CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 498

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 15

celebrada el jueves, 9 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
-Emitir dictamen por parte de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento de Cataluña, a la vista del informe elaborado por la ponencia conjunta. (Número de
expediente 127/000003.) ...
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, señoras y señores delegados, abrimos las sesiones que la Comisión Constitucional dedicará al debate y aprobación en su caso de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Contamos ya con el informe de la ponencia, ponencia que ha empleado todo el tiempo que tenía asignado reglamentariamente; ha estudiado desde el 6 de febrero al 6 de marzo el texto propuesto por el Parlamento de Cataluña. Quiero
agradecer a todos los ponentes de la Comisión Constitucional y de la delegación del Parlamento de Cataluña la colaboración que han mostrado en los trabajos de ponencia; igualmente quiero agradecer al señor letrado su trabajo y a todo el personal de
apoyo, que nos ha permitido concluir nuestra tarea.
El trabajo en la ponencia ha sido un trabajo riguroso, respetuoso con las posiciones contrarias, utilizando argumentos jurídicos y políticos para la defensa de las posiciones propias, pero sin
descalificar las ajenas.
Muchas de las enmiendas presentadas han producido modificaciones en el texto que llegó a esta Cámara. Se han modificado 144 artículos de 227; ocho disposiciones adicionales de diez; una disposición transitoria de tres;
tres disposiciones finales de cinco y también ha sido modificado el preámbulo. Se han producido siete motivos de desacuerdo; son aquellas ocasiones en las que la votación ha dado un desacuerdo entre la mayoría de la Comisión Constitucional y la
mayoría de la delegación del Parlamento de Cataluña. Esos siete motivos de desacuerdo habrán de ser resueltos en esta Comisión. Para algunos las modificaciones realizadas representan una profunda transformación del texto aprobado en el Parlamento
de Cataluña, para otros resulta una transformación o modificación insuficiente.



Se han presentado enmiendas, que se mantienen vivas, o votos particulares que intentan mantener textos anteriores, correspondiendo tres enmiendas al Grupo Mixto, tres a Izquierda Unida Verds, nueve al Grupo Socialista, once al Grupo Catalán
Convergència i Unió, 64 al Grupo Parlamentario Popular y 105 al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Comenzaremos por estudiar las enmiendas o votos particulares a los diversos títulos del proyecto de Estatuto y finalmente
deliberaremos sobre el preámbulo, por si las modificaciones afectaran a su texto. Vamos a realizar el estudio por títulos. Como saben ustedes, el proyecto se compone de un título preliminar y siete títulos más, numerados del I al VII, más las
disposiciones y el preámbulo. Agruparemos para su debate las enmiendas a cada título, aplicando flexiblemente el Reglamento en cuanto al tiempo y a la posibilidad de reparto de éste entre más de un interviniente. Seguiré ese criterio de
flexibilidad muy particularmente en el título preliminar, que será sobre el que vamos a empezar a deliberar, porque las señoras y señores intervinientes podrán hacer la defensa de sus enmiendas o la toma de posición y agregar, si lo estiman
pertinente, las consideraciones generales sobre el conjunto del Estatuto.
También seré especialmente flexible en el título IV, referido a las competencias. En sentido contrario a esta flexibilidad, aparentemente contrario, les pido que tengan
disciplina en cuanto al número de intervenciones y al tiempo que empleen, pues, como ustedes conocen, la Comisión tiene un plazo límite, que expira el día 27 de marzo, para concluir su debate.



Dado que las fuerzas políticas cuentan con doble representación en varios casos, por una parte la Comisión y por otro la delegación, sería bien recibido que en la medida de lo posible no se utilizaran turnos duplicados si se intenta exponer
los mismos argumentos. El orden y el tiempo de intervenciones será el siguiente: los grupos que mantengan enmiendas o votos particulares intervendrán en primer lugar; antes, los que más se separen del texto en sus enmiendas. Después podrán,
repito podrán, tomar la palabra los grupos que, sin tener enmiendas ni votos particulares, deseen exponer su posición sobre las enmiendas o los votos; irán de menor a mayor y, si hay de una parte u otra, comenzando por la delegación del Parlamento
de Cataluña y siguiendo por la Comisión Constitucional. Los enmendantes, con enmiendas o votos particulares, contarán con quince minutos como regla general y aquellos grupos que tomen posición posteriormente con diez minutos como regla general.
Les advierto que en los temas de importancia seré especialmente flexible.



Las votaciones de las enmiendas, los votos particulares y los artículos que se votarán en la Comisión se producirán en cada sesión al final del debate y si se ha terminado totalmente un título. Quiere decir que si en una mañana no se
termina un título no habrá votaciones, pero si se ha terminado un título se votará no antes de las 13:30 y, en las sesiones de la tarde, no antes de las 19:30; las señoras y señores diputados y delegados podrán tener disposición de su tiempo,
sabiendo que nunca se votará antes de las 13:30 ni antes de las 19:30, en caso de que se terminen los títulos.



Con estas instrucciones del funcionamiento que vamos a tener podemos comenzar a examinar el informe de la ponencia, comenzando por el título preliminar. A este título se ha mantenido una enmienda de supresión del Grupo Popular, la enmienda
número 23, cuatro votos particulares del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya a los artículos 1, 3, 4 y 11.2 y una enmienda al artículo 8, del Grupo Socialista.



Para la defensa de la enmienda tendrá en primer lugar la palabra aquel que más se aleja del texto y por tanto será el Grupo Popular. En su nombre tiene la palabra don Mariano Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Señor presidente, disculpe que no me dirija a usted, pero, tal y como está conformada la Comisión, lo que me resulta más cómodo es


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mirar de frente al conjunto de las señoras y señores diputados.



Señor presidente, señoras y señores diputados de esta Cámara y del Parlament de Cataluña, el día 2 de noviembre del año 2005 fijé en el Pleno de esta Cámara la posición de mi grupo sobre el texto que había remitido el Parlamento de Cataluña.
Les resumo las principales conclusiones que entonces afirmé, porque tiene sentido hacerlo en el día de hoy. En primer lugar dije que no estábamos ante una reforma de Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, que el texto que se nos había remitido
chocaba, era incompatible y no se puede aplicar sin quebrar la Constitución. En tercer lugar y en consecuencia de las dos primeras afirmaciones transmití la idea de que nos íbamos a oponer a su tramitación como reforma de Estatuto de Autonomía,
aunque no nos oponíamos a su tramitación como reforma de la Constitución, algo que tiene perfecto derecho a plantear el Parlament de Cataluña y cualquier otro Parlamento del resto de las comunidades autónomas. Por último, en cuarto lugar, afirmé
algo que quiero reiterar ahora: mi posición era independiente y lo será hoy del origen del Estatuto y de quiénes hayan sido sus autores. Fijé posición y lo haré hoy sobre un texto. Insisto, me es igual cuál sea su origen, el origen del que vamos
a debatir hoy ya no es el mismo que el que debatimos el 2 de noviembre, y además me es igual quiénes sean sus autores, los autores del que debatimos el día 2 de noviembre eran unos y los autores del Estatuto o del texto que vamos a debatir hoy son
otros.



Quiero decir a las señoras y señores diputados que intentaré aportar razones y argumentos, que agradecería que todos hiciéramos lo mismo, que voy a defender los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles y particularmente los
intereses del conjunto de los ciudadanos de Cataluña, porque es mi obligación, porque es mi deseo y porque siento que es lo que tengo que hacer, y mis posiciones no pretenden otra cosa, sean acertadas o sean equivocadas, que defender el interés
general del conjunto de los ciudadanos españoles.



Señoras y señores diputados, como todos sabemos el Pleno de la Cámara decidió, con la oposición de mi grupo, admitir a trámite el texto que nos ocupa y en las últimas fechas se inició la tramitación. Estamos en su fase de ponencia; antes
conocimos lo que habían acordado en fechas previas al 30 de septiembre dos importantes dirigentes políticos -uno de ellos el presidente del Gobierno y otro el líder del principal partido de la oposición en Cataluña-; después supimos lo que pasó el
30 de septiembre y más tarde fuimos conocedores de que en enero del año 2005 esos dos mismos dirigentes acordaron otra cosa. Pero eso no es lo que importa ahora ni hace al caso. Ahora toca hablar de un texto concreto, que es el de la ponencia, y
les adelanto mi opinión. Primero, el texto no se ajusta a la Constitución, es contrario a la Constitución española; segundo, el texto es ininteligible para cualquier persona normal, sea o no jurista, en una parte muy sustancial de su articulado y,
tercero, el texto es malo para los ciudadanos, malo para el conjunto de los españoles y malo de forma muy especial para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña.



Voy a comenzar esta intervención explicando por qué el texto es contrario a la Constitución. Quiero decirles a todos ustedes que no voy a analizar ahora -no toca y tiempo habrá en los próximos días- todos los motivos de
inconstitucionalidad, son decenas. Yo me voy a referir a lo esencial; a aquello que lo hace contrario de raíz al texto constitucional y a algunas consecuencias que derivan de eso. Señor presidente, permítame que con brevedad lea un texto: Con la
Constitución en la mano, señorías, no cabe error sobre quién posee un poder original y quién disfruta de un poder delegado; quién toma las decisiones constitucionales y cuáles son los límites de los poderes transferidos. En España, mientras no
cambien las cosas, es decir, mientras no se apruebe otra Constitución, no existe más que un poder soberano; un poder que está sobre la Corona, sobre el Gobierno, etcétera; un poder que no admite parcelas, que no se divide y que no se comparte; un
poder que delega voluntariamente sus potestades, pero no renuncia a la propiedad. Ninguna instancia delegada es propietaria del poder que recibe. Ese poder que ustedes representan lo ejerce exclusivamente el pueblo español constituido en nación.
En eso consiste la soberanía nacional. Ante él nadie habla de igual a igual; ante él no se blindan ríos ni competencias; a lo sumo se administran por delegación y siempre al servicio del interés general. ¿Y esto por qué es así? Porque los
españoles forman una nación soberana. ¿Por qué? Porque así lo decidieron en 1978. Es la voluntad de la nación la que da obligatoriedad a las leyes. No estamos hablando de esencias ni de unidades sagradas; hablamos de una expresión de voluntad
democrática. El pueblo español no es soberano porque lo diga la Constitución; no, es al revés. El pueblo español hizo la Constitución porque era soberano. Las comunidades autónomas no han creado ni pueden crear la nación o el Estado; todo lo
contrario. Es la nación soberana la que ha dispuesto constituirse en Estado y que en ese Estado existan comunidades autónomas.
El Gobierno de una comunidad autónoma no lo elige ningún poder ajeno a la soberanía nacional sino los españoles censados
en dicha comunidad, en los cuales la soberanía nacional ha delegado esa parcela de poder. Señoras y señores diputados, conviene, como digo, que las cosas queden claras para todas las comunidades autónomas. Este es el error esencial del Estatuto.

Estas palabras las pronuncié el día 2 de enero del año 2005 en el Pleno de esta Cámara. Quiero decir que estas palabras están hoy plenamente en vigor. Este es el error esencial del Estatuto -igual que sucedía en el caso del plan Ibarretxe- y sigue
siendo hoy el más importante; de donde derivan todos los demás.



Señorías, el texto de la ponencia dice que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña. El Estatuto de 1979 decía que los poderes de la Generalitat emanaban de la Constitución, del presente Estatuto y del


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pueblo. ¿Puede alguien explicar por qué se cambia este artículo? ¿Cómo se compagina con la Constitución española, que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado? ¿Acaso son
todos menos uno? Señor presidente, en plena consonancia con este artículo, en el preámbulo del texto se nos dice lo siguiente: El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento de los ciudadanos de Cataluña, ha definido a Cataluña como una
nación. La Constitución, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad. Es decir, el preámbulo nos dice que el artículo 2 de la Constitución reconoce que Cataluña es una nación. Yo no lo sabía y en cualquier
caso eso no le corresponde decirlo al autor del preámbulo, sino al conjunto de los ciudadanos españoles. Por tanto, hay dos afirmaciones plenamente congruentes: Primera, los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán; segunda, Cataluña
es una nación.
Me gustaría conocer qué significa esto para sus autores, porque es muy importante. Para el Partido Socialista, según nos han dicho, no significa nada. Parece que no tiene ningún efecto, es igual que se ponga o que no se ponga. El
señor presidente del Gobierno incluso ha llegado a decir que tiene un valor descriptivo y no definitorio. ¿Se trata, entonces, solo de quitarse de en medio a algunos y de quedar bien? Digo esto porque a quienes pactaron este texto con los
socialistas no parece que les dé igual, tienen otro criterio. Escuchen ustedes lo que dice el líder del principal partido de la oposición en el Parlamento de Cataluña, que fue quien pactó con el presidente del Gobierno: Van a reconocer que el
Parlament ha definido a Cataluña como una nación. Para cualquier nacionalista catalán, este es un gran paso, es un paso hacia delante porque es un pacto de soberanía del Parlament reconocido por las Cortes.
Las Cortes nos reconocen a nosotros un
acto de soberanía. Este es un gran mensaje de cara al futuro.



Señoras y señores diputados, y ahora, después de preguntar -y espero que alguien nos explique qué significa esto que han pactado, porque parece que han pactado cosas distintas-, con su permiso, les daré mi opinión sobre este asunto. Yo creo
que este texto, el de la ponencia, significa lo que dice el más importante interlocutor de los socialistas. Él, que está aquí, no engaña a nadie, y al menos ya somos dos los que pensamos lo mismo: él y yo. Y si eso no significa nada, le pido al
Partido Socialista Obrero Español que lo haga constar en acta, que diga que eso no significa nada, y también le pido que vuelva a la redacción de 1979, que no decía eso. Porque si no significa nada, ¿para qué cambiamos la redacción del año 1979?
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!) No me vale solo que diga que eso y nada es lo mismo, porque esta redacción quedará para tiempo y los que ahora me van a decir que no significa nada sabe Dios dónde estarán dentro de unos años. Señor
presidente, señoras y señores diputados, este es el tema clave de todo el texto, aquí está la clave de la ruptura con la Constitución de 1978, aquí está la base de la que parte todo el resto del texto y por tanto pido que se corrija. Afirmo que
esto es muy importante y que un dirigente socialista no puede dar su apoyo a esto. Uno nacionalista, sí; probablemente deba, si quiere ser coherente con lo que piensa. Pero comprenderán ustedes que yo pienso de otra manera diferente, y no es
malo, sería dramático que todos pensáramos igual.



Voy ahora, como les decía al principio, a poner algunos ejemplos de inconstitucionalidad de este texto, que son importantes, pero menos; lo importante es lo que he dicho, pero estos son la consecuencia de esta afirmación de principios.
Solo algunos ejemplos, insisto, tiempo habrá para hablar de esto en los próximos días. Hay un título que se llama De derechos y deberes. Señoras y señores diputados, no voy a entrar ahora en el análisis del articulado, luego haré algún comentario,
solo les voy a decir una cosa: no puedo felicitar al autor del título -es la forma más educada que se me ocurre de criticar este título que se llama De derechos y deberes-, jamás he visto siquiera cosa parecida, es algo absolutamente inaudito, pero
lo peor es que muchísimos de los que están aquí, que lo han votado, lo saben y van a seguir votándolo, que es lo verdaderamente sorprendente, y encima me van a criticar a mí por decir en público lo que ellos están pensando. Esto es la vida misma y
todos sabemos que es así.
¿Cómo se ha hecho este título De derechos y deberes? Fíjense ustedes lo que he leído yo en un importante periódico catalán: Tanto es así que, en un primer momento, Artur Mas y Duran i Lleida negociaron con el propio
Rodríguez Zapatero el arreglo del título I. Lo insólito es que Zapatero acordara exactamente lo contrario con el representante de Izquierda de Cataluña pocos días después. (Tengo que decir que a mí no me parece nada insólito que acordara una cosa
con uno y al día siguiente otra distinta con otro, en esto sí que no estoy de acuerdo con el autor) (Rumores.) ¿Cómo se puede acordar cosas opuestas simultáneamente? Es imposible, y de ahí lo que sucedió a continuación en el trámite en ponencia, el
PSOE recibió la instrucción de actuar de acuerdo con lo pactado con Joan Saura, de Izquierda de Cataluña; la fuerza parlamentaria de CIU se supeditó a Iniciativa per Catalunya, el partido más pequeño del Parlamento. Esto lo dice un conocido
militante de la coalición de Convergència i Unió, lo dice por escrito y en un periódico de Cataluña.
En fin, señoras y señores diputados, lo que me importa ahora es otra cosa. Para mí una nación es su conjunto de ciudadanos libres e iguales que
ostentan la soberanía nacional -ya sé que para Rodríguez Zapatero no es así-. Si los ciudadanos tienen derechos y deberes distintos, ya no son iguales, es de cajón. Por tanto, estaremos hablando de otra cosa. Dos comentarios más sobre este
asunto. ¿Por qué el Estatuto de Núria, del año 1932, y el de Sau, del año 1979, decían que los ciudadanos de Cataluña tenían los mismos derechos en el primer caso que los que la Constitución de la República daba al conjunto de los ciudadanos
españoles, y en el segundo caso que los de la Constitución de 1978? ¿Qué ha pasado desde


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entonces? Ahora tenemos decenas de artículos. Lo que antes era un artículo en el Estatuto de 1932 y en el de 1979 respondía al sentido común. Me hace gracia ver a estos señores de la izquierda defendiendo derechos y deberes distintos. Es
algo fantástico. Yo habré estudiado otra izquierda.
Ahora tengo que defender yo estas cosas (Risas.) La vida misma, señoras y señores diputados. ¿Qué ha pasado? Les voy a decir una segunda cosa. Esto tiene su lógica. Si los poderes de la
Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y Cataluña es una nación -y este es el principio inspirador de todos-; ¿cómo no van a constar en ese texto los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña? Sería un texto incompleto. Por eso digo que
tiene lógica.



Vamos a otro asunto, señoras y señores diputados. La regulación de este otro al que voy a hacer referencia también es congruente con la afirmación que hace el Estatuto de la soberanía y de la nación, consagra el principio de bilateralidad.
¡Cómo no lo va a consagrar! Antes no existía, no se crean. En realidad no existió nunca, pero es que ahora estamos en un escenario diferente y a escenario diferente regulación diferente. Pero además es una bilateralidad singular, porque fíjense
ustedes -y luego entraré más a fondo en este asunto-; ¿corresponde a la Generalitat en sus competencias? Tienen todas, el Estado allí no existe; sin embargo, en las del Estado interviene la Generalitat, con lo cual ya dejan de ser del Estado,
como es natural. Les podría dar decenas de ejemplos, pero no quiero aburrirles. Oigan algunas de las cosas que dicen ustedes en el Estatuto. Se crea una comisión bilateral Generalitat-Estado como marco general y permanente para la participación y
colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales. Es decir, que las competencias estatales ya no son del Estado y los proyectos de ley, entre otros, en la legislación básica, tienen que pactarlos por lo visto -luego
hablaré de la legislación básica- la Generalitat y el Estado. La Generalitat participará en la planificación general de la economía, que es una competencia del Estado. Pregunto: ¿Las demás comunidades autónomas también? Participará en la
fijación de la política de I+D+i tanto estatal como en el ámbito de la Unión Europea y en otros organismos e instituciones internacionales. ¿Los demás también? Participará en la elaboración y reforma de la legislación penal y procesal que incide
en la competencia de menores. ¿Los demás también? Hay decenas de competencias del Estado en las cuales la Generalitat participa o autoriza o es preciso el acuerdo previo con ella. Les hago una pregunta, señoras y señores diputados, y a ver si
alguien me la contesta.
Si esto se generaliza, porque el Partido Socialista -se la hago a ustedes- dice que este Estatuto es generalizable a todos, les aseguro que el modelo de España no es el que hay en este momento. El modelo de España es el de
la Unión Europea y funcionaremos con consejos de ministros, como la Unión Europea, y el Parlamento nacional será como el de la Unión Europea. Perdonen ustedes, pero yo esto no lo puedo aceptar; probablemente esté equivocado, pero yo esto no lo
puedo aceptar.



Pasamos a otro asunto que también es consecuencia de afirmar la soberanía y afirmar el concepto de nación, lo que llamamos el blindaje de competencias. Es plenamente congruente la regulación que se hace de las competencias, porque una
nación debe decidir sus competencias. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Si no, esto sería otra cosa. Lo malo es que en este caso también deciden las de los demás. Eso ya me parece un poco menos justo. Hasta ahora -fíjense ustedes- las competencias
del Estado las fijaba la Constitución -eso era hasta ahora- y en caso de discrepancia intervenía el Tribunal Constitucional. No digo que esté a favor o en contra, digo lo que era. Ahora no, ahora es el texto que estamos debatiendo aquí el que fija
sus competencias, las suyas, pero también fija las del Estado. Esto es algo fantástico. Lo hace con las exclusivas, en las competencias exclusivas naturalmente el Estado no tiene ninguna intervención. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Antes sí la
tenía porque hay títulos genéricos que permitían actuar al Estado para defender, por ejemplo, la igualdad de los españoles -es un tema que siempre ha defendido la derecha y ha criticado la izquierda, como todos ustedes saben-, o, por ejemplo, la
unidad de mercado, que parece razonable defenderla en el año 2006 en un mundo como en el que vivimos. Pues bien, hoy en este texto nos hemos enterado de que, en las competencias compartidas, lo básico serán solo principios. Solo principios. Oiga,
¿y si alguien hace un estatuto, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura y dice que lo básico no son solo principios, que para él legislación básica es algo más que principios? Entonces, ¿qué sería: básico en un sitio y no básico en otro?
Tendríamos un Estado enormemente eficaz, como es perfectamente entendible. Pero lo más sorprendente es que se atribuye y define todo lo que son las competencias básicas en la Constitución.
Fíjense ustedes, en el Estatuto de 1979, el listado de
competencias son tres artículos; ahora son 69. Este es un espectáculo absolutamente impresionante.(Rumores.) Yo, señoras y señores diputados, pido por favor un poco de sentido común en relación con este asunto.



Otro tema importante y cuya consecuencia era evidente. Si hay soberanía y hay una nación tendremos Poder Judicial propio. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Y hay un Tribunal Superior de Justicia que tiene funciones de Tribunal Supremo. Y hay un
Consejo de Gobierno que es un órgano delegado del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, yo pregunto: ¿si es un órgano delegado puede recuperar ese Consejo General del Poder Judicial las competencias? Y hay un fiscal general superior, claro,
como el del Estado, ¡hasta ahí podíamos llegar! Y se convocan las plazas por parte de la Administración del Poder Judicial y otras muchas cosas. Y naturalmente, no quiero alargarme demasiado, hay una política exterior y una política europea. ¡Cómo
no iba a haber, si estamos hablando de lo que estamos hablando, una política europea! Tiene razón, estoy defendiéndolo.
Hay una


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política europea y así la Generalitat podrá presidir los consejos de ministros de la Unión y ejercer la representación del Estado. Claro, ¡cómo no va a poder! Oiga, ¿y las demás comunidades autónomas también? ¿Podían responder a esta
pregunta? Y también podrá designar representantes de los órganos consultivos y preparatorios del Consejo y de la Comisión, por ejemplo, el Correper, donde están los embajadores.
Claro, ¡cómo no va a poder! Y tiene acceso ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, aunque la normativa comunitaria no lo permita, pero ¡qué más da! Si lo decidimos aquí. Además, se incorporarán representantes de la Generalitat en las delegaciones españolas que participen en los procesos de revisión y
negociación de los nuevos tratados de la Unión.
Ahora se va a debatir la Constitución y ahí naturalmente estarán, además de los veinticinco -dentro de poco veintisiete- representantes del los Estados, los señores de la Generalitat y los del resto
de las comunidades autónomas, porque no van a ser de peor condición. ¿O sí? Eso se lo pregunto a los señores del Partido Socialista. Naturalmente participarán en la formación del Estado ante la Unión Europea con carácter determinante -luego
hablaré de esto- si afecta a sus competencias exclusivas. El problema es: ¿el resto también pueden?


En política exterior, señoras y señores diputados, mejor no voy a entrar a fondo. Sí tengo que decir una cosa, porque no me puedo sustraer a la actualidad. Después de ver las portadas de algunos medios de comunicación del día de hoy,
después de ver algunas cosas que han recogido los medios de comunicación, tengo que decir que se han quedado cortos. Este asunto pueden pactarlo conmigo porque yo creo que algunos representantes del Gobierno de España a mí no me representan. Por
tanto, aunque solo sea por carácter transitorio y hasta que cambie el Gobierno, de este asunto, fíjense ustedes, estoy dispuesto a hablar con ustedes y además a hacerlo muy a fondo.



Quiero terminar este artículo dedicado a los apartados constitucionales hablando de la lengua. No voy a hacer ningún juicio de valor, pero es lógico, si hay un principio inspirador, que es la soberanía, y si afirmamos la nación, que haya el
deber de conocer el idioma. Es que es lógico. No podía haber otra regulación. Y no voy a entrar en el fondo.
Solo les digo a ustedes dos cosas: primero, que el Tribunal Constitucional ha reiterado hasta la saciedad que esto no es
constitucional, no digo nada más, y, segundo, que cuando se debatió la Constitución aquí en el año 1977 y 1978 esto se votó y se dijo que no había el deber de conocer las lenguas autonómicas, con casi 300 votos en contra de una propuesta que tuvo
solo 22 votos. Señoras y señores diputados, no hago juicios de valor. Lo único que digo es que la obligación de los que estamos aquí y de otros muchos es respetar las leyes. Y les digo a los señores del Partido Socialista: están votando algo a
favor sabiendo, conociendo que es radicalmente anticonstitucional.



En resumen, señor presidente, el Estatuto tal y como llega a la Comisión sigue adoleciendo de los mismos vicios y defectos que cuando llegó a esta Cámara. No es una reforma de Estatuto, es, fíjense lo que es -bueno, ya lo saben, no se
fijen-, es un Estatuto nuevo, con hechura y estructuras de una Constitución: Los poderes emanan del pueblo catalán; somos una nación y por tanto hay derechos y deberes, hay Poder Judicial propio, hay relaciones exteriores, hay relaciones
bilaterales con el resto, hay amplias competencias, las mías son mías y las otras son mías y de los demás, y la lengua es obligatoria. Señora y señores diputados, hagan lo que quieran, pero en un país serio, al menos es mi opinión, las cosas no se
hacen así.



Paso ya a la segunda parte de mi intervención. Al principio de estas palabras decía que el Estatuto es contrario a la Constitución, creo haberlo demostrado; decía en segundo lugar que en muchos aspectos es ininteligible, y lo reafirmo, y
creo que va a provocar un cúmulo de problemas en el futuro y un sinfín de problemas jurídicos que van a pagar los ciudadanos, no lo olviden, son los ciudadanos los que van a pagarlos.
¿Qué ha ocurrido? Se lo voy a explicar, pero se entiende muy
bien, que en la ponencia han pactado en unos temas unas enmiendas que permiten decir una cosa y la contraria; que les facilitan a uno vender sus logros en Cataluña o contar que no ha habido recortes y a otros decir que han cambiado todo el texto
para anestesiar a la opinión pública; es decir, un Estatuto que permite a cada uno leer lo que quiera e interpretarlo según convenga. Esta es lisa y llanamente la verdad. Les podría dar algunos ejemplos, lo voy a hacer con brevedad porque no
quiero aburrirles. En el artículo 20 del proyecto que estamos debatiendo, el capítulo glorioso de derechos y deberes, se habla del derecho a morir con dignidad. En ningún texto se habla de este asunto, y yo pregunto: ¿Esto qué significa? ¿Esto
permite regular la eutanasia? ¿Solo en Cataluña, de forma distinta al resto de España? Y si no significa nada ¿para qué lo ponen? Y lo digo porque ya la Generalitat está trabajando en este asunto, y su comité asesor, según recoge un importante
periódico de Cataluña, dice que el Gobierno aboga por despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Y hay muchos ciudadanos de Cataluña que han firmado, son militantes de Convergència i Unió, y dicen que esto no les parece aceptable. Yo
quiero, y no hago juicios de valor, que alguien me explique qué es lo que estamos aprobando en este artículo 20. Señoras y señores diputados, tengo derecho, no yo, la población española, a saber qué estamos aprobando.



¿Me puede explicar alguien qué significa el artículo 21 en materia de educación? Porque esto es glorioso, señoras y señores diputados. Los padres y las madres tienen garantizado, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo,
el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública en las que la enseñanza es laica. ¿Alguien me puede explicar qué significa
esto? Esto es un enjuague. Primero los señores de la izquierda ponen una cosa decimonónica y luego los señores de


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Convergència i Unió tienen que decir: oiga, tenemos que salvar la cara.
Esto, señoras y señores diputados, no se puede hacer así, hay que ser un poco formal. Por mí pueden aprobar ustedes una cosa u otra, pero sería bueno que la opinión
pública se enterase.



Podría hablarles del artículo 41.5, no quiero extenderme mucho, de las contradicciones en materia de lengua que hay entre los artículos 33 y 102, de lo que ocurre con las cajas de Ahorro. Es verdaderamente fantástico, señoras y señores
diputados. ¿Quién ha redactado este artículo? El artículo 120 dice que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre cajas de Ahorro, pero luego dice: respetando una serie de artículos de la Constitución. ¿La tiene exclusiva o no la tiene? Y
luego dice que en cualquier caso, diga lo que diga la Constitución, e incluso el que pasaba por allí, la determinación de sus órganos rectores y de la forma en que los intereses sociales deben estar representados es de ellos. ¿Significa esto que la
Generalitat puede establecer como estime oportuno y conveniente los intereses sociales? ¿Dicho de otra forma, sustituir al señor Fornesa en el momento en que lo estime oportuno y conveniente? Yo creo que sí, el señor Fornesa creo que también.
Alguien me explicará cómo está el tema de las selecciones deportivas. El artículo 141, sobre el juego. Y hay un tema que requiere una aclaración, señoras y señores diputados. Fíjense ustedes: la Generalitat tendrá designación o participación en
la designación -esto es rigor jurídico- en los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Banco de España, Comisión Nacional de la
Energía, y todo el mundo, señoras y señores diputados. ¿Me pueden ustedes explicar si tendrán designación o participación? ¿Si se van a cambiar estas leyes? ¿Si tendrán derecho a un miembro propio? ¿Si lo tendrá solo la Generalitat o todas las
comunidades autónomas? ¿Si tienen pensado ampliar el número de miembros? Porque en el Banco de España hay poquitos ¿pero si tenemos que poner diecisiete y dos o tres más, que se representen a sí mismo, o que defiendan un poco el interés general?
Señoras y señores diputados, esto no es serio.



Otro ejemplo, artículo 186, formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. La posición de Cataluña en sus competencias exclusivas es determinante para fijar la posición del Estado en la
Unión Europea. ¿Y si otras comunidades autónomas tienen también competencia exclusiva en esa materia y piensan distinto que la Generalitat de Cataluña? ¿También es determinante o no es determinante? Esto hay que explicarlo.Voy a hablar del
determinante, porque yo pido que se retire la disposición adicional quinta. Fíjense lo que dicen ustedes. Si el Estatuto establece que la posición del Gobierno de la Generalitat es determinante para confirmar un acuerdo con el Gobierno del Estado
y éste no la acoge, el Gobierno del Estado debe motivarlo ante la comisión bilateral Generalitat-Estado. Si se habla de una posición determinante para confirmar un acuerdo, para conformar un acuerdo no es necesaria una posición determinante, son
dos posiciones determinantes, si no no hay un acuerdo. Es más, se dice que en el caso de que sea necesaria una posición determinante para lograr un acuerdo y el Estado no lo acoge, deberá motivarse. Si el Estado no lo acoge, la posición
determinante no es determinante. (Risas.) Y esto que es una broma, no es ninguna broma, porque afecta a un número muy importante de artículos del proyecto de estatuto que estamos debatiendo. Permítanme, señores diputados, que les lea la frase de
Jeremías Bentham que define el embrollo diciendo lo siguiente: Cuando se fuerza a proposiciones incompatibles a estar juntas en una oración gramatical y se le mantiene así entre todo el curso de la misma. Eso es lo que estamos haciendo aquí.



Voy a terminar con un último asunto hablando de cosas ininteligibles, porque este sí que me parece importante y aquí voy a denunciar un fraude.
A ver quien me demuestra lo contrario: la financiación autonómica. El modelo que aprobó el
Parlamento de Cataluña se entendía. Yo no lo compartía, pero todos sabíamos qué había aprobado el Parlamento de Cataluña. Pueden aprobar lo que quieran y yo puedo defender mis posiciones. ¿Alguien me puede decir qué aprobamos aquí? Esto se
debatirá a lo largo de estos días, pero quiero adelantar algunas cosas porque esto es mucho más que un embrollo. Les voy a decir lo que ha pasado aquí. Esto es papel mojado. Aquí algunos han decidido darle un papel hacia adelante.
Los que han
cerrado el acuerdo quieren justificarse engañando a la gente.
Estoy diciendo la verdad. Estamos ante un fraude porque nadie es capaz de decir de qué estamos hablando exactamente. Todo es maquillaje y todo es de cara a la galería. Mantiene la
incertidumbre en el tiempo. Habla de dos años para decidir la estructura de la administración tributaria -ya veremos dentro de dos años-, dos años para decidir la forma definitiva del sistema de financiación, y su letra pequeña, y cinco años para
su aplicación. No me extraña que el señor ministro de Economía y Hacienda diga que a él los acuerdos que adopten entre el señor Rodríguez Zapatero y cualquier otro dirigente de un partido le traen completamente sin cuidado. No me extraña. Este
Estatuto pone en cuestión la autonomía de las haciendas locales sin resolverla. ¿Cómo se interpreta el Estatuto a la luz de la Lofca? ¿Quién determina los niveles de solidaridad? ¿Estamos ante planteamientos basados en la bilateralidad o
aceptamos sin reservas mentales la multilateralidad? ¿Por qué no hay ninguna referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera? y voy a hacer un comentario casi el final. Según el tenor literal, fíjense ustedes, señoras y señores diputados,
lo que nos traen aquí, de la disposición adicional duodécima, el primer proyecto de ley de cesión de impuestos que se apruebe en estas Cortes deberá contener los nuevos porcentajes de cesión de tributo que han pactado dos señores, el 50, 50 y el 58.
Es decir, las Cortes deberán poner lo que han dicho estos señores porque lo dice el Estatuto.



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Les voy a decir una cosa y ustedes lo saben: eso es absolutamente inconstitucional porque una ley no puede vincular al legislador futuro y, si no lo es, es absolutamente inútil porque estas Cortes Generales pueden incluir en esas futuras
leyes de cesión esos porcentajes u otros, y nada se nos podrá reprochar.



Quisiera terminar esta parte de la financiación diciendo una cosa. Señoras y señores diputados, en 1996 el presupuesto de la Generalitat era de 6.000 millones de euros. Hoy es de 30.000 millones de euros. ¿Esto es involución autonómica?
¿Esto es colapso financiero? Yo estoy dispuesto a discutir sobre una mejora de la financiación. Lo hemos hecho cinco veces en los últimos veinticinco años, pero seamos serios, tenemos derecho a exigir al Gobierno y al Partido Socialista que diga
la verdad, que no se engañe a los ciudadanos. Aquí no hay nada, aquí hay un pacto confuso e ininteligible y los ciudadanos de Cataluña y del resto de España no se merecen que se juegue con sus impuestos y que se les engañe. Y si alguien quiere que
me explique qué es lo que se ha pactado aquí, porque, insisto, lo que se pactó en Cataluña yo lo entendía muy bien, lo que vino aquí estaba muy clarito; lo que nos han presentado aquí, con todos mis respetos, y ustedes lo saben -es que ustedes lo
saben, aunque no lo vayan a reconocer-, es ininteligible.



Señor presidente, dije que era inconstitucional y dije que era ininteligible, pero además es enormemente negativo para el conjunto de los ciudadanos y les voy a explicar por qué. Primero, porque divide al conjunto de la sociedad, de
Cataluña y de España, entre sí y dentro; ha generado un clima político en Cataluña lamentable, miren ustedes lo que está ocurriendo con el Gobierno tripartito; no sabemos si es verdad que se pactó que la última foto se le diera o no a un dirigente
político, no sabemos si a unos o a otros se les ha ofrecido entrar en el Gobierno o no, no sabemos a qué se está dedicando en este momento el Gobierno, pero la sensación que tiene cualquier persona normal -hagamos abstracción de la política, señoras
y señores diputados- es que esto es una broma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengo derecho a decir que lo que está pasando es una broma, lisa y llanamente. ¿Saben por qué? Porque es una broma, y ustedes lo saben, que es lo verdaderamente
dramático. Lo ha dicho muy bien un importante líder de un importante partido catalán: todo esto ha sido un desastre, los socialistas han querido ser más nacionalistas que Convergència i Unió y Convergència i Unió más nacionalista que Esquerra
Republicana. ¡Fantástico! Y de los intereses generales, ¿quién se ocupa? (Un señor diputado: ¡Muy bien!)¡Qué más da, señoras y señores diputados! ¿Quién se ocupa de los intereses generales? No es pacífico, señoras y señores diputados, no lo es
ni entre ustedes ni entre la gente: Hay documentos firmados, publicados en los periódicos por militantes de partidos que están representados aquí y que critican con dureza este Estatuto: Surgen nuevos partidos políticos. Tiene gracia.
Aquí al
final le van a dar legitimidad a esto los señores que votan a Convergència i Unió o señores que vienen de la izquierda y forman un partido político. A mí me viene muy bien, porque lo que diga yo lo resuelven ustedes muy bien. Ahí está: usted es
anticatalán. Pero aquí ya no lo digo yo, lo dicen otras personas. Yo quiero que razonen y que den argumentos. Es muy malo para los ciudadanos de Cataluña. El Estatuto de 1979 era el de todos, aceptado por todos, eran las normas de convivencia y
las reglas de juego.



Segundo, impone un modelo de sociedad. No lo digo yo, lo dicen cientos de asociaciones catalanas que pagan anuncios en los periódicos, y saben ustedes que es la verdad: imponen un modelo de sociedad, y las reglas de juego no están para
imponer modelos de sociedad.



Tercero, destila intervencionismo por todas partes. Aquí se habla mucho de las competencias de la Generalitat, de los órganos de la Generalitat, de las atribuciones de la Generalitat, del poder de la Generalitat. ¿Y de la libertad de los
ciudadanos quién habla? ¿El Tato? ¿Me puede poner alguien un ejemplo de cuáles son las ventajas que este texto reporta a los ciudadanos de Cataluña? (Rumores) Me refiero a los ciudadanos, no a los partidos políticos ni a las instituciones. Le
voy a poner algunos ejemplos de intervencionismo y de pérdida de libertad. ¿Conocen algún país de la Unión Europea donde al dueño de un establecimiento abierto al público se le pueda obligar a emplear un idioma si una persona emplea ese idioma?
¿Algún país? Díganme algún país. ¿Saben ustedes que en Madrid, en Letonia, en Copenhague o en París, cualquiera de ustedes, aunque sólo hable castellano, puede poner un comercio y nadie le puede obligar a utilizar un idioma u otro? ¿Conocen
ustedes algún país en el que se pueda obligar a etiquetar de una u otra forma? Esto me lo he comprado aquí, está en inglés, señoras y señores diputados, nadie les ha obligado a etiquetar en el idioma castellano. (El señor Padilla Carballada
pronuncia palabras que no se perciben.)


Se habla mucho de deberes, pero poco de derechos. Derecho al paisaje, ¿pero quién habla del derecho de los padres a elegir qué quieren estudiar los niños? Señoras y señores diputados, espacio catalán de relaciones laborales, en el año
2006, en el mundo global en que vivimos, Cajas de Ahorro, regulación de los medios de comunicación privados, planes y más requisitos para las profesiones tituladas, registro específico de la propiedad intelectual, artículo 158, I+D+i. Podría estar
hablando una hora. ¿Quién ha hecho este Estatuto? Es una de las cosas más retrógradas que he visto en mi vida. Esto lo han hecho unos señores de izquierda antiguos y algunos que tenían la obligación no han tenido tiempo de dar esa batalla en
defensa del sentido común y de la lógica. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) ¿Cuánto va a durar esto? Según unos para toda una generación; según otros para cinco días. ¿Alguien me lo puede explicar?


Permítanme que les lea un texto que no voy a calificar. Este texto es de un gallego -ya sé que los gallegos somos lo que somos-: Ningún problema puede resolverse cuando quienes lo plantean viven de que el problema


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permanezca. El problema nacionalista es que no se ha resuelto nunca. La esencia misma es permanecer en el tiempo transformándose de forma indefinida. La carrera por resolver cualquier conflicto nacional es una carrera interminable, dado
que la meta es siempre móvil. La única meta de verdad, justamente como meta inalcanzable, no solo anima a seguir corriendo sin desmayo, sino que juega como amenaza permanente a quienes se atreven a decir que la carrera puede concluir. Esto lo dice
un intelectual gallego muy importante. Voy a hacer otra cita de un señor que, evidentemente, no es un intelectual, pero que no está mal: El nacionalismo necesita siempre poner a la sociedad ante un conflicto para seguir existiendo. Esto lo decía
don Patxi López hace dos años -es de libro-; ahora ya dice lo contrario, como muchos de sus correligionarios.



Señoras y señores diputados, quería terminar diciéndoles una cosa. La pretensión de construir un pseudoestado a cambio de debilitar el Estado español no puede traer más que la ineficacia dentro de nuestras fronteras y la irrelevancia
política fuera de ellas. Por favor, piénsenselo bien.
¿Hacia dónde vamos? ¿Es bueno para los españoles un Estado débil e inerme que tenga que someter todas sus decisiones al consenso de sus estructuras territoriales? La Europa unida, con o sin
Constitución, exige de sus miembros capacidad de acción y disposición a las reformas, y quien no esté al tanto y no tenga el aparato de su Estado a punto sucumbirá ante la reorganización de Europa y del mundo. Esto no lo he dicho yo. Lo que yo sí
digo es que este Estatuto está mirando a una supuesta historia y no al futuro. Está mirando al espejo retrovisor y no al horizonte. Han creado un lío. Lo han creado ustedes y lo saben, y ahora tienen que salir del lío como sea. Pero tengan un
rasgo de generosidad con los ciudadanos, un rasgo de patriotismo, un rasgo de valentía y digan: esto es un lío, no merece la pena, vamos a empezar desde el principio. Puedo asegurarles que les apoyaré en lo que sea y que estoy dispuesto a hacer lo
que exija el patriotismo. (Rumores.-Risas.) Sí, tengan un rasgo de generosidad. A veces la política requiere algunos rasgos de grandeza. Todos ustedes saben que han organizado un lío y que ahora estamos en el ``como sea´´.
Les voy a decir una
cosa a los señores del Partido Socialista. No tienen una idea clara de España. Lo que tienen es una idea vaga y ambigua. No se sabe si solo hay una nación integrada por varias nacionalidades, si está integrada por naciones y nacionalidades o si
España es una carcasa jurídica sin sustancia nacional propia. No se sabe si el Estado es un Estado autonómico -¡Cómo se va a saber con este papel que nos han dado aquí!-, si es federal, simétrico, asimétrico o confederal, que de todo cabe. No se
sabe si la solidaridad es entre las personas o entre los territorios, señores del Partido Socialista. ¡Menuda izquierda tenemos en este país! Se apunta a un Estado del que solo se sabe que es distinto del Estado de las autonomías. Se pretende
hacer por la vía de atrás, por la vía de la reforma de los estatutos, para no tener que explicar un modelo del que carece.



Señor presidente, señoras y señores diputados, por lo menos los señores nacionalistas -quiten el capítulo de derechos y deberes- defienden algo parecido a lo que piensan, pero el papelón que quedará en la historia, que han asumido el Partido
Socialista y el presidente del Gobierno de España en este tema es antológico. Y este discurso lo pronuncio como representante de la soberanía nacional en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña, y a ver quién me demuestra lo
contrario.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Tengo conocimiento de que para la defensa de los cuatro votos particulares a los artículos 1, 3, 4 y 11.2 quieren repartir su tiempo entre dos intervinientes. En primer lugar, tiene la palabra el señor Carod Rovira.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carod-Rovira): Quisiera empezar haciendo una confidencia. Sin personalizar, para un independentista como yo, al oír ciertos discursos modernos nos entran ganas de votar que sí al actual
texto del Estatuto de Cataluña.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ánimo, ánimo!).



