Breadcrumb
Publications
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 21/06/2005
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de junio de 2005
Núm. 225
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/001023 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre reconocimiento de los ciudadanos que
integraron o apoyaron la resistencia armada antifascista, con el fin de restablecer la legitimidad constitucional republicana ... (Página 9)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes ... (Página 10)
161/001054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el pueblo U'wa ... (Página 11)
Comisión de Justicia
161/001029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Aragón ... (Página
12)
161/001030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el Principado de Asturias ... (Página 13)
161/001031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Baracaldo ...
(Página
13)
161/001032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Cantabria ...
161/001033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Castellón de la Plana ...
161/001034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ...
161/001035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ...
161/001036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Córdoba ... (Página
16)
161/001037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Elche ... (Página
17)
161/001038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página
17)
161/001039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura ...
161/001040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de L'Hospitalet de Llobregat ...
161/001041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Pamplona ... (Página
19)
161/001042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja ...
161/001043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Tarragona ...
(Página
20)
161/001044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Valladolid ...
161/001045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Zaragoza ... (Página
21)
Comisión de Defensa
161/001003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la cesión por parte del Ministerio de Defensa de la base de Vértice Salada a los gobiernos
autónomos de Aragón y País Valencià ... (Página 22)
Comisión de Economía y Hacienda
161/001063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre diversas actuaciones a realizar en defensa de la prórroga de la Zona Especial Canaria y la mejora de la normativa interna que la regula ...
(Página 22)
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los servicios ferroviarios entre Vigo y Porto ...
(Página 23)
161/001056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la construcción de un helipuerto en la ciudad de Cádiz ... (Página 23)
161/001057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una emisión de sellos conmemorativa de la celebración del VI Centenario de la fundación de la Villa Histórica de
Betancuria, sita en la isla de Fuerteventura ...
(Página 24)
161/001058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de partidas presupuestarias que permitan normalizar el servicio de Correos en la Isla de Fuerteventura ...
161/001060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la utilización del cauce del barranco del Riu Sec de Castelló ...
161/001061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al cubrimiento del cauce del barranco Riu Sec de Castelló ... (Página
26)
161/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la normativa de seguridad en el mar que fija parámetros y exigencias diferentes en función de la eslora de los buques ...
Comisión de Educación y Ciencia
161/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento de los investigadores como profesionales ... (Página
27)
161/001017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la eliminación de los estereotipos sexistas en el conjunto del material didáctico ... (Página 29)
161/001018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para el establecimiento de medidas que potencien la dimensión europea en la educación ... (Página 29)
161/001026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Nacional contra la Obesidad mediante el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva ...
161/001027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a convocatoria de la Asamblea General del Deporte ... (Página 32)
161/001028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Agencia Española de Lucha contra el Dopaje ... (Página 33)
161/001053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la educación de niños hospitalizados ... (Página 34)
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
161/001025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación por parte del Gobierno de la Nación de una partida que subvencione los gastos extraordinarios que sufren los municipios de
la isla de Fuerteventura, en su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la inmigración irregular ... (Página 34)
161/001064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una Administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, y dos agencias del mismo
organismo, una en Gran Tarajal y otra en Morro Jable ... (Página 35)
161/001065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar la flexibilización laboral en casos de existencia de mayores dependientes ... (Página 36)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la necesaria colaboración entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad Autónoma de La Rioja para garantizar el futuro industrial y la
continuidad de la actividad de la empresa Electrolux en dicha Comunidad ... (Página 36)
161/001012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al reconocimiento de un dominio propio para Galicia en Internet ... (Página 37)
161/001066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las primas a la producción de energía eléctrica en régimen especial ...
161/001072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la ampliación de las competencias y los recursos de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional ...
161/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el desarrollo industrial de silicio y obleas para generación de energía fotovoltaica ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las negociaciones con el Reino de Marruecos para promover un Acuerdo de Pesca ... (Página 41)
161/001010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas ante la crisis de la pesquería de la anchoa ... (Página 41)
161/001015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a defender en las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 la no
inclusión de la financiación de la Red Natura 2000 en los nuevos Fondos Europeos para la Agricultura y el Desarrollo Rural (FEADER) ... (Página 42)
161/001019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre protección de olivos milenarios ...
(Página 43)
161/001020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre subvenciones al sector equino español ...
(Página 44)
161/001021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre biocombustibles ... (Página 44)
161/001022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la recuperación de los caladeros del litoral de Galicia ... (Página 46)
161/001069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre apoyo a la fresa de Huelva ... (Página 46)
Comisión de Administraciones Públicas
161/001013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la integración individual de funcionarios de la Administración local en el Régimen General de la Seguridad Social ...
(Página
47)
161/001014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la presencia de las lenguas cooficiales con el castellano en las páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado,
Sociedades Públicas, Fundaciones y Entidades Públicas Empresariales a través de internet ... (Página 48)
161/001068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al traspaso de los Centros de Atención de Minusválidos Físicos (CAMF) a las Comunidades Autónomas ... (Página 49)
Comisión de Cultura
161/001001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al funcionamiento, sistema de gestión y criterios en la aplicación de los fondos provenientes del uno por ciento cultural ...
161/001016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la propuesta de proclamación de la tradición oral gallego-portuguesa como Obra Maestra de la Humanidad ... (Página 51)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de la salud mental en el Servicio Nacional de Salud ...
161/001000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de homologar con la Unión Europea determinadas profesiones relacionados con la sanidad ...
(Página
52)
Comisión de Medio Ambiente
161/001005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los problemas ocasionados por la sequía en la ciudad de Huesca ... (Página 52)
161/001055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las declaraciones de impacto ambiental en las centrales térmicas ...
161/001062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Castelló ...
161/001067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre actuación inmediata en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea (Alicante) ...
161/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la grave sequía en España ... (Página 56)
161/001073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre intervención inmediata para la paralización de la construcción de aparcamientos con cargo a fondos FEDER (FEDER 00 Programa 5141-1)
en una zona verde en el proyecto de regeneración y conservación de la playa del Pinar de Castelló ...
(Página 57)
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
161/001046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación de los trabajadores contratados de Televisión Española (TVE) ... (Página 58)
161/001074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la utilización por parte de los medios de titularidad pública de la denominación estatutaria de Comunidad Valenciana ...
161/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el establecimiento del canal parlamentario dentro de la oferta de programación de Televisión Española ... (Página
59)
Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital ... (Página 60)
161/001024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la formación profesional en las personas con inteligencia límite ... (Página 61)
161/001048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de poner en marcha un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad ... (Página 62)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Interior
181/001073 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel María Oliver Sagreras (GS), sobre campañas que se van a realizar sobre la seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 63)
181/001075 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre contenido de las dos campañas de concienciación y fomento del uso del cinturón de seguridad en vehículos, que tiene previsto realizar a lo largo de junio
y octubre de 2005 la Dirección General de Tráfico ... (Página 63)
181/001093 Pregunta formulada por la Diputada doña Remedios Martel Gómez (GS), sobre valoración de los resultados de la 'Operación Mamut' que permitió localizar y clausurar seis laboratorios clandestinos que ponían en el mercado grandes
cantidades de anabolizantes, hormonas y esteroides ... (Página 64)
Comisión de Economía y Hacienda
181/001063 Pregunta formulada por el Diputado don Ángel Pérez Martínez (GIV-IU-ICV), sobre medidas para liberar la carga de reversión de los suelos cedidos al Ayuntamiento de Leganés (Madrid), a fin de que se pueda concluir la Operación
Centro, poner en funcionamiento los equipamientos municipales, deportivos, espacios libres y aparcamientos, así como poder entregar las viviendas sociales ... (Página 64)
Comisión de Fomento y Vivienda
181/001094 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Herrera Torres (GIV-IU-ICV), sobre motivos por los que tras la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley instando al Gobierno a que los Planes
Directores de los aeropuertos de las Islas Baleares se adapten a las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en esta Comunidad, el Ministerio de Fomento ha remitido una carta con fecha 14/04/2005 en sentido contrario al Conseller de
Territori del Consell Insular de Mallorca ... (Página 64)
Comisión de Educación y Ciencia
181/001099 Pregunta formulada por el Diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP), sobre destino de fondos FEDER en las áreas de biomedicina y biología a un centro que no se ha creado ... (Página 64)
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
181/001059 Pregunta formulada por el Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar (GP), sobre medidas e iniciativas de carácter laboral y socioeconómico que va a adoptar el Gobierno en relación a la industria auxiliar vinculada a la crisis de
Izar ... (Página 64)
181/001060 Pregunta formulada por el Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar (GP), sobre razones por las que el Gobierno no ha estado presente en la tercera edición de la Feria de Acción-Social de la Empresa, celebrada del 4 al 6 de mayo de
2005 en Valencia ... (Página 65)
181/001065 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Louro Goyanes (GS), sobre valoración de la especial incidencia de la subida de las pensiones mínimas en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página 65)
181/001077 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre previsiones acerca de cumplir con la resolución que insta al Gobierno a paralizar el Plan de Juventud 2005-2008, aprobada en el debate sobre el estado de la
Nación ... (Página 65)
181/001078 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre medidas tomadas para favorecer el empleo juvenil ...
(Página 65)
181/001095 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Fidalgo Francisco (GS), sobre impacto de la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página
65)
181/001096 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de visitas a empresas que realizará la Inspección de Trabajo en la campaña especial de control de la economía irregular ...
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/001062 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre medidas previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para acelerar la llegada del gas hasta Almería desde Argelia a través del
proyecto Mezgad ... (Página 66)
181/001064 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP), sobre desglose de los programas que suman un incremento del 25% de la I+D+i en el año 2005 con respecto al ejercicio anterior ...
181/001066 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Grande Pesquero (GS), sobre situación y previsiones acerca de los Paradores de Turismo en las Islas Canarias ... (Página 66)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001076 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre contenido del reciente Convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) para facilitar la accesibilidad e inserción laboral de los discapacitados ... (Página 66)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001091 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre previsiones acerca de dotar alguna partida presupuestaria para aumentar la plantilla de vigilantes de seguridad en el Hospital Comarcal de Melilla, ante
el aumento de las agresiones que sufren los médicos y otros profesionales de dicho centro ... (Página 66)
181/001092 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre previsiones acerca de 'convertir' las agresiones que sufren los funcionarios del Hospital de Melilla de 'falta' en 'delito', como aseguró el Subsecretario
en la visita a Melilla el 22/04/2005 ...
(Página 67)
Comisión de Medio Ambiente
181/001061 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Velasco Morillo (GP), sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente acerca de la implantación de una central térmica de ciclo combinado en Moral de Sayago (Zamora)
... (Página 67)
181/001097 Pregunta formulada por la Diputada doña Juana Serna Masiá (GS), sobre estado de desarrollo y actuaciones previstas con el programa AGUA para la Comunidad Valenciana ... (Página 67)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001067 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Pedret i Grenzner (GS), sobre colaboración que presta el Gobierno al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la prevención de conflictos en los países preferentes
para la cooperación española ... (Página 67)
181/001068 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Pedret i Grenzner (GS), sobre aportaciones técnicas, financieras y humanas al área de fortalecimiento de la división de poderes y del poder judicial del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo ... (Página 67)
181/001069 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Pedret i Grenzner (GS), sobre aportaciones técnicas, financieras y humanas al área de fortalecimiento de las administraciones electorales independientes del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo ... (Página 68)
181/001070 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Pedret i Grenzner (GS), sobre propósitos del Gobierno respecto a la contribución financiera al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el próximo ejercicio ...
181/001071 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Pedret i Grenzner (GS), sobre actuaciones para asegurar una presencia equitativa de ciudadanos españoles en los puestos de dirección del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
... (Página 68)
181/001072 Pregunta formulada por la Diputada doña Antonia Martínez Higueras (GS), sobre requisitos que pide el Estado español para otorgar ayudas a los países menos desarrollados, atendiendo a los esfuerzos realizados por los mismos para
paliar las desigualdades entre hombres y mujeres ... (Página 68)
181/001079 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), relativa a la valoración del acuerdo de la Unión Europea sobre cooperación al desarrollo alcanzado el día 24/05/2005 ... (Página 68)
181/001080 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre avances producidos en el proceso de reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el año 2005 ... (Página
68)
181/001081 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre avances producidos en la reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) como instrumento de cooperación en el año 2005 ...
181/001082 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre medidas previstas para implementar la moción aprobada por el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a destinar el 10% de la ayuda bilateral no
reembolsable a proyectos de fortalecimiento institucional ... (Página 69)
181/001098 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre valoración de la relación de España con Marruecos en materia de cooperación al desarrollo ... (Página 69)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/001023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los grupos abajo firmantes y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.
A medida que avanzaban territorialmente las fuerzas militares del bando fascista, los defensores del régimen republicano legal y legítimamente constituido buscaron nuevas fórmulas de lucha para detener a los sublevados.
La resistencia de los derrotados militarmente por los facciosos se fue articulando irregularmente en los espacios donde pudieron hacerlo. En principio, para evitar sus muertes se organizaron en los montes y montañas, donde, a los 'huidos'
de la población civil, se fueron sumando grupos del Ejército republicano y de otras organizaciones armadas que luchaban contra los fascistas, escapados de campos de prisioneros y otras personas que decidieron tomar dicho camino en pos de la
libertad. Hay que señalar que su procedencia política era plural, desde militantes anarquistas, comunistas, socialistas o republicanos hasta jóvenes militantes antifascistas.
Los diferentes grupos guerrilleros, diseminados a lo largo de todo el territorio del Estado, se concentraban en el ámbito rural y a menudo sobrevivieron gracias al apoyo de enlaces en las zonas poblacionales cercanas.
La lucha de guerrillas, que se inició ya en el mismo momento en que se produce el 'Alzamiento Nacional' golpista y se prolongó hasta los años 60, tuvo una actuación irregular teniendo en cuenta que buena parte de los luchadores cruzaron la
frontera en dirección a Francia para combatir internacionalmente el fascismo. Lo hicieron con la esperanza que esta derrota provocara el fin del fascismo español gracias al apoyo internacional de los regímenes democráticos. A pesar de que muchos
volvieron y continuaron la lucha, a mitad de los 50 fue ya evidente que la colaboración internacional no se iba dar, haciendo patente el aislamiento a que quedaban relegados.
Desde el final oficial de la Guerra Civil, fue el Tercio Móvil del Ejército español, la Falange, y sobre todo la Guardia Civil, los encargados de perseguir y aniquilar a los grupos de resistencia democrática, organizados en guerrillas. La
decisión de adjudicar un papel preeminente a la Guardia Civil se debe tanto a su propia naturaleza, ámbito de actuación y experiencia de este instituto armado (responsable de perseguir a bandoleros y carlistas durante el siglo XIX), como a la
intención de menospreciar e infravalorar -internamente y externamente- la resistencia al régimen fascista. Encargándose prioritariamente a la Guardia Civil y no al Ejército la represión, se pretendía, por un lado, que no se reconociera que se
trataba de un problema grave o de la misma continuidad de la guerra. Por otro lado, se quería visualizar ante la sociedad que se trataba de un problema de delincuencia y no de una lucha en defensa del régimen republicano. Para ello, se utilizaron
también tácticas propagandísticas como el silenciamiento de las acciones con contenido político y la propagación de aquellas más violentas que pudieran generar un cierto rechazo por parte del conjunto de la sociedad.
En este mismo sentido, una
circular de la Dirección General de Seguridad de 11 de abril de 1947 prohibía expresamente utilizar el término guerrilla, maquis o guerrilleros, y obliga a establecer como terminología a nivel interno y externo, los conceptos bandoleros, forajidos o
bandolerismo.
Pero la lucha armada por la democracia existía, y era mayor de lo que el propio gobierno golpista estaba dispuesto a admitir. Hasta el punto que el Ministerio de Interior dio orden de aniquilar a los guerrilleros y enlaces -mediante la ley
de fugas-, a la vez que se amplió en gran medida la plantilla de la Guardia Civil (se pasó de 30.000 efectivos en 1936 a 54.000 en 1941). La importancia de la guerrilla está demostrada por el hecho que en el período 1943-1952 se concedieran por las
acciones contra ella, 908 cruces del mérito militar -que configuraron el popularmente llamado 'medallero'
, 970 citaciones en las órdenes generales del cuerpo, que hubiera más de mil enfrentamientos armados y más de seiscientas bajas entre heridos y muertos en la Guardia Civil. De hecho, las cifras que se recogen en los archivos del Servicio de
Estudios Históricos de la Guardia Civil para este período -citado por el investigador Jesús Núñez en su ponencia, La Guardia Civil contra el maquis- -señalan 2.173 guerrilleros muertos, 2.374 detenidos y 19.444 enlaces detenidos.
En este sentido, la desarticulación de las guerrillas requirió una nueva estrategia basada en el ataque a sus redes de apoyo, lo cual llevó a la Guardia Civil a reprimir a los enlaces, los cuales fueron paulatinamente detenidos, encarcelados
o asesinados hasta que los guerrilleros, aislados, acabaron por desaparecer.
No obstante, aunque suele establecerse el año 1952 como el año en que se puso fin a la lucha guerrillera a favor de la democracia representada por el legítimo régimen republicano, quedaron algunos focos de resistencia guerrillera hasta los
años 60, como es el caso de los representados por Quico Sabater, Ramón Vila Capdevila 'Caracremada', José Castro Veiga 'Piloto', etc.
Por todo ello urge, pues, un reconocimiento de la lucha por la libertad de los defensores del legítimo régimen republicano, de igual manera como han procedido en otros países como Francia, Alemania o Rusia, por poner tres ejemplos. En este
sentido, René Pérez, responsable de la Unión de Excombatientes Franceses en España, reivindicando la reparación de esta injusticia, afirma que 'A los guerrilleros franceses que lucharon contra el nazismo se les considera héroes nacionales; tienen
una pensión especial, veranean en residencias militares, los mutilados reciben asistencia a domicilio y han sido condecorados en repetidas ocasiones'.
Por otro lado, hay que destacar la dificultad de acceso a los archivos por parte de los mismos afectados, familiares o los historiadores actuales.
De hecho, en una clara e injusta asimetría, la mayoría de los investigadores que han tenido
fácil acceso a todos estos archivos se han destacado precisamente por tratar el fenómeno bajo un prisma ideológico que asimilaba la guerrilla a la delincuencia. En este sentido, hace falta señalar que sería necesario que los documentos depositados
por el Servicio de Información de la Guardia Civil o similares fuesen trasladados a un archivo donde rigieran criterios profesionales de acuerdo con el Consejo Internacional de Archivos y se facilitara el libre acceso a los estudiosos de la materia.
Por todo ello, y reconociendo y asumiendo la tenaz y valiosa labor de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE) a la que pertenecen actualmente la mayoría de guerrilleros y en virtud del reconocimiento por unanimidad que el Congreso de
los Diputados hace el 14 de mayo de 2001 de su lucha y en que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su rehabilitación total de cara a modificar la calificación de bandoleros y malhechores, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reconocer jurídica, moral y económicamente a los ciudadanos y ciudadanas que integraron o apoyaron la resistencia armada antifascista, con el fin de restablecer la legitimidad constitucional republicana. En este sentido, se harán
efectivas las indemnizaciones y beneficios sociales que se deriven de este reconocimiento.
2. Proceder a trasladar la documentación personal e institucional relativa a la guerrilla a un archivo histórico público y civil con la finalidad de facilitar su conservación, tratamiento y acceso tanto a los afectados y familiares, como a
los investigadores.
3. Incluir lo demandado en el Proyecto de Ley de la Memoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2005.-Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación de la Ley 7/1991
por la que se crea el Instituto Cervantes, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El artículo 1 de la Ley 7/1991 por el que se crea el Instituto Cervantes establece entre sus fines la promoción y difusión del Español (enseñanza, uso y estudio del español) pero también a la difusión de la cultura en el exterior.
En el trámite parlamentario de esta Ley el Grupo Popular presentó una enmienda en la que se proponía que el Instituto Cervantes pudiese promover y organizar cursos para la enseñanza de las otras lenguas españolas cuando existieran las
circunstancias que así lo permitieran.
Esta propuesta no fue aceptada por el Grupo Socialista.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno actuó con gran respeto y atención hacia la plural realidad lingüística y cultural de España, de tal modo, que el Instituto Cervantes ofrecía y sigue haciéndolo cursos en las lenguas de las
Comunidades con lengua propia, impartiendo
clases con la inscripción de tan solo dos alumnos. Asimismo, tomó la iniciativa de contactar con la Real Academia Gallega, con el Instituto de Estudios Catalanes, con la Real Academia de la Lengua Vasca, para colaborar de manera estrecha y
abierta en la mejor difusión de las distintas lenguas y culturas de España, con abierta y plural actividad cultural y presencia de la mayor parte de los creadores españoles.
Desde 1996, el Instituto Cervantes ha crecido en prestigio y medios, inaugurando sedes de importancia estratégica en Alburquerque, Berlín, Bruselas, Chicago, Estambul, Lyon, Manchester, Moscú, Nueva York, Río de Janeiro, Sao Paulo, Toulouse,
Tel Aviv o Utrecht. En la actualidad dispone de 40 centros en 26 países, a los que se había previsto que en el 2004 se añadieran las nuevas sedes de Belgrado, Budapest, Estocolmo o Praga, así como el Centro de Formación de Profesores de Español de
Alcalá de Henares.
El Instituto Cervantes abrió ocho Aulas Cervantes, que actúan como centros de recursos y documentación, así como de apoyo a la enseñanza (Belgrado), Budapest, Hanoi, Kuala Lumpur, Praga, Sofía, Zagreb, Yakarta. En 2004 se preveía la
apertura de las aulas de Bratislava, Ginebra, Liubliana y Nueva Delhi. Asimismo, se emprendió la puesta del Centro Virtual Cervantes, es decir, el Centro en Internet. Iniciativa ésta que ha tenido una demanda tal que hace necesario hoy actualizar
los presupuestos y supuestos sobre los que fue calculado.
Hoy, catorce años después de creado el Instituto Cervantes, parece razonable proceder a realizar algunas reformas. El Instituto ha crecido, su éxito ha sido considerable, ha ampliado sus actuaciones, y surgen, por tanto, otras necesidades,
que permitan cubrir su extraordinario crecimiento y expansión, tanto de sus sedes y actividades como en alumnos y personal. Ilustrativo es el ejemplo de Brasil donde se estima se necesitan unos 200.000 profesores como consecuencia de implantar el
castellano como segunda lengua obligatoria en la enseñanza.
Es importante también impulsar y articular la enseñanza del resto de las lenguas cooficiales de Comunidades Autónomas con lengua propia, sin exclusión, y la diversidad cultural de nuestro país, así como la participación de las Comunidades
Autónomas en los órganos rectores del Instituto. Es conveniente, asimismo, articular e impulsar los convenios con el Instituto Ramón Llul, el Instituto de Estudios Baleares, las Reales Academias Gallega y Vasca y cuantos otros pudieran
formalizarse.
El Centro de formación de profesores en el Colegio del Rey, de Alcalá de Henares, ha de convertirse en referente mundial, y es urgente impulsar el Centro Virtual de Español y Aula Virtual de Español que con la incorporación de las nuevas
tecnologías es hoy instrumento eficaz en la red para todos los interesados por las culturas española e iberoamericana y el aprendizaje del idioma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone, para su debate, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que envíe a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1991 de creación del Instituto Cervantes, que contemple las siguientes medidas:
- Impulsar y regular el Centro Virtual Cervantes que requiere de una reglamentación acorde con su dimensión, objetivos y demanda.
