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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 545, de 29/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 545
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
Sesión núm. 36
celebrada el miércoles, 29 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la creación de una unidad didáctica utilizando los nuevos lenguajes tecnológicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001589.) ... (Página 2)
-Relativa a la creación de observatorios para la convivencia escolar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000701.) ... (Página 5)
-Relativa a la protección de los jóvenes deportistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000801.) ... (Página 8)
-Relativa a la elaboración de un plan nacional contra la obesidad mediante el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001026.) ...
(Página 11)
-Relativa a la homologación de los técnicos superiores sanitarios en el espacio de educación europeo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001311.) ... (Página 14)
-Sobre impulso de un plan de formación del personal de administración y servicios en las universidades para su adecuación al espacio europeo de educación superior (EEES). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
(Número de expediente 161/001590.) ...
(Página 19)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA UTILIZANDO LOS NUEVOS LENGUAJES TECNOLÓGICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001589.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy.
Hay un cambio en el orden del día. Vamos a ver, en primer lugar, la proposición no de ley número 6 y luego las demás en el orden en que estaban. La proposición
número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido retirada. Las votaciones calculamos que podrán ser a la una, porque sé que hay muchas comisiones en la mañana de hoy.
Comenzamos la discusión de la proposición no de ley número 6, relativa a la creación de una unidad didáctica utilizando los nuevos lenguajes tecnológicos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra para defenderla
el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, la sociedad del siglo XXI es el resultado de los avances, descubrimientos y sueños hechos realidad de todas las generaciones que le precedieron. Desde el mundo audiovisual que surge especialmente del
desarrollo de la televisión -celebramos este año el 50º aniversario de Radiotelevisión Española-, hasta la actual sociedad de la información y la comunicación en que estamos inmersos, la distancia temporal es muy corta, pero la distancia en
recursos, posibilidades de formación y sistemas de información a escala mundial es inmensa. La Unesco, en 1996, sentó las bases de lo que se conoce como la formación a lo largo de la vida en cuatro principios, que son: aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Hoy el intercambio de información es permanente, los mensajes llegan en nuevos formatos, las distancias de acceso a las fuentes del conocimiento son menores, la formación o el aprendizaje
cooperativo basado en el intercambio de experiencias es una realidad, y es preciso que esta realidad que nos envuelve en la práctica cotidiana sea también potenciada en el campo educativo para aprovechar las potencialidades de los medios
tecnológicos y de los nuevos lenguajes, utilizando nuevos recursos e introduciendo en el aula las posibilidades de estos nuevos medios que faciliten la mejora del aprendizaje.
En la cumbre mundial de la Sociedad de la Información de la ONU y la Organización Internacional de Telecomunicaciones, del año 2003, se declaró el deseo y el compromiso común de construir una sociedad de la información centrada en la
persona, integradora y orientada al desarrollo en la que todos pueden crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que todos los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo
sostenible y la mejora de su calidad de vida. La sociedad está afrontando profundos y significativos cambios que manifiestan una serie de coincidencias en aspectos que hay que afrontar para asumir lo que a ciertos niveles ya es una realidad, como
el que hoy entre las nuevas herramientas imprescindibles para desenvolverse destacan las redes de comunicación y el manejo de los lenguajes tecnológicos que junto con los idiomas son garantía de competencia social y profesional. Estos retos son la
urgencia en generalizar la alfabetización en tecnología de la información para minimizar los efectos de la brecha digital, la necesidad de que el sistema educativo afronte los cambios necesarios para satisfacer la demanda de la nueva realidad
social, que adapte sus espacios con nuevas infraestructuras, la formación y la actualización del profesorado en la utilización de estas nuevas herramientas formativas y aprender a generar conocimiento a partir de la información. La implantación de
las tecnologías de la información y la comunicación van a modificar progresivamente metodologías y funciones hasta ahora clásicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el profesor depositario y transmisor de la información,
que ahora asumirá el papel de mediador, guía y orientador del proceso de aprendizaje y proveedor de recursos y medios para ese aprendizaje significativo, como la del alumno, que dejará de ser el agente receptivo para asumir decisiones en su
propio aprendizaje, a trabajar en equipo y cooperativamente, a aprender a tratar la información, a recogerla y a construir el conocimiento a partir de ella. Los nuevos recursos ahondarán en las nuevas metodologías adaptadas a las nuevas
circunstancias, para rentabilizar esas potencialidades en mejoras en formación y en la consecución de nuevas habilidades y destrezas, vinculados con los nuevos formatos y la alfabetización digital. Las comunidades autónomas con sus competencias
plenas en materia educativa están desarrollando diversas iniciativas con las TIC y sus potencialidades en el campo educativo, pero los ritmos y las velocidades son también diversos, y el marco de la celebración del 17 de mayo como Día Mundial de las
Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y del Día de Internet podría ser una oportunidad para impulsar la incorporación de los recursos de las TIC al ámbito escolar. El Gobierno ha apostado por aportar importantes recursos para programas
como Internet en el Aula, 453 millones de euros para el periodo 2005-2008, actuando conjuntamente el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria a través de la entidad pública Red.es. Este programa contempla convenios con las
comunidades autónomas, la coordinación y el conocimiento colectivo de las diversas iniciativas que las comunidades autónomas llevan a cabo y el seguimiento de la aplicación del mismo con estudios cuantitativos y cualitativos especiales, necesarios
para obtener una imagen fiel del estado de implantación de las TIC, y se avanzará en proyectos e inversiones para mejorar esta realidad, que ya no es de futuro sino de presente. La generación de materiales didácticos que abarquen los diferentes
contenidos del currículum de las diversas materias es un elemento clave en esta estructura compleja constituida por agentes educativos, recursos de información e infraestructuras tecnológicas, y este fondo de recursos didácticos sería también de
gran interés para todas las comunidades educativas donde, organizado por niveles, etapas o necesidades educativas especiales, facilite de una manera simple su accesibilidad y no solo en lo referido a los contenidos de materias tradicionales sino
también en lo referido al tratamiento de la transversalidad, es decir, al intercambio de experiencias en lo referido a la educación para la convivencia, a la educación para la paz, a la educación para la salud, para la igualdad, etcétera. Por ello
consideramos que dentro del ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación y conjuntamente con las comunidades autónomas debería trabajarse en la potenciación y aceleración de la implantación de los nuevos formatos tecnológicos en el mundo
educativo, y organizar, diseñar y elaborar materiales didácticos para avanzar en la construcción de la sociedad del conocimiento.
A esta proposición no de ley se presentaron enmiendas por el Grupo de Convergència i Unió y por el Grupo Popular. Respecto tanto a una como a otra, se agradece el espíritu constructivo y la colaboración en facilitar y favorecer esta
proposición no de ley, completarla lo más posible.
Aceptamos la mejora de redacción que propone Convergència i Unió porque contempla la resolución que tenemos e incorpora una serie de frases que determinan la actuación del marco de esta proposición
no de ley a algo concreto, que es el programa Internet en la Escuela. Y respecto a la enmienda del Grupo Popular, agradezco su espíritu constructivo y su colaboración, se asume el primer punto porque está dentro de la filosofía de esta proposición
no de ley y el segundo y el tercero no se pueden aceptar; se entiende que están dentro de lo que decimos en avanzar en recursos y demás, pero recogerlos tal como están significaría descompensar el texto de la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Hay efectivamente dos enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar tiene la palabra la señora Pigem por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, compartimos el objetivo de esta proposición no de ley que nos trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Socialista con motivo, tal como se ha expuesto por su portavoz, de la celebración el próximo
17 de mayo del Día Mundial de las Telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información y el Día de Internet. Coincidimos, como digo, con el grupo proponente en la necesidad de aprovechar las nuevas posibilidades que nos ofrecen las TIC para
favorecer la motivación y el aprendizaje; y coincidimos también en la necesidad de la formación continua del profesorado en didáctica digital para aprovechar todas las posibilidades de aprendizaje que ofrecen estos materiales y estos entornos. Es
evidente que uno de los grados de medición de la brecha entre países en su grado de alfabetismo o analfabetismo funcional. Por tanto, coincidimos con el objetivo y con las finalidades de esta proposición no de ley en los términos en que nos han
sido expuestas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Mi grupo parlamentario ha formulado una enmienda que es prácticamente de redacción con dos objetivos. El primero sería concretar en qué marco se tienen que realizar los propósitos, los objetivos de la parte dispositiva de esta proposición
no de ley. Entendemos que parte de lo que se expone en la iniciativa se está realizando ya a través de este programa que se llama Internet en el Aula, que nace de un convenio que se presentó a finales del pasado mes de agosto por el Ministerio de
Educación y Ciencia y por el Ministerio de Industria, Turismo y Consumo con las comunidades autónomas y a través de la empresa pública Red.es, tal como nos ha explicado también
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con una asignación presupuestaria relativamente importante, de casi 500 millones de euros.
Como digo, nuestra enmienda va dirigida, en primer lugar, a especificar en qué marco se han de
realizar las actuaciones previstas en la parte dispositiva de esta proposición no de ley. Y una segunda parte de nuestra enmienda obedece a que nos parece necesario, antes de pasar a realizar nuevas actividades, evaluar la situación que tenemos
para saber cómo está, en primer lugar, y para saber qué tipo de actividades son necesarias para poder continuar avanzando en la buena dirección.
Agradezco de antemano la disposición por parte del Grupo Socialista porque ha manifestado ya que va a
aceptar nuestra enmienda y naturalmente anunciamos nuestro voto a favor.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Señora presidenta, le agradezco la deferencia que ha tenido al cambiar el orden del día porque debo asistir a la Comisión de control de televisión.
Nosotros estamos de acuerdo básicamente en el fondo de la proposición no de ley fundamentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero permítanme unas reflexiones. Los avances tecnológicos en los tiempos presentes de la sociedad del
conocimiento del siglo XXI son rápidos, muy rápidos, quizás excesivamente rápidos, generando en multitud de ocasiones una velocidad de aprendizaje que supera muchas veces lo razonable. A cuantos de los que estamos aquí nos ha pasado que no hemos
acabado de comprender la utilidad de un instrumental técnico cuando ya ha aparecido la siguiente versión. Claro que esta vertiginosa carrera genera nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevos componentes y, en suma una, nueva literatura técnica
que irrumpe como una auténtica avalancha. Pixel, baudio, RAM, ROM, Internet, página web, diseño por ordenador, procesador y doble procesador son conceptos y definiciones que deben incorporarse al cotidiano léxico utilizado por la sociedad,
especialmente por nuestros más jóvenes, pero la incorporación debe garantizar su comprensión. Esta rapidez de generación de nuevas terminologías no nos tiene que hacer olvidar, y menos renunciar, a seguir profundizando y ejercitando la mejor área
instrumental que es la lectura comprensiva -quiero lanzar este mensaje- y que hoy observamos que deja mucho que desear al hilo de los distintos informes educativos que vamos conociendo. No todo es copiar, cortar, pegar en la moderna informática.
No se comprenden definiciones, términos y explicaciones, sean del tenor que sean, sin la obligada destreza en la lectura comprensiva. Y digo esto porque creo que es necesario conciliar la era Gutenberg con la era del decibelio y de la imagen. Una
es necesaria para la otra y aquella es la de siempre, es en la que se fundamenta el aprendizaje en las posteriores. Vaya pues por delante que sí por parte del Grupo Parlamentario Popular a los nuevos tiempos de avances tecnológicos, pero sí también
a la comprensión lectora. Si se lee bien, se aprende mejor y se expresa mejor. Hoy los medios tecnológicos puestos a nuestro alcance son base y fundamento para el aprendizaje y refuerzo del permanente proceso educativo de cada uno de nosotros.
Las modernas tecnologías nos ayudan mucho en nuestro proceso educativo. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y lo que vulgarmente se conoce por red. Es verdad que todo esto exige cambios educativos con la finalidad de
incorporar a nuestros ciudadanos a la sociedad de la información y fomentar la accesibilidad a la red; red que es indudable que nos potencia en el conocimiento y nos proporciona medios de consulta, investigación y desarrollo en todas las materias
educativas, en las domésticas y en las técnicas, en todas. Carreras universitarias por la red -todo el mundo conocemos que se estudian ahora carreras por red-, consulta de fuentes históricas, de investigación por red, nuevos términos, nuevas
definiciones, significados y utilidades, ese es el mundo de hoy. Por eso estamos de acuerdo con esta proposición no de ley que, aunque se trata de una declaración, puede ser pauta para la motivación de un correcto aprendizaje, de un positivo uso y
un paulatino dominio de las nuevas tecnologías que favorecen sin duda nuestra vida. Que se potencie e impulse la elaboración y el uso de los recursos didácticos que utilizan nuevos lenguajes y formatos tecnológicos en los niveles de educación
primaria y secundaria es la parte de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, porque desde esos niveles, desde la educación primaria y secundaria, con este aprendizaje de las nuevas tecnologías construimos la sociedad de la información. Creo
que es una proposición no de ley adecuada al momento.
Y termino como empecé. Conciliemos la era Gutenberg, que debe servir de base al aprendizaje, con la era del decibelio y de la imagen. Creo que una no molesta a la otra; todo lo contrario. Hemos presentado una enmienda y agradecemos al
Grupo Parlamentario Socialista la deferencia en la colaboración que hemos mantenido con esta proposición no de ley y asumimos nuestro voto positivo a esta proposición que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado.
