CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 472

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN

Sesión núm. 21

celebrada el martes, 14 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional (Pajín Iraola), para informar de la elaboración del Estatuto del cooperante. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000975.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, señora secretaria de Estado, vamos a comenzar la sesión para tramitar el orden del día. Comparece hoy la secretaria de Estado para informar del contenido del estatuto del cooperante. La Ley de 1998, de
Cooperación Internacional al Desarrollo, fue consensuada en esta Cámara y preveía como desarrollo legislativo el estatuto que hoy nos trae a esta sesión. Quiero agradecer especialmente a la secretaria de Estado esta comparecencia porque no es
preceptiva reglamentariamente y sin embargo, a petición propia, habiéndose puesto de acuerdo previamente los portavoces de los grupos parlamentarios, se ha ceñido a la fecha que SS.SS. tenían disponible.



Es muy importante la sesión de hoy, aun cuando el texto del estatuto esté todavía en elaboración, porque van a conocer de primera mano -y reitero mi agradecimiento- el borrador del texto que será el próximo estatuto del cooperante.



Sin más, tiene la palabra la señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional, doña Leire Pajín.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Pajín Iraola): Señorías, es para mí un placer volver a esta Comisión de Cooperación para tratar un tema tan importante como el que hoy nos ocupa.



En el mes de noviembre del año 2004, por unanimidad, en esta Comisión se instó al Gobierno a elaborar el estatuto del cooperante y a presentar un borrador antes de que acabara el año 2005. Con ese espíritu nos comprometimos a presentar un
borrador antes de que finalizara el año para ir trabajando con el objetivo de ahormar el mayor consenso posible en torno al mismo durante los trámites de su aprobación. Además, existen antecedentes parlamentarios durante la pasada legislatura,
también en esta, en los que siempre se ha buscado la aprobación definitiva de este estatuto. Es asimismo un compromiso que ya figuraba tanto en el programa electoral del Partido Socialista como en las líneas de gobierno que presenté durante mi
primera comparecencia en esta Comisión. Como saben SS.SS, desde hace más de siete años nuestro país dispone de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una ley consensuada, que entonces estableció la obligación de aprobar un
estatuto del cooperante.
Esta obligación se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una deuda histórica, una deuda no solo del Gobierno sino también de toda nuestra sociedad hacia aquellos ciudadanos y ciudadanas españoles que trabajan a
diario fuera de nuestro país entregando lo mejor de ellos mismos.



El trabajo que se ha desarrollado durante el año 2005 así como las propuestas y trabajos de la legislatura pasada han servido sin lugar a dudas para complementar la propuesta que hoy se presenta para escuchar a los diferentes grupos
parlamentarios y conformar así la propuesta definitiva que tendrá que aprobar lo antes posible el Consejo de Ministros. Del mismo modo quiero reconocer el trabajo y la colaboración que tanto la coordinadora de ONG como la asociación profesional de
cooperantes han tenido en las diferentes fases de elaboración de esta propuesta. Sus aportaciones han sido determinantes para poder lograr un proyecto de estatuto que, por un lado, responda al reto que teníamos y, por otro, que goce del respaldo de
los actores que conforman nuestro sistema de cooperación. Este compromiso de la configuración de la propuesta, como seguramente saben SS.SS., ha tenido lugar en los primeros días de este mes en los tres órganos consultivos que tiene prevista la Ley
de Cooperación para los asuntos de política de desarrollo. Es un compromiso que ha venido respaldado de manera unánime por los miembros del Consejo de cooperación donde se encuentran representantes de ONG, sindicatos, empresarios, universidades,
expertos, etcétera. Su trabajo y aportaciones hasta el último día están enriqueciendo y poniendo en valor el texto. Desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional queremos reconocer su entrega total y su disposición en todo el proceso.

Una conclusión que me gustaría compartir con SS.SS. es que en todo momento todos los miembros del Consejo de cooperación han entendido que este era un proyecto común y que tenemos que ser capaces entre todos de sacarlo adelante.



Quiero referirme también a la Comisión Interterritorial, donde se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, entidades locales, a través de la FEMP, y los fondos de cooperación. Del mismo modo el Consejo de cooperación ha
mostrado su colaboración y respaldo unánime a la iniciativa presentada. Cabe destacar la colaboración de todos, sin que haya existido color político y entendiendo que estábamos ante un proyecto común de todos. Asimismo quiero reconocer que las
comunidades autónomas y entidades locales han mostrado su disposición a participar en este modelo del estatuto del cooperante así como la voluntad de fortalecer un sistema compartido, coherente y corresponsable.



Señorías, me gustaría hablar ahora del contenido de esta propuesta con el fin de conocer sus opiniones y aportaciones. Hemos tratado en todo momento de que en el estatuto del cooperante estuvieran contenidos una serie de aspectos esenciales
de la labor de los cooperantes que la Ley de Cooperación señalaba, como son sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios que prestan y modalidades de previsión social. La responsabilidad como
Gobierno tras el tiempo transcurrido y la necesidad de disponer de un marco jurídico era, señorías, sencillamente inaplazable. El Gobierno no solo pretende dar cumplimiento al mandato legal, que lógicamente es una de las razones principales del
trabajo que se ha desarrollado en el último año, sino que pretende ir más allá tanto en el contenido y alcance del estatuto, como


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explicaré ahora, como en la constitución de un proceso plenamente participativo involucrando a todos y haciendo suyo el proceso y el propio estatuto del cooperante que finalmente se apruebe.



Queremos apoyar desde el Gobierno el trabajo de nuestros y nuestras cooperantes, que, como sabemos todos, se realiza en lugares y condiciones en muchos casos difíciles y de notable dureza -deficientes condiciones sanitarias, enfermedades
endémicas, conflictos bélicos abiertos o de baja intensidad, etcétera-, que pueden suponer situaciones de riesgo para su salud y en no pocas ocasiones incluso para su integridad física. Un segundo elemento es que el Gobierno considera
imprescindible el trabajo de nuestros y nuestras cooperantes, ya que su labor es una de las mejores maneras de difundir en el exterior uno de los aspectos más positivos de la proyección internacional de la sociedad civil, de las órdenes religiosas y
de las instituciones públicas españolas: la solidaridad internacional. Cada uno de ellos y de ellas son los mejores embajadores y embajadoras de nuestra solidaridad. Son, si quieren, de algún modo, las últimas terminales sensibles de nuestro
sistema de cooperación.



Un tercer elemento fundamental para la nueva política de cooperación de nuestro país es que las responsabilidades que desarrollan los cooperantes son un elemento estratégico a la hora de avanzar hacia una cooperación de calidad. Por ello,
en el Gobierno estamos convencidos de que la calidad y la eficacia de la cooperación internacional pasa entre otras muchas cuestiones por dignificar las condiciones en las que desarrollan su trabajo nuestros cooperantes, una dignificación que
requiere reunir esfuerzos entre todos para la mejora de sus condiciones. Lograrlo pasa por la creación de un marco jurídico favorable para quienes participan en la ejecución de los proyectos de cooperación. Es una dignificación que nos afecta a
todos, no solo al Gobierno central, también a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a las propias entidades promotoras de la cooperación internacional para el desarrollo definidas en este estatuto. Sin duda, esta es la idea central
que desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional hemos querido no solo transmitir, sino también que todos los actores involucrados hicieran suya. Como decía antes, ese modelo de estatuto quiere cumplir, después de siete años, con la
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y aborda este cumplimiento desde tres grandes bloques: en primer lugar, la incidencia del trabajo que van a realizar como cooperantes sobre su relación jurídica de prestación de servicios, ya sea
laboral o administrativa; en segundo lugar, los derechos y deberes específicos que les corresponden como cooperantes y, en tercer lugar, la creación de una dotación financiera para el aseguramiento colectivo de los cooperantes con la que la Agencia
Española de Cooperación contribuiría a la suscripción de un seguro colectivo para todos los cooperantes acreditados como tales.



Quiero destacar en primer término los artículos 5 y 6, en los que se introduce como elemento novedoso la obligatoriedad de suscribir un acuerdo complementario de destino, instrumento jurídico y documental dirigido a proporcionar una mayor
seguridad jurídica al cooperante al recoger un catálogo de derechos que le deberán ser reconocidos y que serán de obligado cumplimiento para su empleador. A esto hemos añadido la exigencia de forma escrita para el contrato de trabajo, incluyendo un
acuerdo complementario como elemento derivado de las previsiones del Estatuto de los Trabajadores y que constituye una garantía adicional para el propio cooperante. En segundo término cabría destacar tres elementos importantes en la vida de un
cooperante: en primer lugar las incompatibilidades; en segundo lugar, las situaciones de excedencia y, en tercer lugar, la validación del trabajo realizado. Respecto a las incompatibilidades de los cooperantes, en esta propuesta se consideran
aquellas que se derivan precisamente de su específica labor como cooperantes, no las que se pudieran derivar, en su caso, de su eventual condición de funcionario público, para lo que habrá que estarse a la legislación correspondiente. Se busca
evitar una implicación de los cooperantes en temas ajenos a los proyectos de cooperación o en actividades perjudiciales para el medio ambiente o la salud de las personas; se busca evitar también que los cooperantes puedan actuar como agentes de
gobiernos o administraciones locales o asociarse a intereses de empresas o compañías con ánimo de lucro de cualquier naturaleza. En lo que se refiere a las excedencias y dentro de los marcos de las diferentes legislaciones vigentes, hemos querido
plasmar y reconocer el diferente menú de opciones que existe para aquellos que trabajan o desean trabajar como cooperantes, bien si trabajan en una entidad de cooperación, en la sede central y deciden salir al terreno, bien si son funcionarios de la
Administración pública o si se trata de una relación laboral. Considero que el propio artículo es bastante claro en este sentido, un artículo que se ha ido ajustando a nuestra propia legislación a medida que íbamos avanzando en los diferentes
trámites de participación. También hemos logrado un avance importante con el artículo 9, que se refiere a la certificación de las labores realizadas; es un elemento importante a la hora de facilitar la reincorporación al mercado laboral de
nuestros y nuestras cooperantes. En línea con la filosofía que impregna esta propuesta, la Agencia Española de Cooperación asume el compromiso de refrendar esta validación para dotarla de un carácter público y no exclusivamente privado. Los
cooperantes se encuentran en ocasiones con grandes dificultades cuando regresan a nuestro país después de haber pasado varios años en el terreno. Por ello, en este ámbito, hemos querido reforzar la cuestión de la reinserción laboral a través de la
disposición adicional tercera, que determina que la inscripción como desempleados en los servicios públicos de empleo de los cooperantes, una vez que retornen a España después de ejercer sus labores de cooperación, garantizará la aplicación


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de las políticas activas de empleo a los cooperantes.



Un segundo bloque es el que se refiere a los derechos y deberes de los cooperantes. Entre los derechos cabría destacar los siguientes: primero, el derecho a recibir no solo formación adecuada, sino, además, información sobre aspectos
determinantes de su trabajo y de su lugar de destino; segundo, el derecho a recibir una compensación para afrontar los gastos específicos del traslado al extranjero; tercero, el derecho a una retribución complementaria, que opera como un salario
digno, que garantice unas condiciones de vida lo más adecuadas posibles en el país en el que desarrollan su trabajo y, cuarto, derecho a que el tiempo de trabajo como cooperante pueda ser computado como mérito a valorar en los concursos de acceso al
empleo en el sector público, de acuerdo con lo que se disponga en las convocatorias correspondientes. Es quizás en el capítulo de los derechos donde desde el Gobierno pretendemos poner más énfasis. Nuestros cooperantes cotizan a la Seguridad
Social y cumplen fiscalmente como cualquier otro trabajador. Sin embargo, esta realidad se choca a diario con otra que es que la gran mayoría de los países donde desarrollan su trabajo no hay convenio con la Seguridad Social o no hay un sistema
público sanitario de garantías suficientes, lo que lleva a que cada cooperante y su organización deban contratar seguros privados caros y, en ocasiones, de bajo nivel. Sin duda, este es el elemento fundamental de esta propuesta y aparece en los
artículos 1.2 y 38.2 de la Ley de Cooperación; son los ejes en los que, junto a una voluntad política clara y decidida, proponemos un modelo en el que se refleje la corresponsabilidad que tenemos hacia nuestros cooperantes. Es un modelo de
corresponsabilidad que tiene diferentes argumentos, pero uno prima sobre el resto: la cooperación internacional para el desarrollo forma parte de la acción exterior del Estado.



