CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 362

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 22

celebrada el martes, 11 de octubre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (número de expediente 121/000053) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


-Del señor secretario de Estado de Justicia (López Guerra). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000898) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (números de expedientes 212/000778 y
212/000779) ... (Página 2)


-De la señora subsecretaria de Justicia (De Miguel Langa). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000899) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000777) ...
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Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006 (número de expediente 121/000053).



-DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (LÓPEZ GUERRA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000898) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (números de expediente 212/000778 y
212/000779).



El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión, que tiene como punto único del orden del día la realización de las comparecencias de los altos cargos del Ministerio de Justicia, al objeto de informar sobre el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.



Vamos a comenzar con la comparecencia del secretario general de Justicia, don Luis López Guerra, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista. Como viene siendo habitual, el método de las
comparecencias es que el solicitante o solicitantes inician en ese trámite su exposición, a continuación intervendrá el compareciente, se abrirá después un nuevo turno para los grupos parlamentarios y cerrará el compareciente.



En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ignacio Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor secretario de Estado, bienvenido una vez más a la Comisión de Justicia. Por anticipado le doy las gracias por las informaciones que nos pueda proporcionar sobre el presupuesto en materia de justicia
para el próximo ejercicio. Hemos examinado unos documentos que nos han sido remitidos, y del examen de esos documentos voy a formularle una serie de consideraciones generales y particulares sobre el juicio que nos merece el presupuesto y, como es
natural, una serie de peticiones y de preguntas. Empiezo -me parece obligado- por formular una petición que solía formular don Julio Villarrubia al Gobierno en la legislatura anterior y que es razonable, lo era entonces y creo que lo es ahora, y es
que si resulta posible, señor secretario de Estado -se lo digo también a la señora subsecretaria que luego comparecerá-, en el plazo más breve posible -ya sabe que el reglamentario es de 48 horas- nos gustaría disponer, para formular nuestras
enmiendas, tanto de la ejecución del presupuesto a día de hoy como de las modificaciones presupuestarias que se hayan producido, las incorporaciones de créditos y las transferencias a las comunidades autónomas que se hayan producido a lo largo del
ejercicio. Esta es la primera de las peticiones que le formulo en los términos conocidos mejor que nadie por la Presidencia y por el señor secretario de Estado.



Dicho esto, empezaré por una consideración general que además me va a llevar a una reflexión y a una propuesta general que no tiene segundas, por decirlo de alguna manera. En la medida en que consideramos, por lo que luego le explicaré al
secretario de Estado, el presupuesto para Justicia del próximo año como un presupuesto muy malo, quizá sería bueno que a resultas de las reflexiones que hagamos en la comparecencia de hoy y del posterior debate que hagamos de las enmiendas sea
posible no sé si darle la vuelta como un calcetín, pero sí atender algunas de las cosas muy importantes que en estos momentos de la historia de la justicia en España resulta necesario atender y que entendemos que no están atendidas en las cifras que
tenemos encima de la mesa. Si quiere se lo digo en otras palabras. En un momento en el que por lo que parece -también reflexionaré sobre eso- ustedes han decidido establecer prioridades ante la dificultad para acometer todo lo que resulta
necesario acometer, entendemos que no solo es grave que no se acometa lo que no se va a acometer, muy grave, sino que además las prioridades no están bien seleccionadas. Iré desgranándolo luego partida por partida.



No le voy a hablar, señor secretario de Estado, salvo que usted quiera, de un primer debate que ya tuvimos el pasado año acerca del incremento total que ustedes anuncian en los papeles del presupuesto para la Justicia.
Ustedes hablan de un
12 por ciento, como el año pasado hablaron de un 8 por ciento, siendo así que ya entonces cuestionamos muy seria y fundadamente esa cifra. Hablamos de un 3,7 por ciento, y con los mismos criterios que ya le señalé el pasado año, tanto en la
incidencia de la inflación como en la cuestión de la cifra de partida que ustedes toman para hacer el porcentaje final, que ya sabe que no es aquella cifra de la que partimos nosotros, más las consideraciones que usted tendrá que aclararnos sobre la
generación de crédito comprometida, nosotros vemos un presupuesto final para el presente ejercicio que no pasa del 5,2 por ciento, con un dato añadido que le planteo como cuestión significativa, que es que además ustedes incorporan un nuevo
programa, el 467.G, en el que no me voy a detener porque no quiero abusar del tiempo que me concede el presidente, que en algunos de los documentos se cifra en 3 millones de euros pero en otros llega a cifrarse hasta en 130 millones de euros.
Entiendo que esta segunda parte no es exacta, pero aclárelo, porque si lo fuera estaríamos diciendo que todo lo que es el supuesto incremento del presupuesto se cifraría exclusivamente en ese nuevo programa y, en consecuencia, no estaríamos hablando
ni siquiera del 5,2, sino que estaríamos hablando de una bajada salvo en esa partida del conjunto del presupuesto del Ministerio de


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Justicia. La reflexión general, señor secretario de Estado, la tengo que terminar no solo haciendo la comparación entre el presupuesto real, del que yo le hablo, respecto al presupuesto virtual, que ustedes han dado a los medios de
comunicación, sino también con una tercera categoría, que naturalmente S.S. comprenderá que traiga aquí a colación, que es el presupuesto esperado. No le voy a hablar ni siquiera del presupuesto esperado por este grupo de la oposición, sino del
presupuesto esperado por prometido por parte del grupo mayoritario y del Gobierno. El año pasado, con donosura parlamentaria, señor secretario de Estado, S.S.
dijo: Este año no toca que la justicia sea la prioridad prometida, pero tenemos una
legislatura por delante. Y eso me lo decía cuando le recordé el compromiso, del que ustedes han alardeado y que además les ha servido, como sabe muy bien, para argumentar nada menos que la ruptura de un pacto de Estado, de que estaríamos hablando
de un mínimo de 180 millones de euros adicionales anuales hasta llegar al 2 por ciento del sector Justicia en los Presupuestos Generales del Estado. Ya el año pasado la subida fue solo de 97 ó 98 millones. Este año estamos hablando de una subida
de un poco más de 100 millones y, de acuerdo con el presupuesto prometido, estamos hablando no solo de cumplir o incumplir una promesa sino también de la capacidad de realización del resto de las cuestiones que ustedes llevaron en el programa
electoral, que han ido poniendo en marcha, pero sin la expectativa de que a eso le acompañen los fondos necesarios para que la puesta en marcha produzca efectos reales, y luego hablaremos de alguno de ellos. Lo cierto y verdad es que estamos
hablando de un déficit ya del presupuesto comprometido y esperado cercano a los ciento y pico millones de euros. Comprenderá que la valoración general no puede ser sino muy negativa, insisto, y no sólo porque el grupo de la oposición tiene no solo
el deber sino también el derecho de recordar las promesas electorales del partido mayoritario, sino también porque se están poniendo en marcha otras partes de lo comprometido en su programa electoral sin que a eso acompañe el incremento debido para
que esos programas que se están poniendo en marcha sean efectivos. Es decir, nos estamos metiendo en un lío grave en el mundo de la justicia, señor secretario de Estado.



Sabe que yo suelo decir que tal como ha transcurrido el ejercicio presupuestario ustedes están en suspensión de pagos, y la preocupación de esta comparecencia y de lo que van a ser los debates sobre el presupuesto para la justicia para el
año que viene a partir de este momento, nos sitúan ante la expectativa no ya de que ustedes puedan o no salir de esa situación de suspensión de pagos, sino de que esto vaya a más, de que esto pase de la suspensión de pagos a la quiebra. Eso nos
preocupa y mucho, como se puede imaginar. Desgranar esta consideración general en lo particular nos llevaría mucho rato, pero voy a intentar -mire que tenemos un montón de cosas de las que hablar- resumirlo en dos grandes ideas: lo que según
ustedes sube, es decir, las prioridades que ustedes han escogido, y lo que en buena lógica debería subir y ustedes no han escogido, no digo ya como prioridad, ni siquiera en algunos casos como elemento de subsistencia para el próximo ejercicio,
aunque sea vegetativo.



Según los documentos que nos remiten, suben una serie de cosas. Se incrementa el presupuesto de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que está en su ministerio, casi tanto como la suma de partidas
correspondientes a los juzgados y tribunales. De por sí ya es indicativo de por dónde van los tiros. Estamos hablando de un 10 por ciento de subida en lo que se refiere a la dirección general y de un 12 por ciento en lo que se refiere a juzgados y
tribunales y, como ustedes mismos lo explican en los papeles, de esos 4,5 millones totales, la subida mayor, de 2,3 millones, se refiere -supongo que tendrá su motivo, no lo voy a negar, pero es un hecho que no dice mucho sobre las prioridades
elegidas- al mobiliario. El millón de euros restante es el incremento que ustedes producen de algo que hemos discutido aquí y estaremos discutiendo a lo largo de la mañana, que es la famosa fundación que han creado, a la que ya dotaron el año
pasado con 3 millones de euros y que ahora se incrementa con 1 millón de euros más. Ceñidos a juzgados y tribunales, el 112.A del presupuesto, capítulo 1, sube un 105,94. Tengo que preguntarle aquí muy insistentemente, para no tener que
preguntarle en segunda instancia, porque deberíamos salir de esta comparecencia conociendo la razón de ese incremento del 105,94 del capítulo 1, que ya de por sí es un dato extraordinariamente llamativo en relación con la falta de incrementos que
vamos a ver en el resto de los capítulos.
Ustedes aclaran que 32,6 de esos millones se refieren a los planes que tienen sobre nuevas unidades judiciales, de momento las llamaremos así, luego veremos si estamos hablando o no de nuevas unidades
judiciales. A partir de ahí, estamos hablando de 46 millones, dicen ustedes, para la nueva RPT y las retribuciones variables. Mi petición insistente es que aclare, por favor, y desglose con el mayor de los detalles de qué estamos hablando. Hay
personas fuera de esta sala que en este momento van a estar muy atentos a su respuesta en la medida en que, como sabe, tienen un conflicto traducido en huelgas desde hace un año en relación con este asunto por parte de los sindicatos mayoritarios en
la justicia. Además, no sé si usted está anunciando, y si lo está haciendo le adelanto que no nos parece mal, que finalmente tienen elaboradas las hipotéticas nuevas RPT que va a ser necesario poner en marcha, como es lógico, para que de una vez
entre en este país en funcionamiento la nueva oficina judicial.
Nuestras noticias, señor secretario de Estado, es que eso no es así. A partir de ahí tiene mucho que aclarar sobre esta partida presupuestaria.



No le voy a hablar mucho sobre la segunda gran cuestión de este capítulo, que es el lío terrorífico que han tenido durante todo el ejercicio con el personal sustituto. Sí le voy a decir que todo lo que está pasando más lo que ustedes
proponen para el ejercicio que viene son vaivenes que no son fáciles de entender, porque si en primera


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instancia usted sabe los conflictos que ha tenido a finales del ejercicio pasado y durante el actual para pagar lo que corresponde pagar en el concepto de justicia de jueces sustitutos, sabe también el vaivén de circulares que se ha
producido y los efectos que eso ha producido en el mundo de la justicia acerca de lo que se paga y de lo que no se paga, las preocupaciones que en este momento hay sobre si este año va a haber las mismas dificultades de cobro que en el ejercicio
anterior, y todo esto después de decir las cosas que han ido diciendo a lo largo del ejercicio, complementado con que la gran apuesta que ustedes hacen en este presupuesto en materia de juzgados y tribunales es rotundamente la apuesta por la
justicia interina, a la que van a parar 19 millones de euros de incremento del total de incremento del capítulo de jueces y tribunales. Todo esto de verdad requiere que pongan un poco de orden y además no deja de poner en entredicho cuáles son de
verdad las prioridades para avanzar, porque resulta que al final las prioridades que traduce el presupuesto, es decir, el elemento cifrado de la política, es que la gran apuesta para el ejercicio que viene, aparte, insisto, de los 32,6 nuevos de lo
que hablaré, son los 19 millones que van al personal sustituto.



Hay incremento en gastos corrientes. El año pasado recordará que ya tuvimos este debate, señor secretario de Estado, y le dije: Vamos a ver, ¿cómo van ustedes a pagar la luz, o correos, o telégrafos? Ya conoce los problemas. A estas
alturas ya sabe que yo no le engañaba cuando decía: Va a tener dificultad para pagar esas cosas. Claro, cuando no se sube el capítulo 2 ni siquiera lo que sube la inflación, acaba pasando que uno tiene muchos problemas para pagar la luz, el
teléfono y tantas otras cosas, y lo cierto y verdad es que ahora van hacia el otro lado y donde el año pasado le preguntaba yo con qué iban a pagar; ustedes han decidido que ahora es necesario meter mucho dinero para pagar. Aunque me llama la
atención una cosa o dos que están ligadas. De ese dinero, ustedes ya cuentan con que una parte va a tener que ser para pagar obligaciones del ejercicio anterior. Me reconocerá que bien administrado no ha estado este capítulo. Pero es que, además,
de los 17,41 millones de los que estamos hablando, hablando ustedes como hablan de la creación de nuevos juzgados, la partida que aparece como gasto correspondiente a los nuevos juzgados desde luego no es para que se puedan poner en marcha, porque
estamos hablando de un millón de euros. A partir de ahí, déjeme que le diga que una de las dos únicas grandes ideas que ustedes tienen en relación con este presupuesto, que es que van a crear nuevos juzgados, empiezo a ponerla en cuestión. Más
adelante terminaré de ponerla en cuestión por otra serie de elementos.



En el capítulo de transferencias, qué quiere que le diga, se plantea una de las grandes cuestiones políticas de nuestra discrepancia con este presupuesto. Usted está recibiendo constantemente en su despacho -además hace muy bien en hablar
con ellos- a quienes tienen la responsabilidad en materia de justicia en las comunidades autónomas, y usted conoce una detrás de otra las dificultades que le están planteando, no solo en relación con lo que ya es problema que venía funcionando y
requiere nuevos fondos para que pueda funcionar, sino en relación con una cosa que pasa siempre -no es nueva de este Gobierno-, que es que en la medida en que ustedes tienen nuevas ideas y las ponen en ejecución generan la necesidad de que en las
comunidades autónomas se produzcan gastos nuevos que parten de sus nuevas ideas. A partir de ahí ustedes tienen una dificultad añadida, y es que no solo no incrementan ni un solo euro para las comunidades autónomas las previsiones presupuestarias
que les permitan acometer las nuevas ideas que ustedes tienen, sino que siguen sin resolver el impago inicial gravísimo que se produce desde el ejercicio pasado en relación con las comunidades autónomas. Usted sabe que lleva de entrada del año
pasado 5 millones de euros colgando que no ha dado a las comunidades autónomas y que tenía que dar; los ha metido en el presupuesto de este año, del presupuesto de este año todavía no han visto un euro, y usted lo sabe, y ahora lo vuelve a meter
para el ejercicio que viene. Mi petición -y en este caso es una petición que yo creo que compartirán todos los grupos- es que esto se lo tome en serio, porque aquí estamos hablando de comunidades autónomas gobernadas por partidos que estamos en
este momento en esta sala o por partidos que no están en esta sala, y este proceso es endiablado y ustedes en el ministerio lo tienen que acometer de verdad ya y resolverlo.



De registros hablará luego mi compañero don Juan Santaella. Sí le digo que el año pasado uno de los elementos que ustedes incluían entre los grandes logros del presupuesto era el proceso de informatización de los registros, la continuidad
de ese proceso de informatización. Déjeme que le diga solo algo que yo creo que resume muy bien de lo que estamos hablando, y es que ha desaparecido de la literatura con la que ustedes hacen su legítima propaganda de lo que nos han traído aquí, y
no me extraña que haya desaparecido porque la subida que se registra en el 113.M es esencialmente -y fíjese usted, vaya sumando lo que voy diciendo capítulo a capítulo- subida de personal una vez más. No es de personal sobre todo, aunque también lo
es, la subida del capítulo siguiente de la Agencia de Protección de Datos. Y aquí tengo que preguntarle, señor secretario de Estado, si era indispensable acometer el gran gasto que se hace en esta partida, en este capítulo, que es, como usted sabe
muy bien, un gasto de 2 millones de euros para este ejercicio y millón y pico más por el arrendamiento tan extraordinario que se hace de la nueva sede de la agencia. Yo estoy seguro de que hay motivos que justifican que la agencia cambie de sede,
pero no es menos cierto que de las prioridades que tenemos y que se dejan de acometer, no sé si la más importante era que en este momento se acometiese un gasto de esta naturaleza.



