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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 15/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 16
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 15
celebrada el martes, 15 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 15-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000001.) ... (Página 564)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 36-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000022.) ... (Página 574)
Modificación del orden del día ... (Página 585)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento: ...
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por 75 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe de la posición que defenderá el Gobierno en la Conferencia
Intergubernamental sobre la Constitución europea. (Número de expediente 210/000002.) ... (Página 585)
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para informar de la posición de España en el Consejo
Europeo. (Número de expediente 210/000003.) ... (Página 585)
- Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la posición de España ante la Conferencia Intergubernamental. (Número de expediente 210/000004.) ...
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre ratificación de los Protocolos Adicionales Cuatro, Siete y Doce al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 24, de 28 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000082.) ... (Página 615)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales oficiales.
'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 19, de 21 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000066.) ... (Página 623)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación del Polígono de Tiro de las Bardenas Reales de Navarra: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 34, de 11 de junio de 2004. (Número de expediente 173/000010.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la coordinación entre los distintos órganos existentes y los anunciados por el Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 34, de 11 de junio de 2004. (Número de expediente 173/000011.) ... (Página 638)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 564)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social ... (Página
564)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Destaca el especial simbolismo que tiene para su grupo el que la primera proposición
de ley que se defiende en esta Cámara en la presente legislatura sea la de la compatibilización de las pensiones de viudedad del SOVI y del Sistema de la Seguridad Social y, además, sea a instancias de su grupo, lo que demuestra su compromiso, sin
ambigüedad y de manera rotunda, con un modelo de sociedad justo, basado en la cohesión social. Se trata de una vieja reivindicación de la mayoría de los grupos parlamentarios desde hace tiempo, y recuerda que fue Convergència i Unió quien puso
encima de la mesa por primera vez en el año 1997, en los debates sobre la racionalización y consolidación del sistema de la Seguridad Social, la necesidad de articular medidas para superar la injusticia que suponía la incompatibilidad entre el SOVI
y la pensión de viudedadon Está seguro de conseguir el voto favorable de los grupos de la Cámara a la toma en consideración de esta proposición de ley y adelanta la buena disposición de Convergència i Unió a las propuestas que formulen el resto de
los grupos en el trámite parlamentario.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Azpiroz Villar, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad ... (Página 574)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración la señora Bonàs Pahisa, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) Esta iniciativa, explica, tiene como objetivo modificar el apartado 4 del artículo 143 del
Código Penal porque están convencidos de que con estas modificaciones de ley se abre una puerta de esperanza a personas que se encuentran en situaciones límite de sufrimiento en contra de su voluntad, siempre que se haga con las garantías necesarias
para asegurar que no se produzcan riesgos innecesarios. Pide que se aborde esta cuestión desde un planteamiento jurídico, y no desde planteamientos religiosos o morales, ya que el Estado español es un Estado aconfesional, y desde los derechos de
las personas: el derecho a una vida digna y el derecho a vivirla dignamente hasta el final.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con las pensiones de
viudedad del Sistema de la Seguridad Social, se aprueba por 313 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) de modificación de la Ley General de Sanidad, se rechaza por 18 votos a favor, 293 en contra y cinco abstenciones.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 585)
La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 40, correspondiente al debate
relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria, pase a debatirse con anterioridad al punto 39, referido a las propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2002, lo que se aprueba
por asentimiento.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento ... (Página 585)
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por 75 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe de la posición que defenderá el Gobierno ante la Conferencia
Intergubernamental sobre la Constitución europea ...
(Página 585)
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los grupos parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para informar de la posición de España en el Consejo
Europeo ... (Página 585)
Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la posición de España ante la Conferencia Intergubernamental ... (Página 585)
El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) comparece ante la Cámara para informar sobre la posición de España ante la Conferencia Intergubernamental y recuerda, en primer lugar, que hace 27 años se celebraron en España las
primeras elecciones libres y democráticas de la historia reciente, clausurándose así no sólo décadas interminables de autoritarismo y de negación de derechos, sino también de aislamiento internacional al que la dictadura nos había condenado, y
abriendo la posibilidad de incorporar a España al proyecto europeo, de cuyos orígenes habíamos quedado excluidos a causa de la anormalidad institucional en que habíamos vivido. Recuerda este hecho no sólo como homenaje a los españoles que
protagonizaron la recuperación de la democracia sino también para poner de relieve las muchas semejanzas de aquel momento con las circunstancias que caracterizan el actual momento constituyente de ese milagro histórico que es la Unión Europea.
Asimismo resalta el hecho de que sea la primera vez que un presidente de Gobierno sube a la tribuna antes de un Consejo Europeo para informar a la Cámara con carácter previo y así los representantes del pueblo español puedan debatir largamente sobre
lo que el Gobierno hará en los próximos días, pasando a exponer los cuatro tipos de consideraciones que lo aconsejan: primera, la singular importancia de la cita europea de esta semana para los destinos del proyecto europeo; segunda, su decidido
compromiso de hacer del Parlamento el centro de la vida política; tercera, su voluntad de permanente diálogo con las fuerzas políticas y cercanía con los ciudadanos y, por último, contribuir a que los ciudadanos sientan como propias cuantas
cuestiones se discutan sobre la configuración de Europa. A continuación pasa a exponer los dos objetivos que tiene la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea: uno, abordar los distintos asuntos incluidos en la agenda
anotada del Consejo Europeo (nombramientos; espacio de libertad, seguridad y justicia; terrorismo; ampliación; perspectivas financieras; cuestiones económicas y empleo, y asuntos exteriores, tanto de seguridad común como de seguridad y defensa)
y, dos, culminar los trabajos de la Conferencia Intergubernamental para aprobar definitivamente el proyecto de Constitución europea. Finalmente, confía en compartir con todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara una visión común de
las líneas generales de la política exterior de España que nunca, dice, debió dejar de ser una política de Estado basada en el consenso y el diálogo, y apela al sentido de responsabilidad de todos para llevar a buen puerto las negociaciones sobre la
Constitución europea.
Intervienen en el debate los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
(ERC); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez
Sánchez, y las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
La Presidencia da por concluido el debate, tras las protestas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y anuncia la celebración de un debate abierto el próximo día 23 a las cuatro de la tarde sobre el resultado de la cumbre europea
del día 17 y 18, en el que habrá exposición del Gobierno, réplica, dúplica, contrarréplica y contradúplica.
Proposiciones no de ley ... (Página 615)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre ratificación de los Protocolos adicionales cuatro, siete y doce al Convenio europeo par la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ...
Presenta la proposición no de ley el señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Resalta el carácter simbólico de esta iniciativa, primera que su grupo defiende en esta legislatura, al ser uno de los ejes
fundamentales de su programa electoral y de su visión de la política y de la sociedadon En ella se insta al Gobierno a tomar las iniciativas necesarias para que se ratifiquen los Protocolos cuatro, siete y doce del Convenio europeo de derechos
humanos: el cuatro habla del derecho a la libre circulación, de la prohibición de la prisión por deudas, de la prohibición de expulsión de un país de sus nacionales o de la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros;
el siete se refiere al principio de legalidad en la expulsión de extranjeros, a la indemnización por error judicial, al principio de cosa juzgada en lo penal, a la igualdad de derechos y de deberes entre cónyuges; y el doce, que considera
el más importante, se refiere al principio de no discriminación.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor López Garrido.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales oficiales ... (Página
623)
Presenta la proposición no de ley el señor González Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que esta iniciativa parlamentaria tiene como objeto devolver de nuevo las aguas de la representación deportiva
internacional de España a su cauce y que vuelva a imperar la sensatez y responsabilidad tras la votación favorable por parte del Grupo Socialista de una moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto el día
1 de junio sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas autonómicas. Se trata, dice, de dar una oportunidad al Partido Socialista de rectificar, a través de su grupo parlamentario, en beneficio de la mayoría de españoles, de esa mayoría a
la que tanto se han referido durante mucho tiempo pero que parece haber sido sustituida por los pactos con otras minorías y por las presiones de aquellos que hoy apoyan políticamente al presidente del Gobierno. Pregunta al Grupo Socialista qué es
lo que no les gusta de su proposición no de ley y les pide que se aclaren a la hora de votar, porque el Partido Popular nunca renunciará a que las selecciones nacionales de todas las modalidades deportivas sean las que intervengan en las
competiciones internacionales, representando a todos, incluidos aquellos que renuncian a ser representados por ellas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; Palma i Muñoz, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas interviene el señor González Pérez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre la ratificación de los Protocolos adicionales 4, 7 y 12 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, en los términos de la enmienda transaccional aceptada por todos los grupos parlamentarios, se aprueba por 311 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales
oficiales, en sus propios términos, se rechaza por 129 votos a favor, 180 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 633)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación del polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra ... (Página 633)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto. Se trata, como ya explicó en el debate de la interpelación, de terminar con una de las más extrañas paradojas que se producen
en territorio peninsular, y es la existencia de un polígono de tiro aéreo y bombardeo en el corazón de un enclave declarado por la Unesco reserva mundial de la biosfera
y declarado parque natural por la Administración Foral de Navarra.
Recuerda que el contrato ahora en vigor entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas finaliza en el año 2008, por lo que insta al Gobierno a buscar un enclave
alternativo, como prometió el ministro de Defensa, antes de esa fecha. Finalmente anuncia que aceptará la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que, entiende, se comprometen a dicho desmantelamiento.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la coordinación entre los distintos órganos existentes y los anunciados por el Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Sánchez-Camacho Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Afirma que la prioridad de cualquier gobierno debe ser garantizar la seguridad de sus
ciudadanos como pilar básico de la convivencia democrática y el Partido Popular y su gobierno así lo hicieron durante ocho años en los cuales la lucha contra el terrorismo fue una prioridadon Entiende que el Gobierno del Partido Socialista también
lo considera una prioridad, y en ello encontrarán siempre el apoyo del grupo mayoritario de la oposición, sin embargo, añade, la coordinación entre los diferentes órganos, los ya existentes y los creados por este Gobierno para garantizar la
seguridad de los ciudadanos en la lucha contra el terrorismo no está siendo eficaz y en algunos casos considera que incluso esos órganos son innecesarios.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Martínez Sanjuán del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Sánchez-Camacho Pérez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la situación del polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra, en los términos de la enmienda transaccional, se aprueba por 283
votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la coordinación entre los distintos órganos existentes y los anunciados por el Gobierno para garantizar la seguridad de
los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo, en sus propios términos, se rechaza por 118 votos a favor y 169 en contra.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA COMPATIBILIZAR LAS PENSIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) CON LAS PENSIONES DE VIUDEDAD DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente
122/000001.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 15. En primer lugar, quiero presentarle disculpas del presidente y de la Mesa por este retraso, debido a la reunión de Mesa y Junta de Portavoces que ha durado un poco más tiempo del
previsto. Les ruego, pues, que nos disculpen por haberles hecho esperar.
Iniciamos el orden del día con la toma en consideración de proposiciones de ley. La primera del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con las
pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social. En segundo lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad. Les comunico que se procederá al voto acumulado de las dos tomas en consideración de proposiciones de ley una vez concluido el debate de ambas, con lo cual, si todo marcha correctamente, en cualquier caso no será antes de las dos de la
tarde, para que ustedes ordenen sus trabajos.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna, señorías, con la satisfacción de presentar esta primera proposición de ley de Convergència i Unió en esta legislatura, que tiene como objetivo hacer compatible la pensión SOVI con la pensión de viudedad. Primera
proposición de ley de Convergència i Unió y también primera proposición de ley que un grupo parlamentario defiende en esta Cámara. Para Convergencia i Unió tiene especial simbolismo que nuestra primera propuesta de nueva ley para esta legislatura
sea precisamente ésta. Con ello queremos indicar nuestro compromiso, sin ambigüedad y de manera rotunda, con un modelo de sociedad justo, basado en la cohesión social. Al plantear esta iniciativa somos coherentes con una vieja reivindicación que
la mayoría de grupos de la Cámara venimos manteniendo desde hace tiempo en la misma, exigiendo esta compatibilidad. Es bueno recordar que en los debates de 1997 sobre la Ley de racionalización y consolidación del sistema de la Seguridad Social, en
ese marco y posteriormente en un debate de política general, fue Convergència i unió quien puso encima de la mesa la necesidad de articular medidas para superar esa contradicción, esa injusticia que era la incompatibilidad entre el SOVI y la pensión
de viudedad. Estamos frente a una realidad, una pensión, la del SOVI, relativamente poco numerosa, que afecta a 350.000 personas en el conjunto del Estado, de ellas el 26 por ciento en nuestro país, en Cataluña, y que es la pensión más baja de
nuestro sistema de protección social, 268 euros de pensión media. Por otro lado, tiene un durísimo régimen de incompatibilidades: es una pensión que no puede ser concurrente con ninguna otra pensión de nuestro sistema de protección social. Se
vive el absurdo -y lo hemos expuesto en anteriores ocasiones en el Pleno de esta Cámara- de que en aquel hogar donde conviven dos personas, un hombre pensionista que cobra su pensión de jubilación, 691 euros de pensión media, y una mujer que cobra
su pensión SOVI resultado de su periodo de cotización cuando haya trabajado, 268 euros, a la muerte del marido la esposa debe escoger entre aquella pensión SOVI que cobraba hasta entonces, 268 euros, o el 52 por ciento de su pensión de viudedad. En
este hogar, evidentemente la situación se hace insostenible. Esta proposición de ley pretende resolver esa situación, esa situación injusta que tan solo podemos entender que se haya mantenido a lo largo de estos años por una visión fría y
burocrática, y es necesario que esta Cámara, con la nueva mayoría existente, sea capaz de reducir.
Señorías, el debate sobre la pensión SOVI es también un debate sobre la pobreza en España. Todos los estudios publicados en los últimos tiempos en Cataluña y en el conjunto del Estado sobre la pobreza, el último de ellos La pobreza en
Catalunya, de la Fundación Un sol món, de Caixa de Catalunya, ponen en evidencia que una parte de las personas que podemos considerar pobres son mujeres solas, mayores y viudas, que tienen pensiones bajas, pensiones de viudedad bajas o pensiones del
SOVI bajas, extremadamente bajas. Por tanto, señorías, combatir, reducir, prohibir la pobreza en España pasa también por hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad. Señorías, esta situación del SOVI se arrastra por una determinada
realidad de nuestro sistema de protección social, que históricamente ha marginado a las mujeres... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Campuzano.
Señorías, ¿tendrían la amabilidad de guardar silencio? Por favor, señorías, guarden silencio porque si el hemiciclo se constituye en despacho es complicado. Salgan a pasear por la M-30, será siempre mucho mejor y se respetará lo que dice
el diputado que habla.
Adelante, señor Campuzano, recuperará usted su tiempo, no se preocupe.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente, muy amable.
Decía que esta situación, por otro lado, respondía a una determinada manera de organizar nuestro sistema de protección social, que históricamente ha marginado la presencia activa de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado y en el
campo de la protección social por el trabajo formal. Una situación que condena a una generación de mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas, que fueron básicas en la cohesión social del conjunto de la sociedad de España en los años cuarenta,
cincuenta y sesenta. Reconocer hoy la compatibilidad
del SOVI con la pensión de viudedad es reconocer el papel de esa generación de madres y de abuelas en el progreso general de nuestra sociedad.
Señorías, desde Cataluña especialmente queremos dar respuesta a esta necesidad. Alrededor del 26 por ciento de las actuales pensiones SOVI las reciben ciudadanos que residen y viven en Cataluña. No es casualidad que hoy esta iniciativa
vaya a tener un marcado acento catalán. Es Convergència i Unió quien trae esta proposición para su discusión en la Cámara, pero van a ser también portavoces catalanes quienes en nombre de sus diversos grupos se van a pronunciar. Desde Cataluña
esta es una vieja demanda que necesita solución ya, una solución que debe ser urgente.
Desde 1990 tenemos 200.000 pensionistas SOVI, y a un ritmo del 2 por ciento desaparecen las personas que reciben este tipo de prestación. Es urgente en los
próximos años dar cauce, dar salida a esta situación.
Además, señorías, existe una activísima sociedad civil, comprometida desde hace años en la defensa de esa concurrencia entre el SOVI y la pensión de viudedad, también muchísimas veces liderada desde Cataluña. Son asociaciones de mujeres,
asociaciones de viudas, asociaciones de pensionistas que vienen reclamando ese esfuerzo de mejora y la búsqueda de una solución.
Finalmente, en esta toma en consideración que creo vamos a conseguir por unanimidad de todos los grupos de la Cámara, mi grupo anuncia que lógicamente en el trámite parlamentario vamos a estar atentos a las propuestas que formulen el resto
de los grupos, en función también de otras iniciativas que han entrado en la Cámara después de que Convergència i Unió presentase su iniciativa. Vamos a estar especialmente atentos a los análisis económicos que el Gobierno debe realizar. Antes del
inicio del debate la portavoz del Grupo Socialista me recordaba que existe un compromiso del Gobierno, realizado a principios de septiembre, de hacer público un nuevo estudio económico sobre el impacto del SOVI, pero todo eso no debe ser excusa para
demorar lo que es una demanda urgente. En la pasada legislatura, en el marco del Pacto de Toledo, nos comprometidos todos los grupos políticos a corregir esta situación y en la última campaña electoral todos los grupos nos hemos comprometido
también a darle solución. Ni la indiferencia ni la excusa burocrática pueden permitir que esta ley no salga adelante.
Desde Convergència i Unió, señorías, estamos convencidos de que sería importante, sustancial, que indicaría un pleno compromiso de la Cámara en la defensa de un modelo de sociedad justa, en la defensa de un modelo de sociedad cohesionado, en
la defensa de nuestro compromiso para erradicar y reducir la pobreza en España, que la primera ley que aprobásemos en esta legislatura fuese la ley que hiciese compatible el SOVI con la pensión de viudedad. Estoy seguro de que con la generosidad de
todo el mundo este proceso se va a poder iniciar hoy.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular (Pausa.) Perdón, señor Azpiroz. Vamos a aplicar la regla de menor a mayor. En consecuencia, le corresponde
intervenir en primer lugar al Grupo Parlamentario Mixto, a la señora Lasagabaster y, a continuación, al señor Rodríguez, que imagino repartirán el tiempo del turno de palabra convenientemente.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Ciertamente seré muy breve, porque no tenemos más que un voto, el positivo a esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la proposición de ley para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
Como decía el portavoz del Grupo Catalán, las pensiones del SOVI son las más bajas del sistema de protección social contributivo y están sujetas a un régimen de incompatibilidades terriblemente estricto que genera situaciones
discriminatorias que coadyuvan a configurar una importante bolsa de pobreza formada por personas mayores, principalmente mujeres.
Creemos que hay que solucionar esta situación discriminatoria y hay que hacerlo atendiendo a criterios de solidaridad
social y de necesidad que en todo caso y siempre deben presidir todo sistema de Seguridad Social moderno, completo y progresista.
Por todo lo anteriormente dicho, sería suficiente con el voto positivo, pero hemos querido dejar claro nuestro apoyo a esta iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario Catalán para flexibilizar el régimen de incompatibilidades al que se
hallan sometidas estas pensiones del SOVI, de manera que sean compatibles con las pensiones de viudedad de cualquier de los regímenes del actual sistema de la Seguridad Social o del régimen de Clases Pasivas, máxime si se tiene en cuenta su carácter
residual y el hecho de que estas pensiones representan el principal medio de subsistencia de un importantísimo colectivo de personas mayores.
Señor presidente, por supuesto votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En la actualidad, según los datos de mayo de 2004, aún existen 350.676 beneficiarios o beneficiarias de pensiones procedentes del SOVI, pero ese número va decreciendo año a año porque la mayoría de pensionistas que ahora son reconocidos
tienen derecho a percibir una pensión procedente del actual sistema de la Seguridad Social, lo que hace incompatible que aun teniendo cotizaciones al antiguo SOVI puedan serles reconocidas prestaciones del mismo.
El Bloque Nacionalista Galego tiene clara la insuficiencia cuantitativa de las pensiones del SOVI y no sólo en estos momentos, en los que hay términos de comparación con las pensiones del sistema de la Seguridad Social, sino que desde su
inicio las reglamentaciones de trabajo surgidas a partir de los años cuarenta establecieron formas complementarias de protección por ramas profesionales, cristalizando en el año 1954 en el llamado Mutualismo Laboral, antecedente inmediato de la
actual Seguridad Social.
En la actualidad la pensión media del SOVI apenas alcanza los 268,66 euros mensuales, frente a los 575,43 euros de media del sistema, o los más aceptables 691,63 euros de media del régimen general de la Seguridad Social. El artículo 41 de
la Constitución ordena a los poderes públicos mantener un sistema público de Seguridad Social que además garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. No existe una situación de necesidad más evidente que el defecto de
ingresos originado por el cese derivado del trabajo por edad o por enfermedad, contingencias que protege el SOVI. Sin embargo, no podemos juzgar que ante un Estado con una economía tan boyante, que incluso se permite destinar superávit de la
Seguridad Social a cubrir los déficit de otras administraciones que nada tienen que ver con el bienestar, una prestación mensual de 299 euros al mes pueda merecer el calificativo de suficiente en el sentido de que garantice un mínimo de renta
mensual que baste para poder tener cubiertas de manera dignas las necesidades básicas. Por tanto, esta situación ya no sólo es políticamente inaceptable, sino que desde un punto de vista constitucional puede ser censurable al apreciarse un
incumplimiento de la orden de garantía de prestaciones sociales suficientes que la Constitución dirige a los poderes públicos y que debemos respetar en todos sus aspectos.
La presente iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán pretende continuar en esta línea de identificación de las pensiones del SOVI, de manera que se elimine la incompatibilidad legal con otras pensiones del sistema público. Por tanto,
además de valorarla muy positivamente, pues desde el punto de vista económico contribuiría a incrementar unas exiguas pensiones de muchos pensionistas del SOVI, creemos que se trata de una cuestión de equidad legal, ya que es realmente injusto que
se mantenga una incompatibilidad entre pensiones de distintos sistemas de protección social cuyo reconocimiento se ha causado al amparo de legislaciones distintas promulgadas en periodos diferenciados. No estamos hablando, por tanto, señorías, de
incompatibilidad entre pensiones de un mismo sistema, sino que la regulación posterior del actual sistema de Seguridad Social ha venido a inviabilizar que se puedan seguir reconociendo pensiones generadas por cotizaciones al amparo de una norma
anterior, lo cual debe ser eliminado. Por ello, vamos a apoyar esta iniciativa en la misma línea de lo que ya hemos manifestado en anteriores ocasiones ante esta Cámara y de las iniciativas coincidentes que hemos presentado, ya que la voluntad de
mejorar las pensiones del SOVI debe ser refrendada con la modificación legal que posibilite un régimen de incompatibilidad más flexible comenzando por las pensiones de viudedad, que son las más bajas del sistema. En suma, el Bloque Nacionalista -y
concluyo ya- se va a sumar a la necesidad de acometer esta reforma legal recordando su adecuación al mandato constitucional contenido en el artículo 41, y la necesidad de considerar que se trata de un paso adelante en la dirección de aumentar los
niveles de protección social y bienestar de la ciudadanía, por lo que debemos seguir prestando más atención a estos aspectos y no sólo al cumplimiento de índices de estabilidad y crecimiento económico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Mardones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Como bien nos ha recordado en su introducción el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esta es una iniciativa ya reiterada por parte de su grupo, cosa que le honra. Ya en los debates que tuvimos en febrero del año
2002 y 2003 y también durante los debates de las leyes de presupuestos generales del Estado se había planteado esta cuestión, porque hay una razón de justicia social que ampara nuestra propia Constitución. En esa misma línea de armonía mi grupo va
a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para compatibilizar con plena flexibilidad el sistema del Seguro Obligatorio de Vejez de Invalidez con las pensiones de viudedad del
sistema cotizable de la Seguridad Social.
Estamos hablando de pensiones que tienen un origen contributivo pero, como bien se ha señalado, la parquedad, la debilidad de todo el sistema de Seguridad Social en estos colectivos en vejez e invalidez son en este momento verdaderamente
clamorosas. Como bien se recuerda en la propia justificación de la iniciativa, se vienen creando unos verdaderos islotes, unos guetos de pobreza, sobre todo en el colectivo de las viudas. Es necesario hacer compatibles las pensiones de origen
contributivo. Se trata de encontrar, con esta proposición de ley, un sistema que haga posible esta compatibilidad y que flexibilice el sistema.
En la exposición de motivos se parte del juicio de valor positivo que supone que la pensión SOVI sea la más reducida de todas las contributivas y de las más bajas de nuestro sistema. En algunas comunidades autónomas, como es el caso de
Canarias, las pensiones SOVI son más bajas que en el resto del Estado español, y por supuesto que en Cataluña. También por esta razón de lo que ocurre en Canarias nuestro voto será favorable. La mayor longevidad y el número de viudas que figura en
los cánones demográficos que están percibiendo solamente la pensión SOVI y la complementaria que permite la legislación actual -que obliga a la incompatibilidad de dos pensiones contributivas- hacen que verdaderamente la situación, desde un punto de
vista de justicia social, sea muy lamentable.
Coalición Canaria da su voto positivo a la toma en consideración de esta proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para corregir lo que actualmente es una auténtica injusticia social. Esperamos que se
pueda aportar la memoria económica que debe acompañar a todo proyecto de ley, ya que se escapa de la capacidad de un grupo que no está en el Gobierno de la nación, para que en el trámite de ponencia y Comisión, junto con las aportaciones que nos
hagan los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Economía y Hacienda del Gobierno, sepamos el alcance económico de la medida que estamos proponiendo. Sin embargo, como para nosotros en este momento es prioritario un concepto político de
justicia social, Coalición Canaria da su voto positivo a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera manifestar nuestro enorme malestar por la negativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
a la posibilidad de acumular las diferentes iniciativas presentadas sobre el mismo problema y realizando, por tanto, propuestas en una misma línea, como es la de nuestro grupo parlamentario.
Lo lamentamos, pues se ha iniciado -esperamos que se
pueda retroceder en este sentido- con este gesto un camino que yo llamaría peligroso, insolidario y, sobre todo, muy poco eficaz.
Es cierto que parece ridículo hablar de cortesía y de buenas formas y de que hay que poner los intereses de los ciudadanos por delante de los de la política, y es cierto que en estos tiempos que corren hablar en este sentido parece ingenuo.
En todo caso, inicialmente y antes de continuar argumentando nuestro voto favorable, queríamos manifestar esta incomodidad por no haber acumulado las propuestas y debatirlas conjuntamente. Dicho esto y siendo coherentes, nuestro grupo parlamentario
tiene muy claro cuáles son las verdaderas prioridades y cuáles son sus objetivos. No dudamos desde el primer momento en que vimos la propuesta de Grupo Catalán (Convergència i Unió).
No venimos aquí para hacer ver que nos preocupamos por los ciudadanos y ciudadanas, venimos a hacer política y, en nuestro caso, fundamentalmente política social. Así lo vamos a hacer siempre que nos sea posible. Hacer política es buscar
salidas a los problemas de nuestra gente, buscar alternativas a las cosas que no funcionan y mejorar en todo lo posible la calidad de vida, fundamentalmente de las personas que más lo necesitan y que menos recursos tienen. Por todo esto, reitero
que votaremos a favor de la toma en consideración de la propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió). No podemos votar en contra de lo que sería nuestra propia propuesta, de lo que sería nuestro programa y de lo que sería nuestro propio perfil
político. A pesar de las formas, las cuales no compartimos, vamos a votar a favor de lo que es importante, que en este caso son las personas que sufren la incompatibilidad para cobrar el SOVI y la pensión de jubilación.
Quiere explicar también esta diputada que nuestra proposición de ley va más allá de la propuesta que realiza el Grupo Catalán (Convergència i Unió), ya que nosotros planteamos dos problemas y dos situaciones: primero, la necesidad de que
sea compatible la pensión de viudedad de cualquiera de los regímenes del actual sistema de la Seguridad Social o del régimen de Clases Pasivas con la pensión del SOVI; segundo, numerosos españoles emigrantes de los años cincuenta y sesenta alcanzan
actualmente la edad de jubilación y, pese a poseer muchos de ellos un extenso pasado laboral en nuestro país, les resulta en ocasiones muy difícil, cuando no imposible, probar los 1.800 días de cotización anteriores al 1 de enero de 1967 que son
necesarios para poder percibir la pensión a que da derecho la cobertura de ese periodo. Por este motivo nosotros queríamos aclarar que nuestra proposición contempla diferentes propuestas que, en este caso, van más allá de la propuesta concreta que
realiza Convergència i Unión, sin que por ello deje de ser importantísima y, evidentemente, merezca todo nuestro respeto y nuestra aprobación.
Queremos manifestar también que para Izquierda Verde este es un problema que forma parte del conjunto de propuestas que así hemos ido defendiendo desde hace muchos años, y en esta campaña electoral fundamentalmente aún más; propuestas que
deben desarrollarse
para abordar la problemática de la pobreza en nuestro país. Estamos hablando de personas, hombres y mujeres, niños y niñas, y entre ellos mayoritariamente de mujeres mayores que viven en el umbral de la pobreza.
Los datos son claros. En
España, aproximadamente el 14 por ciento de los núcleos familiares están formados por familias pobres. Todas estas familias no llegan al 50 por ciento de la renta per capita media y en el 20 por ciento de los hogares viven niños menores. Además en
el 66 por ciento de estos hogares viven personas jubiladas y, de éstas, el 60 por ciento son mujeres. De aquí viene la famosa frase que todos los grupos hemos utilizado en esta campaña electoral de que la pobreza tiene rostro de mujer. Espero que
recordemos esta frase que tanto se ha dicho en campaña y pongamos solución ahora, porque no tendremos más campañas electorales en tres largos años.
Para nuestro grupo la compatibilización del SOVI y de la pensión de viudedad afecta fundamentalmente a la mujer, a una mujer que vivió dedicada exclusivamente a la familia y que no tuvo oportunidades. Muchas de estas mujeres reciben el SOVI
porque trabajaron de jóvenes, pero abandonaron el mercado laboral, en la mayoría de los casos, debido a un sistema sociocultural que impedía, y criticaba, que la mujer casada continuara trabajando En otros muchos casos la mujer siguió trabajando
pero de forma irregular e ilegal y no ha podido acreditar las cotizaciones de la Seguridad Social. En el momento que cobran la pensión de viudedad pierden el SOVI ya que, como ya se ha dicho, no es recurrente.
Se ha de contabilizar el mantenimiento de ambas pensiones, que no ha de suponer un esfuerzo excesivo para el sistema de la Seguridad Social si se tiene en cuenta que muchas de estas pensiones de viudedad de mayores de 65 años, edad a partir
de la cual se tiene derecho a la pensión de jubilación del SOVI, no llegan a la cuantía mínima, por lo que generan derecho de complemento a mínimos y, por tal, la percepción del SOVI ahorraría estos complementos. Nosotros entendemos que es otra
aportación del segmento contributivo a la mejora de las rentas bajas de la gente mayor.
Para finalizar quiero aclarar de nuevo que nuestro voto será afirmativo y lamentamos nuevamente que no hayamos podido discutirlo con el sistema hasta ahora utilizado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El turno corresponde al Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras de felicitación al grupo proponente. Esta es una vieja pretensión, no sólo de las viudas, de los perceptores del SOVI y de los colectivos y agrupaciones en
los que se vertebra, sino también de nuestro grupo parlamentario, como lo es también del Grupo de CiU y de otros grupos parlamentarios de esta Cámara, que recurrentemente hemos presentado iniciativas con este pedimento y con esta pretensión: hacer
compatibles las pensiones del viejo SOVI con las pensiones de viudedad.
Señor presidente, no será casualidad que fuera Perrault, no sólo un reconocido autor de cuentos -algunos tan famosos como La cenicienta y La bella durmiente- sino, a su vez, un alto funcionario del gran Colbert, quien hablara por primera vez
de la protección de las viudas y de las mujeres ancianas con problemas económicos. Lo que pasa, señor presidente, es que a las viudas con problemas económicos desgraciadamente no les ocurre como a la Cenicienta o a la Bella durmiente, quienes al
final conocen a un príncipe encantador y encantado que resuelve sus problemas.
La situación de las viudas es muy diferente. La situación de muchas viudas es dramática, al menos de muchas de ellas y en general la de aquellas personas que en este
momento están siendo protegidas -entrecomillando la expresión- por esas pensiones que se llaman de supervivencia. Me estoy refiriendo a las pensiones de viudedad y de orfandad, por tanto, a las viudas y a los huérfanos. Lo que ocurre es que en
este ámbito se están creando verdaderas bolsas de pobreza, verdaderas situaciones de indigencia y verdaderas situaciones en donde la pura subsistencia económica es difícil.
El señor Rodríguez lo ha comentado con lucidez. Se están incumpliendo requerimientos constitucionales que configuran y organizan nuestro sistema público de pensiones, caracterizado en el artículo 41 por determinados principios: el primero
sería el carácter público de la protección; el segundo sería el carácter universal, la universalidad de la protección; el tercero, y clamorosamente incumplido en el caso de las viudas, sería el de la suficiencia -cuando la Constitución habla de
suficiencia, en virtud de un desarrollo luengo jurisprudencial, se refiere a suficiencia cuantitativa, a suficiencia económica-; el cuarto sería el de la irregresividad, lo que en la jurisprudencia constitucional significa que cualquier reforma del
sistema público de pensiones tiene que hacerse o incrementando o, al menos, manteniendo -como principio de mínimo- el sistema de protección de su cuantía previgente, es decir, el que es objeto de reforma; irregresividad que se ha incumplido
mediante la incompatibilidad de las pensiones de viudedad con las pensiones del SOVI.
Ningún partido de izquierdas, salvo que abdique de su tradición o de su identidad progresista, podría negar u oponerse a una proposición de estas características. Esperemos que no lo hagan. Estamos ante un requerimiento de justicia
material y de justicia social; estamos ante un requerimiento de una Constitución incumplida en dos de sus ámbitos o en dos de los paradigmas del Estado del bienestar, consagrados por el artículo 41 de la Constitución. Yo comprendo -el señor
Campuzano
también lo ha explicado bien- que no todas las viudas son iguales, hay unas viudas más iguales que otras -parafraseando a Orwell-, ni todos los huérfanos son iguales. El hecho -y esto sí que meritaría un cierto estudio más pormenorizado- de
que la pensión de viudedad sea compatible con, por ejemplo, rentas del trabajo, hace que no todas las viudas estén en una situación de indigencia, pero sí lo está casi la totalidad de aquellas a quienes se les ha incompatibilizado su pensión de
viudedad con la vieja pensión del SOVI. Estamos ante un requerimiento de justicia material, ante un requerimiento de cumplimiento de principios constitucionales que son indiscutibles en su percepción y perfilamiento constitucional. Desde esa
perspectiva, señor presidente, yo espero, no sólo de la vocación progresista de los grupos de esta Cámara que han tenido recelos o reservas mentales a la hora de aprobar esta petición tan razonable, sino también de la sensibilidad exigible a
cualquier representante de la ciudadanía, que se apruebe la toma en consideración de esta proposición de ley. La ausencia de tal sensibilidad está provocando una perversión -y esta sí que es una perversión que hace referencia al sistema público de
pensiones- consistente en que las pensiones de viudedad y las del SOVI sean de cuantía inferior a ayudas que están al margen del sistema de pensiones como son ayudas de emergencia social, ayudas de integración o ayudas de integración en el mercado
de trabajo, lo cual supone el principio del fin. Ese sí que es un elemento de desestructuración de cualquier sistema de pensiones. En definitiva, señor presidente, espero de la sensibilidad de todos los grupos de esta Cámara que algo tan justo y
atinado como lo que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sea objeto de aprobación y, si es posible, de aprobación unánime.
Señor presidente, estamos hablando de cumplir, sencillamente, la Constitución española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto entrega a la redacción del 'Diario de Sesiones', que dice lo siguiente: Els recordo novament que no podré adreçar-me a vostès en llengua catalana, perquè els meus
drets linguïstics no són reconeguts en aquesta Cambra. Els insto a actuar, solidàriament, amb nosaltres els catalanoparlants, per superar aquesta injusticia). Les recuerdo, nuevamente, que no podré dirigirme a ustedes en lengua catalana, mi lengua
materna, porque mis derechos lingüísticos no son reconocidos en esta Cámara. Les insto a actuar solidariamente con nosotros, los catalanohablantes, para superar esta injusticia.
Integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña, por medio del diputado Joan Puigcercós, ya propuso en la anterior legislatura, mediante una proposición no de ley, la supresión de las incompatibilidades de las
pensiones del SOVI, pues nos parecía una disfunción del sistema que debía resolverse. En aquella ocasión, la proposición no de ley fue derrotada por la mayoría popular. El día 4 de junio de 2004, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Cataluña, se presentó ante la Mesa del Congreso una proposición de ley, con el objetivo de modificar la disposición transitoria séptima del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con la finalidad de hacer compatibles las pensiones SOVI con las pensiones de viudedad. Por razones de procedimiento, nuestra proposición de ley no ha podido ser presentada para ser defendida por nuestro grupo
ante ustedes.
Aun así, debo decirles que es plenamente coincidente con la que nos ha presentado el diputado señor Campuzano.
Entendemos que debía ser así, atendiendo al hecho de que todo lo propuesto tiene su origen en unos años en que los salarios y retribuciones de los trabajadores eran escasos y, por ende, es el resultado de una época en que las bases de
cotización a la Seguridad Social eran también bajas.
Como consecuencia de ello, existe un gran número de beneficiarios de pensiones de jubilación, invalidez y viudedad, de escasa cuantía, que cohabitan en nuestro colectivo de beneficiarios de la
Seguridad Social.
Nuestro Estado de bienestar resulta serlo menos para una parte importante de su población de más edad: los que cotizaron en aquellos tiempos.
Mientras el sistema se presenta justo para buena parte de sus cotizantes, salvo
algunas excepciones, resulta ser poco agraciado con algunos, garantizando pensiones mínimas de escasa cuantía, que de todos es sabido y conocido que, además, resultan ser más exiguas en algunos territorios, por aquello del diferente coste de la
vida.
El debate debemos centrarlo en otro hecho excepcional que, en el caso de las pensiones SOVI, radica básicamente en un trato diferencial por razón de género. Cuando hablamos de la incompatibilidad de las pensiones SOVI, nos referimos a
aquella situación derivada de la aplicación de la disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, que prohibe la coexistencia de estas prestaciones residuales con cualquiera otra del sistema.
Cuando analizamos los colectivos a los que mayoritariamente afecta esta medida restrictiva, nos encontramos con que, mayoritariamente, afecta a las mujeres. Resulta que el propio origen transitorio y residual de la prestación, configura un perfil
del beneficiario de la misma, que habiéndose incorporado al mercado de trabajo en un determinado momento, posteriormente cesó en la cotización durante un largo período de su vida, hasta el momento en que se produce su contingencia.
Preguntémonos a quién debe corresponder mayoritariamente este perfil. Al de las mujeres que en su juventud se incorporaron al mercado de trabajo -véase el sector textil en Cataluña, por ejemplo- y que después del matrimonio, por prohibición
expresa, a falta de consentimiento escrito, tenían vedado el trabajo fuera del hogar; o por aquella socialización espuria del papel de la mujer ligado al cuidado del hogar, que en un determinado momento se fomentó, cesó en sus posibilidades de
seguir cotizando al sistema de Seguridad Social y consecuentemente vio vedadas sus posibilidades de materializar, en contingencia protegida, su cotización a dicho sistema. Si bien la previsión normativa citada -disposición transitoria séptima-, que
configura la incompatibilidad del SOVI con las otras prestaciones del sistema, tiene su razón de ser en que no resulta lógico que en un sistema contributivo por una escasa cotización -1.800 días- se pueda acceder a una prestación del sistema aun
teniendo acceso a otras prestaciones de carácter contributivo y que con ello resulte una sobreprotección del beneficiario, ello no es óbice para considerar que cabría un tratamiento más justo de las necesidades si se matizara adecuadamente dicha
incompatibilidad suprimiendo situaciones como las que hemos expuesto, en las que bajo una discriminación de las llamadas indirectas por el Tribunal Constitucional español se da un trato discriminatorio de forma indirecta a un colectivo de nuestra
sociedad, las mujeres, y específicamente aquellas que por causa legal o social no pudieron seguir cotizando, condenándolas a subsistir en la mayoría de los casos con prestaciones de viudedad derivadas de las prestaciones de sus esposos, que suelen
ser de escasa cuantía. Así pues, podría mantenerse la incompatibilildad sin perjuicio de eliminar este trato injusto.
En los próximos meses nos corresponderá ajustar la realidad contributiva del sistema de Seguridad Social español a los avatares del contexto socioeconómico, con la voluntad de construir un sistema mediante el cual podamos seguir
considerándonos un Estado del bienestar. Por ello, nos corresponderá intervenir en el ajuste de la solidaridad, contribución y equidad del sistema para mantenerlo en cotas de sostenibilidad pero sin renunciar al bienestar de nuestros inactivos.
Asumiremos el reto con responsabilidad política y sin demagogia, y para ello pueden contar con nosotros. Este es el sentido de la responsabilidad con nuestras personas mayores, con las viudas que injustamente no pudieron seguir cotizando. No sería
justo continuar manteniendo dicho régimen de incompatibilidad de las pensiones SOVI de jubilación con las pensiones de viudedad, razón por la que proponemos que sea variada la previsión normativa en el sentido de que la norma general de
incompatibilidad quede matizada mediante la admisión de una excepción a la regla general que permita compatibilizar dichas pensiones con las reiteradas de viudedad.
Desde esta misma tribuna y con ocasión de una reciente interpelación al ministro señor Caldera referida a la problemática de la inmigración y a las políticas de extranjería, nuestro grupo le instó a no dar ni un solo paso atrás en las
políticas sociales favorables a los sectores sociales más necesitados. No deberíamos tener desencuentros nosotros, la izquierda nacional catalana, con ustedes, pues en temas de política social no se entendería. Los diputados republicanos e
independentistas daremos nuestro voto favorable a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al ser plenamente coincidente con el objetivo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para manifestar nuestra posición en relación con la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Quiero, en primer lugar, recalcar el carácter de toma en consideración de la proposición de ley y voy a hacer una serie de reflexiones en orden a poner encima de la mesa las diferencias que tiene mi grupo con el de Convergència i Unió. Me parece
relevante que hablemos de que es un debate de toma en consideración porque significa que posteriormente, si se aprueba por la Cámara, habrá trámites parlamentarios que darán lugar a debatir y presentar las enmiendas que cada grupo considere
pertinentes y pueda llevar adelante democráticamente.
Voy a hacer cuatro reflexiones en torno a este punto. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado también una proposición de ley en la que plantea la compatibilidad de las pensiones SOVI con las de viudedad. Sin embargo,
lo planteamos de una forma limitada y acordada, no de forma que afecte plena y absolutamente a todos los casos en que pueda existir una pensión de viudedad cuyo beneficiario sea también titular de una pensión SOVI. Aquí se impone una segunda
reflexión y es recordar la recomendación decimotercera del Pacto de Toledo, aprobado en octubre del pasado año en esta casa, que nos dice que la Comisión considera adecuado revisar la incompatibilidad de la percepción de la pensión SOVI con la de
viudedad con la finalidad de garantizar una suficiencia económica en los casos de necesidad. Esto es, desde luego, lo que en su día apoyó -con mayoría de votos en aquel momento- el grupo al que me honro en representar en este acto. En tercer
lugar, en el programa con que concurrió a las elecciones generales pasadas mi partido se comprometía con los ciudadanos en este sentido. En la página
124 de dicho programa decíamos lo siguiente: De acuerdo con los criterios del Pacto de Toledo, revisaremos la incompatibilidad de la pensión SOVI con la de viudedad. En cuarto lugar, este mismo portavoz ha intervenido en infinidad de
ocasiones -sobre todo en los Presupuestos Generales del Estado- para mostrar nuestra posición en el sentido de que compartíamos la sensibilidad de los grupos que presentaban enmiendas o iniciativas en este sentido, que el Gobierno estaba haciendo
los estudios pertinentes y que por fin todo ello se trasladó al Pacto de Toledo, que como acabo de decir asumimos en su plenitud. Esta es la situación a partir de la cual analizamos lo que hoy somete a nuestra consideración Convergència i Unió.
Cabría entender de estas mis primeras palabras que no vamos a apoyar el trámite de esta proposición de ley, porque es verdad que existen diferencias entre lo que plantea Convergència i Unió y lo que nosotros consideramos que debe ser el
desarrollo de lo que por unanimidad aprobamos sobre el Pacto de Toledo en su reformulación de octubre pasado (creo recordar que Izquierda Unida no dio su voto afirmativo pero todos los demás grupos sí lo dieron), pero no lo vamos a hacer así.
Entendemos plenamente la importancia del fondo del asunto y reconocemos el esfuerzo que todos los grupos de la Cámara han venido haciendo, desde el PSOE hasta muy significadamente Convergència i Unió (el señor Sánchez i Llibre ha intervenido en
multitud de ocasiones en esos debates presupuestarios a los que acabo de aludir, y también lo ha hecho el portavoz hoy don Carles Campuzano), y lo hacemos aceptando el compromiso manifestado en esta tribuna por el representante de Convergència i
Unió de que es voluntad política del grupo parlamentario al que representa ser abierto y participar con sus votos en las enmiendas que puedan formular tanto el mío como otros grupos en el trámite parlamentario correspondiente, si este se produce,
como todos esperamos. De hecho, me permitirán hacer ahora una breve mención de nuestra proposición de ley, ya que esta no ha podido ser acumulada. En el preámbulo del texto recordamos lo que acabo de exponer sobre el Pacto de Toledo. Recordamos
también algo que he manifestado reiteradamente en las intervenciones que he llevado a cabo sobre esta materia, y es que no nos parece justo, equitativo ni procedente -y no creo que sea lo que busque ningún grupo- hacer compatible una pensión de
viudedad de 900 euros con la pensión SOVI. Nos parece que este no es el debate y que hay que establecer límites. Como señalamos también en el preámbulo, nos parece igualmente que el Gobierno tiene que llevar un liderazgo en la materia y, dentro de
la dinámica del Pacto de Toledo, consultar y consensuar con los interlocutores sociales.
Por eso nosotros establecíamos una doble cautela: que esta excepción a la incompatibilidad en el supuesto de pensiones de viudedad -que sí lo podrán ser las
SOVI- se articule en la forma en que reglamentariamente se establezca. ¿Por qué? Porque el Pacto de Toledo nos está hablando de las situaciones más señaladas de necesidad y nosotros no estaríamos de acuerdo en que se produjera una compatibilidad
entre la pensión SOVI y una pensión de viudedad de 150.000 pesetas. Creemos que tampoco es esa la intención política del grupo proponente ni la voluntad política del resto de los grupos que han intervenido.
Nuestro apoyo se va a producir, y es un apoyo responsable, un apoyo que manifiesta ya la voluntad del Grupo Popular de presentar una enmienda que reconduzca la compatibilidad a los términos que prácticamente por unanimidad fueron reflejados
recientemente en el compromiso que constituye el Pacto de Toledo. Por tanto, hoy el Partido Popular, si prospera la iniciativa como esperamos, se tiene que felicitar. La pensión SOVI, que no llega a los 285 euros al mes, será en un futuro no muy
lejano compatible con la pensión de viudedad, pero lo será de acuerdo con el Pacto de Toledo. No puede ser de otra manera y para eso todos apoyamos en su momento dicho pacto. Creemos que esto es lo que asume CiU; desde luego es lo que figura en
la proposición del Partido Popular que hoy no se puede debatir pero que incorporaremos en el trámite de enmiendas, y espero que sea lo que apoye toda la Cámara. Así, hoy adoptamos una medida que apoya y ayuda a los más desfavorecidos, y lo hacemos
preservando el equilibrio financiero del sistema y la viabilidad de la Seguridad Social.
En este momento en que hay 351.000 pensionistas -ciertamente de viudedad son algo más de 50.000, el resto lo son de pensión y de invalidez SOVI-, muchos de
ellos, los que más lo necesitan, los que se encuentran en una situación de pobreza, si se aprueba finalmente la iniciativa en el debate parlamentario y se aprueba en los términos previstos en el Pacto de Toledo y en la proposición del Grupo Popular,
encontrarán una solución justa, equilibrada y positiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente.
¿Cómo no iba a apoyar nuestro grupo parlamentario hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad? Yo les recuerdo -porque se ha estado haciendo historia- que fue el Partido Socialista y esta diputada quien en 1998 presentó la primera
iniciativa para hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad y que fueron los grupos de Convergència y el PP los que con su voto impidieron que se hiciera (Aplausos.), por lo que la reconvertimos en un estudio para hacer compatible el SOVI
con la pensión de viudedad; estudio que por lo que hemos podido ver no se hizo en profundidad, ya que sólo pensó en las viudas, en las pensionistas del SOVI
que había en aquel momento, pero no en las que habían tenido que renunciar y no lo habían solicitado. Por eso hay que hacer ese estudio.
¿Qué dice en este momento el Grupo Socialista? Que tenemos el Pacto de Toledo que todos los grupos parlamentarios -incluido el Grupo de Izquierda Unida que dijo en esta tribuna que era una abstención positiva- dijimos que es un valor, que
es el mayor acuerdo de nuestra democracia que nos permite mirar el futuro del sistema público de pensiones con optimismo y garantía de futuro para los pensionistas. Por ello mi grupo quiere hacer compatible el SOVI con el Pacto de Toledo, para lo
que es necesario el estudio, porque, señorías, no puede ser que todos los grupos empecemos a hacer propuestas de reforma del sistema público de pensiones por trozos, en función del colectivo que recibimos en ese momento. Esto es así por una
sencilla razón. Hay muchos colectivos que tienen una problemática muy importante que hay que solventar, pero hay que hacerlo dentro de un consenso general; un consenso que no sólo implica aquí a dos grupos políticos, un consenso -lo dice el Pacto
de Toledo- que implica a los agentes sociales y económicos. Por tanto, señorías, lo que queríamos hacer es ese debate, y lo vamos a hacer porque es imprescindible que nos digan cómo va a afectar el hacer compatible el SOVI con la pensión de
viudedad. Hablaba de esto ahora el señor Azpiroz. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que a una pensionista de viudedad con complemento a mínimos le den el SOVI y le quiten dicho complemento y sigue cobrando prácticamente igual; sin embargo,
una señora con más de 150.000 pesetas de pensión de viudedad y con posibilidad del SOVI sí cobraría las dos. Me parece una aberración. Esto no es lo que mi grupo quiere. Mi grupo quiere que lo puedan cobrar aquellas personas con una pensión de
viudedad mínima, con complemento a mínimos, estando en la más estricta de las precariedades cuando vivía la pareja y que cuando le quitan el SOVI pasa a tener mayor dificultad. Nosotros queremos eso y sé que ustedes también.
Por eso lo que es
importante ahora es que la Seguridad Social nos diga cómo lo podemos corregir dentro de la tramitación de esta ley. Y lógicamente ¿cómo no lo vamos a enmarcar dentro de las resoluciones del Pacto de Toledo? Eso es lo que quería mi grupo y lo que
hemos estado planteando esta semana pasada.
De las 351.000 pensiones del SOVI que hay 275.000 son mujeres, por tanto son mayoría las mujeres afectadas, como también se dice aquí, mujeres que cobran una pensión de miseria con la que no pueden llegar a final de mes.
