CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 473

MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA

Sesión núm. 25

celebrada el martes, 14 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (Gonzalo Aizpiri), para explicar las medidas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno para mitigar el cambio climático en nuestro
país y que tienen como fin el cumplimiento del Protocolo de Kioto. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000910.) ... (Página 2)


Comparecencia urgente del señor secretario general para el Territorio y la Biodiversidad (Serrano Rodríguez), para informar de la situación de crisis creada en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000548.) ... (Página 23)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (GONZALO AIZPIRI) PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN NUESTRO PAÍS
Y QUE TIENEN COMO FIN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000910.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Como saben, el orden del día contiene dos comparecencias. La primera es la del secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático para explicar las medidas y las
actuaciones desarrolladas por el Gobierno para mitigar el cambio climático en nuestro país y que tienen como fin el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a requerimiento del Grupo Socialista. Para empezar ya, sin más dilación, tiene la palabra el
señor secretario general, don Arturo Gonzalo Aizpiri.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Voy a hacer una exposición de los principales avances en relación con el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto, tomando
como punto de partida la entrada en vigor del mismo el pasado 16 de febrero de 2005 y basando en gran medida la acción del Gobierno en lo que se refiere al sistema europeo de comercio de emisiones. Uno de los principales elementos del programa de
la Unión Europea sobre cambio climático consiste en el establecimiento, desde el 1 de enero del año 2005, de un sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 entre los sectores industriales que son responsables de una parte muy importante de las
emisiones, dependiendo de los países, entre un 35 y un 50 por ciento de las mismas. Dicho sistema europeo de comercio de derechos de emisión se ha implantado plenamente en España teniendo como principal referente la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que
traspone a la normativa española la correspondiente directiva comunitaria. La principal exigencia que se deriva de esta ley es la aprobación del Plan nacional de asignación, es decir, la asignación de cuotas gratuitas de emisión a las principales
fuentes emisoras de estos gases en cada uno de los Estados miembros. En el caso de España este Plan nacional de asignación fue aprobado por el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, y posteriormente fue modificado en el Real Decreto 60/2005,
de 21 de enero.
Como conocen, posteriormente ha habido todo un desarrollo normativo para perfeccionar aspectos de la ley que se derivan fundamentalmente de la decisión de la Comisión Europea por la que se aprobaba el Plan nacional de asignación.
Esta decisión exigió la ampliación del ámbito de aplicación del comercio de emisiones en España a un conjunto de nuevas instalaciones y esto ha dado lugar a un proceso de asignación complementario al que luego me referiré.



En el desarrollo normativo merece la pena mencionar también el Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión, el Real Decreto 1315/2005, de 4 de
noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley y les anticipo que de forma inminente el
Gobierno va a completar el desarrollo normativo de la ley con el real decreto que crea, según lo previsto en la misma, las mesas tripartitas de diálogo social para hacer un seguimiento de las consecuencias del cumplimiento de la normativa de
comercio de emisiones y del Protocolo de Kioto en los principales sectores industriales afectados. Con este decreto, que, como les digo, aprobará el Gobierno de forma inminente, estará completo el entramado jurídico normativo para la aplicación en
España de este sistema europeo de comercio de derechos de emisión. La pieza en la que se basa este sistema en España es como he dicho el Plan nacional de asignación 2005-2007, que tiene la característica de no solo asignar derechos de emisión a los
sectores industriales, sino también explicar la senda de cumplimiento prevista por el Gobierno para el conjunto de las emisiones del país, es decir, incluye las previsiones en relación con las llamadas emisiones difusas, que son aquellas que tienen
su origen en un sinnúmero de fuentes de emisión de pequeña magnitud como son los automóviles, los hogares, los comercios, etcétera. Por tanto, el Plan nacional de asignación recoge las asignaciones gratuitas a los sectores industriales, pero
también refleja las previsiones y la planificación del Gobierno para dichos sectores. La senda de cumplimiento prevista por el Gobierno en el Plan nacional de asignación contempla una estabilización de las emisiones en el periodo 2005-2007 en un
nivel muy similar al del último año de referencia, el año 2002, apuntándose ya un cambio de tendencia, el inicio de una reducción paulatina de las emisiones, rompiendo el comportamiento que se ha puesto de manifiesto hasta el momento desde el año
1990 de un incremento continuado y muy intenso de las mismas. El compromiso de España en el marco del Protocolo de Kioto es que las emisiones no se incrementen en más de un 15 por ciento desde 1990 al promedio anual del período 2008-2012. El
último inventario disponible cuando se elaboró el Plan nacional de asignación revelaba que el incremento de las emisiones había alcanzado ya el 40 por ciento y en los meses siguientes las emisiones continuaron incrementándose hasta, a finales


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de 2004, alcanzar un nivel aproximadamente del 45 por ciento. Es decir, cuando todavía nos faltan algunos años para completar el período de compromiso del protocolo, las emisiones en España triplican el compromiso adquirido unánimemente del
15 por ciento. No se les escapa que esto plantea un desafío de enormes proporciones y para atender ese desafío desde luego que no es suficiente la actuación en los sectores industriales a través del sistema de comercio de emisiones, sino que será
también necesaria la actuación en los sectores difusos.



El Plan nacional de asignación explicita la previsión del Gobierno de recurrir a otros mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de España en el protocolo. Como saben, el Protocolo de Kioto recoge tres tipos de acciones para que los
países desarrollados, los países del anexo I, hagan honor a sus compromisos. El primero son las reducciones de emisiones en el propio territorio nacional del Estado miembro. Lo que se llaman en argot las acciones domésticas son lo prioritario y lo
más relevante, lo que debe constituir la base de los esfuerzos de los Estados que son parte del protocolo para cumplir con sus compromisos. Pero, además, el protocolo establece que se pueda hacer uso de los sumideros de carbono, es decir, el CO2 de
la atmósfera que se inmoviliza de forma permanente como biomasa en las masas forestales o en los cultivos leñosos. A este respecto, según el Plan nacional de asignación un 2 por ciento de las emisiones del año base -1990- podrán compensarse
mediante el incremento de estos sumideros.



En segundo lugar, el protocolo crea lo que se llaman los mecanismos de flexibilidad; es decir, la posibilidad de adquirir reducciones de emisiones en terceros países. El protocolo contiene la opción de los mecanismos de flexibilidad como
una alternativa, siempre complementaria -no sustitutoria, siempre complementaria- a las acciones en el propio territorio del Estado miembro. Dadas las condiciones que les he mencionado de fuerte incremento de las emisiones -por encima del
compromiso-, el Plan nacional de asignación del Gobierno preveía el recurso a estos mecanismos de flexibilidad. En aquel momento, estimamos que necesitaríamos aproximadamente 100 millones de toneladas de CO2 equivalente adquiridas en terceros
países, que representan el 7 por ciento de las emisiones del año base -el año 1990- para, de este modo, situar el compromiso de España en el 15 por ciento, más el 2 por ciento de sumideros, más del 7 por ciento de mecanismos de flexibilidad, en
total, en un 24 por ciento. Con todo, sigue siendo un desafío de gran magnitud, pero es importante tener presente esta necesidad de 100 millones de toneladas porque obtener una cantidad tan grande de los mecanismos de flexibilidad obliga a
numerosas acciones que explicaré más adelante.



El funcionamiento del sistema europeo de comercio de derechos de emisión descansa, en su procedimiento práctico, en su operación, en los llamados registros nacionales de derechos de emisión. Cada Estado miembro ha debido poner en marcha un
registro donde los titulares de las instalaciones que están incluidas en el ámbito de aplicación abren cuentas en las que reciben los derechos que les asigna el plan nacional, desde donde pueden operar en el mercado europeo con esos derechos y donde
finalmente tienen que rendir los derechos necesarios para respaldar las emisiones físicas que hayan producido cada año. El Registro nacional de derechos de emisión en España -el Renade- entró en funcionamiento a principios de junio de 2005. Hay
que decir que España fue el séptimo Estado miembro que tuvo en funcionamiento su registro, previa aprobación de la Unión Europea, y desde entonces ha venido funcionando sin contratiempos. Como les decía, cada titular de una instalación incluida en
el ámbito de aplicación de la ley tiene que abrir su cuenta en el Renade -Registro nacional de derechos de emisión-. Hasta el momento lo han hecho ya 599 titulares de instalaciones, lo que representa el 73 por ciento del total. Las cuentas
abiertas corresponden, generalmente hablando, a las instalaciones más grandes implicadas en el sistema de comercio de derechos de emisión y, por tanto, este 73 por ciento de cuentas se corresponde con el 94 por ciento de la totalidad de los derechos
expedidos en el año 2005, un total de 162 millones de derechos de emisión. Fíjense que, a la cotización del derecho de ayer mismo, 26,7 euros por derecho, eso significa que el Registro nacional de derechos de emisión gestiona ya activos -dicho sea
entre comillas porque aún no está decidido su carácter financiero en el ámbito europeo- por valor de más de 4.200 millones de euros. Lo que quiero decir con esto es que el comercio de derechos de emisión es ya una realidad plenamente operativa. En
el registro español, hasta el momento, se han producido 170 transferencias, con el intercambio de 10 millones de derechos. Esto es un reflejo de la rápida maduración del mercado europeo, que el año pasado gestionó más de 200 millones de derechos y
que este año 2006 ha cobrado una actividad muy intensa, superando la media de 2 millones de derechos negociados diariamente, con puntas que algunos días superan los 4 millones. Me gustaría destacar la importancia de este hecho. La puesta en marcha
del comercio europeo de derechos de emisión es un hito desde muchos puntos de vista. Es un hito para la lucha contra el cambio climático porque en muchos países, también en España, representa la existencia por primera vez de un marco legal que no
solo limita las emisiones de CO2, sino que fija un precio a esa tonelada de CO2, desencadenando un proceso de internacionalización de costes que empieza a ser ya notable en la industria. Además, para comprender las dificultades y los desafíos a que
ha hecho frente la puesta en marcha de este mercado, les hago notar que se trata del primer mercado europeo que puede responder a ese nombre, con un supervisor único y con la posibilidad de hacer transacciones que tienen origen o destino en
distintos Estados miembros.



Para completar la puesta en marcha del Plan nacional de asignación ha sido necesario, como les comentaba,


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acometer un proceso de ampliación del ámbito de aplicación. Como S.S.
recordarán, el Plan nacional de asignación hizo preliminarmente una asignación individual a un gran número de instalaciones, casi 900, pero la decisión de la Comisión
Europea por la que se aprobaba el Plan nacional de asignación obligó a un proceso de asignación complementaria para instalaciones de combustión de más de 20 Mw que no estaban conectadas al sistema eléctrico y que no correspondían a ninguno de los
sectores industriales listados en el ámbito de aplicación de la directiva. El Gobierno, en su momento, consideró que esas instalaciones no debían estar incluidas, pero la decisión de la Comisión Europea obligó a incluirlas y a desarrollar un
proceso complementario de asignación, proceso que está a punto de concluir, por eso se lo explico con este nivel de detalle. En el mes de diciembre el Gobierno hizo para este conjunto de instalaciones complementarias una asignación preliminar que
sometió a información pública; la información pública concluyó al final del mes de diciembre; durante el mes de enero se valoraron por parte del Gobierno las alegaciones presentadas y en breve vamos a elevar al Consejo de Ministros una asignación
definitiva a este paquete complementario de instalaciones y, pasado mañana, en las reuniones convocadas de la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático y en el Consejo Nacional del Clima, vamos a estudiar un borrador de real decreto
que modifica el Plan nacional de asignación, de forma que este refleje las modificaciones que se derivan de esta asignación complementaria. Les anticipo que el Gobierno incorporará a este real decreto alguna adaptación al curso de los
acontecimiento, digámoslo así. Es decir, este real decreto reflejará algunas otras modificaciones menores que ha sufrido la asignación durante este primer año de funcionamiento del mercado, como, por ejemplo, los recursos de reposición que se
realizaron a la primera asignación individual, algunos de los cuales han sido estimados por el Gobierno. También les anuncio que en este proyecto de real decreto el Gobierno propone la unificación de las reservas de nuevos entrantes existentes en
el Plan nacional de asignación para configurar una única reserva. Como ustedes recuerdan, el Plan vigente prevé tres reservas de nuevos entrantes, una para las instalaciones de generación eléctrica de servicio público, otra para las instalaciones
de los sectores industriales y otra para las instalaciones de cogeneración. El Gobierno entiende que la fusión de esas tres reservas en una sola tiene ventajas: en primer lugar, seguir el criterio de la Comisión Europea, que no solo en el Plan
nacional de asignación de España sino también en el de otros Estados miembros, ha recomendado la existencia de una única reserva para facilitar y hacer más previsible el acceso a la misma por parte de los nuevos entrantes. En relación con los
nuevos entrantes, les informo también de que en el proceso de información pública, que se produjo en el mes de diciembre, no solo se incluyeron las instalaciones de la ampliación del ámbito de aplicación sino también un primer paquete de nuevos
entrantes, es decir, de instalaciones que han entrado o que van a entrar en funcionamiento con posterioridad a la asignación individual inicial y que, según lo previsto en la ley, han hecho la solicitud correspondiente para obtener derechos de
emisión a cuenta de la reserva de nuevos entrantes.



Les comentaba anteriormente que una pieza crucial del Plan nacional de asignación y de las previsiones del Gobierno para el cumplimiento de nuestro compromiso en el Protocolo de Kioto es el recurso a los mecanismos de flexibilidad y que
hemos estimado en 100 millones de toneladas la cantidad mínima que vamos a necesitar obtener de los mercados internacionales de estos mecanismos. Esto representa 100 millones de toneladas de CO2 equivalente con un precio mínimo de 500 millones de
euros. Cuando el Gobierno aprobó el Plan nacional de asignación los precios en los mercados internacionales eran inferiores a los que estamos conociendo hoy. En aquel momento el precio de referencia de 5 euros por tonelada era muy correcto
teniendo en cuenta la situación de los mercados. Hoy, en cambio, se ha producido una deriva al alza en estos precios que obligaría a elevar este coste de 500 millones de euros si tuviéramos que poner en marcha los acuerdos para adquirirlos, pero el
Gobierno sigue manteniendo el precio de referencia de 500 millones de euros.



¿Qué ha hecho el Gobierno para facilitar la adquisición de este gran volumen aprovechando en la medida de lo posible las oportunidades que existen en estos mercados de flexibilidad para apoyar los intereses en general de la economía
española, al mismo tiempo que aplicaba unos criterios de prioridad en el tipo de proyectos en los que quiere que se priorice la inversión pública y las zonas geográficas en las que esta debe tener lugar? En primer lugar, el Gobierno hizo una
previsión estratégica atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2005 y a lo expresado en el Consejo Nacional del Clima y en la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, previsión estratégica en la que se da prioridad a los proyectos
de ahorro y eficiencia energética, de energías renovables y de gestión de residuos. Es decir, el Gobierno no quiere que un volumen considerable de recursos públicos se dirija a proyectos cuyo beneficio desde el punto de vista del desarrollo
sostenible sea mucho más limitado, como son los proyectos de gases industriales. Entendemos que aquellos proyectos que en mayor medida contribuyen al desarrollo sostenible de los países anfitriones son los que he dicho: ahorro y eficiencia
energética, energías renovables y gestión de residuos. Además, en esa previsión estratégica se eligieron como zonas preferentes para la inversión pública española en mecanismos de flexibilidad aquellas con las que tenemos lazos más estrechos desde
todos los puntos de vista, como es Iberoamérica y la zona del Mediterráneo. Estos criterios se formalizaron en sendos acuerdos del Consejo Nacional del Clima y de la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, convirtiendo a España
en uno de los escasísimos -si no


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el único- países del mundo del anexo 1 del protocolo que tienen esos criterios de prioridad en la inversión pública. Con estos criterios ya establecidos, como es lógico, las prioridades de acción del Gobierno se han dirigido a esas zonas
geográficas y han pretendido crear una estructura de relación institucional que facilite la identificación, el reconocimiento y el desarrollo de estos proyectos. Para ello me parece especialmente relevante la creación de la Red iberoamericana de
oficinas de cambio climático, que fue constituida por la comunidad iberoamericana a final del año 2004. La Red iberoamericana de oficinas de cambio climático, la Riocc, ha dado grandes pasos para convertirse en una de las voces más significativas
en el debate multilateral sobre cambio climático, y, para alegría de todos, en la reciente cumbre de Montreal el así llamado Grupo de Colón creo que representó un elemento muy positivo para avanzar en la creación de consensos. Al mismo tiempo, la
Red iberoamericana nos permite unificar criterios para el reconocimiento de proyectos MDL y en términos generales para que en el debate sobre el futuro de los mecanismos de flexibilidad los intereses de la comunidad iberoamericana estén
adecuadamente defendidos. Al mismo tiempo, junto a esta iniciativa multilateral, el Gobierno ha desarrollado una línea de trabajo de suscripción de memoranda de entendimiento bilaterales con los países más representativos o significativos desde el
punto de vista de los mecanismos de flexibilidad en estas áreas, y hasta el momento tenemos firmados dieciséis memoranda de entendimiento con quince países latinoamericanos y Marruecos. En estos momentos estamos negociando nuevos acuerdos
bilaterales con otros países, fundamentalmente de Europa central y del Este. Es posible que si el mercado del mecanismo de desarrollo limpio se muestra como demasiado estrecho debamos recurrir también a los otros dos mecanismos de flexibilidad, que
son la aplicación conjunta y el comercio internacional de emisiones, con aquellos países que tengan un excedente de unidades de emisión, y típicamente estos países con excedentes de unidades de emisión son los del antiguo bloque de Europa del Este,
de modo que en estos momentos estamos negociando con países como Bulgaria, Rumania, la República Checa o Rusia.



Para que todo esto se pueda convertir en proyectos concretos aprobados y reconocidos por Naciones Unidas los países que son parte del Protocolo de Kioto tienen que contar con una autoridad nacional formalmente designada para este fin. En el
caso de España, como recordarán SS.SS., la Ley 1/2005 creó esta autoridad nacional designada como un órgano interministerial presidido por quien les habla y con un representante elegido por las comunidades autónomas. La autoridad nacional designada
tiene como principal función aprobar la participación de España en los proyectos de flexibilidad, dado que como saben el protocolo no admite la posibilidad de proyectos unilaterales. Todo proyecto de mecanismos de flexibilidad en un país en
desarrollo necesita tener una contraparte de un país desarrollado que voluntariamente acepte participar en el mismo.
Es la autoridad nacional designada la que tras evaluar los proyectos extiende esas cartas de aprobación, cartas de participación
voluntaria para los proyectos que se proponen. En el caso de España, dado que tenemos una muy fuerte presencia empresarial en las zonas que he mencionado, existen innumerables oportunidades de que las propias empresas españolas, en muchos casos en
colaboración con empresas locales, promuevan estos proyectos de reducción de emisiones y hasta el momento estamos teniendo un ritmo cada vez más intenso de presentación de proyectos a nuestra autoridad nacional. Igualmente, como les explicaré más
adelante, España forma parte de distintos fondos de carbono, de los cuales también cada vez un número mayor de proyectos se está presentando a nuestra autoridad nacional designada para solicitar la participación voluntaria de España. La autoridad
nacional se configura como un grupo, en primer lugar, de evaluación de proyectos. Tengo que decirles que intentamos garantizar el máximo rigor en dicha evaluación. Nos parece que el éxito futuro de los mecanismos de flexibilidad necesita
transparencia, rigor y participación y con esos criterios pensamos que los mecanismos de flexibilidad van a ser una parte fundamental de la lucha futura de la comunidad internacional contra el cambio climático, pero con esos criterios. Así hemos
venido funcionando. La autoridad nacional designada ha celebrado desde su creación cuatro reuniones, en las cuales ha otorgado la carta de aprobación a un total de quince proyectos. La información completa y detallada está en la página web de la
autoridad nacional designada, que tiene su residencia en la página de la Oficina Española del Cambio Climático. El próximo jueves en las reuniones del Consejo Nacional del Clima y de la Comisión de coordinación presentaremos un informe de balance
de la actuación de la autoridad nacional designada, tal y como prevé la Ley 1/2005.



