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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 614, de 21/06/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 614
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 33
celebrada el miércoles, 21 de junio de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- De impulso a la reforma de Naciones Unidas. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso; Catalán (Convergència i Unió); Esquerra Republicana (ERC); Vasco (EAJ-PNV); Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto. (Número de expediente 161/001628.) ... (Página 2)
-Sobre la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos españoles en Venezuela. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001642.) ... (Página 6)
-Sobre la persecución sufrida por la Comunidad Bahá'í en Irán. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso; Popular en el Congreso; Catalán (Convergència i Unió); Esquerra Republicana (ERC); Vasco (EAJ-PNV):
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mixto y Coalición Canaria-Nueva Canarias. (Número de expediente 161/001762.) ... (Página 9)
-Sobre el cierre de Guantánamo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001602.) ... (Página 12)
-Sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. (Número de expediente 161/001508.) ...
(Página 17)
Dictamen sobre:
-Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005. (Número de expediente 110/000149.) ... (Página 25)
-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006. (Número de
expediente 110/000150.) ... (Página 25)
-Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, 'ad referéndum' en Skopje el 6 de febrero de 2006. (Número de expediente 110/000151.) ...
-Convención internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005. (Número de expediente 110/000152.) ...
(Página 25)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DE IMPULSO DE LA REFORMA DE NACIONES UNIDAS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO; CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ); ESQUERRA REPUBLICANA (ERC); VASCO (EAJ-PNV); IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS;
COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO. (Número de expediente 161/001628.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señorías, si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión. En primer lugar les voy a comunicar los cambios que se han producido en el orden del día por acuerdo de los portavoces para que así conste
en el acta de la sesión. El punto primero del orden del día será el 3.º, es decir, el impulso de la reforma de Naciones Unidas. El punto segundo del orden del día será el 4.º, sobre la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos
españoles en Venezuela. El punto tercero del orden del día será el 6.º, sobre la persecución sufrida por la comunidad bahá'í en Irán. El punto del día será el cierre de Guantánamo, es decir, el actual punto 2.º pasa a ser el cuarto, y el último
punto del orden del día será el relativo al reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática, que es el punto 1.º y pasa a ser el quinto. Se retira el punto 5.º, sobre acción exterior en materia de derechos humanos y su
correspondiente plan de acción. Se añade una enmienda de Coalición Canaria como proposición no de ley al punto sobre el cierre de Guantánamo, que se tramitará conjuntamente. No se votará antes de las doce y media, para conocimiento de SS.SS.
Pasamos a desarrollar el primer punto del orden del día, de impulso de la reforma de Naciones Unidas. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Esta proposición no de ley que debatimos hoy es la continuación lógica de las proposiciones no de ley y del informe que se elaboró el año pasado en el marco de esta Comisión.
Como ustedes conocen, en
el año 2004 comenzó el proceso de reforma de Naciones Unidas a partir de una serie de trabajos, iniciativas e informes impulsados por el secretario general de la organización, el señor Kofi Annan. Entonces se creó en esta Comisión un grupo de
trabajo que elaboró un informe que fue aprobado por unanimidad el 18 de mayo de 2005. A partir de las conclusiones y los contenidos de ese informe
se elaboró una proposición no de ley, también suscrita por todos los grupos, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Cámara el año pasado, en septiembre. Fue con esta proposición no de ley con la que la delegación oficial del
Gobierno español, encabezada por el presidente del Gobierno, afrontó la cumbre de septiembre del año pasado, en la que se cerró esta reforma que, según lo que se acordó entonces, se iba a desarrollar en una serie de plazos y periodos, de manera que
el proceso sigue abierto. Entendimos todos los grupos que desde esta Comisión era necesario elaborar, con el consenso y el acuerdo de todos, un seguimiento de este proceso con el fin de velar por él y en el momento oportuno, como ahora procede,
elaborar observaciones y recomendaciones sobre el mismo.
Ya entonces, el año pasado, destacamos la necesidad de poner en valor conceptos en la reforma como la necesidad de destacar la responsabilidad de proteger a los ciudadanos en el mundo siempre
bajo el mandato del Consejo de Seguridad; la necesidad de crear una Comisión de Consolidación de la Paz; la importancia de reforzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio, según los informes entonces
aprobados, que destacaban que todavía los países de Naciones Unidas estaban muy lejos de cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio y más aún los de gastos dedicados al desarrollo; la necesidad de consolidar un sistema de financiación realista
de todo el sistema de Naciones Unidas, la conversión del Consejo Económico y Social, Ecosoc, en un verdadero coordinador de las acciones y de las instituciones de Breton Woods, la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y
sus métodos de trabajo, aumentando la transparencia en la rendición de cuentas, etcétera. Todo esto dio lugar a nuestra primera proposición de ley. En ese marco hemos presentado esta proposición no de ley, que han firmado todos los grupos menos el
Grupo Popular -que estoy convencido de que se sumará a su espíritu en el transcurso de la sesión de hoy-, en la que se destacan las cuestiones que ya he dicho, tanto la aprobación de este informe por unanimidad como la PNL que fue al Pleno, y en la
que se destacan una serie de cuestiones. En este sentido, hemos presentado una enmienda que sustituye el texto de la resolución porque lo adapta a los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas en el marco de la reforma.
Paso ahora a relatar básicamente cuál es el contenido de esta proposición.
En primer lugar se pretende propiciar, como ya se ha dicho, que el consenso esté en la base de las decisiones que se adopten sobre los distintos aspectos de la
reforma; en todo caso, colaborar para recuperar el consenso y la confianza mutua en las cuestiones de índole financiera y presupuestaria a través del diálogo entre todos los Estados miembros, ya que la financiación de los diferentes instrumentos
nuevos y organismos que se van a crear es fundamental para asegurar el funcionamiento y el éxito de la reforma. En segundo lugar, se considera muy positiva la creación, el pasado diciembre, de la Comisión de Consolidación de la Paz, que constituye
uno de los principales y primeros grandes logros del proceso de reforma, y se acoge también con satisfacción la elección de su comité de organización y su próxima entrada en funcionamiento. Asimismo, se destaca la creación de una oficina de apoyo
de esta Comisión, así como la necesidad de poner en marcha un fondo de contribuciones voluntarias para financiar los procesos de consolidación de la paz. Se dice que España debería aportar una contribución financiera sustancial a dicho fondo, por
lo que es un compromiso explícito de esta Comisión que nuestro país contribuya de forma activa y desde el punto de la financiación a este importante nuevo instrumento de Naciones Unidas para la paz. En tercer lugar, se destaca la necesidad de
contribuir activamente al éxito de la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos, que ha reemplazado a la Comisión y que se creó hace unos meses, como ustedes saben, tras una votación en la Asamblea General en la que solamente hubo tres grupos
en contra y tres abstenciones, y en la que el lunes, en su sesión de inauguración, intervino la vicepresidenta del Gobierno. Es necesario que sus miembros decidan de manera eficiente y conforme a sus objetivos el contenido de su futura agenda y que
adopten un sistema de trabajo razonable, de modo que el sistema de defensa de los derechos humanos se ponga al máximo nivel, que es precisamente lo que busca este Consejo. El Consejo está compuesto por 47 miembros, frente a los 53 anteriores, y su
objetivo es asegurar al máximo la salvaguardia del sistema multilateral de defensa de los derechos humanos. Es preciso que no se repitan los errores del pasado, cuando la antigua Comisión no estuvo a la altura de las circunstancias, y espero que
las incertidumbres que desde algunos foros o algunos puntos de vista se están levantando en relación con su eficiencia futura se irán dilucidando a medida que se decida el método de trabajo. El Consejo debe permitir una atención más decidida y
eficaz de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos; es necesario también que tenga capacidad de actuación en situaciones de emergencia y que sea capaz de entablar un diálogo crítico y prestar servicios de asistencia
técnica en la que participen la sociedad civil, los gobiernos y todas las naciones presentes en Naciones Unidas. Es preciso destacar en cuarto lugar, tal y como se dice, que se culmine prontamente la Convención general contra el terrorismo, en la
que España tiene una labor importante puesto que a su frente hay un embajador español en Naciones Unidas, así como la adopción de la estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo. Es importante que Naciones Unidas sea también un
instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo al máximo nivel, más de lo que es ahora, para lo cual también es importante -quiero destacarlo de manera muy clara- impulsar la necesidad de establecer un fondo fiduciario de contribuciones
voluntarias para promover la asistencia y protección a las víctimas del terrorismo y a sus familias. De modo que tenemos un nuevo instrumento
financiero que hay que promover, en el que desde esta Comisión y desde nuestro país debemos jugar un papel activo. En quinto lugar, la proposición no de ley insiste en la necesidad de llevar a buen término la reforma del Ecosoc y de su
método de trabajo de manera que pueda desempeñar los nuevos cometidos que le encomendó la cumbre y la reforma, así como potenciar la aplicación y el seguimiento integrado de los compromisos globales contraídos en materia de desarrollo y de
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. En este apartado se destaca, como se ha venido haciendo desde esta Comisión y también en diferentes resoluciones, iniciativas y debates que hemos desarrollado en otras comisiones como por
ejemplo la Comisión de Cooperación al Desarrollo, la necesidad de poner en valor y tener presentes las necesidades específicas de los países de renta media y de renta media baja, así como la búsqueda de mecanismos innovadores de financiación de
desarrollo, como las remesas de los trabajadores migrantes. Ayer mismo en la Comisión de Cooperación al Desarrollo tuvimos la oportunidad de escuchar a la secretaria de Estado de Cooperación, la señora Leire Pajín, que nos explicó que dentro de
unos meses, cuando la fecha esté decidida, el Gobierno español va a celebrar, en colaboración y a petición del Ecosoc, una conferencia para estudiar mecanismos de financiación de desarrollo de los países de renta media. Ayer tuvimos ocasión de
mantener un interesante debate en el que participaron todos los grupos sobre la relación entre cooperación e inmigración, la necesidad de poner en marcha medidas de ecodesarrollo y de convertir en iniciativas reales y permanentes los diferentes
proyectos piloto que están en marcha en nuestro país.
La proposición no de ley, que, repito, suscribimos todos los grupos y espero que se apruebe sin problemas, valora positivamente las recomendaciones que el próximo otoño presentó el panel de alto nivel establecido por el secretario general
con el objetivo de asegurar la coherencia entre las diferentes políticas de Naciones Unidas. Este es uno de los objetivos, porque existen instrumentos y medidas que están deslavazados y que no se coordinan de manera razonable en ámbitos como el
desarrollo, como decimos, la ayuda humanitaria, el medio ambiente y otras cuestiones. En particular, para asegurar el marco institucional se destaca la ncesidad de poner en marcha una organización de Naciones Unidas para el medio ambiente que
reemplace al Penuma, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está, como ustedes saben, en Nairobi (Kenia), que se constituya en agencia especializada con mayor autonomía, mayor capacidad de financiación y mayor integración de las
actuaciones de la comunidad internacional. Creemos que la comunidad internacional necesita definitivamente una organización de Naciones Unidas para defender el medio ambiente, la biodiversidad y para asegurar el futuro del planeta. Por último, es
importante destacar y hacer una revisión crítica de las cuestiones en las que la reforma todavía no se ha cerrado, en aquellos ámbitos en los cuales la reforma de Naciones Unidas ha sido insuficiente, porque en algunos lo ha sido y hay que
reconocerlo así, y en todas aquellas materias pendientes en las que no se produjeron acuerdos, en particular las negociaciones sobre las cuestiones relativas al desarme y a la no proliferación de armas de destrucción masiva o de otro tipo (cuestión
de muchísima actualidad internacional); la reforma del Consejo de Seguridad en todos los ámbitos para incrementar su eficacia, su transparencia, su representatividad, para democratizarlo y para mejorar sus métodos de trabajo y, más aún, el uso del
famoso derecho de veto. En definitiva, esta es una proposición no de ley que actualiza y retoma el debate sobre la cuestión de la reforma de Naciones Unidas en esta Comisión, cuestión que es de la suficiente trascendencia como para que todos los
grupos estemos de acuerdo. Existe una posición común en el seno de la Unión Europea sobre esta cuestión, de modo que con esta proposición no de ley esta Comisión orienta, como es su obligación, al Gobierno en las actuaciones que tome en el ámbito
de sus competencias sobre la reforma que, como sabemos, sigue abierta y de la que depende el futuro de la gobernabilidad internacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra el señor Soravilla, en representación del Grupo Popular.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Ayer, cuando recibí el encargo de hablar en nombre de mi grupo sobre esta proposición no de ley, al ver lo de la reforma de Naciones Unidas pensaba en la urgente necesidad de reforma que tiene el propio
edificio pues, según leía hace unos días, está prácticamente cayéndose. Pero al margen de la broma que pueda hacer, ahora que estamos dando un nuevo impulso al multilateralismo es verdad que la reforma se hace cada vez más necesaria no ya desde el
punto de vista arquitectónico sino desde el punto de vista institucional. Es verdad, como decía el señor Moscoso, que volamos, sobrevolamos y compartimos el espíritu de la proposición no de ley, que verdaderamente no hemos firmado, aunque estuvimos
también en el grupo de trabajo y aprobamos conjuntamente con todos los grupos el informe, también aprobamos por unanimidad en el Pleno la PNL a la que hace referencia esta proposición no de ley, etcétera, lo cual quiere decir que en principio
estamos de acuerdo prácticamente con todo lo que se dice, incluso aunque no he entendido muy bien, porque iba un poco rápido el señor Moscoso, el aggiornamento de la nueva redacción ministerial para ponerla más al día; pero, en fin, estamos en
principio de acuerdo con todo. De todas formas, nosotros hemos hecho una propuesta, pues al quedarnos fuera nos permite hacer una propuesta de diversas enmiendas, la mayoría de ellas de adición, hay una de sustitución y, por último, hemos añadido
un punto más al petitum suscrito por el resto de los grupos. Voy a hacer una breve referencia a cada una de estas propuestas. Me refiero, en primer lugar, a los
distintos puntos, que numeraré del uno al seis, más el nuevo, que es el siete, y en el punto primero aparte de lo que en ese punto se dice, con lo cual estamos de acuerdo, que se haga una contribución financiera al Fondo para la Democracia,
que fue apoyado expresamente por el secretario general en la apertura del actual periodo de sesiones de la Asamblea General, porque creemos realmente que sin la democratización y sin las instituciones democráticas es imposible garantizar la paz en
este mundo, lo que ya de por sí es difícil. En el punto segundo, el señor Moscoso efectivamente ha hablado de una sustitución porque había quedado completamente obsoleto, pero yo prefiero nuestra redacción, que al fin y al cabo lo único que hace es
colocar comillas en algunas palabras que el señor Annan ha pronunciado respecto al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sustituye al anterior, que no parece que funcionara demasiado bien. Sobre el punto tres, que hace referencia al
terrorismo, cuestión que, como pueden ustedes entender, es un asunto de la máxima sensibilidad para mi grupo y para mi partido, creemos que, además de lo que se dice en él, deberíamos también impulsar la búsqueda definitiva de una definición del
terrorismo por parte de Naciones Unidas, lo que está produciendo enormes dificultades no solo en la búsqueda y el encuentro de esa definición, sino también en la propia lucha contra el terrorismo al no tener una definición clara y aceptada por
todos. Asimismo, pedimos que se elabore dentro de Naciones Unidas una lista internacional de organizaciones terroristas conforme a los criterios aplicados en la que se ha elaborado ya en la Unión Europea. Al párrafo cuarto también adicionamos un
elemento que creo que es importante, que es hacer una mención específica de los objetivos de desarrollo del Milenio que se aprobaron ya en el año 2000. En el párrafo quinto, es evidente que estamos hablando del compromiso con el medio ambiente, y
en este caso el compromiso de España con el protocolo de Kioto no se está cumpliendo, como ayer quedó manifiestamente claro y de alguna manera se aprobó con una enmienda del Partido Socialista, pero se aprobó ayer también una PNL precisamente en
Pleno, y nosotros quisiéramos hacer aquí una llamada de atención al Gobierno para que ponga en marcha algún mecanismo porque no podemos ir predicando la entrega del trigo sin antes haberlo sembrado.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por
último, el punto de adición que proponemos, que sería un punto siete, sería solicitar al Gobierno español su compromiso activo con todas las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente con la 1546, suscrita expresamente por el actual Gobierno
durante el tiempo que fue miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos son, en esencia, los puntos a los que nosotros nos referimos, estando de acuerdo en principio con los términos en los que se ha planteado la proposición no de ley
por el resto de los grupos, pero nos gustaría puntualizarlos con estas pequeñas adiciones para las que solicitamos el apoyo de todos los grupos firmantes de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por los grupos que introdujeron esta proposición. Entiendo que la defiende el primer firmante de la misma.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Ya lo he hecho.
