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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 828, de 09/05/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 828
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 49
celebrada el miércoles, 9 de mayo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre actuaciones para la conservación del castillo de Lorca. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001475.)... (Página 2)
- Para apoyar la continuidad del museo minero con el fin de llegar a convertirse en parque tecnológico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001691.)... (Página
6)
- Sobre el apoyo al desarrollo económico de las comarcas del interior de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001699.)... (Página 8)
Relativa a problemas y conflictos en la empresa Navantia y necesidad de buscarles solución. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001817.)... (Página 10)
- Relativa a la presentación del informe previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002025.)... (Página 14)
- Sobre medidas para la creación de una planta de combustión limpia en Asturias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002051.)... (Página 17)
- Sobre el sector turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002072.)... (Página 19)
- Sobre potenciación de las energías renovables en la isla de La Palma.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002222.)... (Página 20)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LORCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001475.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Industria número 49, con el orden del día que tienen sus señorías en su poder, que se refiere al debate y votación de ocho
proposiciones no de ley.
Comenzamos, por tanto, con la primera proposición, la número 1, sobre actuaciones para la conservación del castillo de Lorca, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, parece que la improvisación se ha instalado en la totalidad de las actuaciones que se llevan a cabo en el castillo de Lorca, que en nuestra opinión requiere iniciativas inmediatas, a la luz del artículo
2 de la Ley 16/1985, que establece el deber de la Administración General del Estado de ser garante de la conservación del patrimonio histórico español, todo ello desde el respeto a las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de Murcia.
Por tanto proponemos, en primer lugar, la suspensión cautelar de las obras que afectan al castillo de Lorca, en tanto que por organismos asesores previstos en la Ley de Patrimonio, o por otros independientes que se consideren oportunos, no se
informe a la Dirección General de Bellas Artes sobre el yacimiento arqueológico que se va a ver afectado por la siguiente fase en la construcción del parador de turismo, y sobre el impacto que la nueva edificación tiene ya, y tendrá en el futuro,
sobre el castillo de Lorca. Señorías, no hay más que ver en esta foto el impacto, en nuestra opinión tremendo, sobre el castillo de Lorca. En segundo lugar, proponemos estudiar la posibilidad, en este sentido, de llevar a cabo una redimensión de
la instalación hotelera para convertirla -como se decía, en un hotel de encanto esto es un hotel de encono, más que de encanto-, que parece primaba en la idea original, minimizando el impacto sobre la arquitectura y el carácter del monumento.
Señorías, el castillo de Lorca presenta importantes estructuras que datan del siglo XIII, y tiene para Lorca y para la historia murciana una singular importancia. El castillo ha tenido siempre el máximo grado de protección. Declarado
Monumento Nacional en 1931, incluido como parte integrante del conjunto histórico-artístico en 1964, y su torre principal, la Alfonsina, elevada a la categoría de Bien de Interés Cultural, que le otorga la Ley de Patrimonio Histórico Español, de
1985.
Sin embargo, una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en el 2000, contemplaba la posibilidad de edificar dentro de él una parcela de 14.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento al Ministerio de
Economía, todo ello para construir un parador de turismo.
La contratación de las obras del parador, dentro del recinto amurallado del castillo mismo, fue autorizada por el Consejo de Ministros en mayo de 2003, con la condición de que la nueva construcción se llevara a cabo con pleno respeto e
integración en el conjunto histórico-artístico. La realidad es que a día de hoy, cuando se lleva levantada buena parte de la edificación -aunque ha habido una interrupción de dos años- destinada al
parador, ya es muy grave el impacto visual que tiene sobre el monumento, y hay suficientes indicios como para pensar que el yacimiento arqueológico sobre el que se asienta el hotel no va a ser respetado de forma adecuada, conforme a los
preceptos legales y a la mencionada Ley de Patrimonio Histórico Español. Primero, porque del yacimiento en el que se instala el parador ya han sido eliminados varios aljibes medievales; tiene sobre él pendiente la amenaza de la eliminación de la
totalidad de la judería que rodea la sinagoga -data del siglo XV- los vestigios de un palacio musulmán del siglo XI y parte del poblamiento cristiano situado en la antigua puerta de entrada a la fortaleza y la ermita de San Clemente.
Todo ello
originaría un daño irreparable y de valor inconmensurable.
Segundo, porque además la sinagoga, único templo de este tipo en España que ha conservado intacta la vía sacra central y gran cantidad de elementos propios del ritual judío, va a ser
conservada, pero conservada en un auténtico sarcófago, aislada del barrio judío en el que se ubica. Y tercero, si se construye el proyecto actual en su integridad, la torre Alfonsina quedará oculta por el nuevo parador a los ojos de la mayoría de
la población de Lorca, provocando en nuestra opinión un grave impacto visual.
Termino, señorías. En tiempos del franquismo se cometieron tropelías de este tipo en varios paradores: Sigüenza, Jaén, Carmona, Mondoñedo. Lo que está ocurriendo hoy en Lorca ha creado malestar en la Dirección General de Bellas Artes, que
sólo recibe el proyecto en julio de 2006, después de haberlo reclamado en 2005 al Ayuntamiento de Lorca, a la Región de Murcia y a Paradores Nacionales. El Ministerio ha tomado nota en otros casos, y ha impedido también atropellos similares en
otros lugares. Pongo el reciente ejemplo de los paradores de Morella, y de Molina de Aragón, que se harán finalmente de planta nueva, fuera del edificio histórico.
En definitiva, todavía estamos a tiempo de intervenir para aminorar en algo el impacto, rebajando la altura, y volver a valorar los restos arqueológicos hallados y por hallar. En concreto, se podrían reducir plantas e impedir la
construcción de nuevos edificios. Por ejemplo, en relación con los almacenes del parador, se podrían construir abajo y no en el recinto del castillo. Es en este sentido en que reiteramos nuestra propuesta, en primer lugar, de suspender
cautelarmente las obras pero, en todo caso, de redimensionar dicha instalación para proteger el patrimonio y no cometer un atentado contra el patrimonio artístico en el caso del castillo de Lorca.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no tiene enmiendas. ¿Grupos que deseen fijar posición? Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ LASERNA: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos trae esta mañana una proposición no de ley sobre actuaciones para la conservación del castillo de la ciudad de Lorca donde se está construyendo, como decía anteriormente
el portavoz de Izquierda Unida, un parador de turismo, por considerar que no se están respetando los yacimientos arqueológicos allí encontrados. Sin embargo, antes de expresar mi posición, la posición de mi Grupo, quisiera dar las gracias a mi
portavoz por la deferencia que ha tenido de permitirme intervenir en este tema, toda vez que soy vecino natural de Lorca y a la vez miembro de su corporación municipal desde hace ocho años. Si le soy sincero, pensaba que esta mañana iba a retirar
esta proposición, toda vez que desde el día 15 de febrero del año 2006, fecha en que la presentaron, hasta el día de hoy, han ocurrido muchísimos acontecimiento que ponen de manifiesto la cantidad de inexactitudes y no verdades que se contienen en
el cuerpo de la proposición, y que el señor Llamazares esta mañana ha reproducido.
Mire usted, desde hace muchos años el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia venía solicitando la construcción de un nuevo parador nacional en nuestra región, y, tras el estudio de distintas alternativas, el anterior
Gobierno del Partido Popular decidió que fuera en la ciudad de Lorca, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, donde se construyera el nuevo parador. Usted se lanza al ruedo político diciendo que en las obras del parador nos estamos
liquidando todos los yacimientos arqueológicos, en base a unos indicios y a raíz de las protestas de una asociación. Y esto lo dice sin ningún tipo de reparo y sin basarse en ningún estudio o informe veraz que así lo acredite. Vamos que, según
ustedes, si no es por esa asociación o por sus denuncias, los lorquinos no nos enteramos de nada. Nos destruyen nuestro patrimonio histórico y aquí nadie se entera. Señor Llamazares, yo le preguntaría por qué no estaba usted. ¿Acaso cree que
Lorca es una ex república soviética o una república bananera donde cada uno hace lo que quiere? ¿O acaso cree usted que los lorquinos no respetamos, no nos interesa o somos incapaces de defender nuestro patrimonio, y para ello ha tenido que venir
aquí esta mañana Izquierda Unida a decírnoslo?
Le voy a decir algo que quizá no sabe, y tampoco le culpo de no saberlo, y es que en la zona donde se está construyendo el parador no se había invertido nunca ni un euro para realizar ningún tipo de excavación. No existía nada de nada.
Hasta que gracias a la construcción del parador, se procedieron a realizar las excavaciones pertinentes y necesarias. Si no hubiera sido por el parador, ahora mismo no existiría ningún hallazgo o yacimiento arqueológico. Ahora mismo no estaríamos
hablando de ello. Mire usted si se ha tenido en cuenta el respeto y la defensa del patrimonio que lo primero que hizo la Dirección General de Cultura fue exigir, a la presentación del proyecto de ejecución, que se valoraran, por medio de los
estudios e informes pertinentes, dos aspectos fundamentales: por un lado, los previsibles restos arqueológicos que aparecerían, y de hecho han aparecido; y, de otro, el impacto visual que tendría la construcción del parador. Y así, creo recordar
que, previamente a la construcción del parador, se llevaron a cabo una serie de excavaciones arqueológicas, que se
iniciaron en septiembre del año 2004. Y sin embargo, como le he dicho anteriormente, durante el transcurso de las excavaciones, y como es normal, han ido apareciendo restos que, tras sus análisis, han dado lugar a sucesivas modificaciones
del proyecto.
El proyecto inicial se modificó en junio de 2003 para asumir las propuestas realizadas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fíjese usted si se está conservando el patrimonio. Se ha
trasladado la ubicación de la piscina, derivada de estas modificaciones. El garaje se va a ubicar fuera del recinto. Se han eliminado plazas de aparcamiento. Se van a conservar los restos árabes que incluyen la muralla almohade, dos aljibes y
unos restos estructurales palaciales. Se van a conservar las estructuras judías, que incluyen la sinagoga del siglo XV, un atrio de entrada y una casa judía.
Y además se va a conservar otra casa judía en el exterior. Se ha pasado de 83
habitaciones, que se iban a construir, a 79 habitaciones. Y se ha reducido -usted decía quería paralizarlo por eso- una altura en la fase del parador que falta por construirse. A través de Turespaña se está realizando la redacción de un proyecto
de museización de la sinagoga y la casa séptima en el futuro parador, aunque usted decía anteriormente que íbamos a destruir la sinagoga; lo traigo documentado: el museo de la sinagoga ocupará una superficie de 1.000 metros. Todas las
actuaciones, como ve, van encaminadas a resaltar el recinto histórico del castillo de Lorca como lugar de encuentro de las tres culturas: islámica, judía y cristiana. Si esto no es velar por el patrimonio, que venga Dios y lo vea.
Pero vamos a ser claros, señor Llamazares; lo que ocurre -y se lo voy a decir abiertamente esta mañana- es que la finalidad de su proposición no es ni vigilar ni proteger los yacimientos arqueológicos aparecidos, sino seguir politizando el
tema del parador, a petición de sus amigos de Izquierda Unida de la ciudad de Lorca. Le diré, por si no lo sabe, que el grupo político de Izquierda Unida en Lorca está en contra de lo que queremos la mayoría de los lorquinos y lorquinas en Lorca, y
es que ellos no quieren el parador de turismo, y han hecho de ello su bandera electoral, escudándose en que no se respetan los yacimientos arqueológicos, hasta el punto de venir esta mañana a presentar, a través de ustedes una proposición que viene
a ser idéntica a una moción presentada en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, en el año 2000, que por cierto fue rechazada con el voto en contra de 23 concejales y solamente dos a favor, precisamente de los concejales que tiene Izquierda Unida.
Pero es más, en diciembre de 2003 se interpuso una denuncia por el Foro de Ciudadanos, que estaba presidido por el que es hoy día concejal de Izquierda Unida, dando lugar a que se abrieran por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente del
Tribunal Superior de Justicia diligencias informativas porque denunciaban que estaban en peligro los restos arqueológicos. ¿Y qué ocurrió -estamos hablando del año 2003-? Que la Fiscalía, tras tener todas las informaciones, tras visitar la zona, y
a la vista de tres informes que había solicitado de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Murcia y de la Dirección General de Cultura, archivó estas diligencias el 12 de abril de 2005. Pero no contentos con ello, sus correligionarios de
Izquierda Unida en Lorca solicitaron, en el año 2006, que se aplazase -igual que solicita usted esta mañana en esta proposición- la segunda fase del parador porque consideraban que la protección arqueológica era insuficiente, interponiendo el
correspondiente recurso contencioso-administrativo y solicitando -como usted solicita esta mañana- la suspensión cautelar de las obras, que es lo mismo que solicita usted en el punto primero de su proposición. ¿Y qué es lo que ha ocurrido?
Sencillamente que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Murcia ha dictado, en marzo de 2007, es decir el otro día, un auto donde considera que no ha lugar a la suspensión cautelar de las obras, y donde se recoge claramente que
tampoco ha sido probado, ni siquiera indiciariamente, que las obras que ahora se continúan pongan en peligro ni los restos arqueológicos aún no descubiertos ni los desconocidos. Creo que el tema está claro. Por eso he dicho al principio que, si
usted a lo mejor no tenía esta información, podría retirar la iniciativa.
Voy terminando ya. No contentos con esto, ustedes van más lejos en su proposición, y dicen que quieren que sean otros técnicos los que digan si el yacimiento arqueológico va a ser afectado por la siguiente fase del parador. Esto que dicen
para mí es muy grave. ¿Acaso ustedes no confían en la capacidad, honestidad e independencia de los actuales técnicos? Nosotros por supuesto que sí. Nosotros valoramos la intervención, el trabajo y la profesionalidad de los técnicos de la
Dirección General de Cultura, de la Consejería y del Ayuntamiento de Lorca.
