CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 493

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 29

celebrada el miércoles, 1 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar del proyecto de ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de
diversos reglamentos comunitarios. (Número de expediente 121/000057.) ... (Página 2)


Aprobación, con competencia legislativa plena a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas
procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. (Número de expediente 121/000057.) ...
(Página 2)

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Comparecencia del señor ministro de Justicia (López Aguilar) para informar sobre:


-Qué medidas se piensan adoptar ante las nuevas evidencias que refuerzan las relaciones de dependencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas con la ilegalizada Batasuna y ETA, así como la investigación que ha abierto la Audiencia
Nacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000375.) ... (Página 9)


-La aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo. A petición propia. (Número de expediente 214/000100.) ...
(Página 9)


Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AMPLÍAN LOS MEDIOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y SE ESTABLECEN NORMAS PROCESALES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE
DIVERSOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS. (Número de expediente 121/000057.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia. El orden del día, como saben ustedes, consta de la aprobación de un proyecto de ley y de la celebración de comparecencia del ministro de Justicia.
Procede, en primer lugar, ratificar la ponencia designada para informar de la siguiente iniciativa legislativa, del proyecto de ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Como saben, la ponencia estaba integrada por los siguientes diputados: Alex Sáez Jubero, Sebastián Fuentes Guzmán, Rosa Lucía Polonio Contreras, Juan Santaella
Porras, Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Jordi Jané i Guasch, Agustí Cerdà Argent, Margarita Uría Etxebarría, Carme García Suárez, Luis Mardones Sevilla y Begoña Lasagabaster Olazábal. ¿Se ratifica? (Asentimiento.)


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AMPLÍAN LOS MEDIOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y SE ESTABLECEN NORMAS
PROCESALES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS. (Número de expediente 121/000057.)


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a abordar directamente el informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se
establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Tengo que decir, antes de dar la palabra al primer grupo enmendante, que la votación -lo digo también para que vayan ordenando sus trabajos- se
realizará a las once de la mañana.
Como saben ustedes, a las once y media se iniciará la comparecencia del ministro de Justicia. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, que son las número 1, 2, 3, 4, 5 y 7, tiene la
palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Efectivamente, nuestro grupo ha presentado ocho enmiendas, de las cuales dos, la 6 y la 8, ya han sido retiradas, y quedan vigentes todavía las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 7. De algunas de ellas hemos negociado con el
Grupo Socialista su aceptación, de otras una transaccional entre los dos grupos. La enmienda número 1 -paso a enumerarlas muy brevemente para defenderlas- hace referencia a que además de las medidas previstas en la directiva europea que se
traspone, nuestro grupo entiende que debe tenerse en cuenta el ordenamiento jurídico interno, en el que existen sanciones penales que también son protectoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial que creemos que deberían mantenerse,
y seguramente lo escucharemos en la enmienda aceptada por el Grupo Socialista.



En cuanto a las enmiendas números 2 y 3, hacen referencia a que de la literalidad de la directiva debe desprenderse que no debe limitarse únicamente a los actos desarrollados a escala comercial. Este requisito se refiere a terceros que se
hallen en determinadas situaciones, no respecto al infractor. Por ese motivo se propone que se supriman estas referencias. La enmienda número 4 pretende facilitar la reclamación de las entidades de gestión colectiva previstas en la Ley de
Propiedad Intelectual. En esa enmienda se incluyen los datos necesarios para la aplicación de las tarifas. La enmienda número 5 hace referencia a los órganos jurisdiccionales.



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En este caso, nuestro grupo propone que, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, sean los juzgados de lo Mercantil los que conozcan las demandas en las que se ejercitan acciones relativas a la propiedad industrial e
intelectual y por eso debe preverse en el texto del proyecto. En este caso, la propuesta de transacción haría referencia a aquellos partidos judiciales en los que no existan juzgados de lo Mercantil, con lo cual añadiríamos una coletilla que diría
que, en su caso, se conocerá de lo mercantil, entendiendo que donde no hay juzgados de lo Mercantil se vería en los juzgados de Primera Instancia.



Finalmente, la enmienda número 7 está relacionada con el objetivo del proyecto de ley y, por tanto, debe considerarse la necesidad de mejorar el trato fiscal de los gastos -esto está en el título del proyecto de ley- efectuados por la
creación de marcas en el impuesto sobre sociedades y reducir también -así se propone- el periodo de amortización, como gastos amortizables o de constitución, igual que tienen ese trato otros gastos iniciales de las sociedades anónimas.



Estas son nuestras enmiendas en relación con las que entendemos vivas del Grupo Popular. Simplemente quiero anunciar que votaremos favorablemente las números 10, 13, 14 y 15; votaremos negativamente las números 9, 12, 16 a 19, 27 y 31 y
nos abstendremos en el resto de las enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las enmiendas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, tiene la palabra el señor Salvador
Armendáriz.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo en nombre del Grupo Popular para defender las enmiendas a este proyecto de ley mediante el que se va trasponer la Directiva 84/2004, con la que, en definitiva, se pretende proteger de alguna manera
el derecho de creación, algo tan humano como es que la excelencia y la originalidad se primen; y en nuestra sociedad el derecho debe responder de alguna manera a eso tan humano que es la creación, la originalidad y a esto tan humano también que es
la piratería. En la medida en que el derecho debe reaccionar a esas dos conductas nos parece procedente y oportuno que desde Europa se establezca una regulación general y que desde las distintas instituciones y ordenamientos nacionales se inste a
ampliar las medidas de tutela de esos derechos, porque, en definitiva, la mejor manera para suscitar y excitar el genio es que las sociedades en las que vivimos permitan el disfrute de los beneficios y de los frutos y protejan a los creadores frente
a la piratería.



El real decreto trata de trasponer esa normativa y a lo largo del articulado se recogen algunas de las menciones incluidas en la directiva.
Pensamos que se hace de manera insuficiente y de ahí que hayamos presentado esa pequeña batería de
enmiendas con las que creemos que, por un lado, se mejora técnicamente el texto y, por otro lado, se trasponen algunas cuestiones que citadas en la directiva no tendrían reflejo fiel o más exacto en el proyecto.



En principio me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que cuando hablamos de Europa, de legislación europea y de trasposición, siempre nos vienen a la cabeza las palabras armonizar legislaciones, aproximar legislaciones, y es cierto que
normalmente no provocan mayores tensiones ni problemas en algunos grupos, de tal forma que a veces desde Europa nos llega una legislación impuesta que tenemos que trasponer y que nadie discute. Esta legislación pretende establecer unas condiciones
marco, unas condiciones globales de igualdad entre todos los europeos; llama un poco la atención que cuando ese mismo fin se pretende desde el Estado central tenga respuesta en algunos grupos y partidos que ven ataques uniformizadores cuando el
Estado propone igualar legislaciones y no lo ven desde Europa. De hecho, la Constitución, en el artículo 150.3 recoge la posibilidad de que el Estado pueda, de la misma manera que hace Europa, armonizar y aproximar las legislaciones y las
normativas autonómicas.



Hecha esta reflexión, diré que el proyecto nos parece mejorable, y es lo que hemos intentado hacer presentando nuestras enmiendas. Pero, en todo caso, haré una crítica general, y es que si por un lado se recoge la trasposición de esos
medios de tutela que pretende la Directiva 84/2004, también se añade una disposición final que recoge una normativa que también pretende el proyecto y que nada tiene que ver con la directiva.
Nosotros criticamos que en la medida en que este
Gobierno ha aprobado normas de corrección de directrices de técnica normativa, tengamos que ver un proyecto de ley que aunque su objetivo es la trasposición de la directiva dentro de su contenido tiene normas distintas que no responden a ese mismo
objeto. A esa crítica responde una de las enmiendas que hemos presentado, en la que solicitamos la supresión de esa determinada parte de este proyecto de ley.



No voy a especificar una a una las enmiendas que presentamos, pero sí merecen especial mención algunas de ellas. Merece especial mención la enmienda en la que solicitamos una sistematización en una parte distinta o como disposición final de
la modificación que realiza el proyecto del artículo 256.1, añadiéndole un 5.bis. He de decir que en esta enmienda hemos llegado a algún acuerdo con el Grupo Socialista, lo cual nos parece bien, aunque en todo caso insuficiente, no diré cicatero
pero sí, repito, insuficiente. Nosotros hubiéramos deseado que, en la medida en que esta y otras apuestas mejoraban el texto, la disponibilidad que ha existido por parte del Grupo Socialista se hubiera concretado en una apuesta mayor, porque en
este caso se trata de un proyecto muy técnico en el que podíamos haber eliminado algunas diferencias que en el debate político puedan darse en otros temas y haber llegado a algún acuerdo mayor en relación con otras enmiendas.



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Hay otras enmiendas que merecen algún tipo de apunte. He señalado aquella que pretende la supresión de esa parte que no se corresponde con la directiva, la referencia en el proyecto al artículo 256.1.b), esa inclusión sobre las diligencias
preliminares relativos a los historiales clínicos. En la enmienda número 15 establecemos una cierta reserva, a la vista de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, en relación con la facultad que otorga a los
jueces de lo Civil ante el rechazo de los infractores del derecho de propiedad intelectual, la posibilidad de poder decretar algún tipo de auto en relación con la entrada y registro. Nosotros creemos que esa parte podría traer algún tipo de
conflicto y por eso en la enmienda número 15 proponemos que, en la medida en que no se modifiquen aquellos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que puedan afectar -creo que son el 85 y el 86- a este tema, se establezca un régimen
transitorio, no sean de aplicación, no rijan hasta que sectorialmente se haya aprobado en esa normativa ese cambio y esa facultad. En la enmienda número 10 solicitamos que se añada el artículo 11 bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil -como establece
la directiva-, en el que consten expresamente quiénes son los legitimados para instar los procedimientos de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En algunas otras enmiendas -como en la 11- hacemos mención a errores y a
cambios que a nosotros nos parecen sustanciales. Hemos detectado que en la enmienda 12 que hemos presentado -igual es el momento para hacer una corrección material, no sé si a través de una enmienda in voce- el engarce que tiene nuestra proposición
carece de un punto al principio de la frase y de una coma al final de la frase que nosotros intercalamos en el proyecto, que sería nuestra propuesta. Por otro lado, aunque no es tanto una corrección de errores, como no es afortunada la adición en
la enmienda 15, hacemos mención a la sanción y entrada en vigor del proyecto al que hacemos referencia en esa enmienda, y lo sustituiríamos por la palabra promulgada. En vez de decir que hasta que sea sancionada y entre en vigor, que diga: cuando
sea promulgada. No sé si eso es posible o el letrado tiene algún inconveniente.



En relación con las enmiendas de CiU, agradecemos aquéllas en las que van a votar a favor. Nosotros coincidíamos fundamentalmente en dos de ellas, la 5 y la 14, que son de un texto similar y por eso también las apoyaremos. Quiero agradecer
expresamente la disponibilidad del portavoz del Grupo Socialista en este tema, aunque nos parece que se ha quedado un poco corta, porque siendo un proyecto técnico pensábamos que las enmiendas que nosotros introducíamos podrían mejorar el texto y de
alguna manera esa era la idea fundamental, sin perjuicio de aquéllas que son un poco más específicas, como la supresión de la disposición que hace mención a un tema que no tiene que ver con la directiva. Pero el resto pensamos que trasponían mejor
y más fielmente el contenido y el objetivo de la directiva. Por eso hubiéramos deseado no solo que hubieran tenido esa disponibilidad, sino habernos sentado y en la medida en que ambos hubiéramos tenido ese deseo, hubiéramos podido llegar a
modificaciones o a transacciones o a textos distintos que hubieran posibilitado el que muchas de ellas, que ya digo que son de carácter técnico, se hubieran incluido. Señor presidente, con relación al dictamen íbamos a solicitar una votación, pero
no sé si ahora es el momento oportuno para decirlo.



El señor PRESIDENTE: Lo puede anticipar, pero en todo caso con carácter inmediatamente previo al comienzo de la votación, muy gustosamente recibiremos las instrucciones que nos den por escrito.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: En todo caso, nosotros queremos solicitar una votación separada del texto del dictamen. Por un lado, aquellos artículos del proyecto en los que hemos introducido alguna enmienda y no ha sido aceptada, nosotros
pedimos que se voten en un bloque y el resto del dictamen por otro.



El señor PRESIDENTE: Muy bien, luego nos lo hace llegar por escrito. Para ordenar las votaciones, agradecería tanto al Grupo Popular como al Grupo Catalán y aquel grupo que desee una votación separada, que nos lo haga llegar a la Mesa con
anterioridad a las once de la mañana, que será el momento de la votación.



¿Turno en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.)


Vamos a pasar al turno de fijación de posición. ¿Algún grupo desea fijar posición aparte del Grupo Socialista? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto en su tramitación en esta Cámara porque estábamos conformes, y así lo ratificamos en este trámite que nos ocupa en este momento, dado que la trasposición
de los diversos reglamentos comunitarios con respecto a la propiedad intelectual e industrial y las normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios nos parecen homogéneos con el principio inspirador, que es el
adaptarnos a esta legislación comunitaria. Por tanto, como mi grupo está conforme con el dictamen elaborado por la ponencia y viendo la similitud de adaptaciones de los reglamentos comunitarios en los asuntos de derechos de propiedad intelectual e
industrial, y siendo de aplicación además con el Régimen Económico y Fiscal y las medidas correspondientes estatutariamente a la Comunidad Autónoma de Canarias por su legislación específica con respecto a la Unión Europea, mi grupo va a votar
favorablemente, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.



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La señora URÍA ETXEBARRÍA: El grupo que represento tampoco formuló enmiendas a este proyecto de ley no porque estuviese íntegramente de acuerdo con su tenor, sino porque el número de proyectos que en este momento se tramitan en la Cámara,
tanto en esta Comisión como en la que tengo el honor de presidir, la de Sanidad, tiende a ser infinito y las disponibilidades de un grupo pequeño como el mío realmente limitadas. Sin embargo, no queremos que deje de constar en el 'Diario de
Sesiones' cuál es la opinión que este proyecto de ley le merece al grupo al que represento; proyecto que tiene por objeto la trasposición al derecho interno de la directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004,
como se ha manifestado por quienes han intervenido con carácter previo, relativa a los derechos de propiedad intelectual, que tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre los medios de tutela de esos derechos para
garantizar un nivel de protección elevado equivalente y homogéneo en el mercado interior. El proyecto de ley que efectúa la trasposición de la citada directiva modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes
y Marcas y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Los títulos competenciales invocados por la Administración del Estado para fundamentar la elaboración del proyecto son los relativos a legislación procesal y a la legislación de
propiedad intelectual e industrial, es decir, los apartados 6 y 9 del artículo 149.1 respectivamente. En términos generales, a nuestro juicio, la directiva tiene un contenido básicamente procesal y sin embargo su trasposición obliga a la
modificación no solo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también de determinadas leyes especiales, lo que demuestra que se hallan dispersas en esas leyes especiales normas de naturaleza procesal que seguramente estarían mejor ubicadas
sistemática y materialmente en el régimen común y general establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde no faltan, como se observa en el propio proyecto, reglas especiales para estos derechos. En todo caso, la trasposición es respetuosa con
la directiva, que no recoge, al margen de su objeto estrictamente procesal vinculado a la tutela de derechos de los particulares en el marco de la propiedad intelectual e industrial, contenidos que pudieran incidir en el ámbito de las competencias
propias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de ejecución de la legislación del Estado de propiedad intelectual e industrial que, como usted sabe, este elemento de la defensa estatutaria, la defensa de nuestro propio estatuto, es uno de
los ejes que marca la intervención de este grupo en esta Cámara, junto con otros, por supuesto, pero de manera muy principal éste; a ello se debe la no presentación de enmiendas a la que he aludido.



En el texto del proyecto se yuxtaponen dos temas que no guardan relación alguna entre sí. Por un lado, la ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la directiva que se traspone, y por otro, el
establecimiento de normas procesales complementarias para la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.
El Consejo de Estado en su dictamen -y a ello se ha hecho referencia por el representante del Grupo Popular- manifiesta, en relación con
el anteproyecto, que no hay identidad de materia que justifique agrupar ambas reformas. Por ello el Consejo de Estado considera que el contenido de la disposición final tercera del anteproyecto, Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
y resoluciones judiciales en materia matrimonial, no corresponde a la materia propia de una disposición final, al ser extraño al articulado de este proyecto. Creemos que esta cuestión va a ser objeto de alguna modificación en la oferta de
transacciones que se hará por parte del representante del grupo mayoritario, según ha comunicado previamente a esta diputada.



Otra cuestión controvertida en el texto del proyecto es la relativa al nuevo contenido que se da al artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los apartados 7 y 8 del artículo 256.1 de este mismo texto legal. Estos
últimos apartados establecen que si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse de los documentos solicitados para su incorporación a la diligencia practicada, el secretario judicial, a petición del solicitante, extenderá testimonio de esos
documentos. El requerido, hasta ahora, puede exhibir sin entregar, por lo que lo que la ley no permite es que no exhiba los libros cuando es requerido para ello.
En este sentido el nuevo inciso del apartado 5 del artículo 261 dice que si la
persona requerida no atendiese al requerimiento de los apartados 7 y 8 del artículo 256.1 ni formulare oposición, el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro para encontrar los
documentos o datos precisos. La entrada y registro ya está contemplada en los apartados 2 y 3 del primer inciso actualmente en vigor y el proyecto amplía el supuesto a la negativa de llevar a cabo las diligencias a las que antes me he referido.
En
relación con este aspecto, el Consejo Fiscal hace alguna reconsideración. Dice que la incorporación de una medida tan drástica como la entrada y registro en busca de documentos o datos no facilitados voluntariamente por el requerido en el curso de
unas diligencias de investigación de carácter civil previas al proceso, puede afectar de lleno al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución, no reuniendo en este caso la habilitación legal prevista para
la intromisión en ese derecho, que sería haber utilizado el instrumento de la ley orgánica. El Consejo Fiscal recuerda, asimismo, que esa medida de entrada y registro del artículo 261 fue introducida por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, pero
que el apartado 2 de ese artículo ha motivado una cuestión de inconstitucionalidad solicitada por un juzgado de Barcelona que en este momento se encuentra pendiente de resolución. Creemos que si esta cuestión fuese aceptada incidiría de manera
directa en el contenido de la norma que hoy se aprueba. En cualquier caso, procede indicar que la medida de entrada


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y registro no viene exigida por la directiva, por lo que sin ella también sería adecuadamente incorporada el derecho interno. Por ello en este proyecto podría optarse por la solución propuesta por el Consejo General del Poder Judicial para
el caso de la negativa del requerido a exhibir documentos, esto es, tener por ciertas las manifestaciones efectuadas por el solicitante.



Finalmente y en relación nuevamente con la disposición final tercera por la que se establecen medidas para facilitar la aplicación en España de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperación judicial y civil, se suscita la
cuestión de si un reglamento puede ser objeto de algún tipo de colaboración por el derecho estatal, puesto que el reglamento es, como todos sabemos, norma de aplicación y efectos directos en todo el ámbito comunitario. Sobre esta cuestión el
Consejo de Estado ha venido sosteniendo que, incluso con estas características, los reglamentos comunitarios pueden en algunas ocasiones contener especificaciones para que sus disposiciones desplieguen toda su eficacia, y tal creemos que es el caso
de lo que se pretende en el proyecto de ley.



Concluyo manifestando que mi grupo se felicita por que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) haya retirado las enmiendas números 6 y 8 que estaban teniendo una enorme repercusión no solamente en el ámbito de este proyecto de
ley, sino también en el proyecto de ley -hoy en tramitación en la Cámara- de garantía y uso racional del medicamento, ya que los fabricantes de medicamentos genéricos se sentían tremendamente afectados por su contenido, y no olvidemos que fomentar
los medicamentos genéricos es el leitmotiv, según lo que se esgrime en la exposición de motivos y el propio Gobierno sostiene en relación con la nueva normativa que en materia de medicamento se pretende. Ya he indicado que nos felicitamos por que
por el Grupo Socialista se hayan aceptado algunas de las sugerencias introducidas en las enmiendas de los demás grupos, si no literalmente, sí, al menos, en su espíritu. Votaremos que sí al contenido íntegro del informe.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.



El señor SÁEZ JUBERO: Quisiera empezar diciendo que los grupos parlamentarios no han puesto muchas objeciones a este proyecto de ley.
Como se ha comentado por los intervinientes de los grupos enmendantes, se trata básicamente de enmiendas
de carácter técnico. Por ello, la trasposición de la directiva ha suscitado la presentación de algunas enmiendas de mejora técnica, mientras que la incorporación en este proyecto de ley de normas procesales para facilitar dos reglamentos
comunitarios por motivo de economía procesal, no ha recibido ninguna objeción ni enmienda. También quiero destacar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que se ha hecho un esfuerzo para que este trámite parlamentario incorporara alguna de
las aportaciones técnicas de los dos grupos enmendantes y, aunque dicho esfuerzo no es suficientemente reconocido por el Grupo Popular, considero que las aportaciones que hacen al proyecto de ley son interesantes y que se ha hecho un esfuerzo para
que no se pasara este trámite parlamentario sin la aceptación de alguna enmienda de los grupos, dado que no se dirigían tanto al fondo del proyecto como a las mejoras técnicas del mismo.



Se ha querido que hoy tramitáramos este proyecto de ley en la Comisión de Justicia paralelamente a la tramitación en otra sala de esta Cámara de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Ambas iniciativas nos permiten proteger al
creador de la propiedad intelectual e industrial. En el presente proyecto de ley estamos estableciendo normas de protección accesorias a los derechos de propiedad intelectual e industrial, perjudicados por una presunta defraudación. Esta ley, por
tanto, representa un refuerzo civil contra la piratería -así se ha denominado esta ley: la ley antipiratería-, protegiendo a los autores y al sector industrial.



No me resisto a comentarles algunas de las novedades que incorpora esta reforma como son el desarrollo de diligencias preliminares que permiten obtener información al perjudicado sobre el origen y las redes de distribución de mercancías o
servicios que han dado lugar a la infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial con fines comerciales.
Establece también diligencias preliminares que permitirán al órgano jurisdiccional tener acceso a los documentos bancarios,
financieros o comerciales bajo el control del presunto infractor, con confidencialidad de la información requerida -quiero subrayar esto después de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco-, así como medidas cautelares para
obtener el cese de la lesión del derecho de propiedad intelectual y el bloqueo de bienes del defraudador para hacer frente a la indemnización. Esto nos parece tan importante que el proyecto introduce nuevos medios de reparación ante los posibles
perjuicios sufridos y que en la indemnización se tendrán en cuenta las consecuencias económicas negativas sufridas por el perjudicado, que incluirán tanto el daño emergente como el lucro cesante y el daño moral. También se incluirán los gastos que
haya tenido que realizar el titular del derecho en el transcurso de la investigación para la obtención de pruebas razonables de la infracción.



En cuanto a las normas procesales que aplicarán diversos reglamentos comunitarios, no nos parece una introducción menor porque también se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, lo que significa, desde nuestro
modesto punto de vista, un avance muy destacado en el espacio judicial europeo y una cierta superación del exequátur. Si se permite la expresión, también crea una euroorden civil, que permitirá dotar de mayor eficacia a las resoluciones judiciales.
Por otra parte y por lo que hace referencia a los reglamentos de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de


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responsabilidad parental, se introducen medidas que ayudarán a que los procedimientos de separación y divorcio que deban ejecutarse en otros países comunitarios en virtud de matrimonios de españoles con cónyuges de otro Estado miembro,
puedan ejecutarse en temas tan sensibles como el régimen de visitas.



Paso a anunciarles también, en nombre de mi grupo parlamentario, las aceptación de las enmiendas. Aceptaríamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la exposición de motivos, que hace
referencia también al articulado del Código Penal sobre esta materia. Por coherencia con el texto, quisiéramos modificar la exposición de motivos en su apartado segundo in fine, cuando dice textualmente el texto del proyecto de ley-: 'Esta es la
legislación...'-, introduciendo también la referencia al Código Penal y sustituir por las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas. También aceptaríamos la enmienda número 5 de Convergència i Unió, que, en cierto modo, también
significaría aceptar en parte la enmienda número 14, del Grupo Popular en el sentido de que se introdujera en el texto del proyecto la referencia al juzgado de lo Mercantil, en su caso, en el bien entendido que las diligencias preliminares, para que
tengan eficacia, para que tengan proximidad, deberán conocerlas los juzgados de Instancia e Instrucción y en aquellos lugares en que dispongan de Juzgado de lo Mercantil que también conozca de procedimientos de instancia, pueda conocer
específicamente estas diligencias preliminares. También aceptaríamos la enmienda número 9, del Grupo Popular, en cuanto que es una aportación más y mejora el texto. También aceptaríamos la enmienda número 31, como ya se ha manifestado
anteriormente, que trasladaría el artículo 5 bis a una disposición final segunda bis. Bien es cierto que se ha comentado que es una introducción extraña en la ley, pero quiero señalar que la posibilidad de solicitar historias clínicas como
diligencias preliminares es una mejora importante porque esta cuestión también estaba planteando disparidad de criterios judiciales. Por tanto, su incorporación en el proyecto de ley va a dejar de provocar cierta confusión al respecto y también por
economía procesal se ha creído oportuno incorporarlo al proyecto de ley.



Vamos a rechazar las enmiendas números 2 y 4, de Convergència i Unió, ya que la supresión en los números 7º y 8º del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de las infracciones cometidas mediante actos desarrollados a escala
comercial -de modo que esta diligencia pueda solicitarse ante cualquier infracción del derecho de propiedad intelectual- introduciría cierta confusión entre la acción penal y la civil y entendemos que no reflejaría el considerando 14 de la directiva
traspuesta que habla exclusivamente de actos llevados a cabo a escala comercial. Rechazamos la enmienda número 3, de Convergència i Unió, porque estimamos que es innecesario que puedan recabarse las tarifas generales de las entidades de gestión
colectiva previstas en la Ley de Propiedad Intelectual toda vez que son públicas y pueden consultarse en las disposiciones normativas correspondientes, no siendo necesario que se incorpore también como una posibilidad más de esta diligencia
preliminar.
Las enmiendas números 6 y 8, a las que ha hecho referencia el Grupo Nacionalista Vasco, ya fueron retiradas en su día por Convergència i Unió; efectivamente, estaban provocando cierta controversia entre la industria farmacéutica de
genéricos. Por tanto, me abstendré de hacer algún comentario más ya que han sido retiradas, estimo con buen criterio, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). En cuanto a la enmienda número 7, que pretende introducir una disposición adicional
nueva, como ustedes podrán comprobar, no tiene nada que ver con la directiva comunitaria ya que pretende introducir que en el plazo de seis meses se establezcan una serie de deducciones fiscales por la creación de marcas; por tanto, entendemos que
debemos rechazarla.