El señor PRESIDENTE: Entonces tienen la palabra el resto de grupos de menor a mayor. El señor Erkoreka, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Poco se puede añadir ya que no sea mera reiteración tediosa de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es de entre los grupos proponentes de la iniciativa el único que me ha precedido
hasta el momento en el uso de la palabra. Poco se puede añadir a propósito de la oportunidad y del contenido de esta proposición no de ley, tanto en su formulación inicial como en la enmienda posterior, máxime cuando el texto sometido a la
consideración de la Comisión ha sido previamente comentado y consensuado por los grupos parlamentarios. Quizá había que destacar solamente el punto tercero, pero caprichosamente en función de los gustos personales de este humilde portavoz, en la
referencia que se hace al Consejo de Derechos Humanos, que tiene frente a sí un importantísimo reto; un desafío que sólo afrontado con seriedad y con rigor puede contribuir a prestigiar la labor de Naciones Unidas en el importante cometido que
tiene en la defensa y la realización efectiva de los derechos humanos a través de un sistema multilateral efectivo. Prestamos nuestro apoyo al texto y manifestamos nuestra disposición obvia a votar favorablemente la proposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo también muy brevemente porque creo que lo que corresponde aquí es aplicar la figura del derecho civil que es el contrato de adhesión a las palabras pronunciadas por el diputado señor Moscoso del Prado en
el sentido de que ha relatado ampliamente el contenido de esta proposición no de ley firmada por los distintos grupos parlamentarios en la línea y en la continuación de un consenso -y también lo quiero subrayar porque creo que es importante- del
protagonismo que ha tenido y tiene este Congreso de los Diputados a la hora de fijar la posición española ante la reforma de Naciones Unidas. Creo que es muy importante que después el Gobierno, que es al que le corresponde la ejecución de la
política exterior, tome en consideración las aportaciones de esta Comisión de Asuntos Exteriores y del Pleno del Congreso de los Diputados. Así ha sido en el pasado, creo que lo hemos hecho a través del consenso y del mínimo común denominador.
Las palabras del portavoz del Grupo Popular creo que van en la línea de querer sumarse al consenso, y creo también que no solo se puede imputar a un olvido la no firma inicial del Grupo Popular de esta proposición no de ley, que tiene una
enmienda de sustitución por motivos obvios, por ejemplo, como bien saben SS.SS., desear la próxima puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya está en funcionamiento, o también tendríamos que reescribir o reformular
nuestros deseos sobre la Comisión de Consolidación de la Paz, que es una de las aportaciones más importantes en la reforma de Naciones Unidas, pues no solo toda ella la debemos valorar muy claramente sino que también debemos tener en cuenta que los
objetivos del Milenio se cumplirán en el plazo previsto. También debemos tener en cuenta los retos en el ámbito del medio ambiente y también expresar, como hacemos en el último punto, la insatisfacción por la reforma parcial y aún incompleta del
Consejo de Seguridad. Es por esto por lo que no quiero añadir nada más. Hay unas enmiendas de adición del Grupo Parlamentario Popular, hasta seis; esta proposición no de ley tiene una coautoría importante y estas enmiendas las debemos aceptar
todos. Nuestro grupo parlamentario puede verlas con buenos ojos, pero hacemos la observación de que la número seis no es una enmienda en clave de reforma de Naciones Unidas, sino que insta al Gobierno al cumplimiento de unos compromisos
determinados y nada aporta a la reforma de Naciones Unidas.
-SOBRE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN VENEZUELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001642.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de intervención de los portavoces, pasamos al punto siguiente del orden del día. En este caso se trata del que está señalado como punto 4.º, y es una proposición no de ley sobre la protección y
defensa de los derechos de los ciudadanos españoles en Venezuela, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Cabrera para su defensa.
El señor CABRERA MATOS: El Partido Popular, siguiendo con la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles en Venezuela, presentó en su día esta proposición no de ley que hoy debatimos. Esta se une a otro conjunto de
iniciativas que durante varios meses ha tramitado el Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado y en otras instituciones públicas, con el único objetivo de elevar al Gobierno español las constantes y justas peticiones de un conjunto de
ciudadanos españoles que reclamaban apoyo gubernamental ante la incalificable actuación del Gobierno venezolano y de un conjunto de personas que, amparadas o justificadas por aquél, irrumpían en sus propiedades y, sobre todo, los intimidaban y
amenazaban para conseguir sus objetivos. No cabe duda de que todas estas iniciativas han logrado paliar, aunque fuera un poco, la gravedad de aquellos hechos y sus consecuencias. Ante la inactividad manifiesta del Gobierno español, que no quería
perturbar seriamente a su homónimo venezolano, el Grupo Popular ha defendido, y seguirá haciéndolo, los legítimos intereses y, sobre todo, la legítima y fundamental protección de la integridad física y moral de los nuestros en países extranjeros.
Este diputado ha tenido la oportunidad de contactar varias veces con personas afectadas por este grave problema que impunemente ha supuesto un durísimo ataque a sus bienes y a sus personas.
Sus quejas y peticiones permanentes iban dirigidas no
tanto al Gobierno venezolano, que ya sabemos cómo actúa, sino al Gobierno español, que muchos sabemos también cómo actúa, aunque ellos, ingenuamente, pensaban otra cosa. Buscaban pues el apoyo contundente del Gobierno de su país ante las
manifiestas injusticias que sufrían en territorio venezolano con el apoyo explícito del Gobierno de aquel lugar. Durante mucho tiempo solicitaron asistencia y protección, y esta no llegó. Solicitaron intercesión y, al mismo tiempo, que se fuera
implacable en las exigencias que se pudieran transmitir en aras de obtener ese ansiado beneficio de la justicia, y al Gobierno español le interesó más mantener unas ilógicas e irresponsables buenas relaciones, en lugar de exigir, con la dureza que
el caso requería, pasara lo que pasara, la protección de los derechos de los españoles. Es curioso que tras algún comentario sin mayor interés del ministro de Defensa español de entonces al presidente venezolano, en palabras de los propios
afectados, se recrudecieron y reforzaron las acciones perturbadoras de los legítimos derechos a la vida y a la propiedad. Estos españoles se han visto completamente desamparados: no hubo las necesarias acciones diplomáticas españolas que
impidieran esta gravísima situación. Se conocía, se sabía, pero quizá no era demasiado importante para el Gobierno. Ha sido pues solo cuando el Grupo Popular denunció y propuso actuaciones concretas cuando al Gobierno no le quedó más remedio que
hacer algo. Y esto lo digo yo y también lo dicen los afectados, aunque, por desgracia, muy bajito, porque todavía tienen miedo al sistema que algunos han implantado. El señor ministro de Asuntos Exteriores, sin embargo, contradiciendo mis
anteriores palabras y en este foro en sesión plenaria ha manifestado que ha recibido felicitaciones de estas personas por su intervención y la del Gobierno español. Nosotros podemos traer varias comunicaciones que solo muestran desasosiego,
desazón, desprotección y miedo. Si no, también pueden acudir a las hemerotecas. Todas estas apreciaciones y afirmaciones que hablan de graves negligencias coinciden, excepto la que expresa el Gobierno.
Con esta proposición no de ley tratamos de que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno de la nación a actuar e intervenir en estos asuntos con la debida celeridad
de tal forma que muestre siempre no solo un interés inmediato sobre los mismos, sino también una actuación inequívoca que evite en el futuro estas actuaciones que debemos calificar, sin miedo a equivocarnos, de delictivas, con apoyo directo
o indirecto del Gobierno de esa nación. Las tierras no valen más que las vidas y estas han sido amenazadas gravemente, aunque el Gobierno español ha dejado que la situación fuera irremediable e irrespirable para nuestros conciudadanos. Ahora todo
se ha reducido a una inevitable indemnización para algunos de los afectados que, por cierto, ya se ha cumplido el plazo para hacer efectiva y no se ha realizado el desembolso comprometido. Vamos a ver qué pasa también en este asunto. Ya no se
podía hacer otra cosa, no se podía continuar con las labores de producción que estaban realizando estas personas hasta ese momento. Han tenido que aceptar que los graves daños patrimoniales y personales se resarcieran con una ayuda económica,
después, eso sí, de demostrar que ésas eran sus tierras y que no se las usurparon a nadie ni que nadie les regaló. Esta proposición no de ley, señorías, mantiene la vigencia porque hay otros muchos españoles en una situación similar que no quieren
indemnizaciones, sólo quieren seguir trabajando y que cualquier intervención que se realice sobre ellos y sobre sus tierras se haga con un marco jurídico adecuado. No parece descabellado que españoles que viven en Cagua, en Barquisimeto, en
Valencia o en Altagracia pidan esto, ¿o es que alguien duda de que el Estado español ha de intervenir y mostrar su voluntad con claridad ante estos hechos para que quede en evidencia su inequívoca respuesta de protección en el presente y en el
futuro ante cualquier gobierno? Hemos de requerir que el Gobierno español, de una vez por todas, sea capaz de transmitir que no va a permitir más actuaciones arbitrarias, ilegales, que atenten contra los derechos de los españoles, y que no comparte
ni compartirá jamás las palabras del presidente venezolano cuando dijo que no se actuará con la fuerza contra los ocupantes, aunque éstos saqueen, incendien y amenacen con métodos, por lo visto, altamente convincentes. Desde este grupo solo
exigimos que se actúe con la fuerza de la ley incluso cuando se expropia en virtud de ella, evitando ocupaciones y usurpaciones. En definitiva, señorías, esta proposición no de ley lo que viene a decir es que España y su Gobierno deberán defender
siempre los legítimos derechos de los ciudadanos españoles, estén donde estén, y que éstos han de saber siempre que encontrarán ese respaldo. En esta ocasión, como otras muchas, el Gobierno socialista no ha dado buen ejemplo del ejercicio
responsable de sus deberes. Esperamos, con muchas dudas, eso sí, que no se necesite de las rogativas de unos y de las iniciativas de otros para ser verdadero cómplice de los españoles en el extranjero.
Por todo lo dicho, señorías, esperamos contar con el apoyo de todos los grupos políticos de esta Cámara para instar al Gobierno en dos puntos de presente y uno de futuro. Dos puntos de presente: uno de ellos es comunicar al Gobierno
venezolano su más enérgica protesta, y el otro, que se involucre totalmente en el proceso negociador, que evidentemente no ha culminado; y una de futuro: que sepan el Gobierno venezolano y cualquier otro Gobierno que no se admitirá ninguna acción
u omisión que ponga en peligro o conculque los derechos de los españoles en ese país.
Para terminar, adelanto que no podemos aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista porque, sencillamente, el Grupo Popular aplaudirá al
Gobierno cuando haga alguna cosa bien, pero en este tema evidentemente no podemos aplaudirlo, y esta enmienda de sustitución dice que el Gobierno ha actuado correctamente, lo que evidentemente no podemos aceptar, no solo por lo que con anterioridad
he mencionado sino además porque nos han transmitido permanentemente los afectados que no ha sido así. No hay una llamada de atención en esta enmienda al Gobierno venezolano, no hay reconocimiento de la desprotección que ha habido, no hay
reconocimiento de la inactividad inicial de este Gobierno, no hay claridad y no hay propuestas de futuro contundentes que eviten, estas situaciones porque allí sigue habiendo españoles, sigue habiendo muchas personas que temen que lo que les ha
ocurrido a algunos españoles en ese territorio venezolano pueda seguir ocurriendo, y en este caso el Gobierno español tiene que ser contundente y en esta enmienda no se ha previsto nada al respecto.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fátima Aburto tiene la palabra para su defensa.
La señora ABURTO BASELGA: Desde luego los españoles pueden estar perfectamente tranquilos y seguros de que este Gobierno les defiende, les ha defendido y les defenderá en todos los aspectos en los que necesiten esa defensa y en todos los
lugares donde se encuentren. Es sorprendente, como mínimo, la fijación de su grupo, del Grupo Popular por la política exterior de este Gobierno respecto a Venezuela. No sé si se debe a que pretenden mantener abierta una supuesta herida, porque no
hay otro punto donde les pueda interesar, o una obsesión psicopatológica. El caso es que nos vamos a convertir en expertos, y eso, desde luego, nos viene estupendamente bien a todos y en ese aspecto se lo agradecemos intensamente. Lo que pasa es
que debemos hacernos expertos en la verdad, y la verdad es que desde abril de 2005, cuando estos españoles afectados residentes en Venezuela remitieron una carta al presidente del Gobierno, empezaron las actuaciones diligentes del Gobierno y sus
instituciones para la defensa de los intereses de estos españoles. Es cierto que ustedes y no solamente ustedes sino también otros grupos políticos, han presentado repetidas veces iniciativas tanto en el Senado como en el Congreso a las que se les
ha dado puntual contestación de todas las acciones que se han ido haciendo desde el comienzo, como he dicho al principio. Me gustaría destacar que en el Pleno del Senado del día 25 de abril todos los grupos aprobaron una
moción de actuación frente a este problema, en la que ustedes se abstuvieron. Una vez más se demuestra que todos estamos interesados en la solución de los problemas y ustedes en un discurso absolutamente catastrofista. Es evidente que si
alguien desconociera las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno español estaría muy de acuerdo con ustedes en que se inste al Gobierno a defender los derechos de unos ciudadanos españoles en Venezuela y que concretamente corresponden a once
familias. Pero los juicios de valor que usted ha vertido aquí y los hechos que ha señalado faltan a la verdad. La verdad de los hechos es que se han examinado los casos, doce casos, porque una de las familias era propietaria de dos propiedades.