Precisamente eso es
lo que queremos corregir. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno que el ministro de Trabajo dijo en su comparecencia en la Comisión? Subir las pensiones más bajas del sistema. Señorías, tenemos 1.300.000 personas que cobran
por debajo de los 300 euros. Un país como el nuestro no se lo puede permitir porque esa gente no puede vivir con esas cantidades (Aplausos.) Y, señorías, lo que en este momento está planteando el Gobierno socialista es incrementar esas pensiones
del sistema, pero no sólo las de viudedad, que también, sino las de jubilación, las de invalidez y todas las que estén por debajo de esas cuantías. Por eso hablamos de que hay que planificar y marcar objetivos y prioridades, porque -repito- son
muchas cosas las que hay que corregir. También sería razonable -hay que afrontarlo y así lo hemos planteado para discutirlo en el Pacto de Toledo- reformar la pensión de viudedad. No es posible que en este país haya mujeres u hombres cobrando
salarios altos que tienen pensiones de viudedad altas y luego tengamos 1.100.000 personas, viudas sobre todo, que cobran por debajo de las 67.000 pesetas. Hay que corregir esas situaciones y ello requiere una reforma en profundidad del sistema de
viudedad de nuestro país. Y lo queremos afrontar, pero lo queremos hacer con el consenso dentro del Pacto de Toledo, porque nosotros sí estamos convencidos de que el Pacto de Toledo es ese gran acuerdo que afecta al conjunto de la sociedad y que
evita situaciones como las que se están produciendo en Alemania, en Francia o en Bélgica. Ese es un valor de todos, del conjunto de grupos parlamentarios, pero también del conjunto de los agentes sociales y de la sociedad. Por eso -repito- lo
queremos enfocar en todos los debates del Pacto de Toledo, porque hay que hacer reformas del sistema público de pensiones. En estos momentos el 17,04 de nuestra población es mayor de 65 años, y el sistema lo aguanta, pero es que gracias a las
políticas sanitarias y de bienestar que se han hecho cada vez vivimos más años, lo cual es positivo, y dentro de veinte años los mayores de 65 años pueden ser el 32 por ciento. Hemos de entender que el sistema de protección no puede ser el mismo
con el 17 por ciento de mayores de 65 años que con el 32, y eso es lo que hemos de afrontar todos juntos, haciendo esas reformas y adecuándolo para que la protección social cubra de verdad a aquel que lo necesita y no al conjunto en general dando
dinero a quien no lo necesita para su día a día. Esa es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y sé que la mayoría de los grupos opina igual.
Estamos haciendo aquí un debate de aquellos que interesan de verdad a los ciudadanos, a las personas mayores pero también a los jóvenes, porque si los padres no llegan los hijos tienen que llegar; estamos haciendo un debate de los que
deberíamos hacer más en profundidad, y quiero dar las gracias a todos los grupos que vayamos a confluir, pero déjenme hacer unas pequeñas matizaciones. Los grupos tenemos que dar una información veraz aunque intentemos, porque es legítimo, llevarla
a nuestras posiciones políticas, pero no es de recibo que hayan aparecido unas hojas informativas en las que se dice que fue un gobierno de Felipe González el que hizo la incompatibilidad del SOVI, porque todos sabemos que la incompatibilidad del
SOVI viene de una ley de reforma de la Seguridad Social del año 1974 y, aunque Felipe gobernó muchos años, desgraciadamente
para todos ese año todavía no habíamos llegado los socialistas al Gobierno. (Aplausos.) Y lo digo porque esto ha salido de alguna asociación ligada a alguno de los grupos parlamentarios que estamos hoy aquí y por eso creo que debía decirlo.
Termino mi intervención diciendo que agradezco profundamente a todos los colectivos de viudas, prejubilados y jubilados que llevan reivindicando esto durante muchos años, porque gracias a sus reivindicaciones está en el debate de hoy, y lo
quiero agradecer en las personas de Carmen Gil y Pilar Mora.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, Y LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD. (Número de expediente 122/000022.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley General de Sanidad. Para la
presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente, y no se preocupe porque en Castilla voy a hacer lo que hacen los castellanos. Sólo quería recordar hoy a Leila Zana, ex diputada del Parlamento turco encarcelada durante doce años por
hablar kurdo en el Parlamento. Espero que no les dé ideas.
Señoras y señores diputados, dicen que la vida es sagrada, pero aplauden a los héroes que dan la sangre por la patria y olvidan a menudo que hay otra patria que es cada ser humano. Estas palabras son de Ramón Sampedro, un tetrapléjico que
con su cerebro vivo dentro de un cuerpo muerto libró su cruzada legal particular para reclamar una muerte digna, una muerte sin dolor, y lo hizo a través de un auténtico viacrucis legal para reclamar sus derechos como ser humano. Esta iniciativa
que hoy Esquerra Republicana trae con el objeto de modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal ya ha llegado varias veces a esta Cámara, se ha debatido en el Senado y trabajó en ella una comisión sin ningún resultado definitivo.
Mientras los legisladores no se deciden avanzan los progresos médicos que permiten alargar la vida hasta límites difíciles de sospechar y en el Estado español sigue habiendo personas obligadas a vivir en condiciones indignas en contra de su
voluntad. Desde Esquerra Republicana insistimos en esta iniciativa porque estamos convencidos de que con estas modificaciones de la ley abrimos una puerta de esperanza a personas que se encuentran en situaciones límite de sufrimiento en contra de
su voluntad, siempre que se haga con las garantías necesarias para asegurar que no se producen riesgos innecesarios. Les pido, señorías, que aborden esta cuestión desde un planteamiento jurídico porque este debate no puede hacerse desde
planteamientos religiosos o morales, ya que el Estado español es aconfesional. Este debate se va a centrar en los derechos de las personas, en el derecho a una vida digna. Si existe el derecho a una vida digna, existe el derecho a vivirla
dignamente hasta el final. Cada persona tiene derecho a decidir qué es una vida digna. Una persona tiene derecho a decidir no vivir una vida vegetativa, no consciente, no autónoma. Negar el derecho a evitar sufrimientos innecesarios está en
contra del pluralismo y la tolerancia, dos valores que caracterizan cualquier democracia. Esta Cámara debe ser un reflejo de la sociedad y la sociedad de hoy está madura para reconocer que debemos proporcionar los medios necesarios para evitar la
indignidad, el dolor y el sufrimiento innecesario a personas que no desean sufrir. Hay un consenso incluso en el ámbito de la deontología o de la ética médica. El mismo código deontológico del Colegio de Médicos de Cataluña afirma de modo solemne
que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte y el médico ha de velar para que este principio sea respetado.
Lo que nos planteamos hoy es la necesidad de una nueva legislación que permita a la persona que así lo
desee ejercer su derecho a dimitir de su propia vida, en el supuesto de que sufra una enfermedad grave irreversible que le provoque grandes sufrimientos difíciles de soportar o que le incapacite de manera general para valerse por sí misma. Ahora
bien, el fin de la agonía, el respeto escrupuloso a la voluntad del enfermo requiere por desgracia, en muchos casos, la colaboración de personas que rodean al enfermo, porque el enfermo en muchas ocasiones por sí sólo no lo puede hacer y la persona
que lo auxilia, que lo hace como acto de solidaridad, como acto de amor, como un deber, es duramente castigada por el Código Penal. Paradójicamente, el Código Penal de 1995 contempla atenuantes a las penas con que se castigan los supuestos de
eutanasia a partir de considerar elementos como el móvil humanitario, la voluntad del propio enfermo y la presencia de una enfermedad irreversible, móviles que no fueron suficientes para despenalizar la eutanasia activa. Continúa siendo uno de los
textos punitivos occidentales que castigan más severamente la participación o auxilio en suicidio, pero demuestran la mala conciencia del legislador porque admite atenuantes. Curiosamente, los atenuantes no son suficientes para despenalizar la
eutanasia activa. ¿Cómo puede fundamentarse hoy en día la imposición de un castigo a quien suministra auxilio a otra persona en la realización de un acto justo? Esto -consideraciones éticas, filosóficas e incluso religiosas aparte- entendemos que
es inaceptable desde el punto de vista del Estado de derecho, como mínimo, por dos razones: el respeto escrupuloso del
derecho a la vida, a una vida digna, y el derecho a la libertad individual.
El derecho a la vida. La vida del ser humano ha de ser consciente, racional, no latente ni vegetativa. El derecho a la vida no existe si el titular no quiere que se le proteja porque, como ha reconocido el mismo Tribunal Constitucional, la
vida es un derecho de disposición individual y no hay duda de que el tránsito a una muerte digna forma parte de lo más intimo de un ser humano. Nadie puede expropiar algo que constituye la expresión máxima del derecho a la intimidad de las
personas. Dicho de otra forma, no hay ninguna obligación de vivir. La vida no es un deber, y de la misma forma que debemos respetar el derecho a la vida digna, debemos hacerlo a la libertad individual. El Estado puede proteger la vida, pero no
imponer el deber de vivir en todas las circunstancias. A la luz de la Constitución y desde un punto de vista estrictamente jurídico no es posible situar en todos los casos el derecho a la vida por encima del de la libertad del individuo. Hay que
tener en cuenta que la ley penal debe acomodarse a los principios constitucionales, ya que los mismos son los que establecen los bienes jurídicos merecedores de tutela penal.
La concepción del derecho a la vida que implica el mantenimiento de ésta, incluso en contra de la voluntad del titular, debe ceder el paso a concepciones más acordes con el respeto a la autodeterminación de las personas y con el carácter
aconfesional del Estado. La imposición de la vida contra la voluntad de su titular puede ser sustentada en valores religiosos, muy respetables pero no constitucionales. La vida, cuando está sometida a degradación irreversible, no puede imponerse a
la persona en contra de su voluntad. Las garantías se establecen siempre a favor de quien ostenta el derecho y no en su contra. El derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia
voluntad en condiciones penosas.
En el artículo 10 de la Constitución, sobre derechos y deberes fundamentales, se afirma: 'La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'. En una sociedad plural la dignidad y la autonomía de las personas debe verse como un valor de primer orden, siempre que no ocasione daños a terceros, lo cual no ocurre en
el caso de una petición de eutanasia activa y voluntaria, que es el supuesto a que nos referimos.
Los ciudadanos y ciudadanas deben ser a última hora los únicos jueces para decidir si conviene o no a su destino poner fin a su sufrimiento. La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta en el derecho
a la autodeterminación consciente y responsable de la misma vida, y que comporta la lógica pretensión de respeto por parte de los demás.
Es por esto, señorías, que el supuesto que hoy planteamos es la despenalización para las personas que colaboren en la muerte de otros de manera activa o con actos necesarios o directos, pero siempre que haya una petición expresa del enfermo
en caso de, repetimos, enfermedad grave, dolorosa, incurable, que conduzca inexorablemente a la muerte, o bien en otros supuestos que también se dan en que el enfermo se encuentra en una situación de grave sufrimiento y que sea difícil de soportar.
No se puede penalizar la solidaridad con el que sufre por motivos de enfermedad y desea poner fin al sufrimiento de una forma rápida, eficaz e indolora, para lo cual se precisa la colaboración del médico, que es quien puede garantizar tanto
que será efectivamente así, como que el paciente se encuentra en determinadas condiciones clínicas. Desde siempre los médicos han participado en la toma de decisiones sobre el fin de la vida. Actualmente se considera una buena práctica limitar,
suspender o no instaurar tratamientos en determinadas circunstancias, aunque ello conlleve la muerte del paciente. Es lo que suele llamarse limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de tratamiento o eutanasia pasiva. Por supuesto que los
médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, puesto que se trata de un derecho constitucional. Sin embargo, es un deber del Estado garantizar el derecho a las personas enfermas a que puedan y quieran realizar una solicitud de poner fin a su
sufrimiento, dentro de los supuestos de la ley que proponemos, y que su petición sea atendida adecuadamente. El término eutanasia tiene diferentes acepciones, con valoraciones éticas y jurídicas distintas. Les ruego, señorías, que nos centremos en
el caso al que se refiere esta iniciativa: enfermo que padece una enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte, o que le causaría padecimientos permanentes y difíciles de soportar y es quien toma su decisión, éticamente legítima, de
poner fin a su vida de manera apacible y digna. Este enfermo goza de voluntad libre o la tuvo cuando escribió un documento de voluntades anticipadas. La intervención médica que proporciona la muerte rápida, eficaz e indolora, carecería de
legitimidad si no se puede verificar la existencia del primero.
Más allá de la modificación del Código Penal, en el artículo 2 de nuestra propuesta las modificaciones van encaminadas a establecer mecanismos de total transparencia que impidan decisiones aleatorias o no suficientemente claras del deseo de
morir. Para ello, proponemos modificar la Ley General de Sanidad 14/1986 para introducir el derecho al paciente a elegir libremente. Esta propuesta es una trasposición de una propuesta presentada conjuntamente por Esquerra Republicana e Iniciativa
per Catalunya al Parlamento de Cataluña, que fue traspuesta y traducida a esta Cámara. Desde la redacción de esta propuesta ha habido una modificación de la Ley General de Sanidad 14/1986 por la que el apartado 6 ha sido derogado por la Ley
41/2002. En todo caso, la modificación que proponemos al apartado 6 deberá aplicarse al artículo 8 de la Ley de 2002,
de 14 de noviembre. El texto que se proponía para el artículo 10 bis de la Ley General de Sanidad de 1989 lo es íntegramente para el artículo 9.
Señorías, este es un planteamiento con todas las cautelas necesarias, con todas las reservas para garantizar la libertad y el respeto a la voluntad de las personas. Y lo hacemos con especial atención a la importancia y relieve que tiene el
derecho a la vida, a la irreversibilidad de las consecuencias de esta decisión tan grave. Lo hacemos con la cautela necesaria, porque intervienen terceras personas, además del enfermo.
Reconocemos que hay procesos de decisión que en determinadas
situaciones pueden ser muy vulnerables. Reconocemos que en el segundo artículo hay una disfunción, pero el texto continúa plenamente vigente. Hay que adaptarlo a la Ley 41/2002. Basándose en esta disfunción, algunos podrían excusarse para votar
en contra de esta proposición y así posponer otra vez este debate. Sus señorías saben que hoy sólo se vota una toma en consideración. Y si no es hoy, algún día tendrán que hacerlo. Pero mientras lo posponemos, alguien está sufriendo en contra de
su voluntad.
Les deseo que no sea un pariente próximo.
Señoras y señores diputados, el Congreso no puede ser ajeno y hacer oídos sordos a esta preocupación para garantizar los derechos de las personas.
Hoy es imprescindible que esta Cámara haga un pronunciamiento firme de reafirmar la voluntad
para que las leyes garanticen la aplicación de los derechos fundamentales, el derecho a la vida y a una vida digna. No sé cuantos de ustedes han presenciado el sufrimiento de una persona próxima, si han permanecido al lado de su cama y si han oído
sus súplicas de poner fin a tanto sufrimiento. Si han preguntado al médico qué podemos hacer y el médico les ha dicho que esperar días, semanas, meses, hasta que el corazón resista. Los que hayan vivido como lo ha vivido esta diputada, sabrán la
alegría cuando, por fin, llega la muerte de esta persona. Y se preguntarán: ¿Era necesario esperar? Sé de casos que han esperado años.
¿Era necesario ver a la persona reducida a un cuerpo acuciado por el dolor, sólo con fuerzas para pedir
acelerar el final? ¿Por qué? ¿Quién tiene el poder para exigir a nadie terminar su vida en la inconsciencia, en la degradación? Soy consciente de que no hay que considerar solamente el aspecto jurídico. Hay que dar más recursos a la medicina
paliativa y es preciso regular con absoluta pulcritud las garantías jurídicas que impiden actuar en ningún caso en contra de la voluntad de ningún paciente. Por eso les pido que voten a favor de iniciar un proceso legislativo que permita actuar a
personas en el ejercicio de su libertad, que abramos un debate en profundidad para que en esta legislatura salga de esta Cámara una propuesta consensuada que permita respetar el derecho a una muerte digna.
En la legislatura anterior el Partido Socialista votó a favor de esta proposición. No entenderíamos ahora los motivos para votar en contra. Si es por la reforma del Código Penal, ha sido reformado en varias ocasiones. Si es por respeto a
otras creencias religiosas, no ha lugar, porque las personas que deseen aceptar el sufrimiento no se ven afectadas por esta modificación. Si es por reforzar el cinturón de seguridad, sólo hay una toma de posición, se va a trabajar en esto. Lo que
no podemos hacer -y así se lo pido- es posponer un año, dos años, este tema, porque mientras nosotros estamos aplazando, por motivos políticos o de agenda política, este tema, hay personas que están sufriendo. Les pido solidaridad con las personas
que sufren, déjenlos descansar en paz.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere usar un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Para fijar posición a favor de esta iniciativa que solicita el trámite de la ley que permita efectivamente morir con dignidad a aquellas personas que están en situación de enfermedad dolorosa.
El derecho a una muerte digna supone elegir libremente el tratamiento adecuado en determinadas circunstancias. Se trata de un acto voluntario, donde el enfermo hace uso de su capacidad de autodeterminación, pidiendo que se ponga fin a ese
dolor, siempre que posea la capacidad necesaria para tomar la decisión tras ser informado. Es decir, si una persona se encuentra en la situación de padecer una enfermedad incurable y ésta le produce dolores inaguantables, nos encontramos ante la
eutanasia como un derecho humano.
En 1975 The Humanist editó el famoso manifiesto, que fue firmado por varios premios Nobel y otras personalidades relevantes, en el que se decía, entre otras cosas, lo siguiente: nos declaramos, por razones éticas, a favor de la eutanasia.
El documento afirma, asimismo, que el individuo tiene la libertad para decidir razonablemente su propia muerte.
Es cruel y bárbaro exigir que una persona sea mantenida viva contra su voluntad, rehusándole la libertad que desea. Finalmente, afirma,
con solemnidad, el documento a que hacemos referencia, que puesto que todo individuo tiene el derecho a vivir con dignidad también tiene el derecho a morir con esa misma dignidad. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La Asociación española para el derecho a una muerte digna proclama, de manera terminante, que este derecho debe realizarse mediante un acto personal, voluntario y libre, en estado de consciencia y capacidad psíquica plena.
En diversos Estados la reivindicación de este derecho ha llevado a aprobar leyes en las que se reconoce la eutanasia voluntaria, pero también se han establecido límites, pues es posible ayudar a morir, siempre y cuando
el paciente se encuentre en un sufrimiento físico y mental insoportable, y no en otra situación. Para ello la decisión tiene que ser personal y libre y debe estar informado de las posibles alternativas. En la toma de esta decisión tiene
que estar presente, al menos, el médico que lo trate.
El caso más significativo, al respecto de las leyes que se están aprobando en distintos Estados, es el de Holanda, que sin duda es el país que tiene la actitud más favorable en cuanto a la eutanasia. Su jurisprudencia venía tolerando la
eutanasia desde hacía bastantes años cuando se aprobó, por un escaso margen, una ley referida a la eutanasia voluntaria, practicada ante la insistente petición de un enfermo capaz de tomar decisiones por sí mismo. Esta ley, aprobada el 29 de
noviembre de 1993, oficializa una práctica muy regulada, y la medida respetada y declarada no podrá ser objeto de demandas judiciales. De esta forma, y aunque en principio sigue estando prohibida por el Código Penal, la eutanasia se convierte en
lícita en la práctica, siempre que siga las instrucciones establecidas por una comisión de la sociedad real de medicina, de acuerdo con la asamblea general de fiscales.
Esta iniciativa que hoy estamos discutiendo es similar a legislaciones ya ensayadas, como la holandesa. Para que sea lícita la práctica de la eutanasia deben concurrir una serie de circunstancias: sufrimiento inaguantable del enfermo,
petición reiterada, aprobación de otro médico que debe revisar el diagnóstico, desahucio del enfermo y voluntad explícita de éste de morir. Asimismo, las alternativas sanitarias deben haber fracasado o haber sido rechazadas. Por tanto, esta
condición de la eutanasia, realizada sin duda para proteger la seguridad jurídica de las personas y evitar una posible práctica viciada de la eutanasia, nos parece idónea y refuerza el derecho subjetivo de cualquier persona a disponer de su propia
vida, respetando así con las mayores garantías su voluntad expresada.
Desde el BNG creemos que cada persona debe tener derecho a dirigir su vida hasta el final y a decidir en cualquier momento lo que más le conviene.
No se puede admitir la existencia del derecho al libre desarrollo de la persona para luego
anularlo en un momento concreto de la vida del ser humano, como en este caso, al final de la misma, porque aunque sea el final de la vida sigue siendo esa vida y, por tanto, el ser humano en ese momento también tiene el derecho a dirigirla. El
paciente es el único que debe decidir sobre la interrupción o la prolongación de la vida, en el caso de que se encuentre en condiciones para hacerlo, pero para ello debe estar correctamente informado de su estado de salud y de las posibles
alternativas. Esto es algo que forma parte de los derechos de las personas, ya que la petición de la eutanasia es una decisión íntima que depende de la consideración de la vida que tenga cada persona.
Esta iniciativa responde a estos planteamientos, por lo que, como dije al principio, la apoyaremos. Esperamos que no se usen pretextos sobre la complejidad del asunto o los importantes intereses en juego para demorar la toma en
consideración de esta iniciativa y dilatar la regulación legal de la eutanasia en el Estado español. La admisión a trámite de esta iniciativa puede ser el paso decisivo para que debatamos a fondo sobre el derecho de muchas personas a morir
dignamente y para que podamos aprobar una ley que nos satisfaga a todos y a todas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández Dávila.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera manifestar, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, el reconocimiento al trabajo realizado por doña Marisa Castro y por don Joan Saura, diputados en la anterior legislatura; reconocimiento porque una vez
leída toda la documentación y todas las actas de las diferentes legislaturas, en concreto de la anterior, se puede apreciar el esfuerzo y la sensibilidad que demostraron en este tema que ahora nos ocupa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
No sé si esta diputada estará a la altura del trabajo realizado por ellos.
Debo reconocerles que he tenido una gran curiosidad por leerme estos 'Diario de Sesiones' de la pasada legislatura y también por recoger los debates que se realizaron sobre el derecho a la disponibilidad de la propia vida y a la
despenalización de la eutanasia. También reconozco que me ha deprimido un poco comprobar que hace tantos y tantos años que se produce este debate en este hemiciclo sobre este derecho y que no haya sido posible dar pasos en su resolución. Si no he
contabilizado mal, creo que como mínimo es el sexto debate que se realiza sobre este tema.
También he podido comprobar algunas otras cuestiones. En la última ocasión, en diciembre de 2002, se debatieron tres proposiciones, ya que se pudieron
acumular, no por ejemplo como ahora que no ha sido posible, dos de ellas del Grupo Mixto, una defendida por Esquerra Republicana y otra defendida por Iniciativa per Catalunya, y otra del Grupo de Izquierda Unida. La propuesta de Izquierda Unida
recogía análisis y valoraciones muy interesantes, algunas propuestas también diferentes, pero en la misma línea que la de Iniciativa per Catalunya, lo cual a esta diputada le ha permitido ampliar la visión sobre este tema. La propuesta de Esquerra
Republicana también me resultó muy acertada, tan acertada como la de Iniciativa per Catalunya, ya que realmente era idéntica a la que presentó el entonces diputado señor Saura. Parece ser, entre otras razones, porque era una propuesta que partía
del
Parlamento de Cataluña. Dicho todo esto es obvio que Izquierda Verde votará con gran satisfacción a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, entre otras cosas -y francamente supongo que se entenderá- porque ésta también
fue nuestra propuesta.
Aclarado esto debo decir que nuestro grupo en esta legislatura ha vuelto a registrar una proposición y que lo hemos hecho con algunos cambios y recogiendo elementos que durante estos últimos dos años han ido apareciendo. Por tanto, ahora ya
no es la misma, pero la esencia y el objetivo que perseguimos sí que lo es. En esta Cámara se ha debatido en muchas ocasiones la necesidad de dar una salida legal a una realidad social y humana que diariamente está sucediendo en nuestro país.
¿Quién no conoce, de los que estamos aquí presentes, alguna persona, algún familiar, amigos, padres, que hayan pasado por una situación de terrible dolor y de impotencia, impotencia al ver sufrir de manera cruel a un ser humano al que quieres y al
que querrías evitar un sufrimiento estéril y absurdo y al que desearías poder ofrecerle una despedida tranquila y digna? Nuestro grupo ha insistido, en todas las ocasiones en que se ha debatido este tema, en una cuestión: la vida no es un deber,
es un derecho; un derecho que hace incompatible el exigir vivir a costa del sufrimiento. La realidad es que se están produciendo eutanasias de manera tapada y oscura y todo esto está pasando en el sistema sanitario español, y lo sabemos todos, con
las consecuencias que esto puede tener y también -y no menos importante- con el malestar y el sentimiento de ilegalidad que las familias acaban padeciendo. Por tanto, quiero reiterar una vez más que es necesario, como ya decía Joan Saura, un debate
sereno y tranquilo, en el que se puedan poner encima de la mesa todos los elementos que sean necesarios controlar y legislar; un debate que permita que todas las sensibilidades puedan expresar sus dudas y sus deseos. Esta diputada respeta a
cualquier persona que tenga un pensamiento contrario a la legalización de la eutanasia activa, y por este motivo esta diputada también se siente en el derecho de pedir que se respete la opinión favorable a la eutanasia.
Proponemos iniciar un procedimiento legislativo que permita actuar a las personas que libremente quieran prescindir de su vida en los casos en que tengan una enfermedad con graves sufrimientos que irreversiblemente le lleven a la muerte o
una enfermedad en que someta a la persona a una vida vegetativa. Estamos hablando de libertad para finalizar tus días de la manera que tu idea de la dignidad, de la moral y de la vida te señalen.
¿Quién puede decidir por otro si lo que está
viviendo o sufriendo es soportable o no, si es digno o no de ser vivido? Nadie puede obligar a nadie, partiendo de su idea de la moral, de lo correcto o de lo incorrecto. La defensa de mis anteriores compañeros en la pasada legislatura fue
excelente, sensible y valiente, y pocas cosas pueden mejorar todo lo que se ha dicho en todos estos años por parte de ellos y de muchos otros diputados y diputadas de los diferentes grupos que han defendido el derecho a la legalización de la
eutanasia. Durante el año 2003 -esto es más reciente- el CIS realizó una encuesta a 1.057 profesionales médicos. El 85 por ciento de ellos reconocían y consideraban que los cuidados paliativos, o sea, lo que se entiende por el adecuado tratamiento
del dolor, no son suficientes para resolver muchos de los problemas y graves situaciones con las que se encuentran ellos con los pacientes. Durante estos años Holanda y Bélgica han aprobado leyes que permiten la eutanasia y Suiza y Estonia permiten
el suicidio asistido.
Se hablaba también de que la aprobación de estas leyes llevaría a un incremento descomunal de casos, era uno de los argumentos recurrente en algunos de los debates. La realidad es otra bien distinta. En Holanda ha vuelto a bajar el número
de casos. En el año 2003 se han registrado 1.815 casos, mientras que en 2002 fueron 1.882 y en 2001 fueron 2.054. Por tanto, se va a la estabilización o a la baja.
Tenemos la buena noticia de que la Generalitat de Cataluña ha encargado al Comité de Bioética de Cataluña un informe sobre la despenalización de la eutanasia asistida con el siguiente objetivo -y ya finalizo-: Un dictamen sobre si se debe
despenalizar la ayuda a la eutanasia cuando en su consecución participan otras personas y definir también los elementos éticos a contemplar en una legislación para permitir el suicidio asistido.
Por todo lo expuesto, imaginando que no va a ser posible esta aprobación, animando a todos los presentes y a los que no están en este momento a continuar en la línea de insistir en traer este debate a la Cámara, nuestro grupo votará a favor
de la toma en consideración de esta proposición. Esperamos que esta sea la legislatura donde sea posible desarrollar esta ley.
La eutanasia activa no es más, precisamente es justo lo contrario de lo que en algunas veces se argumenta, que el reflejo del amor y el respeto por la vida, por la tolerancia, por el desprendimiento y por el derecho a la elección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo asume la posición respecto de esta iniciativa desde la afirmación inicial de que estamos convencidos de que es una materia de necesaria y urgente regulación. Lo trae el grupo que lo propone en términos de eutanasia
activa, si bien luego no ha habido matización y explicación al respecto por quienes lo han propuesto, y anclan la regulación en el artículo 10 de la Constitución cuando se habla de la dignidad de la persona dentro de los derechos inviolables que le
son inherentes
al desarrollo de la libre personalidad. El hecho de llevar bastantes años de diputada hace que en numerosas ocasiones -tres por lo menos, que yo recuerde- haya tenido que intervenir sobre esta materia, lo que lleva a algún conocimiento
respecto de ella, y a la coherencia en las posturas sostenidas desde la formación política a la que represento.
El texto que hoy nos traen despenaliza la conducta de quien mediante actos necesarios en recuperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de ésta. No se nos
ha explicado por los proponentes, y no resulta tampoco claro de la exposición de motivos del texto, el porqué, si hasta ahora las iniciativas traídas a esta Cámara eran de no incurrirán en delito alguno, es decir, la despenalización absoluta, la
actual lo es de excusa absolutoria, puesto que se habla de que quedarán exentos de pena; es decir, habrá diligencias penales, lo único que quien cometa una conducta de este estilo, de asistencia al suicidio, quedará exento de pena. No vemos el
porqué -si se quiere despenalizar se despenaliza- no se llega a esta cuestión de tener que abrir procedimientos penales.
Es justo reconocer que ya el propio apartado 4 del artículo 143 de la vigente Ley Orgánica del Código Penal lo que hace es manifestar una cierta compasión, a nuestro modo de ver escasa, haciendo una rebaja de la pena en uno o dos grados. En
este caso, insisto, no se sabe por qué, se ha ido a la excusa absolutoria en lugar de a la despenalización, que era lo propio de las iniciativas de otras legislaturas que se ha comentado.
Más sorprendente nos ha parecido que cuando se acude a los aspectos sanitarios de la materia se acuda a la Ley General de Sanidad, con cita de preceptos como el 10.6, el 19.9 y el 11.4, todos ellos ya derogados por la Ley 41/2002, y nos
parece una pobre excusa decir que hay similitud en la regulación actualmente contenida en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente, de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación pública, normativa, por cierto,
que es básica estatal y que tiene su desarrollo en numerosas leyes autonómicas. En concreto en el ámbito vasco, que es el que yo mejor conozco, existe una Ley vasca de voluntades anticipadas. También existen leyes navarras y andaluzas con
previsiones que creemos deberían haber sido tenidas en cuenta, y debería haberse utilizado esa corrección técnica mínima a la hora de presentar una iniciativa que, insisto, a nosotros nos parece que aborda una materia de necesaria regulación, pero
que debe ser regulada también con el rigor que se merece.
He dicho que en numerosas ocasiones mi formación política ha intervenido sobre esta materia y recogeré lo que era la esencia de nuestra intervención en el año 1998. Decíamos -y así creo que es esencialmente- cómo se contempla dentro de
nuestro ordenamiento la previsión constitucional sobre el derecho a la vida que creemos tiene un sentido garantista y que en ningún caso, también creemos, pueda limitar la voluntad del sujeto. El deber del Estado es proteger la vida y no impedir la
libre disposición de su titular, y desde luego el texto constitucional no permite una interpretación del derecho a la vida no compatible con la dignidad humana. Las serias dudas se introducen cuando se discurre sobre la exigencia de un deber
constitucional de tutelar la vida contra la voluntad de su titular, si es clara o no la obligatoriedad de someter a sanción penal los comportamientos de ayuda o participación en un suicidio libremente deseado, de ayuda expresa o inequívoca. La
decisión político-criminal de dotar de relevancia penal a las conductas de cooperación en el suicidio de otro, no es quizá una exigencia constitucional sino que tiene su justificación en otro orden de razones que son de carga ética o de carga
religiosa y que en un Estado laico no deben ser necesariamente tenidas en cuenta. Las actividades suicidas son impunes en el derecho español y en los ordenamientos que nos son próximos, pero no sucede lo mismo con la inducción o el auxilio al
suicidio ajeno, que se contempla en el artículo 143 del Código Penal.
Desde un punto de vista laico, no se entiende que si existe el derecho a autoadministrarse la muerte por qué no ha de haber este derecho a que en este cometido seas ayudado por
otra persona. Ya he indicado que el Código Penal vigente opta por una relativa condescendencia con el sujeto piadoso ejecutor de la muerte, con una rebaja de las penas. Nos gustaría saber si lo que esta Cámara va a decidir es la despenalización o
la excusa absolutoria. Además, se debe ser muy cuidadoso en la regulación penal para evitar el riesgo de abusos que podría conllevar abrir excesivamente la mano en esta materia. Una buena solución quizás sería residenciar estos asuntos en el
enjuiciamiento con tribunal del jurado. A nada de esto se hace referencia en la propuesta, aunque también existen quienes en la doctrina opinan que a lo que llevaría la existencia del tribunal del jurado sería a que hubiese una sistemática
declaración de no culpabilidad, puesto que son cuestiones que afectan profundamente a la fibra de los sentimientos.
Tampoco se ha hecho, señorías, por quienes me han precedido en el uso de la palabra, mención favorable a la toma en consideración de la iniciativa a lo habido desde las primeras iniciativas presentadas en esta Cámara al respecto, y en
concreto nada se ha hablado de que en el Senado existiese durante largo tiempo una Comisión especial de estudio sobre la eutanasia en la que expertos de distintas disciplinas realizaron excelentes intervenciones. De entre ellas, me gustaría
destacar la del profesor Torío, catedrático de derecho penal de la Universidad de Valladolid, propuesto precisamente por la formación política a la que represento. Él hablaba de que se trata del estudio de un problema lleno de tensiones emocionales
y de presuposiciones ideológicas, que debe ser sometido a una crítica que supere los contrastes originarios, y que a la par abra vías para una intelección
de la cuestión de la eutanasia que permitan obtener un balance final equilibrado a la luz de la historia, a la luz del derecho comparado y a la luz de una perspectiva cultural, casi podríamos decir filosófica, que trascienda el horizonte
ético y el carácter transaccional de las soluciones jurídicas y de sus límites en el ámbito social. Este derecho de nuestro entorno, el derecho comparado al que sí se ha aludido por la representante de Izquierda Unida, contempla las soluciones
posibles, puesto que hay cuatro regulaciones en Europa: la de Holanda y Bélgica y la de Suiza y Estonia, agrupadas en dos consideraciones jurídicas distintas. En Holanda y en Bélgica existe la eutanasia y es un acto médico reglado; sin embargo en
Suiza y en Estonia existe el suicidio asistido. Son cuestiones distintas. Creo que la iniciativa presentada apuesta por el suicidio asistido, pero no se nos ha explicado suficientemente. El suicidio asistido es el homicidio cometido a petición de
la víctima por razones no perversas. Por cuál de las dos soluciones se vaya a optar nos parece que es cuestión a debatir y a decidir en esta Cámara con un estudio profundo y sosegado. De las dos consideraciones que han de tenerse en cuenta cuando
alguien presenta una proposición de ley, mi formación política está en condiciones de decir que hay necesidad de regular esta materia, efectivamente, y por este motivo estaríamos dispuestos a dar nuestro sí a la regulación. El otro parámetro es la
corrección técnica mínima de lo que se propone, que permita empezar un proceso legislativo para que, con las enmiendas que sean precisas, pueda dar lugar a un texto de ley correcto. Nos parece que en este segundo aspecto lo que se nos presenta
adolece de importantísimas carencias, que he creído señalar a lo largo de la exposición.
Insistiendo en que somos conscientes de que en esta legislatura esta normativa ha de abordarse, hacemos un llamamiento a un debate abierto, reposado, que favorezca un estudio profundo y serio de estas cuestiones, quizá con un texto
presentado por el Gobierno -es decir, con un proyecto de ley- pero tampoco nos negaríamos a que exista una comisión especial, que lejos de disminuir los valores de este Parlamento, cuando se habla de cuestiones de esta trascendencia, lo engrandece.
Mi formación política, valorando lo que tiene de positivo el que se haya traído esta materia a la Cámara, cree que no debe decir no a la tramitación de la iniciativa, para decir que sí nos parece escasa la consistencia técnica de lo que se nos
presenta, y por tanto, como en las tres ocasiones anteriores en que he tenido ocasión de intervenir en esta Cámara, nuestra postura será hoy la de abstención a la toma en consideración de este texto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre la proposición de ley del Grupo de Esquerra Republicana, que plantea la nueva redacción del artículo 143.4 del Código Penal, en la
línea de despenalizar el cooperante necesario en ayuda a la muerte, y también la modificación de varios artículos de la Ley General de Sanidad. Se han apuntado por parte de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, señora Uría,
algunos artículos de la Ley General de Sanidad ya derogados en estos momentos, que se traen a debate y a planteamiento de reforma legislativa.
A partir de esta iniciativa, quizá se quiere introducir en la legislación la eutanasia activa o quizás
también, como apuntaba la diputada Uría, el suicido asistido. Este es un tema sobre el cual podemos y debemos discutir sobre su toma en consideración. Quiero matizar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará negativamente la
proposición de ley. Podemos estar de acuerdo con algunos planteamientos que se han formulado desde esta tribuna, en cambio no podemos estar de acuerdo con la literalidad en la redacción de la proposición de ley, y cuando uno vota lo hace
ateniéndose a la literalidad de lo redactado.
El Grupo de Esquerra Republicana trae a debate un aspecto muy importante, la conjugación de tres derechos -el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad humana-, que se tienen y se deben ponderar. De hecho, en un
Estado todos los derechos se limitan, quizás el que menos en valor absoluto sea el derecho a la vida, pero el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad humana se limitan. Cuando en este Parlamento hablamos de derechos, estando absolutamente
de acuerdo con lo que decía la diputada Bonàs cuando planteaba la proposición de ley, que este es un Estado laico, en el cual no tenemos que hacer enfoques de carácter religioso a la hora de abordar estos temas, pero también quiero recordar, no
fuera el caso de que se nos olvidara, que los derechos constitucionales y los derechos humanos tienen un contenido moral, tienen una sustantividad moral sobre la cual no debemos huir; no debemos huir de esto, ni tampoco debemos huir de un punto de
pudicia, del sentido de pudor en un tema tan relevante como éste.
El planteamiento subyacente por parte del grupo proponente, surge desde un enfoque erróneo. La literalidad de esta proposición de ley no plantea el derecho a morir con dignidad, a través de cuidados paliativos o de una ayuda a la muerte.
El tenor literal de esta redacción plantea la opción a decidir sobre la vida ajena, por parte de familiares o especialistas médicos, sin el consentimiento, sin la participación del propio afectado, del propio enfermo. Creo que este es un
planteamiento poco ajustado a los tres derechos a los cuales hacía referencia.
El núcleo de la cuestión, el núcleo de la discrepancia y la poca capacidad de equilibrar jurídicamente este redactado, creo que está en la falta de aspectos garantistas. Esta es la propuesta. Un Estado de derecho plantea muchos derechos
para vivir, pero también debe plantear derechos para morir, y el legislador debe calibrar estos dos extremos: los derechos para vivir y los derechos para morir. Esto no se ve en el artículo 10 bis. punto 1, cuando se plantea el derecho a morir
sin el consentimiento del afectado, sino que viene exclusivamente de parte del médico.
Señorías, yo desearía que ustedes prestaran atención al planteamiento que recoge la proposición de ley en el artículo 10 bis, punto 2, donde literal y
cordialmente se plantea la propulsión a la muerte cuando se redacta: deberá procederse a la interrupción o no inicio de los tratamientos, entre otros casos si así lo solicita el responsable médico.
Me ciño al texto, me ciño estrictamente al texto
para decir que esta es una fatal tentación legal a la eugenesia. Faltan garantías judiciales, falta también articular mecanismos, desde un punto de vista de técnica legislativa, para recabar la opinión de más de un médico, y falta sin duda la
intervención del juez.
Muchas veces reclamamos todos el derecho a morir sin dolor. Este es un debate importante, al que ya se ha hecho referencia, que se refiere a los cuidados paliativos. Ya que tantos recursos públicos se destinan al buen nacer, algunos más se
deberían dedicar al buen morir. Javier Gómez, vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, recientemente manifestaba que la cobertura en España de los cuidados paliativos todavía no es muy alta, situándose entre el 20 y el 25 por
ciento los enfermos que son atendidos por equipos específicos, cuya distribución es muy irregular, centrándose especialmente en Cataluña, con el 60 por ciento aproximadamente, y en Canarias, con una cobertura muy poco elevada y muy irregular en las
otras comunidades. No podemos plantear el final de una vida como dos opciones legales: la opción a vivir o la opción a matarse. Debe ser la opción a vivir y la opción a un buen morir, para lo cual existe la eutanasia pasiva, las curas paliativas
y las medidas que no prolonguen artificialmente la vida. Pero el planteamiento de esta proposición de ley, nos sitúa en la tesitura de vivir o de matarse. Johannes Rau, el que fuera presidente de la república alemana de filiación socialista, en un
muy conocido discurso -el discurso berlinés de 18 de mayo de 2001-, haciendo referencia a la eutanasia, nos invitaba a la siguiente reflexión: cuando el seguir viviendo sólo es una de las dos opciones legales, todo aquel que imponga a otros la
carga de la supervivencia, estará obligado a rendir cuentas, a justificarse.
Aquello que parece consolidar la autodeterminación del ser humano, en verdad puede convertirse en objeto de coacción. Hay un punto justo, ya tenemos este punto justo y a
partir de ahí se debe desarrollar la reflexión en este Parlamento y en otros ámbitos legislativos. Este punto justo, que creo es la réplica al planteamiento del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, es la recomendación 1418 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de junio de 1991. La Asamblea recomienda al Comité de ministros a respetar y proteger la dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los aspectos. Primero, afirmando y protegiendo el derecho
de los enfermos terminales o moribundos a los cuidados paliativos integrales. En segundo lugar, protegiendo el derecho de las personas en fase terminal o moribundas a la autodeterminación, esto es a no prolongar artificialmente su vida. Pero
también, y tercer punto, el Consejo de Europa afirma respaldar la prohibición de poner intencionadamente fin a la vida de los enfermos terminales o de las personas moribundas. No quiero ser duro, creo ser simplemente descriptivo cuando digo que la
reforma del artículo 10.1 bis de la proposición de ley, donde se contempla que el médico, sin el consentimiento de los familiares ni del propio enfermo, pueda decidir sobre la vida de una persona, se sitúa en la tesitura del tercer punto que el
Consejo de Europa, con buen sentido, recomienda perseguir.
Antes de terminar, quiero leer también la opinión del que fuera ministro de Justicia e impulsor de la redacción del Código Penal del año 1995.
Juan Alberto Belloch, afirmaba lo siguiente respecto a la eutanasia. Si está despenalizada,
practicar la eutanasia activa y directa, en determinados casos el riesgo es que el médico termina sustrayendo o suplantando la voluntad del paciente. Continuaba Belloch. Hay que pensar en el valor de la muerte, si será o no un elemento de presión
sobre los más débiles. Señorías, yo les invito también a reflexionar sobre este extremo que debe contemplar la legislación, la posibilidad de presión sobre los más débiles. Por arreglar una injusticia -terminaba el ministro Belloch- creamos un
problema mayor.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) creemos que este aspecto es muy importante y que se debe debatir tratando de lograr un amplio consenso, como por amplio consenso se discutió en el Senado y se llegó a buenas
conclusiones entre todos los grupos parlamentarios; como por amplio consenso en el Parlamento de Cataluña se discutió, se tramitó y se aprobó la conocida como Ley del testamento vital, posteriormente presentada como proposición de ley a las Cortes
Generales a través del Senado, con la intervención de distintos senadores, entre ellos el querido y llorado amigo Jaume Cardona. Todo esto requiere un debate tratando de lograr un consenso, requiere un debate sosegado.
Por estas razones nuestro voto será negativo a esta proposición de ley por faltarle este punto de invitación al consenso, por no ser una opción legislativa ponderada para casos difíciles. En primer lugar, no podemos hacer leyes de caso
único y la señora diputada ha empezado con un caso desgraciado, pero un caso de único. Además, no es progresista y es un mal enfoque que un médico pueda decidir la vida o la muerte de una persona
sin el consentimiento del paciente o del familiar. Son planteamientos de técnica legislativa y de conjugación de los tres derechos a los que hacía referencia al principio de mi intervención, planteamientos que simplemente bordean la
frontera del Estado de derecho.
Nada más y muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde enero de 1998 viene planteándose ante este Congreso de los Diputados y en forma de proposiciones de ley, el tema de la eutanasia.
Con terminologías no coincidentes, pero materialmente equivalentes, como despenalización de la
eutanasia, legalización de la eutanasia o derecho a la disposición sobre la propia vida, en todas las cuestiones el planteamiento es el mismo. Esta es la octava vez que viene al Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre la eutanasia.
Todas esta iniciativas cuentan con el precedente de una proposición no de ley de la señora Rahola, de Esquerra Republicana, del año 1994, en la que solicitaba una ponencia en la Comisión de Justicia para estudiar dar curso legal a la demanda social
en torno a la eutanasia. Esta ponencia se rechazó ante la proximidad del debate del Código Penal de 1995. El artículo 143.4 del Código Penal de 1995, que hoy merece nuestra atención, se aprobó mediante un amplísimo consenso en su discusión,
llegando a fórmulas razonables en cuanto al fondo del asunto.
Efectuando una referencia al derecho comparado de los países de nuestro entorno, podemos afirmar que la no penalización del homicidio eutanásico es decididamente minoritaria. Aparte de los casos de Holanda o de Bélgica, la mayoría de los
ordenamientos abordan el tema sin suprimir su criminalización, pero acudiendo a una atenuación de las penas de manera similar al vigente artículo 143.4 de nuestro Código Penal de 1995. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impide configurarlo como un derecho a la libertad que incluya el derecho a la propia muerte, y para ello hay sentencias del Tribunal Constitucional, como son las números 127 y 137, de 1990, y la número 11, del año 1991.
Asimismo recordamos que
no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte. En el caso de la eutanasia nos encontramos además con el problema de la existencia de un autor o cooperador necesario en la muerte de un ser
humano, amparándose en situaciones, en circunstancias que a éste pudieran afectarle. Si tenemos en cuenta el indiscutible valor del bien jurídico protegido, la vida de un tercero, sólo podremos concluir que el ordenamiento jurídico tiene que
dispensar a dicho bien, en el caso de la eutanasia, la protección máxima posible, es decir la penal.
Señorías, como decía el principio, es la octava vez que viene una proposición de ley a este Congreso de los Diputados con el mismo sentido, y la que hoy debatimos es exactamente la misma en sus antecedentes y en su contenido que la del año
1998, del Grupo Parlamentario Mixto, y que las de los años 2000, 2001 y 2002, todas del Grupo Parlamentario Mixto.
Quienes me han precedido en el uso de la palabra, los representantes de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, ya han
hecho alusión a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en la que su disposición derogatoria única deroga aquellos artículos de
la Ley General de Sanidad que hoy se quieren modificar. Concretamente, los apartados 6 y 9 del artículo 10, y el apartado 4 del artículo 11 de la Ley General de Sanidad quedan derogados por esta ley. Esta Ley de la autonomía del paciente regula
las instrucciones previas, lo que se llaman las voluntades anticipadas, fue aprobada por la práctica unanimidad de esta Cámara, con la excepción de Convergència i Unió y esto no por una cuestión de fondo sino procedimental.
El Grupo Parlamentario Popular anima al Gobierno de España, al Ministerio de Sanidad, a seguir desarrollando esta ley; a crear un registro nacional de instrucciones previas; a propiciar que haya un reglamento en todas las comunidades
autónomas, como lo hay ya en algunas que lo aprobaron. El objeto de preocupación de nuestra sociedad es garantizar la calidad de vida de los ciudadanos hasta el último momento, es abordar el final de la vida en su conjunto. La mejora de la
atención de los enfermos en fase avanzada y terminal, que se identifica como cuidados paliativos, es un elemento esencial del sistema de salud. El verdadero antídoto a la eutanasia es garantizar la equidad y la cobertura de nuestra red sanitaria en
cuidados paliativos. En ese sentido, en la legislatura pasada y a instancias del Gobierno del Partido Popular, se aprobaron por unanimidad dos leyes importantes. Me refiero, en primer lugar, a la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud. Esta ley, en el capítulo referente a las prestaciones sanitarias, en el artículo 12 recoge por primera vez la prestación sanitaria en materia de cuidados paliativos en asistencia primaria. Quiero recordarles, señorías, que según
el artículo 17 el desarrollo de la cartera de servicios es competencia del Gobierno. El ministerio y este nuevo Gobierno han tenido a bien reunir mañana, por fin, al Consejo Interterritorial, máximo órgano de coordinación entre las comunidades
autónomas y la Administración Central del Estado. Esperemos que la ministra de Sanidad lleve mañana al Consejo el desarrollo de la Ley de cohesión y calidad en materia de cartera de servicios, para que pueda elaborar en el menor tiempo posible un
real decreto sobre las prestaciones sanitarias y cartera de servicios, también en materia de cuidados paliativos.
En la legislatura pasada también hubo otra ley importante, que se aprobó por unanimidad, referida al tema que tratamos hoy: la Ley 44/2003, de ordenación de profesiones sanitarias. Quiero recordarles que su artículo 24 dice que el Gobierno
podrá establecer áreas de capacitación específica, dentro de una o de varias especialidades en ciencias de la salud. Es un instrumento importante para que el Gobierno impulse la creación de esas áreas específicas de capacitación en materia de
cuidados paliativos y en materia de tratamiento del dolor.
Como les decía, señorías, creo que más que hablar de eutanasia, debemos hablar de cuidados paliativos. En el siglo XXI nuestro patrón demográfico y de morbilidad nos lleva a tener cada vez más pacientes con cáncer, más pacientes crónicos
con enfermedades degenerativas y más pacientes geriátricos. Para todo esto también hay antecedentes, como señalaba mi predecesor en el uso de la palabra, el representante de Convergència i Unió. Esa Comisión del Senado para el estudio de la
eutanasia se reunió durante año y medio en 13 sesiones y aunque no llegó a unas conclusiones o informe definitivo, sabemos que la gran mayoría de los comparecientes eran contrarios a la despenalización de la eutanasia. También se ha hecho alusión a
la recomendación 1418 del Consejo de Europa sobre garantizar los estados, el acceso a los cuidados paliativos y respaldar la prohibición de poner fin a la vida, de la misma manera que se ha hablado del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos que recuerda que la eutanasia no es posible.
Señorías, hay más antecedentes. Se ha trabajado mucho y, sin embargo, aquí parece que la proposición de ley que hoy nos presenta Esquerra Republicana no ha tenido en cuenta todos los avances que se han producido en estos últimos años.
Quisiera citar uno de ellos, diciembre del año 2000, cuando el pleno del Consejo Interterritorial aprueba un documento importante, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, bases para su desarrollo, en el que el objetivo principal es la mejora de la
calidad de vida del informe terminal y de su familia. En él se apuesta por una atención integral no solamente desde el punto de vista físico sino psicológico, social y espiritual del paciente y de su familia, donde es necesaria una coordinación de
cuidados paliativos entre asistencia primaria, asistencia especializada y servicios sociales y donde la formación de los profesionales es clave.
Quisiera también hacer alusión a un documento más, un documento de consenso sobre las situaciones al final de la vida, un documento elaborado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y que trata de lo que se
llama buena práctica médica, de no aplazamiento de la muerte y de no prolongación de la vida, es decir, se manifiesta contrario a eso que se llama encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico. Se refiere también a la anticipación de la
muerte como doble efecto, porque ustedes saben que con la intención de aliviar al paciente se puede administrar sedación o analgesia, a pesar de que ello acorte la vida del paciente.
Señorías, al Grupo Popular igual que al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Sanidad en su día, le parece que hablar de eutanasia pasiva es un término confuso que debemos erradicar porque la diferencia está en la intención.
Cuando hablamos de esa buena práctica médica estamos hablando de intención si no de curar sí de aliviar, sí de confortar al enfermo y, sin embargo, cuando hablamos de eutanasia la intención es acabar con la vida del enfermo.
Señorías, cuando hay encuestas y se le pregunta....
El señor PRESIDENTE: Señora Roldós, si mira el reloj, de lejos es usted la interviniente que más tiempo tomó en este debate. Le ruego que vaya concluyendo.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente. Creo que la importancia del tema que estamos tratando tendrá la consideración de su benevolencia. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Voy concluyendo, señor presidente, no sin antes hacer una mención de los posibles riesgos que en países como Holanda, que tiene una dilatada experiencia en eutanasia, se pueden llevar a cabo. En los informes
Remmelink o en el Van der War se ve que hay riesgos como cuando se aplicó eutanasia a más de mil pacientes sin su consentimiento expreso, y la propia ministra de Sanidad holandesa esta semana pasada decía que había claros indicios de incumplimiento
de la normativa en la aplicación de la eutanasia, esta misma semana pasada.
Resulta además que Holanda es el país con menor desarrollo de los cuidados paliativos, y podríamos entrar en esa pendiente resbaladiza como es que se cometan abusos, que
haya menor inversión en cuidados paliativos, menor inversión en investigación...