La enmienda número 10, del Grupo Popular, introduce el artículo 11 bis, que especifica la capacidad procesal en los procedimientos de protección de estos derechos de propiedad intelectual e industrial. Estimamos que la directiva no requiere
esta incorporación. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico prevé en cada caso cuál es la capacidad procesal para ser parte -en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Propiedad Intelectual, en la
Ley de Marcas, en la Ley de Patentes-, por tanto, es innecesaria y, en consecuencia, la rechazamos. El Grupo Popular pretende cambiar a través de las enmiendas números 11 y 13 'quien pretenda ejercitar una acción' por 'quien esté legimado'.
Estimamos que no es una expresión correcta y está más acorde con el texto del artículo 256. En cuanto a la enmienda número 12, no parece, como reza la justificación de su enmienda, esté conforme con la observación que hace el Consejo de Estado y ha
venido a reconocer en cierto modo el portavoz del Grupo Popular que había algún error en el texto de la enmienda. Entendemos que el texto no es suficientemente acorde y, por consiguiente, la rechazaríamos. En cuanto a la enmienda número 13, que
establece la distinción entre la muestra razonable y la muestra, estimamos que habría mayor discrecionalidad judicial en la determinación de cuando se pueda acceder a las diligencias preliminares. También recoge el caso de la obra. Entendemos que
la enmienda tiene la misma finalidad que el texto de la ley y quizá lo recarga excesivamente. Por tanto, mantendríamos el texto del proyecto de ley y rechazaríamos la enmienda. Ya he hecho referencia a la enmienda número 14, cuando he hecho
mención a la admisión de la enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), o sea que, en cierto modo, también recogería el espíritu de la enmienda del Grupo Popular en relación con los juzgados de lo Mercantil.



La enmienda número 15 claramente la rechazamos, porque no puede aceptarse que una norma entre en vigor cuando sea sancionada y no sea publicada y, aunque ha


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enmendado lo enmendado el portavoz del Grupo Popular en cuanto a introducir el término promulgada, nos parece que no es suficiente y que, por tanto, debe ser rechazada. Estimamos que las enmiendas números 17 y 19 claramente se separan de la
directiva ya que es el juez quien debe en todo momento ejecutar a expensas del infractor. Las enmiendas números 20, 21, 22, 23 y 24 incorporan el término 'el infractor que a sabiendas, o con motivos razonables para saberlo'. Se refieren al dolo
penal, por tanto, es una mayor exigencia procesal para ejercitar las acciones de protección y seguramente crearían mayor inseguridad y menos protección a quienes pretendemos con esta ley dar instrumentos de mayor protección como son los creadores o
cesionarios de estos derechos.



Con la redacción de la ley, la tutela del derecho de autor se aplica subsidiariamente a los derechos afines. La enmienda número 15, del Grupo Popular, equipararía en cierto modo el derecho de autor a los derechos afines y podría menoscabar
la regulación específica de los derechos afines que prevé la Ley de Propiedad Intelectual y, por tanto, también la rechazaríamos. Finalmente, en cuanto a las enmiendas números 27, 28 y 29, que establecen una multa coercitiva, estimamos que estas ya
se hallan reconocidas específicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los artículos 699, 705 y siguientes, y por tanto no entendemos que deba recogerse en el texto de este proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión hasta las 11 de la mañana, en que comenzaremos la votación, y les pido a SS.SS., muy especialmente a los portavoces de los grupos enmendantes, que nos pasen una guía para ordenar la votación
en virtud de las votaciones separadas, transacciones, etcétera.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la votación del proyecto de ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la
aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Vamos a realizar varias votaciones, por lo que les ruego presten atención.



En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, habrá cuatro bloques de votaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 y 5.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



En segundo lugar, sometemos a votación las enmiendas números 2 y 4, del mismo grupo.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



En tercer lugar, votamos la enmienda número 3.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos, a continuación, la enmienda número 7.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Abordamos ahora continuación la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las números 9 y 31, que tienen una corrección que se ha introducido en el debate: Disposición final segunda bis, modificación de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se introduce un número 5 bis en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la redacción que conocen ustedes.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



Procedemos a votar las enmiendas números 10, 13, 14 y 15.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Sometemos a votación las enmiendas 11, 12; 16 a 19 y 27 a 30, del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de las enmiendas pendientes del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Procedemos a votar la enmienda transaccional y de corrección técnica del apartado 2, párrafo 2, de la exposición de motivos, al comienzo: Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas... El resto, queda igual. ¿Hay
asentimiento sobre esta corrección? (Asentimiento.)


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votación del texto del proyecto de ley, conforme al informe de la ponencia y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por las enmiendas que han sido aprobadas. Vamos a hacer también dos bloques. En primer lugar, vamos a someter a
votación, porque así nos ha sido solicitado, de una manera conjunta y en un único bloque, la exposición de motivos; el artículo 1, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; el artículo 2, apartado 5; el artículo 3, apartados 3, 4, 5 y 6; disposición
transitoria única; disposición derogatoria única; disposiciones finales primera, segunda y cuarta.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.



Resto del informe de la ponencia con las modificaciones introducidas por las enmiendas que hemos aprobado.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Queda definitivamente dictaminado por esta Comisión el proyecto de ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de
diversos reglamentos comunitarios.



Señorías, a las once y media está prevista la comparecencia del ministro de Justicia. Suspendemos de nuevo la sesión en espera de su llegada.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (LÓPEZ AGUILAR) PARA INFORMAR SOBRE:


-QUÉ MEDIDAS SE PIENSAN ADOPTAR ANTE LAS NUEVAS EVIDENCIAS QUE REFUERZAN LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS CON LA ILEGALIZADA BATASUNA Y ETA, ASÍ COMO LA INVESTIGACIÓN QUE HA ABIERTO LA AUDIENCIA
NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000375.)


-LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL CUMPLIMIENTO DE PENAS POR DELITOS DE TERRORISMO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000100.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la sesión de la mañana del día de hoy. En el orden del día figuran dos comparecencias del señor ministro de Justicia. La primera, para conocer qué medidas se piensa adoptar
ante las nuevas evidencias que refuerzan las relaciones de dependencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas con la ilegalizada Batasuna y ETA, así como la investigación que ha abierto la Audiencia Nacional, a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. La segunda comparecencia del señor ministro para informar sobre la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delito de terrorismo, a iniciativa en este caso del propio Gobierno. Hemos decidido tramitar ambas de manera
acumulada. Para hacer la exposición inicial, agradeciendo la presencia de todos ustedes y por supuesto del señor ministro de Justicia, damos la palabra al señor ministro de Justicia.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señorías, por esta oportunidad de comparecer de nuevo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los asuntos que han sido traídos al orden del día y a
los que quiero ir directamente, con el objeto de consumir un turno acotado pero yendo a la cuestión y, sobre todo, intentando aportar la mayor claridad de criterios para la ilustración de esta Comisión, del conjunto del Congreso de los Diputados, y
a través de éste y del 'Diario de Sesiones', de la sociedad española.
Vamos a ir directamente a una exposición en la que quiero enlazar, porque creo que están conectadas entre sí, las dos cuestiones que figuran en el orden del día. La primera,
relativa a la actitud del Gobierno -porque es de eso de lo que responde el ministro- ante el Partido Comunista de las Tierras Vascas y el debate suscitado en torno a la posibilidad de incoar o instar su ilegalización, aplicándole lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Partidos Políticos. La segunda comparecencia que voy a enlazar es la relativa a la aplicación de la ley y la legalidad en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo y la importancia del principio de legalidad en la política
antiterrorista a la que sirve este Gobierno, como han servido todos los gobiernos de la democracia. Entraré directamente en la primera de estas cuestiones y la enlazaré con la segunda.



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En primer lugar, déjenme expresar una rotunda condena ante los últimos atentados de la banda terrorista ETA que han tenido lugar en las últimas horas. Hemos tenido conocimiento de una sucesión de explosiones de artefactos colocados por la
banda terrorista que ponen de manifiesto, una vez más, que está viva y actúa. Mientras eso siga siendo así, tenemos en este país una cuenta pendiente con ella que solo puede saldarse con la derrota sin paliativos de todas las formas de terrorismo,
incluida ésta, que ha sido la constante de la política antiterrorista de todos los gobiernos de la democracia, desde que nos dimos una Constitución que apostó por la convivencia en paz y en libertad. Vaya por delante una condena rotunda. A las
pocas horas de haber tenido conocimiento del último artefacto colocado por la banda terrorista, nos convoca de nuevo a la mayor determinación en la continuidad de esta línea estratégica de defensa del Estado de derecho y de nuestro orden de
libertades, de la paz y de la convivencia en España, combatiendo todas las formas de terrorismo y en primer término ésta, que ha sido la más constante y de mayor presencia en todos estos años de vigencia de la Constitución de 1978. En segundo
lugar, déjenme encuadrar la reflexión que quiero exponer aquí con relación a la aplicabilidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos al Partido Comunista de las Tierras Vascas, con representación parlamentaria, como es de todos conocido, en la
actual configuración del Parlamento vasco, con mi apreciación de la citada ley. Creo ser conocedor de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de su estructura normativa, de su espíritu, de la filosofía que la inspiró y por supuesto de la
jurisprudencia aplicativa, tanto del Tribunal Supremo, a través de la denominada Sala del 61, como del Tribunal Constitucional. Estuve en la elaboración de la Ley Orgánica de Partidos Políticos en la legislatura anterior como portavoz del primer
partido de la oposición y su grupo parlamentario, e intenté contribuir no solo a que su confección resultase lo más ajustada posible a la Constitución y a los artículos 6, 22 y 23, entre otros, de referencia principal, sino también a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de otros organismos internacionales protectores de derechos humanos que nos vinculan. Desde ese conocimiento de la Ley Orgánica de Partidos Políticos,
creo poder afirmar la coherencia, la congruencia y la consistencia de mi argumentación a la hora de evaluar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, con lo que expresé cuando trabajé para su aprobación por este Parlamento. Pedí para ella el voto del
Grupo Parlamentario Socialista, del Partido Socialista y del sector social al que el Partido Socialista legítimamente representa en la democracia pluralista española.
Afirmé entonces con rotundidad que la Ley Orgánica de Partidos Políticos no
restringía el pluralismo político ni las libertades y, derechos de la ciudadanía en nuestra sociedad. Por el contrario, servía al pluralismo político y a las libertades y buscaba su refuerzo, asegurando que toda organización o fuerza política que
aspirase a obtener representación en las instituciones democráticas, debía cumplir y respetar las claves esenciales de las reglas de juego constitucionalizadas, que incluyen el respeto y el compromiso permanente con los derechos fundamentales, con
los derechos de las personas. Afirmé entonces, y está en el 'Diario de Sesiones', que la Ley Orgánica de Partidos Políticos no tenía como objetivo proscribir ideas ni poner fuera de la democracia a un sector de la sociedad, que es pluralista y
tiene en el pluralismo un valor superior constitucionalizado; no un mal con el que haya que convivir, sino un valor superior constitucionalizado. La Constitución expresa con rotundidad en su artículo 1.1, que el Estado democrático de derecho, el
Estado constitucional de derecho, el Estado consagrado en la Constitución española propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El pluralismo no es un mal con el que
haya que convivir sino un bien que debe ser exaltado porque nos enriquece, porque nos mandata permanentemente a convivir los unos con los otros, a dialogar los unos con los otros y a hacer política los unos con los otros. Esto quiere decir que unos
y otros no pensamos lo mismo, y eso no está mal sino que es un bien. Eso significa que en el pluralismo caben ideas que no compartimos, incluso caben ideas que nos parecen rechazables. La Ley Orgánica de Partidos Políticos, no puede propender a
reducir el pluralismo ni a poner fuera del orden constitucional democrático ideas que nos parezcan rechazables; ninguna idea, por rechazable que nos parezca. Ese no es el objetivo, ni tampoco poner fuera de la ley al sector de la sociedad que haya
apostado por esas ideas, por mucho que nos parezcan rechazables de acuerdo con nuestros propios códigos, nuestros valores o nuestras opciones políticas en ese marco pluralista. Lo que afirma la Ley Orgánica de Partidos Políticos es que para actuar
en democracia y acceder a las instituciones representativas hay que cumplir con las reglas del juego, y debemos cumplirlas todos. Eso está perfectamente al alcance del legislador. Estaba al alcance del legislador afirmar reglas de juego para que
no puedan acceder a las instituciones representativas quienes no las cumplan. Es por ello por lo que la Ley Orgánica de Partidos Políticos estableció que no podrían acceder a las instituciones representativas no los partidos que profesasen ideas
equivocadas o rechazables, sino aquellos partidos que por su actividad, por sus actos, por sus hechos, y no uno ni dos sino constantes, reiterados y graves, conculcasen los principios democráticos, de forma particular exaltando, justificando, en
definitiva, explicando o coadyuvando al terrorismo y su amenaza.



En ese marco legal y en ese entendimiento fue posible no solamente aprobar la Ley Orgánica de Partidos Políticos sino aplicarla y se ha aplicado.
Tuvo su primera aplicación, como está en la mente de todos, en la pasada legislatura, cuando
se ilegalizó no solamente a Batasuna, Herri Batasuna y toda esa conglomeración de siglas que orbitaban en torno a Batasuna y sus formaciones antecedentes, a la genealogía de Batasuna, sino también


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cuando se estableció, en un proceso con garantías, la conexión entre Batasuna y otras formaciones que intentaron, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, dar continuidad a su actividad de justificación del
terrorismo. Ese fue el caso, ya en esta legislatura, de la ilegalización -declarada por sentencia del Tribunal Supremo y con posterioridad declarada conforme con el orden constitucional por el propio Tribunal Constitucional, en la medida en que no
violentaba ningún derecho fundamental- de las siglas de Herritarren Zerrenda. Eso tuvo lugar ya bajo mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y consiguientemente bajo mi responsabilidad como ministro de Justicia. El 21 de mayo del año
2004 se ilegalizó Herritarren Zerrenda por el Tribunal Supremo y confirmó el Tribunal Constitucional la adecuación a la Constitución de esta ilegalización en su sentencia 99/2004. Eso tuvo lugar bajo mi responsabilidad como ministro de Justicia.
Del mismo modo, cuando llegó el momento de abordar las elecciones al Parlamento vasco, que se debía configurar en la presente legislatura autonómica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi, el Gobierno incoó la ilegalización de una
agrupación de electores, Aukera Guztiak, de modo que el Tribunal Supremo estimó la alegación jurídica efectuada por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía General del Estado el 26 de marzo de 2005 y con posterioridad, en sentencia de 31 de marzo
del mismo año, el Tribunal Constitucional volvió a declarar conforme a derecho esta ilegalización. Esta es la secuencia jurídica que pone de manifiesto que la Ley Orgánica de Partidos Políticos está en vigor y que este Gobierno se manifiesta
coherente con la argumentación que sostuvo desde la propia aportación del Grupo Parlamentario Socialista y del conjunto del Partido Socialista estando en la oposición en la legislatura anterior, a favor de la adecuación a la Constitución de esa ley
y de una interpretación, que es la que ha explicado hasta el momento sus prácticas aplicativas.



El debate que esta mañana se trae a esta Comisión es el de si resulta aplicable esta secuencia jurídica que acabo de sintetizar a un supuesto distinto: el del Partido Comunista de las Tierras Vascas, también conocido por sus siglas en
euskera, EHAK, que concurre a esas elecciones que configuran el actual Parlamento autonómico vasco y obtiene representación, como es de todos conocido. El material con el que el Gobierno puede hablar de este asunto tiene su primer punto de apoyo en
la información suministrada por sus servicios de información, que es la que examina en profundidad y con todo detalle cuál es la consistencia de esta formación política y su ejecutoria, para contrastar si algo en una o en la otra puede sustentar una
demanda de ilegalización que pueda poner en marcha el Gobierno, porque es el Gobierno el que está compareciendo hoy en la Comisión y el que responde ante el Parlamento. Sustraigo a la consideración de esta Comisión la argumentación que haya
efectuado y de la que responde con autonomía y criterio propio, que debe ser respetado y el Gobierno respeta, la Fiscalía General del Estado.



De la información disponible por el Gobierno cabe concluir, en síntesis, que el Partido Comunista de las Tierras Vascas es un partido que, de acuerdo con criterios no valorativos, -porque no creo que sea función del Gobierno ni de esta
Comisión-, sino politológicos, si se quiere casi de categorías acuñadas en ciencia política, puede ser calificado de paleomarxista. Es un partido que se reclama en los principios del marxismo-leninismo; es un partido que está tintado en su
ideología, tal como la expresa en sus propios estatutos, de lo que en los años setenta se conoció como nacionalismo tercermundista, en sentido técnico. No estoy expresando ninguna valoración, sino que estoy empleando categorías muy acrisoladas en
la ciencia política para definir la configuración ideológica de la que de manera expresa dan cuenta el ideario y los estatutos del Partido Comunista de las Tierras Vascas: Incluso pone en conexión esa idea nacionalista-tercermundista, que tuvo gran
predicamento en el marxismo-leninismo en los años setenta, como instrumental a una vocación internacionalista que querría corresponder con un hipotético Estado de Euskal Herria, con una aplicación muy rudimentaria de un socialismo de corte
totalitario. De manera que no es por la ideología ni por la valoración que nos merezca por lo que concluiremos que procede una demanda de ilegalización. La única argumentación que puede sustentar ese razonamiento tendrá que corresponderse con los
hechos y con las actuaciones del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Tenemos que ser capaces de sostener que nos encontramos ante un partido que por sus actuaciones reiteradas y graves está convocando a la violencia y está justificando la
actividad terrorista. Este es el razonamiento que en su momento acometió, como es lógico, el Gobierno al evaluar la cuestión.
Quiero explicar con toda naturalidad que no se concluye así de la lectura del material que los servicios de información
suministraron al Gobierno a la hora de abordar la cuestión, como tampoco había sido esa la situación con anterioridad. No puede ser ignorado que el Partido Comunista de las Tierras Vascas se inscribe en el Registro de partidos políticos en
septiembre de 2002. Era entonces ministro de Interior -si no me falla la memoria- Ángel Acebes, actual secretario general del Partido Popular, quien no procedió ni a impedir la inscripción registral ni incoó la ilegalización con la evidencia que
proporcionaba su ideario o sus estatutos. Solo cabía, de acuerdo con la configuración jurídica y normativa de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, intentar pergeñar un razonamiento por el cual en realidad esta sigla se corresponde con una
fraudulenta fabricación para dar continuidad a otra ilegalizada, y no parece ser el caso, a la vista de los datos disponibles.



El debate ha dado de sí y se han puesto sobre la mesa una serie de consideraciones que ponen de manifiesto que militantes de la extinta e ilegalizada Batasuna pegaron carteles a favor de esta sigla, solicitaron el voto


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a favor de esta sigla y que quienes en elecciones anteriores habían sido interventores en las mesas electorales a favor de siglas ilegalizadas lo fueron también a favor del Partido Comunista de las Tierras Vascas en las elecciones
autonómicas que tuvieron lugar el 14 de abril del año 2005 y que configuraron el actual Parlamento vasco. El Gobierno ha examinado, de acuerdo con la jurisprudencia disponible, de forma racional y detenida todos y cada uno de estos elementos, y los
informes jurídicos de sus servicios técnicos, firmados por la Abogacía General del Estado concluyen que la jurisprudencia constitucional no avala la construcción de una demanda de ilegalización, porque en su fundamento jurídico 15 la sentencia
68/2005 se ocupa de señalar que la continuidad en los carteles o en el tipo de propaganda electoral no es un elemento por sí determinante ni relevante para el enjuiciamiento de la ilegalidad de la organización, ni tampoco la coincidencia de los
interventores, ni muchísimo menos -fundamento jurídico 16-, la solicitud del voto para una sigla. Pura y sencillamente razonar de otro modo nos llevaría a concluir que basta con solicitar el voto para una formación política desde alguna portavocía
vinculable por alguna vía directa o indirecta con otra ilegalizada para que se produzca el efecto de ilegalización de la formación política que resulte contaminada por esa solicitud de voto. Es un modo de razonar jurídicamente absurdo, pero además
incongruente con un principio que sostengo, que sostuve cuando solicité el voto para la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que sigo sosteniendo ahora y que es el de que la intención de la Ley Orgánica de Partidos Políticos no era poner fuera de la
ley a 150.000 vascos ni poner fuera de la ley cualquier cosa que esos 150.000 vascos puedan votar.



Quiero recordar aquí que a las elecciones autonómicas que decidieron la actual configuración del Parlamento vasco concurrieron legalmente once siglas. De ellas, algunas son muy conocidas que tenían una expectativa clara de obtener
representación. Están en la mente de todos: el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto; el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, pero también Unidad Alavesa y Eusko Alkartasuna, que concurría en coalición con el Partido
Nacionalista Vasco. Además concurrían otras siglas menos conocidas, orbitantes de un modo u otro en ese segmento sociológico de la sociedad vasca pluralista que puede ser calificado grosso modo o genéricamente como izquierda abertzale y que a
menudo vindica para sí esa denominación de la que hace gala ese segmento de la sociedad vasca: Aralar, Berdeak, Partido Comunista de las Tierras Vascas, POSI, un partido humanista y Ezker Batua. Es evidente que Aukera Guztiak, como Batasuna,
habían sido puestas fuera de juego antes de que se iniciase el proceso electoral, pero es evidente también que, una vez puesto en marcha el proceso electoral, la ilegalizada Batasuna, a través de personas que no han dejado de existir ni han dejado
de ser ciudadanos españoles -aunque ellos no estén a gusto con esa consideración que es estrictamente jurídica y positiva, que es la suya- y que tienen, por tanto, sus derechos fundamentales intactos porque no han sido privados de ellos por ninguna
sentencia judicial, podrían solicitar el voto para, al menos, cinco de las siglas que acabo de enumerar. ¿Podría ello significar un emplazamiento al Gobierno para que disparase con un rayo láser contra cualquier sigla a la que 150.000 vascos se
manifestasen dispuestos a votar? Es absurdo; es una consideración jurídicamente inmanejable, además de políticamente absurda. No puede ser esa la fundamentación de una demanda de ilegalización, sino, por el contrario, la constatación tomada en
serio de que nos encontramos ante una fraudulenta fabricación para dar continuidad a una sigla ilegalizada, lo que no parece ser el caso de un partido que fue inscrito siendo ministro del Interior Ángel Acebes en 2002 sin que nadie objetase nada ni
reparase en ello y que hasta el momento tampoco ha incurrido de manera reiterada y grave, ostensible y manifiesta en la justificación ni en la exaltación del terrorismo, como pone de manifiesto, por lo demás, el hecho de que los sedicentes
portavoces de la ilegalizada y extinta Batasuna continúan actuando de manera separada de la línea de actuación que exhiben los representantes obtenidos por el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento vasco. De hecho, alguien podría
apreciar que el Partido Comunista de las Tierras Vascas está teniendo muy escaso rendimiento y perfil en el Parlamento vasco y que las actuaciones que hemos conocido de los que fueron militantes, dirigentes o portavoces de la extinta Batasuna
mantienen un carril propio y visualmente separado de la línea de actividad que sostienen los representantes de la formación del Partido Comunista de las Tierras Vascas.



Concluyo este punto señalando que el Gobierno ha comprometido su determinación de cumplir la ley y hacerla cumplir, que el Gobierno está vinculado por la Ley Orgánica de Partidos Políticos y mantiene su determinación de hacerla cumplir, de
modo que la Abogacía General del Estado tiene instrucciones permanentes de actuar si, a la luz de las evidencias disponibles, resulta pertinente, oportuno y, por supuesto, coherente con la ley presentar una demanda de ilegalización contra el Partido
Comunista de las Tierras Vascas o contra cualquier otra formación que incurra de manera clara en los supuestos prevenidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El Partido Comunista de las Tierras Vascas está sujeto a la ley, como cualquiera.
En el caso de que se produzca un supuesto de exaltación del terrorismo que adquiera esa notoriedad, gravedad y reiteración a la que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno actuará a través de la Abogacía General
del Estado para presentar la demanda de ilegalización, pero sostengo honestamente que no es ese el supuesto hasta la fecha y que esto es lo que explica que no se haya presentado una demanda de ilegalización que, a nuestro juicio, solo hubiera
contribuido a desprestigiar y descrestar la consistencia, la coherencia y la credibilidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la filosofía e interpretación que el Partido Socialista hizo suya,


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estando en la oposición, para apoyar su aprobación y que le vincula por coherencia política ahora, cuando el Partido Socialista es primer partido de la Cámara, tiene responsabilidades de Gobierno y cuenta con la mayoría de este Parlamento
para cumplir y hacer cumplir la ley, de acuerdo con su legítima interpretación de la legalidad, además, desde el entendimiento -lo subrayo, para concluir este punto- de que obrar de otro modo hubiera sido dar la razón a una argumentación que ya nos
pareció insostenible cuando pedimos el voto favorable para la Ley Orgánica de Partidos Políticos y cuando la votamos favorablemente estando en la oposición. Esa interpretación es la que no podemos dar por buena en ningún caso. Esa interpretación
sería la de que la Ley Orgánica de Partidos Políticos prohibía las ideologías, la Ley Orgánica de Partidos Políticos restringía el pluralismo, la Ley Orgánica de Partidos Políticos iba contra segmentos de la sociedad, cuando la Ley Orgánica de
Partidos Políticos contra lo que iba era contra actuaciones de complicidad objetiva con el terrorismo.
Nosotros no queremos dar por buena esa lectura torcida, si quieren hasta perversa, de la Ley Orgánica de Partidos Políticos; queremos, por el
contrario, servir a su legitimación y a su credibilidad afirmando que en la democracia es posible sostener ideas equivocadas, rechazables, que deben ser combatidas en la arena democrática y con instrumentos democráticos, pero no es el trabajo de la
ley poner fuera de la misma ideas rechazables, ni al sector de la sociedad que las pueda apoyar, sino a aquellas organizaciones políticas que no quieran cumplir con las reglas de juego que los demás cumplimos, y tengan por seguro que si ese supuesto
se produce en relación con esta sigla, como con cualquier otra, el Gobierno actuará con total determinación.



