CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 343

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 20 (extraordinaria)

celebrada el jueves, 11 de agosto de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro del Interior (Alonso Suárez) para informar sobre las investigaciones realizadas y de las medidas adoptadas en relación con los hechos ocurridos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.
A petición del Gobierno. (Número de expediente 214/000076.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Interior, que, como saben, se reúne con carácter extraordinario, de conformidad con los artículos 73.2 de la Constitución y 61.2 y 3 del Reglamento de la Cámara,
a petición del Gobierno y para informar sobre las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas en relación con los hechos ocurridos en el puesto principal de la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Para ello, tiene la palabra el ministro del
Interior, don José Antonio Alonso. Como saben, reglamentariamente el Gobierno no tiene límite de tiempo para su intervención.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes a petición propia para ofrecerles cuanta información tengo en estos momentos en relación con los hechos acaecidos
durante la tarde del pasado día 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, en Almería, a resultas de los cuales sobrevino en dicho centro policial la muerte de don Juan Martínez Galdeano.



Señorías, como muy bien saben, en relación con dichos hechos y con las circunstancias que en los mismos hayan podido concurrir, como en relación con cualesquiera otros hechos similares, en toda democracia hay tres niveles de análisis e
investigación diferentes y en su caso hay niveles para la exigencia de determinación de responsabilidades o para la corrección de las deficiencias detectadas. Es obvio que es a la justicia a la que corresponde en estos momentos y de manera muy
especial investigar los hechos que aquí y ahora nos ocupan, así como las circunstancias que en los mismos han intervenido, los hechos que tienen trascendencia jurídico-penal. A la justicia le corresponde fijar y determinar la verdad con esa
trascendencia para, en su caso y en función de los hechos que desvele la justicia en su territorio propio de actuación, constitucionalmente bien delimitado, establecer las responsabilidades penales que de los mismos puedan derivarse. Esta función
está siendo desarrollada por ese poder del Estado y por lo tanto, como es lógico, ni yo, como ministro, como miembro del Ejecutivo, ni el Parlamento tenemos nada que decir aquí. Pero, señorías, es evidente que hay otros dos niveles, el
administrativo y el político, que, sin interferir en la acción de la justicia, deben necesariamente desplegar todas y cada una de las actuaciones administrativas o políticas que sin dilación en sucesos como este corresponde poner en marcha.



En el marco de estos ámbitos, administrativo y político, al Gobierno y muy particularmente al Ministerio del Interior y a los centros directivos que de él dependen les corresponde llevar a cabo también una valoración y evaluación de los
hechos para, en primer lugar, tratar de establecer si la actuación de los servidores públicos que han intervenido en los hechos se adecuó o se corresponde con los protocolos y normas de intervención en tales supuestos; en segundo lugar, para
determinar si dicha actuación y la conducta de los agentes policiales intervinientes observaron los principios básicos de actuación policial y las normas de ética profesional, que deben ser inexcusablemente respetadas por todos los funcionarios
policiales y, en tercer lugar, para establecer si hubo proporcionalidad en el empleo de los medios utilizados para llevar a cabo la intervención policial, porque de la importancia, señorías, y de la adecuación de esta evaluación dependen también
otras trascendentales decisiones y actuaciones que debe desplegar el Ministerio del Interior.
Por un lado, abrir, impulsar o simplemente respaldar la intervención de los servicios de control interno y de régimen disciplinario, en este caso de la
Guardia Civil, para en su caso adoptar medidas disciplinarias o de otro tipo a la luz de los hechos y de acuerdo con la normativa específica que en su caso corresponda tomar. Y por otro, porque el Gobierno, y en particular este ministro, considera
obligado, como es norma básica en un sistema democrático, comparecer ante SS.SS. para, a la luz de los hechos conocidos por los servicios internos de la Guardia Civil y tras la correspondiente evaluación de los centros directivos del ministerio,
ofrecerles a ustedes cumplida, detallada y puntual información.



Antes de entrar en el análisis de todo ello quiero hacerles, señorías, tres manifestaciones rotundas relacionadas con los graves hechos que hoy nos convocan aquí. En primer lugar, y en nombre del Gobierno pero también en representación de
todos los servicios del Ministerio del Interior, de todos los servidores públicos de la función policial y muy especialmente en nombre de la Guardia Civil, quiero manifestar nuestras más profundas y sinceras condolencias por el fallecimiento de don
Juan Martínez Galdeano, sobrevenido mientras se encontraba en un centro policial. En segundo lugar, quiero reafirmar de nuevo ante ustedes el compromiso reiteradamente expresado por el Gobierno de desarrollar una política de seguridad pública
basada en el escrupuloso respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y en la estricta exigencia a los servicios policiales y a los profesionales que los integran de una actuación en todo momento acorde con la ineludible e imperiosa
garantía y protección de esos derechos y libertades, tal y como vienen descritos en nuestra Constitución y garantizados en esa nuestra ley fundamental. Por eso, nuestra divisa en la materia, como me han oído en diferentes comparecencias aquí mismo,
en el Congreso de los Diputados, es la de tolerancia cero frente a cualquier situación irregular que ponga en cuestión los derechos humanos. En tercer lugar, señorías, quiero expresar una vez más el apoyo y el reconocimiento del Gobierno y de este
ministro hacia la Guardia Civil y hacia todos los magníficos profesionales que integran esta institución. Es una institución que, por su buenhacer, viene recibiendo permanentemente la estima de los ciudadanos, de sus instituciones y de los
responsables políticos. Como tal institución


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no debe quedar afectada por hechos en cualquier caso aislados y excepcionales.



Ahora paso a detallarles, señorías, cómo se han ido desarrollando los acontecimientos que nos ocupan con un seguimiento cronológico de las actuaciones que han ocurrido a lo largo de los días después del día 24 de julio y teniendo en cuenta
la delimitación objetiva de las funciones que nos corresponde asumir como Gobierno y como Parlamento en estos momentos.
Es obvio que el relato cronológico que les voy a ofrecer debe analizarse, por un lado, desde el respeto a la presunción de
inocencia que ampara a los agentes que intervinieron en los sucesos, cuestión que se ventila en el proceso judicial, como bien saben, y por otro, sin duda, desde una clara racionalización y objetivación de los hechos. De tal manera que, sin
prejuzgar los hechos en sí, que tienen transcendencia jurídico penal, cuestión de los jueces, es imposible obviar hoy ya un hecho incontrovertible: a un ciudadano que llega por su propio pie a un centro policial, voluntariamente, le sobreviene
dentro del mismo la muerte después de un largo encuentro violento en el que toman parte hasta nueve agentes policiales, entre ellos el máximo responsable de la unidad policial, agentes para los que después de la presencia de dicho ciudadano en el
centro policial rige un especial deber jurídico, profesional y ético de protección de la vida e integridad física de la persona en cuestión, así como un especial deber para impedir cualquier práctica abusiva o arbitraria que entrañe violencia física
o moral contra el mismo. En la transcendencia y gravedad de tales hechos se basa la actividad administrativa y la política desplegada hasta la fecha, a cuyos detalles cronológicos paso a referirme.



Verán, señorías. En torno a las 18:00 horas del domingo, 24 de julio, y a través de una llamada telefónica que hace el teniente jefe del puesto principal de Roquetas de Mar a la Comandancia de Almería, llegan las primeras noticias de que
una persona detenida en dicho puesto, después de forcejear y resistirse -esas son las noticias que transmite el teniente- con violencia frente a varios componentes del puesto, moría en el patio del acuartelamiento mientras era reducido y se esperaba
la presencia del personal sanitario. A pesar de que del contenido de estas primeras informaciones no se deduce ninguna irregularidad en la detención del señor Martínez Galdeano, en la misma tarde del día 24, en torno a las 18:00 horas, el teniente
coronel jefe de la Comandancia de Almería toma ya dos decisiones importantes, que por lo demás son obligadas. En primer lugar, ordena la inmediata intervención de la unidad orgánica de la Policía judicial para la instrucción de las oportunas
diligencias y levantamiento del atestado en relación con lo sucedido. El atestado se lo encarga al alférez jefe accidental de la unidad orgánica de la Policía judicial de la Guardia Civil de Almería para garantizar, con la debida separación,
objetividad e independencia, la tramitación de este atestado que en definitiva es entregado a la autoridad judicial, al ministerio fiscal, como es de rigor. En segundo lugar, el teniente coronel jefe de Almería encarga al comandante jefe de
Operaciones de Almería la instrucción de una información reservada, una investigación interna, en relación -y les leo textualmente- con la correcta aplicación al caso de la normativa general e interna por parte de la fuerza interviniente. Esas son
las dos decisiones que adopta sobre las 18:00 horas del mismo día 24 de julio el teniente coronel jefe de Almería. Poco tiempo después y todavía en la tarde del domingo 24, en torno a las 19:00 horas, el alférez instructor de las diligencias y el
comandante designado para la práctica de esa información interna y reservada se desplazan a Roquetas y llevan a cabo las primeras actuaciones; visionan la cinta de circuito cerrado de televisión del puesto y, según parece, no observan entonces -así
lo dicen- ningún hecho relevante, pues, según se les indicó entonces -luego hablaremos del tema- en el propio acuartelamiento por uno de los guardias implicados, los momentos en los que fue reducido el señor Martínez Galdeano quedaban en una zona
oculta para el referido circuito cerrado de grabación. Esta cuestión resultó no ser cierta, como luego veremos.



El oficial de servicio de la comandancia de Almería comunicó estas primeras informaciones sobre los hechos, en torno a las 20:20 horas de aquella misma tarde, mediante correo electrónico, a la Subdirección General de Operaciones de la
Guardia Civil en Madrid y a la Jefatura de zona de Sevilla y, mediante telefax, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Almería. En ese momento el conocimiento que se tenía de los hechos estaba basado en unas
informaciones preliminares facilitadas por el propio puesto de Roquetas.
Permítanme que les lea esta primera comunicación de la Comandancia de Almería, que lleva número de registro 12.814. Dice así: Sobre las 16:30 horas se persona en esta
unidad Juan Martínez Galdeano, como consecuencia de una discusión por un accidente de tráfico en el que se encontraba implicado, al parecer, según su propia manifestación, porque había estado ingiriendo droga desde el día anterior, siendo perseguido
hasta el cuartel por un grupo de personas de la parte contraria, supuestamente, del accidente de tráfico. Tras aclarar los hechos relativos al accidente de tráfico, una de las partes se ausenta mientras se continúa en el interior del cuartel con el
anterior, solicitándose la presencia de la Policía local para efectuar la prueba de alcoholemia. Al presentarse los policías locales, comienza a presentar signos de violencia contra la fuerza hasta el punto de proceder a las 17:35 horas a su
detención como autor de un delito de alteración del orden público y otro de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad. Prosigo leyendo textualmente. Tras ser reducido, se procede a instruir las oportunas diligencias,
siguiendo en estado de excitación, por lo que se opta por llamar a una ambulancia a fin de que se le administrara un tranquilizante, petición que se reitera en varias ocasiones. Una vez leídos los derechos y mientras iba a ser introducido en el
vehículo para ser trasladado a los arrestos municipales, en el interior del cuartel, vuelve a alterarse de forma violenta, tirándose al suelo, y tras ser reducido de nuevo se observa como deja de


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hacer fuerza, dejando de respirar, por lo que es reanimado hasta que a los pocos minutos se presenta el médico, que venía siendo solicitado desde hacía 30 minutos, quien certifica su muerte. Como consecuencia del forcejeo han resultado
heridos tres guardias del puesto, que han tenido que ser evacuados a un centro hospitalario, presentando en principio lesiones leves por mordeduras, fractura de dedos de la mano y erosiones.
Personada la forense de guardia, en principio manifiesta
que la muerte ha podido ser como consecuencia de un paro cardíaco. Esta es la información que se facilita y se textualiza desde Roquetas.



El lunes, 25 de julio, a las 00:51 horas, el oficial de servicio de la Comandancia de Almería amplía la información suministrada en su comunicación del día anterior y remite un nuevo mensaje, el 2.818, otra vez a la Subdirección General de
Operaciones, a la Jefatura de zona de Sevilla, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Almería. En esta segunda comunicación se explica que el grupo de personas implicadas en el accidente de tráfico con el
señor Martínez Galdeano fue derivado a la Policía local de Roquetas por tratarse de una cuestión de tráfico en vía urbana, competencia de esa Policía local, y que don Juan Martínez Galdeano permaneció en el acuartelamiento en espera de la llegada de
una dotación de la Policía local provista de etilómetro para la comprobación de su grado de impregnación alcohólica, toda vez que al parecer evidenciaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de alcohol u otro tipo de sustancia.
Asimismo, en
esta segunda comunicación se detallan dos incidentes que surgieron en torno a la detención del señor Martínez Galdeano. Ahora les leo también textualmente. El primero de ellos sucede a las 16:33 horas; al ser informado de que se le iba a
realizar una alcoholemia -dice el informe-, Juan Martínez Galdeano intenta darse a la fuga, protagonizando una grave alteración del orden público, momento en el que los guardias civiles presentes en el lugar intentan impedirlo, llegando a la
desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad, motivos estos por los que se procede a su detención. Respecto de este episodio se dice en esta información -también cito textualmente- que, dada la gran resistencia mostrada por esta
persona, es necesario el empleo de la fuerza mínima necesaria para reducirle, procediendo a su detención y a la lectura de sus derechos. El segundo de los incidentes, que derivó en el fatal desenlace, sucede al parecer a partir de las 17:09 horas,
cuando, según este informe que les estoy leyendo, el detenido es conducido hasta el vehículo en el que debía ser trasladado a los arrestos de la Policía local de Roquetas de Mar. Justo en el momento en el que debía entrar el citado vehículo, se
niega a entrar en el mismo y vuelve a resistirse de forma activa contra la fuerza que le conducía. Según el relato contenido, señorías, en esta segunda comunicación, un guardia civil y un guardia alumno eran las dos personas que inicialmente
acompañaban al señor Martínez Galdeano; posteriormente acuden otros tres en apoyo de estos dos, sin que puedan contener al detenido, resultando lesionados con distinto alcance tres de estos agentes. Los agentes actuantes entonces -dicen- requieren
el auxilio de otros miembros en línea de servicio en el cuartel, que se personan, en particular el teniente jefe del puesto. A las 17:00 horas, siempre según el relato de esta segunda comunicación de la Comandancia de Almería, que actúa con la
información que le facilita Roquetas, uno de estos guardias civiles abandona rápidamente el lugar para requerir auxilio médico, toda vez que, según la versión de los agentes que intervinieron, se hacía necesario poner un tranquilizante al detenido;
igualmente refieren diversas llamadas telefónicas, hasta tres (17:26, 17:30 y 17:35 horas), reclamando ayuda médica. Este informe finaliza diciendo que, a las 17:41 horas -les leo otra vez literalmente-, los agentes que se encuentran
inmovilizando al detenido aprecian cómo las constantes del mismo decaen, comprobando que carecía de pulso y no respiraba. A las 17:43 horas tiene lugar la llegada del equipo médico al cuartel de Roquetas y, tras intentar reanimarle, confirman la
muerte del detenido, afirmando que posiblemente se debe a una parada cardiorrespiratoria.



Señorías, como sin duda habrán podido apreciar, es en esta comunicación donde se evidencia por primera vez el empleo de la fuerza por parte de los agentes que tomaron parte en los hechos y donde empieza a ponerse de manifiesto la gravedad de
lo sucedido, pero en esta nota todavía no se evidencian indicios que puedan hacer pensar en una extralimitación por parte de los agentes ni en un uso irregular de medios para intentar controlar a la persona detenida.



A las 20:41 horas del mismo día 25 de julio, la Comandancia de Almería envía un correo electrónico a la Dirección General de la Guardia Civil, sala de Operaciones, y a la Jefatura de zona de Sevilla, en el que comunica que, como
consecuencia de la información reservada ordenada por dicha jefatura y habiendo aparecido indicios que implican de alguna manera al teniente comandante jefe del puesto principal de Roquetas, se ha procedido a su adscripción temporal a la Comandancia
de Almería; en otras palabras, se le ha retirado del puesto de Roquetas y se le ha llevado a Almería, con objeto, dice el teniente coronel jefe -y cito textualmente-, de no entorpecer la investigación. Una decisión, señorías, sin duda adecuada, al
verse implicado en el asunto el responsable del propio puesto. El día 25, sobre las 21:00 ó 22:00 horas, me llama -estaba yo en mi domicilio- el delegado del Gobierno de Andalucía y me refiere que en el vídeo se ven golpes, la utilización de al
menos una porra eléctrica y la decisión de trasladar al teniente del puesto; esto que les he comentado ahora. Le indico que me remita toda la información de que disponga, que lo haga por escrito, lo cual hace el delegado del Gobierno en las
primeras horas de la mañana del día 26, horas en las que también hablo con el director general de la Guardia Civil, que me confirma las informaciones del delegado -las que se conocen hasta ese momento- y me dice que efectivamente se ha utilizado una
porra eléctrica al menos, que se han dado golpes y


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que puede haber aspectos que evidentemente hay que aclarar, mucho más allá de los conocidos hasta el momento. Le recuerdo al director general de la Guardia Civil tres criterios claros del Gobierno. En primer lugar, una máxima e inmediata
colaboración con el juez instructor; en segundo lugar, una urgente, rápida y eficaz investigación interna y, en tercer lugar, la adopción de las medidas cautelares que sean pertinentes, dentro del ámbito de las competencias del director general,
para garantizar el servicio a los ciudadanos y la solidez de las instituciones, empezando por el prestigio mismo de la Guardia Civil. Naturalmente, el director general de la Guardia Civil me dice que comparte tales criterios. Luego les referiré
cómo actúa en consecuencia.



A las 0:05 horas del día 26 de julio, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Almería remite informe de urgencia a la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil en Madrid, informe fechado el día anterior, en el que se da
cuenta del desarrollo de las investigaciones realizadas hasta ese momento. Como les digo, este informe se recibe en la Subdirección General de Operaciones de Madrid el día 26 de julio a las 0:05 horas. La parte final del informe dice lo
siguiente: A lo largo del día hoy se han practicado las siguientes diligencias: primero, la autopsia del cadáver por dos médicos forenses, que informan, en un primer avance, que la muerte se debió a un fallo multiorgánico, apuntando como causa
principal una insuficiencia respiratoria; segundo, instrucción de diligencias, manifestaciones de los guardias civiles implicados, policías locales que fueron llamados al cuartel y personas que tuvieron el altercado con el fallecido, que, según
estos últimos, fueron persiguiéndole hasta el cuartel, y, tercero, visionadas -dice este informe que llega a Madrid el 26 de julio a las 0,05 horas- de nuevo las cintas, se observa en una de ellas cómo el detenido, esposado, al ser trasladado a su
vehículo oficial para ser conducido a arrestos municipales, está siendo reducido por cuatro guardias civiles en el suelo del patio, tras haber sufrido los guardias una agresión, de cuyas lesiones serían posteriormente tratados en una clínica.
Mientras se le reducía en el suelo, aparece de paisano el teniente del puesto, quien, provisto de una defensa, al parecer rígida, de tipo telescópico, en una mano y en la otra una defensa eléctrica, comienza a reducir al detenido con golpes de
defensa y descargas, al tiempo que el detenido propinaba patadas y movimientos bruscos del cuerpo. Tras varios minutos de forcejeo se observa cómo es arrastrado fuera de la visión de la cámara, permaneciendo en el patio hasta que se presenta el
personal sanitario unos 20 minutos después. Esta última circunstancia -sigue este informe de urgencia- no fue referida ayer por el teniente al comandante ni al alférez de la unidad orgánica de la Policía judicial y, aunque aún no se puede
determinar si el empleo de esa fuerza pudo haber sido el causante del fallecimiento, cuestión que quedará aclarada, supuestamente, con el resultado de la autopsia, junto con la crudeza de las imágenes, han llevado a esta jefatura a relevar al
teniente del mando del puesto y comisionarlo temporalmente a la jefatura de esta comandancia, a fin de que no entorpezca la investigación de los hechos, sin que en ningún momento suponga ninguna vulneración del principio de presunción de inocencia.
Diligencias y fe de la grabación, así como la defensa, serán puestas a disposición judicial en la mañana del día 26.