El señor PRESIDENTE: Señora Roldós, lo lamento, concluya.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.
Para terminar, le diré que una sociedad avanzada es la que cuida de que sus mayores no estén solos, que tengamos unos buenos cuidados paliativos y una buena atención al final de la vida, mientras que la petición de eutanasia es simplemente
la derrota de una sociedad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Grande Pesquero.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo por primera vez en el Pleno de esta Cámara y mi intervención versa sobre una materia compleja que plantea muchas dudas en nuestra sociedad, dudas de tipo asistencial, dudas de tipo médico, jurídico, ético y filosófico.
He revisado con mucha atención los diferentes debates que han tenido lugar sobre este mismo asunto en pasadas legislaturas. Esta Cámara tuvo ocasión de pronunciarse en profundidad, con rigor y seriedad durante los debates celebrados en ponencia y
en Comisión sobre el Código Penal de 1995. Gracias a ese esfuerzo de los parlamentarios de aquel momento hoy tenemos un Código Penal menos riguroso en esta materia, de manera que determinadas conductas que hasta el año 1995 eran tipificadas y
perseguibles con un importante reproche penal, a partir de ese año ya no lo son. Conductas como la posibilidad de aplicación de medidas paliativas del dolor, a pesar de que éstas puedan acelerar el inevitable acaecimiento de la muerte del paciente,
desde entonces no están reprobadas en términos penales, como tampoco lo está la colaboración no necesaria en estos supuestos.
Señorías, el año 1995 fue un buen año de debate. Han transcurrido nueve años desde la aprobación del Código y somos conscientes de que la sociedad española ha avanzado en muchos temas, también por supuesto en el que hoy nos ocupa. Quizás
fue el caso de Ramón Sampedro en 1998, citado aquí, caso que todos recordamos, a partir del cual se marcó un punto de inflexión en la conciencia social de nuestro país. Teniendo en cuenta que el Gobierno y nuestro grupo parlamentario tienen
previsto auspiciar una revisión del Código Penal de 1995 coincidiendo con los diez primeros años de su vigencia, creemos que podría ser el momento oportuno para plantear el debate en torno a esta cuestión, como ya se ha hecho en otros ordenamientos
de nuestro entorno. Estamos ante uno de esos debates en los que alcanzar consensos puede resultar una tarea intensamente ardua, pero precisamente por eso, por lo complejo de la cuestión, hemos de esforzarnos en mayor medida para tratar de lograr un
gran acuerdo.
Necesitamos de unos acuerdos que permitan una sana convivencia entre todos los ciudadanos y entre las diferentes concepciones de la vida que existen en nuestra sociedad actual.
La proposición de ley que hoy debatimos consta de dos artículos que a su vez modifican la Ley General de Sanidad y el Código Penal. Con respecto a la Ley General de Sanidad, la propuesta pretende modificar algunos apartados de dicha ley que
ya fueron derogados por la ley 41/2002, de 14 de noviembre, ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta ley ya reguló el derecho a la información
asistencial del paciente y de sus allegados, el consentimiento del afectado para cualquier actuación sanitaria, los límites del consentimiento informado, el consentimiento por representación y el documento de instrucciones previas o testamento
vital. También modificó el criterio sobre el alta del paciente en el caso de que no acepte el tratamiento prescrito. Por tanto, la propuesta de modificación de la Ley General de Sanidad, como ya se ha dicho aquí, que tenía sentido en el momento en
que esta misma proposición de ley se presentó en otras legislaturas, lo ha perdido en su mayor parte. Sin embargo, estas modificaciones que ustedes proponen no acogen ninguna regulación sobre las condiciones en el ámbito asistencial que deberían
establecerse para garantizar la seguridad jurídica de los pacientes y de los profesionales implicados en caso de despenalizarse la eutanasia activa. Debemos señalar que el régimen jurídico propuesto por ustedes afecta a la elección del tratamiento
entre las opciones que le presentan los profesionales sanitarios, al régimen jurídico en que se ha de desarrollar la llamada eutanasia pasiva y los tratamientos de doble efecto, pero no hay propuesta alguna para la eutanasia activa, excepto su mera
despenalización. Desde luego, y como no podía ser de otra manera, tomaremos las medidas necesarias para que se hagan reales y efectivos en todo el Estado los registros de instrucciones previas que no desarrolló el anterior ministerio del Gobierno
del Partido Popular y que han paralizado el desarrollo de esta ley.
Con respecto a la modificación del Código Penal en su artículo 143, apartado 4, creemos que la pura despenalización de la eutanasia activa seguiría planteando graves conflictos jurídicos y continuarían sin resolverse problemas como el
consentimiento en supuestos tales como, por ejemplo, los menores con graves padecimientos irreversibles. Por tanto, creemos que es absolutamente imprescindible establecer las garantías y cautelas que eviten todos los riesgos.
Señorías, este debate está abierto en la Cámara y, pese a que hoy, por lo anteriormente expuesto, nos vamos a oponer a la toma en consideración, el Grupo Socialista les ofrece un acuerdo para el procedimiento y el método parlamentario que
nos conduzca a una discusión serena, profunda, amplia y rigurosa que nos permita obtener un resultado final con el máximo consenso político y social en un asunto donde manejaremos conceptos de tanta relevancia como la autonomía personal, la
dignidad, la vida y la libertad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, procedemos a la votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición de ley es tomada en consideración y seguirá los trámites oportunos.
En segundo lugar, votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de modificación de la Ley General de Sanidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 18; en contra, 293; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Se rechaza la toma en consideración de esta proposición no de ley.
Se suspende la sesión y comenzaremos de nuevo a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de comenzar el punto del orden del día relativo a la información del Gobierno, y conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios,
propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 40, correspondiente al debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria, pase a debatirse con anterioridad al punto 39, referido a las propuestas
de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2002. Esto quiere decir, para que sea más comprensible, que en la sesión del jueves comenzaremos a las nueve de la mañana por el debate sobre
estabilidad presupuestaria, tratándose en segundo lugar el punto relativo a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO.
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR 75 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE INFORME DE LA POSICIÓN QUE DEFENDERÁ EL GOBIERNO EN LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 210/000002.)
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, PARA INFORMAR DE LA POSICIÓN DE ESPAÑA ANTE EL CONSEJO
EUROPEO. (Número de expediente 210/000003.)
- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN DE ESPAÑA ANTE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL. (Número de expediente 210/000004.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento. Esta mañana, en la reunión con la Junta de Portavoces, hemos tenido
la oportunidad de fijar el orden del debate, que es perfectamente conocido por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, y espero que todos nos atengamos al ejercicio de equilibrio que se ha hecho esta mañana en nuestra reunión interna.
Tiene la palabra, para la exposición oral por parte del Gobierno, su presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señoras y señores diputados, se cumplen hoy 27 años desde la celebración de las primeras elecciones libres y democráticas de nuestra historia reciente. Los españoles
acudimos entonces a las urnas recuperando una soberanía largamente secuestrada. Aquel día no sólo clausuramos décadas interminables de autoritarismo y de negación de derechos, también encontramos la ocasión para romper con el aislamiento
internacional al que la dictadura nos había condenado y abrimos la posibilidad de incorporar a España al proyecto europeo, de cuyos orígenes habíamos quedado excluidos a causa de la anormalidad institucional en que habíamos vivido. Recordar estos
datos no es sólo un homenaje a la generación de españoles que protagonizó la recuperación de la democracia, también es un medio para poner de relieve las muchas semejanzas de aquel momento con las circunstancias de fondo que están en la base del
debate que hoy tenemos en esta Cámara y en general con las circunstancias que caracterizan el actual momento constituyente de ese milagro histórico que es la Unión Europea. En efecto, tras las elecciones de 1977, cada vez que los españoles hemos
sido convocados a las urnas hemos revalidado con fuerza un modelo político que no sólo nos asimilaba a Europa sino que, precisamente por ello, también nos permitía integrarnos en la Comunidad Europea
entonces existente. Aquella generación alcanzó el sueño que tantos españoles se habían fijado a lo largo de los últimos siglos: el sueño ciudadano de quienes defendieron los principios de libertad y tolerancia; el sueño ilustrado de
quienes ambicionaron la modernización de España, su desarrollo científico y su bienestar social.
Acaban de cumplirse ahora 18 años desde que se produjo nuestra integración en Europa. Los jóvenes españoles que nacieron entonces podrán dar su voto favorable a la nueva Constitución que esperamos acordar esta misma semana. Cuando lo hagan
habrán de tener en cuenta cuánto ha supuesto el proyecto europeo para el avance de nuestro país, pero sobre todo habrán de considerar cuánto significará este nuevo paso en el desarrollo del proyecto de sus vidas, porque la nueva Constitución es su
futuro, el ámbito político y la carta de derechos en los que habrán de actuar. Este es precisamente, señor presidente, señoras y señores diputados, el marco en el que se inscribe mi comparecencia de hoy para informarles del próximo Consejo Europeo,
que tendrá lugar en Bruselas los días 17 y 18 de junio.
He de resaltar que es la primera vez que el presidente del Gobierno sube a esta tribuna antes de un Consejo Europeo para informar a la Cámara con carácter previo. Nunca se había hecho antes. Nunca. Ni siquiera con motivo de conferencias
intergubernamentales que aprobaron importantes tratados europeos. Siempre he creído que ni expresa ni implícitamente había que imponer condiciones a la estrategia negociadora desarrollada en Europa por el Gobierno de España. Así lo dije
literalmente en anteriores debates en esta Cámara. Pero creo que en esta ocasión merece la pena que los representantes de los españoles podamos debatir largamente sobre lo que el Gobierno hará en los próximos días. Lo aconsejan cuatro
consideraciones. En primer lugar, la singular importancia de la cita europea de esta semana para los destinos del proyecto europeo y, por tanto, de España. En segundo término, mi decidido compromiso de hacer del Parlamento el centro de la vida
política; otros lo prometieron y este Gobierno lo cumple a la primera. En tercer lugar, mi voluntad de permanente diálogo y entendimiento con las fuerzas políticas y de transparencia y cercanía con los ciudadanos. Por último, el Gobierno quiere
con este debate contribuir a que los ciudadanos sientan como propias cuantas cuestiones se discuten sobre la configuración de Europa.
La abstención padecida en las elecciones europeas de hace dos días no puede dejarnos tranquilos, y el hecho de que
en España se haya alcanzado un índice de votación superior a la media no disminuye la preocupación del Gobierno. Soy de los convencidos de que Europa es y será una Unión de Estados, pero tengo una convicción aún más fuerte: Europa necesita a sus
ciudadanos. Europa no será el espacio de libertad, de paz, de progreso y justicia social a que aspiramos si los ciudadanos europeos no se implican en su construcción, y esa es una tarea que nos incumbe a todos. Es responsabilidad de todos hacer
palpable a los ciudadanos la trascendencia de los debates europeos, lo que estos afectan a su vida diaria y al modo de gobernarnos los españoles; lo que Europa significa para la paz y la libertad de cada uno de nuestros países. Este debate será,
así, el primero de los que periódicamente quiero mantener con SS.SS. en torno a las cuestiones españolas que se deciden en conjunto con otros países europeos. No será la única iniciativa del Gobierno para incrementar el interés ciudadano, también
propiciaremos en las próximas semanas una ofensiva de iniciativas en el conjunto de la Unión, de la Comisión y del Consejo para hacer inteligibles los debates y evidentes nuestras decisiones, porque sin la participación activa de sus ciudadanos,
Europa, sin más, no será.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el trabajo que convoca en Bruselas a los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión tiene dos objetivos: por un lado, abordar los distintos asuntos incluidos en la agenda anotada del Consejo
Europeo y, por otro, culminar los trabajos de la Conferencia Intergubernamental aprobando definitivamente el proyecto de Constitución europea. Este es el orden que a partir de ahora seguiré en mi exposición.
Señorías, el Consejo tiene previsto debatir sobre los temas siguientes: nombramientos, espacio de libertad, seguridad y justicia; terrorismo; ampliación; perspectivas financieras; cuestiones económicas y empleo, y, finalmente, asuntos
exteriores, tanto de seguridad común como de seguridad y defensa. En lo que se refiere a los nombramientos, el Consejo deberá designar al nuevo presidente de la Comisión y al secretario general y alto representante para la política exterior y de
seguridad común. Ambos nombramientos son muy relevantes para el futuro de la Unión.
Respecto al presidente de la Comisión, España mantendrá una postura abierta, sin perder de vista el objetivo final de contar con una Comisión fuerte. Pero sí hay
algo claro: queremos que el nuevo presidente de la Comisión sea un europeísta convencido. En cuanto al alto representante, España expresará su más firme apoyo a la candidatura de Javier Solana, a cuyo enorme esfuerzo y dedicación debemos el
considerable fortalecimiento de la política exterior y de seguridad común en los últimos años; además, España desea -y en esa dirección trabajará- que el Consejo Europeo manifieste que se convertirá en ministro de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea el primer día de entrada en vigor de la Constitución.
Señoras y señores diputados, en lo referente al espacio de libertad, seguridad y justicia, está previsto que el Consejo Europeo valore favorablemente los logros alcanzados en el marco del programa quinquenal acordado en Tampere para la
creación de un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia. España ha contribuido en gran medida al lanzamiento de numerosas iniciativas en este ámbito y hemos incorporado a nuestro ordenamiento interno gran parte de los acuerdos
adoptados. A la vista de estos resultados positivos, he pedido que el Consejo Europeo aborde un nuevo programa para el período 2004-2009, denominado Tampere 2. El Consejo Europeo intentará, igualmente, avanzar en materia de fronteras
exteriores, visados, inmigración y asilo. Se promoverá la armonización de los derechos de los residentes legales y el establecimiento de políticas de integración. En la lucha contra la inmigración ilegal se reforzarán los mecanismos del fondo de
retorno o los acuerdos comunitarios de readmisión.
Señorías, como no podía ser de otra forma, y especialmente tras el impacto provocado por los terribles atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, el Consejo Europeo hará especial hincapié en la lucha contra el terrorismo. Siguiendo la
labor iniciada en el Consejo Europeo de marzo, está previsto que se mejoren los sistemas de información, el control de las fronteras y los medios para combatir sus fuentes de financiación.
También está previsto dar un importante paso en un tema tan
sensible como el de la inteligencia compartida. Se aprobará, así, previsiblemente, el informe del alto representante sobre el establecimiento de una capacidad a nivel europeo de intercambio de información para la lucha contra el terrorismo. En
esta lucha hasta ahora se ha progresado mucho en el terreno legislativo y ahora hay que avanzar en el campo de la operatividad. Los ministros del Interior deberán asumir un protagonismo creciente en esta tarea. En la misma línea, los europeos
potenciaremos la capacidad de respuesta de Naciones Unidas, objetivo, por cierto, al que ya hemos contribuido promoviendo la revitalización del Comité contra el terrorismo, del Consejo de Seguridad, que presidirá el español Javier Rupérez.
Buscaremos, en fin, un consenso universal frente al terrorismo mediante el diálogo y la cooperación en los ámbitos bilateral y regional.
Lo haremos, por un lado, para prevenir la amenaza terrorista, incidiendo en los factores y conflictos
regionales que pueden exacerbarla, y, por otro, para combatirla mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas y legislativas.
Señoras y señores diputados, el cuarto punto de la agenda del Consejo Europeo es el relativo a la ampliación. No creo exagerar si afirmo que, junto a la aprobación del texto constitucional de la Unión, la ampliación es una de las empresas
más esperanzadoras para el futuro de nuestro proyecto de convivencia en común. Debemos tener en cuenta las aspiraciones de Bulgaria, Rumania y Turquía, países ya candidatos, así como a otros Estados que esperan serlo en breve. Está previsto que la
Presidencia irlandesa presente un balance positivo de las negociaciones con Bulgaria y Rumania. España apoya el objetivo de que ambos países se incorporen a la Unión en enero de 2007. Respecto a Turquía, el Consejo Europeo, siguiendo la línea de
otros anteriores, acogerá favorablemente los significativos avances realizados en el proceso de reformas, en cumplimiento de los criterios de Copenhague. En cuanto a Croacia, una vez conocido el dictamen favorable de la Comisión sobre el inicio de
negociaciones de adhesión, es previsible que el Consejo decida que Croacia es un país candidato a la adhesión y que ofrezca una fecha de apertura de las negociaciones.
Señorías, el quinto punto de la agenda del Consejo se refiere a la negociación de las perspectivas financieras. Las negociaciones acaban de comenzar, pero ya podemos identificar dos puntos de partida. España es un claro exponente de la
efectividad de la política europea de cohesión. Por ello es firme partidaria de reforzarla como instrumento de cohesión económica, social y territorial entre todos los países y regiones. El marco financiero para el periodo 2007-2013 debería, por
tanto, incluir un esfuerzo de generosidad suficiente. En el contexto de la ampliación, España considera que es necesario dotar con recursos financieros suficientes las nuevas prioridades y políticas a realizar durante los próximos siete años, muy
vinculadas con los compromisos de Lisboa. La Comisión ha presentado distintas propuestas de reforma de la política regional, que España ha acogido favorablemente en principio y que esperamos se concreten mediante la presentación en fecha próxima de
los proyectos de reglamentos. España, firme partidaria de la integración europea, está dispuesta a contribuir de forma equitativa a la financiación de la ampliación de la Unión, pero es obvio que los costes de la misma deberán ser asumidos
equitativamente por todos. Confiamos en que nuestra generosa disposición sea compartida por todos los Estados miembros, de forma que seamos capaces entre todos de concluir con éxito el complejo proceso negociador que tenemos ante nosotros.
Señorías, el siguiente asunto a tratar por el Consejo hace referencia a los asuntos económicos y de empleo. Si importante es la discusión sobre la financiación de las perspectivas financieras, no lo es menos todo lo relativo al crecimiento
económico y su dimensión social. La estrategia de Lisboa cubre estos dos aspectos, exigiendo un esfuerzo sostenido por parte de la Unión para avanzar en la senda del crecimiento y del empleo.
Esta estrategia gira en torno a cuatro grandes ejes.
El primero es la modernización del modelo social europeo por medio de la formación y la lucha contra la exclusión social. El segundo es el mantenimiento del índice medio de crecimiento económico en torno al 3 por ciento anual. El tercero es el
logro de una economía basada en el conocimiento mediante mejoras en investigación más desarrollo, la realización de reformas estructurales a favor de la competitividad y la innovación y la culminación del mercado interior. El cuarto y último es el
de compatibilizar el crecimiento con el desarrollo sostenible, reiterando el compromiso de la Unión de cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto.
En este mismo marco, deseo señalar que España apoyará que la Constitución recoja la creación de un
instituto europeo de género para fortalecer las políticas de igualdad en el seno de la Unión.
Señoras y señores diputados, el último punto de la agenda del Consejo trata de las relaciones exteriores de la Unión, de la política Exterior y de Seguridad Común y de la política europea de Seguridad y Defensa. Mi Gobierno es decidido
partidario de reforzar y consolidar la política exterior de la Unión Europea. La Unión debe desempeñar un papel de actor global y debe convertirse en un factor de estabilidad, progreso y seguridad en la escena internacional. Para ello hay que
avanzar con coherencia en todas las políticas de su acción exterior. La integración europea no estará completa ni será eficaz sin una política de seguridad y defensa. La Unión está dando pasos importantes para el desarrollo de una auténtica
dimensión de defensa, y España quiere situarse a la vanguardia de ese esfuerzo. Sobre esa base, para contribuir a la paz y a la seguridad internacional y garantizar un multilateralismo eficaz, la Unión necesita dotarse de una amplia gama de
instrumentos de gestión de crisis, tanto civiles como militares, en estrecha cooperación con Naciones Unidas y de forma plenamente compatible con la Alianza Atlántica.
En el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión, está previsto, en primer lugar, que el Consejo Europeo otorgue un mandato al alto representante, Javier Solana, para ultimar los planes operativos con vistas a la futura asunción de la
operación militar en Bosnia por parte de la Unión, sustituyendo a la OTAN. Asimismo, el Consejo Europeo podría aprobar el marco estratégico para las relaciones con el Mediterráneo y Oriente Medio. El necesario proceso de reforma política en los
países de estas áreas no puede ser impuesto desde fuera, por lo que la Unión apoyará las iniciativas reformistas que emanen de estos países. Por otra parte, toda dinámica reformista debe ir acompañada, para tener éxito, de un progreso en la
solución del conflicto de Oriente Medio mediante la aplicación de la Hoja de Ruta del Cuarteto. Finalmente, la Unión se guiará por el principio de diferenciación a la hora de impulsar el proceso de reformas. En el área mediterránea, el proceso de
Barcelona seguirá siendo nuestro referente fundamental.
En lo relativo a la política europea de vecindad, la Comisión presentará el llamado paquete de nuevos vecinos, que determinará las líneas generales de esta política para los próximo años y que incluye planes de acción específicos para cada
uno de los países, tanto del este de Europa como del Mediterráneo, con los que se considera que se podrá progresar más rápidamente.
En cuanto a Irak, España defenderá en el Consejo Europeo la necesidad de continuar contribuyendo a los esfuerzos de la comunidad internacional para devolver cuanto antes al pueblo iraquí su soberanía plena. Se espera que el Consejo Europeo
haga suyas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de ayer lunes, que endosó la comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante, Javier Solana. Como SS.SS. saben, este documento subraya la decisión de la Unión de impulsar
un papel central para Naciones Unidas, así como la labor de sus representantes sobre el terreno, no imponer ninguna medida sin consultar previamente con las legítimas autoridades iraquíes y apoyar el proceso de normalización de la situación en Irak
a corto y medio plazo, colaborando en la rápida celebración de elecciones democráticas. Finalmente, respecto a Irán, el Consejo Europeo tomará nota de los progresos registrados en el ámbito de la proliferación nuclear e instará a las autoridades
iraníes a acelerar sus esfuerzos.
Señorías, con ocasión del Consejo Europeo, los jefes de Estado o de Gobierno nos reuniremos en una Conferencia Intergubernamental con ánimo de llegar a un acuerdo sobre la futura Constitución europea sobre la base de las propuestas de la
Presidencia irlandesa, a la que expresamente felicito por el trabajo que está realizando. La Europa ampliada necesita una Constitución, un nuevo marco jurídico que recoja las aspiraciones de los ciudadanos y dé respuesta a las oportunidades y a los
retos de esta nueva fase de nuestra convivencia en común. Tras la fallida cumbre del pasado diciembre, Europa, los europeos, no nos podemos permitir un segundo fracaso. Si somos capaces de lograr esta semana un consenso en Bruselas -y soy
optimista al respecto- habremos dado un gran paso adelante en el camino de una Europa unida en paz, prosperidad y solidaridad. España acudirá a la cumbre consciente de sus responsabilidades, con espíritu constructivo e impulsando compromisos en la
búsqueda del bien común europeo, que es compatible con la firme defensa de los intereses nacionales; jugará en positivo, sin amenazas ni bloqueos, aportando lo mejor de sí misma en la consecución del consenso europeo; lo hará desde el
convencimiento de que en Europa reside el futuro de España y de que lo mejor de Europa está aún por llegar. A este empeño común convoco a todas las fuerzas políticas de la Cámara: a impulsar una política de Estado para hacer de España una fuerza
motriz de la construcción europea. Lógicamente, la consecución de un acuerdo final sobre la Constitución europea exigirá que todos los Estados miembros estemos dispuestos a buscar compromisos en aras del objetivo común. Sin duda, durante las
sesiones negociadoras nos encontraremos con dificultades, pero estoy convencido de que seremos capaces de superarlas con responsabilidad, realismo y firmeza hasta alcanzar soluciones con las que todos los Estados miembros nos encontremos cómodos.
Las negociaciones sobre las cuestiones institucionales serán sin duda las más complejas. España abogará por un acuerdo global que respete los grandes equilibrios tradicionales de poder del triángulo institucional: el Consejo, la Comisión y
el Parlamento Europeo. Respecto al sistema de voto en el Consejo, apoyaremos aquellas propuestas que combinen la eficacia en la toma de decisiones, la operatividad del Consejo y la necesaria representatividad democrática. La Convención Europea ha
presentado una propuesta que el Gobierno no considera satisfactoria, y el sistema previsto en Niza no goza
hoy de respaldo entre la inmensa mayoría de los Estados miembros como instrumento idóneo para conseguir el equilibrio que, desde su creación, ha caracterizado la construcción europea. Por ello, el Gobierno está apostando por un modelo de
doble mayoría de Estados y de población que aúne en sus justas proporciones tanto la representatividad de los Estados miembros como la legitimidad democrática que dimana de los ciudadanos.
Dicha fórmula equitativa debe respetar la doble naturaleza
legitimadora de la Unión, que lo es de Estados y de ciudadanos. Queremos, además, que se complete con la exigencia de al menos cuatro Estados miembros para formar una minoría de bloqueo. En cuanto a la composición de la Comisión, el consenso se
podría fraguar en torno a una Comisión amplia, con un comisario por Estado miembro hasta 2014. A partir de entonces, se pasaría a una Comisión más reducida con unos 18 comisarios y con un sistema de rotación igualitaria. En lo tocante al
Parlamento Europeo, España considera que debe tener más diputados que los adjudicados en Niza, en el marco del paquete institucional que se negocie. Como SS.SS. saben, España aceptó en Niza una reducción del número de eurodiputados, pasando de 64
a 54 ahora y a 50 cuando ingresen Rumania y Bulgaria, a cambio de un mayor peso relativo en el Consejo y de la pérdida de un comisario. Dada la creciente importancia de las competencias del Parlamento Europeo, que se verán reforzadas tras la
aprobación de la Constitución, y una vez aceptado el principio de la doble mayoría, España tratará de trabajar para preparar el terreno para que, cuando se decida la redistribución de los escaños, prevista antes de 2009, podamos obtener una
asignación mayor de eurodiputados.
Otro punto de especial sensibilidad para España es el reconocimiento de nuestra diversidad lingüística y cultural. Pese a lo avanzado de las negociaciones cuando este Gobierno entró en funciones y a la fuerte reticencia de otros Estados
miembros a abrir nuevos debates que complican el régimen lingüístico vigente en la Unión, puedo anunciar que lograremos la traducción del texto de la Constitución a aquellas lenguas que tengan la condición de cooficiales en parte del territorio de
los Estados miembros que así lo soliciten. Para un país como el nuestro, que tiene en la diversidad de sus lenguas y en la pluralidad de sus culturas una de sus riquezas más relevantes, constituye un paso de primer orden en su reconocimiento
europeo y un importante avance sobre el que seguir construyendo en el futuro. Otro aspecto de la Conferencia Intergubernamental en que España tiene especial interés es el reconocimiento de un tratamiento específico para Canarias como región
ultraperiférica, que permita mantener su ritmo de crecimiento y sus perspectivas de desarrollo futuro, compensando las desventajas comparativas, derecho insular y situación geográfica. Ese régimen específico que garantiza el futuro de Canarias está
recogido en el artículo 330 del proyecto de Constitución.
En la Constitución figurará, por otra parte, y a propuesta española, el compromiso de la Unión en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
El carácter pionero del reciente proyecto de ley aprobado por el Gobierno tendrá así ocasión
de convertirse en referente de los próximos esfuerzos del conjunto de los países europeos para eliminar esta lacra de nuestras sociedades. (Aplausos.)
Querría también hacer una breve referencia a la ampliación de la mayoría cualificada en los asuntos de Justicia e Interior. Como SS.SS. saben, el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia constituye el gran reto de la Unión
para los próximos años. Es esencial para España que estos asuntos avancen, puesto que son especialmente relevantes y visibles para los ciudadanos de la Unión. Estos esperan en particular de las instituciones europeas respuestas eficaces a los
problemas que plantea la regulación de flujos migratorios, la integración de los emigrantes en nuestras sociedades democráticas y, lógicamente, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, por citar los aspectos más visibles. Por
ello, España defenderá la ampliación del ámbito de la mayoría cualificada en estos temas como única vía posible para que la Unión progrese en la creación de un espacio común.
Hay, para concluir, dos ámbitos de la futura Constitución en los que el Gobierno hubiera deseado propuestas más ambiciosas. Uno es el de las cuestiones relativas a la Europa social, donde desearíamos un uso más generalizado del voto por
mayoría cualificada. Otro es el que afecta a la llamada gobernanza económica de la Unión, donde querríamos una intervención institucional más activa de la Comisión y una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.
Señor presidente, señoras y señores diputados, aspiro, y en ello empeñaré mis mejores esfuerzos, a compartir con todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara una visión común de las líneas generales de la política exterior de
España, que nunca debió dejar de ser una política de Estado basada en el consenso y el diálogo. Por ello, apelo al sentido de la responsabilidad de todos y solicito a los grupos su apoyo para llevar a buen puerto las negociaciones sobre la
Constitución europea. En ella está nuestro futuro como europeos, pero también como españoles. Y estamos dispuestos a ganar ese futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, la exposición realizada por el señor Rodríguez Zapatero de la agenda del próximo Consejo Europeo de Bruselas pone de relieve la importancia que da la Presidencia irlandesa a la aprobación de la Constitución
europea. Pero antes de entrar en
esta cuestión, quiero referirme a otras dos -sólo voy a poder hacerlo a otras dos- que tienen una notable importancia para España y para mi grupo y que también se tratarán en el Consejo. La primera se refiere al espacio de libertad,
seguridad y justicia. Desde el Tratado de Amsterdam y el Consejo de Tampere, España ha sido uno de los países más activos para la creación de este espacio. Por eso hoy nuestro país debe seguir ofreciendo iniciativas e impulsar cuantas medidas
contribuyan sobre todo a unificar la lucha contra el terrorismo, fomentar la colaboración ciudadana y, en la misma línea que lo hemos hecho en España, apoyar permanentemente a las víctimas del terrorismo. Esta es una cuestión que forma parte del
consenso político en España, pero no ocurre lo mismo en Europa. Por eso es preciso que la posición española sea firme y capaz de defender con rigor lo que compartimos. En este campo, señor presidente, el Gobierno contará siempre con el respaldo de
mi grupo.
La segunda cuestión de importancia abordada por la Presidencia irlandesa se refiere a la negociación sobre las perspectivas financieras, es decir, las cantidades que la Unión Europea va a gastar durante el periodo 2007-2013. Quiero recordar
cómo el Gobierno de España negoció de forma unánimemente alabada las anteriores perspectivas financieras aprobadas en el Consejo Europeo de Berlín, que supusieron un impulso capital a la cohesión económica, social y territorial de los entonces
Quince. Y ahora que acabamos de incorporar a diez nuevos países, parece que algunos quieren limitar los presupuestos de la Unión y como quiera que en el Consejo Europeo de Copenhague se fijaron los límites del paquete agrícola, si se produjera la
disminución pretendida por varios gobiernos, ésta afectaría inevitablemente a las políticas de cohesión. Yo comparto el análisis del Gobierno en su comunicación a esta Cámara y su corolario -la necesidad de aumentar el presupuesto comunitario en
las próximas perspectivas financieras-, pero como no dice usted, señor presidente, qué iniciativas se propone tomar, yo le pregunto: ¿Ha hablado de este tema con los gobiernos de esos países que usted denomina de una forma muy clarificadora el
corazón de Europa y les ha explicado nuestra posición? ¿Ha tenido usted en cuenta que han sido esos países quienes, entre otros, han instado a la Comisión la disminución del techo presupuestario del 1,27 del producto nacional bruto al 1 por ciento?
Me gustaría saber, señor Rodríguez Zapatero, cómo va la negociación -usted lo sabe mejor que yo, lógicamente- y de qué manera va a afectar a las regiones españolas.
Dicho esto, voy a centrar el escaso tiempo del que dispongo en el proyecto de Constitución. Adelanto ya que con la importante reserva a la que me referiré más tarde, mi grupo está básicamente de acuerdo con el texto propuesto por la
Convención. Lo estamos, en primer lugar, porque el texto responde a la concepción que mi grupo tiene de Europa, una Unión Europea que proclama la dignidad de la persona humana, una Unión Europea asentada en los valores de la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad y el Estado de derecho, una Unión Europea que incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales como parte integrante del proyecto constitucional, y una Unión Europea, en fin, que integra el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y apuesta por la prosperidad y el bienestar de los europeos.
Estamos de acuerdo, en segundo lugar, porque el proyecto elaborado por la Convención responde al modelo europeo con el que nos sentimos comprometidos, una Europa fundamentada
en la doble legitimidad de sus Estados miembros y de sus ciudadanos en el reconocimiento de la integridad territorial como una de las señas de identidad de los Estados miembros en los avances propuestos en el ámbito de la defensa y la seguridad y
una Unión Europea, en fin, que incorpora elementos esenciales para la lucha contra el terrorismo. Y estamos de acuerdo, en tercer lugar, porque el nuevo proyecto de tratado incorpora muchas de nuestras propuestas, por ejemplo, la Presidencia
estable del Consejo Europeo, la investidura del presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo, la participación de los parlamentos nacionales en las decisiones comunitarias a través de un novedoso sistema de alerta temprana, la nueva figura
del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión o, en fin, la extensión del procedimiento legislativo ordinario a numerosos sectores, lo cual dotará de mayores poderes al Parlamento. Nuestro compromiso con este proyecto no es por tanto casual. No
en vano, miembros de mi partido y representantes del Gobierno del Partido Popular participaron activamente en su redacción e incluso formaron parte del Presidium de la Convención y además de ello, mi grupo había consensuado con sus socios del
Partido Popular europeo el llamado documento de Estoril que, como ustedes saben, constituyó una importante referencia a la hora de redactar el proyecto constitucional.
Ahora bien, dicho esto para subrayar nuestra participación, nuestro acuerdo y nuestra satisfacción con el proyecto constitucional, debo señalar una reserva fundamental. Ya la expresamos en el pleno de la Convención celebrada inmediatamente
antes del Consejo Europeo de Salónica. El proyecto elaborado por la Convención había introducido modificaciones de gran trascendencia en el procedimiento para tomar decisiones, unas aceptables y otras no. Por un lado, muchas cuestiones pasaban a
adoptarse en el Consejo de Ministros por mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad como hasta la fecha; mi grupo está de acuerdo con ello. Por otro lado, la mayoría de estas cuestiones serán decididas en pie de igualdad por el Consejo de
Ministros y el Parlamento Europeo, convertidos en instituciones colegisladoras; mi grupo es igualmente partidario de esta propuesta. Ahora bien, junto a estas modificaciones que compartimos, el proyecto elaborado por la Convención altera el
reparto de votos que se acordó por unanimidad hace tres años en el Tratado de Niza que, a su vez, fue ratificado
por todos los países de reciente incorporación a la Unión Europea. Voy a detenerme en esta cuestión, pues tiene en mi opinión una gran relevancia para los españoles y creo que es uno de los temas más importantes.
Señor presidente, señores diputados, cuando España negoció y firmó en 1985 el Acta de adhesión a las entonces Comunidades Europeas aceptó un estatus híbrido, idéntico peso que los cuatro Estados más grandes en la Comisión, pero menos peso en
el Consejo de Ministros: ocho votos frente a los diez de Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña. En el año 2000 durante las discusiones del Tratado de Niza y en aras de reducir el tamaño de la Comisión Europea con vistas a la ampliación, los
cinco grandes consintieron en perder uno de sus comisarios. El Gobierno de José María Aznar exigió en aquel momento un mejor tratamiento de nuestro país en la ponderación de votos en el Consejo. El Gobierno popular obtuvo entonces 27 fotos frente
a los 29 de los otros cuatro grandes. Si la relación anterior a Niza era de 10 votos a 8, forzoso es reconocer que la relación 29 a 27 era muy satisfactoria para los intereses de España. Dicho en términos porcentuales, nuestro país pasaba de tener
el 80 por ciento del peso de cualquiera de los cuatro grandes a tener el 93. Así lo reconoció todo el mundo, incluso usted mismo, señor presidente, cuando el 20 de diciembre del año 2000 afirmó aquí lo siguiente: España ha tenido el número de
votos que ya es conocido en esa reponderación y la verdad es que le voy a felicitar -felicitaba usted al señor Aznar- por ese número de votos en el Consejo.
El sistema de votos de Niza responde, pues, a la filosofía de atribuir un determinado número de votos a cada Estado miembro y asimismo establece el número de votos necesarios para alcanzar la mayoría cualificada que requieren las decisiones
del Consejo. Este sistema de ponderación de votos ha sido el utilizado por las instituciones europeas desde los tratados fundacionales, allá por los años cincuenta, y ha demostrado su eficacia hasta hoy. Ahora bien, como es de todos sabido el
texto elaborado por la Convención propone la sustitución del sistema de ponderación por otro que responde a una filosofía diferente: para que una decisión se entienda adoptada por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros deberán votar a favor
de la propuesta el 50 por ciento de los Estados que, además, representen el 60 por ciento de la población. Y la adopción de este sistema de doble mayoría tiene importantes repercusiones prácticas porque introduce el criterio demográfico de
población en las dos instituciones que colegislan en el ámbito comunitario. Nada tengo que objetar a la introducción del criterio demográfico en la Cámara donde están representados los ciudadanos, es decir, en el Parlamento, que es lo que hizo
Niza. Por esa razón, el número de diputados españoles se corresponde sustancialmente con la mitad de los que elige Alemania, puesto que dicho país tiene el doble de población que el nuestro. Pero la aplicación del criterio demográfico en la
institución donde están representados los Estados miembros, es decir, en el Consejo, es un sinsentido y buena prueba de ello es que carece de precedentes en ninguno de los sistemas constitucionales de nuestro entorno, y además sus resultados no son
inocuos porque prima de forma muy notable a los Estados más poblados. En concreto, Alemania pasa a duplicar su porcentaje de votos, de algo más del 8 por ciento en Niza al 17 que le concede la Convención, y Francia, Reino Unido e Italia pasan de
algo más del 8 por ciento a alrededor del 12. Estos países son los grandes beneficiados de la Convención, y daré un solo ejemplo, que se entiende muy bien. Francia y Alemania suman con el sistema de Niza un 19 por ciento de los votos necesarios
para formar una mayoría cualificada y con el de la Convención se aseguran casi el 30. Dicho en otras palabras, con el proyecto de la Convención les faltarán muy pocos votos, y muy fáciles de obtener, para conseguir sus objetivos.
La introducción del criterio de población en términos puros para las votaciones del Consejo supone no sólo una ruptura del acuerdo adoptado unánimemente sólo tres años antes en Niza, sino que además implica una quiebra de los equilibrios en
los Estados miembros, que ha sido una regla de oro que ha caracterizado durante 50 años la construcción europea. Y el sistema lleva, lisa y llanamente, a una concentración excesiva de poder en unos, muy pocos, países. Por eso no es extraño que sea
de algunos de estos países de donde venga la acusación, a los que defendemos el sistema de Niza, de mentalidad bloqueadora y de anteponer intereses egoístas nacionales al interés general de la Unión. Eso es muy fácil decirlo cuando se obtiene una
posición que permite garantizar la defensa de los intereses propios y se impide la defensa de los ajenos. Para esos países, la eficacia del nuevo sistema consiste en concentrar el poder en menos manos, y desde luego no en las de España (lo que no
sé es por qué al señor Rodríguez Zapatero le gusta este sistema); pero hay más. No es sólo que haya unos Estados beneficiados porque tengan más peso, sino que además los votos necesarios para conseguir alianzas son más que en Niza, con lo cual
tenemos menos peso y además necesitamos más votos para conseguir alianza. (Aplausos.)
El Gobierno piensa ahora que la pérdida relativa de peso en el Consejo -y lo acaba de decir usted, señor presidente- se compensará con la recuperación de un cierto número de europarlamentarios para España.
Siempre estará bien obtener más
europarlamentarios, pero por muchos que obtengamos -y ya veremos cuántos son-, estoy seguro de que ni ustedes mismos se creen que con ello vamos a equilibrar la pérdida de influencia en el Consejo. No me cambie europarlamentarios por votos en el
Consejo, igual que no me daría usted a mí ministros en su Consejo a cambio de que yo le diera diputados de esta Cámara. (Aplausos.)
Señoras y señores diputados, no se trata de una cuestión ni puramente técnica ni políticamente baladí. Estamos
ante una decisión que importa a todos los españoles. Voy a poner algunos ejemplos que son muy ilustrativos. En un terreno clave para la construcción europea como es la política de cohesión, con la fórmula de Niza, a los países más
interesados en esta política nos sobran votos para oponernos a una medida lesiva para nuestros intereses; con la fórmula de la Convención, los mismos países no reunimos la suficiente población para poder oponernos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en
las propuestas medioambientales o en las propuestas relacionadas con la agricultura mediterránea. Sabe usted que, con Niza, a los países concernidos nos sobran 19 votos; con la Convención, no nos llegan, señor presidente. Y no quiero extenderme
con más ejemplos. Basta con lo dicho para destacar que la propuesta de la Convención no es favorable para España, y lo que nos han dicho ustedes de forma imprecisa en su comunicación, y hoy usted aquí, no modifica sustancialmente el proyecto de la
Convención. Lo que necesita España no son correcciones de una mala fórmula sino una fórmula distinta.
En resumen, señor presidente, con los criterios establecidos en la Convención, los intereses de España resultan gravemente perjudicados. No es posible, en consecuencia, defender al mismo tiempo los intereses de España y las propuestas de la
Convención. Y el interés de España se protegerá tanto mejor -escriba esto- cuanto más se parezca la propuesta de la Convención al Tratado de Niza y a la inversa. (Aplausos.) Por eso, en defensa de los intereses de España y de Europa, nosotros
expresamos una reserva fundamental en torno a esta cuestión y de ahí que exigiéramos un acuerdo equilibrado en la Conferencia Intergubernamental. La actitud que mantuvimos entonces fue secundada por usted, señor Rodríguez Zapatero, mientras estuvo
en la oposición. Hace ocho meses, el 15 de octubre pasado, en una rueda de prensa en Bruselas manifestó su apoyo al presidente del Gobierno para que España no perdiera peso con respecto al resto de los grandes países de la Unión. (Aplausos.) Fue
una actitud correcta, señor Rodríguez Zapatero, pero le duró poco porque dos meses más tarde, el 17 de diciembre, vino a decir usted en esta Cámara que Niza no vale para construir el futuro de Europa e insinuó que era favorable al sistema de doble
mayoría. Un cambio muy notable, señor presidente, que usted ha mantenido desde entonces. La única explicación que se me alcanza a mí para este cambio de postura que parece incomprensible es que, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones
generales, decidiera usted, como en tantas otras cosas, llevar la contraria al Partido Popular, menospreciando las consecuencias. Y después de las elecciones, destacados miembros de su partido se manifestaron de forma claramente despreciativa sobre
el Tratado de Niza, lo cual -permítame decirlo- es una insensatez. (Rumores.) Cualquier negociador, como cualquier jugador de cartas, sabe que enseñar las cartas al inicio de la partida es letal para el desenlace y eso fue lo que ustedes hicieron
el 15 de marzo. Sí, señor Moratinos. (Aplausos.) Una insensatez, lo mire por donde lo mire.
Porque si cupiera alguna posibilidad de sostener los derechos que nos otorga el Tratado de Niza, no es razonable renunciar a ellos antes de que se agote
la negociación y si no podemos sostenerlos, no es razonable renunciar a nuestra capacidad de obtener contrapartidas. De modo que, tanto si está usted de acuerdo con Niza como si no lo está, lo inteligente, señor Moratinos, es defender aquel
Tratado. (Protestas.) Su estrategia negociadora no ha podido ser más torpe. (Rumores.-Aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, mentiría si dijera que los pasos que ha dado usted a partir de aquella fecha me han tranquilizado. Todo lo contrario, han sido inquietantes. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!) Por ejemplo, en vez de
discutir con la oposición su postura en torno al sistema de votos en el Consejo de Ministros, esta oposición -por lo menos nosotros- se enteró de sus propuestas por unas declaraciones del señor Moratinos efectuadas en un acto en la Fundación Pablo
Iglesias; una muestra inequívoca de su talante negociador, de su transparencia informativa y de su aprecio por el Parlamento, a donde, por cierto, viene hoy porque lo hemos pedido nosotros y ha tenido que negociar con otros grupos una fórmula más
cómoda para comparecer. (Aplausos.) Ese es un dato que es bueno que lo sepa esta Cámara. Señor presidente, no me tranquiliza tampoco la manera con que ustedes administran los intereses españoles en Europa. No me extenderé aquí sobre su ligereza
al abordar la negociación del aceite de oliva, el algodón o el tabaco. Me refiero a un gesto, a un ademán, a un arranque de buen talante, en definitiva, a un sinsentido que le ha llevado a usted a renunciar unilateralmente a que Madrid fuese la
sede de la firma de la Constitución europea. (Rumores.) Usted dijo aquí una cosa, se fue a hablar con el señor Berlusconi y sin que nadie sepa todavía por qué, a pesar de que se lo preguntamos en el Parlamento, dijo allí la contraria. Y por si la
capacidad negociadora de su Gobierno no hubiera dado ya suficientes motivos de inquietud, acaba usted de regalarnos una contradicción resplandeciente. Hace pocos días el representante de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
apoyó una resolución sobre Irak, cuyo punto 15 pide, literalmente, a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales y regionales que presten asistencia a la fuerza multinacional, en particular con fuerzas militares. Y esto lo suscribe
usted, lo suscribe el Gobierno de España después de haber hecho exactamente lo contrario. (Aplausos.)
Señor presidente, no sé cuál es la palabra adecuada, pero admítame que si usted recomienda que todo el mundo haga lo contrario de lo que usted acaba de hacer, lo menos que se le puede llamar es contradictorio; lo menos, señor presidente.
Este es el problema que tenemos con su palabra, señoría, que no sabemos cómo tomarla. Vemos que en España gasta grandes promesas y mucha grandilocuencia pero vemos también que
fuera, ya sea en la ONU, en el Consejo de la Unión Europea...
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, lo lamento, pero esta mañana...
(Protestas.) Ustedes saben que esta advertencia al Grupo Popular está fundada en función de la organización de los debates que hemos hecho esta mañana, así que le ruego que
vaya concluyendo porque, si no, eso me va a crear problemas para dirigir los debates con otros portavoces.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, iré concluyendo y no le crearé ningún problema.
Le decía, señor presidente del Gobierno, que fuera de España, ya sea en la ONU, ya sea en el Consejo Europeo o ya sea en Roma con el señor Berlusconi, usted hace todo lo contrario, y por eso le digo que no estoy nada tranquilo, nada, con lo
que usted se propone hacer en Bruselas.
Voy a terminar mi intervención porque así me lo ha pedido el señor presidente. Usted ha pedido en esta Cámara apoyo para la Constitución europea. Yo quiero decir que mi grupo se lo dará si defiende los intereses de España y si logra una
situación como la que le hemos dejado nosotros, que es la acordada en Niza. En ese caso, el Grupo Parlamentario del Partido Popular le dará su apoyo incondicional. (Aplausos.) Si usted defiende los intereses de España, porque sepa usted que los
demás van a defender sus intereses -Alemania va a defender pasar de 8 a 17, los otros de 8 a 12 y nosotros lo mismo, porque es lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos cincuenta años-, si es así, tendrá usted el apoyo del Partido Popular y, si
no es así, tendremos que ejercer nuestra labor de oposición y lógicamente oponernos.
Creo que este es el tema más importante del debate de hoy. Otros muchos a los que usted ha hecho referencia, y a los que yo no he podido referirme en mi intervención por las razones que usted acaba de comprobar en este mismo momento,
tendremos ocasión de debatirlos, si usted tiene a bien, con un formato que me permita al menos decir algo después de su última intervención. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Rumores.) Señorías, les ruego silencio. Rogaría que permanecieran en sus asientos.
Tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en la primera parte de su intervención hacía referencia a aspectos globales del valor y significado de la Unión Europea que yo suscribo enteramente. Más allá de suscribir esas palabras, quisiera entrar ya de
lleno en el objetivo de mi intervención; más que desmenuzar los aspectos concretos de la futura sesión del Consejo Europeo, quisiera centrarme particularmente en aquello que va a ser objeto del ámbito de Conferencia Intergubernamental y
consecuentemente de la Constitución.
De entrada, permítame que exprese, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nuestra satisfacción por el hecho de que el informe del Gobierno, previo al Consejo Europeo, cite, tanto al principio como al final, la moción
consecuencia de interpelación interpuesta por nuestro grupo parlamentario como una de las bases para la agenda y la posición española ante este próximo Consejo Europeo, pero le decía, señor presidente, que voy a ceñirme básicamente a la Conferencia
Intergubernamental y, a los efectos, voy a ceñirme también al propio guión que ha establecido la Presidencia irlandesa. Por tanto, empezaré hablando de aquellas cuestiones que se señalan con acierto como cuestiones institucionales.
Nosotros apoyamos la tesis del Gobierno en cuanto a la necesidad de incrementar el número de miembros del Parlamento Europeo. Señor presidente, yo sí le cambiaría diputados al Parlamento Europeo por ministros del Consejo Europeo, porque mi
diseño de futuro de Europa pasa por que el Parlamento Europeo tenga competencias y no las tenga tanto el Consejo Europeo sino que sea la Comisión el auténtico órgano de gobierno de la Unión Europea. Mientras se siga confiando en la participación de
los Estados y de su peso en el Consejo Europeo, se está hablando de una Europa de los Estados, una Europa intergubernamental, y mi apuesta política es una Europa federal y, consecuentemente, yo sí cambiaría diputados por ministros. Por eso suscribo
la importancia de reivindicar una mayor presencia en el Parlamento Europeo. Es sugerente y sugestiva la cesión que en su día se hizo por parte española de diputados al Parlamento Europeo a cambio de más votos en el Consejo porque implica -y señalo
eso con todo el respeto- otra concepción muy distinta de la nuestra en cuanto a la construcción europea. Por tanto, sí más diputados, porque deseamos que, cada vez más, el Parlamento Europeo tenga un mayor poder de codecisión, y la Constitución así
lo prevea.
Hablando del Parlamento Europeo, hay una cuestión que no quería dejar de señalar en la medida en que se habla de la posibilidad de permitir al Consejo rechazar el presupuesto final del procedimiento legislativo. Eso, por supuesto, sería un
retraso y le emplazo, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a que defienda esa posición que equivaldría a conceder la palabra a quien realmente representa a los ciudadanos europeos. La importancia del Parlamento Europeo es una
cuestión que nos debe motivar una reflexión, más teniendo en cuenta los altos niveles de abstención que se han producido en estas elecciones europeas. La última propuesta en este sentido de la Presidencia irlandesa es positiva, por lo cual le pido
que no dejen de apoyarla.
Comisión. Apoyamos -abro un paréntesis- la posición del Gobierno en cuanto la designación del señor
don Javier Solana que nos merece el máximo respeto, y no simplemente respeto sino apoyo político, para las funciones para las que puede ser designado. Apoyamos el concepto político de una Comisión fuerte y sabemos que lógicamente, por lo
que se prevé en Niza y en la Comisión, va a haber una reducción de miembros de esa Comisión; reducción que consideramos lógica en línea de conseguir una Europa eficaz, una Europa que, con su eficacia, haga también que sea más próxima a la
ciudadanía.
Me permitirá un par de ideas en torno a la designación de futuros comisarios por los Estados, en particular por el Estado español. No son ideas de cara al Consejo Europeo, pero que no quiero dejar de evocarlas.
En aras al pluralismo de la
Cámara sería conveniente, por ejemplo, que el futuro comisario fuese elegido por este Congreso de los Diputados, daríamos una mayor participación al Poder Legislativo en la designación de quien nos represente en la Comisión en el ámbito europeo.
Segundo, en aras también a ese pregonado pluralismo, planteémonos todos si no sería conveniente que, cuando haya un solo comisario, el mismo pertenezca a una fuerza política que no sea del Gobierno porque el Gobierno ya está representado en las
instituciones comunitarias. Eso no es ninguna barbaridad ni ninguna ingenuidad. Es lo que propone en estos momentos la CDU en Alemania como grupo de la oposición, y no lo hace tanto como oposición -y así lo indican las encuestas a pesar de los
fallos que todos conocemos-, pues da la sensación que el SPD puede perder las próximas elecciones. Por tanto, la CDU hace la propuesta pensando que será Gobierno y no oposición.
Vamos al Consejo. Nosotros nos alegramos de que el Gobierno español acepte el sistema de doble mayoría, sinceramente. Nunca compartimos, y así se expresó, lo que se acordó en Niza. Ya dije en el debate que mantuvimos con el ministro de
Exteriores, con motivo de nuestra interpelación, que esa obsesión y esa filosofía del bloqueo no es compartida por nosotros.