Les comentaba que para garantizar la adquisición de esos 100 millones de toneladas el Gobierno ha apostado por la colaboración con entidades multilaterales, como por ejemplo el Banco Mundial, que tienen ya una gran experiencia en esta
materia. En particular, hasta ahora hemos alcanzado los siguientes acuerdos. Un primer acuerdo con el Banco Mundial lo suscribimos el 30 de noviembre de 2004, por el que comprometemos la inversión de 205 millones de euros para la adquisición de 40
millones de toneladas de CO2 equivalente mediante tres instrumentos, primero, la creación de un Fondo español de carbono por importe de 34 millones de toneladas, 170 millones de euros, con ese precio de referencia de 5 euros por tonelada, y la
participación adicional en dos fondos preexistentes multipartícipes del Banco Mundial, que son el Fondo de carbono para el desarrollo comunitario, por el que adquiriremos 4 millones de toneladas, y el Fondo biocarbono, por el que adquiriremos 2
millones de toneladas.
Adicionalmente aportamos 5 millones de euros a un Fondo de capacitación de asistencia técnica a los países en desarrollo, lo que nos


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convierte en uno de los principales países donantes para la creación de capacidades en los países en desarrollo. Además, hemos firmado un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento para la adquisición de 9 millones de toneladas con un
coste de 45 millones de euros y actualmente estamos completando la negociación con otras instituciones multilaterales para la adquisición de 11 millones de toneladas más. Eso completaría 60 millones de toneladas que previsiblemente puede
corresponderse con la parte asociada a emisiones difusas de esos 100 millones de toneladas que contempla el Plan nacional de asignación 2005-2007. Sin ninguna duda, esto representa un esfuerzo para el contribuyente español, y el Gobierno está
convencido de que alrededor de estos mercados emergentes de carbono hay innumerables oportunidades en el plano económico y de cooperación que debemos aprovechar. Dado el comportamiento de nuestras emisiones desde 1990 y los grandes volúmenes de
créditos de flexibilidad que estamos obligados a adquirir, tenemos un papel de gran peso en estos mercados.
Créanme que hubiéramos preferido no tenerlo, que no tuviéramos necesidad de comprar nada, pero estamos obligados a tener un peso muy
relevante en estos mercados. Creemos que tenemos que aprovechar la oportunidad, en primer lugar, para crear un potente sector de servicios en los mercados de carbono en España. Estamos apoyando las diversas iniciativas que están surgiendo al
respecto de carácter privado, en algunos casos también de carácter institucional. Hemos apoyado, por ejemplo, la creación del primer Fondo privado de carbono en España por parte del ICO, el Grupo Santander y una sociedad del Reino Unido que se
llama Climate Change Capital. Hemos apoyado la creación en Barcelona de la primera plataforma electrónica de negociación en el sur de Europa, que se llama Sendeco 2.
Hemos apoyado que Aenor se convirtiera en una de las primeras entidades
reconocidas por Naciones Unidas para la tramitación y el reconocimiento de estos proyectos y seguiremos apoyando estas iniciativas privadas para crear un potente sector de servicios en este ámbito. En segundo lugar, queremos aprovechar, siempre de
forma respetuosa con los países anfitriones, las oportunidades de negocio que estos proyectos brindan a las empresas españolas y con ese fin acompañamos la firma de memoranda de entendimiento con la organización de emisiones institucionales y
empresariales a los principales países que tienen estos acuerdos con España para identificar proyectos potenciales y facilitar la participación de nuestras empresas en ellos. Al mismo tiempo, estamos apoyando otras iniciativas que tienen que ver
con la provisión de servicios de cobertura de riesgo. Estamos creando oportunidades para que las entidades financieras se interesen por estos mercados y les anuncio en el mes de marzo la celebración en México de una gran conferencia organizada
conjuntamente por España, México y la Cepal para facilitar o incrementar el interés de las entidades financieras por la financiación de los proyectos de los mercados de carbono.



Sin embargo, como les explicaba al principio, todo esto no es suficiente.
No es suficiente, en primer lugar, porque no aborda lo que se está demostrando como el principal obstáculo para que los países desarrollados cumplan con el Protocolo
de Kioto, que son las emisiones difusas.
Aquellos sectores cuyas emisiones están creciendo de forma más rápida y donde es más difícil aplicar estos sistemas normativos son precisamente los de emisiones difusas. El Gobierno, para combatir el
incremento de emisiones en los sectores difusos, ha desarrollado en el año 2005 algunas iniciativas importantes que tienen que ser completadas con otras. Yo destacaría de las iniciativas del año 2005, en primer lugar, la aprobación del Plan de
acción de ahorro y eficiencia energética 2005-2007, que tiene como objetivo evitar la emisión a la atmósfera de 32,5 millones de toneladas en el trienio en sectores difusos, con un apoyo público de 729 millones de euros. En segundo lugar, la
aprobación del nuevo Plan de energías renovables 2005-2010, que en parte se refiere a la generación eléctrica, pero también -por ejemplo, en la energía solar térmica- a los sectores difusos, para reducir 76,9 millones de toneladas, con un coste
público de 8.492 millones de euros. Hemos desarrollado otras iniciativas, como el Plan nacional de reducción de emisiones de grandes instalaciones de combustión, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 25 de noviembre, e inminentemente se
producirá la aprobación del código técnico de edificación, que es una pieza crucial para evitar el incremento de emisiones en los sectores de edificación. En el último año medio o casi dos años, el Gobierno, como las comunidades autónomas, como los
municipios, como esta Cámara, ha desarrollado una actividad intensa para el cumplimiento del Protocolo de Kioto.



Me gustaría concluir mi intervención refiriéndome, primero, a cuál es la información que tenemos respecto al comportamiento de las emisiones y, segundo, resumirles cuáles son los próximos pasos que debemos dar para seguir avanzando en esta
línea. Respecto a lo primero, les diré con claridad que el año 2005, aunque todavía no tenemos los datos definitivos, no ha sido un año positivo desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque, como saben, la
aportación hidroeléctrica tiene un peso muy importante en nuestro sistema de generación eléctrica. Tenemos una hidraulicidad muy variable, como saben bien, lamentablemente el año 2005 fue el más seco desde que existen registros y esto produjo una
reducción de la generación hidroeléctrica, respecto a 2004, del 34,7 por ciento -es decir, la generación de energía hidroeléctrica se redujo en más de una tercera parte- y, correspondientemente, la generación térmica sufrió un incremento del 18,4
por ciento. Sin duda, solo por esta causa se va a producir un aumento notable de las emisiones en el año 2005, pero en todo caso creo que debemos ver las tendencias subyacentes, porque la hidraulicidad es un factor siempre variable, a un año seco
seguirá otro menos seco u otros años húmedos, y la variación de las emisiones solo por


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esa causa no reflejará realmente el avance o la falta de avance de España en esta materia. Debemos tener en cuenta los comportamientos subyacentes, que tienen que ver fundamentalmente con la tendencia del consumo y con las tendencias en la
estructura de generación del sistema eléctrico.
Respecto a lo primero, el año 2005 no ha sido positivo, hemos acabado con un incremento de consumo eléctrico del 4,4 por ciento, por encima del producto interior bruto, pero, haciendo un análisis de
cómo se ha comportado el consumo eléctrico a lo largo del año, lo que sí se pone de manifiesto es el incremento del año 2005, con una muy fuerte subida del consumo. Fíjense SS.SS. que en el primer trimestre de 2005, el incremento del consumo
respecto al año anterior ascendió al 8,4 por ciento, que es algo que, por cierto, solo se puede calificar de disparatado en un país desarrollado. Este incremento del consumo mantuvo durante el año una fuerte tendencia a la moderación, que acabó en
un índice demasiado alto, pero la mitad que al inicio del ejercicio, y tenemos motivos para pensar que en este inicio del año 2006 se ha mantenido esa tendencia a la moderación en el crecimiento del consumo eléctrico. En cuanto a la estructura del
sistema de generación, como saben, en el año 2005 han entrado en funcionamiento numerosos grupos de ciclos combinados de gas, que en conjunto han producido una reducción del factor de emisión por KW/h producido en el conjunto de nuestro sistema de
generación térmica.
Por tanto, les diré sin ambages que, aunque en el consumo enérgico el año 2005 no ha sido un buen año, percibimos elementos de moderación en el consumo eléctrico y vemos como se materializa un cambio de estructura en el mercado
de generación, lo que nos hace albergar esperanzas de que en el año 2006 se produzca un cambio de tendencia.



Los resultados en el otro gran sector, que es el de los carburantes, el del transporte, muestran también en el año 2005 una marcada tendencia de moderación. Como saben, en este ámbito, los datos que tenemos arrastran un mayor decalaje. En
este momento tenemos datos hasta el mes de octubre, incluido, y durante los diez primeros meses de 2005 el consumo de productos petrolíferos fue un 2 por ciento superior al del año anterior.
Ahí sí se aprecia una marcada moderación, en particular
porque en los últimos meses se ha visto con claridad una moderación no solo del GLP o de las gasolinas, que tradicionalmente han venido perdiendo peso en nuestro sistema energético, sino también, por ejemplo, en el gasóleo de automoción. Octubre de
2005 fue el segundo mes consecutivo en que se produjo una reducción, en términos absolutos, del consumo de productos petrolíferos en España respecto al año anterior. Por tanto, el año 2005 va a mostrar, sin duda, un incremento de emisiones, pero,
una vez se ajusten los datos del año a un año hidráulico medio, probablemente veremos un incremento de emisiones muy moderado y en todo caso por debajo del incremento del producto interior bruto. Como les digo, confiamos en que esto sea el reflejo
de un cambio de tendencia que se debe hacer más evidente en el año 2006.



Por último, respecto a nuestros desafíos inmediatos, en el pasado mes de diciembre se produjo la cumbre del Clima en Montreal, Canadá. En esta cumbre no solo se reunía la decimoprimera Conferencia de las partes de la Convención marco de
Naciones Unidas sobre cambio climático, sino que también era la primera reunión de las partes del Protocolo de Kioto tras su entrada en vigor. En Montreal, aparte de otros muchos avances -si SS.SS. quieren conocerlo con mayor profundidad luego
podré responder a sus preguntas- se ha acordado la puesta en marcha de los procesos que definan nuevos objetivos a partir del año 2012. Como ustedes saben, el problema del cambio climático se muestra cada vez con mayor intensidad, con mayores
elementos de preocupación, y de ningún modo podemos considerar que el actual Protocolo de Kioto, que solo llega a 2012, es la solución. El Protocolo de Kioto es un primer paso, más tímido que los que deben venir detrás, y sobre esto hay un
amplísimo consenso en la comunidad internacional. Además, el Protocolo de Kioto tiene limitaciones como que no atribuye responsabilidades a las grandes economías emergentes, que, como SS.SS. saben, van a constituir una parte muy importante de las
emisiones en el planeta en las próximas décadas, y tampoco incluye a aquellos países industrializados, como Estados Unidos o Australia, que no han ratificado dicho Protocolo de Kioto. Por tanto, en Montreal lo que se ha puesto en marcha es un
proceso para que las economías emergentes empiecen a fijarse objetivos voluntarios en esta materia y para que los países industrializados empecemos a marcarnos nuevos objetivos más allá de 2012. Ese es un elemento clave en el trabajo que tenemos
por delante este año. España, como el conjunto de la Unión Europea, deberá remitir a la secretaría del convenio y a la del protocolo sus puntos de vista para este proceso de establecimiento de nuevos compromisos, y a ese respecto, como he tenido
ocasión de informar a SS.SS. en esta Comisión, la postura del Gobierno es que se necesitan mayores compromisos más allá de 2012, pero que incorporen en mayor medida que el protocolo actual el principio de equidad. No todos los países partimos del
mismo punto ni tenemos autorizado en el actual protocolo el mismo nivel de emisiones per cápita, y asumimos que deberemos hacer esfuerzos, pero queremos que esos esfuerzos tengan en cuenta la posición relativa de cada país en términos, por ejemplo,
de emisiones per cápita o de emisiones por unidad de producción en las actividades productivas.



En segundo lugar, en este año 2006 tenemos que elaborar el nuevo Plan nacional de asignación 2008/2012, que -permítanme la expresión- será la hora de la verdad. Como les decía al principio, el Plan nacional de asignación 2005-2007 establece
un objetivo de estabilización, pero declara que los mayores esfuerzos tendrán que hacerse en el Plan de asignación 2008/2012, como es obvio. Pues bien, porque lo dicen tanto la directiva


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comunitaria como nuestra Ley 1/2005, en junio próximo deberemos haber elaborado y comunicado a la Comisión Europea el nuevo Plan nacional de asignación 2008/2012, para lo cual disponemos de unas directrices que la Comisión Europea publicó el
22 de diciembre pasado. En estas directrices se pone de manifiesto que la Comisión, a la hora de evaluar, con vistas a su aprobación, los planes nacionales de asignación, va a aplicar criterios de mayor rigor que en el periodo anterior, que para
todos tuvo un cierto carácter de periodo piloto.



En tercer lugar, como prioridades para este año 2006 tenemos que poner en marcha aquellos otros requisitos del Protocolo de Kioto que no tienen que ver con la mitigación, es decir, con la reducción de emisiones, sino con la adaptación. El
cambio climático es un fenómeno que está produciendo ya efectos cada vez más claros, y sin ninguna duda, si tenemos éxito en las acciones de mitigación, podremos reducir la intensidad y la velocidad a la que se está desarrollando el fenómeno, pero
el cambio climático va a ir manifestándose cada vez con mayor claridad en todo caso. Todos los países tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos al cambio climático, y eso significa un esfuerzo en el que tienen que participar no solo todas las
áreas del Gobierno sino todas las administraciones públicas; necesita grandes cantidades de nuevo conocimiento científico para poder prever con mayor precisión cómo va a influir el cambio climático en la agricultura, en el turismo, en las
infraestructuras, en los seguros, en la biodiversidad, en la desertificación y en los recursos hídricos y poder adoptar los planes de acción necesarios para reducir el impacto.



Les pongo un ejemplo muy puntual de lo que significará adaptarnos al cambio climático. Como saben, en 2005, por primera vez en la historia, dos tormentas tropicales han llegado a suelo europeo. Esto no tiene precedentes en el tiempo en que
existen registros y así ha sido certificado por el centro de referencia de huracanes en el Atlántico norte, que es el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Como saben, esto ha producido efectos catastróficos, por ejemplo en la Comunidad canaria
por la tormenta Delta, e incluso ha habido una cierta polémica pública por la capacidad de predicción de estos fenómenos, de anticipar velocidades o intensidades de vientos sin precedentes, lo que nos ha conducido a la puesta en marcha, durante este
año, de un área de meteorología tropical en el Instituto Nacional de Meteorología. Estas son nuevas realidades y necesitamos disponer de nuevos instrumentos para predecir y hacer frente a estos fenómenos. Les anticipo a este respecto que pasado
mañana, en el Consejo Nacional del Clima y en la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, vamos a presentar el primer borrador del Plan nacional de impactos, vulnerabilidad y adaptación de España al cambio climático, que será el
gran marco que articule todos esos esfuerzos de desarrollo de programas de investigación en los que se basen las acciones de adaptación al fenómeno. Les anticipo que para este año 2006 el programa de trabajo anual del Plan nacional de adaptación
girará sobre aquellos aspectos en los que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una responsabilidad más directa; en el año 2006 vamos a abordar la adaptación en materia de biodiversidad de costas y de recursos hídricos, pero este es un empeño que,
como es obvio y como les decía, tiene que incorporar a las comunidades autónomas y a los municipios, y por eso su discusión en estos foros es clave. También les anticipo que queremos hacer un proceso de consulta pública amplio con relación al Plan
nacional de impactos, vulnerabilidad y adaptación, porque pensamos que va a tener una trascendencia enorme en los próximos años.



Concluyo ya. Creemos desde el Gobierno que podemos sentirnos todos razonablemente satisfechos por las acciones que hemos emprendido, por las piezas que hemos puesto en marcha para abordar el fenómeno, pero no podemos sentirnos igualmente
satisfechos con la marcha de las emisiones hasta el momento. Sus señorías conocen las dificultades para actuar en los sectores difusos y la necesaria corresponsabilidad de todas las administraciones públicas y de los propios ciudadanos
individualmente para invertir estas tendencias. Yo les puedo garantizar que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias en materia de políticas públicas para cumplir con sus responsabilidades con relación a las emisiones de los sectores difusos
y hará todo lo que esté en su mano para que las administraciones locales y las comunidades autónomas, en un esfuerzo coordinado, puedan aportar su contribución.



Quedo a disposición de SS.SS. para cualquier pregunta.



El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo solicitante, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serna.



La señora SERNA MASIÁ: Bienvenido a esta Comisión, señor secretario, no se le escapa que el tema del que usted se ocupa y en el que tiene responsabilidades tiene enormemente preocupados a los ciudadanos. De hecho, en el último
Eurobarómetro hemos visto que al 70 por ciento de los ciudadanos europeos les preocupa tanto las políticas medioambientales como las políticas económicas y sociales. Por tanto, nos parecía que su comparecencia era muy importante para explicarnos
qué evaluación podía hacer hasta la fecha, cuando ni siquiera llevamos dos años de Gobierno, sobre el resultado de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno.
Estoy plenamente de acuerdo con su conclusión, hay que estar razonablemente
satisfechos en cuanto a que lo que se ha puesto en marcha empieza a dar resultados, y pensamos que si la reducción de emisiones no va tan rápida como querríamos, fundamentalmente en el ámbito de las emisiones difusas, habrá que tomar medidas de
mayor calado para que todas las administraciones públicas y los ciudadanos se sientan corresponsables con su Gobierno, y España pueda llevar adelante todo aquello


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a lo que en el año 1997 se había comprometido, al mismo tiempo que van apareciendo nuevas e importantes cuestiones al respecto en cuanto al Protocolo de Kioto, que es un simple primer paso.



Me ha parecido muy importante conocer por su comparecencia que ya se ha completado el entramado jurídico que nos habíamos propuesto; que de la misma manera el comercio de emisiones ya es operativo en Europa, hito histórico para el tema que
nos ocupa; que los proyectos prioritarios del Gobierno en cuanto a inversión pública sean aquellos que tengan que ver con el ahorro y la eficiencia energética, con la gestión de residuos, con las energías renovables; que en la autoridad nacional
designada como órgano interministerial estén todas las comunidades autónomas por todo lo que implica de corresponsabilidad en materia de cambio climático, y que aunque 2005 haya sido un año malo, por lo menos aparentemente, en cuanto al incremento
de emisiones, cuando estén ajustados todos los mecanismos de cuantificación, como nos indicaba, veremos que en cierta manera está siendo moderado con relación al año 2004 y va a crecer por debajo del producto interior bruto. Es verdad que en el
Protocolo de Kioto todavía no estaban incluidas ni las economías emergentes ni Estados Unidos, pues es tan solo un primer paso, y nos parece muy importante que en 2006 el Gobierno ya esté preparado para elaborar un nuevo plan de emisiones para el
periodo 2008-2012; que vaya a poner en marcha las medidas de adaptación al cambio climático, que son fundamentales y que de alguna manera los ciudadanos tendrán que ser completamente conscientes de qué es lo que está pasando con ello, porque aunque
se pudiesen tomar medidas mitigadoras de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, nos tenemos que ir acostumbrando a tomarlas con la mayor urgencia en cuanto a la adaptación a ese cambio climático. No es de extrañar que un 70 por
ciento de los ciudadanos europeos estén preocupados con este asunto por cuanto que a lo largo de los dos últimos años hemos visto huracanes, sequías terribles, que también hemos sufrido en nuestro país y que siguen presentes; ha habido
inundaciones, ha bajado enormemente la humedad, han bajado de forma muy importante los caudales de los ríos, ha habido un importantísimo incremento de las temperaturas, con el consiguiente incremento de terribles incendios, y también un incremento
de problemas para la salud no solamente de las personas sino de todos los seres vivos.



