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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 704, de 08/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 704
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles, 8 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparencia del señor director general de la Policía y de la Guardia civil (Mesquida Ferrando) para informar sobre:
-Las líneas generales de actuación que va a llevar al frente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001208.) ... (Página
4)
-Los planes que va a desarrollar al frente de la Policía y de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
(Número de expediente 212/001216.) ... (Página 4)
PREGUNTAS
De la señora Torme Pardo (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Valoración del Gobierno del anuncio, por parte del Delegado del Gobierno en Madrid el 24 de enero de 2005, de detenciones basadas en indicios policiales que no existían (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/085597). (Número de expediente 181/002766.) ... (Página 42)
-Motivos por los que el Presidente del Gobierno afirma que en España 'los derechos y libertades de los ciudadanos están asegurados como nunca' sin pedir disculpas a los militantes del Partido Popular detenidos ilegalmente, siendo ésta la
primera vez que en democracia se produce una detención ilegal por razones políticas y no condena tales detenciones (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085598). (Número de expediente 181/002767.) ...
(Página 42)
-Motivos por los que el Ministro de Defensa sostiene, tras la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 que condena a tres funcionarios policiales por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento
público y coacciones, que dichos policías 'actuaron dentro del marco constitucional y legal que establecen las leyes y el estado de derecho' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085599). (Número de
expediente 181/002768.) ... (Página 43)
-Opinión del Gobierno acerca de si unos policías que detuvieron ilegalmente a unos militantes del Partido Popular sin prueba alguna de que hubieran podido cometer una agresión que no existió, que falsificaron documentos oficiales para
imputar a dos inocentes, que coaccionaron y cesaron al policía que negó a tales detenciones ilegales, actuaron de 'manera profesional y autónoma' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085600). (Número
de expediente 181/002769.) ... (Página 43)
-Mantenimiento por el Gobierno de que los policías condenados por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular cumplieron con sus funciones constitucionales y legales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/085601). (Número de expediente 181/002770.) ... (Página 43)
-Autor de la orden dada a la Policía para investigar y tratar de localizar a los autores de la agresión denunciada por el Sr. Bono en el transcurso de la manifestación a favor de las víctimas del terrorismo del 22 de enero de 2005
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085602). (Número de expediente 181/002771.) ... (Página 43)
-Puesto al que ha sido trasladado don Rodolfo Ruiz, quien, como Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid ha sido condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de mayo de 2006, por los delitos de
detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones y funciones que debe desempeñar en el nuevo destino (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085603). (Número de expediente 181/002772.)
... (Página 43)
-Puesto al que ha sido trasladado el policía 16.259, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 por los delitos de detención ilegal y falsificación de documento público y funciones que debe desempeñar
en el nuevo destino (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085604). (Número de expediente 181/002773.) ... (Página 43)
-Puesto al que ha sido trasladado el policía 19.101, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 por los delitos de detención ilegal y falsificación de documento público y funciones que debe desempeñar
en el nuevo destino (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085605). (Número de expediente 181/002774.) ... (Página 43)
-Fase de tramitación del expediente disciplinario abierto al policía 14.296, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 y medidas contempladas en el mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/085606) (Número de expediente 181/002775.) ... (Página 43)
-Fase de tramitación del expediente disciplinario abierto al policía 16.259, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 y medidas contempladas en el mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/085607). (Número de expediente 181/002776.) ... (Página 43)
-Fase de tramitación del expediente disciplinario abierto al policía 19.101, condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 y medidas contempladas en el mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/085608). (Número de expediente 181/002777.) ... (Página 44)
-Previsiones por parte del Gobierno de facilitar la jubilación anticipada de alguno de los policías condenados por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacción, por Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid de 8 de mayo de 2006 y si dicha jubilación anticipada impediría la sanción de expulsión del Cuerpo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085609). (Número de expediente 181/002778.) ...
-Nuevo destino y servicio que le fue asignado y qué funciones le correspondía desempeñar al inspector 16.444, tras ser cesado como jefe de grupo de conflictividad laboral y social de la Brigada Provincial de Información de Madrid (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085610). (Número de expediente 181/002779.) ... (Página 44)
-Posibilidad de que el inspector 16.444 sea restituido en el puesto del que fue cesado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085611). (Número de expediente 181/002780.) ...
-Motivos por los que el Ministro del Interior mantiene que existen motivos racionales para entender la implicación de los dos militantes del Partido Popular en la agresión al Sr. Bono cuando todas las evidencias, los videos, las fotos, las
declaraciones, etc, apuntan a que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085612).(Número de expediente 181/002781.) ...
-Opinión del Gobierno respecto a si la conducta del inspector 16.444 en el asunto de presuntas agresiones al Sr. Bono, representa un ejemplo de policía judicial que, con buena fe, en conciencia y con pleno respeto a los derechos de los
ciudadanos, se negó a practicar las detenciones de personas contra las que no había elementos incriminatorios para restringir su libertad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085613). (Número de
expediente 181/002782.) ... (Página 44)
-Opinión del Gobierno respecto de la afirmación del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid el 24 de enero de 2005, en el sentido de que 'si el Ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona'
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085614). (Número de expediente 181/002783.) ... (Página 44)
-Opinión del Gobierno acerca de la posibilidad de que el Sr. Pérez Rubalcaba, tal y como aseguró en sesión de control del Congreso de los Diputados del pasado 17 de mayo, viera con sus propios ojos una agresión al Sr. Bono que no existió,
como así corroboraron hasta catorce policías, incluidos los escoltas del Sr. Bono (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085615). (Número de expediente 181/002784.) ... (Página
44)
-Identidad de los manifestantes que, según el Sr. Pérez Rubalcaba, vieron la agresión al Sr. Bono (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085616). (Número de expediente 181/002785.) ...
-Explicación del Gobierno al hecho de que, el mismo día en que el Sr.
Rubalcaba afirma en el Congreso de los Diputados que vio con 'sus propios ojos' la agresión inexistente al Sr. Bono, la Cadena Ser difundiera la existencia de una
testigo que había denunciado en Pamplona, dieciséis meses después, el intento de agresión al Sr. Bono (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085617). (Número de expediente 181/002786.) ...
-Credibilidad para el Gobierno de las declaraciones de hasta catorce funcionarios policiales coincidentes en que no hubo agresión al Sr. Bono durante la manifestación de apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085618). (Número de expediente 181/002787.) ...
(Página 44)
-Indicios de autoría de un delito de atentado contra el Sr. Bono a los que se refería el entonces Ministro de Interior en su comparecencia de 3 de febrero de 2005 para justificar la detención de don Isidoro Barrios y doña Antonia de la Cruz
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085619). (Número de expediente 181/002788.) ... (Página 44)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana
COMPARENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (MESQUIDA FERRANDO) PARA INFORMAR SOBRE:
-LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN QUE VA A LLEVAR AL FRENTE DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001208.)
-LOS PLANES QUE VA A DESARROLLAR AL FRENTE DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/001216.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión, cuyo orden del día, que todos ustedes conocen, está integrado por las solicitudes de comparecencia del director general de la Policía y de la Guardia Civil para explicar las líneas generales de
actuación y los planes que va desarrollar al frente del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular y el por el Grupo Parlamentario Socialista respectivamente y que, por ser
análogas, se tramitarán conjuntamente. También figuran en el orden del día las preguntas de origen escrito convertidas en orales según el artículo 190.2 del Reglamento, de la diputada señora Tormes, números 2766 a 2788.
Sin más, comenzamos la tramitación del orden del día dando la palabra al señor director general, a quien también damos la bienvenida puesto que, al margen de su comparecencia de presupuestos, esta es la primera ocasión que viene a la
Comisión de Interior. Tiene la palabra para presentar su programa al frente de la dirección general el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Antes de comenzar mi intervención en esta mi primera comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de la política de la nueva dirección
general de la Policía y de la Guardia Civil, quisiera expresarles mi total disposición para informales sobre cualquier aspecto que deseen conocer del servicio que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil prestan a la sociedad, para lo que
les ofrezco mi determinación para continuar con la leal colaboración que hasta la fecha las dos antiguas direcciones generales han venido desarrollando. Les voy a exponer las líneas generales de mi actuación, los avances realizados, sin ningún tipo
de autocomplacencia, sin ningún tipo de triunfalismo, con humildad y con la actitud de quién cree que queda mucho trabajo por hacer, pero con la determinación de que este trabajo hay que llevarlo a cabo.
El Gobierno es consciente de que uno de los retos que tiene la sociedad española es el garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, porque, no me cansaré de repetirlo, hoy todos
tenemos claro que sin seguridad no hay libertad ni derechos sociales y políticos, sin seguridad no hay desarrollo ni progreso social, sin seguridad no hay justicia, y aspiramos a vivir en una España más libre, en una España más desarrollada, más
justa, y por ello es fundamental tener cada día unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más dotadas, mejor equipadas y motivadas.
En el pasado debate sobre el estado de la Nación, la seguridad fue uno de los ejes de la intervención del presidente del Gobierno y de la de muchos representantes de los grupos parlamentarios como muestra de la importancia que tiene para la
ciudadanía. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, como parte esencial del sistema de seguridad público, no es ajena a las repercusiones que la ausencia o la existencia de seguridad tienen en la vida diaria de los ciudadanos, en
su actividad económica o en su confianza en los poderes públicos. El pasado 4 de mayo tomé posesión del cargo de director general de la Guardia Civil, y más recientemente, el día 8 de septiembre, hace apenas dos meses, tomé posesión
como director general de la Policía y de la Guardia Civil. Quisiera recalcar la gran responsabilidad que supone la dirección de dos instituciones con una larga historia de servicio a la sociedad española.
Entonces y ahora he asumido una
serie de compromisos que desarrollaré, pero que no quisiera dejar de enumerar al principio de mi intervención, porque, en mayor o menor medida, algunos de ellos afectan directamente a las condiciones de vida y prestación de servicio de los guardias
civiles y policías: la mejora de la calidad de vida de los policías y de los guardias civiles, y de sus familias; la continuación del camino ya iniciado de la mejora salarial, acorde con los niveles de exigencia y responsabilidad; la reforma de
la normativa disciplinaria; la elaboración de una norma llamada estatuto de los guardias civiles, en el que se recojan sus derechos y deberes; la configuración y desarrollo de un plan de infraestructuras con el que conseguir unos centros de
trabajo y de vida acordes a la dignidad que todos otorgamos a la Policía y a la Guardia Civil y, sobre todo, para así prestar un mejor y más eficaz servicio a los ciudadanos. En definitiva, queremos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
mejor retribuidas, mejor equipadas y con mejores infraestructuras. Igualmente es un compromiso y a la vez un objetivo el incremento de las capacidades que ambos cuerpos pueden ofrecer en el ámbito internacional para seguir siendo un eficaz
instrumento de la política exterior del Estado.
La publicación del Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, de estructura básica del Ministerio del Interior, se enmarca dentro del cumplimiento de los compromisos electorales sobre creación de un mando único. Nuestra primera actuación
fue la creación del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado y del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, de cuyo trabajo nos sentimos satisfechos y que sin duda son una excelente herramienta de coordinación y cooperación policial.
Dentro
de nuestra estrategia de mejorar la coordinación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, se han refundido sus dos direcciones generales con el objetivo de dirigir coordinadamente ambos cuerpos para la mejora de sus actuaciones de protección
de personas y bienes en general, prevención y represión de los delitos, así como protección de las libertades ciudadanas y de los derechos fundamentales más particularmente. Se unifica el mando, se enfatiza la parte operativa con la creación de dos
direcciones adjuntas ejecutivas y se va a mantener la propia idiosincrasia de cada cuerpo. Esta coordinación se verá reforzada por la nueva composición del CEMU, bajo dependencia directa del ministro del Interior, del CNCA, del Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado y de los nuevos órganos adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, más concretamente la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
Desde la entrada en vigor de la nueva estructura, muchos se han preguntado si el mantenimiento de las estructuras organizativas, competencia y régimen jurídico de ambos cuerpos es algo transitorio o incluso si estamos ante una
macroestructura incoherente por la distinta naturaleza, civil y miliar, de ambos cuerpos policiales, y subrayo policiales porque esta es su principal función y su razón de ser. No estamos hablando solo de tradición, sino también de legalidad y de
la voluntad del Gobierno de que la naturaleza militar de la Guardia Civil continúe siendo uno de sus signos de identidad, como especial realce y tutela de los valores que desde su fundación la han caracterizado, lo que tiene, a mi juicio y a juicio
del propio Gobierno, validez y actualidad, de gran importancia y repercusión en la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos.
Porque no podemos olvidar que esta características de cuerpo policial de naturaleza militar le permite abordar
misiones eminentemente policiales bajo dependencia del Gobierno a través del Ministerio de Interior, y por otro lado misiones de carácter militar bajo la dependencia del ministro de Defensa y, por lo tanto, con diferentes condiciones de ejecución o
integración en diferentes tipos de unidades u organismos, como la Fuerza de Gendarmería Europa, la misión de Naciones Unidas para Kosovo o Haití o la unidad militar para el Líbano, misiones en este último caso que podríamos definir como minoritarias
por su número, pero de gran trascendencia para la acción del Gobierno, ya que a las especiales características de las mismas se debe por lo tanto unir la necesidad de contar con profesionales con una específica formación.
No voy a abrumarles con la infinidad de datos que conforman la compleja estructura operativa y organizativa de la nueva Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y que sin duda condicionan su funcionamiento, pero en cualquier
caso, si así lo desean, podré facilitarlos a lo largo de esta comparecencia o, en defecto de alguno, les será gustosamente remitido. Mis antecesores, en sus comparecencias ante esta Comisión, desgranaron las líneas estratégicas que conforman la
actuación de ambos cuerpos y que mantienen su vigor. Evidentemente, pasados ya dos años de legislatura, se está ultimando la redacción de un nuevo plan para el próximo bienio que tendrá muy en cuenta los análisis sobre los resultados obtenidos y la
evolución de la delincuencia, con el objetivo fundamental de mejorar los niveles de eficacia y de eficiencia en la prestación de los servicios de Policía y Guardia Civil. Dichos planes son fruto del desarrollo de los ejes que el secretario de
Estado de Seguridad expuso en su primera comparecencia ante esta Comisión y que marcan la línea y el camino del trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, el señor ministro del Interior en su comparecencia ante esta Comisión
identificó cuatro ejes fundamentales en el área de seguridad e interior: lucha eficaz contra el terrorismo; mejora de la eficacia contra la criminalidad organizada, especialmente contre el narcotráfico, el blanqueo de capitales y las redes que
controlan los grandes flujos de inmigración ilegal; la mejora de los niveles de seguridad ciudadana y, finalmente, la potenciación
de la capacidades operativas y de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dichas líneas, como explicó el ministro ante esta Comisión el pasado 17 de mayo, tienen una consideración especial en el Plan estratégico para los años 2005
y 2006 y, como ha quedado expuesto, tendrán un claro reflejo en el próximo plan bienal. Ejes que para el Gobierno tienen cuatro elementos fundamentales y que definen su acción: más presupuesto para seguridad, más policías y guardias civiles,
mejores condiciones laborales y profesionales y mejores infraestructuras. Sin estas premisas de partida nos encontraremos con propuestas vacías de contenido o imposibles de implementar.
Quisiera entrar en materia exponiendo las acciones que la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil están realizando o pretenden iniciar para mejorar sus operatividad, así como las actuaciones concretas en las áreas de personal,
apoyo logístico y finalmente en relación con la modernización de la gestión. En primer lugar, es de justicia reconocer el esfuerzo el Gobierno de la nación está realizando para completar e implementar las plantillas de Policía y de Guardia Civil,
ya que las ofertas de empleo anuales de los últimos diez años ni siquiera permitieron cubrir las bajas vegetativas, por lo que hasta 2005 el número de policías y guardias civiles dedicados a proteger a la sociedad fue disminuyendo. Por ello, ya en
2005 se ofertaron en el ámbito de la Guardia Civil 4.000 plazas de nuevo ingreso y en 2006 otras 4.000, y previsiblemente muy pronto será aprobada una nueva oferta extraordinaria con 1.500 agentes más. Además, el reciente decreto de plantillas de
la Guardia Civil va a suponer un incremento adicional en los próximos cinco años de 2.979 plazas para el resto de empleos, y que se unirán a las sucesivas ofertas públicas de empleo, que seguirán el actual ritmo de generación de nuevos puestos de
trabajo.
En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía no han sido menores los esfuerzos, ya que la situación precedente era igualmente preocupante. El objetivo prioritario de la activad de gestión es la cobertura de la plantilla del Cuerpo Nacional
de Policía en el entorno de 59.000 plazas contempladas en su catálogo de puestos de trabajo. En este sentido, la evolución de la oferta de empleo público es ilustrativa de la importancia atribuida por el Gobierno a este aspecto, pasando de una
oferta de 970 plazas en 1997 a las 5.5000 del presente ejercicio para la escala básica.
La necesaria continuidad de la oferta de empleo público, 5.500 plazas en los dos últimos años, cuyo mantenimiento en los próximos años viene requerido por la
previsión de gran número de pases a la situación de segunda actividad por razón de edad media del Cuerpo y el mantenimiento de la política de seguridad del Gobierno, determinan la necesidad de promover una modificación del catálogo para dar cabida a
los miembros procedentes de nuevo ingreso, que necesariamente tendrá que articularse en torno a dos medidas: el incremento de puestos para la escala básica y la redistribución de efectivos de la escala ejecutiva y subinspección.
Estamos, como
queda claramente expuesto, reorientado decididamente aquella situación de progresiva disminución y dando respuesta a lo que es un clamor en toda España, la necesidad de más guardias civiles y policías. Además, estamos aumentando la capacidad de
respuesta de ambos cuerpos para hacer frente a las nuevas amenazas que, como el crimen organizado o el tráfico de seres humanos, suponen una agresión al Estado de derecho, a sus ciudadanos y a las instituciones.
En cuanto a la lucha antiterrorista, siguiendo los ejes marcados por el ministro del Interior, se están acentuando las actuaciones policiales tendentes a profundizar en las tramas financieras que sustentan el terrorismo; progresar en el
análisis estratégico, táctico y operativo de dicho fenómeno y de los movimientos radicales; incrementar la penetración informativa en los entramados terroristas; intensificar la evaluación de los riesgos en los sectores más sensibles:
instalaciones, transportes, concentraciones ciudadanas. Y esto, señorías, especialmente en estos momentos en los que todos somos concientes de lo singular de la situación que este país está viviendo en relación a la lucha contra el terrorismo de
ETA, pero precisamente en estos momentos, en lo que todos alcanzamos a vez un retazo de esperanza, tengan por seguro que para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para este director que les habla esta situación no ha supuesto ni nunca
podría suponer dejación alguna de las funciones en este campo tan complejo. De hecho, mantenemos la misma estructura, efectivos, objetivos, porque el terrorismo de ETA sigue siendo una prioridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sobre la organización terrorista Grapo, la localización de sus activistas o reclamados por la policía y la justicia constituye objetivo prioritario de los servicios policiales especializados, a los que se une el esclarecimiento de las actividades
delictivas que pudieron atribuirse a los mismos relacionadas con el aprovisionamiento de medios económicos para subsistir. Respecto a la actividad anarco-insurreccionalista, la línea prioritaria de actuación es proseguir el control sobre las
relaciones de apoyo y colaboración con otros grupos de características similares implantados en otros países de influencia mediterránea, como Grecia e Italia principalmente, y a estos efectos en el marco de cooperación europea se encuentra en
funcionamiento un equipo común de investigación con estos dos países. En este contexto relativo a las actividades terroristas se lleva a cabo un seguimiento de la incidencia del independentismo radical violento. Y, por último, no somos ajenos a
determinadas actividades organizadas violentas y de especiales características de producción en el marco de la extrema derecha radical, violenta, sobre las que se actúa de cara al control de actividades de tipo racista y xenófobas desarrolladas por
pequeños grupos recientemente aparecidos, vinculados al movimiento skinhead, así como a sus conexiones internacionales.
En cuanto al tratamiento del terrorismo internacional, el reclutamiento y formación de grupos yihadistas proclives
a la perpetración o colaboración con acciones terroristas dentro o fuera del territorio español constituye el eje básico de la actividad policial operativa y de inteligencia. El objetivo es prevenir, anticiparse a la acción terrorista y
además mejorar la colaboración internacional y el intercambio de información con otros servicios de seguridad extranjeros, lo que sin duda propiciará la eficacia ante este fenómeno universalizado de terrorismo. Desde el año 2004 se han aumentado
450 plazas destinadas a la lucha contra el terrorismo internacional en la Guardia Civil y otro tanto en la Policía, lo que da muestra del cumplimiento del compromiso por mejorar y potenciar los servicios de información de lucha contraterrorista.
Igualmente, desde el año 2004 hemos incorporado un total de 52 traductores, lo que ha supuesto una importante potenciación en esta área. En los dos últimos años se han desarrollado 15 operaciones con 146 detenidos. Capital importancia adquiere en
manera antiterrorista la cooperación internacional, primordialmente con los países de la Unión Europea integrantes del G-6 y del Tratado PRUM, continuando a través de los mecanismos ya establecidos la colaboración e intercambio de información e
inteligencia en materia antiterrorista, tanto multilateral en el seno de la Unión Europa, como bilateral con terceros países de interés estratégico. En este contexto se puede destacar la existencia de cinco equipos conjuntos de investigación
hispano-franceses, tres en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y dos en el ámbito de Guardia Civil, constituidos en desarrollo de la lucha antiterrorista referida a ETA. También se han llevado a cabo recomendaciones para la creación de otros
nuevos para combatir el terrorismo islamista con países de especial incidencia, recepción o tránsito de individuos, grupos o entidades del mismo carácter. Hace escasamente unos días firmamos la constitución de un nuevo equipo conjunto de
investigación con Francia para investigar el entramado financiero de Grupo Salajista para la Predicación y el Combate.
Respecto a control de explosivos -uno de los elementos de especial relevancia entre las recomendaciones de la Comisión de investigación de los atentados de 11 de marzo-, debo señalar que el plan de control de explosivos elaborado por la
Guardia Civil ha alcanzado la práctica totalidad de sus objetivos, incrementándose 200 nuevas plazas en Intervención de Armas y Explosivos. Se han realizado 113.694 inspecciones. Se han constatado 1.748 infracciones. Los datos son elocuentes y
creo que satisfactorios, pero no por ello el plan se considera ya finalizado, sino que se está estudiando la revisión del mismo y el establecimiento de nuevos objetivos.
Otros de los elementos operativos que integran la lucha contraterrorista es la creación y potenciación de las unidades NRBQ de la Policía y de la Guardia Civil. En este periodo desde 2004 se ha constituido en tres de los grupos de Reserva y
Seguridad de la Guardia Civil, los GRS, una unidad de primera intervención altamente capacitada para trabajar bajo efectos de estos agentes contaminantes. Para ello se ha diseñando un plan de formación que afecta a 1.900 agentes, y del que ya se ha
ejecutado el 70 por ciento. Igualmente, se ha instruido a personal de las comandancias que cuentan con centrales nucleares. Además, respecto a la dotación de personal, el mes de abril la Cecir aprobó el catálogo de los efectivos que constituirán
la unidad técnica de la Guardia Civil. Respecto a la dotación de recursos materiales, en el año 2005 se adquirió material por importe de un millón de euros, aportado por los propios presupuestos, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la
Dirección General de Protección Civil. Este año la previsión es adquirir material por valor de 600.000 euros.
En el segundo eje de la política de seguridad se incluye la mejora en la lucha contra el crimen organizado, fenómeno en plena expansión asentado en la Europa occidental, que presenta una tipología muy variada y que ha venido a alterar los
parámetros de la delincuencia tradicional.
Consecuentemente, se hace preciso enfrentar este nuevo reto con una estructura policial, una metodología de trabajo y unos medios técnicos también innovadores y eficaces. En esta línea quisiera indicar
que, dentro del proceso de reordenación y potenciación de especialidades, hemos incorporado este año 570 nuevos especialistas de policía judicial en la Policía y 274 más en la Guardia Civil. En este orden de ideas, el plan trazado persigue la
desarticulación y neutralización de las bandas criminales organizadas. Para ello, prevé desarrollar la capacidad de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado en al ámbito de la Policía, y Equipos contra el Crimen Organizado en el
ámbito de la Guardia Civil, que tan buenos resultados vienen ofreciendo en ofreciendo en este campo, creando otros nuevos e incrementando sus recursos humanos, técnicos y materiales. Se trata de crear y mejorar las infraestructuras de investigación
aumentando capacidades operativas y de análisis, particularmente en el campo del tráfico de estupefacientes en todas sus vertientes, desde las grandes operaciones al común menudeo. En esta línea se proyecta una nueva fase contra el tráfico
minorista de drogas en centros educativos y sus entornos, así como en zonas y locales de ocio, que ha tenido unos resultados francamente satisfactorios. La lucha contra las grandes organizaciones del narcotráfico y, en general, la criminalidad
organizada requiere una alta especialización de los investigadores. Es esta la razón de ser de las Unidades de Droga y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con implantación en
aquellas zonas geográficas donde el tráfico de estupefacientes y las bandas de crimen organizado tienen mayor implantación, Costa del Sol, Levante, Galicia, Canarias, Baleares, etcétera. La experiencia conseguida durante el desarrollo, ejecución y
culminación de las investigaciones realizadas por los equipos conjuntos de investigación hispano-franceses ha demostrado la efectividad de esta técnica operativa de investigación por varias razones. En primer lugar, por el
contacto directo entre profesionales especializados policiales, tanto de los mandos del equipo conjunto como de los integrantes. Eso supone evitar pérdida de información, permite realizar gestiones en tiempo real, disponibilidad de toda la
acción policial en los países donde se desarrolla la investigación y explotación inmediata de la información sin necesidad de comisión rogatoria. Por tanto, es vital la potenciación de la inteligencia criminal en la lucha contra el crimen
organizado. En este campo se trabaja en ampliar y mejorar las informaciones del sistema de registro de investigaciones, actualmente circunscritas a actuaciones contra el narcotráfico, y el CICO, creado por Real Decreto 991/2006, en el que se
pretende implementar un sistema informático que permita la coordinación efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autonómicas en esta materia, tratando de reproducir los mecanismos de coordinación e inteligencia que el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista ha conseguido en el ámbito del terrorismo. Especificidad dentro del crimen organizado la constituyen las mafias dedicadas al tráfico ilegal de seres humanos. Las investigaciones en esta parcela corresponden
a la Unidad Central Operativa, y fundamentalmente a la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, encargada de reunir, analizar y distribuir la información
relativa a las organizaciones criminales de esta naturaleza entre las unidades territoriales y las policías de países de origen, tránsito o destino de los inmigrantes, así como de hacerla llegar a los organismos internacionales Europol e Interpol.
Se ha potenciado de forma significativa la estructura de la Ucrif, redistribuyendo sus actuales áreas funcionales, reforzando especialmente aquellas que desarrollan su actuación en relación con la zonas de mayor incidencia, constituyendo objetivo
básico extender de forma paulatina a todo el territorio nacional su estructura.
Otra de la iniciativas emprendidas en este campo es el incremento de la relaciones y colaboración con la Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al objeto de intensificar la actuaciones tendente a la
lucha contra la contratación ilegal y, en general, cualquier conducta que vulnere los derechos de los trabajadores extranjeros, la que imponga condiciones abusivas para el trabajador extranjero, tráfico ilegal de mano de obra, favorecer la
inmigración clandestina, etcétera. La incorporación a la investigación del componente financiero patrimonial por las unidades especializadas abre nuevas posibilidades de investigación desde esta nueva perspectiva, al detectar los movimientos de
capital de los responsables de las redes dedicadas al tráfico de personas y los beneficios económicos que genera el tráfico ilícito. De igual manera, están en proceso de creación unas unidades especializadas para la lucha contra los delitos
relacionados con el urbanismo, con lo que pretendemos ofrecer una respuesta adecuada y especializada a este tipo de delitos sobre los que ya ha habido actuaciones de sobra conocidas.
La lucha contra la inmigración irregular es un apartado de gran actualidad y trascendencia para esta dirección general por su responsabilidad en el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre extranjería, en el control de entrada y
salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, en la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, en la vigilancia y custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, y en el control de la inmigración
ilegal en el mar territorial. Creo que su análisis merece el tratamiento específico que voy a exponerles y que refleja las múltiples actividades que realizamos tanto en la frontera terrestre como en la aérea y marítima. Dentro de la problemática
que representa la inmigración, al Cuerpo Nacional de Policía le corresponde el control de entrada y salida de ciudadanos extranjeros.
Para paliar el importante impacto negativo que la migración irregular supone para los países receptores la
actividad desplegada por el Cuerpo Nacional de Policía se dirige primordialmente en dos direcciones, el control de fronteras y la lucha contra las redes de inmigración ilegal ya referidas, sin perjuicio de la atención que merecen los dispositivos
organizativos y de gestión de los centros de internamiento y repatriaciones. Para mejorar el control de las fronteras, se trabaja en la dotación necesaria de recursos humanos y en su formación, así como en ofrecer a los diferentes puestos
fronterizos los medios técnicos más avanzados en orden a la identificación de la personas que pretenden entrar en el territorio nacional, medios entre los que destacamos los siguientes.
Verificadores de documentos: mediante la captura de los datos de los documentos de viaje -pasaporte, tarjeta de identidad o visado- a través de una pantalla de lectura óptica, posibilitarán la comprobación tanto del cumplimiento de los
requisitos de entrada en territorio nacional como de la autenticidad de las medidas de seguridad que incorpore el documento. Este sistema de verificación de documentos se encuentra en fase de prueba en el aeropuerto de Madrid-Barajas y se iniciará
su despliegue durante el próximo año, en una primera fase en los aeropuertos más significativos, siendo progresiva su implantación en una segunda fase al resto de puertos y aeropuertos que son frontera exterior, así como en las fronteras terrestres.
Sistema FADO. Es un sistema de archivo y transmisión de imágenes que permitirá almacenar los diferentes tipos de documentos de viaje auténticos con sus correspondientes medidas de seguridad, así como los documentos falsos detectados con sus
características, constituyendo una referencia válida de gran eficacia en las tareas y comprobación y cotejo de documentos que llevan a cabo los puestos fronterizos. La conexión con este sistema se realizará de forma automática desde los
verificadores.
Tendrá dos ámbitos territoriales, uno nacional, cuya base estará ubicada en la sede de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, a la que
estarán conectados todos los puestos fronterizos; y otro que abarcará el marco de la Unión Europea, inicialmente la Unión Europea de los Quince, con base en Bruselas, al que estarán conectados los respectivos FADO nacionales. En la
actualidad este sistema, el FADO nacional de documentos, se encuentra operativo, mientras que denominado FADO internacional está fase de almacenamiento de documentos.
Sistema de información avanzada de pasajeros. Es un sistema de conexión informática de ámbito nacional que permitirá a las compañías transportistas transmitir desde los puntos de origen, al finalizar el embarque y antes de efectuar la
salida, los datos de los viajeros, los cuales serán objeto de consulta en las bases de datos policiales. De este modo, cuando el pasajero acceda al puesto fronterizo de destino, los funcionarios policiales dispondrán ya de la información necesaria
referida a prohibiciones de entrada, reclamaciones judiciales, riesgo para la seguridad nacional, etcétera. En la actualidad el proyecto está a la espera del desarrollo definitivo del procedimiento de transmisión de datos por las compañías
transportistas al Ministerio del Interior, gestión que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
Para la Guardia Civil, el Plan estratégico para los años 2005 y 2006 contemplaba la finalización de la creación de equipos de atención al inmigrante como elemento funcional especializado en la materia en todas las comandancias del Arco
Mediterráneo y del Atlántico Sur peninsular, excepto Gerona. Ese compromiso ya ha sido alcanzado con la creación de los equipos de las comandancias de Castellón, Málaga, Cádiz y Algeciras.
Sinceramente creo que este enfoque de constituir elementos
especializados desde el nuevo punto de vista de la llamada policía de minorías, minorías como sujetos activos pero también pero como colectivos susceptibles de ser utilizados por las mafias o de ser objeto de protección frente a ataques xenófobos o
de similares características, es uno de los objetivos que debe marcar nuestra futura actividad.
Respecto a las fronteras terrestres, todos recordarán los incidentes del pasado año en Ceuta y Melilla. Pues bien, la reforma del vallado, y por qué no decirlo, la activa participación de las autoridades del reino alauita han propiciado una
favorable evolución de la conflictividad en este punto responsabilidad de la Guardia Civil. En el ámbito de las fronteras marítimas, el despliegue del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, está prácticamente finalizando en la costa
andaluza y se va a realizar un gran esfuerzo inversor para su extensión a todas las islas del archipiélago canario. Dentro del programa no solo se contemplan inversiones en medios de detección, vigilancia e identificación, sino también en
embarcaciones, sistemas de vigilancia para helicópteros y medios para las unidades terrestres. Creo sinceramente que el programa ha mejorado las capacidades de la Guardia Civil en los aspectos de vigilancia, detección e interceptación de
embarcaciones, y que debemos seguir siendo ambiciosos e intentar adelantarnos a los nuevos procedimientos de las organizaciones criminales que comercian con estupefacientes, armas o cualquier tráfico ilícito y por supuesto seres humanos. Las
actuales rutas desde Mauritania, Cabo Verde o Senegal, entre otros países, están suponiendo un cambio en los procedimientos que la Guardia Civil debe implementar en la lucha contra la inmigración ilegal.
En este sentido, la localización e
interceptación en puntos fuera de las aguas territoriales españolas es una de la acciones que inició la Guardia Civil a través del proyecto Atlantis, ahora Cabo Blanco, que, como saben, se está desarrollando en aguas de Mauritania y en el que
participan una patrullera, un helicóptero de la Guardia Civil y un barco de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. A este contingente se han unido las cuatro patrulleras que recientemente se han donado a la República de Mauritania, así como
los gendarmes mauritanos formados como pilotos de las embarcaciones, mecánicos o buceadores. Pero el esfuerzo no queda aquí, la cooperación con la Unión Europea en este ámbito ha llevado al compromiso de la Agencia Europea de Fronteras a liderar y
financiar una operación en aguas de Senegal, Cabo Verde y Mauritania en la que participan España, Portugal, Finlandia e Italia, y que desde su inicio está dando sus frutos. En esta operación, entre otros medios, participan patrulleras de la Guardia
Civil y también medios aéreos del Cuerpo Nacional de Policía. En consecuencia, y viendo la necesidad de alargar nuestro radio de actuación, se van a reactivar los estudios para la dotación de una patrullera oceánica y varios aviones de vigilancia,
que permitan cooperar con los países de origen y tránsito más allá nuestro mar territorial. Como ven, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen un claro compromiso en la lucha contra la inmigración irregular, desarrollando y liderando
actuaciones como las descritas y otras como el patrullaje conjunto con Marruecos.
En el orden organizativo, se están preparando la creación de un centro nacional de vigilancia de las fronteras marítimas bajo responsabilidad de la Guardia Civil, con el objetivo de centralizar toda la información relativa a la vigilancia de
las fronteras marítimas y dotarse de herramientas de control operativo fundamentales ante situaciones de crisis. Dicho centro se apoyará inicialmente en cuatro centros regionales, con sedes en Valencia, Algeciras, Las Palmas y La Coruña. Es
nuestro objetivo que en centro nacional, con sede en Madrid, además de realizar diferentes análisis de riesgos y la coordinación de las diferentes operaciones en las que interviene la Guardia Civil, integre en el Centro de Mando y Control de la
Guardia Civil diferentes sistemas, como el SIVE, que mejoren de forma sustancial la gestión de situaciones de crisis. En este marco organizativo, el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre acordó la creación de la Autoridad de Coordinación de
Actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias. Este mando único de coordinación está al frente de
diferentes dispositivos operativos integrados, como son la Fuerzas Armadas, el operativo Frontex, los servicios de inteligencia, Vigilancia Aduanera, Capitanía Marítima, Sasemar y Cruz Roja.
Dentro del capítulo de la inmigración es obligado hacer una breve referencia al archipiélago canario, que por su situación geográfica viene sufriendo de manera especial este drama humano. Como es sabido, el pasado 28 de julio el Consejo de
Ministros aprobó el Plan integral de seguridad para Canarias, con vigencia entre los años 2006 y 2008, cuyos objetivos ya han sido expuestos exhaustivamente por el secretario de Estado de Seguridad en la Comisión de Interior, por lo que no voy a
repetirlos, aunque sí indicarles que se ha iniciado de forma efectiva y decidida su implementación.
Mención especial merece la cooperación policial nacional e internacional.
El problema de la inmigración irregular debe abordarse desde una actuación internacional conjunta, principalmente con países del entorno de la Unión Europea, motivo
por el cual la cooperación policial internacional adquiere especial relevancia. En cuanto al desarrollo de operaciones en el ámbito fronterizo, se ha incrementado el número de las realizadas de carácter internacional en los términos que se han
venido desarrollando a lo largo del año 2006, procurando un aumento de cantidad y de calidad en una doble vía a través de Frontex y del carácter bilateral. Entre las medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo se encuentra la
propuesta de creación de equipos de reacción rápida, compuestos por técnicos nacionales que puedan ofrecer con rapidez asistencia técnica y operativa en momentos de gran afluencia de inmigrantes. Actualmente se está debatiendo una propuesta de la
Comisión Europea sobre esta cuestión. Otra de las medidas propuestas para aumentar la colaboración práctica entre Estados miembros es la de establecer redes regionales de funcionarios de enlace de inmigración. Sobre esta creación, la red 1 está
integrada por Mauritania, Mali, Senegal y Ghana, habiéndosele encomendado la coordinación de los oficiales de enlace de inmigración de los Estados miembros a España. La coordinación de la red 2, compuesta por Níger, Nigeria, Argelia y Marruecos, se
le asignó a Francia. Las otras dos redes están integradas por países de África Oriental, y serán lideradas por Italia la red 3 -Chad, Níger, Libia y Túnez-, y Reino Unido la red 4 -Kenia, Etiopía, Egipto y Libia.
En materia de seguridad ciudadana, la actividad de la dirección general trata fundamentalmente de adecuar el despliegue preventivo y de respuesta, con el objetivo de mejorar y agilizar los mecanismos de atención al ciudadano e incrementar la
presencia policial en las zonas y bandas horarias con mayor riesgo potencial delictivo. El incremento de la población urbana obliga, particularmente en el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, a realizar un esfuerzo de continua
adaptación de su estructura y organización para hacer frente con eficacia tanto a los requerimientos que en esta materia se plantean como a la incesante evolución que viene experimentado el mundo de la criminalidad, lo que necesariamente implica
llevar a cabo de forma periódica una redefinición de nuestros objetivos. Configurar las condiciones idóneas para que el Cuerpo Nacional de Policía alcance los mayores niveles de eficiencia en su funcionamiento constituye una necesidad indiscutible
e ineludible.
Ello requiere inevitablemente, además de una delimitación de las metas a alcanzar, una estructura organizativa adecuada, así como unos criterios de funcionalidad nítidamente definidos.
En esta línea, la actividad del Cuerpo Nacional de Policía trata fundamentalmente de adecuar su despliegue preventivo y de respuesta a las demandas ciudadanas en el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, que arroja una población
de cerca de 28 millones de personas, estimándose la población extrajera en torno al 10 por ciento, con el objetivo de mejorar y agilizar nuestros mecanismos de atención e incrementar la presencia policial en las zonas y bandas horarias con un mayor
riesgo potencial delictivo. En este contexto, las actuaciones e iniciativas puestos en marcha en el ámbito de la seguridad ciudadana por el Cuerpo Nacional de Policía son los siguientes: contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil;
contra el tráfico minoristas y consumo de drogas en centros educativos y sus entornos, y zonas de ocio y diversión y contra la delincuencia urbana, protección de infraestructuras, protección de la infancia y la adolescencia. Entre las actividades
proyectadas destacamos: ajuste y reducción de los tiempos de reacción y respuesta; materialización y desarrollo de las medidas contenidas en el muevo proyecto de convenio marco de cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios en materia de seguridad pública; creación de unidades territoriales de guías caninos en Alicante, Almería, Murcia, Pamplona, Tenerife y Toledo; creación de una nueva unidad de intervención policial con base en
Zaragoza; elaboración del borrador del protocolo de relación del sector de la seguridad privada y el Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, el pasado 15 de marzo entró en funcionamiento el programa de Participación Ciudadana, que tiene como fin
conseguir una relación más cercana y fluida con los representantes de los colectivos ciudadanos y que permita conocer mejor sus problemas de seguridad, posibilitado una respuesta más eficaz.
En la demarcación responsabilidad de la Guardia Civil, el aumento sustancial de personas por un incremento de la población residente cifrado en casi 500.000 a lo largo de 2004, por el incremento de zonas de ocio e industriales y también por
el de la población vinculada mayoritariamente por segunda vivienda y trabajo, y en menor medida por razón de estudios, está generando un nuevo enfoque en la distribución de parte de los efectivos del Cuerpo, ya que en igual medida esta evolución
está afectando a la población a proteger y a la delincuencia inevitablemente asociada. En este sentido, los aumentos
del catálogo aprobados por la Cecir para la Guardia Civil han permitido dotar de nuevos efectivos destinados a seguridad ciudadana, aunque a nuestro juicio desgraciadamente siempre sea necesaria una mayor cantidad.
