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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 559, de 26/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 559
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 22
celebrada el miércoles, 26 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Valcarce García), para informar sobre:
-El Plan de mujer y discapacidad que se está elaborando desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000660.) ... (Página
2)
-Los convenios sobre accesibilidad para discapacitados firmados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la ONCE y corporaciones locales. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente
212/000663.) ... (Página 2)
-Las líneas actuales de trabajo de su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001076.) ... (Página 2)
-Las próximas iniciativas del Gobierno en materia de discapacidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001080.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
El señor VICEPRESIDENTE (López-Medel Bascones): Señorías, comenzamos la sesión de la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad con la presencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce, a la cual damos una cordial y muy sincera bienvenida, y que comparece ante esta Comisión para informar de los cuatro puntos que figuran en el orden del día, cuyo tratamiento se realizará de modo conjunto: uno de ellos
referido al Plan de Mujer y discapacidad, que se está elaborando en el Ministerio; otro sobre los convenios de accesibilidad para discapacitados, firmados entre el Ministerio, la ONCE y también las corporaciones locales; y otros dos, referidos a
las líneas actuales de trabajo de su departamento y las próximas iniciativas del Gobierno en materia de discapacidad. Sin más, reiterándole la más cordial bienvenida, damos el uso de la palabra a la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre el Plan de Mujer y Discapacidad y sobre los convenios de accesibilidad para personas con discapacidad, que ha firmado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la ONCE y la Federación Española de
Municipios y Provincias; y también a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar las líneas de trabajo del departamento en materia de discapacidad; y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para informar de las
próximas iniciativas del Gobierno en materia de discapacidad.
Señorías, quisiera en primer lugar referirme al primer Plan de acción para las mujeres con discapacidad, que estamos elaborando en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la importancia que concedemos a la doble discriminación que
padece la mujer con discapacidad: por ser mujer y por ser discapacitada. La encuesta sobre discapacidades, deficiencia y estado de salud de 1999 estima un número mayor de mujeres que de varones con discapacidad; el 58,3 por ciento de la población
con discapacidad son mujeres. El plan de acción quiere responder a las necesidades de esa situación específica y favorecer el acceso a la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de los derechos de las mujeres, pero también para dar
cumplimiento a la Liondau, que establece en su artículo 8.2 que los Poderes Públicos adoptarán medidas de acción positiva suplementaria para aquellas personas que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación, como son, entre otros, las
mujeres. Este primer plan ya ha sido sometido a consulta del Cermi, como entidad que aglutina a gran parte del movimiento asociativo de la discapacidad. También al Consejo Nacional de la Discapacidad y se ha presentado igualmente a la Mesa de
Diálogo Social con los sindicatos y empresarios. El Consejo de Ministros del pasado día 3 de marzo y en el ámbito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, fue informado sobre este texto, que también fue presentado ya para informe
preceptivo a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales del día 30 de marzo.
El proyecto de Plan de acción para mujeres con discapacidad tiene como objetivo remover los obstáculos que ocasionan un fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con discapacidad, sobre todo para facilitar el disfrute de sus derechos. Los
principios que lo inspiran son: no discriminación e igualdad de oportunidades frente a los hombres con discapacidad y las mujeres en su conjunto; acción positiva y transversalidad en todas las políticas como metodologías complementarias para la
igualdad de oportunidades; vida autónoma, impulsando la capacidad de autodeterminación; participación en todos los ámbitos: económico, social, político o cultural; normalización, para que tenga posibilidad de acceder a lugares, ámbitos, bienes y
servicios que están a disposición de cualquier ciudadano; y accesibilidad universal, condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios, para que sean utilizables y practicables, partiendo de la estrategia de lo que
denominamos diseño para todos.
El plan tiene ocho áreas, con objetivos operativos y medidas específicas, respuesta a las necesidades detectadas, evitando repetir todo aquello que puede estar ya presente en otros planes. Esas áreas son, en primer lugar, área primera,
imágenes y prejuicios, para hacer visible la situación real de las mujeres con discapacidad y desmontar
estereotipos y prejuicios. La segunda área es vida familiar, relaciones afectivas y maternidad, área relacionada con la familia y el entorno afectivo. La tercera área es educación, porque, señorías, aquí quiero llamar su atención sobre un
hecho que es relevante y, desde luego, que nos preocupa mucho: las tres cuartas partes de mujeres con discapacidad no han logrado superar los estudios primarios y solo una minoría, el 4 por ciento, tiene estudios superiores y, por tanto, se
establecen en el plan medidas que impulsen la permanencia en el proceso educativo para que las mujeres con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus capacidades. La cuarta área es el empleo. La posibilidad de empleo se ve reducida en las
mujeres con discapacidad y es debido a ese déficit educativo y formativo, pero también a los prejuicios y estereotipos. Las medidas de apoyo tienen tres vertientes: formación ocupacional, empleo por cuenta ajena y autoempleo, con una referencia
muy importante al empleo público. La quinta área es poder y participación. Las mujeres con discapacidad apenas han participado en ningún centro de poder, o en procesos de toma de decisiones, por lo que queremos potenciar al máximo la presencia de
las mujeres con discapacidad en los ámbitos de poder, lo que llamamos el empoderamiento social. La sexta área se refiere a la violencia. A la violencia que se da en el ámbito doméstico o laboral hay que sumar la institucional, con las dificultades
añadidas para formular denuncias, porque no se las cree o no pueden expresarse, y en algunos casos, las personas agresoras son justamente las del entorno que las atiende o las cuida. Las medidas de violencia de género, queremos, por lo tanto, que
tengan un perfil específico de especial protección hacia las mujeres con discapacidad. La séptima área trata de la salud. Se ha huido, hemos huido de un planteamiento sanitario de la discapacidad, porque eso es ya competencia de nuestro muy
importante Sistema Nacional de Salud. Lo que queremos es ver cómo el perfil de usuaria de los servicios de salud de la mujer con discapacidad y las propuestas dirigidas hacia el sistema sanitario, para que den respuesta específica a las necesidades
de las mujeres con discapacidad. Por fin, la octava área va dirigida a la protección social y jurídica. Recoge las medidas para los sistemas de servicios sociales, sobre todo en el futuro sistema nacional de dependencia, y los instrumentos
pensados para la autonomía en general, para que las mujeres con discapacidad, que son las más vulnerables, puedan utilizarlos en igualdad de oportunidades. Este proyecto de plan, que he descrito esquemáticamente, plantea líneas de actuación de la
propia Administración General del Estado, pero también otras que son claramente recomendaciones metodológicas hacia otras administraciones, hacia entidades e instancias responsables, tanto públicas -como son las comunidades autónomas o las
corporaciones locales- como sociales -movimiento asociativo, organizaciones sindicales- en un esfuerzo por implicar a todos los afectados.