Este modelo que hoy compartimos pretende la importante novedad de una contribución financiera para el aseguramiento colectivo de los cooperantes, compatible con cualquier otro mecanismo de previsión del que puedan disfrutar hoy en día los
cooperantes. Este es un apartado que hemos ido ajustando en su redacción jurídica en el proceso participativo, con el fin de poder aplicarlo cuanto antes, con el fin de poder aplicar la garantía en cuanto el estatuto esté aprobado. Hablamos de una
vía de aseguramiento colectivo que resulte eficiente y de calidad.
Contrataríamos un seguro colectivo para todos los cooperantes acreditados como tales y cuyas entidades deseen adherirse al mismo; de lo contrario tendrán la obligación de contratar
ellos mismos uno que cubra los riesgos contemplados en el artículo 10.1.e. De este modo pretendemos garantizar que los cooperantes tendrán un seguro que cubra los riesgos contemplados en esta propuesta. Se trata de un seguro colectivo que sería
sufragado, en la parte que le corresponda, con fondos de la Agencia Española de Cooperación y al que también podrán adherirse, como ya lo han manifestado, comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades promotoras de cooperación. Así
evitaremos la dispersión de múltiples seguros suscritos por cada una de las organizaciones no gubernamentales, buscándose, por un lado, el abaratamiento de los costes y, por otro, mejorandose sustancialmente la calidad del mismo. La realidad a día
de hoy, señorías, es de múltiples modelos de seguros, con diversas coberturas y de elevado coste y que impiden que puedan conseguir mejores coberturas. Este Gobierno y la cooperación española pretenden dar reconocimiento y apoyar en todos los
ámbitos el trabajo de nuestros cooperantes, un reconocimiento que tiene como base la corresponsabilidad que este Gobierno ha decidido asumir y que responde a la prioridad que este Gobierno está concediendo a la cooperación al desarrollo desde el
primer día.



Por lo que se refiere a las obligaciones, se impone a los cooperantes el deber formal de inscripción en el consulado de España que geográficamente corresponda, lo que se justifica por razones obvias de seguridad. Además, se recuerda el
inexcusable deber de cumplir con la legalidad vigente de destino y con las exigencias que impone el respeto a los derechos humanos y las restantes obligaciones del derecho internacional. Del mismo modo, las entidades deberán depositar copia de los
contratos y acuerdos complementarios en el registro de la Agencia Española de Cooperación, lo que nos permitirá conocer mejor cuántos cooperantes españoles se encuentran trabajando en el mundo.



Para terminar, quiero destacar dos elementos que el Gobierno ha querido introducir en esta propuesta de estatuto del cooperante: por un lado, los cooperantes miembros de órdenes religiosas -disposición adicional quinta- y, por otro lado,
que a los derechos que en este estatuto quedan establecidos se añaden aquellos que les corresponderán en el marco del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior -artículo 10.1- que el Gobierno presentó hace poco y que tendrá que pasar su
trámite definitivo. Como saben SS.SS., las órdenes religiosas se regulan por su propia normativa interna y así queda delimitado en este estatuto. En concreto, como dice la disposición adicional quinta, los cooperantes dependientes de la
Confederación Episcopal, diócesis, órdenes, congregaciones y otras instituciones religiosas se regirán por su propia normativa y, en materia de Seguridad Social, por el convenio especial de la Seguridad Social, modificado para su beneficio por la
Orden TAS/819/2004. Estamos estudiando también la posibilidad de arbitrar los mecanismos necesarios para que estos cooperantes puedan beneficiarse de algunos aspectos de este estatuto cuando ejecuten proyectos de cooperación financiados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional. Así hemos intentado reconocer la labor que también las órdenes religiosas realizan en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
En lo que al estatuto de ciudadanos españoles en el exterior se
refiere, el estatuto del cooperante constituye una garantía más para que nuestros cooperantes puedan verse beneficiados


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de una iniciativa más amplia que pretende proteger y reconocer los derechos y deberes de todos aquellos ciudadanos españoles que por diferentes causas residen o trabajan fuera de nuestro país.



Como conclusión quiero decir que hemos pretendido, en primer lugar, dar cumplimiento a la ley, ya que el estatuto del cooperante era el único elemento sin desarrollar de nuestra Ley de Cooperación y, en segundo lugar, ser coherentes con la
prioridad que este Gobierno ha concedido a la cooperación al desarrollo desde el primer día. Siendo sus cooperantes protagonistas de una parte tan importante de la acción exterior del Estado, no podían seguir siendo ignorados por sus responsables
políticos.
Ahora, señorías, nos toca cumplir con nuestra responsabilidad. Hace un año SS.SS. instaron al Gobierno a presentar un borrador que respondiera a las demandas y que buscara el mayor acuerdo político y social posible.
Con ese espíritu
hemos cumplido nuestro compromiso, presentando un proyecto que fuera modificándose y enriqueciéndose con las aportaciones de todos. Lo hicimos con las ONG y las asociaciones de cooperantes, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con
los sindicatos, con los empresarios, con las universidades; hoy lo hacemos con ustedes, tal y como me comprometí, para escuchar sus opiniones e incorporar sus posiciones antes de la conformación definitiva, el dictamen y la aprobación por parte del
Gobierno, que pretendemos culmine en las próximas semanas, tras los trámites pertinentes y definitivos. Con ello pretendo responder también a una demanda que me han hecho en numerosas ocasiones, escuchar a los grupos parlamentarios antes de aprobar
definitivamente el texto del estatuto del cooperante.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.



En primer lugar, van a hacer uso de la palabra los portavoces. Se ha solicitado a la Mesa que comenzara el Grupo de Convergència i Unió, ya que tiene que intervenir con rapidez en otra Comisión. ¿Los portavoces del resto de los grupos
están de acuerdo? (Asentimiento.) Por asentimiento, empezará el portavoz del Grupo Convergència i Unió, señor Campuzano, que tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora Pajín, por su comparecencia.



Efectivamente, hoy se informa a esta Comisión sobre el estado de desarrollo del borrador del estatuto del cooperante. Es por tanto un trámite de información a esta Comisión sobre esta iniciativa que el Gobierno viene impulsando desde hace
unos cuantos meses, iniciativa que, como usted recordaba, responde a un mandato de la Ley de Cooperación al Desarrollo que se había incumplido sistemáticamente en los últimos años y que además había sido objeto de diversas iniciativas de este
Parlamento, no solo de la proposición no de ley aprobada en esta legislatura; también de anteriores iniciativas. Nos alegramos de que el Gobierno haya puesto manos a la obra para que en esta legislatura tengamos por fin el estatuto del cooperante.



En toda esta cuestión existe un elemento de fuero importante, que es si este estatuto del cooperante debería haberse articulado como proyecto de ley. Es más, en la moción aprobada en la pasada legislatura con el voto de la mayoría de los
grupos de la Cámara, se decía que fuese una norma con rango de ley. ¿Qué justificaba aquella petición? Que una normativa con rango de ley tiene mayor visibilidad política; que determinadas cuestiones que debíamos abordar y que afectaban a los
cooperantes no se podían resolver con una normativa de rango inferior y, finalmente, que era un mecanismo que garantizaba una efectiva participación de los grupos parlamentarios en su elaboración. Esas cuestiones eran evidentes para Convergència i
Unió en la pasada legislatura y lo continúan siendo en esta.



Mi grupo hubiese preferido que fuera un proyecto de ley, para que los grupos parlamentarios lo pudiéramos enmendar si fuese el caso, que resolviera cuestiones que solo se pueden resolver por vía de ley y que nos permitiera tener la visión de
una cuestión como el estatuto de los cooperantes que ello nos permite. El Gobierno ha optado por una normativa de rango inferior y mi grupo no va a hacer de eso una cuestión fundamental para posicionarse en relación con esta cuestión. La
complejidad de esta materia, la urgencia del Gobierno para dar cumplimiento a un mandato legal que se había incumplido sistemáticamente durante estos años y el acuerdo de buena parte del sector de la cooperación al desarrollo de que la normativa
tuviese ese rango hacen que mi grupo acepte esa decisión que ha tomado el Gobierno. Sin embargo, estamos convencidos de que más pronto o más tarde habrá que elevar esa categoría del estatuto del cooperante de real decreto a ley, si de verdad
queremos resolver algunas de las cuestiones planteadas. Ahora bien, entendemos las razones que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión.
Además hemos tenido ocasión de mantener algunas conversaciones informales con el Gobierno en relación con
el contenido del estatuto del cooperante y, en la medida en que algunas de las cuestiones que nos preocupan se han ido incorporando, desde un punto de vista posibilista y pragmático, consideramos que se da un paso hacia delante en la buena
dirección, sobre todo partiendo del hecho de que hace un montón de años que tenemos pendiente su desarrollo.



Hay algunos temas sin embargo que mi grupo le quiere comentar porque conforman una preocupación que va en la siguiente dirección: si de verdad queremos dar respuestas a las necesidades de los cooperantes, junto con este estatuto del
cooperante habrá que desarrollar otras políticas de apoyo a las organizaciones no gubernamentales y a las personas que trabajan de cooperantes o que ejercen como voluntarios. Necesitamos no solo un estatuto del cooperante, sino una política de
apoyo a las entidades de cooperación al desarrollo y de ayuda monetaria


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en una serie de ámbitos. El borrador de estatuto que mi grupo maneja lógicamente no incorpora medidas en el ámbito de la fiscalidad. Buena parte de los problemas del sector tienen que ver con el marco fiscal en el que operan estas
organizaciones. Mi grupo previsiblemente en la próxima reforma fiscal que va a plantear al Gobierno trasladará algunas mejoras en el trato de determinadas cuestiones que afectan a las personas que trabajan como cooperantes. Cuestiones como las
exenciones en materia de dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia o las gratificaciones extraordinarias que se deben satisfacer por parte de las organizaciones que participan en misiones
humanitarias son una serie de previsiones que nuestra legislación en materia de impuesto sobre la renta de las personas físicas contempla con relación a otros profesionales y sin embargo no lo hace de manera específica en el caso de los cooperantes.
Habrá que estudiar esta cuestión. Por otra parte, se viene arrastrando un problema que afecta especialmente a este mundo y es el vigente cuadro de enfermedades profesionales del sistema de la Seguridad Social. En la proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) registró al inicio de esta legislatura se instaba al Gobierno a la aprobación de un nuevo cuadro de enfermedades profesionales que recogiese aquellas que específicamente pueden afectar a los cooperantes en
el desarrollo de su actividad y que el vigente cuadro no recoge.



Quiero hacer también referencia a aspectos vinculados a la formación de los cooperantes. En la proposición de ley que mi grupo presentó al inicio de la legislatura se efectuaba un mandato a la Agencia Española de Cooperación Internacional
en el sentido de que dicha agencia contemplase un programa de becas y ayudas para prácticas así como cursos de formación para los cooperantes. Asimismo la proposición recogía que la agencia podría contar con el apoyo de otros organismos, entidades,
instituciones y empresas de carácter público o privada. Esta formación también es una demanda de los profesionales y de las organizaciones que trabajan en este ámbito. Algunas entidades, especialmente las que trabajan en el ámbito de la ayuda
humanitaria y de emergencia, han planteado en relación con el borrador del estatuto que hay que ser capaces de introducir aquellos elementos de flexibilidad que se adapten a este tipo de organizaciones que no desarrollan estrictamente proyectos de
cooperación al desarrollo, sino que están presentes en situaciones puntuales relacionadas con emergencias de carácter humanitario. Una normativa excesivamente rígida, que no dé respuesta a las necesidades de estas organizaciones, haría que
seguramente quien hoy moviliza más españoles en el exterior -en un sentido amplio- en el campo de la cooperación al desarrollo no se pudiese beneficiar de esta normativa. Por tanto, flexibilidad en la normativa y sobre todo flexibilidad en su
aplicación. Esto también es importante.



