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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 165, de 04/03/2005
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de marzo de 2005
Núm. 165
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
059/000012 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2005. Modificación ... (Página 3)
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
042/000001 Calendario de sesiones de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE para la presentación y contestación de preguntas orales por el Consejo de Administración del Ente Público RTVE o por la Dirección General del mismo en el
período febrero-junio de 2005. Modificación ...
(Página 3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes ... (Página 3)
162/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la asignación tributaria destinada a otros fines sociales ... (Página 5)
162/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre profesores interinos de educación ...
(Página 7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la adopción de un Tratado Internacional sobre exportación de armas.
Aprobación con
modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página 8)
161/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno de España al Proyecto Varela. Retirada así como enmienda formulada ... (Página 9)
161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de Almería como centro de diálogo y de distensión en el Mediterráneo con ocasión de la celebración de los Juegos Mediterráneos
2005. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página 10)
161/000460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre apoyo a los comicios electorales de la República Democrática del Congo. Aprobación ... (Página 12)
161/000478 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, relativa a las diferentes situaciones de despido de
ciudadanía de nacionalidad española que ejercía funciones en la Administración Pública andorrana. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página 12)
161/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre preservación de la biodiversidad.
Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página 13)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al futuro de Izar. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página 15)
161/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a futuro de Izar y, en particular, de sus centros en la ría de Ferrol. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ...
Comisión de Administraciones Públicas
161/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las Islas Baleares a
la percibida en las Islas Canarias. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página 16)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000053 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas en materia laboral previstas por el Gobierno en relación con
el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. ... (Página 17)
173/000054 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno respecto a la regulación actual del Centro Nacional de Inteligencia en relación con el control
judicial y parlamentario de sus actividades. ...
(Página 18)
173/000055 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de inmigración. ... (Página 19)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión de la fecha, previa audiencia de la Junta de Portavoces, acordó modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2005, en el sentido de que en la semana del 12 al
14 de abril de 2005 no se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
042/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, ha acordado, previa audiencia de la Junta de Portavoces, modificar el calendario de sesiones de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE para el período de sesiones febrero-junio
2005, en el sentido de sustituir la semana del 22 al 24 de febrero, inicialmente prevista, por la semana del 1 al 3 de marzo de 2005.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000275
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los- diputados don Francisco Rodríguez Sánchez y doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
A lo largo de la pasada legislatura el Bloque Nacionalista Galego ha denunciado en numerosas ocasiones múltiples irregularidades que se venían cometiendo en el voto de los residentes ausentes en diferentes procesos electorales. No sólo se
referían a la deficiente elaboración
y mantenimiento del Censo de Residentes Ausentes (CERA) sino a la manipulación de votos, la falta de transparencia de las Administraciones en el exterior en las épocas de campaña electoral, o el propio control de la campaña en el exterior
por parte de la Administración Electoral, por citar la fenomenología más común. Todo ello demuestra una total ausencia de garantías acerca del carácter libre, secreto y personal del voto que se emite desde el exterior, agravado por el continuo
aumento de inscritos en el CERA, con lo que cada vez es más numerosa la bolsa de votos sobre los que recaen más que fundadas sospechas de su emisión de manera irregular e ilegal.
Las denuncias formuladas han tenido eco en otras formaciones políticas, sindicales, y organizaciones de emigrantes, que también han dado a conocer a la opinión pública hechos que afectan a la transparencia del proceso electoral en el
exterior. Recogiendo esta preocupación social, el Pleno del Congreso de los Diputados, el 17 de octubre de 2000, coincidió unánimemente en la necesidad de 'promover las modificaciones legislativas necesarias de la Ley Electoral, con el fin de
equiparar los procedimientos de ejercicio del derecho de sufragio activo de los españoles residentes en el exterior con los previstos para los residentes en el territorio estatal'.
Singularmente, existe una viva polémica en Galicia, por la importancia creciente del CERA, proporcional a su imparable aumento, y la opinión confluyente de los grupos parlamentarios de la oposición sobre las irregularidades cometidas en el
voto de los residentes ausentes, que era negada sistemáticamente por el Gobierno de la Xunta de Galicia. Sin embargo, recientemente, el propio Conselleiro de Emigración, en comparecencia en sede parlamentaria a petición propia, daba a conocer el
cambio de opinión del Gobierno gallego, sumándose a las denuncias de falta de control del proceso del voto de los residentes en el exterior al considerar que se pueden producir irregularidades que impidan el ejercicio libre y democrático del voto en
venideros comicios electorales, y proponer la constitución de una Comisión para controlar y garantizar el proceso de votación de los inscritos en el CERA.
A la vista de lo que antecede, es evidente que la vigente legislación electoral necesita una reforma en lo relativo al proceso de votación de los residentes en el exterior. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del régimen
electoral general (LOREG) contempla el voto por correo como única vía para que los electores residentes ausentes puedan ejercer el derecho al voto. Esa decisión es fruto del momento histórico en que se fraguó la legislación electoral en el Estado
español, donde el número de electores del exterior era reducido y la participación muy escasa. Sin embargo, la actual dimensión del CERA, su continuo incremento, que va a seguir siendo intenso tras las modificaciones en materia de nacionalidad
operadas en el Código Civil, aconsejan modificar el procedimiento de votación de los residentes ausentes, con el fin de equipararlo a las previsiones que rigen para ejercer el voto desde cualquier territorio del Estado, a través del establecimiento
de la votación directa en mesas instaladas en embajadas, consulados y demás centros y locales públicos españoles en el extranjero como el procedimiento normal también para los residentes en el exterior y la consideración del voto por correo como
procedimiento excepcional y de carácter rogado.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es advertir que, a la vista de la variación sustancial de la realidad y de las circunstancias que existían en el momento de aprobación de la legislación electoral, su regulación sobre el procedimiento
de voto por correo desde el exterior se ha hecho inservible e inapropiada para asegurar la personalidad de los electores, así como el carácter libre y secreto del voto, introduciendo dudas sobre la transparencia del mismo que no pueden ser
admisibles en un sistema democrático, y todo ello por fin empieza a ser admitido por todas las fuerzas políticas, o cuando menos desde todas se ha hecho alguna manifestación sobre las dudas que dicho procedimiento alberga en cuanto a su fiabilidad.
El apartado 6 del artículo 75 de la LOREG habilita ampliamente al Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, a regular los criterios y limitar los supuestos de aplicación del procedimiento de voto por correo desde el exterior.