Creo honestamente que esta comparecencia se carga de sentido en un momento especial, en el que estamos viviendo una agenda política, especialmente en el Parlamento, muy concentrada en la política antiterrorista y en las interpretaciones de
lo que está sucediendo en materia de política antiterrorista, y ahí es donde quiero enlazar con la segunda comparecencia para abrir el debate con sus señorías, porque quiero expresar con rotundidad que este Gobierno, como todos los gobiernos
anteriores en la democracia, continúa en la conciencia de que la política antiterrorista es la gran prioridad, la número uno de nuestra política interior, doméstica, y de nuestra acción exterior, en todos nuestros círculos concéntricos de
integración supranacional y de participación en la comunidad internacional. La política antiterrorista es una gran prioridad porque ha sido una constante preocupación y una laceración dolorosa de la democracia constitucional que hemos construido en
España en los últimos 27 años. Porque cuando hicimos la Constitución ya estábamos golpeados duramente por el terrorismo, porque no ha dejado de golpearnos ni un solo momento desde entonces y porque no hemos conseguido hacerlo desaparecer de forma
definitiva, la política antiterrorista sigue siendo una prioridad absoluta de este Gobierno, y este Gobierno la sirve con determinación y con lealtad sobre pilares muy sólidos -eficacia policial, firmeza en la ayuda a la fiscalía y al Poder
Judicial, dos pilares de nuestro sistema de ejecución y cumplimiento del derecho- y la sirve también priorizando este vector en nuestra integración en la comunidad internacional, para empezar en la Unión Europea, donde este es un asunto principal
del protagonismo de España en la construcción del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, y de forma sobresaliente con Francia, aunque no solo, pero también en el conjunto de la comunidad internacional. Quiero resolver, por tanto, el segundo
punto del orden del día en lo que al Gobierno respecta afirmando con determinación que la política antiterrorista debe ser enjuiciada por los hechos irrefutables que componen el balance de gestión o el balance de realizaciones de este Gobierno en
esta legislatura que aún no ha llegado a su ecuador, no por interpretaciones torcidas de estos hechos irrefutables, ni muchísimo menos por fabricación de polémicas, infundios, insidias o mentiras puras y duras, que las hemos escuchado a raudales en
esta legislatura cuando aún no ha llegado a la mitad. Los hechos son absolutamente contundentes y son irrefutables y nos ponen de manifiesto en primer lugar que hay una política antiterrorista efectiva y, eso sí, en la que la única variación con
respecto de otras situaciones anteriores pueda señalarse precisamente por ser efectiva sin ser propagandista. Es una política terrorista más efectiva y menos propagandista. En primer lugar, es efectiva porque los hechos ponen de manifiesto que
habiendo transcurrido menos de la mitad -va a llegar pronto- de la legislatura el saldo de realizaciones es de 212 detenciones de etarras y otras 200 de yihadistas, es decir, de personas imputadas de integración o cooperación con organización
terrorista integrista islámica. Los hechos ponen de manifiesto de manera irrefutable que en estos dos años se han desmantelado seis redes de ETA, varias de ellas consideradas como cúpula en la organización terrorista etarra, ya sea desde el punto
de vista logístico, desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de su incardinación en las redes internacionales de organizaciones terroristas; se han extraditado de Francia ocho etarras detenidos en aquel territorio y se han
producido 41 explosiones de artefactos, afortunadamente ninguna con resultado de muerte, aunque sí ha habido heridos en más de una, de modo que el balance de gestión y de realizaciones en la lucha antiterrorista compite con ventaja con los dos
primeros años de cualquier otro gobierno de la democracia.



La población terrorista encarcelada es la más alta de la historia, lo que, por cierto, nos da noticia de la envergadura del mal al que nos enfrentamos, pero el Gobierno ha actuado reforzando la lucha antiterrorista al constituir un mando
unificado que integra las capacidades de información y operativas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; ha destinado 300 nuevas plazas al servicio directo y operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el terrorismo;
ha reforzado


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de forma sensacional la capacidad de obtener información, analizarla e interpretarla adecuadamente con traductores y con analistas de información especializados, tanto en nuestros servicios de inteligencia como en los de información de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Por tanto, la presión sobre la organización terrorista no ha conocido ni un segundo de desmayo y así va a seguir siendo todo el tiempo. Guardia alta; la invoco todos los días señalo que hasta que no se
produzca la interiorización de la derrota por parte de la organización terrorista y consiguientemente un anuncio expreso, inequívoco e irreversible de cesación definitiva de toda violencia y de su potencial de amenaza y coacción, no hablaremos de
ninguna otra cosa. Eso lo ha afirmado también el Parlamento en una resolución que ha sido distorsionada a través de lecturas manipuladas o mentirosas un millón de veces desde que se adoptó.
El Parlamento afirma que hasta que no se produzca ese
abandono inequívoco e irreversible de toda violencia no hablaremos de ninguna otra cosa.
Mientras eso no se produzca -y es una premisa que no se ha realizado y, por tanto, un presupuesto que no se ha cumplido-, este Gobierno estará trabajando sin
desmayo todos los días, al límite de sus capacidades, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y luchar contra todas las formas de terrorismo con toda su capacidad.



Este es un hecho irrefutable, como también es un hecho irrefutable que no se ha variado ninguno de los mimbres normativos de la política antiterrorista. Desde luego, no se ha variado la legislación penitenciaria, no se ha variado la
legislación penal, salvo para reforzar e incorporar enseñanzas dolorosas y negativas de algunos golpes perpetrados por el terrorismo en España en los últimos tiempos; desde luego, este es el caso de la dolorosísima experiencia del 11 de marzo, un
golpe del terrorismo yihadista que nos ha invitado a proponer una modificación escueta del Código Penal en lo relativo al régimen penal del control, además del de la tenencia de explosivos. Pero la política penitenciaria está siendo aplicada con
rigor, esa es la determinación con la que instruimos al fiscal general del Estado al inicio de nuestro mandato, y en prueba de ello la Dirección General de Instituciones Penitenciarias adoptó una instrucción, la número 3/2004, de 29 de diciembre,
que derogó por cierto una vieja instrucción de criterios de homologación de redenciones de pena del año 2003, precisamente para endurecer la administración de los beneficios penitenciarios en relación con los etarras, para garantizar de manera
escrupulosa que los beneficios penitenciarios se administran con rigor y sin ninguna concesión a la fraudulencía en la invocación de trabajos o estudios penitenciarios, una decisión que, por cierto, tuvo su resultado y su rendimiento al impedir -y
lo digo con énfasis- que pudiese computarlos de manera fraudulenta uno de los etarras más sanguinarios y que ha mostrado de forma más exhibicionista su nulo arrepentimiento y su continuada militancia en la banda terrorista, Ignacio de Juana Chaos.



Lo mismo podemos decir en relación con tantos otros casos, siempre por supuesto dentro de una continuidad legal, como tuve ocasión de detallar ante una interpelación perpetrada por el Grupo Popular la pasada semana sobre política
antiterrorista y que pretendía nada menos que con una desfachatez infinita poner de manifiesto que las excarcelaciones de etarras a los que se les ha aplicado el Código Penal de 1973 obedecían a una instrucción política de este Gobierno para tratar
con benevolencia y, por tanto, favorecer la excarcelación de esos etarras, ignorando así o pretendiendo que la opinión pública y la sociedad española pudiesen conocer que esa legislación es la que ha estado en vigor durante todo el tiempo de
Gobierno del Partido Popular en relación con todos aquellos etarras que cometieron sus delitos antes de la entrada en vigor del actual Código Penal de 1995, que se produjo en mayo del año 1996, de modo que todo etarra que cometió sus delitos antes
de mayo de 1996 puede invocar, de acuerdo con nuestro orden constitucional -que prohíbe la aplicación retroactiva de ninguna norma penal sancionadora o restrictiva de derechos individuales-, que se le aplique el Código Penal de 1973, cuyos artículos
70 y 76 han sido leídos de manera uniforme y constante por el Tribunal Supremo en modo de acumular sus condenas, por numerosas que fueran y, consiguientemente, por numerosos, horrendos y monstruosos que fueran los delitos por los que se les
condenaba. Eso es lo que ha explicado durante mucho tiempo que condenas enormes pudiesen sustanciarse en cerca de 20 años de privación de libertad. Eso es lo que ha explicado que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular 311 etarras,
cuyo listado no debiera ignorar el Grupo Popular, fueran excarcelados, 64 de ellos con condenas de cientos de años de cárcel y algunos de ellos con perfil sanguinario y monstruoso tan estremecedor como el de los etarras cuyo nombre ha sido repetido
hasta la náusea en los últimos días: Larrinaga, Artola, Letona, Otaegui, Rementería; etarras condenados por delitos brutalmente sanguinarios, en concurso, múltiples asesinatos, cientos de años de cárcel, y que fueron excarcelados durante los años
de Gobierno del Partido Popular sin que nadie dijera absolutamente nada.



Recordé en la tribuna del Congreso que un etarra excarcelado cuando gobernaba el Partido Popular volvió a matar, asesinó a un socialista en Orio, a Juan Priede. Acudí a sus exequias, le lloramos y nadie dijo -ni se le hubiera consentido ni
permitido- que el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular tuviesen ninguna responsabilidad en ese asesinato. Ese asesinato era exclusivamente responsabilidad del criminal que apretó el gatillo, del miserable Iñaki Bilbao, de nadie más.
Por ello, lo dije entonces y lo repito ahora, resulta indignante que haya podido suscitarse ninguna artificiosa y fabricada polémica y menos en relación con supuestas excarcelaciones que tendrían lugar en el año 2010 o en el año 2020, en función del
etarra monstruoso del que estuviésemos hablando. Sin perjuicio de ello, se ha producido -y lo tenemos todos presente- un pronunciamiento


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del Tribunal Supremo muy reciente sobre el que he escuchado también algunas barbaridades últimamente. He escuchado decir, literalmente, a algún portavoz del Partido Popular que ese pronunciamiento le daba la razón al PP y desautorizaba al
fiscal general y hasta al Gobierno.
Resulta realmente difícil imaginar que se pueda mentir con tanta desfachatez en un edificio y en un órgano que merece tanto respeto y que tiene tanta dignidad como este Congreso de los Diputados, porque, en
primer lugar, no daba la razón al PP, que no era parte en ese proceso, -ni se le esperaba- ni tampoco se la quitaba al fiscal general del Estado. Mentía tanto al pretender colacionar en ese pronunciamiento al fiscal general del Estado que pretendía
pasar por alto la evidencia, que es la única innegable, de que lo que hacía la sentencia del Tribunal Supremo era estimar el recurso de Parot y acoger los argumentos de la fiscalía, por tanto. La sentencia era estimatoria del recurso de Parot, que
solicitaba la acumulación de sus condenas en una y que, por tanto, se le sumasen, con el límite de cumplimiento efectivo de 30 años, contrariamente a la decisión que había sido adoptada con anterioridad por la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que sostenía que debían computársele dos condenas de 30 años cada una. La sentencia del Tribunal Supremo estimaba el recurso de Parot y lo hacía porque no podía obrar de otro modo, porque hay una legalidad penal que vincula lógicamente al
Tribunal Supremo. Y si alguna duda cupiera con respecto a su lectura y a su interpretación, la despejaba, y, esa sí, con aplicación retroactiva en lo que tenía de más favorable la reforma del artículo 73 que se obró por la Ley orgánica 15/2003 por
la mayoría absoluta del Partido Popular, que es la que asegura que la conexidad cronológica de los delitos, siempre que hubieran sido enjuiciables en un solo proceso, garantizaba la acumulación de todas las condenas, en todos los casos. Eso es lo
que estaba en juego y eso es lo que resolvió el Tribunal Supremo. Además de hacer eso, el Tribunal Supremo ha acometido, de una forma muy transparente y que está siendo objeto -no creo que deba serlo aquí- de discusión por parte de la doctrina
penal -además, con toda probabilidad será sujeto de otros pronunciamientos jurisdiccionales y por tanto de consolidación de jurisprudencia en el futuro-, que sí podía remediarse la acumulación mecánica de los beneficios penitenciarios a partir del
límite máximo de cumplimiento efectivo de 30 años, para poder disociarse y consiguientemente desagregarse el cómputo de los beneficios penitenciarios en cada una de las condenas y no en su sumatoria. Ese es el pronunciamiento del Tribunal Supremo
y, ante él, los juristas podemos tener opinión, pero los responsables políticos debemos acatar y saludar el pronunciamiento y asumir sus efectos en lo que tenga de aplicación respecto de todos los casos de etarras que se encuentran cumpliendo
condena por delitos terroristas monstruosos, sanguinarios y en concurso y, por tanto, hayan sumado cientos o miles de años de cárcel en el momento de ser condenados por esos delitos. Esa será la aplicación y habría que acatarla sin más y no enredar
ni confundir ni distorsionar su interpretación, ni muchísimo menos interpretar algo tan aberrante y tan inaceptable como que esa sentencia le da la razón a un partido y se la quita al fiscal general del Estado y al Gobierno. Falso de toda falsedad
un absurdo jurídico absolutamente inasible e impropio de nadie que tenga la cabeza en su sitio y que solo puede estar guiado o por la ineptitud más absoluta a la hora de leer los pronunciamientos del Tribunal Supremo o por la mala fe; una mala fe
imperdonable en un asunto tan sensible que requiere tanta cordura y al mismo tiempo mesura, buen juicio y buen sentido democrático, como es la lucha antiterrorista y su explicación ante la ciudadanía. Quiero concluir subrayando la importancia que
tiene precisamente esta cordura y esta mesura a la hora de trabajar juntos en la lucha antiterrorista, que lo hagamos todos los demócratas, que lo hagamos todos los partidos democráticos en el Parlamento y, por supuesto, que lo hagamos quienes nos
vinculamos en su momento poniendo nuestra firma en un Pacto por las libertades y contra el terrorismo.



Quiero recordar aquí que el Partido Socialista firmó, después de haberlo propuesto y liderado, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, con tres cláusulas, la primera de las cuales era sustraer por completo la lucha antiterrorista
y todas sus variables de toda forma de confrontación, contienda política partidaria, también del control parlamentario y, por supuesto, de la perspectiva de su explotación electoral renunciando por completo a explotar electoralmente ninguna de las
variables de la lucha antiterrorista. El Partido Socialista cumplió a rajatabla su compromiso con enorme contención y determinación y una y otra vez vimos como el Gobierno del Partido Popular adoptó iniciativas que no nos habían sido consultadas,
pero contamos hasta cien, hasta mil y aún más antes de abrir la boca. Nunca criticamos en público ninguna de esas medidas, las votamos favorablemente, aunque muchas de ellas no fueran las que nosotros hubiéramos propuesto ni nos gustaran por
completo, pero las votamos favorablemente porque arrimábamos el hombro y estábamos cumpliendo ese compromiso que adquirió José Luis Rodríguez Zapatero de ayudar al Gobierno legítimo de España a dirigir la política antiterrorista. Ese era el segundo
de los compromisos. El Gobierno dirige y la oposición aporta, con discreción, con contención y con mesura, su criterio aceptando la legitimación que tiene el Gobierno para dirigir la política antiterrorista.



El Partido Socialista cumplió a rajatabla esas cláusulas cuando estaba en la oposición y no ha tenido un solo segundo de tregua del Partido Popular desde que ganó las elecciones. El Partido Popular no ha dado un segundo de tregua al Partido
Socialista ni a su Gobierno después de ser derrotado por la ciudadanía he dicho en más de una ocasión que al Partido Popular le convendría muy mucho, por el bien de todos y de la calidad democrática de este país, comprender de una vez que ha sido
puesto en la oposición por la ciudadanía, no por no haber


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luchado contra ETA, que luchó, no por no haber conseguido derrotar a ETA definitivamente, porque nadie se lo exigía, no por no haber conseguido acabar con ETA, que es la lucha de todos y no solo del Partido Popular, sino por mentir. El
Partido Popular está en la oposición por mentir a la ciudadanía desde el Gobierno y por continuar mintiendo ahora en la oposición en un asunto tan sensible que en absoluto lo admite ni lo permite. Y miente cuando dice que es el Partido Socialista o
el Gobierno el que se ha desvinculado del Pacto antiterrorista, porque lo que hemos hecho ha sido cumplirlo a rajatabla, pero le recordamos que la dirección de la política antiterrorista le corresponde legítimamente al Gobierno y no al primer
partido de la oposición. Nosotros no les imponíamos a ustedes las condiciones cuando ustedes gobernaban y no íbamos a las reuniones del Pacto antiterrorista diciendo: te ponemos esta condición y o la cumples, o interpretaremos que has roto el
pacto, que es lo que ustedes han hecho desde que nosotros llegamos al Gobierno. Ustedes han estado continuamente imponiendo sus condiciones desde la oposición, sin aceptar que ahora les toca a ustedes aportar su criterio y arrimar el hombro, pero
no imponer sus condiciones.



He escuchado estos días -lo quiero traer directamente a conocimiento porque para eso está el debate y dará de sí- al portavoz del Partido Popular en estas materias que la ruptura del Pacto antiterrorista comenzó cuando el Gobierno renunció a
ejercer las acciones penales para encarcelar al presidente del Parlamento vasco, Atutxa, como si eso tuviera realmente que ver con la lucha antiterrorista, que además el Partido Socialista y su Gobierno están negociando con ETA y se han rendido a
ETA, y eso marca una diferencia con respecto de la experiencia anterior, que sí fue de negociación con ETA en Suiza por parte del Gobierno del Partido Popular, porque entonces se hizo -y lo dijo literalmente- con luz y taquígrafos. Déjenme decir
que no existe ninguna correspondencia de esto que escucho con la realidad. En primer lugar, este Gobierno no está negociando con ETA; está luchando contra ETA en todos los terrenos, con todos los instrumentos a su alcance y cumpliendo con su
responsabilidad. No hay ninguna negociación con ETA y lo sabe el Partido Popular.



Este Gobierno no negocia con ETA y resulta grotesco que se lo denuncie y se lo impute como si fuese una acusación un Gobierno que legítimamente cumplió con su deber acudiendo a Suiza a negociar con ETA. Que diga que lo hizo con luz y
taquígrafos es faltar a la verdad de forma absolutamente grosera. De hecho, resulta absurda la sola hipótesis.
¿Alguien puede imaginar que se puede acudir a Suiza a entrevistarse con terroristas con luz y taquígrafos? Eso nunca sucedió y es
honesto traer aquí a conocimiento de la Cámara y de la opinión pública española que el Partido Socialista no reclamó, y no la tuvo, ninguna información sobre esa conversación mientras estaba teniendo lugar, porque hubiera sido absurdo solicitarla,
absolutamente irresponsable y contraproducente para la consecución del objetivo.



Por el contrario, lo que hubo fue contención y mesura ejemplares por parte del Partido Socialista, entonces en la oposición. Desde luego, hubo apoyo a la buena intención con que el Gobierno, presidido por José María Aznar, invocó entonces
de la opinión pública contención y, al mismo tiempo, generosidad y comprensión. La invocó expresamente -está en todas las hemerotecas para recordarlo- y la obtuvo no solo del Grupo Socialista sino de su electorado, de la sociedad española y de los
medios de comunicación, que saludaron aquella disposición a dialogar y negociar con ETA como un gesto de coraje y de valentía del Gobierno de Aznar. No ha habido ninguna correspondencia respecto la situación actual. Les recuerdo que este Gobierno
no está negociando con ETA, que no se ha cumplido la premisa que este Parlamento estableció para que se pudiera producir la consideración de niguna otra hipótesis que no sea la que actualmente nos vincula: una lucha contra ETA en todos los terrenos
y, por supuesto, una atención sensible y próxima a las víctimas del terrorismo.



Este Gobierno estableció el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo con esa intención, para dialogar con las víctimas, para escuchar sus problemas y para vehicular sus demandas ante el Gobierno y las administraciones
públicas. El Alto Comisionado ha sido útil, ha propuesto la aplicación de las medidas de alejamiento, tan de oportunidad y tan del caso en algún supuesto doloroso como el que hemos tenido conocimiento en el País Vasco, el de la viuda de un concejal
asesinado por un etarra; al mismo tiempo, ha incrementado los presupuestos de asistencia jurídica gratuita, recursos destinados a la atención psicológica y social, ayudas al acceso a la vivienda, un plan especial hipotecario de créditos para las
víctimas del terrorismo, ayudas en el estudio, tutor en las universidades, establecimiento de cursos especializados en lucha antiterrorista en centros universitarios, ofertas de empleo público, unidades estatales de atención psicológica en
hospitales, tratamiento específico integral en la sanidad pública, además de otros elementos simbólicos u honoríficos, como ascensos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil caídos en acto de servicio, incluso a título póstumo, y
condecoraciones sin ninguna exclusión ni discriminación. Se ha realizado un trabajo integral en favor de las víctimas del terrorismo y existe una proximidad sensible y respetuosa con sus puntos de vista y sus necesidades.



En definitiva, todo lo que estamos haciendo es para lanzar un mensaje: ETA está siendo derrotada, ETA está siendo combatida. Es la lucha de todos, no el mérito de este Gobierno. Creemos -y con ello concluyo- que presta muy mal servicio a
esta democracia y a esta lucha que es de todos quien un día sí y otro también emite un mensaje no solamente falso y mentiroso, sino, lo que es peor, corrosivo para la moral democrática, por corrosivo para la unidad de los demócratas, como el de que
ETA estaría ganando la batalla. Escucho todos los días a algún portavoz del Partido Popular decir que ETA está eufórica,


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que sus portavoces dicen que está ganando la batalla, y me parece inconcebible que el primer partido de la oposición pueda servir de altavoz a esos puntos de vista disparatados, como si ETA se estuviera anexionando Navarra, como si ETA
estuviese anexionándose las provincias del País vascofrancés, en lo que ellos llaman territorialidad, como si ETA estuviese implantando una dictadura del proletariado marxista leninista en una Euskadi, en una Euskal Herria socialista, como si ETA
tuviese alguna oportunidad -que no la tiene en absoluto- de salirse con la suya, como si ETA estuviese más cerca ahora de conseguir esos objetivos delirantes, y no tienen ni la menor oportunidad de salirse con la suya. Resulta realmente
inconcebible que un partido que ha ostentado responsabilidades de Gobierno esté sirviendo de altavoz a esos mensajes que no solamente son corrosivos para la unidad democrática y profundamente dañinos para la unidad de los demócratas en la lucha
contra ETA, sino que además -y esto es lo más importante- son sencillamente mentira, como les dice no solamente este Gobierno sino también todas aquellas víctimas del terrorismo que estos días se han rebelado contra esa mentira y cuyos testimonios
sin embargo el Partido Popular, que se dice tan sensible a los mensajes de las víctimas, ignora deliberadamente, Gorka Landaburu, Bárbara Dührkop, Eduardo Madina, que le han dicho todos estos días que basta ya de mentiras y de infundios.
Recuperemos entre todos la cordura y la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra doña Margarita Uría Etxebarría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, reciba como siempre la bienvenida a esta Comisión en nombre de la formación política a la que pertenezco para tratar los dos asuntos que figuran en el orden del día y que desde la perspectiva de mi
grupo tienen una importacia trascendental.
El primero que hace referencia a la posibilidad o no de ilegalización de EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, no le sorprenderá, señor ministro, si lo sitúo en el contexto de la aprobación en
esta Cámara de la Ley de Partidos, respecto de la que es público y notorio la postura que sostuvo mi formación política. Siempre hemos considerado -así se esgrimió en todos los momentos de la tramitación- que estábamos hablando de una ley especial,
entre comillas, por todos los conceptos, que se basa en la inconstitucionalidad que nosotros siempre hemos predicado, en la ausencia de fundamentos y aval constitucional, en constituir una ley singular y ad causam, en incurrir en vulneración del
principio constitucional non bis in ídem y en violentar la libertad ideológica. Conocemos perfectamente el pronunciamiento al respecto no solo de la Sala 61 sino también del Tribunal Constitucional; no obstante, las resoluciones judicales -el
señor ministro lo sabe perfectamente- pueden ser criticadas y mi formación política todavía alienta la esperanza de que algunos de los planteamientos que se hacen en estas sentencias sean revisados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en
cuya sede está en este momento planteada la legalidad o no, la constitucionalidad o no, la violación o no de derechos fundamentales por la norma que he citado.



Señor ministro, no ha incidido usted en una cuestión que para mi grupo fue fundamental durante la tramitación de la norma y es la separación entre la ilegalización no penal de formaciones políticas que esta ley pretende y la ilegalización
penal, puesto que en la petición de comparecencia que desde el Grupo Popular se hacía se hablaba de la pretensión de ilegalización, que todavía está pendiente por parte de la Audiencia Nacional. A nosotros siempre nos pareció que ante la
imposibilidad de hacer entrar en el Código Penal las conductas que se estaban enjuiciando por la Audiencia Nacional, se intentó un atajo, un camino más rápido, que es articular esta ley que a nosotros nos parece claramente no incardinable en el
sistema de derechos y libertades e ilegalizar por una vía no penal a los partidos o a un solo partido, por qué no decirlo -he hablado de la especialidad que creo que tiene esta norma-, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, luego ha hecho
usted referencia a la posterior denominación, Herritarren Zerrenda.



Las posteriores sentencias del Tribunal Constitucional sobre la inadmisión de agrupaciones sucesoras de partidos disueltos nos parece que arrojaron una jurisprudencia constitucional que con todo respeto hacia el tribunal nos parece todavía
más errónea y dañina que la vertida con ocasión del propio recurso de inconstitucionalidad contra la ley, puesto que la celeridad con la que se vieron, ya que provenían de recursos contenciosos-electorales, hizo imposible un sosiego por parte del
Alto Tribunal. Hubo sentencias dictadas en horas. Creemos que estos recursos tuvieron un claro impulso político, que se basaron solo en datos policiales muchas veces inexactos y le pondré algún ejemplo. En las listas hacían aparecer personas
fallecidas, que en modo alguno podían ser candidatas en las coaliciones que se presentaban, e incluso se hablaba de que alguien de los que formaban parte de esas listas electorales había sido alcalde nada más y nada menos que de Lekeitio por
Batasuna. En Lekeitio desde los tiempos democráticos siempre ha habido alcaldes del PNV, como es público y notorio. Estas inexactitudes y la existencia de comprobaciones solo de los atestados policiales hace que en cuanto a la ilegalización o la
inadmisión de agrupaciones sucesoras de estos partidos disueltos tengamos nuestras suspicacias respecto de lo que el Tribunal Constitucional hizo en su día. Por tanto, señor ministro, deducirá que la existencia y permanencia de EHAK, Partido
Comunista de las Tierras Vascas, como formación, con posibilidades de formar parte del Parlamento vasco, de que acudiese a las elecciones y siga desarrollando su actuación política, nos


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parece perfectamente acertado, puesto que es la forma de establecer de manera completa el espectro de las ideologías que en este momento hay en la sociedad vasca. La izquierda abertzale existe, la izquierda abertzale vota, vota mucho;
llega a tener la representación parlamentaria que ostenta esta formación política y a nosotros, de la misma manera que nos pareció incorrecta la existencia de la Ley de Partidos, nos parece perfectamente correcta la existencia de esta formación en
este momento.