El director general de la Guardia Civil en tal caso, señorías, con esta información urgente que tiene, con el parte que le mandan sus subordinados, previo informe jurídico del general auditor, abre expediente gubernativo el día 26, con el
número 103/2005, por los motivos que se habían hecho constar en las conclusiones de la información reservada, esto es, por la presunta comisión de una falta muy grave del artículo 9.9, que les he referido. Les voy a leer la resolución que dicta,
textualmente, el director general de la Guardia Civil. A la vista -dice- de la documentación que se acompaña, integrada por el parte emitido por el teniente coronel jefe de la Comandancia de Almería de fecha 26 de julio de 2005 y relativa al
comportamiento del teniente del puesto de Roquetas de Mar, de la que se desprende que dicho oficial, en la tarde del 24 de julio, empleó para reducir a un paisano detenido, que falleció en el acuartelamiento de Roquetas de Mar, dos porras, una
eléctrica y otra extensible, no autorizadas, mientras otros guardias pertenecientes al puesto de Roquetas intentaban sujetarle, y a la vista de que se relata también en el parte una actitud de poca colaboración de dicho oficial hacia el comandante
que instruye la información reservada sobre lo sucedido, resulta que el mismo pudiera haber incurrido en una falta muy grave de 'observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituyan
delito', prevista en el artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, dicho sea sin perjuicio de que, una vez que se cuente con la información reservada que se está instruyendo, pueda variarse o dejarse sin efecto la
calificación provisionalmente apuntada, por lo que vengo a acordar la incoación del expediente gubernativo, etcétera. En este expediente gubernativo, además de ser incoado, se decreta como medida cautelar el cese inmediato en funciones del teniente
del puesto de Roquetas por el término de tres meses, que es el máximo que permite la ley al director general de la Guardia Civil en los casos de incoación de un expediente disciplinario. Le es notificado el acuerdo en la misma tarde del 26 de julio
de 2005 al referido teniente, es decir, al expedientado.



A las 17:30 horas del día 26, señorías, se notifica al teniente la incoación del expediente disciplinario y el acuerdo del cese en funciones, como les he dicho. Por su parte, la unidad orgánica de Policía judicial, que me permito recordar
a SS.SS. que procede a la apertura de las diligencias correspondientes al atestado, número 106/2005, en la tarde del mismo día 24 de julio, practica todas las actuaciones propias del atestado. Se oye en manifestación al conductor del vehículo con
el que tuvo el accidente el fallecido, a un testigo sobrino de éste, a agentes de Policía local y de Guardia Civil que


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pudieron tener conocimiento de los hechos, declaraciones que se verificaron todas ellas a lo largo del día 25 de julio. En segundo lugar, realizan el informe técnico fotográfico del lugar de los hechos, inspección ocular del vehículo del
fallecido. En tercer lugar, se asiste a la práctica de la autopsia. En cuarto lugar, se incorpora al atestado la documentación correspondiente al caso, quedando integrado por los siguientes documentos: el acta de detención y lectura de derechos
al señor Martínez Galdeano; informe fotográfico del lugar de los hechos e informe fotográfico de la autopsia; inspección ocular del vehículo y diligencias de prevención del accidente de circulación; un fax del servicio de emergencias sanitarias
061, de Almería; el informe del facultativo que asistió al fallecido, una vez producido el óbito; los partes de lesiones de los cuatro agentes que resultaron heridos en el forcejeo; la denuncia presentada ante el instructor del atestado por la
familia del señor Galdeano y las fotografías del material de defensa empleado. Este material se entrega igualmente al juzgado.



Con motivo de las numerosas diligencias que fue preciso practicar al atestado, el alférez instructor del mismo contacta el 25 de julio con la juez encargada del caso y acuerda con ella entregar el 26 de julio un adelanto de lo actuado.
Posteriormente, la juez dispuso que se remitiera el atestado completo el 27 de julio, debido a que el 26 era fiesta local en Roquetas de Mar. Tal y como se había dispuesto, la diligencia de entrega del atestado se verifica al Juzgado de Instrucción
número 1 de dicha localidad, en funciones de guardia, a las 10:30 horas del miércoles día 27. Igualmente se facilita al juzgado con la misma fecha y por parte del alférez jefe accidental de la unidad orgánica de Policía judicial el disco duro
maestro principal y el disco duro esclavo secundario del puesto de Roquetas. Por su parte, y una vez entregado el atestado el 1 de agosto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 comunica a la sección de investigación de la unidad
orgánica de Policía judicial de la Comandancia de Almería la citación en calidad de imputados no solo del teniente comandante jefe del puesto de Roquetas, sino también de siete guardias civiles del puesto y del octavo guardia civil alumno y les cita
a declarar los días 3, 5 y 8 de agosto. Hasta aquí las diligencias del atestado hasta la fecha que, tal como les he indicado, fueron puestas -como es natural- a disposición de la autoridad judicial competente para la instrucción del procedimiento
judicial penal.



El 26 de julio el comandante instructor de la información reservada presenta el informe a la Comandancia de Almería. Se había presentado, como les dije, un informe urgente y el 26 de julio se fecha este informe que se recibió en Madrid el
día 28 de julio. En el mismo, el comandante explica que cuando el funcionario del GATI, es decir, del Grupo de informática de la Guardia Civil, estaba rescatando las imágenes del vídeo observa unas imágenes no vistas el día anterior. El vídeo fue
remitido a la Jefatura de la comandancia y visto su totalidad -estoy citando textualmente el informe reservado- por el teniente coronel jefe de Almería y por el comandante instructor de esta investigación interna, que informa que lo que se había
dejado de ver -comillas- era lo siguiente: A las 17:16 horas se observa cómo aparece en las imágenes, hacia la parte delantera del vehículo, el detenido esposado con las manos por delante, vistiendo solo ropa interior, que está siendo reducido por
otros cuatro guardias civiles que, abalanzados sobre él, lo intentan sujetar contra el suelo, al tiempo que se le ve defendiéndose. Segundos después aparece en escena el teniente Rivas vestido de paisano, quien provisto de una porra en la mano
derecha, según se aprecia, del tipo rígida telescópica y una defensa eléctrica en la izquierda comienza a golpear con ambas al detenido, al tiempo que una guardia civil femenina le arremete un golpe con una defensa de las del tipo reglamentario en
las piernas. Durante dos minutos se observa cómo el teniente golpea al detenido con ambas defensa repetidas veces, al menos siete veces con cada una, en piernas, brazos y tronco, mientras que el resto lo sujetan por las manos, observando cómo es el
teniente el que lleva la iniciativa, mientras el resto observa o sujeta con las manos a la vez que el teniente ordena a algunos que salgan del cuartel -entre paréntesis- al parecer para ir al ambulatorio y dejar expedita la calle de posibles
mirones. El detenido -sigo citando textualmente- reacciona a los golpes y descargas mientras siguen reteniéndole por las manos, de las que le arrastran hasta salir de la visión de la cámara a las 17:18 horas. Posteriormente, a las 17:43 horas,
se observa cómo llega personal sanitario del ambulatorio y a las 17:44 horas, del 061. A modo de conclusión, en este informe interno, de información reservada, figuran las siguientes consideraciones sobre la conducta observada por el teniente
comandante del puesto de Roquetas.
Primero, que el teniente ha empleado dos defensas no reglamentarias, como son la eléctrica y la rígida telescópica. Segundo, que el teniente obvió estas circunstancias en su declaración del día 24, cuando, al ser
preguntado por el instructor sobre los métodos empleados en la reducción del detenido, le manifestó que solo se había utilizado la fuerza, defensas de goma reglamentarias, incluso un spray de dotación. Basándose en estas consideraciones, el
instructor concluye que el teniente podría ser autor de una falta muy grave enmarcada en el artículo 9.9 de la Ley disciplinaria, como es observar conductas graves y verdaderamente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución
que no constituyan delito.



Señorías, el 3 de agosto la Comandancia de Almería remite a la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil copia del informe de la autopsia practicada, en la cual se reflejan todas las múltiples lesiones que presentaba el
fallecido y las siguientes conclusiones provisionales, a espera de los análisis tóxicos y criminológicos encargados, conclusiones que paso a leerles textualmente. En primer lugar, concluye este informe provisional de la autopsia, que llega a la
Guardia Civil el 3 de agosto, que existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del


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sujeto. En segundo lugar, que la causa inmediata de la muerte es una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda, síndrome asfíctico general. En tercer lugar, que la causa o causas fundamentales de la muerte se encuentran en
estudio. Y, en cuarto lugar, que la data de la muerte aproximadamente debió ser las 17:44 horas del día 24 de julio de 2005. Estas son las conclusiones textuales de ese primer informe de la autopsia, que es del 29 de julio, pero que llega a la
Guardia Civil el 3 de agosto.



El Gobierno, el Ministerio del Interior y el de Defensa y la Dirección General de la Guardia Civil actúan de inmediato a la vista de la investigación interna y del informe de la autopsia. El día 4, es decir, al día siguiente de tener este
informe, se adoptan las siguientes decisiones. En primer lugar, con carácter inmediato la Dirección General de la Guardia Civil inicia las acciones disciplinarias oportunas en relación con el resto de los guardias civiles que, según parece,
tuvieron alguna participación en los incidentes relacionados con la detención del señor Martínez Galdeano. En segundo lugar, da traslado al Ministerio de Defensa de las actuaciones sobre las que pudiese basarse, para en su caso proceder en relación
con dichos agentes conforme a lo determinado en el artículo 85.2 de la Ley de personal de la Guardia Civil, que permite en estos casos declarar el pase a la situación administrativa de suspenso en funciones por un tiempo máximo de seis meses, como
medida administrativa independiente del cese en funciones de carácter disciplinario que ya había adoptado el director de la Guardia Civil en el expediente disciplinario. En consecuencia, la Dirección General de la Guardia Civil acuerda el mismo día
4 ampliar la orden de proceder en el expediente gubernativo 103/2005, abierto inicialmente como consecuencia de los incidentes de Roquetas, por considerar que debían depurarse también las posibles responsabilidades disciplinarias que por parte del
teniente, de siete guardias civiles y del guardia civil alumno pudiera haberse incurrido, como consecuencia de un presunto exceso en los medios y en la respuesta empleada para reducir la resistencia del señor Martínez Galdeano, conducta que, de
acreditarse, pudiera integrar la falta muy grave de abuso de atribuciones y práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentran bajo su custodia, contenida en el artículo 9.2 de la Ley
disciplinaria. De esta forma se depurará en un único expediente no solo la falta inicialmente imputada al teniente, sino también esta extensión a la que me acabo de referir, la falta muy grave, malos tratos a personal civil, en la demarcación del
artículo 9.2. La resolución adoptada el pasado día 4 por la Dirección General de la Guardia Civil también ordena el cese en sus funciones de los siete guardias civiles y del guardia alumno por el término de tres meses previsto en el artículo 35 de
la Ley disciplinaria, también el tiempo máximo de cese cautelar que se puede adoptar en el expediente disciplinario. Esta medida, como ya había sido adoptada en el primer tramo del expediente de 26 de julio con relación al teniente, no se adopta
lógicamente de nuevo con relación a este; ya había sido adoptada. Igualmente, el ministro de Defensa, competente para adoptar en este caso la decisión, acuerda con carácter inmediato y en la misma fecha el pase a situación administrativa de
suspenso en funciones del teniente y de los siete guardias civiles relacionados con los hechos por un período de seis meses, el máximo previsto en el artículo 85 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil que les he citado anteriormente,
sin que, dada su específica situación administrativa, esta decisión se pudiera extender al guardia civil alumno.



Señorías, hasta ahora les he relatado, por un lado, la secuencia de los hechos y, por otro, cómo se ha ido teniendo conocimiento de los mismos, así como las actuaciones administrativas y disciplinarias que se han ido adoptando dentro del
ámbito de competencias de los ministerios del Interior y de Defensa. A partir de este momento no cabe tomar más decisiones que las que se deriven del desarrollo de la propia actividad judicial o de la aparición de nuevos hechos de los que se
pudiera tener conocimiento y que obviamente serían puestos de forma inmediata en conocimiento del juez que instruye el caso y del instructor del expediente gubernativo, si fueran de interés para el expediente gubernativo abierto en la doble vía que
les he referido anteriormente.



Como SS.SS. conocen perfectamente, la iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impide la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos, pero, como también saben perfectamente,
la resolución definitiva del expediente disciplinario solo puede deducirse cuando la sentencia o resolución dictada en el procedimiento penal sea firme, siendo vinculante la declaración de hechos probados; en definitiva, hay que tramitar todo el
expediente, pero cualquier resolución al expediente disciplinario hay que dejarla pendiente hasta que se produzca la resolución judicial en firme.
Por otro lado, en relación con este o similares casos, incluso sin que se produzca un desenlace tan
grave como el actual, el Ministerio del Interior aplica y aplicará, como les dije anteriormente, el principio de tolerancia cero ante cualquier irregularidad que suponga vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos, y actuaremos en la
aplicación de este principio siempre bajo normas de transparencia absoluta y de cooperación con el resto de los poderes del Estado, en particular con el Poder Judicial y naturalmente también con el Parlamento del Estado.



La firme determinación de mi departamento, señorías, en la corrección y erradicación de las conductas que puedan vulnerar la legalidad vigente puede constatarse a partir de la simple enumeración de los hechos que acabo de realizar y de lo
dispuesto y actuado en cada uno de ellos. Se han ido adoptando en cada momento las medidas que la situación requería, que son las medidas razonables y proporcionadas a los hechos conocidos, con absoluta contundencia y también con absoluta justicia.
Este ministro y su equipo están comprometidos a que, con respeto estricto y riguroso al principio de presunción


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de inocencia que ampara a los agentes que intervinieron en los hechos, la investigación de los mismos y la exigencia de responsabilidades lleguen hasta sus últimas consecuencias, sean las que sean. Es un compromiso para el caso que nos
ocupa y que reafirmo aquí para cualquier situación de similares o parecidas características que el futuro nos pueda deparar. He de reiterarles también, señoras y señores diputados, sobre todo porque es necesario salir al paso de algunas
generalizaciones que se han podido oír estos días, que los miembros de la Guardia Civil desempeñan sus funciones con absoluto respeto a las leyes y a los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Su actuación y el inestimable
servicio que prestan al ciudadano quedan fuera de toda duda, y no consentiré como ministro del Interior que el prestigio de la Guardia Civil sea empañado por ninguna circunstancia o hechos que en cualquier caso son aislados y excepcionales. Cuando
se produce alguna excepción, nuestras instituciones disponen, como lo demuestra este episodio, de instrumentos suficientes y necesarios para investigar y, en su caso, depurar responsabilidades tanto por lo que se refiere a la esfera penal como por
lo que se refiere al ámbito disciplinario.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señorías, realizan cada año cientos de miles de actuaciones policiales con rigor y profesionalidad y con respeto a los valores constitucionales que fundamentan nuestra vida social y democrática,
y son escasísimos los casos de desviación ilegítima en la actuación policial. Con ello quiero reiterarles que el Ministerio del Interior confía, como lo hace toda la sociedad, en la calidad de la actuación de nuestros cuerpos de seguridad y, en
concreto, en la calidad y profesionalidad con que la Guardia Civil desarrolla cotidianamente su labor. Pueden creerme que para la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para los titulares a diferentes
niveles de la gobernación del país el hecho de que se produzca un solo caso aislado, uno solo, es inadmisible, que quede claro, y siempre que se produce cualquier hecho aislado se debe desplegar con absoluta determinación una investigación
exhaustiva a los diferentes niveles que les he explicado y hay que exigir todas las responsabilidades del tipo que sean y al nivel que sea que haya que exigir. En eso el Gobierno no va a retroceder ni un milímetro y va a ser inquebrantable en la
defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de los ciudadanos de nuestro país, no les quepa ni la más mínima duda.



En esa línea, y por entrar ya en el terreno de la gestión política, uno de los objetivos prioritarios de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, es velar por el estricto
cumplimiento de los derechos humanos en las tareas que cotidianamente desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, prestando especial atención a que la actuación de sus miembros se ajuste a criterios de integridad y dignidad y que
impidan cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad dio ya en su día instrucciones precisas al máximo responsable de dicha inspección para
vigilar e investigar, bajo el principio ya expresado de tolerancia cero, cualquier tipo de comportamiento o de situaciones personales o materiales que comporten una vulneración o riesgo de vulneración de los derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con los servicios policiales, especialmente en aquellas situaciones en las que los ciudadanos puedan encontrarse bajo custodia de los agentes policiales. Este compromiso y mandato fue expuesto por el propio secretario de Estado en una
comparecencia en el Senado el pasado 23 de mayo. Dado nuestro compromiso, señorías, estamos dispuestos a potenciar en este ámbito -en realidad lo estamos haciendo ya- las relaciones de la inspección con los organismos que dentro del sistema
institucional público o dentro de las instituciones de nuestra por lo demás sana y democrática social civil velan por la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, como el Defensor del Pueblo, organizaciones como Amnistía Internacional y otras
no gubernamentales que actúan y participan activamente en este tipo de políticas. Las instrucciones en este sentido son las de trabajar estrechamente con estas instituciones y organizaciones, pero no se trata solo, como es evidente, de voluntad,
sino que para materializar de modo efectivo estos objetivos hemos puesto ya los medios adecuados, medios que el secretario de Estado de Seguridad tuvo ocasión de explicar con detalle en la comparecencia a la que antes hice referencia. De este modo
se ha procedido, señoras y señores diputados, a potenciar los medios puestos a disposición de la Inspección de Personal y Servicios mediante la modificación de su relación de puestos de trabajo, que hemos enfocado en una doble dirección: por un
lado, unificando la estructura de la propia inspección, ya que hasta entonces pervivían en la práctica dos estructuras paralelas, una para la Policía y otra para la Guardia Civil, se ha simplificado la estructura de mandos intermedios y se ha
propiciado su actuación conjunta; y en segundo lugar hemos incrementado los efectivos de este servicio de inspección en un 30 por ciento, principalmente por lo que se refiere a los funcionarios responsables de realizar las inspecciones (los
auditores investigadores), que suman ahora un total de 25 puestos de trabajo. Además, en la nueva estructura se ha creado un grupo específico de inspección de carácter especializado para la realización de las llamadas investigaciones incidentales y
que tiene por objeto el conocimiento puntual de determinados hechos o situaciones como los que aquí nos ocupan en orden a proponer las medidas oportunas en relación con los mismos. Disponiendo de tales medios y de tales capacidades, hemos acordado
que el secretario de Estado de Seguridad encargue a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad la realización de una amplia evaluación de situación en relación con el respeto de los derechos de las personas detenidas o que se encuentren bajo
custodia en los centros policiales al efecto, así como sobre las condiciones materiales en las que se desenvuelve dicha custodia y detención, todo ello


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con objeto de valorar con carácter general la situación actual de nuestros centros y el cumplimiento en la práctica de nuestra normativa al respecto, a fin de proponer en su caso soluciones de mejora, porque todo es mejorable en esta vida,
de los mecanismos e instrumentos de que disponemos. El comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su inmensa mayoría es bueno, pero todo es mejorable, y en ese camino de mejorarlo es en el que estamos. Por último, he
encomendado al Comité ejecutivo para el ejercicio del mando unificado la revisión de los procedimientos, protocolos e instrucciones relacionados con el trato a los detenidos o personas bajo custodia policial, a fin de elaborar una específica y
actualizada directiva común para los dos cuerpos policiales en la que se contemplen instrucciones precisas sobre el respeto de sus derechos y con la activación de los procedimientos de control de las situaciones que eventualmente puedan producirse,
a fin de evitar y, en su caso, investigar con rapidez, eficacia y objetividad las desviaciones que puedan producirse. De todo ello el secretario de Estado y yo mismo daremos oportuna cuenta a SS.SS. en esta Comisión de Interior.



Finalmente quería decirles algunas cosas. Mi punto de vista es claro: la calidad del sistema democrático español está fuera de toda duda en diferentes aspectos y también en el aspecto de la gestión policial cotidiana de los derechos y
libertades de los ciudadanos. Este Gobierno decidió en abril de 2005 firmar el protocolo facultativo del Convenio contra la tortura de Naciones Unidas, con la finalidad, entre otras, de que se abra a las autoridades competentes, según el convenio,
el sistema de visitas abierto para que se pueda acceder a cualquier centro de detención y comprobar en cualquier momento qué es lo que se hace en cada uno de ellos; es decir, hay calidad en nuestro sistema democrático y existe, ese es nuestro
compromiso político y jurídico, una absoluta transparencia en la gestión de los centros policiales, de Policía y de Guardia Civil. Por tanto, hemos adoptado, y seguimos haciéndolo, todas las iniciativas políticas que sean pertinentes y además
seguiremos actuando con la sociedad civil y con las instituciones internacionales para mejorar en todo lo posible la calidad de nuestro sistema policial.