Actualizar una ley, reformar una ley, modernizarla es un gesto de sentido común. Esto es lo que hemos hecho al reformar el Estatuto de Cataluña, como lo han hecho también en Valencia y como lo están haciendo las Illes Balears. La
Constitución de 1978 hablaba de nacionalidades y de regiones para reconocer unas realidades distintas que existían en el marco único del Estado español. Pero la generalización del proceso autonómico significó también generalizar el uso del término
nacionalidad, que progresivamente se fue degradando hasta perder un claro valor en su concepto que lo llevó a desaparecer del espacio público. Ningún discurso del jefe del Estado, ninguna declaración de ningún presidente del Gobierno, ninguna ley
de ámbito estatal en ninguna ocasión recoge ni utiliza el concepto de nacionalidad. Por tanto, en cierta forma podemos afirmar que ha perdido su auténtico valor originario. Por ese motivo, el Parlamento catalán retomó el concepto originario,
mayoritario en la sociedad catalana, previo y anterior a la Constitución española, que era el concepto de nación. Mi partido, que en diez días cumplirá 75 años de su fundación y va a celebrarla, ya recogía este sentimiento y esta conciencia en su
propia declaración fundacional. Ni ayer ni hoy, a pesar de algunas afirmaciones, la afirmación de nación está hecha contra ninguna otra nación ni pretende negar la existencia de ninguna otra nación, simplemente afirma lo que es propio, lo que es
sentido como tal, con naturalidad, pero también sin ninguna agresividad contra nadie.
Precisamente el negacionismo de la nación catalana viene de la otra parte. Viene de aquellos que negando nuestra existencia, únicamente reconocen la suya, la
existencia de una nación española


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que hacen incompatible con cualquier otra en el marco del mismo Estado español. La fuerza del negacionismo, aderezado con todo tipo de tópicos, mentiras, miedos, amenazas, catastrofismos y prejuicios, ha hecho que la nación catalana, como
declaración solemne en el artículo 1 del Estatuto catalán, haya desaparecido finalmente y nos hayamos quedado exactamente allí donde estábamos en el texto articulado. Es lamentable, pero ignorar la realidad no hace que esta realidad deje de existir
en ningún momento.
Para nosotros se trataba de acercar la legalidad a la realidad porque queríamos que no anduviesen por caminos distintos. Se equivoca pues quien piensa que la legalidad es la vida y toda la vida. Pues no. Éramos nación antes de
Franco, con Franco, y lo somos después de éste, lo digan o no lo digan las leyes. Si ahora no se acepta, no es solo un problema que se queda sin resolver; simplemente, se retrasa, se esconde. Pero la realidad existe y a pesar de todo se mueve.
Las dificultades no van a hacer que renunciemos a ser aquello que somos, como ninguna otra nación estaría dispuesta al propio sacrificio. De aquí parten también otros conceptos que han desaparecido en el texto articulado actual: el concepto de
plurinacionalidad o la referencia desde una perspectiva democrática al pacto por los derechos civiles y políticos. No obstante, también desde aquí se conecta con una realidad nacional ya existente en Cataluña legalmente hoy. Digo legalmente hoy
porque supongo que nadie va a negar el carácter legal de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán a lo largo de su historia. Tenemos en Cataluña el Teatro Nacional de Catalunya, el Archivo Nacional de Catalunya, el Museo Nacional de Arte de
Catalunya, incluso la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya. Todas ellas son entidades con personalidad jurídica propia que compran, que venden, que contratan personal y servicios y nunca nadie ha protestado por esto. Incluso la
mayoría de los partidos tienen un organismo que se denomina consell nacional, consejo nacional. Además, se da la circunstancia de que la primera Ley de la autonomía recuperada en 1980 fue la Ley de la fiesta nacional de Cataluña, aprobada por
unanimidad, es decir por todos, como también lo fue la Ley el himno nacional de Cataluña, con ponentes tan destacados y dedicados a ello con tanto ahínco como el diputado, señor Aleix Vidal-Quadras, que quiero recordar que no representaba
precisamente los intereses de la izquierda independentista. Son multitud las leyes catalanas que hablan con total normalidad de nación y de nacional en relación con Cataluña y hasta el momento no se ha acabado España. Hablan de ello la Ley de
creación de la Universidad Pompeu Fabra, la Ley de espacios naturales, la Ley de asociaciones, entre muchas otras, sin que nadie, absolutamente nadie, las haya recurrido. ¿Qué van a hacer ahora? ¿ Van a pretender algunos dejar la ley, las leyes,
nuestras leyes fuera de la ley? Esto no tiene ningún sentido. El concepto de nación es, además, polisémico y en este sentido el Consejo de Europa recomienda su uso para definir ciertas comunidades, ciertos pueblos que no siempre coinciden con los
límites territoriales de un Estado. Vamos a recordar, por ejemplo, el trofeo de las Cinco Naciones, entre las cuales están nada más y nada menos que Escocia, el País de Gales o Irlanda del Norte. Ni todas las naciones son Estado ni todos los
Estados son nación y produce cierto rubor hablar aún de estas cosas a principios del siglo XXI, porque significan que existen mentalidades que no evolucionan, que no son mentalidades dinámicas. En 1813 Alcalá Galiano aseguraba -lo decía él- que la
nación española no había existido nunca, en la misma época en la que aún se hablaba de la nación española de ambos hemisferios. Ya no está en ambos hemisferios pero se sigue hablando de nación española. Los tiempos pasan pero para ciertas
mentalidades inmovilistas hay cosas que perduran.



España tiene un problema y este problema no es Cataluña. España tiene un problema con ella misma y debe resolverlo. Esto no va a hacerse desde la negación de la realidad sino desde su reconocimiento. Cuanto antes se haga, mejor. Cuanto
más tarde se haga más va a costar resolverlo porque mayor será el problema. España ha de decidir si en su Estado cabemos todos tal como somos o si tan solo nos quieren en él para contribuir a sus presupuestos generales. Negando la realidad no se
avanza y cada vez hay más gente en Cataluña que se pregunta en estas condiciones si le interesa España, qué le aporta España y cuál es el valor añadido que España representa para nosotros en nuestra vida cotidiana. Un modelo así causa fatiga porque
es el modelo de siempre. Este modelo sí que es antiguo, sí que es aburrido, sí que es un modelo sin ningún tipo de atractivo. Es un modelo profundamente decepcionante porque aún hoy leer ciertos discursos de las Cortes españolas de hace 150 años,
por ejemplo del General Prim, y constatar que por desgracia en líneas generales las cosas han evolucionado tan poco es sinceramente decepcionante. Si el Estado no nos quiere como somos, no nos incorpora, no nos incluye, como pretenden algunos, es
que quizá no nos quiere en él, nos separa de él, nos excluye de él. (Y no se puede argüir que existen textos que son ininteligibles; supongo que debe ser porque alguien no se ha leído aún el tratado constitucional europeo que no es precisamente un
ejemplo de texto inteligible). Una nación es nación porque quiere serlo y que Cataluña no pueda ser nación no va a depender de que algún dirigente político español no lo supiera antes. Esto no nos parece un argumento de peso sino mas bien poco
sólido para la ciencia política. Seguramente tampoco debe saberse de qué forma se representan ante los organismo europeos Estados tan sólidos como Alemania, como Bélgica o como Gran Bretaña, que a menudo ven como alguno de los ministros de sus
territorios internos, como el ministro de Pesca de Escocia, presiden estos consejos de ministros.



El valor de atracción civil de la nación catalana es de una fortaleza extraordinaria. Hemos sufrido 40 años de dictadura. Hemos incorporado a miles de nuevos catalanes procedentes de diversos puntos de España sin que nadie en ningún
momento haya pretendido que renunciaran


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a ser lo que ya eran, a hablar lo que ya hablaban y seguimos siendo una nación ahora que hemos incorporado también un 10 por ciento de la población procedente del exterior de la Unión Europea. Lo que sí es absolutamente inviable, lo que sí
es ininteligible a principios del siglo XXI es la continuidad de un Estado así, un Estado que se basa solo en una nación, en una lengua, en un pensamiento único y, por decirlo rápido, en un aeropuerto, en una concepción radial y no en una red; un
Estado centralista y no multipolar, unitarista y no plural, diverso, distinto, que se resiste a reconocer lo que es distinto. Mucho nos tememos que esta sea hoy, por desgracia, una nueva oportunidad perdida. No queremos que sea así. Una nación no
es solo un espacio para las esencias, como quisieran algunos, no es solo una comunidad de emociones, de referentes y de complicidades; una nación es ante todo un espacio compartido de intereses comunes. Esquerra Republicana quiere que este
Estatuto sea el instrumento que nos permita resolver nuestros problemas y defender nuestros intereses colectivos, y nuestros problemas y nuestros intereses son: la cohesión social, la competitividad de nuestra economía, la apertura al mundo, la
modernización del país y el acceso en plenitud a las nuevas tecnologías y todo esto sin filtros; un instrumento que nos permita resolver realidades como la inmigración, la exclusión social, los aeropuertos y los peajes. Hoy todavía no lo es. Con
este Estatuto que se va a someter a votación todavía no lo es, y Esquerra Republicana, que ha estado veintisiete años reivindicando en solitario el nuevo Estatuto, quiere que lo sea y hasta el último segundo hará todo lo posible para que lo sea.
Por esta razón seguimos manteniendo la mano tendida que anuncié en este mismo Parlamento el 2 de noviembre. La España integrista, la España que excluye, la España que no sabe porque no quiere saber, porque seguramente está en contra, ya ha hablado.
Esperamos escuchar a la España que asegura que escucha y que pretende entender. Ésta, por desgracia, hasta hoy se ha oído muy poco. Hasta el último momento pues, por nuestra parte, la mano tendida. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ridao.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martín): La singularidad de Cataluña como consecuencia de su ser diferencial o, en acertada expresión de Herrero de Miñón, como sociedad diferencial se expresa singularmente en este
título preliminar en el que sobresalen distintos elementos de aquello que configura su universo simbólico o su identidad comunitaria. A este título -lo ha dicho el señor presidente-, nuestro grupo ha presentado cuatro votos particulares a la
incorporación al informe de la ponencia de distintas enmiendas transaccionales, a fin de mantener el texto original del proyecto. El primero se refiere al apartado 1, del artículo 1: Cataluña es una nación. Lo es, no solo porque lo proclame el
preámbulo o porque lo haya dicho por amplia mayoría el Parlamento de Cataluña, sino porque Cataluña tiene una historia, una lengua, un territorio, una cultura, un derecho, unas instituciones de gobierno y representativas comunes y un autogobierno
propio desde el siglo XIV, pero sobre todo lo es porque se fundamenta en la expresión libre y democrática de la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas de compartir un proyecto colectivo. Esta definición, admito que un poco ampulosa y no exenta de
ciertas dosis de lirismo, no es nuestra, pero nos gusta. Perdonen la licencia, porque es la redacción que figuraba en la propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió al título preliminar del Estatuto. Por ello, no solo porque lo decía
Esquerra Republicana, sino porque lo decían también otros grupos políticos y, por amplia mayoría, el Parlamento, a nadie debería extrañar que Cataluña hubiera proyectado en su Estatuto denominarse como lo que es sin ambages, sin eufemismos, como una
nación. Además, señoras y señores diputados, esta referencia en el artículo 1 no es la única; de hecho, es la más directa que aparece en el texto del proyecto, pero aparece también relacionada con el principio de plurinacionalidad, con los
símbolos y con las selecciones deportivas en el propio preámbulo. Somos conscientes de que sobre esta cuestión ha habido y hay un debate público, hoy mismo, desproporcionado. Se han oído discursos apocalípticos y alguien ha hablado estos días de
balcanización de España, pero de lo que se trata es de admitir con madurez o -por decirlo como lo decía el señor Rajoy- con sensatez que el Estado español es, atendiendo a su organización territorial, un Estado plurinacional, es decir, de aceptar
que del mismo modo que Québec y Ontario no son lo mismo o que Flandes y Valonia no son lo mismo, tampoco Cataluña es La Rioja o es Castilla, con el debido respeto. Se dice que no tiene encaje constitucional y ello me recuerda lo que decía un
clásico del derecho constitucional, lo que decía Tripel, que admitía que esta rama del derecho, el derecho constitucional, tiene un contenido eminentemente político como la Ley de Caza puede tener un contenido ecológico, recreativo y deportivo según
se mire. Por tanto, todo es política. Sin embargo, estamos dispuestos a entrar en el debate jurídico constitucional sabiendo que aquí priman los sentimientos antes que la razón jurídica. Primero, pues, nación en puridad. Se ha dicho que es un
concepto que tiene distintas acepciones de carácter cultural, sociológico y también jurídico que además no siempre se ha asociado históricamente a un Estado y al revés tampoco. Como Alabama dice en su Constitución que es un Estado libre y soberano
y Baviera dice que es un Estado libre y asociado, hay quien en España habla de principado o incluso del reino de Valencia y aquí nadie se ha rasgado las vestiduras.
Es obvio además que sobre la recepción del término nación en el artículo 1 del
proyecto no hay que ser un Einstein precisamente para ver que no llevaba aparejado el concepto clásico de soberanía. Aquí ni se rompía ni se quebraba ningún poder constituyente ni se confundían los sujetos de la soberanía. El artículo 1.2


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afirmaba claramente que Cataluña estaba constituida como comunidad autónoma.



La Constitución además distinguía, distingue todavía con una cierta asimetría, entre nacionalidades y regiones y además consagró en su día distintas vías de acceso a la autonomía a través de su disposición transitoria segunda. Solo hay que
ver que durante el debate constituyente el término nacionalidad se extendió entre otros, por Peces-Barba o por Manuel Fraga, como sinónimo de nación. Por tanto, esta sinonimia, esta categoría de nacionalidad que fue diseñada y ejecutada
primariamente para dar cobijo a los distintos hechos diferenciales como el catalán, hoy está desapareciendo. Hay siete comunidades autónomas que son ya nacionalidades, algunas históricas e incluso alguna otra razonablemente proyecta para el futuro
decirse nacionalidad. Por tanto, de no aceptar que Cataluña hoy por hoy es una nación se estaría dando un golpe de gracia casi definitivo a este ingenio de la nacionalidad que fue en su día un ingenio de eficacia limitada, pero que dio sus frutos
al menos de reconocimiento de una diferencia, de una singularidad. De lo que se trata aquí es de restituir un principio de identidad inalienable. Y no se preocupen porque una nación o un pueblo, como dice por cierto el proyecto de Estatuto
valenciano, deviene Estado, se convierte en un Estado si de acuerdo con el principio democrático así lo deciden la mayoría de sus ciudadanos, no porque lo digan las leyes, no porque lo diga un Estatuto, no porque lo diga la Constitución y todo se
andará.



El segundo voto particular al artículo 3.1, en relación con el marco político, es un voto particular contrario a la supresión del principio de la plurinacionalidad del texto del Estatuto. Por coherencia con lo dicho, esta es una enmienda
transaccional que suprime un texto que constituye una derivada o un daño colateral del artículo 1. Y no es un simple enunciado retórico. El principio de la plurinacionalidad es el basamento o el fundamento en el que hay concreción de buena parte
del articulado del Estatuto. En primer lugar, por lo que se refiere, por ejemplo, a la subrogación de los órganos estatales por parte de la Generalitat. En segundo lugar, para la adopción también de distintas formas singulares de Cataluña en el
campo simbólico en el terreno competencial. En tercer lugar, también para la posibilidad de la intervención de la Generalitat en el ejercicio de funciones estatales y, por tanto, en las instituciones generales de las que son titulares, no a 17,
sino reconociendo la singularidad de Cataluña como nacionalidad, hoy también como nación.



El tercer voto particular al artículo 4, derechos y principios rectores, es un voto particular contrario a la desaparición de un plumazo de la referencia a los derechos colectivos y a los distintos instrumentos, pactos de derecho
internacional, por cierto, ratificados por el Estado español y que forman parte de su derecho interno, como son los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos sociales y económicos, los pactos de Nueva York de 1966. Hay una cierta
aversión, yo diría que hay una alergia casi enfermiza a reconocer la existencia de los derechos colectivos y a reconocer también que dichos pactos internacionales admiten, por ejemplo, un derecho perfectamente democrático, como es el derecho a la
autodeterminación. Una vez más de lo que se trata con esta enmienda planteada por el Grupo Socialista y admitida también por otros grupos, es esconder debajo de la alfombra o enmascarar una realidad incontestable.



Señor presidente, acabo con el último voto particular a la enmienda transaccional al artículo 11, sobre el Valle de Arán. Cualquier persona que conozca el Valle de Arán -no me dirijo, por tanto, a los esquiadores ocasionales- sabrá que este
territorio, a pesar de no formar parte de la nación catalana, está integrado en la organización jurídico-administrativa de la Generalitat de Cataluña simplemente porque es un territorio de lengua y de cultura occitana; con una historia y con una
lengua distinta al catalán o al castellano, y además, con instituciones atávicas tradicionales históricas propias. De ahí que el proyecto plasmaba que el Valle de Arán forma parte de una realidad nacional más amplia, que no es necesariamente la
catalana, sino la occitana. Por tanto, la enmienda transaccional que hoy recoge este voto particular suprime el término nacional; participa, una vez más, de esa cierta obsesión enfermiza por hacer desaparecer cualquier referencia a lo nacional que
no sea la nación española, y, sobre todo, intenta desconocer una singularidad que debería ser merecedora de especial reconocimiento y también de protección jurídica. Señor presidente, de ahí que nuestro grupo parlamentario -y acabo- haya presentado
también otro voto particular a este artículo.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda al artículo 8, del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.



El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señoras y señores diputados de este Congreso, señoras y señores diputados del Parlamento de Cataluña, abordamos hoy en esta Comisión el penúltimo trámite en esta Cámara del proyecto de reforma del
Estatuto de Cataluña. En teoría, en este momento estamos discutiendo su título preliminar, aunque después de escuchar el discurso del señor Rajoy me van a permitir que haga algunas consideraciones generales, al principio y al final de mi
intervención, sobre el conjunto de la reforma estatutaria que estamos discutiendo hoy aquí. Quisiera empezar por afirmar que mi grupo, el Grupo Socialista, ha sido coherente durante todo este proceso; coherente con nuestra propia historia
política; coherente con nuestro programa electoral y consecuentemente con el discurso de investidura del presidente del Gobierno en esta Cámara; coherente con la posición que defendimos en el debate de totalidad de este proyecto, y coherente
también con las posiciones que hemos mantenido en relación con otras reformas estatutarias, singularmente la del Estatuto de la Comunidad de Valencia que ayer se


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aprobó en el Senado con la intervención final del presidente del Gobierno.
Este proyecto de reforma que hoy consideramos se enmarca estrictamente en un proceso, el de desarrollo del Estado autonómico que estableció nuestra Constitución, un
proceso en el cual el Partido Socialista ha estado implicado desde el primer momento. Debo decir que no todos los grupos de esta Cámara han hecho lo mismo pues no todos tienen la misma historia autonómica que el Partido Socialista. Nosotros si
hemos sido coherentes.
Este proceso de reforma que hoy discutimos, con nuestra historia, que no es otra que la del respeto, el apoyo y el desarrollo del Estado autonómico establecido en el título VIII de nuestra Constitución.
Coherentes con
nuestro programa electoral, en el que incluíamos justamente algunos de los aspectos que hemos empezado a tocar, tanto en la Cámara en leyes generales como en esta reforma estatutaria; en concreto, los referidos a la mejora del autogobierno de las
comunidades autónomas; a la descentralización de algunos servicios públicos, singularmente el de la justicia; al avance en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas o a la mejora de los mecanismos de relación de cooperación entre la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Coherente también con las posiciones, que en materia de reforma estatutaria, hemos defendido en esta Cámara en esta legislatura y que me voy a permitir resumir una vez más porque
enmarcan una buena parte de nuestras enmiendas y en buena medida el resultado de la ponencia al que me referiré luego. La estricta incardinación de este tipo de reformas en nuestra Constitución, la plena consideración del carácter consensuado que
estas reformas tienen en nuestra Carta Magna, porque conviene no olvidar que, de acuerdo con nuestra Constitución, las reformas proceden del Parlamento cuya comunidad autónoma quiere reformar su Estatuto, en este caso del Parlamento de Cataluña, y
deben consensuarse aquí, con el Parlamento español. La composición de esta Comisión hoy da buena prueba de este carácter consensuado de las reformas estatutarias que nuestra Constitución ha establecido con claridad. Una posición, la del Grupo
Parlamentario Socialista, que ha tratado de ser respetuosa al máximo con aquellos aspectos de la propuesta que viene del Parlamento de Cataluña que se refieren a su organización política o institucional. Una posición que ya estableció desde el
primer momento la voluntad de negociar aquellos aspectos competenciales que, en el marco de la Constitución, pudieran permitir un deslinde más estricto entre las competencias de la comunidad autónoma y las del Estado, sin prejuicios de partida,
antes bien, con una única consideración de carácter general y es que decidiríamos al final, a favor de uno u otro, Estado o comunidades autónomas, teniendo en cuenta el marco constitucional, estrictamente en función del beneficio de los ciudadanos;
en otras palabras, de quién o qué Administración pública lo pudiera hacer mejor. Finalmente, una discusión, también sin prejuicios, sobre algunos aspectos de la reforma estatutaria que incluían modificaciones de leyes orgánicas o transferencias de
servicios del Estado, una disposición al diálogo, en el bien entendido que no es este el ámbito formal, el Estatuto, para recoger algunas de las propuestas que se nos hacían. Estos han sido los principios con los cuales mi grupo ha abordado la
discusión que hoy estamos iniciando en esta Comisión.



Sin pretender predeterminar el trabajo que aquí vamos a hacer -quedan todavía enmiendas por considerar-, quiero avanzar que, a juicio del Grupo Socialista, el trabajo de la ponencia ha sido un trabajo positivo; diría más, muy positivo. El
proyecto que hoy estamos estudiando aquí es a mi juicio plenamente constitucional, está consensuado con una mayoría de los parlamentarios de Cataluña -cerca del 70 por ciento si no me fallan los cálculos- y tiene un amplio consenso también en el
Congreso de los Diputados. Contiene un acuerdo sustantivo en materia competencial, que viene, por una parte, a aumentar las competencias de la comunidad autónoma en aquellos aspectos que en el año 1979, cuando se elaboró el primer Estatuto, ni tan
siquiera pudieron tomarse en consideración, no eran problemas de nuestra sociedad, por ejemplo, el tema de inmigración; pero -es verdad- delimita de forma más estricta los ámbitos competenciales entre el Estado y la comunidad autónoma, tratando
básicamente de eliminar tanto la interferencia o intromisión de uno en otro y de otro en uno, cuanto la litigiosidad entre comunidad autónoma y Estado. Una delimitación en cuya definición hemos sido escrupulosamente atentos tanto a la Constitución,
cuanto a la jurisprudencia constitucional. Un proyecto que finalmente nos ha permitido abordar problemas de gestión de algunas infraestructuras del Estado -véase los puertos y aeropuertos- con una única finalidad, cual es la de mejorar la gestión
de estas infraestructuras públicas, en el bien entendido que ellas colaboran -cómo no- al desarrollo de las comunidades autónomas en las que ejercen su tarea. Una discusión cuya concreción -caso de llegar a acuerdo, como espero- debe ser objeto de
leyes formales distintas al Estatuto que hoy vengo comentando aquí. Repito, estamos satisfechos y solo me gustaría decir que vamos a tratar, en el trámite de esta Comisión y también en el Pleno que nos espera en las próximas semanas, de incrementar
el consenso que en este momento tenemos, de hacerlo más amplio; en otras palabras, de recuperar todo el consenso que este proyecto de Estatuto tuvo en el Parlamento originario, que no es otro que el Parlamento de Cataluña.



Discutimos hoy, señor presidente, el título preliminar. Es un título importante, en él se establece la definición de Cataluña, de su sistema institucional; se recogen los principios rectores por los que deben regirse -valga la redundancia-
los poderes públicos en Cataluña; se establecen los derechos básicos de los ciudadanos en Cataluña, compatibles por supuesto con la Constitución; se regulan las lenguas oficiales, dos lenguas según la Constitución española; se regulan los
símbolos (sobre


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este aspecto, al artículo 8, concretamente en los símbolos, mi grupo tiene una enmienda que defenderemos en este trámite) y se regula también la capital de la comunidad, entre otros extremos. Un título importante porque, a tenor de lo que
hemos oído en algunos discursos tanto en el momento de discusión de totalidad como hoy, es la clave de bóveda en la que se basa el proyecto secesionista que estamos discutiendo. Este es el título en el cual las malvadas fuerzas que quieren romper
España encuentran justificación y palanca para su ruptura, como a continuación diré. En concreto, el artículo 1, que se refiere a la definición de Cataluña -por cierto, ha sufrido una modificación importante en esta ponencia-, refleja probablemente
uno de los aspectos más polémicos de los planteados por el Parlamento de Cataluña, aquel que define a Cataluña como una nación.



Abordar este artículo exigía tener en cuenta al menos tres consideraciones distintas, pero complementarias. Una primera va referida al encaje constitucional de una definición del tipo que se adoptó en el Parlamento de Cataluña por una
amplia mayoría, una definición que, como se ha recordado esta mañana, decía literalmente: Cataluña es una nación. A pesar de afirmaciones categóricas que hemos oído en esta Cámara reiteradamente -algunas tan categóricas como interesadas-, debemos
reconocer que el hecho, desde el punto de vista jurídico, dista de estar claro. El propio Consejo Consultivo de Cataluña, cuyos informes se han ponderado para bien en la ponencia que ha trabajado en esta Cámara, deja claro que el término es
constitucional, toda vez que de él no cabe inferir -es la literalidad del dictamen del consejo- consecuencia jurídica alguna. Por cierto, algo parecido es lo que sucede con la expresión nación española en nuestra Constitución, de la cual no se
infiere en todo el texto constitucional consecuencia jurídica alguna. Es verdad que, abierto el debate, hemos podido leer de todo. Es cierto que hay opiniones diversas y diputados constitucionalistas en uno y otro campo, los que clamaban a favor
de la constitucionalidad de tal expresión y los que, por el contrario, argumentaban en contra. Hay controversia. Y es cierto, por tanto, que su inclusión en el articulado no deja de ser jurídicamente discutible. Nuestra pretensión, como hemos
dicho en varias ocasiones, es que el articulado del Estatuto quede -si me permiten recoger la expresión del presidente del Gobierno- limpio como una patena.



La segunda perspectiva, la política, se refiere a los sentimientos encontrados que existen entre ciudadanos españoles, y en mucha medida en algunos ciudadanos catalanes, sobre esta definición. Es verdad que para muchos españoles -lo dicen
las encuestas- esta definición es incompatible con la existencia de la nación española constitucionalmente reflejada en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Era necesario -esta Comisión y este Parlamento lo tienen que hacer así porque es parte de
su trabajo- compatibilizar esta discrepancia con la definición que el Parlamento de Cataluña estableció, repito, por amplia mayoría. Por tanto, hay una consideración política absolutamente innegable. Hay muchos ciudadanos españoles que creen que
es incompatible la definición que se nos propone con la existencia de la nación española, a la que se refiere el artículo 2.



Hay una tercera consideración que trae causa de lo que dije en el comienzo de mi intervención, y es el carácter que la Constitución establece para este Estatuto: a quién corresponde iniciar el trámite, a quién corresponde aprobarlo y a
quién corresponde ratificarlo. No podríamos dejar de considerar en este Parlamento que quien tiene constitucionalmente la competencia para iniciar el trámite de reforma estatutaria, que no es otro que el Parlamento de Cataluña, ha decidido por
amplia mayoría definir a Cataluña como una nación. Se puede estar de acuerdo o no con esta definición, y desde luego el diputado que les habla no está de acuerdo con ella, lo que no quiere decir que no debamos tenerla en consideración y respetarla,
porque procede de quien constitucionalmente tiene la competencia para proponer y porque se ha hecho, además, por una amplia mayoría en ese Parlamento. Esta tercera consideración es muy importante porque, repito una vez más, estamos tratando de
hacer un Estatuto consensuado. Este Parlamento no podía cerrar los ojos, incluso despreciar como se ha hecho, la opinión mayoritaria del Parlamento de Cataluña. Tenemos que solucionar estas tres consideraciones, algunas de ellas contradictorias, y
creemos honestamente que el acuerdo alcanzado en la ponencia -el acuerdo, subrayo esta palabra porque tiene un valor político trascendental en este trámite- lo ha conseguido. Lo ha conseguido a través de un procedimiento que supone sintéticamente
lo siguiente. Primero, un cambio en la definición del artículo 1 del Estatuto para recuperar la redacción que tuvo o que tiene, porque está en vigor, el Estatuto del año 1979, redacción que supongo que ni esta Cámara ni siquiera los más avezados y
perspicaces constitucionalistas me podrán discutir que es cabalmente constitucional.
En segundo lugar, una remisión en el preámbulo a lo sucedido, a lo acordado, a aquello que decidió el Parlamento de Cataluña; mención que va seguida también de
una mención explícita al artículo 2 de la Constitución. Este es el hecho relevante. El Parlamento español recoge en el preámbulo del Estatuto aquello que el Parlamento de Cataluña ha querido definir o establecer por amplia mayoría, y es que
Cataluña es una nación. Se ponga como se ponga quien se ponga, no estamos votando la definición de Cataluña como una nación. No es verdad. Lo que vamos a votar, si finalmente sale adelante nuestra propuesta, es que el Parlamento de Cataluña
definió asimismo a Cataluña como una nación. Eso es lo que vamos a votar. Vamos a votar una expresión que lo que hace es describir lo que sucedió en Cataluña como un ejercicio de respeto máximo a aquello que el Parlamento de Cataluña -repito una
vez más- decidió por amplia mayoría. Eso es lo que vamos a hacer. Que nadie se llame a engaño.
No vamos a votar una definición. No es verdad. No vamos a votarla por las


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razones que vengo exponiendo, pero sí hemos querido recoger en el preámbulo aquello que el Parlamento de Cataluña hizo suyo como expresión máximo del respeto que a este Parlamento le tiene que merecer la definición que los catalanes, a
través de su representación ampliamente mayoritaria, han querido hacer de sí mismos en el Parlamento de Cataluña.
Por cierto, recogiendo algo que nadie discute, que el propio líder de la oposición, ya ausente... (Rumores. Un señor diputado: ¡Ahí
está!), ausente de su escaño, recogió en su discurso de la toma en consideración de este proyecto de ley, el sentimiento fuertemente identitario de la Comunidad Autónoma de Cataluña.



Quisiera decir algo más en relación con este tema. Ha habido un debate sobre la naturaleza jurídica de los preámbulos que, como muchos de los que hemos tenido en esta Cámara y fuera de ella, desconoce la jurisprudencia constitucional más
elemental. Citaré solo una sentencia, de 4 de octubre de 1990 del Tribunal Constitucional -hay otras-, que se refiere, si no recuerdo mal, a un contencioso de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, que dice: Los preámbulos o exposiciones de
motivos de las leyes carecen de valor normativo y no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Fin de la cita. Los preámbulos, pues, no son recurribles. Nada lamento más que el que no pueda recurrir este preámbulo quien, seguro, va
a llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto que discutimos. Nada lamento más que no puedan recurrirlo. Porque es verdad que no hay nada más claro, a mi juicio, que la constitucionalidad de algo que pura y sencillamente se limita a relatar la
verdad porque, nos guste más o nos guste menos, el Parlamento de Cataluña votó lo que votó. Esa es una realidad incontrovertible. Como tal realidad incontrovertible, nadie me negará que es constitucional tanto la propia existencia cuanto su
mención, su recogida expresa en el preámbulo de la norma que estamos discutiendo hoy aquí. Esa es la situación. Hemos tratado de constitucionalizar al máximo el texto normativo jurídico que vamos a votar en este Parlamento y lo hemos hecho
recogiendo, tan lejos como hemos podido llegar, una voluntad manifestada en el Parlamento de Cataluña de forma ampliamente mayoritaria por los diputados de ese Parlamento que, además, recoge un sentimiento fuertemente identitario que existe en esa
comunidad. Esa es la realidad.



Hemos asistido hoy aquí a un debate parecido al que tuvo lugar cuando tomamos en consideración este texto, en este caso el debate del señor Rajoy. Es verdad que hay algunos matices. Es cierto que hoy ha sido un debate ligeramente distinto,
ha hablado mucho más del artículo 2.4 del Estatuto que del artículo 1. Entiendo que lo ha hecho porque es verdad que el artículo 1 al que se refirió en el debate aquel ya no existe, que el artículo 1 que vamos a votar -si es que sale adelante, como
yo creo, este Estatuto- es el del año 1979 y difícilmente podemos reputar intereses oscuros, afanes secesionistas, a quien vota ese artículo cuando llevamos 25 años con él y no ha pasado absolutamente nada. Es verdad que el discurso del señor Rajoy
ha cambiado de énfasis, que ha pasado del artículo 1 al 2.4 tratando de demostrar que efectivamente esa expresión de soberanía referida al pueblo de Cataluña y a sus instituciones es poco menos que una expresión secesionista, que la voluntad de un
pueblo constituido como nación de separarse del Estado español. Es cierto que hay otra interpretación mucho más elemental, y es que es la expresión de una voluntad democrática. Los poderes de Cataluña -en este caso, la Generalidad- derivan
lógicamente del poder del pueblo de Cataluña, no va a ser del de Castilla-La Mancha; es evidente que derivan del pueblo de Cataluña. Pero déjenme que les diga más, es que no es una expresión novedosa en nuestros estatutos de autonomía. Por
ejemplo, La Rioja, conocida Comunidad por sus afanes secesionistas, dice literalmente en su Estatuto: Sus poderes -se refiere a los poderes de La Rioja- emanan del pueblo y son ejercidos de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. Creo
que es casi la fórmula literal que se recoge en el artículo 2.4 del Estatuto de Cataluña; o Canarias... (El señor Rajoy Brey: Del pueblo de Cataluña.). Hablando de La Rioja, no va a ser del pueblo de Castilla-La Mancha, ¡Claro que es del pueblo
de La Rioja! Es evidente. (El señor Rajoy Brey: Que ponga lo de 1979). Pone lo de 1979, señor Rajoy. O Canarias, cuando habla el Estatuto de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, el pueblo canario del que emanan sus
poderes. Poderes del pueblo canario también. Creo que este tema se ha utilizado por el señor Rajoy por una razón, porque ya no puede hablar del artículo 1, porque le recuerdo que en el discurso al que vengo haciendo referencia, la clave de bóveda
del afán secesionista de este Estatuto no era otra que el artículo 1 construido por el señor Rajoy de la siguiente manera. Decía: Todo el Estatuto está construido sobre un supuesto falso que dice así: Cataluña es una nación. Pues bien, ya no lo
dice. A continuación, añade: Luego es soberana. Pues bien, ya no lo dice, ya no es soberana. Sus poderes emanan de su soberanía, luego tiene derecho a decidir en solitario sobre sus relaciones con el Estado español. Y él mismo añade: Si este
malentendido se corrigiera, entonces todo el Estatuto se desmoronaría solo, todos los artículos que se apoyan en este fundamento dejarían de sostenerse. Son expresiones literales suyas. Es verdad, tiene razón en su expresión, en su interpretación.
Es verdad que la mía sobre la expresión nación en el artículo 1 no es la misma. Tiene S.S: razón, si modificamos el artículo 1 todo su argumento -no digo que sea la realidad- se desmorona. Es cierto que por eso hoy ha puesto mucho más énfasis en
el artículo 2.4 que en el artículo 1, porque el artículo 1 va a quedar redactado exactamente igual que quedó en el año 1979. Hemos modificado ese artículo, por las razones que he dicho, sin que signifique compartir en modo alguno el discurso
catastrofista al que nos tiene acostumbrados el señor Rajoy, para que no quede ninguna duda de que el Estatuto que vamos a aprobar es estrictamente constitucional.
Corregido este artículo podríamos haber escuchado un discurso hoy distinto del


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que hemos escuchado, porque es verdad que las siete plagas de Egipto que se cernían sobre España en razón de la definición de Cataluña como una nación han desaparecido del Estatuto y, por tanto, ni estamos a punto de cerrar España, ni de
dividirla, ni romperla. No es verdad. Hemos observado que el discurso del señor Rajoy se mantiene igual; hemos observado que efectivamente hay una construcción estatutaria malévola, en la cual participan fuerzas políticas como Convergència i
Unió, cuyos votos le permitieron a él ser ministro y vicepresidente del Gobierno, pero que hoy parece que están sumidas en una conspiración contra España.
Es verdad que ese discurso se mantiene porque no hay vuelta atrás. Hay toda una estrategia
política en torno a ese discurso que consiste en decir que España se rompe. Es cierto que esa estrategia se vendría abajo si el señor Rajoy reconociera que el artículo 1 se ha modificado, que ha pasado a ser plenamente constitucional, y que la
expresión nación se ha pasado al preámbulo en un intento, creo que afortunado, de equilibrar la voluntad del Parlamento de Cataluña con las restricciones jurídico-políticas que acabo de mencionar. Podía haber cambiado la posición del señor Rajoy,
pero no le interesa porque si cambia la posición se acaba el discurso de que España se rompe, que es algo tan parecido como el de que la familia desaparece o que la escuela privada también está condenada al fracaso o a la extinción con la LOE. En
resumen, una estrategia política que, como diré al final de mi intervención, consiste básicamente en entender en esto del Estatuto de Cataluña: hemos pillado al Gobierno y al Partido Socialista y esta presa no la vamos a soltar.



Voy avanzando, señor presidente. Se ha hecho referencia también, bien es verdad que con menos énfasis que en otras ocasiones, al artículo 6, relativo a la lengua, al que no quiero dejar de referirme hoy aquí. Una vez más, el artículo de la
lengua, el artículo 6, tiene distintos ángulos. Uno de ellos probablemente el más interesante y el que ha sido objeto de alguna mención por parte del señor Rajoy y de algunos otros miembros de esta Comisión, se refiere al efecto práctico de este
artículo. En resumen, a la respuesta a la pregunta que podríamos hacernos de si el Estatuto de Cataluña modifica o no el régimen lingüístico vigente hasta este momento en Cataluña. Antes de dar una respuesta a esta pregunta, quisiera brevemente
decir lo siguiente. En Cataluña no existe un conflicto lingüístico. Es verdad que hay, de vez en cuando, algunos conflictos que se resuelven ordinariamente en los tribunales, porque son conflictos que no afectan tanto a su régimen jurídico cuanto
a la interpretación que unos y otros hacen del mismo. Repito que no existe un conflicto lingüístico en Cataluña. No es verdad. Hay una plena normalización lingüística. Podríamos decir que la sociedad catalana ha recuperado plenamente y con
normalidad el catalán perseguido, este sí que sí, en los regímenes políticos anteriores. No existe un conflicto lingüístico. Cataluña vive con normalidad su carácter bilingüe porque así lo quiso nuestra Constitución. Es un régimen lingüístico que
no es nuevo, viene de lejos y sus rasgos esenciales se han fijado a lo largo de décadas por distintos parlamentos, con distintas mayorías políticas, sin que nos hayamos enterado, al parecer, de que soterradamente estaba creciendo una tensión que
nosotros no vemos. Es un régimen que define el catalán como lengua de uso preferente en las administraciones públicas, y que define el carácter vehicular del catalán como lengua en el sistema educativo. Ambas decisiones constitucionalmente
avaladas por el Tribunal hace relativamente poco tiempo y en vigencia desde hace bastantes años.
Es verdad que esta definición y que la existencia del catalán como lengua vehicular no ha sido cuestionada ni en Cataluña ni fuera de Cataluña, no ha
sido cuestionada aquí en este Parlamento. De hecho, aquí nos sentamos dos ex ministros de Educación, el señor Rajoy y yo mismo, y en ningún momento hemos cuestionado el carácter vehicular del catalán en el sistema educativo de Cataluña. En ningún
momento hemos alertado a esta Cámara de los conflictos que había. ¿Saben por qué? Porque no los había. Es verdad que ha habido algunos conflictos pequeños en la aplicación que se han resuelto satisfactoriamente, pero no hay un conflicto, no
existe ese conflicto que se nos quiere hacer creer, ese conflicto tremendo entre ciudadanos que siente sus derechos postergados. No es cierto. Es más, el carácter vehicular del catalán en el sistema educativo de Cataluña fue una larga discusión en
Cataluña en la que participó mucha gente. En aquel momento, Cataluña se debatía entre dos opciones distintas, o tener un sistema de doble red, una en castellano y otra en catalán, o tener un sistema integral. Y optó por el integral. Debo decir
que yo estoy de acuerdo, es decir, por una lengua vehicular única y un sistema que tratara de dar -y de hecho lo hace- la misma competencia lingüística en castellano que en catalán. Digo que de hecho lo hace porque hay estudios fiables, tanto del
Estado como de la comunidad autónoma, que así lo dicen. Creo que es una decisión acertada e integradora y ejemplos tenemos en España de comunidades autónomas que han optado por modelos distintos que tienen problemas que Cataluña hoy no tienen. Por
tanto, sostengo que es una buena decisión, que nunca ha sido una decisión problemática y que si se trae ahora aquí no es porque haya un problema lingüístico en Cataluña, no; es porque probablemente lo que se quiere es excitar un problema que no
existe. Si se trae ahora aquí es exactamente porque discutimos el Estatuto de Cataluña, porque lleva años el catalán como lengua vehicular y jamás hemos discutido de este tema y jamás han existido problemas como los que estamos planteando en este
momento.



Quisiera que quedara muy claro que el régimen lingüístico que establece el Estatuto, que es un régimen que incluye la no discriminación por utilización de las lenguas, la no discriminación por utilización del castellano o del catalán, lleva
años funcionando en Cataluña sin que haya sido problemático. No estamos haciendo nada distinto de aquello que se hizo con gobiernos socialistas


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y con gobiernos populares, porque la última ley que establece ese régimen lingüístico es del año 1998 -quédense con esta fecha, señorías, 1998 y, si no recuerdo mal, ese año había un gobierno del Partido Popular, que ni recurrió la ley ni
tan siquiera protestó ante una ley que hoy parece que se nos quiere hacer creer que va a hacer conflictivo lo que no lo es.



Déjenme que les diga algo más. El tema de las lenguas -como tuvo ocasión de exponer mi compañero de grupo Ramón Jáuregui en un Pleno en esta Cámara hace poco tiempo, a raíz de una proposición no de ley del Grupo Popular que quería debatir
lo que hasta ahora nunca se ha debatido- es muy delicado. Todos deberíamos sentirnos enormemente satisfechos de lo bien que ha resuelto Cataluña este tema, de lo pacífico que ha sido el proceso de normalización y de recuperación del catalán en
Cataluña. Lo último que debemos hacer es excitar un fantasma, porque las lenguas, señorías, son para unir no para dividir. Desde luego, mi grupo parlamentario va a estar frente a este intento que, repito, tiene sentido solo en la medida en que
trata de emponzoñar el debate sobre el Estatuto de Cataluña porque no responde a una realidad lingüística conflictiva; va a hacer todo lo posible para que este debate no prospere en esta Cámara y para que los españoles sepan que Cataluña está
plenamente normalizada desde el punto de vista lingüístico y que no existe discriminación alguna entre los castellanoparlantes y los catalanoparlantes Si alguna discriminación hay están los tribunales para resolverla, puesto que el régimen jurídico
está perfectamente claro en el sistema actual y en el Estatuto en vigor.



Voy a acabar, señor presidente, refiriéndome a algunos aspectos de la intervención del señor Rajoy. El señor Rajoy ha hecho una cosa que tiene bastante que ver con su estrategia política, con su forma de concebir la política: ha picoteado
de aquí y de allá, ha sacado algunos artículos, los ha descontextualizado, los ha ridiculizado para crear una imagen de confusión, de caos, de ruptura, que es verdad que inicialmente pueden provocar esta sensación, pero esto no resiste un análisis
párrafo a párrafo. Ya les anuncio que mi grupo va a desmenuzar el discurso político que ha pronunciado el señor Rajoy aquí párrafo a párrafo y lo vamos a discutir en cada momento, cuando discutamos los títulos correspondientes, para demostrar que
está lleno de verdades a medias que, como saben SS.SS., son las peores falsedades.



Voy a dar algún ejemplo. El señor Rajoy ha hablado escandalizado de la participación de las comunidades autónomas en la planificación económica del Estado. Dicho así, como él lo ha dicho -diecisiete comunidades participando, esto es el fin
de España-, podría tener razón, si no fuera porque esa participación la establece el artículo 131.2 de nuestra Constitución, que dice que las comunidades autónomas participan en la planificación de la actividad económica, naturalmente del Estado.
Lo dice. En el párrafo anterior ha definido lo que es planificación económica, y les ahorro la mención. Es verdad, que si hemos hecho esto, que lo hemos hecho, yo avalo esta posición. Digo que estamos de acuerdo; y digo más, estamos de acuerdo
porque estamos cumpliendo exactamente lo que dice la Constitución, que establece que las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, participan, claro que sí, en la planificación económica del Estado. ¿Saben por qué? Porque les
afecta, porque afecta a sus ciudadanos; por eso es por lo que participan. Les pondré un ejemplo más. Ha hablado el señor Rajoy de las competencias y ha dicho, si no me equivoco, que en el Estatuto actual solo había tres artículos dedicados a las
competencias y que ahora hay no sé cuántos. No es verdad. Le emplazo a que lo lea. El Estatuto actual tiene veinte artículos dedicados a competencias, del 9 al 29, pero es que alguno de ellos, como el 9, tiene treinta y tantos apartados. Lo que
hemos hecho -y a continuación me referiré a ello- ha sido deslindar mejor la distribución competencial. Por tanto, no es cierto lo que se dice. Como no son ciertas tampoco algunas de las cosas que se han dicho sobre el modelo económico.
Preguntaba el señor Rajoy muy ofendido: ¿Quién fija los niveles de solidaridad en el Estado en el sistema económico que prevé el Estatuto? Lo preguntaba pero no sé por qué, porque lo dice el artículo 208.3 inciso final: Los citados niveles serán
fijados por el Estado. ¿O es que usted no se ha leído el Estatuto, señor Rajoy? ¿O es que se lo ha leído a medias? ¿O es que, como le digo, le han picoteado para construir un marco de desastre universal para hacer ese discurso catastrofista que,
repito, le desmontaremos frase a frase en esta Comisión. Eso es básicamente lo que creo que ha pasado y eso es lo que justifica su estrategia política.



Terminaré con una reflexión sobre eso, no sin antes decir que es verdad que el Estatuto contiene un conjunto de derechos y deberes; derechos y deberes que, evidentemente, afectan a los ciudadanos que tienen vecindad administrativa en
Cataluña, a quienes son, de acuerdo con el Estatuto -como en cualquier estatuto- ciudadanos de Cataluña. Es verdad que este marco de derechos y deberes no puede modificar el marco general de derechos y deberes que afecta al conjunto de los
españoles y que está definido en nuestra Constitución. No lo puede hacer -de hecho, no lo hace y si se lee el Estatuto verá que es así-, como no puede modificar las competencias del Estado en relación con esos derechos y deberes. Aunque quedaba
claro, hemos presentado una enmienda en ese sentido, por si hubiera alguna duda. Por tanto, las alarmas que el señor Rajoy ha pretendido establecer aquí en relación con ese trato diferencial de unos y otros ciudadanos no son ciertas; al menos, no
tan ciertas como en la situación actual, donde las comunidades autónomas desarrollan cosas como el salario mínimo o de inserción, o el testamento vital sin que todas ellas lo tengan que hacer y sin que ello supongan discriminaciones flagrantes de
unas comunidades hacia otras. No es cierto lo que se ha dicho aquí. En todo caso, de serlo, lo sería tanto como lo que hicimos en el Estatuto de Valencia,


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porque en él también regulamos derechos y deberes. ¿O es que sí podemos regular los derechos y deberes de los valencianos y los de los catalanes, no? Yo sostengo que este es un buen capítulo, que está bien dibujado, que no hace sino
recoger algunas cosas que están pasando y otras que pueden pasar y que en modo alguno rompe la igualdad de todos los españoles frente a derechos y deberes básicos establecidos por nuestra Constitución y regulados, consecuentemente, por el Estado.