Otro aspecto destacable es que para mi grupo -y hemos tenido ocasión de intercambiar opiniones con el equipo de la señora Pajín- es importante que el régimen de indemnizaciones previsto en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, que
establecía un régimen para que ciudadanos del Estado español que participan en operaciones internacionales de paz y de seguridad viesen cubierta su situación en este tipo de actividades, efectivamente se aplique a cooperantes y a misioneros. Cuando
se aprobó ese real decreto se hizo una amplísima lista de personas beneficiarias de ese régimen de indemnizaciones, ciudadanos del Estado español muertos en diversas partes del mundo desde mediados de los años ochenta hasta hace muy poco; se
incluían diplomáticos, militares, policías y periodistas, pero no aparecían cooperantes ni misioneros. En esta Comisión de Cooperación al Desarrollo aprobamos una proposición no de ley presentada por mi grupo que instaba el Gobierno a que en el
marco de este estatuto del cooperante se elaborase también una lista de cooperantes y misioneros que pudieran beneficiarse de ese régimen de indemnizaciones que se contemplaba en el citado real decreto-ley. Nos parece de justicia. En el borrador
con el que mi grupo ha trabajado hay una disposción adicional segunda que establece la aplicación de ese régimen de indemnizaciones; se precisa la forma en que para misioneros y cooperantes se va a aplicar ese régimen, pero es absolutamente
necesario que se apruebe una nueva lista de beneficiarios del régimen de indemnizaciones que afecte a cooperantes y misioneros. Nos parece grave que en su día el real decreto-ley no contemplase este aspecto y, en cumplimiento de ese mandato del
Parlamento, bien en el propio texto del real decreto-ley, bien a través de una norma paralela, se debería aprobar este listado de personas para que, en ejercicio de su actividad como cooperante o como misionero, se pudiesen beneficiar del citado
régimen de indemnizaciones.



Finalmente vemos que, en la disposición adicional quinta de la última versión que S.S. maneja, se incorporan las cuestiones referentes a las personas que trabajan como voluntarios de cooperación en el marco de la iglesia. A mi grupo le
parece oportuno que se haya hecho esa mención, porque, como usted sabe, nos preocupaba que en los primeros borradores no figurase dicha mención específica. En todo caso, a mi grupo le gustaría que, una vez que hayan terminado todo el proceso de
discusión, volviese a comparecer usted ante esta Comisión para dar cuenta del texto que finalmente se vaya a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Aceptamos que, entiendo que por pragmatismo, ustedes hayan optado por este rango jurídico de
decreto y no de proyecto de ley, pero precisamente para dar al Parlamento la máxima capacidad de conocimiento de esta iniciativa una vez terminado el proceso de elaboración de la normativa sería necesaria una segunda comparecencia suya en esta
Comisión.



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La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias a la secretaria de Estado por su comparecencia así como por las explicaciones que nos ha dado, y permítame que, para comenzar, la felicite por haber afrontado una labor que se estaba retrasando en demasía.
Había sido demandada si no por la totalidad de los grupos parlamentarios, sí por la inmensa mayoría y llevaba un retraso evidente, muy grande, con respecto al mandato legal.



Por algunos comentarios que ha hecho de la versión final, entendemos que es una versión bastante aproximada del texto que se pase a la aprobación del Consejo de Ministros. En general quiero trasmitirle la opinión favorable y optimista de mi
grupo sobre lo que se nos traslada; sin embargo me gustaría hacer algunas aportaciones que desearía que entendiera como tales, ante la posibilidad de que, a la hora de abordar la normativa, algunos aspectos pudieran ser retocados. Me veo obligado
también a insistir en una cuestión a la que Carles Campuzano ha hecho referencia, el referido al rango de ley. No porque haya un prurito especial por parte de mi grupo para que esto pase por el Congreso y por el Senado, sino porque nos parece que
algunas cosas del texto que se nos da a conocer pudieran tener un mejor encaje a través del rango legal. No sé si será posible, no voy a poner la mano en el fuego, pero a través de una norma sin rango de ley no sé si hay un encaje en el
ordenamiento jurídico adecuado en cuanto, por ejemplo, al punto de reincorporación al puesto en entidades privadas. Tampoco se regula absolutamente nada sobre el tiempo que ha de llevar el trabajador en ese puesto de trabajo para que pueda acceder
a una excedencia voluntaria, que es como se califica, al menos en el texto que tengo, a esa situación a la que pasaría ese trabajador. Para acceder a este derecho se necesita normalmente un tiempo de desarrollo de ese trabajo. Otro asunto evidente
es el fiscal, que se tiene que hacer por ley y que no se ha podido abordar en la normativa que se nos presenta.



Por no mencionar otros aspectos que se han comentado por el grupo anterior, quería decirle que del texto se deduce que hay obligaciones y condicionantes hacia las administraciones autonómicas y hacia las administraciones locales. De las
resoluciones del debate sobre el estado de la nación del año pasado, queremos recordar una, que se aprobó, que decía que la normativa básica debería ser regulada exclusivamente por ley; se podía buscar alguna excepción, aunque creo que no es el
caso.
Algunos de los aspectos que aparecen en este texto me da la sensación de que se quieren considerar básicos y de obligatorio cumplimiento para todas las administraciones. A nosotros nos parece que lo lógico y lo adecuado, si es que eso es lo
que se pretende, es que tuviera rango de ley, pero por otra parte todos asumimos que el sistema existente en el Estado de cooperación al desarrollo es un sistema descentralizado. No solo es el Estado el que hace cooperación al desarrollo; están
también las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera. Pensamos que el texto podía haber enfocado, y todavía quizá estemos a tiempo, desde un punto de vista más de cooperación entre las administraciones algunos de los elementos que se
abordan. Por ejemplo, ese certificado de tareas realizadas, de los trabajos realizados, etcétera, a una persona que ya ha cumplimentado su trabajo como cooperante se le asigna única y exclusivamente a la AECI, cuando también podrían ser las
administraciones autonómicas unos agentes colaboradores.



Hay otros condicionantes, luego hablaré de ello, como la presentación del contrato. Hay aspectos como el artículo 11 c) que contempla como deber y no como derecho la obligación de notificar o presentarse a la OTC correspondiente. Podemos
entender perfectamente la obligación del registro en la embajada o consulado correspondiente, es algo que conviene a cualquier persona, pero me parece que tal y como se contempla como parte de la acción exterior del Estado nos parece un requisito
perfecto.
Pero lo que no vemos si tendría que ser configurado como deber o como derecho es esa obligación de presentarse ante la OTC correspondiente. Nos parece también un poco rígido que, a fin de ser considerada entidad promotora de cooperación,
esa entidad tenga que estar necesariamente inscrita en el registro de la AECI, según el real decreto 993/1999.
Podría haber algunas entidades que están realizando esa labor que puedan estar en otros registros y no en el de la AECI. Probablemente
sean excepciones, pero hay algún caso. En cuanto a la obligación de la presentación de la copia simple del contrato en la AECI, podemos entender, en la medida en que se suscriba el seguro, que va a ser la agencia quien lo facilite, que al final
ponga esas cantidades a disposición del bienestar de los cooperantes. Hasta cierto punto es entendible, pero también ahí podrían participar otras administraciones y podría regularse de manera más coordinada, porque nos da la sensación de que es una
fórmula indirecta -quizá no sea así, quizá mi grupo sea demasiado suspicaz en esto- de control de la acción de comunidades autónomas y administraciones locales. Como no hemos conseguido saber cómo es el mapa, vamos a tener el mapa y luego ya
veremos cómo podemos incidir. Probablemente no, uno a veces es demasiado mal pensado, pero da esa sensación. Podríamos buscar fórmulas de colaboración en este ámbito con las administraciones autonómicas. Sea cual sea la fórmula que adopte al
final el Gobierno, nosotros aplaudimos la iniciativa, es un paso importante. Sea cual sea la fórmula, será un paso que ya está dado y un avance, pero quizás se podrían cubrir algunos aspectos que no pueden ser contemplados y algunos que se duda que
puedan serlo, mejor que a través de una norma de rango reglamentario, a través de rango de ley. También el sistema de cooperación descentralizada podría verse reflejado, insisto, si vamos a someter algunas materias de carácter básico, como
corresponde, a normas con rango de ley.



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Voy a ausentarme un momento para ir a la Comisión de Cultura, pero volveré para escuchar la contestación de la secretaria de Estado.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra por Esquerra Republicana el señor Ramón Torres.



El señor RAMÓN TORRES: Agradecemos a la secretaria de Estado su visita a esta casa y su comparecencia. En primer lugar quiero hacer constar que valoro de forma muy positiva que se presente el estatuto del cooperante.
Los demás portavoces
ya se han referido a su necesidad y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Gobierno y a la secretaria de Estado por afrontar este estatuto tan necesario. Es positivo sobre todo porque el Gobierno, ya lo han comentado los otros
portavoces, cumple la obligación que establece la Ley del Cooperante de 1998 elaborando este estatuto. Es una condición o una obligación que tenían anteriores gobiernos y que no habían afrontado. La primera valoración positiva sería esta, que
hemos cumplido la ley y que una ley en la que faltaba este estatuto acabará siendo mucho más amplia. Un segundo punto positivo es la amplitud en el ámbito de aplicación del estatuto del cooperante, sobre todo en lo que hace a la definición de las
personas y de las entidades de cooperación internacional o acción humanitaria por las cuales van a trabajar los cooperantes. Esa definición es acertada porque enmarca muy claramente a quien nos estamos refiriendo. Los diversos derechos que se
reconocen -la formación, un seguro con relación a los riesgos y contingencias, reserva del lugar de trabajo para cuando se regresa- dan cobertura y amparo al cooperante, es también superbeneficioso en este estatuto y es otro punto que destacamos.
Más adelante ya diré cuáles son los derechos que nosotros entendemos que también tenían que estar más condicionados. Solo el hecho de que se les reconozcan una serie de derechos, sobre todo el de la formación, el de la reserva de trabajo, es algo
muy positivo y que ampara mucho a la gente que se está dedicando a cooperación. Nuestro grupo entiende que también es muy positivo -y le agradece la tarea que ha hecho- el hecho de que el decreto permita que se aplique a los cooperantes el régimen
de indemnización previsto en el Real Decreto-ley 8/2004 a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.



Los demás portavoces se han referido también a la necesidad de haberse tramitado como proyecto de ley para que, al amparo legal, los grupos parlamentarios hubiéramos podido ampliar la participación. Quiero agradecer la apertura que ha
tenido la Secretaría de Estado al relacionarse con las ONG y las comunidades autónomas, así como su voluntad de que los grupos parlamentarios pudiéramos presentar reformas a lo que no viéramos claro; y esta comparecencia va un poco en ese sentido.

Yo también hubiera preferido que se tramitara como proyecto de ley porque la participación hubiera sido mucho más amplia. Le agradecería que con lo que hoy salga de aquí y con las aportaciones de las comunidades autónomas saliera un estatuto del
cooperante obra de todos, que al final será lo más beneficioso. Para intentar aportar nuestro grano de arena le voy a hacer unas sugerencias para que usted nos diga, aunque no sea hoy, si es voluntad suya incorporarlas y en el futuro seguir
avanzando.



Como decía el señor Esteban, por cuestiones competenciales y también por el principio de proximidad al ciudadano, entendemos que la Administración local y autonómica, que son competentes en materia de cooperación al desarrollo, podrían
funcionar como registro de la documentación que se tiene que entregar a la AECI en lo que hace referencia a la copia del contrato de trabajo, al certificado de trabajo y a las tareas llevadas a cabo por el cooperante. Como digo, creo que las
comunidades autónomas y los entes locales competentes podrían hacer esa tarea y por eso le trasladamos esta necesidad.



En relación con los derechos de los cooperantes, se podrían incorporar algunos que no están en el estatuto. Le voy a remarcar los que creemos que no quedan plasmados en este estatuto y que para nosotros son importantes. En principio
entendemos que se tendría que incluir el derecho a los gastos de traslado, del viaje, y también los gastos de los dependientes de los cooperantes, derecho que no está en el estatuto y que nos gustaría que se incorporase. También se debería valorar
la inclusión del derecho del cooperante a una retribución suplementaria en función de las condiciones de seguridad del país, ya que no es lo mismo en según qué país se vaya a ser cooperante. Se debería incluir una referencia específica en relación
con los permisos y retribuciones en caso de nacimiento o de adopción de un hijo del cooperante. Sería justo también que se valorara la inclusión del derecho de un permiso periódico anual del regreso a casa del cooperante. Se debería hacer
referencia a la legislación sobre tributación aplicable a los cooperantes, a lo que ya se ha referido algún portavoz anterior, pues esta situación no queda clara.
A lo mejor habría que modificar algún tema fiscal a posteriori para incluir a los
cooperantes. Como digo, nos parece que hubiera sido positivo marcar la legislación sobre tributación aplicable a los cooperantes. Entendemos que es importante que se haga referencia a estos cinco derechos en el estatuto y por eso los he expuesto
esta mañana.



