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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 848, de 12/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 848
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 49
celebrada el martes, 12 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Sobre reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001137.)... (Página 2)
- Por la que se impulsa la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001880.)...
Relativa a la simplificación de las nuevas obligaciones fiscales de la PYME. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002057.) .... (Página 5)
- Relativa a la reforma de la fiscalidad del automóvil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002187.)... (Página 7)
- Relativa a la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos en las delegaciones del servicio de vigilancia aduanera de Galicia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002235.)...
- Relativa a la restauración en su última fase del castillo de Peracense (Teruel) a través del programa 9410 de la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/002320.)... (Página 14)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE REPARACIÓN DEL DINERO REPUBLICANO INCAUTADO SEGÚN EL ORDENAMIENTO FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001137.)
- POR LA QUE SE IMPULSA LA COMPENSACIÓN A LOS PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE MONEDA REPUBLICANA EN LA ÉPOCA FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001880.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Empezaremos con el debate de la proposición no de ley sobre reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista, promovida por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
De forma acumulada con esta proposición no de ley debatiremos a su vez otra de idéntico objetivo, promovida por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que lleva como número el 1880. Quiero aclararles que en la reunión de
Mesa y portavoces hemos estimado como hora de votación las doce. Empezamos por la de Esquerra Republicana, por su orden de presentación, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar, desearía manifestar mi pequeña sorpresa, y digo pequeña puesto que me he dirigido a la mesa en donde se depositan las enmiendas y veo que la indolencia del Grupo Socialista ha llegado incluso a que
nuestro grupo parlamentario no merezca ni tan siquiera una enmienda, incluso de aquellas que a lo largo de la legislatura el Grupo Socialista nos ha presentado y que siempre hemos tenido la buena disposición de aceptar o de negociar. Entendemos que
no presentar la enmienda significa no solamente un rechazo total, absoluto y categórico a nuestra proposición no de ley, sino además, atendiendo al significado y al contenido de esta iniciativa, incluso me atrevería a decir un cierto menosprecio a
algo que quiero manifestar como gran pecado, es decir, no ser capaces ni tan siquiera de pactar la necesidad de salir de la ignorancia, es decir, de conocer no solamente lo que ocurrió sino también qué calado tiene el problema. Me refiero a un
agravio que sufrieron muchos ciudadanos de este Estado que, a raíz de una serie de órdenes y de decretos, depositaron el papel moneda del Gobierno legalmente establecido en el Estado español en el Banco de España o en otra dependencia bancaria
avalada por el Banco de España, pero luego este dinero no fue restituido con el nuevo papel moneda legal, aun cuando estas personas tuvieran el recibo que les libró el Banco de España.
Después de décadas de silencios, un buen número de ciudadanos
conservaron este papel oficial librado por el Banco de España, puesto que en él se depositaba no solamente la garantía de la legalidad, sino también la garantía de la ilegitimidad de no haber sido repuesto aquello que les fue arrebatado -y no hace
falta contextualizar el momento histórico- por orden del Estado.
Después de tantos decenios, hoy día existe una asociación, que agrupa a ciudadanos del Estado español incautados por el Gobierno franquista, que reivindican, reclaman, como tantos otros colectivos que sufrieron distintos oprobios de calado
distinto y de ámbitos diferentes, al Estado español que se haga justicia. Por eso, nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura ha presentado un buen número de proposiciones no de ley, concretamente 17, algunas de las cuales ya fueron
aprobadas por el Pleno o por distintas comisiones, cuyos términos remitían a la futura Ley de la Memoria Histórica que el Gobierno tenía que presentar, y que finalmente presentó al Parlamento. Nuestra sorpresa fue comprobar que el proyecto
de Ley de la Memoria Histórica no incluía la restitución de los patrimonios, y en este caso del dinero que fue incautado. Debo decir también que nos sorprendió, en cambio, que con gran diligencia se aprobara una iniciativa del Gobierno, que fue
tramitada y debatida en el Congreso de los Diputados, de restitución del patrimonio incautado a las centrales sindicales, y en este caso a la Unión General de Trabajadores. Nuestro grupo parlamentario defendió que la UGT tenía toda la legitimidad
para reclamar el patrimonio que les fue incautado, y se aprobó, si mal no recuerdo, una asignación de 150 millones de euros, y repito, Esquerra Republicana de Catalunya la defendió a capa y espada.
También es cierto que todavía estamos debatiendo
la modificación de la ley que debe permitir que también los partidos políticos puedan recuperar su patrimonio incautado, de entre ellos el nuestro, así como el Partido Comunista, Unión Democrática de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, es decir,
aquellos partidos que durante la época republicana tenían patrimonio inmobiliario. Desde la radicalidad democrática no se entiende, es una desvergüenza que sindicatos y partidos podamos cobrar, cobrar lo nuestro, lo que se nos robó y, en cambio, no
ocurra lo mismo con los colectivos de ciudadanos, las entidades o las personas jurídicas, o los ciudadanos que fueron robados, que, por cierto, generalmente iba acompañado de la represión física, todo hay que decirlo. Hay multitud de casos que
podríamos poner encima de la mesa de personas que no solamente tienen el recibo del Banco de España, que luego no sirvió para nada, sino que además todo ello fue acompañado de cárcel e incluso de algún fusilamiento, con lo cual se cernía sobre estas
familias todo tipo de represión; por cierto, el recibo del Banco de España se convirtió muchas veces casi en el tótem de la represión y en el icono que significaba que la familia había sido francamente más que represaliada, y ha pasado incluso de
padres a hijos este recibo del Banco de España.
¿Nosotros qué pedimos? Que se haga justicia. Por eso, hemos presentado nuestra proposición no de ley, que tiene cinco puntos, proposición no de ley que busca lo óptimo y, siguiendo el procedimiento que hemos seguido en otros casos, el
Grupo Socialista, que es el grupo que da a apoyo al Gobierno, tiene la obligación, como ocurre en muchas ocasiones, de llevar las cosas a un punto más realista, escenario que nosotros aceptamos que ocurra en algunas ocasiones. Por eso, nos quedamos
sorprendidos de que no haya ni una sola enmienda, porque en definitiva lo que pedimos es que se investigue el total del dinero y las personas perjudicadas y que, en consecuencia, se las restituya. Siempre hemos dicho que en todo lo que afecta a la
reparación de los honores y la restitución de los patrimonios, siempre, siempre prevalece por parte de las personas el deseo de restitución de los honores, pero en este caso, como en el caso de los sindicatos y en el caso de los partidos políticos,
esto lleva implícito también un reconocimiento del valor de lo incautado. El punto número 3 establecía la necesidad de posibilitar la difusión, en tanto en cuanto puede haber ciudadanos que no estén al corriente de esta posibilidad. Y había un
último punto que pedía, puesto que nuestra proposición no de ley estaba fechada el 14 de julio del año 2005, cuando todavía no estaba redactado el proyecto de Ley del Gobierno de la Memoria Histórica, que se contemplara todo ello en la ley antes
mencionada. En tanto en cuanto la ley no dice nada en absoluto sobre esta posibilidad de restituir el dinero incautado, nos vemos en la obligación de traer a esta Comisión nuestra proposición no de ley, a la espera de que ustedes, el grupo
mayoritario, ofrezcan un mínimo resquicio para poder buscar alguna fórmula que permita hacer justicia. Como todavía estamos en los inicios de la tramitación parlamentaria de la Ley de la Memoria Histórica, yo les pido encarecidamente, teniendo en
cuenta que estamos hablando de una gran injusticia que afecta a muchas personas, muchas de ellas además en los tramos finales de sus vidas, que contemplen la posibilidad de dejar algún resquicio abierto para que sea posible buscar alguna fórmula que
permita solucionar este problema. Se ha hecho un gran esfuerzo, dicen ustedes, es buscar una fórmula -que nosotros no compartimos, también debo decirlo- para resolver la cuestión de las causas judiciales de los tribunales militares y de los
tribunales excepcionales en cuanto a declarar su ilegitimidad, cómo no va a ser posible buscar una solución que afecta sólo a cuestiones de carácter estrictamente económico.