Se ha hablado incluso de hasta cuatrocientos afectados, pero no, son once familias, dos de ellas con nacionalidad exclusivamente española y el resto con nacionalidad compartida, o sea venezolana y española, a quienes se les podría haber aplicado la
ley venezolana si hubieran querido, si hubiera permitido eso el Gobierno español, pero no se ha permitido sino que se les ha aplicado la defensa del Gobierno español, que ha defendido el interés de sus ciudadanos, como es evidente. Todo lo
contrario de lo que manifiesta de forma injusta y faltando a la verdad la proposición no de ley que hoy debatimos.
Desde luego, el Gobierno español pretende mantener buenas relaciones, y las mantiene, con el Gobierno venezolano, como es evidente que conviene a ambos gobiernos, lo cual no obsta ni un milímetro para que el Gobierno español defienda a sus
ciudadanos, como es obvio y como ha ocurrido, siendo, por el contrario, de gran ayuda para esta defensa una buena relación entre ambos gobiernos. Lo contrario sería un absurdo. No se consigue ni mucho menos lo mismo con exabruptos y con amenazas,
como se ha demostrado en este caso. Es cierto que la entrada en vigor de la Ley de Tierras causó ocupación, probablemente con violencia, de propiedades de algunas familias españolas en la provincia de Yaracuy, y es por eso por lo que la parte
prepositiva la podríamos incluso aceptar totalmente si no fuera porque ya se han realizado todas y cada una de las actuaciones que ustedes demandan. Simplemente, la iniciativa está desfasada en el tiempo. De hecho, el acuerdo de indemnización ha
sido ya formalizado entre el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela y los productores españoles, y cito textualmente las palabras pronunciadas por el embajador Andrade el día 10 de mayo: Los ciudadanos españoles han manifestado su satisfacción
por la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones y por el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. Así lo han expresado también por escrito, agradeciendo los servicios del embajador español, el señor Morodo, y de todas las
instituciones del Gobierno español. Y todo ello porque, como ustedes reclaman al Gobierno, éste actuó desde el comienzo con prontitud y diligencia, reuniéndose con el embajador venezolano y vicepresidente de este país en el Ministerio de Exteriores
de manera inmediata realizando las diversas gestiones durante los viajes que han hecho los representantes españoles a Venezuela y llevando a cabo una intensa labor diplomática y consular. Todo ello, evidentemente, siempre de acuerdo y con anuencia
de los interesados. Fruto de este trabajo es que se ha firmado el acuerdo de indemnización y que se están pagando las indemnizaciones -que ya se están pagando- y en algunos casos incluso por encima de las cantidades solicitadas por los demandantes,
que en un par de casos reconocieron incluso no ser siquiera los propietarios sino solamente los concesionarios, y sin embargo están cobrando esas indemnizaciones. Por lo tanto, el trabajo del Gobierno en este asunto ha sido absolutamente impecable,
sin necesidad de romper los lazos, como a ustedes por lo visto les parece que es necesario hacer prácticamente siempre, y a plena satisfacción de todos los interesados. Por ello, en nuestra enmienda de sustitución simplemente animamos al Gobierno a
seguir actuando como lo ha hecho, y yo añadiría que deberíamos felicitarlo por haber llevado a buen término un problema de difícil y complicada solución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: La proposición no de ley que se somete a la consideración de la Comisión no aborda un tema nuevo en los trabajos de la Cámara. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de debatir y votar diferentes
resoluciones que afectan al régimen político venezolano y al escaso rigor que sus actuales gobernantes acreditan en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas. No descubro nada nuevo si pongo de manifiesto que mi grupo ha
sido y es crítico con el régimen vigente en Venezuela y también con las formas de gobierno que practica su presidente, Hugo Chávez, y ha tenido ocasión además de formular estas críticas en numerosas ocasiones tanto en esta Cámara como en el Senado,
como en otros muchos foros donde ha habido oportunidad de expresar posiciones a este respecto. Mi grupo parlamentario ha sido también en ocasiones crítico con la actuación que el Gobierno español ha desarrollado en sus relaciones con el régimen
venezolano y con sus actuales dirigentes, pero, señorías, en esta ocasión estamos hablando de la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles residentes en Venezuela. Este es un tema que requiere, creemos nosotros, un consenso importante de
las fuerzas políticas, y no nos parece pertinente, no se lo parece a mi grupo parlamentario, abordar un planteamiento en relación con este tema, que arranque de la discrepancia y del antagonismo entre los grupos parlamentarios de la Cámara. Creemos
que esta es una ocasión oportuna para anteponer la necesidad de consenso a los legítimos intereses de los grupos parlamentarios, de los que unos se pronuncian a favor de la labor que viene desarrollando el Gobierno y otros expresan un perfil más
crítico respecto a esta labor.
Analizando la propuesta inicial y confrontándola con el contenido de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista, mi grupo detecta que no hay diferencias de fondo cualitativas más allá de la rotundidad de algunas
expresiones y de la valoración de la actuación llevada a cabo por el Gobierno a este respecto, pero mi grupo piensa que son cuestiones que deberían pasar a un segundo término en este momento y subordinarse a un necesario y obligado consenso con
vistas a un cometido esencial, fundamental, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles allá. No estamos hablando, insisto, de tomar posición respecto a un régimen o a unas determinadas formas de gobierno, sino de algo que afecta
más directamente al quehacer de esta Cámara, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos allá. Y puesto que este consenso no se produce, mi grupo parlamentario se va a abstener a la espera de que pueda producirse un punto de encuentro en el
futuro que permita actuar más herméticamente a todos los grupos en defensa de los derechos de estos ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, muchas veces en esta Comisión de Asuntos Exteriores hemos traído o llevado a discusión la situación en Venezuela, el marco político general en Venezuela, la preocupación por el desarrollo del Estado de
derecho y de las instituciones y de la institucionalidad en Venezuela, pero lo que hoy nos convoca a discusión no es este debate general sino que es un aspecto muy concreto, que es la protección de bienes y derechos de ciudadanos españoles en
Venezuela. Respecto a este punto tan concreto, al que nos tenemos que atener y ceñir estrictamente, mi grupo parlamentario ha querido, en primer lugar y continuando también no con el derecho civil, como decía antes, sino con el derecho procesal,
partir del principio de contradicción, porque creo que hay una lejanía muy importante entre el planteamiento inicial que ha hecho el portavoz del Grupo Popular y la defensa de la acción del Gobierno que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista.
Pero hemos apreciado también alguna contradicción en la intervención y en el planteamiento inicial del portavoz del grupo proponente, porque por una parte nos ha hablado de una inactividad manifiesta del Gobierno, pero también es cierto que en otro
punto ha dicho que el Gobierno ha tomado algunas iniciativas fruto de la presión seguramente de su grupo parlamentario, y que, por lo tanto, el Gobierno ha adoptado medidas de forma reactiva. Seguramente en la acción del Gobierno lo mejor no es
tomar medidas de forma reactiva, pero es contradictorio afirmar que ha habido una inactividad manifiesta y que el Gobierno ha tomado algunas decisiones. Por otra parte, el texto alternativo planteado por el Grupo Parlamentario Socialista abre la
puerta a un posible consenso a pesar de una redacción inicial del Grupo Parlamentario Popular muy contundente incluso desde el punto de vista del lenguaje diplomático; la más enérgica protesta; no omitan ninguna acción u omisión que ponga...,
etcétera. Creo que hay una puerta abierta para el consenso. En este sentido, en su intervención inicial el portavoz del Grupo Popular ya ha expresado la no aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, y este grupo parlamentario está a la espera
de la posibilidad de reconsiderar esta no posibilidad de transaccionar, que, por otra parte, viene siendo una práctica habitual en esta Comisión de Asuntos Exteriores y en el tono de la Comisión. Estamos a la espera de un consenso que, por otra
parte, nos parece que es posible cuando en realidad el Grupo Socialista habla de seguir actuando, con lo cual se reconoce este punto de partida.
-SOBRE LA PERSECUCIÓN SUFRIDA POR LA COMUNIDAD BAHÁ'Í EN IRÁN. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO; POPULAR EN EL CONGRESO; CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ); ESQUERRA REPUBLICANA (ERC); VASCO (EAJ-PNV):
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS; MIXTO Y COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS. (Número de expediente 161/001762.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, el que está señalado como punto 6.º Se trata de una proposición no de ley sobre la persecución sufrida por la comunidad bahá'í en Irán que suscriben todos los grupos
parlamentarios presentes, por lo que intervendrán de menor a mayor. El primer firmante es el Grupo Parlamentario Socialista (La señora Aburto Baselga: No está el proponente.) ¿No está el proponente? ¿Se puede retrasar una? Ustedes ya retrasaron
alguna antes de que yo llegase. El señor Llamazares está en disposición de defender el punto siguiente, pero falta el portavoz del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Lo siento mucho, yo tengo que atenerme a lo que ustedes dispusieron antes
como orden del día y por tanto hay que debatir la tercera. Podemos empezar de menor a mayor, haciendo una licencia. Por tanto, doy la palabra al señor Llamazares sobre la persecución sufrida por la comunidad bahá'í en Irán.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Hemos firmado esta iniciativa que tiene que ver con un derecho fundamental, el derecho a la libertad religiosa, que está siendo vulnerado en el caso de una confesión minoritaria en Irán.
Nosotros creemos que es
una iniciativa oportuna en defensa de la libertad religiosa y en defensa de la comunidad bahá'í en Irán, sin ninguna vocación de injerencia, sino con la vocación de que estos derechos fundamentales se defiendan y prevalezcan en cualquier
lugar, en este caso concreto, en torno a la confesión bahá'í.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: La proposición no de ley que suscribimos todos los grupos parlamentarios sobre la defensa de los derechos de la comunidad bahá'í constituye un gesto de solidaridad con esta comunidad y singularmente con la parte
de la misma residente en Irán, y además un acto de compromiso con los derechos fundamentales y las libertades públicas a través de la incorporación de su defensa y promoción a la política exterior del Estado. La comunidad bahá'í, como bien se pone
de manifiesto en la exposición de motivos de la proposición, es una comunidad de fe constituida y articulada en torno a un conjunto de creencias. En la actualidad esta comunidad goza de una amplia implantación territorial, está instalada en más de
235 países diferentes, acoge a más de 5.000 fieles a lo largo y ancho del mundo e incorpora a gentes procedentes de las más heterogéneas ideologías, creencias, etnias, razas y condiciones de vida. Es una comunidad que, aun cuando nació en Irán, es
precisamente en este país donde es objeto de una persecución encarnizada y sistemática, podría decirse claramente orientada a su exterminio; persecución que ha sido denunciada reiteradamente por la comunidad internacional. Pero la comunidad bahá'í
de Irán reclama el libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa. La libertad ideológica y de conciencia constituye el núcleo mismo de la pirámide de derechos y libertades que sustenta la democracia. Sin libertad ideológica y de conciencia
es inconcebible el pluralismo, y sin un reconocimiento explícito de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación se veda radicalmente la expresión del pluralismo amputando, la convivencia democrática desde su propia raíz.
Pues bien, como han puesto de manifiesto una amplia relación de resoluciones de Naciones Unidas, cuya exhaustiva mención resulta imposible hacer en este momento, la comunidad bahá'í de Irán se ve sistemáticamente atropellada y ve
reiteradamente desconocidos estos derechos por parte de los poderes públicos de su país con los más encarnizados procedimientos. En los años ochenta, cientos de miembros de esta comunidad fueron ejecutados, torturados, encarcelados y privados de
sus derechos cívicos más elementales por el solo hecho de profesar esta religión y estas creencias. Y hay que tomar nota del dato de que esta fe no lleva a la comunidad bahá'í ni a defender postulados violentos ni a organizar actuaciones contra el
sistema político establecido; todo lo contrario, los postulados sociales a los que conduce esta creencia están precisamente relacionados con la convivencia pacífica y el respeto a los conciudadanos, nada, por tanto, que pueda dar lugar a sospechas
de subversión o de alteración ilegítima del orden político y mucho menos del recurso a la violencia para alcanzar estos objetivos. En los años noventa la presión internacional atemperó ligeramente la persecución de la que era objeto en Irán la
comunidad bahá'í, pero algunas informaciones recientemente afloradas evidencian que en ningún momento cesó el propósito de las autoridades iraníes de exterminar esta comunidad. Y hoy la comunidad bahá'í de Irán sigue dirigiéndonos un grito doliente
que clama por nuestra solidaridad, que hemos de expresar con esta proposición no de ley que tiende claramente, como decía al principio de mi intervención, a expresar su cercanía con esta comunidad de Irán y a comprometerse con la defensa de sus
derechos fundamentales más elementales.
El señor PRESIDENTE: La señora Bonàs quiere hacer uso de la palabra en la proposición no de ley de la comunidad bahá'í en Irán.
La señora BONÀS PAHISA: Manifiesto nuestro apoyo a la proposición.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, también expreso, evidentemente, como coautor y cofirmante de esta iniciativa, no sólo el voto favorable sino también la importancia de que esta Comisión de Asuntos Exteriores exprese una dimensión más del
respeto a los derechos humanos como es el respeto a la libertad religiosa. Durante esta mañana, señorías, seguramente discutiremos en este punto y en algunos otros sobre derechos humanos, que no son derechos de matriz occidental, sino que deben ser
derechos realmente universales y derechos de todos los ciudadanos de este planeta.
La posibilidad de desarrollar y profesar libremente una religión, de poder practicar la libertad religiosa, es un derecho humano que se debe dar en una sociedad
pluralista y claramente vemos como hay una persecución muy importante en Irán hacia esta minoría, una minoría importante, relevante, estamos hablando de más de 350.000 personas que en estos momentos conforman la comunidad bahá'í en Irán y que están
perseguidas y que, entre otras cosas, no pueden recibir una educación religiosa de acuerdo con sus creencias. El señor Erkoreka hacía referencia al repunte de la persecución a la comunidad bahá'í durante los últimos años en Irán. Hay unas listas,
desde un punto de vista de solvencia, absolutamente refrendadas por la comunidad internacional y por distintas ONG, que nos dicen claramente que hay un repunte de esta persecución a partir del año 2004, son unas listas muy recientes cerradas el día
21 de mayo del año 2006. Estamos hablando de más de 73 personas detenidas y a la espera de juicio en un periodo comprendido entre el mes de agosto del año 2004 y el mes de febrero del año 2006; 73 personas sin los derechos más elementales de
protección y ante un juicio que no llega
y, además, hay 53 personas en prisión, según una lista también reciente, del 21 de mayo de 2006, por profesar la religión bahá'í, perseguidas y puestas en prisión después de juicio únicamente por este motivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez Fernández, para la defensa de su posición.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: En primer lugar, expresar mi agradecimiento por tener la oportunidad de defender en nombre del Grupo Popular esta proposición no de ley ya que el día 11 de mayo se dirige a mí la representante de la comunidad
bahá'í en Extremadura para solicitar que tomáramos algunas iniciativas con respecto a la defensa de su comunidad en el Congreso de los Diputados y que hiciéramos las presiones necesarias para, como efectivamente se redacta en la proposición no de
ley, instar al Gobierno la defensa de esta comunidad. Me quiero detener, aunque ya lo han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, en los principios que esta comunidad defiende porque creo que son importantes a la hora de tomar decisiones.