En su punto segundo solicitan que se estudie la posibilidad de redimensionar la instalación hotelera, para convertirla en hotel con encanto. Solamente quiero decirle que, a pesar de su formación política en Lorca, el parador que vamos a
tener no va a ser sólo de encanto, sino de ensueño. Termino diciéndole que vamos a votar en contra de su proposición porque no existe ningún motivo para paralizar las obras.
Fíjese si se están respetando los yacimientos arqueológicos que la fecha
prevista para la inauguración era el año 2006, y ahora mismo se prevé que sea mediados de 2008. Sus ataques a la construcción del parador de turismo responden solamente, como le decía al principio, a intereses políticos, con el falso argumento de
que están siendo esquilmados los restos arqueológicos del castillo de Lorca. Ustedes, los de Izquierda Unida aquí y allí, sólo intentan contaminar el proyecto, pero les recuerdo que el mismo cuenta con el apoyo del Gobierno central, en su día del
Partido Popular, hoy del Partido Socialista; con el apoyo del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular, y con el del Gobierno local, del Partido Socialista. Ustedes no quieren que se construya el parador. Fíjese si se les ve el plumero que
según un medio de comunicación -a los que alude para basarse en su proposición-, de fecha
abril de 2007, su página web -que han presentado y a la que yo no entro- incorpora una simulación que permite hacer desaparecer, de forma virtual, el parador que se está construyendo. Lamentable, pero cierto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Quiero manifestar en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que no vamos a apoyar la propuesta de Izquierda Unida. Ya se ha dicho que el acuerdo sobre la construcción de un parador en el castillo
de Lorca se tomó en otro momento, con otra Administración, que estaba gobernada por el Partido Popular, incluso se llegó a presentar por parte de las autoridades centrales, autonómicas y locales en la exposición Fitur 2001, adjudicándose y en 2003.
Como todos sabemos, especialmente los miembros de esta Comisión, Turespaña, y más concretamente Paradores es una empresa que localiza sus instalaciones en ubicaciones que pretenden recuperar el patrimonio. Murcia por la potencia turística que tenía
y tiene, y en concreto Lorca, por el proyecto cultural Taller del Tiempo y más concretamente castillo de Lorca, era la única ubicación sensata para lo que Turespaña, Paradores y el propio municipio de Lorca querían, y lógicamente era en el castillo
donde se podía localizar un parador nuevo, que era lo que se tenía previsto para la Región de Murcia.
Hay unos aspectos competenciales que se han indicado, pero conviene reseñar de nuevo. Todos los aspectos de patrimonio artístico y cultural están trasferidos y, por tanto, es la Dirección General de Cultura la que tiene competencias al
respecto, y no otras instancias estatales. Además, hay que tener en cuenta que Paradores no es un servicio público, es una empresa, y por tanto pretende, a través de su actividad económica, obtener beneficios. Esto no puede ir, lógicamente, en
detrimento del patrimonio, pero lo digo porque a veces se cae en la contradicción de querer que Paradores sea un servicio público y, en cambio, no se tiene en cuenta lo que sí creemos que es un servicio público, que son las instancias competentes de
la Comunidad Autónoma, que han dado informes sucesivos precisamente sobre este parador, y se quiere la intervención de organismos privados que deberían dar unos informes más acordes con esa pretensión. Ha habido toda una serie de estudios:
paisajísticos, de excavación, arqueológicos e incluso de museización para la sinagoga que se ha descubierto; un museo que, además, estará abierto a todos, no será un museo para los clientes del parador.
El proyecto no pretendía, porque no lo hace nunca Paradores, sacar metros de donde sea, porque podría haber quedado en el aire esa sensación; en absoluto, puesto que siempre se pretende respetar el patrimonio. Además, se intentan
semienterrar todo lo posible los servicios comunes del propio hotel. También se ha dicho que la obra ha estado dos años parada o muy ralentizada por las modificaciones que ha habido en el proyecto y por la aparición sucesiva de restos arqueológicos
que ha habido que estudiar, hasta el punto de que ha habido dos modificados, con los correspondientes informes del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, y cinco adaptaciones -al menos cinco- hasta el momento de la estructura inicial.
Por
tanto, el redimensionamiento que se pretende creemos que no tiene mucho sentido, porque incluso antes de activar el proyecto estuvo dos años en exposición pública sin ningún tipo de observaciones al respecto; incluso se llegó a hacer una simulación
infográfica, precisamente para saber, desde todos los puntos de vista del municipio, cuál era el impacto visual que iba a tener; además, por los restos que han ido apareciendo, la sinagoga, la torre Alfonsina, etcétera, uno de los modificados ha
hecho rebajar la altura del parador hasta el punto de disminuir el número de habitaciones, siendo esto una característica importante de Paradores, ya que un mínimo de 80 parece que es el ideal, y se va a rebajar ese mínimo, precisamente en aras del
respeto al patrimonio.
En consecuencia, no nos parece que haya motivos jurídicos para prolongar de alguna manera el retraso, y mucho menos teniendo un contrato en vigor que no se puede rescindir, porque lógicamente habría unos costes de indemnización que no tienen
ningún amparo jurídico. Amparo judicial que sí se ha pretendido buscar, en cambio, porque se ha denunciado al fiscal jefe y al Defensor del Pueblo, denuncias que no han tenido efectividad porque han sido desestimadas y sobre las que los órganos
correspondientes han pedido todo tipo de informes: Dirección de Cultura, abogados del Estado, informes técnicos, etcétera. El coste total ahora mismo de la obra se estima en aproximadamente 22 millones de euros, de los que más de ocho son los que
se están dedicando precisamente a todas las vicisitudes que han ido surgiendo al paso de la construcción o de los modificados: excavaciones, estudios, museización, etcétera.
Concluyo. La propuesta de Izquierda Unida pide la suspensión cautelar.
Nosotros creemos que no hay motivos arqueológicos, ni técnicos ni jurídicos ni competenciales, porque también se habla de que se pretende incluir a la Dirección General
de Bellas Artes, que no tiene competencia en este caso, puesto que están transferidas a la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma, por ello no hay motivos competenciales tampoco, y no nos parece oportuna la suspensión cautelar. En
segundo lugar, se habla de un hotel con encanto. Paradores pretende siempre que su oferta sea un referente en la zona y, por tanto, tiene que ir acompañada por supuesto del respeto -como así se pretende y todos los informes así lo indican-
arquitectónico, arqueológico, artístico, etcétera, pero tiene que tener unos mínimos, que en muchos casos se lograrán semienterrando los servicios comunes. Creemos que, con la experiencia que tenemos todos de Paradores, el encanto del hotel está
asegurado, y la recuperación del patrimonio también. Nos parece que es una oferta muy necesaria
para la zona y muy necesaria para Lorca, y el alcalde de Lorca está muy interesado, y así lo ha ido manifestando a través de todas sus intervenciones públicas para que el proyecto siga adelante.
- PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DEL MUSEO MINERO CON EL FIN DE LLEGAR A CONVERTIRSE EN PARQUE TECNOLÓGICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001691.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder con la votación al final, como hemos acordado con los distintos portavoces. Espero que, según los cálculos, no votemos antes de las doce, aunque creo que nos vamos a retrasar un poquito más, a tenor
del tiempo que llevamos con esta primera iniciativa.
Pasamos, por tanto, a la segunda proposición no de ley para apoyar la continuidad del museo minero, con el fin de que se convierta en parque tecnológico, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: La comarca Andorra Sierra de Arcos tiene unos 12.000 habitantes, está situada al norte de la provincia de Teruel, y formada por 9 municipios: Alacón, Ariño, Andorra, Alloza, Crivillén, Oliete, Estercuel, Ejulve
y Gargallo. Andorra, que es la capital de esta comarca, junto con al resto de sus municipios, han estado vinculados desde los años cuarenta del siglo XX a la minería del carbón, que ha sido la base principal de su economía y de su desarrollo. Los
efectos de la crisis del carbón, que se empezaron a manifestar a principios de los noventa, han supuesto importantes cambios para esta comarca: cambios económicos y demográficos, que han acarreado grandes problemas estructurales. Junto a esta
realidad existen otros problemas, heredados principalmente de una economía que durante muchos años ha estado basada exclusivamente en la explotación del carbón, como son la elevada tasa de masculinidad, una fuerte especialización de la población
activa en el sector de la minería, un escaso desarrollo empresarial y del sector de autónomos, el sector de servicios algo atrofiado, entre otros.
Pero centrándonos ahora en la historia más reciente de Andorra y de su comarca, en el futuro de este territorio, nos encontramos con numerosos espacios abandonados y degradados sin ninguna utilidad para el medio urbano, que son consecuencia
de esos cambios estructurales y del abandono de la actividad minera. No puedo olvidar, además, el gran sentimiento colectivo y de arraigo de todos los ciudadanos de esta comarca por no perder la memoria del oficio del minero, ya que ha sido la base
fundamental del desarrollo económico de Andorra y de toda su comarca, porque eso implicaría la pérdida de nuestro patrimonio minero. Por eso, la comarca Andorra Sierra de Arcos, entre sus objetivos prioritarios tiene el de contribuir y potenciar el
desarrollo sostenible de esta comarca bajo una economía diversificada partiendo de sus recursos endógenos. Uno de los principales recursos ha sido y sigue siendo la minería del carbón, cuyo traumático proceso de reconversión ha afectado
negativamente a esta comarca, aunque desde hace varios años ya se está afrontando esta situación a través de una reindustrialización innovadora y creativa de esas infraestructuras y explotaciones mineras, tanto las que ya están obsoletas como las
que todavía están funcionando.
Los ciudadanos de este territorio, y por tanto sus instituciones más cercanas, tienen claro que esta comarca cuenta con un rico patrimonio minero, y que además el carbón ha grabado su impronta en este paisaje.
Así, por ejemplo, las minas,
sobre todo las explotaciones a cielo abierto, dibujan unas escenografías que contrastan vivamente con los terrenos habituales de ese entorno, aunque también es cierto que se está llevando a cabo un proceso de restauración ecológica en las
explotaciones a cielo abierto por parte de Endesa que son un ejemplo a seguir.
Centrándome ya en el proyecto que hoy nos ocupa, con esta proposición no de ley, comenzaré diciendo que tiene como finalidad principal que la minería se convierta en un pilar importante del desarrollo turístico, cultural y educativo de la
comarca, mediante una reutilización innovadora y creativa de los viejos espacios mineros. ¿Qué se pretende conseguir con este proyecto de museo minero para convertirlo en un parque empresarial? Dar un impulso a la protección y a la conservación
del patrimonio minero, preservando la memoria social e histórica de este territorio. Para ello se va a contar con un centro de documentación e investigación en materia de minería, y además se promueve la reutilización de las infraestructuras
mineras de manera innovadora y creativa para desarrollar actividades culturales, de investigación y turísticas, al mismo tiempo que así se protege el patrimonio.
Esta propuesta consiste, pues, en convertir a toda la comarca Andorra Sierra de Arcos en un museo a cielo abierto, cuyo hilo conductor es la minería, con puntos de referencia repartidos por toda la comarca, que juntos ofrecen una visión
completa de la historia de este sector, que ha sido la base económica de toda la comarca, donde el punto central, el receptor de visitantes y de partida, sea el pozo San Juan, situado en Andorra. No pretende, por tanto, ser simplemente un museo
minero o un centro de interpretación de la minería al uso, que también, sino que va más allá: es un proyecto que contempla, además de esta visión para todo tipo de visitantes, una visión para los investigadores, puesto que la investigación, la
documentación y las actividades educativas son una parte fundamental de este proyecto. Es por tanto un proyecto vivo que se va enriqueciendo poco a poco, y que estará en constante evolución.
Antes de finalizar, me gustaría exponer aquí las reflexiones de don Enrique Orche, doctor ingeniero de minas de la Universidad de Vigo y secretario de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, que dice que la
construcción de parques mineros está de moda en Europa, basándose en numerosos estudios realizados por él mismo. Según uno de sus últimos estudios, en Europa existen ya 250 museos y parques mineros, repartidos en 17 países, que funcionan con gran
aceptación, recibiendo entre 30.000 y 800.000 visitantes al año. Dice además este mismo experto que el tirón turístico es uno de los motivos de más peso para desarrollar este tipo de proyectos. En el caso español, los especialistas detectan que
hay un ligero retraso de nuestro país respecto a otros países europeos, como pueden ser Alemania, Holanda o Polonia, que están más sensibilizados con la conservación del patrimonio geológico y minero. Aunque Orche también cuenta que ya se empiezan
a apreciar algunos indicadores optimistas, ya que en sus mismos estudios España ya comienza a liderar un cierto movimiento de recuperación, propiciando principalmente -según dice el propio experto- por el empuje de las personas y de las sociedades
sin ánimo de lucro que persiguen involucrar a las administraciones. Este proyecto, pues, según las afirmaciones de este experto, don Enrique Orche, reúne todos los requisitos necesarios, ya que este proyecto de museo minero en la comarca Andorra
Sierra de Arcos parte del sentimiento y del arraigo social y cultural de todos los ciudadanos de esta comarca, y además nos permite poder enganchar con la tendencia europea.
Consideramos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que esta proposición no de ley que planteamos hoy en el Congreso de los Diputados tiene mucho sentido y es muy relevante, ya que permite que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio dentro del Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón, incorpore este proyecto dentro del paquete de infraestructuras a realizar en las comarcas mineras.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Estamos ante una nueva iniciativa, presentada por la misma diputada, con un carácter comarcal en la provincia de Teruel, que es su provincia y la mía. En primer lugar, cuando uno analiza una proposición de estas
características, lo primero que se pregunta es por qué no se presenta ante el Gobierno de la nación, que es el responsable del Miner y además cuando ese Gobierno es del mismo color que el de la proponente. Podría poner muchos ejemplos de otras
situaciones, nada menos que cuando se hizo el anterior Plan Miner 1998-2005, al Grupo Popular no se le ocurrió venir con una proposición no de ley, sino que fue directamente al Ministerio de Industria y pactó con la Administración regional, con la
Administración municipal y con los sindicatos y los empresarios un magnífico Plan Miner por primera vez en nuestra provincia.
