CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 553

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 33

celebrada el miércoles, 5 de abril de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias en relación con el proyecto de Ley del Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior. (Número de expediente 121/000075) ... (Página 2)


-Del señor ex presidente del Consejo General de Emigración (Castelao Bragaña). (Número de expediente 219/000572.) ... (Página 2)


-Del señor presidente de la Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Martínez Crespo). (Número de expediente 219/000573.) ... (Página 12)


-Del señor secretario general de la Presidencia de la Xunta de Galicia (Guinarte Cabada). (Número de expediente 212/001086.) ... (Página 19)

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Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 121/000075.):


-DEL SEÑOR EX PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EMIGRACIÓN (CASTELAO BRAGAÑA). (NÚMERO DE EXPEDIENTE 219/000572.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con las comparecencias del proyecto de ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.
En el día de hoy tenemos tres comparecencias, y vamos a dar comienzo con la de don José Manuel
Castelao Bragaña, ex presidente del Consejo General de la Emigración, al que afectuosamente le doy nuestra más cordial bienvenida y al que deseamos una feliz estancia entre nosotros. Tiene la palabra, señor Castelao.



El señor EX PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EMIGRACIÓN (Castelao Bragaña): Quien quiero agradecer soy yo a la señora presidenta y a todos los integrantes de la Comisión por haberme convocado a esta comparecencia. Deseo también se
considere mi participación en función de lo que he sido, soy y seré siempre, un emigrante, más allá de mi situación en el Consejo General de Emigración y la que ahora ejerzo en el Parlamento de Galicia.



Consideración preliminar sobre el estatuto. El estatuto a considerar ha ganado una gran expectativa y, por qué no decir, esperanza en el mundo de la emigración, y también un amplio debate que continúa en la sociedad española, que es digno
de valorar. Vivimos en un tiempo en que la virtualidad real de lo que acontece en España es vivido y sentido en forma simultánea por los españoles en el exterior, de igual modo que cuanto a ellos les sucede es conocido por los españoles que viven
aquí.
Recogiendo lo que antecede, aunque de manera genérica, el estatuto procede a regular y ordenar los derechos de los ciudadanos españoles en el exterior y de aquellos que decidan retornar, recogiendo fundamentalmente principios ya reconocidos
por la Constitución nacional y también establecidos en otras normas, aunque corresponde señalar se haya omitido pronunciarse sobre aspectos tan importantes como son la nacionalidad y la representación de los emigrantes. Y esto resulta de la mayor
trascendencia para el futuro, ya que estamos ante un reto de la historia. O dejamos que nuestros nietos, la enorme obra material y cultural levantada con tanto esfuerzo por nuestra colectividad, y la proyección que hicieron y hacen de España se
vayan diluyendo, o bien se conforma una herramienta de trabajo y presencia de España en el mundo. En función de ello, y del relevante papel que España ha adquirido en los últimos lustros en lo cultural, económico y social, están dadas las
condiciones para fundamentar una nueva visión y colaboración con todos los españoles, dándoles un marco de representación y reforzando al propio tiempo la imagen de España entre ellos y en aquellos países donde residen. Por tanto, el estatuto que
nos demos, sin apresuramientos, debería ser el resultado de la reflexión, del análisis del pasado y de la visión de futuro que responda a las necesidades, pero que también nos proyecte en conjunto de manera relevante en el marco internacional. Está
en sus manos.



Tratamiento de los temas. Abordaré la comparecencia haciendo las consideraciones como se señala en la convocatoria, dejando copia de la presente ante la imposibilidad de su total desarrollo. Punto primero, principales problemas de la
actual regulación de los derechos y obligaciones de los españoles que se encuentran en el extranjero. Los más acuciantes paso a enumerarlos. Primero, la regulación en materia de nacionalidad. Segundo, el ejercicio del derecho a ser electo y
elegible.
Tercero, las pensiones asistenciales. Cuarto, la asistencia sanitaria básica. Quinto, la situación de las instituciones, especialmente las dedicadas a la atención de la salud. Sexto, los procesos electorales para conformar los consejos
de residentes españoles y el Consejo General de la Emigración. Séptimo, la inexistencia de un plan coordinado para el retorno. Octavo, la imposibilidad de participar en los concursos y ofertas de empleo público y privado. Noveno, la falta de
medios por parte de los centros y asociaciones culturales, y un mayor apoyo a la red de colegios y centros extranjeros con sección española. Décimo, el poco tiempo que le asignan las radios y las televisiones públicas. Undécimo, la ausencia de una
programación dirigida a la juventud que abarque participación en las instituciones, actividades culturales, becas, integración en la vida de España en sus distintos aspectos culturales, educativos, políticos, etcétera.



Un pequeño desarrollo de estos temas. Nacionalidad. La regulación contemplada en el Código Civil, artículos 17 a 26, que ha sido motivo de tres modificaciones, genera situaciones de clara injusticia, como es el caso de los nietos,
apartándose de principios constitucionales establecidos en los artículos 11.2 y 14. Se hace necesaria una modificación amplia y generosa que evite discriminaciones, facilitando la recuperación a los españoles y sus descendientes y que permita
mantener la nacionalidad española en el caso de que se haya tomado la de otro país. Para evitar los continuos cambios en el Código Civil se podría contemplar la regulación de esta materia mediante una ley específica de nacionalidad, como ocurre en
casi todos los países del mundo; España y El Vaticano son la excepción.



Voto. Si bien la Constitución nacional en su artículo 68, punto 5, establece que son electores y elegibles todos los españoles, la realidad nos indica que, de momento, los que residen en el exterior son únicamente


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electores. Lo de elegibles queda reservado a quienes tienen la fortuna de vivir en España, hago una excepción, claro, yo he tenido la fortuna de ser electo aun estando en el exterior. A pesar de ello corresponde, y así lo hago, reconocer
que es España el único país del mundo que concede el voto a los ciudadanos en el exterior en todos los procesos electorales.
Pero ese ejercicio ha dado lugar, más concretamente en las últimas elecciones autonómicas gallegas, a duras críticas, que
en modo alguno merece la comunidad en el exterior. En todo caso, ellas debían haberse dirigido a quienes han tenido la responsabilidad de no modificar los procedimientos que se utilizan en la concesión del voto.



Pensiones asistenciales. También en este caso comienzo con un reconocimiento, que junto con el punto que sigue, que corresponde a sanidad, llevan a España a ser el único país en el mundo que exporta pensiones y salud a sus ciudadanos en el
exterior, aunque en muchos casos no se haya cumplido con las necesidades y expectativas de los mismos.
Acortado el plazo para el pago de las pensiones, las mayores dificultades -aunque volveré sobre el tema- residen en el coeficiente utilizado, la
demora en la tramitación y la posibilidad de no llegar por desconocimiento a todos aquellos que pudieran necesitarla.



Sanidad. Constituye con las pensiones, como anteriormente manifesté, el otro beneficio que distingue a España en el mundo, como reconocedora de beneficios a sus ciudadanos en el exterior. En este caso, a la falta de implantación en países
necesitados sumamos el incumplimiento de los principios de universalidad y gratuidad, sin que podamos silenciar las dificultades habidas en distintos lugares donde se puso en marcha, llevando a que unos no la recibieran y otros sí, pero con enormes
dificultades.



Instituciones. Es por todos conocido las dificultades por las que atraviesan muchas, especialmente en Iberoamérica, tantos las sociales como las culturales, estas, importantes para el futuro, y las asistenciales. Y además de ellas, y en
forma particular, los hospitales y hogares para ancianos. Las razones también son de público conocimiento, obedecen a las dificultades económicas que atravesaron, o que están atravesando, distintos países. No puedo comprender cómo situaciones de
Gobierno se admiten y se apoyan por políticos que buscan superar la situación, lo que resulta loable, pero no media la misma comprensión en lo que hace a las instituciones. Segundo, la pérdida de masa societaria por la dificultad económica que
impide satisfacer la cuota. La reducción societaria ocasionada además por los fallecimientos, todo lo cual no se equilibra por la incorporación de nuevos socios, que deberían provenir de la juventud, dado que ya no hay nuevos emigrantes. Los
mayores efectos se producen en la atención de los socios, particularmente en los centros hospitalarios, a raíz de los gastos que origina, una cada vez más cambiante tecnología y el promedio de edad avanzada, que requiere mayores servicios. Dejaré
sentado claramente que la defensa de las instituciones y la incorporación de la juventud a las mismas constituye la imprescindible base de la prosecución de la presencia de España, al menos de momento, en distintos países del mundo.



CRE y Consejo General de la Emigración. Estos organismos, creados por el Real Decreto 1339/1987, modificado por el 2002/1997, constituyen el primer cauce de participación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. También habré
de volver sobre ellos. A sus múltiples e importantes resultados debo restar el descrédito que les provocan los procesos electorales para su composición, en razón de la escasa participación, originada especialmente por la falta de publicidad y
desconocimiento de su importante labor. Pero eso es normal que ocurra, pues a la falta de publicidad de los actos se suma la escasez de apoyo en los procesos electorales para la composición. No deja de llamar la atención que se recurra a la
voluntad popular para elegir organismos cuyas funciones son simplemente de asesoramiento y consulta.



Retorno. La inexistencia de servicios específicos coordinados con las autonomías y los ayuntamientos que brinden información en los países donde residen a los que van a retornar, pudiendo realizar gestiones para ello. A esto debe sumarse
la necesidad de una política referida a vivienda, empleo, homologación de títulos, carné de conducir, servicios sociales para personas mayores y planes de financiación.



Participación en concursos y ofertas de empleo público y privado. Muy poco se puede decir, pues alcanza con señalar que ello, de momento, carece de efectividad.



Centros y asociaciones culturales. Carecen de los medios adecuados para complementar la labor tendente a potenciar la labor cultural y la constante demanda de enseñanza de idiomas. En similar situación se encuentra la red de colegios y
centros extranjeros con sección española, todos los cuales deben además ampliarse.



Radios y televisiones. No llegan a algunos países, y a los que alcanzan se hace imprescindible mejorar y ampliar los contenidos, especialmente los referidos a la vida cultural de España y a la situación de los españoles y sus instituciones
en el exterior, aspectos estos dejados bastante de lado.



Juventud. La falta de integración y participación en la vida de la comunidad española en algunos países compromete seriamente el futuro de la misma y, por ende, la presencia de España.



Elementos del proyecto de ley considerados positivos. En primer lugar, la participación. Es sumamente valioso para el mundo de la emigración que el tema diera lugar a que puedan expresarse los distintos ámbitos de la sociedad local y del
exterior. Texto. Es de valorar la designación de ciudadanos españoles, por cuanto la normativa regula más que a los emigrantes, término que refleja con absoluta realidad el camino que debieron andar una gran cantidad de españoles. Compendio.
Importa reconocer en un instrumento con rango de ley


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una cantidad de derechos que estaban dispersos, y también la incorporación de otros. Sienta las bases de la política migratoria, derogando, en su disposición derogatoria única, la Ley de Emigración 33 del año 1971, cuya vigencia durante
casi 35 años da suficientes razones para afirmar la desigualdad entre los españoles en razón del lugar donde residen, violando expresamente lo que establece el artículo 14 de la Constitución nacional. Aspectos concretos que merecen valorarse.
Posibilidad de votar en urna, artículo 4.5; apoyo al movimiento asociativo, 15.1 y 2, y a la asociación de retornados, 15.3. La promoción de una política integral de retorno, 25.1, 2 y 3, y la creación de la oficina española de retorno.
Habré de
volver sobre estos temas.



Elementos que se consideran negativos. Exposición de motivos. Resulta a todas luces limitada, frente a las consecuencias que en distintos aspectos a lo largo de la historia ha tenido la emigración en la vida de España, estimando que se
podría haber tratado con mayor amplitud los flujos, los países de destino, la normativa dictada y sus consecuencias y, por último, la descripción de la situación que, en términos generales, atraviesan los residentes españoles en el exterior y los
que retornan.
Regulación normativa. Cómo no podría haber sido de otra manera, consideramos de forma positiva un instrumento que tiende a favorecer a los españoles residentes en el exterior y a aquellos que deciden regresar. Pero esto en modo
alguno lleva a que compartamos íntegramente su contenido y alcance.



Entremos al análisis. Artículo primero. Establece que el objeto primordial es garantizar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles
residentes en el territorio nacional. La garantía es la propia Constitución, que, por otra parte, no distingue circunstancia alguna, muy por el contrario, establece la igualdad ante la ley (artículo 14). Artículo 3.a). Indica el objetivo, que es
ordenar los derechos y deberes, reforzar el ejercicio, promover las condiciones para hacerlos reales y efectivos. Ello ya estaba reglado en la Constitución nacional (artículo 9.2) con una mayor amplitud aún, al establecer el compromiso de remover
los obstáculos que impidan o dificulten. Artículo 4, señala el derecho a ser elector y elegible; ya está previsto en los artículos 23 y 68 de la Constitución nacional. Artículo 6, se refiere al derecho de petición; ya está consagrado en el
artículo 29. Artículo 14, el reconocimiento de las asociaciones sindicales y empresariales lo recoge la Constitución en los artículos 28 y 38. Artículo 16, protección de la salud; ya se encuentra en la Constitución nacional (artículo 43.1).

Artículo 17, Seguridad Social; su mantenimiento está previsto en el artículo 41 de la Constitución nacional. Artículo 18, prestaciones por razón de necesidad; también están consideradas en el artículo 41 y en el 50. Artículo 19, prestaciones por
razón de necesidad; también están considerados en los citados artículos 41 y 50. Artículo 19, servicios sociales para mayores; están previstos en el artículo 50. Artículo 22, educación; el derecho está previsto en el artículo 27 de la
Constitución nacional. Artículo 24, cultura; está reglado en el artículo 44.1 de la Constitución. Artículo 25, retorno; se está cumpliendo con un mandato constitucional que no tiene antecedentes, ni siquiera en el constitucionalismo moderno,
como es el artículo 42.



Resumiendo, los anuncios políticos, los múltiples comentarios, generaron unas expectativas que, en la realidad, el estatuto no permite saber cuándo, de qué modo, y con qué fondo se concretarán, pues la aplicación queda sujeta al desarrollo
de la disposición final tercera. La emigración esperaba que se desarrollaran en el estatuto los derechos consagrados por la Constitución nacional y no se garantizara lo que ya está garantizado, y se agregaran nuevos beneficios, no apareciendo
tantas veces las palabras promoverá, podrá, apoyará, adoptará, fomentará.



Análisis particular. Voto en urna. El artículo 4, punto 5, recoge una aspiración anhelada en el mundo de la emigración que ponga fin a las descalificaciones inmerecidas de las que ha sido objeto, pero lo cierto es que su aplicación, lo que
no se dice o sí se dice a medias, por quienes tienen responsabilidades en el tema, está lejos, bien podemos decir muy lejos, no estamos seguros de que haya la suficiente voluntad política para que pueda ejercerse de esa manera tan importante
derecho.
En primer lugar, resulta necesaria la modificación de una ley orgánica, la LOREG. Aquí nos formulamos una pregunta que hasta ahora no hicimos, ¿por esto y por los demás derechos que consagra, no tendría que tramitarse todo el estatuto
como una ley orgánica? Lo dejo a su consideración, señorías. Efectuada la reforma de la LOREG, no pueden soslayarse los inconvenientes para la aplicación. En efecto, con orgullo y gratitud, me hago el deber de reconocer que es España el país,
probablemente el único en el mundo, de aquellos que conceden la participación electoral de los nacionales residentes en el extranjero, en todos los procesos electorales generales, parlamentos autonómicos, Parlamento Europeo y municipales. Pero el
voto en urna, que tanto declaman los responsables en el tema, es pero que muy difícil, salvado sea la aplicación de medidas técnicas modernas que de momento no ocurre de forma generalizada. Los españoles residentes en el exterior, en las elecciones
generales y autonómicas, votan las candidaturas de las provincias en las que están censados. No hay circunscripciones específicas, como las tiene Portugal, o las tiene Italia. El artículo 68.2 de la Constitución nacional nos dice que la
circunscripción es la provincia, salvados los casos de Melilla y de las islas, que ustedes bien conocen. ¿Se imaginan organizar lugares donde se puedan exponer las papeletas de más de 52 provincias? ¿Habría urnas suficientes para cada mesa
electoral para las distintas provincias? ¿Sería posible contar con los medios personales y materiales por parte de los consulados? ¿Podrían sustraerse estos de la importante labor que llevan a cabo, en algunos lugares de manera muy


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esforzada, en el día a día atendiendo los asuntos de despacho común, para que se aplicaran a actos electorales, que en alguna provincia contarían con significativa cantidad de censados? Y ¿cuáles serían las consecuencias de esto? No vaya a
ser que tan ostentoso anuncio termine como allí se prevé, donde sea posible; confiamos que no. Cierro proponiendo lo que considero que pone fin al debate; creaciones de circunscripciones electorales en el exterior, con representación en el
Congreso, en el Senado y en los parlamentos autonómicos. Lo que va ocurrir en Italia en las elecciones del próximo domingo, que tendrá 12 diputados y 6 senadores como consecuencia de la creación de la nueva circunscripción del extranjero dividida
en cuatro zonas, podría ser un antecedente a tener en cuenta.



Prestaciones por razón de necesidad. Se cuestiona la referencia a la situación socioeconómica a que hace mención el artículo 18.1 en su parte final. Veamos por qué. El Real Decreto 728, del año 1993, decía: la base del cálculo de las
pensiones asistenciales por ancianidad será la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. A partir de dicha cuantía se determinará la base de cálculo, que será el resultado
de multiplicar aquella por un coeficiente que relacione el nivel de renta del país de residencia y el de España, expresadas ambas rentas en la misma moneda al comienzo de cada ejercicio. La cuantía de la pensión de jubilación será el resultado de
restar a la base de cálculo las rentas o ingresos anuales de que en su caso disponga el beneficiario. Este sistema se aplicó con críticas referidas a los coeficientes, especialmente por los cambios económicos en los países iberoamericanos, hasta
que llegamos al Real Decreto 1612, de 30 de diciembre del año 2005, que considera necesario modificar la base de cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad al objeto de insertarla en el entorno socioeconómico del país donde se percibe.
Este principio lo recoge, como señalaba, el artículo 18, parte final.