Hablamos el año pasado también de la Mujeju y le dijimos señor secretario de Estado, que no entendíamos por qué ustedes hacían un tajo en relación con el presupuesto


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de esto, y ustedes nos dijeron: Porque se van a producir menos gastos, está sobrando dinero, la ejecución al final de ejercicio demuestra que no es necesario que haya una partida tan numerosa. Pues menos mal que eso era así, porque aquí se
produce una subida, en particular la que ustedes propician de 40 millones en gastos de farmacia. Pues aparte del vaivén del año pasado farmacia no, este año farmacia sí, ¿de dónde sale una cifra de repente, cuando el año pasado se bajaba, de un
incremento de esta naturaleza?


No sé qué significación dan ustedes al hecho de que no suba un solo euro la Abogacía del Estado. Ustedes detallan que, frente a lo que había sido su enumeración de prioridades en el ejercicio anterior, juicios civiles rápidos, el tema de la
justicia de violencia de género, etcétera, solo han mantenido dos; en este presupuesto, a sabiendas de que lo que ustedes están aprobando es lo que yo acabo de describir, válidamente, mobiliario y gastos de personal, ustedes destacan dos cosas, y
además es importante que se destaquen, vamos a examinarlas. Una son los nuevos juzgados; la otra, la formación. Nos parece bien que creen 74 nuevos juzgados; nos parece menos bien que sigan diciendo que esto forma parte de un programa de toda la
legislatura, que significa que ustedes van a crear 1.000 nuevos juzgados esta legislatura. No nos parece menos bien porque la idea no sea buena sino porque no están ustedes en el camino. Yo sé que volveré a tener debate con mi buen amigo don Julio
Villarrubia acerca de esto, pero tengo que repetirle lo que usted sabe, que es que el año pasado, cuando ya no conseguimos entendernos muy bien sobre cuántos creaban porque el presidente del Gobierno decía una cosa, el ministro de Justicia decía
otra y usted otra, al final quedó claro que ustedes, con los jueces que habían salido de la última promoción y que estaban ayudando a realizar su tarea a otros jueces titulares, aprovechaban para que, a cargo en la mayor parte de las ocasiones de
las comunidades autónomas, se pusiesen en marcha, en principio, 250 nuevos jueces que ya eran jueces antes de que ustedes los pusieran en marcha. Era su cifra mágica y con esa literatura que decía: creamos 250 nuevas plazas donde ya hay 250
creadas, insisto, a costa esencialmente de las comunidades autónomas, ustedes mantenían el discurso de los 1.000. Ahora que ya no hay jueces de donde tirar para hacer las cuentas, estamos en 74. ¿Qué quieren que les diga? Hemos gobernado, se han
creado en los ocho años, como se ha discutido aquí muchas veces, 800 nuevas unidades judiciales, y yo tengo que decirle con toda claridad que no es que no estén en el camino de los 1.000, es que no están en la media de los últimos años de creación
de juzgados. Pero le digo más. Antes le he dicho: Y todo esto lo van a pagar con 1,5 millones de euros, ¿verdad? Ahora déjeme que recuerde una cosa.
Acaban de aprobar hace dos días los nuevos juzgados que permiten que los 250 que se aprobaron
el año pasado y que hasta hace dos días ustedes no han puesto en marcha empiecen a funcionar. Mi pregunta, señor secretario de Estado, es muy directa, para que todo el mundo lo tenga claro -porque usted sabe los juzgados que le están pidiendo de
las distintas comunidades autónomas y de los distintos territorios-: ¿cuándo se van a poner en marcha los 74 juzgados nuevos? Si quiere le hago la pregunta todavía más completa. Los ciento cincuenta y tantos que ustedes han aprobado hace dos
días, que eran los del año pasado, para este año, ¿cuándo se van a poner en marcha? Porque la última línea de su información dice: Y ahora vamos a esperar el informe del Consejo General del Poder Judicial para ver cómo ponemos esto en marcha.
Primero se anunció, un año después se crean y ahora se dice que ya veremos. Yo le pregunto: ¿Cuándo los ciento cincuenta y tantos y, desde luego, cuándo los 74? ¿En enero, en febrero, en octubre, como este año, para el ejercicio no ya de 2006
sino de 2007? Es una pregunta muy concreta. Añado más sobre esta cuestión para que quede claro para todo el mundo nuestro punto de vista. Deberíamos ser honestos -entre comillas- en el lenguaje y distinguir todos cuándo hablamos de creación de
nuevas unidades judiciales o de plazas para jueces, porque ustedes saben muy bien -además es lógico, nada que reprochar ahí, más allá de la propaganda- que cada vez que hablan de 250 más 74 ó 75, ustedes lo presentan como si fuesen nuevas unidades
judiciales, y no lo son. Tengo las cifras por aquí, pero estamos hablando de ciento ochenta y tantas nuevas unidades judiciales y el resto magistrados a órganos colegiados.



En cuanto a la formación, la otra gran partida que ustedes salvan en este presupuesto, hay muchas cosas que nos llaman la atención, señor secretario de Estado. Es verdad, y es una cifra mágica, que ustedes suben un 60,53 en porcentaje;
como la partida es chiquitita, eso quiere decir que estamos en 4 millones de euros. De todas maneras, el 60 queda muy gordo frente a todos los demás, que son muy chiquititos, y ustedes lo destacan. No deja de estropearlo un poco que al lado pongan
ustedes que al mismo tiempo bajan, lo que ya hicieron el año pasado, la formación de jueces y magistrados, porque la partida correspondiente de formación en el Consejo baja prácticamente un 1 por ciento, habiendo descendido ya el año pasado; eso
estropea un poquito la imagen de que este presupuesto se va a caracterizar por los 4 millones de euros de incremento de formación.
Pero aquí, además, señor secretario de Estado -y esta es una cuestión que nos preocupa mucho y que deberíamos
arreglar entre todos, si es que podemos-, ¿de qué formación estamos hablando? Está claro que la de los jueces no, que esa baja; estamos hablando del Centro de Estudios Jurídicos, y uno analiza el Centro de Estudios Jurídicos y comprueba que gran
parte de ese gasto va, otra vez, a la nueva RPT del Centro de Estudios Jurídicos y al nuevo mobiliario, inversión del Centro de Estudios Jurídicos; pero aún así queda también para que haya cursos de formación, no se va todo en personal y en
mobiliario, algún curso hay.
Haré dos preguntas ligadas. La primera, ¿por qué la preocupación casi exclusiva en materia de formación del ministerio a día de hoy


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es la formación de fiscales? No nos parece mal, sólo queremos saber por qué casi exclusivamente todo eso va a cursos de formación de fiscales. Y la segunda, es cómo piensan resolver que el centro, con un poco de mala suerte, va a estar
medio vacío los dos próximos ejercicios porque no hay alumnos a los que dar cursos más allá de los fiscales, y sabe usted a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que llevamos dos años sin oposiciones porque, entre otras cosas, no han sido
ustedes capaces ni siquiera de aprobar el reglamento que ha de regir las oposiciones.
Estamos metiendo un montón de dinero en un centro que en los dos próximos ejercicios no va a tener alumnos o al que le va a faltar una gran parte de los alumnos.
Usted me puede decir: Es muy importante lo que vamos a hacer con los fiscales. Y yo le digo: De acuerdo. Pero le decía que tenemos que resolverlo entre todos y tienen que resolver ya que se hagan las oposiciones de los dos años que no se han
hecho más la del ejercicio que viene, y que para eso siguen ustedes sin hacer los deberes; tienen que aprobar el reglamento, tienen que aprobar la convocatoria y tienen que hacer oposiciones que duran entre seis y ocho meses y a partir de ahí me
cuenta usted en qué se va a gastar el dinero del incremento de formación del 60 por ciento del Centro de Estudios Jurídicos.



Voy a terminar, señor presidente, con el último capítulo. Si estas han sido las prioridades, fíjense lo que no son las prioridades. Mucho capítulo 1 y mucho mobiliario, nuevos edificios para la agencia, cursos sin alumnos, ¿y qué nos
estamos dejando por el camino, señor secretario de Estado? En primer lugar -y esto de verdad que lo tenemos que cambiar entre todos en el trámite de enmiendas, porque no puede ser- sigue descendiendo la inversión en materia de justicia. Si ya el
año pasado esto fue probablemente lo más grave que le dije, este año lo multiplico por mil, porque ustedes mismos nos han dado el dato. El peso de las inversiones reales pasó el año pasado del 7,1 por ciento al 6,8 por ciento en el conjunto del
presupuesto. Para el año que viene, en vez de arreglarlo, pasa del 6,8 al 6,4 por ciento. Dicho en otras palabras, en un año, en dos ejercicios, ustedes, en vez de subir, han bajado casi un punto en las inversiones de Justicia, así de claro, así
de nítido. Habré dicho cosas más o menos discutibles en esta intervención, pero ésta me parece que es indiscutible tan es indiscutible que todos hemos repasado las actuaciones sobre la actuación inversora y si el año pasado eran 130, para el
próximo ejercicio estamos hablando de 60 actuaciones. Dicho en otras palabras, ustedes bajan 5 millones de euros en inversión nueva que desarrolle el Plan de infraestructuras. Me da la impresión, señor secretario de Estado, de que eso nos debería
llevar a que reflexionemos juntos, cambiemos prioridades, quitemos mobiliario y veamos cómo reducimos el capítulo 1 y vamos a ver si podemos invertir por lo menos al mismo nivel que el año pasado, no digo al de hace dos años.



La oficina judicial ni la menciona más allá de una línea en la literatura.
Ya el año pasado nos dejó asombrados que fuese subida cero -los 12 millones de euros que había se mantuvieron-, ahora ustedes suben 1 millón de euros más y se quedan
tan tranquilos, cuando se supone que sería el gran proyecto de la justicia en España en esta hora. Por encima de las muchas reformas legislativas que a ustedes se les ocurren, por encima de todo lo demás, hoy deberíamos estar todos, aparte de
haciendo propaganda sobre la oficina judicial, desarrollándola. Yo tengo un juicio ya sobre esto que va más allá de lo que le dije al señor ministro cuando compareció para hablarnos de la oficina judicial en la ocasión anterior, que es que no tengo
la más remota duda, y lo siento en el alma, de que de oficina judicial en esta legislatura no vamos a saber nada porque es imposible. Y no solo por lo que le discutía al señor ministro, que es el retraso que llevamos y los planes que se han puesto
encima de la mesa, que no nos llevan a tener oficina judicial, sino porque hablando de estas cantidades he de decir que el ministerio no tiene la más mínima intención de desarrollar la oficina judicial. Esto tiene un problema añadido, y es que
usted sabe bien que comunidades autónomas de uno y otro signo, no solo aquellas que están gobernadas por el Partido Popular, están poniendo mucho esfuerzo, mucho empeño y, en esta misma hora, mucho dinero en los presupuestos para desarrollar la
oficina judicial. Esto tiene el doble drama de que, por una parte, una parte del territorio, que es el territorio ministerio, esto no lo va a conocer, pero en segundo lugar que las comunidades autónomas que están tratando de hacer lo que en esta
hora es lo principal no van a poder hacerlo porque desde el Ministerio de Justicia no se va a permitir que se haga. Deberíamos cambiar esto de verdad.



Los juicios rápidos civiles eran otra de sus prioridades el pasado ejercicio, estaba en la literatura. Ya bajó, y les dijimos el pasado ejercicio: ¿Cómo se pueden bajar 12 millones de euros de una atacada en una de las prioridades?
Desgraciadamente, aquí no tenemos ni vaivén, aquí se habla de unos miles de euros más, lo que va a hacer que no pasemos ni remotamente de los planes pilotos que ustedes han puesto en ejecución y que en pilotos se van a quedar, que ni siquiera en
planes.



Termino con lo que yo creo que ustedes compartirán conmigo que era y sigue siendo otra de las grandes prioridades, que es la cuestión de la suma de medidas jurídicas desde el mundo de la justicia en relación con la violencia de género -no me
voy a extender, señor presidente, porque termino ya en dos minutos-, sobre cómo hemos vivido este ejercicio desde la aprobación de la ley. Usted lo ha sufrido más que nadie. Se lo dijimos: una ley como esta, con la ambición que tiene, que hemos
aprobado entre todos, o viene acompañada de medios o tenemos un problema añadido al problema que queremos resolver. Y usted sabe lo que está pasando, tan lo sabe que su grupo parlamentario ha presentado hace pocas horas una proposición no de ley
para instarles a ustedes a ver si acometemos esto, no digo en el horizonte de los 500 famosos juzgados especializados de


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violencia doméstica que en otro alarde pirotécnico ustedes presentaron en una famosa portada de un diario nacional, pero es que estamos en 16. Por cierto, en la proposición no de ley ya se habla de 17 porque a continuación en el Consejo de
Ministros se debió de aprobar uno más; ya estamos en 17. Seamos serios. ¿Tiene traducción presupuestaria incluso la proposición no de ley que vamos a debatir en esta Cámara? Obviamente no, pero es que el problema no es solo, como usted sabe, de
juzgados y de la cantidad de personas que hoy están haciendo horas extraordinarias en juzgados, y que se están dedicando a esto, cuando ustedes les han pedido que además sean especializados. El problema que tiene es que usted sabe que recibe la
llamada de los colegios de abogados todos los días, porque no se está pagando a los abogados desde hace meses, y uno mira las cifras para el próximo ejercicio y ve que ustedes bajan la cantidad destinada al convenio con los colegios de abogados para
este capítulo. Sé que no me van a admitir la mayoría de las enmiendas, pero les pido que ésta, que es la última, la considere muy en serio el Partido Socialista.



Termino, señor presidente. He dicho al principio que éste es un mal presupuesto que no responde ni al real ni al esperable. Yo creo que está pasando una cosa, y es que eso que yo digo en relación con cómo van las reformas legislativas se
ve todavía más gráficamente en relación con los números. Es que ustedes no tienen como prioridad el proceso de modernización que en su día se pactó para la justicia en España y además que las ideas no están fluyendo con claridad, van en vaivenes y
hacen que en este momento nos dediquemos a tapar agujeros, a administrar los recursos escasos y en el mejor de los casos, aunque solo sea para eso, a pesar de todos sus defectos, a lo mejor para conseguir la paz social que a ustedes les ha faltado
durante todo el ejercicio. Sé que me he extendido un poco y pido por ello disculpas al presidente y a todos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenido una vez más a esta Comisión, señor secretario de Estado, don Luis López Guerra. Toca cubrir este trámite de evaluación del presupuesto, y voy a hacerlo en tres partes: una de valoración por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, otra de preguntas y otra de contestación -porque es un hábito ya, don Ignacio, al menos lo fue y lo padecí durante ocho años- del grupo mayoritario al grupo minoritario, lógicamente con la cortesía que
tenemos habitualmente, don Ignacio. Estas tres cuestiones las voy a hacer casi interrelacionadas, mezcladas, para intentar no extenderme tanto como don Ignacio, pero hay temas que, lógicamente no deben quedar en el aire y debieran quedar muy
claros.