El señor PRESIDENTE: Para defender su proposición no de ley tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario también ha presentado una proposición no de ley que va en la dirección de poder restituir a los perjudicados, o en su caso a sus herederos, los importes de las incautaciones de papel
moneda puesto en curso por la República y llevadas a cabo durante la dictadura, actualizando las sumas en razón del tiempo transcurrido desde la efectiva incautación. Es una iniciativa parlamentaria coincidente con la de Esquerra Republicana de
Catalunya, en el sentido de que sería de justicia que si se ha podido restituir a los partidos políticos sus patrimonios, partiendo de la base de que en algunos casos todavía está pendiente de hacerse efectiva esta restitución, aunque es verdad que
hay unas iniciativas parlamentarias, aprobadas por unanimidad de todas las formaciones políticas, en el sentido de que a todos los partidos políticos que durante la dictadura les fueron incautados sus patrimonios les puedan ser restituidos, y ocurre
los mismo en el caso de los sindicatos, que también se ha producido dicha restitución, no es menos importante y desde nuestra perspectiva es fundamental
que también pueda producirse esta restitución a todos los ciudadanos españoles que durante la época de la República y el golpe militar franquista fueron perjudicados. Desde esta perspectiva, nuestro grupo parlamentario, independientemente
de esta iniciativa, hemos formulado una enmienda en el proyecto de Ley de la Memoria Histórica por la que se podría crear un censo de perjudicados por la incautación de fondos o propiedades, en el que se podrían registrar también todas las personas
físicas o jurídicas que puedan acreditar de forma fehaciente ser poseedores de un título legítimo de reclamación de los fondos o propiedades incautadas, a efectos de su reclamación. En caso de que hoy no prosperara esta iniciativa parlamentaria
-vamos a ver cuál es la posición de los diferentes grupos parlamentarios-, tendremos otra oportunidad importante en un proyecto de ley en el que hemos presentado esta enmienda, para que a todos los afectados que les hubieran incautado moneda en
curso legal desde el año 1936 al año 1939, se les pudiera restituir. Por tanto, nosotros consideramos que es una iniciativa justa y procedente, en la cual instamos al Gobierno a iniciar todos aquellos trámites necesarios para que se pueda realizar
el censo correspondiente a las incautaciones del Gobierno franquista de papel moneda puesto en curso por la República y, al mismo tiempo, restituir a los perjudicados, o en su caso a sus herederos, los importes de las incautaciones de papel moneda
puesto en curso por la República y llevadas a cabo durante la dictadura, actualizando lógicamente las sumas en razón del tiempo transcurrido desde la efectiva incautación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición respecto de estas dos proposiciones no de ley? (Pausa.) Señor Martínez-Pujalte, del Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: He escuchado con atención los argumentos de los grupos proponentes y debo decir que no me han convencido, no me ha parecido en absoluto que estemos hablando de un tema ni que preocupa a los ciudadanos
actuales ni que sea el objeto de un debate político hoy, y como no me han convenido, mi grupo votará que no, y lo quiero decir con una claridad meridiana. Pero además me parece que estamos hablando de un tema extemporáneo. Honestamente, pienso que
la Comisión de Economía hoy debería estar hablando de los problemas que interesan a los ciudadanos hoy y no escarbando en el pasado de manera continua. Creo que el debate político debía centrarse en los problemas de hoy, en las subidas de las
hipotecas, en la subida de la luz, en el decreto que el Gobierno puso en marcha ayer para subir la luz a los españoles el doble del IPC, eso sí que preocupa a los ciudadanos españoles y no el pasado. Pero además, un grupo político que ha dicho que
va a votar que no a los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de lo que ponga en los Presupuestos Generales del Estado porque no los conoce, simplemente por razones políticas, que no le preocupan las cifras de los Presupuestos
Generales de Estado, que opta por una razón meramente política votar que no, y lo anuncia, y además lo anuncia desde Barcelona imponiendo el criterio a los diputados de Madrid como si fueran marionetas del partido en Barcelona, y que no le preocupan
las cuestiones actuales, que quiera preocuparse hoy de una cosa de hace setenta años, pues me parece extemporáneo. Por eso mi grupo va a votar que no, entendiendo que aquí la legitimidad democrática para solicitar estas cuestiones la tenemos todos,
y si alguien la tiene en menor medida a lo mejor es el grupo que ha propuesto esta iniciativa parlamentaria, porque si escarbamos en el pasado todos podríamos escarbar en el pasado, pero como no me interesa ir por esos derroteros, simplemente quiero
decir que al Grupo Parlamentario Popular le preocupan los problemas de hoy y, por tanto, a esta propuesta vamos a votar que no. Yo creo que habría hecho mucho mejor el grupo proponente en mantener su proposición no de ley anunciada del business
angels, que era una iniciativa que podría haber dado cauces a emprendedores para invertir, mucho mejor que hablar de cosas de hace setenta años.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista desea fijar posición sobre esto? (Pausa.) Señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, en primer lugar, quisiera manifestar que no comparto algunas expresiones del proponente, señor Tardà, en el sentido de que si el Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda transaccional o alguna
enmienda que pueda corregir parte del texto no significa un desprecio a su iniciativa, ni mucho menos una situación de mantenerse en la ignorancia de lo ocurrido en ese tiempo. Me acaban de entregar, como puede observar, una documentación del
registro de esta Cámara que, entre otros, son unos argumentos, unos textos en los que nos basamos para rechazar esta propuesta que realiza tanto el Grupo Parlamentario de Esquerra como el Grupo de Convergència i Unió. No es menosprecio porque
leemos con atención todas sus iniciativas y proponemos, cuando procede, las enmiendas correspondientes, y mucho menos ignorancia, por lo que le he dicho de la recopilación de textos que puedan amparar nuestra argumentación, en este caso negativa, a
su propuesta. Tanto su propuesta como la de Convergència i Unió en algún punto sitúan que el contexto para realizar esa propuesta precisamente no es esta Comisión. Está en curso en este Parlamento una ley de la mal llamada recuperación de la
memoria histórica y ese es el lugar, mediante enmienda o mediante posibles propuestas, de poder plantear esas situaciones que usted ha señalado, pero también tenemos que referirnos a otras incautaciones que se realizaron, y de las que debemos tener
conocimiento, en ambos bandos de esa guerra civil, tanto en el poder legítimo de la República como en los sublevados, porque existen otras asociaciones, entre ellas una precisamente catalana, que está reclamando una
incautación que hizo el Gobierno legítimo de la República de las cajas de caudales situadas en el Banco de España y en otras entidades bancarias y que están intentando recaudar lo depositado en esas cajas. Por tanto, habría que
contextualizar en todo su conjunto, en toda su extensión esas reclamaciones de los afectados que existen, y es en esa ley mediante las enmiendas correspondientes, donde debe llevarse a cabo esta discusión, pero no en esta Comisión de Economía y
Hacienda, porque es en esa Ley donde se están contemplando todos los aspectos, y entre ellos este que usted señala.
En cuanto a la viabilidad política o técnica, sobre todo jurídica, esos decretos que usted señala tienen razón de ser en el cumplimiento de un decreto-ley que es del 12 de noviembre de 1936 en zona republicana del Banco de España, que señala
que los billetes, incluso certificados de plata, puestos en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936 por el Banco de España los declaraba fuera de validez, y es a esos depósitos a los que usted fundamentalmente se refiere, y además están
basados en una ley de 9 de noviembre de 1939 que también, basándose en este real decreto, declara la nulidad. Por eso, la viabilidad también puede contemplarse como jurídica o técnica si no lo contemplamos en un conjunto y sobre todo en lo que hace
referencia a los billetes puestos en circulación con anterioridad. Tengo en mi poder este real decreto, aportado por los servicios de documentación de la Cámara a que he hecho referencia. Por esos argumentos, nos vemos obligados a votar en contra
de ambas proposiciones no de ley. No es el contexto, existen también otras reclamaciones que tienen que ser contempladas en la ley que está en trámite en el Congreso y ahí es donde se debió plantear, y sobre todo, repito, por la inviabilidad en
algunos aspectos jurídicos y técnicos para conseguir ese objetivo que se pretende.
- RELATIVA A LA SIMPLIFICACIÓN DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA PYME. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002057.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la simplificación de las nuevas obligaciones fiscales de las pequeñas y medianas empresas, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley relativa a la simplificación de las nuevas obligaciones fiscales de las pequeñas y medianas empresas. Con la entrada en vigor de la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, desde nuestro grupo parlamentario ya habíamos venido advirtiendo constantemente que uno de los aspectos más controvertidos de la nueva ley es la obligación de que todas las
operaciones de compraventa de bienes y servicios realizadas entre las empresas vinculadas que pertenezcan al mismo grupo empresarial deberán a partir de ahora justificar documentalmente el sistema de evaluación del precio que se haya aplicado. Es
decir, será una obligación de las empresas y no de la Administración, que es la que tendría que ser la única responsable, como sucedía hasta ahora, las que tendrán la tarea de la justificación documental de dichas operaciones, y además, de acuerdo
con la ley, también deberán justificarse todas las operaciones de esta naturaleza. Nosotros entendemos que obligar a todas las empresas, y especialmente a las pymes, a justificar documentalmente el sistema de evaluación de cualquier producto o
servicio que adquieran o vendan a una persona o empresa vinculada es sencillamente una barbaridad. Esto les va a perjudicar gravemente la tarea ordinaria de su actividad comercial o mercantil, y también ponemos encima de la mesa una serie de
cuestiones, de dudas que entendemos que tendría que hacer reflexionar a todos los grupos parlamentarios y básicamente al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Por ejemplo, ¿qué coste administrativo representará para las empresas todas
estas aportaciones, todos estos campos de evaluación de las operaciones vinculadas? Nosotros creemos que muy elevado. ¿Cuántas operaciones vinculadas deberán justificarse o deberán dejarse de hacer a causa del riesgo jurídico que representará para
quien lo haga la posibilidad de que mañana la Administración tributaria disienta de los criterios utilizados? Nosotros entendemos que son muchas las operaciones vinculadas entre compañías que estén ubicadas dentro del mismo territorio, y no estamos
hablando solamente de compañías que estén establecidas única y exclusivamente en el territorio español, las que dejarán de realizarse. ¿Cuántos grupos empresariales de todos los tamaños -reducido, mediano y grande- se verán obligados a replantear
de arriba abajo sus estructuras de funcionamiento interno para eliminar costes administrativos y de funcionamiento derivados de la elevada inseguridad jurídica en cuanto al riesgo que les comportará seguir haciendo esas operaciones vinculadas?