No quiero terminar, señorías, sin repetirles tres cosas. En primer lugar, que el Gobierno va a mantener una tolerancia cero frente a cualquier irregularidad, por mínima que sea, que afecte a los derechos y libertades de los ciudadanos y a
sus garantías; en segundo lugar, que cualquier irregularidad será investigada rápida y certeramente y cualquier responsabilidad será exigida con toda contundencia y con toda justicia; y, en tercer lugar, que, repito, la Guardia Civil es una
institución que presta un extraordinario servicio a la sociedad española y que su prestigio y estabilidad no van a quedar empañados por hechos en cualquier caso aislados y excepcionales.



Señoras y señores, muchas gracias, y quedo a su disposición.



La señora PRESIDENTA: Abrimos ahora el turno de intervención de los grupos parlamentarios, que se realizará de la forma convencional, es decir, intervenciones de menor a mayor, todas ellas por un tiempo aproximado de diez minutos.



Tiene la palabra, por lo tanto, la portavoz del Grupo Mixto, señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a intentar ser breve, por lo que no podré justificar algunas de las afirmaciones in extenso, como me hubiera gustado, pero el tiempo manda.



En primer lugar, agradezco al ministro su detallada. Lo conocíamos por los medios, pero, lógicamente, teníamos interés en saber de primera mano y de su propia voz exactamente qué es lo que se había hecho, cómo un ciudadano que llega a pie a
un cuartel de la Guardia Civil, independientemente de la condición por la que entre, independientemente de las sustancias o no sustancias o estupefacientes que haya podido ingerir o no, puede salir al cabo de un cierto tiempo muerto por la
utilización de una violencia por parte de los miembros del cuartel de la Guardia Civil, cuya única función es la de protección de los ciudadanos. Este es un hecho de una gravedad extrema. Esta es la cuestión. A partir de ahí, hemos seguido las
explicaciones, al menos lo que se conoce ahora, y no entraremos en la parte judicial, pero hay algunas cuestiones que nos gustaría aclarar.



En primer lugar, queremos saber si es cierto o no que el teniente que hoy es objeto de expediente y máxima responsabilidad del cuartel había sido objeto previamente, en el mes de febrero o en cualquier otra ocasión, de denuncias por malos
tratos, si es verdad o no, y si es que esto fue así, qué se hizo de esas denuncias, qué actuaciones administrativas se llevaron a cabo y cómo quedó la situación.



En segundo lugar, entre la cronología de los hechos, nos ha contado usted que se percibe de manera clara y objetiva que hay una ocultación de pruebas en cuanto a la comunicación de lo que contienen las imágenes, que hay que sacarlas del
disco duro. En el relato de los hechos habla usted de dos incidentes. De lo que hemos podido saber por lo que usted nos ha contado y de las informaciones de prensa, parece que hay un rato largo en que el señor Martínez Galdeano está también dentro
del cuartel y de cuya estancia no sé si existen grabaciones o no. Usted habla de los dos incidentes cuando sale, pero durante más de media hora esta persona, entre incidente e incidente, parece que está en el cuartel. No nos ha hablado de esa
estancia de más de media hora, y nos gustaría saber qué es lo que sucede interiormente en ese momento.



En tercer lugar, está claro que el 26 de julio el director general de la Guardia Civil es conocedor al menos de la utilización de instrumentos no reglamentarios, no oficiales, una porra rígida y una porra eléctrica.
También es conocedor -y
ustedes lo saben- de que incluso Amnistía Internacional se ha interesado por este tema en concreto este año a través de sendas comunicaciones al


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ministerio en relación con esta cuestión de la utilización de porras eléctricas, hablando de la unidad de intervención especial, de la Guardia Civil y de determinadas policías locales. Por tanto, me consta que en el ministerio y en la
Guardia Civil hay un especial debate, en el sentido de haberlos prohibido sobre este tipo de instrumentos. El 26 de julio el director general de la Guardia Civil sabe que hay ya una utilización irregular de medios que pueden producir la muerte en
muchos casos -tenemos datos para poder hacer esta afirmación- y, sin embargo, el 3 de agosto el director general de la Guardia Civil minimiza toda la cuestión, dice que no tiene especial relevancia y que, por tanto, lo que vale es que en el
expediente de ese teniente no hay ningún acto contrario en su conducta, cuando en ese momento ya sabe que se han utilizado dos instrumentos que en muchos casos generan lesiones importantes en las personas. Nos preguntamos qué opina usted de esa
declaración, de esa opinión y de esa actitud del director general de la Guardia Civil.



En cuarto lugar, me ha sorprendido una afirmación que usted ha hecho, que a lo mejor es simplemente una manera de hablar y no sé si quiere decir alguna otra cosa, cuando dice que el 26 de julio le recuerda usted al director general de la
Guardia Civil los principios que comparten. ¿Qué quiere decirnos, que si usted no toma cartas en el asunto el expediente hubiera sido de otro tenor o de otra naturaleza? Pregunta que le hago porque a lo mejor me he equivocado a la hora de
interpretarlo, pero me ha parecido curiosa esta manifestación.



En quinto lugar, parece ser también, aunque no lo ha citado, y simplemente lo pregunto por saber si es veraz o no, que los guardias civiles arrastran a esta persona para que no esté en el ámbito de la captación de imágenes por los vídeos.
También nos gustaría saber su opinión sobre dos cuestiones: ¿qué le parece al ministro del Interior que nueve personas, es decir, el resto de los agentes, de los cuales parece que ha habido utilización de la violencia porque ha habido multitud de
lesiones en diferentes zonas, aunque evidentemente hay una persona, el teniente, que hace una mayor utilización o más grave de esa violencia, no dijeran nada.
¿Le parece normal que ninguno hiciera ninguna declaración respecto a esa utilización de
la violencia? También me gustaría saber su opinión en cuanto a la actuación de las autoridades que dependen del Gobierno -no hablaré del alcalde, pero sí del subdelegado-, en relación con la protección de las víctimas y sus familias.



Esto sobre el tema en cuestión, sobre el que formularemos nuestra opinión y posición al final, pero todo este tema nos lleva a una reflexión mucho más global y general, que sabe el ministro que esta diputada y el partido al que representa
lleva haciendo muchos, muchos años, y lo hice también en la primera comparecencia que tuvo usted en esta Comisión cuando fue nombrado ministro. El tema es estructural, y no estoy diciendo que sea práctica habitual, entiéndame bien, no es práctica
habitual, pero es un problema estructural, como dicen tres personas que conocen bien -y voy a utilizar sus declaraciones para que no sean las mías- estos temas porque se dedican a ellos. La secretaria de Amnistía Internacional, Irene Khan, señalaba
que la tortura en España no es sistemática, pero que creen que hay denuncias serias; el Comité para la prevención de la tortura, dependiente del Consejo de Europa, ha recriminado en multitud de ocasiones a España por el incumplimiento de sus
recomendaciones para adoptar medidas efectivas de control para evitar torturas y malos tratos; el relator especial para la tortura del Comité de Derechos Humanos, el señor Theo van Boven, decía recientemente que el sistema legal en España permite
en la práctica la existencia de malos tratos y torturas; el Comité contra la tortura de la ONU afirmaba igualmente que no hay la menor duda de que hay casos de tortura en España. No digo que sea práctica habitual, sino que hay casos y que no
estamos planteando todos los mecanismos suficientes para evitar que se puedan producir.



Señor ministro -voy terminando-, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rellenar de contenido la moción que este Congreso aprobó el 17 de mayo.
Tenía tres puntos importantes. Uno es el de la prevención. Hay que prevenir para que esto no
vuelva a ocurrir, aunque sea solo un caso. Hay que rellenar esto de contenido, que es algo que llevamos diciendo mucho tiempo a través de diversas iniciativas. Es necesaria la formación en derechos humanos para que los agentes sepan exactamente
cuál es el trato que deben dar a las personas de cualquier orden, estén detenidas, estén en prisión o no; formación y educación en derechos humanos en relación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, porque sabe el señor ministro
que la tortura y los malos tratos son un delito de abuso de poder que es difícil de investigar. También son necesarias medidas legislativas como derogación de la incomunicación. Si esto le ocurrió a esta persona en mitad de la calle, viéndolo todo
el mundo y con cámaras grabando, explíqueme, señor ministro qué puede pasar cuando hay hasta trece días de incomunicación sin que se sepa qué pasa en ese tiempo, sin que nadie lo vea, sin que haya una cámara, sin que haya un vídeo, sin que se pueda
llamar a un abogado ni a un médico de su propia elección; explíqueme qué capacidad de defensa puede tener una persona si es que ocurriera un caso de estos: nula capacidad de defensa. La incomunicación es el momento más opaco en el que pueden
ocurrir ciertas cosas. Esta vez ha ocurrido en plena calle, ha ocurrido con cámaras y por eso sabemos que se han ocultado determinadas actuaciones. ¿Y si no llega a haber cámaras? ¿Y si no llega a estar en medio de la calle? ¿Y si llega a estar
en un lugar de incomunicación? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos sabido, señor ministro? Nada.



También hay que grabar los interrogatorios de las personas detenidas en dependencias policiales o judiciales. Recomendaciones que hace la ONU -no lo digo yo- son la prohibición de vendar los ojos, la prohibición de encapuchar detenidos,
etcétera. Estas son medidas de prevención, como respecto a los instrumentos no reglamentarios -eso lo sabe muy bien-, en relación con las


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porras eléctricas o las porras rígidas. No es admisible tan siquiera que existan, no que se utilicen, en dependencias de la Guardia Civil o en cualquier dependencia policial. Hay que dar especial protección a personas con mayores
dificultades para protegerse: menores y extranjeros, pues estamos observando que se suelen producir casos con personas extranjeras que tienen más dificultades incluso para argumentar o argüir su propia defensa.



Otro punto en el que hay que rellenar de contenido esa moción del 17 de mayo es el de la reacción. ¿Cómo reaccionamos? Esto es importante. Tiene que haber investigaciones independientes -no estoy juzgando ni calificando lo que se ha hecho
en este caso, lo haremos al final de todo el procedimiento- porque sabemos que en este tipo de cuestiones quienes normalmente investigan, quienes normalmente llevan el expediente son también miembros del propio cuerpo, con lo cual no digo que ocurra
pero pudiera ocurrir que no tuvieran la independencia deseada en esa investigación. Debe haber exigencia de responsabilidades disciplinarias y responsabilidades penales. Evidentemente, a usted no le corresponde la parte judicial-penal, pero sí la
disciplinaria. No hay que minimizar este tipo de cuestiones, como ha hecho el director de la Guardia Civil en este caso; hay que tener mucho celo en la sensibilidad que tienen que generar los derechos humanos de cualquier persona, máxime en
aquellos que tenemos la responsabilidad o que tienen la responsabilidad, es decir, los funcionarios, de custodiar y vigilar, especialmente en el caso de quienes están en una situación de menor defensa en la medida en que pueden tener dificultades
para llevar a cabo su actuación.



Tampoco debe haber indultos, y no lo digo por su Gobierno, pero le recordaré que con el anterior Gobierno, al socaire de aquellos mil y pico indultos a insumisos, se fueron colando indultos a funcionarios policiales condenados en sentencia
firme por torturas y malos tratos.
Hubo que mirar semana tras semana el Boletín Oficial del Estado -porque en esa comparecencia que se pidió para hablar de los indultos nada dijo el anterior ministro de Interior- hasta que aparecieron los indultos
a funcionarios policiales condenados por torturas y malos tratos en sentencia firme. Por tanto, no hay que indultar a quien ha sido condenado por estas cuestiones.



Por último, hay que rellenar de contenido el tercer punto de la moción que aprobamos unánimemente: protección y tutela de las víctimas, rehabilitación social, no iniciar procedimientos judiciales contra aquellos que denuncian malos tratos y
torturas cuando ni tan siquiera -como ocurrió en el caso del director de Egunkaria- se había iniciado una investigación o se había abierto un expediente. Sin investigación y sin expediente se inició un procedimiento judicial, una denuncia, contra
la persona que había denunciado este caso de malos tratos y de torturas. Por tanto, protección a las víctimas.



Hay que rellenar de contenido esta moción, porque nos parece que es importantísimo para que no vuelva a ocurrir un suceso como este. En todo caso, esperamos las aclaraciones que le hemos pedido para adoptar una posición final. Nos parece
muy bien, señor ministro, su tolerancia cero y nos parece muy bien que hay una mayor transparencia informativa; eso no va en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, va solo en detrimento de quienes no respetan los derechos
humanos. Pensar que ocultar información es proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un error. Quien vulnera un derecho humano, quien vulnera las libertades fundamentales no tiene justificación por ninguna razón.
Por tanto, que
quien lo haga sepa que no va a tener amparo ni protección del Gobierno.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Señor ministro, quiero comenzar agradeciendo su presencia aquí y sobre todo que haya sido por decisión personal como ministro de Interior y máximo responsable en todas estas cuestiones operativas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Comienzo también por decirle que me sumo a su condolencia porque ha habido una víctima, un ciudadano que fallece dentro del recinto de un cuartel de la Guardia Civil; por tanto, esa condolencia es doble: es
personal hacia la víctima y sus familiares y también hacia quien puede sufrir desde el instituto de la Guardia Civil esas repercusiones, y me sumo también a su criterio de que es necesario que una conducta individual no empañe una conducta
colectiva.



Paso a valorar su información y su comparecencia, sobre todo las medidas, no solo el detalle de los hechos -y le haré dos preguntas al respecto-, sino también la valoración ética y política de su planteamiento. Lo comparto plenamente, señor
ministro, y le ofrezco el voto de mi grupo para que pueda llevar adelante las medidas como ministro del Interior, con la colaboración de su equipo inmediato. Por tanto, suscribo plenamente el planteamiento que usted ha hecho y comienzo por decirle
que sea usted extremadamente sensible y exquisito, porque estamos de acuerdo con la tolerancia cero ante cualquier hecho que presuponga una conculcación de derechos constitucionales, consagrados en el Título I de la Constitución española, o
cualquier norma de reglamento de comportamiento con detenidos. Pero, señor ministro, tolerancia cero para todo el escalafón, para los de arriba, los de abajo y los de en medio, y usted me entiende, señor ministro. La tolerancia no es un valor
discrecional que se puede aplicar a un determinado nivel de responsables en cualquier institución que esté sometida a unas normas de disciplina.
Usted ha señalado tres niveles de responsabilidad. En primer lugar está el penal-judicial, en el que
no entramos, como bien ha dicho usted, y más por su procedencia profesional de juez y magistrado; a eso estamos obligados todos por imperativo constitucional, y aquí estamos en sede parlamentaria. En segundo lugar están los niveles administrativos
disciplinarios; correcto en las medidas que usted ha


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impulsado. En tercer lugar están las responsabilidades política en las que habría también tolerancia cero, y repito que para todo el escalafón.
Porque, desde luego, el teniente de Roquetas no es la Guardia Civil; la Guardia Civil, que
tiene bien ganado el título de Benemérita, obliga al Gobierno y a todos nosotros, por responsabilidad política, a velar por que no se empañe el prestigio de un cuerpo por un escándalo como el que nos reúne hoy aquí. La defensa del prestigio de la
Benemérita es una cuestión a la que nos tenemos que sumar frente a cualquiera que lo haya conculcado. Vemos periódicamente cómo el servicio de asuntos internos de la Guardia Civil depura responsabilidades de funcionarios venales que se han
corrompido en los puestos de control de drogas, etcétera, en complicidad con mafias. Precisamente para eso hay un reglamento de disciplina y tiene que haber tolerancia cero en cualquier acto presuntamente delictivo o contrario al reglamento del
benemérito instituto de la Guardia Civil. El título de benemérito y los servicios que tiene en su haber con la ciudadanía española están muy por encima, pero nos obligan a todos a proteger ese prestigio, a fin de que no sea empañado por la conducta
deleznable que pudiera tener cualquiera de sus miembros en un colectivo con cerca de 70.000 números en su estructura corporativa. Esto exige que estas depuraciones formen parte del reglamento, porque aquí se plantea también un problema de
credibilidad en la información que se pueda dar. Por tanto, estamos de acuerdo en una tolerancia cero, pero a todos los niveles de exigencia, caiga quien caiga. Como en los incendios forestales que tenemos en esta temporada, los cortafuegos
obligan a cortar para que el fuego no trascienda y para apagar, pero evitando su extensión a zonas que son verdaderamente ejemplares en su comportamiento. Por tanto, al ser la Guardia Civil un cuerpo que ha hecho del honor su divisa, estamos todos
obligados a mantenerla y depurar cualquier atentado contra ella, y no generar un turbio asunto que parece un culebrón extraño que no dice nada bueno de cualquiera de las instituciones que están ahí presentes. Le quiero plantear dos cuestiones, y no
quiero entrar en temas de juicio, porque hay una prueba de la que parece que se dispone en el ámbito judicial y que es una prueba originaria de la institución de la Guardia Civil, que son la cinta o cintas de vídeo que se hayan grabado con las
cámaras que estaban en la zona perimetral del cuartel de Roquetas de Mar. Le hago la primera pregunta al señor ministro: ¿existen ya varias copias de esa cinta o cintas que se grabaron? Porque se ha dado la información de que se llevó una cinta a
la juez instructora del caso, pero se ha dicho que una cinta ha sido ya remitida bien a usted como ministro o bien al director general de la Guardia Civil o a alguna institución de la dirección de operaciones del instituto. Es difícil pronunciarse
aquí sobre una prueba visual que no tenemos, porque está el informe que usted hoy extensamente nos ha facilitado, pero diríamos que hay una prueba de carga que es la cinta de vídeo. No sé si en su momento podría venir esta prueba a esta Comisión, y
con el régimen que se estipule dentro de la Cámara, para que fuera visualizada por los señores diputados, porque ahora estamos dando credibilidad a informes escritos que traducen las imágenes que han visto los que han redactado dichos informes, y
creo que para los diputados de esta Comisión, por lo menos para mí, sería muy temerario entrar en la subjetividad de enjuiciar cuando hay una prueba ocular visualizable de esta situación.



Me sumo también a lo que ha dicho la señora Lasagabaster, y usted también ha señalado, en el sentido de exigir en la inspección que se evite que en los cuarteles o comandancias de la Guardia Civil haya, fuera de lo que es el servicio de
intervención de armas para los ciudadanos normales, que tienen que pasar la revista o hacer los depósitos de armas, armas o instrumentos antirreglamentarios, ilegales o prohibidos. El reglamento de armas y explosivos es muy claro con los
ciudadanos, pero también tiene que ser muy claro y contundente con los arsenales que haya en los armeros o dependencias de las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que ajustarse, y para eso está un servicio de inspección, para que no se
cometan estas situaciones que vemos aquí, porque junto a la gravedad de este hecho, como usted dijo en unas primeras declaraciones, que es que ha habido un muerto dentro de las dependencias de un instituto de las fuerzas de seguridad del Estado, hay
otro, que es que se emplean en el trato vejatorio unos instrumentos ilegales o antirreglamentarios o como se les quiera llamar.