La fe bahá'í es el nombre con el que se reconoce la religión de los seguidores de Bahá'u'lláh. Se trata de una religión que afirma que los fundadores de todas las religiones proclaman la misma verdad. Entre sus objetivos primordiales está la
consecución de la unidad de la humanidad y el establecimiento de la paz mundial. Los bahá´ís asumen el principio de la unidad de género humano y por ello defienden, mediante la educación y la concienciación ciudadana, la eliminación de los
estereotipos y prejuicios, sean éstos de raza, género, clase, religión o ideología. Al bahá'í se le ve normalmente sumándose a iniciativas ciudadanas encaminadas a promover el respeto de los derechos humanos, el diálogo interreligioso, la educación
en valores, el desarrollo social y económico, y la educación por la paz. Todo ello desde la base de la igualdad esencial entre el hombre y la mujer. He querido detenerme en los principios que sustentan esta fe religiosa por ser principios que
abrazamos en los modernos estados democráticos, como son la fe y la justicia humana, la igualdad del hombre y de la mujer, y el respeto a los derechos humanos. Sólo por esto ya me decidí a apoyar esta confesión religiosa, máxime cuando son como una
isla de sentido común en un ordenamiento que se caracteriza por el radicalismo y la sinrazón. Pero además, y precisamente por defender estos principios, esta comunidad religiosa, como ya se ha anotado aquí, desde hace 25 años está siendo duramente
perseguida por el Estado iraní, donde cuenta con más de 300.000 creyentes. Desde su llegada al poder en 1979, el Gobierno de Irán, encabezado por el clero islámico, ha perseguido sistemáticamente a los bahá'ís de Irán valiéndose de ejecuciones,
encarcelamientos, torturas y una amplia gama de medidas destinadas a empobrecer y desalojar a la minoría religiosa más amplia del país. Entre los años 1978 y 1998, más de 200 bahá'ís fueron ejecutados por el Gobierno iraní. Cientos de ellos fueron
encarcelados y torturados, y decenas de miles se vieron privados de sus puestos de trabajo, pensiones, negocios y oportunidades educativas. Ante las intensas presiones internacionales, y en gran parte gracias a una serie de resoluciones en materia
de derechos humanos adoptadas por las Naciones Unidas, el Gobierno iraní detuvo las ejecuciones y redujo en gran medida el número de detenidos en prisión.
Pero a comienzos de los años ochenta el Gobierno iraní, por ejemplo, prohibió el acceso de
los jóvenes bahá'ís a las universidades y aunque posteriormente, y debido a la presión internacional, se les permitió el acceso, no pudieron matricularse en la universidad cuando hubieron de declarar en los cuestionarios de matrícula su afiliación
religiosa. En un memorando secreto del año 1991, en el que se establecía la política que habría de regir en relación con la cuestión bahá'í, firmado por el líder supremo Alí Jomeini, se instaba a aplicar una serie de trabas al acceso de los bahá'ís
a la educación y medios de vida, las cuales constituían nada menos que un plan maestro para la estrangulación de la comunidad bahá'í. Quiero hacer referencia también al peso de la comunidad bahá'í en los organismos y en los foros internacionales
como organización no gubernamental que engloba a todas las comunidades bahá'ís del mundo. La comunidad internacional bahá'í está acreditada ante Naciones Unidas desde el año 1948 y posee estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social y en
UNICEF. La comunidad viene emprendiendo proyectos conjuntos como el Fondo para el Desarrollo de la Mujer, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los programas de medio ambiente y reasentamientos humanos. Además, colabora con la OMS y
con el Alto Comisionado para los Refugiados. Ha sido galardonada en dos ocasiones por Naciones Unidas con el premio Mensajero de la Paz en el año 1987 y por su continua dedicación al establecimiento de la paz mundial con el premio global por sus
sobresalientes en el campo medioambiental. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional ante esta persecución de la comunidad bahá'í en Irán? La comunidad internacional ha respondido de manera muy solidaria con ella y de condenas al Gobierno iraní.
Ello ha servido, está claro, de poderoso freno al Gobierno iraní y ha evitado la realización de una matanza a mayor escala. Hasta la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado más de 20 resoluciones en las que expresa su
preocupación ante los informes de violaciones de derechos humanos ocurridos en Irán. Cada resolución ha hecho mención explícita de su situación, lo cual resulta inusual en los trabajos de la Comisión que, por norma general, se ciñe a expresiones
diplomáticas de preocupación y a referencias generales. Pero el 20 de marzo de este año, la relatora especial para la libertad de religión o creencias de Naciones Unidas ha expresado en una declaración su preocupación por el trato que continúa
dándose en Irán a los seguidores de esta fe. En esta declaración se hace constar que la misma ha tenido acceso a una carta confidencial
enviada el 29 de octubre por el presidente del Cuartel General de Mando de las Fuerzas Armadas de Irán en la que se indica que el líder supremo, el ayatolá Jomeini, le ha dado instrucciones para que se identifique a las personas adheridas a
la fe bahá'í y se vigilen sus actividades. La relatora especial muestra su preocupación por entender que la situación se está agravando en los últimos tiempos. Creemos que nuestro país, firme defensor de los derechos humanos en el ámbito
internacional, no debería permitir que la actual situación geopolítica de Irán oculte o minimice la trágica realidad en que viven cientos de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños en Irán por el simple hecho de abrazar una creencia religiosa que
les exhorta a la paz, a la unidad y a trabajar por el bienestar de la humanidad. Como bien han demostrado nuestro Parlamento y nuestro Gobierno en multitud de ocasiones y sin distinción de su color político, la conculcación de los derechos
esenciales del ser humano debe ser denunciada a todos los niveles si hemos de evitar tragedias de consecuencias incalculables como tristemente comprobamos la década pasada. Por eso, el Grupo Popular tiene la satisfacción de sumarse a esta
proposición no de ley que se presenta hoy ante esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Pues también el Grupo Parlamentario Socialista se va a sumar a, como ya ha quedado expresado en la rúbrica de esta proposición no de ley, a esta iniciativa que, afortunadamente, todos los grupos de la Cámara y de
esta Comisión creo que van a apoyar también.
Sólo destacar, porque no quiero repetir argumentos que están en la propia proposición no de ley y a los que se han referido ya otros portavoces, tres elementos que me parecen muy respetables de esta
creencia de la comunidad bahá'í, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio y conseguir el objetivo de la paz mundial, entre otros principios de esta comunidad también respetables.
Nos sentimos
solidarios e identificados con muchas de estas personas. El pasado mes de mayo, como consecuencia de una represión durísima que se produjo en una ciudad de Irán, en Shiraz, donde fueron detenidos más de 50 miembros de esta comunidad de manera
totalmente arbitraria, parece que los representantes en España de la comunidad bahá'í han pedido apoyo y comentado su situación para que el Parlamento y el Gobierno conozcan la situación que están atravesando, fundamentalmente en Irán. Así, el
diputado de esta Comisión Juan Moscoso recibió al representante de la comunidad bahá'í en Navarra, Carlos Alastruey, y yo misma recibí también a algunos de ellos en Sevilla y en Andalucía, y también la propia Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Exteriores y de Cooperación recibió recientemente a representantes de la comunidad bahá'í mostrándoles su preocupación por las detenciones que habían ocurrido en la ciudad de Shiraz. A través de todos estos contactos el Ministerio de
Exteriores puso en marcha una serie de mecanismos porque, como se ha dicho anteriormente, muchos países miembros de la Unión Europea han mostrado también su preocupación y su solidaridad con la situación de estas personas. Por eso, como digo,
España puso en marcha un procedimiento interno de la Unión Europea para que fuese realizada una gestión cerca de las autoridades iraníes solicitando información sobre dichas detenciones de varios miembros de la comunidad bahá'í. Como consecuencia
de este procedimiento iniciado por España, los embajadores de Austria y Finlandia en Teherán se entrevistaron con el director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en representación de la Unión Europea. Los
embajadores europeos trasladaron a sus interlocutores iraníes la preocupación de la Unión Europea por varias cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el país y, entre ellas, la intensificación de la represión de la comunidad bahá'í, y
pusieron de manifiesto las detenciones en Shiraz. Después de dicha gestión, las personas arrestadas fueron puestas en libertad, aunque, eso sí, bajo duras condiciones. De todas estas gestiones han sido informados puntualmente los representantes de
la comunidad bahá'í en España a través de la Oficina de Derechos Humanos del ministerio. Y a la vista del informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Asma Jahangir, que quizá ha sido el origen de la iniciativa que estamos discutiendo aquí
esta mañana, se criticaba duramente la persecución a la que están sometidos los miembros de la comunidad bahá'í en Irán y se llevaron a cabo gestiones ante el Gobierno de Teherán. Creo, por tanto, que la proposición no de ley y los puntos por los
que vamos a instar al Gobierno están en la dinámica y en la línea de trabajo que el Ministerio de Asuntos Exteriores viene desarrollando ya, no sólo en cualquier caso de atropello de derechos humanos en cualquier país, sino muy en concreto en el
caso de las personas de esta comunidad bahá'í. Como digo, es bien conocida la situación en la que viven por los contactos que tanto desde esta Cámara como desde el Gobierno se han mantenido con ellos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos. Evidentemente la comunidad bahá'í no puede moverse en libertad en Irán, pero en España se ha movido y bien, y respetando la estructura autonómica del Estado.
-SOBRE EL CIERRE DE GUANTÁNAMO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001602.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que en este caso será el número 2, la proposición no de ley sobre el cierre de Guantánamo,
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, hace ya cuatro años que Guantánamo es un limbo jurídico, pero ahora, después de cuatro años, estamos probablemente ante el infierno de Dante. Hemos llevado a cabo el descenso a los infiernos hasta tal
punto que recientemente el suicidio de varios de los prisioneros de Guantánamo se convierte para el Gobierno norteamericano en una estrategia propagandística. Es difícil imaginar un eufemismo más sangrante. Señorías, 500 personas, al menos, han
pasado por Guantánamo; 500 personas sin derechos fundamentales a la propia vida, a la integridad física, ni tampoco a la tutela judicial efectiva. Es decir, después del 11 de septiembre en que Estados Unidos obtuvo la solidaridad internacional
frente al terrorismo, la ha utilizado para una lucha contra el terrorismo al margen del derecho y de cualquier tipo de libertad. En nuestra opinión, Guantánamo es solamente un grave indicador; es quizá el símbolo de una lucha contra el terrorismo
a través de la involución democrática. Pero el camino de Guantánamo, el camino del descenso a los infiernos, en nuestra opinión, también debería ser objeto de crítica o de denuncia. En los últimos días se están produciendo por enésima vez, pero
con un mayor escándalo público internacional, las denuncias con respecto a los secuestros de la Central de Inteligencia norteamericana. También las denuncias de centros de tortura en países donde no existen garantías de los derechos humanos. Pues
bien, éste es el camino del infierno: detención ilegal, argumentada de forma eufemística, más tarde traslado a centros de tortura y, finalmente, el traslado definitivo a Guantánamo, donde no existe el derecho ni ninguna garantía jurídica. En ese
sentido, nosotros consideramos que, al igual que el Parlamento Europeo recientemente se ha hecho eco de las investigaciones internacionales en materia de derechos humanos y ha resuelto la condena de Guantánamo, de la misma manera creemos que el
Parlamento español, un país por el cual parece que han pasado algunos de los detenidos de Guantánamo, por sus aeropuertos (tenemos que investigarlo, pero parece ser que ha sido así), debería tomar una decisión de condena con respecto a la
vulneración de los derechos humanos en Guantánamo e instar al Gobierno norteamericano a que cierre esa vergüenza internacional, esa vergüenza de los países democráticos, que no solamente no tiene que ver con nuestra cultura democrática, sino que
además no es efectiva. Es decir, a lo largo de este tiempo, con esos mecanismos no solamente se ha creado una deslegitimación de la lucha de los países democráticos frente al terrorismo, sino que además, lejos de luchar eficazmente contra el
terrorismo, no se avanza en esa materia. En ese sentido consideramos que hoy es el momento de denunciar Guantánamo como un limbo jurídico y de denunciar también ese descenso a los infiernos que en los últimos días ha provocado de nuevo escándalos
internacionales con la denuncia de suicidios y torturas en Guantánamo, porque es un lugar donde, como en el limbo, o mejor dicho, como en los infiernos, no hay acusación, no existe el tiempo y no hay juicio. Por lo tanto, no hay esperanza.
El señor PRESIDENTE: Por los grupos parlamentarios que deseen intervenir para fijar su posición, Grupo Parlamentario Canario-Nueva Canaria, ¿señor Rodríguez?