- Hacer de la formación de docentes y del Centro de Formación de profesores de Alcalá de Henares un eje básico de su actuación con el objetivo de liderar y convertirse en referente mundial como centro de enseñanza.
- Adecuar sus posibilidades de financiación de modo que estimule y promueva la participación social, la captación de fondos y recursos de las empresas privadas y de las instituciones sociales. En suma el estímulo a las actividades de
patrocinio y mecenazgo, de las que ha de beneficiarse tanto el Instituto Cervantes como la sociedad en su conjunto. Una Fundación dependiente del Instituto Cervantes podrá constituirse con el instrumento adecuado para la mejor cualificación de
estos recursos y actividades.
- Promover acuerdos y convenios con las distintas instituciones académicas de las Comunidades Autónomas, responsables de la tarea de la difusión y expansión de nuestras lenguas y culturas.
- Impulsar una mayor presencia del Instituto Cervantes a Hispanoamérica, para la mayor difusión de las lenguas y, sobre todo, culturas españolas y en español.
- Dar a conocer y enseñar las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas con lengua propia como parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.
- Incorporar a los órganos rectores del Instituto Cervantes a representantes de las Comunidades Autónomas de modo que se garantice una mejor proyección de la riqueza cultural de todas las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el pueblo U'wa, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El pueblo indígena U'wa, del occidente colombiano, ha luchado durante más de una década contra la
explotación petrolera en sus territorios ancestrales. La coherencia y determinación de su postura, y el apoyo que consiguieron, tanto en Colombia como en el resto del mundo, hicieron que la multinacional norteamericana Occidental Petroleum
(Oxy), que tenía los derechos de explotación, finalmente renunciara a llevar a cabo la extracción.
Desde 2003, la multinacional española Repsol ha obtenido los derechos de explotación, y está moviéndose muy rápidamente para comenzar lo antes posible, con el fin de no dar tiempo a organizar una campaña internacional de apoyo al pueblo
U'wa.
Las extracciones petroleras ya han demostrado en otras partes de Colombia y el mundo que conllevan la destrucción del medio natural, del que depende la supervivencia de los 7.000 indígenas U'wa y de su cultura y conocimiento ancestrales.
Los U'wa consideran el petróleo como parte integral de la Madre Tierra, y, por tanto, para ellos es sagrado. Por ese motivo han rechazado ofertas millonarias de la multinacional Oxy, soportado la represión militar (incluyendo bombardeos y
asesinatos) y mantenido coherentemente su cultura y valores de convivencia pacífica y profundo respeto al medio natural.
Saben que la explotación petrolífera supondría su desaparición como cultura, lo han podido observar en otras partes de Colombia donde se ha extraído petróleo en zonas habitadas por pueblos indígenas. Por tanto, han anunciado que prefieren
una muerte digna antes que ser destruidos cultural, ecológica y socialmente por la extracción de petróleo.
Dado que el gobierno colombiano no muestra ninguna sensibilidad respecto a las demandas del pueblo U'wa, el apoyo internacional es esencial para su supervivencia. La solidaridad y movilización de diversas organizaciones sociales de Estados
Unidos fue fundamental para lograr que la multinacional Oxy abandonase el proyecto y, del mismo modo, la movilización de organizaciones y movimientos sociales en todo el estado español puede ser uno de los factores decisivos para detener a la
Repsol.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intervenir ante el presidente de la República de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa para que:
1. Garantice el respeto de la integridad étnica y cultural del Pueblo U'wa y de todos los pueblos indígenas existentes en Colombia con hechos concretos. Retire el proyecto de explotación petrolera en Territorio Ancestral U'wa.
2. Atienda la justa petición frente a la urgente necesidad del saneamiento del Resguardo Indígena U'wa para garantizar la preservación de la identidad e integridad del Pueblo U'wa. El Resguardo Indígena Unido U'wa no se encuentra saneado y
no tiene suficiente tierra para su autosostenimiento.
3. Promueva todo tipo de iniciativas para la salida de la empresa española de petróleo Repsol del Territorio U'wa, ya que está trabajando dentro del Proyecto Bloque Sirirí y Catleya.
4. Respeto a la posición autónoma y legítima del Pueblo U'wa si acepta o no tramitar el proceso de la consulta previa.
5. Aceptación frente a la veeduría internacional que en su momento solicite el Pueblo U'wa en el proceso de reivindicación sociocultural y territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Justicia
161/001029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Aragón, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una
respuesta judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos,
como ocurre en el País Vasco, existen nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de Aragón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Verónica Lope Fontagne, Diputada. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el Principado de Asturias, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el Principado de Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Alicia Castro Masaveu, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Baracaldo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L´Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Baracaldo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Marisa Arrue Bergareche, Diputada. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Ana Madrazo Díaz, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Castellón de la Plana, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L´Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Castellón de la Plana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Fernando Castelló Boronat, Diputado. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Ana Torme Pardo, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación
de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Carmen Quintanilla Barba y Encarnación Naharro de Mora, Diputadas.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Córdoba, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Córdoba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Amelia Caracuel del Olmo, Diputada. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Elche, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Igualmente ocurre en partidos judiciales como Elche, que contará con un quinto Juzgado de Instrucción este año, según ha anunciado el Gobierno.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Elche.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Foral de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Pía Sánchez Fernández y Carmen Matador de Matos, Diputadas.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de L'Hospitalet de Llobregat, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de L'Hospitalet de Llobregat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Dolors Nadal i Americh, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Pamplona, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de
carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Pamplona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial añadido a esta
Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación,
pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno.
Así ocurre en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004, fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista al menos uno exclusivo en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-José Luis Bermejo, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Tarragona, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objetivo perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004, preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo; previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales de Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran parte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista, al menos, uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Tarragona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Valladolid, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objeto perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio
nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004 preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales del Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran arte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista, al menos, uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Valladolid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Ana Torme Pardo, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer exclusivo en el partido judicial de Zaragoza, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El objeto perseguido por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuya creación se dispone en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no es otro que el de garantizar una respuesta
judicial especializada a las víctimas de la violencia de género en las distintas partes del territorio nacional.
El Anexo XIII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, añadido a esta Ley por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 1/2004 preveía la creación de catorce Juzgados de Violencia sobre la Mujer
de carácter exclusivo, previsión que luego ha sufrido una ampliación en el Real Decreto de creación, pasando de 14 a 16 Juzgados exclusivos.
Sin embargo, ocurre que la mencionada planta provoca importantes desequilibrios territoriales. Así, mientras existen Comunidades Autónomas con hasta tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, como ocurre en el País Vasco, existen
nueve Comunidades Autónomas en las que no existe ninguno. Además, existen partidos judiciales que, contando con cinco o más Juzgados de Instrucción y con el volumen de cargas que esto conlleva, carecen de Juzgado exclusivo.
Así ocurre en los partidos judiciales del Córdoba, Zaragoza, Valladolid, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Castellón de la Plana, A Coruña, Vigo, Pamplona o Baracaldo.
Toda vez que la Ley Orgánica 1/2004 fundamenta gran arte de su eficacia en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional a través de los nuevos Juzgados, se hace necesario que
exista, al menos, uno exclusivo en cada partido judicial que cuente con cinco Juzgados de Instrucción para asegurar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por estos nuevos Juzgados.
Por ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo más breve posible, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter exclusivo en el partido judicial de Zaragoza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Verónica Lope Fontagne, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la cesión por parte del Ministerio de
Defensa de la base de Vértice Salada a los Gobiernos autónomos de Aragón y País Valencià, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En los límites de la Comunidad Autónoma Valenciana y Aragón, concretamente en los términos municipales de El Toro (Castelló) y el término municipal de Abejuela (Teruel), se halla abandonada la estación de telecomunicaciones del Ejército
Vértice Salada a 1.583 metros de altura sobre el nivel del mar.
Los edificios que formaban parte de esta instalación, construidos bajo unos parámetros de seguridad y resistencia de carácter militar, conservan relativamente intacta su estructura a pesar del abandono y de los actos de vandalismo que se han
producido en los mismos.
Actualmente, las instalaciones -propiedad del Ministerio de Defensa- están en desuso y este hecho constituye un despilfarro de las inversiones realizadas en su día, pero también supone una posibilidad de utilización alternativa en una
comarca del interior necesitada de inversiones y de generación de actividades que puedan significar opciones de desarrollo sostenible para la zona.
Las especiales características de este lugar -altura, clima, cercanía a las zonas de costa, etc.- la hacen idónea para la realización de proyectos respetuosos con el entorno, pero que requieren de condiciones especiales para su realización,
como pueden ser los entrenamientos en altura necesarios para los deportistas de élite.
Por todo ello, presentamos para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acuerde la cesión a los Gobiernos valenciano y aragonés, por parte del Ministerio de Defensa, de los terrenos y edificaciones que constituían la estación de telecomunicaciones del
Ejército Vértice Salada en aquella parte que corresponda al territorio de cada Comunidad.
- Realice, de acuerdo con las Administraciones Autonómicas, un proyecto de construcción de un centro de alto rendimiento deportivo que aproveche los terrenos e instalaciones de este antiguo centro de telecomunicaciones del Ejército.
- Establezca, en los presupuestos anuales de los próximos ejercicios, aquellas cantidades necesarias para hacer realidad este proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Economía y Hacienda
161/001063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre diversas actuaciones a
realizar en la defensa de la prórroga de la Zona Especial Canaria y la mejora de la normativa interna que la regula en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La Zona Especial Canaria (ZEC) es un área de baja tributación creada dentro del marco de la Unión Europea con el objetivo de promover y potenciar el desarrollo económico y social de Canarias. Es evidente que las intervenciones públicas
normativizando y apoyando, a través de incentivos fiscales, la creación y puesta en funcionamiento de determinadas actividades empresariales en territorios ultraperiféricos, no sólo es perfectamente justificable, sino que es fundamental para el
desarrollo de estos territorios isleños.
En el mes de enero del año 2000 la Comisión Europea, después de un larguísimo período de estudio y de propuestas diversas, autoriza la ZEC.
Finalmente, en el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, se crea la ZEC y regula lo necesario para
su puesta en funcionamiento.
La puesta en práctica de este instrumento a lo largo de estos escasos años ha puesto de manifiesto algunas cuestiones a las que se le deben dar respuesta.
Así, del análisis inicial del fin último de esta figura, es decir, la creación de nuevas empresas en Canarias, nuevos puestos de trabajo e inversión, podemos decir que en los años 2001, 2003 y 2004 se ha procedido a autorizar a un conjunto
de empresas que ha ido en aumento, creemos que no cumpliendo, sin embargo, todas las expectativas, y que en los años 2002 y 2005, en este último año según las previsiones que se manejan, van a disminuir las autorizaciones en comparación con otros
ejercicios.
Asimismo, la territorialización que obliga a implantarse en determinadas zonas a las empresas dedicadas a alguna de las actividades industriales y comerciales recogidas en el anexo del Real Decreto-ley, la temporalidad de este beneficio, la
respuesta del colectivo empresarial, la difusión de este interesante instrumento, la escasa o nula implantación de empresas con estas características en las islas no capitalinas, la limitación a través del anexo antes referido de las actividades
permitidas... ha implicado que Canarias no haya conseguido, a través de este instrumento, ser una región cada vez más atractiva para la inversión.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, hoy como siempre, confiamos que la ZEC es un instrumento válido para potenciar y diversificar la actividad económica en Canarias y que su puesta en práctica pone en evidencia algunos problemas que
conviene corregir con prontitud evitando una paralización real y absoluta de la aplicación de estos beneficios fiscales para las empresas radicada en el presente o en el futuro en la ZEC.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Iniciar los trámites pertinentes de forma urgente a fin de lograr la prórroga o ampliación del período de vigencia de la Zona Especial Canaria ante la Comisión Europea, logrando así dar la necesaria y rápida confianza a los inversores.
2. Proceder a realizar los estudios pertinentes sobre el listado de actividades, sobre los requisitos para la autorización e inscripción en ZEC en las islas no capitalinas, sobre la necesidad de difusión para la atracción, sobre la mejora
en los incentivos fiscales..., que permita una revitalización de la ZEC teniendo en cuenta las especificidades de cada una de las islas Canarias y los necesarios criterios de solidaridad hacia ellas y entre ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG) y la Diputada Olaia Fernández Davila, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a servicios ferroviarios entre Vigo y Porto, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Llama la atención en Galicia la constante propaganda sobre la modernización de las infraestructuras ferroviarias, especialmente con promesas generalizadas de itinerarios de alta velocidad, en contraste con el casi nulo compromiso práctico
por potenciar los servicios ferroviarios en determinados territorios o para recuperar viajeros para el tren. Costó trabajo que el Gobierno central asumiese la modernización del Eixo Atlántico, pero lo está haciendo además con parsimonia, a pesar de
ser un corredor colapsado y con muchos usuarios ya. En este corredor la mejora de los servicios son progresivas, pero limitadas a la espera de que se acaben las obras. Sin embargo, los tramos finales del Eixo, Vigo-Porto y A Coruña-Ferrol están
abandonados totalmente. La modernización del tramo Vigo-Porto es sólo un proyecto y los servicios actuales son escasos y deficientes por cuenta de 'Comboios de Portugal'. La compañía portuguesa está estudiando, en nombre de la rentabilidad, la
anulación del servicio entre Vigo y Valença. Tomará la decisión después de las elecciones de 19 de junio en Galicia. En todo caso, existe un acuerdo de la compañía pública portuguesa con RENFE que se vería afectado. Lo normal es que entre ambas
Administraciones den una solución que no pase por la anulación del servicio, sino por su mejora progresiva en todos los aspectos a la espera de la modernización de la infraestructura que prometen estará concluida en 2009.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Negociar con el Gobierno portugués, a través de las respectivas compañías públicas, la continuidad de los servicios ferroviarios entre Vigo-Porto, mejorando sus frecuencias, el material rodante y los tiempos de viaje, por cumplir una
importante función social en la comunicación entre Galicia y el norte de Portugal y tratarse de un itinerario pendiente de la modernización de su infraestructura, en consonancia con el potencial demográfico y económico del territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de un helipuerto en la ciudad de Cádiz, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La ciudad de Cádiz constituye un núcleo urbano de una superficie geográfica extraordinariamente exigua. Sus accesos se limitan a un puente, totalmente obsoleto, que une, por su izquierda, a la capital andaluza con el resto de la provincia y
contempla, asimismo, una vía de comunicación con la ciudad de San Fernando y la parte oriental de la provincia.
La imposibilidad de contar con un aeropuerto, obliga a que Cádiz padezca un aislamiento que supone una asfixia para sus pobladores.
Todo ello es de todo punto insuficiente para solventar cualquier emergencia que se produzca, y su aislamiento obliga a considerar la conveniencia de un helipuerto que cumpliría una misión de conexión territorial, además de razones
económicas, humanitarias y de carácter social.
Ese proyecto de conexión territorial podría reportar un beneficio indudable para su flujo con el Campo de Gibraltar, ya que recientemente, y por unanimidad, se aprobó en el Congreso de los Diputados una iniciativa que llevaba aparejada la
construcción inmediata de un helipuerto en Algeciras. Esto uniría a las dos localidades en un corto espacio de tiempo.
Pero existe un objetivo aún más ambicioso y solidario, la posibilidad de establecer una comunicación aérea entre la capital andaluza y la ciudad autónoma de Ceuta, cuyos lazos de unión son indestructibles. Conectar las dos poblaciones
conllevaría un beneficio innegable para sus moradores.
Todas estas consideraciones nos llevan a solicitar esta actuación prioritaria tanto para Cádiz como para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que el Ministerio de Fomento a través de la Entidad Pública Empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y de la Dirección General de Aviación Civil, y con el fin de
mejorar la conexión aérea con la Ciudad Autónoma de Ceuta inicie, a la mayor brevedad posible los oportunos estudios de viabilidad para la construcción y operación de un helipuerto civil situado en la ciudad de Cádiz, que enlazaría las dos
poblaciones, y ello por los nexos de unión que existen entre ambas localidades, solicitando de las administraciones públicas la puesta a disposición de los terrenos necesarios para esta importante actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a 'la creación por parte
de los Organismos correspondientes, de una emisión de sellos conmemorativa de la celebración del VI Centenario de la fundación de la Villa Histórica de Betancuria, sita en la isla de Fuerteventura', para su debate en la Comisión de Fomento.
Este año en la isla de Fuerteventura se celebra la conmemoración del VI Centenario de la fundación de la Villa Histórica de Santa María de Betancuria. Quiero señalar la importancia histórica que tuvo esa fundación, tanto para la isla de
Fuerteventura, como para el resto de las Islas Canarias, así como para la Corona de España y la evangelización de los territorios del Nuevo Mundo.
Esta villa, que cuenta con un rico patrimonio histórico, fue la capital de Fuerteventura hasta el siglo XIX; fundada por los hombres y mujeres que acompañaron a Jean de Bethencourt, de cuyo apellido toma el nombre, tuvo en sus tiempos, una
gran relevancia cultural y religiosa en la conquista y evangelización de los territorios americanos. No en vano, su antiguo convento franciscano era el destino de los monjes de esta Orden, que partiendo de los territorios peninsulares de nuestro
país, se dirigían a América.
Betancuria constituyó la meta de la primera etapa en esos viajes que llevaron nuestra lengua, cultura y religión al Nuevo Mundo.
Además, se da el caso de que esta villa, fundada por los normandos al servicio de la Corona de Castilla, constituyó el primer poblamiento europeo en el Atlántico sur; Betancuria con su fundación en el siglo XV se transformó en la
avanzadilla europea en esas latitudes.
La importancia que para los habitantes de Fuerteventura y para todos los canarios tiene esa fundación y consecuentemente su conmemoración se desprende de la decisión del Parlamento y Gobierno de Canarias de apoyar al máximo esa
conmemoración.
En ese sentido, quiero recoger que el Pleno del Parlamento de Canarias en sesión, celebrada los días 22 y 23 de octubre de 2003, aprobó la resolución siguiente:
'El Parlamento de Canarias acuerda:
1. Respaldar la conmemoración del Sexto Centenario de Santa María de Betancuria, Villa histórica de la isla de Fuerteventura y capital de la misma hasta el siglo XIX.
2. Solicitar del Gobierno de Canarias que se otorgue a esta conmemoración y al Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico el máximo respaldo institucional y financiero, al objeto de posibilitar a su Corporación Municipal y Comisión del
Sexto Centenario el desarrollo del correspondiente programa oficial y actuaciones de conservación y rehabilitación para 2004.'
Esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias el 13 de noviembre de 2003 en el Boletín 63/6.
Es por lo que entendiendo que esta conmemoración debe reflejar la importancia que tuvo la fundación de Santa María de Betancuria para la historia de Fuerteventura y la de Canarias, sin olvidar su importante aportación a la historia de la
presencia española en el Atlántico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación, al objeto de que adopte las medidas oportunas para que se lleve a cabo una emisión de sellos, conmemorativa del VI Centenario de la fundación de la Villa de Santa María de
Betancuria, sita en la isla de Fuerteventura, al objeto de realzar al máximo esta conmemoración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de partidas
presupuestarias que permitan normalizar el Servicio de Correos en la isla de Fuerteventura, para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Exposición de motivos
La isla de Fuerteventura ha experimentado en los últimos años un espectacular crecimiento poblacional, de tal manera, que la población se ha duplicado en muy pocos años, a lo que hay que añadir la gran cantidad de turistas que visitan
Fuerteventura a lo largo de todo el año.
Este crecimiento demográfico debiera haber ido acompañado del crecimiento de las infraestructuras y servicios correspondientes, pero desgraciadamente eso no sucede así.
En lo que hace referencia al Servicio de Correos, la falta de adecuación de los medios materiales y humanos a la realidad de Fuerteventura resulta sangrante. Si hablamos de la capital de la isla, Puerto de Rosario, podemos observar que el
censo en apenas diez años ha pasado de 13.000 habitantes a los 30.000 actuales, pero mientras la población se ha duplicado con largueza, los medios no han crecido paralelamente. En las dependencias de este servicio en Puerto Rosario en 1989 se
contaba con el trabajo de 30 personas, mientras que en la actualidad la plantilla es solamente de 35 personas. Está claro que el servicio se ha resentido de forma notable.
Si hablamos del reparto, los carteros en el año 1989 eran 10, mientras que en estos momentos son 13, la consecuencia es que en la capital de la isla, en el mejor de los casos, se reparte el correo una vez por semana, y entre otros ejemplos,
las cartas que proceden de la Península tardan más de quince días en llegar a los destinatarios.
Es fácil comprender el perjuicio que se crea a los ciudadanos, pero también a los empresarios, entidades bancarias, etc., etc. El desarrollo económico de Fuerteventura se ve perjudicado por esta disfunción del Servicio de Correos, creando
una serie de dificultades añadidas al buen funcionamiento del sector comercial, empresarial y social de la isla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que habilite, a la mayor brevedad posible, la pertinente partida presupuestaria que permita crear la plantilla de personal del Servicio de Correos adecuada a la entidad poblacional de la isla
de Fuerteventura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta
la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la utilización del cauce del barranco Riu Sec de Castelló, para su debate en la Comisión de Fomento.
El ayuntamiento de Castelló de la Plana ha programado la urbanización del cauce del barranco 'Riu Sec' que bordea por el norte la ciudad.
Las actuaciones emprendidas por el ayuntamiento han consistido en la canalización del barranco, proveyendo llevar a cabo el cubrimiento del mismo, construyendo sobre el antiguo cauce un gran vial de varios carriles.
Siendo la titularidad del cauce del Riu Sec de este organismo estatal y no del ayuntamiento.
Cuando se empezó a proyectar la urbanización del barranco, fueron muchas las voces comprometidas con la memoria histórica las que demandaron aprovechar el movimiento de tierras y urbanización de la zona, para incorporar a la nueva imagen del
Riu Sec algún símbolo de homenaje institucional para los centenares de castellonense que murieron fusilados en el mismo cauce barranco durante la dictadura franquista, justamente en las proximidades del cementerio municipal.
Nunca se ha hecho justicia con las personas que fueron fusiladas a sangre fría por el franquismo en este barranco, y llevadas después en carreterillas como animal que sale del matadero, para ser enterradas en la fosa común del cementerio de
Castelló donde todavía descansan sus huesos.
Esta gente, cerca de 700 personas, cuyo únicos delitos fueron la defensa de la libertad y la democracia, no han tenido nunca el merecido homenaje que se merecen.
El ayuntamiento de Castelló ha ignorado las peticiones hechas al respecto.
Y visto que el cauce del río es titularidad estatal, está en las manos del Gobierno aprovechar las obras en la zona, para dar el merecido homenaje, y que la memoria
de las víctimas del franquismo no sea sepultada bajo el mismo hormigón que ahora quiere enterrar también el propio barranco.
Por todo ello, presentamos para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acuerde, aprovechando las obras en el Riu Sec, la instalación dentro del dominio del barranco de un monumento, placa o distintivo en memoria de los cerca de 700 castellonenses que fueron
asesinados por el anterior régimen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2005.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cubrimiento del cauce del barranco
Riu Sec de Castelló, para su debate en la Comisión de Fomento.
El ayuntamiento de Castelló de la Plana ha programado la urbanización del cauce del barranco 'Riu Sec' que bordea por el norte la ciudad.
Este proyecto no se ha iniciado como en otros casos por los problemas de crecidas del río e inundaciones ni de salubridad, si no por el mero interés urbanizador promovido por el propio ayuntamiento.
Las actuaciones emprendidas por el ayuntamiento han consistido en la canalización del barranco, proveyendo llevar a cabo el cubrimiento del mismo, construyendo sobre el antiguo cauce un gran vial de varios carriles.