El señor Rajoy decía que establece un marco de bilateralidad entre las comunidades y el Estado. Claro que lo establece, tal como existe ahora.
Él ha sido ministro de Educación. ¿Alguien se imagina una ley educativa sin hablar o sin pactar
en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas? ¿Alguien piensa que esa conferencia sectorial no va previamente trabajada en un marco bilateral? ¿Es que los ministros de Educación -y pongo este ejemplo porque yo lo he sido y él también-
no nos reunimos con las comunidades autónomas cuando queremos cambiar las leyes básicas del Estado para acordarlas? ¿No es eso lo que hacemos? Eso se llama bilateralidad. La multilateralidad también existe. Las dos cosas existen en nuestro
Estado pura y sencillamente, porque son cuestiones que afectan a las dos administraciones: a la de la comunidad autónoma y a la Administración del Estado. Por tanto, en este capítulo no hay sino la concreción de algo que en el año 1979 no se pudo
hacer, pero que en la práctica funciona así. Parece mentira que se denuncie porque, insisto, este mecanismo de funcionamiento no solo no debilita al Estado, sino que lo fortalece. Nada fortalece más al Estado que el que las leyes básicas estén
pactadas con quienes tienen que cumplirlas, que son las comunidades autónomas. Nada fortalece más al Estado que un esquema de relación bilateral y multilateral como el que se establece aquí y que, repito, se hace así en la práctica. Parece mentira
que se denuncie porque establece mecanismos de participación que fortalecen las decisiones del Estado.



Igualmente, nada fortalece más al Estado que deslindar competencias, como hace el Estatuto de Cataluña. Es verdad que a esto se le ha puesto un nombre bastante feo, que es la palabra blindaje, pero creo que en este Parlamento deberíamos
obviar los nombres y entrar en los contenidos. Lo que se hace en el Estatuto de Cataluña es algo tan razonable como deslindar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas; entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado, y es
perfectamente razonable. No se hizo así en 1979, no se podía hacer porque no sabíamos exactamente cómo iba a desarrollarse la Constitución. Por eso se recurrió a la fórmula de rúbricas generales: las comunidades autónomas tienen competencias en
sanidad, en educación, en obras públicas. Después, el juego combinado de las normas básicas del Estado y de las normas autonómicas ha permitido deslindar un terreno que a priori estaba definido con carácter general, y solo con carácter general, en
los artículos 148 y 149 de la Constitución. ¿Qué hace ahora Cataluña? Cataluña desarrolla esos títulos competenciales, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y con su propia experiencia legislativa, haciendo algo que hemos defendido en
varias ocasiones en esta Cámara y que hoy voy a reiterar una vez más aquí: tratando de evitar que las leyes básicas del Estado entren en territorios que corresponden a las comunidades autónomas. En el último debate del estado de la Nación mi grupo
parlamentario presentó una resolución en este sentido, a través de la que el Congreso aprobó por amplia mayoría que las leyes básicas -como la jurisprudencia constitucional indica- son eso: bases, y que no pueden utilizarse por el Estado para
entrar en materias que son constitucionalmente de las comunidades autónomas, como las comunidades autónomas no pueden entrar con sus leyes correspondientes en los espacios reservados constitucionalmente al Estado.



Esta separación de competencias es un trabajo que se ha hecho en este Estatuto y que es muy bueno para el Estado y para las comunidades autónomas. Es muy bueno porque se ha hecho respetando la Constitución, y no solo la Constitución sino
también la jurisprudencia constitucional y porque reserva al Estado todas las competencias básicas que la Constitución ha querido, pero al mismo tiempo deslinda las competencias de las comunidades autónomas para evitar que, como ha sucedido en los
últimos años -y me remito a las sentencias del Tribunal Constitucional-, el Estado invada lo que no le corresponde invadir. En definitiva, hemos hecho un ejercicio de delimitación competencial que nos agradecerán los ciudadanos, las
administraciones y el Tribunal Constitucional, que probablemente después de esto tendrá menos litigiosidad. Eso incluye decir que es una ley básica, y decirlo de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Parece mentira que aquí se nos recuerde
-alarmados- que una ley básica es una ley que establece principios. Eso es lo que dice la jurisprudencia constitucional una vez detrás de otra, desde la sentencia de la Loapa, si no recuerdo mal: leyes básicas establecen principios básicos -como
su nombre indica-, y no pueden entrar en detalles -según qué detalles-, que lógicamente acaban invadiendo las competencias legislativas y ejecutivas de las comunidades autónomas. Mi grupo considera que se ha hecho un buen trabajo, que lejos de
enmarañar hemos clarificado, que se ha constitucionalizado el texto, y que nada más respetuoso con la Constitución que delimitar las competencias que corresponden a unos y a otros. En nuestra opinión, lejos de lo que se ha dicho aquí, estamos ante
un Estatuto mejor que el anterior para la comunidad autónoma y también para el Estado.



Se ha hablado también de la política exterior y europea. Al escuchar al señor Rajoy, parece que vamos a hacer una cosa disparatada. (El señor Acebes Paniagua: Lo han hecho.) Probablemente el problema, una vez más, es que no se lo ha
leído, y sobre todo que no se ha leído las normas en vigor. Ya sé que a ustedes,


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señores del Partido Popular, no les gustaba que las comunidades autónomas participaran en las decisiones de la Unión Europea -ya lo sé-; que hicieron todo lo posible por que no fuera así. En esto nosotros tenemos una posición distinta,
como expresó el presidente del Gobierno en la investidura y como han expresado las normas que hemos puesto en vigor en estos años. Se lo voy a explicar de forma muy sencilla. Señor Rajoy, cuando la Unión Europea decide sobre competencias
exclusivas, según la Constitución, de nuestras comunidades autónomas, es razonable que el Estado tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, porque se está discutiendo sobre sus decisiones. Sucede en países como Alemania.
Usted, como
yo, ha estado en los consejos de ministros europeos y habrá visto que se sientan el presidente de la Conferencia de consejeros y el ministro representante del Estado. Es tan razonable como eso. Nuestro sistema constitucional establece que las
comunidades autónomas tienen competencias exclusivas. Es sensato que el Estado, cuando la Unión Europea va a adoptar decisiones sobre esas competencias exclusivas, consulte y tenga al lado a las comunidades autónomas, porque son las
constitucionalmente competentes. ¿Sabe por qué? Porque eso refuerza el Estado autonómino; eso elimina litigiosidad; eso da carta de naturaleza a un esquema, el autonómico, que es esencialmente el de compartir. Eso es lo que ustedes no acaban de
entender: que compartir, que pactar, que acordar, que consensuar, que respetar es la esencia misma de nuestra Constitución y del Estado autonómico del que nos hemos dotado.



Le diré una última cosa respecto al sistema de financiación. Vamos a tener tiempo de discutirlo, artículo tras artículo, y de comparar el sistema de financiación con las cosas que algunos de sus representantes más insignes en el Parlamento
de Cataluña han defendido brillantemente una y otra vez; lo vamos a hacer. Solo espero que cuando el presidente Matas traiga el Estatuto que dice va a traer, el representante del Partido Popular le diga las cosas que hoy hemos escuchado del
Estatuto porque, según he oído al presidente Matas, esto de Cataluña le parece muy poco. Solo espero que entonces oigamos del Partido Popular el mismo discurso de que es inconstitucional, falto de igualdad y confuso de un sistema de financiación
que -repito una vez más, y permítame que se lo diga -usted, señor Rajoy, no se ha debido leer bien, porque ha hecho una pregunta tan elemental como quién fija los niveles de solidaridad; está ahí puesto con muchísima claridad.



Voy terminando ya, señor presidente. El Partido Popular definió una estrategia sobre este tema por razones que he expuesto en distintas ocasiones en esta Cámara: alguna oposición hay que hacer, sobre algo hay que oponerse. Como las
previsiones económicas del señor Rajoy no se cumplieron, España crea empleo y la economía crece al 3,5 por ciento; como en políticas sociales parece que su pedigrí no les permite hacer una oposición, al menos al Partido Socialista, no han tenido
más remedio que elegir los temas mollares, y uno era este. Eligieron el tema de Cataluña y fueron predicando por toda España -con un anticatalanismo, que ese sí que rompe España- cosas del Estatuto que no son verdad, que hoy en parte he desmontado
pero que, repito, desmontaremos una a una a lo largo de esta Comisión para que con publicidad y medios sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Es cierto que esa estrategia la decidieron. El señor Rajoy calificó al Estatuto de puercoespín.
Es verdad que ese puercoespín va a acabar pinchándole a él y no a quienes lo propusieron y a quienes lo vamos a votar. Voy a explicarle por qué. La prueba evidente de que esa es una estrategia que no dependía ni de las enmiendas que hiciéramos ni
de lo que aquí discutiéramos es que, al día siguiente del acuerdo entre el señor Mas y el señor Zapatero, los señores del Partido Popular, en concreto, el señor Zaplana salió diciendo una cosa aparentemente contradictoria: que el acuerdo era
secreto pero que era una basura; que lo dejaba todo igual. Era aparentemente contradictoria porque lo que realmente define es una estrategia: hagan ustedes lo que hagan, yo me voy a oponer; lo arreglen como lo arreglen, da igual; es que yo
tengo un discurso y es el de que España se rompe y no voy a renunciar a ese discurso, hagan ustedes lo que hagan. Hoy hemos asistido a un ejercicio cabal de lo que vengo diciéndoles. Aquí hay quien quiere decir que España se rompe. Les voy a
decir una cosa. El problema de esta estrategia, como pasa con el discurso de hoy del señor Rajoy, de picotear, y de desscontextualizar, es que se puede desmontar. Con el paso del tiempo uno puede leer el discurso y decir lo que yo he dicho aquí
apresuradamente, que podría haberlo hecho con otros quince artículos o afirmaciones suyas.
El problema del discurso de que España se rompe es que también se desmonta. Pasará el tiempo y España -ustedes lo saben bien, señoras y señores diputados-
no se va a romper. Cuando llegue el momento de la verdad, y queda un poco de tiempo -saben ustedes a qué verdad me refiero; en política solo hay una, que es cuando la gente vota-, unos tendrán que ir diciendo lo que han dicho y otros diremos lo
que hemos dicho. Cada uno será preso de sus palabras. Es en ese momento cuando la gente va a tratar de razonar y pensará: España no se ha roto; la familia española parece que goza de buena salud; la escuela privada también funciona; ¿por qué
nos han mentido? Y yo les voy a dar una explicación a la que la gente va a llegar rápidamente: por la misma razón por la que nos mintieron antes; antes nos mintieron para quedarse y ahora nos mienten para llegar. Y los ciudadanos, convencidos de
algo tan evidente como lo que estoy diciendo, harán lo mismo que hicieron en su momento: votaron para echarles y no votarán para que vuelvan. Ese es el problema de su estrategia, señor Rajoy, que usted tiene muy poco tiempo para hacer muchas cosas
y las hace atropelladamente, exageradamente, deliberadamente y de manera confusa, como las ha hecho hoy aquí.



Termino ya. Es un buen Estatuto, señor presidente. Estamos satisfechos.
Esperamos que título a título


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podamos defender algunos de los principios que hoy he expuesto aquí. Creo que Cataluña sale de este Estatuto más reforzada, tiene más autogobierno, creo que tiene unas instituciones más consolidadas, y creo que todo eso lo hemos hecho unos
y otros por acuerdo, sencillamente para que los ciudadanos catalanes puedan tener mejor resueltos sus problemas. Lo hemos hecho con acuerdo y buscando la participación y eso, a mi juicio, señoras y señores diputados, como he dicho antes, fortalece
España. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Defendidas las enmiendas y votos particulares, corresponde ahora intervenir, si así lo estiman pertinente, a los grupos que no han presentado enmiendas o votos particulares. ¿Por parte de la delegación del Parlamento
de Cataluña quiere intervenir algún grupo? (Pausa.) Tiene la palabra en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Saura.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Saura Laporta): En nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, voy a posicionarme con relación al debate que se está celebrando. Empiezo por decir una obviedad y es que para
nosotros este debate es histórico. No es solo políticamente muy importante sino que es un debate absolutamente histórico, porque estamos convencidos que la aprobación del texto de la reforma estatutaria va a significar para Cataluña el mayor nivel
de autogobierno que nunca ha tenido. Esperamos que en el transcurso de los trabajos de la Comisión y del Pleno podamos solucionar algunos puntos de discrepancia que aún mantenemos hoy con el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Socialista, pero
insisto en que estamos satisfechos porque cuando se apruebe este Estatuto Cataluña va a tener el mayor grado de autogobierno.



Al escuchar al señor Rajoy me han venido a la mente debates del pasado -el del Estatuto de los años treinta y el del año 1979- donde detrás de la derecha conservadora y centralista había una concepción del Estado español carca, que poco a
poco hemos ido superando. He de decir además al señor Rajoy que no hace falta que nadie tutele ni se preocupe por los problemas y por los retos de los catalanes y de las catalanas. El 89 por ciento de diputados y diputadas aprobó el Estatuto
catalán y representamos desde ese punto de vista la soberanía del pueblo catalán.
Vamos a estar horas y horas hablando, pero para mí el problema de fondo es por qué hay que reformar el Estatuto y cómo se reforma, en qué modelo de Estado. La
respuesta que hemos dado los partidos catalanes que hemos apoyado el texto de la reforma es que el Estatuto vigente, del que hacemos una lectura positiva en estos 25 años, es hoy insuficiente para dar respuesta a retos, problemas y fenómenos
cruciales para el futuro de Cataluña. Me podría referir al reto de la inmigración, al impacto de las nuevas tecnologías, a la relación con la Unión Europea y a muchos y muchos fenómenos que no están recogidos en el Estatuto de 1979, entre otras
razones porque en aquellos momentos no existían. Por tanto, la reforma del Estatuto responde a la necesidad de crear cauces, caminos y canales para resolver los problemas.



La otra cuestión a la que hay que dar respuesta es en qué modelo de Estado. Evidentemente, aquí es donde hoy aparecen las discrepancias entre el Partido Popular y el resto de los partidos, con nuestros matices y diferencias. Estamos ante
una concepción de modelo de Estado -diría- preconstitucional -algunas de las cosas que el señor Rajoy ha dicho son las que los ponentes de Coalición Democrática dijeron en 1979 o en el debate de la Constitución no aceptando el Estado de las
autonomías, y algunos expresaron su voto negativo de forma clarísima- y ante la propuesta del Parlamento catalán que, considerando positivos estos 25 años de Estado de las autonomías, cree que hay que seguir adelante, por la sencilla razón de que la
Constitución, en el título VIII, expresó el empate entre los rupturistas y los reformistas y dejó el Estado español con dos modelos de Estado, el centralista y el de las autonomías. Por tanto, cuando decimos que el Estatuto ha de servir para dar
respuesta a retos y a fenómenos nuevos para la sociedad catalana estamos diciendo que eso requiere también avanzar de forma decidida hacia un modelo de Estado federal.



Antes de entrar en los contenidos del título preliminar, en esta primera intervención sobre el Estatuto voy a hacer referencia, como han hecho mis predecesores, a tres o cuatro cuestiones de carácter general. La primera se refiere a la
constitucionalidad. En este país, en pocos meses, han surgido muchos expertos constitucionales, todo el mundo es experto constitucional. (El señor Padilla Carballada: Unos más y otros menos.) Unos más y otros menos; luego me referiré a quiénes
son más y quiénes son menos. Parece que incluso se puede insultar diciendo: eres inconstitucional. Hoy no sabía si el señor Rajoy estaba haciendo un ejercicio de oposición al Tribunal Constitucional o un discurso político, pero quiero decir lo
siguiente. En primer lugar, desde la redacción del proyecto en Cataluña, una premisa que se ha tenido siempre en cuenta es hacerlo en el marco de un respeto escrupuloso a la Constitución española.
Ha de quedar claro que la Constitución española no
solo se puede interpretar como el señor Rajoy quisiera. La Constitución española permite diversas interpretaciones y la propuesta de reforma del Estatuto hace una lectura innovadora de la Constitución. En estos momentos solo ha habido una
institución, el Consejo Consultivo de Cataluña, elegido por el Parlamento catalán y que tiene como objeto velar por la constitucionalidad de las leyes, que ha hecho un informe en el que decía que había diecinueve puntos de inconstitucionalidad en la
propuesta de reforma inicial. De esos diecinueve puntos, dieciocho se solucionaron en el trámite parlamentario, y uno, el referido al Síndic de Greuges en relación con las competencias del Defensor del Pueblo, que no se consideró.



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Por tanto, hoy no hay nadie con mayor legitimidad que el Consejo Consultivo para decir que esto no es constitucional. Esta institución, reconocida legítima y democráticamente para velar por la constitucionalidad de las leyes, ha dicho que
este es un texto constitucional. El Partido Popular intenta descalificar sin pruebas y sin argumentos un Estatuto que es constitucional. De todas maneras he de decir también al Grupo Popular que como ellos saben perfectamente siempre pueden
recurrir al Tribunal Constitucional y veremos qué dice. Estoy seguro de que si lo llevan al Tribunal Constitucional, va a ser otra bofetada política a los argumentos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán.



Un segundo argumento que utiliza el Grupo Popular y el señor Rajoy es que este Estatuto rompe España. Evidentemente, en los grupos políticos catalanes que hemos dado apoyo al partido catalán hay diferentes puntos de vista: opiniones
independentistas, opiniones federalistas y opiniones simplemente nacionalistas, pero ha habido un punto de encuentro, es decir, hemos hecho una propuesta en una perspectiva federal, y por tanto el Estatuto en ningún momento plantea ninguna ruptura
ni cuestiona la unidad del Estado, como mínimo en estos momentos. Desde ese punto de vista, el Estatuto plantea, y quiero dejarlo muy claro, cuatro aspectos fundamentales. La elaboración del Estatuto sigue cuatro líneas. Primera, queremos adecuar
los aspectos simbólicos y de identidad que afectan a Cataluña. Por lo tanto, el Estatuto es una adecuación de los aspectos simbólicos y de identidad. En segundo lugar, es una reorganización del poder político especialmente en el tema de las
competencias.
Evidentemente, escuchando hoy al señor Rajoy, qué bien lo hemos hecho, porque el señor Rajoy nos ha explicado su concepción de la ley de bases, que no son solo principios, es esa concepción la que ha hecho posible que se hayan
aprobado leyes en el Congreso de los Diputados donde la ley establece exactamente el grosor del vidrio que separa en un autocar escolar el chófer de los escolares, y dicen que eso es legislación básica. Pues bien, el segundo objetivo de la reforma
del Estatuto es el blindaje de competencias, la delimitación de competencias entre el Gobierno central, el Estado central y Cataluña. El tercer punto es la mejora de la financión y el cuarto punto es el refuerzo de los mecanismos de cooperación y
colaboración entre Cataluña y el Estado y Cataluña y la Unión Europea. El señor Rubalcaba ya ha explicado al señor Rajoy que la relación con la Unión Europea ocurre en otros países y que está ocurriendo hoy en el Estado español. También el Partido
Popular comete un error. Para ellos el Estado es el Gobierno central y desde hace tiempo en este Estado español el Estado no es el Gobierno central; el Estado es el Gobierno central y las autonomías y, por lo tanto, la opinión del Estado español
en Bruselas en aquellas cuestiones de competencias exclusivas de las comunidades autónomas ha de ser una opinión compartida. Sobre el tema de que se rompe el Estado, la propuesta del Estatuto catalán lo que recoge son aspectos que figuran en todos
los Estados federales. No hay nada que se aparte de una concepción federal. Señor Rajoy y señores del PP, ¿los Estados federales son Estados débiles o precisamente son los Estados más fuertes? (El señor Cisneros Laborda: Pregúntale a Alemania
con su reforma.) Los Estados federales son Estados fuertes en general, y con la propuesta del Estatuto catalán el Estado español también va a ser un Estado más fuerte.



La tercera y penúltima consideración general es sobre el capítulo de los derechos. Evidentemente, aquí se muestra una concepción una vez más entre la derecha y la izquierda. La izquierda queremos que el Estatuto no solo sea un pacto de
Cataluña con el Estado español, sino que sea también un pacto, un acuerdo entre los y las catalanas para definir un horizonte de país avanzado, un horizonte de mayor protección de los derechos. El señor Rajoy dice que no está de acuerdo. Yo estoy
muy contento y satisfecho de que los sindicatos y las ONG de Cataluña estén de acuerdo y de que incluso el Consejo Consultivo en el dictamen que hizo diga lo siguiente de este título. Dice el Consejo Consultivo haciendo referencia al título de
derechos: Es una operación que por sí misma no solamente es válida sino merecedora de elogios, porque todo lo que signifique ampliar y profundizar la protección de los derechos de las personas así ha de ser considerado. Es decir, el Consejo
consultivo no solo dice que no es inconstitucional, sino que dice que es plenamente constitucional porque el título de derechos hace referencia a competencias de Cataluña, no a competencias del Estado, y que por lo tanto los derechos fundamentales
están reconocidos en la Constitución y que hay que elogiar este título porque en definitiva significa una ampliación de derechos. Evidentemente, el señor Rajoy está diciendo que no quiere una ampliación de los derechos de ciudadanía. Detrás del
cuestionamiento del título de derechos existe un intento de no ampliar los derechos de ciudadanía, e, insisto, desde Cataluña hemos creído necesario y conveniente que el Estatuto no solo sea un pacto con el Estado para renovar la articulación de
Cataluña con el Estado español, sino también la ampliación de los derechos de ciudadanía.



La última reflexión sobre las consideraciones generales es una petición muy concreta al Partido Popular. Evidentemente, como ha dicho el señor Rajoy y no puede ser de otra manera, la democracia es por esencia discrepancia política;
discrepancia de intereses distintos, de visiones distintas e ideologías diferentes. En cambio, el debate político no debe ser la crispación, la desmesura o, si me lo permite el señor presidente, algunas mentiras o barbaridades que se están diciendo
en este proceso, porque eso sí crispa la relación entre Cataluña y España, no en Cataluña, porque el señor Rajoy hacía referencia a algunos ciudadanos y ciudadanas que han manifestado en Cataluña su opinión en contra del Estatuto, eso es cierto,
pero ha callado una cosa importante. No ha dicho que en Cataluña los únicos cargos públicos que han dimitido por no estar de acuerdo con las orientaciones políticas de su partido han sido concejales del Partido


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Popular. En Cataluña, las únicas dimisiones de responsables políticos institucionales -con la gravedad que esto conlleva- han sido de dirigentes del Partido Popular que están en contra de una política de dicho partido que intenta crear
crispación en Cataluña. Desde ese punto de vista me gustaría mucho que nunca más ningún dirigente del Partido Popular -incluso algunos que están en esta Comisión- relacionara el terrorismo con el Estatuto catalán; que el señor Rajoy no dijera -si
me lo permite- la barbaridad siguiente: Se está haciendo con el castellano lo mismo que en la época de Franco se hizo con el catalán. Esta es una barbaridad inadmisible en cualquier persona de sentido común, pero mucho más inadmisible en el
responsable del primer partido de la oposición.
Incluso hemos tenido que escuchar como producto de la convención del Partido Popular del pasado fin de semana que el Estatuto significaba la balcanización -con lo que esto quiere decir-, y que al
mismo tiempo se dijera que los golpistas del 23-F eran gente con buenas intenciones. Esto no puede ser, esto no es ningún debate político. Insisto, son mentiras, barbaridades, falsedades que no tienen nada que ver con el contenido del Estatuto.
Es decir, en política no todo vale y posiblemente el Partido Popular debería saberlo más que nadie, porque en marzo del año 2004 se concretó lo de que en política no todo vale, y la experiencia debería hacerles aprender.



En 1979, leídos los diarios de sesiones de la Comisión y del Pleno, hubo discursos apocalípticos parecidos a los de hoy. España se rompía -no se hablaba de la balcanización porque aún no se había producido este fenómeno-, se iban a producir
todos los desastres posibles. Hoy creo que nadie se atreve a hacer una lectura negativa del proceso del Estado de las autonomías. Hoy en este debate hay sectores minoritarios de esta Cámara que vuelven a decir lo mismo, y yo les digo que este
Estatuto se va a aprobar y con su aprobación ni se va a romper España, ni en Cataluña va a haber poligamia, ni el terrorismo tiene nada que ver con el Estatuto, ni lo que es delito en España no lo va a ser en Cataluña. No va a pasar nada de todo
eso. Dentro de tres, cuatro o cinco meses, después de la aprobación del Estatuto, los que han dicho esto lo van a pagar, porque la gente va a ver clarísimamente que ha sido engañada.



Señor presidente, yendo ya al contenido del título preliminar voy a hacer simplemente referencia a cuatro aspectos: nación, los derechos históricos, los símbolos nacionales y la cuestión de la lengua. En cuanto a nación, evidentemente nos
hubiera gustado que en el artículo 1 se definiera Cataluña como nación y, por tanto, hubiéramos estado más satisfechos, pero nos parece importante que sea la primera vez que en las Cortes Generales se vaya a votar un texto legal que incluye el
reconocimiento de Cataluña como nación. Pero más importante que eso es que el pueblo catalán va a votar un texto donde se dice que Cataluña es una nación. Cuando en Cataluña se produzca el referéndum sobre el Estatuto catalán el pueblo catalán va
a votar un texto donde se define a Cataluña como nación.



El texto que figura en el preámbulo, que como usted sabe dice: 'El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación', incluye
dos elementos que me parecen muy importantes, el primero la voluntad del pueblo catalán de definirse como nación, y el segundo que sea el Parlamento de Cataluña el que tiene el poder de decidir esto. Son dos elementos fundamentales que están en el
preámbulo. Ciertamente, en el preámbulo no tiene efecto jurídico, tampoco lo tenía, en la Constitución, nación española ni tampoco lo tenía en el artículo 1 que se aprobó en el Parlamento catalán, pero sí tiene un gran valor político interpretativo
y, desde ese punto de vista, consideramos que es fundamental.



Por otro lado, quiero decir que la autodefinición de Cataluña como nación recogida en el texto del preámbulo no es anticonstitucional. El señor Carod-Rovira ya calificaba la palabra nación de polisémica y consiguientemente se puede utilizar
tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista político. En segundo lugar no lo es porque de la definición de la palabra nación no se desprende ninguna soberanía o ninguna consecuencia jurídica contradictoria con el artículo 2
de la Constitución. En tercer lugar, porque el artículo 147.2 de la Constitución establece que sean los estatutos de autonomía los que fijen la denominación. No sé qué hubiera pasado si el Estatuto catalán hubiera dicho que Cataluña es un reino.
Me imagino hoy al señor Rajoy hablando de esto durante tres cuartos de hora. Pues en el Estatuto de Valencia que se aprobó ayer se dice que Valencia es un reino. Si se nos hubiera ocurrido decir que Cataluña es un reino, estoy seguro de que hoy
hubiéramos tenido aquí una disertación de media hora para decidir cómo es posible que en un reino haya otro reino. La Constitución deja a los estatutos la libertad para establecer su definición y en Cataluña mayoritariamente la sociedad y muy
mayoritariamente el Parlamento consideramos que es nación y estamos satisfechos de que el pueblo catalán vote, por primera vez en un referéndum, Cataluña como nación. En relación con esto quisiera leer una intervención del señor Senillosa Cros, que
era un diputado de Coalición Democrática -un partido de alguna manera antecedente del Partido Popular-, en esta misma Comisión Constitucional, hace mucho tiempo, el 13 de agosto de 1979, cuando se discutía el Estatuto de Cataluña, es decir, en el
mismo trámite parlamentario que nos ocupa hoy. El señor Senillosa, contestando a otras intervenciones relativas a que Cataluña no podía ser nación y a los peligros de la lengua -debate que hoy el señor Rajoy nos ha reproducido exactamente-, dijo lo
siguiente: Yo quisiera tranquilizar a dos de los grupos que han intervenido antes, a uno, preocupado por el término nación española le diré que, sin entrar en grandes disquisiciones, personas tan poco sospechosas como Calderón de la Barca o
Cervantes


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emplean el término nación catalana; y al otro, que lo considera un riesgo para los castellanoparlantes, me gustaría decirle que un pueblo que ha padecido persecución por su lengua y su cultura, que ha sido oprimido por eso, no puede jamás
convertirse en un pueblo opresor de la lengua y de la cultura de los demás. El señor Senillosa podría decir esto hoy aquí, lo dijo en el año 1979 y yo quería recordarlo.



Para acabar con esta cuestión, el debate sobre la definición de Cataluña y la definición del Estado es un debate que hay que superar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una concepción o un pensamiento político que dice que a un
Estado le corresponde una nación, y hay otra concepción política que dice que a una nación le corresponde un Estado: los que dicen que un Estado es una nación y los que dicen que una nación es un Estado. Lo que estamos intentando hacer -no lo
hemos conseguido del todo, pero creemos que vamos en esa dirección- es que haya un reconocimiento de un Estado plurinacional, y prácticamente la mayoría de las intervenciones en el debate de la Constitución daban como similares el término
nacionalidad y el término nación. (El señor Cisneros Laborda: No, no.)


Ligado con la definición de Cataluña, quiero referirme a los símbolos nacionales. El texto que viene hoy a la Comisión es el que aprobó el Parlamento catalán. El Partido Socialista ha presentado una enmienda, que aún sigue viva, en la que
no acepta la definición de la palabra nacional para los símbolos. Para nosotros esto es esencial e importante y creemos que no hay argumentos para negarse, por varias razones, en primer lugar, porque ya hay muchas leyes e instituciones catalanas
que utilizan la palabra nacional y que no han sido objeto de ningún tipo de recurso; por tanto, hay una historia y unos precedentes que justifican esta definición. En segundo lugar, porque nada impide que de la definición de Cataluña como
nacionalidad en el artículo 1, de acuerdo con la Constitución, se desprendan las palabras símbolos nacionales. Desde ese punto de vista hemos mantenido conversaciones con el Grupo Socialista y espero que al final de la sesión de hoy podamos conocer
un texto que dé satisfacción a una demanda absolutamente unánime de los cuatro partidos que votamos que sí el 30 de septiembre.



Derechos históricos. Otra gran novedad del Estatuto es la regulación en el artículo 5 de los derechos históricos del pueblo catalán, de los que se deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat con relación al derecho
civil, la lengua, la cultura y la proyección de esta en el ámbito educativo y en el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat. Esta es, una posición singular con relación al Estatuto anterior. Por otro lado, se acepta una obviedad
histórica, pero que hasta hoy nunca había sido reconocida. Es cierto que el autogobierno de Cataluña, que ahora ampara la Constitución desde 1979, es un autogobierno que nace antes de la Constitución, que el propio decreto de restitución de la
Generalitat y del presidente Tarradellas así reconoció, pero es fundamental que el propio Estatuto catalán reconozca esa posición singular de autogobierno catalán previo a la Constitución y de reconocimiento de una posición singular.



Acabo, señor presidente, con la cuestión de la lengua repitiendo en primer lugar unas palabras que ha dicho el portavoz socialista en su intervención, algo que cualquier persona que viva en Cataluña sabe: no hay ningún conflicto lingüístico
en Cataluña, ningún tipo de conflicto.
Se quiere hacer conflicto de tres o cuatro cuestiones del Estatuto catalán a las que me voy a referir. La primera ha sido calificada por el señor Rajoy como un gran conflicto, el hecho de que el Estatuto
regule un régimen de igualdad jurídica de las dos lenguas. En contra de lo que se ha dicho, esto se ajusta a la Constitución y no discrimina el castellano.
¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 3 protege el castellano y obliga a los
poderes públicos a ejercer esta protección, pero deja abiertos a los estatutos de autonomía la oficialidad y la regulación del régimen jurídico de las lenguas cooficiales. Por lo tanto, es el Estatuto catalán el que debe, por un lado, evidentemente
reconocer la oficialidad del catalán, y, por otro, regularla jurídicamente. Se reguló en 1979, de forma insuficiente, a nuestro entender, y diversos informes de expertos alertan sobre que la lectura restrictiva y la insuficiencia de dicha
regulación en 1979 ha motivado disminución de derechos lingüísticos. Para nosotros esta igualdad jurídica es muy importante, en primer lugar, porque no se produce desde 1714 -se regula, pues, desde 1714-; en segundo lugar, porque no discrimina el
castellano. Hay algunas enmiendas literales del Partido Popular que demuestran que no se han leído el texto del Estatuto. Hay una que dice lo siguiente: Los artículos que hacen referencia a la lengua suponen una flagrante vulneración del
principio de igualdad de todos los españoles, que tienen derecho a dirigirse a todas las administraciones públicas en castellano y a ser atendidos por estas con normalidad en dicho idioma. ¿Cómo se puede presentar una enmienda de estas
características, una enmienda tan grave? El Partido Popular está diciendo en una enmienda que en el texto del Estatuto catalán no se reconoce el derecho a que las personas se dirijan en la lengua que quieran a las administraciones. ¿Cómo se puede
decir esto? De verdad, parece que no se lo han leído. El Estatuto catalán no discrimina al castellano, por tres motivos: porque en el artículo 32 se reconoce el principio de no discriminación por razón de lengua; porque en el artículo 33, en
contra de la enmienda del Partido Popular, se dice que son los ciudadanos los que tienen derecho a la opción lingüística, a utilizar la lengua que quieran y a exigir que se les conteste en la lengua que elijan; y porque además en el artículo 34 el
Estatuto da el derecho a los consumidores a expresarse y dirigirse a las empresas o a las administraciones en la lengua que quieran.



El otro punto que es objeto de debate es la definición en el artículo 6.1 de que la lengua propia de Cataluña es el catalán. Este es otro punto controvertido. He de decir


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que el artículo 3 del Estatuto vigente dice exactamente lo mismo. También me van a permitir que lea otra intervención de la Comisión Constitucional de 1979 para demostrar lo repetitivo de este debate. El diputado comunista Gregorio López
Raimundo decía lo siguiente: La desconfianza es particularmente visible cuando se abordan cuestiones referentes a la lengua y a la cultura catalana, a las que se ve como competitivas de la lengua y la cultura castellana y como posible vehículo de
una futura separación de Cataluña del conjunto de los pueblos de España. Este reflejo defensivo es sin duda irracional e injusto. Resulta paradójico que al discutir sobre la regulación de la lengua, la enseñanza y la cultura en Cataluña se
manifieste como preocupación preferente el temor de que el Estatuto introduzca prácticas discriminatorias contra el castellano como lengua y contra los cientos de miles de inmigrantes residentes en Cataluña que hablan castellano. Comisión
Constitucional del 13 de agosto de 1979.



He de decir una cosa: el artículo 3 del Estatuto vigente, que dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán, tuvo un solo voto en contra.
Solo hubo una persona que votó en contra, el señor Blas Piñar. No sería bueno que, en la
votación del artículo del nuevo Estatuto, lo que fueron las opiniones y el voto de la extrema derecha tuvieran más votos en esta Comisión. Por tanto, he de insistir que en 1979 solo la extrema derecha, Fuerza Nueva, el señor Blas Piñar, votó en
contra del reconocimiento de que el catalán era la lengua propia de Cataluña.



Acabo, señoras y señores diputados, con una pequeña referencia al modelo catalán. Aprovechando el debate del Estatuto se ha lanzado una cierta operación de que en Cataluña se discrimina el castellano, que se quiere que solo se hable el
catalán, operación que va en contra del modelo catalán. El modelo catalán, como ha dicho antes el portavoz del Grupo Socialista, ha asegurado la cohesión y la no división de la sociedad catalana por la procedencia de la lengua. Sería bueno que
todas las señoras y señores diputados que puedan dudar de esta afirmación mía leyeran el informe que aprobó el Consejo de Europa, en septiembre de 2005, cuando elogiaba el proceso de normalización del catalán y lo calificaba de excepcional. Es
decir, recomiendo a todos aquellos que dicen que el modelo catalán es discriminatorio y ofensivo contra el castellano, que lean el citado informe del Consejo de Europa, que elogia el proceso de normalización del catalán, lo califica de excepcional y
dice que se han de hacer esfuerzos, porque en estos momentos, en la justicia y en la Administración del Estado, según este informe, el conocimiento del catalán entre los funcionarios es insuficiente y, por tanto, no se están garantizando los
derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña a dirigirse a ellos en catalán.



Señor presidente, en resumen, la que usted preside es una Comisión histórica. Hay satisfacción por nuestra parte porque el Estatuto va a significar un salto adelante para Cataluña pero también para el Estado español. Estamos convencidos de
que el Estatuto catalán va a contribuir también a la modernización del Estado español de forma humilde, sin ningún afán de prepotencia. Los que se utilizan hoy por el Partido Popular son los argumentos más centralistas y conservadores que se han
ido repitiendo, pero estoy seguro de que dentro de cuatro, cinco o seis meses, cuando el Estatuto se apruebe, cuando no se rompa nada, cuando se vea que otras comunidades siguen por el camino de Cataluña, todo el mundo va a tener que aceptar que
esta operación ha sido fructífera para Cataluña y para España.



El señor PRESIDENTE: tiene ahora la palabra el señor Piqué.



El señor PIQUÉ I CAMPS: La verdad es que yo no tenía previsto intervenir para fijar la posición de mi grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña por una razón, porque la posición política de mi grupo ha sido perfectamente explicada por
el presidente de mi fuerza política, don Mariano Rajoy, pero atendiendo a lo que me permite el Reglamento de la Cámara y también a la benevolencia del señor presidente, después de escuchar algunas de las opiniones que se han emitido con
posterioridad sí quisiera hacer algunas puntualizaciones.



Respecto a la última intervención, voy a hacer un comentario de carácter general. Hay algo que domina el debate político en el conjunto de España y particularmente en Cataluña y es que cuando no se tienen argumentos hay siempre una excusa,
un pretexto, y es atacar al Partido Popular. Pase lo que pase, se defienda lo que se defienda, se argumente lo que se quiera argumentar, al final todo se justifica sobre la base de que, como el Partido Popular está en contra, es evidente que eso
tiene que ser bueno.
La pobreza intelectual de tales aproximaciones me exime de comentarios adicionales. Creo que sería muy bueno que introdujéramos racionalidad y argumentos de verdad en el debate político y que no estuviéramos siempre en la
descalificación del adversario.



También quisiera hacer un comentario sobre determinados tópicos o lugares comunes que dominan la política catalana y que creo que conviene no dejar pasar por alto. Me refiero a la idea que ha expresado de manera brillante y coherente el
señor Carod-Rovira de que hay una España que no quiere a Cataluña, que no nos quiere a los catalanes; que tenemos una especie de inviabilidad de España porque se quiere autoconstituir en una nación única y excluyente de los demás. Yo creo que esa
afirmación merece un comentario. Eso sencillamente no es verdad. Si hay un Estado descentralizado que ha reconocido su pluralidad y su variedad, es precisamente lo que llamamos el Estado autonómico español, el que ha permitido la Constitución de
1978, y el grado de descentralización política, administrativa y financiera realmente es muy elevado, probablemente sin parangón, incluso en los llamados Estados federales.
Eso conviene recordarlo. Yo no estoy en contra ni creo que lo esté nadie,
desde el


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punto de vista intelectual, de la necesidad de adaptar nuestras instituciones a las nuevas circunstancias. Me he referido a eso en multitud de ocasiones, también en intervenciones en el Parlament de Cataluña, en el sentido de que los
constituyentes y los estatuyentes de finales de los setenta no podían conocer fenómenos que se han producido con posterioridad y que pueden efectivamente aconsejar que adaptemos nuestras instituciones. Pero una cosa es adaptar nuestras
instituciones y otra es querer reabrir nuestra arquitectura institucional de arriba abajo y, por tanto, no reformar algunos aspectos reformables del Estatuto vigente, sino querer pretender hacer un Estatuto de nuevo cuño, de arriba abajo,
completamente novedoso y que lo que quiere es dar un salto cualitativo que nada tiene que ver con eso que llamamos la España de las autonomías. Y desde luego nada tiene que ver esa voluntad de adaptar nuestras instituciones desde el consenso con la
clarísima voluntad desde el primer minuto, y que además estoy seguro que bajo ninguna circunstancia se va a modificar, de algunas fuerzas políticas presentes en esta Cámara que no han querido incorporar a ese consenso al Partido Popular, y usted,
señor presidente, ha sido testigo privilegiado del trámite en la ponencia que ha precedido a esta Comisión. No se nos ha aceptado ni una enmienda, ni las de carácter técnico; por definición, se votaba en contra de cualquier propuesta del Partido
Popular, aunque una enmienda dijera que cada día sale el sol, por definición. Eso es cambiar las instituciones que hasta ahora han sido de todos por instituciones solo de una parte de la sociedad, en Cataluña importante, ya lo sé, cada vez menos,
porque ahora me gustaría hacer también un comentario sobre esta cuestión, pero desde luego marginando a la mitad de la población española aproximadamente, por lo menos, porque estoy seguro de que además hay muchos votantes socialistas que tampoco
comparten lo que se está haciendo por parte del Gobierno y de sus socios en esta cuestión.



Respecto a esta España especie de madrastra que expolia a los catalanes permanentemente, simplemente un recordatorio, y ahora que esta Comisión está abierta a los ciudadanos es muy bueno recordar algunas cosas que no son discutibles, porque
estamos hablando de números. El año 1996, cuando empezó a gobernar el Partido Popular, el presupuesto de la Generalitat era aproximadamente de 6.000 millones de euros, un billón de las antiguas pesetas. El presupuesto de la Generalitat para este
año 2006, el que se está aplicando, que se está mal ejecutando, porque la verdad es que el Gobierno de Cataluña es malo de solemnidad (Rumores.) y en los aspectos de ejecución presupuestaria especialmente, es de 30.000 millones de euros, 5 billones
de pesetas. Si alguien puede argumentar que con eso no se pueden hacer políticas, que me lo cuente, pero yo creo que estamos hablando de mucho dinero. En términos de financiación per cápita, estamos hablando de una cifra superior en el presupuesto
de la Generalitat, para los casi siete millones de catalanes, que los Presupuestos Generales del Estado, excluida la Seguridad Social, que tiene caja única, para los 44 millones de residentes en este momento en España. Situemos las cosas en su
sitio, porque no por mucho repetir determinadas cuestiones, al final acaban siendo verdad. Lo que conviene es que sepamos todos de lo que estamos hablando.



Lamento que no esté el señor Pérez Rubalcaba, pero estoy seguro de que el señor López Garrido le transmitirá los comentarios que ahora voy a hacer, porque algunos son de carácter personal. Sabe el señor Pérez Rubalcaba que soy un rendido
admirador de su afilada inteligencia, lo sabe, y sabe que valoro especialmente su capacidad dialéctica, pero hoy se le notaba mucho que defendía lo que no se cree. Se le notaba mucho, mucho. Lamento que no esté aquí, por eso le ruego que se lo
transmita personalmente; se le notaba que estaba defendiendo algo que él sabe que no puede compartir en su fuero interno y en su fuero íntimo. A partir de ahí, en algunos casos quedaba bastante falso, bastante hueco. Empiezo por algunas de sus
afirmaciones. Ha hecho una gran defensa de la necesidad de respetar al Parlament de Cataluña en sus decisiones. Verdad. Comparto plenamente esa afirmación. La comparto. Es más, en estos momentos es muy importante que todos, desde luego el
Partido Popular lo va a hacer, defendamos el prestigio de las instituciones de autogobierno de Cataluña, en particular el Parlamento. Porque el Parlament de Cataluña ha sido burlado y no precisamente por nosotros, el Parlament de Cataluña ha sido
traicionado y no precisamente por nosotros. Ha habido una clara voluntad de hacerle aprobar al Parlament de Cataluña, en virtud del pacto de dos señores, algo que se sabía que no era viable en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Generales.
Se ha hecho así. Se sabía. Se le hizo aprobar al Parlament de Cataluña desde la convicción de que eso, después no saldría ni mucho menos de la misma forma. Después, ese acuerdo del Parlament de Cataluña ha sido modificado a través de una
negociación no transparente, sin mandato del Parlament y con desconocimiento de varias de las fuerzas políticas que en ese Parlament aprobaron una determinada cosa el día 30 de septiembre. Eso es así. Además, se ha hecho -todavía me parece más
grave, puestos a defender las instituciones de autogobierno- con desconocimiento nada menos que del presidente de la Generalitat y del Gobierno de la Generalitat. Eso lo ha hecho gente que se autodenomina nacionalista y que debería respetar más que
nadie las instituciones de autogobierno de Cataluña. A mí, eso no me parece muy presentable ni me parece tampoco una muestra de respeto hacia al Parlament de Cataluña, sino todo lo contrario. (Perdón, señor Pérez Rubalcaba, he hecho una referencia
personal que ahora le transmitirán. No quería que tomara como una descortesía el hecho de su ausencia.) Ha hecho una larga disquisición sobre la importancia o no del preámbulo y la adecuación a la Constitución. Cuando se tienen que justificar
tanto las cosas es que son difíciles de explicar. Cuando se tiene que interpretar hasta límites que rozan lo absurdo que


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una cosa no es lo que parece sino que es lo contrario es que aquí pasa algo. Si es importante, que se diga, y si no lo es, ¿por qué se insiste en ponerse? Después tendremos ocasión de escuchar a los que defienden el mismo pacto que usted
ha defendido, diciendo -porque se ha dicho ya con anterioridad y me imagino una cierta coherencia en las intervenciones de los responsables políticos- que es la primera vez en siglos que las Cortes Generales aceptan que Cataluña es una nación. Yo
le pregunto al Grupo Parlamentario Socialista y a su portavoz si usted comparte esta interpretación de una de las partes contratantes del acuerdo al que han llegado ustedes. Porque o la comparten o no. ¿O la comparten solo a medias? ¿Cómo
quedamos? Cuando se tiene que llegar a algo que permita mantener discursos alternativos y contradictorios sobre un mismo texto, al final eso acaba siendo, como ha dicho don Mariano Rajoy, ininteligible para los ciudadanos. Eso vale para ese tema,
el tema del preámbulo conectado con el artículo 1, pero desde luego vale para la práctica totalidad del Estatuto.