El continuo goteo de denuncias sobre irregularidades en los envíos electorales que se repiten en cada proceso electoral, que en muchos casos son de muy difícil corrección por parte de las Juntas Electorales, convierten en urgente la tarea de alterar
el vigente régimen del voto de los residentes ausentes con el fin de asegurar que la voluntad de los electores inscritos en el censo de residentes ausentes se exprese en similares condiciones de libertad, personalidad y secreto que la de los
electores que se personan en las mesas electorales el día de las votaciones, y garantizar que ello esté vigente para los próximos procesos electorales a celebrar, sin perjuicio de avanzar paralelamente en una reforma en profundidad de la legislación
electoral, de suma importancia en un sistema democrático pues a través de ella se articula la voluntad del cuerpo electoral para hacer efectiva la representación,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Regular, previo informe de la Junta Electoral Central, y con el fin de reforzar las garantías del carácter libre, secreto y personal del voto de los residentes en el exterior la aplicación del procedimiento de votación de los residentes
ausentes, adoptando las siguientes medidas:
1. Controlar de forma exhaustiva los viajes institucionales al exterior para evitar su instrumentalización partidaria, facultando a la administración electoral para
corregir disciplinariamente los actos que contravengan la legislación electoral aunque se produzcan en el exterior.
2. La depuración y actualización del CERA, estableciendo periódicamente controles sobre la realidad de las inscripciones.
3. Adoptar convenios con los servicios postales de los 10 Estados donde haya un mayor número de inscritos en el CERA, con el fin de garantizar el envío del voto certificado de forma personal por el votante, con exigencia de identificación,
de igual manera que se requiere para votar desde el territorio del Estado.
4. Fijar como hora límite para la remisión de los envíos postales desde los países de origen las 20 horas (hora española) del día de las votaciones, rechazando en el escrutinio todos aquellos que se hubieran enviado con posterioridad desde
el exterior.
5. Establecer mecanismos para facilitar durante el escrutinio la detección y análisis de envíos masivos.
6. Adoptar convenios con los servicios postales de los 10 Estados donde haya un mayor número de inscritos en el CERA para garantizar la custodia de los sacos postales que contienen los votos emitidos por parte de funcionarios, así como su
control por parte de la administración electoral.
7. Establecer para todos los procesos electorales el voto rogado, de forma similar a lo que ya sucede en las elecciones municipales para el voto emitido desde el exterior, o en todos los comicios para el voto por correo emitido desde
territorio del Estado.
8. Reforzar los mecanismos de control del ejercicio de voto por parte de los residentes en el exterior, para que acrediten fehacientemente el ejercicio personal y secreto del mismo sin posibilidad de suplantación
9. Dar instrucciones a Embajadas y Consulados del Estado español para que el personal a su servicio vigile los actos contrarios a la legislación electoral y dé traslado de las irregularidades que pueda detectar a la administración
electoral.
10. Habilitar los recursos necesarios para realizar actos de propaganda electoral y envíos postales de propaganda electoral en el exterior en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
162/000276
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Proposición no de Ley relativa a la asignación tributaria destinada a otros fines sociales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
De conformidad con lo previsto en los apartados dos y cuatro de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas podrán manifestar en la declaración del impuesto su voluntad de que el porcentaje correspondiente a ese ejercicio vaya destinado a colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a otros fines de interés social.
Cuando el sujeto pasivo no haya hecho uso de la facultad mencionada en el número anterior, se entenderá que el porcentaje correspondiente va destinado a otros fines de interés social, de acuerdo con lo establecido en el apartado cuatro 'in
fine' de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987 (citada).
En la actualidad el porcentaje de asignación tributaria que se destina a otros fines sociales, es del 0,52 por ciento.
Según el Real Decreto 825/1988, de 15 de junio, modificado posteriormente por el Real Decreto 223/1991, de 22 de febrero, se considerarán 'otros fines de interés social' los programas de cooperación y
voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras Organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales sin fines de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para
el trabajo o incursas en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y en general a actividades de solidaridad social, para cubrir necesidades sociales de interés general.
Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social, según el citado Real Decreto, los programas y proyectos que las mencionadas Organizaciones realicen en el campo de la cooperación internacional al desarrollo en favor de las
poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados.
El Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, establece que los Ministerios de Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores podrán conceder con cargo a los créditos específicos consignados en sus presupuestos de conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 825/1988, de
15 de julio, ayudas y subvenciones, para promover y ejecutar programas de cooperación y voluntariado sociales, a la Cruz Roja Española y a otras Organizaciones no Gubernamentales y Entidades Sociales que realicen sus actividades en territorio
nacional, o en países en vías de desarrollo, y que reúnan los requisitos previstos en el citado Real Decreto, de acuerdo con los procedimientos en él establecidos. Dichas entidades deben tener ámbito estatal de actuación según su título
constitutivo, que les habilite para desarrollar programas de carácter estatal, o realizar sus actividades en países en vías de desarrollo. También podrán concurrir otras Organizaciones o Entidades que propongan proyectos, a ejecutar en sus
respectivos ámbitos territoriales, relacionados directamente con programas definidos como de interés general en la convocatoria anual.
En la elaboración de la ley de presupuestos del año 2000 se estableció un acuerdo sobre el sistema de distribución del 0,52 por ciento que los contribuyentes marcaran en su declaración de renta para ser destinados a programas con finalidades
sociales. Este acuerdo contaba con el sistema de asignación anterior y se fijo una vigencia para los años 2000, 2001 y 2002.
Las principales novedades se concretaron en la posibilidad de marcar simultáneamente las casillas referidas a las organizaciones y a la Iglesia Católica (en este caso la aportación es el 1,04 por ciento), en el destino del importe de las
casillas en blanco a los presupuestos generales del Estado, el establecimiento de un mínimo de 114 millones de euros y un máximo de 132 millones de euros de asignación y el compromiso del Gobierno de realizar campañas de difusión favorables a la
opción de programas con fines sociales.
Posteriormente la ley de acompañamiento del año 2003 dio continuidad al acuerdo y aplazó el mínimo a 116 millones de euros y 118 millones de euros para el año 2004. La ley de acompañamiento del año 2003 dio continuidad a dicho acuerdo y
aplazó el mínimo a 116 millones de euros y 118 millones de euros, para el año 2004.
