CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 440

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 25

celebrada el martes, 22 de noviembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Preguntas:


-De la señora Castro Masaveu (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre puesta en marcha de una nueva oficina judicial en Avilés que contará con un nuevo sistema organizativo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/031310). (Número de expediente 181/001398) ... (Página 2)


Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Conde-Pumpido Tourón) para informar sobre:


-La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2004. A socilitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000700) ... (Página 2)


-La política de nombramientos de la carrera fiscal. a socilitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000648) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



PREGUNTAS:


-DE LA SEÑORA CASTRO MASAVEU (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN AVILÉS QUE CONTARÁ CON UN NUEVO SISTEMA ORGANIZATIVO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/031310). (Número de expediente 181/001398)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.



La sesión constaba inicialmente, según la convocatoria, de tres puntos en el orden del día, pero ya les podemos anticipar que el punto tercero, referido a la contestación a la pregunta sobre la puesta en marcha de una nueva oficina judicial
en Avilés que contará con un nuevo sistema organizativo, de la que era autora doña Alicia Castro Masaveu, diputada del Grupo Popular, se había incluido en el orden del día por no haberse producido una respuesta escrita en plazo y, conforme establece
el Reglamento, era preceptivo que se ultimara el trámite de contestación en el seno de la primera sesión hábil de la Comisión. Con posterioridad hemos conocido que el Gobierno ha remitido la respuesta escrita a la indicada pregunta y, según nos
informan los portavoces del Grupo Popular, la propia diputada considera innecesario que se formule de manera oral lo que ha sido respondido por escrito. Debido a eso, el punto tercero del orden del día desaparece y procede exclusivamente abordar
los dos primeros puntos que constan en la convocatoria que tienen ustedes entre sus manos.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (CONDE-PUMPIDO TOURÓN) PARA INFORMAR SOBRE:


-LA MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 2004. A SOCILITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000700)


-LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS DE LA CARRERA FISCAL. A SOCILITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000648)


El señor PRESIDENTE: Celebramos hoy entonces la comparecencia del fiscal general del Estado para presentar y explicar la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2004, y a ella hemos sumado en el mismo trámite la referida a la política
de nombramientos en la carrera fiscal. La primera es a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la segunda, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Para evacuar esta comparecencia, agradeciendo y dándole la bienvenida al
fiscal general del Estado, le cedemos el uso de la palabra.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señor presidente, señoras y señores diputados, tengo el honor de cumplir por segunda vez con la previsión legal de comparecencia del fiscal general del Estado ante esta Comisión de
Justicia del Congreso para presentar la memoria de la Fiscalía General correspondiente al año 2004. Más allá de mi obligación estatutaria, lo hago con la satisfacción de avanzar en uno de los objetivos que quise definir con mayor nitidez y firmeza
en este mismo foro al comienzo de mi mandato, que el ministerio fiscal se consolide en su posición de órgano constitucional clave en la articulación del Estado de derecho.



No me cansaré de insistir, aun a riesgo de resultar reiterativo, en la trascendencia institucional que necesariamente debe tener la tarea crucial de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y la condición de promotor de la
acción de la justicia que la Constitución atribuye al fiscal. Su autonomía funcionaria orgánica, ligada de modo inherente al principio de estricta e imparcial sujeción a la ley, no puede defenderse ni hacerse realidad sin la contrapartida de la
responsabilidad. No es concebible que el Estado democrático dote de autonomía funcional a un órgano que no responda de sus actos, como no es posible en el Estado de derecho endosar la responsabilidad del ministerio público a otras instancias
respecto de las cuales predicamos un ejercicio autónomo de nuestras funciones. De ahí que mi satisfacción en todas las ocasiones, cuatro ya, en que me he presentado ante SS. SS. tenga tanto que ver con el factor institucional como con el
contenido o el motivo concreto de cada comparecencia. Cada vez que el fiscal general del Estado comparece ante el Parlamento, el ministerio fiscal se aproxima más en el plano de la realidad al lugar que tiene reservado en la letra de la
Constitución. En ejercicio de esa responsabilidad cumplo, pues, con lo preceptuado en el artículo 9 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y paso a dar cuenta a SS.SS. de la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año
2004.



Me permitirán comenzar diciendo que lo hago con especial atención porque si bien, como recordaba hace unos instantes, ésta es mi segunda comparecencia con tal objeto, la que ahora les presento es en realidad la que puedo considerar
verdaderamente mi primera memoria como fiscal general del Estado. Aun cuando ni siquiera el período recogido en ella corresponda en su totalidad a mi mandato, que se inició en el mes de abril de ese año 2004, sí puedo afirmar, creo que con legítimo
orgullo que comparto con el conjunto de los fiscales, que a lo largo de estos primeros meses del año 2004 ya fraguaron


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los principios esenciales y las bases de actuación cuyo desarrollo a lo largo de este último año, posterior al período examinado, ha comenzado a arrojar frutos abundantes y valiosos, una cosecha que ha sido posible gracias al excepcional
capital humano con que cuenta el ministerio fiscal y que no me cansaré de elogiar. Pero no les oculto que ese sentimiento de emoción presenta matices muy amargos, ésta es también la memoria que ningún fiscal general hubiera querido suscribir porque
en ella, como en la memoria histórica de todos los españoles, queda constancia para la posteridad del hecho criminal más grave, más inhumano perpetrado no ya en nuestro país, sino en todo el continente europeo. Los atentados del 11 de marzo de 2004
encabezan por macabro mérito propio todos los capítulos de la actividad, el esfuerzo y la dedicación del ministerio fiscal español en aquel año y en el tiempo transcurrido desde entonces. En efecto, los 191 muertos y más de 1.000 heridos que el
fanatismo y la irracionalidad dejaron tendidos junto a las vías aquella mañana de marzo no son una cifra trágica para recoger en una estadística luctuosa, son, por el contrario, el aliciente diario de una de las empresas que con más ahínco ha
emprendido el ministerio fiscal español. Contábamos con la triste fortuna de haber tenido que desarrollar en nuestro sistema jurídico y en nuestra organización judicial y fiscal uno de los sistemas más solventes en materia de lucha contra el
terrorismo que se puede encontrar en todo el mundo, pero, pese a todo, ha habido que desplegar un esfuerzo de adaptación y replanteamiento de las técnicas de actuación, concentrado principalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.



Hemos ampliado el grupo de fiscales especializados en el estudio y la investigación de las organizaciones criminales de signo islamista radical, potenciando su formación y su participación activa y directa en foros internacionales de acción,
intercambio de información y cooperación en esta materia. Al tiempo, hemos reforzado su dedicación, incluso en régimen de exclusividad, como sucede precisamente en el caso del sumario del 11-M. El esfuerzo desplegado ha supuesto que, al margen por
completo de juicios paralelos y controversias políticas que poco ayudan a la actividad de jueces y fiscales, hoy podamos rendir cuenta de un resultado razonablemente satisfactorio que suma la eficacia en el avance de la investigación al escrupuloso
respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales consagrados en nuestra Constitución y en los tratados y convenios internacionales de los que España es parte. Esa especial aplicación de voluntad y medios también ha permitido al fiscal,
que, como saben, dirige la investigación oficial en el ámbito de los menores, concluir el expediente del único menor hasta ahora implicado en los hechos, formulando el correspondiente escrito de alegaciones y obteniendo una sentencia de conformidad
acorde con la garantía legal del interés superior del menor.



La ingente tarea de formar un sumario que permita exigir efectivas responsabilidades penales y civiles a todos los artífices de aquella masacre, cualquiera que sea su grado de participación criminal o el lugar al que hayan podido huir, y
también amparar los derechos de las víctimas ha sido y es una prioridad absoluta del ministerio fiscal durante el período que examinamos y hasta el momento actual, y lo seguirá siendo, con el objetivo concreto, que, como ya he manifestado en
público, se verá previsiblemente cumplido, de que los imputados, que ya son más de 40, sean juzgados sin llegar a agotar los plazos legalmente establecidos para la prisión provisional. Debo en este punto, aparte de reconocer con énfasis el
excelente trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajo del que dan cuenta más de 30 atestados, más de 80 inspecciones oculares y decenas de informes periciales elaborados por la policía científica, subrayar la eficacia y la
fluidez con que han funcionado los mecanismos de cooperación internacional, singularmente con las autoridades italianas, pero también con Bélgica, Argelia, Serbia-Montenegro, Marruecos o el Reino Unido, por solo citar algunos ejemplos. Esta
cooperación se ha materializado en el despacho de numerosas comisiones rogatorias, incluido el desplazamiento a Milán del juez y la fiscal encargados del caso, la emisión de diversas órdenes europeas de detención, varias extradiciones y
transmisiones de documentos y la entrega temporal de uno de los imputados, el llamado Mohamed el Egipcio, que está sujeto a otro procedimiento penal en Italia, entrega en cuya efectiva materialización, culminada en un plazo extraordinariamente
breve, debo destacar la relevante colaboración del fiscal general del Tribunal de Casación de Italia.



La misma voluntad de reacción firme y decidida del ministerio fiscal y el aparato judicial español a la explosión del terrorismo islamista también nos ha permitido, por último, culminar con resultados condenatorios el mayor juicio hasta
ahora celebrado contra las organizaciones terroristas islámicas, incluida su participación en otro hecho análogo en tantos sentidos a la tragedia del 11-M como fueron los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York de septiembre de 2001, o recibir
las felicitaciones de las autoridades norteamericanas por haber obtenido la primera y hasta ahora única sentencia condenatoria contra un preso de Guantánamo, sin retroceder un milímetro, insisto, en el respeto y la salvaguardia de los derechos y
garantías fundamentales que constituyen la esencia constitucional del proceso penal español.



Hablo además de un esfuerzo realizado por el fiscal sin ceder un ápice en la capacidad de atención a sus otras ocupaciones, y, en particular, sin dar tregua a la lucha sostenida, coordinada y eficaz de la fuerza policial, el Poder Judicial y
la institución que represento contra la absurda e irracional pervivencia, contraria al sentido común y también al sentido de la historia, de la organización terrorista ETA, y eso incluye que declaro la acción del fiscal en todos los frentes, en el
estrictamente penal, en el frente penitenciario y también en el del control de la actividad social, mediática y política de las


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organizaciones terroristas, instando a la ilegalización de aquellas organizaciones que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, no cumplían los requisitos de legalidad establecidos por la Ley de Partidos Políticos. Como fiscal
general del Estado, en el año 2004, al que se refiere esta memoria, insté a la ilegalización en las elecciones al Parlamento Europeo de la agrupación electoral Herritarren Zerrenda, siendo estimada nuestra pretensión por la Sala Especial del
Tribunal Supremo y desestimado el recurso de amparo subsiguiente por el Tribunal Constitucional. Asimismo, ya en este año 2005, fuera del período de la memoria, en las elecciones al Parlamento vasco, la Fiscalía instó la ilegalización de la
agrupación electoral Auskera Gustiak, obteniendo una nueva sentencia favorable en el Tribunal Supremo, confirmada también por el Tribunal Constitucional. Obviamente, la ilegalización solo se ha instado en esos casos y no en otros en que no existen
elementos suficientes para actuar o en los que dichos elementos son precisamente los que el propio Tribunal Constitucional ha considerado insuficientes o bien no idóneos para fundamentar una resolución tan grave en democracia como es proscribir una
opción política.



Que nadie dude, como en ningún momento lo ha dudado este fiscal general, que 28 meses sin muertes violentas son el resultado de un larguísimo y penoso recorrido que ha aglutinado, en primer lugar, una acción legislativa perseverante y
contundente, simultáneamente dirigida a combatir el delito y a estrangular sus mecanismos de financiación, sus apoyos logísticos y tácticos y sus métodos de encubrimiento y ocultación, una acción legislativa desarrollada por consenso entre los dos
partidos mayoritarios conforme al Pacto de Estado antiterrorista y de cuyo éxito participa tanto el actual Gobierno como el anterior. En segundo lugar, el perfeccionamiento de la técnica policial y el sacrificio ilimitado de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la dedicación, la especialización y el esfuerzo de jueces y fiscales. En tercer lugar, la cooperación internacional, producto de una percepción cada vez más clara de que el terrorismo en una
amenaza global para la sociedad del siglo xxi. En cuarto lugar, la constatación de que el terror solo cede realmente allí donde lo ha hecho ante el Estado de derecho, no ante los carros de combate ni bajo la acción delictiva de la guerra sucia, que
más bien tienden a operar como factores de retroalimentación del terrorismo. Y, en fin, sobre todo la convicción profunda y cada vez más arraigada con que el conjunto de los ciudadanos, especialmente de los ciudadanos vascos, dan testimonio
cotidiano, heroico en muchas ocasiones, de la inutilidad e inoperancia de la acción violenta para el logro de objetivos sociales o políticos.



Los 32 atentados con 27 heridos son, pese a todo, el patético balance de la actividad de la banda terrorista ETA en el año 2004 y, tras más de 30 años sembrando dolor y sufrimiento, todavía sus dirigentes parecen dar la espalda a ese cúmulo
de evidencias. Pero con todo, vista esa trayectoria y calculado su trágico balance, puedo y debo reiterar la conclusión que expuse hace algunas semanas en el acto de apertura de tribunales y repito ahora para que quien la pueda entender, si quiere,
la entienda. Sin bajar la guardia y siendo conscientes de que queda camino por recorrer, la confluencia de todos estos factores permite albergar la esperanza cierta de un fin más próximo que lejano del terrorismo etarra. Si prefieren, lo puedo
decir como ya lo expresaba en su memoria del año 2003 mi predecesor en el cargo, don Jesús Cardenal, tal vez con mayor optimismo en cuanto al calendario. Nos encontramos -decía textualmente, tras repasar los mismos factores que acabo de enumerar-
ante la inminente y deseable desaparición de las bandas terroristas ETA y Grapo.



Pues bien, acabo de referirme a la cooperación internacional como una de las claves de la eficaz acción antiterrorista. En general, más allá de los límites del delito de terrorismo y sus conexos que junto a otros fenómenos criminales como
el narcotráfico constituyen el núcleo prioritario de esa actividad cooperadora, el progreso legal e institucional en esta materia ha sido en los últimos años, y en particular en el último, decididamente excepcional. Basta aportar un dato, en el
período al que se refiere la memoria que ahora les presento, la Audiencia Nacional, órgano judicial pionero en este campo, recibió y tramitó 475 órdenes europeas de detención y entrega. Si se tiene en cuenta que la Euroorden entró en vigor en ese
mismo año 2004, su aplicación solo puede calificarse de un éxito sin paliativos, debido sin duda a la enorme agilidad que aporta en el doble plano de eliminación de trámites formales y de facilitación del contacto horizontal entre autoridades
judiciales y fiscales de los Estados en que se aplica. En este contexto, tengo la convicción de que el innegable escollo surgido como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional alemán el pasado mes de julio será superado
más pronto que tarde, siendo evidente que el Estado de mayor peso en la Unión Europea no puede quedar al margen de un proceso imparable de apertura de fronteras a la acción de la justicia.



Otro de los instrumentos procedentes del acervo jurídico europeo son los equipos conjuntos de investigación penal. Operativos en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 3/2003, también están arrojando resultados netamente positivos. Ya en
julio de 2004 se constituyó con activa participación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el primero de estos equipos entre España y Francia, con el objetivo de coordinar la investigación de determinadas actividades delictivas de ETA. A la vista
de su utilidad, en noviembre ambos Estados pactaron la creación de un comité de expertos dedicado al específico objeto de la financiación de la banda terrorista. La percepción de que el instrumento es eficaz ha tenido consecuencias y tras esa
primera experiencia se han creado otros dos equipos francoespañoles para la investigación del narcotráfico organizado, en este caso con un papel protagonista para la Fiscalía Antidroga.



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Quiero que SS.SS. sepan que esta actuación de la Fiscalía española es hoy motivo de interés, de elogio y de felicitación en todos los foros internacionales. La enfática muestra de satisfacción del fiscal general de la Corte de Casación de
la República francesa, monsieur Jean Louis Nadal, expresada pública y reiteradamente ante representaciones al más alto nivel de 94 Estados de todo el mundo en la segunda cumbre mundial de fiscales generales y ministros de Justicia, que bajo los
auspicios de la Organización de las Naciones Unidas se acaba de celebrar la pasada semana en Qatar, es una buena muestra de ello, igual que, por cierto, el extraordinario interés y la excepcional acogida que los asistentes en esta cumbre tributaron
a la intervención del fiscal general español, prueba inequívocamente el creciente reconocimiento internacional de esta renovada presencia del ministerio fiscal de nuestro país en el ámbito de la cooperación jurídica internacional. La misma decisión
de potenciar la actividad y la capacidad de interrelación y cooperación de la Fiscalía española en el plano internacional inspiró la asistencia de quien les habla, hace ahora poco más de un año, a la cumbre de Cartagenera de Indias, Colombia, en la
que vio la luz la Red Iberoamericana de Cooperación, IberRED, que, sobre los pasos del precedente europeo, está caminando ya en dirección a un marco de relaciones mucho más fluido y eficaz. España ya ha designado sus puntos de contacto y los
movimientos de las distintas fiscalías latinoamericanas apuntan claramente hacia el inminente éxito de este nuevo instrumento de auxilio judicial.



En el plano regional, con el mismo propósito de revitalizar el protagonismo del fiscal español en el plano internacional, que pueden ustedes estar seguros es tanto como multiplicar la eficacia de las investigaciones transfronterizas, también
acudí en mayo, en compañía del presidente de nuestro Tribunal Supremo, a la Conferencia de presidentes y fiscales generales de Cortes Supremas de los Estados de la Unión Europea que tuvo lugar en Helsinki, y en diciembre del mismo año 2004, a la
Conferencia de Eurojustice, que se celebró en Dublín y que reúne a los fiscales generales de los Estados miembros de la Unión.



No quiero cerrar este capítulo de la cooperación internacional sin referirme a dos casos de relación bilateral que por su especial importancia creo que exigen una mención singular. En primer lugar, me parece que pueden estimarse muy
relevantes los primeros contactos entablados con el Reino de Marruecos, que además incluyen los primeros pasos de un proyecto de constitución en el país vecino de una red judicial similar a la que opera en la Europa unida. Pero sobre todo quiero
subrayar la línea de comunicación y colaboración efectiva abierta con los Estados Unidos de América. En mi anterior dación de cuentas les explicaba a SS.SS. que en diciembre del pasado año, con ocasión de la firma en Madrid por el excelentísimo
señor ministro de Justicia español y el entonces fiscal general de los Estados Unidos de los instrumentos de aplicación de los convenios bilaterales de asistencia jurídica mutua, habíamos iniciado contacto con las autoridades norteamericanas con el
fin de trabajar conjuntamente, en especial en el campo antiterrorista. Pues bien, me complace confirmarles que el camino recorrido en estos últimos once meses supera sin duda las expectativas más optimistas. De aquel inicial contacto surgió la
construcción de un grupo permanente de trabajo que ha cuajado en un contacto continuo y directo con el departamento de Justicia de los Estados Unidos. A aquella primera reunión de diciembre siguió otra en mayo en Madrid, y, solo hace unos días, una
delegación del Ministerio Fiscal español, encabezada por los fiscales jefe de la Audiencia Nacional y de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, se desplazó a Washington donde en el curso de varias jornadas mantuvo reuniones con
personalidades del más alto nivel en la lucha antiterrorista del Gobierno y del ministerio público norteamericano, entre otros, con el director de la Oficina de Asuntos Internacionales, y varios fiscales de su departamento, así como con el fiscal
jefe de la sección antiterrorista. En estos contactos se trataron tanto cuestiones de carácter general como atinente a investigaciones específicas en curso en ambos países. Concretamente hubo intercambio detallado de información sobre aspectos
procesales y sustantivos del sistema jurídico de ambos Estados, analizando en particular los problemas que plantea la transmisión y el tratamiento de informaciones reservadas conforme a la Ley norteamericana de Secretos Oficiales o Classified
Information Procedures Act (CIPA), así como el acceso a comunicaciones por correo electrónico. Ambas delegaciones compartieron también datos sobre técnicas de investigación en materia de financiación del terrorismo, modalidades de práctica y
validez de las pruebas en juicio y seguimiento de determinados procedimientos concretos que están en tramitación en Estados Unidos y España y que, por razones obvias, me permitirán que no identifique aquí de manera más detallada. Y les diré algo
más. En esa reunión los fiscales españoles también escucharon felicitaciones, la de sus homólogos americanos, por la agilidad y la eficacia a la hora de resolver sin anomalías, excepciones o especiales complicaciones procesales el caso del español
recluido en Guantánamo al que antes me referí y el juicio contra terroristas radicales islámicos implicados colateralmente en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que culminó con sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. El
nuevo camino de relación bilateral con Norteamérica también ha dado fruto. Las autoridades británicas acaban de dirigirse a nosotros con el propósito de estudiar la posibilidad de emprender un camino similar.



En fin, la visita a los Estados Unidos culminó con otra reunión, de no menor importancia que la anterior, con el director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, como saben, el español don Javier Rupérez. Entre los
diversos temas tratados en ese encuentro, aparte de algunas cuestiones concretas relativas a determinados procedimientos extradicionales en


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curso, suscitaron especial interés del señor Rupérez la experiencia de Eurojust en la sistematización de la información a través del intercambio de fichas estandarizadas y, una vez más, el modelo de colaboración a través de los equipos
conjuntos de investigación con Francia. Hasta el punto de que el embajador Rupérez ha solicitado a la Fiscalía española que, a través del Ministerio de Justicia, remitamos la información necesaria al presidente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, con el fin de valorar las posibilidades que brinda este modelo vanguardista de cooperación, especialmente en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada o Convención de Palermo, de 15 de noviembre
del año 2000.



Pues bien, el examen de estos importantísimos aspectos de la actividad del ministerio fiscal no puede dejar en segundo plano otras dimensiones no menos trascendentales del cumplimiento de nuestra misión constitucional como son las que se
refieren al ámbito más cotidiano de la seguridad ciudadana y de la progresiva mejora de los niveles de paz social, control de la actividad delictiva y aseguramiento de los derechos de los individuos y los grupos sociales, en especial de los más
vulnerables, frente a modalidades criminales cada vez más sofisticadas y complejas. A tal efecto, el estudio anual de la evolución de la criminalidad, que por disposición legal debe contener la memoria de la Fiscalía General del Estado, ha venido
apreciándose como un valioso punto de referencia a la hora de tomar el pulso a la sociedad española y constituye por ello uno de los puntos de obligado tratamiento, también por expresa disposición normativa, en esta comparencia parlamentaria.



Al abordar este apartado, me veo sin embargo obligado a reproducir las advertencias que ya formulé ante esta misma Comisión el año pasado. Las cifras que aparecen en los anexos estadísticos de la memoria, que por razones de consideración a
la paciencia de SS.SS. me limitaré a comentar de manera muy somera en sus aspectos más relevantes, facilita en realidad poco más que una remota referencia tendencial. No me refiero, por supuesto, al problema, importante pero de solución muy
difícil en el corto plazo, que plantea la distinción entre delitos cometidos y delitos conocidos por la Administración de Justicia o, dicho de otro modo, a la cifra negra de crímenes nunca denunciados o descubiertos (ése es en realidad el núcleo de
la política criminal, con mayúsculas, al que más tarde aludiré), a lo que me refiero es a la existencia de disfunciones de carácter meramente material o metodológico que impiden que el trabajo efectivamente realizado por las fuerzas policiales, el
ministerio fiscal y los órganos judiciales de este país, pueda reflejarse en datos estadísticamente fiables ordenados y sistematizados a partir de los cuales se puedan sacar conclusiones respecto del verdadero mapa evolutivo de la criminalidad en
España y en cada uno de sus territorios. Mal podrá el Gobierno desarrollar una política criminal ajustada a las necesidades reales de la sociedad y mal podrá este Parlamento valorar y controlar esa política si no existe una fuente de información
mínimamente fiable.