Primera cuestión, cuantía total del presupuesto. La cuantía total del presupuesto, sección 13, excluyendo organismos autónomos -y éste es dato real, oficial- es de 1.289 millones de euros, es decir, se produce un incremento del 12,3 por
ciento. El año pasado hubo un incremento del 8,4 por ciento y ascendía a 1.148 millones de euros. Dijimos desde mi grupo parlamentario que íbamos en la buena línea, que jamás se había priorizado suficientemente el mundo de la justicia, pero que al
menos todos los años sucesivos fueran como el anterior. Pues bien, tenemos la satisfacción de que el aumento este año nos permite afirmar que se está priorizando el servicio público de la justicia. En dos años el incremento es del 21,71 por ciento
(base 2004, incremento en dos años, dos presupuestos del Gobierno que sustenta el Partido Socialista, 21,71 por ciento). ¿Que es insuficiente? Seguramente. ¿Que vamos en la buena línea? Absolutamente cierto. Don Ignacio, con la cortesía
obligada, que además no me cuesta ningún esfuerzo, tengo que reconocer que es usted un parlamentario brillante, pero que hoy ha tenido un mal día, dejémoslo así, suavemente, como todos. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Como todos los demás.)
Todos los días no se puede brillar, y hoy ha estado un poco desafortunado en algunas partes de su intervención, en primer lugar seguramente porque no le ha dado tiempo suficiente para poder analizar un poco el contenido del presupuesto y, en segundo
lugar, porque yo entiendo que tiene que hacer de oposición y la labor de hoy era bastante complicada, pero no se deben hacer una serie de afirmaciones que tienen una contestación demasiado sencilla. Dice don Ignacio que ven que el incremento del
presupuesto es del 5,2 por ciento, y se queda tan a gusto. ¿Cómo lo ven? Sería bueno saber de qué cálculo partimos y de qué cantidades para saber de dónde sale ese 5,2 por ciento y cuál es el total, porque habrá que verlo en términos homogéneos.
Lo que sí es evidente es que, con relación al año anterior, que ustedes dicen hoy que subió solo el 3,7 por ciento -han subido siete décimas; reconocían solo el 3 por ciento-, sube en torno a un 12 por ciento. Sobre su misma base -supongamos que
era cierta su base del año anterior-, la que sea, la que hayan tomado, en términos homogéneos estamos subiendo alrededor de un 12 por ciento. Esto es priorizar el mundo de la justicia, después de mucho tiempo sin hacerlo.



Aunque le contestará el secretario de Estado, porque por supuesto no es mi labor contestar a datos concretos del presupuesto, hay un dato claro, y es el programa nuevo 476.G, del que estamos hablando, para que no tenga dudas de los cálculos
macro, de tres millones de euros, no de algo más de 100 millones. En esta discusión ya crónica, ¿dónde están los 180 millones de euros y dónde está el 2 por ciento del presupuesto? Porque lo reproducimos y vamos a tener que hacer como en las
vistas orales de los juicios, por reproducido, para no hacer perder tiempo a la concurrencia, aunque es obligado. El Pacto de Estado para la reforma de la justicia, que el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista rompieron por
insostenible, no fue solo, que también, por no dotar de recursos económicos a la justicia.



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Eran 1.500 millones de euros, es decir, 250.000 millones de las antiguas pesetas, a complementar en ocho años. Esto, en números redondos, daba lo que dice don Ignacio, 180 millones de euros. Este año llegamos ya a 141 de incremento sobre
el año anterior, pero es que ya son 230 de incremento en los dos últimos años. Claro que hay un déficit -ahí sí le tengo que reconocer el acierto- porque, si tomamos linealmente los 180 millones de euros, no habremos llegado en este ejercicio a ese
ideal de cantidad, pero nos estamos aproximando seriamente al mismo.



Siguiente cuestión, que no admite mucha duda: órganos jurisdiccionales y número de plazas. Parte de un pequeño error de base. Dice: el Partido Socialista promete 1.000 plazas de jueces. No, 1.000 plazas de jueces y fiscales en la
legislatura; el matiz es importante. ¿Correcto? Dentro de esas 1.000 plazas, cualquier comparación no resiste un análisis demasiado riguroso, porque tenga en cuenta que el año pasado hemos creado 250 órganos judiciales y 135 fiscales; para el
2006, 75 de jueces y 100 de fiscales, es decir, en dos años, 560 sobre 1.000 previstos o comprometidos para cuatro años, más de la mitad; el porcentaje va razonablemente bien. Pero es que el número de jueces no es 1.000, sino 400; y el de
fiscales que se prevé son 600. De los 400 jueces, en dos años ya llevamos 325, órganos jurisdiccionales. En cuanto a la fecha, le responderá el secretario de Estado, pero no me diga que le señalemos en qué mes. El presupuesto fija la previsión
del año que viene y dentro del ejercicio están el mes de enero y el de diciembre. Corresponde gestionar y nosotros estaremos vigilantes para exigir al Gobierno que en el mes de diciembre las plazas de jueces y los órganos jurisdiccionales estén
creados. Voy a señalarle los últimos cuatro años del Partido Popular, para que, si le han dado mal la información, pueda cotejarla, y créame que es cierta, salvo error u omisión: total de jueces y fiscales en los últimos cuatro años -cojo cuatro
años para no coger los dos últimos, que fueron desastrosos- del Partido Popular: 512 jueces; en 2001, 105; en 2002, 105; en 2003, 31; en 2004, 50. De fiscales: en 2001, 129; en 2002, 49; en 2003, 23; en 2004, 20. En dos años bastantes más
plazas de jueces y fiscales que ustedes en los últimos cuatro años. Es un dato que está ahí; vamos por el buen camino. El hecho de que la previsión sean 600 fiscales y 400 jueces es por la probabilidad del cambio de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal; si todos vamos en esa dirección, en pocos años la dirección de la investigación criminal posiblemente pueda corresponder al ministerio fiscal, si así se decidiera, y habrá que ir preparando el terreno en esa dirección.



Incremento. En el capítulo 112.A, que es tribunales de Justicia y ministerio fiscal, querido don Ignacio, se produce un error de bulto en la valoración cuando usted hace referencia al incremento del 105 por ciento. (El señor Astarloa
Huarte-Mendicoa: No, perdón, son 105 millones) Eso es, es que es un incremento del 11,7 por ciento, no paralelo al del la dirección general, pues, aunque el incremento en porcentaje sea similar, es aproximadamente el uno por ciento del incremento
del 112. Ese es un error de bulto que me permito señalarle. No es la misma cantidad la que sube en tribunales de Justicia y ministerio fiscal que la de la dirección general, a la que pertenece el secretario de Estado, como usted pretendía
indicarle. Es casi un uno por ciento de la importante subida de tribunales de Justicia y ministerio fiscal. Estoy de acuerdo en una pregunta, y yo también se la traslado al secretario de Estado, porque me produce alguna inquietud. Tengo mi idea
de cuál puede ser la explicación, pero me gustaría que nos dijera, señor secretario de Estado, por qué este incremento, que apuntaba el portavoz del Grupo Popular y que es cierto, de consignación importante sobre el personal sustituto, jueces
sustitutos, en la previsión de 2006. Nos parece que hay algo ahí que necesita una explicación.



Capítulo 2. Suena un poco a broma decir que, si el año pasado se bajaba, este año por qué se sube tanto. Me gustaría, señor secretario de Estado, que nos lo explique también. Yo quiero entender que es por la creación de nuevas unidades
judiciales, la implantación de la oficina judicial, el desarrollo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que, lógicamente, van imputadas en buena parte al capítulo 2. Le agradecería que nos contase, señor secretario de Estado, algunas
líneas maestras de este presupuesto con relación a la oficina judicial, al desarrollo de las comunicaciones y a las nuevas teconologías. Por lo demás, parece razonable el incremento en torno a un 18 por ciento de la sección 13, capítulo 2, que es
más del 20, si nos vamos al 112.A; no es un despilfarro de gasto corriente, sino una necesidad de equipamiento por la creación, por cierto importante, como hemos demostrado, de los nuevos órganos jurisdiccionales.



Poco afortunada ha sido también su afirmación, don Ignacio, en el capítulo 4. Salvo que me haya equivocado, me gustaría, señor secretario de Estado, que nos dijera si está hecha la transferencia a las comunidades autónomas -creo que sí-,
así como la previsión para financiar el aumento de la planta judicial en Cataluña. En el capítulo 4 creo que se produce ese incremento por esa razón, pero si no es así, por favor, aclárenoslo, si puede y es tan amable, señor secretario de Estado.



Suena a broma, dentro de la seriedad, lo que usted dice respecto a la inversión. Dice que se multiplica por mil a la baja. No sé qué cifras toma usted para decir eso pero, aunque dice que esto no se lo puedo discutir, he de decirle que el
incremento de este año del capítulo 6, sección 13, es del 8,83 por ciento. Sí le voy a dar la razón en el juego dialéctico de decir que, sobre el peso total, ha disminuido algo. Usted me está reconociendo que, como hemos aumentado en torno a un 12
por ciento el conjunto de la sección 13, como solo, entre comillas, hemos aumentado aproximadamente un 8 por ciento el capítulo 6, en el conjunto el peso específico del capítulo 6 es inferior al año anterior.(El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Todo
en muebles.) Me dice ahora que es todo en muebles. ¿Todo en muebles? ¿141


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millones de euros en muebles? Vamos a crear empleo y nuevas industrias de creación de mobiliario, hecho a medida, supongo.



Pues no resiste, evidentemente, el mínimo análisis, y, con toda la cortesía, es un argumento más a la falta de argumentos. Lógicamente, desde la oposición no le van a poder felicitar, don Luis, y, por mucho esfuerzo que se haga y por mucho
que multiplicáramos -ojalá fuera posible- por tres el incremento, don Ignacio le diría algo muy parecido a lo que le está diciendo en el momento actual.



Alguna cuestión puntual más. Nos gustaría saber a qué se debe el incremento tan importante del capítulo 9, porque a lo mejor contesta también al capítulo 4, a lo que decía de comunidades autónomas, observo un aumento del 129 por ciento.
Querría algún comentario al respecto y también alguna aclaración sobre el capítulo 4 -vuelvo a él, muy breve- porque observamos la misma consignación a las aportaciones económicas del ministerio al Consejo General de la Abogacía para el turno de
oficio y asistencia al detenido, así como al colegio nacional de procuradores.
Vemos la misma consignación y nos gustaría conocer el porqué de esta situación. Observamos también, y nos parece muy bien, un incremento importante, un 15 por ciento,
en jueces y secretarios de paz.



En personal -entre paréntesis- nos gustaría que hiciera una mención, si puede ser, señor secretario de Estado, al conjunto del aumento de personal y al grado de cumplimiento efectivo o de previsión, porque el año acaba en diciembre, de las
previsiones del año 2005, porque no solo son jueces y fiscales. Vemos la previsión para el año 2006 de 100 secretarios judiciales, 107 funcionarios del cuerpo de gestión, 107 funcionarios del cuerpo de tramitación, 72 del cuerpo de auxilio, 15
médicos forenses, frente a la media de 6 de todos los años anteriores.
¿Insuficiente? Posiblemente sea insuficiente, pero aquí está el esfuerzo.
Dotación personal y material -tanto mobiliario al que hacia referencia don Ignacio- es lo que hace
que equipemos de medios al servicio público de la justicia que tan necesitado estaba, porque si tan mal está con estos aumentos del 21,7 por ciento en dos años, ¿cómo lo tendrían ustedes con anterioridad, don Ignacio? De forma evidentemente
lamentable.



Quería pedir alguna aclaración sobre la libertad religiosa de las confesiones minoritarias. Vemos una partida con un incremento de un millón de euros y nos gustaría su explicación al respecto. Ha hecho mención en términos peyorativos -cosa
que no termino de entender- al espectacular aumento en formación. El año pasado mi grupo parlamentario presentó una enmienda al propio Gobierno, porque queríamos que se aumentaran los gastos de formación. Eso sí, se pregunta dentro de un aumento
grande, ¿por qué bajan un uno por ciento la formación de jueces? Estamos hablando de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, con un incremento espectacular, no del 60, don Ignacio, no es tanto, esa es la aportación al Centro
de Estudios Jurídicos y no a todo el gasto de formación, pero sí tiene un aumento auténticamente espectacular, y nos felicitamos por ello. Hay un tema que nos preocupa también y que ha tocado el portavoz del Grupo Popular, en términos -siento
decirle- en este caso también poco acertados, que es el de la violencia de género. Observamos, señor secretario de Estado, un aumento en consignaciones para el Plan de acciones de violencia de género; por primera vez un convenio con el colegio de
psicólogos, dotaciones expresas para cursos de formación y en definitiva un aumento que se multiplica en varios cientos por cien. Pero esta no es la cuestión, porque estamos hablando de una ley integral que afecta a numerosos ministerios, quizás
cuantitativamente al que más al de Trabajo y Asuntos Sociales, donde hay muchos millones de euros -no sé si suficientes-, pero muchos millones de euros consignados.



Voy a coincidir, sin que sirva de precedente, con usted, don Ignacio, en que vamos a instar desde mi grupo parlamentario al Gobierno para que en el ejercicio 2006 se atienda la demanda efectiva y real de necesidades de creación de los
juzgados de violencia de género. Y no hay que quedarse atrás en el tiempo. No es que hace unas horas hayamos presentado una proposición no de ley, sino que quizás hace unas horas la hayamos retirado. La información es diferente. Se lo explico
rápidamente. El día 4 pasado, en el Pleno, aprobamos una moción -creo que por unanimidad, salvo uno o dos votos, que seguro que fueron por error- en la que instamos al Gobierno a dos temas, a que, oído, porque lo dice la propia ley en el artículo
50, el Consejo General del Poder Judicial no tenemos la información más que de los juzgados exclusivos y no de los especializados. Usted sabe muy bien que no hay quinientos y pico, hay 437, usted sabe muy bien que es uno por partido judicial, no un
juzgado exclusivo en cada partido judicial. Podemos seguir jugando dialécticamente, pero me parece que eso es poco riguroso. Son 19 los juzgados que hay. En definitiva, lo que el Pleno aprueba es requerir al Gobierno para impulsar, negociada con
este grupo mayoritario, la moción, y que no se nos olvide que tenemos, incluso antes de tener los datos, luego no hay retraso, que recordar al Gobierno que este Parlamento quiere que esa ley, que es prioritaria para este Gobierno y para este grupo
parlamentario, vaya siendo dotada de verdad de recursos, que no nos descuidemos, y que en cuanto recibamos del Consejo General del Poder Judicial los módulos que tiene que fijar, al menos orientativamente, hagamos frente y tengamos recursos. Desde
luego, la voluntad política de hacer frente a la creación, no de los que caprichosamente se puedan solicitar, como está haciendo el Grupo Popular en numerosas proposiciones no de ley, solicitando juzgados en Zamora, en Segovia o en Ávila, sino con
rigor y seriedad, para impulsar el cumplimiento del objetivo, de la filosofía y del sentimiento que tiene de intento de solución la propia ley orgánica. En este sentido iba orientada la proposición no


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de ley que firmamos el Grupo Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Como coincidió en el tiempo esta moción del Grupo Mixto es previsible que, si no se ha retirado, retiremos la proposición no de ley, porque el contenido de la
moción en parte recoge lo que era la proposición no de ley y algún tema más que se refiere a la dotación de algunos fiscales, que no corresponde al Gobierno sino a la Fiscalía General del Estado, pero que instamos al Gobierno para que traslade esta
preocupación a la Fiscalía General de Estado.



Quería hacer un par de puntualizaciones, porque, como luego hay otra comparecencia de la subsecretaria del ministerio, entraremos en algún detalle más de algunos programas. En el programa 111.N, de dirección y servicios generales, hay unos
incrementos importantes en el capítulo 4 y en el 6, que nos gustaría conocer. Aquí no nos importa levantar la voz y decirle, señor secretario de Estado, que tenemos cierta preocupación por el estado en que el Gobierno anterior dejó el
funcionamiento del Registro civil central y que no hemos conseguido, al menos son las noticias que hoy tenemos, mejorarlo sustancialmente. Nos preocupa y nos gustaría saber si se está haciendo algo para salir de esa situación de colapso que padece
ese registro. En el capítulo 4 hay una aportación que se incrementa sustancialmente a la Fundación Pluralismo y Convivencia, sobre la que nos gustaría que hiciera alguna mención. En el programa 113.M, de registros vinculados con la fe pública
querríamos al menos una ligera información sobre cómo va el proceso de informatización de los registros civiles. Si son muchas cuestiones, lo podemos dejar para la siguiente comparecencia. Respecto al programa nuevo, que le preocupaba a don
Ignacio, cuando se lo cuente verá cómo le va a alegrar, porque es positivo para el servicio público. Y el incremento del 35 por ciento de la Agencia de Protección de Datos, programa 135, nos gustaría saber en qué dirección va. Ya son demasiadas
cosas para que el señor secretario de Estado pueda ir contestando, si le parece.