Por otra parte, el Grupo Socialista ha dado tanta importancia a esta iniciativa que ha esperado cuatrocientos días para
traerla a la Comisión correspondiente, luego le dará una importancia descriptiva: cuatrocientos días; imagínense si podían haber hecho gestiones en el Ministerio de Industria cuando se supone que es del mismo color político que el de la
proponente.
Por entrar un poco en el tema, ella ha citado tres cuestiones: el Plan Miner, la Administración comarcal y el museo específicamente dicho. En cuanto al Miner, quiero recordar aquí -creo que es bueno que conste en el 'Diario de Sesiones' de
esta casa- que cuando no había nada desgraciadamente en mi provincia, cuando el número de mineros había pasado de 6.000 a 1.600, un gobierno en el año 1997 trabajó duro con la Administración regional y con las administraciones municipales e hizo un
plan que ha supuesto en Aragón más de 900 millones de euros en el periodo 1998-2005, de los cuales mas de 310 -ese balance además lo han hecho los propios responsables de ahora-, solo en infraestructuras, fueron a parar a las comarcas mineras.
Estos 310 millones se han convertido en el nuevo plan en 45. Imagínense las opiniones que tenemos en Teruel y en Aragón de este nuevo plan. Desde luego, si la señora proponente no se sonroja, ya lo hago yo por ella, porque realmente han llovido
las críticas, porque de 310 millones, que es lo que pone la prensa aragonesa, se ha pasado a 45 en infraestructuras. Si quieren podría citar las opiniones de los representantes de todos los partidos y, por supuesto, de los trabajadores mineros, y
particularmente desde luego de buena parte del Partido Socialista en Aragón. Venir a hablar del Miner aquí después del desastre... Miren, la señora proponente estuvo de testigo, incluso llevó a algunos invitados especiales diciendo que se iban a
mantener determinadas cifras. Al final, de una participación que tenía Aragón en el anterior Plan Miner del 12 por ciento, se ha pasado al 3 por ciento de participación. Imagínense el éxito como para venir aquí a sacar el tema del Miner y no ir al
ministerio a hacer las reclamaciones pertinentes, que no han hecho, lo que a mí me da absoluta vergüenza ajena.
Después habla de la Administración comarcal. Casualmente esta presidida por el padre de la proponente y creo que en el fondo en esta iniciativa también ha trabajado otro miembro de su familia, ahora temporalmente de baja, pero no voy a
entrar en esos aspectos que son secundarios. En España y particularmente si hablamos de Aragón, como los demás, tenemos la Administración europea, la general del Estado, la autonómica, la provincial, la municipal y ahora añadimos la sexta, que es
la comarcal.
Desde mi modestísimo punto de vista es un enorme error político, administrativo y financiero, y el tiempo lo dirá. Yo he hablado muchas veces con los máximos responsables del Partido Socialista y no he entendido como en este momento
nos estamos metiendo en una nueva administración, cuando los propios indoctores
de esto dijeron que al menos la provincial desaparecía; ahora siguen todas más la comarcal, cuando no hay ningún modo financiero de afrontarla, si no es detrayendo competencias que en este momento estatutariamente tiene la Administración
aragonesa.
En cuanto al museo, hay un museo en mi provincia, que es el de Escucha, presidido por el Partido Socialista, con un alcalde con el que me honro tener una vieja amistad, y con otro alcalde vecino también que ha sido además senador muchos años
aquí que es el de Utrillas. Pues entre estos dos ayuntamientos que están a 5 kilómetros hay un pequeño problema entre los vecindarios, porque el primer ayuntamiento, el de Escucha, hizo un magnífico museo, que está funcionando bien y que ahora
mismo va a tener una segunda parte que ya tiene la financiación comprometida, y el pueblo de al lado ha puesto otro inicio de museo. Ahora nos vienen con otro museo a 40 kilómetros en una provincia pequeña, con los habitantes que somos. Hay más
pueblos mineros. Si vamos a tener un museo en cada pueblo, estamos destruyendo la pequeña gallina de los huevos de oro que un ayuntamiento socialista ha creado en Escucha y que hemos apoyado todos y particularmente quien habla. En cuanto a decir
que ahora mismo hay una continuidad del museo, lo que hay ahora mismo es una vieja nave de Endesa con unas viejas máquinas por allá y cuatro fotografías. Si a esto le llaman museo... ¿Y qué continuidad? Lo que hace falta es que entre los
responsables regionales, provinciales y municipales digan dónde debe haber algún museo, porque desde luego unos y otros pensamos en la provincia que no debe haber treinta museos, ni siquiera seguramente tres.
Luego esto es una especie de paripé
político que no entendemos muy bien, del que no vamos a ser cómplices por el momento. Hay una administración regional, en primer lugar, que tendrá que ver si están de acuerdo con poner en cada pueblo un museo minero. Mientras tanto, nosotros no
vamos a ser cómplices de este disparate.
- SOBRE EL APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS COMARCAS DEL INTERIOR DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001699.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, que versa sobre el apoyo al desarrollo económico de las comarcas del interior de Alicante, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el
señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Esta es una proposición no de ley que se presentó en un momento determinado hace bastante tiempo, pero la crisis en los sectores del calzado, del textil y del juguete es de efectos duraderos y a largo plazo y, por
tanto, creemos que aún tiene validez. No obstante, tengo que aceptar que se han tomado medidas, entre otras, propuestas nuestras, y partidas presupuestarias destinadas justamente a estos efectos, y hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista
para aceptar su enmienda en el sentido de que sigan en la misma dirección que nuestras enmiendas y también las del Grupo Socialista marcaban.
La internacionalización de la economía ha afectado a muchas empresas y ciudadanos de nuestro país de una manera cada día más perceptible con consecuencias directas sobre el bienestar de la población. En el marco de una economía abierta se
da este fenómeno que, seguramente, es irreversible, el entendido por globalización. Es un fenómeno que, por otra parte, somete a determinadas empresas a nuevos competidores que destruyen las ventajas competitivas más tradicionales y que amenazan en
muchos sectores su viabilidad futura. Por otra parte, tenemos que entender que este proceso de la internacionalización de la economía es una oportunidad para que muchas empresas puedan ganar volumen y también nuevos horizontes más allá de los
mercados tradicionales en los que se movía este tipo de empresas. El reto al que se enfrenta esta nueva economía es de alguna manera el de fomentar el aumento de la competitividad de las empresas para permitir afrontar con garantías la
internacionalización, con la apertura de nuevos mercados, y la competencia con otros países que, efectivamente, compiten de una manera a veces desleal con nuestros sectores productivos más tradicionales, concretamente los del País Valenciano. Se
aconseja por ello, y así lo hemos recogido tanto en esta propuesta como en las partidas presupuestarias, impulsar políticas de fomento de la investigación, del desarrollo y de la inversión en el capital humano para lograr la cualificación de la
fuerza de trabajo. Es un paquete de medidas que, como he dicho antes, hemos ido incorporando a los diferentes presupuestos, y esta proposición no de ley, como mínimo, viene a reforzar la tendencia que los grupos progresistas de la Cámara veníamos
impulsando desde el ámbito presupuestario.
La globalización produce perdedores en determinados segmentos de la población que básicamente se concentran en los sectores productivos más tradicionales, y en aras de la solidaridad y la cohesión social es importante poner en marcha
políticas de protección paralelamente a las de innovación e investigación e inversión en cualificación de la fuerza de trabajo, también en protección social, que permitan a estos colectivos mantener un suficiente nivel de vida y bienestar. En la
Comunidad Valenciana las comarcas del interior de Alicante, incluidas la Vall d'Albaida, l'Alcoià, el Vinalopó/Elx y el Comtat, tienen estas características de una industria que se ve muy afectada por la competencia exterior proveniente de países
emergentes como pueden ser China o India. Son industrias fundamentalmente pertenecientes a tres sectores: calzado, juguete y textil. La competencia de los países industrializados ha provocado la desaparición de muchos puestos de trabajo y de
muchas industrias que no pueden competir y que no deben competir con unos precios y unas condiciones de costes a la baja disminuyendo o deteriorando los salarios y los derechos conseguidos por los trabajadores. La supervivencia, no
obstante, de estas empresas, desde nuestro punto de vista -y en ese sentido van las enmiendas y también las partidas presupuestarias-, tendrá que ser a base no de la disminución de los logros conseguidos socialmente ni de la disminución de los
costes, que en estos momentos es imposible, sino de una apuesta por el diseño, por la calidad, por la atención personalizada, por los nuevos servicios, por añadirle valores medioambientales, por la inversión en investigación y por el desarrollo de
nuevos productos y tecnologías que se incorporen al mercado para competir de una manera adecuada a nuestra realidad social e industrial con los nuevos países emergentes que acceden al mercado con este tipo de producciones. No es posible, como
decía, centrar la comercialización de estos productos en el bajo coste, sino que tenemos que hacer una revisión interesante para que el valor añadido en investigación y en nuevas tecnologías sea un plus para estas industrias.
Es necesario desde
nuestro punto de vista crear y potenciar ventajas competitivas distintas del coste de producción que permitan a las empresas del sector reconocerse como competitivas en el segmento de producción de gran calidad y de alto valor añadido. En este
sentido hemos presentado esta proposición no de ley. Entendemos que la enmienda transaccional del Grupo Socialista sigue la misma dirección, solo que dado el tiempo que ha pasado desde que esta proposición no de ley entró en el registro y teniendo
en cuenta los hechos que se han producido, como son las partidas presupuestarias destinadas justamente a paliar los déficits en estos sectores industriales, la enmienda del Partido Socialista atiende perfectamente a nuestras demandas al presentar
nuestra proposición no de ley y, por tanto, la aceptaremos y la votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para defender la del Grupo Socialista tiene la palabra el señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Señorías, el Grupo Socialista va a votar favorablemente esta proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para los sectores de la industria tradicional de la provincia de Alicante, si bien con el matiz
que lleva aparejada nuestra enmienda, al que hacía referencia el señor Cerdà. Los sectores tradicionales, como el textil, calzado, juguete y también el mueble, de fuerte implantación en la provincia de Alicante, han atravesado y todavía atraviesan
una situación difícil y compleja, producto, como se decía, de la competencia de los países del sudeste asiático, competencia que se basa exclusivamente en la capacidad de producir con costes infinitamente menores, que son consecuencia del bajo coste
del factor trabajo. Las consecuencias de esa competencia derivada de la globalización han sido, a grandes rasgos, dos: el cierre de empresas y la pérdida de un gran número de empleos, lo que a su vez ha tenido importantes repercusiones
socioeconómicas en las comarcas alicantinas y no solo en el ámbito de las familias sino también en el ámbito global de los municipios en los que las actividades como el textil, el calzado y el juguete tienen una gran implantación. Creo que no es
preciso dar más detalles. Se refería a ello acertadamente también el representante de Esquerra Republicana de Catalunya. Esta ha sido una situación que se ha ido gestando de forma paulatina pero también inexorable desde finales de los años
noventa, sin que las administraciones central y autonómica tomaran en serio y fueran capaces de reaccionar frente a los signos inequívocos que arrojaban los distintos indicadores socioeconómicos. Dicho de otra forma, los sectores -el textil, el
calzado y el juguete- tuvieron que enfrentarse a una reconversión de hecho, ante la pasividad de la Administración autonómica y central, en manos en aquellos momentos del Partido Popular. El cambio de Gobierno, entre otras muchas cosas, ha supuesto
fundamentalmente la vuelta a las políticas industriales, y en lo que tiene que ver con la industria tradicional de la provincia de Alicante, ha supuesto la puesta en marcha de un conjunto de medidas dirigidas a conseguir la modernización y la
competitividad de los sectores y, con ello, dirigidas a mantener en el mercado el mayor número de empresas y de empleos posibles.
En la actualidad y en la línea del objetivo de la proposición no de ley que estamos debatiendo, el Gobierno está poniendo en marcha e impulsando un conjunto de medidas que dan cumplimiento al mandato derivado de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2006, entre las que se encuentran las que se mencionan en la proposición no de ley propuesta por Esquerra Republicana de Catalunya. Ayer mismo, en su comparecencia, el propio ministro de Industria se refería a los planes
sectoriales puestos en marcha con el objetivo de potenciar los sectores industriales intensivos en mano de obra. Hizo mención expresa el señor ministro al Plan de apoyo al textil y confección y a las medidas que en él se recogen, así como al Plan
de apoyo al sector del calzado. En ese sentido, desde este grupo valoramos de forma muy positiva el esfuerzo y la implicación del Gobierno para hacer más competitivo el sector textil y adaptarlo a la plena liberalización y también para paliar las
consecuencias negativas que se derivan de estos procesos para los trabajadores y trabajadoras. En esa línea, consideramos necesario que el Plan de apoyo al sector del calzado y el resto de planes sectoriales que maneja el Ministerio de Industria
vean la luz a la mayor brevedad posible. Nos consta que en fechas recientes el propio ministro de Industria, el señor Clos, ha mantenido encuentros con industriales del calzado en ciudades emblemáticas para el sector, como Elda y Elche,
comprometiéndose con las asociaciones de industriales a
acelerar los trabajos de aprobación de los referidos planes.