Aparte de las dos peticiones que le he hecho en referencia a los derechos y a la proximidad de la Administración al ciudadano, nos gustaría que nos clarificara un par de cosas. En primer lugar, en la definición del cooperante hay un
requisito, entre otros, que es el de trabajar en un país que sea beneficiario de la ayuda al desarrollo o en el que haya una emergencia. ¿Se refiere a países que sean receptores o susceptibles de ser receptores de ayuda oficial al desarrollo?
¿Tienen que ser países con ayuda oficial o el sentido es más amplio? La segunda consideración, en referencia a ésta, es si se podría considerar


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a los expertos nacionales destacados como cooperantes. Si la contestación a esa pregunta es afirmativa, de acuerdo con la definición anterior de cooperantes, ¿entrarían en esa categoría de cooperantes los que estuvieran trabajando en
organizaciones como Naciones Unidas en Nueva York o Ginebra? ¿Se les va a considerar cooperantes? Por su gesto veo que no. Si usted quiere entrar en la discusión luego hablamos un poco más.
Entendemos que se debería revisar cómo quedan los
derechos de los voluntarios en relación con los derechos de los cooperantes para evitar que haya un decalaje importante entre estas dos figuras. Es decir que no haya unos derechos establecidos para los cooperantes y que los voluntarios estén fuera
de su amparo. Nuestro grupo cree que revisar los derechos de los voluntarios sería positivo.



Como le decía al principio, le agradecemos desde nuestro grupo la iniciativa de llevar hacia delante este estatuto. Entendemos que era obligado pero le reconocemos que su Secretaría de Estado lo haya llevado a cabo, lo cual anteriores
gobiernos no habían hecho. Me gustaría que hiciera referencia a lo que le he comentado y también que, como decía algún portavoz, si no en una comparecencia pudiéramos comentar, si se va definiendo, el redactado final. Espero también que no se
cierren las aportaciones que hacemos desde las comunidades. Sé que la Agència Catalana de Cooperació ha estado en contacto con ustedes y me gustaría que las reflexiones que le han hecho desde la Comunidad Autónoma de Cataluña, también nación, se
tengan en cuenta.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles Orozco.



El señor ROBLES OROZCO: Quiero dar la bienvenida a la secretaria de Estado y agradecerle su comparecencia para explicarnos el decreto que tiene en marcha el Gobierno. Es de agradecer que el Gobierno tome la iniciativa de venir a informar
sobre un trámite que podría realizar en solitario, porque no es preceptivo que tenga que venir a esta Cámara. Dicho así parecería que es un gesto condescendiente del Gobierno con esta Cámara, pero puede hacerse otra lectura, que es la que yo hago:
la de los incumplimientos del Gobierno para los mandatos de esta Cámara. Existe una moción, presentada en el año 2002, apoyada por todos los grupos de esta Cámara y, más reciente todavía, la presentación de una enmienda a una proposición no de ley,
en el año 2004, en la que todos los grupos de la Cámara acuerdan que el desarrollo de la regulación del estatuto del cooperante tenga rango de ley. Se acordó así, y me ahorro tener que repetir los argumentos porque lo han explicado los grupos. No
es un capricho, no es que hubiera permitido un mejor debate parlamentario, un proceso reglado para que los grupos hubiéramos incorporado en la tramitación parlamentaria lo que ahora se nos está pidiendo, pero por lo que han explicado otros
portavoces, que es nuestra preocupación, a través de la regulación que se quiere hacer de la figura del estatuto del cooperante se tendrían que modificar otras leyes, específicamente las relacionadas con la fiscalidad y los contratos laborales, que
difícilmente van a poder ser abordadas desde un decreto-ley. Una ley puede modificar otra, pero un decreto no va a poder realizar, con la profundidad que sería necesaria, toda la regulación que deben acompañar los derechos y las obligaciones de los
cooperantes. No es un argumento de poco calado el hecho de que sea un decreto o una ley; es que el rango cambia sustancialmente las posibilidades que nos da este instrumento, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula y sabrá porqué. Es verdad
que la ley no obliga a que sea desarrollado por una ley y también es verdad que es facultad del Gobierno hacerlo, pero también es verdad que existía un compromiso muy reciente, en esta misma legislatura, por no hablar de la anterior, de que iba a
ser tramitado. Así lo dijo el Grupo Parlamentario Socialista, que apoya al Gobierno, en una enmienda a la proposición no de ley. Pero no voy a seguir profundizando en este tema.
He empezado diciendo que son ciertas las dos cuestiones, que había
el compromiso de traerlo como decreto-ley y que el Gobierno está realizando un trámite de audiencia al Parlamento que yo valoro en toda su extensión.
No lo digo con dobleces. Soy consciente de que la secretaria de Estado se ha adaptado a nuestros
calendarios; podía haber sido en diciembre pero hemos pedido que sea en este momento. Me consta que hay un diálogo con los actores, no solo con los grupos políticos que estamos hoy aquí sino también con las comunidades autónomas. Por tanto, usted
lo conoce no solo por lo que yo le pueda decir en este momento, sino por lo que le dicen los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que se lo han expresado en la comisión interterritorial, donde hemos actuado
con un espíritu constructivo porque es un tema importante que debe salir adelante. Dicho esto respecto a la formalidad, vamos a entrar en el fondo de la cuestión.



Nos felicitamos de que llegue una regulación del estatuto del cooperante.
No podemos olvidar que estamos dando cobertura a cientos de personas que en este momento tienen una inseguridad en muchos aspectos y unas carencias de regulaciones.
Es positivo que después de un tiempo hayamos encontrado una fórmula para garantizar las derechos y las obligaciones de los cooperantes. Usted sabe que este es un tema complejo y, ahora que tiene la responsabilidad de gobernar, no tengo duda de que
le hubiera gustado elaborarlo en los primeros meses, pero ya han pasado prácticamente dos años desde que están gobernando. Quiero decir con esto que todos los intentos anteriores, que usted conoce, han sido para hacer compatibles intereses muchas
veces contrapuestos. Simplificando, se trata de encontrar un equilibrio entre los que en este momento serían los contratados y los contratantes, algo así como empresarios y trabajadores.
Ese ha sido el origen, como usted sabe, de las dificultades
históricas para encontrar ese punto de


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equilibrio. No obstante, en la primavera de 2004 se encontraron con un texto hecho. Ustedes han criticado muchas veces que no lo había, pero sí lo había. Tan es así que lo han tenido colgado en la página web de la AECI hasta septiembre de
2004, cuando se dieron cuenta de que habíamos presentado una proposición de ley que era exactamente la que estaba colgada en la página de la AECI. Es decir que había un trabajo hecho, aunque es verdad que con dificultades y sin concretar. Quiero
decir con esto que todos hemos tenido siempre la preocupación de que había que dar cobertura a este asunto, pero también es verdad que no fuimos capaces de cerrar todos los matices. Por eso hoy me felicito de que venga ese decreto y de que por fin
se regule, pero hubiera sido deseable -insisito- aprovechar un proyecto de ley, y ahora explicaré por qué.



Es necesario recoger con mayor detalle algunas cuestiones que no quedan suficientemente recogidas en el decreto, algunas cuestiones que ya han explicado otros portavoces, especialmente el de Convergència i Unió. Hay cuestiones de estructura
del decreto que a nuestro juicio quedaban mejor recogidas en la proposición de ley; por ejemplo, lo que es el cooperante y la figura de la entidad contratante. La estructura quedaba más clara en cuanto a derechos y obligaciones de las partes
implicadas en esta cuestión, pero esto también es pura estructura y no quiero extenderme.
Hay cosas que han desaparecido y que estaban recogidas en el proyecto de ley, como el registro, la mejor formulación sobre la formación, el retorno y la
reinserción o las indemnizaciones de viajes. Por eso es importante que fuera una ley, porque nos permitiría abordar adecuadamente la fiscalidad, que no está suficientemente desarrollada, así como el retorno y la reinserción, que se abordan pero de
forma insuficiente.
También deberían recogerse, como lo hacía nuestro proyecto, las indemnizaciones de viajes y el registro de los cooperantes. Se ha citado también, aunque no es el motivo específico de este decreto, que el voluntariado
necesitaría alguna referencia. Es decir que lo que se refiere no a la parte laboral, sino al desarrollo de funciones similares a las que puede estar haciendo un cooperante, podría queda recogido, incluso para hacer una referencia a un posterior
desarrollo a través de otro decreto o para poder otorgar determinada cobertura similar, excepto en aquello en lo que no son iguales, que es la parte salarial o laboral.
Sugiero que se estudie la posibilidad de aprovechar este trámite para hacer
referencia a algo que no tanto por lo numérico, aunque existe esa realidad, debería quedar recogido. También se ha incorporado en el último momento a las entidades religiosas, a los misioneros, que no estaba en los primeros borradores, sobre los
que debería hacerse una referencia más explícita. Ellos tienen sus propias regulaciones por sus propias órdenes religiosas, pero hay aspectos que tienen que ver con la parte no laboral, no salarial, que podrían quedar recogidos; y también quizá
-se ha referido a ello la secretaria de Estado- las veces en que están ejecutando tareas, que es realmente la cooperación, como cualquier entidad. Si esa es la voluntad de la Secretaría de Estado a nosotros nos parece muy bien que se haga en ese
sentido. Para concretar le diré que, a nuestro juicio, para la fiscalidad debería buscarse un mayor desarrollo; en cuanto a la formación, nosotros hacíamos especial hincapié en las becas y las ayudas, que también debería recogerse; sobre la
reinserción, creemos que es una cuestión que está sin desarrollar adecuadamente y las indemnizaciones de los viajes, que estaba recogido en nuestro proyecto, al menos yo no lo encuentro en el decreto del Gobierno.



Dicho lo anterior, haciendo de nuevo hincapié en que la cuestión del rango de ley no es tanto por si se han cumplido o incumplido unos compromisos, sino básicamente porque nos permitiría profundizar en reformas que a través de un decreto no
se pueden hacer, quiero señalar que lo sustancial es el contenido. Si se hace el ejercicio -yo lo he hecho- de poner en dos columnas los contenidos de lo que fue nuestra proposición de ley y los de este decreto, se da uno cuenta de que son
coincidentes en torno a un 90 por ciento. Por tanto, al ser coincidentes en la filosofía en torno a un 90, a un 80 ó a un 70 por ciento, es igual, e inspirando la misma preocupación -no se lo voy a negar, a lo mejor nosotros con más acierto en
algunas cosas y ustedes con más acierto en otras-, nosotros no tenemos más que reconocer -y ya ha escuchado usted nuestra posición a través de las comunidades autónomas- que es un momento oportuno y una buena iniciativa regular este aspecto, y
alegrarnos de que vayamos a tener un estatuto del cooperante. No sé si la secretaria de Estado va a recoger el guante de la propuesta que le hace el Grupo de Convergència i Unió y habrá una segunda comparecencia o no cuando se recojan todas estas
sugerencias, pero yo sinceramente le diré que tampoco me parece fundamental. En este momento el Gobierno ya ha tomado la decisión de hacerlo mediante decreto, está en sus capacidades, y tengo que reconocer que usted ha hecho un esfuerzo para abrir
unos espacios y que podamos aportar nuestras sugerencias. Le estamos aportando las cuestiones que nos parecen oportunas y espero de la sensibilidad del Gobierno -porque estoy seguro de que lo que pretende es acertar en este terreno- que con las
dificultades que me consta que tienen algunas de estas cuestiones, especialmente los temas fiscales, tome en cuenta estas aportaciones y haga un esfuerzo de síntesis. Sería conveniente que antes de llevarlo al Consejo de Ministros -no digo que
comparezca de nuevo-, para no enterarnos por los medios de comunicación, se nos diera la posibilidad de tener el texto que la Secretaría de Estado va a enviar al citado Consejo de Ministros.



Por último, quiero decir que me alegro por los cooperantes, por las personas que día a día hacen un esfuerzo al servicio de los demás fuera de nuestro país y en situaciones muy difíciles, porque creo que este es un dato positivo para todos
ellos. También es bueno para las entidades contratantes conocer el marco de referencia en el que se van a mover. Ya he dicho que creo que coincide


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con la filosofía en la que ha venido trabajando nuestro grupo desde el principio de la legislatura y espero y deseo que la secretaria de Estado todavía tenga la oportunidad de recoger las cosas que le estamos aportando en esta Comisión y que
definitivamente quede un buen estatuto del cooperante que dé seguridad a las personas, a las entidades y también a las administraciones, que en este momento tienen una relación estable con las entidades y con los organizadores. Simplemente quiero
pedirle, si lo tiene a bien, que escuche nuestras sugerencias que, insisto, van en la dirección de enriquecer este decreto y volver a solicitar que nos lo envíe, si es posible, antes de que de llegue al Consejo de Ministros.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Madina Muñoz.