Señorías, una importante preocupación del Gobierno es hacer más accesibles los entornos en los que se mueven las personas con discapacidad. Por ello, el 12 de julio del año 2004 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribió un
importantísimo convenio de colaboración con la Fundación ONCE y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Este convenio tiene como objetivo desarrollar un programa de accesibilidad universal, que constituye el marco operativo para la
ejecución de proyectos de accesibilidad y que, sobre todo y fundamentalmente, se realiza con entidades del ámbito local, con entidades, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones, pero también con otras organizaciones de carácter público, sobre
todo con las universidades españolas. El objetivo fundamental de estas actuaciones consiste en la redacción de planes de accesibilidad o de infoaccesibilidad; y la ejecución de obras, tanto de accesibilidad como de infoaccesibilidad, que se
articulan a través de convenios de colaboración singulares con las entidades públicas que se adhieren al convenio marco con un proyecto concreto de actuación. En el año 2004 hemos llevado a cabo 115 actuaciones de accesibilidad en la edificación y
en el urbanismo, lo que supuso, señorías, una financiación de 17.103.006,03 euros. De estas acciones, 40 fueron planes de accesibilidad o infoaccesibilidad, que han supuesto una inversión de 4.604.429,46 euros y 75 obras singulares, con una
inversión de 12.498.576,57 euros. En el año 2005, el número de actuaciones fue muy superior, se realizaron 149 acciones, 43 para planes de accesibilidad o infoaccesibilidad y 106 en obras específicas de accesibilidad. La financiación para tales
actuaciones fueron: 3.193.246,66 euros para planes y 16.042.857,20 euros para obras. En total, la cuantía destinada para financiar acciones en la edificación y en el urbanismo fue de 19.236.103,86 euros. En el marco del citado convenio, para la
promoción de la accesibilidad en el transporte por autotaxi, mediante la incorporación al servicio de esta modalidad de transporte de vehículos que son plenamente accesibles, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE participan
cofinanciando la adquisición a través de convenios de colaboración con entidades locales. En el año 2004, para el transporte se celebraron 48 convenios de colaboración por una cuantía de 612.020,24 euros. El número de vehículos puestos en
servicio, señorías, fue de 102 vehículos accesibles. En el año 2005, los convenios suscritos fueron 35, la financiación fue de 576.000 euros y el número de vehículos puestos en servicio fue de 96.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales promueve actuaciones dirigidas a favorecer la accesibilidad en las líneas regulares de transporte urbano e interurbano por autobús. Hemos financiado el mayor coste de autobuses accesibles en
relación con los convencionales de características similares. En este momento podemos decir a SS.SS. que los nuevos autobuses que se están poniendo en circulación se financian a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y son ya
accesibles. Mediante
convenios de colaboración que anualmente suscribimos con la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cofinancia la incorporación de vehículos accesibles en la línea regular de transporte
urbano por autobús, dependientes de las entidades locales que se adhieren al convenio suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias. Este convenio lo hemos suscrito el 27 de julio del año 2004 y el 26 de julio del año 2005. Los
resultados de dichas anualidades, que son muy favorables, son los siguientes. En el año 2004, se adhirieron 40 entidades locales; el número de autobuses incorporados, señorías, 373 autobuses; y hemos financiado una aportación por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 3.279.505,29 euros. En el año 2005, lo hemos incrementado; el número de entidades añadidas son 54, el número de autobuses incorporados es de 363 y la financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales es de 3.263.495,16 euros. Con esta importante financiación, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hemos impulsado acciones a favor de mejorar la accesibilidad de nuestros pueblos, villas y ciudades, para facilitar a todas las
personas con discapacidad o con movilidad reducida el acceso a los transportes públicos.
Señorías, además de promover la accesibilidad, el Gobierno ha adoptado en los últimos meses importantes medidas en materia de discapacidad. Quiero destacar que en el Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, aprobado por real decreto el 1 de julio del año 2005, queda contemplada la discapacidad en varios artículos, con la finalidad de favorecer el acceso a la vivienda de personas que se encuentran en esa situación. Es decir, hemos incorporado
como beneficiarios prioritarios a las personas con discapacidad y sus familias. Hemos incorporado en este real decreto la excepción al límite de la superficie útil de las viviendas, viviendas que van a ser adaptadas a personas con discapacidad, de
forma que esta superficie podrá verse incrementada en un 20 por ciento para las viviendas protegidas. Hemos incorporado también el establecimiento de condiciones para que las personas con discpacidad obtengan prioritariamente subvenciones. Hemos
recogido también el ámbito de las actuaciones protegidas que deben de tenerse en cuenta para mejorar las condiciones de accesibilidad en las viviendas y, además, que el acceso en las nuevas viviendas sea siempre adecuado a las personas con
discapacidad.
Por lo que se refiere al ámbito de la justicia, se aprobó el 19 de julio del año 2005 la Ley 16/2005, de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta nueva ley, que modifica la del año 1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, dispone que se podrá
reconocer el derecho a la asistencia gratuita a las personas con discapacidad, y todo ello para reconocer este derecho que se había recogido como declaración en el artículo 1.2 de la Liondau. Además, se extiende también a las personas que los
tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en nombre de la persona con discapacidad o en interés de la persona con discapacidad. Las asociaciones que hayan sido declaradas de utilidad pública y que tengan como fin la promoción y defensa de las
personas con discapacidad y sus familias, también gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita, y ello además sin necesidad de acreditar insuficiencia de medios para litigarlo.
Hace un año, el Gobierno quiso impulsar un plan de alto rendimiento para los deportistas con discapacidad, con el fin de eliminar cualquier discriminación y equiparar el deporte paralímpico al deporte normalizado.
El fomento del deporte de
las personas discapacitadas creemos que es una vía muy importante para su integración social. La práctica del deporte, con vistas a la competición, y en particular, la alta competición, se ha demostrado que también es muy importante, siempre que
vaya acompañada del desarrollo de determinados programas, como la inserción laboral de los deportistas paralímpicos de los deportistas de élite, de los deportistas de alta competición, cuando terminan ya esa fase de alta competición. En este
sentido, el Gobierno, preocupado por el futuro profesional de nuestros deportistas paralímpicos, aprobó la orden 2787, de 29 de agosto del año 2005, de forma que se autorizaba la utilización de las donaciones recibidas, en virtud de lo que prevé ya
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para la promoción del deporte paralímpico y, sobre todo, la posterior inserción laboral de los deportistas.
En el ámbito de la violencia de género, el Real Decreto 1452, del año 2005, por el que se regula la ayuda económica que desarrolla la Ley Integral contra la Violencia de Género, incorpora -y esto lo hemos hecho a propuesta del Cermi y de su
Comisión de la Mujer- diversas medidas suplementarias de apoyo a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
Señorías, quiero destacar que la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, expresamente en su artículo 5 señala que las campañas institucionales de publicidad y de comunicación gozarán del más completo acceso a la información
a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Asimismo, su disposición final primera contempla que en su desarrollo reglamentario se dará audiencia al Consejo Nacional de la Discapacidad, cuestión que tenemos previsto realizar en los próximos
días, puesto que esta ley tiene ahora en proceso consultivo el real decreto que la desarrolla.
En el ámbito de las políticas de familias, el real decreto 40/2003, de Familias Numerosas, establece prestaciones diversas para aquellas familias compuestas con dos hijos y un miembro de la familia con discapacidad. Una novedad muy
importante que hemos incorporado al concepto de familia numerosa -familia numerosa con uno de sus miembros con discapacidad- es la bonificación del 45 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social para las familias que tengan contratado a un
empleado para la atención de los miembros de su familia. Esta bonificación es de aplicación a los cuidadores, al servicio del hogar familiar, cuya relación
laboral especial esté constituida por actividades de cuidado o atención de los miembros de la familia numerosa, de la familia con un miembro que esté afectado de discapacidad. Otras bonificaciones para familias numerosas que se contemplan
son los subsidios para las necesidades educativas especiales, como puede ser transporte, comedor escolar, prioridad -como ya he señalado- en el acceso a la vivienda, obtención de préstamos en condiciones especiales para su adquisición y las
bonificaciones en los precios de transporte por ferrocarril, marítimo, aéreo y por carretera. Quiero hacer mención especial a la reducción de un 20 por ciento a las familias numerosas de categoría general y del 50 por ciento a los de categoría
especial en las cuotas para el turismo y el termalismo del Imserso, dirigido a personas con discapacidad.
Señorías, la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado, incorpora importantes novedades en materia de discapacidad. Así, los autónomos con discapacidad tendrán una bonificación del 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social;
y ello sin necesidad de adjuntar un proyecto de autoempleo aprobado por la Administración, desde el alta en el régimen de autónomos y simplemente con una duración máxima de tres años. También las trabajadoras con discapacidad por cuenta propia del
régimen especial de trabajadores autónomos que cesen en su actividad por maternidad tendrán una bonificación del cien por cien en las contingencias comunes en los dos años siguientes a la fecha del parto. En esta ley, además, se actualizan las
cuantías de las pensiones. Señorías, tengo que señalarles que la prestación por hijo a cargo de 18 o más años y discapacidad igual o mayor al 65 por ciento queda establecida en 3.569,52 euros al año. La prestación por hijo a cargo de 18 o más años
y discapacidad igual o mayor al 75 por ciento, con concurso de una tercera persona para los actos de la vida diaria en 5.354,28 euros al año. El subsidio de garantía de ingresos mínimos que establece la Lismi será de 149,86 euros al año; el
subsidio por ayuda de tercera persona de la Lismi, de 58,45 euros; el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte de la Lismi, de 47,15 euros al año; la pensión por invalidez y jubilación en la modalidad no contributiva, será de
4.164,44 euros anuales; y la pensión de orfandad por beneficiario discapacitado menor de 18 años, con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento, de 2.800 euros al año.