Para abreviar la exposición, voy a hacer entrega a la Presidencia de un escrito elaborado junto con mi compañero en el Parlamento de Galicia, don Aurelio Miras Portugal, acerca de las modificaciones que introduce la nueva regulación, que en
este y otros puntos, que también se tratan, estimo perjudican seriamente a los ciudadanos españoles en el exterior.
Hago luego un análisis del articulado, que no voy a tratar para ser breve, pero quedará aquí.



Elementos omitidos que debería abordar el proyecto. Ya hemos dicho que el estatuto debería contener una regulación concreta de los derechos, y no tantas enunciaciones. En las omisiones referimos nacionalidad, retorno y voto en urna. ¿Qué
es el Consejo de la Emigración? Deberían fijarse unas pautas claras de funcionamiento, elección, remoción del presidente e incompatibilidades. Se reitera la conveniencia de analizar de qué forma las resoluciones de esos órganos comprometan de
algún modo, aunque el posicionamiento no apunta de manera alguna a que resulten vinculantes.
Sencillamente, para aclarar un poquito más, todo el trabajo que hacen los CRE y el Consejo General de la Emigración bien sabemos que queda sujeto a la muy
buena voluntad que puedan tener las autoridades consulares o las autoridades del gobierno nacional. Me parece que, habiendo recurrido, como se ha dicho, a la voluntad popular para configurarlos, habría que pensar si eso no merecería otro trámite
más que dejar a la buena voluntad, yo no digo que ocurra, pero puede ocurrir, de que haya cónsules que estén consustanciados o no lo estén, y cuando les llegan los papeles, si les molestan, pueden ser muy irrespetuosos, no digo que los tiren, pero
por ahí quedan arriba del escritorio. Ya se ha dicho, y vuelvo a reiterarlo, que ello sería una manera de corresponder a la importancia que les asigna el haber recurrido a la voluntad popular para su composición. Cuando nos quejamos de su
legitimidad, en función de la escasa participación electoral, no nos preguntamos por la falta de difusión de los actos ni por el interés que los votantes puedan tener al saber que van a elegir órganos simplemente consultivos y asesores.



Propuestas concretas que sugiere la Comisión con motivo de la nueva regulación. Más allá de las formulaciones efectuadas hasta el presente, resumimos las siguientes. Primera, desarrollar de una manera efectiva los derechos que se enumeran,
que aparecen detallados en una forma muy generalizada. Segundo, suprimir normas simplemente enunciativas, tales como son los artículos 6, 7, 8 y 14, salvado que en los tres primeros casos se establezca la colaboración para ejercer los derechos,
teniendo en cuenta las dificultades que genera la distancia, la situación de los recurrentes y que deben ajustarse a un plazo. Tercero, considerar la viabilidad de establecer cierta vinculación a las resoluciones de los CRE y del Consejo, a que
antes he hecho mención. Ampliar el tratamiento de los mismos, que se hace en los artículos 9, 10, 11 y 12, considerando, además de lo que antecede, la elección del presidente del consejo por el propio consejo, renovación, remoción,
incompatibilidades, y medios económicos para el funcionamiento de los actos electorales de los CRE.
Cuarto, incorporar una nueva regulación de la nacionalidad, o bien dejar establecido que debe procederse a elaborar una ley de nacionalidad que
ponga fin a los cambios en el Código Civil, que contemple, entre otros, los siguientes temas: Conservación, de la nacionalidad española, que únicamente se pierde si se declara renunciar a ella ante las autoridades competentes. Supresión, debe
eliminarse toda diferenciación basada en el lugar de nacimiento del español, sea de origen o no. Residencia, no debe constituir un requisito para la obtención de la nacionalidad española por opción de los cónyuges casados con español o española que
no estuvieran separados legalmente o de hecho. Tampoco cumpliría ese requisito el nacido fuera de España, de abuelo o abuela originariamente españoles, que opte por la nacionalidad española, ni tendría que renunciar, como tampoco en el caso
anterior, a la


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nacionalidad que tuviere. Hasta tanto ello resulte posible, se concederá un visado especial previsto para la búsqueda de empleo. En el mismo sentido, el recaudo de residencia no será de aplicación a los hijos de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles, los que podrán optar por la nacionalidad española sin renunciar a la que poseen. Quinto.
Voto. Se valora, y mucho, la votación en urna prevista en el artículo 4, punto 5, pero ante las dificultades que se
estima origina, se propone lo que podría poner fin al debate acerca del voto emigratorio, que se proceda a la creación de circunscripciones electorales en el exterior, con representación en el Congreso, en el Senado y en los parlamentos autonómicos,
a cuyo fin correspondería que el estatuto estableciera las modificaciones normativas que deberían llevarse a cabo. Sexto.
Prestaciones por razón de necesidad. Resulta necesario eliminar la última parte, realidad socioeconómica del país de
residencia, que aparece recogida en el Real Decreto 1612, de 30 de diciembre, y mantener la regulación anterior, que estaba prevista en el Decreto Ley 728, de 1993, tratando de mejorar la determinación y periodicidad de los coeficientes.
Séptimo,
pensión SOVI. Debería contemplarse, ante el insistente reclamo que se viene haciendo en esta materia, a los efectos del reconocimiento de quienes trabajaron en España entre los años 1940 y 1966, que no cotizaron o no lo hicieron las empresas para
las que trabajaron. Octavo, retorno. Debería ampliarse la regulación a temas tales como acceso a la vivienda, servicios sociales para mayores, facilidades para estudiar, para incorporarse al campo laboral, y también al subsidio para inmigrantes,
eliminando especialmente la limitación para aquellos que proceden de Europa. Ello debería acompañarse de una regulación que le facilitara con mayor prontitud la homologación de títulos y carné de conducir. Noveno, coordinación y traspaso de
competencias a las comunidades autónomas. Dado el conocimiento, la relación y las prestaciones que llevan a cabo algunas comunidades autónomas de las que proceden en su mayoría los emigrantes, sería conveniente que las prestaciones socioculturales
y sanitarias fueran llevadas a cabo por ellas, contando, desde luego, con la correspondiente financiación. No se nos escapa a nadie que hay competencias que ya se han transferido a algunas de las autonomías. Y décimo, memoria económica. Desde
luego que la regulación que se efectuará debería contar con las disponibilidades presupuestarias correspondientes. La del estatuto tiene una memoria económica, pero como yo apunto a tratar de ampliar el tema, esos temas que se ampliarían tendrían
que tener el correspondiente presupuesto.



Efectos previsibles que tendrá este proyecto de ley, así como las posibles dificultades que pueda encontrar en su aplicación. Si el estatuto, sobre el que se me ha requerido opinión, resultara aprobado tal como surge del proyecto, por lo
manifestado a lo largo del presente, para nada se puede ser optimista respecto de la situación, preocupante en muchos casos, de la comunidad española en el exterior, sus instituciones, las de aquellos que desean retornar y, fundamentalmente, el
futuro de la juventud, el mayor capital a cuidar si de veras queremos que España siga teniendo presencia a través de nuestra sangre y cultura. Pero mi condición de emigrante hace que siempre mantenga la esperanza, la que nos sirvió para superar el
dolor que significa vivir lejos de la tierra amada. Confío, por tanto, que la Comisión, y luego el Pleno del Congreso, habrán de recoger la gran cantidad de enmiendas remitidas que, sumadas al conocimiento y sensibilidad de las señoras y señores
diputados, habrán de darnos el mejor estatuto, ese que España y los españoles nos merecemos.



La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir el turno de participación de los grupos con la intervención de la señora González Segura, del Grupo Popular. Tiene la palabra.



La señora GONZÁLEZ SEGURA: En primer lugar, como no puede ser de otro modo, me gustaría agradecer al compareciente, señor Castelao, su presencia en esta Comisión de Asuntos Sociales, sobre todo teniendo en consideración que se ha tenido que
levantar a las cuatro de la mañana para estar hoy aquí con nosotros. Queremos también agradecer su intervención, que ha introducido elementos que consideramos muy valiosos, y que, sin duda, intentaremos introducir en el texto definitivo a través de
la presentación de las oportunas enmiendas.



Mi grupo parlamentario, después de un exhaustivo estudio del proyecto de ley que nos ocupa, cree, en líneas generales, que este peca de una grave falta de concreción; usted también ha hecho alguna alusión a este tema.
Consideramos positiva
la intención de compilar una legislación que hasta ahora se encontraba completamente dispersa que, sin duda, contribuye a garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica. Pero por otro lado resulta absolutamente inaceptable que, en una
cuestión de vital trascendencia e importancia para más de un millón y medio de compatriotas, se adopte una postura que, de verdad, consideramos que en muchas ocasiones busca más una propaganda política o la ventaja partidista que realmente la
solución de los problemas que se plantean.
Tengo que decirle que en esta crítica mi grupo parlamentario no se encuentra solo, sino que esta argumentación está avalada por el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, en el que se defiende
que el proyecto de ley adolece de excesiva generalidad en sus planteamientos, lo que no permite vislumbrar el alcance de algunas de sus previsiones.



Por otro lado -y en esto nos identificamos con este dictamen emitido por el Consejo Económico y Social-, debemos evidenciar las dudas suscitadas en torno a la suficiencia y adecuación de la dotación económica prevista en relación con los
objetivos contemplados. Por ello, consideramos que debe garantizarse presupuestariamente el cumplimiento de los compromisos asumidos, sin condicionarlos, por supuesto, a eventuales ampliaciones


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de crédito en el futuro, lo que sin duda contribuiría también a garantizar ese principio de seguridad jurídica establecido en nuestra Constitución.
Llegados a este punto, a mi grupo parlamentario le gustaría saber qué opinión le merecen
esas dos críticas que argumenta el Consejo Económico y Social en este dictamen emitido, que son, como ya he dicho, la falta de concreción de este proyecto de ley, y, por otro lado, la deficiencia en la memoria económica.



Me gustaría también preguntarle si usted cree aconsejable la modificación del artículo 10 de este proyecto de ley, que es el relativo al Consejo General de la Emigración, en relación con el establecimiento de reglas o normas que regulen la
elección y el cese del presidente de este organismo. Se lo digo porque, si no estoy mal informada, usted fue cesado esgrimiendo como argumento la incompatibilidad política con cargo público, y nos sorprende que su sucesor en esta Presidencia del
Consejo General de la Emigración al que también tuvimos ocasión de escuchar la semana pasada en esta Comisión, es actualmente cargo público, por tanto, es una argumentación que no se tiene en pie. También me gustaría preguntarle, en relación con
las pensiones y con las prestaciones sanitarias, etcétera, si usted cree que las prestaciones que deben percibir los ciudadanos españoles que se encuentran fuera de España deben ser exactamente las mismas, sin variación mínima, con aquellas que
perciben los ciudadanos españoles que viven en territorio español.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Porteiro.



La señora PORTEIRO GARCÍA: Me van a permitir mis compañeras y compañeros diputados que salude al señor Castelao Bragaña en gallego. Benvido, señor Castelao. Nos satisface mucho poder escuchar su intervención ante esta Comisión en esta
comparecencia, entre otras cosas porque reconocemos en su trayectoria cincuenta años de trabajo intenso a favor de los emigrantes. Por si alguno de los aquí presentes no lo sabe, yo he recogido un par de datos que me parecen sobresalientes sobre su
trayectoria como directivo del Centro Gallego de Buenos Aires, de la Asociación Patriótica Española, del Centro de Galicia de Buenos Aires, del Instituto Argentino de la Cultura Gallega, las medallas de honor que ha recibido usted de la emigración,
en categoría de oro, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 2001 y en el año 1997.
En fin, su trayectoria está absolutamente contrastada y reconocida, y desde aquí valoramos muy positivamente su presencia y sus palabras.



Me van a permitir que haga en este momento un cambio de intervención porque me estaba olvidando de trasladar a la Presidencia y a los aquí presentes la petición de disculpas de nuestro compañero diputado señor Olabarría por no poder estar
aquí al tener que estar en otra actividad parlamentaria. Ruego a la señora presidenta que tenga constancia de esta petición del señor Olabarría.



Le decía al señor Castelao Bragaña que nosotros reconocemos y valoramos muy positivamente su amplísima trayectoria, y valoramos también, aunque quizá con alguna discrepancia, la coherencia que tiene su exposición y sus demandas, porque,
efectivamente, mientras usted ha sido presidente del Consejo General de la Emigración, ya hacía planteamientos muy parecidos a los que hoy nos ha trasladado aquí, es decir, su visión de la circunscripción única, por ejemplo, para el voto de los
emigrantes, era algo que usted ya planteaba en el Consejo General de la Emigración que tuvo lugar en Santiago en el año 2004, del mismo modo que nos hablaba también de la necesaria reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, abarcándola
también para los nietos de los emigrantes. Es cierto que usted es coherente en sus planteamientos, y también es de destacar que, pese a que esos planteamientos se hacían en otra época política, no fueron escuchados por quienes podían hacerlo en
aquel momento, porque tenían la capacidad de legislar también, y de tomar decisiones políticas a favor de la emigración. Esto me lleva a hacer la siguiente reflexión, que quisiera compartir con usted, y con quienes nos escuchan, y es que entiendo
que este anteproyecto de ley aborda por primera vez de manera integral el complejo asunto de la ciudadanía española residente en el exterior. Y aludiendo a algún comentario que usted hacía respecto a que no aporta ningún derecho que no estuviera
recogido en la Constitución, quisiera compartir con usted que, efectivamente, esto es así, no podría ser de otra manera, pero en opinión de esta portavoz y del grupo político que represento, este estatuto sí que sirve para consagrar, para reunir y
para ordenar, y sobre todo para comprometer al Estado, en que todos estos derechos que la Constitución proclama efectivamente puedan ser ejercidos. Y qué duda cabe que, como mujer, le podría poner un ejemplo, y es toda la legislación que en este
momento se está produciendo a favor de la igualdad real de las mujeres en la sociedad. Está reconocido en la Constitución, pero si no se legisla de manera específica con compromisos concretos, esa igualdad será solamente un reconocimiento teórico.
En este caso este anteproyecto de ley de los ciudadanos españoles en el exterior entiendo que es un avance importante -y creo que de sus palabras también lo podríamos interpretar así-, en la medida en que por primera vez, insisto, se aborda de
manera integral, y se vehiculiza, como se dice tanto ahora en términos políticos, se traza una hoja de ruta para llegar a conseguir la auténtica equiparación de lo que significa ser ciudadano español se viva donde se viva.



Le haría también una petición a la presidenta, si me permite, de una forma un tanto distendida. Señora presidenta, discúlpeme, pero yo creo que va a ser necesario trasladar a todos los miembros de la Comisión una copia del dictamen del
Consejo Económico y Social, porque no es la primera vez que oímos hablar de este dictamen


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en términos un tanto curiosos, digamos que de manera contraria a lo que podemos leer en su conclusión y en sus observaciones generales. Lo digo porque me parece importante, a la hora de escuchar la opinión del señor Castelao Bragaña,
recordar que el CES valora muy positivamente el anteproyecto objeto de dictamen, en la medida que compone el marco regulador de los derechos y deberes de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero, etcétera, etcétera. No voy a leerlo
todo, está al alcance de cualquiera que lo quiera revisar, y en sus conclusiones dice que este anteproyecto de ley merece una valoración positiva por parte del Consejo Económico y Social, sin perjuicio de observaciones generales y específicas que, a
su vez, expresa el dictamen.



Yo quiero conocer la opinión que tiene el señor Castelao Bragaña de este dictamen del Consejo y también qué opina de la valoración que hizo el Pleno del Consejo General de la Emigración sobre la elaboración de este estatuto. En la
información que yo poseo, esta valoración era muy positiva, pero, curiosamente, pese a haber sido votado por casi la totalidad de los miembros del Consejo General de la Emigración, no fue votado por los representantes de la Comunidad de Madrid. Me
gustaría conocer su opinión al respecto y si sabe por qué se pudo producir un hecho que, en nuestra opinión, es, cuando menos, curioso.



Yo quisiera trasladar al señor Castelao Bragaña que nos parece que el futuro sí va a ser optimista para la comunidad gallega en el exterior.
Tiene que serlo cuando, a través de este proyecto de ley, con las mejoras que recibirá en el
proceso de presentación de enmiendas y después de estas comparecencias, que precisamente tienen como fin incorporar el mayor número posible de mejoras, insisto, esa situación que usted destacaba tan positivamente de que somos el único país en el
mundo que cuida y que atiende de verdad los derechos de nuestros ciudadanos en el exterior, encuentre por fin un marco legislativo que regule, consagre, reúna, ordene y comprometa de verdad al Estado y a los sucesivos gobiernos en toda esta
cuestión.



Quisiera también conocer su opinión respecto de la dispersión. Usted decía que le parecía que algún tipo de ayudas deberían de seguir siendo prestadas solo por las comunidades autónomas; creo que se refería a las prestaciones sociales,
culturales y sanitarias. Yo creo que usted tiene una gran experiencia y nos podría hablar en el sentido de cómo articular la colaboración entre las distintas administraciones para evitar que el dinero público se disperse, para conseguir -que
entiendo que ese debería ser el objetivo- que en el exterior haya una visión global de lo que el Estado español representa -el Estado español también son las comunidades autónomas-, y cómo eso se puede hacer o se debe hacer sin perder de vista la
necesidad de diferenciar y de reconocer la pluralidad cultural que en España existe, y que, evidentemente, yo, que también soy gallega, señor Castelao, o cualquiera de mis compañeros o compañeras que sean de otras comunidades autónomas con lengua
propia, con cultura propia, queremos que se sigan manteniendo y reconociendo.