Nosotros entendemos que habrá muchos riesgos y serán excesivos y que también esto paralizará en algún sentido la actividad empresarial en algunos sectores. ¿Por qué razón debemos penalizar las estructuras empresariales de grupo lógicamente usuarias
de la operatoria mediante operaciones vinculadas? Nosotros entendemos que no tendríamos que penalizar ninguna estructura empresarial. Y por último, ¿debemos considerar que una medida como esta, aplicada sin más limitaciones, puede ayudar a mejorar
la productividad y la competitividad de nuestro tejido productivo, o más bien la empeorará? Nosotros pensamos sinceramente que la va a empeorar. Por tanto, entendemos que es de máxima actualidad poderlo debatir en estos momentos, antes de que
entremos de lleno en la aplicación yo diría inmediata de la Ley de prevención del fraude fiscal, con lo cual nosotros planteamos en esta proposición no de ley que se pueda proponer, mediante el desarrollo parlamentario de la ley, que el Gobierno
pueda regular la correspondiente exención a
la obligación de documentar las valoraciones de mercado acordadas entre personas o entidades vinculadas para aquellas microempresas y pequeñas y medianas empresas que no dispongan de filiales en otros países, sin perjuicio de que deban
seguir acreditando dicha valoración a requerimiento de la Administración, tal como ocurre en la actualidad. Por tanto, estamos limitando la aplicación de esta proposición no de ley a que se pueda aplicar una exención a todas aquellas microempresas
y pequeñas y medianas empresas que no tengan filiales en el extranjero o en la Unión Europea y que solamente tengan su campo de actuación en el territorio español. Es decir, que en el desarrollo parlamentario de la Ley del fraude fiscal debería
acotarse la obligación de justificar documentalmente el precio de las operaciones vinculadas a aquellas empresas y operaciones efectuadas con empresas filiales en el exterior, dejando explícitamente de aplicarse a las pymes sin empresas vinculadas
en el exterior. Señorías, esta es una proposición no de ley de vital importancia para el tejido productivo español y para las pequeñas y medianas empresas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para una enmienda in voce el señor don Carmelo López del Grupo Socialista.
El señor LÓPEZ VILLENA: Lo primero que tendría que decir es que, efectivamente, estas dos medidas tienen un gran calado en lo que es la Ley 36/2006, de 26 de noviembre, de medidas de prevención del fraude fiscal, entendiendo que la
proposición no de ley que presenta Convergència i Unió lo que trata de evitar es algo que ya la exposición de motivos de la ley tenía previsto, que es no incurrir en unos gastos excesivos, no incurrir en unas obligaciones de difícil cumplimiento o
que pudieran tener para su cumplimiento, si fuera obligatorio, costes desproporcionados. Si bien es cierto que en los antecedentes de la proposición no de ley se habla de esta cuestión relativa a la minoración del coste del cumplimiento de estas
obligaciones contempladas en la propia exposición de motivos de la ley, se hace referencia exclusivamente a una exención de las pymes, tal como se contempla en la recomendación de la Comisión Europea 2003/361 de la Comunidad Europea de 6 de mayo;
es decir, en esa definición estarían, según esta proposición no de ley, totalmente exentos para, pretendidamente, favorecer su actividad. Pero hay muchas cuestiones que se quedan en el aire; es decir, cuando se habla de pequeñas y medianas
empresas que no dispongan de filiales en otros países y queden, por tanto, exentas de tener esa obligación, habría que decir que filiales no son exactamente empresas vinculadas, tal como prevé el artículo 17 del texto refundido del impuesto sobre
sociedades, donde se habla de la vinculación entre la entidad y sus socios partícipes, entidad y sus consejeros, entidad y cónyuges o personas unidas por relación de parentesco en línea directa, colateral, etcétera, por no extenderme mucho en esas
especificidades, son otras fórmulas y mecanismos que todos conocemos de ingeniería societaria que puedan burlar esa circunstancia de creación de pequeñas empresas para esquivar la fiscalidad española e irse a otros países donde la fiscalidad sea
menos dura, más barata o incluso paraísos fiscales. Nuestro grupo entiende que hay que matizar el objetivo de no causar daño a las pymes, en el sentido de conseguir esa minoración de los costes, que ese cumplimiento no conlleve costes
desproporcionados, y para ello hemos trasladado una enmienda in voce -no sé si una transacción o enmienda in voce- que contemplaría de alguna forma las pretensiones de Convergència i Unió de que determinadas empresas estén exentas de esos
cumplimientos con motivo de una serie de características que después pasaré a explicar. En todo caso, debería contemplarse en la propia tramitación del correspondiente desarrollo reglamentario de los preceptos que se contemplan en la Ley 36/2006,
atendiendo no tanto al tamaño, que también, sino al volumen de las operaciones vinculadas que se realicen por estas entidades, según se indica en la exposición de motivos de la propia Ley 36/2006, y que ese desarrollo reglamentario que se
especificaba en la exposición de motivos suponga modificaciones en la obligación general de tener esa documentación a disposición de la Administración tributaria, de acuerdo con las características de los grupos empresariales, las empresas o las
operaciones vinculadas en particular, cuando la existencia de esas obligaciones documentales pudieran dar lugar, como hemos dicho, a unos costes de cumplimiento desproporcionado.
El señor Sánchez i Llibre hacía una reflexión relativa a las posibles limitaciones que pudieran tener las pequeñas y medianas empresas sobre la productividad por cumplir con esas obligaciones que en un momento determinado pudieran ser
excesivas. Nosotros ahí tenemos que hacer otra reflexión, y es en qué afectaría positivamente a la productividad el hecho de que pudieran producirse deslocalizaciones de pequeñas empresas, creación de pymes para burlar la fiscalidad y cómo
afectaría a nuestros propios ingresos tributarios como país el que las empresas prefieran tributar en otros países, porque no perderíamos sólo la diferencia, que es lo que ellos ganan, sino toda esa fiscalidad. En ese sentido, proponemos esta
enmienda in voce, que a continuación paso a leer y de la que doy traslado a la Mesa: instar al Gobierno a atender singularmente a la naturaleza y características de las microempresas y pymes a la hora de elaborar el desarrollo reglamentario de la
Ley 36/2006 en materia de obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas que realicen estas empresas, todo ello en cumplimiento del compromiso recogido en la propia exposición de motivos de la ley, y muy especialmente en relación con
las pequeñas empresas que no dispongan de filiales en otros países, de forma que queden excepcionadas de obligaciones que difícilmente podrían cumplir, evitando así que se incremente el coste formal del cumplimiento para estos contribuyentes.
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, del Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: La primera cuestión que me planteo a la hora de enjuiciar esta proposición no de ley es si es útil o no es útil, y la conclusión a la que he llegado es que no es útil. Primero, porque el reglamento, por la información
que tengo, está ya prácticamente listo y va a resultar bastante irrelevante lo que se apruebe en esta proposición no de ley, y va a ser todavía menos útil a la vista de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, y que
entiendo que el proponente de la enmienda va a aceptar, que lo único que hace es diluir todavía más y hacer más incomprensible, si cabe, una aberración jurídica que entre todos los que aquí estamos presentes, y algunos más, en el Pleno del Congreso
de los Diputados dimos naturaleza hace algunos meses. Estamos hablando de una obligación que entonces ya sabíamos que era de imposible cumplimiento, que ahora mismo se reconoce que es efectivamente de imposible cumplimiento, y como es de imposible
cumplimiento, y no sólo para las pequeñas empresas, no se equivoquen, señorías, la documentación relativa a precios de transferencia y operaciones vinculadas es imposible, prácticamente imposible cuando se quiere generalizar de esta manera, y lo que
hemos creado es un campo de inseguridad jurídica de tal naturaleza, que en estos momentos, y en opinión de la mayor parte de asesores fiscales, hasta las grandes empresas tienen enormes dificultades para poder contrastar operación a operación con la
información necesaria para determinar que los precios a los que se han realizado esas operaciones corresponden a precios de mercado o para establecer algún otro procedimiento indiciario que pueda sugerir que esos precios son razonables entre los que
se hubieran negociado o contratado entre partes independientes. Es decir, creamos una obligación y ahora dos grupos parlamentarios, y supongo que algún otro a lo mejor se adhiere a esto, lo que estamos diciendo es que aquello que aprobamos no puede
aplicarse y por tanto que no se aplique. Pero además es que se está creando una nueva discriminación, porque con mucha ligereza se dice que no sea aplicable a pequeñas empresas, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, a pequeñas y a grandes, pero
además estableciendo una nueva condicionalidad, que no tengan establecimiento permanente, que no tengan filiales en el exterior, es decir que incluso se está negando la internacionalización de la pequeña empresa española.
Aquella que por casualidad
tenga una oficina de representación en Francia, en Alemania, para poder vender sus productos, queda automáticamente sujeta a todas las obligaciones de información que establece un precepto de imposible cumplimiento relativo a precios de
transferencia y operaciones vinculadas. Es decir, señorías, lo que ustedes están haciendo con esta proposición no de ley es abrir la vía a una nueva discriminación, y además contradice abiertamente lo que parecen sugerir los discursos tanto del
grupo proponente como del grupo que presenta la enmienda sobre la importancia de la internacionalización de la empresa española. Por tanto, nosotros votaremos a favor pero sobre la base de que esas obligaciones formales, en la medida en que se le
rebajen a las pequeñas empresas, microempresas, son manifestación precisa y clara de que nunca debieron establecerse, ni para pequeñas ni para grandes, puesto que los precios de transferencia de operaciones vinculadas ya recibían un tratamiento
adecuado que podía mejorarse pero en modo alguno generalizar unas obligaciones formales que no solamente implican costes administrativos insalvables, sino que además nos han introducido de lleno en un campo de absoluta inseguridad jurídica en las
relaciones fiscales en España. Por tanto, voto a favor, pero voto a favor tapándose la nariz.