El señor PRESIDENTE: El señor Astarloa y el señor Villarrubia han consumido una hora y veinte minutos en esta comparecencia. Pedimos por adelantado disculpas a la subsecretaria, que estaba citada a las once. El optimismo de que dieran por
reproducidas muchas de las actuaciones se frustra y a la vista del exceso de duración de la intervención de los señores Astarloa y Villarrubia, tiene la palabra el secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Comparezco por segunda vez, como ya he señalado, ante esta Comisión para la exposición y defensa de los proyectos de presupuestos en lo que afectan al Ministerio de Justicia. Si
tiene importancia la exposición sobre estos temas, aumenta si se tiene en cuenta que al producirse una segunda comparecencia se recalca o se insiste sobre temas y líneas de política que ya se enunciaron en su momento y se señala cómo se mantienen
estas líneas de política en cuanto a tendencias generales o a proyectos que van más allá del corto plazo y que se proyectan a lo largo de toda la legislatura. Se trata de disposiciones que no son de carácter coyuntural sino que obedecen a un plan
que se está llevando a cabo de manera metódica y siguiendo un sistema.



Quisiera señalar como introducción antes de entrar en alguna de las cuestiones que se han propuesto, que estos presupuestos corresponden, como puede verse en una primera mirada, a tres puntos: en primer lugar, a la intención de que la
justicia se convierta en una prioridad dentro de la política general del Gobierno, buscando -lo cual sabemos que es un objetivo a medio o largo plazo- la suficiencia del servicio público; en segundo lugar, a que este servicio suponga una mejora en
las prestaciones a los ciudadanos; y, en tercer lugar, a que este servicio público se traduzca en una garantía de los derechos de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista general de la seguridad jurídica como en lo que se refiere a derechos
civiles de sectores especialmente afectados y sensibles.



Dentro de estas tres líneas, debo decir que esta comparecencia, con todo el respeto que me merecen esta sede, los diputados que han interpelado y los grupos que han pedido esta comparecencia, se debe a la defensa del proyecto real de
presupuesto que se presenta y no a la defensa de un proyecto, y lo digo con todo respeto, más bien imaginario, como al que a veces me ha parecido que se estaba refiriendo el señor Astarloa. Yo estoy hablándole de unos datos que están recogidos
documentalmente y que son comprobables de forma directa, y lo digo por el presupuesto imaginario que se me plantea. No acabo de ver la relación con las cifras absolutas y reales, ni en lo que se refiere a aspectos como el porcentaje general de
aumento, que a mí me resulta difícil encontrar como lo ha obtenido, ni en lo que se refiere a la inversión, porque me ha dado una cifra que no tiene nada que ver con la que consta en los papeles que yo tengo; yo tengo 8,3 por ciento y la inversión
que me ha dado SS. no tiene nada que ver con esto. También me ha dado una cifra que me ha causado un cierto escalofrío: me ha dicho que los gastos de farmacia de la mutualidad general aumentan en 40 millones. Ahí debe haber algún problema,
porque todo el presupuesto general de la mutualidad son unos 80 millones, de forma que me ha dejado usted algo inquieto con este aspecto. También cuando me dice que le parece que el programa 487.G son 130 millones de euros y son 3 millones. Quiero
decir que los aspectos imaginarios o virtuales del proyecto que usted me señala no coinciden con los que yo tengo. Yo voy a referirme a cifras contables.



Las cifras son agrupables en forma muy distinta, se pueden comparar utilizando categorías muy diferentes y la única forma empírica de llegar a resultados objetivos es utilizar comparaciones homogéneas y que sean comprobables por todos, de
forma que -hablando de los créditos iniciales constatados y documentados podría haber elegido otros, pero he elegido uno que me parece perfectamente admisible- las cifras que figuran sobre


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el papel referentes al Ministerio de Justicia y organismos anejos son comprobables, constatables, interobjetivas, se pueden verificar de manera clara y suponen un total de 1.388,65 millones de euros. Si las comparamos con las cifras
homogéneas, equivalentes, constatables y que figuran en el papel con respecto a los presupuestos del año pasado, suponen un crecimiento del 12,35. Insisto en que esos datos que tenemos son intersubjetivos y en que son datos que no puede decirse que
sean imaginarios, sino que resultan de la mera constatación empírica. De aquí podemos tener referencias absolutas también, que con respecto al presupuesto del 2005 supone un aumento de 152 millones y con presupuestos aprobados por la legislatura
pasada, los últimos aprobados, ya se ha señalado aquí que hay una diferencia de 245 millones, un 22 por ciento más. Estos son los datos que se deducen de un análisis objetivo y documentado. Me parece importante señalar, como manifesté antes, que
estamos hablando no solamente de unos presupuestos de decisiones coyunturales sino de unos presupuestos que se insertan en una línea política animada por los objetivos a los que ya me he referido.



Dentro de esta línea política, dentro de esta prioridad del funcionamiento de la justicia, los crecimientos para el 2006, con los parámetros objetivos a los que me referí, del 12,35, suponen, en comparación con los presupuestos anteriores,
un crecimiento de 4,25 puntos en un año. Un dato también objetivo que puede servir para recalcar esta prioridad de la justicia es que, dentro del crecimiento general del presupuesto del 8,1, el crecimiento del presupuesto de la justicia de 12,35 da
como resultado que la justicia está subiendo 4,3 puntos más que el presupuesto general.
Y no solo eso, resulta que, comparativamente, en cuanto a servicios públicos básicos es el segundo en crecimiento, únicamente después del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Me refiero a cifras globales y que sirven para mostrar que la prioridad de la justicia está siendo cumplida.



El señor Astarloa me señalaba una curiosa inversión lógica: ustedes, aunque suban estos 152 millones, en realidad no están aumentando, sino disminuyendo. Todo es relativo, según pongamos el punto de referencia. Si usted lo compara con los
presupuestos del año pasado, es un aumento.
Usted me lo compara, sin embargo, con el aumento deseado y virtual de 180 millones, con lo cual llega a la conclusión de que no subíamos, sino que bajábamos. Me remito simplemente a que estamos en cifras
iniciales y a que seguiremos estándolo hasta el 2005, hasta que se produzca la ejecución final del presupuesto, del ejercicio, y entonces veamos cuál es la aportación, contando también con la generación de crédito y datos que se añadan. Usted me
decía al principio que le señalase cuáles eran las modificaciones presupuestarias que se han producido, cuál era la ejecución. Tendría mucho gusto en hacerle llegar la información al respecto, aunque puedo adelantarle que la ejecución
presupuestaria a fecha 30 de septiembre alcanza una realización sobre créditos definitivos del 93,20 por ciento en relación con los compromisos y 72,13 en relación con las obligaciones reconocidas. De todas formas, podré darle por escrito cifras
más precisas, como usted me pidió.



Quisiera hacer referencia a alguna de las líneas políticas de estos presupuestos y, si puedo, contestar a alguna de las cuestiones que usted me ha formulado, teniendo en cuenta además que posteriormente se va a producir la comparecencia de
la señora subsecretaria del departamento.
Aquellas cuestiones que, por error, omisión o falta de tiempo, no pueda contestarle, con toda seguridad se las podrá contestar ella. Usted ha utilizado un término que ahora está algo de moda en política,
estamos en un lío. Yo no creo que las novedades sean un lío, sino que son simplemente responder a desafíos. En cuanto a los términos que utiliza de suspensión de pagos o quiebra, términos que por otra parte no están recogidos, como usted ya sabe,
en nuestra legislación concursal a partir de la Ley del 2003, porque han desaparecido, desde una perspectiva -insisto- de comparación con datos objetivos, no encajan en una apreciación equilibrada de lo que hay.



Me decía antes que el objetivo fundamental de este Gobierno, dentro de esta prioridad de la justicia, es acentuar la justicia como servicio público o, si usted quiere, como servicio al público. Aquí hay dos aspectos que quisiera señalar:
aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Los dos son igual de importantes. Aspectos cuantitativos.
Estaremos todos de acuerdo en que se centra básicamente en el mapa judicial. Aquí tenemos un dato que nos puede servir, si estamos pensando
en términos de política a medio y largo plazo y no meramente coyuntural; un punto de referencia inmejorable, que son las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial respecto a nuestro sistema judicial. Un estudio del Consejo
General del Poder Judicial de mayo de 2004 señalaba que hacían falta 375 órganos unipersonales y 54 plazas en audiencias provinciales, 429 unidades judiciales. Las he llamado unidades judiciales pero estoy de acuerdo con usted en que en este
aspecto tenemos un problema lingüístico, ya que por una parte tenemos órganos unipersonales y por otra jueces y magistrados que pertenecen a audiencias. ¿Cómo les llamamos? Si les llamamos a todos jueces, sirve para el lenguaje coloquial pero
todos sabemos que unos son jueces y otros magistrados. Si los llamamos órganos unipersonales y pluripersonales, aparte de ser términos complejos tampoco definen la realidad. El término unidad judicial nos sirve siquiera sea a efectos
instrumentales y para entendernos. El Consejo General del Poder Judicial decía que el sistema necesitaba 429 plazas. Curiosamente, esto coincide con el programa general del Gobierno para la legislatura que, como señalabamos antes el señor
Villarrubia y yo mismo, prevé 1.000 plazas, 400 de unidades judiciales y 600 de fiscales. A la vista de las necesidades explicadas por el Consejo General del Poder Judicial, permítame señalarle que en estos momentos estamos cumpliendo muy
adecuadamente. En el año 2004


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todavía con sus presupuestos- se dotaron 50 unidades judiciales, en el año 2005 se dotaron 250 y para 2006 prevemos la dotación de 75 unidades -usted tiene la cifra de 74 unidades, pero seguramente se trata de algún tipo de error de
transcripción-, lo cual supone que para el año 2006, en lo que ahora está de moda llamar el ecuador de la legislatura, tenemos prevista la dotación de 375 unidades judiciales, de las 400 previstas para toda la legislatura y muy cerca de las 429 que
señalaba como desiderátum el Consejo General del Poder Judicial. Hablo de cifras que constan en los papeles, que son objetivas y comprobables.



En cuanto a los fiscales, tengo que decir que en estos momentos llegamos a las 255 plazas. En este punto usted ha planteado algunas cuestiones referentes a las cifras. Usted sabe cómo se lleva a cabo, debido a necesidades ineludibles, la
creación de todas estas plazas y unidades.
Por una parte existen necesidades en cuanto a la provisión de personal.
Los jueces no se crean de un día para otro, sino que es necesario un proceso de selección y formación largo. Existen necesidades de
preparación así como otras necesidades que hacen imposible que, con precisión matemática, al principio de cada ejercicio, el uno de enero, se provean todas las plazas previstas. Por tanto, en los ritmos normales, el sistema usual consiste en que
las creaciones de plazas previstas en los presupuestos se lleven a cabo en dos fases: una hacia mitad de año, mayo/junio, y otra en el último trimestre del año, hacia octubre/noviembre, de forma que empiecen a funcionar a finales de año.
Esto
supone que en cada ejercicio hay que tener en cuenta los costes que ha supuesto la creación de plazas en el ejercicio anterior y los costes que puedan suponer las previstas para ese ejercicio. Eso explica perfectamente que en el capítulo 1, costes
en los presupuestos, lo primero que hay que tener en cuenta con relación a las cifras es cuáles van a ser los costes de las plazas creadas en el ejercicio anterior, que se pusieron en marcha a final de año, y los costes que deriven de las plazas
creadas en el nuevo ejercicio, parte de las cuales se pondrá en funcionamiento a la mitad del ejercicio y parte se pondrá al final. Si nos fijamos en las diversas partidas del capítulo 1 veremos que hay hasta 39 millones de recursos netos añadidos,
de los cuales hay que tener en cuenta por una parte lo referente al coste de las plazas del año anterior y por otra las de este año. ¿Cuándo empezarán a funcionar las plazas previstas para este año? Como usted señaló, el decreto de creación ya
pasó por el Consejo de Ministros, ahora tiene que ser informado por el Consejo General del Poder Judicial y una vez producido este informe, previsiblemente, se pondrán en funcionamiento en la última parte de este año. Este es el ritmo que se sigue
usualmente, el ritmo exigido por las necesidades de personal, de medios y de planificación, que supone una perspectiva no inmediata, sino diseñada a medio y largo plazo, teniendo en cuenta los diversos años de cada legislatura.



Decía usted que cómo era posible, por ejemplo, que en el capítulo 2, gastos corrientes, se prevea únicamente 1,5 millones para las nuevas sedes judiciales. En mi opinión, está bien explicado teniendo en cuenta esta puesta en marcha gradual
que hace que no se computen estos costes precisamente desde el 1 de enero, sino según se van poniendo en marcha los diversos órganos judiciales. Esto en cuanto al aspecto cuantitativo referido al capítulo 1, con relación a jueces y fiscales,
aunque, como se ha señalado, también habrá que añadir la previsión de 100 plazas de secretarios y 104 plazas del cuerpo de gestión. Me preguntaba usted qué ocurría con el resto del personal, dado que no estábamos convocando oposiciones. Sabe
perfectamente -y entro en un segundo aspecto, el cualitativo- que nos encontramos en un proceso de reforma del sistema judicial, centrado básicamente en la oficina judicial en ejecución de la Ley orgánica 19/2003, aprobada en la pasada legislatura,
que supone una incidencia general en todo el sistema. Hay que explicar la posición de los diversos cuerpos de la Administración desde esta perspectiva y en este contexto. Con relación a esta reforma de la oficina judicial me ha llamado la atención
que señale que no se nota que el ministerio esté trabajando en ella. Si me permite un cálculo aproximado, creo que el 70 o el 75 por ciento de las energías, el tiempo y gran parte de los recursos del ministerio están siendo invertidos precisamente
en esta reforma de la oficina judicial. Dicha reforma tiene unas dimensiones verdaderamente múltiples: supone determinadas reformas legislativas; la aprobación de nuevas normas procesales; dimensiones que afectan al personal y su
reclasificación; dimensiones que afectan a informática y equipamiento y dimensiones que afectan a las infraestructuras. Precisamente si hay algo que pueda encontrarse a lo largo del presupuesto son las consecuencias de esta decisión política de
aplicar la Ley orgánica 19/2003. Y ya que me pregunta, le diré que en estos momentos está en marcha un proceso que se ha hecho público y se ha difundido en cuanto a efectiva implantación de la oficina judicial; está previsto que se implante en una
primera fase en 11 áreas piloto que van a comprender no menos de 244 órganos judiciales y confiamos que su puesta en marcha efectiva comience a partir de octubre del año 2006. Como señalaba, esto supone una serie de dimensiones que tiene una
incidencia presupuestaria evidente. Por ejemplo, respecto al capítulo 1 me señalaba usted que indicase algunas de las repercusiones que tiene esta reforma de la oficina judicial. En primer lugar hay una evidente en lo referido a las consecuencias
en cuanto a incentivos, complementos, etcétera, previstos en las nuevas relaciones de puestos de trabajo, que alcanzan la cifra de no menos de 14.370.000 euros. También hay que tener en cuenta que esto afecta no solo a los cuerpos de la
Administración de justicia, de gestión, tramitación y auxilio, sino también a los jueces, lo cual supone una cuantía que estimamos en alrededor de 10 millones de euros, así como los complementos del resto del personal, que se pueden calcular en 6
millones de euros. El capítulo 1 asciende, e insisto en que estamos hablando de cifras


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iniciales, a 30.370.000 euros, para empezar a hablar. Respecto al capítulo 2, preguntaba usted por qué lo mencionaba tanto. Parece lógico. En el momento en que una reforma de la oficina judicial se basa en la sustitución del viejo sistema
de unidades administrativas centradas en juzgados unipersonales y se convierte en un sistema basado en la existencia de pequeñas unidades de apoyo a los jueces y grandes servicios comunes evidentemente supone una reestructuración de su
infraestructura y su organización; a su vez supone unos gastos notables precisamente en cuanto al capítulo 2. Nuestros cálculos de los gastos totales ascienden a 7.760.000 euros para servicios comunes y 11.240.000 para el funcionamiento de los
servicios, un aumento considerable con respecto a las cifras del año pasado.