La realidad, no obstante, es que no se cumplieron estos mínimos. Las razones fueron principalmente porque los ciudadanos con renta inferior a 18.000 euros estaban exentos de la declaración del impuesto, y por tanto no marcaban la casilla
correspondiente al 0,52 por ciento, por que no se realizó en los dos años anteriores una campaña a favor de esta opción y por que el mínimo fijado para el año 2000 no se incrementó durante los años sucesivos según el IPC hasta el nuevo acuerdo del
año 2003.
Todo ello ha supuesto que los mínimos de asignación previstos no se hayan cumplido.
En otro orden de cosas en fecha 4 de febrero de 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dictó la Orden TAS/246/2004, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones del Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos y en relación con la Orden TAS/271/2004, por la que se establecían las bases reguladoras y se convocaban la concesión de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Respecto de ambas órdenes, la Generalitat de Catalunya, en su reunión de 30 de marzo, acordó requerir de incompetencia al Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional. Dicho requerimiento de incompetencia se concretaba en solicitar la derogación de las Órdenes TAS/246/2004 y TAS/271/2004, y proceder a la distribución territorial entre las Comunidades Autónomas de las consignaciones
presupuestarias de las ayudas previstas en las mismas, por entender que las materias subvencionadas en ambas órdenes, fundamentalmente asistencia social, juventud y promoción de la mujer, son de competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya,
conforme a los artículos 25, 26 y 27 del Estatuto de Autonomía, y no previniendo el artículo 149.1.1 de la Constitución Española competencia estatal alguna en dichas materias, la gestión de las ayudas previstas en las órdenes objeto de requerimiento
ha de corresponder a la Comunidad Autónoma en aplicación del Régimen Jurídico de gestión.
A la invasión o usurpación de las competencias antedichas debemos sumar el agravio que supone para las entidades catalanas los requisitos previstos en las Órdenes TAS/246/2004 y TAS/271/2004 de 4 de octubre, ya que limitan las ayudas a
aquellas Entidades que tengan un ámbito estatal de actuación según su título constitutivo, que les habilite para desarrollar
programas de carácter estatal, o realizar sus actividades en países en vías de desarrollo, o, aquellas otras Organizaciones o Entidades que propongan proyectos, a ejecutar en sus respectivos ámbitos territoriales, relacionados directamente
con programas definidos como de interés general en la convocatoria anual, puesto que penalizan a entidades catalanas de ámbito local y catalán que no pueden beneficiarse de las citadas ayudas, siendo que la Generalitat de Catalunya no puede revertir
un porcentaje del dinero recaudado en programas que comienzan o que tiene la administración catalana, como hace el Estado. Si ello fuera poco, los informes técnicos elaborados por el Departamento de Bienestar y Familia para que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales valore las prioridades de adjudicación de las subvenciones, no son preceptivos ni vinculantes, y muchas veces no son tenidos en cuenta por el propio Ministerio.
Con el fin de dotar de una financiación adecuada a los programas destinados a otros fines de interés social en el ámbito del Estado español, y a efectos de acabar con la situación actual en la que se encuentra la Generalitat de Catalunya y
otros gobiernos autonómicos, y para que sean éstos quienes en el ámbito de sus competencias exclusivas puedan gestionar recursos que se recauden en las Comunidades Autónomas, en concepto del 0,52 por ciento de la renta destinada a fines sociales, y
poder realizar una gestión más equitativa a entidades de alcance autonómico y/o local, que facilite el seguimiento, la justificación y evaluación de los programas de ayuda, y disponer de más recursos económicos para hacer frente a las necesidades
crecientes de atención a colectivos, es por lo que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar, en un plazo de tres meses, un estudio que establezca un mecanismo que vincule recaudación y distribución de recursos para incentivar y reducir la distancia entre lo que se recauda y lo que se distribuye, para lo cual se pudiera
determinar un tramo autonómico de gestión directa y de carácter progresivo, que partiera del 50 por ciento de lo recaudado en ámbito autonómico para alcanzar su totalidad, con excepción de los porcentajes aportados para la cooperación internacional.
2. Plantear el calendario de aplicación de las medidas a adoptar para hacer realidad el paso del 0,52 por ciento del IRPF de la declaración de renta para fines de interés social al 0,7 por ciento.
3. Comprometer la presentación de campañas de publicidad destinadas a estimular y fomentar la participación de la ciudadanía en las opciones de los programas con fines sociales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2005.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
162/000277
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre profesores interinos de educación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre Profesores Interinos de Educación, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La constante mejora de los niveles de calidad de la educación en nuestros centros enseñanza es hoy un objetivo compartido por todos. Existe un consenso
básico inicial sobre la capacidad que tiene la educación como motor de desarrollo económico y mejora social. También en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, pues no podemos olvidar que la calidad del sistema educativo
también se mide por el rasero de la equidad.
El Consejo Escolar del Estado, consciente de esta dimensión, ha dado en señalar en su informe del curso 2002/03 que la calidad del sistema educativo es una realidad compleja en la que incide una multiplicidad de factores de tipo personal,
académico, organizativo, económico, social y político, por lo que la valoración de la calidad educativa del sistema dependerá del peso específico que asignemos a cada uno de los factores.
Desde esta percepción es necesario destacar el papel fundamental que juegan los docentes. Los profesores son un factor esencial en todas las reformas educativas tendentes a mejorar la calidad y representan la inversión más importante en el
presupuesto del sector público. Uno de los problemas más importantes de las políticas de educación empeñadas en procesos de una reforma consiste en saber cómo mejorar la situación profesional de los docentes, su formación y las condiciones de
empleo de quienes han entrado a formar parte del sistema por procedimientos de contratación temporal.
Un fenómeno destacable en este panorama ha sido el fuerte aumento que han experimentado las prestaciones educativas a raíz de la aplicación de la LOGSE y la prórroga de la escolaridad hasta los 16 años, que han requerido la incorporación de
un número elevado de profesionales, sin cuyo concurso hubiera sido imposible alcanzar los objetivos de cantidad y calidad que establecía la ley orgánica para la reforma educativa citada.
Desde el comienzo de la implantación de la reforma educativa, el acceso de los profesionales a los puestos de trabajo de la red pública de centros de enseñanza no universitaria ha debido compatibilizar los procesos de selección y provisión
regulados según criterios de la función pública con la contratación de personal interino, sin vínculo de empleo estable. Se da el caso de que en las Comunidades Autónomas con mayor volumen educativo se ha producido un incremento considerable de la
gestión de la estabilidad en el empleo de su personal, que afecta a un colectivo numeroso y que incide en los objetivos de calidad que motivaron la aprobación e implantación del nuevo sistema educativo.