Esta actuación supone la desaparición de todas las especies de fauna y flora existentes en el viejo cauce para dar paso al hormigón.
Siendo la titularidad del cauce del Riu Sec de este organismo estatal y no del ayuntamiento.
Por todo ello, presentamos para su debate en la comisión de Fomento
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique el proyecto propuesto por el Ayuntamiento de Castelló, y reconduzca el encajonamiento, urbanización y construcción de un vial sobre el Riu Sec de Castelló, para recuperarla como
zona verde de uso y disfrute de la ciudadanía, protegiendo los valores biológicos y ambientales del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2005.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a Normativa
de Seguridad en el Mar que fija parámetros y exigencias diferentes en función de la eslora de los buques, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La exigencia de una Normativa de Seguridad en el Mar, que fija parámetros y exigencias diferentes en función de la eslora de los buques, hace que muchas embarcaciones pesqueras de Galiza se encuentre en situación de desventaja a la hora de
asegurar a sus tripulaciones.
Se da el caso, por ejemplo, que desde el año 1999 es obligatorio la utilización del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS) para todas las embarcaciones con dimensiones superiores a 24 metros de eslora. Similar
diferenciación se realiza en la dotación de medios para las lanchas salvavidas, quedando los buques de inferiores dimensiones excluidas de la existencia de portar determinados sensores en la balsas.
Algunos de los siniestros marítimos más recientes y dramáticos se produjeron en pesqueros de aproximadamente 20 metros de eslora. En uno de ellos, el 'Siempre Casina', el único superviviente fue localizado en una balsa salvavidas que no
contaba con medios de localización. Este es uno de los problemas en los que tecnológicamente es posible incidir.
Aunque un buque siniestrado cuente con radiobaliza, su activación fijará la posición del mismo, pero no la de las balsas salvavidas que quedarán a la deriva, alejándose del lugar del siniestro, lo que obliga a ampliar la zona de rastreo,
dificultando, incluso impidiendo, el rescate de supervivientes-.
Por las razones expuestas presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en todas las embarcaciones, con independencia de su eslora, que porten balsas salvavidas, éstas deberán estar dotadas, entre otros medios, de los siguientes:
a) Transpondedor de Radar RESART.
b) Equipo bidireccional de VHF en las frecuencias de 12,5 Mhz y 123,1 Mhz.
2. Dado el índice de siniestralidad marítima en la zona en los últimos meses, articular una línea de ayudas para la dotación de estos equipos en las balsas salvavidas a las embarcaciones pesqueras con base en los puertos del
Atlántico-Cantábrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Ciencia
161/001004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de los investigadores
como profesionales, para su debate en Comisión de Educación.
Exposición de motivos
El Gobierno, a través de su Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, ha hecho públicas en el Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), reunido en Toledo, las directrices que contemplan para la reforma del
Estatuto del Becario (EB), aprobado por el anterior gobierno. Según lo dicho, el nuevo estatuto propuesto, ahora bajo la denominación de Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), no es realista frente a la convergencia de estudios
universitarios con Europa (Declaración de Bolonia) y no cumple con los consejos de la Unión Europea respecto a la Investigación y la labor profesional de los Investigadores.
En el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 se fijó para la Comunidad 'el objetivo de convertirse en la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010'. Para ello, en la Carta Europea del
Investigador y el Código de Conducta se dice 'Todos los investigadores que siguen una carrera de investigación deben ser reconocidos como profesionales y tratados en consecuencia. Esto debe comenzar al principio de sus carreras, es decir, a nivel
de postgrado, y debe incluir todos los niveles independientemente de su clasificación a nivel nacional (por ejemplo, empleado, estudiante de postgrado, doctorando, becario de postdoctorado, funcionario público).' En este mismo documento, se describe
a los investigadores como: 'todas las personas que participan profesionalmente en I+D en cualquier etapa de su carrera, independientemente de su clasificación'. También se hace una distinción entre investigador novel e investigador experimentado,
quedando referido el término investigador en fase inicial de su carrera a 'los investigadores que están en los primeros cuatro años (a tiempo completo o equivalente) de su actividad investigadora, incluido el período de formación en la
investigación'.
Asimismo, el Consejo de la Unión Europea, en su sesión n.º 2653, en Luxemburgo, el 18 de abril de 2005, 'RECONOCE que la potencial penuria de investigadores puesta de manifiesto, particularmente en materia de ciencia, ingeniería y
tecnología, planteará una amenaza grave a las fuerzas innovadoras de la UE, a la capacidad de conocimiento y al crecimiento de la productividad
en un futuro cercano y podría obstaculizar el logro de los objetivos de Lisboa y Barcelona. En consecuencia, Europa necesita dar un importante paso al frente para crear las condiciones necesarias que hagan más atractiva y más viable la
profesión de investigador y que permitan el desarrollo de estructuras de carrera y perspectivas de empleo a largo plazo para los investigadores.' y 'REITERA que unos recursos humanos suficientes y bien desarrollados en I + D constituyen la piedra
angular para el avance de los conocimientos científicos, el progreso tecnológico, la mejora de la calidad de vida, la garantía del bienestar de los ciudadanos europeos y contribuyen a la competitividad de Europa. A tal fin: Es preciso ofrecer a
los investigadores perspectivas profesionales viables en todas las fases de su carrera, independientemente de su situación contractual y del itinerario profesional elegido, y que los investigadores sean tratados como profesionales y estén plenamente
integrados en las instituciones en las que trabajan.'
El gobierno pretende legislar para unos pocos con el nuevo estatuto del personal investigador en formación, que no recoge las recomendaciones que la Unión Europea reitera una y otra vez. Con el nuevo EPIF, el gobierno también desoye el
dictamen del Consejo Económico y Social sobre el anterior estatuto del becario en cosas como:
a) Se autodenomina Estatuto y no entra a regular derechos y deberes, sino que los deja al arbitrio de cada entidad.
b) No es obligatorio para todos los organismos públicos.
c) Tiene una base reducida de cotización.
La I+D+i es un reto para Europa, donde la mayoría de países de nuestro entorno nos supera tanto en PIB invertido como en condiciones laborales para los investigadores. El gobierno ha situado el impulso de la I+D+i en España como uno de sus
principales objetivos de esta legislatura, si no el principal, y sin embargo nos sorprende con el anuncio de esta insuficiente reforma del anterior estatuto del becario.
España no puede pretender ponerse al nivel en I+D que requiere Europa a través de una política en Recursos Humanos que roza el trabajo ilegal, con un 25% del personal investigador sin contrato laboral, financiado con becas, lo que implica
carencia de derechos básicos: cotización a la Seguridad Social (sólo cotizan las becas acogidas al EB, por la base mínima, no por el sueldo real), sin formación en prevención de riesgos laborales, ni derecho a desempleo, etc. Los investigadores
que 'disfrutan' de una beca (unos 20.000, en equivalencia a jornada completa, según datos del INE referidos a 2001) son el primer firmante del 50% de los artículos científicos, participan en la creación del 90% de los mismos y en organismos como el
CSIC representan algo más de la mitad del personal investigador (datos del 2002).
Si el Gobierno quiere participar en la 'economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo' en que quiere convertirse la Unión Europea, tiene que empezar por tomar en serio la I+D y a quienes producen esa I+D y sus
condiciones laborales. Para avanzar más en la investigación en España es necesario construir una Carrera Investigadora seria, flexible y coherente con Europa, y desterrar para siempre el obsoleto sistema de becas que este modelo 2+2 pretende
perpetuar al ser voluntario.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en respuesta al requerimiento que el Grupo Parlamentario Izquierda Verde (IU-ICV) le formuló en el debate de política general en torno al Estado de la Nación, según consta el Diario
de Sesiones correspondiente al 12 de mayo de 2005, señaló con acierto: 'Estimo absolutamente imprescindible que tengamos una carrera investigadora con un mínimo de garantías, con un mínimo de derechos y, por tanto, que no se dé una situación de
tanta precariedad en el ámbito de lo que conocemos como los becarios de investigación, que muchos se llaman precarios de investigación. Para mí este es un compromiso desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y de lo que es
nuestro sistema de investigación absolutamente determinante'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara, en un plazo máximo de 3 meses, las siguientes medidas:
1. Reconocer a los investigadores en fase inicial como profesionales y tratarlos en consecuencia. Este reconocimiento debe empezar desde el inicio de sus carreras, es decir, a nivel de postgrado, tal y como indica la Comisión de las
Comunidades Europeas en su Recomendación 2005/251/CE, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores. Cualquier reforma del Estatuto del Becario supone conferir a
los investigadores un carácter de excepción dentro del conjunto de los trabajadores, excepción que no debe aplicarse si nos ajustamos a la recomendación antes citada.
En consecuencia, se insta al Gobierno a la regularización laboral del colectivo
de investigadores en fase inicial y, por tanto, a la sustitución, con carácter universal, de las becas de investigación, independientemente de su denominación (por ejemplo, becas predoctorales, becas posdoctorales, becas asociadas a proyecto, becas
de formación de investigadores, becas de perfeccionamiento investigador), por contratos laborales, por ejemplo, en sus modalidades de contrato de obra o servicios, contrato en prácticas, o cualesquiera de las modalidades recogidas en los contratos,
para la investigación, es decir, contrato de trabajo para la incorporación de investigadores al sistema español de
ciencia y tecnología y contrato de trabajo para la realización de un proyecto de investigación.
2. Diseño de una política científica que contemple las consecuencias más allá de la duración de un período legislativo, con una planificación que implique plazos de tiempo mayores.
3. Un definitivo incremento del presupuesto destinado a investigación, con una correcta planificación y distribución de fondos.
4. Un impulso decidido para fomentar el reconocimiento social de la investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Educación y Ciencia.
Motivación
El sistema educativo debe ser uno de los instrumentos fundamentales para corregir las desigualdades sociales y, entre ellas, las que se producen por razón de sexo, contribuyendo así a hacer realidad los principios constitucionales.
El artículo 14 de la Constitución Española establece que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social'.
Siguiendo las directrices de la Comunidad Eco-nómica Europea inicialmente y de la Unión Europea posteriormente, los distintos Ministerios de Educación y Ciencia, en coordinación con el Instituto de la Mujer, han ido marcando objetivos dentro
de los diferentes Planes de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres; uno de los cuales ha consistido en la eliminación de los estereotipos sexistas en el conjunto del material didáctico.
A pesar de todos los esfuerzos realizados por el Gobierno central y los distintos Gobiernos autonómicos, los numerosos estudios existentes sobre las imágenes y contenidos de los manuales escolares y del material pedagógico en general han
demostrado la persistencia de imágenes estereotipadas para ambos sexos que reproducen y consolidan papeles sociales diferentes que no están en función de las aptitudes reales para las que las personas están dotadas, sino en función del sexo de las
mismas.
El léxico del lenguaje transmite mensajes dirigidos a reforzar el papel tradicional de las mujeres y de los hombres, con connotaciones que refuerzan la idea de la identificación de las mismas con debilidad, fragilidad y pasividad; mientras
que al mismo tiempo se refuerza la imagen activa, fuerte, competitiva y dinámica del hombre.
El asunto es complejo, por ello no siempre las medidas que se toman para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres gozan de una verdadera perspectiva de género; en ese camino nos queda distancia por recorrer.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, teniendo en cuenta la distribución competencial constitucional y en colaboración con las CC.AA., recomendaciones que desvelen a los órganos correspondientes, el sexismo existente en
las lenguas cooficiales para poder corregirlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-María Dolores Pérez Anguita, Diputada.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el establecimiento de medidas que potencien la dimensión europea en la educación, para su debate y votación en la Comisión de Educación y Ciencia.
Motivación
Desde la firma del Tratado fundacional de la Unión Europea en Maastricht en 1992 hasta la aprobación por el Parlamento Europeo del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, han sido muchos y variados los pasos dados en el
proceso de construcción de la Europa unida. En esa trayectoria la educación ha pasado de ser un elemento secundario a desempeñar un papel de gran relevancia.
Una muestra de ello ha sido la declaración por el Consejo de Europa del año 2005 como el 'Año
Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación', invitando a los Estados miembros a un conjunto de acciones para promover una ciudadanía activa y una cultura democrática. Del mismo modo, la inclusión en el texto del Tratado por el que se
instituye una Constitución para Europa de un amplio apartado dedicado a la Educación, la Juventud y la Formación Profesional debe ser considerada como otra demostración clara del interés creciente de los Estados de la Unión Europea por la acción
educativa como motor de progreso para la configuración de la nueva Europa. En su artículo III-282 se cita textualmente que 'la acción de la Unión tendrá por objetivo desarrollar la dimensión europea en la enseñanza y, en particular, mediante el
aprendizaje y la difusión de las lenguas de los Estados miembros'.
Existe además una voluntad clara de avanzar hacia la definición del marco europeo de la Educación que tendrá gran influencia en el proceso de unificación de objetivos a desarrollar a lo largo de la presente década.
De esta manera, los
Estados de la Unión han formulado un programa de trabajo para el seguimiento de estos objetivos, tanto estratégicos como específicos, dirigido a todos los Sistemas Europeos de Educación y de Formación en el horizonte de 2010.
La expresión 'Dimensión Europea de la Educación' se utilizó por primera vez en 1976, en una resolución del Consejo de Ministros de Educación europeos. El Acta Única de 1987 consideró ya la necesidad de una dimensión europea de la Educación,
surgiendo entonces programas que comenzaron a dar un nuevo tratamiento a la Educación en Europa. El paso definitivo se dio con la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht en 1992 cuando se proporcionaron al Parlamento Europeo y al
Consejo las bases para la creación de dos grandes programas europeos de Educación que racionalizaban las acciones anteriores. Nacieron así, a partir de 1995, los programas 'Sócrates' y 'Leonardo'.
'Sócrates' es, en la actualidad, el programa de acción por excelencia para la cooperación en el ámbito de la educación. Adoptado en 1995, y prolongado a finales de 1999 hasta 2006, se aplica a los Estados miembros de la Unión Europea, así
como a Islandia, Liechtenstein y Noruega en el marco del acuerdo del Espacio Económico Europeo. Nace con la finalidad de desarrollar la dimensión europea en materia de Educación a todos los niveles para consolidar el espíritu de ciudadanía europea,
apoyándose en la herencia cultural de cada Estado miembro y entre sus objetivos figura el fortalecimiento de la comprensión y la solidaridad entre los pueblos a través del conocimiento de las lenguas, fomentando la igualdad de oportunidades, la
cooperación, la movilidad y la innovación en el desarrollo de prácticas y materiales educativos.
A pesar de los logros alcanzados, fruto de la aplicación de la política educativa europea, se aprecia cada vez con mayor amplitud la necesidad de formar a la ciudadanía europea como sujetos activos del proceso de construcción de este
proyecto común denominado Europa. La exigencia de fortalecer en los jóvenes el sentido de la identidad plural de Europa y hacer comprender los valores que se desarrollan de los principios de democracia, la justicia social o el respeto de los
derechos humanos, reclama la urgencia de prestar una mayor atención a la dimensión europea de la Educación.
Es justo reconocer los esfuerzos que se vienen realizando por instituciones como el Consejo de Europa. Junto con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Fundación Europea de la Cultura patrocinan anualmente, y de forma conjunta, el
Concurso 'Europa en la Escuela', cuyo objetivo consiste en promover una toma de conciencia europea en los alumnos y los docentes integrando la dimensión europea en la Educación.
Sin embargo, se hace necesario unir este impulso que proporcionan las
iniciativas del Consejo de Europa con un nuevo empuje al desarrollo de la dimensión europea en la Educación en España. Una acción destinada a potenciar las formas de pensar, sentir y actuar de nuestros jóvenes como ciudadanos europeos.
Existe ya un amplio acuerdo en el mundo educativo europeo sobre la posibilidad de incluir en los currícula contenidos propios de la dimensión europea a lo largo de las distintas etapas educativas. El objetivo es que el aprendizaje de la
dimensión europea capacite al alumnado para actuar, producir valores democráticos y resolver problemas derivados de la integración europea. El objetivo es que la incorporación de la dimensión europea promueva la generación de proyectos escolares,
la elaboración de materiales y recursos didácticos para su utilización en el aula y la formación del profesorado y de los equipos directivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista realiza, para su debate en Comisión, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar la dimensión europea en los nuevos desarrollos curriculares de la LOE, respetando la distribución competencial entre las Administraciones educativas.
2. Procurar la coordinación con las CC.AA. para dar coherencia a los objetivos de la incorporación de la dimensión europea con los aspectos relacionados con la formación del profesorado y la dinamización de los centros educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Luis Juan Tomás García, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
Nacional contra la Obesidad mediante el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, para su debate en la Comisión de Educación y Ciencia.
Exposición de motivos
El artículo 2 de la Carta Europea del Deporte define el deporte como 'todas las formas de actividad física que, mediante una participación organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competiciones de todos los niveles'.
Atendiendo a esta definición, toda política físico-deportiva tiene como objetivo aumentar la salud y calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo el ejercicio físico y las prácticas deportivas.
El artículo 43 de la Constitución Española señala que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
La actividad física y el deporte constituyen, sin lugar a dudas, uno de los hechos sociales más importantes de la sociedad contemporánea.
Ese desafío debe afrontarse desde una perspectiva social que tenga como objetivo aumentar las tasas de práctica deportiva de nuestra población y, esencialmente, de aquellos colectivos de ciudadanos más alejados tradicionalmente de dichos
hábitos, como los más sedentarios e inactivos, así como los menos favorecidos social y económicamente (mujeres, personas de mediana y tercera edad, minusválidos...). Para lograr este objetivo, el papel de las distintas Administraciones Públicas se
revela fundamental.
El deporte de alta competición o profesional constituye un modelo social de una repercusión enorme, aunque más allá existe también una realidad valiosa, rica, compleja, heterogénea y anónima, constituida por el conjunto de hábitos saludables
y prácticas deportivas de los ciudadanos, que es objeto primordial de preocupación política de los Gobiernos.
Además, el espectáculo que supone el deporte de alta competición por su enorme trascendencia social influye sobre el conjunto de hábitos y prácticas deportivas de la población. En los últimos veinticinco años, España ha experimentado un
proceso gradual de democratización deportiva mediante la posibilidad de acceso universal a la práctica del deporte.
Según la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre hábitos deportivos de los españoles, el CIS, en septiembre de 2000 -sobre una población de 5.160 personas entrevistadas de ambos sexos y edades,
comprendidas entre los quince y los setenta y cuatro años (puntos de muestreo en 261 municipios y 50 provincias)-, el deporte, como hábito de práctica deportiva, viene realizándolo un 38% de la población. Aunque todavía un 62% no realiza ningún
tipo de práctica físico-deportiva, la mejora es sustancial.
Desde 1975 (un 22% realiza prácticas deportivas), el porcentaje de españoles practicantes ha ido progresivamente creciendo hasta el 38% del pasado año 2000. Solamente el 4% afirma hacer deporte porque le gusta competir, reforzándose tal
circunstancia con el hecho de que sólo el 25% practica deporte como actividad dentro del entorno de un club, asociación o federación, frente a una elevada mayoría (66%) que hacen deporte por su cuenta y sin preocuparles ni importarles la
competición.
Igualmente, el porcentaje de los que participan en ligas o competiciones regladas (nacionales o locales) ha disminuido a un 15% en el 2000 (en 1995 eran un 20%).
Por otra parte, el modelo de deporte de alta competición ha progresado enormemente en los últimos años, especialmente después de los Juegos Olímpicos de Barcelona-92, cuyos resultados han quedado refrendados con el número de medallas y
finalistas de Atenas 2004.
La encuesta del CIS indica, sin embargo, que el 61% de la población española en 1995 declaraba que no realizaba ningún tipo de ejercicio físico ni deportivo. Los porcentajes más elevados se registraron en 1990 (65%) y en 1995 (63%).
En los últimos años ha surgido tanto en la población adulta como en la infantil un fenómeno, la obesidad, que está adquiriendo características de epidemia como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, como se ha puesto de manifiesto
en la resolución que en esta materia se produjo en la 57 Asamblea de la Organización de mayo de 2004. Además de las resoluciones WHA51.18 y WHA53.17, sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y WHA55.23, sobre régimen
alimentario, actividad física y salud.
Según la OMS, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son, pues, las principales causas de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer lo que aumenta la morbilidad,
mortalidad y discapacidad de sectores de la población. Además, la mala alimentación y la falta de actividad física originan la aparición de caries dental, osteoporosis, cada vez más extendidas. Ello significa un coste social y económico para los
Estados de primer orden que podría ser atenuado o evitado en gran medida.
Conviene recordar también que el 'Informe sobre la salud en el mundo 2002', indica que la mortalidad, la
morbilidad y la discapacidad, causa de las principales enfermedades no transmisibles, representan alrededor del 60% de todas las defunciones y el 47% de la carga de morbilidad mundial, y que, según se prevé, esos porcentajes aumentarán al
73% y al 60%, respectivamente, antes de 2020.
El crecimiento alarmante de esos porcentajes relacionado con las dietas poco saludables y la falta de actividad física, en nuestro país reclama una acción urgente de los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de influencia.
La estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud de la Organización Mundial de la Salud insta a elaborar, aplicar y evaluar las acciones recomendadas en la estrategia, conforme a las circunstancias nacionales y en el
marco de sus políticas y programas generales que promueven la salud de las personas y las comunidades mediante una alimentación sana y la realización de actividades físicas que reduzcan los riesgos y la incidencia de las enfermedades no
transmisibles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, por el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad y Consumo, las Comunidades Autónomas, la FEMP y el sector un Plan Nacional contra la Obesidad, mediante el fomento y
la práctica de la actividad física y deportiva, que de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud incluya las siguientes propuestas:
- Elaborar un diagnóstico sobre la actividad deportiva y hábitos alimentarios seguidos en nuestro país que permita fijar objetivos y que incluya un calendario de actuaciones.
- Un programa de actuaciones para fomentar el ejercicio físico con la participación entre todos los sectores de la sociedad y de todas las edades, y en todos los ámbitos, tanto autonómicos como municipales competentes en la materia, además
de campañas de promoción específicas en medios de comunicación públicos.
- Compromiso de financiación por el Estado, con una Memoria económica que detalle la financiación suficiente de cada acción y el ámbito temporal de su aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a convocatoria de la Asamblea
General del Deporte, para su debate en la Comisión de Educación y Ciencia.
Exposición de motivos
La Ley del Deporte, en su exposición de motivos, manifiesta que en aras a una política deportiva más dinámica y con efectos multiplicadores son varias las actuaciones coordinadas y de cooperación entre la Administración del Estado y la de
las Comunidades Autónomas que se prevén.
Así, el artículo 8 de la Ley del Deporte recoge, respecto de la actividad deportiva general, la necesidad de la coordinación del Consejo Superior de Deportes con las Comunidades Autónomas, y cooperar con ellas en el desarrollo de las
competencias que tienen atribuidas en sus respectivos Estatutos.
Y el artículo 10.1 de la Ley 10/1990 señala que, entre otros, representantes de las Comunidades Autónomas estarán integrados en la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
El Grupo Parlamentario Popular considera también necesaria la convocatoria de la Asamblea General del Deporte regulada por el Real Decreto 630/1993, de 4 de mayo, por el que se configura como órgano de encuentro entre los diferentes agentes
del mundo deportivo, conforme hizo el Partido Popular a su llegada al Gobierno de la Nación.