No voy a cansarles repitiendo los detalles en los que se manifiesta esa carencia esencial porque el simple repaso del 'Diario de Sesiones' correspondiente a mi comparecencia del pasado año permite obtener la información completa, pero no
puedo dejar de reiterar una respetuosa llamada de atención a esta Cámara y al Gobierno de la nación acerca del serio problema que representa la obsolescencia de los medios y procedimientos con los que cuenta el ministerio fiscal para el desempeño de
esta función crucial que consiste en recoger, ordenar, procesar y valorar los datos que reflejan la respuesta del aparato de la justicia frente a la criminalidad. Es cierto que se ha dado ya un primer paso que ha de valorarse de manera
extraordinariamente positiva y que afecta a éste y a otros aspectos de la organización material y funcional del ministerio fiscal. El Gobierno ha cumplido su compromiso de crear, al amparo de la reforma del artículo 13 del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal que tuvo lugar en el año 2003, una unidad de apoyo a la Fiscalía General del Estado integrada por personal de la Administración civil, entre cuyas misiones se encuentra precisamente la gestión en materia de informática y de
estadística. Esta unidad está siendo dotada de personal en estos días y cuenta con un flamante fiscal jefe de Sala, don José Luis Bueren, recientemente nombrado en sustitución del señor Martínez Zato, quien, como saben, ha pasado a ocupar el puesto
de teniente fiscal del Tribunal Supremo. A dicho fiscal de Sala se unirán en breve dos fiscales más con el objetivo de poner en rodaje cuanto antes las importantísimas funciones que la reforma estatutaria atribuyó a la unidad.



Tenemos, pues, el órgano y justo es reconocer el avance, pero nos siguen faltando las herramientas. El sistema informático integrado del ministerio fiscal, que debería incorporar no solo los mecanismos de homogeneización de la recogida y
tratamiento de la información, sino también los de transmisión de la misma entre juzgados y fiscalías y su centralización en la Fiscalía General del Estado, no funciona, y fíjense que digo que no funciona y no que no exista, porque realmente todas
las piezas de esta maquinaria están y llevan tiempo preparadas, pero falta el último y definitivo impulso que permita ensamblarlas y ponerlas en funcionamiento. Concretamente, en el plano normativo, está pendiente la aprobación de un real decreto
que debe desarrollar las previsiones de la Ley de Reforma Estatutaria que antes mencioné, facilitando la coordinación entre las distintas administraciones competentes para lograr la compatibilidad de las aplicaciones informáticas y la creación de la
red estatal de comunicaciones. El borrador de ese decreto ya existe y su entrada en vigor permitiría establecer una comisión nacional encargada de asegurar estos objetivos, pero para que esta norma vea la luz es preciso un acuerdo previo entre el
Gobierno y las comunidades autónomas. Creo que esta Cámara, en la que


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están representadas todas las fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno tanto en el Estado como en los territorios autonómicos afectados, es el lugar idóneo para solicitar un esfuerzo de voluntad que permita sacar adelante ese
texto reglamentario cuanto antes, así como la disposición de ánimo necesaria para facilitar acto seguido el correcto y eficaz funcionamiento del sistema, que, no se olvide, responde a un expreso mandato del legislador.



Dicho esto y, por tanto, con las expresadas salvedades, paso a resumirles brevemente, como prometí, las tendencias sobre evolución de la criminalidad que a grosso modo pueden observarse en el examen de la información remitida por las
fiscalías. En el aspecto cuantitativo, si se trata de cifras globales, una vez más la noticia es que no hay noticia en el sentido de que todo apunta a un alto grado de estabilidad con moderada tendencia a la baja. Exactamente, se observa un
descenso del 0,50 por ciento en el número de procedimientos incoados en relación con el año anterior, el año 2003. Concretamente, en el año 2004 se incoaron 3.956.078 diligencias previas, lo que representa una disminución en 19.700 respecto al año
anterior, rompiéndose nuevamente la tendencia alcista, como ya sucedió en el año 2003 en el que el total de previas incoadas fue de 3.975.778. No obstante, conviene advertir acerca de la dificultad de establecer comparaciones lineales entre esas
cifras, principalmente porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de juicios rápidos, que entró en vigor el 28 de abril de 2003, genera distorsiones y duplicidades de cómputo en el registro de procedimientos.



Permítanme hacer un paréntesis para poner de manifiesto la necesidad de acometer una evaluación precisa acerca del impacto que dichos juicios rápidos están produciendo en el conjunto del sistema procesal. No parece discutible su eficacia
dentro de su propio ámbito de aplicación si se tiene en cuenta que en el ejercicio que analizamos se incoaron 107.943 diligencias urgentes, que, de ellas, 83.107 llegaron al trámite de calificación y que en más de la mitad de estos casos,
exactamente en 43.358, se produjo una sentencia de conformidad. Pero no pierdan SS. SS.
de vista dos cifras, la que acabo de citar y los 89.461 juicios de faltas inmediatos que con arreglo a las disposiciones de la misma ley se celebraron ese
año; en todos esos casos fue precisa la presencia del fiscal en el juzgado de guardia. Como SS. SS. saben, la plantilla del ministerio fiscal no alcanza a un fiscal por juzgado, mientras que, paradójicamente, no hay tantos juzgados como jueces,
es decir, hay más jueces que juzgados, lo que ha dado lugar a la figura del juez adjunto, de manera que resulta necesario en numerosos lugares simultanear los servicios de guardia de dos o más partidos judiciales. De modo que uno de los muchos
datos pendientes de evaluar, y debo decirles que a primera vista genera cierta inquietud, es la incidencia de ese régimen de acumulación de servicios en el despacho de los asuntos que se tramitan por otros procedimientos distintos del juicio rápido,
es decir, los más complicados y los más graves, a los que hay que añadir las diligencias de investigación preprocesal, actividad capital del ministerio fiscal aunque seriamente atenazada por la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal del
año 2003, que en el comentado año 2004 ascendió a un total de 7.391 asuntos, cifra levemente superior a la del año anterior. El incremento de 135 plazas en la carrera fiscal en este año 2005 y el compromiso de otro aumento de 100 para el año que
viene contribuirán sin duda a paliar este más que previsible efecto negativo, pero no se puede olvidar que partimos de una situación de serio déficit histórico y que, paralelamente, se imponen al fiscal nuevas cargas derivadas, por ejemplo, de la
Ley de Violencia de Género o de proyectos como la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, al generalizar el incidente de nulidad de actuaciones para el caso de vulneración en cualquier resolución judicial firme de cualquier
derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, vendrá a multiplicar de facto la intervención del fiscal en una materia extraordinariamente compleja y delicada.



Volviendo a las cifras del año 2004, se incoaron 100.498 procedimientos abreviados ante los juzgados de lo Penal, cantidad un 12 por ciento inferior a la del año 2003, sin duda debido al trámite paralelo de las ya mencionadas diligencias
urgentes ante los juzgados de Instrucción de guardia. Los procedimientos abreviados ante las audiencias provinciales ascendieron respecto al ejercicio precedente en un centenar y los sumarios fueron 3.654 frente a los 3.272 del año 2003. Se
celebraron ante los juzgados de lo Penal 116.275 juicios, incluidos los rápidos, cifra inferior a la del año 2003, con 121.163. Los juicios ante las audiencias provinciales se situaron en 7.914 frente a los 7.864 juicios celebrados en 2003. Y los
juicios incoados ante el Tribunal del Jurado fueron 483, cifra algo inferior a los 561 del ejercicio precedente. En fin, otro dato preocupante es que en el año que examinamos se suspendieron 35.214 juicios en los juzgados de lo Penal, 1.976 en las
audiencias y 11 juicios de jurado. Esta cifra lleva detrás la perturbación de la actividad cotidiana de testigos y peritos, el retraso de la decisión del pleito manteniendo al imputado en situación de pendencia respecto a su futuro y, además, un
serio lastre para la Administración de Justicia en la medida en que, obviamente, cada suspensión supone la pérdida del señalamiento sin recuperación posible y la necesidad de reubicarlo en la agenda, generando la consiguiente demora de otros
procesos. También es ésta una asignatura pendiente que de cara a una justicia eficaz para el ciudadano es preciso abordar sin tardanza.



En el orden cualitativo, también conviene advertir que las cifras pueden dar lugar a interpretaciones equívocas. Las reformas penales operadas por las leyes orgánicas 11/2003 y 15/2003 suponen que muchas conductas que antes eran impunes o
definidas como falta hayan pasado a ser delito, lo que no solo incrementa en la memoria que les presento las cifras totales, sino que produce resultados aparentemente espectaculares en algunos


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apartados concretos como el de la violencia de género o doméstica, que en realidad no obedecen a cambios sociológicos o a explosiones criminógenas bruscas, sino a este efecto espejismo producido por el cambio legal. Por ejemplo, la
redefinición en los artículos 153 y 173 del Código Penal de las conductas antes calificadas como delito de lesiones o contra libertad, que han pasado ahora a integrar los delitos contra la integridad moral, dan lugar a un insólito incremento de
estos en un 1.772 por ciento. En general, se confirman algunas tendencias del año anterior como es el leve y preocupante crecimiento de las conductas delictivas violentas, esto es, los delitos contra las personas, si bien el crecimiento parece
frenarse puesto que este año es de algo más del 5 por ciento frente al 8,1 del año 2003. Pero también se mantiene el dato, en cierto modo contradictorio pero indudablemente positivo, de que ese aumento corre paralelo a un descenso igualmente
sostenido de la violencia con resultado mortal, ya que en el ejercicio del año 2004 se redujo en un 7 por ciento el número total de homicidios y asesinatos.



Especial atención merece por su dimensión social y por el interés que suscita en todos los niveles de la vida pública española en los últimos años el análisis algo más detenido de la evolución del fenómeno criminal de la denominada violencia
de género. El ejercicio anual al que se refiere la memoria que me trae ante SS. SS. contiene el reflejo del primer año completo de vigencia de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 11/2003 y la de la Ley 27/2003, que
incorporaron al sistema procesal la orden de protección para las víctimas de violencia de género o doméstica, para cuya aplicación se dictó, por cierto, la instrucción 4/2004 de la Fiscalía General del Estado relativa a la protección de las víctimas
y el reforzamiento de las medidas cautelares en relación con los delitos de violencia doméstica. En la línea apuntada por el ejercicio precedente, la estadística recoge un espectacular aumento de la actividad judicial relacionada con esta clase de
hechos, que coparon en el curso al que se refiere esta memoria hasta el 40 por ciento de los juicios rápidos y juicios de faltas inmediatos, incrementándose el número de diligencias urgentes en un 564 por ciento, duplicándose el número de
diligencias previas ordinarias y aumentando en un 326 por ciento los procesos abreviados. Pueden suponer, a la vista de estas cifras, que las fiscalías hubieron de afrontar un extraordinario esfuerzo en el contexto al que antes me referí.
Incrementos, como les digo, de un 564 por ciento, exigen multiplicar el esfuerzo del ministerio fiscal si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica 1/2004, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, ha tipificado como delito
las anteriores faltas de amenazas y coacciones leves cuando están relacionadas con la violencia de género.



Aunque no es todavía momento de evaluar los efectos de esta norma, sí debo dejar constancia de que la Fiscalía General del Estado ha afrontado de manera decidida su puesta en marcha tratando de asegurar el éxito aplicativo de una ley cuya
finalidad última es recuperar un desajuste histórico carente de toda justificación e intolerable en nuestros días como es la situación de inferioridad de las mujeres sin más motivo que su propia condición femenina, traducida habitualmente en
situaciones de explotación, sumisión y degradación de su dignidad y su personalidad absolutamente incompatibles con los postulados de nuestro sistema constitucional, una ley, además, aprobada por unanimidad de esta Cámara.
Me enorgullece decir que
la actuación y la presencia del ministerio fiscal en este frente no ha dejado resquicio. Pese a las carencias y dificultades materiales y organizativas expuestas, en cumplimiento de disposiciones previstas en la ley orgánica, inmediatamente se
designó a la fiscal de Sala delegada para la violencia de género y se nombraron delegados en todas y cada una de las fiscalías, al tiempo que se editaba una instrucción (instrucción 7/2005) regulando el funcionamiento de las correspondientes
secciones y se difundía la circular 4/2005 sobre criterios de aplicación de la ley orgánica, que, si me permiten decirlo, constituye a la fecha de hoy el primer punto de referencia doctrinal en la interpretación de esta norma.



Regresando a la estadística, el mayor número de delitos cometidos en el año 2004 fueron un año más los que atentan contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que llegó a alcanzar el 53 por ciento del total de los procedimientos por
delito. Este es uno de los sectores en que la aparente disminución de delincuencias previas incoadas encuentra explicación no en una reducción de las conductas delictivas, sino en el incremento correlativo de los juicios rápidos. Destaca con
claridad no obstante la notable reducción neta, en más de un 7 por ciento, de los supuestos de utilización de violencia o intimidación en la perpetración de estos robos, habiendo descendido también los robos con fuerza en las cosas en un 12 por
ciento. Se detectan en cambio aumentos muy significativos en los llamados delitos de cuello blanco, como pueden ser los de insolvencia punible o los delitos societarios y, en menor medida, las apropiaciones indebidas. Este dato puede ser
indicativo de una mayor sensibilidad social respecto a esta clase de conductas que entiendo que debe tener su reflejo en la acción del ministerio fiscal.



Los casos de delincuencia compleja y, más precisamente, delincuencia organizada, que se manifiestan en determinadas modalidades de delincuencia patrimonial a gran escala frecuentemente conectadas también con el uso de la violencia así como
con sectores, por así decirlo, más clásicos como el tráfico de drogas y las redes de blanqueo, a los que hay que añadir otros de más moderna factura como el tráfico masivo de seres humanos, las falsedades de monedas y documentos, en concreto, de
documentos de identidad y de medios de pago, constituyen una preocupación creciente de este fiscal general y creo que de la sociedad en su conjunto. Son numerosas las iniciativas tanto de origen interno como internacional


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para combatir este tipo de fenómenos. Tampoco aquí el ministerio fiscal español quiere quedarse atrás.



En la línea de reorientación de los esquemas clásicos de unidad de actuación y jerarquía en torno al principio de especialización, cuyas líneas generales les expuse el año anterior, he realizado a partir de diciembre del año 2004 una serie
de nombramientos de fiscales, a los que popularmente se ha atribuido la calificación de antimafia, que progresivamente van cubriendo los territorios de mayor incidencia de esta clase de hechos, la tarea de control y dirección de las investigaciones,
al tiempo que asumen, bajo la coordinación del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, las competencias propias de este órgano especial en el respectivo territorio. Y, en breve, la Fiscalía General del Estado formulará una propuesta concreta de
reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que permita a la propia Fiscalía especial extender directamente su acción a este tipo de conductas.



También seguimos asentando estos criterios de reforzamiento orgánico y funcional en otros sectores, como igualmente les anticipé hace un año.
Entre ellos, cabe destacar la protección penal del medio ambiente que hemos potenciado mediante la
firma de convenios con diversas comunidades autónomas para el intercambio de información, de formación y de asesoramiento técnico de los fiscales, al mismo tiempo que, en un sector tan específico pero de tan grave repercusión social como es el de
los incendios forestales, procedimos a designar fiscales especialistas, inicialmente en Galicia y en Extremadura, y posteriormente, ya en el año en curso, en el resto de fiscalías cuya actividad coordinada me consta que está deparando resultados muy
positivos. La esperada aprobación, si SS.SS. lo estiman oportuno, de una reforma legal que supondrá la creación de una Fiscalía delegada de Medio Ambiente permitirá culminar ese proceso y colocar al ministerio fiscal en una posición mucho más
ventajosa para afrontar una tarea que la sociedad reclama de modo cada vez más apremiante.



La seguridad en el trabajo, que una y otra vez he proclamado como prioridad del ministerio fiscal, ha tenido también asegurada una parcela de actuación trascendental en la gestión de los últimos meses. Dentro todavía del período que abarca
la memoria que hoy nos reúne, la Fiscalía General del Estado suscribió, como también les anuncié en mi última comparecencia, un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, y aquel primer paso ha ido seguido de otros hasta el punto de que
hoy, solo once meses después, puedo dar cuenta a esta Comisión de que ya están firmados otros tantos convenios con Galicia, con Cataluña y con La Rioja, está listo para la firma el de Aragón y abierto el proceso de redacción en el País Vasco y
Castilla-La Mancha, así como un completo protocolo de actuación interdisciplinar en Asturias. En este capítulo de la siniestralidad laboral, quiero llamar la atención de SS.SS. acerca de un dato que se refleja en la memoria y que quizá, no
correctamente interpretado, podría arrojar una impresión negativa. Dice literalmente el texto que les presento que los derechos del título XV, contra los derechos de los trabajadores, han experimentado un espectacular aumento, del 97 por ciento,
pasando de 5.415 a 10.691 en 2004. Pues bien, en contra de las apariencias, entiendo que esta cifra no es negativa en la medida en que no responde a un incremento real en esa proporción de los accidentes de trabajo, sino al número de supuestos en
que una situación de riesgo grave con o sin accidente ha sido objeto de un proceso penal.
Ese aumento espectacular por tanto puede atribuirse, igual que sucede en materia de violencia familiar, a la reducción de la cifra negra a la que antes me
refería. Este aumento de casi un 100 por ciento en la iniciación de los procedimientos por esta materia en el año 2004 responde en realidad precisamente al énfasis que ha puesto el ministerio fiscal en la persecución de esta modalidad delictiva.



Sin embargo, los acontecimientos demuestran que la velocidad a la que avanzamos no es suficiente cuando se trata de preservar vidas humanas, por ello es preciso adoptar medidas complementarias en las que llevamos tiempo trabajando. Estoy
pendiente de que un impulso decisivo del Ministerio de Trabajo permita ultimar la redacción de un protocolo de actuación a nivel estatal que implicará al ministerio fiscal, a la Inspección de Trabajo y al Ministerio del Interior, departamento este
último cuya diligente colaboración nos ha permitido obtener un conocimiento más exacto de las disponibilidades. Pretendemos optimizar estos recursos fijando unos criterios de intervención policial que en la fase inicial de la investigación permitan
mejorar la obtención y el aseguramiento de las fuentes de prueba y también, individualizadamente, las imputaciones, rasgando los velos que la vía de la interposición de sociedades y la subcontratación injustificada y fraudulenta buscan
exclusivamente la elusión de responsabilidad penal y civil. Asimismo, he anunciado hace unos días que está prevista la inmediata creación de una plaza de fiscal de Sala que se ocupará de esta materia, cuyo primer encargo va a ser consolidar la red
de secciones de siniestralidad laboral en todas las fiscalías en España, afianzar las vías de colaboración institucional a las que acabo de referirme y revisar los criterios de actuación del fiscal en todas las fases del proceso, y que culmina un
largo trabajo de gestiones en este sentido.



Los resultados estadísticos y las valoraciones de los distintos fiscales jefe acerca de la evolución de los delitos en sus respectivos territorios podría ocupar mucho más tiempo. Prometí no abrumarles con los datos y por tanto me remito a
partir de lo dicho, al contenido de la memoria y a las explicaciones que en su caso me requieran SS.SS. acerca de cualquier aspecto concreto que no haya tratado hasta aquí. Pero quiero hablar de otras cuestiones. Si como fiscal general mi primera
obligación es mantener en tensión todos los instrumentos que nos facilita el ordenamiento jurídico para combatir el crimen, mi mayor preocupación, tal y como proclamé desde mi primera declaración pública, son las víctimas, sobre todo las de los
delitos que atentan contra la integridad


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física o moral de las personas, cuyos efectos no pueden considerarse reparados ni por el mero ejercicio del ius poniendi del Estado ni, en la mayoría de los casos, por la obtención de una reparación económica que además no siempre logra
hacerse efectiva. En mi última comparecencia en esta Comisión, en diciembre del pasado año, anuncié ante SS.SS. la designación de una fiscal de Sala delegada para la tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal con el
fin de centralizar en la Fiscalía General del Estado la coordinación de los problemas que los perjudicados por los hechos delictivos tienen en los tribunales y mejorar en lo posible la respuesta a estos problemas con carácter global y añadido, por
tanto, a las específicas actuaciones que corresponden a otros departamentos de la Fiscalía, como puede ser la que he reseñado en el terreno de la violencia de género o la actividad desplegada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con
la unidad de apoyo creada para la atención de las víctimas del 11-M. El nombramiento de dicha fiscal de Sala, la señora Fernández Valcárcel, se llevó efectivamente a cabo aquel mismo mes de diciembre, y en el año transcurrido desde entonces, además
de abrir nuevos canales de relación del ministerio fiscal con la asociación de víctimas y con las administraciones públicas competentes en la materia, ha comenzado a desarrollar su tarea de coordinación interna que ya ha cristalizado en una
instrucción, la instrucción 8/2005, de 26 de junio, no recogida, dada su fecha, en la memoria que ahora les presento, con el objeto de impartir criterios a los fiscales precisamente acerca del ejercicio del deber de información a las víctimas en el
proceso penal.



Debo confesarles que mi empeño en aproximar al fiscal a la víctima y revalorizar su función constitucional de protector de los derechos de todos los ciudadanos se ha visto enormemente alentado por un hecho que no puedo dejar de mencionar.
Como les anuncié el año pasado, el ministerio fiscal ha encargado un estudio de opinión cuyos resultados aportan un valiosísimo material de trabajo y arrojan, por qué no decirlo, alguna sorpresa. Una de las sorpresas que más enfáticamente subraya
el autor del estudio es, según dice textualmente, la buena consideración que recibe la labor protectora, precisamente la menos automáticamente asociada en la imagen estereotipada del ministerio fiscal con su quehacer, opinión que además es
particularmente elevada entre los más jóvenes. Vivimos por tanto en una sociedad que, con la impresionante capacidad de percepción y de intuición democrática que ha venido caracterizándola en las últimas décadas, demuestra haber captado la esencia
constitucional del fiscal en contra de todos los tópicos y de la imagen tradicionalmente asignada a nuestro ministerio. Esto me lleva a concluir que ese empeño de aproximación a la víctima en la que me acabo de ratificar responde cabalmente a una
necesidad real que los ciudadanos aprecian y que por lo tanto se constituye para nosotros en una exigencia inexcusable y un deber irrenunciable.



Pero la aproximación a la realidad social no puede terminar ahí; esa función protectora del ministerio fiscal debe manifestarse en otras muchas dimensiones. El fiscal también sigue siendo garante constitucional de los derechos
fundamentales del imputado, y esa tarea exige una atención permanentemente renovada.



A lo largo del año 2004, esa función de garantía procesal tuvo diversas manifestaciones en la actividad de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, en la consulta 2/2004, sobre la aplicación de agravantes; o en la instrucción 8/2004, en
cuya virtud los fiscales deben velar para que en los juicios rápidos se facilite a los letrados de la defensa copia del atestado, con el fin de que puedan ejercer correctamente su función; o en la consulta 3/2004, que, anticipándose al proyecto de
reforma de la Ley Penal del Menor, estudia la aplicación de la medida de alejamiento en caso de menores que atenten contra las personas de su entorno; o en la 2/2005, sobre el derecho a entrevistarse con su abogado de los menores a los que se
atribuye la perpetración de un hecho delictivo; o, en fin, en las instrucciones 5 y 7/2004, que tratan, respectivamente, de reforzar las cautelas en el seguimiento de las causas con preso, con el fin de lograr una mayor celeridad en su tramitación
y de asegurar que la prueba pericial se practica con todas las garantías en los casos de delitos contra la salud pública. Fíjense sus señorías que me estoy refiriendo a una serie de instrucciones, una serie de consultas, una serie de actuaciones
del ministerio fiscal, que quizá no tengan en la sociedad una repercusión con la misma claridad que tienen los problemas cuando estos se plantean. Son instrucciones que han venido a solucionar problemas creados con anterioridad, por ejemplo, la
referente a la actuación en relación con los presos preventivos, y nos permiten por lo menos tener la satisfacción de que desde que se dictó esta instrucción no ha vuelto a producirse en la sociedad el escándalo de puestas en libertad producidas por
la demora en el tratamiento de los recursos y que sin embargo habían dado lugar a problemas con anterioridad. La ausencia de noticias puede ser también una noticia en el sentido de que se ha dado, digamos, solución a un problema y ese problema no
se reproduce, por lo menos hasta la fecha.



La vocación tuitiva del ministerio fiscal puede sin embargo concebirse con alcance mucho más trascendental. En el estudio de opinión al que antes hacía referencia, esos mismos ciudadanos que valoran positivamente al ministerio fiscal y
consideran que sus miembros están técnicamente bien preparados creen en su mayoría, hasta un 52 por ciento, que los fiscales, cito literalmente, están fuera de onda con lo que la gente cree y piensa en nuestra sociedad. Me pregunto en qué medida
esta percepción puede relacionarse no tanto con el perfil profesional o social del fiscal sino con el contenido de su actividad, es decir, con las normas en las que basa su actuación y con los procedimientos que emplea. En ese contexto, el objetivo
de acercamiento a la ciudadanía en lo que concierne al aspecto estrictamente institucional


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constituye, por las mismas razones que acabo de explicar al tratar el problema de las víctimas, una prioridad del ministerio fiscal. El portal de Internet www.fiscal.es ha sido recibido con notable éxito y ha abierto una vía eficaz, a
través de la cual los ciudadanos están haciendo llegar un elevado número de quejas, de opiniones, de comentarios y denuncias, y, pese a alguna tergiversación interpretativa, tal vez debida a una lectura desatenta o prejuiciosa, la instrucción 3/2005
facilita cauces de mayor fluidez en la relación del ministerio fiscal con los medios de comunicación. En otro ámbito pero respondiendo a la misma filosofía, la extensión de la figura del fiscal especializado en diversas materias, como los casos ya
citados de los fiscales de medio ambiente o incendios forestales u otros como pueden ser los de siniestralidad laboral o los fiscales antimafia contribuye a facilitar al ciudadano y a los grupos sociales puntos de referencia claros dentro de la
organización del ministerio fiscal a los cuales dirigir sus demandas o formular sus pretensiones.