Su opinión, que, insisto, me parece absolutamente valiosa, a través de sus enmiendas, que nos ha anunciado que va a presentar a la presidenta de la Comisión, será estudiada con mucho detalle por todos los que vamos a poder participar en el
trámite de ponencia de la ley, y le agradezco, en nombre de mi grupo, su presencia y sus explicaciones, y en todo caso le agradecería mucho algún comentario a mis palabras.



La señora PRESIDENTA: Queda hecha la disculpa, y constará en acta, del señor Olabarría. En cuanto a lo que usted comenta del dictamen del Consejo Económico y Social, forma parte del proyecto de ley, por tanto, su conocimiento está a la
libre voluntad, de los señores y señoras diputados. Y ya, sin más, le doy la palabra nuevamente al señor Castelao para lo que considere oportuno en referencia a este turno de intervenciones.



El señor EX PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EMIGRACIÓN (Castelao Bragaña): ¿De qué tiempo dispongo? Porque eso dará lugar a que sea un poco más extenso.



La señora PRESIDENTA: Utilícelo usted prudentemente. Una réplica prudencial, no otra intervención, pero yo no le voy a impedir a usted su libertad de expresión en esta casa.



El señor EX PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EMIGRACIÓN (Castelao Bragaña): No podía esperar otra cosa de una paisana. (Risas.) Voy a comenzar con la señora representante del Partido Popular. Ha hecho usted un análisis de lo que pensaba
su grupo acerca del estatuto. Yo vengo a dar aquí mi opinión, y dije cuando comenzaba mi intervención que quería que se me viera como lo que soy, como un emigrante. Así que respeto su opinión, como la de todos, y voy concretamente a las dos
cuestiones que usted me planteó.



Habló usted de la modificación del artículo 10 del estatuto respecto a la elección del presidente o no del Consejo General de la Emigración, si había que cambiar el sistema. El estatuto recoge exactamente unos artículos de los dos reales
decretos que regulan esos dos organismos, y dice que el presidente lo propone el ministro de Trabajo, y que luego tendrá que contar, por supuesto, con el voto del consejo. Le voy a contar una intimidad. El anterior decreto, cuando se modifica, se
crea una comisión, y a mí me toca integrar esa comisión, y empezamos a ver la figura del presidente cómo debía venir, cómo podíamos hacer para tener un presidente que, siendo propuesto por el Gobierno, fuera aceptado por el pleno, o tener un
presidente que eligiera el pleno y luego tuviera que relacionarse con el Gobierno. No era fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque en definitiva tratamos de hablar de un organismo asesor y consultivo. Si nosotros


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dejamos que sea el consejo quien elija el presidente, bien podría ocurrir, y todos lo sabemos, que un superior, si tiene un asesor que no le gusta, pasará pocas veces su puerta, o no la pasará nunca, porque si yo soy jefe de algo y tengo un
asesor que cada vez que me viene a ver me incomoda, pues trataré de que me vea las menos veces posibles. Entonces dijimos, no, esta figura no nos gusta, porque puede ser que a lo mejor no sea favorable para la emigración porque nosotros sabemos muy
bien que las cosas se obtienen golpeando en los despachos. Y yo aquí quiero dejar algo señalado. A través de mis seis años de presidente del consejo he visitado varias veces esta casa, he entrevistado a todos los grupos parlamentarios en distintas
ocasiones, y tengo que expresar mi profundísimo agradecimiento por la recepción que se hacía a la comisión del consejo que yo encabezaba cada vez que aquí veníamos. Esto lo quiero dejar sentado. Siempre hemos tenido una gran comprensión, lo cual
no significa que los resultados hayan sido correlativos con esa comprensión, pero no quiero escaparme del tema. Hemos analizado por activa y por pasiva, y en aquella comisión, que me acuerdo perfectamente que integraba don Luis Lamiel, en aquel
entonces representante por Suiza; don Pablo Sánchez, representante por Luxemburgo; el que creo que en aquel entonces era director, el señor Bombín; el señor Leúnda, representante de Colombia, y yo, llegamos a pensar que la mejor figura era la del
candidato propuesto por el Gobierno y aceptado por el consejo. El Gobierno manda una persona de su confianza, que a su vez tiene que gozar de la confianza de la emigración, por eso nos hemos inclinado por esto. Pero si realmente yo le estoy
pidiendo mayores atribuciones al consejo, si yo, incluso, dejo aquí para que ustedes lo analicen, la posibilidad de que las resoluciones del consejo comprometan en algo, yo lo digo clarito, no digo que sean vinculantes, pero que no sean,
simplemente, meros aspectos de asesoramiento, y lo digo también por otra cosa, lo digo por respeto; fíjense que estamos invitando a la gente a votar para elegir a unos organismos que, simplemente son asesores. Y yo les digo la verdad, estamos
entre españoles, ¿qué pasaría en una elección en España si el pueblo español fuera llamado a votar para elegir a un organismo asesor? Si no va a votar mucha gente cuando se eligen autoridades, ¿qué pasaría si directamente se eligieran asesores? No
culpemos tanto cuando en la emigración no se participa mucho en los actos, veamos la realidad, pero, en cambio, si supiéramos que esos dictámenes comprometerían de alguna manera, que quede muy claro, saco la palabra vinculante, no se me ocurre a mí
pensar de ninguna manera que el consejo vaya a condicionar los actos del Gobierno ni que los CRE vayan a condicionar los actos del consulado, no va por allí mi idea, y por favor que me entiendan, pero sí analizar alguna figura. En ese orden yo
propongo que el presidente lo elija el consejo, porque yo creo que cuanto más democrático se es, más fuertes son las instituciones. Y no es porque yo no esté en él, pero realmente con el paso del tiempo me he dado cuenta de eso.



En cuanto a las incompatibilidades, saben todos ustedes que las incompatibilidades tienen que estar regladas. No hay incompatibilidad si no hay una norma legal que lo establezca, más allá de que uno pueda ver alguna figura que a uno le
parezca que es incompatible, bueno, esa es la valoración que cada uno puede hacer. Yo estoy absolutamente convencido, lo he dicho en su momento en una nota que elevé al señor ministro, que no había incompatibilidad en el cargo, aclaro muy bien, lo
que no significa que no debiera haberla; eso es otro tema. Pero hablemos de lo que hay, no se pueden crear incompatibilidades que no estén en la ley. La incompatibilidad conlleva, desde el punto de vista civil, una sanción, una pena. Si un
individuo no puede hacer algo por alguna cosa, tiene que ser preso, no se puede decir que no. Hago extensivo este criterio por el comentario que gira respecto a quien me reemplazó, que deseo que sea un buen presidente, y lo va a ser, y aprovecho
aquí para agradecerle cuando fue consejero el aporte que me brindó siendo yo presidente, magnífico consejero el señor Ruiz. Si yo creo que no había incompatibilidad cuando era mi caso, pues la norma es clarísima, tampoco la tiene que haber para el
señor Ruiz, eso es lo que yo pienso. Vuelvo a reiterar, no quita que se analice si deben ser o no incompatible, pero eso es otro tema.



Me hablaba usted de las pensiones y la sanidad. He sido totalmente claro, dije que España era el único país del mundo que exporta pensiones y salud. Recogido eso, lo que tenemos que ver luego es cómo se llevó a la práctica. No es fácil,
yo lo comprendo, lo comprendo muchísimo, porque cada país tiene una característica, y aquellas figuras que nos parecen que son aptas para un país, para el otro es muy probable que no sirvan.
Todo eso genera una cantidad de problemas, yo lo
entiendo, que se tienen que ir regulando con el tiempo. Estoy en desacuerdo absolutamente en desacuerdo, con el último decreto sobre las pensiones, y la señora Porteiro se ha referido a un tema que luego trataré. La señora Porteiro hablaba del
voto que le dio el Consejo General de la Emigración al estatuto. También ese día votaron este decreto, y lo votaron positivamente, y yo he hablado con consejeros después, lo digo de verdad, y aquí nadie puede pretender que haya un posicionamiento
político, si las dos normas fueron dadas por el mismo Gobierno. No es que yo esté diciendo que lo que era anterior era bueno porque era del PP y esto es malo porque es del PSOE. No, el primer decreto era del PSOE y el segundo también, no es que yo
esté aquí combatiendo una cosa o no. No voy a entrar en más detalles, porque se hace largo, pero simplemente nos invita a una reflexión. Que en España se diga que vamos a condicionar el sistema para ajustarlo a la realidad socioeconómica del país
donde viven nuestros españoles a mí me resulta imperdonable. Y digo por qué, porque esa realidad socioeconómica, señorías, fue la que determinó que se crearan las pensiones, eso fue la que determinó que se crearan las pensiones, lo mal que estaban
fue lo que motivó que España saliera en auxilio de ellos, y


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ahora ¿qué? ¿Volvemos para ver como están? No, yo lo digo, cuando comento un artículo aquí, yo lo digo. La señora González me preguntaba si tenían que cobrar igual que los de aquí. Le voy a decir algo, en los años en que fui presidente
del Consejo General de Emigración, y antes fui consejero durante cuatro años, pero cuando fui presidente tenía una obligación, que era defender como corresponde las resoluciones que el Consejo tome, pero un margen de libertad, en mi opinión, lo
tengo que tener siempre. Siempre he defendido una resolución histórica del consejo, que las pensiones se equiparen a las que se cobran en España. Eso dice el consejo. Pues mire, yo no le voy a hablar de valentía, pero como compromiso no tenía, yo
llegué a decir que eso era una barbaridad, y ¿sabe dónde lo dije? En Cuba, ante 600 personas, y expliqué por qué, porque lo que se está buscando aquí es la igualdad. La resolución del consejo pretende que los españoles del exterior se ajusten a la
realidad de España, por eso tengamos en cuenta aquella idea que yo hablaba de lo socioeconómico del país. Pero yo me digo algo, y me entendieron y hasta me aplaudieron, si nosotros en Cuba le damos el cien por cien de lo que cobro en España, los
españoles que viven en Cuba viven, no digo mejor que una persona que en Cuba debe de vivir muy bien, porque las demás, por lo que yo he visto, no viven tan bien, pero yo creo que muchos españoles estarían cerca de como vive esa persona, o alguno de
los que lo rodean, y con esa misma pensión es muy probable que los españoles que vivan en Buenos Aires, cuando nosotros teníamos el uno a uno, vivieran no mal, sino muy mal. Entonces, yo creo que la idea de los coeficientes que tenía el decreto
anterior es para mí la válida, lo que ocurre es que hay que hacer un seguimiento, especialmente cuando ha habido inflación. ¿Ustedes saben cuál ha sido la inflación que ha tenido Argentina durante el proceso que, lamentablemente, nos tocó vivir, el
luctuoso proceso de Argentina? Quinientos mil por cien. ¿A ustedes les parece que es posible para un ciudadano vivir aquellos años que nos tocó a nosotros? No vamos a decir que en América se vive en esas condiciones en todos lados, pero la
situación de América, desde el punto de vista económico, la conocen.
Entonces, ¿qué decía yo? No, yo prefiero el sistema anterior, con los coeficientes, y los coeficientes ajustados a la realidad económica de ese país, sí a los coeficientes, o
sea, cuánto cuesta allí. En definitiva, ¿sabe lo que me hubiera encantado a mí, adónde está la igualdad para mí? La igualdad para mí está en que un ciudadano español en Cuba pueda comprar las mismas cosas que compra un ciudadano español en España,
y que en Buenos Aires pueda comprar las mismas cosas. Ya no me interesa tanto el coeficiente, si ustedes quieren, determinemos eso a valores de una canasta, que si aquí con esto puede hacer tales cosas, las mismas las pueda hacer allí donde se
encuentre. Ese es el verdadero sentido de igualdad a la que yo creo debería apuntar la reglamentación de las pensiones.



La sanidad, otro aspecto muy importante, porque todos sabemos que los que viven en España y cobran una pensión, pues nada, tienen sanidad; los del exterior no la teníamos, pero lo hemos logrado. Se ha trabajado, porque yo también quiero
aclararles algo -cuando conteste a la señora Porteiro ya lo diré-, yo tengo una absoluta y total valoración de lo que España hace de cara al exterior, total. No de un Gobierno, de todos. Todos han sumado algo, lo cual no significa que eso que se
fue sumando haya sido lo que la emigración está necesitando. Y después hay una contrapartida. No sé por qué designio de Dios, esto sí que no lo sé, por qué a los emigrantes obtener algo nos cuesta tanto. Muchísimo nos cuesta. Cada vez que hemos
avanzado en un derecho hemos dejado jirones en el camino. Pero bueno, es así, entonces ¿qué veo yo? Y no voy a entrar en los detalles de los convenios, ni mucho menos, porque si no estaríamos aquí hasta mañana.
Veo que eso hay que perfeccionarlo,
hay que perfeccionarlo sin ningún tipo de dudas. No quiero entrar, porque no me gustaría que mi intervención tuviera un matiz político que, les confieso de corazón que yo no quiero dar. A lo máximo que aspiro yo en esta reunión es a que me vieran
como un gallego que se tuvo que marchar de Galicia cuando tenía pantalón corto, esto es lo único que pediría, más allá de mi posicionamiento al Partido Popular, o lo que fuere. Pero de verdad, no quisiera entrar en algunos temas porque me vería
obligado a hacer algunas críticas, pero yo sé que hay buena voluntad, no me cabe duda. Yo llegué a decirlo en la Embajada de España, en una reunión, donde estaban todas las autoridades; después que escucharon a todos me pidieron que hablara yo
sobre el plan de salud que se aplica en Argentina, y allí dije que yo celebraba que España ponía tres millones de euros para la sanidad argentina, y agregué, pero estoy en desacuerdo en algo, y es que esos tres millones de euros no los manejemos los
españoles, incluso nuestra consejería laboral. Eso dije. Bueno, no les voy a contar lo que pasó. Y no creo que haya dicho nada malo, es más, si se quiere leer entre líneas, solamente alcanza con que le diga que yo tengo el altísimo honor de ser
argentino, porque era la única manera que yo tenía para devolverle a aquel país todo lo que me dio. Entonces, la crítica no está referida a una tierra a la que le debo todo, todo, pero hay sectores que no me merecen la confianza que yo entendía es
necesaria para esto. No he pedido otra cosa, he valorado el dinero de España, he pedido que lo canalizaran los españoles, y aquí paro, porque ustedes podrán luego saber por qué estoy hablando así.



Voy a pasar a contestar a la señora Porteiro. Quiero agradecerle sus primeras palabras en galego. Voy a contestarle de la misma manera y después volvemos al castellano. (Pronuncia palabras en gallego.) La primera intervención en el
Parlamento de Galicia fue en reconocimiento a la gente a la que uno pretende representar. Usted hacía algunas distinciones que a lo largo del trabajo fui obteniendo. Eso fue una mera casualidad. Hay otras personas que las merecen más que yo. No
voy a decir que no me las merezco, porque entonces le estaría faltando al respeto a quien me las dio. Es probable que


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me las merezca. Lo digo con la mayor humildad, fundamentalmente por honrar a quien tuvo la dignidad de dármelas. No sé si estaba aquí cuando empecé la exposición, pero señora Porteiro, no voy a ser yo quien ponga en tela de juicio la buena
voluntad de este estatuto. He dicho lo que pienso para sumarme, nunca para restar. He dicho que recoge normas de la Constitución, y otras más, agregué. Lo dije y queda constancia. También hablé de la importancia que el estatuto tiene en este
debate. El otro día en el Parlamento en Galicia se interpeló al presidente que venía de un viaje por América. Cuando salíamos de la reunión alguien me preguntó qué opinaba. ¿Sabe qué contesté? No voy a opinar sobre lo que dijo el presidente ni
sobre lo que le dijeron al presidente, pero sí voy a manifestar que me siento profundamente emocionado en pensar que dos horas y media en esta, mi tierra, se pasó hablando de la emigración. Esta es mi satisfacción. Ya no me importa si estuvieron
mejor unos u otros, porque esa era mi alegría. Todos dijeron que éramos casi la base de la vida de Galicia, y agregué: ¿Dónde estamos? Estoy yo por casualidad. Si somos tan importantes tendríamos que estar aquí, pero no estamos; esto es lo que
dije. Créame que jamás estaría en contra de ninguna norma que apuntara a favorecer la emigración. Siempre la voy a agradecer provenga de quien provenga, pero permítame que agregue -no soy dueño de nada- una modestísima opinión sobre lo que me
puede merecer las normas que se dictan. Quede claro esto. Yo he hecho un gran elogio de las pensiones; no la hizo el Partido Popular, sino el Partido Socialista, por más que nacieran de una reforma introducida por el senador Fraga. La sanidad la
puso el Partido Popular. A mí lo que me interesa es que los emigrantes tengan pensiones y sanidad, la ponga quien la ponga. A mí me interesa un magnífico estatuto, venga del Partido Socialista, venga del Partido Popular, venga de quien venga. Les
pido, por Dios, que no me vean como alguien que viene a cuestionar esto, sino si puedo ser útil para, humildemente, ayudarles a hacer lo que pueda.



He leído el informe del Consejo Económico y Social, donde se hace un estudio muy profesional. Por supuesto que no está hecho por un emigrante, sino por unos señores tan respetables como lo pueden ser los emigrantes, pero con un criterio
técnico. Dicen que el estatuto adolece de generalidades, que no tiene claro los temas económicos, pero con el respeto que usted me merece, no quisiera analizar la opinión de otro. Yo estoy dispuesto a contestarle todo lo que me pregunte que de mí
dependa.
Si el Consejo Económico y Social quiere emitir una opinión en este u otro sentido, allá el Consejo Económico y Social. Castelao Bragaña vino aquí a opinar del estatuto y a responder aquello en lo que esté en mi alcance.
Yo sé que usted,
con su generosidad, me lo va a conceder.