Como todos ustedes conocen, el Gobierno envió a las Cortes dos importantes proyectos de ley para el sector de la discapacidad. Me refiero al proyecto por el que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al proyecto de ley por el que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Con ello, el Gobierno ha cumplido un importante compromiso adquirido con las personas con discapacidad. También quiero referirme algo más extensamente -aunque ya lo he hecho en otros apartados- al
empleo público. En el Real Decreto 96/2006, que hemos aprobado el 3 de febrero se regula y aprueba la oferta de empleo público para el año 2006. En su artículo 5 se señalan las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas.
Esas plazas no se podrán acumular al turno libre, acumulándose solo al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente. Por lo tanto, mantenemos estrictamente que la reserva de empleo para las personas con discapacidad en el ámbito de las
administraciones públicas será siempre y solo para ellos. Asimismo, en el artículo 6 se indica que las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad que tengan un
grado igual o superior al 33 por ciento, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios, tanto para el tiempo y los medios de realización, que les permitan asegurar su participación en estos ámbitos en condiciones de igualdad.
Quiero destacar los datos muy positivos de la evolución del empleo. Tengo que señalar que en el año 2004 los contratos indefinidos para personas con discapacidad fueron 15.653; en el año 2005, 16.787; produciéndose un incremento del 7,2
por ciento. Preemítanme que insista, son indefinidos.
Estamos, por lo tanto, muy orgullosos. En cuanto a la modalidad de contrato temporal para personas con discapacidad, en el año 2004, 28.898 contratos nuevos para personas con discapacidad; en
2005, 31.801 contratos nuevos; lo que supone un incremento del 10 por ciento. El Gobierno ha adoptado otras medidas que tienen una importante repercusión en el sector de la discapacidad. Se ha modificado la normativa sobre el IVA para la
clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad. Establece el tipo súper reducido de IVA a todas las operaciones de entrega, adquisición intracomunitaria o importaciones, servicios de reparación,
adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida. Todo ello con el objeto de incluir los vehículos destinados al transporte de las personas con discapacidad, con independencia de quién sea el conductor, siempre que sirva como medio de
transporte habitual para una persona con discapacidad. Quedan incluidos aquí los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxi o autoturismo especial para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o
previa a su adaptación, aunque haya que adaptarlos para el transporte habitual de una persona con discapacidad, y ello con independencia de quién va a ser su conductor.
Por otra parte, el Real Decreto 357/2006 regula la concesión directa de las
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional. Con esta norma se habilita a los servicios públicos de empleo a conceder de manera directa subvenciones para organizaciones en las que se acrediten razones de interés
público, tanto de carácter social, económico,
como humanitario. Este real decreto recoge unas cuantas medidas para facilitar el acceso al mercado del trabajo. Entre ellas, figuran subvenciones muy importantes para personas con discapacidad. El decreto establece subvenciones en la
modalidad de contratación indefinida, centros especiales de empleo, enclaves laborales y autoempleo. Por otra parte, contempla también medidas de apoyo para la promoción del empleo de los autónomos con discapacidad. Quiero señalarles que en el
Real Decreto 393/2006, en el que se prorroga el programa de la renta activa de inserción, se va a permitir mantener la protección de 65.000 desempleados, entre los cuales se encuentran los discapacitados como el colectivo que tiene mayor nivel de
protección. Señorías, esto enlaza con la importancia que tiene el empleo, pero también la educación y la igualdad de oportunidades, porque -insisto- el mayor número de beneficiarios son personas con discapacidad.
Quiero destacar el Real Decreto 469/2006, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, norma muy esperada por el sector
de la discapacidad y de la que estamos muy orgullosos. Se ha aprobado el pasado viernes y es muy satisfactorio para mí podérsela comentar. En la actualidad existen unos 1.150 centros especiales de empleo, ocupan a una plantilla aproximada de
40.000 trabajadores con discapacidad. Por eso, destaco la relevancia que tiene esta norma. Los servicios de ajuste personal y social se definen como de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportivo; van a procurar al
trabajador con una discapacidad una mayor rehabilitación personal y, sobre todo, una mejor adaptación de su relación social. Con la aprobación de este real decreto se regulan por vez primera unidades de apoyo que se configuran como equipos
multiprofesionales, mediante el desarrollo de distintas funciones para ayudar a superar las barreras de todo tipo, no solo las urbanísticas en la edificación, obstáculos o dificultades de los trabajadores, sino -como he señalado tantas veces-
también esas que suponen romper la barrera psicológica, ese techo de cristal que afecta a las personas con discapacidad y que tantas veces dificulta su incorporación plena a la sociedad y, sobre todo, al empleo. Los centros tienen en el proceso de
incorporación a un puesto de trabajo de una persona con discapacidad su objetivo prioritario.
Con esta exposición he querido dar cuenta a esta Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad de aquellas medidas normativas que me parecen de enorme interés, sobre todo porque afectan a gran número de personas con
discapacidad. Señorías, quiero referirme, aunque sea someramente también, a otras medidas que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En materia de turismo para discapacitados, en el presupuesto del año 2006 hemos ya
incorporado 4.315.370 euros. Ello supone un incremento respecto al año anterior del 37,59 por ciento. Estimamos que vamos a beneficiar, a través de este programa de ocio y bienestar para las personas con discapacidad, a 13.000 beneficiarios con
discapacidad. Esto quiere decir un incremento del 44,5 por ciento respecto al año anterior. El esfuerzo inversor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en centros estatales de referencia nacional es, del mismo modo, muy importante. En el
presupuesto del año 2006, hemos consignado -y estamos cumpliendo- 20.318.000 euros para la construcción de 7 nuevos centros. En este sentido, tengo que decirles que los centros más avanzados, que están ya en construcción, son: Valencia, Burgos,
Salamanca, San Andrés del Rabanedo; y están en proyecto avanzado: Sevilla, Extremadura y Cartagena (Murcia). Quiero anunciarles que en los próximos meses serán aprobados los reales decretos que desarrollan la Liondau, son los reales decretos que
desarrollan las disposiciones finales 5.ª y siguientes, contienen un mandato al Gobierno taxativo para establecer las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
La transversalidad que implican estas condiciones básicas de
accesibilidad constituye todo un reto para las administraciones públicas, tanto para la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas. Quiero poner de relieve la magnífica disposición de todas las administraciones públicas
para responder a este reto de coordinación interdepartamental que hemos asumido desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hemos constituido diferentes grupos de trabajo interministerial en los que han participado activamente los
representantes del Cermi y de las comunidades autónomas. Asimismo, se ha contado con la participación de expertos de reconocido prestigio en nuestro país. Los proyectos son los siguientes: El relativo a las condiciones básicas de accesibilidad
universal en las relaciones con las administraciones públicas, en él se regulan las condiciones básicas que deben presentar las oficinas de atención al ciudadano, los impresos y documentos impresos y la prestación de servicios al ciudadano. El
siguiente proyecto son las condiciones básicas de accesibilidad en el acceso y utilización de los medios de transporte, en él se determinan los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo y por carretera. El siguiente fija las condiciones
básicas de accesibilidad universal en los espacios públicos urbanizados y en las edificaciones; regula el acceso y utilización de los espacios públicos, garantizando a todas las personas un uso independiente y seguro de los mismos. Existe otro
proyecto sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social. Y el último regula
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Bienes y servicios en los ámbitos del comercio, del turismo, de la industria, los servicios financieros y
los seguros. En estos momentos están ya ultimados los textos y se han remitido
al trámite consultivo de las comunidades autónomas. Próximamente también será aprobado el proyecto de real decreto por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades. El proyecto da cumplimiento al artículo 17 de la Liondau, que configura un sistema arbitral que atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo las quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad en relación con la
aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que se refieren a las siguientes materias: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y
edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público. En él se prevé la constitución de una junta arbitral central, que conocerá las solicitudes de arbitraje en relación con quejas y reclamaciones que afecten a un ámbito
territorial superior al de una comunidad autónoma o a materias de competencia estatal.