La señora PRESIDENTA: Señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Como ya manifesté, aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió porque significa una mejora de la redacción inicial de la proposición no de ley, y de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular aceptamos el primer punto porque está dentro de la filosofía de la proposición no de ley, y el segundo y el tercero pensamos que se recoge en el conjunto de la exposición que he realizado de continuar avanzando en inversiones y proyectos
para que esto sea una realidad, dentro de la filosofía de la proposición no de ley, por lo que considero asumida la propuesta del Grupo Popular.
-RELATIVA A LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000701.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que figura en el primer punto del orden del día, relativa a la creación de observatorios para la convivencia escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene
la palabra para defenderla la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, abordamos hoy en esta Comisión una cuestión persistente en la actualidad y cuyo debate no es nuevo en esta Cámara porque, desgraciadamente, los casos de violencia en las aulas, el acoso entre escolares, el
acoso que también sufren los docentes se están convirtiendo en noticia lamentablemente cotidianas. Hace algo más de un año mi grupo parlamentario trajo a esta Comisión una proposición no de ley relativa a las medidas a adoptar contra el acoso
físico y psicológico entre escolares. En aquel momento la proposición fue rechazada, el Grupo Socialista argumentó que estábamos en los preliminares del debate de la Ley Orgánica de Educación y que esta ley contemplaba una asignatura, como era
Educación para la Ciudadanía, que parecía ser la varita mágica que podía resolver todas estas cuestiones. Desgraciadamente el tiempo ha ido pasando. En aquel momento éramos conscientes, y lo seguimos siendo ahora, de que la violencia escolar no
era un tema nuevo sino que es un tema de actualidad, que ha salido a la luz pública por desgraciados acontecimientos que en ocasiones han costado la vida a escolares, que sigue persistiendo en el tiempo y al que desde el Gobierno central no se han
adoptado las medidas necesarias para darle una solución.
Consideramos que es inadmisible por una sociedad que aspira a la mejora de la calidad de su sistema educativo que los casos de acoso entre escolares y los que sufren los profesores pasen a engrosar las listas de la actualidad informativa;
incluso desgraciadamente Internet se está convirtiendo en un campo para desarrollar este acoso también fuera de las aulas. Consideramos también desde nuestro grupo que no es posible atender la preocupación por este problema exclusivamente desde la
perspectiva del fracaso escolar que genera, que evidentemente genera un fracaso escolar importante, sino del problema también personal que se traslada a las personas y a las familias. En respuesta a la situación que se vive en los centros, en las
aulas, determinadas administraciones públicas, asociaciones, sindicatos de profesores y asociaciones de padres de familia están reaccionando ya creando desde hace algunos meses observatorios de convivencia escolar, elaborando protocolos de actuación
o instrucciones que permitan compartir experiencias, elaborando catálogos de buenas prácticas y materiales de apoyo para favorecer el clima en el aula. Se han diseñado páginas web que sirven de guías de actuación ante los casos de violencia
escolar, incluso un sindicato de profesores de ámbito nacional ha creado la figura del defensor del profesor y ha puesto a disposición de los docentes un teléfono de ayuda y asesoramiento que en pocas semanas ha recibido más de 250 casos para su
resolución. Como antes he señalado, el problema es tan acuciante que determinadas administraciones educativas y organizaciones se han puesto manos a la obra. Comunidades autónomas como La Rioja, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla y
León han creado ya observatorios para la convivencia escolar para llevar a cabo medidas preventivas orientadoras a los centros y a las familias y procedimientos para encauzar las posibles situaciones conflictivas que pudieran presentarse.
Presionado por este tipo de medidas adoptadas por las administraciones educativas y por las organizaciones, la pasada semana el Gobierno presentaba un borrador de plan de convivencia ante la Comisión general de educación y firmaba una acuerdo con
los sindicatos para la adopción de medidas que pudieran prevenir y combatir los casos de violencia en el ámbito escolar. Me gustaría dejar claro cuál es la posición de mi grupo respecto a esta serie de planteamientos.
El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con cualquier medida que prevenga y erradique cualquier caso de violencia, de acoso en los centros educativos. Nos parece además que implicar en estos planes a los sindicatos y a organizaciones
de profesores es fundamental para la viabilidad de cualquiera de estas medidas. Ahora bien, no estamos de acuerdo con que se ignore a las comunidades autónomas, máxime cuando algunas de ellas ya han desarrollado sus planes de convivencia y han
puesto en marcha sus observatorios de convivencia escolar. Resulta cuanto menos sorprendente que en la pasada reunión de la Comisión general de educación, con presencia de todas las comunidades autónomas, el secretario general de Educación haga
referencia a que este plan es nuestro, nuestro plan, ignorando precisamente que ya existen medidas desarrolladas por las comunidades autónomas y que esas medidas se están demostrando eficaces para sensibilizar a la sociedad respecto a este tipo de
cuestiones. Hubiera sido un detalle que antes de la presentación de este plan las comunidades autónomas hubiesen tenido conocimiento del mismo y sobre todo que no se firme por la tarde con sindicatos y asociaciones de profesores un documento que
las comunidades autónomas ignoran ese día a primera hora de la mañana, porque se les presenta un plan por la mañana y la foto se hace con otro documento por la tarde. En cualquier caso, como les decía, es razonable que el Gobierno elabore un plan
de convivencia razonable y además necesario, que se implique en ello a los sindicatos y a organizaciones de profesores, pero no nos
parece razonable que se ignore a las comunidades autónomas, máxime cuando ya éstas han hecho los deberes que el Gobierno tenía que haber impulsado desde un principio. No se puede sustituir el papel y el trabajo que las comunidades autónomas
están realizando, como parece pretender la actuación que se lleva desde el Ministerio de Educación.
Por cierto, me gustaría finalizar mi intervención señalando que cualquier plan de convivencia, cualquier observatorio que se ponga en marcha ha de estar complementado con una legislación rigurosa y eficaz que refuerce la autoridad del
profesorado, para que este vea respetada su dignidad y su intimidad personal en el trabajo y sea tratado con corrección, con consideración y respeto. Desgraciadamente la ley que se va a votar la próxima semana en esta Cámara no garantiza ni la
autoridad de los profesores ni el respeto que se les debe, ni desde luego impulsa medidas para propiciar esa convivencia en las aulas. Seguimos sin tener claro el catálogo de derechos de los profesores y, lo que es peor, seguimos dando amparo a
algo como es la inasistencia a clase. A nuestro juicio, las medidas complementarias a una ley ineficaz en este tipo de cuestiones no solo no mejorarán esta necesaria convivencia, estas necesarias medidas a aplicar por parte de las administraciones
educativas, sino que dejarán coja en alguna medida algunas de las cuestiones fundamentales para lograr ese clima de convivencia y de tranquilidad en las aulas, directamente relacionada con la calidad de la educación y directamente relacionada con el
ejercicio tranquilo y sosegado de la docencia que todos los docentes están reclamando.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada a esta proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señora presidenta, en cuanto a la filosofía de lo que acaba de exponer la portavoz del Grupo Popular, la señora Moneo, estamos plenamente de acuerdo, hasta el punto de que pensábamos que esta mañana ni siquiera íbamos
a debatir esta proposición no de ley porque sería retirada, ya que la propuesta que ellos hacen es uno de los nueve puntos que tiene el plan de convivencia escolar. Es cierto que hace unos días, el 23 de este mes, el Ministerio de Educación firmó
con las organizaciones sindicales este plan para la convivencia de los centros que pensamos que va a paliar, a solucionar la problemática que nos vamos encontrando, una problemática que es compleja. Me hubiese gustado que la señora Moneo hubiese
hecho hincapié en este tema. Es un problema complejo tal como se está viendo en todos los países de Europa, con múltiples causas, psicológicas, sociales y académicas, y por tanto en todos los congresos nacionales e internacionales, uno de ellos en
Valencia, se está viendo que ante situaciones complejas es difícil dar soluciones simples.
Es cierto también que ustedes presentaron, creo que con fecha 8 de marzo, esta proposición no de ley, pero tal como hemos ido viendo a lo largo de esta
legislatura, desde hace año y medio el Ministerio de Educación estaba pensando en cómo solucionar este problema, y así lo ha dicho la ministra varias veces en el pleno precisamente en una respuesta un día sobre este asunto a la señora Pigem,
portavoz de Convergència i Unió, y también a mí misma a preguntas sobre la violencia escolar, y la ministra nos informaba que en ese momento se estaban presentando propuestas, que estaba habiendo un periodo de reflexión con sindicatos y con
comunidades autónomas en el seno de la conferencia sectorial.
Dicho todo esto, este plan de convivencia se ha firmado y no solamente con las organizaciones sindicales, que representan ya el 80 por ciento del profesorado, sino que se ha firmado también con una asociación de madres y padres, la Ceapa, y
aunque sus señorías quizá lo conocen, como ha aparecido hace muy poco, quisiera hacer unas indicaciones. Este plan tiene fundamentalmente dos fines esenciales. Uno, los alumnos, enseñarles a vivir juntos, a convivir o, como diría Savater, a que
aprendan a llevar una buena vida humana. En este momento la gente joven lo que quiere fundamentalmente es una buena vida, pero hay que insistirles en que tiene que ser humana y de convivencia y, por tanto, de interrelaciones. Este es uno de los
fines principales. Segundo fin, el profesorado, que en este momento es verdad que se encuentra con dificultades que a veces no sabe resolver en las aulas. Por tanto, alumnos y profesores son los fines esenciales de este plan, y espero que estén de
acuerdo en ello. Y este plan demuestra algunas cuestiones. En primer lugar, el firme compromiso del Ministerio de Educación con las organizaciones sindicales para desarrollar los acuerdos que se firmaron en otoño, el 20 de octubre, y que por tanto
se están llevando a buen puerto todos los puntos de aquel acuerdo. En segundo lugar, el firme compromiso de que nada se está haciendo desde el ministerio, señora Moneo, sin contar con las comunidades autónomas. Tengo que decirle que si este plan y
este acuerdo con los sindicatos tiene nueve puntos -que si quiere se lo pasaré o entregaré en la mesa-, en todos ellos aparece que estará de acuerdo con las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, puesto que tienen plenas
competencias educativas. Pero este plan no solo es un compromiso con las comunidades y con los sindicatos, es un compromiso con la sociedad española, y en este sentido quiero recordarle, señora Moneo, que hace ya un año que está funcionando el
PROA, el programa de recuperación, de orientación y de apoyo para el fracaso escolar -entendiendo por fracaso escolar déficits en el ámbito de los conocimientos-, que durante el año 2005 han estado implicados en el mismo 610 centros y que en este
año 2006 lo estarán 1.200 centros. Por tanto, nos parece que es un programa importantísimo que está teniendo por ahora muy buenos resultados. Pero es más, si hace un año empezó este programa de apoyo y de orientación
para el ámbito de los déficits del conocimiento, lo que ahora se inicia es un plan para resolver los déficits de convivencia en las escuelas. Quiero recordarle -y se lo hemos dicho durante todo el debate de la LOE, de nuestro sistema
educativo- que no es solo que sepan muchas matemáticas o mucha religión, es que lo que tienen que saber, aparte de todos los conocimientos, es aprender a convivir, es decir, un aprendizaje sólido de valores. Por eso les indicábamos que el fracaso
escolar no estaba solo en el ámbito intelectual sino también en el ámbito de la convivencia, en el ámbito del comportamiento, en el ámbito actitudinal. De ahí que precisamente la LOE contemple dos grandes medidas: una, de la que ustedes se rieron
precisamente ese día, la de Educación para la Ciudadanía, que es el aprendizaje de cómo tenemos que poder convivir en paz, y la otra, el incremento importantísimo de todas las cuestiones de la tutoría. Es cierto que la LOE todavía no se ha aprobado
y no podemos saber sus resultados, pero en última instancia los objetivos que podría cumplir serían a medio plazo. De ahí que para tener unos resultados inmediatos el ministerio haya establecido esos dos planes, uno para la cuestión del fracaso
escolar en el ámbito de los conocimiento, los PROA, y otro, para evitar el fracaso de la convivencia, que es el plan que ahora han firmado todos los sindicatos. Me alegro de que usted esté de acuerdo en ello. Y en cuanto a que las comunidades
autónomas no lo conocen, quiero decirle, uno, que este plan está presentado en la Conferencia Sectorial de Educación, y dos, que de las nueve medidas, insisto, en todas ellas están implicadas las comunidades autónomas. Por tanto, es un plan para el
que no puede esperarse, que tiene que ser de acción inmediata, porque precisamente tiene que tener un efecto urgente en el apoyo a las víctimas, tanto si son alumnos como si son profesores, y para la reconstrucción inmediata de la convivencia en las
aulas.