Este aumento está siendo
distribuido siguiendo los análisis de delincuencia, y por lo tanto afectando en mayor medida a la áreas más necesitadas. Ciertamente la prevención y la investigación de la delincuencia es una de las razones de la existencia de cualquier cuerpo
policial, pero en el caso de la Guardia Civil no es la única. La protección de espacios naturales y del medio ambiente, la vigilancia de las vías de comunicación, la vigilancia de instalaciones, la acción de Estado en el mar territorial o el
resguardo fiscal, son algunas de estas misiones que no están directamente unidas con lo que ha venido denominándose seguridad ciudadana, aunque contribuyen notablemente a ella. Pero no queda ahí la esencia de la existencia de la Guardia Civil como
cuerpo policial. La distribución geográfica con esta demarcación, que atienda a más de 6.000 municipios, convierta a la Guardia Civil en uno de los elementos vertebradores de la acción del Estado hasta el último rincón de nuestra geografía. Por
todo ello, su despliegue debe conjugar diferentes criterios para dotar de personal a cada una de la unidades de la Guardia Civil que, sin olvidar la cifras de delincuencia, debe atender a otras misiones, y sobre todo llegar hasta el último paraje de
España y hasta el último de sus ciudadanos a través de sus más de 2.300 puntos de prestación de servicio y de atención al ciudadano que le permiten esta importante presencia territorial. Esa presencia en todo el todo el territorio nacional tiene un
claro reflejo en la relaciones con la administraciones que se han dado en llamar periféricas y con las que en materia de seguridad es preciso sumar esfuerzos. La administraciones autonómicas y locales están interesadas en participar activamente en
la gestión de la seguridad. En algunos casos esa participación viene marcada por la existencia de policías autonómicas y locales, y en otros por su interés en que sean atendidos sus criterios sobre necesidades en materia de seguridad pública. La
Policía y la Guardia Civil no viven ajenas a la configuración institucional y territorial de España, y precisamente con el criterio de construir, de sumar y no restar, quieren mejorar y reforzar los procedimientos de coordinación y cooperación con
otras fuerzas y cuerpos de seguridad, además de entre ellas mismas, así como el desarrollo de procesos de participación ciudadana. Como muestra de esta preocupación destaca la participación activa en la Juntas Locales de Seguridad constituidas, y
en la que estamos buscando un mayor acercamiento y cooperación con las policías locales. Esta cooperación, colaboración y coordinación se verá reforzada con un nuevo marco que regule este foro común de entendimiento a través de un nuevo convenio
marco de colaboración, al que antes he aludido. Con estas medidas de coordinación pretendemos reducir nuestras tasas de delincuencia y también el número de infracciones penales. No voy a descubrir nada nuevo si digo que en materia de seguridad
nunca debemos estar satisfechos con los resultados. Creo que la autocomplacencia es el peor enemigo, y por lo tanto los niveles de exigencia de todos y cada uno de los componentes de la dirección general en esta materia deben ser máximos.
Como ya apuntamos al inicio, uno de los objetivos del departamento es el de prestar atención especial a los colectivos de riesgo. Como saben, la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, recoge
tres aspectos fundamentales: prevención, especialización y protección de la víctimas, al disponer su artículo 31 que el Gobierno establecerá en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de
género y en el control de la ejecución de la medidas judiciales adoptadas.
Adelantándose a este mandato legal, pero en plena sintonía con sus objetivos, el Cuerpo Nacional de Policía viene trabajando en esta especialidad desde 1986, año en que se
crearon los primeros servicios específicamente dirigidos en aquel momento a la atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia sexual y algunos tipos de maltrato.
La Comisaría General de Policía Judicial entre otras funciones tiene la
de realizar la coordinación nacional de todos los servicios de atención a la mujer y grupos de atención al menor, donde se analiza todo tipo de información referida a delitos violentos contra mujeres y menores, y entre ellos la violencia de género y
doméstica a través de sus servicios de atención a la familia. El número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en los servicios de atención a la mujer y servicio de atención a la familia, dedicados a la investigación y seguimiento
de los delitos de violencia de género así como a la atención de la víctimas de la violencia familiar, es de 337 funcionarios pertenecientes a las escalas ejecutiva, subinspección y básica. A esta cifra hay que añadir otros 139 funcionarios que
compatibilizan sus funciones de servicio de atención a la mujer y de servicio de atención a la familia con otras labores propias de policía judicial. Asimismo, el cumplimiento de lo establecido en la norma exige dotar a estos servicios de personal
idóneo específicamente capacitado para desarrollar eficazmente su labor. En este sentido, desde la aprobación de la citada ley se han multiplicado los cursos de formación dirigidos a los actuales y futuros integrantes de estos servicios.
Igualmente, desde principios del año 2004 vienen celebrándose distintos cursos de capacitación dirigidos a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad, para su integración en las unidades de prevención, asistencia y
protección a la mujer maltratada. En lo que al específico campo de las personas mayores se refiere, como complemento al programa de participación ciudadana antes citado, diseñado por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se ha elaborado otro
específicamente dirigido a mejorar la seguridad de los colectivos de personas mayores. Este programa adicional, conocido como Policía-Mayor, parte del reconocimiento de los mayores como un colectivo de riesgo y de la necesidad
de prestar una atención policial diferenciada a este colectivo humano. La función a realizar por el delegado de Participación Ciudadana para el desarrollo de este programa pasa por informar a las personas mayores sobre hechos delictivos de
los que puedan ser víctimas, especialmente estafas cometidas por falsos empleados de empresas públicas o privadas y hurtos en las vías públicas o en comercios, también sobre medidas de autoprotección a adoptar tanto en el domicilio cuanto en los
establecimientos comerciales a los que acudan, y en sus desplazamientos por la vía pública, así como de aquellos recursos técnicos que de forma privada o a través de una institución pública puedan adoptar para conseguir el mayor grado de seguridad,
como servicio de teleasistencia, telefonía adaptada, etcétera. La problemática de los mayores relacionada con la violencia en el ámbito familiar también es contemplada en otro programa complementario al de Participación Ciudadana denominado
Policía-Familia, cuyo objetivo es establecer las líneas de actuación e iniciativas que permitan el tratamiento policial más adecuado a las infracciones penales que se generan en el seno del domicilio familiar contra los mismos. La medidas previstas
por esta dirección general en este concreto ámbito de actuación coinciden con las ya puestas en marcha durante años anteriores, que consisten fundamentalmente en reforzar las unidades especializadas encargadas de la atención y protección a estos
colectivos -menores, mujeres víctimas de la violencia doméstica, tercera edad-, dotándolas de recursos humanos y de los medios materiales y técnicos necesarios para desarrollar más eficazmente su labor. En el marco de las prioridades del Gobierno
en esta materia, y en el ámbito de la Guardia Civil, se está desarrollando una séptima fase de implantación del equipo Mujer-Menor que tiene dos líneas de actuación. De un lado, se pretende seguir formando a nuevos especialitas en equipos de
policía judicial territoriales existentes y convertirlos en nuevos puntos de atención especializada y de otro, por primera vez en muchos años se ha aumentado la plantilla de las unidades orgánicas de policía judicial en 120 nuevos especialistas, con
un doble objetivos: crear nuevos equipos de policía judicial que puedan constituirse así en nuevos puntos de atención especializada y reforzar los 218 puntos ya existentes. Quiero resaltar que las actividades formativas para el personal
especializado y para el resto de los guardias civiles destinados en las unidades territoriales son aspectos de gran importancia y objetivo permanente de la Guardia Civil. Estas actuaciones, unidas a la formación continua, en la que se incluyen
actividades relacionadas con este grave problema, muestran nuestra especial sensibilidad. Quisiera recuperar, por importante, la anterior alusión a la cooperación con otras administraciones y enumerar algunos ejemplos, como la firma de un convenio
de colaboración con la Diputación de Almería para la protección de la víctimas de violencia de género, o el trámite de otro con la Junta de Andalucía para la formación en materias relacionadas con violencia de género a los alumnos de la academia de
Baeza.
En lo que hace referencia a colaboración con la seguridad privada, no puedo por menos que señalar la importancia de esta colaboración en lo que tiene para el desarrollo y logro de las políticas de seguridad. Como he dicho al inicio de esta
intervención, la seguridad se ha convertido en una de las más importantes demandas y preocupaciones de los ciudadanos.
Si la seguridad pública, como sabemos, es competencia exclusiva del Estado, a renglón seguido debemos reconocer también que este
monopolio no se agota en los servicios que prestan las fuerzas de seguridad, sino que se complementa, entre otros, con aquellos que se realizan por el sector de la seguridad privada. El sector de la seguridad privada, como bien conocen SS.SS., ha
alcanzado un nivel de especial consideración en el entorno de la seguridad en España, especialmente en los últimos diez años, basta citar que supera las 167.000 personas con habilitación, con 1.157 empresas y un volumen de negocio que supera los
3.000 millones de euros. El modelo de seguridad privada que se adoptó en su día está sometido a regulación y control público administrativo de las empresas y personal. Este control es ejercido por el Cuerpo Nacional de Policía, a excepción de lo
referente a los guardas particulares de campo, que corresponde a la Guardia Civil. Recordar que el secretario de Estado compareció recientemente ante la Comisión para hablar del tema y que se está trabajando en la normativa sobre seguridad privada
para adaptar ciertos aspectos que se han estudiado en la Comisión Mixta y también para proceder al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, reforma importante en el sector, que el
Gobierno está abierto a consensuar y a mejorar los sistemas de habilitación y agilización, y en lo que no debemos incurrir es en una liberalización total del sector. Por tanto, es necesario que exista un control. De igual forma, se está elaborando
un borrador sobre protocolo de relación del sector de la seguridad pública y el Cuerpo Nacional de Policía. Los integrantes de la seguridad privada, que en la actualidad prestan sus servicios en toda la geografía nacional, suponen un potencial en
cuanto a generación de información y en cuando a cooperación con la seguridad pública, que SS.SS. fácilmente pueden intuir. Por ello, es está realizando un importante esfuerzo en aumentar los contactos, no solo con la empresas sino también con los
propios trabajadores, que en un ámbito de leal colaboración mejoren los niveles actuales existentes. En esta línea, el Plan de protección de infraestructuras estratégicas, que ya fue anunciado el pasado año y que ha sido pilotado por la Guardia
Civil, ha finalizado la catalogación de estas. El estrecho contacto con la seguridad privada ha posibilitado finalizar con éxito la primera fase de catalogación, iniciándose una segunda, en la que, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de
Seguridad, va a procederse a la definición de los estados de alerta, la determinación de procedimientos o la redacción
de protocolos de colaboración. En suma, se trata de implementar medidas organizativas de análisis, de prácticas operativas y de colaboración con las empresas afectadas. Este plan ha sido presentado en la Unión Europea y ha sido propuesto
como punto de partida en la conformación de una comunidad de ideas a escala europea. Además, y en este mismo contexto, se ha elaborado en el ámbito de la Guardia Civil el Plan general de colaboración con la seguridad privada, que pretende dar una
respuesta a las necesidades de establecimiento de mecanismos de colaboración con el sector. Para ello estamos en proceso de adquisición de los datos que nos permitan conocer exactamente cuál es la realidad, y en este contexto se están estudiando
las respuestas operativas más adecuadas para el establecimiento de protocolos de comunicación, así como la mejora de la tramitación administrativa, y también se está incrementando la participación en los procesos de formación.
En lo que se refiere a seguridad vial, no puedo finalizar este capítulo sin hacer una breve referencia a ello. Aunque es competencia del la Dirección General de Tráfico tiene un clara repercusión sobre las actividades de esta dirección.
Soy consciente del déficit histórico en las plantillas de la Agrupación de Tráfico y de las dificultades que se están produciendo para cubrir con especialistas las vacantes actualmente existentes. Es sin duda una prioridad solucionar ambos déficit
y también, de forma simultánea, mejorar la seguridad vial en aquellas carreteras de orden secundario en la que estadísticamente se produce el mayor número de accidentes. El Consejo de Ministros, por acuerdo de 30 de junio de 2006, aprobó la
realización de un Plan de seguridad vial en el que se incluyó el aumento de la Agrupación de Tráfico en 1.500 efectivos distribuidos en tres tandas de 500. De igual manera, la Dirección Operativa Adjunta de la Guardia Civil está poniendo en marcha
un plan que supondrá una mayor implicación de las unidades territoriales en la vigilancia en las vías secundarias, y con el que, a través de una mayor presencia y control de estas, podamos influir positivamente en el descenso de la siniestralidad
que afortunadamente, auque no en la medida que desearíamos, ya se está produciendo.
En este momento de mi intervención quisiera, señorías, recodarles que las políticas de personal tienen una especial relevancia en la consecución de los objetivos marcados para el ámbito operativo. Ya les he comentado el esfuerzo que el
Gobierno está realizando mediante el aumento de las ofertas de empleo público y que, como he apuntado al principio de mi intervención, va a suponer una recuperación de parte del potencial de servicio que se había perdido en los últimos años. Ello
nos esta permitiendo un incremento de efectivos dedicados directamente a la seguridad ciudadana y a la mejora de otros servicios que repercuten tanto en la percepción subjetiva de seguridad como en su cuantificación objetiva. Prueba de ello son las
sucesivas ampliaciones del catálogo aprobadas por la Cecir que, para que sirva de ejemplo, el presente año han supuesto un incremento de 3.308 efectivos para la Guardia Civil y 1.333 para el Cuerpo Nacional de Policía. Además será preciso realizar
un esfuerzo de gestión para disminuir el número de policías y guardias civiles en determinados puestos de trabajo, como son los relativos a seguridad estática, que deberían pasar por aumentar el grado de colaboración con los servicios de seguridad
privada y el incremento de inversiones en medios técnicos, también en la externalización de servicios auxiliares y logísticos, y la recuperación de efectivos en activo sustituyéndolos por personal en reserva. Aspecto importante a destacar es la
incorporación de funcionarios civiles a determinadas labores administrativas. De igual manera, estamos realizando estudios que permitan una adecuación de la formación de nuestro personal a la nueva realidad derivada de la aplicación de los
compromisos de Bolonia. No se nos escapa que deberemos modificar nuestro planes de estudios y nuestra intención es hacer converger en la medida de lo posible gran parte de mismos, respetando por supuesto las especificidades que cada uno de los
cuerpos precisa para el desarrollo de los cometidos que la ley les atribuye. Por ello, ya se están desarrollando acciones formativas en las que la presencia de miembros de uno u otro cuerpo contribuye a mejorar las acciones de coordinación mediante
el conocimiento mutuo y la convergencia educativa de ambos cuerpos. Tambien estamos trabajando en la potenciación de la formación on line, la potenciación de la colaboración en actividades formativas con policía autonómica y local, colaboración
formativa mediante la asistencia a cursos y el intercambio de profesores y de alumnos entre los dos cuerpos.
Uno de los ámbitos en los que pretendemos incidir de forma positiva es el relativo a la integración de la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En los últimos años se han intensificado las actuaciones que diferentes instituciones y
organizaciones han desarrollado para propiciar una participación igualitaria de las mujeres en la sociedad y garantizar no solo la igualdad formal que recoge el artículo 14 de la Constitución, sino también la igualdad real consagrada en el artículo
9 de la Carta Magna. Entre las actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos en materia de igualdad de oportunidades en su obligación de remover los obstáculos que se oponen a que la igualdad sea real y efectiva, destaca la que recoge el
acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005, por la que se aprobaron una serie de medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil no han sido ajenos a la posibilidad de dictar
normas específicas para remover posibles situaciones discriminatorias. Las primeras fueron tomadas en el ámbito de la enseñanza y de la formación, continuando más recientemente con la adopción de iniciativas que ha venido propiciadas por el Plan
Concilia, sobre medidas de protección integral, y por la entrada en vigor de la Ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género.
Actualmente se está estudiando cómo conseguir la integración plena de la mujer en la Policía y la Guardia Civil, lo que no es obstáculo para seguir avanzando en la eliminación de todo vestigio de discriminación y profundizar en el diseño de
medidas más audaces de acción positiva. De hecho, se están dando los pasos para la creación de un Observatorio de la mujer, en el que además de los órganos encargados de la gestión del personal se integren todas la partes afectadas y,
eventualmente, otras instituciones u organismos, de manera que puedan analizarse aquellas cuestiones relacionadas con la situación de la mujer que se planteen desde órganos de participación como el consejo asesor de personal de la Guardia Civil y el
consejo de Policía, con el fin de proponer la adopción de medidas de acción positiva concretas, evaluar los resultados de las medidas adoptadas y elaborar estudios de impacto por razón de género. A estas fechas se encuentran en activo 48.7000
miembros de Cuerpo Nacional de Policía de los que 3.900 son mujeres, lo que representa un 8 por ciento del total del colectivo, y 3.000 mujeres en la Guardia Civil, lo que representa el 4 por ciento del total de efectivos del cuerpo. Para paliar
esta situación se han modificado los reglamentos de procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, reduciendo para ellas la estatura mínima requerida para el ingreso en el cuerpo, pasando ésta a ser 1,60 en
lugar de 1,65 centímetros, que resultaba ser superior a la media nacional femenina.
Entre los proyectos en estudio se encuentra un borrador de anteproyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que esperamos puedan ser prontos aprobados por el Consejo de Ministros. La ley
determinará el concreto ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de acuerdo con el desempeño de las funciones de seguridad pública que tienen atribuidas el cuerpo y el estatuto militar de sus miembros. De igual manera, y como
anunció el ministro del Interior, se encuentra en su fase final la redacción de las normas que contemplen los nuevos regímenes disciplinarios para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil. La nueva normativa sobre prevención de riesgos
laborales supone para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil un esfuerzo de organización y de concienciación de importante envergadura. Adicionalmente, se está procediendo a formar al personal en los niveles que establece el
reglamento de los servicios de prevención con objeto de ocupar los puestos que se están creando. Esta es una actuación de capital importancia para el bienestar y seguridad de los policías y guardias civiles porque, conforme los nuevos servicios y
los órganos correspondientes comiencen a evaluar las necesidades, así se irá reflejando en los presupuestos. Como decía antes, se han realizado diversas adaptaciones de la normativa interna de ambos cuerpos a las disposiciones del Ministerio de
Administraciones Públicas sobre conciliación de la vida profesional y familiar. Así, ya a principios de años se incluyeron en sus normativas los aspectos relaciones con la medidas relativas a la maternidad y paternidad, y se están preparando
diversas normas. Estas modificaciones supondrán un avance en la aproximación a los estándares de calidad de vida de los que disfrutan otros servidores públicos. Evidentemente no son los únicos y, como podrán percibir de mi intervención, esta es
una prioridad en la política de la dirección general hacia su personal. En el orden práctico, puedo comunicarles que se están dando los pasos para la creación de la primera guardería infantil en la sede central de la Guardia Civil, siendo nuestra
intención ampliar la cobertura de las ayudas que dentro del capítulo de acción social se ofrecen a los guardias civiles y policías. Se ha diseñado un programa de modernización de comisarías y de construcción de nuevas, siguiendo la política del
Gobierno sobre creación de nuevas comisarías en determinadas poblaciones para el periodo 2005 a 2010. En el aspecto de la modernización de las comisarías, el programa se está ejecutando según lo previsto. En lo que hace a la creación de nuevas
comisarías allí donde no existen, el programa afecta a Torrevieja, a Chiclana de la Frontera, Puertorreal, Roquetas de Mar, San Andrés del Rabanedo, Tomelloso y Ciézar.
Por lo que respecta a la Guardia Civil, como bien saben SS.SS., se dispone de casi 3.000 inmuebles. En estos momentos se ha finalizado la redacción de un plan extraordinario de infraestructuras y puedo adelantarles que nuestras estimaciones
se encuentran con la necesidad de inversión en torno a los 1.100 millones de euros en un plazo de ocho años. El presupuesto del año 2007 contempla un enorme incremento en materia de inversiones de infraestructuras en lo que hace referencia a la
Guardia Civil, incremento del 76,76 por ciento, que ya recoge la primera anualidad de este plan extraordinario de infraestructuras. Creo que la austeridad de los inmuebles de la Guardia Civil no está reñida con la dignidad del personal que allí
habita, ni tampoco con la de los ciudadanos que allí acuden. Estoy seguro de que ustedes comparten esta impresión y que las dependencias que albergan a la Guardia Civil están muy debajo de las de cualquier otra Administración, ya se central,
autonómica o local. Hay que hacer un esfuerzo y se va a hacer para mejorar la condiciones y el entorno laboral de la Guardia Civil.
Un aspecto que quería abordar es el de las telecomunicaciones, al que la Secretaría de Estado de Seguridad ha dedicado un aparte del presupuesto que gestiona a través del sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado, más
conocido como Sirder. Actualmente podemos afirmar que el índice de cobertura para la Guardia Civil es bueno, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades orográficas de la demarcación, pero aspiramos a poder contar con mayores posibilidades de
comunicación, porque esta va íntimamente ligada a la eficacia en el servicio. Para la policía la cobertura es total en su demarcación. Unos de los problemas que teníamos al principio del proyecto era la integración de
las unidades de la Agrupación de Tráfico. Esperamos que esta carencia esté resuelta en su totalidad a finales del presente año. En este capítulo de las telecomunicaciones nos encontramos en fase de implantación de un servicio de
localización automática GPS, que permitirá una mejor coordinación y dirección de los servicios. Igualmente se está dotando a los terminales de telecomunicaciones de la capacidad de acceso directo a bases de datos. Continuando con las inversiones
en lo que a las telecomunicaciones se refiere, se contemplan las siguientes actuaciones prioritarias: Desarrollo y despliegue del sistema Sitel con infraestructura y equipo en todas las unidades de investigación y la ampliación de funcionalidades
con nuevo software; finalización del despliegue en todo el territorio nacional del sistema Sirder; desarrollo e implementación de nuevas tecnologías utilizando como soporte de comunicaciones el Sirder.
La cuarta gran área sobre lo que quisiera hablar es la correspondiente a la modernización de la gestión como elemento de especial importancia para el funcionamiento de ambas instituciones. La calidad es uno de los pilares de gestión de
cualquier organización. Actualmente se está analizando la aplicación en ambos cuerpos de los programas incluidos en el Real Decreto 951/2005, en el que se establece el marco general para la mejora de la calidad de la Administración General del
Estado al objeto de iniciar actuaciones concretas. Con ello se pretende implantar y consolidar un sistema de gestión de calidad basado en la orientación y proximidad al ciudadano, la eficacia y la eficiencia, la asignación de los recursos públicos,
la programación y el desarrollo de objetivos, el control de la gestión y la objetividad y transparencia, que son entre otros principios de funcionamiento fijado en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Por
otro lado, esta demanda de modernización, agilidad y eficacia es una exigencia cada vez más arraigada en la sociedad, por lo que la Guardia Civil, poniéndose en el lugar del administrado, pretende determinar cuáles son sus demandas, sus necesidades,
su expectativas concretas, y satisfacerlas mediante la innovación y la mejora continua de sus procedimientos. En relación con lo expuesto, quiero indicarles que se está potenciando la utilización conjunta de bases de datos desde las que coordinar
las actuaciones de los cuerpos implicados, acción que se une al acceso a otras ya existentes, como el DNI o la intervención de armas. Así, las bases de datos comunes actualmente disponibles son el sistema automático de identificación dactilar, el
sistema integrado de identificación balística y la base nacional de datos de ADN, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y han solicitado integrarse las tres policías autónomas y el Instituto Nacional de Toxicología.
Otro importante reto que esta dirección general ha asumido es el desarrollo de las capacidades operativas de Policía científica en todos sus aspectos: interrelación de bancos de datos, incorporación de nuevas técnicas de investigación,
incremento de efectivos, dotación de nuevos medios, creación, potenciación y robotización paulatina de los laboratorios territoriales. Entre los proyectos que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en marcha, podemos subrayar: ampliación a todas las
comisarías de las estaciones de trabajo del SAI ; creación y desarrollo de una base de datos de inteligencia científica policial, Bincipol, que permitirá la interrelación de datos y resultados cuya puesta en funcionamiento esta prevista para
inicios del año 2007 en todas las unidades de Policía científica; desarrollo y potenciación de nuevas técnicas de investigación en los diferentes campos de policía científica, posibilitando la incorporación de nuevos medios técnicos a la
investigación de los delitos; interrelación entre la base de datos de restos humanos de la Comisaría general de Policía científica y la de desaparecidos de la Comisaría general de Policía judicial. Tenemos en fase la elaboración de un protocolo de
actuación. Programa informático que permita el acceso al nuevo DNI electrónico no solo por filiación o número, sino también por huellas; puesta en marcha de un programa de calidad integral con el fin de conseguir la acreditación oficial;
incorporación de la infografía forense a la práctica de Policía científica, técnica que nos permitirá entre otras cosas la representación gráfica en tres dimensiones de la escena del crimen. Otros proyectos de modernización liderados por el Cuerpo
Nacional de Policía son la implantación de sistemas de transmisión de imágenes digitales obtenidas desde medios aéreos integrados en las salas del 091 y en salas de crisis; implantación de un nuevo pasaporte dirigido a dar cobertura al proyecto
comunitario de nuevo pasaporte digital con información biométrica; actualización del sistema de expedición de la tarjeta de extranjeros para su adaptación a los estándares comunitarios. En el ámbito de la Guardia Civil desearía añadir los
siguientes proyectos: El plan de sistemas de información y comunicaciones; el sistema de gestión medioambiental y el sistema de gestión estratégica. Durante los años 2003 y 2004 se llevó a cabo la elaboración de Plan de sistemas de información y
comunicaciones de la Guardia Civil, que supuso una implementación en el plazo de cuatro años de los nuevos sistemas para la Guardia Civil. Con esta inversiones en el plan de sistema, pretendemos realizar una gestión eficaz y productiva en las áreas
logísticas y de personal, pero también reforzar la áreas operativas, el análisis criminal y mejorar la gestión reactiva, como en mayor medida en la proactiva, lo que estoy seguro nos llevará a gestionar mucho mejor nuestros dispositivos policiales.
Ya conocerán la existencia de varios proyectos, algunos de los cuales están en desarrollo, que me limitaré a enumerar. El proyecto Nehru, en el entorno de los recursos humanos. El proyecto Pintíce de teleformación. El proyecto Sigo,
sistema integrado de gestión operativa. El proyecto Sinvés, sistema de investigaciones. El proyecto Sistema de Mando y Control, en consonancia con el proyecto de obra civil para la construcción de la sala
de operaciones y servicios de la Guardia Civil; proyecto de intervención de armas y explosivos; portal corporativo; centro alternativo de respaldo, etc. Aplicando estas pautas de funcionamiento, vamos a lograr una eficiente utilización
de los recursos de todo tipo, para lo que se van a iniciar las actuaciones correspondientes para poder certificar instalaciones de la Guardia Civil de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14.001 para establecer, implementar, mantener y mejorar
el sistema de gestión ambiental. Finalmente y no por ellos menos importante es el proyecto para el diseño del nuevo sistema de gestión estratégica como cúspide de los sistemas de información a los que he aludido. No podemos hablar de modernización
si no logramos alinear todo la organización con las líneas y objetivos estratégicos, materializarlos en acciones concretas y efectuar el seguimiento de su evolución mediante un sistema de indicadores.
Señorías, a pesar de lo denso y de la profusión de información, he podido aportar una foto actual de la situación la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y de sus perspectivas de futuro que puedo resumir en cinco líneas de
trabajo. Continuidad de líneas y objetivos definidos para la presente legislatura, con los ajustes lógicos derivados de su propia evolución. Continuación del incremento de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que
permitan afrontar, entre otros aspectos, la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, la protección de la seguridad ciudadana y las adecuadas capacidades de reserva; mejora en la coordinación e incremento de la cooperación con otras
administraciones e instituciones; continuar con el proceso de mejora de las condiciones laborales y calidad de vida de los policías y guardias civiles, y continuar en el proceso de modernización que permita unos altos niveles de eficacia en los
servicios de gestión y operativos, así como en la atención al ciudadano. Todos los proyectos, en especial los referidos a las mejoras en la calidad de vida de policías y guardias civiles, no pueden ser llevados al éxito que todos deseamos sin el
correspondiente esfuerzo y recursos que equiparen ambos cuerpos con otras instituciones del Estado. Por eso me atrevo en estos momentos a pedirles, con esa máxima de la suma de esfuerzo, que de una forma constructiva contribuyamos a conseguir unas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más modernos, más eficaces y que puedan prestar mejor servicio a todos los ciudadanos. Señoras y señores diputados, finalizo mi exposición agradeciéndoles su atención.
La señora PRESIDENTA: Tras su extensa intervención, no sé si los grupos parlamentarios quieren que continuemos o necesitan un pequeño receso.
(Pausa.) Le tocaría intervenir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular como proponente de
la alternativa, después al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y luego a los portavoces de los demás grupos.
Tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Quiero darle las gracias, señor Joan Mesquida, por su comparecencia, que ha sido muy extensa, lo cual demuestra el ámbito de responsabilidades de su nueva figura. Lo demuestra casi en exceso pues algunas
comparecencias de secretarios de Estado no han sido tan extensas.
Señor Mesquida, menos mal que S.S. ha iniciado la comparecencia alegando cierta autocomplacencia y humildad. Quizás tenemos un concepto diferente de la autocomplacencia -en este caso no voy a cuestionar la humildad-, pero lo cierto es que
su comparencia ha sido totalmente autocomplaciente y no ha habido el menor atisbo de crítica o reconocimiento de fracaso en la gestión del Ministerio de Interior. Los problemas del Ministerio del Interior son graves, la herencia que ha recibido
contiene unos problemas gravísimos, pero en absoluto he escuchado el reconocimiento de esa situación en la gestión de los mismos ni en la lucha contra la inmigración ilegal, ni en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ni incluso en la situación
de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así pues no podemos compartir con S.S. el que está sea una intervención autocomplaciente. Lo ha sido, y mucho, con pocas aportaciones novedosas a lo que sus antecesores han manifestado.
Señor Mesquida, la comparecencia que ha sustanciado defrauda un poco y le voy a explicar por qué. S.S. tiene entre manos cuestiones importantísimas, y este grupo parlamentario quería vertebrarlas en cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos
es la reestructuración del Ministerio del Interior, asunto por el que usted ha pasado de puntillas. Al igual que el ministro en la anterior comparecencia, ha justificado los criterios de eficiencia y eficacia, que tanto les gustan pronunciar, y ha
hablado de potenciar la colaboración y la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señor director general del mando único de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, debo recordarle que si han tenido que acometer esta
reforma es porque estos dos años han sido un fracaso para las estructuras organizativas y operativas del Ministerio del Interior. Le voy a recordar, señor ministro... Perdón, señor director general, la verdad es que su figura es tan complicada que
uno no sabe si usted está ejerciendo las funciones de secretario de Estado de Seguridad o cuáles son las funciones propias de su cargo. Como decía, le voy a recodar lo que le decíamos al señor ministro. Le decíamos que no había cumplido con la
promesa electoral del Partido Socialista Obrero Español de configurar un mando único. Nos argumentaron, el entonces ministro Alonso, el secretario de Estado de Seguridad, y después el nuevo ministro Rubalcaba, que era necesario un órgano colegiado
que de forma operativa y funcional pudiera llevar a cabo todas la propuestas de carácter operativo, estructural y funcional de ambos cuerpos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que este mando único que constaba en el programa
electoral se configuraba con un órgano colegiado al cual llamaron Comité Ejecutivo del Mando Unificado. Resulta que ahora ese Comité Ejecutivo
del Mando Unificado no tiene esa virtual eficacia, puesto que se ha tenido que crear la figura del mando único, la figura de este nuevo director general de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Yo querría que me dijera qué diferencias
existen entre sus funciones y las del Comité Ejecutivo del Mando Unificado. Porque lo único que hacen en crear organismos, órganos: el CEMU, el CNCA, ahora al CICO -el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado-, el GESI; lo suyo son
anuncios programáticos y mediáticos a doquier, pero la verdad demuestra que la operatividad de los mismos es cero, nula, un fracaso, porque si no hoy no estaría usted aquí compareciendo como mando único, como director general de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional .
Señor Mesquida, yo le diría que esa reorganización, ese Real Decreto 991/2006, esconde problemas muy graves en el Ministerio del Interior, y especialmente en la Policía Nacional. El Grupo Parlamentario Popular cree que esta reestructuración
se ha llevado a cabo para solucionar -y utilizo términos extremadamente optimistas- un grave problema que ustedes tenían, y era el señor Telesforo Rubio. Ustedes tienen en el ministerio, en este caso en ese nuevo mando único, graves problemas.
Este grupo parlamentario en todo momento manifestó la pésima actuación que el señor Telesforo Rubio estaba realizando al frente de la Comisaría General de Información, el control férreo al que tenía sometidos a todos los funcionarios, pero la
actuación de mayor relieve ha sido la que ha dado pie a pieza separada en un procedimiento judicial abierto por el señor Grande Marlaska al señor Rubio, como presunto autor de un chivatazo o filtración que todos conocemos. A mí me gustaría saber
por qué a una persona con esos antecedentes, a una persona que ha generado gravísimos problemas que ha sido incapaz de realizar una lucha efectiva contra el terrorismo, en este caso contra ETA, desde el puesto que tenía, desde un puesto tan
relevante como la Comisaría General de Información, ustedes lo ascienden a esa subdirección general de gabinete técnico. ¿Esto cómo debe entenderse, señor Mesquida? La incompetencia, incapacidad y la actuación del señor Telesforo Rubio han
provocado que el mismo juez no se fiara de la información que le daba esa persona y necesitara que otros cargos alternativos de la policía facilitaran esa información en la colaboración judicial. Me dirá S.S. si ésta es la persona ejemplar para
estar al frente de esa subdirección general, la persona que puede permitir esa mejor colaboración y coordinación, si no ha sido siquiera capaz de colaborar con el Poder Judicial en nuestro país. Y no sólo eso, a pesar del fracaso que ha supuesto la
lucha contra la inmigración ilegal, ascienden también al comisario general de Extranjería. Es decir, promueven los cargos de las dos comisarías con peores resultados: la Comisaría General de Información y la Comisaría General de Extranjería.
Lo único que nos faltaba por añadir es que un comisario general, en este caso de Policía científica, también está imputado. La situación que usted tiene en la Policía Nacional es gravísima y nos recuerda tiempos pasados que ustedes
protagonizaron y que eran bastantes peores de los que ahora tenemos. Con un comisario de información, ex comisario general, a quien se le tiene que sustanciar pieza separada; con un comisario general de Policía científica, señor Santano, imputado,
y con otro comisario general que ha demostrado la incompetencia manifiesta de gestionar la lucha contra la inmigración ilegal, lo que hacen es reordenar el departamento, decir que se realiza en beneficio de una mejor coordinación, mayor
colaboración, eficacia y eficiencia policial, y que va a redundar en la garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pues mire usted, explíquenoslo, porque cuando los ciudadanos ven estos resultados, cuando ven estas personas al frente de
estos nuevos cargos, con sus antecedentes, no pueden confiar en esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, usted no ha hecho nada, no hace absolutamente nada. Porque ya me dirá la capacidad y discrecionalidad que tiene para
opinar en la propuesta de esos nombramientos, cuando no sabemos qué diferencia hay entre su competencia y la del secretario de Estado de Seguridad.
Señor director general, cuando estaba realizando esta comparecencia me acordaba de la del señor secretario de Seguridad, señor Camacho. Al menos cuando teníamos al director general de la Guardia Civil de antaño y al director general de la
Policía Nacional, sus comparecencias eran mucho más concretas, operativas y dedicadas a la especificidad de cuerpo. Usted ha venido hoy a reiterar lo mismo que decía el secretario de Estado de Seguridad. ¿De qué sirve usted, señor Mesquida?
Díganoslo. Se lo pregunto con absoluta sinceridad. No sólo lo está diciendo este grupo parlamentario en diferentes medios de comunicación, sino también distintas valoraciones sindicales. La virtualidad de su cargo, que es doble, ¿a qué responde?
El Real Decreto de reestructuración 991/2006 dice: En las competencias que se atribuyen al secretario de Estado de Seguridad le corresponde el mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A usted le corresponde ese mismo mando
único, pero añaden la palabra directo. ¿Me puede explicar qué diferencia hay entre su mando directo y el mando del secretario de Estado de Seguridad? ¿No estaba para coordinar ambos cuerpos? ¿No estaba para establecer esas políticas operativas y
estructurales en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Usted qué va hacer lo mismo, señor Mesquida? ¿Para qué se crea su cargo, para qué viene hoy aquí a decirnos lo mismo que el secretario de Estado de Seguridad? S.S. ha
hablado de la misma manera, con los mismos principios programático, los mismos objetivos, la misma actuación, lo mismo que anunciaba el secretario de Estado de Seguridad, sin mayor especificidad, sin mayor concreción en la coherencia de lo que usted
estaba planteando.
Señor director general, usted esta al frente de un mando único que demuestra que el Partido Socialista Obrero Español ha tenido un gran fracaso en el Ministerio
del Interior. Lo digo, en primer lugar, por sus promesas electorales.
Menos mal que no le pusieron el nombre de Ministerio de la Seguridad, porque se tendría que haber denominado actualmente el Ministerio de la Inseguridad. Menos mal que
no lo hicieron cuando esgrimieron los graves problemas de gasto público que suponía la modificación de la denominación, que llevaban en su programa electoral, que no llevaba nuestro grupo parlamentario. Tampoco han cumplido muchísimas otras cosas:
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el preso por celda, las comisarías de policía en municipios de mas de 30.000 habitantes, el Plan de prevención de la delincuencia, regular las asociaciones dentro de la Guardia Civil, etcétera. Pero lo peor de
todo son las reformas legales.
Hoy usted ha sido aún menos concreto que el ministro y que el secretario de Estado de Seguridad. S.S. ha pasado hoy de puntillas por una de las promesas de reforma legislativa que han defendido desde el principio al
frente del Ministerio del Interior. Me refiero al régimen disciplinario tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y al estatuto de derechos y deberes de la Guardia Civil. El ministro Alonso siempre se refería a que en el plazo de seis
meses, en el próximo periodo de sesiones... Llegó el ministro Rubalcaba y en la comparecencia del 17 de mayo nos dijo que iba a ser en el inmediato período de sesiones. Usted ha dicho que están ya casi finalizadas, que se van a realizar pronto
esas reformas, pero no ha especificado cuándo ni cómo. Y por el conocimiento que tenemos en los medios de comunicación, parece ser que la regulación de los derechos y deberes, en este caso de la Guardia Civil, no se va a realizar pronto y, si no,
seguro que el propio portavoz del Grupo Socialista, señor Hernando, reunido con diferentes asociaciones de la Guardia Civil, entre ellas la UGT, les anticipará que eso no se va a acometer porque hay serios problemas con los generales. ¿Esos
problemas no los tenían ustedes hace dos años? ¿Y si lo tenían, por qué generan expectativas que luego no van a cumplir? ¿Por eso comparece hoy aquí y afirma menos que el secretario de Estado y que el ministro diciendo que va a ser pronto? En su
concepción, pronto no sé cuándo será, pero esto está demostrando su absoluto fracaso, que general expectativas que no puede cumplir, y que las promesa que el Partido Socialista Obrero Español respecto al Ministerio del Interior están todas por
cumplir. Ni siquiera ha hecho propuestas para la reforma de la Ley 2/1986. Dice S.S. que la relativa al régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía está finalizada. ¿Está aún pendiente del Consejo de Estado o es que los inconvenientes
que han presentados las diferentes organizaciones sindicales, tanto el SUP como otras organizaciones sindicales en el ámbito de la Policía Nacional, les hacen dejar aparcado el proyecto de ley de reforma de régimen disciplinario en el Consejo de
Estado después de tenerlo aprobado en Consejo de Ministros y sin poder presentarlo en el Congreso? La actuación del Ministerio del Interior roza el verdadero ridículo, el agotamiento y el cansancio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el
descrédito y la ausencia de credibilidad en todos aquellos que llevamos escuchándoles desde hace dos años que eso se hacía, que ustedes cumplían esas promesas,
Ha hecho un balance de dos de los objetivos básicos que tiene que tener el Ministerio del Interior pasando de puntillas por ellos. Me estoy refiriendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana y me estoy refiriendo a la lucha contra la
inmigración ilegal. La verdad, señor Mesquida, es que, escuchándole, con tantas propuestas que ustedes estaban haciendo en inmigración, con tantas iniciativas en el ámbito internacional y con tantas relaciones que han tenido en el ámbito
internacional, tantas creaciones de diferentes órganos que ustedes han acometido, no entiendo cómo está la situación de la inmigración como una de las peores que recuerda la historia de este país. Ustedes, con tantas cosas que nos ha mencionado hoy
aquí, son incapaces de controlar el flujo migratorio y está aumentando la inmigración irregular e ilegal de tal manera que Canarias no puede soportar más presión y que por el resto de las fronteras españolas, tanto La Junquera como Algeciras, están
entrando a diario miles de personas en situación de ilegalidad. Con todo lo que usted nos ha anunciado, la situación real es la que tenemos, y es que en Canarias, por ejemplo, en junio-julio, superábamos las 20.000 personas que habían entrado en
situación de ilegalidad, en situación de irregularidad. Eso es un fracaso estrepitoso del Ministerio del Interior, es un fracaso absoluto y rotundo de este Gobierno, y desde luego un fracaso estrepitoso de los dirigentes. Y usted hoy aquí no ha
aportado ninguna solución.
Sobre las propuestas que usted ha traído en el ámbito de relaciones internacionales, permítame que establezca al menos o que considere ciertos matices. Las relaciones con Mauritania, las relaciones con Senegal. Ha tenido que ir primero
usted, después ha tenido que ir el ministro, después Senegal decía que no cumplía lo que decía al principio que iba a cumplir. En el ámbito de cooperación internacional, tampoco han sido ustedes un ejemplo de la mejor actuación que se debía
realizar en la lucha contra la inmigración. En Europa les ha costado, les ha costado porque Europa ha penalizado la actuación en materia de inmigración, la regularización masiva que ustedes han hecho, y el llamamiento que eso está suponiendo para
miles de personas que están llegando a nuestro país en situación de ilegalidad. Luego viene la vicepresidenta Primera del Gobierno y dice que esto se soluciona, que se van a producir todas las repatriaciones y que se va a expulsar a todo el mundo,
que todo el mundo que entre en situación de ilegalidad y de irregularidad va a ser expulsado. ¿Me quiere usted decir cuál es el control que ustedes tienen de todas aquellas personas que subían en los aviones y que repartían por todo el territorio
nacional, sin aviso previo a comunidades autónomas gobernadas incluso por ustedes mismos? Tengo que recordar que ustedes a las que enviaban a un mayor número de personas era a aquellas comunidades
gobernadas por el Partido Popular, sin el previo conocimiento de las mismas. Le he puesto el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque el propio conseller, el señor Nadal, tuvo que decir que no volviera a ocurrir, que no les
volvieran a enviar personas en situación de ilegalidad sin que el Gobierno, del mismo partido que usted, se lo comunicara. Señor Mesquida, usted, ante eso, ha dicho que todo funciona con los medios que ustedes están facilitando, que evidentemente
los objetivos son ambiciosos, que la lucha está ahí, pero en ningún momento reconoce, y me gustaría que algún cargo del Ministerio del Interior lo hiciera, que la lucha contra la inmigración ilegal, contra la inmigración irregular en este país, está
siendo un fracaso estrepitoso.
Además, señor Mesquida, sobre la lucha contra la seguridad ciudadana, la verdad es que hoy usted no nos dicho casi absolutamente nada, parece ser que debe funcionar muy bien. El 17 de mayo de este año, cuando compareció el señor ministro
Rubalcaba, nos dijo que España era un país más seguro.