Asimismo, en cada comunidad autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla se constituirá una junta arbitral que conocerá las quejas y reclamaciones en el ámbito
territorial que les es propio. Quiero indicarles que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales quiere impulsar un plan de choque -y estamos en este proceso- para auditar la accesibilidad de las sedes de todos los departamentos de la
Administración General del Estado, y sobre todo y muy especialmente, las páginas web de mayor utilización por los ciudadanos. Finalmente, el Gobierno aprobó el pasado 21 de abril de 2006 el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y
atención de las personas en situación de dependencia; proyecto que ya ha sido remitido a esta Cámara. Con ello se cumplimentó al compromiso que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adquirió con la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (López-Medel Bascones): Las comparencias habían sido solicitadas por dos grupos, uno de ellos el Grupo Catalán, cuyo portavoz no presente en la sala, y otras tres por el Grupo Parlamentario Socialista. Por
consiguiente, tiene el uso de la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Vamos a dividir la intervención. Como son tres las comparecencias que hemos solicitado, yo voy a llevar las dos primeras y la relativa al primer Plan de acción de la mujer con discapacidad la va a llevar mi compañera
Sánchez Rubio.
Quiero destacar la apuesta del Gobierno en materia de discapacidad. Lo dijo el presidente del Gobierno el primer día: Esta cuestión constituye una prioridad. Cuando estamos en el ecuador de la legislatura, se puede afirmar que así ha
sido, destacando también el trabajo del ministro Jesús Caldera y usted, señora Valcarce, como secretaria de Estado. Quizá la guinda de todo ese trabajo lo constituye la Ley de autonomía personal y atención a las personas dependientes, aprobada el
pasado viernes en Consejo de Ministros, que va a suponer la ley social más importante no solo de la actual legislatura, sino de la próxima década. Una ley de la que se van a beneficiar en torno a 1.200.000 personas en nuestro país y también sus
familias, destacando el impulso dado en estos dos años al Consejo Nacional de la Discapacidad, a la ley de sanciones e infracciones, al proyecto de ley de la lengua de signos y apoyo a la comunicación oral, aprobado en enero de 2006 que ahora va a
comenzar su tramitación parlamentaria; de hecho, esta misma mañana ya han comparecido en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales algunos de los colectivos que representan esta materia.
Quiero comenzar refiriéndome a la accesibilidad. En nuestro país hay tres millones y medio de personas discapacitadas, lo que representa el 9 por ciento de la población, personas que se enfrentan a diario con barreras arquitectónicas y con
dificultades para acceder a los transportes, sobre todo si hablamos de personas que necesitan para su desplazamiento silla de ruedas. A los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en
edificaciones, en urbanismo, en transporte, en comunicaciones, para posibilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Quizá habría que comparar todo lo que ha hecho este Gobierno -de lo cual la secretaria de Estado ha
estado hablando cuarenta y cinco minutos, lo que constituye una versión sucinta de todo lo que se ha hecho en los últimos dos años- con lo que no hizo el Partido Popular. Hablando del tema -yo sé que no le gusta al Partido Popular que hablemos de
estas cuestiones, pero siempre es bueno comparar-, en lo que se refiere a la accesibilidad, el Partido Popular en esos 8 años hizo mucha demagogia y pocas realidades.
Hay que recordar que, en julio del año 1998, firmó un convenio sobre esta
materia, pero más del 33 por ciento, es decir, más de un tercio de las actuaciones previstas, no se ejecutaron. En julio de 2001 firmaron otro convenio que tenía más nombre que inversiones previstas. El nombre era: convenio para la cooperación e
integración social de las personas con minusvalía para desarrollar un programa de accesibilidad global arquitectónica urbanística en la comunicación sensorial, en el transporte, así como en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías.
Cuatro renglones de título, pero prácticamente ninguna inversión. Lo único que hicieron fue, en plena campaña electoral, visitar muchas capitales españolas -entre ellas, la mía- prometiendo una serie de inversiones que nunca llegaron a ejecutarse,
porque quien firmó realmente ese convenio fue Rodríguez Zapatero cuando ganó las elecciones, el 9 de julio de 2004. Ese convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE tenía el objetivo de profundizar en la
colaboración en actuaciones conjuntas relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y urbanística, con una vigencia -lo ha dicho usted- de tres anualidades desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2006 y supuso una inversión de
un 8 por ciento respecto a los últimos que firmó el Partido
Popular. Ha destacado S.S. que en el año 2004 se han llevado a cabo 115 actuaciones por valor de más de 17 millones de euros, cantidad que se ha visto superada el pasado año, cuando se han realizado 149 actuaciones por valor de más de 19
millones de euros. Vuelvo a insistir en que esto contrasta con lo que hizo el anterior Gobierno, quien se limitó a aprobar una ley que fijaba un plazo de hasta 17 años para la eliminación de barreras, muchos años para una cuestión tan importante
como ésta. También ha hecho referencia la señora secretaria de Estado a la accesibilidad en el transporte, valorando el acuerdo alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha supuesto la entrada en servicio de más de 700
autobuses en los últimos dos años en municipios con población superior a 10.000 habitantes. Debemos añadir que no solamente ha sido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y su secretaría de Estado quienes se han tomado en serio este problema,
sino que ha sido el conjunto del Gobierno. Podemos hablar de que el Ministerio de Fomento ha apostado también por la eliminación de barreras en las estaciones ferroviarias, en trenes, en aeropuertos, así como el Ministerio de Medio Ambiente con la
eliminación de barreras en el acceso de playas. Es decir, todo el Gobierno comparte la preocupación por mejorar la accesibilidad.
En cuanto a la gestión realizada por el Gobierno en los últimos meses, nos parece muy importante que se haya contemplado la discapacidad en varios artículos dentro del plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso a los ciudadanos con
discapacidad a la vivienda, algo que tampoco preocupó mucho al anterior Gobierno. Ha citado usted -si no recuerdo mal- hasta 12 leyes, reales decretos y órdenes ministeriales en el último año, en donde se tiene en cuenta y se impulsan políticas
para personas con discapacidad. Por citar algunas de ellas, probablemente las más importantes, la aprobación de esa Ley 16/2005, de Asistencia Jurídica Gratuita, de enorme importancia para muchas personas con discapacidad; la Ley 6/2006, donde se
fija el IVA superreducido para los vehículos de personas con minusvalía. Se ha eliminado ese límite de velocidad para muchos conductores con discapacidad; la subida de las pensiones para estas personas; un real decreto por el que se prorroga el
programa de renta activa para la inserción en el presente año, que va a mantener la protección de 65.000 desempleados entre los cuales se hallan los discapacitados, uno de los colectivos más beneficiados; el real decreto por el que se regulan las
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo; así como el Real Decreto 364/2005, de deporte de promoción paralímpico y la posterior inserción laboral de
los deportistas, es decir, muchas cosas en muy poco tiempo. Eso significa tomarse en serio el tema de la discapacidad en nuestro país.
Me gustaría también incidir en algo muy importante. Si todos los temas de discapacidad son relevantes, el del empleo es probablemente uno de los más importantes. La verdadera integración social de las personas con discapacidad pasa por una
incorporación plena al mercado laboral. Quiero recordar la valoración positiva de todos los partidos políticos hacia la gestión que ha realizado el Gobierno. Hubo una moción, que se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde todos los
partidos políticos representados en esta Cámara votaron a favor de una valoración positiva de la gestión que estaba llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el tema del empleo para las personas con discapacidad. Es algo que
toda la Cámara reconoce. Ha hablado usted por una parte de empleo público y, por otra, del resto del empleo. En cuanto al empleo público, hay que recordar que con el anterior Gobierno, en 2003, las personas discapacitadas que trabajaban en la
Administración del Estado eran únicamente el 0,7 por ciento, no llegaban siquiera al 1 por ciento. Este Gobierno -y usted tuvo mucho que ver ahí- impulsó medidas que permitiesen la cuota de reserva del 5 por ciento, lo cual ha permitido incrementar
de forma importante las personas que trabajan en la Administración pública. Todavía son pocas, tenemos que seguir trabajando para que eso continúe avanzando, pero se ha dado un paso muy importante.