La otra cuestión que quisiera plantearle, aparte de la ya mencionada reclamación de disponibilidad en esta Comisión del vídeo que parece ser que ustedes también han visualizado ya en la copia, es la de los análisis objetivos de ese vídeo ya
visualizado por completo y no con ausencias, porque parece ser que aquí se han sustraído tanto imágenes del vídeo como del dictamen de los forenses, como se ha publicado en los medios de comunicación. Con esto se está echando más gasolina al
escándalo público que se está produciendo aquí, porque esa claridad de información la merecen en estos momentos, señor ministro, dos colectivos: por un lado, la opinión pública española, alarmada, confusa a veces, escandalizada por lo que está
ocurriendo, y, por otro, lo merece también el prestigio de la Guardia Civil, que es necesario proteger de cualquier demagogia del tres al cuarto que trate de vituperar a quienes están cumpliendo con su deber.
Desde luego, desde Coalición Canaria
valoramos cómo se está comportando la Guardia Civil en la represión de los actos de mafias en Canarias, en lo relativo a las pateras que llegan, un servicio ejemplarizante de 24 horas de la Guardia Civil en lo relativo a la represión de la
inmigración ilegal de las mafias. Ahora bien, también hay que saber qué está ocurriendo, si es que hay determinadas presiones o una falta de selectividad, cuando se ha dado en los medios de comunicación la noticia de que en el cuartelillo de
Roquetas de Mar hay 14 bajas por cuestiones psicológicas. Me gustaría saber si esto es cierto o no, señor ministro, y qué medidas se han tomado al respecto, porque llama la atención que en un instituto profesional armado, que no es una ONG, se
estén dando bajas psicológicas en unas circunstancias


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como esta. Debemos ir todos en la línea de subsanar esta situación, y ahí tendrá, señor ministro, nuestro apoyo. Suscribo nuevamente las líneas de actuación que usted ha asumido y tiene nuestro apoyo para conseguir la tolerancia cero a
todos los niveles y que el buen nombre y prestigio de la institución prevalezcan. En su momento, los tribunales de justicia dilucidarán, pero, como usted bien ha dicho, no hay incompatibilidad de expedientes entre el sumario judicial y el
expediente disciplinario o informativo que realizan los servicios de jerarquía y disciplina de la Guardia Civil para que este luctuoso suceso quede perfectamente aclarado.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar quiero agradecer al ministro José Antonio Alonso su comparecencia. Usted sabe pefectamente que nuestro grupo parlamentario solicitó de inmediato a través de nuestro portavoz en esta Comisión, Gaspar
Llamazares, la comparecencia del ministro. Por tanto, lógicamente, nos parece idónea su comparecencia, aunque posiblemente hubiéramos preferido que se hubiera producido antes. En nombre de mi grupo parlamentario quisiera dejar constancia, como ha
hecho el ministro, de nuestro más profundo pésame a la familia y amigos de Juan Martínez Galdeano, que no tuvieron -y este es un tema en el que voy a insistir en mi intervención- ni los medios ni la ayuda necesaria en aquel momento como familia
víctima -y nosotros hemos considerado que este es un detalle de muchísima gravedad- ni por parte de la subdelegación del Gobierno ni de la dirección de la Guardia Civil ni del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, hecho por el que la familia ha
manifestado su queja al considerarlo una falta de sensibilidad muy importante.



Señor ministro, la muerte de Juan ha sido injusta, una muerte que nunca debería haber sucedido y que provoca -no podemos evitarlo- dudas y sospechas, creemos que fundadas, sobre las actuaciones policiales realizadas y sobre el comportamiento
que nos parece desproporcionado, violento y de abuso de poder de un grupo de agentes -y fíjense que digo un grupo de agentes, porque comparto totalmente que no se ha de mezclar un grupo de personas, una, dos, tres, nueve personas, es igual- con una
institución ni con todo un cuerpo. En todo caso, estamos aquí por algo que ha sucedido que es muy grave y, por tanto, no podemos dejar de mencionar este abuso de un grupo de agentes que precisamente tienen como función la de socorrer y ayudar a la
población. Juan llegó por su pie al cuartel de la Guardia Civil, parece ser, huyendo, como ya se ha dicho tanto por el señor ministro como por otros portavoces, debido a que había tenido un altercado de tráfico. Se suponía que allí encontraría
información, ayuda, orientación y si fuera necesario, se le tranquilizaría. Seguro que era esto lo que Juan esperaba cuando se dirigía al cuartel de la Guardia Civil, sin duda, tenía esta percepción, lo que en cierta manera nos hace pensar que lo
que sucedió aquel día fue un hecho en principio excepcional. Sin embargo, por más que lo sea, no hay duda -por todo lo que después se ha ido sabiendo- que es de una enorme gravedad, aparte de que parece ser que había habido anteriores denuncias en
este mismo cuartel. Juan encontró precisamente todo lo contrario: incompetencia, desde nuestro punto de vista falta de profesionalidad, falta de valores, que es lo más grave, y de criterios sobre lo que ha de ser el servicio público policial.



Nuestro grupo parlamentario cree firmemente en el servicio público policial y precisamente porque le corresponde a este servicio público la dimensión humana y de atención ciudadana es por lo que insistimos en esta falta de competencia y de
profesionalidad. La suma de estas faltas de competencia puede provocar sin duda respuestas de violencia desmesuradas, aunque por pequeña que sea, la violencia siempre es desmesurada, sobre todo si parte de profesionales que han de estar capacitados
para resolver dificultades y conflictos. Usted, señor ministro, sabe mejor que yo que los cuerpos de seguridad han de ofrecer a la ciudadanía todo lo contrario a lo que Juan encontró en aquel cuartel, han de ofrecer seguridad y protección y si no
cuentan con la profesionalidad, la competencia, los valores de servicio público necesarios, puede suceder lamentablemente lo que ha ocurrido. Esto puede pasar con 1, 2, 15, 20, 40, 50 agentes; puede ser una minoría, pero mientras haya una minoría
que pueda desarrollar una actuación como la que tuvo lugar, estaremos ante un problema importante.
La muerte de Juan demuestra que hubo toda una serie de actuaciones absolutamente incorrectas.



Bajo la custodia de los agentes se incumple el artículo 6 del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979 y de obligado cumplimiento en
España. Este artículo dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se
precise. El Código Europeo de Ética de la Policía, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo Europa el 19 de septiembre de 2001 -también aplicable en este caso a los agentes de la Guardia Civil en cuanto que son una fuerza pública de
seguridad-, dice que tienen por objetivo mantener la ley y el orden de la sociedad civil y autoriza al Estado a una serie de poderes especiales. El código de conducta nos dice en el artículo 56 que la policía debe garantizar la seguridad de las
personas que tiene bajo su custodia y ha de velar por su salud.



En todo caso, simplemente quería llamar la atención de que, con las actuaciones policiales que se realizaron desde el inicio, se ha incumplido una serie de derechos que tenía Juan. En primer lugar llama la atención, como ya he dicho, que no
se haya atendido como corresponde a la familia y que haya sido ésta la que ha tenido que


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llamar la atención tanto de los políticos como de la Guardia Civil como de los responsables de que no habían tenido esta atención, pues también hay una obligación legal al respecto. En segundo lugar, señor ministro, no acabamos de entender
la decisión de los guardias civiles para someter a Juan a la prueba de alcoholemia, nos gustaría saber lo que piensa usted.
Entendemos que no había un soporte legal para ello porque el incidente de tráfico que al parecer motivó la solicitud de
ayuda de Juan no podía esgrimirse como principio de actividad policial -no había denuncia de la otra parte sobre el incidente ni los guardias lo observaron-, y se hizo una supuesta autoinculpación en este sentido. Cuando Juan se opuso a la prueba
de alcoholemia -si es que era legítima, que entendemos que no lo fue-, la acusación habría tenido que ser de desobediencia grave especificada en el artículo 680 del Código Penal, no la decisión que se tomó. Estamos pues ante un caso de
incompetencia, un caso evidente de tozudez policial, de intento de imponer un poder no teniendo realmente autoridad para ello. Es más, lamentamos decir que con su actitud los guardias perdieron lo que se conoce por auctoritas, basada en la
legitimidad de su acción y en la legalidad de la misma, principios ambos perdidos por la autoría de los hechos. No había motivo para la detención de Juan y menos para su traslado a las instalaciones de la policía local de Roquetas. Todavía estuvo
peor la actuación coercitiva policial de reducción y neutralización física hacia Juan, aplicando una fuerza que posiblemente le llevara a la muerte.



Queremos preguntarle señor ministro -porque no he conseguido comprenderlo- qué piensa el ministerio sobre el uso irregular de las porras eléctricas, si considera que es un caso excepcional o si hay indicios en el ministerio de que pueda
estar sucediendo en otras comisarías o en otros núcleos policiales, hecho que nos parece de enorme gravedad. A pesar de que valoramos muy positivamente el inicio de su intervención, cuando nos ha afirmado que van a tener tolerancia cero, lo cual
aplaudimos y contarán con nuestra colaboración en el seguimiento de lo que será toda la investigación judicial, no compartimos que este suceso se tenga que valorar simplemente como un caso excepcional. Debemos aprender del caso de Juan y su muerte
debería de servir para alguna cuestión más. Debemos ver si en estos momentos se están realmente recibiendo la formación adecuada y destinando los recursos suficientes, porque no solamente hemos de hablar de responsabilidades, sino también debemos
ver qué recursos se destinan a formación, cómo se están realmente realizando los reciclajes necesarios en este Estado de derecho que por suerte tenemos, cómo se está desarrollando todo esto.



Creemos que es fundamental, a pesar de que usted nos ha mencionado una serie de unidades que van a investigar al respecto, que la investigación debiera de ser lo más independiente posible. Por eso, del análisis que estamos realizando,
nuestra propuesta concreta va a ser que se cree una comisión independiente, quizás al margen en este caso del Congrego, no para el análisis de la parte judicial, sino para analizar cómo y de qué manera se está desarrollando esta formación, cómo y de
qué manera realmente la Guardia Civil tiene recursos suficientes para desarrollar en estos momentos su actividad policial. Esta es nuestra propuesta, es lo que transmitimos al Gobierno.



Quisiera hacerle también una serie de preguntas. En primer lugar, la que antes le he formulado en cuanto al uso de las porras no reglamentarias; en segundo lugar, qué valoración hace usted de las primeras declaraciones del director general
de la Guardia Civil, si considera que con sus declaraciones primero y después la falta de atención a la familia esta persona está capacitada realmente para desarrollar su cargo. En tercer lugar, si en estos momentos, además de la información de la
que se dispone -porque me ha parecido entender que podía haber más informaciones al respecto-, puede quedar más información por conocer.



La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PNV, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, gracias por su intervención, que se podría estructurar en dos partes, una primera con un contenido que se podría calificar de cuasi forense, consistente en la lectura de documentos con literatura
administrativa consustancial a estos documentos, la instrucción tanto en el ámbito gubernativo como las pocas cuestiones que en el ámbito jurisdiccional se están practicando, que han sido esclarecedoras en algunos aspectos, particularmente en uno
que le voy a comentar a continuación, y una segunda que ha consistido en la exposición de una serie de valoraciones políticas que en términos generales mi grupo comparte, sobre todo porque parten del presupuesto de la tolerancia cero que nosotros
también predicamos en relación con todo tipo de prácticas aberrantes, como pueden ser las que estamos analizando.
Por lo demás, al margen de lo que se haya podido esclarecer en su exposición, este es un asunto muy turbio, muy negro. Parece más un
thriller o una película de cine negro o de ambiente carcelario -utilice la expresión que quiera-, salvo dos cuestiones que en este momento parecen evidentes y no refutables, una de las cuales le voy a comentar.
En cuanto a qué no vamos a hacer, qué
no vamos a pedir, qué no vamos a instar, nosotros no vamos a pedir la dimisión de nadie en este momento.
Se lo digo porque parece que esto despierta cierto interés mediático.
Solicitar en este momento dimisiones de cualquier persona constituye
algo absolutamente precoz en el ámbito de la información de la que dispone el propio ministerio y en el de la información jurisdiccional de la que se dispone; nos parecería incluso casi una frivolidad pedir dimisiones en este ámbito, en el que la
información no ha fluido con suficiente abundancia y claridad, y además nos parecería una utilización partidista de un episodio tan lacerante, tan luctuoso como este, impropio de esta institución parlamentaria. Por último, pedir dimisiones


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en este momento quizá sea la peor forma de ayudar al esclarecimiento de la verdad, que es nuestra obligación como representantes parlamentarios.



Dicho esto, hay muchos asuntos turbios. Lo claro es, en primer lugar, si le he entendido bien -confírmemelo posteriormente-, que la autopsia obra en poder del ministerio, y me imagino que también de la juez de Instrucción de Roquetas de
Mar, y en la autopsia se proclama de forma clara e inequívoca que la causa de la muerte de Juan Martínez Galdeano son las actuaciones de la Guardia Civil atinentes a su inmovilización.
Además, conocemos ya el informe toxicológico, encargado al
Instituto de Toxicología, en el que, a pesar de sus manipulaciones, conocidas ayer, y de su mutilación en sede jurisdiccional, se especifica que la causa en concreto es la rotura del esternón de Juan Martínez Galdeano dentro del propio cuartel. Esa
es la concausa que ellos estiman que ha producido la muerte a o en manos de las personas que tenían la obligación legal de proteger su vida y su integridad física. Parece que estos datos son claros, señor ministro, y, si lo son, le pido que me los
confirme. Lo que también está claro, señor ministro, es que un ciudadano tras un incidente de tráfico, perseguido por lo que se denomina eufemísticamente la otra parte del incidente, acude a un cuartel de la Guardia Civil solicitando la protección
de los agentes del mismo, quienes tienen la obligación legal de proporcionársela, y esta persona -veremos qué relevancia penal atribuye la Administración de Justicia a la actuación de estos agentes- muere en las manos o a manos de estos agentes, los
que tienen la obligación de garantizar su integridad física y su derecho fundamental a la vida. Esto es inequívocamente claro y a partir de aquí surgen muchas dudas y muchos puntos oscuros sobre este suceso, que quizá nos aclaren cuando obre más
información en su ministerio, incluso ahora mismo mayores pormenorizaciones o mayores profundizaciones.



No sé si se ha enterado usted de que en los documentos entregados a las partes del proceso penal del Instituto Toxicológico se establece que esta persona parecía haber consumido cocaína anteriormente en unas dosis que dicho instituto no
considera relevantes. Pues bien, ese informe del Instituto de Toxicología ha sido mutilado por alguien en el seno del órgano judicial, con lo que se incorpora un elemento de confusión que debe ser tomado en consideración por el ministerio en sus
pesquisas, en su investigación. Ayer escuché hablar en la radio al abogado de una de las partes de este procedimiento que se inicia en este momento y consideraba que en sus múltiples años de experiencia nunca había visto una cosa parecida, una
mutilación tan torpe de un documento, porque además lo que se mutilaba, se excluía o se borraba de ese documento era la parte más relevante del mismo, aquella en la que se establecía precisamente la relación de causalidad entre la fractura del
esternón, la asfixia producida por esta fractura y la muerte de esta persona. Primer incidente, primer asunto turbio que conviene esclarecer. Me imagino que el ministro de Justicia, si ha sido un funcionario el que ha provocado esta mutilación del
documento, o el Consejo General del Poder Judicial, si existe alguna responsabilidad de carácter judicial o atinente a la juez, tomarán cartas en el asunto de forma inmediata y, si no lo hacen, le pido a usted que se comunique con ellos para aclarar
este aspecto que ayuda a enturbiar este luctuoso asunto.



Señor ministro, usted pronunció ante los medios de comunicación una frase enigmática que a mí me ha dejado perplejo y meditabundo y no con una actitud positiva o pro activa al esclarecimiento de la verdad en relación con este asunto. Usted
dijo que la Guardia Civil o los instructores de la Guardia Civil habían encontrado resistencia u obstrucción a las investigaciones realizadas en relación con el esclarecimiento de este asunto. Usted no ha hablado hoy de estas palabras que usted
mismo pronunció, resistencia u obstrucción a las labores de esclarecimiento, a las labores de investigación; sin embargo, a mí me parece particularmente pertinente que usted nos lo explique aquí, pues podríamos estar ante otro tipo penal diferente
-obstrucción a la acción de investigación del ministerio o quizá obstrucción a la acción de investigación de la propia Administración de Justicia-, un tipo penal diferente, pero desde luego algo que no permite presumir que la actuación de estos
agentes que han practicado esta obstrucción, cuya naturaleza queremos saber, cuyo contenido queremos conocer, durante todos los episodios de violencia con esta persona -por fin sabemos que estuvo detenida porque se desconocía el supuesto de su
condición de detenido-, fuera regular, si hay que recurrir a instrumentos de obstrucción a la labor de investigación o a las labores de instrucción realizadas por usted. Me gustaría que profundizase en los actos de resistencia que ha encontrado en
las actuaciones de investigación, de indagación o de instrucción realizadas por la propia Guardia Civil y por su ministerio.



En tercer lugar, señor ministro, aquí se hablado permanentemente de la expresión proporcionalidad o no proporcionalidad en el uso de los medios para la inmovilización del luego fallecido. Señor ministro, parece un insulto a la inteligencia
-le pido que haga aquí una reflexión política- hablar de proporcionalidad o fundar en la pretendida proporcionalidad una actuación de nueve guardias civiles contra una única persona. No puede haber proporcionalidad aunque esta persona sea agresiva
eventualmente, suponiendo que lo sea, aunque esta persona esté bajo el efecto de sustancias estupefacientes, aunque esté alterada, aunque hipotéticamente tenga un carácter violento. ¿Cómo puede haber proporcionalidad en una actuación de nueve
guardias civiles contra una persona cuando precisamente la formación, el carácter profesional de los guardias civiles debe tener como objetivo que se pueda inmovilizar a una persona en la que concurran estas características: la influencia de
sustancias estupefacientes, su carácter alterado, su pretendido carácter violento.
Desde esa perspectiva, respecto a las alusiones permanentes que algunos letrados y asociaciones de la Guardia Civil están realizando, que la actuación fue
proporcional y que el propio


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muerto fue sujeto activo de su fallecimiento, como si esto fuera un peculiar sistema de suicidio, me gustaría saber su opinión en relación con estas reflexiones y si cabe, sin insultar u ofender la inteligencia de nadie, al hablar de
proporcionalidad en una actuación que enfrenta a nueve guardias civiles y a una persona cualquiera que fuera la situación de esta persona, su corpulencia y sus circunstancias físico-anímicas en ese momento.



Las declaraciones realizadas en el Juzgado de Roquetas de Mar por todos los agentes imputados, señor ministro, y que las hemos podido conocer -porque aquí nos encontramos con que a pesar de que las declaraciones son secreto sumarial, las
deposiciones en sede judicial se conocen por los medios de comunicación íntegramente al día siguiente, lo que es una perversión con la que es imposible acabar y, por tanto, con la que hay que convivir- son todas contradictorias entre sí. No es que
las declaraciones de los guardias civiles que han comparecido ante la juez -que por cierto también ha pedido la baja por razones psicológicas, otro elemento que contribuye a mejorar y esclarecer la claridad del episodio- no sean uniformes, sino que
son contradictorias entre sí y son contradictorias con las declaraciones del teniente, del encargado del puesto. Quizá sería pertinente que realizara alguna reflexión sobre estas contradicciones.



Señor ministro, una persona accede voluntariamente a un cuartel de la Guardia Civil, pide su protección y de repente se convierte en detenido.
Tampoco he entendido bien las razones de su conversión en detenido. Ha comentado usted que es
por obstrucción o por resistencia en el momento en que se le comunica que debe someterse a un control de alcoholemia.
Resulta muy sorprendente, en primer lugar, que se desencadene una situación de violencia tan desmesurada. También he escuchado y
he pedido informes a expertos en toxicología por el consumo de sustancias estupefacientes y la cocaína no parecer ser una de las sustancias que precisamente provoque reacciones violentas, sí reacciones hiperactivas, pero no reacciones violentas.
Parece sorprendente que una persona que va a pedir protección a un cuartel de la Guardia Civil y por el mero hecho de anunciarle que se tiene que someter a un control de alcoholemia se produzca una reacción tan desmesuradamente violenta que obliga a
la participación de nueve guardias civiles, de ocho números y un alumno en prácticas, para inmovilizarle. Este también es un supuesto extraño. Es un supuesto que no es frecuente, señor ministro y también convendría pormenorizar las disquisiciones
de investigación en este ámbito -porque esto no parece en absoluto razonable- y en todos los episodios posteriores. A esto añadimos además que yo no tengo la convicción, por lo expuesto por usted, de que no se buscara excluir del ámbito de
cobertura de las videocámaras todos los episodios de confrontación entre el detenido y la Guardia Civil, y si usted me puede decir lo contrario le agradecería que me lo dijera. Sin embargo, hay momentos de ángulo muerto en los que los episodios de
confrontación, particularmente los más violentos, entre esta persona y la Guardia Civil están fuera de los ángulos de visión y de cobertura de las videocámaras. Esto permite presumir que hay un componente de dolo, de intencionalidad, en la
actuación de estos agentes de la Guardia Civil que fueron coprotagonistas o participaron en este luctuoso suceso. Si a esto añadimos además que se utilizaban lo que eufeísticamente ellos llaman defensas: porras eléctricas, porras extensibles y
sprays -como usted mismo ha comunicado-, que son instrumentos no reglamentarios e ilegales, esto incorpora también un elemento indiciario muy importante, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de los expedientes gubernativos abiertos en
curso en este momento. Desde esta perspectiva también me gustaría saber su opinión, sobre todo, porque quien usa estos medios ilegales de defensa hace primero una manifestación un tanto chocante, ya que dice que obraban en su poder porque los
utilizaba para realizar prácticas. ¿Le consta a usted qué tipo de prácticas realizaba el teniente de este cuartel de la Guardia Civil con porras extensibles, con porras eléctricas y, en su caso, con sprays? Por cierto, sprays utilizados por otro
número, por otro guardia civil, con tan poca eficiencia que al parecer roció a todos los compañeros de la Guardia Civil menos al señor Martínez Galdeano, con lo cual hubo que recurrir al otro procedimiento, al de la violencia, al uso de las porras
convencionales y de las porras ilegales.