Como siempre ustedes lo hacen todo mejor que el Partido Popular y siempre tienen que decir eso, resulta que ahora es más seguro en el repunte del año 2002, cuando, gobernando el Partido
Popular, se produjo un repunte en la criminalidad, en el aumento de la delincuencia. Usted no nos ha dado datos, pero nosotros sí que le vamos a recordar sus propios datos, los datos oficiales del Ministerio del Interior en el año 2005. En el año
2005, por mucho que ustedes, y el propio presidente, el señor Zapatero, en el debate del estado de la Nación, quisiera dar los datos que a ustedes más les interesaban, el incremento de las infracciones penales estaba en un 2,5 por ciento, es decir,
la criminalidad en nuestro país subió en el año 2005 un 2,5 por ciento con los propios datos del Ministerio del Interior, con los propios datos de su ministerio. Pero es que además en esos datos no se computaban los datos relativos al despliegue de
los Mossos d'Esquadra, sobre todo en áreas tan importantes como es la metropolitana de Barcelona y la propia ciudad de Barcelona; si no, el incremento sería casi aproximadamente del 7 por ciento. Cuando el Partido Popular decía que la criminalidad
estaba aumentando, que la delincuencia estaba aumentando, que se estaba produciendo ese repunte, y que el Gobierno no estaba presentado planes preventivos y no estaba presentando planes operativos a posteriori, viene la memoria de la fiscalía y
apunta también esos datos, el incremento de infracciones penales del 2,6 por ciento y especialmente el crecimiento de los delitos el año pasado entre un 6 y un 12 por ciento.
Señor Mesquida, usted, hoy, que venía a presentar esos planes generales, aparte de decirnos que tiene ese plan bienal y que el plan estratégico recoge las unidades y las creaciones que usted nos ha mencionado, no nos ha dicho qué planes
estratégicos, qué plan de lucha contra la delincuencia está estableciendo y está realizando el Ministerio del Interior, para que esta cifras desciendan. Porque todo lo que hacen ustedes, lo que están haciendo es que siga incrementándose la
criminalidad y la delincuencia en nuestro país. Estos son los datos de la Policía Nacional, los datos de esos seis primeros meses; en el documento de objetivos operativos de la Policía Nacional para el 2006, para el primer semestre del 2006, la
propia Policía Nacional reconoce la impotencia que tiene para atajar los delitos en las ciudades, donde se concentra, como usted conoce bien, o al menos así lo creo yo, tres cuartas partes de la población de nuestro país. La subida en el territorio
de la Policía Nacional ha sido espectacular en muchas comunidades autónomas, y desde luego alarmante en comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Valencia, Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia. Pero es que hoy nos levantamos con el
incremento en el año 2006 de los datos en el territorio de la Guardia Civil. Usted a lo mejor tendrá otros datos que aportará en su contestación, desde luego en la comparecencia inicial no ha dicho absolutamente nada. Y son datos de la Guardia
Civil que salen hoy publicados en un medio de comunicación. La delincuencia crece hasta un 6 por ciento hasta junio, dice. La Guardia Civil dice que se incrementa en la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias,
la suya propia, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia; que sube un 6 por ciento. El incremento de los delitos es de un 5,5 por ciento, el incremento de las faltas es de un 6,5 por ciento y el incremento medio
de las infracciones penales en el ámbito y en el territorio de la Guardia Civil es del 5,5 por ciento, llegando casi al 6 por ciento.
Si, con ese panorama, usted lo único que hace hoy es traernos una exposición, ciertamente larga -ciertamente tediosa, señor Mesquida, tengo que decírselo, porque la verdad es que ha habido algunos momentos en que su comparecencia no tenía el
interés que desde este grupo parlamentario se requería, o al menos se esperaba-, si ante eso usted fracasa y su ministerio fracasa en la lucha contra la inmigración ilegal y en la lucha contra el incremento de la delincuencia, de la inseguridad
ciudadana, verdaderamente no sé de qué les sirve a ustedes las reestructuraciones que tienen que hacer para llegar después a estos resultados, para llegar a esta situación.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, le recuerdo que lleva cerca de veinte minutos en el uso de la palabra y le conmino a que vaya terminando, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo ahora mismo, señora presidenta. Me gustaría, señor Mesquida, que me contestara a una de las cosas con respecto a don Telesforo Rubio, una de las cosas que justificó el señor Rubalcaba en ese ascenso,
se lo digo para ponérselo más fácil, no vaya usted a decir o a responder lo mismo que dijo el ministro. Cuando se refirió al ascenso, el ministro dijo que es que se había quitado en este caso de la Comisaría General de Información a una persona
para posibilitar la asunción de mayor nivel
en el ámbito administrativo, en el ámbito de la función pública. Que nosotros conozcamos o que este grupo parlamentario conozca, el señor Rubio ya hacía tiempo que tenía consolidado el nivel 30, que es el máximo nivel en la escala
funcionarial de la Administración pública. Si esa fue la justificación del ascenso que nos dio el señor Rubalcaba, del señor ministro, supongo que usted tendrá hoy mayores argumentaciones para decirnos por qué a esa persona, en esa situación y con
esos antecedentes, con esos pésimos antecedentes, ustedes le aúpan a la subdirección general, si no es porque verdaderamente no quieran que genere esa figura problemas adicionales a los que ya ha generado. Y me gustaría que entendiera muy bien el
contenido de las palabras que le estoy diciendo en estos momentos.
Señora presidenta, para finalizar, quiero añadir a esta exposición, señor Mesquida, el descontento evidente y manifiesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con respecto a la gestión en el ámbito de personal, en el ámbito de la
modernización que ustedes están haciendo. Usted también se ha olvidado de explicarnos el seguimiento del acuerdo; se ha olvidado también de decirnos, por ejemplo, que la semana pasado, en la mesa de seguimiento del acuerdo tres organizaciones
sindicales se levantaron y les dejaron a ustedes con la palabra en la boca, porque estaban alegando y justificando que el cumplimiento de ese acuerdo firmado hace un año y medio a bombo y platillo estaba siendo absolutamente infructuoso, que el
cumplimiento de ese acuerdo está siendo absolutamente insuficiente. Con respecto a la Guardia Civil, me gustaría que usted explicara cómo se está ejecutando el cumplimiento del pago de la productividad. Seguro que usted no dirá que han realizado
una nueva ordenación normativa con respecto a la productividad de la Guardia Civil con carácter y con criterios más objetivos; desde este grupo parlamentario ya tuvimos que presentan una proposición no de ley en esta Cámara y en esta Comisión, para
que se realizará ese pago de la productividad con criterios más objetivos, pero me gustaría que usted especificara cuáles son esos criterios. ¿Por qué, por ejemplo, a los guardias civiles de Tráfico, que están sufriendo en la calle las penurias de
estar al albor de los riesgos que supone el tráfico en la seguridad vial, de la climatología, ustedes, en esa productividad, les considera un incremento del 24 por ciento, mientras que a cargos burocráticos ustedes les consideran el incremento de
esa productividad entre un 70 y un 64 por ciento? Esa es su manera de modernizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de incentivar a cuerpos como el de la Guardia Civil, además de lo que ya llevan y además del incumplimiento y el engaño
al que están sometidos por parte de su Gobierno, que solo hacen que tomarles el pelo reiteradamente desde hace tiempo. Y lo digo porque las cosas han de decirse por su nombre. Ustedes han estado mintiendo con respecto a estas reformas
legislativas, ustedes han generado unas expectativas que ahora no pueden cumplir porque no tienen medios para ello.
Con respecto a la Policía Nacional, ¿dónde está esa propuesta de ese acuerdo de seguimiento que iba a suponer la equiparación de salarios con las policías autonómicas? ¿Dónde está, señor Mesquida? ¿Usted conoce el incremento de los
convenios de la Policía autonómica, de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza? ¿Me puede usted decir en qué porcentaje se incrementa el salario de esas dos policías autonómicas y la diferencia sustancial que supone con la Policía Nacional, no
solo en el territorio de dichas comunidades autónomas sino en el resto del territorio nacional? Espero que usted lo sepa, porque desde luego para esos efectivos policiales, ese acuerdo, como ustedes acostumbran a hacer, anunciado a bombo y platillo
en todos los medios de comunicación, del que después los ciudadanos parece que se olvidan, está suponiendo que esos efectivos policiales pierdan más dinero en relación con esa equiparación con respecto a las fuerzas y cuerpos de los efectivos
autonómicos, de la Policía autonómica, tanto en Cataluña como en el País Vasco.
Además, señora presidenta, ya muy brevemente, me gustaría que me explicara qué está ocurriendo con supuestos como la reclasificación, sobre todo de las categorías C y de las categorías B. Y me gustaría que me explicara también, señor
Mesquida, qué está ocurriendo con los cargos de segunda actividad. ¿Están ocupando puesto en activo o ustedes están sacando oferta de empleo público, es decir, funcionarios o efectivos policiales en activo, destinándolos a funciones de segunda
actividad, cuando esas funciones burocráticas estaban siendo destinadas a personas que estaban realizando funciones de segunda actividad? Ustedes están destinando personal en activo a esas funciones burocráticas que hasta ahora se iban realizando
de forma progresiva por efectivos policiales que se encontraban en situación de segunda actividad. Eso es lo están haciendo con los efectivos policiales en activo.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, le ruego que vaya terminando, porque soy flexible pero el tiempo es limitado.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: No se preocupe, ya termino, señora presidenta, agradezco su benevolencia y la consideración que el propio señor Mesquida está teniendo. Le diría, en resumen, señor Mesquida, que esa reestructuración está
ocultando los graves problemas que ustedes tienen en el ministerio, que el Ministerio del Interior es el ejemplo y el adalid de los fracasos más evidentes del señor Zapatero y del Gobierno del señor Zapatero, es más inmigración ilegal, más
irregularidad y un país menos seguro, más inseguridad, y los ciudadanos cada vez más preocupados por el incremento de esa delincuencia. Mientras, ustedes vienen aquí y hacen discursos programáticos que no solucionan los problemas de los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Ya saben, que en una comparencia como esta que estamos teniendo, que me parece sumamente importante, no suelo ser nunca rígida con los tiempos; pero, por favor, aténganse un poco a una propia autodisciplina, porque,
si no, no terminaremos nunca.
Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor director general de la Policía y de la Guardia Civil, le doy la bienvenida por segunda vez consecutiva a esta Comisión, que es su Comisión, ya tuvimos ocasión de decírselo hace unas semanas cuando compareció a
efectos presupuestarios. En su anterior responsabilidad como director de la Guardia Civil, todos los grupos hubiésemos querido que hubiese comparecido, cuestiones ajenas a nuestra propia voluntad y a la suya lo impidieron, pero nos consta, como les
consta a todos, que usted estaba dispuesto a comparecer, y ahora lo ha hecho. Si se ha retrasado quince días ha sido porque los propios grupo pidieron que antes que usted compareciese el ministro del Interior, para explicar las remodelación del
ministerio y en concreto la unificación de mando. Quiero desearle, señor director general, suerte y éxito en la ingente labor que le espera al frente de la dirección general, su éxito será buen para todos los ciudadanos y supondrá la garantía de
que todos los ciudadanos, la ciudadanía en su conjunto, podremos ejercer con toda libertad y seguridad los derechos contenidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Antes de entrar en materia, voy a referirme a un hecho que se ha producido hoy aquí, en esta Comisión, y que ha protagonizado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. A mí me parece, señora Sánchez-Camacho, que es deplorable que usted
hoy aquí haya sometido a un linchamiento a un miembro destacado del Cuerpo Nacional de Policía. Me parece absolutamente deplorable su falta de consideración con un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Me parece que usted ha dicho cosas
injustas, desproporcionadas y falsas, porque este miembro del Cuerpo Nacional de Policía al que usted se ha referido no está imputado en ningún sumario, porque el segundo miembro del Cuerpo Nacional de Policía al que usted se ha referido tampoco
está imputado en ningún sumario, y lo que usted ha dicho es directamente falso. Ustedes tienen obsesión con este miembro del Cuerpo Nacional de Policía desde el principio de la legislatura, desde la Comisión del 11-M, puede repasar usted el 'Diario
de Sesiones' de aquella Comisión y verá su obsesión. Y quizá su obsesión sea por la independencia que este miembro destacado del Cuerpo Nacional de Policía ha demostrado respecto a las investigaciones de los atentados del 11 de marzo, y quizá su
obsesión con este miembro del Cuerpo Nacional de Policía y con sus compañeros sea porque no son del grupo del anterior director general de la Policía, del señor Díaz de Mera, hoy diputado suyo en el Parlamento Europeo, exdirector general que algún
día nos tendrá que explicar por qué quience días antes de que aparezca determinado informe filtrado en un medio de comunicación él lo anuncia en la radio de un telepredicador.
¿Por qué sabía él eso, por qué lo conocía el señor Díaz de Mera? Algún
día nos los tiene que explicar. Con el linchamiento de determinados miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ustedes lo único que están provocando es un deterioro de la moral de los miembros de ese cuerpo, y lo vienen provocando porque no les gusta
las actuaciones independientes de estos miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Yo deploro absolutamente la actitud que usted hoy ha tenido, absolutamente desconsiderada desde el punto de vista parlamentario, con este miembro del Cuerpo Nacional
de Policía, con el señor Rubio, me parece absolutamente lamentable, y antes de entrar en materia quería expresarlo.
Y lo que usted ha dicho, las falsedades que usted ha vertido, yo creo, señora Sánchez-Camacho, que debería al menos rectificarlas.
Gracias.
Voy a tratar de centrarme ahora en el tenor literal del motivo de su comparecencia, señor director general. Es la segunda vez que usted comparece en esta Comisión como director general de ambos cuerpos, y le anuncio y le presagio que no va
ser ni la última ni la única, van a ser muchas más a lo largo de esta legislatura y a lo largo de siguientes legislaturas. Hago un presagio, aunque cambien los gobiernos, el mando único se va a mantener, porque no hay un Gobierno posterior que
enmiende a un Gobierno anterior cuando se crean órganos que son útiles y que mejoran la eficacia, y no me creo que un Gobierno del Partido Popular vaya a llevar en su programa electoral que se va a desdoblar el mando único que se ha creado en esta
legislatura.
Respecto al Real Decreto 991/2006 y aquello en lo que afecta al mando único, ya tuvimos la oportunidad de decírselo al ministro cuando compareció a estos efectos. A nosotros nos parece, y así ha sido anunciado por el ministro y por la
propia exposición del motivos del real decreto, que el mando único es una evolución de lo que antes se había hecho. No es que lo que antes se había hecho no sirva, señora Sánchez-Camacho, no se empeñe, es simplemente una evolución. El director lo
ha explicado. Se trata de mejorar la coordinación mejorando la eficacia, la eficiencia y la operatividad de ambos cuerpos. Y la pregunta que el otro día hice y que hoy vuelvo a hacer es si es verdaderamente necesario mejorar la coordinación de la
Guardia Civil y de la Policía.
Creo que la respuesta es obvia. Yo el otro día mencioné algunos ejemplos de clara descoordinación entre ambos cuerpos. Además de mejorar la coordinación de ambos cuerpos, es necesario mejorar la coordinación de
ambos cuerpos con la policías autonómicas, con las policías locales, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado homólogas de otros países, con Interpol, con Europol, etcétera, pero antes de eso, antes, será necesario, en una lógica no
kantiana sino cartesiana, mejorarlas entre estas mismas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y máxime después de atentados lamentables, muy lamentables, ocurridos en este país.
Ustedes imagínense que después del 11 de septiembres en Estados Unidos no se hubiese tomado ninguna medida respecto a la reestructuración de los servicios de Seguridad y de los servicios de Inteligencia de aquel país.
¿Ustedes se imaginan
qué lamentable espectáculo hubiese dado nuestro Gobierno, el que hubiese salido de las urnas, si después de los atentando del 11 de marzo no hubiésemos tomado nota y nos hubiésemos dado cuentas de fallos que se cometieron y de descoordinaciones que
eran bastante evidentes? Y a mí me parece que el mando único responde a eso, además de responder al cumplimiento del programa electoral, porque también responde al cumplimiento del programa electoral. Pero fíjese, aunque no lo hubiésemos llevado
en el programa electoral y aunque no fuese un mandato parlamentario, como lo es, al estar contenido en las conclusiones de la Comisión de investigación del 11 de marzo, yo creo que el Gobierno tendría que haber creado el mando único como reacción a
los hechos producidos y a los hechos anteriores a los atentados del 11 de marzo.
El otro día yo mencionaba el informe del Consejo de Estado respecto a determinado caso que hoy no voy a reiterar, para no aburrirles, pero todos tenemos en la mente ejemplos evidentes de descoordinación: investigaciones paralelas sobre el
mismo asunto, referente a las mismas personas que no se conectan entre sí, cuerpos que utilizan a confidentes sin que otros cuerpos lo sepan, unidades que actúan diligentemente en el ámbito de sus competencias, no digo que no, sin tener en cuenta
las implicaciones que sus investigaciones tienen para desmantelar otras tipologías de delitos, desgraciadamente hay muchos ejemplos. ¿Y qué hacer frente a esa descoordinación? El Gobierno viene haciéndo cosas desde el año 2004, desde abril del
2004. Primero, en mayo, se crea el Comité ejecutivo para el Mando Unificado, que intentar racionalizar sobre objetivos concretos la tarea de la Policía y de la Guardia Civil desde una perspectiva política y organizativa. Posteriormente, es el
mismo CEMU el que crea el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que empieza sus labores en el tercer trimestre del 2004. Después empezaron a utilizar conjuntamente bases de datos, bases de datos que se habían llenado por cada uno de los
cuerpos, pero que es preferible que se utilicen por ambos en beneficio de ambos cuerpos. Y dos años y medio o dos años después de la creación del CEMU, cuando ya se ha visto que la evolución es positiva, cuando ya hay una evolución positiva, se
crea el mando único.
Hay determinados responsables del Partido Popular, por lo que yo tengo afecto y respeto, que dicen que la creación del mando único es un verdadero, un auténtico golpe monstruoso, un golpe de mano, una reforma unilateral sin consultar con
nadie. Es algo muy alejado de la realidad.
Tengo aquí una comparecencia del ministro del Interior don Ángel Acebes, en la Comisión de Interior en octubre del 2003. El portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista era don Vitorino Mayoral,
que estaba aquí hace un rato. En aquellas comparecencia en octubre del 2003, el señor Acebes ya se refería al mando único anunciado por el Partido Socialista.
Decía: Para finalizar, S.S. ha tocado dos temas, uno el mando único, y me hubiese
gustado escuchar qué es lo que S.S. quiere decir con lo de mando único, creánme, no lo entiendo, no sé qué es el mando único, ¿A quién quieren unir? Esto decía el señor Acebes en 2003. Ni reforma unilateral, ni sorpresiva, ni golpe de mano, lo
venimos diciendo desde el 2003, el señor Acebes lo sabía, los sabían todos ustedes, estaba en nuestro programa electoral. Se ha hecho como consecuencia lógica de una evolucion en las políticas del Ministerio del Interior y se ha hecho porque nos
comprometimos con los ciudadanos. Otra cosa es que ustedes no estén de acuerdo, pero las bondades de un órgano de estas características les van a terminan convenciendo de que es bueno que exista un mando único. Es mucho más fácil coordinar a dos
cuerpos, que tienen más de 120.000 miembros, por arriba que hacerlo por abajo. Habrá que empezar por donde en más fácil la coordinación, y en este caso la coordinación es más fácil por arriba.
Uno de los motivos que se ha alegado para estar en contra del mando único, y que han alegado reiteradamente, incluso hoy algo se ha dicho, es que esto tiende a la desaparición de uno de los cuerpos, a la desaparición del cuerpo de la Guardia
Civil, y que estos cambia el modelo policial.
Nada más lejos de la realidad. Nos hemos cansado de decirlo, se ha cansado el señor director; yo he visto declaraciones suyas a medios de comunicación, entrevistas, hoy de nuevo lo ha dicho, ha dicho
que no cambia la naturaleza jurídica de los cuerpos. Ninguno de los cuerpo va a desaparecer; pero da igual, con tal de hacer propaganda se pueden decir auténticas barbaridades. Nuestro modelo policial está claro en la Constitución, está claro en
los artículos 8 y 104 de la Constitución, que diferencia las labores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y a estas últimas, a las Fuerzas de Seguridad, es a las que el artículo 104 otorga la labor de velar por el libre ejercicio de
los derechos y garantizar la seguridad ciudadana. Y esta unificación no cambia ese modelo policial ni pretende suprimir unos de los cuerpos en beneficios del otro, ni contiene ninguna otra pretensión oculta más allá de mejorar la coordinación, la
eficacia y la eficiencia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado .
En materia de cifras de criminalidad, señora Sánchez-Camacho, deberíamos ponernos de acuerdo en algo. Y es que, cuando uno está en el Gobierno o está en la oposición, lo que tiene que hacer es respetar las estadística oficiales y respetar
los datos cuando los da el Gobierno y no se han cambiado las varas de medir. Otra cosa es que se hayan cambiado las varas de medir y esto ha pasado, por ejemplo, en materia de empleo. Se cambió la forma de medir el desempleo, y durante un tiempo
se utiliza el anterior sistema y luego se va viendo cómo evoluciona y cómo influye el nuevo sistema en el cómputo de los desempleados. Pero es que en esta materia, en materia de criminalidad, no se ha cambiado la vara
de medir, es exactamente la misma, y deberíamos fiarnos de lo que dice el Gobierno y deberíamos en todo caso no utilizar torticeramente la memoria de la fiscalía.
Me voy a referir y voy a citar a don Ignacio Gil-Lázaro en el año 2002, hacía referencia a este tema de la memoria de la fscalía. Dice: En el mismo contexto, algún grupo parlamentario, que sigue construyendo un discurso profundamente ajeno
a la memoria histórica, sigue tratando de confundir las cosas. Hace ocho, diez, once o doce años oí aquello de señores del Grupo Parlamentario Popular, no confundan ustedes los datos de evolución de la criminalidad que aparecen en la memoria de la
Fiscalía General del Estado con los de la estadísticas del Ministerio del Interior, porque miden cosas distintas. En un caso se miden actuaciones de los órganos jurisdiccionales y en el otro comisión de delitos denunciados. Esto lo decía el señor
Gil Lázaro en el año 2002, y lo debía decir porque nosotros entonces utilizábamos la memoria de la fiscalía. De acuerdo. Pero ¿por qué no dejamos de hacernos trampas en esta historia? No utilicemos más la memoria de la fiscalía, que sabemos que
mide cosas distintas, intentemos no hacernos trampas, todos. Cuando el Gobierno está dando unas cifras, lo razonable es fiarse de esas cifras, porque no se ha cambiado el sistema de cómputo. Y las cifras son buenas, no sé lo que publica hoy un
periódico, pero la cifras que oficialmente ha dado el Gobierno y que ha dado el ministro de Interior en esta Comisión es que, en los en los ochos primeros meses del año, ha descendido la criminalidad. Los delitos y faltas desciendan un 4,6; los
delitos contra el patrimonio, un 6,8; los asesinatos y los homicidios, un 7,7; y mejora la eficacia, porque los detenidos son 138 por cada 1.000 infracciones, lo que supone 27 más que en el año 2003. La tasa de criminalidad también se mantiene en
las mismas cuotas que en el último año, 50 infracciones por cada mil habitantes, muy por debajo de la media europea, que está en 70 infracciones por cada 1.000 habitantes. Y, esté uno en el Gobierno o en la oposición, debe felicitarse por ello y
debe valorarlo positivamente, porque esto es bueno para todos, con independencia de que al furor opositor de algún partido esto no le venga bien, pero es que la realidad es la que es.
Antes de referirme al número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía voy a hacer una pequeña reflexión. Esto no es no es casual, es decir, que descienda la criminalidad no es casual, hay una ecuación que es incontestable: menos gastos
en seguridad y menos efectivos policiales es igual a más inseguridad siempre; más gasto en seguridad y más efectivos policiales es más eficacia y más seguridad. Y en los ochos años del Gobierno del Partido Popular hubo menos gasto en seguridad, en
términos PIB, evidentemente, pero también descendió en términos reales el gasto en seguridad y descendió el número de guardias civiles y de policías en la calle, y eso se tarda mucho en recuperar. Es decir, tener menos gasto y menos miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es gratis, esto se tarda en recuperar, vamos a estarlo pagando durante unos años. Que actualmente tengamos 50.200 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 72.500 de la Guardia Civil es volver a la
cifras, en el caso de la Guardia Civil, del año 1996, es recuperar los 3.000 que se perdieron en el periodo 1996-2004, es que estamos recuperando el tiempo perdido, y recuperar el tiempo perdido nos va a llevar también su tiempo y se está llevando
inversiones importantes en este tema.
Respecto al gasto en seguridad les decía que es importante verlo en términos reales, pero sobre todo en términos de PIB. Un querido compañero del Grupo Parlamentario Socialista, Paco Fernández Marugán, experto en temas presupuestarios,
siempre me dice: Mídelo todo en términos de PIB, porque esto es lo real. En España, en los años de Gobierno del Partido Popular hemos estado creciendo en términos de PIB y resulta que no había forma de que el gasto en seguridad se igualase al
crecimiento del producto interior bruto, siempre se crecía en seguridad por debajo del producto interior bruto. El presupuesto global de este año para la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil crece un 12,02 por ciento, lo ha dicho
el director general. El presupuesto para el Ministerio crece un 14,77 por ciento. A mí me parece un crecimiento espectacular, como decía el ministro del Interior, un crecimiento para sentirse orgulloso. Pero, fíjense, en noviembre de 2001 vino
aquí el ministro del Interior, el señor Rajoy Brey, y dijo: Señoras y señores diputados, en esta presentación ante el Pleno de la Cámara de la sección 16 de los Presupuestos Generales de Estado para el año 2002 quiero destacar, en primer lugar,
como dato general, el incremento de los presupuestos de Interior en un 4,6 por ciento. Un 4,6 por ciento. Es una lástima que el 'Diario de Sesiones' no describa cómo se sentía en ese momento el señor Rajoy Brey, porque seguro que estaba sacando
pecho como ministro del Interior, seguro que sí, con un 4,6 por ciento de subida.
Este año crece un 14,77 por ciento, ¡cómo deberíamos estar! Pues seguro que usted no está satisfecho porque querría que creciese más ya que la pretensión y la
ambición de cualquier director general es que crezca más, igual que la de cualquier ministro del Interior. Y de triunfalismo nada.
Pero si el director general ha empezado diciendo que no había triunfalismo en sus palabras, es lo primero que ha
dicho cuando se ha sentado en esa silla. Por lo tanto...
La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, le recuerdo que ya lleva casi veinte minutos, por favor, vaya terminando.
El señor HERNADO VERA: Voy terminando, señora presidenta. Me voy a referir a dos temas concretos en materia de régimen disciplinario y de derechos de los miembros de la Guardia Civil. Nosotros entendemos, seguimos entendiendo, señor
director general, que la aplicación del Código Militar a los agentes de la Guardia Civil no es adecuada. Entendemos que es necesario que
el compromiso del Partido Socialista en esta materia se lleve a cabo, sabemos que se va a llevar a cabo cuanto antes, y creemos que de una vez se tiene que deslindar el procedimiento sancionador cuando los miembros del instituto armado
intervienen en acciones de Policía Civil, que son la inmensa mayoría de las acciones en las que intervienen.
Respecto a la Ley de derechos, señora portavoz del Grupo Popular, doña Alicia Sánchez-Camacho, cuando me cite no lo haga a través de cuartos, porque ha hecho una cita de que yo he dicho que un medio de comunicación dice que a una asociación
le he dicho. No, no me cite a través de cuartos, eso es desvirtuar totalmente lo que yo pienso, es tergiversar directamente mis palabras, si es que algún día las pronuncié. No se puede citar a través de cuartos: dice un medio de comunicación que
dice una asociación que dice el señor Hernando, ¡qué rigor es este! Le voy a decir lo que digo. Nosotros creemos que es necesario que los miembros de la Guardia Civil tengan derecho a la asociación. Decía Tocqueville en La democracia en América
que el derecho de asociación es casi tan inalienable por naturaleza como la libertad individual. No sé si esto es así o no, lo que sí se es que ya ha llegado la hora de que los miembros de la Guardia Civil puedan asociarse como se asocian el resto
de miembros y trabajadores de otras instituciones. Para ser justos ante estas dos peticiones o requerimientos hay que decir que sí han mejorado cosas, que han mejorado cosas respecto a la productividad y las gratificaciones por servicios
extraordinarios, que el hecho mismo de diferenciar y como no ocurría antes, las horas extraordinarias de la productividad es un avance, un avance sustancial, que antes el régimen de reparto de productividad no era tan transparente como es ahora, y
por lo tanto hay cosas que están mejorando.
Por último, respecto a algunas apreciaciones que se han hecho en materia de inmigración, que es una materia respecto a la que me siento especialmente cercano, quiero que alguna vez alguien del Partido Popular me diga qué estudio, de qué
universidad, de qué instituto, qué medio han utilizado para pensar que el proceso de documentación llevado a cabo por este Gobierno ha creado efecto llamada, díganme un solo dato que lo indique, cuando resulta que las personas que están viniendo no
tiene nada que ver con la que fueron legalizadas en el año 2005, (Rumores.) nada que ver. Estamos hablando de continentes distintos, no hay absolutamente ningún dato, ningún estudio que hable de efecto llamada. Y, por último, se han devuelto 5.000
personas a países a los que nunca se habían devuelto. (La señora Sánchez-Camacho Pérez pronuncia palabras que no se perciben.). Hemos tenido conocimiento en las últimas horas de que están entrando menos pateras y menos cayucos, No creo que sea
para lanzar las campañas al vuelo, porque seguramente esto puede rebrotar, pero es evidentemente que se están haciendo muchas cosas y que la situación ha mejorado en los últimos meses o las últimas semanas.
Señor director general, muchas gracias por su comparecencia, y espero que tenga el éxito que estoy seguro que todos los grupos le deseamos al frente de la dirección general.
La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia. Tiene la palabra el señor Mardones.
¿Va a intervenir, señor Mardones?
El señor MARDONES SEVILLA: Sí, señora presidenta,
En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor director general de la Policía y de la Guardia Civil por su comparecencia hoy ante esta Comisión, y expresarle que en temas del Ministerio de Interior, de seguridad y policía, que desempeñan
meritoriamente el Cuerpo Nacional de Policía y el cuerpo de la Guardia Civil, mi grupo les da siempre nuestro apoyo y ejerce la crítica en un sentido constructivo de perfeccionamiento. Dichas estas palabras de salutación y de principios, también
quiero dejar constancia, señora presidenta, señor director general, como diputado de Canarias, del testimonio de reconocimiento a la labor que estos dos cuerpos bajo su mando, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil , vienen desarrollando en el
archipiélago canario con el problema de la llegada de pateras o de cayucos o de cualquier embarcación procedente de África. Hemos visto que gracias a los esfuerzos en todos los órdenes de estos dos cuerpos se ha conseguido en cierta gran medida,
con colaboraciones de entidades locales, Cruz Roja, etcétera, y la administración del Gobierno autónomo de Canarias y de puertos, una acción paliativa y de resolución de este gravísimo problema que usted conoce perfectamente y que deseamos que se
siga llevando por esta vía. Usted se ha referido al Plan Integral de Seguridad para Canarias, y nosotros le pedimos que se dote, para lo que no habrá ningún regateo por mi grupo, prueba de ello es que vamos a votar favorablemente en esta Cámara el
presupuesto del Ministerio del Interior en su integridad en los próximos debates y votaciones de los Presupuestos Generales del Estado porque entendemos que es necesario: que los servicios de Policia Nacional competentes en materia de extranjería
puedan disponer de los efectivos humanos y materiales que requieren todo Plan integral de seguridad en un territorio fragmentado y sometido a la presión de la inmigración, tanto la que entra por barcazas de África como la que entra fundamentalmente
por los aeropuertos en la incidencia que usted sabe. Y cuando digo todos los medios me refiero también, señor director general, a una ausencia que notamos y notan los dos cuerpos fundamentales, que es la falta de acceso a muchas bases de datos que
otras administraciones tienen, desde los padrones municipales, porque el que entra ilegalmente va corriendo al ayuntamiento a inscribirse en el padrón municipal, por lo que convendría reglamentar legalmente este asunto, ya que ese hecho, la
inscripción de
un inmigrante ilegal, da derecho tanto a prestaciones educativas como a prestaciones sanitarias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Suponemos que con esta unificación las bases de datos que tengan los
ordenadores de la Policía Nacional puedan ser conocidos y compartidos por los ordenadores de la Guardia Civil, y viceversa. Porque plantear una lucha contra las mafias criminales sin que haya esta unificación de datos hace mucho más difícil el
comportamiento eficaz de ambos cuerpos. Mi grupo aboga, por tanto, por que dentro de la Administración General del Estado los ordenadores de administraciones locales, de las bases de datos de los ayuntamientos, de la Seguridad Social y de la
agencia aduanera de represión del contrabando e importaciones materiales ilícitas se puedan desarrollar eficazmente en los principios que estamos aquí sustentando.
Voy a hacer un comentario y plantear alguna pregunta al señor director general sobre ciertos aspectos que emanan de su comparecencia de hoy y sobre todo del Real Decreto 991, de este año, sobre la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Y comienzo por algo que ha sido para mí personalmente y para mi grupo una constante desde el momento del primer Gobierno de don José María Aznar y que el entonces ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, trae como novedad, que es
la salida del Ministerio de Justicia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que pasa al Ministerio del Interior. Siempre hemos reiterado que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias debería depender del Ministerio de
Justicia y no del Ministerio del Interior, como fue tradicional, desde las competencias de los jueces de vigilancia parlamentaria a lo que sea. Prueba de ello es que cuando redactan ustedes el Real Decreto 991, en la exposición de motivos la
justificación para mantener la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que aquí justifican por qué sale de ámbito de la Subsecretaría de Interior para integrarse en la Secretaría de Estado de Seguridad, dicen: Desde una perspectiva
policial, es decir, preventiva y represiva. La Policía y la Guardia Civil no ordenan el ingreso en prisión de un sospechoso, lo pueden tener 72 horas en los calabozos de la comisaría o del cuartelillo de la Guardia Civil, y si le aplican la
legislación antiterrorista más tiempo, pero quien ordena el ingreso y salida de una persona, penado o no, de un centro penitenciario es la autoridad judicial al respecto, porque aquí se dice desde un punto de vista penal y de reinserción social.
Con esto quería dejarle constancia, señor director general, de nuestra postura, respecto a que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tradicionalmente y en todos los regimenes, republicanos, monárquicos, dictatoriales, etcétera, ha
estado siempre en el Ministerio de Justicia, por lo que pedimos que se reconsidere esta cuestión.
Sobre el decreto mencionado le quiero plantear que, efectivamente, ustedes han hecho un gran esfuerzo de ensamblaje de estas dos direcciones generales. No es extraño, por ejemplo, que la comparecencia del señor Camacho pudiera durar
cuarenta minutos y la suya una hora y veinte minutos, que lo he cronometrado, porque, claro, tiene usted mucha materia por delante, se lo digo porque para explicar esto necesitaríano una hora y veinte minutos, sino tres horas, en una especie de
seminario o de coloquio abierto, ya que ensamblar las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en España, con las competencias y la dimensión que tienen, no es una tarea que se pueda despachar con un telegrama. Yo le
agradezco, señor director general, la amplitud, que yo diría relativa, que le ha dado usted a su exposición, de una hora y veinte minutos, para explicar este tema, y han tenido que hacer algunas operaciones que yo solamente me limito a enunciar
porque entiendo que no había otra salida. Es, por ejemplo, el caso del artículo 3 para su sustitución. Cuando le tienen que sustituir se vuelven a dividir los cuerpos, porque aparece que la sustitución del director general, según el artículo 3,
letra a), apartado 7, la hace el director adjunto operativo de la Policía Nacional, y por parte de la Guardia Civil, artículo 3.b.)8, le sustituye el director adjunto operativo de la Guardia Civil. Podía parece más lógico que en un caso de ausencia
suya, si no es simultánea con la del secretario de Estado de Seguridad, hubiera una figura unitaria para que en ningún momento aparezca que hay una disyuntiva yaque no existe en las sustituciones del Gobierno español, desde el presidente del
Gobierno a cualquier ministro, una sustitución dual. Es decir, al presidente del Gobierno, si se ausenta, lo sustituye la vicepresidenta del Gobierno, y al señor ministro del ramo tal o de la dependencia cual, si se ausenta, lo sustituye otro
ministro, pero no lo sustituyen dos ministros, ni a un secretario de Estado lo sustituyen dos directores generales. Supongo que ustedes tendrán que tener esto en consideración, porque es algo que me ha llamado la atención del derecho administrativo
español al respecto.
Entrando en cuestiones, mucho más concretas, le quiero decir lo siguiente.
Mi grupo y este diputado participan plenamente de la declaración que usted y el Gobierno han hecho sobre mantener el carácter militar de la Guardia Civil. Creo que
usted ha empleado una expresión correcta al decir que es un signo de identidad, y es signo de identidad porque mantener este criterio de carácter militar de la Guardia Civil es también mantener el criterio de separación de los dos cuerpos objeto de
su comparecencia y de su competencia, Cuerpo Nacional de Policía y cuerpo de la Guardia Civil, porque el ciudadano español concurre a su pertenencia a estos dos institutos por vía vocacional. Es decir, hay que respetar la vocación, hay quién tiene
vocación por las razones que sean, de tradición familiar, de la imagen que tiene de las actividades del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que quiere hacer un servicio con este uniforme azul o con este uniforme verde. Por tanto,
respetemos también esa adscripción vocacional que hacen en pleno derecho los ciudadanos españoles, que
se sienten orgullosos de servir a los mismos principios de seguridad, de orden público, de profesionalidad, cada uno militando y perteneciendo a uno de los dos cuerpos.
Vuelvo a una consecuencia que considero lógica en el carácter militar como signo de identidad de la Guardia Civil. En el decreto se hace una referencia especial, cuando se habla de las direcciones generales de la Guardia Civil, de las
unidades operativas, tanto la Dirección General Adjunta Operativa como la Dirección General de Personal, como la Dirección General de Apoyo y la Jefatura de Estudios Económicos, a que el mando superior está reservado a un oficial general de la
Guardia Civil.
En este momento creo que ustedes tienen una plantilla de 27 generales de la Guardia Civil, entre generales de brigada y generales de división, porque afortunadamente con la democracia hemos superado unas barreras que, por causa de la
guerra civil, la dictadura franquista aplicó a la Policía Armada y a la Guardia Civil parano dejarles ocupar empleos y cargos con determinada superioridad, la Policía Armada hasta el empleo de capitán o comandante, y a la Guardia Civil le dejaron
nada más que unos pocos generales de brigada y un general de división, que se transformaba inmediatamente en subdirector general del cuerpo, porque el cuerpo estaba en manos de mandos militares, tanto del Estado Mayor de la Guardia Civil como de la
cúpula de la Guardia Civil, con militares de carrera del Ejército de Tierra. Yo me planteo, señor director general -y apoyo esta petición- que si usted en este momento tiene 27 generales de la Guardia Civil, juntando la plantilla de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, usted tiene más mando efectivo operativo que el secretario de Estado de Seguridad -perdone que se lo diga, pero bueno, es que es así, y vamos a ser consecuentes con lo mismo-, usted manda en este momento más Fuerzas
Armadas, más hombres y mujeres en la Policía Nacional y la Guardia Civil que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y por supuesto más que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Tiene usted más personal a sus órdenes que el Jefe del
Estado Mayor, por poner una similitud, del Ejército de Tierra. ¿Por qué si el Ejército de Tierra tiene del orden de doscientos y pico generales, la Guardia Civil no va a tener al menos un teniente general, por qué no se saca esto adelante? Porque
si somos consecuentes con el carácter militar como signo de identidad de la Guardia Civil, seamos consecuentes con la jerarquía militar. En la jerarquización militar ordinaria, no digo la extraordinaria, solamente a los tres jefes de Estado Mayor
de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire y al jefe del Estado Mayor de la Defensa se les tiene reservado el puesto de general de cuatro estrellas, de general del Ejército: Pero si la Guardia Civil tiene en este momento más efectivos que tiene bajo
su mando el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y usted le suma además la plantilla de la Policía Nacional, ¿cómo es que seguimos sin disponer en la Guardia Civil de un puesto orgánico en activo de teniente general? Porque al unificar
todo lo que está bajo su mando en el aspecto que se refiere a la Guardia Civil, la Dirección General Adjunta Operativa, la Subdirección General de Personal, la Subdirección General de Apoyo, se puede hacer esto evidente.
Yo defendí rcientemente en la Comisión de Defensa que no aparecía por ningún lado el presupuesto de eso que se han inventado en ese ministerio de la Unidad Militar de Emergencia, y ponía como ejemplo que, en cambio, el Ministerio del
Interior presentaba un impecable, estructural y presupuestariamente, plan de operaciones y organigrama de la Dirección General de Protección Civil, que está bajo sus órdenes. La Dirección General de Protección Civil es el organismo encargado, en
colaboración con las comunidades autónomas, de la lucha contra incendios forestarles, calamidades, etcétera. Si se requieren por la comunidad autónoma efectivos de la Administración General de Estado, sean civiles o militares, para eso está la
ejemplar Dirección General de Protección Civil, que ahora puede ser sustituida por la Unidad Militar de Emergencia, con la curiosidad de que estando constituida la unidad militar de emergencia por 4.360 efectivos humanos, el Gobierno ha puesto a su
frente a un teniente general. Y para mandar a 70.000 guardias civiles ¿No hay posibilidad de tener un teniente general en la plantilla de la Guardia Civil? Esto no se entiende, y tenemos que evitar estas cuestiones.
Desde el punto de vista de la correlación entre mandos superiores, sobre todo en el generalato, con efectivos y funciones, yo le pregunto señor director general, por qué no se ha respetado en Canarias, al ponerse la unidad, no sé si lo han
metido dentro del mando único de coordinación en Canarias o va dentro de la jefatura de ese invento del Frontex. Ustedes tienen 17 zonas en España, según mis cifras, no todas mandadas por generales, al menos cuatro son de coronel, porque son
unidades de zona que coinciden con unidades autónomas uniprovinciales, pero 13, sí. En el organigrama que viene en el decreto comentado, dado que no habla de las zonas nada más que de pasada, me salen 17 generales en las tres direcciones generales
más la Agrupación de Tráfico. Pues bien no se debe cometer el error de si en la zona de Canarias hay un general de brigada de la Guardia Civil, a este general de brigada de la Guardia Civil de la zona de Canarias, por sus peculiaridades, darle el
mando correspondiente a estas operaciones. Porque sabe usted que ha habido, por lo menos han salido en los periódicos, críticas de mandos militares a que se haya nombrado a un general de dos estrellas de la Guardia Civil para irse a Canarias a
coordinar no sé qué. Si ya tienen un general de zona, y para evitar que haya roces con las autoridades militares de Canarias, que tienen además su reglamento propio y su sensibilidad propia, no sé si en este momento ustedes han llegado a
materializar el nombramiento del general cuyo nombre había salido en la prensa que iba a mandar esas unidades allí. Le ofrecemos señor director general, nuestra colaboración para que si hay que resolver un problema, resolvámoslo, pero no creando
otro paralelo, pues son siempre incómodos los enfrentamientos
entre personas que, con uniforme o sin él, están siempre al servicio de Estado, y por tanto el Estado español nos tiene que unir también en estas cuestiones cooperativas.
