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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 834, de 29/05/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 834
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 29 de mayo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la introducción de criterios ambientales en la definición del impuesto de circulación. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001858.)... (Página 2)
- Por la que se insta al Gobierno a retomar el proyecto de restauración ambiental de las marismas del Río Sella, término municipal de Ribadesella (Asturias), con el fin de iniciar en el plazo de tres meses su licitación y adjudicación.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001942.)... (Página 6)
Relativa a la financiación de la gestión y el transporte de residuos de la isla de Formentera a la isla de Ibiza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001991.)...
- Relativa a construcción de un paseo marítimo desde Vilagarcía a Vilaxoan. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002026.)... (Página 9)
- Sobre el plan estratégico de la reserva de la biosfera de Menorca.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002091.)... (Página 11)
- Sobre medidas para combatir la contaminación en el medio marino y litoral andaluz. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002095.)... (Página 13)
- Sobre biomasa forestal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002110.)... (Página 17)
- Sobre la trasposición de la Directiva-marco del agua. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/002130.)... (Página 19)
- Relativa al cumplimiento de las medidas de conservación previstas por las Leyes 25/1980, 13/1987 y 8/1985, así como la aprobación urgente de un trasvase de socorro desde el Tajo-Segura al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad
Real). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002137.)... (Página 23)
- Para la conservación de la biodiversidad y para el incremento de la cooperación internacional en esta materia. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente 161/002184.)...
- Relativa a incrementar la capacidad de sumidero de nuestros montes.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002258.)... (Página 28)
- Sobre la aplicación en España del reglamento 791/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/002265.)... (Página 30)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA DEFINICIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001858.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Se abre la sesión y la vamos a iniciar con el primer punto del orden del día: Debate y votación de proposiciones no de ley. En primer lugar, sobre la introducción de criterios ambientales en la
definición del impuesto de circulación, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: La proposición no de ley que presenta Esquerra Republicana plantea dos cuestiones en relación con el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, más conocido como el impuesto de matriculación, la
primera de ellas que el tipo impositivo del impuesto no sea dependiente -y además bastante burdamente como ahora- de la cilindrada y del tipo de carburante, sino que se defina teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la contaminación atmosférica de
los automóviles. Está demostrado que los incentivos económicos son eficaces para cambiar conductas, por lo que de una modificación en este sentido, acompañada de una correcta difusión, se esperaría cierta incidencia sobre la compra de vehículos más
ecológicos. Entendemos que corresponde al Gobierno proponer exactamente la fórmula del cálculo del tipo
impositivo que debería integrar los aspectos relacionados con las emisiones potenciales de los vehículos. En todo caso, el Gobierno puede encontrar precedentes en otros países cercanos, como Alemania, sobre cómo formular el impuesto de
matriculación de una forma más ecológica. De hecho, gran parte de la tarea ya está hecha puesto que el IDAE publica anualmente la guía de vehículos de turismo de venta en España, que con indicación de consumos y emisiones de CO2. Esta guía
contiene información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 de los turismos nuevos comercializados en España, que es la información básica necesaria para reformular el impuesto. Las enormes diferencias en cuanto a consumo y a
emisiones entre unos y otros modelos quedan reflejadas en dicha guía, y esto pone en evidencia lo útil que podría ser incidir mediante instrumentos de fiscalidad ambiental sobre esta cuestión, máxime considerando la necesidad urgente de controlar
las emisiones difusas de gases de efecto invernadero, y especialmente las emisiones de CO2 procedentes de los automóviles.
Para corregir las emisiones en exceso que está emitiendo el Estado español respecto a los compromisos de Kioto, hasta el momento se han focalizado las acciones sobre las grandes emisiones, por ejemplo el Plan Nacional de Asignación; en
cambio, pocas acciones se han realizado sobre los millones de pequeños emisores, en particular sobre los automóviles. La acción que se propone serviría para avanzar en esta dirección.
La segunda cuestión que propone la proposición no de ley es coherente con la anterior en cuanto a su objetivo, puesto que plantea realizar una acción específica de incentivo de los vehículos de muy bajo consumo mediante su exención total del
pago del impuesto de matriculación.
Concretamente se propone beneficiar a aquellos modelos comercializados en el mercado español que el IDAE ha seleccionado por su menor consumo, concretamente en el año 2006 se trataba de 17 vehículos que utilizan
gasolina y 16 vehículos que utilizan gasóleo. Sabemos que el impuesto de matriculación es una pieza importante del sistema de financiación autonómica vigente desde el 1 de enero de 2002, puesto que su recaudación corresponde en un cien por cien a
las comunidades autónomas. Las medidas que se proponen en esta proposición no de ley se podrían diseñar para que tuvieran un impacto neutro sobre la recaudación. En todo caso, cuánto y cómo recaudar son cuestiones distintas, el objetivo de esta
proposición es recaudar de forma diferente, no recaudar más o recaudar menos.
La Comisión Europea presentó en julio de 2005 una propuesta de directiva que afirmaba que las medidas fiscales constituyen uno de los tres pilares de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los automóviles. La
propuesta de directiva planteaba una reducción gradual de los impuestos sobre la matriculación hacia impuestos que graven la utilización de vehículos, y que además deberían reestructurarse conforme a criterios medioambientales. Se trata de una
propuesta que no está claro si se llegará a aprobar o no, en todo caso, lo que aquí se plantea no es incompatible con dicha propuesta, al contrario, hay, seguro, impuestos de matriculación para bastantes años, y mientras este exista, mejor que sea
un impuesto ecológico que un instrumento meramente recaudador como ahora.
Si se ambientaliza este impuesto, la transición hacia un impuesto también ecológico sobre la utilización de vehículos en el impuesto municipal de tracción mecánica u otro
también será más sencilla.
El Gobierno lleva prometiendo prácticamente desde el inicio de la legislatura acciones en materia de fiscalidad ambiental que hasta el momento no han llegado.
La Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, recogió una disposición adicional quincuagésimo novena que decía que a lo largo de este ejercicio el Gobierno incorporaría figuras de fiscalidad ambiental en los
impuestos existentes o en impuestos nuevos. Por lo que ha trascendido, el candidato mejor considerado por parte del Gobierno es precisamente el impuesto sobre matriculación. No deberíamos, por tanto, discutir hoy el porqué de la modificación
propuesta, sino en todo caso el cómo. Esperemos que esta no sea la única acción de fiscalidad ambiental que emprenda el Gobierno y que, como mínimo, a partir de esta proposición no de ley podamos al fin ver pronto la primera de ellas. Por eso les
pido, señorías, que voten a favor de esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo de Izquierda Unida, señor Herrera, tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Nuestro grupo parlamentario, como sabe la señora Bonàs, va a votar a favor, de hecho, esta es una demanda compartida, una demanda que nuestro grupo parlamentario también ha planteado desde el principio de la
legislatura y hemos llevado debates como este a diferentes espacios. En el debate sobre el estado de la Nación en los últimos años se ha tratado este tema, incluso nosotros hemos hecho que fuese realidad en las resoluciones que se aprobaron, hasta
el punto de que se aprobó una resolución en el último debate sobre el estado de la Nación que instaba al Gobierno a abordar la reforma fiscal ecológica, en la que está el impuesto de matriculación y entendemos que también el de circulación. Por eso
anuncio ya nuestro voto favorable, entendiendo que tiene que haber una fiscalidad sobre los vehículos, que nuestro incumplimiento con Kioto en el sector que más se da es precisamente en el sector difuso, siendo por tanto urgente una fiscalidad
ambiental que introduzca el principio de que quien contamina paga o, dicho de otra manera, quien contamina más paga más y quien contamina menos paga menos.
La cultura y la política de los incentivos no es suficiente, y así lo demuestra la experiencia de otros países de nuestro entorno, en Reino Unido, en Holanda, en los
países escandinavos. En la enmienda que presentamos pretendemos ampliar esta pretensión porque creemos que el impuesto de matriculación es un instrumento que se tiene que reformar desde esa perspectiva medioambiental, atendiendo al objetivo
de que haya un impuesto general sobre los vehículos desde la perspectiva ambiental, pero el impuesto de matriculación no es un impuesto de cada año sino un impuesto de origen, y nosotros entendemos que en los impuestos de cada año, dicho de otra
manera, en el impuesto de circulación, también deberían introducirse estos criterios en función de la contaminación. Por eso planteamos que en la propuesta de Esquerra Republicana, que, como decía, ya hemos planteado también nosotros en diferentes
ocasiones en el debate sobre el estado de la Nación y sobre la que coincidimos plenamente, se añada el impuesto de circulación, entendiendo que tiene que haber un doble objetivo en torno a los vehículos de tracción motora: un impuesto de entrada
que potencie los vehículos más sostenibles, y por supuesto gravar aquellos que son más contaminantes, y un impuesto no de entrada sino un impuesto regular, el de circulación, que tenga ese mismo criterio, entendíamos que el impuesto en esta materia
tenía que ir en este sentido. Hay un informe reciente del RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) que no he traído pero que explica las repercusiones que podrían tener unas modificaciones sustanciales en el impuesto de matriculación. Me dice el
señor Mas que lo tiene, yo lo tenía a mi disposición ya desde hace días, y creo que es un informe muy interesante y aunque no se suscriba al cien por cien en todo caso sí debería servir como base.
Para acabar, nosotros creemos que este es un elemento urgente que el Gobierno no ha abordado, y no me refiero solo al impuesto de matriculación, que está entre las medidas a adoptar en la estrategia de lucha contra el cambio climático, sino
al conjunto de la fiscalidad ecológica, la fiscalidad verde. Lo digo porque están muy bien las declaraciones sobre el cumplimiento con Kioto y las afirmaciones de que vamos a ser enérgicos en la lucha contra el cambio climático, pero hay que tomar
decisiones porque no tomarlas es perder el tren y es perder en definitiva muchas oportunidades. No lo digo yo, lo decía Domingo Jiménez Beltrán, que ha estado en el Observatorio sobre la sostenibilidad, asociado a Moncloa, y ha trabajado con el
Gobierno durante mucho tiempo, y decía que el Gobierno no estaba decidiendo en torno a los grandes retos ambientales. Es más, me atrevo a decir que desde muchas perspectivas existe una política continuista. Desde mi punto de vista, que es el mismo
que el de las organizaciones ecologistas, en el PEIT (Plan Estatal de Infraestructuras y Transporte) hay una política claramente continuista basada en la gran infraestructura y que por tanto nos continúa haciendo dependientes del vehículo privado.
Otro ejemplo lo tenemos en la Euroviñeta, que el Gobierno se niega a trasponer y que ustedes saben que supone la internacionalización del coste del transporte de mercancías en carretera. Podría poner muchos ejemplos, pero la necesidad de la
fiscalidad ambiental, sobre la que nosotros hemos hecho batalla desde el principio de la legislatura, es urgente, y lamentablemente vamos a llegar al final de la legislatura, en el mejor de los casos, abordando en exclusiva el impuesto de
matriculación. Pues bien, nosotros decimos que eso es claramente insuficiente. Por eso decimos que vamos a votar a favor de esta propuesta y digo también que queríamos añadir el impuesto de circulación, entendiendo que la fiscalidad sobre el
vehículo no podía ser solo el impuesto de matriculación sino que a los criterios que se establecen en la proposición no de ley se tenía que incorporar también el criterio del impuesto de circulación.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Hay una enmienda del Grupo Socialista.
El señor MAS I ESTELA: El Grupo Parlamentario Socialista está básicamente o en general de acuerdo con la propuesta del Grupo de Esquerra Republicana de pedir al Gobierno la introducción de medidas de tipo ecológico respecto a la fiscalidad
del automóvil. Sin embargo, tal y como está redactada la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana, se refiere muy concretamente a qué impuesto, qué cilindrada, qué tipo de contaminaciones hay que penalizar o no, y nuestro grupo
piensa que el tema es mucho más complejo y por eso proponemos una alternativa a esta concreción. Creemos que hay que instar al Gobierno a que en este año ponga en marcha medidas relativas a la fiscalidad del automóvil desde el punto de vista
medioambiental, desde el punto de vista de la fiscalidad verde, pero no con la concreción que presenta el Grupo de Esquerra Republicana. Hay que tener en cuenta unos cuantos factores; por ejemplo, la Unión Europea ha empezado la tramitación de una
directiva sobre los impuestos que gravan al automóvil que -ya se ha referido a ello la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana- ya veremos si termina, dónde termina y qué tiempo tarda su tramitación.
Por otra parte, desde el Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional quincuagésimo novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, también se pusieron en marcha reuniones para tratar este tema entre Medio
Ambiente, Hacienda e Industria para ver qué propuestas se tenían que hacer. El tema además es complejo porque nuestra Constitución dice que los impuestos se establecen a partir de la capacidad de pago, y establecer criterios puramente
medioambientales en algunos impuestos puede contravenir este precepto. Sin ir más lejos, podemos pensar que se podrían afectar los vehículos más nuevos, y por tanto más caros, que tienen mejores medidas de protección medioambiental, respecto a
vehículos más antiguos, que no las tienen, lo que podría afectar al principio de la capacidad de pago, y nos podríamos encontrar con una pequeña o grande contradicción respecto a este tema. Hay que tener en cuenta además que de los impuestos para
la fiscalidad del auto
móvil, el de matriculación está transferido a las comunidades autónomas, y el de circulación de vehículos es competencia de las corporaciones locales. Por tanto, tendríamos que dar audiencia también a estas administraciones, porque yo
entiendo lo que dijo la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, es decir que no se trata de hablar de recaudación sino de qué afectamos, pero evidentemente podríamos afectar la recaudación. Por esta razón, nosotros proponemos una enmienda de
sustitución que, en el mismo sentido que la proposición no de ley propuesta, no sea tan concreta. Proponemos que el Congreso inste al Gobierno a que, de acuerdo con las comunidades autónomas y las entidades locales, y en el contexto de los trabajos
relativos a la reforma de la fiscalidad medioambiental, de acuerdo con la disposición adicional quincuagésimo novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2007, ponga en marcha medidas referidas a la fiscalidad del automóvil -señor
presidente, aquí quiero corregir, pues no es el impuesto de circulación, como dice nuestra enmienda, sino el impuesto de matriculación, aquí tenemos siempre esta confusión, y después me referiré al impuesto de circulación-, y en especial al impuesto
de matriculación, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades españolas.
Atendiendo a la enmienda que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, incorporaríamos, si me lo permite, señor presidente, in voce, después de: 'el impuesto de matriculación', 'y el impuesto de vehículos de
tracción mecánica', que es el impuesto de circulación local, con lo cual pondríamos los dos impuestos. Y si me permite, señor presidente, también tenemos una segunda enmienda a esta redacción alternativa para intentar llegar a un acuerdo con el
grupo proponente, en el sentido de que estas medidas se pongan en marcha en este ejercicio. Es decir, habría dos autoenmiendas, una de adición sobre el impuesto de circulación y otra para acordar el tema temporal, que es dentro de este ejercicio.
En todo caso, esta es la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, que de alguna manera nos parece que recoge el espíritu de la proposición no de ley propuesta por el Grupo de Esquerra Republicana, añadiendo lo que propone el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y lo relativo a la puesta en marcha en este ejercicio.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Para establecer la posición del Grupo Parlamentario Popular, el señor Erias tiene la palabra.
El señor ERIAS REY: La proposición no de ley que hoy estamos debatiendo ya lleva un recorrido largo en esta legislatura, porque ha iniciado su andadura en la Comisión de Economía y Hacienda, en el sentido de reducir el tipo impositivo, y
distintos grupos también hemos presentado otro conjunto de iniciativas que creemos que vendrían a completar de manera adecuada todos los problemas que el automóvil plantea desde el punto de vista ambiental, es decir, todos los problemas vinculados,
por una parte, al cambio climático, y por otra parte, a la calidad del aire urbano.
Vivimos en un mundo interdependiente, y la normativa sobre los aspectos fiscales de la industria del automóvil es diferente en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Por eso sería bueno hacer un esfuerzo de coordinación en
cuanto a las propuestas que se desarrollen en nuestro país con lo que se plantea desde la directiva comunitaria, y por eso voy a hacer un breve repaso de algunas cuestiones. La estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 procedentes de
los vehículos de pasajeros se establecía en normas, las denominadas Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5, que promovían que el promedio de emisiones no sobrepasara los 120 gramos por kilómetro a la altura del año 2010 o del 2012. Este conjunto
de medidas resultó ser poco realizable, y por eso desde los distintos países se continúa avanzando para que la calidad del aire urbano no padezca los usos del vehículo y del transporte público. Esta directiva también debía dar un marco según el
cual lo que verdaderamente se gravara fuera el uso del automóvil y no su adquisición.
Por eso creemos que hay que empezar a avanzar de una manera diferente, probablemente mucho más ambiciosa, en el sentido de que se tenga en cuenta a quienes en
nuestro país disponen de las competencias, por lo que desde el Parlamento, a pesar de que la II Conferencia de Presidentes ya avanzó la posibilidad de que desde las comunidades autónomas o desde las corporaciones locales también se desarrollaran
aspectos normativos que mejoraran estos asuntos, se debe coordinar con las comunidades autónomas.
Y con los entes locales lo que suponen este tipo de propuestas.
En línea con la directiva, nosotros creemos que se debe suprimir el llamado impuesto de matriculación o de medios de transporte; que esta reestructuración de la imposición del impuesto de circulación es necesaria, que no hay que aumentar la
presión fiscal; que este conjunto de medidas, debe ser neutral pero que se han de establecer incentivos para que el uso de los vehículos menos contaminantes sea el que prime como modo de transporte, y por último que se debería modificar el impuesto
de ventas al detalle de hidrocarburos para que también se incentive el uso de combustibles limpios. Hay que modificar la ley de impuestos especiales, y este es, en resumen, un conjunto de propuestas que desde el Partido Popular hemos presentado en
una proposición no de ley que todavía no se ha debatido -está registrada con fecha 2 de abril- y que esperamos que fructifique y cuente con el apoyo que ahora nosotros también damos en principio ya que creemos que esta proposición no de ley es una
buena iniciativa pero que deberíamos avanzar más porque es necesario coordinar. Hay un marco europeo bastante dispar, hay problemas de doble imposición, hay problemas para los vehículos de segunda
mano, hay problemas de reembolsos, hay muchos aspectos que hay que considerar. Nos parece bien la declaración de intenciones e instar al Gobierno a que profundice en esta línea, pero los cuatro puntos que hemos señalado nos parecen también
necesarios. No obstante, como eso se debatirá en otro momento, anunciamos ahora el voto favorable a la iniciativa de Esquerra Republicana.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora Bonàs, ¿acepta las enmiendas del Grupo Socialista y la del Grupo de Izquierda Unida?
La señora BONÀS PAHISA: Vamos a esperar al final de la sesión porque quiero hablar antes con el representante del Grupo Popular.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETOMAR EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS MARISMAS DEL RÍO SELLA, TÉRMINO MUNICIPAL DE RIBADESELLA (ASTURIAS), CON EL FIN DE INICIAR EN EL PLAZO DE TRES MESES SU LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001942.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a iniciar el punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a retomar el proyecto de restauración ambiental de las marismas del río Sella, en el término
municipal de Ribadesella (Asturias), con el fin de iniciar en el plazo de tres meses su licitación y adjudicación. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra don Isidro Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Esta proposición no de ley sobre el proyecto de restauración ambiental de las marismas del río Sella, en el municipio asturiano de Ribadesella, tiene ya una larga historia, y el Grupo Parlamentario Popular
entiende que necesitamos dar a este proyecto una solución lo más urgente posible.