Para preparar la segunda parte de la comparecencia, que hace referencia al cumplimiento de las penas en relación con la sentencia recientemente conocida, al menos por la prensa, del Tribunal Supremo y el cambio de criterio en cuanto al
cómputo, me ha resultado muy ilustrativo volver a leer el debate que hubo en esta Cámara con motivo de la aprobación de la Ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Tres años después podemos volver a
hablar de que idénticas cuestiones están hoy sobre el tablero y con idéntico argumento por parte de los que fueron en su día autores o actores en este debate.
La presentación del proyecto de ley por parte del ministro de Justicia, señor Michavila,
sin complejos -en expresión que tanto le gustaba manifestar-, comenzó así, diciendo que presentaba este texto sin complejos. Tuvo seis enmiendas a la totalidad. Me dirá usted que en conjunto afectaban a una minoría de los grupos de esta Cámara,
pero también me reconocerá que no es habitual que las formaciones políticas que no apoyan textos del Gobierno presenten un número tal de enmiendas a la totalidad. Salieron -le decía- todos los datos que están hoy en el debate de las cuestiones que
nos traen hoy a esta Cámara: se habló del derecho penal y de la justicia como venganza, que es una idea que popularmente tiene calado y resulta evidentemente atractiva para las personas que han padecido esta violencia. No el propio señor ministro
al que he citado pero sí algún representante del Grupo Popular volvió a utilizar la frase de que es conveniente que los asesinos se pudran en las cárceles. Volvió a haber una utilización descarada y vergonzosa por parte del Grupo Popular del duelo
de las víctimas, excluyendo del dolor por la existencia de estas víctimas a las demás formaciones políticas, cuando trayectoria tenemos de habernos preocupado y de haber sentido todos y cada uno de los atentados que ha llevado a cabo la banda
terrorista. Se generó alarma social intentando que la ley que se aprobaba, con el endurecimiento de las penas, resultase atractiva al entramado social, y en esto tuvo algo que ver esta misma diputada que hoy le habla, puesto que cuando empezó la
andadura este proyecto de ley solicité del Gobierno, puesto que se trataba del endurecimiento de las penas, un listado aproximado de a cuántos presos se les iba a hacer el cómputo en relación con lo que se establecía en la normativa que pretendíamos
abordar y qué había ocurrido con la aplicación del que entonces era código vigente, del año 1973, puesto que las críticas se centraron, como no podía ser de otra manera, en un texto legal que procedía de la etapa socialista, como es el código del
año 1995. La contestación no me fue dada por el Gobierno, sino que se la hizo llegar a la Agencia EFE, que hizo público, el mismo día que iba a tener lugar el debate en esta Comisión, un listado, más bien un listadillo, como tuve ocasión de decir,
puesto que no era excesivo el número de casos que, según el criterio del Partido Popular o del Gobierno en aquel entonces, habían salido con escaso cumplimiento de las penas.
Veinte o veintitantos años de cumplimiento de penas a mi formación
política no le parecen escasos, pero airear semejantes datos generó el clima social bastante para que pareciese correcto esgrimir un aumento de las penas como adecuado a la realidad que se trataba de legislar.



Más sorprendente resulta desde la perspectiva de hoy, señor ministro, el entusiasmo que usted mismo manifestó, puesto que usted era quien intervenía como portavoz por parte del Grupo Socialista, cuando apoyaron sin fisuras el texto que
presentaba el Gobierno -manifestaron que habían introducido algunas enmiendas, pero no fue para tanto lo que se introdujo como para cambiar el sesgo, desde nuestra perspectiva abiertamente inconstitucional, del tenor de esta norma-. No obstante,
hay en su última intervención en esta Comisión una frase que me parece significativa y que estimo justo recordarle. Usted decía que había que aplicar a los terroristas todo el rigor del sistema penitenciario hasta que desaparezca el terrorismo. Me
parece que si estamos en la antesala de una situación así -ojalá, a pesar de los atentados, que mi grupo político también deplora, el habido esta mañana y los de los días anteriores-, quizá ha llegado el momento de revisar ciertas cuestiones, como
le haré gala de petición al concluir mi intervención.



Señor ministro, no sé si usted ha seguido -yo sí, porque estas cosas me gustan- cuál ha sido el criterio que a la doctrina penalista le ha merecido la Ley orgánica 7/2003, a la que me he estado refiriendo hasta este momento y que, que yo
sepa, no ha sido todavía objeto de aplicación, puesto que nadie ha cumplido tan largas penas desde el momento de su entrada en vigor en el año 2003. No he encontrado ningún artículo que sea favorable a los criterios que se establecen. En cuanto a
la exacerbación o exasperación penal, en los límites constitucionales, de la duración de las penas privativas de libertad hay escritos muchos artículos coincidentes en que existe una vulneración no solo del artículo 25 de la Constitución y del 15
por supuesto sino del artículo 3 del Convenio de Roma, porque habla de falsas penas temporales -dice- siempre que por su modalidad de ejecución no admitan una posibilidad real de acortamiento que permita lograr el objetivo de que a su finalización
espere al condenado una perspectiva razonablemente larga de vida en libertad. No existe ninguna cuestión planteada respecto de esta norma, pero nosotros sostenemos la convicción de que sería declarada inconstitucional de llegar al Tribunal
Constitucional.



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No puedo dejar de mencionar los criterios que se esgrimen y que están en la prensa del día de hoy en relación con el pronunciamiento del Tribunal Supremo en días recientes sobre cómo ha de computarse la duración del cumplimiento de las penas
en relación con determinada delincuencia, rompiendo, como usted bien ha dicho, lo que había sido el criterio unánimemente sostenido con el código del año 1973 hasta ahora, no solo en la práctica penitenciaria sino por todos los tribunales, Tribunal
Supremo incluido. A nosotros nos parece que el contenido de esta sentencia es una reescritura del Código Penal para un concreto caso de historial delictivo, que no debiera ser y que pone en entredicho todos los principios propios del derecho penal,
lex praevia, lex certa y seguridad jurídica, incluso el principio pro reo en la interpretación y aplicación de las normas. Además, rompe con la reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, en el sentido de
entender que nunca un tribunal puede entrar a dilucidar una cuestión que no le haya sido planteada por las partes, ni siquiera pro reo; es decir, algo que ni el fiscal ni las acusaciones hayan llevado al procedimiento puede ser decidido por el
tribunal. Es reiterada jurisprudencia, incluso cuando es en beneficio del reo, es un principio clásico y asentado del derecho penal. En este caso ninguna de las partes había llevado a pleito esta cuestión. El Tribunal Supremo se ha visto forzado
a una interpretación distinta simplemente por una alarma social generada por un aireo de ciertas cuestiones desde sectores de una determinada ideología que representa el Partido Popular. Nuevamente le digo que de llegar esta sentencia al Tribunal
Constitucional, como esperamos que sea, el Tribunal Constitucional la reconducirá sin ninguna duda a lo que ha sido hasta ahora el criterio acorde con los principios del derecho penal.



Le cuento como anécdota que hablando en días pasados con uno de los tres magistrados autores de voto particular le pedía yo que cuando estuvieran redactados la sentencia y el voto -cuando fuera posible; no le hablaba de filtraciones como
las que ocurren con la prensa constantemente- se me diese traslado de ellos. Le dije: ya me gustará conocer en qué basáis el voto particular. Y este magistrado, cuyo nombre no le diré, me dijo: el voto particular es facilísimo de redactar; lo
que es muy complicado es que nuestros compañeros de la mayoría puedan articular con alguna coherencia y solvencia la disidencia respecto del criterio unánimemente sostenido hasta ahora.



Concluyo, señor ministro, haciéndole las siguientes consideraciones. Si, como esperamos, ETA está sopesando el abandono de las armas y el Gobierno del que usted forma parte, de José Luis Rodríguez Zapatero, al que me parece justo citar en
esta cuestión concreta, intenta empujar en esa dirección, le reconozco el mérito, de que lo está haciendo en medio de grandes dificultades y con el acoso del Partido Popular y de todo el entorno que él controla y utiliza. Pero tiene usted otros
apoyos, como el de mi grupo, el del partido al que yo pertenezco y el del Gobierno vasco, por supuesto, e incluso le pedimos una mayor audacia en los cambios normativos. Le reitero lo que antes he dicho creo que se debería derogar la Ley de
Partidos, se debería cumplir íntegramente la sentencia del Tribunal Constitucional referida al delito de colaboración con banda armada y debería revisarse la modificación del Código Penal sobre el cumplimiento íntegro de las penas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané i Guasch.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la comparecencia en esta Comisión del ministro de Justicia y manifestar la posición de nuestro grupo
parlamentario. El señor ministro ha abordado y enlazado bien los dos motivos de la comparecencia. El primero está centrado en la aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que se aprobó en esta Cámara en la legislatura pasada. Nosotros,
que presentamos enmiendas y negociamos dicha ley, tenemos desde esa posición negociadora una especial legitimidad para entender cómo debe interpretarse la misma.
Por tanto, queremos reiterar nuestra posición en el debate de totalidad, expresada por
el entonces portavoz de mi grupo parlamentario Xavier Trias, en la que afirmaba ante el Pleno del Congreso el 23 de mayo del año 2002 que ningún partido debería ser ilegalizado en ningún caso por su ideología y que la ley en ningún caso debería
tener carácter retroactivo.



Desde Convergència i Unió afirmábamos que una ley de partidos políticos nunca puede servir para perseguir ideas, para perseguir la pluralidad, para perseguir a quienes defienden en una España plural la libre determinación de los pueblos que
la integran. Cualquier idea debe poder ser defendida por un partido político si respeta la democracia y los derechos humanos y no utiliza nunca un método violento o terrorista para imponerla. Esa era la voluntad negociadora de Convergència i Unió
en la pasada legislatura cuando presentó enmiendas a ese proyecto de ley. Por tanto, no vamos a pedir al Gobierno que se aparte en ningún caso de la visión de que la ley no puede perseguir ideas o posiciones que no se amparen en el terrorismo para
marcar directamente su fuerza electoral. Un Estado de derecho tiene sus reglas y hay que respetarlas y cumplirlas.
Nosotros no queremos ahondar en ese aspecto y una vez más, desde la posición que nos proporciona haber introducido enmiendas a ese
proyecto de ley, pedimos ese marco abierto de respeto a la pluralidad ideológica que distinguió la posición de nuestro grupo en la pasada legislatura.



En cuanto al segundo aspecto de la comparecencia, nos duele, nos duele muchísimo, señor ministro de Justicia, que de la política penitenciaria en relación con el cumplimiento de penas por delincuentes y terroristas se


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haga cuestión de disputa partidista en esta Cámara y en la sociedad. Nos duele. Entendemos que nos empobrece. Entendemos que este Congreso de los Diputados resta más que suma cuando se abre la estrategia de discutir de qué manera se
aplica la política penitenciaria o si esto se hace para favorecer o no a unos terroristas que están cumpliendo sus penas. Nos duele que se plantee este debate, porque crea una sensación de desánimo en la ciudadanía al vernos divididos ante lo que
debería ser un mensaje unitario. Convergència i Unió nunca ha negado apoyo a ningún Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo, nunca, ni en los gobiernos de Suárez, ni en los gobiernos de Felipe González, ni en los gobiernos de Aznar, ni lo
vamos a hacer ahora con el Gobierno al que usted representa en esta Comisión. Le damos apoyo y entendemos que las premisas que deberían guiar la actuación parlamentaria en este debate son la discreción, la serenidad y el respeto al Estado de
derecho, pero sobre todo la de no hacer del terrorismo un arma arrojadiza de unos contra otros. Si se hace esto, se cae en la irresponsabilidad; si se hace esto, se da una imagen no deseada a la sociedad. No estamos representando bien a los
ciudadanos cuando nos ven divididos a la hora de enfocar la lucha contra el terrorismo. Por tanto, apelamos a la unidad y, ahora que se discute la vigencia del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, pedimos una vez más que ese pacto se
abra a todas las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, que tienen un historial claramente a favor de la lucha contra el terrorismo, a favor de las políticas de Estado y a favor de la discreción. Evidentemente, una política antiterrorista seria no
puede debatirse en su totalidad con luz y taquígrafos. Hay aspectos que deben ser tratados en foros de información parlamentaria más restringidos, porque para ser eficaces se requiere esa unanimidad, esa discreción, esa serenidad y ese respeto al
Estado de derecho, respeto al Estado de derecho que significa también respeto a las decisiones de nuestros tribunales. Alguien quería discutir una política penitenciaria y el propio Tribunal Supremo ha reafirmado recientemente unas normas más
estrictas en el cumplimiento de las penas, no para ir en contra de unos o a favor de otros, sino por respeto a las reglas del Estado de derecho.
Nosotros respetamos esa jurisprudencia, pero queremos marcar claramente una posición contraria a
aquellos que quieren erosionar al Gobierno con la política antiterrorista. No nos lo merecemos. No se lo merece este Gobierno, pero tampoco se lo merecería el Gobierno anterior. Usted habla como mérito de entrada -y en eso permítame, señor
ministro, que le manifieste una pequeña discrepancia- de que en dos años de su Gobierno el balance no es negativo. No lo es porque tampoco lo era en la pasada legislatura. Aquí hay un mérito compartido, de su Gobierno y de gobiernos anteriores.
Por tanto, sería injusto decir que en los dos primeros años le van mejor las cosas que le iban a gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores también hicieron lo que pudieron para, desde un punto de vista de política de Estado, avanzar en
la lucha contra el terrorismo. Por tanto, ese y el objetivo compartido, el objetivo de que la responsabilidad del terrorismo es de los terroristas. No hay que buscar en ningún caso complicidades que no se corresponden -creemos desde Convergència i
Unió- con la actuación de su Gobierno, pero tampoco con la de gobiernos anteriores.



Nosotros dimos nuestro apoyo en el último debate de política general, el pasado mes de mayo, a la resolución que nos pidió el Gobierno. Le dimos nuestro apoyo básicamente porque nos lo pedía el Gobierno. El Gobierno quería hacer una
apuesta. Nosotros, ante un Gobierno que quiere hacer una apuesta para ver si es posible avanzar y acabar con el terrorismo -que es un objetivo que compartimos todos en esta Cámara-, si el Gobierno nos lo pide, nosotros pensábamos y pensamos que
vale la pena intentarlo, pero respetando el Estado de derecho. Vale la pena intentarlo pero con discreción. A veces también incluso hay manifestaciones que pueden alentar públicamente unos avances que a lo mejor no se producen. Por tanto, también
quisiera pedirles desde Convergència i Unió moderación respecto a la publicidad de cualquier aspecto que pueda dar lugar a conjeturas. Discreción, respeto al Estado de derecho, evidentemente respeto a las víctimas -sobre todo ante las víctimas-, y
ante el conjunto de los ciudadanos intentar entre todos que en ningún caso se plasme lo que nos está pasando ahora. ¿Y qué nos está pasando? Que de la política antiterrorista hemos hecho un motivo de debate parlamentario y de división política,
una de las premisas que nunca debería suceder y que no nos podemos permitir. Usted ha empezado su intervención condenando el último atentado terrorista que tuvo lugar hace unas horas en el País Vasco, nosotros también, los hemos condenado todos.
Condenamos también públicamente cualquier actuación terrorista que tenga lugar, con víctimas o sin ellas, pero para luchar contra el terrorismo etarra, y también para luchar por supuesto contra las nuevas formas de terrorismo internacional que
tuvieron un trágico reflejo con el 11-M debe haber unidad de todos.
Por tanto, desde su responsabilidad como ministro de Justicia sabe que tiene a Convergència i Unió detrás en cuanto al apoyo hacia esa lucha y hacia la aplicación penitenciaria que
respete el Estado de derecho. No vamos a ser nosotros los que insinuemos en ningún caso, porque entendemos que es una irresponsabilidad, que el Gobierno está detrás de determinadas interpretaciones de la normativa penitenciaria para producir
determinados resultados -después el Tribunal Supremo se encargó de dictar sentencia-.
Nosotros en ningún caso caeríamos en esa insinuación. Nos tiene detrás, pero también le pedimos como ministro de Justicia que su Gobierno haga esfuerzos para dar
un paso más y unir a todos en lo que debería ser un pacto de todos contra el terrorismo.



No entendemos en ningún caso que el Pacto por las libertades y contra el terrorismo excluya al principal partido nacionalista en el País Vasco, que tiene responsabilidades de Gobierno y que está fuera del pacto, que nos excluya a los otros
partidos nacionalistas de esta


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Cámara, que excluya a Izquierda Unida. No nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos dar ante la sociedad una imagen de que aquí no estamos todos juntos. Como debemos estar todos juntos, desde esta óptica, le pedimos desde
Convergència i Unió una vez más que abra el pacto, que nos incluya a todos y que logremos al final, desde la unidad, desde ausencia de crispación que es lo que debería dominar en este debate y desde el firme propósito de no llevarlo a las Cámaras
para mostrar división, ese objetivo que todos compartíamos cuando votamos la resolución que el Gobierno nos pidió en mayo y que al final del túnel se vea la luz de que hemos conseguido claramente vencer al terrorismo y ganar la apuesta de la paz,
que seguro que las víctimas y el conjunto de la sociedad es lo que están esperando de todos nosotros.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Astarloa Huarte-Mendicoa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor ministro, bienvenido una vez más a la Comisión. Señorías, empezaré por apelar a la benevolencia secular de la Presidencia para poder tratar los muchos, importantes y delicados asuntos que durante
más de una hora nos ha suscitado el señor ministro de Justicia. Empiezo como él, es obligado, y como otros portavoces, adhiriéndome a la condena, que entiendo que es unánime de esta Comisión, al último atentado, a los últimos desdichadamente
repetidos atentados, a la multiplicación de la violencia que se está produciendo en los últimos días y en relación con la cual comparto la afirmación del señor ministro de que nadie, ni el Gobierno ni la sociedad ni las fuerzas políticas, podemos
bajar guardia. Bien al contrario, hagamos llegar muy claro el mensaje a todos los ciudadanos de que nadie debe bajar la guardia en este momento. Comparto eso con S.S. y comparto otra cosa. Son las dos únicas que voy a compartir muy
lamentablemente en esta comparecencia.



Comparto en que hubo un tiempo en el que con mayoría absoluta del Partido Popular, usted, en la oposición, como ha recordado, prestó un buen servicio a su país trabajando junto con el Gobierno para articular las buenas políticas
antiterroristas que han permitido llevar a ETA al momento más débil de su historia. Porque lo he conocido en primera persona, se lo agradecí extraordinariamente como merecía entonces, a usted y a su partido, y hoy que usted lo recordaba lo
reconozco. Lo que tengo que añadir es que me produce una extraordinaria pena que habiendo vivido en primera persona eso y habiendo visto cómo en este país éramos capaces de trabajar juntos para eliminar la impresión de que los terroristas eran
gente de duración universal y demostrar que cuando se pone todo lo que un Estado de derecho tiene en la mano para acabar con el terror, todos juntos, con la ley, con la firmeza del Estado de derecho y con plena transparencia ante la sociedad, se
acaba con el terrorismo, decia que me produce una enorme pena política y, en la apelación personal que usted hacía, también en lo personal comprobar que desde que ustedes han llegado al Gobierno han considerado, por las razones que tengan, que no
compartimos, que es una buena idea romper el método que ha permitido avanzar a todos juntos en esa lucha y cambiar unilateralmente la política antiterrorista que estaba acabando con el terror. Me produce especial pena que además, cuando usted
explica sus razones, tenga que recurrir a absolutas descalificaciones permanentes -ha repetido todas y cada una de las que ya dijo la pasada semana en la interpelación- del pensamiento de los demás y tenga que recurrir a contar los hechos de una
manera rigurosamente interesada, engañosa, señor ministro, para acabar explicando cosas que o no tienen explicación o, si la tienen, no se proponen los argumentos encima de la mesa para explicarlas.



Como usted todo esto lo ha hecho con el mismo énfasis (por utilizar una palabra educada) con el que ya lo hizo en la pasada interpelación, insisto, repitiendo lo que dijo allí, y con el énfasis que está poniendo estos días en explicar sus
cosas ante los medios de comunicación, tengo que decirle que en un clima como el que estamos viviendo (que es un clima muy desdichado en el que, frente a la voluntad de todos los ciudadanos, que es que caminemos juntos como íbamos en la lucha contra
el terrorismo los dos partidos mayoritarios de este país, tienen un grave enfrentamiento en su política antiterrorista), un planteamiento como el que S.S., y en consecuencia el Gobierno de la nación, ha hecho esta mañana en sede parlamentaria, en
las Cortes Generales, no solo no ayuda nada a buscar mecanismos que permitan que recuperemos la política que juntos estábamos haciendo para derrotar a ETA, sino que los ciudadanos vienen a decirle a que la ruptura unilateral que se produce por el
Gobierno desde el inicio de la legislatura (ahora lo repasaremos) es exactamente la política que quiere seguir en relación con la lucha antiterrorista de este país. No tengo duda, señor ministro, de que su primer objetivo en la lucha antiterrorista
es acabar con el terror ¡Cómo voy a tener duda de semejante cosa! Ustedes, naturalmente, tienen como primer objetivo acabar con ETA. Me temo que discrepamos, a día de hoy, absolutamente en el cómo acabar con ETA, pero no tengo duda de que ustedes
tienen ese como primer objetivo; sin embargo, salvado el primer objetivo, déjeme que le diga, con toda claridad porque lo pienso, que ustedes en el desarrollo de su política antiterrorista (si quiere quite el antiterrorista, y lo dejamos en su
política general) el segundo objetivo que tienen hoy como Gobierno es atacar de forma inmisericorde, con argumentos o sin ellos, al partido mayoritario de la oposición. Es una tragedia que algo que nace en un sitio que jamás debería haber existido,
que es el llamado Pacto del Tinell, ustedes lo hayan extendido a la política antiterrorista, hasta el punto de romper el método y la política que juntos hacíamos para derrotar a ETA.



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Ha dicho usted muy bien, señor ministro, que las dos comparecencias tienen unidad; claro. Estas dos comparecencias, como otras muchas que podría sustanciar S.S. sobre decisiones adoptadas por el Gobierno, que nosotros consideramos
gravemente erróneas en la política antiterrorista, forman parte de una trayectoria de gobierno que dice, según nuestro balance, que ustedes están llevando la lucha antiterrorista no por el camino que llevábamos juntos, que era el desistimiento del
terror, sino hacia el escenario de una negociación. Durante todo este periodo, supongo que en coherencia con la finalidad que ustedes persiguen, han ido pasando una serie de cosas desde el Gobierno de la nación, que a nuestro muy modesto y leal
saber y entender (algo sabemos de esto) están diluyendo la enorme fortaleza que tenía el Estado de derecho, hasta el punto de haber generado la impresión general de que no había otra solución que el desistimiento en la organización, en la banda
terrorista ETA. Hoy (no haga usted bromas sobre esto) aquello que empezaba a ser una presencia residual es la primera página de todos los periódicos de este país, con sus bombas, con su terrorismo urbano, que está afectando a los de siempre, a los
socialistas de siempre y a los populares de siempre en el País Vasco. El otro día le tiraban unos cohetes a un militante del Partido Socialista, atacaban sedes. Hoy, con bombas, con terrorismo urbano, con la masiva extorsión que se está
produciendo y con el horror, déjenme que lo diga, de que señores que han sido ilegalizados, que han sido expulsados de la democracia porque no deben estar en ella, porque no se mata a los demás para imponer ninguna idea, esos señores tienen el
máximo protagonismo político y están dando ruedas de prensa todos los días y diciéndoles a ustedes las condiciones que les ponen para que ustedes puedan llevar a cabo el proceso del que habla todo el país. Eso es un desastre para los ciudadanos de
este país, naturalmente que lo es.



Le he dicho: La suma de elementos, incluidas las decisiones de Gobierno (hoy no me voy a detener en ello porque no quiero alargar más el tiempo), en declaraciones políticas añadidas, nacidas del Gobierno y del Partido Socialista (me ciño a
los hechos) es una suma gravísima de decisiones del Gobierno, nacidas muchas de ellas de su departamento, señor ministro (vamos a hablar a fondo de eso, porque usted es quien tiene bajo sus órdenes a la Abogacía del Estado y su departamento es con
el que se relaciona el señor fiscal general del Estado), que están diluyendo gravemente la fortaleza del Estado de derecho en la lucha contra el terror. La primera es la ruptura del Pacto antiterrorista, que, como usted sabe, la jalean por activa y
por pasiva como el gran éxito que han conseguido los señores de las pistolas en el tiempo actual. Sabe que les divierte especialmente decir tres cosas, que tendremos que escuchar: una, que han roto el Pacto antiterrorista; dos, que se han cargado
la Ley de Partidos y el proceso ilegalizador en su terminología; y tres (nos lo han repetido desde el pasado fin de semana), que están acertando en su estrategia y poniendo en crisis el Estado de derecho. Hacía usted un chistecillo que no puedo
compartir cuando decía: Fíjense cómo son los del Partido Popular que dicen que el Pacto antiterrorista se rompió desde el principio porque en el caso Atutxa se modificó la ley. Cuente los hechos, por favor, señor ministro, de eso y de todo lo
demás que no ha contado, y a partir de ahí analicemos y que los ciudadanos juzguen quién tiene razón. Jamás ha dicho nadie del Partido Popular que la ruptura del Pacto antiterrorista es por la pequeña cuestión de que el fiscal general del Estado
tuvo la pésima ocurrencia de desmentir los actos anteriores de la Fiscalía y el Tribunal Supremo al que pertenece y de pedir el archivo de la querella del caso Atutxa. Lo que sí se ha dicho es que en cada una de las ocasiones, señor ministro, en
las que ustedes han adoptado decisiones que nosotros hemos considerado gravemente erróneas al principio y que a partir de un determinado momento avalan la impresión de que quieren seguir otros derroteros en la lucha antiterrorista, que no eran los
del Pacto antiterrorista, nosotros les hemos pedido que reuniesen el Pacto antiterrorista. Ustedes una tras otra, hasta seis veces durante un año, uno, se han negado a reunirse y, dos nos han dicho las mismas barbaridades y disparates que S.S. ha
pronunciado en la sesión de hoy: mentira, engaño, alarma, posición partidista y aprovechamiento interesado para hacer oposición. Todo esto en el marco del talante, señor ministro, que entre otras manifestaciones llevó a decir al señor presidente
del Gobierno: Bastará con que el Partido Popular diga que se reúna el Pacto antiterrorista para que se reúna. Mentira tremenda, ni una sola vez, y además los epítetos.