Otra cosa distinta es -expresión textual- que no seamos tontos y seamos conscientes de que, cuando se toman decisiones, que
hay que tener capacidad de intervenir. Nos felicitamos, insisto, por esa posición de que se mezclen Estados más población y que se añada una cuestión que yo mismo solicité en el debate de esa interpelación, que se tengan en cuenta al menos cuatro o
cinco Estados, en cualquier caso más de tres. Me parece una posición que complementa lo que puede ser una capacidad de influencia, que no de bloqueo, del Gobierno español.
Quisiera trasladarle otra reflexión, señor presidente, que sé que sonará especialmente en algunos sectores como poco grata. Es importante pensar que, en el futuro europeo, a España le conviene defender los intereses españoles en el seno de
una Unión Europea unida y, para que haya una Unión Europea unida, es conveniente a veces dejar la pretensión de que sean sólo los intereses españoles los atendidos. Estarán mejor defendidos los intereses españoles en una Unión Europea fuerte que no
en una Unión Europea débil, que lo sería si se eligieran otros sistemas de toma de decisiones. Señor presidente, no recuperemos allá, a última hora de la noche, el espíritu del Acuerdo de Ioanina cuando Felipe González -lo recordarán- en aquel
entonces persiguía también el bloqueo, y se dijo: Cuando el número de Estados o de votos esté próximo, pospongamos esa decisión y dejemos que ello se resuelva más adelante. No tomen ustedes esa vía que hoy no nos conviene; la decisión debe
adoptarse este fin de semana. Tampoco le emplazo, señor presidente, a que hagamos uso de la cláusula del rendez-vous, que al final daría la sensación de que se trata pura y simplemente de un reparto de poder.
Hablemos de regiones. No se habla de regiones o se habla muy poco.
Nosotros seguimos pensando en la necesidad de que usted debe defender el reconocimiento de regiones con competencias legislativas; en segundo lugar, el acceso directo de
las regiones con competencias legislativas al Tribunal Europeo. Me permito señalar que el Gobierno belga defiende en la Convención, y lo hará en la Conferencia Intergubernamental, esta segunda posición. Por tanto, Gobierno español -solicitud del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió-, avale usted al Gobierno belga y póngase de su lado. En cuanto a la presencia o reconocimiento de regiones con capacidad legislativa, que es cierto que en estos momentos no se mantiene en el texto de la
Constitución, usted puede hacer uso del principio de subsidiariedad, sí defendido en el seno del futuro texto constitucional, para proteger ese derecho que desde Cataluña reivindicamos.
Ámbito de aplicación de la mayoría cualificada. Es otra cuestión sin duda muy importante. Se sigue debatiendo sobre si decisiones en materia de fiscalidad de las empresas, justicia, asuntos internos -el JAI en cuanto a siglas- o política
exterior, seguridad, defensa y Seguridad Social, se han de tomar por unanimidad o por mayoría cualificada. Sé que España está defendiendo la posición de mayoría cualificada; yo les pido que insistan en esa posición y no permitan de ninguna manera
que haya un retroceso en ese sentido. Eviten, especialmente en relación con la JAI, que se aplique la cláusula de Appel por la que el trámite del dossier cuando éste se encalla finalmente vuelve al Consejo Europeo y de hecho se está fomentando un
nuevo derecho de veto.
Hay una cuestión a la que también quiero referirme. Se habla, y normalmente se ha puesto mucho énfasis por las dos grandes fuerzas políticas españolas, de lo que hace referencia al terrorismo, y el Consejo Europeo va a volver a hablar de
ello. Sabe usted, señor presidente, que hay una declaración europea sobre el cuadro de medidas a adoptar en terrorismo, en particular seis medidas. En dos de ellas al menos, España sigue incumpliendo lo que se había acordado en su día, de lo cual
es responsable tanto el Gobierno anterior como el actual en los meses que pueda llevar, que son menos, tanto lo
que hace referencia al compromiso del Eurojust como al compromiso de medidas de cooperación judicial y policial contra el terrorismo, tal como señala un informe de la Comisión del pasado día 4 de este mes de junio.
En otro aspecto, quisiera remarcar la necesidad de coordinación de políticas económicas y en materia de fiscalidad de empresas, a fin de evitar que exista una deslocalización de las empresas. En ese sentido, es conveniente enviar una señal
inequívoca a favor de esta cuestión.
Veo que el tiempo se me está acabando. Tendría que hablar de otras cosas sobre los contenidos de esta Conferencia Intergubernamental. Por ejemplo, la necesidad de que, de cara al futuro, en el Consejo Europeo se tenga claro lo que es el
Feoga y lo que es el FED, que el Fondo Europeo del Desarrollo se incluya en el presupuesto porque ello incrementa tanto la capacidad de control como la capacidad de eficacia.
Quiero dedicar...
El señor PRESIDENTE: Señor Duran, extiéndase poquito por mantener el equilibrio del acuerdo de la Junta de Portavoces, teniendo en cuenta el tiempo que tomó el primer interviniente.
El señor DURAN I LLEIDA: Se lo agradezco. Ya había tomado nota del exceso de la anterior intervención y ya había hecho mi cálculo. Intentaré proyectarlo en la mía.
Hablo de lo que ha sido en las últimas semanas una cuestión de debate mediático, la presencia del catalán en Europa. Por cierto, anuncio ya en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que nosotros, como estamos en
vigilia de una reforma del reglamento, vamos hacer una propuesta que vamos a someter a la consideración de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que defienden la presencia de las lenguas en Europa y también en las
instituciones de España, que en esa reforma del reglamento pueda abordarse -nosotros lo defenderemos así y estoy convencido que no habrá ningún inconveniente para que todos a una lo defendamos- la presencia de estas lenguas, que son oficiales en
territorio del Estado, en esta Cámara, como también lo están estudiando y estableciendo de cara al futuro en el Senado. Nuestro grupo parlamentario nunca ha sido partidario de quebrantar las reglas instituidas y nunca hemos quebrantado el
reglamento más allá de un simbolismo puntual, pero somos partidario de proponer reformas de la norma para que nuestros deseos y lo que entendemos nuestros derechos se ajusten a la realidad institucional y en particular al reglamento de esta Cámara.
Abría este paréntesis haciendo referencia a la defensa del Catalán en la Unión Europea. Usted habla de que, y es cierto, ha negociado y defendido esta actitud cuando ya los capítulos estaban cerrados por la Presidencia irlandesa, y nos
comunica que lo que finalmente va a obtenerse o da por seguro que se obtenga es la traducción del futuro tratado constitucional europeo. Me dice que espere, que todavía no es cierto, aunque presagia que eso puede tener un resultado positivo para el
catalán. Todavía peor si eso aún no es cierto. En primer lugar, señor presidente, porque usted sabe que los textos fundamentales de la Unión Europea, y por supuesto el tratado constitucional será un texto fundamental, ya están traducidos al
catalán. Se traducen los textos principales de la Comisión, se traducen los textos principales del Parlamento y se han traducido al catalán los tratados de la Unión Europea. A partir de esta proclamación, que me apura más porque no la señala como
segura sino como probable, quisiera trasladarle algunas preguntas acompañadas de algunas reflexiones que pueden ser sugerentes de cara a cómo podríamos tratar esta cuestión en la cumbre del Consejo Europeo, especialmente en el ámbito de la
Conferencia Intergubernamental, dimensión que tendrá en este caso este Consejo Europeo.
Mi pregunta sería cómo articularía esa posibilidad de traducir al catalán y a las otras lenguas oficiales en el conjunto del Estado el texto constitucional. ¿Lo articula incluyendo el catalán y el resto de las lenguas en el artículo 4.10.2?
¿Lo articula, tal como he leído estos días en la prensa, a través de una declaración anexa al tratado? ¿Esta es una declaración anexa que tiene una determinada dimensión u otra? Me explico.
Usted sabe perfectamente que el Tratado de Amsterdam
tiene 50 declaraciones anexas suscritas por todos los Estados miembros que suscribieron a su vez el Tratado de Amsterdam; pero a su vez tiene 10 declaraciones anexas suscritas por uno o varios, pero no por todos los Estados miembros. ¿Piensa
España suscribir una declaración anexa? Porque si no hay declaración anexa es una broma cuando se habla de declaración ¿Piensa suscribir una declaración de este tenor? ¿Ha mantenido algún tipo de conversación, ha hecho algún tipo de gestión, ha
buscado la complicidad de otros Estados, como el belga por ejemplo, que sin duda estarían a favor de suscribir con usted esa declaración anexa que permitiera realmente el uso de las lenguas presentes en la propia configuración constitucional de
Estado? ¿Cuál es la posición del Gobierno español? En el supuesto de que realmente se incluyera el catalán en el artículo 4.10.2, ¿no cree el Gobierno que eso no puede llevarse a cabo sin perjuicio de que, más allá de la inclusión en el artículo
4.10.2, pueda también existir una declaración anexa que diga que, hasta que no haya una situación más idónea, el Gobierno va a dirigirse permanentemente a las instituciones europeas para que protejan los derechos de los ciudadanos de esas
comunidades lingüísticas a dirigirse a las mismas directamente en su respectiva lengua? ¿Por qué el Gobierno no plantea, si es que realmente se incluyera finalmente en el artículo 4.10.2, una declaración anexa en la que se diga simplemente que el
Gobierno
español emplaza a las instituciones europeas a que suscriban aquel acuerdo adoptado en fecha tan lejana como el 11 de diciembre del año 1990 por unanimidad en el Parlamento europeo respecto al uso de las lenguas constitucionales en los
Estados miembros de la Unión Europea? Se trata de preguntas, pero al mismo tiempo le aportan ideas que pueden ser positivas.
Finalmente, señor presidente, no olvide que con este grupo parlamentario tiene un compromiso debido a la moción aprobada, consecuencia de nuestra interpelación, que solicita al Consejo de la Unión Europea la incorporación de catalán, euskera
y gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Usted sabe mejor que yo que existe un reglamento del año 1958 -Reglamento número 1 de ese año- que establece ese régimen lingüístico. Independientemente de cuál sea el resultado de la
presencia en esta Constitución de las lenguas de uso estatal y constitucional en España, si no es un resultado satisfactorio no olvide su compromiso de que hay que defender que se incorporen nuestras pretensiones de cara a una imprescindible
revisión del régimen lingüístico cuando se revise ese Reglamento 1 del año 1958.
Nada más, sólo le deseo suerte porque algo sé de lo que es una cumbre.
Quede claro que yo nunca he participado en ellas, pero lógicamente siempre tiene dificultades para cualquier representante del Gobierno y yo le deseo la mejor suerte en
la defensa de los intereses del conjunto de España, por tanto también de los nuestros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno, el domingo 13, fruto de las diferentes noticias que iban apareciendo en los medios de comunicación, muchos ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea tenían la sensación
de que un fantasma recorría Europa y era el fantasma de la abstención. Una abstención importante que tiene una base estructural y que responde seguramente a algunos de los retos y de los problemas que ya esbozaban en la campaña electoral diferentes
organizaciones, plataformas políticas, partidos, coaliciones: la necesidad de crear un marco europeo sin déficit democráticos, con una proyección social de la Unión Europea, con una política exterior común que solucione problemas, cree el marco de
seguridad y tenga un punto de vista europeo ante los conflictos que atañen al mundo y sobre todo el reflejo de esta Europa de la diversidad, pues vemos algunas veces que la lógica de los Estados es cicatera con ella.
Estos problemas -déficit democrático de algunas decisiones que se toman, falta de proyección de un modelo social europeo, de una confluencia y una convergencia social en Europa, la necesidad de reflejar la Europa de la diversidad no sólo en
aspectos culturales o lingüísticos sino también en la toma de decisiones, como sería la Europa de las regiones- han llevado una situación de zozobra, una sensación de desaliento, a estas elecciones europeas. En esta Conferencia Intergubernamental,
tienen la posibilidad -y así lo ha hecho este nuevo Gobierno- de desbloquear el proceso del tratado constitucional; un desbloqueo que nosotros felicitamos -lo dijimos de entrada-, porque es un paso importante y positivo para afianzar el proceso
europeo.
El primer paso para acabar con este déficit democrático es el proyecto constitucional, la Carta de derechos fundamentales, la creación de un espacio de garantías y de libertad. El desbloqueo del proceso constitucional puede crear las
condiciones para acabar con un déficit que aún hoy perdura en la sensación de los ciudadanos, sobre todo la falta de refrendo y de control de algunas decisiones de la Comisión. Por esta razón nos felicitamos. Estamos de acuerdo en que el futuro de
Europa pasa por el Parlamento Europeo. Esta es la línea que ha seguido su Gobierno con la decisión de exigir mayor número de eurodiputados. El futuro de Europa no pasa por el equilibrio entre los tres órganos, pasa por el Parlamento Europeo
elegido por los ciudadanos europeos. Este es el futuro y esperemos que sea un futuro inmediato. Sería el primer paso para acabar, repito, con este déficit democrático. El tratado constitucional implicará, sobre todo simplificar, fundir tratados y
reformar un proceso complejo que muchas veces se escapa a la comprensión de la ciudadanía.
Sería lógico, pues, en esta misma línea de acabar con el déficit democrático de la Unión Europea, un referéndum para aprobar definitivamente el tratado
constitucional en el Estado español. La postura que ha defendido siempre Esquerra Republicana es la necesidad de que los ciudadanos participen en este referéndum. Es evidente, pues, que en esta Conferencia Intergubernamental tienen ustedes las
bases para dar el primer paso para erradicar progresivamente este déficit democrático.
En segundo lugar, la falta de concreción de una Europa social. Si Europa, el llamado modelo continental, se ha distinguido del mal llamado modelo anglosajón es porque ha tenido un proyecto social: el Estado del bienestar, el modelo social
europeo, el modelo continental -con recortes, con problemas, con graves problemas en estos momentos para garantizar su futuro, tal como lo hemos conocido hasta hoy- es lo que puede animar a los ciudadanos a este proceso europeo. Es evidente que
algunos de los aspectos de la estrategia de Lisboa -que celebramos y que fueron un paso importante en esta combinación, en esta yuxtaposición entre un crecimiento económico, cohesión social y aprovechar las nuevas tecnologías y el nuevo modelo de
crecimiento de desarrollo e investigación-, este modelo de crecimiento social, es el que importa a los ciudadanos. En los acuerdos de las conferencias intergubernamentales
se echa en falta esta necesaria proyección y su avance. Es evidente que también hay un temor de muchos ciudadanos y ciudadanas de que el proceso de ampliación merme sus posibilidades de convergencia social, económica, con Europa. Un
esfuerzo final en este sentido siempre será agradecido.
Entendemos, pues, desde Esquerra Republicana, que es necesario que el modelo social europeo prevalezca en los resultados finales de esta Conferencia Intergubernamental.
Avanzando en otro aspecto, es difícil hablar de un proyecto de confluencia en un modelo social si no avanzamos hacia un modelo de convergencia fiscal, lento pero inexorable. Es evidente el dumping, el proceso de competencia desleal que se
puede producir con diferentes fiscalidades, diferentes modelos laborales, diferentes modelos de control de la política ambiental, puede ocasionar situaciones de deslocalización y de desequilibrio en el seno de la misma Unión Europea, que aumentaría
el proceso de desconfianza y de euroescepticismo de muchos ciudadanos.
En tercer lugar, la Europa de la diversidad. No es ninguna novedad la petición de Esquerra Republicana -y así se lo requerimos en su discurso y debate de investidura- de que el catalán forme parte de este tratado constitucional. Hubo un
compromiso claro, señor Zapatero, de que este Gobierno pugnaría -a contrarreloj, pero pugnaría- para que la lengua catalana formara parte del texto constitucional. Entendemos -y así lo hemos defendido siempre desde Esquerra Republicana- que la
situación de la lengua catalana es la anomalía mayor de Europa; diez millones de ciudadanos no verán reconocidos en la futura Constitución Europea sus derechos lingüísticos y culturales si no avanzamos en este proceso. Es evidente que ustedes
escogieron la estrategia, de la que nosotros discrepamos inicialmente, de que el catalán podía tener derecho a la traducción oficial, a la que usted se ha referido antes, y el derecho a petición, que fue la primera propuesta que hizo su equipo de
Exteriores, aunque finalmente la Presidencia irlandesa sólo aceptó la traducción de la Constitución. Nuestro grupo ha defendido y seguirá defendiendo -petición que le haré llegar mañana en la reunión que vamos a mantener- la necesidad de que el
catalán forme parte de ese tratado constitucional en el artículo 4.10. El catalán es, repito, una puerta abierta a la pluralidad y a ese modelo de Europa común que vamos a defender. No se podría entender que diez millones de personas quedaran
fuera de esta legalidad. Se quiere buscar la fórmula de que el mismo Estado -y reconocemos la generosidad del Gobierno español- fuera el que tradujera el derecho a petición e hiciera todas las gestiones, pero la pregunta que se hacen muchos
ciudadanos en Cataluña es la siguiente: ¿Es que los ciudadanos de Cataluña no pagamos impuestos a la Unión Europea para que la Unión Europea nos reconozca el derecho a petición, la traducción de los textos de todas las preguntas y las peticiones
que hagan los ciudadanos de habla catalana en la Unión Europea? El catalán tiene que formar parte de esta normalidad; si no, se produciría una situación grave de desequilibrio. Como decíamos, Malta va a ser un Estado de la Unión Europea y el
idioma maltés va a formar parte de la Unión Europea, con toda su legalidad, con un peso demográfico que no llega a las 750.000 personas, y el catalán, con su importancia, su peso demográfico, su aportación a la cultura universal, a la literatura y
su peso también en las nuevas tecnologías (si establecemos un ranking de la lengua catalana en las nuevas tecnologías vemos que ésta ocupa el número 17 en nuevas tecnologías y en Internet) tiene que formar parte de esa normalidad. Aquí tienen
ustedes un papel importante para cerrar lo que podría ser un desequilibrio que afectaría a una lengua como la catalana.
Aludíamos también a la necesidad de un cuarto punto para acabar con esta sensación de abstencionismo, de que no se participa. Usted ha hecho mención explícita al proceso de Barcelona, al proyecto de fundación del Euromed, a la necesidad de
vertebrar una política común europea en el Mediterráneo. Los ciudadanos, sobre todo en Cataluña, tienen la sensación, que supongo que es compartida en el resto del Estado, de que la construcción europea en política exterior ha mirado hacia el Este.
Alemania, por su peso demográfico y su peso económico, ha tenido una política de colchón con la adhesión de nuevos Estados, con el proceso de nuevos países que se integraban de las ex repúblicas soviéticas. Polonia, Letonia, Estonia, países como
Chequia, Hungría, o en el futuro Rumanía son, en estos momentos, un problema migratorio importante, un desequilibrio regional importante en materia económica. Por su peso, Alemania ha tejido una política importante para frenar o para encauzar todo
este proceso, pero Europa no ha mirado al sur. En la estrategia europea exterior no ha habido una política de cooperación y desarrollo que atendiera a países como Marruecos, Argelia o Túnez. Este proceso de Barcelona implica mirar al sur, y ahí
ustedes tienen una gran responsabilidad. Por ello, estamos con ustedes en la búsqueda de una propuesta clara en el proceso de Barcelona y en el proyecto de fundación Euromed en la reunión de Alejandría.
Desde Esquerra Republicana hemos criticado siempre el modelo, cuando se refería a Irak, de unilateralismo que tuvo Estados Unidos para saltarse directamente las propuestas de Naciones Unidas, pero también hemos denunciado siempre el
unilateralismo francés. Francia ha llevado a cabo una política unilateral en el norte de África. El caso saharaui es un ejemplo de cómo Francia ha boicoteado el Plan Baker, ha intentado permanentemente jugar con los intereses que tenía en el norte
de África, en el Magreb, a favor de los intereses franceses, dejando de lado la situación del pueblo saharaui. Nosotros creemos que la única forma para solucionar los problemas del norte de África pasa por una política europea común, donde el
unilateralismo francés deje margen a decisiones de coordinación europea.
Estamos hablando de una sensación de déficit que provoca que los ciudadanos no participen de este espacio de seguridad, de libertad y de prosperidad que tendría que ser la futura Unión Europea. Lo hecho hasta hoy no es suficiente. En la
siguiente cumbre ustedes tienen el papel de poder desbloquear definitivamente el proceso del tratado constitucional y avanzar hacia una Europa con más poder político y sin déficit democrático. Esquerra Republicana, pues, está de acuerdo en ese
modelo de doble mayoría; estamos de acuerdo también en la reclamación de más eurodiputados porque el futuro pasa por la Cámara parlamentaria europea; también estamos de acuerdo en el giro que tiene que darse en política mediterránea -Europa tiene
que mirar más al sur- y también con la mayoría cualificada para los temas transcendentes. Asimismo, creemos que es mejorable la situación de las lenguas, como la catalana, que para nada es una lengua minoritaria; en todo caso -vamos a definir las
cosas por su nombre- es una lengua minorizada, porque con diez millones de hablantes, si lo comparamos con situaciones como las de Malta, Eslovenia o la misma Dinamarca, no es precisamente una lengua minoritaria.
Señor presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, tiene usted la oportunidad en el proceso final de desbloquear esta situación y que la lengua catalana forme parte del artículo 4.10 de la Constitución europea, explícitamente citada.
Sería la forma de acabar con esa sensación de desequilibrio, con esa sensación de injusticia que se ha producido con la lengua y la cultura catalanas. Este es el papel que tiene que jugar; el pueblo de Cataluña se lo reconocería, así como todos
los partidos del arco parlamentario, desde la derecha a la izquierda, desde los que somos independentistas a los que forman parte y quieren un modelo de Estado unitario. Todos hemos coincidido en esta campaña electoral en la demanda de que el
catalán tenga un rango de reconocimiento oficial en la Unión Europea. Esta es nuestra petición, entendemos que el catalán tiene que estar.
Para acabar, quiero decir que para nosotros el papel de las regiones -como apuntaba anteriormente otro grupo- es importante. Se apostó en su momento en Cataluña -yo pienso que con cierta candidez e ingenuidad- por un comité de las regiones,
que podía ser el atajo definitivo para que situaciones como las de Cataluña pudieran acceder a intervenir en la ingeniería y en la arquitectura de la construcción europea. Cierta candidez hubo, porque al final, como hemos visto, las decisiones las
toman los Estados. Pero hay una posibilidad para que las regiones tengan un papel en la construcción y en la arquitectura definitiva de la Unión.
También depende de ustedes y aquí se les han ofrecido diferentes vías.
Por estas razones, esperemos,
señor Rodríguez Zapatero, que esté a la altura de las circunstancias de la Conferencia Intergubernamental que se va a celebrar este fin de semana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós.
El turno corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, quiero comenzar mi intervención agradeciendo su comparecencia en el día de hoy, en un gesto que yo considero inédito en la Cámara -al menos en lo que yo sé no tiene precedentes en estas Cortes-, porque ha
accedido a que tuviera lugar antes del Consejo que se va a celebrar el próximo fin de semana. Es preciso reconocer este gesto, que me parece que es positivo.
La comparecencia de hoy es, como decía, previa al Consejo, cosa que -insisto- estimamos y aplaudimos, pero es posterior a una jornada electoral que en este debate no puede pasar desapercibida, porque es una jornada que ha venido precedida de
una campaña que yo calificaría de muy clarificadora. Clarificadora, porque ha servido, entre otras muchas cosas, para poner a Europa en su sitio o, quizá más precisamente, para dejar claro hasta qué punto es irrelevante el sitio que algunos, entre
los agentes políticos del Estado español, atribuyen a Europa en su orden de prioridades. La campaña ha servido para ilustrarnos de que muchos en la política española consideran que Europa no es más que una pantalla -una más, diría yo- sobre la que
proyectar los debates y las controversias propios de la política interna. Ha servido también para poner de manifiesto que Europa es percibida como un foro lejano y hostil, un lugar repleto de granujas, repleto de pícaros, al que no se va a
compartir nada, sino a demostrar que se es más fuerte; al que no se va a construir nada, sino fundamentalmente a bloquear. Europa, para muchos de estos agentes políticos, es un ámbito en el que, curiosamente, se admiten sin ambages, sin recelos de
ningún tipo, técnicas de construcción asimétrica de las organizaciones territoriales, como las distintas velocidades o los diseños de geometría variable que dentro del Estado español se refutan con una fiereza rotunda. Europa, según nos ha parecido
observar en esta campaña electoral, es considerada como una especie de gran queso al que los Estados miembros se aproximan como si fueran auténticos ratones, con el doble objetivo de, por un lado, darle el mayor mordisco posible y, por otro, impedir
que los demás puedan hincarle el diente.
Señor presidente, la formación política a la que yo pertenezco siempre ha profesado una profunda vocación europeísta. Seguramente, pocas como ella podrán alardear de haber participado directa y activamente en la génesis misma del proyecto
europeo. Y, en coherencia con esta posición inicial, el Grupo Vasco nunca ha regateado ni en esta Cámara ni en otros muchos foros su apoyo y respaldo a toda iniciativa seriamente orientada a avanzar en la integración social y en la construcción
institucional de una Europa unida. Ahora bien, seguro que no le sorprendo, señor presidente, si le digo que el proyecto de tratado constitucional sobre el que versa el Consejo Europeo de los próximos días 17 y 18 no es ni de lejos el que a
nosotros nos hubiese gustado que fuera. Y no lo es en buena parte -no sólo pero sí fundamentalmente- por la actitud que en la convención adoptaron los representantes españoles en relación con lo que en el argot comunitario se conoce como la
cuestión regional. Siempre nos chocó el hecho de que, desde esto que algunos se empeñan en denominar el Estado más descentralizado del mundo, se designase para participar en la convención a jacobinos arquetípicos y convencidos, obsesionados,
algunos de ellos de manera especial, en el empeño de eliminar a los entes públicos subestatales de la arquitectura institucional y de los procesos de decisión de la Unión Europea. Dirán que representaban los intereses españoles en la convención e
incluso es posible que estén convencidos de que lo hacían, pero, una de dos, o no lo hicieron bien o no nos consideraban españoles a todos los que paradójicamente nos vimos más reflejados en las posiciones defendidas durante el proceso de
elaboración del texto constitucional por los representantes de otros Estados miembros, representantes de otros Estados miembros cuya clase política ha interiorizado sin regateos y sin cicaterías que su estructura compuesta les obliga a tomar en
consideración a los entes subestatales absolutamente en todos los ámbitos institucionales. Tampoco, señor presidente, nos acaban de satisfacer las, a nuestro juicio, excesivas cautelas y reservas con las que el proyecto afronta el reto de una
integración social y política que nos parece que tenía que haber sido mucho más decidida, mucho más avanzada.
El tratado constitucional no propicia de verdad una auténtica sociedad civil europea, ni favorece un entramado asociativo europeo, ni contempla tampoco la constitución de partidos políticos europeos, lo que de verdad hubiese sido un paso
decisivo en la construcción de una única sociedad europea integrada y unida. El tratado constitucional supone un paso hacia la integración, pero en nuestra opinión debía haber sido un paso mucho más decidido, un paso más firme, más ambicioso. Pese
a ello, señor presidente, no hacemos una valoración estrictamente negativa del texto ni estamos en disposición de negar nuestro apoyo a un documento que, aún con muchos límites y a nuestro juicio excesivas cautelas, apuesta por una mayor integración
política de Europa. El texto es sin duda mejorable y a tal efecto paso a continuación, si me lo permite, a exponerle los puntos de vista del Grupo Vasco a este respecto.
En el ámbito institucional, que parece que es tan controvertido, solamente le voy a reclamar que ponga un empeño especial en recuperar para el Estado español los escaños del Parlamento Europeo que alguien que sin duda no creía en el
Parlamento, alguien radicalmente escéptico con respecto a las posibilidades que ofrecen las instituciones representativas, cedió irresponsablemente en Niza. La estructura institucional prevista en el proyecto de tratado constitucional refuerza
notablemente, como todo el mundo sabe -no voy a insistir en las razones por las que esto es así-, la posición del Parlamento Europeo en el proceso legislativo. Ya el procedimiento de cooperación lo había hecho con anterioridad, pero ahora el
procedimiento de codecisión convierte definitivamente al Parlamento Europeo en un auténtico colegislador.
Siendo esto así, es evidente que no es el momento idóneo para ceder escaños gratuitamente, escaños que seguro que nos vendrán bien a todos.
Señor presidente, ¿no decíamos que habíamos de ser más fuertes todos en Europa? Pues procuremos serlo primero y fundamentalmente en el Parlamento, que es el que mejor representa el pluralismo político. Por lo que se refiere al régimen de
la doble mayoría, prevista en el artículo 24, para la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo cuando actúen con arreglo al régimen de mayoría cualificada, compartimos en principio el propósito del Gobierno de incrementar el umbral de los tres
quintos de la población, previsto en el proyecto, exigiendo al mismo tiempo el concurso de una mayoría de Estados. Pero lo que pueda conseguir en esta línea, señor presidente -y es posible que se pueda avanzar, porque parece que existe un consenso
hasta los ratios de 55-65-, hágalo para reforzar la legitimidad democrática de las decisiones, pero no lo haga ni para que España sea más fuerte, ni para que disponga de mayores posibilidades de bloqueo, ni para que España pueda impedir las
actuaciones conjuntas de los demás Estados. Francamente, conmueve el altruismo con el que algunos entienden la participación en Europa. Uno no acaba de quedar seducido por el alto sentido de solidaridad que parecen dirigir las actuaciones de
algunos cuando afrontan el problema europeo. Uno tiene la impresión de que, cuando se habla de la defensa de los intereses españoles en Europa, de lo que de verdad se quiere hablar es de la defensa de esos intereses frente a Europa o incluso contra
Europa. Y no me parece que es conciliable la voluntad europea, la voluntad de construir Europa, con ese modo de entender la defensa de los intereses de los Estados miembros en esa Unión Europea.
A este respecto, le recuerdo, señor presidente, que mi grupo cree que ha llegado ya el momento de revisar -y de hacerlo además con decisión y profundamente- el vigente modelo de participación de las comunidades autónomas en las decisiones
comunitarias que afecten a sus competencias.
No seré yo quien niegue la necesidad de mejorar los mecanismos de participación interna vigentes, algunos de los cuales es preciso reconocer que han dado muy poco de sí. La lista de deficiencias sería
interminable: comisiones bilaterales que no se han reunido ni una sola vez durante los últimos años; conferencias sectoriales deliberadamente inutilizadas por el ministro responsable del ramo; conferencias para asuntos relacionados con la Unión
Europea en las que la representación estatal se mofa literalmente de la representación
autonómica, rechazando sus trabajos y propuestas con el pretexto de que no obedecían a lo encomendado -seguro que todas SS.SS. saben a lo que me refiero-, etcétera. Más allá de las reformas que es imprescindible introducir en lo que es la
participación interna, se han de arbitrar también fórmulas que garanticen la presencia de un representante autonómico en los Consejos que vayan a decidir sobre materias de su competencia. No es, por cierto, una propuesta novedosa en esta Cámara,
pues ya estaba recogida en una moción que aprobó el Pleno el 10 de marzo de 1998, hace ya 6 años, en la que se hablaba -y reproduzco literalmente- de la necesidad de asegurar la presencia de un representante de las comunidades autónomas en la
Delegación del Gobierno en aquellas reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en las que se traten asuntos sobre los cuales tengan competencia exclusiva las comunidades autónomas.
Curiosamente, el texto de la moción que al final se
aprobó traía causa de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero, por efecto milagroso de la mayoría absoluta, fue precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que con más ahínco se empeñó, durante la pasada legislatura, en obstaculizar la
aplicación de esta moción.
En relación con las lenguas autonómicas cooficiales, le pedimos que haga lo que pueda. No lo que quiera o lo que más cómodo le resulte, ni tan siquiera lo que menos dificultad encierre. Le pedimos que haga lo que pueda, que haga lo máximo
que pueda. Tenemos la convicción de que probablemente pueda hacer algo más de lo que hasta ahora ha hecho. Hable con el presidente de turno, con el presidente irlandés, y seguramente a través de él podrá encauzarse una propuesta a la que no se
resista ni tan siquiera Francia. Le pedimos que se aplique en extremo, poniendo en ello interés y esfuerzo. Creemos -no se nos oculta que el empeño es difícil- que no debería usted conformarse con una solución meramente testimonial o formalista.
Y le pedimos también que si, después de las gestiones que vaya a llevar a cabo, no consigue nada relevante y sólo consigue una autorización para que pueda llevarse a cabo una traducción cuya virtualidad oficial se agotaría en el propio texto
traducido, reconozca abierta y sinceramente la modestia de lo logrado, sin pretender después edulcorar los resultados o darles una trascendencia desmesurada. No nos diga después que se abrió un camino, porque seguramente, si no se abre ahora, no
habrá en el futuro camino. Lo que ahora no se logre en este terreno difícilmente se conseguirá en el futuro.
El proyecto de tratado constitucional contempla por primera vez la posibilidad de que las regiones, más precisamente los Parlamentos regionales, puedan ser consultados en el proceso de elaboración de la legislación de la Unión Europea que
afecta a sus competencias. Señor presidente, si cree de verdad en el Estado autonómico, esfuércese -le ruego que lo haga- por lograr que las consultas no sean facultativas, sino que sean obligatorias. Y, si no lo logra, comprométase a que, en el
plano interno, la consulta de los Parlamentos autonómicos no se omita nunca y que, con arreglo al texto de la Constitución europea, sea posible. Si asume de verdad el carácter compuesto del Estado, si asume de verdad el Estado autonómico,
esfuércese en lograr que las regiones puedan también participar en la defensa del principio de subsidiariedad, bien recurriendo directamente ante el Tribunal de Justicia las normas que lo infrinjan o bien estableciendo mecanismos internos -que esto
sí que está hasta cierto punto en su mano- para que eso sea posible a través de un cauce articulado, que podría ser el del Senado.
Nos preocupa mucho igualmente, señor presidente, que en el tercer informe de la Comisión sobre la política de cohesión en la Unión para el periodo 2007-2013 se prescinda radicalmente de las regiones en algunos asuntos muy importantes de la
nueva política de cohesión. Compartimos el criterio de la Comisión cuando rechaza la renacionalización de las políticas regionales comunitarias. Esta política, la política regional comunitaria, creemos que ha constituido, y debe seguir
constituyendo, un pilar fundamental de la Constitución europea al que la Unión no debe renunciar, pero discrepamos abiertamente del criterio de excluir a las regiones en muchos ámbitos, como por ejemplo el de la definición de los criterios de
selección de las regiones beneficiarias del nuevo objetivo competitividad regional y empleo, del proceso de selección del mismo, el proceso de zonificación comunitaria en los futuros reglamentos de fondos, la distribución de fondos estructurales, el
procedimiento de negociación de fondos de la Comisión; una serie de procesos, como ve, en los que la intervención decisiva, a nuestro juicio, de las regiones es excluida, tal y como aparece la voluntad de la Comisión, recogida hoy por hoy en el
tercer informe. Le trasladamos esto para que tome nota de nuestra posición, si es que realmente considera que tiene relevancia, y ejerza la influencia que pueda para corregir, en la medida en que esto sea posible, siempre lógicamente que usted
asuma en su auténtica envergadura lo que es, lo que representa, lo que significa un Estado compuesto. En este punto le sugerimos lo mismo. Si se cree -insisto- de verdad el Estado autonómico, actúe en consonancia.
Por último, no quisiera dejar de instarle a que trabaje denodadamente por la consecución de una auténtica política exterior y de defensa común, una política que supere el sectarismo de los Estados miembros y convierta definitivamente a
Europa en un factor de paz, de estabilidad y de progreso en el mundo. Hoy más que nunca, si cabe, Europa necesita de una voz propia, pero al mismo tiempo única en el concierto internacional, que sirva de contrapunto a los excesos unilaterales y que
modere los impulsos que parecen proceder de algunos continentes en este sentido. Ahí sí tiene usted un reto importante ante la Unión Europea, pero al mismo tiempo
un reto de carácter interno, un reto que obviamente habrá de conducirle a incluir importantes ajustes en los servicios públicos internos del Estado vinculados con la defensa y la política exterior.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
El turno para el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Diputados, diputadas, presidente del Gobierno, quiero empezar con el prefacio de la nueva propuesta de Constitución. La cita de Tucídides reza que nuestra Constitución se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos, sino
de la mayoría. El prefacio, quizás sin pretenderlo, ha vaticinado el principal déficit, la principal crítica que los ciudadanos europeos han hecho al modelo de construcción europea, un modelo de construcción europea muy hecho desde arriba, con
lógicas parceladas en Estados y seguramente con pocos mecanismos activos de participación ciudadana. ¿Acaso no lo ve el presidente Zapatero? Yo creo que sí lo ve. Hay una sensación muy extendida: que no es sólo con el voto de las elecciones
europeas con el que se construía Europa. Hay veces que hay imágenes que valen más que mil palabras. Una de esas imágenes se dio el pasado domingo en las calles catalanas: mientras los colegios electorales registraban la participación más baja de
la historia, en las calles no se permitía que la consulta social europea fuese un marco de participación para miles de personas, como lo fue hace cinco años la consulta por la abolición de la deuda externa.
Nuestro grupo plantea que o bien creamos marcos que la gente sienta como decisivos, o hacemos del proceso constituyente una oportunidad para Europa a partir de la implicación ciudadana, o nos podemos encontrar ante una seria fractura
democrática: instituciones con un amplio poder decisorio, pero con menos legitimidad que nunca. Es precisamente ese contexto de crisis participativa el que hace más acuciantes aún los retos de la nueva Constitución, y la respuesta de la próxima
conferencia no puede darse desde la lógica de los Estados enredados en mayorías de bloqueos, ni tampoco desde la de menos Europa. Tiene que darse desde la lógica de mucha más Europa y, por supuesto, dando ejemplo. Europa tiene que dar ejemplo ante
los retos que tiene hoy el planeta en su conjunto.
El presidente Zapatero planteaba la necesaria desnuclearización de Estados como el de Irán. Estamos de acuerdo, pero el ejemplo hoy lo tenemos que dar exigiendo también la desnuclearización de
Estados que desestabilizan la región, como es el Estado de Israel. En ningún caso debería aprobarse en la conferencia una constitución devaluada, donde las rebajas afectasen clarísimamente al título segundo, a la parte segunda, en el desarrollo de
la Carta de Derechos Fundamentales. Por todo ello nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quiere plantear problemas de procedimiento, los retos de fondo y los retos en los contenidos.
Empezamos por el procedimiento, porque entendemos que en el procedimiento, seguramente bienintencionado, donde se habían dado pasos adelante con la participación de parlamentarios europeos y estatales, la lógica estatal es la que se ha
acabado imponiendo, sin que se diese en definitiva un auténtico proceso constituyente. De hecho, lo que tenía que ser una constitución, lamentablemente, en su proceso se ha parecido más a un tratado elaborado principalmente desde una lógica
intergubernamental. Es precisamente esta lógica de equilibrios interestatales la que puede continuar suponiendo un lastre para la construcción política de la Unión Europea, y ese lastre es el que alimenta la desafección hacia la construcción
europea. El procedimiento con el que se construye Europa tiene mucho que ver con que la mayoría no sienta como suyo el proceso de construcción europea. De hecho, la elevadísima abstención es sin lugar a dudas el talón de Aquiles para la próxima
conferencia y es el aviso a los gobiernos. El debate de la conferencia tiene que ser mucho menos sobre porcentajes y mayorías. Planteemos el 50 por ciento más uno, planteemos el 66 por ciento, planteemos el aumento del número de parlamentarios en
el Parlamento Europeo, pero hagamos caballo de batalla de los fondos y de los contenidos. El debate, tal y como se ha planteado en esta Cámara, refleja que el principal grupo de la oposición no ha entendido el mensaje de la ciudadanía. El debate
no es de bloqueos ni de mayorías. El debate, desde nuestro punto de vista, tiene que ser sobre contenidos y sobre fondo.
Sobre el fondo quería entrar ahora. Es importante que la Constitución rompa con la lógica de una construcción política lastrada o en todo caso definida sólo por la construcción económica. Necesitamos de una constitución que dé un paso
adelante, sobre todo en su parte segunda, con la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales. En ningún caso se puede aceptar una rebaja. La CES está diciendo que en ningún caso los gobiernos salgan del próximo fin de semana, de la próxima
conferencia, con una rebaja en la parte segunda. Si no, la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, no va a apoyar tal propuesta. El Gobierno tendría que estar atento al anuncio de la CES, al anuncio de las principales centrales sindicales en
el Estado español. Ahora bien, es fundamental que sobre el fondo no haya ausencias u omisiones que hipotequen el desarrollo de la Unión Europea. Después de estas elecciones el papel del Gobierno español, desde nuestro punto de vista, debe trabajar
en torno a cuatro retos.
El primer reto es apostar por un Parlamento Europeo que ejerza un papel de legislador sin limitaciones. Sin lugar a dudas es positivo el número de campos donde hay codecisión entre el Parlamento Europeo y Consejo, o la
mayor capacidad del Parlamento Europeo para fiscalizar la Comisión, pero el resultado electoral exige a los Gobiernos que cedan más poder al Parlamento Europeo. Sé que lo que le planteo es difícil, pero desde nuestro grupo parlamentario
creemos que esta tiene que ser una prioridad.
De esta manera no debería haber excepciones tan trascendentes para el Parlamento Europeo como las políticas de exterior, de seguridad, de agricultura y pesca, política económica, políticas que afectan a
la fiscalidad, a la política social o a la cooperación policial.
Segundo elemento, una democracia plena es aquella que reconoce derechos de ciudadanía a todos los ciudadanos en situación legal y ésta debería ser otra de las prioridades del Gobierno, no limitando la condición a los nacionales de los
Estados. Y tercera prioridad, debería haber una reflexión sobre el modelo institucional de las dos cámaras -sé que es difícil, pero entendemos que el Gobierno tiene que plantearlo-, donde el Consejo represente también a las regiones con capacidad
legislativa. Es fundamental un encaje satisfactorio para las regiones con capacidad legislativa. Por eso, desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hacemos nuestras las conclusiones del Fòrum Cívic per una Constitució
Europea que aglutinó múltiples partidos políticos y gran parte de la sociedad civil catalana con el reconocimiento en la Constitución del valor que tiene para la Unión Europea la participación activa de las regiones.
El Gobierno español debe ir con un objetivo claro: la incorporación del catalán, también del gallego y del vasco, al artículo cuarto de la Constitución. Valoramos muy positivamente la actitud del nuevo Gobierno.
Sin embargo, ¿cuál es la
trascendencia jurídica de la traducción oficial? ¿Va a tener el mismo trato que el gaélico? Creemos que no es así. Hoy la única actitud coherente con la demanda del conjunto de la sociedad, no sólo catalana, vasca, o gallega, del conjunto del
Congreso es una actitud de firmeza para que esta incorporación oficial se dé donde se tiene que dar, en este artículo 4.10 de la nueva Constitución europea. Sin duda, si esto no fuese así, el derecho lingüístico básico de millones de personas no se
reconocería y correríamos un grave riesgo: que países como Cataluña, con una larga tradición europeísta, pasasen a ser euroescépticos. No creo que el Gobierno español se pueda permitir este lujo ni creo que la sociedad española se lo pueda
permitir. Por eso entendemos desde nuestro grupo que ésta debería ser una prioridad.
En cuanto al contenido, quisiera trasmitirle una seria preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la parte tercera de la Constitución, que seguramente sea la parte hecha con más prisas, donde surgen más dudas y donde existen numerosos
puntos a modificar. Pondré sólo tres ejemplos, tres interrogantes, que expresan nuestra preocupación, que es la de muchos. La primera pregunta: ¿La Europa de la paz es compatible con el articulado propuesto? ¿Podemos permitirnos como obligación
constitucional que los Estados miembros se comprometan a mejorar progresivamente sus capacidades militares? Se encuentra recogido en el artículo 40 de la parte tercera. En una Europa que tiene un gasto militar de 160.000 millones de dólares, más
de una quinta parte del gasto militar global planetario, con más de 2 millones de soldados ¿la prioridad debe ser incrementar el gasto militar? Nuestro punto de vista es que el Gobierno, que ha traído las tropas de Irak, lo que tiene que hacer es
hacer de la modificación o la supresión de este artículo una prioridad, porque así lo exigen los miles de personas que se movilizaron también por una Europa de la paz. Segundo ejemplo, nuestra vocación es europeísta y lo es por un motivo muy
sencillo, porque creemos que Europa puede ser un gran instrumento para gobernar la globalización. Pues bien, el articulado propuesto limita seriamente la posibilidad de impulsar, de desarrollar, los impuestos propuestas de regulación sobre las
capitales como la tasa Tobin, propuesta que surge del foro social mundial, que es una propuesta, en definitiva, de alterglobalizadores. Pues bien, para nosotros es fundamental que el nuevo Gobierno ponga el acento en las modificaciones de este
apartado tercero porque sin duda necesitamos mecanismos de gobierno sobre la globalización, pero también sobre las economías, y hoy el nuevo articulado encorseta absolutamente las políticas económicas, independientemente de las mayorías en cada
momento. Tercer ejemplo. ¿Es normal que el texto haga imposible afrontar un fenómeno como la desglobalización con políticas homogéneas sobre seguridad social o sobre fiscalidad? Lo que plantea el texto es la unanimidad en las políticas fiscales y
en las políticas sobre seguridad social, y de hecho sin una política fiscal propia no es posible ni una política social ni una política ambiental efectiva. Los tres ejemplos expuestos, que sin duda no son cualquier cosa, son una buena muestra de lo
que puede suponer la aprobación de la parte tercera de la Constitución. En cualquier caso, a nuestro entender el Gobierno debería ir con el objetivo de modificar sustancialmente esta parte tercera, fortaleciendo el modelo social europeo. No es tan
sólo que los grupos de izquierdas o el Grupo Verde en el Parlamento Europeo critiquen esta parte, lo hace el Partido Socialista francés, que tilda claramente de liberal esta parte y que plantea la necesidad de modificación, y lo plantea como
prioridad. En caso de no conseguirlo, y sabemos que no es fácil, nosotros le hacemos una propuesta: que aprueben la Constitución con las partes primera y segunda y que pospongan la aprobación de la parte tercera, porque la parte tercera puede
suponer una hipoteca en el desarrollo de políticas sociales, de políticas ambientales, de políticas para la paz en el continente europeo. Por último, en cuanto al articulado, le quería trasladar una necesidad. Necesitamos una Constitución que sea
adaptable a las nuevas realidades; una Constitución que exija unanimidad para su modificación supone correr el riesgo, ya no a largo sino a medio plazo, de volver a caer en el
infarto institucional. Creemos que ésta tiene que ser otra de las prioridades del Gobierno porque la Constitución no puede ser tablas de ley grabadas en piedra. Eso no es una Constitución; lo que eso supone, en definitiva, es hacer que
caigamos en el infarto institucional.
Nuestra última petición -acabo, presidente- es que el Gobierno vaya a la Conferencia con una actitud de exigir y no de rebajar, con una actitud más sobre los contenidos y los fondos y, en todo caso, desde el sentido común en cuanto a las
mayorías que se tengan que dar. Creemos que los contenidos de una Europa social y política, de una Europa por la paz, significan exigencias en la parte tercera; que los contenidos de una Europa plural representan firmeza para que el catalán forme
parte del artículo 4.10. Lo que queremos, en definitiva, es que el Gobierno vaya en consonancia con lo que han dicho las urnas, y las urnas han dicho que la gente no entiende este modelo de Europa, que tiene que ser mucho más político, menos
intergubernamental, que las lógicas no son de mayorías de bloqueo sino la capacidad de decidir en Europa. Yo les ruego que hagan sólo una reflexión. ¿Cuál es la última imagen en la que vieron que el Parlamento Europeo era realmente decisivo? La
mayoría de ciudadanos recuerdan muy poquitas. Resulta que nos hemos pasado la campaña hablando, en una lógica claramente estatal, poco de Europa y mucho de segunda vuelta. Pues bien, el Gobierno debe tomar nota y la mejor forma de hacerlo es
tratar de lograr una Europa más política, más social, más plural y que fortalezca, por supuesto, los marcos legislativos, que son sin duda alguna el Parlamento Europeo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
El turno corresponde al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Señor Rivero, tiene la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, en primer lugar, como han hecho otros grupos parlamentarios, quiero hacer un reconocimiento a esta comparecencia previa a un Consejo tan importante que, independientemente de las
valoraciones que pueda hacer cada uno de los grupos parlamentarios en el sentido de si tiene que ser con réplica, con contrarréplica, con propuesta de resolución o no, es un elemento positivo que permite conocer, por una parte, a los distintos
grupos parlamentarios cuál va a ser la posición del Gobierno ante un hito y, por otra parte, al presidente del Gobierno cuál es la posición de los distintos grupos parlamentarios ante los asuntos que se van a tratar en los próximos días. Tenemos
que buscar como referencia las elecciones del domingo al Parlamento Europeo. Si analizamos cuál es la posición que han adoptado en Europa y en España particularmente dos grupos de intereses generales en el sentido de cuál es la velocidad que debe
llevar el proyecto europeo, unos apuestan claramente por que, debido a la alta abstención que se produzco el domingo pasado, el proyecto experimente un período de reflexión y de ralentización y otros, sin embargo, piensan que esta alta abstención
hace necesario un nuevo impulso para entusiasmar a los ciudadanos y conectarlos con la importancia de lo que significa Europa para nosotros. Desde luego, mi grupo parlamentario está por esta segunda opción; está con aquellos que entienden que
tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar el proyecto de construcción de Europa, probablemente porque desde Canarias, al tener un régimen específico de adhesión a la Unión Europea, hemos apostado siempre claramente por una política europeísta.
En el próximo Consejo habrá tres cuestiones que sirven para ayudar a impulsar ese proceso de credibilidad que necesita la Unión Europea: en primer lugar, seguir avanzando en ese espacio de libertad, de justicia y de seguridad en Europa -la
principal preocupación que tienen los ciudadanos europeos y del mundo en este momento es la seguridad y este, sin duda, es un elemento importantísimo para afianzarlo y para conectarlo con la ciudadanía-; en segundo lugar, la apuesta por una
política exterior común -un mundo multipolar nos serviría para poder avanzar desde una posición más equilibrada y para evitar la posibilidad de que algunos acontecimentos que se han producido recientemente en el mundo se repitieran-; y en tercer
lugar, y más importante, tenemos que dar un gran impulso al proyecto de la nueva Constitución europea. En el espacio europeo, un espacio que desde el 1 de mayo cuenta con 25 países y con más de 450 millones de habitantes, no es posible seguir
afianzando el proyecto europeo sólo desde las bases de Maastricht, de Amsterdam o de Niza. Necesitamos un impulso para poder avanzar también desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la cohesión social de Europa.
Sin ninguna
duda, hemos avanzado desde el punto de vista económico, hemos ido avanzando desde el punto de vista comercial, pero no hemos avanzado paralelamente desde el punto de vista de la cohesión social y de la cohesión de los derechos y de la igualdad que
necesita la Unión Europea.
Hay un informe reciente del consejo de expertos para la Comisión acerca de los derechos de los ciudadanos que viven en los distintos países que forman parte de la Unión Europea. Es un informe de hace unos meses y en él se denuncia que en
algunos países de la Unión Europea hay tratos discriminatorios, hay xenofobia y hay racismo. La mejor medicina para combatir estos elementos carenciales de la Unión Europea en estos momentos está contenida en el propio proyecto de Constitución
europea, está contenida en la Carta fundamental de derechos de las personas. Esa es la mejor medicina para poder atacar todo lo que significa discriminación, xenofobia y racismo. Hay que tener en cuenta que en algunos de los países recién
incorporados al seno de la Unión, como Estonia, más del doce por ciento
de la población en estos momentos no tienen derechos reconocidos como ciudadanos, son apátridas y no han podido votar; en otros países, como Letonia, 500.000 de los 2.300.000 habitantes aproximadamente que tiene están en la misma situación;
y pueblos como el gitano sufren discriminación en Reino Unido, en Suecia, en Italia, en España, en Grecia y en Polonia. Necesitamos tener fórmulas que nos permitan avanzar desde el punto de vista de la igualdad de los derechos, una carta de
derechos que signifique la dignidad para las personas en el seno de todos los países de la Unión Europea, igualdad entre hombres y mujeres, una política de defensa del menor, de integración de los mayores, de integración de los discapacitados y de
los disminuidos físicos; una política solidaria que sirva para defender la negociación, la acción colectiva, la Seguridad Social, la protección social, la protección de la salud; una política que nos permita avanzar desde el punto de vista de la
ciudadanía europea o una política que nos permita avanzar en una justicia para todos los ciudadanos de la Unión Europea y donde el principio de la inocencia y el derecho a un juez y a un juicio justo lo tengan todos los ciudadanos de la Unión
Europea. Tiene suficiente enjundia, tiene suficiente contenido la Carta de los derechos fundamentales para hacer un esfuerzo que nos permita avanzar de una forma rápida si queremos que ese gran espacio económico y comercial sea también un espacio
común desde el punto de vista social y de las personas que vivimos en él.