Uno de los aspectos fundamentales de la oficina judicial -y sobre esto me extenderé, si tengo tiempo, más adelante- se refiere a la agilización de las comunicaciones telemáticas, si no queremos que la oficina judicial se convierta en un
trasiego continuo de papeles. Este aumento de información de los sistemas telemáticos también tiene que traducirse en una transformación notable en todo lo que se refiere a la informática, aplicaciones y equipamiento; aplicaciones como la agenda
de señalamientos, el módulo de intercambio genérico o la reforma total del actual sistema Libra y Minerva, que se convierte en el sistema Libra y Minerva nueva oficina judicial. Esto supone una inversión considerable. Y en el capítulo 6, al que se
refería usted, basta mirar el presupuesto para, en primera impresión, darse cuenta de que hay nada menos que 5 millones dedicados a la reforma de edificios judiciales. Fíjense ustedes que estamos hablando de un sistema que empieza a ponerse en
marcha, con implantación en octubre del año que viene. En todos los aspectos y en todos los capítulos del presupuesto es perfectamente perceptible la reforma que se está llevando a cabo en la oficina judicial. No sé si le habrán llegado a usted,
pero se han difundido ampliamente tres gruesos tomos elaborados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en los que se contiene todo este programa en sus diversas fases y series.



Quisiera, siguiendo en esta línea cualitativa, insistir en un punto que me parece importante y al que se refirió usted. Esto únicamente es posible si se lleva a cabo una adecuada modernización tecnológica. Le tranquilizo de nuevo; este
programa 467.G no son 130 millones de euros. En lo que afecta al Ministerio de Justicia son tres millones, que se aplican en diversos programas, tanto en lo que se refiere a los servicios centrales, a la dirección general en diversos aspectos y a
los registros. Con respecto a estos últimos, a los registros, una incidencia. Me señalaba que hay un aumento muy fuerte en personal. Como sabe, en registros nos encontramos en este momento -y luego incidiré en esto- con una presión notable
derivada del fenómeno de la inmigración. La afluencia de inmigrantes a nuestro país ha supuesto una presión considerable en lo que se refiere a demandas de nacionalidad; de ahí la necesidad de nuevo personal y nuevas actividades en los registros.
En nuestro programa figura el aumento de 80.000 a 120.000 nuevas solicitudes tramitadas cada año, y esto debe reflejarse forzosamente en el capítulo 1. Se refería usted a la informatización de los registro. Yo puedo decirle que el sistema Inforeg
se encuentra en funcionamiento a fecha 13 de julio, en los registros civiles de 32 capitales de provincia -si le interesa, pero tengo la tabla-; y tenemos previsto que en febrero de 2006 esté implantado en los 49 registros civiles de Cataluña y en
abril de 2006 en los 85 de Andalucía. Insisto en que este aspecto nos parece de cierta relevancia.



Por lo que se refiere a formación, la lectura de las cifras es evidente.
El Centro de Estudios Jurídicos, tanto en términos absolutos como relativos, experimenta un notable aumento del 60,54 por ciento. Usted hace dos preguntas concretas,
la primera de las cuales es qué pasa con la formación de los jueces. La formación de jueces se lleva a cabo dentro de un ambicioso programa de formación que tiene lugar en el Consejo General del Poder Judicial; entiendo que la respuesta a su
pregunta debería venir por esa línea. Al Consejo General del Poder Judicial se le pueden hacer elogios o críticas, pero no se le puede criticar que siga las directrices del Ministerio de Justicia en este aspecto. En cuanto a los fiscales,
consideremos que, como usted sabe, dentro de los proyectos de este Gobierno están la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reforzamiento del papel del ministerio fiscal. Esto supone que el número de cursos a impartir el próximo
ejercicio en el Centro de Estudios Jurídicos para los fiscales pase de 19 a 40 y que su coste en el capítulo 2 sea un 125,37 por ciento, ya que este capítulo es el que recoge la organización de estos cursos. Me señalaba usted qué ocurre con el
resto del personal. Puedo decirle que en cuanto al personal administrativo de los diversos cuerpos en este momento el reglamento de ingreso está a punto de ser informado por el Consejo de Estado. Una vez aprobado y puesto en marcha, no habrá
dificultad en lo que se refiere a la convocatoria de oposiciones. ¿A qué se debe el retraso? Pues a lo que ya señalaba, que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de alteración de la oficina, lo cual ha supuesto la alteración y
modificación de normas reglamentarias y, como consecuencia, estos efectos en cuanto a la convocatoria de oposiciones que derivan de esta normativa.
Debo indicarle también que la formación de fiscales se inserta de manera natural en el programa del
Gobierno de creación de 600 plazas a lo largo de la legislatura, a los efectos que ya señalé de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Voy a responder a otra pregunta señalando, junto a estas líneas de mejora cuantitativa y cualitativa de la justicia, algunos planes concretos.
Usted me preguntaba cómo crecen tanto determinadas partidas en el programa 111.N. Le doy la
respuesta. Nosotros hemos tenido un problema muy fuerte, derivado de un fenómeno al que ya hice referencia, la presión que supone la inmigración y la necesidad de llevar a cabo reformas en los registros, uno de ellos el Registro civil central. La
situación


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hasta el momento de este registro puede calificarse de lamentable. Como usted sabe, está situado en la calle de la Montera, es notablemente insuficiente, nos encontramos con problemas de colas en las calles, de la aglomeración, la lentitud,
etcétera. Una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo en este ministerio fue una visita, una inspección ocular, por parte de la señora subsecretaria y de mí mismo al Registro civil central, y la decisión inmediata de llevar a cabo una
reforma; ello ha supuesto que a lo largo del ejercicio que viene se trasladará a una nueva sede en la plaza de Benavente, con unos costes notables: en el capítulo 2, 49.000 euros; en el capítulo 6, más de 2.200.000 euros, y dentro del programa
referente a los registros una inversión para un nuevo edificio en la cercana calle de la Bolsa. Por nuestra parte esto es una prioridad teniendo en cuenta la importancia del fenómeno y justifica estos costes.



Quiero señalar otras actividades concretas en lo que atañe a los órganos centrales. Uno de los objetivos de este Gobierno es dejar claro -y con eso podría contestar a algunas críticas que se han formulado en algunos medios de comunicación-
el papel del Tribunal Supremo como elemento básico y fundamental de nuestro sistema en cuanto a unificación de doctrina. Supone un reforzamiento, que tiene su traducción presupuestaria en un plan específico que afecta a órganos centrales, al
Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía, con unos planes concretos de refuerzo de las salas Primera y Tercera. También repercute y en el capítulo 2 en lo que se refiere a contratación de servicios que hagan más eficiente la
actuación de estos órganos.



Se refería usted a los juicios rápidos civiles y decía que ha aumentado en algunos miles. Ha aumentado en 919.000 euros, que se destinan al plan piloto previsto en cinco sedes que calculamos que estará en marcha, teniendo en cuenta las
reformas necesarias, en junio del año que viene.
Vamos manteniendo la línea señalada por el Gobierno desde el principio.



No quisiera extenderme mucho ya que hay una comparecencia posterior, pero sí quisiera hablar del tercer aspecto que nosotros consideramos esencial en la política de justicia, que es el referente a los derechos de los ciudadanos, un aspecto
del cual es la efectiva libertad ideológica y de conciencia -y con esto contesto a una pregunta formulada por el señor Villarrubia-. Se prevé un aumento en las dotaciones a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que pasa de 3 a 4 millones de euros.
¿A qué obedece este aumento? Obedece a la propuesta del Gobierno de que la efectiva pluralidad confesional existente en nuestro país se traduzca en una cooperación efectiva del Gobierno y del Estado con las diversas confesiones. La colaboración
con la Iglesia católica sigue sus vías. La colaboración con otras confesiones, si no se quiere introducir un elemento de desigualdad, se lleva a cabo mediante la creación de esta fundación, cuya dotación ha subido un 33 por ciento este año y que
seguirá el ritmo que haga necesario la presencia y la entidad de las demás confesiones. Esta fundación tiene como objetivo la colaboración con confesiones distintas de la Iglesia católica en aquellos aspectos que supongan una efectiva aportación a
la convivencia y a fines sociales acordes con el Estado social y democrático de derecho. No tiene por objeto financiar actividades confesionales ni actividades de culto, que entendemos que es responsabilidad de cada una de las confesiones. Esto se
hace mediante la financiación de programas de repercusión social. Puedo comunicarle que se acaba de resolver la primera convocatoria de estos programas, que se han repartido en forma ponderada entre diversas propuestas presentadas por las
confesiones musulmana, judía y evangélica.
Se trata de una forma de colaboración que es respetuosa al máximo con la libertad de conciencia, pero que al mismo tiempo fomenta la proyección social de las diversas entidades religiosas.



Otro aspecto de esta política de defensa de los derechos ciudadanos es el referente a violencia de género. Todos los medios que se pongan en este apartado serán pocos. Partamos de ese dato, pero también de que lo fundamental es que, por
parte de los poderes públicos, exista una capacidad de reacción rápida para que sea efectiva la decisión de todos los grupos parlamentarios al aprobar por unanimidad la ley integral. Esta puesta en marcha supone no solo habilitar los fondos
necesarios, sino reaccionar con rapidez cuando se muestre que estos fondos no son suficientes. La Ley entró en vigor hace pocos meses y se podrá criticar al Gobierno por muchas de sus actuaciones, pero no por falta de rapidez en reaccionar. En
este momento estamos pendientes, y será dentro de pocos días, de que se nos entregue un informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, señalando cuál ha sido la carga efectiva de trabajo de los distintos juzgados y cuáles serían los
módulos deseables para un funcionamiento adecuado. Con los datos provisionales que tenemos, somos capaces de señalar zonas en las que harán falta medidas de refuerzo y aquellas en las que muy posiblemente hará falta la creación de nuevos juzgados
de violencia o bien la conversión de juzgados ya existentes. Eso dentro de la política general de previsión de 75 juzgados o unidades judiciales. El dónde sea y el ritmo con que se haga va a depender de otros factores, como el acuerdo con las
comunidades autónomas y la verificación efectiva de las necesidades. En cuanto a las prestaciones, quiero destacar un punto. Decía usted que se han reducido las aportaciones en el capítulo 2. Permítame que señale que, actuando con presupuestos
reales estas aportaciones están recogidas, a diferencia del año pasado, en dos conceptos, el 485 y el 488. La cantidad total que se destina es de 2.015.000, para atenciones de carácter psicosocial; un aumento de 195.000 euros y no una disminución
respecto al año pasado.



Siguiendo en esta línea de defensa de los derechos de los ciudadanos, quisiera poner el acento en un aspecto fundamental de nuestro país que no ha sido atendido hasta el momento, el referente a la transparencia. Que los ciudadanos puedan
saber cuál es la situación del


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sistema judicial en su conjunto y de cada uno de sus órganos en cuanto a la tramitación de los diversos procedimientos, de forma que exista una herramienta de acceso inmediato por parte de los ciudadanos. Esto se está llevando a cabo
mediante un plan de transparencia al que se dedican unos 2 millones y medio de euros, en los cuales hay que destacar, aparte de lo necesario en coste de personal, no menos de 450.000 euros derivados de este plan de convergencia electrónica por
importe de 3 millones. En esta misma línea de protección de los derechos de los ciudadanos puede incardinarse perfectamente lo que se refiere a protección de datos en un aspecto fundamental para la defensa de la integridad intelectual de la
persona. El hecho de que haya un aumento de 34,96 por ciento destinado a una nueva sede de la agencia es una necesidad que, desde la perspectiva de propia agencia y según la evaluación que hemos realizado, supone un gasto perfectamente justificado,
sobre todo cuando se prevé un aumento de las actuaciones que está siguiendo la agencia en cuanto a las inspecciones que lleva a cabo, aumento continuo en los últimos años y que aconseja la dotación de los medios suficientes.



Se me han hecho algunas preguntas concretas y voy a referirme a ellas con cierta rapidez. Se han referido, por ejemplo, al personal sustituto. Nos encontramos con un problema conocido por todos que no puede resolverse mediante actuaciones
simples o a corto plazo. Quiero señalarles que aumentar 19 millones en la partida del año pasado trata de actualizar, porque los costes en este aspecto siempre tienden a dispararse, la realidad económica con los datos presupuestarios. Las
dotaciones previstas tradicionalmente para esto tenían que ser complementadas a lo largo de la legislatura y tratamos de evitar que esto se produzca. Junto a esto estamos siguiendo líneas distintas. En primer lugar, estamos insistiendo, y eso ha
tenido repercusión en la opinión pública, ante los órganos judiciales, salas de Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, en la necesidad de que las sustituciones se lleven a cabo con la máxima restricción en cuanto a que sean necesarias, no
sólo por motivos económicos sino también para potenciar la presencia de jueces profesionales. En segundo lugar, mediante un proyecto de cambio en la regulación que incentive las sustituciones por parte de jueces profesionales y que reduzca la
intervención de los jueces sustitutos; también mediante la ampliación o disponibilidad de recursos presupuestarios para evitar retrasos en los pagos. El aumento del capítulo 2 ya he dicho que se debe a la puesta en marcha de la oficina judicial.
En cuanto al aumento de efectivos de los cuerpos administrativos, podrá efectuarse a lo largo del desarrollo de este plan de implantación de la oficina judicial, una vez aprobados los correspondientes reglamentos de ingreso. Respecto a
transferencias, se introduce una partida de 6.210.000 en el capítulo 7, a comunidades autónomas, a la Generalitat de Cataluña, como financiación de traspasos debido al sistema propio de traspasos que tiene esta comunidad. Ha hecho referencia el
señor Astarloa a qué pasa con los programas concretos de las transferencias corrientes a comunidades autónomas. El año que viene figura una partida de cinco millones. En cuanto al año actual la administración de ellas se lleva a cabo en la
conferencia sectorial. No sé usted, pero nosotros no hemos recibido hasta el momento la queja, dentro la transferencia de la conferencia sectorial, en cuanto a su práctica. Cuando la recibamos, daremos la respuesta oportuna, pero en estos momentos
la previsión está aquí y nadie nos ha dicho los motivos por los cuales no se vaya a llevar a cabo.



Quizá me haya dejado alguna pregunta en el tintero, pero quedo a su disposición y la señora subsecretaria también podrá ampliar mi comunicación.



El señor PRESIDENTE: Señorías, han rebasado con creces el tiempo, pero voy a darles un minuto, a efectos exclusivamente de formulación de preguntas escuetas, tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Seré brevísimo, porque he empezado mi intervención anterior reconociendo la magnanimidad de la Presidencia, así que voy a ser telegráfico.



En primer lugar, yo creo que el señor secretario de Estado ha encontrado la expresión adecuada a la política presupuestaria del Gobierno, que es la de presupuesto imaginario. Ustedes pusieron delante de los ojos del mundo de la justicia lo
que pusieron y van ejercicio tras ejercicio defraudando el presupuesto imaginario que pusieron ante los ojos de la justicia. No voy a debatir en un minuto..., me rindo. Dicen que es el 12, pues es el 12; el año pasado era el 8, va a ser el 2 por
ciento de los Presupuestos Generales del Estado, no cabe ninguna duda. Solo aclaren si, por ejemplo, en este ejercicio y en el que viene van a cobrar algo de las tasas y de las consignaciones de depósitos y así podremos saber no ya si es el 12, el
24 ó el 1.000, sino cuál es el dinero que de verdad tienen para pagar los gastos de la justicia. Tercero, dice S.S. que no acaba de saber de dónde me saco yo las cifras, pues de sus papeles, señoría: 6,8 de inversión, significación de la
inversión en el presupuesto de 2005, 6,4, y además así lo ha reconocido don Julio para hacer luego su valoración. En cuanto a los 40 millones en farmacia, pues está en sus papeles. Pero es que además, cuando me corregía el señor Villarrubia acerca
de por qué comparo el 10 por ciento de la dirección general versus el 12 por ciento de juzgados y tribunales siendo que esta partida es más grande -juzgados y tribunales-, es que la más grande es la de asistencia sanitaria del mutualismo
administrativo, en la que ustedes suben 97 millones, porque es sobre una magnitud de 1.810, y de esos 97 sus papeles dicen que son 40 millones en farmacia. ¿Qué quiere usted que le diga? Así están las cosas y a eso van los gastos. Si me permite
la broma, usted jugaba con mis palabras. Para entendernos, a lo que yo llamo lío usted lo llama ingeniería. Lo dejamos ahí, y no añado que además de la ingeniería jurídica, en relación con lo que le pasa al presupuesto del Consejo General del
Poder Judicial no sé si estamos -usted me


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lo aclarará ahora- ante la suma de la ingeniería financiera. Ahí lo dejo.
Para que los ciudadanos entiendan dónde ponen ustedes la magnitud, ustedes dos destacan los 4 millones de la fundación, ustedes dos destacan los 3,6 millones que van
a Cataluña, y yo pongo enfrente los 5 millones del conjunto de todas las comunidades autónomas impagados el año pasado, impagados este año y nuevamente vueltos a presupuestar para el año que viene. Déjeme que le diga una cosa, don Luis. No creo
que despertemos pasiones en la humanidad con debates como el que estamos teniendo esta mañana, pero hay un grupo importante de personas que los siguen a pies juntillas y para los que son importantes las cosas que decimos aquí, que son los que saben
de esto, los jueces, los fiscales, los secretarios, todo el personal, las comunidades autónomas. En el 'Diario de Sesiones' queda que después de año y medio de decirle a usted que cuándo van a pagar lo del año pasado, lo de éste y a ver qué pasa
con lo que viene, S.S. lo único que tiene que decir es que usted no tiene queja alguna.
Pues, ¡qué quiere usted que le diga!