Desde esa perspectiva, estoy particularmente interesado en que me conteste, señor ministro, en relación con el historial y con los antecedentes de este teniente. A mí me consta la presentación de por lo menos tres denuncias contra él por
malos tratos históricamente, la última en febrero, a la que se ha referido la señora Lasagabaster, que está pendiente de ser resuelta por el Juzgado de El Ejido; hay otra presentada, también pendiente de ser resuelta en sede jurisdiccional y hay
otra inadmitida, no por razones materiales, sino por razones formales. Desde esta perspectiva, la pregunta específica sería: ¿Una persona sobre la que concurren tantas denuncias por la práctica de malos tratos, alguna de ellas no es por malos
tratos, sino por tratos degradantes, no merece ser objeto de algún tipo de control específico o seguimiento específico por las autoridades del ministerio? Me gustaría conocer este historial y estas circunstancias que parecen adornar las actuaciones
de este teniente en concreto que es responsable de un cuartel de la Guardia Civil importante como es el de Roquetas de Mar.



Estas son las cuestiones concretas que le quería preguntar y quiero decirle que comparto otras afirmaciones que se han hecho por portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y no digo que sea normal la actuación agresiva de los
cuerpos policiales ni cabe enturbiar la imagen de la Guardia Civil en su conjunto ni esta práctica es sistemática, ni siquiera me atrevería a decir que esta práctica es abundante, pero tampoco es tan esporádica, señor ministro. Invito a una
reflexión colectiva, no sólo a usted, sino a todos los representantes de todos los grupos parlamentarios sobre la erradicación de los malos tratos, la erradicación de la tortura y de los


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tratos degradantes. Amnistía Internacional y la Asociación Española de Derechos Humanos -estos son datos difícilmente refutables-- tienen en este momento documentados, desde el año 1995, 320 casos de malos tratos de personas que estaban
bajo la custodia de la policía en dependencias policiales y 20 muertes en dependencias policiales. Usted sabe que en el ámbito policial, cuando se está bajo la custodia de la policía, la policía tiene el derecho a practicar las diligencias
policiales que tenga que practicar, pero también tiene la obligación -que está explicitada en el propio Código Penal, en las normas reglamentarias que usted ha citado y en las declaraciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como del
Consejo de Europa, que ya se han citado aquí- de erigirse en custodios y en garantes de la integridad física y del derecho a la vida de estas personas. Luego tampoco es tan anormal o tan infrecuente que se produzcan hechos de esta naturaleza.



No son reflexiones que hago yo, las hace el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Theo Van Boven en su último informe emitido ante las Naciones Unidas: el Estado español todavía no ha erradicado la práctica de
la tortura o no lo ha erradicado absolutamente.
¿Qué establece el relator para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como concausa? Pues establece como concausa -invito a una reflexión, aunque esto no está vinculado al hecho que hoy estamos
esclareciendo- una legislación antiterrorista que permite 12 días de incomunicación de los detenidos. Usted sabe que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite cinco días de incomunicación prorrogables por otros cinco a los que algunos cuerpos
policiales, de forma más o menos fraudulenta, incorporan los dos días de detención ordinaria. Doce días de incomunicación constituyen un espacio de opacidad, señor ministro, en los que este tipo de prácticas se pueden producir. Por tanto, invito a
un gran pacto y a un gran consenso político para erradicar -para arrancar, en expresión de Haro Tecglen- de nuestro inconsciente colectivo algunos de los aspectos o de los signos identitarios de la vieja España y, en particular, de cierta parte de
la historia de la Guardia Civil que no merece reflexiones tan apologéticas en relación con este cuerpo como las hechas aquí por algunos portavoces. Desde esa perspectiva, también hay que realizar un gran consenso para erradicar la tortura. No
podemos seguir, señor ministro -ya acabo, señora presidenta-, en ese triste listado de países en los que la tortura todavía no está erradicada.



Por último, señor ministro -estas son mis últimas palabras, señora presidenta, se lo digo para su tranquilidad-, me han parecido particularmente lúcidas, más que las de otras asociaciones, las reflexiones y declaraciones realizadas por una
asociación de la Guardia Civil llamada Agrupación Unificada de la Guardia Civil que nada menos que tiene 25.000 afiliados; de largo tiene que ser la asociación más representativa de este cuerpo. Hay dos declaraciones particularmente lúcidas y
pertinentes con las que voy a acabar mis palabras, señor ministro. En primer lugar, cuando su portavoz apela a que la Guardia Civil no puede ser un Estado dentro del Estado y no puede ser un cuerpo ajeno a los requerimientos de la democracia y del
Estado de derecho. En segundo lugar, la que hace referencia a la insuficiencia de las medidas formativas en materia de derechos humanos y de los requerimientos del principio de legalidad. Esta es una denuncia, un requerimiento que le hace a usted
personalmente, señor ministro, el portavoz de esta asociación. Me gustaría conocer por su boca si realmente la formación en materia de derechos humanos y de defensa de los requerimientos en que se desagrega el principio de legalidad son suficientes
en las escuelas en las que la Guardia Civil es objeto de formación.



Por último, hay un debate secular, señor ministro, respecto al que usted conoce nuestra opinión. La Guardia Civil no puede seguir siendo un cuerpo de carácter militar, señor ministro, porque esto imprime carácter; el carácter militar,
valga la redundancia, imprime también carácter al talante, imprime carácter a la formación. La formación militar definida por Klausewitz consistía en la identificación del enemigo y su posterior neutralización. Eso no puede ser elemento inspirador
de quien luego va a ejercer funciones de policía judicial y de policía gubernativa. Usted me tendrá que explicar por qué suerte de atavismos, en el siglo XXI, seguimos conviviendo con un cuerpo policial de estructura, de espíritu castrense, de
formación militar. Este es un debate que está pendiente y sobre el que invito a todos los grupos parlamentarios a pronunciarse y a debatir.



Por último, comparto algunas de las peticiones de la señora Lasagabaster.
Hay que hacer reflexiones colectivas sobre qué cuerpos de seguridad tenemos, qué legislación antiterrorista tenemos, qué Ley de Enjuiciamiento Criminal tenemos, la
flexiblidad penitenciaria que contra los sentenciados en condenas firmes por prácticas de tortura se ha practicado en ocasiones por gobiernos anteriores, la formación en derechos humanos de los cuerpos policiales, la desmilitarización del cuerpo de
la Guardia Civil y por último la no aplicación a las víctimas, a los familiares de esta víctima en concreto, de los protocolos, porque ya la atención a las víctimas en este Estado está perfectamente protocolizada, por qué no han sido objeto de
aplicación como se ha hecho con otras víctimas no en este caso de la Guardia Civil, sino de otras organizaciones. Estamos ante una víctima, señor ministro, en el sentido más estricto del término, y esos protocolos debían de haber sido objeto de
aplicación, y aquí la desatención ha sido denunciada y nosotros la compartimos.



Le agradezco, señora presidenta, su amabilidad por la extensión en el uso de la palabra y espero que podamos esclarecer este suceso, que todos lamentamos, que a todos nos apesadumbra, pero que debe servirnos de acicate para corregir algunos
de los déficit democráticos que todavía seguimos percibiendo que existen en este Estado, señor ministro.



La señora PRESIDENTA: No he querido ser muy rígida con los tiempos, pero rogaría que los portavoces


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se autocontrolasen en los tiempos, que se atengan a los 10 minutos, aunque casi nadie se ha atenido a ellos.



Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Cerdà.



El señor CERDÀ ARGENT: Yo procuraré ser más breve porque entiendo que gran parte de las cuestiones ya han sido expuestas por anteriores oradores.
Intentaré introducir una serie de reflexiones que me parece que son interesantes para el
caso.



En primer lugar, quiero saludar la iniciativa de la comparecencia del ministro a petición propia, pues nos parece que es hacer honor a los planteamientos que sobre el tema del Interior tiene este Gobierno y por tanto lo aplaudimos, si bien
deseo hacer una reflexión. En este Estado, por el poco tiempo que llevo como parlamentario, veo con desagrado que tenemos iniciativas parlamentarias por reacción o a golpe de titular.
Posiblemente hubiera sido mejor -es una reflexión que dejo en
el aire- tener más datos y haber mantenido la fecha del 17 de agosto para haber comparecido con bastantes más datos que los que tenemos en estos momentos. Ya sé que habrá opiniones para todos los gustos, pero a mí me parece que a veces presiones
mediáticas y políticas no hacen ningún bien a la solución de los problemas, sólo hacen extender cortinas de humo más o menos mediáticas, que nunca llegan al fondo de las cuestiones. Hay un atentado y legislamos en temas de explosivos, hay un
incendio y legislamos en materia de incendios, siempre legislamos a golpe de titular y a golpe de reacción de un hecho cometido. Por tanto, a veces cometemos el error de precipitarnos en la toma de decisiones.



Aplaudimos igualmente la diligencia de las actuaciones del ministerio, tanto de carácter administrativo como disciplinario. Sin entrar en más detalles y teniendo en cuenta que toda persona -los guardias civiles también- es inocente hasta
que se demuestre lo contrario, vamos a esperar, para hacer un juicio con más profundidad a que la instrucción judicial siga su curso y llegue hasta el fondo de la cuestión, como ha prometido el ministro. Sin embargo, ateniéndonos a la utilización
clara y evidente de armas ilegales por el cuerpo policial que tiene a su cargo la custodia de las armas en este país, nos parece que hay motivos suficientes para incoar algún expediente disciplinario, alguna sanción o cese, tal y como se ha hecho en
estos momentos.



Nosotros tampoco vamos a pedir ningún cese ni dimisión. Tengo que decirle que no nos gustaron las primeras manifestaciones del director general de la Guardia Civil ni los últimos silencios del mismo. Nos parece que casan poco con la
política de tolerancia cero y de respeto a los derechos y garantías democráticas que este ministerio ha expresado en reiteradas ocasiones. No le vamos a pedir la dimisión, pero entendemos que este director general no se ajusta a los criterios que
ha manifestado este ministro. Mucho menos vamos a pedir responsabilidades a más alto nivel.
Ojalá con alguna dimisión o cese el problema de los malos tratos, de las torturas, de las vejaciones, de los tratos inhumanos en las comisarias, en los
cuarteles, en los centros de detención y custodia fuera el final.
No creemos que sea así ni creemos que sea un problema de este ministerio ni de este Gobierno ni siquiera del anterior; es un problema, como ha apuntado la señora Lasagabaster,
endémico, de fondo, constitutivo casi.
En este momento creo que sería falso por nuestra parte ir a cebarnos en el ceso o en la dimisión, pues cualquier toma de decisión de cese o de dimisión oscurece la investigación. Creo que es un problema, como
bien han expresado anteriores oradores, de fondo que merece una reflexión y una valentía política bastante más profunda, y no quiero quitar hierro al hecho gravísimo que ocurrió en Roquetas de Mar, no quiero quitar ni un ápice de gravedad al relato
que nos ha hecho. A mí me ha parecido una película de terror. Es espeluznante, pues está hecho en público, a plena luz del día, con toda la impunidad, con cámaras grabando, con un alumno de la Guardia Civil allí mismo. ¿Qué se les enseña?
Contrariamente a los principios que enunciaba usted, ¿qué les están enseñando cuando el propio teniente, encausado e imputado y denunciado en otras ocasiones, está allí organizando lo que es una paliza -presumo que es una paliza en toda regla- a un
detenido que había llegado allí por sus propios medios? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la conciencia de impunidad que tienen algunos miembros de este cuerpo, porque tampoco voy a generalizar ni voy a caer en la demagogia barata de generalizar que es
todo el cuerpo? Sí que hemos de reconocer de una manera seria que si bien no son sistemáticos, son demasiado frecuentes estos hechos.



Cada año nos tenemos que sentar delante de informes de las diferentes organizaciones pro derechos humanos en los que salimos en la foto, y salimos mal; la Guardia Civil, la Policía Nacional sale mal en esta foto cada año. No lo decimos
nosotros, lo están diciendo los organismos internacionales. Lo han señalado perfectamente el señor Olabarría, la señora Lasagabaster y otros en el mismo sentido. No podemos escurrir el bulto, es un problema grave que tenemos, no podemos decir que
aquí no pasa nada o que es un hecho excepcional porque no lo es. Hay demasiados casos, el caso Egunkaria, el caso Almería, el caso Lasa-Zabala, hay demasiados casos que han explotado en las manos. Es un tema de fondo. No podía ser de otra manera
cuando un cuerpo como el de la Guardia Civil, divisa y guardia pretoriana del régimen anterior, del régimen franquista, se reconvierte sin más a la democracia. De alguna manera teníamos que pagar el precio de haber reconvertido sólo con un cambio
de gorra a un cuerpo policial tan marcado políticamente como la Guardia Civil; alguna cosa más tendremos que hacer. Hasta ahora ningún Gobierno se ha atrevido a hacer alguna cosa más con este cuerpo policial y militar que, como han apuntado otros
oradores, es parte también del problema. Creo que un Gobierno de izquierdas, con los apoyos que tiene, como el nuestro, lo tiene que hacer. Le oí hablar a usted de tolerancia cero durante el debate de una moción, que fue seguida de otras
iniciativas conjuntas de Esquerra Republicana y del Grupo Socialista, que fue aprobada por este Parlamento cuyos puntos la


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señora Lasagabaster ha enumerado ya por lo que no los reiteraré. Usted pronunció -fue la primera vez que se lo oí- la tolerancia cero en los malos tratos. Algo más tenemos que hacer, no sólo expresarnos así.



A pesar de este hecho, y sin quitarle ninguna gravedad, reitero que el problema es de fondo, es de concepción de lo que deben ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la conciencia colectiva y en el pensamiento popular no se
respeta a la Guardia Civil; se la teme como a un enemigo, se la tiene miedo. La Guardia Civil tiene demasiada carga, demasiada politización y poca profesionalización en algunos casos y justamente estas pocas manzanas podridas van a enturbiar el
buen hacer de la mayoría de sus agentes. En ese sentido, sería bueno lanzar un mensaje claro a la ciudadanía no solo de tolerancia cero, sino también de que este Gobierno, con los apoyos que ya desde este momento le ofrecemos, toma cartas en el
asunto para empezar a erradicar este problema. Está en nuestras manos, es una cuestión de decisión y de valentía política. Si van por ese camino, nosotros les ayudaremos y ustedes saben que lo vamos a hacer. Nosotros sabemos perfectamente que no
es un problema fácil porque está muy arraigado, tiene mucho fondo y ha tenido mucha impunidad durante muchas décadas, ya que incluso se ha condecorado a algún torturador condenado, y esto no ayuda nada. Por tanto, invito a su Gobierno que tome las
medidas oportunas para ir erradicando de una vez por todas este tipo de prácticas en las comisarías y en los centros de detención y de custodia. Es una concepción que debe tener un Gobierno de izquierdas.



En estos momentos podemos hacer dos cosas: mirar hacia otro lado, decir que son casos excepcionales, aunque ha muerto una persona, qué desgracia o hacer lo del calamar y enturbiar con la tinta a golpe de titular efectista diciendo que se
está haciendo alguna cosa, o podemos ponernos serios -que es a lo que nosotros le invitamos- y afrontar el problema con profundidad y de forma radical, sin exacerbaciones, sin grandes titulares, pero de manera efectiva para erradicar de una vez por
todas las prácticas futuras de malos tratos en los centros de detención y custodia de este país.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Señor ministro, también quisiera agradecerle en nombre de nuestro grupo su presencia ante este Parlamento en pleno mes de agosto, así como que haya reconsiderado su previsión inicial de comparecer el 17 de agosto,
pues sin duda tenía ya datos suficientes para ofrecernos y la gravedad del hecho requería que cuanto antes compareciera. Asimismo nuestro grupo quiere unirse al pésame y a la condolencia expresada por los otros grupos a la familia y amigos de Juan
Martínez Galdeano, así como manifestar nuestra solidaridad con el municipio de Roquetas de Mar, con sus vecinos y sus autoridades, como también con la Guardia Civil, porque seguro que en este episodio, en este hecho aislado (queremos aceptarlo así)
todos ellos están sufriendo.



Por un lado, vamos a hacerle algunas preguntas porque nos han quedado una serie de dudas en relación con la explicación cronológica que usted ha dado de los hechos y, por otro, haremos algunas consideraciones de tipo general. En primer
lugar, nos han quedado dudas de cuál es la causa final de la muerte, en tanto en cuanto usted decía que sí había una relación, según el informe médico forense, entre su estancia en el cuartel y su muerte y el hecho de que fue debido a una parada
cardiorrespiratoria; sin embargo, nos falta conocer cuál es la causa más cercana. Se ha leído que la muerte fue debida al esternón roto, pero no se sabía por qué causa el esternón estaba roto, si por las prácticas cardiorrespiratorias para
intentar reanimarle o por alguna presión muy fuerte sobre esta zona.
Nosotros no creemos que el esternón roto produzca la muerte directamente; usted ha hablado de pluricausalidad, pero no sé si tenemos más información sobre este tema. Hemos leído
que en algunos momentos los guardias actuantes practicaban puntos de presión de dolor para intentar retenerle. No sabemos hasta qué punto esto también ha podido ser causa de la muerte. Anteriormente se ha hablado de las sustancias estupefacientes,
de la cocaína que se ha detectado en sangre (20 miligramos) y también en bilis y en jugos gástricos. Quisiéramos saber hasta qué punto esa cantidad de cocaína puede haber provocado una reacción determinada en el fallecido que justifique la
proporción, en este caso desproporción, de la reacción de los agentes actuantes; hasta qué punto la cocaína realmente ha tenido algo o mucho que ver con este suceso. También se ha hablado de la violencia empleada y de la fuerza necesaria y
suficiente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben utilizar en algunos casos; sin embargo, en el informe que usted nos ha leído no se hace referencia expresa a cuáles son las normativas o si existe un protocolo explícito que se
pueda citar para decir que tal actuación corresponde a tal comportamiento. Me estoy refiriendo a lo que comentaba hace poco sobre los puntos de dolor. ¿Esto está previsto en algún sitio? Respecto al tema de las eufemísticamente llamadas defensas,
de las porras, a las que también he hecho referencia (no repetiré lo mismo), se hablaba de que había aparecido dos en manos del teniente: una de ellas estaba incautada y otra estaba en sus manos porque estaba realizando un curso o estaba haciendo
prácticas. ¿Esto es habitual en los cuarteles de la Guardia Civil, de la Policía Nacional? ¿Una porra incautada debe hacerse desaparecer, hay alguna instrucción al respecto? ¿Esto es habitual y luego si algún día hay algún problema se utiliza
esta porra incautada, o esto no debería haber sido nunca así? ¿Hay cursos en los cuales se utilizan porras como muestra de lo que no está permitido o es ilegal? ¿Se conoce si hay formación sobre este tema en otros cuarteles?


También nos gustaría saber el papel, porque ha quedado un poco difuso en el tótum revolútum, del resto de los implicados, de los otros nueve agentes y del alumno.



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Seguramente unos habrán tenido una intervención más activa y más próxima y otros habrán intervenido menos, siendo observadores. ¿Qué relación había de obediencia debida en cuanto a los implicados, recibiendo órdenes del teniente que les
mandaba tales o cuales actuaciones? Sabemos que ha habido otros testigos, que lógicamente no eran los implicados, que estaban en la confitería próxima. No sé si en algún sitio hay información o puede usted facilitarla sobre cuáles son sus
declaraciones, o si esto todavía está bajo secreto sumarial.