Los humedales costeros representan uno de los hábitats más valiosos del planeta debido a su importancia como núcleos generadores de vida en el medio marino. En la costa cantábrica, predominantemente acantilada, los mayores humedales se
concentran en de los estuarios, ambientes desarrollados, como SS.SS. saben, en las desembocaduras fluviales, que albergan una gran diversidad de especies animales y vegetales. El estuario de Ribadesella es uno de los mayores de la costa
cantábrica, con una extensión aproximada de 270 hectáreas. Además del relleno urbano realizado en la zona media y externa del estuario, valle arriba y a ambos lados del cauce fluvial del Sella existe una amplia zona parcialmente desecada mediante
drenajes y diques para ganar suelos agrícolas. Por su extensión destaca la situada en la margen izquierda, cuyo uso agropecuario se ha visto favorecido por la instalación de un dique de represamiento mareal que bordea gran parte de la unidad
sedimentada por su extremo nororiental y por los rellenos que ya se hicieron en la década de los setenta y que modificaron totalmente la morfología y la dinámica de esta zona del Sella. Conscientes de esta situación, el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Demarcación de Costas en Asturias, y en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadesella, elaboró ya en octubre del año 2003 un proyecto de restauración ambiental de las marismas del río Sella, en Ribadesella (Asturias), que
venía a sustituir a un antiguo proyecto elaborado en junio del año 2001. El proyecto plantea principalmente una reversión de la actual situación de desecación, inducida naturalmente por el hombre, en las llanuras de las marismas del río Sella, con
la recuperación de la dinámica mareal y de los hábitats originales mediante la retirada de los rellenos allí realizados.
Asimismo, el proyecto contempla el desarrollo de un área de equipamientos, con un centro de interpretación de la ría y con un
itinerario peatonal que permitirá recorrer la marisma, así como la construcción de una isla recreativa accesible al público en cuya construcción se integrarían gran parte de los sedimentos procedentes de la excavación. Esta reversión a escenarios
previos supone sin duda una importante mejora ambiental, como se ha podido comprobar en otras actuaciones similares que se han realizado por ejemplo en Santoña, en Colindres, en la bahía de Santander o en el Bidasoa.
Lo establecido en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Decreto 130/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, así como el Decreto 38/1994, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de recursos
naturales del Principado de Asturias, y con el objeto de integrar la obra en el paisaje y preservar los valores ambientales del ámbito, se realizó un estudio preliminar de impacto ambiental que califica ese impacto global de la actuación como
compatible o positivo. Este proyecto estaba previsto con un plazo de ejecución que no llegaba a un año y con un presupuesto de aproximadamente 3,5 millones de euros. Además de los efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, la ejecución de este
proyecto conllevaba una serie de beneficios socioeconómicos: en primer lugar, permitiría un mejor desagüe de las avenidas fluviales que periódicamente afectan a la práctica totalidad de las marismas, afectando a terrenos agrícolas de gran
producción, y en segundo lugar supondría dar respuesta definitiva a las reivindicaciones vecinales de los propietarios de aquellos terrenos afectados por el deslinde de dominio público marítimo-terrestre en dicha zona, por cuanto supondría obtener
una indemnización por el rescate de las concesiones de dichos terrenos. Este proyecto fue informado favorablemente por un acuerdo del ayuntamiento en febrero de 2004, con el fin de iniciar
su tramitación administrativa, su licitación y su adjudicación por parte del Ministerio de Fomento ya que existía consignación presupuestaria.
Como antes dije, se pretendía que su ejecución fuese de un año, y el presupuesto estaba ya en
parte consignado. Nosotros tenemos un especial interés en el proyecto porque llevamos muchos años esperando, y estamos en 2007. La zona de las marismas del río Sella es muy conocida y tiene una especial importancia para la solución del entorno, y
además el proyecto se ha hecho de acuerdo con todas las provisiones legales que se establecen tanto en la legislación nacional como en la autonómica y en la local. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley en el sentido siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que retome el proyecto de restauración ambiental de las marismas del río Sella, término municipal de Ribadesella (Asturias), con el fin de iniciar en el plazo de tres meses su licitación y ejecución.
Para nosotros sería importante que se aprobase en este sentido.
Finalmente, entre la documentación que se nos ha entregado hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista sobre la que adelanto que podríamos ponernos de acuerdo para que los pasos que hay que dar se adecuen debidamente y los 3.464,96
millones de euros que habíamos previsto puedan reflejarse en los presupuestos cuanto antes. En todo caso, como sé que la portavoz socialista va a defender su enmienda, espero al final para dar la contestación positiva o negativa a la propuesta que
haga.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Hay una enmienda del Grupo Socialista que defenderá doña María Luisa Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Efectivamente, voy a defender la enmienda a esta proposición no de ley en la que se pide que se continúe con el proyecto, pero adaptándolo a la legislación tanto estatal como autonómica, y esto se debe a que ha
habido un rechazo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias a la tramitación de este proyecto.
Tengo que empezar diciendo que la asturiana es la costa mejor conservada de España, así se viene reconociendo por quienes sistemáticamente analizan la situación de la costa en España, y esto no es por casualidad sino por la existencia de una
normativa que, basándose en las competencias de ordenación del territorio de las comunidades autónomas, ha puesto en marcha unas directrices de ordenación del territorio, de acuerdo con la Ley de Costas estatal, de forma que la protección de la
franja litoral alcanza un ámbito de los 500 metros y define un conjunto de usos posibles y también de usos no autorizables en este ámbito de la franja litoral. Para concretar estas directrices de ordenación del territorio para la franja costera, se
aprobó un plan de ordenación del litoral asturiano que tiene un conjunto de prescripciones que obliga a la incorporación en los planeamientos municipales. Pues bien, ante la tramitación de este proyecto de recuperación de las marismas del río
Sella, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que analiza la adaptación de estos proyectos a la normativa autonómica, ha emitido un informe desfavorable a este proyecto, tanto por el incumplimiento de algunas
prescripciones del Plan de ordenación del litoral asturiano, como también de las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Ribadesella, desarrolladas conforme a estos criterios de ordenación del territorio del litoral asturiano.
Efectivamente hay una previsión de recuperación de las marismas, hay una previsión de realización de una isla y de una escollera en el río Sella que no tiene una finalidad agrícola, como había ocurrido con los rellenos anteriores, sino que
en este caso tiene una finalidad turística y prevé unas actuaciones impropias, tanto en el diseño como en los materiales que utiliza, para un ámbito cuya finalidad es de especial protección y con unos usos no autorizables según la normativa
urbanística y de ordenación del territorio a la que antes hacía referencia. Por tanto, el informe final de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias ha sido desfavorable, lo que implica que haya que revisar este proyecto y
adaptarlo tanto a la normativa estatal de la Ley de Costas como también a la legislación urbanística municipal y a la legislación de ordenación del territorio autonómica.
Por todas estas razones hemos propuesto esta enmienda que esperamos acepte que el Partido Popular, porque no es una cuestión de decisión política, con el grado de discrecionalidad que puede tener, sino que es una cuestión de adaptación o no
a la norma existente, a la legalidad existente. La conservación y el estado del litoral asturiano nos obliga a que todos los proyectos que se pongan en marcha en nuestra costa sean acordes con los objetivos fijados tanto la Ley de Costas estatal
como en la legislación de ordenación del territorio autonómica, para que y podamos seguir diciendo que el litoral asturiano es uno de los mejor conservados de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Don Isidro Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Intervengo para dar contestación a la enmienda.
La adaptación a la legislación nos parece que es una exigencia de ley y que, por lo tanto, así debe hacerse. A nosotros nos preocupa precisamente el retraso en
esta actuación. Como decía antes, hace ya bastantes años que se inició y nos preocupa que esto pueda servir para dilatar en el tiempo la actuación que, a nuestro juicio, debería de realizarse de forma urgente, porque se trata de un proyecto muy
importante, muy interesante y que cuantitativamente no supone más de 3,5 millones de euros. Por ello, aceptaría la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista, incorporando el párrafo 'en el plazo más breve posible' al final de la
primera línea de su propuesta, con lo que
quedaría como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a adaptar, en el plazo más breve posible, el proyecto de restauración ambiental de las marismas del río Sella, de Ribadesella (Asturias), para garantizar que
este pueda aprobarse y llevarse a cabo con pleno respeto a las legislaciones autonómica y estatal. Por lo tanto, si se acepta esa incorporación nosotros votaríamos favorablemente la enmienda; de lo contrario, mantendríamos nuestra proposición no
de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Nosotros también aceptamos la incorporación, el añadido a la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Entonces la damos por aceptada.
He dado por supuesto que el señor Guinart no quería intervenir.
(Asentimiento.)
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA ISLA DE FORMENTERA A LA ISLA DE IBIZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001991.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Pasamos al punto 3.º, proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la financiación de la gestión y el transporte de residuos de la isla de Formentera a la isla de Ibiza. Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Popular.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El pleno del Ayuntamiento de Formentera el 24 de julio de 2006, al igual que el pleno del Consell Insular de Ibiza y Formentera en fecha 11 de agosto de 2006, aprobaron por unanimidad solicitar la cooperación del
Ministerio de Medio Ambiente para la financiación de la gestión y el transporte de residuos de la isla de Formentera a la isla de Ibiza. Dichos acuerdos, que vuelvo a repetir fueron aprobados por unanimidad, fueron comunicados al Ministerio de
Medio Ambiente en fecha 5 de septiembre del año 2006. Las citadas previsiones vienen amparadas por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que en su disposición adicional tercera dispone que los planes nacionales de residuos establecerán
medidas para financiar el transporte marítimo a la Península o entre islas de los residuos generados en las Islas Baleares, además de otros territorios, así como los demás costes derivados de la existencia de territorios extrapeninsulares o
disgregados que impidan o hagan excesivamente costosa la valoración de los residuos en dichos territorios por razones territoriales de economía de escala o de gestión ambientalmente correcta de los residuos. En este sentido, los costes derivados de
la transferencia a la isla de Formentera son consecuencia directa de sus características y dimensiones como isla, como ya viene además recogido por el propio Plan director sectorial para la gestión de residuos urbanos de Ibiza y Formentera, y por lo
tanto esto concuerda perfectamente con el supuesto previsto en la anterior ley citada.
Como dice la proposición no de ley, el proceso de transferencia de residuos desde la isla de Formentera a las instalaciones de gestión de residuos en la isla de Ibiza supone un coste añadido para la isla de Formentera de 119 euros por
tonelada de residuo en relación a otros municipios de las islas Pitiusas y de las Islas Baleares y deriva directamente de la imposibilidad de realizar en el territorio de esta isla el tratamiento de valoración que recibirán en las instalaciones de
la isla de Ibiza en cumplimiento del anterior Plan director sectorial que he citado. Este proceso supone, señorías, nada más ni nada menos que un montante, en lo que respecta al año 2006, de cerca de 340.000 euros y para el año 2007 una previsión
de 1.011.500 euros, y lógicamente la misma cantidad en los siguientes años, cantidades muy importantes de las que alguien tiene que hacerse cargo. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)
Señorías, la proposición no de ley que presentamos hoy sinceramente no la hubiésemos presentado si el Ministerio de Medio Ambiente hubiese contestado, al escrito de petición que hicieron, ya hace nueve meses, conjuntamente el Ayuntamiento de
Formentera y el Consell Insular de Ibiza y Formentera el 5 de septiembre de 2006, y que fue recibido pocos días después, concretamente el día 11, en el ministerio con el registro de entrada del propio ministerio 1.501. No hubiésemos presentado
dicha proposición no de ley si el Gobierno hubiese incorporado la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado, cosa que no hizo, o si hubiera contestado al nuevo escrito, a la reiteración que hizo del anterior escrito el
vicepresidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera, don Josep Mayans, el 16 de febrero de este año.
En consecuencia, ante la falta de contestación del Gobierno y después de que por unanimidad de todas las fuerzas políticas en la comisión mixta creada para la constitución del nuevo Consell Insular de Formentera, como consecuencia de la
aprobación del nuevo Estatut de Autonomía de las Illes Balears, se volvió a solicitar dicha petición, es por lo que presentamos esta proposición no de ley, importante para la isla de Formentera y para sus ciudadanos, instando al Gobierno a que,
mediante el sistema de cooperación que crea oportuno, financie anualmente la gestión y el transporte de residuos de la isla de Formentera a la isla de Ibiza.
Para abreviar, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que hemos estado valorando y propondríamos una transaccional si pudiésemos llegar a modificar el párrafo que dice 'seguir promoviendo', que
pensamos que no es todo lo justo
que tendría que ser, llegando a una redacción mucho más incisiva para que se paguen la gestión y el transporte de los residuos y, por lo tanto, daríamos salida a lo que en estos momentos no se da salida, sin contestación por parte del
Gobierno de España.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don José Ramón Mateos.
El señor MATEOS MARTÍN: Me parece que queda un poco deslavazado todo el discurso del señor Fajarnés simplemente por lo siguiente. Hasta hace poco yo era el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Formentera y el concejal responsable
de haber presentado esta propuesta en el pleno del Ayuntamiento de Formentera aprobada por unanimidad. ¿Por qué hice esto? Porque la Ley 10/1998 obliga a lo que ha leído antes el señor Fajarnés, a que los respectivos planes nacionales establezcan
medidas para financiar el transporte marítimo a la Península o entre islas de los residuos, etcétera. Es la disposición adicional tercera, que no voy a leer porque no es necesario. La diferencia está en que este Gobierno sí que cumple con las
leyes. Simplemente quuiero decir que el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene firmados varios convenios y varios acuerdos de financiación con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para dar curso a esa disposición de la ley.
Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución -antes de entrar a la sala he podido hablar con el señor Fajarnés para llegar a un acuerdo-, que luego haré llegar a la Mesa, que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a dar cumplimiento cuanto antes, en el marco de la aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/1998 -a la que antes hacíamos referencia-, a los acuerdos de cofinanciación entre las administraciones públicas competentes en
la Comunidad Autónoma de Illes Balears correspondientes para asegurar la buena gestión de los residuos sin desincentivar las posibles iniciativas empresariales de creación en las Islas Baleares de plantas de valorización o reciclaje de los mismos.
También quiero decir que el Plan director sectorial de residuos de Ibiza y Formentera, al que se hace referencia, fue aprobado por el Gobierno que presidía el señor Antich y que ese plan preveía muchas más cosas, entre ellas la financiación por
parte del Govern de las infraestructuras, que el Govern balear del señor Matas negaba hasta la fecha. Fíjense, el día 24 de mayo, simplemente un par de días antes de las elecciones recientemente celebradas, un titular del Diario de Ibiza, que es
muy expresivo, decía: El Govern gastará 15,8 millones en infraestructuras para reducir el canon de residuos de las Pitiusas. No es que se lo gaste porque quiera, se lo gasta porque le obliga el plan, simplemente se trata de cumplir la ley. Como
digo, en ese sentido la ley es muy clara, la disposición adicional tercera es muy clara y la propuesta es la que he planteado antes, simplemente instar al Gobierno a dar cumplimiento cuanto antes a esa ley, pero es que estoy convencido de que va a
ser así porque de hecho así se hace.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por favor, facilite a la Mesa la propuesta.
Señor Fajarnés, para pronunciarse sobre la misma.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Estamos plenamente de acuerdo, y como va de cumplimentar las leyes, nosotros pensamos que hay que cumplimentar las leyes, por lo tanto que el Gobierno la cumplimente.
- RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO MARÍTIMO DESDE VILAGARCÍA A VILAXOAN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002026.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a construcción de un paseo marítimo desde Vilagarcía a Vilaxoan, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de la
proposición tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Esta proposición no de ley está relacionada con compromisos ya del año 1996 de la Dirección General de Costas con el Ayuntamiento de Vilagarcía relativos a la construcción de un paseo marítimo desde Vilagarcía a
Vilaxoan. De este compromiso existe constancia documental en la Administración municipal, así como proyectos del propio ayuntamiento sumándose al mismo con posterioridad, es decir que el ayuntamiento se suma al proyecto de la Dirección General de
Costas y toda esta cuestión está documentada en la propia Administración municipal.
Una iniciativa del puerto de Vilagarcía, que también está interesada en el proyecto que inicialmente plantea la Dirección General de Costas, hace que se elabore un nuevo proyecto técnico que se pone a disposición de la Autoridad Portuaria
para dirimir las competencias correspondientes de cada una de las administraciones que tendrían que participar en el desarrollo de este proyecto de paseo entre Vilagarcía y Vilaxoan. El proyecto que se pone a disposición de la Autoridad Portuaria
ofrece, a diferencia del que fuera elaborado por el ayuntamiento, la oportunidad de incluir, además del paseo, la recuperación medioambiental de la ensenada de O Rial, un lugar de importante valor ecológico que está gravemente degradado como
consecuencia de distintas actuaciones industriales en su entorno que han provocado grandes perjuicios, incluso en la producción marisquera de la zona. Dada la importancia de este proyecto, consideramos necesario que el Gobierno asuma la vigencia de
los acuerdos firmados por la Administración, que como dije ya son del año 1996, entre el ayuntamiento,
Autoridad Portuaria y la Dirección General de Medio Ambiente, a fin de promover la construcción de este paseo marítimo dentro de las actuaciones de recuperación y rehabilitación de espacios costeros que están siendo desarrollados por el
Ministerio de Medio Ambiente. En distintos presupuestos del Estado aparecieron algunas partidas presupuestarias en relación con la obra dentro de los terrenos de la Autoridad Portuaria, concretamente en el muelle de O Rial y del conocido como
Ferrazo. A preguntas de cómo se estaba desarrollado este proyecto, teniendo en cuenta las partidas presupuestarias, el Gobierno, con fecha 23 de enero, nos actualiza la situación y nos explica las condiciones en las que se encuentran las obras en
el interior de los terrenos de la Autoridad Portuaria, la mejora del muelle de Ferrazo y la mejora de las condiciones medioambientales de toda la zona que, como nosotros acabamos de exponer, se encuentra en situación de degradación medioambiental.
El Gobierno nos anuncia que en el año 2007 estarían acabadas estas obras, pero, a pesar de este anuncio que nos hace por escrito el Gobierno, nosotros consideramos que la proposición no de ley que presentamos está vigente porque, teniendo en
cuenta en qué situación están las obras y lo que se pretende hacer con la conclusión o la culminación del paseo entre Vilagarcía y Vilaxoan, sería imposible que estuvieran finalizadas en el año 2007, entre otras cosas porque no habría partida
presupuestaria para toda la obra. Por ello, a pesar de la respuesta que nos da el Gobierno en el sentido de que las obras, en concreto en el muelle de Ferrazo, se están llevando a cabo, entendemos que está vigente nuestra proposición no de ley y
tratamos de llegar a un acuerdo para agilizar la obra del paseo marítimo.