El señor MADINA MUÑOZ: Me toca comenzar igual que siempre, señora Pajín, dándole la bienvenida a esta su Comisión, hoy ante un debate, diría, de los más importantes que va a asumir este conjunto de diputados que venimos trabajando en esta
materia, en la cooperación internacional al desarrollo. Usted viene a consultarnos qué aportaciones tenemos, cumpliendo con una proposición no de ley -que quisiera que quedara bien recogido en el 'Diario de Sesiones'- de 23 de diciembre del año
2004, en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un estatuto del cooperante, tal como prevé la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, antes de que finalice el año 2005. Hubiera sido
estupendo que antes de 2005 los portavoces nos hubiéramos puesto de acuerdo para haber tenido este debate hace unos meses, pero el caso es que no ha sido así y nos hemos ido a febrero, que creo que también es un buen mes para debatir estas cosas.
En segundo lugar, para su elaboración hay que tener en cuenta las directrices del futuro plan director de la cooperación española, que en dicha elaboración participen todos los agentes implicados en la cooperación al desarrollo y que el futuro
estatuto sea fruto del diálogo y el consenso entre los grupos. No decimos nada más que esto. Creo que usted cumple hoy con esta proposición no de ley que mi grupo presentó y a la que se incorporó una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña.
En ese sentido comparece usted, digamos, con los deberes de tramitación hechos.



Quisiera comenzar diciéndole que la propuesta de real decreto que hoy valoramos es muy positiva porque supone un gran avance en el reconocimiento de las especificidades propias de los y las cooperantes internacionales, desarrollando en unos
casos o comprometiéndose a desarrollar en otros medidas que permiten, por un lado, la creación de un marco de estabilidad, seguridad, no discriminación y garantías en el ámbito de la protección social, laboral y fiscal; y por otro lado, el
establecimiento de medidas de fomento que deben favorecer la incorporación de profesionales a esta actividad. Esto lo podría decir yo, que soy socialista como usted, pero quien lo dice es la Coordinadora de las ONG en su informe sobre este proyecto
de estatuto del cooperante, que creo que señala todas las diferencias que hayan podido existir con anteriores propuestas de una forma clara y nítida. En cualquier caso, con estos precedentes mi grupo y yo consideramos interesante señalar que -como
usted ha indicado en su intervención- comparece ante esta Comisión con un proyecto de estatuto que viene derivado de un mandato legislativo, que es la Ley 23/1998, que prevé la creación de un marco regulador para la figura de los cooperantes. Como
ha podido observar, señora Pajín, esta es una Comisión especialmente activa y hay muchos gustarías que llenan de contenido este debate. A mi amigo Aitor Esteban, del Grupo Nacionalista Vasco, le ha traicionado el subconsciente -o el inconsciente,
como dicen los psicólogos- porque dice que con esta propuesta de estatuto usted pretende controlar las comunidades autónomas en su actividad sobre la cooperación. Fíjese que ese es el motivo por el que la Ley de Cooperación Internacional del
Gobierno vasco, donde está el Grupo Nacionalista Vasco con un crack de la política contemporánea, el señor Madrazo, como consejero del área, ha sido recurrida por Eudel porque pretendía controlar la actividad de los ayuntamientos, sin prever ningún
tipo de control en el Parlamento para lo que él hacía en la consejería, que tiene tela; me voy a poner un póster en mi cuarto con la cara de este consejero. Creo que le ha traicionado un poco el inconsciente porque no tiene nada que ver con esa
ley, afortunadamente, por cierto que con enmiendas de mi grupo y aportaciones de otros va a ser completamente reformada, con lo que saldrá una ley cargada de salud y de ética pública.
En cualquier caso, entre los años 1998 y 2006, año en el que
vivimos, han pasado muchas cosas, entre otras, una cambio de Gobierno que, visto lo visto, era un elemento necesario para que hoy pudiéramos debatir en esta Cámara un estatuto del cooperante y que el Gobierno desarrollara este importante elemento
que da calidad a la cooperación española y se pusiera, como le digo, en la ardua pero emocionante tarea de confeccionar un marco regulador para -como usted ha señalado- las terminales más sensibles, los embajadores permanentes de la cooperación y de
la solidaridad internacional del Estado.



Quiero recordar algo que para este grupo es especialmente importante, que está en la propia génesis de esta propuesta de estatuto, y es el amplio consenso y el amplio acuerdo que ha ido generando en las distintas instancias por las que esta
propuesta, por ley, tiene que ir pasando. Lo quiero hacer, como venía comentando ayer con mi portavoz adjunta, para que la fuerza de la costumbre no nos haga empezar a creer que las cosas importantes dejan de serlo, porque de unanimidad en
unanimidad en todo lo relativo a la cooperación corremos el riesgo de empezar a catalogarlo como algo habitual, como algo cotidiano y, por tanto, adelgazar ese argumento. A mi grupo le parece un argumento a subrayar siempre que se consiguen
unanimidades, como se han


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conseguido en este caso. Destacamos especialmente la que se ha conseguido en el Consejo de cooperación porque para mi grupo todas sus aportaciones han sido importantísimas para que este proyecto salga adelante y ha terminado por respaldar
unánimemente esta propuesta que usted nos presenta hoy en la Comisión de Cooperación Internacional, y lo ha hecho por considerar que es un proyecto propio. Esto también es una frontera insalvable entre las anteriores propuestas en las que podía
alguno pensar que lo mejor era no recoger las aportaciones de los agentes implicados, de las ONG, del Consejo de cooperación, y al otro lado quienes piensan que lo mejor es hacer que el Consejo de cooperación sienta que este proyecto de estatuto es
también su proyecto, y esa es la mejor manera de incluir y de conseguir el respaldo y la unanimidad en este instante del Consejo de cooperación. Como digo, de esa sensación nace la unanimidad, y esa es siempre una buena práctica que mi grupo le
invita a seguir desarrollando. En segundo lugar, también unanimidad en la comisión interterritorial, donde están representadas -usted lo ha señalado en su intervención- comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias y Fondos
de Cooperación. Por tanto, votos afirmativos del Partido Socialista que gobierna en algunas comunidades autónomas, de partidos nacionalistas que gobiernan en otras y del Partido Popular que gobierna en un buen número de ellas. Y es interesante
porque, como sabe, señora Pajín, el consenso entre la dirección nacional del Partido Popular y el Gobierno socialista en política exterior está desgraciadamente roto, pero en materia de cooperación las comunidades autónomas gobernadas por ese
partido que rompe el consenso con el Gobierno socialista en la acción exterior no está roto y es importante que se señale que, independientemente del color, los gobiernos de las comunidades autónomas han dicho un sí muy mayoritario al plan director,
lo dijeron al PACI y lo dicen ahora a esta propuesta de estatuto que usted muy positivamente nos entrega hoy aquí para que debatamos en la Comisión de cooperación.



Con estos precedentes mi grupo celebra que este estatuto, en primer lugar -y lo han señalado algunos otros portavoces-, comprenda a los cooperantes españoles como una parte importante, fundamental, necesaria de la acción exterior del Estado,
una parte importante y fundamental de la solidaridad internacional española, y usted tiene razón cuando señala que las condiciones de trabajo de los cooperantes sobre el terreno y la mejora de su calidad es en primera y en última instancia la mejora
de la calidad de la ayuda en España. Es un avance importante que se hace en la condición de vida y trabajo de los cooperantes sobre el terreno en los países donde estamos cooperando y, en última instancia, un paso más del conjunto de la figura
general de la cooperación de más calidad de este país.



Quiero señalar hoy en este debate algunas aportaciones que para mi grupo son especialmente importantes. Por empezar por cuando todo termina, por el retorno, quisiera señalar el artículo 9 y la disposición adicional tercera orientada a la
inclusión de los cooperantes en su retorno a España dentro de las políticas activas de empleo que facilitan la reincorporación al mercado laboral, por las enormes dificultades que muchos cooperantes encuentran a la hora de volver al trabajo en este
país después de haber pasado en ocasiones varios o muchos años trabajando en proyectos de cooperación sobre el terreno. Por tanto, facilitar todo lo posible esa tarea es, desde nuestro punto de vista, de obligado cumplimiento por parte de la
Administración -así queda recogido en esta propuesta de estatuto- y mi grupo quiere señalarlo.



Partimos de la idea de que la cooperación ha dejado de ser una ocupación transitoria -si es que alguna vez lo fue- de jóvenes inexpertos cargados de guitarras, de ideales y de romanticismo. Ahora ya es otra cosa. Está en un proceso de
profesionalización y es ya una profesión. A nosotros nos parece fundamental por algunas razones que esto se comprenda así: en primer lugar, por las dificultades y por la complejidad, a veces excepcional, que conlleva la labor de cooperación si la
queremos con unas ciertas garantías de calidad, de eficacia y de eficiencia; en segundo lugar, por el alcance de los conflictos a los que los cooperantes en muchas ocasiones se enfrentan y deben dar respuesta; en tercer lugar, por las complejas y
muy técnicas características de un desastre humanitario natural cuyo impacto y posterior rehabilitación y prevención deben abordarse; y en cuarto lugar, por la propia importancia de la puesta en práctica de estrategias integrales de desarrollo en
relación con sectores sociales básicos como la salud o la educación. Por tanto, es una profesión. Hace falta formación suficiente como para catalogar esta actividad de profesión, una dedicación que por otra parte no debe confundirse con tareas
asignadas al voluntariado y que el propio informe de la Coordinadora de las ONG ya citó distinguiéndolas perfectamente. En este marco había que responder mediante un estatuto del cooperante, en primer lugar, a las especiales condiciones de carestía
de vida e inseguridad en los países de destino, que sistemáticamente incrementan las necesidades vitales a cubrir de todos los ciudadanos y ciudadanas que están trabajando con el título de cooperantes sobre el terreno; en segundo lugar, a su
derecho a la salud que queda casi siempre comprometido por seguros ineficaces o no del todo adecuados; en tercer lugar, a su experiencia de familia y vivencia a efectos que en el trabajo de cooperación se ha venido hasta ahora penalizando en la
práctica; y en cuarto lugar, a una especial carga de trabajo que impide a menudo reciclarse y profundizar en nuevas cuestiones. Por tanto, es interesante tener todos estos datos a la hora de concebir esto como una profesión, el trabajo
desarrollado por los cooperantes, y es absolutamente necesaria la aprobación, aunque sea siete años después, de un marco regulador para quienes están trabajando en cooperación sobre el terreno.



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Este real decreto lo que innova es precisamente esta decidida importación, este impulso, este compromiso público que requería la labor de los cooperantes, que estaba pendiente y que va más allá de las relaciones privadas y legalmente
establecidas con la entidad que les contrate. Ahí reside el sentido de lo que son las principales novedades de esta propuesta que hoy usted nos presenta, señora Pajín, un registro para que la Agencia de Cooperación sea la depositaria de las
condiciones del contrato de trabajo, incluyendo el anexo acuerdo complementario de destino que se contempla en el que se delimitan las condiciones especiales que rigen el desarrollo de su trabajo y que permitirá la defensa de estas condiciones ante
terceros y la obligatoriedad de su cumplimiento para aquellas organizaciones no gubernamentales adjudicatarias de subvenciones con cargo a la AOD española, y junto a ello la implicación de la Administración pública a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, que refrendará la certificación de las laborales realizadas por el cooperante con el fin de facilitar su reincorporación laboral. Además, algo en lo que mi grupo quiere hacer una especial incidencia hoy aquí por primera
vez en este debate en las intervenciones de los grupos, este estatuto hace frente a la situación que significa, señora Pajín, recuperar en la memoria el sacrificio de quienes han perdido la vida en estas tareas de cooperación internacional, de ayuda
humanitaria en situaciones de emergencia, y que es asimismo nueva desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, responde y atiende a la resolución parlamentaria que aprobamos el pasado mayo en esta Comisión porque, a
través de la disposición adicional segunda de este real decreto y en el ámbito específico y característico de la misión asignada a los cooperantes, se extienden los beneficios y régimen de indemnizaciones que se habían previsto en el Real
Decreto-ley 8/2004 sobre indemnizaciones a participantes en operaciones de paz y seguridad, atendiendo por tanto a las familias y al recuerdo colectivo que se merecen aquellos cooperantes y misioneros fallecidos en circunstancias tan dramáticas.