Desde el punto de vista de los intereses de un territorio que tiene un régimen específico, unas condiciones de adhesión diferenciadas del conjunto del territorio español, como es Canarias, el presidente hacía referencia en su intervención a
ese artículo 330 que recoge de una forma mejorada el acuerdo del 299 de Amsterdam, que permite la modulación de todas las políticas de la Unión Europea con respecto a los territorios ultraperiféricos. Ese artículo 330 está acompañado por otro
artículo en ese proyecto de constitución, y nosotros esperamos que pueda ser ratificado a lo largo de la próxima cumbre, que es el artículo 56, relativo a la posibilidad de que los territorios ultraperiféricos, las regiones reconocidas como
ultraperiféricas o que han perdido la condición de regiones Objetivo 1, puedan obtener el máximo nivel de ayuda. Ese artículo también es muy importante para las regiones ultraperiféricas, y nosotros esperamos que se pueda progresar en la línea de
lo que se apunta en el proyecto de constitución. Sin ninguna duda donde está centrada la gran discusión, el gran debate es si Niza o el proyecto previsto en la Constitución a la hora de los equilibrios institucionales. Niza fue un gran éxito del
Gobierno de España en aquellos momentos, y así fue reconocido en la Cámara por todos los grupos políticos, incluso en aquel entonces por el primer grupo de la oposición. Es un buen punto de partida, pero yo quiero recordar que en esta misma Cámara
el anterior presidente del Gobierno también dijo que Niza no era dogma de fe; tampoco el proyecto presentado por la Convención. Por tanto, tendremos que trabajar entre Niza y el proyecto presentado por la Convención para buscar una fórmula que
respete los distintos equilibrios institucionales entre lo que significa la representación en el Parlamento, la representación en la Comisión o los votos en el Consejo. La propuesta es la doble mayoría, la mayoría de Estado y el 60 por ciento de la
población. Ahí es donde tendremos que tener el tacto, la habilidad, la flexibilidad y la firmeza necesaria para buscar el acuerdo y, jugando con esos tres elementos entre los que tenemos que buscar ese equilibrio, el Parlamento, la Comisión y el
Consejo, buscar la mejor posición para situar al Estado español. Tenemos que avanzar para mejorar las condiciones del porcentaje referido a la población, no tanto desde el punto de vista de aquellos que ven como ponerle un freno, un veto al
proyecto europeo. Si en los próximos días se consigue un acuerdo equilibrado, siendo necesarias mayorías muy cualificadas para producirse acuerdos en el seno del Consejo, será bueno para Europa.
En una Europa tan heterogénea como la que estamos construyendo en estos momentos desde el punto de vista de la diferencia entre las distintas condiciones de los distintos Estados es necesaria la negociación; es necesario el esfuerzo para
encontrar acuerdos. Por eso las mayorías de veto no hay que plantearlas como veto sino desde el punto de vista positivo, desde la necesidad del esfuerzo de encontrar acuerdos, de encontrar puntos de entendimiento entre los distintos Estados para
poder hacer, de verdad, viable el proyecto que en estos momentos tan necesario es para el mundo, para Europa y para España. En ese sentido, señor presidente, hay una propuesta, que el señor Moratinos conocerá, que es un acuerdo de la Comisión; hay
que intentar, si es posible, que haya un pronunciamiento del Consejo sobre la estrategia global con respecto a las regiones ultraperiféricas. Como digo, la propuesta tiene acuerdo de la Comisión, y sería bueno que la diplomacia española y, más
concretamente, a ser posible el presidente del Gobierno se pronunciaran en ese sentido.
En definitiva, se trata de una apuesta clara por avanzar hacia una Unión Europea más sólida, más cohesionada, más coherente, y para eso sin ninguna duda es
fundamental que podamos dar un gran impulso al texto constitucional que está sobre la mesa para conseguir un texto adecuado, desde la firmeza en la defensa de los intereses de España, pero también desde la flexibilidad, desde la generosidad y
buscando un punto de encuentro entre todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El turno es para el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaremos por decir que la Unión Europea ni ilusiona ni mueve, y esa es posiblemente una de las causas
de la abstención a que acabamos de asistir, simplemente porque no es transparente ni algo próximo. Sin duda se trata de una construcción de espaldas a los pueblos y a las personas, pero también es un espacio transnacionalizado que ahora se
quiere recubrir con cierta legitimidad de carácter constitucional. En la contradicción entre acumulación pura y dura y legitimidad social es donde está precisamente el problema, señor presidente; problema que aparece claro cuando observamos que
estamos ante un mercado -cuestión que todo el mundo acredita como un hecho real-, ante una moneda única que tenemos sin duda también en nuestros bolsillos y ante una teoría de la libre competencia que, sin embargo, no se demuestra tan claramente
cuando la propia Unión Europea introduce factores de regulación de muchos sectores de la economía, y el Estado español sufrió precisamente consecuencias en algunos de sus territorios por esta regulación de carácter burocrático, llámese sector naval,
llámese sector pesquero, llámese sector lácteo. Se evidencia también que hay una falta de política social homogénea, lo cual provoca desigualdad no solamente entre los distintos territorios, sino también dentro de cada uno de los territorios de la
Unión Europea. No hay planificación económica al servicio de sociedades concretas y se legitima, incluso desde el punto de vista constitucional, la política neoliberal y el Pacto de Estabilidad.
Sin duda alguna para que hubiese una Unión Europea
con legitimidad social total todas las naciones tendrían que tener garantizada una base económica propia. En ese aspecto, señor presidente, ustedes se van a enfrentar a la elaboración de un texto que tiene menos potencialidad que la propia
Constitución española, que sí reconoce la planificación de la economía y hacerlo en función del interés general, aun así ya se ve cuáles fueron los resultados prácticos en la desigualdad territorial del Estado español, cómo de muchos sitios se
emigra, cómo en muchas partes hay envejecimiento y sin duda este va a ser el proceso que se va a producir internamente dentro de la Unión Europea. Además los miedos de los Estados se están trasladando directamente a la construcción institucional de
Europa, la integridad territorial de los Estados, el orden público y la seguridad que debe de continuar en su mano como factores fundamentales de construcción de la Unión. Sin embargo, los derechos fundamentales están escorados más del lado de la
libertad personal que de la igualdad de las personas. No les vamos a hablar ya del hecho de la toma de decisiones y del funcionamiento de las instituciones a todas luces muy deficiente. Afortunadamente es cierto que el Parlamento Europeo va a
empezar ya a tomar decisiones colegiadas con el Consejo y va a ser colegislador. Sería muy importante que ahí se recupere una parte del número de diputados y diputadas que tenía el Estado español, aunque nada más sea para representar mejor la
diversidad política e ideológica del Estado. Sin duda el Consejo y la Comisión necesitan que podamos estar representados directa o indirectamente, a través de los Estados en los que estamos integrados, muchos pueblos que necesitamos hacer valer
también nuestros intereses.
Por último, tres cuestiones fundamentales, señor presidente. A estas alturas hablar de la diversidad cultural y lingüística y no ser capaces de aceptar lenguas como el gallego, el catalán y el vasco como lenguas reconocidas desde el punto
de vista constitucional es prueba de dos elementos llamativos: primero, que el Estado español no hizo bien los deberes inicialmente -estas lenguas no figuran como lenguas del Estado, porque si figurasen estarían hoy por lo menos integradas en la
Unión Europea; no se entiende, por tanto, este tipo de deficiencia-; y, segundo, si va a ser para traducir algo yo creo que es mejor pasar, porque eso lo podemos hacer tranquilamente con nuestro dinero. Ahora bien, si de lo que se trata es de que
se reconozca el pluralismo lingüístico desde el punto de vista constitucional con nombres y apellidos, es un factor interesante porque puede tener consecuencias de carácter jurídico aunque sea a medio y largo plazo. Señor Zapatero, debemos
trabajar, ya que se hace la ampliación con tanta desigualdad, con países tan distintos -y ahí es claro el afán de acumulación que hay por parte del gran capital-, para que por lo menos se suba el 1 por ciento del producto interior bruto para
dedicarlo a políticas de cohesión, porque si no las contradicciones van a ser de tal calibre que la deslegitimación social será cada vez mayor.
Señor Zapatero, llama la atención que ustedes hablen de un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero en la práctica lo reducen a una especie de fortaleza simbólicamente cristiana y occidentalista. ¿Va a figurar la alusión al
cristianismo en el preámbulo de la Constitución? ¿Va a ser la OTAN reconocida también desde el punto de vista constitucional? ¿Cómo va a haber posibilidad de una voz única en el exterior? Fue vergonzosa la posición de la Unión Europea en la
guerra contra Irak; fue vergonzosa la posición ante la ocupación; y es vergonzosa la posición que se tomó respecto de la última resolución de la ONU; y no puedo ya calificar el silencio ante las torturas, esas torturas ignominiosas que realmente
son el espectáculo más dantesco desde el punto de vista moral que se ha producido en los últimos cincuenta años sin que mereciesen el repudio y la condena por parte de la Unión Europea. Señor presidente, en esta contradicción entre acumulación y
legitimidad social nosotros trabajaremos por la legitimidad social en contra de la acumulación desde una perspectiva nacionalista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, quiero agradecerle la iniciativa que ha realizado compareciendo en esta Cámara por primera vez -nunca habíamos tenido
una comparecencia suya previa por este motivo- antes de un Consejo europeo, un precedente que esperamos se mantenga y que además vaya acompañado de una reforma importante respecto del papel de este Parlamento en relación con asuntos
europeos, a lo que obviamente la propia construcción europea va a obligar, sistema alerta previa, y que estoy convencida de que llevaremos a cabo con la reforma del Reglamento como el presidente del Gobierno ha apoyado, así como el presidente del
Congreso. También es verdad que en ese sistema de alerta previa la propia Constitución, si el protocolo de proporcionalidad y de subsidiariedad se mantiene, deberá acompañar la posibilidad de introducir e involucrar a parlamentos autonómicos en las
competencias que tienen por su propio fuero; por tanto, cuestión importante para aumentar este papel de parlamentos, y hablo en plural.
Segunda consideración. Hablaré de la futura Constitución europea, dado que entendemos es el gran tema, sin perjuicio de otros temas relevantes en ese Consejo Europeo. En Eusko Alkartasuna somos europeístas convencidos por tradición y hasta
por devoción, se puede decir. Creemos en un proyecto de construcción europea de paz y prosperidad; así fue como se inició, poniendo en común la gestión de recursos para prevenir conflictos, resolver conflictos y, en definitiva, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. Ese objetivo inicial debe seguir manteniéndose.
No debemos tratar de conseguir un proyecto de construcción europea para ver qué sacamos o qué nos llevamos en detrimento de los demás. Es un proyecto de paz y prosperidad
que intervenga en la resolución de conflictos, incluso en los que nos son más cercanos; por qué no. Por tanto, este tipo de objetivos debe mantenerse con unos valores comunes que siempre tenemos todos -es una referencia, aunque a veces no sepamos
identificarlos con palabras-, que nos identifican como europeos, pero también con un respeto a la diversidad de lo que somos todos nosotros: a la diversidad de nuestras señas de identidad en los distintos pueblos y naciones, tengan o no tengan
configuración estatal o de Estado. Este es nuestro ideal.
¿Qué ha pasado en este trabajo para conseguir un tratado que establezca una Constitución europea? Creemos que se ha avanzado más que de los cuatro puntos de Niza o de las 54 cuestiones de Laeken. En algunas cosas se ha avanzado más y en
otras -perdóneme, señor presidente del Gobierno- desde nuestra perspectiva nos hemos quedado cortos. Es evidente -hablaré en líneas generales- que hay avances sustanciales. A nadie se le oculta que el carácter vinculante de una carta de derechos
fundamentales es un elemento clave. Se trata -y ahí tendremos que hacer una labor pedagógica para llevarlo a la calle- de que los ciudadanos europeos sepan que los tienen -ya los tenían a través del Convenio de Roma- recogidos de manera clara y
expresa en un tratado como es la Constitución europea; es algo que no sólo hay que hacerlo sino que hay que explicarlo. Esa labor corresponde a las responsabilidades políticas de todos, incluídos los gobiernos; por tanto, un punto positivo a este
respecto. Lo mismo entendemos del aumento del poder del Parlamento Europeo, ese poder de codecisión, aunque en algunos temas todavía no lo tenga o incluso, imagino, algunos pretendan rebajarlo clarísimamente. Estas cuestiones nos aparecen como
elementos positivos, sin perjuicio de otras que también podríamos resaltar. También debemos pedirle que trabaje en aquellos aspectos en los que no se ha avanzado tanto: en materias sociales, en tratar de conseguir una mayor convergencia en
cuestiones sociales, en cuestiones que permitan un acercamiento en estas consideraciones, en definitiva, en la calidad de vida de los ciudadanos. Soy consciente de que no es un tema que a los gobiernos les guste, pero la convergencia, teniendo en
cuenta la actuación de cada uno de los Estados, tiene que ser un objetivo a plantearse a medio plazo. Lo que le pedimos también es ese respeto a la diversidad de los pueblos de Europa. No nos gustó lo que hizo el anterior Gobierno, lo hemos dicho
muchas veces, ese cambio de unión de ciudadanos y pueblos a unión de Estados y ciudadanos. Parece una vendetta, porque en definitiva no parece que entre a nada nuevo. Lo que hace es impedir el reconocimiento a señas de identidad de naciones y
pueblos que, tengan o no tengan Estado, existen y vamos a seguir existiendo. Cuando hablamos de respeto nos referimos a un respeto que se plasma en la práctica: a sus señas de identidad, a la defensa de sus intereses, al respeto a sus lenguas, y
respetar una lengua es permitir que se utilice por activa y por pasiva, que me dirija y que se dirijan a mí en ella. En definitiva, le hago la reflexión que ya le hice en el debate de investidura. Esto dará o no comodidad a las naciones en un
Estado y en un proyecto europeo. Si no lo hace así, nos encontraremos con que la única comodidad será la que dé tener el papel de Estado, es decir, que tengamos que hacer como Eslovenia, como Malta y como otros Estados miembros para poder defender
nuestros intereses, defender nuestras lenguas, defender nuestras señas de identidad. Tiene un reto y tiene un plazo de cuatro años para conseguir que nos sintamos cómodos; hasta ahora realmente no estamos muy cómodos.
En relación con el procedimiento, en primer lugar, nos produce una especie de sensación agridulce, porque de la nocturnidad de Niza derivó la necesidad de un procedimiento más abierto. Hubo un procedimiento convencional. No nos gustó sobre
todo la parte relativa a la escasa pluralidad en la delegación del Parlamento en la Convención. Hubiera ganado mucho si se hubiera permitido más representación de ideas plurales en esa Convención. Ha pasado y conviene recordarlo para no volver a
repetirlo. No nos gusta que de la Convención se vaya a la Conferencia Intergubernamental porque volvemos al mismo lugar, regresamos al punto cero. Ya vimos lo que pasó en diciembre y no queremos que se vuelva a reproducir, que se deje en la cuneta
de la carretera todo el trabajo de la Convención. Sería negar lo que
se dijo después de Niza, que el procedimiento de avance en la Unión Europea debe ser abierto, debe ser transparente y no debemos volver a las nocturnidades y opacidades de los consejos europeos.
¿Referéndum? ¡Claro que sí! Apoyamos el referéndum europeo. Siempre hemos dicho que si nos parece importante que un ciudadano de Valencia o del País Vasco plasme su opinión en un referéndum acerca de lo que opina de una Constitución
europea, de un nuevo marco jurídico-político en la Unión Europea, lo normal también sería, señor presidente del Gobierno, que ese mismo apoyo al referéndum se hubiera respetado o se respete en el futuro para nuevos marcos jurídicos más cercanos, por
ejemplo en nuestras propias naciones dentro de un Estado y en la relación que queremos tener con el Estado o con la Unión Europea.
Señor presidente del Gobierno, le pedimos que recupere los escaños del Parlamento Europeo. Sé lo que se ha dicho aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lamento la poca delicadeza y respeto a los Parlamentos. Yo soy
una ferviente defensora de los Parlamentos porque creo que son pieza clave en un sistema democrático, aquí y en Europa. Por tanto hay que hacer esa defensa y nunca se deberían haber perdido esos escaños.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en primer lugar deseo felicitarle y agradecerle su iniciativa de venir al Parlamento y traer a esta Cámara por primera vez el debate europeo antes de que se produzca la cumbre. Se trata cuando menos de un
gesto democrático que nos permite expresar previamente nuestras posiciones y que el presidente del Gobierno las conozca y las utilice en la medida que crea conveniente. Sin embargo, permítame que le recuerde al mismo tiempo que el suyo es un
Gobierno en minoría y dado que ha decidido acudir a esta Cámara, no puedo dejar de reprochar que no se nos permita hoy fijar posición mediante el voto, de manera que sepamos claramente cuál es la mayoría parlamentaria con la que usted cuenta para
defender los intereses del Estado español en la citada cumbre. Esta reflexión me lleva hoy martes necesariamente a recordar el fracaso estrepitoso de las elecciones europeas del pasado domingo, fracaso en términos de participación, que en
definitiva es la esencia propia de la democracia. Siento decirle, señor Rodríguez Zapatero, que yo no alcanzo a comprender muy bien su comparecencia del pasado domingo para hablar de una gran jornada electoral -fueron sus palabras- en unos comicios
donde más de la mitad de la población en el Estado español se abstuvo y donde, en esa Unión Europea que ahora esencialmente pretendemos construir, Estados de nueva incorporación no alcanzaron ni siquiera el 30 por ciento. De vuelta a lo ocurrido el
pasado domingo en el Estado español, la única lectura que de los resultados se ha hecho de una manera generalizada ha sido de alivio, el alivio que a ustedes y a los señores del Partido Popular les ha producido lo que ambos habían planteado como una
segunda vuelta de las elecciones del pasado 14 de marzo; sólo así se entiende que el fracaso electoral europeo, como digo, colectivo y generalizado, aquí no haya tenido ningún tipo de reflejo y haya pasado prácticamente desapercibido.
Hoy en cualquier caso nos trae a esta Cámara un nuevo hito en la construcción europea, nada menos que el debate de la Constitución de la Unión, un proceso constituyente absolutamente alejado, tal y como se ha producido, de las más mínimas
reglas de representación democrática, pero, eso sí, les queda ahora la posibilidad de establecer un proceso de legitimación de esta Carta constituyente. Están todavía a tiempo de corregir los errores que, repito, los últimos comicios del pasado
domingo han puesto claramente de manifiesto, y me refiero al refrendo en las urnas del proyecto de Constitución. En Nafarroa Bai la cuestión principal en este momento es el refrendo. Señor Rodríguez Zapatero, ¿está usted de acuerdo con la
necesidad de que el proyecto de Constitución europea sea aprobado en las urnas? Hasta ahora ha dicho usted que sí, pero no lo ha especificado, y mucho menos hoy. Las cuestiones son entonces bien claras: ¿de qué manera? ¿En una consulta única al
mismo tiempo y en toda la Unión? ¿Con qué porcentaje de participación? ¿Qué porcentaje de voto afirmativo en cada Estado y además en el conjunto de la Unión considera que legitimaría la nueva Carta constituyente? Porque quiero recordar en esta
Cámara que esta nueva Constitución va a suponer en gran medida una reforma de la Constitución del Estado español que, según su propio compromiso, va a vivir esta legislatura un proceso interno de reforma.
En definitiva, creo que el proceso de construcción europea adolece en estos momentos de falta de representatividad, y esto es así porque las decisiones están cada vez más alejadas de los intereses cercanos y reales de los ciudadanos o,
cuando menos, en la percepción que ellos tienen de los procesos que se están llevando a cabo. Los jefes de Gobierno europeos se han venido alejando de los ciudadanos y de sus pueblos y cada vez más se han escudado en sus razones supranacionales, en
definitiva en sus razones de Estado, para no escuchar a los ciudadanos y a sus pueblos.
Esto es, con otras palabras, lo que usted, señor Rodríguez Zapatero, ha dicho. Me quedo con dos frases: la abstención no puede dejarnos tranquilos; Europa
necesita a sus ciudadanos. Por tanto, señor Rodríguez Zapatero, aproveche la lección que las urnas nos dieron a todos el pasado domingo, en toda Europa además, para cambiar el rumbo de la legitimidad democrática del proceso de construcción europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, quiero en nombre del Grupo Parlamentario Socialista empezar esta intervención agradeciendo al presidente del Gobierno esta comparecencia. No es un agradecimiento rutinario porque
es verdad que es la primera vez que un presidente del Gobierno comparece en esta Cámara antes de una Conferencia Intergubernamental. Es cierto que esta Conferencia tiene un carácter singular. Es especialmente importante porque en ella se va a
estudiar el proyecto de Constitución europea que aprobó la Convención para el futuro de Europa, pero también es cierto que ha habido otras conferencias intergubernamentales y nunca el presidente del Gobierno ha comparecido con carácter previo. Ha
hecho falta por tanto la confluencia de dos cosas: de un hecho singular, como es la Conferencia, y de una voluntad política expresada por el presidente del Gobierno, que no es otra que convertir esta Cámara en el centro de la vida política
nacional. Ha sido la confluencia de las dos cosas, porque sin la segunda no hubiéramos tenido este tipo de comparecencia. En otras palabras, es un hecho insólito, como bien decía hoy el portavoz del Partido Popular, señor Zaplana, en una
conferencia de prensa. Insólito. De hecho, durante ocho años, jamás el presidente Aznar ha comparecido en esta Cámara con carácter previo; por ello quiero comenzar mi intervención agradeciendo especialmente la presencia del presidente hoy aquí.
La aprobación de la Constitución europea, si se verifica este fin de semana en Bruselas, coincide además con otro hecho singular, que es la ampliación de la Unión a veinticinco países miembros, la mayor que se ha producido nunca en la
historia de Europa. Esta ampliación necesita -como ya se ha dicho desde esta tribuna- una Constitución que fortalezca el proceso de la Unión Europea, de lo contrario podría traducirse en un debilitamiento, malo para Europa. Por tanto la
Constitución debe aprobarse y es urgente que se apruebe también porque hemos ampliado la Unión Europea a veinticinco miembros hace muy pocas fechas. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Llegamos a la Conferencia -también se ha mencionado aquí- después de unas elecciones europeas en las que se ha producido como resultado más significativo -luego comentaré algún resultado político más- una gran abstención, también en España.
Es algo que sin duda debe preocuparnos a todos los demócratas y desde luego a todos los europeístas. Es verdad que en España no han aparecido partidos antieuropeos, como sucede en otros países de Europa, aunque también es cierto que estos partidos
no van a pesar de forma definitiva en el Parlamento de Estrasburgo. No obstante, hay que hacer una reflexión y momentos habrá en esta Cámara para llevarla a cabo.
El carácter europeísta de nuestro país sin embargo no admite a mi juicio ninguna duda. España es un país muy europeísta y probablemente una demostración de ese carácter es que el Partido Socialista ha ganado las dos últimas convocatorias
celebradas en España, la segunda sobre las elecciones europeas y la primera, de elecciones generales, en la cual el Partido Socialista se presentó con un primer punto del programa que era justamente devolver a España su papel en Europa, un papel que
había perdido en los últimos años en razón de dos hechos que han sido objeto de recuerdo esta tarde aquí y a los que me voy referir brevemente: el bloqueo de la Constitución europea, que tuvo lugar por parte del anterior presidente del Gobierno en
diciembre del año pasado, y la guerra de Irak.
A los dos hechos se ha hecho referencia aquí. Es verdad que el bloqueo de la Constitución europea nos separó del núcleo central de Europa y es verdad que la guerra de Irak cuestionó la unidad de
Europa en una política tan importante como es justamente la política exterior y de seguridad; ambas cosas nos sacaron del centro de Europa y sobre ambas cosas los españoles se posicionaron, siquiera indirectamente en el primer caso, directamente en
el segundo, en las elecciones a las que acabo de referirme.
Señor presidente del Gobierno, en su voluntad de cumplir su programa, usted ha dado algunos pasos definitivos y tengo que empezar por reconocerle que la cosa no era fácil, porque escuchando aquí hoy al señor Rajoy uno pudiera llegar a tener
la impresión de que nuestra posición en Bruselas en diciembre había sido un éxito y que habíamos jugado un papel airoso, porque se ha defendido aquí con rotundidad esa posición, y, señores del Partido Popular, en Bruselas en diciembre nos quedamos
dramáticamente solos bloqueando la Constitución europea, solos, dramáticamente solos. (Aplausos.) Es verdad que tuvimos la compañía de Polonia, país con el cual vamos a compartir en el futuro algunos problemas o vamos a competir por algunos fondos;
pero, en fin, básicamente solos.
Es cierto por tanto que no era fácil, porque el anterior Gobierno, fíjense, señoras y señores diputados, colocó a nuestro país fuera de la mayoría que construye Europa, pero también fuera de la minoría que podría llegar a bloquear las
decisiones que fueran contra Europa, fuera de la mayoría y fuera de la minoría: fuera de la mayoría para construir y fuera de la minoría para bloquear. Patéticamente solos, así estuvimos, y de eso parece que se ha hecho gala hoy aquí, parece que
eso es lo que le piden a usted que siga haciendo, que siga patéticamente solo en Bruselas.
Nosotros, señor presidente del Gobierno, no se lo vamos a pedir.
Se han dicho aquí algunas cosas más, porque se ha hablado de la guerra de Irak, y, señorías, no es la primera vez que me oyen hacer esta reflexión en esta Cámara.
Me llama poderosamente la atención la pasión con la que los que pusieron en cuestión gravemente el papel de la ONU en el reciente conflicto de Irak vienen aquí a hablar de las resoluciones de la ONU y de su cumplimiento. (Aplausos.) Me
llama poderosamente la atención que quienes asestaron el mayor golpe a la credibilidad de Naciones Unidas en su historia, llevándose fuera de Naciones Unidas, es decir a las Azores, una decisión tan grave como invadir Irak, vengan aquí hoy a hablar
de las resoluciones de la ONU y a reclamar no sé qué contradicciones o no sé qué cumplimiento de dichas resoluciones. Me llama poderosamente la atención.
Voy a intentar aclarar una vez más la posición del Grupo Parlamentario Socialista, aunque ya lo he intentado en otras ocasiones. Señores del Partido Popular, nosotros, en la guerra de Irak, siempre quisimos ser como Francia y como Alemania,
siempre, y ahora, cuando ha pasado el conflicto de Irak y nos quedan los rescoldos -por llamarlo suavemente-, el incendio que ustedes han montado, queremos seguir siendo como Francia y como Alemania. No quisimos estar en la guerra de Irak, no
quisimos enviar tropas a Irak, las hemos retirado en contra de su opinión, y como Francia y Alemania vamos a votar una resolución en la ONU, que algo avanza, pero que no implica que mandemos tropas a Irak porque no lo vamos a hacer. Esa es nuestra
posición, como Francia y como Alemania, a ver si nos enteramos de una vez, lo que quisimos ser siempre, como los países de Europa que defendieron la paz, no como ustedes, que estuvieron justamente con países que defendieron la guerra y que luego por
cierto en Bruselas les dejaron patéticamente solos. (Aplausos.) Esas son sus alianzas.
Déjenme que les diga alguna cosa más. Se ha hablado aquí también de las negociaciones agrarias y una vez más me he acordado de lo difícil que lo tiene usted, señor Zapatero, porque ha tenido que arreglar en 24 horas lo que el Gobierno del
Partido Popular estropeó durante nueve meses, unas negociaciones agrarias. ¡Qué difícil! (Aplausos.) De lo que hoy no se ha hablado, pero lo hemos oído en la reciente campaña, ha sido de los astilleros. Ahí la cosa es más complicada. Yo entiendo
que no quieran hablar de eso aquí, porque en relación con los astilleros la cuestión es mucho más fácil de entender. Simplemente han pillado al Gobierno del Partido Popular en una mentira en Bruselas. (Rumores.) Sí señor, y por eso nos han puesto
una multa, porque hizo una cosa ilegal (Aplausos.), un engaño que en Bruselas cuesta una multa, y ahora tenemos que resolver entre todos la multa y las consecuencias. De eso hoy no han querido hablar. Ese es el Gobierno fuerte que hoy vienen aquí
a reclamar, que sigamos patéticamente solos, que llevemos a cabo, como ellos, unas negociaciones agrarias ruinosas o que sencillamente seamos multados por engañar en unas ayudas de Estado que no eran tales a Bruselas. Ese es el ejemplo que hoy nos
quieren poner aquí y eso es lo que parece que hoy nos dicen que hagamos. Pues bien, nosotros, señores del Partido Popular, estamos radicalmente en desacuerdo con esa política y pedimos al Gobierno que cambie, justamente algo que ha empezado a hacer
y que le agradecemos.
Las elecciones europeas, también las del 14 de marzo, han demostrado que España es un país europeísta, que quiere una Europa más fuerte y más unida, en definitiva, que quiere una Constitución europea, que eso es lo que finalmente significa
también la Constitución europea. Ese es el mensaje que nosotros entendemos; por cierto, una Constitución europea que se elaboró -también se ha recordado desde esta tribuna- de forma un tanto singular. Hay que empezar por reconocer que dicha
Constitución se elaboró en una Convención porque Niza fue un rotundo fracaso. (Rumores.) El fracaso de Niza es el que lleva justamente a Europa a decidir una Convención que preside Giscard d'Estaing, que trabaja durante más de un año, entre todos,
porque también estuvieron los Parlamentos, de forma transparente, democrática y singular en la Unión Europea para elaborar una Constitución europea, pero es el fracaso de Niza el que motivó esa Convención; por cierto, señores del Partido Popular,
fracaso que ustedes acabaron reconociendo, aunque hoy aquí parece que se les ha olvidado. Esa Convención ha permitido redactar un texto de la Constitución que, con las aportaciones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, sin duda va a
permitir unir en Europa los intereses de los Estados y los de los ciudadanos, en definitiva, acercarse al modelo de Europa en el que siempre hemos creído, al menos desde el Partido Socialista, un modelo que no confronta a España con Europa, sino que
lo que hace es entender que los intereses de Europa estén bien defendidos cuando se defienden los de España y al revés. Por eso hemos dicho que la apuesta de España por la Unión Europea era la apuesta del siglo XX, pero yo digo más, es la apuesta
del siglo XXI y por eso le pedimos al presidente del Gobierno que haga todos los esfuerzos por desbloquear la Constitución europea que ustedes, señores del Partido Popular, bloquearon en esa actitud patéticamente solitaria a la que he empezado
haciendo referencia en esta intervención. (Rumores.) Desde Europa, lo hemos dicho en muchas ocasiones, se pueden resolver los grandes problemas que tiene o que puede tener planteados el mundo. Una globalización sin reglas, los problemas
relacionados con el medio ambiente, los problemas del terrorismo internacional, los conflictos internacionales o los movimientos migratorios tienen su solución, al menos parcial, en una Constitución europea que establece un espacio monetario,
económico y comercial único, un espacio de libertad, de justicia y de seguridad, una política exterior y de seguridad común, una Europa política, en definitiva, una Europa social como la que diseñaba aquí el presidente del Gobierno.
La Constitución europea, y voy terminando ya, se ha ganado su nombre, porque es verdad que en dicha Constitución se incluye por primera vez una Carta de Derechos
Fundamentales de los ciudadanos europeos. Por cierto, la ciudadanía europea es un concepto que puso encima de la mesa por primera vez el anterior Gobierno socialista y ahora se recoge. En resumen, como decía antes, se trata de una
Constitución que dice que Europa no se va a fundamentar únicamente a partir de ahora en los Estados, sino también en los derechos de los ciudadanos, una Constitución que da más juego al Parlamento Europeo, esa falta de juego que probablemente los
ciudadanos han echado de menos cuando se decidieron por la abstención de forma muy importante en las últimas elecciones.
El Grupo Parlamentario Socialista, señor presidente del Gobierno, apoya y alienta el esfuerzo que ha desarrollado España por mantener la máxima influencia para nuestro país, una influencia que queremos que sea para construir y no para
bloquear; una influencia que queremos que sea para consensuar y no para confrontar, porque los españoles sabemos muy bien que las constituciones se elaboran desde el consenso y no desde la confrontación. Para eso, señor presidente del Gobierno, va
a seguir usted contando con nuestro apoyo: para mantener artículos que permitan ejercicios de solidaridad en Europa ante catástrofes como la del Prestige; para que se reconozca nuestra singularidad y nuestra pluralidad como país, la que supone la
existencia de las Islas Canarias, de las Islas Baleares o de nuestra pluralidad lingüística. Para eso, señor presidente del Gobierno, va a tener usted nuestro apoyo. Sobre todo, va a tener nuestro apoyo, como vengo diciendo en esta intervención,
para mantener una actitud cooperativa. Queremos que España esté en la solución del conflicto que vivió Europa en diciembre cuando no logró aprobar su Constitución. Queremos estar en la solución, no queremos ser la raíz del problema. Ese es el
cambio, señor presidente del Gobierno, que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Queremos que España esté en las mayorías que van a construir Europa y no queremos estar en las minorías de bloqueo, que en este caso son minorías
minoritarias de bloqueo. Allí es donde queremos estar. Por eso le animamos a que siga usted la política que está manteniendo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Durante la última legislatura hemos oído en muchas ocasiones en esta Cámara hablar de lealtad; para ser honestos, habría que decir más bien de deslealtad, pero hoy quiero hablar en positivo y por eso quiero hablar de lealtad. Le quiero
pedir a todos los grupos parlamentarios de la Cámara que ante una negociación compleja, como la que va a abordar el Gobierno en los próximos días, hagamos un ejercicio de lealtad con él, que es tanto como hacer un ejercicio de lealtad con nuestro
país, que va a estar representado por el Gobierno en Bruselas. Eso es lo que les quiero pedir: apoyo y lealtad. Es verdad que es una lealtad que probablemente nosotros entendamos de una forma distinta que algunos de los grupos de esta Cámara,
singularmente que el grupo mayoritario de la oposición. Es verdad que es una lealtad que se sitúa en las antípodas de los reproches anticipados, que es lo que hoy hemos oído aquí. Para que todo el mundo me entienda, es una lealtad que nos llevó a
decir sí a la posición del Gobierno de España en diciembre del año pasado, cuando teníamos dudas más que razonables de que esa posición pudiera alcanzar algún éxito negociador, pero dijimos rotundamente que sí para que nuestro Gobierno se sintiera
apoyado, aunque tuviéramos dudas. Es una posición, por ejemplo, incompatible con llamar pedigüeño al presidente del Gobierno cuando está negociando las perspectivas financieras. Incompatible. (Aplausos.) Así es como entendemos nosotros la
lealtad. Es una cuestión incompatible con eso. Le diré más, señor presidente del Gobierno, es una posición incompatible con discursos que he oído hoy aquí en esta tribuna; incompatible con pedirle al Gobierno que mantenga posiciones de bloqueo,
posiciones que el propio Partido Popular no defendería hoy aquí si estuviera en el Gobierno. Esa lealtad nosotros no la vamos a mantener. La otra sí, la lealtad que confía en el presidente del Gobierno, porque sabemos que cuando vuelva vendrá con
una buena Constitución que nos permitirá decir, con Delors, que Europa, a partir del domingo, es más europea.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Habiendo concluido el turno de fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios procede la contestación del presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a la gran mayoría de los grupos las intervenciones que han tenido, sus sugerencias, sus indicaciones, sus iniciativas, sus preguntas también y quiero recordar a la opinión pública y a la Cámara alguna cuestión que me parece
importante, tanto en la forma como en el fondo, en este debate. Se ha dicho ya, pero quiero reiterarlo: es la primera vez que el Gobierno comparece antes de un Consejo Europeo, la primera vez (Aplausos.), y algún grupo que ha tenido ocho años de
Gobierno siempre dijo que no cuando se solicitaron comparecencias previas. Por tanto es una desfachatez criticar, como ha hecho aquí el señor Rajoy, esta comparencia. Una desfachatez. (Aplausos.) Y si encima, como ha pretendido el Grupo Popular,
lo que se quería era votar antes de ir al Consejo Europeo a hacer una negociación, eso ya, como se diría en mi tierra, es sencillamente insólito, insólito, dos veces insólito, como han dicho el señor Zaplana y el señor Rubalcaba esta mañana en rueda
de prensa. Es insólito que cuando un Gobierno anterior, donde estaba usted, señor Rajoy, no ha comparecido nunca antes de un Consejo, pretenda que en esta sesión incluso se llegue a votar, cuando el Gobierno tiene que negociar en el Consejo
Europeo. (Aplausos.) ¡Qué desfachatez,
qué poca credibilidad y qué hipocresía a la hora de actuar, señor Rajoy! (Rumores.-Aplausos.)
En segundo lugar, es la primera vez también que ante una negociación importante para España el principal partido de la oposición no da el apoyo al Gobierno ni le desea éxito en el resultado. (Aplausos.) La primera vez. No, no es la
primera; es la segunda: ya lo había hecho el señor Aznar con el señor González cuando lo del famoso pedigüeño en la cumbre de Edimburgo. (Aplausos.) Quiero recordar aquí que ante el Consejo de diciembre, cuando yo era líder de la oposición, fui a
Bruselas a dar apoyo explícito y público al Gobierno del señor Aznar ante la negociación de la Conferencia Intergubernamental para que España tuviera el mayor peso en la Unión Europea. Eso hice yo ante el anterior Consejo (Aplausos.), y aquí todos
los españoles han visto lo que ha hecho ya el señor Rajoy: criticar con el torpe objetivo de debilitar al Gobierno antes de que negocie, obtenga resultados y los explique en esta Cámara; torpe objetivo (Aplausos.) y muy mal. Quizá sea algo que
les está pasando y es el síndrome de ansiedad que tienen o de vacío (Risas.), sí, un síndrome de ansiedad y de vacío, porque ya hemos visto en las últimas semanas, en estos tres meses después de las elecciones, la dificultad que tienen para
comprender bien un resultado electoral. (Risas.) Tienen cierta dificultad para comprender un resultado electoral y eso les lleva también a cierta dificultad para comprender la lógica de las cosas.
Fíjense que el señor Rajoy me ha dicho que no
aceptaría nunca el nombramiento de ministros a cambio de parlamentarios. Quiero tranquilizar a la mayoría de los españoles: a este Gobierno y a mí como presidente nunca se nos ocurriría proponer a un ministro para este Gobierno.
(Aplausos.)
Evidentemente. Tienen un problema de entendimiento de la lógica de las cosas.
En tercer lugar, quiero decir a la Cámara y a la opinión pública que estamos ante un debate cuyas claves esenciales, desde el punto de vista estrictamente político del control interno, son las siguientes. Primera, este Consejo Europeo de
esta semana en Bruselas, importante, sí, es el primero al que va a acudir el Gobierno surgido de las urnas del 14 de marzo, el primero (Rumores.), y por tanto, como no ha habido hasta ahora ningún resultado, porque no lo puede haber -lo habrá a
partir del día 18-, ni ningún balance que el Gobierno pueda presentar aquí ni ninguna conclusión, el juicio descalificatorio, crítico y de debilidad sencillamente no tiene ninguna credibilidad; es un penoso ejemplo de cómo quiere ejercer el señor
Rajoy el control parlamentario del Gobierno.
(Aplausos.) Ahora, eso sí, agradezco la sinceridad del señor Rajoy, porque los españoles y la opinión pública entenderán fácilmente que si se critica antes de conocer el resultado, lo que importa no es
el resultado, lo que importa es la crítica al Gobierno de alguien que acaba de salir del Gobierno, además, del Partido Popular. (Aplausos.)
Ahora simplemente voy a hacer alguna reflexión a modo de pregunta al conjunto de la Cámara y de la opinión pública. He oído al señor Rajoy criticar duramente el resultado de la Convención en lo que afecta al sistema institucional, al modelo
de votación en el Consejo y a la fórmula de la doble mayoría de 50 por ciento de Estados, 60 por ciento de población. Ha hecho una crítica dura, muy dura, y ha dicho que eso es muy malo para España. Pues esa es la propuesta de la Convención siendo
Gobierno el Partido Popular en España; esa es exactamente la propuesta de la Convención. Ahora la pregunta es: ¿Qué hizo el Gobierno del señor Aznar durante el tiempo de la Convención hasta que fue a la Conferencia Intergubernamental para que el
resultado fuera tan negativo como ha expresado aquí? Porque todo el mundo entenderá que el Gobierno surgido de las elecciones del 14 de marzo se ha encontrado con la siguiente situación: una propuesta de la Convención de una fórmula para votar en
el Consejo, que consiste en una doble mayoría de 50 por ciento Estados, 60 por ciento población; un desacuerdo profundo, donde, como todo el mundo sabe también, el Gobierno de España sólo tenía el apoyo de Polonia y ningún otro y una reducción muy
poderosa del número de miembros del Parlamento Europeo. Esa es la situación. Yo desde aquí le digo al señor Rajoy y a la Cámara que volveremos de Bruselas con Constitución, con un acuerdo mucho mejor que el que había de la Convención para España y
con una mejora en el Parlamento Europeo. (Aplausos.)
Como dije antes, hay que tener desfachatez. (Rumores y protestas.) Sí, sí, desfachatez, que es un término muy claro, para hablar de la aceptación de la fórmula de la doble mayoría. Señor Rajoy, o S.S. no estuvo en los debates que hubo en
esta Cámara después del Consejo de diciembre, o no ha tenido la molestia de repasarse el debate parlamentario después del fracaso de la cumbre de diciembre, o no ha leído o no ha escuchado al señor Aznar, no sólo en esta Cámara sino también en los
medios públicos de comunicación durante el mes de diciembre decir cosas como las siguientes: Nos hemos movido con una gran flexibilidad y hemos establecido en el proceso negociador fórmulas de mantenimiento de Niza para reformar Niza, para
encontrar un punto de encuentro y decidir el futuro o para intentar nuevos sistemas y encontrar fórmulas que permitan a todos los Estados hacer conciliar sus legítimas posiciones con el interés común en aras de la Constitución. Y si no se ha
llegado a una fórmula después de haber presentado muchas -y muchas, obviamente, es algo más que Niza sólo, o sea que el Gobierno del señor Aznar presentó muchas fórmulas- es porque ha habido quien ha dicho que no a todas. A lo mejor lo que va a
suceder ahora es que van a decir que sí a las nuevas fórmulas a este Gobierno; eso es lo que va a suceder. (Aplausos.) Eso está dicho en esta Cámara, reconocido por el Gobierno al que usted perteneció durante bastante tiempo y por su
presidente: que la cumbre fracasó porque le dijeron que no a todas las fórmulas que proponía.
Señor Rajoy, como vamos a tener un debate la semana que viene, después del Consejo, le recomiendo... (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!-El señor Acebes Paniagua: ¡Hoy, hoy!.-Protestas.) Le recomiendo que repase algunas
cosas. No lo dijo sólo en la Cámara. En un medio de comunicación el 13 de diciembre, en el ABC, afirmó textualmente: José María Aznar llegó a Bruselas defendiendo como se esperaba el Tratado de Niza, que consideraba que era mejor para Europa que
el texto de la Convención europea, pero abierto también a buscar otra fórmula de consenso que sustituye a lo acordado hace tres años. (Un señor diputado: ¡Pero qué fórmula!.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Pregúntaselo a Aznar!.-Rumores.) Aznar
respondió: Todo el mundo sabe de qué va esto, para indicar que está dispuesto a hablar de una doble mayoría con nuevos porcentajes de población. (Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Ya está, ya lo sabes!) Señor Rajoy, esto es de donde
venimos. Lo que sucedió en diciembre en el Consejo es que, respecto a los porcentajes nuevos de población, hubo países que le dijeron no a las fórmulas alternativas al Gobierno de España y la propuesta se quedó en el 50-60. Por tanto, de ahí
venimos. En consecuencia, todo lo demás no es más que un anticipo de lo que puede ser una posición de crítica después del Consejo ante la cual le recomiendo paciencia y un poco más de reflexión a la hora de la próxima intervención, una vez que
analicemos el balance y el resultado de la cumbre. Dicho esto, quería hacer alguna reflexión sobre cuestiones que se han planteado.
Perspectivas financieras. Es un tema interesante y muy importante para España. Le puedo asegurar que prácticamente en todas las reuniones que he tenido con los líderes europeos hemos abordado esta cuestión. He explicitado cuál es mi
posición, de mantenimiento y no reducción del presupuesto de la Unión Europea. Hay por delante, como bien conoce la Cámara, un proceso de negociación intenso, pero no podemos mezclar las cuestiones financieras con las institucionales, pues, sin
duda alguna, en estos momentos supondría un camino de atasco europeo importante e intenso. Esa es una posición bastante razonable. Dejemos para cada momento la negociación de las perspectivas financieras y la negociación en curso sobre la
situación institucional.
Ha habido diversos grupos que han planteado una cuestión muy de fondo, la relativa a la participación electoral, al acompañamiento de ciudadanía del proyecto europeo y la que atañe a la necesidad de un plus de legitimidad del conjunto de las
instituciones y de las políticas que emanan de Europa. Quiero decir desde aquí, como hice en mi primera intervención, que estoy profundamente de acuerdo con la preocupación. Tal como he expresado, es mi intención y del Gobierno plantear una serie
de iniciativas en el ámbito del Parlamento, del Consejo y de la Comisión para reforzar todo lo que suponga el proceso de participación de la ciudadanía en el objetivo de vincular, de legitimar y de reforzar para que no volvamos a tener una
participación electoral como la que hemos tenido. Bien es verdad que no hay nada más original, desde el punto de vista de las formas políticas, que la organización de la Unión Europea.
No tiene parangón en términos históricos. Empezó con una
unión económica, pasó a ser una comunidad económica y ahora es una unión política. Y como ocurre habitualmente en un proceso de construcción de una nueva forma política de esta envergadura histórica, los dos pilares esenciales que tienen que
conformar una unión más perfecta, una unión política en toda su dimensión, son los que afectan a la ciudadanía -y por tanto participación- y los que afectan a la dimensión social, derechos sociales o principios sociales. Es lo que lleva más retraso
en la Unión Europea.
¿La Constitución es un avance? Sin duda. Algo gana en poder y en competencias el Parlamento; algo gana el proyecto de unión en cuanto va a haber más decisiones que se tomen por mayoría cualificada; algo gana la parte
tercera, en relación con la situación anterior, en la dimensión social y en los principios sociales e incluso en principios esenciales.
Comparto muchas de las cosas que se han dicho sobre Europa y su posición ante la paz; Europa y su posición ante
el desarme; Europa y su posición ante la prevención de conflictos; Europa y su posición ante una concepción mucho más dinámica, activa e innovadora en materia de seguridad, y puedo asegurar que, a pesar del recorrido corto de tiempo que como
Gobierno hemos tenido para abordar el conjunto de lo que representa la Conferencia Intergubernamental, esa va a ser una línea que vamos a mantener y defender permanentemente.
Quiero ponerles un ejemplo que referí en mi intervención. Gracias a una propuesta del Gobierno, vamos a tener en la Constitución una proclamación muy contundente y muy firme de lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Es un
principio que tiene que ver esencialmente con la igualdad, con la rebeldía ante la dominación y también una dimensión claramente social. Abrir esa puerta en la Constitución nos puede llevar, sin duda alguna, a nuevos pasos desde la Unión Europea
para nuevas políticas con esa dimensión. Tengan por seguro aquellos grupos que lo han planteado que reforzar ciudadanía, Parlamento, unión política y dimensión social es un objetivo de este Gobierno, y por supuesto en un diálogo que estamos
desarrollando con la Confederación Europea de Sindicatos, que nos parece una referencia fundamental, así como con las organizaciones que aglutinan a los empresarios; en algunas de ellas, como sucede en el caso del CES, España juega un papel muy
importante porque la preside un representante español.
Hay otra cuestión que el Gobierno tiene como objetivo y a la que es muy sensible: todo lo que podemos
considerar dentro de un capítulo relativo a la Unión Europea y el reconocimiento de la diversidad, o Unión Europea y reconocimiento de la condición de nuestro Estado como un Estado plurinacional, un Estado compuesto o un Estado autonómico,
profundamente descentralizado. Quiero hacer hincapié en una cuestión que ha sido expuesta por diversos grupos, desde luego por aquellos que tienen una identidad especialmente nacionalista. El gran esfuerzo que el Gobierno está haciendo en relación
con el reconocimiento de las lenguas que en nuestro país son oficiales.
Créanme que a estas alturas de la evolución de la Convención, del texto del Tratado constitucional, incorporar un elemento que genera sensibilidades en el conjunto de la Unión,
de esta Unión tan amplia, con tantos pueblos y con una diversidad lingüística tan rica y tan plural, genera problemas. He querido ser muy cauto en lo que creo que va a ser la consecución. Actuando con cautela y siendo cauto desde esta tribuna,
creo que vamos a abrir una puerta importante para ese reconocimiento. Espero que así se confirme. No quiero elevar más las expectativas. Asimismo, creo que el Gobierno, en la dimensión no sólo del Tratado constitucional sino en su práctica
política, en su visión de cómo es conveniente convocar a las comunidades autónomas a la participación en la tarea de construir y aplicar las políticas de la Unión Europea, está y va a dar pasos conforme a su compromiso de investidura. Hoy, el
ministro de Administraciones Públicas ha hecho una oferta en relación con la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea, que es innovadora, de contenido, que integra diversos aspectos y que incluye la participación en la
delegación española de un representante autonómico, con rango de consejero, en las reuniones de consejos de ministros que traten asuntos de competencia autonómica. Es la primera vez que se realiza esta propuesta. Hoy lo ha expresado el ministro de
Administraciones Públicas, pero quiero reiterarlo porque está en la sensibilidad de la dimensión interior, que también incluía en alguna reflexión a los parlamentos autonómicos. Desde luego, podemos hacer una reflexión que plantea una complejidad
evidente, pero el Gobierno está abierto a dialogar. Insisto, hemos trabajado sobre todo en el frente del reconocimiento de la diversidad lingüística. En el Tratado constitucional vamos a trabajar en la perspectiva interior, en lo que es
competencia del Gobierno, en hacer una convocatoria lo más sincera posible, bien para ese proceso de construcción o bien, como ha dicho la señora Lasagabaster, para la comodidad de la situación en el proceso de la Unión Europea. Una Unión Europea
tan amplia, con tantos millones de ciudadanos, con tantos países, con tantos pueblos, con tantas culturas y con tantas lenguas tiene que saber gestionar la complejidad, tiene que reconocer la diversidad y tiene que invitar, aplicando el principio de
subsidiariedad, a la participación y a la toma de decisiones para que esa lejanía que mucha gente ve en la razón de la abstención sea cada vez menor. En ese terreno el Gobierno está dispuesto a dar pasos en positivo que puede incitar a un mayor
convencimiento de lo que es el proceso europeo.
Quiero hacer una breve referencia a Canarias. Ya he expresado lo que representa el tratado desde el punto de vista del reconocimiento de la singularidad de las regiones ultraperiféricas. He tomado muy buena nota porque sabe S.S. que está
en la tarea casi diaria del Gobierno y de sus representantes en la Unión el que consigamos ese objetivo complejo, como es conocido, de la compatibilidad de un régimen de ayudas con el espacio común, sobre todo después de la evolución de las
perspectivas financieras y de la renta per cápita de Canarias. Estamos trabajando con mucha firmeza y espero que podamos tener resultados positivos respecto de lo que ha señalado el portavoz de Coalición Canaria.