El Grupo Socialista nos presenta una enmienda después de la cual creemos que podemos llegar a un acuerdo de transacción que pasaríamos a la Mesa.
El acuerdo de transacción diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a acelerar las modificaciones acordadas por el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y la Dirección General de Costas en el proyecto del paseo marítimo entre la punta de Ferrazo y el puerto de Vilaxoan, para poder proceder a su licitación en el menor
plazo posible. Asimismo, que se contemple la realización de un proyecto específico y adaptado a su entorno que contemple las singularidades y valores medioambientales de la ensenada de O Rial. Nosotros entendemos que esta transacción que acabo de
leer cumple con el objetivo que planteamos en nuestra proposición no de ley, que trata de instar al Gobierno a cumplir con unas obras que todos los grupos políticos estamos defendiendo en una ciudad como Vilagarcía de Arousa. Por eso creo que no
habrá dificultad para llegar al acuerdo de transacción.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Corresponde ahora para la defensa de la posición del Grupo Socialista al diputado señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: La actuación a la que se refiere esta proposición no de ley se enmarca en un entorno privilegiado, el de la ría de Arousa, la ría más productiva del mundo y que genera en torno a sí una importante densidad de
población, destacando Vilagarcía como ciudad con mayor peso demográfico donde se encuentran también otras localidades como Cambados, Ribeira, Rianxo o Illa de Arousa, que destacan por su importante patrimonio histórico-artístico o por su peso en
actividades como la pesca o el marisqueo, o por su singularidad isleña, pero es una ría de arte y de artistas que fue cuna de Castelao, de Ramón Cabanillas, los hermanos Camba, Manuel Antonio, Dieste, Valle-Inclán, Bouza-Brey, o de escultores
singulares como Asorei, Manolo Paz o Francisco Leiro. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Desde el año 1996 han cambiado muchas cosas, y también a nivel de desarrollo de estos proyectos que fueron realizados y planificados en su día y que hoy resultarían inviables en su redacción original sin realizarles modificaciones,
adaptaciones o nuevas actuaciones para adecuarlas al entorno, a la realidad legislativa, etcétera. El proyecto contemplado en el año 1996 entre Vilagarcía y Vilaxoan hoy ya está superado por las circunstancias de desarrollo de la propia ciudad y de
las actuaciones que se han ido llevando a cabo a lo largo de los años, de tal manera que un tramo de este proyecto inicial ya está realizado, está hecho y pagado, mejor dicho, cofinanciado entre la Autoridad Portuaria y el propio Concello de
Vilagarcía de Arousa, que es el tramo entre Vilagarcía y la punta do Ferrazo. Debido a la importancia de este proyecto de unir mediante paseo, y con la consiguiente reordenación del litoral, Vilagarcía y Vilaxoan, se han ido acometiendo en diversos
tramos actuaciones que avanzan hacia la plasmación definitiva de una realidad por todos deseada, que es la construcción de ese paseo entre Vilaxoan y Vilagarcía.
El tramo entre Vilaxoan y la punta de Ferrazo ha sido redactado ya por Emacosa, un nuevo proyecto que se adecua a la realidad actual de un área singular como es la del pueblo marinero de Vilaxoan de Arousa, con patrimonio orgullosamente
conservado y densamente poblado, lo que complica más el diseño de actuaciones en la zona. Este proyecto no ha sido aprobado por Costas por diversas actuaciones que se proponían en él, como el de hacer un paseo volado sobre la playa de Canelas por
ejemplo.
En el pasado mes de abril el subdirector general de Costas del Estado realizó una visita a Vilagarcía para comprobar in situ la posibilidad o no de las actuaciones previstas por ellos, que incluían construir un nuevo vial más al norte del
existente, demoliendo diversas edificaciones y aprovechando para paseo el vial existente que bordea el litoral.
Finalmente, se acordó hace más de un mes modificar el proyecto que presenta el Concello de Vilagarcía, en el sentido de hacer el paseo
en los 6 metros de la zona de servidumbre de costas, que llegaría al puerto de Vilaxoan con una única dirección de entrada y se construiría una de salida para evitar
colapsos de tráfico y facilitar la incorporación para el paseo de la acera y zona de arbolado situada próxima al acantilado. De este acuerdo nace el compromiso de llevarlo adelante en estos términos, existe el proyecto y la propia Dirección
General de Costas encargó ya la asistencia técnica necesaria. La ensenada de O Rial necesita un proyecto específico para respetar la riqueza marisquera de la zona y el valor ecológico de este enclave que se ha visto degradado por actuaciones
industriales incontroladas durante muchos años. Por su importancia en el conjunto de esta actuación de reordenación del litoral debería de tener un proyecto que contemplase y potenciase sus valores singulares y específicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista y este diputado, que es de la ría de Arousa, propone, y así acuerda con el Bloque Nacionalista Galego, redactor de la proposición, una transaccional, que será dada a conocer a la Mesa, en los
términos que ya se han manifestado, y que pretende acelerar las modificaciones ya acordadas entre el ayuntamiento y la Dirección General de Costas para realizar el tramo entre punta Ferrazo y el puerto de Vilaxoan, y asimismo para que se realice un
proyecto específico para la ensenada de O Rial. Como decía, esta transaccional será la que finalmente será presentada a la Mesa para su posterior votación.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Carlos Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Estamos aquí para debatir una propuesta del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, referente a la recuperación de parte de la costa de Vilagarcía de Arousa. El portavoz socialista nos ha ilustrado con una
información exhaustiva tanto geográfica como de arte, pero falta un aspecto biológico marisquero, que en la ría de Arousa están las almejas más famosas del mundo, las almejas de Carril; obviamente, también había que decirlo. Es cierto que este
proyecto que fue contemplado en 1996 ha tenido varios avatares, y también está claro que si no se aplican medidas de forma más o menos inminente, ahí ya hay muchos rellenos que cada vez van a dificultar más poderlo llevar a cabo.
Este proyecto tiene también alguna otra dificultad. La respuesta que le han dado en este caso en concreto a doña Olaia Fernández, referente a cómo está la situación, dice más o menos que hay un vial, que hay un vial, construido hace más de
60 años, creo recordar, que está dando servicio a importantes empresas conserveras, algunas vinculadas con el mar. Por tanto habría que tener muy en consideración que si se anula ese vial habría que darles servicio a esas empresas. Están las
conserveras Peña y Coimba, que yo recuerde, y algunas más. Por tanto, vuelvo a repetir, es un tema importante.
Alguna obra ya se acometió, por ejemplo en Preguntoiro, que está en aquella zona, pues ya se ha recuperado parte de la marisma. Es cierto que es un lugar privilegiado, es un lugar precioso, maravilloso, y es una pena que no se recupere para
los ciudadanos y que sea un lugar de paseo.
En todos los plenos en los cuales se ha debatido este tema en el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se ha aprobado por unanimidad, o sea que es un sentir generalizado de todos los grupos, sin duda del
Grupo Popular, que se adhiere a la transaccional, siempre y cuando, repito, se tenga en consideración toda la actividad industrial que tiene aquella zona, porque de poco serviría que cegásemos industrias tan importantes y que tienen una enorme
capacidad de absorción de puestos de trabajo, o sea que eso habría que tenerlo en consideración.
Termino diciendo que por parte del Grupo Popular se hizo alguna propuesta en los presupuestos del Estado, alguna enmienda para que se dotase de una cantidad determinada la regeneración de las costas en la provincia de Pontevedra, que no tuvo
la suerte de ser apoyada ni por el Bloque ni por el Grupo Socialista. Eso también hay que recordarlo.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la proposición no de ley y sin duda también lo estamos con la transaccional a la que, repetimos, el Grupo Parlamentario Popular se adhiere.
- SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002091.)
La señora PRESIDENTA: Antes de pasar al punto número 5.º del orden del día, quería comunicarles que no se votará antes de la una del mediodía para que se lo comuniquen a sus compañeros.
Proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre el Plan estratégico de la reserva de la biosfera de Menorca. Tiene la palabra para defenderla la diputada Gracia Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Señorías, el objeto de esta proposición no de ley es propiciar más valor a la reserva de la biosfera de Menorca en cuanto a coordinación y sinergias para un mayor desarrollo de ésta, después de más de 10 años de
andadura y con una valoración general positiva de su desarrollo.
El lema básico de las reservas de la biosfera es la conciliación de tres aspectos clave: el desarrollo económico, el bienestar social y la protección del patrimonio natural y cultural. La idea de reserva de la biosfera nace en los años
sesenta en la Unesco para valorar aquellas regiones o territorios donde el hombre y la naturaleza coexisten y van juntos, en donde el desarrollo socioeconómico se realiza teniendo en cuenta la conservación de los valores naturales y culturales. La
idea de la Unesco no pretende en ningún momento la protección de patrimonio natural en reservas o regiones en donde la actividad humana es escasa.
Las reservas de la biosfera
quiere ser un laboratorio al aire libre donde se experimenta un modelo social sostenible y respetuoso con la naturaleza y con la cultura.
En todas las reservas de la biosfera tiene que haber tres zonas diferenciadas de más a menos protección: un núcleo donde predomina más la conservación que el desarrollo, un núcleo donde el hombre y la naturaleza conviven estrechamente pero
con respeto, y los núcleos de transición, donde se acogen todas las actividades humanas, es decir, los núcleos urbanos. Estos tres elementos clave Menorca los cumple.
El programa Man and biosphere, Persona y biosfera, es la sección de la Unesco que establece las condiciones para ser reserva de la biosfera y quien otorga las declaraciones. También exige que se hagan evaluaciones periódicas cada diez años.
Existe un comité internacional de coordinación de comités nacionales en cada país. En cuanto a Menorca, que es reserva de la biosfera desde el año 1993, pasó su evaluación en abril de 2006, con dos años de retraso, y la valoración que se hizo por
parte de los consultores externos fue positiva. En 2004 se hizo una autoevaluación por parte del Institut Menorquí d'Estudis y por el mismo Consell Insular de Menorca, y esta resultó más crítica que la de los consultores externos de dos años
después, las conclusiones se podrían resumir en lo siguiente: en el contexto de cambio global con tendencias ambientales negativas, Menorca no se escapa, aunque sigue conservando valores ambientales de patrimonio histórico y cultural que la definen
como reserva de la biosfera. En este mismo contexto se ha avanzado en las funciones propias de la reserva de la biosfera con estrategias y acciones positivas.
También se percibe la madurez de la conciencia social hacia los aspectos ambientales que
constituye una de las principales bazas del proyecto de la reserva de la biosfera, y al tiempo se han identificado vacíos y amenazas concretas que hay que abordar en los próximos años, como la falta de coordinación entre administraciones
competentes, la falta de información en temas tan sensibles como el agua, la gestión de espacios protegidos o la de reforzar el sector agrícola. Para Menorca ser reserva de la biosfera ha significado mucho, aunque no tengamos reconocimiento legal
en ninguno de los niveles, porque ha servido como punto de partida clave para elaborar y encauzar políticas atrevidas, como es el Plan Territorial Insular, modelo de ordenación del territorio. El sistema de gestión de litoral o tratamiento de
residuos, pasando por el contrato agrario de la reserva de la biosfera, son ejemplos de políticas establecidas atrevidas.
Cualquier territorio reserva de la biosfera tiene que avanzar en tres ámbitos claves: el desarrollo sostenible, la logística y la conservación.
Ejemplo de desarrollo sostenible en Menorca es el Plan Territorial Insular, que incrementa el
grado de protección de la isla, pasando de un 43 por ciento de protección a un 50 por ciento. Por logística se entiende el ámbito más social, la participación ciudadana, las actividades de investigación científica y la educación ambiental. Menorca
tiene un punto fuerte, la idiosincrasia y el talante de sus habitantes, existe un vínculo y un aprecio muy notable por el territorio. En cuanto a investigación, está vehiculada por el Institut Menorquí d'Estudis, entidad de prestigio, y en cuanto a
la educación ambiental son muchas y diversas las que se realizan desde el Consell Insular de Menorca, ayuntamientos y otras entidades relacionadas con el medio ambiente. Por conservación se entiende la protección del paisaje, flora, fauna y
hábitat, y aunque el Consell Insular de Menorca no tiene competencias en cuestiones de medio ambiente, se han conseguido dos proyectos Life europeos para la protección de la flora autóctona y endémica y para la protección de los humedales
temporales. La declaración de Menorca libre de transgénicos también ha de entenderse como una acción de apoyo a la conservación de la biodiversidad.
Sin duda la colaboración institucional es un aspecto clave para un buen desarrollo de una reserva de la biosfera, ya que las competencias se solapan en sus diversos niveles. Se desarrollan políticas con competencias que en el ámbito de la
reserva de la biosfera coinciden y hay que establecer los canales de comunicación necesarios para desarrollar las políticas de reserva de la biosfera y avanzar en la sostenibilidad. Es necesario que las acciones de todas las administraciones sigan
una misma sinergia para optimizar recursos económicos y esfuerzos. Cabe señalar que la nueva Ley estatal de patrimonio natural y biodiversidad reconocerá las reservas de la biosfera, es indispensable una sinergia y una buena coordinación de todas
las autoridades competentes.
Un ejemplo de falta de consideración por parte de la Administración de los objetivos de la reserva de la biosfera es que no puede ser que el Gobierno balear promueva un plan de desarrollo rural en el que no queden recogidos los objetivos que
promueve el contrato agrario de la reserva de la biosfera promovido a nivel insular. Es necesario que todas las políticas de apoyo al sector primario tengan un punto de unión, al igual que el resto de las políticas que inciden sobre el desarrollo
de la reserva de la biosfera. Aunque hayan aparecido conflictos que evidentemente deben subsanarse, sin duda es importante dar un impulso a la sostenibilidad, y si tenemos en cuenta el desarrollo y el crecimiento económico de la isla, hay que
destacar que Menorca sigue siendo un buen destino turístico, desmarcándose de la oferta turística del resto de las Islas Baleares. La sostenibilidad es rentable, y lo es a largo plazo en tres aspectos: ecológico, social y económico. La
insostenibilidad es rentable a corto plazo y sola y exclusivamente en términos monetarios.
Los índices de bienestar de la isla de Menorca demuestran la buena cohesión social que existe. Sin duda cada vez es más claro el reconocimiento de que la conservación de un paisaje y de un entorno natural redundan en una mayor calidad de
vida que se refleja en su entorno y en una buena cohesión social. La naturaleza y su conservación son un objetivo que ayuda, es como el paraguas que protege la sociedad bajo el cual la mayoría se siente cómoda. Avanzar en la reserva de la biosfera
de
Menorca significa definir y desarrollar un plan estratégico. La importancia de difundir y concienciar de este es, sin duda y de entrada, para dar una imagen de cohesión, de coincidencia de objetivos entre las diferentes administraciones
competentes, de alguna manera para desterrar el hecho o la sensación de que ser o defender la reserva de la biosfera no es solo una etiqueta y que la importancia también reside en el contenido, ya que pueden hacerse muchas cosas dando credibilidad a
los ciudadanos, pues verán la coherencia en la acción de gobierno de todas las administraciones implicadas. El plan estratégico para el sector económico del turismo tendrá un valor añadido, ya que será un refuerzo para convertirnos en un destino
turístico alternativo y respetuoso con el medio ambiente. Podría permitir certificaciones de instalaciones turísticas sostenibles y ofrecer un amplio espectro de posibilidades de alojamiento, es decir, podría constituirse en un destino turístico
diferente y más verde. Esto no tiene por qué significar una restricción en términos de crecimiento económico, de manera que tampoco lo ha supuesto el plan territorial insular, aunque supuso frenar o ralentizar la actividad económica constructiva.
Dada la necesidad de establecer estrategias de colaboración y coordinación para que la reserva de la biosfera de Menorca avance, tenga un crecimiento sostenible, sea respetuosa con el medio ambiente y llene uno de los vacíos y amenazas que
quedaron reflejados en la autoevaluación de ésta, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley que es conocida por todas SS.SS. y para la cual solicito el voto afirmativo.
La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas presentadas. ¿Algún grupo quiere pronunciarse? El diputado Salord tiene la palabra.
El señor SALORD TORRENT: La isla de Menorca fue declarada reserva de la biosfera por la Unesco en el año 1993, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental y a la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural. La declaración de
Menorca como reserva de la biosfera se llevó a cabo -hay que recordarlo- con un gobierno del Partido Popular en el Consell Insular de Menorca, con el soporte unánime de la sociedad menorquina, que apostó por este marchamo internacional como marca
diferenciadora, potenciando nuestras labores medioambientales y el reconocimiento a una trayectoria social respetuosa con el desarrollo económico sostenible. Durante los últimos ocho años, el Govern del Consell Insular, en manos del PSOE, ha
convertido a este importante reconocimiento internacional en un mero y simple título. El ejemplo más claro es que los responsables políticos del Consell Insular de Menorca se han olvidado de dar participación a los órganos enmarcados en la gestión
de la reserva de la biosfera y no han convocado ni una sola vez a los mecanismos de participación ciudadana.
Hay que recordar que ya en el primer congreso de reservas de la biosfera españolas, que se celebró en octubre pasado en la isla de Lanzarote, se consensuaron dos documentos marco: un plan estratégico de la Red de las reservas de biosfera
españolas con validez a diez años vista, y un plan de acción a más corto plazo para determinar las actuaciones prioritarias para el trienio 2007-2009. Han pasado ya seis meses desde este congreso y vemos que no se ha avanzado nada en cuanto al
desarrollo de los planes estratégicos que se acordaron. Ahora vemos con agrado el recientemente aprobado Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones del programa MAB, así como el comité español del
citado programa en el organismo autónomo Parques Nacionales como encargado de su coordinación y desarrollo. Decía que nos congratulamos de este real decreto porque fija una serie de normas presupuestarias. El epígrafe 2 de su disposición adicional
segunda, establece que en el presupuesto de gastos del organismo autónomo Parques Nacionales se contemplarán las partidas necesarias para asegurar la ejecución de aquellas actuaciones que, en desarrollo de la Red de reservas de la biosfera, así se
determinen en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. Debemos resaltar este real decreto por la financiación de las reservas de la biosfera.
En definitiva, nuestro grupo dará soporte a este iniciativa rogando al Gobierno que a la vez que desarrolle el Plan estratégico de la reserva de la biosfera de Menorca, desarrolle al mismo tiempo los planes estratégicos del resto de las 32
reservas de las biosferas que existen en España. Por último, nuestro grupo se congratula de que la izquierda de Menorca se haya acordado de que la isla como reserva de la biosfera es algo más que un simple título.
La señora PRESIDENTA: La señora Muñoz Salvà tiene la palabra.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Solo quiero agradecer el voto afirmativo del Grupo Popular.
- SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO MARINO Y LITORAL ANDALUZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002095.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, número 6.º: Proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, sobre medidas para combatir la contaminación en el medio marino y litoral andaluz.