La dimensión verdaderamente trascendental a la que me refería va más allá de lo cotidiano. La auténtica convulsión producida en la justicia española en materia de violencia sobre la mujer, la lucha contra la criminalidad organizada, la
preservación del medio ambiente o la aplicación de las herramientas penales al campo de la seguridad laboral, son vectores que confluyen en una misma dirección, señalan un nuevo horizonte de política criminal trazado precisamente a partir de una
realidad social nueva y radicalmente distinta de la que ha inspirado nuestra actuación convencional en el último siglo. El sistema jurídico ha ido colmando paulatinamente, a veces de modo más imperceptible y otras más traumático, esos que podríamos
denominar agujeros negros sacados a la luz del derecho, conflictos sociales como los que acabo de enumerar que hasta entonces se ventilaban en el ámbito privado o directamente se conservaban en estado de latencia, casi siempre en perjuicio, a veces
gravísimo, de bienes jurídicos esenciales de las personas afectadas.



En ese camino queda todavía mucho trecho que recorrer, hay otros agujeros negros en los que penetrar y hay zonas del espacio social en las que la intervención del derecho, y más concretamente del derecho penal, ha demostrado su ineficacia
tal y como se ha planteado hasta ahora. Mañana mismo compareceré ante la Comisión constituida en este Congreso de los Diputados para estudiar el problema de la seguridad vial. Ése es uno de los terrenos en el que la presencia de la actividad del
derecho no es ajustada a la realidad de nuestros días. El coste humano, económico, laboral y familiar que genera cada semana la auténtica matanza que se produce en nuestras carreteras no puede seguir siendo asumido como un fenómeno sociológico
inherente a la modernización de los medios de transporte. Ninguna sociedad a lo largo de la historia ha dejado de reaccionar con contundencia ante un fenómeno de tamaña capacidad dañina.
El ministerio fiscal español está en condiciones de aportar
su propio análisis y contribuir a buscar mecanismos de respuesta. No quiero alargarme en esta cuestión porque, como digo, mañana mismo tendré el honor de ofrecer con detalle esa aportación a la Cámara.



Existen otros frentes abiertos. Nos preocupa extraordinariamente el tratamiento del fenómeno de la inmigración desde sus distintos puntos de vista, el tráfico de seres humanos en su doble perspectiva, es decir, desde el punto de vista del
tratamiento del criminal que convierte la miseria y la desesperación de las personas en fuente propia de ingresos y desde la óptica de la situación en que quedan estas personas una vez que sus anhelos chocan con la dura realidad en su difícil
inserción en nuestro mercado laboral. Ésa es la antesala de un territorio marginal en el que, como es sabido, es muy difícil evitar que germine un factor criminógeno que acaba aislando a grupos sociales enteros, incluso bajo el designio de la
discriminación étnica o cultural, en un trágico círculo vicioso de explotación y clandestinidad. Tenemos que buscar instrumentos más eficaces para romper esa dinámica que difícilmente va a quebrar, todos lo sabemos, con la sola aplicación de
medidas de contención en nuestras fronteras.



Otra zona oscura es la de los menores. Enlazando con lo que acabo de decir, el año pasado dedicamos una instrucción al tratamiento de los menores extranjeros que se encuentran solos en territorio español; su fin era garantizarles la
protección que los textos internacionales exigen. No veo, por cierto, razones para revisar esta doctrina, prefiero apoyar las iniciativas que buscan a través de la cooperación asegurar a esos menores la misma protección en sus estados de origen.
Pero no solo nos preocupan los menores que proceden de fuera de nuestras fronteras, la protección de todos los menores de edad y la salvaguardia de sus intereses constituye, como es sabido, una de las funciones más relevantes del ministerio fiscal.
Es cierto que en los últimos años la violencia ejercida contra ellos en la esfera doméstica ha sido objeto de mayor atención, en particular cuando acompaña a conductas atentatorias contra la integridad de la mujer. Sin embargo, se dejan entrever
otras situaciones preocupantes. Hace unas semanas he dictado una instrucción sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, que pretende abrir una brecha en este terreno oculto del que hace unos meses emergió el drama,
estremecedor e inasumible en una sociedad civilizada, de un niño aterrorizado y denigrado por sus propios compañeros de colegio hasta el extremo de quitarse la vida. Y nos preocupa también la prevista reforma de la Ley Penal del Menor, a cuyos
trabajos preparatorios ha contribuido la Fiscalía General del Estado procurando velar por un equilibrio posible entre el superior interés del menor y los intereses de la víctima y mejorar los aspectos técnico-procesales para reforzar la efectividad
de sus principios.



El ministerio fiscal español está dispuesto a asumir con todas las consecuencias todos estos nuevos retos. Los fiscales están haciendo esfuerzos tan meritorios


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como ocasiones escasamente visibles para el conjunto de los ciudadanos.
Cada cambio legislativo constituye un reto de adaptación que a veces tiene profundo calado organizativo y funcional y casi siempre ha de hacerse contra reloj. La
lectura de las cuatro circulares de la Fiscalía General del Estado relativas a las reformas del Código Penal que se acumularon al final de la legislatura anterior puede dar una idea de la magnitud de ese esfuerzo. La permanente actualización de las
técnicas y los conocimientos de los fiscales es en este sentido determinante. De su formación depende su capacidad de responder de manera pronta y uniforme a las nuevas exigencias de cada momento y por ello resulta un factor clave para el correcto
ejercicio de su misión constitucional. El año pasado exhorté a esta Comisión a facilitar los medios necesarios para que esa actividad de formación pudiera ponerse a la altura de la demanda social y constitucional. El compromiso asumido en persona
por el presidente del Gobierno para la dotación de una partida presupuestaria complementaria anual de 2 millones de euros específicamente destinada a la formación de los fiscales, que ha sido aprobada por esta Cámara, y se lo agradezco expresamente
a sus señorías, supone un salto cualitativo sin precedentes y permite augurar, con la seguridad que da la confianza en la institución y en quienes la componen, que la sociedad percibirá de manera tangible e inmediata el fruto de esa inversión.



La formación suficiente y adecuada y el acceso a la información es además condición imprescindible para hacer realidad el principio de unidad de actuación del ministerio fiscal en todo el territorio del Estado. Dicha unidad es, y entiendo
que debe seguir siendo, por mandato constitucional, la garantía última de la igualdad de todos los españoles ante la ley que proclama el artículo 14 de la propia Constitución, especialmente en el delicado terreno de la aplicación de la ley penal.
El aseguramiento de esa actuación uniforme exige asimismo una organización flexible, operativa y ágil. Como saben, ésa ha sido una de mis principales preocupaciones desde que asumí el cargo de fiscal general del Estado. Esa es la razón por la que
en los meses a los que se refiere la memoria que les presento, es decir, entre mayo y diciembre de 2004, visité personalmente 20 fiscalías, algunas de ellas en dos ocasiones, seleccionando las de mayor tamaño, como Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, o las que tienen problemas específicos, como todas las del País Vasco y Navarra, o las insulares, y también las que estimé más significativas entre las de tamaño medio, A Coruña, Murcia, Zaragoza, Granada o Valladolid, entre
otras, y también las más pequeñas que plantean problemas de organización absolutamente diferenciados. He tratado con ello no solo de formarme una idea cierta y clara de la situación y de las necesidades reales del ministerio fiscal, sino también de
recabar la opinión y las propuestas de los fiscales, cuya experiencia profesional y humana puedo asegurar a sus señorías que constituyen para mí el primer punto de referencia ante cualquier problema o dificultad.



Puedo decir con orgullo que gracias a todas esas aportaciones, que se traducen en una inequívoca y unánime voluntad colectiva del ministerio fiscal, la Fiscalía General del Estado ha avanzado en este tiempo de manera decidida en la
implantación de unas estructuras propias del siglo xxi. El proceso de delegación de funciones del fiscal general en los fiscales de Sala, que he ido desplegando a lo largo del último año, se ha formalizado de manera general en una instrucción cuyos
principios esenciales son la especialización, la eficacia y el entendimiento de la jerarquía como vehículo de coordinación y de unificación de criterios. La constitución de la unidad de apoyo que ya he citado nos permitirá seguramente presentar
dentro de unos meses una fiscalía general orgánicamente vertebrada, mejor organizada y capaz de resolver más problemas con menor esfuerzo, mediante un aparato administrativo moderno y eficiente que permita dejar atrás el modelo auténticamente
decimonónico que arrastra.



Voy concluyendo. El Consejo Fiscal, renovado hace unos meses con arreglo a nuevas normas que aseguran una mayor representatividad de los fiscales, en particular de los más jóvenes, al eliminar el sistema de elección por categorías y cargos,
se ha visto potenciado también como órgano basilar de funcionamiento de la Fiscalía General, al tiempo que actúa como caja de resonancia de la voz de la carrera fiscal. Por una parte, ha incrementado su dimensión funcional al asumir algunas
competencias nuevas, en particular la importantísima de informar todos los proyectos normativos que afectan a la organización, estructura y funcionamiento del Ministerio Fiscal, pero también, por otra parte, ha ganado peso institucional en la
práctica al recuperar, mediante el compromiso claro y determinante de quien les habla, el ejercicio efectivo tanto de su función asesora como de las atribuciones decisorias que le corresponden, en un clima de limitación competencial clara y mutuo
respeto entre el fiscal general y el órgano colegiado. Hoy las competencias del consejo, convocado como mínimo con la periodicidad que la ley exige, se ejercitan en el consejo y por el consejo, no a instancias ajenas, ni de la política ni de las
asociaciones profesionales. El debate es real y en ocasiones vivo, aunque respetuoso y ordenado, los informes son oídos y efectivamente valorados y las decisiones del fiscal general se comunican en el acto y se explican debidamente a los consejeros
cuando por algún motivo se apartan legal y legítimamente del criterio mayoritario de estos.



Hay algo que sabemos bien los españoles que hemos vivido la restauración de la democracia, y que, por cierto, hoy mismo celebramos el 30 Aniversario del acceso de Su Majestad el Rey don Juan Carlos al trono.
Sabemos bien que el prestigio de
las instituciones, y acabo de mencionar el mejor ejemplo, contribuye a su solidez y que la solidez institucional es el mejor cimiento del Estado de derecho. Con esa idea clara, aunque seguramente con defectos y con errores, hemos trabajado, y


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queremos seguir haciéndolo, por mejorar el ministerio fiscal para mejorar la sociedad a la que sirve.



Termino aquí el resumen anual, concentrado y limitado, de ese trabajo. Me disculpo por la extensión de la intervención, que responde igualmente a un trabajo extenso que viene reflejado en la memoria. Corresponde a sus señorías, como
directos representantes de la sociedad juzgar esa obra y señalar los defectos y los errores para que puedan, en la medida de nuestra capacidad, ser corregidos. A este fiscal general del Estado le toca, como les decía al comienzo, la fortuna de
asumir esa responsabilidad a la cabeza de un órgano cada día más sólido, más activo, más resistente a cualquier intento de instrumentalización, más beligerante en el cumplimiento de su cometido y, sin duda, más irreversiblemente volcado hacia el
futuro.



Concluyo, la presentación de la memoria. Y si el señor presidente lo desea o lo estima conveniente, hago muy brevemente una referencia, no preparada previamente, a la segunda parte de la comparecencia, sobre la política de nombramientos en
el ministerio fiscal. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Sí, se lo agradecemos, señor fiscal general del Estado, por cuanto que tramitamos ambas comparecencias de forma acumulada. Muchas gracias. Puede proseguir.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señor presidente, debo remitirme a la comparecencia realizada en esta Cámara el 28 de febrero del año 2005, de este mismo año, precisamente sobre la misma materia, para explicar la
política en relación con los nombramientos en el ministerio público.



No tengo ninguna novedad que ofrecer en relación con la política de nombramientos en el Ministerio Fiscal porque ésta se sigue por los mismos criterios que hemos venido siguiendo con anterioridad. Los nombramientos discrecionales se hacen
en todo caso de acuerdo con los criterios que nos marca la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La ley, el estatuto orgánico del ministerio fiscal, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en determinadas sentencias, que se refieren
precisamente a los nombramientos discrecionales en la carrera fiscal, han marcado el ámbito de las competencias del fiscal general del Estado y del asesoramiento que le presta el Consejo Fiscal. El fiscal general del Estado ha seguido estos
criterios determinados por la ley y por la jurisprudencia, estableciendo los nombramientos de acuerdo con los principios de mérito y de capacidad, eligiendo en cada caso a la persona más idónea para el cargo que se debía cubrir y escuchando en todos
los supuestos las opiniones, los criterios y las aportaciones del Consejo Fiscal, como marca la, ley. Al escuchar estos criterios, estas opiniones del Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado, como en su día señalé, no viene condicionado
aritméticamente por el resultado del consejo, pero sí se ha ceñido en todo caso en sus nombramientos a aquellos candidatos que ha obtenido un apoyo relevante, un apoyo significativo dentro del mismo. De estos nombramientos se ha informado a los
propios consejeros en el mismo acto, sin reservarse para el futuro la decisión, digamos, adoptada in cámara o de manera reservada y, además, se ha motivado y se ha justificado ante los propios consejeros la decisión adoptada. En los últimos meses,
desde la constitución del actual consejo en el mes de julio, se han celebrado con periodicidad, una periodicidad que en este momento, por impulso del fiscal general, es prácticamente automática, de celebración de un consejo todos los meses, y no se
ha suscitado hasta la fecha, ningún conflicto, ningún problema, en esta política de nombramientos. Se han hecho generalmente de acuerdo con los criterios mayoritarios del consejo; en ocasiones no ha sido así, pero se han motivado razonablemente
estos nombramientos.



Se ha hecho un uso muy prudente de las facultades establecidas por el legislador de, en el momento de la conclusión del mandato de cinco años establecido por la ley, proceder a la renovación o no de la persona que ocupaba ese cargo. En unos
supuestos se ha estimado que el criterio del antecesor, de mi antecesor como fiscal, no vinculaban necesariamente a este fiscal general y por lo tanto la conclusión del proceso de nombramiento permitía optar por una persona diferente. Se ha hecho
uso de esta facultad establecida por el legislador creo que solo en una ocasión, en año y medio de ejercicio de la función como fiscal general, lo cual significa, indudablemente, un uso prudente, pues de otro modo podríamos decir prácticamente que
la ley quedaría sin absoluta vigencia o prácticamente derogada, porque no se estaba aplicando en ningún caso; en los demás supuestos se ha procedido a la renovación. Y en cuanto a los últimos nombramientos producidos en los cinco últimos consejos
que hemos celebrado con su nueva composición, no se ha suscitado conflicto de ningún tipo.



En la política de nombramientos, de manera más extensa me referiría a lo que consta en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara, en la cual creo que hemos celebrado ya tres comparecencias, más otra en el Senado, dedicadas precisamente a esta
materia. Para no aburrir a sus señorías, me remito a lo ya dicho y concluyo esta segunda exposición, en la que por lo menos he conseguido una mayor brevedad.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a abrir ahora un turno de intervenciones. Habíamos acordado que intervinieran los grupos parlamentarios de menor a mayor. En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad. Quiero que sean mis primeras palabras de salutación y bienvenida al señor fiscal general del Estado por su comparecencia hoy en esta Comisión, a los efectos


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de presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado del pasado ejercicio. Se va aumentando y se va progresando, señor fiscal general, afortunadamente, en la sistemática, que quiero valorar positivamente, de la presentación de
todas las actuaciones del ministerio fiscal y de la Fiscalía General del Estado, como vértice de los mismos, para ir clarificando aspectos que un Estado de derecho necesita. (El señor vicepresidente, Albendea Pabón, ocupa la presidencia).



Quiero ser breve y me voy a ceñir solamente a dos terrenos fundamentales.
En primer lugar, dado que usted recientemente ha estado en el archipiélago canario y ha conocido ya de primera mano las actividades del ministerio fiscal, sí quiero
insistir en recabarle, señor fiscal general del Estado, las atenciones de plantilla orgánica de fiscales en el archipiélago canario, sobre todo en la demanda, que usted bien ha podido conocer y tramitar ahora allí, tanto en la actividad de la
inmigración como en la actividad sobre todo de los menores; hay una honda preocupación tanto en el Ministerio de Justicia del Estado español como en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su consejería correspondiente, sobre todo por los centros de
menores, y el ministerio fiscal ahí tienen un gran papel a desarrollar.



A los datos que dan ustedes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cuanto a la evolución en el orden cuantitativo, no tengo nada que objetar. Únicamente veo a veces una cosa rara, que hay un aumento de la
litigiosidad en Canarias, que viene evidenciando la memoria del Consejo General del Poder Judicial, y que sin embargo hay unas cifras menores en el año 2004 en el orden cuantitativo de las diligencias previas realizadas por el ministerio fiscal. En
cuanto a la evolución del orden cualitativo, que es la que más nos preocupa, aparte de todos los índices que se dan de delitos contra las personas, de delitos contra la libertad, la libertad sexual, el patrimonio y los intereses socioeconómicos,
donde está el robo, la estafa, etcétera, que son las cifras digamos más significativas, sí quiero fijarme, señor fiscal general del Estado, en los delitos contra la Hacienda pública, porque resulta que parece, según el dato que dan ustedes en la
página 161 de la memoria, que están relacionados en la defraudación al impuesto de sociedades. Ahí sabe usted que existe una disparidad de criterios entre la Agencia Tributaria y los empresarios, por la fiscalidad especial que tiene Canarias,
distinta al resto del territorio peninsular y balear por la cuestión de la reserva de inversiones; si eso puede desgravar o no desgravar y no es tanto el impuesto de sociedades. Yo le pediría que en las próximas memorias, en los delitos contra la
Hacienda pública, en el término de supuesta defraudación relacionada con el impuesto de sociedades se especifique si se está hablando o no de lo que se llama ahí, de acuerdo con la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la RIC, reserva de
inversiones en Canarias, que es donde se están dando los casos de contencioso y de contraposición de posturas entre los sectores empresariales e industriales y la Agencia Tributaria que obligan muchas veces a pronunciarse al ministerio fiscal.
Pediríamos que se clarificase el impuesto de sociedades en lo que afecta a Canarias.



Esperamos que en la próxima memoria puedan venir ya datos de los dos fiscales Anticorrupción. Sabe usted que contó con nuestro apoyo, señor fiscal general del Estado, tanto la decisión que tomó el Ministerio de Justicia como la que usted
secundó inteligente y acertadamente de situar en las dos audiencias provinciales, a nivel del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dos fiscales Anticorrupción ya nombrados. Creo que tienen bastante materia de la que preocuparse en cuestiones
relacionadas incluso con esta cuestión del régimen económico y fiscal de Canarias, con el urbanismo, con la especulación que pueda existir en otros órdenes y lo que es verdaderamente corrupción administrativa. Esperamos, digamos, que la eficacia de
estos dos fiscales Anticorrupción, por las peculiaridades especulativas que puede haber en Canarias en el área del urbanismo, del turismo, etcétera, se puedan clarificar.



Y de esto paso seguidamente a lo que dicen ustedes en la página 317, de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción ya digamos a nivel nacional. Me gustaría saber, señor fiscal, si usted
tiene previsto enviar alguna circular o alguna instrucción específica tanto para el área de Canarias como para aquellas cuestiones que detecte el Tribunal de Cuentas, donde también, como usted sabe, opera la Fiscalía General del Estado, incluso en
el nivel singularizado y específico del Tribunal de Cuentas, para cualquier presunción de delito de corrupción y de delitos económicos que pudieran darse tanto en empresas o actividades públicas y administraciones públicas auditadas por ley por el
Tribunal de Cuentas como aquellas que pudieran derivarse y que fueran merecedoras de una circular o instrucción al respecto, dado que la memoria del ministerio fiscal siempre viene dándonos los textos completos tanto de las circulares, de las normas
legislativas que ustedes proponen, como de las circulares, consultas e instrucciones, sobre todo las instrucciones, a los fiscales que están en los servicios periféricos y en todos los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y
audiencias provinciales.



Y termino, señor presidente, señor fiscal general del Estado, con una valoración, y de estímulo, de lo que usted se ha referido al final, del Consejo Fiscal. Mi grupo y este diputado siempre ha potenciado las actuaciones y actividades del
Consejo Fiscal, pidiéndole que se incrementasen todas sus competencias posibles, no solamente como órgano asesor del fiscal general del Estado, sino precisamente con esto que usted ha definido como nuevas competencias, sobre todo en estructuras
orgánicas del propio ministerio fiscal. Todo lo que sea, con el estatuto en la mano, darle competencias, funciones y sentido vital, no ya en la propia carrera fiscal sino en sus actividades, competencias y pronunciamientos al respecto, todo lo que
sea potenciar el Consejo Fiscal tendrá siempre nuestro apoyo. Y nos congratulamos, señor


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Conde-Pumpido, de que usted esté en esta sintonía, habiendo autorizado nuevas competencias al ministerio fiscal a través del Consejo Fiscal, Consejo Fiscal que creo que es una figura cuya creación no puede tener más que sentido positivo para
las actividades y el fomento.



El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quiero excusar la presencia de la señora Uría, portavoz del PNV, que le tocaría por turno intervenir antes que a Convergència i Unió. Está presidiendo una ponencia en Sanidad, vendrá luego
y pide expresamente que se le dé entonces turno.
A efectos de esta comparecencia, quería dejar constancia de ello.



Señor fiscal general del Estado, le agradezco en nombre de Convergència i Unió su comparecencia hoy en la Comisión de Justicia para presentar la memoria. Es un acto reglado, pero es un acto importante. La memoria es una memoria
estructurada, densa, incluso con nuevos apartados; uno de ellos es el relativo a los delitos contra la seguridad en el tráfico, al que, como mañana tendrá la deferencia el fiscal de comparecer ante la Comisión de Seguridad Vial, no me referiré,
pero sí que quiero que quede constancia de la valoración positiva que hace Convergència i Unió de que por primera vez, en una memoria de la Fiscalía, se dedique un apartado específico a ese tipo de delincuencia, que afecta tan gravemente a miles de
ciudadanos cada año. Le agradezco expresamente esa deferencia y esa inquietud, que seguro que compartimos, en intentar atajar esa forma de delincuencia.



Pasemos al resto de aspectos que el fiscal general presenta en su memoria, una memoria extensa. No me podré referir a todos ellos, pero desde Convergència i Unió queríamos poner especial acento en algunos temas que paso a comentar.



En primer lugar, la memoria que nos presenta el fiscal general ofrece un panorama en el cual hay un ligero descenso, del 0,50 por ciento, en el número de procedimientos incoados por delitos en España, un ligero descenso. A pesar de ese
descenso, si analizamos, señor fiscal general, las cifras, por ejemplo, de Barcelona, hay algunos datos en la memoria objetiva, de delitos sobre los que se ha abierto procedimiento en el año 2004, que nos parece preocupantes. Es mi circunscripción
y por tanto quiero referirme a algunos de ellos, pero no por el hecho de que sea mi circunscripción, sino por lo que nos puede de alguna manera alertar sobre aspectos que pueden estar sucediendo en grandes ciudades, y Barcelona lo es. Por ejemplo,
homicidios, pasan de 93 a 131; lesiones, pasamos de 48.902 a 52.000; malos tratos familiares, de 3.160 a 8.043; hurtos, de 130.000 a 134.000, aumentamos en más de 4.000 los hurtos, nos da un promedio de casi 11 hurtos más por día; si nos
referimos al robo con violencia, también aumenta. Hay unas cifras que destaca la propia memoria que nos ha presentado: homicidios, un 40 por ciento más si comparamos 2004 con 2003, en Barcelona; asesinatos, lesiones, un aumento del 8,2 por
ciento; malos tratos familiares, un aumento del 154 por ciento si comparamos 2004 y 2003. Bien es cierto que la acción del legislador en este ámbito ha propiciado también mayores procesos que se inician en el tema de los malos tratos, pero aumento
del 154 por ciento. Robos con violencia, aumento del 12,18 por ciento. En cambio, disminuyen los robos en casa habitada, y abrimos, si me lo permite el fiscal general, una reflexión. Está aumentando lo que es una cierta violencia en la calle.