La estabilidad laboral que afecta a un importante número de docentes en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado ha tenido un amplio eco en el informe del Defensor del Pueblo titulado 'Funcionarios interinos y personal eventual: la
provisionalidad y temporalidad en el empleo público', donde se señalan dos de los más importantes obstáculos para el desarrollo de un sistema de calidad: la limitación temporal de su prestación de servicios y la movilidad geográfica permanente.
La Administración Educativa, y cada Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias, han dictado sus propias normas en materia de nombramientos obedeciendo a la premisa de contar con un porcentaje de personal interino docente superior al
necesario en los otros ámbitos de personal funcionario. El problema se ha planteado en toda su dimensión cuando una necesidad que es real ha terminado por convertir la excepcionalidad en una norma.
Para dar solución a este problema en su doble vertiente, estabilidad en el empleo y limitación de la movilidad geográfica, se han ensayado procedimientos útiles buscando el pacto sindical pero sin un resultado estable. Por tanto, se hace
necesario un nuevo enfoque legal que regule la situación de los profesores interinos de educación, la contratación de nuevo personal interino por la Administración Educativa y la atención al desarrollo de la Función Pública Docente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una actuación coordinada de las administraciones de las Comunidades Autónomas para atender la situación del personal interino, en el contexto del Debate Educativo y en el marco de la
Función Pública Docente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000238
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 23 de febrero de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la adopción de un Tratado Internacional sobre exportación de armas, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 68, de 17 de septiembre de 2004, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener, en la próxima conferencia sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, una postura favorable a los principios de la iniciativa para un tratado internacional fundamentado en
el derecho internacional
humanitario y en la declaración de derechos humanos, de acuerdo con el código de conducta de la Unión Europea.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley sobre la adopción de un Tratado
Internacional sobre exportación de armas.
Enmienda
De sustitución.
Quedaría redactada como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Manifestar expresamente y de manera firme el apoyo a los principios de la iniciativa del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que se fundamentan sobre la Declaración de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
así como hacerlo de manera pública en el marco de la Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, en la reunión bienal de Estados a celebrarse en julio del presente año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Verde- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución
a la proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la adopción de un Tratado Internacional sobre exportación de armas.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el compromiso firme del Estado español con las normas y principios de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en el ámbito del comercio de armas y el efectivo control de las
transferencias de armas, en cumplimiento del Código de Conducta de la Unión Europea.
Con este fin, se insta al Gobierno a liderar en el seno del Consejo Europeo la adopción de un Tratado Internacional sobre el comercio de armas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley sobre la adopción de un Tratado Internacional sobre exportación de armas, del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener en el seno de la UE una postura favorable a la adopción de un tratado internacional sobre exportación de armas, de acuerdo con el código de conducta de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000332
Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2005 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley sobre el apoyo del
Gobierno de España al Proyecto Varela publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 87, de 19 de octubre de 2004.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley sobre el apoyo del Gobierno de España al Proyecto Varela, del Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda
De sustitución.
'La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar la necesidad de que España y la Unión Europea se esfuercen en sus relaciones con Cuba para favorecer un proceso de democratización y la promoción del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una
recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano, según recoge la Posición Común de la UE sobre Cuba del 2 de diciembre de 1996.
2. Expresar su reconocimiento y apoyo a todos los cubanos que trabajen por la defensa de estos valores y principios,
3. Intensificar el diálogo con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana a fin de alentar el respeto de los derechos humanos, así como avances concretos hacia una democracia pluralista.'
4. Reclamar la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000409
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 23 de febrero de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la promoción de Almería como centro de diálogo y de distensión en el Mediterráneo con
ocasión de la celebración de los Juegos Mediterráneos 2005, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 105, de 17 de noviembre de 2004, en los siguientes
términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acentuar los principios ya expuestos de política exterior en los próximos meses hasta culminar la celebración de los XV Juegos del Mediterráneo, Almería 2005.
2. Promover actividades destinadas a impulsar el comercio exterior, en concreto la promoción de foros de inversión y ferias de comercio exterior a través del ICEX, a lo largo del año 2005.
3. Que a través del COJMA se estudie la posibilidad, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional de los Juegos Mediterráneos de invitar a Palestina e Israel a los Juegos. Y organizar un encuentro de alto nivel en Almería, en el marco
de la preparación de la reunión prevista en Barcelona para conmemorar el décimo aniversario del inicio del Proceso de Barcelona. A tal efecto, se procurará contar con la oportuna presencia de los representantes de rango por parte de la Unión
Europea.
4. La firma de un convenio entre AENA y COJMA para el desarrollo de las actuaciones pertinentes en el aeropuerto de Almería que permitan que éste actúe con la eficacia, diligencia y atención a los usuarios que un evento de esta naturaleza
requiere.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la
promoción de Almería como centro de diálogo y de distensión en el Mediterráneo con ocasión de la celebración de los Juegos Mediterráneos 2005.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
(...)
Organizar un encuentro de alto nivel en Almería, como preparatorio de la reunión prevista en Barcelona para conmemorar el décimo aniversario del inicio del Proceso de Barcelona. A tal efecto, se procurará contar con la presencia de los
oportunos representantes de rango por parte de la Unión Europea.
(...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley sobre la promoción de Almería como centro de diálogo y de distensión en el Mediterráneo con ocasión de la celebración de los Juegos Mediterráneos 2005 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De sustitución.
'Exposición de motivos
Los juegos mediterráneos comenzaron a prepararse en 1948, cuando los miembros de los Comités Olímpicos Nacionales de los países del Mediterráneo pensaron que podrían unir las diferentes culturas de la ribera de dicho mar. En 1951 se
celebraron los primeros en Alejandría (Egipto) con la pretensión de que fuesen un símbolo de paz en un período complicado entre las grandes potencias, desde entonces se han venido celebrando cada cuatro años en cada país.
En el próximo mes de junio se celebrarán en España, en la provincia de Almería, los Juegos del Mediterráneo del 2005, en ellos representantes de 32 países mediterráneos se sumarán a ese espíritu fundacional, convirtiéndose en un referente de
paz en la encrucijada que vivimos en estos comienzos del siglo XXI.