Tiene la palabra
para defenderla el diputado Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Una vez más tenemos que lamentar situaciones complicadas y muy comprometidas con el medio ambiente en la bahía de Algeciras y, en general, en todo el litoral andaluz. Se sabe que desde la bahía de Algeciras hasta el
polo químico de Huelva tenemos una situación de riesgo insostenible que presenta una gran vulnerabilidad de este espacio costero. Son ya muchas las veces que desgraciadamente ha ocurrido: cuando gobernaba el Partido Popular y cuando gobierna el
Partido Socialista. Ninguno de los gobiernos es el causante: una vez fue el Spabunker, en 2003, con el Gobierno popular y otra la barcaza Eileen en 2005, con el Gobierno socialista. No se trata de quién gobierne sino de las medidas que deben
tomarse, porque cuando gobernaba el Partido Popular lo que se hacía era un delito, las críticas eran enormes ante la falta de medios humanos y materiales, pero cuando cambia el Gobierno aquello no tiene esa consideración, no hay esa exigencia y no
hay que criticar al Gobierno. La actitud de los que clamamos por que se tomen soluciones gobierne quien gobierne es la actitud mediática de exigencias y datos. Cuando gobernaba el Partido Popular en esta Comisión se reclamaron unos medios que
ahora no se solicitan. Ahora no existen, se minimiza el problema y si no sale en los medios es como si no hubiera ocurrido, se tapa todo. Yo recuerdo cómo se ha hecho siempre la captación de voluntarios, tanto ecologistas como otros. Ahora eso se
ha prohibido; solamente no se aceptan sino que se prohíben. Se dice oficialmente que la zona contaminada en el caso del Sierra Nava ha sido de un kilómetro y medio, cuando los ecologistas hablan de 15 kilómetros, hay un parque natural de la bahía
y desconocemos qué grado de afectación tiene. Es decir, cuando gobierna el Partido Popular y hay un vertido eso es chapapote, un mal enorme -que lo es- para todo el litoral, pero cuando cambia el Gobierno ya el chapapote es una mezcla de
combustible con arena y pierde el nombre, parece que es más sutil, se adorna todo de tal manera que parece que no tiene la incidencia que pudiera tener con otro partido.
Como comprenderán ustedes, eso es completamente absurdo.
Nosotros mantenemos que una tragedia como esta es un accidente. Lo era antes, lo es ahora y lo será gobierne quien gobierne. Lo que no puede ser es que antes fuera un delito y ahora prácticamente no es siquiera un accidente o no ha
ocurrido. Por allí pasan 80.000 buques de todo tipo transportando mercancías peligrosas, sustancias contaminantes, todas susceptibles de provocar un accidente gravísimo en el espacio costero andaluz que afecta al medio natural marino, protegido en
nuestra comunidad autónoma.
Desde Algeciras hasta Huelva tenemos un litoral sometido a estos riesgos con la existencia de la colonia de Gibraltar, donde la inobservancia de medidas preventivas y el incumplimiento de las normas legales en el trasiego de carburantes, que
es práctica habitual, constituye un riesgo potencial porque no se toman las medidas que se adoptan cuando esas actuaciones las realizan buques españoles. No solamente se tienen que incrementar los medios humanos, que también, sino que deben
aumentar las inspecciones a buques, intensificar los controles para el fondeadero, endurecer los requisitos técnicos y de navegabilidad y establecer corredores específicos de navegación para mercancías peligrosas, ampliar la distancia de seguridad
en la costa, crear un fondo europeo de catástrofes por contaminación marina, es decir, hay que tomar una serie de medidas mediante las que se puedan prevenir las consecuencias de estos accidentes.
Cuando gobernaba el Partido Popular allí las manifestaciones estaban a la orden del día, creación de gabinetes de crisis y se llegó a tomar la capitanía general. Señorías, la diferencia es la siguiente: con el Spabunker fueron 1.000 litros
de combustible y con el Sierra Nava han sido trescientos y pico de toneladas. A estas personas preocupadas por el medio marino y por la contaminación, ahora no las vemos manifestarse ni exigir a su Gobierno. Aquí ha habido una ceguera total.
Incluso a los ecologistas no se les ha permitido esa colaboración anterior, ya no se llaman 'Nunca Máis', desde que no gobierna el Partido Popular son 'Nunca Vais', con uve, porque no van a ninguna. Es una situación de incongruencia que queremos
resaltar, porque aquí lo importante es el daño y no quién sea el responsable. Todos los responsables tienen que tomar medidas.
Señora presidenta, voy a enumerar todas las propuestas que traemos a esta Comisión, que, por cierto, ya fueron llevadas al Parlamento andaluz, con mayoría socialista, y rechazadas; me imagino que aquí también lo serán.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso un informe de evaluación y diagnóstico de la situación medioambiental del Parque Natural del Estrecho tras el encallamiento del buque
Sierra Nava en la bahía de Algeciras. Dicen que puede estar hecho. Pues bien, queremos conocerlo y que lo traigan a esta Comisión. Intensificar los controles y análisis en el frente litoral próximo a la zona del vertido para prevenir focos
contaminantes aún no detectados. Exigir al Gobierno de la nación la puesta en marcha, de forma urgente, del Plan Algeciras de regeneración del medio marino y del frente litoral afectado por el vertido del buque Sierra Nava. Si se dice que hay un
Plan Algeciras, queremos conocer sus medios y su objetivo. Cuarto, coordinar con la Junta de Andalucía los operativos de prevención, ejercicios conjuntos de formación de personal. Este punto estaba relacionado con el Sierra Nava. Eso se ha
terminado, pero queremos conocer la cuantificación. Quinto, intensificar las gestiones planteadas a la Unión Europea y al Reino Unido conducentes a poner fin a las malas prácticas que en el trasiego de combustible se llevan a cabo en Gibraltar y
que ocasionan episodios contaminantes en la bahía de Algeciras de forma frecuente. Sexto, intensificar las inspecciones, controles y seguridad de las condiciones de fondeo para los buques autorizados a
ello, así como estudiar la conveniencia de modificar las áreas establecidas a tal fin en la bahía de Algeciras. Séptimo, incrementar sustancialmente los medios materiales y humanos actualmente disponibles para mejorar los dispositivos de
vigilancia y control de vertidos en el litoral andaluz, y muy especialmente en la bahía de Algeciras y las zonas aledañas al estrecho de Gibraltar. Octavo, intensificar la inspección de buques, muy especialmente en la bahía de Algeciras y aguas
limítrofes, que transportan mercancías peligrosas, nocivas y contaminantes. Y noveno -termino, señora presidenta-, exigir que se habiliten los créditos presupuestarios necesarios para que el Estado se haga cargo de las pérdidas económicas de los
pequeños pescadores que faenan en la zona y que tienen en la pesca su único medio de sustento hasta que las condiciones de la zona sean totalmente restablecidas.
La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas presentadas a este punto. ¿Algún grupo quiere intervenir? Por el Grupo Socialista señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El Grupo Parlamentario Socialista observa positivamente las actuaciones que el Grupo Parlamentario Popular propone en esta iniciativa. Nos parece muy bien, como ha dicho ya el portavoz del Partido Popular, que
el medio ambiente no tenga siglas políticas y que todos tenemos que aportar, gobernemos cuando gobernemos, aquellas medidas tendentes a minimizar los riesgos, en este caso en el medio marítimo andaluz. La iniciativa se centra en nueve puntos,
concretamente en la bahía de Algeciras, pero su enunciado hace referencia al medio marítimo andaluz. Quiero decir que desde que gobierna el Partido Socialista se han incrementado notablemente los medios humanos y marítimos y las medidas para luchar
contra la contaminación. La mejor prueba de ello, para no quedar en palabras, son las cifras que se contemplan en el Plan nacional de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino para el período 2006-2009, que aprobó el
Ministerio de Fomento y que en buena medida es susceptible de encuadrarse en lo que acaba de manifestar el portavoz del Partido Popular. Este plan está dotado con 1.022 millones de euros, de los que 515,75 millones son inversiones para luchar
contra la contaminación. Esto supone 6,6 veces más que la dotación del anterior plan 2002-2005, aprobado por el Gobierno del Partido Popular. Con ello no quiero hacer una crítica, quiero decir que los años transcurrieron, los medios eran más
necesarios, este Gobierno así lo acometió y multiplicó por 6,6 los medios que tenemos actualmente.
¿Qué significa esto? Que se están adoptando medidas para mejorar las emergencias marítimas y la contaminación y el mejor ejemplo es -y entro en la iniciativa- lo que ha hecho este Gobierno en lo ocurrido con el Sierra Nava en la bahía de
Algeciras. Las repercusiones sobre el litoral afectado por el vertido accidental del buque Sierra Nava (era un frigorífico, no un buque petrolero; era un refrigerador, que llevaba 300 toneladas en su bodega para su propia propulsión, de las cuales
60 fueron vertidas al mar), han sido eliminadas casi al cien por cien. Quiero recordar a S.S. que la evaluación y el diagnóstico de la situación medioambiental del Parque Natural del Estrecho, tras ese encallamiento en la bahía de Algeciras del
buque frigorífico, es competencia de la Junta de Andalucía. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencia en esta actuación. Aunque la proposición no de ley es muy exhaustiva, muy rigurosa y la valoramos positivamente, voy a intentar punto
por punto argumentar por qué la vamos a tener que rechazar, no porque no la apoyemos porque no contempla elementos positivos, que los tiene, sino porque todos los puntos, o bien se han acometido y se han corregido las necesidades que requería el
medio marítimo, o bien están en fase de conclusión.
El primero de los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular solicita un informe de evaluación y de diagnóstico de la actuación medioambiental en el Parque Natural del Estrecho tras el encallamiento del buque Sierra
Nava. Como acabo de decir anteriormente, la contestación a esta pregunta la tiene que dar la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Al grupo parlamentario le consta que se solicitó hace unos meses un informe como el que pide el
Grupo Parlamentario Popular y, al parecer, los resultados que da, según dice la Junta de Andalucía, son positivos; está a punto de concluir y por tanto se está trabajando en él.
Segundo punto de la iniciativa del Grup Popular: intensificar los controles y el análisis para prevenir focos contaminantes aún no detectados. Desde que se produjo el accidente se ha mantenido un control y una vigilancia del tramo afectado
y del borde litoral hasta la punta del Fraile, a unos seis kilómetros al sur del accidente, por los servicios de la empresa pública Tracsa, vigilantes de costa y técnicos del parque natural. Las manchas de fuel arribadas a esa zona han sido mínimas
y no ha sido necesario trasladar equipos de limpieza para su recogida por el nulo efecto sobre el borde litoral. Adicionalmente, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mantienen periódicos análisis y tomas de
muestra de la zona afectada. De todo esto están siendo informados permanentemente, porque me lo han trasladado a mí personalmente, los ecologistas de la zona, que están participando junto con la Junta de Andalucía en estas medidas.
Tercera medida que solicita en la proposición no de ley el Grupo Popular: exigir al Gobierno la puesta en marcha de un Plan especial Algeciras de regeneración del medio marítimo y del frente litoral afectado. El tramo de costa afectado por
el vertido desde la zona sur de la punta de San García forma parte del dominio público portuario, competencia de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras. Hasta el 22 de abril la empresa pública Tracsa -dispuesto por la Dirección General de
Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente
ha recogido 3.073 toneladas de material contaminante por fuel, que ha sido llevado por los medios dispuestos por la Junta para su tratamiento por el gestor autorizado. La limpieza en las rocas y en la playa continúa y está previsto que el
16 de junio concluyan las labores de un equipo que está actualmente actuando sobre las rocas con 16 personas, 4 limpiadoras, una máquina retroexcavadora, un camión volquete y una cribadora. Puedo decir que este fin de semana he estado viendo
aquello y hoy, tres meses después del accidente, nadie podría decir que ha ocurrido un accidente marítimo como el que vivimos. Se ha corregido todo y, como digo, el día 16 del próximo mes de junio concluirán definitivamente las labores. Los
ciudadanos dicen que la zona afectada ha quedado mejor que antes del accidente. Por cierto, lo han dicho también las urnas, pues en la ciudad ha ganado el Partido Socialista con una clara mayoría. Poco habrá afectado este accidente cuando los
ciudadanos han incrementado notablemente su apoyo al Partido Socialista y es porque en este tema el Partido Popular quiso agrandar la magnitud del problema. Cuando fue allí el señor Acebes hizo el ridículo porque intentó manifestar masivamente y
multitudinariamente a los ciudadanos y creo que fueron 123 -el señor Acebes encabezaba la manifestación- los que acudieron.
A los ciudadanos no se les puede engañar. Aunque quisieron compararlo con el accidente en Galicia, con el Prestige, en este caso fueron 1.100 metros de playa no usada para el baño, sin ningún tipo de afección a la zona de arena que usan los
bañistas y no fueron kilómetros de costa, sino exactamente 800 metros. Cuando los ciudadanos ven esto y la acusación que hace el Partido Popular, la magnitud que quiere dar al caso, se preguntan si les quiere engañar una vez más, como es habitual,
el Partido Popular.
Por eso cuando votan apoyan a los que actúan eficazmente y no mienten, al Partido Socialista. Repito que el 16 de junio se terminarán las labores de recogida de las partes afectadas por las rocas.
El cuarto punto, de los nueve que tiene la iniciativa, pide coordinación con la Junta de Andalucía para los operativos de prevención, formación y personal especializado. Aquí se ha hecho una labor de coordinación con la Junta de Andalucía
que es un ejemplo a seguir, como es habitual cuando hay dos gobiernos que ese entienden y no un gobierno, como el anterior del Partido Popular, que se dedicaba a pelearse con la Junta de Andalucía. La coordinación ha sido extraordinaria. Sobre
todo lo que hemos hecho ha sido dejar trabajar a los técnicos, porque esto requería de una actuación técnica. Obviamente dirigidos por los políticos pero actuando técnicamente, y hoy por hoy esa labor se ha cumplido.
En cuanto al quinto punto, intensificar las gestiones planteadas a la Unión Europea y al Reino Unido sobre Gibraltar, tengo que manifestar que en esa política de diálogo con todo el mundo, también con Gibraltar, hemos conseguido ya que en el
foro de diálogo que se ha constituido desde que gobierna el Partido Socialista con el Reino Unido sobre Gibraltar, que saben ustedes que ha dado unos frutos extraordinarios a los ciudadanos de ambas zonas, como es la gestión compartida del
aeropuerto de Gibraltar, la solución al problema de las pensiones, la fluidez del tráfico de la verja, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, procure ser más breve.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Lo digo para que el portavoz del Partido Popular lo tenga claro. Entre ellos éste que nunca se había abordado: hacer partícipe a Gibraltar de que tiene que corregir los bunkering, es decir, el trasbordo de
fuel de una barcaza a otra para evitar vertidos.
Se está en ello, señor portavoz del Partido Popular. Cuando ustedes gobernaron había 44 vertidos al año -en 2003, por ejemplo-, hoy hay 4. Se ha avanzado y se ha mejorado. Este Gobierno, con el
diálogo, ante el Reino Unido está consiguiendo que Gibraltar adecue su normativa a ello.
Sexto punto -y ya voy terminando-, inspecciones. Como acabo de decir, las relativas a los buques de fondeo se han incrementado, triplicándolas respecto a las que había hasta el año 2004, cuando gobernaba el Partido Popular.
Sexto punto, el Plan especial de la bahía de Algeciras lleva varios años funcionando, se inició con el Partido Popular. Parece que se olvidan de lo positivo que hicieron. Hicieron también cosas positivas, obviamente, y entre ellas adoptar
ciertas medidas. Acabo de decir que en 2003 había 44 vertidos y desde entonces se tiene un aumento permanente del control y de la seguridad de todos los buques que fondean en la bahía de Algeciras con muy buenos resultados.
Séptimo punto, planes de salvamento marítimo. Acabo de decir que se ha aprobado la mayor dotación en la historia de España para contaminación y salvamento marítimo con el plan nacional 2006-2009. Esto está teniendo efectos obviamente en el
litoral andaluz y también en la bahía de Algeciras de la que estamos hablando.
Octavo punto al que ya he hecho referencia, el Plan de la bahía de Algeciras, del que hablaba en el punto sexto. Se contemplan incrementos de inspecciones que pide el Partido Popular y le tengo que dar un dato, desde el año 2004 la oferta
de empleo público que se ha convocado entre ingenieros navales, licenciados en marina civil e ingenieros técnicos ha aumentado superando actualmente los 40 puestos de trabajo.
Podría decir mucho más pero por falta de tiempo voy a ir terminando con el punto nueve, punto en el que se pide algo que no han pedido los propios pescadores: que se ayude a los pescadores que se hayan visto afectados.
Ningún pescador se
ha visto afectado, hasta el punto que no ha solicitado ayuda. ¿Cómo van a pedir lo que ni siquiera el sector pesquero ha pedido? Este punto no tiene sentido.
Termino diciendo que nos parece positiva la iniciativa porque tiene buena voluntad, pero la inmensa mayoría de los puntos se han acometido ya y otros, como el de terminar la labor de limpieza de las rocas, se concluye el 16 de junio. Señora
presidenta, por lo expuesto mi grupo no puede apoyar esta proposición no de ley porque está fuera de lugar.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señora presidenta, le ruego un segundo nada más.
No voy a responder a las manifestaciones políticas, que se responden por sí solas. Que un Gobierno del PP contamine y el del PSOE no contamine, como usted entenderá
es absurdo. Tampoco voy a hablar de los logros del Gobierno. Pero el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que hemos mentido en cuanto a los datos. Ha manifestado que se han contaminado 800 metros. La ministra de Fomento dijo en sede
parlamentaria que eran 1,1 kilómetros y los ecologistas hablan de 14 kilómetros. No diga que yo he engañado porque yo he destacado los datos que cada uno ha aportado. No los ha inventado el Grupo Popular ni este portavoz, son datos que han hecho
públicos la ministra y los ecologistas.
La señora PRESIDENTA: No se preocupe S.S. porque constarán en el 'Diario de Sesiones'.
- SOBRE BIOMASA FORESTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002110.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente, número 7.º: Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre biomasa forestal. Tiene la palabra la ponente Montserrat Colldeforns por diez minutos.
La señora COLLDEFORNS I SOL: En esta proposición no de ley quiero resaltar varias cosas -espero que los portavoces y los grupos se la hayan leído-, entre otras que está pensada especialmente para el bosque mediterráneo, que, como saben,
ocupa gran parte de la península Ibérica, que se basa en la constatación de que persiste -hecho no nuevo- la degradación del bosque mediterráneo allí donde su gestión no es rentable, y que persiste no solo porque esta gestión no es rentable sino
porque las condiciones tanto climatológicas como orográficas lo hacen muy difícil. Es verdad que han aparecido nuevas posibilidades que pueden tener consecuencias económicas ligadas a la creación del mercado de derechos de CO2, ligadas, por tanto,
a nuevas funciones en tanto que sumideros de CO2. Lo veremos en una proposición no de ley del Grupo Popular específica para este tema.
Han aparecido nuevas posibilidades ligadas al desarrollo de las energías renovables, en especial las derivadas
de la utilización de la biomasa, en este caso la biomasa forestal.