Le puedo repasar todas las veces, y usted me puede decir que en aquella ocasión ustedes no tenían razón para pedirlo. Lo podemos discutir, pero no hemos llegado a ese punto, señor ministro. Durante un año, cada vez que hemos pedido la
reunión del Pacto antiterrorista se han negado y nos han insultado, como hoy: cuando se ha modificado el Código Penal eliminando del mismo el delito de que un ayuntamiento o corporación no puede financiar asociaciones vinculadas al terror; cuando
se ha creado la figura del Alto comisionado para las Víctimas; cuando se ha nombrado a la persona correspondiente; cuando en los medios de comunicación aparecen noticias repetidas de que fulano está negociando con mengano; cuando en el seno de
algo que usted ha recordado, que es el proceso de ilegalización de una de las candidaturas a las elecciones vascas, aparece entre los elementos de cargo que llevan a los tribunales a tomar la decisión una conversación entre un preso y su abogado que
dice que fulano del PSOE está reuniéndose para negociar con mengano de ETA. Probablemente era mentira; ustedes dirán. Lo que le digo es que no se me ocurren razones más lógicas que las que le estoy exponiendo para que se hubiese reunido el pacto
que ustedes no han querido ni ver en pintura desde el principio de la legislatura. La cosa ha llevado al Partido Comunista de las Tierras Vascas.



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Aquí tengo que decir dos cosas. Siguen diciendo que el pacto lo rompemos los demás, cuando ustedes ni quisieron vernos en el pacto antiterrorista para hablar del Partido Comunista de las Tierras Vascas; eso sí que es, señor ministro, una
extraordinaria desfachatez. Además dice S.S. una cosa tremenda. Su señoría no solo sostiene que en aquel tiempo no hubo elementos de juicio que permitiesen al Gobierno cumplir su función de instar ante el Tribunal Supremo que no se presentase una
candidatura que era manifiestamente una nueva cara que utilizaba el terror para salvar la ilegalización, sino que ha llegado a decir que a día de hoy se mantiene en el juicio. A lo mejor lo que digo es un poco excesivo, pero seguro que no hay ni un
solo español en este momento que no tenga claro que el Partido Comunista de las Tierras Vascas es otro rostro de Batasuna-ETA.
Yo no puedo repetir aquí el debate entero sobre los elementos de juicio que había antes de la elección, inmediatamente
después de la elección y hoy, pero son abrumadores, señor ministro; si cualquiera de los que está en esta sala, o fuera de ella los pone juntos, uno detrás del otro, no hace falta ni que ponga el suplico al Tribunal Supremo; basta con ponerlos uno
detrás del otro: los que había antes de la elección, que era el momento operativo importante para evitar que ETA burlase la Ley de Partidos, y los que se han ido sumando hasta el día de hoy, hasta el punto de que dice S.S. una cosa extremadamente
pintoresca, que es: Y ahí están los sujetos de uno y los sujetos de otro, y son perfectamente diferenciados y aparecen unos por un lado y otros por otro. La unidad y continuidad de la acción instrumental del Partido Comunista de las Tierras Vascas
con Batasuna, como sabe todo el mundo, es absoluta. Asi lo demuestra cada uno de los elementos que se han acumulado sobre identidad o proximidad de organización, de estructura, de personas, de los asesores que están en el Parlamento en este momento
trabajando para el Partido Comunista de las Tierras Vascas, de todos los elementos, insisto (salvo que S.S. me requiera no le voy a repetir, entre otras cosas porque se lo mandamos por escrito al Gobierno, antes de la elección y después de la
elección), de todos los datos que estaban allí y de todos los datos que están aquí.



Por recordar y avivar la memoria, esta comparecencia era de julio -como recordará su señoría-, y entre otras cosas se dice: identidad de cartelería o que pidieron el voto. Sí, pidieron el voto, identidad de cartelería y cincuenta cosas
más. Por ejemplo, la parlamentaria y dirigente de Batasuna -por citar, insisto, algunos detalles mínimos- Jone Goiricelaia (Sopelana, 12 de abril de 2005) efectivamente pide el voto para el Partido Comunista de las Tierras Vascas y dice: Nunca ha
sido tan importante el voto a la izquierda abertzale; nos jugamos mucho. Claro, pues si sabemos todos de qué estamos hablando, menos el Gobierno de la nación, señor ministro. La misma señora Jone Goiricelaia, en Durango, pide el voto: es una
papeleta legal, que nos permite acceder a las urnas y que ha conseguido romper la ilegalización. Señor ministro, es humillante para un país que una organización terrorista pueda con tanta facilidad y sin oposición de todo el aparato del Estado
meter en las instituciones un nuevo rostro, que todos sabemos quién es y cuando tenemos elementos sobrados de juicio para llevarlo a los tribunales y que sean los jueces, en cumplimiento de la Ley de Partidos, los que digan lo que tienen que decir.



Ha citado S.S. los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más los informes de la Abogacía del Estado, más los papeles de nuestro inefable fiscal general del Estado, como si unánimemente dijesen: está absolutamente
acreditado que estos señores son esa cosa paleomarxista que S.S. dijo. Su señoría sabe (es el primero que los ha leído, y luego los hemos leído todos los españoles porque se han publicado en todos los medios de comunicación) que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado les dijeron que había elementos sobrados para esto, y en consecuencia ustedes tenían instrumentos jurídicos sobrados para haber actuado jurídicamente como tenían que haber actuado, que es aplicando la Ley de Partidos.
Cada vez que hablamos de esto, S.S. y todos su compañeros de Gobierno y de partido se divierten metiéndose con el Partido Popular y dicen aquello de: el que lo legalizó fue el ministro Acebes y nosotros nos hemos encontrado un partido en el
registro. Vamos a hablar de eso con toda claridad. En primer lugar, los partidos no los legaliza un ministro del Interior; supongo que S.S. estará de acuerdo conmigo, con independencia de las palabras que, entiendo que por error, suele utilizar.
Los partidos se inscriben, entonces y ahora, en un registro, y si el Ministerio del Interior aprecia que hay elementos que debe remitir ese partido político en su día al fiscal, para la acción penal, y desde la aprobación de la Ley de Partidos
también para la vía de la Ley de Partidos, el ministro del Interior lo hace. Se inscribe el partido político cuando se acaba de aprobar la Ley de Partidos Políticos y concretamente después de reunirse esta Cámara para tomar la decisión de iniciar
la actividad de ilegalización de Batasuna. En los estatutos de ese partido político (lo ha dicho S.S., me evita tener que explicarlo) no hay un solo elemento que lleve a decir: esto es ETA; ergo, el señor que está con la gorra y el lápiz en el
registro inscribe, no el ministro del Interior. Cuando llega la aplicación de la Ley de Partidos, es decir cuando se pone en cuestión eso que nunca pensaron los señores de ETA que sería posible para el Estado, que es que se convoquen unas
elecciones, se presenten 400 candidaturas y el Estado tenga capacidad para evitar que no se le cuele ni una; cuando llega ese momento... Yo tengo que hacer aquí un homenaje extraordinario a sus abogados del Estado, a sus fiscales, a los policías y
a los guardias civiles, que hicieron un trabajo tan extraordinario que, en unas elecciones municipales con 400 plataformas, evitaron que pasase una. Era la primera vez y eran 400 candidaturas y eran noches y días sin dormir trabajando el Estado
para decir: se acabó la burla del terror. A ustedes les presentaron dos, y una de ellas es la que ha permitido que sigan en las instituciones. Su


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señoría puede decir lo que quiera, pero no se olvide (seguro que tiene los datos encima de la mesa) de que, cuando llegó el momento de las 400 plataformas, al tiempo se intentaron presentar partidos políticos que se habían presentado en el
registro o que estaban dormidos en el registro como alternativa a las plataformas. Se impidió a todos, porque una de las preocupaciones elementales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados del Estado y Fiscalía, con el esfuerzo
puesto encima de la mesa y la dirección política para que el esfuerzo se pusiese, que se utilizase ningún partido de los que se hubiesen podido inscribir antaño u hogaño en el registro para presentarse a las elecciones. Esa es la triste realidad,
no ya de que ustedes sigan siendo los únicos hoy que sostienen que no hay elementos de juicio para que el Partido Comunista de las Tierras Vascas esté ilegalizado, sino de que sigan utilizando los mismos horribles argumentos que les ponen a ustedes,
solo a ustedes, en evidencia. Así que, déjeme que le diga algo que ya le dije en el debate de la interpelación el otro día: yo ya no le pido nada (lo sabe; la sociedad tendrá que ver las responsabilidades de cada quién), pero esto se lo sigo
pidiendo, a pesar de todo, por la dignidad de todos. Dígale a su fiscal general del Estado y a su abogado general del Estado que cojan todo el dosier y lo lleven al Tribunal Supremo, para que desaparezca la humillación de que el terror siga
teniendo su rostro político en el Parlamento vasco porque el Estado no haya hecho lo que tenía que hacer.



Paso a la segunda cuestión, señor ministro. Usted ha saldado su comparecencia de hoy diciendo las mismas cosas que dijo el otro día, hasta con los mismos ejemplos concretos, y añadiendo solo dos cuestiones.
Como de pasada ha dicho: Y el
Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho.
Es verdad que S.S. se ha cuidado luego de decir (si quiere le pregunto en el seno de la comparecencia qué quería decir con eso) que opina aquí como servidor público, pero no como jurista, y que sobre esto
hay mucho debate, y que hay otras instancias que ya veremos qué dicen. Eso lo sabemos todos; lo que no sé muy bien es qué necesidad tenía usted decirlo a continuación de: Y el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho. En fin, dejemos eso. Ha
dicho una segunda cosa: que el Partido Popular tiene la culpa de todo; claro. El Partido Popular dice que ha ganado el pleito y que no estaba en el pleito. ¡Qué cantidad de sinsorgadas son esas, señor ministro! Vayamos a los hechos, por favor, a
los que son. Los hechos son que en aplicación de la ley se estableció una jurisprudencia constante que decía lo que decía; ustedes en el Gobierno y nosotros en el Gobierno aplicamos la ley y se produjeron las situaciones que se produjeron. Dice
usted: Nosotros no reprochamos nada. Yo le digo que nosotros tampoco. (El señor ministro de Justicia, López Aguilar: No.) Si quiere entablamos un tú a tú.



El señor PRESIDENTE: Eso después de la Comisión.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Ya sé que no me va a dejar, señor presidente.



Durante 15 años, se lo decía con el dolor correspondiente, señor ministro, mientras cumplíamos la ley quisimos cambiarla, pero ustedes no quisieron; así de claro. Nos habríamos evitado (estoy seguro), habríamos permitido (estoy seguro, por
decirlo en positivo) que lo que ahora es nuestro ordenamiento se hubiera podido aplicar mucho antes. Esa es su responsabilidad y le acompaña a usted. Puede decir todo lo que quiera, pero es el hecho histórico; como hecho histórico es que en 2003
se modificase, con el Partido Popular y el Partido Socialista. Tampoco le voy a poner, señor ministro, en el compromiso de explicarnos a nosotros ni a nadie qué problemas tuvo usted en su momento para apoyar esa ley, cuando es público y notorio
que, por ejemplo, quien hoy es ministro del Interior se opone. No se lo voy a preguntar; se cambia en 2003. A partir de ahí se asienta en la sociedad algo que ha tardado mucho tiempo en afianzarse pero que hoy está extendido por todas partes, en
ustedes y en nosotros y en todos los ciudadanos: que nuestro sistema jurídico no puede ser tan estúpido -a diferencia de los demás sistemas jurídicos- que sancione igual a un señor con un delito que con cuatrocientos, con un robo que con 400
asesinatos. Eso, señor ministro, es lo que aprueba la Audiencia Nacional, a instancia de la Fiscalía, que se haga justicia material, como le dije en la interpelación. Era justo y era lógico (es lo que entiende cualquier persona normal, sea
francesa, italiana, inglesa o española) que señores con 80 asesinatos y 4.000 años de condena no pudiesen salir a la calle con 12, 13, 14 ó 15 años de cumplimiento de la misma.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, para su conocimiento, lleva 30 minutos consumidos y todavía queda pendiente un grupo parlamentario.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Agradezco la benevolencia mostrada y también, por anticipado, aquella para la parte pequeña que me queda por intervenir.



El señor PRESIDENTE: Que sea pequeña.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Usted protesta y dice: Han sido unos señores los que han creado alarma. No, son ustedes y sus hechos; sus hechos son suyos y su responsabilidad. Hecho número uno, el fiscal general del Estado en la
Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se cambie el criterio que ha mantenido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿Por qué, señor ministro? Hecho número dos, como se organiza la que se organiza en la opinión pública (no desprecio a la opinión
pública cuando se escandaliza de que un etarra salga con pocos años de condena, no crea que estas son las patrañas del Partido Popular, escuche lo que las encuestas dicen sobre esto), es decir la alarma correspondiente,


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el fiscal general añade encima un escenario que incorpora daño al daño, porque reúne a la Junta de fiscales y sale un señor diciendo que ahí se ha acordado por unanimidad lo que había dicho el fiscal general del Estado, pero salen unos
señores humildemente diciendo que por unanimidad no. No traslade a la opinión pública mentiras porque fulano, mengano y zutano... No. ¿Qué querían ustedes trasladar a la opinión pública? Llego al fondo final de la cuestión. Su señoría ha dicho
que el Tribunal Supremo ha dado la razón a Henri Parot. Señor ministro, por favor, no nos trate a todos los que estamos aquí y a todos los que están fuera como si fuésemos rigurosamente idiotas. (El señor ministro de Justicia, López Aguilar: No
lo haga usted. Léase la sentencia.)


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, aproveche luego su turno, porque va a tener un turno de réplica.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: ¿De verdad que S.S. no ha cometido un lapsus línguae? ¿De verdad que lo que sostiene su señoría como ministro de Justicia de España es que el Tribunal Supremo ha dado la razón a Henri Parot? No se
olvide de lo que le dije en la interpelación, y se lo voy a recordar: No sé si la interpretación que hizo la Fiscalía en la Audiencia Nacional y que consagraron los jueces de la Audiencia Nacional es la que debe imperar para hacer justicia
material. Le añadí: Y su señoría sabe (ahí está el 'Diario de Sesiones') que los expertos sobre esta materia han elaborado durante estos años más de una solución para que se pueda hacer justicia material y no se produzca la excarcelación
anticipada de criminales. Son interpretaciones impecables que vendrían a modificar una jurisprudencia antigua.



Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo, no dar la razón a Henri Parot, que no va a salir cuando esperaba salir. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido justicia material porque antes -y desde luego ahí va el homenaje del Grupo
Popular- fiscales, jueces y expertos han trabajado duro para, sin salirse un milímetro de la ley, hacer posible el cambio de jurisprudencia que en este momento ha propiciado el Tribunal Supremo. Y, como S.S. decía, y es en lo único en lo que puedo
coincidir sobre esta cuestión, es una bendición para la justicia de este país, para la dignidad de este país y para la democracia misma que en este momento en España en esto seamos como los demás, es decír, que los criminales que hacen barbaridades
de ese calibre cumplen sus condenas como es debido.



Termino, señor presidente, para que no me tenga que volver a decir que ya debería haber terminado, con una reflexión de carácter general. Conoce muy bien nuestra forma de pensar sobre por qué, aparte de no compartir que se hayan cargado el
Pacto antiterrorista, no compartimos su actual política antiterrorista. A mí me gustaría que ustedes aceptasen, exactamente igual que yo, tengo que aceptar que la política antiterrorista que nosotros proponemos que se haga, que es la que habíamos
estado haciendo juntos hasta que ustedes la han cambiado, es la que nos gustaría que se siguiese haciendo. Ustedes tampoco aceptan eso y dicen que si exageramos, que si hay engaño, que si no sé qué y no sé cuánto. Voy a terminar, como le decía
antes, no pidiéndole a estas alturas que rectifique nada -después de oírle, me parece extraordinariamente difícil que ustedes se muevan un milímetro de donde han querido ponerse-. Lo que sí le quiero decir, para que nadie se llame a engaño, para
que lo sepan los ciudadanos, para que, en definitiva, cada uno ante las responsabilidades que tenemos con nuestra sociedad quede claro dónde está, es que nosotros seguimos pensando, uno, que el Pacto antiterrorista es el instrumento más valioso que
tenemos para acabar con ETA; dos, que cualquier gobierno y ustedes ahora tienen que ilegalizar uno detrás de otro cada uno de los rostros nuevos que se invente la organización terrorista ETA para estar en las instituciones; que hay que reprimir
todas las actividades de las organizaciones declaradas ilegales por ser terroristas; que no se puede transmitir a la opinión pública -fíjense ustedes la que están organizando, hasta con el cambio del discurso que ustedes tienen- que vayamos a hacer
ni la más mínima concesión o pagar un precio político, hojas de ruta para negociar precios políticos, procedimientos para negociar precios políticos. En definitiva, y sobre la última cuestión, que no le vuelva a pasar al ministro de Justicia de
España, ni al fiscal general del Estado de España, ni al presidente del Gobierno de España ni a ninguno de los españoles que no se ponga toda la fuerza de la ley y toda la capacidad del Estado para hacer la interpretación de la ley más favorable a
la justicia material y más desfavorable a ETA y a los criminales.



El señor PRESIDENTE: Informo a SS.SS. que el Grupo Socialista, va a dividir su intervención en dos partes, primera con la intervención del el señor Gascón Ortega, don Juan Luis, y la segunda, con la intervención del señor Villarrubia
Mediavilla, don Julio. A efecto de conocimiento, el señor Astarloa ha consumido 35 minutos, por lo que con la flexibilidad de la Presidencia, se pueden repartir ustedes un tiempo igual.



El señor RASCÓN ORTEGA: Agradezco la benevolencia que permanentemente ejerce la Presidencia.



Gracias, señor ministro, por las múltiples aclaraciones que ha hecho sobre estas dos cuestiones. Yo me voy a ocupar sólo de la primera e iniciaré mi intervención -no puede ser de otra manera- condenando una vez más que una banda asesina,
una banda terrorista, con todas sus letras, ETA, haya vuelto a poner una bomba contra la democracia. Todos los demócratas de este país estamos contra el terrorismo porque el terrorismo trata sencillamente de destruir la democracia y no debemos, sin
más, permitirlo.



Como decía, la cuestión que me toca a mí analizar es la posible iniciativa del Gobierno de la nación sobre la


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ilegalización de un partido político. Decía el portavoz del Grupo Popular que bien venía el tratamiento unitario de ambas cuestiones. Yo abordaré la segunda sólo indirectamente, porque, en efecto, tiene mucho que ver con lo que está
pasando en este país, le doy la razón, aunque sea en una sola ocasión, al señor Astarloa, porque la tiene. Efectivamente, lo que está ocurriendo en este país es que hay una unidad de estrategia para perseguir indiscriminadamente al Gobierno de la
nación, y cualquier cosa, tenga que ver o no con la política antiterrorista de este país, la oposición -esa que se decía antes leal oposición; hay que ver cómo han cambiado las cosas-intenta utilizarla contra el Gobierno de la nación, que al final
no es contra el Gobierno de la nación sino que es, desgraciadamente, contra todos.



La posible ilegalización de un partido político se puede definir como una cuestión meramente jurídica si no fuera porque el Partido Popular, de manera interesada, la ha llevado a un escenario descarada y marcadamente político. Se trata
sencillamente de saber qué es lo que da de sí la aplicación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, una ley orgánica que, no lo olvidemos, trata de proteger el orden constitucional en lo que afecta a los partidos políticos trata sencillamente de
sacar del panorama español a aquellos partidos que son irreconciliables con la democracia, y eso no lo hace el Gobierno de la nación, sino unos tribunales -ya empezamos a hablar de instituciones-, y deberíamos empezar a creernos que en este país las
instituciones funcionan bien. Y estoy mirando directamente a la bancada del Partido Popular. Es clave creer que el Estado de derecho se basa en la confianza de los ciudadanos y de los poderes públicos hacia sus instituciones y, por supuesto, en la
lealtad permanente de todos hacia esas instituciones.



¿Por qué digo esto? Lo digo porque son tribunales que actúan conforme a determinados códigos. Esos códigos son pruebas para conseguir la ilegalización de un determinado partido político que actúa grave y continuadamente contra el orden
democrático. Pruebas, no indicios. Y por lo que respecta al Partido Comunista de las Tierras Vascas, se necesita garantizar a ese tribunal, asegurarle mediante prueba, primero, que al menos guarda la misma ideología que Batasuna -la ilegalizada
Batasuna- y/o, segundo, que se ha producido una sustitución organizativa de ese partido.



Voy ahora a lo que hay, a lo que ha dicho en parte el señor ministro y a lo que no ha dicho el señor Astarloa. Voy a ilustrar a SS.SS. con esos indicios -que no pruebas- y luego opinan, porque algunos realmente están pensados no para
juristas, están pensados para alimentar esa estrategia unitaria contra el Gobierno desde -sin género de dudas- determinados medios de comunicación. Por eso usted dice, con buen criterio: Como sabe todo el mundo. Efectivamente, como sabe todo el
mundo. Señor Astarloa, primer indicio. El responsable del EHAC -Partido Comunista de las Tierras Vascas- es un dirigente de LAB y sus listas están compuestas por personas que pertenecen o tienen algún tipo de relación con LAB. En este país LAB es
un sindicato legal, completamente legal. Poderosa prueba, señor Astarloa. Otro indicio: En los puestos tercero, cuarto y vigesimotercero de las listas de este partido hay familiares de etarras. Sin duda, gran argumento jurídico. Yo no sabía que
las responsabilidades jurídicas de todo signo de una persona dejaban de ser personales, individualizables y ahora eran familiares. Otro indicio poderoso: un preso de ETA tenía un borrador de la ponencia de EHK y el manifiesto de creación de EHAC.

También podía tener la Biblia y a nadie se le ocurre ilegalizar a ninguna iglesia que utilice ese documento. Otro indicio poderoso: en EHAC sitúan en primer plano de sus reivindicaciones el lema de Batasuna, que se titula: Democracia y paz.
Probablemente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español estaríamos en condiciones, como mínimo, de suscribir ese rótulo. Otros indicios: el 2 de abril -según nota de prensa-, Batasuna pide formalmente el voto para EHAC. Batasuna
transmite en asambleas locales y en herrikotabernas que se vote a EHAC. El Tribunal Constitucional ha dicho de forma reiterada que el solo hecho de pedir votos de manera individual para un determinado partido político no ampara la actuación directa
e inmediata de la Ley de Partidos.



Voy a decirle un indicio que sí puede ser utilizado y que usted no ha mencionado: el responsable de prensa de Batasuna es el responsable de comunicación de EHAC. Pero el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto,
señalando que no es suficiente ese solo indicio para poner en movimiento la maquinaria de ilegalización de un partido político. Por una sencilla razón, porque está en juego algo muy grande para la democracia de este país, que es la participación
política. Todo lo demás que niegue ese valor esencial tiene que ser excepcional. Por tanto, ¿qué es lo que ha de buscarse? Una conducta reiterada de ofensa al marco democrático. Precisamente por eso, señor Astarloa, ustedes lo hicieron tan bien
en el año 2002 -claro que lo hicieron bien-, y tenían informes negativos. Tenían informes negativos de la policía y tenían un informe positivo de la fiscalía que les decía que no había razones para la ilegalización. Ese es el sentido, y, se ponga
como se ponga, las cosas no han cambiado absolutamente nada. Por eso ustedes lo hicieron bien, y el Gobierno de la nación, hasta este momento, en este tema lo está haciendo francamente bien.



Que la participación política es la regla y que lo demás es excepción nos lleva a reconocer que no se puede evaluar la actividad política de un partido a través de hechos aislados que pudieran ser ilegales. Fíjese que le digo que todos
tenemos en nuestros partidos actos que pueden ser contrarios a la ley; sin embargo, eso no justifica la ilegalización de ningún partido que está desarrollándose en el marco constitucional. En este momento, en este país hay algún partido político
que ha desatado campañas asociando la idea de ETA con el presidente del Gobierno, que es una institución de este país, o con el Partido Socialista Obrero Español.
En este momento,


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en este país hay consignas que se gritan en determinadas manifestaciones en las que se quiere mandar al presidente del Gobierno, a Zapatero, con su abuelo. En este país se ha promovido un referéndum ilegal, contrario abiertamente al
procedimiento establecido en la Constitución. En este país se han justificado contextualmente por un partido concreto, el mayoritario de la oposición, determinadas declaraciones, algo más que desafortunadas, de un militar que, tratando de proteger
la Constitución, ha querido arremeter contra ella. Y a nadie, a ningún demócrata con buen sentido que no haya perdido el juicio se le pasa por la imaginación ilegalizar al Partido Popular. Tengamos en cuenta estos argumentos porque al final son
los que nos protegen a todos, nos guste o no nos guste la ideología que el marco constitucional permite intervenir.