Antes se decía que el Estatuto va a abrir un nuevo periodo basado en una mayor fortaleza del Estado y en una mayor clarificación y delimitación de competencias. Yo no puedo compartir eso y no lo puedo compartir por una razón. Soy muy
consciente de que la Constitución de 1978 y los estatutos posteriores, el Estatuto de 1979 en el caso de la Generalitat de Cataluña, abrían una nueva etapa; todos aprendían lo que tenían que hacer y tenían y tienen en algunos casos una redacción
ambigua en su tenor literal, que permitía diferentes interpretaciones, pero se estableció un mecanismo para resolver esas diferentes interpretaciones, que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Llevamos más de 25 años de esa
jurisprudencia, que ha permitido ir clarificando y delimitando las competencias a través de los conflictos jurisdiccionales, dando unas veces la razón a la Administración General del Estado y otras veces a las comunidades autónomas. Ahora tenemos
una visión mucho más clara de lo que le toca a cada cual, con independencia de la ambigüedad inicial de los textos constitucionales. ¿Qué va a pasar ahora? Que ponemos el contador a cero. Ahora, esa delimitación competencial y esa
reinterpretación la tendremos que volver a hacer, la tendrá que volver a hacer el único que puede, que es el Tribunal Constitucional, sobre la base de un texto que nada tiene que ver con el vigente; por tanto, abrimos de nuevo 25 años de trabajo,
que bien está para los magistrados sucesivos del Tribunal Constitucional, que se ganarán bien el sueldo, pero que en cuanto a introducir mayor seguridad jurídica creo que no se sostiene.



Me gustaría hacer algún comentario sobre el tan reiterado título I. El señor Saura lo ha expresado con meridiana claridad, y me dirijo a algunos de los grupos de la Cámara catalana. Lo ha dicho con meridiana claridad.
Ha dicho: esta es la
diferencia entre las derechas y las izquierdas. ¿Se acuerdan de la frase? Esa es la diferencia entre las derechas y las izquierdas. Muy bien. Yo me pregunto ¿es un Estatuto un lugar para introducir un modelo de sociedad de izquierdas? Ni de
derechas. El Estatuto no es un instrumento para introducir un modelo de sociedad de ningún tipo, porque el Estatuto tiene que ser un terreno de juego institucional neutral para las diferentes opciones políticas y, en cambio, lo que estamos haciendo
es introducir incluso valores que son perfectamente legítimos pero que no son compartidos por una buena parte de la sociedad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué utilizamos el Estatuto, que hasta ahora era un elemento de unión y de cohesión -y
posteriormente haré un comentario al respecto-, para introducir división en el seno de la sociedad? No voten ese título, señores de Convergència i Unió, cárguenselo, voten nuestra enmienda; es que además su electorado se lo está pidiendo.
Aprovechen la oportunidad que tienen ahora porque es única; después, una vez aprobado el Estatuto, eso ya no se podrá tocar.
Por tanto, les pido un esfuerzo que creo que es razonable. Lo de los derechos de ciudadanía y lo del Estatuto de
izquierdas creo que se califica por sí mismo.



Eso vale para muchas otras cosas en el contenido del Estatuto. El Estatuto no es lugar para introducir opciones políticas de partido. Las opciones políticas se debaten en las campañas electorales y en las instituciones y la gente vota una
cosa u otra y al final gana el que a más ciudadanos convence o el que consigue una mejor coalición que le dé la mayoría en el Parlament. Esas son las reglas del juego. ¿Por qué el Estatuto tiene que introducir una opción política, elevarla por
tanto a rango estatutario e impedir que, si se produce una determinada alternancia, se pueda aplicar una política distinta? Me refiero a un ejemplo concreto que ha sido muy reiterado en esta sala: la política lingüística. Se ha dicho: Es que la
inmersión lingüística se ha hecho desde hace muchos años. Bien. Además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que era constitucional. Nada tengo que decir, yo puedo compartir o no esa sentencia, pero desde luego debo respetar la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está mucho más autorizado que yo a decir si una cosa es constitucional o no. Pero también dijo -y dice el Tribunal Constitucional- que otras opciones de modelo educativo basado en la lengua también
son constitucionales. De hecho, hay otros modelos educativos, por ejemplo, en el País Vasco, que tienen un sistema distinto. ¿Por qué tenemos que escoger uno y darle rango estatutario? ¿Y si alguien decide en el futuro que a lo mejor es mejor
tener, como pasa en el País Vasco, diferentes redes escolares en función de la lengua vehicular? ¿Tendremos que reformar el Estatuto entonces? (Varios señores diputados: Sí.) Pues no me parece razonable, señores. No me parece razonable.
(Rumores.) Creo que deberíamos ser muy conscientes de que las instituciones -que desde luego tienen vocación de estabilidad y de perdurabilidad- no pueden estar al albur de las alternancias. Decir: vamos a cambiar el Estatuto cada vez que queramos
aplicar una política distinta porque ha ganado un determinado partido, me parece un disparate institucional. Por eso el Estatuto es tan largo, tan farragoso


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y tan ininteligible, porque lo que se hace, como decía, es intentar fijar un determinado modelo de sociedad, un determinado modelo económico y unos determinados principios políticos.



Haré unos comentarios finales, señor presidente. Muchas gracias por su benevolencia. Se ha hecho constante referencia a otra de las partes más importantes del Estatuto, que es la financiación. Comparto plenamente lo que ha dicho el señor
Rajoy. En esta materia hay que decir especialmente la verdad a los ciudadanos. Del proyecto de Estatuto que ha salido de la ponencia nadie es capaz de extraer qué recursos va a recibir la Generalitat de Catalunya y reto a quien sea a que me lo
diga. Porque hay variables que no se han cerrado, porque es tirar la pelota hacia delante, porque sirve para que unos se puedan justificar y otros puedan sacudirse el muerto, por lo menos durante un ratito. Lo ha dicho el señor Rajoy. Lo que
salió del Parlament de Cataluña sí estaba clarito: era un modelo confederal, era un concierto económico. Pero esto no sabemos lo que es.
No lo sabemos. Además, señor Pérez Rubalcaba, la fijación de la solidaridad no es una fijación que esté al
albur, como usted ha dicho, del Estado, sino que lo decide la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat -y leo textualmente-, integrada por un número igual de representantes del Estado y la Generalitat; la Presidencia de la
Comisión mixta es ejercida de forma rotatoria entre las dos partes en turnos de un año; la Comisión adopta su reglamento interno y de funcionamiento por acuerdo de las dos delegaciones. Continúo leyendo: Corresponde a la Comisión mixta: a)
Determinar la aportación catalana a la hacienda del Estado. Yo me pregunto, desde una sensibilidad como la de ustedes, pretendidamente de izquierdas: ¿le parece razonable que el Estatuto diga cosas tales como: a fin de que los servicios prestados
por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar, y para ello la Generalitat también contribuye a la solidaridad? ¿Lo aplicamos también en
Cataluña, con lo que los ciudadanos de la Cerdanya van a tener mayor acceso a los servicios básicos porque practican mayor esfuerzo fiscal que los del Montsià? (Varios señores diputados: No.) Vamos a ver. Estamos hablando de la igualdad de acceso
a los servicios básicos y esta tiene que ser igual, porque se trata de servicios básicos. (Varios señores diputados: Claro.) El esfuerzo fiscal no tiene nada que ver con eso. (Un señor diputado: Ahora te lo explico.) El esfuerzo fiscal podrá
tener que ver con otras cosas, pero no con eso.
Hay suficientes temas para tratar y vamos a estar aquí muchas horas, con lo que podremos suscitar todas estas cuestiones con mucho más detalle, pero quería hacer estos comentarios generales que me han
suscitado las intervenciones que ha habido hasta ahora, como estoy seguro de que la mía también podrá suscitar algún comentario que de antemano agradezco.



Cada vez que hacemos algo los responsables políticos tenemos la obligación de pensar en los intereses generales y en los intereses de los ciudadanos y de no obsesionarnos exclusivamente por la redistribución del poder político. Y creo con
toda sinceridad que este Estatuto está hecho desde la mentalidad de redistribuir el poder político, financiero y presupuestario, pero que en ningún momento se ha pensado de verdad en las consecuencias sobre los ciudadanos de Cataluña. Se habla
mucho más de política, de los poderes públicos, de los poderes políticos y de la injerencia constante del poder político sobre todos los aspectos de la vida y de la sociedad catalanas que de lo que realmente necesitan los ciudadanos de Cataluña.
Por eso, lamentablemente, no podemos cambiar la posición que tuvimos en el Parlament de Cataluña el pasado 30 de septiembre, a pesar de las modificaciones introducidas en ponencia.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mas. (La señora representante del Parlamento de Cataluña, De Madre Ortega, pide la palabra.)


Señora De Madre.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Señor presidente, yo había pedido la palabra antes.



El señor PRESIDENTE: No la había pedido; si la pide ahora, se la concedo, pero no la habían pedido.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Señor presidente, creía que con levantar la mano, como han hecho otros intervinientes, quedaba fijaba la intención del grupo al que represento.



El señor PRESIDENTE: Hace falta otra condición, hay que levantar la mano y el presidente lo tiene que ver. (Risas.) Es elemental.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Señor presidente, he pensado que el ángulo de visión amplio que usted tiene no le impedía ver a esta representante del Grupo Socialista de Cataluña en el Parlamento.



El señor PRESIDENTE: El ángulo de visión no siempre es coincidente, señora De Madre. (Risas.)


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Muchas gracias, señor presidente.



Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero subrayar la satisfacción del grupo al que represento por el resultado de la labor realizada en ponencia de todos los miembros que hemos participado en la misma, y cuando digo todos, también
me refiero al señor Trillo y


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a la señora Sáenz de Santamaría. Estamos en condiciones de aprobar un magnífico Estatuto de Autonomía para Cataluña, que alcanzará con este Estatuto el mayor nivel de autogobierno desde 1714. Un muy buen Estatuto para Cataluña será
precisamente por ello muy bueno para toda España.
Hemos formulado esta propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña pensando en los intereses generales y en los intereses de los ciudadanos. Es algo reconocido por todos que, en los últimos 25 años,
todas y cada una de las comunidades autónomas, y con ellas el conjunto de España, han experimentado un salto muy importante en desarrollo y en bienestar; desarrollo y bienestar conseguidos también gracias al Estado de las autonomías. ¿Por qué se
niegan algunos a dar un nuevo impulso de progreso a través del desarrollo del autogobierno? ¿Por qué se obstinan en negar en nombre de la Constitución lo que la propia Constitución promueve y ampara?


Respecto a las características del titulo preliminar, señor presidente, señorías, van a permitirme hacer una valoración global del texto estatutario, al tiempo que subrayo -quiero hacerlo así- algunos elementos centrales de estos 14 primeros
artículos que corresponden al título que está en discusión, el título preliminar. En mi intervención también quiero una vez más salir al paso de afirmaciones, manipulaciones y mentiras que han pretendido y pretenden desvirtuar la propuesta de
Estatuto y que pueden, señorías, haber calado en algún segmento de la sociedad española. La aprobación de este Estatuto en las Cortes Generales, el refrendo de la ciudadanía de Cataluña y su puesta en marcha contribuirán eficaz y rápidamente a
disipar los miedos y los temores que algunos, de forma temeraria, han lanzado y han alimentado en los últimos meses. En primer lugar, déjenme que afirme, como ya han hecho otros intervinientes, no solo la plena constitucionalidad del texto -que por
cierto menciona explícitamente nuestra Carta Magna más que cualquier otro Estatuto de Autonomía, la menciona más veces, insisto-, sino que su propia génesis es plenamente constitucional. Es la propia Constitución la que señala el procedimiento de
reforma de los estatutos y el que empezamos a debatir hoy en esta Comisión ha seguido el procedimiento de forma escrupulosa. La negociación que ha dado como fruto el texto que hoy empezamos a dictaminar aquí ha sido en extremo celosa de la
constitucionalidad y, pese a ello, hay quien ha afirmado que este texto es aún menos constitucional que el aprobado en Barcelona el 30 de septiembre pasado. Claro que, señorías, quizás no es de extrañar proviniendo de un partido que considera
bienintencionados a quienes perpetraron el 23 de febrero de 1981 un intento de golpe de Estado felizmente abortado por Su Majestad Juan Carlos I.



Mueve a escándalo la frivolidad con la que algunos afirman que este Estatuto es una reforma encubierta de la Constitución. ¡Pero si la propia Constitución lo impide! Ninguna otra ley puede desconocerla, ni situarse por encima de ella, ni
modificarla de forma subrepticia. Qué poca confianza muestran en nuestra Constitución quienes sostienen que puede ser reformada de forma encubierta. Eso es imposible, como lo es pretender ganar un recurso previo de inconstitucionalidad que nuestro
ordenamiento jurídico no prevé o engañar a la gente recogiendo firmas para un referéndum que sería ilegal.



La propuesta que se somete hoy a dictamen de esta Comisión supone un avance en el desarrollo de nuestra Constitución, que nos anima y nos protege para acometer aquellas reformas que supongan una mejora de los autogobiernos y de la
financiación de nuestras comunidades. Esta reforma no es a pesar o contra la Constitución. No. Es una reforma constitucional amparada y exigida por nuestro ordenamiento constitucional. Parece que algunos, que se llenan la boca de respeto a la
Constitución y, después de haberla criticado y de no haberla votado algunos, lo único que pretenden es que no se aplique en la práctica y que su espíritu y su letra queden en desuso. Pero, señorías, lo que importa de verdad, además de si este
Estatuto es plenamente constitucional, que lo es, es si este Estatuto sirve a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y a los de toda España. A los socialistas catalanes nos parece que sí, no tenemos ninguna duda al respecto. Un
mayor y mejor autogobierno servirá al interés público, no solo de los catalanes sino de todos los españoles.
Como acertadamente señala el profesor Eduardo García de Enterría, el proceso de descentralización política refuerza y no destruye la
instancia superior y el proceso de integración que en ella se cumple. ¿Tan difícil es de entender que un mejor autogobierno para Cataluña es una buena contribución a una mejor integración del conjunto de España? ¿Tan difícil es para algunos
entender que negar la profundización del autogobierno es negar la misma Constitución española? ¿Tan difícil es, señor Rajoy, que ustedes entiendan que es insensato contraponer los intereses de Cataluña y de España? ¿No saben que formamos parte de
un mismo todo? ¿No serán precisamente ustedes los que quieren separar una parte del todo? (Un señor diputado: Muy mal.) Sabemos bien que no hay mejor estímulo para un separatista que un separador. ¿No comprenden ustedes que intentar ganar un
puñado de votos no justifica atizar el enfrentamiento entre comunidades?


El patriotismo, señores del Partido Popular, señor Rajoy, es también y sobre todo evitar la discordia y el enfrentamiento entre los españoles.
¿Qué ha sentido usted al escuchar las cuñas de radio patrocinadas por su partido en Andalucía,
señor Rajoy? ¿Siguen ustedes considerando a los andaluces menores de edad como lo hicieron en 1980 cuando pretendieron negarles el acceso a su autogobierno por la vía del 151 de la Constitución? Era malo entonces, les decían ustedes. Nos acaban
de decir que este también es malo no solo para Cataluña sino también para España.
Les dijeron ustedes que era malo. ¿Recuerdan el: Andaluz, este no es tu referéndum? ¿Volverán a decirles a los andaluces lo mismo? Qué gran lección les dio a
ustedes el pueblo andaluz en aquel


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referéndum y qué poco provecho de esa lección han sacado ustedes. (Una señora diputada: Muy bien.) Qué gran lección les va a dar el pueblo de Cataluña el día que se convoque el referéndum para afirmar esta voluntad y este nuevo Estatuto,
que no va contra nadie -repito- sino a favor de la democracia, del autogobierno, de la transparencia y de la solidaridad.
¿No saben ustedes que en Andalucía se conoce a Cataluña mejor que en ningún otro lugar de España? ¿No conocen ustedes el
cariño y el respeto trenzados entre ambos pueblos a lo largo de tantos años y que en este año 2006 vamos a poder tener un nuevo Estatuto? No digan ustedes que esto que hacen y lo dicen lo hacen y dicen en defensa de Cataluña, señor Rajoy. No es
verdad. ¿No entienden ustedes que desde el anticatalanismo no solo se perjudica a Cataluña sino que se hiere a toda España? Dice usted que este Estatuto divide a la sociedad. Tiene usted razón, señor Rajoy, pero le ha faltado añadir que de ello
se encargan ustedes. El texto que hoy se somete a la consideración de la Comisión es sobre todo el triunfo de la palabra frente al ruido, del diálogo, de la razón, de los argumentos, del derecho, en definitiva, el triunfo del acuerdo y del pacto,
el triunfo de la democracia. Sí, señores del Partido Popular. Esta es su fuerza y su garantía de estabilidad.



El Parlamento de Cataluña ha definido a Cataluña como nación, sí. La Constitución de 1978 distinguía entre nacionalidades y regiones. Ustedes deben conocer bien el título VIII de la Constitución, aunque lo tienen atragantado por más
esfuerzos que hagan. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué mal! ¡Qué mal!- El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Horrible! ¡Horrible!) Sí, sí; qué mal, qué mal, pero aquí llora la criatura.
Creemos que el acuerdo alcanzado sobre esta cuestión no solo
es plenamente constitucional, sino que significa un avance en el reconocimiento de la realidad nacional catalana. Nos complace sobremanera que se recoja en el texto una formulación de derechos históricos que, subrayando la singularidad de Cataluña,
se basa en los artículos 2 y 3 de la Constitución española, de nuestra Constitución, así como en su disposición transitoria segunda; unos derechos históricos que no buscan privilegios, concepto del que los socialistas abominamos, sino el mejor
reconocimiento de la singularidad de Cataluña, señores del Partido Popular, del mismo modo que en 1977 don Adolfo Suárez reconocía la singularidad de Cataluña promoviendo el retorno del presidente de la Generalitat, don Josep Tarradellas, que había
sido elegido por el Parlamento de Cataluña en el exilio y había mantenido vivas nuestras instituciones de autogobierno. Hay una continuidad histórica en la voluntad de autogobierno de Cataluña, que pasa por la mancomunidad, por la Generalitat
republicana, por el restablecimiento de la Generalitat en la transición. Hay, señoras y señores diputados, una tradición, un derecho civil propio, una cultura, una lengua que ha sobrevivido a distintos intentos de extinción. Les voy a leer, porque
sé que este debate tiene mucho interés, el artículo 6.2 del Estatuto que estamos sometiendo a discusión y aprobación: El catalán es la lengua oficial de Cataluña, también lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las
personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y
el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de este Estatuto que estamos aprobando, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua. Esto es lo que dice el Estatuto, no lo que dicen algunos que dice
el Estatuto. ¿Cómo se puede decir sin sonrojo que en Cataluña el castellano recibe hoy el tratamiento que el catalán recibió durante el franquismo? No pudiendo alegar ignorancia, señores del Partido Popular, resulta inmoral. El castellano es la
lengua utilizada habitualmente por muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, es patrimonio de todos los catalanes, es la lengua utilizada por la mayoría de los medios de comunicación -la prensa, la radio, la televisión-, la lengua en la que se
exhiben la mayoría de las películas en Cataluña, la lengua en la que se leen más libros en Cataluña, la lengua de los libros que leemos. Las instituciones públicas, señores del Partido Popular, tienen una especial obligación de promover la lengua
catalana por estar proscrita en el franquismo y por ser una lengua con un ámbito lingüístico más reducido. Les pido que no olviden, señores del Partido Popular, que esa obligación, por mandato constitucional, también corresponde al Estado; que el
castellano es patrimonio de todos los catalanes, que lo es; que el catalán es patrimonio de todos los españoles, como lo es el gallego y el euskera. ¿O acaso usted no lo cree así, señor Rajoy? ¿No cree usted que el catalán, el gallego y el
euskera son lenguas españolas también y que son patrimonio de todos los españoles? ¿Usted como gallego no cree que el gallego es también una lengua española que el Estado tiene obligación de promover? Con la entrada en vigor de este Estatuto,
señores del Partido Popular, señorías, consagraremos precisamente el principio de no discriminación por el uso de una u otra lengua, como dice el artículo 6. ¿Cómo se entiende ahora que el Partido Popular no acepte que se incorporen al Estatuto las
previsiones de la Ley de política lingüística de 1998 que no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Partido Popular? Quizá la respuesta está en que el líder entonces, y parece que también ahora del Partido Popular,
hablaba catalán en la intimidad. Quizás sea esa la respuesta. (Rumores.) Tampoco entiendo que no acepten que Cataluña tiene símbolos nacionales. ¡Pero si los han votado ustedes mismos en el Parlamento catalán, señor Rajoy! Sus antecesores
centristas de Cataluña, UCD, en 1980 votaron a favor de declarar el 11 de septiembre como fiesta nacional de Cataluña. En 1993 el propio Partido Popular dirigido por el poco sospechoso de veleidades nacionalistas, señor Aleix Vidal Quadras, votó a
favor de la ley que declaraba Els Segadors como himno nacional de Cataluña. Sí, sí, señores


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del Grupo Popular, 'Diario de Sesiones' número 41 del día 17 de febrero de 1993. Déjenme que les cite a Vidal Quadras en su, por muchas razones, memorable discurso: Las naciones nacen, se desarrollan y mueren, aparecen y desaparecen,
tienen un principio y un final y, esta contingencia y finitud, nos obliga a acercarnos al hecho nacional con una perspectiva prudente -cierro comillas-. Prudente y muy necesario es el acuerdo que aprobaremos hoy en este título que nos ha traído a
esta Comisión.
Imprudente sería negar la realidad de unos sentimientos, de una historia que de debe proyectarse hacia el futuro con esperanza y sin rencor. Lo contrario sería, señor Rajoy, la mayor de las imprudencias. Y se lo digo yo. Usted se
dirigía antes a los señores del Partido Socialista de Cataluña, pues soy una de las señoras diputadas del Partido de los Socialistas de Cataluña: andaluza de nacimiento, con una lengua materna castellana que enriqueció mi infancia, con una lengua
aprendida y compartida con los míos que es la catalana, militante, señor Rajoy, de la Federación Catalana del PSOE desde 1974. (El señor Rajoy Brey: ¡Quién lo diría!) Y le quiero decir que en 1974, todavía en la clandestinidad, los sindicatos, las
asociaciones de vecinos, las parroquias en Cataluña para garantizar, acercar y promover la igualdad de derechos y la integración y el sentimiento de un solo pueblo nos enseñaban a de forma clandestina aprender la lengua propia de Cataluña, como dice
el Estatuto de 1979, que es el catalán. Me sentí orgullosa el 30 de septiembre cuando 120 de los 135 diputados aprobaron la propuesta que presentamos en el Congreso el pasado 2 de noviembre. Veníamos entonces, y lo dijimos, con mano tendida
buscando un acuerdo. Lo hemos encontrado en el Partido Socialista Obrero Español, en Izquierda Unida, en Coalición Canaria, en el Partido Nacionalista Vasco y en los distintos representantes del Grupo Mixto, otras manos con pulso democrático para
hacer un acuerdo. Solo lamento que el Partido Popular no se sume a ese acuerdo -creánme, lo lamento-, pero lamento más que su negativa tenga que ver más con la estrategia de erosionar al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que con
ninguna otra cosa. Lo que lamentaría en extremo sería que Cataluña perdiese la magnífica oportunidad -y aquí me dirijo a toda la Comsión- de contar con un nuevo Estatuto como el que hoy empezamos a debatir en esta Comisión. A toda esta Comisión me
dirijo para que no perdamos esta magnífica oportunidad de aprobar el mejor Estatuto, que nos da las mayores cuotas de autogobierno desde 1714. Señorías, mi grupo no va a permitir que no se apruebe y por eso va a votar afirmativamente el texto fruto
del trabajo realizado en ponencia. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, ahora sí, el señor Mas.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Mas i Gavarró): Señoras y señores diputados, como responsable de la principal fuerza política en el Parlament de Catalunya, y no solamente como eso sino también como coimpulsores del nuevo
Estatut que pretendemos aprobar, he de decirles que nos felicitamos y celebramos que hayamos llegado al punto donde estamos. Y que nadie se equivoque: el punto donde estamos no es ni más ni menos que el nuevo Estatut verá la luz. Se pueden hacer
todos los discursos que ustedes quieran, todas las matizaciones y todas las apelaciones a lo que quieran, pero el punto esencial en el cual nos encontramos después de varios meses es éste: el Estatut va a salir hacia delante. Esto es lo que nos
importa y, como ustedes comprenderán, nos importa también en nuestra condición de nacionalistas catalanes.



Nosotros sabemos que este Estatut responde a varios objetivos. En primer lugar, Cataluña tendrá un mayor y un mejor autogobierno; eso es indiscutible. Se puede matizar si será más o si será menos, pero será un mejor y mayor autogobierno.
Otra cosa que seguro que va a pasar es que habrá unas nuevas reglas en el modelo de financiación impulsadas, una vez más -y no es la primera vez-, por la propia Cataluña. Eso también es incontrovertible. Además esas nuevas reglas con el paso del
tiempo van a beneficiar no solamente al conjunto, sino que también lo van a hacer de una forma clara a Cataluña. Cuando tratemos el tema de la financiación lo vamos a intentar demostrar con argumentos y no precisamente con vaguedades. Otra cosa
indiscutible e incontrovertible es que Cataluña tendrá un mayor reconocimiento nacional; no todo el que nosotros quisiéramos -después me referiré a ello-, pero mucho más del que tenemos.



Finalmente, Cataluña tendrá una mayor capacidad para preservar y reforzar su personalidad como pueblo a partir de este Estatut. Evidentemente el Estatut no lo es todo. Es una caja de herramientas potente al servicio de la construcción de
un proyecto colectivo, en este caso el catalán. Para que esa construcción vaya adelante en la línea que nosotros deseamos e impulsamos hará falta una actitud del pueblo catalán y que con esa caja de herramientas quiera construir de una forma clara
y potente este propio proyecto de futuro. Si el Estatut no respondiera claramente a estos objetivos que les digo, una formación nacionalista como Convergència i Unió no daría la luz verde a este texto. Si nos vemos capaces de dar luz verde a ese
texto y decir hacia delante es precisamente porque sabemos que estos objetivos se cumplen de una forma absolutamente razonable, sin pretender que con esos objetivos se acabe el proyecto de construcción nacional de Cataluña. Esto lo hemos dicho
siempre y lo repito hoy con la formalidad y la solemnidad de esta Comisión Constitucional. Hay una cosa cierta que no se puede negar -y me refiero al título preliminar que hoy estamos tratando y que vamos a votar dentro de un rato-, por primera vez
desde que hay Cortes en España las Cortes Generales españolas votarán una ley orgánica, no una declaración de principios, donde se habla de la


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nación catalana. Eso no se puede minimizar porque es así. Aquí no hacemos simplemente declaraciones, sino que se hacen votaciones y la ley consta del preámbulo, que se vota, y de un articulado, que también se vota, y ya verán ustedes que
se van a llevar sorpresas. (Rumores.) Eso es así de incontrovertible y es mejor decirlo tal cual para no engañar a nadie y para no autoengañarnos nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Es cierto que la realidad nacional de Cataluña -y así se reconoce en
ese preámbulo que se va a votar- se equipara a nacionalidad -también eso es verdad, no hay que negarlo y es voluntad de las fuerzas políticas mayoritarias en esta Cámara que esto sea así-, pero yo les pregunto: ¿No era este el espíritu de la
Constitución de 1978? ¿Por qué en aquel momento no se puso nación en vez de nacionalidad? Todo el mundo sabía que nacionalidad significaba nación (Rumores.), lo que ocurre es que se llegó a ese término, supuestamente medio, porque la España del
año 1978 era una España distinta de la de hoy y, por distinta, les he de decir que claramente peor. Hoy España es mucho mejor que la España de hace 30 años y alguna cosa ha cambiado para bien. Pues si alguna cosa ha cambiado para bien, ¿no podemos
hoy, civilizadamente, armónicamente, hablar algo más claro que en el año 1978, sin que se rompa la baraja, que no es la pretensión de las fuerzas mayoritarias representadas también en esta Cámara, y tampoco es la pretensión de la mayoría del
Parlament de Catalunya que en su momento propuso este Estatut Reconozcamos esa verdad, objetivamente; hablemos más claro, armónicamente, insisto, civilizadamente entre todos.
(El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Pero ¿qué es lo que ha cambiado?)
Y no pasa nada porque esto sea así; España no se hundirá porque las Cortes españolas reconozcan por primera vez que se puede hablar sin tapujos de la nación catalana y que nación catalana, en términos constitucionales, equivale a nacionalidad. (El
señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Más claro, agua.-Rumores.) Hay otra cosa cierta, que no se puede negar, que la España auténticamente plurinacional no se va a conseguir a través de este Estatuto de autonomía con plenos efectos jurídicos. Eso
también deberían saberlo ustedes si se ajustaran estrictamente a la verdad, señor Piqué, con argumentos. Ustedes saben esto perfectamente y me dirijo especialmente a los representantes del Partido Popular. No se puede llegar a obtener la España
legalmente plurinacional -y les confieso que es nuestra pretensión- si no es a través de una reforma de la Constitución española, y hoy -y los próximos días- no estamos reformando la Constitución española, aunque ustedes se empecinen en presentarlo
de esta manera. La Constitución española no se toca en este momento. Eso no quiere decir que sea intocable, no lo es. Quizá algún día se reforme y seguro que tendrá que ser por concurso de las grandes fuerzas políticas del conjunto del Estado.
Espero que todos ustedes no excluyan en ese momento a los nacionalismos porque sería un grave error. (El señor Fernández Díaz: Como nos habéis excluido a nosotros del Pacto del Tinell.) Nosotros no hemos excluido a nadie, se han excluido ustedes
solos. Todavía tienen oportunidad de incorporarse a la votación para decir que sí, después se lo confirmaré. Por tanto, se vota lo que se vota, no confundan ustedes a la gente. Se vota el reconocimiento del concepto de la nación catalana por las
Cortes españolas, pero no se altera jurídicamente el marco constitucional. Eso es lo que hay y no hay más que eso ni menos tampoco.



Me dirijo especialmente ahora a los representantes del Partido Popular (El señor Acebes Paniagua: Antes también.), para hacerles la siguiente reflexión. Si todo esto que he dicho es cierto -y parece que a ustedes les complace porque les da
argumentos en su discurso-, les pregunto lo siguiente: ¿No es menos cierto que el Estatut que salió del Parlamento de Catalunya, en su artículo 1, dice que Catalunya se constituye como una comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución?


¿No lo dice el pacto entre el presidente del Gobierno y Convergència i Unió o entre el Partido Socialista y Convergència i Unió? Lo decía el Estatut que salió en forma de propuesta el 30 de septiembre, aquella propuesta tan denostada, tan
combatida y tan brutalmente ridiculizada en muchas ocasiones. Esa propuesta decía que Cataluña se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución. Por tanto, eso no es nuevo. Aquí no ha habido ninguna rebaja, ningún recorte. Esa
ya era la voluntad mayoritaria del Parlamento de Cataluña y para llegar a esa voluntad de conjunto algunas formaciones políticas seguramente -también la nuestra- tuvieron que hacer algún sacrificio, pero esto es así. Tan cierta es una cosa como la
otra, por tanto les pido que no minimicemos lo que estamos votando ni tampoco convirtamos esa votación en España se rompe de una forma definitiva, porque ni una cosa es verdad ni la otra tampoco. Argumento final: sostenemos que la propuesta del
Parlamento de Cataluña, tal como era y tal como quedará, es escrupulosamente constitucional y les doy argumentos y no simplemente discursos deshilachados. También se votarán hoy los derechos históricos. Se dice que una parte del fundamento del
autogobierno de Cataluña descansa en los derechos históricos. Eso no lo podemos minimizar y nosotros menos como nacionalistas catalanes. Que el autogobierno de Cataluña se fundamente en parte en los derechos históricos y no solamente en la
Constitución española es algo que nosotros, como nacionalistas, valoramos de una forma clara y rotunda, pero de la misma forma que se dice que ese fundamento del autogobierno pasa por los derechos históricos también se dice -y se hallaba en la
propuesta del 30 de septiembre- que el autogobierno de Cataluña descansa también en la propia Constitución española. Por tanto, no venimos solamente de un lugar, venimos de nuestra historia, que hay que reconocer de una vez por todas como
fundamento de nuestro autogobierno, y venimos también de un proyecto compartido con otros pueblos de España, la Constitución del conjunto del Estado. Antes, la señora De Madre decía que en el


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año 1977 se restableció la Generalitat de Catalunya. ¿No era esto anterior a la Constitución? ¿No lo aceptaron como un hecho normal desde el punto de vista de la recuperación democrática del conjunto de España? Si esto era anterior a la
Constitución, hoy con mayor normalidad, 27, 28 ó 29 años después se debería aceptar también como normal que esos derechos históricos existen y que había que incorporarlos de una vez por todas.



El idioma. Agradezco de una forma muy especial, aunque se han hecho referencias a ello, que hoy no se hayan utilizado argumentos -más que argumentos parecen sandeces- como el que hoy el castellano en Cataluña está tratado igual que el
catalán anteriormente en la época de Franco.
Señor Piqué, esos no son argumentos, son sandeces y como tales hay que tratarlas. (El señor Piqué i Camps: No lo tergiverse.) Celebro que esto no se haya planteado hoy de esta manera y lo celebro
especialmente porque estamos en un lugar más solemne que una esquina de la calle para hacer esa declaración. Ahora bien, de la misma forma que todo el mundo sabe que esto no es así, ya es hora -y me dirijo al conjunto de la Cámara, no solamente a
un grupo en particular- de que se entienda y se admita que si el catalán es la lengua propia de Cataluña ese idioma requiere y merece una equiparación legal con otra lengua, que no es propia pero sí oficial, el castellano. ¿Tan difícil es admitir
que el catalán, lengua propia de Cataluña desde hace más de ocho siglos, se equipare legalmente al castellano? Les pido un poco de generosidad y de objetividad, señor Rajoy, porque saben perfectamente que tanto las lenguas como las culturas van
mucho mas allá de las fronteras administrativas. Si esa lengua nuestra ha subsistido tozudamente durante siglos, a pesar de las persecuciones dramáticas que ha sufrido, ha sido por un solo motivo: porque los catalanes, los de origen, y muchas
veces los de adopción, empecinadamente han defendido esta lengua, aunque hubiera estado perseguida por los conductos oficiales.



En honor a la verdad, en vez de organizar determinadas campañas de desprestigio y de intoxicación respecto a la lengua deberían, recordar al conjunto de los ciudadanos españoles que cuando los escolares de Cataluña se examinan en pruebas
objetivas públicas para toda España del idioma castellano sacan la misma calificación en castellano que el resto de los escolares de España. ¿Por qué no dicen ustedes eso? Porque esa es la prueba definitiva de que el castellano en Cataluña no
solamente no está perseguido sino que está perfectamente protegido. Nosotros no queremos una Cataluña monolingüe. Queremos una Cataluña, y no se sorprendan ustedes, trilingüe. Ni siquiera nos conformamos con la bilingüe y la vamos a construir en
estos próximos años. Por tanto, de persecución del castellano, nada de nada. Protección del catalán, sí porque tenemos derecho y necesidad de poderlo hacer, como todo hijo de vecino. ¿O es que acaso el castellano no se protege en España? ¿O es
que ustedes no están orgullosos de proteger su propia lengua, que es la propia de ustedes, y la propia, por cierto, de muchos catalanes que viven en Cataluña y que son catalanes a todos los efectos? Pues, el mismo respeto que podemos tener por la
protección de cualquier lengua, sea el gallego, el castellano, el euskera o cualquier otra, les pedimos también que tengan ustedes con el catalán.



El modelo de sociedad se ha debatido aquí. Solo haré una pincelada porque esto se va a tratar esta tarde y estoy seguro que saldrán muchos argumentos en este sentido. Les voy a decir claramente algo que he dicho muchas veces en
declaraciones públicas y que no tengo ningún inconveniente en repetir aquí: Si de nosotros hubiera dependido ese título no figuraría en el Estatut. ¿Se lo puedo decir más claro? Pero no porque estemos en contra de muchas cosas que se dicen ahí,
sino simplemente porque consideramos que el lugar idóneo para que figure ese título no es el Estatut. Eso lo teníamos que haber aprobado en el Parlamento de Cataluña en una carta especial de derechos y deberes, como en su momento se había
promovido. No obstante, también les digo otras dos cosas con toda claridad: primero el Estatut, allá en el Parlament de Catalunya y aquí en las Cortes Generales, es fruto de un pacto y cuando se pacta se cede, porque si no se cede no hay pacto, y
si no hay pacto, lo que hay es nada. Nos quedamos como estamos. Por tanto, en esa línea del pacto nosotros garantizando, y el señor Rubalcaba lo ha dicho con toda claridad antes, que ahí en ese punto no hay una alteración de marco competencial,
entendemos que con esas garantías legales al final ese título puede figurar en el Estatut. ¿Lo hubiéramos hecho de otra manera? Sí, pero tal como sale las garantías de que no se impone un modelo de sociedad son garantías, como ustedes saben,
plenas. Después por intereses distintos se pueden hacer discursos en otra línea, pero ustedes saben que la realidad es esa. Saben perfectamente que no va a tener consecuencias legales estrictas y así debe ser, porque nosotros estamos de acuerdo.

Todo el mundo, piense lo que piense y tenga el modelo de sociedad que tenga, tiene que encajar dentro de este Estatut. (Un señor diputado: ¿Cómo no va a tener una ley consecuencias legales?)


Competencias. Ustedes hablan de un gran embrollo. Yo les hablo de una gran clarificación. Me remito a una expresión que no es nacionalista catalana porque viene del actual presidente del Gobierno cuando el día 2 de noviembre en la sesión
de admisión a trámite del Estatuto de Cataluña, dijo que ha habido una invasión -lo dijo él como presidente del Gobierno- de competencias, a través de las leyes básicas por parte de los distintos gobiernos españoles. Y esto le honora porque entre
esos distintos también figuraban gobiernos del Partido Socialista y obviamente los del Partido Popular. Señor Rajoy, ¿no hay que acabar de una vez por todas con ese embrollo de la invasión competencial? Eso sí que era un embrollo, además un gran
estorbo porque las Cortes y los gobiernos españoles, sin ningún tipo de límite, de ahí los numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional, han estado pisoteando las competencias no solamente


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de Cataluña sino del conjunto de las autonomías de España. Eso se tiene que acabar algún día, porque si queremos construir un Estado realmente moderno, que no es el central sino que es el que tenemos, hay que clarificar, no embrollar,
perfectamente las competencias, y eso es lo que se hace además de ganar alguna competencia nueva.



Financiación, muy brevemente, porque me imagino que tendremos un día entero o casi entero para hablar de eso con precisión. Se nos ha dicho aquí que el modelo pactado es un fraude. Es una expresión muy gruesa. Yo les quiero decir lo
siguiente: cuando se nos dice aquí en un discurso aparentemente muy brillante que no se sabe cuánto dinero va a recibir Cataluña, ustedes, también me dirijo en este caso a los representantes del Partido Popular, ¿qué nos están pidiendo exactamente,
que digamos cuánto dinero va a tener Cataluña en el Estatuto? ¿Nos están pidiendo esto? Porque si lo piden, díganlo claramente. Si la crítica es que aquí no se dice cuánto dinero, debe ser que ustedes lo que quieren es que figure la cantidad.
¿Nos podrían decir qué cantidad consideran razonable para Cataluña? A ver si se mojan, porque esa crítica no la entiendo. Que se nos diga que en el Estatuto no figura el dinero para Cataluña y que nos lo diga el Partido Popular, eso sí debe de ser
un embrollo, pero un embrollo monumental; ya nos dirán ustedes. Se dice que hay poca precisión. Mira por dónde, resulta que hay una cesta de impuestos perfectamente definida. Todas las autonomías pueden calcular cuánta autonomía financiera más
tendrán gracias a esta cesta de impuestos, también las del Partido Popular. ¿No es preciso -ahora me refiero también a un discurso que hacen ustedes continuamente- y no etéreo decir que los niveles básicos de sanidad, educación y servicios de
asistencia social los fija el Estado Central? ¿no es eso preciso? ¿No es esa una garantía para que el conjunto de los ciudadanos de España sepan que en esos servicios básicos no va a haber discriminación por abajo, sino que en todo caso, según
como vaya cada autonomía, puede haber beneficio por arriba? ¿No es eso preciso? Ahora, tienen ustedes razón cuando dicen que a partir de ahí, una vez fijados esos niveles, los restantes mecanismos de solidaridad se pueden pactar bilateralmente
entre una autonomía, en este caso la catalana, y el conjunto del Estado. De ahí, y ahí el señor Piqué tiene razón, que una de las funciones de la comisión mixta bilateral y paritaria sea precisamente acordar los mecanismos de contribución a la
solidaridad. Eso es muy preciso y es muy bueno que sea así. Otra precisión, señor Piqué, usted que habla de fraude y de que no se sabe dónde va esto ¿No es preciso decir que, una vez contribuido a la solidaridad Cataluña no podrá quedar por debajo
en el ranquin de renta per cápita de las comunidades autónomas? Ese es un mecanismo de cálculo inmediato. No significa cuánto dinero vamos a poner hoy en el Estatut, que no es el lugar para poner el dinero, pero sí para fijar las reglas precisas y
las garantías para que en su momento, cuando se calcule cuántos recursos, esos recursos no estén simplemente al albur de no se sabe qué. ¿Le parece poco concreto que se diga que, durante siete años, el Estado se compromete a invertir exactamente el
PIB de Cataluña en infraestructuras en Cataluña? ¿Saben ustedes por qué hemos tenido que llegar a eso que no debería de figurar normalmente en un Estatut? Porque el Estado Central en manos de distintos gobiernos ha estado invirtiendo durante
veinticinco años, no dos años y medio, por debajo de lo que Cataluña necesitaba. Y esto no es victimismo ni reivindicación ni ser insaciable sino una verdad como un templo. Nunca la inversión ejecutada en Cataluña ha pasado de la población que
tiene Cataluña y en muchos casos se ha quedado muy por debajo. ¿No ha llegado el momento en que también hay que hacer en ese sentido un mínimo acto de restablecimiento y de justicia? Pues lo vamos a hacer a través del Estatut de Catalunya por un
pacto en este sentido de fuerzas mayoritarias. En financiación la última observación, especialmente dirigida al señor Rajoy.¿Cuánto tiempo van a tardar las comunidades gobernadas por el Partido Popular en pedir lo mismo? ¿No lo sabe? Le apuesto
que no van a tardar mucho. A partir de ahí, se verá que quizá de fraude, no; que concreción, bastante; que interés, también, no solo para Cataluña, y que si ese modelo de financiación va bien para Cataluña, tampoco se debe hundir el mundo.

Porque Cataluña debe merecer que su propio esfuerzo colectivo -no estamos pidiendo nada a nadie-, sea tenido en cuenta. Y no me digan aquello de las personas y los territorios...(Rumores.) No me lo digan por una razón: si los territorios no
existen colectivamente ¿qué hacemos con la Constitución del 1978 que habla del Estado de las autonomías? (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Esa es una buena pregunta.) Cárguense la Constitución y vamos a un solo territorio en el que todo el mundo
tiene que ser absolutamente igual. Pero si los territorios existen -y les aseguro una cosa: lo diga la Constitución o no, Cataluña existe y desde mucho antes de la Constitución-, esos territorios también tienen necesidades colectivas que tienen
que venir dadas, en buena parte -y ese es un mensaje de futuro- a través del esfuerzo de cada uno. Si Cataluña hace ese esfuerzo para poder pagarse unos buenos servicios, eso tiene que ser tenido en cuenta.



Último punto como reflexión más general. Ustedes, representantes del Partido Popular, nos dicen que todo esto es un gran embrollo, y el señor Rajoy nos pide generosidad para reconocerlo. Esto no es un embrollo, es una gran apuesta de cara
al futuro. Véalo usted así y apúntese al carro antes de que sea tarde. Pero también le pido un poco de generosidad: diga que el embrollo lo alimentan ustedes porque les conviene y porque de eso sacan rendimiento. Como eso es tan evidente como la
vida misma, ustedes, en vez de subirse al carro, van a seguir debajo del carro, empujando en dirección contraria e intentando ver si eso les da un rédito a corto plazo. Pero no se confundan porque pueden estar sumidos, incluso presos de un puro
espejismo. Ustedes saben que los espejismos pueden deslumbrar, pero son


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lo que son. No son reales. Yo les doy una alternativa: en vez de quedar prisioneros del espejismo, vayan hacia el oasis, porque en el oasis se vive mejor. Ustedes se quedarán solos, en medio del desierto, con todos sus espejismos a los
cuales se acogen como si fueran de verdad, pero más solos que la una y sin protección alguna. Esa no es una buena apuesta, tampoco para ustedes, de cara al futuro. Tienen dos alternativas: o se apuntan a construir la España del futuro, o se
convierten en guardianes de las esencias patrias de no sé sabe cuando. O se suben al carro, van al oasis y construyen la España del futuro, o se quedan como guardianes de las esencias patrias, pero más solos que la una. ¿Creen que este es el
camino que deben emprender? Yo creo que no, pero evidentemente no soy nadie para darles consejos. A partir de ahí, les he de decir modestamente que la España del futuro la está construyendo la mayoría, como les decía al principio. Aquí hay un
hecho incontrovertible; que este Estatuto va hacia delante, que este Estatuto es una apuesta para Cataluña en primer lugar, pero que es también una apuesta que va a impactar en esa construcción de la España del futuro. Si esto es así, qué ganas de
remar en contra. Porque, a lo mejor, remar en contra tiene una cierta visualización de presente. Pueden estar contentos porque habrá gente que seguramente les sigue en esa aventura. ¿Pero creen de verdad y de corazón que ahí se están apuntando a
construir esa España del siglo XXI? ¿Creen de verdad que España se puede construir contra la voluntad mayoritaria de un proyecto avalado por el 90 por ciento del Parlamento catalán como si no pasara nada? ¿Que eso es indiferente, que eso es
inocuo, que eso es inerme se lo creen de verdad? Modestamente les digo que creo que están equivocados.