Es, señor fiscal general, una luz de alerta. Nos gustaría conocer su opinión y los medios que cree que debemos impulsar. Y le hago una pregunta concreta. ¿Le ha consultado el Ayuntamiento de Barcelona la ordenanza que se está aprobando
estos meses y que va a afectar directamente a los juicios por pequeña delincuencia, que va a afectar directamente a lo que son aspectos ligados a una futura también justicia de proximidad? ¿Le ha hecho alguna consulta el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona? Y como éste es un dato que objetivamente el fiscal general del Estado debe tener, me gustaría que me contestara: sí o no me han comentado nada, pero repito que es un aspecto que a Convergència i Unió le preocupa. De
alguna manera tenemos ahora ejemplos en países vecinos de fenómenos de violencia callejera que preocupan al conjunto de la ciudadanía, de su memoria también podemos sacar esa conclusión, y nos gustaría, señor fiscal general del Estado, conocer su
opinión al respecto. También queremos conocer si cree que el proceso de sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los mossos d'Esquadra en Barcelona, que tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, de lo que se deduce que el año
2004, que hoy analizamos, era el último año pleno en el cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban activos en Barcelona, ha podido influir de alguna manera en lo que son estos datos, que, repito, entendemos que son preocupantes.
Desde esta óptica, le pedimos una reflexión.



Segundo aspecto. Compartimos plenamente que el año 2004 tiene un hecho, el 11-M, que debe ser destacado al analizar esta memoria y le agradecemos que lo haya hecho en su intervención inicial entendemos que de manera acertada. Nos parece
que también es responsabilidad nuestra hacer una reflexión sobre lo que fueron esos atentados del 11-M, sobre todo tras los mismos, tras la investigación parlamentaria y tras unas conclusiones que, en los aspectos a los que ahora me referiré, son
unánimes, fueron votadas por todos los grupos de esta Cámara. Me gustaría también conocer cuál es la opinión del fiscal general del Estado. En primer lugar, compartimos la necesidad de primar la ayuda a las víctimas; se ha realizado una actuación
pero entendemos que esa actuación debe proseguir en el tiempo y que esa ayuda a las víctimas es prioritaria. Además de la ayuda a las víctimas, hay aspectos concretos que tras el 11-M han


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llevado a esta Cámara a compartir unanimidades que debemos revisar. Un aspecto concreto, el control de lo que son los explosivos, y nos gustaría también conocer su valoración sobre la última reforma del Código Penal aprobada en esta Cámara
y su valoración sobre qué se está haciendo por parte de la Fiscalía en ese ámbito del control de los explosivos. Otro aspecto importante que cobró plena actualidad a la luz del 11-M, todo el papel de los confidentes, todo el papel de esas personas
que son informadores policiales; nos gustaría conocer su criterio al respecto.



Está asimismo todo el aspecto relativo al control de las fuentes de financiación del terrorismo, que es un aspecto esencial. Yo creo que vamos en la buena dirección en lo que se refiere a mayores intercambios de cooperación internacional en
todo lo que es la lucha contra esa nueva forma de terrorismo, ese terrorismo internacional de corte islamista que sufrimos el 11 de marzo de 2004 en España, pero repito que aquí hay un aspecto importantísimo que es el control de las fuentes de
financiación del terrorismo. En las conclusiones unánimes aprobadas, se hacía una especial mención a que ese control de las fuentes de financiación del terrorismo debía ir ligado a lo que es la propia utilización por parte del terrorismo islamista
de un conjunto de cauces delictivos para su financiación -tráfico de drogas, robo de vehículos, falsificación de documentación y moneda, uso de métodos irregulares para movilizar capitales, etcétera-. En este tipo de delitos también nos gustaría
conocer cuál es la actuación que está llevando a cabo la Fiscalía. Hay un aspecto que afecta aún más concretamente a la propia organización interna de la Fiscalía, en lo que son las conclusiones aprobadas de la Comisión de investigación del 11-M se
decía que en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional debía existir un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista a las órdenes del fiscal jefe o del teniente fiscal.
Nos gustaría conocer la evolución de esa propuesta aprobada en
esta Cámara, cómo la valora y cómo se está implementando.



Se nos pide también en esas conclusiones llevar a cabo una reorganización especializada y funcional de la planta funcionarial con que cuenta en la actualidad la Audiencia Nacional y su Fiscalía.También nos gustaría conocer esa reorganización
funcionarial de la planta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que entendemos que debe cumplir un papel esencial en lo que es la vigilancia de esas nuevas formas de terrorismo internacional. Nosotros le damos apoyo y por eso, señor fiscal del
Estado, le hago una oferta. Usted ha sido prudente y nos ha manifestado que faltaban medios. Nos ha dicho que el equipo humano hacía una labor extraordinaria, y lo compartimos. No vamos a ser desde Convergència i Unió los que critiquemos la labor
que realiza la Fiscalía, pero compartimos que hacen falta mayores medios, mayores dotaciones; también le debemos pedir un punto de complicidad. Usted nos pide que aumentemos los medios, está en nuestra labor poderlo hacer, aquí se aprueban los
Presupuestos Generales del Estado, pero cuando uno pide mayores medios, el receptor, que somos los grupos parlamentarios, yo le ofrezco mi grupo parlamentario, ahora que se van a tramitar los presupuestos en el Senado, a ver si somos capaces, a
través de sugerencias concretas (dónde hacen falta más medios, qué medios, qué valoraciones, qué auditorías de falta de medios se han hecho), de poder ayudar a atajar ese déficit. Tendrá la colaboración de mi grupo parlamentario, del Grupo de
Convergència i Unió.
Se están tramitando ya en el Senado los presupuestos, previsiblemente no va a haber un veto del Senado este año a los presupuestos; por tanto, la Cámara Alta tendrá ocasión de aprobar enmiendas, y de ahí que pueda ser
interesante y sobre todo prácticamente positivo que nos hagan llegar algunas peticiones concretas de aumento de determinadas partidas. Porque, si no, hay un riesgo que conocen bien todos los grupos de esta Cámara, el riesgo es que faltan medios, y
hacemos una enmienda, faltan medios, alta, baja, muy bien, pero después haces una enmienda que no se puede ejecutar, porque no ha ido dirigida específicamente a esa partida que desde la propia Fiscalía saben que es donde hace falta realmente el
aumento de la dotación presupuestaria para que sea útil en el ejercicio 2006. Porque a veces hay utilidades a largo plazo que no se resuelven a través de una enmienda a los presupuestos del año 2006. Repito que le ofrecemos desde Convergència i
Unió nuestra colaboración.



Otro aspecto al que me quería referir es el relativo a nuevas formas delictivas que están apareciendo en algunas grandes ciudades. Me refiero a los llamados secuestros express, popularmente conocidos así por los medios de comunicación, que
incluso tras algunas noticias sobre ellos, se ha llegado a poner en duda la existencia de ese delito y hay quien ha especulado sobre si los hechos delictivos a los que los medios de comunicación han hecho referencia después realmente no han
existido. Nos gustaría también conocer cuáles son los datos que al respecto tiene la Fiscalía, si es que los tiene, o cuál es el criterio sobre esas nuevas formas delictivas, que han tenido una alta resonancia en lo que es la atención mediática,
sobre todo en los últimos meses, en Barcelona ciudad.



En cuanto a la siniestralidad laboral, compartimos la necesidad de reformar la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción, pero debe hacerse de manera que sea una reforma útil a lo que realmente es el problema de ese
aumento en lo que son los delitos de siniestralidad laboral, unas actuaciones en el ámbito de la siniestralidad laboral, Los datos son preocupantes, siguen situando a España, y lo refleja muy bien el informe de la Fiscalía, por encima de la media
europea; son unas cifras que no nos podemos permitir. Y nos gustaría conocer la mejora de la acción de la Fiscalía en esta materia, si para usted requiere de esas modificaciones normativas o se refiere a un cambio en la actitud de la propia
Fiscalía. Queriamos conocer su opinión al respecto.



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Voy terminando ya porque creo que he consumido el tiempo que tenemos los grupos parlamentarios, pero sí que quería hacer una reflexión sobre el segundo aspecto de su comparecencia hoy, el aspecto de la política de nombramientos, los
nombramientos efectuados, en qué medida se ha seguido o no la opinión del Consejo Fiscal, el criterio del Consejo Fiscal. Yo comparto la opinión de Coalición Canaria de que debemos potenciar el Consejo Fiscal. Usted ha hecho una valoración
positiva del mismo, una caja de resonancia creo que es la expresión concreta que ha utilizado el propio fiscal general del Estado, una caja de resonancia de la Fiscalía en su conjunto que es positiva. Pero yo quiero también recordar lo que fue la
posición de nuestro grupo parlamentario cuando en el año 2003 se reformó el estatuto orgánico del ministerio fiscal. Nosotros apoyamos esa ley, pero mantuvimos enmiendas concretas. En lo que afecta a política de nombramientos y a ascensos, a
nosotros nos hubiera gustado más que se hubiesen incorporado las enmiendas que en su día ya defendió Convergència i Unió. Y las enmiendas de Convergència i Unió bajaban el nivel de discrecionalidad que tiene el fiscal general del Estado en política
de nombramientos, exigían un quórum mínimo de informe positivo del Consejo Fiscal para esos nombramientos. Lamentablemente, esas enmiendas no fueron aprobadas en la anterior legislatura. Quiero recordar, por ejemplo, la enmienda 161, en la que
cualquier propuesta al menos debía estar avalada por un tercio de los componentes del Consejo Fiscal. No era, señor fiscal general del Estado, una enmienda dirigida a un nombramiento concreto de los que estemos analizando hoy porque usted ni tan
siquiera era fiscal general del Estado cuando mi grupo la propuso, pero mi grupo sigue pensando que sería necesaria una reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, para darle al Consejo Fiscal un mayor papel en la política de nombramientos,
para que ese criterio que pueda manifestar tenga un reflejo después en los nombramientos finales. Nosotros exigíamos un tercio, que por lo menos fueran avaladas por lo que es un tercio de ese Consejo Fiscal, entendíamos que esto podía suponer una
garantía que lamentablemente la reforma del estatuto orgánico no permitió, porque no se aceptaron esas enmiendas, pero mi grupo, tras ya dos años de vigencia del mismo, entiende que hubiese sido positiva.



Agradezco su comparecencia en esta Comisión y tambien anticipadamente, su comparecencia mañana en la Comisión de Seguridad Vial, que tengo el honor de presidir.



El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Uría.



La señor URÍA ETXEBARRÍA: Señor fiscal general del Estado, al igual que al equipo que le acompaña, bienvenido a esta Comisión en nombre de la formación o el grupo parlamentario al que yo represento. Y solicito disculpas por el desorden a
que he llevado en las intervenciones por haber tenido que ausentarme para participar en una ponencia de otro de mis cometidos, que es el de presidir la Comisión de Sanidad.



Es un trámite éste, el de la presentación de la memoria anual por el fiscal general del Estado, en el que nos gusta especialmente participar; sí tiene lo que en el discurso que el propio fiscal general hizo en la apertura del año judicial
de reflexión serena y sosegada, puesto que por escrito se hace y supongo que se revisa, de lo que ha sido un período anual, período anual del que usted mismo ha manifestado que usted sí lleva ahora un año en el cargo, pero que sin embargo la
anualidad que se revisa no es exactamente coincidente puesto que su toma de posesión se produjo hacia finales de abril, el 27 de abril, creo recordar.



Le indicaré una curiosidad de la que también le hice reflexión, pero en sentido contrario, el año pasado. Cuando se dice enseguida o en el comienzo de las memorias el deseo que las anima siempre de impulsar la misión constitucional que
tiene el ministerio fiscal, yo le daba a usted la enhorabuena el año pasado porque, entre los valores que ha de defender, y la forma en que ha de defenderlos, se mencionaba la imparcialidad, cuestión que había estado siempre ausente de las memorias
que nos presentaba don Jesús Cardenal. Debo decirle que en este año también la correspondiente a su mandato hace olvido del valor imparcialidad, que solo aparece citado en toda la memoria para la patología, cuando se habla de expedientes abiertos o
de denuncias habidas en relación con la actuación del ministerio fiscal, ahí sí, luego tendré ocasión de referirme a ello, sí se dice que sólo por falta de celeridad o por denuncias de parcialidad. Me parece que este valor que desde la perspectiva
de la formación política a la que represento es importante, este criterio de actuación del ministerio fiscal, criterio constitucional, puesto que en el 124 está, debiera tener un mejor tratamiento, un tratamiento más cuidado y cariñoso en lo que es
la apertura o los principios que se exponen en el principio de la presentación de la memoria.



Coincido, lo sabe de sobra el fiscal general y también quienes forman parte de la carrera fiscal, con las apreciaciones que se hacen sobre el capital humano y el valor incalculable que tiene dentro de lo que es la misión que corresponde
atender al ministerio fiscal. De igual manera nos satisface que tan pronto se haga referencia al especial cuidado o criterio que se ha tenido en la protección de las víctimas del delito, habiéndose creado órganos especiales al respecto para la
tutela de los intereses de las víctimas, con un complemento que hasta ahora no había sido manifestado por lo menos y que nos parece especialmente satisfactorio, puesto que se habla de que se han intentado unas esperanzadoras relaciones
institucionales con las asociaciones de víctimas y con las administraciones públicas que tienen competencia en esta materia. En tiempos pasados nos consta que hubo dificultades en relación con las administraciones de las


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comunidades autónomas en el funcionamiento en relación con la fiscalía y sin embargo ahora esto existe. Quizás esté muy vinculado a la desgracia que a todos nos gustaría no haber vivido, que usted ha citado, que le ha correspondido a usted
y a todos nosotros vivir en este año, que es el 11 de marzo, pero creo que con carácter general es algo bueno y por lo que debemos felicitarnos.



Ha mencionado usted la delincuencia transnacional, que es una inquietud que a todos nos afecta por las dificultades que las fronteras de los Estados tienen en relación con las dificultades de persecución y también los avances que hay en
cuanto a la cooperación europea. Y es especialmente importante lo que se menciona en la propia memoria sobre la asunción por la Secretaría Técnica de la Fiscalía de la corresponsalía española de Euroius para asuntos de terrorismo y la implantación
de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, de la que esperamos, sabemos que ya hay resultados, pero de la que esperamos resultados importantes en un futuro en esta persecución de la delincuencia. De la misma manera siempre hemos estado de
acuerdo y nos parece correcta la existencia de fiscalías especiales de delegaciones territoriales con encomiendas materiales concretas en relación con el cometido genérico de la delincuencia.



En cuanto a si ha habido aumento o disminución respecto de tipos delictivos, el representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió le ha hecho algunas reflexiones. A nosotros, a mí misma me parece que el período de un año quizá es poco
para poder constatar en relación con el año anterior, porque un único hecho importante puede desequilibrar el dato estadístico. Nos parece que la evolución de la delincuencia ha de mirarse con períodos más largos de tiempo y por eso no solemos dar
especial importancia. Sí vemos tendencias, no quizá tanto los números en concreto, pero sí apreciamos las tendencias, de la misma manera que apreciamos especialmente las dificultades que ha tenido que tener para el desempeño de la misión del
ministerio fiscal la entrada en vigor de una modificación tan importante del Código Penal como fue la de la Ley 15/2003 y también el esfuerzo importante para la participación que se les atribuye en el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos.



Hay alguna otra referencia en la memoria respecto de la posible carencia o insuficiencias de personal, y nuevamente debo decirle que coincidimos exactamente con la manifestación que se hace de que los integrantes de la carrera fiscal han
suplido con su capacidad de trabajo y el sentido de responsabilidad la posible insuficiencia de medios personales.
Compartimos también el contenido crítico que se hace respecto de la delincuencia vinculada con el medio ambiente y con la
siniestralidad vinculada a la seguridad en el trabajo, respecto de la cual todos debiéramos pensar qué es lo que está fallando, porque realmente aumenta y aumenta en todas las partes del territorio por igual, o por lo menos ésa es nuestra
percepción.



Me refería antes a la inexistencia de la mención de la imparcialidad y en donde es el único lugar que yo la he encontrado, puede que usted me corrija diciendo que está en otros sitios, pero cuando se habla de las diligencias informativas y
expedientes, no resulta muy claro exactamente qué es lo que hay detrás. Porque se hace un muy prolijo relato de cómo funciona, cómo empieza o cómo es posible que funcione un expediente, pero cuando se llega a qué número de ellas hay o en qué suelen
traducirse, ahí la respuesta es más oscura, puesto que además vuelve a manifestarse que no solamente llegan las posibles denuncias a la Fiscalía, sino que pueden llegar a través del Consejo General del Poder Judicial, en la Vocalía de Atención al
Ciudadano del propio Consejo, o incluso a través del Defensor del Pueblo. Sobre esto sí nos gustaría alguna mayor explicitación, aunque vaya de antemano que la opinión que tiene el grupo al que pertenezco es de un buen funcionamiento en general de
la carrera fiscal. Sí nos gustaría que estas denuncias, que se dice que son por retraso o por falta de imparcialidad, se trasladasen en cuanto a lo numérico, o que se nos diga en qué suelen terminar los expedientes, o en qué suelen traducirse las
denuncias y su posible archivo posterior.



Alguna reflexión le haré después, puesto que es el último apartado de la memoria, al baremo externo de opinión sobre el ministerio fiscal, que me ha parecido una curiosidad. Es la primera vez que se introduce en la memoria, y alguna
reflexión le haré sobre el mismo. Espero que la considere dentro de un cierto tono de ironía que suscita; supongo que los defectos que yo le encuentro podrán ser corregidos en futuros baremos que se hagan en años posteriores, puesto que en
principio la idea sí que nos parece aceptable.



El funcionamiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Todos tenemos tendencia a valorar, aunque no existe el mandato imperativo y representamos al conjunto de los ciudadanos, a referirnos a nuestra propia
circunscripción electoral o a aquella en la que la formación política a la que pertenecemos tiene mayor implantación, pero, entendiendo que funciona en general bien, yo solamente me voy a referir a un dato que me parece importantísimo y espero que
también lo sea para todos los miembros de esta Comisión y por supuesto también para el señor fiscal general del Estado. Se dice que en materia de terrorismo la fiscal jefe constata en 2004 una escasa y debilitada actividad de la organización
terrorista ETA; su contenido se recoge en el apartado general de esta memoria referido a la actividad del ministerio fiscal en esta parcela. Que se pueda consolidar una situación de este estilo, además de dos años sin víctimas mortales y con una
actividad baja, nos parece, insistimos, la noticia más destacable respecto a lo que se hace notar en la memoria de la Fiscalía en relación con las anotaciones que respecto a la misma o a la evolución de la delincuencia se hacen por la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.



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El funcionamiento en relación con los menores nos interesaba. Sé que dispongo de poco tiempo, pero nos ha parecido advertir, en lo que se llama en la memoria 'algunas cuestiones de interés con tratamiento específico referidas a menores' y
también cuando se hacen sugerencias de modificaciones normativas, que no hay una estrecha coincidencia o por lo menos no hay esa actitud entre lo que desde la Fiscalía se sugiere o se propone como modificaciones normativas, sobre los defectos que se
señalan, con lo que el anteproyecto de ley que tiene el Gobierno ya preparado y que ha sido sometido a los informes preceptivos plantea.
Efectivamente, es importantísimo que tengamos una ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
donde el ministerio fiscal tiene atribuido el papel de dominus procedendi, y a pesar de que se dice que hay carencias y que hay insatisfacciones, los cuatro años de vigencia de la ley no parecen, por lo menos de la memoria no se traduce que así sea,
sugerir las importantísimas modificaciones en cuanto a agravamiento de penas, en cuanto a aumento de los tiempos de medidas cautelares, que a mi grupo le gustan tan poco, le desagradan profundamente, y que sin embargo sí están en el propósito de lo
que el Gobierno quiere traer a esta Cámara. Incluso hay alguna afirmación que también nos satisface, puesto que está referida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuando se constata que no hay ningún retraso en la
elaboración de informes en las actuaciones de mediación del equipo psicosocial por las citaciones para las entrevistas de los menores con el equipo; se están realizando a unos quince días vista, tiempo por otra parte necesario para que se haga
efectiva la citación por correo certificado. Creemos que si hubiera medios en el conjunto del Estado (los que ha correspondido dar a la Administración vasca parece que se han dado), a lo mejor el balance que se podría hacer sobre la operatividad y
el funcionamiento de la Ley Penal del Menor no sería tan negativo como se hace desde el Gobierno, como parecen sugerir las modificaciones que el Gobierno propone, que, insisto, no parece que tengan traslación en lo que en la memoria de la Fiscalía
se pone en conocimiento de los ciudadanos en general.



En cuanto a las reformas penales sustantivas que se sugieren -paso por alto otras cuestiones que se citan en relación con los menores por considerar que no voy a tener tiempo y voy a ser llamada al orden por el presidente- algunas de ellas
tienen relación con la delincuencia propia de seguridad vial. Como el señor fiscal general del Estado comparece mañana en el seno de esa Comisión, a lo mejor no procede hacer referencia a ella, pero las modificaciones que ha habido en esta materia
y que entrarán en vigor en breve van a exigir que las conductas típicas que aparecen en el Código Penal se adecuen a las nuevas necesidades de, por ejemplo, el carné por puntos. El quebrantamiento de condena al que se hace referencia de los hechos
derivados de la conducción de vehículos a motor no lo veo excesivamente claro y sí le pediría alguna aclaración al respecto, pero, si prefiere, mañana acudiré al seno de la Comisión de Responsabilidad Vial y allí le escucharé lo que tenga que
decirnos al respecto.



No estoy tampoco en exceso de acuerdo con la petición de reforma que se hace, la sugerencia de reforma del artículo 57.2 del Código Penal, que hace referencia a la prohibición de aproximarse a la víctima, en la que se pide una mayor
flexibilidad para aquellos supuestos de violencia leve o aislada. Quienes fuimos ponentes de esa ley teníamos especial empeño en intentar evitar la frecuencia de perdones que existen en estos delitos relacionados con la violencia de género, en los
que te encuentras con que un desgraciado suceso ocurre después de ocho denuncias que habían sido efectivamente retiradas por la víctima. Se dice que quizá hubiera que recurrir al indulto parcial, nunca el indulto parcial casi generalizado que se
pide en la memoria es una buena solución, ni solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. La pena de alejamiento como tal se puso porque parecía que en estos casos a veces la voluntad de la víctima es menos fuerte que la que debe tener la
sociedad en general, los poderes públicos, a la hora de tipificar o intentar preservar o prevenir estas conductas. En cuanto a los delitos vinculados a los grafitos y a los daños que se hacen en el material inmobiliario, sí podemos compartir la
idea que se contiene en la memoria de la Fiscalía de convertirlo en delito cuando el costo de la reparación supere determinadas cuantías y también a que se puedan considerar incluidos los bienes muebles, porque también los daños a bienes muebles de
valor importante existen y debieran ser considerados falta.



Sobre el indulto a las conductas que tengan que ver con la privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores, debo decirle que también la Fiscalía General tiene un criterio contrario al del Ministerio de Justicia, puesto que
en su primera comparecencia en esta Comisión el señor ministro se pronunció abiertamente en contra y dijo que nunca más -hasta entonces habían sido frecuentes los indultos por esta causa- se iban a conceder indultos. No he comprobado todos los
indultos que concede el Consejo de Ministros, pero dijo que en ningún caso iban a darse indultos en materia vinculada a la seguridad vial, teniendo en cuenta la conducta antisocial que le parecía que suponía y la idea del Gobierno de aparecer
particularmente vigilante respecto de estas conductas.



No aparece en la memoria de la Fiscalía, tampoco en la del año pasado, y sin embargo los medios de comunicación sí atribuyen al Poder Judicial, a determinados órganos del Poder Judicial, una inquietud, y me gustaría saber por qué no. Es la
modificación de la tipificación de las penas para pequeños camellos. En la memoria de la Fiscalía hasta hace dos años se incluía alguna recomendación al respecto y en fecha reciente se ha dicho que a la Sala segunda del Tribunal Supremo le
preocupaba esta cuestión.
Quiero saber si también en la Fiscalía se baraja como posible objeto de modificación esta cuestión.