Aparte está el tema, que se ha citado, del informe médico forense, del que parece ser que hay una parte que se ha mutilado, que se ha eliminado.
Sobre este tema usted no se ha pronunciado. ¿Nos puede decir si ha sido o no ha sido así? ¿Ha
sido un error técnico de paginación del informe por el cual en una página sorpresivamente solo hay cinco o seis líneas escritas y el resto no? Algún medio de comunicación dice que ahí se explicaba la causa por la cuál aparece el esternón roto.
Otro tema, en el que se ha abundado, se refiere a cuando usted comentó que había habido una cierta resistencia informativa en el cuartel, y que se ha deducido también de sus palabras. La primera versión era muy difuminada, no entraba a fondo en el
tema. ¿Esta resistencia se ha producido a nivel de cuartel o superior, dentro de la jerarquía de la Guardia Civil, o simplemente se refería a la actuación del teniente? El primer informe, no era demasiado explícito en cuanto a lo sucedido.



Otra pregunta relativa a las cintas o a los CD de filmación. Una curiosidad: ¿En todos los cuarteles hay vídeos filmando las zonas comunes, los patios, las dependencias? ¿Hay una voluntad política de que esto sea así? Porque finalmente
en este caso se ha sabido una parte de la verdad, no toda, gracias precisamente a esas cintas. De su relato se desprendía que, si no hubiera habido cintas, seguramente una parte hubiera tardado más en conocerse. El hecho de que aparezcan unas
cintas y que luego en el segundo visionado haya aparecido algo más que haya podido esclarecer en parte los hechos puede significar que una mayor dotación en infraestructura de grabación dentro de los cuarteles o de las comisarías podría ayudar
muchas veces a prevenir acciones de esta índole, que entiendo que son puntuales, pero que lamentablemente (espero que no sea así) podrían reproducirse. No hay duda de que el elemento clave de toda esta cuestión ha sido un uso excesivo de la fuerza.
En algunos casos las Fuerzas de Seguridad (no solo Guardia Civil sino también Policía, Mossos d´esquadra, Ertzaintza o policías locales) han de utilizar la fuerza, lógicamente proporcional al hecho que se supone que deben evitar, pero no sabemos si
existe un protocolo (usted lo ha citado en parte) sobre cómo utilizar esa fuerza, en qué proporción, en qué circunstancias, de qué manera, con qué instrumentos o medios mecánicos (porras legales, no legales, defensas, grilletes, etcétera, o armas,
por qué no). Usted decía que hay un protocolo pero que debería actualizarse; por tanto reconoce que ese protocolo está anticuado, que no responde a la actual filosofía de lo que debería ser una actuación respetuosa con los derechos humanos por
parte de las fuerzas de seguridad utilizando esa fuerza. Entiendo que se va a seguir trabajando en este aspecto. Ese protocolo que dice usted que existe para la Guardia Civil ¿es el mismo para la Policía Nacional? ¿Está coordinado con los Mossos
d´esquadra, con la Erzaintza, o cada fuerza de seguridad tiene su propio protocolo sobre ese uso racional y proporcional de la fuerza?


Nuestro grupo reconoce que este es un caso aislado que no merma la confianza que tenemos en la Guardia Civil como institución, como colectivo, pero nos preocupa el efecto desmoralizador que este hecho puede representar para este cuerpo de
seguridad, e incluso el posible riesgo de cambio de actitud, de una cierta tendencia, aunque sea inconsciente, a la inhibición ante el abordaje de los problemas que cada día deben resolver, que sin duda son cientos o miles, y que en la mayoría de
los casos se resuelven sin ningún tipo de problema, respetando lógicamente los derechos humanos. Los hechos son gravísimos y nuestro grupo los ha condenado desde el primer momento. Nos avergonzamos como ciudadanos de este Estado de que pasen estas
cosas y también nos avergonzamos ante la comunidad internacional. Se ha hablado de informes de Amnistía Internacional, etcétera, y no hay duda -usted lo ha dicho- de que se debe llegar hasta el final en la investigación interna; lógicamente la
justicia también debe llegar hasta el final y exigir responsabilidades tanto administrativas como penales, si se producen.
Nuestro grupo lamenta que se utilicen esas situaciones con intencionalidad política y partidista. Ese uso partidista de
estos desgraciados sucesos puede mermar la moral de la Guardia Civil.
Entendemos que este asunto merece cautela, prudencia y apoyo del cuerpo en este momento de crisis.



Al hilo de lo que han comentado otros portavoces, nuestro grupo quiere pronunciarse respecto a la posible desmilitarización de la Guardia Civil, que no debe plantearse en esta ocasión. Deberíamos seguir hablando, e incluso forma parte de
las conclusiones del 11-M, sobre esa condición militar del cuerpo de la Guardia Civil, y probablemente con tendencia -así lo entendemos nosotros- a la unificación por un lado y por otro lado a la desmilitarización; unificación que en parte se ha
lanzado con alguna institución nueva como ese mando unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque el nombre no es el preciso pero va en esta línea. Este organismo será el que redactará ese nuevo protocolo de actuación en el caso del uso
inevitable de la fuerza. Amnistía Internacional, que también ha sido citada por otros grupos, ha hecho llegar el mensaje de que deben ser las jerarquías de las fuerzas de seguridad, en esta corriente de arriba abajo, las que deben exigir el no uso
de la fuerza, de la violencia, de la tortura, y que solo sea en casos excepcionales, regulados, previstos y con la fuerza justa. Nuestro grupo se une a esta propuesta de Amnistía Internacional y lo relaciona con el tema de la formación, de la
mejora en la selección y capacitación de los mandos de las Fuerzas de Seguridad, puesto que


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es un tema complejo pero que, como usted reconocía, siempre se puede mejorar.



Nuestro grupo no se une a las posibles peticiones de dimisión o cese del señor Gómez Arruche como director general de la Guardia Civil como se ha comentado por los medios de comunicación; quien le nombró porque le mereció confianza es quien
debe valorarlo. Nosotros no disponemos de todos los elementos para poder hacer peticiones en este sentido, y más bien lo vemos como una metodología de confrontación política en la que nuestro grupo no quiere entrar.



No hay duda, señor ministro, que este hecho ha suscitado una alarma social, una inquietud, un cierto miedo. El hecho de que un ciudadano entre en un cuartel de la Guardia Civil para un tema casi banal pidiendo protección y salga muerto nos
debe alarmar. No podemos permanecer impasibles ante este hecho por muchas explicaciones que se nos den y que nos podamos creer. Nuestro grupo le quería proponer algo que he entendido que usted ya proponía, y es que se hiciera un chequeo, una
evaluación del estado de la cuestión, del respeto a los derechos humanos y constitucionales en todo el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional); le queríamos pedir que en un periodo prudente, como
podría ser el de tres meses, seis meses o un año comparezca ante esta Comisión y nos explique el estado de la cuestión sobre el respeto escrupuloso de estos cuerpos, que entendemos existe pero que siempre es mejorable. Con la humildad de que todo
es mejorable, reconociendo algunas deficiencias y adoptando decisiones para poder mejorarlo nuestro grupo sin duda apoyará las medidas para corregir esta situación y hará las aportaciones que estén en su mano. De esta comparecencia de hoy debemos
sacar conclusiones pero también tenemos la obligación de proyectarnos hacia el futuro para evitar que ese luctuoso suceso de Roquetas de Mar pueda reproducirse en el futuro y no tengamos que lamentar esas situaciones nunca más.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.



Tengo que empezar diciendo que han aumentado muy seriamente las perplejidades que ya teníamos sobre este asunto antes de comenzar su intervención y, en consecuencia, han aumentado muy seriamente las preocupaciones sobre temas muy de fondo
que espero vayan saliendo en mi intervención y que ya teníamos antes de comenzar. Yo sé, cómo no lo voy a saber, que la cuestión que hoy tratamos es muy delicada y entiendo la dificultad que tiene todo ministro del Interior para desarrollar una
explicación en relación con asuntos de esta naturaleza, pero lo que no nos puede pasar es que nos vayamos esta mañana, señor ministro, con una comparecencia inane, de la que salgamos con las mismas incógnitas más ene que las que teníamos antes de
entrar y de la que el triángulo que tiene que regir a juicio del Grupo Popular el examen de esta cuestión (ley, sentido común y responsabilidad) quede sencillamente en un segundo plano mientras examinamos cuestiones secundarias o de superficie.



Empezando por los hechos, señor ministro, es claro -lo han dicho antes que yo algunos de los portavoces- que S.S. se ha limitado (no le quito relevancia al hecho, como ahora verá) a hacer una lectura de la literatura administrativa del
caso, que entendemos que el señor ministro hace suya. No creo que cuando iba diciendo: según se decía en el informe tal o en el informe cual, de la hora tal, del día tal, el señor ministro estuviese hablando de terceros; entendemos que lo que nos
ha contado el señor ministro es la versión que considera de los hechos por el conocimiento real que de los mismos tiene el ministro del Interior del Gobierno de España. El señor ministro no desconoce que la versión de los hechos no responde a la
gran generalidad de las preguntas que están hoy en la opinión pública y en los medios de comunicación y que le han ido ofreciendo una detrás de otra los portavoces procedentes, lo cual me excusa de reiterarme en eso, entre otras cosas para cumplir
con el mandato de la Presidencia de no extenderme más de lo debido, a pesar de su generosidad. Lo cierto y verdad es que las preguntas siguen en pie, todas. Es verdad que S.S. ha sido fiel a su estilo. Conoce la calificación del estilo que yo he
hecho en sede parlamentaria, que es la de pretender que al final la culpa no es nunca del ministro del Interior, diciendo que ahí está la cuestión judicial, que usted no puede entrar a valorar los hechos, o no puede entrar a hacer valoraciones, como
es natural, sobre la presunción de inocencia, y todo ello nos lo ha expuesto en el preámbulo. Usted sabe muy bien que yo comparto eso en este asunto y en otros que hemos tenido que debatir en esta Cámara en tiempos bien recientes. En consecuencia,
soy el primero en decir que estamos ante unos hechos muy graves, que tienen que ser aclarados por quien tiene que serlo, es decir fundamentalmente por los jueces de este país, y sobre la base de las garantías que establece nuestro Estado de derecho
para unos y para otros; cómo no voy a compartir eso. Comparto naturalmente lo que hoy sí ha hecho usted, que no se ha hecho antes, que es no sobrepasar los límites de la presunción de inocencia, y sabe muy bien el señor ministro la cantidad de
reproches que S.S. ha recibido antes de entrar en esta sala de mucha gente por lo que entienden que ha sido sobrepasar esos límites y generar un desamparo en las personas; lo sabe muy bien. En este caso las generales de la ley, del estilo de
miramos para otro lado y al final son los jueces, yo en esto no tengo nada que ver..., aquí vienen precedidas por una paradoja grave, y es que el primero que ha truncado las reglas y los principios de ese estilo ha sido usted, porque en horas
previas a estar sentado aquí, en sede parlamentaria, dando explicaciones es usted el que ha dicho (hoy se lo han recordado, cómo no se lo iban a recordar, y ni palabra dijo de la cuestión) que estaba teniendo dificultades muy serias, obstrucción
para la investigación, al tiempo que decía que estaba ya


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tomando decisiones porque aquí se habían producido circunstancias, que calificaba jurídicamente, y que llevaban a la toma de una serie de medidas (tratos inhumanos, etcétera). A lo mejor S.S. se explicó mal y hoy tiene ocasión de decirlo y
rectifica, pero unánimemente usted sabe que se le ha entendido que estaba poniendo a los pies de los caballos con medias palabras no solo a los afectados sino al conjunto de la Guardia Civil. Usted sabe -está en los periódicos desde entonces, en
las radios y en las televisiones- que el debate hoy es por qué el ministro del Interior, precisamente con medias palabras o con palabras enteras, cuando su estilo es mirar a otro lado, que ahí están los jueces, que para eso yo soy juez, y mencionar
la presunción de inocencia, ha sido el primero que ha roto ese estilo haciendo juicio paralelo y rompiendo la presunción de inocencia. A partir de ahí, señor ministro, efectivamente serán los jueces los que tengan que establecer si hay relación de
causalidad, cuál es la naturaleza de la misma y, en definitiva, cuáles son las responsabilidades que procedan; todos los grupos de esta Cámara, desde luego el primero el Grupo Popular, esperan que si hay responsabilidades, como es natural,
cumpliendo como siempre la ley, el sentido común y el principio de responsabilidad, estas queden establecidas.



La segunda cuestión tiene que ver y muy a fondo con todo lo que le llevo diciendo pero además con algo que yo califico de muy penoso, que es la gestión que desde su departamento se está haciendo de esta cuestión en este tiempo. Su señoría
sabe muy bien que aquí vamos a bandazos; hemos vivido un primer tiempo de inacción, de lejanía, de despreocupación, ni siquiera voy a hacer juicios de valor sobre ocultación, en un tiempo en el que el Gobierno sencillamente no tenía ni noticia de
esta cuestión, mientras los medios de comunicación ya relataban hechos y la familia ya pedía medidas, como se ha recordado también aquí en esta comparecencia; todo esto en un tiempo que va desde el día de los hechos hasta el día 3 del mes de
agosto, que es cuando el Gobierno y usted empiezan a estar. Yo podría hacer una descripción de todo lo que ha sido ese tiempo, pero me voy a limitar a leer una línea de un editorial de uno de los principales periódicos de este país juzgando ese
momento, que es de incomprensible falta de reflejos ante un hecho muy grave -esa es la calificación que merece el Gobierno, la suave-. Siendo así, señor ministro, hoy nos ha dicho con toda rotundidad que el día 26 usted y el Gobierno tenían todos
los elementos de juicio para formar opinión y actuar, porque no le habrá pasado desapercibido, y entiendo que a ninguno de los portavoces que estamos aquí, que la descripción de los hechos que usted ha dado por buena ha terminado con los hechos que
fueron conocidos hasta el 26; y con los hechos que fueron conocidos hasta el 26, es decir con gran prontitud por parte de la Guardia Civil, en 48 horas, se toman una serie de medidas, pero solo a partir de los días 3 y 4 ese ministro del Interior
desaparecido aparece, y lo hace porque esto cobra estado de gran escándalo nacional en los medios de comunicación a partir del conocimiento público de la autopsia. Entonces ustedes pasan del blanco al negro; si esto no existía y bastaba con mirar
para otro lado, a partir de ese momento se convierten ustedes en los campeones de la defensa de los derechos humanos, se convierten en los que anuncian que aquí tolerancia cero, en los que en definitiva hablan desde el primer momento de voluntad
ejemplarizante del Gobierno, y lo hacen con las palabras pero lo hacen además con los hechos. Ahí empieza el juicio paralelo; dónde está la presunción de inocencia y bastantes cosas que con la benevolencia de la Presidencia me gustaría que
repasásemos para aclarar.



No se le escapa además, me parece, señor ministro, que ante la opinión pública este cambio no tiene que ver con nada que pase desde el Ministerio del Interior; al contrario, y hoy nos lo ha ratificado usted palabra por palabra. Este cambio
tiene que ver, según dicen todos los medios de comunicación un mismo día, con la aparición del presidente del Gobierno en esta cuestión; quien le ordena cosas, quien al ministro de Defensa le ordena cosas, y a partir de ahí empiezan ustedes a hacer
cosas. Como el asunto es muy serio no le voy a dar el tratamiento de la parte de vodevil que pueda tener, pero usted sabe muy bien que esas han sido unas horas máximamente erráticas. Usted sabe muy bien que con esto de mirar para otro lado
empezaron diciendo que comparecería el secretario de Estado y además en septiembre; desde Chile la señora vicepresidenta del Gobierno por lo menos añadió que en septiembre no, que urgentemente.
A partir de ahí grupos de esta Cámara anuncian que
van a decir que no, que van a pedir que sea usted el que informe en Diputación Permanente. A partir de ese momento empieza a aparecer la noticia de que el presidente del Gobierno les dice a ustedes que se dejen de tonterías, que venga usted aquí
cuanto antes. Aun así, usted sabe bien que dice una cosa que hoy ya nos resulta absolutamente incomprensible: que por lo menos quiere disponer del tiempo necesario para que la investigación le proporcione datos firmes con los que usted pueda
comparecer, y se habla en todos los medios de comunicación de que usted está pensando comparecer a partir del día 17. Esto es verdad, se cambia con la actuación presidencial o no, usted nos lo dirá, y finalmente viene el día 11. Tengo que
preguntarle claramente ahora una cosa: ¿De qué investigación estaba hablando? Si los hechos que hoy nos ha relatado, producto de todas las investigaciones que usted conoce que se han desarrollado en el Ministerio del Interior, terminan con el
informe del día 26 de julio, ¿qué hecho nuevo estaba usted esperando? ¿Qué hecho conocía, esperaba, que determinase que usted tenía que comparecer primero en septiembre y luego el día 17? Comprenderá que sumando todas estas circunstancias lo de
mirar para otro lado es casi un eufemismo; no hace otra cosa que mirar para otro lado, escurriendo el bulto, con esa manía de que nada de lo que pasa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene que ver con usted. Ya me ha oído en otras
sesiones parlamentarias: ¡Claro que tiene que ver con usted! Usted es el jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



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Quiero detenerme, señor ministro (es lo único que usted ha añadido más allá del día 26), en las medidas que se adoptan a partir, como usted ha dicho, del conocimiento de la autopsia, pero yo le digo a partir del momento en que esto cobra
estado de gran escándalo público hasta el punto de exigir, la intervención del presidente del Gobierno ante sus vacilaciones. Usted nos ha explicado algo que la verdad es que era muy confuso hasta hoy para aquellos que lo estaban contando en los
medios de comunicación (era muy difícil acabar entendiéndolo), que es cómo ha sido la sucesión de medidas cautelares que se han producido; dicho en otras palabras, qué han hecho ustedes desde el día de los hechos hasta los famosos días 3 y 4 de
agosto. Hoy nos lo ha explicado y lo he entendido.
En efecto, cuadra perfectamente con lo que ha sido el desarrollo de los acontecimientos. Inicialmente -usted nos lo cuenta- la Guardia Civil adopta una serie de medidas: la separación del
teniente de sus funciones en Roquetas -eso lo hace inmediatamente-, pero ya no pasa nada hasta el momento en el que el asunto cobra naturaleza y viene esa reacción que yo le comentaba de los campeones. Fíjese qué mañana debió ser, porque después de
haber dado usted -nos lo ha contado usted mismo- al director general de la Guardia Civil el día 25 esas tres famosas máximas: colabora con el juez, haz una investigación rápida y toma medidas cautelares, las medidas cautelares son tomadas el día 4;
son el día 4 y en doble camino, señor ministro, porque por una parte el Ministerio del Interior está haciendo unas cosas y por otra parte el Ministerio de Defensa hace otras.
Al mismo tiempo -y usted nos lo ha contado- se decide en su ministerio la
suspensión de tres meses para todos en sus funciones y en el Ministerio de Defensa, algo que además no se le escapará (por parte de algunos luego se explica a la opinión pública como un mérito no suyo sino del ministro de Defensa), la imposición de
la máxima sanción cautelar posible, de acuerdo con la legislación vigente.



Señor ministro, en su descripción de los hechos, que es esta, hay una cosa añadida que nos llama mucho la atención. En el tiempo de la oscuridad, es decir en los primeros días en los que el Gobierno y usted no están para este asunto, usted
nos ha contado que por lo menos tiene una intervención, una intervención temprana, aquella en la que tras la llamada del delegado del Gobierno usted toma determinadas medidas; tiene conocimiento de determinadas cosas y a partir de ahí toma
determinadas medidas. La primera pregunta -a lo mejor es tonta, señor ministro- es: ¿El director general de la Guardia Civil en ningún momento ha estado hablando de esto con usted en esas horas o días? ¿Tiene que ser el delegado del Gobierno el
que llame para decirle que tiene conocimiento de que en la investigación que está haciendo la Guardia Civil por un lado aparecen por primera vez las porras y por otro lado aparecen por primera vez los golpes? Ha dicho usted: A partir de ahí yo
llamo al director de la Guardia Civil y le establezco las tres máximas. ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior? ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior para que este sea el desarrollo de los acontecimientos, que además usted, sin
que nadie le fuerce, viene y traslada aquí a todos los que estamos?