Hemos visto qué es lo que se ha hecho, pero es verdad, y eso nos sorprendió al principio de la legislatura, que habiendo firmado España en el año 1997 el Protocolo de Kioto nos encontramos con que en esos siete años no se había hecho nada.
Lo digo porque leyendo estos días el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la AEMA, referido a los años 1990 y 2003, la radiografía que hacía de España no era nada buena para nosotros, en cuanto a que estábamos muy por detrás de
todos los países de la Unión Europea en la lucha por el cambio climático, el uso eficiente del agua o las emisiones contaminantes. Sí decía que se había mejorado en cuanto al incremento de las energías renovables, pero esa radiografía tan negativa
para nosotros ponía de relieve que fundamentalmente en España había dos problemas -y yo quisiera preguntarle cómo va este asunto-, porque nuestro desarrollo económico no estaba basado en lo que usted comentaba antes, en la reducción del consumo de
energías, en diversificar las fuentes energéticas, en apostar por esas energías más limpias y tener una menor dependencia de las energías del exterior, sino que fundamentalmente este desarrollo económico se estaba basando en un incremento de la
urbanización -dice textualmente- sin control en el uso del suelo y en un incremento del uso intensivo de los recursos naturales, y hacía una crítica muy importante en cuanto a ese uso intensivo del agua y de las energías. ¿Cómo estamos en esto?
Este informe apareció creo recordar que hace un año y medio. ¿Nosotros hemos ido mejorando en este aspecto? ¿Hay una verdadera implicación de las comunidades y de los ayuntamientos para ayudar a que España tenga una mejora importante en cuanto a
la mitigación de la emisión de gases difusos, que sería también su responsabilidad? ¿Usted va notando en este organismo de la autoridad nacional designada que las comunidades, los ayuntamientos y el Gobierno están todos complicados en esta tarea
tan importante? Porque si efectivamente el 70 por ciento de los ciudadanos considera tan importantes las políticas ambientales como las económicas y sociales de todos los gobiernos europeos, es muy importante que ellos conozcan, a través del
Gobierno, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales -por eso es tan importante que el organismo que usted preside esté en contacto con los ciudadanos- qué es lo que está pasando, qué consecuencias positivas están teniendo las
medidas que se han tomado hasta ahora, que ha sido muy negativo que durante estos últimos ocho años no se haya hecho nada en relación con un Protocolo de Kioto que había firmado España en el año 1997, de ahí esa radiografía tan negativa que nos dio
la Agencia Europea de Medio Ambiente, y que de alguna manera vayamos conociendo las consecuencias positivas para nuestro país en cuanto al incremento fortísimo que ha habido de la emisión de gases de efecto invernadero, qué dificultades estamos
encontrando en la aplicación de esta normativa, que por fin se ha puesto en marcha y que se hizo a toda velocidad. Recuerdo, por ejemplo, el 16 de septiembre en el discurso de la ministra para presentar el Real Decreto-ley por el que se regula el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que explicaba que se trataba de la trasposición de una directiva europea que tenía como plazo máximo de incorporación al ordenamiento jurídico español la fecha del 31 de
diciembre del año 2003, y eso se estaba haciendo nada menos que el 16 de septiembre de 2004 en el Parlamento.



En fin, toda esta serie de cuestiones da lugar a que, en primer término, y concluyendo, pensemos que efectivamente hemos tenido unos años fatales para este problema,


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y ya no me refiero a si es el Gobierno Socialista o era el Popular, ocho años muy malos para la problemática del cambio climático. En segundo lugar, hemos tenido que poner en marcha a toda prisa toda la normativa para ponernos al día en
cuanto a la jurisdicción que ya había puesto en marcha el resto de los países de Europa. Ahora nos alegra que podamos estar razonablemente satisfechos de cómo van las cosas. Nos preocupa que haya que poner también en marcha a toda velocidad en
2006 todos los mecanismos de adaptación a toda la problemática del cambio climático. Sin embargo, nos ha parecido enormemente interesante lo que usted ha explicado a esta Comisión en el día de hoy y su postura de que estamos razonablemente
satisfechos con la normativa que se va a poner en marcha en 2006, pero desde luego habría que buscar sin la menor duda la complicidad de aquellas administraciones públicas que son corresponsables con el Gobierno en este tema, corporaciones locales y
comunidades autónomas, y por encima de todo de quien hay que buscar toda la complicidad es de los ciudadanos, porque en última instancia son los protagonistas de la cantidad de miles de pequeñas acciones cotidianas, porque en el ámbito de las
emisiones difusas ellos son los protagonistas.
Por tanto, me parece muy importante todo lo que usted nos ha contado hoy, que a través de los medios de comunicación sin duda llegará a la ciudadanía para que de alguna manera sean corresponsables con
sus gobiernos en los tres ámbitos y que España, a pesar de los años perdidos, mejore a la mayor brevedad posible en este tema tan importante.



El señor PRESIDENTE: De menor a mayor, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.) El señor Herrera tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Verde.



El señor HERRERA TORRES: Señor González Azpiri, en primer lugar, gracias por su comparecencia, sus conocimientos, e incluso por su trabajo, y usted sabe cuál es la valoración que hacemos del ministerio, y además de la tarea que está usted
ejerciendo en el mismo.



En segundo lugar, quiero pedirle disculpas ya que cuando acabe esta breve intervención tendré que ir a la Junta de Portavoces y seguiré lo que ha respondido en el 'Diario de Sesiones'. Ya sabe cuál es la vida de los grupos pequeños, pero en
cualquier caso quería pedirle estas disculpas.



Dicho esto, usted decía que el Ministerio de Medio Ambiente se puede sentir razonablemente satisfecho por lo realizado, pero no así por los datos que tenemos, y a nuestro entender desde el ministerio, y por supuesto nuestro grupo
parlamentario también lo va a hacer, nos tendríamos que interrogar sobre las razones por las cuales los datos no son exactamente positivos más allá de la escasez hidráulica del pasado año. A nuestro entender lo que está ocurriendo, especialmente en
los sectores difusos, es que España no cumple, porque, también a nuestro entender, el modelo de crecimiento es muy parecido al anterior.



Antes de entrar en el elemento de los sectores difusos querría hacerle algunas preguntas. Usted ha hablado de un 7 por ciento de los mecanismos flexibles, pero quería saber hasta dónde va a llegar el uso de los mecanismos de desarrollo
limpio. ¿Por qué se lo decimos? Porque los mecanismos de desarrollo limpio, y así lo entendimos precisamente cuando aprobamos la legislación vigente y lo expresamos en el Pleno, tenían que ser de un uso restringido y limitado, y en cualquier caso
no podían ser la estrategia principal para que España cumpliese con los compromisos de Kioto; entre otras cosas, porque los mecanismos de desarrollo limpio pueden ser un buen instrumento en los países del sur, pero nadie garantiza que a un
mecanismo de desarrollo limpio no le acompañe, por ejemplo, la desaparición de sumideros en países del sur, con lo cual nosotros decíamos que tenía que estar limitado ese uso. Nos gustaría saber cuál va a ser el porcentaje de uso de esos mecanismos
de desarrollo limpio. En los sectores difusos precisamente no se está cumpliendo porque se está haciendo una buena tarea por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero no están acompañando algunos ministerios, y le pondré un ejemplo muy claro.
De hecho, de forma reciente las cinco principales organizaciones ecologistas han dado una buena nota al Ministerio de Medio Ambiente, pero han dado una muy mala nota al Gobierno, centrándola especialmente en el Ministerio de Industria, en el
Ministerio de Fomento y en el Ministerio de la Vivienda. El Gobierno no ha adaptado a tiempo la Directiva europea relativa a la eficiencia energética de la edificación, que debía trasponer antes del 4 de enero de este año. Tiempo hemos tenido y es
una Directiva fundamental. Los diputados y las diputadas saben que España construye tantas edificaciones, tantas viviendas como Alemania, Francia e Italia juntos. La pregunta es: ¿El Estado que construye más viviendas de toda Europa puede
permitirse el lujo de no trasponer una directiva tan fundamental cuando hay 20 millones de viviendas que no aplican los criterios de eficiencia energética? A nuestro entender no, y este es un factor clave, ya que el sector de la edificación consume
el 20 por ciento del total de la energía consumida y aporta el 26 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. Por tanto, tenemos en este caso un incumplimiento por parte del Gobierno, no del Ministerio de Medio Ambiente, que hace que en un
factor clave para cumplir o no con los compromisos del Protocolo de Kioto no hayamos traspuesto la directiva a tiempo.



Segundo elemento. Es urgente, y así lo hemos trasladado al Ministerio de la Vivienda, que se modifique ya la Ley del régimen del suelo y valoraciones, de forma que se evite precisamente la ciudad difusa y que se impida que el suelo
urbanizable tenga el carácter residual que hoy tiene. Segundo factor clave que en este caso el Ministerio de Vivienda debería cumplir para que algo que ha aparecido en los medios y sobre el que el Ministerio


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de Vivienda ha expresado su preocupación, que es el modelo de crecimiento especialmente en la zona de Levante y en el área de Madrid, tuviera modelos de crecimientos más sostenibles. Por tanto, nos preocupa este retraso de la Ley del
régimen del suelo y valoraciones, aunque sabemos que la estamos discutiendo y valorando.



Tercer elemento. En materia energética ha hablado precisamente de la falta de aportación hidráulica del último año. Se ha aprobado la E4, la estrategia de ahorro y eficiencia, pero aún están por aprobar elementos claves que lo que hagan
sea introducir el ahorro en los hogares. ¿Para cuándo, por ejemplo, una propuesta de tramificación de la tarifa, que lo que haga sea gravar el consumo suntuario? Estos son elementos que el Ministerio de Industria dijo que se estudiarían y
valorarían, pero no han aparecido, no están aún. ¿Para cuándo la adaptación de la normativa para la certificación de origen de las energías renovables, que usted sabe que este era un elemento a trasponer y que aún no se ha traspuesto? Por tanto,
todavía hay elementos.



Por último, hay un elemento que Gonzalo de Aizpiri sabe que a nosotros nos preocupa especialmente y que lo hemos expresado muchas veces, que es el modelo de crecimiento, el modelo de movilidad. Ustedes decían que tenemos que mitigar y
adaptarnos al cambio climático. Pues bien, ¿tiene sentido alguno que el PEIT, el Plan de infraestructuras y transportes, construya 6.000 nuevos kilómetros de autovía, siendo ya, cuando estos kilómetros de autovía se construyan, el país no de Europa
sino del mundo con más kilómetros de autovía por vehículo y habitante y a un precio de 60 dólares el barril? A nuestro entender, no. ¿Para cuándo, por ejemplo, una ley de movilidad sostenible en la que se incorpore la movilidad en el momento de
planificar el territorio, o para cuándo vamos a internalizar los costes del transporte de mercancías por carretera en la misma carretera? Hay elementos claves que hacen precisamente que no estemos ya cumpliendo, más allá de que hay indicadores que
denotan una mejora. Está claro que este Gobierno no hace lo mismo que hacía el Gobierno anterior y está claro que hemos tenido un Plan Nacional de Asignaciones, o una E4, que con elementos mejorables están ahí. No estamos diciendo que todo se haga
mal, porque no es cierto; hay cosas que se están haciendo bien. El problema de fondo es que en la estrategia de afrontar los compromisos de Kioto vemos comprometido al ministerio, pero no al conjunto de ministerios; vemos comprometido al
Ministerio de Medio Ambiente, pero no vemos comprometidos a ministerios claves, y los situaría, al igual que los sitúan las principales organizaciones ecologistas, en tres ministerios, el de Fomento, el de Industria y el de la Vivienda. Por tanto,
creemos que hay trasposiciones de directivas y leyes a aprobar que deberían incorporarse, al igual que algunas medidas. Por eso, nuestro grupo hace una valoración positiva de la tarea que está haciendo el ministerio, crítica, igual que -y no es una
valoración exclusivamente nuestra y usted lo sabe- la de muchos grupos ecologistas, porque los deberes de Kioto no se han cumplido. Tengo un artículo de un diario catalán, de La Vanguardia, del 1 de febrero, que dice que España no hace los deberes
de Kioto, y si analizamos los deberes que no se han cumplido, resulta que tocaban a estos ministerios. A nuestro grupo le gustaría saber cuáles son los tiempos de las trasposiciones de directivas que no se han cumplido, cuándo cree que van a
aplicarse y, sobre todo, lo que queremos pedir es que haya una mayor sensibilidad para que haya un modelo de crecimiento distinto.



El modelo de crecimiento de la economía española continúa basándose en el ladrillo y en el fuerte endeudamiento de las familias. El problema está en que no ha habido un impulso a favor de otro modelo de crecimiento, pues es el mismo que el
de la etapa del Partido Popular. Para nosotros ahí está la clave del incumplimiento de Kioto. Usted acababa su intervención diciendo que el porcentaje de emisiones por habitante se debe equiparar, se tiene que tener presente. Este es un discurso
que podemos comprender para quien administra y tiene que gestionar la situación, pero es peligroso por una simple razón, porque con este criterio imagínense los argumentos que podrían decir desde la India, desde China o desde los países en vías de
desarrollo. Si todos se tuviesen que poner al mismo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero ya no de Estados Unidos sino del que tenemos hoy en España, el modelo de crecimiento sería absolutamente insostenible. El compromiso de España
está en lo que se negoció, y lo que se negoció es lo que debemos cumplir. Por tanto, el principal reto de Kioto que hoy se da no corresponde a su ministerio, donde las cosas se están haciendo bien, sino precisamente a las trasposiciones de
directivas y de normativas y al liderazgo político por parte de los ministerios que hemos dicho. Nos gustaría que nos aclarase esto y, por supuesto, la pregunta que le hemos planteado de los mecanismos de desarrollo limpio. Para acabar, le ruego
que me disculpe por no quedarme a la respuesta, pero la leeré.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Esquerra Republicana, la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Bienvenido, señor secretario general. Coincidimos con usted en que el Protocolo de Kioto, a pesar de ser incompleto, de tener muchas dificultades, es un hito para los países industrializados; es parcial en cuanto
que no están incluidos dos grandes países, como China y Estados Unidos, ni el Asia emergente, pero supone un primer paso, con muchos errores y dificultades, que era necesario emprender.



Quería que expresase mi felicitación a la redactora de la revista del Ministerio de Medio Ambiente, porque por una vez hay un órgano de comunicación del ministerio que es pedagógico, claro e interesante. En esta revista, precisamente sobre
el Protocolo de Kioto, se decía que la Unión Europea ha reducido un 3 por ciento de emisiones


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y ese tanto por ciento se debe principalmente a Alemania oriental, que sufrió una reconversión industrial; a Luxemburgo, por la reestructuración del sector del acero, y a Inglaterra, por el paso del carbono al gas. De una lectura rápida
deducimos que estos países han salido beneficiados y que los que no tuvieron que hacer reconversión han sido castigados, en este caso España. Usted ha hablado antes de introducir el principio de equidad. Se comentó el año pasado, cuando se aprobó
el plan nacional, que se iban a renegociar las cuotas asignadas a España. Sabemos que esto fue un error, porque no se tuvo en cuenta ni el crecimiento económico ni el crecimiento industrial de España. Si no se reasignan, ¿qué vamos a hacer? Vamos
a castigar al sector industrial. Expansión decía hoy que costará a las empresas 7.000 millones en cinco años. Estamos cargando el peso del Protocolo de Kioto en el sector industrial. O sea que vamos a favorecer el modelo de crecimiento que ya
tenemos, que es el modelo de construcción, que es el modelo que aumenta las emisiones difusas, es decir, vamos en sentido contrario. Creo que esto merece una seria reflexión. A pesar de los mecanismos que usted ha dicho que se han puesto en
marcha, como los sumideros de carbono, que pueden ser una oportunidad de negocio para las empresas españolas -de momento, solo una oportunidad-, donde sí vemos serias dificultades es en las empresas del Estado.



En cuanto al reparto de los derechos de emisión -hablamos dentro de las empresas del Estado-, ya advertimos entonces que en el reparto no se habían tenido en cuenta las empresas que habían innovado su tecnología, ya que de algún modo habían
sido castigadas, porque habían recibido menos derechos de emisión. Por tanto, les era mucho más caro expandirse.
Recientemente, hemos tenido acceso a unos datos y hemos tenido la oportunidad de contrastar los derechos de emisión asignados a cada
sector en cada comunidad autónoma con la cantidad de producción final de cada material en cada comunidad. Por ejemplo, las extracciones siderúrgicas de Cataluña tienen asignadas 0,16 toneladas de CO2 por cada tonelada producida, mientras que en
Asturias tienen asignadas 2 toneladas de CO2 por cada tonelada producida, es decir, diez veces más. Otro ejemplo, en Cataluña se han asignado 0,89 toneladas de CO2 por cada tonelada producida de cemento, mientras que en Aragón la media ha sido de
1,22 toneladas de CO2. Las diferencias no son solo entre Cataluña y otras comunidades, sino también entre distintas comunidades. Por tanto, nos gustaría saber cómo explican esas desigualdades y cómo se pueden corregir. ¿No cree usted que la
asignación de derechos de emisión deberían haberse basado en técnicas de benchmarking y no en declaraciones de emisiones históricas, que aquí está el error? ¿No sería mejor conceder emisiones que tengan en cuenta las mejores técnicas disponibles en
cada sector y las medidas tempranas de las empresas? Estas deficiencias deberían ser subsanadas en el posterior Plan de asignaciones 2008-2012.
Usted ha dicho que para julio de este año 2006 debe estar terminado el próximo Plan de asignaciones.
¿Entonces habrá tiempo de someter el citado plan a la evaluación ambiental estratégica?


Entrando en las emisiones difusas, que es el gran problema no solo del Estado español sino de la Unión Europea, vemos que el modelo de crecimiento de España genera un incremento creciente de emisiones difusas, sobre todo en el sector del
transporte. Aquí se habla mucho de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, estamos de acuerdo, pero ¿no hubiera sido mejor establecer planes de asignación a cada comunidad para que cada comunidad estableciera su propia estrategia? Porque
difiere mucho el contexto de Extremadura del de Cataluña o del de Andalucía. En aquel momento no se quiso permitir elaborar planes de asignaciones por comunidades. Es muy difícil para una comunidad asumir una responsabilidad en este ámbito si no
tiene establecido un plan de asignaciones para ella.
Este ha sido el error y será muy difícil subsanarlo. Creemos que el Gobierno al menos debería considerar descentralizar esta responsabilidad.
Hablando de responsabilidades, esto genera también
unos vacíos. Por ejemplo, el anterior interlocutor ya ha hablado del crecimiento difuso de la urbanización. En Cataluña hay un debate intenso en la sociedad sobre la necesidad de otro cinturón orbital en Barcelona. Nuestro grupo, Izquierda Unida
y otros sectores ecologistas consideran que un nuevo cinturón favorece el crecimiento difuso de la ciudad; la metrópoli se expande en urbanizaciones y aumentan los viajes diarios al centro para trabajar. Creemos que este no es el modelo adecuado,
en lugar del modelo mediterráneo compacto. Como es una infraestructura del Gobierno central, el Gobierno central se inhibe de este debate. ¿No tiene nada que decir el Ministerio de Medio Ambiente en este aspecto?


Por otra parte, para contener las emisiones del transporte son de competencia autonómica muchas responsabilidades. En este caso, nos gustaría saber qué recursos está aportando el Ministerio de Medio Ambiente a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos. Por ejemplo, en los presupuestos de 2006 hay una partida para campañas de sensibilización, de prevención de la contaminación de un millón 850.000 euros. Queríamos saber si esta partida se va a redistribuir a los ayuntamientos, a
las comunidades autónomas, para que ellos asuman sus responsabilidades en ese aspecto también. La última propuesta de la ministra Narbona de aumentar el precio de determinados vehículos más contaminantes puede ser interesante, siempre que este
aumento no sea un impuesto más sino que sea un canon que tenga una función específica. Por ejemplo, esto podría suponer reducir la tarifa de los viajes de Renfe.