Este plan tiene unas actuaciones, un presupuesto y un calendario. De las actuaciones, que son múltiples, solo les voy a destacar seis. Uno, la creación de un observatorio estatal de la convivencia escolar, que es un plan mucho más
ambicioso del que usted ha propuesto. Dos, revisar la legislación básica en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Tres, programas de control de asistencia de los alumnos e información inmediata a sus familias. Cuatro, garantizar la
defensa jurídica tanto de los alumnos como del profesorado en cuanto puedan ser posibles víctimas de esta violencia escolar. Cinco, incorporar toda esta problemática a la formación inicial del profesorado, que en este momento se encuentra inerme en
cuanto a instrumentos pedagógicos para poder evitarlo. Y por último, intercambio y difusión, en el marco de la conferencia sectorial otra vez, de los programas que ya se están realizando en las comunidades autónomas, como no podía ser menos, puesto
que tienen plenas competencias educativas. Precisamente por eso el ministerio no solo habla del programa Andave, de Andalucía, sino también del programa Convivir es vivir, de la Comunidad de Madrid, y también habla de ese observatorio que está a
medio crear en la Comunidad Valenciana y que provenía de un congreso que hubo sobre la violencia escolar que dirigía, creo, el que fue consejero de ustedes con el señor Zaplana, José Sanmartín, por tanto con unas estupendas conclusiones, y todo eso
es lo que tiene que recopilar ese nuevo observatorio estatal para la convivencia en la escuela. Aparte de los objetivos y las actuaciones, tiene un presupuesto de cuatro millones y medio de euros, revisable anualmente, y tiene también un
calendario, y es que todas las medidas que se han acordado y que se están debatiendo con las comunidades se llevarán a cabo antes de finalizar este curso, excepto aquellas que corresponden a la formación inicial del profesorado, que habrá que
esperar porque dependerá de la investigación que se lleve a cabo en este observatorio, y tampoco se podrán llevar a cabo del todo aquellas que corresponden a las comunidades autónomas, porque será en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación
donde se establecerá el calendario.
Resumiendo, creo que es un plan ambicioso. De la misma manera que el PROA ha tenido una importante repercusión para el fracaso escolar en el ámbito intelectual. Esperamos que este plan para la convivencia en las escuelas tenga el mismo
éxito, esperamos el apoyo absoluto de todas las comunidades autónomas, se contará con todas sus actuaciones, con todas sus experiencias y con todas sus investigaciones, como no podía ser menos. Y por último, ya hay un acuerdo con el 80 por ciento
del profesorado a través de sus sindicatos, por lo que consideramos que los grandes destinatarios, que no son solo ellos sino también los alumnos, se vean favorecidos por este plan. De ahí que esperamos que acepten ustedes, puesto que es una
proposición no de ley suya, la enmienda que hemos presentado, entre otras cosas porque estamos de acuerdo, pero lo que ustedes indican -y por eso yo creía que iban a retirar hoy esta proposición no de ley- es precisamente una parte importante pero
pequeña de un plan mucho más ambicioso que está llevando a cabo el ministerio y que esperamos que sea, por supuesto, en colaboración con todas las comunidades, como no podía ser menos y como así consta en lo que viene publicado.
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: En primer lugar, compartimos con el grupo parlamentario proponente la filosofía que le anima a formular esta proposición no de ley, que, por sintetizar, es la necesidad de garantizar eso que viene llamándose un
buen clima escolar; una necesidad del buen clima escolar no solo como condición indispensable para la obtención de buenos resultados académicos y escolares, como nos ha puesto de relieve el informe PISA, analizando los resultados obtenidos en
Finlandia, que aparece como el mejor país de los analizados, sino también la necesidad de un buen clima
escolar como garantía de la integridad física y psíquica no solo de los alumnos, tal como se alude en el texto de la iniciativa, sino también de los profesores.
Teniendo en cuenta, como aquí ya se ha dicho, que las plenas competencias educativas las tienen ya las comunidades autónomas, hoy el Grupo Parlamentario Popular nos propone unas medidas para realizar desde la Administración del Estado. Como
grupo nacionalista nos planteamos que si las plenas competencias educativas están en las comunidades autónomas, qué es lo que le podemos pedir al Gobierno, al Estado a la Administración central. En primer lugar, pensamos que tiene que adoptar todas
aquellas medidas y recursos legales que de acuerdo con sus competencias ayuden no solo a paliar sino a atajar y a prevenir esta situación. En ese sentido siento no compartir las opiniones de la señora Moneo respecto a los resultados de la LOE, una
ley que todavía no está aprobada y en la que desde nuestro punto de vista se ha reforzado la autoridad y las potestades disciplinarias de la dirección de los centros, precisamente a enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
Además, se han previsto medidas importantes en cuanto a la prevención de estas conductas para atacarlas justamente en los momentos embrionarios y se ha introducido la figura de la mediación. Con todo esto creemos que se podrá actuar en el
ámbito no solo paliativo sino también preventivo. Se ha previsto también, como el otro día nos expuso el ministro de Justicia, que en la modificación de la Ley de responsabilidad penal del menor de manera cautelar se podrán solicitar medidas
incluso jurisdiccionales para atajar las conductas de las personas que con su actividad puedan suponer un peligro para la integridad o indemnidad de los compañeros o de los profesores. Esto es lo que se puede pedir de acuerdo con las competencias
de la Administración Central del Estado.
Nos propone el Grupo Popular la creación de observatorios y promover en el seno del Consejo Escolar del Estado un proceso de reflexión y estudio, y nos pone como antecedentes lo realizado por las comunidades autónomas, naturalmente en el
ejercicio de sus competencias. Desde Convergència i Unió pensamos que la efectividad de la mejora de este clima escolar tiene que pasar forzosamente por la adopción de medidas desde la proximidad.
¿Por qué? Porque un observatorio estatal puede no
ser necesariamente la mejor solución porque está demasiado alejado de la concreta realidad social de cada autonomía. Un observatorio en cada comunidad autónoma, como han hecho las comunidades gobernadas por el Grupo Popular, a las que ha aludido la
señora Moneo, puede servir de manera más útil para tener un buen mapa y un buen diagnóstico de la situación y desde la proximidad poder atajar este tipo de situaciones a ser posible cuando empiezan a producirse. Ahora bien, ni siquiera como grupo
nacionalista, defensor por tanto de las competencias de las comunidades autónomas, defensor en definitiva de la organización del Estado que nos hemos dado, vamos a negarnos a que se realice nada que pueda suponer una mejora en la prevención o en la
respuesta a este tipo de conductas. Creemos que es un tema suficientemente importante para que todos, cada uno desde nuestras respectivas competencias, aunemos y sumemos fuerzas para dar respuesta a esta situación. Ahora bien, esta iniciativa, que
como se ha dicho aquí tiene fecha de hace un año, coincide en el tiempo de su defensa con el anuncio del plan de convivencia que se ha realizado desde el Ministerio de Educación y Ciencia. Creo, por lo que he podido seguir del borrador del plan de
convivencia, que parte de los objetivos o casi todos ellos, como nos ha expuesto la portavoz del Grupo Socialista, están contenidos ya en este plan de convivencia y, por tanto, lo lógico sería que los objetivos que propone el Grupo Popular se
enmarcaran dentro de este plan de convivencia. La objeción que hace de que no se cuenta con las comunidades autónomas, la verdad es que cuesta entenderla, porque si se plantea que sea en la conferencia sectorial es evidente que tendrán voz y
opinión las comunidades autónomas, y además parece importante que sea allí porque, como digo, un observatorio está alejado y lo importante es el intercambio de buenas prácticas y todas aquellas actuaciones que resultan ser efectivas para atajar
estas conductas que todos queremos erradicar. Por tanto, mi grupo parlamentario hubiera deseado que se hubiera podido llegar a un acuerdo, que parecía lo razonable, y en caso de no llegarse nos parece que es una posición muy partidista defender una
medida que puede estar contemplada y, por tanto, no la vamos a poder apoyar.
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista por dos motivos, primero porque es una enmienda de sustitución que ignora lo que se viene haciendo hasta ahora por diversas comunidades autónomas respecto a la
creación de observatorios de violencia, y segundo, porque estaríamos encantados de apoyarla pero una vez que fuese aprobada en la Conferencia Sectorial de Educación con el acuerdo de todas las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades
autónomas lo único que tienen es un informe impositivo y no han tenido siquiera la posibilidad de presentar alegaciones a este plan de convivencia.
-RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES DEPORTISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000801.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la discusión de la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 2, relativa a la protección de los jóvenes deportistas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra
para defenderla el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora presidenta, por un problema de gripe seria el portavoz en materia deportiva de este grupo parlamentario no puede defender esta proposición no de ley y lo hago yo sustituyéndole.
Saben sus señorías que
algunas noticias recientes nos han alertado, han alertado a la opinión pública sobre algunas de las situaciones en que viven deportistas jóvenes, sobre todo de alta competición. Creo que es un asunto de suficiente importancia como para que esta
Cámara lo debata, se haga eco de las preocupaciones que hay en la opinión pública y, a través de este debate, en el que me gustaría que participaran todos los grupos parlamentarios, impulsáramos unas medidas para proteger de manera más eficaz y
mejor a los jóvenes deportistas. En nuestra Constitución la protección del menor es siempre un interés prioritario. Las diferentes leyes de protección del menor así lo indican y nos tenemos que preguntar si este principio constitucional relevante
está inspirando la actuación en la práctica deportiva y en el mundo deportivo; es decir, si los jóvenes deportistas disponen de un marco adecuado en el que desarrollar su actividad, una actividad extraordinariamente intensa, delicada, que afecta a
sus condiciones físicas y psíquicas, sobre todo en los deportes de alta competición. Los jóvenes deben ser protegidos porque tienen una especial vulnerabilidad en la práctica deportiva, también con el objeto de prevenir riesgos y situaciones y
responder de forma apropiada cuando se producen estas situaciones de riesgo. Somos conscientes de que determinadas conductas constituyen un riesgo para los jóvenes deportistas en un mundo en el que el deporte se ha hecho cada vez más competitivo y
profesional, lo que ha incrementado su exigencia, incluso llegando a unas situaciones podríamos denominar excesivas en su demanda de esfuerzo al joven deportista. En especial en los deportes de alta competición tenemos que tener presente que se
producen situaciones, circunstancias que no son normales en la vida de los menores: la presencia de muchos jóvenes menores de 18 años con estancias fuera del hogar, en concentraciones, en la práctica de preparación física, en campos formativos o en
las mismas competiciones. Las relaciones del joven deportista con su entorno tienen que ser especialmente cuidadas.
Estas son muy sucintamente dichas las razones que nos han llevado al grupo a plantear a esta Comisión, primero, una reflexión sobre este asunto, que nos debe interesar a todos, y segundo, una batería de medidas, de iniciativas que se
deberían impulsar por el Gobierno fundamentalmente a través del Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las comunidades autónomas y con las universidades, y cuyo contenido está en la proposición no de ley que tienen sus señorías en el
correspondiente expediente. Entre estas iniciativas, que son varias pero no me voy a referir a todas, quería destacar la conveniencia de elaborar un código ético de obligado cumplimiento en los contratos o en la afiliación a federaciones de los
distintos deportes y a velar por su cumplimiento.
Promover también a través del Consejo Superior de Deportes en colaboración con las universidades y comunidades autónomas condiciones para flexibilizar la práctica deportiva que permita la
conciliación con su actividad académica, que incluya también impulsar una formación específica en formación profesional desde los 16 hasta los 21 años y que permita que el deportista tenga en el comienzo de su carrera deportiva cubierta su vertiente
profesional del futuro. También creemos que debemos impulsar cursos, prácticas de formación de entrenadores y monitores en la protección del joven deportista, teniendo en cuenta sus derechos y las circunstancias en las que viven. Establecer una
fundación en el seno del Consejo Superior de Deportes para la formación y reinserción de atletas con necesidades especiales que acredite, y que establezca mediante convenios actuaciones y acciones a favor del joven deportista mayor o menor de 18
años. Creemos que sería bueno la elaboración de un manual de buenas prácticas que resalte aquellas organizaciones o instituciones que pone en marcha políticas y actuaciones en beneficio del joven deportista.
Todo el conjunto de baterías que
constituirían este plan tendría un efecto enormemente beneficioso para la mejora de la protección del joven deportista. Y solicitamos que una vez elaborado el plan sea presentado al Congreso de los Diputados para debatirlo con detenimiento. Esto
es todo, señora presidenta, y estoy a disposición de lo que digan los portavoces de los demás grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: No hay ninguna enmienda a esta proposición no de ley. Por tanto, entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Con cierta brevedad intentaré fijar la posición de mi grupo, que será la de no apoyar esta iniciativa porque nos parece que es una propuesta bondadosa, con buenas intenciones pero inconcreta y alarmista. Nos
parece que es una propuesta que va dirigida hacia un sector que curiosamente, desde el punto de vista de la segmentación, ya está bastante protegido. El joven deportista ya tiene un blindaje previo, por lo que esta es una propuesta que llama al
debate. Uno se pregunta, ¿debate sobre qué? Nos hubiera gustado más una propuesta que formulara determinadas actuaciones, pero es que muchas de ellas ya se llevan a cabo. Alrededor del deportista joven hay un problema de dopaje, por ejemplo.
Tenemos sobre la mesa la propuesta de una ley antidopaje que estamos estudiando todos los portavoces. Se nos habla de formar a los monitores, etcétera. Nos parece que esta es una propuesta de cosas que ya se hacen, es una propuesta que va en la
línea de lo que se está haciendo.