He dicho, señor ministro, que aparte de las consideraciones sobre las medidas cautelares, sobre lo incomprensible que es cómo usted aparece o desaparece en los hechos, lo incomprensible que es -no se le habrá escapado tampoco, supongo- que
el día en que aparece la autopsia y se supone que ya por fin, muchos días después, el director de la Guardia Civil va a adoptar las medidas cautelares que usted le pidió el día 25 y que todavía no se han adoptado hasta que aparece la autopsia y el
escándalo, el director general haga unas declaraciones que van justo en la dirección contraria de la que usted dice que se ha marcado. Dicho en otras palabras: o habla cuando tiene que callar o está hablando por su boca o, si no, cómo cuadra lo
que usted nos explica con la actuación y lo que nos explica el director de la Guardia Civil. Ya que he dicho que el director general de la Guardia Civil, como hipótesis, habla cuando tiene que callar, no puedo dejar de decir que resulta muy grave
cómo ha callado hasta este minuto. Sabe que se lo atribuyen a usted, sabe que dicen que es una orden y sabe que dicen que es una orden nacida de las discrepancias profundas que hay entre usted y el director general de la Guardia Civil, y nos lo
tiene que aclarar. Todo esto, fíjese, con ser muy serio porque pone encima de la mesa una situación de descontrol gravísimo en el Ministerio del Interior, una especie de rebatiña insólita entre el ministerio y la Guardia Civil, es especialmente
grave por las cuestiones de fondo, porque al final un lío administrativo o un lío de Gobierno usted lo puede resolver cesando o no cesando, marchándose o quedándose y hemos terminado, pero es que las cuestiones de fondo son muy serias. La primera
de todas, con gran diferencia sobre la demás, es que tenemos que esclarecer, y no con vaivenes ni con cortinas de humo ni quitándonos de en medio, como se ha dicho muy bien aquí, la muerte de una persona que entra en un cuartel de la Guardia Civil y
sale muerto. Además -entiendo, señor ministro, que no se le escapa todo esto-, por lo que ha oído aquí esta mañana y por lo que lleva oyendo desde entonces, y muy especialmente desde que usted dijo muy desdichadamente siendo ministro del Interior
aquello de la obstrucción de la investigación, prejuzgando que sin embargo había conductas desviadas, no se le escapa, digo, que se está poniendo en cuestión si la Guardia Civil estructuralmente respeta o no los derechos fundamentales en este país,
hasta el punto de tener que oir hablar en esta sesión, y no en una sino en varias intervenciones, de la conveniencia de meter una asignatura para la formación de la Guardia Civil a ver si así, después de 26 años de régimen democrático en este país,
se aprenden la asignatura de los derechos humanos.



No se le oculta que se le ha abierto el debate de si la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado. No se le oculta que se le ha abierto el debate de la desmoralización de un cuerpo en el que, cuando lo miramos desde el lado negativo,
tenemos los problemas que tenemos,


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que estamos repasando aquí esta mañana, pero del que convendría recordar que es uno de los pilares básicos de este país para la defensa efectiva de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, función que ha hecho en términos
democráticos de forma absolutamente irreprochable. Y está esperando que aquí, en esta Cámara, los grupos parlamentarios, pero muy especialmente que su ministro del Interior conteste con toda rotundidad y claridad a aquellos que están diciendo
abiertamente que estos 25 años no han servido para nada, que aquí en este país se practica, no sistemáticamente pero sí de una forma muy abundante, la tortura, que aquí tenemos un Estado dentro del Estado y que efectivamente tenemos que corregir
gravemente el rumbo que no hemos sabido corregir durante 25 años. Y el ministro del Interior de España, antes de entrar en esta sala -ya veremos hoy en su segunda intervención-, no solo no responde con claridad y rotundidad, diciendo: de este
asunto ni media categoría, porque no es verdad lo que ustedes están diciendo, sino que echa leña al fuego.



La señora PRESIDENTA: Señor Astarloa, lo lamento, no me gusta interrumpir su intervención, pero tiene que saber que ha consumido más del doble del tiempo establecido.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, atendiendo su sugerencia, señora presidenta, y además agradeciéndole que se haya aplicado, como efectivamente se anunció, el tiempo con generosidad.



Señor ministro, termino con las peticiones. Las peticiones son con toda claridad que usted esclarezca hasta el último detalle y no con los informes administrativos lo que tiene que esclarecer. Pero sobre todo, porque nuestra confianza está
puesta en la actuación judicial, déjeme que le diga una idea fundamental en este asunto y en general en relación con ese estilo del ministro que ya brilló en la detención de militantes ilegales del Partido Popular en Las Rozas y que hoy tenemos otra
vez encima de la mesa, que es que la prioridad es la obtención de la verdad, el esclarecimiento de los hechos y no cómo sale bien librado el Gobierno después de tantas contradicciones y después de tantos vaivenes. Y, junto a la confianza, la
exigencia de que efectivamente trabajen para eso, para que el juez pueda esclarecer la verdad, para que los ciudadanos conozcamos exactamente la verdad, para que se saquen las consecuencias que se tienen que sacar y, sobre todo y además, de
añadidura, para que quien hoy está aprovechando desde las propias palabras del ministro, muy irresponsables, que deberían hacerle salir e irse a su casa, señor ministro, muy irresponsables, de poner a los pies de los caballos a la Guardia
Civil...(Rumores.) Ya sé que no le gusta, pero terminaré. Es absolutamente imprescindible que, si usted no cree lo que dijo, rectifique; que rectifique si lo que está haciendo es decir aquí una serie de cosas que ocultan que luego, no aquí, sino a
través de cortinas de humo que van apareciendo aquí o allá, se traslade su verdadero pensamiento, y ése tiene que ver con algunas de las críticas que hoy se han hecho aquí a la Guardia Civil y con la eventualidad del proceso de desmilitarización,
que ustedes mismos han sido responsables de que esté en la agenda al día de hoy. Como sabe muy bien, todo eso, señor ministro, no es cierto. Porque lo que resulta incomprensible es que, si es cierto y usted lo piensa y es lo que nos espera, usted
siga siendo ministro del Interior.



La señora PRESIDENTA: Finalmente, para cerrar este turno de intervención de los grupos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Garrido.



El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor ministro, por su comparecencia, gracias por haberla realizado con rapidez, prácticamente dos semanas después del conocimiento de los hechos de Roquetas de Mar, en una sesión extraordinaria de la
Comisión de Interior. Gracias por haber informado con transparencia sobre lo que sucedió en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y sobre la actuación posterior del Gobierno. El Gobierno prometió en su momento rapidez y transparencia y
lo ha cumplido; es en última instancia una obligación de todo Gobierno democrático cuyo proyecto se fundamenta en el servicio de los ciudadanos que lo han elegido. Por tanto, es un Gobierno responsable, que no podía dejar de afrontar, por esa
responsabilidad, llegar con autoridad y con decisión hasta sus últimas consecuencias y conocer el conjunto de lo que ha sucedido, de toda la verdad, de depurar responsabilidades, en un caso de enorme gravedad en el que están afectadas, por un lado,
las vidas de las personas y, por otro lado, una institución servidora del Estado, de los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, una institución imprescindible para la convivencia pacífica de los españoles. Puede decirse que el derecho a
la integridad física de un ser humano sin duda se vulneró el 24 de julio en el cuartel de Roquetas y el Grupo Parlamentario Socialista se une especialmente a las condolencias a la familia del fallecido Juan Martínez Galdeano por ese hecho. Juan
Martínez Galdeano entró vivo y salió muerto del cuartel de Roquetas, existiendo indicios racionales de que ello había sido como resultado de una actuación de un teniente, quizá de otros guardias también de ese cuartel, lo que en su caso será
apreciado y juzgado en última instancia por los jueces. Pero nuestra convicción, la convicción de mucha gente es que, si ese día no hubiera acudido al cuartel de la Guardia Civil, Juan Martínez Galdeano hoy seguiría vivo. Esa es la convicción que
tiene mucha gente en este país. Y eso, con el respeto absoluto a la presunción de inocencia, no puede dejar de obviarse, la percepción sobre lo conocido, que el destino de Juan Martínez Galdeano estuvo condicionado porque decidió acudir ese día a
pedir protección a un cuartel de la Guardia Civil. Lo juzgará la justicia, pero que lo vaya a juzgar no significa que otros poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, no entren inmediatamente a conocer de esos hechos, a valorar lo sucedido, y
que el Gobierno, específicamente, como ya ha


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hecho, adopte medidas y decisiones sancionatorias a la vista de lo que a todas luces constituye una extralimitación que nos ha sobrecogido.



Hay pruebas de ello objetivas, indicios objetivos aparentemente suficientes para poder llegar a una primera conclusión a la que uno no se puede sustraer; sobre todo, tres: el vídeo, al que se ha hecho alusión, que grabó algunas escenas de
los hechos, y dos autopsias del forense que se han ido conociendo y que se han trasladado a los medios de comunicación. Ha explicado el señor ministro el contenido del vídeo a través de un informes hecho sobre el mismo, no por tanto con la
subjetividad del ministro del Interior, sino a través del informe oficial que le hace la Guardia Civil sobre el contenido de ese vídeo, y ahí lo que hay es una brutalidad extraordinaria en el comportamiento de un oficial de un cuerpo de seguridad
sobre una persona que estaba esposada y en el suelo, es decir, que estaba inerme e indefensa, ausente de toda potencial peligrosidad para los demás, con independencia del estado físico en que pudiera acudir ese día al cuartel. Por otra parte, en la
primera autopsia se relatan los efectos de tales golpes, y me sorprende que el señor Astarloa considere que el Gobierno no deba hacer alguna cosa más una vez que se sepa el resultado de la autopsia, que es un elemento esencial que se ha olvidado.
Se ha olvidado. Es que no es solamente el vídeo que se conoció en un primer momento, es que hay una autopsia que se pone en marcha y que no se conoce hasta el 3 de agosto, señor Astarloa.
¿Qué hubiera dicho usted sobre la presunción de inocencia o
sobre tomar medidas si se hubieran tomado las medidas que se tomaron el día 4 los días 25 ó 26? Hubiera puesto el grito en el cielo sobre presunción de inocencia. No, no, se esperó al día 3 de agosto para tomar ulteriores medidas. (El señor
Astarloa Huarte-Mendicoa: Antes.) Entre otras, se realizó una autopsia; en esa autopsia aparecen 50 signos de violencia externa, es decir, hematomas, erosiones, heridas en la cabeza, en las extremidades, en el tórax, en el tronco, en la región
lumbar, en todo el cuerpo; indicios de una monumental paliza, que tuvo que durar muchos minutos y para lo cual el teniente, autor principal de los golpes, utilizó sus piernas, sus manos y también defensas eléctricas, por cierto,
antirreglamentarias, aunque por el resultado final, la muerte de esa persona, tiene una importancia ya más relativa lo que utilizó. También la autopsia relata los efectos internos de esos golpes, de la brutal acción, en la cabeza, en el cuello, en
los pulmones, en el corazón, en el abdomen. La conclusión de la autopsia, que hemos conocido por los medios de comunicación todo el mundo, es bastante previsible; hay una relación directa entre la situación de la detención y el fallecimiento.



La conclusión de la segunda autopsia, conocida solamente anteayer, es que hubo una fractura completa del esternón de Juan Martínez Galdeano, que ha requerido la aplicación necesaria de una fuerza de considerable magnitud para haberse
ocasionado, y que la fractura debió producirse -dice en las conclusiones esta autopsia- en un momento muy cercano a la muerte. Es una descripción desoladora que conduce a establecer una relación lamentable entre la muerte de esa persona y la acción
de un oficial, o quizá de varios, de un cuerpo de seguridad del Estado, una violación flagrante de los derechos humanos más elementales, un hecho inaceptable en una sociedad no solo democrática, sino mínimamente civilizada, un hecho intolerable,
condenable en toda su dimensión, para el que no cabe aceptar ningún tipo de justificación, atenuante, disculpa o explicación. Sin embargo, es un hecho que no puede atribuirse a un cuerpo de seguridad ni a su naturaleza supuestamente porque es
militar. No, no tiene nada que ver con un cuerpo como la Guardia Civil ni tiene nada que ver con que la Guardia Civil sea militar o no, no tiene nada que ver. Es un hecho sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, nada puede explicarlo.
La responsabilidad no se debe a ningún cuerpo de seguridad, se debe solo y exclusivamente a un miembro de ese cuerpo de seguridad. Esto es muy importante, porque la extensión de la responsabilidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que puede ser
cercana, indirecta o remota, de ese hecho repudiable es sencillamente una falacia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, la Guardia Civil entre ellos, han tenido y tienen un comportamiento impecable, profesional, eficaz; lo vemos todos los
días y lo elogiamos muchas veces. Precisamente también en este caso han tenido un comportamiento ejemplar, lo ha relatado el señor ministro. La acción profesional de la Guardia Civil, empezando por el teniente coronel de Almería y terminando por
la Dirección General de la Guardia Civil, es la que ha permitido que hoy tengamos resultados de una investigación -que todavía sigue- para la que, como ha señalado el señor ministro del Interior, hubo resistencias y obstáculos, los hubo, por el
teniente y por la unidad del puesto donde se produjeron esos hechos. La Guardia Civil, cuando vio el vídeo después y vio que le habían ocultado información, fue la que alertó y desencadenó las posteriores medidas cautelares y sancionatorias; la
propia Guardia Civil descubre precisamente esa ocultación. Así que en este caso también hay presente una acción impecable de la institución.



En el caso de Roquetas está en cuestión la protección de los derechos humanos. Me sorprende que al Partido Popular le parezca mal que el Gobierno se instituya en campeón de los derechos humanos; a mí me parece estupendamente, pero al PP le
parece mal. (Rumores.) Parece que es un estigma. Que de pronto el Gobierno se convierta en campeón de derechos humanos es magnífico. Otros gobiernos, desgraciadamente, no lo han sido, pero éste sí. (Un señor diputado: El GAL.-Rumores.) Yo
agradezco al Gobierno que sea el primer protector de los derechos humanos y que eso sea una parte esencial de su proyecto político. Es verdad que aquí juega un papel importante no solamente la protección de los derechos humanos, sino también la
confianza de los ciudadanos, y está en juego, en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Precisamente por esas dos razones el


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Gobierno tomó las riendas del asunto desde el primer momento y dijo desde el primer momento -declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro del Interior- que iba a ir hasta el final, que se iba a conocer todo, que se iba a
investigar todo, que se iban a depurar responsabilidades y que desde luego lo iba a hacer -lo hemos comprobado esta mañana- con absoluta transparencia. No tiene sentido que no lo hiciera así, a pesar de, permítame decirlo, señor Astarloa,
apresuradas -tendrá usted que reconocerlo-, atolondradas, contradictorias manifestaciones y disparates que el PP ha dicho en estos días sobre este asunto y que han llegado sin duda a intentar enturbiarlo.



El Gobierno defiende los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida; el Gobierno defiende la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no puede verse manchada por la acción deplorable de uno de sus miembros. Y,
además, el Gobierno es un gobierno parlamentario. Por esas razones el Gobierno ha dado una respuesta inmediata a este asunto, ha destituido inmediatamente al teniente, autor fundamental de esa brutal paliza a Juan Martínez Galdeano, superando
obstáculos, y lo retira además del mando para evitar, como se ha dicho en el relato que se hace desde la Comandancia de Almería, que interfiera y que impida la investigación. A medida que ha habido progresos en esa investigación, que se ha conocido
la investigación judicial, que se ha conocido después la primera autopsia, el Gobierno ha ido tomando decisiones sancionatorias, terminando por una suspensión de hasta seis meses, hecha por la autoridad que puede hacerlo legalmente. No sé si usted
sabe que en España hay una dependencia del Ministerio del Interior, pero también la Guardia Civil tiene una dependencia del Ministerio de Defensa. Es un tema de legalidad que usted debe saber porque ha ocupado responsabilidades en el Ministerio del
Interior. Por tanto, hay unas sanciones que tiene que realizar el Ministerio de Defensa. ¿Le extraña a usted eso? ¿Considera que es un asunto que obedece al desconcierto del Gobierno? Pues desde hace dos siglos, desde que nació la Guardia Civil,
en 1844, creo, así ha sido; a medida que la investigación ha ido progresando, el Gobierno ha ido tomando medidas de forma proporcionada y dirigida a la máxima transparencia para el conocimiento de los hechos y para su posterior explicación
parlamentaria.



Hoy estamos aquí, en el Parlamento, en una sesión extraordinaria, prácticamente a los 15 días de los hechos y el Gobierno, el ministro del Interior, ha explicado lo sucedido, ha explicado cómo ha afrontado la situación, qué medidas ha
adoptado y qué medidas piensa adoptar. Nosotros le agradecemos especialmente, señor ministro, estas medidas que usted ha relatado de futuro para mejorar sin duda -porque todo se puede mejorar, como ha dicho- la acción de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la relación con los ciudadanos, la revisión de protocolos, la profundización en esos temas. Le agradecemos profundamente también que el Gobierno haya tenido reflejos para sacar consecuencias positivas de todo; aun de un
hecho tan negativo como éste, hay que sacar siempre enseñanzas, y ha sido así. El Gobierno ha colaborado en todo momento con la justicia.
También hay que recordar a la Fiscalía General del Estado, que está presente en el proceso judicial abierto,
con la persona, por cierto, del máximo rango dentro de la demarcación. El Estado de derecho, ante un hecho execrable como éste, ha funcionado bien, ha funcionaldo muy bien sobre un caso que afecta y que daña sin duda valores esenciales de nuestra
Constitución y de nuestra moral cívica. Esto ha sido valorado bien por los grupos parlamentarios, por las fuerzas políticas -lo hemos escuchado esta mañana-, grupos que anteriormente han utilizado la palabra lo han valorado bien, han valorado bien
la agilidad del Gobierno en la intervención en este caso, han planteado naturalmente preguntas, que las contestará el señor ministro, y han hecho objeciones en algún caso. La acción de los grupos parlamentarios ha sido claramente de apoyo a lo que
ha estado haciendo el Gobierno, entendiendo que ha sido una actuación ágil, correcta y adecuada a las circunstancias. Todos los grupos parlamentarios salvo uno, el PP. El PP ha mostrado aquí de nuevo que confunde hacer oposición con la
destrucción. Aunque estemos ante un caso tan importante, que afecta a la vida o a la seguridad, lo único que le interesa al PP no es aportar algo útil -no le he escuchado hacer una aportación útil a este asunto, de colaboración con el Gobierno-,
sino que a la opinión pública le llegue que esto es un debate entre partidos, que es una bronca entre partidos, preparando esa consabida frasecita de: Todos los políticos son lo mismo. Para los temas más serios, para los más importantes, da igual.
De lo que se trata es de que a la opinión pública le llegue ruido y le llegue que esto es una lucha entre partidos, cuando estamos ante un tema de una enorme gravedad, porque afecta a la vida de la gente, a la integridad física y a una institución
fundamental y centrada -en eso coincido con usted, señor Astarloa-, como es la Guardia Civil, para la convivencia y la seguridad de los españoles. Yo he escuchado cosas que ha dicho el Partido Popular durante este tiempo, pero no se ha preocupado
ni una sola vez por el hecho de que una persona ha muerto en el cuartel de Roquetas. Un ciudadano ha muerto allí. ¿Y qué ha dicho sobre eso el PP? Nada, no ha dicho nada. ¿Ha dicho algo el PP, por cierto, también sobre la relación entre un
funcionario y el resultado de muerte de una persona? (Rumores.) ¿Se ha preocupado por eso? ¿Qué habría que hacer al respecto? Un ciudadano muere después de una violación de sus derechos humanos y al PP solo le preocupa, como hoy, el ministro del
Interior. Ni qué hay que hacer, ni cómo se puede mejorar, ni qué le ha pasado a esa persona, ni qué habría que hacer con las personas que han producido ese hecho. No, lo único que le importa es el ministro del Interior. Podríamos dar la vuelta a
la frase que usted ha dicho, señor Astarloa, porque usted ha dicho que al ministro del Interior solo le preocupa que él no es el culpable. En realidad, ha tenido una especie de lapsus y le ha salido a usted la frase contraria. Lo único que le
preocupa al PP es que el ministro del Interior sea culpable. Le ha faltado un tris


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para ir un poco más allá y decir que el ministro del Interior algo tiene que ver con lo que pasó. Lo único que le ha preocupado es, como siempre, ver la forma de erosionar al ministro del Interior, cómo cuestionarle, hasta el punto de
amagar, como ayer ya se vio, con la responsabilidad política del ministro del Interior. Usted ha estado resistiéndose durante 20 minutos, pero al final no ha podido más y ha soltado lo de que esas palabras deberían llevarle a dimitir, aunque es
verdad que no se ha atrevido del todo a pedir la dimisión. Ha soltado eso porque no podía más, pero no se ha atrevido a decir: Pedimos su dimisión. Eso no lo ha dicho, pero sí que eso debería llevarle... Es que no pueden, porque les va la marcha
en este asunto para ver cómo pueden erosionar al ministro del Interior.