Decía S.S. que yo era optimista. ¡Cómo no voy a serlo! ¿Usted sabe qué es lo que llevamos en la valija, sabe de qué iba cargada la valija? De esperanza y de optimismo. Cuántas personas casi formadas dejaban las tierras de España y se
iban por el mundo sin nada más que lo que llevaban, con un agravante, cargados de dolor, porque dejaban lo que más querían, sus afectos. Optimista, siempre. Y sigo confiando. Las cosas que el estatuto dice o que falten, no tenga ninguna duda de
que algún día se van a legislar; estoy absolutamente convencido de ello. Será en este, o en otro, no lo sé, pero se va a llegar a eso. ¿Por qué? Porque España es un país grande, y la grandeza de un país se mide por la solidaridad. Esta es otra
España, una España solidaria. Algún día vamos a lograr los emigrantes, institucionalmente, que se vea toda la realidad; es un concepto que va mucho más allá. Si realmente queremos darle proyección futura a España en el exterior, tenemos que
buscar esa igualdad a la que me refería; igualdad en todo lo que sea posible, pero la esperanza absoluta y total.



Me pregunta por la colaboración entre las autonomías y el Gobierno central. Hice hincapié en eso porque hay autonomías que merecen un reconocimiento, y no estoy haciendo una valoración política; no solamente de la que provenimos usted, yo
y la señora presidenta. No juzgo políticamente, pero sí juzgo una labor que ha existido en comunidades como la canaria, la extremeña o la andaluza. Hacía esa propuesta porque ese acercamiento que se produce entre los dirigentes de las autonomías y
los emigrantes en sus lugares de residencia es muy útil y debería ayudarse y fomentarlo, sin perjuicio de que haya una coordinación, de que uno no vaya por acá y el otro vaya por el otro lado; está clarísimo que así tendría que ser. Alguna de las
competencias a lo mejor (hay que estudiarlo) se pueden ejercer a través de los gobiernos autonómicos de una manera más cercana que a través del Gobierno central. No se trata de que no haya la suficiente aptitud o conocimiento, sino de que se
produce un contacto más directo y más frecuente entre los ciudadanos de los países y de las autonomías.



No sé si me quedó alguna pregunta sin responder. Con su licencia, presidenta, estoy a su disposición si no contesté a algo. Yo voy a contestar todo, aunque sea mal. No me voy a retirar dejando ningún punto sin tocar; el que quieran
tocar, yo lo toco, lo cual no significa que esté equivocado ni que lo haga mal, pero no me escondo. Si no contesté algo es porque lo omití, pero no porque me quiera escapar. No me escapo.
Tienen ustedes la palabra si que me han pedido algo y no
lo respondí.



La señora PRESIDENTA: Señor Castelao, creo que ha sido muy claro en su exposición, ha dado una contestación muy amplia y en este momento final de la comparecencia quiero agradecer su colaboración. Tenga la seguridad de que las sugerencias
y enmiendas que ha aportado se tendrán en cuenta.
Estoy segura de que los grupos y ponentes que están trabajando lo harán.
Comparto con usted ese saludo en gallego. Sabe cuál es la norma por eso le dicho que una breve frase nada más. Solo me
resta solidarizarme con esta comparecencia de gallegos, pues curiosamente los tres comparecientes lo son, la presidenta lo es y los portavoces, en su gran


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mayoría, también. Eso no es más que un síntoma de que somos tierra de emigrantes y de que muchos de nuestros familiares, como usted, se han tenido que ir de pantalón corto a Argentina o a otros países.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Solamente quería dar la bienvenida al señor Castelao.



La señora PRESIDENTA: Muy breve, porque hemos finalizado el turno.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Deseaba agradecer su presencia y disculparme por no estar al inicio de la comparecencia, porque estaba participando en otra Comisión con una proposición no de ley de mi propiedad. Por lo tanto, era imposible la
asistencia. La segunda parte de su comparecencia para mí fue muy interesante, y leeré en el 'Diario de Sesiones' la primera parte.



La señora PRESIDENTA: Despedimos al señor Castelao con toda cordialidad y continuamos con el siguiente compareciente.



-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (MARTÍNEZ CRESPO). (Número de expediente 219/000573.)


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la comparecencia con la intervención del segundo compareciente, don Xurxo Martínez Crespo, presidente de la Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados. Continuamos con un galego, como es
habitual en las comparecencias de hoy. Sin más preámbulos, le damos la palabra al señor Martínez Crespo.



El señor REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (Martínez Crespo): Represento a la Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados. El señor Castelao Bragaña se presentaba como emigrante.
Yo también fui emigrante, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos... No hay nadie en mi familia que no haya sido emigrante, desde Nueva York a Uruguay, a Alemania, a todas partes.



La Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados está formada por varias asociaciones de gallegos retornados, unas de ámbito europeo y otras de ámbito americano. Antes de comparecer aquí nos hemos reunido y hemos leído el
estatuto. Leyendo un poquito las comparecencias anteriores, decidimos dejar a un lado todo lo que tuviese que ver con unos elementos reiterativos, que son la nacionalidad, las pensiones, la asistencia sanitaria, etcétera. Decidimos venir aquí a
hablar de una cosa que creemos importantísima y de la que nadie ha hablado. El señor Bragaña en la exposición tan especial que hizo en ningún momento se refirió expresamente a Galicia ni a su cultura, ni a su idioma, ni a lo que representa la
huella gallega en América. Yo quiero decirles que los signos de identidad de Galicia provienen precisamente de la emigración.
Más allá de razones políticas, que no vienen al caso, ni históricas, tanto la bandera, como el himno, como la Real
Academia Gallega, como las editoriales, como el fomento de la lengua viene de la emigración. No de una emigración política, sino de una emigración económica que tuvo que luchar contra muchísimas adversidades para instruirse a sí misma y dotarse de
unos medios sanitarios que un Estado paupérrimo, como podía ser el Estado español a principios del siglo XX, no les podía dar, ni aquí, en su país de origen, ni en la emigración.



Nosotros hemos revisado el estatuto. Hoy en día, que está tan de moda el fomento de la multiculturalidad, de la interculturalidad, donde se supone que la diversidad de culturas es un valor a proteger y un índice de cosmopolitismo, vemos que
este estatuto adolece de esa parte. Lo esto diciendo como gallego porque, lamentable o afortunadamente, cuando hablamos de emigración española tenemos que reconocer que un porcentaje muy alto de esa emigración proviene de Galicia. Y ese censo de
residentes ausentes que constantemente está incrementándose, sobre todo en los países latinoamericanos, es de gente que desciende de gallegos. Nosotros tenemos en Galicia municipios donde más de la mitad del censo electoral vota en Argentina, en
Uruguay o en México, como puede ser el caso de Avión, de Carballo o de tantos otros sitios.



Voy a hacer una pequeña exposición que hemos concordado entre todas las asociaciones que formamos la federación, centrada sobre todo en el ámbito cultural. En primer lugar, nos parece muy apropiada la existencia de este estatuto, el nombre
de ciudadanos, término, por cierto, revolucionario, porque se utilizó por primera vez en la Revolución Francesa para igualar a todos. Muchas constituciones latinoamericanas utilizan como único el término de igualdad el de ciudadanos. Para nosotros
ha sido un gran avance, a pesar de esas pequeñas ausencias. Entendemos que esas pequeñas ausencias se pueden deber a que es un proyecto donde no es posible abarcar todas las situaciones que más adelante, a través de un reglamento o de leyes
especiales, pueden acontecer.



Valoramos desde Galicia a este proyecto de la ley de estatuto de los ciudadanos españoles desde su mera condición de proyecto, como positiva, pero también estamos un poco reticentes con ausencias que para nosotros, gallegos y gallegas, son
importantísimas. Tal vez sea verdad que el Estado español dejó de ser exportador de hombres y mujeres para convertirse en receptor de inmigrantes. Dije tal vez porque hoy, 5 de abril de 2006, el Estado español es el séptimo receptor mundial de
remesas de emigrantes, con 4.172 millones de euros. Podrán decir que esas remesas provienen de otros y otras que emigraron antes. En Galicia, según datos de la Confederación Intersindical Galega, entre 1991 y 2003, emigraron 173.000 gallegos y
gallegas. Muchos utilizan


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el neologismo disfrazado de movilidad laboral, cuando todos sabemos lo que es, en Galicia todavía se emigra. En el proyecto de ley se habla de la creación de un oficina española de retorno. Vemos, una vez más, que Galicia vive un oscuro
ostracismo pues, a pesar de que encabezó por varios años la lista de comunidades autónomas en número de retornados hasta el pasado año 2005, que la encabezó la Comunidad de Madrid, todos sabemos que no se debía a ser un polo de atracción por sus
posibilidades laborales o económicas, sino a la histórica sangría humana gallega hacia América y a la paupérrima situación económica y social de países como Argentina, Venezuela, Uruguay o Brasil; nótese que son precisamente los binacionales de
estos países los que copan el retorno. Queremos que este proyecto de ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior no aborde la emigración como un tema del pasado y se preocupe por velar y poner los medios a su alcance necesarios y
precisos para que termine esta sangría humana. Queremos recalcar esto porque tenemos entendido que varios comparecientes de los que se presentaron aquí, presentan a la emigración como un hecho del pasado, como que hoy en día no se emigra, que la
persona que está en Alemania o en Fuerteventura está de turismo; es decir, está trabajando, pero no es un emigrante. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que dentro de un Estado que se autoproclama solidario, social y de derecho, los
retornados, una vez llegados a Galicia, deben dejar de emigrar. Entendemos que los esfuerzos deben ir no solamente hacia quienes permanecen en la emigración, sino muy especialmente hacia aquellos y aquellas que retornaron, para que no vuelvan a
emigrar. Tenemos la paradoja de que Galicia, a pesar de haber recibido durante estos cuatro últimos años la mayor cantidad de retornados del Estado español, de que es la novena o décima en recepción de inmigrantes, muchos de esos retornados, debido
a la situación precaria de la economía gallega han tenido que volver a emigrar. Son muchos los emigrantes que se han visto obligados a nacionalizarse en países América debido a exigencia legales; hoy, sus nietos y bisnietos podrán sustentan la
nacionalidad italiana, por poner un ejemplo cercano al nuestro, pero no la española.



¿No lleva este Estado siglos tratando de homogeneizar lenguas, cultura, naciones y pueblos? Pedimos que se abra una posibilidad en la reforma de la Ley de Nacionalidad del Código Civil a través de este estatuto de los ciudadanos españoles
en el exterior. La Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados entiende que en el preámbulo de la ley del estatuto debe hacerse mención, equiparando y homologando en importancia, a la emigración y el exilio. Nosotros no entendemos
ese prurito de dar un mayor valor ético, moral, a todo el que fue exiliado respecto al emigrante. No entendemos esa falsa distinción de los expertos, entre comillas, según la cual el exilio es una emigración involuntaria y la emigración es
voluntaria. Las causas económica y sociales por las cuales nuestros hombres y mujeres emigraron, no eran responsabilidad suya.



Queremos hacer hincapié en el apartado de fomento de la cultura de los emigrantes en el exterior. La Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados considera que el capítulo 3, artículos 22 al 24, no cumple como debiera las
normas propias de un Estado que se considera intercultural, multicultural, como un patrimonio enriquecedor. La batalla por la identidad y la deuda histórica del Estado español con sus emigrantes. Creemos desde esta federación en la lucha y el
reconocimiento hacia nuestros emigrantes, el cual no está especificado en este estatuto en su preámbulo. Un Estado al cual pertenecían los expulsaba por razones económicas. Estos emigrantes iletrados y anémicos supieron dotarse de unas
infraestructuras educativas y sanitarias que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. De hecho, el proyecto de estatuto se apoya en esas infraestructuras que él no dotó para instrumentar cualquier tipo de ayuda a las comunidades en el
extranjero. Nuestros emigrantes se encargaron de hacer hospitales para sus enfermos, residencias para sus ancianos y panteones para sus muertos. Como masas de iletrados y anémicos pudieron hacer lo que a un Estado moderno y obeso le cuesta tanto
reconocer. Este Estado, propone la Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes, debe reconocer la deuda histórica, económica, social y moral que tiene con esta emigración. Creemos que ese reconocimiento debiera ser el primer parágrafo del
título preliminar del artículo 1.



La federación que represento no entiende ni acepta la omisión dentro del capítulo 3, en derechos relativos a la ecuación y a la cultura, a la realidad multinacional y multilingüística del Estado fuera y dentro de sus fronteras. Todos
debemos recordar que los centros llamados españoles en el extranjero no son centros españoles, sino centros vascos, hermandades gallegas, etcétera, y estatutariamente la historia de la emigración gallega se basa en una identidad fuertemente cultura
lingüística e histórica, es decir, en Argentina se formaba un centro gallego y aparte podía haber un centro vasco. Nosotros creemos que es una identidad a fomentar y un bien cultural que debería se aprovechado por este Estado que dentro de sus
fronteras y constitucionalmente reconoce la diferencia. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)


Como decía antes, en el caso de Galicia nos toca muy de cerca, porque todas nuestras señales de identidad, desde el himno hasta la bandera, la Real Academia, todas las editoriales, la instrucción y la creación de escuelas en Galicia vino de
la emigración gallega. Ha sido siempre una constante dentro de la hermandad de centros gallegos en toda América Latina fomentar y perseverar en esa identidad que a partir de principios del siglo XIX se fue creando y cuajando. Este Estado, a través
de una cultura dominante interna y externa, debería ser representante de esa variedad. Vemos con pavor y con pena que las representaciones culturales, históricas, identitarias


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que tienen lugar en este Estado no se reflejan en entes como la televisión española internacional. Los gallegos en América Latina están condenados a una cultura que los niega a través de organismos oficiales, como es la televisión española
internacional, cuando representan un porcentaje altísimo de una emigración que no está reconocida por sus instituciones.



No entendemos tampoco cómo países de Latinoamérica reconocen la condición de binacional a comunidades como la gallega en sus colegios. Es el caso, por ejemplo, del colegio Castelao, de la Hermandad Gallega de Venezuela que dentro del
Ministerio de Educación de Venezuela está reconocido como una institución educativa binacional, al mismo nivel que los colegios que pueden tener los judíos o los italianos allí. Ese reconocimiento de la biculturalidad dentro de las organizaciones
españolas en el extranjero debería estar reconocido en este estatuto. El Estado español, a través de su agregaduría laboral, ha intentando en varios sitios la institución de planes de educación, aprovechando las infraestructuras que la emigración
ha dotado, para borrar todo signo distintivo de esa comunidades que en su momento se fundaron. Nosotros creemos que en este estatuto, reconociendo la riqueza de la diversidad, ese bien debería protegerse.



Reconocemos la importancia de la enseñanza del castellano. La enseñanza del castellano es un bien a preservar sobre todo en los países en donde hay emigrantes que no hablan castellano. El grueso de la emigración española o gallega que está
en Latinoamérica no necesita aprender castellano; todos somos conscientes de que allí también lo hablan, y el Estado debería dotarse, a través de convenios, incluso del traspaso de competencia a las comunidades autónomas, de la instauración de
planes de estudio y de fomento de la riqueza cultural de cada una de las comunidades. Hablo del caso gallego porque, lamentablemente la emigración, tanto la catalana como vasca, que pueden ser otros ejemplos de emigración hacia América de
identidades distintas, tienen una connotaciones de carácter de exilio político. Ellos también habían creado sus instituciones de enseñanza, pero se han visto abocadas con el paso del tiempo a la desaparición. Se trataba más bien de una cuestión de
cantidad de personas, y hoy en día las únicas instituciones educativas y sanitarias que todavía se mantienen en pie en Latinoamérica son precisamente las gallegas.



Este estatuto, además de su carácter programático, debe reconocer los derechos a la identidad cultural, además del derecho a la memoria. Además de un reconocimiento a esa deuda histórica que debe tener el Estado hacia todos los emigrantes,
creemos que este estatuto debería de reconocer la memoria de todos aquellos que tuvieron que emigrar por las razones que fueran y que lamentablemente, sobre todo en países de Latinoamérica, sufrieron cárcel, muerte y desaparición. Hace poco el
presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, declaró el día 30 de septiembre como Día del desaparecido gallego en el mundo. Debería hacerse un reconocimiento especial en el preámbulo a la emigración gallega en todas sus facetas
culturales, históricas y de futuro. Aunque muchos comparecientes vienen aquí con una actitud lastimosa sobre lo que es la emigración, todavía al día de hoy hay muchas comisiones económicas que van a América Latina a buscar entre los emigrados
fondos para inversión en Galicia. Es decir, no es que toda la actividad de América Latina, de la emigración, sea paupérrima o esté en un estado de desesperación. Hay una riqueza cultural y económica que hay que proteger y potenciar entre todos los
que estamos aquí y los que estamos allá. La comunidad y los gallegos que están en América forman una identidad muy determinada y tan importante que incluso en América Latina no existen emigrantes españoles, sino que todos los emigrantes son
reconocidos como gallegos.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Tiene la palabra la señora Fernández Davila, del Grupo Mixto, para que cuestione algunos temas o aclare algunos puntos de sus posiciones.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, deseo agradecer la disposición del señor Martínez Crespo para comparecer en esta Comisión y exponer su visión sobre el estatuto, que nos será de valor para la elaboración de nuestras enmiendas.



A propósito de la intervención del señor Martínez Crespo, quería preguntarle por algunas propuestas que nos ha hecho para mejorar el estatuto. Sin que signifique una reprobación, una matización sobre algunos desacuerdos que me gustaría
expresar, sin entrar en polémica, aunque a lo mejor sería conveniente en otras circunstancias. Me refiero a una manifestación excesivamente drástica en lo que se refiere a que Galicia prácticamente existe gracias a la emigración. Eso no es así.