Curiosamente de aquello que podía haber hecho que nuestro grupo estudiara el cambio de voto o diera apoyo a esta iniciativa no se habla. Lo que preocupa hoy a la sociedad es el seguimiento del deportista de élite,
de alto rendimiento. Este deportista
sí necesita un blindaje. Desgraciadamente, hace pocas semanas hemos visto la trágica muerte de un deportista de waterpolo. Nos encontramos con que después del alto rendimiento hay vacío, un salto al vacío de muchos deportistas que no saben
qué hacer, que no tienen una formación previa y que no tienen apoyo de las instituciones. Este argumento podía haber iniciado un debate interesante alrededor del joven deportista. Nos da la impresión de que leyendo las propuestas del grupo
proponente se abre un alarmismo que no forma parte del mundo del joven deportista. Se habla de una reinserción, etcétera, como una planificación específica y única que no nos parece que sea la que más afecta al joven deportista. Es verdad que en
el mundo del deporte, como en otros segmentos sociales, hay que estudiar aspectos de reinserción, pero concretamente en el mundo del deporte hay instrumentos de reinserción que ofrece la Administración. Por tanto, nos parece que no se concreta
mucho hacia dónde tendría que ir este blindaje de los jóvenes deportistas. Se abre un paréntesis de alarmismo. Leyendo las propuestas hacia lo que quiere instar el Congreso de los Diputados al Gobierno, en este caso al Consejo Superior de
Deportes, nos da la impresión de que sería alarmista. A más a más, habla de aspectos que ya se hacen, como impulsar desde el consejo la formación para campeonatos nacionales escolares, para finales autonómicas; esto ya se está haciendo de manera
correcta, desde nuestro grupo creemos que se está haciendo de forma correcta. Respecto a intensificar los programas de reinserción profesional para los jóvenes deportistas, hay programas de reinserción profesional a los que se pueden integrar el
joven deportista y el que no. Por tanto, nos parece una propuesta bondadosa con buena intención pero poco realista. Por eso no la votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Quiero comenzar agradeciendo los esfuerzos del señor Nasarre por argumentar su proposición, pero al mismo tiempo quiero decirle que la consideramos no necesaria. Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley
fundamentalmente por dos razones: primero, porque la mayoría de las medidas que propone el Grupo Parlamentario Popular ya se están realizando a través del Consejo Superior de Deportes, como a continuación comentaré; y segundo, porque un plan
nacional -palabra que utilizan en su proposición- podría interpretarse por parte de las comunidades autónomas como un asunto de invasión de competencias, y como el señor Nasarre sabe perfectamente el deporte está transferido a las comunidades
autónomas. El Consejo Superior de Deportes, dentro de sus competencias, está realizando una serie de medidas para proteger precisamente a los jóvenes deportistas y está trabajando en distintos campos o áreas de la educación, del trabajo, de la
salud, de la economía y del deporte. Entre las medidas más destacables quiero señalar las siguientes: la existencia de institutos de educación secundaria dentro de los centros de alto rendimiento deportivo de Madrid y Sant Cugat. En los dos
centros de alto rendimiento los deportistas compaginan entrenamientos con los estudios. En ambos centros se realiza un seguimiento individualizado de los deportistas, con tutorías individualizadas, y se pueden evaluar los resultados académicos como
satisfactorios. El consejo tiene una línea de subvenciones a las universidades para realizar programas que faciliten a los deportistas de alto nivel sus estudios universitarios con la dedicación al entrenamiento y a la competición deportiva
internacional. Existe una reserva de cupos en las universidades de un 3 por ciento para el acceso de los deportistas de alto nivel entre las medidas establecidas en el Real Decreto de deportistas de alto nivel.
En el campo del trabajo, entre otras
actuaciones ya existentes, recientemente se ha firmado un convenio con la Fundación Adeco para la inserción laboral de los deportistas. Otra medida que afectará a la salud de los deportistas será la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria para el
control y seguimiento preventivo de la salud y evolución de su rendimiento deportivo. La tarjeta sanitaria será una realidad tan pronto como este Parlamento apruebe el proyecto de ley de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el
deporte, que precisamente hace unos días entró en el Congreso de los Diputados y que debatiremos próximamente.
Será un buen instrumento para proteger la salud de los jóvenes deportistas. También el Consejo Superior de Deportes está llevando a cabo un programa especial sobre detección de nuevos talentos de jóvenes deportistas. Se considera al
deporte de alto nivel de interés para el Estado, correspondiendo a la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, procurar los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo científico de los
deportistas de alto nivel. Para llevar a cabo este cometido es fundamental la detección, selección, perfeccionamiento y seguimiento de nuevos deportistas que aseguren el relevo generacional de nuestros deportistas. Por lo cual, el Consejo Superior
de Deportes convoca anualmente el programa nacional de tecnificación deportiva, aunando los programas precursores existentes, denominados Detección de talentos deportivos, y subvenciones a las comunidades autónomas para los centros de tecnificación
deportiva y centros especializados. A los diversos pasos, desde que se detecta a una persona para la práctica de una modalidad deportiva hasta su llegada al alto nivel, es lo que se denomina globalmente tecnificación deportiva.
Por otra parte, existen campeonatos de deporte escolar con selecciones autonómicas que cada año se realizan en una comunidad autónoma. Este año se va a realizar en Murcia, con más de mil deportistas jóvenes y con un presupuesto superior a
los 500.000 euros. A todo ello podríamos añadir ayudas económicas a deportistas por resultados deportivos, aparte de los ya conocidos programas ADO y ADO Paralímpico.
Nuestro grupo y el Gobierno socialista van a seguir trabajando y apostando para dar apoyo y proteger a los jóvenes deportistas. Pero, por las razones ya señaladas, este grupo va a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, y perdonen mi voz, producto de una gripe mal curada.
-RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL CONTRA LA OBESIDAD MEDIANTE EL FOMENTO Y LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001026.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que figura en tercer lugar en el orden del día, relativa a la elaboración de un plan nacional contra la obesidad, mediante el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla la señora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Señorías, la propuesta que el Grupo Popular trae hoy para su aprobación en esta Comisión de Educación es oportuna e importante. Oportuna por las cifras, por los datos que ya reflejamos en la exposición de motivos de
nuestra proposición no de ley, e importante por los resultados beneficiosos que, de aprobarse esta propuesta que hoy traemos aquí, puedan derivarse para todos los ciudadanos y para toda la sociedad.
Mi partido, el Partido Popular, durante su etapa de gobierno aprobó el Plan integral de nutrición, ejercicio físico y lucha contra la obesidad, donde ya se recogían las directrices para su abordaje. Y esto no es solo un anuncio, sino que
quedó reflejado en una orden ministerial, la Orden 66/2004, de 12 de enero, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de enero de 2004. Como saben ustedes, en marzo de ese mismo año nosotros pasamos a la oposición y por tanto el
Partido Socialista se hacía cargo de lo ya aprobado y de su posterior desarrollo. Esto no era más que la respuesta a la preocupación que el Partido Popular sentía y siente ante la que es calificada como una epidemia actualmente.
Desde la llegada al Gobierno del Partido Socialista, este Plan integral de nutrición, ejercicio físico y lucha contra la obesidad solo ha cambiado de nombre, pasando a denominarse estrategia NAOS. Pero, señorías, un cambio de nombre ni
resuelve los problemas ni pone en marcha medidas que puedan resolverlos. Por ello en los Presupuestos Generales del Estado de 2005 mi grupo presentó dos enmiendas para dotar de fondos a los planes integrales, y concretamente a este que les he
mencionado, el Plan integral de nutrición, ejercicio físico y lucha contra la obesidad, por valor de 16 millones el primero y de 6 millones de euros este segundo. Y no se quiso atender esta demanda, que lo es de la sociedad, no del Grupo Popular,
señorías. Por ello en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 mi grupo reitera las enmiendas por valor de 20 millones y 6 millones de euros, en el caso del Plan integral de nutrición, ejercicio físico y lucha contra la obesidad, y de nuevo se
da la espalda a este problema.
Además se presentó también otra enmienda de 250.000 euros a destinar a las comunidades autónomas para fomentar y desarrollar actividades deportivas como medida de prevención de la obesidad, que tuvo la misma suerte que todas las enmiendas
anteriores. Y esto a pesar de que la ministra de Sanidad y también el secretario de Estado para el Deporte, en sus primeras comparecencias, ya hace tiempo, anunciaban acciones conjuntas, coordinación interministerial, y algunas otras lindezas y
bonanzas que tras dos años de Gobierno han quedado en buenas palabras y poco más. Esto sucede cuando se nos está anunciando una ley que exige de este Gobierno esa necesaria coordinación y ese necesario impulso a acciones conjuntas.
El marketing,
la publicidad y los posados no resuelven problemas ni constituyen en sí mismos acciones ni políticas válidas para resolverlos.
La obesidad, señorías, actualmente representa un problema de primera magnitud, de primer orden que afecta a la población infantil; afecta a los adultos, pero también a los niños. Este problema de salud está adquiriendo ya en nuestro país
características de epidemia. La nutrición y el ejercicio físico, el deporte, son las causas más importantes del aumento de casos de obesidad. La obesidad, junto con el sedentarismo, son a su vez causa de otras enfermedades, como enfermedades
cardiovasculares, cánceres y diabetes. Quisiera recordar, aunque esta no es la Comisión de Sanidad, pero es bueno traerlo hoy aquí, que justamente estas son las primeras causas de muerte en nuestro país. Además, la obesidad y el sedentarismo
genaran otras enfermedades, como la osteoporosis, que incrementan la morbimortalidad, así como la dependencia y la discapacidad, tan de moda en el debate político actual. Todo ello conlleva un coste social y económico que podría evitarse o, cuando
menos, frenarse o disminuirse, si se quieren poner en marcha las medidas adecuadas. Fíjense que no soy yo sola la que considera que esto es muy importante. Voy a citar textualmente las palabras de la ministra de Sanidad: En nuestro país la
obesidad también ha ganado terreno. Uno de cada dos adultos tiene exceso de peso y un 14,5 por ciento son obsesos.
Pero donde más alarmante resulta el problema es en la población infantil.
En un período relativamente corto de tiempo hemos pasado
del 5 por ciento al 16,1 por ciento de niños entre 6 y 12 años con problemas de obesidad.
A continuación la ministra sigue diciendo: Las causas de la alta prevalencia de obesidad son básicamente dos: el deterioro de nuestros hábitos dietéticos y
un estilo de vida sedentaria. Y aquí cerramos comillas. Por tanto, consideramos que esta proposición
no de ley, que fomenta algo tan importante como el ejercicio físico, es muy pertinente traerla a esta Comisión.
Como en otros muchos problemas, la prevención y las políticas integrales de abordaje son los pilares sobre los que ha de sustentarse el correcto tratamiento de esta problemática. La educación, el impulso y desarrollo de actuaciones desde
las distintas administraciones, desde la sanitaria, pero también desde la educación, no solo desde las aulas y desde los comedores escolares, que también, sino desde el Consejo Superior de Deportes, desde las comunidades autónomas, y también desde
los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, son sin duda agentes obligados a actuar si lo que pretendemos es una sociedad, unos jóvenes y unos adultos más sanos y mejor formados.
La Organización Mundial de la Salud, como ya reflejamos en nuestra exposición de motivos, en su 57.ª asamblea, en mayo de 2004, y en varias de sus resoluciones alerta ya a los países de la necesidad del abordaje de esta problemática. No
estamos descubriendo grandes novedades, porque desde la antigüedad se conocen los efectos beneficiosos del deporte sobre la salud y sobre el bienestar de las personas: mens sana in corpore sano.
Creo que con estas palabras queda perfectamente
definido. También desde la antigüedad se enseñó a los jóvenes que muchos de los principales valores sociales se adquieren con la práctica deportiva: el compañerismo, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la autosuperación, entre otros, podrían quedar
y creo que quedan resumidos en el lema olímpico citius, altius, fortius. Es, por tanto, muy evidente la pertinencia de esta proposición no de ley en esta Comisión que se ocupa, entre otras cosas, del deporte.
El deporte, además, de alta competición constituye un modelo cada vez más importante de transmisión de hábitos y de una vida saludable, así como de los valores que acabo de mencionar y que ya clásicamente se hacía cuenta de ellos. Pero no
quisiera olvidar la mención especial que tiene el hecho de que un joven que se dedica al deporte, que tiene como meta alcanzar mejores cotas en sus deportes, dedica menos tiempo a otros hábitos que queremos cambiar, entre ellos el botellón, pongamos
por ejemplo, otras drogas o incluso el fracaso escolar. La Carta Europea del Deporte define el deporte y su objetivo en la mejora de la condición física. La propia Constitución, en su artículo 43, señala a los poderes públicos como responsables
del fomento de la educación sanitaria, de la educación física y el deporte. Es por tanto lógico afirmar que el Ministerio de Educación y el de Sanidad tienen la obligación de coordinarse y contar con las comunidades autónomas, con la Federación
Española de Municipios y Provincias para liderar políticas que desde hace dos años están esperando a que se presupuesten y a que se pongan en marcha. En la exposición de motivos que precede a nuestra proposición no de ley se refleja la necesidad de
esta coordinación interdepartamental. También se refleja la última encuesta del CIS en relación con los hábitos deportivos. Solo el 38 por ciento practica deporte, frente a un 62 por ciento que no realiza prácticas físicodeportivas. Las cifras
por sí mismas reflejan la necesidad de implementar acciones encaminadas a mejorar esta situación.