Por otro lado, se nos presenta la estrategia de ahorro y eficiencia energética de España 2004-2012 como una medida básica de contención de las emisiones. Nos gustaría saber si la eficiencia es sinónimo de reducción de consumo y si se está
contemplado que determinadas medidas de eficiencia y ahorro no liberen excedentes de


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energía más asequibles a otras actividades. En la última planificación energética se preveía aumentar en 15.000 megavatios la oferta energética para 2011, y en 2006, según nos consta, hay solicitados 79 proyectos de ciclos combinados que
suponen 59.000 megavatios, 315 proyectos de eólica que suponen 42.000 megavatios. Entendemos que el sistema debe estar sobredimensionado para facilitar los picos de consumo, pero creemos que hay una gran descompensación entre lo que se necesita y
lo que se proyecta. Esto nos pone en una situación muy perjudicial para cumplir con Kioto. El hecho de que las térmicas puedan abrir ese proceso de solicitud de forma gratuita y sin compromiso, supone un freno a posibles nuevos entrantes con
tecnologías más sostenibles, tanto porque frenan administrativamente los proyectos, como por el desincentivo que supone la presencia de un proyecto previo en un territorio determinado. El Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la
electricidad plantea, por ejemplo, aunque para todas las solicitudes, el establecimiento de avales. Entonces, nuestra propuesta es: ¿por qué no se establecen avales para todas las solicitudes? En este sentido, queremos trasladar también nuestra
preocupación ante nuevos proyectos como centrales de ciclo combinado, como la de Ribarroja, así como la central térmica de carbón de Mequinenza. ¿No cree usted que ante tanta demanda de proyectos se debería intervenir para facilitar los trámites de
las nuevas tecnologías y ser mucho más estrictos en aceptar cualquier petición de central térmica, sea o no especulativa? Me gustaría que nos dijera si usted sabe algo de estos proyectos que le he mencionados y si el Ministerio de Medio Ambiente
tiene algo que decir al respecto.



Nosotros no creemos que sea el momento de evaluar cómo se está llevando el Protocolo de Kioto en el Estado español, porque tiene muchos defectos de origen que deben subsanarse, que son los que he mencionado en esta pequeña exposición, en la
que he querido ser muy concisa, pero en el contexto europeo nos parece un error grave si vamos a someter todo el peso del Protocolo de Kioto al sector industrial, porque como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en el sector difuso no se han
tomado las medidas legislativas que se deberían haber tomado ya. Además, este vacío de responsabilidades que hay entre las distintas comunidades autónomas no va a favorecer unas políticas correctas de crecimiento sostenible, si esta es la palabra.



El señor PRESIDENTE: El señor Pintado tiene la palabra.



El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero agradecer la comparecencia del señor secretario general para explicar la situación respecto a la aplicación del Protocolo de Kioto en nuestro país. Quiero empezar, señor secretario general, dándole las
gracias por la información que nos ha dado, de la que se deduce que hay un problema. Tenemos un problema serio y es que, después de las medidas que se han puesto en marcha, los pasos normativos, la inclusión del mercado de derechos europeos, los
mecanismos de desarrollo limpio, el resultado es que hemos triplicado el objetivo que teníamos en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. De un 15 por ciento, estamos hablando actualmente de un 45 por ciento de emisiones.



Debo decirle que a la hora de preparar esta comparecencia, me remití a los orígenes y a los distintos informes que han empezado a circular. Tengo delante el informe del Observatorio de la sostenibilidad de España 2005, del que he elegido
una frase que dice: Hacemos algo más, pero no con menos, sino con mucho más. Me refiero a los datos que usted aportaba anteriormente de nuestro crecimiento y de nuestra dependencia en cuanto a las energías con residuos fósiles. La referencia
final de este informe sobre sostenibilidad dice que cada vez estamos más alejados de los objetivos de Kioto, que hay una mayor calidad de vida pero mal distribuida, que esa calidad de vida vincula un mayor uso de recursos y que hay una mayor
degradación ambiental persistente. De hecho este informe, que aborda no solamente el cambio climático sino otros aspectos, prácticamente no deja ni un solo sector medioambiental sin ponerle una nota de suspenso, salvo aquellos referentes al agua en
los que más bien califica en positivo la acción del Ministerio de Medio Ambiente por no haber ejecutado obras que estaban previstas en la anterior normativa aprobada por el Gobierno del Partido Popular.



La dependencia de la energía con residuos fósiles fue la gran denuncia de la ministra de Medio Ambiente cuando tomó posesión en esta legislatura.
En su comparecencia ante esta Comisión consta su compromiso de variar sustancialmente el
modelo de crecimiento de la economía española. Algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a ello, echando toda la culpa de ese crecimiento al Gobierno del Partido Popular. Yo recuerdo que en aquella
comparecencia la portavoz de mi grupo, María Teresa de Lara, le recordaba a la señora ministra que esto de las tendencias en los temas económicos no es tan sencillo, aunque llegue una ministra con mucha fuerza y con muchas intenciones de cambiarlo
todo, porque a nadie se le escapa, independientemente del gran crecimiento económico reconocido por todo el mundo durante los ocho años de gestión del Gobierno Popular, que lógicamente las tendencias en los ámbitos de consumo y energías no vienen de
ocho años sino de mucho más atrás. Una primera reflexión que cabría realizar de la política central -en palabras de la ministra de Medio Ambiente- es que esos objetivos o son muy difíciles de conseguir o no solo dependen de la acción de un
gobierno, aunque tiene una responsabilidad clara y concreta, en relación con lo que es un cambio cultural, un cambio de la economía de una nación y un cambio por la adaptación a las normativas y al derecho internacional.



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Respecto a ese incremento del 10 por ciento de emisiones en el sector eléctrico durante el año 2005, le pregunto ¿cómo espera conseguir los objetivos previstos para el año 2007 para que no se incrementen sobre 2004? De sus palabras se
deduce que la gran prueba viene a partir de 2008, pero si llegamos con los datos que estamos manejando en la actualidad a 2008 la prueba va a ser muchísimo más difícil de superar en cuanto a los mecanismos de ese segundo proceso establecido en el
Protocolo de Kioto. Mi pregunta es si usted considera que con la actual situación es factible conseguir esos objetivos, porque podríamos encontrarnos en esta Comisión y en el ámbito nacional lamentándonos por no conseguir unos objetivos que nos
hemos marcado y que hemos asumido. Yo lo desconozco, pero le pregunto si hay alguna posibilidad dentro del marco de Naciones Unidas de revisar algún objetivo o algún mecanismo que permitiera alguna flexibilidad en lo que se refiere a la adquisición
de estos compromisos. Señor secretario general, ¿toda la culpa la tiene el sector eléctrico? ¿Qué hay que hacer?


Hay un debate muy importante en toda la sociedad española. Sabemos que el Ministerio de Industria ha creado una comisión para tratar los efectos y las posibilidades de la energía nuclear, tema tabú que no se ha tocado para nada y que me
parece que es un asunto que habrá que tener en cuenta para tener informada a la opinión pública.



En cuanto al fomento de las energías renovables, va muy despacio. Sabemos que se están haciendo grandes esfuerzos, sabemos que junto con Alemania estamos entrando en una dinámica importante y que el sector privado empresarial se está
implicando directamente en este asunto, pero vemos que es muy difícil la proyección de este sector, quizás por la propia incertidumbre, pero también por las diferencias que existen en cuanto a tarifas en los distintos países de la Unión Europea y
por las aportaciones en subvenciones, y ahí habría que hacer una política de coordinación y de equiparación de los criterios en todos los países de la Unión Europea. De momento la economía sigue creciendo y la papeleta que tenemos encima de la mesa
es difícil al no poder intercambiar con una varita mágica las fuentes de generación eléctrica o de generación energética que ahora mismo tenemos. Quiero recordar que ayer en concreto la ministra se sumaba a actos de reivindicación de una
organización ecologista que fue a visitarla a su despacho. Es una buena fórmula para no violentar a los sectores ecologistas del país que han sacado distintos informes que no dejan títere con cabeza, si bien es cierto que en el informe de las
organizaciones ecologistas Un programa por la Tierra se analizan los compromisos adquiridos en esta legislatura por el Gobierno del Partido Socialista y de once medidas le da suspenso en diez, aunque lógicamente no todas son de su ámbito de
competencia.



De la intervención de algunos portavoces parece que se deduce que la culpa de lo que pasa con la aplicación del Protocolo de Kioto es de distintos ministerios, pero jamás del Ministerio de Medio Ambiente. Todos tendrán su propia
responsabilidad, pero el Ministerio de Medio Ambiente, en los elementos de coordinación, de motor, de promotor de todas las políticas a aplicar, de responsabilidad, tendrá mucho que decir. Yo le vuelvo por pasiva el argumento. Si esto es cierto y
se asume de esta forma, que sea el propio Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la ministra de Medio Ambiente, quien denuncie a sus compañeros de mesa del Consejo de Ministros por no estar haciendo los deberes para el cumplimiento de los
objetivos del Protocolo de Kioto. A mí me parece muy bien que alguien se quite la responsabilidad, pero la responsabilidad seguirá estando en la mesa de alguien y ese alguien es, lógicamente, el Gobierno. España no ha hecho los deberes de Kioto.
El señor Herrera hablaba hace un momento basándose en un titular de un artículo aparecido estos días en La Vanguardia, y lógicamente hacía referencia a otros sectores en cuanto al tema de la contaminación difusa, pero hay que reconocer que junto a
Canadá somos el país que más alejado está de los compromisos adquiridos con Kioto, que tenemos necesidad de ahorrar y una buena fórmula es, lógicamente, siendo más eficientes. Para ello se han aprobado distintos programas que están detrás de estos
objetivos, porque seguimos manteniendo una dependencia muy importante del petróleo, lo que conlleva dos problemas muy serios. Uno de ellos lo decía usted en una entrevista que se publicaba en La Gaceta de los Negocios hace pocos días. ¿Cuál es el
costo medioambiental? El costo medioambiental es importante, pero el costo, en términos económicos, derivado del precio del petróleo es mucho más importante y, lógicamente, desde el punto de vista medioambiental también lo es. Ahora bien, cuando
usted ha hablado anteriormente, en relación con el tema de la demanda energética, del 4,4 por ciento de crecimiento en el año 2005 ligado en una proporción importante al tema de la falta de recursos hidráulicos para generación hidroeléctrica, dicen
ustedes que en la tendencia de este año aparece una desaceleración en función de los datos que ustedes barajaban. El primer dato que he conseguido en relación con el mes de enero del año 2006 es que la demanda de energía crece un 4,1 por ciento.
Bien es cierto que usted nos ha dicho que en el primer trimestre del año pasado fue de un 8 por ciento y que luego en el periodo total se equilibró a ese 4,4 por ciento. También le tengo que decir que las medias térmicas de enero de 2005 en
relación con enero de 2006 no tienen absolutamente nada que ver, con lo que el consumo energético del sector de vivienda en calefacción ha sufrido a buen seguro un descenso importante. ¿Qué va a ocurrir un año seco, tal como vienen ahora mismo
todas las previsiones, después de un año muy seco, en la serie histórica de los últimos 48 años? Casi con toda la probabilidad, la generación de energía hidroeléctrica este año va a ser todavía menor a la del año pasado, lo que nos lleva a pensar
de qué forma vamos a poder paliar durante el año 2006 esa dependencia de otros sectores


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de generación energética que no son los hidroeléctricos.



Dicho esto, con una mirada rápida al conjunto de los gráficos que aparecen en el informe que han hecho las asociaciones ecologistas se ve que en cuanto a los resultados estamos en rojo prácticamente en casi todas aquellas medidas que ustedes
han planteado. Por un lado, como responsable o portavoz de este grupo valoro positivamente las medidas que ustedes han puesto en marcha y los esfuerzos que están haciendo a la hora de ponerlas en marcha, pero lógicamente no se corresponden con los
resultados, con lo cual aquí le quiero plantear si usted cree que con todas estas medidas desarrolladas especialmente a lo largo de 2005 vamos a ser capaces de recuperar el terreno perdido en los años 2006 y 2007.



Una conclusión radical de este informe es que España nunca cumplirá -esto me ha llamado mucho la atención- el Protocolo de Kioto si no es una prioridad para el Gobierno, que es donde pone a todos los ministerios en solfa desde el punto de
vista de la falta de esfuerzos y a la hora de colaborar con este tipo de políticas. Señor secretario de Estado, también nos gustaría que nos informara sobre el tema de los biocarburantes y de las biomasas, porque consideramos que son elementos
emergentes en España, aunque se están haciendo esfuerzos y en el sector privado conocemos distintos proyectos. Incluso desde el punto de vista de energía eólica había un proyecto en el desierto de Nevada de una gran empresa nacional con una
inversiones importantísimas, lo que nos parece que a buen seguro va a traer beneficios directos sobre la economía nacional, no por las inversiones que se hacen fuera de nuestro territorio, sino por toda la tecnología y la aplicación que pueden tener
en distintos proyectos.
Justamente por deformación siempre hago referencia al sector agrario, en cuanto a que la situación del sector agrario en la actualidad es tan complicada como la del medio ambiente desde el punto de vista de los compromisos
de Kioto. Un grupo de personas que estamos trabajando en ese sentido creemos que hay que buscar cosechas refugio, ya sea para temas de biomasas como en cultivos agroenergéticos, porque con cosechas tradicionales como las que tenemos actualmente con
una dependencia de las ayudas exteriores, vía política agraria comunitaria, vamos a tener problemas muy serios. Recientemente he tenido la oportunidad de estar en Alemania en varias reuniones y hay una apuesta clara por el tema de la biomasa, por
el tema de los biocarburantes y por el tema de las energías renovables. En este sentido, esperamos que Alemania siga tirando del carro y que nosotros podamos estar junto con ellos en la aplicación de todo este tipo de medidas.



Hay una serie de preguntas concretas. Hemos hablado del coste real de los derechos de los mercados internacionales. Ustedes tienen una valoración inicial de 5 euros/tonelada, ha comentado que el precio del mercado de los derechos en Europa
-si no he tomado nota mal- está en la actualidad a 26,7 euros/tonelada. La pregunta que le hago es: tenemos que adquirir 100 millones de toneladas en este tipo de mercados con una valoración aproximada de 500 millones, a 5 euros/tonelada, ¿quiere
usted decir que los compromisos que tenemos ahora con el Banco Mundial y los convenios que han firmado durante este último año están a ese precio que ustedes habían considerado de 26,7 euros/tonelada, o hay un precio intermedio? Para saber
exactamente los costes, porque haciendo una cuenta rápida sobre esos 100 millones de toneladas pasaríamos de unos costes de 500 a 2.600 ó 2.700 millones de euros. Iba a preguntar cuántas toneladas tenía más o menos adquiridas, pero ya lo ha
explicado usted sin ningún problema. El otro día salió diciendo que discrepaban con alguno de los criterios de las directrices de la Unión Europea de diciembre. ¿Cuáles son los principales motivos? Usted comentaba que era porque el año de
referencia era 2005, con lo cual estamos completamente de acuerdo con usted, porque consideramos que sería penalizar a las industrias y a las empresas que han hecho esfuerzos para ponerse al día durante estos últimos años.



Termino haciéndole referencia, por un lado, a dos reuniones internacionales que nos parecen muy importantes. Usted ha explicado someramente algunos de los acuerdos y los objetivos de una de ellas, si pudiera nos gustaría que profundizara un
poco más en la reunión de Montreal celebrada en diciembre y en la reunión en Dubai de la semana pasada, aunque no era específicamente sobre temas de cambio climático pero sí energéticos. Nos gustaría saber, por un lado, cuáles han sido los
resultados concretos de dichas reuniones para nuestro país y, por otro lado, cuáles han sido las personas que nos han representado y cuál es el criterio con el que se han seleccionado, porque hemos leído, a través de los medios de comunicación,
distintas declaraciones de personas, no sabemos si estaban en la delegación oficial o no. Al mismo tiempo, quiero hacer una sugerencia, que la pongo en manos del presidente de la Comisión, sobre la posibilidad de que el ministerio estudie la
participación de esta Comisión en este tipo de reuniones a la hora de implicarnos con mayor profundidad en las mismas y poder conocer de primera mano, no solamente la postura de nuestro Gobierno, sino qué es lo que ocurre y cuáles son las posiciones
de los distintos gobiernos que participan en la misma. Como no sé si luego tengo derecho a réplica o no, quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aunque tengo que reconocer que no ha entrado con mucha fortaleza, el hecho de
que España no solamente participó durante los gobiernos del Partido Popular del año 1996 a 2004 en distintos hitos desde el punto de vista internacional del cambio climático, sino que ya lo hizo anteriormente.
Por cierto, tenemos los datos desde el
año 1972, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo. El Gobierno de España entró desde el primer momento en el año 1992 -tuvieron que pasar bastantes años-- en la cumbre de Río. No quiero extenderme,
porque la información que tenemos es bastante


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prolija. En definitiva, ya no se trata de si se ha hecho una acción mejor o peor, sino de los resultados actuales. En ese sentido, por la petición de comparecencia y por la posición que hemos adoptado en esta Comisión, el Partido Popular
ha demostrado y sigue demostrando que está dispuesto a colaborar y trabajar para tratar de conseguir esos objetivos que no solamente son, desde el punto de vista normativo, de trasposición de directivas, sino de implicación de la sociedad española,
de mentalización de un cambio cultural, porque, en definitiva, cuantos más tiremos de ese mismo carro más sencillo será conseguir esos objetivos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Quiero expresar mi gratitud a los portavoces que han intervenido por el ánimo constructivo y por las muchas observaciones útiles
que se me han hecho.



En relación con la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, ha puesto de manifiesto cuáles son las grandes tendencias que hacen que un país tenga una conducta energética u otra. Es algo que ha estado presente en las intervenciones
de todos los portavoces y que ciertamente es así.
Merece la pena hacer una breve reflexión, que haré, sobre por qué España está donde está, más allá de la actuación concreta de un Gobierno u otro, y cuáles son las grandes tendencias de fondo que
dan un perfil energético a un país. En España en los últimos años, en la época de los gobiernos del Partido Popular y en épocas anteriores, se ha dado prioridad absoluta al crecimiento económico, sin incorporar suficientemente objetivos de
eficiencia. Este es un hecho incontrovertible. Se ha apostado por unas actividades económicas que constituyen la espina dorsal de nuestro modelo de crecimiento que son muy intensivas en el consumo de energía. No es posible poner esto en duda
cuando vemos la contribución de los respectivos sectores a nuestro producto interior bruto, a la creación de empleo, etcétera. Parece claro que España ha basado en gran medida su crecimiento económico en el sector de la edificación y en el sector
del transporte. El señor Herrera comentó, y es la información que yo también tengo, que en España se construyen al año más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas. Es así. El año pasado en España se iniciaron casi 800.000 viviendas.
Esto me parece de todo punto insostenible; de hecho, ya se están poniendo de manifiesto síntomas de insostenibilidad, no solo ambiental, sino también de carácter económico y territorial.
Hemos hecho una apuesta por actividades ligadas al
transporte que han tenido como consecuencia un fuerte deterioro del reparto modal. Esto quiere decir que año tras año ha perdido peso la participación del ferrocarril y del transporte marítimo en el movimiento de mercancías y viajeros y ha ganado
peso de una forma extraordinariamente intensa el transporte por carretera, de tal manera que el coste energético de mover una tonelada de mercancía en España es hoy el mismo que hace veinte años.
Hemos apostado por actividades muy intensivas en
consumo de energía, pero no hemos apostado simultáneamente por desarrollar esas actividades con un alto nivel de eficiencia energética. Lamentablemente, estas tendencias son muy difíciles de alterar o lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo
conseguirlo. Según la imagen gráfica utilizada en alguna ocasión, esto se asemeja a un trasatlántico, que tiene una inercia impresionante, y en el momento en que se decide un cambio de rumbo, ese cambio tiene lugar de forma paulatina, lenta y
dificultosa. Estoy de acuerdo en que detrás de todo esto están las consecuencias de un cierto modelo de crecimiento económico, pero creo que tiene un interés limitado explorar a fondo cuándo o cómo. Eso nos ha traído hasta aquí. Esta claro para
todos -seguramente no merece la pena entrar a estudiarlo más despacio- que de 1990 hasta 2004 hemos crecido un 45 por ciento y está claro que en el año 1997 el crecimiento era solo del 15 por ciento. Estos son datos incontrovertibles, es así. Lo
que creo que tiene el máximo interés para todos es darnos cuenta de que para el futuro, incluso si no existiera el fenómeno del cambio climático y el Protocolo de Kioto, hay otras razones que hacen que un modelo de crecimiento económico de esas
características sea insostenible. La primera es que la actividad constructiva utiliza el recurso menos renovable que existe, que es el suelo. Quien conozca el litoral verá fácilmente que ese ritmo constructivo es físicamente imposible de mantener.
Además, estamos en unos escenarios de altos precios de la energía, que hacen que todas las economías basadas en actividades muy intensivas energéticamente y que no tienen recursos energéticos propios estén condenadas a ver amenazada su
competitividad a medio plazo. Este es un análisis que también es incontrovertible. Fíjense -el señor Pintado y la señora Bonás hacían alusión a ello y después lo explicaré más despacio- el coste que tiene para España el cumplimiento del Protocolo
de Kioto. Se da una cifra de 7.000 millones de euros en cinco años. Les sugeriría que pusieran siempre en cuarentena este tipo de previsiones, porque otras se han visto clamorosamente desautorizadas por la realidad. La realidad hoy nos indica que
España importa al año 450 millones de barriles de petróleo. El barril de petróleo cuesta hoy 67 dólares y hace cuatro años costaba 18, es decir, el precio del barril ha subido 50 dólares en cuatro años. Solo esa subida -creo que he hecho este
cálculo en alguna ocasión ante esta Comisión- nos cuesta al año 17 ó 18.000 millones de euros. Ahí no estamos teniendo en cuenta el gas natural, cuyo precio está indexado al de petróleo, ni el carbón, que también ha experimentado fuertes subidas de
precio. No minimizo la trascendencia del coste que les representa a nuestras empresas, y por tanto a todos nosotros como consumidores, el cumplimiento de estas obligaciones. En el año 2005, el cálculo nos hace pensar que presumiblemente