Respecto a la necesidad de nuevos efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía y el de la Guardia Civil, estamos de acuerdo plenamente, señor director general, y además sabe usted que nosotros tenemos un problema para garantizarle también
desde Canarias este tema, que es la movilidad de estas plantillas y reponer los efectivos de la plantilla orgánica y del catálogo de puestos de trabajo de Policía Nacional y de Guardia Civil, sobre todo por abajo, en cuanto pueden tener
disponibilidades, sin son procedentes de la Península, de volverse al territorio peninsular, que es lógico. El Cabildo de Tenerife ha abierto una línea de becas para que aquellos ciudadanos canarios que quieran incorporarse a la Guardia Civil o al
Cuerpo Nacional de Policía y que tienen que desplazarse a la Península, a los servicios centrales, para los exámenes, etcétera, tengan un incentivo económico, porque no es lo mismo venir a la Academia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en
la Península cogiendo un autobús de línea o en auto-stop, que tener que subirse a un avión de la correspondiente compañía aérea, pagar el billete y venir a examinarse a Madrid, con todas las consecuencias económicas para quien no es rico por su
casa. Mi grupo seguirá potenciando y apoyando estas ayudas porque nos interesa que los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional de guarnición en Canarias tengan los vínculos que son muy oportunos al respecto.
No sé si la señora presidenta me dice aue debo terminar, recordando una de sus potestades, señor director general, que creo que están ubicadas en la Subdirección General de Seguridad Ciudadana, que es la competencia en espectáculos taurinos,
en los que el presidente marca al toro y al torero unos espacios, la los tres avisos y lo quita de la circulación. Esa ha sido una competencia del Ministerio del Interior y de la Policía, que son los que presiden los espectáculos taurinos, no por
otra razón, pero el presidente de la corrida, con el asesoramiento taurino y veterinario, es un miembro del Cuerpo General de Policía.
Termino rápidamente, señora presidenta, en cuanto a estas cuestiones. Le pido también que preste atención, señor director general, porque es fundamental, al tema de los vigilantes privados de seguridad. En el decreto se trata de pasada,
pero es una dependencia bajo su control. Se dice en el decreto en cuanto a esta cuestión que se ubica también precisamente en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana la vigilancia de los espectáculos públicos. Pues bien ahora hay un
espectáculo público de primera magnitud, que es el de los vigilantes de seguridad privada en los cacheos a todos los viajeros en los aeropuertos nacionales por las medidas impuestas. Pero usted sabe, señor director general, que cachear, cachear,
solamente podría hacerlo la Guardia Civil porque es agente de la autoridad. El vigilante jurado no es agente de la autoridad, ni con las manos con guantes ni con el detector metálico a un viajero le puede cachear un vigilante jurado de seguridad, y
sin embargo eso se está haciendo en estos momentos día a día con miles de ciudadanos españoles que pasen un filtro en control aeroportuario. Se han reducido efectivos de la Guardia Civil y AENA ha subcontratado otros efectivos. ¿Sabe que hay en
Madrid y en Barcelona, por ponerle dos ejemplos de ciudades con estatuto propio, más efectivos de vigilantes de seguridad privada que de guardias civiles y de policía nacional? Fíjese usted la dimensión que esto tiene, desde los que están operando
en los aeropuertos a los que están operando en El Corte Inglés o en las grandes superficies o en cualquier entidad privada que contrata vigilantes jurados a este respecto. Incluso en el Archivo Central de Penados y Rebeldes, que siempre custodió la
Guardia Civil, hay vigilantes privados de seguridad que el Ministerio de Justicia contrata con empresas privadas de seguridad. Y encontramos denuncias permanentes que de hay en las grandes líneas comerciales, en los almacenes, posiblemente en los
aeropuertos, agentes de seguridad privada que no tienen los títulos de homologación que da su ministerio, el Ministerio del Interior. Hay que poner esto en claro, con todas la medidas pertinentes de seguridad que se tengan que adoptar, pero no
digamos en una subcontratación que menoscaba los derechos de los ciudadanos a estos respectos. Este tema de los vigilantes privados de seguridad nos preocupa hondamente, sobre todo por los efectivos cuantitativos y numéricos que tienen, y que van a
más. Cuando he pedido información a determinadas empresas de seguridad que operan en España, legalizadas y legitimadas por el Ministerio del Interior, he visto que las cifras del personal que tienen, con armas o sin armas, porque están algunos,
como usted bien sabe, autorizados a llevar revólver, son verdaderamente preocupantes.
Finalmente, le pido también su colaboración, que sé que nos la está dando, señor director general, sobre que las funciones del SIVE, dada la peculiaridad de que muchas veces los radares en tierra que meritoriamente se han ido poniendo no
pueden cubrir todas la incidencias para detectar la llegada a las costas canarias, se efectúen también con equipos modernos, porque parecería absurdo que el servicio de guardacostas norteamericano encargue en España la construcción de aviones para
vigilar a los balseros que tratan de huir de Haití y de Cuba hacia las costas de Florida, y no tengamos aviones, como el 235 de Construcciones Aeronáuticas, de CASA, para detectar las llegadas. Hoy día tenemos que superar, al menos técnicamente, lo
que las mafias tratan de conculcarnos en nuestra legislación.
Reiterando la línea de cooperación y colaboración de mi grupo parlamentario, porque el tema de la seguridad ciudadana a todos nos preocupa las cuestiones que sean de tipo técnico o presupuestario y que establezca su departamento tendrán sin
duda ninguna, señor director general, nuestro apoyo total y absoluto, como un rendimiento también de homenaje a la Benemérita, la Guardia
Civil , y al Cuerpo Nacional de Policía por lo mucho que les deben los ciudadanos que están a favor de la paz y del orden.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora el señor Olabarría por el Grupo Parlamentario del PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Mesquida, bienvenido a esta Comisión en su primera comparecencia. Empezaré mi intervención diciendo que yo estoy impresionado por la facundia del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, señora
presidenta. Yo no sé si el señor director va a ser capaz, si ha entendido las propuestas que el señor Mardones en relación a la estructura orgánica y a la graduación pertinente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están bajo su dependencia ha
analizado, si realmente ha entendido, pero yo voy a hacer un ejercicio de honestidad que es infrecuente en esta Cámara: yo no he entendido nada de lo que la ha explicado el señor Mardones, señor Mesquida, por lo tanto voy a esperar atentamente sus
palabras. Pero sí he entendido perfectamente una cosa, que la alusión de señor Mardones, muy pertinente, por cierto, y que ya constituye un clamor ciudadano, de aquellos ciudadanos que nos vemos sujetos al tributo de tener que viajar a través de
AENA y a través de las compañías de aviación que funcionan en los aeropuertos españoles, la actuación de estos vigilantes de seguridad no solo consiste en cachear impropia e ilegítimamente a los viajeros que lo hacen, que entre los que por cierto
hay bastantes extranjeros, que es una cuestión pendiente de resolver y yo todavía considero no resuelta normativamente la existencia de extranjeros que puedan realizar funciones de vigilancia o de seguridad privada. Este es un requerimiento, como
usted sabe, de los propietarios de las compañías de seguridad privada, pero que se tendrá que incardinar en la nueva Ley de Seguridad Privada; no me consta todavía que exista la posibilidad de contratar extranjeros para que ejerzan funciones de
seguridad privada, normativamente al menos. Sin embargo, le pediría también que se extreme el celo por parte de los guardias civiles responsables de estos puestos de control, de estos escáner, para que el comportamiento se corresponda con la
educación debida a cualquier ciudadano con carácter general, sea viajero, sea tributario de la compañía Iberia o cualquier de las otras que hay allí, y no existan comportamientos que han provocado por parte del diputado que les habla más de cien
denuncias, que me imagino que habrán sido convenientemente archivadas en la papelera, porque todavía no he tenido noticias de cuál ha sido su resultado final. Este es un problema que usted se lo debe tomar en serio, porque al fin y al cabo los
aeropuertos españoles son un lugar de entrada y por lo tanto un lugar de identificación de la imagen de civilidad de un país, en donde no es irrelevante la actuación de las fuerzas encargadas de la seguridad en el momento de la entrada o salida de
los pasajeros. Y la actuación de estas personas, bajo la actuación muchas veces negligente, se lo digo con toda honestidad, de los guardias civiles responsables de esos puestos de control, deja mucho que desear.
Ahí se aprecia inequívocamente
falta de formación, falta de cualificación y falta de los más elementales requerimientos que la urbanidad y la educación requieren, y le podría poner ejemplos de una casuística que le resultaría hasta difícil de comprender, pero que han sido vistas
personalmente por este diputado que le habla en este momento.
Dicho lo cual, señor Mesquida, yo quiero felicitarle por su nombramiento, no he tenido oportunidad de hacerlo hasta ahora, le deseo suerte en la gestión de un mando unificado complejo, complejidades que han aflorado a través de las distintas
manifestaciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Yo le voy a decir también con toda honestidad que voy a echar de menos a Víctor García, que era amigo personal mío y compañero de circunscripción parlamentaria y
compañero de avatares parlamentarios en el Parlamento vasco, una persona de alta cualificación. Espero que usted pueda estar a la altura de las altas prestaciones, y no tengo ninguna duda que así será, del señor Víctor García a la hora de crear
algo que ha sido un requerimiento clamoroso por parte de mi grupo parlamentario y que está consignado o configurado como resolución específica y mandato al Gobierno en las recomendaciones de la Comisión de investigación del atentado del 11 de marzo,
que es buscar la coordinación, una eficiente coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos, también las policías autonómicas que tienen carácter integral. Desde esa perspectiva, señor Mesquida, va a contar en mi grupo
parlamentario con un colaborador leal. Nosotros no participamos de las fobias de algún grupo parlamentario ni de las filias, ni vamos a utilizar la seguridad ciudadana o los problemas atinentes a la seguridad ciudadana como instrumento de erosión
del Gobierno, de ningún Gobierno, no lo hemos hecho nunca, porque son cuestiones lo suficientemente relevantes para no realizar esta actividad parlamentariamente perversa, en nuestra opinión. Yo creo que aquí hay que buscar los puntos de consenso,
concitar, incentivar puntos de consenso. Desde esa perspectiva para mí ya es un déjà vu, utilizando la expresión francesa, ya hemos visto este debate que se ha producido entre los peticionarios de su comparecencia. Yo creo que al final siempre se
habla de los mismos temas; va a llegar un momento en que les van a poder contratar como si fuesen una especie de trouppe para que vayan a las fiestas de los pueblos y reproduzcan este tipo de argumentarios, porque es que aquí sistemáticamente los
estamos viendo: unos dices una cosas y otros dicen exactamente las contrarias. Todos tienen parte de razón y a los dos o a ambos les faltan también buenasparte de razones.
Yo le voy a decir cuáles son nuestros posicionamientos troncales, porque ya tuvimos la oportunidad de decírselo al ministro, pero, claro, su comparecencia ha tenido un nivel de pormenorización muy superior a la del ministro,
a la del señor Rubalcaba, incluso nos ha llegado a hablar de algo particularmente dilecto para este diputado que les habla que son medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que era un asignatura pendiente, mediante la creación de guarderías, y esto ya nos lleva -ya ha parafraseado a Tocqueville el representante del Partido Socialista con mucha pertinencia-, a hablar de asociacionismo. Esta es una asignatura
pendiente de definición normativa, incluso en el seno de las leyes o normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso podríamos por proyección hablar de sindicalismo. Al fin y al cabo, yo creo que esta es una alocución
maldita, evidentemente. Estamos utilizando expresiones que tienen un componente taumatúrgico por no ser metabolizadas, pero que se irán normalizando con el tiempo. Pero, al fin y al cabo, las asociaciones existen, las asociaciones han nacido y
existen de forma alegal, porque no ha habido una normativa que dé cobertura a su existencia, pero algunas tienen un amplísima representación, un amplísimo volumen de asociados, y ya están en condiciones incluso de plantear la defensa o están en
condiciones de erigirse en interlocutores en la defensa de los intereses o sociolaborales que les afectan, y eso es bueno y eso acredita una configuración de una policía moderna, de una policía progresista, de una policía avanzada, una policía que
también tenga el derecho a invocar la defensa de los derechos que como colectivo que ejerce una profesión dimanan del ejercicio de esa profesión, y eso es algo que también requiere seguramente reformas para regularizar y ordenar esa función, porque
no hay tampoco que ignorar la singularidad de la función y de la profesión que ejercen estos profesionales, los límites, pero también los derechos y la amplitud de los derechos que aquí deben consignarse.
Al hilo de esto señor Mesquida, yo también le voy hablar con honestidad de que en lo que discrepo con los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es en el mantenimiento del carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil. Yo
empecé siendo diputado muy joven, llevo veintitantos años en esta Cámara, y todavía estoy esperando una explicación razonable en relación a qué tipo de atavismos, qué tipo de elementos identitarios, qué tipo de inercias históricas o qué tipo de
razones vinculadas a una pretendida mayor eficiencia justifican el mantenimiento del carácter militar de un cuerpo policial cuyas funciones, todas prácticamente, son de naturaleza o de carácter civil. La mayoría de la actuaciones de la Guardia
Civil son o el ejercicio de la funciones correspondientes a la Policía Judicial, son funciones de Policía Judicial, no en seguimiento a atendiendo a los requerimientos de los jueces de vigilancia parlamentaria, como ha dicho, espero que por error,
el señor Mardones, no creo que lo esté preconizando, aunque igual no fuera impertinente tampoco o inadecuada la creación de jueces de vigilancia parlamentaria, me imagino que se referiría a los de vigilancia penitencia, pero son actuaciones de
naturaleza jurisdiccional. O son actuaciones vinculadas a la protección civil, también de marcado carácter civil. O son funciones de seguridad ciudadana. ¿Me podría dar usted, señor Mesquida, porque todavía ningún ministro, ningún director,
ningún subsecretario, ni ningún secretario de Estado ha sido capaz de proporcionar a este grupo parlamentario, que casi lo implora ya, una explicación en virtud de la cual es inevitable, fatalmente inevitable mantener el carácter militar del cuerpo
de la Guardia Civil, que además está en trance de ser integrado, por lo menos en su vértice jerárquico ya lo está, con un cuerpo ya civil por su propia naturaleza como es el Cuerpo Nacional de Policía? ¿Cómo vamos a crear además una figura mixta,
una especie de mestizaje o de cuerpo de carácter híbrido, en donde el régimen disciplinario va a ser de carácter civil, la naturaleza jurídica del cuerpo de carácter militar, sus funciones de carácter civil, en unos casos dependiendo de actuaciones
jurisdiccionales, en otros casos dependiendo de actuaciones gubernativas de carácter civil y en otros casos dependiendo de tenientes generales? Claro, esto provoca una confusión desde una perspectiva conceptual que a mi grupo, como no es capaz de
discernir con la facundia e ilustración del señor Mardones, pues le invita a preguntar de nuevo por qué tiene que seguir siendo militar el cuerpo de la Guardia Civil, cuando además la asociación mayoritaria -yo no sé si a usted le gusta esta
expresión- la que más afilados tiene en su seno dentro de este cuerpo está preconizando la civilización, y entiéndame en qué sentido le digo la expresión, es decir, la desmilitarización del cuerpo de la Guardia Civil. Esta sería la primera
cuestión.
La segunda cuestión que le planteo (porque, claro, yo no voy a entrar en los debates que han protagonizado los peticionarios de su comparecencia, es más, me producen un cierto efecto anticlímax porque son los debates de siempre, imputándose
las mismas pretendidas disfunciones en un caso y las mismas bondades en el otro), es cuáles son los mecanismos, señor Mesquida, que usted va implementar o va a mejorar, porque esta es una materia manifiestamente mejorable de coordinación no solo
entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, sino con las policías autonómicas de carácter integral, me estoy refiriendo en concreto a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra, y si usted es partidario de la integración de estos cuerpos
policiales en la estructuras transnacionales policiales, e incluso policiales judiciales, existentes en Europa, como puede ser Europol, Eurojust y todas la demás que en este momentos existen o si alternativamente usted es partidario de su
inintegración pero sí de una leal y eficiente transmisión de información a esta policías, que son policías integrales y por lo tanto ejercen las mismas funciones o las mismas competencias que en los ámbitos autonómicos en los que desarrolla su
actividad ejerce la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Lo cual nos lleva a su vez, mediante un discurso de tracto sucesivo, como puede observar la presidenta, y ya voy finalizando además, a la siguiente cuestión.
En materia de repliegue y de despliegue en el ámbito vaso, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, me gustaría saber cuáles son las previsiones de su dirección, sobre todo porque se está produciendo una cierta perversión que sí
tiene la dimensión en Euskadi de lo que está sucediendo en los aeropuertos españoles. Es la siguiente. Hay localidades de Euskadi donde existen cuarteles de la Guardia Civil y existen cuerpos de la Guardia Civil, algunos de elite, algunos cuerpos
de altísima cualificación, pero que no ejercen funciones de ninguna naturaleza ni los ciudadanos puede invocar o acudir a ellos para exigir la protección de sus derechos cuando hay un problema de seguridad ciudadana que les afecta, y donde la
Ertzaintza no está desplegada por la razones que fuera; me estoy refiriendo, por ejemplo, a la localidad de Llodio y algunas otras que le podría citar. ¿Cuál es la suerte que tienen que correr estos ciudadanos, si tienen que acudir a la comisaría
de la Ertzaintza más próxima a su municipio o si realmente estos cuarteles al final se van a ir replegando, se van a ir concentrando en algunas localidades para cumplir la funciones que tampoco sabemos cuáles son? Sabemos cuáles son las que
preconiza o las que indica para la Guardia Civil en el ámbito de Euskadi el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la propia Constitución Española, pero la Guardia Civil evidentemente a usted no se le escapa que allí ejerce muchas más de las que
están previstas estatutariamente. Yo no sé hasta qué punto las previsiones en materia de despliegue y repliegue van a ser uno de los objetivos o van a ser uno de los planteamientos programáticos de su dirección, y me gustaría que lo fueran.
Por ultimo, señor Mesquida, a mí me agrada mucho que se haya impregnado y que usted además vaya a potenciar esta forma de articular los cuerpos que están bajo su dependencia, yo no sé si tiene que ser con dos teniente generales, con uno, con
ninguno o con cuáles, este es un problema orgánico que a mí se me escapa y no sé discernir, pero que se recurra ya a un criterio de estamentalización por especialidades. Esto es particularmente importante cuando los fenómenos criminales cada día
son más complejos, algunos novedosos, incluso posteriores al Código Penal, no previstos por el legislador que reguló en el Código penal del año 1995, son fenomenologías delictivas y criminales transnacionales y terriblemente sofisticadas y que
requieren desde luego una especialización, amén de reformas normativas, de los cuerpos que tienen que afrontar estas fenomenologías delictivas. Me estoy refiriendo a los delitos urbanísticos, usted ya ha hecho una mención colateral, me gustaría
alguna pormenorización sobre cuál va a ser la estructura de la Guardia Civil y si va haber algún tipo de especialización para acometer los problemas de corrupción en el ámbito urbanístico, por ejemplo, que afecta de forma muy lacerante a algunas
zonas de la costa o del litoral español. Me estoy refiriendo a la lucha contra las mafias organizadas, contra el tráfico de seres humanos, usted ya hecho una mención bastante profunda, pero nos gustaría saber también qué es lo que piensa. Contra
delitos de carácter monetario o de carácter económico y de carácter informático se requiere ya una particular especialización y unos mecanismos de formación seguramente mucho más intensos, son materias o delitos que muchas veces pertenecen a la
competencia del enjuiciamiento de la Audiencia Nacional, y en la Audacia Nacional a veces se aprecia que ni los jueces de instrucción ni los fiscales tienen la cualificación suficiente incluso para comprender la fenomenología delictiva cuando
estamos hablando de sofisticados delitos económicos. Espero que haya instrumentos de formación en el seno del a Guardia Civil para poder comprender y reprimir estos fenómenos delictivos, muchos de ellos de nuevo cuño, y que están penetrando -y se
dice por instituciones europeas muy solventes- en el Estado Español de forma particularmente intensa.
Vivimos en el país donde existen más billetes falsos seguramente, o más billetes dimanantes de blanqueo de dinero. ¿500 euros es el billete de
mayor valor ordinal? Pues es el país donde más billetes de esa cuantía hay, y eso acredita un fenómeno de blanqueo de dinero, por eso le pregunto qué previsiones hay para luchar contra estas fenomenologías. En definitiva, dentro de los...
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, ya ha acabado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya acabo con esto. En definitiva, dentro de los criterios de especialización, alguna pormenorización más y hasta qué punto realmente esto va a ir aparejado con elementos de formación de estos profesionales que
tienen que se objeto de una formación que va a proveer a la civilidad que nosotros antes preconizábamos o invocábamos, sencillamente porque con gente de esta cualificación profesional al fin y al cabo se puede mantener nominalmente , seguramente, el
carácter militar del cuerpo, pero estas personas que van a tener una cualificación profesional mediante licenciaturas y estudios realizados fuera del Estado español muchas veces, va a ser difícil que se sientan internamente como militares a pesar de
esa invocación que ha hecho el señor Mardones al carácter vocacional. El carácter vocacional puede ser para ser policía, señor Mesquida, dudo mucho que el carácter vocacional de la mayoría de los guardias civiles sea para además de policía ser
militar. Muchas gracias por haber atendido tan atentamente a mi explicaciones, y sabe que va a contar con nuestra leal colaboración para los problemas que se debaten en esa Comisión.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora el turno el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Señor Guinart, ya sé que se van a dividir la intervención, por tanto le ruego que se atenga a los tiempos.
El señor GUINART SOLÁ: Sabe que sí, que acostumbro a ser escueto en mis intervenciones, y además
ahora está de moda en Cataluña eso de ser escueto en la intervenciones.
Señor Mesquida, bienvenido por parte del Grupo de Convergència i Unió a la Comisión de Interior, sé que ya vino a la Comisión de Presupuestos, pero esta vez lo hace entrando en materia, en una intervención más genérica sobre la política
general de su responsabilidad, de su dirección general.
Le agradezco en nombre de nuestro grupo la exhaustiva explicación que nos ha proporcionado, lo cual también hace muy difícil poder contestar, explicar, comentar, por descontado, todos y cada
uno de los temas que usted ha tratado, con lo cual solo podemos hacer, con la brevedad del tiempo que se nos otorga, una intervención más superficial, sin llegar a fondo a muchos de los temas que usted ha suscitado y que seguro que son del máximo
interés.
No hay duda que el elemento que ha sido el revulsivo de esta comparecencia ha sido la reestructuración del Ministerio del Interior, especialmente la unificación en una sola dirección general del mando de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional. Probablemente, si no hubiera sido por esta reestructuración, esta comparecencia no se habría producido o, en cualquier caso, hubiera sido por otras materias, no con este carácter tan genérico de política general de la dirección general.
Ya nos pronunciamos sobre esta reestructuración en el comparencia del 19 de octubre del señor ministro del Interior, el señor Rubalcaba, ya comentamos entonces que esto, desde nuestro punto de vista, entraba dentro de la autoorganización de la
Administración, y que si este era el pensamiento, si esta era la forma de afrontar una mayor eficacia en la consecución de los cometidos o de los objetivos del ministerio, lo respetábamos y lo apoyábamos absolutamente, aparte del hecho de que esto
constaba ya en el programa del Partido Socialista, con lo cual no debe representar ninguna sorpresa para nadie este paso más hacia la coordinación, que no unificación. No obstante también nuestro grupo , reflexiona sobre el primer paso que se dio
en relación al CEMU, el Comité Ejecutivo del Mando Unificado, y al CNCA, los dos persiguiendo esta mayor coordinación, que parece puede calificarse de un planteamiento excesivamente tímido, y por tanto fracasado, que ha necesitado de esta corrección
un poco más avanzado el tiempo, con esta unificación del mando, sin que lógicamente esto haya significado una unificación de estructuras a nivel de los dos cuerpos, manteniendo cada uno de ellos sus propias funciones. No obstante, nuestro grupo se
plantea una vez más si este es el último paso en la reestructuración o esto no es sino que un paso más hacia un horizonte más lejano de unificación. El señor Hernando decía en su intervención que era más fácil empezar por la cúpula hacia esta
coordinación. Coordinación puede a veces asimilarse a unificación, y ese empezar, ese verbo, no sé si significa que es un paso más que se inició con el CEMU y el CNCA y va a acabar más allá en esa unificación. Nuestro grupo ya de entrada no se
pronuncia en contra de esta mayor unificación, incluso si esto significara, la desaparición del carácter militar de la Guardia Civil, de lo cual no estaríamos en contra, sino que nos parecería un avance hacia una sociedad más moderna, por ponerle
otro objetivo. Nosotros ya remarcamos en nuestra intervención anterior el hecho de que la sobrevivencia de los dos cuerpos puede tener sus motivos coyunturales, pero que no obstante plantea todavía problemas de coordinación, seguramente la
existencia de lagunas, de sobreposiciones, de solapamientos entres unos y otros, y al mismos tiempo esta atávica -palabra que está de moda últimamente- competencia entre los cuerpos a veces también esconde informaciones que podrían ser de interés, y
esto a veces disminuye la eficacia en la actuaciones policiales. Con lo cual nuestro grupo deja abierta esta posibilidad de que en un futuro, y no nos opondríamos, se avanzara más en esta unificación.
Entendemos que se mantienen básicamente todas las competencias, las funciones, los programas de cada uno de lo cuerpos, y hemos escuchado con atención todas la novedades que se han ido produciendo, que se han ido anunciando, como el aumento
de efectivos personales, también materiales, pero no hemos escuchado cuál es el planteamiento de la dirección general en relación a la coordinación con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lógicamente, en el caso catalán y vasco, con la
Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, y nos gustaría escuchar algunas palabra en relación precisamente a este tema. Más allá de la cuestión coyuntural del despliegue de Mossos d'Esquadra y el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia
Civil o Policía Nacional, en las zonas donde todavía es posible, se está produciendo este movimiento dinámico, lógicamente ya no tanto a nivel coyuntural, sino de cara al futuro, cuando esto ya sea una realidad completa y se haya producido este
despliegue de forma absoluta. Sobre el caso concreto de Tarragona hablará después el señor Maldonado. También en ese ámbito lamentamos que se hayan producido seguramente lagunas en la programación entre unos y otros, y esto ha provocado tensiones
que se han tenido que resolver a golpe de destacamentos puntuales, pero luego no sabemos si se han mantenido, como, insisto, planteará el señor Maldonado a continuación. También eso puede producir duplicidades, y la duplicidad, más allá de ser un
doble esfuerzo, también produce ineficacias, porque la gente que hace el mismo trabajo conjuntamente podría dedicarse a otras cuestiones, con lo cual harían conjuntamente un trabajo más eficaz.
En Cataluña ustede sabe que los Mossos d'Esquadra han ido desarrollando territorialmente y también funcionalmente sus competencias, pero todavía quedan, como es natural, algunas competencias que nunca serán ejercidas por los Mossos
d'Esquadra, como son los temas fiscales en relación a la frontera, o el control de la extranjería que lleva a cabo la Policía nacional, o la propia Guardia Civil del Mar que controla las fronteras marítimas, la política de futuro que usted ya ha
comentado en este sentido. En este aspecto, nos gustaría resaltar un punto que no afecta muy directamente en la zona de
Girona y del Alto Ampurdán especialmente, que es lo que entendemos una descoordinación entre los cuerpos de Seguridad del Estado, en esta caso, y también los autonómicos, Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil , que es un
hecho muy aparatoso y muy vistoso y que realmente desdice nuestra imagen, especialmente también de cara a nuestros visitantes, como es la prostitución en las carreteras de acceso o próximas a la frontera, en donde unos por otros, Mossos d'Esquadra ,
Policía Nacional y Guardia Civil , unos por extranjería, otros en relación a la persecución de la bandas organizadas, no acaban de resolver esta cuestión, y la imagen de esas chicas ofreciendo sus servicios en las carreteras del Alto Ampurdán cerca
de la frontera es realmente lamentable, más allá del respeto que estas personas nos merecen en cuanto a que a sus derechos humanos seguramente nos son respetados. Me gustaría que en este aspecto la dirección general ejerciera algún tipo de
liderazgo, ya que no lo están ejerciendo como debería ser, a nuestro juicio, los Mossos d'Esquadra, y resolver definitivamente esta cuestión.
En relación a la cuestión de la coordinación con las policías autonómicas, Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, tomamos nota de la voluntad de futuro de la creación o del acceso a las bases de ADN y otras bases informáticas que puedan ser de
interés para el ejercicio de la función policial, pero también nos gustaría conocer si realmente está prevista, como apuntaba el señor Olabarría, la presencia de los cuerpos autonómicos en funciones que requieren necesariamente una dimensión
supranacional, más allá de Cataluña y el País Vasco, y en donde debería probablemente haber una mayor incardinación, integración, coordinación ya no solo en las bases informáticas sino también en cuestiones más operativas. Añadiríamos, y usted no
ha citado en ningún momento a este cuerpo, a las policías locales, entendiendo que igual que en la seguridad privada juegan un papel importante, muy destacado en según que zonas, en relación al concierto global de seguridad.
En relación al tema, también citado por el señor Olabarría, de la delincuencia especializada y la creación de cuerpos, de unidades o de programas especiales de lucha contra el tráfico de personas o el tráfico de estupefacientes, o de
capitales, o esta delincuencia más complicada de perseguir como es la delincuencia antes llamada de cuello blanco, ahora de nuevo cuño, se puede decir así, aunque existiera pero no se había detectado tanto, me refiero a la delincuencia urbanística,
o también a la delincuencia a través de la informática, pues tomamos nota del interés o de la voluntad de persecución de eso tipo de delitos, e insistimos en la necesidad de que esta política de persecución de esos delitos se realice también con la
coordinación específica de las policías de proximidad en los territorios, en el caso de Cataluña y el País Vasco, como son la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra .
Recogemos con interés también la cita a las conclusiones del 11-M, cuáles serían las recomendaciones que desde esta Comisión se realizaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en el tema de control de explosivos, que
entendemos que se está desarrollando y que todavía no significa que hayamos llegado al punto óptimo de control de este elemento que en muchos casos es básico para las acciones terroristas. Nos parece que en el caso del 11-M fue un elemento básico,
trascendente para su realización y nos gustará ir conociendo, a medida que haya nuevas comparecencias, los resultados de esta nueva política de control de explosivos.
En relación a la Guardia Civil del Mar, tomamos nota también de la voluntad de poner una mayor atención en dotar de más recursos esta función de la Guardia Civil , que en el caso de Cataluña no es residual, es propia. En este caso
lamentamos, desde el conocimiento directo y próximo del caso de Gerona, donde tiene ubicada la sede la Guardia Civil del Mar, la escasez de recursos, no tanto a nivel de medios para ejercer su función, sino especialmente a nivel de la vida
cotidiana. Sus efectivos están instalados en condiciones muy precarias en los cuarteles, aquellas situaciones tan austeras que usted comentaba que tenía la Guardia Civil y que realmente no le dan un nivel de vida, una calidad de vida suficiente, lo
que hace que muchos de ellos quieran pasarse a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso autonómicos.
Voy acabando, pero quiero llamar la atención sobre un tema que nuestro grupo ha defendido y por el que se ha preocupado de diversas ocasiones, como es el tema de los desaparecidos. Hablaba usted del binomio familia-policía y de la lucha
contra la violencia doméstica, o violencia sexual, decía usted, del tema de menores, del tema de mayores, y en nuestro caso añadiríamos ahí, en este ámbito, la necesidad de preocuparse de la coordinación de la cooperación autonómica, con actuaciones
concretas, con medidas precisas, e intentar paliar el daño que están sufriendo las familias de 14.000 desaparecidos que todavía existen en España. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podría en parte ayudar no solo desde el punto de
vista de resolver, pero los casos, que a veces son imposibles de resolver, sí desde el punto de vista del acompañamiento, la ayuda, la comprensión, la explicación y la información a esas familias.
En relación a la cuestión de la seguridad privada, que también usted comentaba en su intervención, quiero recordar que nuestro grupo ha presentado y defendido dos proposiciones no de ley en este ámbito, porque entendemos que de forma
conjunta con la seguridad pública forman la seguridad del país, y que por cuestiones de evolución de nuestra sociedad cada vez está más presente la seguridad privada en mucho ámbitos de nuestra vida cotidiana. En este sentido, quiero insistir en la
necesidad de abrir los requisitos de homologación para formar parte del personal de seguridad privada también a otras personas de países no miembros de la Unión Europea, como en el caso de las Fuerzas Armadas, y también la mejora de otros sistemas
de homologación
para formar parte o para poder ser acreditado como miembro de un cuerpo de seguridad privado.
Celebramos los cometarios en relación a poner atención y sensibilidad a los temas de formación, que es necesaria ya no solo para la especialización en nuevos delitos, sino también para la formación continua, permanente de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; y también la incorporación -nos ha parecido oír- de proyectos novedosos en relación a la incorporación de nuevas tecnologías en el trabajo diario, cotidiano, de las fuerzas de seguridad. Seguro que la puesta al día de nuevas
tecnologías ha de facilitar la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo, señor Guinart, porque su tiempo, que ya ha consumido, tiene todavía que compartirlo.
El señor GUINART SOLÁ: Acabo diciendo que nuestro grupo ofrece su colaboración al Gobierno en estos aspectos, como lo ha hecho siempre, y con una anécdota. El lunes pasado tuve la ocasión de asistir a la feria de turismo de Londres, la
World Travel market, y escuché la intervención de doña Magdalena Álvarez, ministra de Fomento. Insistió en que los aeropuertos son la entrada y la salida, son la primera imagen que tienen todos los turistas del país que visitan. En el caso de
España, glosó y alabó la gran tarea de AENA y las inversiones en aeropuertos españoles.
Esta parte positiva de su exposición queda en entredicho, sumándonos por nuestra parte también a lo comentado por los señores Mardones y Olabarría, en relación
al ejercicio de la función de seguridad privada en nuestros aeropuertos. Si la imagen que tienen los extranjeros cuando vienen o se van de España es la mala conducta o la conducta poco educada de esas personas, seguramente, a pesar de nuestros
atractivos turísticos, se llevan una mala impresión que seguro su departamento sabrá corregir.
Paso la palabra al señor Maldonado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Maldonado. Le ruego que en la medida que pueda sea lo más breve posible.
El señor MALDONADO I GILI: Yo empezaré, como han hechos mis antecesores en sus intervenciones, agradeciendo al señor director general su comparecencia y deseándole suerte en su nueva responsabilidad.
Mi intervención será monográfica y se referirá básicamente a la circunscripción de Tarragona, de la que soy diputado. Usted saber, señor director general, que antes del verano hubo una oleada de robos con intimidación y violencia en
domicilios en Cataluña, mayoritariamente en la provincia de Tarragona. Robos con extrema violencia gratuita, porque ninguna de las familias asaltadas ofrecieron resistencia, y a pesar de esto hubo una violencia física extraordinaria. A raíz de
esto hubo un clamor en toda Cataluña y especialmente en la provincia de Tarragona, y una reacción social y política de protesta que llevo incluso a la petición, junto con alcaldes, consells comarcals, Diputación, etcétera, de tres diputados de este
Congreso, de diferentes partidos políticos, de una reunión urgente con el ministro señor Rubalcaba. La verdad es que esta reunión se produjo con rapidez, inmediatamente, a los pocos días se produjo en este Congreso esta reunión. El señor ministro
contrajo un compromiso, que también se llevó a cabo inmediatamente, y que era el despliegue inmediato de un número importante de guardias civiles, entre otras zonas, en la provincia de Tarragona. El compromiso llevaba implícito diversos aspectos,
diversas connotaciones. Una, que no serían guardias civiles en prácticas, que serían guardias civiles avezados en la lucha contra la delincuencia. Otra, que los guardias civiles no vendrían solo para cubrir el verano, entre comillas, que se
quedarían en la demarcación.
Nosotros llevamos días, meses, señor director general, haciendo diversas preguntas que hasta ahora no han tenido respuesta. Hemos hecho preguntas parlamentarias, preguntas al ministro, al secretario de Estado, etcétera, y queremos saber lo
siguiente. ¿Cuántos de los guardias civiles que con una gran presencia mediática, llegaron a Cataluña y se desplazaron a Tarragona, cuántos de estos que a posteriori de la reunión con el señor ministro fueron enviados a Tarragona, han salido de
esta provincia y ya no están allí? ¿Dónde están ubicados los que se quedaron? ¿Y cuántos de los que llegaron estaban en prácticas? Le rogaría, señor director general, que no nos dé la callada por respuesta, porque hasta ahora es lo que hemos
estado recibiendo. Es posible que usted me diga que no esperaba esta pregunta y que no tiene los datos, y lógicamente por respeto parlamentario se lo aceptaría. Me gustaría que, como buen director general, que seguro que debe ser, debe tener
muchos datos para darme, y los que falten nos los mande urgentemente a este grupo y a los que usted crea necesario.
También le pediría que no me diga que a raíz de aquella iniciativa se han acabado los hecho violentos, porque no hace aún quince días, en el municipio de Duesaigües, hubo otro incidente de este tipo, otro ataque a un domicilio, y tuvieron
que ser los vecinos, en una actuación solidaria, quienes detuvieron a uno de los asaltantes y lo entregaron a la fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil. Nos gustaría, señor director general, que nos respondiera a todo esto. ¿Cuánto
vinieron en prácticas, dónde están ahora, en qué cuarteles se ubicaron, cuántos se han marchado y cuántos hay ahora? Muchas gracias, y reitero mi agradecimiento por su comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Terminado el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Yo creo que cada uno tiene el estilo que quiere o ejerce la oposición como cree que debe ejercerla. Yo, obviamente, tengo mi estilo personal. Yo he sido
diputado de un Parlamento autonómico y nunca me han gustado las actitudes de ataque personal despiadado; yo creo que se pueden decir la cosas de forma contundente sin traspasar determinadas barreras. Por tanto, ya que no estaba la señora
Sánchez-Camacho cuando ha empezado la intervención del señor Hernando, me sumaría también a deplorar la actitud que se ha mantenido con respecto a la figura presente de don Telesforo Rubio. Hay que hacer una matización muy importante, don Telesforo
Rubio no está imputado, no está procesado en ningún asunto, no ha sido citado a declarar nunca por los jueces Marlaska y Garzón en el caso de la pieza separada, en relación a lo que se conoce como el chivatazo y, por el contrario, el Juzgado Central
de Instrucción número 5 dictó un auto que declaraba que no tenía nada que ver con el asunto de la pieza separada. Don Telesforo Rubio está ahora mismo en la Subdirección General de la Jefatura de Gabinete Técnico de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, a plena satisfacción del director general en todas las funciones que se le están encomendado. Por tanto, independientemente de la situación vivida, que estoy seguro que no afectó a su profesionalidad, a ninguna
persona le gusta pasar por situaciones como las que ha pasado don Telesforo Rubio.
No voy a decir que tenía la esperanza de que haciendo una intervención exhaustiva iba a despejar dudas, o a aclarar temas, o a hacer una intervención a plena satisfacción de los representantes del Partido Popular. Yo sé que
independientemente de la explicaciones que se den siempre, el discurso, como decía el señor Olabarría, viene previamente realizado. Ha habido interés en hablar de algunos temas que ya han sido contestado en la propia dinámica de la comparecencia, y
he empezado diciendo que no había ninguna autocomplacencia en mi intervención. Yo siempre he manifestado la misma opinión en relación a los temas de seguridad, aunque haya -y siempre va a pasar- un ciudadano que sea victima de un delito, ahí se
produce una falla o una quiebra del sistema.
Por tanto, yo nunca voy a expresar ninguna satisfacción, porque siempre hay ciudadanos víctimas de delito, y nunca le voy a decir a un ciudadano, como se hacía antes, que si quería más seguridad se la
pagara, que esto también ha sido un discurso argumental de algún responsable del Partido Popular. Por tanto, yo creo en la seguridad pública, la seguridad es un valor esencial del siglo que estamos viviendo.
Tengo que reconocer, ya lo hice en la Comisión de Presupuestos, una cierta sorpresa respecto a cómo gestionó el Partido Popular la seguridad en este país. Yo creo que el Partido Popular gestionó de forma pésima la seguridad en España. Es
un tema que no por mucho incidir es reconocido ya por todos, independientemente que uno pueda pensar que un partido conservador gestiona mejor los temas de seguridad y un partido de corte socialista o socialdemócrata gestiona mejor los temas
sociales. Cuando uno analiza las estadísticas y el esfuerzo que se hizo en seguridad pública durante la época del Partido Popular, ve que se hizo una pésima gestión de la seguridad pública. Los que iban a barrer la pequeña delincuencia de las
calles, los que pusieron en marcha a bombo y platillo aquel Plan Policía 2000, han determinado que durante esos años se haya barrido de las calles a policías y a guardias civiles, y eso es una realidad. De la situación en la que hoy nos encontramos
ustedes tiene una responsabilidad inmensa, porque cuando llegaron al poder se encontraron 122.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cuando se marcharon 115.000, y floreció la seguridad privada en España.
En total 7.000
efectivos menos, 4.000 policías y 3.000 guardias civiles.
Y eso, ¿por qué? Porque ustedes hacían unas ofertas de empleo público donde no cubrían las bajas vegetativas que se iban produciendo, y no solo... (La señora Sánchez-Camacho Pérez
pronuncia palabras que no se perciben.) Son los datos, no se a qué se refiere; si quiere, le puedo dar en concreto los policías que había en cada momento o en cada año, están absolutamente computados. Le puedo decir que durante el tiempo que
ustedes gobernaron hubo 7.000 efectivos menos, cuando eran necesarios más policías porque había un incremento de población. Estamos corrigiendo esta situación ahora mismo con ofertas de empleo, 4.000 efectivos en la Guardia Civil y 5.500 efectivos
en la Policía. Hoy hay 3.000 guardias civiles más que cuando el PP dejó el Gobierno, y 3.000 policías más. Por tanto, en lo que se refiere a la gestión de personal, algo tan importante, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a
mayor inversión en efectivos, a mayor inversión en equipamientos, mejoran las estadísticas de seguridad. Parte de responsabilidad tienen ustedes en lo bueno y en lo malo.