El señor PRESIDENTE: El grupo proponente de la enmienda ¿quiere decir algo? (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solamente quiero manifestar que vamos a aceptar la enmienda transaccional que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, quiero mostrar nuestro agradecimiento al Grupo Popular por votar
favorablemente esta iniciativa, aunque sea con la nariz tapada. Igualmente, damos las gracias al resto de los grupos parlamentarios por acogerla favorablemente.
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA FISCALIDAD DEL AUTOMÓVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002187.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la reforma de la fiscalidad del automóvil, promovida por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Utrera, tiene la palabra para defenderla.
El señor UTRERA MORA: La propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Popular, proposición no de ley relativa a la fiscalidad del automóvil, encuentra su causa en la necesidad de dar un marco fiscal razonable a un problema actual no
solamente en términos medioambientales, sino también de fluidez en las relaciones de todos los agentes que participan en este sector, en las relaciones de tráfico, constructores de automóviles, adquirientes, administraciones públicas. Tenemos un
sistema que deriva de hace veinte o veinticinco años, que está basado, como ustedes saben, por un lado, en la fiscalidad de los combustibles, por otro lado, en la fiscalidad de la adquisición de los automóviles y, por otro lado, en la fiscalidad de
la tenencia de los automóviles. Por tanto, tenemos en el momento de la adquisición, la tenencia, más el uso a través de la fiscalidad de los combustibles. Nuevas necesidades, incluso diríamos que
nuevas culturas en relación con el uso del automóvil particular, y también nuevas exigencias de infraestructuras y de regulación, hacen que el papel de las administraciones públicas sea central en esta cuestión, y podríamos resumirlo en
varios apartados, no solamente la fiscalidad, de hecho la fiscalidad sería solamente una pequeña parte, hay otras cuestiones en las que las administraciones públicas han de intervenir, desde las infraestructuras, desde la regulación de las
condiciones en las cuales se desenvuelven las relaciones de la circulación y del uso de los automóviles, hasta incluso el establecimiento de permisos, licencias y autorizaciones en cada uno de los casos para el uso de estos vehículos.
Por tanto, el
papel de las administraciones públicas es central. En España además cuando hablamos de fiscalidad del automóvil observamos también una enorme dispersión, no solamente en las figuras impositivas sino también en las administraciones públicas que son
competentes, que tienen no solamente concedida la gestión sino también la recaudación de esas figuras impositivas; por tanto, implica a todos, no es solamente el Estado sino también las comunidades autónomas y las corporaciones locales las que
tienen competencia en la materia y, consecuentemente, se requiere una reforma que es más difícil por cuanto ha de ser coordinada con todos los niveles de las administraciones públicas. Eso es lo que solicitamos en esta proposición no de ley, que se
inicie un estudio; no es para hoy, desde luego. Parecía que el Gobierno tenía intención de traernos algo parecido a la fiscalidad verde al principio de la legislatura, la cuestión ha quedado en una más que no se va a desarrollar, una más de las
muchas en las que no se ha entrado. Hemos tenido simplemente vagos enunciados sobre la necesidad de una fiscalidad verde, también hemos tenido muy vagos enunciados en relación con la promoción de sectores industriales, y concretamente del sector de
construcción del automóvil, en el que España es puntero, pero lo cierto es que tenemos un sistema que es básicamente contradictorio con una política medioambientalista eficaz, puesto que, toda vez que gran parte de la fiscalidad del automóvil recae
sobre adquisición y tenencia, con independencia del uso, y por tanto con independencia de los consumos de combustibles, que son los que realmente miden el efecto medioambiental del automóvil, está fuera de ese objetivo.
Pero también es incoherente
con otras medidas de política industrial en el sector de la construcción, e incluso de asignación de cargas y de recursos entre administraciones públicas; gran parte de la recaudación no guarda correspondencia con las finalidades que podrían
derivarse del uso del automóvil.
En definitiva, tenemos un sistema que está anticuado, data, como decía, de hace más de veinte años, gran parte de la fiscalidad, un porcentaje elevado, superior al 15 por ciento, deriva del sector y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo de
coordinación de administraciones públicas que nosotros proponemos que se haga básicamente en tres apartados. Por un lado, el impuesto de matriculación es, de todos los impuestos que recaen sobre el automóvil, el menos necesario, por razones obvias.
Primero, porque tiene unos orígenes, recuérdese que con el impuesto de matriculación lo que se hizo en primera instancia fue suplir el IVA incrementado que la legislación comunitaria nos exigió retirar, que era el que gravaba precisamente la
adquisición de automóviles, por tanto era un sustituto de una figura impositiva, el Impuesto sobre el valor añadido, que no admitía tipos incrementados en el sector del automóvil ni en ningún otro, y que posteriormente ha derivado hacia una forma
tributaria que no tiene en consideración ninguna otra variable que no sea el precio de adquisición. Observen, por ejemplo, una anomalía que presenta este impuesto, cuanto más dotado esté un automóvil de medidas de seguridad, cuanto más dotado esté
un automóvil de medidas precisamente para frenar la contaminación, lógicamente su precio será más alto y el impuesto gravará más, es decir, a mejor dotación de seguridad o a mejor dotación para evitar contaminación, este impuesto no solamente
trabaja en favor de ello, de esos objetivos, sino que trabaja justamente en contrario, gravando más. Entonces esta figura resulta contraproducente desde cualquier lógica actual de los objetivos que se han de perseguir desde el sector público en la
fiscalidad del sector y proponemos su supresión. Lógicamente eso llevaría emparejado la modificación del impuesto sobre circulación, sobre tenencia del automóvil, impuesto anual, que debería establecerse más sobre la base de efectivos consumos o
efectiva aportación a los objetivos medioambientales establecidos, de tal forma que favoreciese el consumo de combustibles menos contaminantes, al tiempo que favoreciese también el hecho de que hubiera tanto por unidades de peso, de peso físico del
automóvil, como por unidades de consumo, por kilómetro rodado, un menor gravamen en función de la reducción en las aportaciones nocivas a la atmósfera, y por otro lado, incentivar, como digo, la fiscalidad de los combustibles que sean más limpios.
Se nos ha propuesto una enmienda transaccional, que supongo que el Grupo de Convergència i Unió defenderá ahora. Anticipo que vamos a aceptarla por cuanto incide sobre otro elemento que es esencial a la política desarrollada o que ha de
desarrollar el Gobierno en este sector, que es fortalecer la renovación del parque. La renovación del parque automovilístico es importante, en el caso de España se trata de un parque automovilístico es bastante anticuado, el promedio es de ocho
años y medio, casi nueve años, y lógicamente las nuevas generaciones tecnológicas en motores y en otros elementos, filtros en el caso de motores diesel, etcétera, les otorgan unas ventajas tan decididas que la renovación del parque por sí mismo
constituye un objetivo esencial dentro de la política general que pretendemos en el sector del automóvil.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley de Convergència i Unió, la expondrá el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la fiscalidad del automóvil. En los últimos meses diferentes sectores han puesto de manifiesto la necesidad
de avanzar en la reforma de los impuestos que gravan a los vehículos desde la perspectiva de la incentivación de la reducción de emisiones de CO2 y el uso de combustibles limpios, apenas hay debates sobre la necesidad de adoptar esas medidas para
colaborar en la lucha contra el cambio climático. También desde la perspectiva comunitaria hay inputs en relación a la fiscalidad aplicable a los automóviles. Hay una directiva, que está en fase de propuesta, que establece diversas medidas, entre
las cuales está la desaparición gradual del impuesto de matriculación durante un periodo transitorio de cinco a diez años, la implantación de un sistema de reembolso, de reequilibrio del impuesto de matriculación de vehículos, de turismos que vayan
a ser exportados, o aunque no sean exportados dentro de la Unión Europea sean trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro, para evitar, para suprimir la doble tributación. Esta directiva comunitaria también prevé la introducción en la
base imponible de los impuestos anuales de circulación y de matriculación una componente que se fundamente en las emisiones de CO2, que tenga en cuenta la cantidad de emisiones o su posible reducción a la hora de fijar esa base imponible, la base
del cálculo de los impuestos de circulación, en un 25 por ciento formando parte de esta base antes de diciembre de 2008 y en un 50 por ciento formando parte de esta base antes de diciembre de 2010. Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, sin
que haya avanzado demasiado en su contenido concreto, a pesar de que ha dicho que el próximo Consejo de Ministros tratará este tema desde un punto de vista amplio del cambio climático, prevé que el Gobierno adopte una estrategia de neutralidad de la
reforma de los impuestos de matriculación y circulación, y también, por otro lado, el estímulo fiscal en función de aumentar o disminuir la tributación en determinados tramos de vehículos, con esta óptica, con esta filosofía de contribuir a evitar
el calentamiento del planeta y el cambio climático. Por otro lado, entidades del sector del automóvil, como el Real Automóvil Club de Cataluña, también propone, y lo ha hecho público, una eliminación a medio plazo del impuesto de matriculación y
una nueva estructura tributaria en relación con las relaciones entre el sector del automóvil, sus usuarios y la Administración.