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hemos podido tener un déficit de en torno a 12 ó 13 millones de toneladas, que, a 27 euros -hagamos la cuenta-, nos puede costar algo más de 300 millones de euros en un año. Pero comparémoslo con el impacto que tienen para nuestra
disponibilidad de rentas el precio de la energía y nuestra absoluta dependencia de ella. Si consiguiéramos ahorrar el 10 por ciento del petróleo que consumimos, reduciríamos la factura energética en 2.000 millones de euros al año. Realmente, en
términos económicos, la gran apuesta que tenemos por delante es reducir nuestra exposición a precios internacionales muy altos de la energía mediante el ahorro y la eficiencia. Creo que Kioto, con ser un gran desafío, es un vector de cambio, que
nos obliga a tomar medidas y nos proporciona instrumentos flexibles y eficientes para acometer esta prioridad del ahorro y la eficiencia energética. De modo que estoy de acuerdo con S.S., también en el aspecto de que las comunidades autónomas y los
ayuntamientos son cruciales. Tenemos que implicar a estas administraciones públicas y a los propios ciudadanos, y créanme que estamos intentando hacerlo con iniciativas institucionales que aprovechan todo el espacio competencial que cada cual
tiene. Por ejemplo, en relación con los ayuntamientos -como saben- hemos ayudado a la Federación Española de Municipios y Provincias a crear la red española de ciudades por el clima, en la que las ciudades que se adhieren asumen voluntariamente
compromisos muy exigentes en esta materia, como hacer un plan de movilidad sostenible. Se han incorporado a esta red las redes preexistentes, desde la red que existe en Cataluña, la Xarxa, que ustedes conocerán, de ciudades y pueblos por la
sostenibilidad, como también la red preexistente en el País Vasco, Udalsarea 21, y hasta el día de hoy se han adherido 116 ciudades a la red, que suman más de 15 millones de habitantes. Estamos haciendo esfuerzos institucionales en los que
realmente tenemos que profundizar.
Por otra parte, comentaré con más detalle algún aspecto relacionado con las comunidades autónomas en respuesta a la señora Bonás. Por tanto, señoría, agradezco su intervención y coincido plenamente en que aquí
están manifestándose rumbos políticos y económicos decididos con anterioridad y que tienen inercias muy fuertes para su reorientación, que estamos llevando y creemos imprescindible, pero que irá rindiendo frutos lentamente. Estarán mucho mejor
protegidos contra la situación energética internacional y mucho mejor colocados para cumplir sus obligaciones en el Protocolo de Kioto aquellos países que hayan basado su crecimiento en el conocimiento, la tecnología y la innovación y no tanto en
actividades básicas con una altísima intensidad energética. El desarrollo económico de España en estos años es algo de lo que sin duda nos congratulamos todos, pero ha tenido algunas deficiencias que en este momento pasan factura y por razones
ambientales, económicas y sociales hacen recomendable una reorientación.



A continuación, responderé al señor Herrera, portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y sé que me leerá con atención en el 'Diario de Sesiones'. Sin duda en los sectores difusos aún queda mucho por hacer.
Es verdad que poner en marcha el comercio de emisiones es algo con objetivos claros y, por cierto, con obligaciones comunitarias, lo cual hemos hecho con rapidez e incluso diría que con un nivel de acuerdo y participación que a todo el mundo ha
parecido satisfactorio. No obstante, en los sectores difusos tenemos más problemas. Los sectores difusos lo son en la distribución de las fuentes y de las responsabilidades, y esta es una materia en la que el Gobierno de España tiene instrumentos
limitados para actuar y en gran medida comparte responsabilidades con otras instituciones. No cabe duda de que nos faltan algunas piezas por poner en marcha y muchas son las que ha mencionado el propio señor Herrera, pero quiero poner en valor el
hecho de que en un solo año de aplicación del Plan nacional de asignación hemos dado pasos extraordinariamente valiosos. El Plan acción de ahorro y eficiencia energética 2005/2007 es la primera vez que compromete calendarios y recursos económicos
en nuestro país con tanta claridad.
Estamos seguros de que este es un camino que en el futuro seguirá cualquier Gobierno porque es imprescindible, pero les quiero hacer notar que nunca hasta ahora se había colocado un volumen de recursos públicos
en actuaciones con calendario y con responsables como se ha hecho en esta ocasión, y estamos hablando de esfuerzos públicos por encima de 700 millones de euros; de hecho, en general ha sido un plan muy favorablemente recibido. Con relación a las
energías renovables -de las que también hemos hablado y a las que volveremos posteriormente- se han marcado objetivos con un nivel de ambición muy grande, objetivos que, por ejemplo, van a suponer que España alcance los 20.000 megavatios de potencia
eólica instalada o van a permitir que en el año 2010 el 5,75 por ciento de los carburantes que se pongan en el mercado sean biocarburantes. No creo que haya ningún país en el mundo que con relación al tamaño de su economía haya hecho una apuesta
similar a esta, apuesta que es de todos, que necesita de la contribución de las comunidades autónomas y, en definitiva, pagan los ciudadanos a través de su tarifa eléctrica. Ese esfuerzo es de una magnitud sin parangón; es un hecho. No obstante,
aún tenemos que poner en marcha algunas piezas, por ejemplo, la directiva relativa a la eficiencia energética. Ustedes saben que estamos concluyendo la trasposición en instrumentos normativos de carácter técnico de una extraordinaria complejidad,
como es el código técnico de la edificación -como les digo, en este sentido la previsión del Gobierno es que se apruebe de forma inminente- o la normativa de eficiencia de equipos en edificios y de certificación energética. Esta pieza va a ser
completada por el Gobierno muy pronto. También hemos dado pasos en la tramificación de la tarifa, a la que se refería el señor Herrera, y, como ustedes saben, en la estructura de la tarifa para este año 2006 ya se introduce una tarifa más alta para
un umbral de consumo que se considera suntuario,


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lo cual ya está en vigor para este año 2006. Asimismo, se ha incorporado la obligación de las compañías eléctricas de informar a los consumidores sobre el origen de la electricidad suministrada al consumidor, cuestión que también ha sido
puesta en marcha por el Gobierno.



Hay otros aspectos mencionados que quizá nos llevaría demasiado tiempo examinar profundamente, por ejemplo, el PEIT. Sus Señorías saben que hemos hecho una evaluación ambiental estratégica del PEIT donde se ha abordado la problemática de
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, hemos establecido como requisito que en el desarrollo de los planes sectoriales se desarrolle este aspecto con mayor profundidad, pero así como el nuevo PEIT contempla la realización de nuevos
kilómetros de autovía, también es sabido que dicho plan apuesta como no se ha hecho nunca antes por el ferrocarril. Apuesta por un cambio de reparto modal en el que gradualmente cobre peso el ferrocarril sin que eso suponga la ruptura dramática de
una línea de inversión pública que en todo caso tiene sentido mantener en unos niveles de estabilidad. El señor Herrera también ha preguntado hasta dónde va a llegar el Gobierno en materia de mecanismos de flexibilidad y en materia de MDL.
Comparto con él que esta no puede ser la estrategia principal, sino que tiene que tener un carácter limitado, y así es. En el mejor de los casos, de aquí al periodo 2008/2012 nosotros tenemos que bajar 30 puntos, mientras que los mecanismos de
flexibilidad solo representan siete puntos adicionales, de modo que tiene un carácter completamente complementario a las medidas de reducción en nuestro propio país. Además, en cuanto a las prevenciones que expresaba el señor Herrera sobre posibles
efectos indeseados en la biodiversidad de los países anfitriones, etcétera, el Gobierno ha tomado medidas para que en nuestro caso estemos seguros de que los proyectos que apoyamos beneficien el desarrollo sostenible y no al contrario. Por ejemplo,
en los países anfitriones y aquí mismo estamos aplicando criterios de participación pública que quiero poner en valor. Por tanto, en materia de mecanismos de flexibilidad mantenemos los compromisos adoptados y los criterios que recoge la ley y
estamos gestionando dichos mecanismos con un carácter transparente y participativo en mayor medida que seguramente cualquier otro país y con mayor atención a las necesidades de desarrollo sostenible de los países anfitriones.



Por último, el señor Herrera expresaba su preocupación sobre la importancia que da el Gobierno a incorporar elementos de equidad, como las emisiones per cápita. Es verdad que para manejar esta cuestión con coherencia hay que extenderla a
todos los países del mundo, también a países como India o China, que hoy tienen niveles de emisión mucho más bajos. Responderé a este punto haciendo alusión también a los comentarios que ha hecho la señora Bonás sobre los defectos de origen del
protocolo y el hecho de que pueden perjudicar a España con relación a otros países.
En primer lugar, les diré que comparto las opiniones de que el objetivo fijado para España en el protocolo es excesivamente exigente, teniendo en cuenta los puntos
de partida de los respectivos países. Fíjense que en el año 1990 la emisión per cápita de España estaba aproximadamente en 7 toneladas por habitante y año y, la media de la Unión Europea, estaba por encima de 11 toneladas por habitante y año, una
gran distancia que no se enjuga con las previsiones contempladas en el actual protocolo. Esto es un hecho. Les diré con toda claridad que no existe fórmula jurídica alguna, pero tampoco el propósito político del Gobierno de poner en tela de juicio
los compromisos asumidos unánimemente por el Congreso de los Diputados de España en esta materia. No existe ninguna posibilidad en la legalidad internacional de poner en tela de juicio, pero además es que el Gobierno ha expresado con rotundidad, lo
sigue haciendo, su compromiso con el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Tenemos que cumplir nuestros objetivos en este primer período. No hay ninguna posibilidad de rehuir esa responsabilidad y, tenemos que hacerlo, porque las penalizaciones que
nos puede suponer el incumplimiento son de gran importancia. En Montreal, además de otras muchas cosas, se ha aprobado la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento y eventualmente de asegurar el cumplimiento de las partes. España, si incumple
su compromiso de Kioto, va a tener graves penalizaciones. Por ejemplo, la política energética española tendría que ser supervisada por Naciones Unidas, lo que nos convertiría en algo así como, si permiten una expresión gráfica, una especie de
protectorado energético. Tendríamos limitado el acceso a los mercados de flexibilidad y nuestras obligaciones en el siguiente período se verían endurecidas en aquello que no fuimos capaces de cumplir en el primero. No se puede plantear que el
Protocolo de Kioto no se cumpla. Tenemos que cumplir el protocolo y allí donde no lleguemos con las acciones internas tendremos que llegar con el recurso a los mecanismos de flexibilidad. Es muy importante decir esto con toda contundencia.



Paso ya al resto de la intervención de la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, a quien le agradezco la felicitación por la revista del ministerio y la transmitiré a sus responsables. He comentado ya, señora Bonás,
parcialmente sus preocupaciones sobre los defectos de origen del protocolo y el coste que puede tener para España y quisiera subrayar ahora nuestra voluntad de que esos defectos de origen no estén presentes más allá de 2012. Esta apuesta de España
por las emisiones per cápita tiene como exigencia de coherencia aplicar los mismos principios a los países emergentes a los que estamos pidiendo que ellos también adopten compromisos, pero tenemos claro que sin ese principio de equidad jamás estos
países emergentes van a aceptar limitar sus emisiones. Mi colega mexicano, el subsecretario que está al frente de este tema, suele decir con humor que no hay ninguna ley de derecho divino que obligue a un ciudadano mexicano a emitir cinco veces
menos que un ciudadano de Estados Unidos. Y eso es un hecho. No hay ninguna ley de derecho divino que


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obligue a un ciudadano chino a emitir 4 o a un ciudadano indio a emitir un 1,5, cuando un ciudadano de Estados Unidos emite 21 o uno español emite 10. Eso es así. Tenemos claro que a largo plazo el embarcar a todos los países del mundo en
este esfuerzo necesita unos principios de equidad para todos, que, a nuestro juicio, pueden basarse en las emisiones difusas, en emisiones per cápita y en los sectores económicos en emisiones por unidad de producción de acuerdo a las mejoras
tecnológicas disponibles. Por ese camino hay futuro para el protocolo confiando en que se puedan sumar a él muchos países en desarrollo. Con ese modelo que defiende España, que está ganando día a día adeptos en la negociación internacional,
evitaremos esos defectos de origen que están presentes, pero tenemos que hacer frente a los compromisos como están y evitar esos defectos en negociaciones futuras. Es la posición clara del Gobierno.
Comenté también antes lo que nos cuesta la
ineficiencia energética comparado con lo que nos puede costar el cumplimiento del Protocolo de Kioto, sin entrar a explorar además de esos hipotéticos 7.000 millones de euros sobre los que discrepo porque estoy convencido de que no va a ser esa
cantidad, pero además una gran parte de esa cantidad es desembolso de una empresa española y ganancia de otra empresa española. Quiero decirles que muchas de las transacciones que están teniendo lugar en el Registro Nacional de Derechos de Emisión
tienen su origen en la adquisición de los derechos de otra empresa española, es decir, que las empresas gastan pero también ingresan y va a ser enormemente revelador a ese respecto, ver las emisiones físicas de las empresas de la directiva muy
pronto, porque tienen para presentar sus informes verificados hasta final de este mes. A la luz de las emisiones de 2005 vamos a poder hacer un análisis bastante completo de cómo se han comportado los sectores, cuán ajustada o no era la asignación
que recibían.



En cuando a las diferencias por comunidades autónomas, que ha señalado S.S., le puedo asegurar, esto se puede demostrar caso por caso, que hemos aplicado la misma metodología a todas las instalaciones en todas las comunidades autónomas, es
decir, allí donde haya diferencias de asignación por unidad de producto será porque es distinta la tecnología, porque son distintas las emisiones históricas, porque la aplicación de esos criterios da un resultado distinto, pero nunca hemos
incorporado como un elemento de la fórmula de la metodología el criterio de que esté en una comunidad autónoma o en otra. No. Un ciclo combinado tiene la misma asignación en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma. Una cementera con
similares emisiones históricas tiene la misma asignación en una y otra comunidad autónoma. Es verdad que las tecnologías pueden ser muy distintas en una y otra comunidad autónoma. Por ejemplo, los ciclos combinados son los que han recibido en la
generación térmica una asignación más próxima a sus necesidades, mientras que las centrales térmicas de carbón han recibido una proporción menor de sus necesidades previstas porque justamente lo que queremos es acelerar la transición del carbón al
gas. ¿Por qué? Porque el mismo kilovatio/hora en un ciclo combinado emite la tercera parte de CO2 que ese kilovatio/hora en una central térmica de carbón. Quien tiene muchas centrales de carbón ha recibido mucha más asignación por kilovatio
previsto, pero va a tener un déficit mayor. Esta es la realidad. Con todo, el Gobierno tiene intención de aplicar en el nuevo plan de asignación los criterios que S.S. sugiere, darle más peso al benchmarking, a la mejor tecnología disponible y a
las acciones tempranas. A este respecto haremos caso a parte de las recomendaciones de la Comisión, pero discrepamos con otra parte. La Comisión, por ejemplo, no recomienda utilizar el benchmarking porque opina que es una tecnología todavía
demasiado inmadura para sacar conclusiones rotundas. Nosotros creemos que las mejores tecnologías disponibles tienen ese carácter de madurez porque la Directiva IPPC tiene ya un largo recorrido en Europa y sí nos pueden servir las mejores
tecnologías disponibles para utilizar elementos de benchmarking en la asignación, como también nos permitirán reconocer mejor las acciones tempranas. Si la asignación se basa en mayor medida en la mejor tecnología disponible, quien la haya aplicado
tempranamente estará más cerca de su asignación que quien no lo haya hecho. Por tanto, nuestra voluntad es avanzar en esa dirección. Coincidimos con la Comisión Europea, se ha mencionado ya aquí y si no recuerdo mal lo ha dicho el portavoz del
Grupo Popular, en que no sería positivo basar la asignación en las emisiones 2005 porque puede dar lugar a efectos perversos. Fíjense SS. SS. que si basamos la asignación en el 2005 hay un incentivo para emitir en el 2005 lo más posible, porque
eso puede asegurar una mayor asignación en el quinquenio 2008-2012. Por tanto, respecto al nuevo plan compartimos esos puntos de vista.



El Gobierno entiende que el Plan nacional de asignación no necesita evaluación ambiental estratégica, porque no es un plan o programa del que se deriven directamente obligaciones de inversión en proyectos que sean, a su vez, susceptibles de
someterse a evaluación ambiental de proyectos.
Creemos que en ningún lugar de Europa los planes de asignación se están sometiendo a evaluación ambiental estratégica, porque de estos planes no se deriva la inversión en las nuevas infraestructuras
energéticas. La planificación energética tiene otros soportes y son ellos los que deben evaluarse para ver si necesitan o no evaluación ambiental estratégica.



Su señoría ha expuesto argumentos que recomiendan descentralizar en mayor medida la responsabilidad de aplicación de estos planes y la responsabilidad de las comunidades autónomas en la materia. La posición del Gobierno sobre este tema es
que el Protocolo de Kioto es una obligación soberana de España que no es deseable ni posible territorializar. Es decir, el Gobierno opina que no podemos convertir el compromiso de España en el Protocolo de Kioto en compromisos de 17 comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas. Estamos convencidos de que es así, en primer lugar, porque el nuestro


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es un mercado energético integral. Creemos que fragmentar los compromisos energéticos que es, a fin de cuentas, lo que significa el Protocolo de Kioto, cuando estamos en un mercado energético integrado, no es posible y dará lugar a todo
tipo de distorsiones. Les pongo un ejemplo: las emisiones per cápita en España hoy lo único que reflejan es el mapa de la generación eléctrica, y aquellas comunidades autónomas que tradicionalmente nos han abastecido de energía a los españoles,
como Asturias, Galicia, Castilla y León, en parte Aragón, tienen unas emisiones per cápita muy altas que sencillamente no les corresponden porque están dando servicios energéticos a otras comunidades. Fíjense lo absurdo que sería o lo alejado de la
realidad que estaría que aquellas comunidades autónomas, que tradicionalmente han sido importadoras de energía de otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Vasco, desarrollaran infraestructuras energéticas, como
están haciendo, por ejemplo, en proyectos de ciclos combinados, y aumentaran exponencialmente sus emisiones cuando lo único que hacen es aplicar principios de proximidad en la generación eléctrica, porque, sin embargo, mostrarían unas desviaciones
respecto a las emisiones de 1990 enormemente importantes. Quiero decir que en un mercado energético integrado en el sistema eléctrico y en los hidrocarburos entendemos que no tiene sentido, y no es posible, la territorialización de los objetivos de
Kioto, más allá de que, incluso partiendo de los inventarios, no es posible hacerlo. Es una ficción aritmética hacer un inventario regionalizado, aplicando a los kilowatios hora adquiridos en otras comunidades autónomas, unas emisiones indirectas
muy dudosas desde el punto de vista metodológico. Lo que creemos es que todas las comunidades autónomas tienen que participar, como están haciendo, en los mecanismos de asignación, control y seguimiento de las emisiones, en este último aspecto con
plena responsabilidad competencial -en el seguimiento y la verificación de las emisiones-, pero que se tienen que comprometer institucionalmente al máximo en el cumplimiento de los objetivos de España y en la reducción de las emisiones difusas.
Este es un reto institucional que todavía tiene mucho recorrido y les aseguro que va a centrar muchos esfuerzos del Gobierno durante este año.