Muchos de esos países, sin embargo, viven o han vivido hasta fecha reciente conflictos de gran intensidad. Guerras civiles, ataques terroristas o intentos de limpieza étnica, entre otros, han afectado a gran parte de los territorios de la
cuenca mediterránea. España misma fue objeto hace poco menos de un año de uno de los mayores atentados terroristas de la historia de la humanidad.
Los valores asociados a la competición deportiva están entre los más nobles de la condición humana: el espíritu de superación personal, el respeto del adversario, el trabajo en equipo, etc. Son precisamente los valores que se contraponen a
los que ha regido en muchas de las sociedades mediterráneas durante demasiado tiempo, y desgraciadamente aún perviven.
Los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 van a representar una extraordinaria oportunidad para que personas de distintas razas, países, culturas y religiones encuentren un espacio de distensión, entendimiento y convivencia. Por tanto, los
Juegos deben ser la ocasión para ir más allá de un evento deportivo y propiciar el acercamiento y el encuentro entre las gentes de las distintas orillas del Mediterráneo.
Almería ha sido a lo largo de su historia un territorio de encuentro y convivencia, pero también de conflicto. Sin embargo, hoy conviven en paz personas de más de 125 nacionalidades en los municipios de la provincia.
Por todas estas razones, debemos aprovechar la oportunidad de que Almería, como ha venido sucediendo hasta ahora, reciba el apoyo decidido de todas las administraciones públicas, para convertir a Almería 2005 en el centro del entendimiento
entre los pueblos mediterráneos.
Tanto este Gobierno como el anterior han expresado su total apoyo a los XV Juegos del Mediterráneo en la ciudad de Almería. Se han tomado todas las medidas oportunas para la plena efectividad de este apoyo en el ámbito de las competencias
del Estado de tipo organizativo, fiscal, de apoyo a las inversiones, transportes, seguridad, emisión de la señal televisiva, etc.
De modo permanente, y para coordinar dicho apoyo y el ejercicio de sus competencias propias, el Gobierno se encuentra
representado en el Comité Organizador (COJMA) a través del Secretario de Estado Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Por otro lado, forma parte fundamental de la política del Gobierno el impulso y la máxima participación española en la Política Euromediterránea, hasta el punto, como es bien sabido, de integrarla como uno de los ejes fundamentales en la
política exterior del Gobierno español. El año 2005 constituye además, como reiteradamente ha declarado el Gobierno, una ocasión singular en este sentido al cumplirse el X aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, con la que se
puso en marcha el llamado Proceso de Barcelona y con ello, a impulso fundamentalmente español, la Política Euromediterránea de la Unión Europea. La promoción del 'diálogo y la distensión en el Mediterráneo' forma pues
parte integrante de la política del Gobierno junto con el resto de objetivos de dicho Proceso de Barcelona: promover en esta zona tan importante para España un área de paz, estabilidad, progreso compartido y de diálogo cultural e
intercivilizacional.
Los XV Juegos del Mediterráneo de Almería constituyen pues una excelente ocasión para promover tanto los intereses de Almería y de los almerienses, como los de la política general y exterior de España en el Mediterráneo.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acentuar los principios ya expuestos de política exterior en los próximos meses hasta culminar la celebración de los XV Juegos del Mediterráneo, Almería 2005.
2. Promover actividades destinadas a impulsar el comercio exterior, en concreto, la promoción de foros de inversión y ferias de comercio exterior a través del ICEX, a lo largo del año 2005.
3. Que a través del COJMA se estudie la posibilidad, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional de los Juegos Mediterráneos, de invitar a Palestina e Israel a los Juegos, con el fin de que se pueda celebrar una reunión de alto nivel
Euromediterránea en el marco general del Proceso de Barcelona con ocasión de los Juegos, Almería 2005.
4. La firma de un convenio entre AENA y el COJMA para el desarrollo de las actuaciones pertinentes en el aeropuerto de Almería que permitan que éste actúe con la eficacia, diligencia y atención a los usuarios que un evento de esta
naturaleza requiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000460
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 23 de febrero de 2005, aprobó la Proposición no de Ley, sobre apoyo a los comicios electorales de la República Democrática del Congo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 118, de 9 de diciembre de 2004, en sus propios términos.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los distintos organismos multilaterales a que pertenece España y especialmente en el seno de la Unión Europea promueva el máximo apoyo posible a los comicios electorales de la
República Democrática del Congo, para contribuir con medios técnicos, financieros y recursos humanos especializados propios así como en colaboración con organismos regionales y de la sociedad civil.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000478
La Comisión de Asuntos Exteriores en su sesión del día 23 de febrero de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a las diferentes situaciones de despido de ciudadanía de nacionalidad española que ejercía
funciones en la Administración Pública andorrana, presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, y publicada en el 'BOCG, Congreso de los Diputados'
serie D, núm. 118, de 9 de diciembre de 2004, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el seguimiento sobre las condiciones laborales que afectan a ciudadanos españoles en Andorra, en la medida en que éstas puedan tener incidencia sobre los acuerdos contenidos en el
Convenio firmado por Andorra con el Reino de España y la República Francesa de 4 de diciembre de 2000.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución
a la Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, relativa a las diferentes situaciones de despido de ciudadanía de nacionalidad española
que ejercía funciones en la Administración Pública andorrana.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a continuar las buenas relaciones con el Gobierno del Principat d'Andorra para velar, si fuera necesario, por el correcto respeto y funcionamiento de las respectivas leyes en lo
referente a las relaciones laborales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, de los Grupos Parlamentarios
de Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Mixto, relativa a las diferentes situaciones de despido de ciudadanía de nacionalidad española que ejercía funciones en la Administración Pública
andorrana.
Enmienda a los puntos 2 y 3
De modificación.
En el punto segundo, donde dice: 'Realizar las gestiones oportunas para obligar al Gobierno Andorrano a cumplir el Convenio...', debe decir: 'Reclamar al Gobierno Andorrano el estricto cumplimiento del Convenio firmado...'
En el punto tercero, donde dice: 'Mantener y hacer cumplir, en futuros Convenios con el Estado Andorrano, los derechos...', debe decir: 'Mantener y reclamar el cumplimiento, en todo futuro Convenio firmado con el Estado Andorrano, de los
derechos...'
Justificación.
La motivación es de carácter técnico para ajustar la petición del Gobierno español al Ejecutivo andorrano, en los términos diplomáticamente apropiados a las consideraciones establecidas a Convenios firmados por Estados soberanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley relativa a las diferentes situaciones de despido de ciudadanía de nacionalidad española que ejercía funciones en la Administración Pública andorrana, de los Grupos Parlamentarios Esquerra Republicana (ERC), Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
Enmienda
De sustitución.