Desde el punto de vista de Convergència i Unió, la redacción de la proposición no de ley que hoy discutimos nos parece adecuada, ya que contiene la necesaria neutralidad fiscal, que es esa línea que propugna, que establece la Comisión
Europea, prevé una redistribución de la carga fiscal, así como la eliminación del impuesto de matriculación y la modificación del impuesto sobre ventas al detalle de hidrocarburos, tomando como base, como decía, los criterios medioambientales, con
lo cual se podría dar una modificación en la estructura del impuesto sobre distribución de gasolinas y gasóleos en función de su orientación medioambiental. Nos parece interesante esta proposición no de ley, pero queremos añadir un elemento más, y
el propio ponente del Grupo Popular lo ha manifestado, que es fortalecer una medida, un instrumento fiscal selectivo que se ha demostrado útil en los últimos años, como es el favorecer la renovación tecnológica en los turismos, el llamado Plan
Prever, que nuestro grupo valora como positivo, aunque últimamente el Gobierno lo ha ido modificando perdiendo gran parte de su potencial y la oportunidad, como lo fue en su momento, de ser un instrumento que puede coadyuvar a la mejora
medioambiental en lo que a vehículos se refiere.
Por ello, consideramos que en este contexto de modificación del marco fiscal del automóvil es oportuno incluir el Plan Prever reforzándolo, dándole mayor dinamismo, mayor fuerza, mayor atención, para
que el parque automovilístico se adecue a las nuevas tecnologías que constantemente, y gracias a la investigación y el desarrollo de las empresas del sector, se van incorporando y que esas mejoras tecnológicas permitan una reducción del impacto
ambiental, con la consecuente reducción de las emisiones de CO2 o la existencia de coches híbridos que utilicen otras energías o carburantes de origen no fósil sino de origen renovable. Esto sólo es posible si se incentiva a través del Plan Prever
la renovación del parque automovilístico.
Por eso, nuestra enmienda acaba diciendo: Asimismo, deberá renovar y reforzarse el Plan Prever para potenciar la renovación del parque automovilístico y la incorporación de innovaciones tecnológicas, con el objetivo de incentivar la
reducción del impacto medioambiental de los vehículos. Agradecemos que esta enmienda haya sido aceptada por el grupo proponente y evidentemente votaremos a favor con la adición de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Castillejo.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Quiero comenzar mi intervención dando la bienvenida al Grupo Popular al compromiso que este Gobierno tiene asumido con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con la opción por promover las energías
renovables, con el consumo consciente, con la apuesta por la biodiversidad, y cómo no, con la lucha contra el cambio climático, también a través de nuestro sistema fiscal.
Este es un compromiso que los socialistas establecimos en nuestro programa electoral, y que además quedó plasmado en la disposición adicional quincuagésimo novena de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, que pretende la
materialización de reformas normativas necesarias para incorporar elementos de fiscalidad verde.
Además, en lo que se refiere en concreto a la imposición que recae sobre la matriculación de medios de transporte, el preámbulo del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en
relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, anuncia también que en un futuro próximo es previsible que se lleve a
cabo una reestructuración, desde la perspectiva medioambiental, de la fiscalidad que incide sobre los medios de transporte. Por si además hubiera alguna duda sobre este compromiso, que volvemos a reiterar, en esta propia Comisión de Economía y
también en la Comisión de Medio Ambiente se han aprobado iniciativas, con el apoyo de nuestro grupo, consensuadas con otros grupos que inciden en este sentido. Por tanto, quiero destacar -ya lo hice personalmente con motivo de una iniciativa de
Esquerra Republicana sobre el impuesto de matriculación- que el Gobierno tiene asumido el mandato de acometer una reestructuración de la fiscalidad desde una perspectiva medioambiental, con especial hincapié en lo relativo a los medios de
transporte.
Por si además existieran dudas, el propio presidente del Gobierno, en una comparecencia pública la pasada semana, hablaba de que en el resto que nos queda de legislatura iban a tener un especial énfasis, una especial incidencia las
iniciativas del Gobierno en materia medioambiental, y este pasado viernes la propia ministra Narbona hablaba de que ya existe, decía, sobre la mesa del ministro de Economía una propuesta muy madura que permitirá incentivar al máximo los automóviles
menos contaminantes.
A partir de ahí, dejando bien claro este compromiso y esta voluntad, quiero valorar cada una de las tres propuestas concretas que se hacen en la iniciativa del Partido Popular. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial
sobre determinados medios de transporte o impuesto de matriculación, que se califica de ineficiente, queremos afirmar que no compartimos esta calificación. Este impuesto, que forma parte de nuestro sistema tributario desde 1993, creemos que cumple
adecuadamente los fines para los que se creó originariamente y otros a los que se ha ido adaptando con posterioridad. Creo recordar además que entre los años 1996 y 2004 este tributo no solo no fue suprimido por el Gobierno del Partido Popular,
sino que además adquirió un notable protagonismo en el marco de la financiación de las comunidades autónomas. La Ley 21/2001 estableció la cesión total de este impuesto a las comunidades autónomas, atribuyéndoles el cien por cien de su recaudación
líquida, las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección, y una capacidad normativa para incrementar hasta en un 10 por ciento el tipo impositivo fijado por el Estado, a día de hoy en un máximo del 15 por ciento.
Además se esgrime, como argumento para sostener esta iniciativa, el debate de la propuesta de directiva en que la Comisión Europea ha planteado la supresión de los impuestos que gravan la matriculación o primera adquisición. Sobre esta
cuestión queremos recordar a SS.SS. que, de 27 Estados miembros, al menos 17 cuentan con impuestos sobre la matriculación o sobre la adquisición, además del IVA. Allí donde se aplican estos impuestos, las cargas impositivas que representan varían
considerablemente de un Estado miembro a otro, oscilando desde un tipo impositivo del 180 por ciento, que se aplica en Dinamarca, hasta la exigencia directa de cuotas relativamente bajas basadas en la cilindrada, o la aplicación de tipos impositivos
porcentuales mucho más moderados, como ocurre en otros Estados miembros, por ejemplo el nuestro.
Pese a esta realidad, la Comisión Europea ha presentado la referida propuesta de directiva que, entre otras cuestiones, propone una abolición gradual de este tipo de impuestos, trasladando la carga que representan a impuestos que graven la
utilización de los vehículos, que además deberían reestructurarse conforme a criterios medioambientales.
De momento, como conocen SS.SS., la postura española en relación con esta directiva ha sido de rechazo por varias razones, en particular -y no es un tema menor- porque aceptar la propuesta de la Comisión Europea, tal y como se formula,
supondría trastocar completamente el actual sistema de financiación autonómica y seguramente también el sistema de financiación local. Queremos señalar además que en la práctica totalidad de los Estados miembros que hoy día cuentan con impuestos
sobre la matriculación o la primera adquisición sus sistemas fiscales se han opuesto también a esta propuesta, y dado que en esta materia rige la regla de la unanimidad, no parece probable que a corto o medio plazo se apruebe una normativa
comunitaria que obligue a los Estados miembros a suprimir estos impuestos.
En definitiva, en este primer apartado la capacidad económica puesta de manifiesto con ocasión de la adquisición de medios de transporte, la posibilidad también de utilizar este impuesto, el impuesto de matriculación como un instrumento
fiscal para reducir las emisiones de CO2, y la relevancia que este impuesto tiene en el sistema de financiación autonómica vigente desde el 1 de enero de 2002, nos hace plantearnos la no supresión en principio de este impuesto, sin perjuicio de que
además sea prudente esperar al fin del debate de la directiva.
En segundo lugar, con respecto a la reestructuración del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o impuesto de circulación que se propone en la iniciativa, quiero señalar que los grupos de trabajo constituidos en el seno de la
Secretaría General de Hacienda, en el marco del estudio de la fiscalidad medioambiental, han barajado, entre otras medidas, la fijación de las cuotas tributarias mínimas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en función de parámetros
tales como la eficiencia energética, las emisiones de CO2, factores de ponderación calculados en función de la cilindrada y el tipo de carburante que emplee el vehículo, o la propia antigüedad del vehículo. Por tanto, la reestructuración en ese
sentido sí es posible aunque, en cualquier caso, toda decisión al respecto sobre este impuesto debiera ser participada por los ayuntamientos.
En tercer lugar, tanto el impuesto sobre hidrocarburos como el impuesto sobre ventas al detalle de hidrocarburos
establecen tratamientos fiscales más favorables para los productos menos contaminantes, en la medida en que sus estructuras impositivas lo permiten. En lo que se refiere en concreto al tratamiento que reciben los biocarburantes, debe
tenerse en cuenta que, con arreglo a las posibilidades que establece la normativa comunitaria, no están sometidos a imposición efectiva por el impuesto sobre hidrocarburos. Esta no imposición está instrumentada a través de un tipo impositivo cero
de dicho impuesto o, en su caso, a través de una exención total del mismo; por tanto, creemos que no resulta posible incentivar más el consumo de biocarburantes en el ámbito de este impuesto concreto, el impuesto sobre hidrocarburos. Por el
contrario, los biocarburantes sí se hallan sometidos al impuesto sobre ventas al detalle de hidrocarburos, sin que la estructura de este impuesto admita la posibilidad de aplicarles selectivamente una exención u otro beneficio fiscal. Ello es
debido a la circunstancia de que el grueso de los biocarburantes consumidos en España se utilizan mezclados con carburantes convencionales, sin indicación expresa de su contenido en biocarburante. En esa situación, por tanto, resulta imposible
aplicar, en un impuesto exigible en el momento de la venta minorista y en el que además las comunidades autónomas vuelvan a tener cierta capacidad normativa para la fijación del tipo impositivo, beneficios fiscales que habrían de estar asociados
precisamente a un elemento que es imposible de conocer en el punto de venta, cual es el del contenido en biocarburantes del producto que se suministra; en consecuencia los impuestos que gravaban el consumo de carburantes ya establecen para los
biocarburantes todos los beneficios fiscales que la normativa comunitaria y sus respectivas estructuras permiten.
