afirmativamente las cuatro proposiciones que se plantean aquí, no porque estemos absolutamente de acuerdo con todas ellas, sino porque se trata de un debate de admisión a trámite. Los defectos técnicos que creemos
que tienen algunas de ellas, los problemas desde el punto de vista económico que algunas de ellas, con las proposiciones que contienen, pueden crear, la complicación del acceso al registro de situaciones reguladas por leyes autonómicas de forma muy
distinta no nos van a llevar a votar en contra. No lo vamos hacer ni tan sólo con aquella proposición con la que mantenemos una discrepancia ideológica más profunda, que es la proposición que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió.) Nosotros entendemos que es ideológicamente inadmisible, y estamos aquí haciendo política e ideología, distinguir entre parejas de hecho por razón de que sean homosexuales o heterosexuales. Por tanto, no confundan SS.SS. la
votación a favor de la aceptación a trámite con su contenido, que vamos a intentar modificar y vamos a hacerlo.
Señorías, el principal problema que plantean todas las proposiciones es el hecho de que no han tenido en cuenta aquello de lo que vamos a hablar en el debate que sigue a continuación; se ha hablado a lo largo del debate, pero no en el
momento de redactar y presentar las proposiciones. En esta legislatura, señorías, está decidido por el Gobierno y por el Grupo Socialista que se va a discutir la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio con independencia del sexo
de los contrayentes.
Además se va a aportar en los próximos tiempos -muy cercanos, más pronto que tarde- un proyecto de ley sobre esta materia y un proyecto de ley sobre la situación de las parejas de hecho. Esto cambia totalmente el concepto de
lo que debe regularse en el caso de las uniones de hecho o parejas estables o cualquiera que fuera el nombre, porque no se trata ya de amparar a aquellos que queriendo casarse no pueden sino de ver la situación que debe regularse, pero de forma
distinta, de aquellos que pudiendo casarse no quieren, sea cual sea la causa, y a los que no podemos casar por vía de imposición legal. Tenemos que hablar de todo eso.
Vamos a votar a favor porque queremos hablar de ello, vamos a -y lo decimos ahora- tramitar esas proposiciones conjuntamente con los proyectos que van a venir del Gobierno, porque nos parece un tema enormemente importante -y doy la razón en
esto a la señora Torme que ha intervenido anteriormente-, que hay que tratarlo de forma coherente, con la suficiente cantidad de información sobre la mesa. Para eso, es importante que se discutan, en trámite coetáneo o conjunto, los proyectos de
ley del Gobierno y las proposiciones que ahora van a ser admitidas a trámite, puesto que casi todos hemos afirmado que íbamos a votar a favor de todas ellas.
Con ello, señorías, no vamos a hacer más que seguir lo que ha sido nuestra conducta habitual en relación con este tema. El Grupo Socialista, señorías, entiende la familia, sea matrimonial o no matrimonial, como un lugar no jerárquico, un
lugar de solidaridad, un lugar en que, voluntaria y libremente, se comparten los sentimientos más íntimos, un proyecto de vida futura en común. Para poder realizar eso, es necesario discutir la posibilidad, que vamos a dar con la ley que salga de
esta tramitación, del desarrollo de las libertades, del derecho a la libertad, del pleno desarrollo de la propia
personalidad, como indica el artículo 10.1 de la Constitución; daremos cumplimiento a las resoluciones del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994 y de 15 de enero de 2003. Se trata de un tema de reconocimiento de libertad, de ejercicio
del derecho de la libertad. Votaremos a favor para empezar a discutir ya, desde este momento, estos temas. Porque, señorías, cuando se trata de la libertad cualquier dilación en su reconocimiento es una negación de la misma, y a esto no vamos a
jugar: nosotros estamos por el reconocimiento ya de la libertad.
Nada más. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de derogación de la prohibición a las comunidades autónomas a complementar las
pensiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 183; en contra, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
A continuación, vamos a proceder a la votación de las proposiciones de ley que han sido acumuladas, pero votaremos cada una independientemente. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley de 8
de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, para el acceso de la unión estable de pareja o pareja de hecho al Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 181; en contra, 136; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
En segundo lugar, votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
Tercera votación de este bloque de propuestas, la relativa al Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 177; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
En último lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de igualdad jurídica para las uniones de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 179; en contra, 138; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
Quiero señalarles, aunque probablemente ya lo habrán descubierto, que tanto en este bar como en el de la tercera planta se está sirviendo un refrigerio, una colación consistente esta vez en una variedad del mítico bocadillo español.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. (Número de expediente 162/000111.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a continuar con el orden del día. Punto III: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.
(Rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños, por favor.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba. (Rumores.) Espere un momento, señor Pérez Rubalcaba. Por favor, señorías, guarden silencio.
Adelante, señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, para
pedir al Gobierno que regule cuanto antes el derecho de los gays y las lesbianas a contraer matrimonio en las mismas condiciones en las que hoy lo pueden hacer las parejas hetero-sexuales.
Señorías, hace 25 años, los mismos que tiene nuestra Constitución, nacieron en España los primeros movimientos de gays y de lesbianas. En estos 25 años, esos movimientos han transitado desde la semiclandestinidad hasta la celebración
multitudinaria del Día del Orgullo que tendrá lugar, un año más, el próximo sábado. Han sido 25 años en los que, poco a poco, han ido consiguiendo primero el apoyo social y después el derecho a ejercer libremente su opción sexual. Quiero, pues,
que mis primeras palabras sean de reconocimiento hacia ese movimiento que, de manera cívica y democrática, ha sabido hacer valer sus reivindicaciones ante los ciudadanos y también ante esta Cámara.
Mi grupo presenta en este Congreso de los Diputados esta noche una iniciativa que pretende continuar con el camino emprendido cuando en 1977, tras varias décadas de persecución en aplicación de la denominada Ley de peligrosidad social, se
despenalizó la homosexualidad en España.
Hoy traemos a esta Cámara una iniciativa para acabar con la discriminación que sufren las parejas de gays y de lesbianas, para terminar con una forma de discriminación que, en aplicación del vigente Código
Civil, impide a estas parejas contraer matrimonio. No hacemos, como decía, sino continuar un camino que tuvo otro de sus hechos más importantes cuando esta Cámara en 1995 aprobó el Código Penal e introdujo en nuestro país la relevancia penal de la
discriminación por motivos de orientación sexual. Esta no es, señorías, la primera vez que mi grupo presenta en esta Cámara una propuesta de modificación de nuestra legislación para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En los
últimos ocho años, presentamos esta misma propuesta en dos ocasiones, pero el Partido Popular, con su mayoría absoluta, impidió su aprobación, a pesar del apoyo de la mayoría de los grupos presentes entonces en este hemiciclo. En ambas ocasiones,
el PP utilizó invariablemente el mismo argumento: por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban. Pues bien, aquí está de nuevo esta iniciativa. Hemos vuelto al Gobierno porque así lo ha querido la mayoría de los ciudadanos españoles y hemos
vuelto a traer a esta Cámara la misma iniciativa, porque creemos que es justa, porque queremos acabar con discriminaciones legales que hoy sólo están presentes en nuestro Código Civil, pero ya no están presentes entre la mayoría de los ciudadanos
españoles.
Queremos sumarnos al Día del Orgullo aprobando en esta Cámara una proposición que da satisfacción a la principal reivindicación del movimiento de gays y de lesbianas desde hace ya más de una década, porque, tras la despenalización de la
homosexualidad y la penalización por razones de orientación, creemos que nuestro país debe dar un paso más, un paso adelante, y reconocer la plenitud de derechos a los gays y a las lesbianas. No se trata, señorías, de una iniciativa singular en el
marco europeo en el que nuestro país se desenvuelve. Ya en 1994 el Parlamento Europeo recomendó a todos los países miembros, en su Resolución de 8 de febrero sobre la no discriminación de gays y lesbianas, que se eliminaran los obstáculos que
impiden contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Muchos países han seguido esta recomendación del Parlamento Europeo. Bélgica y Holanda han establecido el matrimonio civil para parejas homosexuales. Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega
tienen legislaciones que equiparan de facto en derechos a las parejas homosexuales con los matrimonios heterosexuales.
Recientemente, el Parlamento Europeo ha vuelto a tratar el tema; en concreto el 22 de marzo del presente 2004, aprobó un informe
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en el que se pide textualmente a los Estados miembros que reconozcan los mismos derechos a las parejas de hecho, tanto a las formadas por personas de diferente sexo como del mismo
sexo, que a las parejas unidas en matrimonio.
No quiero dejar de mencionar, porque hemos tenido el debate hace escasos días en esta Cámara, la propia Constitución europea, que en su título III, concretamente el referido a la Carta de los derechos, el dedicado a la igualdad, prohíbe toda
discriminación en particular y, por lo que atañe a la discusión que estamos teniendo aquí esta tarde, toda discriminación por razones de orientación sexual. Señorías, con esta iniciativa tratamos de cumplir también las indicaciones y las
recomendaciones del Parlamento Europeo, las prescripciones de la Constitución europea y de equipararnos a los países de la Unión que han decidido ya acabar con este tipo de discriminación.
La modificación del Código Civil que en esta proposición no de ley se propone al Gobierno no es por otra parte incompatible con las leyes de parejas de hecho aprobadas por distintas comunidades autónomas. Estas leyes pretenden garantizar la
libertad a la hora de configurar las relaciones afectivas entre las personas. La propuesta que hoy defendemos pretende dar un paso más. Se trata de igualar los derechos entre las parejas homosexuales y las de gays y lesbianas a la hora de contraer
matrimonio. En otras palabras, señorías, con la presentación de esta iniciativa pretendemos comenzar a cumplir el programa electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las últimas elecciones en lo que se refiere a los derechos de los
gays y de las lesbianas. En él recogíamos textualmente que modificaríamos el Código Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva ese matrimonio, en igualdad de condiciones con
otras formas de matrimonio para asegurar -añadíamos- la plena equiparación legal y social de lesbianas y de gays.
Pedimos esta tarde al Gobierno que modifique las leyes, en concreto que modifique el Código Civil. Es el primer paso para garantizar la equiparación que comprometíamos en nuestro programa electoral. Modificar el Código Civil para
garantizar la equiparación legal de
los gays y de las lesbianas. La completa equiparación social en la que tanto se ha avanzado en España en los últimos años, como comencé diciendo en esta intervención, es sin duda algo más difícil. Supone la plena aceptación por parte de la
sociedad de la pluralidad y de la diversidad.
Exige entender, admitir y respetar que existen diversas opciones afectivosexuales, distintas formas de vivir el afecto, de vivir el amor y de expresar la sexualidad sin que ninguna sea buena o mala, sin
que ninguna sea mejor o peor que las otras. Para alcanzar esta completa equiparación social aún tenemos que seguir trabajando. Es algo que, en nombre de mi grupo, quiero comprometer hoy también aquí en esta Cámara.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como representante del Bloque Nacionalista Galego, me gustaría comenzar por la afirmación de que no se está proponiendo en este momento una novedad absoluta en la historia de la humanidad. Y lo decimos porque sin duda hay más que indicios,
más que pruebas, de que, en la tradición cristiana más genuina, existieron lo que se llamaban las bodas de la semejanza, como demuestran algunos libros fundamentales de teólogos, de antropólogos y de historiadores. En definitiva, no era otra cosa
lo que se hacía en la antigua cristiandad, cuando se hablaba del hermanamiento, que reconocer en concreto que había convivencias cuyo hermanamiento significaba también relación sexual. Los santos Sergio y Baco, entre los siglos III y IV, vivieron
como hermanos y eso significaba algo más de lo que significa hoy. Parece que esta práctica de familia homosexual podía y puede hoy refrendarse con citas bíblicas. No otra cosa parece indicar en el Evangelio de San Juan el capítulo 15, versículo
17; el capítulo 17, versículo 1 y el capítulo 18, versículo 28. O aquellas relativas al amor y a la armonía que aparecen en todos estos textos a los que me acabo de referir. Pero también en Corintos, en concreto en el capítulo 13, versículos 4 a
8, en el famoso pasaje sobre el amor, que es conocido por muchos teólogos, o en el salmo 133, cuando dice literalmente: Observad qué dulce y delicioso es el habitar los hermanos en unión. La misma ambivalencia sin duda que hoy tiene la palabra
amigo, cuando se emplea precisamente para referirse a amigo, a amiga, a amante. No creo, señorías, que estemos descubriendo el Mediterráneo o una nueva etapa de la humanidad. Sin duda, estamos restaurando algunos elementos positivos de la
antigüedad, llámese esa antigüedad cristiana o antigüedad clásica, incluso la antigüedad de muchos continentes antes de que fueran colonizados por el mundo occidental. Y me estoy refiriendo en concreto al Japón de los samuráis, al África anterior
al siglo XX o a la América anterior a la llegada de los colonizadores españoles.
Digo todo esto porque es fundamental que tengamos una visión relativa del problema, relativa en términos históricos, y que sepamos también que indudablemente el matrimonio, tal como lo conocemos hoy en día, empezó siendo un matrimonio
exclusivamente canónico, con una ceremonia eclesiástica, solamente después del siglo XI. Sólo en el siglo XII prácticamente fue cuando la iglesia excluyó a sus miembros de este considerado sacramento a partir de ese momento. Por lo tanto,
señorías, primero hubo que hacer la separación entre matrimonio civil y matrimonio eclesiástico, consecución lógica de Estados democráticos y laicos, y ahora estamos en el objetivo fundamental de lograr que el matrimonio se pueda extender a las
personas sea cual sea su práctica sexual: homosexuales o heterosexuales. Precisamente es curioso que la Iglesia católica, que tanto ataca a los matrimonios de carácter homosexual, sea una iglesia que tenga excluidas a las mujeres del sacerdocio.
Y este es un dato fundamental para entender cuánta misoginia, cuánto odio, subyace muchas veces en posiciones que parecen amparar a la mujer como elemento recreador fundamental. Como no sería explicable la posición de la iglesia sin tener en cuenta
su creencia de que el sexo es igual a pecado y curiosamente ella es la única que dicta un sacramento que no cumple.
Quiero decir que, respecto del matrimonio, es curioso que sean los miembros de la Iglesia católica, que dicen que es un matrimonio,
por lo tanto algo sagrado, los que no lo aplican a sus miembros.
Después de toda esta introducción, quiero manifestar que nos encontramos en una batalla por conseguir que las normas y las instituciones sociales no sean homófobas y que por tanto no se prohíban los matrimonios homosexuales. En segundo
lugar, que no haya exclusión social y jurídica de ninguna conducta sexual, porque todas son legítimas. Hay que tener derecho a casarse. No puede estar dividida la humanidad entre aquellos que pueden casarse y aquellos que no pueden casarse. En
tercer lugar, no quiero llegar a tanto como Foucault, pero creo que un elemento fundamental para aumentar la civilización es el hecho de que pueda haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto va a ser un paso fundamental para la igualdad y
para cambios culturales fundamentales. En cuarto lugar, debíamos habituarnos a considerar que hay un continuum de comportamientos y posturas que son todos legítimos y por tanto todos deben tener el amparo jurídico. Y que no se nos diga que hay un
problema con la adopción. La adopción no debe ser un problema en función de la condición sexual de las personas, sino de su madurez
personal. Cuando se hace una adopción, habrá que mirar si las personas que van a adoptar son maduras para poder ejercer esa función, al margen de su conducta y de su práctica sexual. Mucho menos, señorías, vincular -en esta época histórica
esto no es ni siquiera asumible científicamente- la institución matrimonial a la procreación.
Acabo ya, señora presidenta, diciendo que nos gustaría que esta proposición no de ley se aprobase, pero con un periodo temporal circunscrito, un periodo temporal que fuese asumible; en concreto, que el Gobierno se comprometiese a presentar
un proyecto de ley de modificación del Código Civil en un período de 6 meses y que lo hiciese siguiendo la demanda social y siguiendo también las iniciativas que varios grupos parlamentarios hemos registrado en esta Cámara nada más abrirse esta
nueva legislatura. Acabamos de aprobar las uniones de hecho, ahora hay que aprobar las uniones matrimoniales. Una importante revolución legal que no acabará con la homofobia pero ayudará a desacralizar y a restar irracionalidad, a difundir
libertad y conciencia de que todos podemos convivir, a partir del criterio en las familias, con independencia de quien las forma, de su decisión libre de formar parte de ellas, de su responsabilidad, de su deseo de convivencia, de afecto y de
relación sexual. No es la práctica sexual la fuente en la que se debe fundamentar ninguna discriminación. En todo caso, queremos afirmar, señorías, y esto es básico también, que la convivencia se fundamenta en prácticas sexuales y ellas siguen
estando en el fundamento de las familias. Tan práctica sexual y tan personas son las homosexuales como las heterosexuales. Por tanto, apoyaremos esta proposición no de ley y esperemos que con la modificación que hemos propuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Seguimos en el turno de defensa de enmiendas. Tiene la palabra a continuación por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, en primer lugar queremos felicitar y aplaudir la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, una iniciativa presentada como proposición no de ley relativa al matrimonio
entre parejas del mismo sexo. Aplaudimos -repito- esta declaración de intenciones del Partido Socialista en el marco de la semana del orgullo gay, lésbico y transexual. Una vez aplaudida la iniciativa y la declaración de intenciones del Grupo
Parlamentario Socialista referente al matrimonio entre personas del mismo sexo, queremos manifestar nuestra sorpresa sobre la forma que ha adoptado esta iniciativa: una proposición no de ley. Una mera declaración de intenciones del grupo que está
gobernando y que por tanto dispone de todos los instrumentos necesarios para iniciar un proyecto de ley que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ello, estamos plenamente de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, en la que se insta al Gobierno a presentar antes de que finalice el año un proyecto de ley que contemple la modificación de la legislación civil, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, acabando con la
discriminación legal y atendiendo la demanda social y las iniciativas de varios grupos parlamentarios ya registradas con anterioridad en esta Cámara. Esperamos que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, presentada como proposición no
de ley, no sea una mera declaración de intenciones de cara a la galería, en el contexto temporal del Día del Orgullo Gay, y mande con celeridad un proyecto de ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El matrimonio y la familia son dos instituciones que el constituyente español ha querido garantizar. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones, como por ejemplo la italiana, la Constitución española no ha
identificado familia y matrimonio. La regulación de la institución del matrimonio en el artículo 32 y la de la familia en el artículo 39 están diferenciadas y ubicadas en normas y secciones diferentes. Ya desde la sentencia del Tribunal
Constitucional 222, de 1992, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la Constitución no identifica el modelo de familia, al que exige proteger exclusivamente, con el modelo de familia que tiene su origen en el matrimonio. Por muy
relevante que sea en nuestra cultura la modalidad matrimonial de vida familiar, la constricción del concepto de familia a la de origen matrimonial no se concilia con el sentido de las normas constitucionales.