A mí me sorprende que hablen de que aquí no se hace ningún ejercicio de autocrítica. A mí me gusta hacer ejercicio de autocrítica, lo que no me gusta es recibir lecciones de autocrítica de grupos que no solo no conocen el significado de la
crítica ni de la autocrítica, sino que durante el tiempo en el que gobernaron nunca pusieron de manifiesto, encima de la mesa que hubiera un problema de ningún tipo, y la realidad es que los ciudadanos sancionaron esta actitud. Los ciudadanos
cuando llegaron las elecciones sancionaron esta actitud y los pusieron a ustedes en la oposición, y no hace faltar recordar cuáles fueron los motivos.
Nunca han hecho un ejercicio de autocrítica, y obviamente no esperamos que hagan ahora, porque la
actitudes que los ciudadanos castigaron en las elecciones generales pasadas están personificadas en la mismas personas que dirigen ahora el Partido Popular. Por tanto, no creo que tengamos que recibir lecciones de autocrítica de un grupo que de los
últimos diez años y medio ha gestionado ocho años y que ahora no tiene ninguna responsabilidad en nada. Si hubieran hecho ustedes las cosas bien, podrían criticar,
pero en gestión de seguridad pública no se hicieron las cosas bien.
Dejaron disminuir las plantillas de Policía y Guardia Civil. Además en otro tema importante, el tema del presupuesto en seguridad pública, decía el portavoz del Grupo
Socialista que el presupuesto de la Policía para el año que viene se incrementaba un 12,2 por ciento, y un 15,26 por ciento el de la Guardia Civil. Estamos hablando del tercer mayor incremento presupuestario para la Policía de los últimos 11 años,
si le aplicamos las cantidades que se reciben de Industria por el tema del DNI electrónico nos iríamos a un presupuesto de casi un 12 por ciento. Por tanto, en los presupuestos de 2006 y de 2007 se producen los mayores incrementos en la Policía de
los últimos 11 años. El presupuesto de la Guardia Civil, un 19,2 por ciento, y en 2006, un 10,4 por ciento. El incremento del presupuesto de la Guardia Civil para el año que viene es el mayor incremento de los últimos 19 años, nada que ver con los
3,7-3,8 por ciento a que nos tenían acostumbrados cuando gobernaba el Partido Popular.
En temas relacionados con el capítulo 1, también me sorprende que un partido que gobernó en los últimos ocho años, que no hizo ninguna mejora salarial adicional, critique una medida de mejora salarial adicional que se firmó en abril de 2005,
una medida importante de incremento, que para el año que viene supone un 3,16 por ciento más. En el capítulo 1, la Guardia Civil va a aumentar un 11,8 por ciento, estamos hablando de un incremento realmente muy importante. Y por último, en lo que
se refiere a infraestructuras, los cuarteles de la Guardia Civil tienen una situación mala o muy mala, como he dicho anteriormente, y se va a hacer un esfuerzo del 76,76 por ciento para el año que viene. Esta es una dinámica habitual en los temas
relacionados con Policía o Guardia Civil. La derecha siempre da mucho jabón a los militares y a la Guardia Civil, pero después no les da dinero. Esa es la realidad, les da mucho jabón, se llenan la boca del componente militar y de lo importante
que es, pero a la hora de darles dinero, cuando uno ve cómo ha evolucionado en relación al PIB, compruebe que en los ocho años de Gobierno del Partido Popular la inversión en seguridad pública disminuyó un 20 por ciento.
Hablaba la señora Camacho de temas relacionados con la evolución de la criminalidad. Los datos son los que son. El ministro dio unos datos que se referían a los ocho primeros meses del año, donde se ponía de manifiesto una disminución de
las infracciones penales del 4,6 por ciento. Decía que habían disminuido las infracciones en relación al patrimonio en un 6,8, y en homicidios un 7,7. Esos son los datos reales, unos datos globales con un periodo superior al que usted citaba
anteriormente. Se está aumentando la eficacia policial, y eso también tiene relación con una mejora en el equipamiento y en el personal. En el año 2002 estábamos con un 26,8 por ciento de delitos esclarecidos, y ahora estamos en un 30,9. Tenemos
una tasa de criminalidad de las más bajas de la Unión Europea, en concreto 49,5, cuando la media es una tasa de 70. Eso, más allá de verificar una situación favorable, a mí me llena de cierta intranquilidad, porque cuando uno ve que la tasa de
criminalidad del Reino Unido es de 105 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, o la de Alemania 80, o la Francia 64, eso quiere decir que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en esta materia.
En relación al tema que planteaba inicialmente de la nueva remodelación ministerial, yo no le acepto que sea un fracaso de ninguna estructura. El Partido Socialista tenía el compromiso de la unificación del mando, empezó con la creación del
Comité Ejecutivo para el Mando Unificado. Se ha avanzado mucho en coordinación, se ha avanzando mucho en interrelación de base de datos, y esto es un paso más, un paso que figuraba, como recomendación en la Comisión del 11-M. Por tanto, no voy a
referirme a algunos episodios de descoordinación sangrantes que hay en la historia reciente de España y que yo creo que con estos mecanismos de coordinación y el mando único se pueden superar.
Hablaba la señora diputada de un fracaso en las políticas de inmigración, y volvemos a lo mismo, uno parece que la realidad ha aparecido ahora mismo frente a los españoles y que quien ha gobernado durante los últimos ocho años no tiene
ninguna responsabilidad. Se hablaba no hace mucho de la violación de nuestras fronteras, y lo primero que hay que decir con el tema de la inmigración es que no es un fenómeno nuevo. Igual, como lo gestionaron también mal, no se enteraron de cómo
estaba la inmigración.
Ustedes acusan al Partido Socialista cuando llega al poder de hacer una regularización de los inmigrantes que ya estaban, entraron con ustedes; es decir, no fue ninguna medida que adoptara el Partido Socialista, sino que
entraron con ustedes. Ustedes, como hacían con todos los problemas, porque España iba bien, los metieron debajo de una alfombra y los escondieron allí, 800.000 inmigrantes. Llegó el Partido Socialista y puso dignidad donde había indignidad, puso
legalidad donde había ilegalidad y regularizó a 600.000 inmigrantes. Ustedes hicieron creo que cinco regularizaciones de inmigrantes, y aquí nadie les planteó nada relacionado con el efecto llamada, ustedes regularizaron alrededor de 500.000
inmigrantes. Analice las estadísticas de entrada de inmigrantes en España y se dará cuenta de que el grueso de la inmigración ilegal en España empieza en 1996, casualidad, pero empieza en 1996. ¿Y cómo gestionaron ustedes la inmigración, cómo
gestionaban los 15.000 inmigrantes que llegaban a Canarias en los años en que gobernaron? Es verdad que ahora se han interceptado 33.000 inmigrantes irregulares por vía marítima, pero es que en 2003 entraron 19.000, en 2004 entraron 16.000, en 2002
entraron 17.000 y en 2001, 18.000. No ha nacido hoy el problema de la inmigración. ¿Y cómo se está afrontando? Pues con seriedad, con rigor, partiendo de que no existía nada. Ustedes pusieron en marcha el SIVE, nosotros lo hemos mantenido, pero
hemos llegado a acuerdos con los países subsaharianos, estamos trabajando con Mauritania y con Senegal. Hemos mejorado las relaciones con Marruecos, y esto
ha permitido que las entradas o las salidas de inmigrantes de las costas de Marruecos hayan disminuido de forma muy considerable. Si no hubiera sido por esta mejora en las relaciones con Marruecos, ahora tendríamos también un problema en la
costa de Marruecos. Por tanto, se está haciendo un enorme esfuerzo en los temas relacionados con la inmigración. Y le voy a dar otro dato, a fecha de enero a octubre de 2006 se han expulsado, devuelto o denegado la entrada a 70.809 personas; se
han hecho 130 vuelos de repatriación, 8.323 repatriados.
La inmigración es un problema muy complejo, tremendamente complejo. Hay que entender que la situación de necesidad hace que muchas personas arriesguen la vida. Hay que entender que para los países de donde salen estos inmigrantes, la
inmigración es una solución y no es un problema; no aceptan de buen grado que se den soluciones de repatriación, las opiniones públicas de estos países no ven con buenos ojos estas políticas de repatriación. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo
importante en materia de cooperación con estos países, y por eso hemos pasado de 1.850 millones de euros en 2004 de ayudas al desarrollo, a nada menos que 4.200 millones en 2007, hemos incrementado en un 127 por ciento las ayudas al desarrollo para
estos países. Estamos cooperando con ellos, porque además no tienen medios para hacer vigilancia marítima, y ahí esta la Guardia Civil, ahí está Vigilancia Aduanera, ahí está la Policía, patrullando conjuntamente para dar solución a un problema que
tienen otros países europeos. Italia no ha hecho ninguna regularización y tiene el mismo problema. Por tanto, es muy legítimo, obviamente, hacer de cualquier tema un arma electoral, de la misma forma que usted ha criticado en la forma en que lo ha
hecho, yo también tengo el derecho de exponerle y ponerle sobre la mesa todos los datos, pensando que tanto en el tema de la inmigración como en el tema de seguridad pública se hizo una mala gestión de estas políticas.
Comentaba también el tema de la productividad y los efectivos de la Agrupación de Tráfico. Quiero darle algunos datos. En relación a la productividad, hemos aumentado las cantidades dedicadas a productividad en un 20 por ciento en dos
años. El dato importante es que la percepción media de un guardia civil con el sistema anterior -el sistema actual es más transparente, menos discrecional- por sobreesfuerzo, horario nocturno y días festivos, era de 126,9 euros, y con el nuevo
sistema la cantidad es de 177,6 euros; estamos hablando de un incremento del 40 por ciento.
Me planteaba también otra cuestión en relación al tema de las cantidades a abonar a los efectivos de Tráfico. Efectivamente, faltan efectivos, pero también es una realidad que tampoco ustedes se preocuparon en exceso de los efectivos de la
Agrupación del Tráfico. Durante la época en la que gobernaron, ocho años, aumentaron 191 agentes y en estos dos años se ha aumentado en 424. Estamos estudiando algunas mejoras al complemento de productividad que permita hacer más atractiva esta
especialidad, que tiene su dificultad, está en la carretera, tiene un índice de siniestralidad importante y en muchas ocasiones tiene que atender a ciudadanos que no son muy educados. Después, si acaso, comentaremos lo que han planteado los señores
Olabarría y Guinart en relación a la educación. Cuando uno está de cara al público y tiene que atender a miles de personas diarias, no todos los que se acercan al guardia civil lo hacen con educación y con decoro, y tenemos que entender, aunque no
justificar, que en algún momento pueda darse alguna actitud de nerviosismo, que ya digo que no justifico y que creo que hay que atender.
Otro aspecto muy importante es el gasto en acción social. Hemos pasado de 25,8 euro por guardia civil a 199,
por tanto un incremento muy importante. Yo creo que más o menos he contestado a los temas que se habían planteado.
En relación al señor Hernando, ha explicado correctamente el porqué de la decisión del Gobierno de tener un mando único, y a partir de ahí yo creo que no hay que añadir nada más. Se está evolucionando bien en el tema de la coordinación, en
el tema de las bases de datos conjuntas; por lo tanto, agradecemos también su intervención.
Al señor Mardones quiero agradecerle su bienvenida, sus deseos de éxito y su apoyo y el de su grupo en temas de Estado, que es tradicional.
Permítame que le diga que han sido un grupo que, gobierne quien gobierne, -es una actitud que
aplaudo-, mantienen el acuerdo en cuestiones de Estado. Yo sé los esfuerzos que ha hecho S.S. en materia de normativa de Fuerzas Armadas. Yo estaba antes en el Ministerio de Defensa y conozco su talante. En tiempos como los actuales hay
determinados asuntos que deben estar por encima de la lucha partidaria y en este caso usted y su grupo son un ejemplo de coherencia. Agradezco también sus palabras de gratitud a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
por el trabajo que realizan en Canarias en la lucha contra la inmigración ilegal. El ministerio en muchas ocasiones ha reconocido públicamente el trabajo que están haciendo en condiciones muy duras. Es un trabajo difícil, por lo que le agradezco
que S.S., en representación de su grupo, reconozca este trabajo complicado. No he reflexionado respecto a si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias estaría mejor ubicada en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio del Interior;
no tengo formada una opinión. En cuanto a las suplencias, lo que se hace es unificar el mando pero no se unifica nada más. La suplencia tiene que ser en estos casos doble. Se estudió minuciosamente y es como tenía que ser, y como recoge la
normativa. Manifestaba una opinión favorable al mantenimiento del carácter militar de la Guardia Civil para respetar las vocaciones que en estos casos existen. Lo he comentado en muchas ocasiones: obviamente tengo una opinión acerca de si la
Guardia Civil tiene que mantener el carácter militar o no, pero lo importante no es la opinión del director de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene carácter militar porque lo han decido los ciudadanos españoles, ustedes, y el Gobierno actual ha
manifestado también reiteradamente
que la Guardia Civil va a seguir manteniendo el carácter militar. Ahí no hay más discusión y la opinión del director general en este tema no es importante. Comentaba el tema relacionándolo con la designación de un general para coordinar
todo el operativo de inmigración y preguntaba por qué no se había nombrado al general de Canarias. Fue una decisión que tomamos pensando que es una labor importante, lo cual precisa una dedicación exclusiva. Dado que tenía que coordinar medios
civiles y militares, pensamos que fuera un militar de la más alta graduación, y es un general de división, una persona con una gran capacidad de coordinación. Voluntariamente renuncié a uno de mis subdirectores generales, al general Cardiel, para
que asumiera temporalmente y de forma interina esta labor de puesta en marcha del centro de coordinación. Esos son los motivos y no otros; no se pretende disminuir la importancia del general de Canarias, ni mucho menos. El talante del general
Cardiel le está abriendo muchos caminos allí y creo que va a hacer una buena labor.
Por último, en relación con los vigilantes jurados, estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que tener un control sobre este tema porque es importante.
Hablaba S.S. de la necesidad de medios aéreos para combatir la criminalidad organizada y la inmigración ilegal y creo que es una necesidad de la Guardia Civil. Cuando llegué al cargo había un proyecto de adquisición de aviones de ala fija,
proyecto que tengo interés en impulsar. Me gustaría que la Guardia Civil, como otras policías con similares funciones, dispusiera de estos aparatos para vigilar mejor las fronteras.
En cuanto a la intervención del señor Olabarría, obviamente lamento las incomodidades que puedan ocasionar las medidas de seguridad que se han puesto en marcha en los aeropuertos. Estamos hablando de que en Madrid o en Barcelona son miles y
miles los ciudadanos que diariamente pasan por los filtros de seguridad. Bien porque llega tarde, porque está a punto de perder el avión o porque no entiende ni comparte estas medidas, no todo el mundo se acerca a estos filtros con una actitud
positiva de colaboración. En algunos casos se puede dar un episodio que puede marcar al guardia civil o al vigilante jurado, aunque en su trabajo se les pide que tengan la máxima diligencia en la atención al público. Yo también he sido sufrido
estas medidas y entiendo a veces que uno se pueda sentir mal cuando se le trata mal. Tengo que añadir que antes de venir he preguntado cómo estaba la situación en Barajas y me han respondido que AENA había recibido cuatro quejas. Me parece un
número muy insignificante para el ingente número de personas que pasan por Barajas, por los aeropuertos en este caso. Aunque no está presente el señor Olabarría, quiero también agradecerle su felicitación. Comparto su opinión de la alta
cualificación técnica del anterior director general de la Policía y espero que cuando finalice mi labor en esta responsabilidad pueda tener, si no el mismo sí un cierto grado de amistad con él. Con independencia de que nos podamos decir muchas
cosas aquí, podremos mantener una relación, al menos siempre la he mantenido y espero hacerlo en el futuro con todos los grupos.
En cuanto al asociacionismo y al carácter militar, a la posibilidad de que existan sindicatos, me atengo a lo que decía antes. La opinión del director general de la Guardia Civil sobre si tienen que existir sindicatos, no creo que sea
relevante. La realidad actual es que no solo España dispone de un cuerpo policial de naturaleza militar y de un cuerpo estrictamente policial. Tenemos el ejemplo de Francia, Italia, Holanda y Portugal; hay otros ejemplos también de fuera de
Europa. La realidad es que están analizando y siguiendo con mucha atención la experiencia de la unificación del mando. El otro me comentaban en París que, en función de los resultados electorales en las elecciones de Francia, a lo mejor estudian
una medida similar. Eso no quiere decir que se vaya a adoptar en Francia, pero el hecho cierto es que están siguiéndolo con mucho interés.
Por lo que se refiere a la Unidad de Delitos Urbanísticos, pensamos que estará en funcionamiento en el primer trimestre del año 2007. Estará conformada por una unidad central compuesta de 25 efectivos y se crearán de forma simultánea -no
poco a poco, sino de forma simultánea y a la vez- 54 equipos en las provincias, con un total de 162 efectivos. Estamos hablando de destinar alrededor de 200 guardias civiles nuevos a estas tareas, lo que constituye una necesidad sobre todo en el
territorio de la Guardia Civil. Han surgido operaciones importantes en la demarcación de policía, pero creo que es necesario dar una respuesta a esta problemática. En cuanto llegué a la dirección general -en aquel momento, Guardia Civil-, en
agosto, empecé a hablar de la necesidad de incidir en el aspecto policial en la lucha contra estos delitos y desafortunadamente el tiempo me está dando la razón, Mi intención es que estas unidades sean dependientes de la Fiscalía Anticorrupción en
su totalidad. En los temas de corrupción urbanística creo que pierden todos los grupos políticos.
Independientemente de que uno u otro caso afecte a un grupo político o a otro, afectan al trabajo de muchos responsables políticos que creen que la
política es una actividad de servicio noble, y el descrédito que se produce es para todos los ciudadanos. Yo nunca me alegro cuando hay un caso de corrupción urbanística que afecta a un partido en la oposición, obviamente tampoco cuando es del
partido del Gobierno al que pertenezco, pero en temas de corrupción urbanística hay que ser contundente y con las medidas que vamos a poner en marcha vamos a dar un impulso en este sentido.
Al señor Guinart, quiero agradecerle su bienvenida. Mi intervención ha sido para S.S. exhaustiva pero para otros grupos ha sido escasa o poco rigurosas. Todos los grupos a excepción del PP han entendido que se dado las explicaciones y se
ha entrado en una comparecencia en profundidad. No es un paso más en la unificación de los cuerpos. Insisto en que se ha unificado el mando, pero se mantiene la idiosincrasia de ambos cuerpos.
Se
potencian las estructuras operativas con las designaciones de dos direcciones adjuntas operativas y se pretende avanzar en mayor medida en que son equipos conjuntos de investigación en toda las materias criminales en las que sea posible, así
como en materias de formación comunes. Ahora estamos trabajando en la unificación de materias formativas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.
Hemos asimilado los impedimentos físicos que se ponían para acceder a la Guardia
Civil y los hemos unificado con los del Cuerpo Nacional de Policía.
Hay un tema que tiene su importancia. Quizás alguien piense que es menor, pero está relacionado con la psicología, y es que se va a producir una mayor relación entre los mandos de la Policía y de la Guardia Civil, lo cual va a suponer que
se van a conocer más, que van a trabajar más cómodamente de forma coordinada, que se van a romper determinados estereotipos que algunos tienen, todo lo cual repercutirá en una mejora de la coordinación y la eficacia. Tomo nota de algunos aspectos
que ha subarayado en la mejora de la colaboración o coordinación con los Mossos.
Francamente creo que la colaboración con los Mossos d'Esquadra es buena.
Asistí no hace mucho a una junta de seguridad en Cataluña donde se analizaron estos
mecanismos y se pusieron en marcha otros de acceso a bases de datos. En mi opinión, hay una buena colaboración y la cooperación es satisfactoria. En policías locales, estamos trabajando con la Federación de Municipios en un protocolo en donde se
van a dar funciones de Policía judicial a policías locales. La problemática en este aspecto es fácil de entender: no es lo mismo la Policía, local de Madrid que la de un municipio de 200 ó 300 habitantes. No es la misma formación en muchos casos.
Estamos estudiando la posibilidad de que determinadas funciones de Policía judicial puedan ser asumidas por policías que tienen una preparación superior a otras.
Al señor Maldonado quiero responderle que viví muy de cerca -porque prácticamente acababa de llegar- el tema de los asaltos a chalés en Tarragona. El ministro fue rápidamente allí y enviamos muchos guardias civiles a Cataluña, aunque siento
no poder darle el número. S.S. ha avanzando que por cortesía parlamentaria iba a aceptar mi respuesta.
Obviamente no poseo este dato tan concreto, pero sí sé que una parte importante fueron a Tarragona. La necesidad de más guardias civiles y
policías es de toda España. Puedo esgrimir como crítica que no terminé de entender que fueran guardias civiles en prácticas. El guardia civil en practicas es un guardia civil que tiene el componente de agente de la autoridad y también tiene un
elemento disuasorio importante. En aquel momento se detuvieron a algunas bandas responsables de los asaltos, pero esto no quiere decir que mañana no pueda entra una nueva banda y pueda volver a provocar la misma alarma social. En estos casos es
muy importante incidir rápidamente, porque también se lanza un mensaje al delincuente de que este país trabaja seriamente para combatir el delito y la delincuencia, cosa que otros países más del entorno centroamericano no pueden decir lo mismo, y lo
estamos viendo diariamente. Los asaltos a chalés crearon una alarma social y una percepción subjetiva de inseguridad mucho más alta de lo que decían las encuestas, porque en los robos o delitos contra el patrimonio en Tarragona la estadística ponía
de manifiesto una disminución. El hecho de que uno pueda sufrir un delito, complementado con una violencia gratuita, hizo que la percepción subjetiva de inseguridad se elevara, exactamente igual que pasó con el secuestro de un niño que se produjo
en Torrepacheco. En aquel caso, cuando se me comunicó, me preocupó muchísimo. Siempre me preocupa cualquier hecho delictivo, pero este caso me preocupaba por dos aspectos fundamentales: primero porque era un secuestro exprés y un secuestro exprés
genera una alarma social tremenda. ¿Por qué? Porque el concepto tradicional del secuestro a una persona de la calle no le afecta porque piensa que solo se secuestra a una persona con un gran patrimonio y en el caso del secuestro exprés puede ser
víctima cualquiera; y en segundo lugar se combinaba con un elemento muy atávico que tenemos las personas, que son los niños. Se resolvió el secuestro en un tiempo récord, creo recordar en que dieciséis o diecisiete horas y creo que fue el mejor
mensaje que se podía lanzar contra determinada bandas que puedan intentar en España implantar este tipo de delitos: que aquí no hay impunidad y que se actúa de forma rápida y contundente. Siento no poder darles los datos que me pedía de cuántos
efectivos fueron a Tarragona, y de cuántos eran agente en prácticas. Lo que sí le puede decir es que las personas que se enviaron con los guardias civiles que se presentaron cuando estuvo el ministro eran agentes en prácticas. Después sí hubo
concurso de traslados, pero en aquel momento eran guardias en practicas, que tienen ya su formación, que tienen este componente de agentes de la autoridad, que cumplieron y están cumpliendo su trabajo.
La señora PRESIDENTA: Si los grupos parlamentarios quieren intervenir les rogaría que se atuvieran a cinco minutos, porque todavía nos queda otra parte del orden del día. Tiene la palabra la diputada Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Intentaremos cumplir la petición de la señora presidenta. Señor director general, es curioso que en estilos cada uno tenga el suyo y evidentemente todos son posibles, legítimos y lícitos. Lo que ocurre es
que, en el caso de su respuesta, a mí me ha parecido de una coincidencia absoluta con la que realiza un diputado que está ejerciendo como tal no con la de un alto cargo del Ministerio del Interior, en este el mando único. Señor Mesquida, su
respuesta ha sido absolutamente decepcionante, debo decirle que hasta me ha parecido mejor la del señor Hernando que la suya. Ha incorporado algunas frases repetidas y reiteradas por su partido en determinados
mítines tales, como lo de barrer las calles, incumplimiento, si querían seguridad que se la pagaran... Se ve que no ha escuchado últimamente lo que dice la señora Tura cómo consellera de la Generalitat de Catalunya.
Si esa es la repuesta
del mando único de este Gobierno, una repuesta propia del ejercicio de la actividad parlamentaria y no una respuesta con explicaciones y sólida, al margen del respeto al estilo de cada uno, debo decirle que me ha parecido absolutamente
decepcionante. En primer lugar y por lo que se refiere al ataque despiadado a una determinada persona aquí presente, quiero decirle que en el ejercicio de la portavocía que ostento, no he realizado ningún ataque despiadado. Ustedes han puesto en
mi boca cosas que no he dicho. He ejercido funciones judiciales, he tenido esa responsabilidad durante años, conozco muy bien las diferencias y conozco muy bien el rigor con el que me he expresado. He manifestado que estaba siendo objeto de la
sustanciación de una pieza separada. No está -y, si no, que se compruebe en el 'Diario de Sesiones'- en ningún momento la palabra imputado al señor Telesforo Rubio por parte de esta señoría. Vuelvo a reiterar lo que he dicho. La ausencia de
colaboración con el ámbito judicial y el que se haya tenido que sustanciar una pieza separada en un procedimiento judicial de la Audiencia Nacional son hechos reales, están ahí y pueden ser perfectamente cuestionados y valorados por un grupo
parlamentario porque es la realidad. Únicamente me he referido como imputado al señor Santano -lo he dicho con propiedad- como comisario general de Policía científica, quien lo ha sido por la juez Gallego; en ese caso sí se ha desarrollado el auto
de procesamiento, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No confundan ni digan cosas que no se han pronunciado, porque se han dicho con rigor, tanto al señor Hernando como a usted, aunque parece que no han escuchado con la debida
corrección. Diré más sobre la valoración que he hecho respecto a la actuación del señor Telesforo Rubio. Nuestro grupo parlamentario reitera, la falta de profesionalidad que tuvo al frente de la Comisaría General de Información, la purga que
realizó a determinados cargos, la falta de colaboración que tuvo y los problemas que supusieron para los ministros Alonso y Rubalcaba. Usted sabrá por qué a una persona que ha ejercitado su cargo con esa ausencia de profesionalidad se la asciende a
la Subdirección del Gabinete Técnico. Estoy absolutamente legitimada para valorar la profesionalidad de ese cargo publico o de cualquier otra persona que ostente responsabilidades en el Gobierno o en la Función Pública.
Respecto a la comparecencia en materia de seguridad, señor Mesquida, el usted más, ustedes hicieron ... Si quiere se cambia y se pone en mi lugar, me voy yo allí, habla usted del Gobierno del Partido Popular y tendríamos un mejor reparto de
papeles, porque que el mando único en su primera comparecencia diga que en seguridad ustedes decían que se la pagaran, que el PP gestionó de forma pésima la seguridad del Estado, que habían barrido las calles... Le voy a dar unos datos,
apúntenselos porque así actualizan los que tienen. Como el señor Hernando reitera los mismos datos, me sorprende que venga aquí a decir únicamente eso, así que le ruego que se apunte los siguientes datos. En el año 1982, cuando el Partido
Socialista empezó a gobernar la tasa de criminalidad estaba en un 16 por ciento. Cuando ustedes abandonan el Gobierno la tasa se criminalidad en España está en el 44 por ciento. Si quiere, hacemos la resta y vemos el incremento de los puntos de la
tasa de criminalidad, es decir, por cada mil habitantes el número de infracciones penales se incrementó con su Gobierno, con el Gobierno del Partidos Socialista Obrero Español en 28 puntos. Este grupo parlamentario no le va a permitir que dé
lecciones de nada cuando ustedes gestionaron eso de la peor manera posible. Y aquí están los datos de la tasa de criminalidad, no se los inventa este grupo parlamentario. Habla S.S. de 14 años, le contesto que en solo 8 años la tasa de
criminalidad con el Gobierno socialista pasa del 16 al 40,3; para que usted compare periodos de tiempo equivalentes a los del Gobierno del Partido Popular, ustedes aumentan 24 puntos. ¿Sabe cuánto aumenta la tasa de criminalidad en esa gestión tan
pésima de la que usted no puede coger ejemplo? Ese dato hubiera requerido un poco de humildad, porque S.S. tendría que escuchar los planteamientos que hace la oposición para intentar mejorar su gestión de Gobierno. Cuando lo hizo el Partido
Popular, en el año 1996, había un tasa del 44, y nosotros nos vamos con una tasa del 46,8, solo 2,8 puntos de incremento de la tasa de criminalidad, frente a un Gobierno del Partido Socialista que aumenta en 28 y 24 puntos. Desde luego, los que no
les vamos a aceptar lecciones somos los miembros del Partido Popular. Respecto a la gestión de personal, ¿sabe usted cuántos efectivos policiales, de la Policía Nacional, tuvieron en todo el periodo de Gobierno Socialista? ¿Quiere que se lo diga?
Porque a lo mejor le sorprende el dato de que con nosotros desaparecieron los policías. Desde 1982 hasta 1996, únicamente con el total de la ofertas de empleo público, ascendieron a 9.500 policías; el Partido Popular en 8 años tuvimos 22.037
efectivos policiales. Cuente los efectivos policiales, la oferta de empleo publico que el Gobierno socialista hizo en ese periodo de tiempo. Solo en 8 años -vuelvo a hacer la misma comparación- el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español en
las convocatorias tenía un total de 7.920 efectivos policiales. No nos venga a dar lecciones y a hablarnos ahora de la pérdida vegetativa, cuando fue culpa de la gestión del Gobierno del Partido Socialistas. Sí señor, aquí están los datos: 9.530
frente a 22.000 en 8 años del Gobierno del Partido Popular..
Hay un tema en el que a ustedes les gusta ahondar mucho, es el relativo a los tres puntos del gasto público. Ustedes les dan dinero, pero desde luego que el Partido Popular les dio también dinero. Infórmese de manera más exhaustiva y
rigurosa porque sí hubo aumentos salariales con el Gobierno del Partido Popular a la Guardia Civil. Cuando se fueron ustedes los miembros
de la Guardia Civil sabían que no había dinero para pagar el gasoil ni para patrullar, carencias absolutamente manifiestas. El Partido Popular lo que no hacía era quitarles dinero. Me parece una falta de rigor y una falta de respeto a los
ciudadanos que nos den lecciones cuando en ningún momento las pueden dar, porque desgraciadamente forma parte de la historia de este país y de la historia de los ciudadanos españoles.
Respeto a la inmigración, si lo único que tiene que decir como mando único es lo que ha hecho mal el Partido Popular y que por culpa del Partido Popular y de esas cinco regularizaciones ustedes están como están, me siento yo ahí y usted
viene aquí y ejerce el papel de la oposición, que es lo único que ha hecho en su respuesta. Preguntaba el señor Hernando si tenemos algún estudio. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, de la señora Carmen Alcaide, que es un miembro de
su Gobierno y desde luego en el Gobierno actual no está el Partido Popular: 1.300.000 inmigrantes más en situación de irregularidad después de esa regularización que decía el señor Zapatero que iba a dejar el contador a cero. Debe ser el contador
a cero, pero con el cero a la izquierda no a al derecha, porque no se dio cuenta de que empezaban a computar otra vez esa situación. Señor Mesquida, para un ciudadano que esté comprobando la dinámica de este comparecencia lo más indignante es que
el mando único, que se supone es usted, el que debe establecer las políticas programáticas en la lucha contra esos dos principales objetivos que hemos establecido hoy: la seguridad ciudadana y la inmigración (podríamos hablar de la violencia, de la
colaboración con las fuerzas policiales autonómicas y ahí están los ejemplos del Aeropuerto de El Prat, o la suspensión de la cumbre de la Vivienda, que demuestran su eficacia policial y su gran colaboración), como decía, para un ciudadano que nos
esté viendo, la respuesta del Gobierno hoy es que con la inmigración, el Partido Popular más o peor. ¿Dónde están las soluciones de este Gobierno? ¿Dónde está el reconocimiento de este Gobierno de que la inmigración ilegal está siendo la noticia
diaria en todos los medios de comunicación de este país, y preocupación de los ciudadanos españoles? ¿Dónde está la responsabilidad del mando único diciendo y reconociendo que no solo se ha incrementado la alarma social en la inseguridad ciudadana,
sino que ha aumentado en 10 puntos la valoración de los ciudadanos españoles en el CIS respecto a la preocupación de la seguridad ciudadana?
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, vaya acabando.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo, señora presidenta. Ustedes tienen que actuar a posteriori enviando 264 guardias civiles -le recuerdo el número por si algún asesor se lo puede pasar, aproximadamente esa era la cifra de los guardias
civiles que tuvieron que ir a Tarragona- a la zona de despliegue, porque no fue suficiente como nosotros habíamos denunciando. Entonces sí tuvo que ir corriendo el señor Rubalcaba a ver que solución daba a posteriori. Y seguimos teniendo los
problemas de secuestros, seguimos teniendo robos con violencia y con intimación, y seguimos teniendo un problema de inseguridad gravísimo. A pesar de ese apagón informativo del que no tenemos conocimiento ninguno de los ciudadanos en ninguna
provincia, porque hay orden de no facilitar datos, le voy a preguntar si en ese 4,6 estaban computados los datos de seguridad de los Mossos d'Esquadra desde principio de este año en la zona de despliegue de la Policía Nacional. ¿Se los han
facilitado o han descendido en este semestre precisamente porque no figuran los datos de la segunda ciudad más importante en incremento de criminalidad que es Barcelona y su área metropolitana? Si los Mossos d'Esquadra no se los envían porque ahora
los asumen ellos desde el 1 de enero, a ustedes le van salir una media del 4,6. Decía el señor Hernando que nosotros nos inventamos los datos. Están aquí, señor Hernando, a lo mejor usted no los tenía y tampoco los ha leído en un medio de
comunicación, pero según la Dirección General de la Guardia Civil, servicio de informática y estadística, sección de estadística: crecimiento en ese primer semestre de un 6 por ciento. Vengan aquí a contar la realidad de este país y los problemas
graves que tienen, pero no nos den lecciones ni pronuncien mítines porque los mítines se pueden entender más desde la oposición, pero no desde el ejercicio responsable y riguroso de la gestión de Gobierno, que debería realizar usted.
Una pregunta final que espero me conteste con mayor precisión que en su intervención anterior. Respeto a la lucha contra el terrorismo, contra ETA, ¿cómo está, en qué nivel de actuación e investigación se encuentra por parte del mando
único, y qué información puede facilitar a esta Comisión de Interior sobre el robo de esas armas en territorio francés? Explíquemos cuáles están siendo las investigaciones y en qué situación se encuentra ese hecho en concreto por el que le estoy
preguntado y sobre el que espero S.S. se pronuncie.
La señora PRESIDENTA: Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora Sánchez-Camacho, tiene todo el derecho parlamentario a criticar a un miembro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo único que le digo es que reflexione sobre lo que políticamente significa que
permanentemente estén linchando a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando no les gustan sus actitudes. Reflexione sobre eso. Y en relación con este tema, reflexionen también respecto a la última pregunta que le ha
hecho al director general, si es razonable que un ex ministro de Interior, cuando se ha producido un hecho gravísimo como es robo de armas, al que me imagino que director general se va referir, porque ha estado en Francia, me consta que ha estado en
Francia, para intentar investigar y aclarar este tema, el señor Acebes, haya dicho que si la pistolas van a ser colgadas en los
árboles de Navidad estas Navidades. Esto es lo que ha dicho el señor Acebes. ¿Es razonable que un ex ministro del Interior, respecto a un hecho tan gravísimo, frivolice de la manera que lo ha hecho? Reflexionen también si esto es
razonable políticamente.
En cuanto a la inmigración y a la entrada irregular de inmigrantes, lo único que le he dicho es que no hay ningún dato empírico, ninguno, ni lo que está diciendo de la señora Alcaide me vale, que demuestre que el proceso de documentación
crea el efecto llamada, ningún dato empírico, ninguno, ningún estudio; se lo dice cualquier estudioso.
Y respecto al tercer tema, porque quiero ser muy breve, ha nombrado usted aquí a otro miembro del Cuerpo Nacional de Policía, a otro responsable de los servicios de investigación científica, de Policía científica. Vamos a ver cómo acaba la
instrucción. Me da la impresión de que cuando se produzca el juicio del 11 de marzo y haya sentencia, la sentencia a ustedes no le va gustar, porque va a poner de manifiesto que ustedes mintieron, que ETA no tienen nada que ver y que el informe que
ustedes están utilizando, y han tergiversado otras personas, es un informe que es una simple tergiversación con la intención de cubrir las mentiras de los días 11, 12, 13 y 14 de marzo. Yo solo espero que ese día, el día que haya sentencia sobre
los atentados del 11 de marzo, alguno de ustedes adopte alguna responsabilidad respecto a su futuro político, porque es lo que tiene que hacer después de todo lo que han dicho. Y al revés, fíjese, y al revés; perfecto. ¿Pero van a adoptar alguna
responsabilidad? Le dejo esa pregunta señora Sánchez-Camacho. No quiero seguir para que el señor Olabarría no diga que la troupe está en marcha. Quería termina con un poco de humor porque a veces es necesario para distender esas cosas.
La señora PRESIDENTA: El señor Guinart tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Voy a ser muy breve también; solamente quiero hacer dos o tres comentarios muy puntuales. Ha dicho el señor director general, doctor Mesquida, que nadie puede asegurar que mañana no vaya a entrar un banda, cuando se
refería a la respuesta del señor Maldonado con relación a esos ataques eso de extrema violencia. Supongo que se refería a entra por la frontera francesa y a una banda probablemente de delincuentes del Este, que son los que se ha ido comprobando que
realizaban esos ataques que han producido esa alarma social, aunque estadísticamente no se haya reflejado. Esto trae a colación el comentario de la petición de reforzar el control de fronteras, sobre todo la frontera de los Pirineos, sin que de
esto pueda deducirse que estemos, ni mucho menos, relacionando inmigración con delincuencia, pero es verdad que se constata este hecho de que pueden entrar bandas; usted lo decía implícitamente en su afirmación. En este sentido, deseo pedirle,
como diputado de Girona en este caso, que siga de cerca la construcción o las obras del cuartel de la Guardia Civil de La Junquera. Las fronteras no solo se vigilan por parte de la Policía Nacional en los puestos fronterizos de control de entrada,
sino en el resto de la línea territorial de la frontera y por ahí entran esas bandas. Por ahora el cuartel de la Guardia Civil de La Junquera está en obras, va muy lento, según me he podido enterar, y me gustaría que el director general siguiera
más de cerca o impulsara esta infraestructura, que ha de permitir un trabajo más cómodo por parte de esta fuerza de seguridad.
En segundo lugar, entiendo que esto no tiene una connotación de medida política directa, pero sí el comentario sobre la unificación, el proceso de unificación, que me decía usted que se paraba ahí, que hacía un alto en el camino, pero
entiendo que se hablaba de un próximo paso. Un paso es una parte de un camino y de un proceso, ¿no? Luego usted mismo comentaba que hablaba de equipos conjuntos en según qué materias especializadas, hablaba usted de formación conjunta, hablaba
usted de efectos psicológicos de esta unificación, de esta proximidad supongo que respecto a la amistad entre los mandos, para evitar los recelos que puedan existir entre ellos a la hora de adjudicarse éxitos o fracasos, en según qué tipo de
actuaciones, o supongo que esa tendencia a que esa amistad puede hacerles también compartir los éxitos en acciones policiales. Con lo cual, deduzco de esto que hay un proceso en marcha que puede luego, por maduración, prosperar o no, pero que lleva
hacia esta unificación. En nuestro grupo se piensa que no sería malo para el país la simplificación del modelo policial, que ya hemos complicado de buena manera, pero justificadamente con la policías autonómicas. La unificación a nivel de la
Policía estatal en ese territorio tal vez pueda simplificar acciones, lo cual significaría mayor coordinación y, por tanto, mayor eficacia; ello supondría un avance más rápido en esa unificación que ustedes han pasado ahora mismo en este punto.
Yo he comentado otros temas que usted no ha contestado; entiendo que no da para tanto, pero sí le pediría por favor que me contestara en relación al cometario de los desparecidos y a las acciones que se puedan realizar en este ámbito. Y
acabo reiterando la petición de información sobre los datos de Tarragona, el número de efectivos, si están, si no están, cuántos fueron, etcétera, porque en el territorio de Tarragona se tiene mucho interés en conocer esta información, y a partir de
ahí tomar medidas o hacer sus consideraciones pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para finalizar y cerrar ya este debate, el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): No tengo ninguna voluntad de dar lecciones a nadie, lo que creo es que como siempre, y además no me sorprende porque es la mecánica parlamentaria de esta
casa, uno puede venir, dar todas las explicaciones, aportar soluciones,
pero el guión de la oposición siempre es el mismo: Usted llega tarde, usted da unas opiniones o unas explicaciones insuficientes, ha sido decepcionante. Cuando se plantea aquí el guión, en este caso de la señora Sánchez-Camacho, de todo es
un desastre, la criminalidad evoluciona muy mal, uno tiene que pensar y decir, si ahora ellos creen que todo está tan mal, vamos a ver cómo lo hacían. Uno analiza y dice, efectivamente no lo hicieron bien. Yo no pretendo vivir durante cuatro años
de lo que ustedes hicieron mal. Es verdad que ustedes han vivido durante ocho años de todos los años que gobernó el Partido Socialista, incluso siguen viviendo ahora, porque acaba de decir no sé qué de que quitábamos el dinero a la Guardia Civil
(La señora Sánchez-Camacho Pérez: Eso no es verdad.) Todavía siguen viviendo de aquello. El otro día resucitaban el caso Filesa. Ustedes hicieron oposición durante muchos años, por tanto no sé de qué se sorprenden. Ahora mismo lo único que están
viendo es esa actitud y además creo que es negativo entrar por ahí.
Yo prefiero hacer un debate sobre propuestas, sobre soluciones a los temas que se han planteado, pero obviamente a usted este debate no le interesa.