Dicho esto sobre los tres aspectos concretos de la iniciativa, y como conclusión a todo lo dicho, quiero afirmar que sí encontramos elementos positivos, elementos constructivos en esta iniciativa del Partido Popular, al igual que en otras
que a lo largo de esta legislatura se han hecho sobre la fiscalidad verde, pero, dado el compromiso que el Gobierno tiene para contribuir, también mediante reformas impositivas, a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del
aire, la prudencia nos aconseja rechazar en principio esta iniciativa y esperar a la reforma que el Gobierno, en un marco más global y en un plazo muy breve, se ha comprometido a trasladar a esta Cámara para su aprobación antes del final de esta
legislatura, una reforma en la que el Grupo Socialista, como siempre, estará abierto al diálogo y estará abierto al consenso con todos los grupos de la Cámara.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MEJORAR LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS EN LAS DELEGACIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA DE GALICIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002235.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos en las delegaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia, promovida por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra
la señora Fernández, del Bloque Nacionalista Gallego.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Tratamos hoy una proposición no de ley de nuestro grupo que recoge un tema que no traemos a esta Cámara por primera vez; de hecho, ya en el primer trimestre del año 2005 tratamos una interpelación, con la
consiguiente moción, relacionada con este mismo tema. El hecho de que volvamos a traer una proposición no de ley como esta se debe a que los acuerdos alcanzados en aquella moción a día de hoy no están llevados a la práctica ni están resueltos los
problemas que en su momento suscitó la interpelación que presentamos al ministro de Economía y Hacienda. Recuerdo esa interpelación porque cuando hablábamos de las difíciles condiciones, tanto desde la perspectiva de los recursos humanos como
materiales, en las que se encontraban las diferentes bases del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia, en las que se constataba un considerable deterioro y desgaste, se nos explicó por el ministro de Economía y Hacienda que se detectaba un
cambio en los usos del narcotráfico, de manera que se estaba desviando la actividad delictiva que se venía efectuando en la costa gallega hacia el sur, en concreto a la zona del Mediterráneo, de ahí que desde el Gobierno se considerara oportuno
reforzar estos servicios y que, por lo tanto, no se tuviera en cuenta en aquel momento la necesidad de cubrir las necesidades de las bases de Galicia.
El transcurso del tiempo desde luego no hizo posible que lo que se nos informaba en aquel momento por el Gobierno fuera verificado, es decir que los hábitos delictivos del narcotráfico se trasladaran de la costa gallega al sur.
Efectivamente en el sur existe ese problema, pero no por una minoración del mismo en las costas de Galicia, y de hecho, cuando en el mes de mayo de este año 2007 presentamos esta proposición no de ley, al mismo tiempo que hacíamos una pregunta
interesándonos por esas deficiencias en los recursos materiales y humanos de nuestras bases de vigilancia aduanera, ocurrían al mismo tiempo una serie de cuestiones que no dejan de ser curiosas por dos aspectos concretos: uno, que se diga que la
actividad delictiva es menor en Galicia que en otros momentos, y otro, la falta de recursos de estas bases para actuar debidamente. Nosotros así lo manifestábamos: las bases de Ribadeo, Muros y Marín redujeron la actividad en un 50 por ciento,
incluso la de Marín actúa cada 15 días; es decir, hay 15 días en el mes que tanto la de Marín como la de Muros no están funcionando, y como digo, a pesar de esas dos cuestiones, en el tiempo en que presentamos estas iniciativas de nuevo estos
servicios de vigilancia aduanera, en concreto el de Marín, aprehendieron un alijo de droga, con detención de un numeroso grupo de narcotraficantes, que fue noticia en todo el Estado como uno de los apresamientos más importantes de los últimos
tiempos. Pero es que después de esta hubo otra, también llevada a cabo por esta misma base de vigilancia aduanera, que ponen de manifiesto de nuevo la eficacia del servicio, sobre todo la eficacia de los recursos humanos existentes,
independientemente de que estén en ese 50 por ciento, como decíamos anteriormente. Cuando hablamos de la eficacia estamos hablando de las personas que forman parte del servicio, porque si efectivamente este servicio estuviera al 100 por cien y no
al 50 por ciento, como decimos, evidentemente la eficacia del servicio sería mayor porque estaría actuando en un nivel de eficiencia que en este momento no tiene.
A pesar de aquellas manifestaciones que se nos hicieron en respuesta a nuestra interpelación en la primavera de 2005, en contraste con esos informes del Gobierno, hay otros informes de organismos de Naciones Unidas relacionados con la lucha
contra el narcotráfico, de la Policía Nacional española, por ejemplo del Greco y de la JIFE, donde dicen que efectivamente es por la costa de Galicia por donde está entrando gran cantidad de droga. De alguna manera no es real la idea de que la
actividad delictiva del narcotráfico en la costa gallega sea menor y que se traslada al sur; en todo caso será una actividad en términos semejantes en una costa y en otra, por lo tanto también es semejante la necesidad de activar los mecanismos de
detención de este tipo de delincuencia. De ahí que nosotros sigamos insistiendo en nuestra proposición no de ley en la necesidad de que el Gobierno busque solución a estos problemas.
En una respuesta que el Gobierno nos hace llegar, en octubre del año pasado, se nos comunica que se pusieron en marcha un número importante de plazas, más de 140, pero que efectivamente tiene que contar con todos los requisitos de la
convocatoria pública, etcétera, y que también se mejoraron o se renovaron en un 22 por ciento las embarcaciones de este servicio, quedando por lo tanto, como digo, en ese 22 por ciento, mejorado el nivel de embarcaciones en la medida en que se
mejoran aquellas que tienen una antigüedad de más de veinte años de actividad. A nosotros nos parece importante esto porque, además de los alijos a los que hicimos referencia antes, que fueron de una gran notoriedad pero que es habitual en este
servicio desde enero a mayo se encontraron más de cuatro planeadoras quemadas. No sé si recordarán un famoso submarino que también apareció en la costa gallega, concretamente en la ría de Vigo; después del primer submarino se detectó otro,
etcétera, y todos estos casos son minisubmarinos se relacionaron en todo momento con el tema del narcotráfico. De ahí que efectivamente entendamos que la dotación del material, concretamente las embarcaciones que tienen que perseguir a estas
planeadoras, que son modernas y actualizadas, tengan que estar en las mejores condiciones, y las que existen actualmente -quitando esa pequeña renovación que se hizo- no están en condiciones de hacer la persecución correspondiente; por lo tanto, no
podrán ser eficaces y eficientes, como deberían. Volvemos a insistir en la necesidad de llegar a acuerdos -y nosotros consideramos positiva una enmienda que nos presentó el Grupo Popular para acercar posturas entre los distintos grupos de la
Cámara-, porque es necesario que esos puestos de trabajo que se pusieron en marcha, a través del concurso público, lleguen a cubrir las necesidades del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia, ya que a día de hoy no hay ninguna plaza cubierta;
y, por otro lado, porque -y así lo manifestamos en la exposición de motivos y en la parte dispositiva de nuestra propuesta- es necesario que el Gobierno llegue a acuerdos también con los representantes legales de los trabajadores que cubren el
Servicio de Vigilancia Aduanera, en cuestiones relacionadas con la aplicación de los acuerdos firmados en el año 1997, y concretamente aquello que está relacionado con la segunda actividad. Esta vuelve a ser una cuestión importante, no solamente
por el derecho de estos trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y la percepción económica correspondiente, sino porque efectivamente a partir de una determinada edad, igual que en otras profesiones, no es aconsejable que las personas
mayores de 55 años actúen en una actividad que tiene una peligrosidad evidente, en la medida en que tienen que actuar en alta mar, pasar de una embarcación a otra embarcación en condiciones a veces verdaderamente peligrosas, además de que ya en sí
la actividad lo es. De ahí que nosotros entendamos que podremos llegar a un acuerdo, en base a la posible transacción que planteamos, y en todo caso, después de oír a los distintos grupos, nos manifestaremos en el último turno.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que defenderá el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Poco tenemos que alegar a la intervención de doña Olaia Fernández referida a la situación actual del Servicio de Vigilancia Aduanera, en concreto en Galicia. También es cierto que recientemente, con el anterior
Gobierno, yo por lo menos asistí a dos entregas de lanchas rápidas para el Servicio de Vigilancia Aduanera, y creo que recientemente se entregó otra más, en esta no he sido invitado porque parece ser que los colores no son idénticos, y por tanto no
hemos sido invitados a la entrega. Por tanto, es cierto que los gobiernos se están preocupando, en función lógicamente del incremento del narcotráfico, de dotar de medios al Servicio de Vigilancia Aduanera, pero posiblemente no lo suficiente. No
se puede tener una embarcación preciosa, con todos los adelantos técnicos para la navegación, con una sola dotación de personal.