Al Gobierno del Partido Socialista le quedó mucho trabajo hecho: tenían que desarrollar este plan que nosotros habíamos realizado. Pero a día de hoy es una constatación que no han querido, no querían nada que viniera del Partido Popular,
pero aún estamos a tiempo, estamos a tiempo de enmendar esta situación. Nosotros confiamos en ustedes, y esperamos que hoy, junto al resto de los grupos, tengan generosidad de miras, que no le nieguen a los ciudadanos algo que además de necesario
es beneficioso. Es el momento de que hoy los que estamos en esta Comisión demostremos con nuestro voto favorable que estamos a la altura de lo que los ciudadanos y la sociedad nos demanda. No vamos a votar algo beneficioso para el Partido Popular,
señorías, sino para todas las personas, para todos los españoles. No podemos permanecer más tiempo en esta inactividad, que no hace más que empeorar la situación; por ello de nuevo les pido a todos los grupos políticos que hagamos una llamada al
Gobierno en ralación con los puntos que recoge nuestra proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar su posición tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Nos encontramos con una nueva propuesta del Grupo Popular que enfoca un tema importante, real, basado en la necesidad que hay de luchas desde la Administración para evitar que cada vez esté más presente en todos y
cada uno de los miembros de la sociedad española.
La proposición no de ley objeto de este debate enfoca como mínimo un par de aspectos que Convergència i Unió considera de especial gravedad: en primer lugar, la bondad del ejercicio físico y la
necesidad de que la sociedad española, que ha experimentado pese a todo un gran cambio en este sentido, practique, todavía más de lo que hace, actividades deportivas. No se trata solo de ocio, lo decía la portavoz popular, sino de mejora de la
salud y calidad de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, la obesidad, que, como muy bien dice en la exposición de motivos, está adquiriendo características de pandemia. Esta obesidad, ¿qué la produce? Se supone que diferentes aspectos, pero
parece claro que básicamente la mala alimentación o la poco saludable alimentación y la falta de actividad física.
He querido insistir en que estas cuestiones son loables, son reales y la sociedad tiene que dar un toque de alerta a la Administración para que se enfoquen. Yo iría más allá: yo creo que hay que crear una pedagogía en los padres, hay que
crear una pedagogía en las escuelas, en los educadores, para que se haga una cultura de la alimentación. Incluso hay que vigilar qué tipo de publicidades, qué tipo de enfoques en alimentaciones, en hábitos, etcétera, para que no inciten a la mala
alimentación
o a una alimentación que lleve a un importante grado de obesidad a la sociedad española.
A lo mejor la portavoz popular pensará que con este enfoque vamos a votar a favor, lo veo en su sonrisa, y nos ha dicho: generosidad de miras, no negar a los ciudadanos esta posibilidad. Pues por desgracia no podemos votar a favor, porque
esta generosidad de miras no la han aplicado en la parte jurídica, ni le han dado la connotación política que tiene que tener cualquier iniciativa parlamentaria.¿Qué connotación política? Pues respeto a las competencias autonómicas. Señora
portavoz, el deporte está traspasado básicamente a todas las autonomías, y la sanidad también.
¿Cómo vamos a hacer un plan nacional contra la obesidad desde el Congreso de los Diputados instando al Gobierno español, cuando esta una es competencia,
por ejemplo en Cataluña, única y exclusivamente de la Generalitat de Catalunya? El Gobierno del Estado no tiene capacidad de crear en Cataluña un plan contra la obesidad, puede colaborar, sin duda, pero lo ha de generar el Gobierno de la
Generalitat. Nos habla de generosidad de miras, de no negar a los ciudadanos esta posibilidad, pero los ciudadanos catalanes verían que un grupo nacionalista les niega el derecho a una competencia autonómica, a la competencia exclusiva en sanidad y
en deporte que tiene Cataluña. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Por tanto, a pesar de que nos parece necesaria esta lucha, esta actuación intensa de las administraciones, no podemos votarlo a favor, porque tiene que ubicarse en el ámbito político, administrativo, institucional que toca, en este caso las
autonomías. Y nuestro partido, como nacionalista que es, reclama que de una vez por todas el Partido Popular entienda que tenemos un Estado de las autonomías con unas competencias traspasadas y que reiteradamente nos ponen en la tesitura de tener
que votar temas que son competencias exclusivas. No las votaremos nunca. Antes ya hemos dicho que no, curiosamente yo no he hecho mención del tema, pero el portavoz socialista, que no será sospechoso de ser nacionalista catalán ni separatista ni
con una visión extraña del concepto de Estado, ha dicho que la anterior propuesta ya invadía las competencias exclusivas autonómicas. Lo ha dicho antes el portavoz socialista. Yo no lo he dicho porque era obvio, pero es que ahora se reitera.
En definitiva, es esta una buena propuesta, es una propuesta real, es una propuesta que tiene sentido en la sociedad actual, pero hay que ubicarla en el ámbito político que corresponde: en las autonomías, no en el Estado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Gómez Santamaría.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, recientemente el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó la estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, conocida como estrategia NAOS, y que, como ya conocen, tiene dos
objetivos: por un lado, fomentar una alimentación saludable y, por otro, promover la práctica habitual de actividad física. La combinación de estas dos medidas facilitará cambiar o invertir la tendencia ascendente de la obesidad, sobre todo entre
la población más joven. Es una estrategia fruto del trabajo de muchos expertos coordinados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de un amplio proceso de consulta en el que han participado representantes de diferentes administraciones
públicas, como los ministerios de Educación y Ciencia, Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo Superior de Deportes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, representados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Pero también han participado expertos en alimentación, en nutrición y actividad física, el sector empresarial representado por empresas de alimentación, de bebidas y restauración, las asociaciones de consumidores, educadores y urbanistas, en
definitiva, amplios sectores sociales implicados en la lucha contra la obesidad.
Dentro de la propia estrategia NAOS, un grupo de expertos epidemiólogos han analizado los datos existentes sobre hábitos alimentarios y actividad deportiva, basándose, por un lado, en la encuesta continua de presupuestos familiares realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y que nos da una visión sobre el origen y la cuantía de las rentas de los hogares, y sobre todo aporta información en cuanto al modo en que se emplea en gastos de consumo. También han analizado el panel de
consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como la encuesta nacional de salud y las encuestas de nutrición y salud de las comunidades autónomas, que representan las iniciativas más concretas para evaluar el estado nutricional
en las diferentes comunidades autónomas.
La estrategia NAOS debe mantenerse a corto, medio y largo plazo si queremos que las acciones dirigidas a sensibilizar, e informar a la población, y cuyo destino no es otro que mejorar los hábitos alimentarios y aumentar la actividad física
de todos los ciudadanos, consiga su objetivo final, que es prevenir y controlar la obesidad en todos los tramos de edad, incidiendo especialmente en la prevención entre los escolares y los adolescentes. Se han desarrollado intervenciones por parte
del Ministerio de Sanidad, como la campaña informativa bajo el lema Prevenir la obesidad infantil es un hábito muy sano, llevada a cabo el pasado invierno, o la distribución del manual La alimentación de tus niños. Se han formalizado siete
convenios de colaboración; algunos de estos convenios ya han sido presentados, como el Código de autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas, dirigido a menores, conocido como código PAOS. Para evaluar la progresión de la estrategia
NAOS a nivel nacional y poder establecer comparaciones entre diferentes países y determinar qué medidas de las puestas en marcha están siendo más efectivas se ha firmado un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para
desarrollar indicadores de las intervenciones realizadas, indicadores que nos van a permitir conocer qué impacto han tenido las medidas puestas en marcha. Este convenio con la Organización Mundial de la Salud constituye la primera piedra
del Observatorio de la obesidad.
Señorías, el deporte y la actividad física en general es uno de los hábitos saludables que más influyen en nuestra calidad de vida. Y estos hábitos saludables son sin duda un apoyo muy importante a las políticas de salud. El Consejo
Superior de Deportes es muy consciente de esta realidad y, por lo tanto, impulsa políticas que faciliten el acceso temprano a la práctica deportiva y a la actividad física, fomentando el deporte, sobre todo entre nuestros escolares, en la creencia
de que es la base para evitar la obesidad. En esta línea, el Consejo Superior de Deportes va a realizar próximamente una campaña de dibujos animados para divulgar no solamente los valores del deporte entre nuestros jóvenes (valores como juego
limpio, participación y superación), sino también la necesidad de hacer, de practicar deporte en nuestros jóvenes y adolescentes como una cuestión de salud.
Las competencias del deporte base las tienen las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas y el Consejo Superior de Deportes tienen reuniones periódicas para coordinar políticas deportivas, entre ellas también las destinadas a
prevenir la obesidad. Desde el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Deportes se entiende que los poderes públicos tienen la obligación de poner a disposición de los ciudadanos unos sistemas deportivos en suficiente calidad y
cantidad que aseguren la permanencia de un hábito de vida saludable como es la práctica deportiva. Por todo ello, señorías, aun compartiendo el eje central de la exposición de motivos del Partido Popular, estamos absolutamente de acuerdo en que ha
habido un aumento importantísimo de enfermedades ligadas a dietas poco saludables y a la falta de actividad física, no podemos aprobar una proposición no de ley que no aporta ninguna novedad sobre la estrategia puesta en marcha, en la que, por
cierto, están ya implicadas todas las administraciones públicas que nos pide el Partido Popular que se impliquen. Plan o estrategia, está en marcha, señorías; y además está en marcha siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, con quien, como les he dicho anteriormente, se ha firmado un convenio para analizar el impacto de las medidas que se van poniendo en marcha. Me gustaría decirle a la señora portavoz del Partido Popular, con todo el respeto, que puede estar
absolutamente segura de que ni este Gobierno ni este grupo parlamentario niegan nada a los ciudadanos; al contrario, trabajamos incansablemente para mejorar su bienestar y también, por supuesto, en este aspecto. (La señora Pan Vázquez pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Voy a ser muy breve. No voy a contestar ni a reabrir ningún debate, que sé que no viene al caso. Simplemente quería comentar -y siento que no esté el portavoz de CiU, que mi grupo es respetuoso con las competencias
autonómicas, como no podía ser de otra manera, cosa que no parecía muy clara en su intervención. Y de hecho, le recomiendo al portavoz de CiU- aunque no esté en este momento aquí, que lea toda la exposición de motivos y la propia proposición no de
ley, que hace referencia, por supuesto, a la competencia autonómica, que nosotros respetamos.
-RELATIVA A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS EN EL ESPACIO DE EDUCACIÓN EUROPEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001311.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al debate de la proposición no de ley que figura en cuarto lugar en el orden del día, relativa a la homologación de los técnicos superiores sanitarios en el espacio de educación europeo,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para defenderla el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Esta proposición no de ley tiene como objetivo que se produzca un proceso de equiparación de los sistemas educativos del Estado español con los de la Unión Europea en relación con algún tipo de profesiones
sanitarias. El ejercicio de la función y los estudios que debían de ser necesarios hacen que se debiese de contemplar esta posibilidad.
En todo caso, la proposición no de ley hay que entenderla dentro de este mecanismo de adaptación del Estado español al proceso de Bolonia. Este proceso se puede encarar desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde un punto de vista
puramente cosmético, o podríamos decir puramente político, de cómo hacer una operación que formalmente resulte, por lo menos desde el punto de vista burocrático, administrativo, aceptable. Y otra opción sería una reforma para acabar con las
deficiencias que tiene el actual sistema educativo del Estado español en una serie de profesiones, para no hacer valer solamente las presiones legítimas, pero que no son más que presiones, de determinado tipo de profesionales, sean estos ingenieros,
médicos, enfermeras o de cualquier otro tipo, y adecuar la enseñanza a las necesidades reales de las funciones que se cumplen.
Todo esto dentro de la lógica aspiración que tienen que tener los profesionales en un marco europeo donde se predica la
movilidad como una de las garantías de este espacio europeo, sin que los trabajadores españoles tengan por qué padecer trabas adicionales, cortapisas o contratos precarios simplemente por no estar suficientemente equiparados, homologados a la media
europea.
La reforma de los cursos superiores de determinado tipo de técnicos de profesiones sanitarias es una evidencia; por lo menos así queda claro en los casos de la radiología, radioterapia y medicina nuclear. Sin duda sería lógico que dentro
de un sistema comprensible y compatible de titulaciones, este tipo de profesionales tuviesen por lo menos el acceso a las enseñanzas de grado, o fueran contemplados desde esta perspectiva, dentro del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero. La
formación que debían recibir estos profesionales debía de ser la adecuada y conforme a los últimos avances de tecnología que se están produciendo en estos campos, especialmente, como dije, en el campo de la imagen y de las terapias médicas. Esto es
prácticamente lo que ocurre en la Unión Europea, en Estados Unidos, e incluso en Sudamérica.
La realidad del Estado español es que desde 1984 los técnicos, por ejemplo, en radiología realizan funciones no incluidas en su formación, y sin duda hay una tendencia a no cambiar esta situación derivada de una falta de voluntad política y
también del número no suficientemente importante de profesionales que se mueven dentro de estas ramas técnicas sanitarias, no más de 30.000 profesionales que, sin embargo, están haciendo todo lo relacionado con rayos X y similares, los análisis, las
biopsias, las punciones, la radioterapia, y sin una regulación adecuada en el sistema de salud pública. Es curioso que dos países de cultura similar a la nuestra, como Italia y Portugal, consideren que la formación que tienen los técnicos
sanitarios españoles no es adecuada por no tener el nivel universitario, y son frecuentes las noticias donde aparece que los técnicos radiólogos de Galicia, por ejemplo, tienen dificultades para colocarse en Portugal, que sin embargo sí asume gran
cantidad de médicos y enfermeros o enfermeras de Galicia, o los mantiene, en el caso de los técnicos radiólogos gallegos, en servicios con un tratamiento claramente precarizado.