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Tampoco hay mención ninguna en la memoria de la Fiscalía, y con eso ya contábamos, a otras preocupaciones que mi formación política ha trasladado a esta Cámara entendiendo que en los últimos tiempos, en todo el periodo de gobierno del
Partido Popular pero sobre todo en los últimos tiempos, hubo importantes involuciones o importantes aumentos en lo que es la represión o la tutela del valor seguridad en relación con determinadas cuestiones y quedaron asignaturas pendientes, algunas
de ellas vinculadas incluso al cumplimiento de sentencias del propio Tribunal Constitucional. Mi formación política ha presentado a la Cámara -y se ha debatido ya, siendo rechazada, debo manifestárselo- una proposición no de ley por la que pedíamos
que se revisase la configuración legal y sobre todo la pena que lleva aparejada el delito de colaboración con banda armada. Lo pedíamos no para disminuir la pena en su techo, si se me permite manifestarlo así, sino para hacer cumplimiento de la
sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, la dictada en el asunto de la llamada mesa nacional, cuando el Tribunal Constitucional sostenía que el viejo artículo 173, pero con doctrina perfectamente aplicable al artículo 576 vigente, tenía un
abanico de penas excesivamente escaso y que existen colaboraciones importantísimas pero hay otras de nimia entidad. La presentación de la memoria anual nos parece un acontecimiento importante, denso en cuanto a sus contenidos y, como he manifestado
al principio, a mi formación política le gusta tener ocasión de manifestarse sobre aspectos que tienen relación con ella, ya sea por la presencia en el texto del informe, por la ausencia o por conocer el criterio de la Fiscalía General del Estado
respecto de estas cuestiones. Nos gustaría saber cuál es el criterio de la Fiscalía en cuanto a la posibilidad de establecer o trasladar el principio de proporción de una manera más clara a un delito que tiene tan amplia configuración en cuanto a
las posibles conductas que contiene, para que, insisto, pudiese ser adecuada en cuanto al criterio, al valor proporción, a conductas más pequeñas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).



Otra cuestión que nos hubiera gustado ver dentro de la memoria es alguna valoración sobre una posible modificación normativa de la regulación de la detención y de la prisión provisional, teniendo en cuenta que el informe del comisario para
los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomienda algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, propone al Gobierno que revise el régimen de incomunicación de los detenidos, que quedó realmente agravado en las últimas modificaciones que se
hicieron al final de la legislatura pasada. Y, sobre todo, también se va abriendo paso y está aprobada en este Congreso de los Diputados una moción en el sentido de posibilitar la grabación en los periodos de incomunicación. A este respecto
supongo que conoce que ya está establecido un sistema de protocolos en el ámbito vasco entre la Ertzaintza mediante pactos con el Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco, para empezar a grabar ya en las comisarías en estos periodos de incomunicación.
De la misma manera que el señor Gil-Robles recomienda que los delitos de tortura se declaren imprescriptibles. Me gustaría saber cuál es el criterio de la Fiscalía General del Estado a este respecto.



Y una última cuestión en cuanto a posibles modificaciones normativas. No he visto en la memoria referencia alguna a cuál es la actividad y qué valoración hace el fiscal general respecto de la actuación del Juzgado Central de Menores. No
aparece citado en ninguna parte, y eso que podria hacerlo en dos lugares distintos, como recomendaciones y también en valoración de la actividad por la nueva legislación de menores; no aparece para nada este juzgado central. Me gustaría saber si
es que efectivamente, como sospecho, tiene poquísima actividad. Nos parecen importantísimos los valores de cercanía y de posibilidad de reinserción respecto de los delincuentes menores, a los que si nos obliga la Constitución respecto de los
mayores, con más motivo respecto de los menores. Esta ausencia nos pudiera llevar a pensar en la eliminación de este órgano jurisdiccional, que desde la perspectiva de la formación política a la que represento rompe de una manera tan importante
valores constitucionales que creo que tenemos que valorar y que me gustaría que fuesen objeto de examen también en su respuesta, si es que a ello hay tiempo.



Le he indicado finalmente que me habían hecho alguna gracia, si me permite utilizar la expresión, los criterios que se emplean en las conclusiones del estudio mediante el sondeo que por primera vez se hace respecto al conocimiento que la
ciudadanía tiene de qué es lo que hace el ministerio fiscal. Parece que los ciudadanos (no sé cómo estaban orientadas las preguntas, esa es la verdad) algún conocimiento sí que tienen respecto de cómo lo hacen y no resultan ustedes excesivamente
mal valorados, hay aprobado respecto de muchas cuestiones. Más curiosidad me suscitan las contestaciones en cuanto al perfil profesional. La opinión general de los ciudadanos, como la opinión de esta diputada, es que en general el ministerio
fiscal tiene competencia profesional, está bien preparado, pero respecto del conservadurismo de sus planteamientos o de sus integrantes, no sé si había por qué hacer pregunta, creo que es de una obviedad aplastante y el señor fiscal general del
Estado lo constará conociendo cuál es la composición de los órganos que lo sirven. Una orientación forzosamente anticuada, dice. Me ha parecido además que es muy piadoso o piadosa quien hace la valoración de los resultados de la encuesta, porque
cuando los ciudadanos dicen que sí les parece que los fiscales componen un grupo profesional dividido, dice que este estar divididos no debe entenderse necesariamente como desunión sino como quizá pluralismo y diversidad de orientaciones
ideológicas. Hombre, está bien traído, pero no sé si la encuesta realizada permite opiniones de este estilo. No veo, y por eso le decía que alguna crítica le iba a hacer, el porqué se considera importante el grado de conocimiento, saber si usted
es más conocido que Jesús Cardenal


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o que el fiscal Fungairiño o que el presidente del Consejo General, en todo caso, quedan ustedes siempre peor parados que el juez Garzón, que es el más conocido para todos los ciudadanos, y el conocimiento de las personas me parece menos
importante, tratándose de la misión que ustedes tienen constitucionalmente encomendada, que el conocimiento de a qué se dedican exactamente. Tampoco veo el porqué de las referencias constantes a las opiniones de los votantes del Partido Popular o
del Partido Socialista. Si ustedes son la institución que son, creo que sufre el sesgo supuestamente no ideológico que debe darse a la institución cuando constantemente comparan entre los votantes de las dos formaciones políticas. Por cierto, que
siempre nos dejan ajenos a los que no votamos ni a una ni a otra, es decir, que en algunas ocasiones se quejan del desafecto que las formaciones nacionalistas manifestamos o de las pretensiones que tenemos en nuestros proyectos de estatuto respecto
del Ministerio Fiscal, y luego, en las evaluaciones que hacen, nos tienen en tan poquita consideración.



En la política de nombramientos, me manifiesto en términos parecidos a los expresados por el representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
En esto depende de quién gobierne; mientras el fiscal general era elegido por un
determinado gobierno, las quejas venían del grupo mayoritario de la oposición. En este caso se han cambiado las tornas, pero la percepción que tiene mi formación política es que no hay en lo que hasta ahora ha habido, mientras usted desempeña el
puesto de fiscal general del Estado, motivos para el escándalo. A lo mejor sí debiera haberse incluido alguna de las enmiendas que determinadas formaciones políticas intentamos introducir en el funcionamiento del Consejo Fiscal como elementos que
pudiesen establecer algún criterio de discriminación más reglada de lo que es en la actualidad. En todo caso, insisto, mi formación política entiende que es una disputa que se traen quienes tienen la alternancia en el Gobierno de este país, que en
este momento en concreto y respecto del tiempo que usted es fiscal general del Estado no nos suscita especiales inquietudes.



En cuanto a las peticiones de más medios, sepa que siempre contará con esta formación política tanto para aquellas ocasiones en las que deban constar en los Presupuestos Generales del Estado porque deba darlas el Gobierno del Estado como
para aquellas otras, como ya le he indicado en relación con los medios a disposición de las fiscalías de Menores, que corresponda dar a las comunidades autónomas.



Con esto concluyo. Ya sé que he agotado la paciencia del presidente y pido perdón por ello.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor fiscal general del Estado, muchas gracias por su comparecencia y, como ya es natural y obligado, muchas gracias por su información. Ya habrá podido apreciar los esfuerzos que ha hecho la portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra en hacerse eco de aquel famoso titular que le dedicaron a usted de 'Estamos pasando de los jueces estrella al fiscal galáctico'. En todo caso, bienvenido.
(La señora Uría Etxebarría: No era esa mi
intención.)


Voy a empezar mi intervención agradeciéndole, porque me parece obligado, algo que S.S. dijo al presentar en la apertura del año judicial su memoria, que fue el reconocimiento del buen trabajo que se había hecho en la lucha antiterrorista
por el Gobierno anterior, en el que yo tuve alguna que otra responsabilidad sobre esta materia, y me parece obligado el reconocer lo que en su día usted reconoció y agradecérselo. Dicho eso, pues con la cordialidad de siempre pero también con la
claridad de siempre, no tengo mucho más que agradecerle.



Usted sabe que en este momento en el que estamos haciendo balance, usted lo ha hecho y largamente, del tiempo que lleva al frente de la Fiscalía General del Estado, y además ha dicho que en este caso muy especialmente satisfecho de poder
decir 'ésta es una memoria que me corresponde y éste es un balance que me corresponde a mí', el balance que nosotros hemos hecho de su actuación ha sido muy, muy negativo; tan lo ha sido que hemos repetido en repetidas ocasiones su dimisión, yo le
he explicado en alguna sesión anterior por qué, y hemos llegado a plantear al Pleno de la Cámara una proposición no de ley, que no salió adelante porque no la apoyaron los restantes grupos parlamentarios, en la que se instaba su no continuidad al
frente de la Fiscalía. Y tengo que decirle que las razones por las cuales en su momento lo hicimos no se diluyen, permanecen en el tiempo, es más, oyéndole tengo la sensación de que algunas de ellas se hacen peligrosamente estructurales, y yo
quiero reflexionar sobre eso con usted en esta comparecencia. Yo no me voy a extender en el recordatorio de la larga cantidad de consideraciones que hemos ido acumulando para hacer este juicio, y lamento trasladarle una vez más un mínimo resumen
para situarnos y para poder luego reflexionar, como le digo, sobre la continuidad de nuestras muy graves preocupaciones sobre su gestión.



Nosotros, es verdad, hemos criticado muy gravemente su política de nombramientos. Usted dice, señor fiscal general del Estado, que sobre esto no hay ninguna novedad. Bien, estamos de acuerdo, desgraciadamente, no hay ninguna novedad,
porque siguen estando encima de la mesa las razones que nos llevaron a decirle que la política de nombramientos daba razón a lo que le han dicho desde la propia profesión, que es un comportamiento sectario en favor de unos y en contra de otros. Y
aquí hemos reflexionado en el pasado, y no me voy a repetir, sobre cuántos nombramientos ha hecho usted en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Claro que usted me vuelve a repetir que esto está en la ley. Si yo nunca le he
reprochado la falta de legalidad, ni


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siquiera hago, como hacía el señor Jané, un comentario acerca de si la ley es buena o mala o la tenemos que cambiar. No lo que nosotros hemos reflexionado, y se lo vuelvo a decir y es muy importante que algún día podamos estar en esta
Comisión y yo tenga que reconocer que usted ha cambiado su forma de actuar, es que los criterios para nombrar tienen que ser los que están en la ley: el mérito y la capacidad, y no el reequilibrio ideológico, la confianza personal, quiero decir la
confianza política, todas esas cosas que usted y el señor ministro de Justicia nos han explicado que consideran que deben ser los criterios rectores de los nombramientos y que nosotros les decimos: no, de ninguna manera; no. Así que lamento,
efectivamente, que estemos ante el mismo escenario.



Decía usted que, además, en los últimos tiempos incluso esto se ha hecho un poco más pacífico, y yo tengo que decirle que en los últimos tiempos ha habido un caso que nos retrotrae a lo que fue su primera comparecencia, y ante el cual yo
tengo que dejar constancia en el 'Diario de Sesiones', señor fiscal general del Estado, que no es sensato que usted haya hecho ese nombramiento o haya propuesto ese nombramiento para que se haga por parte del Consejo de Ministros. Y me estoy
refiriendo a un vocal en activo del Consejo General del Poder Judicial, al segundo vocal en activo del Consejo General del Poder Judicial que usted asciende estando en activo como vocal del Consejo General del Poder Judicial, que en este caso es don
Félix Pantoja, como en su día lo fue doña María Ángeles García. Y le reitero lo que le dijimos entonces, que eso no respeta la ley, que eso no respeta el artículo 121 del estatuto y, además, que, aunque lo respetase, no es sensato porque está
trasladando el mensaje que está trasladando: al tiempo que usted se va quejando de que no tiene suficientes fiscales en activo, nombra a personas que hasta dentro del tiempo que sea se les reserva una plaza que han ganado estando como miembros de
un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial y no van a actuar como fiscales, en su caso, hasta que terminen en esa tarea. Se lo dije en la primera ocasión y se lo tengo que decir en esta segunda.



La segunda línea de razones que usted sabe que hemos considerado muy graves en su gestión es todo lo que tiene que ver con eso que yo le he inputado de falta de neutralidad, de partidismo, de estar actuando en favor de unos y en contra de
otros en casos muy notorios. Y fueron saliendo, y yo no me voy a detener hoy en ellos: el contraste de la actuación en relación con el 3 por ciento en Cataluña con lo que todavía está siendo la actuación de la Fiscalía en Madrid en relación con
Majadahonda; el error incalculable, señor fiscal general del Estado, de actuar como actuó cuando enunció el famoso delito de vociferación para descalificar y actuar en consecuencia en relación con una manifestación; lo que hoy todavía está siendo
la actuación de la Fiscalía en relación con la detención ilegal de militantes del Partido Popular en otra manifestación; lo que en su día fue la actuación de la Fiscalía, después de cerrar el asunto la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
abrirlo usted a través de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de FG Valores; o -y estoy haciendo un resumen de los que en este momento soy capaz de recordar- lo que usted mismo dijo, no en esta sala en la que estamos hoy, pero en otra sala de
esta Casa, calificando nada menos que de ultraderechistas a unos recurrentes que mantenían un recurso al que usted renunció. Bien, segunda línea de razones, que, insisto, muchas de las cuales todavía hoy persisten en la actuación de la Fiscalía, a
pesar de lo que hemos hablado aquí.



Tercera línea. Hemos hablado de esto en el pasado, y yo le he reprochado, señor fiscal general del Estado, la actuación de pasividad de la Fiscalía en relación con otros casos que acaban de comentarse de hiperactividad de la Fiscalía. La
actuación de pasividad de la Fiscalía en algunas cuestiones de la máxima trascendencia nacional y, en particular, relacionadas con la lucha antiterrorista, en coincidencia temporal con un cambio, tengo que decir que legítimo, aunque no lo comparta
en absoluto, pero un cambio, un giro decisivo en la lucha antiterrorista por parte del Gobierno, ha llevado a que, en primer lugar, se hayan hecho desde la Fiscalía actuaciones sobre las cuales usted sabe que hemos sido extremadamente críticos (caso
Atutxa, caso PCTV), pero está llevando a una cosa más sobre la que yo -por eso le decía que sobre alguna cosa importante quería reflexionar- quiero que reflexionemos hoy aquí. Porque tal y como se van produciendo los acontecimientos en esta
materia, usted sabe que, de forma acertada o no, existe la preocupación de que en el proceso que se está produciendo se esté renunciando a la aplicación de determinadas medidas de nuestro Estado de derecho que, en consecuencia, interfieren en la
lucha antiterrorista, y todo ello como consecuencia del paso de un escenario de derrota del terrorismo a un escenario de negociación. Insisto, porque no quiero hacer hoy ningún juicio de valor, quiero centrarme en los hechos, usted sabe que eso
está en el ambiente y usted sabe que usted está en medio de eso, y usted oye muchas voces que dicen que usted está actuando precisamente para facilitar lo que es una línea política, legítima, del Gobierno de la nación, que yo no comparto, que es la
de cambiar la lucha antiterrorista. Y usted hoy ha hecho una cosa, señor fiscal general del Estado, que es repetir su famosa frase polémica en el discurso de la apertura del año judicial, que recordará que yo no juzgué en aquella fecha ni en
público ni en privado, pero, claro, aquella frase polémica o nos remitía a una esperanza, o nos remitía a un conocimiento, y muchos interpretaron que usted estaba en el secreto de lo que estaba pasando para poder decir semejante cosa, usted lo sabe
muy bien. Repetido hoy, y sin matices, abunda en la polémica que usted generó en ese momento, le voy a explicar por qué, y además pidiéndole que si no va en esa dirección, en esta misma sesión lo aclaramos. ¿Por qué abunda? Porque en este momento
-hechos, insisto, y no valoraciones- hay importantes


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dirigentes políticos, que no son los de siempre y, desde luego, no son los de ETA Batasuna, que hoy están diciendo cosas que antes no decían. Por ejemplo, se está diciendo: Yo sé que estamos próximos -una frase similar a la suya- a un
escenario satisfactorio y sé lo que me digo. O, por ejemplo, en un momento en el que estamos en el 18/98, segundo día de un juicio importantísimo para la lucha antiterrorista de este país, líderes políticos que hoy dicen: Está claro que a estas
alturas hay que decir que lo que antes se consideraba parte del entramado de ETA pues a lo mejor tenemos que decir que ya no es ETA; por ejemplo. O, por ejemplo, determinadas actuaciones del Estado de derecho se están calificando en público con la
esperanza de que no sean obstáculo para que el proceso actual de paz no se rompa. Todo eso está en los periódicos, en los medios de comunicación y en las conversaciones de los españoles, y en ese escenario, señor fiscal general del Estado, a mí me
resulta muy fácil decir que en este país no vamos a dejar de aplicar ni una sola medida policial o judicial de las que nos faculta el Estado de derecho hasta que no hayamos visto el final del terrorismo de ETA. Y a mí me gustaría oírle decir lo
mismo y actuar en consecuencia, y disipar, en vez de generar, cualquier duda sobre si las actuaciones discutibles que usted hace en relación con esta materia enlazan precisamente con la segunda interpretación de su frase, que es que usted está en el
secreto en el que no estamos los españoles de lo que se está produciendo. Y usted tiene muy fácil dejar claro que eso no es así y dejar en ridículo al señor Otegi cuando dice lo que dice como imputado al salir de la toma de declaración y se remite
a su persona para decir que no entiende nada de lo que está pasando, el señor Otegi que esta misma mañana está diciendo que espera que esta tontería del juicio 18/98 se acabe porque esto es un requisito sin el cual él no está en ánimo de continuar
en ese proceso.



A partir de ahí, yo tengo que hacerle además algunas peticiones concretas en esta materia. En su memoria, además de lo que usted ha recordado, allá por la página entre la 67 y la 93, evolución de la delincuencia-terrorismo, usted dedica
cuatro renglones concretos al terrorismo callejero, constatando que se ha producido un incremento del terrorismo callejero, del terrorismo urbano: 240 frente a los 74 del año anterior. Y yo ahí le pido que igual que ha puesto énfasis en decir
vamos a actuar y a mi gente le voy a hacer llegar la preocupación por que se actúe con la máxima intensidad con esto, pues yo le pediría una iniciativa institucional para hacer frente a lo que es un repunte serio de la kale borroka o del terrorismo
urbano.



Hay otros cuatro renglones que también nos preocupan mucho y sobre los que también quería hacerle una petición. A consecuencia de las actuaciones de terrorismo urbano se han producido, dice usted, 126 detenciones, de ellos, solo 5 fueron
puestos en prisión por los jueces, quedando los 121 restantes en libertad, dice en la memoria. Y nos preocupa, nos preocupa porque eso no sé si está queriendo decir que las policías (en este caso hablo claramente en plural porque está incluida y
muy fundamentalmente la Ertzaintza en esto, no solo el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil) están haciendo un mal trabajo en los últimos tiempos en relación con esto, o no se están solicitando las medidas cautelares que se tienen que
solicitar. Me gustaría, en primer lugar, saberlo, si es posible, y, en segundo lugar, el ver cómo entre todos somos capaces de que esto no esté pasando, porque no es sensato que esté pasando.



Hay un tercer tema, pero aquí ya no le voy a pedir nada porque, en fin, ya se lo he pedido muchas veces, si acaso le hago una pregunta: ¿ha terminado usted de estudiar los elementos que va acumulando para ver si es posible que se inste la
ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas? ¿Sigue estudiándolo el señor Fernández Bermejo, al que usted designó para hacer esta tarea? No nos basta, de verdad, a estas alturas el oír cada día el que no se están condenando los
atentados o cómo se actúa en el seno del Parlamento vasco. Señor fiscal general del Estado, yo creo que usted aplazó para quitarse de encima en su momento esta cuestión y a estas alturas lo que desea es que ya no volvamos a hablar de ello, pero yo
tengo que seguir diciéndole que hay suficientes, sobrados elementos y que, además, en esta Casa hemos examinado en algún debate anterior hasta los documentos de la propia organización terrorista en los que se jacta de cómo ha sido el proceso para
engañar al Estado y que hoy haya representantes de ETA Batasuna y sucesores en el Parlamento vasco. Y este país, si estamos en lo que yo le he dicho, en la claridad de la Fiscalía para que no haya la más mínima duda de que está el primero de la
manifestación al frente del Estado de derecho contra el terror, con independencia de cualquier otro proceso, entre otras cosas, de verdad que requiere que señores que están vinculados al terror, no estén en las instituciones, y hay que presentar el
recurso correspondiente.



Y voy a terminar, señor presidente, porque ya ve que son muchas las cosas, pero algunas son tan importantes que hay que darles una particular relevancia. Yo -este grupo- le he censurado también que usted tiene un particular deseo de apoyar
en público, y lo ha hecho en el pasado con gran locuacidad, los planes del Gobierno, especialmente los planes legislativos del Gobierno, y ha puesto un particular empeño allí donde ha podido en dejar claro que de los planes, legislativos o no, de la
oposición, o por lo menos de esta oposición, pues más bien que no era usted partidario. Nos ha ido pasando, hemos repasado sus declaraciones: desde el fiscal investigador, la Ley Orgánica del Poder Judicial que aquí se modificó, la Ley de
Violencia de Género... No voy a insistir en eso, pero yo hoy sí tengo que insistir en una cosa importante, donde, frente a la hiperactividad, estamos en el otro capítulo que yo le suelo censurar que es el de la pasividad. Señor fiscal general del
Estado, el pasado 4 de octubre, el Consejo Fiscal, si no estoy mal enterado, adoptó un acuerdo, bueno, adoptaría muchos,


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pero éste también: El Consejo Fiscal muestra su preocupación por la regulación que sobre el ministerio fiscal realiza el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña al entenderlo contrario a los principios constitucionales de unidad y
dependencia jerárquica del ministerio fiscal. Ese es el acuerdo del Consejo Fiscal. Y yo tengo que preguntarle, señor fiscal general del Estado, qué opina usted del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de que esté rompiendo la unidad y dependencia
jerárquica que son las señas de identidad en la constitución del ministerio fiscal. Porque usted calla. Allí donde usted ha querido hablar, y mucho, de que era buena esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tanto debatimos en
esta Cámara y con la que tan en discrepancia está este grupo parlamentario, a usted no se le ha oído decir ni pío para definir el criterio institucional de la Fiscalía General del Estado ante el ataque frontal que para el ministerio Fiscal supone el
proyecto de Estatuto catalán, al ministerio fiscal que tenemos en la Constitución, no para otro. Usted sabe perfectamente que con este proyecto la Fiscalía se compartimenta territorialmente y sabe que con este proyecto pasamos a una Fiscalía con
designación por los poderes políticos autonómicos y sabe que, a partir de la entrada en vigor, el fiscal general del Estado no va a tener absolutamente nada que decir en el nombramiento del segundo cargo territorial más importante del organigrama
del ministerio fiscal (me estoy refiriendo, está claro, al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), que el fiscal general no será ni oído ni formulará propuesta alguna para un cargo de esa relevancia. ¿De verdad cree que toda esa
regulación no afecta a los principios de unidad orgánica y dependencia jerárquica, como ya ha dicho su Consejo Fiscal? ¿Va usted a aceptar en silencio esa cuña en el órgano constitucional que usted dirige? No estamos hablando, señor fiscal general
del Estado, de cualquier órgano, estamos hablando del ministerio fiscal, el único que nuestros constituyentes han querido definir a partir de dos señas de identidad exclusivas: unidad de actuación y dependencia jerárquica. Bueno, pues hoy tiene
una estupenda oportunidad, señor fiscal general del Estado, de decirnos si no considera que, como ha dicho su Consejo Fiscal, esto efectivamente está rompiendo el modelo constitucional de la Fiscalía.