Lo que le interesa es debatir que la inseguridad ciudadana va muy mal, que la inmigración
es un desastre. La realidad no es esta. Tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 6 años, pero esto no le interesa. Tenemos la tasa de criminalidad juvenil más baja de los últimos 6 años, pero tampoco le interesa; tenemos la mayor
tasa de eficacia policial de los últimos 6 años, y le doy los últimos 6 años porque son los papeles que tengo aquí. Si miramos más atrás seguramente serán datos mejores, pero esto no interesa. Lo que interesa es lanzar un mensaje de caos. Este es
el terreno de juego, esto hay que entenderlo así; ustedes lo entienden mejor que yo; el terreno de juego de la oposición es el terreno de la crispación o se ha convertido en el terreno de la crispación, en el terreno en el que todo va mal,
independientemente de que cualquier cuestión que se pueda poner en positivo siempre sea descalificada. No me ha gustado, y respéteme que siendo un humilde director general pueda decirle que no me ha gustado, el comentario personal que ha hecho. Ya
le digo, no es mi estilo ni la forma de hablar a la gente; yo creo que se puede ser contundente cuanto uno tiene argumentos. (La señora Sánchez-Camacho Pérez: No he hecho ningún ataque personal, sino profesional.) Los que estamos aquí seguramente
no coincidiríamos y seguramente estarían de acuerdo en que sí ha habido un ataque personal importante. Por tanto, si ustedes creen que no deberíamos entrar a valorar lo que hicieron en los últimos años, pues quizá tampoco ustedes, por coherencia,
deben entrar a valorar lo que se hizo en los años anteriores. En definitiva, y aquí se han aportado soluciones. Me preocuparía si los calificativos que hubiera recibido, por parte del Partido Popular, fueran otros, porque ya se sabe que cuando a
uno le aplauden, hay que preocuparse. Por tanto, entiendo que su intervención ha sido la que ha sido.
Me preguntaba en relación con el robo de armas que se produjo el otro día.
Esto es una investigación que está llevando a cabo la Policía francesa.
Yo tuve oportunidad de reunirme con el director general de la Policía y con los altos mandos
de la lucha contraterrorista hace escasamente 6 u 8 días en París. Me pusieron al corriente de las investigaciones del robo de 341 armas cortas, y me pidieron alrededor de 10 o 15 días de plazo para finalizar determinadas pruebas que estaban
haciendo, en el curso de las investigaciones, para confirmar o no la autoría de este robo.
Independientemente de que el curso de las investigaciones ponga de manifiesto o vaya en la línea de que puede haber sido ETA quien haya llevado a cabo este
robo, está la prudencia con una investigación que está abierta y un comentario que hacen los investigadores de determinar un plazo, que lo pusieron ellos, de 10 o 15 días para confirmar definitivamente quién fue el autor del robo de esta armas. Y
esto es hasta donde les puede contar.
La señora PRESIDENTA: Voy suspender la sesión de la Comisión por unos minutos, cuatro cinco minutos, y reanudamos enseguida. (Pausa.)
PREGUNTAS:
DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-VALORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ANUNCIO, POR PARTE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID EL 24/01/2005, DE DETENCIONES BASADAS EN INDICIOS POLICIALES QUE NO EXISTÍAN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de
expediente 184/85597). (Número de expediente 181/002766.)
-MOTIVOS POR LOS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AFIRMA QUE EN ESPAÑA 'LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS ESTÁN ASEGURADOS COMO NUNCA' SIN PEDIR DISCULPAS A LOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR DETENIDOS ILEGALMENTE, SIENDO ÉSTA LA
PRIMERA VEZ QUE EN DEMOCRACIA SE PRODUCE UNA DETENCIÓN ILEGAL POR RAZONES POLÍTICAS Y NO CONDENA TALES DETENCIONES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85598). (Número de expediente 181/002767.)
MOTIVOS POR LOS QUE EL MINISTRO DE DEFENSA SOSTIENE, TRAS LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MADRID DE 08/05/2006 QUE CONDENA A TRES FUNCIONARIOS POLICIALES POR LOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y COACCIONES, QUE DICHOS POLICÍAS 'ACTUARON DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE ESTABLECEN LAS
LEYES Y EL ESTADO DE DERECHO' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85599). (Número de expediente 181/002768.)
-OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI UNOS POLICÍAS QUE DETUVIERON ILEGALMENTE A UNOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR SIN PRUEBA ALGUNA DE QUE HUBIERAN PODIDO COMETER UNA AGRESIÓN QUE NO EXISTIÓ, QUE FALSIFICARON DOCUMENTOS OFICIALES PARA
IMPUTAR A DOS INOCENTES, QUE COACCIONARON Y CESARON AL POLICÍA QUE NEGÓ A TALES DETENCIONES ILEGALES, ACTUARON DE 'MANERA PROFESIONAL Y AUTÓNOMA' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85600). (Número
de expediente 181/002769.)
-MANTENIMIENTO POR EL GOBIERNO DE QUE LOS POLICÍAS CONDENADOS POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
número de expediente 184/85601). (Número de expediente 181/002770.)
-AUTOR DE LA ORDEN DADA A LA POLICÍA PARA INVESTIGAR Y TRATAR DE LOCALIZAR A LOS AUTORES DE LA AGRESIÓN DENUNCIADA POR EL SR. BONO EN EL TRANSCURSO DE LA MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL 22 DE ENERO DE 2005
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85602). (Número de expediente 181/002771.)
-PUESTO AL QUE HA SIDO TRASLADADO DON RODOLFO RUIZ, QUIEN, COMO COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE MADRID HA SIDO CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, DE 08/05/2006, POR LOS DELITOS DE
DETENCIÓN ILEGAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y COACCIONES Y FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR EN EL NUEVO DESTINO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85603). (Número de expediente 181/002772.)
-PUESTO AL QUE HA SIDO TRASLADADO EL POLICÍA 16.259, CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 08/05/2006 POR LOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR EN EL
NUEVO DESTINO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85604). (Número de expediente 181/002773.)
-PUESTO AL QUE HA SIDO TRASLADADO EL POLICÍA 19.101, CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 08/05/2006 POR LOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR EN EL
NUEVO DESTINO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85605). (Número de expediente 181/002774.)
-FASE DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ABIERTO AL POLICÍA 14.296, CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 08/05/2006 Y MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA número de expediente 184/85606) (Número de expediente 181/002775.)
-FASE DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ABIERTO AL POLICÍA 16.259, CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 08/05/2006 Y MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA número de expediente 184/85607).
(Número de expediente 181/002776.)
FASE DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ABIERTO AL POLICÍA 19.101, CONDENADO POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 08/05/2006 Y MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA número de expediente 184/85608). (Número de expediente 181/002777.)
-PREVISIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DE FACILITAR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNO DE LOS POLICÍAS CONDENADOS POR LOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y COACCIÓN, POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MADRID DE 08/05/2006 Y SI DICHA JUBILACIÓN ANTICIPADA IMPEDIRÍA LA SANCIÓN DE EXPULSIÓN DEL CUERPO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85609). (Número de expediente 181/002778.)
-NUEVO DESTINO Y SERVICIO QUE LE FUE ASIGNADO Y QUÉ FUNCIONES LE CORRESPONDÍA DESEMPEÑAR AL INSPECTOR 16.444, TRAS SER CESADO COMO JEFE DE GRUPO DE CONFLICTIVIDAD LABORAL Y SOCIAL DE LA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE MADRID (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85610). (Número de expediente 181/002779.)
-POSIBILIDAD DE QUE EL INSPECTOR 16.444 SEA RESTITUIDO EN EL PUESTO DEL QUE FUE CESADO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85611). (Número de expediente 181/002780.)
-MOTIVOS POR LOS QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR MANTIENE QUE EXISTEN MOTIVOS RACIONALES PARA ENTENDER LA IMPLICACIÓN DE LOS DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR EN LA AGRESIÓN AL SR. BONO CUANDO TODAS LAS EVIDENCIAS, LOS VIDEOS, LAS FOTOS, LAS
DECLARACIONES, ETC, APUNTAN A QUE LAS AUTORIDADES EN NINGÚN MOMENTO FUERAN AGREDIDAS FÍSICAMENTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85612).(Número de expediente 181/002781.)
-OPINIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A SI LA CONDUCTA DEL INSPECTOR 16.444 EN EL ASUNTO DE PRESUNTAS AGRESIONES AL SR. BONO, REPRESENTA UN EJEMPLO DE POLICÍA JUDICIAL QUE, CON BUENA FE, EN CONCIENCIA Y CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS, SE NEGÓ A PRACTICAR LAS DETENCIONES DE PERSONAS CONTRA LAS QUE NO HABÍA ELEMENTOS INCRIMINATORIOS PARA RESTRINGIR SU LIBERTAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85613). (Número de
expediente 181/002782.)
-OPINIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA AFIRMACIÓN DEL COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE MADRID EL 24/01/2005, EN EL SENTIDO DE QUE 'SI EL MINISTRO DICE QUE LE HAN PEGADO, LE HAN PEGADO, Y ESO NO SE CUESTIONA'
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85614). (Número de expediente 181/002783.)
-OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE QUE EL SR. PÉREZ RUBALCABA, TAL Y COMO ASEGURÓ EN SESIÓN DE CONTROL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL PASADO 17 DE MAYO, VIERA CON SUS PROPIOS OJOS UNA AGRESIÓN AL SR. BONO QUE NO EXISTIÓ,
COMO ASÍ CORROBORARON HASTA CATORCE POLICÍAS, INCLUIDOS LOS ESCOLTAS DEL SR. BONO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85615). (Número de expediente 181/002784.)
-IDENTIDAD DE LOS MANIFESTANTES QUE, SEGÚN EL SR. PÉREZ RUBALCABA, VIERON LA AGRESIÓN AL SR. BONO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85616). (Número de expediente 181/002785.)
-EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO AL HECHO DE QUE, EL MISMO DÍA EN QUE EL SR.
RUBALCABA AFIRMA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE VIO CON 'SUS PROPIOS OJOS' LA AGRESIÓN INEXISTENTE AL SR. BONO, LA CADENA SER DIFUNDIERA LA EXISTENCIA DE UNA
TESTIGO QUE HABÍA DENUNCIADO EN PAMPLONA, DIECISÉIS MESES DESPUÉS, EL INTENTO DE AGRESIÓN AL SR. BONO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85617). (Número de expediente 181/002786.)
CREDIBILIDAD PARA EL GOBIERNO DE LAS DECLARACIONES DE HASTA CATORCE
FUNCIONARIOS POLICIALES COINCIDENTES EN QUE NO HUBO AGRESIÓN AL SR. BONO DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE APOYO A LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente
184/85618). (Número de expediente 181/002787.)
-INDICIOS DE AUTORÍA DE UN DELITO DE ATENTADO CONTRA EL SR. BONO A LOS QUE SE REFERÍA EL ENTONCES MINISTRO DE INTERIOR EN SU COMPARECENCIA DE 03/02/2005 PARA JUSTIFICAR LA DETENCIÓN DE DON ISIDORO BARRIOS Y DOÑA ANTONIA DE LA CRUZ
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA número de expediente 184/85619). (Número de expediente 181/002788.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Pasamos al punto de orden del día de preguntas, que traen causa del artículo 190.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados y del 189.3 en relación con el 183 del Reglamento del Congreso. Señora Torme, tiene la palabra, pero me gustaría
que nos informara de si quiere hacer todas las preguntas una a una, individualmente, o agruparlas, si le parece, por las materias más similares o análogas.
La señora TORME PARDO: Si, sepora presidenta, para facilitar la respuesta del director general, ya le he comentado a él, con carácter previo al inicio de este trámite, la intención de agrupar algunas de la preguntas.
Algunas de ellas
afectan a cuestiones muy distintas, con lo cual yo creo que no sería operativo a la hora de clarificar la respuesta que se tramitaran de forma conjunta. De manera que yo ya le he indicado el orden que voy a seguir, en principio el que está previsto
en el orden del día de la propia Comisión, con algún cambio que ya le he anunciado anticipadamente para que él supiera el orden que iba a seguir en la formulación de la mismas.
La señora PRESIDENTA: Perdone. Le ruego que si puede, antes de hacer la pregunta, aluda a su número para que los servicios de la Cámara puedan saber de qué estamos hablando.
La señora TORME PARDO: De acuerdo.
Señor director, como ha señalado la señora presidenta, nos encontramos ante un trámite, que es el de conversión de preguntas escritas, que se han formulado para su contestación por escrito al Gobierno, que como este ha incumplido el plazo de
respuesta a esas preguntas, se convierten automáticamente, previa petición de amparo, en preguntas orales que el Gobierno tiene que venir a responder obligatoriamente en esta primera sesión de Comisión. Desde luego, usted es la persona adecuada,
porque es usted el mando único, el responsable político del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, ya que todas estas preguntas que están aquí pendientes tiene que ver con hechos que se han producido por el Cuerpo Nacional de la
Policía, hechos tan graves que han supuesto una sentencia judicial en la que se condena a tres policías por los delitos de detención ilegal, de falsificación documental y de coacciones. Desde luego, nos encontramos con un asunto de suma gravedad,
que a dos personas, dos ciudadanos inocentes que acuden a una manifestación de apoyo a la víctimas del terrorismo, se les detenga sin que haya ninguna prueba, sin que haya ningún indicio. Ciudadanos inocentes ven vulnerado uno de los derechos
sagrados en una democracia que es el de la libertad, en este caso la libertad para asistir a una manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo. Y ante un hecho tan grave como éste, que ha traído como consecuencia una condena por esos tres
delitos a tres policías, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el Gobierno no ha venido aquí a dar explicaciones. Una vez que ha habido sentencia, tenía que haber venido el propio presidente del Gobierno, ante un hecho de esa gravedad. Hemos pedido
una comisión de investigación porque quedan muchas dudas, muchos supuestos sin aclarar, y desde luego muchas de ellas se concretan en estas preguntas que yo le voy formular pero se nos ha denegado. Yo, con cierto escepticismo, tengo confianza en
que en esta sesión pueda disiparnos esas dudas y pueda contestar de una forma concreta y concisa a las distintas cuestiones que se plantean.
Empiezo por la primera pregunta que viene en el orden del día. Las dos primeras preguntas hacen referencia a declaraciones del señor presidente del Gobierno. La sentencia del pasado 8 de mayo condena a tres policías por detención ilegal,
entre otros delitos. El señor Rodríguez Zapatero es el primer presidente del Gobierno de la democracia cuya Administración es condenada por practicar detenciones ilegales. Interpelado en relación a esta cuestión por el señor Rajoy en sesión
plenaria de Congreso de los Diputados, de 17 de mayo de 2006, afirma lo siguiente: Sin tener responsabilidad el delegado del Gobierno, como dice la sentencia, se ha hecho cargo de los efectos de la misma a tres policías. Pues bien, me gustaría que
usted nos aclarara qué es lo que quiere decir con esas palabras el señor presidente el Gobierno, qué quiere decir con eso de que el delegado del Gobierno no tiene responsabilidad cuando la sentencia de 8 de mayo de 2006 dice justo lo contrario. Esa
sentencia considera hechos probados que cuando el delegado del Gobierno anuncia que pronto habría identificaciones y detenciones, porque había suficientes indicios en la investigación policial, esa afirmación no se correspondía con la realidad, pues
la investigación policial no reflejaba ni agresiones al señor ministro ni identificaciones de clase alguna de participantes en los incidentes.
Asimismo, figura esta otra pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno, y en este caso cómo valora usted, señor Mesquida, el anuncio por parte del delegado del Gobierno
en Madrid, el 24 de enero del 2005, de detenciones basadas en indicios policiales que no existían?
La señora PRESIDENTA: Entiendo que se ha referido por lo tanto la señora diputada a la pregunta 2766 y a la pregunta 2767.
La señora TORME PARDO: Me he referido a la primera pregunta. Si quiere que formule la siguiente, se refiere también a...
La señora PRESIDENTA: Había entendido en un momento dado de su intervención que se refería a las dos.
La señora TORME PARDO: Pero no me importa plantearla también de una forma acumulada. En este caso también hace referencia a palabras del señor presidente del Gobierno en esa misma sesión plenaria de 17 de mayo, cuando afirmaba que en
España los derechos y libertades de los ciudadanos están asegurados como nunca, sin pedir disculpas a los militantes del Partido Popular que fueron detenidos ilegalmente, siendo esta la primera vez que en nuestra democracia se produce una detención
ilegal por razones políticas y sin que el señor presidente condenara tales detenciones ilegales.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Imagino que voy a defraudar la expectativa, porque este es un tema en el cual han tenido todas las explicaciones del Gobierno. El Ministerio del Interior ha
intervenido en relación con este asunto cuatro veces en el Congreso y una en el Senado; el ministro de Defensa, dos veces en el Congreso; el presidente del Gobierno, una vez; se han hecho interpelaciones y preguntas, incluso estas preguntas que
estamos sustanciando aquí fueron contestadas por escrito. A partir de ahí, obviamente voy a ceñirme a las explicaciones que se han dado.
Las detenciones se basaron en indicios, la sentencia dejó claro que hubo agresión, el ministro del Interior, señor Alonso, dio explicaciones de los pasos lógicos que realizó la Policía para concluir que existían indicios para entender la
implicación. Todo el mundo pudo ver, y la sentencia lo confirma, que el señor Bono fue sujeto pasivo de una agresión, por lo que existían indicios de delito, y la Constitución y la leyes obligan a la Policía a intervenir, y eso fue precisamente lo
que se hizo: investigar de manera profesional, de manera autónoma y con sujeción a la ley y al Estado de derecho. Por esa convicción, la abogacía del Estado ha recurrido la sentencia. Reitero, en relación con las declaraciones que citaba usted
del presidente, que no se detuvo a dos militantes del PP sino a dos presuntos agresores de un ministro, y reconociendo que hubo en los años del mandato del PP muchas denuncias por detención ilegal producidas por miembros de ETA, es verdad que no
todos fueron producidas por miembros de ETA, la inmensa mayoría acabaron en nada y una minoría acabó con condenas por dicho motivo.
La señora PRESIDENTA: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Efectivamente, como señalaba usted, señor director general, está defraudando nuestras expectativas, aunque ya le he dicho que yo contemplaba su intervención en este caso con un cierto escepticismo por lo que hemos ido
viendo a lo largo de estos meses y porque no se han asumido responsabilidades cuando ya tenemos una sentencia que condena por esos tres delitos tan graves como detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones. Usted dice que en la
sentencia se deja claro que ha habido agresiones, y yo no sé si usted está hablando de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 8 de mayo, porque en esa sentencia, entre los hechos probados, se deja muy claro que no hubo agresión en
ningún momento. Testificaron hasta 14 policías, incluidos entre ellos los escoltas del señor Bono, y todos ellos viene a coincidir en que en ningún momento hubo agresión alguna.
Desde el primer momento en que se redacta una nota informativa que no
tenía que haber pasado de ahí, se tenía que haber quedado ahí porque no había ninguna agresión, en ese primer momento ya el primer instructor que había participado en la cápsula de seguridad que había conseguido que hubiera una integridad absoluta
de las personas que fueron defendidas, el señor Bono y la señora Díez, señaló que se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente por parte de los participantes en la manifestación. En las distintas declaraciones, como
digo, de hasta 14 funcionarios policiales, en todas ellas se deja una constancia muy clara, y es que no hubo ninguna agresión, no se identificó a nadie porque no había habido agresión. Se revisaron vídeos, se revisaron fotografías, ¿y cuál es la
conclusión que tenemos? Que uno de los condenados, el inspector jefe, dice al comisario: Jefe, no se ve nada. ¿Y qué contesta el comisario? Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona. Esos son hechos probados en
la sentencia del 8 de mayo, señor director general. De manera que usted no puede decirnos que en esa sentencia se dice que hubo agresiones porque se dice justo lo contrario, con 14 policías que han testificado. Incluso cuando los señores escoltas
del señor Bono hacen una segunda declaración, que venía ya además consensuada con carácter previo, traen un folio manuscrito donde se añaden dos párrafos a su declaración inicial, y ni siquiera en esa declaración que se hace después, cuando ya se
están falsificando las diligencias policiales, ni siquiera ahí dicen que ha habido agresiones o se identifican a los autores de las mismas. Porque no se puede decir lo que no ha existido, señor Mesquida, de manera que lo que usted está diciendo en
este momento
es falso, como son falsas muchas de las declaraciones que en esta Cámara han pronunciado distintos cargos del Gobierno socialista. Ha dicho que todo el mundo pudo verlo, pero se ha revisado, y mire que se han revisado cantidad de veces, y
aquí aparece que han revisado una y otra vez los vídeos y que le dicen: Jefe, no se ve nada; por más que estamos buscando es que no encontramos nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se ordena por parte del comisario al inspector jefe que dé
la orden al instructor de que detengan a dos personas que han sido identificadas en un medio de comunicación, ¿qué pasa con este funcionario? Dice que no hay prueba alguna y que por tanto él no puede detenerles; dice que si a lo largo de la
declaración de los mismos se acredita que pudiera haber algún indicio, ya se verá en el futuro, pero que él no puede aceptar una orden de detención porque es ilegal, porque es antijurídica, porque no hay prueba alguna, y estos son hechos probados en
la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
Usted ha señalado que la Constitución y las leyes obligan a la Policía a investigar, y desde luego obligan a la Policía a investigar, pero la Constitución y la leyes no obligan a la Policía a detener ilegalmente, a falsificar diligencias
policiales, a coaccionar a miembros de la Policía que quieren cumplir con su deber, que quieren actuar conforme a la ley, y por eso se les cesa, se les amenaza. Ha señalado usted que se detuvo a dos presuntos agresores del ministro. Cuando
compareció aquí el que entonces era ministro del Interior, el señor Alonso, en esa primera comparecencia del 3 de febrero dijo que no había habido detenciones.
Hemos comprobado luego en esta sentencia que sí hubo detenciones y usted ha dicho hoy
que se detuvo a dos presuntos agresores. En esas diligencias policiales aparecen detención de imputados, imputados detenidos, no imputados que declaran sino imputados detenidos. Y hay después unas diligencias de puesta en libertad que solo tienen
lugar cuando antes se ha efectuado una detención que, como usted, señor Mesquida, es consciente, aunque aquí no lo quiera decir, es absolutamente antijurídica, y así además se hacer constar en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Se
señala que las diligencias fueron inmotivadas, arbitrarias y abusivas, claramente antijurídicas, que fueron detenciones de complacencia o mirando al tendido, vulnerando el Estado de derecho, que por expresa disposición el artículo 1.1 de la
Constitución, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Violando la libertad de dos ciudadanos hicieron daño a la causa de la justicia y pusieron en tela de juicio
la igualdad y el pluralismo político. Señor Mesquida, ustedes siguen en las mismas posiciones que adoptaron desde el principio, es decir, en amparar a quienes han cometido graves delitos en nuestra democracia, en no condenar esos hechos que son
calificados en sentencia como delitos, en no pedir disculpas a dos ciudadanos inocentes que, por el simple hecho de aparecer en una fotografía como asistentes a una manifestación de apoyo a las víctimas de terrorismo, fueron detenidos manera ilegal.
Puede usted en esta réplica aclarar y rectificar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.
El señor Director General de la Policía y de la GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): En el vídeo lo que se ve es que las personas que estaban alrededor del ministro no le estaban felicitando ni le estaban jaleando por lo bien que estaba
haciendo el trabajo al frente del Ministerio de Defensa. La actitud que se mantenía y que se ve en el vídeo no es amistosa. Por tanto, las imágenes son claras. Otra cuestión es que dice que no hubo impacto al ministro, y yo pregunto: ¿un policía
se ha inventado una lesión que no existió, un médico ha dicho que los hematomas que se produjeron no son reales? Los miembros del Partido Popular comparecieron voluntariamente en sede policial, no se les tomaron huellas ni por supuesto se les
ingresó en el depósito de detenidos. Por tanto, las imágenes son claras, independientemente de que ustedes están en su derecho a seguir manteniendo esta cuestión, en la que, al haberse recurrido la sentencia, tendremos que espera a tener el
resultado final.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme para la siguiente pregunta.
La señora TORME PARDO: Mi pregunta es bastante clara y se refiere a la cronología en que fueron sucediendo los acontecimientos y las declaraciones de cargos del Gobierno socialista o del Partido Socialista.
Vemos cómo la manifestación fue
el 22 de enero, sábado, cómo el ministro...
La señora PRESIDENTA: Perdone que la interrumpa, señora Torme, ¿puede, por favor, formular a que pregunta se está refiriendo en este momento?
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta, me refiero a la pregunta siguiente, la tercera pregunta que figuran en el orden del día, puesto que he formulado las dos primeras y he dicho que iba a seguir este orden.
Supongo que respecto a
la forma en que yo las formule no tendrá usted ningún inconveniente.
La señora PRESIDENTA: Ninguno en ningún caso. Únicamente, como usted se refirió a que iba a acumular algunas, no sé si se estaba refiriendo a una pregunta sola o a alguna acumulada. Es lo que queremos saber. Sobre todo es por el acta, a
mi me da igual cómo las pueda formular.
La señora TORME PARDO: Muy bien, pues ahora le diré. Voy a pasar a las tres siguientes preguntas, que
la formularé exactamente como figuran en el Boletín del Congreso y como fueron planteadas.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
La señora TORME PARDO: En relación con las siguientes preguntas y con declaraciones que se han hecho sobre una actuación profesional, autónoma, conforme a la Constitución, al derecho, al ordenamiento jurídico, estaba exponiendo cómo fue la
cronología de los hechos, cómo tuvo lugar esa manifestación; cómo tuvieron lugar unos incidentes, unas declaraciones del señor Bono, cómo después hay una entrevista en El Mundo en la que el ministro del Interior por entonces, el señor Alonso,
anunció que se habían dado órdenes para que la Policía investigara y tratara de localizar a los autores de esa inadmisible agresión. Ya en ese momento se sabía que no había habido agresión, porque así lo habían declarado los distintos policías,
como le dicho antes. Usted ha dicho que se han podido ver imágenes. Se han visto imágenes y, por más que se han revisado, en ninguna de ellas consta que haya habido una agresión al ministro, y desde luego no se ha podido identificar a estas dos
personas que fueron detenidas como autores de una agresión, ni siquiera de un intento de agresión. Así que tenga usted también respeto hacia dos personas que son ciudadanos inocentes, como ha quedado acreditado en esa sentencia.
Siguiendo con la cronología, aparecen luego las declaraciones de todos los policías, coincidentes, como le decía antes, en que no hubo ningún tipo de agresión, a continuación la famosa frase del inspector jefe diciendo que si el ministro
dice que le han pegado es que le han pegado y eso no se cuestiona. O sea que, aunque revisando todas las pruebas y todas declaraciones no hay agresión por ningún lado, da lo mismo, como el ministro ha dicho, hay que encontrarlo y hay que buscarlo.
Se habló de construir responsabilidades, palabra que desde luego me parece muy grave cuando estamos hablando de defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Pero es que esa misma tarde del lunes 24, cuando se ha publicado la entrevista
del ministro diciendo que se han dado órdenes a la Policía para localizar a los autores, el delegado del Gobierno señalaba, calculaba que pronto habría identificaciones y detenciones. Ese mismo día el secretario de organización del Partido
Socialista, don José Blanco, también hacía declaraciones a los medios de comunicación insinuando que el Partido Popular estaba detrás de esa agresión inexistente. Al día siguiente, el diario El País identificaba a dos militantes del Partido
Popular. De manera que vemos cómo se van concatenando todas estas declaraciones: que se han dado órdenes, el delegado del Gobierno, que, aunque no hay pruebas, anuncia que va a haber pronto detenciones; el señor Blanco, que apunta al Partido
Popular, y El País, que identifica a dos militantes del Partido Popular, y a continuación ese mismo día se detiene a estas dos personas inocentes. Aun así, ustedes que los policías que han sido condenados por esos tres delitos actuaron conforme a
la Constitución. De hecho, el ministro actual de Defensa, ministro del Interior en el momento en que se produjeron estos hechos condenados, sigue afirmando, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 8 de mayo de 2006, que condena a
estos tres funcionarios policiales por los delitos que ya he mencionado, que dichos policías actuaron dentro del marco constitucional y legal que establecen las leyes y el Estado de derecho. Esta sería una de las preguntas. En la siguiente se
pregunta si el Gobierno considera que unos policías que detuvieron ilegalmente a unos militantes del Partido Popular sin prueba alguna de que hubieran podido cometer una agresión que no existió, que falsificaron documentos oficiales para imputar a
dos inocentes, que coaccionaron y cesaron al policía que se negó a tales detenciones ilegales, actuaron de manera profesional y autónoma. Y en la tercera que formulo en este turno de intervenciones le pregunto si el Gobierno mantiene que los
policías condenados por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular cumplieron con sus funciones constitucionales y legales. En el primer caso aludo a unas manifestaciones del ministro de Defensa, que es quien dijo que habían actuado
dentro del marco constitucional y legal. En esta tercera pregunta le planteo si el Gobierno comparte las palabras del ministro de Defensa, porque no me han contestado a la pregunta de si el Ministro de Defensa sigue manteniendo que se actuó
conforme al ordenamiento constitucional.
También le pregunto a usted, que además es el responsable político del Cuerpo Nacional de la Policía, si considera que las personas que han cometido esas actuaciones que yo le he relatado actuaron de una
forma profesional y autónoma, si usted entiende que esa es la Policía profesional, la que realiza detenciones ilegales, coacciona y cesa a una persona que se niega a practicar detenciones ilegales, que se falsifican las diligencias policiales para
ocultar que ha habido tres instructores para tratar de imputar de una forma más concreta a personas inocentes.
Quiero que usted, como responsable político, me diga si eso es lo que considera que es actuación profesional de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señor director general, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): todo el mundo pudo ver el intento de agresión al señor bono con al menos una barra cilíndrica. la sentencia de la audiencia provincial de madrid, en el
fundamento jurídico 4, declara acreditado que hubo un intento de agresión, y el gobierno reitera que la actuación policial se realizó con profesionalidad y escrupuloso respeto al marco constitucional y legal, de manera profesional y autónoma, y es
por esta convicción por lo que la abogacía del estado ha recurrido la sentencia.
la señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme.
la señora TORME PARDO: Me parece realmente escandaloso que usted, cuando hay una sentencia que condena a tres policías por los delitos de detención ilegal, falsificación documental y coacciones, diga que actuaron conforme a la Constitución
y al derecho. Es totalmente escandaloso. En vez de defender a las víctimas, en este caso dos ciudadanos inocentes que han visto vulnerados sus derechos fundamentales, su libertad, lo que ustedes hacen es acusarles y defender a quienes cometen
delitos. Me parece gravísimo. Hoy, en esta comisión, he podido oír a algunos de los intervinientes decir que determinadas actitudes provocan un deterioro en la moral de los efectivos policiales. Pues que quien es su mando único diga que los
policías que son condenados por tres graves delitos actúan conforme a la Constitución, al derecho, de manera profesional y autónoma, es verdaderamente gravísimo, y eso sí que produce deterioro en la moral de los efectivos policiales. Señor
Mesquida, no sé cuál es su función aquí, no se qué va hacer usted como mando único. Usted ha venido a hablar antes y sobre ese tema no es el momento de insistir, pero que el máximo responsable, el mando único del Cuerpo Nacional de Policía y de
Guardia Civil ampare conductas condenadas en sentencia judicial y diga que esos tres delitos suponen actuaciones conforme al marco constitucional y legal me parece realmente escandaloso, me parece una barbaridad. No se lo merecen los ciudadanos
españoles ni se lo merecen los policías que están a su mando, los que están tratando de cumplir su deber lo mejor posible con respeto escrupuloso a la ley, como el segundo instructor, que fue cesado -por eso tuvimos un tercer instructor-que se negó
a practicar esas detenciones ilegales porque no había pruebas, porque era antijurídico, como se encargó de decir y de comunicar a los mandos. Y tuvo consecuencias -¡vaya si las tuvo!-, se le cesó como instructor, se le amenazó con que cesaría en
ese puesto y en la Brigada Provincial de Información. Desde luego, señor Mesquida, creo que usted va a crear mucho más malestar, más desconcierto y más deterioro en la moral de los efectivos policiales.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Yo creo que la moral de los efectivos policiales está muy por encima de las acusaciones que usted pueda hacer hoy aquí. Si no fuera así, sin duda el trabajo
que tengo que afrontar sería de otra forma. Lo que yo le digo es que hay un tema importante, que es que la sentencia está recurrida. Por tanto, el gobierno sigue pensando que la actuación policial se realizó con profesionalidad y escrupuloso
respeto al marco constitucional, y no lo dice solo el gobierno sino que lo dicen también, en relación con el intento de agresión, manifestantes que lo vieron y lo dice el auto de cierre temporal del juzgado de instrucción número 42, que así lo puso
de manifiesto.
La señora PRESIDENTA: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, continúo con la formulación de las preguntas, pero le digo al señor Mesquida que vemos un ligero avance, y es que usted ya no habla de agresión, como se ha dicho en todo momento, como se ha
sostenido a pesar de la sentencia en la que se considera como hecho probado que no hubo ninguna agresión, sino que ha hablado hace unos segundos de intento de agresión. Es pequeño, pero sin duda es un avance.
Usted está reconociendo que no hubo
agresión, ha dicho que hubo un intento. En todos lo vídeos y en todas la declaraciones de hasta 14 policías se dejó muy claro que no hubo agresión, que en todo momento se aseguró la integridad de las personas, de las autoridades que se protegían.
Se revisó todo el material gráfico, se vieron lo vídeos una y otra vez, y en ningún momento -los 14 policías así lo indicaron- dijeron que había habido agresión, no pudieron identificar a ninguna persona que ni siquiera lo hubiera intentado, de
manera que estamos claramente en un supuesto de detención ilegal de dos personas inocentes y además por una agresión que, como está usted reconociendo hoy, no existió, lo cual, como le digo, es de suma gravedad. Me gustaría que me dijera qué
garantías tenemos los ciudadanos españoles en cuanto al respeto de nuestras libertades, de nuestros derechos, qué garantías tenemos de que podemos ir a una manifestación en apoyo de las víctimas del terrorismo y que no se nos va a detener. Si a dos
ciudadanos que eran inocentes, que ejercían sus derechos fundamentales, se les detuvo sin prueba alguna de haber cometido ningún delito, ¿qué garantías puede usted dar al resto de ciudadanos españoles? Vemos además que este no es un hecho aislado,
porque hubo esa manifestación de víctimas de terrorismo con esos incidentes y con esos hechos delictivos, ha habido otras manifestaciones también de víctimas del terrorismo, y aquí nos hemos encontrado también con cargos del Gobierno socialista,
como el delegado del Gobierno de Andalucía, que a lo que se ha dedicado ha sido a controlar los decibelios en la manifestación de las víctimas del terrorismo, a intentar poner otro tipo de trabas también. Una semana después de esa manifestación
vemos que hay una manifestación de etarras que acaban pegando tiros al aire, y ahí no hay control de decibelios ni ningún otro control democrático. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Usted, señor Mesquida, de verdad cree que los derechos
y las libertades, como decía el señor presidente del Gobierno, se aseguran como nunca en nuestro país? ¿Cree que se garantizaron los derechos y las libertades de los señores detenidos, don Isidoro Barrios y doña Antonia de la Cruz? Yo creo que no,
y creo que usted comparte esa consideración conmigo aunque aquí no lo quiera decir.
Me gustaría que
como director general de Policía y de Guardia Civil, nos dijera si considera que es constitucional detener ilegalmente a ciudadanos inocentes sin ninguna prueba, si considera que es constitucional y legal que se falsifiquen documentos
públicos, que se falsifiquen diligencias policiales; si se ajusta al Estado de derecho coaccionar a un funcionario que no quiere cometer un acto ilegal y cesarle como instructor porque se niega a practicar unas detenciones ilegales.
La señora PRESIDENTA: Le voy a interrumpir, señora Torme, pero es que creo que, igual que me está pasando a mí, les puede pasar a los servicios de la Cámara. ¿Nos puede decir a qué pregunta se está refiriendo en este momento?
La señora TORME PARDO: Sí, a las siguientes preguntas, señora presidenta, que luego textualmente las formularé para que no haya ninguna duda. En cuanto a mi discurso y a los argumentos que yo emplee, supongo que soy libre de elegir los que
yo quiera y los que considere oportunos. De todas formas, para que no haya ningún problema en la Cámara, reproduciré al final de este turno de intervención exactamente el contenido textual de las preguntas que formulo al director general.
La señora PRESIDENTA: Le advierto al director general que puede contestar también de la forma que le parezca más oportuna, como oír todas las preguntas y responder después a todas ellas.
La señora TORME PARDO: Señor Mesquida, usted está compareciendo hoy aquí, y me gustaría que contestara y nos dijera si avala todas esas afirmaciones y si considera que es constitucional todo lo que le acabo de decir aquí. Porque si es así,
¡menudo concepto que tienen ustedes de la legalidad! Estamos ante tres delitos que son gravísimos, que llevan aparejadas penas de cárcel de dos y tres años, de inhabilitación absoluta por ocho años. Usted podría condenar estos hechos delictivos que
llevan esas graves penas o puede mirar hacia otro lado, como está haciendo hasta ahora y como han hecho otros miembros del Gobierno socialista. Pero en ese caso usted será responsable de amparar conductas delictivas y de no respaldar la actuación
profesional y ajustada a derecho de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Usted ha dicho que la sentencia está recurrida. Es cierto, aunque la Fiscalía General del Estado no la recurrió en todos sus términos, sino que recurrió solo dos delitos, de manea que uno de ellos, el de falsificación documental, por parte
de la propia Fiscalía está sin recurrir, lo que viene a avalar que se considera como hecho probado que hubo falsificaciones de la diligencias policiales. Ustedes siempre contestan en relación con la actuación de la Fiscalía que son escrupulosos y
respetuosos respecto a la autonomía del ministerio fiscal, y en este caso me gustaría que me dijeran si es usted muy respetuoso también con la actuación del ministerio fiscal y con la consideración de que la falsificación documental es un hecho
probado y que por tanto no había que recurrirla, como efectivamente no hicieron. Usted señala que esta sentencia está recurrida. Muy bien, así es, no es una sentencia firme, pero el hecho de que no sea una sentencia firme no quiere decir que no
tenga efectos jurídicos, sí que los tiene, y ya no podemos hablar de presunción de inocencia de tres policías condenados. Ustedes ya tendrían que actuar, y si no, lo que vendrían a demostrar es que tienen una falta absoluta de respeto hacia el
Poder Judicial, y eso que el anterior ministro del Interior provenía de la carrera judicial precisamente, pero, en fin, cosas peores hemos visto.
Para que no haya duda, como le decía a la señora presidenta, voy a leer literalmente las preguntas que le formulo en este momento al señor director general. Esta sería la pregunta 85602. Siendo el señor Alonso ministro del Interior, afirmó
al día siguiente de la manifestación a favor de las víctimas del terrorismo del 22 de enero de 2005, en cuyo transcurso el señor Bono dijo ser agredido, que ya se habían dado órdenes para que la Policía investigara y tratara de localizar a los
autores de esa inadmisible agresión. Pues bien, ahí constan cuatro preguntas, señor Mesquida, que yo le pido que conteste porque no han sido contestadas hasta ahora por el Gobierno, cuatro preguntas que figuran en la pregunta número 85602 y que yo
quiero que en este momento usted conteste. ¿Quién dio esas órdenes a las que se refería el señor Alonso? ¿Quién dio la orden de que se practicaran las detenciones? ¿Cuándo informó el secretario de Estado de Seguridad al ministro del Interior de
la detención de dos militantes del Partido Popular? ¿Cuándo informó el ministro del Interior al presidente del Gobierno de la detención de los dos militantes del Partido Popular? Son señor Mesquida, cuatro preguntas muy concretas y que parten de
la declaración que hizo el ministro del Interior, el señor Alonso, de que se habían dado esas órdenes para que la policía investigara y tratara de localizar a los autores, así que le rogaría que de una forma concreta contestara a esas cuatro
cuestiones.
La señora PRESIDENTA: Perdone que le insista, pero es que creo que para los servicios de la Cámara no está claro a qué cuatro preguntas se ha referido. Si no le importa, vuelva a decir cuáles son las cuatro preguntas, por favor, porque
tiene que quedar reflejado.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, si usted considera que hay que repetir las cuatro preguntas, yo las repito.
La señora PRESIDENTA: Sobre todo es por los servicios de la Cámara.
La señora TORME PARDO: Son cuatro preguntas que constan en el expediente 184/85602. Se las he leído
literalmente. La introducción señala la afirmación que hizo el ministro del Interior señalando que ya se habían dado esas órdenes a la policía, y las cuatro preguntas que se plantean yo creo que los servicios de la Cámara lo tienen muy
claro, pero las vuelvo a repetir. ¿Quién dio esas órdenes a las que se refería el señor Alonso? ¿Quién dio la orden de que se practicaran las detenciones? ¿Cuándo informó el secretario de Estado de Seguridad al ministro de Interior de la
detención de dos militantes del Partido Popular? Y cuarta, ¿cuándo informó el ministro del Interior al presidente del Gobierno de la detención de dos militantes del Partido Popular? Señora presidenta, creo que cuando las he formulado antes, igual
que ahora, tanto para el señor Mesquida como para los servicios de la Cámara, han quedado suficientemente claras.
La señora PRESIDENTA: Espero que así sea.
El señor HERNANDO VERA: Señora presidenta, una cuestión de orden solamente. Yo en la pregunta 184/85602 solo veo una pregunta: Autor de la orden dada a la policía para investigar y tratar de localizar a los autores de la agresión, no veo
cuatro preguntas.
La señora PRESIDENTA: Por eso le preguntaba a la diputada.
El señor HERNANDO VERA: Es que esto es filibusterismo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: A mí me da exactamente igual.
La señora TORME PARDO: Una cuestión de orden. No admito que aquí se acuse, además cuando no tiene por qué intervenir, de filibusterismo parlamentario por un portavoz que no tiene nada que decir a este respecto. Si el señor portavoz
socialista no conoce cuáles son las preguntas que se han planteado, ese es su problema. Usted tenía la oportunidad de consultar los diarios de la Cámara y de ver cuáles eran las preguntas. Esta pregunta, que ahora tiene carácter de oral en
Comisión, procede de una pregunta formulada con un número de expediente que, lo vuelvo a repetir por tercera vez, es el 184/85602. Ahí figura una introducción y ahí figuran cuatro preguntas, que en el resumen que se hace en el orden del día de la
Comisión de Interior no se mencione toda la literalidad de esa pregunta, de ese número de expediente, esa es cuestión a la que esta señora diputada no plantea ninguna objeción, al parecer sí el portavoz del Grupo Socialista. Pero yo creo que antes
de hacer ese tipo de declaraciones cuando no le corresponde, debería mirarse y saber de qué hablamos.
La señora PRESIDENTA: Yo se lo quiero agradecer, porque lo único que estamos pretendiendo es que la sesión transcurra con orden, como establece el Reglamento para este trámite de preguntas, y que no haya confusión en los servicios de la
Cámara. Yo tampoco tengo aquí el expediente de las preguntas escritas, pero como usted se ha referido a cuatro preguntas, la confusión era cuatro preguntas en una o cuatro preguntas del orden del día. Ya nos hemos enterado todos, señora Torme, por
lo tanto creo que no hay problemas para los servicios de la Cámara ni para el señor director general, nos estamos enterando de que en el orden del día usted se está refiriendo a la pregunta 2771 exclusivamente.