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Nosotros habíamos solicitado una proposición no de ley de similares características que no entró inicialmente en el orden del día porque nadie en mi grupo pudo asistir en el momento de la conformación del mismo
y esta mañana habíamos quedado en que se incorporaba y se discutía conjuntamente, dado que la naturaleza es muy parecida. ¿Se confirma esto, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, esta mañana se acumuló al orden del día no como intervención de grupo, sino como proponente. Debo recordarle que la incorporación de este grupo en la Junta de Portavoces y Mesa fue al final, como bien recordará el
señor Llamazares, y, por tanto, no hubo tiempo de percibir que existía su iniciativa. Ruego que nos disculpe, pero estaba previsto que hoy, al inicio de la sesión, si no había inconveniente por parte de los grupos, pudiera acumularse. Por tanto,
tiene la palabra, no como grupo parlamentario para fijar posición, sino como proponente de su iniciativa.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El objeto es de la misma naturaleza de la defensa que ha hecho el señor Llamazares en nombre de su grupo parlamentario. Se trata de promover que esta institución, las Cortes Generales, haga un pronunciamiento
claro de condena a la prisión extrajudicial de Guantánamo y al incumplimiento reiterado de la legalidad internacional que se viene desarrollando en esa instalación desde hace ya más de cuatro años y que afecta a cientos de personas. Creo que es
poco razonable que una institución de la envergadura de las Cortes Generales no se haya pronunciado con una condena expresa en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta que, afortunadamente, el Estado español, en materia de defensa de la legalidad
internacional, y sobre todo estos últimos años, ha destacado de manera notable, especialmente el presidente del Gobierno tomando aquella decisión compleja, difícil, pero absolutamente sustentada en el programa electoral, y desde luego, en la opinión
pública mayoritaria de los ciudadanos del Estado español, que fue la salida de las tropas de Irak, precisamente por ese incumplimiento manifiesto de la legalidad internacional. Parece poco razonable que en ese contexto de compromiso claro de
defensa de esa legalidad, no hayamos promovido desde las instituciones del Estado español ninguna condena
expresa de este hecho lamentable que supone la prisión de Guantánamo, sobre todo teniendo en cuenta que, en los últimos meses, ha habido instituciones relevantes en las que participamos como Estado, como es el propio Parlamento Europeo, que
han manifestado de forma clara y contundente una condena expresa de esta actividad, exigiendo el cierre de la misma, y condenando la vulneración de los derechos humanos. Ha habido comisiones de Naciones Unidas que han constatado no solamente esa
vulneración de la legalidad, que es una evidencia, sino la práctica de torturas sistemáticas a las personas retenidas allí contra todo orden legal. El objeto de la proposición no de ley no tiene otro sentido que el Parlamento español exprese
claramente su condena a la tortura que, de manera reiterada, se ejercita sobre esas personas sin ningún tipo de derecho y que el Gobierno, o el propio Parlamento, exija a Estados Unidos precisamente el cierre de esta instalación por vulnerar
claramente la legalidad internacional. Como bien añadía el señor Llamazares, no solamente hay que hacerlo por la legalidad y la defensa de los derechos humanos, sino porque este tipo de acciones son profundamente ineficaces y contraproducentes y
deslegitiman aún más el derecho internacional y las instituciones responsables de su aplicación, en un momento especialmente difícil, de confrontación, de guerra, que en estos momentos asola buena parte del planeta. Este tipo de ejemplos
lamentables son caldo de cultivo para dar cobertura a las reacciones más radicales del mundo islámico, puesto que ejemplos de vulneración de estas características facilitan ese discurso fácil contra Occidente y contra el derecho internacional. A
pesar de las dificultades, me consta el intento del Gobierno español de mejorar sus relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos, y espero que el Grupo Socialista pueda suscribir cualquiera de estas dos proposiciones no de ley, que tienen como
objeto que el Parlamento español se sume a esa condena internacional cada vez más unánime a favor del cierre de Guantánamo y de la persecución del terrorismo respetando siempre la legalidad internacional y los derechos humanos, porque es la única
manera de ser eficaz. Por tanto, solicito al resto de los grupos el apoyo a esta proposición no de ley o a la de Izquierda Unida, porque nos da un poco igual; ambas persiguen el mismo objeto y aquí el protagonismo es secundario, lo relevante sería
que la sociedad española, a través de las Cortes Generales, expresaran la condena de este tipo de actividades absolutamente reprobables desde todos los puntos de vista.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, entrando en el turno de fijación de posición por parte de los grupos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Mi grupo parlamentario comparte y suscribe la posición que las proposiciones no de ley de ser defendidas adoptan en relación con el centro de detención de la bahía de Guantánamo, un centro donde se da una
situación que repugna la sensibilidad democrática y quiebra todas las conquistas que la civilización occidental ha ido acumulando durante siglos en torno al sistema de garantías que aseguran el respeto a la dignidad y a la libertad de los seres
humanos frente a las detenciones y frente a los apresamientos de guerra. Al suscribir los principios que inspiran estas proposiciones no de ley, participamos también de las reflexiones y de las denuncias que recientemente han sido formuladas por el
Parlamento Europeo. Por tanto apoyamos la resolución o las proposiciones que pretenden denunciar y corregir lo que es claramente una regresión democrática y una gravísima proscripción del derecho y de sus principios inspiradores.
El señor PRESIDENTE: Suspendo el turno de intervención de portavoces porque hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Esta Presidencia no se había dado cuenta y el Grupo Parlamentario Socialista tampoco me ha
solicitado la palabra; por tanto, la tiene ahora.
La señora ABURTO BASELGA: No hemos presentado ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿No hay ninguna enmienda del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
No la hay; es del Grupo Parlamentario Popular. Perdonen la desconcentración de todos, más o menos, esta mañana, y la mía en particular. Tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Yo seguía el curso del debate y en su momento hubiera hecho mención de la enmienda que efectivamente nosotros habíamos presentado a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, que era la que en principio estaba presentada; enmienda que es de adición y que desearíamos que se intercalara entre el primer y segundo párrafo para que tuviera un poco más de sentido y de la que supongo que SS.SS. conocen el contenido, se
refiere a que el Gobierno siga colaborando en la lucha global contra el terrorismo desde el respeto al Estado de derecho y al imperio de la ley.
Creo que el contenido de esta enmienda no es ocioso en estos tiempos. Si el presidente me lo permite,
yo pediría que, al haber dos proposiciones de ley en este momento, y si al final se tomara la decisión de buscar un petitum común, en razón de la dignidad de esta casa, se haga en un castellano reconocible y comprensible, que no se haga a corta y
pega, sino que tenga un sentido no digo literario, pero por lo menos comprensible. Me refiero simplemente a que, por ejemplo, en el propio petitum del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hay una reiteración de gerundios que
quizá pudiera suprimirse, porque sino parecerá que procedemos todos del lugar de Campazas y podremos ser
tildados de zotes, como aquel Fray Gerundio. De cualquier manera, nosotros estamos dispuestos a votar cualquier cosa porque estamos en definitiva de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, y lo votaríamos incluso con faltas de ortografía. El
señor Llamazares, como es habitual, ha hecho una defensa mucho más radical que la propia exposición que estaba por escrito y yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que solicita aunque discrepe en algunos de los argumentos. Lo digo
porque haré incluso algún apoyo y alguna insistencia más en algunos, y algunos quisiera equilibrarlos si fuera posible. A mí no me cuesta ningún trabajo hacer la defensa de este asunto porque nosotros, el Grupo Popular, que tenemos bien acreditada
nuestra vocación de lucha contra el terrorismo, venimos denunciando este asunto desde hace mucho tiempo (lo hemos calificado muchos miembros de mi partido, y yo mismo, de limbo jurídico, de agujero negro, etcétera); ya en enero de 2002, el entonces
presidente Aznar hizo algunas declaraciones diciendo que aquellos prisioneros que estaban allí deberían estar sometidos a convenios internacionales que nos competen a todos y, en este caso, a los Estados Unidos. Es decir, que hemos defendido esta
posición en todos los foros desde hace mucho tiempo, incluso, como puede observarse, en la votación de la resolución del Parlamento Europeo a la que se ha hecho referencia. De todas formas, permita el presidente que puntualice y acentúe algunos
argumentos. El señor Llamazares dice que han sido cuatro años, yo puedo corregirle y decir -parece una tontería, pero estando dentro es un verdadero infierno- que han sido cuatro años y seis meses, y seis meses en Guantánamo es mucho. Y cuando se
habla, tanto en la proposición no de ley del grupo canario como en la suya, de que hay más de 500 personas, yo le puedo decir que son más de 750 personas. Es decir, podemos todavía añadir tragedia a la tragedia, pero también recuerde, señor
Llamazares, que Camp Delta efectivamente es un vergüenza, ha añadido 'una vergüenza de los países democráticos', estoy de acuerdo, porque respecto a los no democráticos, en Cuba también hay una serie de cárceles que también son una vergüenza, aunque
es verdad que no es en un país democrático. Cuando se habla de la pasividad y de la tibieza del Gobierno en la exposición que usted hace por escrito, veremos qué ocurre, pero habría algo más que eso si es verdad lo que se desprende del informe del
Consejo de Europa elaborado por el parlamentario suizo Dick Marty, que habla de los vuelos de la CIA y los apoyos que ha recibido, parece, del Gobierno español; habrá que probarlo, pero desde luego respondería a una posición bastante hipócrita
después de las posiciones que han mantenido a lo largo de su oposición a la guerra de Irak y de la manera en que se retiraron las tropas de allí. También en esto quisiera corregirle, señor Llamazares, cuando hace referencia a la pena de muerte
arbitraria, como la califica, porque creo que es un exageración en sí, no se ajusta a la realidad, pero sí le quiero recordar, usted lo ha dicho, que ha habido más de 41 intentos de suicidio -efectivamente hay una situación insostenible allí- dos de
ellos a través de ansiolíticos el pasado 18 de mayo y lo que ha traído de nuevo a la realidad el problema de Camp Delta han sido los tres últimos suicidios por ahorcamiento que se han producido hace poco y que, probablemente, responden además, y
esto también habría que tenerlo en consideración, a un mensaje divino que parece que se reveló en el mes de mayo en el que se decía que, si morían tres en aquella prisión, la prisión terminaría por desaparecer. Creo que hay otros asuntos
importantes que no se han tratado aquí en los que, creo, conviene también insistir, y es el trato a los menores, que ha habido en Camp Delta. Todo esto añade todavía más tragedia a lo que estamos pidiendo. Cuando se refiere a esta prisión como
símbolo de la guerra contra el terror, lo siento, es verdad que esto deslegitima, como se ha dicho, no sólo Camp Delta sino también Abu Grahib, pero creo que el símbolo verdadero, y nos debemos quedar con la parte positiva, son las elecciones que ha
habido en el mundo árabe, los movimientos que se están produciendo en el mundo árabe, que se ha formado un gobierno a través de unas elecciones con un comportamiento heroico por parte de la población de Irak para tener un gobierno elegido por los
iraquíes, a pesar de todo lo que está pasando; que ha habido una iniciativa importante por parte del G8, como es la iniciativa del Gran Oriente Medio y el Norte de África (es una iniciativa propuesta por los Estados Unidos pero apoyada por el G8,
donde hay países de la Unión Europea). Y concluyo con esto, señor presidente, porque lo que hoy pedimos aquí es no sólo lo que nosotros pedimos, sino lo que los gobiernos de la Unión Europea le están pidiendo en este momento al señor Bush en la
cumbre que se está celebrando en Viena entre la Unión Europea y Estados Unidos. Está en la agenda pedir el cierre de Camp Delta en la bahía de Guantánamo, pero también hay que advertir una cosa y con esto ya concluyo: que la lucha contra el
terrorismo, que los procesos democratizadores exigen esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de todos los compromisos. Y la Unión Europea se sometió voluntariamente al compromiso con Irak y Afganistán de aportar 14.000 millones de dólares, de los
cuales, en este momento, sólo hemos desembolsado 4.000. Creo que debemos cerrar Guantánamo pero también debemos abrir nuestra generosidad para que este horror concluya.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Señorías, Estados Unidos mantiene ilegalmente una base naval en Cuba, en la bahía de Guantánamo, a 64 kilómetros de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia del país. La presencia de Estados Unidos se debe
a la bochornosa ley del Congreso americano, la enmienda Plat, impuesta a la primera Constitución cubana a principios del
siglo XX, bajo la amenaza de que, de no aceptarse, la isla permanecería ocupada militarmente. Desde el triunfo de la revolución en 1959 en Cuba, la base ha sido fuente de provocaciones y agresiones, y como se ha dicho aquí, entramos ya en
el quinto año en que la base se ha convertido en un centro de detención ilegal. Cientos de personas de más de 75 nacionalidades, están detenidos en un pozo oscuro sin acceso a soporte jurídico, sin permitir visitas de familiares, aislados del
mundo.
Guantánamo es el símbolo de la injusticia y del abuso de los Estados Unidos en su guerra contra el terror o en su venganza contra el terror.
¿Qué credibilidad tenemos las democracias supuestamente avanzadas si el país que se proclama
defensor de las libertades y la democracia mantiene este pozo negro donde personas se ven privadas de los más elementales derechos humanos? Lo más triste es que este pozo de Guantánamo está contaminando a las otras democracias. ¿Cuándo se ha
convivido con la detención ilegal en su territorio de personas detenidas ilegalmente? ¿Cuándo los estados de la Unión Europea, entre ellos España, han permitido que se utilice su territorio para la deportación de estos detenidos a Guantánamo? (El
señor vicepresidente, Benegas Haddad, ocupa la presidencia.) Estados Unidos está utilizando su relación comercial y sus promesas de mejorar relaciones para chantajear al Gobierno de España y mantener Guantánamo. Llegados a este momento, creemos que
el Gobierno tiene que interpretar que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas españoles desean el cierre de Guantánamo. De la misma forma que interpretó que deseaban salir de Irak y que estaban en contra de la guerra, el Gobierno de España debe
interpretar que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas queremos que se cierre la vergüenza de Guantánamo, porque no es útil para la guerra contra el terrorismo, porque desacredita la guerra contra el terrorismo cuando las democracias avanzadas usamos
los métodos ilegales que usan los terroristas, y porque si se mantiene Guantánamo no tenemos ningún crédito para avanzar en la alianza de civilizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra el señor Xuclà en representación de Convergència i Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, señorías, atendiendo a la literalidad del texto, para ser más exactos de los textos presentados por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y también de Coalición Canaria, el Grupo
Parlamentario Catalán votará a favor de estos textos, de esta proposición no de ley, no sé si refundida o por separado que, afronta la situación del centro de detención de la bahía de Guantánamo y la necesidad de que este centro esté de acuerdo (en
estos momentos no está de acuerdo) con el derecho internacional y con el derecho humanitario. Sus señorías saben que esta situación lleva unos cuantos años, que el propio Gobierno norteamericano parece que es consciente, ha expresado también la
voluntad del cierre de este centro, de que se ajuste a la situación de respeto al derecho internacional y humanitario. Sus señorías saben perfectamente que ha habido un diálogo crítico entre Europa y Estados Unidos expresando esta disconformidad.
España forma parte de la Unión Europea, y ésta, a través de uno de sus órganos más calificados, como es el Parlamento Europeo, también ha expresado su posición crítica. De forma sensata en la forma y en el fondo el Gobierno alemán y su canciller
han expresado también al Gobierno norteamericano la necesidad de superar esta situación, y creo que España, que es, por cierto, aliado del Gobierno norteamericano y el Gobierno norteamericano lo es de España, debe y puede expresar la conveniencia de
superar este limbo jurídico al cual se ha hecho referencia. Limbo jurídico, sea dicho de paso, que trae causa de la intervención armada en Afganistán, que fue apoyada ampliamente por la comunidad internacional y que fue, y es, uno de los focos de
esta lucha contra el terrorismo, que es una realidad presente. En su intervención inicial el señor Llamazares hacía referencia a la lucha contra el terrorismo con involución democrática. Pues bien, deberíamos intentar encontrar una posición firme
de lucha contra el terrorismo que a la vez fuera compatible al máximo con el respeto a las normas del juego democrático y que no supusiera una involución democrática.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra la señora Aburto en representación del Grupo Socialista.
La señora ABURTO BASELGA: Estamos absolutamente de acuerdo y además saludamos la oportunidad de ambas iniciativas, más aún cuando ha surgido la desgracia de los tres suicidios de unos presos que han visto en ésta la única forma de huir de
la desesperación y la injusticia. Vamos a apoyar esto, como corresponde a un grupo que considera uno de sus objetivos prioritarios para esta legislatura el cumplimiento del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.