Y como prometía, señor presidente, termino. No quiero dejar de hacer una última reflexión que dejo solo apuntada y que no voy a tratar en extenso porque esto requiere yo creo que otra reflexión en otra comparencia con más tranquilidad, pero
en la medida en que se ha extendido, y mucho, el fiscal general del Estado sobre ello, por lo menos quería darle un primer punto de vista y opinión sobre eso. Me refiero a lo que está siendo la reestructuración extraestatutaria de la Fiscalía que
está llevando a cabo el señor fiscal general del Estado. Y hoy además ha hecho una descripción absolutamente amplia, es decir, no se está produciendo de tapadillo, al contrario, considera que está muy bien que este país se esté llenando de fiscales
especiales, de fiscales delegados, de fiscales que en definitiva antes estaban en una estructura jerárquica por escalones y ahora, cada vez más, son fiscales ligados directa y personalmente al fiscal general del Estado. Esto, a nuestro juicio, y
digo que solo lo dejo apuntado, tiene dos problemas; uno que nos afecta al conjunto de los grupos parlamentarios, y es que, puestos a rediseñar la Fiscalía, sería mejor, señor fiscal general del Estado, que nos dejase usted hacer esa labor a los
legisladores. ¿Es bueno ir al exclusivismo, a la exclusivitis? Bueno, no lo sé, podemos debatirlo y, en su caso, tomar decisiones, en el seno, en su caso, de una reforma de la ley. ¿Es bueno generalizar y multiplicar fiscales delegados aquí y
allá de tal o cual materia? No digo que no, digo que sería bueno que sobre eso reflexionásemos. Porque todo eso me parece, señor fiscal general del Estado, que es materia pura y dura de una decisión en una ley que es el Estatuto. Y usted de hecho
ha citado, para hablar de alguno de ellos como es la Unidad Adscrita que usted quiere crear a su alrededor, artículos de la ley, en concreto, ha citado el artículo 13. Y yo le recuerdo algo que usted sabe mejor que yo, y es que a usted le han dicho
que el artículo 13 no permite hacer lo que usted está haciendo, porque permite, efectivamente, que usted tenga un personal de apoyo, pero no permite que esa unidad adscrita asuma funciones que hoy pueden ser de la Secretaría Técnica, de la
Inspección o de otros, y ya no es solo colgar personas, también es colgar órganos directamente de la Fiscalía en lugar de otros órganos. Y a lo mejor ésa no es la intención del señor fiscal general del Estado en este año, sabe Dios; en todo caso,
sea o no, yo creo que nosotros deberíamos debatir en esta Cámara si ésa es una buena idea o no, si en su caso debemos crear una estructura que permita al fiscal general elegir una vez a la Unidad Adscrita, otra vez a la Secretaría, otra vez a la
Inspección u otra a la Junta de Fiscales de Sala.



La segunda cuestión que nos preocupa en relación con todo esto, que debatiremos en algún momento, es que, a su vez, todo esto está incrementando de forma extraestatutaria, usted lo sabe, el número de fiscales de Sala. Y usted sabe también
que una de las cosas que le hemos dicho y que nos preocupa mucho es que, al margen de haber querido cambiar el sistema electoral, con el resultado conocido de los dos revolcones que le dio a usted el Tribunal Supremo en sendas sentencias, que ya no
era una buena idea, tampoco me parece que sea una buena idea que, sin cambiar el sistema electoral, por el mecanismo de ir creando nuevos fiscales de Sala estemos cambiando la composición de la Junta de Fiscales de Sala.



Gracias por su benevolencia, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor fiscal general del Estado, y personas de


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su equipo que le acompañan, por comparecer en la Casa del pueblo, en el Congreso de los Diputados, una vez más. También mañana va a comparecer ante la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial, esto es algo de absoluta normalidad democrática.
Se ve que usted no tiene, afortunadamente, alergia a este Parlamento, sino todo lo contrario. Le quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la información extensa de la memoria y la pequeña intervención que ha hecho, porque
quizás no hiciera falta más, sobre la segunda petición acumulada a la primera del Grupo Parlamentario Popular sobre política de nombramientos. Y le quiero agradecer también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el trabajo que está efectuando
en la Fiscalía General del Estado en defensa de los principios constitucionales para los que usted ha sido nombrado y para la función para la que usted ha sido nombrado, pese a que un portavoz, tan solo una persona, de un grupo político realice
manifestaciones apocalípticas que no pretenden otra cosa que erosionar la figura del fiscal general del Estado y erosionar, en la medida de que es capaz, al propio Gobierno.



Señor fiscal general del Estado, permítame, yo sé que usted no va a caer en la trampa, pero permítame que le recuerde, aprovechando la generosidad también del presidente (como esta es la Casa de la palabra, pues hay bastante amplitud en la
libertad de expresión, como no puede ser de otra forma), que usted ha venido aquí hoy a hablar y a presentar la memoria de la Fiscalía del año 2004 y una segunda cuestión que es la política de nombramientos. Sin embargo, algún grupo político no ha
hablado de la memoria y un poquito, porque poco tenía ya que decir, de la política de nombramientos, y sí ha estado hablando de otra serie de aspectos para los que expresamente se ha adoptado acuerdo diciendo que eran improcedente tratarlas en esta
Comisión, luego se hace filibusterismo y trampa parlamentaria, siendo muy suave en los adjetivos. Y, dos, sobre otros aspectos en los que se ha pronunciado el Pleno del Parlamento, como la proposición no de ley que menciona el portavoz del Partido
Popular, pretensión que quedó absolutamente en ridículo y en desprestigio, igual que algunos de los aspectos puntuales en que basaba aquellas pretensiones de la proposición no de ley, pues bien, se reproducen en la mañana de hoy de forma impropia e
irrespetuosa desde el punto de vista parlamentario, porque han sido rechazadas por unanimidad, excepto por los votos del Partido Popular, en un debate amplio que no vamos a caer en la tentación de reproducir en este momento, pero que, además, han
sido la base de la intervención. La memoria le importa muy poco al Partido Popular, el funcionamiento de la Fiscalía, bastante poco, el funcionamiento de la justicia, bastante poco, si no son ellos quienes marcan la pauta de cómo se tiene que
funcionar y qué es lo que se debe hacer, y se dedican a insultar, a descalificar, a erosionar. Lamentablemente esta es la pauta desde el primer día en que se constituyó y entró en funciones este Gobierno y esta Fiscalía General del Estado. Y lo
lamentamos mucho y lo lamentamos de verdad porque la aportación del Partido Popular es necesaria para el buen funcionamiento y la normalidad democrática y para huir de una vez un poco de este clima ficticio de crispación que en la convivencia
ordinaria y cotidiana, no solo en el Parlamento sino también en la sociedad, está llevando a cabo sin parar y sin ningún tipo de responsabilidad este grupo político. Por lo tanto, señor fiscal general del Estado, usted sabe y así está acordado, que
no debe ni puede hablar de los asuntos concretos. No es que no conteste a las peticiones de un portavoz, es que usted no puede ni debe hablar, y así es el acuerdo, allá su libertad de expresión, por supuesto, de asuntos concretos y tampoco de otra
serie de asuntos que han sido debatidos y votados. Esa es la trampa envenenada que le plantea, cordialmente, por supuesto, en las formas, el portavoz del Partido Popular con una falta absoluta de respeto institucional.



Yo sí quisiera hablar un poco de los aspectos para los que hemos venido aquí esta mañana, muy brevemente porque, agradeciendo su extensa información, hemos observado, y así me permito decirselo, señor fiscal general del Estado, importantes
mejoras en el funcionamiento de la Fiscalía y en los compromisos que usted contrajo al presentar la memoria del ejercicio anterior. Cierto que esta es su primera memoria y, además, incompleta, en el aspecto temporal me refiero, porque usted empezó
en el mes de abril o mayo, no recuerdo las fechas, del año 2004, pero dentro de ese logro parcial de objetivos, usted también ha realizado alguna crítica y desde mi grupo parlamentario, ya lo hicimos el año pasado, si recuerda, cogimos el guante.
Hay falta de medios en la Fiscalía, claro, medios materiales, medios personales que son insuficientes, incluso mencionó la conveniencia o posibilidad de un presupuesto propio, individualizado y autónomo para la Fiscalía General del Estado. Usted ha
vuelto a reivindicar hoy esa necesidad de medios, cosa que era increíble, inaudito observar en cualquier fiscal general del Estado pretérito porque desde el punto de vista político no cumplía la misma función que usted, dignificando la institución,
sí está cumpliendo. A la vez, ha reconocido que esta es una necesidad histórica por unas carencias históricas, que está intentando llevar la Fiscalía del siglo xix efectivamente a la del siglo xxi, la modernización pendiente, porque, en efecto, la
Fiscalía no ha evolucionado en la misma forma que el resto o que buena parte de las instituciones democráticas y de la propia sociedad. Pero yo le tengo que decir que seguirá contando con el apoyo de nuestro grupo parlamentario en esa dirección,
pero también le voy a dar un par de datos, y es que lo estamos haciendo ya, quizás no en la medida de lo deseable, pero sí en la medida de lo posible. Porque este año, por ejemplo, señor fiscal general del Estado, le apunto que el presupuesto total
de Justicia, después de las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario, ha aumentado un 12,77 por ciento y, en cuantía de euros, 146,68 millones euros, algo sin precedentes en los quince


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últimos años de nuestra historia democrática, probablemente insuficientes, pero vamos en la dirección de priorizar por fin el servicio público de la justicia. Dentro de esos medios humanos, señor fiscal general del Estado, en el año 2005,
250 órganos jurisdiccionales nuevos y 135 plazas de fiscales; en el año 2006, 75 órganos judiciales y 100 plazas de fiscales; pero es que el compromiso electoral más fuerte se cumplirá en lo que se refiere a los fiscales en los dos próximos años,
porque en lo que se refiere a órganos jurisdiccionales está cumplido en un altísimo porcentaje solo en los dos primeros años. Pero nos comprometimos también a impulsar y a ayudar en lo que se refería a la formación, que reconocimos en su
comparecencia y ante el Pleno de la Cámara que, pese a un incremento del más del 10 por ciento, era insuficiente. Señor fiscal general del Estado, se ha complementado la cantidad inicial con 2 millones de euros a esos efectos. Estamos en la buena
dirección, estamos de manera insuficiente, es posible, pero por primera vez en la buena dirección porque creemos en esta necesidad.



Hay algunos aspectos que ha tocado, señor fiscal general del Estado, como el problema del desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica integral sobre violencia de género. Hay una moción aprobada el 4 de octubre en este Parlamento que en parte
le afectará también a usted, como conoce, y el Parlamento ha reaccionado urgentemente ante esa moción aprobando ya una enmienda de 5,48 millones de euros para la creación de nuevos juzgados de Violencia de Género, además de las consignaciones
iniciales que ya iban, señor fiscal general del Estado. Pero el Pleno de la Cámara también acordaba instar al Gobierno, porque lógicamente no nos podemos dirigir al fiscal general del Estado, a que apostara para que una parte de ese número de
fiscales, en la medida de lo necesario, fuera destinado también a la lucha contra esta lacra de la violencia de género.



Estamos de acuerdo, y voy a ir muy rápido, con las prioridades que usted ha marcado. Son las que marcaba el año anterior fundamentalmente con medidas concretas adoptadas en cada una de ellas; a título de ejemplo, la siniestralidad laboral.
Decíamos, y compartíamos, que no puede resultar barato infringir la ley costando vidas humanas, lesiones, porque esos cientos de miles de accidentes tienen un coste económico insoportable y un sufrimiento detrás de ese coste económico todavía más
insoportable. Le tenemos que felicitar porque ha duplicado la persecución en vía penal de esos delitos. Usted dijo: No me va a bastar con que la responsabilidad civil sea cubierta, que es importante después de producida la desgracia, hay que
perseguir penalmente para que no resulte barato el infringir la ley de seguridad laboral que puede significar miles y miles de accidentes de manera indecente por no tener medidas básicas y necesarias en materia de seguridad laboral: Este es un
ejemplo y le tenemos que felicitar, sepa que cuenta con nuestro apoyo. Si es que todo lo que haga usted, viniendo de algún grupo, infringirá la ley, todo lo que hagamos nosotros será inconstitucional, porque manejan una Constitución distinta, no la
que aprobamos todos los españoles en diciembre de 1978. No se preocupe por eso, con rigor hay que seguir avanzando, y aunque este grupo parlamentario que hoy está en la oposición siga echado al monte, seguiremos con buena fe tendiéndoles la mano
para que bajen del monte, pero, mientras tanto, sigamos trabajando en defensa de los intereses de los ciudadanos.



Ha hecho algunas manifestaciones -voy a ir ya con pinceladas, señor presidente, que veo que me mira- en otros temas de la lucha contra el terrorismo. No haga caso tampoco a esas manifestaciones, no es el lugar ni el momento razonable de
entrar además en ciertos debates que no vienen a cuento, que no es para lo que usted ha venido hoy aquí. El Estatuto de Cataluña, siguiendo su trámite constitucional, siguiendo su trámite como marca la Constitución, ha sido debatido y tomado en
consideración, y ahora es el pueblo soberano, las Cortes Generales las que van a seguir la tramitación. No hay ninguna norma jurídica aprobada, y además es público y notorio, y no es momento de debatir ni objeto del debate ni de su intervención,
que hay una serie de temas que se van a negociar, a consensuar, a debatir como en cualquier otro proyecto de ley y de manera más importante que en algunos otros en un tema de tanta relevancia como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero ¿cómo
puede exigírsele a usted que se pronuncie, indebidamente además, y habiendo sido acordado, una vez más le recuerdo, por esta Cámara que no es esa la función que le corresponde a usted cuando viene a informar, porque no se le fiscaliza a usted?
Dentro de escasas fechas, es un pequeño paréntesis, comparecerá otro representante de una alta institución del Estado. Veremos el comportamiento del mayor grupo de la oposición, porque quizás hay alguna afirmación de las que injustamente se han
realizado sobre su persona que sí sea público y notorio que son de mayor procedencia.



Estamos absolutamente de acuerdo, y retomo rápidamente la reflexión que había dejado, en que no es ilegal, porque además se está haciendo fundamentalmente en línea con las reformas legislativas y con los requerimientos de este Parlamento, la
especialización que es demandada, además de por la ley, por el sentido común y el principio de eficacia, y no solo con los principios de sentido común, sino con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica que funcionalmente establece la
propia Constitución para lo que debe ser la función y los quehaceres del fiscal general del Estado. En ese sentido, tener fiscales especializados de violencia de género, lo dice la ley, no es solo de sentido común, o el pretender que la
siniestralidad laboral se persiga mejor especializando, o los delitos medioambientales. Si en cada intervención coincidimos todos en demandarlo y exigirlo, sin embargo, luego sirve de argumento para intentar erosionar su imagen y su intervención.
Vamos en la buena línea, está desarrollando esas prioridades y, por lo


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tanto, no voy a insistir mucho más porque me excedería en el tiempo.



Quiero entrar, porque viene en el orden del día, señor fiscal general del Estado, en un segundo tema que es la política de nombramientos. Yo, ingenuamente, pensé que cuando el Partido Popular pedía esa comparecencia era porque había
reflexionado, iba a pedir excusas públicamente a su persona como fiscal general del Estado por haber traído la decencia a la Fiscalía General en política de nombramientos. Pero qué va. Cuál ha sido mi sorpresa cuando siguen en el enredo, en el
lío. Fíjese, la soledad.
Claro, luego dicen: Es que tenemos no sé cuántos votos. No es soledad. El propio Consejo Fiscal es pacífico en esta materia, todos los grupos parlamentarios; ¿ha escuchado usted alguna crítica? Fíjese que es difícil
que no haya críticas en políticas de nombramientos. El conjunto de los grupos parlamentarios le está diciendo que no es un problema, tan solo el Partido Popular. ¿Pero sabe por qué? Porque no pueden consentir que aquella manipulación, atropello y
acaparamiento de todos los nombramientos de la carrera judicial y fiscal se hayan tornado en un funcionamiento democrático y decente, en el que la pluralidad prima, en el que los principios de mérito y capacidad son tenidos en cuenta, en el que se
oye al Consejo Fiscal. Pero si es que la perversión del lenguaje, señor fiscal general del Estado, es que le dicen lo que hacían ellos y que ahora no pueden hacer, esa es la acusación, esa es la auténtica perversión. Porque le voy a recordar
alguna cifra. De 43 nombramientos importantes del año 1996 al año 2004, 11 fiscales de Sala, 11 fiscales jefe de los TSJ y 21 fiscales jefe de audiencias provinciales, 24 pertenecían a la Asociación de Fiscales, 19 a los no asociados y cero -pero
cero en ocho años- a la Unión Progresista de Fiscales. Esta fue la realidad del atropello, de la indecencia democrática del anterior Gobierno, porque es que además no recuerdan que la ley y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -voy
abreviando, señor presidente- lo que dicen es que el fiscal general propone y el Gobierno efectúa los nombramientos, y es así y lo dicen con carácter discrecional numerosas sentencias del Tribunal Supremo realizadas frente a impugnaciones de
nombramientos del anterior Gobierno, que no hay duda, eran del anterior Gobierno, pues fue el anterior Gobierno el único que se permitió no nombrar a un fiscal de un Tribunal Superior de Justicia propuesto por el fiscal general del Estado, que fue
el de La Rioja, y fue el único Gobierno que se permitió, en contra de lo que ahora dicen, nombrar a un fiscal con cero votos, propuesto en tres veces, en tres negaciones, que fue el señor Fungairiño, cero votos del Consejo Fiscal.



Mire, la intervención de todos los grupos avala la totalidad de sus nombramientos, incluso en el contenido de las enmiendas que les hubiera gustado que en la Ley de 2003 se hubieran aprobado y que no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo,
Convergència i Unió dice: Nos gustaría que al menos un tercio del Consejo Fiscal para que pasara... Pero si es su compromiso, no exigido por la ley, pero es su compromiso político; entre comillas de funcionamiento y lo que usted ha llevado a cabo
hasta ahora. Lo que no se puede pretender, porque no lo dice la ley ni el sentido común, es que el Consejo Fiscal dictaminara preceptivamente en el sentido de cuáles deban ser los nombramientos a realizar, porque no lo dice la ley y porque además
sería tan antidemocrático como dejar en manos de una única asociación, fuera la que fuera, pero de una única asociación, la mayoritaria, los nombramientos y la política de nombramientos y todos los nombramientos concretos, y no estarían sometidos a
parámetros objetivos, reglados, de profesionalidad, porque representan unos intereses concretos, legítimos, por supuesto, y absolutamente limpios, por supuesto, pero parciales y concretos de una asociación y de una tendencia concreta. Por lo tanto,
lo ha dicho el Tribunal Supremo, los puestos de discrecionalidad están en manos de quien tiene la obligación de valorarlos y quien tiene la potestad de proponerlos que es el fiscal general del Estado. Desde que usted ha llegado, en los últimos
datos que yo tengo, de 25 nombramientos, hay 13 y 12, 13 de un sector y 12 de otro, o 12 de un sector y 13 de otro, y todos ellos con un apoyo importante del Consejo Fiscal, y en su mayoría, con la mayoría de votos del Consejo Fiscal. Esa es la
tendencia, esa es la trayectoria, esa es la pluralidad y ese es el sentido democrático. Que sepa, termino, que está apoyado no por el grupo parlamentario que represento, sino por la totalidad de los grupos y hasta por el propio Consejo Fiscal, me
atrevería a decir, cuando pacíficamente está asumiendo desde los últimos meses esa política de nombramientos, y quiero pensar que salvo alguna excepción.



Nada más, gracias por la información, señor fiscal general del Estado.
Ánimo, adelante, siga en la línea que está llevando porque está elevando el prestigio de esta tan alta institución, importantísima en un sistema democrático para la
sociedad española, en defensa de los intereses de la mayoría y, como usted dice de vez en cuando, sobre todo en defensa de los más débiles. Nada más.



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.
(Pausa.)


Vamos a reanudar la sesión. Tiene la palabra el fiscal general del Estado.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señorías, señor presidente, agradezco nuevamente la atención que me han prestado y, de una manera muy especial, las contribuciones que han realizado al hilo de la memoria porque van
a ser muy útiles para el fiscal general en su trabajo futuro, porque siempre es importantísimo escuchar el parecer de los representantes del pueblo español y porque creo que tanto los apoyos como las críticas son positivos porque contribuyen a
mejorar la labor del ministerio fiscal, lo que contribuye a mejorar la seguridad de los ciudadanos y la aplicación de la justicia. Por tanto, agradezco sus


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intervenciones y les expreso, como dije en una ocasión anterior, que para mí representa una verdadera satisfacción, incluso un ejercicio interesante desde el punto de vista intelectual, conocer la perspectiva de los diversos grupos de la
Cámara que, de una manera plural pero contribuyendo todos conjuntamente al buen interés de los ciudadanos españoles, aportan mejoras a la labor del ministerio público. Voy a tratar de responder individualizadamente a cada uno de los portavoces y
pido ya disculpas previamente, si hay algún tema que, por la extensión o la profundidad de las cuestiones tratadas, no puedo responder adecuadamente.



El diputado señor Mardones, de Coalición Canaria, se ha referido a mi reciente visita a las fiscalías de las islas Canarias. Es el segundo viaje que este año realizo a Canarias. Hice un primero de una manera breve para entrevistarme con
los fiscales de Gran Canaria y de las Palmas de Gran Canarias, y en esta ocasión, de una manera más extensa, he podido dedicar un día a cada una de las grandes fiscalías, la de Santa Cruz y la de Gran Canaria, y, al mismo tiempo, también
entrevistarme con los responsables políticos del Gobierno de Canarias en materia de justicia y en materia de asuntos sociales. Puedo decirle que se han incrementado en dos fiscales las fiscalías canarias en el mes de junio, que se incrementarán en
otros cuatro fiscales en este mes de diciembre y que se mantiene el propósito presupuestario de incremento de las plazas de la Fiscalía en 100; para el próximo año podremos contar con otros cuatro fiscales para las fiscalías de Canarias. Esa sería
la previsión presupuestaria, que sabemos que es insuficiente, pero partimos de una situación que no nos permite, con los datos de plazas nuevas de que disponemos, mejorar. Si presupuestariamente se pudiese aumentar las 100 plazas previstas para el
próximo año, en correspondencia al hecho de que se va a incrementar el número de plazas judiciales -y concretamente Canarias es uno de los sitios donde está previsto el incremento de plazas y así se me transmitió por los organismos correspondientes-
podríamos quizá también incrementar paralelamente la dotación para Canarias.



Efectivamente, el ministerio público está muy preocupado por la situación de los centros de menores y, concretamente, el centro de menores de la isla de Tenerife, donde se han producido algunos acontecimientos incluso trágicos.
Afortunadamente, en mi entrevista con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno canario pude apreciar una voluntad decidida de mejorar la situación y de introducir los cambios necesarios que habían sido puestos de relieve por la Fiscalía de
Menores de Tenerife.



Me señala que se aprecia un descenso del número de diligencias previas que no parece corresponderse con la evolución de la delincuencia. Eso es un efecto estadístico del incremento de juicios rápidos. En la medida en la que hay
determinados procedimientos que transcurren por la vía de los juicios rápidos, eso determina un descenso paralelo de diligencias.



En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, se han nombrado delegados tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y en el último Consejo Fiscal se ha aprobado también el nombramiento de un delegado de la Fiscalía Antidroga en Santa Cruz de Tenerife;
ya existía en Las Palmas, y, por lo tanto, en este momento las islas Canarias tienen delegación de las dos grandes fiscalías especiales en las dos islas. Falta la otra fiscalía especial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía
Antiterrorista, que no tiene ningún sistema de delegaciones.



Se refería también el representante de Coalición Canaria al Tribunal de Cuentas; se planteaba si existía la intención de dictar una instrucción específica en relación con la Fiscalía Anticorrupción. Debo decir que sí, que hay instrucción
específica en materia de Fiscalía Anticorrupción. Y en cuanto a la extensión de las funciones de los delegados a la lucha contra la criminalidad organizada, está en estos momentos siendo objeto de estudio en la Secretaría Técnica y probablemente
podrá ir en la próxima Junta de fiscales de Sala, no la que inmediatamente vamos a celebrar sino la siguiente.



En cuanto al Tribunal de Cuentas, es la primera vez que me plantean la situación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y agradezco especialmente al señor Mardones esta mención porque estoy especialmente orgulloso del trabajo que está
realizando el fiscal Jorge Sena al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, reforzando esta Fiscalía y la actuación de los fiscales y además contribuyendo a resolver un conflicto que se había planteado con las denominadas OCEX, es decir, los
órganos de control de las comunidades autónomas, en las cuales no existía conexión con la Fiscalía. Y ha sido precisamente la labor del fiscal del Tribunal de Cuentas la que ha establecido, tanto con la Cámara de Cuentas navarra como con los
diversos organismos paralelos del Tribunal de Cuentas en cada una de las comunidades, un sistema de comunicación y una fluidez de relación con el ministerio público que ha mejorado el funcionamiento y que ha contribuido a que en la sección de
enjuiciamiento -como saben SS.SS., la sección de enjuiciamiento únicamente existe en el Tribunal de Cuentas y no en las OCEX- que la relación entre las OCEX y el Tribunal de Cuentas se haya facilitado por la nueva labor del ministerio fiscal.