En cuanto al programa 467, solo invito, por no gastar más tiempo, a que lean esta cosa magna que ustedes presentan como la solución de las soluciones y la gran novedad de las novedades. Cuando lea la gente lo que a ustedes les han obligado
a poner en el presupuesto para cubrir la cuota de I+D que le corresponde a cada uno de los ministerios, se traduce en la lista de cosas que están en los papeles, pues la gente entenderá perfectamente lo que nosotros estamos diciendo, que es que no
avanzamos ni un milímetro, señor secretario de Estado, en el proceso de crecimiento de utilización de las nuevas tecnologías. Ustedes siguen presentando Lex net en los mismos términos que lo dejamos, exactamente igual, y mientras tanto aquí está el
portal del empleado, la plataforma e-Learning y no sé cuantas cosas sofisticadas más que responden a que ustedes tienen que tener la partida del I+D que les han colocado aquí.



La violencia de género es cuestión muy importante. Aquí sí que, cualquiera que sea nuestra discrepancia, deberíamos tener las cosas claras. De verdad que si usted lo que tiene que decirle a la comunidad jurídica es que ustedes responden
con prontitud ante esta cuestión, va a multiplicar la inquietud. Está mucho mejor la línea de la proposición no de ley, se apruebe antes o se apruebe después, que es que se ha hecho una ley sin previsión de los medios. Eso está generando una
absoluta saturación de los juzgados, y lo sabe desde el juez al último de los funcionarios y lo sufren, porque se han tramitado 6.700 casos en solo dos meses. Además como no hay juzgados especializados, pues hay la buena voluntad de cientos de
personas y el problema que ustedes tienen de que les piden horas extraordinarias a tutiplén. Lo que yo digo es que frente a esa situación y a la lógica respuesta a esa situación, que es la que han dado algunos grupos parlamentarios al decir: vamos
a acometer lo de los medios, la respuesta no puede ser bajar los presupuestos, que es lo que ustedes hacen este año. Es la peor de las soluciones y alguien tendrá que enmendar esto con capacidad para aprobar una enmienda en condiciones porque no es
sensato. Al hilo de eso, S.S. me explica que todo lo que va a registros tiene una justificación, que es el incremento de asuntos en materia de inmigración, y es verdad.



El señor PRESIDENTE: Le ruego termine.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, presidente. Multiplico la reflexión sobre las cosas que ustedes hacen y cómo dejan los medios para que efectivamente sean eficaces. Los que se han metido en estas imaginativas políticas de
extranjería, no solo a los registros, sino ¿usted sabe que en materia de inmigración se ha incrementado un 295 por ciento el número de asuntos en los juzgados, que ha pasado a incrementarse en 14.000? ¿Usted había preparado a los juzgados para eso?
¿Este Gobierno lo había preparado? Pues no.



Termino, señor presidente. Le he dicho que al margen de nuestro juicio -éste es un presupuesto que no responde ni remotamente a las necesidades de la justicia española en este momento-, que es político y de un grupo parlamentario, están los
recipiendarios de esta cuestión, y que usted les diga, además de todo lo demás, lo que nos ha contestado en materia de retribuciones, en materia de oposiciones y en materia de oficina judicial, puede valer como florilegio retórico para contestar a
este grupo parlamentario en esta sesión, pero se puede imaginar la enorme intranquilidad que va a generar a los que escuchen lo que usted les ha contestado en materia de retribuciones, de oposiciones o de oficina judicial.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con la brevedad requerida, pero quisiera hacer tres puntualizaciones. La primera, quiero agradecer, lógicamente es de cortesía, la información al señor secretario de Estado. La segunda, hay algunos temas
puntuales que queremos aclarar y lo haremos en la siguiente comparecencia, para respetar los tiempos. Y la tercera, evidentemente tengo que hacer alguna puntualización. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Si yo no le he contestado.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren en diálogo entre ustedes.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No, no vamos a entrar en diálogo, es aclarar sobre cifras objetivas. Dice que priorizamos - es obligado- el señor secretario de Estado y yo con los 4 millones de una transferencia y la cuantía de la
comunidad autónoma. Señoría, vamos a ser un poco serios.
El total de transferencias de capital es el 0,49 del total de los presupuestos de la sección 13. Luego dejemos de hacer juegos malabares.
Dos, cuando lea su intervención se dará cuenta de
la magnitud de las equivocaciones que por cortesía no voy a reproducir, pero insiste usted en los 40 millones de aumento, a título de


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ejemplo -le ha hecho muchas trastadas quien le haya preparado el papel-, de la asistencia de farmacia, cuando el total son 15. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: 96.) Si el total son 15 -está aquí presupuestado- ¿cómo va a ser 40 el
aumento? Es que así está casi toda la línea de su intervención. Le han hecho muchas trastadas en los papeles. Otra cuestión, porque es importante, solo 15 segundos, son los juzgados de violencia de género, que lo priorizamos. No ha habido
imprevisión. Hasta el 29 de junio no ha entrado en vigor. Hay juzgados especializados, uno por cada partido judicial. Dos, instaremos al Gobierno -y lo hemos hecho ya en septiembre- para que consigamos de verdad sacar adelante este tema tan
sensible, sin zancadillas, como pretenden algunos. Finalmente, para que quede claro, la cuantía del presupuesto -no son juegos malabares- en 2004 es de 1.059 millones de euros y en 2006 son 1.289 millones de euros; incremento, en dos años 21,71
por ciento, 230 millones de euros. Vamos por el buen camino, aunque siempre será insuficiente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): También seré breve. Quisiera recalcar un aspecto que a veces no se tiene debidamente en cuenta. Una política de justicia -y estará de acuerdo conmigo el señor Astarloa- no es una
política que se haga en un solo ejercicio presupuestario, ni siquiera en una sola legislatura. Por ello cualquier previsión política, incluyendo también los gastos, ha de hacerse a medio o largo plazo. Cuando estamos hablando de una cuestión como
puede ser la renovación de los cuerpos de la Administración de Justicia, cuando estamos hablando de la formación y especialización de los componentes de estos cuerpos, evidentemente hay que hacerlo teniendo en cuenta estos condicionantes; sobre
todo, cuando desde la aprobación de la Ley orgánica 19/2003 nos encontramos inmersos en un proceso que está siendo llevado a cabo por parte del ministerio con la mayor de las energías y con la mayor aportación posible de recursos. Desde esta
perspectiva me resulta difícil considerar adecuada una crítica que pone el acento en aspectos meramente coyunturales y puntuales. En cuanto a si este año se están celebrando oposiciones, se celebrarán las oposiciones dentro de las necesidades que
supone este proceso; es un proceso que todos debemos admitir que no se puede realizar en un mes ni en dos. Me hablaba también S.S. sobre el término imaginario. Por una parte está la realidad y por otra la imagen y semejanza. La realidad son las
cifras que están en el papel, a las que también se ha referido el señor Villarrubia, y luego está la representación intelectual que quiera hacerse de esa realidad. Insisto en que yo me estoy refiriendo a elementos comprobables, de forma que si la
realidad va por un sitio y la imaginación por otro, está claro dónde se sitúan ambas magnitudes.



En último término, ha hablado usted a Lexned. Yo no he hecho referencia a Lexned, pero ya que me lo ha dicho usted, la previsión es que si este año se ha instalado en 15 sedes, el año que viene se instale en 58. Lo digo como ejemplo de que
estamos en un proceso y no nos podemos referir a ello tomando en consideración únicamente una de las fotografías del momento, sino teniendo en cuenta el desarrollo general.



El señor PRESIDENTE: Con esto damos por concluida esta primera comparecencia. Suspendemos la sesión durante cinco minutos para recibir a la señora subsecretaria de Justicia, doña Ana María de Miguel.



-DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (DE MIGUEL LANGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000899) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000777).



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión. En primer lugar, pedimos disculpas y damos la bienvenida a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, doña Ana María de Miguel Langa, para que realice su comparecencia con motivo de
los Presupuestos Generales del Estado. Ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.



En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz adjunto, don Juan Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Prometo ser algo más breve que el portavoz de mi grupo y que el portavoz del Grupo Socialista, agradeciendo a la señora subsecretaria su presencia en estas comparecencias de presupuestos.



En principio, no daré por reproducido, como decía el portavoz del Grupo Socialista, lo que el portavoz de mi grupo y yo mismo, al igual que el año pasado, venimos obligados a recordarle, y es que los presupuestos no están en línea con las
promesas que tanto el señor portavoz del Grupo Socialista como el ministro de Justicia venían haciendo cuando las responsabilidades de este ministerio las dirigía mi grupo, el Partido Popular, en cuanto a lo que consideraban que era necesario
incluir en los presupuestos (me refiero a los 180 millones de euros) y en cuanto al 2 por ciento de los presupuestos, que lógicamente tampoco se ven reflejados en este presupuesto. Y no solo porque fueran argumentos de la oposición en su momento,
que nos parecería lógico o se podría considerar como vulgarmente se dice una machada, sino porque concretamente los recogían en su programa electoral, y al recogerlo en un programa electoral, que es mucho más serio y más pensado, hay que realizarlo.
En la página 43 del programa del Partido Socialista se hablaba precisamente de esta cifra...
(El señor Villarrubia Mediavilla:


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Léaselo.) Sí, sí, me lo leo. Se hablaba de esta cifra y además se hablaba del 2 por ciento de los presupuestos, y lo que se esperaba tanto el año pasado como éste es que estuvieran esos recursos. Si el año pasado fueron 89 millones, dando
las cifras por buenas en todo lo que se debatió el año pasado y se debate este año, los 140 millones que se recogen para este presupuesto, como dice el programa en gasto directo, se mire por donde se mire, no llega a los 180 millones.



El incremento que ustedes publican en el famoso libro amarillo recoge un 12,5 por ciento de subida para la sección 13 y nos llama mucho la atención que tan solo el 4 por ciento lo sea para el Consejo del Poder Judicial. No sé si es que
mantienen alguna diferencia con el Consejo del Poder Judicial, no política sino de cualquier otro carácter, o es que consideran que el consejo está presupuestariamente bien recogido pero sí es extraño que para el ministerio figure el 12,5 por ciento
de incremento y al Consejo del Poder Judicial simplemente se le dejen los 64 millones, con una subida que no llega ni al 4 por ciento, el tres y pico. Fíjese en las tres partidas fundamentales del Consejo del Poder Judicial; lo que se destinaba
para gobierno del Poder Judicial, que el pasado año subía el 11,6, este año lo dejan en una subida del 2,66 por ciento; para la selección y formación de jueces, como ha dicho mi compañero señor Astarloa y yo reitero, ya en el presupuesto del pasado
año bajaban el 1,8 por ciento y este año lo vuelven a bajar el 0,8 por ciento, y tan solo en documentación y publicaciones, que subía el 17 por ciento, lo suben el 19 por ciento. En total partidas ridículas. El Consejo del Poder Judicial ha pasado
de 62 a 64 millones de pesetas. Esto contrasta radicalmente con las subidas globales que se ven para el ministerio en la sección 13. En cuanto a la dirección y servicios generales, del 6,7 que subía el año pasado, este año sube prácticamente el 10
por ciento; para formación de personal, que aumentaba el 10 por ciento, suben ahora el 60 por ciento; en tribunales de justicia y ministerio fiscal, del 8,6 por ciento al 12,3 por ciento; registros vinculados, del 16 por ciento al 9 por ciento.
En total, el 12,40 por ciento, que son los 140 millones que veníamos diciendo. Es la primera pregunta que me gustaría que me contestara la señora subsecretaria. ¿Hay alguna diferencia apreciable en cuanto a presupuestos con el Consejo del Poder
Judicial, o es que creen sinceramente que el esfuerzo fundamental tiene que estar en la sección 13 y no consideran al Consejo del Poder Judicial? No quiero entrar en temas políticos porque la prensa y las hemerotecas están llenas de las diferencias
existentes. Simplemente quiero saber si hay alguna razón para intentar ahogar presupuestariamente al Consejo General del Poder Judicial.



En cuanto a los objetivos que presentan para los presupuestos, si es el objetivo fundamental lo compartimos, ya que simplemente se limitan a decir que hay que lograr un servicio público de calidad y contribuir al desarrollo de los derechos
de los ciudadanos, cosa en la que todos estamos de acuerdo.



Cuestión distinta son los campos de actuación que se marcan en el ministerio con estos presupuestos, que son siete, cuatro que repiten con respecto al año pasado y dos que omiten de los que se recogían en los presupuestos del año pasado. En
concreto, los juicios rápidos de ámbito civil, que estaba recogido como un campo de actuación prioritario en los presupuestos del año pasado y este año lo dejan al margen. Supongo que estarán satisfechos en cuanto a los juicios rápidos de ámbito
civil, puesto que ni siquiera lo han puesto prácticamente en marcha; ahora bien, como lo dejan como objetivo no prioritario, me gustaría conocer las razones por las cuales lo han modificado. Al igual que ponían también como prioritario la
protección de víctimas de delitos violentos, que asimismo se ve que quedan fuera de los campos de actuación. Por otra parte, la reordenación y actualización de la planta judicial ya se recogía el pasado año y la reforma de la oficina judicial de
alguna otra manera también se recogía en cuanto que hablaban del apoyo a un salto cualitativo en la reforma y modernización. La consolidación del sistema retributivo es un ámbito nuevo, cuyas explicaciones hemos oído al secretario de Estado, pero
nos gustaría que la subsecretaria nos indicara algo más del campo de actuación de la consolidación del sistema retributivo en cuanto a recursos, puesto que luego haré alguna reflexión sobre las partidas. Y el desarrollo de planes de formación para
la profesionalización y especialización, que también aparece en un ámbito prioritario, al igual que el plan de transparencia judicial.