En una sociedad plural existen modelos
familiares más allá del modelo matrimonial. La Constitución tampoco ha impuesto una concepción jurídica concreta de lo que debe entenderse por familia, cuyo contenido estuviese totalmente prefijado y temporalmente determinado para siempre. En un
Estado social y democrático, los elementos esenciales de la institución familiar serán aquellos que hagan identificable a la familia como tal institución ante la conciencia social. En un Estado social es tarea del legislador identificar y remitirse
al concepto socialmente definido de familia, al concepto de familia vigente en cada momento histórico, para así cumplir con el mandato constitucional del artículo 39, que exige a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la
familia. En esta tarea, el legislador está legitimado para remover los obstáculos que impidan o dificulten la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que en ésta se integran y guiado por el mandato de respeto a la dignidad de las
personas y del libre desarrollo de la personalidad.
El profundo cambio social que ha experimentado la sociedad, la cada vez mayor aceptación social de la
homosexualidad y de los nuevos modelos familiares y la reivindicación de los colectivos de gays y lesbianas han propiciado un progresivo reconocimiento social de la familia homosexual. Hasta hoy, el mandato constitucional de protección a la
familia ha sido concretado por el legislador estatal a través de una regulación parcial y sectorial en relación con la familia homosexual. Por otro lado, la mayoría de las comunidades autónomas con derecho civil propio han regulado ya
sistemáticamente la pareja homosexual. Dicha normativa es necesariamente parcial, en tanto que los legisladores autonómicos no tienen competencia en todas y en cada una de las materias relevantes para la familia.
Entre las materias relevantes para la familia cabe destacar aquellos instrumentos que suponen una solidaridad colectiva a favor de la familia, como por ejemplo el sistema de la Seguridad Social, o bien aquellos elementos del sistema
tributario que aún pertenecen competencialmente al Estado. Creemos oportuno acabar con la aludida protección dispersa y parcial de la familia homosexual y dotarla de la máxima protección que puede ofrecer nuestro ordenamiento jurídico: el
matrimonio civil. A través de esta proposición no de ley se insta al Gobierno a abrir el matrimonio civil a las familias homosexuales. Si bien la apertura del matrimonio civil a las parejas homosexuales no constituye una exigencia constitucional,
tampoco la Constitución ha establecido una prohibición en contra del matrimonio de gays y de lesbianas. La Constitución establece en su artículo 32 que debe ser el legislador quien regule las formas de matrimonio, así como la edad y capacidad para
contraerlo, sin ninguna limitación adicional. Consecuentemente, nos encontramos ante un supuesto de mera legalidad, donde el legislador goza de libertad de apreciación y configuración para extender el matrimonio civil a gays y lesbianas.
Con una regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Estado español se podría alinear con Estados como Holanda, Bélgica y Canadá, los cuales han modificado recientemente su legislación civil para abrir el matrimonio civil a
parejas homosexuales. A su vez, supondría la congruencia de la legislación española con la resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, sobre igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que propone la
supresión de la prohibición de contraer matrimonio o de adoptar, que afecta a este tipo de parejas. Apertura del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha de suponer también la posibilidad de que estas puedan adoptar, tanto conjuntamente
como de manera coparental. La adopción y el acogimiento tienen como finalidad esencial el interés del menor por encima de cualquier otro; si no se constata este interés, la adopción o el acogimiento no pueden producirse. Desde esta perspectiva se
puede decir que, de acuerdo con nuestro derecho, nadie tiene derecho previo a adoptar, sino que son los menores los que tienen derecho a tener padres. Respecto a la adopción coparental o la adopción individual por parte de un miembro de la pareja
homosexual en relación con los hijos de su compañero o compañera, siempre desde el punto de vista del interés del menor, no se puede ignorar la convivencia efectiva y los lazos afectivos que pueden unir al compañero o compañera del padre o de la
madre con los hijos de estos. Negar a priori la posibilidad de que la pareja pueda adoptar o tutelar al hijo del otro miembro de la pareja homosexual sería ignorar no el derecho a la igualdad de los homosexuales, sino los intereses de los mismos
menores, a los que tantas veces nuestro derecho apela.
En relación con la adopción conjunta por parte de gays y lesbianas, la prohibición legal tradicional que la ha impedido hasta el momento, en tanto que era absoluta y abstracta, imposibilitaba en todos los casos valorar las circunstancias
psicosociales de las parejas homosexuales aspirantes, impidiendo ejercer así el control de idoneidad sobre estas.
De esta forma, la legislación civil excluía de forma previa y sin ninguna valoración efectiva a ciudadanos que, por otro lado, tienen
plena capacidad de obrar. La tradicional prohibición absoluta incorporaba un juicio previo que no tenía nada que ver con el interés del menor y por tanto la aludida prohibición legal no era razonable. En estudios realizados tanto en el extranjero
como dentro del Estado español se constata que la posibilidad legal de adoptar conjuntamente por parte de una unión homosexual, así como de adoptar el hijo o los hijos de otro miembro de la pareja, se concilia con el respeto superior del interés del
menor. Dentro del proceso de lucha para proteger el interés superior del menor, nuestro derecho ha de proteger dicho interés por la vía del control de idoneidad de todos los aspirantes a padres adoptantes, caso por caso, de forma razonada y
objetiva, y no a través de una prohibición genérica, absoluta, absurda, previa, que recoge prejuicios tradicionalmente preestablecidos y actualmente refutados científicamente.
Nosotros hemos presentado las enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista con la intención de ampliarla y coincidimos plenamente con la enmienda de Grupo Mixto, en la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que
regule el matrimonio entre personas del mismo sexo, incidiendo en el derecho de las parejas homosexuales a la adopción coparental o a la adopción conjunta, de tal manera que, tal como se especifica en nuestras enmiendas, el Gobierno establezca los
mecanismos necesarios para que ninguna persona pueda ser objeto de discriminación en el contenido o en la aplicación del ordenamiento jurídico por razón del grupo familiar al que pertenezca, tenga este su origen en la filiación, en el matrimonio o
en la pareja estable, incluyendo el derecho a la adopción coparental y a la adopción conjunta. Esperamos que el Grupo Socialista dé un paso más y no se quede con la declaración de buenas intenciones
que manifiesta en la proposición no de ley. Den un paso más, decidido, y acepten las enmiendas formuladas con la intención de avanzar seriamente en este terreno. Instamos al Gobierno a dar fin a las discriminaciones en las que se está
incurriendo en la actualidad con el colectivo de gays y lesbianas. Si aceptan ahora nuestras enmiendas, bien; en caso contrario, volveremos a presentarlas cuando se discuta la ley, para que esta recoja sin complejos las aspiraciones de estos
colectivos ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
A continuación pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con un breve turno de tres minutos para el Grupo Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Seré breve, porque comparto el turno con mi compañero del Bloque Nacionalista Galego, pero la verdad es que no me resisto a fijar la posición de Eusko Alkartasuna en este debate de tanto interés y de tanta importancia.
Dos son los temas que suscitaré en la fijación de posición. El primero, obviamente, es nuestra posición favorable, porque esta proposición supone el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de cuál
sea su orientación sexual; estamos hablando de derechos fundamentales, y son iguales para todos. Evidentemente, lo que hay que hacer, y es lo que se pretende que haga el Gobierno, es eliminar la discriminación que existe hasta ahora hacia los gays
y lesbianas y favorecer esa igualdad de derechos entre ciudadanos del mismo sexo, facilitando y promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por tanto, derechos fundamentales iguales para todas las personas.
No suscitaré las recomendaciones del Parlamento Europeo de las que se ha hablado. Realmente lo que pretende el Parlamento Europeo no es otra cosa que recoger la realidad social de la Unión Europea. En este sentido, tenemos que volver a
recuperar el tiempo perdido, porque no hemos hecho quizás los deberes de esas recomendaciones del Parlamento Europeo que se han realizado en otros países como Holanda, Dinamarca o Suecia. No me extenderé en estas regulaciones, pero sería
interesante hacerlo de esta forma. Si alguien no quiere acogerse a las recomendaciones del Parlamento Europeo o a la Carta de Derechos Fundamentales, que está contenida en la Constitución europea, simplemente que lean la Constitución española -que
todo el mundo dice tanto defender- en su propio artículo 9.2 o en el artículo 14, que habla de la igualdad de todos ante la ley sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo y de otras consideraciones.
Estos serían principios suficientes para
no tener ningún reparo en realizar un voto favorable a esta regulación.
Voy a hacer referencia a una cuestión que se ha suscitado, tanto en este debate como en el anterior, sobre el derecho de adopción o la adopción de menores por parejas formadas por personas del mismo sexo. Nosotros tenemos una posición
favorable, pero debo decir a quien vaya a votar a favor que inste también al Gobierno, aunque no hayamos presentado una enmienda, para que retire el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo octavo
de la Ley 2/2003, de 7 mayo, del Parlamento vasco, sobre parejas de hecho.
Parecería razonable que lo primero que hubiera que hacer, si ya existe esa regulación en otros lugares, es que se retiren esos recursos, porque realmente no se puede instar
a realizar una legislación manteniendo recursos que van en contra de lo que se pretende legislar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
A continuación, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero aclarar que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds también ha presentado una proposición de ley del mismo contenido, con el fin de acabar con esa discriminación
histórica que sufre el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Por supuesto que votaremos a favor, cómo no, y nos gustaría incluso votar a favor de las enmiendas, pero no somos nosotros los que podemos decidirlo.
Entrando ya en materia, en 1981 se modificó la regulación matrimonial, otorgando por fin la igualdad en el vínculo entre hombres y mujeres y dando así cumplimiento al mandato constitucional del artículo 14 de la Constitución y el artículo 44
del Código Civil. También se dio regulación al divorcio. Tanto el matrimonio civil como el divorcio ocasionaron en aquel momento un cisma en las conciencias bienpensantes de los grupos conservadores y neocatólicos. Llegaron a decir que con la
existencia del divorcio caería en picado toda la civilización occidental. Ahora están haciendo lo mismo, alertándonos de los peligros de reconocer los derechos a la igualdad en definitiva. Sin embargo, a su pesar, la sociedad avanza, mostrándonos
una realidad social con modelos familiares diversos, entre los que por supuesto se encuentran las parejas del mismo sexo con total adaptación social. De hecho, las encuestas, y el CIS lo corrobora, dicen que la gente está totalmente de acuerdo con
el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así en un 85 por ciento de la población, hablando
del consenso que se reclamaba por parte de la portavoz del Grupo Popular en el anterior debate, existe ese consenso, que parece ser que entre la sociedad sí que es mayoritario. El cambio de mentalidad social es patente en nuestra sociedad,
pero propiciado por la lucha sin tregua de los colectivos que defienden estas reivindicaciones, a los que desde aquí quería saludar; de ellos es el éxito que hoy celebramos. Además, no podemos olvidar que el respeto a la dignidad de las personas
obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos que existen para el reconocimiento de la dignidad homosexual, reconocimiento que implica tanto el derecho a contraer matrimonio como el derecho a no contraerlo, pero, eso sí, con todos los
efectos jurídicos que ello acarrea. El concepto de familia en nuestro derecho es laico y democrático, por lo que no cabe mantener ningún tipo de discriminación por orientación sexual.
Desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds consideramos que no hay lugar para las medias tintas cuando se habla de derechos humanos y políticas integradoras, cuando se habla de derechos sociales y civiles, porque no son derechos negociables.
Destaco que no compartimos las dudas sobre la adopción que se han planteado por parte del ministro de Justicia, porque estamos hartos de permitir distintas categorías de ciudadanos. Los derechos deben ser al cien por cien porque la igualdad
real y efectiva sólo cabe al cien por cien. Lo contrario es sencillamente incumplir el artículo 14 de la Constitución española que, como ya se ha dicho, prohibe la discriminación por cualquier otra condición o circunstancia personal. Hablando de
incumplimientos -también se ha dicho-, son abundantes los tratados europeos que nos obligan o nos recomiendan luchar contra la discriminación por orientación sexual, incluido por cierto el Tratado de Niza que tanto gusta a los miembros del Partido
Popular; también se recoge ahí.
Eso es lo que ha de hacer el actual Gobierno, porque queda mucho trabajo por hacer, pero hoy, en cualquier caso, es un día a celebrar, lo haremos el sábado en la manifestación. Lo cierto es que hemos pasado de la Ley de Vagos y Maleantes de
1954 a estar hoy, aquí, con una más que posible votación suficiente a favor del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, matrimonio civil sin discriminación, por fin, por motivo de la orientación sexual, pero seguiremos trabajando para
erradicar la discriminación que sufre un 10 por ciento de la sociedad. Hemos dado un paso, pero no es el único necesario. Hoy en día, se da prevalencia a las relaciones heterosexuales tanto en la educación como en los medios de comunicación y en
todos los ámbitos en los que la afectividad y la sexualidad tienen reflejo. Siguen existiendo comportamientos homófobos que se traducen en discriminación laboral, en la imposibilidad de manifestar libremente la afectividad en público o el desprecio
y la burla. El voto en contra del matrimonio sin discriminación, supone para nosotros sumarse precisamente a esa discriminación que acabo de describir; supone retroceder y no lo podemos hacer porque nuestra obligación, hoy, aquí, es proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos. No podemos amparar ningún tipo de discriminación. Estas reivindicaciones son tan justas como necesarias porque simbolizan la apuesta por un mañana de personas libres e iguales, por una sociedad en la que
nuestros hijos, heteros o gays, no sean juzgados ni por el color de su piel, ni por sus creencias, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, y que sus derechos sean plenamente reconocidos.
Señorías, apliquemos nuestra Constitución, escuchemos las múltiples recomendaciones de la Unión Europea, hagamos nuestro trabajo y legislemos por recoger los derechos de los ciudadanos, pero sin categorías. La realidad es que los gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales colaboran con la sociedad, pagan sus impuestos y no tienen derechos como la pensión de viudedad, la indemnización por fallecimiento en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los 15 días de permiso
por matrimonio, herencia, la adquisición de la nacionalidad, la adopción conjunta, y así un largo etcétera de derechos de los que no disfrutan. Están altamente discriminados. Acabemos con ello y a la mayor brevedad posible.
El cambio de modelo de sociedad supone la liberación de todos los hombres y mujeres de las ataduras y esclavitudes que les impiden ser ciudadanos libres e iguales en un mundo justo, solidario y sin exclusiones y que les niega a miles de
personas la posibilidad de realizarse afectiva y sexualmente y, en definitiva, de ser felices. Por eso, estaremos alertas a cualquier matización que intente descafeinar derechos en función de la orientación sexual. Seguiremos luchando, porque la
única batalla que se pierde es la que se abandona y porque otro mundo es posible.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos trae el grupo mayoritario en la Cámara una proposición no de ley mediante la cual se pretende regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, en desarrollo del artículo 32 de la Constitución. Suscita la presentación de
esta iniciativa para mi formación política una incógnita que es constante y que está ahora muy de actualidad, puesto que estamos debatiendo modificaciones en el Reglamento de la Cámara, que es el papel que le incumbe al Gobierno como sujeto del
derecho parlamentario o al propio grupo mayoritario,
ya que por qué presentar una proposición no de ley cuando es uno quien gobierna, por qué no traer un proyecto de ley ya a la Cámara. Cierto es, lo reconozco, que las proposiciones no de ley, para lo que está perfectamente legitimado
cualquier grupo parlamentario, pueden abordar y puede darse el caso, como es el presente, que aborden cuestiones de cierta trascendencia social o política que reclamen, pienso yo que tiene que ser así, que quieran reclamar el consenso de otras
fuerzas políticas y que, por tanto, la presentación de una proposición no de ley vaya a dar cabida a esta posibilidad, aunque otro uso político también es el de adelantarse a las propuestas posibles de otras formaciones políticas.
Insisto, esto
también es un valor político cuando además estamos ante el cumplimiento de algo que es parte del programa electoral del Partido Socialista.
Reconozco al Partido Socialista que quienes formamos parte de la oposición solemos pedir al Gobierno que tenga liderazgo y que, por tanto, traiga las iniciativas, pero a la vez también le exigimos un talante dialogante y de receptividad a
las posturas de las demás formaciones políticas. La conclusión que se extrae es que el gobierno ideal parlamentario sería aquel que teniendo una mayoría suficiente sea además capaz de concitar un consenso más amplio con la ayuda de otras
formaciones políticas.
Esperamos que este sea el caso para que vean, señor Rubalcaba, que me encuentro hoy comprensiva, que mi formación política entiende que ustedes no nos traigan la iniciativa, sino el deseo de regularlo.
Respecto a la posibilidad constitucional en un Estado laico de regulación del matrimonio entre personas de igual sexo, hemos tenido ya ocasión de pronunciarnos en la legislatura pasada y volveré a insistir en que a nosotros nos parece
perfectamente posible. En la redacción que se le da en la Carta Magna al artículo 32 se atribuye al legislador ordinario la regulación de los pormenores de este derecho, la edad, la capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges; el
legislador constitucional lo deja, por tanto, al legislador ordinario que somos nosotros. El único punto donde puede apoyarse una interpretación de exclusión es cuando el 32.1 dice: 'El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con
plena igualdad jurídica.' Es fácil el argumento de que no dice el hombre con la mujer, sino el hombre y la mujer. El texto constitucional no está impidiendo que sea el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. También es cierto que si una
quiere contextualizar los debates de la elaboración de la Constitución se ve con facilidad que no está en la mente del constituyente permitir el matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Ello, ¿por qué? Porque estábamos en 1978 y
entonces la igualdad entre los hombres y las mujeres era el elemento, el factor importante, intentando -y la idea de la normativa cualquier comentario que se lea sobre los debates constitucionales arroja este resultado- abolir las situaciones de
sumisión que existían en la normativa anterior respecto de la condición de la mujer en la relación matrimonial. Mismo espíritu que se nota también en la Ley 30/1981 cuando elimina todos los preceptos que pudieran atentar contra el artículo 14
velando por el valor de la igualdad.
Me parece importante, puesto que de la regulación del matrimonio se trata, traer también a colación otra cuestión. Vaya por delante el profundo respeto que siento hacia las convicciones religiosas que puedan tener determinadas personas,
pero lo cierto es que la regulación del matrimonio civil en nuestro entorno tiene una fuerte connotación canónica. Estamos en un Estado laico, pero hay que decir que la regulación contenida en el Código Civil tiene esta fuerte connotación que yo
creo que es posible perfectamente hacer desaparecer. Desde nuestra perspectiva y desde el punto de vista estrictamente legal o constitucional, no existe un cierre determinante para que exista un matrimonio hombre-hombre o mujer-mujer.