Para el Gobierno hay un objetivo fundamental, que es la rápida construcción del espacio de seguridad, de libertad y de justicia. Eso también tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la ciudadanía, tiene mucho que ver con el
fortalecimiento de la seguridad y de muchas libertades y tiene que ver de manera muy singular con la lucha contra el terrorismo. El Gobierno, como expresé en mi primera intervención, en esta materia siempre va a estar en la línea más avanzada de lo
que pueda representar unir más a todos los países de Europa para hacer políticas conjuntas, tanto legislativas como operativas y funcionales en materia de prevención y de lucha contra el terrorismo y, lógicamente, de lucha contra la delincuencia
organizada que es, sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones que tienen muchos ciudadanos.
Para concretar algo más, entro en la parte relativa al reparto institucional, al juego institucional entre Parlamento, Consejo y Comisión. He de interpretar el silencio de algunos grupos parlamentarios en torno a la candidatura de Javier
Solana como un apoyo a que un español ostente una responsabilidad tan importante que le puede llevar, de aquí al momento en que se ratifique la Constitución, a ser ministro de Exteriores de la Unión Europea, con la relevancia que ello va a adquirir
como consecuencia del fortalecimiento de una política exterior y de seguridad común. La posición del Gobierno no es la de bloquear el Tratado constitucional en la Conferencia Intergubernamental ni la de desantender la legítima aspiración de España
como país en cuanto a su peso institucional y a su influencia. No para bloquear, para construir mayorías; no para poner el freno a nada, sino para que avance la Unión Europea. Entre aquellos que sólo piensan en un determinado modelo para bloquear
y los que puedan pensar que esto no tiene ningún valor y que cualquier fórmula es aceptable para España, el Gobierno se sitúa en una posición equilibrada, intermedia y centrada. Es posible compatibilizar los intereses de un peso razonable de España
en esa influencia para construir con lo que representa fortalecer el carácter de
unión de Europa y lograr que tengamos una constitución cuanto antes.
Yo soy también de los que comparten la idea de que tenemos que buscar en la Unión Europea, en las reuniones de los consejos, en la evolución y desarrollo de los tratados, desde luego de este Tratado constitucional, una política mucho más
dirigida a los problemas esenciales que tienen la mayoría de las sociedades en la Unión Europea. Y la mayoría de las sociedades y de los ciudadanos no discuten sobre dobles mayorías, la mayoría de los ciudadanos están esperando que la Unión Europea
sea ante todo dos cosas que van a centrar la tarea del Gobierno en su proyección y en su papel en el seno de la Unión. Por un lado, la Unión Europea tiene que ser un motor de crecimiento económico, un motor de fortalecimiento de la educación, de la
investigación y de la innovación, porque eso es lo que nos permitirá tener la mayor cohesión social posible, y, en segundo lugar, Europa tiene que ser un gran poder para un orden internacional justo en el mundo, y un orden internacional justo en el
mundo es un orden internacional que busca y trabaja más por la paz; un orden internacional justo es aquel que se compromete con la cooperación en el desarrollo de los pueblos que tienen más problemas; un orden internacional justo es aquel que
reivindica el multilateralismo; un orden internacional justo es el que reivindica Naciones Unidas y que nada tiene que ver con aquellos que la invocan, como hemos escuchado esta tarde al hilo de Irak, después de que en su día pisotearan lo que
representaba Naciones Unidas y el voto de la mayoría de los miembros de su Consejo. (Aplausos.)
No quiero dejar de hacer referencia a otra cuestión. El señor Rajoy ha vuelto con Irak. Me sorprende porque les oigo todos los días decir que hay algunos que sólo hablamos de Irak. Reconozca S.S. al menos que esta vez ha sido usted quien
ha sacado aquí la cuestión. (Protestas.) Sí, la ha sacado. Al respecto, quiero decir dos cosas. La resolución de Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad, con el voto del Gobierno de España.
De todos los miembros que forman parte del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas sólo dos tienen tropas en Irak: Estados Unidos y Gran Bretaña. Ningún Gobierno después de esa resolución se lo ha planteado ni se lo ha pensado ni nadie ha preguntado si va a enviar tropas a Irak. Yo comprendo que
quizá lo que quiere el señor Rajoy es pedir al Gobierno -pero debería ser sincero, directo y claro para que los españoles lo entendieran- que mande nuevamente tropas a Irak. Pues desde aquí le digo que no vamos a mandar ni un soldado más a Irak.
(Aplausos.) Dígalo claramente, porque invocar la resolución únicamente en el aspecto que hace referencia al llamamiento, a la presencia de fuerzas multinacionales, sólo puede tener una explicación por su parte, y es que le seduce la convocatoria de
enviar fuerzas multinacionales, es decir, que le gustaría que nuestro país volviera a estar presente en el conflicto de Irak. Ya he aclarado que no va a estar en Irak aunque invoque Naciones Unidas o aunque el Grupo Popular quiera hacer lo que
quiera al respecto.
En definitiva, señorías, quiero decir que para el Gobierno ha sido muy útil este debate. He escuchado y he tomado nota de cuantas sugerencias e iniciativas se han expuesto, e incluso de las críticas -también han podido comprobar que las he
escuchado- sin sentido. Si estuviéramos en el debate posterior al Consejo de esta semana podrían tener algún sentido, pero las previas no lo tienen. He escuchado, como decía, las críticas, sugerencias, iniciativas y debate de fondo sobre la
necesidad de fortalecer la legitimidad ciudadana ante la Unión Europea y puedo asegurar que todas de ellas han sido útiles para el Gobierno. Hay muchas de ellas que comparto. Algunas tienen un objetivo más, entre comillas, utópico al día de hoy,
pero comparto que hay que abrir determinados rumbos o sendas para que, más bien pronto que tarde, podamos ver realizados algunos de esos objetivos. En el tiempo que el Gobierno ha afrontado este momento de Conferencia Intergubernamental, de Tratado
constitucional, hemos hecho esfuerzos importantes. Espero que podamos concluir afortunadamente algunos en el Consejo con un nuevo Tratado constitucional y con el conjunto de políticas que la Unión Europea tiene por delante, tanto en el ámbito
económico y social, como de defensa de la paz, de una visión de la seguridad en el mundo, del papel de Europa en la relación con el Mediterráneo que también ha sido invocada, del papel de Europa en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos;
todos estos van a ser compromisos de mi Gobierno en la construcción, desarrollo y fortalecimiento de esa Unión Europea que queremos cada día más viva, más ciudadana, más social y que, por supuesto, ocupe todo el tiempo que sea necesario a este
Parlamento en cuantos debates los grupos parlamentarios requieran. El Gobierno está dispuesto a ello.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: La Presidencia da por concluido este punto del debate y les explicaré por qué. (Protestas y rumores.) Porque no quiero aparecer como un presidente arbitrario. Hoy en la Junta de Portavoces se ha planteado la
ordenación del debate de esta tarde. Es absolutamente cierto que ha habido un grupo parlamentario, el principal de la oposición, que ha hecho constar que el resultado final del debate de la Junta de Portavoces no le convenía. Esto es cierto. Como
también lo es que el sentido mayoritario de la Cámara ha sido celebrar el debate en el formato que hemos realizado. Estas son las reglas del juego para esta semana.
Quiero saber realmente, porque no quiero parecer una persona autoritaria ni
arbitraria, qué es lo que decidimos en Junta de Portavoces. Dicho esto, para la próxima semana está fijado, día 23 a las cuatro de la tarde, un debate sobre el resultado de la cumbre europea de los días 17 y 18 -les informo-, donde no se va a
aplicar el formato habitual. Por iniciativa del presidente, el debate del próximo día 23 será un debate abierto, que es lo que se ha propuesto en Junta de Portavoces, donde habrá exposición del Gobierno, réplica, dúplica, contrarréplica y
contradúplica. Les estoy desvelando la oferta que ha hecho el presidente y espero seguir trabajando en aquellas áreas que no son claras del Reglamento, guardando un pacto entre caballeros entre todos nosotros. En consecuencia, este debate está
concluido y se inicia la parte relativa a las proposiciones no de ley. (Aplausos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.)
Punto número VI del orden del día. (Protestas.-) Señores, no insistan. (El señor Rajoy Brey pide de nuevo la palabra.) Si es respecto al debate, señor Rajoy... (Protestas.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Tramposos!)
Por favor, guarden silencio. Nos vamos a entender muy claramente. Asumo la responsabilidad de esta decisión y les quiero señalar algo. El presidente, para bien o para mal, dirige los debates de esta casa, y cuando desde otra bancada hace
unas semanas se pretendió dirigir el debate de la Cámara, recuerden lo que les dije: no se acepta que desde las bancadas se dirijan los debates de esta casa. El presidente ha aplicado escrupulosamente el acuerdo mayoritario de hoy de la Junta de
Portavoces.
El debate, pues, señorías, continúa. (Aplausos.-Pateos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Tramposos! Así los cuatro años. ¡Tramposos!-Un señor diputado: No respetáis nada.-El señor Atencia Robledo: No,
no.-Un señor diputado: Mucho de boquilla.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE RATIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES CUATRO, SIETE Y DOCE AL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.
(Número de expediente
162/000082.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 6: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre ratificación de los Protocolos adicionales cuatro, siete y doce al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales.
(Protestas.-)
Por ese sistema no van a conseguir nada.
Tiene la palabra, para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo, el señor López Garrido. (Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario va a defender una proposición no de ley que es la primera que defiende en esta legislatura, en la que ha hecho un uso muy moderado de su capacidad de iniciativa
y de su mayoría o minoría mayoritaria en esta Cámara, y que hemos querido que sea simbólica, significativa de uno de los ejes fundamentales de nuestro programa electoral y de nuestra visión de la política y de la sociedad. Es una iniciativa por la
que se insta al Gobierno a que tome las iniciativas necesarias para que se ratifiquen los Protocolos cuatro, siete y doce del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el convenio llamado Tratado de Roma, que tuvo su origen en 1950 y que fue también un
símbolo en aquel momento de lo que quería ser la vieja Europa, es decir, una cultura basada en la protección de los derechos humanos, como una característica de Europa, de esa Europa europea a que hacía alusión anteriormente el señor Rubalcaba, en
cita de un gran europeista como Jacques Delors. De hecho, España no pudo firmar esta convención, que es una convención emblemática de defensa de los derechos humanos, de garantía de los derechos humanos en Europa, hasta que acabó la dictadura.
Evidentemente, durante la dictadura todos los derechos de esta convención, todos, se vulneraban. Es sólo con el comienzo de la democracia, con la nueva Constitución democrática, cuando España firma y ratifica esta convención y va, a continuación, a
ratificar algunos de sus protocolos posteriores, que, como pasó con la constitución norteamericana, a modo de enmienda se han ido añadiendo con posterioridad. Hoy traemos aquí una asignatura pendiente de esta convención, que se ha debatido algunas
veces en esta Cámara, que aún no ha sido ratificada por España y que por tanto no forma parte de nuestro derecho ni puede ser controlable por el Tribunal Europeo de garantía de los Derechos Humanos por excelencia, que es el Tribunal de Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es un tribunal de una enorme importancia, es algo que no tiene parangón en ningún otro continente fuera del europeo y que significa una garantía judicial, por encima de las jurisdicciones de los Estados,
por encima de mayorías políticas, una garantía supranacional que en Europa tiene una gran importancia y que forma parte, y lo dice nuestra Constitución, de nuestro derecho. La jurisprudencia de ese Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha sido
utilizada reiteradamente, y seguirá siéndolo, como elemento de interpretación por nuestro Tribunal Constitucional.
Los ciudadanos españoles se han acostumbrado poco a poco a llegar incluso ante el Tribunal de Estrasburgo, tribunal que en algunas ocasiones ha condenado a nuestro país, a España. No es el país más condenado por violaciones de esa
convención, pero sí ha sido condenado. Es un control que hay, en última instancia, en los derechos que aparecen en ese convenio. Son derechos tradicionales en la cultura de las libertades en Europa, de los derechos políticos, de los derechos
ciudadanos tradicionales, como digo, la mayoría de ellos incluídos en nuestra Constitución. Pero quedaban esas asignaturas pendientes de los protocolos cuatro, siete y doce, que son
muy relevantes. Nosotros queremos que estos protocolos sean ratificados de una vez por nuestro país e instamos al Gobierno a que lo haga, a que tome las medidas para que sean ratificados.
El Protocolo cuatro habla del derecho a la libre circulación, de la prohibición de privar de libertad a quien incumpla una obligación contractual -lo que se ha conocido tradicionalmente como prisión por deudas-, de la prohibición de
expulsión de un país de sus nacionales o de la expulsión colectiva de extranjeros. El Protocolo siete se refiere al principio de legalidad en la expulsión de extranjeros, a la indemnización por error judicial, al principio de cosa juzgada en lo
penal, a la igualdad de derechos y de deberes entre cónyuges. Son derechos de una enorme importancia los recogidos en esos protocolos cuatro y siete, que si fueran ratificados por España significaría que formarían parte no sólo de nuestro derecho
sino que habría además la garantía añadida de poder acudir en su caso, si se violaran en nuestro país, ante el Tribunal de Estrasburgo. Son por tanto protocolos importantísimos que aún son una asignatura pendiente para España, aún no han sido
ratificados.
Añadimos uno más, el Protocolo doce, que es, desde nuestro punto de vista, probablemente el más importante de todos. Es un protocolo reciente que se refiere al principio de no discriminación. Voy a permitirme la lectura de su artículo
primero ya que merece la pena a fin de que se sepa el gran alcance que tiene este Protocolo doce sobre la igualdad. Dice: El goce de cualquier derecho previsto por la ley debe ser asegurado sin discriminación alguna especialmente por razones de
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación; principio general de no discriminación que es remachado por el párrafo
dos, cuando dice: Nadie puede ser objeto de discriminación por una autoridad pública. Es un principio esencial de la convivencia, de las relaciones políticas, de las relaciones públicas, de las relaciones civiles el principio de no discriminación.
Este también creemos que debe ser un elemento de autolimitación de las jurisdicciones españolas, de las mayorías políticas, porque es sabido que los derechos humanos son esencialmente derechos de las personas, de los individuos, de las minorías y no
tanto de las mayorías. Por tanto, creemos que este puede ser un avance importantísimo en la consolidación de un sistema de derechos humanos que es una de las características esenciales de la democracia española.
Como decía, hay algunos antecedentes parlamentarios en la anterior legislatura en la Comisión Constitucional. Nuestro grupo parlamentario tuvo ocasión de defender exactamente una proposición casi idéntica a ésta, y aunque tuvo el apoyo de
otros grupos parlamentarios, concretamente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que votaron a favor de esta proposición, el Grupo Parlamentario Popular, que tenía mayoría absoluta, no votó
a favor de la misma, es decir, no votó a favor de que España ratificase los protocolos cuatro, siete y doce y por tanto que tuvieran el máximo nivel de garantías estos derechos. Esperemos que hoy nos explique el Grupo Parlamentario Popular cuál es
su actitud y, si hoy está dispuesto a votar a favor, por qué razón dijo que no en la anterior legislatura y en esta dice que sí, si es que lo dice, que parece que tiene esa intención a la vista de la enmienda que ha presentado. La verdad es que me
quedé con la gran curiosidad de saber hace algunos años por qué el Grupo Popular no quiso admitir esta ratificación cuando tenía mayoría absoluta en esta Cámara. Me gustaría saber cuál es la razón que hoy esgrime para la posición que manifieste.
Han presentado enmiendas -y con esto termino, señor presidente- el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Vasco y el Grupo Popular. Vamos a proponerles una enmienda transaccional que reúna el espíritu de estas
propuestas, en relación sobre todo a que nuestro país se encamine hacia la firma primero y la ratificación después de los dos últimos Protocolos, el trece y el catorce, presentados para la firma hace muy pocos días, incluso después de que nuestra
proposición no de ley fuese presentada. El trece, en relación con la abolición de la pena de muerte, y el catorce, en cuanto a la reorganización interna del Tribunal de Estrasburgo. Nosotros proponemos a los grupos que han presentado enmiendas
añadir un nuevo punto a nuestra proposición que diga lo siguiente: Se insta al Gobierno a poner en marcha los estudios necesarios para los procedimientos de adhesión a los Protocolos trece y catorce.
Estos protocolos se han puesto, como digo, muy
recientemente a la firma, por lo que requieren estudios correspondientes para hacerlo con todo rigor, y nosotros manifestamos nuestra intención de que sea posible esa firma y ratificación, por lo que les proponemos que se pongan en marcha los
estudios necesarios para la adhesión a los Protocolos trece y catorce.
La enmienda del Grupo Popular recoge lo relativo al Protocolo trece, pero las otras formulaciones son absolutamente innecesarias. Que se tengan en cuenta a la hora de ratificar un convenio las contradicciones que pueda haber con nuestro
ordenamiento y por tanto haya las correspondientes reservas es algo lógico y natural y a ello está además obligado el Gobierno. Por lo tanto, por ser esto algo anecdótico e innecesario, esperamos que no haya sido introducido ahora por el Grupo
Popular para justificar a posteriori por qué no votó a favor en su momento, en la anterior legislatura.
Termino, señor presidente. Creemos que hoy es un día muy apropiado para hacer esta propuesta en la Cámara. Estamos ante la celebración del 50 aniversario de la puesta en vigor de esta convención y estamos a punto de que se dé luz verde a
una Constitución para Europa, en la que una aportación esencial -lo señalaba el presidente del Gobierno hace un rato- es una carta
de derechos fundamentales. Europa tiene que tener en sus señas de identidad, cuando nace esa Constitución, los derechos fundamentales como elemento básico de legitimación de toda su construcción democrática. Es un momento también, por qué
no decirlo, del otro lado de la moneda, en el que estamos viviendo violaciones terribles de los derechos humanos a manos de países considerados tradicionalmente democráticos, países incluso de nuestra órbita que han perpetrado torturas terribles,
violaciones terribles de los derechos humanos. Creo que el momento en que la Constitución europea va a ver la luz -estamos seguros de que va a ser así- es muy adecuado para ratificar estos protocolos en una Europa con una cultura de los derechos
humanos que es esencial a toda su tradición.
Por tanto, nuestro país, integrado en Europa, como hace la propia Constitución europea, que por cierto prevé la ratificación de todo este Convenio Europeo de los Derechos Humanos, debe consolidar sus
creencias esenciales, sus raíces profundas democráticas y de defensa de los derechos humanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en un turno de diez minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la
señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
En el año 1993 ó 1994 Izquierda Unida presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a remitir para su aprobación los instrumentos de ratificación de los Protocolos adicionales cuatro y siete al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista, y la proposición fue aprobada por unanimidad en el año 1995 con una intervención del Partido Popular en esta línea: Una vez
más, el Gobierno socialista demuestra su falta de sensibilidad ante el tema de los derechos humanos y de las libertades. Al Gobierno se le llena la boca de discursos retóricos, pero ha sido incapaz de ratificar dos protocolos..., etcétera. Eso era
el 19 de septiembre de 1995. En el año 2001, el mismo Partido Popular que tanto cuestionaba la política del Partido Socialista no quiso votar la misma iniciativa presentada por el Grupo Socialista y defendida siempre por el mismo parlamentario,
alegando razones técnicas. Han pasado 9 años desde la votación por unanimidad de la iniciativa presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Ningún gobierno, ni el del Partido Socialista en su día ni el del Partido Popular, cumplió en
su integridad el mandato de este Congreso, que pretendía sencillamente ampliar la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. No es baladí esta actuación. Se trata de protocolos que, efectivamente, amplían esa protección de la que,
sin su ratificación, los ciudadanos españoles carecen. Seguro que esa falta de acción no es casual, pero que cada cual piense lo que estime oportuno.
Desde nuestro punto de vista, ambos gobiernos son responsables del tiempo transcurrido. Por ello presentamos las dos enmiendas, porque estamos cansados de esperar y porque no nos fiamos de lo que pueda tardar. Por eso le ponemos el plazo
de urgente a la acción del Gobierno para que empiece a trabajar desde ya por el respeto y la protección de los derechos humanos. No queremos más política de gestos ni por parte de unos ni de otros. Por cierto, tampoco entendemos por qué el Grupo
Socialista presenta esta iniciativa para instar al Gobierno, cuando es el Gobierno del Partido Socialista el que podría haberlo hecho directamente. En cualquier caso, lo urgente es que se cumpla con todos los pasos necesarios para que estos
protocolos sean de aplicación en el Estado español, y por eso vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para tratar de explicar el sentido de la enmienda de modificación presentada por mi grupo voy a exponer muy brevemente el contenido de la misma. Como se verá, mi grupo está conforme en la ratificación de estos protocolos, pero de
acuerdo con las declaraciones y reservas que hemos hecho constar en la enmienda. Conocemos que S.S., el señor López Garrido, presentó una proposición no de ley en el año 2002 para la urgente ratificación de estos protocolos con anterioridad al 50
aniversario del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Le recuerdo que ese aniversario se producía en el año 2000. Mi grupo conocía los problemas técnico-jurídicos que planteaba la ratificación de estos protocolos, y que ahora justifican
algunos extremos de nuestra enmienda, y se opuso a que esta se hiciera sin condiciones y precipitadamente.
Confieso a S.S. que no entiendo sus prisas de entonces ni las de ahora.
Le recuerdo que el Protocolo cuatro se abrió a la firma en 1968 y
el siete en 1984. Su grupo tuvo 14 años en el Gobierno para ratificarlo, y no lo hizo. Todos los derechos amparados por estos protocolos están reconocidos en nuestro ordenamiento. Me parece importante insistir en este punto porque no estamos
discutiendo la inclusión de nuevos derechos en nuestro sistema de libertades, sino únicamente si reforzamos sus garantías mediante la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que valore si nuestro ordenamiento respeta esos derechos
con el contenido que le dan los protocolos. Por eso es importante analizar las posibles divergencias entre su contenido y el derecho español, pues se trata de sistemas jurídicos distintos y por eso
puede haber contradicciones; contradicciones que sin embargo no suponen merma de protección y que pueden ocasionar, si no se excepcionan, perjuicios para el interés general y condenas injustificadas.
Así, respecto al Protocolo cuatro, el primer inciso de nuestra enmienda viene motivado por el concepto de obligación contractual recogido en el artículo 1.º del protocolo. Su señoría, señor López Garrido, lo conoce muy bien puesto que no en
vano esta es la misma enmienda que usted formuló a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en 1995 cuando reclamaban la ratificación de este protocolo. Que ahora diga que es innecesario cambia
mucho su postura respecto a la de 1995. (Un señor diputado. ¡Muy bien!) La supresión de la prisión por deudas, como usted ha dicho, es un derecho reconocido por nuestro ordenamiento desde la promulgación del Código Civil, pero si no se concreta
qué se entiende por obligación contractual, puede producirse un supuesto de incompatibilidad muy perjudicial para los intereses de un gran número de españoles. ¿Sabe de qué españoles le estoy hablando? De los hijos y de los cónyuges de separados y
no divorciados.
Nuestro Código Penal contempla como delito el impago de las deudas derivadas de las pensiones alimenticias reconocidas por convenio judicialmente aprobado. No hay una interpretación unánime sobre la naturaleza jurídico-contractual
de ese convenio y además la experiencia nos confirma que lo que ha habido han sido demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por estas circunstancias. Debemos ser prudentes para no perjudicar el derecho de alimentos de los hijos y del
cónyuge. La falta y el retraso en el pago de las pensiones es el drama con el que viven mes a mes muchos hijos y muchos cónyuges y la tipificación de este delito es una importante medida disuasoria que no nos podemos jugar por una ratificación
precipitada, máxime cuando una de las lagunas patentes de su anteproyecto de ley integral contra la violencia ya no de género, sino contra las mujeres es la falta de establecimiento de medidas para garantizar el pago de las pensiones alimenticias.
El segundo motivo que aconseja la formulación de una declaración y que no es innecesario en el Protocolo cuatro es el concepto de expulsión, cuando prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Tanto nuestro derecho como la ley europea
diferencian claramente la resolución administrativa de expulsión de la repatriación, que es el acto material de ejecución de la misma. Nuestra Ley sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social contempla que la
expulsión sólo será previa resolución administrativa y con todas las garantías, pero esa resolución administrativa es distinta al acto material de la repatriación. Dados los elevados costes de los medios de transporte para repatriar extranjeros y
la carencia de recursos de estos para llevar a cabo la repatriación, un mínimo sentido de la economía y de la eficiencia lleva en muchas ocasiones a fletar vuelos chárter para hacer frente a estas repatriaciones. Con este espíritu, el Plan global
de lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea y el Plan de gestión de fronteras exteriores, ambos aprobados durante la Presidencia española del Consejo de la Unión en 2002, subrayan la necesidad de cooperación
entre los Estados miembros de las operaciones de repatriación. Ambos planes obtuvieron el respaldo y el impulso del Consejo Europeo reunido en Sevilla. Asimismo, el Plan de Acción sobre Repatriación, aprobado el 28 de noviembre de 2002, recomienda
reunir las capacidades de expulsión de los Estados miembros para repatriar del modo más eficaz posible. En general, dice el programa, la decisión de expulsión será individual y la de repatriación conjunta y deberán considerarse adecuadamente los
derechos humanos de las personas afectadas. El Consejo JAI de 6 de noviembre de 2003 llegó a un acuerdo para verificar las reglas para que se llevaran a cabo las operaciones conjuntas y particularmente las medidas coercitivas para asegurar la
seguridad en los vuelos, preservándose la dignidad y la integridad física del repatriado. Señalan expresamente estas iniciativas que la expulsión respetará, entre otros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Asimismo, el Consejo JAI, reunido el
8 de junio de 2004, al que ya fueron representantes del nuevo Gobierno, aprobó las acciones para crear un fondo de retorno con el que se financien, entre otras medidas, estas operaciones conjuntas, fondo de retorno en el que su presidente nos acaba
de manifestar que está muy interesado. Pues bien, le diré que una parte especial de ese fondo se dedica a financiar esas operaciones conjuntas.
Creo, por tanto, que no es tan innecesaria esta enmienda, aunque sí bastante prudente, y me sorprende
que, siendo necesaria, usted presentara al menos la primera en el año 1995.
En segundo lugar, el Protocolo siete recoge entre otros el principio non bis in idem. En España, nuestro derecho admite la dualidad de sanciones penales y administrativas si existe una relación de sujeción especial en el sancionado y se
protegen bienes jurídicos distintos. Por eso, el Gobierno del Partido Popular, que fue el que solicitó la autorización para la ratificación de estos protocolos en esta Cámara, incluyó la necesidad de una reserva y de varias declaraciones en este
sentido. Usted dice que son innecesarios. Sin embargo, esta Cámara entendió que eran necesarios en ese momento. Tal y como se informó por mi grupo en la Comisión Constitucional a la que usted ha hecho referencia, existen problemas para que el
Consejo de Europa nos acepte esa declaración. Esos problemas deben de ser solventados hoy por el Gobierno sustentado por su partido, porque la autorización se lleva a cabo con esa reserva y con esas declaraciones.
En cuanto al Protocolo número doce, que supone la conversión del derecho a la no discriminación en un derecho autónomo, no existe ningún problema por mi
grupo para su ratificación. No existen objeciones de derecho interno, toda vez que el artículo 14 de nuestra Constitución ampara y garantiza la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y el
informe explicativo del Consejo de Europa deja a salvo las posibles diferencias entre nacionales y extranjeros que puedan existir en la totalidad de las legislaciones de los Estados miembros. No obstante, queremos advertir que ese protocolo,
abierto a la firma en noviembre de 2002, aún no ha entrado en vigor porque no ha sido ratificado por un mínimo de diez Estados. Sólo han procedido a ratificarlo los siguientes Estados: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Georgia, Holanda, San
Marino, Serbia y Montenegro. La práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión no han ratificado el convenio, por lo que entendemos que sería oportuno que el Gobierno, de cara a la autorización que pida a estas Cámaras, examinara los
motivos de esta escasa ratificación.
Precisamente porque mi partido está comprometido con la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, de los que la vida es la base y el derecho fundamental, hemos presentado una enmienda para la ratificación del
Protocolo número trece, relativo a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia. Nuestra Constitución ya abolió la pena de muerte, aunque dejaba a salvo lo que establecieran las leyes penales y militares para tiempos de guerra. Como
conocerá S.S., proposiciones de ley de varios grupos, entre ellos del Grupo Parlamentario Popular, culminaron en 1995 con la aprobación de leyes orgánicas por las que quedó abolida la pena de muerte en tiempo de guerra, desapareciendo como sanción
en el Código Penal Militar. Por ello considera mi grupo conveniente ratificar este protocolo, porque -le corrijo, señoría- este protocolo está firmado por el Gobierno del Partido Popular el mismo día que se abrió a la firma. De este modo se
expresa nuestro compromiso por el derecho a la vida en la esfera internacional.
De ahí que hayamos presentado esta enmienda que espero que cuente con el mismo apoyo unánime con el que contaron en 1995 las iniciativas para la abolición de la pena de
muerte en tiempos de guerra.
Respecto al Protocolo número catorce, del que en la enmienda transaccional que nos va a presentar solicita también su ratificación, le diré que efectivamente el 14 de mayo de 2004 se abrió a la firma. Su Gobierno, que es el que entonces
ostentaba la responsabilidad ejecutiva, no ha procedido a la firma. Procedan primero a firmarlo y después lo ratificaremos en esta Cámara. Examínelo bien, señoría, porque ese derecho no reconoce derechos fundamentales y libertades públicas, sino
reglas distintas de funcionamiento de este alto Tribunal. Por ello, consideramos que no existe ningún impedimento para admitir las reservas que hemos presentado y desde luego entiendo que se da por admitida nuestra enmienda relativa a la
ratificación de este protocolo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Pronuncia palabras en catalán, que facilita a la Redacción del 'Diario de Sesiones' que dicen lo siguiente: 'Eskerrik asko Mahaiburu Jauna. Oso hitzaldi laburra egingo dot, gure zuzenketa onartuko dala ikusita'.
Consideramos que la cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es un tema importante, de transcendencia y necesario. Por otra parte, habría que añadir que el propio Gobierno podría impulsar las medidas que aquí se proponen motu
proprio y que no hubiera sido necesaria esta proposición no de ley. Entiendo que lo que se quiere es darle una mayor repercusión, una mayor formalidad al procedimiento. Por parte del Gobierno socialista no se necesita ningún apoyo, ninguna
petición directa de la Cámara, pues por parte del Gobierno hay una voluntad clara de llevar adelante las peticiones que se contemplan en la proposición no de ley.
Voy a ser breve e ir directo a lo que se propone. Hay tres protocolos que se mencionan en la proposición no de ley. Mi grupo entiende que en cuanto al Protocolo número cuatro, el problema que puede existir en estos momentos sería el del
concepto de obligación contractual, como se dice en la exposición de motivos de la proposición no de ley, en relación con los convenios judicialmente aprobados en casos de separación y divorcio. Me gustaría conocer si en el punto 1 de la
proposición no de ley, cuando se habla de presentar a las Cortes, para su autorización, la ratificación por España del Protocolo adicional número cuatro al Convenio, lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista y el espíritu de lo que se pide
es que este punto número 1 comprenda esta reserva cuando llegue aquí por parte del Gobierno. Yo entiendo que ese es el espíritu, aunque no se mencione literalmente ese contenido. En cuanto al Protocolo número siete, llama la atención que habiendo
estado ratificado desde hace tanto tiempo el Gobierno no lo haya entregado, haciendo caso omiso a la voluntad parlamentaria. La verdad es que es un tema que desde luego llama la atención. Respecto al Protocolo número doce, nada que decir,
completamente de acuerdo.
Nuestra enmienda pretendía que se añadiera un impulso a la ratificación del Protocolo número trece y a la firma y ratificación del Protocolo número catorce. Es cierto que la firma de este último ha sido de reciente apertura, pero el
Protocolo número trece, que trata de la prohibición de la pena de muerte incluso en casos de guerra, se abrió a la firma el 3 de mayo de 2002, el Consejo de Ministros lo aprobó el 21 de febrero de 2002 y fue firmado ad referendum por España el 3 de
mayo de ese mismo año. Por lo tanto, ya ha discurrido bastante tiempo y entendemos que no hay ninguna objeción, desde el punto de vista de la legislación del Estado, para que se pueda proceder a su ratificación.
El Protocolo número catorce lo consideramos muy importante porque todo el contenido del convenio carecería de aplicación práctica si no se pudiera dotar al Tribunal europeo de la suficiente agilidad y medios para poder llevar adelante su
labor. Lo cierto es que echando un vistazo a las estadísticas, nos encontramos con que hay una gran cantidad de procedimientos abiertos que finalizan en la estadística de 2003, un 96 por ciento, unos por ser inadmisibles y otros porque se trata de
casos repetidos, esto es, que ha habido una sentencia-tipo a través de la cual se podría dictar directamente un veredicto en esos casos. Unos y otros casos suponen el 96 por ciento de los asuntos vistos en el Tribunal en el año 2003. Hay 16.500
casos pendientes de resolución ante las Cámaras y lo importante es preservar el sistema a futuro, pero al mismo tiempo es vital -y entendemos que el protocolo lo ha respetado- que la reforma no afecte al sistema único y a las características propias
del Tratado: en primer lugar, el carácter judicial de la supervisión de los casos, y esto se preserva no a través de una sección del Tribunal sino a través de un único juez con otro tipo diferente de apoyo jurídico; y en segundo lugar, el respeto
al principio de que cualquier persona que reclame haber sido víctima de una infracción de derechos o de libertades protegidos por la Convención pueda acceder con total libertad al Tribunal. Lo que hace el protocolo es una reforma adecuada para la
agilización de los trámites dentro del Tribunal y no debería haber ningún problema para su ratificación. En este caso la firma fue abierta en una fecha muy reciente, concretamente el 13 de mayo de este año, y por ello no se ha procedido siquiera a
su firma por parte del Gobierno. Sería conveniente que esta se produjera cuanto antes para, como un segundo paso, traerlo a este Parlamento.
En cuanto a la propuesta que hacía el señor López Garrido de una enmienda que recogiera también la inclusión de los Protocolos trece y catorce, ni siquiera es necesaria una transaccional, porque es exactamente lo que propone nuestra
enmienda. Con la aceptación de la enmienda del Grupo Vasco sería suficiente para recoger lo que el Partido Socialista parece querer proponer en esa enmienda transaccional.
Esta es la posición del Grupo Vasco. Por tanto, en principio, a la espera de lo que responda el Partido Socialista, votaremos a favor de la propuesta.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, interviene por diez minutos el Grupo Parlamentario Mixto.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Declina? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Ante esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que ha defendido el señor López Garrido, mi grupo hace la siguiente fijación de posiciones. Estamos de acuerdo en el fondo político, ético, democrático y
constitucional de la iniciativa. Estamos plenamente de acuerdo en reforzar toda la legislación sobre la defensa de los derechos humanos y de las libertades en el ámbito internacional en el sentido más extenso que permita el ordenamiento
constitucional, que es el asiento de estos derechos fundamentales y libertades, como lo es la Constitución española. El Gobierno tiene que traer a la Cámara -porque lo que estamos discutiendo aquí es una simple proposición no de ley, y ahora entro
ya en cuestiones formales- estos principios de defensa que están localizados en este momento en aquellas ausencias -vamos a llamarlas así- diplomáticas legislativas en España con respecto a los Protocolos números cuatro y siete. Estamos plenamente
de acuerdo con los Protocolos trece y catorce, el trece sobre la pena de muerte y el catorce sobre la competencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sin embargo, en los Protocolos números cuatro y siete hay que evitar que en el texto
el Gobierno -si quiere cumplir con lo que vamos a votar en la Cámara y se aprueba la iniciativa en los términos en los que la ha presentado el Grupo Socialista- deje de usar un instrumento legítimo y democrático como es la reserva a los textos. En
este caso singularizado, mi grupo comparte plenamente lo que con certero criterio de lógica jurídica ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Quiero reconocerle el mérito de esta observación. Si el Protocolo número cuatro se firma
y se ratifica en todos sus extremos, no se puede aplicar una pena de prisión reconocida en nuestro Código Penal a aquellas obligaciones contractuales que se refieren a las separaciones y a los efectos sobre el cónyuge económicamente más débil, la
mujer, o los hijos. No estamos hablando de relaciones contractuales en el sentido más absoluto, como las que contiene el Código de Comercio en España.
Le pediría al señor López Garrido, como portavoz que ha sido del Grupo Parlamentario Socialista, que sensibilice sobre todo al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que puede hacer el último trámite al respecto, de que no tiene por qué
renunciar a una cuestión de reserva, porque ese es un instrumento jurídico-diplomático legítimo de todos los tratados internacionales. Estamos acostumbrados a la ratificación de los acuerdos y tratados internacionales en esta Cámara, como señala la
Constitución. No ha habido Gobierno desde el comienzo de la democracia -haya sido de UCD, del Partido Socialista o del Partido Popular- que en determinados acuerdos y documentos internacionales no haya traído unos últimos apartados haciendo reserva
de aquellas cuestiones que pudieran entrar en conflicto jurisdiccional con la legislación positiva, democrática y constitucional española, y se puede hacer desde el punto de vista de la incompatibilidad o bien contradictorio.
Porque contradictorio sería ratificar plenamente, sin ninguna reserva, el Protocolo número cuatro en la relación contractual matrimonial; no digo otras del Código de Comercio ya que me parecería absurdo porque todos firmaríamos aquí que no
tiene que ir a prisión una persona que ha causado una sentencia judicial sobre una relación contractual puramente del Código de Comercio, como he dicho antes. Pero aquí con el Código Penal hemos tratado de hacer un tipo penal determinado en las
relaciones contractuales que se derivan de las pensiones alimentarias, por ejemplo, sobre los huérfanos que pueda haber, sobre las viudas, pero sobre todo, en las separaciones, sobre los cónyuges y los hijos del matrimonio; lo hemos hecho como una
cuestión disuasoria y se ha referido también a ello muy acertadamente la portavoz del Grupo Popular. Si en nuestro ordenamiento democrático pusimos como cuestión disuasoria que el que no cumpla con esto va a la cárcel, va a prisión, no podemos
firmar un tratado internacional en el que se diga que quien no cumpla con nuestro Código y con nuestras leyes, se puede pasear libremente por la calle, burlándose de la justicia y del principio de constitucionalidad que está en nuestro ordenamiento.
Porque cuando ya en la época del ministro de Justicia e Interior, señor Belloch, discutimos aquí e hicimos la modificación del Código Penal, tuvimos que darnos cuenta de que había que poner una figura, unos tipos penales disuasorios de unas
conductas que considerábamos totalmente inaceptables e intolerables respecto a estos principios.
Por entrar en el fondo de la cuestión, vamos a votar que sí, con esta reserva. Pero, como digo, espero que al Gobierno no se le ocurra renunciar a su principio de reserva en aquellos determinados tipos y cuestiones que señala a este
respecto sobre todo el Protocolo número cuatro. Es decir, si se reconoce el derecho a la libre circulación, de acuerdo; si se prohibe la privación de libertad por incumplimiento de obligaciones contractuales, sálvense con el principio de reserva,
una declaración de reserva que está dentro de la normalidad diplomática.
Verdaderamente, no tenemos que aprobar cheques en blanco en los principios fundamentales que hay aquí, porque defender al cónyuge más débil económicamente o a los hijos es
también una defensa de un derecho humano; es un derecho humano el derecho a recibir una pensión alimenticia por parte del cónyuge y que caiga sobre el que incumpla el peso que nuestro Código Penal está señalando a esta figura. En relación con las
cuestiones de expulsión de nacionales y de expulsiones colectivas de extranjeros, hemos avanzado mucho afortunadamente en España con las distintas leyes de inmigración y con todas las modificaciones que nosotros consideramos que es necesario
realizar en el Congreso de los Diputados y en el Senado en esta VIII Legislatura. Hay que hacer estas modificaciones para que también se pueda hacer una firme defensa de derechos humanos; el Protocolo número siete también vuelve a incidir en el
principio de legalidad, en la expulsión de extranjeros, así como se señala la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges. Si no hay una cuestión de reserva, resulta que se vería mermada una legislación española de la que nos sentimos
orgullosos, democráticamente orgullosos, que es progresista y que se ha ido incorporando a nuestro derecho positivo.
Termino, señor presidente. Mi grupo quería hacer esta reserva política y esta llamada a un principio de reflexión cuando el Gobierno tenga que cumplir con este mandato, que puede cumplir perfectamente trayendo como mérito que considera
defensa de derechos humanos aquellas cuestiones que un texto que ya es bastante añejo en la toma de conciencia ética que ha venido tomando la democracia en Europa, lo tiene recogido en sus códigos.
Votaremos a favor de esta cuestión de fondo, pero
suscribimos plenamente muchos de los argumentos que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha añadido de forma constructiva. Espero de la sensibilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que el Grupo Parlamentario Socialista ha sido
siempre ejemplo de sensibilidad en la defensa de derechos humanos. Me honro en haber coincidido tantas veces el señor López Garrido y este diputado que les habla por Coalición Canaria. Nos sentimos muy realizados políticamente cuando hablamos de
los derechos humanos, ya sea de poblaciones emigrantes, ya sea de la población saharaui, ya sea de los ciudadanos españoles que sufren la violencia doméstica o los incumplimientos de la legislación vigente en defensa de los derechos humanos en los
que siempre estaremos de acuerdo. Se trata únicamente aquí de una cuestión de forma en cuanto a la aplicación y defensa jurídica nacional e internacional para que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no se encuentre con una reclamación
presentada por un ciudadano español que entre en contradicción con el ordenamiento jurídico, lo que obligaría a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que supondría un incumplimiento absoluto del marco jurídico español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para apoyar esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Espero que en un término relativo de tiempo a partir de la transaccional que ha propuesto tenga el asentamiento de estas propuestas por parte del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), valorando positivamente la iniciativa del Grupo Socialista. Quiero destacar, tal como hacía el portavoz del Grupo Socialista, que su grupo no ha
utilizado todos los cupos en los plenos que llevamos de esta legislatura. Seguramente para subrayar la especial trascendencia del mandato que esta Cámara debería trasladar al Gobierno han utilizado la fórmula de la proposición no de ley para la
firma de estos protocolos, que vienen a sumarse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siendo el Estado español uno de los miembros más activos en la firma de estos protocolos.
Esta tarde hemos
asistido a un debate muy intenso sobre la construcción europea de futuro. Este espacio de libertad también se ha construido a partir de este Convenio, embrión en cierta forma de esta Carta de Derechos Fundamentales que se ha incorporado en el texto
del tratado de la futura Contitución europea que se discutirá esta semana. Saben SS.SS.
que en el derecho civil existe la figura del contrato de adhesión.
Nosotros queremos expresar nuestro contrato de adhesión con el texto planteado por el Grupo
Socialista, pero también hay que señalar que existen algunas mejoras planteadas por otros grupos y creemos que sería bueno que se llegara a una transacción final, de tal forma que se recogieran en el texto definitivo.
Por otra parte, se ha anunciado que el grupo parlamentario proponente acepta recoger también el mandato al Gobierno para la ratificación de los Protocolos números trece y catorce. En cambio, queda aún abierta a estas alturas del debate una
cierta contradicción que requiere de una salvaguarda en el Protocolo número cuatro: el concepto de obligación contractual en relación con los convenios judicialmente aprobados en caso de separación y divorcio. En este caso existe claramente, como
han apuntado con buenos argumentos jurídicos y con acierto los portavoces del Partido Popular y de Coalición Canaria, una contradicción entre la legislación española y el mandato de este protocolo, lo cual plantea la necesidad formal de una reserva.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley el Grupo Socialista se hace referencia a esta reserva. Seguramente sería mejor que esta reserva fuera fijada y se explicitara no en la parte expositiva, sino en la parte vinculante, es decir,
en los tres puntos que hoy someteremos a votación. Una de dos, o reformamos el Código Penal, y hay una opción del legislativo por incorporar en el Código Penal desde un punto de vista de política criminal una reparación punitiva importante del
daño, o bien planteamos este mandato al Gobierno incorporando esta reserva en los tres puntos que vamos a discutir y, si es posible, aprobar por unanimidad.
A los Protocolos números trece y catorce, el número trece relativo a la prohibición de la pena de muerte en cualquier tiempo y el número catorce a la reordenación de las competencias del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, han presentado
enmiendas el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Quiero expresar nuestro apoyo a la firma del Protocolo número trece y subrayar, saliéndome ligeramente del objeto del debate pero para hacer un planteamiento general sobre el tema de la
pena de muerte, que durante esta legislatura el Estado español debe tener -soy consciente de la sensibilidad del señor López Garrido en los temas de derechos humanos- una posición muy activa en culminar un proceso inacabado para avanzar en la
prohibición de la pena de muerte, y la debe tener en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en Naciones Unidas.
Sus señorías saben que en Naciones Unidas hay un total de 191 Estados y que, a fecha de hoy, hay 61 Estados que aún tienen vigente la pena de muerte. También quiero recordar que, al finalizar cada año, en la celebración de la Asamblea
General de Naciones Unidas, estos últimos años ha estado a punto de votarse una resolución favorable a la moratoria de la pena de muerte. Esta es una opción posibilista, no es la opción radical, frontal de la abolición. Quiero recordar a SS.SS.
que en estos momentos hay 76 Estados cofirmantes de esta moratoria de la pena de muerte. Estamos muy cerca de conseguir esta moratoria universal de la pena de muerte, pero uno de los escollos para conseguirla es precisamente la falta de unidad de
posición de la Unión Europea. Conseguir la aprobación paulatina de los miembros del Consejo de Europa, y sobre todo de los miembros de la Unión Europea, del Protocolo número trece seguro que nos pondría en una posición inmejorable de cara a que en
la Asamblea General de final de este año se pudiera aprobar definitivamente esta moratoria.
Quiero anunciar que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tendrá una posición activa para instar al Gobierno y al conjunto de los grupos de esta Cámara con el fin de conseguir este papel decisivo de la Unión Europea en la consecución
de la abolición de la pena de muerte a través de los instrumentos posibles del Consejo de Europa -aquí tenemos el protocolo-, pero también de la legalidad internacional a través de Naciones Unidas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del grupo proponente, turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
Por favor, sea breve. Comprendo que decir sí o no a veces no aclara el debate. Si tiene que hacer alguna apostilla, por favor, que sea breve, para no reabrir de nuevo el debate.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Sí, señor presidente, voy a intentarlo, porque hay algunas enmiendas presentadas y ha habido también apreciaciones realizadas por grupos que no habían presentado enmienda, pero que...
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, comprendo que el antiguo sistema de decir sí acepto o no acepto no permitía muchas veces engarzar un buen debate. Haga alguna apostilla respecto a las enmiendas, pero no respondiendo a los
criterios emitidos por otros grupos parlamentarios, porque me obligaría a reabrir el debate y eso no conduce a ninguna parte.
Le ruego que siga los consejos de la Presidencia.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Sí, señor presidente, seguiré los consejos de la Presidencia, como siempre.
Voy a ir recorriendo las enmiendas presentadas para que quede claro lo que vamos a aceptar y las transacciones que proponemos. Vamos a aceptar las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por tanto, en el punto 1, tras 'presentar a las Cortes Generales', se añadiría lo siguiente: 'en el próximo periodo ordinario de sesiones'. También aceptamos una enmienda de adición al punto 2, de forma que,
tras el término depositar, se añadiría: en el plazo más breve posible.
En cuanto a la enmienda del Grupo Vasco y atendiendo también a otras consideraciones de otros grupos parlamentarios, junto con una propuesta que hace el Grupo Popular, propondríamos añadir un punto 4 a nuestra proposición no de ley, que
diría: Poner en marcha los trabajos previos necesarios para iniciar los procedimientos de adhesión a los Protocolos trece y catorce.
Por último, la enmienda del Grupo Popular dice respecto del apartado uno que se añada una referencia a dos materias determinadas: los casos de separación y divorcio y la expulsión respecto al acto material de repatriación. Nosotros creemos
que si añadimos esto y sólo esto, que es lo que propone el Grupo Popular, el problema es que pueden quedar otras posibles declaraciones de reserva que corresponde fijar a la Cámara en el trámite legislativo posterior objeto de debate, cuando el
Gobierno, en su caso, envíe lo que se le pide, es decir, el instrumento por el cual le pide a la Cámara la autorización para ratificar. Por eso es por lo que, atendiendo a las consideraciones del señor Mardones y del señor Xuclà, propondríamos
añadir a nuestro apartado uno la siguiente frase que está extraída de la enmienda del Grupo Popular que ha defendido la señora Saénz de Santamaría: con la declaración de reserva de aquellos aspectos que previo estudio resulten incompatibles con
nuestro ordenamiento jurídico. Ahí cabe todo lo que sea, en su caso, incompatible con nuestro ordenamiento jurídico, aunque seguimos pensando que el Gobierno lo haría de oficio. A pesar de ello, la Cámara tiene que tener luego la posibilidad de
fijar exactamente cuáles son las reservas que hay que hacer.
En cuanto al punto dos de su enmienda, creemos que no es aceptable, que es rigurosamente innecesario porque lo que tiene que decir el instrumento de ratificación ya está fijado por la Cámara en el caso del Protocolo siete.
Cuando vino aquí
-está en un momento del trámite más avanzado que el Protocolo cuatro- ya se fijó por la Cámara y, por tanto, el Gobierno no puede salirse, porque sería inconstitucional, de lo que ya ha fijado esta Cámara en cuanto al Protocolo siete.
Estas serían las enmiendas que aceptaríamos y propondríamos que se votase nuestra proposición no de ley en su integridad con estas modificaciones.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, comprendo el esfuerzo que usted ha hecho y comprendo también la apertura del resto de los grupos parlamentarios, pero le rogaría que me formulara por escrito su propuesta, al objeto de poder
garantizar el sentido del voto. Estoy diciendo que, para que todos los grupos parlamentarios sepan exactamente lo que ha aceptado el grupo proponente o no, este nos dé por escrito su propuesta para que los servicios jurídicos de la Cámara lo puedan
hacer rápidamente. En cualquier caso, como vamos a votar por acumulación, todos los grupos parlamentarios lo podrían ver y eso facilitaría el sentido del voto.
Muchas gracias, por su comprensión.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE UNA SELECCIÓN ESPAÑOLA ÚNICA EN TODAS LAS MODALIDADES DEPORTIVAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES INTERNACIONALES OFICIALES.
(Número de expediente 162/000066.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto número 7 del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas
para participar en competiciones internacionales oficiales. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que pensé el pasado 1 de junio, antes de que se produjera la votación, que esta iniciativa nuestra no iba a ver la luz, porque se suponía que en aquel entonces iba a quedar todo absolutamente claro
después de lo que el portavoz del Grupo Socialista manifestó desde esta tribuna y en su propia propuesta de enmienda que presentaba a una iniciativa de Eusko Alkartasuna en aquel entonces. Pues bien, no solamente yo estaba confundido pensando que
no iba a venir, sino que al final se produjo una votación absolutamente distinta a lo que inicialmente habíamos pensado todos en aras a la sensatez.
Esta iniciativa parlamentaria de hoy tiene como objeto devolver de nuevo las aguas de la representación deportiva internacional de España a su cauce, por tanto
que vuelvan a imperar la sensatez y responsabilidad, si no de todos, por lo menos de aquellos que tienen la obligación de preservar los intereses de España en todos sus ámbitos, por encima de intereses de partido o de pactos. Decimos esto
porque si hacemos un poco de memoria y miramos dos años atrás, se empezaron a plantear iniciativas con la pretensión de desnaturalizar la representación internacional de España, o si lo prefieren del Estado español, en el ámbito deportivo. Ya se
empezó a ver claramente que el Partido Socialista, a través de su grupo, manifestaba una ambigüedad bastante clara.
El 4 de febrero del año pasado, este hemiciclo vio una moción que presentaba el Grupo Mixto de las mismas características de la que pudimos ver el día 1 de este mes. Pues bien, el Grupo Socialista se abstuvo. Como anécdota, quiero decir
que el que hoy es presidente del Gobierno se encontraba en las filas del Grupo Socialista y con su voto participó de aquella abstención, con lo cual dejaron en la ambigüedad una vez más la posición del Grupo Socialista con respecto a la
representatividad de la selección española en todos sus ámbitos. En septiembre del año pasado, se presentaron cuatro proposiciones no de ley en este hemiciclo patrocinadas por Eusko Alkartasuna, el Bloque Nacionalista Galego, Convergència i Unió y
el Partido Nacionalista Vasco. El Grupo Socialista se volvió a abstener. Como colofón a esta situación que vengo manifestando, el día 1 de junio último se pasa de la abstención a impulsar el reconocimiento internacional de las selecciones
autonómicas, con lo que todo ello conlleva.