La realidad es que efectivamente hay una unidad de estrategia contra el Gobierno, por una sencilla razón: es un tótum revolútum contra el Gobierno porque el Gobierno, estando donde está, que es gobernando, molesta porque está ostentando un
poder que es el que quiere esa oposición. Una oposición que olvida que ese poder se consigue a través de los votos y no a través de las botas, aunque sean políticas. No lo olviden ustedes nunca, a través de los votos, nunca a través de las botas
políticas. No desprecien al pueblo, porque es el que da y quita, el que quita y pone. Esa estrategia pretende ir contra el Gobierno, ir indirectamente contra este país y desde luego no pretende ir contra ETA, que tiene que ser el objetivo único de
lucha de todos los demócratas. Esa es la realidad. No todo vale en política y desde luego ninguna oposición democrática en este país, hasta este momento, ha ido tan lejos como está yendo el Partido Popular. Estas son las claves del juego y estas
son las justificaciones de que determinados temas se utilicen por el Partido Popular para lo que se están utilizando. Y ahí es donde viene la manipulación de las víctimas. Ya sabemos que si algo no necesitan las víctimas es manipulación.
Necesitan apoyo, necesitan comprensión, necesitan la asistencia integral que ha mencionado el ministro, pero nunca, nunca manipulación. Y miren ustedes el panorama: la única fuerza política de este país que se dedica a manipular a esas víctimas es
la mayoritaria de la oposición, esa que tiene que ver con la leal oposición, la única fuerza política que trae permanentemente a debate acciones contra ETA y que pone en tela de juicio las actuaciones institucionales contra esa banda terrorista. Se
puede llamar fiscalía, se puede llamar Gobierno de la nación, se pueden llamar fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se puede llamar Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.
Todo aquello que no interese a esa estrategia, será desechado;
todo aquello que pueda ser utilizado contra el Gobierno, será permanentemente utilizado. Ahí están ustedes. Reflexionen porque sin duda el pueblo les va a decir que van por muy mal camino. Consigan o no un relativo desgaste de este Gobierno, van
por muy mal camino porque hacen un mal trabajo para este pueblo que lo merece todo. Ustedes tienen una responsabilidad en la oposición y pueden desarrollarla lealmente, que fue lo que, por cierto, otros en su momento, les ofrecieron con lealtad
total y absoluta, indiscriminada, cuando la necesitaron. Eso es ruptura del Pacto antiterrorista, sin duda, por los cuatro costados, pero no es tan importante como la deslealtad al pueblo al que todos nos debemos.



Ustedes dicen que todo esto tiene que ver con el intento de la puesta en marcha de una negociación del Gobierno de la nación con ETA. Tengo que recordarles que aquí han negociado todos los gobiernos, y legítimo es que lo hayan hecho porque
han intentado lo mejor para su pueblo, sin duda, con más o menos éxito, y no ha pasado absolutamente nada. Este Gobierno, sin ningún género de dudas, cuando llegue el momento, cuando se cumplan las condiciones adecuadas, lo hará y no pasará nada
porque eso es lo que quiere su pueblo y el Gobierno quiere lo mejor para su pueblo. Pero, fíjese, incluso en eso hay algunas diferencias. El señor Aznar negoció sin contar con nadie, y bien que lo hizo. No pasa nada porque quería lo mejor para su
pueblo; negoció, y bien que lo sabemos. No tuvo el resultado que quería, y tampoco pasa nada. El Gobierno que representa el señor ministro negociará si llega el momento, pero lo hará rindiendo culto a dos cosas básicas en democracia: primero, a
la verdad y, segundo, al respeto a las instituciones. Y rendir culto a la verdad cuando se trata de iniciar en su caso un proceso de paz significa reconocer que se va a negociar con terroristas, con todas las letras, con ETA y no con el movimiento
de liberación vasco, con terroristas con todas las letras, sin complejos, que para eso está un Gobierno responsable. Es una organización que todos sabemos -por eso se rinde culto a la verdad- que ha matado y ha desolado a este país en muchas
ocasiones, pero el 11 de marzo de 2004 no lo hizo. Eso también es rendir culto a la verdad. Y se rendirá culto al respeto institucional sabiendo en cada sitio del Estado de derecho qué es lo que tiene que hacer cada institución y respetándola
hasta sus últimas consecuencias.



Acabo ya llamándoles una vez más a la responsabilidad que tienen como leal oposición. Vuelvan ustedes a la unidad de los demócratas y sean generosos no como decía Aznar con los terroristas, sino, aunque solo sea una vez en esta legislatura,
con su pueblo, que lo merece.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenido una vez más, señor ministro, en su condición de tal a esta Comisión para informar abiertamente a la misma, y en general al conjunto de la ciudadanía de un tema de especial relevancia por el que ha
comparecido a petición propia.



En primer lugar, tengo que unirme, es obligado, a lo ya manifestado por todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra respecto a la condena


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de los últimos atentados terroristas; casi es obvio, casi sobra. Los socialistas, todos, hemos condenado permanentemente esto y sobra cualquier otro comentario al respecto; esto es sentido y cierto.



Señor ministro, quiero en primer lugar poner sobre la mesa el acierto y el éxito importante del Gobierno y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista. Esta es la realidad, el éxito del conjunto de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el buen funcionamiento de los jueces y de los fiscales, es decir, del conjunto del armazón del Estado de derecho aplicando la ley; como siempre, el buen funcionamiento del Estado de derecho. Aquí hay un
problema grave, señor ministro, y es que parece que esto molesta al primer partido de la oposición. Hago una primera reflexión. La verdad es que al Grupo Parlamentario Socialista nos resulta un tanto difícil intervenir en este tema. Y yo le
pregunto respetuosamente: ¿Hacemos el juego? ¿A quién beneficia esto, señor ministro? ¿Al Gobierno? ¿A los ciudadanos? ¿Al propio Partido Popular si mezquinamente pretende cosechar algunos votos? ¿O beneficia a ETA? ¿A quién beneficia, señor
ministro? ¿Seguimos contestándoles para que los ciudadanos digan que es un espectáculo que los dos grupos mayoritarios nos enzarcemos en discusiones bizantinas, cayendo en la irresponsabilidad manifiesta y en la indecencia política del Partido
Popular, o nos callamos ante tanta barbaridad y dejamos que solo sean sus voces y las de algún amplificador mediático las que se oigan en la sociedad? ¿Qué hacer ante esta campaña despreciable, señor ministro? Supone una dificultad. Yo creo que
no se puede haber vuelto loco todo el mundo, yo creo que hay que poner un poco de cordura. ¿No hay alguien, que no sea el señor Aznar, que venga de fuera a ese grupo político a intentar poner un poquito de cordura?


Señor ministro, ha habido siempre tres pilares fundamentales en la lucha antiterrorista. El primero es la lucha policial, en su sentido amplio, que está en el momento de máxima eficacia, los datos ya los ha expresado el ministro y están
ahí, son hechos, no valoraciones subjetivas. El segundo es la colaboración internacional, que está en el momento óptimo, afortunadamente, para nuestro país. Y el tercero es el único que flaquea: la unidad de los demócratas. La unidad de los
demócratas flaquea por una sola pata y es además de quien tuvo hasta hace cuatro días responsabilidades de Gobierno. Dicen: Es que se ha roto el Pacto antiterrorista. Señor ministro, tres cositas solo. ¿Qué dice el Pacto antiterrorista, firmado
el 12 de diciembre a instancia del actual presidente del Gobierno, a quien, por cierto, el señor Rajoy decía que se había sacado un conejo de la chistera y había despreciado esa propuesta de pacto? Pero vamos al grano. Decía tres cosas básicas.
Una, que la política antiterrorista le corresponde al Gobierno. ¿Van a aprender que no gobiernan, señor Astarloa, que le corresponde al Gobierno, que los demás solo han de apoyar y opinar tranquilamente y donde corresponde? Le corresponde al
Gobierno. Se lo repito -más alto no puedo- más claro: al Gobierno. Y a la oposición le corresponde lealtad y decencia, la misma que tuvo el Partido Socialista, y si no lo hubiera hecho, hubiera sido igualmente indecente y no se puede ser
indecente en estos temas. Podemos cometer errores, todos los cometeremos a diario, pero en un tema de esta sensibilidad, con consciencia y conocimiento llevar una campaña tan terrorífica como la que están llevando, que solo puede favorecer, en mi
modesta opinión, a los terroristas, solo merece los calificativos que no quiero poner sobre la mesa. Segunda pata del Pacto antiterrorista: que debe estar ausente de la confrontación política. ¡Qué sarcasmo! Por primera vez en 27 ó 28 años de
democracia la derecha trae este debate al Parlamento, por primera vez en toda la democracia. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Ha pedido comparecer.) El debate que se ha traído al Parlamento, no la comparecencia explicativa que hoy usted,
haciendo uso de la responsabilidad, viene a aclarar a los ciudadanos que hay una campaña de calumnias y de infamias y de engaños abiertamente, democráticamente. Y tres: que el diálogo debe producirse entre los representantes legítimos de los
ciudadanos, sin presión de violencia.
Luego viene la perversión del lenguaje, señor ministro, aquí vale todo. Y se cierra la intervención del portavoz del Grupo Popular hablando de negociar precios políticos. Pero ¿cómo hay que decirlo, en chino?
Es que la última vez ha sido ayer en una propuesta de nuestro grupo parlamentario ante el propio Pleno insistiendo por milésima vez en que no se va a pagar ningún precio político. Pero les da igual, si no les importa. Me parece tan miserable que
no quiero ni pensar que pueda ser cierto que algún partido democrático pueda no desear el fin de la violencia realmente. ¿Podríamos llegar a esos límites? Yo se lo escucho a mucha gente en la calle y les tengo que decir que no es posible, que creo
que hay mucha mezquindad y mucha mentira, pero hasta ahí creo que no se puede llegar. Quiero pensar que no se puede llegar hasta ahí.



Señorías, hay un tema permanente.



Señorías, rapidísimamente, hay un tema importante, que es el que ha traído al señor ministro a comparecer hoy aquí, que requiere alguna explicación más con hechos, como el señor ministro que ha dado hechos. Se los ha quitado de una larga
cambiada algún portavoz diciendo que es una interpretación sesgada. Hechos. Hechos son el aumento de la plantilla policial para combatir y luchar contra el terrorismo no solo de ETA; sino también contra el integral islamista; hechos son el
aumento de 9.000 y pico efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; hechos son todos los que ha mencionado el señor ministro en su comparecencia y que no voy a reproducir. Esos son hechos. La eficacia policial y judicial está puesta
sobre la mesa con hechos y datos. Por eso, acordarse ahora de ciertas interpretaciones mezquinas -lo digo sin ningún rencor pero con total contundencia- en relación con la aplicación de la ley por quien ha estado gobernando hasta anteayer,
aplicando la ley de esa forma, como no podía ser de otra


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manera, pues el Código de 1973 recogía los beneficios penitenciarios y la redención obligatoria de las penas en un tercio, el 50 por ciento. Por tanto, el máximo cumplimiento sobre la pena máxima de 30 años eran 20.
Voy muy rápido, solo
una pincelada. En el año 1995 posibilitamos el conjunto de los demócratas, con el voto en contra tan solo del Grupo Popular, que esto dejara de ser así. ¿Querrán decir de una santa vez, y dejar de mentir tan descaradamente, que pese a la oposición
del Grupo Popular cumplen íntegramente las penas? ¿Le causa risa, señor Astarloa? (Un señor diputado: ¡Como todo en la vida!) Es que es verdad. Es lamentable que ustedes puedan tener esta capacidad de mentir, y alguien además que tuvo
responsabilidades. Qué barbaridad, ¿verdad? Treinta años a partir de 1995. Pero habrá que decir a los ciudadanos que la pena por los hechos juzgados y cometidos antes de esa fecha, por imperativo constitucional, no puede tener carácter
retroactivo, nos guste o no. Hay que ser indecente para decir lo contrario, hay que acudir a instintos de la gente de buena fe, al sentimiento humano, que se le pregunta y dicen lean las encuestas. ¡Pero qué nivel! Lean las encuestas. Si se
pregunta a un ciudadano si un delincuente sanguinario puede salir de la cárcel, aunque sea después de no sé cuántos años, el corazón y la razón inmediata de quien no tiene por qué tener otras responsabilidades, como quien afirma eso, es decir que no
salga. Pero la grandeza de la democracia es la aplicación y el cumplimiento de la ley, aunque haya que hacer pedagogía política, como usted está haciendo, señor ministro. Y sabemos lo difícil que es y todo lo que cuesta explicar en una campaña
amplificada para erosionar al Gobierno con esta materia tan sensible.
Pues con esa dificultad históricamente hemos jugado y tendremos que seguir jugando, señor ministro. Y no nos van a derrotar ni con la razón ni con las urnas, y se van a ver en
la posición que están, disminuida durante bastantes años, y a lo mejor comenzarán a reflexionar. Por eso no me atrevo -además, modestamente no soy nadie- a pedirles un poquito de cordura, un poquito de responsabilidad.



Termino con unas cuestiones importantes. Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, es el colmo del descaro. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Procede la acumulación de penas, una única acumulación. Año 2003 -para concluir la
argumentación anterior-, reforma del Código Penal para que no quede cojo. El Partido Popular la llevó a cabo y nosotros la apoyamos, a diferencia de lo que pasó en 1995 que el Grupo Popular no la apoyó, cumplimiento íntegro de las penas hasta 40
años en delitos de terrorismo.
Correcto, pero igualmente sin posibilidad de aplicación retroactiva.
Llega el recurso y se aclara, señor ministro. Y aunque luego lo diga usted, permítame que manifieste que el Tribunal Supremo dice que se acumulan
todas las penas en una única con un máximo de 30 años en aplicación del Código Penal de 1995. Es lo mismo que habían sostenido los fiscales del Tribunal Supremo y lo mismo que habían sostenido toda la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de
todos estos años, y el fiscal general del Estado no se había manifestado hasta dos o tres meses después de producirse este pronunciamiento, y sin embargo se dice que el Gobierno manipula y utiliza al fiscal general del Estado en contra del criterio
de la Audiencia Nacional. Pero hemos ganado, le pegan la paliza entre siete a uno y ha ganado el Partido Popular. ¿Cómo salieron? Corriendo. En fin, el chiste, pero no es tema para gastar bromas, es demasiado serio. O sea que han ganado. ¿Qué
han ganado? Si lo que dice el Tribunal Supremo -segunda cuestión- es que sobre los beneficios penitenciarios no se acumulan, tema sobre el que no había pronunciamiento de los fiscales, sino que se aplican sobre penas separadas, de tal forma que sí
cambia ahí el criterio, no sobre la acumulación de penas, en lo que efectivamente la sentencia tiene que estimar el recurso del señor Parot, pero como la redención o los beneficios penitenciarios se aplican ya sobre penas diferenciadas y separadas
se impide que pueda salir de prisión. Esto no es mérito del Gobierno socialista. Si fuera mérito del Gobierno estoy seguro de que el Partido Popular se hubiera apuntado este tanto en los ocho años que gobernó. Lamentablemente salieron de prisión
en aplicación de la ley terroristas sanguinarios después de cumplir lo que la ley imponía que tenían que cumplir, y el Gobierno no puede evitarlo ni puede hacer nada para que así sea o al revés. Afortunadamente la fortaleza del Estado de derecho
hace que sean los tribunales los que hagan que esto sea así. Resulta, por tanto, claro y obvio que nunca hubo orden o indicación alguna del Gobierno al fiscal general del Estado.



Señor presidente, sé que los minutos se van agotando y tengo que concluir.
Voy a reiterar tan solo la posición de mi grupo de respeto al Pacto antiterrorista, sobre todo a los principios democráticos y de sentido común, de apoyo -como no
puede ser de otra forma- al Gobierno en la lucha antiterrorista, y no hace falta reproducir ya frases hechas ni estándares que no aportan absolutamente nada. Y nos gustaría que fuera la última vez que por cualquiera se trae al Parlamento aquello
que hay que debatir en otros foros, que se apoye de verdad al Gobierno porque la victoria va a ser de toda la sociedad democrática, del conjunto de los ciudadanos, y que se dejen de falsedades de vencedores y vencidos porque, además, señor ministro,
le voy a decir en quince segundos para terminar que solo con la vía policial jamás conseguiremos la pacificación, en la lucha contra ETA no habrá vencedores ni vencidos, es un largo recorrido el que hay que hacer para alcanzar definitivamente la
paz. No lo digo yo, señor ministro, lo decía el viceministro de Interior del Gobierno Aznar, el señor Martí Fluxá, avalado expresa y públicamente por el propio señor Aznar. Hay que tener cara dura para decir lo que hoy se está diciendo cuando no
se está haciendo lo que ellos sí hicieron.



El señor PRESIDENTE: Les informo que la hora tope reglamentaria es la de las 16:00; la hora tope razonable sería la de las 15:00, y por tanto anuncio intenciones


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y pido en esta segunda fase de la Comisión más agilidad. Por consiguiente, antes de dar la palabra al ministro recuerdo a los grupos que, si eventualmente hacen uso de la misma, el presidente ya no aplicará la teoría de la descompresión
sino la de la máxima síntesis y, por tanto, nunca un tiempo superior a los cinco minutos.



Tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Apremiado por el tiempo, pero consciente también de la intensidad de este debate, quiero sintetizar una respuesta obligada a cada uno de los turnos de portavoces que se han sucedido desde dos
premisas. La primera tiene que ver con uno de los elementos recurrentes en todas las intervenciones, y la segunda también. Uno ha sido la consideración jurídica de lo que tenemos entre manos y el segundo la sensibilidad ante la opinión pública,
que nos escucha, que nos lee en el 'Diario de Sesiones', que nos ve a través de los medios de comunicación y que recibe nuestros mensajes. Quiero llamar la atención de este Parlamento porque los dos objetos merecen ser tomados muy en serio. En
primer lugar, el Estado de derecho, que me gusta tomar en serio. Me opongo con toda mi energía al derecho constitucional de tertulia y, aún más, al derecho penal de tertulia; al derecho constitucional de soflama y, aún más, al derecho penal de
soflama, absolutamente carente de rigor y de nervio jurídico, de solidez conceptual. Esto lo enlazo con la segunda consideración, porque tampoco es un horizonte deseable sino, por el contrario, sumamente inquietante: el derecho penal de opinión
pública. Déjenme que les diga que la opinión pública no solamente no me merece desprecio sino que, por el contrario, asumo mi responsabilidad política desde una dimensión pedagógica, que ha sido hoy invocada aquí por el portavoz del Grupo
Socialista que no solamente no se permite ningún desprecio a la opinión pública sino ninguna indulgencia, ninguna subestimación de las entendederas de la opinión pública. No subestimo a la opinión pública; por el contrario, creo que está en
disposición de entender cuando uno se explica. Por eso me niego a hacer demagogia ni en la tribuna del Congreso ni fuera, ni en los medios de comunicación. No tengo ninguna indulgencia con la mentira cuando el destinatario de esos mensajes es la
opinión pública, la ciudadanía. Y me voy a explicar.



Ha señalado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Margarita Uría, que para empezar era bueno recordar que con la Ley Orgánica de Partidos Políticos se estaba estableciendo una vía de ilegalización de partidos políticos que no era
penal, porque efectivamente en la medida en que el partido político es una concreción del derecho de asociación está sujeto al artículo 22 de la Constitución, a su régimen constitucional, que prevé una vía penal para poner fuera de la ley a través
del instrumento penal asociaciones penalmente ilícitas, y de eso se ocupa el Código Penal. Pero con la Ley Orgánica de Partidos Políticos no estábamos acudiendo a la vía penal y la ilegalización por la vía de esta no se sustancia en el orden penal.
Dicho de otro modo, falta al respeto a la opinión pública, además de a la verdad, subestimando a la opinión pública y despreciándola en el fondo, quien afirma que los partidos que han sido puestos fuera de la ley por la Ley Orgánica de Partidos
Político son terroristas y terroristas todos sus militantes y quienes les votan. Ese discurso está permanentemente en la demagogia que practica el Partido Popular, porque si no, señor Astarloa, usted tendría que explicar a la ciudadanía cómo es
posible que esos portavoces de la extinta Batasuna, que fue ilegalizada de acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, no estén todos en la cárcel por terroristas. Usted mismo ha invocado uno de sus nombres; usted mencionó a Jone
Goiricelaia. ¿Cómo es posible que vista la toga en la Audiencia Nacional si es terrorista? Es más -y se lo anticipo ya-, ese planteamiento demagógico y absolutamente falso, que falta a la verdad de manera grosera, conduce a una conclusión
desesperada y sumamente corrosiva para esta lucha, que es la de todos, y este combate que tenemos entre manos y que sí podemos ganar: la lucha contra el terrorismo. Esa conclusión desesperada es que todo lo que se mueva en ese segmento de la
sociedad vasca que se denomina izquierda abertzale es terrorismo. Dicho con otras palabras, hay 13.000 militantes de Batasuna que son terroristas y 150.000 votantes que lo son también. Si usted está diciendo eso, señor Astarloa, tiene que concluir
con su propia lógica en que esa batalla no se puede ganar, salvedad hecha de que el Estado de derecho esté en disposición de encerrar en la cárcel a 150.000 vascos porque están dispuestos a votar algo que les indiquen los portavoces de una
organización ilegalizada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos como es la de Batasuna. Esa conclusión no solamente es desesperada y absurda, sino sumamente corrosiva para la credibilidad de la batalla que tenemos entre manos, que sí podemos
ganar y que es derrotar claramente al terrorismo y enseñar que todas las ideas, por rechazables que nos parezcan y sean, pueden ser articuladas a través de los procedimientos democráticos y respetando las reglas de juego. Todas las ideas pueden ser
articuladas en una democracia pluralista respetando las reglas de juego.
La función de la Ley Orgánica de Partidos Políticos no era declarar terroristas ideas, sino hechos, actividades y prácticas reiteradas y graves. Esto es lo que nos permite
distinguir la vía por la que se ilegalizó a Batasuna y, con posterioridad, a Herritarren Zerrenda o a Aukera Guztiak de las actuaciones que se conducen desde la Audiencia Nacional, que es un órgano jurisdiccional con jurisdicción concentrada,
especializada y reforzada en la lucha contra la criminalidad organizada y, en particular, contra el terrorismo.



La señora Uría señalaba que, dado que estamos en la antesala de algo, convendría modular la aplicación de los instrumentos jurídicos disponibles para el Gobierno. Yo le reitero mi premisa, la afirmo y la hago mía y de todo el Gobierno: El
Gobierno ha observado una resolución de este Parlamento, que es la representación de


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la soberanía popular y que es como se expresa la ciudadanía en una democracia representativa. Esa resolución dice que cuando se produzca de manera inequívoca e irreversible el anuncio de la cesación definitiva de toda violencia y coacción,
solo entonces podremos empezar a tomar en consideración alguna otra cosa; sólo entonces. Pero esa premisa no se ha producido. Por tanto, no me pida usted que me sitúe en ninguna antesala de nada porque no hago ninguna conjetura ni especulo,
mantengo la firmeza, la guardia alta en la lucha contra el terrorismo, y así será hasta que no se produzca la cesación definitiva de la violencia y la certifiquemos de manera inequívoca. Mientras tanto no vamos a considerarnos en la antesala de
nada, ni por supuesto vamos a modular la aplicación de la legalidad a expensas de una antesala que no hace otra cosa que conjeturar una situación que no se ha verificado todavía. Usted dice que estamos ya cerca de, pero yo le recordaría y le
replicaría que no estamos todavía ahí, y que mientras no estemos ahí no procede hablar de ninguna otra cosa, sino mantener la guardia alta y aplicarnos con todos los instrumentos del Estado de derecho en la lucha contra el terror. Sin embargo, su
intervención me da pie para recordar de nuevo a esta Cámara y dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que es cierto que solicité el voto del Grupo Socialista y del partido para la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Creo en ella, creo que ha
sido una herramienta útil, está en vigor, me vincula y la aplico. Yo he promovido, en mi responsabilidad política, la instrucción al abogado general del Estado para que hiciese su parte del trabajo. Jugando limpio según las reglas de juego, el
fiscal general del Estado, en su propio ámbito de actuación, también lo ha hecho. Bajo mi responsabilidad se ha promovido una acción de ilegalización de acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos Políticos contra siglas que estaban verosímilmente
fabricadas para dar continuidad fraudulenta a una organización ilegalizada previamente. No hemos llegado a esa conclusión con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que preexistía a Batasuna, que preexistía a Herritarren Zerrenda y a Aukera
Guztiak y que preexistía a las elecciones en las que acabó resultando recipiendaria, el objeto de la solicitud de voto -esa no es por sí misma razón bastante para poner en marcha una demanda de ilegalización-, y que estaba, como he recordado,
inscrita en el registro de partidos políticos desde el año 2002. Su propia argumentación me permite poner de nuevo de manifiesto que es verdad que solicité el voto del Grupo Socialista con razones distintas a las que esgrimió el Partido Popular;
mis razones eran el Estado constitucional de derecho tomado en serio. No estábamos poniendo fuera de la ley ni ideas ni a un sector de la sociedad vasca; no estábamos diciendo que dispararíamos con el rayo de la ley a cualquier cosa que 150.000
vascos pudieran votar; estábamos diciendo que deseábamos un horizonte en el que esos 150.000 vascos, sin renunciar a sus ideas, pudieran votar a algo que no tuviese ninguna connivencia ni complicidad con el terrorismo. Eso es lo que estábamos
diciendo y a eso me atengo. Ese era el mensaje profundo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, no volver del revés a un segmento de la sociedad que, me guste o no, tiene derecho a pensar cosas que yo rechazo y a proponer objetivos políticos a
los que me enfrento. Estábamos diciendo que la ley se iba a aplicar contra cualquier formación política que fuese cómplice del discurso terrorista, lo coadyuvase, lo explicase, lo justificase o lo apoyase, no que los vascos que solían votar a
Batasuna no pudiesen votar ninguna cosa porque se movieran por donde se movieran y a cualquier sigla a la que se acogieran íbamos a ponerla fuera de la ley. (El señor vicepresidente, Galache Cortes ocupa la Presidencia.) Una vez más esto me trae la
imagen que dibuja un absurdo de que el Gobierno hubiese puesto sucesivamente acciones de ilegalización contra cualquier cosa para lo que los representantes o los sedicentes portavoces de la extinta o ilegalizada Batasuna hubiesen solicitado el voto.
Esta es una hipótesis sumamente absurda y que además desprestigia a la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Esta es una imagen potente, señor Astarloa, es una imagen potente porque le recuerdo -y ahí están las hemerotecas para demostrarlo- que
cuando se puso en marcha el proceso electoral que conducía a la conformación del Parlamento vasco, el Partido Popular en todas las tribunas, golpeándose el pecho y bramando, exigía al Gobierno que ilegalizara a Aukera Guztiak, y el Gobierno, a la
vista de las evidencias disponibles, argumentó una demanda de ilegalización contra Aukera Guztiak y se produjo, incurso ya en el procedimiento electoral, la sentencia del Tribunal Supremo y después la del Tribunal Constitucional que pusieron fuera
de la ley a Aukera Guztiak. Pero hasta entonces el Partido Popular no había dicho ni una palabra sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas; solo cuando los portavoces de la extinta Batasuna solicitaron el voto para el Partido Comunista de
las Tierras Vascas empezaron a decir que era otro rostro de ETA. Es una argumentación absolutamente endeble e inasible. Señor Astarloa, no se puede razonar así en serio, porque eso sí que constituye un desprecio a la opinión pública; es darla por
hecha. Es no tomar en serio a la opinión pública no creerla suficientemente madura y articulada como para formarse un juicio si se la habla en serio de la realidad y por ello verse uno tentado a distorsionar y a manipular la realidad a ver si
cuelan las propias mentiras. Con eso, créame señor Astarloa, este Gobierno tampoco va a ser indulgente.