En definitiva, y ya acabo, este grupo considera, en la línea expuesta por la proposición no de ley y en la línea también propuesta por nuestra enmienda, que el Gobierno está trabajando de forma decidida en el apoyo a los sectores de la
industria tradicional de la provincia de Alicante; que es preciso seguir avanzando por el camino de favorecer la transición hacia un modelo industrial fundamentado en la I+D+i y de alto valor añadido, y en tercer y último lugar, que ese trabajo y
ese apoyo deben continuar y extenderse a la mayor brevedad posible a otros sectores como el calzado, el juguete y el mueble.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: No voy a repetir los argumentos dichos aquí por el grupo proponente, pero todos estamos de acuerdo en que la internacionalización afecta a empresas y ciudadanos. La globalización hace que surjan nuevos
competidores pero también nuevos mercados. El gran reto es aumentar la competitividad, porque si no los menos competitivos serán los más perjudicados, los perdedores, como se dice en la proposición no de ley. Por tanto, se necesitan políticas que
ayuden a estos sectores. Ustedes hablan en esta proposición no de ley de las comarcas del interior de Alicante. Con toda cordialidad, les voy a dar un suspenso en geografía, porque han introducido una comarca de Valencia -como es natural,
aceptamos que la integren-. Estas comarcas, como les digo, tienen una estructura industrial basada fundamentalmente en el calzado, el juguete y el textil, sectores que, como se ha dicho aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, se están viendo muy afectados por la competencia de países emergentes como China, India y otros. Estos mercados, como todo el mundo reconoce y es así, han provocado la desaparición de muchas empresas que han tenido grandes dificultades
para competir, y para evitar que sigan desapareciendo hay que hacer una política específica que las ayude a ser más competitivas, pero como bien se reconoce en la exposición de motivos de la proposición no de ley, es muy difícil competir en costes
contra países que precisamente tienen un bajo coste del trabajo. Por tanto, hay que buscar otras ventajas alternativas para hacer a estas empresas más competitivas.
Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley y, por tanto, vamos a apoyar también la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente, pero hemos añadido un tercer punto que nos parece importante, que completa esta iniciativa y que
sometemos a la consideración de SS.SS.
Añadiríamos un punto tercero en el que soslicitamos una campaña de promoción en el exterior de los productos propios de estas comarcas, de acuerdo con los sectores implicados, con el objeto de abrir nuevos
mercados. Esta campaña de promoción sin duda conseguiría abrir nuevos mercados, porque como ya se ha dicho la competencia es grande y otras iniciativas no han debido de dar resultados muy eficaces. Por tanto, sería conveniente probar otro tipo de
iniciativas.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
- RELATIVA A PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA EMPRESA NAVANTIA Y NECESIDAD DE BUSCARLES SOLUCIÓN. (Número de expediente 161/001817.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 4, relativa a problemas y conflictos en la empresa Navantia y necesidad de buscarles solución, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Para defender la misma
tiene la palabra el señor Rodríguez advirtiéndole que también tiene dos enmiendas a su propia iniciativa, que son de sustitución de dos puntos. Por tanto, rogaría que en este mismo turno hiciera la defensa del conjunto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para el Bloque Nacionalista Galego viene siendo objeto de preocupación la situación en que se encuentran las empresas auxiliares del grupo Navantia y esto es así porque debemos considerar que hoy la mayor parte
de los trabajadores de esta empresa pública no forman parte de la plantilla principal de la factoría, sino que son trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas, con lo cual tenemos un panorama no solamente socio-laboral, sino también a la
hora de planificar el trabajo de la factoría y de aplicar los mecanismos de seguridad, que se convierte sin duda en un elemento bastante complicado y, desde luego, en una posibilidad de que se abran paso políticas no acordes con lo que debe ser un
gran sector industrial estratégico.
Vamos a explicar en cuatro apartados cuáles son los problemas más evidentes de este sistema de subcontrataciones en empresas de tan gran calado, no solamente desde el punto de vista laboral sino también desde el punto de vista de los
productos. En primer lugar, nos referiremos a la forma de contratación de estas empresas; en segundo lugar, a los problemas de seguridad; en tercer lugar, a los problemas de relación con los sindicatos y, en cuarto lugar, a la necesidad de un
plan industrial para Navantia. Lo que viene aconteciendo en estas empresas públicas, en particular en las de la ría de Ferrol, es que se está dando un proceso paulatino de precarización de las condiciones laborales, derivado de que no solamente
existen distintas condiciones socio-laborales de los trabajadores de las subcontratas en relación con los de la empresa principal, sino que tampoco coinciden las condiciones de los trabajadores de las subcontratas entre
unas empresas y otras, ni tampoco entre el centro de Ferrol y el centro de Fene.
Por otra parte, muchas de las empresas que son subcontratadas asumen obras de forma temeraria, obras para las que no están capacitadas y para las que hicieron ofertas que no eran capaces de asumir, lo que lleva a que la empresa principal en
algunas ocasiones incluso haya rescindido sus contratos por no entregar la obra a tiempo o haya habido quiebra de estas empresas. Creemos que este tipo de dinámica indica que la relación entre Navantia y estas empresas subcontratadas no es,
precisamente, una relación basada abiertamente en la transparencia y en la autorresponsabilidad. Hay que tener en cuenta que no solo se subcontrata una empresa, sino que muchas veces esta subcontrata a otras dando lugar a una especie de cascada de
difícil control. Es sintomático que no se haya producido ninguna unión temporal de empresas cuando sería fundamental, no solo desde el punto de vista de la mejora de su personal, sino también desde el punto de vista de las sinergias e incluso de la
capacidad de diálogo y de relación clarificada entre la empresa principal y las subsidiarias o subcontratadas. A este tipo de dialéctica se ha añadido últimamente que empiezan a aparecer muchas empresas de fuera de la comarca, algunas de ellas
porque tienen mayor capacidad de funcionamiento y, por tanto, mayor responsabilidad y mayor competencia, pero otras porque sin duda alguna están vinculadas a intereses o a relaciones de carácter político. Es curioso que, incluso, llega en este
momento la empresa Acciona a hacerse cargo de las labores de limpieza de la factoría.
En definitiva, diríamos que no hay la suficiente estabilidad laboral como para garantizar sobre todo en un futuro a medio plazo una mano de obra suficientemente cualificada, muchas veces se incumplen los acuerdos con los sindicatos y hay
contrataciones que, desde nuestro punto de vista, son contrataciones privilegiadas. Hubo un acuerdo el 27 de enero de 2006 con los sindicatos cuyo texto solamente cuenta porque se ha incumplido.
En concreto, en este acuerdo se decía que había que
informar previamente a las organizaciones sindicales sobre las ofertas de subcontratación a realizar y de las empresas que participan en las mismas; que había que suprimir la subcontratación en cadena impulsando la constitución de una UTE; abordar
el futuro de las empresas de servicios con propuestas de contratación a más largo plazo para permitir mayor estabilidad, eficacia y compromiso de las mismas y regular la jornada laboral erradicando las jornadas excesivas, respetando los descansos
semanales y estableciendo acuerdos específicos para el área de cadenas para la necesaria flexibilidad que requiere dicha actividad, y, por último, exigencia desde Navantia para que las empresas auxiliares respeten los derechos de los trabajadores
contemplados en convenios colectivos, pactos de empresas o acuerdos entre sindicatos y empresarios. Con todo esto, sin duda, creo que queda claro que la situación es compleja y que, en todo caso, la empresa principal tiene que tener mayores
responsabilidades en el cumplimiento de la legalidad, ya que los trabajadores actúan dentro de sus espacios laborales y sometidos a unas normas, por lo menos de seguridad, que atañen a todo el conjunto de la compañía.
Vayamos a los problemas de seguridad. Debo decir escuetamente que hoy conocemos por la prensa la explicación que da la Inspección de Trabajo a un gravísimo accidente acontecido el 11 de junio de 2005, donde perdieron la vida cuatro
trabajadores y trabajadoras. En concreto, se dice que el accidente se produjo por nerviosismo, descoordinación y falta de formación por parte de las personas que estaban encargadas de aplicar un reglamento interno de Navantia, que sí que se asegura
que es de los más avanzados del país. Por lo tanto, un reglamento incumplido es un problema de carácter humano y no es un problema solamente de carácter normativo.
Esto indica que hay mucho que hacer en el terreno de la seguridad y sería
importante que la empresa Navantia tomase en serio esta cuestión que, además, empeora radicalmente por la introducción de empresas subcontratadas que no estén clarísimamente controladas desde la empresa principal, especialmente en lo que afecta al
comportamiento de sus trabajadores en esta materia.
En tercer lugar, paso al problema de la negociación. Es curioso que en diciembre del año 2006 se cerró la negociación colectiva dejando fuera la mesa de negociación de las compañías auxiliares, lo que no solamente es sintomático, sino que
además sigue constituyendo una gran deficiencia, porque cuando se produce la convocatoria de esta mesa de negociación participan solamente de forma directa los sindicatos que están en la empresa principal, es decir personas físicas que no tienen las
condiciones de las subcontratas ni están día a día con todos los problemas que tienen los trabajadores que están en esta condición de mayor inestabilidad. Por tanto, sería necesario hacer esta convocatoria que quedó pendiente y tomarlo en serio y
después habría que buscar algunos mecanismos para que cuando menos la relación entre la representación sindical de la principal y las subcontratadas fuera más transparente, ágil y comprometida.
Por último, señorías, es llamativo que una gran empresa de un sector industrial estratégico de tal importancia siga careciendo de un plan industrial repetidamente prometido. En todo caso, la SEPI y la dirección de Navantia consideramos que
siguen una estrategia insostenible en la relación con las empresas del sector, que siempre es una bomba potencial de conflictividad, y consideramos que habría que hacer un cambio de política en este aspecto. Por eso hemos presentado esta
proposición no de ley que, efectivamente, fue solamente modificada en dos puntos, porque quedaron algo obsoletos o, si ustedes quieren, faltos de matiz, el punto cuarto y el punto quinto. Curiosamente, el punto cuarto va destinado a que el Gobierno
se comprometa a regular la contratación de trabajadores eventuales de las empresas auxiliares mediante una política laboral que se fundamente en su capacidad y cualificación profesional
y que busque como objetivo la estabilidad y la consecución de mejoras sociales desechando medidas de control personalizado que colisionan con los derechos y libertades sindicales. Decimos esto porque hay cantidad de mano de obra de fuera de
la comarca, lo cual no nos preocupa, siempre y cuando se dé trabajo a las personas cualificadas que están y son de la comarca y que no quieren emigrar, y muchas veces no se hace porque son personas que, por motivos de carácter sindical, están mal
vistas, cuando son personas que tienen, curiosamente, un historial de cualificación profesional intachable. Creemos que esto es fundamental. En segundo lugar, recuerdo el otro tema preocupante de abrir urgentemente la mesa de negociación de la
industria auxiliar en Navantia. Después de todo esto, solo nos queda decir que hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista entre nuestra proposición no de ley y las enmiendas que ha presentado, cuyo texto está en
manos de la Mesa y que, sucintamente, centra la redacción final en definir y negociar en el plazo más breve posible un plan industrial para Navantia, en reactivar la mesa de negociación sobre la industria auxiliar que quedó pendiente después de la
firma del convenio colectivo y en mejorar la transparencia y objetividad de la política de subcontratación. Esperemos que esto que es muy modesto en relación con nuestro objetivo inicial por lo menos el Gobierno y la SEPI en particular intenten
cumplirlo, porque créanme que estamos ante un problema más serio de lo que pueda parecer en principio.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Efectivamente, la empresa Navantia ha sufrido en el año 2004 un proceso de transformación importante derivado de la crisis a la que estaba abocada cuando llegamos al Gobierno, prácticamente en situación de quiebra de
la antigua Izar. Fruto de esto y de la negociación del acuerdo con los sindicatos y la Unión Europea nace la nueva empresa Navantia y la verdad es que los resultados en estos tres años son ciertamente positivos. Se está abordando, en primer lugar,
una reestructuración organizativa profunda de la empresa Navantia, que es ahora la resultante de la suma de astilleros que antes estaban unos en el ámbito civil y otros en el ámbito militar y por tanto con condiciones y formas de trabajar
diferentes; se está trabajando en una nueva reestructuración organizativa que es compleja y que siempre supone reticencias y problemas, porque los cambios siempre representan situaciones de incomodidad por parte de aquellas personas u
organizaciones que se ven afectadas. En segundo lugar, se está abordando un proceso de adaptación y modernización de los sistemas de información, que eran prácticamente incompatibles entre los antiguos astilleros civiles y militares; se está
abordando un nuevo sistema de aprovisionamiento en el ámbito de compras y subcontrataciones con una mejor coordinación y planificación de la producción con la industria auxiliar y esto también ha provocado cambios organizativos muy importantes;
decisiones que antes se tomaban en unos ámbitos ahora se toman en otros y eso trae igualmente complicaciones y reticencias. En todo caso, se ha abordado recientemente la firma de la prórroga del convenio colectivo para los años 2006 y 2007, que
está permitiendo trabajar con calma y profundidad en la unificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores de Navantia, tanto los que procedían del sector civil como del militar.
Estas medidas han supuesto una mejora importante en la carga de trabajo, que es mayor ahora que la suma de toda la antigua Izar, y ha supuesto también una reducción importante de las pérdidas de la compañía, que cerrará 2006 con 35 millones
de euros de pérdidas, frente a los casi 130 millones de pérdidas del año 2005. Los resultados están siendo positivos de forma global, pero sí es cierto que las cuestiones que plantea el Grupo Mixto son de actualidad y suponen un grado de malestar y
conflictividad dentro de la empresa. Ya en el acuerdo de 2004 se plantea la necesidad de negociar un plan industrial para Navantia donde se defina el futuro y el papel de cada uno de los centros. Esto es algo que ha estado pendiente hasta el
momento por razones diversas, entre otras, por la reciente celebración de elecciones sindicales dentro de la compañía, cuando los propios sindicatos plantearon la necesidad de aplazar esta negociación. Sin embargo, que no exista formalmente el
documento del plan industrial no quiere decir que Navantia sea una empresa sin estrategia o sin horizonte en absoluto; mantiene una estrategia clara que está dando hasta el momento buenos resultados tanto en la cuenta de resultados como en la
cantidad de la carga de trabajo. Es cierto que ese es un compromiso del acuerdo de 2004; por tanto, no hay ningún inconveniente en reconocerlo y en plantear que de la forma más breve posible se ponga en marcha, se defina y se negocie ese plan
industrial.