Naturalmente que tenemos que decir mucho en las infraestructuras que son responsabilidad de la Administración General del Estado, y el momento en que debemos hacerlo es mientras la evaluación de impacto ambiental. Yo les puedo garantizar
que el ministerio aplica sus responsabilidades de evaluación de impacto ambiental con rigor y con exclusivos ambientales, y en aquellos casos en que el ministerio entienda que una infraestructura, por razones ambientales, no se debe hacer, formulará
una evaluación de impacto ambiental negativa o introducirá las medidas correctoras o compensatorias que sean pertinentes. No me refiero a esta actuación en concreto, porque de hecho le tengo que decir que no sé en qué estado de tramitación está,
tenemos centenares de expedientes. Por tanto, no me refiero a esta actuación en concreto, pero le aseguro que el Ministerio de Medio Ambiente solo tiene en cuenta los criterios ambientales pertinentes en las evaluaciones de impacto ambiental, y así
lo expresará siempre en sus declaraciones de impacto.



La campaña de sensibilización de 1,75 millones de euros -me estoy retrasando pero intentaré abreviar, señor presidente, es que me han preguntado muchas cosas SS.SS.- se destina a entidades sin fines de lucro de ámbito nacional y ha sido
realizada una valoración de los proyectos y una asignación de estos recursos fundamentalmente a ONG, sindicatos o asociaciones de consumidores de ámbito nacional. En aquellos casos en que existen claros elementos que recomienden la
territorialización de una línea de subvenciones del ministerio, no le quepa duda de que así lo vamos a proponer. Le anticipo que el ministerio está negociando con el ICO la puesta en marcha de una línea de subsidiación de préstamos para pymes, para
la reducción de sus emisiones y la mejora de su comportamiento ambiental, y nuestro propósito en una próxima Conferencia Sectorial es proponer a las comunidades autónomas que sean ellas las que evalúen las solicitudes de préstamos y que decidan su
resolución. En ese caso sí vemos claramente la necesidad de territorializar el mecanismo de otorgamiento de ayudas.



Terminaré informando a S.S. de que el Gobierno ya ha establecido la obligación de creación de avales para los nuevos proyectos energéticos.
Todos los proyectos nuevos de ciclos combinados tienen que presentar un aval. Aquellos proyectos
ya en tramitación tienen un período, si no recuerdo mal, de tres meses para decidir si siguen adelante con los proyectos, en cuyo caso tienen que hacer efectivo el aval o, si por el contrario, desisten de ellos y se archiva el expediente. Yo estoy
de acuerdo con usted en que España no necesita 50.000 megavatios, es absurdo plantear 59.000 nuevos megavatios de ciclos combinados en España. Algunas de estas propuestas confiamos en que desaparecerán con la necesidad del aval, porque tenían un
carácter más circunstancial, por no decir otra cosa, y además tengo que recordar que aquellos proyectos de ciclos combinados que a juicio del Ministerio de Medio Ambiente no son compatibles con las garantías ambientales en su entorno serán
informados negativamente por el ministerio. Su señoría sabe que recientemente hemos formulado por primera vez una declaración de impacto ambiental negativa en un proyecto de ciclo combinado porque era incompatible con la lucha contra la
contaminación atmosférica en Sevilla y su entorno metropolitano. Por tanto, el ministerio en esta materia cumplirá con sus obligaciones, que son garantizar que se realizan aquellos proyectos que no ponen en riesgo o que no añaden dificultad a los
esfuerzos de garantizar la salud pública y las condiciones medioambientales. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)


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Por último, con relación a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comparto en gran medida el diagnóstico que ha hecho su señoría. Tenemos una situación de gran dificultad. Yo les quiero recordar que este incremento
del 45 por ciento en nuestras emisiones responde a final de 2004. Su señoría sabe que yo asumo plenamente las responsabilidades que nos corresponden, pero sin ninguna duda el comportamiento de las emisiones del año 1990 al 2004 se ajusta a las
políticas públicas de ese período. Créame que estoy convencido de que las líneas que pone en marcha el Gobierno y las restantes administraciones públicas deben empezar a dar frutos este año. Creo que las sinergias lógicas en políticas con tanto
tiempo de maduración, como son las políticas de infraestructuras, de sistema energético, etcétera, deben empezar ahora a producir ya una situación diferente. Sin embargo, fíjese que un proyecto energético de un ciclo combinado tiene un tiempo de
maduración aproximado de tres años, o un proyecto de una gran infraestructura viaria tiene un tiempo de maduración muy similar. Es pronto para que las medidas puestas en marcha den frutos con toda claridad, pero también es cierto que tienen que
empezar a verse esos frutos; de lo contrario, tendremos que concluir que estas medidas son insuficientes. Este el balance que haría sobre su reflexión. Su señoría pone el énfasis en: ¿vamos a poder cumplir con nuestros compromisos? ¿Cómo?
¿Dónde¿ ¿En qué sectores? Es imprescindible que cumplamos nuestros compromisos. Allí donde no lleguemos con acciones internas, llegaremos con mecanismos de flexibilidad. Su señoría señala que no podemos aceptar tabúes en esta materia como el de
la energía nuclear. Su señoría sabe que el Gobierno ha puesto en marcha por primera vez de forma estructurada el diálogo sobre la energía nuclear en España: su futuro, sus posibilidades de sustitución, las consecuencias de esa sustitución. Su
grupo parlamentario está presente en esa mesa de diálogo, y la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente es aprovechar la mesa de la energía nuclear para desarrollar un debate público de calidad, con amplia participación de todos los agentes
institucionales y sociales implicados en la materia.
La opinión del Ministerio Medio Ambiente es la que expresó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Debemos sustituir gradualmente la energía nuclear en España. ¿Es fácil? No.
Tenemos una importante potencia de generación que no puede sustituirse por otras formas de generación, de la noche a la mañana. ¿Creemos que es posible? Sí. ¿Creemos que la energía nuclear tiene elementos de gran preocupación como la gestión de
los residuos que hacen que no pueda calificarse como una forma de generación sostenible? También lo creemos. En todo caso, es verdad que este es un debate que no podemos zanjar en una parte residual de esta comparecencia, un debate muy amplio que
tiene su principal marco de desarrollo en esta mesa de diálogo, que mañana celebra su segunda sesión para hablar de la participación pública en estas materias.



Su señoría opina que vamos demasiado despacio en las energías renovables.
Ojalá pudiéramos ir más deprisa. En el año 2004, España fue el país del mundo que más megavatios eólicos instaló. Es cierto que estamos yendo despacio en algunas
materias como la biomasa, sin embargo, estamos avanzando mucho más rápido en nuevas tecnologías que están apareciendo en España casi con carácter pionero, como la solar termoeléctrica. Estamos apostando por la solar fotovoltaica también en grandes
dimensiones. Aquí sí creo que hay un elemento de consenso y una continuidad normativa que está dando extraordinarios resultados. Tenemos una normativa que estimula el acceso de las renovables a la red y garantiza su retribución, y este está siendo
el secreto del éxito, pero no perdamos de vista que en 2010 tenemos objetivos que muy pocos países tienen. Por ejemplo, el 5,75 por ciento de objetivo indicativo que, por cierto, ha sido incluido recientemente por primera vez en un real decreto en
España. Eso significa que, de aquí a 2010, vamos a poner casi dos millones de toneladas extras de biocarburantes en el mercado. Esto ha producido una ebullición en el sector, que SS.SS. conocen, que se está reflejando en multitud de proyectos en
todas las comunidades autónomas, lo cual nos congratula.



Su señoría exponía algunas consideraciones sobre la valoración que las ONG hacen de nuestra política. Esta es una prioridad del Gobierno en su conjunto; de hecho, quien está desarrollando todas estas medidas normativas no es solo el
Ministerio de Medio Ambiente, sino un grupo interministerial que preside el secretario de Estado de Economía y del que yo soy secretario. Todas las propuestas normativas que hemos mandado a esta Cámara o los reales decretos que ha aprobado el
Gobierno son de propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente. Esta es una labor de Gobierno, como lo es el Plan de Energías Renovables y el Plan de
acción de ahorro y eficiencia energética. Todas estas medidas son aún insuficientes, pero demuestran un altísimo nivel de responsabilidad y de compromiso del Gobierno en la materia. ¿Cómo valoramos la opinión de las ONG? De forma, como es lógico,
muy positiva. Es una crítica documentada que enseña vías de mejora. Para nosotros la valoración de las ONG es algo estimulante, queremos hacerlo mejor y esperamos en los próximos informes salir mejor parados, pero no tenemos que compartir
íntegramente esa valoración. En España durante estos dos años en materia de energía o en materia de industria hemos hecho casi todo lo que se podía hacer, casi todo lo que podía hacer un Gobierno, y nos quedan algunas piezas que iremos naturalmente
desarrollando, pero el Ministerio de Medio Ambiente no se siente exculpado por ese informe. El Ministerio de Medio Ambiente se siente parte de un Gobierno donde todos asumimos la responsabilidad de su acción y, con todo, nos sentimos en esta
materia bastante satisfechos en el sentido de que hemos hecho casi todo lo que se podía hacer -y sobre este punto hay


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un consenso bastante alto-, aún no todo, pero intentaremos acabar de hacerlo.



Su señoría dice, y tiene razón, que este año no está teniendo mejor aspecto desde el punto de vista energético. Es verdad que el año ha empezado con un consumo eléctrico aún alto, y alto significa por encima del PIB, sin ninguna duda, y que
hidráulica e hidroeléctricamente el año no tiene ningún aspecto extraordinario. Por eso, insistía en que tenemos que fijarnos en esas tendencias subyacentes, y el consumo sí es un dato muy relevante a tener en cuenta. Nuestra apuesta es que,
aunque aún estamos en un nivel alto -S.S. ha dicho el 4,1, pero fíjese en que acabamos el año anterior con el 4,4-, tenemos la impresión de que esto da continuidad a esa tendencia de moderación. ¿Qué resultado sería razonable, aunque aún no
satisfactorio, para 2006? Que ya nuestro consumo de energía primaria y de consumo de energía eléctrica queden por debajo del incremento del PIB, porque si esa tendencia la mantenemos en el tiempo será ese cambio de rumbo del trasatlántico el que,
si se mantiene, acabe produciendo realmente resultados muy visibles. Ese es nuestro objetivo: crecimiento del consumo energético y del consumo eléctrico por debajo del PIB. Si crecemos en el consumo eléctrico por debajo del PIB, el cambio de la
estructura del sistema de generación producirá de forma estable y sostenida reducciones de emisiones en España, más allá del carácter coyuntural de la hidraulicidad. Comparto con S.S. la necesidad de explotar en España intensamente las
posibilidades de los cultivos agroenergéticos y el Ministerio de Agricultura naturalmente está explorando todas esas posibilidades, como también el uso de residuos de biomasa de todo tipo, forestal, agroganadera, etcétera.



Respecto a los derechos -y con esto termino-, aclararé una duda que es frecuente en los mercados de carbono. Tenemos dos mercados de carbono. El primero, el mercado de los derechos de emisión del sistema europeo: máxima liquidez, máxima
canjeabilidad, nulo riesgo. Su señoría puede abrir una cuenta en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de España y al día siguiente estar comprando y vendiendo; cada derecho inmediatamente lo puede convertir en dinero y hoy le pagarán
veintiséis euros y pico por cada tonelada. Otra cosa son los mecanismos de flexibilidad internacionales. Si S.S. quiere comprar reducciones certificadas de emisiones del mecanismo de desarrollo limpio tendrá que comprar una expectativa, porque
todavía los proyectos aprobados por Naciones Unidas no han empezado a ver registradas las reducciones de emisiones. Las reducciones de emisiones todavía no son un activo real, son una expectativa, con un riesgo regulatorio y administrativo muy
considerable y con una posibilidad limitada de canje por los activos de los mercados más maduros como el europeo. Una reducción certificada de emisiones del mecanismo de desarrollo limpio hoy tiene dos tipos de limitaciones para canjearse por
derechos del sistema europeo. Primero, la directiva nos obliga a poner un límite cuantitativo a la cantidad de reducciones de emisiones de los mecanismos de flexibilidad que se pueden canjear. Segundo, ciertos tipos de proyectos, como los de
sumideros, no son canjeables por derechos del sistema europeo. Por eso tenemos dos precios distintos, los precios internacionales de los mecanismos de flexibilidad hoy están alrededor de 7 u 8 euros por tonelada cuando nosotros acordamos 5
-felizmente, llegamos a tiempo de conseguir unos precios de referencia más baratos-, mientras que los derechos del sistema europeo están casi cuatro o cinco veces por encima de ese valor. ¿Habrá paulatinamente una aproximación? Sin ninguna duda;
de hecho, confiamos en que los mecanismos de flexibilidad van a ser ese elemento de liquidez y de moderación de precios que necesita el mercado europeo para situarse en lo que nosotros vemos precios de equilibrio a largo plazo, que está más cerca de
los 10 que de los 20 euros por tonelada.



He comentado ya en qué medida estamos de acuerdo o no con los criterios de la Comisión Europea, que son orientativos, no tienen carácter normativo, la Comisión Europea no puede modificar la propia directiva. Como digo, en algunas cosas
estamos de acuerdo, ya lo he mencionado, y en otras no.
Respecto a la representación de España en las reuniones internacionales, en términos generales para elegir la representación debemos conocer primero si existe o no tramo ministerial -no todas
las reuniones tienen tramo ministerial-; cuando una reunión internacional tiene tramo ministerial, siempre que otras obligaciones lo permitan, preside la delegación española la ministra de Medio Ambiente o alguno de los secretarios generales, que
igualmente podemos tomar parte en esos tramos.
En algunas ocasiones estas reuniones no tienen ese carácter de tramo ministerial o representan esfuerzos en el plano internacional que no son de carácter prioritario para España y, como es lógico,
tenemos que limitar la presencia física del equipo directivo del ministerio en estos ámbitos. En esos casos existe una representación a nivel de embajador o de director general, etcétera. En cada caso, el que parece exigible.



Sobre la reunión de Montreal, ya me he remitido a sus resultados. Lo completaré diciendo que se adoptaron todos los acuerdos de Marrakech como decisiones de la reunión de las partes. Como saben, hasta que no entrara en vigor el protocolo
las decisiones que se han ido acordando en estos años no podían ser formalmente adoptadas. Se aprobó el plan quinquenal de adaptación y se aprobó un paquete de medidas para facilitar el desarrollo de los mecanismos de flexibilidad, como un nuevo
plan de trabajo para la junta ejecutiva del MDL con nuevos recursos y la indicación a la junta ejecutiva de que introduzca una mayor flexibilidad en la aplicación del criterio de adicionalidad. Yo les puedo decir que a partir de Montreal el
mecanismo de desarrollo limpio tiene muchas más expectativas de expansión.



Me he extendido un poco, por lo que les pido disculpas, pero no quería dejar de responder las cuestiones que han planteado.



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La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Vamos a conceder un minuto para réplica o para matizar las intervenciones, rogándoles, eso sí, que sea un minuto, porque aún queda otra comparecencia y está muy avanzada la hora.



¿Quién desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Serna.



La señora SERNA MASIÁ: En primer lugar, quería decirle en mi primera intervención -y en eso comparto lo dicho por el portavoz del Grupo Popular - que para llevar a cabo todo esto es necesario que haya un cambio cultural, normativo y de
desarrollo económico. Lo que yo le quería decir -naturalmente haciendo alusión al Grupo Popular- es que era una pena que este cambio normativo y de desarrollo económico que se podría haber hecho en diez años (EL señor Pintado Barbanoj: En
catorce.), y ahora tendríamos una valoración muchísimo más potente en cualquiera de los grados que fuese, lo hayamos tenido que hacer a toda prisa y en dos años, porque estaba sin hacer todo ello.



Le insisto, señor secretario, en que su comparecencia ha resultado enormemente interesante, ya que el Grupo Parlamentario Socialista está muy preocupado con este tema. De hecho, esta comparecencia la hemos pedido nosotros, que somos el
grupo parlamentario que apoya al Gobierno.
Nos ha parecido de enorme interés ver que a pesar de todo, a pesar del corto espacio de tiempo y de que hay normativas que están recién hechas, se está viendo el inicio de un cambio de perfil energético de
España, que es de lo que se trata, para poder mitigar las consecuencias gravísimas del cambio climático y para cumplir, lo más rápidamente que podamos, los compromisos adquiridos en el año 1997 con la firma del Protocolo de Kioto.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Con la rapidez que nos pide por la hora que es, solamente quiero dejar una idea encima de la mesa, y es que la portavoz del Grupo Socialista y el propio secretario general han reiterado su posición como si toda la
normativa y todos los pasos para la lucha contra el cambio climático se hubieran dado en estos dos últimos años, y eso no se lo cree ni Pepito Grillo. Aquí están todos los anales de las referencias desde el año 1992, no solamente desde el año 1996,
que fue cuando se empezó; es decir, primero la creación del Ministerio de Medio Ambiente en el año 1996 por parte del Gobierno popular, la Oficina Española de Cambio Climático y todos los pasos que se han ido dando, con mejor o con peor éxito,
hasta poder llegar a la trasposición de la directiva comunitaria, con unos meses de retraso, bien es cierto, y en la actualidad con la aplicación ya, como están haciendo todos los países, de las distintas normativas. Es que parece que no hemos
hecho nada y que a partir de ahora se soluciona el mundo, pues no es cierto.



Termino agradeciendo la intervención y las respuestas que nos ha dado que, a buen seguro, darán pie para algún otro tipo de comparecencia a lo mejor más específica de algunos aspectos que hemos abordado ya.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Quiero agradecer la solicitud de comparecencia al Grupo Parlamentario Socialista y todas las intervenciones. Olvidé antes hacer
alusión a la posible participación de los grupos parlamentarios en las delegaciones internacionales. Cuenten con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente para que eso sea así. Creo que tendrá un extraordinario valor y me pongo enteramente a su
disposición para abordar con mayor detalle en sucesivas comparecencias estas u otras cuestiones.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Muchas gracias por su comparecencia.



Vamos a suspender un minuto la sesión para que el secretario General para el Territorio y la Biodiversidad se pueda incorporar a la Comisión.



COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (SERRANO RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE CRISIS CREADA EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000548.)


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señoras y señores diputados, vamos a continuar con el orden del día establecido en su segundo punto, que inicialmente estaba previsto para las once y media, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular sobre la situación de crisis creada en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esta solicitud por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces va a desarrollarse con la comparecencia del secretario general para el Territorio y
la Biodiversidad.



Tiene la palabra, señor Serrano.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Señoras y señores diputados, la verdad es que nos ha sorprendido un poco la pregunta porque no sabemos exactamente a qué situación de crisis se refiere.
Es evidente que en todas las confederaciones hidrográficas, más en un año de sequía como el presente, tenemos


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multitud de problemas, pero entendemos que afortunadamente todavía no podemos hablar de crisis en ninguna de las confederaciones. Por lo tanto, poco tengo que decir.



En la Confederación Hidrográfica del Guadiana hay una situación que podemos considerar complicada desde prácticamente los años setenta con una serie de problemas más o menos agudizados a lo largo del tiempo, pero es una situación que en
ningún caso puede entenderse que sea de crisis.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Vamos a facilitar por tiempo de diez minutos a la portavoz del Grupo Popular, doña Teresa de Lara, su intervención. Por favor, el resto de los grupos que nos hagan llegar qué diputado o
diputada va a intervenir a efectos del 'Diario de Sesiones'.