Desgraciadamente, el 11 de septiembre supuso un cambio cualitativo para la seguridad internacional, pero lamentablemente desde entonces se han producido contradicciones muy importantes que han hecho que la enorme solidaridad despertada
internacionalmente a favor de las víctimas de Nueva York, que podría haber producido enormes ventajas para todo el mundo, se haya deteriorado gravemente y en algunos casos casi de forma irreversible.
Esperamos que no para siempre, y de hecho en eso
estamos, en intentar reconstruir esa solidaridad en la que incluimos también nuestra iniciativa de alianza de civilizaciones en la lucha contra el terrorismo yihadista y que recordamos que no afecta solamente a Occidente, sino a todo el mundo.
Aquella ocasión de solidaridad fue una ocasión única y desaprovechada, pero que debe volver a construirse, y realmente no ayudan realidades tan terribles como las de
Guantánamo, Abu Grahib y otras, sino que al revés, agravan el problema.
Tenemos que recordar que la interdependencia de este mundo en el que vivimos nos da más señales cada vez de que, o nos salvamos todos, o todos sufriremos el rápido
deterioro tanto medioambiental como del terrorismo o las desigualdades, cada vez más importantes, en el desarrollo. Para eso hemos de resolver algunas contradicciones, como hemos dicho, muy importantes. Pensamos que no se puede hablar de guerra
contra el terrorismo sin aplicar las convenciones de Ginebra. De hecho, la palabra guerra está fuera de lugar, aunque quizá sí se debería aplicar la condición de prisionero de guerra a algunos de los detenidos en Guantánamo. Se debe hablar, a
nuestro entender de lucha contra el terrorismo, que no tiene las mismas implicaciones.
La naturaleza específica de esta lucha contra el terrorismo no excluye la aplicación del derecho humanitario internacional. Si además decimos que el terrorismo atenta contra los regímenes occidentales, y por lo tanto contra los valores
sobre los que se sustentan, o sea los derechos humanos y las libertades fundamentales, base de nuestros Estados de Derecho, no tiene sentido conculcar estos mismos derechos en nombre de esa lucha contra el terrorismo. En España, donde
desgraciadamente tenemos la experiencia de una lucha contra el terrorismo de más de 30 años, y sin entrar a valorar si existen o no diferencias entre las clases de terrorismo, lo que tenemos meridianamente claro es que no existen atajos en la lucha
contra el terrorismo en un Estado de Derecho. Y eso, en una democracia como la estadounidense, que es la más antigua, es aún más importante. Nosotros, desde una democracia joven, pero desde luego madura, y experta en este tema de terrorismo,
debemos llamarle la atención como aliados fieles que somos y que esperamos seguir siendo.
Pero además, señorías, creo que se olvida muy rápidamente una realidad que más de uno de los que estamos aquí hemos vivido, haber vivido bajo una dictadura en
que se producían encarcelamientos en la Dirección General de Seguridad y torturas que yo he vivido en primera persona y, sinceramente, es algo de lo que hablamos con demasiada alegría. Saber que se está torturando a una persona muy cerca de
nosotros, o aunque no esté cerca, saber que está ocurriendo eso, es algo que nos debería llenar de horror en cualquier momento. Por lo demás, en esta iniciativa no estamos haciendo más que lo que ya han denunciado prestigiosas asociaciones de
derechos humanos y de la sociedad civil, incluida la sociedad civil de Estados Unidos que merece ser apoyada también por nosotros; lo ha denunciado el Consejo de Europa y, con palabras casi idénticas, el Parlamento Europeo. Lo denunciaron el 14 de
junio los cinco relatores especiales de derechos humanos, el 13 de junio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y el 12 de junio el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pero como ha dicho el representante del
Partido Popular, hoy mismo, probablemente ahora mismo, el señor Solana y la señora Ferrero Waldner están pidiéndole a la secretaria de Estado de Estados Unidos que cierre el centro de detención de Guantánamo.
Es cierto que la señora Ferrero ha
dicho esta mañana que no cree que vayan a obtener una afirmación directa de la señora Condoleezza Rice sino que les va a decir que es muy difícil conseguirlo. Está en nosotros seguir insistiendo en ese sentido como desean todos los grupos
parlamentarios por lo que hemos podido escuchar, y desde luego toda la Unión Europea y muchísima parte de la sociedad civil de todo el mundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Han terminado las intervenciones, pero tengo entendido, tal y como se ha notificado a la Mesa, que hay una enmienda transaccional en la que están todos los grupos de acuerdo.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: No tengo el texto, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): El texto es un refrito. El letrado lo puede explicar y ganamos tiempo.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: ¿Pero es castellano y se entiende?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Luego lo redactaremos mejor, pero el punto 1 es el punto 1 de la proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el punto 2 es el único punto de la propuesta del Grupo Parlamentario Canario, el punto 3 es
el punto 2 en la iniciativa de Izquierda Unida y el punto 4 es la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, lo redacto y se lo paso a la Mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): ¿Entendido, señor Soravilla?
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: En principio de acuerdo, pero sobre todo que sea legible, no vaya a ser que pidamos que abran otro Camp Delta.
(Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Espero que para la votación todos los grupos puedan conocer el texto.
-SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. PRESENTADA PRO EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. (Número de expediente 161/001508.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Pasamos al último punto del orden del día, que es el que figuraba como primero, sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática.
Tiene la palabra el señor Ramón Torres.
El señor RAMÓN TORRES: Señorías, la situación del Sahara Occidental, y sobre todo de los 173.000 saharauis que viven o malviven en los campos de refugiados de Tinduf y de los que están malviviendo en los territorios ocupados del Sahara
Occidental es insostenible, una situación que debía ser provisional y que se está consolidando en el tiempo y no tiene visos de variar en un futuro próximo. En todo caso, el único cambio destacable que podemos confirmar es un aumento del control y
de la represión de las fuerzas marroquíes sobre los territorios ocupados, y eso no sólo lo han afirmado las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, sino que también lo ha reflejado el Parlamento Europeo y
la propia ONU. Una violación de los derechos humanos que supone la detención y encarcelamiento de personas que van a manifestaciones pacíficas en reclamación de los derechos de su pueblo o de aquellas que están denunciando internacionalmente la
situación que está viviendo el pueblo saharaui. Es el caso, por ejemplo, de Aminetu Haidar, la ganadora del premio Juan María Bandrés en 2005 que otorga CEAR o del mismo Ali Salem Tamek, quien, después de que compareciera en el Parlamento Europeo,
fue detenido por las autoridades marroquíes. Ante este aumento de la represión el Estado marroquí ha optado por restringir las misiones internacionales en los territorios ocupados del Sahara Occidental; eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a la
delegación del Parlamento Europeo o a las varias delegaciones de los parlamentos autonómicos, que se les prohibió la entrada para que pudieran verificar el estado actual del Sahara Occidental. Al final, el Gobierno marroquí accedió a la visita del
Alto Comisionado de Naciones Unidas pero ya denunció el Frente Polisario, y nosotros ya nos lo temíamos, que ésta fue una visita muy limitada, que sólo duró dos días, que visitaron una sola ciudad, la ciudad de El Ayún, y que la mayor parte del
tiempo fue destinada a recibir visitas en un hotel de pseudo-organizaciones no gubernamentales pero que eran afines a la ocupación marroquí. Sin embargo, la verdad es que no sólo hay que denunciar la violación de los derechos humanos en el momento
de las detenciones y durante el encarcelamiento, sino que también hay que hacer referencia a la denuncia efectuada por ejemplo por Fausto Bertoni sobre la tortura y la justicia sumaria. En este sentido también hace falta remitirnos al informe
elaborado por el Consejo General de la Abogacía española, donde refieren graves vulneraciones del derecho internacional en los juicios a los presos políticos saharauis, quienes, por cierto, estuvieron en huelga de hambre para llamar la atención
internacional sobre esta situación. Este informe recoge las denuncias de torturas, la parcialidad de los jueces, la aplicación del derecho penal marroquí en un territorio no autónomo y la violenta represión policial y de las fuerzas militares en
los juicios que se están llevando a cabo. Este informe fue elaborado, como les decía, por una comisión de juristas comisionada por el Consejo General de la Abogacía tras asistir a diversos juicios contra activistas saharauis en pro de los derechos
humanos a lo largo de 2005.
Esta comisión denunció que la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara no ha mostrado ningún interés por los juicios, ni por los detenidos, ni por la violencia policial que existe actualmente en las calles
del Sáhara Occidental. Es cierto que no es competencia de la Minurso hacer estos controles, la Minurso que fue enviada en 1991 por la ONU para cumplir con el plan que debía culminar con un referéndum de autodeterminación en el Sáhara y que no se ha
llevado a cabo por los obstáculos que ustedes ya conocen, señoras y señores diputados, que ha ido poniendo Marruecos en una descarada burla de la legalidad internacional. Pero como les decía, la situación del Sáhara y de la población saharaui
comienza a ser ya insostenible, sobre todo al irse consolidando una situación que debía ser simplemente una fase del proceso de descolonización, pero que no lleva visos de que esto pueda cambiar, sino que esta situación se puede mantener mucho
tiempo. La congelación de la situación, que condena a la miseria y al luto a la población saharaui, es además un fracaso y una vergüenza para la comunidad internacional. Y es en este punto que nuestro grupo entiende que España, como potencia
colonial que traicionó al Sáhara Occidental, tiene un deber moral e histórico que asumir, y va siendo ya hora de que lo asuma. Nosotros entendemos que el Estado español tiene una responsabilidad inmensa sobre el pueblo saharaui, que entendemos,
como les decía, que traicionó al pueblo saharaui en la descolonización y ya va siendo hora de que asuma las responsabilidades que tiene en el tema del Sáhara Occidental y que tome una decisión. También hay que sumar a esto que el presidente del
Gobierno español, en una carta que enviaba al presidente de la RASD este mismo año, le reiteraba el compromiso activo de España para encontrar una solución respetuosa con el derecho de autodeterminación, derecho que nuestro grupo ha demandado ya
para todos los pueblos del mundo y para el pueblo saharaui con mucha más intensidad, y si es verdad que el presidente del Gobierno español reiteraba ese compromiso activo, nuestro grupo se pregunta cuál es ese compromiso activo y qué está haciendo
el Gobierno español, el Estado español, para llevar a cabo ese compromiso o qué está haciendo para trabajar en favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Precisamente lo que pretendía el presidente del Gobierno español es lo que
nosotros pretendemos con esta proposición no de ley, buscar ese compromiso activo al que se comprometía el señor Rodríguez Zapatero. En esa línea va esa proposición no de ley que presentamos hoy, y en la línea de lo que afirmaba también Brahim
Gali, delegado del pueblo saharaui en el Estado español. Como comentaba el señor Brahim Gali, España es la referencia de la Unión Europea en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, y como los gobiernos de España no han tomado iniciativas,
los
demás países europeos tampoco. ¿Qué quería decir el señor Gali? Que hasta que España no tome cartas en el asunto, hasta que España no se defina respecto a reconocer a la RASD o dar un paso importante en el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui, la Unión Europea tampoco lo va a hacer, porque posiblemente los demás países están esperando que España marque un posicionamiento para seguir; es una manera de abrir la puerta para que la Unión Europea dé un paso importante para
defender ese reto o ese derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Esta iniciativa, que esperamos que hoy se pueda tomar en consideración y los grupos nos den su apoyo, lo que pretende es que España reconozca a todos los efectos la
República Árabe Saharaui Democrática, que se establezcan todos los convenios oportunos con ella y que España diga claramente que no reconoce la ocupación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Me permitirán ustedes que les diga que se produce una
tremenda paradoja, ya que España no ha reconocido en ningún momento la soberanía de Marruecos sobre la RASD pero después impulsa en Europa unos acuerdos pesqueros con Marruecos para apropiarse de la pesca saharaui en un reconocimiento implícito de
la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Entendemos nosotros que esto también viola la legalidad internacional. Esta paradoja de no reconocer oficialmente la soberanía de Marruecos pero que después el Estado español impulse acuerdos pesqueros
con Marruecos en el territorio del Sáhara, legitima esta cuestión. Por consiguiente, nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley que pide específicamente que el Gobierno español reconozca de una vez por todas la República Árabe Saharaui.
Entendemos que también deberían empezar a establecer relaciones bilaterales horizontales con la República Árabe Saharaui Democrática y creemos también que es importante. Esto es lo que pedimos nosotros. Se nos han presentado, y permitirá el
presidente que aluda a ellas para no referirme posteriormente, varias enmiendas a esta proposición no de ley que hemos presentado nosotros; no van en el sentido que buscaba nuestro grupo con esta proposición no de ley, pero sí que estamos abiertos
a que se pueda modificar su redactado y a que se pudiera presentar una transaccional siempre que buscara ese reconocimiento de la RASD. Si no es posible, nuestro grupo no aceptará ninguna de las enmiendas que se nos presenta porque hoy, después de
30 años de ocupación, después de la situación actual insostenible que están viviendo todos los saharauis en los territorios ocupados o en los campos de refugiados de Tinduf, es ya, o tendría que ser ya el momento en que España tomara cartas en el
asunto, ya que, como les decía, ello abriría la puerta a que la Unión Europea también pudiera reconocer a este Estado de la República Árabe Saharaui Democrática.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra el primer grupo enmendante por orden de presentación, el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Desde luego, la presentación de esta proposición no de ley da a entender algo sintomático, dado que ha planteado el grupo proponente un texto que se aleja de los que de forma usual se venían presentado en
esta Comisión cuando tratábamos el tema del Sáhara Occidental y, mucho me temo, que va a provocar que por primera vez en muchos años, y ojalá me equivoque, no se llegue a un consenso, consenso que, como digo, ha prevalecido siempre en todas aquellas
iniciativas que se han tocado aquí en el Congreso de los Diputados en relación con el Sáhara Occidental. Esto no sucede así por casualidad ni por la propia dinámica de los grupos parlamentarios; esto viene provocado, sin duda, por el golpe de
timón de 180 grados dirección Rabat que ha dado el Gobierno en su política exterior en relación con la zona.