El Presidente del Consejo Superior de Deportes, el del 29 de marzo de 2005, manifestó en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado su disposición a la cooperación: 'Las relaciones que queremos llevar a cabo desde el
Consejo Superior de Deportes con las Comunidades Autónomas deben estar marcadas -al menos eso es lo que nosotros intentamos- por el diálogo, la colaboración y la cooperación', aunque reconoció que no se había creado una Conferencia sectorial de
deporte, como a la que se le ha instado desde nuestro Grupo y que ha sido rechazada en la Comisión de Educación del pasado 5 de abril.
En esa proclamada línea de diálogo, desde el Grupo Popular se considera necesario la convocatoria urgente de la Asamblea General del Deporte como órgano de debate y representación del deporte español, y en el que se debatan para enriquecer
las políticas y actuaciones previstas y que éstas cuenten con un estudio sistemático a través de las Comisiones Técnicas que se prevén en el Decreto antes mencionado.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar la Asamblea General del Deporte y a que se creen tres Comisiones Técnicas en su ámbito: una sobre Dopaje, otra sobre Coordinación de Política y Actuaciones con Comunidades Autónomas
y una última sobre Financiación Pública y Privada del Deporte y de sus Infraestructuras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a creación de la Agencia Española
de Lucha contra el Dopaje, para su debate en la Comisión de Educación y Ciencia.
Exposición de motivos
Tras la firma de la aceptación del Código Mundial Antidopaje como referencia en la lucha contra el dopaje por España, durante la Conferencia Mundial Antidopaje celebrada en marzo de 2003 en Copenhague, el Gobierno español entonces del
Partido Popular expresó la necesidad de adaptar el Código Mundial Antidopaje a la legislación española, antes del período límite para los Gobiernos del 2006, lo que exige un esfuerzo de distintos Ministerios por razón de la materia.
Por ese motivo se reformó la legislación española del dopaje, teniendo en cuenta que la Ley del Deporte española de 1990 establece, en su título VII, una serie de medidas e instrumentos para la prevención y represión del dopaje (artículo
58.1). Con ocasión de las iniciativas puestas en marcha y en el marco de los controles que se realizan fuera de competición -a nuestro entender los más eficaces- la experiencia ha demostrado la existencia de deficiencias basadas en la imposibilidad
de localización del deportista, y ello al no estar prevista en el texto legal la obligación de todo deportista, al igual que con la que tiene de someterse a los controles, de informar de todos los datos que permitan en todo momento su localización a
las entidades bajo cuya responsabilidad se desarrolla la competición oficial, para pasar tales controles.
Por ello, se introdujo una enmienda a la Ley del Deporte, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, para establecer la obligación legal de los deportistas de suministrar una mínima información acerca de su localización,
añadiendo un nuevo párrafo al artículo 58.1 que castiga su incumplimiento como infracción muy grave. La falta de localización en tres ocasiones permite desde su modificación un mecanismo progresivo de sanción, desde el apercibimiento, si se comete
por primera vez, hasta la posible aplicación de otro tipo de sanciones de mayor severidad, para supuestos de reiteración en la misma infracción.
En esta línea se trabajó desde hace tiempo en el plano nacional, adaptando y modificando la legislación a los nuevos retos del dopaje, a lo largo de los últimos años, poniendo en marcha medidas de prevención, -pasaporte del atleta, programas
de educación y formación, que queremos integrar mediante el acceso web del deportista a la información sobre dopaje- y dotando al laboratorio del Consejo Superior de Deportes de los mayores adelantos técnicos, de acuerdo a todas las acreditaciones y
estándares internacionales más avanzados del Comité Internacional Olímpico y entidades de acreditación, -con los que cuenta desde hace años- para prestar servicio público a las federaciones y a los atletas. Al laboratorio del CSD se le dotó de la
tecnología y metodología para la detección de la eritropoyetina, más conocida como la EPO.
Por otro lado, la lucha contra el entorno del deportista que se dopa, la importancia del factor económico, es también una prioridad que se empezó a discutir en una reunión organizada por la Presidencia española con responsables de Interior
de los 15 Estados miembros entonces de la Unión Europea, año 2002, en materia de cooperación policial, así como sistemas de alerta sobre medicamentos susceptibles de dopaje.
En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico establece controles en la venta de medicamentos sin la correspondiente autorización.
Nadie es ajeno a que uno de los retos prioritarios de futuro del deporte en alta competición pasa por que el juego limpio sea la norma. La existencia de órganos como la Comisión Nacional Antidopaje, -también modificada durante la pasada
legislatura para agilizar su funcionamiento- en el ámbito español, responden a la necesidad de garantizar que la competición se desarrolla de acuerdo al más estricto respeto a las normas. Además, con ello se da cumplimento a compromisos de orden
internacional asumidos por España en esta materia y su composición es representativa de los distintos sectores implicados: las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los deportistas profesionales, las Comunidades Autónomas y los
distintos órganos de la Administración General del Estado competentes por razón de la materia.
El Gobierno francés creó en el mes de enero de 2004 una Comisión interministerial para coordinar todas las acciones en materia de dopaje. De igual forma tras la reunión de los responsables del deporte francés y español, se acordó crear una
Comisión en España que trabajaría con identidad de objetivos con la Comisión francesa, proceso truncado con las elecciones de marzo de 2004.
El Gobierno ha presentado el pasado mes de febrero el proyecto de plan antidopaje que incluye la constitución y puesta en marcha de la Agencia Española Antidopaje
(AEA), que a nuestro entender requiere de una mayor precisión en sus objetivos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Comisión de Trabajo Interministerial que elabore entre todos los Ministerios implicados y con la colaboración de las Comunidades Autónomas un proyecto de ley para la creación de una
Agencia Española de Lucha contra el Dopaje (AELD), adscrita al Consejo Superior de Deportes, para su pleno funcionamiento en el año 2007, que reúna los siguientes objetivos:
Perseguir el tráfico de sustancias dopantes en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, utilizando la cooperación policial europea en asuntos de Justicia e Interior e Interpol, y vigilará de forma especial el entorno
del deportista durante las competiciones y fuera de ellas, con un control exhaustivo de las acreditaciones y las funciones que realizan aquellos que tienen relación con el deportista.
Realizar las funciones que le encomienda el Código Mundial Antidopaje y velar por el cumplimiento del mismo en todas las federaciones deportivas nacionales y sus deportistas.
Actuar como único interlocutor legal de España con la Agencia Mundial Antidopaje.
Coordinar con la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, a los efectos de intercambio de información y sistemas de alerta en materia de lucha contra el dopaje.
Integrar a la Comisión Nacional Antidopaje de España, a las Comunidades Autónomas, a las federaciones deportivas españolas, y al laboratorio de control de dopaje del Consejo Superior de Deportes.
Incorporar un Consejo asesor con personalidades de reconocido prestigio en la materia, un departamento de I+D y de proyectos en investigación de dopaje genético, y la red española de lucha contra el dopaje.
Incorporar una asesoría jurídica y medico-científica del deportista con acceso a la misma a través de una página web. Dentro de la Agencia se crearán idénticas Comisiones a las existentes en la Agencia Mundial Antidopaje para el
seguimiento directo de las actividades de la Agencia y sus novedades, y entre sus miembros estarán representantes de las Comunidades Autónomas.
Para ello el Gobierno dotará con cargo a los presupuestos del Gobierno en sus presupuestos la puesta en marcha de la Agencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la educación de niños
hospitalizados, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Constitución, en su artículo 27, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a recibir una educación.
En el caso de los niños, este derecho se debe extrapolar a aquellos casos en que se encuentren hospitalizados. Deben recibir la atención necesaria para obtener una educación que alcance niveles suficientes durante el período que se
encuentren dados de alta y que este período no suponga una interrupción académica.
Aprovechando las innovaciones tecnológicas, ésta es una tarea que se podrá abordar con mayor facilidad y mayores perspectivas de éxito. En la actualidad, son innumerables las herramientas disponibles que pueden servir de ayuda en este
cometido.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, articule mecanismos para que garantice a los niños/as hospitalizados que puedan recibir una educación y atención equivalentes a los
servicios preescolares y escolares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
161/001025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la 'creación por parte
del Gobierno de la Nación de una partida que subvencione los gastos extraordinarios que sufren los municipios de la isla de Fuerteventura, en su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en la lucha contra la inmigración irregular', para su debate en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Exposición de motivos
Canarias y Fuerteventura de manera muy especial por su situación geográfica, son la puerta de entrada a la inmigración irregular que, teniendo su punto de partida en Marruecos, arriba a sus costas por vía marítima, a bordo de las, por
desgracia ampliamente conocidas, pateras.
Son en particular los municipios de Pájara, Tuineje y Antigua, situados en la zona sur de la isla de Fuerteventura, los que desde la aparición de la inmigración irregular están soportando directamente las consecuencias de este fenómeno y
además los que están sufragando en solitario no sólo los enterramientos de los inmigrantes que dejan su vida en el intento de buscar una vida mejor, que desgraciadamente son muchos, sino también el mantenimiento de los vehículos de propiedad
municipal que son utilizados para labores de rastreo y localización de inmigrantes y de la misma forma es la Policía Local la que, en el momento de la llegada de una patera, hace labores de búsqueda no pudiendo dedicarse a desarrollar su verdadero
cometido.
Todo ello conlleva que estos municipios destinen gran parte de sus presupuestos a hacer frente a estos gastos y en consecuencia no puedan prestar los servicios básicos y fundamentales en el municipio, y en definitiva sean los vecinos los que
se vean afectados por estos gastos, que no son puntuales, ya que por desgracia se llevan a cabo de manera casi permanente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación, al objeto de que adopte las medidas urgentes conducentes a la creación de unas partidas finalistas que cubran los gastos que la lucha contra la inmigración irregular, así como los
enterramientos de los inmigrantes que mueren en el intento de llegar a sus costas, ocasiona a los Ayuntamientos de Tuineje, Pájara y Antigua por ser éstos los que sufren una mayor presión derivada del fenómeno de la inmigración irregular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a 'la creación de una
Administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, y dos Agencias del mismo organismo, una en Gran Tarajal y otra en Morro Jable', para su debate en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Exposición de motivos
La isla de Fuerteventura ha experimentado, en los últimos años, un crecimiento poblacional que se podría calificar de desmesurado. El desarrollo de su industria turística, así como el crecimiento de la industria de la construcción, ha
llevado a una isla que contaba con 25.000 habitantes no hace diez años, a contar en la actualidad con 120.000 habitantes de hecho y unos 65.000 de derecho.
Si a eso unimos su especial perfil geográfico -Fuerteventura es una isla estrecha, de 20 kilómetros de promedio de ancho, siendo su parte más angosta de 5 kilómetros y la más ancha de 40 kilómetros, y 120 kilómetros de longitud-, es fácil
entender el problema que supone contar con una sola Delegación sita en la capital de la isla, lo que obliga a los habitantes del sur de Fuerteventura, uno de los lugares de desarrollo turístico más importantes, a tener que llevar a cabo trayectos de
mas de 200 kilómetros cuando se ven obligados a realizar cualquier tipo de gestión que tenga que ver con la Agencia de la Seguridad Social.
En Gran Canaria, la isla que cuenta con la capital de provincia, se encuentra una Administración de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, otra en Gáldar, población que, en su tiempo, recibió la Administración que estaba
destinada a la isla de Fuerteventura, a esa Administración hay que añadir la de Telde, que además cuenta con dos Agencias del citado organismo.
Para cualquiera que haga una comparación entre la población de Gáldar y la de Fuerteventura, y la actividad laboral e industrial que se lleva a cabo en esa población y la que se realiza en Fuerteventura, verá que es de pura lógica y justicia
que se conceda una Administración de la Seguridad Social a Fuerteventura y que además se abran Agencias del mismo organismo en Gran Tarajal, principal núcleo poblacional del sur de Fuerteventura y otra en Morro Jable, donde se encuentra el núcleo
más importante de la industria turística del sur de Fuerteventura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al objeto de que adopte medidas urgentes conducentes a la creación de una Administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, y dos Agencias del mismo
organismo, una en Gran
Tarajal y otra en Morro Jable, ambas poblaciones situadas al sur de Fuerteventura a más de 100 kilómetros de la capital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a facilitar la flexibilización
laboral en casos de existencia de mayores dependientes, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El progresivo envejecimiento de la población hace que cada vez sea más generalizada la necesidad de implantar fórmulas que permitan una mayor flexibilidad laboral a los ciudadanos para atender a personas mayores que requieren de cuidados.
En la mayoría de los casos se trata de situaciones que perduran en el tiempo y requieren que las fórmulas adoptadas tengan carácter permanente.
A esta situación hay que añadir la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, que en la mayoría de las ocasiones son las encargadas de atender a los mayores, lo que ha complicado más la situación.
Además, la progresiva disminución del tamaño de las unidades familiares hace que la responsabilidad recaiga en la actualidad en un menor número de personas. Ello hace todavía más necesarias las medidas en este sentido.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la legislación para incluir como unos de los motivos por los que un trabajador/a tiene derecho y preferencia para solicitar la flexibilización de jornada en cualquiera de sus
variantes, trabajo a tiempo parcial, jornada fluida, teletrabajo, etc., la existencia de mayores dependientes a cargo o con vínculo familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesaria colaboración entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad Autónoma de La Rioja para garantizar el futuro industrial y la continuidad de la actividad de la empresa Electrolux en dicha Comunidad, para su debate y
votación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Motivación
La empresa Electrolux, fabricante de electrodomésticos vinculados al frío (frigoríficos, arcones congeladores) está ubicada en el término de Fuenmayor (La Rioja) y constituye además de una referencia nacional en el sector del frío, la
principal empresa de carácter industrial de la Comunidad Autónoma, al alcanzar en la actualidad una plantilla con 454 trabajadores fijos y 86 eventuales. La mayor parte de municipios del entorno en el que no existen otros puestos de trabajo
alternativos.
Asimismo, la actividad de la empresa Electrolux genera una importante actividad inducida en el entorno, al contratar con otras pequeñas empresas diversos componentes de sus productos, además del empleo indirecto que genera en sectores de
servicios como limpieza, transporte, restauración, etc.
La multinacional Electrolux, de capital sueco, pretende, según la información que ha dirigido a los trabajadores a través del Comité de Empresa, llevar su producción, total o parcial, fuera de España buscando unos menores costos; con el
consiguiente desmantelamiento de la factoría de Fuenmayor (La Rioja), creándose, si esto llega a producirse, un gravísimo problema económico y social en el entorno de Fuenmayor, Navarreta, Cenicero, Uruñuela, Logroño y otros municipios.
La empresa Electrolux, según los datos conocidos, presenta una situación económica y empresarial saneada, con importantes beneficios; consiguiendo una buena productividad, una buena formación y capacitación de sus empleados al haberse
colaborado desde el sector público a la mejora de su capacidad de formación e investigación.
Si la deslocalización se llegara a producir, causaría una auténtica conmoción a la Comunidad, por lo que tanto los trabajadores, la sociedad riojana y sus instituciones están empeñadas en colaborar, y exigir también, que el futuro de
Electrolux vaya también unido a La Rioja.
Ante la demanda de los trabajadores de Electrolux, también el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Turismo, y Comercio, está colaborando para encontrar una solución al problema. A un problema que se podría unir al de
otras multinacionales que han optado por la deslocalización. Por ello y al haberse constituido por Acuerdo de Pleno del Congreso de fecha 7 de abril de 2005, la Subcomisión para el 'Análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los
procesos de deslocalización y para estudiar las mejoras de la competitividad de la economía', se sugiere que la presente Proposición no de Ley pudiera ser debatida en dicha Subcomisión o en la de Industria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que colabore en la iniciativa que adopte la Comunidad Autónoma de La Rioja para impulsar las gestiones y medidas necesarias ante el grupo multinacional sueco Electrolux tendentes a favorecer
el que la actividad de la actual fábrica de Fuenmayor (La Rioja) no sea trasladada fuera de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a reconocimiento de un dominio propio para Galicia en Internet para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La promoción de la lengua y la cultura gallega en Internet precisa de un reconocimiento que permita a los internautas identificarse con un dominio propio, identificando y singularizando de esta forma la presencia de la comunidad
gallego-hablante y facilitando la localización y la difusión de nuestras producciones culturales en la red.
Al igual que en otros territorios del Estado, el anhelo de un dominio propio es una reivindicación ampliamente compartida por la comunidad internauta gallega.
Según reconoce la misma Internacional Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que es la organización internacional encargada de la gestión de nombres de dominio, no es verdad que sea imprescindible constituirse en un Estado
reconocido de la ONU para disponer de un dominio propio, es suficiente con figurar en la lista ISO-3166, que no se limita exclusivamente a Estados reconocidos por la ONU.
En este sentido, miembros de este Gobierno han manifestado su apoyo a que otras naciones como Cataluña puedan disponer de su propio dominio en Internet.
Pretendemos el apoyo del Gobierno a las aspiraciones de Galicia para que pueda contar con un dominio propio en la red, en la certeza de que se contribuye así a un espacio simbólico-cultural y lingüístico necesario para existir en un mundo
globalizado.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Xunta de Galicia, realice las gestiones oportunas ante las entidades internacionales de gestión de nombres de dominios para el establecimiento de un dominio propio,
específico de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las primas a la producción especial, para
su debate en Comisión de Industria.
Exposición de motivos
Desde la publicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se ha intentado dar respuesta a dos importantes cuestiones relacionadas con el consumo de energía y con la necesidad de garantizar un futuro energéticamente
sostenible.
En primer lugar, debe afrontarse la necesidad de un cambio de actitud en el consumo de energía, que introduzca la noción de conciencia de ahorro.
El modelo actual, fundamentado en el consumo ilimitado de combustibles fósiles, no aguanta el
ritmo impuesto durante el siglo pasado, más si tenemos en cuenta la creciente demanda de países como China e India, en plena fase de progreso económico. En un plazo no mayor a veinte
o veinticinco años habremos agotado todas las reservas de combustibles fósiles y, consiguientemente, el precio del petróleo y sus derivados alcanzará precios desorbitados.
En segundo lugar, también debe afrontarse el desarrollo y puesta en escena de las energías renovables y de los nuevos vectores energéticos que en el futuro habrán de sustituir a los combustibles fósiles y la energía nuclear de tal forma que
no se ponga en peligro el medio ambiente.
Para abordar ambas cuestiones se han adoptado medidas de estímulo económico, para diversificar la producción e incrementar la eficiencia energética. Así, el pasado mes de marzo de 2004, se aprobó el Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por
el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
El Real Decreto establece una forma de cálculo de la remuneración por las energías producidas en régimen especial, sobre la base de unos porcentajes de la TMR (tarifa media regulada) y en unos períodos de percepción de estas remuneraciones
que permite una garantía de amortización de las eventuales inversiones. Además, ejerce una presión directa sobre el sistema de tarifa regulada o precio del 'pool' para dirigirlo hacia un sistema de mercado, donde los productores vendan directamente
a los operadores del mercado y perciban como contrapartida unos incentivos que también tienen su referencia en los porcentajes de la TMR.
Sin embargo, este método plantea dos cuestiones que deberían ser corregidas en la próxima norma que ha de regular la producción de energías renovables:
1. Por una parte dar un estatuto diferente al pequeño productor independiente para instalaciones de menos de 5MW, facilitando la venta a un precio preestablecido anualmente, a través del sistema de cálculo regulado en el Real Decreto
436/2004, sea cual sea la fórmula y la energía que se produzca, siempre y cuando merezca la clasificación de productor especial.
2. Y por otra, dar un diferencial sustancioso a los productores que utilicen energías diferentes de los combustibles fósiles convencionales, a partir de biogás, biomasa, biodiésel, etc.
De hecho, de un modo general, sería necesario que a través de un acuerdo explícito se tuvieran en cuenta todas las externalidades que afectan a la producción energética y que frecuentemente no se contabilizan.
Actualmente, gracias al
Protocolo de Kyoto, disponemos de un importante referente en lo que se refiere a las emisiones de CO2 y de los otros gases causantes del efecto invernadero, pero deberían tenerse en cuenta, también, los efectos nocivos y contaminantes de los
sistemas convencionales de producción de energía y los de sustancias tales como el NOx, SOx, COV's, etc., que también tienen efectos socialmente nocivos y que no han externalizado aún un valor monetario que permita una evaluación más exacta de su
verdadera trascendencia económica.
Un cálculo bien hecho sobre el análisis del ciclo de vida del kWh producido por cada sistema de energía renovable nos permitiría establecer una comparación real entre los sistemas fósiles y los sistemas renovables. Y no solamente esto, sino
que además, algunos de los sistemas (en especial la producción por aprovechamiento de la biomasa) podría tener otros beneficios como, por ejemplo, la mejora de la gestión silvícola, la lucha contra los incendios forestales, la protección del
paisaje, la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas profesiones relacionadas con estas actividades.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en la futura regulación de la producción de energías renovables los aspectos siguientes:
1. Permitir la combinación de diferentes grupos del régimen especial, calculando la prima como combinación de la aportación de energía primaria de cada fuente, siempre que el balance global para el país sea mejor que el mayoritario.
2. Eximir a las centrales de pequeña potencia (por debajo de los 5 MW) de las penalizaciones por incumplimiento, en el caso de operar en el libre mercado.
3. Mantener las primas a la producción durante los períodos de tiempo en que razonablemente deben de haberse amortizado las instalaciones realizadas, pasado este período las primas deberían reducirse en forma drástica o desaparecer.
4. Otorgar todas las competencias de autorización a la Administración autonómica que acoja la central en su territorio.
5. Prever la eliminación de los topes existentes al crecimiento de las potencias totales instaladas de cada sistema de producción, en especial la fotovoltaica, pero también la eólica, la energía del mar y la procedente de la biomasa, dado
que la imposición de barreras reduce la condición de las energías renovables a la de energías marginales que nunca podrán ser una verdadera alternativa.
6. En materia de cogeneración:
- Eliminar el límite de autoconsumo (10%) para aplicar el 'todo/todo' para que las primas no dependan del propio consumo, de acuerdo con lo que establece la Directiva 2004/8/CE, sobre el fomento de la cogeneración.
Incrementar la tarifa regulada para las tres primeras franjas de potencia (menos de 1 MW, entre 1 y 10 MW y entre 10 y 25 MW) en función del rendimiento
eléctrico equivalente (REE), de acuerdo con los baremos siguientes:
Cogeneración convencional:
Clase A: Entre 55% y 59%: Precio base o (prima + incentivo).
Clase B: Entre 59% y 60%: Precio base × 1,025 o (prima + incentivo) × 1,05.
Clase C: Entre 60% y 62%: Precio base × 1,050 o (prima + incentivo) × 1,10.
Alta eficiencia según la directiva 2004/8/CE:
Clase D: Entre 62% y 64%: precio base × 1,1 o (prima + incentivo) × 1,2.
Clase E: Entre 64% y 67%: precio base × 1,125 o (prima + incentivo) × 1,25.
Clase F: Por encima del 67%: precio base × 1,2 o (prima + incentivo) × 1,4.
- Introducir la definición de calor útil de la Directiva 2004/8/CE (demanda económicamente justificable) para eliminar usos térmicos no efectivos.
- La clasificación (clases de A a F) corresponderá a la Administración autonómica y deberá realizarse en la comprobación anual del REE.
- Establecer una sobreprima calculada entre un 25% a un 50% a cualquier cogeneración que sustituya los combustibles fósiles por combustibles renovables (biogás, gas de síntesis, biodiésel, etc.).