La señora DE LARA CARBÓ: Lamentablemente, no puedo agradecer al señor Serrano sus explicaciones porque realmente no nos ha dado ninguna.
También lamentamos que usted considere que no hay ninguna situación de crisis en la zona del Alto
Guadiana porque realmente la crisis social que se ha desencadenado ahí está y no está porque lo diga yo, sino que no hay más que ver la prensa y la situación que se ha desencadenado por todas las sanciones. Se impusieron expedientes sancionadores a
multitud de pozos ilegales que hay en la zona. Se valora que hay cerca de 40.000 ó 50.000 pozos ilegales en la zona y yo creo que el señor Serrano lo conoce y también el malestar de la zona. Realmente, para hablar un poco del malestar que hay en
la zona, nos podríamos remontar a cuando en el Ministerio de Medio Ambiente toma posesión la nueva ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, y también toma posesión el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, el señor Serrano.
Usted conoce, señor Serrano, que en aquel momento se intenta trocear la confederación: la parte que corresponde a Andalucía se traspasa la gestión a Andalucía -es un traspaso relativamente raro, usted lo conoce- y Castilla-La Mancha y Extremadura
se quieren repartir lo que es la confederación. Castilla-La Mancha se hace con la Comisaría de Aguas y Extremadura con el presidente de la confederación. Desde el principio ha habido grandes choques entre el comisario y el presidente de la
confederación, de manera que el malestar de todos los agricultores, de todos los que poseen los pozos ilegales, que son muchísimos -40.000 ó 50.000-, el malestar social se ha ido extendiendo. Ante este malestar social se abren una serie de
expedientes sancionadores para una cosa que la ley prohíbe, porque en la Ley de Aguas de 1986 se considera que las aguas subterráneas son de dominio público, por consiguiente, la actividad no es legal. Esto es evidente y, como decía el anterior
compareciente, hay cosas que objetivamente son evidentes.



A nosotros nos sorprende que en una reunión con la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real en la que un representante del ministerio que depende de usted, señor Serrano, y de la ministra de Medio Ambiente, pero nos vamos a centrar en usted
que es quien comparece, solicita que se establezca una moratoria en los expedientes sancionadores. Señora presidenta, si usted lo permite, desearía que se repartiera este documento a los portavoces, que es el que dio el ministerio estableciendo la
moratoria.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Puede depositarlo en la mesa para que lo podamos repartir a todos.



Puede continuar.



La señora DE LARA CARBÓ: Se celebró una reunión en Ciudad Real, que supongo que usted conoce porque estuvo el señor Palop, y en el punto uno del documento -que, por cierto, es del Ministerio de Medio Ambiente con fecha 28 de julio y sin
firmar- se dice que se decide establecer una moratoria en las actuaciones sancionadoras en el Alto Guadiana hasta que se supere la actual situación excepcional de sequía y se establezca un marco global de actuación concertada con las
administraciones y agentes sociales implicados en el Plan especial del Alto Guadiana. Veo que el señor Serrano está leyendo el documento, que doy por supuesto que conoce, porque si él no sabe lo que ocurre en su ministerio o en su secretaría
general sería todavía peor. Esperamos la opinión del señor Serrano, pero este es un caso claro de prevaricación. Hay una ley que elaboraron ustedes por la que se establece que las aguas subterráneas son de dominio público. Hay unos expedientes
sancionadores y hay una orden del ministerio para que se establezca una moratoria en las actuaciones sancionadoras. Deseamos una explicación del señor Serrano al respecto, que nos ha dicho hace poco que no hay ninguna crisis ni ocurre nada en la
confederación.



Aparte de ello queremos que nos indique por qué cuando llegaron al Gobierno pararon el Plan del Alto Guadiana, que ya estaba casi elaborado por el anterior Gobierno, que en ese momento estaba en periodo de información pública y que había
sido pactado con los regantes, con los agricultores, incluso con el Grupo Socialista en Castilla-La Mancha y que, por supuesto, el Gobierno de Castilla-La Mancha aceptaba. Deseamos saber por qué se paró este plan. Usted me puede decir que porque
querían revisarlo. Yo entiendo que ustedes hayan tenido que revisar todo, porque les parecía que todo lo que hacía el Partido Popular estaba mal hecho, pero en este caso les ha pillado el toro, señor Serrano, y ustedes lo han querido revisar tanto
tiempo que les ha estallado la crisis social en la zona, porque que yo sepa, después de dos años de revisar algo que estaba pactado con los agentes sociales de la zona, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, ustedes todavía no han aportado ninguna
solución a los graves problemas que hay en la zona. Indudablemente, 40.000 ó 50.000 pozos ilegales no pueden convertirse en 40.000 ó 50.000 expedientes


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sancionadores. Esperamos que usted nos diga cuál es la solución que tiene para la zona y cómo va a solucionar estos problemas.



Quiero indicar que el Gobierno del Partido Popular detectó el problema y por ello en la disposición adicional tercera del Plan Hidrológico Nacional se estableció la necesidad de un Plan especial del Alto Guadiana. Seguimos insistiendo en la
necesidad de este plan especial, ya que ustedes consideraron que el que había elaborado el Partido Popular y que estaba en periodo de información pública no era válido. ¿Cuál ha sido la decisión que han tomado ustedes en estos dos años? Lo que no
es factible es revisar, paralizar y no resolver los problemas, y esto es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa. En la actualidad, y el señor Serrano tal vez no se ha enterado, hay un auténtico problema social en la zona. Querríamos que,
cuando el señor secretario termine de leer el documento que le he pasado, nos dijera qué explicación puede dar a esta Cámara, y, en definitiva, a todos los españoles, de esta orden que ha surgido del ministerio. ¿Cómo se puede establecer una
moratoria en unas sanciones? Decíamos que ha habido ceses. Usted dice que es normal, pero es que en el tema de aguas, en lo que depende de su secretaría, hay muchos ceses ya; ya son muchos. Y curiosamente los ceses que se van produciendo siempre
son porque alguien dice lo que habría que hacer en el aspecto técnico y esto que habría que hacer no está de acuerdo con la opinión política del señor Serrano o de la ministra de Medio Ambiente.



También nos gustaría saber cuáles son las cualidades que tiene el nuevo presidente de la Confederación del Guadiana, que fue director general de Aguas en Castilla-La Mancha y que, por cierto, fue cesado fulminantemente como director general
de Aguas de Castilla-La Mancha. Desearíamos saber qué era lo adecuado de este señor antes y qué es lo adecuado de ahora, porque si le cesan fulminantemente de su cargo de director general y ahora le nombran presidente de la Confederación no siendo
funcionario y teniendo que adaptar unas normas que lo impedían al no ser funcionario, ¿qué cualidades le han visto ustedes o cómo creen que va a pacificar la situación que se ha creado allí? Creemos también, señor Serrano, que ustedes tienen dos
varas de medir. Le voy a leer las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente de hace menos de dos años. Hace menos de dos años el Gobierno destituyó al presidente de la Confederación del Segura por la presunta existencia de una trama de
detracción ilegal de aguas de Murcia, según la propia ministra de Medio Ambiente. Hace menos de un mes el Gobierno ha destituido al presidente de la Confederación del Guadiana por la apertura de miles de expedientes sancionadores por la detracción
ilegal de agua en el Alto Guadiana. Nos gustaría saber qué diferencia hay entre la cuenca del Segura y la cuenca del Guadiana. ¿Por qué se persiguen -como debe hacerse- las detracciones ilegales de agua en el Segura y se establecen moratorias para
las detracciones ilegales de agua en el Guadiana? No entendemos la diferencia que hay, y no admitimos que se aleguen problemas de sequía porque los problemas de sequía en la cuenca del Segura existen desde hace mucho tiempo.



También nos gustaría saber si es cierta la amnistía fiscal que, según la prensa de estos días, están ustedes planeando. Ustedes lo han negado, pero nosotros hemos tenido acceso a un documento según el cual hay un grupo de trabajo de aguas
subterráneas, con representantes del ministerio, en el que se habla de una amnistía fiscal para todos los pozos ilegales. Nosotros no vamos a opinar sobre esta amnistía fiscal, pero queremos o, mejor dicho, exigimos equidad, un mismo tratamiento
para todos los pozos ilegales que hay en España. Pero cuando usted habla de amnistía fiscal para los pozos ilegales que hay en la zona debemos recordar que los derechos reconocidos de los regantes son seiscientos y pico hectómetros cúbicos. Si a
esto añadimos las extracciones de los pozos ilegales, sale una cantidad que no sé si el ministerio conoce; nosotros, desde luego, la desconocemos, pero conocemos cuál es la recarga media del acuífero, que es de 360 hectómetros cúbicos/año. Por
consiguiente, ¿cómo van a legalizar todo lo ilegal y no perjudicar los derechos de las comunidades de regantes, que tienen reconocidos unos derechos de seiscientos y pico hectómetros cúbicos y que, sin embargo, ya están disminuidos porque no hay
agua? Querríamos saber cuál es la solución que piensa dar el ministerio. Creemos que si no admiten esta realidad, si no admiten la realidad de la recarga del acuífero, la realidad de las concesiones de los regantes y la cantidad de pozos ilegales
que hay, esto no se va a solucionar. Esto no se va a solucionar si no se va a la raíz del problema, que es agrícola; esto no se va a solucionar si no se opta por una agricultura sostenible en la zona.
Esperamos que nos expliquen la solución que
tienen pensada, pero quiero decir que de ninguna manera las comunidades de regantes pueden salir perjudicadas en la solución que ustedes den, y las comunidades de regantes tienen unas concesiones a las que no tienen acceso porque no hay agua
suficiente.



También me gustaría conocer la opinión del señor Serrano sobre cómo incide toda esta detracción, esta sobreexplotación del acuífero en el Parque Nacional de las Tablas, porque en la actualidad el parque nacional está en una situación,
digamos, bastante angustiosa. De toda la situación que se ha creado en el Guadiana, que parece que desconocía el señor Serrano porque no la ha admitido, lo que está claro es que es imprescindible para la zona el trasvase del bajo Ebro al Levante y
al sudeste español. Digo que es imprescindible porque esta sería la única forma de liberar los recursos del río Tajo para la zona de Castilla-La Mancha y para la zona de la Comunidad de Madrid, que son dos zonas que necesitan agua. Estamos
hablando de Castilla-La Mancha y de sus pozos ilegales, pero podemos hablar de la necesidad de agua que tiene la Comunidad de Madrid incluso para abstecimiento. La única forma de liberar los recursos del Tajo para Castilla-La Mancha y la Comunidad
de Madrid sería hacer el trasvase del Ebro al Levante y al sudeste


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español. Señor Serrano, también consideramos que se hace imprescindible en la zona del Alto Guadiana aplicar la flexibilización del régimen concesional que introdujo el Gobierno del Partido Popular en la modificación de la Ley de Aguas que
realizó en el año 2001. Consideramos que es imprescindible esta flexibilización en lo que ustedes llamaban mercado de agua y privatizar el agua para que los agricultores puedan atenerse a este régimen. Recuerde, señor Serrano, que en la propuesta
del Plan especial del Alto Guadiana que había elaborado el Gobierno del Partido Popular se hablaba de la compra-venta de derechos por parte de la confederación. La mitad de esta compra-venta se destinaba a la recarga del acuífero y la otra mitad a
los regantes para lo que se llamaba regadío social. Ustedes desecharon esto, y por ello confío en que las explicaciones que nos dé ahora el señor Serrano aclaren por qué desecharon este plan, por qué han creado la situación que se ha creado en el
Alto Guadiana y cómo van ustedes a solucionar todos los problemas que hay en la zona.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero comentar que se les ha hecho llegar por los servicios de la Cámara una fotocopia, fechada el 28 de junio de
2005, que lleva un membrete del Ministerio de Medio Ambiente pero no tiene ninguna firma, que nos ha sido entregada a la Mesa y que ustedes juzgarán en función de su lectura. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.) Estoy en el uso de la palabra,
si me lo permite, señora portavoz. Es un uso infrecuente, pero, no obstante, dado que tampoco supone ningún quebranto para esta Comisión, se les ha repartido a todos los grupos. Si algún diputado o diputada desea copia, pediremos a los servicios
de la Cámara que nos la hagan.



Señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Intervengo muy brevemente. Realmente lo que le interesa al Grupo Parlamentario Popular es lo que tenga que decir el señor Serrano sobre el papel. Lo demás ha sido simplemente para que lo conocieran.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora De Lara, lo que al Grupo Parlamentario Popular le pueda interesar es muy razonable y entra dentro de sus intereses, pero al ser un documento que se entrega a la Mesa, que tiene la
obligación de repartirlo a todos los grupos, esto da derecho a los mismos a opinar sobre el documento si así lo consideran oportuno, o no. Aquí no vamos a limitar la libertad de expresión a nadie.
Si hemos repartido un documento, que es un
ejercicio de libertad porque no está regulado, también podremos dar la oportunidad de pronunciarse sobre él.



Dicho esto, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos don Alejandro Alonso Núñez en representación del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor secretario general, sobre todo por trasladar a la Comisión de Medio Ambiente esta sensación de tranquilidad ante lo que el Partido Popular permanentemente trata de plantear como un gravísimo
problema irresoluble. Antes de entrar en el fondo del asunto me gustaría decirle a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sería bueno que hablara por ella misma y que intentara evitar hacerse portavoz de otras instituciones, porque
en la Comisión de hoy lo ha hecho en dos ocasiones. En dos ocasiones ha trasladado impresiones o manifestaciones en relación con la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha que me parece que no son procedentes, pero además no lo son porque son
falsas y no responden a la realidad. En segundo lugar, nos ha trasladado aquí una información del Gobierno de España basándose en un acuerdo suscrito, efectivamente, con distintos ministerios y con las autoridades del Gobierno de Castilla-La
Mancha, pero tampoco es misión de la señora De Lara traer aquí una decisión del Gobierno que el Grupo Parlamentario Socialista no solo conocía, sino que además comparte en su integridad y felicita al Gobierno por haberla adoptado.



En relación con lo que manifestaba sobre el Gobierno Socialista, ha dicho dos falsedades. En primer lugar, ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha había apoyado o consensuado -no sé el término que ha utilizado- las directrices del
Plan del Alto Guadiana elaborado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Señora De Lara, nada más lejos de la realidad. Entre las 63 alegaciones que en su momento presentaron distintos colectivos manifestando la oposición de entidades
públicas y privadas al documento elaborado por el Gobierno del Partido Popular, figuraba una del Gobierno de Castilla-La Mancha en la que expresamente manifestaba su oposición al contenido del plan y a muchos de sus objetivos y medidas. No es
cierto, por tanto, lo que usted ha planteado, como tampoco lo es que el nuevo presidente de la confederación haya sido cesado fulminantemente por el Gobierno. Don Enrique Calleja, al que después me referiré, no solo representa una magnífica
elección como nuevo presidente de la confederación -es una buena decisión del Gobierno que el Grupo Socialista aplaude- sino que además al portavoz del Grupo Socialista le consta la conformidad del Gobierno de Castilla-La Mancha y de sus
instituciones en relación con su nombramiento como nuevo presidente. Con esto sería suficiente, pero creo que la problemática en la cuenca del Guadiana y específicamente en el Alto Guadiana es un tema de la suficiente trascendencia como para que
nos acerquemos a el con una cierta seriedad. Habría que decirle al Partido Popular que no disfrutara tanto con los conflictos y que intentara arrimar un poquito el hombro en la búsqueda de soluciones. Podríamos discutir aquí quién tiene más o
menos culpa respecto a la situación de los problemas en relación con el Alto Guadiana, reconocidos por el Gobierno y por el secretario general, pero desde luego en la culpa no es


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ajeno el Gobierno del Partido Popular. Esto es evidente. Yo no digo que ustedes tengan toda la culpa, porque estos problemas vienen de hace 30 o 40 años. Ustedes asuman los que quieran, los correspondientes a la parte de la dictadura, los
del inicio de la democracia o los de los últimos años del Gobierno del Partido Popular, pero, señores del Partido Popular, ustedes no son ajenos a lo que ocurre en el Alto Guadiana. Estamos hablando de una problemática que afecta a mucha gente, a
muchos municipios cuyo abastecimiento se basa en aguas de la parte de la cuenca de la que estamos hablando. Es una zona en la que desarrollan su actividad económica miles y miles de agricultores de distinto tamaño y de distintas problemáticas
sociales, económicas y de todo tipo, por lo que hay una situación complicada generada por una sobreexplotación de recursos en los acuíferos 23 y 24, básicamente, durante los últimos años y porque hay un reconocimiento de derechos del uso del agua de
los últimos años, achacables muchos de ellos a decisiones de su Gobierno, que superan ampliamente las recargas normales de recursos pluviométricos en la mayoría de los años. Esta es la situación. Hay un problema ambiental grave en la zona porque
hay una recarga del acuífero inferior a los derechos reconocidos o a los consumos habituales en la cuenca sobre la base de esos derechos. También hay que reconocer que hay una serie de pozos o de infraestructuras fuera de la legalidad que
contribuyen a agravar esa situación. Desde el punto de vista agrario, señora De Lara, aunque usted dice que hay un problema, en este momento no hay una situación de gravedad. La disminución de los niveles freáticos no es hasta ahora
suficientemente importante como para poner en cuestión la rentabilidad de la actividad agraria en la zona, de ahí que siga existiendo un problema ambiental de sobreexplotación porque se sigue extrayendo agua por encima de la recarga. Cuando alguien
se acerca a este tipo de problemas puede apreciar que se pueden solucionar de dos maneras: llevando más agua a la zona deficitaria, como en este caso, o aportando recursos económicos y medidas legislativas para intentar reducir esos consumos.



Dicho esto, habría que situar el tema en su momento. La realidad es que el Gobierno del Partido Popular incumplió un mandato del Plan Hidrológico Nacional aprobado por su Gobierno. La Ley 10/2001 mandataba al Gobierno para que en el plazo
de un año estuviera aprobado el Plan especial del Alto Guadiana. El Partido Popular no cumplió ese mandato de la legislación. Presentó un primer borrador en el mes de febrero de 2004 que, como he señalado anteriormente, generó muchísimas críticas
y más de 63 alegaciones correspondientes a ayuntamientos, Gobierno de Castilla-La Mancha, organizaciones agrarias, organizaciones ecologistas y usuarios, en definitiva, reunió la oposición de todo el mundo excepto del Partido Popular. El nuevo
Gobierno ha tomado el toro por los cuernos. Ha tomado la decisión de modificar profundamente el plan y elaborarlo de manera distinta en el sentido de crear un órgano paritario formado por representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha y del
Gobierno de España, buscando el consenso institucional en esta materia, creando un grupo de trabajo técnico que aporte soluciones y propiciando la participación social en un foro participativo. En este momento los trabajos están bastante
encauzados: se han concretado los objetivos, se ha propiciado la participación y se están proponiendo una serie de medidas para modificar la legislación en materia de sobreexplotación de acuíferos, para permitir convertir derechos privados en
públicos, para promover la adquisición de derechos de uso del agua a través de centros de intercambios de agua -para ello habrá que hacer, lógicamente, las previsiones presupuestarias correspondientes en este y en los próximos años-, para la
creación de un fondo de redistribución social del agua para usos agrícolas de interés social y para buscar soluciones en materia de pozos ilegales. En definitiva, señora De Lara, el tema está bien encauzado por el ministerio y por la secretaría
general. El cambio en la presidencia de la confederación, desde nuestro punto de vista, supone un refuerzo de estas medidas que estamos convencidos de que van a impulsarse en los próximos meses. Sería bueno que el Partido Popular, tan beligerante
en otros temas, en este -que sabe que es complicado y difícil y que no hizo nada por resolver en sus años de Gobierno- aportara su colaboración en la adopción de medidas que no cabe duda que tienen un alto calado social.



El Grupo Socialista -y con esto termino, señora presidenta- se queda con las palabras de la ministra en la toma de posesión del nuevo presidente el pasado 24 de enero. La ministra dijo textualmente que la prioridad era reconducir una
situación en el Alto Guadiana que, por la desidia de las administraciones durante demasiados años, ha llevado a una gravísima sobreexplotación de este acuífero y a una falta de control. Esto dijo la ministra, reconociendo y poniendo el problema en
sus justos términos. La ministra reiteró en ese acto que quería que se cumpliese la legalidad y se recuperasen nuestros recursos hídricos. También dijo que no era lo mismo -y aquí reconocía el carácter social del problema- que se cerrase un pozo
de un pequeño agricultor que un pozo explotado por grandes empresas agrícolas con intereses en otros ámbitos y que había que recuperar el tiempo perdido, teniendo en cuenta la realidad social y la dimensión humana.



Por último, reiterando el reconocimiento del Grupo Socialista al Gobierno en esta materia, quiero recordarle, señora De Lara, que el año 2006 ha sido el primero desde hace muchos años y, por supuesto, el primero desde que se aprobó el Plan
Hidrológico Nacional en el que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla una partida económica para financiar las medidas que puedan contemplarse en este plan especial.
Señor secretario general, tenga la confianza absoluta en el apoyo a
estas medidas por parte del Grupo Socialista.