Una vez señalado todo esto, señora secretaria de Estado, mi grupo quiere destacar de una forma especial, y tal como usted ha señalado, la inclusión en tributación en la Seguridad Social en igualdad de condiciones. Nosotros no queremos
regímenes especiales ni hacer de esta profesión de cooperante internacional al desarrollo un régimen jurídico en materia de seguridad especial. Queremos normalidad y que se normalice su labor, que sea igual en derechos, deberes y condiciones que
cualquier otra profesión. La tendencia de la Seguridad Social es a equiparar una cierta normalización de todas las profesiones -existen hoy algunas excepciones- y queremos que este sea un trabajo más, normal, regulado y legal pero en igualdad de
condiciones. Las ONG y los cooperantes son, como señalaba antes, señora Pajín, parte de la acción exterior del Estado. Por tanto, el Estado es corresponsable en la creación de condiciones dignas para nuestros cooperantes. Aquí tenemos otra
frontera más con anteriores debates propuestos por anteriores gobiernos y en ese sentido el Estado aporta recursos para la creación de un seguro para los cooperantes que sea accesible. Con ello demuestra que está interesado en facilitar la
reducción de costes del seguro privado que los cooperantes contratan para irse a zonas en condiciones difíciles en muchos casos y a trasladar la solidaridad internacional que el Estado por sí solo no puede, evidentemente. Compatible con otro tipo
de seguros, esta opción abarata costes, mejora la calidad de las coberturas, entre otras cosas, y da seguridad.



Mi grupo quiere destacar especialmente este punto de su propuesta. La corresponsabilidad es una de las principales aportaciones de este proyecto de estatuto que hoy se está viendo, para las aportaciones de los grupos parlamentarios en esta
Comisión. Este decreto que hoy debatimos es el elemento más importante para mi grupo y, por tanto, le queremos dar la enhorabuena tanto por él, por la valentía de su inclusión y por el conjunto de la figura del proyecto de estatuto. Una última
aspiración de mi grupo, señora Pajín, es la visibilidad de los cooperantes, de los ya regularmente profesionales de la cooperación. La expresión de la corresponsabilidad de la sociedad española en los valores de la solidaridad internacional usted
sabe bien que no se sintetiza o se resume únicamente con la aprobación de un estatuto del cooperante y su puesta en práctica, sino que es tarea de todos seguir poniendo el énfasis en los valores y el ejemplo que estas personas nos dan. Para ello
siga contando con mi grupo.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado para responder a los distintos grupos parlamentarios.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Pajín Iraola): En primer lugar, quiero agradecerles una vez más el tono de sus intervenciones y su espíritu de colaboración, especialmente el día de hoy, cuando quizá estamos
abordando uno de los temas fundamentales en relación no solo con el compromiso que el Gobierno asumió con los cooperantes, sino en lo que se refiere al desarrollo de las políticas de cooperación en nuestro país; se lo agradezco especialmente. Si
al principio de mi intervención hablaba de que el Consejo de cooperación y la comisión inter-territorial habían entendido que este era un proyecto colectivo, un proyecto de todos y de todas, cuyo único objetivo era responder a la situación de
desprotección que hasta hora tenían nuestros cooperantes, esta Comisión de cooperación ha hecho exactamente lo mismo, hacer suyo este espíritu y abordar este debate con el único objetivo de hacer frente a la desprotección absoluta que hasta hoy
tenían nuestros cooperantes. Eso demuestra la altura de esta Comisión, el interés compartido por avanzar en las políticas de desarrollo y abandonar el


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debate partidista a favor de los derechos de nuestros cooperantes.



La mayoría de SS.SS. han expresado su voluntad -algunos ya lo habían hecho personalmente antes- de que este texto que hoy les someto a debate hubiera sido presentado como proyecto de ley. Entiendo sus razonamientos y tengo que decirles que
el Gobierno se ha guiado única y exclusivamente por dos razones a la hora de cumplir su compromiso. En primer lugar, por una razón jurídica. Como decía algún portavoz, este es el desarrollo de una ley, la Ley de Cooperación de 1998, que instaba a
desarrollar distintos aspectos de la ley, entre ellos el estatuto del cooperante. Por tanto, estamos desarrollando una ley de cooperación aprobada hace ya siete años. En ese sentido, entendemos que esta es una norma jurídica que desarrolla una ley
y que no hay ninguna pega jurídica al respecto. Pero hay una segunda razón que para mí es mucho más importante. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios han hablado de asignatura pendiente, de siete años sin responder al desarrollo de
esta ley y, por tanto, de siete años más de desprotección de los cooperantes. Esto es lo que ha movido al Gobierno: la urgencia con la que, siete años después, había que dar respuesta a una situación de tal calibre, y hemos valorado que, si tenía
el consenso del sector, de las comunidades autónomas y de los grupos parlamentarios, este era el modo de abordar con la mayor rapidez posible este problema y paliar así la situación que hasta ahora vivían nuestros cooperantes. Esto es lo que nos ha
llevado a articular este texto, este proyecto de real decreto que hoy vengo a presentarles, el espíritu que ha guiado al Gobierno desde el primer día. Además, quiero recordarles que este texto no solo se ha trabajado en el último mes, sino que
llevamos más de cinco meses trabajando con distintos sectores para que todos hicieran suyo el estatuto del cooperante que finalmente ahorme y apruebe el Gobierno. No hemos querido quedarnos en el protagonismo de aprobar el estatuto del cooperante
como Gobierno, sino hacer partícipes a todos los sectores, como ha sido nuestro espíritu en todas y cada una de las políticas de cooperación y, si cabe, más en esta que afecta a cientos de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y que, como he dicho
al principio, son seguramente la mejor expresión de la solidaridad del pueblo español. En ese sentido, hemos perseguido un debate abierto, durante el cual el borrador pudiera ir modificándose, enriqueciéndose hasta su aprobación definitiva. Por
esa misma razón no he querido dejar fuera a los grupos parlamentarios y a esta Comisión, Comisión a la que yo he pertenecido y a la que siempre he valorado por su espíritu de consenso y su trabajo e impulso continuo en materia de cooperación al
desarrollo.
Por eso, no teniendo la obligación de hacerlo, les envié un borrador de texto antes de que acabara el año 2005, les he dado un margen de tiempo, he mantenido conversaciones con los grupos parlamentarios que han deseado hacerme llegar
aportaciones al texto y, hoy, además de todo eso, he querido venir a esta Comisión para tener un debate rico sobre este tema y poder aportar, añadir al texto aquellas consideraciones que SS.SS.
hicieran. Ese era el espíritu que siempre hemos
perseguido en esta Comisión y el compromiso que yo adquirí desde el primer día y en reiteradas ocasiones en esta Comisión.



Un portavoz de un grupo parlamentario ha querido hablar de incumplimientos, algo que yo no he querido hacer; no he querido, en mi intervención, poner el acento en el incumplimiento sistemático de siete años sin desarrollar el estatuto del
cooperante porque creo que hoy es el día del consenso y el día de los cooperantes y no he querido enturbiarlo, pero por si acaso él tenía razón he pedido a los servicios de la Cámara que me pasaran el texto definitivo que aprobó la Comisión de
Cooperación en la sesión celebrada el 30 de noviembre de 2004 -hay que ser rigurosos en los debates y qué mejor rigurosidad que lo que aparece publicado en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados- y que quiero leer, porque las palabras
se las puede llevar el viento, pero no las publicaciones. El texto definitivo aprobado por esta Comisión dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un estatuto del cooperante, tal y como prevé la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, antes de la finalización del año 2005. En segundo lugar, a tener en cuenta para su elaboración las directrices del futuro plan director -como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista- y que en dicha elaboración participen todos los agentes implicados en la cooperación al desarrollo; que el futuro estatuto del cooperante sea fruto del diálogo y el consenso entre los grupos parlamentarios. Este fue el texto definitivo
que salió del debate que SS.SS. tuvieron y que yo seguí muy de cerca, y de una transaccional a una enmienda presentada por un grupo parlamentario; este es el texto definitivo que ustedes votaron y aprobaron en esta Comisión. Lo he pedido a los
servicios jurídicos del Congreso porque creo que conviene aclarar estas cuestiones. Por eso, señorías, vengo aquí con la sensación de que todos hemos cumplido con esa responsabilidad que aprobamos y con el objetivo de que podamos tener cuanto antes
un texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros, que por supuesto le haré llegar, como me he comprometido.



Dicho esto, entro en algunas de las consideraciones que ustedes me han hecho, en unos casos para aclarar, en otros para atender sus peticiones en la medida de lo posible, e incluso poder incorporarlas durante el trámite que queda. El
portavoz de Convergència i Unió, al que hay que reconocerle su activa colaboración en la elaboración de propuestas en la pasada legislatura, se preocupaba de las enfermedades específicas de los cooperantes y de ampliar el cuadro de enfermedades. Yo
estoy de acuerdo con la consideración que hacía el portavoz de Convergència i Unió, pero quiero recordarle que antes de abordar esta cuestión hay que tener reconocida la profesión del cooperante, y precisamente este estatuto pretende no solo
dignificar las condiciones laborales sino visibilizar una profesión como la del cooperante. Una


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vez que este estatuto se apruebe podremos abordar distintas cuestiones, entre otras las referidas al cuadro de enfermedades. Asimismo se ha interesado -como también lo hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- por lo relativo a las
becas y ayudas. Aquí quiero recordar dos aspectos. En primer lugar, la Agencia Española de Cooperación ya tiene becas de formación para jóvenes cooperantes y, por tanto, ya ejerce una labor formativa en materia de inserción en cuestiones relativas
a los cooperantes: tiene programas específicos de jóvenes cooperantes y tiene programas y becas de formación en esta materia. Además, el marco de esta cuestión está recogido también en el estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, del
que les he hablado, que queremos que aparezca reflejado en este real decreto cuando se apruebe definitivamente; como saben, está en el proceso de aprobación.



El portavoz de Convergència i Unió se ha referido también a aquellas ONG de ayuda humanitaria. Esta secretaria de Estado ha dialogado con ellas y ha querido incorporar las flexibilidades que nos hacían llegar. Quiero recordar a ese
respecto la siguiente cuestión. Hay un elemento fundamental en este estatuto, que es el de la voluntariedad. Aquellas ONG que quieran adherirse a ese modelo de corresponsabilidad en el seguro colectivo entre la Agencia Española de Cooperación, las
distintas administraciones autonómicas y locales y las ONG empleadoras tendrán que cumplir una serie de requisitos que, por otra parte, parecen obvios: poder demostrar la relación laboral que tienen con esas ONG -parece bastante obvio que sin eso
sería muy difícil determinar para quién trabajan y cómo trabajan-; la obligatoriedad de registrarse no solo en la Agencia Española de Cooperación, que es quien tiene que proceder al aseguramiento colectivo, sino también en las embajadas o los
consulados, con el fin de proteger a nuestros cooperantes en aquellas situaciones de especial riesgo. Hemos querido establecer un modelo y aquellas organizaciones que quieran beneficiarse del mismo tienen que cumplir esos requisitos. Quiero dejar
claro que no es obligatorio para el cien por cien de las ONG, sino solo para aquellas que quieran de forma voluntaria poder referirse a estos derechos.



El portavoz de Convergència i Unió también se ha referido a algo que hemos hablado en muchas ocasiones -le agradezco que lo vuelva a sacar hoy aquí- y que, como él bien sabe, estamos estudiando. Tiene que ver con la ampliación de la lista
de beneficiarios, por parte del Real Decreto 8/2004, de ciudadanos españoles que tengan algún tipo de problema o que fallezcan en el exterior en misiones de paz o de conflicto. Quiero decir al señor Carles Campuzano -él lo sabe porque lo hemos
hablado en numerosas ocasiones y lo hemos trabajado bien- que el Gobierno está estudiando la viabilidad de ampliar esta lista, ya que con el actual redactado, como él decía, no quedaba claro. Lo que está claro y queda perfectamente redactado en el
estatuto del cooperante es que las tragedias como las ocurridas en el pasado tendrán ahora otro tipo de respuesta por parte del Estado y, por tanto, podrán gozar de esos derechos que hoy sí aparecen regulados en el estatuto del cooperante y que se
refieren a ese real decreto.