'La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A mantener el seguimiento sobre las condiciones laborales que afectan a ciudadanos españoles en Andorra, en la medida en que éstas puedan tener incidencia sobre los acuerdos contenidos en el Convenio firmado por Andorra con el Reino de
España y la República Francesa de 4 de diciembre de 2000'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/000550
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 23 de febrero de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre preservación de la biodiversidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 142, de 26 de enero de 2005, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a aquellos Estados que no lo hayan hecho, que ratifiquen el Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo sobre bioseguridad de Cartagena, así como cualquier otro tratado o acuerdo internacional relacionado con la
preservación y protección de la biodiversidad adoptados a nivel regional, nacional e internacional.
2. Solicitar la toma de medidas y acciones más efectivas en la aplicación del Convenio sobre Biodiversidad Biológica, con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos por la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas y así reducir significativamente la actual pérdida de biodiversidad.
3. Favorecer las medidas necesarias de cooperación nacional e internacional, tanto en el seno de la Unión Europea como en el plano multilateral, en lo referente a la conservación de la biodiversidad, efectuando junto con Organismos
Internacionales y otros países desarrollados, políticas de ayuda a países en vías de desarrollo por medio de asistencia financiera, transferencia tecnológica y el llamado 'Buen Gobierno'.
4. En desarrollo de los puntos 3 y 13 de la resolución de la Unión Interparlamentaria, es importante seguir actuando en la línea del programa Araucaria (presentado por José María Aznar en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, en julio
de 1997), a través del que la cooperación española preserva la biodiversidad de los países iberoamericanos. En este programa, también en la línea señalada por la Unión Interparlamentaria, participan los Ministerios de Asuntos Exteriores (a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Economía y diversas comunidades autónomas y ONGs.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la preservación de la biodiversidad.
Enmienda al punto 3
De modificación.
En el punto 3, donde dice: 'Favorecer las medidas necesarias de cooperación internacional...', deberá decir: 'Favorecer las medidas necesarias de cooperación nacional e internacional...'
Justificación.
Resulta fundamental implicar a las comunidades autónomas tanto en los planes de actuación, como en la cooperación internacional.
Enmienda al punto 4 (nuevo)
De adición.
Se propone la adición de un cuarto punto que quedará redactado de la siguiente forma:
'Seguir impulsando programas de probado éxito, como el Programa Araucaria, y ampliar su ámbito de actuación en Iberoamérica.'
Justificación.
En desarrollo de los puntos 3 y 13 de la resolución de la Unión Interparlamentaria, es importante seguir actuando en la línea del programa Araucaria (presentado por José María Aznar en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, en julio de
1997), a través del que la cooperación española preserva la biodiversidad de los países iberoamericanos. En este programa, también en la línea señalada por la Unión Interparlamentaria, participan los Ministerios de Asuntos Exteriores (a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Economía, y diversas comunidades autónomas y ONGs.'
Enmienda al punto 5 (nuevo)
De adición.
Se propone la adición de un quinto punto que quedará redactado de la siguiente forma:
'Tomar las medidas necesarias para poder adaptar la Ley 4/1989 a la sentencia del Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad números 460/1998, 469/1998 y 483/1998.'
Justificación.
La resolución de la Unión Interparlamentaria insiste en las obligaciones de los Gobiernos (puntos 11, 15 y 17 especialmente) de poner al día las estrategias y políticas nacionales para la defensa de la diversidad biológica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000039 y 161/000311
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 23 de febrero de 2005, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley tramitadas conjuntamente.
- Relativa al futuro de Izar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
25, de 31 de mayo de 2004.
- Relativa al futuro de Izar y, en particular, de sus centros en la ría de Ferrol, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 83, de 11 de octubre de 2004.
con el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un plan industrial para la Empresa pública Izar, que impulse el sector naval público, tanto civil como militar, por tratarse de un sector industrial estratégico, de gran importancia tecnológica y para el mantenimiento y
creación de empleo cualificado en determinadas zonas del Estado español, con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad internacional. Asimismo, contar en el caso de propuestas de diversificación industrial con la participación plena
y determinante de las Comunidades Autónomas donde están ubicados los centros productivos.
2. Repartir la cuota de producción civil asignada al Estado español (20 por ciento, del total de la producción militar), después del acuerdo con la UE, de forma que los astilleros de la ría de Ferrol no queden restringidos a la actividad
militar con consiguiente inviabilidad del astillero de Izar-Fene y su práctica desaparición, ya que se trata de una discriminación contraria al principio de la libre competencia e incomprensible desde un punto de vista empresarial.
3. Conformar un complejo integral de la construcción naval, entre los centros productivos de Izar-Ferrol e Izar-Fene, abordando todas las actividades relacionadas con la construcción naval, civil y militar.
4. Dotar a los centros de la ría de Ferrol de un horizonte industrial propio.
5. Ejecutar urgentemente planes industriales efectivos, de acuerdo con las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas por el proceso de reconversión, para paliar las consecuencias socioeconómicas en las comarcas afectadas.'
A dichas Proposiciones no de Ley, se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a las Proposiciones no de
Ley del Grupo Parlamentario Mixto-BNG, relativas al futuro de IZAR y, en particular, de sus centros en la ría de Ferrol y a la Proposición no de Ley relativa a futuro de Izar.
Enmienda
A las Proposiciones no de Ley relativas al futuro de Izar y, en particular, de sus centros en la ría de Ferrol y a la Proposición no de Ley relativa a futuro de IZAR, del Grupo Parlamentario Mixto-BNG
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un plan industrial para la Empresa pública Izar, que impulse el sector naval público, tanto civil como militar, por tratarse de un sector industrial estratégico, de gran importancia tecnológica y para el mantenimiento y
creación de empleo cualificado en determinadas zonas del Estado español, con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad internacional. Asimismo, contar en el caso de propuestas de diversificación industrial con la participación plena
y determinante de las Comunidades Autónomas donde están ubicados los centros productivos.
2. Repartir la cuota de producción civil asignada al Estado español (20 por ciento del total de la producción militar), después del acuerdo con la UE, de forma que los astilleros de la ría de Ferrol no queden sepultados en el nicho de la
construcción militar con la consiguiente inviabilidad del astillero de Izar-Fene y su práctica desaparición, ya que se trata de una discriminación contraria al principio de la libre competencia e incomprensible desde un punto de vista empresarial.