Si ese paso ha sido muy importante, también lo ha
sido el incremento de contratos de personas discapacitadas. Hay que recordar que en el año 2003 -lo digo porque me parece importante establecer la comparación- no se incrementaron los contratos de personas con discapacidad respecto al año anterior,
es decir, no hubo aumento, mientras que en los dos últimos años de Gobierno, con un gobierno socialista, con un gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha producido un incremento de esos contratos. En el año 2004, crecieron un 15 por ciento los
contratos para personas con discapacidad y siguen creciendo durante el pasado año 2005. Lo ha citado usted, han sido un 7 por ciento los contratos indefinidos, más de un 10 por ciento los contratos temporales. Un dato que me parece importante
destacar es la aprobación de la Ley 8/2005, que permite compatibilizar las pensiones de invalidez con el trabajo remunerado, el incremento de la financiación y subvenciones en los centros especiales de empleo; todo ello es apostar por el empleo de
las personas discapacitadas. Yo la felicito en esta materia, porque ha hecho muchísimas cuestiones, ha impulsado numerosas iniciativas para incrementar el empleo en estas personas.
En definitiva, me consta que su secretaría de Estado ha hecho tantas cosas en tan poco tiempo que es difícil plasmarlas todas. Yo quisiera destacar también -y con ello voy terminando- los centros estatales de referencia, un impulso muy
importante en el año 2005. Ese impulso se ha continuado durante el presente año 2006, son 20 millones de euros lo que hay previsto. Me gustaría conocer la previsión de futuro en relación con esta cuestión de su secretaría de Estado.
Termino cediéndole la palabra a mi compañera, para que haga referencia al primer Plan de acción para la mujer. Cuando todavía queda la mitad de la legislatura,
todavía quedan dos años de Gobierno, estamos en condiciones de asegurar que ningún otro Gobierno en nuestro país ha hecho tanto en materia de discapacidad como el de Rodríguez Zapatero. Y usted, como secretaria de Estado, ha tenido mucho
que ver con ello. Vaya por delante mi felicitación.
El señor VICEPRESIDENTE (López-Medel Bascones): A continuación, tiene el uso de la palabra la señora Sánchez Rubio. Recuerdo al Grupo Socialista que, siendo varios los intervinientes que van a distribuir su tiempo, tengan en cuenta este
hecho a efectos de que no lleve el correlativo incremento en los otros grupos que van a intervenir.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia. El Grupo Socialista quiere hacer una referencia particular al primer Plan de acción de la mujer con discapacidad porque es una medida necesaria que pone
en evidencia, por un lado, la importancia que el Gobierno le está dando en materia de igualdad entre hombres y mujeres en general, y, por otro, el esfuerzo que la secretaría de Estado que usted dirige le es está dando a este tema. Oportunidad por
la demanda del colectivo que desde 1995 viene formándose en materia de movimiento asociativo de mujeres con discapacidad en el ámbito del Cermi, que ha estado trabajando en este asunto de forma importante. Responde al compromiso electoral del
Partido Socialista, así como a la demanda del colectivo de mujeres con discapacidad que en los foros internacionales, en el ámbito europeo y en las Naciones Unidas se ha expresado.
Durante demasiado tiempo se ha ignorado la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres con discapacidad. Invisibilizadas bajo el epígrafe común de personas con discapacidad las propias mujeres con discapacidad han
venido considerando que sufrían una doble discriminación, la que sufren los hombres con discapacidad y además una muy particular por el hecho de ser mujer. Ya en el Manifiesto Europeo de Mujeres con Discapacidad se desveló que las políticas que se
hacían en esta materia eran insuficientes y en muchos casos no eran neutras, porque progresivamente se iba incrementando esa brecha, y no solamente entre hombres y mujeres con discapacidad, sino entre mujeres con y sin discapacidad. Por lo tanto,
todas las medidas que usted nos ha manifestado que van a formar parte de este Plan de acción de mujer con discapacidad, que presentó al Consejo de Ministros y en el que se está trabajando, vienen precisamente a ser elementos fundamentales de
corrección de esa doble discriminación, que en el caso de mujeres con discapacidad no solamente es sumatorio, sino que produce una situación diferente y especial. Este Plan de acción va a responder a estas necesidades de la situación específica y
va a favorecer la igualdad de oportunidades al disfrute del pleno derecho de las mujeres con discapacidad. Promover ese cambio en esta situación de doble discriminación, que la verdad es que en ocasiones produce un importante déficit de ciudadanía
a las mujeres con discapacidad, les va a permitir disfrutar de los recursos y fomentar su participación con voz propia, porque realmente la problemática a la que se ven sometidas no se puede en ningún caso igualar a la que padecen los hombres con
discapacidad en todos los casos. Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos; viene a recoger una demanda sentida, que traslada una recomendación de foros de expertos, foros nacionales e internacionales, y también refleja el compromiso que este
Gobierno y su Secretaría de Estado tienen en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también entre hombres y mujeres con discapacidad.
El señor VICEPRESIDENTE (López-Medel Bascones): El señor Campuzano, del Grupo Parlamentario de CiU, ha manifestado su imposibilidad, a pesar de su deseo, de estar presente ahora en esta Comisión. Se encuentra interviniendo en otra, por
tanto no será posible que acuda, y ruega que transmita las excusas a la secretaria de Estado, reflejando en todo caso el interés del grupo proponente en la cuarta iniciativa.
Continuamos, y doy el uso de la palabra al representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Doña Amparo Valcarce, bienvenida una vez más a esta subcomisión. Después de oír a su compañero del Grupo Socialista, como ya he manifestado en alguna ocasión, no soy tan entusiasta ni tan adulador; me caracterizo por
ser bastante no sé si espléndido, pero por lo menos creo que justo. Yo no tengo inconveniente en reconocer avances cuando los hay, y en más de una ocasión los he reconocido. Así que yo no voy a ser catastrofista, no voy a ser negativo ni voy a ser
cicatero; ha habido mejoras, usted ha citado algunas. Efectivamente, algunas de ellas -reconózcalo- son mejoras que se han hecho de acuerdo con todos los grupos parlamentarios, con un consenso o por lo menos con una mayoría. Su obligación es
lógicamente poner de manifiesto todo lo que se ha hecho, lo cual valoro y aprecio, pero tenga usted en cuenta que nuestra obligación como oposición no es aplaudir, es poner de manifiesto sus incumplimientos, los compromisos que ustedes adquieren y
que no cumplen, así como los trabajos a los que se llega pero fuera de tiempo, sin cumplir ustedes con los tiempos en los que se deben llevar a cabo.
Insisto en que es mi obligación seguir el cumplimiento de los compromisos y, si no, ponerlo de
manifiesto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Solamente voy a dar unos datos, porque cuando oigo hablar a mi compañero el señor Heredia parece que la discapacidad empezó en 1996 y entonces ustedes inventaron las medidas de atención a la discapacidad. Ha citado algunos datos que me
gustaría precisar en cuanto a empleo, que consideramos también que es importantísimo. En los gobiernos del Partido Popular hubo dos excelentes planes de empleo con un resultado espléndido;
quiero recordar los únicos datos que tenía entonces la encuesta de población activa. En el año 1998 había 282.000 discapacitados dados de alta y en 2002 estaba en 669.000, es decir se hacían cosas y evolucionaban. Reconozco que
efectivamente, por ejemplo, en el Plan de empleo público ha mejorado la situación con ustedes; no hay inconveniente enn reconocerlo, pero insisto -que me perdone el señor Heredia- en que no estoy haciendo méritos. Yo simplemente quiero ser
bastante justo y, si no generoso, por lo menos objetivo en los datos. Después de oír lo que se ha expuesto aquí entre usted y el señor Heredia casi me debo alegrar de ser discapacitado; hombre, tampoco es para tanto. Hay situaciones que son
manifiestamente mejorables.