Las propuestas de resolución que se nos plantean no las podemos secundar, con todo el respeto hacia el grupo proponente. Nos parece que pedir de golpe el reconocimiento oficial de la República Árabe Saharaui Democrática y el establecimiento
de las relaciones bilaterales horizontales es como tirarse a una piscina sin agua o matar moscas a cañonazos, algo en principio tan inútil como improcedente. Entendemos que la línea siempre ha sido la diplomática, la línea siempre ha sido la
multilateral, la línea siempre ha sido la de Naciones Unidas y creemos que España debe seguir en esta posición. Sin embargo, no nos vamos a quedar única y exclusivamente con la expresión de nuestro voto contrario a esta proposición no de ley. Por
ello, como he dicho, al preocuparnos del nuevo rumbo equivocado que está planteando el Gobierno en cuanto a su política exterior al Sáhara Occidental y aprovechando que reabrimos el debate sobre la cuestión en esta Comisión, vamos a presentar una
enmienda que solo tiene tres líneas de enunciado, pero que desbordan claridad y contundencia. Simplemente decimos que: El Congreso de los Diputados inste al Gobierno a recuperar la posición tradicional española de neutralidad activa entre las
partes y demandar a las mismas el cumplimiento del Plan de paz de Naciones Unidas. Dicho de otra manera y más sencillo, regresar al punto del que nunca debemos salir, volver al origen del que el Partido Socialista equivocadamente nos sacó. Por si
el Partido Socialista no lo acaba de entender o por si el Partido Socialista padece de amnesia voluntaria no es más que regresar a la neutralidad, al apoyo del Plan de paz, al acuerdo entre las partes y, obviamente, al desarrollo de la cooperación y
ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Regreso a la neutralidad activa frente al partidismo mal disimulado que viene practicando el Gobierno en esta cuestión, y no es algo que digamos nosotros para introducir discrepancias con el Gobierno ni mucho
menos; pienso que la deriva que ha tomado el Partido Socialista, el cambio de criterio, ya es de dominio público, ya lo tiene asimilado todo el mundo y, para desgracia de ustedes, hasta aquellos con quienes ustedes siempre han mantenido una
sintonía, que es el propio pueblo saharaui. Así lo certifican las declaraciones de
no hace más de 20 días de Brahim Gali, a las que ha hecho mención el portavoz de Esquerra Republicana pero que yo voy a matizar. Decía: El Gobierno español pone en entredicho la posibilidad de desempeñar un papel objetivo y equitativo en
la búsqueda de una solución al conflicto de descolonización del Sáhara Occidental. También decía, palabras suyas: El activismo del Gobierno español, incluyendo el haber usado los medios más tendenciosos con vistas a concretar el acuerdo (se
refiere al de pesca) muestra un alineamiento patente con las tesis expansionistas de Marruecos. No lo dice el Partido Popular, lo dice el representante del Frente Polisario. Lo cierto es que, y lo hemos denunciado en esta Cámara, el Partido
Socialista viene practicando con esto confusión y camuflaje.
Sus contradicciones han sido constantes y la tentación de utilizar el tema del Sáhara como comodín en el contexto de sus relaciones internacionales va pasando de tentación a
predisposición.
¿Contradicciones? Las que quieran, por ejemplo, afirmar y negar de forma simultánea la conveniencia o no de la neutralidad activa: representantes del Gobierno dicen una cosa, representantes del Gobierno dicen la contraria. Por
ejemplo, afirmar y negar simultáneamente la necesidad de un nuevo plan de paz, representantes del Gobierno dicen que sí, representantes del Gobierno dicen que hay que cambiarlo; por ejemplo, votar el mismo texto en un sentido en el Congreso de los
Diputados y en el sentido contrario en el Senado; por ejemplo, apoyar en Naciones Unidas el Plan de paz y al mismo tiempo decir aquí lo contrario y la última, en esa estrategia de camuflaje, presentar una enmienda que se aleja de sus gestos,
acciones y estrategia.
Por cierto, se trata de una enmienda, supongo que lo explicarán, que es calcada en puntos, comas, comillas y puntos suspensivos a la que presenta Convergència i Unió. Yo entiendo que se puedan presentar enmiendas con el mismo sentido o
fondo pero es que son literalmente idénticas; yo no sé si el pacto Mas-Zapatero ya tiene una visión aquí en el Congreso de Diputados en esta Comisión, y al margen de lo que significa, nos honra que esta Comisión sea la que evidencia este pacto pero
no lo acabamos de entender, porque si su estrategia es conjunta, presenten una enmienda conjunta y no lo hagan por separado con la poco gracia de calcarla.
Contradicciones todas las que les he dicho. ¿Por qué he hablado de que el Sáhara Occidental
es su comodín dentro de la política internacional? Pues porque ya sabemos las ansias que tienen ustedes de integrarse en la vieja Europa, con Francia y Alemania en la locomotora y nosotros en el vagón de cola, esto ya nos es suficiente, hay que
contentar a Francia, y porque ese entreguismo que ustedes han manifestado para añadirnos a esa nueva Europa, que ustedes quieren potenciar, hace que quien detecta en nosotros entreguismo lo acoja, lo valore y lo aproveche. Si tenemos en cuenta que
Francia tiene un posicionamiento claro, coherente y que no esconde en relación con la cuestión del Sáhara Occidental totalmente pro-marroquí, entendemos que ustedes ante el Sáhara Occidental presentan una cara ante Francia para que les tienda la
mano en sus ansias de ser una potencia en Europa.
Señorías, con nuestra enmienda les pedimos que sigan las cosas igual en cuanto a la postura española que hubo con los gobiernos de UCD, del Partido Socialista, del Partido Popular y que ustedes ahora han roto.
Desde nuestra responsabilidad
histórica como antigua potencia colonizadora, también por el sentir mayoritario de la población española de afecto y sintonía con el pueblo saharaui y, obviamente, también porque lo tenemos que tener presente en la defensa de los intereses de
España, nos gustaría que rectificaran, salieran del doble juego que practican y siquiera hicieran lo mismo que dicen; que está muy bien decir que siguen en la misma línea pero está luego muy mal, peor, moverse claramente con una tendencia afín a
Marruecos cuando esta no ha sido nuestra actitud a lo largo de la historia. Estamos pendientes de su rectificación y de cómo puede quedar finalmente el redactado de las transacciones que se puedan generar, si bien la contundencia con que se ha
expresado el ponente de Esquerra Republicana de mantener aquello que seguramente nos va a alejar, que es el reconocimiento y el establecimiento de relaciones bilaterales horizontales, va a dificultar que podamos dar apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra la señora Torrado en representación del Grupo Socialista.
La señora TORRADO REY: Señorías, terminamos esta mañana en la Comisión de Exteriores con una PNL sobre el Sáhara Occidental. Quienes me conocen por mi trayectoria y por mi compromiso con este tema, comprenderán por qué actúo en nombre de
mi grupo. Quiero decir que desde mi llegada al Congreso de los Diputados en la legislatura pasada he visto muchísimas iniciativas, tanto en la anterior como en esta, las hemos discutido y se han realizado en distintos ámbitos desde el punto de
vista político, de apoyo humanitario, de denuncia de la situación en las zonas ocupadas, etcétera.
Nos encontramos hoy con una iniciativa de Esquerra Republicana que al menos a mí me parece sorprendente porque no se ha planteado en ninguna ocasión, que yo recuerde en este Congreso ni en ninguna Comisión. Jamás se ha planteado así, y esto
debemos ponerlo en sus justos términos. El proceso de arreglo del Sáhara Occidental pivota sobre un plan que ha sido planteado por Naciones Unidas y que, a pesar de las sucesivas resoluciones que el Consejo de Seguridad ha emitido aún está en un
periodo inconcluso. Este proceso dura ya más de 30 años, como sabemos, y ha pasado por muchas fases, pero lo que es curioso es que en ninguna de ellas se ha puesto en duda el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. Incluso el Plan
Baker preveía o prevé todavía un periodo transitorio de autonomía bajo el Estado marroquí, pero también pone como condición sine qua non para terminar el proceso la
celebración del referéndum. Por eso le digo que esta iniciativa es engañosa, porque supondría prejuzgar el resultado de este referéndum en el que los saharauis ejercerían su derecho a la autodeterminación. Eso es algo que, hoy por hoy,
sería políticamente incorrecto e inoportuno, eso siendo leves en nuestras acepciones y eso es lo que nos propone esta iniciativa. Los que conocemos los campamentos, los que los hemos visitado y los que sabemos las condiciones de las zonas ocupadas
nos sentimos partícipes de la situación de dificultad en que viven todos estos saharauis, los sufrimientos de cada día para sobrevivir como pueblo y además, creo que en esto estamos de acuerdo todos, con una dignidad que nos enorgullece a todos los
que tenemos amigos entre ellos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, de este exilio forzado, aún no se ha creado un Estado independiente en el Sáhara Occidental. Por ello, y en eso discrepo del señor Ricomá, todos los esfuerzos han de ir
encaminados a que este conflicto se resuelva y por ello quiero insistir en que ningún gobierno, desde hace décadas, ha estado tan comprometido con la búsqueda de una solución, de un compromiso activo y responsable para superar el estancamiento
político en el que se halla este conflicto.
Quiero decir que el Gobierno ha multiplicado durante los últimos meses los contactos con las partes, con Marruecos y con el Frente Polisario, que es nuestro interlocutor actual, y los Estados interesados, buscando crear una mayor confianza
para que estas partes logren una solución definitiva y avancen en el acuerdo pero siempre en el marco de la ONU. Para hablar de qué estamos consiguiendo con este compromiso activo, dicho esfuerzo contribuyó a la última resolución del Consejo de
Seguridad, en la que se insistió una vez más en llamar a las partes y los Estados de la región a que colaboren con Naciones Unidas para así poner fin al estancamiento y avanzar hacia lo que tiene que ser una solución política aceptada, justa y
definitiva por las partes. Por otro lado, este compromiso activo para romper el estancamiento, conseguir la autodeterminación de los saharauis y alcanzar el arreglo definitivo es la mejor manera de defender los derechos del pueblo saharaui.
Sabemos, y todos hemos escuchado y recibido e-mails y hemos conocido la situación en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, que existe muchísima tensión. Algunos de nosotros pudimos escuchar de primera mano la dolorosa experiencia de la
activista saharaui Aminetu Haidar, su tortura, su encarcelamiento por fuerzas marroquíes por el simple hecho de manifestarse en las zonas ocupadas. Sabemos que día tras día se producen nuevas detenciones en estas zonas ocupadas simplemente por el
hecho de manifestarse. También sabemos de las dificultades, casi de la imposibilidad, de que las delegaciones interesadas tanto de periodistas como políticos viajen a la zona, lo conocemos también porque a nuestra propia delegación le ha sido
imposible hasta el momento visitar estas zonas. Por todo ello, el Gobierno, en los contactos con las autoridades marroquíes ha instado a que se respeten los derechos individuales de los detenidos y procesados y de que toda la información sea
tratada con transparencia. También ha pedido, sin éxito por el momento, que se permita la visita de estas delegaciones de observadores. Esta misma posición se ha desarrollado en el ámbito de la Unión Europea, donde tanto el Acuerdo de asociación
como el Plan de acción de vecindad con Marruecos establecen como requisito el respeto al acervo comunitario en materia de derechos humanos. Por otro lado, y como apoyo decidido ayudar a mejorar la situación en los campamentos, la Agencia de
cooperación no solo ha incrementado la cantidad de la ayuda de emergencia, de la ayuda alimentaria, de los proyectos de desarrollo, sino que también ante una situación crítica como fueron las inundaciones hace unos meses se actuó de una forma rápida
y eficaz desde la propia agencia.
Hemos presentado una enmienda que está más en la línea de lo que siempre en esta Comisión, desde este Congreso se ha aprobado, y espero que en el transcurso del debate consigamos un acuerdo, puesto que la resolución aprobada la semana
pasada, quizá por eso el señor Ricomá se extrañaba de la coincidencia de las dos enmiendas que formulamos, tiene que ver con las enmiendas que se presentaron a las resoluciones al debate sobre el estado de la Nación, en las que de alguna manera
coincidían CIU y nosotros. Entonces es la que hemos presentado y creemos que tiene posibilidad de salir adelante porque se ha de conseguir un consenso para estas iniciativas. Desde luego no estaremos en la línea de modificarla para el
reconocimiento que pide el representante de Esquerra Republicana, pero sí de seguir explorando otras vías que nos permitan solucionar este conflicto que a todos nos preocupa y que necesitamos que sea solucionado políticamente. El Gobierno español
tiene que intentarlo y para ello se deben abrir todas las vías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Xuclà en representación de Convergència i Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, señor Ramón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, creo que hay algunas coincidencias entre los planteamientos de fondo de su formación política y de mi formación política. Usted defiende el
derecho de autodeterminación de los pueblos y nosotros también; usted defiende el respeto a los derechos humanos, entre los cuales consideramos que hay un derecho humano básico que es el derecho a poder desarrollarse libremente en una comunidad
cultural y de identidad, y usted defiende la solidaridad con los pueblos que tienen una situación de opresión y nosotros también. A partir de esta coincidencia de fondo, este grupo parlamentario tiene una discrepancia, también de fondo, con el
planteamiento y con el redactado de la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Se ha hecho referencia por parte del señor Ricomá a que seguramente esta es la primera vez que en muchos
años en este Congreso de los Diputados se rompe un consenso básico alrededor del tema del Sáhara y de la evolución del Sáhara. En nuestra enmienda se ha dado explicación de porqué hay esta coincidencia. Estamos hablando de un texto
aportado en el debate de política general, concretamente del debate del día 6. Es una enmienda que fija nítidamente los objetivos. En primer lugar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé el derecho de autodeterminación del
pueblo del Sáhara Occidental. Este es un compromiso de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Una enmienda que plantea el respeto a los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental y de los campamentos de
refugiados. Este ha sido, viene siendo y es un amplio consenso de los grupos parlamentarios de esta Cámara. El tercer punto es incrementar la ayuda humanitaria y de cooperación de la agencia española y también de las comunidades autónomas y de las
entidades locales. Para nada creo que esta enmienda de sustitución sea una enmienda que nos autolimite, que rebaje los planteamientos de este Parlamento, ni que para nada esté en contra de la resolución 1775 de 28 de abril de 2005, que es el último
pronunciamiento de Naciones Unidas para el arreglo de la situación anómala de un proceso incompleto de descolonización del Sáhara.
Este es el planteamiento que ha venido manteniendo este Parlamento, no el planteamiento al que hacía referencia la
diputada Torrado, el planteamiento incluso de Naciones Unidas, de una fase de autonomía para culminar con un referéndum; no el planteamiento que viene manteniendo el actual Gobierno de Marruecos simplemente de la creación de una autonomía como
solución final a la situación del pueblo saharaui. Es una hoja de ruta perfectamente respetable y razonable y, si me permiten, en unos términos diplomáticos bastante más razonables, porque ustedes comprenderán perfectamente que la política
exterior, de acuerdo con la Constitución, corresponde dirigirla al Gobierno y una proposición no de ley de la Comisión de Asuntos Exteriores no puede instar al Gobierno al reconocimiento oficial de un nuevo Estado por un debate en Comisión, que es
lo que se contempla en el punto número uno. Finalmente, respecto del punto número 5, entre todos hemos de ser muy conscientes de la situación complicada en la política de vecindad, pero subordinar los acuerdos en la relación con el Estado marroquí
a la solución del conflicto, que existe, y que nosotros denunciamos que existe, subordinar las relaciones con una situación y una frontera tan delicada y tan caliente como es la frontera con el Estado marroquí a la solución del Sáhara, no es una
forma inteligente de conseguir los objetivos compartidos que tienen tanto el grupo proponente como el Grupo Parlamentario Catalán. Por esto invitamos a una posible transacción y acuerdo a partir de los distintos textos planteados, por cierto,
también del texto planteado por el Grupo Popular, que es un texto coincidente, el de la neutralidad activa, con la política que viene desarrollando el Gobierno y con la política que vienen defendiendo los distintos gobiernos y grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad):Entiendo, señor Ramón, que mantienen la proposición, ¿o hay posibilidad de un entendimiento?