Galicia existe porque existe Galicia. Es necesario reconocer que en los momentos duros de la represión del franquismo, donde las identidades nacionales no se podían siquiera manifestar a través de la lengua propia en la manera habitual de hablar de
las personas, incluso en la única lengua que conocían, ese patrimonio fue ejercido en la emigración, concretamente en la americana, por aquellos exiliados con la recepción que tuvieron los gallegos que estaban ya en estos países. Es cierto que la
cultura organizada de estas personas se inició en Galicia: las irmandades da fala y las editoriales tuvieron una continuidad en la emigración, pero estos emigrantes iniciaron ese proceso reivindicativo de la identidad nacional en el propio país.
Por otro lado, hay que reconocer en el proyecto de estatuto una mayor consideración del papel de los emigrantes, partiendo de esa realidad histórica de la emigración gallega, pero discrepo de otra aseveración del señor Martínez Crespo relativa a que
todas las escuelas y todos los hospitales que se hicieron en Galicia fueron consecuencia del aporte de la emigración, porque tampoco fue así.
Fue de otra manera y lo quiero exponer porque en el 'Diario de Sesiones' va a constar todo.



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Parece que nuestros padres quedaron en Galicia, nuestros abuelos y bisabuelos también y que durante este tiempo no hicimos nada en el país, cuando no es así. Eso no significa que la emigración en la economía de Galicia concretamente -y me
voy a referir a eso- tuvo un papel importantísimo, sobre todo en esos años que el señor Martínez Crespo comentaba de inicios del siglo XX, donde efectivamente la aportación de los emigrantes fue fundamental para la construcción de muchas escuelas,
sobre todo en las zonas rurales, lo que permitió el acceso de muchos y muchas gallegas a una educación, aunque fuese mínima. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es incuestionable algo que planteó el señor Martínez Crespo, que la
organización de estos emigrantes en los países donde estaban emigrados permitió continuar con la cultura propia del país de origen, hecho que facilitó unas posibilidades de una atención social y sanitaria en la construcción de esos centros sociales,
que eran de la magnitud que todos conocemos.



Con el reconocimiento histórico a la emigración, tiene que ser un estatuto -lo acaba de exponer el señor Martínez Crespo- para el presente y para el futuro de la emigración. En ese sentido yo le preguntaría por el conocimiento que tiene de
la emigración, sobre todo en países americanos donde esas sociedades de emigrantes gallegos y de otras zonas del territorio del Estado tuvieron una dimensión enorme. Todos pudimos verlo en una película, La luna de Avellaneda, que lo expone de una
forma maravillosa. Esos centros no son hoy en día los de aquella época, fundamentalmente porque la emigración es menor que la de entonces, y por lo tanto el apoyo económico de la propia emigración para sustentar esos centros no existe. Cumplen un
papel social y sanitario aún, sobre todo en algunos casos como en Argentina. El señor Martínez Crespo manifiesta que a través de este estatuto el Estado español pueda ayudar a esos centros, una vez que los socios ya no lo pueden hacer, entre otras
cosas porque muchos ya no tienen suficiencia económica para continuar el papel sanitario, social y cultural de la diversidad cultural que el señor Martínez Crespo demandaba. Me pareció entender que el señor Martínez Crespo hablaba de que es
necesario, (quiero que me lo aclare) que en el estatuto se contemple la diversidad cultural y lingüística que existe en el Estado español, lo cual significa que deben existir medidas para que esa diversidad cultura y lingüística se practique y se
vivencie en el exterior a través de estas asociaciones y de los apoyos económicos precisos para la actividad cultural y educativa en esos centros. Entiendo que eso es lo que quería decir, pero no lo tengo muy claro para reflejarlo en una enmienda.



Como colectivo de emigrantes retornados, me gustaría que me explicara algunos de los problemas fundamentales que el retornado se encuentra una vez en el país, carencias que el estatuto debe contemplar para que las administraciones las puedan
solventar, así como los apoyos de las administraciones a los ciudadanos en el exterior que tengan intención de retornar; una política que prevea los problemas que puede tener el retornado incluso antes del retorno. ¿De qué manera considera la
Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados que se debería contemplar está cuestión en el estatuto, para solventar los problemas posteriores? Esos dos aspectos son fundamentales para nosotros en el estatuto, el reconocimiento de la
diversidad cultural y lingüística, y cómo trasmitirla a los ciudadanos del exterior, así como la problemática de los retornados.



Pido disculpas porque me tengo que ausentar de la Comisión para votar, pero inmediatamente vuelvo.



La señora PRESIDENTA: Esto es la normalidad de esta casa, la comprendemos perfectamente. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora González Segura.



La señora GONZALEZ SEGURA: Me gustaría agradecer, en primer lugar, la presencia del compareciente en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y darle la gracias por haber contribuido a dar luz y esclarecer algunos extremos de este
proyecto de ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.



Como presidente de la Federación Galega de Asociaciones de Emigrantes Retornados, y en la certeza de que la vivienda debe ser uno de los problemas más graves con los que se encuentra un retornado, me gustaría preguntarle si sería aconsejable
establecer en la legislación de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, algún plus en la puntuación en relación con el derecho de los retornados al acceso a una vivienda de protección oficial. Por otro lado, me
gustaría que nos diera su opinión acerca de las declaraciones que realizó recientemente el alcalde de Santiago, que recomendaba a los emigrantes mayores que no regresaran a Galicia. Asimismo, me gustaría que me diera su opinión sobre eso que se ha
hado en llamar la doble emigración.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Porteiro.



La señora PORTEIRO GARCÍA: Señor Martínez, sea bienvenido a esta Comisión en la que tenemos mucho gusto en escucharle como representante de la Asociación Galega de Emigrantes Retornados. Antes de comentar todas las cuestiones que
básicamente han estado centradas en conceptos respecto de lo que significa la emigración y sobre el capítulo 3 en materia de derechos relativos a educación y cultura, quisiera plantearle algunas cuestiones específicas respecto al retorno, dado que
el conocimiento que usted puede tener sobre esta materia nos parece esencial. Nos gustaría saber qué opina de las ayudas que presta la comunidad autónoma a la que usted pertenece, que es la mía también, en materia de retorno, y cómo cree que se
podría coordinar esa política con la que el Estado prevé en la ley. El estatuto


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dice que se creará una Oficina Española de Retorno, que se coordinará con las administraciones públicas la política en materia de emigración y de retorno. Pero quizá por la casuística muy concreta que su asociación conoce y maneja, nos
podría aportar alguna información sobre este particular en general. Me parece muy interesante la pregunta que le ha formulado la portavoz del Partido Popular porque la vivienda, junto con el empleo, es quizás una de las cuestiones prioritarias para
aquellos que desean retornar después de haber estado determinado tiempo en la emigración, pero a lo mejor hay algo que usted considere que nos debe trasladar.



Hay un término que se utiliza en el preámbulo, en el párrafo 3 que, porque no se repite o no se utiliza habitualmente, pasa un poco desapercibido.
Nos habla del éxodo de refugiados políticos y de emigrantes de carácter económico. Tal vez
la palabra éxodo, que va unida en alguna medida a la valoración de gesta o de epopeya colectiva para un pueblo, sea una forma de interpretar de manera correcta y justa, en términos históricos y presentes, lo que ha significado la sangría de la
emigración para nuestro país. Tanto los emigrantes por razones económicas como los emigrantes por razones políticas, que serían en este caso los exilados, no dejan de ser personas trasterradas, que son de varios sitios y de ninguno; personas que
sufren un enorme desarraigo social y familiar. En el caso de aquellos que pertenecen a una comunidad con características propias, como puede ser la gallega, al reconocerse o reencontrarse en el exterior tienen a veces una mayor facilidad para el
reconocimiento de su identidad común y colectiva. Creo que eso refuerza todavía más el lazo y la necesidad de reconocerse como propios de un sitio concreto y específico. Tal vez esto pueda explicar el porqué de la fuerza de las asociaciones que en
el exterior han mantenido, como usted muy bien decía, el legado cultural y histórico de la patria de origen, de la patria gallega y española, por supuesto. Quizás sea el hecho de la emigración y el que se encuentre en el exterior lo que en la
tierra de origen no se tenía, como puede ser una cierta prosperidad económica, lo que permitiese las políticas de solidaridad y de apoyo mutuo que han caracterizado a las asociaciones de emigrantes españoles en el exterior y, específicamente, a las
gallegas.
Usted ha hecho referencia a algo que ya hemos comentado en alguna intervención anterior, a cómo desde fuera han venido aquí recursos, como ahora sucede con los inmigrantes que vienen a España, hacia esos países en peor situación
económica, que han intentado mejorar la vida de los que aquí se quedaban en una situación precaria.



Comparto con usted que la inmigración, aunque es un fenómeno histórico, no ha finalizado totalmente, tal vez porque la movilidad en el mundo actual y la apertura de fronteras la hace menos visible, o se podría denominar como meros
desplazamientos. Es cierto que en los últimos dieciséis años en Galicia, y particularmente en la última década, el número de ciudadanos gallegos, sobre todo jóvenes bien formados que han tenido que buscar sus recursos económicos y un proyecto de
vida fuera de Galicia y fuera de España, ha sido muy importante. Aunque parece una tendencia que tendría que ir desapareciendo, si las circunstancias económicas no son las favorables, se puede mantener e incluso podría llegar a ser un problema.



Compartiendo en buena medida sus afirmaciones, lo que recoge la ley en materia de lengua, cultura y educación es un paso adelante que deberíamos tener en cuenta, porque reconoce el derecho a la educación, el acceso a la lengua y a la cultura
de todas las comunidades autónomas que tengan lenguas cooficiales. Quizá será preciso mejorar el trabajo de los medios de comunicación públicos y esperar que las comunidades autónomas donde existen medios de comunicación propios puedan hacer algún
trabajo también en este sentido. Insisto en que me agradaría que nos pudiera dar su opinión sobre las necesidades que, desde el conocimiento de la problemática de los retornados, tienen las personas que usted representa, y le agradezco nuevamente
su intervención en esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: Tiene nuevamente la palabra para contestar a los distintos grupos el señor Martínez Crespo.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (Martínez Crespo): Voy a aprovechar una pregunta de las diputadas Porteiro y Fernández, relativa a los problemas fundamentales sobre el colectivo
retornado, medidas y políticas ante el retorno.



Como bien dije antes, Galicia en estos cuatro o cinco últimos años ha venido encabezando dentro del Estado el número de emigrantes retornados.
Es un hecho curioso e histórico porque, en número de inmigrantes, Galicia está en el puesto
noveno o décimo, pero en el de retornados está en el primero, hasta el año pasado que fue superado por Madrid. Indudablemente, la problemática de los retornados no es la misma cuando se viene de Europa que cuando se viene de América. Tenemos que
tener en cuenta que muchos de los retornados realmente no lo son, sino que son ciudadanos extranjeros con nacionalidad española, es una emigración velada. Podemos tener problemas de carácter cultural, psicológico, etcétera. Cuando la emigración de
retorno son núcleos familiares que se trasladan, dentro de los cuales unos son ciudadanos españoles y otros no, viene la importancia y la necesidad de la reformulación del acceso a la nacionalidad de mucha de esta gente. No puede ser que aquí venga
gente con nacionalidad española de Uruguay y tenga a sus hijos con nacionalidad uruguaya irregulares dos o tres años hasta que puedan pedir una nacionalidad por arraigo. No es posible tampoco que un ciudadano español que venga aquí casado de
Venezuela o de Argentina no pueda tener en España a su esposa en situación regular porque necesita un exequátur e ir al Tribunal Supremo porque no hay convenio


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con Venezuela, y tenga que pagar mil euros que no tiene. La mayor parte de la emigración que viene de América no posee los recursos que tiene la europea, aquellos que vienen en determinada situación no tienen tampoco un colchón de Seguridad
Social de países de origen como Argentina, etcétera. Esos son los mayores problemas que encara la gente que viene en edad laboral. Si a eso le añadimos que la mayor parte de ellos se van a Galicia y Galicia es hoy una comunidad autónoma que,
debido a su desarticulación industrial, todavía está expulsando mano de obra, eso crea un caldo de cultivo totalmente adverso para la emigración de retorno.



Es un problema complicado reindustrializar una comunidad como la gallega.
No puedo entrar en eso, pero entiendo que el Estado -porque es un problema común a todo el Estado- debería poner los recursos necesarios para en determinados aspectos
legales como la firma de convenios, reconocimiento de sentencias o canjes de licencias de conducir, que sirven de instrumento de trabajo para mucha gente, agilizar los trámites.
Si se quiere copiar de otras legislaciones como la italiana o la
portuguesa, un ejemplo muy claro del acceso a la nacionalidad, abrir un poquito más las posibilidades, sería la legislación italiana que reconoce el derecho a la nacionalidad hasta el grado de bisnieto. Hay países que tienen una política exitosa en
retorno -aunque no conozco bien los recursos que tendrán- como Israel, que tiene una política muy parecida a lo que podría ser la diáspora española.



Lamentablemente hay una serie de medidas restrictivas para el retorno.
Esto viene a cuento de la pregunta que me hizo la diputada del Partido Popular, González Segura, sobre las declaraciones del alcalde de Santiago. El alcalde de Santiago
recomendaba a los emigrantes que no retornasen a Galicia. No conozco esa declaración, pero personalmente cuando fui emigrante en la televisión he visto siempre a políticos de todo signo que venían de España, hablando en las televisiones allí,
recomendando a los emigrantes españoles que vivían en esos países que no volviesen a España, que se quedasen y colaborasen en el desarrollo económico y social de los países que les dieron acogida. Hoy en día existen medidas restrictivas que van más
allá de las declaraciones de un alcalde, como por ejemplo, los diez años necesarios para acceder a una pensión no contributiva.



Esa medida es claramente coercitiva, en el sentido de que una persona que haya tenido que emigrar, como Castelao Bragaña, con pantalones cortos, y ahora resulta que le coge esa inflación del 500.000 por cien, no puede venir aquí porque
tendrían que pasar diez años hasta que pudiese cobrar 230 euros. Tendría la opción, que es la opción que da el Estado, de acercarse a una oficina en Buenos Aires, sea un centro gallego o una agregaduría laboral, y rellenar un papelito para que le
den una pensión de lo que fuera allí el equivalente. ¿Por qué se hace eso? Como comprenderán, yo no puedo opinar; si por mí fuera, todo el mundo tendría derecho, por el simple hecho de ser ciudadano de aquí, a coger un avión, aunque se haya ido
con nueve años, y llegar aquí y cobrar una pensión no contributiva. Eso añadido, que es otro derecho que tendría que tener todo ciudadano, a tener asistencia sanitaria. Porque lamentablemente en América Latina no es simplemente que usted cobre una
pensión de 180 o 200 euros, sino que la asistencia sanitaria o las medicinas hay que pagarlas porque no existe un entramado sanitario. El señor Castelao Bragaña hablaba de Argentina, pero yo conozco de primera mano la realidad venezolana y, en
Venezuela, si usted no tiene dinero no puede ir a un hospital, y la Hermandad Gallega de Caracas, que tiene unos consultorios -por cierto, hay que pagar para ir a ellos-, y no está en disposición de atender a toda esta población emigrante española
que en su mayor parte, el 60 por ciento, supera ya los 60 años.



Yo entiendo que los recursos son escasos y entiendo que hay una política dentro del Estado por la que, aunque haga falta mano de obra extranjera, se ponen muchas trabas para que esa mano de obra extranjera traiga gente en edad avanzada que
sea una carga para la Seguridad Social española, pero yo entiendo que hay una escasez de recursos. Yo siempre he pensado que, en el caso del retorno, muchas veces sería más conveniente -porque realmente la gente que retorna, sobre todo la gente
mayor, no lo hace porque se quiera ir de Argentina o se quiera ir de Venezuela, realmente se sienten aquí muchísimo más extraños que allí, es simplemente por una cuestión económica- que el Estado utilizara, incluso económicamente le sería rentable,
las infraestructuras que tiene allí para dar una cobertura sanitaria mínimamente decente a estos cientos de miles de personas que todavía permanecen allí. Yo siempre hablo del caso de Cuba porque es paradójico; la mayor parte de los gallegos que
están emigrados en Cuba no se quiere ir, y ya todos sabemos la situación en que viven en Cuba, mañana comen y pasado no. Sin embargo, un país pobre, como es Cuba, con unos recursos mínimos, puede dar cobertura sanitaria tanto a sus diez millones de
habitantes como a los emigrantes gallegos que están allí. Eso quiere decir que no es simplemente una cuestión de cantidad de recursos, sino de buena administración de los mismos. Claro, en otros sitios donde tenemos una emigración atomizada, como
puede ser Brasil, donde las distancias son muy grandes, no podría decir.



Después hay otra serie de medidas. Me preguntaba, por ejemplo, la diputada popular González Segura sobre un plus de puntuación en acceso a protección oficial. Hay que ser también un poquito cautos por la visión que pueden tener los otros
ciudadanos con respecto al ciudadano retornado. Últimamente se está dando el caso en Galicia, yo he estado leyendo cartas al director, etcétera, de que los mismos gallegos se han hecho una idea falsa, en el sentido de que los retornados cobran unas
pensiones grandísimas, les ayudan en todo, que no trabajaron aquí y ahora que están mal vienen, y no sé qué y no sé cuánto. Todos sabemos que un emigrante retornado que venga de Latinoamérica -voy a poner ese caso porque los de Europa ni siquiera
son considerados emigrantes


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retornados; como están en el espacio económico europeo no tienen derecho a la pensión de emigrante retornado-, aparte de esos trescientos y algo euros que tienen derecho a cobrar durante 17 meses o una ayuda extraordinaria por parte del
Ministerio de Trabajo, son pocas las posibilidades que tiene. Quizá el problema del emigrante retornado no llegue mucho más allá de lo que puede ser el problema que tiene cualquier gallego normal y corriente por estar en Galicia: el problema de la
precarización laboral, el problema de los altos costos de la vivienda, etcétera, no es que exista un problema para el emigrante retornado, y un problema para los gallegos o para los ciudadanos españoles. Otra serie de problemas, como pueden ser los
problemas de arraigo, los problemas psicológicos, los problemas de comunicación, son problemas normales de cualquier persona que emigra.