Hay una cosa que está clara: un barco no deja de ser un artefacto que puede estar disponible perfectamente las veinticuatro horas del día, y es sin duda una gran pérdida que tenga una sola dotación, ya que está claro que tiene que estar
ociosa las dos terceras partes del día, porque para tenerla funcionando las veinticuatro horas hacen falta casi cuatro dotaciones, con el correturnos.
Es cierto que se dan estas circunstancias, pero también es cierta otra cosa: como decía la señora Fernández, el Servicio de Vigilancia Aduanera se dedica fundamentalmente a interceptar el narcotráfico. Hay que recordar -no lo ha dicho ella
pero lo digo yo- que el Servicio de Vigilancia Aduanera depende de la Agencia Tributaria, lo cual no deja de ser un contrasentido: es decir, lo que está persiguiendo de hecho el Servicio de Vigilancia Aduanera no dejan de ser delitos de más o menos
altura, independientemente de que pueda tener su implicación fiscal, pero está soportando la Agencia Tributaria unos gastos que no le corresponden, porque quiero decir a la señora Fernández que no solamente se dedican a interceptar el narcotráfico,
sino que se han dedicado últimamente a interceptar de alguna manera o a vigilar los famosos cayucos o las pateras de los inmigrantes ilegales; o sea que estamos asistiendo a una diversidad de funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera que lo de
menos es la vigilancia fiscal; está vigilando concretamente delitos.
Lo que queremos con nuestra enmienda es que por parte del Gobierno se definan perfectamente cuáles son los fines y funciones de este servicio y, a medida de los mismos, dotarlo de los medios humanos y materiales adecuados para que cumpla su
cometido, y lógicamente si tiene que depender del Ministerio del Interior, que pase a depender del Ministerio del Interior, y si tiene que ser solamente para delitos fiscales, que solamente trate delitos fiscales, pero lo que no se puede pretender
es que intente interceptar a los narcotraficantes y a los cayucos dependiendo exclusivamente de la Agencia Tributaria. De ahí que nuestra enmienda vaya en ese sentido y además sea coincidente o parcialmente coincidente con la enmienda transaccional
que nos quiere proponer el Grupo Socialista, que parece ser que tendrá buena acogida de la proponente.
Sobre la segunda actividad hay un acuerdo de 1997 y efectivamente es cierto que la vida en el mar es dura, pero los marineros de otras flotas también la tienen y sin embargo no tienen los beneficios de que disfrutan los funcionarios del
Servicio de Vigilancia Aduanera. Lógicamente, si los tienen no se van a eliminar, pero de todas maneras es algo que también incide en el coste, porque creo recordar que son los que tienen más de 55 años quienes se pueden acoger a esta segunda
actividad si se jubilan, es decir, se jubilan pero pueden compensar esta jubilación con otro trabajo en la actividad privada. Por tanto, repito, estando de acuerdo con la insuficiente dotación que tiene este servicio, lo que hay que determinar, de
una vez por todas, es dónde tiene que estar adscrito: si en el Ministerio del Interior o en la Agencia Tributaria, y en función de ello, cuáles son las funciones que van a tener que realizar y dotarlo adecuadamente, porque no se puede tener un
artefacto que vale un pastón, que vale un montón de dinero, como son las últimas lanchas de vigilancia, tremendamente sofisticadas que cuestan muchísimo dinero, y tener que estar paradas más de la mitad del día porque no tienen la dotación
suficiente de personal, y lógicamente hay que buscar una solución; si inviertes, lógicamente esa inversión hay que hacerla rentable, y si hay que dotarla, se dota; pero vuelvo a repetir que estaríamos de acuerdo con la enmienda transaccional, que
no deja de recoger prácticamente nuestra enmienda en su totalidad, y prácticamente sin ningún tipo de variación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista el señor Díaz tiene la palabra.
El señor DÍAZ DÍAZ: Yo querría empezar con una pequeña aclaración: el señor Mantilla fue invitado a una botadura en el período pasado, o a dos, y este diputado ni en el período pasado ni en el presente.
También quiero aclarar que el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene como misión luchar contra el narcotráfico, pero entendiendo que el narcotráfico es también una parte del fraude fiscal, que es la misión fundamental en su sentido amplio del
Servicio de Vigilancia Aduanera.
Nosotros entendemos al grupo proponente por su insistencia en traer a esta Cámara este problema; es un problema hacia el que en Galicia se tiene una especial sensibilidad, fundamentalmente porque se relaciona la vigilancia aduanera con la
lucha contra el narcotráfico, que en grandes zonas de la costa gallega es un problema que preocupó y sigue preocupando, aunque yo crea también que en estos momentos el problema es menor que en los años noventa.
Hay coincidencia general entre todos los grupos en que el Servicio de Vigilancia Aduanera debe ser potenciado, también en que se está potenciando, y la diferencia únicamente puede estar en los ritmos; desde la oposición se reclaman
soluciones inmediatas, y desde el Gobierno -que tiene una responsabilidad- se dice que hay que hacerlo siguiendo unos ritmos.
El personal de este servicio es un personal especializado, hay convocado un concurso público, se harán las oposiciones y después habrá un período de formación; no es como ir a una agencia a contratar personal, sino que este personal tiene
que pasar un riguroso concurso y a continuación también un serio curso de formación para que puedan cumplir las funciones adecuadas.
El actual Gobierno desde el año 2005 está acelerando la mejor dotación de este servicio, pero eso tiene como decía unos ritmos, y los resultados yo creo que en estos momentos son positivos, y lo son mirados también desde Galicia tanto a
nivel de dotación de personal como a nivel de dotación de medios. Yo querría dar algunos datos. A nivel de personal, en el concurso publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo se convocan para Galicia 46 plazas nuevas, y de las
últimas oposiciones se integran en Galicia tres funcionarios del cuerpo ejecutivo, en Muros tres funcionarios del cuerpo ejecutivo, en Marín tres funcionarios del cuerpo ejecutivo; es decir, de 25 plazas aprobadas para el cuerpo ejecutivo, siete
fueron para Galicia, lo que significa el 28 por ciento.
Adicionalmente se incorporó en Vigo un funcionario del cuerpo superior de investigación, de los tres
que había, el 33 por ciento, y de los 100 agentes que están en estos momentos o pendientes de nombramiento, van a ir a Galicia 25 en prácticas, en espera de ubicación definitiva. En consecuencia, se está trabajando en incrementar personal
para adaptarlo a las necesidades del servicio en Galicia.
Por lo que respecta a medios hay también un incremento considerable, que no inauguramos ni el señor Mantilla ni este diputado. En concreto el 6 de junio fue presentada en la base de Vigo el Fulmar, que supone una inversión de 10,4 millones
de euros y tiene base en dicha localidad. En abril de 2006 se incorporó un helicóptero, el Eurocopter, con base en Vigo. En el mes de septiembre de 2006 fue entregado el patrullero Paíño, que presta servicio en Vigo, con una inversión de más de 4
millones de euros. Se adquirieron dos cámaras térmicas que suponen una inversión de casi medio millón de euros, destinadas a las dependencias de Galicia. En los meses de agosto y septiembre de 2007 van a ser recibidas en la ciudad de Vigo dos
patrulleros: Albatros y Sacre, cuyos destinos previstos son Vigo y A Coruña. Se aprobó en el Consejo de Ministros de 20 de marzo la tramitación de cuatro nuevas patrulleras de altura; estas patrulleras reforzarán las dos anteriores y el
compromiso es que estas patrulleras se queden en Galicia. Para los años 2007 y 2008 están previstas once embarcaciones, de las cuales ocho quedarán en Galicia, y de las catorce previstas en el bienio 2009-2010 también una parte importante va a
quedar en Galicia.
Quiero aclarar que en Muros, como decía la señora diputada, no se carece de vigilancia, sino que hay una lancha averiada, aunque hay otra lancha operativa; en Villagarcía no hay embarcaciones de veinte años de antigüedad; la embarcación
que está en Villagarcía tiene un casco de última generación, y sus motores son del año 2002. Podíamos decir lo mismo de Ribadeo; hay problemas de servicio en algunos casos, pero en todos ellos se está avanzando y se está buscando una solución
positiva, es cuestión de tiempo, aunque no un largo tiempo, sino de ir adecuando los medios a las necesidades, porque en todo caso la adecuación de los medios a las necesidades tiene un tiempo, ya que la construcción de barcos u otros dispositivos
especiales requiere un tiempo para su planificación, y el personal técnico es un personal especializado que también requiere un tiempo de formación. Si ahora estamos hablando de carencias es porque hubo un período anterior donde se fueron
acumulando vacantes, se fueron acumulando carencias que ahora toca en este periodo de Gobierno cubrir, pero si el servicio hubiera estado bien dotado, en personal y en material, con anterioridad, la cobertura y la recepción sería bastante más fácil.
Por ello nosotros creemos que el Gobierno está cumpliendo sus objetivos, está también cumpliendo los compromisos adquiridos en esta Cámara, y pensamos que la propuesta de transacción que hacemos sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la
propuesta inicial del Grupo Mixto es positiva, que de alguna manera es un recordatorio al Gobierno de lo que hay que seguir haciendo, y es un recordatorio que no sobra, pero que añade poco, en el sentido de que el Gobierno está en esa línea; no
obstante, nosotros valoramos positivamente, en respuesta a una preocupación que existe en Galicia, que esta Cámara se muestre sensible y diga: señores de Galicia, estamos trabajando en esa línea y vamos a seguir en ello.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene la palabra para manifestar su admisión o rechazo a las enmiendas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente. No lo hicimos en la primera intervención porque había algún acuerdo que puntualizar. Después de valoradas las enmiendas presentadas, hemos llegado a un acuerdo los tres grupos, que leo a
continuación. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar los fines y funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia, y, a tenor de este análisis, continuar dotándoles con la mayor celeridad posible de todas las medidas,
recursos humanos y medios materiales necesarios para la consecución óptima de sus objetivos.