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta. Yo creo que lo he dejado claro en todo momento, además he dicho que iba seguir, salvo en tres preguntas que con carácter previo a que se iniciara esta sesión he comunicado al señor director
general para facilitarle su tarea, su obligación de responder a estas preguntas. Lo que sí que le pido es que retire las palabras el portavoz de Interior socialista, porque desde luego ha hecho unas acusaciones impresentables y totalmente falsas.
Si él no conoce los expedientes es su problema, pero que no haga acusaciones falsas, claro que al parecer es una tónica que viene siendo habitual en determinados cargos socialistas.
El señor HERNANDO VERA: Señora presidenta, las retiro, las retiro inmediatamente.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pero es que yo no había oído nada, estaba pensando en otra cosa y la verdad es que no había oído del todo lo que ha dicho el señor portavoz señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Retiradas.
La señora PRESIDENTA: Bueno, está claro, y aunque usted haya hablado antes con el director general, vuelvo a insistirle que lo único que pretendo es que los servicios de la Cámara puedan hacer sus trabajo con normalidad, no me importa nada
más en el sentido que usted puede hacer uso como quiera de su tiempo y de sus preguntas, lo único que quiero es que transcurra la Comisión con la normalidad debida y como que establece el Reglamento, y precisamente lo que establece el Reglamento es
que el diputado formula la pregunta y luego se puede seguir el debate, y como no está siendo así exactamente, que a mí me da igual, únicamente quiero que quede claramente reflejado a qué nos estamos refiriendo. Está aclarado y espero que con esto
no haya ningún problema.
La señora TORME PARDO: Así ha sido exactamente, hasta ahora se ha seguido el orden que aparece en la Comisión de Interior.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Tiene la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): No le voy a dar el placer, es decir, no reconozco la inexistencia de agresión. Una cosa es que la agresión no se materializara en la persona del señor Bono,
y otra cosa es, como está acreditado, que hubo una lesión, que yo creo que el policía no se inventó, unos hematomas, que creo que tampoco se inventaron; por tanto, aquí sí hubo una actuación y le puede asegurar que la policía actuó sin ninguna
interferencia del poder político, ni el ministro del interior ni ninguna estructura política del Gobierno dirigió ninguna orden o consigna alguna relativa a la investigación policial, ni muchísimo menos detener o dejar de de detener a alguien,
cuestión que corrobora la sentencia. En relación a las palabras del presidente, yo estoy convencido de que en españa los derechos y libertades están garantizados, no sé si ahora como nunca, pero sí como mínimo desde la llegada de la democracia. La
policía no recibió ninguna orden de la estructura política del gobierno, digan ustedes cómo, cuándo, dónde y quién ordenó o interfirió el gobierno o alguien de la estructura política en la actuación exclusivamente policial.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Resulta curioso que la autoridad del Gobierno compareciente plantee la cuestión a quien formula estas preguntas.
Nosotros hacemos labor de control al Gobierno. Aquí ha habido unas detenciones ilegales, y yo
precisamente como creo en el buen hacer de los policías, que son buenos profesionales, que intentan cumplir con su deber conforme a la ley y la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, verdaderamente cuando se producen este tipo de hechos
me inclino a pensar que no ha sido de una forma autónoma ni de una forma profesional, porque además usted, señor Mesquida, que es el responsable político de estos dos cuerpos policiales, supongo que me dirá que hay una jerarquía, ¿O es que con
ustedes la policía actúa de una forma independiente y hace lo que le viene en gana? Supongo que habrá unas directrices, un programa político también, y hay unos responsables políticos de las últimas decisiones que se toman. Yo antes le he hablado
de una clara cronología, pero es que además en la sentencia de 8 mayo, en la que se condena a esos tres policías por estos tres graves delitos, queda muy claro que esas detenciones se producen, y se lo he leído antes, por complacencia, mirando al
tendido. Entonces, a nosotros nos gustaría que se despejaran esas incógnitas, a qué miembros del Gobierno se pretendía complacer, por qué unos policías actuaron de una forma claramente antijurídica deteniendo a dos ciudadanos inocentes. El propio
juez que sentencia y condena a esos policías por esos graves delitos, señala que el Tribunal no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a la detenciones analizadas fueran sugeridas por instancias superiores, pero sí
que tiene la sospecha, como señala en la sentencia, de que la previsiones o vaticinios de que pronto habría identificaciones y detenciones que hizo el delegado del Gobierno de Madrid tan solo unas horas antes de que se produjeran esas detenciones,
repercutieron o pudieron, como señala el juez, haber influido en el proceder de los acusados, quienes se olvidaron que son Policía judicial y sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de derecho, e
hicieron -continúa afirmando el señor juez- ciertas las afirmaciones del señor delegado del Gobierno en Madrid practicando identificaciones y detenciones.
Aquí queda muy claro, se lo vuelvo a repetir, que fueron detenciones de complacencia, que fueron detenciones inmotivadas, arbitrarias, abusivas, que además casualmente se produjeron horas después de que el delegado del Gobierno las
anunciara. Pero es que ya le he dicho antes que la cronología es muy clara, que el ministro del Interior anuncia que se han dado esas órdenes, que a continuación, aunque ya ha habido muchas declaraciones policiales dejando muy claro que no ha
habido agresión y que no hay identificación de ninguna persona que hubiera intentado siquiera agredir, pues cuando se dice todo eso y se ven todos los vídeos, el inspector jefe continúa diciendo: Aunque no se ve nada, si el ministro dice que le han
pegado, es que le han pegado. Y, como digo, tenemos esas declaraciones del delegado del Gobierno calculando que iba a haber pronto identificaciones, detenciones, que se iban a poner pronto nombres y apellidos; el señor Blanco insinuando que el
Partido Popular estaba detrás, y justo el día de la detenciones aparecen en el diario El País identificadas con nombres y apellidos, como anunciaba el delegado del Gobierno, como insinuaba el señor Blanco, los dos militantes del Partido Popular, que
a continuación ese mismo día fueron detenidos. Yo creo que aquí hay una cronología muy clara, hay una concatenación de declaraciones, de hechos que conducen a esas detenciones antijurídicas, arbitrarias y abusivas, esos tres delitos por los que han
sido condenados tres policías.
Y bien, usted me dice ahora que no hubo órdenes policiales. Bien, yo, como le digo, no creo que la policía cometa esos actos de una forma autónoma, sin tener una directriz política, y desde luego con todas estas declaraciones parece que se
apunta muy bien hacia dónde se quería conducir y hacia dónde se quería llegar. Pero ustedes en las preguntas que yo he formulado, en otras que he formulado y que sí me han contestado, dicen en unos casos que no se dieron órdenes. En otro caso, en
otra pregunta distinta que no aparece ahora en el orden de esta Comisión, se me contesta que precisamente esas expresiones a que yo hago referencia, que son precisamente estas, las de que el señor Alonso anuncia que se han dado órdenes a la policía,
pues me dicen que esas expresiones a la que se refiere S.S. tienen su origen en... Yo no sé si el señor Mesquida me quiere contestar, o no sé si la señora presidenta tiene interés en que me conteste, porque desde luego no le deja que se pueda
enterar
de mis argumentos, pero quizá es que no tienen ninguna intención ni la presidenta ni el director general en contestar a estas preguntas y por eso se dedican a dialogar entre ellos. Bien, como le decía, en unas ocasiones por escrito me ha
dicho que no hubo órdenes, como usted acaba de afirmar, pero en respuesta a otras pregunta escrita ustedes no me niegan que ha habido esas órdenes, y a lo se que se refieren es a que a esas expresiones que yo menciono, que son las que el señor
Alonso ha anunciado órdenes a la policía, tienen su origen en un contexto de transmisión a los medios de comunicación en su momento de las actuaciones que se estaban llevando a cabo por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
relación con la agresión a un ministro del Gobierno. O sea, aquí qué me quieren decir ¿que esas declaraciones que no me niegan tienen lugar en un contexto determinado, que es cuando el ministro hace declaraciones a un medio de comunicación? ¿Qué
pasa, que el ministro del Interior miente a los medios de comunicación y dice que sí que se han dado órdenes? A mí, como responsable que es usted del Cuerpo Nacional de Policía, la verdad es que me gustaría, que usted no lo ha hecho, que contestara
a esas cuatro preguntas, a quién dio las órdenes a que se refería el señor Alonso y cuándo se informaron de las mismas a los distintos cargos. Pero es que además, si tenemos en cuenta que la policía actúa de oficio, me gustaría que usted, como
responsable en este caso de la policía, nos pudiera decir por qué en este caso el ministro dice que se han dado las órdenes. Usted me dice que no se han dado la órdenes, pero el ministro dice en un medio de comunicación: 'He dado orden a la
policía para que investigue y trate de localizar a quienes intentaron agredir a Bono'. Lunes, 24 de enero de 2005, aquí está el diario en que aparecen esas declaraciones del ministro del Interior en ese momento, del señor Alonso. Como digo, usted
me dice que no se han dado órdenes, el ministro anuncia en ese medio que sí que se han dado. En teoría, puede que no sea necesario dar estas órdenes concretas porque la policía tiene que actuar de oficio, pero por qué en este caso el ministro actúa
de esa manera y hace ese tipo de declaraciones, y me gustaría que nos pudiera decir si siempre que se produce una agresión el ministro del Interior anuncia que ya se han dado ese tipo de órdenes, o en ese caso ese anuncio que hizo el ministro del
Interior obedecía a una determinada finalidad.
Agradecería que pudiera contestar a alguna de estas preguntas que le hemos planteado.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Vamos a ver, señora Torme, estamos en la réplica de la pregunta anterior, por lo tanto, el señor director general puede responder a su réplica y si no pasamos a la pregunta siguiente.
¿Quiere tomar la
palabra, señor director general?
La señora TORME PARDO: Perdone un momento, señora presidenta, por una cuestión de orden. Estamos en la réplica de la pregunta anterior en la que yo vuelvo a plantear las preguntas, incluso alguna más, porque el señor director general no me
ha contestado a las mismas. Entonces, estoy apelando al derecho que tengo y a la obligación que tiene el Gobierno en este trámite de contestar a las preguntas que les hemos planteado desde el Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Yo contesto a las preguntas, otra cosa es que no le guste la contestación. Es decir, la policía actúo sin ninguna interferencia del poder político, ni el
Ministerio del Interior ni ninguna estructura política del Gobierno dirigió ninguna orden o consigna alguna relativa a la investigación policial, ni muchísimo menos detener o dejar de detener a alguien, cuestión que corrobora la sentencia.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para formular la pregunta que aparece en el orden del día con el número noveno, que trae causa del expediente 184/85603, y que tiene la pregunta actualmente 2772. Tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Lo que pasa es que en este momento voy a proceder a formular las preguntas que le he anticipado al señor director general antes que haría en este primer bloque de intervenciones, y para que no haya ningún problema voy
a decir exactamente el número de expediente del que proceden. En primer lugar sería la 184/85618; en segundo lugar, la 184/85619, y en tercer lugar, la 184/85612. Todas ellas tienen que ver con indicios racionales, según el ministro entonces del
Interior.
Empezando por la primera de esas preguntas que he señalado, se afirma en ella, en el texto, que en comparecencia de 3 de febrero de 2005 ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el señor Alonso Suárez afirmó, y abro
comillas: 'Y además me parece incuestionable que un ministro del Gobierno de España merece una credibilidad objetiva clara.
Si el señor Bono, que no dice que le haya pegado este o aquel, lo que dice es que fue sujeto pasivo de agresiones, creo que
merece, como ministro del Gobierno de España, una credibilidad clara'. A continuación en ese expediente figuran dos preguntas concretas. En primer lugar, ¿no le merecían credibilidad al señor Alonso Suárez las declaraciones de hasta 14
funcionarios policiales, coincidentes en que no había habido agresión? Segunda pregunta: ¿considera el Gobierno que se respetó la presunción constitucional de inocencia que alcanza a todo ciudadano o ciudadana de este país, según palabras también
del entonces ministro del Interior, cuando dos ciudadanos inocentes fueron detenidos por una agresión que no existió, como así había sido confirmado por hasta 14 funcionarios policiales? Yo no sé si en este caso el señor director general
prefiere contestar a esta pregunta o que le formule las otras dos que le he indicado al inicio de este turno. Yo no tengo inconveniente en que me conteste a esta y luego plantearle las otras dos, o formularlas conjuntamente las tres. En
este caso, estoy a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Sí, sí, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Vamos a ver, el Gobierno mantiene la credibilidad de las palabras del señor Bono, por tanto, nada ha variado. Y en relación a si se han vulnerado los
derechos y libertades, el Gobierno entiende que la actuación de los policías fue profesional, ajustada y con escrupuloso respeto al marco constitucional y legal, y le reitero que la sentencia está recurrida.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme.
La señora TOME PARDO: Sí, señor director general, usted me reitera que la sentencia está recurrida. Yo le reitero que una sentencia, aunque no se firme, tiene efectos jurídicos. En este caso la presunción de inocencia de los tres policías
condenados por esa sentencia ya ha desaparecido, ya hay una condena judicial. De manera que me parece un escándalo y una auténtica burla al Estado de derecho que ustedes no respeten una sentencia judicial y que ustedes sigan diciendo, como acaba de
decir ahora mismo, que la actuación de los policías fue profesional y ajustada al marco constitucional, es algo realmente grave y me parece una auténtica burla a nuestro marco constitucional.
Y bien, yo le había planteado dos preguntas muy concretas, si no le merecían credibilidad las declaraciones de hasta 14 funcionarios policiales, y en este turno de réplica se la voy a volver a formular.
Usted es el responsable de Cuerpo
Nacional de Policía y yo quiero en este momento saber si a usted le merecen credibilidad las declaraciones de esos 14 funcionarios policiales que dijeron todos ellos que no había habido ningún tipo de agresión y que no había habido ningún tipo de
identificación de ninguna persona que presuntamente hubiera intentado agredir a un ministro del Gobierno de España. Aquí lo que estamos viendo y lo que vimos cuando el señor Alonso hizo esas declaraciones, que le parecía incuestionable que el
ministro del Gobierno de España mereciera una credibilidad objetiva clara, lo que estamos viendo es que para el ex ministro del Interior, actual ministro de Defensa, juez, la palabra de un ministro socialista vale más que la palabra de 14 policías.
Y a mí lo que me gustaría es que me dijera usted, señor Mesquida, si también para usted, como jefe de la policía, como mando único del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil , también le merece más credibilidad la palabra de un, en este
caso, ex ministro socialista que la de 14 funcionarios policiales que están bajo sus órdenes. La pregunta es muy concreta, díganos si usted concede más credibilidad a un ministro del Gobierno que a 14 funcionarios policiales, si no le merecen
credibilidad las declaraciones coincidentes de 14 funcionarios policiales.
La señor PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Las sentencias judiciales se respetan siempre, siempre se respetan, y en este caso es una sentencia que está recurrida, por tanto, habrá que esperar. La
realidad que se producen unos hechos y se abre de oficio un atestado policial, en el atestado se ordena realizar por parte de los profesionales, del instructor, las diligencias que tuvo por convenientes. La policía conoce unas declaraciones a una
emisora de radio de una persona, que al parecer es el secretario del Partido Popular de Las Rozas, en las que identifica a dos personas, las llama a declarar y comparecen voluntariamente. La policía sostiene que hay indicios y motivos racionales
suficientes para entender que hay una actividad delictiva, y a partir de ahí se inicia la investigación.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, ¿por el orden que tenemos en el orden del día, señora Torme, o llevamos otro orden?
La señora TORME PARDO: No, las otras dos preguntas que tenían relación también con los indicios y que he señalado, pero diré de todas formas el número de expediente. En este caso es la 184/85619. ¿A qué indicios de autoría de un delito de
atentado contra el señor Bono se refirió el entonces ministro de Interior en su comparencia de 3 de febrero de 2005 para justificar la detención de don Isidoro Barrios y doña Antonia de la Cruz? En esta misma pregunta, continúo, se menciona que si
en el atestado policial, del que el señor Alonso manifestó tener un conocimiento pleno en esa comparencia del 3 de febrero del año 2005, se constataba que se logró que las autoridades en ningún momento fueron agredidas físicamente y que no se
reflejaban identificaciones de clase alguna de participantes en los incidentes, ¿qué otros indicios existían, además de salir en una fotografía cerca del ministro en una manifestación y de ser militantes del Partido Popular? ¿Acaso considera el
Gobierno que eran motivos suficientes para considerarles autores de un delito sus ideas políticas y su participación en una manifestación en apoyo de las víctimas del terrorismo? Y antes de que me conteste, en este expediente al que he hecho
referencia aparecen esas tres preguntas, son tres preguntas concretas de la que me gustaría tener respuesta. Pero yo querría decirle al director general que, viendo cómo me está contestando a las anteriores que tienen que ver con este mismo
supuesto, pues la verdad es que mi escepticismo va en aumento. Pero nos ha dicho que las sentencias judiciales se respetan siempre, desde
luego en su caso no lo parece. En el caso del Gobierno socialista estamos viendo cómo su ministro, el propio señor Rubalcaba, cuando se publicó esta sentencia dijo que el caso Bono había finalizado y que lo único que quedaba era una condena
injusta. De manera que su ministro, el ministro del Interior, lo que señala respecto a esta sentencia es que es una condena injusta. ¿Ese es el respeto que ustedes tienen a las sentencias, es el respeto que ustedes tienen al Poder Judicial?
Sostiene usted después de esa sentencia, aunque esté recurrida, que como le digo tiene efectos jurídicos, los tiene que tener, sigue usted sosteniendo que la actuación de la policía fue profesional, autónoma y conforme al marco constitucional y
legal, en lo que le digo que es una auténtica burla al Estado de derecho, y no ha sido capaz de decirme qué indicios fueron lo que llevaron a esas detenciones ilegales. Y ahora, en esta otra pregunta que estaba sin contestar por parte del Gobierno,
le he planteado estas tres cuestiones muy concretas. Pero es que usted no me puede decir que en la sentencia se habla de que hubo agresión, porque le estoy diciendo que dentro de los hechos probados, se los he leído antes y se los puedo volver a
leer, aparecen recogidas las declaraciones de esos 14 funcionarios policiales de los que usted no me ha dicho si le merecen credibilidad, me gustaría que usted lo hiciera, son efectivos que están bajo su mando, son 14 policías que han declarado, yo
creo que sus palabras merecen credibilidad. Señor Mesquida, perdone que vuelva otra vez a la pregunta anterior, pero es que usted no lo ha contestado y seguimos en lo mismo, seguimos hablando de esos indicios de autoría de delito que no había, el
único indicio era aparecer en una fotografía, el ir a una manifestación, el ser miembros del Partido Popular, y desde luego yo creo que esos no son delitos para que a una persona se le pueda detener ilegalmente. Así que me gustaría que usted
contestara y me gustaría antes recordarle los argumentos que defendía precisamente el segundo instructor, el policía que fue cesado, el que dejó de ser instructor precisamente por negarse a una detención ilegal. Horas antes de que se practicara esa
detención se le dice por parte del inspector jefe que es necesario que se proceda a esa detención. El inspector jefe acusado, refiriéndose a esta detención, le dice: Hazlo o vamos a tener problemas. Como digo, continuamente coacciones. ¿Vamos a
tener problemas con quién, señor Mesquida? ¿Qué me quiere decir, que actúan de forma autónoma, que no hay ninguna directriz? ¿Entonces, con quién van a tener problemas si no se practica esa detención ilegal? Ahí están esas palabras como hechos
probados, pronunciadas delante de testigos que han testificado ante el juez, y que ha recogido todo eso en una sentencia en la que se condena a tres policías por esos tres graves delitos. Bien, pues cuando el inspector o el policía que fue cesado,
el segundo instructor, se niega a esas detenciones aparece en ese momento, y leo textualmente: En ese instante hizo acto de presencia el comisario acusado en el despacho del grupo de conflictividad laboral, y cuando el inspector 16.444 empezó a
decirle que no estaba de acuerdo con las detenciones, pues no había pruebas -le repito, no había pruebas-, le interrumpió y le dijo que estaba cesado como instructor de las diligencias, como jefe de grupo y que abandonara el despacho inmediatamente,
lo que se vio obligado a hacer. Bien, señor Mesquida, el policía que fue cesado, el policía no ha sido condenado, el policía que cumplía con su deber, con un respeto escrupuloso por el ordenamiento jurídico, dejó muy claro que no había pruebas y
por eso se negó a cometer una detención ilegal. Díganos usted, contestando a esa pregunta que yo le he formulado antes, qué indicios de autoría había si en el atestado policial, como usted sabe, como el señor Alonso conocía, porque cuando él vino
aquí dijo esas manifestaciones, él dijo que venía con un conocimiento pleno de las diligencias policiales, y me da lo mismo que conociera las auténticas o las que después se falsificaron, porque es que también en las falsas constaba que no había
habido agresión y que no se había identificado a nadie a pesar de esa segunda declaración de los escoltas de Bono, porque no había existido y no se pudieron inventar lo que no había, y no había ninguna prueba.
Entonces, díganos usted cuáles son
esos motivos suficientes a los que aludía el ministro del Interior, el señor Alonso, para poder considerar a estas dos personas inocentes autoras de ese delito.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Bueno, pues como les manifestó el ministro del Interior en su momento, la policía sostenía o comentó la existencia de indicios y motivos racionales
suficientes para entender que había actividad delictiva. La policía disponía de vídeos, fotos, partes de lesiones y resto de evidencias, así como las propias manifestaciones públicas del ministro de Defensa. A partir de ahí, la Policía entendió
que ello era indiciariamente cierto y solo podía hacer una cosa con la Constitución y las leyes en la mano, que era abrir diligencias para investigar los hechos y tratar de localizar a los autores, y eso es lo que hizo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Desde luego, por la incomodidad del señor director general por el papel que le ha tocado a usted de venir a contestar estas preguntas, veo que tienen bastantes cosas que ocultar, como están efectivamente ustedes
haciendo. Cuando ha iniciado este turno de respuesta, ha empezado diciendo: la policía sostiene o sostenía. Luego ha cambiado y ha dicho: la policía comentó la existencia de vídeos, de fotografías, de indicios. A ver, qué policía , señor
Mesquida. Yo le he dicho que usted ratifique si le da credibilidad a esos 14 funcionarios policiales, y creo que es la cuarta
vez que se lo pido, y usted sigue si hacerlo, sin decirme si le merecen credibilidad los 14 policías que están bajo su mando y que dijeron que no existía agresión, que no había prueba alguna y que no se había podido identificar a nadie. Me
dice usted que existen videos, que existen fotografías, pero bueno, si consta en la sentencia que después de haber revisado los vídeos y las fotografías dice el inspector jefe al comisario acusado 'jefe, no se ve nada'. ¿Qué le contestan? 'Si el
ministro dice que le han pegado es que le han pegado'. O sea, aunque no se ve nada, vamos a tratar de construir responsabilidades. Me parece realmente escandaloso, y usted sigue sin contestar a las preguntas. El Gobierno desde luego no lo hizo en
plazo, y a usted hoy le toca venir aquí y cumplir con esa obligación, pero es que usted no está cumpliendo con esa obligación. Son preguntas muy concretas, y usted no esta contestando a ninguna. No nos ha dicho qué indicios. Empezó diciendo: la
policía sostenía, y luego: pues la policía comentó. Díganos de qué policía, se trata porque quienes declararon fueron 14 policías, todos los cuales dijeron que no había agresión, que no había identificación, que no había prueba alguna. He leído
las declaraciones que hizo el instructor que fue cesado por negarse a practicar esa detención ilegal: dijo que no se podía detener sin prueba alguna, como era el caso, a dos ciudadanos porque aparecieran en una fotografía, porque el delegado del
Gobierno calculara que iba a haber detenciones, porque el señor Blanco apuntara al Partido Popular, o porque el diario El País identificara los nombres y apellidos de dos militantes del PP que aparecían en una fotografía. Usted está perdiendo la
oportunidad de contestar a algunas de las preguntas como es su obligación. Nuestra obligación como grupo parlamentario que está en la oposición es plantearlas. Aquí quedan muchas cuestiones sin resolver.
Desde luego son tantas que llegamos a
solicitar en una Diputación Permanente en este verano que se constituyera una Comisión de investigación, a la que ustedes se negaron. Está claro que no quieren aclarar nada, lo único que quieren es mirar para otro lado y tapar otro de los
escándalos que están apareciendo últimamente en el Ministerio del Interior. Alguno de los dirigentes del Partido Popular ha dicho -creo que ha sido el señor Rajoy en alguna de las preguntas en el Pleno-, que volvíamos a esas épocas oscuras del
felipismo. Estamos viendo otra vez cómo el Ministerio del Interior es el ministerio de las mentiras y de los escándalos. Usted podía haber arrojado algo de luz, podía haberse disculpado con esos ciudadanos inocentes, podía haber respaldado a los
funcionarios policiales que hicieron esa declaraciones, a este funcionario que actuó conforme a la ley, pero una vez detrás de otra, pregunta tras pregunta, está renunciando a lo que debería hacer como buen director general de esos dos cuerpos
policiales, de ese mando único que usted es, para dar esa moral que reivindicaba el portavoz socialista en esta misma Comisión hace ya unas cuantas horas.
La tercera pregunta que tenía que ver con los indicios, que corresponde al expediente 184/85612, es la siguiente. En comparecencia de 3 de febrero de 2005 ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el entonces ministro del
Interior, señor Alonso Suárez, en relación con la detención de dos militantes del Partido Popular, afirmó lo siguiente: La policía determina, después de analizar todas esas evidencias, los vídeos, las fotos y las declaraciones que existen motivos
racionales para entenderlos implicados en los hechos. Me gustaría que usted, señor Mesquida, nos dijera cómo puede realizar tal afirmación cuando en las diligencias policiales a las que se hace referencia en esta comparecencia y de las que, como él
mismo afirma, tiene conocimiento pleno, constan las declaraciones de esos 14 funcionarios policiales, todas ellas coincidentes en que se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente. ¿Cómo puede realizar el entonces
ministro del Interior tal afirmación si, tras la exhaustiva revisión de vídeos y fotografías, se hace constar en la diligencias policiales que no se aprecian en ellos que el señor Bono hubiera sido agredido, así como tampoco los funcionarios
policiales?
Y la última pregunta que aparece en este expediente es: ¿Cómo puede realizar tal afirmación si la investigación policial, según el atestado original, incluso de acuerdo con la versión falsificada del mismo, no reflejaba ni agresiones al
señor ministro, ni identificaciones de clase alguna de participantes en los incidentes? Me gustaría que contestara y que no hiciera referencia a un asunto que fue un tanto irregular y dudoso. Efectivamente uno de los escoltas del señor Bono dijo,
días después de la manifestación, que había sufrido una agresión. Creo recordar que presentó un parte médico, pero no de un médico de Madrid al que hubiera ido después de la manifestación, después de que en teoría se le hubiera producido esa
lesión, sino que al parecer, por lo que yo recuerdo, fue a un médico que dependía directamente del ministro de Defensa, un médico que estaba en Toledo. Si los incidentes fueron en Madrid, si aquí tuvo lugar la manifestación y si fue donde recibió
esa agresión, lo lógico es que lo hubiera denunciado en ese mismo momento, que fuera al médico y presentara ese parte, y no que días después hiciera referencia a esa lesión y que además el parte fuera de un médico que no tenía que ver..., bueno sí
tenía mucho que ver con el señor Bono.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Las preguntas están hechas de la misma forma o cambiando alguna coma, Por tanto, siento tener que reiterarme en la misma contestación cada vez. No me tome
las palabras al pie de la letra.
Llevamos aproximadamente seis horas de comparecencia, por lo que le pediría que no tergiversara
mis palabras. Yo sé exactamente lo que digo y no hay contradicción alguna en mis palabras. Le reitero que la policía disponía de vídeos, de material indiciario y que abrió diligencias de investigación que fueron remitidas al fiscal y al
juez. A partir de ahí ustedes pueden hacer lo que les parezca y pueden hacer durar este tema cincuenta años. La realidad es que hay una sentencia, está recurrida y veremos qué pasa.
Cuando algún militante mantiene una actitud destructiva, poco
adecuada o indecorosa, como se produjo en Cataluña, es expulsado inmediatamente del Partido Socialista. En algunos casos a mí me hubiera gustado también ver alguna actitud similar por parte del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra señora Torme.
La señora TORME PARDO: Sigue erre que erre amparando conductas delictivas.
Cuando habla de episodios realmente lamentables, de lo único que habla es de una actitud indecorosa de algún afiliado del Partido Socialista. Los españoles que en
la campaña de las elecciones que han tenido lugar en Cataluña hemos podido ver imágenes, lo que sucedió en Martorell y en otras sedes del Partido Popular, no piensan que la actitud fuera indecorosa, piensan otras cosas mucho más graves. S.S. es
bastante suave con personas que comenten semejantes atropellos a la libertad de expresión y que no respetan a un partido que libremente debería poder concurrir a unas elecciones. Me pide que no tergiverse sus palabras. No las tergiverso,
sencillamente le he dicho, -y lo podrá comprobar en el 'Diario de Sesiones'- que en su respuesta anterior comenzó diciendo: La policía sostenía; y se paró y dijo: Bueno, la policía comentó. Yo sé que usted está incómodo, tengo esa apreciación.
Quizá no lo esté y está encantado de venir aquí a no contestar ninguna de las preguntas que le estoy fprmulando, como ha hecho el Gobierno. Es un hecho lamentable. El Parlamento iba ser el centro absoluto de la democracia, el centro de la vida
política, eso anunció el presidente Zapatero en la campaña, en su discurso de investidura. ¿Y qué vemos? Que no se nos responde en plazo, que cuando se nos dan contestaciones verdaderamente son elusivas, no tienen nada que ver con la cuestión, y
se nos deniegan continuamente peticiones de comparecencia, Comisiones de investigación. Ese es el respeto al Parlamento. Lo vemos hoy aquí cuando, con aire cansado, dice: Perdóneme que me reitere pero es que las preguntas son las mismas. Es que
usted no contesta a ninguna de ellas. Las preguntas hacen referencia a distintas manifestaciones que ha habido en comparencias, a preguntas en el Pleno o a la comparecencia inicial del ministro del Interior. Las tres preguntas que le estoy
formulando pensaba, hacerlas conjuntamente. Usted ha preferido contestar la primera. Pues bien, se las voy a formular sucesivamente, aunque en este caso estaba a su disposición. Dado que se referían a los mimos hechos, no tenía inconveniente en
formularlas. Como no ha querido, las hacemos de esta manera, sucesivamente.
Le vuelvo a reiterar, señor director general, cuales son los hechos probados en la sentencia: que no hubo agresión. Le he pedido que me dijera qué indicios exirían, pero usted no me ha dicho ninguno. Ha mencionado que había fotografías y
vídeos. Así consta en la sentencia, pero qué se dice: que no se ve nada en esos vídeos, que no hubo agresión.
Le vuelvo a reiterar por quinta o sexta vez que me diga si le merecen credibilidad los 14 policías que dijeron que no había habido
agresión, que no se había podido identificar a nadie, que las autoridades protegidas, el señor Bono, no había sido agredido en ningún momento.
Quiero que me diga si le merecen credibilidad esos 14 policías, pero usted sigue sin decírmelo. De aquí
va a salirr un mensaje muy claro para esos policías y para el resto de personas que están bajo su mando único.
Se han producido hechos lamentables. Que el comisario jefe dijera aquello de: Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado...
Usted no me ha dicho si le merece más credibilidad un ministro socialista que sus 14 funcionarios, y no creo que lo vaya a hacer ahora. Como le decía, en todas las diligencias policiales, en las auténticas y en las falsificadas, en todas consta lo
mismo: no hay indicios, no hay pruebas.
Por eso en la sentencia aparece que las detenciones fueron injustificas, abusivas, arbitrarias, que fueron detenciones ilegales, antijurídicas.
Ustedes no lo quieren reconocer. Señor Mesquida, qnos
encontramos por una parte con la acreditación policial de que no ha habido ninguna agresión, y por otra parte con una voluntad política inequívoca y muy clara de identificar y detener a los autores de una agresión que no había existido. Y no le
vuelvo a repetir la cronología del ministro del Interior al delegado del Gobierno, el señor Blanco, el diario El País.
¿Al final qué es lo que ocurre? No hay agresiones, tal como acredita la policía, no hay ninguna prueba, pero hay esta voluntad
inequívoca, clara de de que haya detenciones. ¿Y qué ocurre? Que al final hay detenciones ilegales de dos ciudadanos inocentes solo por asistir a una manifestación de las víctimas de terrorismo, que ya sabemos que a este Gobierno no le gustan
nada. Además se producen unas detenciones con mucha notoriedad, facilitando los nombres, y sin que haya el mínimo indicio, -porque es aquí no lo ha dicho- de la comisión de un delito, solo por aparecer en una foto, solo por ser miembros de Partido
Popular. Perdóneme, señor Mesquida, que le diga que eso es gravísimo y que usted debería condenarlo y disculparse con esos dos ciudadano, inocentes que vieron atropellados y vulnerados sus derechos fundamentales y respaldar, en cambio, a ese
policía que por cumplir con su deber fue cesado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Vuelvo a reiterar que no se detuvo a dos miembros del
Partido Popular, aunque ustedes se empeñen. (La señora Torme Pardo: ¿No se les detuvo?) No. Se detuvo a dos personas que presuntamente habían incurrido en un delito. Me cuesta mucho entender determinadas afirmaciones como las que hacen
ustedes. Usted está diciendo que estoy amparando actitudes delictivas y que el Ministerio del Interior se está convirtiendo en el ministerio de las mentiras. Yo no sé si le ha traicionado el subconsciente, porque el Ministerio del Interior...
Tampoco entremos en este tema. Añade que amparo actitudes delictivas. En los temas de oposición, para ustedes vale cualquier cosa, barra libre, da igual, descalificar... Hemos tenido antes una comparecencia en la que, sin importar nada, se ha
hecho un ataque furibundo a una personas que estaba presente en la sala. Eso da igual, lo que importa es hacer el discurso aquí, estamos en petit comité haciendo un discurso, y partir de ahí todo lo demás, sin calibrar y sin nada. Reirero que la
policía disponía de indicios para llevar adelante una investigación y abrir diligencias, y esto es lo que hizo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señora presidenta, pora una cuestión de orden. Quería recordarle al director general de la Guardia Civil que estamos en el legitimo derecho como oposición de realizar la comparecencia que hemos hecho, y no
admitimos que en este turno haga una valoración de ataque furibundo a lo que no ha sido así, y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones'. Solicitamos que retire esas palabras, puesto que no es así. Está vulnerando el ejercicio legítimo de la
oposición a realizar esa oposición en las comparencias de los altos cargos en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: No entiendo que se haya vulnerado ningún derecho, puesto que precisamente estamos llevando adelante este trámiteal pie de la letra. Tanto el compareciente como los preguntantes están en su derecho a expresarse en el
sentido y de la manera que crean conveniente con el decoro debido al Parlamento, como yo creo que se ha producido. Por lo tanto, no hay ninguna cuestión de orden. Tiene la palabra la señora Torme y le ruego que se refiera a qué pregunta va a hacer
ahora.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, ahora me referiré a la que aparece en el orden del día como punto número 9. Antes de reproducirla literalmente, dice el señor Mesquida que tergiversamos sus palabras y que le acusado de amparar
actitudes delictivas. No, señor Mesquida, lo que le he dicho es que me parece gravísimo que habiendo una sentencia que condena a tres policías por el delito de falsificación documental -delito por que el no ha recurrido la fiscalía- por el de
detención ilegal y el por el de coacciones, que tanto usted como el señor Alonso como el señor Rubalcaba como el señor presidente del Gobierno sigan diciendo, con esa sentencia condenatoria por tres graves delitos, que esos policías actuaron de
forma profesional autónoma, con respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, me parece una barbaridad y una grave irresponsabilidad. ¡Qué quiere que le diga! Solo puede existie la conclusión de que son unos irresponsables y no respetan
para nada las decisiones judiciales, porque cuando hay un sentencia que condena por tres delitos a esos tres policías, que siga manteniendo que actuaron plenamente de conformidad con la Constitución y la ley, parece algo descabellado e increíble.
Al menos debería ser cauteloso, esperar a que la sentencia sea firme, y no pronunciarse. Ratificar, reiterar continuamente todos los miembros del Gobierno socialistas que actuaron conforme a la Constitución quienes han detenido ilegalmente a dos
personas, quienes han falsificado diligencia policiales y han sometido a coacciones a un funcionario policial que quería cumplir con la ley, en un Estado democrático no se puede entender. ¿O es que a usted le parece que es constitucional detener
ilegalmente a la gente? ¿Le parece constitucional coaccionar y cesar a un instructor por querer cumplir la ley o falsificar las diligencia policiales para que no se vea que ha habido tres instructores distintos, para que no se vea que se han
intentado modificar las declaraciones de los policías? Esos son hechos probados en una sentencia judicial. ¿A usted le parece que eso es constitucional?
Es lo único que le he dicho, no he tergiversado sus palabras. He afirmado que me parece muy grave, como han hecho usted y otros cargos socialistas a los que he hecho referencia, que sigan diciendo que esos policías condenados por tres
graves delitos actúan dentro de la Constitución, con respeto a la ley, de forma autónoma y profesional ¿Esa es la policía profesional que usted como mando único defiende, la que detiene ilegalmente y falsifica documentos? Eso de la falsificación de
documentos parece que va a ser algo habitual en su ministerio. Quizás nos pueda decir algo también de esas cuestiones.
Ahora voya agrupar las preguntas que le voy a hacer. Voy a decir sus números de la forma más clara posible, para que la señora presidenta no tenga ninguna duda.En el orden de día aparecen como las números 9, 10 y 11, y como expediente los
números 2772, 2773 y 2774. Las tres preguntan por los puestos a los que han sido traslados los tres policías condenados y las funciones que tienen que desempeñar en los nuevos destinos. Me gustaría que las contestara. Le pregunto por el puesto a
que ha sido trasladado don Rodolfo Ruiz, que fue condenado por estos tres delitos como comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid; lpor el puesto a que ha sido trasladado el policía número 16.259, condenado por esa misma
sentencia de 8 de mayo de 2006 por delitos de detención ilegal y falsificación de documento público, y la funciones que tiene que hacer en su nuevo destino; y por el puesto a que ha sido trasladado al otro policía número 19.101, condenado solo por
el grave
delito de falsificación de documento público, y qué funciones debe desempeñar en ese nuevo destino.
La señora PRESIDENTA: Para responder tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Al comisario del Cuerpo Nacional de Policía don Rodolfo Ruiz Martínez se le asignó un puesto de trabajo de carácter burocrático en el Instituto de Estudios
de Policía, si bien con adscripción temporal a la actual Dirección Adjunta Operativa, anterior Subdirección General Operativa. El 12 de septiembre de 2006 fue nombrado consejero técnico de la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos. A
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía números 16.259 y 19.101 se les asignó en el mes de junio de 2006 un puesto de trabajo en la actual Dirección Adjunta Operativa. Los tres funcionarios se encuentran en este momento de baja.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme, si quiere replicar.
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta. Me ha señalado los puestos a los que se les traslada pero sobre la otra parte de la pregunta, las funciones que deben desempeñar en esos nuevos destinos, no ha manifestado nada. Me gustaría
que nos pudiera aclarar si es normal que a policías que primero han sido imputados y que luego han sido condenados en una sentencia judicial se les asigne un puesto. Usted ha dicho que es de carácter burocrático, pero en todo casos son de
responsabilidad. Ha mencionado que a Rodolfo Ruiz se le asigna un trabajo en el Instituto de Estudios de la Policía y se le nombra consejero técnico en la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos, puesto de responsabilidad. No sé si ha
hablado de la fecha en que se le asigna, pero ha sido muchos meses después de que fuera imputado, o un mes después de que se hubiera dictado esa sentencia. Respecto a los otros policías condenados, nos ha dicho que se les han asignado otros
puestos. No sé si son burocráticos o no, pero parece que tienen determinadas responsabilidades. ¿Es normal que en el Cuerpo Nacional de Policía a policías que han sido imputados por graves delitos como detención ilegal, falsificación de
diligencias policiales o coacciones se les asigne un nuevo puesto con responsabilidad, o lo normal es que en los casos de imputación por graves delitos se les separe de empleo y de sueldo a estos funcionarios en tanto se aclaren las circunstancias,
o se abra un expediente disciplinario de forma inmediata? Me guataría qué nos dijera qué funciones tienen que desempeñar. Añade ahora que están de baja, pero hasta este momento estaban ejerciendo sus responsabilidades. Han seguido en el Brigada
de Información Provincial de Madrid bastantes meses después, incluso habiendo sido imputados. Me gustaría que nos dijera si eso es normal en el Cuerpo Nacional de Policía.
Como mando único seguro que tiene esos datos y los conoce muy bien por lo que sabrá qué ha podido ocurrir. Nos gustaría que nos pusiera algún ejemplo, si en estos dos últimos años de Gobierno socialista, cuando ha habido policías imputados
por delitos ha ocurrido lo mismo, si se les ha asignado otro puesto de responsabilidad, o si de forma casi automática se les ha separado de empleo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Hasta el momento en que presentan la baja médica, los funcionarios realizaban las tareas que les encomendaba el titular del órgano en el cual se encontraban
destinados.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto. ¿Tiene la bondad la señora diputada de expresar cuáles son las preguntas siguientes?
La señora TORME PARDO: Ahora mismo las expresaré. Yo no sé si en este caso cabría la posibilidad de pedir amparo. Entiendo que esta sesión tiene lugar porque el Gobierno no me ha contestado a unas preguntas que presenté para su
contestación por escrito. Aquí tiene que venir una autoridad del Gobierno, que en este caso es el señor Mesquida, a cumplir de esa forma obligada con una respuesta a estas preguntas orales, pero estamos viendo que quedan sin contestar. Señora
presidenta, yo le pediría amparo.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, usted sabe muy bien que estamos realizando el trámite como establece el Reglamento, independientemente de que las preguntas respondan o no a las expectativas o a la voluntad de la persona que pregunta.
El trámite se está realizando tal cual y la autoridad del Gobierno que viene a responder, en este caso o en cualquier otro, contesta lo que cree oportuno. No solamente no hace falta ningún amparo, sino que el trámite se desarrolla con bastante
flexibilidad, porque es verdad que no es un trámite ordinario de preguntas, sino, por decirlo de alguna forma, más excepcional. Le rogaría que continuase con el orden de día y exprese a la Comisión la pregunta que va aformular a continuación.