Yo, que represento a un determinado colectivo, no estoy de acuerdo en que el retorno suponga una puntuación en el acceso a las viviendas de protección oficial. No estoy de acuerdo con eso. Yo con lo que sí estoy de acuerdo es con que la
política de retorno empiece desde el sitio donde se retorna, y en que haya una serie de medidas, incluso estaba estipulado y pensado hacer cursos de formación, etcétera. El Gobierno gallego últimamente está trabajando en el autoempleo del retorno.
Se han dado cuenta ya hace mucho tiempo de que el entramado industrial y laboral de Galicia no puede dar trabajo a todo el mundo que está retornado y no se les ha ocurrido otra cosa que fomentar el autoempleo a través de cursos.
Todos sabemos que
treinta mil o cuarenta mil las personas que han retornado en los últimos años y lamentablemente no puede haber cuarenta mil empresarios. Es una medida, vamos a decir, a la desesperada.



La coordinación de las comunidades autónomas con el Estado. Eso indudablemente es esencial. La Xunta de Galicia ha tenido últimamente una política migratoria que ha sido una ayuda de carácter muy puntual: cursos, la cuestión sanitaria con
Argentina, sobre todo debido a la crisis en la que se han visto sumergidos. Como bien explicó Castelao Bragaña, dieron la administración de las ayudas económicas a entidades argentinas y teóricamente eso ha sido un fracaso. Después de estas
ayudas, de todos estos últimos años de ayudas, por ejemplo, en el caso sanitario en Argentina, hemos visto que, lamentablemente, después de millones de euros gastados, el hospital del Centro Gallego de Montevideo está quebrado y el hospital del
Centro Gallego de Buenos Aires está quebrado, con deudas millonarias en euros. Yo no soy quién para decir cómo se tiene que administrar el dinero público. Existen comunidades gallegas en el extranjero que no están en la situación de Argentina ni
de Uruguay, no todo es paupérrimo. En Venezuela, el mismo alcalde de Santiago mandó, en diciembre del año pasado, una comisión del Concello, de la Alcaldía de Santiago, para fomentar la inversión de capitales gallegos venezolanos en el Concello de
Santiago. Es decir, el alcalde no recomendará a los emigrantes que retornen a Galicia, pero su dinero sí le interesa. Entonces, este estatuto debiera velar también porque estas sociedades gallegas que se fundaron a principios de siglo, o la
Hermandad Gallega de Caracas en el año 1960, no se transformen simplemente en entidades privadas, manejadas con intereses privados, sino que tanto el Estado como la comunidad gallega tengan una participación en el destino de estas sociedades. Hace
poco, en el Parlamento gallego se debatía, en una Comisión de las características de esta, que había sociedades gallegas en Argentina que estaban a la venta. De hecho, una de las razones por las cuales se quiere reformar la Ley de Galeguidade es
que se puede llegar al extremo de que un conglomerado de cualquier nacionalidad, una transnacional, compre el centro gallego de Buenos Aires, y este centro gallego sea objeto de ayudas por parte de instituciones estatales o comunitarias.



Quiero también decir que el retorno tiene sus aspectos positivos, la persona que retorna es culturalmente más rica, pertenece a varias culturas, es más emprendedora, está más acostumbrada a lo que es la economía social, al cooperativismo,
trae ideas nuevas, y, en el caso que nos atañe, que es Galicia, donde tenemos un serio problema de despoblación en las provincias internas de Lugo y de Ourense, es un bien, es una riqueza la gente que retorna. De toda esta serie de leyes, de
retornos, de estatutos, depende que el fin sea exitoso o no. Por supuesto, aquí hay implicados una serie de factores que van mucho más allá del Estado, como puede ser el mercado laboral, los empresarios, las inversiones, el fomento del empleo,
etcétera, y por supuesto, no todo tiene que venir del Estado. En una economía sana y en una sociedad sana el Estado forma parte y es árbitro, pero también la iniciativa privada es muy importante.



Por último, quería hacer unas aclaraciones a la diputada Fernández Davila.
Si yo dije que todos los hospitales y colegios de Galicia se habían hecho con dineros de la emigración, me excedí, porque no es así, por supuesto que no. Yo lo que
quise decir es que esta gente que emigró en su día, en 1910 ó 1920, cuando llegó a los sitios de origen sintió la necesidad de dotar a sus pueblos de obras de saneamiento, de fuentes, de cultura. Y eso me parece muy importante, que es precisamente
la gente iletrada la que le da muchísimo más valor. Hay gente que cree que el retornado solamente se preocupa de una pensión. Yo me he dedicado un poquito al estudio de los estatutos de todas las sociedades gallegas que se fundaron en América
-estoy hablando de 1910, de 1920, de 1930-, y el primer motivo, por el cual se asociaban los gallegos en América era preservar la cultura propia de Galicia y ayudarse mutuamente. Eso lo ponen por encima de cualquier otra cosa y me parece un bien
valorable, encomiable, porque en este mundo en el que vivimos, tan materialista, no todo se puede reducir a pensiones.



En este estatuto, respecto al cual vamos a hacer entrega de una serie de observaciones, sobre todo en la cuestión cultural, nosotros no queremos ahondar en las


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cuestiones de nacionalidad, sanitarias, etcétera, porque creemos que el estatuto no es el lugar para estipular esa serie de normas, además ya se ha hablado mucho en el Código Civil, cuando se reformó el acceso a la nacionalidad.



Otro de los problemas gravísimos que tenemos nosotros es la dotación de personal. Aquí se habla de dotación de personal en la oficina de retorno, pero resulta que los consulados están colapsados desde que se hizo la última reforma. El
Registro Central de Madrid está colapsado por el retorno. Una persona que quiere inscribir un matrimonio tiene que tardar un año, un ciudadano de aquí, y eso es una cosa que nosotros no entendemos. O, por ejemplo, que un ciudadano español no pueda
registrar su matrimonio porque su cónyuge tenía un divorcio y tenga que hacer un exequátur. Hay otros cauces para llevar estas reclamaciones y, bueno, esperemos que se comprenda que el retorno no es un problema cuando se llega aquí, sino desde el
sitio de origen del que se pretende retornar.



La señora PRESIDENTA: Estoy segura de que, como en las anteriores intervenciones, sus sugerencias serán tenidas en cuenta y servirán para enriquecer este estatuto que estamos tramitando.



-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA (GUINARTE CABADA). (Número de expediente 212/001086.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con las comparecencias, en este caso con la presencia de don Gumersindo Guinarte Cabada, secretario general de la presidencia de la Xunta de Galicia, que va a hacer su exposición inicial, y a continuación,
como es habitual, intervendrán los portavoces de los distintos grupos que lo deseen. Por tanto, tiene la palabra ya el señor Guinarte, al que también damos nuestra cordial bienvenida. Seguimos en una comparecencia de gallegos, y por tanto hoy es
una satisfacción también para esta presidenta.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA (Guinarte Cabada): En primer lugar quiero, en nombre del Gobierno de Galicia, dar las gracias a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión por considerar oportuna
esta comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para dar cuenta de nuestra posición respecto al proyecto de ley de estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, un tema que, como a nadie se le escapa, es de especial interés
y trascendencia visto desde Galicia. Tengo que decir que en un principio estaba prevista la comparecencia en esta Comisión del secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, que, por razones de un compromiso previo, está de viaje en
Venezuela precisamente, y en su ausencia, y como secretario general de la Presidencia de la Xunta que soy, voy yo a exponer el punto de vista del Gobierno de Galicia con respecto a este proyecto.



Tengo que decir que no puedo presumir de la condición de emigrante, porque, sencillamente, mis padres, que eran emigrantes, retornaron a España un año antes de que yo naciera, aunque mi padre, con posterioridad, volvió a Argentina. En un
primer momento venían de Venezuela. Pero creo que eso no es un requisito sine qua non para exponer los criterios del Gobierno de Galicia ante esta Comisión, y es lo que voy a tratar de hacer, siguiendo las recomendaciones que la presidenta y la
propia Comisión nos han hecho de responder a una especie de cuestionario sobre los temas que debemos abordar. Y ya adelanto que quiero hacerlo desde una perspectiva institucional, es decir, sin entrar en valoraciones que pudieran ser más o menos
partidistas, y también sin entrar en detalles de extrema finura, sino haciendo una valoración de conjunto de lo que entendemos el Gobierno de Galicia que debe suponer este proyecto de ley.



La emigración española constituye un hecho de gran repercusión en la historia de nuestro país, abarcando, en general, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En el caso de Galicia, este fenómeno, si cabe, adquiere
una relevancia especial debido no solo al porcentaje de gallegos residentes en el exterior, sino a que durante más de un siglo hemos vivido, y puede decirse que hemos padecido, las consecuencias del éxodo a países en ese momento con mejores
oportunidades, éxodo que se ha cuantificado en muy diversos estudios pero que, por dar una cifra, supone que entre el último cuarto del siglo XIX y los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil salieron de Galicia más de 500.000 personas, en
su inmensa mayoría hombres, que emigraron a Cuba, a Argentina o Brasil, y es indudable que eso ha tenido un coste social muy importante para la comunidad gallega en su conjunto y un coste muy importante para la Galicia que se quedaba en Galicia.
Pensemos en el acceso al trabajo de hombres y mujeres en esos momentos históricos y en que muchas veces los que emigraban eran las personas con más capacidad de iniciativa; quizá no con muy alto nivel de preparación, pero sí con más iniciativa y
capacidad de trabajo. En la actualidad, nuestra comunidad autónoma, según las estimaciones oficiales, cuenta con más de 500.000 emigrantes repartidos por todo el mundo; más de 300.000 figuran en el censo de residentes ausentes en el exterior y hay
que sumar otros casi 400.000 nacidos en Galicia que residen en la actualidad en otras comunidades autónomas españolas. Evidentemente, considera el Gobierno de la Xunta que la problemática que se presenta en cada caso guarda una muy estrecha
relación con la situación socioeconómica de los países de acogida, con independencia de que, naturalmente, cada situación personal es cada situación personal, pero es evidente que el contexto social o sociopolítico, o socioeconómico de cada uno de
los países de acogida marca en gran medida la situación real de los emigrantes.



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La actual regulación, preconstitucional, de 1971, aunque incluye algunas medidas de carácter social o de integración laboral, presenta déficits que no pueden soslayarse, ya que, en primer lugar, no da respuestas a los nuevos retos que se nos
presentan y a los elementos que actualmente están en el debate con relación a la situación de los emigrantes y, lo que es muy importante en este ámbito, no establece mecanismos de coordinación y colaboración entre las administraciones públicas que
deben estar implicadas en la atención a los emigrantes, algo necesario para actuar con unas mínimas garantías de eficacia y de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos públicos que las administraciones públicas tenemos que gestionar. Y, en
tercer lugar, no debemos olvidar que la actual legislación no garantiza en toda su plenitud el ejercicio de determinados derechos, como puede ser entre otros, y no es uno de poca importancia, el derecho al voto para determinados colectivos, y no
solo de residentes en el extranjero, no solo de emigrantes, en donde más que no garantizar el derecho podríamos hablar de no garantizar el derecho al voto con las suficientes o con las debidas cautelas y garantías, sino que tampoco se garantiza el
derecho al voto con la actual legislación para otros colectivos que, desde Galicia, tienen importancia cuantitativa y cualitativa, porque, evidentemente, el derecho al voto es un derecho de una importancia vital para cada uno de los ciudadanos que
puede ejercerlo. Pero pensemos en colectivos como los pescadores de altura, que para nosotros representan un grupo importante, o los trabajadores actualmente en plataformas petrolíferas en muchos países europeos o del Golfo Pérsico, o los
estudiantes mismo, incluso el personal al servicio de empresas transnacionales, que reside gran parte del año en el exterior, con independencia de que este sea o no el lugar para abordar esta problemática a la que luego me referiré con un poquito
más de atención.



Por lo tanto, consideramos que estos tres aspectos que acabo de señalar son los tres principales problemas que desde Galicia detectamos en la actual legislación y estamos seguros de que el estatuto pondrá los cimientos para su solución.
Evidentemente, es una norma marco que se mantiene en un cierto plano de generalidad, y nosotros entendemos que en algunos casos no puede ser de otra manera, pero que sí apunta en la dirección en la que deben ser resueltos algunos de esos problemas,
aunque no se establezcan en su texto los mecanismos concretos para esa solución.
Por tanto, creemos que el texto del que se dispone, el anteproyecto, es un documento que recoge las respuestas de la Administración pública a las demandas de los
españoles residentes en el exterior, abordando toda la complejidad que ello conlleva y contando además con las aportaciones de los órganos de representación de la emigración, algo que nos parece también sumamente importante.



¿Qué elementos del proyecto consideramos, desde nuestra perspectiva, especialmente positivos o que merecen ser destacados? Ligado estrechamente con lo que acabo de exponer podemos dar respuesta a esta cuestión, ya que precisamente uno de
los temas a los que acabo de referirme, el ejercicio del derecho al voto con garantías -es la expresión que a nosotros nos gusta más utilizar, el ejercicio del derecho al voto con garantías- la equiparación de los derechos de los residentes en el
exterior con los derechos de los residentes en España y el Título IV del estatuto, donde se contemplan los mecanismos y los instrumentos de colaboración, coordinación y cooperación entre las administraciones públicas son, a nuestro juicio, los tres
elementos del proyecto que consideramos más positivos, y que representan, qué duda cabe, un punto de partida fundamental para lograr la efectiva, en la práctica, plena ciudadanía de los españoles residentes en el exterior que, digamos, nominalmente
tienen esa ciudadanía, pero no han dispuesto hasta el momento de la capacidad para ejercitarla en igualdad de condiciones a los españoles y a los gallegos residentes en el territorio nacional. Respecto a este último aspecto, relativo a la
coordinación entre las administraciones públicas, cabe manifestar que la actuación conjunta del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en la prestación de servicios a los residentes en el exterior como a aquellos que retornan, constituye una
medida beneficiosa, tanto para las administraciones, que debemos dar respuesta a las demandas de los emigrantes y de los emigrantes retornados, como para estos ciudadanos desde el momento en que están en disposición de recibir una atención integral.



Hay también otros aspectos que podemos destacar por su aportación al reconocimiento de derechos y deberes de los emigrantes españoles.
Consideramos que el estatuto, en su actual formulación, da un paso firme en la dirección correcta en
ámbitos tan importantes como la educación, con el aval a las medidas de homologación y convalidación de títulos o con el apoyo a la difusión de nuestra lengua, en nuestro caso nuestra lengua propia, nuestra lengua gallega, en los países de acogida,
algo que creo que puede afirmarse que por primera vez aparece recogido en un texto legal en el que específicamente se habla de las lenguas españolas, en plural, referido a la promoción de las mismas en el exterior y, en este caso, dirigido a las
comunidades de los gallego hablantes o de los catalano hablantes o de los vasco hablantes en el exterior. Y también creemos que merece ser destacada en este ámbito la referencia a los programas formativos previstos para los emigrantes, porque para
nosotros las segundas generaciones, e incluso las terceras generaciones, aunque eso ya nos metería en el problema de la nacionalidad, son un capital humano importante con el que queremos contar también en el ámbito de la Galicia interior, en
nuestros caso. (El señor vicepresidente, Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.)


También cabe destacar el importante avance que supone contemplar la participación de los residentes en el exterior a través de los Consejos de Residentes Españoles y a través del Consejo General de la Emigración, ya que es necesario, y
creemos que en este sentido el


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estatuto va en la dirección correcta, que la Administración española cuente -y estos son órganos consultivos de la Administración del Estado, de los órganos consulares o del ministerio- con interlocutores que representen la voluntad de una
clara mayoría o de un número significativo de emigrantes, aunque este último aspecto, como comentaré posteriormente, presenta ciertos inconvenientes, precisamente por la falta de implicación actual de la emigración en la elección de estos
representantes. El Gobierno de Galicia entiende que la consideración de estos órganos como órganos consultivos es la adecuada, es la correcta. A mi juicio, y discrepando en este punto -espero no entrar en muchas discrepancias concretas- de uno de
los comparecientes de esta mañana, el señor Castelao, yo creo que no hay un punto intermedio entre órganos consultivos que emiten informes vinculantes y órganos consultivos que no emiten informes vinculantes, o una cosa o la otra. Y es evidente que
si él mismo consideraba que los acuerdos de esos órganos no debían ser vinculantes para las administraciones públicas, pues eso, no pueden ser vinculantes; entonces son no vinculantes. Desde el punto de vista del Gobierno, en nombre de quien
hablo, ese es el planteamiento correcto, porque, naturalmente, la responsabilidad de tomar decisiones y la responsabilidad de gobernar debe corresponder a los órganos propiamente institucionales y a las administraciones públicas, que para eso tienen
y asumen la obligación de hacerlo.



¿Qué elementos, en contraste, nos parecen menos acertados o menos adecuados en el estatuto? De entrada, debo decir que el Ejecutivo de Galicia no detecta ningún elemento en el texto que le desagrade, y esto hay que decirlo partiendo de que
no existía con anterioridad a la presentación de este proyecto un documento, una norma de estas características y, lo que es más importante, tampoco ha habido en las legislaturas anteriores voluntad de hacerlo. Por tanto, como decía Castelao,
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, no le pongamos tachas a la obra mientras no esté terminada, sino que trabajemos en ella. Y yo creo que eso es lo procede hacer en este momento.