Quisiera resaltar que existe la posibilidad de abordar la problemática de la gestión del bosque mediterráneo desde un punto de vista que refuerza lo que ya la sociedad española tiene asimilado, que es que el bosque cumple una función no solo
económica sino también ambiental y social muy importante. Existen medidas de subvención y ayuda a esta gestión, pero lo que esta proposición no de ley quiere poner de relieve es que, al aparecer nuevas posibilidades, aparecen nuevos agentes, y que
lo importante es que el conjunto de medidas que pueden aplicarse a la gestión de los bosques, desde subvenciones a la gestión pura y dura hasta la ayuda de creación de mercados de utilización de la biomasa, tiene que verse en su conjunto, puesto que
el mercado funciona a un nivel global, para que al final no nos encontremos con que unas medidas pueden llevar a resultados no buscados o que el conjunto de actuaciones se contradigan.
El objetivo principal de esta proposición no de ley es instar al Gobierno a que no solo continúe con la práctica de unas mesas de discusión sino que éstas se amplíen. En segundo lugar, que tenga en cuenta la especificidad de la biomasa
forestal, que es distinta de otros tipos de biomasa. En tercer lugar, que tenga en cuenta también que hay unos nuevos agentes que deben ser incorporados a esta discusión. Y el último punto es que el Gobierno, no solo el Gobierno central sino
también todas las administraciones, en defensa de su cometido, que es el interés general, debe tener muy claro que el objetivo no es tanto hacer rentable un bosque desde el punto de vista económico como el conseguir una mayor coordinación para que
el conjunto de medidas aplicadas sea coherente entre sí y se defienda el objetivo final, que para el Grupo Socialista no es tanto el explotar los bosques sino el conservar y mejorar las masas forestales.
Les pido el apoyo a esta proposición no de ley. Déjen-me solicitar el apoyo a una pequeña autoenmienda de tipo técnico que podría llevar a error. En el segundo inciso, cuando se habla de que hay que conocer mejor los efectos de las nuevas
medidas económicas sobre generación de energía eléctrica o térmica en régimen especial, se me ha colado la palabra térmica sin querer porque la utilización de la biomasa para generar energía es solamente para la energía eléctrica, no para la energía
térmica. Me gustaría eliminar este término, lo cual no significa (debería quedar claro) que la utilización de la biomasa para generar energía térmica no deba también ser apoyada, lo que pasa que no en el marco de la generación de energía eléctrica
porque evidentemente no es energía eléctrica, es energía de otro tipo. Hago esta corrección para que la proposición no de ley, si SS.SS. deciden apoyarla, no pueda llevar a confusión en un futuro.
La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas presentadas. ¿Algún grupo quiere intervenir? Por el Grupo Popular el señor Ángel Pintado tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señora Colldeforns, tengo que reconocer que cuando empecé a leer esta proposición no de ley no sabía de qué iba a hablar usted. Hoy ha dicho que el objetivo de la proposición no de ley era el hablar de la
protección del bosque mediterráneo. En su inicio habla de biomasa forestal y después incluso de generación de las energías renovables. El primer punto de la proposición no de ley habla de que, ante la nueva aparición del decreto que tiene que
regular las energías renovables, se tengan en cuenta una serie de criterios. Como usted bien sabrá, se publicó el citado decreto el sábado.
Dice S.S. que el objetivo principal de esta proposición no de ley es forzar a tener mesas de debate, objetivo que me parece muy corto. Si los grupos parlamentarios consideramos que tiene que haber un mayor debate en la sociedad a la hora
de establecer cuáles son los criterios para proteger el bosque mediterráneo, el uso de la biomasa forestal y las condiciones a establecer dentro del Plan de Energías Renovables, esta Comisión tiene que ser un poco más reivindicativa y marcar
objetivos más concretos.
En segundo lugar, se refiere S.S. a nuevos agentes a incorporar a este debate. Con las distintas administraciones los grupos que están dedicados a las biomasas están trabajando en distintos programas y hay empresas que están haciendo
ofertas a las propias comunidades autónomas en cuanto a los aprovechamientos. Y un tercer aspecto en el que estamos de acuerdo pero solamente en parte. El tercer objetivo que mencionaba era que el Gobierno no tenía que buscar la rentabilidad
económica por sí misma en la gestión de los bosques, sino que tenía que haber una rentabilidad desde el punto de vista medioambiental. El Grupo Popular dice que efectivamente tiene que haber una rentabilidad de carácter medioambiental, porque ese
es uno de nuestros cometidos, pero la reflexión que quiero hacer a SS.SS.
es que, si analizan las últimas décadas de tratamientos silvícolas en nuestros bosques, donde ha habido una pérdida clara de rentabilidad desde el punto de vista económico,
ello se ha traducido en un abandono de nuestros bosques, es decir, que al final tenemos unos bosques con mucha maleza que, tal y como se constata en los datos que aparecen todos los años, en el sur de Europa, España y Portugal el número de incendios
es cada vez mayor, con mayores superficies de hectáreas abandonadas que son pasto de las llamas. Creíamos que esta proposición no de ley iba en la dirección de potenciar los usos forestales silvícolas desde el punto de vista de la generación
eléctrica, de la generación de las biomasas especialmente para electricidad.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Había un Plan de Energías Renovables 2000-2010. Ustedes llegan al Gobierno en 2004, eliminaron el plan 2000-2010 e inventaron uno nuevo -propusieron, por utilizar otro término más correcto- de 2005 a 2010, donde
las energías renovables tenían que tener unos incrementos determinados en función de los objetivos que se había marcado la Unión Europea. Llegamos a las energías renovables y ha habido algún tipo de energía, como es la eólica, que está teniendo un
crecimiento muy importante, pero en cuanto a la producción de energía de biomasa estamos viendo que las ratios están muy por debajo de los objetivos que habían marcado el primer programa 2000-2010 y el segundo programa 2005-2010.
En el decreto publicado el sábado pasado por el Gobierno de la nación en cuanto a la promoción de la energía eléctrica en régimen especial aparecen una serie de medidas encaminadas a promocionar, a incentivar de alguna forma el uso de las
biomasas. Ahí hay una contradicción 'in terminis' pues cuando uno va al plan general y ve las aportaciones del capital que ponen las distintas administraciones comprueba que en el montante total son muchos miles de millones de euros, pero cuando
vemos la aportación de las administraciones a la Administración General del Estado, es única y exclusivamente del 2,9 por ciento de todo el proyecto.
Además el propio Gobierno, para promover este uso, invita a las comunidades autónomas a participar
hasta un 20 por ciento de la parte de la Administración General del Estado. Los esfuerzos no son solamente en el ámbito de las primas -especialmente cuando estamos hablando de biomasa, que era su proposición no de ley- sino también en las
instalaciones y en la promoción de ese ámbito.
Este decreto incluye una nueva terminología que nos parece positiva, y es la posible inclusión no solamente de los residuos forestales sino en combinación con las producciones del sector agrario. Durante estos últimos meses se está hablando
de las modificaciones legislativas que ha habido en Estados Unidos y de la retirada de importantes volúmenes de maíz para la producción de etanol, hecho que ha supuesto un aumento de los precios de los cereales en toda Europa, precios que
lógicamente afectan al consumo animal y que luego podrán tener también repercusión en el precio final de la carne.
Nosotros lo que pretendemos o lo que quisiéramos, por lo menos así estaba establecido en el plan de 2000-2010, es que hubiera siempre un equilibrio a la hora de establecer hectáreas de retirada de producción alimentaria propiamente dicha
para que se pudiera dedicar a producción de tipo energético, y entendemos que hasta ahora, después de la aprobación del decreto del año 2004, más luego el plan que ustedes sacaron 2005-2010, no se ha cumplido ninguno de los objetivos que en ese
sentido se pretendían.
Equilibrio de la política forestal, apoyo decidido a las superficies agrarias, pero no a las superficies agrarias sino a las inversiones, es decir nos estamos dando cuenta que las energías renovables están tirando hacia
delante en la medida en que se crean condiciones para que los empresarios libremente puedan acceder a ayudas y puedan tener unas
mínimas garantías de rentabilidad. Vemos que en el decreto aprobado este pasado fin de semana se hacen unas diferenciaciones respecto a la biomasa que confiamos y esperamos que puedan derivar y concretarse en una mayor producción. Respecto
al programa de apoyos a la industria de generación eléctrica proveniente de este real decreto, al final nos parece muy bien lo que se escribe en los decretos pero después están los Presupuestos Generales del Estado, que tienen que ser los que
definitivamente doten de recursos para que haya de verdad ayudas y posibilidades de incrementar directamente este capítulo.
Termino con la siguiente reflexión, señora Colldeforns. Cada uno es muy libre de plantear las proposiciones no de ley como mejor le parezca, pero nosotros por lo menos desde nuestro grupo parlamentario hemos tenido dudas en cuanto al título
de la proposición no de ley, a la exposición de motivos y luego a los términos de lo que íbamos a aprobar. Estando de acuerdo con la promoción de las energías renovables, sobre todo en el tema de la biomasa, y con la promoción y protección de
nuestras zonas forestales, especialmente con lo que usted ha hecho referencia del bosque mediterráneo, en esta proposición no de ley lo que vamos a hacer va a ser optar por la abstención.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) Brevemente, señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Muy brevemente. Lamento que no hayan visto que esta proposición no de ley vaya de bosque, vaya de bosque mediterráneo, vaya de la complejidad que hay y que, a la hora de aplicar medidas de distinto tipo para
aprovechar y responder a distintos problemas, no entiendan que precisamente lo que hay que hacer es analizar la complejidad de los factores que concurren de cara a la posibilidad de mantener el bosque mediterráneo, de conservarlo y mejorarlo. En
realidad, señor Pintado, creí que hablaría de la proposición no de ley y no de agricultura, pero, en fin, en cualquier caso le agradezco sus reflexiones al respecto. (El señor Pintado Barbanoj pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Pintado, no vamos a reabrir el debate. Usted ha tenido diez minutos para manifestar sus opiniones.
El señor PINTADO BARBANOJ: Le quería leer un párrafo de la iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Ha tenido diez minutos para responder.
El señor PINTADO BARBANOJ: Es un párrafo nada más. Aquí no se habla del bosque mediterráneo.
- SOBRE LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA-MARCO DEL AGUA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/002130.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 8.º, proposición no de ley presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la trasposición de la Directiva-marco del Agua, que
será defendida por el diputado Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Esta proposición no de ley la presentamos en febrero de este año para poner de manifiesto un compromiso incumplido, el compromiso no solo de la Ley de Aguas sino de la correcta trasposición de la Directiva-marco del
Agua, de acuerdo con lo que se había comprometido al principio de la legislatura la propia ministra de Medio Ambiente tras reunirse en la primavera de 2004 con la comisaria europea de Medio Ambiente. En aquel encuentro reconocía que habría que
realizar alguna que otra modificación de la legislación vigente necesaria por la pésima trasposición de la directiva-marco de la Unión Europea que realizó el Gobierno anterior. Estas declaraciones de la ministra Narbona las podemos ver y recoger en
la revista Ambienta de julio y agosto del año 2004, donde se anunciaba que se iba a proceder a una revisión legal de la trasposición de la Directiva-marco del Agua en España. No fijaba plazo pero se entendía que era en el transcurso de esta
legislatura.
Todos los presentes sabemos que en el consejo se ha discutido sobre la Ley de Aguas, que dicha ley se está discutiendo con las comunidades autónomas, pero más allá de toda la trascendencia de su articulado, hay elementos y artículos que han
sido discutidos en la trasposición de la directiva -los citamos en la exposición de motivos: artículos 14, 18, 27, 35, 36, 40, 59, 92 y 92 bis- y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias organizaciones ecologistas y, como recordaba antes, lo ha
dicho la ministra Narbona.
¿Cuál es el problema? El problema está en que la trasposición de la Directiva-marco del Agua se hizo de forma discutible en las formas y en el fondo; de forma discutible en las formas porque, como ustedes saben, se traspuso el 31 de
diciembre de 2003, habiendo ya cumplido el plazo, pero, lo que es más grave, se hizo precisamente a través de una ley de acompañamiento de presupuestos -discutimos si una ley de esta trascendencia se tiene que hacer mediante una ley de
acompañamiento de presupuestos-, pero es que además se hizo precisamente ignorando varios de los elementos de la Directiva-marco del Agua esenciales para una correcta implementación de la misma; entre ellos, por ejemplo, en el artículo 14 de la
Directiva-marco del Agua se establece precisamente un proceso de planificación y de
participación pública, se determina un proceso que, en cambio, en la trasposición de esa directiva no está, nos falta, no aparece claramente establecido en el texto de la trasposición, tal y como pide la Directiva-marco del Agua, un proceso
concreto que determine la participación pública. El procedimiento para la elaboración y la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, a pesar de estar previsto en la disposición adicional duodécima, no se establece; la determinación de las
condiciones técnicas definitorias de cada uno de los estados de las masas de agua así como los criterios para su planificación tampoco aparecen, y podría continuar. De la misma manera, existen aspectos que no están traspuestos de forma correcta
desde nuestro punto de vista, y más allá de nuestro punto de vista, existía un compromiso de la ministra Narbona para corregir elementos sobre cuyo anális habíamos coincidido con ella en cuanto a una correcta trasposición de la Directiva-marco del
Agua, y esos elementos y puntos no se han corregido. Eso es lo que nos llevó en febrero de este año a realizar un toque de atención y presentar una proposición no de ley que no creíamos que fuese discutida. Con la presentación de la proposición no
de ley pretendíamos simplemente que el Gobierno reaccionase y que si bien no tirase adelante con la reforma de la Ley de Aguas por falta de acuerdo entre diferentes sectores, también entre comunidades autónomas, que como mínimo modificase los
artículos que he citado y que desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de las organizaciones ecologistas y desde la perspectiva del propio ministerio, no estaban correctamente traspuestos.
Hoy nosotros presentamos a debate esta proposición no de ley a la que le hemos añadido una enmienda de nuestro mismo grupo parlamentario para fijar plazos, porque casi a mes de junio de 2007 ya no vale con decirle al Gobierno que apruebe
estas medidas, no es ni mucho menos suficiente; no es suficiente decir solo que se proceda a la modificación del articulado del texto refundido de la Ley de Aguas para trasponer correctamente la Directiva-marco del Agua, sino que se necesita decir
cuándo, porque si decimos en genérico que haga esto, lo que nos puede acabar pasando es que el Gobierno entre precisamente en esta modificación sin tener tiempo para que esta tramitación vea la luz. Nosotros esta proposición no de ley no la
presentamos porque sí ni por ningún afán; lo hacemos simplemente porque tenemos un objetivo, coincidente en este caso con demandas de multitud de organizaciones ecologistas, de Ecologistas en Acción, también de Adena, para que esta trasposición
correcta de los artículos que he citado vea la luz. Por eso hemos presentado una enmienda en la que planteamos que en un plazo de quince días y por el trámite de urgencia, el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros estas nuevas disposiciones.
Estaríamos de acuerdo con que hubiese un plazo, que podría ser de treinta días, que podría ser antes de que acabe este periodo de sesiones, para que como mínimo exista la posibilidad de que la trasposición correcta de los artículos citados vea la
luz. Ahora bien, lo que nosotros no vamos a avalar es un mandato genérico que no comprometa.
Nosotros podemos ser comprensivos con las dificultades en torno a algunas materias, pero no podemos ser condescendientes con que no se traspongan
artículos que contravienen claramente lo que entendemos por nueva cultura del agua, y por tanto estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que haya un plazo, pero en el caso de que esto no sea así, obviamente votaríamos a favor de nuestra
enmienda y cada uno debería actuar en consecuencia.
Quiero trasladar por último que existe un riesgo, el riesgo de la sanción de la Unión Europea, un riesgo efectivo después de amenazas y después de anuncios y de declaraciones de los diferentes comisarios de la Unión Europea en materia de
medio ambiente, y, es más, es muy posible que diferentes organizaciones ecologistas, ante la inacción del Gobierno en la trasposición de estos artículos... A mí no me merece sonrisa, la verdad, que estos artículos... (La señora Colldeforns i Sol:
Lo que me merece una sonrisa es lo de inacción.) ¿La inacción? (La señora Colldeforns i Sol: No hay inacción.) Lo que no se está haciendo es trasponer estos artículos, es una realidad. Ojalá me equivocase. Nosotros hemos apoyado la política de
agua del Gobierno, pero lo que decimos es que en esta materia hace falta decidir y hace falta trasponer y hace falta cumplir. Claro que hay acción del Gobierno, pero hay inacción desde la perspectiva legislativa, es una obviedad, es algo que es muy
evidente: si no se presenta la ley, no se presenta. Eso es inacción. Pues bien, si no hay una trasposición correcta desde nuestro punto de vista de dichos artículos, no nos gustaría que diferentes organizaciones ecologistas procediesen a tramitar
en Bruselas una queja europea por la falta de trasposición y eso podría pasar; eso podría pasar en las próximas semanas porque precisamente existe un gran malestar, esta proposición no de ley no viene caída del cielo. Nosotros hemos apoyado la
política de agua del Gobierno, yo le recordaría esto a la portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente, pero si nosotros presentamos esta proposición no de ley, no es porque sí, sino porque existe malestar por la falta de correcta
trasposición de artículos fundamentales, y por eso nos gustaría que el Grupo Socialista no solo se comprometiese a que lo tramitará, sino que dijese claramente que va a haber un plazo.
Acabo ya. Vamos a estar atentos e intentaré esperar hasta el último minuto, porque estoy a la vez en otra Comisión, y ruego que me disculpen si no puedo escuchar todas las intervenciones de los portavoces que me van a seguir en el uso de la
palabra. Espero que finalmente podamos llegar a un acuerdo para que haya un plazo y haya acción en el desarrollo legislativo.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Ángeles Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: En principio tenemos que decir varias cosas al respecto, aunque ya avanzamos que la propuesta inicial, tal como estaba planteada, es una propuesta que entiendo que nostros y creo que prácticamente todos los
grupos aquí presentes podríamos aceptar, pero quisiéramos hacer una referencia importante respecto a que la Directiva-marco del Agua efectivamente, como se dice y se ha dicho, fue traspuesta el 31 de diciembre de 2003; es cierto que el plazo ya
había finalizado y aunque podamos discutir las formas, no entendemos en ningún momento que el fondo de la cuestión se hiciera de una forma incorrecta y con la gravedad que aquí se ha planteado. Estamos convencidos de que realmente la trasposición
se hizo correctamente y no encontramos en muchos de los casos esos errores de los que se habla. Incluso se ha dicho que algunas cuestiones que se han planteado eran aspectos mal traspuestos desde el punto de vista del grupo proponente, con lo cual
entendemos que es respetable pero no compartible, porque las cosas legalmente tienen una explicación y tienen una lectura y no la tienen desde el punto de vista político en el caso de una trasposición normativa.