7. En la producción de energía fotovoltaica:
- Cambiar el importe y el modelo existentes en los proyectos por debajo de 100 kWp (equivalente a conexión en baja tensión) de acuerdo con el baremo siguiente:
Cada instalación cobrará, durante un período de entre 25-30 años, un precio fijo equivalente al que estaba en vigor el año de la puesta en servicio.
Cada año se acordará el precio a fijar, en función de la reducción de costes del sector y de la mejora de las prestaciones.
El precio es el mínimo para garantizar una rentabilidad razonable (5% de TIR a 10 años, 12% a 30 años) sin subvenciones a la inversión.
Para el año 2006, se propone fijar el precio en 60 /kWh (830% tarifa media de referencia).
8. En la producción de energía a través de biomasa:
- Incrementar en un 25-45% adicional las subvenciones otorgadas a la producción.
- Para el grupo b.6, se propone una tarifa del 125% o una prima del 70% (TIR 5% a 10 años y 12% a 20 años para una planta de 5 MW) siempre que se pueda garantizar un precio para la biomasa de 40 /tonelada (precio de mercado) para los
primeros 15 años.
- Para el grupo b.7 se propone una subdivisión que abarque hasta 1 MW con una tarifa de 140% para los primeros 15 años (TIR 5% a 10 años y 12% a 20 años para una planta de 170 kW). El resto del grupo b.7 se tarifaría de acuerdo a lo
previsto para el grupo b.6.
- Para el grupo b.8 se propone mantener un aumento de tarifa hasta el 110% y, dado que en este grupo la diferenciación con los residuos banales será siempre difícil de dirimir, mantener la obligación de comercializar a través de mercado (no
deberían existir plantas de potencia instalada inferior a 5MW).
9. Como medidas alternativas a la incineración y la gasificación, introducir incentivos al incremento del aprovechamiento energético a dos niveles:
- En los casos de mezcla con combustible fósil, exigir la inclusión de una memoria que justifique el incremento de la eficiencia energética global.
- Introducir un incentivo extra solamente sobre la prima (parecido al propuesto en la cogeneración) y basado en el rendimiento energético global del sistema, aplicando el criterio siguiente:
Hasta 50% de rendimiento energético: Prima base.
De 50% a 60%: Prima base × 1,2.
Más del 60%: Prima base × 1,4
10. Para el tratamiento de purines:
- En las nuevas plantas de tratamiento, incorporar un régimen que incentive la eficiencia (más tratamiento y mayor recuperación de nutrientes) y cambiar de prima de la manera siguiente:
Hasta 1,2 MWh eléctricos/m3 purines: Prima base (20%).
Entre 1,1 y 1,2 MWh eléctricos/m3 purines: Prima base × 2.
Entre 1,0 y 1,1 MWh eléctricos/m3 purines: Prima base × 2,5.
Por debajo de 1 MWh eléctricos/m3 purines: Prima base × 3.
- En las plantas de tratamiento existentes, prorrogar la posibilidad que se mantengan en el 2818/98 hasta el 2015.
- Autorizar la codigestión del grupo b.6 (biogás) y el d.1 y la utilización de hasta un 15% en peso de coadyuvantes a la digestión anaerobia, sin que sea necesario combinar la prima del d.1 con la del d.3.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2005.-Ángel Pérez Martínez, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Rosa María Bonàs i Pahisa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en Comisión.
La sociedad del Estado español estuvo de acuerdo en regular y limitar el acceso a las líneas telefónicas de tarificación adicional 903 por los abusos y situaciones fraudulentas que se producían. El Gobierno español se hizo eco de estas
demandas, reivindicadas también por diversos Grupos Parlamentarios. Se produjo entonces un trasvase de estas mismas líneas telefónicas a las líneas 906, persistiendo el fraude. Posteriormente, con una nueva regulación, estas líneas pasaron a ser
las 803 y 806. Las líneas 803 y 806 tienen un mayor control legal para permitir perseguir y suspender aquellas situaciones que reproducen prácticas abusivas y fraudulentas para los bolsillos de los usuarios. Pero a pesar de este mayor amparo legal
-apoyado en un Código de Conducta-- los casos de fraude y abuso tanto en el funcionamiento como en la publicitación se siguen produciendo, como demuestran las denuncias de organizaciones de usuarios y consumidores, y un simple repaso de algunos
medios de comunicación que publicitan estos tipos de líneas telefónicas.
Demostrado el interés de la población, de los Grupos Parlamentarios del Congreso y de los últimos Gobiernos en limitar este tipo de fraudes que llegan a causar verdaderos problemas personales o familiares, y demostrado que éstos se siguen
produciendo, es necesario tomar algunas medidas que profundicen aún más las llevadas a cabo hasta el momento.
Es por ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales oportunas para ampliar las competencias y recursos de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional con el objeto de coordinar con las autoridades competentes y las
organizaciones interesadas una más rápida y efectiva persecución y suspensión de aquellos servicios de tarificación adicional que no cumplen estrictamente con el Código de Conducta de los Servicios de Tarificación Adicional, tanto en su
funcionamiento como en su publicitación.
2. Establecer un diálogo con asociaciones de consumidores y usuarios para incorporar expresamente en el Código de Conducta de servicios de tarificación adicional prácticas vigentes relacionadas con el funcionamiento o publicitación de las
líneas de tarificación adicional que se consideran fraudulentas.
3. Distinguir las líneas de tarificación adicional de servicios profesionales de las líneas de tarificación adicional de servicios exclusivos para adultos y de las de servicios de ocio y entretenimiento, de manera que estos dos últimos
tipos de tarificación adicional requieran la previa petición por escrito de los posibles usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2005.-Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo industrial de silicio y
obleas para generación de energía fotovoltaica, para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
La importante demanda de la industria solar alcanzó valores de 9.000 toneladas de silicio en el 2003 y de 13.000 toneladas (t) en 2004. Se estima que la industria fotovoltaica consumirá 17.000 t de silicio en 2005, y 21.000 t en 2006. Este
incremento de las necesidades supera las capacidades de producción de silicio que entrarán en funcionamiento durante esos años.
Si realmente queremos cumplir con el Protocolo de Kioto, y dada la necesidad de disminuir las emisiones de CO2 que España tiene actualmente, con un 45,6% por encima de las emisiones de CO2 equivalente respecto al año base, la solución pasa
por un claro incremento en la generación de energías renovables. Es vital que haya un fuerte estímulo a la energía fotovoltaica en España. Para ello es indispensable fomentar el cierre de la cadena de producción de paneles solares fotovoltaicos,
mediante la promoción de una fábrica de silicio grado solar, combinado con el crecimiento de lingotes de silicio, su corte y la elaboración de obleas.
En un escenario moderado, según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, EPIA,
partiendo de un consumo de silicio para uso fotovoltaico de 17.000 t en 2005, con un aumento del consumo de silicio en un 18% anual, se llegaría al año 2020 con un consumo de aproximadamente 200.000 t de silicio para uso solar.
Tal y como proponen Ecologistas en Acción, CC.OO. y UGT creemos que es necesaria una decidida actuación del Gobierno para, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), apoyar la instalación en España de una
factoría que obtenga silicio apropiado para el uso solar, así como su crecimiento de lingotes y corte en obleas.
Se propone, por tanto, la instalación en España de una factoría capaz de producir 5.000 t anuales de silicio fotovoltaico. Con la información disponible actualmente, se estima que la operación puede suponer una inversión inicial de 130 M y
si se iniciaran los primeros trabajos a finales del presente año, se empezaría a producir silicio en el año 2008.
Creemos que el camino más razonable es contar con las empresas españolas y alemanas más adelantadas en este campo, integrando en el proyecto el tejido público y privado de investigación disponible en España e intentando una empresa conjunta
con el apoyo de la SEPI como accionista mayoritario.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo todos los trámites necesarios para apoyar la instalación en España de una factoría que obtenga silicio apropiado para el uso solar a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de las empresas
españolas y alemanas punteras en este campo, así como de las investigaciones, tanto públicas como privadas, generadas en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2005.-Joan Herrera Torres y Gaspar Llamazares Trigo, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación
161/001009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a las negociaciones con el Reino de Marruecos para promover un acuerdo de pesca, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La flota española que faenaba bajo el acuerdo de pesca UE-Reino de Marruecos en el año 1999 estaba compuesta por cuatrocientos barcos de diferentes modalidades. Estas modalidades comprendían aquellas más tradicionales de nuestro sector
pesquero como son: arrastre cefalopoderos congeladores, arrastre dermesal congelador, sardinales, palangre de fondo al fresco, arrastre marisquero congelador, arrastre costero al fresco, atuneros, cerqueros, y artesanales canarios y andaluces.
Esta flota tenía establecido su puerto base en las diferentes Comunidades Autónomas tradicionales en la actividad pesquera, como son: Galicia, Islas Canarias, Andalucía y País Valenciano.
La Comisión Europea, por medio de su Comisario de Pesca, ha manifestado que se han tenido contactos con las autoridades del Reino de Marruecos, con vistas a iniciar las negociaciones para establecer un acuerdo de pesca con este país.
Previo a formalizar estas negociaciones es imprescindible que el Consejo de Ministros de Pesca comunitario le dé un mandato de negociación a la Comisión, por otra parte, los intereses pesqueros de nuestra flota son iguales para todas las
modalidades de pesca y Comunidades Autónomas.
Es por ello, que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Proponer a la Comisión Europea y defender en el Consejo de Ministros de Pesca comunitario que las negociaciones con el Reino de Marruecos, para promover un acuerdo de pesca, sean de los llamados de primera generación.
2.º Que en las negociaciones se incorporen, sin exclusión, todas las modalidades de pesca que siempre estuvieron presentes en anteriores acuerdos.
3.º Que la flota que pudiera incorporarse en futuro acuerdo tenga un trato igual e independiente de donde tenga establecido su puerto base.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adopción de medidas ante la crisis de la pesquería de la anchoa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesquería de la anchoa en el Cantábrico es una de las más tradicionales que realiza la flota artesanal de cerco de las Comunidades de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.
Más de 200 barcos en la que participan no menos de 3.000 marineros se ocupan en los meses de abril y mayo en la pesca de la anchoa, lo que les ha venido garantizando a esta flota el 50% de los beneficios que obtienen en todo al año.
La baja rentabilidad obtenida en la presente costera les ha ocasionado unas pérdidas a los armadores que ponen en riesgo su supervivencia como empresarios, y a los marineros que tienen un sistema de remuneración a la parte, la nula
percepción de ingresos como consecuencia de no haberse producido capturas.
Es necesario seguir manteniendo esta flota con sus tripulaciones para que una vez recuperado el 'stock' de anchoa se puede seguir capturando ésta en los niveles alcanzados en años precedentes, tanto por el efecto directo en armadores y
tripulantes que tienen esta actividad, como por los efectos indirectos en las economías regionales que produce esta pesquería, que se dedica en un 70% a ser transformada en las industrias locales de los puertos que disponen de esta flota.
Hay que reconocer que ha sido el propio Gobierno el que ha motivado a los armadores y pescadores a preparar sus barcos para la presente costera, cuando se posicionó en el Consejo de diciembre pasado desoyendo la propuesta de la Comisión que
planteaba una deducción del 85% del TAC de esta especie para el año 2005, porque tenía informes científicos que avalaban que se podía seguir pescando en los niveles tradicionales, y forzó en el Consejo de Ministros de Pesca comunitario elevar el TAC
hasta 29.000 toneladas, por lo que no debe dejar abandonado a su suerte a armadores y marineros.
Es por ello, que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover ante la Comisión Europea la prohibición de la pesca de arrastre pelágico para la anchoa en el Golfo de Vizcaya, durante el presente año, teniendo en cuenta los informes científicos que avalen su reapertura para el futuro.
2. Desarrollar un plan de gestión para su aprobación por el Consejo de Ministros de Pesca comunitario para esta pesquería en el Golfo de Vizcaya, que conceda indemnizaciones a tripulantes y armadores por las pérdidas de la presente campaña
y durante la vigencia del plan.
3. La incorporación en los actuales programas de IFOP para las regiones objetivo 1 y DOCUP (Documento Único de Programación para resto de regiones), de una medida específica de planes de gestión y recuperación, y sea dotada financieramente
con los excedentes de fondos no utilizados por la AGE, como consecuencia de la supresión de ayudas a las sociedades mixtas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a defender en las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la UE 2007-2013 la no inclusión de
la financiación de la Red Natura 2000 en los nuevos fondos europeos para la agricultura y el desarrollo rural (FEADER).
Antecedentes
El Reglamento de desarrollo rural que se apruebe, a partir de la actual propuesta elaborada por la Comisión Europea, establecerá la base del desarrollo rural en toda la UE para el período 2007-2013 y conjuntamente con la reforma de la PAC,
nos encontramos ante uno de los aspectos de mayor alcance que afectarán al sector agrario en los próximos años. La propuesta de Reglamento en esta ocasión ha optado por crear un fondo específico, el FEADER (Fondo Europeo para la Agricultura y el
Desarrollo Rural).
La propuesta de la Comisión Europea supone un avance en la fijación de una verdadera política de desarrollo rural en la UE, cediendo en manos de los Gobiernos un amplio margen para su aplicación en cada territorio.
Adentrándonos en el contenido de la propuesta de nuevo Reglamento, contemplamos tres ejes en torno a los cuales se articulan las distintas medidas de desarrollo rural. Para cada uno de ellos se fija un porcentaje mínimo de financiación por
parte de la UE a través del citado fondo FEADER.
El primer eje tiene por objetivo mejorar la competitividad de la agricultura, incluye las tradicionales
medidas de estructuras agrarias (se fija un porcentaje mínimo del 15% de los recursos del FEADER). El segundo eje tiene por objetivo la gestión sostenible de las explotaciones agrarias (mediante el programa agroambiental) y forestales
(mediante medidas de reforestación), así como la gestión sostenible de los territorios (a través de la Red Natura 2000) (se fija un porcentaje mínimo del 25% del FEADER). El tercer eje se dirige hacia el objetivo de diversificar las actividades
económicas en el medio rural como: la promoción de actividades no agrícolas, el apoyo a la creación de pequeñas empresas, el fomento del turismo rural y la mejora de la calidad de vida de su población (con un porcentaje mínimo del 15% del FEADER).
Una de las novedades a destacar del Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural es la inclusión en su segundo eje de la Red Natura 2000, esto evidencia el acercamiento de la Red Natura a las políticas de desarrollo rural para su
financiación.
El Grupo Parlamentario Catalán ve con preocupación la inclusión de la Red Natura 2000 en el segundo eje, pues supondrá restar gran parte de los recursos del FEADER para financiar el programa medioambiental, un programa que hasta ahora no
había estado incluido en el ámbito de la política de desarrollo rural.
A nuestro parecer, el proyecto Red Natura 2000 es un proyecto colectivo que atañe a toda la sociedad y no sólo a la población que vive en el ámbito rural, por lo que requiere de un instrumento financiero independiente que no disminuya las
posibilidades de desarrollo rural teniendo en cuenta la insuficiente dotación del FEADER y su aplicación en un marco ampliado a los nuevos territorios rurales de los Estados miembros recién incorporados a la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Defender en las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 que la financiación de la Red Natura 2000 no recaiga sobre los fondos destinados a la agricultura y el desarrollo rural, configurados alrededor
del nuevo FEADER (Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural), sino no que sean todos los ciudadanos y ciudadanas europeos los que contribuyan equitativamente y solidariamente a soportar las cargas y los costes de la conservación de la
biodiversidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre protección de olivos milenarios para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Motivación
Desde hace tiempo se está llevando a cabo la practica abusiva del comercio de olivos milenarios.
Estos árboles, algunos de ellos superan los 2.500 años, han visto pasar desde su milenaria ubicación todas las culturas, desde las legiones romanas hasta ahora. Estos árboles son de propiedad privada por encontrarse en fincas privadas, pero
son patrimonio de la historia y la historia es de todos.
Es necesario que estos olivos se mantengan intactos donde nacieron hace miles de años y no someterlos a ningún riesgo como lo es un transplante, porque son parte de la historia local y de las gentes de donde se ubican, pero sobre todo lo que
hay que evitar a toda costa es que dejen de ser motivo de especulación entre compradores, vendedores e intermediarios que actúan sin ningún tipo de escrúpulos sobre la historia y la belleza que constituyen estos monumentos de arte milenario.
Hay que buscar soluciones para evitar este comercio y ello tiene mucho que ver con las rentas agrarias, porque no sólo son más rentables árboles jóvenes sino sobre todo es difícil resistirse a ofertas sustanciosas.
Si no ponemos el remedio de forma inmediata, estos monumentos milenarios dejarán de existir en su lugar natural y se acabará con miles de años de historia local, que es patrimonio de las tierras y de las gentes de estos lugares de ubicación
de estos olivos milenarios.
Es necesario que desde el Ministerio de Agricultura y mediante acuerdos con las Comunidades Autónomas afectadas se realice un catálogo de los olivos milenarios de toda España, se garantice a los propietarios las ayudas oportunas para su
mantenimiento, se tomen las medidas legales necesarias para la preservación y que se garantice que no se arranquen y no se comercialice con ellos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que mediante acuerdos con las Comunidades Autónomas afectadas se realice un inventario y un catálogo
de todos los olivos milenarios existentes y de otros olivos que por sus características especiales de belleza, dimensiones, o cualquier otra característica que merezcan ser preservados.
2. Se tomen las medidas legales para garantizar la protección de todos los olivos milenarios.
3. Se garanticen ayudas suficientes para el mantenimiento de estos olivos a los propietarios que las utilicen para la producción agrícola'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Alejandro Alonso Núñez, María Antonia de Armengol Criado, Elvira Cortajarena Iturrioz, Esperança Farrera Granja, Manuela Holgado Flores, María Rosario Juaneda Zaragoza, José Pliego
Cubero y Teresa Villagrasa Pérez, Diputados.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre subvenciones al sector equino español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector equino tiene unas indudables potencialidades como generador de una importante actividad económica y de creación de empleo, además de contribuir, dentro de sus posibilidades, a la vertebración del mundo rural y significar un ejemplo
más de la multifuncionalidad de la ganadería.
La ganadería del equino en España y la actividad económica que promueve debería tender hacia un desarrollo similar al alcanzado entre nuestros socios comunitarios, en el que este sector está ampliamente representado en la vida cotidiana y en
las actividades de ocio, todo ello dentro del sector servicios.
La carne de caballo es un alimento tradicional en determinadas regiones españolas, así como en países vecinos, como Italia o Francia. La mayor parte de nuestra producción cárnica equina se exporta como animales vivos y se está demandando de
los productores españoles, de forma creciente, un suministro continuo de este producto de gran valor nutritivo. Es preciso por tanto, fomentar la creación de estructuras productivas de carne de caballo que puedan responder ante estos mercados con
productos de calidad.
Por otro lado, la última reforma de la Política Agraria Común ha abierto un nuevo ámbito de decisión empresarial para muchos ganaderos, ya que las nuevas directrices defienden la necesidad del apoyo a agricultores y ganaderos de manera que
se oriente más a las demandas sociales y del mercado, lo que da a los productores la posibilidad de diversificar su actividad hacia nuevos aspectos relacionados con la actividad agraria, incluyendo la ganadería del equino, como una alternativa
productiva claramente en expansión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar, con carácter nacional, el desarrollo y la modernización de la ganadería del equino y del sector en su conjunto desde el punto de vista de la actividad económica y el fomento de la multifuncionalidad en el ámbito rural.
2. Elaborar con los representantes sectoriales una normativa de ordenación y fomento del sector equino, con el fin de:
- Establecer las condiciones de ordenación del sector apropiadas para dicho desarrollo mediante el correspondiente marco normativo.
- El diseño de medidas para la mejora de la producción y el impulso de nuevas actividades sectoriales a través de incentivos específicos orientados a tal fin, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas ganaderas del equino.
- El establecimiento de medidas de promoción de la calidad de sus productos.
- El fomento del asociacionismo de dichas empresas y a la formación de los empresarios y trabajadores de las mismas.
- El fomento de actividades relacionadas con las pequeñas y medianas empresas y el turismo ecuestre en el ámbito rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2005.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre biocombustibles, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Por razones energéticas, medioambientales, agronómicas, además de las sociales y de oportunidad, se hace absolutamente necesario buscar alternativas y diseñar políticas que nos hagan evolucionar hacia un uso más eficiente en la utilización
de combustibles, introduciendo y potenciando aquellos elementos de innovación y mejora que estén a nuestro alcance.
No podemos ignorar la fuerte dependencia energética de nuestro país. En la actualidad, importamos el 75 por ciento de la energía primaria que consumimos, y no podemos obviar que es precisamente el transporte el principal consumidor de
productos derivados de los combustibles fósiles.
Entre las oportunidades que se identifican claramente en este entorno aparece con un alto grado de madurez y con unas posibilidades de producción claras a un corto plazo los biocarburantes con sustento en producciones de origen agrícola.
Estamos haciendo alusión a dos tipos de productos diferenciados: el bioetanol, hoy utilizado en España como aditivo en las gasolinas, y el biodiésel, producto que permite ser utilizado directamente, mezclado en cualquier proporción con el gasóleo.
Ambos productos, pues, bioetanol y biodiésel, son perfectamente alternativos a otros similares pero de origen fósil, con la ventaja añadida de que en el caso de los biocarburantes la producción parte de materias primas de origen vegetal.
En el caso del bioetanol, la materia son los cereales, los productos agrarios ricos en azúcares, junto con el alcohol vínico, mientras que para la producción de biodiésel se utilizan aceites vegetales de distintos orígenes, llegándose a
poder emplear incluso oleínas de origen animal.
La utilización de biocumbustibles genera importantes ventajas:
- Su combustión tiene unos índices de emisión considerablemente más bajos que los del producto de origen fósil al que acompaña o sustituye. No hay emisión de azufre ni de partículas, y respecto a las emisiones de CO2, se considera un
balance neutro.
- El origen vegetal de la materia prima que permite la producción de biocarburantes tanto en Europa como en España, conllevaría, al menos, la posibilidad teórica de aminorar y, en cualquier caso, posibilitar una alternativa parcial
autóctona, de origen agrario, a nuestra dependencia energética exterior.
- Dentro de las alternativas que hoy se plantean en el sector del transporte, nos encontramos ante una posibilidad real, de relativa facilitad en su desarrollo, ya que, bien utilizando adecuados niveles de mezcla en algunos casos e incluso
con utilización directa global en otros, estos tipos de productos resultan perfectamente compatibles con la tecnología de los motores actualmente en uso.
La constatación de todas estas ventajas determinó que, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobara la Directiva 2003/30/CE, que propone como objetivo indicativo alcanzar por cada uno de los Estados miembros un consumo de biocumbustibles
que represente, al menos, el 2 por ciento del total del combustible utilizado por el transporte en el año 2005 y hasta un 5,75 por ciento en el año 2010. Paralelamente, la normativa comunitaria admitió la implantación de un tipo impositivo cero en
el Impuesto Especial de Hidrocarburos para este tipo de productos.
España asumió las ventajas fiscales contenidas en la normativa comunitaria e incluso admitió específicamente la posibilidad de realizar mezclas de estos productos con los combustibles de origen fósil convencional. Sin embargo, el mercado de
los biocombustibles en nuestro país no ha experimentado un desarrollo suficiente, si tenemos en cuenta que la Directiva europea cuatriplica los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables del año 1999, colocándonos aún lejos del
cumplimiento de los objetivos comunitarios y, sobre todo, muy lejos de que la producción y uso de biocarburantes llegue a ser una verdadera oportunidad y herramienta que colabore de un modo efectivo a paliar los problemas agrarios, medioambientales
y energéticos antes reseñados. En resumen, no estamos posibilitando adecuadamente la contribución de nuestra agricultura al mundo energético.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar los objetivos en materia de biocombustibles del Plan de Fomento de Energías Renovables, dado que hasta la fecha no han tenido un desarrollo significativo.