Para terminar, les pido -no solamente a ustedes, también a otros partidos- un acto de coherencia, de credibilidad y de honestidad política. Fíjense bien en lo que les digo: honestidad política, credibilidad y coherencia.
¿Por qué?
Convergència i Unió lo está haciendo así. Somos gente nacionalista y, coherentemente cuando Cataluña avanza en su autogobierno de una forma significativa nosotros no podemos estar en contra de eso, aunque no consigamos el cien por cien de lo que
quisiéramos, sabiendo, además, que la vida no termina ahí. Nosotros somos gente coherente.
Estamos en la oposición y teóricamente podríamos estar irritados; pero estando en la oposición defendemos los proyectos colectivos de Cataluña porque son
proyectos de país que incumben de igual forma a quien gobierna y a quien está en la oposición. Por tanto, somos coherentes. Dijimos sí en Cataluña estando en la oposición, queremos decir sí en las Cortes españolas estando también en la oposición
y, por cierto, sin recibir a cambio más que la satisfacción de saber que nuestro país, Cataluña, avanza y que lo puede hacer, encajando en el conjunto del Estado, como saben perfectamente que hemos defendido siempre, y no solamente de palabra sino
que hemos cumplido con hechos; hechos, en algunos casos, bien significativos. Les pido un acto de coherencia, de credibilidad y de honestidad política a todos ustedes, especialmente a aquellos que se oponen al proyecto, por una u otra razón. A
aquellos a los que les parece tan poco, que opinan que los avances que tenemos son casi irrisorios, que no merecen ser tenidos en cuenta, les pido coherencia y credibilidad.
Propongan ustedes en el Parlamento de Cataluña la retirada del proyecto
del Estatuto; propónganlo porque, si tan malo es, tienen la obligación política de retirarlo. Si no proponen retirarlo, a lo mejor es que no es tan malo, pero conviene hacer ese discurso para contentar a no se sabe exactamente quién; o sí. Y a
los que consideran que esto se carga España, que España corre el riesgo de balcanización, que en dos años esto se acaba -cuando digo esto me refiero al conjunto de España, como ustedes están diciendo-, y que esto es el origen de todos los males
habidos y por haber, les pido también un acto de coherencia. Le hago señor Rajoy, una pregunta que espero con ansiedad que usted me conteste. Teniendo en cuenta que el propio Estatuto de Cataluña dice que se puede reformar a instancias de las
Cortes españolas, le pido, por coherencia política y por honestidad, que me diga, si se aprueba este Estatuto, si va a promover que se modifique por iniciativa de las Cortes españolas. Porque si usted me dice que sí no tendré más remedio que
reconocer su coherencia, pero si no supiera contestar o me dijera que no, entonces podría pensar, también legítimamente, que sus discursos son más de cara a la galería que a la verdad. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Nos quedan las intervenciones de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Considerando que no debemos dejar desairado a ningún grupo, vamos a suspender la sesión y volvemos a reunirnos a las cuatro de
la tarde.



Se suspende la sesión.



Era la una y cincuenta minutos de la tarde.



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las intervenciones de los grupos parlamentarios de la Comisión Constitucional, que, al no ser enmendantes, tienen ahora la oportunidad de manifestar su posición sobre las enmiendas presentadas y de
hacer un comentario de conjunto del Estatuto.



En primer lugar tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Lasagabaster.



El señor LASAGABASTER OLAZÁBAL: Permítame que, antes de nada, me disculpe por esta voz tan apagada que tengo, pero la gripe que ha ido rondando a los distintos miembros de la ponencia...



El señor PRESIDENTE: ¿No es la aviar, verdad? (Risas.)


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La señora LASABASTER OLAZÁBAL: La canina.



El señor PRESIDENTE: Es que si no, suspendía.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Aquí me chivaban que hay mucho pollo suelto, pero no hay gripe aviar.



El señor PRESIDENTE: Adelante, señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Esta gripe que ha rondado a los distintos miembros de la ponencia parece que no ha encontrado obstáculos en las distintas ideologías o instituciones y nos ha tocado a todos. Después de varios días en la
cama, no sé si estoy en el mejor momento, pero el deber es el deber y Cataluña bien merece este humilde y pequeño esfuerzo.



A la vista de lo que esta mañana hemos oído, quiero decirles que la ponencia fue larga, pero se desarrolló -y no falto a la verdad al decir esto- de manera agradable, fue muy interesante, al menos para mí -especialmente oír a aquellos que
tienen un mayor protagonismo, desde luego a esta diputada no porque quizá no tenga tanta cercanía en cuanto a la autoorganización de Cataluña, como dije también respecto a Valencia, pero sí en los temas generales o transversales-, porque hubo un
intercambio bueno y positivo de debates y argumentos. En este título preliminar -estaba ahora mirando mis notas y recuerdo cómo pasábamos del principio de nacionalidades, y miro al señor Trillo, a Jelinek -los fragmentos de Estado- a la historia de
Cataluña o a las sentencias del Tribunal Constitucional de la señora Sáenz de Santamaría; es decir, ha sido una ponencia -se lo digo a los que no estuvieron- muy grata. A veces me da un poco de pena que en las sesiones públicas tengamos unos
debates con menos argumentos y con más agitación -aunque la agitación no necesariamente tiene que ser mala- y que la gente, la ciudadanía, se pierda el trasvase de argumentos que existe en todas estas enmiendas, votos particulares y distintas
posiciones. Es necesario decirlo porque podemos hacer un trabajo parlamentario más cercano a los argumentos, sin irnos a debates más demagógicos, que a veces también hay que hacerlos, pero, como digo, los argumentos están bien.



Es verdad que algunos grupos, en determinados temas, no consiguen -era el caso del señor Piqué- que se les apruebe ni una sola enmienda. La verdad es que en esto me siento solidaria porque normalmente a mí no se me aprueba ninguna enmienda.
Llevo 10 año así y me siento solidaria, pero no por ello el trabajo es menos interesante, menos productivo y no por ello dejo de realizar aportaciones como parlamentaria. Es una cuestión de la política, del debate parlamentario; en otras
ocasiones, en otras legislaturas, consiguen que se les aprueben muchas enmiendas y esta vez no ha sido así, pero eso no significa que tengamos nada en contra del Partido Popular; no tenemos nada a favor, ni en contra, ni en abstención, por decirlo
de alguna manera, significa que no compartimos determinada posición política. También por ello, y si quieren más en plan anecdótico, para no entrar en los contenidos, para no entrar en algunas réplicas que podría hacer a lo dicho por el señor
Rajoy, diré que me ha sorprendido positivamente una cosa que él dicho, por eso, me gustaría que le dijera al señor Piqué que no tenemos nada en contra del Partido Popular. Por ejemplo, me ha parecido una novedad muy positiva -a lo mejor era yo
quien no se lo había oído- que haya señalado que en la vida sería tremendo -no sé si ha dicho dramático, tremendo o qué expresión concreta ha utilizado- que todos pensáramos lo mismo. Para mí ese es un elemento muy positivo porque hasta ahora no
había escuchado ese tipo de opiniones del Partido Popular y, repito, me parece muy positivo. Yo había escuchado el pensamiento único, había escuchado eso de nosotros tenemos el sentido común interiorizado, pero no que podamos tener distintas
opiniones, y en esto, como en todo, podemos tener distintas opiniones. Además, si analizamos qué defendemos cada uno de nosotros incluso podríamos admitir parte de razón en cada una de las opiniones. Porque sí, porque lógicamente cuando se habla
de un Estatuto y se defiende el Estatuto anterior de 1979 con las sentencias del Tribunal Constitucional, se toma esa posición porque es verdad, al menos desde nuestra opinión: que el Tribunal Constitucional en estos 25 años ha hecho una
interpretación del Estatuto de 1979 que para nosotros ha rebajado la posición del originario Estatuto de 1979. Por otra parte, cuando se habla del texto original que viene del Parlamento de Cataluña no es de sorprender que quieran blindar esas
competencias porque durante 25 años nos hemos topado con que había un árbitro -entre comillas- que respetando profundamente el conocimiento y la sabiduría de esos magistrados también son seres humanos y tienen su propia opinión. Por tanto, es muy
lógico todo lo que hemos oído y no significa que sea nada criminalizable, nada demonizable o ajeno a la realidad que vivimos, a las realidades culturales, a las realidades sociales y a las realidades históricas. Aquellos que habían alcanzado
acuerdos creían que era lo mejor porque habían llegado a un punto común y algunos entendían que no desvirtualizaban el texto pero también entienden que hay materias que se mantienen y no desvirtualizan su naturaleza, mientras que hay otras
posiciones y podemos entender que en las tres claves del nuevo Estatuto -en la parte identitaria, en la parte de garantías de competencias y en el nuevo modelo de financiación- puede haber un cambio de lo que llegó el 30 de septiembre pero que no se
ve tan claro. Permítanme desde una cierta lejanía no física pero sí lejanía del problema que diga que todo es comprensible sin perjuicio de que nos pueda gustar más o menos.



A partir de que se está de acuerdo en que cada uno tiene su opinión, hay una segunda fase que tenemos que aplicarlo, que es que a veces ganamos y a veces perdemos; pero no conseguir sacar adelante proyectos, proposiciones, aportaciones,
enmiendas no nos da derecho a ninguno de los que estamos aquí a descalificar,


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crispar, exacerbar o llevar a la calle lo que tenemos que resolver los políticos. Esta es una segunda parte más dirigida al Grupo Parlamentario Popular porque no teniendo todos la misma opinión y entendiendo el porqué de cada opinión,
quizás no tengan la mayoría pero deben tener cuidado en que el respeto a la mayoría que puede salir de esta Cámara no les permite criticar al extremo de exacerbar, criminalizar, demonizar o crispar a la sociedad porque para eso no estamos en
política.



Esta mañana han hablado de todo y yo me había limitado a expresarme sobre el título preliminar, pero ahora haré un análisis general de por dónde va nuestra visión en este debate en la Comisión Constitucional. Dijimos el 2 de noviembre y
también lo repetimos en esta Comisión cuando se convocó y se iniciaron los debates, que desde la posición Eusko Alkartasuna dentro del Grupo Mixto íbamos a tratar de que el texto que llegaba a aquí como respuesta a un amplio consenso -un 90 por
ciento- en el Parlamento de Cataluña pudiera acercarse lo más posible en su salida a lo que era en su entrada pero cada uno es libre de mantener la posición que considere oportuno. Especialmente no tanto en los aspectos técnicos o de competencias,
sino en la expresión de qué se pretendía con el presente Estatuto; esas tres cuestiones básicas: solventar lo que hace 25 años era evidentemente complicado, los constituyentes y los estatuyentes hicieron una buena labor en lo que pudieron pero
somos una nueva generación que 25 años después debiéramos ser capaces de plantear frente a frente sin tensión ni estupor ni problema cuáles son las realidades que nos puedan separar o alejar a unos y otros y tratar de resolverlas. Este es el primer
tema, el que nos ocupa en este título, pero sin perjuicio de los otros dos grandes temas que se han suscitado: las competencias de lo que no existía en 1979, como por ejemplo inmigración, perspectiva de género, medio ambiente que ha tenido un
desarrollo importantísimo o todo el plano Unión Europea que stricto sensu no puede considerarse como política exterior. Finalmente, esa relación financiera que los propios ciudadanos catalanes, a través de su representación en el Parlament de
Cataluña, entendían que debía ser estudiada y analizada para tener un mejor encaje a la hora de que las nuevas generaciones pudieran afrontar el futuro con la capacidad presupuestaria y financiera suficiente para ejercer, por una parte, la
solidaridad interna y externa y, por otra, para mantener el nivel de calidad de ciudadanía que es necesario en el mundo en que vivimos. Estas son las tres bases. Cada uno de nosotros puede pensar si los acuerdos de ponencia han conseguido o no
estos tres objetivos y en este sentido vamos a ir viéndolo en los debates.



Al señor Piqué le quiero decir también que da argumentaciones que responden a su propio planteamiento político -que para mí es muy de respetar aunque no lo comparta en algunas cosas-, pero no creo precisamente -me permito decirlo desde quien
quizá conoce menos o no ha tenido tanta implicación en todo lo que ha sido la tramitación de toda esta reforma del Estatuto- que cuando un Estatuto sale aprobado con un 90 por ciento de los votos del Parlamento de Cataluña se pueda decir que
responde a una opción política. Precisamente, todo lo contrario. El Estatuto que se presentó en esta Cámara, si es algo, es la conjunción o el consenso, que a veces tiene sus defectos y puede ser que un modelo de una opción política sea un modelo
muy coherente en todo y que un consenso de varias opciones políticas a veces tenga determinados elementos que haya que subsanar luego, porque es una conjunción de distintas opciones.
Precisamente a lo que no responde este Estatuto es a una opción
política, si acaso responde a muchas opciones políticas. Tendrá sus defectos en ese aspecto, pero no porque responda a una opción política, al contrario; otra cosa es que le guste a uno o no la opción política. Luego, a partir de ahí y de manera
general, decir que si hay más o menos relación de competencias...La propuesta del Parlamento vasco tenía muy pocos artículos, tenía una técnica que es tan legítima como la que se ha seguido con el Estatuto de Cataluña pero que precisamente fue
criticada porque, al revés, se decía que pretendía de un plumazo quedarse con todo porque en un par de artículos...o no sé qué cosas más. ¿En qué quedamos? Creo que hay que ser un poco serios para desarrollarlo completamente.
Respecto a lo de
hablar de derechos y deberes, puede hacerse en una carta de derechos fundamentales como se ha hecho en la Unión Europea, puede quedar incluida en ésta, se puede adherir a otra serie de jurisprudencia que hay sobre derechos fundamentales o podemos
tener varias opciones.
Ahora bien, no creo que se pueda decir que hay una extensión de derechos que no se comparte, precisamente yo diría que, al revés, no sería de lo que más queja se pudiera tener si la sociedad avanza estableciendo derechos que
hace 25 años no había. Por ejemplo, hay un par de artículos que recogen derechos en la equidad de género que hace 25 años las mujeres no teníamos o al menos los teníamos minimizados. La reforma de la familia fue en el año 1981, si no me falla la
memoria, con lo cual creo que ese tema no es de los que pueda tener gravedad; al revés, se podrá estar de acuerdo o no en cómo se han regulado los derechos -en eso, totalmente de acuerdo-, pero que haya una extensión de derechos que ampare muchas
más situaciones razonables, me parece una cosa positiva.



Entraré ya en lo que se refiere al título preliminar, no sin antes hacer dos advertencias. La primera, que por favor no confundan mis palabras con palabras que se puedan aplicar a otros estatutos y, singularmente, al proceso de nuevo marco
jurídico político que se pudiera dar, que se está dando, en Euskadi. Cada pueblo tiene su idiosincrasia, cada realidad nacional, cada nación, tiene su historia, su cultura, su lengua y entre todos tenemos que convivir y cada uno buscar las mejores
soluciones a los problemas y a las realidades a las que se enfrenta. Tampoco creo que se pueda decir que el modelo educativo catalán me pueda gustar más que el modelo vasco. Creo que hay realidades muy diferenciadas, especialmente


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en materia de lengua y, por tanto, hay que ver si el modelo que se aplica es acorde con la realidad y los problemas que se pretenden solventar y si en otra realidad ocurren otra serie de circunstancias diferentes. Por tanto, quiero dejar
claro que mis palabras no tienen nada que ver con lo que nosotros queramos hacer o no. Nuestro mayor respeto a lo que ha hecho Cataluña y nuestra libertad para hacer lo que consideremos oportuno en el momento que consideremos oportuno. Lo dijimos,
lamentamos que no se aprobara la toma en consideración de la propuesta del Parlamento vasco, que es una propuesta que es de un Parlamento y que tenía la mayoría legal exigida, les podrá gustar más o menos políticamente hablando, si esa mayoría es
mejor o peor, pero la legal era la legal. Sobre esto no hay ninguna duda. En este sentido volveremos a traer qué soluciones abordamos para el encaje en este Estado.



En el título preliminar se habla del elemento más básico que es el sentido de identidad, el sentido de encaje político y colectivo dentro del Estado. Es un debate que quedó pendiente, y lo digo con la mayor sinceridad, desde el año 1978 ó
1979, un debate en el que, leyendo los comentarios a la Constitución de quienes probablemente estuvieron allí, he oído en muchas ocasiones por parte de distintas personas sus diferentes opiniones, pero en todos ellos sí que subyace una cuestión, y
lo leo porque ciertamente no creo que sea erróneo. Se decía que pocas veces como en el debate sobre el término nacionalidad se manifestó de manera más clara el valor emocional de la política reflejado en el lenguaje. No estuve allí, quienes
estuvieron probablemente lo sabrán mejor que yo, es lo que he recogido de todos los que allí participaron, unos y otros, y es lo que viene recogido también en los comentarios y en los textos que hemos podido abordar. Es decir, este es un tema que
genera todo tipo de valores emocionales, los más altos y los más bajos, porque evidentemente habla de cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y cómo nos encajamos en la estructura política jurídica de este Estado. Lo normal es que nosotros
pudiéramos ser capaces, todos, de encontrar un encaje cómodo 25 años después a los efectos de que no va a cambiar, porque esto también hay que tenerlo claro. ¿Alguno cree que porque en el artículo 1 apareciera el concepto nación podría haber algún
cambio en el día a día en las relaciones competenciales, en sanidad, en los Presupuestos Generales del Estado y en los presupuestos generales de la Comunidad de Cataluña? ¿Hubiera podido haber un cambio tan sustancial que nos llevara a que si en el
artículo 1 estuviera el concepto nación todo nuestro mundo se vendría abajo? ¿Qué iba a cambiar de este Estatuto? ¿Iba a cambiar algo? Creo que no, simplemente quizás se mantiene el concepto nación española para quienes consideran que pertenecen
a una nación que es la española y habría un encaje para quienes entendemos que nación es la nación que entendemos propia, en mi caso nación vasca o la nación catalana. Es evidente que hay un avance en el preámbulo; esto no lo voy a negar, sería
del género de no poder leer los términos. Hay un encaje en el preámbulo y más allá de cómo afecta si está en el artículo 1 o no, eso cada uno de ustedes lo decidirá, es decir, si afecta o si no afecta sustancial y jurídicamente. En todo caso, la
realidad práctica de la vida de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos catalanes, no iba a cambiar porque en el artículo 1 apareciera la palabra nación. A veces se nos habla de que este es un término anacrónico, de por qué tenemos que estar
dale que te pego otra vez al concepto nación, de que de esto nadie habla en este mundo más que nosotros, de que está clarísimo que nación es para ser Estado. A mí me encantaría ser un Estado vasco en Europa como a los escoceses les encantaría ser
Escocia en Europa. ¿Por qué no? ¿Por qué Malta? ¿Y por qué Montenegro si consigue ese 55 ó 50 por ciento del voto? Por cierto, a nosotros se nos pide incluso una mayoría más cualificada a veces en las proposiciones de algunos partidos. ¿Por qué
no? ¿Y por qué sí? También podría plantearse ese tema, pero, cuando menos, dejémoslo en por qué no o por qué sí.



Haciendo un análisis de lo que ocurre en Europa, ya saben que me gusta este tipo de cosas, ver si nuestro discurso político es tan ajeno como nos dicen aquí. Me sorprende sinceramente porque yo hago un repaso y no voy a citar todo porque a
lo mejor luego los resultados de qué piensan o no unos y otros son diferentes. Por ejemplo, hay una resolución de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que este mismo año ha celebrado un debate muy importante sobre el concepto nación. No
parece que sea tan anacrónico cuando el Consejo de Europa ha celebrado un debate que ha durado dos años, desde el año 2004, para ver incluso -se han encontrado con un problema- si en la terminología en francés y en inglés el concepto nación puede
tener un equivalente a lo que en este momento en término europeo se está utilizando en otros lugares. Es un debate muy importante, nada anacrónico, del año 2006, y diría -con todos los respetos a otras entidades regionales del mundo- que muy
europeo. Esto es muy europeo.



Hay un párrafo que viene a decir que en el año 2004 hubo un debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos que, después de haber analizado los cuestionarios de 35 países, en concreto sobre este concepto, decía que realmente
los expertos en leyes, en derecho -estoy traduciendo del inglés- y en ciencia política habían tenido más bien dificultades, por no decir imposibilidad para llegar a un concepto común.
El concepto nación puede significar muchas cosas distintas. Es
decir, no hay una uniformidad entre nación y Estado, en muchas ocasiones la palabra nación hace referencia a una comunidad lingüística, a un concepto histórico o étnico, o de muchas formas, que está muy entrelazado y muy intrínseco, y hay que
respetarlo. En definitiva, lo que parecía es que había una identidad detrás del concepto nación. Quizás les parecerá que me estoy alargando, pero, como tantas veces oímos decir, sin tener posibilidades de réplica, no hablen ustedes de lo
anacrónico, hablen de lo de hoy; lo de hoy es esto. La dificultad


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que tiene el Consejo de Europa y la Unión Europea por regular conceptos como el de nación que están a la orden del día y encima de la mesa.



Cuando hablamos de Europa también -no quiero entrar porque tendremos tiempo para hacerlo- y se dice que el tema europeo sería una barbaridad si se manejan los términos del Estatut que ha salido en ponencia, porque no podemos pedir más,
porque somos los más descentralizados, casi más que los Estados federales, yo leía en una noticia -y lo digo para vean ustedes que es de actualidad- que el próximo 21 de marzo -además, sus compañeros de partido europeo- el Land de Baviera va a
celebrar su Consejo de Ministros, por primera vez, en Bruselas -supongo que en su delegación- bajo la presidencia de Edmund Stoiber, y que después van a comer con el presidente de la Comisión, señor Barroso, y se reunirán con sus electos de la
CDU/CSU, que son su partido europeo, con lo cual las soluciones que hayamos conseguido en la ponencia y las que venían del Parlamento Europeo no creo que fueran tan estrambóticas. En todo caso, permítanme que dejemos de manera pedagógica a la
ciudadanía del Estado español que piense por sí misma y que tenga la capacidad de establecer cómo podemos encajar todos de manera cómoda. Que yo pertenezca en este momento, y según el ordenamiento jurídico actual, a la nacionalidad vasca -según
dice el artículo 2 de la Constitución- y tenga la condición jurídico administrativa de nacionalidad española está bien, pero bien podría ser de nación vasca y con la condición jurídico administrativa de nación española. Yo no le veo mucho cambio,
salvo que podríamos tener una comodidad de encaje. Lo mismo da porque el concepto de nación -como les decía antes- no lleva unívocamente la adquisición de estatus de Estado, que a algunos ya nos gustaría.



Hay dos o tres cosas que me parece relevantes, y no tanto por lo que es Cataluña en sí -que, por supuesto, harán lo que consideren oportuno los ciudadanos al final en el referéndum-, sino por el miedo -y perdonen que lo hable con esta
claridad- que he podido visualizar en el Partido Socialista. Ya verá el señor Piqué; que no está, que me dirijo un poco a todos, esto no es nada contra el Partido Popular. Miedo en el Partido Socialista porque si en el artículo 4 -me parece que
es el 4, pero podría mirarlo otra vez- se recogen una serie de convenios y convenciones internacionales y los pactos de 1966, son tan tratados, ratificados por estas Cámaras, como los que se recogen, si consideran que no son aplicables los derechos
contenidos en esos pactos o en otros supuestos, ¿por qué lo quitan? ¿Qué problema hay? Si no son aplicables, se ponen y punto. Lo que han demostrado más allá de todo esto es que no tienen nada claro, sensu contrario de lo que dijo el presidente
del Gobierno el otro día, si en un momento determinado hubiera una aplicación en relación con este tema. Y también recordarán -no voy a extenderme en esta cuestión- que hay una doctrina que se está desarrollando sobre el derecho de
autodeterminación a raíz no solo de Quebec, sino de toda la parte este de Europa, que establece el concepto del derecho de autodeterminación más allá del que stricto sensu surgió como concepto de descolonización, pero ya hay autores que hablan de
que ese derecho de autodeterminación puede darse en ciertos momentos. Es un derecho que existe y que puede resolver determinadas sucesiones de Estados o sucesiones de territorios que en un momento determinado conformaban un Estado. Hay un convenio
internacional, un tratado, que habla de esa posibilidad y que incluso hace referencia al derecho de autodeterminación. Si tenían tan claro que estos tratados no se aplican a nuestros supuestos -permítanme que equipare en este caso a Euskadi con
Cataluña-, ¿por qué no los ponen? Si los quitan, es porque hay algo de cierto en que se pueden aplicar.



Una última cuestión es el derecho a desarrollar la identidad propia. Esto no va contra nadie. El derecho a desarrollar la identidad propia o el derecho a reconocer a los pueblos es tan cauto, tan tímido y tan respetuoso, en el mejor
sentido de la palabra, que probablemente hace 80 años podríamos encontrar expresiones en artículos con naturaleza de instrumentos jurídicos mucho más amplios de lo que ahora se pretende. Que se pueda desarrollar la identidad propia. ¿Por qué hay
que quitar de un instrumento en el que hay una cultura, una lengua diferenciada, el desarrollo de una identidad? ¿A quién le perjudica que se desarrolle una identidad? A nadie; al revés, nos enriquece a todos.



Termino, señor presidente. Señorías, todos -vuelvo al inicio de mi intervención- pensamos de manera diferente. Probablemente nadie tiene la verdad completa, pero tenemos la capacidad de hacer encajes en los que nos sintamos más cómodos.
Hasta ahora los encajes han venido de un lado, de la unilateralidad. El Estado ha tenido todas las capacidades que no tenían las comunidades autónomas; si la comunidad autónoma no hacía algo, el Estado tenía la capacidad de suplantar su
competencia; si el Estado, en el desarrollo de una competencia de una comunidad autónoma, consideraba que algo no correspondía a la ley, planteaba una medida cautelar. ¿Quién definía el árbitro, el Tribunal Constitucional? Las Cortes Generales,
que, lógicamente, no tienen la participación stricto sensu de las comunidades autónomas. Por primera vez y muy tímidamente veíamos -nosotros nos congratulábamos y lo agradecíamos- que pudiera haber un sentido de equilibrio que no pretende nada,
sino simplemente que haya menos litigiosidad, más capacidad de solucionar los problemas y por tanto de acomodo y resolución de conflictos. Señor Rajoy, usted decía esta mañana, y es verdad, que sería tremendo que todos pensáramos lo mismo. No
pensamos lo mismo, pero, cuando uno gana, se puede congratular y pensar que la parte que no ha ganado a lo mejor tenía algo de razón y que en el futuro puede tenerla, como pueden tenerla ustedes, y, si se pierde, hay que hacerlo con lealtad, con
respeto y sin crispación. Y no lo digo por hoy, pues usted ha estado muy educado, sino por la crispación de sus recorridos, que son beneficiosos para


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que conozca usted toda la geografía del Estado español, pero que realmente tiene un elemento de crispación que no se le ocultará ni a usted ni a nadie. Esto no es bueno. Y no pensamos lo mismo, ni siquiera en relación con las portadas de
los periódicos. A usted no le ha parecido bien la portada de hoy, la señora Fernández de la Vega haciendo lo que se acostumbra a hacer en otros países. Pues a mí me parece mejor esa que poner los pies encima de la mesa, qué quiere que le diga, y a
otro le parecerá otra mejor. En todo caso, si esa le parece mal, quizá tampoco le parezca muy buena la de la señora Allbright y la del señor Colin Powell en las actuaciones artísticas del G-5, porque no me negará que eso nadie lo ha criticado.



El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra don Román Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, aprovecho estas palabras para sumarme a la bienvenida al Congreso de los Diputados, en esta importante sesión de trabajo, a los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que
hoy y los próximos días nos acompañarán en esta tarea.



Hablo en nombre de un grupo parlamentario pequeño, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, formado solo por tres diputados: dos de Coalición Canaria y uno, el que les habla, de Nueva Canarias; en nombre de una parte de
la opinión pública de los ciudadanos de una de las comunidades del Estado español, las islas Canarias, bien diferente a otras comunidades continentales y, de manera especial, distinta, ni mejor ni peor, que la comunidad catalana. Hoy participamos
en un acto que tiene un valor en sí mismo que debemos considerar, porque hoy estamos en el Congreso de los Diputados, discutiendo abiertamente, libremente y con argumentos jurídicos y políticos sobre la defensa de unas posiciones que tratan de
concluir en un nuevo Estatuto de Autonomía para la comunidad catalana. El acto de hoy expresa la consolidación de un modelo de convivencia, de unas reglas del juego y de unas condiciones en el Estado español que permiten discutir con sosiego, con
claridad y con fuerza unas posiciones tan diversas como las que hoy aquí están representadas. Hay partidos democráticos, independentistas y de izquierdas, y hay partidos democráticos, más conservadores y mucho más centralistas, que hoy se sientan
en torno a una misma mesa para discutir un asunto que interesa a todas las partes. Esta grandeza del debate la debemos poner en valor y sacar de ella las enseñanzas pertinentes. Sinceramente, lo que vivimos hoy era impensable hace escasas décadas
en el Estado que nos ha tocado vivir y, por eso, quiero aprovechar este momento para poner en valor el Estado democrático que hemos ido consolidando en estos 30 años, con unas reglas del juego que sirven para discutir algo tan sensible como lo que
hoy se discute aquí y, por tanto, quiero resaltar lo positivo que tiene este acto de hoy.



El Estatuto de Cataluña que surja de este debate, y que tendrá que aprobar el pueblo de Cataluña en su momento, va a marcar un antes y un después en la estructura territorial del Estado español. Esto va a ser así porque el peso específico
de esta comunidad autónoma, en función de su demografía, de su estructura económica, de su tradición, de su identidad y de su diversidad política, hace que vaya a condicionar -querámoslo o no- el presente y el futuro de la organización territorial
del Estado español.
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que hoy abordamos provoca una importante actualización de las reglas del juego del modelo territorial español; no sin contradicciones -que las hay-, pero desde luego va a
suponer una actualización de las reglas del juego. Es evidente que si uno se centra en analizar con detalle el título referido a derechos y deberes puede detectar contradicciones. Si uno analiza algunas disposiciones transitorias puede concluir
que son producto de una gran desconfianza entre los poderes territoriales y el poder central del Estado. Por ejemplo, que se establezca ese plan de inversiones -que es impropio de un Estatuto de Autonomía-, por un periodo determinado, en un texto
de estas características, expresa una enorme desconfianza entre los distintos poderes del Estado. También hay que decir que esto forma parte de la realidad actual y, por tanto, a ella nos tenemos que remitir para ir progresando y superando esa
desconfianza. La propuesta de Estatuto que hoy discutimos aquí es bien diferente de la que nos proponía, legítima y democráticamente, la mayoría de los representantes del pueblo de Cataluña en su Parlamento, porque se ha modificando en un proceso
de diálogo, de pacto y de consenso en la ponencia, en la que he tenido la oportunidad de participar, y el resultado es distinto, porque es un punto de encuentro entre la posición mayoritaria que decidió el Parlamento de Cataluña y la que aquí se
empieza a conformar por la mayoría del Parlamento español.
Estamos ante un contenido estatutario relevante que marcará el camino no solo para el futuro en la estructura de Cataluña sino para más comunidades. Yo diría a algunos de los
intervinientes que hay contenidos de este Estatuto que de forma inevitable se van a reproducir en otros contenidos de reformas estatutarias. Yo les adelanto que, en representación de esa parte de los ciudadanos del Archipiélago, vamos a tratar de
que la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias profundice en más autogobierno, porque estamos convencidos de que más autogobierno ha servido y servirá para seguir progresando. Vamos a tratar de participar más en la conformación de
las decisiones del Estado español. Hoy, por primera vez en la historia, un representante del Gobierno de Canarias participa en nombre del Estado español, junto con la ministra de Medio Ambiente en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente.
Creo
que esto era impensable hace solo dos o tres años. Hoy, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente de la


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Comunidad canaria participa con la delegación del Estado español en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, discutiendo de un asunto que desde luego inquieta y preocupa a la sociedad canaria, como son los elementos medioambientales.



Creo, por tanto, señorías, que estamos ante un Estatuto que nos va a permitir una modificación de las reglas del juego en la que todos vamos a aprender y a profundizar. En nuestra reforma vamos a exigir, sin duda ninguna, más participación
en decisiones que conformen las posiciones del Estado. Lo que sí les aseguro es que no vamos a hablar de veguerías en nuestro Estatuto y sí de cabildos; no vamos a hablar de cuencas de ríos, porque no los tenemos, pero sí de las aguas interiores
del archipiélago canario. Seguramente pondremos menos énfasis en el registro de notarías y mucho más en las competencias en materia migratoria, porque nuestra condición de comunidad frontera sur del Estado español y de la Unión Europea con el lado
del continente más desgraciado del planeta, el continente africano, obliga a las autoridades locales y del Estado, y yo diría que a las de la Unión Europea, a comprometerse en una política diferenciada en esta materia en un territorio singular por
su hecho geográfico. Estamos asistiendo al drama terrible, y aprovecho para llamar la atención aquí, de los movimientos migratorios por razones económicas desde el continente africano al archipiélago canario. Dicen organizaciones no
gubernamentales muy serias y rigurosas que un tercio de los que lo intentan perecen en ese brazo de mar que separa el archipiélago canario del continente africano, y a ello nos debemos dedicar no solo las autoridades locales y autonómicas, sino las
del Estado español y de la Unión Europea para tratar de generar condiciones que acaben con este lamentable drama humano al que desgraciadamente empezamos a acostumbrarnos.



Por eso, el Estatuto de Autonomía que salga para Cataluña de este proceso de reforma tendrá muchas coincidencias con otros estatutos de autonomía, pero también diferencias sustanciales. El que surja en su momento del Parlamento de Canarias
tendrá, por tanto, coincidencias con el camino que marque el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo digo con claridad, pero también va a mantener serias diferencias. Habrá ámbitos de relaciones entre las comunidades autónomas y la Administración
Central del Estado de carácter multilateral, y habrá ámbitos necesariamente de carácter bilateral. Creo que ambos espacios de entendimiento son necesarios y ambos se complementan y no tienen que suponer necesariamente ningún menoscabo en las
condiciones de igualdad que debemos de establecer para el conjunto de los ciudadanos del Estado español.



Creo que el Estatuto que hoy discutimos es un cambio sensible del Estatuto que pretende sustituir. Sin duda ninguna profundiza en la estructura institucional de Cataluña, profundiza en los derechos y deberes de sus ciudadanos, establece un
nuevo marco de financiación que habrá que ver en qué se concreta, que es lo que más dudas genera en estos momentos al menos en determinados sectores de la Comunidad canaria, y qué impacto tiene en los elementos de solidaridad interna entre las
comunidades. Es una propuesta estatutaria que profundiza de forma importante en el autogobierno sobre viejas competencias, estableciendo más claridad en las relaciones de los poderes del Estado, y también en nuevas competencias adaptándose a la
nueva situación que veintisiete años después se ha generado en Cataluña y en el conjunto del Estado español; profundiza de manera decisiva en la identidad de Cataluña como pueblo, como entidad nacional. Por tanto, señor presidente, señorías, este
grupo parlamentario, el grupo parlamentario nacionalista canario, expresa su apoyo claro e inequívoco a la propuesta este título preliminar resultante de la ponencia. La propuesta salida de Cataluña y la que llega hoy aquí, después de la discusión
en ponencia, puede ser una síntesis que, sin dar satisfacción al cien por cien a ambas partes, constituya ese punto de encuentro necesario que se tiene que dar en un pacto. Estamos en un Estado complejo, compuesto, plurinacional, con un hecho
territorial indiscutible, que no tiene que ser un problema sino una virtud. La síntesis que propone la ponencia después de una importante discusión, puede dar satisfacción tanto a la mayoría de los representantes del pueblo de Cataluña en su
Parlamento como a la mayoría de los representantes de los distintos pueblos de España en las Cortes Generales. Por tanto, manifiesto de forma clara nuestro apoyo al título preliminar en los términos aprobados por la ponencia, que ha discutido las
últimas semanas este tema, y voy a hacer unas últimas reflexiones para dar paso a los que tienen mucho más que decir sobre estos contenidos.



El tiempo pondrá esta discusión en su lugar. El debate que tuvimos el 2 de noviembre, en la toma en consideración del texto originario, tiene ya poco que ver con la discusión que estamos teniendo hoy aquí. Los argumentos son más sólidos y
menos demagógicos, son más claros y menos confusos, porque el tiempo pone a cada cual en su lugar. La simplificación y la demagogia son inevitables en el juego político, aunque no son deseables, pero el tiempo irá resolviendo progresivamente la
situación que hemos vivido los últimos meses en el debate político.
Estoy convencido, y creo que no me equivoco, de que el texto que se apruebe al final acabará en el Tribunal Constitucional. Hay muchísimos expertos en materia constitucional, como
hemos visto en el debate de hoy y veremos en los debates de los próximos días -desde luego yo no lo soy, yo soy médico de profesión y por tanto poco puedo presumir en cuanto a mi formación jurídica-, pero al margen de los expertos en derecho
constitucional que hoy hemos escuchado aquí y de los que hemos escuchado en los últimos meses, hay alguien que va a tener la última palabra, que es el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, a pesar de la diversidad política, a pesar del
pluralismo político que hoy está expresado aquí, no he visto a nadie cuestionarse lo esencial, que son las reglas del juego.
Lo que diga el Tribunal Constitucional -porque alguien lo llevará


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allí- será lo que vincule a unos y a otros, y esto sí que me parece un elemento relevante. Me parece positivo que partidos democráticos de izquierdas e independentistas estén aceptando claramente el juego de discutir en Cataluña y aquí el
futuro Estatuto de Autonomía de su comunidad. Ese es un elemento enriquecedor, un elemento positivo y no negativo. De la misma manera, los sectores más conservadores de esta Cámara tendrán que aceptar lo que en su día dictamine el Tribunal
Constitucional en relación con los contenidos jurídicos de esta reforma.
El tiempo puro y duro pondrá a cada cual en su lugar. Los tiempos políticos dirán si las estrategias de los partidos han sido correctas o incorrectas y si algunos tienen que
negar dentro de unos meses o dentro de unos años lo que dijeron ayer o anteayer. Afortunadamente, el tiempo va a permitir saber quién acertó y quién erró en sus estrategias. En cualquier caso, en los aspectos jurídicos, el Tribunal Constitucional
determinará si algunos elementos que puedan surgir de este debate están o no adaptados a las reglas del juego. Nadie ha cuestionado -al menos yo no lo he escuchado- esas reglas del juego, aunque algunos tengan la aspiración legítima de cambiarlas,
siguiendo siempre las reglas establecidas.



Señor presidente, reitero la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias a favor del título preliminar en los términos establecidos por la ponencia. Reitero nuestra voluntad de hacer un seguimiento de esta reforma
estatutaria, porque estamos convencidos de que será buena no solamente para Cataluña sino para el conjunto de las comunidades autónomas. De este proceso aprenderemos y en algunas ocasiones copiaremos incluso, aunque en otros asuntos no lo hagamos
porque la diversidad y la complejidad territorial del Estado plurinacional en el que vivimos hace que asuntos canarios nunca sean de interés para Cataluña, como asuntos catalanes nunca sean de interés operativo para Canarias, por ejemplo, en materia
lingüística. No tengo ninguna duda de que la propuesta que aquí se hace trata de profundizar en los elementos identitarios tan vitales para una comunidad con lengua propia como Cataluña, pero sobre esto solo podemos apoyar lo que democráticamente
ha decidido la mayoría de los representantes de Cataluña. Espero que las fuerzas políticas catalanas, cuando discutamos nuestra delicada situación fronteriza de España y de Europa por el lugar en el que nos encontramos, comprendan también que lo
que para ellos es una necesidad y un derecho, como es profundizar en ese elemento identitario, para una comunidad como la nuestra será el establecer una estrategia en relación con esa circunstancia geográfica que condiciona nuestro presente y
nuestro futuro. Estoy seguro de la solidaridad de las fuerzas políticas catalanas ya sean de orden estatal o sencillamente nacionalistas.



Como decía al principio, afortunadamente el tiempo pondrá a cada cual en su lugar y el Tribunal Constitucional decidirá -porque de eso estoy convencido- si algunos de los aspectos de este Estatuto se atienen o no a las reglas del juego.



El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: A estas horas de la tarde, en primer lugar, quiero saludar la presencia de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya. Asimismo, quiero saludar el informe de la ponencia porque en nuestra opinión avanza
-y además de forma sustancial- en la configuración del nuevo Estatuto de Cataluña. Un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que en nuestra opinión es un cambio político de magnitud, que tiene que ver con el interés de Cataluña, con el interés de
los ciudadanos de Cataluña, pero que también tiene que ver con el interés del conjunto de los ciudadanos españoles. En su momento el Estatuto de Cataluña fue -y también lo es hoy- un cambio para los catalanes y para el conjunto de los españoles.
No se nos oculta que este Estatuto incrementará la autonomía, respaldará la identidad de Cataluña, mejorará su situación económica y financiera; pero no se nos oculta tampoco que este Estatuto significa un impulso al desarrollo federalista de la
Constitución española. Un impulso al desarrollo federalista que arranca no de hace unos años sino de hace mucho tiempo, desde el Estado integral de Azaña a las concepciones federalistas que en nuestro país han estado identificadas con el desarrollo
plural de nuestro país, con el desarrollo plurinacional y también con la solidaridad.



También quiero saludar en mi intervención el talante que se ha producido en esta Comisión. Sin lugar a dudas, el buen trabajo de la ponencia ha influido en él, pero como no quiero deslizarme en los juicios de intenciones, ni tampoco en las
explicaciones anímicas que se han hecho por parte de algunos grupos parlamentarios en esta Cámara, sí quiero atribuir ese nuevo talante también, sin lugar a dudas por ciertos reflejos materialistas, al cambio que se está produciendo en relación con
el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hace algún tiempo era un proyecto que se pretendía modificar por parte de algunos, por parte de otros desestabilizar, hoy es ya una iniciativa viable. Es una iniciativa que va a ser aprobada, con las mejoras y
con las aportaciones que se produzcan en esta Comisión y en el Pleno, por el Congreso de los Diputados, y va a ser a aprobada también por la ciudadanía de Cataluña.



Sin lugar a dudas eso influye en el estado anímico tanto de aquellos que estábamos desde un primer momento de acuerdo con la naturaleza de esa reforma como de aquellos que confrontaron con esa reforma y apostaban porque no se llevase a cabo.
Hoy tengo que reconocer que el Grupo Parlamentario Popular ha estado mucho más suave en su intervención. Yo prefiero quedarme con el guante de seda, a sabiendas de que el puño de hierro me espera a la salida del Congreso de los


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Diputados. Sin embargo, prefiero quedarme en esta Cámara con el guante de seda.



Es importante resaltar que esa intervención del Grupo Popular no ha entrado en el mismo tipo de argumentos que conocíamos hace tan solo unos meses, lo cual es significativo y habría que tenerlo en cuenta y remarcarlo, porque hoy no he oído
aquí que estemos ante la balcanización de España; tampoco he oído que nos encontremos ante un proceso de secesión de Cataluña, y ni siquiera he oído que estemos intercambiando nación por presos o nación por paz. Ninguna de esas cosas han aparecido
en la intervención del Grupo Parlamentario Popular y yo estimo y valoro lo que eso significa para el buen debate en esta Comisión y para el buen talante del conjunto del debate parlamentario. Desde luego, mi grupo parlamentario no va a entrar en el
ánimo del Partido Popular o de sus portavoces; yo no voy a decir aquí si el señor Rajoy o el señor Piqué tenían seguridad en su intervención o si tenían la misma seguridad aquí que en Cataluña y tampoco si tenían convicción. Sin embargo, mi grupo
parlamentario quiere tomar nota de ese punto de inflexión en la posición del Partido Popular, porque hay un punto de inflexión. Podemos decir que hace un tiempo el Partido Popular agitaba la desestabilización, y hoy, ante la evidencia de que el
Estatuto sale adelante y será un punto de referencia para el conjunto del Estado, el Partido Popular intenta únicamente gestionar su propio malestar, cosa que no está mal, aunque, como digo, junto al guante de seda nos espere el puño de hierro a la
puerta del Congreso de los Diputados. Resulta significativo que aunque la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se sitúa extramuros de la ponencia -porque ha enviado a la ponencia al ex ministro de Defensa y ha sacado las urnas
a la calle-, los argumentos del Portavoz del Partido Popular hayan sido sustancialmente diferentes. Primer argumento con respecto al nuevo Estatuto de Cataluña: el argumento de la inconstitucionalidad del Estatuto. En este sentido, el señor Rajoy
ha utilizado una máxima de autoridad para demostrar que este Estatuto es inconstitucional: se ha leído a sí mismo en la intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Si ese es todo el argumento de autoridad que tiene el Partido Popular
para decir que este Estatuto es inconstitucional, nosotros, por la misma razón, consideramos que este Estatuto se encuentra dentro de la Constitución porque hay informes del Consejo Consultivo de la Generalitat que lo demuestran, (El señor Padilla
Parballada: Del Consejo de Estado no hubiera estado mal.) Por otra parte, habrá un trámite que dé y quite razones, como es el trámite del Tribunal Constitucional, al cual seguramente recurrirá, como es de ley, el Partido Popular en el futuro.