El modelo de formación en el Estado español es un modelo contradictorio con la formación que hay por lo menos en gran parte de los países europeos: tres años académicos en el caso de la Unión Europea, frente a dos en el caso del Estado
español; en el caso de la Unión Europea, formación intrahospitalaria y perfil con garantías clínicas, en el caso del Estado español no es así; los horarios totales son de 2.000 horas en el caso del Estado español, 3.500 en el caso de la Unión
Europea, con prácticas del 50 por ciento de las 3.500 horas de la Unión Europea, y solamente del 35 por ciento en el caso de las 2.000 del Estado español.
Por lo tanto, es normal que haya una cierta inadecuación y dificultades para que el trato sea
homólogo y equiparable en todos los países de la Unión Europea. Es cierto que en la mayoría de estos países de la Unión Europea se considera enseñanza superior, e incluso se están haciendo planes de reestructuración, de adecuación a Bolonia, para
establecer un período de cuatro años. La edad mínima siempre es de 18 años en todos los países de la Unión Europea. Y si se hace un análisis exhaustivo y ponderado, se observa que en 13 países son estudios de tres años, en 14 de más de tres años,
en 19 tienen una formación equivalente a la formación universitaria, y en 13 son considerados técnicos superiores de carácter profesional.
Nuestra propuesta es, por lo tanto, que la formación universitaria se haga concertada con centros hospitalarios y con la debida formación en atención a la vertiginosa evolución de las técnicas de diagnóstico, especialmente en los casos que
hablé de radioterapia y de los de la imagen, y de tecnologías de este tipo aplicadas a las terapias médicas.
Sería muy necesario que se diesen soluciones análogas a las que se dieron para el caso de enfermería, fisioterapia, terapias ocupacionales
y podología. Y por lo tanto, que se fuese de forma estudiada y ponderada al objetivo de que determinadas especialidades tuvieran 240 ECTS, con un título de grado en ciencias radiológicas, radioterapia o en medicina nuclear. Hoy todo esto está
contemplado en un único bloque de dos años, cuando lo correcto sería dos años de carácter universitario más otros dos de carácter mención o de especialidad. La reacción del ministerio hasta ahora fue hacer un grupo de análisis de la situación, con
motivo de desconvocar la huelga que tuvieron los técnicos sanitarios en octubre, y la propuesta que se hizo el 22 de marzo de 2006 realmente no satisface a los profesionales, ni tampoco puede satisfacer las instancias que se hicieron desde el ámbito
universitario al Gobierno, que contemplaban estudiar por lo menos la posibilidad de la incardinación de algunas de estas especialidades en títulos universitarios de grado.
El Ministerio de Sanidad en octubre recibió el informe de la comisión de expertos, que le solicitaron que se crease la titulación universitaria para los técnicos en radiología. La posición de los radiólogos y de otros profesionales
sanitarios en la actualidad es la disconformidad con el modelo formativo que se ofrece, por considerar que realmente no da las competencias necesarias a estos estudios, que tampoco está de acuerdo con la media del contexto europeo, y piden la
retirada precisamente del mencionado documento ministerial, también las organizaciones sindicales que el ministerio considera más representativas y con las que colaboró precisamente en todos los dictámenes. Por eso, nosotros presentamos una
propuesta muy sencilla, sin duda muy ambiciosa, a la altura de octubre del año 2006, que dice que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a posibilitar la normalización profesional de los técnicos especialistas superiores sanitarios en el
Sistema Nacional de Salud como profesión sanitaria titulada y regulada, y a trasformar estos estudios en universitarios, homologando sus contenidos académicos y sus medios de aprendizaje con el resto de la UE.
En todo caso estamos abiertos a una transaccional, siempre que contemple lo que consideramos en este momento fundamental, y es que el ministerio estudie por lo menos la posibilidad de viabilidad de que en algunos casos se contemplase la
incardinación en los estudios
universitarios de grado. Por eso vimos con buenos ojos las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular, en la medida en que retrotrae a acuerdos de 2005 de la comisión parlamentaria respectiva. Y dentro de esta línea, estaríamos
dispuestos a una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Por el Grupo Parlamentario Popular, para defenderla, tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: El Grupo Parlamentario Mixto, a través de su portavoz, el señor Rodríguez, nos ha presentado una proposición no de ley relativa a la homologación de los técnicos sanitarios. Fue presentada, como ha anunciado el
proponente, el día 26 de octubre de 2005, fecha en la que más de un millón de profesionales ejercían su derecho a la manifestación delante de la puerta del Ministerio de Educación y Ciencia y de múltiples servicios sanitarios. Y fecha en la que el
ministerio presenta una propuesta para responder a las demandas de los técnicos sanitarios superiores desde el diálogo y la colaboración constructiva, pero esto no era suficiente.
Señorías, esta iniciativa tampoco es novedosa en esta Cámara, pues ya el pasado 15 de septiembre mi grupo parlamentario registraba una proposición no de ley que fue debatida en esta Comisión de Educación y Ciencia el pasado 21 de septiembre
de 2005 por mi compañera la diputada Sáinz García, donde ya se instaba al Gobierno a realizar las reformas necesarias en las titulaciones de técnicas sanitarias, cuya duración del período formativo no les permite obtener la equivalencia de sus
títulos académicos a efectos de su reconocimiento para la libre circulación de estos profesionales en los países de la Unión Europea y lograr la plena homologación de las profesiones sanitarias con las titulaciones europeas equivalentes. Los
profesionales de la sanidad en general, y los técnicos sanitarios en particular, constituyen un elemento esencial en la modernización y calidad del sistema sanitario español, como se recoge en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud. La formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales debe orientarse a la mejora del Sistema Nacional de Salud, y siendo la sanidad desde el nivel de inversión, tanto en nuevas tecnologías como en
innovación y desarrollo, uno de los principales aspectos a destacar en el gasto de nuestro país, parece lógico que se requiera de unos profesionales sanitarios con la más alta cualificación posible, que llevaría inmersa una reforma de sus actuales
sistemas de estudios, que son regulados por el Real Decreto 545/1995, el Real Decreto 539/1995, el Real Decreto 538/1995 y Real Decreto 544/1995, aceptando a los técnicos superiores sanitarios en las especialidades de imagen para el diagnóstico,
laboratorio de diagnóstico clínico, anatomía patológica y citología y radioterapia. En definitiva, son los responsables de obtener, procesar, preparar, y garantizar los registros, pruebas y muestras que, bajo supervisión facultativa, son el medio
para que estos establezcan un diagnóstico o apliquen un tratamiento.
Señorías, si la libre circulación de los ciudadanos en la Unión Europea es ya un hecho, no parece que ocurra lo mismo en estos profesionales, pues si comparamos cuál es la formación que reciben los técnicos sanitarios españoles, vemos que es
muy inferior a la formación que reciben los técnicos europeos. Y así lo refleja el grupo proponente en su exposición de motivos de esta iniciativa, cuestión, por otra parte, también debatida en esta Comisión en la proposición no de ley que presentó
mi grupo parlamentario. Por ello, señorías, es necesario buscar soluciones coherentes en el contexto de los sistemas educativos y sanitarios que garantice una adecuada formación de estos profesionales en concordancia con las titulaciones de los
países europeos y facilitando su movilidad.
Pero esto solo se consigue mejorando e impulsando las enseñanzas de formación profesional de grado superior, adecuando sus contenidos formativos y las enseñanzas prácticas con los avances científicos, y
tecnológicos, pues, como ya les anunciaba antes, la sanidad está en un constante avance y requiere de los mejores profesionales.
Ante esta situación de necesaria adecuación de los contenidos formativos y de la titulación de los técnicos superiores sanitarios al espacio europeo es necesaria la implicación no solo del Ministerio de Educación y Ciencia, sino también la
del Ministerio de Sanidad y Consumo y de todos aquellos verdaderos afectados, como son los propios implicados, donde realmente y de forma clara se trabaje por actualizar y mejorar las titulaciones de formación profesional vinculadas a las
profesiones sanitarias no solo aumentando el número de horas lectivas y de prácticas en el contexto del sistema nacional de las cualificaciones y de la formación profesional, porque tenemos a más de 30.000 profesionales que se ven gravemente
afectados, que han ejercicio su derecho a manifestarse para reivindicar una situación, tanto a nivel de educación como en el ámbito profesional, semejante a la que tienen los profesionales del resto de la Unión Europea.
Desde el Grupo Popular entendemos que solo con una formación completa en ciencias básicas y aplicadas se puede permitir a estos profesionales asumir el vertiginoso cambio tecnológico existente en todos los campos donde desempeñan su trabajo,
pues lo contrario será formar especialistas de cada aparato o técnica nueva que surja con limitada capacidad de decisión y de responsabilidad. Es en el ámbito universitario donde se puede conseguir la calidad y características de formación que
requieren estos profesionales de formación profesional de la rama sanitaria.
Según han manifestado los técnicos sanitarios a mi grupo parlamentario, no están de acuerdo con las propuestas que les están presentando sobre cuál va a ser el
modelo formativo que no se ajusta al contexto europeo ni a la realidad de las actuales competencias que desarrollan nuestros profesionales en la sanidad española. Si es así, le decimos y le recordamos cariñosamente que el Gobierno incumple
una proposición no de ley, a la cual hacía mención también el diputado Rodríguez. Por unanimidad de esta Cámara, de todos los grupos, se alcanzó una serie de acuerdos mediante una transaccional, que de alguna forma recogemos en la primera parte de
nuestra enmienda presentada al texto.
Les pido que vean con buenos ojos cuál es la situación de estos profesionales, que son insuficientes las posturas que se les están mostrando y que la expectativa que tienen en ese grupo de análisis es discutible, puesto que aparte de la
representación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad y de organizaciones sindicales, como Comisiones Obreras y UGT, quedan otras muchos, sobre todo de convocantes de manifestaciones y de huelga de hambre, pues mi grupo entiende que
no están implicados todos los actores en este grupo de análisis. Con lo cual, pedimos al Gobierno que pida la colaboración y escuche a todos los actores, a todos los técnicos sanitarios de todas las ramas, y que saquen medidas claras. Ya se adoptó
una iniciativa por esta Cámara y le pedimos al Gobierno que sea consecuente con lo que se aprobó en su día y que trabaje por que estos profesionales consigan por lo menos adaptar su formación a los avances de las nuevas tecnologías del sistema
español. Y desde luego -y es una crítica en el mejor sentido- mezclar competencias, como los acuerdos que en su día se alcanzaron en el foro marco del diálogo social, es traer a la Comisión de Educación y Ciencia unas competencias del ámbito
sanitario que, aunque estén relacionadas, no son del todo asumibles y aunque siempre sirven de orientación, nos gustaría que en ese marco de diálogo social estuvieran todos los representantes de los técnicos sanitarios. Con lo cual, esperamos eso
del Gobierno, y nos brindamos, como ha dicho el diputado proponente, a llegar a una transaccional por el bien de estos profesionales sanitarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda presentada, el señor Benito.
El señor BENITO SERRA: La proposición no de ley del Grupo Mixto, que ha defendido el señor Rodríguez, surge a partir de una situación realmente complicada, a partir de toda una serie de iniciativas de presión dentro del ámbito de los
técnicos sanitarios. Es cierto que este tipo de profesiones ha evolucionado de manera muy rápida, e incluso de manera muy compleja. Pero en el fondo, el origen del problema y el origen yo diría que incluso de las reivindicaciones del sector de los
técnicos sanitarios, es la necesidad de mejora de la formación profesional, básicamente para facilitar la movilidad de estos profesionales en la Unión Europea. Insisto en que inicialmente aparece como una mejora de la formación profesional. Es
lícito entender, desde el punto de vista de los afectados del sector, las apetencias a poder acceder a estudios de grado; es comprensible que planteen reivindicaciones de este tipo. Nosotros, como grupo, no tenemos tan claro que estas
reivindicaciones, que pueden ser lícitas como colectivo, sean necesarias para el propio sistema. Y entendiendo como propio sistema que afecta fundamentalmente a dos ministerios del Gobierno, que serían el de Sanidad y el de Educación.
En el trasfondo de la reivindicación de los estudios de grado también puede interpretarse que se puede llegar en un momento determinado a poner en cuestión, dentro del ámbito sanitario y después podría surgir en otros ámbitos, lo que
nosotros entendemos que es fundamental en este país, que además la experiencia demuestra que está funcionando y que desde el punto de vista de las necesidades sociales cada vez tiene una mayor implantación, incluso desde el punto de vista de las
propias necesidades del sistema, que serían los estudios superiores de la formación profesional. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese tipo de planteamiento y de reivindicación, debe circunscribirse a este ámbito dejando muy claro que es cierto
que hay una necesidad importante de formación, pero que también en ese proceso, independientemente de las movilizaciones, bien sea inicialmente a través del marco para el diálogo social, bien sea como se está haciendo últimamente a través de la
comisión o del grupo de análisis que está constituido y que incorpora los elementos básicos, que serían los ministerios de Sanidad y de Educación y también las organizaciones sindicales más representativas, en este caso Comisiones y UGT, se está en
el proceso de plantear distintas opciones.