En relación con la empresa auxiliar, se está haciendo un esfuerzo muy importante por racionalizar todo esto, aunque también habría que decir para ser exactos y justos que más que un proceso de sustitución caprichosa de unas empresas por
otras o de un proceso en el que el objetivo sea la reducción de los derechos laborales, lo que sí se está produciendo es una racionalización de la subcontratación, que ciertamente en algunos casos procedía de décadas atrás sin ningún tipo de control
o de justificación. De hecho, se está acudiendo a un sistema de contratación abierto y transparente donde las compañías presentan sus ofertas, y las ofertas que se aprueban son las más convenientes. Se está haciendo, en definitiva, como se hace en
cualquier ámbito de la Administración pública y, por tanto, eso trae consigo que algunas compañías que, como digo, llevaban décadas trabajando allí hayan presentado ofertas que estaban muy por encima de la media de otras y hayan quedado fuera. Eso
no quiere decir que no se esté haciendo un esfuerzo para la integración o para la subrogación de los trabajadores
afectados, se está haciendo un esfuerzo, pero también en esto hay algunas dinámicas sindicales que tampoco ayudan a tal objetivo. Concretamente, en el caso de la empresa Nervión, algún sindicato aconsejó a los trabajadores que no se
acogieran a las recolocaciones. La situación ahora mismo es que hay casi cincuenta personas en la calle esperando ser recolocadas, cuando podían haber estado trabajando. En cualquier caso, cada uno tiene en esto su grado de responsabilidad y,
desde luego, la empresa Navantia no tiene una responsabilidad directa sobre la plantilla de una empresa auxiliar. De todas formas, nos parece apropiado que se reactive la mesa de negociación sobre la industria auxiliar. Es una mesa que estaba
abierta entre sindicatos y empresarios y que quedó pendiente después de la firma del convenio colectivo. Por tanto, es correcto que vuelva a abrirse esa mesa y que concluya sus trabajos dentro de un proceso lógico y normal en el ámbito de la
empresa.
Por último, como todo en la vida es mejorable y, por supuesto, aspiramos a mejorar la gestión de la empresa Navantia y la transparencia y objetividad en la política de subcontratación, es por lo que también aceptamos el punto 3 de la
enmienda transaccional. De todas formas, señorías, quizá por el número de iniciativas que llegan a este Congreso de los Diputados en relación a la empresa Navantia, tengo la preocupación de que transmitimos la sensación de que aquello es un pequeño
caos que no funciona y que para funcionar necesita de los impulsos de cada una de las iniciativas en este Congreso de los Diputados. No es así. Hoy la empresa Navantia está trabajando con toda normalidad; el nivel de conflictividad es muy bajo.
Efectivamente, existen problemas, como todo en la vida, pero forman parte del día a día normal, razonable y lógico que existe de las tensiones y controversias entre los representantes de los trabajadores y de una empresa donde hay una organización
compleja con diversos centros, con diversas procedencias de los trabajadores de la principal, con unas condiciones de trabajo unos y otros con otras, también junto con los trabajadores de la empresa auxiliar, que son hoy mucho más numerosos que
antes del expediente de 2004. Esto supone una masa crítica de trabajadores muy importante que plantea problemas nuevos, que necesitarán en el futuro nuevos tratamientos y soluciones. Se está avanzando y trabajando en esto. Están constituidos los
órganos y los mecanismos de solución de los conflictos y, en todo caso, creo que debemos dejar a las partes algo más de libertad para que puedan actuar. Aceptamos la enmienda transaccional pactada por el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular iba a apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego porque entiende que es aceptable y, sobre todo, real en relación con la
situación que se está viviendo en este momento la industria auxiliar en Ferrol. Pero quiero empezar diciendo que a mí me parece una forma descafeinada llamar a una reconversión naval una transformación. En relación con lo que aquí se acaba de
decir, la situación de quiebra técnica en la que se encontraron los astilleros en el año 2004, hay algunos datos objetivos que avalan lo que desde el Partido Popular venimos manteniendo permanentemente. Sólo me remito a lo que consta en el 'Diario
de Sesiones' del ministro de Industria, don Juan Manuel Eguiagaray, al presentar el último Plan Estratégico de Competitividad en el último Gobierno de Felipe González, donde decía con toda claridad que la evolución negativa de los resultados se ha
mantenido durante el año 1995, al persistir algunas de las causas ya citadas, en particular, la subactividad con un coste de 16.000 millones de pesetas, al haber alcanzado los astilleros del grupo público un nivel de ocupación de plantillas de sólo
el 67 por ciento y unos costes financieros del 15 por ciento sobre las ventas, cifra como sin duda conocen, a todas luces insostenible, que ha llevado, junto con las causas anteriormente citadas, a unas pérdidas antes de impuestos de 45.000 millones
de pesetas.
Finalizaba diciendo: Una situación que, sin duda alguna, nos puede disgustar, pero que convierte esta situación en insostenible. Y remataba el señor Eguiagaray: Desgraciadamente para todos, si se analiza con un mínimo de rigor esta
opción, se concluye que las pérdidas que se generan provocarían ya en 1996, año de llegada al Gobierno del Partido Popular, se superasen los límites impuestos por la Unión Europea y los recogidos en el acuerdo de la OCDE para la reposición de
pérdidas, abocando al grupo a una situación de quiebra sin posible continuidad en la actividad.
Y la segunda de las opciones que planteaba, posible, que no habría que echar en saco roto, consistía en el abandono absoluto de la actividad.
Esta era
la situación del año 1995, dicho en el 'Diario de Sesiones' por el señor ministro de Industria entonces, que ya decía que en el plan que se planteaba el objetivo de Astano sería una plantilla de 1.082 trabajadores. Esta era la situación del año
1995; 1996 es cuando llega al Gobierno el Partido Popular. La realidad del año 2004, cuando llegan ustedes al Gobierno, horrorosa: se mantienen todos los centros de trabajo abiertos, se mantiene carga de trabajo, se mantiene el empleo y, sobre
todo, hay carga de trabajo en la zona de Ferrol hasta el año 2010 y usted lo sabe, pero con la carga de trabajo conseguida durante esos años de Gobierno, porque ustedes no han vuelto a contratar absolutamente nada.
(El señor Carro Garrote hace
signos negativos.) Esto es así, no diga que no porque lo sabe. De momento no sabemos qué contrataciones ha hecho el Partido Socialista.
He hablado del empleo, una cosa a la que siempre se niegan, y aquí están las cifras del señor Eguiagaray, pero le voy a dar las del señor Montilla, para que vea que son datos objetivos, no del PP. El señor Montilla decía en una contestación
escrita en el mes de enero del año 2007
que en el año 2004 en Fene había 1.379 trabajadores. El señor Eguiagaray decía 1.087, proponía 1.087. El señor Montilla nos confirma que, cuando nosotros salimos del Gobierno, había 1.379 trabajadores. Usted dice que hoy estamos a plena
ocupación. Sin duda, hay 360 escasamente. Y dice que realmente en la industria auxiliar hay cantidad de trabajadores. Claro, todos los que han salido de los astilleros, que no tienen dónde meterse.
Y para eso la vicepresidenta del Gobierno se
desplazó a Ferrol a ofrecer un Plan Industrial que iba a salvar absolutamente de todos los horrores, y todavía ahora estamos hablando de definir y negociar, en el plazo más breve posible, el Plan Industrial para Navantia. Por tanto, con datos
objetivos en la mano, por mucho que usted diga que en este momento es un centro con diferentes unidades de negocio, que es verdad lo cierto es que hasta este momento la gestión ha sido muy mala. Ustedes no pueden negarlo. Por eso, nosotros creemos
que la iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego en su completa dimensión es una iniciativa aceptable, y lo que vemos ahora es que está completamente descafeinada, pero también la aceptamos. Porque realmente lo que dice esta
iniciativa, señorías, es lo suficientemente grave como para mandarle un mensaje a los trabajadores de Navantia diciéndoles que todo lo que se apruebe en este Parlamento, y lo que es más grave, lo que se firme con el Gobierno, no sirve para nada. La
deslegitimación que se está haciendo desde las instituciones a los acuerdos que se adoptan y a los acuerdos que se aprueban en el Congreso de los Diputados a la hora de aplicarlos, es lamentable, y es una mala señal para los trabajadores y, en su
conjunto, para la sociedad española. Porque si no nos encargamos de que se cumplan los acuerdos firmados entre Gobierno y sindicatos, y si no nos encargamos de que se cumplan las proposiciones no de ley que aprobamos en este Parlamento, como no se
están cumpliendo reiteradamente, es lamentable el mensaje que estamos mandando a la sociedad española de ineficacia e ineptitud de la Cámara y, lo que es más grave, de la ineficacia de todo aquello que se firma con el Gobierno, que al final es papel
mojado.
Nosotros apoyamos, con toda la gravedad que ello supone, que el punto 1 diga: Definir y negociar, en el plazo más breve posible, el Plan Industrial para Navantia, porque lleva una carga de responsabilidad tremenda hacia el Gobierno, por no
haberlo hecho hasta este momento.
Fíjense ustedes lo que están aprobando desde el Partido Socialista, el grupo que apoya al Gobierno, que es definir y negociar, con el tiempo que ha pasado, en el plazo más breve posible, el Plan Industrial para
Navantia. Lo cual quiere decir que no han hecho nada, absolutamente nada, cuando lo anunciaron, cuando se firmaron los acuerdos.
En segundo lugar, ustedes aprueban aquí y ahora reactivar la mesa de negociación sobre la industria auxiliar que quedó pendiente después de la firma del convenio colectivo. ¿Usted sabe lo grave que es esto? ¿Usted sabe lo que supone que
ustedes digan ahora al Gobierno que hay que reactivar la mesa de negociación? ¿Qué quiere decir esto? Que no lo han hecho. Que los acuerdos aprobados en esta Cámara como proposiciones no de ley o que los acuerdos firmados entre este Gobierno y
los trabajadores, son papel mojado. Es de una gravedad tremenda. Estamos haciéndole un flaco favor a las instituciones, a su Gobierno y a este Parlamento con el incumplimiento reiterado de las cuestiones que aquí se aprueban.
El tercer punto me parece de una gravedad tremenda, aunque visto lo que está pasando hoy en día en España, no me extraña que se incluya. Mejorar la transparencia y la objetividad en la política de subcontratación, cuando los mecanismos de
control que tiene Defensa son superiores a los de cualquier otro ministerio de España, y por ello Navantia también, y cuando hasta este momento históricamente con los gobiernos de Felipe González, de Adolfo Suárez, de José María Aznar o de Calvo
Sotelo, era modélica la relación entre los astilleros y las empresas auxiliares, en todos los gobiernos, los de Felipe González también, venir ahora a cuestionar que no se está llevando con transparencia ni objetividad la política de
subcontratación, lo puede decir el Bloque Nacionalista Galego que es oposición, o yo, que soy oposición, si quisiera hacer demagogia, pero que ustedes, responsables de la gestión, estén reconociendo que hay que mejorar la transparencia y la
objetividad de la política de subcontratación, es de una gravedad tremenda. Nuestro grupo parlamentario, si el Partido Socialista le da el visto bueno a esta enmienda transaccional, no va a ser menos. Estamos de acuerdo con la planteada en su
totalidad al principio de la Comisión por el Bloque Nacionalista Galego, lo quieren descafeinar con ésta, que es de tal gravedad que, si ustedes la apoyan, nosotros la apoyamos también. Estamos completamente de acuerdo y daremos nuestro voto
favorable a la enmienda transaccional.
- RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002025.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5, proposición no de ley relativa a la presentación del informe previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. El autor es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una proposición no de ley ante esta Comisión de Industria en el sentido de instar al Gobierno a que, en el plazo máximo de dos meses, pueda
presentar ante esta Comisión el informe previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. (El señor vicepresidente,
Bardisa Jordà, ocupa la Presidencia.) Ésta es una disposición adicional que nuestro grupo parlamentario introdujo en la mencionada Ley de Morosidad contando básicamente con el consenso de todas las formaciones políticas.
Consideramos interesante
esta iniciativa. Quiero recordar a SS.SS. que queda reflejado un plazo de referencia general de 30 días como plazo medio de pago, así como también se plantea la posibilidad de exigir intereses de mora en la cuantía de 7 puntos porcentuales por
encima del interés básico de refinanciación fijado por el Banco Central Europeo.
Asímismo, se planteaba la posibilidad de reclamar la satisfacción de los gastos ocasionados por el cobro. También conseguimos consensuar una enmienda en la que todos
los grupos parlamentarios estimábamos que sería interesante que la obligación de pago máximo entre las administraciones públicas y las empresas privadas pudiéramos convenirlo en un plazo máximo de 60 días, con la posibilidad de convenir plazos
superiores garantizados con la entrega de un aval. Éstas eran las premisas básicas y fundamentales que todos los grupos parlamentarios entendíamos que era oportuno y necesario plantear, para que España dejara de estar en el furgón de cola de la
Unión Europea, ya que, desgraciadamente, somos uno de los países de la Unión Europea donde se pagaba más tarde y los proveedores o los agentes económicos cumplían con más dilación, había unos plazos de pago más dilatados que en la media de la Unión
Europea.