En principio nos parecía que una vez más debatíamos una de las propuestas que en esta Cámara durante esta legislatura sirven para criticar cualquier acción que en el pasado hiciera el Gobierno del Partido Popular. Ya estamos acostumbrados
y, sin entrar en otras discusiones, les ha ido bastante mal este domingo pasado en esta cuestión en muchos sitios, pero sin entrar en esto, con la autoenmienda que se ha hecho el grupo proponente, yo creo que es muy difícil, prácticamente imposible
poder apoyar esta propuesta, porque entendemos que aunque se han mencionado las palabras de la ministra, en las que ustedes creen -ha hablado de la palabra de la ministra; las palabras de la ministra, no por ella personalmente, sino por los
resultados que han ido teniendo, poca credibilidad tiene para nosotros y para la sociedad española y para muchísimos usuarios del agua de este país-, todo esto lo tenían que haber planteado yo creo que con anterioridad y sin tan mal hechas estaban
estas cosas, haber traído el debate a la Cámara con anterioridad, como digo, a pesar de que la ministra ya lo hubiera dicho. No entendemos las prisas que en este momento tienen, ya no solo con la propuesta sino sobre todo con la enmienda que
ustedes han planteado en este sentido. Además, siendo que ustedes han apoyado siempre la política del Gobierno, que lo siguen haciendo y usted mismo ha justificado el porqué de esta propuesta reiterando que creen en la palabra y que es una promesa
incumplida de la ministra, la verdad es que creo que ustedes lo podían haber negociado de otra manera. Como se ha hablado de que efectivamente va a haber denuncias y de una serie de veladas amenazas que se han producido, nos preocupa mucho que no
solo en este tema sino en otros muchos parece que trabajan con asociaciones que van a la Unión Europea en peregrinación para quejarse muchas veces de todo, en algunos casos puede ser razonable y en otros creo que no lo es, con esas prisas por lo
menos, porque reitero que entendemos que no se hizo una mala trasposición, pero indudablemente estaríamos dispuestos a votar la primera iniciativa, porque todo es mejorable y lógicamente, si hay algo que se deba de corregir o mejorar por el bien de
la política de aguas de España dentro de la Unión Europea, desde luego nunca nos vamos a negar, pero teniendo clara esa premisa que he dicho.
Hay otra serie de cuestiones, el Consejo Nacional del Agua, las comunidades autónomas... En esta legislatura y con el Gobierno socialista realmente no ha habido debates en el Consejo Nacional del Agua. Se llevan unas cosas, si conviene,
porque saben que van a salir como el Gobierno quiere; en otras se obvia ese trámite o se llevan corriendo sin que nadie las pueda estudiar. Dudo muchísimo de que en materia de agua haya habido un debate con las comunidades autónomas, porque hay un
desacuerdo generalizado, y por tanto no hemos confiado en esa actuación de la ministra ni en sus muchas promesas incumplidas ni en esas palabras que siempre se las lleva el viento o se las lleva el agua y se las lleva todo en este caso. Por tanto,
no vamos a creer que el Consejo Nacional del Agua va a resolver las cuestiones con las comunidades autónomas porque el Gobierno, no el grupo proponente, no dialoga con las comunidades autónomas, y sobre todo a las que dicen lo contrario no se las
escucha, se las acusa de que se dedican a otros menesteres, que dicho de paso han apoyado los electores, y la verdad es que poco más podemos decir, salvo que, como he dicho, no compartimos la filosofía en algunas cuestiones que también se plantean
en esta proposición no de ley sobre la trasposición de la Directiva-marco del Agua.
Le voy a hacer una apreciación simplemente, aunque, reitero, con este texto inicial podríamos aprobar la proposición. Habla de que con esta modificación del articulado y con la trasposición correcta de la Directiva-marco del Agua se podría
mejorar la gestión del agua. Nosotros entendemos que si hay que acoplar cosas, se adaptan, pero que desde luego no va a servir para mejorar la gestión del agua en sí, es un elemento que no entendemos que sea básico para mejorar la gestión del agua,
que, dicho sea de paso, es bastante inexistente en este país porque estamos igual o peor que estábamos hace tres años. Al final de la exposición de motivos que justifica esta propuesta, hablan de que la trasposición inadecuada está afectando
negativamente a la planificación hidrológica. Pues no, porque se podría haber hecho y se podría haber continuado con una planificación hidrológica o sobre todo con la ejecución de una planificación hidrológica que ya se hizo con el Gobierno del
Partido Popular y lo que se ha hecho es, digamos, trocearla, desgajarla y venderla como algo novedoso, pero lo peor de ello es que ni hay planificación, ni hay ejecución, ni hay realmente una política de agua.
Tampoco compartimos eso. En cualquier
caso si esa actuación se convierte en necesaria, nosotros, como digo, sin la enmienda que establece
ese plazo de urgencia, podríamos votar favorablemente porque nada tenemos en contra de eso, yo creo que ningún grupo, pero también tenemos que ser claros y decir que esperamos que si esto, por las circunstancias -no sé cómo quedará-, no se
aprueba, no vaya todo el mundo corriendo a la Unión Europea a decir qué mal lo hace España, porque al final vamos a perjudicar a todos los usuarios del agua en muchos casos y no solo al Gobierno, y lo podríamos decir contrariamente desde la
oposición, y en cualquier caso no creemos que la pésima planificación y gestión del agua que existe en este país con este Gobierno sea fruto precisamente de todo ello. Podríamos apoyar la proposición dejando claras nuestras cuestiones previas,
algunas diferencias de filosofía que aquí se plasman, pero en cualquier caso entendiendo que las leyes, las directivas y la legislación de cualquier Estado son modificables en cualquier momento, con acuerdo de todos desde luego, y por tanto en esa
línea siempre nos van a tener.
La señora PRESIDENTA: Finalmente por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: En primer lugar, quería decirle al portavoz de Izquierda Unida-Verds, autor de esta proposición no de ley, que nosotros, si la mantuviese en los términos en que ha sido presentada, votaríamos a favor, pero votaríamos
en contra de su autoenmienda, porque alude a dos cuestiones, que la reforma de la Ley de Aguas para realizar la trasposición tendría que presentarse en el plazo de quince días y por vía de urgencia. Naturalmente eso es absolutamente imposible y
vamos a votar en contra, aunque por la búsqueda del consenso político parlamentario nosotros presentaríamos una transaccional que le indicaré al final de mi intervención.
También en esta intervención querría explicarle por qué precisamente nosotros consideramos que no es posible aceptar su autoenmienda, y es debido a que la trasposición de la Directiva-marco del Agua es de una enorme complejidad y para que
quede constancia de qué estamos hablando -aunque algunas de SS.SS. sí que conocen perfectamente todo el asunto de la Directiva-marco del Agua, me gustaría que quedase constancia en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión- quiero recordar que esta
directiva lo que establece es un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y que precisamente mediante ella de lo que se trata nada menos -fíjense la labor ingente que hay que hacer en los Estados miembros de la Unión
Europea- es de organizar con un marco común la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, costeras y subterráneas, con el fin, dice la directiva, de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el
medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías, insisto, una labor ingente, porque añade esta directiva que para conseguir todo esto hay que dar un peso muy importante a
cuatro asuntos o cuestiones fundamentales, que son la planificación hidrológica, la gestión por cuenca, los análisis económicos y la participación pública.
No se trata solamente de que la labor que tienen que hacer todos los Estados miembros es una labor ingente, sino que además es de una gran complejidad, y yo querría recordarles a SS.SS. que precisamente los días 23 y 24 de octubre del año
2000 hubo una reunión en París de los directores del agua de la Unión Europea, más Noruega, donde se llegó a un acuerdo entre los Estados miembros y la Comisión Europea para desarrollar una estrategia común para poder implementar esta directiva y
que esta estrategia 'era como consecuencia de la complejidad del texto, el calendario exigido, la diversidad de soluciones posibles a cuestiones científicas, técnicas y prácticas y para asegurar la eficiencia y transparencia del proceso'. Para todo
ello en aquel momento se crearon diez grupos de trabajo donde precisamente de lo que se trataba era de hacer unos documentos guía que ayudasen a todos los Estados miembros a homogeneizar las actuaciones para la implementación y la trasposición de
esa directiva.
La complejidad de esa labor que tenían que hacer todos los Estados miembros es tan enorme que de ahí las declaraciones de la ministra.
Solamente he elegido algunas de las cuestiones más importantes. Nosotros creemos que lo que se hizo en
el año 2003 por vía de urgencia, gobernando el Partido Popular, no es que fuese una mala trasposición hecha de forma consciente, que es un poco lo que se insinúa, sino que precisamente para que fuese una trasposición adecuada tenía que haber
previamente una labor y un análisis de lo que les voy a relatar a continuación. Como esa labor, ese análisis y esas actuaciones estaban sin hacer en nuestro país, la trasposición es verdad que es inadecuada y en algunos casos incorrecta.
Lo que
tenía que haberse hecho es un análisis de las características de cada demarcación hidrográfica, un estudio de la incidencia de la actividad humana sobre las aguas, un análisis económico del uso de las aguas, un registro de las zonas que necesiten
especial protección, un registro de todas las masas de agua que se utilicen para el consumo humano; avalar un plan de gestión y un programa de medidas en cada demarcación hidrográfica teniendo en cuenta los análisis anteriormente citados; prevenir
el deterioro y mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales; reducir la contaminación a causa de los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas; proteger las aguas subterráneas y garantizar un equilibrio entre su captación y
su renovación; por último, establecer regímenes que contemplen sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de esta directiva. Esa es la ingente labor que había que hacer, esa es la ingente labor que estaba sin hacer y
de ahí la premura, no solamente en el procedimiento sino en la trasposición, y la incorrección de lo que estaba hecho.
Dicho eso, sabe S.S., portavoz de Izquierda Unida-Verds, que en estos tres años el Gobierno ha hecho fundamentalmente tres cosas que le quiero recordar, que es la causa de que usted precisamente esté de acuerdo con nosotros, y no solamente
en una reorientación de toda la política del agua que de alguna manera ha acabado en el precipitado de lo que llamamos programa AGUA, del que ahora no voy a hablar aquí. La segunda cuestión, que es la importante y la que en este momento nos parece
que es específicamente la que tendría que entrar en este debate, es que se está trabajando en la nueva reforma de la Ley de Aguas para llevar a cabo cuatro cosas que quiero recordar: primera, una nueva regulación para garantizar el uso sostenible
de las aguas subterráneas -eso se está haciendo-; segunda, una mejora de la legislación relativa a la seguridad de presas y del dominio hidráulico -en eso se está trabajando y se está haciendo-; tercera, la creación de bancos públicos de agua que
fomenten la reasignación de los derechos de las concesiones existentes con criterio de eficiencia, de equidad social, de sostenibilidad ambiental -eso se está haciendo- y cuarta y última, la reforma de las confederaciones hidrográficas precisamente
para adecuarlas a toda la normativa europea para aumentar la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión del agua y para favorecer la máxima participación ciudadana. Todo eso se está haciendo y nada menos que en el plazo de tan
solo tres años. Lo que no se ha hecho en ocho se está haciendo en tres y usted sabe perfectamente que es así.
Por último, ¿qué ocurre con el ministerio? Que ha llevado al Consejo Nacional del Agua nuestro intento, lo que nosotros planteamos, nuestra propuesta de reforma de la Ley de Aguas. ¿Y en este momento qué es lo que ocurre? Que hay una
comisión específica entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente para buscar lo más importante que hay que buscar con esta reforma, no solamente la trasposición de esta directiva-marco, no solamente su implementación, que hay
que hacer a la mayor brevedad posible, sino por encima de todo buscar el máximo consenso con la sociedad española, y en eso se está. Por eso, cuando usted habla de que en el plazo de quince días y por vía de urgencia venga esta reforma de la Ley de
Aguas yo en este momento le tengo que decir que eso no es posible y que, sin embargo, sí estaríamos dispuestos a votar a favor la proposición no de ley que usted ha traído.
De la misma manera que el Gobierno busca el máximo consenso con la
sociedad, el Grupo Parlamentario Socialista está buscando el máximo consenso con usted y con el resto de los grupos, de ahí la transaccional que yo le planteo, y es añadir a la proposición no de ley que usted presentó en su día que hay que traer la
nueva reforma de la Ley de Aguas antes de que acabe la legislatura. Luego lo que yo le he querido indicar es que, primero, de inactividad, nada de nada: se está haciendo una labor ingente, importantísima, una labor que no estaba hecha, y lo sabe
usted y además lo saben los portavoces del Grupo Popular; segundo, no solamente no hay inactividad, sino que le pongo un plazo, desde luego no puede ser ni en quince días ni por vía de urgencia; tiene que ser, y eso es lo que le proponemos como
transaccional, antes de que acabe la legislatura. Si es así, estaríamos plenamente de acuerdo, y si no, acabo, señora presidenta, no llevaríamos a cabo esta transacción.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Herrera para decir si acepta o no la transacción.
El señor HERRERA TORRES: Vamos a valorar qué hacer, pero le quiero recordar a la señora Serna que quedan seis meses de trabajo parlamentario y que quizás están haciéndolo todo, pero para que eso vea la luz simplemente tienen que presentar
ya la ley; si no, no hay voluntad de que la ley vea la luz.
La señora PRESIDENTA: ¿Acepta o no la transaccional?
El señor HERRERA TORRES: Vamos a valorarlo.
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVISTAS POR LAS LEYES 25/1980, 13/1987 Y 8/1985, ASÍ COMO LA APROBACIÓN URGENTE DE UN TRASVASE DE SOCORRO DESDE EL TAJO-SEGURA AL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL (CIUDAD
REAL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002137.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 9.º del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al cumplimiento de las medidas de conservación previstas por las leyes 25/1980, 13/1987 y 8/1995,
así como la aprobación urgente de un trasvase de socorro desde el Tajo-Segura al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Tiene la palabra por el Grupo Popular la diputada doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente esta tarde mi grupo parlamentario trae una proposición no de ley al seno de esta Comisión con la que queremos salvar un gran humedal, que es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que se
halla en la provincia de Ciudad Real y que en la actualidad atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia y presenta tan solo 15 hectáreas encharcadas de las 1.750 con las que cuenta la superficie total de este entorno natural,
considerado uno de los más importantes humedales de España y de Europa, que fue declarado parque nacional en el año 1973, reserva de la biosfera en el año 1981 e incluido en el Convenio Ramsar en el año 1982.
Este inigualable entorno natural, elegido todos los años por cientos de especies de aves acuáticas como lugar de nidificación, corre peligro de desaparecer sin que desde el Gobierno de España, principal responsable de su mantenimiento y
conservación, se haya hecho nada en esta legislatura por mejorar la grave situación hídrica que atraviesa denegando incluso en reiteradas ocasiones la derivación de agua desde la cabecera del Tajo a través del acueducto Tajo-Segura solicitada varias
veces, lo que ha provocado que este entorno y parque nacional haya ido empeorando hasta alcanzar una situación que podría calificarse de dramática, máxime cuando sabemos que en estos momentos miles de aves necesitan este humedal para seguir
nidificando.
El último trasvase de agua que recibieron las Tablas de Daimiel desde la cabecera del Tajo se produjo en el año 2004, con el Partido Popular al frente del Gobierno del Reino de España, con la derivación de 15 hectómetros cúbicos cuando el
parque nacional solamente contaba con 100 hectáreas encharcadas. Desde entonces no se ha vuelto a enviar ni una sola gota de agua a este importante humedal y las actuaciones del Gobierno de hoy, del Gobierno de España, a través de la ministra de
Medio Ambiente, se han circunscrito tan solo a la compra de algunas hectáreas de fincas colindantes al parque para reducir el consumo de agua destinada a riego, una actuación que no dudamos desde nuestro grupo parlamentario que sea eficaz a largo
plazo, pero que desde luego no da respuesta a las necesidades urgentes de agua que presenta esta reserva de la biosfera.
Desde entonces, vuelvo a reiterar, el Parque Nacional de las Tablas, a pesar de llegar al extremo de tener tan solo 15, de sus
1.750, hectáreas encharcadas, no ha recibido ni una gota, lo que ha provocado que poco a poco haya llegado a alcanzar la situación más grave y agónica de su historia.
Hoy, señorías, en esta Comisión esta proposición no de ley cambia y voy a explicar por qué. Saben ustedes por los medios de comunicación que muchos pueblos de nuestra tierra, Castilla-La Mancha, han sufrido graves tormentas que han
destruido casi 500.000 hectáreas de viñedo, de cereal y de olivar y, además, no solo han destruido esas producciones agrícolas -para estas cosechas y para otras cosechas venideras-, sino que también esas graves riadas de agua han provocado que
muchas familias se hayan quedado sin sus enseres y muchas casas hayan sido destruidas. Pero el resultado de estas tormentas no solamente lo vamos a ver en esta Comisión de Medio Ambiente desde ese plano negativo, que sí lo han tenido porque afecta
a la subsistencia de cientos de familias de Castilla-La Mancha, sino que también estas tormentas han provocado que en estos momentos el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel haya visto incrementado su aporte hídrico en un 4 por ciento gracias a
esta agua que ha caído; en estos momentos por el río Cigüela empieza a correr esa agua importante para el cubrimiento hídrico de este Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Pero que corra el agua por el río Cigüela todavía es absolutamente
insuficiente para poder encharcar en su totalidad este maravilloso Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Por esta razón, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que sigue siendo necesario adoptar las medidas para que el parque alcance el
nivel de encharcamiento ideal para su subsistencia y conservación y por ello en esta proposición no de ley volvemos a reiterar que el Gobierno de la nación, que el Gobierno del Estado español autorice con carácter de urgencia un trasvase de socorro
de 20 hectómetros cúbicos desde el río Tajo al Segura.
Entendemos que ahora es un buen momento para realizar este trasvase teniendo en cuenta que precisamente, y como decía anteriormente, los cauces por donde debe discurrir el agua hasta el parque
nacional se encuentran en condiciones de poder trasvasar estos 20 hectómetros cúbicos sin que se produzcan pérdidas considerables. Como bien saben ustedes, no es lo mismo trasvasar a través de un cauce seco, en que se van a perder algunos metros
cúbicos de agua, que en estos momentos que el río Cigüela corre. Asimismo consideramos que es el momento idóneo para el trasvase, puesto que, con los datos que ayer tenía esta parlamentaria y portavoz en estos momentos del Grupo Parlamentario
Popular, las reservas de la cabecera del Tajo se sitúan en 456 hectómetros cúbicos y los embalses de Entrepeñas y Buendía se sitúan, por tanto, por encima de los 250 hectómetros cúbicos, por debajo de los cuales no se puede realizar ningún trasvase.
Señorías, nuestra iniciativa parlamentaria no se reduce solamente a instar al Gobierno de la nación a que apruebe con carácter urgente este trasvase de socorro, sino que va más allá. Con esta proposición no de ley desde el Grupo
Parlamentario Popular pedimos también al Gobierno que cumpla las distintas leyes que hacen posible el compromiso de los trasvases, el compromiso del mantenimiento de este maravilloso humedal y de otros parques nacionales, como son la Ley 25/1980, la
Ley 13/1987 y la Ley 8/1995, y además pedimos que se establezca con carácter permanente la derivación de dotaciones de agua desde la cabecera del Tajo que recoge hoy la normativa existente.