Bien es cierto, y por no eludir, porque yo tampoco quiero eludir ninguna de la preguntas, ni de las que ha hecho la Presidencia de la Comisión previas a la comparecencia, ni de las que puedan formular las señoras y señores diputados, que hay
aspectos de la redacción que podrían gustarnos más o menos, o que podríamos considerar más o menos acertados. Se ha dicho que la redacción del texto resulta muy genérica, y es una apreciación probablemente ajustada a la realidad en algunos casos.
Es genérica porque es una norma muy general que pretende establecer, así lo entendemos nosotros, un marco, un principio de actuación que luego, naturalmente, requerirá un desarrollo posterior. Hay algún párrafo que incluso yo no redactaría tal
cual; por ejemplo, la alusión de la exposición de motivos a la emigración como consecuencia de la guerra civil española no se ajusta de todo a la realidad gallega, porque la emigración gallega es muy anterior en muchos casos y solo una parte de la
emigración se produce en esos momentos. Hay otro párrafo más adelante donde se alude a que la emigración de la década de los sesenta, junto con la de décadas anteriores, tuvo efectos beneficiosos, y se alude a los efectos beneficiosos en todo ese
párrafo, lo cual es estrictamente cierto, pero, claro, también la emigración tuvo efectos no tan beneficiosos desde el punto de vista personal, de lo que supone en muchos casos en ruptura de vínculos personales, o lo que supone desde el punto de
vista territorial, de una comunidad autónoma, que se exilien, por razones económicas en la mayor parte de los casos, 500.000 personas en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero, obviamente, son cuestiones que en nada empañan la valoración de
conjunto del texto. Entendemos además que el texto, como norma del Estado, no puede contemplar cada una de las perspectivas singulares de cada una de las comunidades autónomas.



Para nosotros, el hecho trascendental de haber tomado la decisión de impulsar un documento marco de esta naturaleza, que regule los derechos y los deberes de los españoles residentes en el exterior, dándoles el estatuto de ciudadanos de
pleno derecho, elaborado además contando con la voz de la emigración, y sobre todo partiendo de los diez objetivos establecidos en el artículo 3 del texto, objetivos que compartimos plenamente, representa una oportunidad histórica que no debemos
desperdiciar con debates estériles o con cuestiones de oportunidad, tal y como viene sucediendo desde determinados planteamientos, que yo calificaría de nostálgicos no sé si de una política asistencialista a la emigración, más voluntarista y por
tanto más discrecional que la política de tratar a los ciudadanos como emigrantes y, por tanto, simple y llanamente, y no es poco, dar respuestas a sus derechos.



Por tanto, para nosotros, el principal elemento negativo en este ámbito era -es, mientras no esté aprobado el estatuto- la inexistencia de una normativa actualizada y conforme a la realidad constitucional y la demanda social sobre los
asuntos de la emigración, que para Galicia tienen tanta importancia, como ya dije. Analizando este documento, entendemos que ese gran déficit está en trance de ser corregido.



¿De qué no se ocupa el proyecto y de qué podría, entendemos nosotros, ocuparse? Realmente en este ámbito voy a refirme básicamente a dos cuestiones, que probablemente no sean del ámbito estricto del texto del estatuto, pero sí que son
problemas directamente vinculados a la emigración, que han sido suscitados en las anteriores comparecencias y que, si la presidenta me permite, tampoco voy a soslayar en la mía, y que además recogen, o transcriben casi, manifestaciones que el
presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, hizo en fechas muy recientes en una comparecencia a petición propia -y no en una interpelación, como se dijo hoy por la mañana- para dar cuenta de los resultados de su reciente viaje a la República
Argentina y la República


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Oriental del Uruguay, comparecencia solicitada y realizada inmediatamente después de regresar de ese mismo viaje. A nuestro juicio, el estatuto es un documento realista, riguroso y con una base sólida para permitir una actuación consensuada
de todas las administraciones, pero hay algunos asuntos que no aborda, porque probablemente -insisto- no es el marco en el que procede que se aborden, pero que sin duda son temas que se suscitan en su entorno.



Un primer tema es el reconocimiento de la nacionalidad, hasta dónde el reconocimiento de la nacionalidad y, sobre todo, la cuestión de si o no al reconocimiento de la nacionalidad a los nietos de los emigrantes españoles. Respecto a ello, y
sin querer terciar en un debate que obviamente se tendrá que sustanciar, en su caso, en esta Cámara, la Xunta nos hemos pronunciado en el sentido de la necesidad y la oportunidad de establecer un nuevo vínculo de relación con los descendientes, con
los hijos y con los nietos de gallegos y gallegas, que constituyen un elemento fundamental y necesario si queremos darle una proyección de futuro y de pervivencia a nuestra relación con la Galicia de la emigración, una relación que, en otro caso, en
una o dos generaciones a lo sumo se perdería. Es evidente que tampoco puede ser una relación que perviva indefinidamente en el tiempo por el solo vínculo de la nacionalidad, pero ese es un elemento que está ahí, en el debate. No debemos olvidar el
capital humano que representan los nietos de españoles y la oportunidad que nos pueden brindar no solo para la difusión y la transmisión de nuestra cultura y de nuestras raíces, sino también para nuestras políticas de acción exterior en el ámbito
empresarial, comercial etcétera. Yo haría un muy breve inciso en el tema. Probablemente en estos momentos esta es una cuestión que quizá debería abordarse casi a nivel europeo. Formamos parte de un ámbito, el ámbito de la Unión Europea, donde
poseer la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea comporta derechos en todos los Estados de la Unión, y en realidad cada Estado tiene no solo unas normas, sino una cultura detrás muy diversa, y, como en tantos otros ámbitos,
probablemente este debería ser un ámbito en donde existiese también un cierto criterio de unificación de legislación europea, que creo que hay ver con perspectiva de tiempo. Pero es un tema que desde luego para nosotros es importante.



Por otro lado, consideramos que también, aunque quizá en otro ámbito normativo, debe abordarse y reflexionarse sobre el tema de la representación política de los españoles residentes en el exterior. Es un debate que sin duda requiere
serenidad y prudencia, pero también las comunidades autónomas, sobre todo las que tenemos mucha implicación en el ámbito de la emigración, queremos participar en él, y desde la Presidencia de la Xunta hemos sugerido que un posible espacio para ese
debate podía ser el Senado, porque se concibe más como un ámbito de representación territorial, y quizá por esa vía podría de alguna forma reflexionase sobre el ámbito de la representación política, sin querer, por supuesto, con ello, introducir,
porque entendemos que no es el espacio, ningún elemento, ninguna decisión en el texto del estatuto.



¿Propuestas concretas con respecto a la nueva regulación? Insistiendo en que para nosotros el estatuto representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos y deberes de los españoles residentes en el exterior, es un
documento que parte de un análisis y reconocimiento de la realidad actual de la emigración y que pretende en cierta medida, en una dirección que compartimos desde el Gobierno gallego, equiparar a los ciudadanos emigrantes a los ciudadanos
residentes, y por lo tanto convertirlos en ciudadanos de primera clase. Efectivamente, es en algunos de sus preceptos un documento de enunciados o un documento de proclamación de derechos, más que de regulación concreta de algunos de ellos, lo que
tendrá como consecuencia la necesidad de su posterior desarrollo y de su posterior concreción en normas que hagan efectiva la ejecución o la aplicación de esos derechos. Nos estamos refiriendo a los artículos que aluden, por ejemplo, al voto con
garantías o a los referidos a la participación de los emigrantes en los CRE o en el Consejo General de la Emigración. De hecho, el artículo 5, por ejemplo, recoge que para facilitar el ejercicio del derecho a voto de los residentes en el exterior
se promulgarán las medidas legales con el objetivo homogeneizar los procedimientos electorales en el exterior, posibilitando así -se dice- el voto en urna en aquellas elecciones y demarcaciones consulares donde sea posible. Queda por tanto sin
concretar en qué elecciones, si en todas o no en todas, vamos a garantizar el voto en urna y en qué demarcaciones consulares. El Gobierno de Galicia entiende que debe trabajar por poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el voto
con garantías, que en muchos casos será el voto en urna, en todas las elecciones: en los comicios municipales, en los comicios generales, en los comicios autonómicos y en los comicios europeos. Y que debemos hacerlo en el mayor número de países
posibles y, dentro de ese mayor número de países posibles, en el mayor número de concentraciones de población. Solo así evitaremos, por un lado, la desigualdad entre unos españoles y otros, según que residan en determinados espacios geográficos, y
también evitaremos caer en la tentación de dar más o menos importancia a unas elecciones o a otras si en todas exigimos el mismo rigor.



En cuanto al derecho de participación de los españoles en el exterior a través de los Consejos de Residentes y del Consejo General de la Emigración, el artículo 9 no contempla -ni los siguientes- mecanismos para potenciar o fomentar la
participación de los emigrantes en esos órganos, y es evidente, y es notorio, y es conocido el bajo índice de participación y el bajo nivel de implicación de los emigrantes en estos órganos consultivos. Pensamos que quizá una posible fórmula sería
la de intentar hacer coincidir la elecciones de estos órganos con la elecciones generales, por ejemplo, para de esa forma aprovechar la


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movilización de una elecciones y dotar a esos órganos de un mayor grado de legitimidad.



¿Cuáles consideramos que van a ser los efectos previsibles que tendrá el proyecto de ley y las posibles dificultades que puedan encontrarse en su aplicación? Es evidente que nosotros tenemos depositadas serias expectativas en el texto de la
ley, que está siendo elaborado con la aportación de todos los agentes políticos y sociales implicados en la emigración y en el retorno. Consideramos que por primera vez se sentarán las bases para una cooperación entre el Estado y las
administraciones autonómicas con criterios de eficacia y eficiencia, y eso nos permitirá también a las comunidades autónomas que tenemos un importante contingente emigrante, como el es caso gallego, mejorar y avanzar en el desarrollo de nuestras
políticas dirigidas a los residentes en el exterior. Yo creo que el estatuto debe permitir un más eficiente aprovechamiento de los recursos públicos a través de esa coordinación de las políticas del Estado con las políticas de las comunidades
autónomas y, por otra parte, debemos también tener en cuenta otros elementos que a nosotros nos parecen importantes.



En primer lugar, ya antes apuntaba que muchos de los aspectos, muchas de las regulaciones del estatuto van a necesitar un desarrollo posterior importante. Es un texto ambicioso, pero que necesita, naturalmente, de un posterior desarrollo
que dote muchos de sus contenidos de la concreción necesaria para su aplicación en el ámbito de las políticas sociales, la educación, la cultura, etcétera. En ese ámbito, nosotros estimamos que es necesario mantener el diálogo, la cooperación y la
colaboración con las comunidades autónomas, precisamente para que ese desarrollo sea armónico y permita esa eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de los recursos a las que antes me refería. También será necesaria, por supuesto, una
interlocución con los Estados donde residen nuestros emigrantes, pero creemos que ese diálogo a tres bandas será el que garantice el mejor resultado de las normas del estatuto.



En segundo lugar, aunque la creación de la Oficina Española de Retorno contribuirá sin duda a prestar un servicio integral a aquellos españoles que decidan retornar, ofreciendo información y asesoramiento real y personalizado, es evidente
que no va a ser capaz de llegar a toda la población emigrante sin contar con las comunidades autónomas y con las asociaciones de emigrantes. Por tanto, también aquí, en este ámbito, creemos que Estado, comunidades autónomas y asociaciones debemos
trabajar juntos para, una vez más, ofrecer un mejor servicio a nuestros emigrantes. Debemos conjugar la racionalización de recursos con acercar este servicio tan necesario al mayor número posible de españoles residentes en el exterior.



Y, por último, no debemos olvidar que la aplicación práctica de este estatuto en algunos de sus aspectos, en algunos de sus apartados, podrá conllevar la modificación de otras normas con rango legal: la legislación electoral, normas en el
ámbito de la Seguridad Social incluso, de la educación, etcétera. Naturalmente, eso no debe dilatar en exceso su efectiva implementación y puesta en marcha, pero sí demorará en algún caso la eficacia inmediata de algunas medidas. En ese sentido,
nosotros creemos que las administraciones públicas, los grupos políticos y todas la entidades implicadas en el mundo de la emigración tenemos la responsabilidad y la obligación de transmitir una cierta calma y un cierto sosiego a los representantes
de los centros españoles y de los centros gallegos, y a los representantes de los Consejos de Residentes.
Todos, absolutamente todos, debemos ser conscientes de que la aplicación de muchas de sus normas requerirá mutua comprensión, acuerdos en
algunos casos con los países de residencia de los emigrantes, trabajo continuado y sostenido para adaptación a una realidad cambiante, etcétera. Por ello, debemos ser -creemos- transparentes en la comunicación con los beneficiarios potenciales de
la norma, para no generar frustración respecto a sus objetivos. No debemos olvidar que este estatuto, cuando sea ley, representa, y así lo vemos nosotros, un logro impensable en anteriores legislaturas, por ello debemos evitar que en la presente,
aunque es posible avanzar en la política social de todos los españoles residentes en el exterior, se creen falsas expectativas, como decía, o frustraciones derivadas de la complejidad necesaria para su puesta en marcha.



Está convencido el Gobierno de Galicia, y me pongo ya en el día después de su aprobación -que la Xunta apoya y desea-, de que el Gobierno español estará a la altura de las circunstancias en su aplicación, pero también quiero transmitir que
desde Galicia, con lealtad y con exigencia, velaremos para que esto sea así en beneficio de nuestros emigrantes.



El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): De acuerdo con el procedimiento habitual en esta Comisión, comenzará ahora un turno de los portavoces de los grupos parlamentarios presentes, que, en orden de menor a mayor, comenzará la portavoz
del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila. Tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para agradecer al secretario general de la Presidencia, el señor Guinarte Cabada, su comparencia en esta Comisión.
La exposición que nos acaba de hacer es exhaustiva respecto al estatuto y su repercusión, sobre
todo en una emigración que, como la de Galicia, tiene una particularidades o peculiaridades concretas que el señor secretario general acaba de exponer.



Yo, realmente, después de esta exposición no sé si tengo muchas o ninguna pregunta, por una razón: iba anotando preguntas, pero, según iba transcurriendo la comparecencia, se iban respondiendo por el propio compareciente. De todas maneras,
quiero hacerle una pregunta. Usted dio algunos ejemplos en la exposición de motivos de los beneficios de la emigración en determinado momento. Creo que se refiere a los beneficios económicos, que los hubo evidentemente, aunque no se


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reconoce la negatividad que tuvo en los sociales e incluso psíquicos de una sociedad. Puede ser una aportación para mejorar el texto de la exposición de motivos. La pregunta sería si desde su punto de vista y para mayor clarificación de
los objetivos del estatuto -que no pretendemos cambiar sino mejorar y matizar algunas cuestiones- si considera que en algunos aspectos se deberían explicitar mejor, concretamente la cuestión de la garantía del voto de los ciudadanos en el exterior,
en el sentido de que todo lo que tenga que ver con ello, sobre todo con la amplia exposición que respecto de esta cuestión hizo, tiene que ver y ser tratado en la Ley electoral, incluso en otro tipo de leyes, porque va más allá de lo que le
corresponde al estatuto. Quería saber si considera conveniente estas llamadas de atención para esas modificaciones que serían precisas.



En ese mismo sentido le iba a preguntar algo que ya trató, y es el tema de la nacionalidad. Evidentemente el estatuto no puede regular esa cuestión, pero la pregunta es si considera conveniente que en el estatuto se trate de alguna manera
este tema para propiciar un debate posterior en la correspondiente legislación, como el Código civil y los derechos de los ciudadanos. Como ve, al final tengo preguntas que hacerle. Nosotros entendemos el derecho de los hijos y de los nietos -no
sé si llegar a los biznietos, como los italianos- de la generación que emigró al reconocimiento de la nacionalidad española, en el sentido de que una vez están retornados, que están en el Estado, contar con todos los derechos que tenemos los
ciudadanos del Estado, tanto el derecho al trabajo como a la educación, a la sanidad, al voto, etcétera. Pero esto desde mi punto de vista es discutible. Yo inicialmente no estaría de acuerdo en que estos derechos, los derechos civiles, sean para
ejercer desde el exterior, en tanto que no existe ninguna situación que indique que ese descendiente va a volver al Estado, lo que desde nuestro punto de vista es un derecho que existe y que en el caso de Galicia, teniendo en cuenta el descenso de
población que tenemos, incluso sería deseable. Si no vuelven los descendientes de los gallegos, también existe una inmigración que en el contexto de países desarrollados inevitablemente se tiene que afrontar. Por tanto, el derecho sí, pero en qué
momento ejercerlo. Al final le he preguntado algo que me preocupaba.



El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la diputada señora González Segura.



La señora GONZÁLEZ SEGURA: Agradezco la presencia del compareciente en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y también su intervención, que ha contribuido a esclarecer, a dar luz sobre algunos puntos de este proyecto de ley sobre el
estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.



Me congratulo de que usted esté con este grupo parlamentario a la hora de criticar a este proyecto de ley un importante grado de falta de concreción; usted lo ha repetido en varias ocasiones en su intervención.
Por otro lado, mi grupo
parlamentario -y usted así lo ha evidenciado en su intervención- considera esencial para que lo regulado en este estatuto llegue a buen fin la coordinación y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. En ese sentido me gustaría
preguntarle si cree que la regulación que se hace de este aspecto en este proyecto de ley es suficiente o adolece de algunas carencias, y si es así me gustaría que nos expusiera cuáles son. De igual modo me gustaría saber por qué siendo Galicia
tierra de emigrantes, como ya venimos repitiendo esta mañana de comparecencias, a la llegada al poder del Partido Socialista, a la Xunta de Galicia, se suprimió la Consejería de Emigración, que era la única que existía en España. Y se lo digo
porque creo que habría sido un perfecto instrumento para lograr la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y también con criterios de eficacia y eficiencia a los que usted se ha referido y ha aludido en reiteradas ocasiones. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)


Por último, me gustaría saber su opinión acerca de las declaraciones del secretario general de la Emigración de la Xunta de Galicia, que hoy no ha podido estar aquí y al que usted ha sustituido, en relación con la intención de utilizar el
CERA para comunicar las ayudas de la Xunta a los emigrantes, a las personas que se encuentran fuera del territorio español.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Porteiro.