La doctrina
civilista va abriéndose paso en este sentido. El hecho de que toda la tradición jurídica se pronuncie de una forma concreta o que el autor de la norma, el constituyente, pensase en un modelo concreto no son argumentos definitivos para impedir una
interpretación que, dentro de la letra de la ley, permita su consonancia con una realidad social ahora más avanzada, sobre todo cuando estamos hablando de un texto tan deliberadamente ambiguo en ciertos aspectos como es la Constitución, dado que se
pretende dar juego y no dejar al margen posiciones políticas y sociales bien diferenciadas. En concreto, el profesor Fernando Pantaleón Prieto, que es catedrático de la Autónoma de Madrid, indica que la Constitución no obliga a reconocer
formulaciones concretas de institucionalización de la convivencia homosexual, pero tampoco las prohibe, sobre todo teniendo en cuenta que el matrimonio no tiene como finalidad la procreación. Cada vez hay más razones -dice el profesor Pantaleón-
para que el artículo 14 ilumine la literalidad del artículo 32 constitucional. Además se ha citado ya por personas que han intervenido con carácter previo no sólo el artículo 14, sino el 9.2 cuando habla de la obligación de los poderes públicos de
hacer efectivo el disfrute de los derechos por todos los ciudadanos de manera real y efectiva, o el artículo 10.1 cuando habla de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad. Si la interpretación del artículo 32
contextualizada en el momento histórico actual nos permite abordar una posición favorable a la regulación hay que pensar también, insisto, en la contextualización del artículo 10.1 y del 9.2 y, sobre todo, pensar en la interpretación sociológica, ya
que el propio artículo 3.1 del Código Civil obliga a tener en cuenta en las interpretaciones el momento histórico al que éstas han de adecuarse. Puesto que la Constitución no prohibe expresamente la admisibilidad de estos matrimonios de
hombre con hombre o mujer con mujer, creemos que es al legislador ordinario al que le incumbe la regulación concreta de estos aspectos, es decir, nos incumbe a nosotros, y desde esta perspectiva de la voluntad de la Cámara dependerá cuál sea
el tenor de la regulación, teniendo en cuenta el propio proyecto que se nos presente desde el Gobierno.
Debo además manifestar que nuestro grupo ha votado favorablemente a una regulación de este estilo de los matrimonios homosexuales ya en el propio Parlamento vasco y existe incluso la obligación que supone una proclama política hecha con
ocasión de la asamblea general celebrada en enero de 2004 del presidente de nuestro partido, Josu Jon Imaz, cuando dice que reivindicamos como nuestra la plenitud de derechos de ese segmento de la población que durante muchos años ha permanecido
discriminado, que ha sido continuamente desposeído de sus derechos como personas y que todavía no puede ejercer sus opciones en igualdad con el resto de la ciudadanía.
Me refiero a las y a los homosexuales -dice él-, personas que como ciudadanos de
nuestra nación cívica y con los mismos sentimientos y anhelos que los heterosexuales deben alcanzar el mismo respeto y las mismas opciones de desarrollo personal que los demás. El respeto a la pluralidad y la tolerancia no deben ser expresiones,
sino afirmaciones del contenido social real hoy aquí en Euskadi. Quiero pensar que también él lo desea para España.
Por tanto, señorías, en cuanto a la posibilidad o al llamamiento que se hace con esta proposición no de ley a que el Gobierno presente un proyecto regulando los matrimonios homosexuales, la formación política a la que represento votará de
manera afirmativa. No obstante y de cara al futuro, en función de lo que debatamos debo también manifestar que la formación política a la que pertenezco reconoce el substrato de las convicciones personales que existe en esta materia y que, por
tanto, según sea el tenor de lo que se acuerde, quizá lo que hoy anuncio como voto colectivo en el futuro se transforme en postura individual, existiendo libertad de voto, pero insisto, hoy por hoy mi grupo sí insta al Gobierno a que nos presente un
proyecto de ley sobre esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Uría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
Las señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
En una semana en la que se celebra el Día del orgullo gay y lésbico, conmemoración que se presta anualmente a hacer un balance de la situación y también a recordar y a visualizar las reivindicaciones de estos colectivos que aún quedan por
conseguir, nos trae el Grupo Socialista a debate una iniciativa, una proposición no de ley que tiene por objeto que la Cámara inste al Gobierno para que presente un proyecto de ley que contemple una modificación de la legislación civil de manera que
permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este, señorías, no es un planteamiento nuevo en la Cámara, tal como ya se ha recordado aquí. La pasada legislatura debatimos iniciativas de varios grupos parlamentarios con parecido contenido y
con idéntica finalidad. Es, por otra parte, un compromiso electoral del Partido Socialista, y el propio presidente del Gobierno lo ratificó en el debate de investidura. Pero hoy la iniciativa que estamos viendo, además de patentizar que el Grupo
Parlamentario Socialista -además de lógicamente apoyar al Gobierno- no ha perdido la capacidad de iniciativa parlamentaria propia, lo cual desde nuestro punto de vista es bueno y deseable, además de esto entendemos que, más allá de sus términos
literales, la iniciativa quiere ser, precisamente con motivo de la celebración de esta semana, la explicitación de la voluntad de seguir avanzando en la equiparación de derechos y en la no discriminación por razón de orientación sexual que son
objetivos que, desde Convergencia i Unió, globalmente compartimos.
Coincidimos desde mi formación política con la filosofía de la iniciativa que estamos viendo y también con parte de las argumentaciones que se han dado por el grupo proponente, en especial con aquellas que hacen referencia al gran cambio
social que, con la consolidación de los principios democráticos, se ha producido en este ámbito, no única, pero sí especialmente gracias a las reivindicaciones de los colectivos de gays y lesbianas que defienden la plena equiparación de derechos de
todas las personas, con independencia de su orientación sexual y también gracias al impulso de las asociaciones de padres y madres de gays y lesbianas que demandan que se derriben los obstáculos que dificultan la felicidad de sus hijos e hijas en la
medida que dificultan la plenitud del libre desarrollo de su personalidad. Por fortuna, pero también por voluntad de todos, son ya lejanas en el Estado español las épocas en que la realidad social y también la legislación apartaban y discriminaban
a los ciudadanos por su orientación sexual y no podemos más que condenar a los 70 países o Estados en donde todavía hoy la homosexualidad es objeto de persecución como un delito tipificado en sus respectivos ordenamientos penales, así como también
condenamos y reprobamos la homofobia y explicitamos nuestro compromiso de combatirla en todas sus manifestaciones.
Desde mi grupo parlamentario y desde mi formación política compartimos, como digo, con el grupo proponente el objetivo de la equiparación de derechos para las personas homosexuales. Y lo hacemos no sólo en el ámbito teórico, sino que lo
hemos hecho también en la práctica con el impulso en esta propia Cámara de esta equiparación, introduciendo la misma a través de
enmiendas en cuantos ordenamientos se han ido modificando. Quiero traer a colación, por ejemplo, la efectuada ya en los años noventa, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y también con el impulso en Cataluña, cuando teníamos responsabilidad
de gobierno, de la primera ley en todo el Estado que reguló la realidad social de las uniones estables de pareja heterosexuales y también homosexuales, una ley aprobada ya en 1998 que permitió ir avanzando en el reconocimiento y en la equiparación
de derechos y que supuso un paso, a nuestro modo de ver, muy importante de cara a la normalización de esta realidad social y que fue el que hubiera un ordenamiento jurídico que la conociera, que la reconociera y que la regulara.
Es indudable que la iniciativa que hoy nos trae el Grupo Socialista a debate va más allá, proponiendo la modificación del Código Civil para posibilitar el acceso al matrimonio. Hoy hay en la sociedad respecto a este tema opiniones plurales
que van desde las argumentaciones que ya se han escuchado en la Cámara de la necesidad de no vedar a nadie, por razón de su orientación sexual, el acceso a una institución del derecho civil, como es el matrimonio, un acceso que ni menoscaba, ni daña
los derechos de nadie, a otras que rechazan esta posibilidad por diversas razones, unas básicamente jurídicas y otras conceptuales en el sentido de considerar que el matrimonio es, a la luz de nuestra tradición, una institución reservada a la unión
de un hombre y una mujer. Estas distintas posiciones que se dan en la sociedad se reflejan también en el seno de las distintas familias políticas y seguramente también en el seno de los propios grupos parlamentarios que estamos hoy aquí y
lógicamente se reflejan también en mi grupo parlamentario y en mi formación política, en donde coexisten posiciones diversas por diversas causas, todas ellas, a nuestro juicio, igualmente merecedoras de respeto. Esta diversidad, esta pluralidad de
posiciones, la asumimos en Convergència i Unió como una riqueza y, por tanto, vamos a respetarla y no vamos a reconducirla de forma obligada a una sola opinión imponiendo la disciplina de voto. Por ello anuncio que desde la común convicción que
todos nosotros tenemos de la igual dignidad de todas las personas con independencia de su orientación sexual, los diputados y la diputada de mi grupo parlamentario vamos a tener libertad de voto para que cada uno de nosotros pueda libremente
expresar la posición con la que se sienta más identificado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Astarloa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, acabamos de tener hace escasamente una hora en esta misma sesión un largo e importante debate en torno a una serie de proposiciones de ley sobre uniones civiles estables o
parejas de hecho. Tienen, por tanto, bien presente todas SS.SS. nuestra opinión y nuestro propósito de trabajar con el resto de los grupos de la Cámara desde nuestros propios postulados y nuestra particular propuesta para avanzar juntos y dibujar
entre todos con rigor y con sentido común un instrumento jurídico, valioso, para las parejas formadas por personas del mismo sexo. A estas proposiciones de ley se ha unido en el orden del día otra no de ley, ésta, del Grupo Socialista, presentada
el pasado lunes y que vamos a debatir precipitadamente, a nuestro juicio, escasos días después, el penúltimo día de este primer y corto período de sesiones, sin que haya resultado posible, en consecuencia, ningún diálogo previo y con dificultades
evidentes para una reflexión seria de cada uno, y no digamos para una eventual reflexión conjunta.
Ante estos hechos consumados no voy a pronunciar lamento alguno sobre cuestiones de procedimiento, ni detenerme en demostrar que estamos ante otra más de las numerosas muestras que el grupo mayoritario nos ha podido dar estos tres escasos
meses sobre el alcance de la renovación, de su preocupación por construir amplios consensos sociales y políticos, pero sí debo comenzar por subrayar que consideramos esta iniciativa una importante equivocación tanto en forma como en fondo, siendo
así que en la misma se contiene un salto cualitativo en esta materia, como es la propuesta de modificar el Código Civil para incorporar el matrimonio de personas del mismo sexo, sobre la que hoy hemos de votar sin posibilidad de buscar antes del
hecho consumado y erróneo otras soluciones que generen menor rechazo y desencuentro y, en consecuencia, que pudiesen generar mayor encuentro, acuerdo y capacidad de resolver en común una serie de cuestiones que sólo en común podrán ser
verdaderamente resueltas. Dicho en otras palabras, ustedes previsiblemente, a mayoría legítima de votos, van a consagrar hoy en sede parlamentaria el matrimonio de personas del mismo sexo y van a mandatar al Gobierno para que nos remita una reforma
del Código Civil. A nosotros nos preocupa, y mucho, no sólo la forma precipitada y, como intentaré decir, irreflexiva, con la que han propiciado este debate sobre una cuestión tan compleja y de tan alta sensibilidad social, sino muy especialmente
el hecho de que hayan trazado desde este primer momento un camino irreversible, que devalúa, por no decir que inutiliza, el esfuerzo que todos hemos anunciado en el punto precedente del orden del día y que debería llevarnos a continuar trabajando
para avanzar conjuntamente en un camino muy complejo y repleto de sensibilidades personales y sociales que todos hemos ido haciendo, insisto, todos hemos ido haciendo progresar en estos últimos años con prudencia, pero sin pausa, con iniciativas en
el ámbito autonómico y que nosotros mismos,
lo saben, hemos llevado, para continuar recorrido, a nuestro propio programa electoral con el que solicitamos la confianza de los ciudadanos.
No cabe, sin embargo, fácil encuentro cuando a la imposición se une el salto al vacío, con una fórmula que ni siquiera la gran mayoría de nuestros socios europeos se han llegado a plantear. Se han citado en esta tribuna algunos países,
dando la sensación de que poco menos que somos el último que falta. Sus señorías saben que no es verdad. Saben que citaron a Bélgica y que citaron a Holanda, y saben que citaron otros que han hecho la equiparación desde otra figura jurídica que no
es el matrimonio con los efectos del matrimonio. Y no hay más.
Si se paran a pensar un minuto y dejan de lado el orgullo legislativo, ¿creen ustedes de verdad que la mejor manera de afrontar esta grave cuestión en la sociedad española hoy es impulsar una iniciativa de máximo riesgo, como ahora veremos,
y dejar con ello de lado de entrada a ciento cuarenta y tantos representantes y diez millones de representados? ¿No han encontrado en estos tiempos otro procedimiento peor para que la mayoría del país no avance en una misma dirección compartida y
no conflictiva para encontrar soluciones eficaces y duraderas? Saben muy bien que en estas condiciones pueden imponer temporalmente un criterio y una respuesta, pero no resolver un problema: que este tipo de soluciones frágiles ante cuestiones de
encrucijada social no sobreviven nunca al legislador ocasional y que en el vaivén del ir conflictivo de una sociedad y del volver no menos conflictivo, quienes más van a sufrir por encima de todos los demás son aquellos a los que más directamente
van a generar falsas expectativas.
Dicho todo esto, es obvio que en mis modestos 10 minutos de este trámite, aunque sé que cuento con la benevolencia de la Presidencia, no tengo tiempo para desarrollar ni mínimamente el debate que ustedes hoy han hurtado a esta Cámara. Así
es que me limitaré a formularles algunas de las perplejidades más graves que ustedes nos ponen por delante a todos los españoles. Por comenzar por el principio, ¿por qué quieren ustedes utilizar una institución jurídica y mucho más que jurídica,
que está plenamente acuñada, que tiene un valor capital, tanto para la organización de la vida de las personas como para la estructura social y que es por ello objeto de la máxima protección por parte de todos los poderes públicos de todo tiempo y
circunstancia? Saben bien que pocas instituciones hay en la historia de la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia del matrimonio. Saben bien que forma parte de un legado cultural valiosísimo, sin perjuicio de lo cual es hoy una
institución bien viva, que está siguiendo en la modernidad el desarrollo fecundo que corresponde a un derecho de la personalidad de carácter universal que afecta a la dignidad y que sigue manteniendo su trascendencia social para cualquier comunidad.
¿O es que la Constitución europea, que algunos de los intervinientes han citado sólo parcialmente, no ha vuelto a reconocer este mismo año 2004 el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia como uno de los derechos fundamentales de los
europeos y como instrumento esencial de nuestra convivencia europea? Lo que ustedes quieren ahora revisar y hacer instrumental es una de las categorías que está en el centro mismo del ciclo de la vida y de la continuidad entre generaciones,
categoría que no es sólo ni principalmente religiosa, sino de significado unánime en lo simbólico, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo ético y, por supuesto, como consecuencia de todo lo anterior, en lo jurídico. Miren los diccionarios,
que es aquí lo mismo que ver los códigos jurídicos o los compendios de cultura, porque es difícil encontrar una institución que tenga unos perfiles más definidos, reflejo de una cultura secular: El matrimonio es la unión de hombre y mujer
concertada mediante determinados ritos o formalidades legales -dicen todos-; el conjunto formado por hombre y mujer casados entre sí; la unión de hombre y mujer para constituir una familia -añaden muchos de ellos-. Ante todo ello, ¿se han
preguntado con rigor qué añade y qué resta a semejante institución la eliminación del primero de sus requisitos? Más allá, ¿qué pretenden al desnaturalizarla sin necesidad, haciendo de ella una institución polisémica, borrosa y disponible?
Paradójicamente quieren traer a la institución matrimonial una nueva forma de convivencia a la que revisten con el manto del matrimonio, pero no para fortalecer a éste sino con el efecto evidente de desvirtuarlo y erosionarlo sin remedio y sin
necesidad, insisto. Nos parece que la institución matrimonial en los términos en que ha sido concebida debe conservar su sustantividad y con ello su valor específico en el conjunto de las instituciones básicas de nuestra convivencia, que no debe
perder para las próximas generaciones su carácter de compromiso entre personas y de elemento nuclear de la organización social. Lo contrario nos parece caminar en la dirección opuesta a lo que impone la Constitución y dicta la lógica social y al
trabajo no sencillo y de muchos años de todos los poderes públicos para cumplir con compromiso de defender y proteger el matrimonio y la familia y su modernización equilibrada en el marco de grandes cambios sociales.
De familia en general, esa sociedad natural fundada sobre el matrimonio que dice el artículo 29 de la Constitución italiana, no tengo tiempo para hablar en este debate, siendo así que sería otro capítulo importante del mismo, pero debo
pasar, en consecuencia -para no abusar de la paciencia del señor presidente-, a algunas cuestiones jurídicas que también son de primerísimo orden y que han sido tratadas ya en esta tribuna. Han dicho ustedes, fundamentalmente el Grupo Socialista,
que el cambio es sencillo y que puede estar en vigor pronto, incluso un grupo parlamentario insta vía enmienda a que esto se diga con más intensidad. Han
hablado incluso de la suficiencia de una pequeña modificación legal. Aquí vuelven a surgir decenas de interrogantes y especialmente importante una que no pueden obviar, aunque no quieran este debate: en qué momento piensan ustedes
modificar la Constitución para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Conocen perfectamente, como yo, que el artículo 32 del texto constitucional es inequívoco sobre el matrimonio y no se ha limitado -lo que en sí sería ya
constitucionalmente relevante- a ordenar su protección y la de la familia. El hombre y la mujer, dice el artículo -no los españoles, todos, toda persona, los ciudadanos, como otras veces dice la Constitución-, tienen derecho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica. Como el texto es inequívoco, también lo ha sido su interpretación por todas las referencias de nuestros tribunales. Yo recordaría un auto del Tribunal Constitucional -podría hablar de muchos más-, el de 22 de febrero
de 1994, que se ha referido literalmente al carácter constitucional del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, y lo hacía resolviendo sobre el fallo de un tribunal de Madrid que previamente había dejado tajantemente claro,
y por eso era recurrido, que el matrimonio es una institución limitada al hombre y a la mujer. Todo ello sin olvidar -permítanme que se lo diga- que ustedes mismos se han cansado de insistir en ello cuando desde la Dirección General de los
Registros y el Notariado han repetido sin fisuras que nuestro régimen constitucional, como los tratados internacionales a los que estamos vinculados, se refieren exclusivamente al matrimonio entre personas de distinto signo biológico y que es una
institución en la que la diferenciación de sexo es sencillamente esencial.
Podría alargar esta descripción trayendo aquí toda la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso del mismo Tribunal de la Unión Europea, pero no hace falta. Todo ello no quiere decir que el legislador deba privar a las
parejas no matrimoniales de toda protección.