El señor Jané, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una y otra vez ha invocado la imagen del dolor de esta disputa y ha invocado a la unidad. Al mismo tiempo ha mencionado las cualidades que debieran
adornar una política terrorista seria: discreción, serenidad y en ningún caso la concesión a utilizar estos asuntos como arma arrojadiza contra el Gobierno. Precisamente porque creo que esa es la doctrina y la asumo, estoy en un partido y en un
Gobierno cuyo primer responsable, actualmente presidente del Gobierno, la hizo suya estando en la oposición. Promovió


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el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, ofreció esa mano al Gobierno; abrazó al Gobierno para darle su fuerza, para apoyar su acción, aun cuando no estuviese de acuerdo en las decisiones que adoptase; mantuvo discreción y
serenidad; nunca alzó la voz, nunca dio una rueda de prensa, nunca presentó una pregunta parlamentaria, nunca una interpelación, nunca un acto de control parlamentario contra el Gobierno en ningún asunto que tuviese que ver con la lucha
antiterrorista; mordió su lengua cien y mil veces antes de hacer ninguna objeción en voz alta que tuviese que ver con la política antiterrorista; no expuso en alto ninguna consideración en materia antiterrorista durante cuatro años. Pero las
circunstancias cambiaron dramáticamente cuando el Partido Socialista ganó las elecciones; esto es lo que realmente ha cambiado en este país y no la política antiterrorista. Lo que ha cambiado es el Gobierno, y ahora hay un Gobierno socialista que
se explica democráticamente porque ganó las elecciones y porque José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía y ahora es presidente del Gobierno porque así lo quiso la ciudadanía. Eso es lo que ha cambiado en este
país, señores del Partido Popular, y no la política antiterrorista, que continúa firme, que continúa siendo efectiva y, eso sí, mucho menos propagandista de como la aplicaba el Partido Popular. Pero ahí están los resultados, los hechos tozudos e
irrefutables para probar que la política antiterrorista está rindiendo sus resultados. Por ello es cierto que hay que invocar y llamar a la unidad en la lucha antiterrorista, pero subrayo que lo que se ha producido desde que José Luis Rodríguez
Zapatero es presidente del Gobierno no es un cambio de la política antiterrorista.
¿Hay alguien que en su sano juicio pueda crear que el mismo líder político que ofreció apoyo y lealtad al Gobierno, cuando el Gobierno no era el suyo ni de su color,
precisamente para ser entre todos más fuertes contra ETA, se haya desvinculado de ese compromiso al llegar al Gobierno? ¿Hay alguien que crea que el presidente del Gobierno que propuso y firmó el Pacto antiterrorista -frente al escepticismo e
incluso la burla sarcástica de quien era entonces ministro del Interior y actualmente es presidente del Partido Popular que lo calificó de ocurrencia y de conejo de la chistera- se ha desvinculado del Pacto antiterrorista? No es serio.



Sencillamente sucede que el Pacto antiterrorista tiene tres cláusulas y a las tres está siendo desleal el Partido Popular desde que fue puesto en la oposición por la ciudadanía; a las tres. La primera, fuera de la agenda la lucha
antiterrorista y ustedes la traen un día sí y otro también. No hay sesión de control parlamentario desde que ustedes están en la oposición que no hayan intentado agitar ansiedad, miedo, incertidumbre y confrontación en este tema. La segunda, la
lucha antiterrorista la dirige el Gobierno y ustedes no lo aceptan. El Pacto antiterrorista fue invocado una y otra vez por este Gobierno desde nuestra responsabilidad y ustedes impusieron, en primer lugar, la condición de que había que vincular la
disolución del tripartito; lo dijeron expresamente y está en las hemerotecas. Ustedes mismos invocaron la disolución del tripartito con esa imagen una y otra vez que tiene que ver con la política catalana el 18 de febrero de 2004, en que el
Gobierno propuso la reunión del Pacto antiterrorista y el Partido Popular la supeditó a la ruptura del acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya.
Además, el señor Rajoy afirmó entonces que si no se rompía el pacto en Cataluña se estaría
rompiendo el pacto, como si tuviera vinculación una cosa con la otra, lo cual es inadmisible. Después, una y otra vez el Gobierno convocó -y lo sabe perfectamente- al establecimiento de vínculos de confianza y confidencialidad al líder del Partido
Popular sin ninguna correspondencia. Ustedes impusieron la condición de que debía ilegalizarse el Partido Comunista de las Tierras Vascas y si no, no querían reunirse en el Pacto antiterrorista. Comprenderá que esa decisión el Gobierno debe
evaluarla con responsabilidad, como lo ha hecho aquí esta mañana, ante la opinión pública y queda constancia en el 'Diario de Sesiones'. Usted podrá no compartir nuestra decisión; usted podrá no compartir nuestro enfoque de qué es lo que había que
hacer con el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Yo lo he explicado y asumo mi responsabilidad por esta actuación, pero su labor ahora que está en la oposición es aceptar el criterio del Gobierno y continuar apoyando en lo esencial la política
antiterrorista que le define el Gobierno, porque eso es lo que nosotros hicimos lealmente cuando ustedes tenían responsabilidades de gobierno y nosotros de oposición. Pero ustedes no han querido e imponen sus condiciones como si todavía estuvieran
en el Gobierno. Como si todavía estuvieran en el Gobierno quieren imponer al Gobierno legítimo de este país, el que ha votado una mayoría de ciudadanos, la política antiterrorista.Y si el Gobierno no subordina su política a lo que ustedes le dictan
es el Gobierno el que está rompiendo el pacto. Perdonen, no. Ustedes no han asumido que la política antiterrorista le corresponde al Gobierno; lo dice el Pacto antiterrorista y lo dice la Constitución. Si la oposición es leal al pacto debe
apoyar, pero ustedes no han hecho eso ni un segundo desde que los ciudadanos les pusieron en la oposición.



Señor Jané, por supuesto que sí que es doloroso y yo mismo lo expresé.
Tristeza e indignación experimento cada vez que en la tribuna del Congreso tengo que contestar las iniciativas de control parlamentario del Grupo Popular sobre estos
asuntos; tristeza e indigación. Pero créame que la responsabilidad no es del Gobierno, la responsabilidad es de quien ha traído una y otra vez la lucha antiterrorista al Parlamento, al debate público, a la confrontación entre las dos principales
fuerzas que representan a la ciudadanía en este país. Y añado que el Partido Popular lo hace prestando un servicio a ETA y a sus altavoces, porque es siempre el Partido Popular el que parafrasea y explica los comunicados de ETA y los puntos de
vista de los portavoces de la extinta Batasuna. Lo ha hecho esta misma mañana. ¡Si es que no falla! No


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me sorprende. Ha perdido por completo la capacidad de sorprenderme. Es perfectamente predecible. No hay un solo turno suyo de palabra en el que no explique los puntos de vista de Batasuna y además les da la razón.
Dice: ETA está
eufórica; ETA dice que está ganando la batalla; ETA dice que está muy contenta; ETA dice que está saliéndose con la suya. Yo digo que no solamente eso es un disparate y una mentira, sino que además lo que diga ETA me da igual. Y yo nunca,
nunca, en el Congreso de los Diputados, parafraseo, ni reproduzco los disparates que digan los portavoces de Batasuna. Usted lo hace, señor Astarloa, cada vez que le abren el micrófono. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Usted trae aquí
al 'Diario de Sesiones' lo que dice ETA y además dice que está muy contenta. Y yo digo que ETA no está contenta. ETA está claramente hostigada en todos los frentes, está siendo combatida con todas las herramientas del Estado de derecho, y así debe
ser y así va a seguir siendo hasta que tengamos la garantía de que hemos acabado con este mal.
Pero es usted el que una y otra vez -lo ha hecho esta misma mañana- cita a Jone Goiricelaia, trae sus declaraciones como si nos debieran importar, como
si nos debieran preocupar. Yo le digo que diga lo que diga Arnaldo Otegi me da igual. Es usted quien cada vez que le abren el micrófono reproduce lo que ha dicho Otegi, como si tuviera razón. Yo le recuerdo cada vez que lo hace que fueron ustedes
los que calificaron de miserables a cualquiera que se creyera lo que dijese Otegi. Y le digo además que no deja de ser una curiosa -con ironía- paradoja que pretenda que fueron ustedes los que redujeron a ETA a la mínima expresión y la llevaron al
momento de mayor debilidad; que estaba en el momento de mayor debilidad cuando ustedes salieron del Gobierno imputándole a ETA con falsía el mayor atentado de toda la historia del terrorismo en España y en Europa.
No deja de ser una triste
paradoja que ustedes quisieran hacer ver que ETA estaba en disposición de golpear tan duro el 11 de marzo de 2004 hasta el último minuto, y ahora repitan todos los días que fue precisamente como consecuencia de ese trabajo que ETA estaba reducida a
la mínima expresión como si ahora estuviera renacida. ETA no está renacida, está siendo combatida, tiene un millar de personas en la cárcel, no tiene ninguna oportunidad de salirse con la suya. La estamos combatiendo en todos los frentes y la
vamos a derrotar, y usted lo sabe, señor Astarloa. Por lo tanto, le pido, una vez más, no sé con qué esperanza, que deje de traer aquí las declaraciones de los portavoces de la extinta Batasuna, como si merecieran ninguna consideración, y muchísimo
menos como si algo de lo que dicen tuviera que ver con la verdad y debiera preocuparnos en lo más mínimo.



Ha aludido también, y ya enlazo directamente con su intervención, a una serie de consideraciones que tienen su importancia. Para empezar,dice que es posible conectar la secuencia que hemos visto en las últimas semanas, episodios de la
fiscalía y del Poder Judicial, con la acción del Gobierno. Quiero decirle que el Estado de derecho me lo tomo en serio y no tomo a la ciudadanía por tonta y la doy por hecha. No la subestimo.
Por eso he dicho a la ciudadanía, alto y claro, en la
tribuna del Congreso que es falso de toda falsedad que las resoluciones que haya adoptado la fiscalía en relación con recursos ante la Audiencia Nacional impetrados por etarras tengan nada que ver con el Gobierno. En todo caso, le recuerdo que la
secuencia exacta y correcta es que la fiscalía informa favorablemente un recurso de Henri Parot para acumular las condenas en una, con el límite máximo de cumplimiento efectivo de 30 años, porque ese es el Código Penal que estaba en vigor en el
momento en que fue condenado, en el momento en que cometió sus delitos. Lo hizo en octubre de 2004. En abril de 2005, y nadie le ha preguntado a la fiscalía por qué se produjo el cambio de criterio -este es un hecho absolutamente contrastado y
transparentemente reconocido por la Audiencia Nacional- la propia fiscalía corrige su criterio y solicita que se le impongan dos condenas de 30 años cada una y que se cumplan distintamente. Henri Parot recurre al Tribunal Supremo, y yo afirmo
rigurosamente, y usted no puede refutármelo porque estaría mintiendo, que el Tribunal Supremo estima el recurso. Que usted pretenda que eso significa que Henri Parot tiene razón es burlesco. En primer lugar, porque el Tribunal Supremo no está
diciendo que Henri Parot sea inocente, ni está diciendo que no sea lo que es, un canalla, un delincuente, un terrorista, un asesino convicto y confeso; pero el Tribunal Supremo lo que entiende en ese recurso es si acumula o no acumula las penas tal
y como le pide Henri Parot. ¿Y sabe qué le digo? Las acumula. Esto lo digo porque tomo la ciudadanía en serio, tomo a este 'Diario de Sesiones' en serio. Las acumula y además dice: Es posible evitar el efecto de excarcelación en 2010, y estamos
en 2006, si conseguimos actuar sobre la reducción de los beneficios penitenciarios. Y yo digo: Como es un procedimiento de los tribunales, lo acatamos. Y nadie debiera hacer ruido al respecto. Es grotesco ver cómo el portavoz del Partido Popular
ese mismo día presenta como un triunfo del Partido Popular un procedimiento del Tribunal Supremo. Es grotesco decir que con ello le da un revolcón al fiscal General del Estado, porque el fiscal General del Estado no estaba en esa causa. Estaba la
fiscalía, primero ante la Audiencia Nacional y, después, ante el Tribunal Supremo. Y la fiscalía ante el Tribunal Supremo, que está compuesta por treinta fiscales de la máxima categoría, de la máxima jerarquía en la carrera, avaló el criterio de
que procedía la acumulación, porque esa es la doctrina constante y uniforme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante decenas de años. Nada que ver con el fiscal general del Estado, ni mucho menos con ninguna instrucción del Gobierno. Esta
es la verdad procesal y la ciudadanía, que no es tonta ni puede ser despreciada ni subestimada, está en disposición de entender esto si se lo explica alguien con sentido de la decencia y de la responsabilidad. Me pregunto cuándo surgirá en el
Partido Popular un portavoz que tenga esas


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características, con sentido de la decencia y de la responsabilidad, con respecto a la verdad, porque esta es la verdad irrefutable, la vista usted como la vista.



Además, hace un enlace a partir de ahí con episodios que nada tienen que ver con este asunto. No los introduzco yo, los introduce usted. En una entrevista en la SER, hace muy pocas horas, cuya transcripción literal tengo delante, es usted
el que dice que el Pacto antiterrorista empieza cuando el Gobierno renuncia a ejercer las acciones para llevar a la cárcel a Atutxa. Lo dice usted, señor Astarloa, y yo digo que nada de eso tiene que ver con la lucha antiterrorista, que el Gobierno
no era parte en esa causa, que el abogado general no estaba personado, que estaba personado el ministerio fiscal. Es el fiscal general el que, de acuerdo con su criterio de interpretación de la legalidad penal -y tiene criterio-, estima que no
procede porque no integra el tipo ni en sus elementos subjetivos ni objetivos de desobediencia para poder incriminársele y condenársele. Es un criterio jurídico, pero que mezcle ese asunto con la lucha antiterrorista es sencillamente
abracadabrante.
Es usted, en esa misma entrevista en la SER, el que colaciona la negociación que estaría teniendo lugar entre el Gobierno socialista y ETA, a diferencia de la ejemplar que condujo el Gobierno del Partido Popular. Esto, de verdad,
es un nuevo ejercicio de desprecio grosero por la verdad y, consiguientemente, desprecio grosero por la opinión pública.



El Gobierno del Partido Popular inició un diálogo y una negociación con ETA. El presidente Aznar lo llamó Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Su viceministro de Interior anunció que no habría vencedores ni vencidos, aproximó presos de
ETA al País Vasco. (La señora Hermosín Bono: ¡Qué barbaridad!) Sí, lo hizo. Aproximó 146 presos de ETA. El Partido Socialista, entonces en la oposición, no dijo ni una sola palabra al respecto, pero tampoco fue informado, y aquí están las
hemerotecas para recordárselo: El PSOE no cuestiona la iniciativa de Aznar de negociar con ETA, pero reprocha que no le consultara. Por eso es grotesco que diga -que lo dijo literalmente- que esa negociación tuvo lugar con luz y taquígrafos, lo
que hubiera sido, además de absurdo, ridículo. ¿Alguien puede pensar que uno se pueda entrevistar en Suiza con etarras con luz y taquígrafos? Dijo que esto lo hizo con luz y taquígrafos, en contraste con esta negociación que estaría teniendo lugar
ahora. No está teniendo lugar ninguna negociación, pero es infame que le reproche a este Gobierno que negocie con ETA -que no negocia con ETA- cuando usted sirvió a un Gobierno que sí lo hizo con el apoyo de la opinión pública, de la prensa y del
primer grupo de la oposición, el Partido Socialista, con lealtad, sin que nadie dijera nada al respecto, porque el Gobierno del PP estaba cumpliendo con su deber, explorando cualquier vía y posibilidad para acabar con este mal. Por ello, ese
ejercicio de malabarismo por el cual se desprecia a la opinión pública, haciendo pasar por negro lo que ayer era blanco, pensando que nadie tiene entendederas ni memoria, que no hay hemerotecas para poner a cada cual en su sitio y que la verdad
puede ser pisoteada al servicio de cualquier interés electoralista, es inaceptable en democracia y más en este tema tan sensible que es la lucha antiterrorista, que es la lucha de todos. Ha ido enlazando una con otra.
No me sorprende. Cada una de
las argumentaciones tendría su refutación si pudiéramos disponer de todo el tiempo que esa refutación, tomada en serio, merece.



Quiero concluir con esa invocación que ha hecho del precio político, que es uno de los eslóganes propagandísticos falsos de toda falsedad que el Partido Popular propaga a diario. Hemos dicho un millón de veces en nuestros documentos, en
nuestros testimonios, en nuestras declaraciones parlamentarias y en nuestras resoluciones que no hay ningún precio político ni lo va a haber, que ETA debe interiorizar su derrota, abandonar por completo la actividad violenta, el terror, la coacción
y la amenaza, que solo entonces podremos hablar de cualquier otra cosa en un lenguaje coherente como el que esgrimió el presidente del Gobierno Aznar cuando tuvo su oportunidad. El Gobierno del Partido Popular tuvo su oportunidad y entonces invocó
comprensión, sensibilidad, generosidad y habló de su disposición a ser generoso para aprovechar esa oportunidad, y tuvo la lealtad, la colaboración y la contención del Partido Socialista desde la oposición. De nuevo, invoco la necesidad de
recuperar la unidad de los demócratas, pero afirmo que esa unidad en ningún caso puede consistir en que este Gobierno asuma las imposiciones desde la oposición del Partido Popular, que todavía no ha asumido que los ciudadanos le pusieron en la
oposición por mentir y que ahora le toca ayudar al Gobierno socialista a hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad.
Es faltar a la verdad pretender que es el Gobierno socialista el que ha roto el Pacto antiterrorista, porque continúa
vinculado por él. Si hablamos de estos temas en el Parlamento y ante los medios de comunicación es porque los ha puesto sobre la mesa con sus patrañas y sus mentiras el Partido Popular un día y otro, no deja de hablar de ello y recorre España
diciendo que el Estado de derecho se había rendido, que el Gobierno ha claudicado, que ETA va ganando la batalla, que hay una negociación oscura y secreta y que se ha pagado un precio político que se vincula incluso con la autodeterminación. Es una
vergüenza que el presidente del Gobierno, respetando al Parlamento y el control parlamentario, haya tenido que consumir un minuto en el Congreso de los Diputados en control parlamentario para decir que la autodeterminación no es un derecho, porque
no lo es. En nuestro derecho constitucional y en nuestro orden de libertades sencillamente no lo es y, por tanto, se trataría de lo que se puede calificar, en una contradicción en los términos, como un derecho inexistente.



En segundo lugar, que de ningún modo está en cuestión la lucha antiterrorista que ETA no tiene ninguna oportunidad de salirse con la suya y que se va a producir una derrota de ETA si somos capaces de recuperar la cordura, si el Partido
Popular es capaz de recuperar el


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sentido de la contención, la mesura, la decencia y el respeto por la ciudadanía, por la opinión pública y por la verdad, como el que se exigió a sí mismo a la hora de escribir un guión para recuperar la confianza de la ciudadanía el Partido
Socialista cuando tuvo su tiempo de oposición.



De manera que créame que, de nuevo con dolor y con indignación, los adjetivos que pueden explicar la actitud de quien dice: cuánto nos gustaría la unidad, pero lamentablemente es el Gobierno socialista el que ha roto el Pacto antiterrorista
y está haciendo otra política antiterrorista, desmentida por la verdad y por los hechos irrefutables, son hipocresía, falsía y fariseísmo.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


Tengo que ser muy riguroso, señorías -ustedes lo comprenderán-, en este segundo turno. No puse límites a su capacidad de exposición, pero ahora hay que exigir una cierta autodisciplina.



En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, le agradezco la labor de pedagogía que ha hecho separando claramente ETA de Batasuna, para que se pueda comprobar y quede claro en la explicación y en el 'Diario de Sesiones' que tal identidad como
binomio, igual que se utiliza constantemente desde el Grupo Popular, no existe. Lo que yo he dicho en mi exposición es que ante la imposibilidad de imputar delitos concretos a personas concretas de la ahora ilegalizada Batasuna, se optó por una vía
que era más rápida o más fácil, porque todos sabemos que la justicia penal exige personas concretas, hechos concretos y poderlos probar. No dudo de que hay personas que han estado en ETA y que proceden de Batasuna, pero la identidad, usted lo ha
dicho, no existe como tal y el electorado debe tener las posibilidades de existencia.



En segundo lugar, señor ministro, no le he pedido que se sitúe en ninguna antesala, puesto que yo cumplo aquellas cuestiones que mi grupo vota y defiende, y lo que exijo también como requisito previo es el abandono definitivo de las armas
por parte de ETA. Mi grupo firmó y votó el acuerdo de mayo del año pasado en el Congreso de los Diputados e igualmente es fiel cumplidor de lo que como acuerdo de su órgano mayor de gobierno, el EBB, tenemos aprobado como ponencia de pacificación y
normalización: es requisito imprescindible el abandono definitivo de las armas para que se pueda hablar de las cuestiones que yo he traído.



En tercer lugar, yo no le he vinculado a usted con la Ley de Partidos en cuanto a la tramitación -supongo que le gusta, ya lo ha manifestado- sino con la Ley 7/2003, que es la de modificación del Código Penal y cumplimiento íntegro de las
penas. Con todos los respetos, señor ministro, esa ley nos parecía aberrante cuando se aprobó, nos lo sigue pareciendo, y esta sí, con ETA o sin ETA.



En cuarto lugar, para defenderle, tengo delante la sentencia del Tribunal Supremo del día de ayer y efectivamente el fallo dice que debemos estimar y estimamos el recurso de casación formalizado por Henri Parot Navarro; eso sí, se añade más
adelante: en los términos jurídicos que han quedado razonados. Ya le he indicado que estos términos jurídicos no habían sido traídos por nadie al procedimiento y que, por tanto, la información política le dice que convierte también en contraria la
doctrina hasta ahora seguida por el Tribunal Constitucional y, por tanto, de ello discrepamos.



En todo caso, señor ministro, cuando tenemos coincidencias sustanciales no se me enfade y no me aparte de sus planes porque en esta tarea tenga usted por cierto que en muchas cosas coincidimos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, comprenderá que como profesor de derecho constitucional comparto con usted la angustia que uno siente en muchos foros cuando se frivolizan nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho penal y
nuestro derecho constitucional. Yo tampoco soy partidario ni del derecho constitucional de tertulia ni de opinión pública, sino del que rige nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, estoy plenamente de acuerdo.



La manifiesto una vez más el apoyo de nuestro grupo al Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo, como hemos hecho en todos los gobiernos.
No creo que en mi intervención, apelando a una unidad -que siempre lo he hecho-, haya
responsabilizado al Gobierno de la falta de esta unidad. En ningún caso ha sido este el sentido de mi intervención. Lo que sí hace este grupo parlamentario es pedirle al Gobierno, que esa sí es su responsabilidad, que en materia de lucha contra el
terrorismo nos incluya a todos, abra el pacto y pase a ser un pacto que pueda dar una imagen ante el conjunto de la ciudadanía de que estamos todos. No es un pacto únicamente a dos, es un pacto en el que todos queremos estar, es un pacto en el que
queremos plasmar, desde la unidad de las formaciones democráticas, nuestro interés y nuestro máximo esfuerzo para acabar con el terrorismo. Por tanto, le pedimos que abra el pacto y pedimos discreción. En este ámbito es importantísimo por parte
del Gobierno y por parte de todos la discreción. Por tanto, compartimos -y tuve ocasión de expresarlo así hace muy poco en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de febrero- que no debemos traer ni interpelaciones, ni mociones, ni preguntas para
exponer públicamente nuestras discrepancias en materia de lucha contra el terrorismo, porque es un tema que debemos llevar con discreción y con unidad.



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Antes usted hablaba del derecho a la autodeterminación como un derecho inexistente. Yo no quiero entrar en ninguna polémica en este aspecto, pero sí recordar que en tanto que la Constitución española ha adquirido a través de su artículo 10,
que forma parte del contexto internacional, derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un derecho que asume nuestro ordenamiento jurídico por haber sido reconocido en tratados internacionales y por tanto los pueblos tienen ese derecho a la
autodeterminación, como derecho subjetivo. Quiero recordar también que en diversas ocasiones el Parlamento de Cataluña se ha mostrado favorable no del ejercicio, sino del reconocimiento de ese derecho a la autodeterminación.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Astarloa por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Empiezo por decir que no puedo entretenerme en eso que a ustedes les divierte tanto, que es venir aquí no para ser controlados sino para controlar al Partido Popular, que es el tipo de argumentario que
ustedes se reparten y que aquí una vez más me cuentan. La ofensiva al principal partido de la oposición no es lo que toca hoy, lo que toca es que usted explique por qué no está ilegalizado el Partido Comunista de las Tierras Vascas y por qué
ustedes han tenido la actitud que han tenido, que ha debido ser corregida por el Tribunal Supremo para provocar los efectos conocidos.