Las Tablas de Daimiel, señora presidenta, como parque nacional y reserva natural reconocida a nivel europeo y mundial como máximo exponente de la riqueza y singularidad de los humedales manchegos y de su importante flora y fauna, necesita
una mayor protección y mayores desvelos por parte del Gobierno de la nación y de todos los grupos parlamentarios me atrevería a decir yo hoy en el seno de esta Comisión. Por eso les pedimos a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta
proposición, con el fin de que este insustituible entorno natural pueda seguir siendo visitado por las generaciones venideras, a quienes tenemos la obligación de legar esta joya del patrimonio natural de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La
Mancha y de toda España.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En el Grupo Socialista coincidimos en este caso con el Grupo Popular en señalar la importancia de este parque nacional ubicado en la provincia de Ciudad Real y en destacar los valores biológicos, ambientales,
paisajísticos y la influencia social y económica que tiene sobre la zona donde está asentado. Ahí no tenemos ninguna duda.
Tampoco las tenemos coincidimos al cien por cien en que efectivamente el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel desde hace
muchos años pasa por una situación de dificultad que está ocasionada por la sobreexplotación de los acuíferos sobre los que se asienta. Lógicamente todos somos conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo, toda la Administración española, por
asegurar el mantenimiento de este parque nacional, sus valores biológicos y medioambientales, por tanto hay que tomar medidas; medidas entre las que no está exclusivamente o solo la realización de trasvases coyunturales para incrementar la lámina
de agua. En este sentido, sin ánimo de polémica, señora Quintanilla, le sugiero que acuda a foros o a publicaciones de científicos ambientales que discuten y cuestionan mucho la permanencia de este tipo de trasvases porque, al ser distintas las
características del agua de la cabecera del Tajo a la propia de su acuífero, puede hacer cambiar el parque natural. Son muchos los científicos que avalan la posibilidad de trasvases en casos excepcionales pero indican que estos deben hacerse con
prudencia, con seguimiento científico y técnico para asegurar que no se cambian los valores biológicos que tiene el parque. Como les decía, no solo hay que actuar con medidas coyunturales como pueden ser los trasvases, sino trabajar también con
medidas estructurales, y en este sentido y para tranquilidad de la Comisión he de decir que el Gobierno está trabajando -está prácticamente finalizado para presentarlo públicamente-, en el plan de sostenibilidad del alto Guadiana que resolverá de
manera definitiva los problemas de sobreexplotación que se dan en esa zona. También el Gobierno -usted lo ha reconocido aunque tratando de minimizar los efectos- está llevando a cabo una política de adquisición de fincas en el entorno del parque
que aseguren la no extracción de aguas en el entorno del parque, para garantizar su mayor viabilidad.
Entrando estrictamente en la proposición no de ley, señora diputada, la Ley 25/1980 no hace referencia alguna a la derivación de aguas del acueducto Tajo-Segura a las Tablas de Daimiel; la posibilidad de derivar aguas del trasvase
Tajo-Segura a las Tablas de Daimiel se aprobó en el año 1987, inicialmente con carácter experimental por tres años y posteriormente se prorrogó por otros tres. Cuando realmente se toma una decisión de dar carácter de permanencia a la derivación de
aguas del trasvase a las Tablas de Daimiel se hace por medio del Real Decreto-ley 8/1995, que asegura el carácter de permanencia en este tipo de decisiones, lógicamente asignando la competencia a la comisión central de explotación del trasvase
Tajo-Segura, que es quien tiene que evaluar que existen efectivamente aguas excedentarias en la cabecera y la posibilidad de que el trasvase puede realizarse en condiciones de no despilfarro de agua. ¿Por qué digo esto? Usted lo ha expresado pero
lo voy a documentar un poco más. El trasvase a las Tablas de Daimiel la ley lo permite en este momento, por eso no hay necesidad de tomar nuevas decisiones; la ley permite derivar aguas hasta 30 hectómetros cúbicos al año o 60 hectómetros cúbicos
en tres años. Repito, esto es algo que está conseguido, consolidado, por tanto no hay que alarmar a nadie diciendo que hay que conseguirlo. Esto ya está conseguido en la ley, pero este tipo de trasvase es sui géneris; el trasvase a las Tablas de
Daimiel se hace desde el acueducto Tajo-Segura cogiendo agua en el punto kilométrico 49,05 del trasvase, pero no hay un destino directo del agua sino que hay que coger agua del trasvase que en cada momento se esté haciendo a la región levantina y
derivar pequeñas cantidades sobre el cauce del río Valdejudíos inicialmente, que es un afluente del río Cigüela, y a través de éste, a través de un tránsito de cauce de río de más de 160 kilómetros, se produce la llegada del agua del trasvase
Tajo-Segura a las Tablas de Daimiel. No es una tubería ni un cauce de hormigón. Digo esto porque la experiencia nos demuestra que en varias ocasiones, cuando ha habido los trasvases en épocas en las que el cauce del río Cigüela estaba seco, lo que
se ha hecho es simple y llanamente despilfarrar el cien por cien, o el 70, o el 80 por ciento de agua, porque se están produciendo filtraciones de agua y de cada hectómetro cúbico que se autoriza para derivarse del Tajo-Segura llega a las Tablas de
Daimiel el 5, el 10 por ciento en el mejor de los casos. Por tanto, no se puede hacer en cualquier circunstancia.
Cuando ustedes presentaron esta proposición no de ley el cauce del río Cigüela estaba en una situación de absoluta sequedad; está seco desde hace tres o cuatro años, mejor dicho, estaba seco hasta que las precipitaciones del mes de abril,
que han sido elevadas en la provincia de Ciudad Real, y en concreto las últimas a las que usted hacía referencia y que han ocasionado inundaciones y daños en esa comarca en Alcázar de San Juan o en toda esta zona, han hecho cambiar las
circunstancias en las que está el cauce del río Cigüela. En ese sentido la posición del Grupo Socialista -con esto acabo-, coincidie con el planteamiento de fondo de que es necesario poder garantizar en situaciones excepcionales agua del trasvase
Tajo-Segura a las Tablas de Daimiel, por eso le propongo una transaccional que, manteniendo la estructura de su propuesta, diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a -punto 1-, en el marco del ordenamiento jurídico en
materia de aguas y específicamente en relación con el trasvase Tajo-Segura, asegurar el carácter permanente de la derivación de aguas del acueducto Tajo-Segura a las Tablas de Daimiel. Esto es algo que ya está en la legislación, pero lo
dice en su proposición y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se reitere en la proposición no de ley. En el punto 2 la redacción se sustituiría por: que la comisión central de explotación del acueducto Tajo-Segura evalúe las
nuevas circunstancias tras las últimas precipitaciones y autorice una nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos de aguas a las Tablas de Daimiel, asegurando que no se producen despilfarros, dada la situación actual del cauce del río Cigüela. Si el
Grupo Popular acepta esta transacción, podríamos aprobarla al menos con el apoyo de los dos grupos parlamentarios. En estos temas de política de aguas nosotros pensamos que es mejor trabajar en el marco del consenso político, en este caso Partido
Popular-Partido Socialista, que son los únicos que tienen representación en Castilla-La Mancha; y en cualquier caso daríamos tranquilidad al trabajar en una misma dirección, que no es otra que asegurar el mantenimiento de esta maravilla natural que
es el Parque de las Tabas de Daimiel.
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, entiendo que ha presentado una enmienda in voce. Debo preguntar a los grupos aquí presentes si alguno se opone o, mejor dicho, si lo admiten a trámite. (Asentimiento.)
- PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PARA EL INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ESTA MATERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (Número de expediente 161/002184.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 10.º del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, para la conservación de la biodiversidad y para el incremento de la cooperación internacional en esta
materia. Tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Sencillamente nuestro grupo presenta una proposición no de ley relativa a la conservación de la biodiversidad y el incremento de la cooperación internacional en materia de biodiversidad.
Recientemente expertos
mundiales de máxima categoría, 19 concretamente, han declarado que nos encontramos al borde de una gran crisis de la biodiversidad. Nuestro grupo coincide y valora esta afirmación y tiene en cuenta que la pérdida de biodiversidad biológica puede
tener consecuencias muy graves para el bienestar y el desarrollo de las personas, de los humanos, aparte de la naturaleza; entre estos efectos puede darse la extinción de especies comestibles, la aparición de nuevas enfermedades, la desaparición de
especies que hubieran podido producir nuevos fármacos tal vez para curar enfermedades nuevas, catástrofes climatológicas debidas a la incapacidad de los ecosistemas para regular el clima, declive de los destinos turísticos atractivos por sus
recursos naturales, etcétera. Para frenar esta tendencia los científicos piden, entre otras medidas, que se cree un grupo internacional de expertos en biodiversidad parecido al que existe, al llamado Panel intergubernamental de expertos sobre el
cambio climático. Esto está justificado por el hecho de que la lucha contra la crisis de la biodiversidad no puede circunscribirse a los Estados, a los continentes, sino que ha de ser una acción internacional que supere las fronteras. En la lucha
contra el cambio climático tendría poco sentido que hubiera políticas estatales; ha de haber intervenciones internacionales. Dicho grupo intergubernamental sobre el cambio climático, lógicamente ha permitido por lo menos que la comunidad
científica haga llegar información fiable, fehaciente y recomendaciones tanto a ciudadanos como a gobiernos de todo el mundo, porque insisto que este ha de ser un problema abordado a este nivel.
La situación actual, según algunos datos de la Unión Internacional para la Naturaleza, es crítica. El 33 por ciento de las 4.700 especies de mamíferos terrestres conocidas están actualmente amenazadas de extinción; para las aves marítimas
el porcentaje se eleva ya al 27 por ciento; para otras especies, como las tortugas, tanto terrestres como marítimas, el porcentaje de las que están en peligro de extinción, es todavía mayor, y el problema no se limita solo a las especies animales
sino que también afecta a las plantas, a los vegetales. Entre las causas de esta crisis, que afecta o puede afectar a la biodiversidad del planeta, los expertos citan la destrucción de sus hábitat, la introducción de especies invasoras como
consecuencia de intercambios comerciales entre diversos países o continentes, la sobreexplotación de recursos biológicos, la contaminación y el propio cambio climático. Por otra parte, España es contratante, firmó en su momento convenios
internacionales claves para la conservación del medio natural, el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, el de humedales, el de la lucha contra la desertificación, el del cambio climático, y el Convenio de Washington sobre comercio de especies
amenazadas. Todos esos convenios resaltan, destacan, insisten en la necesidad de que haya una cooperación internacional para abordar esos problemas, e incluso algunos de ellos establecen la obligación de las partes contratantes de que realicen, de
que se planteen e incorporen en sus propias normativas acciones de cooperación en este ámbito. Es por eso que el Grupo Parlamentario Catalán en la proposición no de ley quiere instar al Gobierno por un lado a impulsar la creación de un grupo
internacional de expertos en biodiversidad similar al del Panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático; en segundo lugar, a crear a nivel estatal un grupo de expertos de diversidad biológica que asesore al Gobierno e informe a los
ciudadanos sobre la situación, posibles acciones y efectos de las mismas; y en tercer lugar, nuestro grupo propone instar al Gobierno a incrementar los programas de cooperación española para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo
sostenible y la conservación de los recursos naturales.
A esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, de modificación en parte y también de adición en otra, que recoge básicamente el espíritu de nuestra iniciativa, si bien no compartimos de forma absoluta el
redactado de su enmienda, porque como, viene siendo habitual, la enmienda nos parece poco específica, poco imperativa, poco taxativa en cuanto a su redacción. Si bien recoge el segundo punto de nuestra iniciativa, la plantea o redacta con intención
de promover la creación y cambiando el grupo de expertos por la Plataforma española de investigadores y gestores, lo cual nos parece acertado, pero en cambio no nos lo parece mantener esa formulación de promover la creación, porque quisiéramos
mantener un verbo más imperativo, como sería el de crear a nivel estatal esa plataforma, que para eso se insta al Gobierno, para eso hacemos proposiciones no de ley.
En segundo lugar, el otro aspecto que pretende la enmienda es la creación de
nuevos programas. También en la formulación de la enmienda se pretende considerar la creación, porque quisiéramos mantener un planteamiento más imperativo, como es establecer nuevos programas y fortalecer los existentes, los cuales nos parece
adecuado complementar, ya que algunos de ellos existen. Finalmente, en cuanto a la enmienda de adición, que es totalmente novedosa en relación con nuestra propuesta inicial, nos parece interesante, porque es preciso, formulada con coherencia,
hablar de la coordinación tanto a nivel nacional como internacional, tanto de países como de organismos internacionales o supranacionales y también de los actores privados, así como de la coordinación interna entre las políticas de las diversas
administraciones públicas a nivel particular, en este caso del Estado español. Si el Grupo Socialista admitiera este matiz en cuanto a lo imperativo de la formulación de la enmienda, nuestro grupo la votaría a favor.
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado Simón de la Torre.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Es verdad que la proposición que estamos tratando a mi grupo le parece interesante; es más, le parece interesante y pertinente y además creemos que se puede mejorar, de ahí que presentemos las enmiendas que ha
estado comentando el portavoz de Convergència i Unió. Desde hace tiempo el Ministerio de Medio Ambiente viene ofreciendo apoyo a todos los esfuerzos por crear un grupo internacional en biodiversidad, un grupo que, como ha dicho el proponente, sea
similar al del Panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Por otra parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también ha puesto de relieve la necesidad de crear una plataforma de investigadores y gestores sobre
biodiversad para de esta manera contar con una estructura nacional, como la que ya existe en muchos otros países, esencialmente de la Unión Europea, y que tenga el objetivo de que los representantes españoles en las negociaciones internacionales
cuenten con la información científica más actualizada y rigurosa posible. El seguimiento y la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica y de otros convenios internacionales relacionados requieren habitualmente información científica que,
aunque existe en muchos casos, está dispersa o poco organizada, siendo muy difícil acceder a ella, contrastarla y utilizarla. En otros casos es necesario contar con el apoyo de expertos en la preparación de diversas reuniones, siendo muchas veces
muy difícil identificarlos y contar con su presencia.
También para una correcta aplicación de las políticas ambientales en España es indispensable reforzar la interacción entre el sector administrativo y de gestión entre el medio natural y el
sector científico, así como coordinar las políticas ambientales con las prioridades y líneas de investigación existentes en España. Para todas estas tareas el desarrollo de una plataforma española para la biodiversidad sería conveniente.
Por otro lado, la necesidad de impulsar la investigación sobre biodiversidad en España y coordinarla con las actuaciones y necesidades del Ministerio de Medio Ambiente está recogida en la estrategia española para la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica, en ella se señala la necesidad de una rápida transferencia de los conocimientos actuales para ser aplicados en la conservación y uso sostenible de la diversidad, pero se recalca que el volumen de conocimiento
no rinde los resultados esperados, esencialmente por falta de coordinación y posibilidad de acceso a los datos. Como medidas relevantes en este sentido se proponía que la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza elaborase un plan de
investigación en materia de biodiversidad, que se creasen bases de datos sobre diversidad biológica o que se promoviese la cooperación entre las administraciones competentes y los centros de investigación pertinentes. Para poder realizar estas
tareas mi grupo considera positivo crear un mecanismo que canalice, organice y ponga a disposición de la Administración la información relacionada con la investigación de la biodiversidad en España, por eso estamos de acuerdo con los dos primeros
apartados de la moción e incluimos en el segundo la promoción estatal de una plataforma española de investigadores y gestores sobre la biodiversidad.
Respecto al tercer punto de la propuesta, solicitamos la modificación, en el sentido de que considere la creación de nuevos programas de cooperación española, así como el fortalecimiento de los existentes, y de igual modo proponemos añadir
un nuevo punto para potenciar la política de ámbito internacional, sobre todo para potenciar la coherencia entre las políticas de los distintos Estados, de los organismos internacionales, de los supranacionales y de los actores privados cuya
actividad comporte impacto en el objetivo del desarrollo y la preservación de bienes y servicios ambientales. También queremos que en el ámbito nacional se produzca esa coherencia entre las políticas de las distintas administraciones
públicas y los agentes sociales que al actuar implican un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, aunque nos parece una buena proposición la queremos mejorar con lo que le hemos presentado como enmienda, y además,
para evitar suspicacias, yo estoy de acuerdo en que en algunos momentos evitemos los recelos y redactemos algo más imperativo. Aceptamos las propuestas de modificación a la enmienda que decía el proponente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Francisco Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: Quiero iniciar mi intervención diciendo que la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió nos parece razonable y apropiada. Sin más, querría hacer un análisis de la situación real y del funcionamiento
concreto de este convenio internacional para saber si es viable la misma, que creemos que sí. Los organismos internacionales de Naciones Unidas tienen diferentes formas de trabajar.
El modelo del Convenio Internacional para la Conservación de la
Diversidad Biológica, como todos los convenios o convenciones, está basado, como sabemos, en la ratificación y seguimiento de los países soberanos; así el convenio establece la creación de unos organismos de referencia en cada país que hacen el
seguimiento de la aplicación de estos mismos convenios. En el caso de España el punto focal recae sobre la Subdirección General de la Vida Silvestre, de la Dirección General para la Biodiversidad y del Ministerio de Medio Ambiente. También existen
otros puntos focales para otros aspectos científicos y proyectos concretos, como las iniciativas taxonómicas internacionales, la estrategia internacional de conservación de plantas y el protocolo de Cartagena, que es el primer acuerdo internacional
que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna. Es cierto que no todos estos grupos tienen representación española, pero hay una estructura de trabajo y de participación a nivel
internacional. Todos estos representantes son convocados periódicamente, como sabemos, a reuniones que se celebran en todo el mundo, como las conferencias de las partes, más conocidas como COP, la última celebrada recientemente en Curitiba (Brasil)
en marzo de este año. Cada una de estas reuniones tiene una preparación y unos documentos posteriores, también participan científicos y técnicos que analizan y asesoran sobre la evolución de los datos, como el órgano subsidiario de asesoramiento
científico, técnico y tecnológico. Quizás -es mi opinión-, el problema es que no trasciendan tanto a la opinión pública como sería necesario. Por otra parte, a diferencia del cambio climático, en el tema de la conservación y la biodiversidad
existen organismos, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que trabajan evaluando la situación y desarrollando programas internacionales. Estos organismos realizan sus propios informes, pero parece que tampoco trascienden
demasiado a la opinión pública. En otro orden de cosas, ya la estrategia española para la conservación de la biodiversidad, elaborada y aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular, exponía la necesidad de una investigación científica de
la obtención de datos, siempre necesarios para la toma de medidas. No entraré, por cuestiones de economía parlamentaria, en revisar lo que fue la estrategia que se llevó a cabo con anterioridad. También el propio Convenio para la conversación de
la diversidad biológica exige la cooperación y el intercambio de experiencias. Luego, en parte lo que estamos reclamando en esta proposición no de ley es la aplicación del convenio y de la estrategia española. Quisiera hacer mención de una manera
muy sucinta del punto 4 del artículo 18 del convenio que dice que, de conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las partes contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de
tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente convenio. Con este fin las partes contratantes promoverán también la cooperación para la capacitación del personal y el intercambio
de expertos. En cualquier caso, puede ser conveniente instaurar un grupo de trabajo de expertos, por lo menos a nivel nacional, que aglutine la información y la analice para dar origen a acciones e informaciones que trasciendan a la opinión pública
sobre la importancia y trascendencia de un tema tan importante como la conservación de la biodiversidad.