Es perfectamente compatible hablar de los derechos de esas parejas sin necesidad de involucrar a la institución matrimonial. Hemos dicho -les recuerdo- que todos queremos trabajar justamente para eso,
para que no haya desprotección, pero tampoco quiere decir -y es importante tenerlo claro-, como ustedes parecen pretender, que el legislador tiene manos libres para incluir en la categoría de matrimonio lo que le venga en gana con total libertad, y
no creo que haga falta que yo desarrolle en extenso y ya fuera de tiempo la consolidada doctrina de algo vital en nuestra Constitución, como es el contenido esencial de los derechos, para que todos los diputados presentes recuerden que cualquier
requisito o límite que el legislador ordinario quiera introducir en el derecho al matrimonio que la Constitución consagra debe fundamentarse en la propia esencia de la institución constitucionalmente reconocida y no desfigurarla hasta hacerla
irreconocible ante unos ciudadanos y unos poderes públicos que tienen, como he insistido, una imagen muy nítida de su naturaleza, contenido, significado e inmenso valor social.
Para salvar estas aporías y otras muchas que se producen cuando se plantea que esta es una reforma sencilla, que con retocar dos o tres preceptos va a resultar suficiente, siendo así que con toda claridad esto va a tener una repercusión en
su caso importantísima y global en el conjunto del ordenamiento, para salvar estas aporías, estas contradicciones y estas carencias, que hacen previsiblemente inconstitucional de raíz alguna línea de la posible reforma, ustedes aluden genéricamente
a la llegada histórica de la hora de reconocer ya las libertades sexuales en nuestro imponente cuadro de derechos y libertades, y más concretamente a la necesidad de acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo por estar privadas del
derecho a contraer matrimonio. Lamentablemente, no tengo tiempo para entrar en el fondo de ambas cuestiones, pero me interesa especialmente dejar claro que lo segundo, en términos jurídicos, es rotundamente inexacto, no sólo porque ya lo ha dicho
el Tribunal Constitucional, que tiene más autoridad que yo, y no es pequeño dato, sino porque parte de una comprensión y una utilización equivocadas en todo del principio de igualdad que ni exige dar igual tratamiento a situaciones no iguales, ni
permite crear aleatoriamente nuevos sujetos de derechos y libertades, ni admite equiparar a quien goza de un derecho constitucional con quien hoy sólo tiene una razonable y justa expectativa de derecho. En cuanto a lo primero, es seguro que
tendremos ocasión de volver sobre ello en esta Cámara para conocer qué alcance le dan, pero ya les adelanto que me inquieta tanto como me intriga saber cuáles van a ser los mimbres conceptuales que van a utilizar para elaborar tales libertades
sexuales, porque si ustedes traducen un principio legítimo como es la no discriminación por orientación sexual en un principio constitucional genérico de máxima libertad de disposición del propio sexo no creo que haga falta que ninguno de los
presentes forcemos la fantasía en esta sesión para saber el catálogo de posibles libertades sexuales que de ello resulta.
Debería terminar esta breve intervención -agradeciéndole, señor presidente, su benevolencia- llamándoles a la responsabilidad y al rigor e invitándoles a rescatar para este asunto un diálogo profundo y serio y un acuerdo de fondo en una
materia tan sensible por el bien de toda la sociedad española, insistiéndoles en que estamos en condiciones de seguir avanzando juntos para dar satisfacción a las nuevas realidades, lo que hace muy innecesario destruir, por un lado, para encontrar
fragilidad y confrontación por el otro. Pero intuyo que todo esto es en vano, que hoy vienen decididos a consumar su empeño y a prefigurar un futuro de desencuentro y de complicaciones serias -insisto- innecesario. No podemos apoyarles en esa mala
causa, así que
sólo me queda por añadir que ustedes y sólo ustedes van a ser los responsables de los efectos que se van a producir en instituciones que ya funcionan, y funcionan muy bien, y en la buena fe de quienes creen en sus propuestas, y dejar
constancia para el presente y para el futuro que en tiempo de supuesto diálogo fracturaron en un tema de encrucijada social la opinión pública creando gratuitamente unos problemas probablemente más graves que el que, según decían, pretendían
verdaderamente resolver.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de fijación de posiciones, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas tiene la palabra el señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Consideramos que las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley no aportan nada al texto, puesto que la redacción que tiene las incluye con absoluta claridad. Por tanto, no las aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Concluimos, pues, el debate sobre esta proposición no de ley relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. (Número de expediente 162/000105.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la segunda proposición no de ley, ésta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. Para la defensa de la proposición no de
ley tiene la palabra doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, señorías, intervengo en esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular al objeto de defender la proposición no de ley presentada por mi grupo sobre medidas para mejorar la conciliación de la
vida laboral y familiar. Para mí es un honor presentar esta proposición no de ley en mi doble condición de madre y mujer trabajadora y, por tanto, plenamente consciente -como estoy segura de que lo serán SS.SS.-de la multitud de obstáculos y
dificultades con que nos encontramos las mujeres para compatibilizar el trabajo con nuestra vida familiar sin tener que renunciar a ninguna de las dos facetas, por otro lado esenciales en nuestro desarrollo como personas.
Creo que no es necesario
recordar a esta Cámara que el papel tradicional de la mujer durante generaciones en el seno de la familia ha sido básico para la sociedad en tareas como el cuidado de los hijos, la atención a los mayores, a las personas discapacitadas o enfermas de
nuestro entorno familiar, sin olvidarnos de aquellas tareas que han convertido durante generaciones en un trabajo invisible, por no remunerado, el casi infinito trabajo doméstico.
Señorías, existen pocas estadísticas que reflejen con exactitud el número de horas que se han dedicado por las mujeres al trabajo doméstico, pero seguramente si el Estado tuviera que hacerse cargo económico de las tareas de cuidado y salud
realizadas por las mujeres, el presupuesto del Ministerio de Sanidad o de Asuntos Sociales tendría que triplicarse al menos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, todos en esta Cámara somos conscientes del desigual reparto de las tareas domésticas que
existe todavía entre hombres y mujeres y podemos leer de vez en cuando noticias en prensa que hacen referencia a la escasa participación de los hombres en las citadas tareas, lo que nos aleja aún mucho a las mujeres de la igualdad real de
oportunidades. La incorporación de la mujer al mundo laboral en los últimos tiempos supone la necesidad de modificar los hábitos de las familias españolas y exige la adopción de medidas legales que permitan a la mujer desarrollar su carrera
profesional y, al mismo tiempo, poder tener los hijos que desee; medidas legales que ayuden a las mujeres a no tener que elegir entre su trabajo y su familia, en definitiva, medidas que faciliten a la mujer poder desarrollarse plenamente en todas
sus facetas tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Este, señorías, es un problema que debe trascender de posicionamientos políticos y en el que la búsqueda de soluciones prácticas es una obligación de los poderes públicos y de las fuerzas
parlamentarias. Es necesario recordar a esta Cámara que han sido múltiples las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular para impulsar la igualdad de oportunidades de la mujer en el acceso al empleo, medidas que se han visto avaladas
por los datos del empleo femenino, que ha experimentado un gran avance en los últimos ocho años. Baste recordar a esta Cámara que se han creado más de dos millones de empleos para la mujer, reduciéndose la tasa de paro femenino a la mitad. Todo
esto, señorías, no se ha conseguido por arte de magia o por una extraña casualidad, sino por el impulso en los últimos años de numerosas medidas que han permitido a la mujer avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Y me voy a
permitir recordar a esta Cámara algunas de ellas. El coste cero de la Seguridad Social para los contratos de sustitución durante la baja maternal, el establecimiento de incentivos y bonificaciones para favorecer la reincorporación al trabajo
después de la maternidad, la paga de los 100 euros por mes para las mujeres que trabajan fuera del hogar con hijos menores de 3 años -de la que se han beneficiado más de 600.000 mujeres-, la implantación del Plan de lucha contra la discriminación
laboral y salarial de la mujer, la aprobación de la
Ley de conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras son algunas de las medidas que cabría destacar, entre otras, de las muchas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular en esta línea.
Señoras y señores diputados, para mi grupo ha sido y sigue siendo una preocupación la conciliación de la vida laboral y familiar. Lo hemos demostrado en estos ocho años de gobierno, pero queremos seguir avanzado y apostando por la igualdad
real de oportunidades para las mujeres, porque somos conscientes de que siguen existiendo situaciones de discriminación y de que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo plantea nuevos retos que afectan profundamente a las familias y por
ende a toda la sociedad, teniendo en cuenta además que esta revolución social ha implicado el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, con los efectos nocivos que esto supone para nuestro futuro desarrollo económico y social.
Por ello, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley ante esta Cámara, proposición no de ley que intenta avanzar aún más en el ámbito de la protección a la familia como institución fundamental de nuestra convivencia y de nuestra
sociedad. La familia, señorías, es el mejor apoyo para hacer más efectiva la protección de los más débiles y la cohesión entre generaciones. En el cuidado de los hijos, en la atención a los mayores, en las tareas de cuidado de las personas
discapacitadas o enfermas la familia desarrolla una función social de primera magnitud.
Señorías, la familia como pilar básico de nuestra sociedad ha sido la gran protagonista de las dos reformas llevadas a cabo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por el Gobierno del Partido Popular, suponiendo un cambio
radical respecto de la normativa anterior, reformas que han supuesto una reducción del impuesto para todas las familias españolas, especialmente aquellas con menor poder adquisitivo y mayores cargas familiares. Cuantificando el efecto conjunto de
ambas reformas podemos decir que el impuesto medio pagado por los contribuyentes españoles en el año 2003 es un 25 por ciento inferior al satisfecho en 1998, antes de aplicarse la primera reforma del impuesto sobre la renta.
Este ahorro se eleva
hasta el 78 por ciento para los contribuyentes con rentas inferiores a los 12.000 euros. Así, en la reforma llevada a cabo mediante la Ley 40/1998 se configuró como objeto del impuesto la renta disponible, estableciendo para ello la exención de un
mínimo de renta que varía según las circunstancias personales y familiares del contribuyente y que recoge el consumo necesario para la cobertura de las necesidades básicas de la familia y que, por tanto, considerábamos que no debe ser renta gravada
por el impuesto. Con la segunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas se mantuvo la filosofía de la primera, aumentándose considerablemente las reducciones por hijos en la base imponible del contribuyente. Se creó también una
nueva reducción por cuidado de hijos menores de tres años, que recoge los mayores gastos que suponen para las familias los niños menores de esa edad. Y por primera vez se adopta una importante novedad que consiste en una paga o deducción en cuota
de 100 euros al mes ó 1.200 euros al año para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, lo que supone que por primera vez en la historia sea Hacienda la que abone una paga. Además, en la segunda reforma se aumentaron
significativamente las reducciones de la base imponible para aquellas familias con personas mayores o discapacitadas a su cargo. Las modificaciones del impuesto sobre la renta han supuesto, señorías, un estímulo a la iniciativa privada permitiendo
a las familias tener una mayor renta disponible, lo que supone poder ahorrar más, invertir más o consumir más.
Señoras y señores diputados, aunque la posición relativa de las mujeres ha mejorado sustancialmente en el ámbito del empleo, sin duda gracias a todas las iniciativas que se han llevado a cabo por el Gobierno del Partido Popular, mi grupo
parlamentario y estoy segura de que todos los presentes en esta Cámara somos conscientes de que la igualdad en la vida cotidiana dista aún de ser la deseada y sigue constatándose que hombres y mujeres no disfrutan en la práctica de los mismos
derechos. Tenemos que avanzar más en el ámbito de la educación, en el del empleo, en el del desarrollo profesional, en el de la igualdad de salarios y en el del reparto de las responsabilidades familiares. En este sentido es de destacar la
oportunidad de la proposición no de ley presentada hoy ante esta Cámara por mi grupo parlamentario en la que se insta al Gobierno a que adopte medidas fiscales en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre
sociedades, porque consideramos que es necesario continuar avanzando en la conciliación de la vida laboral y familiar y porque consideramos imprescindible el fomento de la natalidad, siendo el nuestro el país de la Unión Europea que tiene la tasa de
natalidad más baja: un índice de 1,2 hijos frente al 2,1 necesario para el relevo generacional. Estas medidas que hoy se proponen implican en el ámbito del impuesto sobre la renta un aumento significativo de las reducciones por hijos, llegando a
duplicarse su importe para aquellas familias con tres o más hijos. Implican también un aumento de la reducción por el cuidado de hijos menores de tres años al doble de la cuantía actual. Y por último se propone aumentar la deducción por
maternidad, quedando establecida en 100 euros al mes por el primer hijo menor de tres años, en 150 euros por el segundo y en 200 euros por el tercero y sucesivos. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, el Grupo Parlamentario Popular propone
incentivar la creación de guarderías por parte de las empresas para los hijos de sus empleadas, estableciendo en este impuesto una deducción del 30 por ciento de las cantidades destinadas por las empresas a tal fin.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no renuncia a que las familias españolas puedan beneficiarse de aquellas medidas que formaban parte de nuestra oferta electoral y que por razones obvias no podemos en estos momentos
implantar. Por ello, esperamos el apoyo de esta Cámara a nuestra proposición no de ley para continuar avanzando en la igualdad real de oportunidades para las mujeres.
En cuanto a la enmienda que ha presentado a nuestra proposición no de ley Convergència i Unió, que añade tres puntos más a los presentados por nuestro grupo, adelanto que proponemos votar a favor de una enmienda transaccional que supone
aceptar los tres puntos añadidos por...
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, al final tiene usted un turno específico de aceptación o rechazo de enmiendas. Si no le importa lo hace luego.
La señora MADRAZO DÍAZ: De acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Concluida la defensa de la proposición no de ley, para la defensa de la enmienda presentada a la misma interviene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna a defender la enmienda de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular. De entrada nos parece oportuno que el Grupo Parlamentario Popular, en
el marco de su iniciativa parlamentaria, pretenda impulsar una política de apoyo a la familia, una política específicamente de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estamos
convencidos de que el desarrollo de una potente política de apoyo a la familia debería constituir uno de los ejes de estos próximos años en el ámbito de las políticas sociales; una política de apoyo a la familia que reconociese esa pluralidad de
las familias que hoy existen en España y que fuese capaz de poner en el centro de la misma uno de los fenómenos más importantes que hemos seguido seguramente en los últimos 25 ó 30 años como es ese proceso masivo de incorporación de las mujeres al
mundo del trabajo formal, que sitúa precisamente en el centro de cualquier política de apoyo a la familia las políticas vinculadas al ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral. De hecho, desde 1993, cuando el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) empezó a tener una capacidad de intervención decisiva en las políticas públicas que se impulsaban en España, hicimos el esfuerzo de incorporar a las mismas los aspectos en el ámbito de la familia.
En el periodo de Gobierno anterior, en los últimos ocho años, tuvimos la oportunidad de coincidir en diversas ocasiones -en la elaboración del proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y laboral y en las sucesivas reformas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- con el Partido Popular en propuestas legislativas y presupuestarias que venían a poner en marcha esa incipiente política de familia, ausente durante tantos años en las políticas sociales del Estado
español, seguramente en muchos de estos ámbitos de manera tímida, especialmente en el ámbito de los instrumentos específicos de conciliación de la vida familiar y laboral, por lo que hace referencia al marco de licencias parentales o en la puesta en
marcha de los servicios de proximidad que necesitan muchas de las familias para dar respuesta a las necesidades derivadas de esa incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Pero habíamos abierto un camino que creo que compartía el Grupo
Parlamentario Popular y también en el fondo la mayoría de los grupos de la Cámara.
Abordamos una nueva legislatura con esa iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y creemos que el contenido de las propuestas que se nos plantean coinciden en la
filosofía de fondo que nosotros hemos defendido siempre. Va en la línea de aumentar los mínimos por descendientes en lo que hace referencia al impuesto sobre la renta, aumentar la reducción por cuidado de hijos y continuar reforzando la capacidad
de las empresas de ofrecer servicios de guardería. Son las tres cuestiones en las que coincidimos en la pasada legislatura con el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, hoy no nos plantea ningún tipo de problema manifestar nuestra coincidencia
en estos objetivos. Sin embargo, el texto del Partido Popular se nos quedaba corto. Nos parece que una política de familia, una política de conciliación de la vida familiar y laboral necesita también otros aspectos. Necesita reforzar la capacidad
de creación y de puesta en marcha de servicios de guarderías por parte de las administraciones competentes, en este caso por parte de las Administraciones autonómicas y, por tanto, reclamamos que el Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas, ponga en marcha un plan de guarderías sabiendo que la competencia es efectivamente de las comunidades autónomas, pero sabiendo también que las comunidades autónomas necesitan ese apoyo financiero del Estado para hacer frente a las
necesidades que hay en ese ámbito.
En segundo lugar, en la enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Parlamentario Popular hemos encontrado el punto de equilibrio y entendemos que hoy necesitamos un nuevo marco legal en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y
laboral. El Grupo Parlamentario Popular, en coherencia con su gestión gubernamental, entiende que ese marco legal existente necesita un impulso. En el texto que posteriormente la portavoz del Grupo Parlamentario Popular va a ofrecer al conjunto de
la Cámara encontramos un punto de
coincidencia en la necesidad de impulsar el desarrollo de la ley, pero también en plantear nuevas reformas legislativas que, a nuestro entender, deben ir en la línea de una propuesta que retiró hace unos cuantos días el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana y de algunas otras propuestas que tienen el resto de los grupos de la Cámara en el sentido de reforzar todo el ámbito de las licencias parentales, creación de un permiso de paternidad y reforzamiento del permiso de
maternidad. Nos parece que una política completa en el ámbito de la conciliación de la vida familiar no puede consistir tan sólo en deducciones en el IRPF ni en deducciones en el impuesto sobre sociedades para la creación de guarderías en las
empresas, sino que necesita esas dos patas: la pata de servicios de proximidad en guarderías y la pata de las políticas vinculadas a la mejora de nuestro sistema de licencias, tanto para mujeres como para hombres.
Finalmente, en coherencia con otras enmiendas que hemos defendido en otros trámites parlamentarios en la pasada legislatura, necesitamos que en el ámbito de las políticas públicas de fomento de la creación de empleo se creen instrumentos
específicos que permitan que en el ámbito de los servicios de proximidad vinculados también a las necesidades de las personas mayores seamos capaces de crear ocupación. Por tanto planteamos un conjunto de propuestas que complementan el texto que
nos proponía el Grupo Parlamentario Popular y que nos permiten dibujar -seguramente faltarán otras cuestiones- unas líneas estratégicas que pueden constituir una verdadera política de apoyo a las familias, una verdadera política que facilite la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Estamos convencidos también de que los ejes de esta política, los del texto que se va a someter hoy a votación, podrían merecer un amplio acuerdo en esta Cámara. Es más, nosotros creemos que una política de apoyo a las familias, una
política de conciliación de la vida familiar y laboral potente, que tenga capacidad de dar respuesta en una sociedad en la que el eje, insisto, es la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo, una política de estas características
debe ser compartida por todos en el espacio y en el tiempo. Nos parece que esas políticas, para ser eficaces, para introducir cambios en el comportamiento de la sociedad, para tener efectos en el medio plazo en las empresas, para que sirvan para
cambiar comportamientos en el seno de las familias, permitiendo que los hombres también asuman sus responsabilidades como padres, una política de estas características debe de ser compartida por quienes están en el Gobierno y por quienes están en la
oposición.