Por tanto, ésta era una ley oportuna y necesaria para poder rebajar este listón y pasar de ser los últimos en la cola de morosidad de la Unión Europea a ser de los primeros en el sentido de poder cumplir con nuestras obligaciones
comerciales. Han pasado dos años y, desgraciadamente, el Gobierno no ha sido capaz de cumplir la ley y no ha remitido esta Cámara cuál ha sido la evolución de la aplicación de la Ley de Morosidad en España y este grupo parlamentario se rige en
estos momentos por los inputs que le llegan de la sociedad civil, de los agentes económicos o sociales dispersos o diseminados en toda la geografía nacional, en el sentido de que la Ley de Morosidad no se está cumpliendo, que el plazo máximo de 60
días entre las diferentes administraciones y las empresas de capital privado no se está cumpliendo, que el plazo medio de pago en España todavía continúa estando en los máximos niveles y que todavía estamos en el furgón de cola de morosidad de los
países de la Unión Europea. Por tanto estimamos conveniente y preceptivo que finalmente el Gobierno pueda cumplir con la disposición adicional segunda de la Ley de Morosidad, en el sentido de que entre lo más rápidamente posible este informe en el
Congreso de los Diputados para que los diferentes grupos parlamentarios podamos analizar cuál ha sido el cumplimento de la ley y cuáles son las medidas que podemos plantear a tal efecto. Asimismo nuestro grupo, recogiendo las sugerencias y
sensibilidades de los distintos agentes económicos y comerciales que existen en nuestro país, hemos planteado la posibilidad, en función de los resultados de este estudio que el Gobierno ha de remitir a las Cortes lo más urgentemente posible, de
recabar la información de los diferentes agentes sociales y económicos para que nos expliquen de viva voz cuál ha sido su experiencia y, según su criterio, cuáles serían aquellas medidas que se pudieran plantear para que la Ley de Morosidad, que
todos los grupos convenimos, se cumpla y pudiéramos tender a poder tener un plazo máximo de 60 días, que es lo que está estipulado por la Ley. Por tanto, señorías, esta proposición en primer lugar, intenta convencer a todos los grupos
parlamentarios de que en el plazo máximo de dos meses el Gobierno envíe este informe a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio y que, al mismo tiempo, pueda existir consenso para que, en función de los resultados de este estudio, todos los
grupos parlamentarios podamos recoger las sensibilidades de los diferentes agentes económicos y recabar su opinión en la medida que consideremos oportuno, para poder plantear las modificaciones correspondientes. Ésta es la voluntad, el sentimiento
y los objetivos de nuestra proposición no de ley. Es cierto que el Grupo Socialista nos ha planteado una enmienda transaccional al respecto, vamos a ver cuál es su motivación, pero probablemente podríamos llegar a un acuerdo, que también esperemos
que sea efectivo al resto de grupos parlamentarios para que, finalmente, sea una realidad que este informe llega al Congreso y que podamos recabar todas las informaciones y sensibilidades de los diferentes agentes económicos y sociales.
El señor VICEPRESIDENTE (Bardisa Jordà): No hay enmiendas por escrito a esta proposición no de ley. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Popular el diputado Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señorías, al principio de esta legislatura, muy al comienzo, el Pleno del Congreso, en su sesión de 22 de diciembre de 2004, aprobó, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de nuestra Constitución, una ley
que incorporaba al derecho interno la Directiva 2000/35 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000, por el que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se entendía que esta ley tenía como
objeto combatir la morosidad en el pago de las
deudas dinerarias y el abuso en perjuicio del acreedor en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que da lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la
Administración, entendiendo por Administración el conjunto de las que integran nuestras administraciones públicas, los organismos y las entidades previstas en la Ley de contratos de las administraciones públicas. Estableció la disposición adicional
segunda un mandato explícito para que el Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, remitiera al Congreso de los Diputados un informe, en el que se analizarían y evaluarían los efectos y las consecuencias de la
aplicación del contenido de la misma en relación a los plazos de pago en las operaciones realizadas entre empresas y entre empresas y Administración. Este plazo ha sido flagrantemente incumplido y no ha existido la más mínima voluntad de
rectificar. No es ésta la primera iniciativa que se plantea para instar el cumplimiento de esta disposición adicional. Ha habido varias iniciativas parlamentarias anteriores que han recordado el incumplimiento y el Gobierno ha tomado como actitud
la de decir que estaba desarrollando los trabajos oportunos, según decía, a partir de la información procedente del sector de la distribución, de la industria proveedora, de las administraciones, y que ésa era la razón de que no tuviese efectuado el
informe. Nosotros entendemos esta explicación pero no la admitimos como excusa ni como justificación. Ayer mismo, teníamos al señor ministro de Industria en la Comisión, durante hora y cuarto hizo su intervención y obvió nuevamente esta cuestión,
en su intervención inicial, repito, pese a que era objeto de una solicitud de comparecencia específica (El señor presidente ocupa la Presidencia.). Los portavoces, tanto del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió como el que habla, tuvimos que
recordarle que tenía que darnos unas explicaciones y la respuesta ha sido curiosa, nos ha dicho que en el primer informe 2006 hemos conseguido unos buenos resultados, que para mí, dice, son insuficientes, porque hemos bajado de 86 a 82,5 días. Esto
da a entender que el informe existe pero que es un informe de autoconsumo, es decir, para conocimiento interno. Y después, hace una afirmación, que es una expresión bastante peregrina y dice: Tendremos que darle una vuelta. ¿Una vuelta a qué?
¿Es esto una expresión técnica de un ministro? Pero es que añadió: Hay cosas que se pueden hacer por ley, otras cosas que ya puedes hacerlas que si la gente no quiere, en la medida en que es muy difícil perseguirlo, si las dos partes no están de
acuerdo, es muy difícil resolverlo. Esto es lo que el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo nos dijo ayer en la Comisión sobre este importante tema. Es decir, un trabalenguas incomprensible, pero en definitiva, un incumplimiento
manifiesto. Pero lo peor de todo es que no señaló un plazo concreto, dijo: Este año 2007 haremos el segundo informe y me comprometo a que con el informe de este segundo año, como preveía la ley, hagamos el proceso de revisión para ver si vamos o
no por el buen camino. Yo creo que el señor ministro mareó la perdiz y demostró una voluntad clara e inequívoca de no cumplir esta resolución. A nosotros, al igual que al señor Sánchez i Llibre, nos llegan mensajes sobre el cumplimiento de esta
ley. En concreto, noticias alentadoras de que en el sector de la distribución comercial, y sobre todo en el de la distribución comercial alimentaria, hay muchas empresas que se han aplicado a la tarea y han hecho sus deberes y han conseguido
rebajar sus plazos de pago en varios días, pero también nos llegan mensajes preocupantes de que en determinados ámbitos de las administraciones públicas, particularmente de las administraciones sanitarias, los plazos de pago no se han reducido y
siguen siendo particularmente elevados. En cualquier caso, no es razonable que se hurte al Congreso de los Diputados una información que está obligado a suministrar por ley. En este sentido, nosotros, señor Sánchez i Llibre, vamos a apoyar su
iniciativa pero eso sí, creo que debe mantenerse la expresión que usted incorpora, que es: presentar urgentemente, no dilatar más el cumplimiento de este mandato legal, porque no existe ninguna justificación y no se entendería.
Por otra parte, quiero también recordarle que ayer mismo usted en la Comisión le dijo al señor ministro: Ministro, hemos aprobado hace unos meses una proposición no de ley en esta Comisión para que se presente en un plazo urgente un plan de
revitalización de las exportaciones, un plan que votamos todos aquí, porque ante la situación lamentable del déficit exterior español, el Gobierno tenía que reaccionar, y no sólo no se ha presentado ese plan, sino que ayer el señor ministro ni tan
siquiera le contestó a usted sobre cuándo iba a cumplirlo. Por tanto, nuestra credibilidad en orden a que lo que hoy votemos sea cumplido es muy escasa. En cualquier caso, cuente con nuestro voto y nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: El señor Mas por el Grupo Socialista tiene la palabra.
El señor MAS I ESTELA: Hay que hacer algunas primeras puntualizaciones a esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo de Convergència i Unió porque, si bien es cierto, como reconozco ya de entrada, que no se han cumplido los plazos,
tampoco se han cumplido en los términos exagerados que a veces se quiere plantear. La disposición adicional de la Ley 3/2004 decía que a partir de dos años de la entrada en vigor, es decir, la ley entra en vigor el primero de enero de 2005, dos
años sería 2007, el Gobierno tenía dos meses para presentar el informe. Han pasado los dos meses, evidentemente, estamos en mayo, no en marzo, reconozco este hecho y, por tanto, ya avanzo que vamos a aceptar la proposición que nos plantea el Grupo
de Convergència i Unió, porque creemos que hay que cumplir lo establecido en la ley. Sin embargo, quiero decir que la proposición se planteó el 9 de enero de 2007, cuando todavía se estaba en tiempo y forma para cumplir los plazos. En todo caso,
por los conocimientos que hemos recabado
sobre cómo está este tema, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se presentó antes de final de 2006 a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el informe relativo a la morosidad en las operaciones
comerciales entre particulares. Por tanto, hay una parte, como todos los grupos han reconocido que ayer contó el ministro, que está realizada y no tenemos ningún interés desde el Grupo Parlamentario Socialista en que quede, como ahora decía el
señor Delgado de consumo interno. Por el contrario, queremos que se cumpla lo que establece la disposición adicional de la Ley 3/2004. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha trabajado para incorporar las relaciones
comerciales con las administraciones públicas y, por esta razón, el informe a día de hoy no está terminado, pero por lo que sabemos, está a punto de hacerlo. Por tanto, creo que no hay ningún inconveniente en aprobar, inclusive en los términos
urgentes del señor Delgado, lo que se pide en la proposición no de ley. Ayer, creo que el ministro avanzó datos relativos a 2005 y en estos momentos se está trabajando con los datos relativos a 2006. Estos datos son positivos en cuanto a avance,
en cuanto a que se rebaja el tiempo de pago entre los particulares. Por lo que nos han indicado en relación con las administraciones públicas, no hay tampoco inconvenientes. Por tanto, nuestro grupo parlamentario no tiene inconveniente en aceptar
este punto. Sin embargo, queremos hacer una matización y, por tanto, propondríamos una transaccional in voce a la segunda parte de la proposición que nos plantea el Grupo de Convergència i Unió. El Grupo de Convergència i Unió plantea en la
segunda parte de su proposición no de ley la celebración de comparecencias para hablar de este tema. En este punto queremos resaltar lo siguiente: Hubo comparecencias en el mes de marzo en el Senado sobre este tema y hay documentación donde
podemos ver qué opinan los sectores económicos.
Segundo, por lo que ayer dijo el ministro y por los conocimientos que tenemos, esperemos que puedan ser confirmados en esta Comisión con el informe preceptivo, conocemos que hay avances, por tanto,
también la imperiosa necesidad de que comparezcan los sectores económicos la consideramos un poco exagerada. Tendremos un primer informe de 2005.
Seguramente, sería bueno evaluar las circunstancias de la ley con los dos informes, del 2005 y del
2006. A pesar de todo, tendremos un primer informe de 2005 y podríamos preguntar cuándo tendremos el de 2006 y a partir de aquí evaluar si es necesaria esta comparecencia. Nosotros propondríamos una transacción que diría, en la línea de la segunda
parte de lo que propone el Grupo de Convergència i Unió: Con posterioridad a la presentación del informe, la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta de los grupos parlamentarios recabará de los sectores económicos y sociales que
directamente en su tráfico comercial sean implicados en la ejecución de la ley su opinión sobre el desarrollo real de medidas previstas al objeto de poder evaluar su implementación. Creo que en lugar de establecer ahora que haremos comparecencias,
dejar en manos de la Comisión, a propuesta de los grupos, recabar la opinión según el resultado de los informes de 2005 y 2006 matiza convenientemente sin exagerar la proposición que hacía el Grupo de Convergència i Unió. Por tanto, reitero,
nuestro grupo votará favorablemente que por parte del Gobierno se presente el informe; hay un retraso de dos meses, no más allá, quiero resaltarlo. Y en segundo lugar, proponemos que en lugar de celebrar comparecencias, recabemos la opinión de los
sectores y veamos si hay necesidad de estas comparecencias o no. Esta es la opinión del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Llibre, para pronunciarse sobre la enmienda in voce.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Aceptamos la enmienda in voce del Grupo Socialista porque, en definitiva, va en la misma dirección que perseguía nuestro grupo parlamentario.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA DE COMBUSTIÓN LIMPIA EN ASTURIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002051.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre medidas para la creación de una planta de combustión limpia en Asturias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señorías, de todos es sabido la importancia histórica que ha tenido el carbón como fuente de energía. A día de hoy, las emisiones de dióxido de carbono que provoca su combustión es uno de los hechos que ha
influido en gran medida para que otras fuentes de energía alternativas estén siendo potenciadas. Sin embargo, no podemos olvidar que la apuesta incondicional del Gobierno por el gas tiene inconvenientes a tener en cuenta, como son el límite en el
tiempo de las reservas y la importante vulnerabilidad que supone estar sometidos a un mercado procedente de países que no avalan las necesarias garantías de suministros como consecuencia de su conflictividad. Por contra, los yacimientos
carboníferos tienen reservas garantizadas para más de 100 años, llegando algunos expertos a manifestar que esas reservas pueden llegar a los 200 años en función del abastecimiento y consumo que se produzca. La Unión Europea, consciente de que el
carbón, lejos de ser una fuente energética anticuada, y a la vista de los avances tecnológicos y de las investigaciones que se están llevando a cabo, ha considerado la necesidad no sólo de no abandonar el carbón sino de potenciarlo. Por ello, en el
Plan estratégico europeo de tecnología energética se recoge un documento específico relativo a la combustión limpia del carbón en la generación de electricidad. La Comisión Europea, además, ha tomado la
decisión con carácter urgente de construir doce plantas de combustión limpia de carbón hasta el año 2015, a la vez que ha solicitado un esfuerzo a los Estados miembros para que inviertan en I+D en el campo de producción limpia de energía y
en la experimentación en el almacenamiento de CO2 sólido. Estas medidas fueron presentadas el 10 de enero del presente año. A día de hoy el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero guarda un absoluto silencio al respecto, conformándose una
vez más con esperar a que las decisiones las tome la Comisión Europea, en vez de avanzar realizando una petición a la Comisión demostrando el interés de la nación española de tener ubicada en nuestro territorio una de esas plantas propuestas para
captura de dióxido de carbono. En este punto, señorías, quiero manifestar que en Asturias no se podría entender que la citada planta, si se ubicase una de ellas en España, no fuese en nuestro territorio, en la región que hoy, señorías, tengo el
honor y el orgullo de representar en esta Cámara. Asturias es una región históricamente identificada con la minería y además las cuencas mineras del Nalón y del Caudal requieren proyectos como éste, que vinculan su tradición minera y la
reconversión que en el año 1998 inició el Gobierno del Partido Popular con la puesta en marcha del primer Plan de la Minería del Carbón. Además, el Instituto del Carbón viene desde hace años realizando un importante y relevante trabajo basado en
estudios científicos de métodos de captura de CO2 y creo sinceramente que en este momento debo felicitar los trabajos que el Incar está realizando.