La señora PORTEIRO GARCÍA: Haré una intervención lo más breve posible teniendo en cuenta la hora y lo prolongado de la sesión.



Deseo agradecer la presencia y la intervención de don Gumersindo Guinarte Cabada, expresando la satisfacción por poder escuchar al representante de una alta institución del Estado como es el Gobierno de Galicia, la Xunta de Galicia, que hoy
ha sido protagonista en esta Comisión precisamente por el peso que la emigración tiene en su pasado histórico y todavía en su presente. Ha hecho usted una serie de reflexiones absolutamente pertinentes, de las cuales me quedaría como resumen con el
adjetivo calificativo de histórico que usted le ha atribuido a esta futura ley que estamos intentando construir entre todos, porque es la primera vez que se aborda de manera global, seria y coherente todo lo que la situación de los emigrantes
representa para nuestro país. Consagra, reúne, ordena y compromete, le decía yo al señor Castelao Bragaña, este anteproyecto derechos ya recogidos en la Constitución. Y nos interesa mucho su intervención y su visión porque la Xunta de Galicia
también tiene políticas propias en materia de emigración y, recientemente, con ocasión del viaje del señor presidente de la Xunta a Uruguay y Argentina hemos pedido leer algunas declaraciones y anuncios que nos han parecido


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muy interesantes y que quisiéramos saber cómo se coordinarán o en qué medida pueden repercutir en lo que el estatuto en principio prevé. Por un parte, el presidente de la Xunta informó de la intención de habilitar en este mismo año en
Internet un registro de gallegos residentes en el exterior. Por otra parte, hemos tenido noticia de la intención de reformar la Ley de la galleguidad o de galeguidade, que data del año 1982. Quisiéramos saber en qué sentido se va a producir esta
reforma.
También se ha hablado de la creación de la figura del defensor del emigrante, el valedor del emigrante, que quisiéramos saber en qué va a consistir y qué tipo de ayuda va a proporcionar a este importante colectivo, así como de fortalecer a
los centros gallegos en el exterior para convertirlos en buque insignia de la emigración. No ha sido anunciado todavía y no sé si va a tener algo que ver, pero quisiera que usted me indicase si en la redacción del futuro Estatuto de Galicia, en la
próxima reforma, puede haber alguna referencia o puede tener algún papel la cuestión de la emigración, porque parece que en una comunidad como la nuestra no carecería de lógica.



Me gustaría hacerle una serie de preguntas, si me lo permite. Por una parte, hablaba usted de que este anteproyecto o esta ley, cuando lo sea, va a generar toda una serie de reformas legislativas posteriores. ¿Cree que va a tener o que
deberá tener algún correlato en la legislación autonómica concretamente en la legislación autonómica de Galicia? Respecto de lo que ha significado la iniciativa autonómica en materia de emigración en los últimos años y de lo que esperamos que no
ocurra en el futuro, ¿qué medidas cree que se pueden adoptar para evitar el uso o el abuso partidista de la política en materia de emigración, sobre todo teniendo en cuenta el importante número de ciudadanos gallegos residentes en el exterior que
tienen derecho a voto y que se incrementará si se aumenta el censo, favoreciendo la inscripción en el mismo de todos los que todavía no están censados? Una última cuestión, que me parece una iniciativa francamente novedosa, es la intención de la
Xunta de realizar un macrosondeo periódico para conocer la opinión de los emigrantes gallegos y que según he podido leer en un medio de comunicación se realizaría en los once países donde se concentra el 96 por ciento de la emigración gallega en el
exterior.



Le reitero la bienvenida y el agradecimiento de mi grupo.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar, tiene la palabra nuevamente el señor Guinarte, que puede contestar a todo lo que considere que debe contestar y en lo que no tenga documentos lo enviará por escrito, como es habitual.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA (Guinarte Cabada): Gracias a todas las diputadas intervinientes por sus consideraciones y sus preguntas.



En primer lugar, y por lo que se refiere a la intervención de la diputada del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila, además de agradecer muy sinceramente sus palabras de bienvenida y referidas al contenido en general de mi intervención,
quisiera responder a todas las cuestiones, si es posible, que ha planteado. Por lo que se refiere a si los objetivos están o no suficientemente bien planteados en el texto del estatuto, nosotros entendemos que sí. Estas matizaciones que yo
formulaba respecto a alguna consideración referida al texto de la exposición de motivos y demás son cuestiones que yo considero básicamente anecdóticas y simplemente lo hacía con el propósito de dejar constancia de la especificidad que puede
representar que en la visión de cualquier problema, cuando se hace al microscopio y a escala más detallada, la realidad es mucho más compleja y diversa, y naturalmente hay muchas emigraciones y muchas realidades distintas. Es incuestionable la
valoración positiva desde la perspectiva económica que supuso la emigración para Galicia en muchísimos aspectos, pero también está y quizá no deba estar en la exposición de motivos, también está en la realidad lo que supuso de drama social para
muchas familias, para muchas personas y para Galicia en su conjunto.



Por lo que se refiere a las garantías del voto, si debe haber mayor concreción en el texto o no, creo que probablemente no. No sé si en algún apartado me refería en la pregunta de las omisiones a la cuestión de sí quizá debería hacerse una
referencia más contundente a todos los procesos electorales, es una posibilidad, pero creo que no es tema para el estatuto sino para la legislación electoral. Creo que es bueno que a raíz del debate del estatuto se haya suscitado este tema, que
debe plantearse -y por las informaciones que tengo creo que hay la voluntad- en el ámbito de la modificación de la legislación electoral. A nosotros nos gusta hablar más -lo decía también en la primera intervención- de votos con garantías que no
solo de voto en urna, porque entendemos que hay otras posibilidades y afortunadamente el avance de la tecnología permite pensar en otras posibilidades de voto con garantías que no sean necesariamente el voto en urna, lo que permitiría solventar
también la imposibilidad de votar a otros colectivos que no son de residentes en el exterior pero que son de ausentes en el interior en el momento de las elecciones, de forma tal que tampoco pueden utilizar el mecanismo habitual del voto anticipado
o del voto por correo. Hay formas o mecanismos de voto electrónico que probablemente habría que pensar en utilizar para situaciones de ese tipo.
En cualquier caso, el objetivo para nosotros debe ser el voto para todos, obviamente, y el voto con
garantías, en cuanto se pueda -porque es la fórmula que seguimos utilizando- el voto en urna y si no explorar otras posibilidades. Creo que eso no debe estar en el estatuto sino en la legislación electoral. Lo mismo cabría decir de la
nacionalidad, y también es bueno que se suscite el debate. Personalmente coincido en gran medida en el planteamiento que la señora diputada hacía respecto a


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considerar que quizá podría haber una especie de derecho a la nacionalidad latente, es decir, un derecho a la nacionalidad de segundas generaciones que se materializase cuando realmente ese nieto de español quisiese retornar, pero no si se
mantiene como residente en el extranjero. Creo que es un tema que también hay que debatir y plantear con sosiego y con serenidad. Desde las comunidades autónomas, en nuestro caso desde Galicia, es evidente que queremos hacer también una política
de contar con las segundas generaciones de emigrantes, vincularlos de alguna forma a Galicia, vincularlos a través de las asociaciones de los propios emigrante, a través de asociaciones de empresarios en el extranjero, etcétera, para mantener un
capital humano que puede ser muy adecuado para interaccionar con esos países y beneficiar a ambas partes, sobre todo pensando en la emigración americana, por supuesto, porque la europea tiene en ese sentido una situación y una problemática
totalmente distinta.



Por lo que se refiere a su intervención nada más tengo que decir. Le reitero el agradecimiento por sus palabras.



También quiero agradecer las palabras de la diputada del Grupo Popular, la señora González Segura. Agradezco su benevolencia y sus bienintencionadas palabras al querer entender que mis alusiones a la inconcreción del texto iban en la
dirección de las críticas de su grupo. Probablemente no era mi intención y estoy seguro de que así lo habrá entendido, pero le agradezco en todo caso sus buenas intenciones. Es cierto que he reiterado que el estatuto es un marco genérico y, por
tanto, como tal no desciende a concretar muchas de las cuestiones que regula. Entiendo que tiene que ser así porque la legislación básica o la legislación que trata de establecer un marco genérico no puede ser un reglamento, tiene que ser un
estatuto marco. Esas alusiones a cierta inconcreción de ciertos preceptos que constituyen declaraciones de principios la vinculaba yo al necesario desarrollo al que hace referencia el propio texto, porque dice que muchos de sus aspectos tendrán que
ser desarrollados reglamentariamente, y lo vinculaba a la necesidad de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para el desarrollo de esa normativa.



Me preguntaba si entiendo que la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado está suficientemente garantizada en el texto. Pues yo entiendo que sí. Los artículos 27, 28 y 29, sobre todo el 27 y el 29, que establecen esa
necesaria coordinación a través de una comisión en el caso del artículo 27.1 o a través de la coordinación de actuaciones y la complementariedad y no duplicidad en el artículo 29, son los elementos que yo creo que tienen que contribuir a que las
políticas que haga el Estado y las comunidades autónomas respondan a esas exigencias de eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos.



Preguntaba también por una cuestión muy concreta referida a la política interna de Galicia, cual es el tema de la supresión en el organigrama del nuevo Gobierno de la Consejería de Emigración. Efectivamente, en el nuevo Gobierno resultante
de las elecciones del 19 de junio hubo una reducción de las consejerías del Gobierno autónomo que pasaron de 14 a 12, no solo se suprimió la Consejería de Emigración sino también la de Justicia, y eso no significa ni que se hayan suprimido las
políticas referidas al ámbito de la Administración de Justicia en lo que tiene competencias la comunidad autónoma ni que se hayan suprimido las políticas en el ámbito de emigración. Es más, la emigración, como algún otro ámbito que podríamos llamar
transversal, se ha considerado de tanta importancia política que se ha llevado al ámbito de la Presidencia de la Xunta. Es decir, la Secretaría General de Emigración, como algunas otras, depende directamente de la Presidencia de la Xunta y mantiene
naturalmente todos sus competencias y es fácil comprobarlo. Hace escasas semanas que se publicó el decreto que establece la compleja estructura ahora de la Presidencia de la Xunta y las competencias de cada una de sus secretarías, y es fácil
comprobar que la Secretaría General de Emigración mantiene todas las competencias que tenía la Consejería de Emigración, simplemente el rango de su titular ha dejado de ser de consejero y pasa a ser de secretario general.



Por lo que se refiere a la utilización del CERA para comunicar las ayudas de la Xunta a los emigrantes, desde la Secretaría General de Emigración naturalmente se pretende utilizar todos los instrumentos que puedan ser útiles para la
comunicación con el mundo de la emigración. Se refería la diputada del Grupo Socialista, María José Porteiro, a la voluntad manifestada por el presidente en su reciente viaje a Argentina de crear un censo, un registro voluntario de emigrantes, que
también va en esa dirección de tener el mayor número de instrumentos posibles de relación y de comunicación con el mundo de la emigración. No significa ni hay que buscarle ninguna otra trascendencia más allá de eso.



Por lo que se refiere a la intervención de la diputada del Grupo Socialista, María José Porteiro, quiero también agradecerle muy sinceramente sus palabras referidas al conjunto de mi intervención y trataré de dar respuesta a las cuestiones
que me plantea. Efectivamente, el presidente de la Xunta, en su comparecencia ante el Pleno del Parlamento de Galicia, de la Cámara autonómica, inmediatamente de su regreso de este su primer viaje oficial a Iberoamérica, planteó diversas
cuestiones. Una fue la referida a crear un registro voluntario de emigrantes, como fórmula de establecer un mecanismo también de nueva relación voluntaria y de conocimiento entre los emigrantes y la Administración gallega, como un instrumento más
para relacionarse y que ellos puedan tener acceso a las informaciones que desde la Xunta de Galicia se dirijan a la comunidad emigrante. También habló de la necesidad de una actualización de la ley de galleguidad, que es una ley que ya tiene muchos
años de vida, desde el año 1982, y que creemos que es necesario actualizar y adaptar a la realidad actual, tanto a la realidad de las competencias que ha asumido la comunidad autónoma en los ámbitos asistenciales


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al mundo de la emigración como a la situación real de las comunidades emigrantes en cada uno de los países de residencia, desde una perspectiva sobre la que insistimos continuamente, y es la de entender que los españoles residentes en el
extranjero como emigrantes deben ser ciudadanos como los residentes en el interior, ciudadanos de primera clase, por tanto lo que tienen son derechos y lo que deben garantizar las administraciones públicas son sus derechos, y que además de las
administraciones públicas y conviviendo con ellas debe existir un mundo asociativo, un mundo de ámbito cultural, sociopolítico, económico, el que se quiera, pero al que no corresponde la responsabilidad de la gestión de las políticas públicas. Esa
responsabilidad corresponde, entendemos, a las administraciones públicas. También anunció algo que estaba en el programa de su Gobierno, que es la remisión al Parlamento autónomo de un proyecto de ley para crear la figura del defensor del emigrante
o del valedor del emigrante, en la terminología que nosotros utilizamos para el comisionado parlamentario que defiende los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma. Un proyecto de ley que es relativamente vieja aspiración,
que en la legislatura anterior se presentó al Pleno de la Cámara y fue rechazado por la entonces mayoría del Partido Popular, y que lo que pretende es crear una figura que específicamente recoja las quejas -porque para eso se constituyen esas
figuras, y yo algo de ello conozco por mi anterior actividad profesional- de la comunidad gallega en el exterior. Por tanto, sería una especie de complemento al Valedor do Pobo, actualmente existente, referido directamente a la comunidad gallega en
el exterior que tiene una problemática específica derivada del entorno social en el que vive que no es el de la Galicia interior.



¿El estatuto de Galicia recogerá alguna referencia a la emigración? Pues no dudo de que sí, pero es responsabilidad de los tres grupos parlamentarios que integran la ponencia ya constituida en el Parlamento de Galicia para su redacción. El
modelo por el que se ha optado en Galicia es que la reforma se haga desde el Parlamento y, por tanto, será la ponencia parlamentaria integrado por los tres grupos la que elabore el texto de reforma del estatuto desde un proyecto impulsado por el
Gobierno, pero estoy seguro -no me imagino que pueda ser de otra manera- de que en el texto del estatuto habrá referencias explícitas a la emigración, sobre todo naturalmente como reconocimiento de una realidad de algo que también es Galicia y que
también consideramos Galicia y, por otra parte, en el ámbito de las políticas que son competencia del ámbito de la comunidad autónoma. Naturalmente que la aprobación del estatuto tendrá un correlato necesario en la modificación de la legislación de
la comunidad autónoma, es posible que incluso en este ámbito específico de la Ley de la galleguidad, de la que antes hablábamos. Naturalmente que habrá que esperar a ver el texto definitivo y, una vez se conozca, valorar en qué medida incide sobre
la legislación del ámbito de la comunidad autónoma.



¿Que medidas para el no uso partidista en materias de emigración va a adoptar o ha adoptado el Gobierno de la comunidad autónoma de Galicia? Este Gobierno lleva escasos meses en el ejercicio de sus funciones, pero es evidente que ha
existido un uso partidista de las políticas destinadas a la emigración. Resulta sorprendente, por dar un solo dato, de las subvenciones que se contemplan o que se conceden para los centros y asociaciones gallegas y que permiten un anticipo del 50
por ciento y excepcionalmente un anticipo del 80 por ciento, en el año 2004 solo haya habido un anticipo del 80 por ciento en 94 de esas subvenciones y en el año 2005, año de elecciones, ese anticipo del 80 por ciento haya afectado a 693, sin que se
haya producido un incremento de solicitudes de esas subvenciones. Es decir, estamos hablando de un número más o menos equiparable de solicitudes pedidas y concedidas, sin embargo menos de 100 con un anticipo del 80 por ciento en un año y casi 700,
693, al año siguiente, lo que tiene una difícil justificación. Esto con independencia de que muchas de esas subvenciones -no quiero entrar en más detalles de este tema porque están documentadas- se refieran a cuestiones que no son de política
asistencial, de situaciones de necesidad ni nada parecido, y en muchos casos para situaciones muy alejadas de eso.



Por último se refería al sondeo que va a realizar la Xunta de Galicia a través de su Secretaría General de Análisis y Proyección. Efectivamente, hasta la fecha nunca se había realizado una encuesta, un sondeo, a la emigración gallega para
conocer realmente lo que piensa; lo que piensa de Galicia, lo que piensa de sí misma y de su relación con Galicia y lo que piensa de su futuro en relación con su comunidad de origen. Se va a realizar este estudio. Prácticamente hay emigrantes
gallegos en los cinco continentes y no sé si en 120 ó 130 de los 200 países, pero en algunos casos es muy escasa; el sondeo se concentra en 11 países que entre sí suman el 96 por ciento de la población emigrante registrada, o de la que tenemos
constancia. Los resultados de ese estudio serán también muy interesantes para poder adoptar políticas con mayor conocimiento de causa de cuál es la realidad, de cuáles son la aspiraciones y de cuáles son las perspectivas de nuestros emigrantes en
el exterior.



Reitero mi agradecimiento a la diputada y a la señora presidenta por su amabilidad y por haber invitado a la Xunta a comparecer ante esta Comisión en este tema que para nosotros tiene tanta transcendencia.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guinarte, también por su aportación.



Finalizamos esta comparecencia tan gallega en el día de la fecha, esperando y confiando que tenga frutos en el nuevo estatuto, y sobre todo en toda la gente de la emigración, que se lo merecen.



Se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta minutos de la tarde.