A nosotros nos hubiese gustado que este debate de hoy no fuese un debate que perdiese la oposición, sino que fuese un debate que el conjunto de los grupos políticos ganásemos, que fuésemos capaces de alcanzar un consenso amplio y robusto en
política de apoyo a las familias. Las diferencias ideológicas que pueden existir entre unos grupos y otros son menos importantes de lo que a veces nos pueden parecer. Si observamos los países europeos con políticas de familia más robustas, más
sólidas y con mayor capacidad de proyección en el tiempo, veremos que se trata de políticas de familia que han compartido socialdemócratas, democristianos y liberales y en ese ámbito, que en el resto de la Unión Europea se puede compartir, es en el
que empezamos a andar en las últimas legislaturas y en el que estoy seguro vamos a continuar avanzando en ésta. Es la línea capaz de combinar una política fiscal que apoye a las familias, capaz de ofrecer servicios a las familias, a veces ofrecidos
desde el sector público pero también ofrecidos desde el sector privado; es una política que implica a las empresas en una nueva gestión del tiempo y que es capaz de combinar los elementos de competitividad de nuestras empresas y cumplir con su
propia responsabilidad; es una política que facilita que los hombres incorporen sus responsabilidades. Yo estoy seguro de que avanzaremos, con independencia del resultado de la votación de hoy, en esta senda en estos próximos años y por tanto,
para ser coherentes con lo que haremos -estoy seguro- en los próximos tiempos, votaremos favorablemente el texto que con el Grupo Popular hemos acordado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tengo que confesar que dado que el Bloque Nacionalista Galego había presentado una proposición de ley para la modificación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, conocida como Ley de compatibilidad de la vida
laboral y familiar, cuando vi en el orden del día este punto, que constaba con el epígrafe medidas para mejorar la compatibilización de la vida laboral y familiar, busqué el texto con interés para conocer las propuestas que presentaba el Partido
Popular y ver si efectivamente iban en el sentido de mejorar la ley que nosotros también queremos reformar, como hemos manifestado en muchas ocasiones.
Tengo que reconocer que una vez conocido el texto presentado por el Grupo Popular, la sensación
fue de perplejidad, porque la propuesta no tiene nada que ver con la compatibilidad de la vida laboral y familiar; en todo caso es una propuesta adecuada para incentivar políticas de natalidad, cosa que no digo que no sea necesario hacer desde la
Administración central o desde las administraciones autonómicas. Tras leer la propuesta tengo que reconocer también que mi primera preocupación fue pensar en la posibilidad de que fuera un arma de
doble filo para que las mujeres puedan compatibilizar la vida familiar y laboral. Entendemos que es necesario legislar e incentivar medidas para que la posibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar signifique incentivar -repito-
medidas destinadas a favorecer la corresponsabilidad de las obligaciones de la vida familiar y del mundo privado o doméstico. Si seguimos insistiendo en que todas las medidas tienen que recaer en las mujeres, nos vamos a encontrar con una situación
de dificultad de éstas para incorporarse al mercado laboral y para que además ese mercado no las excluya cuando tengan hijos. Las mujeres tienen un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, y desde esta institución es necesario legislar
para que se pueda ejercer ese derecho compatibilizando la vida laboral y familiar, y compatibilizar significa no solamente la compatibilidad de la mujer sino también la de los hombres, que las responsabilidades familiares, que tienen un costo para
las mujeres desde la consideración de los prejuicios de las empresas, pasen también a tenerlo respecto de los varones. Mientras que no consigamos esto, no vamos a ser capaces de lograr la igualdad laboral de hombre y de mujeres.
En un principio y dada la suculenta oferta que presenta el Partido Popular, tuvimos dudas de abstenernos en esta propuesta. Sin embargo, después de la intervención defendiendo la propuesta de la portavoz del Grupo Popular, vamos
decididamente a votar que no, porque entendemos que no solamente es un arma de doble filo, sino que está presentada con la intención de perpetuar a la mujer en el rol establecido de la procreación y, por lo tanto, de crearle problemas para esa
integración laboral en la que, cuando menos, las mujeres que defendemos este derecho estamos interesadas. La señora portavoz del Partido Popular llega a describir la importancia de la familia en la sociedad y lo que significa para minorar los
costes que representan para el propio Estado el cuidado y la atención de las personas, tanto mayores como discapacidades o dependientes y los menores. Cuando lo hace realmente parece que lo que está diciendo no es que la familia sea el pilar de la
sociedad, sino que la mujer es el pilar de la familia y, por lo tanto, la mujer es pilar de la sociedad, tal como lo expresó y en el sentido que lo dijo, orientando además la propuesta que nos hace de esta suculenta oferta para mejorar desde el
Estado la aportación por los hijos. Desde luego en su intervención hace todo un esfuerzo por reforzar ese papel reproductivo de la mujer y crear esas dificultades para la introducción en el mundo laboral.
Existe otra cuestión en la defensa de esta propuesta, que no solamente la definiría como frívola, en el sentido de como se hace y se defiende, sino que incluso tiene una cierta dosis de cinismo, precisamente al abordar políticas de
incremento de la natalidad. Reconocemos que hoy en la sociedad tenemos un problema serio, no por necesidad de las mujeres de tener hijos, todos los que quiera, como dice la señora defensora de esta propuesta, sino por la necesidad que la sociedad
tiene de que nazcan niños, de que se mantenga la reproducción y las nuevas generaciones. En ese sentido entendemos que hay una cierta dosis de cinismo porque cuando estuvimos discutiendo en el Parlamento de Galicia medidas para incentivar la
natalidad, entre otras muchas estaban las relacionadas con la compatibilidad y el costo que para las empresas y el Estado tiene que tener la reproducción, y cuando hablábamos de la distancia que existe entre el Estado español y la media de la Unión
Europea en cuanto a la aportación económica del Estado por hijos en la familia, había un total y absoluto posicionamiento del Partido Popular en contra. Es cierto que está el logro de los 100 euros, que están los 700 euros por el primer hijo de
reducción del IRPF, así como la reducción de los 600 euros por cuidado de hijos. Yo me pregunto por qué el Partido Popular durante los ocho años de Gobierno, tal como debatimos en esta y en otras muchas instituciones, no acometió esa necesidad de
aportación económica por parte del Estado y de la Administración, cuya responsabilidad ostentaba, y acaba de hacerlo ahora, de una manera tan frívola y, como diríamos nosotros, torticeira al presentar esta iniciativa.
Nosotros entendemos que efectivamente hay que afrontar con seriedad desde el Estado la compatibilidad entre lo que es responsabilidad laboral y responsabilidad familiar y hay que considerar también la responsabilidad del Estado en lo que
significa en el futuro de nuestra sociedad el recambio generacional para afrontar el aspecto económico y a veces solamente pensando en el cuidado de aquellas personas que se van haciendo mayores. Por estas razones y dado que no compartimos la
intención que expresó aquí el Partido Popular para defender esta iniciativa, desde luego mantenemos y expresamos nuestra posición en contra esperando que desde la Administración del Estado actual se afronten políticas dirigidas a compatibilizar y a
corresponsabilizarse en el mundo laboral y familiar, de acuerdo con las necesidades que tenemos en la sociedad hombres y mujeres, y al mismo tiempo también políticas dirigidas a incentivar la natalidad. En estos momentos el Bloque Nacionalista
Galego va a votar en contra de esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo en esta Cámara, sobre todo desde que votamos en 1999 la actual Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, mantiene y quiere seguir manteniendo una política coherente de apoyo a toda iniciativa que, dentro de los marcos de la
sensatez por supuesto, los grupos parlamentarios quieran ir presentando en
esta línea.
Señorías, en España hay en este momento unos problemas socioeconómicos y de convivencia que resultan, por un lado, de la baja tasa de natalidad y, por otro, del fenómeno del trabajo de las parejas matrimoniales que, para mantener una
economía que les permita la compra o alquiler de vivienda, manutención, etcétera, se ven obligadas, digamos, a prescindir a veces de la voluntad de procreación de un número de hijos, pero también a trabajar ambos cónyuges para aportar unas rentas al
mantenimiento de esta vida familiar. Ese fue el motivo por el cual la Cámara en 1999 legisló para encontrar una conciliación entre estos dos hechos sociológicos de trascendencia no solamente para los censos demográficos sino para la economía y la
estabilidad de la familia.
Se trata de un binomio. Toda política que trate de incentivar en este momento un aumento de la tasa de natalidad tiene que estar incentivando al mismo tiempo el otro término del binomio, es decir, conciliar esa vida familiar, sobre todo
ante el fenómeno de la servidumbre de ambos cónyuges, padre y madre, al mantenimiento de su prole, con esa vida laboral. De aquí que nosotros demos la bienvenida a toda iniciativa en esta línea y nos pronunciemos a favor de lo que será un texto
-según se ha anunciado a este diputado por la portavoz del grupo proponente, el Grupo Popular- que fija unas ayudas económicas dirigidas fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre sociedades; texto que
es complementado enriquecedoramente por la enmienda que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado en tres puntos, que es importante tener en consideración, porque, aparte de una serie de servicios que corresponde dar a las
comunidades autónomas, como es el servicio de guarderías, hay también una propuesta de modificación de la actual Ley de conciliación de la vida laboral y familiar y busca al mismo tiempo unos nuevos nichos de empleo, cosa muy importante, porque este
fenómeno empieza a ser ya poliédrico, y buscar una serie de puestos de trabajo o de actividades por proximidad a guarderías o a determinados centros empresariales de trabajo o fabriles supone posiblemente un enriquecimiento. Si esta enmienda, tal
como se va a presentar por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, que mi grupo apoya y suscribe íntegramente, es asumida para que ensamblándola con la propuesta inicial del Grupo Popular se pueda llevar adelante, mi grupo anuncia su aportación
positiva votando esta iniciativa porque sigue la línea de que es bueno todo esfuerzo que hagamos en perfeccionar y complementar a medida que avanzan los acontecimientos económicos, sociológicos y demográficos de nuestra sociedad en el Estado español
y tenemos por tanto que incidir en su beneficio y en su apoyo. De aquí, señor presidente, que anuncie el voto favorable a esta enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no apoyará, como es de esperar, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular. (Rumores.) No
lo haremos por muchos y diferentes motivos, entre los cuales, para no agotar....
El señor PRESIDENTE: Espere, señora García.
Guarden silencio, por favor.
Adelante.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Prometo ser muy breve, dada la hora en la que ya estamos muy cansados.
Decía que no compartimos ni el concepto ni el contenido de lo que ustedes entienden como conciliación de la vida familiar y laboral y que queda reflejado en la Ley 39/1999, ni compartimos tampoco por supuesto la ideología y el planteamiento
fiscal que ustedes hacen con su propuesta.
Empezaré brevemente pero con claridad por la segunda parte. Su propuesta está, como era de esperar, en la línea de fiscalidad regresiva y demagógica que durante los pasados ocho años pusieron en práctica
a través de las sucesivas reformas, tres en concreto, y que han tenido unas consecuencias muy negativas, tanto para las familias con rentas más bajas, todo lo contrario de lo que ustedes mantienen, como para las políticas sociales del Estado, las
cuales nos han llevado a estar, como todos conocemos, a la cola, más de siete puntos por debajo en gasto social. España se encuentra también, como conocemos, a gran distancia en la cuantía de recursos públicos dedicados a protección familiar.
Destina tan sólo el 0,4 por ciento del PIB frente al 2,2 por ciento de la media europea. Lo que ustedes consiguieron, señores del Partido Popular, con su reforma, a diferencia de lo que antes han comentado, fue tanto como que declarantes con
ingresos de 100.000 euros al año aproximadamente, 16 millones de pesetas, se beneficiaran o se ahorraran unos 3.000 euros, unas 500.000 pesetas, mientras que trabajadores con salarios medios tan sólo se beneficiaran en comparación con unas 80.000
pesetas. Esta es la realidad y no otra y la pregunta que nos hacíamos y nos seguimos haciendo es si en el mercado podía comprar los mismos servicios la persona que se ahorraba las 500.000 pesetas que la que se ahorraba las 80.000. Ustedes
consiguieron también cosas tan graves como por ejemplo que el 4 por ciento de los declarantes acumule el 20 por ciento de las ventajas fiscales. Ahora nos piden más todavía, señores del Partido Popular. Nos proponen más deducciones fiscales y nos
las proponen evidentemente de forma lineal.
O sea, ustedes deben considerar que esto es la igualdad. Lo que consideramos obviamente es que esto es profundizar aún más en la desigualdad, es decir, quieren poner aún más distancia entre las familias más necesitadas y aquellas con rentas
más elevadas. No compartimos tampoco en absoluto su exposición de motivos ni la terminología que continúan ustedes utilizando en diferentes momentos, también en la intervención de esta noche, no solamente en el papel, sino que ni tan siquiera la
han modificado en la intervención: guarderías. Señores del Partido Popular, el lenguaje es importante, pues dice mucho de cómo y de qué manera se entienden las necesidades y los recursos. Creemos que ya hemos superado mayoritariamente en la
sociedad este concepto. Hablamos mayoritariamente de escuelas infantiles y en Cataluña hablamos de llars infantils, terminología que particularmente me encanta, como ustedes pueden entender. Nos proponen también una deducción del 30 por ciento de
las aportaciones de las empresas en el impuesto sobre sociedades y nos preguntamos por qué no nos proponen mejor la deducción del 30 por ciento del IRPF para las familias que no encuentran una plaza de escuela infantil pública. En su exposición de
motivos nos recuerdan de nuevo la famosa propuesta de la paga de los 100 euros para las mujeres trabajadoras. Ustedes saben muy bien qué pensamos muchos sobre esta paga, porque lo explicamos muy extensamente en su momento, y qué deben pensar
muchísimas mujeres trabajadoras de este país sin contrato laboral.
Nuestro grupo ha dejado constancia, y lo ha hecho en esta legislatura una vez más, de qué entendemos nosotros por la tan llamada conciliación de la vida laboral y familiar, concepto y frase que lamentablemente, como en tantas otras
cuestiones sociales, se ha quemado posiblemente antes de hacerse medianamente realidad. Se trata de un uso y abuso del concepto sin ponerle verdadero contenido, tanto que seguramente hace que hoy ya sea casi un concepto desfasado o como mínimo
limitado, ya que la sociedad va cambiando tan deprisa -y en el Pleno de hoy lo hemos podido ver por suerte en las anteriores proposiciones- que ya hay mucha gente que cuestiona si hemos de continuar hablando de conciliación familiar o, por qué no,
de conciliación personal. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones y formas de vida y lo que se pretende con la conciliación laboral va quizá más allá del concepto exclusivamente de familia tradicional. Hablar hoy de la familia sin más, de la manera
que lo hace el Partido Popular, teniendo en cuenta la diversidad de modelos familiares y formas de convivencia existentes, es un anacronismo que ya -entendemos nosotros- tendríamos que aceptar definitivamente que está en desuso. Por ello es
necesario dar una respuesta clara en torno a otras propuestas viables y realmente efectivas de apoyo a las familias, entendiendo estas como un conjunto de personas unidas por lazos afectivos y/o de convivencia, pero también -y esa quizás es nuestra
particular diferencia en cómo entendemos esto- personas con derechos y necesidades individuales, no necesariamente ligadas al núcleo familiar.
La mujer no puede continuar siendo el colchón protector y cuidador de ese núcleo de convivencia, ya no es así por suerte en algunos casos, pero el precio que se paga es demasiado caro, tanto a nivel económico como familiar y personal. La
verdadera conciliación, el objetivo último para nuestro grupo, siguiendo en la línea de la última intervención, es romper esos roles clásicos en que se ha situado a la familia y en concreto a la mujer, pero también al hombre. Nosotros entendemos
que la verdadera conciliación de la vida laboral y familiar ha de liberar a la mujer del papel que se le ha dado tradicionalmente y ha de liberar al hombre porque también se le ha dado un papel que lo ha apartado de facetas importantísimas de la
vida y que lamentablemente se ha perdido y consideramos que es hora no de que las recupere, porque no las ha tenido, pero sí de que de alguna manera comience a disfrutarlas.
Por todo ello, instamos desde aquí al Gobierno a que retrase lo menos posible la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al igual que la revisión de la Ley de Conciliación Familiar y Laboral y nos convoque lo antes posible para ello.
Hoy ya estamos en condiciones de valorar cómo han repercutido estas dos cuestiones tanto en el bienestar de las personas y familias como en la poca capacidad presupuestaria del Gobierno para invertir en política social en nuestro país. No actuar de
manera rigurosa y responsable en esta línea sería, además de un incumplimiento de promesas electorales del Gobierno, una pérdida de la posibilidad de incidir en un verdadero cambio en la mejora de la vida de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
Para finalizar y como conclusión, no podemos apoyar la propuesta que realiza el Grupo Popular por los contenidos, por la filosofía y por lo que supone de incrementar la desigualdad a las personas y las familias, sin resolver, porque esta
propuesta no resuelve para nada los verdaderos handicaps que hacen imposible esta conciliación y que implicarían una nueva política del uso del tiempo privado y el laboral y, por tanto, un nuevo acuerdo social, unas políticas sociales y de servicios
para la infancia y para las personas dependientes, unas nuevas políticas de permisos, licencias y excedencias para la maternidad y la paternidad.
Para todo eso, claro que hace falta una política fiscal, pero precisamente no la política fiscal que
hoy proponía el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
En turno de fijación de posiciones, por Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siguiendo indicaciones de la vicepresidente primera no voy a anunciar brevedad, pero la voy a intentar practicar.