Como voy a hablar un poco de todo lo que usted ha abordado, me va a perdonar que el orden no sea exactamente el mismo que el suyo. En primer lugar, yo quería hablar sobre la Liondau. Quedan por llevarse a cabo -usted lo sabe- cinco reales
decretos de condiciones básicas y no discriminación y otro real decreto del sistema arbitral. Quiero recordar -es mi obligación aquí destacarlo- que el fin del plazo era diciembre de 2005; es decir no se ha cumplido. Probablemente lo van a
cumplir, quizá en breve, pero hoy por hoy no se ha cumplido. ¿Me puede precisar para cuándo van a estar estos decretos y por qué todavía no? Estoy pensando que la Liondau está paralizada por la incapacidad política del Gobierno.
Es una ley que
debería estar ya en marcha en muchos aspectos, aunque se fijó en algunas de sus facetas un plazo muy largo; puesto que hay compromisos de cumplimiento y han vencido, la obligación es llevarlo a cabo.
En segundo lugar, quería hablar de la Ley de Protección Patrimonial. No está todavía aprobado el reglamento general del desarrollo de dicha ley; lo hemos comentado usted y yo. Sigue sin estar aprobada y la Comisión de la Protección
Patrimonial apenas tiene una actividad relevante. De hecho, ahora se acaba de presentar el proyecto de ley de modificación del IRPF, está aquí en el Congreso, y tal y como está planteado deja las cosas como están en cuanto a esta Ley de Protección
Patrimonial. Es el momento de aprovechar para modificarla.
En cuanto al segundo Plan de Empleo también quiero citar la fecha en la que tenía que estar desarrollado: diciembre de 2004, y saben ustedes que todavía quedan cuestiones muy importantes por llevar a cabo, como es el empleo con apoyo. Le
pregunto para cuándo este empleo con apoyo, me gustaría que me precisase fechas. Hay un compromiso del Partido Socialista en su programa electoral de establecer un tercer plan de empleo para personas con discapacidad, para aprobar y ejecutar en
esta legislatura. También mi pregunta concreta es: ¿para cuándo se va a aprobar este tercer plan? Dígame las medidas más importantes que va a contemplar dicho plan. En cuanto al Plan de acción de la mujer, ha habido mucho anuncio durante meses
pero todavía no... Incluso en la Comisión de la Mujer nuestros representantes han presentado algunas iniciativas recogidas de los representantes del Cermi y de la mujer; sin embargo, con la justificación de que iba a haber este compromiso
anunciado desde hace meses del Plan de acción de la mujer, ahí estamos. Queremos saber también -otra pregunta muy concreta- en qué fecha tiene usted prevista la aprobación del plan y sus medidas más importantes. Me gustaría que se comprometiese
con fechas aquí, en el Parlamento. Había un compromiso de hacer accesibles todas las oficinas públicas -usted lo ha citado-; se está trabajando en ello pero el compromiso es hacerlo durante la legislatura. Como no ha acabado la legislatura, yo no
voy a exigirle que esté ya todo. Estamos a mitad de la legislatura pero ese compromiso, al paso que va, me da la impresión de que no va a poder llegar a cumplirse.
Por eso, me gustaría saber cuál es el grado de cumplimento, cuál es el porcentaje
de lo que hay y cuál es el porcentaje de lo que queda. También había un compromiso -de ese pasó la fecha, que fue a finales del año 2005- de hacer accesibles las páginas web. La fecha era diciembre de 2005, estamos en abril y me consta que hay
muchas páginas web. De todos modos me gustaría que nos dijese cuántas son accesibles, qué porcentaje, cuántas quedan, por qué motivo no se ha llevado, por qué no se ha cumplido con las fechas, que era el compromiso que cumplir.
También había un compromiso en su programa de Gobierno de crear un fondo estatal de promoción de la accesibilidad. Hasta ahora el Gobierno -que yo sepa- no ha remitido a esta Cámara ningún proyecto de ley; lo único que hay es la
proposición de ley del Grupo Catalán de CiU. Quiero saber si ustedes van a apoyarlo o no. Hay algunos datos más a los que también ustedes se comprometieron. Yo lo que quiero es poner en evidencia solamente que lo más importante de los compromisos
sí; me acuerdo, cuando se estableció la Ley de jubilación anticipada para las personas con discapacidad, que se hizo para personas que tenían más del 65 por ciento de discapacidad, y ustedes entonces reclamaron y llevaron a su programa que debía
contemplar a partir del 33 por ciento. Nunca hemos vuelto a saber nada de aquella apuesta que ustedes hacían; no sabemos si pretenden seguir haciéndolo, si pretenden cumplir con el compromiso. En general, me gustaría que me hiciese un balance de
la ejecución de las medidas más importantes adoptadas en el segundo Plan de acción de las personas con discapacidad, qué medidas más importantes se han adoptado en estos últimos dos años, así como en el primer Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012. Entró en el último Consejo de Ministros la tan deseada y acordada -digamos acordada en cuanto a que todo el mundo estaba por la labor- Ley de Autonomía Personal, a la cual damos la bienvenida. Nosotros somos defensores de ella; esto
quiero recordarlo porque no sé por qué se han empeñado en decir que es una ley de izquierdas. ¿Qué pasa, que solamente va a atender a personas de izquierdas? No es de izquierdas ni de derechas, es una ley que afecta a todo el mundo. Por lo tanto,
ya me parece un poco sectario plantearla como ley de
izquierdas, y no sé por qué, pues cuando esto se gestó en la ampliación de los Pactos de Toledo en 2003 fue por mutuo acuerdo de todos los grupos políticos. Ya empezamos mal en ese sentido. Insisto que nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con establecer una Ley de Autonomía Personal, absolutamente de acuerdo; lo que pasa es que nos parece muy cicatera, muy pobre. Además, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Económico y Social han coincidido con nosotros en una serie
de defectos y de imprecisiones a largo plazo. Como conozco muy bien este mundillo suelo decir que en este colectivo, en este sector, las promesas incumplidas producen más frustración que en cualquier otro. Por lo tanto, me gustaría que se
mejororase al pasar por aquí. Nosotros pensamos enmendarla en muchos aspectos. Se ha recogido algo, pero no es lo que se pide ni por nosotros ni por el Consejo de Estado. Por ejemplo, en cuanto a los niños menores de 3 años están incluidas las
prestaciones pero limitadas; solo se recogen las económicas de la ayuda a domicilio, no a la residencial.
¿Por qué? Me llama la atención que en la orden ministerial que regula el diseño de los Presupuestos Generales del Estado no aparece la
palabra dependencia; Ley de Dependencia. Con eso interpretamos que no está contemplada presupuestariamente. Una buena ley tiene que venir con un proyecto, con una buena memoria económica y un compromiso de financiación. Sinceramente creo que los
niveles no están bien definidos.
La hemos estudiado y, contrastadas opiniones de gente a la que le afecta, nosotros creemos como mucha gente -sobre todo no personas mayores pero sí personas de la discapacidad- que esto parece otro gran plan
gerontológico. Parece -tal y como está planteada y si no se mejora ostensiblemente- que los perjudicados van a ser las personas con discapacidad. Se habla de las actividades de la vida diaria, cuando no se hace hincapié, por ejemplo, en la
capacidad de autogobierno. Una persona con ciertas características, con una minusvalía determinada, puede tener una capacidad de autonomía personal en cuanto a actividades de la vida diaria imprescindibles y, sin embargo, no tener una capacidad de
autogobierno. En cuanto a las prestaciones que hay que ceder para recibir no están claras. Los niveles son un galimatías; no sabemos el grado (grado 1 nivel 1, grado 1 nivel 2, grado 2 nivel 1, etcétera). Casi me pierdo; no sé en qué nivel ni
en qué grado estoy. Cuando me pregunten cómo queda esto no sabré transmitirlo porque no lo veo claro, sinceramente. Hay que hacer esto participando; nuestra propuesta siempre fue un gran pacto de Estado. Verdaderamente, para que se convierta en
el cuarto pilar del bienestar social, junto con las pensiones, la educación y la sanidad, estoy convencido de que debería hacerse un gran pacto de Estado para llegar a un acuerdo, porque esta ley afecta a todos. Esta ley hoy en día se hace por
ustedes, mañana la gobierna otro y pasado la administra un tercero; creo que es lo suficientemente importante.