Finalmente, hablaba el señor Mardones de las nuevas competencias del Consejo Fiscal. Son competencias que, obviamente, no las ha atribuido este fiscal general, que, como bien ha dicho el representante del Grupo Popular, no tiene esa
facultad legislativa de ampliación de las competencias, proceden de la reforma en el año 2003. Pero, efectivamente, se ha llegado por consenso a la elaboración de un documento y de un sistema de funcionamiento que ha sido aprobado por unanimidad
por todo el Consejo Fiscal y desarrolla esas nuevas competencias, concretamente, la competencia de elaboración de los informes legislativos en aquellas materias que afecten a la organización y el funcionamiento del ministerio público. Como le digo,
es una competencia que se está


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ejercitando ahora de una manera plena por el Consejo y, además, fruto de un acuerdo al que se ha llegado con todos los consejeros, sin que haya habido ninguna discrepancia en esta materia. Ha sido fruto, lógicamente, de un debate vivo y
difícil, como ocurre a veces cuando existen posiciones diferentes, pero se ha llegado a un acuerdo definitivo.



Al señor Jané, de Convergència i Unió, le tengo siempre que agradecer la atención que presta al funcionamiento de la Fiscalía y, además, la colaboración que siempre ha expresado para el mejor desarrollo del trabajo del ministerio público,
una colaboración que además tiene frutos específicos. Me ha agradecido que la memoria por primera vez tenga un apartado destinado de manera específica a la seguridad vial, y yo debo decirle que es mérito que le corresponde íntegramente a usted
porque fue en la anterior comparecencia para la presentación de la memoria cuando me expresó esta necesidad y nada más salir de esa comparecencia trasladé a los órganos técnicos de la Fiscalía la necesidad de incorporar en la memoria este apartado.
Por lo tanto, es un mérito que le corresponde, precisamente porque tenía toda la razón en cuanto a la necesidad de que el ministerio público, si no puede solucionar los problemas gravísimos que aquí se producen, sí por lo menos prestar una atención
singularizada, porque la información y el conocimiento es el primer escalón para la solución de los problemas.



Me planteaba que la tendencia decreciente de la delincuencia, que es una tendencia que se va confirmando, sin embargo, no es omnicomprensiva. En las grandes ciudades tenemos un problema de incremento de la delincuencia y sobre todo, como
muy bien ha señalado; de la delincuencia callejera; disminuyen determinados delitos tradicionales y, sin embargo, se incrementan determinados delitos violentos en las calles. Eso es fruto de una confluencia de factores, entre los cuales no
podemos olvidar la falta de integración social, factores económicos y sociales que pueden generar ese incremento de los comportamientos violentos precisamente en las grandes ciudades. En España estamos comenzando a sufrir un proceso de surgimiento
de bandas juveniles que no existía hasta la fecha y al que, sin embargo, debemos de prestar la máxima atención. En Cataluña, concretamente en Barcelona, se nos ha encendido esta luz de alerta para atender de una manera específica la violencia
callejera. La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año en curso ha sido excelente, dentro de sus posibilidades y de sus facultades, y esto no puede ser en absoluto imputable al comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, sino que es fruto de esa evolución social que se está produciendo. En cualquier caso, frente a ello debemos reaccionar desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista policial.
Quizá el despliegue de los Mossos d'Esquadra en
la ciudad de Barcelona durante este año, para una mayor proximidad o para una mejor dotación de medios, pueda contribuir en la lucha contra estas modalidades delictivas violentas que nos preocupan a todos.



Debo responder a su pregunta sobre si existe una consulta por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la ordenanza, que el fiscal general del Estado o, concretamente, la Fiscalía General del Estado no ha tenido intervención en este asunto.
También es verdad que no le corresponde a la Fiscalía General del Estado, como tal institución, tener esa intervención; hay una consulta de los proyectos legislativos al Consejo, pero normalmente no de las ordenanzas municipales. Ahora bien, cabe
la posibilidad, no tengo conocimiento de ello, de que hayan existido consultas informales con la Fiscalía o con los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, porque en estos supuestos locales lo mejor es que la relación se produzca a
nivel local.



Me preguntaba también por las conclusiones de la Comisión de Investigación en relación con el atentado del 11 de marzo. Indudablemente, son planos distintos el de la investigación judicial y el de la Comisión de Investigación. Ambos
contribuyen a esclarecer un hecho delictivo terrible que ha sufrido nuestro país y, por lo tanto, se trata de que desde diversas perspectivas y desde los distintos poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, contribuyamos
de una manera coordinada a mejorar la seguridad y a investigar qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista político, a investigar qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista criminal, que es lo que le corresponde al órgano de
enjuiciamiento, y, en definitiva, a obtener unas conclusiones. De algunas de estas conclusiones sí les puedo decir que hemos tomado nota y que, concretamente, en algunos aspectos la Fiscalía ha trabajado intensamente. Por ejemplo, en el tema del
control de explosivos, la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de su competencia de informe de los proyectos legislativos, aportó, a mi entender, mejoras técnicas relevantes al proyecto de ley que se nos sometió a informe, y tengo la
satisfacción de decir además que muchas de las sugerencias de mejora en cuanto a la redacción de los tipos que fueron realizados por la Fiscalía General del Estado fueron incorporadas finalmente al proyecto de ley; por lo tanto, ha habido una
contribución efectiva y positiva a esa reforma que nos ha parecido necesaria. También en el ámbito interno de la Fiscalía se editaron instrucciones particularizadas, concretamente para la Fiscalía de Asturias, para el control específico de los
explosivos. Se entendía que, precisamente por tratarse de una zona minera en la que había una cierta tradición de un control no exhaustivo, existía la necesidad de que la Fiscalía, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuase con el
máximo rigor en esta materia y diese cuenta a la Fiscalía General de aquellos procedimientos que se estableciesen.



En cuanto a la financiación, las fuentes de financiación del terrorismo es una cuestión que nos preocupa de una manera específica. La Fiscalía está presente, interviene en los organismos de control que existen en


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materia de financiación, tanto de financiación del terrorismo a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -el fiscal jefe de la Audiencia Nacional participa en esta comisión de control-, como en materia de drogas, con la paticipación de
la Fiscalía Antidroga. Por lo tanto, hay una intervención y una participación directa, recibimos a través del Seplac las informaciones de movimientos de fondos que puedan ser sospechosos. Por otra parte, como digo, en esta materia, y sin entrar en
detalles a los que la confidencialidad me obliga, las relaciones que hemos establecido con los servicios homólogos a los de la Fiscalía en los Estados Unidos de América y en las últimas visitas, giran en muchas ocasiones alrededor del tema de la
financiación, sobre los datos de movimientos de fondos que podamos nosotros aportar o que ellos, paralelamente, nos puedan aportar.



El grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista, efectivamente, se creó en su momento en la Audiencia Nacional. Se reforzó por una idea inicial por parte de este fiscal general, triplicando los efectivos que inicialmente estaban
previstos, pero siempre con los fiscales destinados en la Audiencia Nacional y, por lo tanto, con la limitación de efectivos de que disponemos. En la propuesta que se hizo por parte de la Fiscalía para el año en curso de incremento de plantilla
había un reforzamiento de la plantilla de la Audiencia Nacional. Además, si bien es cierto que dentro de esa distribución de plazas el grupo más importante -cien- entraría en funcionamiento en el último mes de este año, y solo una pequeña parte del
incremento de los fiscales se incorporarían en el mes de junio, fundamentalmente los destinados a la violencia de género, se hizo un esfuerzo por parte de la Fiscalía y se prescindió de algunos de esos fiscales que podrían ir destinados a violencia
de género, que se asignaron a la Audiencia Nacional con el fin de reforzar su funcionamiento.



La petición que antes me hacían los parlamentarios y que me pedían que concretase, se centra fundamentalmente en dos temas. Como he dicho -y después tendré ocasión de insistir más en ello cuando responda al representante del Grupo
Socialista, que ha aportado datos muy importantes sobre esta materia-, las pretensiones que habíamos formulado el año anterior han sido, afortunadamente, acogidas tanto en materia de formación como en materia de unidad de apoyo. Ahora, lógicamente,
debemos ir más allá.



En materia de personal, el incremento de 100 plazas para el próximo año, nosotros hubiésemos deseado que hubiese sido de 150, porque empezamos el año pasado con 135, el compromiso es de 600 a lo largo de la legislatura, y hubiésemos
preferido que hubiesen sido más. Si es posible, podría modificarse a través de alguna enmienda. La primera proposición de 75 nuevas unidades judiciales y 100 fiscales va a ser incrementada de una manera yo creo que muy correcta en cuanto a los
órganos jurisdiccionales; se van a incrementar respecto de la primera propuesta de 75 para poder atender mejor los temas de los juzgados de violencia de género. Si es posible, también habría que hacer un incremento paralelo, el mismo número de
órganos que se incremente respecto a la propuesta inicial se podría incrementar la propuesta inicial de fiscales. Es una concreción en la que no puedo ir más allá. O sea, si hay un incremento de la propuesta inicial de órganos jurisdiccionales que
va a ir dirigido a órganos jurisdiccionales con competencia penal, nos gustaría que se incrementase el mismo número de fiscales respecto de la propuesta inicial, porque la creación de órganos jurisdiccionales exige paralelamente el destino de
fiscales.



El segundo tema ya lo he expuesto y figura detalladamente en la memoria la formación que ya se ha conseguido en este año. Me refiero al problema del sistema informático que, como digo, es una cuestión de buen funcionamiento. Además, es el
desarrollo de algo que acordaron SS.SS.
precisamente en la reforma de la Ley del Estatuto del Ministerio Fiscal del año 2003, con Gobierno absoluto del Partido Popular y con acuerdo del conjunto de los grupos en esta materia, esto es, la necesidad
de establecer un sistema de información integral a través del cual el Ministerio público pudiera comunicarles a SS.SS. y a todos los ciudadanos cómo está cada uno de los procedimientos, qué número de procedimientos existe, y no tuviésemos que
seguir funcionando en muchos aspectos con el tristemente conocido como sistema de los palotes, en el que los fiscales van poniendo uno a uno los datos para conocer los procedimientos.



Me hablaba también de la siniestralidad laboral. Agradezco a S.S. que valore el esfuerzo que se está realizando en esta materia. Concretamente, entre los convenios que he tenido la oportunidad de firmar con las comunidades autónomas, el
primero fue con el presidente Chaves, en Andalucía, el segundo fue con el presidente Fraga, en Galicia, y el tercero fue con el presidente Maragall, en Barcelona. Efectivamente, tenemos un convenio específico sobre esta materia, creo que estamos
avanzando, y agradezco el apoyo de su señoría.



Hay un tema con el que quiero concluir relativo al Consejo Fiscal. Me dice que Convergència i Unió había presentado una enmienda para que se incorporase a la ley la existencia de un quórum mínimo con el fin de que, si bien se respetase la
facultad de propuesta del fiscal general, oído el Consejo, esa propuesta requiriese al menos un tercio del Consejo Fiscal para poder realizarla. Debo decirle que esa enmienda, si bien no fue aprobada en el Parlamento, está vigente, es decir, que,
como compromiso del fiscal general del Estado, estoy manteniendo el criterio de que exista siempre por lo menos una parte relevante del Consejo Fiscal que haya apoyado el nombramiento. Todos los nombramientos se han hecho con el apoyo de un tercio
del Consejo Fiscal. Creo que ha habido exclusivamente un nombramiento, en la última etapa, con una proporción inferior, que correspondió precisamente a un miembro de la Asociación conservadora de Fiscales que había sido asesor del ministro
Michavila y que por determinados roces, yo entiendo que personales, su asociación no le apoyó, la asociación


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contraria tampoco le apoyó, pero tuvo el apoyo de dos fiscales, del teniente fiscal y del inspector fiscal, que para mí son muy relevantes porque representan a la institución y no a las asociaciones de una manera exclusiva, y además también
tenía el apoyo de la Fiscalía especial, donde estaba destinado en comisión de servicios y desarrollando una labor muy importante. La razón de que surgiese esa oposición fue porque imputaban a mi antecesor haber hecho ese nombramiento en comisión de
servicio de una manera irregular, cuando el anterior Gobierno estaba en funciones, entendiendo que ya no era un momento para realizarlo. Efectivamente, podría haber razón para oponerse a ese nombramiento, pero teniendo en cuenta que se trataba de
un fiscal que estaba realizando una función excelente y que tenía el apoyo de la institución en su conjunto, el fiscal general decidió proponerlo y creo que además ha sido un acierto.
En cualquier caso, el único supuesto en el que se hizo un
nombramiento con un apoyo menor, que no llegaba al tercio del Consejo Fiscal, recayó en beneficio de un fiscal de la Asociación de Fiscales que además había sido asesor del ministro de Justicia durante el Gobierno Popular, o sea, que no se puede
decir que si en algún momento el fiscal se aparta de ese criterio mayoritario lo haga para beneficiar a un sector, sino que se aparta en aquellos supuestos en los que hay unas razones estrictamente profesionales para ello.



La señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco, siempre conoce de una manera muy detallada la labor de la Fiscalía y por lo tanto siempre hace aportaciones muy importantes. Debo comenzar sin embargo en este caso con un mea culpa que
procuraré remediar. Compruebo que no se hace una referencia específica al principio de imparcialidad en la introducción de la memoria -sí se habla en otros lugares pero no aquí- e indudablemente tendremos que remediar este fallo que ha apreciado.
En cualquier caso, como fiscal general del Estado, creo que el principio de imparcialidad del fiscal, que se corresponde con el de independencia del juez, es un principio básico en el funcionamiento, y la Fiscalía está tratando de ejercitar ese
principio de imparcialidad, y ejercitar el principio de imparcialidad quiere decir que no siempre es necesario que el fiscal acuse, no siempre es necesario que formule una pretensión acusatoria, como si el fiscal siempre tuviese que estar de una
parte en el procedimiento. En muchas ocasiones nos sucede que el fiscal no ejercita esa pretensión acusatoria y a veces la pretensión acusatoria es ejercitada por fiscalías paralelas o por asociaciones privadas, que no necesariamente obtienen la
sentencia favorable, sino que la sentencia coincide con esa posición inicial del ministerio fiscal, y sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Por lo tanto, el fiscal normalmente siempre procura ser imparcial y esa imparcialidad le lleva en
muchas ocasiones a ser objeto de crítica, porque se espera o se pretende del fiscal que siempre se pronuncie en una determinada orientación, y el fiscal es completamente respetuoso con el principio de legalidad y, como consecuencia del principio de
legalidad, -y quizá por eso lo habíamos omitido-, por ser respetuoso con la ley, el fiscal es necesariamente imparcial.



También acojo su propuesta de que demos mayor concreción al aspecto de la memoria elaborado por la Inspección Fiscal y que se refiere a los temas disciplinarios. Debo decir que yo mismo, leyendo ese apartado he coincidido también con S.S.
en que quizá fuese conveniente una mayor concreción. Hasta la fecha no se nos había pedido, pero lo trasladaré al servicio correspondiente.



Se refiere al baremo externo, al baremo, digamos, de opinión de la sociedad. Efectivamente, no es un apartado de la memoria, podríamos decir, porque realmente no es que sea la primera vez que se introduce en la misma, es que es la primera
vez que se hace y entonces, como es la primera vez que se hace, es posible que los resultados en algunos aspectos nos sorprendan o también es posible que las preguntas no estén bien orientadas. Este es un trabajo que ha realizado un organismo
especializado en la materia prácticamente sin orientación de la Fiscalía, porque se nos transmitió que se hacía en el Consejo General del Poder Judicial. Me consta como magistrado que efectivamente venían haciendo desde hace muchos años este
barómetro interno y externo de la opinión de los propios jueces y de la ciudadanía sobre determinados aspectos, y después de un cierto debate presupuestario con el Ministerio de Justicia -nosotros no tenemos esa autonomía presupuestaria que tiene el
Consejo para encargar esos trabajos y por lo tanto siempre tiene que ser desde la perspectiva del pedigüeño, pero en este caso resuelto favorablemente-, pudimos encargar también y por primera vez un baremo de opinión sobre el ministerio fiscal al
mismo organismo, al mismo sociólogo, digamos, al mismo experto que había venido realizando estos baremos para el Consejo General del Poder Judicial y publicando además algunos libros muy interesantes sobre el conocimiento de la justicia.
Indudablemente, puede ser que algunas de las preguntas fueran innecesarias y desde luego yo le puedo decir que la que se refería al fiscal general del Estado me ha provocado bastante sonrojo porque no era mi intención que se produjese en esos
términos, pero sabe usted que las actuaciones profesionales deben también ser respetadas y, en la medida en que se presenta un informe, este debe ser asumido sin cortes o censuras y, por lo tanto, el informe ha sido dado a conocer en lo que yo creo
que es una voluntad de transparencia de la Fiscalía y que, indudablemente, permite también que los ciudadanos y SS.SS. la puedan conocer mejor. Que después haya algún aspecto que se destaca de una manera anecdótica es algo que se escapa a mi
posibilidad de actuación.



Le agradezco que me destaque el buen funcionamiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es una Fiscalía realmente difícil. He visitado las tres fiscalías del País Vasco y sé perfectamente la dificultad de
funcionamiento.



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Me señalaba también la existencia de algunas discrepancias en cuanto a los criterios de las propuestas de modificación con lo que finalmente se ha expresado por el ministerio fiscal a la hora de informar la reforma de la Ley del Menor. Las
propuestas de modificaciones que se incluyen en la memoria normalmente son hechas por los propios fiscales, expertos, profesionales, conocedores de la materia y que cuando la Fiscalía General estima que tienen interés las incorpora al texto de la
memoria, pero no quiere decir que necesariamente, si existe una reforma legislativa en ese sentido, el criterio final del Consejo Fiscal al informar una reforma legislativa o de la secretaría técnica al participar en esa reforma deba necesariamente
seguir ese criterio. Hay reformas que yo creo que son para sugerir el debate, sugerir la opinión y para que los legisladores las conozcan y, en su caso, las tomen en consideración.



Sobre el Juzgado Central de Menores, indudablemente, no hay una referencia expresa en la memoria, pero es que la memoria no es una memoria del Consejo General del Poder Judicial, es una memoria de la Fiscalía. Lo que sí hay es una
referencia a la sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -página 304- y ahí se nos dice cuántas diligencias se incoaron, que efectivamente es un número muy escaso: nueve diligencias criminales que afectaron en total a once
menores, en relación con siete casos con delitos de terrorismo, otro de desórdenes públicos y otro por reunión y manifestación ilícita, y expedientes también de reforma. A mí me parece que es una buena noticia que la sección de Menores de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional haya tenido un volumen escaso de actividad, porque eso significa que realmente hay menos menores que se implican o que se han implicado durante el año al que se refiere la memoria en actividades vinculadas con el
terrorismo.



Por último, en cuanto a la conveniencia de que se tuviese en cuenta la enmienda que se presentó para que en el Consejo Fiscal se tuviese siempre en los nombramientos un determinado apoyo, como le digo, la enmienda de alguna manera ha sido
asumida por parte del fiscal general, no con una numeración concreta, porque hay que tener en cuenta que si hay un reparto entre varios candidatos, a lo mejor el candidato que más votos obtiene no alcanza el tercio o está al borde, porque si hay dos
candidatos es más fácil, pero si hay varios puede ser difícil; no con una numeración concreta, pero sí con la exigencia de que nunca se hará ningún nombramiento con cero votos y desde luego que siempre se exigirá un, digamos, apoyo relevante, que
yo considero que efectivamente debe ser aproximadamente de un tercio del Consejo Fiscal o, excepcionalmente, cuando hay discrepancia entre las asociaciones y hay un tercer candidato no asociado que ninguna de las dos asociaciones apoya, cuando haya
coincidencia entre los vocales natos del Consejo Fiscal, que representan a mi entender una gran sabiduría, conocimiento y experiencia de la carrera.



Paso ya a responder al señor Astarloa como representante del Grupo Popular. Valoro su agradecimiento en relación con el reconocimiento por parte del fiscal general de la política que se desarrolló y que se ha venido desarrollando en materia
legislativa antiterrorista, que creo que, efectivamente, fue una política acertada y que, precisamente porque ha sido una política acertada, nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos, que yo creo que es una situación más favorable. Debo
decir que hoy he reiterado en mi exposición también esa misma posición atribuyendo tanto al Gobierno actual como al Gobierno anterior de manera expresa el éxito de esta política antiterrorista y, además, la conjunción de los cuatro factores, como he
señalado, reformas legislativas, actuación policial, cooperación internacional y actuación jurisdiccional, que son los que han llevado a la situación actual. Sin embargo, no creo que haya repetido sin matices lo que dije en la apertura de
tribunales, porque lo he matizado de una manera que además estuve hasta el último momento dudando de incluir, pues nunca he hecho referencia a mi antecesor para apoyarme o para criticar. Mi responsabilidad empieza efectivamente en el momento en que
he asumido la Fiscalía General del Estado y creo que es la primera vez que he mencionado al señor Cardenal precisamente para decir que esa frase que pudo llamar la atención en la apertura de tribunales había sido ya expresada de una manera muy
similar por mi antecesor en la última memoria que él redactó, y con eso lo que pretendía precisamente era eliminar de alguna manera ese carácter novedoso que pudiera darle alguna arista a la esperanza que yo expreso y que yo creo que todos los
españoles compartimos, una esperanza de que, gracias a que se han hecho bien las cosas, el fin del terrorismo de ETA está próximo. No se trataba de revelar ningún secreto. El fiscal general del Estado, es su obligación, debe tener el máximo de
información a todos los niveles sobre la situación de las bandas terroristas e, indudablemente, esa información se trasluce en su exposición al público, pero no se trataba de decir nada llamativo, sino que se trataba de expresar una esperanza yo
creo que fundada y además positiva para la evolución de la paz en nuestra sociedad.



Agradezco también al representante del Grupo Popular las críticas que me viene expresando, porque creo que la labor de la oposición es oponerse.
Estimo que el papel del fiscal general es un papel más bien institucional y, como
institucional, debería estar un tanto al margen del debate político, como le expresé además de una manera personal y directa al presidente del Partido Popular cuando he tenido oportunidad, por primera vez en la dinámica del ministerio público, de
hacerle entrega personal de la memoria, por estimar que de la misma forma que de esa memoria se hacía entrega al presidente del Gobierno, a los presidentes de las Cámaras, a Su Majestad el Rey, a los vicepresidentes del Gobierno y al heredero de la
Corona, que son entrevistas que son siempre muy útiles para el fiscal general del Estado, también era conveniente que el presidente del


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primer partido de la oposición tuviese una exposición personal y directa por parte del fiscal general de la evolución de la delincuencia y de la situación de la criminalidad; por eso, con la atención que me fue prestada y que le agradezco,
se le hizo entrega de esta memoria y en su momento tuve la oportunidad precisamente de expresarle estas mismas consideraciones, la consideración de que la figura del fiscal general del Estado, a mi entender, con independencia de, digamos, el impulso
de su nombramiento, está definida en la Constitución con un criterio de cargo jurídico más que con un criterio de cargo político. Es verdad que la propuesta nace del Gobierno, pero también es verdad que interviene en ella el Consejo General del
Poder Judicial, y si se aprueba la reforma del estatuto que está en ciernes, también el Parlamento, con lo cual se constituiría en la única autoridad del Estado en cuyo nombramiento interviniesen los tres poderes. Es verdad que de acuerdo con la
Constitución, los requisitos que se exigen, como ser jurista de reconocido prestigio, con una serie de años de antigüedad, complementados por la decisión del Tribunal Supremo, que estimó que esa antigüedad tiene que ser específicamente como jurista,
dan al cargo un perfil jurídico similar al que pueden tener los magistrados del Tribunal Constitucional que son designados por el Gobierno, porque también hay dos magistrados del Tribunal Constitucional que son designados directamente por el
Gobierno, y no se entiende que esa propuesta del Gobierno signifique que se convierten en un cargo político, sino que son un cargo jurídico. Pues bien, los requisitos que se exigen para el nombramiento del fiscal general en cuanto a antigüedad y en
cuanto a su condición de jurista son muy similares, y, a mi entender, el fiscal nunca puede entrar en un debate con la oposición, nunca puede responder a las críticas y nunca puede, por lo tanto, ser objeto en principio del mismo nivel de oposición
que el que pueda tener un partido político. En cualquier caso, nunca he respondido ni responderé a ninguna de las críticas, incluso cuando en algunas ocasiones se incluyan algunas expresiones que yo deseo por lo menos desterrar de mi vocabulario
como la palabra sectario o algún otro tipo de palabras que yo preferiría no incluir. Yo le pido al representante del Partido Popular que se incorpore, desde luego con la crítica con la discrepancia y con todas las aportaciones que sean necesarias,
a un trabajo de mejora del ministerio público, porque redundará en beneficio de la justicia y, en definitiva, en beneficio de toda la ciudadanía señalando los errores del fiscal cuando existen, pero incorporándose de una manera efectiva a ese
trabajo al que, como digo, se ha incorporado ya el Consejo Fiscal, en el que últimamente no se produce ningún tipo de enfrentamiento, hay las discrepancias lógicas, pero no enfrentamiento.