Pues bien, hoy y en este punto le damos al Partido Socialista, a través de su grupo parlamentario, en este hemiciclo, la oportunidad de rectificar en beneficio de la mayoría de españoles, de esa mayoría a la que tanto se han referido durante
mucho tiempo y que, desde el 14 de marzo, ya no existe para el Grupo Socialista ni para su partido, porque ha sido sustituida por los pactos con otras minorías y por las presiones de aquellos que apoyan políticamente hoy al presidente del Gobierno y
que quieren cobrar estos favores pidiendo para Cataluña una selección como la de Escocia, y todo ello ante el silencio cómplice del ausente, el señor presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero. Me estoy refiriendo claramente a quien, hoy
por hoy, manda en el Partido Socialista Obrero Español, que no es otro que el honorable señor Maragall. En resumen, la política española de hoy está en manos del presidente Maragall y condicionada por los pactos de su Gobierno. Perfecto.
Señoras y señores diputados, todo lo sucedido el pasado 1 de junio, cuando el Grupo Socialista cambió su postura en una tarde tres veces, sólo ha traído equívocos y rectificaciones. A las pruebas me remito porque, durante estas últimas
semanas, la prensa no ha parado de hablar de este tema, no ha parado de publicar artículos, no hemos parado de ver respuestas, preguntas, rerrespuestas, repreguntas de quienes en este caso tendrían que defender una sola postura, quienes hoy tienen
la responsabilidad del Gobierno de España. No solamente ha habido que escuchar cosas fuera de este hemiciclo que no se corresponden a la representatividad que tiene que tener un gobierno o un partido que apoye a un gobierno, sino que, además, se ha
conseguido generar una grave situación, una situación delicadísima de nuestros representantes federativos en el ámbito internacional, hasta el punto que se hizo llegar al jefe del Estado el malestar creado como consecuencia de la ambigüedad que
había generado la aprobación el día 1 de junio de una moción que se presentó en este hemiciclo.
Señores del Grupo Socialista, ustedes han presentado una enmienda a nuestro texto. Yo les voy a hacer una pregunta que me tienen que responder, y me la tienen que responder aquí, en público, que se entere toda España y que, además, quede
reflejado en el 'Diario de Sesiones'.
¿Qué es lo que no les gusta de nuestra moción? ¿Qué es lo que no les gusta de nuestra proposición no de ley, que la selección nacional española representa al conjunto de España en cualquier modalidad
deportiva, que la representación internacional del deporte español corresponde al Estado, a través de los cauces legalmente establecidos, entre ellos las federaciones deportivas españolas de las que forman parte las federaciones autonómicas o que en
competiciones oficiales resulta incompatible la participación de la selección nacional española con otras federaciones o selecciones de las comunidades autónomas? ¿No les gusta sencillamente, señores del Grupo Socialista, porque la presentamos
nosotros, porque la presenta un grupo que tiene el aval de 9.700.000 españoles? ¿Por eso les parece mal? Tienen que empezar a plantearse muy seriamente que, aunque aquí parezca que estamos solos, ahí fuera cada vez estamos más acompañados. Eso
tienen ustedes que empezar a apuntarlo para tenerlo en cuenta en aquellas iniciativas que vayan trayendo a esta Cámara.
Cuando llegue a este Pleno su iniciativa, señores del Grupo Socialista, ya debatiremos sobre ella y sus limitaciones, pero lo que vamos a votar hoy es lo que anteriormente he leído, a lo que al parecer ustedes le ponen pegas. Por cierto,
ustedes verán lo que hacen: o apoyan o se abstienen, o votan a favor, o votan en contra. La verdad es que creo que todavía no tienen claro que es lo que van a hacer como les pasa últimamente en todos los ámbitos de las políticas que desarrollan.
Tengo que decirles una cosa con referencia a lo que ustedes manifestaron públicamente después de la aprobación el día 1 de junio de aquella moción con aquella enmienda transaccional. Miren ustedes, no conozco ni una sola competición
internacional que no sea oficial. Ustedes las han debido de inventar pues decían: Esto se refiere solamente a las competiciones no oficiales. No hay ni una sola competición internacional no oficial. Puede haber partidos amistosos, pero no es
competición internacional; las competiciones internacionales tienen el reconocimiento de la oficialidad de las federaciones internacionales y de las federaciones nacionales que
componen las federaciones internacionales. Para deshacer entuertos, para dejar absolutamente clara cuál es la posición del Grupo Socialista, del Grupo Popular, con cuya esencia tenemos obligatoriamente que estar de acuerdo, sólo les queda
una salida: apoyar esta proposición no de ley y dejarse de ambigüedades.
Señor presidente, el pasado sábado, día 12 de junio, la selección española obtuvo su primera victoria frente a Rusia en el europeo que estamos viviendo estos días en Portugal. Mañana volveremos a ver cómo la selección española seguramente
vuelve a ganar en su partido de clasificación para la siguiente ronda. Pues bien, que no sean ustedes, señores del Grupo Socialista, quienes provoquen una derrota de la selección española (Rumores.) Lo que tienen que tener ustedes en cuenta es no
provocar ninguna derrota de la selección española, como se dice en ámbitos futbolísticos en los despachos; lo que ustedes consiguieron el día 1 de junio fue que la selección española fuera derrotada en este hemiciclo con las pretensiones que
ustedes tienen. (Rumores.) Les digo más, mientras el Partido Popular exista como tal y tenga ahí fuera cada vez más apoyo, como estamos viendo en los últimos tiempos (Risas.)...
Ríanse todo lo que puedan y el tiempo que puedan, pero mientras
nosotros estemos donde estamos -y vamos a estar poco tiempo en la oposición y mucho tiempo como Partido Popular-, la selección española de fútbol y todas las selecciones de las distintas modalidades deportivas seguirán participando en competiciones
internacionales como este campeonato de Europa, tal y como la conocemos, representándonos a todos, incluidos aquellos que renuncian a ser representados por ellas.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, por un turno de diez minutos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Canet tiene la palabra.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, lógicamente Esquerra Republicana votará contra la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular, y por eso ha presentado una enmienda.
Sabemos que en el fondo de la propuesta late una visión unitarista excluyente, también en el ámbito deportivo, de la realidad plural del Estado. Podríamos apelar, en defensa de nuestra posición, a factores relativos al sentimiento, a
antecedentes históricos, a la voluntad muy mayoritaria expresada por la sociedad catalana y sus poderes públicos representativos, pero queremos aportar también argumentos jurídicos que se fundamentan en cuatro ejes.
Primero. Las federaciones deportivas internacionales son, por naturaleza, entidades privadas que regulan autónomamente su deporte y sus competiciones, al margen de las diferentes legislaciones nacionales o estatales. La FIFA no es ni forma
parte de la ONU, para entendernos.
Segundo. De acuerdo con el orden deportivo internacional, las federaciones deportivas españolas y las de las diferentes autonomías son entidades privadas e independientes, que se asocian voluntariamente entre ellas.
Por eso fue reconocida
provisionalmente la Federación Catalana de Hockey por la FIRS. Se da el caso, Dinamarca, por ejemplo, de que algunas selecciones ni siquiera -tampoco en esta Eurocopa- lucen distintivos nacionales sino escudos de federaciones. De hecho, en el
entorno europeo occidental sólo España e Italia consideran a las federaciones como organismos públicos. De ahí los planteamientos y contenido de la actual Ley del Deporte que rige en el Estado español.
Tercero. Las nacionalidades y regiones del Estado tienen asumida en exclusiva la competencia en el campo del deporte o en lo que se denomina promoción del deporte. El Estado, en cambio, no dispone de título competencial específico en
materia de deporte.
Cuarto. Las actuaciones internacionales competencia exclusiva del Estado están formadas por un núcleo mínimo: el poder de firmar tratados, la representación diplomática, el hecho de asegurar la responsabilidad internacional, la declaración
de guerra y la dirección de la política exterior, como manifestaciones más significativas. La jurisprudencia constitucional ha determinado que no se pueden identificar de manera automática las relaciones internacionales con cualquier actividad
relacionada con el exterior de las comunidades autónomas, como sería en este caso la participación de selecciones de federaciones deportivas en competiciones, sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994. De otra manera, se procedería a un
vaciado de la competencia autonómica en un amplio catálogo de materias. Las comunidades autónomas no pueden ejercer una actividad de trascendencia exterior sobre una materia competencial que no les corresponde. A sensu contrario, es posible que
puedan hacerlo sobre materias en las cuales disponen de títulos competenciales. Mucho más aún, las entidades privadas, como las federaciones deportivas, pueden desarrollar las actividades que formen parte de su objeto social sin límite territorial.
De estos cuatro ejes se derivan argumentos con los que rebatimos la proposición no de ley. Primero, contrariamente a lo que se afirma en el primer párrafo de la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular, la
regulación de las relaciones exteriores de las federaciones deportivas españolas, españolas o de las diferentes comunidades autónomas, no corresponde al Estado en tanto que no constituyen una actuación internacional en el marco de las actuaciones
del Estado reservadas como competencia exclusiva en el artículo 149.1.3 de la Constitución española. No corresponde
al Estado en tanto que son relaciones exteriores de entidades privadas y no públicas.
Contrariamente a lo que se afirma en el párrafo segundo de la exposición de motivos, el Estado no tiene la competencia institucional en materia de deportes y, por tanto, tampoco tiene reservada la ordenación del deporte nacional, en tanto
que esta actividad es la función específica de las entidades deportivas. Mucho menos tendría el Estado la función de ordenar el deporte internacional, pues esta ordenación y regulación corresponde a las federaciones deportivas internacionales,
entidades privadas fuera de la jurisdicción de cualquier Estado en las materias que constituyen su objeto social.
La interpretación constitucional del territorio no permite concebir el territorio como límite absoluto, de forma que cualquier efecto supraterritorial conlleve pérdida irremisible de la titularidad de la comunidad autónoma a favor del
Estado. Sentencias del Tribunal Constitucional 175/99 y 242/99. Además, es necesario insistir en que no estamos tratando de relaciones internacionales de las comunidades autónomas, sino de relaciones exteriores de unas entidades privadas. La
Constitución no reserva ninguna competencia al Estado en el ámbito deportivo. La representación de España no puede atribuirse a un grupo aleatorio de deportistas seleccionados por una entidad privada, la representación del Estado español, en
sentido estricto, corresponde al Rey como jefe del Estado. Artículo 56 de la Constitución española. La representación del pueblo español, no del Estado, corresponde a las Cortes Generales. El Gobierno dirige la política interior, la
administración y la defensa del Estado, ni tan sólo representa al Estado o al pueblo español. La selección nacional española no puede representar a una entidad pública como es el Estado español. La selección española es solamente representativa,
ni tan sólo representante, de la Federación Española, que la ha creado para una competición determinada. La representación de España cabe reservarla, pues, a las instituciones públicas del Estado, especialmente a la Corona y a las representaciones
diplomáticas; nunca la representación del Estado o del pueblo español puede ser asignada a un grupo de personas sin personalidad jurídica que desarrollen una actividad deportiva. No existe ningún párrafo constitucional que reserve al Estado la
representación del deporte, ni en el plano estatal ni en el internacional. Tampoco las comunidades autónomas tienen reservada la representación de su deporte. La actividad de las instituciones públicas se reduce, sintéticamente, al ámbito
promocional. La regulación deportiva, su práctica y su representatividad residen en las mismas entidades deportivas.
Discrepamos abiertamente de lo que se afirma en el último párrafo de la proposición, que alude a las competiciones oficiales. Las competiciones deportivas internacionales son las reguladas y promovidas por las federaciones internacionales
respectivas. Estas federaciones internacionales no distinguen, como ya se ha apuntado, entre competiciones oficiales y competiciones no oficiales o amistosas. No hay competiciones internacionales promovidas por las federaciones internacionales que
sean catalogadas de oficiales. En cualquier caso, la participación de cualquier equipo, club o selección en competiciones internacionales de las federaciones deportivas internacionales viene regulada exclusivamente por éstas sobre la base del
consenso federativo y de la regulación de sus comités técnicos. Ni el Estado ni las comunidades autónomas, ni las federaciones españolas, ni las federaciones autonómicas tienen capacidad para regular quién puede y quién no puede competir en
competiciones internacionales de las federaciones internacionales. No tiene ningún sentido, a nuestro juicio, que esta Cámara haga una manifestación a favor o en contra de un determinado tipo de participación deportiva que corresponde al ámbito
exclusivo de las federaciones internacionales.
Sintetizando, una selección española no puede representar a España como tampoco una selección autonómica puede representar a una comunidad autónoma. Las selecciones sólo pueden ser consideradas representativas de las federaciones que las
han creado en un momento determinado. La representación del deporte corresponde a las mismas entidades deportivas.
No vemos base constitucional para atribuir la representación de una actividad privada a una institución pública. La participación
en competiciones de las federaciones internacionales viene regulada, como decía antes, exclusivamente por las mismas federaciones, sin que el Estado tenga ninguna posibilidad de regular o interferir en la regulación de las competiciones.
En conclusión, pese a los necesarios argumentos jurídicos, como decía al principio de mi intervención, en este tema se acaban entremezclando muchos otros. Por ejemplo el sentimiento mayoritario en Cataluña y otras comunidades autónomas de
poder disponer de unas federaciones deportivas cuyas selecciones compitan internacionalmente, como sucede con federaciones como Gales o Escocia. Precisamente un destacado miembro del Partido Socialista de Cataluña, el president de la Generalitat
Pascual Maragall, expresó hace pocos días en voz alta ese deseo de Cataluña de contar con federaciones deportivas reconocidas justamente acudiendo al símil escocés en presencia del presidente del Gobierno español.
Tengamos en cuenta, como también se ha recordado, que hace muy pocos días, el 1 de junio, el grupo que apoya al Gobierno participó activamente en la elaboración de un texto ampliamente consensuado al que dio su apoyo en la votación. Por eso
sorprende que hoy presente una enmienda de sustitución que desvirtúa absolutamente lo que se aprobó hace 15 días. No es un ejemplo de coherencia precisamente. Todavía sorprendería más que esa enmienda de sustitución pudiese contar eventualmente
con el apoyo de los diputados del Partit
des Socialistes de Catalunya por razones absolutamente obvias, más aún si cabe después de las palabras a que antes aludí, pronunciadas por Pascual Maragall en el último acto de la reciente campaña electoral socialista en Cataluña. Por lo
que tiene de declaración de intenciones la enmienda del Partido Socialista, vemos que Cataluña y otras comunidades autónomas que deseen ver reconocidas internacionalmente sus federaciones deportivas no podrán esperar el apoyo del Gobierno del
Estado. Pedimos como mal menor un mínimo: que juegue limpio, que deje que las federaciones internacionales apliquen sus estatutos. Simplemente eso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster, ¿acumula usted a su enmienda las del señor Labordeta y de la señora Barkos? (Asentimiento.) Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
No voy a repetir la justificación que hacía, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, hace dos semanas, me referiré a unos comentarios que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Hablaba de
volver a la sensatez. Ese es un concepto bastante subjetivo y ni siquiera me voy a atrever a utilizarlo; voy a ser respetuosa con todos los grupos de la Cámara y nos gustaría que también lo fueran con nosotros. En todo caso yo diría que es la
vuelta al centralismo -dato objetivo, como ha quedado claro-, el centralismo de todo, incluido el deporte. Es volver a la famosa frase -¿les recuerda a ustedes algo?- de una, grande y libre, en este caso aplicada al deporte o a las selecciones
deportivas. Miren ustedes, señorías del Partido Popular, ni queremos volver al centralismo -si a ustedes les gusta díganlo así y nos ahorraríamos muchos debates-, ni queremos volver a la una, grande y libre -¿se acuerdan ustedes?- que tantos
disgustos nos dio y algunos tanto padecimos. Pues tampoco en el deporte. Yo no sé si son ustedes muy sensatos, pero respetuosos de la plurinacionalidad, de la cultura y de las modalidades deportivas y del respeto a nuestras señas de identidad,
desde luego no lo son. No sé si a ustedes les parece que el Gobierno del señor Blair también es un insensato -a lo mejor también se lo parece- porque curiosamente Escocia y Gales participan en competiciones y no creo que al Gobierno del señor Blair
se le pueda aplicar en esta materia el apelativo de insensatos, como ustedes han dicho. Vamos a dejar el debate en sus justos términos, déjenlo así. ¿No les gusta? Perfecto, no les gusta, pero yo creo que es razonable, hay mucha gente que cree
que es razonable y desde luego es legítimo, respetuoso y además bastante justo.
¿Qué puede pasar hoy? No lo sé, la verdad es que no lo sé, vengo aquí sin saber muy bien qué puede pasar. Yo diría no obstante que pueden pasar varias cosas, pero me gustaría que se mantuviera la posición que se mantuvo en esta Cámara hace
15 días, que es la siguiente. Primero, hay un ordenamiento jurídico que interpretamos diferentemente pero que en todo caso ese ordenamiento jurídico, esa Ley de 1990, desde el punto de vista jurídico, está supeditada a otras leyes -que no sé si a
ustedes les suenan- que son los estatutos de autonomía e incluso la Constitución, en la que al Gobierno del Estado no se le reserva ninguna cuestión en materia de deportes. Lo digo por si no se acuerdan. Esa parte también la deberían leer, no sólo
otras partes. Ésa, también; el artículo 8 y ésa.
En todo caso, tal y como existe esa diferencia de interpretación jurídica existe una jerarquía de normas, que espero que también cumplan ustedes.
Lo que dice el segundo párrafo de la moción que
presentamos es algo muy claro; es que los poderes públicos, todos, promoverán (que es intentar conseguir algo; miren ustedes el diccionario de la Real Academia Española) la participación de las selecciones autonómicas, que lo soliciten, en las
-artículo determinado- competiciones internacionales.
Eso es lo que queremos, promover eso. Y a partir de ahí lo que hará cada federación deportiva internacional es ver cómo se va a articular, como decía el portavoz de Esquerra Republicana de
Catalunya, salvo que ustedes también pretendan interferir en las federaciones deportivas. En el una grande y libre, también internacionalmente. Pues creo que no les van a dejar; sinceramente, creo que no les van a dejar.
Quiero hacer unas reflexiones muy breves. Primero, que esto es una cuestión de respeto a las señas de identidad, al Estado plurinacional, que es lo que hay; no se preocupen, nosotros queremos ir más allá y podríamos haber presentado otra
enmienda, pero queremos atenernos a lo que aquí se acuerda. Nosotros sí mantenemos la palabra. Segundo, esta cuestión no es una cuestión relativa exclusivamente a aquellos que tenemos una identidad única: ustedes, españoles; yo, vasca.
Perfecto. Y usted, catalán, señor Moragas. Perfecto. Usted sólo catalán, ya nos ha quedado claro. A partir de ahí esto sería estupendo y cada uno defiende una única identidad. Pero quienes defienden selecciones deportivas vascas, catalanas y
gallegas, son también aquellas personas que se puedan sentir -y es muy legítimo, por cierto; les recuerdo que es muy legítimo- vascos y españoles, vascos y catalanes, catalanes y gallegos, que también pueden querer ver reflejadas en el mundo
deportivo sus dos identidades.
¿Y por qué no? Ustedes nos critican tanto que no queremos respetar las dobles identidades... Los que no respetan las dobles identidades son ustedes. Son ustedes quienes no respetan las dobles identidades. Ésta es
la segunda reflexión que queremos hacer. Tercera reflexión: Si no conseguimos que nuestras señas de identidad puedan ser respetadas y que podamos estar cómodos en este Estado, no nos va a quedar más remedio que buscarnos la vida y conseguir tener
un Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la segunda parte del turno del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo no comparte los argumentos que acaba de exponer el defensor de la proposición no de ley. Incluso nos parecen muy poco serias algunas de sus argumentaciones, aunque se puedan tomar un poco a broma.
Que ahora la culpa de que pierda la selección española, como dijo el señor diputado, no es de Raúl o compañía, sino que es de aquellos que defendemos que las diferentes naciones que componen este Estado puedan tener una selección deportiva. ¡Hasta
ahí podíamos llegar!
Nosotros presentamos dos enmiendas, una a la exposición de motivos y otra a la parte resolutiva, en concordancia con nuestra posición política en este tema y en coherencia con las iniciativas que en este sentido tenemos presentadas.
Entendemos que, aparte del fondo político que existe en la propuesta del Grupo Popular, hay un argumento en la exposición de motivos que no es acertado. Nos parece que recurrir a la Constitución para ampararse en la competencia estatal en materia
de relaciones internacionales no es adecuado, porque ya el Tribunal Constitucional, en diferentes ocasiones, se ha manifestado al respecto en el sentido de que esa representación es aquella que tiene relación con la cuestión diplomática, consular o
con tratados o convenios internacionales. Nos parece una manipulación tremenda que se tenga que recurrir a este argumento. Lo que sí está claro es que la imposibilidad que algunos ven en que Galicia, Euskadi o Cataluña tengan una selección
deportiva de cualquiera de las modalidades deportivas no es más que una concepción política totalmente centralista, que está expresada en la Ley 10/1990, del Deporte, que centraliza la actividad deportiva en el Estado y que prohíbe expresamente la
presencia internacional de las selecciones deportivas que yo comentaba. Entendemos incluso que esta Ley del Deporte tiene dudoso encaje con las competencias exclusivas, en el caso concreto de Galicia, en materia de promoción deportiva y adecuada
utilización del ocio, que se recoge en el artículo 27.22 del estatuto de autonomía, competencia exclusiva que también se recoge en el resto de los estatutos de autonomía, tanto de Cataluña como del País Vasco. Lo único que lo hace imposible es una
cuestión política de cómo vemos el Estado, de cómo vemos las diferentes realidades culturales y cómo vemos el deporte.
Los señores del Grupo Popular que proponen esta iniciativa tienen que pensar que en la historia hay que ir dando pasos y avanzando. Y se puede avanzar en entender. El señor diputado que ha defendido esta iniciativa apelaba a la sensatez y
recurría además a unas manifestaciones de otro diputado que reclamaba una selección como la de Escocia. Yo le pregunto, ¿qué perjuicio tuvo para el Reino Unido que exista la selección de Inglaterra, la selección del País de Gales o la selección de
Escocia? ¿Qué perjuicios tuvo para el Reino Unido? No quiero hacer una comparación, porque nada tiene que ver una cosa con otra y además las comparaciones son odiosas. De todas maneras, a los señores del Grupo Popular, que son los protagonistas
de esta proposición no de ley, yo les diría que fueran abriéndose a ese debate social que tenemos que hacer en el Estado español y que recuerden que las ideas centralistas llevaron incluso a que a aquellos jóvenes que no hablaban español se les
cortara el pelo al cero en los colegios en los que estaban estudiando. Igual que avanzamos en eso, sigamos avanzando, porque esto es semejante a ese ejemplo que yo les acabo de poner.
En coherencia con la enmienda a la exposición de motivos que yo acabo de citar está también la enmienda a la parte resolutiva -y acabo ya, señor presidente- en el sentido de que entendemos que el Gobierno español (que este Parlamento debe
instar al Gobierno a respetar el sistema de distribución de competencias derivado del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, amparar el ejercicio de la competencia exclusiva que en esta materia de deporte tienen las comunidades autónomas)
realice las actuaciones necesarias y precisas para que las selecciones deportivas autonómicas reciban reconocimiento internacional y que apoye la posibilidad de que las federaciones gallega, catalana y vasca, se integren directamente en las
entidades internacionales. Por supuesto, nos parece necesario y fundamental que desde el Gobierno se acometan las modificaciones que resulten necesarias en la Ley 10/1990, del Deporte, que es realmente la que prohíbe la posibilidad de que haya
selecciones de Euskadi, Cataluña y Galicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que debo empezar diciendo que en los años que llevo en esta Cámara pocas veces, aunque sí algunas, había escuchado tantas barbaridades juntas en tan poco tiempo en una intervención del Grupo Popular. (Aplausos.) Creo estar en
condiciones de afirmar, después de esta intervención, que yo diría que es más propia de un desaforado hooligan que de un apacible aficionado, ya que estamos en pleno proceso de competiciones deportivas importantes, que esta proposición no de ley no
tiene ningún sentido. Y ahora con más convicción, puesto que, excepto que pretendan una vez más utilizar de forma interesada y diría que incluso perversa un tema como el de las selecciones deportivas, no veo que hayan tenido que presentar una
proposición
no de ley que no hace más que solemnizar lo obvio. Una vez más, el Grupo Popular nos obsequia con una estrepitosa solemnización de lo obvio.
Fundamentan su proposición en la legislación vigente -así lo han dicho- y nos han preguntado que
por qué no nos gusta.
No nos gusta porque solemnizan lo obvio, pero además lo hacen con un claro tono excluyente, de prohibición e incluso de desprecio. Y además lo hacen incorrectamente al afirmar que son las selecciones deportivas las que representan a España
cuando, de acuerdo con la legislación vigente -cito textualmente-, son las federaciones deportivas españolas las que ostentan la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional. Señorías,
solemnización de lo obvio y además mal, pero sobre todo con malas intenciones, intentando sembrar el tremendismo y el alarmismo e intoxicando a diestro y siniestro. Pero no sólo eso es reprochable, es mucho más recriminable la clara intención del
Grupo Popular de apropiarse una idea, una concepción de España, para agredir al adversario. Simplemente para esto, para descalificar a todo aquel que no mantenga la misma tesis, que no piense igual que ellos. El PP pretende adueñarse de España
para dar en la cabeza a aquél que políticamente tiene enfrente. Este ha sido el comportamiento del Partido Popular y sus adláteres en la escena mediática durante las últimas semanas. No encontramos otra explicación a su comportamiento que no sea
esta. Han pretendido utilizar el deporte, una actividad históricamente vinculada a sentimientos nacionalistas, no sólo el Partido Popular, también otros grupos políticos, para agitar sentimientos y emociones de los ciudadanos en función de su
interés político. En definitiva, han practicado la politización del deporte en el peor sentido de la palabra, en el peor sentido del término.
La semana pasada, señorías, en los diálogos que se celebran en el Forum de las Culturas, en Barcelona, importantes representantes del mundo del deporte en un nivel internacional alertaron sobre las grandes amenazas que se ciernen sobre el
deporte: la violencia, el dopaje, la excesiva comercialización. ¿No les parece, y esta es una pregunta que hago a todos los miembros de la Cámara, que deberíamos estar preocupándonos de estos temas también aquí, en este Parlamento, y no escuchando
soflamas como la que acabamos de escuchar, basadas en falsos patriotismos y en rancios nacionalismos? (Aplausos.) ¿No les parece que deberíamos ocuparnos también de estas cosas? En el mismo foro, el responsable de programas de desarrollo a través
del deporte de la Organización Internacional del Trabajo afirmó que el deporte puede ser un arma para luchar contra la pobreza y las situaciones de marginalidad, destacando especialmente la capacidad del deporte para fomentar el intercambio y
condiciones de convivencia, para influir en muchos aspectos sociales como la educación y la salud, para utilizarlo como vehículo de transmisión de valores positivos y como instrumento para favorecer experiencias, para compartir e intercambiar. Este
es para los socialistas el valor más importante de la práctica y de la actividad deportiva. Cuán lejos de este planteamiento está el Partido Popular.
Desde el Partido Socialista, desde el Gobierno socialista, a diferencia de los gobiernos anteriores del Partido Popular, en este tema hemos practicado y practicaremos el diálogo frente a la confrontación que promovieron los gobiernos
populares. Señor González, he de recordar a SS.SS. que el secretario de Estado para el Deporte anterior, del Partido Popular, se enteraba por los periódicos de lo que ocurría en torno a las selecciones deportivas autonómicas. Se enteraba por los
periódicos, porque no habló jamás con ningún responsable de deporte de las administraciones autonómicas. Durante los gobiernos del Partido Popular, las selecciones deportivas autonómicas encontraron enormes dificultades y en especial padecieron una
ridiculización innecesaria e incluso insultante. Además del diálogo, este Gobierno, el Gobierno actual, a diferencia de los gobiernos populares, en esta materia y también en otras, ha mostrado desde el primer día sensibilidad autonómica. Esto lo
saben bien los grupos de la Cámara identificados con proyectos nacionalistas. Cabe recordar que, tanto en el debate de investidura del presidente del Gobierno como en todo tipo de manifestaciones de los responsables gubernamentales, ha quedado
claro que la presencia del catalán en la Unión Europea, con la reforma del Senado y de la Constitución, y la colaboración con las comunidades autónomas en todos los ámbitos políticos forman parte de las prioridades de la agenda política de este
Gobierno. Respecto a estos temas el Partido Popular practicó siempre la negativa y la intransigencia, aplicando la rigidez en aquellas materias en las que se puede ser perfectamente flexible. Esto es lo que no nos gusta de sus planteamientos: la
rigidez y la inflexibilidad.
En las últimas semanas se ha hecho mucha utilización interesada sobre este tema. Me refiero a la mencionada moción que fue votada en esta Cámara.
Con la enmienda que presentamos hoy queremos dejar las cosas claras. Esta es la explicación
de que presentemos una enmienda que además es idéntica a una proposición no de ley que está registrada en la Cámara y cuyo debate fue negado por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces, sin ningún precedente en esta Cámara, puesto que la
proposición estaba registrada y convenientemente calificada por la Mesa. El Grupo Popular, por primera vez en esta Cámara, se negó a que se incluyera esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el orden del día. El marco legal vigente,
mientras no se modifique -y en principio no está previsto de forma inmediata-, es la Ley del Deporte, que establece que la representación internacional de España en competiciones oficiales la ostentan las federaciones y selecciones deportivas
españolas. ¿Significa esto, señorías, que es imposible fomentar la presencia internacional de las selecciones autonómicas? Esto es lo que decía la
moción que aprobamos. Pues no. No es imposible. ¿Cómo se puede llevar esto a la práctica? Tal como decimos en nuestra enmienda, a partir de la colaboración, la cooperación y el diálogo constructivo en un tema que no es fácil, que es muy
complejo, que es poliédrico, porque en él concurren elementos de tipo político, de tipo jurídico y de tipo deportivo.
Ofrecemos diálogo para afrontar este tema, lo está haciendo el Gobierno, lo decimos en nuestra enmienda y reconocemos la necesidad
de potenciar y promocionar las selecciones deportivas autonómicas como expresión del desarrollo autonómico, como expresión de la realidad plural de España.
Voy a terminar, señorías. En el momento en que nos encontramos, un momento importante, después de 25 años de democracia, la apuesta de los socialistas pasa por el perfeccionamiento y la consolidación de nuestro Estado autonómico. El
futuro, desde nuestro punto de vista, pasa por superar un modelo al que han contribuido demasiado, un modelo basado en los conflictos, en los litigios y en los discursos reivindicativos.
Nuestro modelo es un modelo pacifico, de coparticipación
política, corresponsabilidad y cooperación para una España del acuerdo permanente, como decía mi compañero Jordi Pedret en una intervención sobre el mismo tema que hoy nos ocupa en septiembre de 2003, curiosamente a raíz de iniciativas presentadas
entre otros por el Grupo de Convergència i Unió, que se ha apuntado a una escalada de reivindicaciones muy beligerantes.
En aquella ocasión, después de siete años de apoyo al Gobierno del Partido Popular, a las puertas de unas elecciones
autonómicas, curiosamente, decía mi compañero Jordi Pedret que la exaltación de pasiones y sentimientos no es un buen sistema de hacer política, que así no se construye la identidad de los pueblos. La utilización de las selecciones deportivas como
arma arrojadiza, señorías, como instrumento de propaganda electoral, en un sentido o en otro, no soluciona nada. Lo único que hace es intentar dividir a los ciudadanos y explotar de forma absolutamente perversa e incorrecta sus sentimientos. Para
conseguir un buen acuerdo en este tema es necesario olvidarse de planteamientos maximalistas, que, lejos de conseguir avances razonables y graduales, rompen la armonía necesaria.
Termino, señor presidente. Desde el Grupo Socialista nos hubiera llenado de satisfacción que hoy el grupo proponente y los restantes grupos de la Cámara apoyaran nuestra enmienda. Pensamos que se comete un atentado a la convivencia entre
las gentes y los pueblos de España cuando se utilizan exclusivamente los sentimientos identitarios para obtener rentas de poder y para bloquear desarrollos de futuro. Esto es lo que no nos gusta de su propuesta, señor González. También en el
deporte es necesario el diálogo, la cooperación y la colaboración entre administraciones. También es necesaria la sensibilidad ante la pluralidad y la diversidad para conseguir, señor presidente en el deporte una España confortable donde todos
tengan su lugar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Aitor tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Magaiburu jauna, jaun-andreok. Esan nahi dozuena, baina ziur nago Euskadiko selekzioak
azkenean munduko txapelketa jokatu eta irabaziko dauana ez. Zuek gura edo gura ez. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
La intervención del portavoz del Grupo Popular me recordaba la canción de ¡Ay qué buenas son doña Marcela y compañía, ay qué buenas son que nos llevan de excursión! Porque fíjense, señores socialistas, qué buenos son los del Grupo Popular
que les dan la oportunidad de rectificar. ¿Y para qué? Para apoyar aquello que quieran los españoles. Parece ser que aquellos que no quieren lo que quiere el Partido Popular no deben ser españoles.
No sé cómo va a acabar esta historia y si va a acabar en esta sesión o la semana que viene con la propuesta del Grupo Socilalista. Espero que no acabe con aquello de donde dije digo, digo diego, y al final de la moción consensuada acabemos
en otra cosa que desde luego no quiere decir lo mismo; ya lo veremos. Nosotros hemos presentado la moción aprobada en la otra sesión, como han hecho también otros grupos. Lo hemos hecho no porque fuera nuestra aspiración ni porque fuera el texto
que mejor refleja nuestra posición, sino porque era la base de un consenso que creíamos que se había alcanzado. Creíamos que había sinceridad por parte de todos los que lo aprobaron y pensábamos que lo mejor para todos era que nos reafirmáramos en
esa moción ya aprobada. No voy a entrar en temas jurídicos, porque nuestro grupo lo ha hecho en repetidas ocasiones y yo también lo hice hace dos semanas.
Hemos dejado bastante claro que no hay inconveniente legislativo, que no hay inconveniente en el ordenamiento jurídico, exactamente en el bloque de constitucionalidad, para que pueda haber selecciones vascas, catalanas, gallegas o de
aquellos que quieran, porque no todas las comunidades autónomas tienen esa aspiración, ni tienen ese deseo, ni quieren identificarse con una selección propia. Dije el otro día y lo repito otra vez que esta es una cuestión de sentimientos y que lo
importante en una cuestión de sentimientos es que nadie obligue a nadie.
Desde luego nosotros no seremos quienes vayamos en contra de los sentimientos de los demás, los respetaremos siempre, pero es que ustedes no dejan que se expresen más que sus
sentimientos; encima tenemos que sentirnos representados y tenemos que estar contentos porque nos dejan ser representados a través de la selección española. Pues no; eso es una cosa que se lleva dentro y que nosotros no llevamos. Es increíble
que en la intervención del portavoz del Grupo Popular
se hable de sensatez y que se arrogue la sensatez en este tema. Yo creía que este asunto era una cuestión de opinión, de sentimientos, como he dicho antes, o de percepciones, pero no una cuestión de sensatez. La sensatez puede anidar
perfectamente en todos los grupos de esta Cámara, a no ser que se la arroguen en propiedad, lo cual les descalificaría en este sentido.
Pensamos sinceramente que la enmienda de sustitución del Grupo Socialista -quizás se tramite posteriormente como proposición- no vale, no es suficiente, porque el segundo párrafo dice: Promocionar las selecciones autonómicas -la selección
vasca, la catalana- para el fomento de la práctica del deporte. ¡Anda! ¿La selección española existe para el fomento de la práctica del deporte? No sé. Si es así, mejor que la incluyamos en la sección de coros y danzas, que queda muy folklórico;
en nuestro caso, por supuesto, coros y danzas regionales. Pero ese no es el objetivo de una selección nacional. El objetivo es que represente a nuestros pueblos, que represente a nuestras naciones, y ello no porque lo quiere un grupo u otro, sino
porque lo quiere el sentir mayoritario de nuestras sociedades y porque la inmensa mayoría de los deportistas de nuestras comunidades autónomas han manifestado también su voluntad de participar en esas selecciones, si se crean. En el tercer punto de
la enmienda se dice que las federaciones y las selecciones españolas representan a España en las actividades y competiciones oficiales, según la Ley del Deporte 10/1990. Claro, la federación y la selección españolas representan a España y a
nosotros nos gustaría que la federación y la selección vascas representaran a Euskadi. Pero lo que está claro es que la Ley 10/1990 no forma parte del bloque de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad no supone una dificultad jurídica
para resolver las aspiraciones que plantean mi grupo y otros grupos.
Me gustaría ofrecerles una transaccional, aunque seguramente no me la van a aceptar. Si el problema es que Euskadi se enfrente con España, ese día sacamos a los suplentes y, si me apuran, igual llegamos a un acuerdo y nos dejamos ganar,
pero, eso sí, a Francia, a Alemania y a la pérfida Albión, con todas y a ganar. Si ustedes siguen con este tipo de propuestas, tanto con la proposición no de ley del Grupo Socialista como con la del Grupo Popular -y les animo a que sigan con esa
línea de negación de nuestros derechos-, lo que va a quedar reflejado en nuestras sociedades es que lo que existe es un PP-PSOE que es un muro frente al que las reivindicaciones y los reclamos de la mayoría de nuestras sociedades chocan una y otra
vez. Sigan en esta línea, siga el Partido Popular en coherencia con la fogosidad del portavoz del Grupo Popular y de la enmienda, bravo representante de la furia española, que les va a hacer falta para el siguiente partido. Porque la cosa va bien,
va bien porque han hecho lo que no pudo hacer Napoleón: derrotar a los rusos; primero a la Rusia roja, con el gol de Marcelino, y ahora, con el gol de Valerón, a la Rusia blanca. El tema va bien, ya veremos en el siguiente encuentro. Que sea
así, como dice la proposición no de ley, una selección española única -además grande y además libre-; sigan así, porque entonces lo que va a ocurrir es que la mayoría de nuestras sociedades se van a sentir cada día más alejadas de su modelo de
España y de esa propuesta de España que desde luego no deja sitio para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Pausa.) No está presente.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: (Comienza su intervención en catalán.) Seré muy breve, brevísima. Para nuestro grupo, la iniciativa parlamentaria que hoy ha traído a este Pleno el Grupo Parlamentario Popular carece de sentido tras el debate que
ya se celebró el día 1 de junio. Ese día todos los grupos que conforman esta Cámara, a excepción de los hoy proponentes, votaron un texto resultante de una enmienda propuesta por la señora Lasagabaster. En aquel momento nuestro grupo ya se
manifestó a favor de la moción inicial y votó favorablemente la enmienda resultante. Por ello, hoy no podemos más que manifestar nuestra disconformidad con el texto que trae a este debate el Grupo Parlamentario Popular. Seré sincera, tenía algunos
folios más preparados, pero no los voy a exponer. No lo voy a hacer y voy a acabar aquí ahora mismo por tres razones: primera, por sensatez -todos la entendemos de forma diferente-; segunda, porque hoy, al menos hoy, ya está todo más que dicho,
aunque creo que esto no se acaba y que la semana que viene supongo que continuaremos; y, tercera, porque el tiempo es oro.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: (Comienza su intervención en catalán.) Señor presidente, señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho al inicio de su intervención un largo recorrido por todas las actividades parlamentarias de
este hemiciclo sobre selecciones nacionales deportivas. Esto nos lleva a una conclusión y es que éste es un tema que viene de lejos, es un tema en el que nuestro grupo y otros estamos insistiendo reiteradamente y que, por tanto, no es nuevo. Sí es
cierto que en estas últimas semanas hay una especie de intensificación en la actividad parlamentaria, debida al caos provocado por algún grupo presente en el hemiciclo -donde dije digo, digo Diego-; también decía el portavoz del Grupo Popular que
si se saliera
aquí fuera veríamos que la mayoría de los españoles están por una selección española única. Le diría que, si coge el puente aéreo y aterriza en El Prat, al salir del aeropuerto verá que la inmensa mayoría del pueblo catalán, el 98,2 por
ciento del pueblo catalán, quiere selecciones nacionales reconocidas. Por tanto, no es cierto que sea un tema minoritario en Cataluña, es un tema reivindicado históricamente.
Preguntaba al Grupo Socialista qué parte no les gusta del texto presentado hoy. Me gustaría que me respondiesen. No sé qué es lo que les gusta a los socialistas, porque es difícil entender lo que dicen, porque han hecho un arte de la
explicación confusa. Sí diré que a Convergència i Unió no le gusta nada su texto, en absoluto; no nos gusta nada, hasta el extremo que no hemos presentado ninguna enmienda, de ningún tipo. Es un texto que no nos gusta ni nos interesa de cabo a
rabo. Por tanto, no se puede enmendar, no tiene enmienda posible. Fíjense bien, no nos gusta porque es insolidario, es irreal y sobre todo es sectario. No contempla un Estado plural, no contempla una España plural, también desde el punto de vista
deportivo. La portavoz socialista decía que no entendía por qué habían presentado esta proposición no de ley. Yo sí lo sé, es una propuesta trampa porque han entrado en el caos y en la confusión. El otro día decía que esto era un vodevil, viendo
al señor López Garrido subir y bajar, intentado pactar y después ir corriendo a hacer ruedas de prensa para que de alguna forma todo lo que se había pactado y votado aquí fuera papel mojado. Ustedes han visto aquí un agujero en el cual entrar y
quieren aprovechar esta confusión total de votar una cosa, después enmendarla, después decir que sí pero no, etcétera. Después el Grupo Popular hace propuestas trampa porque a ustedes no les importa en absoluto la España plural, ni desde el punto
de vista deportivo, ni desde el punto de vista lingüístico, ni desde el punto de vista nacional; en absoluto. Sin embargo, sí les interesa que el Grupo Socialista se defina, pero no se quiere definir; vota un texto, después lo enmienda, después
hace ruedas de prensa y en último término no sabemos dónde estamos. Ustedes lo han visto, pero también lo ve otra gente. La portavoz socialista decía que a nosotros nos ha entrado ahora ganas de hacer propuestas radicales. No sé que significa una
propuesta radical. ¿Pedir que Cataluña pueda tener una selección es la propuesta radical? (Un señor diputado: ¡Sí!) Hace muchos años que lo pedimos; junto con la Plataforma pro selecciones catalanas Convergència i Unió estaba colaborando cuando
desde la Secretaría General de l'Esport iniciamos hace dos años gestiones para que aprobara lo que se ha aprobado ahora, que se ha reconocido en ruedas de prensa. Por tanto, estas veleidades radicales no sé de donde vienen. Convergència i Unió
tiene este sentimiento de reivindicar y de avanzar en la soberanía desde el punto de vista deportivo desde hace bastantes años. ¿Qué es lo que pedimos? Que dejen a las federaciones deportivas que actúen. Se ha dicho que son entes privados, y es
verdad porque son entes que no dependen de los gobiernos. Son entidades privadas con su derecho, con su régimen jurídico propio. Por tanto, no entiendo por qué quieren interferir tanto los gobiernos. Es verdad que el señor Gómez Angulo en dos
años que estuve yo al frente del deporte catalán ni una vez me habló de selecciones catalanas ni del deporte catalán desde el punto de vista de un reconocimiento internacional, pero también es cierto que el secretario de Estado actual cada vez que
se define lo hace en la misma línea que el señor Gómez Angulo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, espere que se restablezca el silencio en la sala. No se preocupe que recuperará el tiempo. Por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Continúe.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
¿Por qué pedimos selecciones nacionales deportivas? Porque tenemos derecho, porque somos una nación. Esto hay quien no se lo cree o quien no quiere creérselo, pero somos una nación. Como nación pedimos tener representación también en el
área deportiva y poder ir a competiciones internacionales, no a fomentar el deporte como se dijo aquí por parte de la ministra, ni a jugar a canicas o ir a un picnic a jugar un partido amistoso. Queremos tener también proyección internacional en el
deporte.
Tenemos derecho desde el punto de vista jurídico, tenemos competencias exclusivas; la Lley de l'esport català así lo promete. Tenemos antecedentes, el otro día lo explicaba. Antes de la dictadura Cataluña tuvo federaciones reconocidas
internacionalmente y por voluntad popular, aunque veo que desde los bancos del Grupo Popular hay quien lo niega. El 98,2 por ciento, en encuesta pública, decía sí a las selecciones nacionales catalanas deportivas. Por tanto, si queremos un Estado
plural, éste también pasa por el deporte.
Señores socialistas, ¿qué es lo que a ustedes les preocupa, que se vuelva a debatir otra vez este tema? Yo dije en la rueda de prensa que haríamos de mosca cojonera, y lo seguiremos haciendo. (Rumores.) Anunciamos que pediríamos la
modificación de la Ley 10/1990, del Deporte, y lo haremos y pediremos que en esa ley se contemple la posibilidad de que Cataluña, el País Vasco y Galicia tengan selecciones nacionales deportivas. Ya sé que a ustedes esto les crea un problema de
conciencia, lo sé, porque ustedes -se ha dicho aquí- hacen aquello de donde dije digo, digo Diego; lo sé.
Ahora aquí veremos qué votan. Hay quien ha dicho: No sé qué votará el Grupo Socialista. Yo tampoco lo sé, pero me lo imagino: lo mismo
que el PP, pero diferente; juntos, pero no revueltos. Esta ha sido un poco la ley propia siempre del Partido Socialista: Decir sí, pero no, y luego ser no. La señora Lasagabaster antes decía lo de una, grande y libre. Hace una semana yo no lo
decía así; decía: una grande, porque de libre nada.
En un Estado donde no hay libertad ni para el deporte, una grande;
libre, nada. Ni una ni grande, queremos que sea plural, también deportivamente hablando. El Gobierno de Cataluña lo ha pedido muchas veces; los partidos políticos catalanes, de tradición catalanista o nacionalista, lo hemos pedido muchas
veces, y esto no se entiende aquí; hay quien no lo entiende y hay quien lo disimula. Hoy, veremos qué se vota. La semana próxima vendrá otra iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista ¿Para qué? Nosotros no enmendaremos la propuesta del Grupo
Popular porque no nos interesa nada. No hemos hecho ninguna enmienda, no queremos enmendar una cosa impresentable desde el punto de vista de respeto de un país. Veremos la próxima semana qué pretenden ustedes con esta nueva iniciativa: caos,
confusión, vodevil. Esto a nosotros no nos interesa. Cataluña quiere sí o no, y como decía el portavoz del Grupo Popular que cuando lleguemos al aeropuerto de El Prat podamos decir a la gente que está en la calle esperando la respuesta qué ha
dicho cada partido, cada grupo político en este hemiciclo. Sabemos lo que piensan unos, sabemos lo que piensan otros, no entendemos lo que piensan otros.
Decía la portavoz socialista: Queremos una España acomodada. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos una España respetuosa con las realidades nacionales, lingüísticas, culturales y también desde el punto de vista deportivo. Queremos un sí
o un no a las federaciones deportivas, nada más, para saber dónde estamos. Si es un sí, avanzaremos; si es un no, seguiremos luchando. No pararemos porque es un deseo histórico del pueblo de Cataluña, y Cataluña no quiere renunciar a esta
reivindicación porque hace muchos años que está luchando, desde la calle, desde los partidos políticos, algunos, y desde las instituciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Me permitirá que le haga una petición a S.S. antes de manifestar nuestra posición sobre las enmiendas, y es la siguiente. En esta Cámara, y según su Reglamento, se utiliza un idioma, que es el castellano. Le pediría por favor que,
mientras el Reglamento no se modifique, para definir cómo es una persona se utilice la palabra castellana. En este caso, no soy un hooligan, soy un forofo de la selección española, y que conste así.
(Aplausos.)
Entrando en materia, sobre la aceptación o rechazo de las enmiendas, señor presidente, obviamente a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y el conjunto de partidos que representa decimos que no porque ya dijimos que no
en la anterior sesión del día 1 de junio, como consecuencia de la aprobación de aquella moción con la enmienda transaccional, y lo que vienen a pedir es lo mismo. A pesar del intento por parte del Grupo Socialista de no sustitución de nuestra
proposición no de ley por su enmienda, incluso pudiendo llegar a encontrar un acuerdo sobre la adición no aceptada por el Grupo Socialista, no aceptamos la enmienda que el Grupo Socialista plantea, a pesar de que el único en este país que se ha
enterado de las cosas por los periódicos fue un presidente socialista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos proposiciones no de ley. La segunda, la del Grupo Parlamentario Popular relativa a las modalidades deportivas, no ofrece dificultad porque se votará íntegra; eso queda
claro. En cuanto a la primera, para ahorrar tiempo y no tener que dar lectura a toda la enmienda transaccional, me dirijo a los distintos portavoces, quienes creo que han recibido el texto por escrito y hago la pregunta: ¿Algún grupo parlamentario
se opone a la enmienda transaccional? (Denegaciones.) Gracias por la facilidad para concluir el debate. En consecuencia, respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sobre ratificación de los Protocolos
adicionales cuatro, siete y doce al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales se procederá a la votación de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por todos los grupos parlamentarios.
¿Solicitan ustedes su lectura? (Denegaciones.) Bien, entonces procedemos a su votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Segunda proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Se vota tal cual ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 129; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición del Grupo Parlamentario Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000010.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
La primera de ellas es del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación del polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra. (Rumores.)
Señorías, por favor, si han decido abandonar el hemiciclo, por lo menos háganlo en silencio.
Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace escasamente dos semanas defendía en esta misma tribuna la necesidad de terminar con una de las más extrañas paradojas que se producen en territorio peninsular, la existencia de un polígono de tiro aéreo y bombardeo en el
corazón de un enclave declarado por Unesco Reserva Mundial de la Biosfera. Esto ocurre, para mayor abundamiento de la paradoja señalada, en un enclave declarado además parque natural por la Administración foral de Navarra, el parque de Bardenas
Reales en la comunidad foral. Este polígono de tiro aéreo viene utilizándose sin interrupción desde el año 1951, fecha de la firma del primer convenio, y ha venido renovándose desde entonces utilizándose en estas renovaciones un argumento
fundamental, que no existe alternativa para las prácticas de tiro aéreo del ejército en territorio del Estado. Señorías, difícilmente puede la razón entender que no exista alternativa para la práctica de tiro aéreo y bombardeo en el corazón de un
parque natural, en un enclave que Unesco considera Reserva Mundial de la Biosfera. Difícilmente puede considerarse que este sea el único enclave que el ejército no europeo de la OTAN, el ejército norteamericano, utilice para sus prácticas de tiro
aéreo y bombardeo en todo el territorio OTAN en Europa. De hecho, el propio titular del Ministerio de Defensa, el ministro Bono, en la respuesta a la interpelación que planteábamos hace, como digo, aproximadamente dos semanas, nos informó de que
las prácticas de tiro de ejércitos de la OTAN se reducen a veinte horas de bombardeo al año en este polígono de tiro. Señorías, veinte horas ininterrumpidas de bombardeo en el corazón de un parque natural, en el seno de una reserva mundial de la
biosfera, sinceramente no parece argumento que pueda ser defendido con la razón, y por supuesto mucho menos con la razón medioambiental en la mano. Afirmó el ministro Bono que es necesario buscar un enclave alternativo. Pues bien, señorías,
búsquese. Tenemos -lo dijimos entonces, lo repetimos hoy- cuatro años para ello. Quiero recordar que el contrato ahora en vigor finaliza exactamente en el año 2008. Es, por tanto, toda la legislatura la que tenemos por delante para llevar a cabo
este trabajo. En Nafarroa Bai defendemos que casi sesenta años -lo serán en 2008- de polígono de tiro de estas características en Navarra es peaje más que solidario para este tipo de necesidades, peaje que pagan los pueblos de la zona
fundamentalmente, tanto en Navarra como en Aragón -esto lo quiero recordar-, pero peaje que pagamos en definitiva todos los ciudadanos sin excepción dada la anormalidad de este emplazamiento en un parque natural.