Para terminar, aparte de reconocerle que efectivamente se ha avanzado, añadiré que no sé si se ha avanzado a mayor o menor velocidad que la deseable en nuestra época, y no entraré en discusión con mi compañero. Se ha avanzado, pero queda
mucho por hacer, porque hay muchos incumplimientos del Gobierno.
Como usted está más cercana al ministro yo le voy a pedir un favor que para nosotros ya casi se ha convertido en una obsesión. Yo no sé si el ministro Caldera no considera a esta Comisión lo suficientemente importante, si el sector de la
discapacidad es marginal y por lo tanto no requiere su presencia. Hemos pedido la comparecencia del ministro por activa y por pasiva. Agradecemos siempre que usted haya venido, incluso hasta el extremo de sustituir a un subordinado; se le ha
agradecido siempre su participación, y solicitamos que transmita usted al ministro que estamos esperando su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero responder en primer lugar a la intervención que ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Heredia. Agradezco
sus palabras, su apoyo al Gobierno y su valoración sobre la gestión del Gobierno en el ámbito de la discapacidad. Señor Heredia, con relación a lo que usted me ha planteado, quería contestar a las dos cuestiones que se han suscitado. En primer
lugar, la importancia de la accesibilidad, entendida en un sentido amplio, en el que no solo es eliminar barreras físicas en los espacios urbanísticos, en las edificaciones, sino sobre todo y muy especialmente eliminar esas barreras psicológicas que
a veces impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Qué duda cabe de que vivimos en la sociedad del conocimiento y puede haber una nueva barrera que es la brecha digital. Nuestro esfuerzo en este sentido es enorme;
sobre todo se trata desde un principio de hacer bien las cosas para no tener después que eliminar las barreras que nosotros mismos hemos levantado. En ese sentido es donde estamos dando el nuevo enfoque al concepto de accesibilidad. Qué duda cabe
de que tanto el esfuerzo presupuestario, la financiación de proyectos, el número de proyectos hacen que hoy la accesibilidad sea prioritaria no solo en el ámbito de la Administración General del Estado, sino en los pueblos, villas y ciudades de
España, que también lo han incorporado a su cultura política y que han entrado en los convenios que estamos impulsando desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Están haciendo accesibles calles, plazas, jardines, espacios públicos, pero
también taxis, medios de transporte, aparte de la infoaccesibilidad; es decir, tratamos de que toda la relación con los ciudadanos sea plenamente accesible sea cual sea la discapacidad. Ello se complementa con las actuaciones
que viene desarrollando el Real Patronato de la Discapacidad. De común acuerdo el Gobierno de España y el las comunidades autónomas, los municipios representados en el Consejo del Patronato, con el apoyo de toda la representación de las
personas con discapacidad, de los expertos, y bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, han realizado dos acciones. Una, muy importante, es la formación en accesibilidad; formación que supone no solo la de arquitectos e ingenieros, sino que la
hemos ampliado a todas las personas que toman decisiones en materia de edificaciones y espacios públicos, y muy especialmente orientada a los responsables políticos y gestores de los ayuntamientos, junto con un importante convenio firmado con la
Fundación laboral de la construcción, para que no solo arquitectos e ingenieros, sino todos los gremios profesionales que actúan en el ámbito de la edificación y el urbanismo incorporen la cultura de la accesibilidad. La segunda de las actuaciones
es el establecimiento de los premios Reina Sofía de accesibilidad para los municipios españoles. Con ello estamos, no solo reconociendo y poniendo en valor lo que hacen, sino también estimulando a todos los municipios y provincias de España a
impulsar la accesibilidad.
La segunda cuestión que usted planteaba se refiere a los centros de referencia nacional que en este momento impulsa el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Como le decía, el Centro de atención sociosanitaria a personas con trastorno
mental grave de Valencia tiene una inversión de 2.280.000 euros; el Centro de atención sociosanitaria a personas con alzheimer y otras demencias de Salamanca de 5.169.000 euros; el muy importante Centro de atención sociosanitaria a personas con
enfermedad de parkinson de Cartagena (Murcia), que está en fase de proyecto, de 200.000 euros. Luego están aquellos específicamente orientados solo a personas con discapacidad, que es el CEADAC de Madrid, que tiene una inversión este año de
1.424.000 euros; el Centro de atención a personas con grave discapacidad física del San Andrés del Rabanedo, que tiene una inversión de 4.884.000 euros; el Centro de atención a daño cerebral de Sevilla, que tiene una inversión de 800.000 euros; y
el Centro de promoción de la vida independiente de Extremadura, que tendrá su sede en Olivenza y que está en este momento en fase de proyecto, que es de 200.000 euros. Las inversiones en centros tienen un montante de 20.318.000 euros. Dentro de
ellos es muy significativo, un centro que, por sus especiales características, se va a incorporar a la Red Europea de centros de referencia para enfermedades raras, de Burgos, que reúne la mayor inversión del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 5.361.000 euros.
Quiero agradecer la intervención de la diputada, doña María José Rubio, que ha sido portavoz en el ámbito del Plan de Empleo y también del Plan de Mujer y Discapacidad, sobre todo porque compartimos todas las reflexiones que ha realizado.
Efectivamente, este plan sobre todo quiere poner en evidencia la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad; sufren mayores dificultades en el empleo, sufren mayores dificultades a la hora de permanecer en la educación, tienen
necesidades diferenciadas en el ámbito sanitario, pero sobre todo tienen que enfrentarse a mayores retos en su integración social. Por ello, el conjunto de acciones que tenemos ya acordadas, tanto con la representación del Cermi como
específicamente con el grupo de trabajo de mujer y discapacidad del Cermi, y que han hecho suyo también las comunidades autónomas, nos hará posible sacar adelante un plan que sea no solo el conjunto, la suma de las acciones que ya están
desarrollando la Administración General del Estado o las comunidades autónomas, sino que queremos poner en marcha compromisos nuevos que nos permitan contribuir a romper esas barreras que dificultan que las mujeres con discapacidad se puedan
incorporar a la sociedad y sobre todo al ejercicio de los derechos en plenitud. En este momento, como le digo, el grupo de trabajo continúa sus tareas; tenemos dos importantes ámbitos para la discusión de las medidas y sobre todo para recoger todo
lo que se refiere a la financiación de esas medidas específicas, que es la mesa de diálogo social, con los agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios, y luego tenemos la conferencia sectorial, donde estamos discutiendo las medidas
específicas que de común acuerdo comunidades autónomas y Administración General del Estado pondremos en marcha, y cuya financiación queremos incorporar al Plan de acción a favor de las personas con discapacidad, cuya financiación estamos discutiendo
ahora.
Señor Vañó, muchas gracias por su intervención. Agradezco el apoyo que brinda al Gobierno y desde luego su valoración positiva de la gestión del Gobierno. (Rumores.) Con ello ponemos en valor algo tan importante como es pensar que las
personas con discapacidad merecen para su grupo parlamentario y para el Gobierno la mayor de las atenciones. Con ello ponemos también en valor algo muy importante, que lo que tiene el aval social debe tener también el aval político; me parece muy
relevante que ese aval político se plasme en el Parlamento, que es el centro, que tiene que ser el centro de la vida política. Por lo tanto, ese aval parlamentario que se suscita en esta Comisión de la Discapacidad me parece especialmente
importante. Es verdad que tenemos una gran tarea por delante, como usted ha señalado. Estamos satisfechos del trabajo que hemos realizado en estos dos años. Yo he tratado de hacer un balance de todas las actuaciones, pero qué duda cabe que
todavía queda mucha tarea por delante. Tenga la seguridad de que en esa tarea vamos a contar con todos los grupos parlamentarios, y específicamente, como no puede ser de otra manera, con el primer grupo de la oposición, al cual usted tan
brillantemente representa. Nosotros estamos muy satisfechos de las tareas realizadas, pero también puede estar seguro de que las tareas que todavía están en proyecto, las tareas que están en fase de realización todas las iremos llevando a cabo en
sus plazos. Una muy importante es la Liondau, que salió de este Parlamento
con un gran apoyo, y nosotros queremos que ese consenso social y político de la Liondau presida todos y cada uno de sus desarrollos. Usted sabe que hemos hecho un gran esfuerzo para cumplir en sus plazos absolutamente todas las obligaciones
y ser respetuosos con los mandatos, que no plazos, que la Liondau hace al Gobierno. Hemos cumplido con la constitución del Consejo Nacional de Discapacidad. Usted sabe también que hemos remitido dos leyes de desarrollo de la Liondau, como es el
proyecto de ley de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral.