No puedo entrar en cuestiones que son ajenas a la comparecencia, aunque sobre algunas sí me gustaría decir algo. En cuanto al tema que es objeto de solicitud de comparecencia por parte del Grupo Popular, nunca he expresado ante esta Cámara
ni en ningún momento ningún criterio ni ideológico ni de confianza política a los efectos de los nombramientos.
Es cierto que en un momento determinado expresé que dado que durante ocho años no había habido nombramientos que recayesen en un
determinado sector del ministerio público, existían determinadas personas que habían quedado orilladas a lo largo de todos estos años, con una gran capacidad profesional, con una gran antigüedad y con una gran competencia que era conveniente para el
ministerio público rescatar, y eso efectivamente se produjo en la primera época de mi nombramiento, siempre con nombramientos que desde el punto de vista del mérito y de la capacidad creo que no pueden ser discutidos en absoluto; pueden ser,
naturalmente, no compartidos, como yo no compartía algunos de los nombramientos realizados en la época anterior de mi antecesor, pero en cualquier caso, respetables.



En esta época, ya, digamos, con el consejo, se han hecho tres nombramientos de fiscales de Sala, uno para la fiscal de Violencia sobre la Mujer, que ha recaído sobre una fiscal no asociada y ha obtenido la mayoría de los votos del Consejo
Fiscal. Se ha hecho otro nombramiento como fiscal jefe de la Unidad de apoyo y de relaciones institucionales, que no es un cargo que haya creado el fiscal general, sino que se creó por el Gobierno anterior por real decreto, a lo mejor para,
digamos, situar a algún fiscal que no era cómodo en el puesto en el que se encontraba, pero la plaza fue creada efectivamente, y en este momento, respondiendo también a una norma legal que aprobó el Partido Popular por mayoría absoluta en la
anterior legilatura, que es la creación de la unidad de apoyo, efectivamente, la unidad de apoyo está creada por ley y por ley se le está dando un contenido que creo que refuerza el funcionamiento interno del ministerio público. Pues bien, para ese
cargo fue nombrado el teniente fiscal de la Inspección, don José Luis Bueren Roncero, también fiscal no asociado, también fiscal con gran conocimiento de esa materia y también con la mayoría del consejo. Por lo tanto, los nombramientos más
relevantes se han realizado por la mayoría del consejo.
El tercer nombramiento más relevante que se ha hecho es el de teniente fiscal, que recayó sobre el número uno de la carrera fiscal, sobre el fiscal de Sala más antiguo, sobre un fiscal que
además no tuvo ningún voto en contra en el Consejo Fiscal. Por lo tanto, han sido tres nombramientos que no creo que hayan sido objeto de polémica alguna; el resto de los nombramientos que se han realizado durante esta época de la misma manera no
han tenido problema.



Me señala S.S. el de don Félix Pantoja y me dice que no respeta la ley porque se trata de un vocal del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, lo sucedido es lo contrario, señor Astarloa. En la época anterior, un vocal del
consejo que había sido fiscal general del Estado, el señor Moscoso, interesó la misma plaza que ahora interesó el señor Pantoja. El consejo le nombró por mayoría o le propuso por mayoría y el Gobierno sin embargo estimó que no debía de nombrarlo.
Hubo un


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recurso ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo contencioso dijo que eso era ilegal; el recurso además lo presentó la Asociación conservadora de Fiscales y lo ganó. Así pues, si se hizo alguna ilegalidad, fue precisamente por no haber
nombrado a este señor en su momento. Yo estoy vinculado por la sentencia del Tribunal Supremo por la jurisprudencia, que me dice que los vocales del Consejo General del Poder Judicial mientras estén en su cargo conservan sus derechos como
funcionarios, su antigüedad, y por lo tanto pueden ser nombrados para cargos discrecionales. Teniendo en cuenta que entre el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial hay una separación absoluta no hay razón alguna para que no pueda
ser designado. La razón podría ser que no pueda hacerse cargo de manera inmediata del puesto, pero es que eso la ley lo prevé expresamente en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y permite hacer un nombramiento por dicha vía, como
se está haciendo de manera continuada para supuestos de personas que ocupan plazas que tienen una finalidad concreta. Se ha hecho el nombramiento del señor Pantoja con un apoyo relevante dentro del Consejo Fiscal y sin que efectivamente tenga
ningún criterio, ni ninguna tacha de ilegalidad.



Hay otro tema sobre el cual necesariamente deseo expresarme, porque la verdad es que he seguido su consejo y, a pesar de seguir su consejo, me encuentro con que, efectivamente, todavía volvemos un poquito al pasado.
He buscado en la
anterior comparecencia cuando me decía que quizás no es razonable que mis intervenciones coincidan en determinados aspectos de política criminal con las propuestas de reforma legislativa realizadas por el Gobierno. Yo señalaba que quizás es lógico
que el Gobierno, a la hora de designar al fiscal general, elija una persona que tenga unas líneas generales de política criminal similares y que cuando se exprese, en el ejercicio de esa libertad de expresión, se exprese en unas líneas de política
criminal similares o paralelas. Pero yo le dije en aquel momento, y estoy leyendo lo que el 'Diario de Sesiones' de la Cámara ha recogido de manera literal: Tendré en cuenta esa observación y trataré en lo posible de excusarme en las preguntas de
los medios de comunicación cuando me hagan preguntas en relación con las reformas legislativas. He procurado hacerlo. Buena prueba de ello es que cuando usted ha citado alguna intervención mía relativa a una reforma se ha referido a la Ley de
violencia de género o a la primera reforma que se hizo de la ley orgánica, es decir, a hechos que ocurrieron hace más de un año, con anterioridad a esta comparecencia mía; desde entonces no ha podido usted hacer ninguna referencia porque he
procurado, con gran pesar de mis admirados y respetados compañeros de los medios de comunicación, excusarme en estas ocasiones de hacer estos pronunciamientos, y por ello tampoco lo he hecho sobre el Estatuto de Cataluña. No he hecho ningún
pronunciamiento y no lo encontrará en los últimos tiempos; a lo mejor en alguna ocasión me deslizo. No ha podido citar usted ninguna referencia a ningún proyecto legislativo con posterioridad a esta comparecencia, ninguna. Solamente he dicho en
relación con el Estatuto -por la dificultad que a veces hay, digamos, para eludir estas preguntas- que confío plenamente en los diputados de esta Cámara como representantes del pueblo español y que estoy completamente seguro de que cuando el
Estatuto salga de la Cámara será absolutamente conforme con la Constitución y absolutamente conforme con el interés general y que, indudablemente, aquellos aspectos del Estatuto que puedan afectar al ministerio público también, una vez que se
produzca el debate, serán absolutamente conformes con los criterios constitucionales de unidad del ministerio público. Eso lo he expresado públicamente y también he expresado a través de los cauces que a mí me corresponden como fiscal general del
Estado las opiniones que como fiscal general o trasladando las del consejo tenía en relación con la regulación concreta de la Fiscalía General del Estado y del modelo de nombramientos. Indudablemente, como fiscal general, y eso lo digo ahora ya
aquí en el Parlamento, mi criterio es que la regulación del ministerio público debe ser hecha por el Estatuto del ministerio fiscal y que, por ello, las referencias a la Fiscalía deben de remitirse a lo que establezca el Estatuto del ministerio
fiscal. Ese es mi criterio como fiscal general, pero naturalmente respeto tanto la actuación del Parlamento de Cataluña y de los partidos mayoritarios que han hecho una determinada propuesta como, fundamentalmente, la decisión final del Parlamento
español, que estoy completamente seguro que en el momento en que apruebe esa propuesta lo hará de una manera que sea absolutamente conforme con el interés general y con los criterios constitucionales.



En relación con otros temas y para concluir, porque no puedo agotar más tiempo y la paciencia de sus señorías, solamente quería decirle que si usted desea oírme decir que en relación con la actuación antiterrorista la Fiscalía mantiene total
y absolutamente el ejercicio de todos los instrumentos de que nos dota el Estado de derecho, es así. La Fiscalía está actuando. Naturalmente, no necesariamente podemos a lo mejor compartir con determinados medios de comunicación o con determinadas
posiciones lo que el fiscal debe hacer, pero el fiscal está manteniendo en activo, como también lo están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todos los medios de que dispone para seguir manteniendo vivos los instrumentos del Estado de
derecho contra el terrorismo. Verá que cuando hace usted referencia a unas declaraciones del señor Otegi esas declaraciones se produjeron precisamente después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la conformidad del fiscal general del
Estado, hubiese interesado su prisión incondicional, yendo incluso más allá que otros actores en el proceso; y no solo eso, también por impulso del fiscal general se formuló un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, que estimábamos en ese caso que era una sentencia no correcta jurídicamente y que había absuelto al señor Otegi por


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injurias al Rey. Se formuló un recurso por iniciativa del fiscal general, recurso que ha sido estimado por el Tribunal Supremo y se ha producido una condena. Por lo tanto, en todos aquellos aspectos en que el fiscal general del Estado
estime que debe de actuar -y hasta ahora, cuando actúa, normalmente obtiene el refrendo de los tribunales; alguna vez puede ser que no, pero finalmente, sí, obtiene el refrendo de los tribunales- pues el fiscal general del Estado está utilizando
todos los instrumentos.



También se decía que no podemos hacer juicios de intenciones, hablar de probabilidades futuras... Se decía que los grandes juicios que están pendientes van a ser de alguna manera paralizados, obstaculizados o interferidos. En absoluto.
Ayer comenzó uno de esos grandes juicios, del cual además tengo conocimiento porque estando como magistrado del Tribunal Supremo tuve ocasión de ver alguno de los recursos que entonces se habían planteado, y se ha iniciado con absoluta normalidad.
¿Cuál va a ser el resultado? Será la independencia del tribunal la que lo decida y yo espero y solicito que, sea cual sea la decisión que adopte el tribunal, sea respetada, coincida o no con lo que inicialmente se quiera esperar.



A veces, como decía antes, hay cuestiones que debían de ser noticias precisamente por no serlo. En el año y medio que llevo como fiscal general habrá visto usted que no se ha interpuesto querella alguna contra ningún magistrado que pueda
haber tomado algunas decisiones que puedan ser poco apreciadas a lo mejor desde determinadas perspectivas. No, la Fiscalía General del Estado ya no está en la línea de utilizar el procedimiento penal en relación con unos magistrados, bien sea de
Vigilancia Penitenciaria, bien sea de la Audiencia Nacional, cuyas decisiones puedan ser discutidas. Si son discutidas, sus decisiones son recurridas, pero en absoluto estamos acudiendo a ello, lo cual ha venido a tranquilizar y de alguna manera a
eliminar una cierta crispación que pudo haber en un momento anterior. Respeto absolutamente todas las decisiones judiciales, algunas no las comparto y en su caso el ministerio fiscal ejercita su deber de recurrirlas, siempre con un carácter
técnico.
Tengo aquí, pero ya no puedo recurrir a ellos, los documentos de la secretaría técnica y de la Fiscalía del Tribunal Supremo que avalan las decisiones que el fiscal general del Estado ha tomado, pero que efectivamente al final son
responsabilidad mía y estoy dispuesto, naturalmente, a recibir las críticas que sean necesarias por esa actuación.



Concluyo, señor Astarloa, agradeciéndole su atención porque me parece siempre importante que el primer partido de la oposición siga atentamente lo que hace el ministerio fiscal, agradeciéndole sus críticas también en la medida en que nos
puedan mejorar nuestra intervención e interesándole que se incorpore desde un punto de vista crítico al trabajo, a la labor que está realizando la Fiscalía General del Estado. Porque, fíjese usted: las dos referencias últimas que me hacía, los
informes sobre los proyectos legislativos, el proyecto legislativo de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el proyecto legislativo de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han sido aprobados por el Consejo Fiscal por unanimidad.
La instrucción relativa a la reorganización interna de la Fiscalía General del Estado, en la que el fiscal general ejerce funciones de delegación -no interfiere en las facultades legislativas sino que simplemente delega determinadas funciones
ejerciendo ese papel- ha sido debatida y aprobada por la Junta de Fiscales de Sala, y por unanimidad, y aun cuando no era necesario, se pasó al Consejo Fiscal, y el Consejo Fiscal la debatió y la aprobó por unanimidad. Por lo tanto, en este momento
podemos decir que ese no es un documento del fiscal general; es un documento de la institución, y como tal le pido que apoye también a la institución, no en el sentido de la anterior comparecencia, en que hablábamos de Talleyrand cuando se apoya en
las instituciones y las hace tambalearse, sino que apoye también a la institución dentro de lo posible.



Me queda por último el Grupo Parlamentario Socialista, al que debo agradecer sinceramente el apoyo que presta, no ya al fiscal general del Estado, sino al ministerio público como institución. Le agradezco también el esfuerzo realizado en
los ámbitos más difíciles como son los presupuestarios, porque, efectivamente, la petición formulada el pasado año en relación con la formación de los fiscales ha sido acogida en este momento, ha sido apoyada, y tenemos ya un cambio cualitativo
importante; la petición realizada en cuanto a la unidad de apoyo, también, y estoy completamente seguro de que, si bien no todo se puede conseguir en un plazo breve, podremos seguir contando con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.



Las cuestiones que ha planteado o que ha suscitado coinciden en gran medida con la labor que está realizando la Fiscalía General del Estado.
Recojo el guante respecto a esa necesidad de relación permanente y continua para expresar cuáles
son las necesidades y concretarlas en lo posible. Le agradezco, indudablemente, el ánimo que me ha dado, que no considero en absoluto como algo personal, sino que estimo que es un apoyo a la labor que está realizando todo el Ministerio Público para
mejorar la seguridad de los ciudadanos y para construir mejor el Estado de derecho.



El señor PRESIDENTE: Entonces, agradeciendo al fiscal general su intervención... Veo una especial ansiedad en el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Sí. Antes de que cierre la Comisión me gustaría decir algo.



El señor PRESIDENTE: ¿Pero considera necesario que hace falta un segundo turno. ¿Es imprescindible?


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Sí, un poquito.



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El señor PRESIDENTE: Bueno, pero entonces seremos muy rígidos, porque en la primera hemos sido flexibles. Los grupos parlamentarios han consumido más de media hora de intervención le concedo no más de tres minutos.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Me voy a centrar en los tres minutos que su señoría me concede en hablar con el señor fiscal general del Estado sobre lo que me ha contestado, y que yo le agradezco. Quiero decir con esto que no me voy a
centrar en responder al aluvión de epítetos que me ha dedicado el portavoz del Partido Socialista. Como me los suele dedicar, podemos en cualquier otra sesión ver si, en efecto, algún día consigo que no tenga calificaciones particularmente
deplorables de mi persona, como acostumbra. Así que, señor fiscal general del Estado, le voy a exponer tres o cuatro cuestiones que me parecen importantes.



Primera cuestión. Comprendo que uno deba plantearse mucho mis consejos antes de seguirlos, porque a lo mejor son malos, pero es mucho peor no entenderlos, que es lo que creo que le ha pasado a su señoría. Porque yo no le aconsejo a usted
que no hable de las reformas legislativas posibles o imaginables, al contrario, creo que su calidad jurídica nos vendría muy bien a todos para hablar de reformas muy importantes: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de Autonomía de
Cataluña y tantos otros. Lo que yo le he dicho, y se lo repito, es que le criticamos, y mucho, porque cuando usted habla ahora de leyes, no antes, cuando no tenía la condición que ahora tiene, sino ahora, siempre lo hace a favor de los mismos y en
contra de los mismos, y ahí venía mi consejo, si es que consejo le di, que no lo recuerdo. En todo caso el reproche era ese; ese era el que yo le hacía, y mantengo. Además, hoy se lo mantengo corregido y aumentado, porque creo de verdad que el
fiscal general del Estado no puede irse de esta Comisión sin expresar su opinión sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña, porque se carga el ministerio fiscal que está en la Constitución, a nuestro juicio. Si estoy equivocado, se trataría de que
me lo demostrase, y si se lo carga, el primero que tiene que estar al frente de la manifestación de la defensa del modelo constitucional de la Fiscalía es usted, y si no lo hace, pues asuma que no lo hace. Los ciudadanos verán que no lo hace y
sanseterminó.



Segunda cuestión. Eso de que me digan que ando opinando sobre cosas que no figuran en el orden del día cuando ha dedicado usted su buena media hora a hablar de temas del terrorismo no deja de ser pintoresco. Me lo reconocerá el señor
presidente de la Comisión, pero, en fin, tampoco pido su solidaridad me basto solo. Me alegro de lo que ha dicho en relación con el terrorismo, pero me alegraría más si, además de en los capítulos generales, pudiésemos coincidir en las cuestiones
particulares. Porque yo estoy, naturalmente, muy satisfecho de oírle decir lo que me ha contestado, pero no puedo decirle que estoy satisfecho con la actuación de la Fiscalía General del Estado con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, con la
cuestión que le he planteado de las medidas cautelares, con la cuestión de las investigaciones que está siguiendo, en su caso, la Fiscalía sobre la eventualidad de los privilegios en la Universidad del País Vasco, con cómo ha actuado -y ya lo hemos
debatido aquí, no lo vuelvo a plantear- en el caso Atutxa, o con cómo actuó la Fiscalía en relación con el archivo de la querella con el Partido Comunista de las Tierras Vascas en la Audiencia Nacional, que el juez admitió en contra del criterio de
la Fiscalía.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, ha consumido su tiempo.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Sí, termino.



Tercera y última cuestión en relación con lo que me dice sobre la oposición y la Fiscalía, porque además me hace un emplazamiento: incorpórese usted a... Bueno, vamos a ver, señor fiscal general del Estado, incorporados lo que se dice
incorporados estamos bastante incorporados. Las admoniciones, la suya y la que me hacía el portavoz de: usted está fuera, y venga y ayude y no sé qué, esas las debatimos cuando usted quiera. Si quiere, me siento yo ahí y se sienta usted aquí. No
tengo ningún inconveniente en hacerlo al revés, pero eso tiene poco que ver con el hecho de que desde la oposición le estemos diciendo lo que, para tristeza de todos, no se está produciendo, y no se está produciendo que tengamos un fiscal general de
todos, del Gobierno y de la oposición.
A partir de ahí usted puede decir, naturalmente, desde el lado en el que está situado, que es con el Gobierno, que le gustaría mucho que yo le bailase el agua, pero no puedo bailársela hasta que usted venga al
sitio que está en el medio, entre el Gobierno y la oposición.



El señor PRESIDENTE: También el señor Jané desea intervenir.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor fiscal general del Estado, en respuesta a su contestación a los grupos parlamentarios, no me agradezca a mí el hecho de haber impulsado una referencia en la memoria a la seguridad vial, se lo debemos agradecer
a las víctimas, a sus asociaciones, que nos están pidiendo desde hace muchos años una mayor prioridad hacia esa respuesta penal ante esos delitos. Por tanto, le agradezco que haya hecho esta referencia, pero yo la quiero trasladar a las víctimas de
los accidentes, a sus asociaciones, que están haciendo una gran labor.



Respecto a la ordenanza de Barcelona, como veo que ni el alcalde de la ciudad ni el equipo de gobierno se han dirigido al fiscal general del Estado, lo va a hacer este grupo. Creo que sí que debería conocer el contenido de esa ordenanza,
por muy local que sea. Tiene unas implicaciones en la lucha contra la delincuencia en la gran


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ciudad que debe conocer el fiscal general del Estado, y, por tanto, mi grupo parlamentario se la hará llegar porque entiende que debe conocer de ella, y que sería bueno conocer su opinión.



Le agradezco todas las referencias que ha hecho a las conclusiones del 11-M.



En relación con las referencias sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, quería hacer dos precisiones desde Convergència i Unió. En primer lugar, hoy estamos analizando la memoria del año 2004, pero no estamos huyendo de ningún tema. Se
puede hablar en esta Comisión de cualquier aspecto, pero lo cierto es que el Estatuto de autonomía tiene un trámite específico en esta Cámara, que será largamente debatido a lo largo de los próximos meses en la Comisión Constitucional. Pero
aprovechando que se ha hecho alguna referencia a ello, yo también quería hacer otra. El Estatuto, la propuesta de Estatuto, la propuesta que ha presentado el Parlament de Catalunya ante esta Cámara, en su artículo 96, cuando regula la figura del
fiscal o la fiscal superior de Cataluña, lo hace claramente difiriendo una posterior regulación por parte de esta Cámara de lo que es el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y esto lo hace en el propio articulado cuando dice: 'Las funciones del
fiscal o la fiscal superior de Cataluña son las que establece el Estatuto orgánico del ministerio fiscal'. Por tanto, en este ámbito no está en ningún caso suplantando lo que deba ser, al final, la soberanía de esta Cámara al regular ese Estatuto
orgánico del ministerio fiscal que no va a aprobar el Parlament de Catalunya sino que van a aprobar estas Cortes Generales.
También hay una referencia específica, al final de la propuesta estatutaria, en la que se considera necesario que se reforme
ese estatuto orgánico, pero tras el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat, no es imperativo; simplemente, como hacen otros estatutos ya vigentes, considera necesaria la modificación de otras leyes estatales, en este caso del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, pero, al final, esta Cámara, las Cortes Generales, Congreso y Senado, serán las soberanas para decir tanto el contenido final del Estatuto como el de esa futura reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal,
aunque ya adelanto que mi grupo da pleno apoyo a lo que viene regulado en el texto del Estatuto catalán.



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a consumir dos minutos, no tres; creo que le voy a regalar uno. Intervengo simplemente para agradecer al fiscal general del Estado su información y su talante. Yo tampoco le bailo el agua ni tengo
ninguna razón para hacerlo, como dice el portavoz del Partido Popular, pero le voy a añadir otro epíteto. Ha demostrado ser inteligente no cayendo en las provocaciones a las que se ha visto sometido a lo largo de la mañana.



Señor portavoz del Partido Popular, no he hecho ni una sola alusión, al menos intencionadamente, no le he dedicado ningún ni epíteto a nivel personal. Me he mantenido dentro de lo que es la crítica política como es lógico, que creo,
modestamente, que ha sido fundada y muy suave en relación con lo que cotidianamente vienen haciendo ustedes.



Por último, el tema antiterrorista forma parte de la columna vertebral de la actuación del ministerio fiscal así como del contenido de la memoria.
Que haya dedicado una parte de la intervención a ello, a la cooperación internacional, con la
prudencia que lo caracteriza, debía ser motivo de agradecimiento y no de crítica.



Nada más, muchas gracias, y espero que mañana sea tratado como se merece, que sin duda lo será, en la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial.



El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general del Estado.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias a todos los señores diputados. Tomaré nota de sus observaciones, procuraré entenderlas para el futuro. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Estaría bien.)


Concluyo manifestando que, visto que mi intervención tenía por objeto la memoria del año 2004 y teniendo en cuenta lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004, no podía dejar de dedicar un espacio de mi intervención al terrorismo.



El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general del Estado, le agradecemos su amplia, intensa y profusa comparecencia. Agradecemos también la presencia de los servicios de la Cámara, de los medios de comunicación, del gabinete que acompaña al
fiscal general del Estado y de todas sus señorías.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y quince minutos de la tarde.



Corrección de error.- En el 'Diario de Sesiones' número 362, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Justicia el martes 11 de octubre último, en la intervención de la señora subsecretaria de Justicia, De Miguel Langa, en
relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, en la página 22, segunda columna, última línea, se alude a una partida de 75.504 miles de euros en el presupuesto de 2005, que pasaría a 8.217 miles de euros en
2006, debiendo ser sustituida esta última cifra, erronea, por la de 82.171 miles de euros.