3. Cubrir los puestos de trabajo amortizados por el proceso de prejubilaciones en curso con la incorporación de jóvenes trabajadores, precisamente para hacer operativos los centros productivos y paliar el paro.
4. Conformar un complejo integral de la construcción naval, entre los centros productivos de Izar-Ferrol e Izar-Fene, abordando todas las actividades relacionadas con la construcción naval, civil y militar, sin prohibición ninguna y
diversificando la producción para garantizar el futuro.
5. Dotar de autonomía de gestión, en el contexto global de la nueva sociedad, al complejo integral de la ría de Ferrol.
6. Ejecutar urgentemente planes industriales efectivos, de acuerdo con las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas por el proceso de reconversión, para paliar las consecuencias socioeconómicas negativas en comarcas ya muy
castigadas por el paro y en declive industrial'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Administraciones Públicas
161/000320
La Comisión de Administraciones Públicas, en su sesión del día 22 de febrero de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las
Islas Baleares a la percibida en las Islas Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm 83, de 11 de octubre de
2004, en los siguientes términos:
'1. Revisar la indemnización por residencia a los empleados públicos de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia que realicen su función en el territorio de las Illes Balears, con sus correspondientes
cantidades y período de retroactividad, conforme a lo establecido en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ('BOE' del 31 de diciembre de 2003).
2. Realizar todas las medidas necesarias incluidas las presupuestarias para proceder durante esta legislatura al reconocimiento de la indemnización por residencia acorde a las circunstancias propias y singulares de las Illes Balears,
teniendo como referencia actual el complemento que perciben en las Islas Canarias'.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Administraciones Públicas
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley sobre equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las Islas Baleares a la percibida en las Islas Canarias, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
En el marco de las negociaciones establecidas entre el Gobierno y los Sindicatos durante este último trimestre del año 2004 y al acuerdo alcanzado, proceda a revisar la indemnización por residencia a los empleados públicos de la
Administración General del Estado y de la Administración de Justicia que realicen su función en el territorio de las Illes Balears, conforme a lo establecido en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
En el marco de las citadas negociaciones, analice las condiciones que hayan de determinar la fijación de la indemnización por residencia en las Illes Balears para adaptarla a la realidad actual y tienda progresivamente durante esta
legislatura a la aproximación de la misma con la correspondiente a las Islas Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A la Mesa de la Comisión de Administraciones Públicas
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley sobre equiparación de la indemnización por residencia en las Islas Baleares a la percibida en las Islas Canarias del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-IU-ICV.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados, reconociendo la importancia del diálogo social para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, insta al Gobierno a la pronta consecución de un acuerdo con las organizaciones
sindicales para que, según lo previsto en los acuerdos sindicales firmados en septiembre de 2004, se revise la indemnización por residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado que realicen su función en las Illes
Balears y se modifiquen sus cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000053
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas en materia laboral previstas por el Gobierno en relación con el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre el traslado de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona.
El Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2004 aprobó el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona. Según dispone la Disposición adicional única del Real Decreto 2397/2004, la CMT, en el ámbito de sus competencias, adoptará
mediante Acuerdo las medidas necesarias para que el cambio de sede se produzca a lo largo del año 2005, y en la Disposición final primera de ese Real Decreto se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, también en el ámbito de sus
competencias, a desarrollar este proceso.
En la sesión del Consejo de la CMT celebrada el día 17 de febrero de 2005, se adoptó el Acuerdo por el que se aprueba la Resolución relativa al cambio de sede, resolviendo que todas las actuaciones que requieran movimiento de personal serán
voluntarias e incentivadas, y que se mantendrán operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar la fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con los que los Servicios de la CMT deben interactuar de forma
cotidiana en el ejercicio de sus funciones.
Nuestro Grupo Parlamentario comparte plenamente la apuesta del Gobierno por la descentralización política y económica en nuestro país, y entendemos que el cambio de sede de la CMT bien puede ajustarse a la lógica y principios inherentes a la
naturaleza del Estado de las Autonomías.
Sin embargo, la decisión gubernamental que fundamenta el traslado de la CMT no puede suponer un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores ni provocar situaciones que pueden llegar a ser traumáticas desde el punto vista
personal y familiar. Es preciso dialogar con los representantes de los trabajadores de la CMT para acordar las condiciones del traslado y ofrecer alternativas a aquellos que no estén dispuestos a desplazarse a Barcelona.
Por todo ello presentamos al Pleno la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar directamente con los representantes legales de los trabajadores de la CMT las condiciones del cambio de sede y, en particular, las alternativas para aquellos trabajadores cuyas circunstancias personales no les permitan afrontar
el traslado a Barcelona.
2. Preservar las condiciones laborales de los trabajadores de tal forma que ningún trabajador tenga que
perder su empleo público en Madrid contra su voluntad como consecuencia del traslado de sede.
3. Considerar, dentro de las alternativas, la reubicación laboral en puestos de trabajo en otros organismos dependientes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o estudiar la posibilidad de mantener operativa en Madrid una oficina
que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores a ella adscritos y el funcionamiento eficaz de la Institución'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2005.-Ángel Pérez Martínez, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
173/000054
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno respecto a la regulación actual del Centro Nacional de Inteligencia en relación con el control judicial y parlamentario de sus actividades.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Eusko Alkartasuna doña Begoña Lasagabaster Olazábal, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción como consecuencia de la Interpelación
Urgente sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno respecto a la regulación actual del Centro Nacional de Inteligencia en relación con el control judicial y parlamentario de sus actividades, para debatir en el Pleno de la Cámara.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar en esta Cámara, en un plazo no superior a un año, sendas propuestas de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro
Nacional de Inteligencia, que tengan como objetivo reforzar los mecanismos de control parlamentario y judicial de las funciones y actividades del CNI.
1. En relación con los mecanismos de control parlamentario deberá incluirse:
- La obligación del Director del CNI de comparecer ante la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, artículo 11 del CNI, para presentar de forma semestral un informe de
evaluación y análisis de las actividades del CNI.
- La posibilidad de que dicha Comisión pueda elevar al Gobierno, a la vista de los informes recibidos, conclusiones y recomendaciones sobre las actividades del CNI, así como sobre los objetivos anuales contenidos en la Directiva de
Inteligencia.