La señora TORME PARDO: Sigo con el orden del día. Estoy de acuerdo en que el Gobierno contesta lo que considera oportuno, pero en este caso lo que considera oportuno es no responder a ninguna de las cuestiones, hecho que nos confirma que
el Gobierno tiene mucho que ocultar, que es lo que está haciendo, aunque en este caso no le queda más remedio que comparecer aquí, no sé si en contra de su voluntad, pero sí porque es obligado.
Vemos que no tiene el mínimo interés en arrojar algo de luz a estos supuestos escandalosos, a estos tres graves delitos, a esas detenciones ilegales por motivos partidistas.
Las tres siguientes preguntas hacen referencia a la fase en que se encuentra el expediente disciplinario abierto a los tres policías que fueron condenados y a las medidas que se contemplan en ese expediente disciplinario.
La señora PRESIDENTA: ¿Se refiere a las peguntas del orden del día números 12, 13 y 14?
La señora TORME PARDO: Eso es.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. ¿Ya da por formuladas las preguntas?
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta, he preguntado en qué fase de tramitación se encuentra el expediente disciplinario y qué medidas se contemplan en él. Las he planteado conjuntamente refiriéndome a los tres policías condenados.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Señora diputada, no es ningún suplicio comparecer es esta Comisión. Quiero decirle que el Gobierno no tiene en este caso ni en ningún otro nada que ocultar.
Quédese tranquila. En relación con la fase de tramitación en que se encuentran los expedientes disciplinarios abiertos a los policías 14.296, 16.259 y 19.101, con fecha 18 de junio de 2006, se les notificó a los funcionarios con carné profesional
idéntico la incoación del expediente disciplinario número 75/2006 el cual, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cueros de Seguridad, de 13 de marzo,se haya paralizado hasta que se dicte sentencia firme
cuya declaración de hechos probados vinculará a la Administración, no habiéndose contemplado medida cautelar alguna de procedimiento.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la réplica si quiere, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Eran unas preguntas muy concretas. Nos ha informado el director en que fechas se abren esos expedientes disciplinarios, pero no nos ha dicho las medidas que se contemplan. Al parecer, no se contempla ninguna medida
hasta tanto haya una sentencia firme. A mí me causa sorpresa que cuando los hechos que han sido condenados se producen los días siguientes al 22 de enero de 2005, día que tiene lugar la manifestación de apoyo a la víctimas del terrorismo -hablamos
de enero de 2005-, hasta junio de 2006 no se abra un expediente disciplinario. No entiendo por qué no se abre ese expediente disciplinario inmediatamente después de que la Dirección General del Policía o el Ministerio del Interior tengan
conocimiento de la imputación judicial, tal y como se hace como norma general con los funcionarios policiales que se encuentran en la situación de haber sido imputados por la comisión de un delito. Es un pregunta muy concreta, señor Mesquida, a la
que S.S. podría responder.
Díganos si lo normal es que se espere año y medio para abrir un expediente disciplinario y que no se adopte medida alguna. Lo normal es que se abra expediente disciplinario en el momento en que la autoridad judicial
tiene conocimiento de la comisión de un delito. En este caso hemos visto que se les mantiene en sus puestos, no hay suspensión de empleo y sueldo y se les da un nuevo puesto muchos meses después, cuando ya hay una sentencia judicial. Ya que
hablamos de esta cuestiones y que usted nos acaba de señalar que el Ministerio del Interior no tiene nada que ocultar ni este caso ni en ningún otro, podría también despejar alguna duda y decir en relación con otra presunta falsificación, en este
caso la que se refiere al informe del ácido bórico en la que han sido imputados tres mandos policiales, si se ha abierto ya un expediente disciplinario. Como el señor Mesquida dice que no tiene nada que ocultar, le pido que nos clarifique las cosas
y cuando ocurren ese tipo de imputaciones, nos diga cuál es la actuación normal en la policía, si abrir ese expediente, separar o suspender cautelarmente de las funciones y empleo si lo normal es ratificarlos, mantenerlos en puestos de
responsabilidad y no abrir expedientes disciplinarios hasta muchos meses después.
Señor Mesquida, en este caso se han cometido graves delitos, entre otros, esa falsificación documental, pero no se ha parado ahí. ¿Cómo se van a parar ahí si lo que hacen es amparar (digo en este caso amparar) o decir que son
constitucionales y conforme a derecho hechos que han sido condenados como delito por una sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de Madrid? La propia fiscalía no ha recurrido el delito de falsificación documental en relación con la
detenciones ilegales de dos militantes de Partido Popular, Es decir, la fiscalía considera que son hechos probados, que ha habido esa falsificación documental. ¿Y usted qué dice? Que la actuación de esos tres policías condenados es conforme a la
ley, al derecho y a la Constitución. ¿Usted cree que puede tranquilizar a los ciudadanos diciendo que esas conductas condenadas como delitos son constitucionales, o más bien lo que debería decir es que la conducta que es constitucional, conforme a
derecho y profesional es la de ese instructor que fue cesado por negarse a hacer un detención ilegal? Como no tiene nada que ocultar, nos gustaría que nos dijera qué van a hacer con esos tres mandos policiales: con el comisario general de la
Policía científica, con el secretario general de la Policía científica, señor Ramírez y con el jefe la unidad de análisis, imputados por una juez. El señor López-Garrido, cuando se había imputado a los tres peritos autores del informe original, no
falsificado, dijo que no había que detenerse
en perseguir a estos tres peritos, sino que lo había que hacer era perseguir a los impulsores de esa falsificación. Pues bien, ahora que la juez competente en este caso ha imputado a tres mandos policiales, supongo que el Gobierno, el Grupo
Parlamentario Socialista, tendrá que decir en ese caso que hay que seguir, no solo detener o que se sepa la responsabilidad de los mandos policiales imputados, sino perseguir e identificar a los instigadores. ¿Ha abierto ese expediente disciplario?
¿Sabe quiénes son los instigadores de esta presunta falsificación?
La señora PRESIDENTA: Señora Torme, perdone que la interrumpa. Sabe usted perfectamente que estamos en una pregunta y no en otra cosa. Por lo tanto, el señor director general de la Policía y de la Guardia Civil no tiene por qué entrar en
cuestiones que en este momento no están el en orden del día.
Tiene la palabra para la dúplica el director general.
La señora TORME PARDO: No había terminado, señora presidenta. Lo que yo le quiero decir es que, como muy amablemente el señor Mesquida me ha dicho que él no tenía nada que esconder o que el ministerio no tenia nada que esconder en este
asunto ni en ningún otro, yo pensaba que verdaderamente podía ser muy ilustrativo que en otro supuesto de falsificación documental nos dijera cómo está actuando el ministerio, si ya se ha abierto ese expediente disciplinario. Me parece que podría
venir muy bien en su argumentación, que sería algo realmente esclarecedor que nos dijera lo que se hace en un caso en que ha habido tres delitos, entre ellos uno de falsificación documental, y lo que se hace en este que estamos viendo ahora y que
causa verdaderamente mucha alarma en la sociedad, que es esta otra presunta falsificación en que están imputados tres mandos policiales.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para dúplica el director general. Y por supuesto vuelvo a reiterar que no tiene obligación alguna de responder preguntas que no estén en el orden del día.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Efectivamente no hay nada que esconder, pero lo que quieran ustedes plantear, obviamente por la vía del cauce reglamentario. A partir de ahí o no me ha
escuchado o yo me he expresado mal. El 18 de junio se notificó a los funcionarios la incoación de expediente. Lógicamente el expediente se abrió mucho antes. Normalmente, la apertura de un expediente disciplinario suele ir precedida de la
apertura de una información reservada, y lo que se ha hecho ha sido cumplir la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, paralizando, hasta se que dicte sentencia firme, todas las medidas que se puedan adoptar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Torme. Por favor, indique las preguntas.
La señora TORME PARDO: Paso a las siguientes pregunta, pero antes me gustaría decir al director general que nos podía decir en qué fecha se abrió ese expediente disciplinario.
La señora PRESIDENTA: Lo siento, señora Torme, esa pregunta ha sido contestada y ha sido cerrada. Estamos en otro punto del orden del día, si quiere decir las preguntas.
La señora TORME PARDO: Pues nada. Paso a las siguientes preguntas, aunque sí haré referencia, no a las anteriores preguntas, pero sí a las palabras del director general, que decía que no tenía inconveniente en contestar o que por la vía
del cauce reglamentario.¡Qué mejor oportunidad que, cuando el director general, el mando único de Guardia Civil y Policía Nacional, comparece ante el Parlamento, ante la Cámara que representa la soberanía popular, dé explicaciones al principal grupo
de la oposición! Ya sé que es una oportunidad que usted no va aprovechar.
Una de las siguientes preguntas hacen referencia, a la jubilación anticipada. Señor director general, a ver si me puede contestar: si contempla el Gobierno la posibilidad de facilitar la jubilación anticipada de alguno de los policías
condenados por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacción por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 8 de mayo de 2006. ¿El supuesto de jubilación anticipada impediría la sanción de expulsión del
cuerpo? Es la pregunta que procede de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/85609.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Mesquida.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): El pase a la situación de jubilación o segunda actividad por disminución de las facultades psicofísicas se tramita con sujeción a un procedimiento
establecido reglamentariamente, que puede ser impulsado de oficio o a instancia de los propios interesados. El reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece como causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria
el cumplimiento de sanción, muerte de la persona responsable, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Por consiguiente, la jubilación anticipada no impide la sanción de separación del servicio, en el caso de que se produjera,
ni la pérdida de la condición de funcionario, en ejecución de la pena de inhabilitación.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor director, yo quiero que nos pudiera despejar un poco más, con más
precisión, algunas dudas que se nos plantean. Yo tenía entendido que el pase a la jubilación anticipada supone dejar de ser en este caso funcionario policial, por lo que sería posible que no se aplicaran los efectos de separación de
servicio para realizar algunos otros trabajos, como pudiera ser por ejemplo jefe de seguridad en un ministerio o funciones dentro de la seguridad privada. Por otro lado, y, si no es así, corríjame, señor director general, el pase a la jubilación
anticipada en estos casos puede permitir que se eludan también la consecuencias económicas de la separación del servicio, puesto que una persona que se jubila, aunque sea anticipadamente, deja ya de recibir las remuneraciones por su puesto como
funcionario en activo y pasa a recibir las prestaciones de jubilación con cargo a la Seguridad Social. Dígame si es cierto, que es lo que se plantea en la pregunta, que puede ocurrir que no tengan lugar esas consecuencias y que no se produzca la
imposibilidad de que puedan desempeñar esas funciones de jefes de seguridad o que no se produzcan las consecuencias económicas que podrían producirse. Por otra parte, supongo que usted estará conmigo en que facilitar la jubilación anticipada a una
persona cuando no reúna las condiciones para este requisito supondría un fraude de ley.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mesquida para dúplica.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): En mi primera contestación me parece que he sido claro: El reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece como causas de
extinción de la responsabilidad disciplinaria el cumplimiento de la sanción, muerte de la persona responsable, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Por tanto, la jubilación anticipada no impide la sanción de separación del
servicio ni la pérdida de la condición de funcionario en ejecución de una pena de inhabilitación.
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta. Señora Torme tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Ahora formularé las dos siguientes, las que aparecen como procedentes de las pregunas al Gobierno con respuestas escritas números 85610 y 85611. Agradeciendo la aclaración anterior que ha hecho el señor Mesquida, yo
espero que sus palabras se correspondan exactamente con los hechos y que un supuesto de jubilación anticipada no impida de ninguna manera o no deje ningún resquicio para que no se pueda cumplir en todos su términos de manera íntegra las
consecuencias de una sanción de separación del servicio. Espero que efectivamente sea así y supongo que tendremos ocasión de comprobarlo en supuestos que se pudieran dar.
Las preguntas se refieren al inspector con número 16.444. En la primera de ellas se dice que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 considera un hecho probado que, el día 25 de enero de 2005, el comisario
condenado, cuando el inspector 16.444 empezó a decirle que no estaba de acuerdo con las detenciones, pues no había pruebas, le interrumpió y le dijo que estaba cesado como instructor de las diligencias, como jefe de grupo, y que abandonara el
despacho inmediatamente, lo que se vio obligado a hacer saliendo del despacho de su grupo, tras hablar con el segundo jefe de la brigada. Abandonó el despacho a la espera de que en la tarde del día 26 le señalaran nuevo destino y servicio. ¿Qué
nuevo servicio y destino le señalaron, en qué fecha, qué funciones le correspondía desempeñar en el mismo y qué implica el nuevo puesto en su carrera profesional respecto del anterior puesto de jefe de grupo de conflictividad laboral y social de la
brigada provincial de información de Madrid del que fue cesado?
La siguiente pregunta, que formulo acumuladamente, señala también que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2006 considera hechos probados que este inspector número 16.444 fue cesado por negarse a detener sin
pruebas a dos militantes del Partido Popular. ¿Se ha ofrecido a dicho inspector la posibilidad de ser restituido en el puesto del que fue cesado?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor director.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Señora diputada, en relación con lo que comentaba anteriormente, no son mis palabras lo que cuentan, lo que cuenta es la aplicación del reglamento del
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, lo que va a corresponder en cualquier caso va a ser la aplicación del reglamento.
Con relación a las dos preguntas que se refiere al funcionario con carné profesional número 16.444, tengo que decir que en aquella fecha desempeñaba provisionalmente un puesto de jefe de grupo operativo en la brigada provincial de
información. En dicha situación permaneció hasta que, en virtud de resolución de este centro directivo de 13 de abril de 2005, fue nombrado provisionalmente, por haberlo solicitado el interesado y existir vacante, para un puesto de jefe de módulo
de apoyo en la comisaría del distrito de Retiro. Posteriormente, de forma voluntaria, tomó parte en dos concursos específicos de méritos, obteniendo los puestos de jefe de módulo de apoyo, secretario de distrito, y de jefe de grupo operativo en la
unidad de coordinación operativa territorial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, optando por este último, donde permanece hasta la fecha o permanecía hasta la fecha. El puesto de trabajo que desempeñaba entonces el inspector de Cuerpo
Nacional de Policía con carné profesional número 16.444 en la brigada provincial de información de Madrid con
carácter provisional es de libre designación, para su nombramiento y cese, del director general. Por tanto ni el comisario ni el jefe superior pudieron cesarle. El cese se produjo a petición del interesado, adscribiéndosele a otro puesto
en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, desde donde, también de forma voluntaria, concursó a dos puestos de trabajo, el que ahora desempeñaba con carácter provisional y otro de jefe de jefe de grupo operativo, similar al que desempeñaban en la
brigada provincial de información, optando, al ser designados para ambos, por la jefatura del grupo operativo. No consta que el funcionario haya efectuado petición alguna de reintegro a la brigada ni que se le haya ofertado la posibilidad de
volver, ya que de sus propios actos de solicitud de cese y concurso a otro puesto se desprende lo contrario.
La señora PRESIDENTA: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Me ha dicho los distintos puestos por los que ha ido pasando este funcionario policial con carné profesional número 16.444. Lo que pasa, señor Mesquida, es que usted señala que el cese que se produce es a petición
del propio interesado y que luego, también de una manera voluntaria, concursa a otros puestos de trabajo. Yo quiero preguntarle si eso de que la petición es voluntaria es cierto o más bien puede estar motivado por una situación de presión. Porque
tenga usted en cuenta, y se lo he dicho yo al plantearle la pregunta, que el comisario jefe lo que le dice es que está cesado. Antes ya le había dicho: haz esas detenciones o vamos a tener problemas. Eso lo dijo el inspector jefe.
Pero es que
luego el comisario jefe, don Rodolfo Ruiz, señaló que estaba cesado como instructor de las diligencias, también, como jefe de grupo, y le impelió a que abandonara el despacho inmediatamente. Y se señala que es lo que se vio obligado a hacer, a la
espera de un nuevo destino. Es cierto que a lo mejor el cese solo lo puede dar orgánicamente el cargo que tiene esa competencia, pero él sufrió coacciones y fue cesado como instructor de un expediente policial, como instructor de unas diligencias
policiales, que estaba haciendo además con una gran profesionalidad. No se ha producido ningún reparo a esa conducta; esta persona, por cumplir su deber, por negarse a hacer unas detenciones ilegales, sufre coacciones, sufre amenazas, se le
presiona, se le cesa como instructor y además se le dice literalmente que no solo está cesado como instructor, sino que también está cesado en el puesto que está desempeñando en ese momento como jefe de grupo. ¿Se le han pedido disculpas? A mí me
gustaría saberlo, señor Mesquida. Porque una persona que defiende firmemente el ordenamiento jurídico, que está verdaderamente realizando una actividad con muchísima profesionalidad, yo creo que se merece un respeto y se merece una rectificación de
la conducta que con él tuvieron sus superiores, cosa que me parece que no ha ocurrido.
Quiero decirle de todas formas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en la que pedimos que se pueda condecorar a ese funcionario policial, que fue un defensor del cumplimiento del ordenamiento jurídico,
y que, precisamente por actuar de esa manera profesional, defendiendo la ley, fue cesado y sufrió coacciones. Ahí tendremos ocasión de ver cuál es la posición del grupo parlamentario que le apoya y cuál es la posición del Gobierno, aunque usted eso
nos lo podría anticipara: si cree que ese funcionario se merece un respeto y una valoración de su actuación. Me ha dicho al contestar a mi pregunta, a la segunda de ellas, en la que yo le preguntaba si se le había ofrecido la posibilidad de ser
restituido en el puesto del que fue cesado, que no le consta, que el no ha efectuado petición alguna de reintegrarse en la brigada en la que estaba destinado, pero que no le consta tampoco que se le ha haya ofertado la posibilidad de volver. Usted
hace unas conjeturas, unas conclusiones, pero a mí me parece que no sobre unos datos concretos, porque qué mejor, para saber si esta persona no quiere ir a su puesto anterior, que preguntárselo, que darle esa posibilidad de restituirle en su puesto.
Usted afirma en su contestación que él voluntariamente pidió el cese y que voluntariamente ha concursado. Pero es que sabemos que los policías que han sido condenados, los dos superiores que les dieron las órdenes de hacer las detenciones ilegales
han seguido en la brigada provincial de información de Madrid hasta yo creo que ha dicho usted junio de 2006. Dígame usted si esta persona, coaccionada, que había sufrido presiones, amenazas, al que se le había cesado como instructor y se le había
anunciado que se le cesaba también de su puesto, si esta persona podía estar voluntariamente y tranquilamente en ese puesto de trabajo, con esos dos superiores que le habían amenazado, presionado, condenados precisamente por coaccionarle, por los
delito de coacción a este funcionario. Dígame usted sinceramente si cree que esta persona de una forma voluntaria pidió el cese y concursó a otros puestos, o si podía estar claramente motivado por esas situación de presión, presión de la que queda
constancia en esa sentencia, donde, como hechos probados, aparece que, por negarse a esas detenciones ilegales, fue cesado. Se le dijo: hazlo o vamos a tener problemas. Y a continuación se le dijo: estás cesado.
Me gustaría que usted nos aclarara esto. Yo hacía una pregunta muy concreta: si se le ha ofrecido esa posibilidad de ser restituido. Usted lo que hace es una intuición, dice que de sus propios actos de solicitud de cese y de concurso a
otros puestos se desprende que él no tiene interés de volver a ese puesto. ¿Por qué no se lo preguntan? ¿Por qué no le dan esa posibilidad? Porque verdaderamente en esas condiciones, habiendo sufrido esas amenazas, esas coacciones, esas
presiones, habiendo sido cesado por los superiores, que continúan prestando sus servicios, en su destino, en esta mismas brigada provincial de información, parece difícil que esa persona se pueda sentir ahí cómoda, que esa persona pueda
querer seguir ahí, se entiende que voluntariamente pida el cese y el concurso.
La señora PRESIDENTA: Para un turno de dúplica, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Vamos a ver. El cese se produjo a petición del interesado.
Usted dice que se produjeron coacciones y amenazas. Hay una cosa que es la tutela judicial.
Cuando uno se siente amenazado o coaccionado, se va a un juez y lo denuncia. ¿Ha habido una denuncia por parte de esta persona manifestando que ha sido objeto de amenazas o de coacciones? Por tanto, el cese se produjo a petición de interesado. A
partir de ahí lo que se produce es que, de forma también voluntaria, concursó a dos puestos de trabajo, el que desempeñaba, el que ahora desempeñaba con carácter provisional, y otro de jefe de grupo operativo, similar al que desempeñaba en la
brigada provincia de información, optando, porque fue designado para ambos, por la jefatura del grupo operativo. A partir de ahí, no me corresponde a mí hacer ningún contacto con un funcionario para saber dónde quiere ir, hay unos procedimientos de
concursos y traslados y lo que se garantiza es la igualdad de oportunidades. A partir de ahí, si alguien ha sido objeto de una coacción o de alguna amenaza, lo que tiene que hacer, en mi opinión, es denunciarlo antes un juez.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señora Tome, para formular la siguiente pregunta. No sé exactamente qué preguntas quedan.
La señora TORME PARDO: Es la que figura a continuación en el orden del día, que es la procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número 184/85613. Ya he dicho que, menos en el caso de tres preguntas de las que le informé
previamente al director general, en el resto he seguido el orden que aparece en el orden del día de la Comisión.
En el orden el día aparece como número 19.
Es otra pregunta que también se refiere al inspector con número de carné profesional 16.444. Permítame, señor Mesquida, que le diga que me parece inaudito lo que usted acaba de decir. Que parezca que puede usted negar que esa persona
sufrió coacciones, que sufrió presiones, que sufrió amenazas, que fue cesado, cuando eso aparece en una sentencia judicial, qué quiera que le diga, me parece grave, y por eso yo le digo que es que me escandaliza el poco respeto que tienen ustedes al
Poder Judicial, a la sentencias, en este caso a la sentencia de 8 de mayor de la Audiencia Provincial de Madrid. Ahí consta cómo hubo un primer instructor al que se le cambió porque hizo una nota informativa. Además, este primer instructor había
estado presente, había participado en la cápsula de seguridad del ministro. Redactó esa nota informativa, él consideraba que no había que hacer diligencias policiales, abrir un expediente, porque no había lugar, porque no hubo agresión, de manera
que había que archivarlo.
Le ordenaron transformarlas en diligencia policiales y luego le quitaron del asunto y pusieron un segundo instructor. Este segundo instructor, cuando le obligan a que haga unas detenciones ilegales y él se niega, porque
no hay pruebas, sufre coacciones, le dicen hazlo o vamos a tener problemas, sufre amenazas, le cesan como instructor, le amenazan diciéndole además que le ha cesado también en el puesto que él viene desempeñando como policía en la brigada provincial
de información. ¿Y usted qué me quiere decir? Esos son hechos probados en sentencia judicial. ¿Qué quiere, negar que ha habido presiones, que ha habido amenazas, que ha habido coacciones, cuando hay una condena en esa sentencia por coacciones a
este funcionario policial? Su obligación sería precisamente respaldar a este funcionario policial, decir que usted, como director, como mando único del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, lo que defiende, lo que va a apoyar, lo que
va a amparar, van a ser las actitudes realmente profesionales, con respeto escrupuloso a la ley y el ordenamiento jurídico, actuaciones como la de este policía, que se negó a practicar una detenciones ilegales, y él mismo testificó ante el juez.
Ahí están sus declaraciones, ahí están todas las alegaciones que hizo en sede judicial, toda la exposición de los hechos que habían acontecido, relatando las amenazas que había sufrido, de las que además había testigos; él relató todo eso, y usted,
en vez de amparar la conducta de quien realmente actuó de una forma profesional y con sometimiento a la ley, lo que hace es no ampararla y en cambio decir que quienes han sido condenados por estos delitos, a su juicio, y al del resto de miembros del
Gobierno socialista, actuaron conforme a nuestra Constitución. Realmente me parece muy grave y me parece una lástima que usted pierda la oportunidad de dejar muy claro qué es lo que usted quiere de los efectivos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Siguiendo con esta pregunta, se plantean una cuestiones también muy concretas. A mí la verdad es que me gustaría, y se lo voy a pedir, aunque, viendo cómo se está desarrollando esta comparecencia y la no contestación a las preguntas, no soy
muy optimista en que en este caso vaya a obtener respuesta. En esa pregunta, la que aparece como número 19 en el orden del día, se señala que en esa sentencia, a la que venimos haciendo referencia, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de
mayo, por la que se condena a tres policías por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones, se afirma que para este tribunal, en relación con la concreta conducta que el inspector 16.444 ha tenido en ese asunto, representa un
ejemplo de policía judicial, que, con buena fe, en conciencia y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, se negó a practicar las detenciones de dos personas contra las que no había elementos incriminatorios para restringir su libertad.
Yo lpreguntaba al Gobierno si compartía esta declaración de la sentencia judicial, que este inspector que se niega a esa detención
ilegal es el ejemplo de policía judicial. Y le repito ahora a usted esas preguntas que yo hacía al Gobierno y que quiero que en este caso, como director general, pueda usted contestar de una forma muy concreta, se trata de que nos diga sí o
no. ¿Comparte el Gobierno esa afirmación, que ese inspector cesado es el ejemplo de policía judicial, que respeta los derechos de los ciudadanos? ¿Considera usted, señor Mesquida, que ese ha de ser el perfil de la Policía Judicial? ¿Valora
positivamente el Gobierno y usted, señor Mesquida, que el inspector con número 16.444 se negara a cumplir una orden que no respetaba los derechos de los ciudadanos y que implicaba una actuación ilegal? ¿Considera el Gobierno y considera usted,
señor Mesquida, que este inspector hizo lo que debía cuando se negó a practicar las detenciones de dos personas contra las que no había elementos incriminatorios para restringir su libertad? Señor Mesquida son cuatro preguntas muy concretas y se
contestan muy fácilmente, sencillamente diciendo sí o no. Es lo que quiero que haga usted en este momento.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Con relación al cese, reitero que se produjo a petición propia y que no existe una sentencia condenatoria a las personas que supuestamente realizaron sobre
este agente coacciones o amenazas. Por tanto, nadie ha sido condenado por amenazas o coacciones a este agente.
Y, si no ha habido condena de que nadie le haya coaccionado o amenazado, en este caso no hay ni amenazas ni coacciones. Y le reitero mi
línea en todas las repuestas. Estamos ante una sentencia que no es firme, una sentencia que está recurrida. Habrá que esperar a hacer los comentarios o valoraciones, en cualquier caso se puede hacer la valoración que se quiera de la sentencia
actual, pero la realidad es que estamos ante una sentencia que no es firme.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, si quiere, la señora Torme para un turno de réplica.
La señora TORME PARDO: Lamento que, habiendo planteado las cuatro cuestiones tan concretas que aparecen en este expediente, en esta pregunta que figura como número 19, el señor director general no haya contestado a ninguna de las cuatro;
lo que ha hecho es referirse a la pregunta anterior. Yo no sé muy bien si ese es el tramite adecuado, a juicio de la señora presidenta. Él puede hacer lo que considere oportuno, por supuesto, pero cuando yo he preguntado si el Gobierno comparte
esa afirmación de que este inspector es el ejemplo de policía judicial, que, con buena fe, en conciencia y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, se niega a practicar esas detenciones de dos personas contra las que no había ningún
elemento para restringir su libertad, el señor Mesquida no me contesta. No me dice si el Gobierno comparte esa afirmación y si él, como director general, la comparte, que es lo que le he preguntado. No me dice si ese es el perfil que debe tener a
su juicio la Policía Judicial, el perfil de respetar los derechos de los ciudadanos y de cumplir la ley. No me dice si valora positivamente que se inspector se negara a cumplir una orden que le daban sus superiores, que no respetaba los derechos de
los ciudadanos y que implicaba una actuación ilegal. Y tampoco me contesta el señor Mesquida a si el Gobierno considera que este inspector hizo lo que debía cuando se negó a practicar las detenciones de esas personas.
Señor Mesquida, ¿qué mensaje está usted dando aquí a los ciudadanos españoles? ¿Qué mensaje está usted dando a todos los funcionarios que están bajo su mando? ¿Que quien se niega a hacer una detención ilegal que le ordenan sus superiores
no es el perfil adecuado de policía judicial? Yo le digo que nos valore si hizo bien ese inspector en negarse a hacer esa detención ilegal a que le obligaban sus superiores. Le pregunto algo tan sencillo como que me diga si el Gobierno valora
positivamente que se negara a cumplir esa orden. Bastaría con que usted me dijera que sí, que usted valora positivamente que no cumpliera una orden que era claramente ilegal. Podría decirme que no, que no lo valora positivamente; por supuesto,
está en su derecho.
Le he hecho cuatro preguntas muy concretas y le he dicho que el trámite era tan sencillo como decirme sí o no, si usted está de acuerdo con esta manifestación de lo que ha de ser la Policía judicial, si respeta la actuación y la valora y
está de acuerdo con los actos y las decisiones que tomó ese policía cesado, aunque quizá considera lo mismo que el comisario jefe que fue acusado de coacciones. Usted ha dicho que no ha habido ningún delito de coacciones. Yo le leo el fallo de esa
sentencia en la que se condena por el delito de detención ilegal, se condena por el delito de falsificación de documento público y se condena también por un delito de coacciones. En las consideraciones jurídicas, cuando se refiere el juez en la
sentencia a las coacciones, habla de manifestaciones que hizo el comisario acusado. Si usted no me está diciendo que este es el perfil adecuado, que respalda la actuación de esta persona que se negó a cometer un acto ilegal, que decidió no seguir
unas órdenes ilegales y antijurídicas, se me plantea la duda de que usted está de acuerdo con el comisario jefe acusado de esos tres delitos de detención ilegal, falsificación y coacciones. ¿Sabe lo que dice el comisario acusado, las declaraciones
que recoge el juez precisamente cuando está haciendo las consideraciones jurídicas en relación con las coacciones? Recoge las declaraciones que a lo largo de este juicio hizo el comisario acusado, que señalaba que había apatía, desgana, falta de
colaboración por parte de este inspector que a mi juicio actuó legalmente. Asimismo señalaba el comisario jefe que no daba el perfil para ser jefe de grupo y que era un mal ejemplo para la brigada. Señor Mesquida, usted no contesta a las
cuatro preguntas tan sencillas, tan simples que le he planteado. Me dice que no ha habido delito de coacciones cuando hay una sentencia en la que se condena por ese delito, cuando en esa sentencia se recogen esas palabras del comisario
jefe, el que dijo: Está usted cesado. Ha dicho además que esta persona no fue cesada. Fue cesado como instructor y de hecho aparece un tercer instructor, que es el otro inspector condenado.
De manera que no me diga que no ha habido un cese.
Esta persona ha sido cesada por no querer cumplir una orden ilegal, ha sido cesado como instructor, ha recibido esas coacciones. Dígame usted si a su juicio no es una coacción decir: Hazlo, detenlos o vamos a tener problemas. O decirle: Estás
cesado como instructor y en el puesto que tuviera en la Brigada de Información. Si usted considera que no son coacciones...
Afortunadamente su juicio no coincide con el del Poder Judicial.
Señor Mesquida, si usted en este segundo turno de réplica no me contesta y no me dice de una forma clara si el Gobierno, usted como director general considera que el perfil de policía judicial que queremos para nuestros efectivos, que quiere
usted en su ministerio, es precisamente el de este inspector con número profesional 16.444 que se negó a esa orden que no respetaba los derechos de los ciudadanos; si usted no me dice que comparte esa consideración de la sentencia, que ese es su
modelo de policía judicial, la conclusión será que está usted con el comisario jefe acusado y que considera que el policía que respeta la ley, que no obedece órdenes ilegales, antijurídicas, que no hace detenciones ilegales sin pruebas, a su juicio
no da el perfil y es un mal ejemplo para la policía.
Si esa es su conclusión, si esa es su posición, es realmente lamentable para todos los ciudadanos, pero también para todos los funcionarios que están bajo su mando.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para la réplica.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Las conclusiones hace un buen rato que usted las tiene. Ha dicho que estaba amparando actitudes delictivas, por lo que a partir de ahí no hay mucho más que
decir. El Gobierno respeta y acata las sentencias, y en este caso concreto ha sido recurrida por la Abogacía del Estado.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 20 del orden del día. ¿La va a unir a alguna otra?
La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta. Plantearé conjuntamente las tres siguientes que aparecen en el orden del día.
Señor Mesquida, yo no traía aquí ninguna conclusión previa. Le he dicho que tenía cierto escepticismo por todo lo que hemos estado viendo hasta ahora: cómo el Gobierno ha seguido intentando ocultar lo que había ocurrido, no ha pedido
disculpas a dos ciudadanos inocentes que vieron sus derechos fundamentales conculcados y ha seguido diciendo reiterativamente que los policías condenados por tres graves delitos actuaron conforme a la Constitución. A usted quizás eso le parece algo
muy normal, a mí desde luego no me parece lógico. Usted aquí tenía la oportunidad de decir muy claramente que sí, que el Gobierno comparte que ese inspector que fue cesado como instructor por no cumplir una orden ilegal es el ejemplo de policía
judicial que usted defiende. Es un mensaje muy claro que podía dar a todos los funcionarios policiales que dependen de su mando único. Además, es usted consciente de que todos los sindicatos policiales, al menos los dos mayoritarios, el SUP y la
Confederación Española de Policía, se han manifestado a favor de ese policía que fue cesado. Le leo declaraciones de mayo de 2005 en las que el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía señalaba que el policía que se negó a practicar las
detenciones hizo muy bien. Por otra parte, el representante de la Confederación Española de la Policía también señaló que no se había producido ninguna agresión durante la manifestación y que, por tanto, no procedía hacer esas detenciones ilegales.
De manera que los sindicatos policiales han apoyado la actuación de su compañero; una actuación profesional, una actuación con sometimiento pleno a la ley, al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Usted podía haber hecho aquí lo mismo:
apoyar y respaldar una actuación profesional y jurídica, pero no lo ha hecho; usted sabrá por qué.
Las siguientes preguntas que aparecen en el orden del día con los números 615, 616 y 617 son las últimas y todas ellas hacen referencia a declaraciones del actual ministro del Interior, del señor Pérez Rubalcaba. En la primera de ellas se
plantea si considera el Gobierno que es posible que el señor Pérez Rubalcaba, tal como aseguró en sesión de control del Congreso de los Diputados del pasado 17 de mayo, viera con sus propios ojos una agresión al señor Bono que no existió, como así
corroboraron hasta 14 policías, incluidos los escoltas del señor Bono que participaron en la cápsula de seguridad. En la siguiente se plantea que cuando el señor Pérez Rubalcaba sostiene que no solo él vio con sus propios ojos una agresión al señor
Bono que no existió, sino que eso mismo dicen algunos manifestantes que lo vieron, ¿a quiénes se refiere? ¿Se refiere quizás a la militante socialista de Navarra que presentó una denuncia 16 meses después de esa inexistente agresión? Y en la
tercera de ellas se plantea la siguiente cuestión: cómo explica el Gobierno que el mismo día en que el señor Pérez Rubalcaba afirma en el Congreso de los Diputados que vio con sus propios ojos la agresión inexistente al señor Bono, y que eso mismo
dicen algunos manifestantes, la Cadena Ser difundiera la existencia de una testigo que había denunciado en Pamplona 16 meses después el intento de agresión al señor Bono. Son tres preguntas concretas de las que no he tenido respuesta por parte del
Gobierno y que a las alturas de esta comparecencia
tampoco tengo mucha esperanza de que me las vaya a contestar, pero no renuncio a planteárselas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general para responder.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mezquina Ferrando): Señora presidenta, hubo lesiones, hubo hematomas, hubo vídeos y fotografías que pusieron de manifiesto el intento de agresión o agresión no consumada al
ministro de Defensa. El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, sostuvo y sostiene que lo vio con sus propios ojos y, obviamente, muchos fuimos los españoles que también pudimos verlo con nuestros propios ojos.
La señora PRESIDENTA: Quería clarificar que no se trata en esta ocasión de una comparecencia a la que varias veces se ha referido la señora diputada, la comparecencia ya se ha producido con anterioridad, estamos en el turno de preguntas.
(Rumores.) Me refería a que no estamos en una comparecencia del director general para un tema determinado, sino ante la respuesta a determinadas preguntas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, yo lo que he dicho es que planteaba las últimas preguntas y que en este caso, viendo como ha transcurrido la sesión, no tenía la esperanza de que tuviera una respuesta, como efectivamente así ha
ocurrido, aunque como le decía yo no he renunciado a plantearlas. No le he preguntado por aspectos de la sentencia, por si hubo intento de agresión o las distintas referencias a que ha hecho ahora alusión el director general. Yo le he planteado
cuestiones muy concretas a las que nuevamente no ha dado respuesta. No me ha contestado -y se lo he reiterado a lo largo de mis intervenciones- si para usted merecían credibilidad esos 14 funcionarios policiales que coincidieron en señalar que no
había habido ninguna agresión y que tampoco se había podido identificar a ninguna persona que hubiera intentado siquiera cometer alguna agresión. Esos 14 policías, incluyendo a los escoltas del señor Bono, coinciden en lo mismo: no existió
agresión. Yo le pregunto -y usted no me responde- cómo el señor Pérez Rubalcaba pudo decir que vio con sus propios ojos que hubo esa agresión.
Verdaderamente es muy difícil que pudiera ver el señor Rubalcaba -que creo que no estaba allí- una
agresión que no existió. Incluso aunque hubiera revisado él mismo los vídeos y las fotografías, seguramente tendría que concluir en lo que concluyeron los 14 policías, que no hubo ninguna agresión y que no se podía ver a ninguna persona ni siquiera
intentando agredir a algún ministro del Gobierno. Afortunadamente, señor Mesquida, los ojos del señor Rubalcaba no son los ojos de la justicia, y ya hemos visto cómo en este momento hay una sentencia en la que se condena a tres policías por esos
tres graves delitos de detención ilegal, coacciones y falsificación de documento público, señalando además como hecho probado que no hubo agresión. De manera que es difícil lo que usted ha dicho ahora mismo, que sí hubo esa agresión y que todos lo
vimos.
Desde luego, quienes estaban allí, los que participaron en esa cápsula de seguridad no lo vieron y así han testificado, así como todos los que han revisado luego esas pruebas gráficas que constaban. Lo que pasa es que hay personas que se
dedican a mentir compulsivamente -no sé si es un elemento que da aliciente a sus vidas-, son cosas que ocurren, pero los ciudadanos también se dan cuenta de quién es sincero, quién es respetuoso o quién de manera compulsiva se dedica a falsificar la
verdad, a falsificar documentos públicos y a decir literalmente mentiras.
Tampoco me ha contestado a la siguiente pregunta que le hacía. El señor Rubalcaba no solo decía que vio con sus propios ojos esa agresión que no existió, sino que también lo vieron algunos manifestantes. Yo le he preguntado a usted, le he
preguntado al Gobierno que a quién se referían, si a esa manifestante socialista que 16 meses después, que casualidad, presentó una denuncia, una denuncia que por ser falsa ha sido desestimada por los jueces competentes. Tampoco me ha contestado o
me ha dado alguna explicación de otra casualidad. Todo parece un episodio más de las producciones Rubalcaba, tan famosas y tan magistrales en algunas ocasiones. El mismo día en que el señor Rubalcaba contesta en el Congreso de los Diputados y dice
que vio con sus propios ojos lo que no existió, que también lo vieron otros manifestantes, resulta que la Ser difunde que hay una denuncia, qué casualidad, de una militante socialista, qué casualidad, el mismo día que lo dice Rubalcaba y 16 meses
más tarde. ¿Por qué esperó 16 meses si había visto eso? Es que han salido otros testigos diciendo que ella no estaba allí y se ha desestimado porque la denuncia era falsa.
Realmente estamos ante un episodio lamentable. Es un supuesto gravísimo que se produzca la detención ilegal de dos ciudadanos por estar en una manifestación que no le gusta al Gobierno, por aparecer en una fotografía cerca del ministro, por
ser militantes del Partido Popular. Es una detención ilegal sin pruebas. Uno de los atentados más graves que puede ocurrir en una democracia es que se vulnere la libertad, que ha de ser el eje esencial, el eje central de una democracia, y con esta
vulneración, con este atentado a la libertad no ha venido aquí el presidente del Gobierno a dar explicaciones, no ha pedido disculpas a esos ciudadanos inocentes. No han dado ninguna explicación, no han pedido disculpas y, lo que es peor, siguen
ustedes diciendo que esos hechos que han sido condenados en sentencia como delitos se encuentran dentro de una actuación constitucional, con sometimiento a la ley, que es una actuación profesional y autónoma. Realmente es algo escandaloso y
lamentable. Señor Mesquida, veremos qué hace usted como mando único, pero ha dejado perder esta ocasión en la que podía dar algunas respuestas, podía dar explicaciones, podía pedir esas disculpas y dejar muy claro cuál
es el perfil que quiere para la policía. Francamente lo lamento y le pido que ahora o en un futuro reflexione y rectifique, porque como le decía en un momento de mi intervención estamos volviendo a esos episodios oscuros de la época
felipista, episodios tan tremendos, tan escandalosos que han dado lugar hasta a alguna película que se está proyectando últimamente en las pantallas. Espero que no estemos con escándalos continuos como está habiendo ahora en el Ministerio del
Interior, que no sigamos con nuevas falsificaciones cada día y con mentiras. Espero que no nos encontremos con esos hábitos de otros tiempos que puedan dar lugar a otra película con una trama escandalosa.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para el turno de réplica y para cerrar este debate el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Señora diputada, comparto una cosa con usted, y es que los ciudadanos saben perfectamente quién les miente y quién les intenta engañar; lo comparto
plenamente. Esta no era una manifestación que no le gustara al Gobierno. Había un miembro del Gobierno en esta manifestación que no fue tratado especialmente bien, si lo quieren así, no fue tratado especialmente bien. Está acreditada la agresión
a un ministro del Gobierno de España. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en el fundamento jurídico cuarto, hace suyo el auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 42, el cual declara acreditado que hubo como mínimo intento de
agresión, si no agresión, al señor Bono con al menos una barra cilíndrica.
La señora TORME PARDO: Perdone, y añade que declara la irresponsabilidad de las dos personas detenidas.
La señora PRESIDENTA: No puede interrumpir cuando está una persona en el uso de la palabra. No tiene la palabra, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Es que solo habla de una parte de ese punto de la sentencia.
La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra. ¡Un poco de respeto!
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Mesquida Ferrando): Se indica que el auto es firme y que para la existencia del delito de atentado basta acometimiento, intento de agresión o que otro juez haya estimado
acreditado. Creo que las cuestiones están claras y, como decía en mis anteriores intervenciones, la sentencia está recurrida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.