Señorías, por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado por boca de su portavoz otro argumento que sin lugar a dudas no es el de la balcanización y tampoco el de la secesión de Cataluña, sino un argumento sin lugar a dudas sui
generis y que no deja de ser contradictorio. Dice, respecto al análisis del reparto y de la delimitación de competencias que supone el nuevo Estatuto de Cataluña, que esa nueva delimitación de competencias y esa atribución de mayores competencias a
Cataluña significa el debilitamiento del Estado. Por tanto, no estamos ante la balcanización; estamos -y ya es un salto cualitativo que hay que reconocerle al Partido Popular- ante el debilitamiento del Estado. No obstante, a renglón seguido el
propio Partido Popular dice que este Estatuto es intervencionista; es decir, que el Estado interviene prácticamente en todas las facetas de la vida de los catalanes. ¿En qué quedamos? ¿En que se delimita o en que se fortalece al Estado?
Nosotros, muy al contrario, pensamos, que precisamente la delimitación de competencias -que era un grave problema, y lo es- con el conjunto de las comunidades del Estado y el reconocimiento de nuevos derechos de tercera generación en los Estatutos
de Autonomía y en el Estatuto de Cataluña fortalecen al Estado y fortalecen la cohesión de un Estado plural donde los ciudadanos se identifican en mayor medida con sus instituciones. Yo creo percibir en este tipo de argumentos del Grupo Popular lo
que podríamos denominar un patriotismo a secas. Yo vi con ilusión en la época que el Partido Popular gobernaba su intento de acercarse al patriotismo constitucional y a la democracia deliberativa, pero he visto cómo al final del patriotismo
constitucional solamente les ha quedado la patrimonizalización de la Constitución, y de la democracia deliberativa, solamente les ha quedado la interpretación del consenso como el derecho de veto. El Partido Popular sigue erre que erre en esa
concepción del patriotismo que, por una parte, asimila al partido con la Constitución y, por otra, requiere del partido -del Partido Popular- para dar legitimidad a cualquier acuerdo: Si no hay acuerdo del Partido Popular, el acuerdo finalmente es
ilegítimo. Esto no me parece el mejor camino en la interpretación constitucional por parte del Partido Popular. También ha introducido un aspecto nuevo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Rajoy, con relación al Estatuto de
Cataluña ya que, junto a la inconstitucionalidad de la norma, por una parte, y al debilitamiento del Estado, por otra, la crítica de fondo del Partido Popular es el embrollo que, según él, significa la redacción del Estatuto de Cataluña. Alguien ya
ha dicho aquí que de embrollos muy recientes estamos todos curados de espanto, por ejemplo, el embrollo de la redacción de la Constitución europea, con un profuso número de artículos y con contradicciones donde las haya. Pero no es ese el problema.
Yo tengo la impresión de que esta nueva argumentación del Partido Popular apunta a una concepción que no se compadece en absoluto con la política ni con ese constitucionalismo de consenso que reclama, y es el intento de limpiar y dar esplendor
prácticamente a todas las normas jurídicas. Las mismas contradicciones que hay en este proyecto de norma también existen en otros proyectos de norma en nuestro Estado y seguramente provienen del consenso que es consustancial a la democracia y no de
la falta de claridad con respecto a la


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voluntad de los ponentes. Nosotros consideramos, por el contrario, como decía antes, que esta redacción del Estatuto de Cataluña es positiva, estamos cómodos con ella; nosotros creemos que avanza en el reconocimiento de la
plurinacionalidad del Estado que creemos estaba en el ánimo de los constituyentes de la Constitución de 1978, aunque hubiéramos preferido un reconocimiento más explícito. Por otra parte, es una reforma estatutaria que, en nuestra opinión, combina
muy adecuadamente la delimitación de competencias y el reconocimiento de derechos de los ciudadanos; como alguien motejaba, el reparto del poder político y el reparto del poder social, en definitiva, el reparto del poder democrático. Este Estatuto
también logra en su redacción actual un equilibrio entre la autonomía financiera de Cataluña y el conjunto de la solidaridad. Yo creo que lo que más le molesta al Partido Popular no es solamente que sabe hoy que el Estatuto es viable, que va a
salir adelante y que va a ser una norma jurídica que va a cambiar el panorama de Cataluña, lo que le molesta al Partido Popular es que este Estatuto es la locomotora de una segunda fase del proceso autonómico, eso es lo que le molesta al Partido
Popular, que este Estatuto, dentro de un constitucionalismo abierto, va a inaugurar un proceso autonómico en nuestro país como ha ocurrido con anterioridad. No se rasguen las vestiduras porque ustedes mismos en relaciones bilaterales han
introducido reformas profundas en el modelo constitucional de nuestro país, ustedes mismos en iniciativas unilaterales han provocado regresiones del modelo estatutario a través de leyes de bases, ustedes mismos en iniciativas de carácter
multilateral también han provocado reformas profundas del título VIII de la Constitución, por ejemplo, los pactos autonómicos del artículo 143. Por tanto, no se extrañen de que este estatuto sea al mismo tiempo un impulso federal para el conjunto
del Estado, cuestión que a nosotros nos parece muy bien. Por esta razón, vamos a respaldar esta propuesta que la ponencia nos trae, con las mejoras, con las ambiciones que se puedan incorporar en el debate estatutario.



Quiero apuntar una cuestión más, porque me ha llamado mucho la atención que el señor Rajoy nos pidiera explicaciones al resto de los grupos parlamentarios. No ha hecho más que pedirnos explicaciones. (Una señora diputada: A mí, no.)
Probablemente a mí no, como dice la diputada del Partido Popular, pero yo le voy a dar una respuesta a esa petición de explicaciones; voy a devolverle la petición de explicaciones y voy a pedirle explicaciones al Partido Popular, porque si bien
agradezco el talante y el cambio del Partido Popular, el punto de inflexión en la argumentación del Partido Popular en esta Cámara, donde ya no hablamos de ruptura, de secesión o de cambio de nacionalidad por paz -por suerte ya no hablamos de eso-,
yo quiero pedir cuentas al Partido Popular por lo que ha provocado en la calle, por lo que ha provocado entre las instituciones, por lo que ha provocado en la sociedad española. Porque, fíjense, la diferencia entre la elaboración del Estatuto de
Cataluña y la elaboración de este estatuto, ¿saben cuál es? Que en el Estatuto de Cataluña había una derecha comprometida con el desarrollo constitucional de nuestro país y hoy la derecha está, como mínimo, descomprometida, cuando no en
confrontación, con estas reformas y con la reforma del Estatuto de Cataluña, y ese descompromiso o esa confrontación ha provocado heridas que todavía no han sanado. Es verdad que el avance del Estatuto y la garantía de su viabilidad modifican la
situación, incluso para el propio Partido Popular, pero las consecuencias de la política dogmática y de la cruzada del Partido Popular todavía están entre nosotros. Porque, señores del Partido Popular, ¿cómo es posible hablar -creo que lo ha hecho
el señor Piqué- de deslegitimación del Parlamento de Cataluña? Probablemente, todos los parlamentarios cometemos errores y a veces no prestigiamos en exceso nuestras instituciones, pero el principal problema de deslegitimación del Parlamento de
Cataluña es de quienes han enfrentado la legitimidad mayoritaria del Parlamento de Cataluña con la legitimidad del conjunto del Estado, de quienes han intentado dividir a los propios ciudadanos de Cataluña, de quienes han creado catalanofobia en el
conjunto de España. Ese es el problema fundamental del que ustedes deben dar cuenta, porque seguramente con el tiempo se sanará, con el tiempo se curará por mecanismos democráticos, pero ustedes tienen ahí una grave responsabilidad. Y no solamente
en la deslegitimación del Parlamento de Cataluña. Ustedes están hoy aquí, en este Parlamento, pero al mismo tiempo han intentado enfrentar a los ciudadanos del conjunto del Estado con la legitimidad de la negociación parlamentaria. Acusando al
Parlamento de una negociación opaca, han ido a la calle para enfrentar la legitimidad de un supuesto referéndum con lo que está ocurriendo hoy en este Parlamento, con la mayoría de este Parlamento, y alguien tendrá que dar cuenta de ese proceso de
deslegitimación parlamentaria, que no solamente afecta al Parlamento de Cataluña, sino que se intenta también con este Parlamento, escudándose en el derecho de veto del Partido Popular.



Por otra parte, señorías, ustedes también tienen que explicar, tienen que rendir cuentas de la división que han provocado en la sociedad española, del intento de confrontar a los ciudadanos, del intento de dividir incluso a los propios
catalanes en torno a la política lingüística, pero ustedes saben, porque lo han apoyado, que esa política lingüística ha sido objeto de consenso a nivel del Estado y en Cataluña y que hoy únicamente están agitando esas banderas porque forman parte
de su estrategia de confrontación, de su estrategia de cruzada.



Termino porque soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que ustedes acepten sus responsabilidades en esta materia. Me imagino que irán cambiando su posición política como han hecho hoy aquí, irán diluyendo la confrontación en torno a
esta materia que con seguridad le sucederá la cuestión vasca -no tengo ninguna duda sobre ello- y finalmente se incorporarán con entusiasmo al nuevo proceso autonómico que se abre


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con la reforma del Estatuto de Cataluña. Quisiera recordarles una reflexión de una novela que me gusta mucho de Álvaro Pombo que se titula La cuadratura del círculo y que trata de los cruzados. Hay una fase final de debate cuando se
produce la derrota entre los cruzados y el abad de Claraval en la que el cruzado, que creo recordar que se llama Acardo, le dice al abad de Claraval: Es usted tan responsable como yo de las consecuencias de la cruzada; usted las ideó y yo las
desarrollé. En este caso, yo le pido al Partido Popular que también se considere responsable de las consecuencias de su cruzada aunque hoy el Estatuto de Autonomía está encauzado. Espero que todos estemos en esa reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, sobre todo sus autores, porque hoy el Grupo Popular ha rebajado su lenguaje con respecto al Estatuto, al menos en esta Cámara, lo cual es de valorar, y espero que también en la calle y estoy seguro de que mañana el Partido Popular se
sumará ilusionado a las reformas de los Estatutos y al nuevo proceso de federalización que se abre en nuestro país en torno a la reforma del Estatuto de Cataluña. Lo harán en el Estatuto de Andalucía y probablemente lo harán en otros Estatutos de
Autonomía en marcha; nosotros lo saludaremos pero seguiremos pidiéndoles cuentas de lo que han provocado en la sociedad española, del malestar que por intereses políticos y partidistas han provocado en la sociedad española, pero estoy convencido de
que eso también cambiará, al cabo de unos meses ese malestar quedará únicamente entre sus filas.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Aitor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Me gustaría comenzar recordando que este proyecto de Estatuto llegó al Congreso de los Diputados con una voluntad negociadora. Así fue manifestado por el presidente del Parlament, el señor Benach, cuando vino a
entregarlo en el registro y señaló claramente: Este es un texto abierto a discusión. Como también se señaló en el caso del proyecto vasco, que al final no se tomó en consideración.
Es evidente que haberle dado cauce al texto del Estatuto de
Cataluña ha confirmado esa voluntad negociadora y ha confirmado la apertura de procesos, de vías de encuentro, de un intento sincero de diálogo entre todas las partes. Para nosotros esa es una premisa fundamental en la política en general pero
sobre todo en la reforma de los Estatutos de Autonomía, cosa que en algún momento en la discusión de algunos Estatutos hemos echado en falta. Ese respeto al diálogo es importante como también lo es el impulso y el respeto a las mayorías
parlamentarias que van formándose y forjando acuerdos, intentando buscar puntos y terrenos en común. También es importante, a nuestro entender, el respeto a la especificidad de cada país, de cada sociedad, de cada comunidad autónoma a la hora de
definir cuál es el marco en el que quiere imbricarse, cuáles son las competencias, cuál es el marco de juego en el que cree que debe desarrollarse. En ese sentido, nosotros desde el primer momento, creo que son conscientes de ello los
representantes del Parlament de Catalunya- no estamos haciendo un modelo para que luego sea copiado miméticamente en otras comunidades autónomas puesto que, insisto, sociedades con una fuerte personalidad nacional, como es la catalana o la vasca,
tienen unas características que hacen que tengan que buscar sus propias circunstancias a la hora de definir su modelo de autogobierno.



Como ya dijimos en el momento en que se constituyó la Comisión Constitucional para tratar este proyecto, nuestra idea, nuestro impulso y nuestro trabajo iba a ir encaminado a impulsar la voluntad de los catalanes sustentada en mayorías
amplias y facilitar esas mayorías amplias, empezando por el propio texto que llegó del Parlament pero que, en boca de los propios representantes del Parlament, estaba abierto a una negociación. Se ha manifestado esta mañana que los textos no crean
ni hacen naciones, que la propia Constitución española no crea la nación española sino que es la nación española la que hace la Constitución española. Estoy de acuerdo en ello, los textos no crean naciones y eso vale para la nación española, pero
vale también para la nación catalana, vale para aquellos pueblos y comunidades que sientan que son una nación, y desde el punto de vista de nuestro grupo no tenemos ninguna duda de que Cataluña ha sido, es y será una nación, porque, entre otras
cosas -y esto es lo más importante, por encima de otras-, los catalanes lo sienten así y eso es lo que define o no, al final, a través de un principio democrático, la existencia o no de una nación. En ese sentido, nos parecía correcto y de perfecto
encaje constitucional -se podría discutir, pero nosotros lo veíamos sin problema- el artículo 1.1 del proyecto del Estatuto. Se ha manifestado antes por parte de la representante del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, si iba a cambiar algo que
estuviera ese artículo 1 en el texto estatutario, y ella misma se contestaba que en la realidad práctica, nada. Yo no sé si iba a cambiar o no, lo que sí creemos es que el artículo 1.1 es perfectamente legítimo, como es legítimo que una mayoría
amplísima del Parlamento, superior al 70 por ciento, llegue a un acuerdo conjunto de todo el texto y lo negocie para definir en otro apartado del Estatut, en este caso en el preámbulo, su calificación como nación, pero también recogido en otros
artículos que entiendo que en estos momentos ya tienen un acuerdo básico, como es el de los símbolos nacionales. En ese sentido, nosotros nos felicitamos y no podemos sino apoyar aquel acuerdo que la mayoría del Parlament, de las fuerzas que
representan a los catalanes, entiende que, dentro de una negociación genérica y específica, es correcto para ellos. Además, nos alegramos de que aparezca la palabra nación en un texto estatutario por primera vez. Es una novedad importante, un
logro importante que no se puede soslayar o dejar a un lado como si fuera una mera anécdota. Creemos que también es importante que ese concepto de nación equivalga, de


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alguna manera, por la forma en que está dispuesto el texto estatutario, a nacionalidad, porque verdaderamente el concepto de nacionalidad se había descafeinado, se había aguado mucho en los últimos años y pensamos que es positivo, incluso
para la salud a futuro de la propia Constitución, que se haga esa diferenciación, esa equivalencia entre nación y nacionalidad.
Nos congratulamos también de que se reconozca que existen símbolos nacionales de Cataluña y de los catalanes. Se ha
mencionado mucho -también en el ámbito de ponencia recuerdo que se discutió sobre este tema, pero ha vuelto a salir aquí esta mañana- la legislación básica y las contradicciones que podría haber con la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional y los límites que se podrían poner a la legislación básica actual. Para decir dónde queda la legislación básica deberíamos recordar el inicio de todo esto y el significado que el texto de la Constitución española tenía en 1978, que
era, a mi modo de ver, desgraciadamente, bastante distinto del actual puesto que el texto constitucional era bastante abierto y luego se ha ido encauzando políticamente no a través de acuerdos sino a través de la mera fuerza de unas mayorías en el
Congreso y en el Senado, a través de leyes básicas invasoras de competencias o bien a través de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, en la inmensa mayoría de sus sentencias, ha sido poco favorecedora a las competencias de las comunidades
autónomas. La interpretación que muchas veces hoy tenemos de ese texto constitucional no es que lo diga el propio texto constitucional, no es que lo diga la Constitución, es lo que se ha hecho a través de todo este tiempo, a través de una
legislación de dudosa constitucionalidad en los términos de los artículos de la Constitución. Al final, los dos grandes partidos del Estado han hecho de la Constitución un bloque de plastilina que se puede moldear con legislación básica por aquí o
cambio por acá, según nos convenga que la cosa vaya o se interprete de esta manera o de otra, aunque no tenga nada que ver con lo discutido o lo pactado y que la otra parte -el poder autonómico- pensó que había negociado en el momento de discutir su
Estatuto de Autonomía. Entonces, a nadie puede extrañar que se quieran definir competencias exclusivas porque curiosamente competencias exclusivas teóricamente ya existen en los estatutos, pero, claro, lo ha dicho bien el señor Rajoy antes, en
realidad no son competencias exclusivas. Desde luego, cuando los estatutos se hicieron, exclusivas quiere decir lo que dice, exclusivas, y todo el mundo lo entendía así. Otra cosa es que después, con este molde de plastilina y con esta vis
expansiva, al final se han utilizado títulos genéricos. El no va más es, como todos sabemos, el artículo 149.1.1 de la Constitución que vale para todo, absolutamente para todo, para un roto y un descosido, no importa la materia que se trate; se ha
entrado en competencias con esos títulos genéricos que hubieran sido insospechadas en el momento de redacción de la Constitución, incluso una década a posteriori o al menos los primeros cinco años a posteriori. Y así por no irnos a otros casos de
comunidades autónomas, pues nos encontramos en el caso catalán en su momento con una sorprendente anécdota sobre la competencia de juego. No me extraña que luego esto haya sido una de las discusiones en el texto constitucional y también en la
ponencia en la que teniendo un título específico -siempre ha dicho el Tribunal Constitucional que el título específico está por delante del título genérico- la Comunidad catalana de juego, un título genérico de hacienda, ordenación económica,
resulta que se lleva la competencia para el lado del Estado. Hemos visto cosas de estas y muchísimas más porque al final la interpretación de qué es lo básico, la interpretación de hasta dónde puede llegar el Estado se ha convertido en un chicle
que se estira sin fin y al final nos hemos encontrado con que esas competencias exclusivas de las comunidades autónomas no lo eran tanto. Por tanto, el Estado de las autonomías que creíamos que estábamos construyendo, se parece poco a lo que ha ido
convirtiéndose posteriormente. Que quiera ponerse coto a estos abusos no significa que sea inconstitucional el texto estatutario que se está proponiendo, ni mucho menos, porque, entre otras cosas, el texto del Estatuto tiene que compararse
directamente con la Constitución no con la legislación básica y menos con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque los Estatutos de Autonomía, y toda la doctrina coincide en ello, están incardinados directamente a la Constitución
Española y forman el bloque de constitucionalidad. Por tanto, si ese bloque de constitucionalidad se modifica -el Parlamento catalán y estas Cortes a la hora de votarlo son muy libres de modificar ese bloque de constitucionalidad- no el texto de la
Constitución sino el bloque de constitucionalidad- el Tribunal Constitucional tendrá que adecuar su discurso y su jurisprudencia a futuro y es muy legítimo que se quiera reestructurar el Estado de las autonomías por parte de los poderes autonómicos
porque el camino que hemos seguido en estos años no ha sido en absoluto nada satisfactorio y sobre todo no ha sido nada pacífico, y eso tampoco es bueno para el Estado. No es aceptable, a mi modo de ver, que se diga que las Cortes van a tener que
aceptar lo que han pactado dos señores y al hacer sus leyes esas leyes van a estar limitadas por lo que hayan pactado dos señores. No, no. ¿Cómo que lo que hayan pactado dos señores? No, las Cortes estarán limitadas por lo que hayan aprobado
ellas. ¿O es que el Estatuto de Autonomía no es una ley orgánica? ¿O es que el Estatuto de Autonomía lo hace solo el Parlamento de Cataluña o lo hacen dos señores? No, no. Sigue un procedimiento y, si entra en vigor, será porque se ha convertido
en ley orgánica, además plebiscitada, pero será una norma del Estado también, por tanto, no digamos que ponen límites otros; serán las propias Cortes quienes fijen esos límites, que a la postre lo que van a constituir es el bloque de
constitucionalidad. No lo olvidemos. Hablamos de límites y parece como si no los hubiera ya, porque las Cortes tampoco son omnipotentes ni pueden tener una vis


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expansiva ilimitada, como parece que se deduce del discurso de algún grupo esta mañana.



Es evidente, no es ninguna noticia, que el concepto de Estado expuesto por el Grupo Popular esta mañana no nos gusta, no es de nuestro agrado y no lo compartimos. De hecho, en el caso de calificar como broma algo, nos parece que este modelo
de Estado es más broma que el texto estatutario que se nos presenta aquí en esta Comisión. Lo decimos desde nuestro grupo con sinceridad y hemos insistido muchas veces en ello. Si se quiere hacer un Estado sólido, un Estado que resuelva los
grandes problemas de autogobierno -y seamos sinceros, los grandes problemas de autogobierno están localizados en unos lugares geográficos de este Estado-, hay que hacer un ejercicio que afronte los problemas de manera real y cierta, más allá de
calificaciones demagógicas y de un seguir adelante porque simplemente tengo la mayoría en el Congreso de los Diputados o en las Cortes, porque eso solo va a contribuir a mayor enfrentamiento y, sobre todo, a una inestabilidad y a una falta de
asentamiento del Estado de las autonomías, y eso no creo que le convenga al Estado ni a la Constitución que tanto se dice querer y mantener.



El señor Rajoy ha mencionado una cita de un paisano gallego en el sentido de que un problema será insoluble si alguien necesita de él para vivir, y yo estoy muy de acuerdo con esa cita. Normalmente, nos lo achacan a los nacionalistas, como
dicen aquí, periféricos, a los nacionalistas vascos y a los catalanes, pero más que aplicarlo a los demás, yo creo que, en primer lugar, lo que debería hacer el PP es aplicárselo a sí mismo, porque parece que necesita para vivir, para formar
mayorías y para optar a conseguir un Gobierno en el futuro centrar todo en un modelo de Estado rancio y buscar unos enemigos que no son tales, y crear incluso un caldo de cultivo, una atmósfera y un ambiente que no se entiende, si es que no se
necesita precisamente de ese ambiente tensionado para sobrevivir como opción política de futuro.



Quisiera que ese talante cambiara para este Estatuto y para los que vengan. También esperamos que en aquellos puntos que aún quedan sin cerrar -es cierto que se ha avanzado, pero todavía hay algunos puntos en los que hay desacuerdo entre el
Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados- se haga un esfuerzo para poder llegar a un acuerdo en el máximo número de ellos, ojalá fuera en todos ellos, y se pudiera cerrar de una manera más completa este acuerdo.



Insisto en que las posiciones y los votos sobre artículos concretos que pueda manifestar nuestro grupo en todo este trámite no significan posicionamientos a futuro con respecto a nuestra comunidad autónoma, lo que significan es un apoyo a la
voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, un apoyo a la voluntad mayoritaria del Parlament y unas ganas de facilitar que esa voluntad mayoritaria y esos grandes acuerdos puedan llegar a buen término.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Tardá.



El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el Parlamento representa al pueblo de Cataluña. Así reza el artículo 30 del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, el 90 por ciento de los representantes del pueblo de
Cataluña aprobó el artículo 1 de la propuesta de Estatuto y este deja claro que Cataluña es una nación. El reconocimiento del pueblo catalán como sujeto histórico es el único punto de salida sólido sobre el que se puede construir un futuro
democrático.
Reconocer al pueblo catalán su derecho a decidir es la condición sine qua non de la verdadera democracia y ustedes hoy, si desoyeran nuestra reclamación y decidieran negárnosla, protagonizarían un gran fracaso.
Todo su poder -repito,
todo su inmenso poder-, aun cuando creyeran haber alcanzado el éxito, sería un puro espejismo porque habrían negado la democracia, de igual manera que la negó durante años la Cámara de los Comunes británica, posiblemente uno de los parlamentos más
antiguos que existen, hasta que no reconoció al pueblo irlandés su personalidad como nación. Esta es la cuarta ocasión en menos de cien años en que el pueblo de Cataluña acude al Parlamento español para que se le reconozca su derecho a decidir, a
que sea admitida su existencia anterior a la constitución del Reino de España. La primera fue en el año 1919. Entonces fue Francesc Cambó quien presentó la primera propuesta de Estatuto de Autonomía. La respuesta de Antonio Maura fue rotunda:
Por lo que se refiere a la soberanía -dijo-, nunca nada. Ante esta negativa, la delegación catalana se retiró anunciando la caída de la Monarquía.
Proclamada la República, los representantes del pueblo de Cataluña volvieron a elaborar en Núria un
nuevo Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en referéndum. La derecha española, como en el año 1919, desencadenó una violenta campaña, con intento de golpe militar incluido, que tuvo como final la aprobación de un texto estatutario alejado del
plebiscitado. Los señores Rajoy, Acebes, Zaplana, Bono, Ibarra y Vázquez, pues, no son nada originales en este sentido porque los argumentos de hoy parecen sacados de las publicaciones de antaño. Después de 40 años de intento de genocidio
cultural, el pueblo de Cataluña volvió a exigir un Estatuto de Autonomía y aceptó una Constitución y una autonomía que representaban un avance sobre la situación del franquismo. Cataluña antepuso la democracia española, la de todos, a sus legítimos
derechos nacionales, pero tanto la Constitución como el Estatuto eran marcadamente ambiguos. Ciertamente, la música de las partes declarativas sonaba bien, se admitía la existencia de nacionalidades como eufemismo de naciones, se reconocía la
continuidad de la Generalitat republicana y se proclamaba que la lengua catalana sería objeto de especial respeto y protección. No obstante, el desarrollo del régimen constitucional en estos 25 años se ha caracterizado


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por una profunda deslealtad hacia las grandes declaraciones de la Constitución española, aprovechando la ambigüedad de la parte dispositiva de la misma. En el preámbulo de la Constitución se declara la voluntad de proteger a todos los
españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Esta voluntad no ha aparecido por ninguna parte. ¿Qué protección de los derechos democráticos y de las lenguas de los
pueblos de España es priorizar las conveniencias de los cuerpos judiciales al conocimiento de la lengua de los ciudadanos del pueblo al que sirven? ¿Los ciudadanos al servicio de los jueces? Siempre hemos dicho que no.
Los jueces al servicio de
los ciudadanos; si no, mantendríamos una mentalidad propia de los jueces franceses en Argelia, profundamente contraria a los más elementales derechos humanos y más propio de un sistema colonial.



El reconocimiento de nacionalidad, pues, no nos sirve, porque es el término sobre el que se ha edificado la profunda deslealtad hacia Cataluña. Podríamos desgranar otras muchas deslealtades constitucionales, pero quizá la más grave, sin
duda, se haya plasmado en la asfixia económica practicada por todos los gobiernos, desde la primera valoración a la baja de los traspasos en los años 1982 y 1983, que el señor Guerra recordará por ser uno de sus artífices (Risas.), pasando por los
peinados fiscales del señor Borrell, que afectaron básicamente, por no decir exclusivamente, a Cataluña y culminando en un verdadero expolio fiscal destinado a beneficiar a la Administración central del Estado, a concentrar el poder económico en
Madrid y a crear una nueva oligarquía española. Las cifras son tan escandalosas (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Y yo sin saberlo!) que ningún Gobierno se ha atrevido nunca a publicar las balanzas fiscales; esta es otra de las
deslealtades.
Y encima, además, de esconder esta enorme aportación fiscal de Cataluña, se han fomentado -gracias a personajes como el señor Ibarra, que está encantado con el pacto Mas-Zapatero- los tópicos más arraigados sobre la insolidaridad de
los catalanes. Por ello, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba un Estatut que proclama en el artículo 1, es decir, en el articulado, que Cataluña es una nación, define un punto de salida: nuestra existencia colectiva de más de mil años de
historia. Esta realidad como pueblo nos otorga el derecho a decidir sobre los impuestos que pagamos. Tenemos este derecho histórico y no podemos renunciar a él, porque la aportación fiscal es un elemento esencial para construir una sociedad
avanzada para las nuevas generaciones. Por tanto, el artículo 1 no es un tema sentimental y mucho menos retórico, sino el núcleo mismo de toda la filosofía de la actual propuesta de Estatuto. Por eso ustedes, los españoles, los de izquierda y los
de derechas, se han negado rotundamente a aprobarlo. Si ustedes son capaces de desnaturalizar -gracias al acuerdo alcanzado con Convergència i Unió- el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña, que contiene el proyecto de Estatut aprobado
el 30 de septiembre, se desnaturalizan también las competencias y su delimitación y, evidentemente, su financiación.



Coherente con la larga trayectoria de la derecha española, la misma que se muestra tan reacia a condenar la dictadura que pretendió aniquilar a los demócratas, no se olviden, el Partido Popular se negó a admitir a trámite el Estatut; ha
movilizado sus bases y fomenta el odio contra Cataluña, sin ambages ni complejos; incapaces de desembarazarse de la herencia franquista e hijos intelectuales del: Nunca nada, de Antonio Maura, han desencadenado una campaña xenófoba anticatalana.
Como en los años 1919 y 1931 han llevado a cabo campañas de boicot a productos catalanes con el mensaje subliminal siguiente: No queremos nada de los catalanes, excepto vuestros impuestos. (El señor Padilla Carballada: ¡Lo que hay que oír!-El
señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Qué moderación!-El señor Acebes Paniagua: ¡Es que dice unas cosas!) Las campañas contra los catalanes, llevadas a cabo por medios de comunicación afines a la derecha, no tienen paralelo en la Europa
democrática. (Un señor diputado: ¿Pero sabes lo que dices?)


Ustedes, diputados y diputadas socialistas que conforman la mayoría, a pesar de la solemne promesa de Rodríguez Zapatero de respetar la propuesta del Parlamento de Cataluña y conocedores de que el texto presentado en esta Cámara representaba
la unidad del pueblo de Cataluña, han optado por abortarlo empezando por el concepto de nación. Se trata, ciertamente, de una respuesta más sibilina respecto a la protagonizada por la reacción, pero ustedes no han querido o no han sabido
enfrentarse a la ofensiva de la derecha, no han actuado como defensores de los valores republicanos, quizá porque ya los han olvidado, o bien porque han interiorizado la concepción borbónica de España. Podemos afirmar rotundamente que el Partido
Popular ha ganado sin ganar. Fíjense, sin tener mayoría parlamentaria, les han impuesto el guión.



Ustedes, señorías del Partido Socialista, han optado por romper la unidad del catalanismo político para revalidar un pacto con el centro derecha catalán que nos aleja de la modernidad, de la voluntad renovadora y transformadora de la
sociedad y del Estado. No representa, en definitiva, ningún punto de inflexión a partir del reconocimiento del principio de plurinacionalidad y de bilateralidad en las relaciones con el Estado y de los derechos colectivos de la comunidad nacional
catalana, sino que representa la continuación de la inercia de la deslealtad institucional.
El Estatuto de la Moncloa, el que de nuevo niega el reconocimiento jurídico por parte de España de Cataluña como nación, reduce el texto del Estatuto
pactado a una nueva versión del Pacto del Majestic, recuerden, el pacto que suscribieron los señores Aznar y Pujol en 1996, cambiando ahora, eso sí, las siglas de una de las partes contratantes. Ustedes, señorías del Partido Socialista, solo han
sido capaces de aplicar la receta consabida de los años ochenta y noventa del siglo pasado, a saber: el partido mayoritario español, ahora


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ustedes, mañana posiblemente los otros, más el regionalismo catalán; o, lo que es lo mismo, Cánovas o Sagasta más aquellos catalanes que siempre han sabido que, en lo momentos cruciales, los intereses clasistas eran preferibles al
patriotismo. Patria o patrimonio, he aquí el recurrente histórico dilema del regionalismo catalán (Risas.) Hoy día ustedes les han ofrecido un pacto vergonzoso. Ellos les dan la coartada para que ustedes puedan desnaturalizar el texto aprobado por
nuestro Parlamento Nacional, el Parlamento de Cataluña, y ustedes, a cambio, les procuran que puedan recuperar cuanto antes el poder en Cataluña (El señor Fernández Díaz: Eso sí.). Lo indigno para ustedes, señorías socialistas, es que sean capaces
de relegar al primer presidente socialista de Cataluña, al molt honorable Pascual Maragall, quizá sacrificarlo e incluso permitir que un ministro español, el señor Bono, pretenda, evidentemente sin conseguirlo, ridiculizarlo. Pero lo
extraordinariamente grave, señorías del Partido Socialista Obrero Español, es que incluso saboteen un Gobierno catalanista y de izquierdas que después de años y años de dominio conservador en Cataluña va abriéndose camino en favor de las clases
populares catalanas.



Corresponde, pues, a Esquerra Republicana la defensa a ultranza del artículo 1 del texto estatutario aprobado por nuestro Parlamento nacional el día 30 de septiembre que, de una forma clara y categórica, consagra a la nación catalana en una
ley orgánica española, lo cual hubiera comportado --y a ustedes, diputados españoles, no se les ha escapado, lógicamente- que nos hubiera situado en un plano mucho más favorable para los futuros reconocimientos de las naciones sin Estado en la Unión
Europea de los próximos decenios. A ustedes, diputados del Partido Popular, diputados del Partido Socialista Obrero Español, no se les ha escapado la importancia de la presencia del concepto nación en el articulado; lo triste es que se les haya
escapado a otros.



Resumiendo, parecía, repito, que en los inicios del siglo XXI era posible establecer un punto de inflexión en el proceso de deslealtades hacia Cataluña, históricas unas, más recientes otras, como las que culminaron, tenemos que recordarlo,
con la mayoría absoluta del señor Aznar, el cual nuevamente contó con los apoyos parlamentarios del nacionalismo conservador catalán que confunde, lo he dicho y lo repito, seny con intereses clasistas. Centenares de miles de personas se movilizaron
en las calles de Barcelona el día 18 de febrero. Fueron convocadas por un gran número de pequeñas entidades anónimas. Esquerra Republicana solo se añadió a este gran movimiento. Reclamaban el derecho a decidir y defendían el texto aprobado por el
Parlamento de Cataluña, su representante. Ustedes pueden optar por dar portazo a nuestra demanda de reconocimiento de nuestra personalidad nacional en el articulado o en el texto estatutario, pueden incluso negarnos el reconocimiento legal de
nuestro deporte como nacional, de nuestro himno como nacional o de nuestro 11 de septembre como fiesta nacional. ¿Y qué? ¿Qué esperan encontrar en el futuro? Sepan que una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña no va a legitimar esta
imposición. Mantendremos vivo, desde el mismo día del referéndum, el debate democrático con España y comprobarán que aun cuando el presidente del Gobierno español afirme de forma frívola que este Estatuto es para siempre, no puede negarse la
voluntad de pervivencia nacional de un pueblo. Puede que esta cuarta propuesta estatutaria que llega al Parlamento español sea nuevamente desnaturalizada; al parecer va a ser así. Tengan por seguro que habrá otra oportunidad, protagonizada por
nosotros mismos o por nuestros hijos, y tengan también por seguro que en la próxima, en una correlación de fuerzas distinta en nuestro país, en el nuestro, prevalecerá el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña a decidir su futuro
mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Señorías -termino señor presidente-, ante el nunca nada de España, postulamos el democrático siempre todo de Cataluña, fraternalmente, solidariamente con todos los pueblos y ciudadanos de
las naciones de Iberia.



Finalmente agradecemos haber sido merecedores de la solidaridad de Eusko Alkartasuna en la defensa del término nación. La sociedad vasca debe saber que nosotros, los independentistas catalanes, la izquierda nacional catalana, siempre,
siempre, siempre actuaremos con la misma solidaridad respecto a las reivindicaciones nacionales de Euskal Herria, tal como ya demostramos política y emocionalmente, repito, política y emocionalmente, cuando el siempre respetado lehendakari Ibarretxe
presentó la propuesta del Parlamento vasco de reforma del Estatuto de Gernika en el Parlamento español. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá, en particular por sus amables palabras dedicadas a este presidente. (Risas.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Ilustres diputados y diputadas del Parlament de Cataluña, señorías, les hablo en nombre de Convergència i Unió, les habló en nombre del principal grupo nacionalista catalán en esta Cámara y también en Cataluña y les
hablo en nombre de un grupo con una trayectoria acreditada, un grupo, Convergència i Unió, que ha dado muestras más que suficientes a lo largo de todas las legislaturas de su sentido institucional, pero también de su apuesta decidida por mejorar el
autogobierno de nuestro país, de Cataluña. Desde esa legitimidad y al hilo de algunas intervenciones que hemos oído esta tarde, quería hacer, señor presidente, señorías, una precisión inicial.



El texto que aprobó el Parlament de Catalunya el día 30 de septiembre es nuestro texto, es el texto de Convergència i Unió. No renunciamos al mismo y es tan nuestro como de quien más. Nadie puede tener sobre ese texto una paternidad
superior a la que podamos tener


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desde Convergència i Unió. Convergència i Unió contribuyó de manera decisiva a elevar el listón del autogobierno en el proyecto de Estatut de Autonomía que aprobó el Parlament de Catalunya. Pero no nos engañemos, al igual que el texto del
día 30 es nuestro texto, al igual que el texto del día 30 marca nuestro horizonte de donde queremos llegar, nuestro horizonte de lo que queremos realmente conseguir con una propuesta de Estatut de Autonomía, lo cierto es que ese texto debe ser
aprobado en las Cortes Generales. Es muy fácil en todos los debates, en cualquier debate, defender el cien por cien del texto, pero es más difícil negociar y aprobar un texto en las Cortes Generales. Todos los grupos parlamentarios sabíamos que el
texto del día 30 de septiembre, aprobado por el Parlament de Catalunya y tomado en consideración el día 2 de noviembre en esta Cámara, era un texto que para ser finalmente ratificado precisaba de un mínimo de 176 votos. Por tanto, desde
Convergència i Unió, con el más firme propósito de hacer avanzar el nivel de libertad y de autogobierno de Cataluña, con el más firme propósito de dotar a Cataluña de un instrumento mejor que el que tenemos, con esa firme voluntad, Convergència i
Unió ha negociado una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que hoy llega después del trámite de ponencia ante esta Cámara. Por tanto, sabemos que para que logre la mayoría necesaria para proseguir su tramitación parlamentaria,
señor presidente, señorías, debemos acordar con los grupos mayoritarios, en este caso con el Grupo Parlamentario Socialista, la posibilidad de sacar adelante un texto. Por tanto, no admitimos lecciones de nadie. Nosotros vamos a intentar, estamos
intentando y vamos a conseguir un buen Estatuto para Cataluña, sin renunciar a aquel Estatuto que habíamos aprobado el 30 de septiembre, pero sabiendo que el Estatuto que hoy se puede aprobar es seguramente el mejor Estatuto posible dentro de la
aritmética parlamentaria de esta Cámara, de estas Cortes Generales. Por tanto, no queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie proclamando unos artículos que después al ser votados son derrotados porque no tienen la mayoría suficiente en
esta Cámara, artículos que hacemos nuestros porque éramos también nosotros los redactores de los mismos. Pero, repito, esos artículos, en su literalidad original, hoy no podrían obtener la mayoría de esta Cámara, y nosotros, por responsabilidad
pero por apuesta de futuro y porque creemos en la necesidad de dotar a Cataluña de ese nuevo instrumento, de ese nuevo Estatuto, hoy presentamos ante esta Comisión Constitucional el fruto de una ponencia, el fruto de un mes de trabajo intenso.



Señorías, si alguien lee el título preliminar que hoy estamos debatiendo podría llegar a una lectura lineal del mismo, en la cual Cataluña como nacionalidad se constituye en comunidad autónoma. No nos engañemos: Cataluña no es fruto del
actual marco constitucional, Cataluña no es fruto del actual Estado autonómico; Cataluña es una nación, Cataluña obedece a una historia propia, Cataluña obedece a una identidad nacional, Cataluña obedece a una voluntad de ser que se ha evidenciado
a lo largo de la historia. Incluso Cataluña, al igual que otras naciones del Estado, impulsó de manera decisiva el actual Estado autonómico. Por tanto, nosotros somos conscientes de que en ningún caso una lectura lineal del título preliminar
podría hacer pensar que estamos ante una comunidad autónoma más; no lo es. Cataluña no es una comunidad autónoma más; Cataluña es una nación con una identidad y así se reconoce en este Estatuto. Démosle valor al Estatuto que vamos a aprobar;
demos valor a su artículo 5, en el cual de manera expresa se reconoce que el autogobierno de Cataluña tiene su fundamento en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, una
tradición que viene de lejos, ya que tiene más de un milenio de historia. Hace más de un milenio que se aprobaron leyes tan importantes como usatges. Surgió el derecho catalán, sus instituciones políticas; instituciones milenarias, como la propia
Generalitat, que en el mismo Estatuto que hoy vamos a impulsar a través del tamiz de la Comisión se reconoce históricamente que fue creada en el año 1359 en las Cortes de Cervera. Por tanto, señorías, no somos fruto de una improvisación; tenemos
los derechos históricos que este Estatuto reconoce en su articulado y tenemos -y ahora me referiré a ello- el reconocimiento de Cataluña como nación en este Estatuto. No hemos renunciado a ese reconocimiento; somos una nación aunque no estuviera
en el articulado o en el preámbulo. Lo somos indistintamente de que figure o no en un texto que se vaya a aprobar en esta Cámara, pero les pido a todos los grupos que no minusvaloren lo que hoy vamos a aprobar; que no minusvaloren el sentido del
articulado y del preámbulo que vamos a aprobar en esta Comisión Constitucional. No lo hagamos. Fíjense, en el artículo 1 de su articulado se define a Cataluña como nacionalidad, y alguien podría decir: la misma definición que en el Estatuto
vigente del año 1979. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Qué va!) Alguien podría decir: es la misma; no ha cambiado nada, y no es cierto. Cuando esta mañana el presidente de Convergència i Unió, Artur Mas, afirmaba que tras más de 25
años las cosas han cambiado oía alguna voz en esta Cámara diciendo: ¿qué ha cambiado? Han cambiado aspectos importantísimos. Cuando en el año 1977 -y el presidente de esta Comisión, señor Alfonso Guerra, que durante las constituyentes era
diputado de esta Cámara- (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Y ahora.) se debatía la actual Constitución -que nuestro grupo aprobó, negoció y en todo caso intentó que saliera con el máximo impulso para el autogobierno- hubo una gran polémica
sobre el artículo 2 y sobre el concepto de nacionalidad. Hubo voces en esta Cámara que equiparaban claramente nacionalidad a nación -está en el 'Diario de Sesiones'-, y hubo voces muy alarmistas sobre el término nacionalidad. Se dice que no han
cambiado las cosas (El señor Ridao i Martín: Nada.), han pasado muchos años y hoy distintas comunidades autónomas de distintos colores


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políticos --también comunidades autónomas actualmente gobernadas por el Partido Popular- impulsan reformas estatutarias definiéndose como nacionalidad, un término que cuando se discutía en el año 1977 se le daba una connotación con la que se
pretendía degradarlo, y en cambio ahora -y es legítimo hacerlo- también se quieren apuntar a ese término, e igual pasará con el Estatuto que hoy aprobamos. Tantas versiones y tantas visiones distorsionadas que se dan del mismo; tantas versiones no
adecuadas a lo que es el informe de esta ponencia que después veremos cómo otras comunidades autónomas legítimamente intentarán leer el texto que aprueben estas Cortes Generales y pedir aspectos que hoy se nos critican y que parece que vayan a
romper la estructura y los cimientos del Estado. Señorías, no es este el debate que se merece esta Cámara; no lo es, porque, repito, hoy al incorporar una vez más ese artículo 2 que reconoce las nacionalidades en el artículo 1 del Estatuto le
damos una dimensión distinta; una dimensión constitucional, pero distinta.



Permítame, señor presidente, que aporte la dimensión del artículo 1 junto con el preámbulo que Convergència i Unió plantea hoy ante esta Comisión y que entiende que en ningún caso puede justificar que nadie diga que Cataluña no es una nación
de acuerdo con este Estatuto. El Estatuto que vamos a aprobar tiene un preámbulo -alguien puede discutir el valor normativo o no de los preámbulos- que forma parte del contenido de la ley, lo aprobamos, al igual que aprobaremos con el resto del
articulado, puede ser objeto de enmiendas como cualquier artículo de la ley, pervive con la ley, solo se puede modificar en el futuro si se hace expresamente con una norma con carácter de ley figurará tras la fase promulgatoria de la propia norma
cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado como digo, forma parte de la ley. ¿Qué valor tiene? Yo reto a cualquiera. Es cierto que hay jurisprudencia constitucional sobre los preámbulos, pero ¿en cuántas sentencias del Tribunal
Constitucional se citan los preámbulos para interpretar el contenido del articulado de una ley aprobada? En muchísimas. En muchísimas normas vemos cómo el preámbulo tiene ese carácter de complementar al articulado, y esta es la vocación que quiere
darle hoy Convergència i Unió, un preámbulo que no es menor.
¿Puede ser menor para un grupo nacionalista reconocer lo que el Parlamento de su país, el Parlamento catalán, ha aprobado? ¿Puede ser motivo de desacuerdo que las Cortes Generales vengan
a reconocer en el preámbulo del Estatuto lo que de forma ampliamente mayoritaria, con casi el 90 por ciento de los votos del Parlament de Cataluña, ha aprobado definiendo a Cataluña como nación y que figurará en el preámbulo? Esto tiene un valor
que no podemos negar. (Rumores.) Evidentemente alguien podría decir que era mejor el texto del artículo 1 vigente. Muy bien, era mejor el texto. ¿Qué se va a aprobar, ese texto? No renunciamos al mismo pero tal y como está no se puede aprobar.
Por tanto, démosle al preámbulo ese valor de reconocimiento de lo que ha aprobado el Parlamento catalán, pero más aún, señorías, el reconocimiento de la voluntad y del sentimiento de la ciudadanía de Cataluña, no de unos cuantos ciudadanos, de la
ciudadanía. Esto es lo que figura en el informe de la ponencia que se ha aprobado. Estamos hablando de la ciudadanía -concepto global- y estamos hablando de la voluntad. Tendremos lengua, tendremos territorio, tendremos historia, tenemos
instituciones históricas, venimos de una nación milenaria y tenemos una proyección de futuro, pero solo se es nación si hay voluntad de ser de sus ciudadanos; no se es nación si no hay una voluntad de ser, las naciones no se improvisan. Por eso
decía al inicio que no somos una nación por lo que pueda decir o no un estatuto, o porque lo pueda reconocer o no una norma constituyente; lo somos porque hay esa voluntad de ser que reconoce el preámbulo que hemos aprobado. Más aún, ¿qué dice ese
preámbulo? Dice una cosa que nos va a permitir integrar el artículo 1 después de definir el Parlamento que Cataluña es una nación porque lo quiere la ciudadanía, es un sentimiento pero es voluntad del pueblo catalán. ¿Qué significa esa voluntad?
Que esa realidad nacional -Cataluña es una nación- se traduce en el artículo 1 en forma de nacionalidad. Por tanto, cuando hoy decimos que Cataluña es una nacionalidad, si lo interpretamos de acuerdo con el preámbulo, queda claro que está integrada
en la norma, y es cierto; lo dicen profesores como Lucas Verdú, que insisten en la posibilidad de que el preámbulo tenga carácter jurídico y vinculante, y sobre todo lo tiene cuando el preámbulo complementa al articulado, que es el caso que hoy
vamos a aprobar.



Por tanto, nunca será exactamente el Estatuto que Convergència i Unió hubiera deseado al cien por cien. Quien lo pueda conseguir que venga aquí y lo consiga, que venga aquí y lo someta a votación, que venga aquí y rinda cuentas con nuestro
país, con los ciudadanos de Cataluña y con el conjunto de la ciudadanía; que venga quien pueda conseguir un texto mejor. Este es el que hoy hemos conseguido. Esta mañana decía el señor Piqué: Si han hecho un pacto presidente del
Gobierno-presidente de Convergència i Unió -y yo no quiero olvidarme de Iniciativa per Catalunya Verds-, se ha hecho un pacto poco transparente. No es cierto, señor Piqué. ¿Poco transparente? Lo que se acordó está en el informe de la ponencia,
está publicado; ustedes pueden presentar hoy votos particulares, pueden presentar enmiendas en el Pleno. Es evidente que un acuerdo siempre hay que negociarlo previamente, pero que nadie niegue a este Parlamento -y el presidente de la Comisión
Constitucional no puede hacerlo- la capacidad parlamentaria para lo que estamos haciendo hoy, tramitar un proyecto de ley. ¿Qué ha habido acuerdos previos? Por supuesto, pero hay acuerdos transparentes, que se conocen, que se tramitan, que se
votan y que se pueden enmendar. Por tanto, este es, señorías, el sentido que nuestro grupo quiere dar a ese artículo 1, el mismo que hace 25 años pero cambiado, el mismo pero con un sentido distinto; lleva consigo una mochila mucho más rica, lleva
consigo la carga de ese preámbulo, que viene a reconocer de


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manera expresa el carácter nacional de Cataluña y la definición de Cataluña como nación.