El actual contrato de arrendamiento que suscriben el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas finaliza -lo he reseñado ya- el próximo año 2008, tiempo más que suficiente para analizar, esta vez sí, con el cumplimiento del compromiso,
otro tipo de alternativas que el Ministerio de Defensa -y lo dejó claro en esta tribuna- considera necesarias. Así lo entendemos y así lo hemos entendido, señorías, cuando tras analizar con el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda de
sustitución que plantean a nuestra moción hemos llegado a un acuerdo. Sinceramente no es el compromiso que nosotros hubiéramos deseado, en este asunto seguimos siendo manifiestamente más ambiciosos, pero sí nos parece el camino por el que comenzar
a andar hacia el final del polígono de tiro del parque natural de las Bardenas Reales de Navarra. Entendemos que en la propuesta socialista existe además el compromiso de llegar a este desmantelamiento el año 2008, y esto si un nuevo emplazamiento,
tal y como recoge la enmienda, no permite hacerlo antes de ese momento; un desmantelamiento, por cierto, que no sólo pide Nafarroa Bai, señorías. Lo solicita, por ejemplo, el presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz, cuando afirma -lo
hizo, eso sí, pasadas ya las elecciones del 14 de marzo- que espera que el presidente Rodríguez Zapatero cumpla con el compromiso de desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas en 2008. Espero que los compañeros de partido del presidente Sanz
en este hemiciclo lo tengan en cuenta esta tarde, porque lo que aquí se propone, lo que propone Nafarroa Bai es la defensa de los intereses generales de la Comunidad Foral de Navarra en un delicadísimo asunto medioambiental y de seguridad. Por
tanto, asumiendo la enmienda planteada por el Grupo Socialista, esta es la propuesta de Nafarroa Bai.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el Grupo Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Socialista exponer nuestra posición en relación con la situación del polígono de tiro de Bardenas Reales de Navarra. Quiero
comenzar diciendo que el Grupo Socialista comparte una buena parte de los argumentos expresados por la señora Barkos, de los de hoy y de los que fueron expresados en el momento del debate de la interpelación. Compartimos, en primer lugar, la
necesidad de preservar la riqueza ambiental paisajística y natural de Bardenas, un entorno que constituye
una buena representación de los ambientes esteparios y mediterráneos de nuestro país, un entorno que además incluye algunas especies amenazadas como el avetoro, la collalba negra o el alimoche; un territorio que, como ya ha sido citado en
varias ocasiones, fue declarado por la Unesco Reserva Mundial de la Biosfera. En segundo lugar, pensamos como usted que no es lógica esa declaración de parque natural de Bardenas Reales, que se hizo en el año 1999, por incompleta, por excluir de
esa denominación el territorio del polígono de tiro situado en el corazón del parque. Y en tercer lugar, por supuesto, compartimos y reconocemos que los congozantes de Bardenas, los valles del Roncal y Salazar, el monasterio de la Oliva y las 19
localidades -también aquellas localidades que no siendo congozantes se sitúan cerca de este emplazamiento-, además del conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Foral de Navarra, han contribuido solidariamente y también suficientemente a los
intereses de la defensa nacional durante más de 50 años.
El ministro de Defensa en su intervención ante esta Cámara reconocía la existencia de un sentimiento mayoritario en contra de este polígono; una oposición que en las instituciones navarras se ha pronunciado en numerosas ocasiones y una
oposición del conjunto de la ciudadanía navarra, especialmente de los riberos, motivada por los perjuicios que esa contribución al interés general de los españoles ha provocado en las poblaciones afectadas por su cercanía al polígono de tiro de
Bardenas.
Somos miles los navarros que hemos convivido -y hablo en primera persona- toda nuestra vida con un polígono de tiro a escasos kilómetros de nuestra casa. Ese es el caso de muchas localidades y citaré sólo una: Valtierra, emplazada a
menos de 10 kilómetros del campo de tiro por citar la tierra, la localidad de quien les habla. Por tanto, puedo afirmar que conozco muy bien cuáles son las consecuencias y los perjuicios de convivir con este emplazamiento militar y que conozco muy
de cerca esa sensación de rechazo y esa demanda de desmantelación del polígono de tiro. Ahora bien, aun siendo mayoritaria esa oposición de la sociedad navarra, existen diferentes posturas y matices importantes. La diferencia entre el Partido
Socialista y otros partidos o colectivos navarros que han defendido la desmantelación del polígono de tiro es que nosotros sí que creemos que es necesario y deben buscarse esas alternativas. Nosotros creemos que deben buscarse esas alternativas
porque defendemos la necesidad de un polígono de tiro para el entrenamiento del Ejército del Aire. En ese sentido el ministro de Defensa fue claro, sincero y valiente, un apelativo éste que nos gusta mucho a los navarros, reconociendo las
dificultades de encontrar un nuevo emplazamiento, porque además de las características técnicas que son necesarias para localizar ese nuevo campo de tiro, es muy difícil que alguien quiera una instalación de esta clase cerca de su localidad, como
nos ocurre a los propios navarros.
Analizando la moción que se proponía inicialmente y por empezar por el final, en la propuesta se hablaba de la retirada de un recurso de inconstitucionalidad que afecta a la ley que declara parque natural al conjunto de Bardenas Reales, una
ley que el Partido Socialista apoyó en el Parlamento. Es conocido el compromiso del Gobierno manifestado por el presidente y también por el ministro de Administraciones Públicas en Pamplona con respecto a este tema. Por tanto existe voluntad,
existe un calendario y yo creo que debemos dejar trabajar al Gobierno. Sobre los dos primeros puntos de la moción, también es necesario dar tiempo al nuevo Gobierno para ponerse manos a la obra y buscar un nuevo emplazamiento. Este Ejecutivo
apenas lleva dos meses gobernando y esta es una responsabilidad heredada, y lo es porque el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro simple y llanamente no hicieron los deberes cuando era su responsabilidad, a pesar de las palabras del presidente
Sanz.
Por ir concluyendo, me alegro de que sume sus esfuerzos con los nuestros, señora Barkos, para conseguir ese objetivo de la máxima celeridad, diligencia y empeño a la hora de buscar esa alternativa antes del final de 2008. Creo que el
acuerdo expresa de una manera más contundente lo que espero que sea la voluntad mayoritaria de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Desde nuestro grupo parlamentario queremos felicitar a la señora Barkos por la iniciativa, que compartimos; de hecho hemos presentado una proposición no de ley para su discusión en el Pleno, que seguramente será,
dado el acuerdo, innecesaria, pero creemos que esta reivindicación de movimientos sociales y ecologistas en Navarra era necesario que tuviese una salida.
Quisiera también felicitar al Grupo Socialista por encontrar una salida satisfactoria que en definitiva dé solución a una anomalía extraordinaria que se da en una reserva de la biosfera de las características de las Bardenas Reales, que no
conozco personalmente, pero que estoy seguro que podré visitar dentro de poco, sin que esté sometida a lo que es hoy en parte, que es el campo de tiro.
Desde nuestro grupo creemos que se exige el cierre de las instalaciones ubicadas; que el Ministerio de Defensa debe garantizar un proceso de desmantelamiento que se lleve a efecto sin riesgos para los ciudadanos desde el máximo respeto al
medio ambiente y que por supuesto se debería de retirar el recurso de inconstitucionalidad 2054/2001, promovido por el anterior presidente del Gobierno, contra la Ley Foral de 29 de diciembre, por la que se declaraba el parque natural de las
Bardenas Reales.
Quisiera hacer una última mención a la necesidad de que el desmantelamiento no debe ir necesariamente parejo a la instalación de otro nuevo campo de tiro en otra comunidad autónoma. No creemos que esta sea la primera prioridad, que lo que
es un problema hoy para la gente que vive alrededor del campo de tiro lo tenga que ser necesariamente para gentes que vivan alrededor del nuevo campo. Entendemos que la señora Barkos acepte la enmienda, pero lo que esperamos del Gobierno es que
acelere la decisión, que no tengamos que esperar a 2008 y, sobre todo, que este desmantelamiento del campo de tiro no venga asociado a la instalación de uno nuevo, que entendemos que hoy no es necesario para que el Ministerio de Defensa pueda
realizar sus tareas defensivas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a apoyar la moción presentada por la coalición Nafarroa Bai, coalición de la que como ustedes conocen forma parte del propio PNV en Navarra. Hemos sabido además que el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una transaccional que entiendo que se va aceptar. Esperamos que no sean meras y bonitas palabras como a las que el Partido Popular nos ha tenido acostumbrados los últimos cuatro años y que no conducían después a ninguna concreción.
Deseamos recordar que ya antes de 1978, la entonces Diputación Foral de Navarra pidió la desaparición del propio polígono de tiro. Por cierto, creo que el señor don Jaime Ignacio del Burgo formó parte de la comisión que se creó a tal efecto, veo
que hasta ahora con poquitos resultados. Desde hace también 17 años, don Jaime Ignacio del Burgo, los grupos sociales se han ido marchando anualmente sin ninguna facilidad y solicitando la desaparición de dicho campo. Ante ello, como ustedes
saben, se renueva el acuerdo en 2001 y me preocupa una cuestión, y es que el Gobierno del Partido Popular declaró la imposibilidad física de encontrar una alternativa, independientemente de que coincidamos con las palabras expresadas por la anterior
portavoz de la enorme improbabilidad de encontrarla probablemente con unas características parecidas. Recuerdo también que cuando se firma el compromiso, se hace para buscar una alternativa para 2008. Creo recordar que estamos en 2004 y que no se
ha presentado ninguna. Por tanto han pasado ya cuatro años sin que sepamos nada de esa alternativa, no sé si se ha estudiado, pero por lo menos no sabemos que exista. Creemos en las palabras del ministro Bono cuando dice que lo va a estudiar, pero
también creemos como él que esto va a ser muy difícil. Por todo ello, señores del Grupo Parlamentario Socialista, esperamos un cumplimiento y una coherencia con los acuerdos que se adoptan en estos momentos; además, solicitamos que deje de hacerse
una serie de manifestaciones apoyados en unos supuestos estudios que hemos llegado a escuchar cuando se afirma que la calificación como polígono de tiro encima contribuye a la posible conservación de las Bardenas Reales. La verdadera preservación,
a nuestro juicio, sería añadir estas 2.244 hectáreas a la Reserva Mundial de la Biosfera, declarada por la Unesco el año 2000. Dado que ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir: apoyamos dicha enmienda y esperamos del Partido Socialista el
cumplimiento del espíritu que subyace en su enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vamos a dar apoyo a la propuesta que presenta Nafarroa Bai para el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Esperemos que antes de 2008 se cumpla y que no sea
necesario buscar una alternativa. Entendemos que hoy en día no hay ninguna necesidad en este aspecto. En ese sentido, muy brevemente, vamos a dar el pleno apoyo a la propuesta, con el cumplimiento por parte del Gobierno de que el Ministerio de
Defensa, antes de 2008, proceda al desmantelamiento para que este parque natural cumpla todas las condicionantes. Encontraríamos también lógica la retirada del recurso de inconstitucionalidad. A tal efecto, sólo cabe recordarle al Gobierno que se
le van acumulando los compromisos.
Esperemos que esos compromisos se vayan cumpliendo con las distintas iniciativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que antes salté su turno, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente, para decir que habiendo sido aceptada por el grupo proponente la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo que está perfectamente
racionalizada -la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la ha explicado con claridad-, entendiendo que esto permite una solución en un compromiso del Gobierno y estando de acuerdo en el fondo y en la forma, mi grupo votará favorablemente la
iniciativa con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Turno para el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente también para anunciar nuestro voto favorable al acuerdo político que ha habido entre el grupo proponente y el Partido Socialista. Esto dará al menos viabilidad a la propuesta. Hay que avanzar cada vez más en la
línea de intentar sentar precedentes y si en otros lugares del Estado hay una instalación en una zona protegida desde el punto de vista ecológico, de paraje, etcétera, no es compatible la instalación con la degradación de un sitio de estos y por
tanto aplaudimos que sea un precedente para un estudio más amplio del resto del Estado por si hubiera otros parajes afectados parecidos. Hay tiempo suficiente para que se estudien reubicaciones o, ¿por qué no?, la desaparición total del campo de
tiro. Cada vez hablamos más de que los ejércitos han de ser instrumentos para la paz y por tanto no hay que prepararse en estos aspectos. Nosotros lo aplaudimos y lo vemos bien.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por último, en turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Popular, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo empezar por manifestar que me siento realmente satisfecho de que la Cámara vaya esta tarde a ratificar los deberes, los buenos deberes que hizo el Gobierno del Partido Popular, porque la moción que va a ser aprobada, que no
tiene nada que ver con la que presentó la señora Uxue Barkos, lo que dice literalmente es algo muy parecido al artículo primero del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas, que dice: El Ministerio de Defensa del
Gobierno de la nación y la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra convienen que se continúe destinando al uso militar propio de un campo de instrucción y adiestramiento aéreo la superficie de 2.244 hectáreas actualmente destinadas a campo de tiro y
entrenamiento por un plazo comprendido desde la fecha del día de hoy hasta el 31 de diciembre de 2008, entendiéndose que dentro de este periodo se dará por concluido este acuerdo para el uso militar si antes del vencimiento de dicho plazo el
Ministerio de Defensa tuviera operativo otro campo de entrenamiento alternativo, en cuyo caso se procederá de inmediato por el ministerio a suspender las actividades militares y culminarán los trabajos de limpieza técnica de los restos, etcétera.
Es decir que lo que vamos a votar, señora Barkos, es justa y exclusivamente lo que dice el convenio, que antes de 2008 el Ministerio de Defensa se compromete a buscar alternativas y que si las encuentra, automáticamente quedará desmantelado el
polígono y en cualquier caso la fecha de caducidad será el 31 de diciembre de 2008.
Antes ha recordado el señor representante del Partido Nacionalista Vasco que, en efecto, siendo yo presidente del Gobierno de Navarra en el año 1979 -¡allá queda eso!-hice unas gestiones precisamente para solicitar el desmantelamiento del
polígono de tiro de Las Bardenas. Esas gestiones las hice con el que entonces era ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, señor Gutiérrez Mellado, y le dije: Ya está bien de que nosotros tengamos que soportar este campo de tiro, porque
no reúne condiciones idóneas para ello. La respuesta fue: Pues intentaremos buscar uno nuevo. Al tiempo, el señor Gutiérrez Mellado me llamó y me dijo: Lo siento, no hay alternativa. ¿Ve? Nosotros somos gente respetuosa con la defensa nacional
y comprendemos que si nuestro ejército tiene que entrenarse, en algún sitio tendrá que hacerlo. No participamos del antimilitarismo utópico del señor Llamazares, que fue allí hace unos días a decir que quería que se suprimiera porque no queremos
ejércitos, porque queremos sustituir la Europa militar por la Europa, vino a decir, de la paz. Pero mientras llega la utopía, en algún sitio tendrán que entrenarse nuestros pilotos. Y hete aquí que después de muchas gestiones -nosotros no íbamos
habitualmente debajo de ninguna pancarta, pero sí hacíamos gestiones constantemente- se hizo la luz porque por fin había un informe del Ministerio de Defensa que decía dónde había que poner el polígono de tiro alternativo, y ese sitio era Anchuras,
y cuando el señor Bono se opuso, surgió Cabañeros. Pero cuando nosotros pensábamos que esto ya estaba resuelto, que teníamos un sitio alternativo porque el Ministerio de Defensa decía que ese era el lugar más idóneo para el Ejército español, para
que sus pilotos del Aire tirasen bombas de entrenamiento, hete aquí que el señor Bono nos hizo una jugarreta legal, defendió los intereses de su comunidad y consiguió evitar que Cabañeros fuera el polígono alternativo. Bien. Ahora le toca al señor
Bono y yo estoy encantado de que le toque al señor Bono, de que al final el señor Bono tenga esa responsabilidad, aunque ya tengo el pensamiento de que no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque es muy difícil, señora Barkos, usted lo sabe muy bien
y todos los que han intervenido, y el Partido Socialista también lo sabe muy bien. Ese es el problema.
Esta es una moción, señora Barkos, que yo no entiendo. No entiendo el regalo que le hace al Partido Socialista. El Partido Socialista lo que está haciendo es ratificar lo que dice el convenio y usted le ponía al Partido Socialista en un
disparadero mucho mayor, le estaba diciendo que desde ahora quedara cancelado el convenio, cosa que no se dice por ningún lado en la moción alternativa, y además le dice: retire usted ese recurso de inconstitucionalidad, y le ha dado la facilidad
de no decir nada al respecto. Señora Barkos, esto es un juego y reconozco la habilidad de quienes han negociado por el Partido Socialista para llevarla al huerto.
Reconozco la habilidad y me satisface, pero les hago un pronóstico. Estoy
absolutamente convencido -aunque en estas
cosas nunca se sabe, porque el señor Bono es un taumaturgo y por tanto a lo mejor nos consigue un polígono alternativo- que va a ser muy difícil.
No me atrevo a decir que el señor Bono no lo vaya a conseguir, pero sí digo que va a ser muy
difícil. Por tanto, en estos momentos, esta es una moción tiempo, es decir, le están dando tiempo al Partido Socialista aquellos que creen que están implicándole en el desmantelamiento real del polígono de tiro de las Bardenas. Esto es así,
señorías, se mire por donde se mire. Yo estoy convencido, insisto, de que el señor Bono lo tiene muy difícil, pero le deseo mucha suerte, que conste.
Nosotros hicimos una cosa que al fin y al cabo contribuyó a paliar en cierto modo las molestias, porque tener un polígono al lado de casa, como señalaba la señora Castillejo, no tiene precio, pero dijimos: ya que tiran, por lo menos paguen,
y en estos momentos hay una cantidad muy generosa, justamente ganada por la Junta de Bardenas, que se reparte en beneficio de los ciudadanos de aquella zona. Yo le deseo mucha suerte al señor Bono y les digo lo siguiente. Cuando el señor Bono
llegue a esta Cámara un día y anuncie que por fin encontró un polígono alternativo y anuncie el fin del polígono de tiro de las Bardenas seré el primero que proponga al Gobierno de Navarra que le conceda al señor Bono la medalla de oro de la
Comunidad Foral de Navarra, y además estoy seguro de que su hijo no se entristecerá por ello.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de la enmienda, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, aceptamos una enmienda que pretende precisamente dar tiempo al Gobierno socialista; el tiempo que los señores del Partido Popular nunca aprovecharon.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Todos los grupos parlamentarios conocen la enmienda transaccional? (Pausa.) Todos la conocen. Entonces se votará en consecuencia esa enmienda transaccional.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS EXISTENTES Y LOS ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. (Número
expediente 173/000011.)
El señor PRESIDENTE: Moción presentada por el Grupo Popular sobre la coordinación entre los distintos órganos existentes y los anunciados por el Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desgraciadamente, como ustedes bien conocen, España ha sufrido el azote del terrorismo durante muchos años causando miles de víctimas.
La prioridad de cualquier gobierno debe ser garantizar la seguridad de sus ciudadanos como
pilar básico de la convivencia democrática y el Partido Popular y su Gobierno así lo han hecho durante ocho años en los cuales la lucha contra el terrorismo ha sido la prioridad de ese Gobierno. Entendemos que el Gobierno del Partido Socialista
también lo considera una prioridad y en ello, señorías, van a encontrar siempre la ayuda y el apoyo del grupo mayoritario de la oposición de esta Cámara, que es del Partido Popular. Ahora bien, en la interpelación y en esta moción subsiguiente a la
misma, nuestro grupo considera que la coordinación entre los diferentes órganos, los ya existentes y los creados por este Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la lucha contra el terrorismo, no ha sido y no está siendo eficaz y
en algunos casos considera que incluso esos órganos son innecesarios. Así lo planteamos y se lo dijimos al ministro en la interpelación, pero desgraciadamente, señorías, pese al talante y pese a la reiteración del diálogo -yo diría diálogo nominal-
del Gobierno, no hubo respuesta alguna a las más de 30 preguntas que esta diputada en nombre de este grupo parlamentario realizó al ministro del Interior. Lo decimos porque estamos hablando de dos órganos importantes creados por el Gobierno, en
teoría para la lucha contra el terrorismo y para garantizar la seguridad de los ciudadanos, uno, el denominado CEMU -Comité Ejecutivo para el Mando Unificado- y, otro, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
Pues bien, señorías, nuestro
grupo parlamentario considera que ambos órganos -ambos, reitero- son innecesarios. ¿Por qué? En el caso del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado es obvio, porque ya existía esa coordinación, esa complementariedad y esa colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Comisión de seguimiento que presidía el ministro y en su caso el secretario de Estado. El Gobierno del Partido Popular ejercitaba y ejecutaba la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que daba la competencia para ese mando al ministro o en su caso al secretario de Estado de Seguridad. Esa ley no la hicimos nosotros, señorías, la hizo otro Gobierno, pero nuestro partido, nuestro Gobierno consideró que debía ejercitarse
con la máxima eficacia y eficiencia, es decir, evitando la creación de órganos innecesarios. Además, señorías, el ministro reiteró que esos órganos, y en concreto el CEMU, se habían creado sobre la base de unos informes que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado habían aportado, pero que no han sido facilitados a esta diputada y a este grupo en modo alguno ni tenemos conocimiento de los mismos. Señorías, creemos que la creación de esos órganos responden a hipotecas electorales
del Partido Socialista Obrero Español -reitero, hipotecas electorales-, dado que ustedes, y no nosotros, llevaban en su programa electoral que una única persona física sería la que dirigiría los dos cuerpos de fuerzas de seguridad del
Estado: la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Ustedes generaron soluciones imaginativas y ante esas soluciones, que podríamos decir parches, hablando coloquialmente, ustedes crean un órgano colegiado que es el CEMU. Pues bien, dado que creemos
que es innecesario, les reiteramos que además existe multitud de imperfecciones y contradicciones en ese órgano. Ustedes no han contestado por qué en el CEMU se da una ausencia absoluta de responsables operativos. No respondieron a esta diputada
sobre la delimitación de las competencias entre el secretario de Estado de Seguridad para evitar solapamientos y duplicidades al respecto.
Señorías, nosotros creemos que lo que pretenden y lo que pretende el Gobierno socialista es crear órganos políticos. Nosotros no queremos crear órganos políticos para mejorar la eficacia de la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Creemos que esos órganos deben estar formados por profesionales y no por políticos. Yo creo que las señorías aquí presentes convendrían con esta diputada y con nuestro grupo en que eso debiera ser así. Pues bien, este órgano
es político y no lo dice esta diputada que les habla, lo dice el propio ministro del Interior en la respuesta que le da a esta diputada interpelante hace dos semanas. Se refiere al CEMU y dice que es un órgano político permanente.
Pues el Partido
Popular no quiere órganos políticos, ya que piensa que dichos órganos no son eficaces y que no nos van a ayudar a ser eficaces en la lucha contra el terrorismo. Además ustedes crean otro centro, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, al
margen de la Comisión de seguimiento del Pacto por las libertades y la lucha contra el terrorismo, al margen de ese diálogo, un diálogo de escaparate, casi autista, puesto que, ciertamente, ustedes lo predican mucho, nominalmente lo oímos mucho,
pero en el ejercicio del mismo siempre se olvidan de la otra parte dialogante, que en este caso serían los restantes grupos parlamentarios. Pues bien, ese órgano, ese centro, un centro con una estructura profesional, tiene como función recabar
información de los servicios de inteligencia y además analizar esa información. A mi grupo parlamentario no le fue comunicado qué iba a pasar con los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. ¿Se van a mantener? ¿Van
a ser esos servicios de inteligencia los que formen parte del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista? No lo sabemos. El Gobierno da la callada por respuesta y no sabemos nada. Quizás el Grupo Socialista hoy nos dé explicaciones y muchas
de esas respuestas, lo que le agradeceríamos, pero tengo que manifestar que se las solicitamos al Gobierno y que este en modo alguno las aportó. Además -dice-, esa información debe ser analizada, se deben evaluar los riesgos y hacer recomendaciones
operativas. ¿A quién, señorías? ¿Al CEMU? ¿A las estructuras operativas? No sabemos, puesto que, como sólo tenemos el plácet del Consejo de Ministros del día 28 de mayo y no tenemos más información al respecto, este centro que es tan importante
y tan básico para el ministro del Interior no tiene mayor explicación, no habiéndole sido aportada a esta Cámara ni a estas señorías información puntualizada.
Además, señorías, hay otra cuestión que se le debió escapar al ministro del Interior,
cosas que ocurren, ya que con mucha locuacidad uno dice cosas que a lo mejor no pretendía decir. Les voy a leer textualmente lo que el ministro del Interior manifestó hace dos semanas respecto al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista:
Este centro se va a dedicar, por decirlo de una manera clara, a recabar información estratégica de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también del Centro Nacional de Inteligencia en las condiciones que le apuntaré.
Escuchen, señorías: La va
a analizar, va a evaluar los riesgos y va a hacer recomendaciones estratégicas y recomendaciones operativas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que si quieren harán caso a esas puntuales recomendaciones operativas y, si no quieren, pues no
pasa nada, no deben hacer caso a esas recomendaciones. Entonces, ¿para qué creamos este centro si el propio ministro está diciendo que a lo mejor la Policía Nacional o la Guardia Civil, en virtud de su propia decisión, escucharán o no las
recomendaciones operativas? La base y el fundamento tienen muy poco rigor, es muy poco serio y el Grupo Parlamentario Popular siempre ha tratado estas cuestiones con la máxima seriedad. Por eso, señorías, hemos presentado esta moción, a la cual
las señorías aquí presentes y las que van a ejercer su derecho al voto creemos que podrán dar su apoyo, por dos razones, porque teniendo en cuenta que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular entienden que estos órganos son innecesarios,
debemos respetar la acción de Gobierno, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho y, como tal, lo que solicitamos en el ejercicio de la oposición constructiva es concluir definitivamente en el plazo más breve posible la planificación
de las tareas entre los órganos creados y además evitar duplicidades entre los servicios de información e inteligencia. Todas las señorías, todo los diputados aquí presentes querrían una cosa similar a la que expone el Partido Popular. Pero es que
en el segundo punto de esta moción solicitamos -recuerdo que el propio presidente del Gobierno español ha dicho esta misma tarde que la Cámara, el Congreso de los Diputados, es el centro de la vida política española- que se remita a la Cámara en el
plazo de 15 días un informe detallado sobre la implantación y las reglas de funcionamiento del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, así como las normas para su relación con los restantes órganos y servicios antiterroristas. Por cierto,
dada la información presentada hoy por el propio presidente del Gobierno y
para recabar la información en el ámbito internacional, consideramos muy oportuno que todos los grupos...
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho, vaya concluyendo. Ha excedido ya su tiempo.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que consideraríamos muy oportuno que todos los grupos y en especial el Partido Socialista Obrero Español, que tanto considera que esta Cámara es el centro de la vida política, suscribieran y apoyaran esta moción y los dos puntos
presentados por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Han presentado enmiendas dos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, en primer lugar me gustaría expresar cuánto nos sorprende esta moción consecuencia de interpelación urgente sobre la coordinación entre los distintos órganos existentes y los anunciados por
el Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Nos sorprende, como digo, puesto que el partido que la presenta, el Partido Popular, es signatario del Pacto
contra el terrorismo y por las libertades, junto con el Partido Socialista, partido que actualmente está en el Gobierno y al que se dirige la moción. Ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, signatarios del citado Pacto contra el
terrorismo han sido incapaces, como mínimo en esta ocasión, de buscar el tan cacareado consenso en materia antiterrorista, que siempre nos habían vaticinado.
Ambos partidos han limitado siempre el pacto a un marco bipartidista, aunque el Gobierno
ha ampliado la responsabilidad en materia de terrorismo y libertades públicas al resto de formaciones públicas que también representamos al conjunto de la sociedad y de los territorios del Estado. Por nuestra parte, cabe destacar que el resto de
los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos tanto o más preocupados en materia de seguridad y de terrorismo que los partidos signatarios del pacto. Por ello, creemos que es necesario ampliar el consenso en esta materia al resto de grupos
parlamentarios que en la actualidad no hemos sido invitados. No obstante, dado que la eficacia de la lucha contra el terrorismo y la seguridad ciudadana preocupan profundamente a Esquerra Republicana, nos parece interesante, beneficioso y necesario
que el Gobierno clarifique las tareas de los organismos encargados de la coordinación de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo. Por supuesto, desde Esquerra Republicana también nos parece imprescindible evitar la ineficacia y las
duplicidades entre los diferentes servicios de información e inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es necesaria, en definitiva, una buena coordinación desde los órganos existentes y de los nuevos órganos creados por el
Gobierno con la finalidad de eludir posibles duplicidades de funciones con la consecuente ineficacia de estos organismos. Igualmente, nos parece oportuno que el Parlamento obtenga información detallada sobre el funcionamiento y composición del
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Este informe detallado tendría que tramitarse con el máximo rigor, con la máxima transparencia y en el más breve plazo posible. Esquerra Republicana cree que es necesario reclamar la máxima
información sobre la normativa que va a regular la relación entre los centros de coordinación y el resto de organismos que se ocupan actualmente de la seguridad del Estado. A nuestro entender, dichas demandas redundan en la eficacia que es
necesaria en esta materia. Ahora bien, proponemos nuestra enmienda desde el más riguroso afán constructivo y desde la más profunda convicción de que la seguridad es un valor público, un servicio público y un derecho fundamental para la ciudadanía.
Desde este propósito constructivo, nuestra enmienda completa la demanda de eficacia y coordinación de los diferentes organismos y fuerzas de seguridad e inteligencia ampliándola y haciendo hincapié en que esta necesaria eficacia y coordinación debe
hacerse desde el más estricto rigor democrático y desde el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. El Pacto por las libertades y contra el terrorismo, donde tanto populares como socialistas enmarcan las diferentes políticas de
seguridad, ha de despejar y aclarar cualquier duda referente a la posibilidad de que este acuerdo no acabe siendo un pacto contra el terrorismo y por las libertades. A nuestro entender, el Estado de derecho ha de ser capaz de mantener una eficaz
política de seguridad sin que ésta y la lucha antiterrorista hayan de implicar necesariamente un recorte en materia de derechos y libertades. Dicho de otra manera, Esquerra Republicana entiende que la política de seguridad y los servicios de
inteligencia deben de estar rigurosamente sometidos al control parlamentario, y el control parlamentario debe incluir también necesariamente aquellas materias que se engloban bajo el concepto de secretos oficiales. Este es el motivo de nuestra
enmienda: garantizar la eficacia y la coordinación entre los diferentes organismos de seguridad y servicios de información e inteligencia, pero además que estos organismos se articulen y funcionen desde el más radical rigor democrático y control
parlamentario. Nos parece que es la forma de evitar lamentables episodios, muy preocupantes desde el punto de vista de la calidad democrática, como los que vivimos durante el periodo del Gobierno popular, episodios lamentables y bochornosos como el
uso partidista de los servicios de inteligencia por parte del inquilino de La Moncloa, para estigmatizar aquellos partidos que como
el nuestro discrepaban de su modelo uniformista, o como la sospecha que cundió en muchos cuando se utilizó información confidencial por el Gobierno para alterar mayorías ante consejos de administración de un determinado grupo económico, en
lugar de acudir al juez en caso de irregularidad. Evidentemente, estos ejemplos no garantizan ni la eficacia ni la coordinación ni el buen uso de los servicios de inteligencia y seguridad, pero ustedes, señorías del Partido Popular, podrían
remediarlo, y saben hacerlo. Nosotros les vamos a decir cómo, y sin complejos acéptenlo, hagan un profundo examen de conciencia, sientan ligeramente el dolor por sus pecados y acepten una mínima penitencia, que es aceptar nuestras enmiendas, que
efectivamente no están hechas para mayor gloria de Roma, pero sí buscando un funcionamiento eficaz y democrático de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: La señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: La lectura de la moción no deja lugar a dudas.
De nuevo, estamos ante un debate partidista sobre el terrorismo. El PP, partido que se presenta siempre como el paladín de la lucha antiterrorista, vuelve a darnos
lecciones a los demás grupos, en especial al único con el que tiene el famoso pacto antiterrorista y al único que tiene en cuenta siempre cuando habla de esta cuestión: al partido socialista, lógicamente. En realidad, no me extraña que firmaran
tal pacto excluyente, pues unos y otros parten de un eje central común de su actuación en la lucha antiterrorista, que es la coordinación de los cuerpos. Eso sí, cada uno a su estilo.
Desde Izquierda Unida nos negamos a hacer un uso mediático de un problema tan grave como es el terrorismo. Contestando a la pregunta que la portavoz del Partido Popular le hizo al señor ministro, consideramos que la coordinación hasta ahora
ha sido muy deficiente, y espero que nadie por ello me llame miserable por pensarlo o decirlo. Que la coordinación ha sido deficiente es una realidad que se me antoja incuestionable, y me remito a los problemas conocidos por los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por los ciudadanos que los han padecido. Por ello, presentamos la enmienda que habla de superar la descoordinación existente hasta ahora. Ejemplos de descoordinación son el incremento de la delincuencia,
el establecimiento de organizaciones criminales, el fallo dramático de los atentados del 11-M, por citar simplemente datos globales más claros. Optamos por dar una oportunidad al actual Gobierno en un nuevo intento de coordinación, porque
entendemos que es legítimo, al haberse constituido precisamente este nuevo Gobierno, que intenten estructurar el ministerio como estimen que ha de hacerse de la manera más beneficiosa para la ciudadanía. Sin embargo, consideramos que lo efectivo
sería que por fin se abordara la unificación de cuerpos, dejando atrás los fracasados intentos de coordinación. Por ello nosotros somos la izquierda transformadora y el Partido Socialista es el cambio tranquilo, porque nosotros queremos cambiar las
cosas que todo el mundo sabe que no funcionan. Nos resulta muy insuficiente la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Este hecho no nos acerca a la postura del Partido Popular, que pretende acosar al Gobierno utilizando un
tema tan sensible como es el terrorismo; no es nuestro estilo. Lo que no entendemos es por qué, a pesar de todas estas actuaciones, el Partido Socialista se mantiene en un pacto que es permanentemente incumplido por el único partido con el que lo
ha firmado, pues éste no cesa en su intento de utilizar el terrorismo como arma electoral. ¿Será también por una cuestión mediática? Que cada uno lo juzgue. Nosotros apostamos por que el Gobierno se enfrente al problema del terrorismo sin
hipotecas y, por fin, nos dé a todos los representantes de la soberanía popular la oportunidad y el reconocimiento del derecho a aportar nuestra visión y a participar en la búsqueda de soluciones. Es evidente que hasta ahora con el pacto excluyente
no les ha ido bien; es hora de buscar otras alternativas y escuchar otras voces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando he conocido el texto de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y tras comentarlo en el seno de mi grupo parlamentario me he sentido sorprendido. En primer lugar, es una materia que, en razón de los principios que inspiraron
en su día el Pacto antiterrorista, tendría que haberse presentado en la Comisión conjunta de ambos partidos. En segundo lugar, me da la sensación de que con esto se está intentando puentear a la Comisión creada en esta Cámara -que empieza mañana
sus trabajos- para investigar el antes, durante y después de los luctuosos sucesos que tuvieron lugar tras el atentado terrorista del pasado 11 de marzo en Madrid, porque se empiezan a extraer ya -lo acabo de escuchar en las intervenciones de muchos
portavoces- conclusiones que, por afectar a la lucha antiterrorista, deberían estar reservadas a esta Comisión, ya que este es uno de los puntos que se derivan del alcance de sus competencias aprobado en la Cámara.
En tercer lugar, quiero hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Popular: que se pongan de acuerdo en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad del Estado, porque una cosa es transformar el
Parlamento en la plaza pública legítima y democrática de debate de los grandes problemas del Estado y otra cosa es traer una materia reservada
a la lucha antiterrorista a un debate parlamentario abierto, que a juicio de mi grupo tiene otro escenario.
En último término, mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa por entender que en una política de seguridad del Estado, en la que todos debemos actuar democráticamente pero también con eficacia contra el terrorismo, decir como se dice
aquí que debe remitirse a la Cámara en un plazo de quince días un informe detallado sobre la implantación y reglas de funcionamiento del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, así como sobre las normas para su relación con los restantes
órganos y servicios antiterroristas que están ubicados en el Centro Nacional de Inteligencia, en el Ministerio del Interior en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Dirección General de la Policía Nacional, es brindar una información a
los terroristas sobre el sistema operacional que tiene el Estado. Esto es de una irresponsabilidad tremenda, y quiero hablar desde un punto de vista de responsabilidad de Estado. Esto es facilitar información sobre todo el sistema operativo de la
lucha antiterrorista. Para eso, los grupos parlamentarios pedimos que haya un escenario de encuentro y de diálogo, pero en la Comisión de Secretos Oficiales o en aquellas gestiones de responsabilidad de Estado que se puedan tener. Esto no parece
propio de un grupo como el Grupo Parlamentario Popular que ha tenido hasta hace unos meses una responsabilidad de Gobierno en la lucha operativa contra el terrorismo.
Desde luego, el punto primero tampoco es de recibo en una política de seguridad.
Estos temas tienen que estar garantizados por la reserva. No estamos hablando aquí de una política agraria, de obras públicas, de fomento o de medio ambiente, sino que estamos comprometiendo, sobre todo con el punto número dos, a los servicios de
seguridad del Estado.
Discútase otra forma de organización, pero a mi grupo no le parece que eso sea una garantía para no dar una pista y una información a los aparatos terroristas que pueden operar en España o en el cualquiera de nuestros
conciertos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento y guarden silencio.
Quedan todavía algunas intervenciones para concluir el debate, pero prefiero que tomen asiento y guarden silencio por respeto a los intervinientes.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Era desconocedor de poseer tal carisma personal para provocar el lleno del hemiciclo en el momento de interrumpir y esto me anima a hacer una intervención un poco más sesuda de la que tenía prevista inicialmente. Mi impresión es que la
iniciativa política tiene poco recorrido. Es una iniciativa política que requiere -parafraseando la terminología taurina- una faena de aliño, pero uno se debe también a su público, señor presidente, y vamos a decir que nos sorprende mucho, como
otros portavoces han comentado, que precisamente el Partido Popular presente una moción con un pedimento de esta naturaleza, salvo que se haya producido en el Partido Popular -si su portavoz se sincera- una especie de conversión metafísica o mística
y hayan vislumbrado a su San Pablo particular, porque si alguien ha sido el adalid de la descoordinación policial en este país en los últimos ocho años ha sido ese partido durante su etapa de Gobierno. (Aplausos.) El carisma personal se posee o no
se posee, señor presidente, como se puede ver.
El Partido Popular no sólo no ha sido capaz de coordinar al Cuerpo Nacional de Policía con la Guardia Civil, sino que ha provocado una competencia policial extraña entre ambos cuerpos, tensiones innecesarias.
El comisario general de
Información no conocía personalmente al director general de la Guardia Civil; eran incapaces de recabar información de otros servicios de información, valga la redundancia, como el CNI, aunque tenía otras competencias; incapaces de conectarse con
el Centro de información vinculado a los jueces estatales de Instrucción de la Audiencia Nacional; los subdirectores de los servicios operativos, de información y de la Guardia Civil me consta que no se conocían personalmente; el caos organizativo
en materia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad -que no sólo hay dos, hay por lo menos tres o cuatro en este momento- ha sido absoluto. El portavoz de Esquerra Republicana ha hecho una reflexión muy lúcida: el Pacto llamado por las libertades y
contra el terrorismo lo que ha provocado es una fijación, una especie de obsesión en la lucha contra el terrorismo de ETA, dándole una dimensión absolutamente desproporcionada a esta lucha contra el terrorismo. No sólo se trata de perseguir a esta
organización criminal, sino de ilegalizar partidos políticos, de criminalizar simbólicamente a otros, entre los cuales estamos a otros y otros partidos nacionalistas democráticos. En el ínterin, en ese caos organizativo han penetrado mafias
albanokosovares, mafias rusas, estructuras de criminalidad o terrorismo islámico, ante esta fobia, ante esta unicidad, unilateralidad -ahora que está tan de moda la expresión- en la lucha o en la persecución contra el terrorismo que el Partido
Popular ha practicado anteriormente. Desde esta perspectiva, señor presidente, puede tener el Partido Popular legitimación reglamentaria para presentar esta moción, pero carece de legitimidad política. No es el partido llamado a solicitar
coordinación de ningún tipo cuando ha practicado tal caos organizativo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que él ha controlado. Sólo voy a hacer una petición solemne para acabar esta intervención. El artículo 17 del Estatuto de
Autonomía de Gernika establece que la Ertzaintza es una policía integral. Hay otras policías integrales en el Estado español.
Esto tiene su fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución.
El carácter de policía integral de la Ertzaintza deviene de la propia Constitución; no del bloque de constitucionalidad, sino específicamente de la Constitución. Es una policía integral y en materia de coordinación nosotros le vamos a
pedir no sólo al Partido Popular sino también al Partido Socialista el reconocimiento de este carácter integral de la Ertzaintza para luchar contra todo tipo de fenómenos terroristas. En estos momentos los fenómenos terroristas poseen una
morfología nueva, desconocida. Son fenómenos poliédricos y complejos de analizar. Hace falta información y nosotros pedimos esto para la Ertzaintza: participar de las fuentes de información que corresponde a una policía europea, de la información
que se proporciona en Eurojust, de la información que se proporciona en Europol, de la información que se proporciona en Interpol, de la información que corresponde a una policía absolutamente integral.
Eso sí es coordinación de verdad. Es una
petición para otros grupos de la Cámara. Así podremos empezar a luchar contra el terrorismo en su dimensión real y no en su dimensión simbólica, de utilización bastarda y partidista como se ha hecho hasta el momento. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la moción del Partido Popular, relativa a las medidas organizativas adoptadas inicialmente por
el Ministerio del Interior. Nuestro grupo se posiciona rechazando la moción, pues considera que responde más bien a la actitud de obstaculizar inoportuna y extemporáneamente los primeros pasos del nuevo ministerio, que no a una voluntad sincera y
franca de hacer aportaciones positivas y de adición a las primeras decisiones de ese departamento. El nuevo Gobierno, por lógica de funcionamiento y por cortesía política, no sólo debe tener la oportunidad y la libertad de la autoorganización según
su propio criterio en busca de la eficacia de la consecución de los objetivos políticos, sino que es merecedor, ese Gobierno y el del más minúsculo municipio, de un margen de confianza del resto de los grupo no gobernantes, de una perspectiva
suficiente y con ánimo templado, no en caliente después de un trauma electoral, para evaluar los efectos de las decisiones políticas, organizativas, estructurales, gerenciales, de circuitos, de protocolos de funcionamiento, de fijación de circuitos,
etcétera. En términos generales, nuestro grupo ve con confianza y valora interesante la pretensión del ministro del Interior de entretejer con la estructura jerárquica vertical de los organismos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, otros órganos horizontales permanentes de carácter profesional: uno, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y de carácter político el otro, el Comité Ejecutivo del Mando Único, que con disposición de transversalidad permitan
tener un sólido tejido que facilite la coordinación y la actuación equilibradamente autónoma y conjunta de los diversos cuerpos, fuerzas y organismos y así persigan inteligentemente objetivos ambiciosos de una mayor cota de seguridad ciudadana y de
máxima eficacia en la lucha contra el terrorismo. Concedemos también crédito a la reiterada explicación del ministro de que la reestructuración del ministerio, y especialmente la creación de los dos nuevos órganos criticados por el Grupo Popular,
obedece a su legítima voluntad política pero fundamentando ésta en las recomendaciones e informes de los profesionales, expertos y altos responsables del departamento de Interior que son sin duda los más profundos conocedores de la problemática y
también de sus posibles soluciones. El ministro ha dado, simplemente, respaldo político y forma jurídica y organizativa a las propuestas de contenido técnico elaboradas por quienes dominan en profundidad la compleja y delicada cuestión de la
seguridad ciudadana. El tiempo confirmará, o no, si aquella propuesta técnica y organizativa, asumida por el ministerio y de la que será responsable, era la acertada, pero démosle tiempo al tiempo.
Al hilo del comentario de estos aspectos organizativos del Ministerio del Interior, a nuestro grupo le hubiera gustado, y así lo propusimos en su momento, la creación de una secretaría de Estado de seguridad vial, adscrita a Presidencia,
dado precisamente el carácter transversal de su contenido y la necesaria implicación de varios ministerios en el abordaje eficaz de la dramática problemática de la seguridad en las carreteras, y coincidiendo también con la voluntad política de esta
Cámara plasmada en la creación de una Comisión específica de seguridad vial. Reiteramos la propuesta para una ocasión futura.
Entiéndase, finalmente, nuestra posición de rechazo a esta moción, no como una actitud de inhibición en la vigilancia crítica ante la actuación y las decisiones del Gobierno, sino como un posicionamiento inicial, lógico, de respeto al juego
y la dinámica política a mantener en los pasos de los primeros andares del nuevo Gobierno, actitud que la opinión pública también entiende como razonable y espera de los políticos responsables.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna porque, entre otras cosas, la megafonía es mucho mejor aquí que ahí abajo, y para que ustedes me oigan bien. (Aplausos.)
Lamento sinceramente, señora Sánchez Camacho, haber tenido que intervenir y fijar la posición de mi grupo en una interpelación, y consecuentemente en una moción, que esperaba que nunca se hubiese producido después del debate del día 2 y
después de la barra libre con la que han estado utilizando la política de seguridad ciudadana y la política antiterrorista en los días previos al 13 de junio, en la campaña electoral. (Aplausos.) Pensaba que se les hubiese acabado la política que
han utilizado. (Rumores.) No, no se exciten, señorías.
No es obligatorio presentar una moción después de haber hecho la interpelación que hicieron el día 2 de junio. Su interpelación es fruto de dos cosas, y la moción también: de la ansiedad política y de la desorientación política con la que
está interviniendo el Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos.) Sólo y exclusivamente de ello porque sólo ante el hecho de la creación del CEMU, como dice S.S., el Comité Ejecutivo del Mando Unificado, y el anuncio de la creación posteriormente del
Comité de Coordinación de la Lucha Antiterrorista, y antes de conocer nada, inmediatamente presentaron una interpelación. Y no contentos con el debate del día 2 y ante las respuestas en Comisión, ante las respuestas del ministro en el Pleno del día
2, han seguido manteniendo en los mismos términos sus propios argumentos; los tenían antes, los tienen ahora y los tendrán mañana. Porque es la política del Partido Popular de no entender, cuando no quieren entender determinadas políticas, por muy
serias y muy responsables que sean ante los ciudadanos. Les puede la ansiedad (Rumores.); sí, señorías, porque preguntan y exigen antes de que incluso determinados organismos estén funcionando, como el Comité de Coordinación de la Lucha
Antiterrorista. No está creado todavía, y usted lo sabe. Se está trabajando en ello y están exigiendo al Gobierno que, en el plazo de 15 días, venga a informar, con pelos y señales, del funcionamiento de todo lo que se piensa crear, dando un
ejemplo de una irresponsabilidad política sin límites; señorías, sin límites. (Aplausos.)
Se lo dijo el ministro, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Ustedes siguen queriendo organizar el Ministerio del Interior como si estuvieran gobernando ahora. Dejen a los que han ganado las elecciones que asuman su
responsabilidad para que traten de arreglar el desaguisado con que se encontraron. (Rumores.) Y por mucho que usted diga que está en los informes que los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dijeron al Gobierno que era
bueno y necesario crear órganos de coordinación porque había órganos que no estaban funcionando, y a las pruebas me remito y no me haga hablar más (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Habla, habla!.), un Gobierno tiene la responsabilidad política
de crear los órganos que estime oportuno, como le han dicho todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara entienden que es responsabilidad de un gobierno organizar el ministerio de la forma que crea
más oportuna para conseguir los objetivos de seguridad ciudadana y de eficacia en la lucha antiterrorista. Pida usted responsabilidades al Gobierno cuando los órganos lleven funcionando un tiempo, en función de la eficacia o no, no en función de un
debate nominalista de los órganos que un gobierno y un ministerio, en función de su responsabilidad y de sus propias atribuciones, tiene y ha creado al respecto. Da la sensación de que con su interpelación y con su moción solamente quieren crear
ruidos. Yo le voy a dar un consejo. (Protestas.) Ustedes, que tienen la piel muy sensible cuando se enjuicia la labor política del anterior Gobierno y del último ministro del Interior del Gobierno del Partido Popular, ese que se trata de blindar
diciendo que los demás no opinen sobre él, se permite el lujo de opinar -junto con el anterior ministro y el anterior, los señores Oreja, Rajoy y el señor Acebes- todos los días sobre la política antiterrorista del Gobierno y sobre la política de
seguridad ciudadana.
Pero, eso sí, ustedes se blindan respecto a las políticas que los demás, cuando hemos llegado al Gobierno, no podemos enjuiciar sobre la labor que han desarrollado en materia de seguridad ciudadana los gobiernos del Partido
Popular. (Aplausos.) Y cuando lo hacen se dedican a insultar, y ya estamos cansados de los insultos, señorías. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Porque incluso en el seno de una reunión del Pacto
antiterrorista alguien pide y da explicaciones y las aceptan, pero yo no he visto todavía bajo ningún título que los insultos que se dedicaron al actual ministro del Interior hayan sido retirados por alguien y se haya dicho que quedan sin efecto.
Como le han dicho, algunos tienen la facilidad de incorporar ante la crítica la palabra miserable y otras más, lo que no hace nunca el Partido Socialista. (Protestas.) No, mírense entre ustedes y en la política.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, le ruego que concluya.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino, señor presidente.
Ustedes quieren que en el plazo de 15 días el Gobierno informe incluso de lo que no está formalmente creado, pero además, como le han dicho muchos grupos parlamentarios, quieren que el Gobierno venga a informar y dé pelos y señales del
funcionamiento del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, con quién se reúne, cómo se coordina. Sean un poco más responsables, señores del Partido Popular, que la ansiedad es mala consejera. Yo les pido que sean razonables y coherentes y
que retiren la moción que han presentado por el bien de la política y del entendimiento entre todas las formaciones políticas en la defensa de unos mismos intereses, por la seguridad y contra el terrorismo, que es uno de los problemas más
importantes que tenemos los españoles y también los europeos. Les pido, por favor, que retiren la moción que han presentado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora diputada, yo creo que o responde -que quizá no es así- al desconocimiento de S.S.
o bien al uso partidista que usted ha hecho...(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho, por favor, como he hecho la advertencia a lo largo del día, comprendo que limitarse a decir sí o no a lo que se acepta o rechaza no aclara el sentido del debate.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Sí, presidente, pero voy a decir por qué digo sí o no.
El señor PRESIDENTE: Déjeme que dirija yo el debate. Haga alguna apostilla o dé alguna explicación de la aceptación o rechazo de la enmienda, pero no reabra el debate calificando las actitudes de los demás. Se lo ruego.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor presidente, yo quiero fundamentar la posición de este grupo sobre la base de que afirman que debemos superar la descoordinación existente, y quiero recordarle que con el Partido Popular se
desmantelaron más de 53 comandos terroristas y están en prisión más de 400 terroristas islámicos. (Aplausos.) Si alguien tiene la mejor hoja de servicios y la más limpia en la lucha contra el terrorismo es el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho, no le pierda la pasión, por favor, díganos qué enmiendas acepta o rechaza, se lo ruego.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Se lo digo rápidamente. Respecto a las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, y con el mismo afán constructivo, le decimos que no podemos aceptarlas. Señor diputado, yo creo que la base laica de su
partido no le va a permitir ganar el cielo ni ganar el apoyo de este grupo parlamentario.
Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las dos mociones resultantes de las interpelaciones urgentes. A la primera de ellas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación del polígono de tiro de las Bardenas Reales de
Navarra, ha habido una enmienda transaccional. He preguntado antes a todos los grupos parlamentarios si la conocen y, en consecuencia, se inicia la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
Segunda moción y último punto del orden del día, la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular. Por su intervención está claro que se vota su moción tal cual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 118; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana. Buenas noches.
Eran las once y diez minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 13, correspondiente a la sesión plenaria del martes 1 de junio de 2004, en la intervención del señor Pedret i Grenzner -página 467, primera columna, líneas 11 a 14- se dice 'En la
legislatura anterior el grupo mayoritario votó a favor de la toma en consideración de las dignas proposiciones de los parlamentos autónomos y sólo votó en contra en una ocasión...', cuando debería decir 'En la legislatura anterior el grupo
mayoritario voto en contra de la toma en consideración de las dignas proposiciones de los parlamentos autónomos y sólo votó a favor en una ocasión...'