Por todo ello, señorías, esperamos contar con el acuerdo unánime de todos los grupos en la petición que el Grupo Popular presenta de instar al Gobierno para que solicite a la Unión Europea que se establezca en Asturias una de las doce
plantas de combustión limpia a las que se hace referencia en el Plan Estratégico Europeo y conceder financiación para centralizar en Asturias la investigación y experimentación en los campos de tecnología de energías fósiles. Es, señorías, un
compromiso que acordamos hoy de cara al futuro para proteger nuestro medio ambiente y dar un trato justo a la región minera más importante de España.
Entendemos que es el momento de dar este paso, que no debemos esperar a que se tomen decisiones
por parte de la Comisión Europea y que el Gobierno debe ir ya realizando las gestiones oportunas y convenientes y manifestando el interés de nuestro país de que una de estas plantas se ubique en territorio nacional e, insisto, que no se podría
entender que la región minera por excelencia de nuestro país, que es Asturias, no contase con esa planta de combustión limpia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: En relación con la proposición no de ley del Grupo Popular, nuestro grupo tiene claras una serie de cuestiones. En primer lugar, tenemos clarísimo que el sector energético en Asturias es una pieza básica del
desarrollo industrial y, por tanto, un pilar importante de la economía asturiana. Sabemos también lo importante que es para Asturias que dentro del Plan Energético se consolide y se complete la planta de regasificación de El Musel, que se creen las
centrales de ciclo combinado previstas y que se resuelvan los problemas relacionados con el sistema de evacuación eléctrica en Asturias. Teniendo eso claro, el Grupo Socialista, también lo ha tenido claro el Gobierno. Este Gobierno ha modificado
el Plan Energético Nacional diseñado por el Partido Popular cuando el señor Rato era ministro de Economía, a la postre asturiano y conocedor de los problemas y la situación de Asturias.
Quiero recordarle a S.S. que el señor Rato, cuando se hizo el
Plan Energético Nacional, no contempló la planta de regasificación de El Musel y la posición del Partido Popular siempre ha estado en contra de esa planta. Incluso, el señor Rato justificaba la posición diciendo que no había empresas interesadas.
Pues bien, en el momento en que el Gobierno del señor Zapatero modifica ese plan y se diseña y se configura y se da el visto bueno a la planta de regasificación de El Musel, aparecen las empresas interesadas en hacer esa planta. Por tanto,
señorías, para el Grupo Socialista es muy importante el desarrollo de Asturias y sabemos lo transcendental importante que es la posición de Asturias en cuanto al sector energético.
No voy a entrar en las valoraciones que usted misma y otros miembros del Partido Popular hicieron cuando este Gobierno toma esa decisión: basureros de catalanes y otras lindezas que ustedes dijeron. Porque cuando plantean esta proposición
no de ley ustedes siguen en la posición de provocar la confrontación territorial y un discurso diferente del Partido Popular a un lado y al otro del Pajares. Se lo digo porque probablemente la presidenta del Partido Popular de León, la señora
Carrasco, no vería de buen grado esta proposición no de ley, o al menos eso es lo que dice públicamente en la provincia de León.
Me gustaría aclararle a su señoría cuál es la posición del Gobierno y cuáles son sus actuaciones respecto a un tema en el que comparto el discurso que ha hecho, evidentemente. La combustión limpia del carbón no sólo es un objetivo de la
Unión Europea, sino que es un compromiso de nuestro Gobierno disminuir las emisiones de CO2. Este Gobierno ha dicho claramente que apostará por que una de las doce plataformas que se van a construir en Europa sea en nuestro país, pero lo que está
claro es que este Gobierno no puede decir a priori dónde se va a ubicar esa plataforma, porque habrá que evaluar condiciones favorables de unos u otros territorios. Evidentemente, Asturias es uno de los puntos importantes, pero también León y, en
concreto, la comarca del Bierzo que, como usted sabe, también es una cuenca minera. Pero tampoco se descartan otras posibilidades en otros territorios. Lo primero que hay que conseguir, señorías, es
que una de esas doce plataformas se construya en nuestro país. Pero sí le recuerdo que el Gobierno español ha tomado medidas y en un Consejo de Ministros de mayo de 2006, con la creación de la Fundación Ciudad de la Energía en el Bierzo, se
dota de una partida de 80 millones de euros para empezar a trabajar en uno de esos objetivos de investigación energética limpia. Le recuerdo que los objetivos de esa fundación son promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia
energética, potenciar los estudios ambientales relacionados con la energía y desarrollar y aplicar técnicas de recuperación medioambiental, potenciar vías a la formación de investigadores y técnicos en materia energética, así como el desarrollo
social y económico de la comarca del Bierzo. Pero eso que es un tema local, y que no tiene que ser en absoluto un contrapunto de las legítimas ambiciones de los asturianos, es sólo una parte; además, cabe citar que el Gobierno ha apoyado y
liderado la creación de una plataforma de captura y secuestro de CO2 que se creó en nuestro país en febrero de 2006 y que agrupa a empresas, universidades y centros de investigación. El objetivo de esa plataforma es crear un corpus importante en
nuestro país de investigadores y científicos que nos permita en su día competir en óptimas condiciones para lograr el objetivo de tener una de esas doce plataformas.
Por otra parte, quiero recordar a sus señorías que en la unidad del Ciemat que se ha ubicado en el Bierzo y que tiene como objetivo trabajar en las medidas de oxicombustión, secuestro, almacenamiento y captura de CO2, se ha firmado un
convenio con el Incar, está trabajando en equipo con ese grupo de investigadores.
La proposición no de ley que usted plantea no pide nada diferente a lo que el Gobierno ya está haciendo. Es más, el Gobierno ya ha dado muchos pasos para trabajar en la combustión limpia del carbón, pero tengo que decir a su señoría que en
estos momentos el Grupo Socialista, y usted lo tiene que entender, no está en disposición de firmar un compromiso en el sentido de decidir dónde se va a ubicar esa futura plataforma, porque no es el momento oportuno. Primero, trabajen y trabajemos
todos juntos para que en España tengamos esa plataforma y luego, lógicamente, para que Asturias compita y con su liderazgo en el sector del carbón en unas condiciones muy favorables para poder ser uno de los centros clave en nuestro país para
trabajar en el almacenamiento y secuestro de CO2. Por tanto, nuestra posición es de negación a la proposición no de ley que ustedes plantean, porque no es ajustado el momento para tomar esa decisión, pero, en cualquier caso, todo el grupo de
expertos e investigadores que están trabajando, no me cabe la menor duda de que considerarán de forma muy positiva a Asturias. He de decirle también que el Gobierno asturiano tiene muy clara la posición de Asturias en cuanto al sector energético el
Partido Popular debería ayudar al Gobierno asturiano en esa materia, si para ustedes es tan importante, lejos de buscar permanentemente, como decía antes, la confrontación territorial. Y le pediría que no hablemos de basureros, porque de lo que
estamos hablando es de hacer combustión limpia del carbón y de utilizar la tecnología para cuidar nuestro medio ambiente.
- SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 161/002072)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre el sector turístico. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra para su defensa el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBA: El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición no de ley que para nosotros es importante, y también es importante para el sector turístico, en la que no exponemos, ni proponemos ningún atisbo de crítica
política a ningún partido, ni siquiera al Gobierno, sino simplemente la pretensión en un tema tan importante como es la formación, en este caso concreto la formación profesional, el buen servicio y, en consecuencia, la calidad, podamos llegar todos
los grupos parlamentarios de esta Comisión a un consenso en la búsqueda de una resolución a un problema que cada día es más acuciante.
Desde hace bastantes años, las patronales del sector de la hostelería vienen advirtiendo de las dificultades para encontrar personal cualificado, siendo ésta justamente una de sus principales preocupaciones. Tanto es así que en una reciente
encuesta casi un 60 por ciento de los hoteleros encuestados se quejaba fundamentalmente de la falta de personal, y en la oferta complementaria llegaba incluso al 80 por ciento. Por tanto, estamos hablando de datos significativos. Estas necesidades
del sector no sólo afectan a los puestos de base, sino también a los de gestión y dirección reservados fundamentalmente a perfiles universitarios, así como también a candidatos procedentes de la formación profesional. El mismo presidente nacional
de la Asociación Española de Directores de Hotel escribía hace pocos meses en un diario económico que es importante que las autoridades académicas entiendan que el dinamismo de la gestión de la calidad turística y de la innovación continua necesita
de alumnos de formación profesional que se integren en un marco de cultura turística, que conlleva la implantación de técnicas e instrumentos metodológicos en las aulas. La innovación y la calidad con la duración de los ciclos actuales apenas
consigue profundizar en la formación de excelencia para desarrollar mejor sus actividades, conocimientos, habilidades y perfeccionamiento profesional. Nosotros estamos de acuerdo en estas afirmaciones, a la vez que también estamos de acuerdo en la
demanda que se hacía en este escrito de que haya un cambio en la formación profesional. Este grupo parlamentario también está de acuerdo con las afirmaciones que hizo la portavoz socialista en materia turística, en un diario económico de este país
hace pocos meses, en las que decía el que el factor humano y la calidad son claves
en el turismo de futuro. Por eso proponemos a esta Comisión instar al Gobierno a que, de forma coordinada, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impulsen, previa
realización del estudio correspondiente, una reforma en los distintos niveles educativos que permita la adecuada capacitación de aquellas personas que tengan interés en encaminar su vida profesional al sector turístico. Teniendo conocimiento este
Grupo Parlamentario de que el Grupo Socialista presentará, esperamos, una enmienda in voce, adelantamos que estaremos de acuerdo con la misma para llegar a un consenso general.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: El Grupo Parlamentario Socialista comparte, como no podía ser de otra manera, la preocupación por la adecuación de la formación de los futuros profesionales de cualquier sector, en este caso del sector del turismo.
La reflexión sobre si tenemos los grados de estudios adecuados para lo que necesita el sector es una preocupación que compartimos con todos los grupos de esta Cámara.
El turismo es un sector muy importante de nuestra economía y la adecuación del mantenimiento de cara al futuro de nuestra capacidad o de nuestro liderazgo turístico depende en gran parte de la oferta que seamos capaces de dar. Esta oferta
segmentada, especializada, plural y de calidad viene muy condicionada por el tipo de servicio que les vamos a dar, por tanto, la adecuación de la formación profesional a las necesidades de los turistas actuales es un tema importante. La propuesta
que hace el Grupo Parlamentario Popular es que, previa la realización de un estudio, se haga la reforma de los niveles educativos. Es decir, comporta ya el resultado de ese estudio que ellos mismos dicen en su propuesta de proposición no de ley que
hay que hacer. Sabemos, porque como cualquier grupo nos hemos enterado de cómo está el tema, que en el Ministerio de Educación y Ciencia hay muchos niveles y, en concreto, en relación con la preocupación que planteaba el señor Fajarnés de los
estudios superiores, ha habido recientemente la adhesión al pacto de Bolonia para la adaptación de los títulos superiores, y en el caso concreto del turismo, a los requerimientos que desde la Unión Europea se nos venían haciendo.
Conocemos los
efectivos resultados de las propuestas que en el campo de la formación no reglada se están haciendo. Es un tema a resaltar, el estudio que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impulsa con el nombre de Horizonte 2020 del Turismo Español
para ver cuál es el futuro y por dónde tenemos que ir en nuestro turismo, estudio que se hace en el marco del Consejo Español del Turismo, que es nuestro organismo de concertación sectorial en este campo, donde están los empresarios, las cámaras de
comercio, los sindicatos y, evidentemente, la Administración.
Por esta razón, pensamos que podemos proponer, y creo que el Grupo Parlamentario Popular podrá aceptar, que es conveniente hacer un estudio previo para determinar la reforma de los niveles educativos. Ya veremos si del estudio sale la
reforma qué es lo que tendremos que acordar. La enmienda transaccional in voce que proponemos es la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de forma coordinada, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaboren un informe sobre la adecuación de los actuales estudios en materia de turismo a las necesidades de cualificaciones profesionales del sector a los efectos de poder
evaluar su adecuación a las mismas. Y a partir de aquí, evidentemente, tal y como pedían, remitir a la Cámara este informe en el plazo de dos meses, para que los grupos parlamentarios lo evalúen y decidan si hay que hacer la propuesta de reforma.
Esta sería la posición del Grupo Parlamentario Socialista, y si el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo, la entregaríamos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Fajarnés?
El señor FAJARNÉS RIBA: Sí, tal y como había anunciado, señor presidente, estamos de acuerdo en la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista y aceptamos la enmienda in voce.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE POTENCIACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ISLA DE LA PALMA.