Primera cuestión, señor ministro. Yo le agradezco que hoy me haya explicado la Ley de Partidos Políticos; de verdad que lo necesitaba. Y fíjese si me la ha explicado mal, que lo que le ha entendido la señora Uría es lo que le ha entendido
la señora Uría. Usted sabrá si eso es lo que quiere que se le entienda. Yo lo que le he entendido lo tengo claro, y lo que le he entendido no se lo acepto, porque venir aquí a jugar con las palabras diciendo que yo aprobé la Ley de Partidos
Políticos -hablando de usted- por motivos distintos de aquellos por los que la aprobó el Partido Popular, porque yo respeto a los cientos de miles de personas que tienen en el País Vasco una forma de pensar...Vamos a ver, haga usted el favor de no
añadir más agravios a los muchos que ya lleva cometidos a la historia y a la verdad. No diga que el Partido Popular aprobó con usted y por las mismas razones y con la misma letra que usted la Ley de Partidos Políticos, por razones como las que está
diciendo, porque aquí nadie, y desde luego luego a mí ni en aquellos años ni en los de después ni el día de hoy se me ha ocurrido decir un disparate similar a que lo que quiere el Partido Popular es que entren en prisión uno detrás del otro, porque
Batasuna es ilegal, los 12.000, los 13.000 ó los 100.000. No diga bobadas, señor ministro. No las diga, ofende de verdad a cualquiera que esté escuchando esto. Todo el mundo sabe lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que es que Batasuna es ETA.
Todo el mundo sabe que la obligación del Gobierno de España es que Batasuna no vulnere la ilegalización y todo el mundo sabe que ustedes no lo han hecho. Esa es la realidad de las cosas, y a partir de ahí nadie anda en si meter en la cárcel a
100.000 o no meter en la cárcel a 100.000, porque entre otras cosas, como usted sabe muy bien, ha sido su propio fiscal general del Estado el que se ha cansado de repetir por los pueblos que la única argumentación que él considera valiosa a los
efectos de presentar una ilegalización de una candidatura, como la que ustedes no han presentado con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, es que condenen o no condenen la violencia. Resulta que, además de todos los indicios -que, obviamente,
yo no puedo detallar en cinco minutos, pero que puedo pasar a quien los quiera- que hacen que hoy todo el mundo sepa que el Partido Comunista de las Tierras Vascas es otro rostro de ETA-Batasuna, lo cierto y verdad es que el único que le servía a su
fiscal general del Estado -seguro que siguiendo sus instrucciones, señor ministro- es el que ahora ya no le sirve, porque llevamos lo que llevamos con estos señores en la institución y en el Parlamento y me parece que ni usted ni yo les hemos oído
ni una sola vez condenar el terrorismo de ETA, atentado por atentado. Así que, ¿de qué estamos hablando? No engañe usted a la gente ni tergiverse lo que dicen los demás ni reescriba la historia en la parte que a usted no le corresponde.



Ha hablado usted del preámbulo de la ilegalización de Aukera Guztiak y ha dicho de todo, menos lo que le he preguntado. Lo que le he preguntado es muy sencillo; contésteselo a todos los que estamos aquí. ¿Le pedimos o no que reuniese el
Pacto antiterrorista en ese momento y para eso, como para todo lo anterior, sí o no? ¿Reunieron ustedes el Pacto antiterrorista, sí o no? Viene usted hoy a decir aquí, con todo descaro: Es que nosotros no dijimos más que lo de Aukera Guztiak,
pero que en el partido... Yo -en primera persona- y otros muchos fuimos los que le estuvimos diciendo a ustedes: Está pasando esto, nos tenemos que reunir y ver cómo somos capaces de conseguir que no se haga fraude a la Ley de Partidos Políticos.
Y hasta hoy, señor ministro, cuando viene usted a decir que nosotros no hicimos nada. Eso sí es desfachatez.



En cuanto a la teoría del silencio, este es un tema muy serio. Se trata de la teoría de cómo interpretan ustedes el Pacto antiterrorista y como parece ser que lo interpretamos los demás: ustedes lo han hecho todo formidablemente bien y
nosotros somos una especie de escoria de la historia. Tengan claras dos cosas. Primero, el Pacto antiterrorista no es lo que ustedes están diciendo que es, repitiéndolo por todos los pueblos de España y hoy han vuelto a repetir aquí usted y los
portavoces del Grupo Socialista. Es lo que ustedes han dicho, es eso de que el Gobierno dirige, dirige y dirige -que es lo que más le gustaba a los portavoces-, es eso de que la agenda se fija como se fija, pero el pacto también son más cosas,
señor ministro, que ustedes no dicen; algunas de ellas muy importantes, por lo menos tan importantes como esa que a ustedes les preocupa mucho que es que el Gobierno dirige, dirige y dirige. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted eso de que la
política antiterrorista no se cambia cuando cambia el Gobierno? El Pacto antiterrorista


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es mucho más intenso y pone de relieve muy bien por qué tenemos algunos de los problemas que tenemos, y no dice lo que se ha dicho aquí esta mañana -me parece un disparate monstruoso- de que la oposición está para escuchar y apoyar.
Mientras nosotros estábamos en el Gobierno, firmamos el Pacto antiterrorista y tuvimos la responsabilidad de que funcionase y funcionó -y de qué modo-, lo principal no fue que les dijésemos: ayúdennos y den tabaco; lo principal es que estaban
ustedes sentados con nosotros trazando juntos la política antiterrorista. Eso es el Pacto antiterrorista, no lo de yo tengo como Gobierno la posibilidad y la capacidad de tomar la decisión que quiera y, a partir de ahí, usted se calla y da tabaco.
No es eso. (Rumores.) Entiéndanlo. Al contrario lo hemos vivido. Ustedes han estado sentados con nosotros adoptando todas y cada una de las decisiones que han llevado a ETA a la situación en la que está. Y le digo más. Se dice aquello de:
Además, ustedes deben apoyar y respetar lo que dirige el Gobierno, y se añade aquello de: cualquiera que sea la política. Pues no señor. No señor. Las políticas que estén dentro de la ley y del pacto, sí; las políticas que se salen de la ley y
del pacto, no. Ya le he dicho desde la tribuna del Pleno que para mí de todos los disparates que ustedes han cometido en lo que está siendo en el proceso de debilitamiento del Estado de derecho con esta política antiterrorista, el más grave de
todos es una declaración del presidente del Gobierno -que parece que no se ha producido, pero que se ha producido- diciendo que se debe celebrar un congreso de la organización Batasuna-ETA porque la Ley de Partidos Políticos es restrictiva y aquí
debería primar el derecho de reunión de los señores del terror.



Pues no. No vamos a apoyar nunca ni al presidente Rodríguez Zapatero ni a ningún presidente del Gobierno cuando lo que nos esté diciendo es que no tenemos que hacer cumplir la ley.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa ha agotado su tiempo.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino con dos reflexiones.



Usted me reprocha mucho y me lo va a tener que seguir reprochando en el futuro porque dice: Ustedes vienen aquí y dicen cómo ve las cosas ETA y eso a usted le molesta una barbaridad. Es como si tuviésemos que hacer un debate después de que
ustedes hubiesen decretado que ETA no existe y que a partir de ahí intelectualmente usted dice unas cosas y yo digo otras.
Pero ETA existe, ETA lleva matando 40 años y si a ETA la hemos reducido hasta donde la hemos reducido ha sido con unas buenas
políticas. ETA estaba diciendo con las cartas de sus presos y en sus comunicados internos que el Estado de derecho le había ganado la batalla y un año y medio después dice todo lo contrario, que está en condiciones de conseguir con una negociación
aquello por lo que lleva matando 40 años.
Eso no es hacer juicios de valor, eso es contar exactamente lo que era España hace año y medio y contar lo que es España a día de hoy. Si usted no quiere verlo y se empeña en decir: Ustedes hacen de
portavoces de ETA, pues siga diciendo esa simpleza pero el problema lo tenemos los españoles encima de la mesa.



La última cuestión, señor presidente y que tiene que ver con la segunda comparecencia es que no tengo tiempo hoy para hablar de la dependencia del señor fiscal general del Estado de S.S. y la verdad es que me limitaré a decir que desde que
le oí aquello de que los nombramientos tienen que ser de carácter político y al fiscal general del Estado aquello del reequilibrio ideológico, tengo claro cómo es el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, y por sus hechos se ha ido
confirmando que no nos equivocamos en ninguna de las cosas que les hemos dicho. En concreto, no siga diciendo, señor ministro, que esto lo ha planteado el Partido Popular como una cosa deportiva de que ha ganado uno u otro. No; ha ganado el
Estado de derecho porque, como he dicho, el Tribunal Supremo ha hecho la justicia material que se requería en este caso. Usted nos reprocha, es pintoresco, que los portavoces del Partido Popular hiciesen por la tarde la valoración del resultado
diciendo lo que digo hoy aquí, que es que el fiscal general del Estado ha hecho el ridículo. ¿Cómo no lo voy a decir? No olvide que al mismo tiempo estaba usted diciendo exactamente lo contrario en una rueda de prensa convocada esa misma tarde
para explicar la posición del Gobierno. Si quiere que lo expresemos en términos deportivos, ya es pintoresco que venga usted aquí a decir estas cosas cuando el que estaba diciendo esa tarde que los que habían ganado el partido eran el Gobierno y el
Partido Socialista era usted. Resulta que aquí ha ganado el Estado de derecho porque la Audiencia Nacional ha hecho el esfuerzo que ha hecho, porque la fiscalía ante la Audiencia Nacional ha hecho el esfuerzo que ha hecho y porque a pesar del
impedimento que ha significado que no lo haya compartido el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, la sala del Tribunal Supremo ha hecho justicia material sobre la base de una interpretación perfectamente legal que ustedes y el fiscal
general del Estado negaban hasta horas antes de que se conociese, porque debo recordar que mientras tanto S.S., en vez de decir es posible hacer una interpretación de la ley que lleve a esa resolución del Tribunal Supremo, lo que estaba diciendo era
que no había margen legal para cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de muchos años y que esto, de resolverlo de alguna manera, sería haciendo la construcción de responsabilidades. Cada uno, lo que ha dicho y lo que ha hecho; lo que
ustedes han hecho es eso y eso está en un contexto en el que la política antiterrorista no es la del Pacto antiterrorista y no nos hace avanzar en la buena dirección que necesita este país para acabar con ETA.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Intervengo rápidamente para agradecer nuevamente al señor ministro el esfuerzo explicativo y pedagógico de valores


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esenciales para la convivencia democrática. Es inútil, señor ministro -y el esfuerzo inútil conduce a la melancolía y no estamos dispuestos a ser melancólicos- atraer al Grupo Popular a la normalidad democrática en este momento, aunque
tenemos que seguir intentándolo. Sin embargo, es bueno hacer el esfuerzo pedagógico para el conjunto de los ciudadanos.



Hay que respetar en las intervenciones. El fiscal general del Estado, con toda normalidad democrática como esperamos que así se haga en todos los niveles institucionales del Estado, vendrá a comparecer ante este Congreso de los Diputados,
como no puede ser de otra forma, dentro de unos días y tendremos ocasión de hablar de él. Los adjetivos que se han utilizado en la primera y en la segunda intervención por el portavoz del Grupo Popular sería bueno que ni constaran en el 'Diario de
Sesiones'.
Hay que respetar un poco y sobre todo cuando se está mintiendo descaradamente con las imputaciones falsas al fiscal general del Estado.
Además, se dice que hace el ridículo. El ridículo político y jurídico es el que está haciendo el
Grupo Popular. Se lo ha dicho todo el Pleno del Congreso en votación expresa el día 21. Hace pocos días. No queremos hacer sangre con este tema y hay intentar traer un poquito de cordura, pero es tanta la osadía, que no hay más remedio que
contestar, con suavidad. Les dijo el Pleno por unanimidad que dejaran de manipular el terrorismo con mezquinos intereses electorales, que dejaran de utilizar a las víctimas del terrorismo, que no hicieran el ridículo político y jurídico de instar
al fiscal general del Estado en una moción. Se lo dice el Pleno por unanimidad. Yo creo, señor ministro, que el Partido Popular no puede entender el principio de autonomía del ministerio fiscal porque en su mente no entra. Como no lo han
practicado nunca, ¿cómo van a entender estas cosas de que hay una dependencia jerárquica, pero también una autonomía en el funcionamiento del ministerio fiscal? ¿Cómo se puede decir que ha dado un varapalo el Tribunal Supremo al fiscal general del
Estado cuando admite íntegramente su tesis, al cien por cien, en la acumulación de penas, que es lo que era objeto del recurso? ¿Cómo se puede decir que el Gobierno se apuntó el tanto de que el Tribunal Supremo le había dado la razón, si se hizo
sobre la tribuna del Congreso el rídiculo más absoluto por el portavoz del Grupo Popular el día 21 de febrero? El Gobierno lo que ha hecho desde el principio -y seguirá haciendo porque no puede ser de otra forma- ha sido respetar las decisiones
judiciales, ni más ni menos, porque no excarcela a nadie ni encarcela a nadie afortunadamente. Eso es de fechas muy pretéritas -aunque escuchando algunas intervenciones, cualquiera diría que son tan pretéritas desde el punto de vista jurídico y
democrático-, pero es algo que hay que olvidar. Quiero terminar pidiendo de verdad al Partido Popular que abandonen las mesas petitorias de pretensiones inconstitucionales y que vuelvan al diálogo y a la normalidad democrática, que serán bien
recibidos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Dos acotaciones y, a partir de ahí, una posición de principios, jurídica y política. Las dos acotaciones son a los primeros turnos de los portavoces del Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) y de
Convergència i Unió. En primer lugar el 'Diario de Sesiones' está ahí para que cada cual se haga responsable de lo que dice, por tanto, cada cual asume la autoría de sus propias declaraciones, las que llevan la letra en negrilla encabezando el
párrafo que señala quién dice qué. La señora Uría ha expresado una interpretación de mis palabras que yo no hago mías. Es cierto que el Tribunal Supremo no afirma que una organización ilegalizada, de acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos
Políticos, califique de terrorismo -que es un delito penal gravísimo- a todos y cada uno de sus integrantes, a todos y cada uno de sus militantes y a todos y cada uno de sus votantes, pero tampoco he dicho que ETA no tenga nada que ver con Batasuna.
Claro que sí tiene que ver. Pero hay que explicar a la ciudadanía -porque está en disposición de entenderlo- que, de otra forma, sería completamente inexplicable que muchos antiguos integrantes de la Mesa Nacional de HB no solamente no estén en la
cárcel, sino que incluso vistan la toga en la Audiencia Nacional. Este es un mensaje que creo que puede ser entendido por una ciudadanía a la que no cabe despreciar ni subestimar, pero tampoco dar por hecha, sino a la que se puede claramente
informar, si cada cual ejerce su responsabilidad plenamente y hace pedagogía cuando explica sus razones.



Ha señalado el portavoz de Convergència i Unió que el derecho de autodeterminación, en la medida en que España ha suscrito convenios, tratados y pactos internacionales que reconocen el derecho, sí está incorporado al ordenamiento jurídico.
Lo que he afirmado es que ninguno de los pueblos de España que están definidos como tales en el preámbulo de la Constitución -que habla del pueblo español y de los pueblos de España- tienen derecho a la autodeterminación, porque ese es en nuestro
ordenamiento constitucional un derecho inexistente para los pueblos de España. Todo el mundo sabe que la Carta fundacional de Naciones Unidas en 1945 -si quiere le recito los artículos- consagra un derecho de autodeterminación de pueblos que
estaban sometidos a un dominio colonial, a una regla e imperio de terceros y conminación absoluta de sus derechos de participación política. Todo el mundo sabe que la Resolución 2625 (XXV) de Naciones Unidas interpretó el derecho de
autodeterminación y que construyó el proceso de descolonización de los años sesenta, pero cualquiera de nosotros debe saber, y yo lo afirmo en el Congreso de los Diputados, que esa no es situación ni remotamente predicable de ninguno de los pueblos
de España en el orden constitucional que nos dimos en 1978. Por tanto, afirmo que, en España, el pueblo catalán existe, lo dice la Constitución, pero no tiene derecho a la autodeterminación, como no lo tiene el pueblo vasco; sencillamente, ese
derecho es inexistente en nuestro ordenamiento constitucional.



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Pero vayamos a la posición de principio. Esa posición de principio es, como digo, jurídica y política. El Estado de derecho tomado en serio -tomado en serio, no invocado como una cáscara vacía, como si fuese una cláusula que uno puede
esgrimir o, aún peor, el bastón o el martillo con el que practicar una política inquisitorial absolutamente contraria a los valores de nuestro Estado constitucional de derecho-, es el que nos dice que es completamente falso que el fiscal general del
Estado haya hecho el ridículo en el recurso del que usted habla una y otra vez en este Congreso de los Diputados, dejando constancia de su visión del asunto en el 'Diario de Sesiones'. Sucede que quien ha actuado ante ese recurso del Tribunal
Supremo es la Fiscalía del Tribunal Supremo, 30 fiscales, de los cuales sería absolutamente disparatado y fuera de lugar presumir una proclividad a sintonizar políticamente, doctrinalmente, en lo que eso signifique, con el fiscal general del Estado
y con el Gobierno que le nombró en atribuciones que la Constitución le da. No; lo hicieron 30 fiscales del Tribunal Supremo y no lo hicieron por razones ideológicas, no lo hicieron por instrucciones políticas, como ustedes no es que lo hayan
insinuado, es que lo han dicho; lo han dicho a micrófono abierto, lo han dicho todos los días, lo han radiado en todas las tribunas a su alcance. Ustedes han dicho que ellos seguían instrucciones políticas.
Falso de toda falsedad, mentira.
Treinta fiscales han sostenido claramente un criterio jurídico congruente con su lectura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Y sabe qué? Que el Tribunal Supremo les dio la razón; estima el recurso y asume los argumentos de la Fiscalía.
Les dio la razón y, además, añade otra consideración que no estaba en el escrito de los fiscales, que no estaba en la cuestión, que no era quaestion litis, que no era objeto de disputa. El Tribunal Supremo hace otra cosa y yo acato lo que diga el
Tribunal Supremo, y usted debería hacer lo mismo si quiere tomarse el Estado de derecho en serio.
Resulta grotesco ver a un portavoz del Partido Popular decir que el Partido Popular tenía razón y que el fiscal general del Estado ha recibido un
revolcón. Es que hace falta ser inepto jurídicamente, ignorante, mentiroso, mendaz, para decir esa barbaridad, que no tiene ningún punto de correspondencia con la realidad, ninguno, y usted lo sabe, que es lo peor de todo, señor Astarloa. Usted
cumple instrucciones y yo lamento esas instrucciones, pero lamento más que un jurista informado, como usted, se vea obligado a decir aquí que el Tribunal Supremo hizo hacer el ridículo al fiscal general del Estado cuando en realidad no era el fiscal
general del Estado el que estaba personado ante el Tribunal Supremo, sino la Fiscalía, y le estaba dando la razón.



Pero lo realmente importante en este asunto es de nuevo la política antiterrorista. Usted ha dicho que el Pacto antiterrorista dice las tres cosas que yo digo, y las dice. Primero, fuera la política del debate partidario, fuera la política
de la confrontación, fuera la política de la búsqueda de votos, porque es política de todos y se sostiene con firmeza. Segundo, la política antiterrorista la define el Gobierno porque es su responsabilidad. Y tercero, el Gobierno recibe el apoyo
leal de la oposición, lo que no significa silencio ni ir a por tabaco, significa colaboración, pero en su foro, con lealtad y con discreción, como hicimos nosotros y que ustedes no han hecho ni un segundo. Ustedes impusieron condiciones para la
reunión a la que se les convocó. A ustedes se les convocó a una reunión a principios de este año y dijeron que no porque si no incoábamos la ilegalización del Partido Comunista de la Tierras Vascas no había nada de lo que hablar. Lo dijeron
públicamente, está en las hemerotecas para señalárselo. Se lo voy a recordar. Ustedes dijeron que no acudían a la reunión del Pacto antiterrorista porque ustedes imponían sus condiciones. Nosotros acudimos a las reuniones del Pacto antiterrorista
sin imponer nuestras condiciones. Además, le diré que no es verdad, ni lo esperábamos, que habláramos de hacer la política juntos.
Cuando ustedes gobernaban, ustedes la definían y luego dialogábamos sobre ella. Y es un hecho que está en la
memoria de todos, y desde luego en mi memoria, que muy a menudo recibíamos la información a través de los medios de comunicación, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Aún así, nunca fuimos a los micrófonos ni a la radio, ni a la
tribuna del Congreso de los Diputados a hablar de ello, sino que lo hablábamos con ustedes, con lealtad y con contención. Esa lealtad es la que ha fallado aquí.



Por lo demás -conclusión política última-, la política antiterrorista no ha variado y ustedes continúan aferrados a una falsa premisa para, a partir de ahí, fabricar todo un precipitado de derivaciones mendaces con respecto de la falsa
primera premisa. La política antiterrorista no ha variado; ahí continúa el Código Penal; ahí continúa la Ley Orgánica General Penitenciaria; ahí continúa la fiscalía; ahí continúa la Audiencia Nacional; ahí continúa mi trabajo con mi colega
francés y con mis interlocutores que, como sabe, son activos, en colaboración estrechísima, discreta y frecuentísima para hostigar a ETA en todos los terrenos. Con mucha frecuencia, y usted lo sabe porque ha pasado por esa experiencia, hay
reuniones, de las que no tienen conocimiento los medios de comunicación, de colaboración antiterrorista con Francia -repito, con mucha frecuencia-, y se hablan los temas y se ven los expedientes, se avanza, se comparte información y se mantiene la
determinación. El Gobierno de España, tanto el actual como el anterior, acude al Consejo de Ministros de la Unión Europea, siempre el primero en la fila de la lucha antiterrorista, con ideas constructivas, desbloqueando los impasses que se
produzcan en el complejo proceso de toma de decisiones de la mesa del Consejo de Ministros de la Unión Europea a venticinco, buscando aliados, sacando adelante las iniciativas, aportando criterios constructivos, en el cuadro de honor de la lucha
antiterrorista europea y mundial, como una referencia planetaria de la determinación antiterrorista. Porque esta es la sociedad española después de esos cuarenta años de lágrimas y sangre, que son las nuestras, las de todos, las de ustedes y las
nuestras, pero también las de toda la


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sociedad española. Que a partir de la falsa premisa de que el Gobierno ha cambiado la política antiterrorista, usted pretenda elaborar todo un precipitado de conclusiones mendaces, permítame que no se lo pase. Vuelvo a afirmar aquí, una y
otra vez, que la política antiterrorista sigue siendo la misma y no ha cambiado; lo único que ha cambiado es quien está en el Gobierno y quien está en la oposición. En ese sentido, ¿sabe qué le digo, señor Astarloa? Que eso tampoco lo decidí yo.
Yo no decidí que el fiscal tomase una posición en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Supremo otra. Usted miente a la ciudadanía cuando pretende que el Gobierno y el ministro de Justicia tienen ese poder. Quizás le traiciona su
subconsciente, su experiencia y su falsa invocación de la autonomía del Ministerio Fiscal con relación al modo en que ustedes practicaron su relación institucional con el Ministerio Fiscal. Créame, si el fiscal en el Tribunal Supremo construye una
argumentación jurídica frente al recurso de Parot, no ha sido obedeciendo instrucciones de este Gobierno. Créame también cuando le digo que tampoco es con instrucciones de este Gobierno como se impide que pueda haber lo que usted ha denominado un
congreso de Batasuna. En la tribuna le dije que la legalidad y el Estado de derecho tomado en serio no son nuestra debilidad, sino nuestra fortaleza; que la ley no es una debilidad del Estado de derecho, sino una fortaleza. Esa ley es la que
explica que los portavoces de una sedicente organización ilegalizada y extinta salgan en los telediarios. Sucede que son ciudadanos españoles, que tienen derecho a la libertad de expresión y la usan; los medios de comunicación acuden a sus ruedas
de prensa, no porque el Gobierno lo quiera, sino porque este es nuestro orden de libertades, y eso no es nuestra miseria, sino nuestra gloria y nuestra grandeza. Esos antiguos dirigentes de una organización extinta e ilegalizada se reúnen, y eso no
sucede porque el Gobierno sea débil ni porque el Estado de derecho sea débil, sino porque el Estado de derecho es fuerte, y ese es un derecho de reunión que está siendo ejercitado de acuerdo con nuestro orden constitucional. Eso no nos hace
débiles, nos hace fuertes. También pueden planificar una reunión que se califique como congreso. Y si alguien puede impedirlo, no es este Gobierno, que perdió el poder de impedir reuniones cuando murió Franco, señor Astarloa. Cuando murió Franco
se acabó el prohibir por orden gubernativa que tuvieran lugar reuniones, que no necesitan autorización preventiva. La Constitución consagra que el derecho de reunión, como el de manifestación, se ejerce libremente. Solo por orden judicial se puede
intervenir el ejercicio de ese derecho; no por orden del Gobierno, por orden judicial, que es lo que tuvo lugar en este caso en particular. Si acaso, alguien deberá preguntarse cuál fue la circunstancia que explica que esa orden judicial llegase
en un momento y no en otro. Lo que le aseguro es que la respuesta no está en que recibió una orden del Gobierno ni que antes se lo hubiera prohibido este Gobierno, porque el Gobierno no tiene ese poder, y usted lo sabe, señor Astarloa.



Lo que quiero concluir es que esa legalidad es nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Esa legalidad es la que explica que juntos y con la ley podamos tener claramente la esperanza cierta de que acabar con ETA está al alcance de nuestra
generación. Es nuestro deber arrimar el hombro, apoyarnos los unos a los otros para conseguir ese objetivo. Pero la ciudadanía decidió el 14 de marzo de 2004 que nosotros ahora tengamos responsabilidades de gobierno y ustedes de oposición. Ya va
siendo hora de que lo asuma el Partido Popular; ya va siendo hora de que se den por enterados; y ya va siendo hora de que se planteen que a lo mejor pueden volver a aspirar a llegar al Gobierno aportando una idea positiva, una ilusión, una
propuesta, una iniciativa, algo que tenga que ver con la felicidad de los españoles, en lugar de verter hacia fuera, como hacen todos los días, su propia frustración, su impotencia, su malestar, su inquina y su voluntad de insidiar en un asunto que
no lo admite en absoluto, porque esta es la lucha de todos, la lucha antiterrorista. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Jané.



El señor JANÉ I GUACH: Señor presidente, simplemente, porque el silencio no fuera omisión, quiero decir que no comparto la interpretación que ha hecho el ministro del derecho a la autodeterminación, y tampoco la comparte el Parlamento de
Cataluña.



El señor PRESIDENTE: Es evidente, pero tampoco es el objeto del debate en estos momentos.



Muchas gracias, señor ministro.



Agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, de todos los servicios de la Cámara y de todos los diputados, se levanta la sesión.



Recuerdo a los portavoces que tenemos una rápida de Mesa y portavoces a continuación.



Eran las tres y veinte minutos de la tarde.