2. Estudiar la introducción de un porcentaje de mezcla obligatoria de biocombustibles para su utilización por el transporte.
3. Fomentar el uso de biocombustibles en el transporte, particularmente en los vehículos públicos.
4. Diseñar, en el marco de la política agrícola, un plan de mejora de rendimientos de los productos destinados a biocombustibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la recuperación de los caladeros del litoral de Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Motivación
Las recuperaciones de los caladeros de litoral es urgente y necesaria en España. Si se sigue retrasando, la recuperación va a ser más costosa, lenta y difícil. La degradación de la franja costera va en aumento, la confluencia de un exceso
de barcos y artes sobre un mismo espacio degradado también a niveles físicos no lo arregla el mercado y ceses temporales de actividad.
En Galicia, ya antes del 'Prestige', la pesca artesanal, la bajura, estaba gravemente amenazada por las dificultades para su modernización y también por la saturación de los caladeros por el repliegue de los barcos que pierden su base
operativa en otros mares.
En Galicia, la catástrofe del 'Prestige' debiera ser, desde el momento en que se impuso un paro forzado a la flota artesanal del litoral y a los productores de marisco, una oportunidad para preparar estos segmentos de la actividad pesquera
para obtener en el futuro una mayor rentabilidad en su ejercicio y, en consecuencia, más seguridad y calidad de vida.
A la hora de afrontar la recuperación del litoral hay que tener en cuenta que esta franja juega un papel fundamental en la reproducción de determinadas especies y que también es el campo de trabajo y, en consecuencia, de vida de un parte de
la flota artesanal que, por la dimensión de sus embarcaciones, no puede acceder a otros caladeros.
Por todo lo anterior consideramos urgente la recuperación de los caladeros de la franja costera y hay que hacerlo en colaboración con el Gobierno de la Xunta de Galicia, que tiene competencias exclusivas sobre parte de estas aguas, y
contando con las organizaciones del sector.
La recuperación que proponemos trata de actuar sobre el medio físico, recuperando los fondos marinos, y sobre la fauna marina a través de vedas y paros biológicos prolongados para permitir la recuperación de las especies. Esta propuesta
requiere de importantes recursos para financiar la recuperación física de los fondos y los paros forzados de embarcaciones y trabajadores, así como las prejubilaciones, por lo que debe ser cofinanciada por la UE como responsable en parte del
problema y por su repercusión social en zonas con problemas de desempleo.
Por todo ello proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a negociar con la Xunta de Galicia:
Un plan de recuperación de su litoral en el que se contemple la recuperación de los fondos marinos y la ordenación de la actividad con paros y vedas subvencionados y reordenación de artes para facilitar la recuperación de las poblaciones
piscícolas. Para la aprobación de este Plan se consultará a las diferentes asociaciones y organizaciones del sector, así como con las cofradías de pescadores.
El Plan recogerá, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La recuperación del medio físico con limpieza y saneamiento de fondos.
b) La ordenación de artes para favorecer una pesca más rentable y sostenible.
c) La planificación de vedas y paros biológicos prolongados subvencionados para permitir la recuperación de la fauna marina.
d) La regeneración de las zonas marítimo-terrestres o infrautilizadas con obras de recuperación de canales, aporte de áridos y siembre de especies autóctonas y almeja japónica.
e) Elaboración de planes de repoblación en las especies que sea posible que deberán ser diseñados en función de las zonas a recuperar.
f) Un programa de apoyo a la renovación de la flota artesanal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Agricultura y Pesca.
Motivación
La provincia de Huelva es un territorio diverso desde el punto de vista medioambiental donde conviven
ecosistemas tan diversos y plurales como la exuberancia de la sierra, el secano del andévalo, las tierras llanas del condado y la campiña y las ricas tierras cultivables de la costa.
Es una provincia con unas potencialidades medioambientales y económicas que, dado su carácter emergente en este sentido, está permitiendo compatibilizar protección de recursos y desarrollo económico con los cánones más exigentes de las
políticas de sostenibilidad de los recursos medioambientales.
Es una provincia emergente -con lo que eso significa de hacer bien las cosas, con dos sectores económicos muy pujantes, como son el Turismo y la Agricultura.
En Turismo, en el año 2004 se registraron 727.215 pernoctaciones en las cerca de 20.000 plazas hoteleras existentes con un horizonte en torno a las 30.000 plazas en los próximos cinco años, cifra asumible por los propios recursos
territoriales, desde la sostenibilidad de la provincia.
En Agricultura, sus dos productos estrellas, se exportan en un 80% fuera del territorio nacional, con una producción de cítricos en torno a los 325.000 Tm, que consume en torno a las 14.700 Ha. de superficie. Los cítricos han constituido
un alivio y una fuente importante de trabajo para zonas deprimidas y con alto índice de paro, como son el Andévalo y la Cuenca Minera.
En la última campaña de fresas sobrepasamos las 260.000 Tm (90% de la producción nacional y 30% de la Europea) en una superficie de 6.361 Ha.
Nuestros agricultores garantizan la calidad de nuestras producciones, siendo la más competitivas en cantidad y calidad.
Y, todo ello, porque aplicamos en nuestros regadíos las más modernas tecnologías que ahorran agua, mediante riegos localizados, abonando el precio justo del agua tal como establece la Directiva sobre el Agua de la Unión Europea y la nueva
Cultura del Agua, por lo que nuestros regadíos son sostenibles en términos ambientales, económicos y sociales.
Huelva es una provincia donde más de 850.000 Ha tienen algún tipo de protección ambiental o forestal, es decir, el 85% del total de la superficie provincial. En Huelva sólo se cultivan fresones en zonas autorizadas.
Además de todo ello, nuestros agricultores aplican técnicas de producción integrada, control de residuos, fertirrigación, trazabilidad y los muchos controles que establecen la calidad solicitada por las distintas cadenas de distribución y
los propios clientes.
La contratación de trabajadores en sus países de origen -este año 22.000 personas, fundamentalmente de los antiguos países del este y marroquíes- ha significado una buena práctica que ha posibilitado que el agricultor además del empleo les
garantice alojamiento digno y transporte al lugar de trabajo. En condiciones equivalentes o semejantes están los casi 30.000 trabajadores que vienen a la recolección de fresas y cada día más de cítricos.
Ante esta situación de buenas prácticas, un año más la provincia de Huelva padece una campaña equivalente a las de años anteriores que está orquestada y hábilmente organizada, ya que coincide con el mes de mayo, fecha en que los productores
europeos de fresas, es decir, nuestros competidores empiezan a producir sus productos e intentan frenar nuestro comercio mediante campaña de desprestigios basada, en la mayor parte de las veces, en falsedades.
Esta campaña ha sido divulgada a su audiencia y generalizada por parte de la Televisión Suisse Romande (TSR-CH), que hace un año, concretamente el día 30 de marzo de 2004, emitió el programa 'Fresas españolas, la vergüenza de España', con
participación de representantes de la cadena de distribución Coop y Migros, en la que se desprestigia y deteriora la buena imagen tradicional de nuestras fresas, y se hace, divulgando frases como 'tienen sabor a cenizas', hablan sobre 'falsos tests
sobres pesticidas' y sobre el 'derecho de pernada en medio de las fresas' y sobre supuestos incumplimiento de la carta de calidad.
Ante el inicio de una nueva campaña de desprestigio de nuestros productos, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar de forma explícita a través de los medios legales y diplomáticos disponibles (consulados, embajadas, medios de comunicación) a la fresa de Huelva ante la agresión con malas prácticas
para intentar excluirlas de los Mercados Europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2005.-José Oria Galloso y Jaime Javier Barrrero López, Diputados.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Administraciones Públicas
161/001013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la integración individual de funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La disposición transitoria tercera de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1992, y la disposición transitoria tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, autorizaron la integración del colectivo incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social.
El Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, estableció las condiciones, términos y plazos para proceder a esa integración. Respecto al personal en activo que en la fecha de la integración venía recibiendo asistencia sanitaria por medios
ajenos, la disposición transitoria quinta establecía como norma general su incorporación al concierto con la Seguridad Social previsto en el propio Real Decreto. Sin embargo, también se admitía, de modo excepcional, que las entidades locales podían
continuar prestando la asistencia sanitaria con la modalidad que tuvieran en la fecha de la integración, por acuerdo del Pleno de la Corporación, y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas.
Esa vía excepcional ha supuesto que muchas entidades locales aún presten la asistencia sanitaria al conjunto de sus funcionarios a través de entidades distintas de la Seguridad Social. La presente Proposición no de Ley tiene por objetivo
permitir que los funcionarios de las entidades locales puedan escoger de forma individual la entidad prestadora de la asistencia sanitaria, cuando las entidades locales continúen prestando la misma por entidades distintas de la Seguridad Social.
Ello responde a la finalidad perseguida por el Real Decreto 480/1993 de alcanzar una integración plena de los funcionarios de las Administraciones Locales en la Seguridad Social, y a situar en un lugar preferente como entidad prestadora de la
asistencia sanitaria de los funcionarios de la Administración Local a las instituciones públicas de la Seguridad Social.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar las modificaciones necesaria en el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, para reconocer la posibilidad de opción individual de prestación de la asistencia sanitaria por las instituciones de la Seguridad Social a los funcionarios
pertenecientes a administraciones locales, cuyos órganos plenarios hayan optado por mantener vigente la modalidad de prestación de asistencia sanitaria que tenían con anterioridad a la fecha de integración en el Régimen General de la Seguridad
Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la presencia de las lenguas cooficiales con el castellano en las páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado, sociedades públicas, fundaciones y entidades públicas empresariales a través de internet, para
su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Todavía son contadas excepciones los Ministerios y otros departamentos de la Administración General del Estado que ofrecen versiones de sus páginas web en lenguas cooficiales del Estado distintas del castellano.
En algunos casos, en los que sí se prevé esa oferta plurilingüe, como las páginas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde hace más de un año sólo se encuentran operativas sus versiones en castellano y catalán, a pesar de
las reclamaciones formuladas por contribuyentes y de las reiteradas afirmaciones por parte del Gobierno de que la versión en gallego estaría operativa para la actual campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
contestación por escrito a este Diputado.
Esta situación de monolingüismo español y de discriminación de los ciudadanos y ciudadanas que tiene como lengua propia otra distinta del castellano se agrava a medida que superamos la mera estructura formal de las páginas y profundizamos en
sus contenidos, de forma que es prácticamente imposible encontrar versiones de formularios oficiales electrónicos en otras lenguas distintas del castellano.
El monolingüismo español es prácticamente absoluto en los portales electrónicos de las sociedades públicas, fundaciones y demás entidades públicas.
Con la presente iniciativa se pretende hacer efectiva la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el acceso a las informaciones de la Administración General del Estado, de las sociedades públicas, fundaciones y
entidades públicas empresariales a través de Internet, con independencia de cuál sea su lengua de expresión habitual. Es necesario reiterar esta reclamación en vista de lo poco que se ha avanzado y de la notoria discriminación que, en muchas
páginas web de la Administración, se producen, particularmente contra el gallego.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que, en el plazo de seis meses, se garantice el funcionamiento operativo de versión en gallego, catalán y
vasco de todas las páginas web y formulario oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado, sociedades públicas, fundaciones y entidades públicas empresariales a través de internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a traspaso de los CAMF (Centros de Atención de Minusválidos Físicos) a las Comunidades Autónomas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Amparándose en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, en el que se establece que la asistencia social es competencia de las Comunidades Autónomas y que en función de ello se han ido traspasando las funciones y servicios que en
otros tiempos prestaba la Seguridad Social en materia de Servicios Sociales y Sanidad, trabajadores del CAMF de Alcuéscar (Cáceres) han solicitado a la Administración el traspaso de este Centro a la Comunidad Autónoma de Extre-madura.
Actualmente, la mayoría de las Comunidades Autónomas no tienen centros gestionados por el IMSERSO, por lo que no parece que haya justificación a que Extremadura, con competencias en materia de servicios sociales, Ley Orgánica 1/1983, de 25
de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, artículo 7, tenga este centro dependiendo de la Administración Central, después de que le fueran transferidas en el año 1996 los centros dependientes del IMSERSO a excepción del mencionado CAMF
de Alcuéscar.
Debe tenerse en cuenta que, en beneficio de los interesados estos centros de atención a personas con discapacidad física deben ser gestionados por las Comunidades Autónomas en base al principio de solidaridad estatal, estando lo más próximos
posible a las problemáticas de los beneficiarios y, por lo tanto, a su entorno.
La problemática expresada por los trabajadores del CAMF al que hacemos referencia, es compartida por el resto de los trabajadores de estos centros que aún dependen del IMSERSO.
En ese mismo sentido, con fecha 9 de marzo de 2005 fue aprobado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a traspasar el CAMF de Ferrol a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
El traspaso de los CAMF (Centros de Atención de Minusválidos Físicos) a las Comunidades Autónomas donde se encuentren ubicados, de acuerdo con la distribución competencia en materia de Servicios Sociales, sin perjuicio del establecimiento de
Convenios de Cooperación para que sigan prestando asistencia a beneficiarios procedentes de otras Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/001001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al funcionamiento, sistema de
gestión y criterios en la aplicación de los fondos provenientes del 1 por ciento cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El artículo 46 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación de los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y artístico cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Este precepto ha
tenido un eficaz desarrollo, entre otros medios, a través del denominado 1 por ciento cultural, importante instrumento de protección y conservación de los bienes del patrimonio histórico español.
Así, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, recoge en su artículo 58.1 que en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el
Estado se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1% de los fondos que sean de aportación estatal, con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística
con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.
Gracias al 1% contemplado en la referida Ley se han podido, a lo largo de los últimos años, realizar importantes obras de conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio histórico-artístico. En el período 1996-2003 llegó a invertirse un
total de 248,94 M de euros.
Pasados veinte años de eficaz implantación de este procedimiento y ante las modificaciones anunciadas por el actual Gobierno parece conveniente perfeccionar y revisar tanto los criterios aplicables como los instrumentos y procedimientos para
que de modo eficaz se pueda llegar a todo el territorio y allí donde sea más útil.
Las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno durante once meses, desde la creación de una Comisión Interministerial de coordinación del 1% cultural, la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico y la Conferencia Sectorial de Cultura han
provocado tanto la paralización de múltiples actuaciones aprobadas por la Comisión anterior como la suscripción por el Ministerio de Fomento de convenios al margen de la nueva Comisión creada.
Sorprende, asimismo, las reticencias expresadas ante el extraordinario patrimonio común que suponen los bienes de la Iglesia a los que sólo se les da, en su caso, un tratamiento de 'excepcionalidad'. Patrimonio común, sentido como tal, y
que supone, entre otras cuestiones, una extraordinaria fuente de turismo.
Así, por ejemplo, la señora Ministra de Cultura manifiesta su sorpresa y reticencia porque a las restauraciones, por ejemplo, de catedrales, contribuyan igualmente 'creyentes y no creyentes' (RNE 28-02-05), haciendo una singular mezcla entre
religión y patrimonio que nos llevaría, de acuerdo con sus manifestaciones, a restaurar el Caballero de la Mano en el Pecho, de el Greco, y a no restaurar 'El expolio' del mismo artista, que se expone en la Catedral de Toledo.
Por tanto, deben actualizarse los criterios, de acuerdo con el nuevo marco ministerial establecido pero siempre garantizando la aplicación del 1% cultural a la restauración y conservación del patrimonio histórico que lo precisa.
Deben garantizarse así la coordinación y unidad de criterio anteriores y la mayor diligencia y celeridad, atendiendo muchas actuaciones de conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio que no pueden seguir esperando 'sine die'.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar el marco de actuación actual, de acuerdo con la Conferencia Sectorial de Cultura, y atendiendo a los siguientes criterios:
1. En relación con las obligaciones existentes:
Cumplimiento y ejecución de los compromisos suscritos por la anterior Comisión interministerial: compromisos ya adquiridos y, por lo tanto, han devengado el desarrollo de actuaciones por Comunidades Autónomas y entidades locales.
2. En relación con la transparencia en la toma de decisiones y en el seguimiento del proyecto:
a) Establecimiento de un sistema de acceso público a las solicitudes presentadas ante la Comisión Interministerial de Coordinación del 1% cultural.
b) Creación de un sistema de acceso público y seguimiento de las inversiones en curso.
c) Establecimiento de un sistema público de conocimiento de razones y criterios por los que los proyectos reciben una u otra calificación, son aprobados, rechazados o aplazados.
3. En relación con la diligencia en la toma de decisiones y en la aprobación o rechazo de los proyectos:
a) Las reuniones de la Comisión Interministerial del 1% cultural tendrán una periodicidad, al menos, bimensual y sus actas estarán a disposición de quien desee consultarlos.
4. En relación con el ámbito de actuación:
a) De acuerdo con el precepto constitucional, que no prevé excepcionalidad alguna, serán objeto de protección y conservación la totalidad de los bienes que integran el patrimonio histórico cultural, artístico cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. Los criterios técnicos sobre la importancia artístico-patrimonial y de urgencia del proyecto serán determinantes.
5. En relación con la territorialidad:
a) El 1% cultural se deberá distribuir de acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en todos los territorios de manera equitativa y primará la proximidad de la obra pública realizada.
b) El criterio poblacional no debe ser decisivo, al existir zonas despobladas con un rico patrimonio histórico.
c) Cuando el objeto del 1% cultural no sea solamente, y siempre con prioridad, el patrimonio arquitectónico, se tendrá en cuenta la territorialidad a la hora de contratar y fomentar el trabajo de los artistas.
6. En relación con las consignaciones presupuestarias:
a) En los dos meses siguientes a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se hará pública la previsión de inversión del 1% cultural.
b) Se consignará una partida especial para casos de obras de emergencia o urgencia.
c) Los proyectos actuales y futuros concretados en un convenio, con obligación reconocida, no pueden ser demorados en su financiación, salvo por causas previstas en el Convenio, y los intereses de demora si los hubiera serán atendidos por la
Administración Central.
d) Cuando el 1% vaya a otorgarse a la recuperación de un monumento que requiera, no sólo una dotación plurianual, sino también varias fases de intervención (caso, por ejemplo, de una excavación arqueológica previa a una restauración) se
admitirá y así se determinará desde el comienzo que la financiación se aplicará a la totalidad del proyecto.
e) Anualmente se hará público el inventario de las obras realizadas en el ejercicio anterior y el correspondiente balance y evaluación de la aplicación de los criterios como instrumento para proceder, en su caso, a su modificación o
mantenimiento.
f) Se estimulará la búsqueda de fuentes de financiación complementarias, provenientes, no sólo de otras administraciones sino de la iniciativa social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la propuesta de proclamación de la tradición oral gallego-portuguesa como Obra Maestra de la Humanidad, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La propuesta de candidatura de la tradición oral galaico-portuguesa a Obra Maestra del Patrimonio Inmaterial Intangible de la UNESCO nació de la experiencia de diez años de dinamización de la comunicación entre el alumnado gallego y
portugués de una y otra parte del Miño.
Casi 50 centros escolares trabajan con el patrimonio inmaterial, con la cultura popular común a Galicia y Portugal, a través de la organización cultural y pedagógica 'Ponte... nas ondas'.
Es la primera candidatura promovida por centros educativos de dos Estados, incluyendo centros de la red de escuelas asociadas de la UNESCO, tanto de Galicia como de Portugal.
Es fundamental que el Ministerio de Cultura se comprometa a apoyar esta candidatura, que sí representa un patrimonio en peligro de desaparición.
En el encuentro de escuelas asociadas de la UNESCO, que se celebrará en julio, se presentará un recopilatorio, el disco-libro-vídeo, 'Meniños Cantores', actividad pionera en el trabajo con el patrimonio inmaterial, realizada entre las
escuelas de Galicia y del Norte de Portugal.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Cultura a apoyar, de acuerdo con la Xunta de Galicia y el Gobierno portugués, facilitando e impulsando los trámites previos que sean necesarios, la candidatura de la tradición
oral galaico-portuguesa como Obra Maestra del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la salud mental en el servicio nacional de salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, unos 800.000 españoles sufren algún tipo de trastorno mental en España. Pese a ser un problema de gran envergadura tanto sanitario como social y que en gran medida sufren las familias, los datos e
informaciones que se manejan desde el Ministerio constatan el déficit generalizado de los servicios de salud mental de todas las comunidades autónomas. Existe, además, una gran variabilidad entre las distintas administraciones sanitarias en lo
relativo a la prestación del servicio, a los recursos disponibles, el grado de cobertura pública y los programas específicos.
Es necesario que el Ministerio de Sanidad garantice unos estándares de atención de la salud mental con un nivel de cobertura adecuado e idéntico en todas las comunidades, que abarque tanto la atención primaria como la especializada,
especialmente a los enfermos
crónicos, en una situación de creciente demanda de la ciudadanía, dado el crecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida, en la que las inversiones y creación de infraestructuras no responden como única solución.
En este sentido se hace necesario conocer la situación real de la salud mental de las distintas comunidades autónomas, para conocer los elementos de coordinación entre niveles asistenciales y recursos destinados a la misma, la mejora de la
eficacia en la gestión, la canalización de la demanda, la mejora de la formación de los profesionales o la cartera de prestaciones de salud mental y las actividades en la Comunidad, entre otras.
Es por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses remita a esta Cámara un informe sobre las actividades y prestaciones en los servicios de salud mental y de atención a la Psiquiatría que se desarrollan en cada
una de las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2005.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de homologar con la
UE determinadas profesiones, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El conjunto de la Unión Europea supone una serie de oportunidades laborales para todos aquellos ciudadanos de la Unión que así lo deseen.
No obstante existe un problema en algunas profesiones relacionadas con la Sanidad, al no cumplir los requerimientos solicitados en algunos países, por lo que el ejercicio profesional queda vetado para aquellos profesionales españoles que
tuvieran la intención de trabajar en estos lugares. Concretamente se trata de titulaciones de técnicos superiores de la familia profesional sanitaria cuya duración del período formativo no les permite obtener la equivalencia de sus títulos
académicos a efectos de su reconocimiento para la libre circulación de estos profesionales en los países de la UE (Radioterapia e Imagen para el Diagnóstico, Técnicos en Radiología, Técnico Superior de Laboratorio en Diagnóstico Clínico, Técnico
Superior de Anatomía Patológica y Citología).
Por ello, se hacen necesarias reformas que permitan la homologación de las titulaciones españolas con las comunitarias, para poder abrir así el abanico de posibilidades laborales y de experiencias enriquecedoras en el extranjero de los
titulados nacionales. Además, se produce la circunstancia que en determinadas áreas europeas la demanda de sanitarios es muy elevada, con lo cual los titulados españoles pueden estar perdiendo muchas e interesantes oportunidades laborales.
El marco comunitario establece la posibilidad de movilidad a lo largo de los países de la Unión de aquellos trabajadores que así lo deseen. Pero el hecho de la falta de homologación como el que planteamos es una barrera que impide a muchos
profesionales aprovechar estas oportunidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las reformas necesarias en las titulaciones de Técnicos Superiores de la Familia Profesional Sanitaria cuya duración del periodo formativo no les permite obtener la equivalencia de
sus títulos académicos a efectos de su reconocimiento para la libre circulación de estos profesionales en los países de la UE y lograr la plena homologación de las profesiones sanitarias con las titulaciones europeas equivalentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/001005
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto, mediante el Diputado de Chunta Aragonesista, don José Antonio Labordeta, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre los problemas ocasionados por la sequía en la ciudad de Huesca, para su debate en la Comisión de Medioambiente.