Señor presidente, tengo que comentarle que mi grupo parlamentario se ha movido en el seno de profundas dudas conceptuales en la toma en consideración o no de esta proposición no de ley. La hemos estudiado con profundidad, con una actitud
proactiva hacia su aceptación. No nos parecían incorrectas las proposiciones que configuraban su contenido material, pero después de escuchar a la portavoz del Partido Popular hemos visto la luz y hemos decidido que nos vamos a abstener por no
votar que no. Existe un problema de noción o de identidad, el concepto de política familiarista o de política familiar que una sociedad moderna debe considerar adecuada y pertinente. Yo voy a hacer mías todas las reflexiones de la portavoz del BNG
porque me parecen muy oportunas y razonables. El problema de la familia se puede analizar desde una perspectiva del tracto histórico, de las políticas familiaristas, desde los albores de la transición política, cómo la propia noción y las políticas
familiaristas tuvieron que soportar una cierta hostilidad metacultural; nacimos tras la muerte del dictador con una metacultura que era una síntesis de valores del socialismo real, de valores acráticos, valores derivados de los residuos del mayo
del 68 donde las políticas familiaristas no estaban sencillamente de moda. La propia noción de familia tenía unas ciertas connotaciones conservadoras, cuando ya en los países más progresistas y más avanzados del mundo estaban practicando las
políticas familiaristas más avanzadas que en este momento se mantienen afortunadamente. En el debate constitucional se pudo salvar un pronunciamiento jurídico económico y social de la familia en el artículo 39 y en este concepto contextual es en el
que nos movemos en la actualidad.
La exposición de la portavoz del Partido Popular ha sido una apología de las llamadas políticas familiares natalistas que nosotros en absoluto compartimos porque son políticas familiares que no se practican en ningún país civilizado,
progresista o avanzado del mundo. En este momento se sintetizan los valores propios de las políticas natalistas, tienen cierto componente positivo, con otros valores que consisten en la consideración de la familia como un bien en sí mismo, como una
institución troncal de la sociedad. Una institución que cumple funciones de naturaleza pública o cuasipública cuando menos; cumple funciones de educación de los hijos; cumple funciones de guarda de los hijos y de los ancianos; cumple funciones
en momentos de crisis económica de resistencia económica y contra el desempleo; cumple funciones de transmisión de valores metaculturales y culturales, todos ellos, como bien decía la portavoz del BNG muy centrados en la mujer desgraciadamente,
cuando no en propiedad o en exclusiva, en ese valor sincrético que se atribuye a las mujeres como portadoras o transmisoras a las nuevas generaciones de los valores metaculturales de las generaciones pretéritas y anteriores. Cumple funciones tan
importantes que la familia se considera un bien en sí mismo y no es el natalismo el valor fundamental, la promoción de la natalidad, sino que es la defensa y la protección de la familia como un bien, como una estructura institucionalmente adecuada,
como una institución que cumple funciones de naturaleza pública o cuasipúblicas, las que configuran las políticas natalistas en los países más modernos y más avanzados, es decir, la antítesis de lo que usted proponía en su intervención, señora
portavoz del Partido Popular.
Yo no niego que haya que tener cierta consideración por un problema que afecta a nuestra sociedad, que es el problema demográfico, el envejecimiento de nuestra sociedad, que va a provocar múltiples problemas que hacen referencia, entre otras
cosas, al mantenimiento del sistema público de pensiones. Antes comentábamos que la cumbre de Lisboa advertía que en el año 2050 estaremos en una proporción de dos personas activas trabajando por una persona pasiva perceptora de las contingencias
protegidas por el sistema de Seguridad Social, que es una proporción financieramente peligrosa en cuanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y otros problemas perversos que derivan también del envejecimiento de la población, de la
demografía, pero no son estos los temas más importantes. Los temas más importantes sí tienen naturaleza tributaria. El artículo 39 no sólo obliga a los poderes públicos a realizar políticas activas de naturaleza económica, social y jurídica en pro
de la familia, hay otros preceptos que se pueden sacar a colación también. El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, y en este momento el gravamen que sufren las familias con hijos desde la perspectiva de la
imposición indirecta, del gravamen tributario del consumo, supone prácticamente una expropiación de la propiedad sin causa de interés público, de interés social desde luego.
Desde la perspectiva de la configuración del sistema tributario previsto
en el artículo 31 de la Constitución podríamos hacer reflexiones parecidas. Establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos generales de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema fiscal proporcional, igualitario y no
confiscatorio. Esto no ocurre con las familias, yo comparto esta opinión. Realmente las familias con más hijos y las familias numerosas están sufriendo una verdadera confiscación tributaria en el ámbito de la imposición indirecta. El gravamen que
en el ámbito del consumo sufren las familias, en aquellas con hijos es una injusticia que hay que solucionar, pero desde luego no es esta proposición la llamada a resolver un problema de esta naturaleza.
Estamos hablando de unas reducciones de la
imposición directa del impuesto sobre la renta, y no de cuestiones complementarias tan importantes como subvenciones directas. Tienen como referencia las políticas familiares del Gobierno vasco,
de otras comunidades autónomas, y otro tipo de mecanismos de promoción de la familia, de políticas familiaristas que consisten, sobre todo -lo decía con mucha lucidez la portavoz del BNG-, en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Esta es la gran asignatura pendiente y todo lo que se haga en esta materia es poco, y aquí hay apenas referencias estéticas.
Permítame, señor Campuzano, que haga una reflexión tan minusvalorada de su aportación, que mejora notablemente la proposición original, pero las referencias relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar son poco relevantes:
fomento de las guarderías, posibilidades de permisos.
Son cuestiones de todos conocidas, incluso ya consignadas en nuestro ordenamiento jurídico laboral, pero que están resultando poco fructuosas.
Hay que pensar en fórmulas más imaginativas que
permitan a las mujeres y a los hombres poder atender sus necesidades familiares y simultáneamente sus necesidades laborales sin mermas de los derechos ni de los unos ni de las otras. Esa es la gran asignatura pendiente. Pretender que con esta
proposición estos problemas que sucintamente estoy planteando se resuelven no es más que una pura utopía, es un ejercicio de imaginación.
Esto requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad política, un esfuerzo de mayor consenso político, pero
ustedes no han sabido concitarlo.
Requiere un esfuerzo, sobre todo, de mejorar el contenido material de las proposiciones porque no son en absoluto novedosas. No sólo no son novedosas, sino que son anticuadas. Están periclitadas, como ha sido
comentado por alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Como no estamos en la tesitura de convalidar posiciones familiaristas periclitadas, que no están asumidas sino que están preteridas en los países más avanzados, más progresistas, como esto realmente no resuelve nada -vamos a ser concretos y
vamos a decir la verdad en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de los hombres y las mujeres-, por esa razón, por la nadería de la proposición, en un esfuerzo de generosidad, porque hemos tenido algunas dudas conceptuales, por ahora
nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. El señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente. (Pronuncia palabras en catalán.) Hace tan sólo una semana el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana defendió la necesidad de proceder a la modificación del articulado del Estatuto de
los Trabajadores, con la finalidad de hacer posible que el progenitor pudiera disponer de un permiso de paternidad de diez días. Pretendíamos con nuestra proposición poner de manifiesto nuestra prioridad en todo aquello que afecta al ámbito del
progreso social referido al mundo del trabajo y de la vida familiar y sumarnos a los esfuerzos ya realizados en anteriores legislaturas por otros grupos parlamentarios sensibles a hacer realidad el fomento de la familia, así como la conciliación de
sus miembros con el mundo laboral. Retirábamos de la votación la proposición de ley por demanda de los sindicatos, en aras a facilitar la mejor viabilidad del diálogo social, con el fin de conseguir resultados fructíferos en los próximos meses que
permitieran avanzar en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
El grupo parlamentario republicano se halla situado en estas coordenadas: confianza en el diálogo social que deben protagonizar los agentes sociales y confianza en el Gobierno en asuntos sociales, pero también demanda de establecimiento de
acuerdos concretos con el grupo parlamentario mayoritario para hacer frente al gran reto de armonizar las demandas de las unidades familiares sujetas a cambios trepidantes con una legislación que se adecue a estas realidades. Corresponde, a nuestro
entender, al Grupo Parlamentario Socialista mover pieza en un tablero en el que todos jugamos y en el que el grupo mayoritario requiere de la participación de otros para llevar a cabo sus proyectos. En consecuencia, creemos que no deberíamos entrar
en los próximos meses en una continua sucesión de escaramuzas parlamentarias -emboscadas les llama el señor Marín-, al menos entre algunos grupos, que afectan de manera troceada a un debate complejo que debería afrontarse, a nuestro parecer, de
forma conjunta y global. De no ser así podríamos caer en una cierta esterilidad. Lo que hoy nos presenta el PP, ejemplo de este troceamiento al cual nos referimos, con el agravante de que en el caso que ocurriera entre los grupos de izquierda,
podría generar un cierto cainismo, repito, estéril. Bajo este prisma, hoy deben entender el porqué la semana pasada retiramos de votación la proposición de ley.
Desde el punto de vista legislativo, nos hallamos ante un gran reto que debe afectar transversalmente distintos aspectos: familia, escuela, fiscalidad, empresa, sociedad, algunos de los cuales, básicamente económicos, y otros de carácter
social y de gran profundidad ideológica.
Esta transversalidad convierte el reto en complejo; lo dota, a la vez, de suficientes matices como para que permita afectar a múltiples colectivos de ciudadanos y ciudadanas. Así pues, se debe afrontar qué
se entiende por familia, primera cuestión. Segunda cuestión, se debe establecer también una batería de medidas a manera de prestaciones económicas de apoyo a las familias. En tercer lugar, medidas fiscales en materia de IRPF beneficiosas para las
familias. En cuarto lugar, hacer posible que todos los trabajadores dispongan de la oportunidad de conciliar la vida familiar y la laboral mediante la actuación sobre los permisos de maternidad, paternidad, excedencias y reducciones de jornada de
trabajo por tener a su cargo menores
o familiares con dependencia, etcétera. En quinto lugar, compromiso presupuestario para dotar a los gobiernos autonómicos de capacidad económica para impulsar medidas de apoyo a las familias. En sexto lugar, ampliar la política de
subvenciones de los gastos de escuelas infantiles para familias en determinadas situaciones de necesidad laboral y un etcétera prolijo que les ahorro por innecesario.
Resumiendo, todo ello nos conduce ante un paisaje complejo que requiere una actuación transversal. Emplazamos, pues, al Gobierno y al grupo mayoritario de la Cámara a actuar con la máxima diligencia, tanto en todo aquello que tiene relación
con el diálogo social como en la necesidad de hacer propuestas claras a los grupos de izquierda de la Cámara para que sepamos a ciencia cierta hasta dónde se piensa llegar, qué ámbitos se piensan priorizar y cuál es el calendario de actuación que
nos proponen.
Precisamente porque entendemos que estas deben ser las coordenadas con las que debemos afrontar nuestra relación, hoy manifestamos que no apoyaremos la proposición del Partido Popular, aunque pudiera contener algunos aspectos
interesantes para el debate, porque queda claro que Esquerra Republicana de Cataluña no espera casi nada del Partido Popular, y de ustedes esperamos mucho; esperamos compromisos concretos y claros, con la finalidad de que en esta coyuntura actual
de inicio de legislatura todos, ustedes y nosotros, sepamos a qué atenernos, sin engaños ni falsas complicidades. Ya les dijimos el primer día que sería imperdonable que en los temas sociales, y en este caso en la necesaria conciliación
familia-trabajo y ayudas familiares, no nos pusiéramos de acuerdo, máxime si tenemos en cuenta nuestro izquierdismo y el que se les supone a ustedes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, mi intervención para fijar la posición del Grupo Socialista estará enmarcada en dos elementos básicos. Por una parte, en el propio contenido de su proposición, en el sentido de qué
entendemos por conciliación laboral y familiar y por qué hoy está en el debate, en la reflexión y en las acciones de este mismo Parlamento, del Gobierno y de la propia sociedad. Por otra parte, estará condicionada por el análisis en torno a tres
conceptos: responsabilidad, oportunidad y tiempo. Adelanto esta pregunta: ¿Es oportuno abordar únicamente, desde la perspectiva de su propuesta, de manera sesgada, sólo analizando los aspectos fiscales, un tema tan importante como el de la
conciliación laboral y familiar?
Nos vamos a situar en estas dos variables haciendo una reflexión previa para recordar a SS.SS. algunos aspectos. Primero, vaya por delante que el Grupo Socialista está convencido de la necesidad de mejorar las deducciones y las reducciones
fiscales a las familias con un criterio de equidad, como no puede ser de otra manera, y más adelante me extenderé sobre el tema. Segundo, analizados los antecedentes relativos a las mejoras fiscales a las familias, he de recordar a los señores y
señoras del PP que hace algo más de un año, estando ustedes en el Gobierno, rechazaron sistemáticamente, por entender que no correspondían, las aportaciones de los diferentes grupos de la Cámara en las que planteaban las mejoras que hoy, unos meses
después, ustedes proponen. Si me permiten, les voy a presentar algunos datos del proceso anterior como recordatorio de SS.SS., haciendo un paréntesis para comentar que no deja de ser paradójico que estando a la cola de Europa en políticas de apoyo
a la familia, así como en el conjunto de las políticas sociales durante su Gobierno, ahora, a los 72 días de este nuevo Gobierno socialista, les haya entrado una prisa tremebunda por presentar aquello que entonces rechazaron. (Aplausos.)
Cuando en la pasada legislatura se debatió la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta, los temas de su proposición fueron tratados entonces por su grupo negativamente, y me van a permitir que ponga
algunos ejemplos. Sobre el aumento del mínimo por descendientes, el texto inicial del entonces proyecto de ley contenía las cuantías de deducción que figuran en la legislación actual. Se presentaron entonces dos enmiendas, una del Partido
Socialista y otra de Convergència i Unió, y las dos fueron rechazadas por su coste fiscal. En la reducción por el cuidado de los hijos, en el texto inicial del proyecto de ley se establecía una deducción en la base imponible de 1.200 euros anuales
por cada descendiente menor de tres años. Esta cuantía no fue modificada y es la actualmente vigente, a pesar de la enmienda presentada por Iniciativa per Catalunya-Verds, en la que proponía una reducción de 3.000 euros anuales, que fue rechazada y
que hoy, en cierta manera, proponen ustedes. En reducción por maternidad, exactamente igual.
La deducción inicial en la cuota de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años no fue modificada y hoy está vigente en la ley actual, a pesar de
las muchas enmiendas que presentaron Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Convergència i Unió y Partido Socialista, que no fueron aceptadas porque no podían ser asumibles.
Insisto, ustedes rechazaron explícitamente
entonces lo que ahora, pocos meses después, plantean como una necesidad perentoria.
Respecto al fondo de la cuestión -me refiero al segundo aspecto anunciado al principio de mi intervención, es decir, qué entendemos por conciliación de vida laboral y familiar-, toda la Cámara está de acuerdo en que es preciso avanzar en
respuestas a favor de la
misma y superar algunos aspectos de la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Estas políticas, para avanzar, están estrechamente ligadas a cuatro ejes en los que hay que incidir prioritariamente y no sólo a la cuestión
fiscal. Me refiero a los ejes de la familia, la escuela, la empresa y la sociedad. Esto afecta a aspectos legislativos y organizativos de nuestro mundo social, de manera que las familias puedan obtener tiempo (ambos miembros, hombre y mujer, no
sólo las mujeres, porque ciertas intervenciones huelen a naftalina) para compartir vivencias y comunicación, para el cuidado directo de los hijos, para la atención a los progenitores o personas dependientes, para compartir las tareas del hogar, el
ocio y el descanso; todo ello sin que recaiga expresamente en la mujer. Hablo, por tanto, de un concepto que quizá para algunos es desconocido, que es básicamente el de compartir. El auténtico objetivo en el que hemos de conseguir el apoyo de
muchos está en poder incidir en todos estos ejes. Por darles un dato: sólo un 22 por ciento de las empresas de más de 100 trabajadores tiene un programa de políticas familiares diseñadas e implantadas, ampliándolo al 38 por ciento en aquellas
empresas que se están planteando incorporarlo. Todo ello, desde nuestra posición, no excluye mejores ventajas fiscales, pero les recuerdo que el objetivo básico de estas mejoras que defendemos está más orientado, como han dicho ya algunos grupos
que me han precedido, a incrementar la natalidad y no a la conciliación en sentido estricto.
Así las cosas, señorías, es mucha la tarea que tenemos por delante. El diálogo que ha iniciado el Gobierno con los agentes sociales: sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones sociales, como las asociaciones de padres y
madres de familia o la propia escuela, se convierten en este planteamiento en sujetos activos donde la toma de decisión que redunde en la reforma legislativa que se va a hacer se conformará mucho mejor con la incorporación de las distintas visiones.
Hablo de la opción ideológica de la participación, una opción ideológica que tenemos muy clara en el Grupo Socialista. Está anunciada por parte del Gobierno, después del debate con los agentes sociales, la reforma de la Ley del Impuesto sobre la
Renta en el segundo año de la legislatura y de revisión de la Ley de Conciliación Familiar y Laboral. En esta reforma se van a contemplar de forma global las mejoras para las familias, por lo que su proposición procede hoy situarla en este contexto
y, por tanto, nuestro voto va a ser negativo. Hacerlo de esta manera permitirá analizar el impacto que han generado ambas leyes, la de conciliación y la del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Veamos que la Ley del Impuesto sobre la
Renta, en su última reforma, sólo se ha aplicado durante el año 2003. Es momento de analizar su impacto y con conocimiento de causa y con el máximo consenso apostar por la mejora fiscal y, en paralelo, mejorar la propia conciliación familiar y
laboral promoviendo una mejor organización social, avanzando en los nuevos usos del tiempo y nuevos y mejores servicios, desarrollando las políticas sociales tan maltratadas en estos últimos ocho años por el Partido Popular, porque es obligación de
los poderes públicos y concretamente de este Congreso de los Diputados crear las mejores condiciones para que el desarrollo de las políticas sociales y en concreto de las políticas de familia sirvan para el fortalecimiento y el bienestar de las
familias y para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, en turno de rechazo o aceptación de enmiendas, tiene la palabra.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
A la proposición no de ley presentada por mi grupo se ha presentado una enmienda de adición por parte de Convergència i Unió que añadía tres puntos más a la propuesta del Grupo del Partido Popular. Hemos llegado a un acuerdo para presentar
una enmienda transaccional que supone modificar ligeramente la redacción del punto 4 de la propuesta de adición de Convergència y, por tanto, aceptamos esa enmienda transaccional.
Quisiera agradecer el apoyo de los grupos que van a votar a favor de esta proposición del Partido Popular, así como lamentar que no tengamos el apoyo de toda la Cámara en un tema tan importante como el de la conciliación de la vida familiar
y laboral.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿tendría la amabilidad de presentar la enmienda transaccional a los servicios de la Cámara?
Gracias.
Les propongo no votar ahora. Vamos a continuar con las dos mociones y a lo mejor se animan a ser un poco más breves.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DE CONSEJOS AUTONÓMICOS DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 173/000015.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las dos mociones, y a lo mejor se animan a ser un poco más breves.
Seguimos con las dos mociones, consecuencia de interpelaciones urgentes.
La primera del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial. Habría luego otra moción. (Rumores.)
Señorías, quedan dos mociones. Si las despachamos rápido, antes terminaremos la sesión, y la rapidez y el
silencio van de la mano.
Señor Olabarría, para la defensa de la moción tiene usted la palabra.