Se decía también esta mañana -lo decía el señor Rajoy-: Hay un embrollo competencial en este Estatuto. Señor Rajoy, usted ha sido ministro de Administraciones Públicas, ha sido también ministro del Interior, pues quiero recordarle algunos
datos del Estatuto vigente que ahora usted defiende de manera clara como un modelo a seguir en la distribución competencial actual. Haciendo balance de estos últimos años, ¿sabe cuál ha sido el mayor ámbito de conflictividad ante el Tribunal
Constitucional? El de la Generalitat contra normas del Estado, a través de conflictos de competencia o a través de recursos de inconstitucionalidad, 318. Tenemos el récord. No ha habido una sola comunidad autónoma con tantos conflictos hacia
normas del Estado por entender que esas normas vulneraban su ámbito competencial como la Generalitat, y el resultado de esos 318 entre conflictos y recursos numéricamente es más favorable a la Generalitat que al Estado, el Tribunal Constitucional ha
dado la razón en más ocasiones a la Generalitat que al Estado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos razón cuando decimos que hay una invasión de competencias autonómicas, una extralimitación de estas Cortes Generales en muchas leyes básicas que tienen
un carácter que va más allá de unos principios, de un mínimo común normativo. Y este Estatuto, más que ahondar en ese prentendido embrollo, intenta darle solución, intenta clarificar cuándo una competencia es exclusiva, cuáles son los límites de la
legislación básica estatal. Por tanto, en ningún caso este Estatuto ahonda el embrollo; embrollo, repito, es el que ha habido con ese alto nivel de conflictividad ante el Tribunal Constitucional durante todos estos años. Usted, que ha sido
ministro de Administraciones Públicas lo sabe; usted ha tenido que negociar con la Generalitat conflictos de competencias. Y no solo esto sino también del Estado contra la Generalitat; son 119 los recursos que ha presentado el Estado contra
normas de la Generalitat en todos estos años. Por tanto, no es una situación pacífica, no lo es y no lo ha sido y, desde esta óptica, este Estatuto debe contribuir a dar cauce a una menor conflictividad, pero con una apuesta clara a un mayor nivel
de autogobierno de Cataluña.
Nadie puede negar -y es necesario afirmarlo desde las instituciones, desde los grupos parlamentarios ante cualquier voz que pueda discutirlo- que este Estatuto que aprobamos hoy aumenta el nivel de autogobierno de
Cataluña, aumenta sus posibilidades de financiación y no niega nada a nadie; no niega nada a nadie ni establece un modelo cerrado para nadie, pero -repito- con el valor que tiene una propuesta de ley orgánica como la que vamos a aprobar nuestro
grupo se siente satisfecho de conseguir hoy un acuerdo que permita sentar unas bases de futuro, que dé a Cataluña un instrumento para desarrollar su autogobierno, su voluntad de ser, su propia identidad.



Como hablamos de identidad quería referirme muy brevemente, porque está en el título preliminar que hoy estamos dictaminando, al artículo 6 en su definición del régimen lingüístico en Cataluña. Convergència i Unió quiere que quede claro que
el régimen lingüístico que ha sido ya avalado por el Tribunal Constitucional, y queremos que quede claro que cuando se proclama en el Estatuto el derecho y el deber de cualquier ciudadano de Cataluña de conocer ambas lenguas oficiales y se añade:
evitando que en ningún caso exista discriminación, no podemos negar que la lengua que ha sido históricamente discriminada ha sido el catalán. Todavía hoy un ciudadano en Cataluña verá que tiene una oferta televisiva -para poner un ejemplo de gran
audiencia- deficitaria en catalán, hay mucha más oferta televisiva en castellano. Esta mañana decía nuestro presidente Artur Mas que el nivel de conocimiento de la lengua castellana por los escolares en Cataluña es claramente comparable con el de
cualquier otra comunidad autónoma que no es bilingüe. Por tanto, en ningún caso debemos acrecentar las alarmas ni dar una visión del Estatuto que no se corresponde con la realidad. De ese artículo 6 quiero recordar el reconocimiento específico de
la lengua occitana, denominada aranés, como lengua propia de Arán y oficial en Cataluña, reconociendo también en el artículo 11 el autogobierno del pueblo aranés como una realidad occitana dotada de identidad cultural, histórica, geográfica y
lingüística que el proyecto de Estatuto ampara y protege.



También quiero recordar que en este título preliminar se recoge una obviedad pero que no estaba en el Estatuto vigente, cual es que la Generalitat es Estado, que la Generalitat es poder estatal. Cuando el señor Rajoy era ministro de
Administraciones Públicas se aprobó la Lofage -él la impulsó- y en esa ley se afirmaba el carácter estatal de las comunidades autónomas, el objetivo de la Administración única, avanzar -decía en su preámbulo- en el artículo 150.2, en las
transferencias, que después como ministro de Administraciones Públicas y como ministro del Interior aplicó para dar a los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña, las competencias en materia de tráfico. Por tanto, mecanismos constitucionales que
vienen a avalar una realidad importante que debemos proclamar y explicar; debemos explicar el carácter estatal de las comunidades autónomas. Es necesario porque a veces se dice: Van a participar en no sé cuántos organismos estatales. Pero es que
son Estado, es que el Estado es plural. ¿Quién legisla? Legislan estas Cortes Generales pero también los parlamentos de las comunidades autónomas con capacidad legislativa y con normas con carácter de ley. Por tanto, esa es una necesaria
pedagogía de un estatuto que es plenamente constitucional, un estatuto que da respuesta a una necesidad de mayor autogobierno, un estatuto que queremos que sea una apuesta que nos permita, sin olvidar el horizonte que habíamos fijado del 30 de
septiembre, un paso adelante en nuestro autogobierno.



Voy terminando, señor presidente. Nací en una familia catalanista y en mi familia cuando estaba prohibido, pero también ahora en ocasiones especiales, entonábamos el Cant del Poble, el Glòria catalans cantem. Es un himno patriótico catalán
que termina, señor presidente, con unas frases que voy a reproducir. (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del


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'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Lluny els ultratges, lluny la mentida... ningú ens prendrà la nostra Llibertat!-) Lejos las mentiras, nadie nos va a arrebatar nuestra libertad.



Este mensaje es el que hoy nos gustaría trasladar; el mensaje de que cese el ruido, que cesen las mentiras, que cesen las campañas difamatorias sobre un texto, afirmando texto aspectos que ese texto ni conculca ni quiere conculcar, porque
Cataluña quiere ser solidaria, lo ha sido y lo quiere seguir siendo. Por tanto, lo que pedimos es que cesen las mentiras y más libertad, una apuesta por nuestro autogobierno, una apuesta por un futuro que permita vivir en Cataluña con más libertad.
Esa es la apuesta que hoy realiza el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Ahora sí hemos terminado el turno de intervenciones.
Si alguien lo solicita puede haber algún turno de réplica, contando con que -como comprenderán- no podrá ser de la extensión del que hemos tenido en esta primera
intervención y tal vez no sea necesario que haya dúplicas en las respuestas de réplica.



Por el orden de los intervinientes, tiene la palabra el señor Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Intentaré atender a su por otra parte más que razonable sugerencia. En realidad las gracias se las tengo que dar al cuadrado, porque se supone que uno puede
replicar cuando alguien hace un esfuerzo en argumentar en contra de lo que uno dice, o responder a lo que se le pregunta, pero con alguna notable excepción no es el caso, por lo que tengo que agradecer con especial intensidad la generosidad del
presidente que me permite replicar. Quizá la expresión más clara de esto que digo la hayamos visto en la intervención del señor Pérez Rubalcaba. Dijo que iba a desmenuzar el discurso del señor Rajoy -esto es, el mío- y a desmontarlo todo. Pues
póngase a ello porque hasta ahora nadie ha desmontado nada y lo peor es que nadie ha respondido a nada; y cuando eso digo me refiero especialmente a los socialistas, a quienes iba dirigida -puesto que son el grupo mayoritario- una parte sustancial
de mi discurso. El señor Pérez Rubalcaba suele estar bien, lo hace bien, es un brillante parlamentario. Yo no tengo la fortuna de debatir con él porque tengo que hacerlo con el presidente del Gobierno, lo cual es un reto mucho menor, pero las
cosas son como son y qué le vamos a hacer.
(Risas.-Rumores.) Le puedo reprochar en alguna ocasión que defienda una cosa y la contraria sin que se le mueva un solo músculo, pero hoy ha tenido un cierto pudor, le he visto un poco triste y es una pena
que ese estado de ánimo no se traduzca en decisiones políticas. He dicho antes y reitero ahora que un socialista, señoras y señores, simplemente no puede apoyar esto, se pongan como se pongan, y los señores socialistas tienen que entender que yo lo
diga porque soy la oposición, porque lo creo y porque lo pienso.



Quiero señalar también que el señor Mas, a quien no iba dirigido el grueso de mi intervención, se ha referido mucho a mí. Le he visto un poco más contento que al señor Rubalcaba y espero que quede igual de contento cuando finalice mi
intervención. En cualquier caso, me preocupa un poco verle tan contento y no porque tenga nada en contra de que esté contento, como es natural, sino porque algunas de las cosas que cree el señor Mas, en mi opinión, no son buenas para el conjunto de
los ciudadanos. En cualquier caso, voy a contestar con brevedad a uno y a otro, también al resto de los portavoces, en la medida en que pueda atender la petición que ha hecho el presidente de la Comisión.



Esta mañana afirmé que el texto es contrario a la Constitución. Lo ha explicado mucho mejor que yo el portavoz del Partido Nacionalista Vasco; mucho mejor, con mucha más fortuna. Pero también esta mañana hemos oído a diversos portavoces
afirmar la constitucionalidad de este texto. También lo decían y con igual énfasis del aprobado el 30 de septiembre en el Parlament. Luego ya se vio que no y tuvieron que decir incluso que lo iban a dejar como una patena y lo que han hecho es
disfrazarlo o maquillarlo. Si era tan constitucional, ¿para qué tienen que cambiarlo? Fíjense ustedes que se negaron a que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas informaran antes del debate de
totalidad que tuvimos aquí el día 2 de noviembre. Yo lo pedí porque comprendo que no soy tan inteligente como para decir si es o no constitucional y, entonces, que lo digan estos organismos. No se aceptó.
Pues bien, les voy a hacer ahora otra
propuesta. Puesto que es constitucional, según dicen ustedes, ¿por qué no admitimos el recurso previo ante el Tribunal Constitucional? Pido formalmente que antes de que se produzca el referéndum se pronuncie el Tribunal Constitucional.
(Rumores.)
Esto es democrático, la gente sabe a qué atenerse, esto es bueno para todos y esto ha ocurrido en numerosísimas ocasiones a lo largo de nuestra historia democrática. (Protestas.)


Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, pero comprenderán, ya que ustedes están tan seguros de que es constitucional, que nos sometamos a un organismo neutral como es el Tribunal Constitucional. Lo cierto, señor
presidente, es que no me han despejado ninguna duda los portavoces socialistas; alguna sí el señor Mas. Por tanto, mis preguntas y mis argumentos de esta mañana siguen vivos y no voy a reiterarlos, pero sí me gustaría hacer algún recordatorio,
solo alguno.



El señor Mas se ha reafirmado, como no podía ser de otra manera, en las declaraciones que él hizo y yo leí. Fíjense ustedes, si el verdadero sentido de incluir el término nación en el preámbulo ligado al artículo 2 de nuestra Carta Magna no
es describir la voluntad de una parte del Parlamento, sino interpretara de todos, la Constitución, que esa es la verdadera intención, entonces no es describir sino definir. Es decir, lo que ha dicho el señor


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Mas nos da la razón en lo que hemos venido diciendo, que la tramitación de este Estatuto se ha realizado en un claro fraude de nuestra Constitución porque mediante la reforma de un estatuto las Cortes no pueden interpretar la Constitución
(El señor Fernández Díaz: ¡Claro!), lo único que pueden es desarrollarla. El señor Mas ha dicho -lo piensa y ha sido muy claro- que el Estatuto es una caja de herramientas muy potente al servicio de la construcción nacional. Por eso yo no estoy a
favor del Estatuto y por eso me sorprende que el Partido Socialista esté a favor del Estatuto, ese Partido Socialista que no me ha explicado por qué se cambian artículos del Estatuto de 1979 que eran muy claros y que no dejaban ningún lugar a dudas.



Señor presidente, hemos hablado también de los derechos y deberes. El señor Mas dice que no le gusta este título. Si no le gusta, ¿por qué lo vota tanto en Cataluña como aquí? Dice que en aras del consenso. En aras del consenso usted
impone deberes y quita libertades a los ciudadanos, a cambio de interpretar el concepto de nación y de un modelo de financiación que no existe en este Estatuto. Le importan más, como usted muy bien ha dicho, los derechos colectivos que los derechos
de las personas. En este sentido es coherente. Ahora bien, permítame que le diga una cosa con meridiana claridad: no vale que usted venga aquí y diga que este título no tiene consecuencias legales y no cambia el modelo de sociedad. ¿Cómo una ley
no va a tener consecuencias legales? Esto es verdaderamente sorprendente. Pero admitamos que una ley pueda no tener consecuencias legales. En este caso quítenla, porque ¿para qué vamos a hacer una ley que no tenga consecuencias legales? Aquí no
somos poetas ni novelistas. Aquí estamos haciendo leyes que luego se aplican y rigen la vida de la sociedad.



He hablado de un asunto muy importante que es la relación bilateral. El señor Pérez Rubalcaba dice que todo eso ya existe. Si existe quítenla, porque si no aporta nada vale el mismo argumento que he utilizado respecto del capítulo de
derechos y deberes. Yo creo que sí aporta y mucho. Y le recuerdo lo que dije esta mañana: si esto se generaliza, como dice el Partido Socialista Obrero Español, estamos en trance de constituir un consejo y un parlamento como el europeo y yo eso,
señoras y señores diputados, con todos mis respetos, no lo puedo aceptar.



Un tema muy importante es el del blindaje de competencias. El señor Jané ha estado muy fino, como siempre, porque es un diputado que se conoce los temas y que se explica muy bien. Aquí se nos ha dicho que hay que establecer meridianamente
las competencias de la Generalitat en aras de la claridad, y por eso hemos pasado de unos pocos artículos -esta mañana efectivamente dije tres; son 10 ó 12- a casi 70 artículos. Se nos ha dicho por el señor Mas y el señor Rubalcaba, y lo ha
explicado muy bien el señor Jané, que hay que fijar las competencias. Les digo una cosa: las competencias del Estado no se fijan en un estatuto, las competencias del Estado se fijan en la Constitución y en caso de duda interviene el Tribunal
Constitucional, y si el Tribunal Constitucional -como ha dicho el señor Jané- le da la razón a las demandas de la Generalitat, ¿para qué vamos a cambiar algo que efectivamente funciona? Pero les voy a decir más. Si quieren ustedes claridad y
quieren fijar las competencias yo hago otra propuesta. Acometamos una reforma de la Constitución, porque debe ser la Constitución la que fije con claridad cuáles son las competencias del Estado. ¿Quién las va a fijar si no? Yo esto ya lo planteé
en el debate de investidura el año 2004, señoras y señores diputados, porque las competencias del Estado no las puede fijar un estatuto, entre otras muchas razones porque puede haber otro estatuto que le fije otras competencias distintas al Estado.
Es un argumento de cajón. ¿Quién va a fijar las competencias del Estado? Las Cortes Generales, que representan al conjunto de la soberanía nacional. Este tema del blindaje de competencias es, en mi opinión, uno de los asuntos más importantes que
estamos debatiendo. Yo pido reflexión sobre este asunto. Ya sé que no es fácil, ya sé cómo están las cosas y sé adónde hemos llegado, pero creo que esto es un error mayúsculo.



Voy a hablar poco de la financiación. Nadie me ha contestado a nada de lo que dije. Es verdad que el señor Mas utilizó unos argumentos para salir del paso, con bastante fortuna, pero es evidente que el 30 de septiembre el Parlamento de
Cataluña aprobó un modelo de financiación que todos entendíamos. Es más -fíjense ustedes-, la Generalitat hizo una campaña explicando el modelo de financiación -con dinero público, como es natural- y decía: Vamos a recaudar todos los impuestos -lo
decía la Generalitat, no yo- y luego acordaremos con el Estado lo que aportamos a la solidaridad. Pues de todo eso no hay nada. ¿Digo la verdad o no digo la verdad? Es evidente que digo la verdad, y ustedes lo saben.
(Rumores.-Risas.) Gracias
por reconocerlo. Pero es que lo ha dicho también el ministro de Economía y Hacienda, y lo saben todos ustedes. Es verdad que luego han llegado a un acuerdo el señor Mas y el señor Rodríguez Zapatero, y me parece muy bien. Han llegado a un acuerdo
el señor Mas y el señor Rodríguez Zapatero, pero ese no era el acuerdo al que había llegado el Parlamento de Cataluña. Dicen que van a transferir el 50, el 50 y el 58. ¡Pero si ustedes no pueden vincular al legislador futuro! Señor Mas, ese
acuerdo no tiene ningún valor. Por eso el señor Piqué decía con acierto que era un fraude, lisa y llanamente un engaño. A lo mejor no se hacía con la intención de engañar sino para salir del paso, para ver cómo arreglamos este lío, cómo
disimulamos, pero en el fondo estamos en eso.



Hay algo que no me gusta y es la distinción entre derechos de los ciudadanos y derechos de las administraciones. Yo les voy a explicar mi posición. Ahora vamos a debatir la financiación autonómica. Esto va para largo. Ustedes dicen que
se necesitan dos o cinco años para aplicarlo. Lo vamos a pasar muy bien, sin duda alguna, los próximos años. A uno le caerán 2.000


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millones, a otro 3.000, a otro 1.500, al final veintitantos mil. ¿Y quién paga eso? El contribuyente ¿Quién lo va a pagar? ¿Y quién se ocupa aquí del contribuyente y de los ciudadanos? Porque me importa mucho más la financiación del
contribuyente que la financiación de las administraciones yo presento una propuesta de rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades, que es mucho más importante y mucho más de futuro (Rumores.) -porque hay países de
la Unión Europea con impuestos sobre sociedades cero- que estar dándole vueltas a la financiación de las administraciones españolas. Es lisa y llanamente un problema de prioridades, señoras y señores diputados. Unos -a lo mejor equivocadamente-
preferimos priorizar con las personas y otros con los territorios, y además lo dicen y me parece muy bien, no tengo nada que objetar.



Respecto de la lengua yo solo dije dos cosas. Dije que en las Cortes Constituyentes hubo un debate y que se sometió a votación el deber de conocer o no las lenguas autonómicas, y salió que no era un deber. Eso es verdad, ni siquiera hice
un juicio de valor. ¿O no es verdad? La segunda cosa que dije era que el Tribunal Constitucional dijo que no era ajustado a la Constitución el deber de conocer una lengua autonómica. ¿Es verdad o no es verdad? Y no dije nada más. Se ha hablado
de respeto. Tengo todo el respeto del mundo hacia el idioma catalán, todo, para que quede claro, pero quiero decirles que yo priorizo y me gustan las personas, y mi prioridad es la libertad y el derecho a elegir. Yo creo que hay un derecho muy
importante -yo lo creo, a lo mejor estoy equivocado- y es que yo quiero elegir la lengua en que se educa mi hijo; a lo mejor estoy equivocado pero yo quiero elegirla. Por tanto, no estamos ante un tema de regulaciones jurídicas sino de libertad de
la gente. No voy a hacer alusión -porque no hace al caso- a la equiparación que se hizo por alguien con otro idioma de algún país muy lejano. No por eso soy anticatalán, porque por defender la libertad nadie es antinada sino a favor de la
libertad.



Señoras y señores diputados, dije que era ininteligible. Nadie me ha respondido a nada. ¿Se regula o no la eutanasia? Ni se sabe. ¿Qué quiere decir el artículo sobre la educación? Ha habido una intervención, probablemente solo una,
sobre ésta muy interesante. Se nos ha dicho por parte de un importante portavoz que también la Constitución europea era ininteligible. Pues a partir de ahora podemos decidir hacer todos leyes ininteligibles y a vivir que son dos días. Yo no me
apunto a eso. Vamos a recuperar también la historia, con perdón. Montesquieu: Las leyes no deben ser sutiles, están hechas para gente de entendimiento común. Es esencial que las palabras de las leyes susciten en todos los hombres las mismas
ideas. La vaguedad de los términos es un artilugio con el que se engaña al pueblo o se genera inseguridad a los destinatarios. Jeremías Bentham -esta es muy buena-: Los vicios de primer orden de las leyes pueden ser tres: ambigüedad, oscuridad y
voluminosidad. ¿Conocen algún texto que sea ambiguo, oscuro y voluminoso? (Risas.-La señora Lasagabaster Olazábal: Las leyes de acompañamiento.) Hace unos días, señoras y señores diputados, leí unas declaraciones -estaban bien- del excelentísimo
señor presidente de la Generalitat de Catalunya, don Pasqual Maragall. Decía que él quería que los niños de Cataluña fueran como los niños de los Estados Unidos, que memorizaban en el colegio y luego recitaban la Constitución, pero es que esa tiene
20 artículos. Su objetivo en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña es imposible que lo consiga porque sería una crueldad hacerle esto a un niño. (Risas.) Sería una enorme crueldad, señoras y señores diputados. Yo pido que se reflexione
sobre este asunto. No estamos ante un tema menor.



No quiero hablar de las consideraciones finales que hice esta mañana porque ahora voy a hacer otras distintas, pero la intervención del señor Tardá, que nos ha dado unas bofetadas absolutamente descomunales, demuestran que, cuando yo hablo
de que esto lo único que hace es generar división, no hago sino decir una cosa que todos los que estamos aquí sabemos que es verdad. Y me voy al desierto, señoras y señores diputados.
(Risas.) Yo he vivido mucho en el desierto. No tengo vocación
de hacerlo de una manera permanente, uno aún tiene sus aspiraciones en la vida; en cualquier caso, tampoco se vive tan mal y los que tenemos un cierto romanticismo a la hora de defender algunas posiciones incluso vivimos mejor. En cualquier caso,
yo no me voy al oasis a cualquier precio. Señor Mas, usted ha tenido en la vida mucha suerte; yo no, pero yo me alegro por usted y aspiro a ser como usted. Usted ha estado siempre en el oasis, salvo estos dos últimos años, pero a usted del oasis
no le ha echado la gente porque usted ha ganado las elecciones; yo tampoco le eché, fíjese usted. ¿Sabe quién le echó a usted del oasis? Pues aquellos colegas cuya compañía busca usted ahora; por cierto, los mismos que me cascan a mí, no se lo
pierdan. (Risas.) Y además le voy a decir otra cosa, esos no quieren que vuelva usted al oasis. No haga caso a los cantos de sirena de algunos porque de los cantos de sirena de algunos le pueden hablar otros que se sientan aquí y otro. Yo también
piqué. (Risas.) Señor Mas, usted volverá al oasis si quiere la gente y si quiere que le ayuden aquellos que en su día le ayudamos a estar en el oasis. Le digo una cosa, a veces en la vida es mejor tratar con quien está temporalmente en el desierto
porque, como les decía antes, tienen un cierto romanticismo y por tanto acaban siendo personas de fiar, aunque uno no comparta todo lo que el otro piensa. Como muy bien ha dicho el señor Jané, he sido un magnífico ministro de Administraciones
Públicas. (Risas.), tiene razón. Se lo agradezco porque la verdad es la verdad y le agradezco al señor Mas que haya sido claro. Ha sido claro y hace bien. Ha explicado usted muy bien sus posiciones; ahora, no me diga que el 90 por ciento del
Parlamento de Cataluña aprobó el Estatuto y que ese es un argumento tumbativo, porque aquí estamos debatiendo otro estatuto distinto, que no es el aprobado por el 90 por ciento de los ciudadanos de Cataluña, sino


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el que aprobaron usted y el señor Rodríguez Zapatero, cosa que a mí no me parece ni bien ni mal, pero es lisa y llanamente la verdad. Ya ve que yo no hago juicios de valor.



Señores del PSOE, no he hablado mucho de ustedes porque nada sustancial han aportado al debate, no por otra razón. Ya saben que a mí me gusta mucho hablar de ustedes. Yo sé que para ustedes es un trago difícil, pero ustedes lo han elegido.
Bien es verdad que con otro presidente esto no hubiera ocurrido. Él es el culpable de lo que está pasando aquí, pero yo no tengo la culpa. Sólo digo que con ustedes he pactado muchas cosas. Me sorprendí cuando leí el Pacto del Tinell, porque yo
pacté los pactos autonómicos en 1992 y en 1996 y otras muchas cosas a lo largo de mi vida; con el señor Jané, ¡no le digo nada! Por lo que se ve, yo antes sabía pactar, incluso decían que era un moderado; es verdad que no lo decían con mucho
entusiasmo. Solo puedo decirles que un señor de provincias tiene palabra.



Señor Tardá, todas esas cosas que habla usted de Franco y del centralismo, me suenan a estratosféricas. Porque he nacido en Galicia, viví una temporada en León y tardaba 14 horas en llegar a Galicia por unas carreteras demoledoras, iba en
un Dauphine Gordini, con una baca encima y cuatro niños detrás; luego, cuando me pusieron la autopista, era de peaje y, como no tenía dinero, para ir de Pontevedra a Vigo tenía que ir por la normal. ¿Qué nos cuenta usted a los demás? ¿Qué me está
diciendo a mí? ¿No es razonable que defienda un Estado que es de todos -suyo también-, que defienda la igualdad de los ciudadanos en derechos, en deberes, en obligaciones y en prestaciones económicas? ¿Pero qué voy a defender yo? ¿Qué me cuenta
usted a mí?


Señoras y señores diputados, les digo a todos que no me puedo apuntar a esto. Yo no crispo. ¿Por qué crispo yo? Crispará el señor Rodríguez Zapatero, yo no crispo, yo no engaño a nadie, digo la verdad y cuando estoy defendiendo mis
posiciones, estoy defendiendo -equivocado o no- a Cataluña, al conjunto de España, a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos del conjunto de España. No acepto que se me califique de anticatalán o de que fomento boicots, porque no es verdad.
¿Por qué voy a ser yo anticatalán? Es que no es verdad. ¿Cómo voy a ser anticatalán? Ustedes saben que no es verdad; es que es absurdo.



Termino, señor Mas, aparte del oasis y del desierto, usted me remite al futuro. Le voy a hablar del futuro. El futuro es la libertad y la competitividad. El futuro es, por ejemplo, bajar los impuestos; hacer reformas económicas y la
unidad de mercado, es decir, exactamente lo contrario de lo que recoge este Estatuto, que es intervencionista, que es antiliberal, que va contra la unidad de mercado y que está realizado pensando en la prehistoria. Nadie entiende por qué estamos
debatiendo aquí quiénes somos, si somos una nación, dos o treinta y cinco, si lo que dice el artículo 2 de la Constitución lo interpretamos entonces bien o mal. Lo que entiende todo el mundo es que estamos en el año 2006 y resulta que hay un chino
que le vende en Cataluña camisetas de algodón por 300 pesetas, y ¿qué hace la industria textil de Cataluña? De eso es de lo que tenemos que ocuparnos y no de lo que llevamos ocupándonos dos años y medio en España. (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para la réplica tiene la palabra el señor Carod.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carod-Rovira): He seguido con atención y con interés las intervenciones, en particular las del señor Rajoy, tanto la de la mañana como la de esta tarde, y debo confesar que sigo con la
misma preocupación de siempre. No sé, señor Rajoy, si usted es consciente de su responsabilidad personal y de la responsabilidad de su partido, es decir, si usted es consciente de las consecuencias civiles del clima que, indirectamente o no tan
indirectamente, se alimenta desde los entornos del Partido Popular, que quizás a corto plazo les provoque a ustedes un cierto rédito electoral, aunque los resultados de este rédito puedan acabar siendo fatalmente peligrosos. Por ejemplo, su campaña
de las firmas, que es una campaña legítima, parece como si dijera en vez de todo lo que dice: Estatuto no, catalanes tampoco. Este rechazo, esta crítica y esta descalificación, de entrada, de todo lo que parezca catalán, incluso a veces de todo lo
que parezca catalán, aunque sea de su propio partido, no ayuda para nada a la convivencia. Qué siente usted, señor Rajoy, cuando ve, por ejemplo, por televisión, a personas que se acercan a firmar en su campaña de recogida de firmas y les
preguntan: ¿Usted qué es lo que va a firmar? Y contestan, por televisión: Voy a firmar contra Cataluña. ¿Qué sienten? (La señora Torme Pardo: Eso no lo dicen.-El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Eso es mentira.-Varios señores diputados:
¡Sí!) ¿Qué sienten? Si de verdad les importara a ustedes Cataluña... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, sigan el ejemplo del presidente que tiene mucha paciencia. Tengan paciencia.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO CATALÁN (Carod-Rovira): Si de verdad les importara a ustedes Cataluña. si de verdad les importara a ustedes España y no otra cosa, no les debería pasar desapercibido un estado cada vez más creciente en
Cataluña de incomodidad. Por ejemplo, no lo ha dicho usted hoy pero sí en otras ocasiones, y también lo han dicho algunos de los suyos, cuando ha afirmado que se está haciendo con la lengua castellana lo mismo que Franco hizo con el catalán. ¿Sabe
usted qué es lo que hizo Franco con el catalán? Lo prohibió en su propio territorio e impuso otra lengua en aquel territorio. Hacer lo mismo sería, por ejemplo, prohibir el castellano aquí en todos los ámbitos y usos e imponer el catalán; sería
empezar por cambiar y obligar a traducir todos los nombres propios


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de las personas, todos hemos ido con un nombre en castellano hasta que con el primer Gobierno de UCD esto se pudo cambiar, cambiar los nombres de las calles, de los pueblos, de los ríos, de las montañas. Eso es exactamente lo que se hizo y
no lo que usted ahora se refiere en algunas declaraciones suyas, fue prohibir la lengua aquí e imponer otra, en la escuela, en los medios de comunicación, en todas partes, pero también lo que se hizo con el catalán fue perseguir, encarcelar, incluso
torturar, como sabe muy bien el ex presidente de nuestro partido, Jordi Carbonell, por utilizar la lengua catalana durante una detención, y no fue al único.
Eso es lo que hizo Franco. Sinceramente, estas afirmaciones no solo no son verdad, sino
que además son profundamente injustas, señor Rajoy. Es injusto que alguien lo afirme sabiendo además que no es cierto. Vaya usted a las Ramblas de Barcelona, plántese ante un quiosco, cualquiera, mire usted una a una las lenguas en que están
escritas todas las publicaciones y diga usted sinceramente al final cuál es hoy, en el año 2006, la lengua que está discriminada en Cataluña. ¿Puede alguien ser juez en Madrid, policía, maestro o funcionario sin saber castellano? ¿Puede serlo
alguien en Francia sin saber francés? ¿En Italia sin saber italiano? ¿Qué es lo que decimos en Cataluña? Que si tenemos dos lenguas oficiales los servidores públicos deben conocer las dos. Además, ¿sabe una cosa? No existe ni una sola persona
en Cataluña, ni una sola, que hable catalán que no hable también castellano. El catalán que menos sabe, como mínimo sabe dos lenguas. No sé si en todas partes pueden decir lo mismo. Mejor dicho, sé que no en todas partes pueden decir lo mismo.
Por favor, no nos digan más que todos tenemos o debemos tener los mismos derechos, porque usted aquí puede hablar tranquilamente en su lengua y yo no puedo hacerlo en la mía. ¿A eso le llaman aquí igualdad de derechos, señor Rajoy? Si este es el
Parlamento de todos, ¿por qué no se pueden escuchar aquí con naturalidad, sin que sea visto como una agresión, como algo exótico, la lengua de cada uno? Yo no puedo escoger aquí mi lengua, la lengua que hablo, como usted puede escoger la suya.
Usted se ha referido a una sentencia del Constitucional en donde decía que de alguna forma no podía ponerse en el marco legal la obligatoriedad, el deber, de conocer una lengua determinada, en este caso el gallego, pero esto fue así porque se
refería a una sentencia relativa a la Ley de Política Lingüística, que tenía un rango legal menor comparado con una ley orgánica como es el Estatuto, que es lo que hacemos ahora.



Déjeme decir en beneficio del presidente de la Generalitat, hombre de ambiciones y pretensiones muy amplias, que nunca tuvo la pretensión de que alguien memorizara la totalidad del Estatuto, sino que él se conformaba simplemente con que se
memorizaran los diez puntos que existían en el preámbulo inicial. Vuelvo a repetir que quizás ustedes no hayan calculado la responsabilidad civil -no hablo en términos de legalidad, hablo en términos de cultura cívica, de cultura democrática, de lo
que afecta a la convivencia-, quizás ustedes no hayan calculado hasta qué punto están predisponiendo a una actitud de rechazo o de hostilidad hacia cualquier cosa que venga de Cataluña. Esto no es bueno para nadie, porque desde el rechazo y desde
la hostilidad es absolutamente imposible construir nada.



Termino. Personalmente, no me gusta, y menos en un contexto como este, entrar en aspectos de la política nacional que no es habitual que los partidos discutan fuera de Cataluña, pero alguien lo ha hecho aquí esta mañana interpelándonos
directamente. Estamos dispuestos a aceptar lecciones de todo el mundo. De según quién, estamos dispuestos, en particular, a aceptar lecciones de fotografía, pero no de coherencia.
Dónde está la coherencia cuando alguien dice, por ejemplo, que es
irrenunciable que el término nación vaya en el articulado -irrenunciable; no que puede ser discutible, sino que es irrenunciable- o que si no tenemos concierto económico no vamos a apoyar el Estatut. Quiero ahorrarme cualquier comentario a
propósito de las palabras coherencia e irrenunciable. Que nadie nos hable ahora de retirar el Estatut, porque todo el mundo sabe muy bien que para que esto suceda en Barcelona hace falta mayoría absoluta y que esto solo pueden hacerlo varios
partidos que juntos conformen mayoría absoluta. Uno solo no puede hacerlo y nadie tiene mayoría absoluta en Cataluña para hacer eso. Además, alguien se encargó en su momento, con una foto, de hacer inviable la retirada del Estatut. Por nuestra
parte, colaboración, sumar esfuerzos, hacer piña para avanzar, sí, pero otra cosa, no. Para juegos de manos ya está el Magic Andreu. Dice el clásico que nunca es tarde si la dicha es buena.
Queremos formar parte de la dicha, pero no a cualquier
precio.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.



El señor PÉREZ RUBALCABA: En primer lugar quisiera decir que mi grupo va a presentar una enmienda transaccional al artículo 8, tomando como base la enmienda que manteníamos viva en esta Comisión, que le pasaré al presidente al final de mi
intervención, con el fin de que la pueda circular al resto de los grupos parlamentarios.



Aunque sea un poco raro, quisiera comenzar por hacer una referencia breve a la intervención del señor Tardá. Digo raro, porque en este debate no me he dirigido prácticamente a Esquerra Republicana por razones que no necesito explicar, pero
la intervención del señor Tardá me ha llamado la atención y algunas cosas tengo que comentarle. La política tiene alguna regla topológica elemental. Me explico. En este momento, en este debate hay muchos grupos parlamentarios, pero hay cinco
grupos que están discutiendo en el centro del terreno, si me permiten la expresión, ya que soy muy aficionado a los temas futbolísticos. (Rumores.) Sí, ya sé que no es mejor día, lo sé. (Risas.) Están el Grupo Popular, el


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Grupo Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa y Esquerra Republicana.
Son cinco grupos, en orden de derecha a izquierda o, si quieren, de menor a mayor nacionalismo. Esa disposición hace esperable, por ejemplo, que el señor Rajoy se
meta con el PSOE aprovechando el discurso de Convergència i Unió -de hecho, lo ha hecho- y hace esperable y comprensible que Esquerra Republicana se meta con Convergència i Unió aprovechando el discurso del Grupo Socialista -es verdad que el señor
Carod no lo ha hecho, pero el señor Tardá sí lo ha hecho-; lo que ya es más difícil de justificar es que se arremeta contra todos al tiempo. Eso es más complicado, pero reconozco que en eso el señor Tardá ha hecho un ejercicio magistral, porque
nos ha dado a todos, uno detrás de otro y por su orden.



Quisiera decirle tres cosas, brevemente y con la cordialidad y el afecto que sabe que le tengo. La primera, es que oyéndole hablar uno tiene la impresión de que no ha estado muy al tanto de las negociaciones que hemos mantenido el último
mes y medio. La segunda, tiene que ver con nuestra posición política. Señor Tardá, hemos hablado usted y yo personalmente de esto a alguna vez, no voy a revelar ningún secreto. Entre el independentismo que usted representa -y yo respeto- y la
derecha que representa el señor Rajoy, créame hay muchas posiciones políticas, por ejemplo, la del Partido Socialista, que es la izquierda. La izquierda, el Partido Socialista, tiene posiciones propias. A veces pactamos con ustedes, a veces con
Convergència i Unió, pero siempre tiene posiciones propias. No piense usted que lo que el Partido Socialista dice lo dice porque el Partido Popular diga tal o cual cosa. A veces también, naturalmente; pero no es el caso. En un tema como este, el
Partido Socialista -la izquierda- tiene posiciones propias. Yo entiendo que a veces cuando se mira y se ven las cosas desde muy lejos, uno puede tener la tentación de pensar que todo está apelatonado. No, créame, hay diferencias sustanciales y a
mí me gustaría que dichas diferencias se reconocieran. Finalmente, un subproducto bien peculiar de la intervención del señor Tardá es que he oído a un nacionalista -en este caso al señor Jané- mencionar como cita de autoridad a un
constitucionalista, a don Pablo Lucas, al que no lo voy a calificar, que es un buen constitucionalista, pero ciertamente me llama la atención, es sin duda un subproducto de este juego topológico al que me refería.



Señor Piqué, le agradezco su intervención; siempre es agradable oírle. No me voy a referir a cuestiones personales, ni quién defiende cada cosa, ni con qué convicciones porque es un mal debate para usted. Para mí no lo es, pero para usted
no lo sé. (Risas.) Me dirijo a mis compañeros y veo simpatía, no sé si usted puede decirlo con tanta claridad. (Risas.) Sí quisiera decirle que hay algo en su intervención que me ha llamado la atención. Por este juego topológico también le ha
espetado al señor Mas que el Estatuto que hoy discutimos no se parece en nada al que salió del Parlamento de Cataluña, mientras que el señor Rajoy sostiene empecinadamente que hemos hecho un maquillaje al puercoespín. O lo uno, o lo otro; o
maquillamos el puercoespín o lo cambiamos todo. Sería bueno que nos aclararan en cuál de las dos posiciones está el Partido Popular.
Yo creo que probablemente ni lo uno ni lo otro, pero me gustaría que en ese tema se pusieran de acuerdo.



Señor Rajoy, no sé si me ha visto triste. Si me ha visto triste, créame que tiene que ver más con los acontecimientos de anoche que con los de hoy y espero que usted comparta esa tristeza. (Risas.) Yo a usted le he visto como siempre:
alborotado, excesivo, con prisa. Se lo he dicho: Se le nota mucho la prisa. En política, la prisa no es buena consejera.
Usted ha hablado de oasis y de desiertos. Yo he estado en el desierto y he estado en el oasis. Me va a permitir que le
diga que la prisa es mala consejera. Las cosas llegan cuando llegan, y a veces por correr uno se acaba yendo en las curvas. No sabe cómo le agradezco que le guste discutir conmigo y no sabe cómo le agradecería que preso de esa pasión por discutir
conmigo me escuchara en los plenos cuando intervengo.
(Risas.) Sería fantástico. (El señor Rajoy Brey: Tengo que escuchar a Zapatero.-Rumores.) Y ahora voy. También le agradezco de paso que reconozca que le gusta discutir con Zapatero. ¡Cuánto
nos hubiera gustado a los españoles que esa pasión por discutir la hubiera usted encontrado antes, por ejemplo, en la campaña electoral! (El señor Rajoy Brey: Ya lo creo.-Risas.) Ahora se arrepiente, ¿verdad?


Un comentario más -y entro en el debate de fondo-: el Pacto del Tinell. No vuelvan a sacar ese pacto o si lo hacen sáquenlo bien, porque acabamos de pactar con ustedes el Estatuto de Valencia. Ayer votamos en el Senado un pacto, casi
nada, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia. Por tanto, no vuelvan a esgrimir el Pacto del Tinell. Primero, que nadie lo entiende, o sea, que si lo dicen explíquenlo, porque la gente no lo entiende. Mi madre me pregunta cuando voy a
casa muchas veces: Hijo, ¿qué es eso del Pacto del Tinell? (El señor Rajoy Brey: ¡Explícaselo tú! - El señor Acebes Paniagua: No se atreve a contárselo.-Risas.) Segundo, porque no es verdad. Léanlo y pregunten al señor Piqué cuántas veces han
pactado en Cataluña con el resto de los grupos parlamentarios, para que vean que tampoco allí hay esa interpretación que hacemos todos del Pacto del Tinell. Léanlo, está en catalán, pero sé que ustedes lo hablan en la intimidad. (Risas.)


Usted decía que yo he afirmado que vamos a descomponer y a desmontar su discurso. Sí, he dicho que en la Comisión, y aprovechando el debate sobre cada título, iremos saliendo al paso de las cosas que usted ha dicho, algunas de ellas de
forma un tanto frívola, descontextualizando, de una manera -me voy a permitir ser educado a esta hora de la tarde- poco rigurosa. Lo vamos a hacer. Yo ya le he dicho algunas cosas a usted. Por ejemplo, le he comentado lo de las competencias.
Usted ha dicho esta mañana que había tres artículos en el Estatuto de 1979. Yo le dicho que había veinte. Ya hemos avanzado: usted me ha reconocido que son diez. Le


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vuelvo a decir: Son veinte artículos, y además alguno de ellos muy largo.
Conviene que las cosas se reconozcan, como sucede con el artículo 131 de la Constitución o con los niveles de solidaridad fijados en el 208.3 del Estatuto. Señor
Rajoy, le aseguro que lo vamos a hacer punto por punto para demostrarle a usted que no tiene razón en lo que dice.



Hay una frase suya que recuerdo vivamente. ¿Se acuerda? Era usted portavoz del Gobierno y habló del conejo de la chistera. Pues bien, eso es lo que usted ha hecho hoy aquí en su intervención; se ha sacado un conejo de la chistera; por
ejemplo, que vayamos al Tribunal Constitucional con un recurso previo. Le quiero decir dos cosas. Primero, no podemos ir porque no es legal, no hay recurso previo, (Rumores.) y segundo, nosotros no iríamos porque no creemos que sea
inconstitucional. Vaya usted; es más, supongo que lo hará. (El señor Rajoy Brey: No puedo.) Le digo que vaya usted, pero no me proponga a mí, que estoy defendiendo la constitucionalidad del texto, que vaya además con un recurso que en este
momento no existe en la ley. Señor Rajoy, eso es un conejo de la chistera. Tampoco creo que sea bueno el argumento de que si la bilateralidad ya existe no la consagremos en los estatutos; no es buen argumento. Yo le digo que existe, que en
nuestro país, por suerte, después del desarrollo autonómico las leyes se pactan. Le he puesto un ejemplo, usted ha sido ministro de Educación y estoy seguro de que usted hablaba con los consejeros cuando hacía un cambio legislativo y tenían la
Conferencia de consejeros. Yo le digo, ¿no le parece muy razonable que en los estatutos que estamos aprobando ahora recojamos esa experiencia de compartir con las comunidades autónomas las tareas que son del Estado porque tienen competencias en
materias que afectan a la legislación que el Estado puede hacer? ¿No le parece razonable que esa estructura de participación que hemos inventado se recoja en los estatutos? Por ejemplo, ¿no le parece razonable que en el Estatuto de Cataluña se
recoja la existencia de la Conferencia de consejeros? A mí me parece muy bien; recoge una experiencia de funcionamiento del Estado autonómico; mejora la integración y la participación. Se lo he dicho esta mañana, ese es un eje conductor de este
Estatuto: recoger experiencias positivas en el manejo de algo complejo, complejo porque lo quisimos los españoles; complejo porque reconoce la realidad diversa de España, que se llama Estado autonómico. A mí me parece bien que esté en el
Estatuto, más allá de que lo que está o lo que se pone en algunos casos esté ya funcionando; pero me parece muy bien que se recojan en los estatutos aquellas experiencias que hemos compartido para mejorar el funcionamiento de nuestro Estado
autonómico.



Señor Rajoy, respecto al blindaje de competencias ya le he dicho esta mañana que los estatutos fijan las competencias de las comunidades autónomas, y en la medida en que competencias de las comunidades autónomas y competencias del Estado
forman un continuo es verdad que de alguna manera también están delimitando competencias del Estado. Es así; es evidente. Lo que yo sostengo -y espero poderlo demostrar en la discusión en esta Comisión-, es que lo que se ha hecho en el título
competencial responde exhaustiva y puntualmente a la jurisprudencia constitucional. Lo sostengo y lo vamos a discutir; no hay problema, y además ustedes van a ir al Constitucional. Fantástico, pero sostengo que lo hemos hecho bien, unos y otros,
y que hemos delimitado las competencias, lo cual es un buen ejercicio porque es verdad que la comunidad autónoma tiene reflejadas sus competencias, y esto evitará invasiones del Estado -que las ha habido y la prueba son las sentencias del Tribunal
Constitucional en los últimos años-, así como que las comunidades autónomas, en este caso Cataluña, hagan cosas que estatutariamente no tienen competencia para hacer. Por tanto, es un buen ejercicio que no limita las competencias del Estado más que
en la medida en que establece las de las comunidades autónomas, pero no hay aquí ninguna otra cosa, y sobre todo, en este Estatuto no hay nada que contravenga la jurisprudencia constitucional, que sabe usted que ha venido -como explicaba bien el
señor Piqué- conformando ese entramado necesariamente diluido en la Constitución que existe desde el punto de vista competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.