Incluso nosotros podemos entender que estas opciones sean distintas, pero que se está precisamente en este proceso de negociación.
Entendemos que el nivel competencial debería ser el adecuado, adaptándolo realmente a las necesidades que exigen estas nuevas titulaciones; y también entendemos que hay que hacer un esfuerzo, y en el grupo de análisis así se ha planteado y
se presentan las distintas propuestas, para facilitar la movilidad competencial dentro del ámbito europeo. Sería más complicado homologar respecto a un único marco europeo, porque la realidad es que en la Unidad Europea no hay un modelo único con
el que homologarse. Hay países que lo están haciendo por tradición más que demostrada de su funcionamiento, a través de la vía de la formación profesional, y hay otros países que lo están haciendo a través de la vía de la formación universitaria.
También es cierto que no hay una demostración palpable de que los países que han optado por una u otra opción tengan la situación definida, incluso que no hayan entrado en conflictos competenciales dentro del propio ámbito sanitario, en el caso de
los que han optado por formación de grado universitario.
La realidad es que no hay un mismo modelo de formación, no hay o un único modelo con el cual homologarse,
y por tanto nosotros entendemos que el modelo válido es el de potenciar realmente la formación profesional. Cualquier otro modelo que contemplara la posibilidad de acceso a los estudios de grado, de alguna manera desvirtuaría, porque serían
estudios de grado universitario pero de ciclo corto, el planteamiento inicial de potenciar la formación profesional.
Nosotros entendemos que hay que dejar que el proceso de negociación, definiéndolo a través de los organismos que plantean las
garantías suficientes, tanto científicas como participativas, desarrolle su trabajo. Hay que dejar que este proceso, iniciado independientemente de las presiones que pueda haber por algunos sectores afectados, desarrolle en todos sus ámbitos las
distintas propuestas que, es cierto que en un momento pueden o no ser aceptadas, pero que tendrán que acabar siéndolo y ése es el compromiso que adquirió a través del grupo de análisis.
Es cierto que la movilidad de los técnicos superiores sanitarios en Europa tiene complicaciones, pero no les está vetada, porque la Directiva 36 del año 2005 de la Comunidad Europea establece si lo consideran oportuno determinados países,
medidas compensatorias. Por ejemplo, en Francia se exige un nivel de prácticas determinado, en el Reino Unido obviamente la situación es absolutamente distinta, porque el nivel lo determina fundamentalmente la prueba de capacidad y de comprensión
lingüística, además de que hay también un elemento práctico. Pero también es cierto que en España a otro tipo de técnicos que provienen de la Comunidad Europea se les está aplicando el mismo método. Ese es el caso de la podología, o incluso de
algunos técnicos sanitarios cuyos estudios en su país unifican en un solo título y en España son distintas especialidades y por ello aquí se les está pidiendo también este proceso de homologación.
En consecuencia, vemos que no hay un único modelo con el cual homologarse desde el punto de vista europeo, y que además el sistema necesita potenciar cada vez más los estudios superiores, o los estudios profesionales de grado superior. En
este sentido hemos presentado una enmienda de sustitución, en la cual se facilita realmente la homologación y la libre circulación europea, e incluso se actualiza el proceso y la mejora de las profesiones sanitarias vinculadas sobre todo a la
formación profesional, entendiendo que deberá hacerse en función de las conclusiones que el grupo de análisis, constituido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales, lleguen a acordar.
También debe mejorarse la calidad de la formación de los profesionales sanitarios y facilitar su libre circulación en Europa. Es curioso que en el foro de noviembre de 2005, que es el más amplio, el que contempla más departamentos y más
sectores interesados, se aprobó, además, por unanimidad, velar por la calidad de la formación de los profesionales sanitarios y garantizar una armonización de sus estudios y la libre circulación en el marco de la Unión Europea. En el marco de este
foro hay que dejar abierto ese camino que vale la pena potenciar, que es la formación profesional de ámbito superior.
Hay también cuestiones de organización interna de los centros hospitalarios, la consecución de grado supondría una mejora económica y social, pero entendemos que no son las cuestiones reales que debe contemplar el sistema, sino que el
sistema debe reflejar básicamente la mejora de estos estudios en el ámbito profesional. Proponemos esta enmienda para que en los foros donde se está discutiendo se tome la decisión y el acuerdo último para conseguir el objetivo inicial y básico de
estos colectivos, que es la mejora de sus estudios en el ámbito de la formación profesional y la movilidad en los países de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, por Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muy brevemente, señora presidenta. Mi grupo no ha formulado ninguna enmienda, únicamente quiere explicitar que comparte el objetivo de la iniciativa que ha presentado el Bloque Nacionalista Gallego, relativo a la
necesidad de una homologación que permita la libre circulación en la Unión Europea de estos profesionales. Se ha señalado ya aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y por lo tanto no me voy a extender en ello. Es una
problemática que afecta a un colectivo importante de profesionales, que tienen razón en lo que solicitan: poder librarse de las cortapisas que hoy tienen para ejercer su profesión más allá del Estado español, objetivo que compartimos.
Como ha señalado también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, Convergència i Unió tampoco tiene claro que la fórmula para lograrlo sea únicamente la titulación universitaria. El portavoz del grupo proponente ha señalado
que en Europa se siguen distintas fórmulas: una, la titulación universitaria; otra, la formación profesional. Es necesario ampliar las horas de formación profesional un año más. Nosotros seríamos más partidarios de impulsar y potenciar la
formación profesional en lo que pudiera dar de sí. Creemos que es un buen método y no tenemos claro que la fórmula sea la titulación universitaria. Nos gustaría que se pudiera llegar a una fórmula transaccional que recogiera las aspiraciones del
colectivo. A la vista de este acuerdo, nos pronunciaremos en la votación.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, ¿algún comentario sobre las enmiendas?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista conoce los términos en que se podría llegar a esa transacción.
Si es así, habría esa transacción; si no, votaríamos nuestra proposición no de ley
original.
-SOBRE IMPULSO DE UN PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LAS UNIVERSIDADES PARA SU ADECUACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001590.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que figura en séptimo lugar en el orden del día, sobre impulso de un plan de formación del personal de administración y servicios en las universidades para su adecuación al espacio
europeo de educación superior, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para defenderla el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Señorías, permítanme iniciar la defensa de esta proposición no de ley con una afirmación rotunda, y es que la construcción del espacio europeo de educación superior no es posible sin el concurso del personal de
administración y servicios de las universidades.
Cuando, primero en la declaración de la Sorbona y después en la de Bolonia, se apostó por un sistema armónico de educación superior basado en la gestión del conocimiento, la generación de aprendizajes y el desarrollo de competencias como
factores estratégicos de crecimiento y competitividad, se pidió un esfuerzo de adaptación al conjunto de la comunidad universitaria. Dicho esfuerzo debería conjugarse con una serie de medidas que deberían de tomar los distintos Estados miembros
para facilitar el tránsito al nuevo sistema universitario.
Pues bien, en estos momento, en lo que podríamos llamar el ecuador del proceso de convergencia, se observa una clara asimetría entre las medidas implementadas para estudiantes y profesorado y las adoptadas para el personal de administración
y servicios. Y entre estas medidas, la formación, destacada en todos los foros como piedra angular sobre la que descansa el pilar de la convergencia, es la gran ausente. Es cierto que hay documentos importantes, que se refieren de manera directa o
indirecta a esta cuestión. Desde la Carta magna de los rectores europeos en el año 1988, que resalta el esfuerzo de formación permanente para alcanzar una Europa del conocimiento, pasando por las declaraciones de Bolonia y de Praga, donde se
propugna directamente la necesidad de movilidad para el personal de administración y servicios, junto a la movilidad de los alumnos y el profesorado; la Convención de Salamanca, en el año 2003, que extiende la búsqueda de la calidad del sistema
universitario más allá de la función docente e investigadora al ámbito de la administración, o más recientemente la asamblea general de la CRUE (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas), donde explícitamente se apunta a la formación del
PAS como condición necesaria para alcanzar la convergencia. A pesar de las manifestaciones señaladas y de los esfuerzos -hay que reconocerlo- aislados de las propias universidades por formar a su personal de administración y servicios, se echa de
menos un plan integral para adaptar al PAS al espacio europeo de educación superior.
De entre las múltiples razones que podríamos señalar aquí y que avalan la necesidad de formación del PAS, me voy a detener únicamente en dos que forman parte del espíritu que alienta el llamado proceso de Bolonia. Una primera tiene que ver
con el cambio de misión que se le pide a la universidad del siglo XXI. Déjenme que recuerde este cambio de misión de la universidad. El propio Ortega hablaba de la misión de la universidad en un conocido opúsculo, que seguramente conocen el
portavoz del Grupo Popular y el resto de personas vinculadas a la universidad, donde decía concretamente que la raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión. 'Todo cambio, adobo, retoque de esta nuestra casa que no
parta de haber revisado previamente, con enérgica claridad, con decisión y veracidad el problema de su misión serán penas de amor perdidas', decía Ortega y Gasset. Si algo está claro en el proceso en que estamos inmersos es que la universidad no
puede reducir su misión a la simple transmisión de conocimientos a una limitada franja de población, sino que debe convertirse -creemos también- en el referente del desarrollo global de los ciudadanos, en ese lugar al que se accede una vez y al que
se debe volver para perfeccionarse. En definitiva, en esa casa de la sabiduría que da cobijo a quien busca obtener competencias profesionales, pero también a quien persigue el simple placer de aprender.
Este cambio de misión incide directamente también en el PAS, a quien ahora se le exige desempeñar nuevas tareas diferentes de las tradicionales.
Hasta ahora el personal de administración y servicios se ocupaba de la gestión administrativa
clásica (la gestión económica, la académica, la de servicios), pero en estos momentos las universidades necesitan soportes más profesionales para alcanzar los nuevos objetivos o la nueva misión, insisto, en que es un término acuñado en el conjunto
de las universidades. Y si el mayor capital de una organización son sus recursos humanos, necesitamos, sin duda, un PAS mejor formado, que haga revertir al interior de la propia institución universitaria habilidades y competencias como trabajo en
equipo, creatividad, capacidad para resolver problemas o capacidad de adaptación en tiempos cambiantes. En un escenario real con problemas de financiación en las universidades, la dificultad de ampliación de plantillas exige utilizar del mejor modo
el enorme potencial en recursos humanos infrautilizados, incluso las llamadas competencias dormidas. Estos recursos humanos están infrautilizados fundamentalmente por dos razones: por una deficiente organización que no permite aprovechar los
conocimientos de su propio personal y por una escasa formación. Si, como hemos señalado, queremos una universidad que potencie la formación del conjunto de los ciudadanos, deberíamos
empezar por uno de los colectivos que conforman la propia comunidad universitaria, como es el PAS. En definitiva, pensamos, como Michel Crozier, que el hombre unidimensional del modelo industrial debe ser sustituido por un ser que decide y
se compromete, pero sobre todo que se reconoce por su capacidad de aprender individual y colectivamente y de evolucionar en su aprendizaje.
La otra razón de las muchas, como decía antes, que avala la necesidad de formación del PAS enlaza con la necesidad de alcanzar una administración moderna y de calidad. Desde la Ley Rocard en Francia hasta el modelo CAF -siglas del marco
común de evaluación-, desarrollados por los responsables de las administraciones públicas en la Unión Europea, pasando por el Libro Blanco para la mejora de las administraciones públicas del año 2000 en nuestro país, se reconoce que la
transformación de la administración pasa por la implicación de los propios empleados y por la formación de éstos. Si, como decíamos antes, las organizaciones tienen en su personal la llave del cambio, parece lógico que las universidades contemplen
la participación y la formación del PAS como un hecho necesario para acometer las nuevas tareas que impone la convergencia. Por otra parte, los primeros beneficiarios de dicha formación del PAS son las universidades. Un PAS mejor formado aportará
al sistema mayor eficacia y mayor eficiencia, favorecerá la participación y permitirá una mejor adaptación a la nueva realidad.
Señorías, construir un espacio universitario común no supone solo, que también, redefinir la función docente, sino, asimismo, las estructuras de gestión desde las que se presta soporte a esta función. Armonizar la educación superior en
Europa condiciona crear en paralelo unos sistemas de gestión ágiles, flexibles y capaces de dar un respaldo eficaz al desarrollo de estos nuevos objetivos. Para todo ello, sin duda, se requiere de un personal de administración y servicios
adecuadamente formado.
La señora PRESIDENTA: Hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Tiene la palabra para defender la del Grupo de Convergència i Unió la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió valora positivamente esta iniciativa porque es acertada y comparte las primeras palabras expresadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros creemos también que en la
construcción del espacio europeo de educación superior la educación ocupa un lugar primordial. Hasta el momento la formación del PAS, no ha tenido la dedicación que se requiere. Estamos ante un tema que hay que abordar sin más dilación.