(Continúan los rumores.)
Guarden silencio, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, comparezco otra vez en esta tribuna. Ya lo siento. No es mi intención hacerme famoso en el día de hoy, pero circunstancias de ordenación de los debates me obligan a tan recurrente presencia aquí
en esta tribuna. Se trata de debatir una cuestión importante en opinión de nuestro grupo y resolver dos problemas históricos que para nosotros son de gran relevancia. Hacen referencia a la estructura constitucional del Estado, a la estructura
institucional y territorial del Estado y los explicitamos con suficiente claridad. El ministro de Justicia así lo supo ver en la interpelación que debatimos en un ambiente más hogareño y amigable la semana pasada. (La señora vicepresidenta, Chacón
Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro de Justicia, las argumentaciones que justifican esta moción son similares a las que justificaron la presentación de la interpelación.
Tratamos de resolver los problemas que hacen referencia a lo que llama la jurisprudencia
constitucional, en concreto la sentencia 56/1990 del Tribunal Constitucional, administración de la Administración de Justicia, los problemas que hacen referencia al gobierno administrativo de los jueces y tribunales, las competencias que hacen
referencia a la Administración de los jueces y tribunales, por entender que no se ajusta esta estructura administrativa, fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y las competencias que ejercen, a los requerimientos que derivan de la
propia Constitución que diseña un Estado no unitario, no centralista, sino un Estado compuesto.
Señor ministro, usted sabe que este es un tema que nos preocupa a muchos, un problema recurrente, un problema no resuelto. La administración de la Administración de Justicia, y así lo dice la propia sentencia 56/1990 del Tribunal
Constitucional, no se ajusta a los requerimientos de un Estado no unitario, no centralista, a un Estado autonómico, a un Estado compuesto, a un Estado plurinacional y este es un problema que tenemos que resolver desde una doble perspectiva. Desde
una perspectiva histórica porque la administración de justicia, la justicia en general, constituye para los territorios vascos, para la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, un genuino derecho histórico. La
administración de justicia fue absolutamente independiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra hasta el año 1837, en que con la aplicación del Real decreto de la Reina Gobernadora, introduciendo en la Comunidad
Foral Navarra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco los juzgados de primera instancia y el acceso a los tribunales supremos de la Corte, se acabó con las estructuras primigenias que configuraban un verdadero poder autonómico, un verdadero poder
independiente de la Corte, del Reino del Estado español. Luego estamos ante un derecho histórico que está constitucionalizado. Usted sabe perfectamente que los derechos históricos del País Vasco están constitucionalizados por la disposición
adicional primera y por la disposición derogatoria de la Constitución, la cual deroga las leyes abolitorias de los fueros en tanto en cuanto pudieran mantener alguna vigencia. Y también están constitucionalizados en el bloque de constitucionalidad
por la disposición adicional única, que proclama enfáticamente que los vascos, por la aceptación del régimen de autonomía, no renuncian a los derechos que por su historia les pudieran corresponder. Pues estos son derechos que correspondieron a los
vascos hasta el año 1837. Les recuerdo el discurso de Martín Argüelles en el momento de la creación de la Comisión Constitucional que aprobó la Constitución de Cádiz, la Pepa, el cual con lucidez y haciendo una reflexión apologética estableció que
el sistema judicial navarro, la última instancia procesal, acababa en el Consejo de Navarra, no llegando más recursos o no existiendo más instancias procesales que acabaran en los tribunales supremos de la Corte; pero era una reflexión de Martín
Argüelles apologética relativa a un régimen de justicia que los constituyentes de la Constitución de Cádiz, que ya introducían en el Estado español el orden revolucionario francés, no consideraban impertinente, inadecuado.
Por otra parte, les recuerdo también que en la Comunidad Autónoma del País Vasco siempre existió un Poder Judicial independiente hasta el año 1837, existiendo los tenientes corregidores, los jueces o los alcaldes de las hermandades, los
alcaldes de las merindades, que eran la primera instancia procesal y una segunda instancia procesal con los juzgados del corregimiento, con los juzgados de corregidores y las demás instancias existentes, que eran la segunda y última instancia
procesal, donde se agotaban todas las instancias procesales. De todas formas, siendo este un derecho histórico y habiendo existido una justicia independiente en el País Vasco hasta el año 1837 y pudiendo argüirse que estos derechos históricos están
constitucionalizados con una Constitución vigente que tiene contenido normativo, que tiene todas las disposiciones adicionales, igual que el resto del contenido constitucional, ya dijimos en el momento de debatir la interpelación que nosotros para
argumentar nuestras razones no vamos a mover la historia o no nos interesan los argumentos históricos ni vamos a argüir el carácter de derechos históricos de la Administración de justicia en Euskadi, en la Comunidad Foral de Navarra o en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Nosotros en este momento somos receptores del orden revolucionario francés, de los procedimientos que surgen del sistema de garantías del orden revolucionario francés y de otras escuelas doctrinales que establecen
los procedimientos con unas garantías
nuevas, una estructura administrativa judicial nueva y una función jurisdiccional de corte notablemente diferente. También desde esta perspectiva, y aceptando que en este momento la función jurisdiccional es única, como proclama el artículo
117 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, basadas en un sistema de unidad de función jursidiccional, aceptando por otra parte también que el Consejo General del Poder Judicial, que sólo ejerce funciones
gubernativas, es un Consejo que en este momento requiere ser descentralizado, nosotros vamos a utilizar argumentaciones que derivan de una persona tan poco sospechosa -al que ya le parafraseé el otro día- como Juan Alberto Belloch.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Olabarría, le ruego por favor que concluya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Juan Alberto Belloch hizo en nuestra opinión una reflexión lúcida y con esto acabo, señora presidenta. Manifestó que el Poder Judicial en este momento en el Estado español, tanto desde la perspectiva del ejercicio
de la función jurisdiccional como desde la perspectiva de la administración de la Administración de justicia, tiene un grave déficit. Así como el Poder Ejecutivo se ha ajustado a los requerimientos constitucionales de un Estado autonómico, el Poder
Legislativo también se ha ajustado a ellos. Existen parlamentos autonómicos que tienen competencias legislativas importantes, competencias exclusivas, y existen ejecutivos, gobiernos autonómicos que ejercen competencias ejecutivas importantes, PERO
no ha ocurrido el mismo proceso de transformación o de ajuste a los requerimientos constitucionales en este ámbito territorial, en el ámbito de la administración de la Administración de justicia. ¿Y esto que provoca? Pues provoca desafección
ciudadana y problemas de legitimidad, ello unido a la apariencia, al fumus de no independencia de las estructuras orgánicas más altas del Poder Judicial y a la solemnidad, al hermetismo y a la cerrazón de los jueces, que provocan un cierto desapego
de los ciudadanos y por tanto déficit de legitimidad.
Acabo ya, señora presidenta, parafraseando al señor Belloch e indicando que aquí utilizo, como única fuente de autoridad, un libro poco sospechoso. Ya dije el otro día que no venía para argumentar algo que es tan válido, desde una
perspectiva de política legislativa como la que estoy comentando, como cualquier otra opción. No le voy a traer libros como La causa del pueblo vasco o Vizcaya por sus fueros, o el último número del Zutabe, sino un libro tan poco sospechoso como el
Libro Blanco para la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, en el que se establece expresamente que el Consejo General del Poder Judicial atribuirá a órganos de ámbito autonómico todas o la mayoría de las funciones que en este momento
ejerce en exclusiva. Se refiere específicamente a las siguientes: formación continuada de jueces y magistrados, competencias en materia de Escuela Judicial, inspección de juzgados y tribunales, estadística judicial, tramitación de las quejas de
los ciudadanos, régimen y procedimientos disciplinarios, procedimientos de incapacitación de jueces y magistrados, módulos de productividad, retribuciones e incentivos, configuración de la Oficina Judicial, informática y personal al servicio de la
justicia, que sería una transferencia a la Administración autonómica y no a estos órganos, que nosotros denominamos con toda legitimidad y ajustado el nomen iuris que a ustedes les asusta realmente...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Olabarría, concluya, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Les asusta realmente atribuir a estos consejos autonómicos del Poder Judicial, salvo esta última, todas estas competencias, porque es una opción de política legislativa que se ajusta a los requerimientos
constitucionales más que la situación actualmente vigente. Cuando hablamos de estas cosas ustedes les dan una impronta casi telúrica, le dan una impronta desproporcionada absolutamente. Ustedes no se han liberado de ciertos demonios y de ciertos
terrores que les provocan la necesidad de dar explicaciones promovidas por la prensa o por elementos mediáticos de impronta conservadora que les levantan demonios que hacen referencia a que ustedes están contribuyendo a la desestructuración del
Estado español, a romper España. Libérense de esos miedos, atiendan detenidamente cosas tan poco sospechosas como las que proclama el Libro Blanco de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, porque avanzaremos mucho todos y, sobre todo,
ajustaremos la estructura de nuestro Poder Judicial a los requerimientos constitucionales. Algo tan legítimo como esto es lo que le pedimos, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias.
Para defender la única enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señora presidenta.
Señor Olabarría, creo que defender esta enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista no es una tarea en absoluto difícil por una cuestión fundamental, porque lo que subyace en el fondo de la iniciativa que usted plantea es
una preocupación, que también sentimos desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el Gobierno, ya que no es otra que adecuar de manera más perfecta la administración de justicia al Estado de las autonomías. Usted, tanto en la interpelación
como hoy, ha invocado repetidas veces el Libro
Blanco de la Justicia, no en vano usted fue coautor del mismo, por lo que es lógico y normal que esté convencido de sus propuestas. Yo también lo invoco. Está en el escaño y lo invoco porque comparto en buena medida el diagnóstico sobre la
situación de la justicia que había en el momento en el que se publicó y también comparto buena parte de sus propuestas. Sin embargo cuando usted invoca el Libro Blanco lo hace de una manera muy genérica y casi indefinida. Lo que usted lee no lo
lee del todo. La enmienda que estoy defendiendo aquí justamente es lo que dice el Libro Blanco, porque usted ha leído una frase, pero no ha leído la frase completa. La frase completa prácticamente está en la enmienda que nosotros estamos
planteando. Esta es la diferencia fundamental en lo que estamos diciendo, que yo sí he reflejado en nuestra enmienda justamente las propuestas del Libro Blanco de la Justicia, de cuya redacción usted formó parte, pero de una manera muy concreta,
muy concisa y muy precisa.
En el tema que estamos debatiendo hay sólo un límite perfectamente marcado por el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado, y por las previsiones del artículo 122 que
impiden -así de claro, que impiden- la existencia de órganos autonómicos de gobierno del Poder Judicial desvinculados o independientes del Consejo. Ahora bien, nuestra Constitución no excluye que las potestades del Gobierno del Poder Judicial
puedan ser ejercidas de manera descentralizada. Esto es lo que dice el Libro Blanco, no otra cosa; no habla de unos consejos autonómicos; habla de la posibilidad de desconcentrar en las salas de gobierno de los tribunales superiores determinadas
competencias del Consejo General.
Para los socialistas, la prioridad es que nuestro sistema judicial funcione mejor, con mayor agilidad y con menor dilación. Nos importa, cómo no, la justicia como poder del Estado en un Estado autonómico, pero sobre todo nos interesa la
justicia como servicio público que debe dar un servicio de calidad a los ciudadanos, y no estoy segura de que la configuración de los órganos que usted plantea lleve a una justicia más ágil y eficaz.
Una de las cuestiones que el tan mencionado por nosotros Libro Blanco de la Justicia plantea como elemento de difusión precisamente es -y usted lo sabe bien- la proliferación de instancias. Por eso se apostó fuertemente en sus propuestas
por la simplificación de instancias. No voy a entrar a estas alturas de la noche en aquellas propuestas, entre otras cosas porque se ha aprobado en enero de este año una modificación de la ley orgánica que aunque va a dar mayores competencias a las
comunidades autónomas en materia de gestión del personal al servicio de la Administración de justicia, en su reforma no se recoge ninguna de las propuestas que se formularon en el Libro Blanco, en el sentido de dar mayores competencias al Consejo
General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Consejo General puede perfectamente delegar funciones y competencias en las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, por ejemplo, y como
usted ha señalado hace un momento, en materia de formación continua de jueces y magistrados, en inspección de juzgados y tribunales, en estadística judicial, en traslados, en materia disciplinaria, en retribuciones complementarias, en la informática
judicial, entre muchas otras. Además, para un funcionamiento más ágil y eficaz se debería modificar de alguna manera la composición de las salas, reduciendo su número e incorporando a las mismas a magistrados o a otros juristas designados por las
comunidades autónomas y convertir las salas de gobierno de los tribunales superiores en órganos muy prácticos de gestión de todas esas funciones reforzadas, como denominaba el día de la interpelación el ministro de Justicia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Hermosín, le ruego que concluya, por favor.
La señora HERMOSÍN BONO: Voy terminando, señora presidenta.
También la coordinación permanente de una manera institucionalizada de estos órganos con las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas nos parece un elemento muy importante. En Andalucía, el año 1997, en el momento en que se
asumieron las competencias, se constituyó una Comisión mixta que ha funcionado de manera positiva y eficaz.
Prácticamente todas las decisiones, tanto incluso de las competencias jurisdiccionales como de la administración de la Administración de
Justicia se han tomado en esa Comisión mixta, que podría tener una constitucionalización mayor de lo que en este momento es un órgano creado de manera voluntaria en algunas comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, los tribunales superiores deberían convertirse de una vez por todas en la culminación de la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma, ejerciendo la casación en todas las ramas del derecho autonómico
y reservando al Tribunal Supremo los recursos de revisión y de casación interpuestos contra sentencias firmes de la Audiencia o del Supremo; es decir, garantizando la unidad en la doctrina.
Por otra parte, la situación de atasco del Supremo, cuyas
salas acumulan más de 40.000 asuntos pendientes, es uno de los problemas que hay que plantearse, ya que es uno de los problemas más acuciantes que tiene hoy nuestro sistema judicial. Por ello, la potenciación de las competencias de los tribunales
superiores me parece oportuna y necesaria.
Señor Olabarría, comparto lo que decía usted la semana pasada en su interpelación. Las cláusulas subrogatorias de los estatutos de autonomía junto con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional han
permitido la irrupción en nuestra administración de justicia de los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas y, en general, ello ha supuesto un notable compromiso por la mejora y modernización de la administración de justicia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Hermosín, por favor, le pido que concluya.
La señora HERMOSÍN BONO: Esto se ha visto reflejado cada año en ese compromiso que significan los presupuestos de las comunidades autónomas.
Es más, creo que han liderado prácticamente todo el movimiento de modernización que ha habido, no
siempre comprendido y respetado por el Gobierno anterior del Partido Popular.
Por todo ello, como en el fondo todos buscamos un objetivo común, que es conseguir un sistema judicial moderno, garantista y al tiempo eficaz y ajustado a nuestro Estado autonómico, creemos que la enmienda que hemos presentado se ajusta
mejor a la Constitución y a las exigencias de la estructura del Estado autonómico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Hermosín.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Dada la hora, voy a ser muy breve. Simplemente quiero señalar que apoyamos el objetivo que pretende esta moción, que es la configuración de consejos autonómicos del Poder Judicial. Esto es un clásico en las peticiones que realizamos,
porque si algo ha quedado poco adaptado al Estado autonómico ha sido evidentemente el Poder Judicial y, más claramente, la administración de la Administración de Justicia. No entraré en los debates que hemos tenido durante muchísimo tiempo, pero
creemos que esto es algo que debe realizarse ya y que forma parte de las cuestiones del nuevo marco jurídico-político, que debe actualizarse 25 años después.
Hay una cuestión que ha señalado la portavoz del Grupo Socialista que no me resisto a comentar. Decía que no podían apoyar la moción porque en definitiva defendían el servicio público de la justicia a los ciudadanos.
Yo creo que se ha
demostrado claramente que las siete comunidades autónomas -ahora también Madrid- que tienen transferida la competencia en materia de medios materiales y personales han dotado de unos recursos realmente buenos -al menos así ha sido en la comunidad
autónoma del País Vasco-, que han permitido que ese servicio público de la justicia a los ciudadanos sea mucho mejor, especialmente en materia de agilidad. Por tanto, nada tiene que ver que haya consejos autonómicos para que no se respete ni se
cumpla el servicio público de la justicia a los usuarios, a los ciudadanos. Precisamente lo gestionado en la administración de la Administración de Justicia en materia de medios materiales ha demostrado que se ha generado un buen servicio público a
los ciudadanos en materia de justicia y creemos que lo podríamos seguir aumentando con esta nueva incorporación y esta nueva reforma que ya debe realizarse.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta. Intervendré con gran brevedad.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en sus exactos términos. Canarias es una de las comunidades autónomas a la que en su día se transfirieron competencias en materia de
justicia. Incluso recientemente se ha producido la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias ante el Parlamento autonómico de nuestro Archipiélago para presentar los resultados de sus
actividades y las vinculaciones con la Administración autonómica de justicia en Canarias. Por tanto, las cautelas que se especifican en el propio texto del Partido Nacionalista Vasco, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con
la abogacía, con los operadores que están en la institución y con los representantes políticos, nos parecen garantía suficiente para establecer un escenario de coincidencia y de debate para que se pueda llevar a efecto lo que consideramos no una
descentralización, sino un reconocimiento de las realidades que hay en cada comunidad autónoma en el ámbito de la justicia. Por eso, Coalición Canaria se suma hoy a la defensa de esta iniciativa para crear los consejos autonómicos del Poder
Judicial.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Verde, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Únicamente quisiera señalar que considerando que Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds trabaja y apuesta por la configuración de un Estado federal que culmine el proceso autonómico, en coherencia con esta posición
política, vamos a votar a favor de la descentralización del órgano político de gobierno de la magistratura. Nos parece acertado que
determinadas competencias atribuidas a este órgano sean asumidas por las comunidades autónomas porque de este modo se incrementaría la capacidad para cumplir con sus funciones y estarían más cerca de los ámbitos sobre los que decide el
Consejo. Reconozcamos la realidad descentralizada por la que han optado todos los territorios y que acerca a los ciudadanos la gestión siempre en su beneficio.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Brevemente, señora presidenta.