(Número de expediente 161/002222)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente y último punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la potenciación de las energías renovables en la isla de La Palma, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Señores diputados, la isla de La Palma está situada en la parte noroccidental del archipiélago canario y es también conocida como 'la isla verde' o 'la isla bonita' por sus exuberantes bosques y sus
bellezas naturales. Tiene una superficie de 706 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 85.000 habitantes distribuidos por 14 municipios. Es una isla que presenta grandes desniveles, teniendo en cuenta que la máxima altura es de 2.500
metros hasta el nivel del mar. Como el resto de las Islas Canarias, es una isla de origen volcánico, pero presenta una hidrología peculiar con algunas lagunas y riachuelos,
cosa que no se ve en otras islas del archipiélago canario y, además, agua subterránea, que aportan una regulación del sistema generación-consumo de muy alto valor estratégico. Desde el año 2002 es Reserva Mundial de la Biosfera y también
posee uno de los cuatro parques nacionales que tiene el archipiélago canario: La Caldera de Taburiente. No cabe duda de que se trata de una isla que podría ser un referente en cuanto a la conservación del medio ambiente y el desarrollo turístico
económico más coherente con el hábitat que le ha tocado.
El objetivo de toda política energética es garantizar un abastecimiento seguro y regular de las energías, complementado todo ello con el principio del respeto absoluto medioambiental. La energía de la que se abastece la isla procede casi en
su totalidad de productos derivados del petróleo. Aproximadamente, el 85 por ciento de la energía eléctrica consumida procede de una central diésel que está en Los Guinchos. Sin embargo, sólo el 4 por ciento de la energía procede de otras fuentes
no fósiles, como son la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica.
El 13 de febrero de este año, el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, presentó a las comunidades autónomas, con quienes tendrá que desarrollarlas, un conjunto de medidas para disminuir las causas del cambio climático y
reducir con ello sus efectos negativos. Estas actitudes están en sintonía con los objetivos de la Unión Europea de carácter obligatorio, marcados por el Consejo de marzo pasado para el horizonte de 2020: alcanzar un 20 por ciento de abastecimiento
de energías primarias con renovables, reducir el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar que, al menos, el 10 por ciento del uso de los biocarburantes en el transporte público sea así. Además, en nuestro país
poseemos desde el punto de vista legal dos instrumentos, como son: el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Los objetivos señalados para el año 2010 son: alcanzar
un suministro con renovables de un 12,1 por ciento de energías primarias consumidas, obtener con renovables el 30,3 del consumo eléctrico y utilizar al menos el 5,8 de biocarburantes.
Teniendo en cuenta todo esto, con el añadido de que la isla de La Palma posee un alto potencial solar y eólico, abundantes aguas superficiales y subterráneas con interesante potencial energético, recursos geotérmicos intensos y una energía
undimotriz interesante, todo ello con un potencial de regulación de cargas excepcional, todas estas potencialidades permitirían a la isla de La Palma una regulación del sistema producción-consumo eléctrico singular e innovador, aún teniendo en
cuenta que ninguna actuación de energías renovables debería hacerse sin que se hayan alcanzados unos niveles de eficiencia energética mínimos en el uso de la energía.
Sin faltar al principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, por supuesto, pero si tenemos en cuenta que Canarias es un territorio singular, que es Reserva Mundial de la Biosfera y que es necesario conservarlo para las
generaciones venideras de una manera lo más perfecta posible, desde el punto de vista medioambiental, presentamos una proposición no de ley que insta al Gobierno, junto con las comunidades autónomas y el Cabildo de La Palma, a invertir en energías
renovables, que al menos, el 20 por ciento del consumo de energías primarias pudiera proceder de recursos renovables y que el 40 por ciento de la energía eléctrica producida tuviera su origen en fuentes de energías limpias y autóctonas.
Hemos conocido que el Partido Popular ha presentado una enmienda casi en la misma sintonía con lo que presentamos para La Palma, pero hablando concretamente de El Hierro y de Gran Canaria, que también son Reserva Mundial de la Biosfera. He
de decir que en El Hierro, desde el punto de vista de energías renovables, el Gobierno central está haciendo una inversión enorme en el proyecto que ya se está realizando, junto con el Cabildo, para obtener energía. La isla de El Hierro tiene tan
sólo 8.000 habitantes, por lo tanto no es comparable con una población de 84.000 habitantes, pero no me parece descabellada la idea de que se invierta en energías renovables en las Islas Canarias en general. Yo había pensado en particular en la
isla de La Palma porque es en la que yo vivo y, por lo tanto, era la que había estudiado con detenimiento. Sin embargo, me parece que la enmienda que presenta el Partido Popular es oportuna, además no falta al principio de solidaridad entre todos
los pueblos porque la normativa europea debe cumplirse con solidaridad y equidad para todas las comunidades autónomas y, si afecta a más islas del archipiélago, estoy absolutamente de acuerdo. No creo que el ministerio tuviera ningún problema en
admitirlo porque estas energías renovables, siguiendo la normativa europea deben cumplirse en todo el Estado español y, hasta donde yo llego, la Comunidad Autónoma de Canarias pertenece al Gobierno de España. Por lo tanto, estoy absolutamente de
acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Roldós Caballero.
La señora ROLDÓS CABALLERO: En primer lugar, quisiera agradecer la actitud de la portavoz socialista admitiendo nuestra enmienda, que se basaba simplemente en que en Canarias no solamente es la isla de La Palma la que ha sido declarada por
la Unesco Reserva Mundial de la Biosfera, sino también la isla de El Hierro y, recientemente, a iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, una zona importante de la cumbre y medianías de la isla de Gran Canaria. Me parece muy acertado que haya
aceptado nuestra enmienda, porque, si no lo hubiera hecho, se le podría haber tildado de localista o bien de oportunismo electoral, puesto que estamos a muy pocos días de unas elecciones municipales, autonómicas y a cabildos en Canarias.
La Mesa del Congreso de los Diputados estuvo dilucidando sí que esta proposición no de ley del Grupo Socialista tenía que ser presentada en la Comisión de Industria, como finalmente ha sido, o en la Comisión de Medio Ambiente, porque también
tenía importante implicación el Ministerio de Medio Ambiente. Y como estamos en la Comisión de Industria, por decisión de la Mesa del Congreso, quisiera aprovechar para decir aquí cuál es la situación de riesgo económico y social que estamos
viviendo en Canarias con respecto a la producción de energía eléctrica para el futuro a corto, medio y largo plazo. En Canarias, por fin, hace escasamente dos meses se ha aprobado el Plan Energético para Canarias, el famoso Pecan, que tiene un
objetivo temporal hasta 2015. De ese importante instrumento de dinamización de la política económica de nuestra región va a depender nuestra evolución económica, nuestra competitividad y, sobre todo, el bienestar y el desarrollo sostenible de
Canarias. Ese plan energético de Canarias tiene un objetivo, y es cambiar el porcentaje de energías renovables que contribuyen a la generación de energía eléctrica en Canarias, que actualmente es del 5 por ciento nada más, para llegar a la
convergencia con el resto de Europa en el objetivo de 2020 de cumplir con las estrategias de invertir el proceso que se está llevando en toda España, en toda Europa y en Canarias también del cambio climático.
Les tengo que decir, señorías, que Canarias es la región española que menos cumple con el Protocolo de Kyoto, que en los últimos años la producción de gases de efecto invernadero en Canarias es la más alta de toda España y que Canarias tiene
asignaturas pendientes. Me van a permitir que me posicione en el sentido en que lo ha hecho el Consejo Económico y Social de Canarias de que no se entiende que posiciones sobre todo de la izquierda o de la izquierda más extrema en Canarias haya
llevado a que algo que está pendiente allí, como es la introducción del gas natural, que contamina menos, que es menos productor de CO2, que además prepara a la industria energética para el desarrollo de la economía del hidrógeno, no se haya llevado
a cabo cuando está pendiente desde 1989. Y tampoco se entiende que ante una futura crisis energética de productos fósiles para producir energía dentro de las aguas que pertenecen a España y, por lo tanto, muy cerquita de Canarias, al lado de la
mediana imaginaria que hay entre aguas españolas y marroquíes, tengamos nueve bolsas de productos petrolíferos y que el Gobierno del Estado lleva tres años paralizando, esas prospecciones para saber si realmente la cantidad de petróleo y gas que hay
frente a las costas canarias, a 80 millas, pueden ser una fuente importantísima no solamente para Canarias sino para el resto de España, y que el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero estén impidiendo que se hagan las investigaciones
necesarias en ese espacio marítimo, cuando no varias millas más allá, sino varios metros más allá el Reino de Marruecos tiene autorizadas hasta cinco prospecciones con licencia a compañías francesas y estadounidenses. No se entiende cómo el
Gobierno español está poniendo en riesgo el futuro energético de Canarias y, por tanto, nuestro futuro económico y social. Como no se entiende que en Canarias, que somos seis sistemas eléctricos aislados y por tanto más caros, donde hemos tenido y
tenemos un monopolio exclusivo de la empresa Unelco Endesa a día de hoy Unelco Endesa tenía una previsión de inversión en Canarias de 1.300 millones de euros con el horizonte de 2011 resulta que por el intervencionismo del señor Rodríguez Zapatero,
en Canarias vamos a estar a expensas de nuestro desarrollo económico y social dependiente del futuro energético de decisiones del gobierno italiano, porque aquí se prefiere que sea el gobierno italiano, a través de la opa de ENEL, quien decida el
futuro energético y, por tanto, el futuro económico y social de Canarias.
Quisiera agradecer a la señora representante del Partido Socialista que en esta proposición no de ley haya tenido la generosidad y creo que el rigor de no solamente quedarse en el localismo de la isla de La Palma, sino de tener una visión de
comunidad autónoma, de región, que es lo que hemos de tener todos los canarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su cordialidad al cederme la palabra.
Mi grupo va a votar favorablemente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Es un principio de solidaridad y está concebida en términos de racionalidad porque se ha evitado sesgar hacia una determinada energía de las denominadas
limpias o renovables, como es la energía eólica. Se habla de energías renovables, donde cabe cualquiera que no sea obtenida por el uso de materiales petrolíferos, sino sencillamente las que se denominan energías limpias, sea eólica, fotovoltaica,
fotosolares, de biomasa, etcétera, lo que da un sentido de amplitud. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay unas competencias del Gobierno de Canarias, que acaba de salir de un embrollo jurídico bastante amplio, en las concesiones de energía
eólica, porque la energía eólica ocupa territorio.
Quiero decir a sus señorías que un solo aerogenerador en la columna requiere un área de superficie y en cuanto a un parque eólico, con menos de diez hectáreas no hay nada que hacer. Nuestro
territorio es escaso y, en cambio, tiene unas condiciones óptimas para irse a las energías renovables de origen fotovoltaico, de origen solar, sean térmicas o fotovoltaicas. Creo que esto está perfectamente recogido en esta iniciativa que se
circunscribe a la isla de La Palma y que por principio de solidaridad y de ejemplaridad sobre las restantes islas
debemos apoyar y apoyamos, congratulándonos de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señora Coello, ha dicho en su intervención que aceptaba la enmienda; la enmienda es prácticamente de sustitución. ¿Cómo quedaría?
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En realidad, sólo añade una frase que es: los ayuntamientos, Cabildos de La Palma, El Hierro y Gran Canaria...
El señor PRESIDENTE: Sí, pero la enmienda del Grupo Popular es de sustitución. ¿Aceptaría la sustitución?
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En realidad no es una sustitución exacta, sino que se ha adicionado a mi proposición no de ley un par de frases, pero me es absolutamente indiferente que sea de sustitución o de adición. Lo acepto sin
más.
El señor PRESIDENTE: Al presidente también le es indiferente, lo único que hay que aclarar es el redactado final cómo queda.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: De adición, yo lo aceptaría como de adición porque, en realidad, es mi proposición no de ley a la cual le ha añadido tres renglones.
El señor PRESIDENTE: Pero señora Coello, para que sea de adición, tiene que presentar dar enmienda transaccional con la adición, porque si no su proposición queda sustituida.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: No. Entonces me pongo de acuerdo con la compañera y lo redactamos conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, vamos a dar tres minutos para que se pongan de acuerdo los grupos. En tres minutos votamos. (Pausa.)
Vamos a iniciar la votación y vamos a aclarar antes el sentido de la última enmienda. Sería sustituir en la proposición no de ley del Grupo Socialista lo que está entre paréntesis, ayuntamientos, cabildos de La Palma, por instituciones
insulares que hayan sido nombradas por la Unesco Reserva Mundial de la Biosfera, ayuntamientos, cabildos de La Palma, el Hierro y Gran Canaria. ¿De acuerdo?
Iniciamos la votaciones. Proposiciones no de ley sobre las actuaciones para la conservación del Castillo de Lorca, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Proposición no de ley para apoyar la continuidad del Museo minero con el fin de llegar a convertirse en parque tecnológico, del Grupo Socialista, que no tiene tampoco ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre el apoyo al desarrollo económico de las comarcas del interior de Alicante, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Votamos esta proposición no de ley con una transaccional, que es un nuevo
punto, el punto tercero, y con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista. Es decir, votamos esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, aceptando la enmienda del Grupo Socialista, con la aceptación también
de una transaccional al punto tercero proveniente de la enmienda del Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley número 4 relativa a problemas y conflictos en la empresa Navantia y necesidad de buscarles solución, que incluye las dos autoenmiendas del grupo proponente y una transaccional sobre una
enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, pasamos a la número 5, relativa a la presentación del informe previsto en la disposición adicional segunda en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con la adición de una transaccional al segundo párrafo, que fue presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a la número 6, sobre medidas para la creación de una planta de combustión limpia en Asturias, que no tiene ninguna enmienda. Votamos, por tanto, en sus propios términos esta proposición del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la número 7, sobre el sector turístico, del Grupo Parlamentario Popular, que tenía también una transacción in voce que ha sido presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad con la incorporación de la enmienda in voce.
Pasamos a la número 8, sobre potenciación de las energías renovables en la isla de La Palma, que incluye la aceptación de la enmienda en los términos que hemos reseñado, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.