- La obligación de sustanciar en el seno de dicha Comisión semestralmente, las diferentes solicitudes de comparecencia e información solicitada por los miembros del Congreso, sin perjuicio de que sólo sean los diputados legitimados para
conocer secretos oficiales quienes sustancien la comparecencia y reciban la información.
- La obligación de comunicar previamente al Presidente de una Cámara legislativa la iniciación de alguna medida, que afecte a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, y que afecte a algún miembro electo de dicha
Cámara legislativa.
- La obligación de informar a la Comisión correspondiente, descrita en el artículo 11 de la Ley 11/2002, sobre las solicitudes de información realizadas por los Parlamentos de las diferentes Comunidades Autónomas al CNI.
2. En relación al control judicial previo sobre autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, consideramos:
Que la autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto
de las comunicaciones deberá ser otorgada por decisión colegiada de una Comisión en la que esté representado un magistrado del Tribunal Constitucional, un magistrado del Tribunal Supremo y el Ministerio público; decisión que deberá estar
orientada a preservar los derechos de los ciudadanos y el interés público y deberá basarse y estar motivada en la interpretación de los fines y funciones del CNI, siempre y cuando exista fundada existencia de indicios racionales de criminalidad.
- La solicitud de autorización y las autorizaciones para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones deberán cumplir los requisitos necesarios exigidos por el artículo 18.2 y 18.3
de la Constitución española, interpretados como establece el artículo 10.2 de la Constitución de acuerdo con el artículo 8.1 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para ello, y de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recogida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, debe entenderse que las autorizaciones deben estar sometidas a control en
tres estadios:
- cuando se ordenan
- cuando se llevan a cabo
- cuando han cesado
Por ello, deberán establecerse en la autorización las justificaciones motivadas de la observación del principio de proporcionalidad en relación a los objetivos por los que se pide y las condiciones concretas por las cuales se otorga la
autorización, y además todas las condiciones necesarias para que la información que recibe la Comisión judicial sea real y suficiente, para que pueda conocer y supervisar el desarrollo de la ejecución, y exista un efectivo control judicial de sus
prácticas durante todo el tiempo autorizado, en las eventuales prórrogas, así como en el cese de la medida, las garantías de las circunstancias en las que deben custodiarse y conservarse las grabaciones y las circunstancias en las que debe
realizarse el borrado o destrucción de las cintas.
3. En relación con la protección de datos, consideramos que:
- Los ficheros creados por el CNI que contengan datos de carácter personal deben regirse por la normativa contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y disposiciones de desarrollo.
- Debe establecerse una previsión legal para que los ciudadanos investigados puedan acceder a su expediente pasado un plazo de tiempo de 5 años y a la constatación documental de la destrucción de las pruebas recabadas en su contra, a través
de acta levantada a tal efecto por un representante del Ministerio Fiscal, miembro de la Comisión que autoriza las medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2005.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000055
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre política de inmigración.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Moción, consecuencia de Interpelación Urgente, sobre política de
inmigración, para su debate en el próximo Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La política llevada a cabo por el anterior Gobierno estuvo marcada por la planificación de los flujos migratorios, teniendo en cuenta nuestra capacidad de acogida, la situación nacional de empleo y la coherencia con los políticas del resto
de los países europeos, todo ello con el objetivo de favorecer firmemente la inmigración legal e impedir la ilegal.
En 1997 había en España 360.000 extranjeros con permiso de residencia o trabajo, alcanzando la cifra
de 1.700.000, en marzo de 2004, de los que aproximadamente 1.000.000 estaban afiliados a la Seguridad Social.
En la actualidad, los cambios de criterio e improvisaciones de este Gobierno han dado un vuelco en los planteamientos, lo que está generando una honda preocupación e incertidumbre en todos los sectores.
Preocupación y críticas que han sido vertidas desde los países de la Unión Europea (Francia, Luxemburgo, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca) que entienden equivocada la dirección que ha tomado el actual Gobierno respecto a la
inmigración.
Preocupación que también se extiende a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde se aplican criterios diferentes por falta de información, y donde además, se están asumiendo los costes de las políticas de integración sin recibir
contraprestación por parte del Gobierno.
Igualmente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúan reclamando más medios y mayor control a la hora de frenar el incremento espectacular de la inmigración irregular y de las mafias.
Por último, la incertidumbre más preocupante es lo que ocurrirá con los cientos de miles de inmigrantes irregulares que este Gobierno prometió regularizar poniendo el contador a cero, y que evidentemente no hará.
La situación en torno a la inmigración se debería haber planificado mejor, con criterios más serios y rigurosos, porque desgraciadamente, sus consecuencias no pueden ser más desalentadoras: Despidos masivos, empleos precarios, aumento de la
marginación y fomento de las mafias.
Nuestro Grupo asume la importancia que tiene la inmigración para nuestro futuro, y por ello, siempre mantendrá una postura clara y constructiva, apostando por la garantía de derechos para inmigrantes que permitan la plena integración en el
ámbito social y laboral.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar los recursos humanos de las oficinas de extranjería encargadas de tramitar y resolver las solicitudes de regularización.
2. Incrementar los medios policiales destinados al control de las fronteras interiores con otros países europeos, en especial la frontera con Francia.
3. Convocar de manera urgente el Consejo Superior de Política de Inmigración, para:
a) transferir de inmediato a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los fondos para la integración de los inmigrantes consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2005, de acuerdo con criterios objetivos y transparentes,
b) coordinar con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la información sobre los trámites del proceso de regularización, con el fin de armonizar los criterios de actuación.
4. Adoptar todas las garantías necesarias para verificar los antecedentes penales de las personas que van a ser regularizadas, consultando las bases de datos policiales nacionales e internacionales y estableciendo mecanismos prácticos de
consulta directa con los responsables policiales de los países de origen.
5. Proceder a la firma de nuevos convenios de readmisión con terceros países, en especial con Ghana y Mali, en el plazo de seis meses.
6. Asumir las directrices establecidas por la Unión Europea, a través del Consejo de Justicia e Interior, para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, incrementando los controles en las fronteras exteriores y la
detección de documentación falsificada.
7. Fijar las medidas de atención humanitaria o de retorno que se van a llevar a cabo a partir del 8 de mayo en relación con los miles de inmigrantes irregulares que no podrán acogerse al proceso de regularización.
8. Fomentar la inmigración basada en la legalidad, con la planificación de los flujos migratorios en origen, a través del contingente y de los contratos de temporada así como de los canales previstos en la legislación vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.