El portavoz del Partido Nacionalista Vasco hacía algunas consideraciones que le agradezco profundamente porque en él también ha presidido siempre ese espíritu de mejorar el texto, y lo ha hecho a lo largo del trayecto hasta aquí y lo ha
vuelto a hacer hoy. Algunas de ellas se pueden tomar en consideración y otras quiero esclarecerlas porque quizá no le han quedado suficientemente claras después de la primera lectura de este borrador. En lo que se refiere a la certificación de las
labores realizadas, la Agencia Española de Cooperación refrenda la validación si así se solicita y, por tanto, no es obligatorio sino un derecho de los cooperantes que así aparece reflejado en el borrador que hoy les presento. Ha hablado también de
las cuestiones que tienen que ver con las excedencias. Es algo obvio que ha puesto de manifiesto en esta reunión y, por eso, he querido aclarar al principio de mi intervención que había cuestiones, como la del párrafo referido a las excedencias y a
las relaciones laborales con la Administración, que se habían ajustado al Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, que son los que regulan esos derechos y esos deberes. Efectivamente tenía razón en dónde podíamos ir más allá y en
dónde no y, por tanto, se ha ajustado a esa legislación. Quiero dejar claro que hemos hecho un modelo de colaboración con las comunidades autónomas que aparece como tal a petición de las mismas, por eso me ha sorprendido bastante la intervención
del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Han sido las comunidades autónomas las que nos pidieron que esto no afectara solo a la Administración General del Estado sino también a ellas, y se ofrecieron a crear -lo que les agradezco profundamente-
un sistema, en lo que se refiere a esa corresponsabilidad entre las administraciones y los empleadores a fin de cubrir el seguro, para contribuir a esa fórmula. Por eso hemos redactado una disposición en la que aparece esa regulación en la que
contemplamos también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan participar en ese modelo. Es algo que hicimos después del debate en la comisión interterritorial y a petición expresa de las comunidades autónomas, pero entiendo que igual
S.S. no lo conocía porque en el primer borrador que nosotros hicimos llegar esta parte no estaba contemplada. Pero insisto en que las comunidades autónomas están expresamente contempladas a petición de las mismas, quienes también han hecho una
labor bastante importante en la formulación de este texto. Respecto al registro de la AECI, quiero recordar que es voluntario y que también es un modelo a disposición de las comunidades autónomas que así lo deseen para poder complementarlo, no solo
un modelo que afecte a la Administración General del Estado. El registro de las comunidades autónomas ya está incluido como aportación de la comisión interterritorial. Es una petición que me hacía también el portavoz de Esquerra


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Republicana de Cataluña hace un momento. En ese sentido hay una disposición adicional cuarta, nueva, después del debate de la comisión interterritorial, en la que aparecen estos temas y otros referidos al derecho a los gastos de los
familiares, que es un derecho privado que afecta a la relación entre el cooperante y su entidad. Esto es algo que quiero aclarar porque algunos portavoces han querido ir más allá. Yo entiendo su voluntad de extender los derechos de los gastos de
los familiares y no solo de los cooperantes en el traslado y en el viaje, la filosofía la comparto, pero quiero recordar que este derecho forma parte de la relación privada que mantienen los empleados con los empleadores y que, por tanto, son las
ONG las que deben asumir esa cuestión. El resto de derechos a los que el Estado debe dar cobertura legal aparecen perfectamente reflejados. Además, quiero recordar que las ayudas a los familiares también están recogidas en algunas legislaciones
que las comunidades autónomas tienen al respecto. Es importante dejar claro esto de cara a la no irrupción de competencias, como se ha querido decir aquí.



Algunos de ustedes han hablado también de los voluntarios. Yo quiero recordar aquí que hay una normativa específica para los voluntarios, la Ley del Voluntariado, que regula la figura de los voluntarios que, de forma voluntaria -valga la
redundancia-, hacen labores en materia social de distinta índole y en materia de cooperación. Pero quiero recordar a SS.SS. que hoy abordamos el debate del estatuto del cooperante y, por tanto, de los cooperantes, de aquellos profesionales que
tienen una relación laboral con sus ONG o con sus entidades empleadoras y que tienen una desprotección de derechos que hoy queremos abordar definitivamente.
Por eso estamos hablando de dos figuras distintas que tienen dos regímenes y dos
regulaciones muy distintas: una es la Ley del Voluntariado, específica para ese sector de personas voluntarias, y otra es el estatuto del cooperante, que hoy abordamos aquí, precisamente para dar respuesta a aquellos profesionales de la cooperación
que tienen una relación laboral con sus empleadores y que dedican su vida y su profesión a la cooperación al desarrollo. Es importante dejar clara esta diferencia porque cada uno tiene su norma, y debe ser así. No se deben mezclar diferentes
figuras y, por tanto, se tienen que dar respuestas legales distintas a las diferentes figuras.



El portavoz de Esquerra Republicana se ha interesado por el permiso de paternidad. Si yo no me equivoco, todos los trabajadores tienen derecho a pedirlo y, por tanto, no estaríamos hablando de la necesidad de recogerlo en un estatuto; se
recoge en el Estatuto de los Trabajadores y tiene su derecho, como cualquier otro trabajador. Por tanto, no sería este estatuto el que debiera recoger algo que ya recoge una norma de rango superior.



En lo que se refiere a la fiscalidad, el Grupo Parlamentario Socialista ya ha manifestado su posición. Quiero reiterar que el Gobierno y la Secretaría de Estado de Cooperación, como es su obligación, están trabajando y haciendo llegar al
departamento competente sus posiciones y su opinión sobre la reforma fiscal en lo que se refiere a los cooperantes y a las ONG, porque entendemos que es nuestra labor. Como muy bien decía el portavoz de Convergència i Unió, no se trata de agotar
aquí nuestra voluntad y nuestro compromiso con los cooperantes y con las ONG, sino que este es un aspecto más que estaba pendiente. Nuestra vocación ha sido tener siempre en cuenta a los actores fundamentales, las ONG y los cooperantes, en todas y
cada una de las legislaciones que haga el Gobierno. Nuestra obligación, como Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es mantener permanentemente esa voluntad de compromiso con los cooperantes y con las ONG en cada una de las
legislaciones que desarrolle el Gobierno, también en lo que se refiere a la fiscalidad, que estamos trabajando y estudiando con otros departamentos. Quiero recordar que ha habido proyectos de ley que no han asegurado ese régimen especial de
Seguridad Social. Por tanto, también se cae el argumento de quienes hoy han defendido aquí que este proyecto de ley solucionaba definitivamente ese régimen especial fiscal. Yo he conocido proyectos de ley -que hoy se han mencionado aquí- que no
recogían esa especificidad fiscal.



En definitiva, lo que hemos buscado todos -y así lo han entendido tanto las ONG como la Asociación Profesional de Cooperantes- es que este real decreto aborde la mayoría de los problemas que los cooperantes tienen hoy y la protección de sus
derechos, que hasta día de hoy no tenían, de una manera urgente. Por tanto, demandamos que el texto entre en vigor lo antes posible, porque es el espíritu que todos hemos buscado después de tanto tiempo de incumplimiento. Por eso, después de haber
abordado con tanto consenso este modelo, entiendo que todos nos damos por satisfechos con este real decreto que recoge el núcleo de las reivindicaciones que históricamente se venían demandando. Entiendo perfectamente que haya grupos parlamentarios,
organizaciones no gubernamentales y cooperantes que quieran ir más allá. Lo entiendo porque son sus derechos; lo entiendo porque todos los colectivos deben pedir lo que crean oportuno, y lo entiendo sobre todo después de tantos años esperando a
que el Gobierno por fin les diera una respuesta. Yo creo honradamente que con este modelo, que tendrá que seguir conformándose hasta su aprobación definitiva, abordamos la mayoría de las reivindicaciones que históricamente habían demandado los
cooperantes y, lo más importante en mi opinión, lo hacemos de forma urgente para que el cooperante no espere ni un solo mes más. (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: A continuación, se abre un turno de palabra.



Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.



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El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, intervendré brevemente.



Señora secretaria de Estado, ha jugado con ventaja. No puede ser que nosotros tengamos un texto que no es el que usted ha estado explicando, al menos yo no he oído que haya hecho referencia a una disposición adicional sobre comunidades
autónomas. Me gustaría conocer el texto porque en el mío no está incluido el registro de las comunidades autónomas. Desde luego, en el texto que a nosotros nos consta todavía no aparecen. Nos parecen muy bien esas modificaciones, aunque nos
gustaría tener el texto y poder hacer una evaluación más pausada. En ese sentido, ha jugado con ventaja, aunque me alegro de esas modificaciones que usted ha apuntado.



También quería indicarle para esta y otras ocasiones -y para otros representantes del Ejecutivo también- que no se sorprenda si se hace una consulta a las comunidades autónomas y desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se hacen
apreciaciones diferentes. Al fin y al cabo, este grupo representa a lo que representa, al Partido Nacionalista Vasco, y no representa a ningún Gobierno ni a las comunidades autónomas, aunque sí tenemos a gala intentar ser defensores de las
comunidades autónomas y del Estado autonómico. Me alegro que se hayan hecho estas modificaciones. Le rogaría que nos remitiera el texto, y si fuera posible hoy mismo antes de acabar la Comisión. Le daremos nuestra opinión definitiva, si nos da la
oportunidad aquí mismo, en esta Cámara, y si no, tranquilamente, en privado, le haremos llegar nuestros comentarios.



La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Ramón Torres.



El señor RAMÓN TORRES: Señora Pajín, como decía el señor Esteban, uno de los temas que le habíamos comentado era ese principio de proximidad entre el ciudadano y la Administración. Parece ser que la petición que le hacíamos nosotros de un
registro ya está contemplada en el último redactado del estatuto. De eso nos congratulamos porque no es nuestra voluntad ir a sacarle los colores a la señora secretaria sino incorporar el máximo de temas posibles. En ese sentido, si ya están
incorporados nosotros nos congratulamos de ello y le agradecemos que haya atendido esa petición que se le hacía desde las comunidades autónomas porque, como le he comentado en mi primera intervención, va a facilitar que esa proximidad entre
Administración y ciudadano pueda agilizar el trámite para los mismos cooperantes.



En relación con los derechos de los cooperantes, naturalmente las peticiones aquí pueden ser muy diversas y muchos de esos derechos están establecidos en otras normas, pero, por ejemplo, en cuanto a la paternidad o los permisos le pediría
que se hiciera referencia a ese respecto. La referencia que usted ha hecho aquí podía ser válida, es decir, se tendrá en cuenta qué normas superiores hay en ese sentido. Al fin y al cabo, era una reclamación que hacían los cooperantes. Yo he
comentado otros derechos y todos estaríamos de acuerdo que aquí podríamos comentar otros muchos, pero seguramente muchos de ellos ya están implícitos en normativas superiores.



En la primera parte de mi intervención ya le he dicho que una de las cosas más positivas que veíamos del estatuto era ese reconocimiento de algunos derechos. En ese sentido, nosotros queremos decirle que estamos de acuerdo con esos
derechos, vamos a marcar algunos que para nosotros son importantes y aquellos que se incorporen al texto mucho mejor. Yo le había hecho dos preguntas. La primera concretamente se refería a si la persona que tuviera que trabajar en un país tuviera
como condición sine qua non que esa ayuda fuera oficial o si se podía tener una idea mucho más amplia de ayuda al desarrollo, si está contemplado que sea oficial o no; y la segunda, usted me lo había comentado, que los expertos nacionales no
estaban contemplados.



Hemos hecho una referencia a los voluntarios. Es verdad que estamos haciendo el estatuto del cooperante, pero no dejemos aparte los derechos que puedan tener los voluntarios, tengámoslos en cuenta porque si no ahora puede haber un decalaje
entre unos y otros. No le estaba pidiendo que en ese estatuto del cooperante incluyéramos derechos de los voluntarios, al menos no era nuestra idea. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que hay que revisar los derechos de los voluntarios, para
que no haya esa disfunción entre unos y otros.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.



El señor ROBLES OROZCO: Señora secretaria de Estado, voy a intervenir por no parecer descortés, pero realmente no hay mucho más que decir.