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La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Para contestar, tiene la palabra el señor Serrano.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En primer lugar quiero señalar que, no sé si afortunada o desafortunadamente, me tengo que reiterar en mis palabras. Efectivamente, en la Confederación
del Guadiana, y en particular en el Alto Guadiana, hay problemas. Sin embargo, le aseguro que, no sé si afortunada o desafortunadamente, no son ni más importantes ni mayores ni menores que los que existen en otras confederaciones. Desde ese punto
de vista, ni en las otras hay crisis ni tampoco podemos hablar de crisis en el Alto Guadiana. Lo que sí es cierto es que los problemas que existen en el Alto Guadiana han tenido mucho que ver también con la falta de actuación a tiempo por gobiernos
anteriores, y en particular por los gobiernos del Partido Popular, en aspectos muy concretos que deberían haber sido desarrollados con prontitud. En efecto, el problema del Alto Guadiana no es nuevo. En la década de los setenta se empieza a
producir una transformación de los regadíos en la zona. Se sustituye la noria tradicional para regar por los pozos, se empieza a expandir el regadío, y el resultado es que empieza a haber problemas de recuperación de los acuíferos. En Daimiel es
normal e incluso hay un refrán que dice que cuando llueve, a regar y cuando no llueve, el burro al corral. Es decir, cuando no llovía no había explotación porque allí había unos regadíos tradicionales que estaban muy ligados a la lluvia y a la
noria.
Evidentemente, cuando se empieza a implantar la bomba hidroeléctrica la situación cambia totalmente y la capacidad de recarga de los acuíferos empieza a disminuir. De hecho, yo tuve ocasión de trabajar en aquella zona a finales de los años
setenta, y ya el problema de la sobreexplotación de los acuíferos empezaba a afectar a Daimiel. Incluso ese es uno de los casos históricos de realización de una primera presa ambiental. Se hace un azud para asegurar que las Tablas de Daimiel
puedan tener agua y no perder su valor ecológico.



En febrero de 1987 se produce la primera declaración provisional de acuíferos sobreexplotados. Ya en el año 1988 se alcanzan más o menos los volúmenes de extracción que se producen en la actualidad, del orden de 600 hectómetros cúbicos al
año. Es un récord que en los años siguientes, como consecuencia de las sequías y de algunas medidas agrícolas, se logra hacer descender. A mediados de los años noventa, después de la sequía de 1992-1995, se vuelven a declarar ya de manera
definitiva, el 15 de diciembre de 1994, aquellos acuíferos sobreexploados. Pero pese a este hecho y pese a la experiencia de la sequía, desde 1996 hasta el año 2004 las extracciones vuelven a incrementarse. Lo que se había logrado reducir entre
1988 y 1996 se vuelve a incrementar desde 1996, llegando a la situación actual. Luego efectivamente algo de responsabilidad tienen los que eran responsables -valga la redundancia- de la Confederación Hidrográfica en esos años. Evidentemente,
cuando el 15 de diciembre de 1994 se hace una declaración definitiva de acuíferos sobreexplotados hay que establecer anualmente un plan de extracciones y un plan de explotación que tiene que ir aprobando anualmente la junta de gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por tanto, la situación en la que nos encontramos olvida que las sequías en España son periódicas; permite alcanzar nuevamente los récords de extracciones que se habían producido hasta la década de finales
de los ochenta, hasta 1988; no tiene en cuenta algo que usted misma ha señalado, como es que las extracciones sostenibles son del orden de 360 hectómetros cúbicos/año, pero durante estos años se vuelve a permitir llegar y superar incluso los 600
hectómetros cúbicos año. Por tanto, la situación no es fácil, y es cierto que en el Plan Hidrológico Nacional y anteriormente en el Libro Blanco del Agua que ustedes publican en el año 2000 -un extraordinario diagnóstico de la situación en España
que sin lugar a dudas hay que alabar- hacen una referencia a la situación de 1998 en España y a que en nuestro país hay aproximadamente medio millón de pozos, pero que solo están inscritos cerca de 100.000, por lo que hay 400.000 que se desconocen.
Concretamente, en el caso del Guadiana señalan que hay cerca de 65.000 pozos y solo están inscritos aproximadamente 15.000. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la falta de actuación ha dado lugar al crecimiento de las extracciones. Al
bajar el acuífero el pozo se ha quedado vacío, lo cual ha obligado a muchos agricultores que atendiendo a la ley anterior tenían un pozo legal a abrir otro, y aunque siguen extrayendo los mismos caudales a que legalmente tenían derecho, al haber
abierto otro pozo, han entrado en una situación ilegal o cuando menos irregular. Eso ha multiplicado la tipología de situaciones y el número de agricultores que se encuentran en situación ilegal, y estoy absolutamente de acuerdo con usted en que
estamos ante un problema agrícola; ante un problema social grave, no mayor que el que existe en otras zonas del territorio, pero evidentemente un problema grave.



En cuanto a las soluciones que ha planteado el Gobierno en la zona, en primer lugar nos encontramos efectivamente con un Plan especial del Alto Guadiana que no se había hecho en tiempo y desgraciadamente tampoco en forma. Nos habíamos
encontrado con una serie de alegaciones que mostraban una radical falta de consenso respecto al plan. Ya he tenido ocasión de señalar en esta Cámara que desde el punto de vista de este Gobierno un plan no es un documento de propaganda. Un plan es
un documento que permite el control de lo que hace el Gobierno y que sobre todo se puede llevar a cabo, permite obtener los objetivos que se persiguen, y para ello tiene que ser viable socialmente, y difícilmente lo es un plan que tiene alegaciones
en contra de prácticamente todos los estratos sociales menos una asociación agraria profesional. En segundo lugar, un plan


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tiene que tener en cuenta que hay una distribución estatutaria de competencias en este país y que la comunidad autónoma es una entidad con amplias competencias en esta materia, y difícilmente se puede hacer un Plan especial del Alto Guadiana
si no es con el acuerdo de la comunidad autónoma correspondiente. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que hacen falta unos recursos económicos. También desde ese punto de vista tengo que señalar algo que por desgracia he tenido que reiterar
otras veces: para intervenir en esta zona en el Plan Hidrológico Nacional no solo se había previsto el Plan especial del Alto Guadiana, sino que se habían previsto unas inversiones de aproximadamente 759 millones de euros. Eso es lo que estaba
previsto en el Plan Hidrológico Nacional para Castilla-La Mancha, cuenca del Guadiana. Las inversiones realizadas en el periodo 2001-2004 no llegaban a 21 millones de euros. Evidentemente, hemos superado con mucho esas inversiones en el año 2005 y
en este año 2006, y en vías y como elementos fundamentales para encontrar una solución a la problemática que usted ha señalado, hemos establecido unas inversiones de 143 millones de euros, poniendo en marcha un largo número de actuaciones que
ustedes tenían absolutamente paradas.



Hay otro aspecto que yo creo que es más importante. En el otoño del año 2004 se iniciaron las conversaciones con la Comunidad de Castilla-La Mancha y se puso en marcha una comisión de seguimiento de las actuaciones, tanto en el alto
Guadiana y su plan especial como en lo que hace referencia al programa AGUA de Castilla-La Mancha. En esta Comisión están incluidas las Consejerías de Agricultura, de Medio Ambiente, de Obras Públicas y el actual vicepresidente primero de
Castilla-La Mancha, y por parte del Ministerio de Agricultura están incluidas las confederaciones afectadas, la Dirección General del Agua y también lo estoy yo. Hay que señalar que, desde el principio, ha habido un seguimiento de todas las
actuaciones que están poniendo en marcha todos los agentes sociales y se han constituido comisiones complementarias de información, discusión y seguimiento de las actuaciones que se van desarrollando en la zona. Si la zona tiene solución, y
evidentemente la va a tener, tiene que estar basada en el acuerdo de todos los agentes sociales, y ese acuerdo tiene que ser el punto de partida. Nosotros queremos hacer un plan especial del alto Guadiana que sea de todos los ciudadanos, incluyendo
también a Asaja del Alto Guadiana, y también mantenemos conversaciones claras y específicas sobre este tema con esa asociación profesional agraria.



Por lo que se refiere a la moratoria, usted sabe muy bien que este Gobierno cumple y hace cumplir las leyes y que una moratoria solo se puede establecer por ley, en unas condiciones de transparencia, de homogeneidad de tratamiento a todos
los ciudadanos, etcétera, lo cual explica que la palabra que está recogida en ese documento es una palabra incorrecta que, no sé si por error o por qué motivo, no expresa adecuadamente lo que se quiere decir. La solución se está buscando y se está
dando de una manera concreta con esa participación social a la que antes me he referido.



Por último, hay un aspecto fundamental y es que, como señalaba la señora De Lara y remarcaba después el señor Alonso, el problema es encontrar el desarrollo rural sostenible más adecuado para toda la población de la zona. El ministerio está
colaborando a ese desarrollo rural sostenible, en primer lugar, con el diálogo y la participación y, en segundo lugar, con la transparencia en todas sus actuaciones. Imagino que la señora De Lara conoce el reglamento general de ingreso y provisión
de puestos de trabajo y sabe cómo se producen los nombramientos y los ceses en puestos de libre designación. Básicamente, las actuaciones que estamos desarrollando están integradas por todos los agentes que pueden favorecer ese desarrollo rural
sostenible. En ese sentido, se están realizando inversiones, tanto para el abastecimiento a la llanura manchega como para la búsqueda de alternativas y soluciones para el desarrollo en el área.
Conocerá también la señora De Lara que el año pasado
se pusieron en funcionamiento los centros de intercambio de derechos de uso del agua en el Guadiana, en el Júcar y en el Segura, y que estamos utilizando esas vías de intervención para solucionar de una manera real los problemas que existen en la
zona. Hay que solucionar los problemas, pero -con esto termino- solo desde el consenso social puede encontrarse soluciones duraderas en áreas de conflicto. Espero que este Parlamento pueda conocer pronto esas soluciones de una manera extensa.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tenemos previsto un turno no superior a tres minutos de réplica para los portavoces que deseen hacer uso de él.



Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: La explicación del señor Serrano se ha dado ahora, no anteriormente.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora De Lara, S.S.
es como yo una gran experta y conocedora del Reglamento y sabe perfectamente cómo están regulados el tiempo y las comparecencias. Ha consumido 12 minutos y medio y
ahora tiene la oportunidad de consumir otros tres minutos. No vamos a modificar el tiempo que hemos acordado ni vamos a alterar lo aprobado por el Reglamento.



La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, usted no tiene que alterar el Reglamento, lo que quiero decir es que, como es habitual en esta Comisión, el señor Serrano debería haber dado sus explicaciones, pero las ha dado en el segundo
turno. Voy a agotar los tres minutos que me da la presidenta porque creo que van a ser suficientes.



De las explicaciones del señor Serrano deduzco que tiene buenas intenciones. No hay por qué dudar de las


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buenas intenciones de nadie, pero me parece patética la explicación que da sobre el papel que usted ya conocía. Dice S.S. que la palabra moratoria es un error. Pues bien, no lo es, cuadra perfectamente. Diga qué otra palabra habría que
poner aquí. Esto no es ningún error. Ustedes habían pactado con el Gobierno de Castilla-La Mancha esta moratoria y la querían establecer. Ha quedado muy claro que han desechado el Plan del Alto Guadiana diseñado por el Partido Popular sometido a
un período de información pública porque dice que había sesenta alegaciones. Todos los planes tienen alegaciones y el hecho de que se obvien no permite desechar un plan que se construyó con mucho trabajo, con mucho consenso y con conversaciones con
todos los sectores sociales de la zona. Entérese, señor Serrano. Ustedes lo desechan. Podemos admitirlo. Quieren hacer su política, pero nos encontramos con que lo han desechado y no tenemos nada a cambio salvo la alarma social de la zona porque
los problemas se han acrecentado con la sequía. Si no les parece bien este plan, tráiganos otro. Podemos aceptarlo, pero no nos trae nada. Nos dice que la participación social se ha incrementado, lo cual nos parece fenomenal.
¿Pero qué proponen
para solucionar problemas que reconocemos son de los mayores que existen en España y que vienen de antiguo? Aceptamos la importancia del problema, ¿pero qué soluciones aportan? La participación social es esencial, pero usted no ha aportado nada.
No ha dicho qué van a hacer. No ha dicho que van a hacer con los pozos irregulares, para no perjudicar a todo el entramado que hay en Castilla-La Mancha, para no perjudicar a las comunidades de regantes que tienen sus concesiones. ¿Por qué no
admiten la flexibilización del régimen concesional que teníamos pactada? ¿Por qué no admiten que haya compraventa de derechos de agua? Se había decidido y estaba pactado. ¿Por qué lo han desechado? ¿Qué proponen a cambio? No lo entendemos.
Termino, señora presidenta, que me está mirando.



Lamento que el portavoz del Grupo Socialista diga que no es función de esta diputada traer aquí una decisión del Gobierno. Me imagino que S.S.
quería decir otra cosa y que se ha equivocado en la expresión porque mi función es controlar las
decisiones del Gobierno en todos los convenios o pactos que haga con las comunidades autónomas. ¿Qué se ha creído, señor portavoz? ¿Cuál cree que es la función de la oposición? Díganosla.
Controlar al Gobierno y más cuando circula un papel en el
que se pide una moratoria que nosotros creemos que es una prevaricación. Apoyamos a las comunidades de regantes, a los propietarios de estos pozos irregulares con una situación que viene de antiguo y hay que buscar ya la solución.
El Partido
Popular en la disposición adicional tercera habló de la necesidad del Plan del Alto Guadiana y tardó dos años en elaborarlo, porque como usted y el representante de Castilla-La mancha han dicho es un problema muy complejo. Lo elaboró, pero ustedes
lo desechan, ¿por qué lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular? ¿por qué hay alegaciones? Han transcurrido dos años, ¿y qué nos trae usted? Nada. Deseamos que en su réplica nos explique qué aportan aparte de la participación pública que es
esencial, porque si seguimos con la sequía y sin Plan del Alto Guadiana, no entendemos para qué sirve el Ministerio de Medio Ambiente en estos momentos.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Es evidente que el grado de satisfacción de la información obtenida responde al interés de cada grupo, pero permítame que le diga que en ningún caso la Mesa ni su Presidencia la observan
ni la miran de ninguna manera que usted pueda interpretar negativamente, simplemente estamos al tanto de lo que aquí se debate tanto por usted como por el resto de los grupos. Vamos a facilitar tres minutos al portavoz del Grupo Socialista, tan
flexibles como los de la portavoz del Grupo Popular, y posteriormente cerrará el turno de intervenciones el secretario general, no sin antes recordar que todos tenemos una tendencia al olvido, porque aquí se ha aplicado estrictamente durante ocho
años, a quien habla por ejemplo, los diez minutos exactos sin ningún derecho posterior a consumir tres o más minutos de réplica.
Seamos comprensivos, porque la Mesa de Medio Ambiente -y yo no hago sino representarla en este momento- está
demostrando en estos dos años un ejercicio de flexibilidad para que todos ustedes puedan intervenir el mayor tiempo posible.



Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Me ajustaré a esos tres minutos para trasladar al Gobierno que el camino emprendido para la búsqueda de una solución en el Alto Guadiana es el adecuado. Proponen una solución del Alto Guadiana con la oposición de
todo el mundo y con la confrontación con el Gobierno de Castilla-La Mancha era un procedimiento absolutamente suicida. El Partido Popular amenazó con imponer un plan, pero, tan valiente con determinadas medidas, señora De Lara, si este Gobierno se
hubiera encontrado el real decreto aprobado y en vigor en el Boletín Oficial, con las medidas económicas en marcha, a lo mejor no habría tenido la oportunidad de reconsiderar el planteamiento. La realidad es que el Partido Popular no hizo nada más
que prometer, amenazar y no dar; esa fue su actuación.
Ahora estamos en el buen camino. Si la señora De Lara tuviera algún interés en esta materia, además de disfrutar ante los conflictos, podría haber consultado, igual que yo, los documentos que
ya figuran en la página web del ministerio y de la propia confederación, en donde se establecen unos documentos de trabajo que son fruto del consenso entre el Gobierno y el grupo técnico formado al efecto, se fijan una serie de directrices y el
calendario, se proponen medidas y se hace un inicio de evaluación de medidas de coste económico. En definitiva, señor Serrano, puede estar S.S. tranquilo porque el camino emprendido es el adecuado.



Quizá no me haya expresado bien, señora De Lara, lo que le decía era que S.S. puede criticar las medidas que


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toma este Gobierno, pero que estaba haciendo labor de portavoz trasladando aquí iniciativas que ya conocíamos. No sé si lo hace por motivos personales o representando a alguna organización profesional agraria interesada en el conflicto en
esta materia. Yo le invito a que, siguiendo con sus palabras, si usted está en contra de lo que ha acordado el Gobierno de España con el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo manifieste.
Si está en contra de las decisiones que se han tomado, que han
permitido reducir la conflictividad y que en una mesa de diálogo se aborden las soluciones definitivas, lo que tiene que hacer es decirlo. Si está en contra de lo que ha pactado el Gobierno de España con el de Castilla-La Mancha, debe decirlo
cuanto antes. Si aprovechando que estamos en el Congreso, acusa de prevaricación al Gobierno, lo que tiene que hacer, además de decirlo, es actuar en consecuencia. Si no, sería una responsabilidad más a las que nos tienen acostumbrados. Si hay
una prevaricación, vayan a donde tienen que ir, a denunciarlo. Ese no es el camino, yo creo que el camino es el diálogo y el consenso con todo el mundo, con el Gobierno, con las organizaciones profesionales agrarias, con los ecologistas, con los
ayuntamientos y con los usuarios del agua.
Ese es el camino en el que está el Gobierno, como ha explicado muy bien el secretario de Estado, y se encontrará solución adecuada a la problemática del Alto Guadiana. (La señora De Lara Carbó pide la
palabra.)


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora De Lara, ¿para qué desea hacer uso de la palabra?


La señora DE LARA CARBÓ: Para una réplica muy breve.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Lamentablemente no está establecido el segundo turno de réplica.



Seguimos con el orden del día. Tiene la palabra el señor Serrano para contestar a ambos grupos.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Quizá me he expresado mal, señora De Lara. S.S. dice que se ha desechado el plan. En absoluto. Cuando este Gobierno empezó a intervenir en la cuenca
del Guadiana se partió del plan y de las alegaciones. Hubo una reunión, partiendo del plan heredado y de esas alegaciones, con todos los que habían realizado alegaciones del plan. Se estudió el contenido de las mismas y se modificó el documento y
la información que había en función de los nuevos enfoques a los que he hecho referencia con anterioridad. A lo largo de ese proceso, la información, los trabajos técnicos y algunas de las propuestas -evidentemente, no todas- siguen estando
presentes en el borrador que se ha repartido nuevamente y en el que están participando todos los grupos sociales. Repito que no se ha desechado el plan, se sigue trabajando en el Plan especial del Alto Guadiana con el objetivo de que sea un
documento del máximo consenso entre todas las partes, y para eso se han formados las mesas a las que se hacía referencia.



Ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso, algo que es fundamental. El objetivo que tenemos es resolver una situación que, no más que en otras confederaciones hidrográficas, es conflictiva. El agua es un
elemento de conflicto territorial muy importante, pero estamos actuando por la vía que puede actuar el Gobierno, por la vía presupuestaria. SS.SS. tuvieron ocasión de aprobar, en diciembre del año pasado, 6 millones de euros, primera dotación
presupuestaria que ha tenido desde el 2001 el Plan especial del Alto Guadiana. Por primera vez hay una dotación presupuestaria para este plan.
Hemos puesto dinero para eso, que estamos utilizando, y también para hacer las inversiones que permitan
poner las bases de ese desarrollo rural sostenible, que será la solución que se puede producir en esa área.
Junto con el consenso social, pretendemos que sean las dos patas para solucionar un problema donde necesariamente tiene que estar
Agricultura -y está tanto el Ministerio de Agricultura, como la Consejería de Agricultura de la comunidad autónoma-, Medio Ambiente y el sector agua.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Una vez concluida su intervención, finaliza la sesión. Les doy las gracias a todos ustedes.



Era la una y veinte minutos de la tarde.