El señor RAMÓN TORRES: En mi intervención hacía referencia a la posibilidad de llegar a un texto de interés general; visto el posicionamiento de los demás portavoces, yo solo querría decirle al portavoz socialista que hay 47 países o
Estados que han reconocido la RASD, que la RASD es miembro de la Unión Africana, y que por eso no llegaremos a ningún acuerdo porque lo que queríamos es que en esta iniciativa el Estado español se comprometiera a ese reconocimiento de la República
Árabe Saharaui Democrática.
El señor PRESIDENTE (Benegas Haddad): Turno de grupos.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Si hay un asunto reiterado en torno a la política exterior española en este Congreso de los Diputados es el conflicto del Sáhara Occidental. Hoy hay una resolución de Esquerra Republicana que da una vuelta de
tuerca a la posición tradicional, que nosotros vamos a apoyar, a pesar de ser una posición testimonial y evidentemente condenada al fracaso después de escuchar a los portavoces de los grupos mayoritarios. Sin embargo, sí querría aprovechar el
momento para reiterar algunos argumentos que ya utilizamos hace un rato en relación con Guantánamo. Si hay algún elemento que deslegitima precisamente la legalidad internacional es el reiterado incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
Hay dos conflictos que acaparan la atención de esos incumplimientos, que son el conflicto palestino-israelí y el conflicto del Sáhara Occidental. Después de Israel, el Estado del mundo que más incumple de forma reiterada y prolongada las
resoluciones de Naciones Unidas es el Reino de Marruecos, y es precisamente esta incapacidad de Naciones Unidas para garantizar el ejercicio de sus propias resoluciones lo que debilita a esta institución a nivel mundial y debilita precisamente el
derecho internacional y a partir de ahí, caldo de cultivo para muchas de las barbaridades que se viven en el planeta que nos toca en este momento. Por lo tanto, señorías, sin perjuicio de que con esta propuesta, se da una vuelta de tuerca a la
posición del Parlamento español con relación a una decisión política como sería reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, sí me parece, ya que nosotros hasta ahora nos hemos conformado con menos. Nos conformamos con la moción que aprobó en
septiembre del pasado año el Pleno del Congreso como consecuencia de una interpelación que surgió por unanimidad, donde de forma razonablemente clara el Congreso de los Diputados denunciaba la vulneración de los derechos humanos en las zonas
ocupadas, exigía la intervención
de observadores internacionales para verificar el respeto a esos derechos, reiteraba la exigencia del cumplimiento de la resolución 1495 que es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui e instaba al Gobierno
español a que, con estos contenidos, en los foros internacionales, expresara esta posición unánime del Parlamento. Si hay algún aspecto en la política exterior del Gobierno español en el que nosotros discrepamos, porque hasta ahora hemos apoyado en
Comisión y en Pleno con algún matiz todas las acciones sobre la política exterior del Gobierno de España, es precisamente en relación el conflicto del Sáhara Occidental en el que, como mínimo, es ambigua. Para ejemplo, un botón: la semana pasada,
en el debate sobre el estado de la Nación presenté una resolución con los mismos contenidos, exactamente los mismos contenidos actualizados de la resolución que había aprobado en septiembre de 2005, por unanimidad, el Pleno del Congreso, y aunque el
Grupo Socialista la votó en contra, se aprobó.
Con eso quiero llevar al ánimo de SS.SS., que me consta que entre ustedes hay gente muy comprometida con esta causa desde hace 30 años, que la política exterior del Gobierno de España en relación con el conflicto del Sáhara Occidental es una
política confusa, que traslada una imagen de igualdad entre las partes que es injusta; no hay nada más injusto o inaceptable que tratar igual a los desiguales. No se puede estar en medio de un conflicto donde una parte tiene de su lado la
legalidad internacional y la otra tiene justo lo contrario, el incumplimiento reiterado y provocador durante décadas. Esa sensación que da el Gobierno de España en esta materia es la que nos lleva a pensar a los que hemos coincidido y coincidimos
con lo sustancial de la política exterior del Gobierno de España a que en este tema ustedes no acaban de tener una posición clara y contundente. No obstante, y en positivo, me quedo con la aprobación por unanimidad de las Cortes Generales de la
moción que aprobamos en septiembre del pasado año 2005, donde de forma clara se denuncia el incumplimiento de los derechos humanos, de forma clara se hace un llamamiento al control de observadores internacionales sobre los desastres que siguen
ocurriendo en los territorios ocupados, se reitera el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y expresamente la defensa del derecho a la autodeterminación.
Nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, que entendemos testimonial y legítima, pero también es una decisión política que comprendemos que no la tome el Gobierno de España, porque sería tomar parte en el conflicto y lo que exigimos
al Gobierno de España es que se cumpla la legalidad internacional reiteradamente incumplida por el Reino de Marruecos de manera prolongada y que es un elemento de sufrimiento para el pueblo saharaui, pero un elemento de deslegitimación internacional
y de Naciones Unidas, como lo es el visto bueno que se ha dado hasta hace escasos meses a la prisión extrajudicial de Guantánamo, que hoy, por fin, el Congreso de los Diputados, a través de esta Comisión, condena de forma clara y sin paliativos,
cosa que desgraciadamente no hicimos tampoco en el debate sobre el estado de la Nación. Tengo que recordar a SS.SS. que en ese debate también presenté una resolución exactamente en los mismos términos de la que hoy vamos a aprobar aquí en relación
con Guantánamo y que votaron en contra los dos partidos mayoritarios. Yo me alegro, porque nunca es tarde si la dicha es buena, de que hoy aquí, parece que por unanimidad aprobamos una proposición del Congreso de los Diputados a través de esta
Comisión a favor del cierre de Guantánamo y, en definitiva, del respeto a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Por lo tanto, señorías, apoyaremos esta proposición no de ley de Esquerra Republicana, aun reconociendo que es muy difícil
que el grupo que apoya al Gobierno sustente esta propuesta porque efectivamente desequilibraría lo que hasta ahora ha sido una exigencia, que es, sencilla y llanamente, que se cumpla el derecho internacional en esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES: No quiero tampoco dedicar demasiado tiempo a esta cuestión toda vez que ha sido objeto de debate recientemente en el Pleno del Congreso y en diversas ocasiones en esta Comisión y que nosotros querríamos que fuera objeto
no solo de debate sino también de consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias. Tenemos la impresión de que es ese consenso el que da fuerza a estas iniciativas y que, por tanto, hasta este momento ha habido una posición ambiciosa, una
posición comprometida con el pueblo saharaui por parte del Parlamento español, y eso es un valor en la política internacional. Ahora bien, comprendemos que haya grupos parlamentarios que consideren llegado el momento en el que se produzca una
clarificación, porque es verdad que el Congreso de los Diputados ha mantenido posiciones muy firmes en relación con el futuro del pueblo saharaui, pero no ocurre así por parte del Gobierno.
Estamos viviendo una situación contradictoria: el
Parlamento español avanza cada vez más en el compromiso con el pueblo saharaui y con los territorios ocupados, hay cada vez una mayor voluntad de los parlamentarios y parlamentarias de acercarse a esa realidad desde el compromiso con el derecho
internacional, y sin embargo tenemos un Gobierno que tanto en las relaciones bilaterales como multilaterales hace de la cuestión saharaui moneda de cambio en la relación con Marruecos, y creemos que eso es un grave error. Es en nuestra opinión el
agujero negro de la política exterior del Gobierno, y en ese sentido consideramos que sería conveniente que continuáramos con una mayoría amplia o la unanimidad de este Congreso, pero sería más conveniente todavía que el Gobierno se acercase a la
posición del Congreso de los Diputados, es decir, que fuese conciliable la posición del Gobierno con la posición del Congreso, lo que
no ocurre en la actualidad. Nosotros votaremos favorablemente la iniciativa parlamentaria de Esquerra Republicana planteando una salvedad: si no queremos que el Sáhara sea moneda de cambio en las relaciones con Marruecos, tampoco queremos
lo contrario. Nosotros no queremos que el Sáhara sirva para mejorar las relaciones con Marruecos, pero tampoco queremos que sirva para empeorarlas. No queremos ninguna de las dos cosas, y el último punto de la propuesta de Esquerra Republicana nos
da la impresión de que se desliza peligrosamente a esa posición. Nuestra opinión en estos momentos es que se trataría de recuperar la unanimidad (El señor presidente ocupa la Presidencia.) del Congreso de los Diputados y de que el Gobierno
recuperara el horizonte y la orientación del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Ya solo nos queda votar, y entiendo que los grupos parlamentarios están en disposición de hacerlo. Vamos a hacer las votaciones de acuerdo con el orden que a efectos prácticos de discusión se ha establecido en el día
de hoy. Consecuentemente, la primera proposición no de ley que se somete a votación es la relativa al impulso de reforma de Naciones Unidas, la que aparece en el punto 3º, pero que ha sido la primera en someterse a discusión. Hay una enmienda de
los grupos autores de la proposición y también una enmienda del Grupo Popular. He entendido que se admite la enmienda del Grupo Popular, y por tanto lo que vamos a votar es el texto refundido de la modificación sugerida por los grupos
parlamentarios que eran autores de la proposición no de ley más la añadida enmienda del Grupo Parlamentario Popular. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La segunda de las proposiciones no de ley que sometemos a votación es la que tiene por autor al Grupo Parlamentario Popular, la señalada en el orden del día como punto 4º, discutida en segundo lugar, sobre la protección y defensa de los
derechos de los ciudadanos españoles en Venezuela. Ha habido una enmienda del Grupo Socialista de sustitución que no ha sido admitida, por lo que consecuentemente lo que se vota es el texto original presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a la votación del punto 6º del orden del día, discutido en tercer lugar, sobre la persecución sufrida por la comunidad bahá'í en Irán. No hay enmiendas y la proposición fue presentada por todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley que se ha discutido en cuarto lugar, que es la que aparece como punto 2º del orden del día, sobre el cierre de Guantánamo. (El señor Soravilla Fernández pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Señor presidente, como he hecho referencia a utilizar un castellano legible, pido la palabra para hacer algunas matizaciones por si fueran admitidas; si no, de cualquier manera votaremos a favor. Pero si me
lo permite lo haría.
El señor PRESIDENTE: El grupo proponente es el del señor Llamazares, quien tiene que aceptar o no los cambios aunque sean de tenor gramatical o literario.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Para mejorar el castellano estoy dispuesto a recibir lecciones.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: No es que yo pretenda entrar en la Real Academia, pero lo primero de todo es que, se inicia diciendo:... el Parlamento español, que pertenece al petitum de Coalición Canaria, y creo que somos el Congreso de
los Diputados, no el Parlamento español; serían Cortes Generales en todo caso, y ni aun así estoy muy seguro porque las Comisiones Mixtas son Congreso-Senado. En fin, hay algunas palabras, como reiterados, que yo no pondría, aunque supongo que
suprimirlas sería imposible, pero sí eliminaría en consecuencia, porque lo repetimos en el siguiente párrafo; quedaría: '...tortura en la prisión extrajudicial de Guantánamo, y solicita -sin necesidad de poner en consecuencia- el cierre de la
misma', etcétera, todo lo demás sigue igual. En el párrafo siguiente sí aparece: en consecuencia, sin necesidad de reiterarlo; el Congreso de los Diputados ya figura en el párrafo anterior, luego no hace falta citarlo, y pasamos a: '...en
consecuencia, insta al Gobierno a: adoptar...', etcétera. Donde dice: '...Gobierno de los Estados Unidos' falta una preposición: 'a que proceda al cierre del centro de...', yo pondría Camp Delta, para dejarlo debida y precisamente identificado,
pero no entro en esto, y para su mejor comprensión diría, en vez de 'al respecto de', 'de modo que sea respetado el derecho internacional mediante la aplicación de la legislación humanitaria a las personas retenidas y se garantice o sea garantizado
en el menor plazo de tiempo un juicio justo',
etcétera. En el punto 2, después de condenar, para que se note que estamos persistiendo y perseverando en ello, añadiría: '...a condenar una vez más todas las formas de tortura'. Y con esto concluiría las pequeñas correcciones que hago
pero que someto, naturalmente, a la opinión de los distintos portavoces y sobre todo del señor Llamazares.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, es el señor Llamazares quien debe decidir si se admiten. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, se admiten. (El señor Rodríguez Rodríguez pide la palabra.)
Señor Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Deseo reiterar, porque se ha olvidado que hay dos proposiciones no de ley en discusión, que en relación con el primer párrafo, del que soy autor, no tengo ningún inconveniente en sustituir el Parlamento español
por el Congreso de los Diputados, por precisar con rigor lo que hoy estamos decidiendo.
El señor PRESIDENTE: No se me olvida. Es que se me interrumpió, y con mucho gusto di la palabra, cuando decía que lo que se va a votar no es ni siquiera la proposición de ustedes, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canaria e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sino que es la transaccional entre ambos grupos parlamentarios y he entendido además que las correcciones introducidas gramaticales o literarias del Grupo Popular obedecen ya al texto transaccionado.
Consecuentemente, con la autorización de los autores de la transacción, sometemos a votación el texto más las modificaciones que ustedes aceptan de lo que dijo el señor Soravilla en su intervención.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Es la transaccional de los dos más nuestra enmienda más las hechas in voce.
El señor PRESIDENTE: Exactamente eso: transacción de los dos grupos proponentes más la enmienda del PP más las que se acaban de hacer in voce referidas tanto a precisiones institucionales -Congreso en lugar de Parlamento, como es correcto-
y otras de tipo gramatical o literario.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Falta la votación, en cuanto a proposiciones no de ley, de la que figuraba en el punto 1º del orden del día y que ha sido discutida en último lugar, sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática. Había alguna
enmienda transaccional que no ha sido aceptada, por lo que el texto que se somete a votación es el del autor, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTAMEN SOBRE:
-CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES, HECHA EN PARÍS EL 20 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000149.)
-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EXPLORACIÓN Y DEL USO PACÍFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, HECHO EN MADRID EL 9 DE FEBRERO DE 2006. (Número de
expediente 110/000150.)
-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, 'AD REFERÉNDUM' EN SKOPJE EL 6 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000151.)
-CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE, HECHO EN PARÍS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000152.)
El señor PRESIDENTE: Falta todavía una votación, señorías, que es la de los dictámenes sobre convenios o acuerdos internacionales. Siguiendo la práctica de esta Comisión, entiendo que ustedes aceptan que hagamos una votación global pero
que se entiendan votados todos y cada uno de los acuerdos o convenios por separado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.