La estructura presupuestaria -se lo recordaba el año pasado y se lo vuelvo a recordar este- en definitiva ha tenido poca variación. En cuanto a la clasificación del programa, el gobierno del Poder Judicial, que en 2004 tenía una incidencia
global de todo el presupuesto del 2,9 por ciento, con todas las subidas que ustedes dicen que se están haciendo, la incidencia que tiene en este presupuesto es del 2,7 por ciento, es decir, baja. Con respecto a la dirección y servicios generales,
que en 2004 tenía un 4 por ciento, baja al 3,8 por ciento. La selección y formación de jueces, que tenía en 2004 una incidencia global del 1,7 por ciento, está ya en el 1,4 por ciento. Los registros vinculados a la fe pública se mantienen igual y
lo único que sube en cuanto a peso específico en los presupuestos de 2005 es lo referente a publicaciones, formación de personal y tribunales de justicia. Lo que mi compañero decía y yo reitero es que la partida más global de los 140 millones, que
sube en concreto 108, se está refiriendo a los gastos de personal. Se dedican 32 millones de euros para la creación de los nuevos órganos judiciales, las famosas 75 unidades judiciales y las 100 nuevas plazas de fiscales; sin embargo, hasta 108
millones, figuran 20 millones para nuevas retribuciones, 19 para las retribuciones del personal sustituto y 14 para las RPT. Si estamos hablando de 32 millones de euros, de lo que más sube, que son 108, estamos hablando de que realmente para la
creación de las 75 unidades judiciales y de las 100 nuevas plazas de fiscales están dedicando un 30 por ciento de la subida de los 108


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de gastos de personal, pero en definitiva viene a ser un 23 por ciento del total de los presupuestos. El tema estrella de los presupuestos es la creación de nuevos órganos judiciales. Treinta y dos millones, en comparación con lo que
ponían el año pasado, nos parecen insuficientes para lo que prevén. Fundamentalmente, con los 20 millones de nuevas retribuciones, los 19 de sustitución y los 14 para las RPT vienen a terminar lo que estaba bastante parcheado de los presupuestos
del año pasado. Nos llama la atención precisamente en los gastos de personal que para los juicios rápidos civiles solo destinen 845.000 euros, para las actuaciones derivadas del Tribunal Supremo, ministerio fiscal y Audiencia Nacional 2.400.000
euros y, en cambio, para la justicia de proximidad, que figura también como algo fundamental de inicio para estos presupuestos, ni un euro más de lo que ya estaba previsto, máxime cuando se le está reconociendo en todos los ámbitos lo fundamental de
las medidas a acometer. Lo que sí sube a nuestro modo de ver son los gastos corrientes en bienes y servicios. Se lo decía el portavoz Astarloa y se lo repito yo. Suben 18 millones de euros y solo para la oficina judicial 1.500.000 y para la
mejora y funcionamiento de los órganos centrales 3 millones y no vemos la razón de que para la mejora y funcionamiento de los órganos centrales vayan tres millones de euros y para la puesta en marcha de algo tan importante, como es la oficina
judicial, 1.500.000.
También nos llama la atención las obligaciones de ejercicios anteriores, otros 3 millones de euros y, sin embargo, solo 340.000 euros para la justicia de proximidad. No suben absolutamente nada las partidas destinadas a
seguridad y vigilancia y mire que el año pasado hicieron el esfuerzo de meter 5 millones de euros; sin embargo la vigilancia y la seguridad este año han sufrido los suficientes altercados como para que no haya llamado la atención de ustedes. En
cuanto a las transferencias corrientes, capítulo 4 -ya se ha dicho, pero vuelvo a reiterarlo-, suben 3 millones de euros, 2 millones para el Centro de Estudios Jurídicos y un millón para la Fundación Pluralismo y Convivencia, aparte del medio millón
de euros que va para el Colegio Oficial de Psicólogos. Me gustaría que la subsecretaria entrara con más profundidad en los programas, en la necesidad y en el desarrollo que ha tenido durante el año 2005 y que piensa tener en el año 2006 la
Fundación Pluralismo y Convivencia, qué programas son los que el secretario de Estado ha dicho que se acaban de elegir y que se van a poner en marcha, porque la cantidad de 4 millones de euros nos parece algo bastante importante para un presupuesto
como el del Ministerio de Justicia, con tantas carencias y necesitado de más dotaciones.



En cuanto a las inversiones reales -con esto voy terminando-, el capítulo 6 es el que menos aumenta. Aunque el portavoz del Grupo Socialista decía que subía el 6,66 por ciento, estamos hablando de 8,83 millones de euros y queremos que nos
desarrolle por qué de esos 8 millones disminuyen 5 millones de euros las dotaciones para inversión nueva en el Plan global de infraestructuras y en cambio aumentan 5 millones de euros en la inversión de reposición de dicho plan.



Nos estamos limitando a no crear cosas nuevas, nos estamos dedicando simplemente a quitar nuevas inversiones para dedicarnos a la reposición.
Nos gustaría que nos lo explicara. Después, sí meten en inversiones los famosos 3 millones de
euros para el Plan de convergencia electrónica, que me gustaría que nos explicara un poco más en qué consiste. También están los famosos 2,7 millones de euros para mobiliario, fundamentalmente en los servicios centrales y supongo que también para
atender las nuevas unidades que se pongan en marcha. No obstante, nos parece que 2.700.000 euros en mobiliario es una inversión que habría que tener en cuenta vistas las muchas necesidades que tenemos.



Por último, nos gustaría que nos explicara las transferencias de capital en cuanto a los 3,5 millones que van para Cataluña y las otras necesidades que tiene el resto de las comunidades autónomas. Está aquí mi compañera, que fue consejera
de Justicia, y que en las legislaturas anteriores se pasaba el día reclamando al Gobierno del Partido Popular la deuda que tenía el Estado con la comunidad autónoma andaluza. Como andaluz, me gustaría saber si esa deuda se abonó. Creo que no. (El
señor Villarrubia Mediavilla: Creo que sí.-La señora Hermosín Bono: Ya se pagó.) Si se abonó, nos gustaría conocer la cantidad, cómo y, ya que está aquí doña Carmen Hermosín, si en atención a ella hay alguna partida considerable para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz González.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Bienvenida, señora subsecretaria, a esta Comisión de Justicia en este importante trámite. Escuchando las palabras del anterior interviniente, a lo mejor ha tenido la sensación de que tenía que responder del
proyecto de presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo aquí estamos hablando del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 en relación con el Ministerio de Justicia.



En la anterior comparecencia hemos tenido ocasión de asistir a la intervención del secretario de Estado, en la cual ha quedado definida con nitidez la apuesta del Gobierno del Partido Socialista por la justicia, por el servicio público de la
justicia, estando ya en su segundo año de legislatura y, por tanto, con el bagaje que nos permite la ejecución presupuestaria, y que nos permite estar ante el segundo presupuesto que se elabora, habiendo ya uno aprobado, que es el que está
actualmente en vigor. Desde luego, ahí se ve que junto con la importante labor que está realizando el Gobierno y que estas cámaras, bien por la vía de los proyectos o de las proposiciones, están aprobando de incremento de los espacios de libertad y
de compromiso con la extensión de los derechos a los ciudadanos, estamos hablando de la configuración de un verdadero servicio público de la justicia, que buena falta hacía, más después


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del paso del Partido Popular por la acción de Gobierno. Ese tiempo transcurrido nos está permitiendo ver ya cómo se están corrigiendo esos malos presupuestos del Partido Popular en materia de justicia; un Partido Popular que entendía la
modernización de la Administración de Justicia simplemente como la creación de una dirección general para la modernización de la Administración de justicia, como si solo con la creación de ese órgano pudieran envolver lo que en definitiva había, que
era el fraude fundamental, en cuanto que no había un compromiso claro con la modernización de la justicia.



Las grandes líneas han sido desgranadas por el secretario de Estado, pero no nos podemos resistir a hacer alguna valoración, fundamentalmente en relación con la anterior intervención. En primer término, aunque haya servido como excusa el
presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, ha valido para que el interviniente del Grupo Popular haya reconocido aquello que no quería reconocer el anterior interviniente, el señor Astarloa. Al menos desde ese punto de vista nos ha venido
bien esta segunda comparecencia, porque se han dado por buenas y, por tanto, por asumidas las cifras de incremento con las que antes se estaba actuando de forma cicatera, quizás porque estábamos ante una persona que en su momento tuvo
responsabilidades en el propio Ministerio de Justicia. Por tanto, ha venido bien que ahora se reconozcan estas cifras, que, por otro lado, parten de lo que el Partido Popular calificó en 2004 como un presupuesto histórico. Si esas cifras ya eran
históricas en 2004, no sabríamos muy bien cómo calificar el incremento que se produce. Desde luego, tendríamos que utilizar algún apelativo de grueso calado para intentar calificar algo que ya partía del calificativo de histórico, cuando en esta
ocasión hemos podido llegar a unos incrementos muy importantes: 12 por ciento este año, que se suma al aumento del año anterior, que ya era significativo. Como se ha dicho también -permítanme que emplee en ello no mucho tiempo-, estamos ante una
prioridad del Gobierno, hasta el punto de que, dentro de las materias que tienen que ver con los servicios públicos básicos, estamos ante la segunda subida, por encima incluso de otras políticas que también son prioritarias y que tienen el
compromiso del Gobierno.



Estos datos nos parecen elocuentes, pero tenemos que hablar de algunas imprecisiones que ha habido en la anterior intervención. No podemos quedarnos simplemente en que las inversiones nuevas están situadas en la cifra ridícula que ha
manifestado. Las inversiones nuevas, y así se establece en el proyecto de presupuestos, tienen una catalogación importante, y creo recordar que están cercanas a los 62 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una cifra sustancial en
relación con lo que se presentaba en otros presupuestos. Ante esos datos que son apabullantes y que no quiero más que dar por reproducidos en las anteriores comparecencias y especialmente en la que ha llevado a cabo el portavoz de esta Comisión,
señor Villarrubia, tendríamos que descender un peldaño no en la importancia de los asuntos, pero sí en el detalle del presupuesto en relación con su comparecencia, señora subsecretaria.
Aunque ya ha salido a lo largo de este turno de
comparecencias, nos interesa la apuesta que está haciendo el Gobierno y que la última vez que tuvo plasmación fue con la aprobación en el último Consejo de Ministros de los decretos en los que se hace efectiva la creación de más de 180 unidades
judiciales. Eso se une ya a las que se crearon a principios de año, en cuanto a los juzgados únicos de violencia, y a las 53 unidades creadas en abril. Sería relativamente fácil decir que el Gobierno del Partido Socialista ha creado en un día más
unidades judiciales que el Gobierno del Partido Popular en dos años, y no estaríamos faltando a la verdad, bastaría con coger los dos últimos años, 2003 y 2004, de Gobierno del Partido Popular, en los que se crearon respectivamente 31 y 50 unidades
judiciales. Ese es un término de comparación que nos parece interesante, y como el Partido Popular sigue insistiendo sobre la forma en la que se va a llevar a cabo la implantación de la planta, requeriríamos alguna precisión más para tranquilidad
del portavoz del Grupo Popular.



La implantación de la nueva oficina judicial llevaba un retraso añadido -hay que decirlo aquí-, porque después de su aprobación por el Parlamento, con el anterior Gobierno su aplicación tuvo un retraso considerable. Dada la filosofía de esa
nueva oficina judicial, nos gustaría tener alguna precisión más en cuanto a dotación para servicios comunes y adecuación del régimen retributivo del personal, porque si se critica cuando hay conflictos y cuando se resuelven también se critica,
estamos simplemente ante un ejercicio de incoherencia. Nos gustaría que nos hiciera también alguna precisión en cuanto al Plan de transparencia, de convergencia.



La informatización de los registros civiles ha quedado perfectamente definida por el secretario de Estado, pero nos gustaría que nos aclarara más ese carácter tan necesario de la informatización, mucho más ahora que se hace un esfuerzo serio
-hasta ahora no se había hecho- para resolver un problema que ya era endémico, cual era incluso el de la sede física del Registro Civil Central.



En cuanto a la formación, especialmente de fiscales, el portavoz del Grupo Popular en la comparecencia del año pasado, en este mismo trámite, se lamentaba de los escasos recursos en materia de formación, y este año, cuando aumentan
sustancialmente, también se lamenta y dice que hay tantos recursos que no va a haber a quién formar. Ahí también estamos ante una incoherencia. En todo caso, lo que parece llamativo y sustancial es el incremento en recursos para formación.



En cuanto a la profundización de los derechos de los ciudadanos, nos gustaría que hiciera alguna precisión en relación con las actuaciones en materia de violencia de género. Bienvenido sea el Partido Popular, después de tantos años de
Gobierno, algunos de ellos con mayoría absoluta, a la lucha contra la violencia de género; bienvenido a la solicitud de creación de juzgados, porque ellos, como no creían en la ley integral, no crearon ninguno. Dicho esto entre paréntesis, señora
subsecretaria, quiero


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referirme a los convenios con el Colegio Oficial de Psicólogos, a los convenios con colegios de abogados y a la creación de equipos psicosociales. ¿Qué hay en este presupuesto que se pueda desgranar en relación con esto?


Nos parece interesante que la formación no esté referida solo y específicamente a jueces, fiscales o secretarios, otros funcionarios que están actuando en estos juzgados especiales, principalmente en los juzgados únicos, y por supuesto
también en aquellos que extienden su jurisdicción a los partidos judiciales, pero que no son exclusivos, sino también a otros cuerpos de funcionarios que están en esta lucha vital contra la violencia de género.



Por último, señora subsecretaria, en cuanto al mutualismo, hemos asistido a un episodio en relación con las prestaciones en la farmacia que nos ha dejado algo sorprendidos. Es verdad que el señor Astarloa no se ha metido con las
prestaciones en el otro capítulo, que es el de las prótesis -no sé bien por qué-, pero a nosotros nos parece interesante que precisara ese extremo y que, en su caso, lo extendiera a los conciertos con entidades, tanto públicas como privadas, en
relación con la prestación sanitaria.



Señora subsecretaria, este es un proyecto de presupuestos que va por el buen camino y así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista.
(La señora Hermosín Bono pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señora Hermosín.



La señora HERMOSÍN BONO: Seré muy breve, pero por cortesía parlamentaria, ya que el diputado del PP hacía referencia a otros momentos.



El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Socialista reparte el turno. En ese sentido, tiene la palabra la señora Hermosín.



La señora HERMOSÍN BONO: Medio minuto, señor presidente.



Solamente quería congratularme porque el señor Santaella ha venido a reconocer que el Ministerio de Justicia había sido muy cicatero en años anteriores, y nos debia mucho dinero tanto en materia de justicia como en otras, Al menos en
Andalucía se ha reparado esa insuficiencia puesto que, como usted conoce bien, el año pasado, mediante acuerdos con el Gobierno y a través del sistema de financiación, se ha saldado una buena parte de la deuda de financiación y de otros asuntos que
se debían a Andalucía.
(El señor Santaella Porras: ¿Cuánto?)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria, doña Ana María de Miguel.



La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Señor presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, esta es la segunda vez que comparezco ante esta Comisión en este año y deseo trasladarles mi satisfacción. He oído las
intervenciones que me han precedido y, dado el tiempo de que dispongo, intentaré ser también lo más breve posible y sobre todo poder contestar a las preguntas que me han dirigido. Aquí se han barajado diversas cifras, algunas confusas, y quería
iniciar mi exposición indicando y fijando algunas cifras; intentaré reflejar lo que realmente figura en los Presupuestos Generales del Estado. Previamente me gustaría hacer algunas consideraciones de carácter general.



En primer lugar, voy a referirme, dentro de las políticas de gasto, a la política de justicia, que es la que tiene un mayor peso dentro de los presupuestos del ministerio, como ustedes saben. Esta política de justicia se encuentra dotada
con 1.326,7 millones de euros. Ello significa, en términos absolutos, que su presupuesto se ha incrementado en 142,37 millones de euros en relación con el año 2005. Este crecimiento, como ya ha sido señalado por el secretario de Estado en la
intervención anterior, es importante dado que esta política, y con respecto a los servicios públicos del Estado, crece por encima de la de defensa y seguridad ciudadana y se coloca solamente por debajo de la de política exterior. Voy a centrarme en
el contenido de los presupuestos concretos del departamento y, para ello, comenzaré haciendo referencia a las líneas estratégicas que creo que es conveniente precisar. En primer lugar, las dotaciones de crédito presupuestadas responden a la
reordenación y actualización de la planta judicial, a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y de los registros civiles y también a la mejora en la formación del personal de la Administración de Justicia, especialmente del
ministerio fiscal. Asimismo, y con especial trascendencia por lo que significa de cambio estructural en el funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra la reforma de la oficina judicial, la cual lleva implícitas numerosas
actuaciones, como son la reforma del sistema retributivo del personal y la adaptación de las infraestructuras físicas y tecnológicas para poderla llevar a cabo.