Todos los gobiernos de esta nación, creemos, han colaborado en mayor o menor medida con programas y aportaciones al desarrollo y la conservación de la diversidad biológica a nivel internacional. Por poner un ejemplo, y dado que esta
propuesta procede de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional viene realizando desde hace años una labor en este sentido con programas en lugares emblemáticos. Quizás la exigencia
antes de crear programas nuevos debía ser reorientar y dotar los ya existentes, no obstante mi grupo votará a favor de esta proposición no de ley porque considera necesario que todos aquellos trabajos que puedan realizarse para garantizar la
conservación de la biodiversidad son fundamentales tanto a escala regional como nacional e internacional.
La señora PRESIDENTA: Señor Guinart, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista? (Asentimiento.)
- RELATIVA A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE SUMIDERO DE NUESTROS MONTES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002258.)
La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, 11.º, proposición no de ley relativa a incrementar la capacidad de sumidero de nuestros montes, presentada
por el Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Efectivamente, y pese que a la política forestal ha sido la gran olvidada del Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de esta legislatura, hoy vemos, discutimos en esta Comisión una iniciativa primero del Grupo
Parlamentario Socialista y ahora esta iniciativa de nuestro grupo parlamentario. Nosotros creemos que la política forestal ha sido la gran olvidada, porque a lo sumo se tuvo en cuenta cuando se tramitó la reforma de la Ley de Montes, pero, como
recordarán SS.SS., en aquella ocasión la reforma se nos presentó únicamente como la panacea para conseguir terminar con esa gran lacra que suponen los incendios forestales. La realidad de los últimos veranos ha demostrado que en este sentido de
poco ha servido la modificación de la ley. Nuestro grupo pretende ahora con esta iniciativa potenciar al sector forestal como sumidero de dióxido de carbono, porque no olvidemos que, aunque siempre hablamos de combatir el cambio climático, uno de
los instrumentos que tenemos es el potencial de nuestros bosques. También la importancia de la política forestal y el valor de nuestros montes como sumideros de dióxido de carbono para combatir el cambio climático se ha puesto de manifiesto en los
últimos informes del grupo del IPCC, singularmente el presentado el día 6 de mayo, el titulado Mitigación del cambio climático. En dicho informe se destacan como aspectos esenciales para reducir el calentamiento global la importancia de la
forestación, reforestación y gestión de los bosques, la importancia de la gestión de producción de madera y el uso de materiales forestales para obtener bioenergía que pueda reemplazar el uso de combustibles fósiles. Asimismo, y en el apartado de
áreas clave planeadas para estar disponibles comercialmente antes de 2030, dentro del documento Mitigación del cambio climático, se resalta la mejora de especies arbóreas para incrementar la productividad de la biomasa y la captura de CO2, la mejora
de tecnologías de medición para análisis de potencial de captura de CO2 del suelo y de la vegetación y los cambios en el mapa de uso de suelos. El borrador de la estrategia española de cambio climático y energía limpia, horizonte 2012, presentada
por el Gobierno en el mes de febrero, dedica un apartado a los sumideros de CO2, destacando la necesidad de aumentar la capacidad de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera por las formaciones vegetales y el cumplimiento del objetivo fijado
en los planes nacionales de asignación que prevén la compensación del 2 por ciento de las emisiones del año base por actividades de uso de la tierra, cambios de uso de la tierra y selvicultura.
Pese a esta mención en la estrategia española de cambio climático y energía limpia, el Gobierno socialista ha mantenido en el olvido la política forestal, la aplicación del plan forestal español y de la estrategia española de la
biodiversidad, aprobadas durante los gobiernos del Partido Popular. El Gobierno se ha acordado del monte sólo cuando arde, en verano, y cuando esto ocurre se ha apresurado a aprobar decretos en los que se han establecido una serie de prohibiciones,
la mayoría de competencia autonómica, que posteriormente ha debido matizar y contemplar excepciones, tal y como ocurrió en el incendio de Guadalajara. Es evidente, señorías, que cuando el monte arde se producen emisiones de dióxido de carbono; ya
no se trata de emisiones incontroladas sino también de emisiones incontadas. No sabemos la valoración, pero evidentemente son muchísimas, y ellas incrementan el efecto invernadero.
De ese tipo de emisiones se habla poco, señorías, y sería bueno
hacer su cálculo para ver la importancia de la prevención de incendios en la política forestal.
Nuestro grupo considera, por tanto, que para incrementar la capacidad de sumidero de nuestros bosques es precisa una gestión y un aprovechamiento sostenible de nuestros montes que fomente el aprecio de las poblaciones del entorno. Nosotros
no compartimos lo que ha dicho la portavoz socialista anteriormente de que no se trata de sacar rendimiento económico al monte y sí solamente rendimiento ambiental, nosotros creemos que el rendimiento económico y ambiental del monte no es que sean
incompatibles sino que son complementarios y creemos, por consiguiente, que hace falta una mayor inversión en política forestal.
Recordemos, señorías, que en los presupuestos de 2007 las partidas dedicadas a política forestal habían disminuido y cuando compareció el secretario general para la Biodiversidad nos dijo que había sido un error informático, que las partidas
habían aumentado, pero nosotros no pudimos comprobar la corrección de este error informático que citó el señor Serrano.
La exposición de motivos de la proposición no de ley que hemos debatido del Grupo Socialista tiene unos párrafos muy interesantes que nosotros compartimos. Fíjense que en los párrafos de su exposición de motivos dice: Es un hecho que el
bosque mediterráneo se encuentra en grave situación ambiental, con un rendimiento económico social bajo y a su vez decreciente que dificulta la explotación y el mantenimiento sostenible del mismo: Estamos de acuerdo, señoría. Dice: La
consecuencia principal ha sido el progresivo abandono, por excesivamente gravosa, de la gestión silvícola, o bien que esta no se realice con la intensidad, frecuencia o sometimiento al adecuado Plan forestal de gestión que la normativa demanda. Un
poquito más abajo indica que las actuaciones públicas de tipo económico más importantes son, por un lado, las ayudas de las administraciones públicas y las actuaciones directas de gestión en los montes de titularidad pública y, sin embargo
-continúa-, estas actuaciones puede que no sean suficientes. En esto estamos completamente de acuerdo y creemos que son insuficientes, porque fíjense, señorías: En España existen 25 millones de hectáreas de monte, lo que supone el 50 por ciento de
la superficie española; de
estos 25 millones de hectáreas, el 70 por ciento son de propiedad privada y, como dice su exposición de motivos y como todo el mundo conoce, el monte generalmente, salvo en pocas especies de crecimiento rápido, no es rentable, y por ello los
montes españoles no están cuidados. Es indudable que la conservación de los montes se asegura mediante un aprovechamiento sostenible de sus recursos que fomenten el aprecio de las poblaciones del entorno. Para conseguir el buen estado de los
montes e incrementar la capacidad de captación de dióxido de carbono por las formaciones vegetales, es necesario incentivar al sector privado, que, como he dicho, representa el 70 por ciento de las hectáreas de montes españoles, y más si
consideramos las externalidades que el monte proporciona y el poco rendimiento que genera para los propietarios. Por ello nuestra iniciativa dice que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a establecer un marco institucional y legislativo
para incentivar la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación de carbono de los sumideros españoles.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora por el Grupo Socialista la diputada Montserrat Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Desde luego esta es una proposición no de ley, coincido con la diputada del Grupo Popular, que está muy relacionada con la que hemos visto anteriormente y lo que ella ha dicho muestra muchos puntos con los que
estamos de acuerdo. También puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que ella ha mencionado; precisamente citar la exposición de motivos de la proposición no de ley que hemos presentado nosotros me hace, digámoslo así, mantener la esperanza
de que antes de la votación reconsiderarán la posición que han anunciado en la anterior proposición no de ley de abstención y la cambiarán por la de apoyo, porque en definitiva, señorías, lo que estamos persiguiendo es lo mismo.
Discrepo, evidentemente, porque no puedo hacer otra cosa, con la idea afirmada en esta Comisión de que la política forestal es la gran olvidada de este Gobierno. La propia modificación o interés que tuvimos en la modificación de la Ley de
Montes, la cantidad de veces que se han tomado acuerdos y se han ejecutado, porque no se trata solamente de tomar acuerdos, se han ejecutado en conferencia sectorial, el hecho de más que doblar las dotaciones económicas que había, no solo en el
Fondo para el patrimonio natural, que es un fondo que se creó con la Ley de Montes y que gestionan las comunidades autónomas, todo esto nos llevaría a poder demostrar con hechos que la afirmación de que la política forestal es la gran olvidada
quizás no sea del todo exacta; sin embargo, en este caso me interesa más resaltar la coincidencia que ya tenemos todos los grupos de esta Cámara, estoy segura, no solamente el Grupo Popular, en que nuestros bosques necesitan un empuje, un marco
institucional y legislativo.
Indican ustedes en su proposición no de ley la necesidad de reforzar este marco institucional con mesas de debate en las que estén todos los sectores concernidos, no solamente los tradicionales, que es lo que citaba mi proposición no de ley;
por tanto, podríamos estar muy de acuerdo. Mi grupo ha presentado una enmienda transaccional que en absoluto modifica, me parece a mí, sustancialmente la proposición del Grupo Popular; simplemente señala que esta actividad de crear este marco
legislativo y económico de incentivo está ya en parte funcionando y queríamos subrayar que de lo que se trataba era de continuar, quizás si quieren con mayor intensidad, porque esto es lo que pedimos nosotros en la otra proposición no de ley, con la
política relativa a la creación de este marco institucional y legislativo que se está conformando y se está creando.
En principio, apoyamos la idea de fondo de esta proposición no de ley, le pido que considere que podríamos aceptar, le pido que acepte la transaccional con la modificación que hemos presentado, y también aprovecho para pedirle que
reconsidere su anuncio de abstención en la otra proposición no de ley relativa a la biomasa.
La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, para manifestarse sobre la enmienda; no hay aceptación, entiendo.
La señora LARA CARBÓ: Decimos que no vamos a aceptar la enmienda que propone el Grupo Socialista porque el sector privado, que representa al 70 por ciento de los montes españoles, necesita de incentivos urgentes si realmente creemos que la
política forestal es importante; luego si, en lugar de crear se dice seguir creando o seguir iniciando, como propone usted, cuando usted sabe que no se ha hecho nada en este aspecto... Para nosotros es un tema urgente.
Respecto a lo que me pide sobre su enmienda a la propuesta anterior, nosotros estamos de acuerdo con lo que figura en la exposición de motivos, pero no con lo que usted plantea, son cosas distintas. Hay una exposición de motivos correcta y
unas peticiones en las que nosotros nos abstendremos, como hemos dicho.
- SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL REGLAMENTO 761/2001 DE 19 DE MARZO POR EL QUE SE PERMITE QUE LAS ORGANIZACIONES SE ADHIERAN CON CARÁCTER VOLUNTARIO AL SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES (EMAS). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002265.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, al punto número 12, proposición
no de ley sobre la aplicación en España del Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y será defendida por la diputada Carmen Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Efectivamente, tomo la palabra para defender la proposición no de ley que presenta mi grupo, el Grupo Socialista, sobre la aplicación en España del Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Como SS.SS. saben, en 1993 la Unión Europea aprobó un reglamento que permite a las empresas de los sectores industriales la participación voluntaria en sistemas de gestión y auditoría ambiental para fomentar la mejora en el comportamiento
ambiental global de los empresarios industriales. La buena acogida que tuvo este reglamento hizo que en el 2001 la Unión Europea aprobara un nuevo reglamento para facilitar que la adopción de este mecanismo voluntario de mejora ambiental continuara
con otras organizaciones no necesariamente industriales sino también públicas o privadas. El objetivo de este nuevo sistema es promover la mejora del comportamiento medioambiental de las organizaciones de todos los sectores mediante el
establecimiento y la aplicación por parte de las organizaciones de sistemas de gestión medioambiental, mediante la evaluación objetiva y periódica de tales sistemas, mediante la formación y participación activa del personal de las organizaciones y
mediante la información pública. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.)
En España hay un número creciente de empresas e instituciones que están adoptando ya mecanismos internos de gestión y auditoría ambiental, siendo España el segundo país de Europa en número de organizaciones registradas en el sistema EMAS.
Sin embargo, es posible mejorar los mecanismos existentes, de modo que un mayor número de organizaciones opten por adoptar este nuevo sistema, como decimos, EMAS. Por todo ello, el Grupo Socialista quiere instar al Gobierno a adoptar, antes de
finalizar el año 2007 y de acuerdo con las comunidades autónomas, la normativa necesaria para la mejora y más extensa aplicación en España del Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, por el que
se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene ahora la palabra don Héctor Esteve por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ESTEVE FERRER: Este es del tipo de iniciativas que llaman la atención, es decir que el grupo parlamentario que da sostenimiento al Gobierno pues haga un ejercicio de autocrítica, reconozca que el Gobierno no ha hecho nada en una
determina materia y le inste a que lo haga.
Además me parece muy apropiado que sea antes de finalizar el año 2007 porque como no sea así no será este Gobierno el que lo haga sino otro. Al ver esto hemos analizado un poco cuál es la normativa
actual, y es curioso que hay un real decreto del año 1996 que establecía las normas de aplicación del Real Decreto 1836/2003, que más que derogado, fue ampliado por este Reglamento 761/2001. Es lo único que hay a nivel nacional, porque luego se ha
cambiado el órgano competente -antes las resoluciones por las que se aprobaba la adhesión de determinadas industrias a organismos las dictaba la Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente y ahora corresponde a la Dirección General de Calidad
Ambiental-, pero poco más.
De entrada ya anuncio que vamos a apoyar que se establezca la normativa que sea necesaria, es decir, las normas sobre aplicación de este nuevo reglamento comunitario. Sí queremos dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que pedimos al
Gobierno que cuando redacte esta normativa tenga muy en cuenta que ya hay antecedentes y que tratándose de la materia de que se trata -ya ha habido incluso sentencias del Tribunal Constitucional en que se establecía un conflicto positivo de
competencias respecto al otro real decreto que desarrollaba o establecía las normas de aplicación del reglamento que afectaba a las industrias- cuando se desarrollen las normas de aplicación de ese sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental para que afecte a más organismos, se tengan en cuenta las competencias para no entrar otra vez en conflictos de competencias, y que se tengan por supuesto en cuenta también las dos recomendaciones y las decisiones y listados que ha
publicado la Unión Europea.
De todas maneras es curioso que seamos el segundo país de Europa en la aplicación de este sistema, como dice la proposición no de ley, y es curioso porque si analizamos la normativa autonómica solo hay tres comunidades autónomas que tienen
un decreto que regule las normas de aplicación de este sistema, son las comunidades autónomas de Madrid, Canarias y Cantabria, otras dictan resoluciones para establecer subvenciones, y hay algunas, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, cuya
legislación es antigua. Sin embargo, llama la atención que todas las comunidades autónomas dan muchísima publicidad a este sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, incluso en mucha mayor medida que lo hace el propio ministerio.
Es muy fácil encontrar en cualquier página del gobierno de cualquier comunidad autónoma, referencias a este sistema e información sobre la forma de conseguir ayudas. También hay que resaltar el esfuerzo en materia de comunicación, información
pública, publicidad, a lo bueno que es adoptar este tipo de sistemas o adherirse a este tipo de
sistemas por parte de las consultoras medioambientales y, sin embargo, echamos de menos que el Ministerio de Medio Ambiente se lo tome un poco más en serio. Yo no sé si S.S. ha hecho el ejercicio de intentar encontrar en la página del
Ministerio de Medio Ambiente en qué consiste EMAS, cómo se puede acceder a él, qué normativa tienen las distintas comunidades autónomas. Es bastante complicado, es más, lo primero que aparece es el EMAS en los parques nacionales y cuando le das al
link no puedes ni siquiera entrar o ha desaparecido. Nos parecen bien las normas, pero nos parecería mejor que el propio ministerio se lo tomase al menos tan en serio como se lo han tomado algunas comunidades autónomas, entre las que yo destacaría,
por lo extenso en cuanto a la reglamentación y también por la importancia y la publicidad que se le da, por ejemplo a la consejería de Madrid, que además es la que más organizaciones ha conseguido que se adhieran a este sistema de gestión.
Es un mecanismo importante, que además tiene muchísimas ventajas, incluso a nivel normativo habría que tener en cuenta las ventajas que para los organismos que se adhieran tiene, pero sobre todo hay que darle muchísima publicidad porque
seguramente muchas de las empresas no son conscientes de lo que podría favorecerles adherirse a este sistema. Hemos estado analizando a otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso no pertenecientes a la Unión Europea sino al espacio
económico europeo, incluso países candidatos a la adhesión a la Unión Europea que también se podrían adherir, y vemos que hay algunos que, con tal de movilizar a las organizaciones para que se adhieran, han flexibilizado o han introducido en su
reglamentación márgenes de flexibilidad para adherirse; por ejemplo, mediante la reducción de requisitos normativos, desregulando determinadas cuestiones, facilitando la solicitud de permisos, lo cual nos parecería bien, pero flexibilizando o
reduciendo inspecciones o requisitos en los informes de supervisión, y ya de antemano queremos dejar constancia que no creemos que deba ir por ahí la normativa que desarrolle este reglamento. Sí creemos que deberá establecer incentivos en la
contratación pública, ya que solo algunas comunidades autónomas lo tienen en cuenta a la hora de publicar sus concursos; creemos que las ayudas financieras que establecen las comunidades autónomas son apropiadas pero que el ministerio debería
fomentarlas mediante deducciones fiscales por ejemplo, y por supuesto dar un mayor apoyo técnico e informativo.
En definitiva, no nos vamos a oponer a que el Gobierno redacte esta normativa, pero sí le vamos a pedir que muchas veces no es tan importante la norma como las acciones, y en este sentido el actual Gobierno ha suspendido.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a suspender unos minutos porque a partir de la una serán las votaciones. Vamos a dar tiempo a que venga el resto de señoras y señores diputados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos las votaciones.
Votamos el punto 1.º Existe una enmienda presentada por Izquierda Unida.
Votamos la proposición no de ley con la enmienda de adición de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Al punto 2.º hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada. Se vota.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Al punto 3.º existe una transaccional. Se vota.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Al punto 4.º existe también una transaccional. Se vota.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA. Queda aprobada por unanimidad.
El punto 5.º se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El punto 6.º se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
El punto 7.º se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Al punto 8.º existe una enmienda transaccional entre Izquierda y Esquerra Republicana, cuyo texto se ha repartido a todos los grupos. La leemos por si hay alguna duda: Antes del plazo máximo de un mes, proceder a la modificación del
articulado del texto refundido de la Ley de Aguas para trasponer correctamente la Directiva-marco del Agua y de esta manera mejorar la gestión del agua acorde con la legislación europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Al punto 9.º se ha presentado una enmienda in voce, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Al punto 10 existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Todos los grupos tienen conocimiento de ello.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA. Queda aprobada por unanimidad.
Al punto 11 existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha sido rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El punto 12 se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Damos por terminada la sesión. Ruego a los portavoces que se acerquen un momento a la mesa.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.