Exposición de motivos
Ante los problemas que tiene la ciudad de Huesca en su servicio de aguas, por los problemas ocasionados
por la sequía, que deben ser superados con actuaciones a corto, medio y largo plazo se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda dirigirse al Gobierno al objeto de proceder a impulsar:
1. La elaboración de un estudio, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, sobre el sistema definitivo de abastecimiento de agua en alta a la ciudad de Huesca y su entorno, delimitando el papel a cumplir por los
embalses de Vadiello y Montearagón, sistema de acuíferos y toma desde el Canal del Cinca.
2. La firma de un Convenio en el que participen el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca donde se recojan compromisos con todas las inversiones necesarias a corto, medio y largo plazo, para
materializar las conclusiones del estudio. Asimismo, y en lo que a la red urbana de Huesca se refiere, deberá contener compromisos para la construcción de una planta potabilizadora, de un depósito de compensación e inversión en la red de
distribución, ampliación de la red de distribución al Parque Tecnológico WALQA y municipios de Cuarte, Banariés y Huerrios, y renovación en la red de distribución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las declaraciones de impacto ambiental en
las centrales térmicas, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Con motivo de la formulación de una pregunta con respuesta escrita de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con fecha 21 de abril de 2005, sobre la evaluación de la validez de los modelos de predicción de inmisión
de contaminantes ha quedado reflejado en la respuesta del Gobierno la ausencia de buenos modelos de dispersión.
Se afirmaba en la respuesta mencionada, que todavía no se ha abordado un estudio que permita contrastar con fiabilidad estadística suficiente las diferencias que existan entre los resultados de la evaluación y el impacto real de las
emisiones de una central, una vez que entran en funcionamiento.
También se añadía que cuando se iniciaron las evaluaciones de impacto ambiental de las centrales de ciclo combinado no existían modelos que permitiesen evaluar la incidencia de las emisiones de contaminantes primarios en la formación de
contaminantes secundarios como es el ozono pero que en la actualidad sí que se podía evaluar la formación de ozono.
En las Declaraciones de Impacto Ambiental no se están considerando además parámetros críticos como el valor límite anual para la protección de la vegetación de NOX (pese a que está en vigor desde la aprobación del Real Decreto 1073/2002 y a
que hay un amplio consenso en que las emisiones de dichos óxidos son las responsables de los impactos locales más severos de estas instalaciones sobre el aire). Tampoco otros que estarán en vigor cuando las plantas que ahora obtendrían la
declaración se pusieran en funcionamiento, como el valor objetivo para la protección de la salud humana por ozono troposférico, o la AOT40 estrechamente relacionada con los impactos del ozono en la agricultura y en general en los ecosistemas
vegetales. Ambos valores están contemplados en el Real Decreto 1796/2003 sobre protección contra el ozono troposférico.
Ecologistas en Acción ha hecho público recientemente un informe en el que prueba que los modelos de dispersión de la contaminación empleados (muy especialmente el ISC3, ampliamente usado por el MINAM) subestiman los valores de inmisión.
Para ello ha usado las Declaraciones de Impacto de las dos centrales de gas de Castejón (DIAs publicadas en el BOE de 27 de abril del 2000) comparando los niveles reales de contaminación por NO2, tanto el límite horario como el anual, con los
valores previstos por la DIA. En el 2003, las plantas funcionaron mucho menos de lo esperado. El resultado es que estos valores reales medidos superan claramente a los valores preoperacionales declarados en la DIA (páginas 16402 y 16419 del BOE
antes citado) incrementados por las inmisiones previstas en la DIA (páginas 16406 y 16422). Hay que resaltar que las únicas nuevas grandes emisoras del entorno son las centrales de gas.
Adicionalmente hay que señalar que este Gobierno ha adjudicado derechos de emisión a centrales de gas en ciclo combinado por valor de 17.600 MW (incluidas algunas plantas de cogeneración) que deberán funcionar antes de 2008. Después de
aprobar dicha adjudicación, varias centrales de gas han obtenido Declaración de Impacto Positiva. Frente a ello, el todavía en vigor Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad estima que sólo serían necesarios 14.800 MW de estas centrales en el
año 2012 (con un muy bajo nivel de utilización). Sobra, pues, mucha potencia en la actualidad y más en el futuro.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para realizar una evaluación de la validez de los modelos de predicción de inmisión de contaminantes mediante su comparación con datos reales.
2. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para tener en cuenta el aumento en la formación de ozono troposférico en los alrededores de las plantas en las evaluaciones de impacto ambiental y sus efectos económicos.
3. Establecer una moratoria de concesión de Declaraciones de Impacto Ambiental positivas hasta que estén dispuestos y probados modelos de dispersión de la contaminación suficientemente fiables excepto en el caso de centrales de gas de tipo
'peaking' (diseñadas especialmente para producir en punta) que se ubiquen en emplazamientos con plantas de combustibles fósiles de potencia eléctrica equivalente siempre que antes de su puesta en marcha los productores se comprometan a cerrar una
potencia similar en el mismo emplazamiento de viejas instalaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds presenta la siguiente proposición no de ley, relativa a la Declaración Impacto ambiental del
Aeropuerto de Castelló, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Visto que se ha incumplido flagrantemente la Declaración de Impacto Ambiental en la construcción del Aeropuerto de Castellón por los siguientes motivos:
'Ocupación de los terrenos. Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ''para favorecer la cría de la especie en este ámbito territorial, dominado por la garriga, se conservará en su estado actual la mayor superficie posible,
manteniendo para ella la función de 'área de alimentación' que ahora representa. Para no ocupar, durante la ejecución de las obras, más terreno del previsto y definido en el proyecto para la ubicación de las instalaciones aeroportuarias, se
delimitará su perímetro mediante jalones y balizas llevando a cabo dentro de esos límites la obtención y compensación de todos los materiales necesarios para la construcción de las pistas.'' Sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo en los
terrenos del futuro aeropuerto son totalmente contrarias a las expuestas en la DIA, eliminándose, que no conservándose, la totalidad del área de alimentación, y únicamente conservándose los nidos encontrados dentro del futuro aeropuerto y los
alrededores más inmediatos de éstos hasta que acabe la temporada de cría.
Época de actuación. Según la DIA: ''Durante el periodo de cría del aguilucho cenizo, conforme se establece en el artículo 26.4 de la Ley 4/1989, antes citada, no se desarrollarán actividades molestas ni ruidosas, motivadas por la
construcción del aeropuerto o por las infraestructuras a él asociadas, necesarias para su explotación. En concreto no se realizarán desbroces, excavaciones, movimientos de tierras ni voladuras, en el plazo comprendido, en todo caso, entre el 25 de
marzo y el 15 de septiembre''. Actualmente, mayo de 2005, se están realizando desbroces, excavaciones, movimientos de tierras, y voladuras. Es decir, todo lo que prohibe específicamente la Declaración de Impacto Ambiental.'
Que se ha intentado justificar el incumplimiento manifiesto de la declaración de impacto ambiental por parte de la mercantil Aeropuerto de Castellón, S. L., con la presentación de un Protocolo de desarrollo de los trabajos durante la época
de reproducción que es contrario a la DIA pero que está avalado por la Consellería de Territorio y Vivienda.
Dicho protocolo, que forma parte del Acuerdo para la ejecución de actuaciones para la conservación y protección del hábitat del aguilucho cenizo entre la compañía Aeropuerto de Castellón, S. L., y la Consellería de Territorio y Vivienda, es
contrario a las atribuciones y competencias de la Consellería según la DIA. La DIA indica claramente que la Consellería tiene competencias para adoptar medidas de mayor protección pero nunca, como se pretende, tiene competencias para la emisión de
documento alguno que menoscabe la protección que otorga la DIA. Se indica en la DIA que la Comunidad Autónoma Valenciana podrá llegar a un acuerdo con el promotor respecto al aguilucho cenizo 'en cuanto a las actuaciones a realizar en lo relativo a
la Conservación y, en su caso, la protección de su hábitat, según lo establecido en el artículo 31.4 y 31.6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre'. Esta legislación es más
protectora que lo establecido en la propia DIA.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. El Ministerio de Medio Ambiente haga cumplir lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental
tanto a la mercantil Aeropuerto de Castellón, S. L., como a la Consellería de Territorio y Vivienda.
2. El Ministerio de Medio Ambiente informe puntualmente a los Grupos Parlamentarios sobre estos extremos, indicando las acciones y/o medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2005.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de Agustí Cerdà i Argent, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuación
inmediata en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En el procedimiento relativo al proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea, tanto en la Declaración de Impacto Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, como de la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, se establecieron unos condicionantes de obligado cumplimiento a efectuar previamente al inicio de las obras y actuaciones en el puerto, con la finalidad de proteger las especies afectadas por su ampliación.
Entre estos condicionantes se estableció que con anterioridad al inicio de obras y actuaciones debía llevarse a cabo la ejecución de un proyecto de restauración de matas de 'Posidonia oceánica' afectadas por la ampliación del puerto,
aprobada por el mismo órgano medioambiental de la Generalitat Valenciana que emitió la Declaración de Impacto Ambiental, así como la realización de los trabajos necesarios para la prospección de los fondos en busca de los ejemplares presentes de
'Pinna nobilis' para el traslado y reimplante de los mismos.
Estas dos actuaciones previas necesarias, fijadas por las Declaraciones de Impacto Ambiental, constituyen los condicionantes mínimos fijados con el objetivo de preservar las especies de matas de 'Posidonia oceánica' y de 'Pinna nobilis'
protegidas por la legislación autonómica, estatal, comunitaria e internacional, motivo por el que los órganos administrativos establecieron que debían llevarse a cabo con anterioridad al inicio de las obras y actuaciones encaminadas a la ampliación.
Sin embargo, se han iniciado las obras de ampliación del puerto, sin haberse realizado las labores preceptivas de transplante de matas de 'Posidonia' y las relativas a los ejemplares de 'Pinna nobilis' y sin haberse aprobado el proyecto de
transplante por parte de la consellería de Territorio y Vivienda, afectándose y perjudicando gravemente, numerosos elementos naturales y especies protegidas por la legislación de las distintas administraciones afectadas.
Aún más, por cuanto no se ha realizado ni siquiera la adscripción del fondo marino necesario para llevar a efecto el transplante en el lugar de destino.
Además, a ello hay que añadir que se han vulnerado más condicionantes preceptivos en el inicio de las obras de ampliación del puerto tales como:
El arranque de pinos a la excavación de un monte situado a pie de costa al final de la rambla del barranco.
Se ha vertido sobre el fondo marino, empleando camiones volquetes, los materiales antes descritos que no provienen de lugares autorizados. Se ha colmatado así, más de 4.000 metros cuadrados de fondo marino adentrándose en el mar a una
extensión de más de 40 metros lineales por más de 70 metros lineales de frente. Esto ha supuesto el enterramiento directo de toda la comunidad de 'Posidonia' y 'Cymodocea nodosa' que se hallaba debajo.
Asimismo, ha supuesto la absoluta turbidez de las aguas hasta 10 metros de profundidad, cuando el mar y el viento están en calma, habiendo alcanzado la citada mancha de turbidez una extensión de varios kilómetros los días de temporal del mes
de diciembre.
Además las operaciones de relleno han sido realizadas no sólo con materiales no autorizados, sino también sin haberse completado previamente el cierre perimetral de las mismas, lo cual también debía haberse efectuado de forma previa.
Si bien es cierto, tal y como informa la Abogacía General del Estado en la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de 15 de septiembre de 2003, que la dirección General de Costas no puede emitir informe
desfavorable a una adscripción de un dominio público marítimo terrestre, sobre la base motivos únicamente medioambientales, puesto que el artículo 49.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece que el informe deberá versar sobre 'la
delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público', también es cierto que el citado informe concluye en el punto 6) que: 'En cuanto se refiere a la
concreta y detallada descripción de las medidas correctoras a aplicar impuestas por la Consellería de Medio Ambiente en la Declaración de Impacto Ambiental, dado que se trata de cuestiones medioambientales, corresponde a esa Comunidad Autónoma la
determinación del aval que corresponda exigir, así como el establecimiento de las condiciones oportunas. No obstante, al necesitar dichos proyectos la
ocupación de dominio público marítimo-terrestre para su realización. Esta Dirección General de Costas considera que las autorizaciones o concesiones que se requieran deben obtenerse con carácter previo a la iniciación de las obras de
ampliación del puerto'.
El informe de la Dirección General de Costas resuelve informar favorablemente la adscripción de bienes de dominio público marítimo terrestre, de acuerdo con las condiciones que se recogen en 9 puntos, entre las cuales se incluyen las
condiciones expuestas en esta justificación Son condiciones previas a la Declaración de Impacto Ambiental de Costas.
Finalmente, en la condición novena previa del Informe en cuestión, se declara que: 'Por parte de los Servicios de esta Dirección General se podrá ejercer el control de ejecución de las obras con el fin de comprobar que las mismas se lleven
a cabo cumpliendo la totalidad del condicionado bajo el que se otorga y entre el que se incluye el expuesto en el párrafo anterior y que se reproducen a continuación como Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Ejercer el control de ejecución de las obras de ampliación del proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea con el fin de comprobar que las mismas se lleven a cabo cumpliendo la totalidad del condicionado bajo el
que se otorgó el informe favorable de la Dirección de Costas.
2. Iniciar las acciones administrativas, y judiciales necesarias, por el incumplimiento de condiciones previas al inicio de las obras determinadas por la Dirección General de Aguas y Costas, en colaboración con el Govern de la Generalitat
Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2005.-Agustí Cerdà i Argent, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
161/001071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, en relación con las medidas a adoptar para
paliar los daños provocados por la grave sequía en España, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El otoño de 2004 y los primeros meses del 2005 han sido especialmente duros desde el punto de vista de las precipitaciones registradas. De hecho, podemos afirmar en estos momentos que nos encontramos ante la peor situación registrada desde
el año 1947. Además, y a pesar de la incertidumbre lógica que acompaña las predicciones meteorológicas cuando se establecen por un período largo de tiempo, de aquí al final del año hidrológico, no caben esperar lluvias que modifiquen
sustantivamente la situación en la que nos encontramos, por lo que la mala planificación y gestión del Gobierno adquieren proporciones muy considerables.
La respuesta del Gobierno ante esta situación ha sido múltiple, en el sentido de intentar distraer la atención de lo que son sus verdaderas responsabilidades. Primero anunció la puesta en marcha de una campaña de publicidad, para
concienciar a los ciudadanos sobre un uso responsable del agua. A continuación aprobó una serie de obras de emergencia, al amparo de informes periódicos sobre la situación hidrológica, que básicamente venían a paliar la paralización en la inversión
de obra hidráulica que ha caracterizado la gestión del Ministerio de Medio Ambiente durante su primer año de Gobierno. Paralelamente, responsables del Ministerio de Medio Ambiente se han mostrado favorables al incremento del precio del agua por
parte de los ayuntamientos, en un nuevo intento de subir el precio del agua al que ya se opuso hace unos meses el Ministerio de Agricultura.
En el ámbito europeo, el Gobierno ha fracasado hasta la fecha en su petición de fondos para ayudar a paliar las consecuencias de la sequía, básicamente debido a una mala gestión administrativa fruto de la impericia o la improvisación. Como
quiera que sea, es preciso solicitar a la Comisión europea todas las ayudas susceptibles de mejorar o indemnizar las pérdidas ocasionadas en el campo español, como consecuencia de la sequía, y solicitar igualmente que se active el Fondo de
solidaridad, previsto para catástrofes graves cuyos daños afecten al 0,6 por 100 del PIB del país afectado, y que en este caso podrían solicitarse en virtud de la envergadura de la catástrofe a escala regional.
En este sentido, cabe recordar que hace unos días el Parlamento Europeo aprobó por mayoría, a iniciativa del Grupo Popular, una resolución en la que se solicitaba a la Comisión que adoptase medidas para paliar los daños provocados por la
'gravísima' sequía en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar formalmente a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad para paliar las consecuencias de la sequía, y solicitar la mejora de las
condiciones para el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común, y el anticipo de las mismas.
2. Agilizar todas aquellas actuaciones comprendidas en los anexos de inversiones de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que supongan una mayor disponibilidad de recurso en todas las Comunidades Autónomas, para que en un futuro no lejano,
puedan evitarse situaciones como la actual.
3. Comprometerse a no tomar iniciativas para incrementar el precio del agua, por considerarla una medida actualmente no asumible por el campo español, y de carácter insolidario para el conjunto de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de Agustí Cerdà i Argent, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre intervención
inmediata para la paralización de la construcción de aparcamientos con cargo a fondos FEDER (FEDER 00, programa 5141-1) en una zona verde en el proyecto de regeneración y conservación de la playa del Pinar de Castellón para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Actualmente la playa del Pinar es una amplia extención de arena fina de 1.800 metros sin vegetación. La avenida Ferrandis Salvador separa el bosque y la playa que en tiempos anteriores habían estado unidos. Este hecho provocó la
desaparición de las dunas, una fuerte degradación de la playa, y la ruptura del entorno natural. Debido al efecto de los espigones del puerto que ganan suelo al mar, la playa mantiene un crecimiento continuado de la anchura de la arena.
Es por este motivo que se acordó realizar un proyecto de regeneración y conservación de la Playa el Pinar de Castellón.
El Plan Especial del Parque Litoral de la Playa de El Pinar se aprobó definitivamente por Resolución del Conseller de Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat Valenciana (COPUT) de fecha 11 de diciembre de 2002, publicada en el BOP de
Castelló de 23 de enero de 2003.
Dicho Plan Especial fue elaborado y tramitado hasta su aprobación provisional por la Dirección General de Puertos y Costas de la COPUT, incorporando el preceptivo dictamen del excelentísimo Ajuntament de Castelló, por acuerdo plenario de 31
de octubre de 2002, así como el informe favorable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente (15 de noviembre de 2002).
En los primeros planos, desaparecía el vial que discurre junto al paseo, y en su lugar se proyectaron dunas de tierra vegetal, para facilitar el crecimiento de las nuevas plantaciones autóctonas.
El proyecto suponía una inversión de 9 millones de euros, según el presupuesto, de manera que un 70 por 100 del presupuesto será financiado por Fondos FEDER de la Unión Europea, asumiendo 7 de los 9 millones del coste presupuestado.
Según los planos, el proyecto inicial tenía previsto la construcción de un número de aparcamientos superior al millar. Sin embargo parece ser que el Ayuntamiento de Castellón incorporó a los Planos otras 500 plazas en primera línea de
playa, donde en el proyecto inicial se ubicaba una zona verde. El nuevo diseño no fue expuesto por lo que no se pudieron formular alegaciones.
Existe también un desconocimiento por parte de los vecinos y vecinas de Castellón, acompañado a la denegación de información por parte del Ayuntamiento, respecto a la comunicación a la Unión Europea del cambio que se pretende realizar en el
proyecto.
Los residentes, en definitiva, se niegan a que la playa de El Pinar se convierta en una explanada de aparcamientos para vehículos. El motivo de la oposición no es porque los residentes se nieguen a la adecuación de aparcamientos sino por su
ubicación en una zona proyectada como verde.
La Plataforma Parc Litoral del Grau de Castelló ha formulado denuncia ante las distintas Administraciones afectadas en las que solicita se vuelva al modelo inicial de remodelación de la Playa de El Pinar, cumpliendo el objetivo del proyecto
para el que se adjudicaron los Fondos FEDER: 'Recuperar el bosque de El Pinar sobre el ambiente característico del cordón dunar de las playas valencianas, y crear un parque litoral integrado por la playa y la zona verde contigua'.
Corresponde a la Dirección General de Fondos Comunitarios la elaboración, coordinación y seguimiento de las propuestas de aplicación de la política regional y específicamente de los fondos estructurales, en coordinación con las Comunidades
Autónomas. La gestión completa de todo programa financiado por los Fondos Estructurales es siempre responsabilidad del estado miembro, que debe adoptar las medidas encaminadas a una utilización eficaz y regular de los Fondos Comunitarios,
asegurando que las intervenciones se gestionan de conformidad con la normativa estatal y comunitaria, con arreglo a una correcta gestión financiera y que se previenen, detectan y corrigen las irregularidades observadas.
El artículo 18, apartado d), del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, señala que el Estado miembro designará una autoridad
encargada de la gestión de
cada programa operativo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado n) del artículo 9.
El Estado español, en aplicación de la citada disposición, designa autoridad de gestión del Programa Operativo del País Valenciano 2000-2006 a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial (DGFCFT) de la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, que desarrollará sus funciones directamente o a través de la Subdirección General de Administración del FEDER y en estrecha colaboración con el resto de unidades administrativas, en un
marco de Cooperación y corresponsabilidad con el Govern de la Generalitat Valenciana que permita la participación de la misma en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
del Reglamento (CE) 1260/1999. El Govern de la Generalitat Valenciana designó a la Direcció General de Economía de la Consellería de Hisenda i Treball, como unidad responsable de la interlocución con la Autoridad de Gestión y con las autoridades
pagadoras del programa.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar el debido seguimiento y control sobre si la ejecución del proyecto de regeneración y conservación de la Playa del Pinar de Castellón es conforme al proyecto presentado ante la Comisión Europea, respetando las zonas verdes y las
especies protegidas, en colaboración y corresponsabilidad con el Govern de la Generalitat Valenciana.
2. Iniciar las medidas necesarias para suspender parcialmente la ejecución del Parque de la Playa el Pinar y la inmediata paralización de las obras de construcción de los aparcamientos que actualmente se están llevando a cabo en lo que
debiera ser una zona verde junto a la primera línea de la playa con cargo a Fondos FEDER.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2005.-Agustín Cerdà i Argent, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixasiguientesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
161/001046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la situación de los trabajadores
contratados de Televisión Española, para su debate en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.
Exposición de motivos
Con fecha 14 de diciembre de 2004, de la Comisión de Control de RTVE del Congreso de los Diputados, aprobó una Proposición no de Ley sobre medidas para superar la precariedad laboral en RTVE, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los
Diputados' serie D, núm. 107, de 19 de noviembre de 2004, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta a la Dirección General de Radio Televisión Española a abordar, a la luz del informe de la Comisión de Expertos, la situación del personal contratado por obra y servicio excluidos de la aplicación del
Convenio Colectivo vigente en RTVE y, en consecuencia, iniciar un proceso de regularización de este colectivo.'
El informe para la reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado 'vio la luz' el pasado mes de febrero, y entre las directrices que marcó había dos con las que dar los primeros pasos en el cumplimiento de la Proposición no
de Ley, y que pasó a recordarlas:
'El trabajo precario, con contratos periódicos renovados durante años, debe ser descartado (como incompatible con los contenidos de calidad), reservándose los contratos eventuales y por obra a circunstancias y objetivos excepcionales, que la
plantilla regular no pueda cubrir. Tales contratos han de estar expresamente justificados en cada caso, procediéndose también a la regularización de los contratados laborales de larga duración.'
La regularización del colectivo de contratados excluidos de convenio cuenta con el consenso de todos los Expertos, y es por ello que en el 'Voto Discrepante al Informe del Consejo de Reforma de los Medios de Comunicación del Estado', también
se encuentra otra recomendación:
'Especialmente hiriente, el Informe se refiere a ello, es que casi medio millar de profesionales forman parte de una informal plantilla flotante, la de contratados excluidos de convenio, a los que se asignan durante años tareas fundamentales
de producción de programas, sin continuidad y con manifiesta arbitrariedad e incertidumbre profesional. Una especie intermedia entre los fijos y los contratados, sometidos a evidente
abuso. Resolver esos casos es de justicia y es urgente; no hace falta esperar la materialización de este Informe ni que resuelvan los tribunales laborales.'