Asimismo, se insta al Gobierno a que continúe el diálogo con los agentes sociales, a fin de alcanzar acuerdos que permitan el completo desarrollo de la normativa vigente y, en consecuencia, la aplicación de lo que en la misma se contempla en
relación con la segunda actividad.
Llegamos a este acuerdo porque desde nuestro punto de vista se recogen los dos puntos esenciales: el funcionamiento del servicio de vigilancia y también el derecho al reconocimiento de la segunda actividad de la plantilla que existe en este
momento.
- RELATIVA A LA RESTAURACIÓN, EN SU ÚLTIMA FASE, DEL CASTILLO DE PERACENSE (TERUEL), A TRAVÉS DEL PROGRAMA 9410 DE LA SECCIÓN 32 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002320.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley que figura en el orden del día -cuando pasan también diez minutos de la hora fijada para la votación- relativa a la restauración, en su última fase, del castillo de Peracense,
en Teruel, a través del programa 9410 de la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado; la promueve el Grupo Parlamentario Popular y la va a defender el señor Lanzuela, que tiene la palabra.
El señor LANZUELA MARINA: Durante casi veinte años, durante casi dos décadas se han estado llevando a cabo labores de preservación y restauración de uno de los castillos más singulares, más desconocidos y más bellos que hay en Aragón y yo
diría sin ninguna duda que en España.
Nació la idea después de que en una zona deprimida, como es en la que se encuentra este castillo, se cerraran las minas de Sagunto, que eran las que surtían el mineral de hierro a la factoría de Sagunto. A partir de entonces, y
fundamentalmente con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, se emprendió este proyecto de restauración que está casi culminado, únicamente falta la última etapa, que es la que intentamos que se lleve a cabo.
Recientemente discutimos en el Congreso si era conveniente o no hacerlo a través del 1 por ciento cultural. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que sí, pero desde el Grupo Socialista se nos indicó, después de tener las instrucciones del
Ministerio de Cultura, que no era el medio más conveniente. El portavoz en ese momento del Partido Socialista apoyó la idea de la restauración, y se nos pidió que buscásemos otra vía de financiación; así lo hicimos, de manera urgente, incluso en
los medios de comunicación de Aragón se ha llegado a escribir que el Partido Popular tomaba la palabra al Partido Socialista y volvía a traer la restauración del castillo a esta Casa, al Congreso de los Diputados.
Se trata de una recuperación desde luego de un emblema singular del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, que además sería importantísimo para la oferta turística que se daría de forma sobresaliente en una zona como he dicho
deprimida.
Hemos intentado, particularmente lo he hecho con el Grupo Socialista, pactar el sí. In extremis, cuando yo estaba convencido de que el Grupo Socialista iba a apoyarlo, tal como se comprometió hace bien pocas fechas en esta misma Casa, se me
dice, como digo, in extremis, que el Gobierno pone un inconveniente: el programa al que nos referimos en la proposición no de ley, el programa 9410 de los Presupuestos Generales del Estado, en el que se incluye, dentro de la sección 32, una partida
extraordinaria y especial para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, tiene un carácter cultural, lo que impide que se acomete con cargo a él.
Siento decir -y se lo he dicho en privado al portavoz del Grupo Socialista- que esto no concuerda en absoluto con la realidad; tengo que recordar -y siento que en este caso tenga que hacer una cita de la que soy coprotagonista- que en el
año 1992, cuando se establece esta partida, yo era consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Aragón, y pactamos con dos secretarios de Estado, con el visto bueno del ministro -el señor Borrell, y después el señor Zabalza, que le sucedió-,
establecer esta partida especial, dentro de la sección 32, con una flexibilidad total para que, de acuerdo con la Administración General del Estado y la Autonómica, se pudiera establecer cualquier tipo de proyecto que supusiese creación de empleo,
que supusiese mayores oportunidades para mi provincia; hemos actuado siempre de forma pactada entre los dos partidos. El otro día sorprendentemente se nos puso una excusa, hoy hemos buscado que no hubiera excusa y se nos vuelve a poner otra, que
además está absolutamente inhabilitada por lo que está sucediendo.
Yo podría citar -y después se lo citaré al portavoz socialista en privado- distintos ayuntamientos en los que hay proyectos culturales, proyectos de interés cultural en los que se está aplicando, el año pasado y este, este programa 9410; yo
comprendo que el grupo en este caso tenga que seguir una consigna mandada hace escasos minutos por el Gobierno, pero podían haber buscado otra excusa y siento que se rompa lo que hemos hecho conjuntamente durante años, que suponía para una zona muy
deprimida de mi provincia un espaldarazo, y siento que el Gobierno no deje al Grupo Socialista apoyar esta iniciativa tan importante para los habitantes de varios municipios pequeños de la provincia de Teruel.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Yo lamento que entienda el señor Lanzuela como excusa una, a mi juicio, dificultad de encaje, porque las normas no nos las inventamos; cuando se dice que la solicitud de restauración de esta última fase del
castillo de Peracense no tiene encaje en el 1 por ciento cultural no es ni por causalidad ni por no querer abordar esta reforma; es simplemente porque no es una restauración. Es una obra necesaria -por lo tanto estamos de acuerdo en que es
necesaria-, pero es una obra nueva, son unos anexos de obra nueva que se requieren para la explotación del castillo, y esto está bien y tiene absolutamente nuestro apoyo, pero el hecho de que el 1 por ciento cultural, para todo el mundo, para todos
los ayuntamientos, sean con un gobierno socialista o con un popular, tenga unas reglas predeterminadas, como vi referido a bienes de interés cultural y no a edificación nueva, salvo una excepción concreta como pueden ser los museos, las bibliotecas,
etcétera, que tienen la consideración de bien de interés cultural, no es un agravio específico hacia este castillo de Peracense, que tiene, insisto, todo nuestro apoyo.
Por lo tanto, ha formulado un juicio de valor que no se corresponde, si en el
programa del 1 por ciento cultural no puede hacerse una intervención nueva, nadie la puede hacer, lamentablemente nadie la puede hacer.
En cuanto a la argumentación que usted ha adelantado, puede creerla o no creerla; lo que yo le afirmo es que en el programa 9410 de la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado no encontrará usted ninguna inversión en un bien de
interés cultural, y por lo tanto me tengo que quedar con que los Presupuestos Generales del Estado tienen también sus reglas, sus créditos, sus compromisos, y desde luego usted convendrá conmigo en que la inversión que está haciendo este Gobierno en
la provincia de Teruel -y si no tendríamos que ir a los datos- es la mayor de toda la historia; por lo tanto, la cantidad de monumentos, de bienes de interés cultural que se están restaurando en estos momentos no pueden hacer suponer un desinterés
por parte del Gobierno ni mucho menos.
Le emplazo a usted en la negociación presupuestaria, que además va a comenzar de manera inmediata, como usted bien sabe -hoy espero que aprobemos el techo del gasto, y a continuación van a desarrollarse las partidas por ministerios- a
negociar incluir esta obra en el capítulo correspondiente, en el programa correspondiente.
Si los compañeros de Teruel se han comprometido, no tenga usted duda de que ese es un compromiso que mantendrán en su momento, pero forzar el presupuesto no tiene sentido, y este grupo entiende que no lo puede hacer sin contravenir, por
supuesto, la valoración que usted ha hecho respecto al interés que hay en que esta zona deprimida y que este castillo, bien de interés cultural, sea promovido mediante las obras necesarias.
El señor PRESIDENTE. Señorías, vamos a comenzar la votación.
Votamos la proposición no de ley sobre reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Votaremos después otra proposición que es idéntica; se debatieron de forma acumulada, pero se pidió votación separada, y es de Convergència i Unió, con el número de expediente 161/001880.
Votamos en primer lugar, por lo tanto, la de Esquerra Republicana que acabo de leer.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, de Convergència i Unió, sobre el mismo tema que la que acabamos de votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; votos en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente proposición no de ley es relativa a la simplificación de las nuevas obligaciones fiscales de las pequeñas y medianas empresas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la enmienda in voce que fue presentada por
el Grupo Socialista y aceptada por el grupo autor de la proposición no de ley, con las adecuadas, necesarias e imprescindibles correcciones estilísticas que ha habido que hacer aquí, en la Mesa.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Siguiente proposición no de ley, relativa a la reforma de la fiscalidad del automóvil, del Grupo Parlamentario Popular. Aquí también hay una enmienda de Convergència i Unió, que fue aceptada.
Se vota con la enmienda de Convergència i Unió, incorporada por el grupo autor de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, tres,
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley, relativa a la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos en las delegaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia, del Grupo Mixto, con una transaccional igualmente mejorada desde el punto
de vista estilístico y de redacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Última proposición no de ley del orden del día, relativa a la restauración en su última fase del castillo de Peracense (Teruel), a través del programa 9410 de la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión, señorías.
Eran las doce y treinta minutos de la tarde.