Hemos remitido también a esta Cámara el proyecto de ley de infracciones y sanciones. También sabe que estamos ahora desarrollando el resto, le he detallado todos los reales decretos de desarrollo de la Liondau que ya están vigentes, ya han
sidos aprobados y están en vigor, remitidos todos ellos al Boletín Oficial del Estado, y lo que llamamos los decretos de accesibilidad a todos los medios, bienes y servicios. Todos ellos están en las tareas realizadas que competen a la
Administración General de Estado. También -y usted lo sabe- todos han pasado por el periodo consultivo preceptivo tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como del Cermi, que, como usted sabe, para usted y para nosotros es muy importante. En
este momento están en la Conferencia Sectorial y las comunidades autónomas han solicitado, a propuesta de la Comunidad Valenciana, un plazo de dos meses, que fue aprobado por unanimidad de la Conferencia Sectorial, para la valoración por las propias
comunidades autónomas. Estas han dado su respaldo unánime a estos proyectos -y creo que ese es un valor muy importante-, pero han pedido este plazo de dos meses para ver la concordancia y coherencia con sus legislaciones propias, puesto que muchas
de las comunidades autónomas están en este momento desarrollando también reglamentos que tienen que ver con la accesibilidad. Creo que la propuesta que hizo la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales era muy importante, no debemos olvidar que más
del 90 por ciento de las acciones las tienen que desarrollar las comunidades autónomas y que haya esa coherencia es fundamental para el buen fin que nosotros pretendemos. En lo que se refiere a las páginas web, son accesibles todas las que tenían
esa obligación; lo puede usted comprobar, seguramente habrá visto tanto la de la Presidencia del Gobierno como la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Usted hacía un comentario que es muy acertado, hay muchas páginas web, y es verdad,
pero nosotros, ante el problema de poder garantizar que todas sean accesibles -y cuando decimos todas es que son todas, sin excepción-, lo que hemos hecho es lo que le he señalado: diseñar un plan de choque. Tienen en este momento una dotación de
1.300.000 euros para auditar la accesibilidad de todos los medios, servicios y específicamente las páginas web, porque es muy fácil hacer la comprobación de las que están obligadas, como puede ser Presidencia o Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, pero los diferentes organismos de la Administración General del Estado tienen también la obligación, por los acuerdos que hemos establecido, de que sus páginas sean totalmente accesibles. Ellos mismos desean someterse a esta auditoría de
comprobación, porque es bueno para todos. En este momento, han salido ya los concursos públicos para la adjudicación de las auditorías y muy pronto espero poder comparecer ante esta Comisión para poderles dar cuenta del resultado de las mismas. Es
sobre todo en las páginas web, pero también en otros servicios, edificaciones, urbanismo, no solo en lo que se refiere a la Administración General del Estado, sino en todos aquellos con los que estamos realizando convenios, para incorporar nuestra
cultura de la accesibilidad también a los compromisos que adquieren aquellos que convenian con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
Quiero, por otra parte, señalarle que en lo que se refiere al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, estamos cumpliendo todas las obligaciones. Le he señalado ya en otra ocasión que todos los informes jurídicos dicen que la
ley tiene su aplicación directa, no es necesario mayor desarrollo, sino que lo que es imprescindible es evaluar el cumplimiento de la misma. Para ello, hemos firmado ya dos importantes convenios, uno con el Consejo General de Colegio de Abogados y
otros con el Colegio de Registradores de la Propiedad, porque este es un asunto que compete sobre todo al ámbito privado. Por ello, estaremos en disposición en breve de poder comparecer en esta Comisión para darles cuenta de todas las tareas que se
han realizado y de hacer una evaluación de la aplicación de esta ley. En lo que se refiere a los beneficios fiscales, todos ellos están contenidos en la propia ley y se han respetado absolutamente todos.
Decirle, por último, aunque tendré la oportunidad de referirme a ello mañana, a petición de su grupo parlamentario, que en lo que se refiere al ámbito de la protección de los menores de tres años dependientes hemos cumplido estrictamente con
las recomendaciones de los organismos nacionales y europeos. También tengo que señalarle que el Consejo de Estado comparte la reflexión que hemos hecho siempre desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El propio Consejo de Estado dice que
los menores de tres años, por definición, serían dependientes, todos, puesto que no tienen autonomía por sí mismos, pero evidentemente los menores de tres años afectados de graves discapacidades deben tener el nivel de protección, en algunas de las
prestaciones y servicios, que ofrecerá el futuro sistema nacional de la dependencia. Desde luego, entre ellos no se encuentran los servicios residenciales, puesto que no parece que menores de tres años puedan separarse de sus familias para estar
ingresados en una institución. Por ello, siguiendo la recomendación tanto del Consejo de Estado como de organismos nacionales referidos a la protección de los menores, y sobre todo en el ámbito de los menores dependientes de tres años, hemos
seleccionado aquellas prestaciones que tienen amplio consenso, como es la
ayuda a domicilio -que es un servicio- y la prestación económica vinculada al servicio cuando las familias adquieren servicios que son indispensables para ese menor, y luego, la prestación económica para cuidados en el ámbito familiar.
No tengo ningún inconveniente en explicarle con todo lujo de detalle los grados y niveles que contempla el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal, sobre todo porque en la referencia a grados y niveles hemos seguido el modelo
europeo, consensuado con las personas con discapacidad, y en la determinación de los grados y niveles hemos incorporado, a propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad, la CIF, que es el sistema de acreditación de la diversidad funcional que
está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Creo que esto es muy importante, junto con otras medidas, como es precisar en el proyecto de ley que entran dentro del ámbito de personas dependientes aquellas personas que no han alcanzado o
han perdido los niveles, tanto en el ámbito físico como en el sensorial, como en el intelectual, como en el mental, para que ninguna persona con discapacidad pueda pensar que no le alcanza la protección social que va a desarrollar este proyecto de
ley.
Qué duda cabe que medidas tan importantes como la del asistente personal dan cumplida satisfacción a las muy justas reivindicaciones del sector de la discapacidad.
Decirle también que la dependencia sí está en los Presupuestos Generales del Estado del año 2006, sí está. Fíjese que el pasado día 21, en el Consejo de Ministros se acordó la distribución del crédito de 200 millones de euros para que las
comunidades autónomas impulsen este año inversiones en centros residenciales, centros de día, centros de noche, concertación de plazas, ayuda a domicilio, teleasistencia, ayudas a organizaciones de personas con discapacidad, ayudas para familias
cuidadoras de personas con discapacidad. Ello supone un esfuerzo financiero muy importante, pero para nosotros la satisfacción es que en la distribución de este importante crédito hemos podido establecer el índice de dependencia y el tipo de
proyectos que se van a desarrollar; hemos acordado una horquilla de hasta el 10 por ciento de este crédito para la formación de los técnicos de los servicios sociales que van a ser contratados desde el mes de septiembre en la valoración, en la
aplicación de baremos, en el estudio y en la preparación de los planes individuales de atención a las personas con discapacidad y que son dependientes. Y ello lo hemos hecho con la aprobación unánime de todas las comunidades autónomas. En
definitiva, señor Vañó, como decía al principio, nos cabe, creo que a usted y a mí, la satisfacción de decir que estas políticas a favor de las personas con discapacidad deben de tener el apoyo social, pero también los responsables políticos tenemos
que estar a la altura de ese apoyo social brindando el apoyo político.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer a la señora secretaria de Estado su presencia entre nosotros, la información que una vez más nos presenta, y sobre todo, su disponibilidad para acceder siempre a las peticiones de esta Comisión en
cuanto a comparecencia, y en esta sesión de una manera muy especial, dado que regresaba de un largo viaje. Por lo tanto, señora secretaria de Estado, gracias. Señorías, levantamos la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.