Han pasado seis meses y nada, absolutamente nada, ha cambiado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a la Dirección General de RTVE a cumplir con la proposición no de Ley aprobada en materia de regularización del personal contratado excluido de convenio, a la luz del Informe para la reforma de los Medios
de Comunicación de Titularidad del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.
Exposición de motivos
El artículo 147.2.A de la Constitución Española dice literalmente que 'los Estatutos de Autonomía deberán contener la denominación que mejor corresponda a su identidad histórica' y, efectivamente, el artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía
valenciano designa a este territorio con el nombre de 'Comunidad Valenciana'.
Todas las personas que vivimos allí sabemos cómo fue de complicado consensuar ese nombre, cuántas reticencias planteó entre amplios sectores de la sociedad valenciana y cuántas concesiones tuvieron que hacer por todas las partes para
conseguir una denominación razonablemente aceptable para la gran mayoría de esa sociedad.
Por eso hay que pedir a todas las instancias públicas un exquisito respeto por esa denominación estatutaria y no resulta razonable designar a este territorio con denominaciones que se alejan de la aprobada en nuestro Estatuto de Autonomía.
Repetidas veces, en los programas informativos de TVE, sobre todo en los de carácter meteorológico, aunque no sólo en ellos, se hace referencia a esta Comunidad, utilizando la denominación antiestaturia de Levante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que dé directrices, a fin de que todos los medios de titularidad pública utilicen siempre la denominación estatutaria de Comunidad Valenciana, cuando se refieran a hechos o
asuntos relacionados con este territorio, limitando el término Levante a su acepción geográfica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2005.-Margarita Pin Arboledas, Diputada.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el establecimiento del canal parlamentario dentro de la oferta de programación de Televisión Española, para su debate en la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española.
Exposición de motivos
La aplicación de la tecnología digital a la difusión de los servicios de radiodifusión televisiva ofrece múltiples posibilidades. En concreto permitirá ofertar una programación televisiva más variada y plural con nuevos canales y programas
de televisión.
Aun sin conocerse en concreto el número de estos nuevos canales que, finalmente, estará llamada a gestionar Televisión Española resulta evidente que su oferta se verá ampliada respecto de la actual.
Con una clara voluntad de servicio público, Radio Televisión Española se ha comprometido, a través de varias declaraciones de su Directora General, Carmen Caffarel, a impulsar y liderar el proceso de transición a la televisión digital
terrestre (TDT), ofreciéndose a 'actuar como dinamizador del proceso, como una locomotora que arrastre a los demás operadores de cara a una rápida implantación de este nueva tecnología', como está ocurriendo en buena parte de las televisiones
públicas de los países de nuestro entorno.
El Estatuto de RTVE de 1980 define la función del servicio público que deben cumplir la radio y la televisión públicas, relacionándola con la emisión de un conjunto equilibrado de programaciones que atiendan las necesidades democráticas,
sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos.
Igualmente señala que la programación de RTVE deberá, entre otras cosas, impulsar el conocimiento de los valores constitucionales y 'promover activamente el pluralismo, así como el acceso de todos a los distintos géneros de programación y a
los eventos institucionales, sociales culturales y deportivos...'.
En este contexto adquiere una importancia evidente la difusión de la actividad parlamentaria entre los ciudadanos como tarea del servicio público de televisión.
La transparencia de la actuación de los poderes públicos, en general, y en la del representante del titular de la soberanía, en particular, se erige en un valor estructural de cualquier Estado democrático. En consecuencia, el derecho de
información que reconoce a los ciudadanos el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución adquiere un significado especial cuando se refiere a esa actuación de los poderes públicos y, en especial, de las cámaras parlamentarias.
Por todo ello, no tiene lógica que TVE, como servicio público, transmita de forma regular determinados acontecimientos sociales o deportivos y que no tenga una sensibilidad similar con la vida parlamentaria, siendo el Parlamento el principal
escenario de la democracia española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ente Público Radio Televisión Española a que adopte las medidas necesarias para que Radio Televisión Española ofrezca, dentro de su nueva oferta de canales digitales, el canal parlamentario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2005.-Óscar López Águeda, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre accesibilidad de las personas con discapacidad visual a
la televisión digital para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Numerosos han sido los inconvenientes y obstáculos con los que se han encontrado y a los que han tenido, y siguen teniendo, que hacer frente las personas con discapacidad visual a la hora de acceder a la televisión analógica.
El modelo televisivo analógico se ha venido caracterizando por la existencia de un reducido número de canales, sintonizables por los usuarios y seleccionables con el mando a distancia mediante la pulsación, normalmente, de una sola tecla
numérica. Para conocer la programación y otras informaciones de interés se ha venido utilizando el teletexto.
Acceder a cualquier canal ha resultado una operación relativamente sencilla para las personas con discapacidad visual, siempre que se conozca, de forma previa a qué número está asociado. El teletexto, por su parte, ha sido simplemente no
accesible para las personas ciegas.
Hoy vivimos tiempos que pueden calificarse de definición e implementación de la televisión digital y de migración de la actual televisión analógica a ella. Vivimos consecuentemente tiempos que constituyen una nueva oportunidad para hacer de
la televisión un medio mucho más accesible, en condiciones de equidad, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
Entre ellos y ellas, también, para las personas con discapacidad visual.
Vivimos también, sin embargo, tiempos de riesgo. La implantación de la nueva televisión digital puede resultar, también, al igual que la televisión analógica, desigual e injusta para colectivos como el citado.
La implantación de la televisión digital conllevará el que los actuales canales analógicos de programación única serán reemplazados por plataformas digitales con varias opciones de programación y servicios interactivos adicionales, como
telecompra de productos, banca electrónica, telemedicina, compra de programas televisivos y un largo etcétera de servicios diversos para los ciudadanos y ciudadanas.
Ahora bien, el acceso a toda la información que rinden dichas plataformas -su programación y los servicios interactivos que ofrezcan- seguirá teniendo carácter visual. Al usuario le será dado moverse a través de instrumentos tales como
nuevas Guías Electrónicas de Programación, podrá seleccionar opciones, tomar parte en programas a través del canal de retorno o el teléfono móvil, consultar informaciones de servicio público o de interés general, etc.
En orden a que la oportunidad que ello significa para el conjunto de los ciudadanos se produzca en términos de igualdad básica y de equidad, y en concreto en orden a que así sea en relación con el colectivo de
las personas con discapacidad visual es necesario, y es urgente, llamar y reclamar la atención y el esfuerzo de todos los agentes de quienes va a depender el desarrollo de la televisión digital. Entre el conjunto de los agentes es necesario
llamar especialmente la atención de las Administraciones Públicas, y muy principalmente del Gobierno central, de cuyas decisiones va a depender, en gran medida, los términos de dicho desarrollo.
La Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal, presenta una serie de principios y medidas de naturaleza transversal dirigidas a escenificar la concreción del principio de igualdad para los
discapacitados. Como tal abarca diversos sectores en los que establece compromisos de accesibilidad.
Asimismo, y en referencia al ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, otras dos normas plantean una serie de previsiones orientadas, también, a hacer efectiva la accesibilidad tanto a la información proporcionada
por medios electrónicos como a la propia puesta en el mercado de equipos y servicios para discapacitados -tal es el caso de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico- como las obligaciones de carácter universal
en el acceso a determinadas redes -tal y como prevé la Ley General de Telecomunicaciones.
Como colofón a este panorama normativo, en la actualidad se debate el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, proyecto
en el que se ha introducido una previsión de garantía de accesibilidad a la televisión digital terrestre para las personas con discapacidad, que refuerza la intervención de las administraciones competentes en la adopción de medidas que garanticen la
citada accesibilidad a los servicios de televisión digital terrenal.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Garantizar en el Plan Técnico Nacional que los operadores de TV digital a quienes se conceda autorización para emitir dispongan del ancho de banda suficiente para:
a) Poder emitir programación audio descrita con adecuada calidad sonora.
b) Soportar la instalación de herramientas de navegación para acceder a todos los contenidos visuales que aparezcan en pantalla.
c) Acceder a las ampliaciones interactivas ofertadas por las diferentes plataformas.
d) Posibilitar la existencia de un canal independiente de audio para cada plataforma que se adjudique, que permita la transmisión de contenidos audio descritos.
e) Garantizar, a través de la normativa que dicte el Estado en el ámbito del audiovisual y con respeto al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, que los operadores de Televisión Digital de titularidad estatal y de titularidad
privada autorizados para emitir en digital garanticen un porcentaje mínimo inicial de emisión de programas audio descritos, a ampliar posteriormente, sin perjuicio de las medidas normativas previstas en las normas autonómicas respectivas.
2. Que se establezca en los concursos estatales de adjudicación o renovación de licencias televisivas una puntuación especial que valore el cumplimiento de este requisito.
3. Establecer que dicho porcentaje mínimo inicial, así como un plan de desarrollo de dichos programas audio descritos, sea obligatorio en el caso de las televisiones de carácter público.
4. Recomendar, y en su caso, apoyar a los fabricantes de descodificadores y mandos a distancia sobre la necesidad de crear productos siguiendo el principio del 'diseño para todos', es decir, descodificadores y mandos a distancia ergonómicos
y accesibles para todos los ciudadanos, incluidos aquellos con discapacidad y mayores.
5. Recomendar y, en su caso, apoyar a las empresas desarrolladoras de software la elaboración de herramientas de accesibilidad que permitan la navegación a través de los contenidos textuales que aparecen en pantalla, teniendo en cuenta a
este fin las necesidades de la población afectada por ceguera total (navegación mediante síntesis de voz) y con resto visual aprovechable (pantallas configurables que permitan seleccionar letras de mayor tamaño y diferentes contrastes entre el color
de los rótulos y el fondo sobre el que aparezcan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/001024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para impulsar la formación profesional en
las personas con inteligencia límite, para su debate en la Comisión No Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Una persona con inteligencia límite sitúa su cociente intelectual entre 70 y 85, es decir, justo por debajo de
**************ERROR****************************ERROR**************
lo que considera normal según la OMS, pero por encima de aquello que se diagnostica como Retraso mental. Encuentran también limitaciones en algunas habilidades adaptativas especificadas por la AAMR (vida en el hogar, tiempo libre, uso de la
comunidad). Es decir, estas personas entendemos que no tienen un retraso mental, pero sí una limitación intelectual, y no disponen de ciertas habilidades cognitivas, personales y sociales para enfrentarse a las exigencias de nuestro entorno, siendo
necesarios soportes adecuados y específicos a sus necesidades.
Estas personas reciben, en la mayoría de casos, la educación primaria en una escuela ordinaria, con todas las adaptaciones correspondientes. Pero es al llegar a la educación secundaria cuando se encuentran incapaces de seguir el ritmo que
les pide y tienen que entrar en el circuito educativo para personas con necesidades educativas especiales. En este momento, cuando tanto los mismos adolescentes como sus familias tienen que hacer frente a una realidad muchas veces difícil de
entender.
La entrada al mundo laboral está llena de desengaños. Los límites no acostumbran a tener el reconocimiento legal como personas disminuidas (porcentaje de disminución inferior al 33 por 100, según las tablas numéricas establecidas por la
normativa), a no ser que presenten alguna otra discapacidad asociada. Por este motivo, no tienen acceso a los recursos sociales destinados a las personas con disminución, pero tampoco pueden asumir las exigencias del mercado laboral ordinario.
Las personas con discapacidad intelectual límite son las grandes desubicadas. Algunos, dentro de la escuela ordinaria, se han sentido diferentes, inadecuados, a lo mejor considerados 'vagos' por los adultos.
Y una vez 'etiquetados' como
personas con inteligencia límite, han tenido que soportar el peso del estigma: se han sentido rechazados por los amigos de la escuela ordinaria, pero tampoco se han sentido bien cuando han llegado a un centro adaptado y se han encontrado con
personas con limitaciones más acentuadas que las suyas. Es frecuente que en la adolescencia aparezcan dificultades de interacción social, y la autoestima y el bienestar emocional de las personas se resientan.
El Grupo Parlamentario Popular considera que la mejor forma de que las personas con capacidad límite se integren en la sociedad es logrando un puesto de trabajo. Por ello considera que una de las vías para acceder al mercado laboral sin
hacer el esfuerzo que le supondría estudiar una carrera universitaria sería a través de la formación profesional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar la formación profesional entre las personas con capacidad límite, con el fin de conseguir su integración laboral y social, así como a adaptar las ofertas educativas de la formación
profesional a las necesidades de estas personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objetivo de poner en marcha un Plan de Acción de
Mujeres con Discapacidad, para su debate en la Comisión No Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las políticas de las administraciones dedicadas a fomentar la integración de los discapacitados en los ámbitos público y privado, han de contemplar la perspectiva de género, haciendo un mayor esfuerzo en el caso de las medidas que afecten a
la mujer discapacitada. Esta afirmación se desprende de los datos estadísticos, que siguen colocando en España a la mujer con discapacidad por detrás de los hombres: desde una tasa de actividad de casi la mitad a una tasa de paro superior en 11
puntos porcentuales, estos pequeños ejemplos ilustran la necesidad de establecer medidas concretas a favor de la no discriminación de las discapacitadas.
Las mujeres españolas discapacitadas se enfrentan hoy en España a grandes barreras que impiden su desarrollo personal y profesional. La precariedad laboral que padecen las discapacitadas y la discriminación en aras a su condición,
proporcionan empleos de baja calidad y baja cualificación, que no se corresponden con su deseo de convertirse en parte activa de la sociedad; asimismo, la ausencia en muchos convenios de estrategias para afrontar la problemática específica de este
grupo genera desigualdad en la aplicación de los derechos sociales y laborales.
La salud de las mujeres discapacitadas es también hoy un caballo de batalla, siendo la tendencia general a extrapolar las conclusiones de los estudios sobre salud masculina al caso femenino, lo que impide el análisis de la salud de la mujer
desde su doble condición como mujer y como discapacitada, echándose en falta medidas preventivas e informativas que atiendan las patologías específicas; así, la maternidad o la sexualidad se convierten en campos poco explorados en los que las
mujeres discapacitadas no cuentan con el apoyo ni la
información necesarias para afrontar sus vidas y deseos de una forma saludable. El ocio y el tiempo libre de las mujeres discapacitadas también se ve mermado en su disfrute por una excesiva sobreprotección que aísla a estas mujeres en sus
hogares y no les permite su integración en actividades que potenciarían, sin duda, sus relaciones sociales, su crecimiento personal y el intercambio de experiencias.
Estas premisas y otras aquí no contempladas forman parte de la realidad de las mujeres discapacitadas en nuestro país. La doble discriminación por ser mujer y por padecer una discapacidad confieren a este colectivo unas necesidades
especiales a valorar a la hora de establecer estrategias para mejorar su calidad de vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- La puesta en marcha de un Plan Integral de Acción sobre Mujeres y Discapacidad, cuyos contenidos sean elaborados con la participación directa del colectivo al que se dirige, dotado con un presupuesto suficiente y basado en el principio de
transversalidad.
- Que dicho Plan se enmarque en el contexto de una política de acción positiva, llevada a cabo por el Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales para garantizar la observancia del mismo en cualquier ámbito, avalando la plena
participación de las mujeres discapacitadas como ciudadanas de pleno derecho.
- Que dicho Plan reconozca y contenga los siguientes puntos:
Fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las mujeres con discapacidad.
Promover una educación de calidad y una formación cualificada para las mujeres con discapacidad.
Potenciar la integración social de las mujeres con discapacidad, así como las políticas activas para mejorar la inserción laboral de las mujeres discapacitadas.
Facilitar la conciliación de la vida familar y laboral.
Sensibilizar y formar al personal médico-sanitario sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios sanitarios.
Tener en cuenta a las mujeres con discapacidad en los programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de género.
Establecer mecanismos específicos de asesoramiento e información a las mujeres con discapacidad en los temas de sexualidad y maternidad.
Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en las actividades de ocio y tiempo libre.
Contar con la participación de las asociaciones más representativas de mujeres y discapacitados, comunidades autónomas y entidades locales en la elaboración del citado Plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001073
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
Diputada doña Isabel María Oliver Sagreras.
Texto:
¿Qué campañas va a hacer el Gobierno en relación a la seguridad vial y a la prevención de accidentes de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.
181/001075
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial.
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.
Texto:
¿Cuál es el contenido de las dos campañas de concienciación y fomento del uso del cinturón de seguridad en vehículos que tiene previsto realizar a lo largo de junio y octubre de 2005 la Dirección General de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001093
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputada doña María Remedios Martel Gómez.
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de los resultados de la 'Operación Mamut' que permitió localizar y clausurar seis laboratorios clandestinos que ponían en el mercado grandes cantidades de Anabolizantes, Hormonas y Esteroides?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2005.-María Remedios Martel Gómez, Diputada.
Comisión de Economía y Hacienda
181/001063
Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda.
Diputado don Ángel Pérez Martínez.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para liberar la carga de reversión de los suelos cedidos al Ayuntamiento de Leganés (Madrid), a fin de que se pueda concluir la Operación Centro, poner en funcionamiento los equipamientoso
municipales, deportivos, espacios libres y aparcamientos, así como poder entregar las viviendas sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Ángel Pérez Martínez, Diputado.
Comisión de Fomento y Vivienda
181/001094
Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Joan Herrera Torres.
Texto:
¿Por qué, tras la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley instando al Gobierno a que los Planes Directores de los aeropuertos de las Islas Baleares se adapten a las Directrices de Ordenación del
Territorio vigentes en esta comunidad, el Ministerio de Fomento remitió una carta con fecha 14 de abril de 2005 en sentido contrario al Conseller de Territori del Consell Insular de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Joan Herrera Torres, Diputado.
Comisión de Educación y Ciencia
181/001099
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Ciencia.
Diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea.
Texto:
¿Es cierto que casi la mitad de los Fondos FEDER en las áreas de biomedicina y biología se destinan a un centro que no se ha credo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
181/001059
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.
Texto:
¿Qué medidas e iniciativas de carácter laboral y socioeconómico piensa adoptar el Gobierno en relación a la industria auxiliar vinculada a la crisis de Izar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2005.-José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.
181/001060
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.
Texto:
¿Cuáles son las razones, si las hay, por las que el Gobierno no ha estado presente en la tercera edición de la Feria de Acción-Social de la Empresa celebrada del 4 al 6 de mayo en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2005.-José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.
181/001065
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don Antón Louro Goyanes.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la especial incidencia de la subida de las pensiones mínimas en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2005.-Antón Louro Goyanes, Diputado.
181/001077
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don Miguel Barrachina Ros.
Texto:
¿Piensa el Gobierno cumplir con la resolución que le insta a paralizar el plan de juventud 2005-2008, aprobada en el Debate de la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/001078
Grupo Parlamentarioi Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don Miguel Barrachina Ros.
Texto:
¿Qué medidas concretas ha tomado el actual Gobierno para favorecer el empleo juvenil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/001095
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don Alberto Fidalgo Francisco.
Texto:
¿Cuál ha sido el impacto de la subida de las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005.-Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.
181/001096
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.
Texto:
¿Cuál será el número de visitas a empresas que realizará la Inspección de Trabajo en la campaña especial de control de la economía irregular puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 1 de junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/001062
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputado don Rafael Hernando Fraile.
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Industria para acelerar la llegada del gas hasta Almería desde Argelia a través del proyecto Mezgad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/001064
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños.
Texto:
¿Cuál es el desglose de los programas que suman un incremento del 25% de la I+D+i en 2005 con respecto al ejercicio anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2005.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
181/001066
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputada doña Pilar Grande Pesquero.
Texto:
¿Cuál es la situación actual y previsiones futuras de la Secretaría General de Turismo, en relación con los Paradores de Turismo en las Islas Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2005.-Pilar Grande Pesqueros, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación
181/001076
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.
Texto:
¿Cuál es el contenido del reciente Convenio firmado entre Agricultura y el CERMI para facilitar la accesibilidad e inserción laboral de los discapacitados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2005.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001091
Grupo Parlamentario Popular.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad.
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina.
Texto:
¿Piensa el Ministerio dotar de alguna partida presupuestaria para aumentar la plantilla de vigilantes de seguridad en el Hospital Comarcal de Melilla, ante el
aumento de las agresiones que sufren los médicos y otros profesionales de dicho centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001092
Grupo Parlamentario Popular.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad.
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina.
Texto:
¿Cómo piensa el Ministerio 'convertir' las agresiones que sufren los funcionarios del Hospital de Melilla de 'falta' en 'delito', como aseguró el Sr. Subsecretario en la visita a Melilla el 22 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente
181/001061
Grupo Parlamentario Popular.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.
Diputada doña Elvira Velasco Morillo.
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones que tiene previstas el Ministerio de Medio Ambiente acerca de la implantación de la central térmica de ciclo combinado en Moral de Sayago (Zamora)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2005.-Elvira Velasco Morillo, Diputada.
181/001097
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.
Diputada doña Juana Serna Masiá.
Texto:
Estado de desarrollo y actuaciones previstas con el Programa A.G.U.A. para la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2005.-Juana Serna Masiá, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001067
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación.
Diputado don Jordi Pedret i Grenzner.
Texto:
¿Qué colaboración presta el Gobierno al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la prevención de conflictos en los países preferentes para la cooperación española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
181/001068
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta oral con respuesta en la Comisión de Cooperación.
Diputado don Jordi Pedret i Grenzner.
Texto:
¿Cuáles son las aportaciones técnicas, financieras y humanas que haya realizado, o tenga previsto realizar el Gobierno al área de fortalecimiento de la división de poderes y del poder judicial del Programa de Naciones Unidad para el
Desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
181/001069
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación.
Diputado don Jordi Pedret i Grenzner.
Texto:
¿Cuáles son las aportaciones técnicas, financieras y humanas que haya realizado, o tenga previsto realizar el Gobierno al área de fortalecimiento de las administraciones electorales independientes del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
181/001070
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación.
Diputado don Jordi Pedret i Grenzner.
Texto:
¿Cuáles son los propósitos del Gobierno respecto a la contribución financierra al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el próximo ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
181/001071
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación.
Diputado don Jordi Pedret i Grenzner.
Texto:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para asegurar una presencia equitativa de ciudadanos españoles en los puestos de dirección del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2005.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
181/001072
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo.
Diputada doña Antonia Martínez Higueras.
Texto:
¿Cuáles son los requisitos que se piden por parte del Gobierno Español para otorgar ayudas a los países menos desarrollados atendiendo a los esfuerzos realizados por dichos países para paliar las desigualdades entre hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2005.-Antonia Martínez Higueras, Diputada.
181/001079
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Gonzalo Robles Orozco.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno del acuerdo de la Unión Europea sobre cooperación al desarrollo alcanzado el pasado 24 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001080
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Gonzalo Robles Orozco.
Texto:
¿Qué avances se han producido en el proceso de reforma de la AECI en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001081
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Gonzalo Robles Orozco.
Texto:
¿Qué avances se han producido en la reforma de los créditos FAD como instrumento de cooperación en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001082
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Gonzalo Robles Orozco.
Texto:
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para implementar la moción aprobada por el Congreso de los Diputados instándole a destinar el 10% de la ayuda bilateral no reembolsable a proyectos de fortalecimiento institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2005.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001098
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Gonzalo Robles Orozco.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la relación bilateral española con Marruecos en materia de cooperación al desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2005.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.