La dotación total del presupuesto del departamento se ha fijado en 1.289 millones de euros, en créditos iniciales, que si se añade a esta cantidad el crédito de los organismos que dependen del ministerio, como son el Centro de Estudios
Jurídicos, la Mutualidad General Judicial y la Agencia de Protección de Datos, alcanzaría los 1.389 millones de euros. En su evolución dinámica, el presupuesto del departamento, sin considerar los organismos que de él dependen, crece un 12,3 por
ciento con respecto al presupuesto inicial aprobado en 2005, lo cual significa un crecimiento absoluto de 141 millones de euros. En términos de magnitudes homogéneas comparadas, este incremento es el mayor que han experimentado los presupuestos del
Ministerio de Justicia en los últimos años, colocándose 4,79 puntos por encima del crecimiento medio del presupuesto durante el periodo 2000 a 2005, que fue, como ustedes recordarán, del 7,5 por ciento en términos homogéneos. Por otra parte,
también son concluyentes los datos que en términos de comparación estática ofrece el incremento de presupuestos del ministerio. Basta para ello señalar que el gasto consolidado del


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proyecto de los Presupuestos Generales del Estado crecerá un 7,7 por ciento en 2006 y que la previsión de aumento para este año del producto interior bruto en términos nominales es del 6,6 por ciento.



Centrándome en un mayor detalle en las magnitudes de gasto del departamento, voy a proceder a identificar los incrementos en aquellas partidas presupuestarias que sostienen económicamente las actuaciones más relevantes que se van a llevar a
cabo en 2006. El incremento interanual del presupuesto del ministerio, como ya he señalado anteriormente, es del 12,3 por ciento, si bien este crecimiento no es uniforme entre todos los capítulos de gasto. Así, los mayores crecimientos relativos
se registran en los gastos de personal, con un 11,9 por ciento; en bienes corrientes y servicios, con un 18,6 por ciento; en inversiones, con un 8,8 por ciento, y en transferencias de capital, con un 124,3 por ciento. No obstante, y en lógica con
el carácter predominante que tiene la Administración de Justicia dentro de la actividad del ministerio, el mayor incremento absoluto se registra en los gastos de personal, que crecen en 108,9 millones de euros.



Deteniéndonos en los gastos de personal, su principal incremento figura en los programas de tribunales de justicia y ministerio fiscal, con un 12,3 por ciento, y en los registros vinculados a la fe pública, con un aumento del 14,3 por
ciento. Dentro de estos crecimientos hay una serie de partidas que considero significativo destacar y que además van a contestar a parte de las preguntas que ustedes han formulado. Para la creación de nuevos órganos judiciales, se dispone de una
dotación de 32,6 millones de euros. De las 1.000 plazas de jueces y fiscales que fueron comprometidas para la legislatura, en el bienio 2005-2006 se dota presupuestariamente un 56 por ciento; es decir, en 2005 se han creado 250 plazas de jueces y
magistrados y 135 de fiscales, y en 2006 se van a crear 75 plazas de jueces y magistrados y 100 de fiscales. En segundo lugar, para el desarrollo de las necesidades de la nueva oficina judicial se destina un incremento de 20,6 millones de euros,
dirigidos a adecuar las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia. A ajustar la dotación de necesidades reales de financiación de jueces sustitutos y magistrados suplentes se destinan 19,1 millones de euros.
Aquí quiero aclarar la partida consignada para jueces sustitutos.
Tradicionalmente, en esta partida del presupuesto del ministerio venía consignada una cantidad irrisoria para los gastos reales. Lo que se pretende con este incremento es adecuar la
partida presupuestaria al gasto real, porque ustedes saben que en anteriores legislaturas este gasto ha llegado a superar los 40 millones de euros. Continúo con los gastos de personal. A actuaciones derivadas para mejoras del Tribunal Supremo,
Audiencia Nacional y ministerio fiscal también se destinan 2,4 millones de euros; para retribución del personal laboral que integra los equipos psicosociales relacionados con juzgados de violencia doméstica se destina un incremento de 2 millones de
euros; por último, y también dentro de las partidas más relevantes de los gastos de personal, se encuentran los destinados a la Dirección General de Registros y Notariado que, con 572.000 y 239.000 euros, respectivamente, permitirán mejorar el
funcionamiento administrativo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad y la relación de puestos de trabajo de los registros civiles.



En segundo lugar, y en lo que respecta a gastos en bienes corrientes y servicios, los mayores esfuerzos presupuestarios se orientan hacia la Administración de Justicia y también a los servicios del propio Ministerio. Así, una parte
importante del aumento de 17,4 millones de euros en el programa de gastos destinado a tribunales y ministerio fiscal se dirige a necesidades planteadas para el incremento de la planta judicial y al impulso de la nueva oficina judicial. También en
este apartado es importante referirse a las nuevas necesidades derivadas del nuevo edificio, ubicado en la plaza de Jacinto Benavente en Madrid, al cual se trasladarán diversas dependencias del Ministerio, así como parte del Registro Civil Central,
significando una importante mejora en las condiciones en las que hasta ahora se venía desempeñando este servicio público. A esta última actuación se dedicarán, además, 549.000 euros adicionales.



Continuando con el repaso de capítulos presupuestarios, el incremento en transferencias corrientes en el presupuesto orienta sus principales actuaciones a mejorar la cobertura de colectivos más desprotegidos, incrementándose en un 10 por
ciento las dotaciones relacionadas con el Plan contra la violencia doméstica. Esas acciones, que tienen un importe de 2,15 millones, vienen destinadas a partidas dirigidas al Colegio de Abogados y al colegio de Psicólogos, partida esta última que
es una novedad en este presupuesto. Si se suman estas dos cantidades que aparecen en los presupuestos se ve que, con relación a la única partida presupuestaria que figuraba en los presupuestos de este año 2005, no solamente no disminuye, sino que
se incrementan en el 10 por ciento, al que he hecho referencia anteriormente; y un 25 por ciento también se destina a subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia, la cual orienta sus objetivos, como bien saben, a la integración social y
cultural de minorías religiosas. También es obligado mencionar en este apartado de transferencias corrientes el incremento en dos millones de euros que experimenta la subvención destinada al Centro de Estudios Jurídicos con la finalidad de mejorar
la formación de los miembros de la carrera fiscal.



En cuanto a inversiones reales proyectadas en el presupuesto para el próximo ejercicio, quisiera insistir, en primer lugar, en el incremento notable que sufre esta partida, que es del 8,8 por ciento con relación a 2005, máxime si se
considera que el crecimiento que este capítulo tiene en el conjunto agregado de los Presupuestos Generales del Estado es del 6,6 por ciento. Se han barajado diferentes cifras en cuanto a la partida consignada en el capítulo de inversiones. Pasamos
en el presupuesto de 2005, en el que figura una partida de 75.504 miles de euros, a 8.217 miles de euros.



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Dentro de estas inversiones quisiera destacar dónde se van a centrar los principales incrementos. La finalización de la rehabilitación del edificio que mencioné anteriormente en la plaza de Jacinto Benavente requerirá 1,4 millones de euros
destinados a equipamiento en tecnologías de información y al mobiliario de las instalaciones. Lógicamente cuando se acaba un edificio es necesario dotarlo de infraestructura tecnológica, así como de mobiliario para que entre en funcionamiento, y
las personas que se dedican a la prestación de servicio público puedan desarrollarlo en unas condiciones dignas.



También se van a iniciar diversas actuaciones, con respecto al Registro Civil Central, para empezar un proyecto de construcción en el solar adyacente a la plaza de Jacinto Benavente, para la ampliación de este edificio. Se va a continuar
con el esfuerzo inversor en los inmuebles que albergan las sedes y dependencias de la Administración de Justicia, si bien el énfasis en 2006 se va a dirigir a la inversión de reposición, así como al mobiliario y equipamiento de los edificios
finalizados. Como ustedes recordarán en este año se iniciaron numerosas obras de edificios nuevos, así como también han acabado otras obras o inversiones plurianuales. Lógicamente cuando se acaba un edificio es necesario amueblarlo, y en aquellos
otros que están en condiciones de uso, pero que necesitan algunas reformas, habrá que proceder a su realización.



Dentro de las inversiones quiero destacar la participación que tiene el Ministerio en el Plan de convergencia electrónica que va a ser desarrollado por el Gobierno. Esta inversión se instrumenta a través de un nuevo programa de gasto, al
que también ya se ha hecho referencia, denominado investigación y desarrollo de la sociedad de la información.
Este programa asigna tres millones de euros que van destinados a servicios centrales del Ministerio, a la Administración de Justicia y a
la Dirección General de Registros y del Notariado. Algunos de los proyectos más significativos que se van a financiar con cargo a esta partida serán: el desarrollo del portal del empleado en el Ministerio, la interoperabilidad de la gestión
procesal en la Administración de Justicia con las comunidades autónomas, en la consulta on line, tramitación y notificación de expedientes registrales. Asimismo, y también dentro de este plan de convergencia, se va a iniciar el desarrollo del
portal de transparencia judicial, consistente este último en el desarrollo de un repositorio de información y comunicación para que el ciudadano pueda efectuar consultas sobre la situación de los asuntos procesales.



En lo que respecta al incremento, sobre el que me ha preguntado el señor Santaella, de los 3,5 millones de euros en transferencias de capital dirigidas a la Generalitat de Cataluña, estos se dirigen fundamentalmente a financiar los nuevos
órganos judiciales que se han puesto en funcionamiento en Cataluña en el 2005, en virtud de lo establecido en los respectivos reales decretos de transferencia. Son 30 los juzgados que se han creado y eso, tal y como figura y viene estipulado en los
reales decretos, debe ser satisfecho y transferido a la Generalitat de Cataluña.



No quisiera finalizar esta exposición sin referirme brevemente al presupuesto de los organismos dependientes o adscritos al Ministerio. El Centro de Estudios Jurídicos, como ya ha sido señalado, dispondrá de un crédito que supone un
incremento del 60,5 por ciento con relación al año anterior. Los aumentos más destacados se producen en gastos de personal con un 19,7 por ciento, debido a la nueva relación de puestos de trabajo y también a las retribuciones en práctica de
fiscales, secretarios judiciales y médicos forenses que participan en los cursos de formación inicial. En los gastos corrientes el incremento del 125,7 por ciento, se destina al desarrollo de actividades formativas, en especial las que hemos
destacado ya de formación continua de fiscales. Asimismo, los gastos de inversión crecen un 52,9 por ciento y están dirigidos a sistemas de comunicación e información y para mejorar el equipamiento destinado a la docencia, al incrementarse
considerablemente ésta durante el 2006. La Mutualidad General Judicial va a disponer de un crédito de 86,4 millones de euros que representa un incremento de un 7,9 por ciento.
Los crecimientos más significativos en la mutualidad se producen en
gastos corrientes en un 9,6 por ciento, destinados casi en su totalidad a la financiación de los conciertos de asistencia sanitaria, afectados por el incremento de las primas de seguro y el aumento del colectivo de mutualistas y beneficiarios. El
incremento en conciertos es de aproximadamente 6 millones de euros, y el crédito, que figura consignado como crédito inicial en esta partida de los presupuestos, es de 48.023 miles de euros. Asimismo, las transferencias corrientes experimentan un
crecimiento del 6,9 por ciento, originado por gastos de farmacia, de prótesis e indemnizaciones por invalidez permanente. A este respecto, y por lo que se ha señalado y preguntado sobre los gastos de farmacia, el incremento que esta partida
presupuestaria tiene en los presupuestos de 2006 es únicamente de 932.000 euros. La dotación inicial y final en el presupuesto es de 14.460 millones de euros. Esas son las cifras que vienen consignadas como tal.



Por último, la Agencia de Protección de Datos va a disponer de un presupuesto de 9,4 millones de euros, que representa un 35 por ciento del presupuesto. Como ya ha sido señalado, los incrementos más importantes se producen tanto en los
gastos de personal, con un 11,4 por ciento debido a la nueva relación de puestos de trabajo fundamentalmente por el aumento de la planta de inspectores, como en gastos corrientes, que aumentan un 46,9 por ciento, destinados en su totalidad al
arrendamiento de la nueva sede, dado que el contrato de alquiler del edificio donde actualmente prestaba sus servicios la agencia finalizaba de manera improrrogable el 31 de diciembre de este año.



Si alguna pregunta se me ha quedado en el tintero, en el segundo turno intentaré rescatarla y contestarla.



El señor PRESIDENTE: El señor Santaella.



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El señor SANTAELLA PORRAS: A la primera parte de mi intervención, sobre el trato de los presupuestos al Consejo General del Poder Judicial, no me ha dicho nada, pero me doy por contestado simplemente viendo el librito amarillo de 2005,
donde hacían la referencia de que el Consejo General del Poder Judicial tiene como funciones la selección, formación de jueces y magistrados, la inspección de juzgados y tribunales, la contribución al proceso, etcétera., es decir, le dedicaban algo
de atención. En el librito de 2006, absolutamente nada. El Consejo del Poder Judicial dispondrá de 64 millones, lo que supone un incremento del 4 por ciento, como si no existiera. Por eso le digo que no me hable de la política presupuestaria con
respecto al Consejo porque me la doy ya por sabida, pero se lo comento simplemente por el tratamiento que le han dado.



En cuanto a todo lo que nos ha contado, me parece fenomenal, pero seguimos manteniendo lo que tanto en la intervención del señor Astarloa como en la mía veniamos diciéndole. Todas las subidas, todas las partidas, todo lo que usted me quiera
decir, pero los gastos de personal que tenían un peso específico el pasado año del 78,5 bajan al 78,4; sin embargo, los gastos corrientes en bienes y servicios del 10,9 pasan al 11,4; transferencias corrientes bajan del 3,6 al 3,3; inversiones
reales del 6,8 bajan al 6,4 y las transferencias de capital suben por la partida de Cataluña del 6,2 al 6,5. Definitivo: 93 por ciento en operaciones corrientes el año pasado que pasan al 93,1, y en transferencias de capital del 7 bajan al 6,9.

Para mí, y con esto termino, hay una conclusión: cada vez que hay un esfuerzo en los presupuestos de medios económicos se destinan a gastos corrientes, a gastar y a amueblar, porque las inversiones son muebles, sin embargo, las políticas concretas
las vemos mal y mal enfocadas.



El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: En primer término, habría que indicar al interviniente del Grupo Parlamentario Popular que no confunda el uso y la cortesía en relación con lo que ha sido hasta ahora la práctica sobre el presupuesto del Consejo
General del Poder Judicial. Convendría, en este caso, dejarlo claro.



En segundo término, nos ha parecido interesante y además atinada la precisión que ha hecho en relación con los jueces sustitutos, porque por ahí es por donde hay que ir, ese es el camino que hay que recorrer, no dejar una partida casi de
forma escuálida sabiendo que al final va a haber que suplementar y, por lo tanto, nos parece que ajustar esa partida al gasto real es importante.



Nos ha parecido oportuna la aclaración que se ha hecho en cuanto al aumento de la planta en Cataluña, mas que nada porque se ha querido dejar caer la idea, y además se ha puesto el ejemplo en relación con Andalucía, de que hubiera alguna
situación especial con Cataluña, y está perfectamente definido que eso tiene que ver precisamente con el modelo de transferencias que existe en esa comunidad autónoma. De ahí la necesidad de utilizar esa vía de la transferencia para completar la
ampliación de la planta. Eso nos parece interesante. Lo que no nos parece muy coherente es hablar ahora de Cataluña, cuando resulta que en esta Comisión se sometió a votación la enmienda del Partido Popular, en la que se decía que había que crear
juzgados de lo mercantil en Cataluña, no en el resto del Estado, con un criterio no objetivo del modelo del Consejo, sino simplemente de colindancia de partidos judiciales.



Sin más, señora subsecretaria, agradezco su comparecencia, que ha sido ilustrativa y complementaria de la del secretario de Estado. Este es el buen camino, el de la priorización de la Justicia como servicio público, y al Grupo Parlamentario
Socialista evidentemente le gustaría, como decía nuestro portavoz el señor Villarrubia el año pasado en su anterior comparecencia, que se subiera más si se pudiera, pero también decía en su anterior comparecencia que esperaba que este año fuera al
menos como el año pasado, y este año ha sido bastante mejor que el anterior, lo que nos indica que estamos en el buen camino.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora de Miguel.



La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Agradezco las intervenciones y les señalo que estamos en el buen camino. Los presupuestos de este año implican un incremento importante para proseguir en el objetivo que nos marcamos
de mejorar la rapidez y la calidad de la Justicia.



El señor PRESIDENTE: Agradeciendo la presencia de los altos cargos del Ministerio de Justicia, del personal al servicio de la Cámara, de los medios de comunicación y, por supuesto, de todas SS.SS., se levanta la sesión.



Era la una y veinte minutos de la tarde.