El Grupo Socialista proponía liderar la creación de un grupo de expertos que, en coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, realizara un diagnóstico de la formación del PAS y de su adecuación a los nuevos criterios de
aprendizaje en el marco del proceso de Bolonia. Por otra parte, proponía instar al Gobierno a impulsar, de acuerdo con las recomendaciones del grupo de expertos, el plan de formación del personal de administración. Compartimos el sentido de la
iniciativa, pero mi grupo parlamentario estima que este grupo de expertos debe incardinarse en algún organismo, porque, si no, aparecería en la iniciativa como un grupo de expertos aislado. A tal fin presentamos una enmienda con el organismo a
través del cual se tenía que incardinar este grupo de expertos.
Proponíamos que se hiciera a través del Consejo de Coordinación Universitaria, por una razón simple: porque, de acuerdo con la LOU, es a este organismo al que le toca desarrollar
estos temas, que no pueden estar desligados de otras medidas que se han de tomar para formar al personal docente investigador.
A lo largo de la mañana y dado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado también una enmienda, hemos alcanzado una transaccional aceptable desde nuestro punto de vista. Es cierto que en el seno del Consejo de Coordinación
Universitaria hay una comisión que se está ya encargando de estos temas, por lo que parece razonable que este grupo de expertos dependa de esta comisión. Por otra parte, nos parecía que el diagnóstico y las conclusiones que realizara el grupo de
expertos no se tenían que llevar a la práctica sin más, sino que deberían estar tamizadas por la valoración que hiciera el propio consejo. A ello obedece la redacción transaccional del segundo punto de la iniciativa que dice que se hará en
coordinación con las universidades, las comunidades autónomas y la mesa sectorial de las universidades, que era la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Repito que nos parece aceptable esta enmienda transaccional. Con el deseo de que pueda ser
aceptada por los otros grupos, la vamos a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: En primer lugar, agradezco al señor Bedera que a pesar de la situación física en que se encuentra en el día de hoy haya venido a defender esta proposición no de ley. Le doy las gracias en nombre de mi grupo y
creo que de todos los presentes.
El título 10 de la Ley Orgánica de Universidades se refiere exclusivamente al personal de administración y servicios de las universidades públicas, y en él, el artículo 73, cláusulas 2 y 3, dice exactamente lo siguiente: Corresponde al
personal de administración y servicios de las universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento de las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y de la administración, particularmente las áreas de recursos humanos, organización
administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales,
así como cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determinen necesarios para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos. El personal funcionario de administración y servicios se regirá por la
presente ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de funcionarios y por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las comunidades autónomas y los estatutos de cada universidad.
En el artículo 76, cláusulas 3 y 4, se afirma que 'los estatutos establecerán las normas para asegurar la provisión de las vacantes que se produzcan y el perfeccionamiento y promoción profesional del personal de administración, de acuerdo
con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Las universidades promoverán las condiciones para que el personal de administración y servicios pueda desempeñar sus funciones en universidades distintas de la origen. A tal fin
podrán formalizarse convenios entre las universidades o con otras administraciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad. Por otro lado, el artículo 87 expone: En el ámbito de
sus respectivas competencias, el Gobierno, las comunidades autónomas y las universidades adoptarán las medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el espacio europeo de educación superior.
Aquí tenemos, pues, el marco normativo bajo el cual esta proposición no de ley debe enmarcarse, y que como se puede apreciar, es suficientemente claro respecto a algunos de los comentarios que se incluyen en su exposición de motivos, por
ejemplo transcribiendo lo declarado en Bolonia y Praga, el fomento de la movilidad para los alumnos, personal docente e investigador y personal de administración y servicios; que recogía puntualmente la Ley Orgánica de Universidades, conocida como
LOU, esa ley que ponía la universidad patas arriba y producía el gran caos cósmico.
Sin embargo, sí reconocemos que la nueva situación en el espacio europeo de educación superior requiere, como también aparece en la citada proposición no de ley, en
su exposición de motivos y tal como ha dicho el portavoz socialista, la redefinición de la función docente y la de las estructuras de gestión desde las que se presta soporte a esta función.
Siendo conscientes de que se producen fuertes cambios con la adaptación al espacio europeo de educación superior con los créditos ECTS para profesores, alumnos, gestores y personal de administración y servicios, con la estructura de las
titulaciones, con el reto de la calidad y la acreditación, imprescindible -como todos reconocemos- para la gestión universitaria y, finalmente, con el suplemento europeo al título, la gestión universitaria, como dice el profesor García Román, se
encuentra profundamente implicada en cualquiera de los cuatro aspectos antes considerados. Y si uno falla, fallará todo el proceso de convergencia.
Por ello, siguiendo al mismo autor y según una resolución del Parlamento Europeo de 2002, habrá que
crear redes y servicios públicos comunes a escala europea para favorecer el acceso a la información; se tendrán que gestionar nuevos conceptos en torno a los créditos y calificaciones, títulos de grado y posgrado, planes de estudios, títulos
conjuntos y compartidos, mayor número de espacios, etcétera.
Todo conforma, pues, la necesidad de un personal de administración y servicio adecuadamente formado y perfectamente coordinado, formación que será más intensa obviamente en los idiomas, no solo para los servicios de relaciones
internacionales, programas Sócrates, Tempos, ALFA, Erasmus Mundus, etcétera, sino en general para todos los aspectos de gestión de las universidades en un espacio común europeo. Como dice Casani Fernández de Navarrete, de la Universidad Autónoma de
Madrid, es imprescindible la organización y la coordinación, el liderazgo y la profesionalización, la mayor cualificación y formación del personal de administración y servicios. En síntesis, un trabajo más interesante y más cercano a los usuarios.
O lo sugerido por Macarena López de San Román sobre la oportunidad única que representa el espacio europeo de educación superior para acometer un cambio necesario en la gestión universitaria centrado en tres aspectos: primero, en el
político-económico, basado en una mayor eficacia y eficiencia; segundo, en el cultural-sociológico, con una mayor formación del personal de administración y servicios, movilidad y desarrollo de competencias; y tercero, la modernización de la
gestión, es decir, nuevos modos de hacer que permitan el trabajo en equipo, la participación y el intercambio de experiencias.
Como pueden comprobar SS. SS., la transformación de una nueva situación es algo que el Grupo Popular considera suficientemente importante, al coincidir su planteamiento en esta temática con el de los principales estudiosos de la misma. Y
en consecuencia, su postura será positiva respecto a esta proposición no de ley. Si lo analizamos (también lo ha dicho el portavoz socialista), desde una perspectiva temporal vamos ya tarde, y esta proposición no de ley puede favorecer un mayor
entusiasmo en la realización de estos cambios. Con otras palabras, consideramos que el comportamiento del actual Ministerio de Educación y Ciencia va bastante retrasado en esta parcela de la educación superior del espacio europeo, sentir que
compartimos con la mayoría de las comunidades universitarias de las diferentes universidades españolas, sentimiento que ya ha adquirido una denominación propia sobre el actual Ministerio de Educación y Ciencia. Me refiero - y perdonen la coloquial
expresión- a que casi todo el mundo lo considera como que el ministerio está realmente missing. Aunque pensamos que esta proposición no de ley es oportuna, hemos presentado algunas enmiendas al texto que voy a justificar a continuación, a pesar de
que, como ya ha comunicado la portavoz de Convergència i Unió, vamos a alcanzar una transacción. Justifico estas enmiendas porque mejorarían esta proposición no de ley, pero en aras del consenso, aceptaremos finalmente la transacción.
Creemos, en primer lugar, que habría que contar con los agentes sociales, especialmente los sindicatos, para cualquier cambio con el personal de administración y servicios universitario, ya que forma parte intrínsecamente de su razón de ser
y porque estos últimos llevan bastante tiempo organizando, junto a las universidades y a las comunidades autónomas -yo me aventuraría a decir que prácticamente en todas las universidades de España y en todas las comunidades españolas-, jornadas de
reflexión sobre este y otros temas relacionados con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, como la que se produjo hace unas semanas en la Universidad Politécnica de Barcelona, organizada por Comisiones Obreras y a la que asistimos, como ya
comunicó en otra ocasión la señora Palma por el Partido Socialista, la señora García por Izquierda Verde y este diputado por el Partido Popular; o exactamente hace siete días en la Universidad de Sevilla, con presencia del secretario de Estado de
Universidades e Investigación, organizada por la Unión General de Trabajadores, y en la que en un derroche de buen talante y entusiasmado diálogo a este diputado le negaron la palabra. A pesar de esta impresentable actitud, consideramos, como no
puede ser de otra forma, necesaria su presencia singularizada en esta coordinación junto a las comunidades autónomas y a las universidades.
En segundo lugar, aunque sigamos esperando el famoso informe de la Comisión sobre la financiación para el próximo mes de mayo, coincidiendo no solamente con compañeros de grupo y de partido sino con los especialistas en estos asuntos,
opinamos que habría que añadir un tercer punto dedicado expresamente a una financiación específica para este futuro plan de formación del personal de administración y servicios universitarios, si no se quiere convertir todo esto en una amplia y
estudiada acción de maquillaje de la situación actual, pues como ya ha dicho algún experto, son más importantes para el espacio europeo de educación superior los incentivos financieros que una transformación administrativa en las universidades de
España.
En consecuencia, la enmienda de modificación propuesta por el Grupo Popular consistiría, como conocen ya los distintos portavoces de los diferentes grupos, en utilizar el concepto de sindicatos en los puntos primero y segundo, y en añadir un
tercero para una dotación presupuestaria plurianual a partir del próximo ejercicio 2007 para llevar efectivamente un buen plan de formación del personal de administración y servicios. Dado que se ha anunciado por parte de la portavoz de
Convergència i Unió la enmienda transaccional que va a ser aceptada por la mayoría de los grupos, me remito a esa transacción.
Quisiera mencionar un añadido a este tercer punto de la enmienda propuesta por el Grupo Popular, de hacer una dotación presupuestaria plurianual a partir del año 2007. En la negociación de la transaccional se me ha dicho que es casi
imposible un programa plurianual para dotaciones presupuestarias. Yo quisiera recordar a los miembros de esta Comisión, especialmente a los del Grupo Socialista, que para determinadas provincias de la comunidad andaluza se han hecho unos
presupuestos de programas plurianuales que alcanzan, no solamente para dos o tres años, sino que su objetivo es el año 2030.
La señora PRESIDENTA: Señor Bedera, comentarios sobre las enmiendas.
El señor BEDERA BRAVO: Como ya se ha anunciado aquí, el contenido de esta proposición no de ley va a ser modificado en función de las aportaciones del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Popular. En el caso de Convergència nos parece
no solamente acertado, sino enriquecedor, el colgar ese grupo de expertos del Consejo de Coordinación Universitario, dado que efectivamente hay una comisión para la renovación de las metodologías educativas que está trabajando ya en estos temas.
Nos parece una aportación interesante y así lo hemos asumido. Respecto de las posiciones del Grupo Popular, aprovecho para agradecer al portavoz su interés por mi salud. Afortunadamente trabajamos con la palabra, no con la espalda, y por lo tanto
nos podemos mantener todavía en esto. La participación de los sindicatos también nos parece acertada, dado que estamos hablando del personal de administración y servicios. Y lo hemos reconducido a su lugar idóneo, a la mesa sindical, haciendo
referencia a un espacio natural.
En cuanto al tema económico, quiero decirle al portavoz del Grupo Popular que, efectivamente, en la LOU ya hay un título referido a la convergencia, pero el Partido Popular se olvidó de poner dinero encima de la mesa para llevarla a cabo.
Aunque le parezca que el ministerio está desaparecido, a veces desaparición y discreción se confunden. Ese ministerio que está missing entre 2005 y 2006 ha puesto 20 millones de euros: 6,5 millones en 2005 y otros 13 en el presente, cantidad con
la que se va a llevar a cabo este plan de formación. Digamos públicamente, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que queda patente el compromiso del ministerio, porque ya existe una partida económica en ese sentido. Por lo demás, en aras de
esa buena convivencia que se demuestra Comisión tras Comisión, hemos presentado una enmienda transaccional que ha sido aceptada por los grupos que tenían presentadas enmiendas y de la que dispone la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Habíamos convocado votación a la una. Dado que ha pasado esa hora, si les parece, procedemos a la votación.
Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: A mí no me ha quedado claro, si se ha llegado a una transacción en la proposición no de ley que figura como número 4 en el orden del día, relativa a los técnicos superiores sanitarios.
Me gustaría si el señor Rodríguez nos lo aclarara para nuestro sentido del voto.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No llegamos a un acuerdo transaccional y, por lo tanto, se votará la proposición no de ley original.
La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones. Vamos a votar las proposiciones no de ley en el orden en que aparecen en el orden del día, no en el orden en que han sido discutidas.
Comenzamos, por lo tanto, por la proposición no de ley relativa a la creación de observatorios para la convivencia escolar, que se va a votar, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley relativa a la protección de jóvenes deportistas, que se somete a votación también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre elaboración de un plan nacional contra la obesidad mediante el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, que se somete a votación también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda por lo tanto rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley relativa a la homologación de los técnicos superiores sanitarios en el espacio de educación europeo, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Recuerdo que la proposición no de ley que figuraba en el punto número 5 del orden del día ha sido retirada. Votamos, por lo tanto, a continuación la proposición no de ley relativa a la creación de una unidad didáctica utilizando los nuevos
lenguajes tecnológicos, que se somete a votación en los términos de la aceptación de la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, por último, la proposición no de ley sobre el impulso de un plan de formación del personal de administración y servicios en las universidades, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que se ha
presentado a la Mesa.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a la una y diez minutos de la tarde.