Un par de reflexiones más. Una se refiere al asunto de la transferencia de impuestos. Señor Rajoy, también ha dicho esta mañana que es inconstitucional que figure ahí y yo creo que no lo es. En todo caso, déjeme que le diga que este
Parlamento puede acordar una transferencia de impuestos a Cataluña, y le diría más, es mucho más legítimo que acordarla, por ejemplo, en el Hotel Majestic. Es mucho más legítimo, y sin embargo ustedes en el Hotel Majestic hicieron un pacto; a
nosotros nos gustó más o menos, pero al final ese pacto se consagró en una ley, y eso es lo que estamos haciendo aquí, acordar una transferencia de impuestos. Repito, me parece más legítimo -al menos mucho más público- que lo que ustedes hicieron y
nosotros no les reprochamos, a pesar de no estar de acuerdo, porque entendemos que efectivamente son pactos posibles. Señor presidente, termino diciendo que agradezco al señor Rajoy que hoy haya hecho menos hincapié que el otro día en que estábamos
ante una reforma constitucional encubierta. Se lo agradezco; creo que por su parte es inteligente, porque tiene un recurso en el Tribunal Constitucional y alguna vez se verá. Es inteligente. Creo que es un recurso insostenible, como dije en el
Pleno de la Cámara, pero recuerden que este fue un debate que ustedes llevaron a la sociedad española con cuñas de radio y todo. Ustedes dijeron a los españoles que estábamos haciendo una reforma de la Constitución por la puerta de atrás y jalearon
y metieron el miedo en el cuerpo a la gente. (Rumores.) Es verdad que lo hicieron. Hoy ya no lo dicen -y hacen bien en no decirlo-, yo se lo agradezco, aunque es verdad que siguen manteniendo la línea básica de su discurso.



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Nosotros queríamos decir tres cosas para terminar. La primera: hemos planteado esta mañana ante esta Comisión que estamos ante una reforma estatutaria que forma parte de nuestro programa electoral y, sobre todo, de nuestra tradición
histórica, política, porque nosotros sí creemos en el Estado autonómico. Hemos estado en todas las reformas estatutarias que se han hecho, hemos estado en los primeros estatutos, y creíamos -y así lo consignamos en nuestro programa y así lo
comprometimos con los españoles- que había llegado el momento de avanzar más porque había un espacio compartido, porque había una experiencia a recoger, porque había cosas que habíamos visto que no estaban bien consideradas en los estatutos, porque
había que mejorar la autonomía fiscal de las comunidades, por razones que explicamos hasta la saciedad; estamos ante una reforma estatutaria que forma parte de nuestro programa y de nuestro compromiso electoral, como también forma parte de nuestro
compromiso electoral hacerlo por consenso. Por tanto, cuando decimos que estamos de acuerdo, cuando votamos, estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad con nuestro programa electoral.



Ya no quiero discutir más sobre las consideraciones en relación con el preámbulo, su interpretación, yo creo que hay algo mucho más eficaz desde el punto de vista de lo que al menos nosotros pretendemos, y es aclarar a los españoles lo que
vamos a hacer, y entiendo que lo más eficaz es leer lo que vamos a votar. Lo que vamos a votar en el preámbulo -que, repito, no tiene valor normativo porque así lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no es recurrible en el Tribunal
Constitucional, y, repito, bien que lo siento porque ojalá ustedes pudieran recurrir a ver si algún Tribunal Constitucional declara inconstitucional lo que es puramente una descripción de un hecho que sucedió- dice lo siguiente: El Parlamento de
Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria, a Cataluña como nación; esto es lo que vamos a votar, y es así, y fue así.
No vamos a votar que Cataluña es una nación,
vamos a votar que el Parlamento definió a Cataluña como una nación, porque es verdad y porque es signo de respeto hacia un parlamento que tiene la competencia para definir y para autodefinirse de acuerdo con la Constitución, como vamos a votar el
artículo 1 -este, sí, con valor normativo- que dice literalmente lo siguiente: Cataluña como nacionalidad ejerce su autogobierno constituido en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma
institucional básica. Este es literalmente, con un cambio de verbo, el artículo que se incluyó en el Estatuto de 1979; esto es lo que vamos a votar y esto es lo que tiene valor normativo. De aquí, señor Rajoy, concluyo -y es o creo que es muy
importante-, que España con este Estatuto no corre ningún riesgo, antes al contrario, como me he esforzado en demostrar, la España que sale de este Estatuto, en la medida en que reconoce elementos de participación, más autogobierno y sobre todo en
que lo hace por consenso, es una España más fuerte.



Ahora sí que termino, señor presidente. El señor Rajoy ha manifestado en su intervención, en distintas ocasiones, una preocupación por la izquierda, incluso nos ha recordado en distintos momentos las posiciones de la izquierda, lo que
tenemos que defender, lo que él defendería si fuera la izquierda. Yo quiero decirle al señor Rajoy que a mí también me preocupa la posición de la derecha española -se lo dije en el último debate, concretamente en el debate de toma en consideración
de esta reforma-, me preocupa que ustedes se hayan autoexcluido de este proceso, porque es cierto que ustedes primero la emprendieron con Euskadi, y así les fue, y ahora, señor Rajoy, la han tomado con Cataluña, y creo que no es bueno para Cataluña
ni para el resto de España, pero el problema es que, al autoexcluirse usted del proceso de esta reforma está poniendo en dificultad a algunos de sus compañeros cuando no dificultando a algunos otros el entrar en procesos de reforma que están en
marcha. ¿Qué le va a decir al señor Matas, que no cambie la financiación y que no ponga algo parecido a lo que, según él, le gusta, que es justamente lo que figura en el Estatuto de Cataluña? ¿Le va usted a impedir al señor Arenas que vote la
Comisión Mixta Andalucía-Estado en el Estatuto de Andalucía? ¿Le va usted a decir al señor Nuñez Feijoo que no descentralice la justicia en Galicia o le va a decir a sus responsables de Aragón que no aumenten la autonomía fiscal de Aragón? ¿Le va
usted a decir todo eso a toda esa gente, se va a oponer usted a todas las reformas estatutarias que van a llegar? Yo creo que no, señor Rajoy, yo creo que no lo va a hacer (El señor Rajoy Brey: Valencia, no.), creo que va a rectificar y si no lo
hace usted, estoy seguro de que lo hará su partido, y en tanto no sucede, nosotros tenemos la obligación de seguir reformando el Estado de nuestras autonomías no para distribuir el poder de una forma distinta, sino básicamente para solucionar mejor
los problemas de los ciudadanos, que ese y no otro es nuestro objetivo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Rubalcaba, le rogaría que presentara a la Mesa la enmienda transaccional que ha anunciado para que se pudiera distribuir.



Ya han hablado en derecho de réplica los tres grupos enmendantes, no sé si hay alguno más que no haya sido enmendante que quiera hacer una réplica.
Si es así, les rogaría que fuese un breve turno de cinco minutos.
(Pausa.)


Tiene la palabra el señor Saura, por favor, brevemente.



El señor SAURA LAPORTA: Señoras y señores diputados, esta mañana decía que nuestro grupo parlamentario estaba satisfecho porque el Estatuto se aprobará y significará el nivel de autogobierno más importante que nunca haya tenido Cataluña.
Esta tarde la satisfacción es doble porque en el turno de intervenciones se ha


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comprobado la gran mayoría de grupos parlamentarios que dan soporte a este Estatuto. De todas maneras, he de decir que tengo una preocupación en relación con la intervención del señor Rajoy, una intervención que pone en duda la credibilidad
de todo su discurso. El señor Rajoy afirma que él no crispa el debate político, que no produce catalanofobia. El señor Rajoy no está aquí ahora, pero quisiera hacer tres preguntas al señor Rajoy y a los diputados y diputadas del Partido Popular.
Cuando el señor Rajoy dice que si el Estatuto catalán se aprueba se balcanizará el Estado español, ¿esto es crispar o no es crispar? Cuando el señor Rajoy dice que el castellano sufre hoy en Cataluña la persecución del catalán con Franco, ¿esto es
crispar o no es crispar? Cuando el partido del señor Rajoy publica anuncios pagados en los medios de comunicación de Andalucía, absolutamente ofensivos no solo al Estatuto, sino a Cataluña, ¿esto es crispar o no es crispar? Hoy, el señor Rajoy es,
como lo fue el señor Aznar en la anterior legislatura, el gran crispador del Estado español y el responsable de producir catalanofobia.



La intervención del señor Rajoy ha seguido dos líneas de actuación. Detrás de su ironía hay un intento de degradar, de despreciar, de ridiculizar, incluso de plantear como una locura los procesos y el contenido del Estatuto catalán. Quiero
decirle al señor Rajoy, que es muy inteligente, que debe admitir que, como mínimo, el 89 por ciento de diputados y diputadas al Parlamento catalán tienen su inteligencia; que cuando en Cataluña todos los sectores sociales, empresariales,
sindicales, ONG, dan apoyo al Estatuto, no están locos y, por tanto, que Cataluña tiene sus instituciones y sus procedimientos para decir lo que quiere, y lo que quiere es un estatuto, insisto, que dé respuesta a los retos de la sociedad catalana
hoy. La segunda línea de actuación es la línea de la balcanización, de que España se rompe, de que el Estatuto es anticonstitucional, anclándose en discursos antiguos, de hace 25 y 30 años, que decían lo mismo y que han aparecido como absolutamente
falsos.
Sería importante que el señor Rajoy, que el Partido Popular, en aras a la verdad, retirara algunas cosas que ha dicho en las enmiendas. El señor Rajoy ha dicho que él solo se ha referido al catalán en un par de cuestiones, pero, como he
puesto de manifiesto en mi intervención de esta mañana, algunas de las enmiendas que presenta el Partido Popular son simplemente mentiras ofensivas. No puede ser que el Partido Popular diga en una enmienda que el Estatuto niega el derecho a
dirigirse en castellano a la Administración pública. Esto es mentira, y como es mentira se ha de retirar. Es mentira que el Estatuto otorgue nuevos derechos fundamentales, eso es mentira y, por tanto, lo ha de retirar.
Por tanto, señoras y
señores diputados, quiero, en definitiva, denunciar las dos líneas de actuación, de diálogo, de debate político que el Partido Popular propone, diciendo al señor Rajoy y al Partido Popular que el Estatuto no significa ninguna ruptura. Si fuera así,
nuestro grupo estaría en contra, porque lo que quiere es avanzar hacia un Estado federal. El Estatuto no rompe relaciones, sino que redefine y plantea otras relaciones para un Estado mucho más fuerte. Por lo tanto, señoras y señores del Partido
Popular, y señor Rajoy, les pido firmemente que rectifiquen, no de la discrepancia política, sino de ser responsables de la actual crispación en determinados sectores.



Quiero brevemente -aunque mañana y en los próximos días ya hablaremos sobre ello- referirme al título de derechos, al título de competencias y al título de financiación. Sobre el título de derechos diré que es falso que con el nuevo
Estatuto catalán vaya a haber ciudadanos con derechos fundamentales distintos. La Constitución asegura que todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tienen los mismos derechos fundamentales.
Si alguna comunidad autónoma quiere ampliar
derechos sobre la base de las competencias exclusivas que puede tener lo puede hacer, nadie se lo va a impedir. En segundo lugar, quiero reiterar el elogio que el propio Consejo Consultivo de la Generalitat hace de este título, pero sobre todo
quiero hacer frente a la acusación de intervencionismo de este título. Es todo lo contrario. Voy a leerles también el dictamen del Consejo Consultivo en referencia al posible intervencionismo. Dice lo siguiente: Ahora bien, lo que resulta
incontestable es que la previsión hecha por la propuesta de reforma del Estatuto incluye un título que contiene una declaración propia de derechos y libertades como forma de limitar el poder público. Dicho de otra manera, el título de derechos no
es un título de intervencionismo, sino de limitación del poder público.



En el tema de las competencias, el Estatuto no fija competencias del Estado, el Estatuto fija, de acuerdo con lo que dice la Constitución en el artículo 147.2, las competencias asumidas en el marco establecido por la Constitución. Por lo
tanto, ha de fijar las competencias de Cataluña.
Por otro lado, la Constitución no establece un modelo cerrado de reparto de competencias, sino que la Constitución lo deja abierto. Cuando la Constitución define las competencias básicas no dice si
han de ser principios o reglas, cuando la Constitución habla de competencias básicas no dice si ha de ser por reglamento o por ley y, por lo tanto, la Constitución se puede interpretar y eso no significa ir en su contra.



Respecto al tema de financiación me ha sorprendido hoy cuando el señor Rajoy y el señor Piqué preguntaban por la cifra exacta de financiación.
Nos han dicho durante meses que el Estatuto catalán no podía ser el modelo concreto de
financiación, y en el modelo de financiación que recoge el Estatuto hay principios, pero ni en el anterior modelo ni en este modelo se puede cuantificar qué significará de incremento neto. Sí que se puede valorar y precisar el nivel de autonomía.



Espero que la enmienda transaccional que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha planteado en el tema de los símbolos nacionales responda a las conversaciones mantenidas y, por lo tanto, muestro mi satisfacción. Evidentemente,
vamos a votar a favor de este título y de todos los artículos porque estamos convencidos de


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que este título significa un avance positivo desde el punto de vista tanto de los aspectos simbólicos como de los aspectos identitarios. Por primera vez el Congreso va a votar que Cataluña es una nación, por primera vez el pueblo de
Cataluña en referéndum va a poder hacer esto, por primera vez se reconocen los derechos históricos como fundamento del autogobierno previo a la Constitución y, por primera vez, si es así, se va a hablar de los símbolos nacionales de Cataluña.
¿Totalmente satisfecho? No, queda pendiente en este país todavía el reconocimiento de que España es un Estado plurinacional y por lo tanto de adecuar el Estado español y la Constitución a esta realidad.



Para terminar, insisto en que el Estatuto se va a aprobar, que esto es un hecho y que muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a ir detrás del Estatuto catalán, y en ese momento el señor Rajoy va a quedar
absolutamente fuera de juego, utilizando una expresión futbolística que es noticia desde ayer y antes de ayer.



El señor PRESIDENTE: Señor Piqué.



El señor PIQUÉ I CAMPS: Si me lo permite el señor Pérez Rubalcaba le voy a hacer un favor porque como acaba de entrar no sé si ha escuchado atentamente la intervención del señor Saura. Ha dicho que por primera vez el Congreso de los
Diputados va a votar que Cataluña es una nación, que el autogobierno de Cataluña se sustenta en unos derechos históricos que son previos a la Constitución y que además va a aprobarse una enmienda transaccional -las cosas se van haciendo como de
hacen- a través de la cual el Parlamento español va a votar los símbolos nacionales de Cataluña. Como no sé si ha tomado nota de la interpretación que sus socios hacen a la hora de votar estas cosas, es bueno que ustedes, los del Grupo Socialista,
tomen nota y que también tome nota la opinión pública respecto a la interpretación que hacen algunos de los que están en el acuerdo al que ustedes han llegado.



Pero quiero ir a otro tipo de comentarios y los haré apresuradamente. Le he oído decir al señor Pérez Rubalcaba que la prisa es mala consejera -me imagino que hablará con conocimiento de causa- y le quiero decir lo siguiente: El señor
Saura ha dicho que lo que salió del Parlament de Catalunya, avalado por el Consell Consultiu -y eso tiene muchos matices- era plenamente constitucional. Después hemos descubierto que había que limpiar ese texto y dejarlo limpio como una patena
porque era manifiestamente anticonstitucional, y usted ha dicho: ¡Oiga! es que aquí ha habido cambios. Claro que ha habido cambios y, por lo tanto, le ruego que el Grupo Socialista diga con claridad, para que lo sepa el pueblo de Cataluña, que lo
que aprobó el Parlamento de Cataluña era manifiestamente anticonstitucional. Se lo pido por favor porque en su momento, el día 30 de septiembre, los únicos que lo dijimos fuimos nosotros y después, el tiempo y ustedes nos han venido a dar la razón.
Es verdad que ha habido modificaciones, pero estas son como esta enmienda que nos presentan ahora. ¿Cómo resuelven ustedes el problema? De nuevo desde la ambigüedad y desde la ininteligibilidad. El arreglo es que en lugar de hablar de símbolos
nacionales de Cataluña, que teóricamente ustedes rechazaban porque consideraban que lo nacional se refería a España, lo quitan del título del artículo, aunque después lo reflejan en el articulado, símbolos nacionales, pero se cubren con un inciso
diciendo que Cataluña se define como nacionalidad en el artículo primero. Muy bien, es un auténtico ejercicio de imaginación jurídica y supongo que responde a su tradicional imaginación política, pero desde luego eso es lo que refleja todo el texto
del articulado. No por maquillar, no por confundir, no por introducir elementos contradictorios y confusos el texto deja de ser menos anticonstitucional. Por lo tanto, no haga esta contraposición de que antes era anticonstitucional y ahora no.
No, es que las cosas siguen estando, como mínimo, igual de dudosas y de confusas. Le pongo otro ejemplo. Usted ha hablado de determinados pactos políticos y ha hecho referencia al famoso Pacto del Majestic y es verdad. En el año 1996, para
conseguir el voto en la investidura del señor Aznar que tenía una mayoría no suficiente por sí mismo para poder gobernar, se llega a unos pactos políticos entre fuerzas políticas. Se trata de unos pactos políticos entre fuerzas políticas que son,
además, públicos, que son escritos, que son conocidos por la opinión pública y que todo el mundo sabe que cuando después se produce la investidura se hace sobre la base de esos pactos públicos, conocidos y escritos entre dos fuerzas políticas, y la
fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar, después, como es su obligación, lleva a una ley esos acuerdos políticos, pero se hace todo con un proceso de absoluta transparencia. Nada tiene que ver eso con el hecho de que desde una ley
ya se predetermine la soberanía de las Cortes Generales para aprobar otra ley, eso es lo complicado de esta historia.
Voy a utilizar un argumento que utilizó el señor López Garrido para hacer algo que es en lo poco que hemos podido estar de acuerdo
el Partido Popular y el Partido Socialista en la ponencia parlamentaria. Estuvimos de acuerdo y votamos conjuntamente las enmiendas de supresión, por ejemplo, de todo lo que se refería a la aplicación del artículo 150.2 para delegar o transferir
determinadas competencias que son del Estado. Y estuvimos de acuerdo en suprimir el artículo que se refería a la necesidad de modificar determinadas leyes orgánicas. Argumenta el señor López Garrido, cosa que comparto al cien por cien, que no se
puede condicionar desde un Estatuto al legislador orgánico respecto a lo que después pueda decidir en el ejercicio de la soberanía de las Cortes Generales. Verde y con asas. Estamos haciendo exactamente eso en el método de financiación. Le
estamos diciendo al legislador orgánico al legislador de las Cortes Generales, que cuando haya una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas dentro de dos años esa ley, necesariamente, va a tener que


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incluir determinados porcentajes de cesión de unas determinadas recaudaciones de impuestos estatales. Muy bien. No le niego la legitimitad del pacto político, lo que sí le digo es que eso no tiene que estar en un estatuto, eso es
manifiestamente, como mínimo, ilegal. Hagan ustedes pactos políticos, los publican, los publicitan que la opinión pública después los valore, que voten a quien más les guste, pero no predeterminen desde una ley otra ley porque si se puede
predeterminar una ley y después el legislador hace lo que le da la gana, entonces no hace falta que pongamos nada en el Estatuto. Por tanto, no es bueno confundir las cosas ni mezclar determinados temas.



Una última consideración. Es verdad que nosotros hemos defendido que el Estatuto en el tema de la financiación debe contener principios generales. Es verdad, pero también es verdad que hemos estado solos en esa defensa, y lo que nos
sorprende, y lo que es contradictorio, es que los que han estado defendiendo que había que blindar la financiación de la Generalitat de Cataluña desde el Estatuto ahora digan que efectivamente el veto de financiación blinda esa financiación cuando
saben que no es verdad, y eso es lo que hemos puesto de manifiesto y lo que hemos intentado denunciar esta mañana.



Respecto a los derechos fundamentales y a los principios rectores, el señor Saura ha dicho, supongo que porque es muy consciente de que definir derechos fundamentales en un Estatuto para una parte del territorio español y, por lo tanto, para
una parte de los ciudadanos es manifiestamente inconstitucional, que el título de derechos y deberes, que por cierto es larguísimo y tiene 40 ó 50 artículos, no define derechos fundamentales. Muy bien. Celebro que para Iniciativa per Catalunya el
derecho inalienable que tenemos, si se aprueba este Estatuto, a la contemplación del paisaje no sea un derecho fundamental, lo celebro, pero me gustaría saber si afecta o no a los derechos fundamentales de todos y a la igualdad de todos que en ese
capítulo se diga que hay que crear un espacio catalán de relaciones laborales o, lo que es más, un sistema catalán del bienestar. Cuando hablamos de un sistema catalán del bienestar ¿de qué hablamos? De derechos. ¿O no? De derechos sociales que
van asociados al concepto del bienestar. Por lo tanto, si se dice que Cataluña tiene derecho a crear un sistema catalán del bienestar de qué estamos hablando sino de derechos fundamentales, señor presidente. Me parece que tenemos que ser todos un
poco más rigurosos y tener también un cierto punto de honestidad. No tengo nada que añadir a algunas consideraciones que el señor Carod ha hecho respecto a ciertas demandas de coherencia y de honestidad. Creo que lleva razón.
Pero también pido
coherencia y honestidad respecto a lo que muchas personas dicen aquí, en este foro, y lo que después manifiestan en privado. Y debo decir una cosa: todavía es la hora en que haya encontrado algún socialista que en privado me defienda este proyecto
de Estatuto.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Manuela de Madre.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Quiero empezar recordando parte de lo expresado por los grupos en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 2 noviembre. Decíamos que teníamos legitimidad
democrática para proponer la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. En esa misma sesión, y contestando ahora a las palabras del señor Piqué, dijimos también que esa misma legitimidad que exhibíamos en tanto que Parlamento de Cataluña la tenían
estas Cortes Generales para enmendarla o, en su caso, rechazarla. En este caso, afortunadamente, es para ajustarla más, si cabe, a la plena constitucionalidad de la que los proponentes en nombre del Parlamento de Cataluña nunca dudamos, pero, al
mismo tiempo, nunca negamos que estábamos abiertos no solo a la negociación, al acuerdo y al pacto, sino también a pretender sumar nuestra propuesta a más amplios y mayores consensos, a modificarla si era necesario, si con ello se servía al interés
general de una manera más clara y contundente y también, señoras y señores diputados, si además del consenso y la constitucionalidad podíamos contribuir a no alterar más la ya alterada vida política española por parte de quienes seguramente ni el
desierto ni el oasis, sino la parra, es el lugar donde les gusta estar. (Risas.) La parra no, en la parra, que es la mejor manera de expresarlo en castellano claro, por tanto, entendible para todo el mundo.



He oído decir al señor Rajoy -ahora ha vuelto a irse, debe pasarle conmigo lo que le pasa con el señor Rubalcaba- que le hubiera gustado oír argumentos. Yo quiero decirle -se lo dirán ustedes- que hemos oído en su boca mucho chascarrillo y
poco argumento. Y no es lo mismo chascarrillo que argumento. He dicho antes en mi intervención que llora la criatura, es decir, una buena parte de la crispación política en la que estamos viene dada porque, efectivamente, hay un título de la
Constitución española que se mantiene atragantado en algunos miembros muy importantes del Partido Popular. El señor Rajoy era miembro de Alianza Popular, vamos a recordar este dato, y Alianza Popular, de la que viene el señor Rajoy, votó en contra
del título VIII de la Constitución. ¿Y cuál es el Título VIII de la Constitución? Aquel por el que se crean las comunidades autónomas. En definitiva -y querría hacer un breve turno de réplica, señor presidente-, lo que no les gusta es el Estado
autonómico, el desarrollo del mismo para poder gozar de mayor autogobierno, de más y mejor desarrollo y servir mejor a la España constitucional que es la diversa, la plural y la que no confunde pluralidad y diversidad con uniformidad.



Antes he mencionado al muy ilustre señor Vidal Quadras, cuando votó el himno nacional de Cataluña en 1993, pero es que además -no quisiera que me fallara la memoria y, si es así, ustedes mismos que son compañeros de la persona que voy a
citar podrán rectificarme


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don Alberto Fernández Díaz, el candidato y número uno del Partido Popular en Cataluña, votó en el Parlamento catalán la Ley de archivos y documentos. Es una ley de octubre del año 2001, votada por unanimidad, por tanto, con los votos a
favor del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, y en su preámbulo dice: Muchos de ellos integran o pasarán a integrar el patrimonio documental catalán y constituyen o constituirán la memoria de la nación. Esto está votado por
unanimidad en el Parlamento de Cataluña en el año 2001, señoras y señores diputados.



Hay algo que me ha llamado mucho la atención y, al mismo tiempo, ha violentado mi estado anímico en esta sesión a efectos de la contención verbal que he de hacer para ajustarme a las normas y al respeto a esta Cámara, que es la Cámara que
representa la voluntad soberana del pueblo español. ¿Cómo el señor Rajoy, que ha sido ministro de Administraciones Públicas, ministro del Interior, vicepresidente segundo del Gobierno de España...



El señor PRESIDENTE: Vicepresidente primero.



La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Madre Ortega): Vicepresidente primero, señor presidente, no quería rebajarle en cuanto a la importancia, y también ministro de Educación de España, ¿puede tener la desfachatez de decir
que en Cataluña se limitan las libertades en el sistema educativo? ¿Cómo puede un antiguo ministro de Educación decir eso sin que se estremezca? Si así lo creyera, ¿dónde estaba la responsabilidad del entonces ministro de Educación, don Mariano
Rajoy? ¿Cómo es que no recurrió el sistema que, según él, limitaba la libertad de los ciudadanos de Cataluña en el sistema educativo ante el Tribunal Constitucional? Lamento que el señor Rajoy no esté aquí para oírlo.



Supongo que ustedes también, señor Trillo y señora Sáenz de Santamaría, habrán podido aclarar ya a sus compañeros, al señor Acebes y al señor Zaplana, que en la ponencia no había ningún encapuchado mientras trabajábamos. Yo dije el día 2 de
noviembre que sería necesario que el principal partido de la oposición trabajara y estuviera en el consenso de la reforma de los estatutos de autonomía, que harán de España una mejor España y una España más fuerte. Les decía eso y lamento muchísimo
volver a repetir lo que en la primera sesión de la Comisión Constitucional manifesté. Yo les acuso, señores del Grupo Popular, de buscar la crispación y el conflicto entre territorios por interés electoral.
Créanme que lo lamento, pero así lo
pienso y, como yo, millones de ciudadanos en España. Les acuso también de mentir descaradamente con el ánimo de manipular la realidad por interés electoral e igualmente, señores del Grupo Popular -acabo, señor presidente-, de boicotear la vida
democrática por puro interés electoral. Si ustedes siguen así, verdaderamente van a ser el mayor peligro para la unidad de esta gran nación que se llama España y a la que pertenecemos. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: El señor Mas tiene la palabra.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Mas i Gavarró): La brevedad nos obliga a ser muy concisos en este turno de réplica. De hecho, seguramente lo más significativo que se tenía que decir se ha dicho en las intervenciones de
esta mañana. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para felicitarnos por el transcurso del debate, un debate público, a diferencia de la ponencia, y por tanto muy útil, porque seguro que después del mismo habrá mucha más gente que sabrá a qué
atenerse y que verá las cosas de forma distinta a como las veía cuando estábamos discutiendo a puerta cerrada.



Esta tarde se han escuchado algunos discursos muy inflamados, por decirlo así, incluso más allá de la lógica vehemencia, alguno de ellos de un partido nacionalista catalán que yo no voy a replicar directamente. Me refiero a la intervención
del señor Tardá, que no ha dejado títere con cabeza y que además ha aprovechado una sesión de debate del Estatut de Catalunya para arremeter compulsivamente contra otro partido nacionalista catalán. Sencillamente lamentable. No creo que este sea
el mejor foro para que haya esa controversia tan absolutamente suicida, por decirlo así, entre un partido nacionalista y otro porque todas las opiniones son legítimas, las estrategias también, quien toma las decisiones es respetable y quien no las
toma, también, pero ir más allá, creo sinceramente que no tendría que haberse hecho. Dicho esto, las cosas son como son y, por tanto, las admitimos y las entendemos a beneficio de inventario.



No voy a entrar al trapo, pero sí le voy a decir tres cosas al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Una, porque me veo en la estricta obligación de hacerlo y me refiero a algo que ha dicho el señor Carod -lamento mucho tener que
hablarle en castellano, porque no es lo habitual, pero hoy toca hacerlo así-, Señor Carod, estoy dispuesto a aceptar todas las críticas, a asumir todas las responsabilidades, a asumir todas las consecuencias de nuestros actos y de nuestras
decisiones, todo lo que usted quiera; lo que no puedo admitir es que se nos acuse de falta de respeto al presidente de la Generalitat por unos acuerdos que se suscribieron en el Palacio de La Moncloa y que vinculaban solamente a Convergència i
Unió. Si no lo ha dicho el señor Carod, lo ha dicho el señor Tardá. (El señor Carod-Rovira: No, no.) Sí, si, constará en acta y ustedes lo leerán. Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se nos ha dicho: Falta de respeto al
presidente de la Generalitat. Los acuerdos de La Moncloa del 21 de enero limitan el alcance de esos acuerdos, por parte catalana, a Convergència i Unió, los demás libremente pueden hacer lo que quieran y todo lo que sumen -se lo dije el otro día al
señor Puigcercós-, bienvenido sea, pero


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hagan algo, porque de momento, que yo sepa, ustedes no consiguen absolutamente nada más. Lo que sí es una falta de respeto al presidente de la Generalitat y a cualquier presidente del Gobierno es limitarle en sus funciones más elementales e
impedirle que pueda cambiar su propio Gobierno. Eso sí que es una falta de respeto que yo, desgraciadamente, hoy tengo que recordar, aunque no sea el foro para hacerlo. Segunda cosa que les quiero decir. A pesar de estos discursos tan
absolutamente inflamados, les quiero recordar que Cataluña no ha avanzado a base de ese tipo de discursos ni cuando gobernábamos nosotros ni cuando goberna ustedes en los años treinta, que es cuando los discursos inflamados llevaron a algunos
errores monumentales; en cambio, aquellos que en su momento tomaron decisiones arriesgadas- también en su partido- y asumieron las consecuencias son los que hicieron avanzar en aquella época a Cataluña. Hoy tomamos nosotros esas decisiones, porque
alguien las tiene que tomar. Ustedes las pueden criticar todo lo que quieran pero, atención, Cataluña no avanza a base de este tipo de discursos inflamados, Cataluña avanza a base de aquella gente que es capaz de combinar ideales y realismo. Eso
es lo que hemos hecho nosotros: ideales y realismo en las circunstancias actuales, que no son pocas ni hay que despreciar. Por cierto, aquí se ha oído decir: patria o patrimonio. También se lo voy a contestar. Miren ustedes la Cataluña real y
díganme, si nos quedamos como estamos en este momento con el Estatuto vigente y renunciamos a todas esas mejoras en todos los sentidos, ¿quién va a sufrir más las consecuencias? ¿La gente que tiene los patrimonios cargados o la gente que necesita
precisamente mayor atención? ¿A quién niegan ustedes el pan y la sal diciendo no a un Estatuto mucho mejor que el que tenemos en este momento, a la gente cargada de patrimonio o a la gente que necesita esa atención especial por parte de los poderes
públicos catalanes? Ustedes que se llaman de izquierdas, reflexionen un poco en este sentido. Última cosa que les quiero poner de manifiesto. Ustedes nos decían: no podemos retirar el proyecto porque no contamos con la mayoría. Yo les pregunto:
¿Con quién tenemos que aprobar hoy este proyecto? ¿Ustedes y nosotros hacemos la mayoría? ¿Ustedes y nosotros podemos decidir solos? ¿La mayoría la haremos con el señor Rajoy? ¿La podemos hacer con alguien más? La mayoría se hace hoy en este
Congreso y en estas Cortes con el Partido Socialista, que es quien está dispuesto a abrir la puerta para que esto sea posible, no será el cien por cien, pero siendo un avance muy sustancial la mayoría hay que hacerla así. Por tanto, si ustedes no
tienen la mayoría para retirarlo, sepan ustedes que para aprobarlo la única mayoría posible es esta. Coherencia hasta el final, coherencia con todas las consecuencias. Resulta bastante decepcionante que ustedes cantaran las maravillas de todo este
proceso antes del 21 de enero y que de las maravillas anteriores hayamos pasado al desastre. Ya se sabe que el orgullo herido y los celos excitados a veces llevan a determinadas conclusiones. (Rumores.).



Dicho esto, quería referirme brevemente a la intervención del señor Rajoy para decirle que, en nuestra opinión, usted ha acertado plenamente como mínimo en una cosa. Sí, señoras y señores representantes del Partido Popular, estamos
contentos y no lo podemos disimular, no porque hayamos conseguido el cien por cien de lo que queríamos, pero estamos contentos porque tendremos un Estatuto en Cataluña mucho mejor que el actual, porque podremos defender mejor nuestro proyecto
colectivo, porque podremos servir mejor a la gente de Cataluña y porque sabemos a ciencia cierta que ese proyecto también es compatible con los intereses del conjunto de España. Esto es así. ¿Saben por qué estamos también contentos? Por una razón
más de fondo, de filosofía, y perdonen que personalice, porque yo, señor Rajoy, en este momento responsable de Convergència i Unió, me siento más cómodo construyendo los proyectos de futuro sobre los cimientos del acuerdo que no sobre los materiales
de derribo de los desacuerdos. Usted quizá es de la filosofía de que cuanto peor, mejor. Nosotros no, nosotros nos apuntamos al acuerdo porque sabemos que el acuerdo tiene cimientos mucho más sólidos que el desacuerdo, que en este momento nos
llevaría absolutamente a la parálisis.



Segunda cosa que le quería decir, también muy brevemente. Usted dice, creo que exagerando mucho, incluso faltando en parte a la verdad, que el Estatuto de Cataluña impone deberes y recorta libertades. Qué poca confianza tiene usted, señor
Rajoy, en la Constitución española. Qué débil debe de ser la Constitución española cuando un Estatuto catalán, hecho con vocación de encaje constitucional, se puede cargar y alterar la filosofía básica de la propia Constitución. Algo más fuerte
debe ser esta Constitución que también debe proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos de Cataluña.



Me entusiasma su referencia al derecho a elegir, yo también me apunto a ella, pero seamos consecuentes, si resulta que aquí lo único que cuentan son las personas y que prácticamente no existen territorios -yo había entendido que los países
eran territorios y gentes, o gentes y territorios, las dos cosas a la vez, pero usted parece ser que no, al menos cuando se refiere a Cataluña-, déjeme entonces preguntarle qué ocurre con un ciudadano catalán residente en este momento por ejemplo en
Madrid. ¿Tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos en catalán, o es que el derecho a elegir es superior cuando afecta a unas determinadas personas e inferior cuando afecta a otras? (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Claro que no.) Si
resulta que el derecho a elegir y la persona está por encima de todo, como personas que también debemos ser nosotros, con igualdad de derechos en este caso, debemos poder elegir también en cualquier parte de España la educación de nuestros hijos en
la lengua que queramos. ¿O no es así, señor Rajoy? (Varios señores diputados: No, no.)


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¿Verdad que no? Pues entonces ya han contestado ustedes, resulta que eso del derecho de elegir es pura filosofía de las baratas, y además resulta que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda (El señor Acebes Paniagua: No, no.).



Penúltima cosa que les quería decir. Gran canto, señor Rajoy, a la unidad de mercado, -yo también me apunto a ella- pero resulta que usted nos dice que este Estatuto amenaza esa propia unidad de mercado. ¿Recuerdan ustedes lo que ha
sucedido con Gas Natural? Ahí la unidad de mercado ya no tenía ninguna consistencia ni ningún valor. ¿Saben por qué? Porque la operación la hacía una empresa con un origen territorial (El señor Rajoy Brey: No.) Sí, sí, (Varios señores diputados:
No, no.) eso, que también es mercado y que no rompe la unidad de mercado, como venía viciada por su origen territorial era combatido por parte de ustedes. O sea, que grandes cantos a la unidad de mercado, pero resulta que también ahí estamos
manchados algunos. Cuando se vive en un territorio o se viene de algún sitio esa unidad de mercado uno se la pasa por el forro, y espero que esta expresión, señor presidente, no sea impropia (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Si se queda
ahí.).



El señor PRESIDENTE: Mídala, mídala. (Risas.)


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Mas i Gavarró): Quería decir una última cosa, porque tiempo tendremos de discutir largamente durante los próximos días tema por tema. Creo, señor Rajoy, que usted ha interpretado mal la
metáfora del desierto y del oasis, y le diré por qué.
Creo que usted ha confundido el oasis con el palacio. (Risas.) Ahí le he visto con una cierta deformación, por decirlo así, o con una prisa excesiva. Cuando yo le hablaba del oasis no me
refería al palacio.
Nosotros, en este momento, estamos en el oasis, pero fuera del palacio.
¿Y sabe qué ocurre? Que el palacio es el poder que usted ambiciona legítimamente, como todo el mundo y como todos los partidos políticos, pero el oasis,
señor Rajoy -y ahí, digámoslo amablemente, ha patinado un poco-, no es el poder, porque hay gente que está fuera del poder, en la oposición y, a pesar de todo, es consciente de que en el oasis es donde se construyen mejor las cosas y donde se está
mejor. ¿Sabe usted por qué? Por una razón muy sencilla, porque en el oasis -y esa era la metáfora- es donde se sirve mejor a la gente. Una cosa es el palacio y el poder legítimo que todo el mundo puede ambicionar, pero el oasis no es eso. El
oasis es la diferencia entre caminar por el desierto sin norte y sin rumbo o saber que se está en un sitio donde se puede defender el interés del conjunto, que es el interés de la gente. Lo que yo le intentaba decir es que los que estamos hoy en el
acuerdo (el Partido Socialista, Convergència i Unió, otros partidos catalanes y otros partidos de las Cortes Españolas) estamos hoy más ávidos, por decirlo así, de servir a la gente que de ocupar el poder. (Aplausos.-El señor Astarloa
Huarte-Mendicoa: ¡Qué bien!)


El señor PRESIDENTE: Última intervención. Tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Me da la impresión de que en mi primera intervención me he equivocado, y lo reconozco, porque creía apreciar un punto de inflexión en la posición del Partido Popular, un punto de inflexión formal, tendiendo a la
socarronería más que a la impostación, pero un punto de inflexión también de contenido. Ya no era la balcanización de España sino el debilitamiento del Estado, la inconstitucionalidad de la norma, etcétera. Como digo, creo haberme equivocado o,
probablemente, quien se haya equivocado haya sido el propio señor Rajoy porque ha hecho una segunda intervención en clave de orquestina de pueblo: ¿Qué vas a tocar? La misma, pero más fuerte. De nuevo ha vuelto de la socarronería a la
displicencia, en mi opinión mucho menos recomendable, y respecto al contenido nos ha hecho una propuesta que realmente es llamativa. Si bien el Partido Popular había venido diciendo que la reforma del Estatuto de Cataluña creaba inestabilidad
económica, política y de todo tipo, al señor Rajoy se le ha ocurrido, para salvar la inestabilidad, proponer, por una parte, lo que no había apoyado hasta ahora, que es una reforma constitucional -cómo salida no está mal-, y por otra, un mecanismo
previo de recurso al Tribunal Constitucional. Estamos de nuevo ante la enésima maniobra de desestabilización, ante la enésima maniobra de deslegitimación, porque frente a la iniciativa del Estatuto se intenta contraponer al Parlamento de Cataluña
con el pueblo de Cataluña, más tarde, al pueblo español con el pueblo de Cataluña, y ahora se intenta enfrentar a esta Cámara con el Tribunal Constitucional. Ese es el papel: deslegitimar la labor de esta Cámara con la confrontación con el
Tribunal Constitucional. No en vano el Partido Popular dice que lo que se ha avanzado en la negociación, que además está estipulado en nuestra Constitución, es un fraude al Parlamento de Cataluña. Muy bien, si es un fraude al Parlamento de
Cataluña, el Partido Popular sabe como salvarlo: mediante un recurso al Tribunal Constitucional.



También ha dicho alguna otra lindeza que me gustaría comentar. A mi grupo parlamentario le gustaría comentar lo que más que una réplica es una autoenmienda del propio Grupo Parlamentario Popular. Ha hecho una oposición entre derechos y
libertades que no entendemos muy bien, la verdad. Creemos que el avance en los derechos del Estatuto de Cataluña, como en cualquier estatuto o iniciativa legislativa, garantiza las libertades y no las reduce. Hablando de derechos en los estatutos,
me gustaría recordarles, por aquello de seguir con la socarronería, que algún estatuto reciente incorpora el derecho al agua. Yo, en el próximo Estatuto de Asturias, voy a proponer el derecho al sol. Voy a proponerlo porque sin


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lugar a dudas formará parte de los nuevos derechos que defiende el Partido Popular y contaré con su apoyo.



Señorías, como colofón, quiero llamar la atención con respecto a la solidaridad. Nos ha dicho el señor Rajoy, como principal muestra de la voluntad solidaria con los ciudadanos por parte del Partido Popular, que ahí está su propuesta de
rebaja fiscal. Permítame, señor Rajoy, que considere que esa propuesta es insolidaria con los ciudadanos y con los territorios, con ambos. Por tanto, nosotros no podemos incorporarla a la reflexión sobre la solidaridad en los estatutos de
autonomía. Termino, señorías, volviendo a preguntar quién paga los cristales rotos. Quién paga los cristales rotos de la confrontación, quién paga los cristales de la división, en este caso si se quiere también, entre las instituciones, entre el
Parlamento español ahora y el Tribunal Constitucional. Estoy seguro que no los pagará el Partido Popular porque ellos nunca pagan los cristales rotos. (El señor Puigcercós i Boixassa pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós.



El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor presidente, intervendré rápidamente porque he sido aludido.



Señor Mas, no vamos a dirimir más aquí las discusiones entre dos partidos catalanes. No vamos a hacerlo más. Sin embargo, quiero hacerle una reflexión, y creo que me dará la razón. No puede usted negar que buena parte de este Estatuto
tiene la contribución de Esquerra Republicana de Catalunya. No nos diga a nosotros que no hemos contribuido. Hemos contribuido desde el primer día como el que más. Es más, hemos trabajado incluso para aunar esfuerzos para que se aprobara en el
Parlamento de Cataluña. Usted recordará perfectamente las transaccionales que presentó nuestro grupo para que ustedes se pudieran sumar al acuerdo. No nos diga que nosotros no conseguimos nada. No nos diga que nosotros no hemos trabajado porque
no es así, y usted lo reconoce. Otra cosa es que en las columnas vertebrales, en los elementos torales de este texto, existan dos aspectos en los que no podemos estar de acuerdo, y es legítimo que no lo estemos, señor Mas, pero no nos diga que no
hemos contribuido a mejorar el Estatuto de Cataluña y que no trabajamos para la gente. No nos puede decir esto porque usted sabe que no es así.



El señor PRESIDENTE: Agradezco a todas las señoras y señores comisionados y delegados su colaboración. A continuación vamos a pasar a las votaciones. Sin embargo, antes, quisiera advertirles que me aceptarán que en las próximas sesiones
sea mucho más estricto en el criterio del reparto del tiempo y que me veré obligado, inevitablemente, a llamar la atención y hasta a retirar la palabra si se supera el tiempo asignado de una manera evidente como hoy, aunque he entendido que hoy
debía hacerlo como lo he hecho. Asimismo, para que vayan haciéndose una composición de lugar, quisiera decirles que mañana comenzará la sesión a las 10 de la mañana, con la pretensión de deliberar y aprobar en su caso el título I.
Por la tarde
intentaremos aprobar el título II y terminar a una hora prudente dado que es viernes y hay que facilitar los desplazamientos.
Igualmente para facilitar los desplazamientos, el lunes próximo, la sesión no comenzará a las 10 sino a las 11 de la
mañana.



Vamos a proceder a las votaciones. Tenemos unas votaciones de enmiendas y votos particulares, y cuando acabemos estas votaciones votaremos los artículos del título preliminar. Hay una enmienda, la número 23, del Grupo Popular; cuatro
votos particulares del Grupo de Esquerra Republicana a los artículos 1.1, 3.1, 4.1 y 11.2, y un voto particular del Grupo Socialista que ha sido enmendado transaccionalmente durante el debate mediante la enmienda que se les ha repartido a ustedes y
que entiendo que conocen.



Por tanto, en primer lugar, vamos a votar la enmienda número 23 del Grupo Popular. Votarán primero los miembros de la Comisión Constitucional y después los miembros de la Delegación de Cataluña.



Votación de la Comisión Constitucional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.



El señor PRESIDENTE: Votación de la delegación del Parlamento de Cataluña.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora, si no hay petición de votación separada, los cuatro votos particulares del Grupo de Esquerra Republicana. (Pausa.) Al no haber petición separada, votamos en una sola votación los cuatro votos particulares de Esquerra
Republicana.



Votación de la Comisión Constitucional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 37.



El señor PRESIDENTE: Votación de la delegación del Parlamento de Cataluña.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 32.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.



Votamos ahora el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que está enmendado transaccionalmente por la enmienda que ha sido distribuida, modificando,


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como saben, el título del artículo 8 y el punto 1 del artículo 8.



Votación de la Comisión Constitucional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Votación de la delegación del Parlamento de Cataluña.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Hemos terminado de votar las enmiendas y votos particulares. Ahora tenemos que votar los catorce artículos del título preliminar. ¿Hay petición de votación separada? (El señor Ridao i Martín pide la palabra.) Señor Ridao.



El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martín): Sí, señor presidente, a los apartados a los que se referían los votos particulares, que son el artículo 1.1, el 3.1, el 4.1 y el 11.2.



El señor PRESIDENTE: Puede ser votado en una sola votación. Por tanto, ahora vamos a votar los apartados correspondientes a aquellos párrafos que tenían voto particular y que acabamos de votar.



Votamos, por tanto, el punto 1 del artículo 1, el punto 1 del artículo 3, el punto 1 del artículo 4 y el punto 2 del artículo 11. Vamos a votar los puntos de esos artículos.



Votación de la Comisión Constitucional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 17.



El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Cataluña.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 11.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.



Votamos ahora los 14 artículos del título preliminar, salvo los apartados que acabamos de votar.



Votación de la Comisión Constitucional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24 ; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Cataluña.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.



Hemos terminado la sesión de hoy. Les agradezco su presencia, su trabajo y hasta mañana a las diez.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y cinco minutos de la noche.