En primer lugar, yo he intentando desde el principio diferenciar en la intervención las formas del fondo. Usted se refiere mucho más a las formas y yo no quiero entrar en ese terreno, es decir, de los siete años de los que usted habla
permanentemente al menos dos son imputables directamente a usted y no a nosotros. Por tanto, cinco y dos; dividamos la cuestión porque si no va a parecer que no es así. En segundo lugar, no reconoce usted que ya había un trabajo hecho. Yo he
hablado de la dificultad técnica. Había un documento, ese documento existía y curiosamente no es tan distante, por cierto, en lo sustancial de lo que en este momento estamos hablando. Pero, insisto, hoy no es cuestión de hablar de estos temas,
como tampoco lo es si al final ustedes han optado por el decreto o por la ley. Ya les hemos explicado que no solo nuestro grupo, sino el conjunto de los grupos creíamos que era más importante una ley y no voy a insistir en ese tema. Me quedo en lo
que le he dicho antes. Usted conoce la posición de nuestro grupo no solamente a través de lo que este portavoz está haciendo, sino de la


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concreción práctica de nuestra colaboración en el consejo interterritorial, en lo relativo a las comunidades autónomas. Eso es lo relevante. Lo relevante es que hay un colectivo muy importante de personas que tienen necesidad de una
cobertura y de una seguridad. Por tanto, en eso estamos todos de acuerdo. Todos nos felicitamos, aunque evidentemente todos tenemos matices que podríamos aportar. Le hemos hecho una lista desde todos los grupos parlamentarios, pero es evidente
que usted pone más interés en lo que los grupos pequeños de esta Cámara le dicen y es coherente con la política del Gobierno actual. No ha hecho referencia prácticamente a las sugerencias sobre fiscalidad que le he hecho y que son importantes. En
fin, usted sabrá. Este partido, que es el único grupo de la oposición, representa a 10 millones de españoles. Me alegra escucharle a usted y al portavoz socialista que esto forma parte de la acción exterior del Estado porque nosotros siempre lo
hemos creído.
No siempre han pensado ustedes así y yo me alegro mucho de que hoy sea una parte de la acción exterior del Estado porque yo considero que la acción exterior del Estado es muy importante. Sinceramente, hago todos los esfuerzos -y creo
que usted es consciente de ello- para que seamos capaces de articular una política de Estado en materia de cooperación -lo vive usted en esta Cámara y también a través de las comunidades autónomas-, pero también le digo que quien más tiene que poner
es quien más tiene y quien más tiene es el Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Nosotros estaremos siempre dispuestos a sumar y a esforzarnos porque se trata de proteger derechos de personas, de colectivos muy importantes,
de dar seguridad a la parte contratante y de dar un instrumento de seguridad al Estado. Por todo ello, aun discrepando en el método y en algunos contenidos, nos parece un paso positivo, que cuanto antes se concrete será mucho mejor y que va en la
dirección correcta. Ese ha sido el sentido de mi intervención, va a seguir siéndolo y esperamos y deseamos que tenga a bien escuchar las sugerencias que este grupo le ha hecho. Le pedimos que, si puede, nos lo envíe antes del Consejo de Ministros.



Le pido disculpas porque tengo que abandonar la Comisión inmediatamente, no lo tome como una descortesía. Tengo una cita absolutamente ineludible, que conoce la presidenta. Se queda la portavoz adjunta. En todo caso, muchas gracias por la
tramitación. Insisto en que es un gesto que le honra porque me consta que, desde el mes de diciembre, ha hecho esfuerzos para contar a los grupos parlamentarios la acción del Gobierno, y eso yo también lo valoro adecuadamente.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Madina.



El señor MADINA MUÑOZ: Me gustaría concretar algunas cosas y entrar en el debate sobre la forma de tramitación elegida para la aprobación de esta propuesta de estatuto del cooperante, en el que ha entrado el resto de los grupos y que yo no
había señalado en mi primera intervención. En cualquier caso, a pesar de ser hoy el día de los enamorados y un buen día para debatir esto, a mi grupo le gustaría no tener hoy esta sensación de alegría, sino que hubieran sido otros diputados, los de
la legislatura anterior por ejemplo, los que hubieran sacado adelante un estatuto del cooperante. Mi amigo Robles ha contado mal, porque entre 1998 y 2004 hay siete. De nueve, somos responsables de dos, pero no de siete. En cualquier caso, yo
creo que hoy es buena noticia la aportación positiva que todos los grupos han hecho, incluyendo por supuesto al primer partido de la oposición, en un debate que ha generado, como decía antes, amplios consensos.



Respecto a la forma de la tramitación, a lo que se han referido todos los grupos en sus intervenciones, yo quisiera señalar, primero, que, como usted ha señalado, desde la entrada en vigor de la ley hasta ahora era demasiado tiempo sin tener
estatuto del cooperante, sin que los cooperantes españoles tuvieran un marco regulador de su actividad laboral y de su trabajo en los proyectos de cooperación sobre el terreno; segundo, que la ley, aprobada en tiempos en los que gobernaba el
Partido Popular en España, permite que el estatuto se apruebe por esta vía que ha elegido su Gobierno y, tercero -creo que este es un dato importante-, que las modificaciones futuras que tengan que introducir su Gobierno, o quien corresponda, en el
resultado final de lo que todavía es una propuesta de estatuto del cooperante -siendo la cooperación una realidad muy cambiante, especialmente en los últimos años- serán más fáciles que si estuvieran delimitados por el tipo de reserva jurídica
formal que tienen las normas con rango de ley. Es importante señalar que la facilidad para modificaciones futuras, en una realidad altamente cambiante como es la cooperación y la figura de los cooperantes, será mayor con esta forma de tramitación
que ustedes han elegido que si tuviera rango de ley.



Ha sido un debate muy vivo, cuenta usted con un gran respaldo y con aportaciones importantes de los grupos parlamentarios. Estamos convencidos de que la balanza termina siempre cayendo del lado de quienes tienen la verdad, la razón y creen
en las causas más nobles. Hace poco, en un dominical, hemos visto una foto que iba en esa dirección. Seguro que en el futuro, cuando este estatuto del cooperante entre en vigor y se mire para atrás, esta pelea por la regulación de la figura de los
cooperantes, que son las terminales de nuestra solidaridad internacional, tendrá también un espacio dentro de las fotografías más importantes de esta legislatura.



La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, para contestar a todos los grupos parlamentarios, tiene la palabra.



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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (Pajín Iraola): Quiero agradecer una vez más el tono de todos los grupos parlamentarios y aprovechar este turno de réplica para responder a algunas cuestiones
que antes he olvidado. Ese olvido quizá ha provocado que algunos grupos se sintieran menos contestados, pero yo he intentado responder a todas las propuestas que me han hecho todos los grupos, sin distinción de si son grandes o pequeños, porque
desde el primer día he intentado que este estatuto fuera de todos y no he preguntado nunca a ninguna comunidad autónoma quién la gobierna ni de qué grupo parlamentario venían las propuestas. No obstante, si lo han entendido así, pido disculpas.
Creo que no hace falta decir nada más, entre otras cosas, porque el Grupo Parlamentario Popular se había interesado por las becas, la fiscalidad, y también por las ayudas a las familias -a lo que también se había referido el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-, y ya he contestado en mi anterior intervención.
Ahora contestaré a las cuestiones que creo que he dejado sin respuesta.



En lo que se refiere al IRPF, he dejado bien claro que hay abierto un proceso de reforma, como muy bien ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, y también les he reiterado mi voluntad de trabajar, como ya lo estoy haciendo, con los
departamentos correspondientes para que se tengan en cuenta las peticiones de las ONG y de los cooperantes. En cuanto a los países -efectivamente, se me había olvidado contestarle-, siempre hemos manejado como ámbito geográfico la lista que se
refiere al CAD, por una razón muy sencilla. Todos los países susceptibles de ayuda son aquellos clasificados en vías de desarrollo y hay países con los que España nunca ha cooperado. Le pongo un ejemplo. Hasta el año 2005, en el que empezamos a
trabajar con ayuda humanitaria y de emergencia, Zimbabwe era un país que no aparecía en los planes directores ni en los planes anuales de cooperación, y por tanto no aparecía en los planes de la Agencia; sin embargo, es un país con el que hemos
cooperado en materia de ayuda humanitaria por razones bastante evidentes y no podemos discriminar a los cooperantes que trabajan en Zimbabwe, por lo que hemos elegido el marco de aquellos países en vías de desarrollo que están clasificados por los
organismos internacionales correspondientes.



Respecto a los expertos nacionales, quiero recordar que lo que pretende este estatuto del cooperante es dar respuesta a aquellos cooperantes profesionales que hoy tienen desprotegidos sus derechos; no es el caso de la mayoría de los
expertos nacionales ni de otro tipo de figuras.
Entendíamos oportuno dejar bien claro que era a aquéllos que estaban desprotegidos y que no tenían derechos a los que había que solucionarles el marco jurídico y darles la respuesta que estamos dando
hoy. Por eso hemos sido bastante nítidos, como usted decía al principio, en determinar las reglas del juego y definir bien el concepto de quiénes eran cooperantes y quiénes no, y sobre todo -lo que es más importante- ya no solo quiénes hacen
labores de cooperación, que en este caso sería un ámbito mucho más amplio, sino quiénes pueden beneficiarse de un régimen que asegura unos derechos que hasta ahora no tenían unas figuras concretas de cooperantes profesionales.



El Grupo Parlamentario Popular se ha interesado por lo que se refiere a la formación. Yo quiero recordar, por si no ha quedado suficientemente clara la lectura, que el artículo 10.1 a) habla de formación y que, además, es un apartado que se
ha mejorado mucho con las aportaciones de todos los agentes. Es un capítulo bastante amplio, que garantiza la formación de los cooperantes, porque entendemos que es un derecho -y así aparece en el estatuto, como un derecho- a la formación y a la
información sobre los países en los que trabajan. Creo también, honrada y modestamente, que lo recogido en el artículo 9 y en la disposición adicional tercera, que hablan de reinserción laboral, es una propuesta ambiciosa. Hasta ahora, nunca
habíamos llegado tan lejos en ninguna de las propuestas que se conocen sobre las políticas activas de empleo y de reinserción laboral.
Hemos contado con una colaboración muy activa del Ministerio de Trabajo, que yo quiero agradecer, en lo que se
refiere a poner a disposición mecanismos para la reinserción laboral de los ciudadanos y ciudadanas españolas que están durante mucho tiempo desarrollando su trabajo en el exterior y que tienen dificultades a la hora de reinsertarse laboralmente en
nuestro país.



Por lo que se refiere a las indemnizaciones del viaje, acerca de lo cual también se me ha preguntado por parte del Grupo Parlamentario Popular, quiero destacar que lo que aparece en este estatuto y no estaba en la propuesta del proyecto de
ley del Grupo Parlamentario Popular son los gastos por lo que se refiere a los hijos y a la residencia, que creo que es de destacar y es un paso más allá, puesto que en el anterior solo aparecía el derecho a solicitar las ayudas familiares.



En cualquier caso, quiero volver a agradecerles sus propuestas, muchas de las cuales seguiremos estudiando hasta la tramitación final, y en cuanto al espíritu de hacer suyo este estatuto yo hubiera hecho lo mismo si, estando en la oposición,
como estuve en la legislatura pasada, se hubiera aprobado. Creo que es el comportamiento que se tiene que tener y que hasta ahora hemos tenido todos en las políticas de cooperación al desarrollo en general, que todos entendemos deben estar fuera
del debate partidista y permanecer en el tiempo sin estar sometidas a vaivenes partidarios que puedan interrumpir un proceso a medio y largo plazo y en profundidad hablando de derechos de los cooperantes, como hoy estamos hablando. Por tanto, una
vez más quiero agradecerles sus propuestas, su tono y sus sugerencias, y decirles que cuando el texto definitivo, que tiene que pasar todavía por los procesos habituales antes de su aprobación final, esté elaborado, se lo haré llegar, pues esta
Secretaría de Estado ha intentado ser siempre lo más transparente posible, no solo con todos los agentes de la cooperación, sino especialmente con los miembros de esta Cámara.



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La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, agradecemos profundamente -creo que hablo en nombre de todos los grupos parlamentarios y de la Mesa- esta comparencia y el tono de todos los grupos parlamentarios. Ojalá todas las
comisiones de esta Cámara pudieran mantener el tono, el diálogo y el consenso; todos hacen un trabajo en positivo, respetuoso unos con otros, que yo desde esta Presidencia quiero agradecer profundamente a todos los grupos parlamentarios. Ustedes
hoy han hablado de la protección de los trabajadores de la cooperación, que no solo son nuestros mejores embajadores de la acción exterior, junto con el cuerpo diplomático, sino que además responden a una querencia profunda de lo que la opinión
pública comparte en este país, y es la solidaridad con los que menos tienen en aquellos lugares donde menos hay. Por tanto, muchas gracias a todos.



Ruego a los portavoces que están presentes en la sala se acerquen un momento a la Mesa para tratar un tema rápidamente.



Se levanta la sesión.



Eran las once y cincuenta y cinco minutos del mediodía.