Esquerra Republicana apuesta por un Poder Judicial independiente, al servicio de la ciudadanía y que refleje el derecho a la autonomía plena de las naciones que componen el actual Estado español. Por lo tanto, votaremos favorablemente todas
aquellas propuestas que, como es el caso de esta moción, nos permitan avanzar hacia un traspaso de competencias sobre jurisdicción, a crear un Poder Judicial propio, con sus respectivos consejos autonómicos del Poder Judicial, adecuando también la
Administración de Justicia al Estado de las autonomías. Evidentemente, desde Esquerra Republicana compartimos la filosofía política y la visión del Estado y de la administración de la Administración de Justicia que refleja esta moción, por lo que
nuestro voto efectivamente será favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
A continuación por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, dado que es la una de la madrugada quisiera expresar mi agradecimiento a los servicios de la Cámara. Sin embargo, la propia estructura de este debate no dejará reflejada hoy, señor Olabarría, la importancia del
mismo, tal como usted bien manifestaba al principio de su intervención. Es un debate, señor Olabarría, que se realiza en el marco de la Constitución. Hemos oído aquí por parte de algún grupo parlamentario que defendía una enmienda que esto no
cabía en la Constitución, se ha llegado incluso a decir que la Constitución lo prohibía aludiendo al artículo 122, cuando la propuesta que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es una propuesta moderada, porque insta a hacer unos
estudios con el máximo consenso para llegar a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado no es otro, señorías, que lograr una mejor adaptación del Poder Judicial -y agradezco también la presencia aquí a estas horas del ministro de
Justicia- a lo que es la estructura de un Estado compuesto. El Estado compuesto debe reflejarse también en el propio órgano de gobierno del Poder Judicial y por eso el Grupo Vasco nos insta a profundizar en este ámbito para lograr un resultado,
señor Olabarría, que es claramente coincidente con la posición de Convergència i Unió que ha defendido en todas las legislaturas, que tiene en su programa electoral y que, por tanto, vamos a dar pleno apoyo a esta moción. Más aún cuando ahora en
Cataluña estamos debatiendo una reforma estatutaria y los distintos grupos parlamentarios, la inmensa mayoría de grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista en Cataluña, están en la línea de crear esos consejos autonómicos del Poder
Judicial, sin perjuicio de las funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial, es decir, están por esa necesaria estructura autonómica reflejada también en lo que es el gobierno del Poder Judicial. Por tanto garantía de independencia,
por supuesto, pero también adaptación a lo que es una realidad. Las comunidades autónomas, muchas de ellas, tienen competencias en materia de justicia, tienen competencias en materia de administración de la Administración de Justicia. Por tanto,
existe una reivindicación que sabemos que, por el momento, no va a prosperar pero es la superación de los cuerpos nacionales con la creación de cuerpos autonómicos de la administración de la Administración de Justicia, salvando lo que es la
independencia del Poder Judicial. Evidentemente, la propuesta que hoy nos trae aquí por el Grupo Vasco, el señor Olabarría, es una propuesta -y concluyo ya, dada la hora, señora presidenta- importante que requerirá sin duda de un debate más
sosegado porque no es el contexto ideal la una de la madrugada para realizar un debate como el que estamos celebrando. Sin embargo, repito, tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene el apoyo de la mayoría de
fuerzas políticas en Cataluña en el proceso de reforma estatutaria y esperamos que al final propuestas de esta índole vean la luz verde en lo que es la plena aceptación de lo que el Estado autonómico comporta en tanto que Estado compuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Jané.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señora presidenta.
También con absoluta brevedad más que para fijar la posición del grupo y que es la misma y que volveremos a adoptar en el día de hoy, en la medida en que es bien conocido que no somos ni remotamente favorables a la creación de consejos del
Poder Judicial autonómicos y que tenemos largamente explicado si ello resulta o no
posible como ahora planteaba en el debate el señor Jané en sentido negativo.
Dicho eso, sólo añado una cosa y es que el trazado de la relación entre el Poder Judicial y la unidad jurisdiccional y el Estado autonómico deriva fundamentalmente de unas previsiones constitucionales que no es necesario estar poniendo
constantemente en debate y revisión, que tiene una traducción, en los últimos años, en el acuerdo de la Comisión sectorial del año 2001, luego en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia y también en las importantes reformas legislativas
que se han ido haciendo y que tienen por delante para nosotros una serie de retos, tanto en lo que es la conformación de la oficina judicial, como en el papel de los secretarios. Lo importante es que todos, Ministerio de Justicia, Estado, Consejo
General del Poder Judicial y comunidades autónomas deberíamos centrarnos en realizar el trabajo, importante, que en desarrollo de todo eso tenemos por delante.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Astarloa.
Señor Olabarría, tiene la palabra para la aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Agradecemos el esfuerzo de aproximación del Grupo Parlamentario Socialista, pero la enmienda no sólo no satisface nuestras aspiraciones, legítimas y ajustadas al bloque de constitucionalidad, sino que resulta contradictoria absolutamente con
la pretensión de mi grupo parlamentario.
Con lo cual queda explicada perfectamente nuestra negativa a su aceptación.
En todo caso, la predisposición a debatir sobre una cuestión importante, una cuestión constitucionalmente pendiente, a pesar de las reflexiones del portavoz del Partido Popular, nos place y esperamos que en otro momento se pueda retomar una
cuestión que no es baladí porque estamos todavía con una parte de la Constitución no desarrollada.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias. Queda rechazada la enmienda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), SOBRE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y EL REPARTO COMPETENCIAL AL RESPECTO, A LA LUZ DEL SINIESTRO DE 'O BAHÍA'. (Número de expediente 173/000016.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Vamos al último punto del orden del día, que es la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al
respecto, a la luz del siniestro del O Bahía.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Habría que comenzar la defensa de esta moción con una frase que debe merecer alguna reflexión. Los muertos en la mar son excesivos, como quedó claro en la interpelación, como para permitir que la situación siga igual. Por lo tanto,
deberíamos de tener un mínimo común denominador, que sería el de aplicar medidas correctoras urgentes y evitar nuevas tragedias porque, sin duda, no estamos ante un riesgo natural, aunque muchos de los trabajadores del mar lo vivan así. Parece que
están condenados a un número de accidentes con un número determinado de muertes cada año.
Me gustaría señalar tres cuestiones en relación con el debate que tuvimos la semana anterior con la señora ministra. Hay tres cuestiones que creo que quedaron claras después del debate. Primero, que en el siniestro del O Bahía, desde las
20,08 de la tarde, hora en que Maspalomas ya tenía las coordenadas de la radiobaliza, hasta las 21,07, en que la radio costera de Fisterra Radio emite el primer mensaje a todos los barcos que están en la zona para que acudan en auxilio,
transcurrieron 59 minutos, es decir, prácticamente una hora. Está claro que esto significa que se conculcaron todas las normas establecidas legalmente, con el consiguiente perjuicio para los náufragos. La señora ministra dijo que la Administración
no tenía nada que ver con la revelación de las autopsias, pero creo que sería elocuente si las autopsias demostrasen que algunos de los marineros murieron por hipotermia.
Está claro que el mensaje que se lanzó a todos los barcos de la zona se debía haber enviado justo a las 20:08 y no a las 21:07 como quedó demostrado en la intervención de la señora ministra. En segundo lugar, está claro también que la
base de datos en radios costeras de Telefónica son las encargadas de dar las altas y las bajas de todas las radiobalizas que hay. Por tanto, si existe un SOS es la Telefónica la encargada de la gestión del sistema mundial de socorro y no la
Dirección General de la Marina Mercante que no es un centro de comunicaciones marítimas. En tercer lugar, también quedó claro que el Helimer avistó restos del barco a las 21,15, es decir, que hasta las 21,15 prácticamente no se lanzó una alarma
real. Ya ven ustedes que pasaron más de dos horas desde que se dio el primer mensaje de la radiobaliza no debidamente identificada. Digo esto porque hay razones más que de peso para que efectivamente todos debamos aceptar, como reconoció la
ministra ya en la réplica, que se deben analizar las causas de los siniestros, que se deben mejorar las condiciones y la organización del salvamento marítimo y
además -esto es motivo de satisfacción- que se debe analizar en profundidad la situación del salvamento marítimo. Dijo la ministra: Voy a tener en cuenta todas las cuestiones que usted ha planteado.
Señorías, planteamos ocho cuestiones básicas, fundamentales. La primera, que nos parece crucial, que se debían establecer con urgencia las medidas correctoras necesarias en la gestión del sistema mundial de socorro por parte de las
administraciones públicas, de forma que no se produzcan deficiencias e irregularidades en su funcionamiento, que afortunadamente por primera vez desde la Administración pública se reconocen implícitamente. No le voy a leer cuáles son para nosotros
las fundamentales para no perder tiempo. En segundo lugar, también es importante que se reconociese que la flota de helicópteros de Sasemar y, en particular el Helimer-Galicia, no tiene en todo caso en número suficiente de personal para actuar en
todas las incidencias con plenas garantías durante las 24 horas del día. En tercer lugar, también quedó claro en la interpelación que la mayoría de los medios con los que se contó tenían que venir de zonas muy alejadas, por tanto que Sasemar no
cuenta con los medios adecuados en Galicia para tener capacidad operativa diversificada, incluyendo a los buzos que puedan actuar en condiciones técnicas determinadas.
Otras tres cuestiones son básicas, una de ellas referida a los medios, que es cómo funciona el radar de control del corredor de Fisterre, que sin duda tiene zonas de sombra que también se reconoce que habría que eliminar desde el punto de
vista técnico. Defendemos que O bahía sea reflotado para averiguar las causas del siniestro, igual que se deben hacer públicos los informes sobre este accidente y el dictamen sobre las actuaciones que las distintas administraciones llevaron a cabo.
Además, que las administraciones deben actuar al unísono cuando haya un siniestro de este tipo, contando con todos los medios de organismos públicos de forma coordinada y habiendo un organigrama donde se reconozca la existencia de todos ellos. Por
último, un debate de más largo alcance que esperemos se dé con los nuevos estatutos de las reformas, que es el ámbito competencial de la comunidad autónoma en el tema de salvamento marítimo.
Para acabar, señor presidente, hemos llegado a una transaccional sobre la base de nuestra moción que mantiene prácticamente siete puntos sintetizados de la nuestra. Lamentablemente no se acepta el reflote del barco por causas vinculadas al
seguro y, por tanto, la afectación de las familias que padecieron el siniestro. Lamentamos que no se asuma de una vez por todas la posibilidad de aplicar el sistema Ergos de control del tráfico por satélite cuando sí se admite que el radar va a
tener siempre deficiencias de carácter técnico en la zona. En todo caso, como el conjunto de medidas es positivo y se da un paso adelante, fundamental y concreto, hemos llegado a esta transacción con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular integrando también algo que estudie la amplificación, una mejor cobertura de los seguros cuando haya este tipo de accidentes en la mar. Todo esto constituye una moción muy positiva y les pido su apoyo a todos los grupos
parlamentarios de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción presentada por el Grupo del Bloque Nacionalista Galego y ha presentado un par de enmiendas de mejora técnica, la primera de ellas al punto cuarto, en la que se solicita que,
además de lo propuesto por el Bloque Nacionalista Galego, se instalen radares de control de tráfico que cubran las zonas de la bahía lucense y de Ortegal, y un nuevo punto, un punto noveno, que sería el inicio de conversaciones con la Xunta de
Galicia para ampliar las coberturas del seguro colectivo de accidentes en el mar. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción y el texto refundido que se ha conseguido entre el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Galego y el propio
Partido Popular.
Al hilo del debate que hubo en esta Cámara la pasada semana entre la ministra de Fomento y el diputado del Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Parlamentario Popular, que tratará este tema en la comisión correspondiente más adelante, sí
tiene que decir claramente que es importante saber si los medios de la Armada, es decir, el buque Neptuno, los submarinistas de la Armada y los submarinistas de la Guardia Civil fueron utilizados, y por qué no fueron utilizados en caso de no serlo.
También es muy importante, y hay que destacarlo que, aunque estamos hablando de un grave accidente en el que ha habido personas desaparecidas, muertos y cadáveres, nosotros nunca los utilizaremos -siendo el resultado de una catástrofe-
contra ningún gobierno ni ningún grupo parlamentario. Hay que dejar muy claro que es importante tener en cuenta la necesidad de averiguar si la respuesta que se ha dado desde Sasemar, desde la Dirección General de la Marina Mercante, en definitiva
desde el Ministerio de Fomento, fue lo suficientemente rápida como para poder haber evitado una tragedia.
Coincidimos con lo que decía la ministra de Fomento, ahora y antes, en que los medios utilizados por el Ministerio de Fomento y por la Dirección General de la Marina Mercante son los que están a disposición en cada momento para la
Administración marítima, pero queremos decir también que cuando el diputado del Bloque Nacionalista Galego la pasada semana decía a
la señora ministra que no se había pedido asesoramiento externo para saber si las medidas que se habían adoptado eran las correctas o no, nosotros decimos también, sobre si son necesarios asesoramientos externos, como decía la señora
ministra, que los técnicos y los funcionarios de Sasemar, de la Marina Mercante y del Ministerio de Fomento son tan expertos o más que cualquier asesoramiento externo que se quiera buscar. Por ello coincidimos en que las palabras dichas por la
ministra de Fomento son válidas ahora y antes, y este grupo parlamentario no utilizará ninguna tragedia para reprochar a ningún Gobierno ni a ningún grupo parlamentario ningún tipo de actuación negligente, porque estamos plenamente convencidos de
que está fuera de toda lógica que ningún Gobierno pretenda cometer voluntariamente ningún tipo de negligencia que perjudique, como en este caso, las vidas humanas.
Por ello, señorías, vamos a apoyar esta moción, pero sin duda alguna en la comisión correspondiente seguiremos analizando en profundidad este texto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
En turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, el pasado 2 de junio se hundió el buque O Bahía. En ese buque iba una tripulación de diez hombres, todos ellos marineros cualificados, todos ellos con experiencia en experiencia en tareas de
pesca. Desde aquí ofrecemos nuestra condolencia a sus familias.
La tragedia del O Bahía debe servirnos para hacer una reflexión global sobre las condiciones de trabajo en el mar y avanzar en la lucha contra una siniestralidad que a veces es evitable. La pesca marítima, señorías, es el sector laboral con
mayor índice de accidentes de trabajo y también con mayor número de muertos en proporción en estos accidentes. La verdad es que ni en los países más desarrollados hay una asunción social y política clara de los factores de riesgo que comporta el
trabajo en el mar. Hasta ahora los programas públicos se han centrado en medidas y dispositivos de rescate, sin duda necesarios, pero dejando en un segundo plano la seguridad y la prevención.
La pesca siempre tendrá riesgos, pero su siniestralidad puede minimizarse y hay que hacerlo. Las administraciones tienen que revisar las normativas de formación y seguridad y hacer que se cumplan. Las administraciones, como recoge la
propuesta del BNG, que nosotros asumimos y sintetizamos, tienen que mejorar aún más los medios de auxilio, comunicación y rescate y su funcionamiento y, sobre todo, tienen que forzar unas relaciones laborales equitativas. El sector también tiene
que asumir su responsabilidad de forma activa, garantizando la seguridad e idoneidad de los barcos, mejorando los medios técnicos de comunicación y salvamento a bordo, formando el personal y regulando la actividad laboral, mejorando las condiciones
de trabajo y evitando imprudencias a bordo, no siempre voluntarias, que terminan matando.
Después del desastre del Prestige, esta otra tragedia pone de manifiesto que la siniestralidad de las costas gallegas es muy alta y su corrección es un objetivo de nuestro Gobierno. Es necesario mejorar la situación del salvamento marítimo
en nuestro país, materia que fue objeto de múltiples iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista cuando gobernaba el Partido Popular, y ahora seguimos en ello. Es necesario que se dé una información transparente acerca de las causas de este
accidente y de todas y cada una de las intervenciones que tenga que realizar Salvamento Marítimo. Es necesario establecer con urgencia las medidas correctoras necesarias en la gestión del sistema mundial de socorro, SMS, por parte de la Dirección
General de la Marina Mercante y Sasemar, de forma que no se produzcan deficiencias irregulares en su funcionamiento. Es necesario dotar de personal suficiente a la flota de helicópteros de Sasemar y en particular al Helimar-Galicia. Es necesario
dotar de buques adecuados y de personal cualificado, incluido buzos, a Sasemar de Galicia. Es necesario garantizar que el sistema de control por radar en todo el corredor de Finisterre no tenga zonas de sombra, siempre que sea posible técnicamente.
Es necesario hacer público el informe sobre las causas del siniestro del buque O Bahía y sobre las actuaciones que se llevaron a cabo. Es necesario estudiar, junto con la Xunta de Galicia, una mejor coordinación de las competencias de Sasemar en
Galicia . Por último, es necesario tener en cuenta todos los medios de los distintos organismos públicos, incluidos los de la Armada, a la hora de actuar en los siniestros.
Por ello, señorías, aceptamos lo sustancial de la moción que ha presentado el Grupo Mixto y por ello pedimos al Gobierno que resuelva las necesidades que también nosotros demandamos mediante iniciativas parlamentarias en la anterior
legislatura y que ahora, por coherencia y por sentido de responsabilidad, volvemos a pedir. Además, en coherencia con nuestro planteamiento de incentivar las políticas preventivas instamos al Gobierno a potenciar los programas formativos sobre
seguridad marítima, salud laboral, salvamento, supervivencia, etcétera, garantizando que todos los tripulantes tengan acceso a dicha formación, así como a dotar de mecanismos que garanticen el perfecto estado de las embarcaciones que salen a faenar
en todos sus aspectos estructurales y técnicos.
Señorías, creo que habrá coincidencia en que hay que invertir en seguridad, en hacer barcos seguros, en formar bien a los trabajadores, en realizar prácticas de seguridad a bordo de los barcos, en que las inspecciones de buques y los
despachos para salir al mar hay que hacerlos en los barcos y no en tierra, en controlar mejor
el cumplimiento de las normas de seguridad. Estas cosas tan sencillas no son práctica habitual. Se puede y debe hacer un mayor esfuerzo en prevención. Esperamos, como acaba de declarar el señor Rodríguez, que nuestra propuesta sea
aceptada porque es una propuesta positiva que pretende ayudar a afrontar un problema que se repite como tragedia inevitable cuando no tiene por qué ser así.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Verde? (Pausa.)
¿Esquerra Republicana, señor Andreu? (Pausa.)
¿Señor Guinart?
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo va a votar favorablemente a la moción; al haber conseguido esa transaccional, consideramos que debemos apoyarla.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, aceptamos la transaccional que hemos elaborado entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Bloque Nacionalista Galego, que está en poder de la presidencia de la
Cámara.
Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
En primer lugar, procederemos a la votación de las dos proposiciones no de ley y, posteriormente, a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, en los términos originales de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 176; en contra, 125; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley ha sido aprobada.
(Aplausos.)
Procedemos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada
por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 139; en contra, 160; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley ha sido rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con las votaciones de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera del Grupo Parlamentario Vasco sobre la creación de consejos autonómicos del poder judicial, que se vota en los
términos originales tal y como se presentó esta moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 34; en contra 272.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la última moción, sobre valoración del funcionamiento de los medios de Salvamento Marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de O Bahia, la enmienda transaccional del grupo proponente con el Grupo
Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Era la una y treinta minutos de la madrugada.