Durante estos días, señor Astarloa, el PP ha declarado de todo, a la vez.
Que el Gobierno no está dando la cara. ¿Qué diría usted de Mayor Oreja, que tardó cinco meses en venir al Parlamento, tras haber muerto una persona en una comisaría
en Canarias? Cinco meses. Pero dice que no ha dado la cara. (Un señor diputado: ¡Qué valor!) Después ha dicho que no está impulsando una investigación. No hay ni comentarios sobre ese tema.
Ha manifestado que ha tapado la verdad, cuando el
Gobierno lo que ha hecho ha sido superar las resistencias a la verdad (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¿De quién?) y lograr saber lo que había en el vídeo cuando hubo un obstáculo para conocer su contenido. Eso es lo que ha relatado el señor
ministro en su intervención. Y dice que ha minimizado las consecuencias. ¿Ha minimizado las consecuencias un gobierno que viene al Parlamento a una sesión en período extraordinario a los 15 días de suceder un hecho? ¿Eso es minimizar las
consecuencias de ese hecho? Y el señor Rajoy y usted mismo -era esperable y nos temíamos que acabarían ahí- han terminado acusándole de ocultar la verdad y confrontando al Gobierno con la Guardia Civil. Ese es el tema de libro que al final ustedes
desarrollan. Después de unos silencios iniciales, confusos, ha terminado por llegar a ahí, a la confrontación con la Guardia Civil. ¿En qué quedamos? ¿Quedamos en que tapamos la verdad para que no se sepa lo que se ha producido en un cuartel de
la Benemérita o en que decimos la verdad y así se desacredita a la Benemérita? ¿Cuál es el eslogan con el que se quedan ustedes? Evidentemente, los dos eslóganes son falsos. El Gobierno ha garantizado la transparencia -así ha sido- y ha defendido
el prestigio y la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su profesionalidad al no tolerar que haya una vulneración de los derechos humanos y al sancionar a una persona que parece no merecer pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, no pudiendo permitirse que su conducta afecte al respeto, bien merecido, que se han ganado los guardias civiles, los policías nacionales, los policías autonómicos y las policías locales.



Señor ministro, el Grupo Socialista apoya las conclusiones a que usted ha llegado, las que nos ha expresado, y las hace suyas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, primero, actúan cotidianamente en el marco de la ley defendiendo a los
ciudadanos y, segundo, cuando hay situaciones anormales, el Gobierno adopta las medidas de corrección que correspondan.
Si tales situaciones vulneran los derechos humanos, son especialmente inaceptables y respecto de ellos el Gobierno ha reafirmado
además que habrá tolerancia cero, porque los derechos de los ciudadanos son los que dan sentido a la acción de los poderes públicos -no lo olvidemos nunca- y porque en ese sentido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son un pilar esencial de esos
derechos.



Concluyo, señora presidenta. El Gobierno y el ministro del Interior han demostrado respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad plenamente, pero el Gobierno socialista también cree profunda y sinceramente en los derechos humanos y no
consentirá extralimitaciones a ninguno de sus funcionarios. Con ello es como se defiende la profesionalidad y el buen hacer de ellos, con ello es como se defiende el honor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Guardia Civil. Esto es lo que
el Gobierno y el ministro del Interior han hecho en relación con los sucesos de Roquetas y un gobierno que hace eso merece el reconocimiento y el apoyo de todas las fuerzas políticas democráticas.



La señora PRESIDENTA: Finalizada la intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra para cerrar esta parte del debate el ministro del Interior.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Voy a tratar de responder a todo lo que han dicho los grupos parlamentarios por el orden en que lo han hecho. En primer lugar intervino la señora Lasagabaster, planteándome una serie de
cuestiones. Algunas de ellas son comunes a lo que me han expuesto otros grupos políticos. Si no le importa, señora Lasagabaster, permítame que a esas que son comunes responda al final de mi intervención.



Me preguntaba si habíamos investigado qué denuncias tenía el responsable del puesto, el teniente coronel. Efectivamente, se ha investigado y hemos detectado dos denuncias judiciales, una de julio de 2004 y otra de febrero de 2005, al
parecer, aunque esta es una información judicial que tienen que dar los órganos judiciales o sus órganos de gobierno, archivadas en los juzgados de Instrucción en los que fueron interpuestas.
Por lo que respecta a la tarea del Ministerio del
Interior y de la cadena de mando que está bajo las órdenes del ministro y del secretario de Estado, he de decirle que esas denuncias no llegaron a ser trasladadas a la cadena de mando de la Guardia Civil, se quedaron en el cuartel y por lo tanto no
pudieron ser investigadas y no se pudo tomar ninguna medida de contenido disciplinario. La denuncia se pone y llega al juez, el juez pide información a la Guardia Civil de Roquetas y con la información que le da la misma la archiva. Algo así ha
sido el íter de estas dos denuncias, que, insisto, son judiciales, es decir, no llegaron al territorio del Ejecutivo, ni de los órganos políticos del sistema de seguridad, ni tampoco a la cadena de mando profesional de la Guardia Civil. Por


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tanto, no lo supo ni el teniente coronel de Almería ni lo supo ni pudo saberlo el teniente coronel ni lo supo ni pudo saberlo el subdelegado del Gobierno, etcétera. En segundo lugar, me plantea una cuestión -le responderé al final porque ha
sido hecha por varios grupos políticos- relativa a mis declaraciones en relación con lo que yo denominé ciertas resistencias a la investigación. Se lo explicaré después, si no le importa.



¿Qué pasó en la media hora, entre incidente e incidente, de lo que no hay grabación de vídeo? Esto, como otras cosas, es lo que tendrá que determinar la autoridad judicial, porque para saberlo se ha abierto el procedimiento penal, y en el
ámbito disciplinario será lo que tenga que determinarse en los expedientes disciplinarios. Aquí les traje a colación la descripción que la propia Guardia Civil hace de un aspecto del vídeo que es el ocultado en principio, tal como les referí, y se
la hago porque, como le explicaré después, esa descripción que hace la Guardia Civil del aspecto que se había ocultado del vídeo en un primer momento en la investigación del día 24 es relevante para la adopción de una decisión disciplinaria para
abrir expediente y es relevante, desde luego, para la respuesta política, como luego le explicaré.



En cuanto a las declaraciones del director general de la Guardia Civil, sobre las que me han preguntado varios grupos, tengo que decirles claramente que el director general de la Guardia Civil hizo en cada momento lo que tenía que hacer. En
las declaraciones que hizo, no en lo que hizo sino en lo que declaró, todos nos podemos equivocar y estar desafortunados en un momento dado en una u otra declaración. Lo que le digo claramente es que el Gobierno piensa que debe haber tolerancia
cero, máxima investigación, máxima transparencia y depuración absoluta de cualquier tipo de responsabilidad en la que se pueda incurrir en supuestos de irregularidades que afectan a los derechos humanos, a los derechos y libertades que
constitucionalmente están reconocidos y garantizados a los ciudadanos. Esto es lo que dice el Gobierno y también lo que piensa y dice el director general de la Guardia Civil, porque si no 1o pensara no estaría aquí. Todos podemos realizar
declaraciones desafortunadas en un momento u otro.



Me pregunta por determinados aspectos de los hechos que ocurren, como han hecho otros comparecientes, y yo, señoras y señores diputados, comprendo su curiosidad, porque es la de todo el mundo, pero tengan en cuenta que la investigación
judicial es la que tiene que determinar cuáles son los hechos con transcendencia antijurídica desde el punto de vista penal, no la comisión parlamentaria de investigación, ni mucho menos el ministro del Interior. Son los jueces los que tienen que
determinar los aspectos de lo que ocurre ahí desde el principio hasta el final, y para hacer esto han contado, siguen contando y contarán, en este caso y en cualquiera, con la absoluta colaboración -como no puede ser de otro modo- de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que dependen orgánicamente del Gobierno; faltaría más. La determinación de esos hechos a partir del esquema constitucional conocido: presunción de inocencia, derecho a defensa, etcétera, corresponde a los jueces y
tribunales.



En cuanto a la actuación de los agentes, por lo que también me ha preguntado, aparte de la actuación del teniente quiere saber qué pasó con el resto de los agentes. Lo que nos dice -por eso es importante y al final lo explicaré también- la
investigación interna que llega a Madrid el 28 de julio, no la urgente que llegó el 25 ó a los cinco minutos del día 26, es que hay una pluralidad de hasta nueve implicados, el teniente y ocho guardias civiles. La individualización de la conducta
de cada uno de ellos es una cuestión que corresponde de nuevo a la autoridad judicial a efectos jurídico-penales y a la autoridad gubernativa a efectos jurídico-sancionadores en el expediente, que tendrá que determinar qué hizo cada cual. Pero para
la respuesta indiciaria inmediata de cese preventivo o cautelar en sus funciones es suficiente saber que todos estuvieron relacionados con la gestión de esa situación y todos los que estuvieron relacionados con todo lo que sabemos, primero el día 25
por lo que se refiere al teniente, y después el 3 o el 4 por lo que se refiere al teniente y al resto, es suficiente para saber y deducir que ahí no pueden estar ni un minuto más mientras no se aclare absolutamente todo lo sucedido y se depuren
todas las responsabilidades.



Por último, me hace consideraciones que entiendo que, francamente, señora Lasagabaster, son metajurídicas y metapolíticas, porque ya se lo he dicho otras veces y tengo que decírselo con toda la estima y con todo el respeto que sabe que le
tengo. Desde luego, niego rotundamente que la práctica -aunque creo que usted no iba por ahí, pero por si acaso se lo digo- de la Policía y de la Guardia Civil en España sea una práctica de malos tratos o estructuralmente torturadora o cuestiones
por el estilo.
La Policía y la Guardia Civil se desempeñan en el ejercicio de las funciones de su cargo, por fortuna, con absoluto y exquisito respeto a la Constitución y a las leyes de ordinario, en la inmensísima mayoría de las veces. Solo en
algunos casos -luego me referiré a alguno- se han apreciado, se han investigado y se han reprimido, como ocurre en el presente, presuntas o probadas desviaciones de poder. También niego rotundamente, señora Lasagabaster, que la legislación española
en materia de desarrollo del sistema de detención sea una legislación estructuralmente torturadora, que es una tesis que sé que usted maneja mentalmente, pero considero que es una tesis exclusivamente ideológica, que lo hace por puro interés
político e ideológico. No es cierto. La legislación que tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es perfectamente -permítanme una aparente duplicación sin sentido- legítima.
¿Por qué? Porque respeta el esquema garantista que es propio de los
sistemas políticos, de las instituciones y de las constituciones de sociedades democráticas abiertas como es la nuestra. Por tanto, es legislación democrática que reconoce y respeta los derechos y garantías constitucionales. Además es una
legislación depurada y filtrada sucesivamente por algo que por desgracia conocemos en España


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desde hace mucho tiempo, que es la lucha contra el terror, que conocemos desde hace más de tres décadas; es una legislación que es objeto de discusión y de aprobación por parlamentos democráticos, en su caso, de control por el Tribunal
Constitucional y, si es necesario, de control por los tribunales internacionales. Por tanto, no tenemos una legislación antidemocrática sino, todo lo contrario, una legislación democrática. Me permito, señora Lasagabaster, hacer aquí un
llamamiento a la confianza en el Estado y en las instituciones del Estado, tanto en la solidez y en la buena fe -si me permite hablar así- del Gobierno de la nación como en la solidez y en la eficacia del trabajo de los jueces y tribunales, que,
como no puede ser de otro modo en un sistema democrático, son independientes. También le voy a decir una cosa. Sé que hay excepciones en ese magnífico comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero esas excepciones se tratan
responsablemente, como se ve en este caso, porque hoy estamos aquí. Se sanciona cuando hay que sancionar.
Desde luego se investiga en cualquier caso. La consecuencia que saca por lo menos este Gobierno es que esas excepciones siguen demostrando
que todo es mejorable, y por ello estamos en el camino de mejorar con propuestas políticas como las que se contenían en la última parte de mi intervención a través de todo lo que está haciendo y va a seguir haciendo en el futuro la Secretaría de
Estado de Seguridad. Tenemos una buena calidad democrática y vamos a seguir teniéndola y mejorándola.



El señor Mardones me habla de tolerancia cero sin discriminación alguna.
Por supuesto, señor Mardones, tolerancia cero afecte a quien afecte, eso está fuera de discusión, sea el primero o el último de los miembros de un instituto policial,
el que sea. Me pregunta también por las copias de las cintas, y por lo que yo sé hay una cinta en manos de la juez y otra en la unidad orgánica de Policía judicial. Usted me dice que necesitaría eso para poder pronunciarse sobre la prueba. Esa es
la tarea específicamente judicial. Aquí no estamos para hacer un análisis de hechos -insisto- con transcendencia jurídico-penal. De todas maneras, yo he visto el vídeo, porque, evidentemente, lo que tenía que explicar aquí -y le expongo algo que
me planteaba el señor Astarloa- es la certeza objetiva de los informes reservados e internos que me ha pasado la Guardia Civil en los que se explica qué fue lo que se ocultó del vídeo, porque ese hecho sí que es discutible aquí ya que tiene
trascendencia disciplinaria y política. Los demás hechos, como la causa de la muerte, si toxicología dice esto o lo otro, si la autopsia va para acá o para allá son cosas que hay que determinar en sede judicial, porque ese es el reparto
constitucional de competencias, como bien sabe.



A la señora García Suárez le tengo que decir que lo primero que he hecho ha sido mostrar mi pesar, y lo digo de corazón. Lo único irrecuperable en este mundo en el que vivimos es la vida, no hay valor superior, y cuando se pierde se pierde.
Lo lamento muchísimo y lo primero que he hecho ha sido transmitir mis condolencias y las del Gobierno a la familia del fallecido. Desde luego, me ofrezco para lo que necesite y así se lo diré al delegado o subdelegado del Gobierno. No me consta
que necesite nada en especial, pero en cualquier caso la mejor ayuda que podemos prestar a la familia es esclarecer, cada uno desde sus responsabilidades, qué fue lo que ocurrió y dar la debida cuenta.



Respecto a las comparecencias, ha habido dos, tres, cuatro o cinco parlamentarios, diputados o diputadas, que han comentado si debía comparecer antes o después. Ha habido opiniones para todos los gustos.
Unos dicen que tenía que haber
comparecido antes, otros que tenía que haber comparecido un poco después, unos que esperara a que se consolidaran más los hechos, otros que debía haber esperado menos. Yo he comparecido aquí una semana después de conocido internamente en Madrid, en
la Guardia Civil y por lo tanto en Interior, el resultado de la autopsia; una semana. Comprendo que vivimos en un mundo en el que el tiempo tiene una textura casi inmanejable porque trabajamos, vivimos y conocemos los acontecimientos en tiempo
real, por la influencia de internet, de los medios de comunicación, etcétera, pero una semana es un período de tiempo más que razonable, desde mi punto de vista, francamente, para preparar la conferencia, recabar la información, hacer frente a las
inquietudes que tienen ustedes y poder responder razonablemente a sus preguntas.



Me pregunta sobre el soporte legal de la Guardia Civil para hacer la prueba de alcoholemia. Clarísimamente de nuevo, es una valoración que pertenece al territorio de lo judicial; es decir, si la Guardia Civil podía detener o no y en qué
condiciones podía hacerlo es algo que pertenece al campo de lo judicial.



Sobre qué pienso del uso de porras eléctricas, está claro lo que pienso y está claro lo que piensan el director general de la Guardia Civil y toda la cadena de mando de la misma. Le acabo de decir en mi primera intervención que apoyo por
completo la apertura no solo de la investigación, por supuesto, sino también de los dos expedientes disciplinarios, tal y como se han abierto, y en uno de ellos se habla de tratos inhumanos o degradantes y de abuso de autoridad o de funciones,
siempre a los efectos indiciarios en los que se puede hablar en estos momentos y para tomar las medidas cautelares que se tomaron. Ya puede imaginar a partir de esto qué pienso del uso de porras eléctricas.



¿Es excepcional este espisodio? Sí. Dije que es excepcional y lo reitero.
La Guardia Civil -y se lo digo al resto de los diputados y diputadas que han preguntado- se comporta con respeto a la Constitución y a las leyes, la inmensa,
inmensísima mayoría, en todas las actuaciones que hace.
Insisto en que hay excepciones, que se tratan desde la responsabilidad, desde la exigencia de máxima transparencia, determinación de responsabilidad, depuración de responsabilidad y
políticamente desde el intento cotidiano de mejorar en todo lo posible el estado del sistema policial y del manejo que hace de las situaciones de detención, de custodia, etcétera. Le puedo dar algún dato. He pedido un Track estadístico de


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los últimos 10 años para ver cómo ha ido evolucionando el asunto, y comparativamente con los de otras policías europeas los datos son buenos, muy razonables. Pero al margen de estas cuestiones comparativas, que siempre son complicadas, le
puedo decir que en 2004 la Guardia Civil practica 119.349 detenciones y recibe 32 denuncias por malos tratos, que por supuesto se investigan, y se exigirán, si hay, responsabilidades. Por tanto, los supuestos de malos tratos son absolutamente
excepcionales, créame. Son buenos profesionales, lo hacen bien y cumplen un servicio democrático a la sociedad democrática, que les paga.



Me plantea también lo de la comisión independiente. Señora García Suárez, yo estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta, pero esto de las comisiones independientes ya lo escuchamos en relación con otros episodios de la historia reciente
de nuestro país, como con la Comisión de investigación del 11-M. Yo le doy mi opinión personal. Le he contado en mi intervención que estamos colaborando con las organizaciones solventes de la sociedad civil, con Amnistía Internacional, porque hay
que colaborar con ese tipo de organizaciones solventes, estamos colaborando a nivel internacional -le he citado la firma del protocolo facultativo del Convenio contra la tortura- y, faltaría más, colaboramos con el resto de las instituciones del
Estado, con el Defensor del Pueblo, con los jueces y con el Parlamento. Cuando hablamos de independencia, dentro del panorama institucional, de la estructura del Estado, lo estamos haciendo de los jueces. Por lo tanto, ya hay comisiones
independientes institucionalmente en nuestro país como para investigar este tipo de cosas. Y si de lo que se trata es de investigar una trayectoria política, por supuesto les ofrezco a ustedes, de cuya imparcialidad y de cuya calidad en el trabajo
parlamentario no dudo, que compartamos cualquier investigación parlamentaria -y yo estaré a su disposición- que quiera determinar cómo se trabaja en las comisarías de Policía y en los cuarteles de la Guardia Civil, pero estructura institucional
existe sin duda y más que de sobra.



Me ha preguntado sobre las declaraciones del director general de la Guardia Civil, y ya he respondido antes. En cuanto a si considero que puede quedar algún extremo de la investigación, soy ministro del Interior -luego le diré algo al señor
Astarloa- y no sé si va a haber o no, porque entre otras cosas no es mi labor. Si lo hay, que los investigadores lo determinen, y si no lo hay no lo determinarán. Ahora, si lo hay, habrá absoluta colaboración con los jueces y con los
investigadores internos y con los instructores del expediente disciplinario.



El señor Olabarría me plantea también lo de la autopsia, las causas de la muerte. Esto pertenece clarísimamente al ámbito judicial. En cuanto a toxicología, si había en el cadáver rastros de cocaína o no, si la cocaína produce un efecto
euforizante o, por el contrario, un efecto neurodepresor, si está mezclada con otros componentes orgánicos o etílicos, etcétera, son cuestiones a las que tienen que responder los forenses ante el juez y las partes del proceso penal. Evidentemente,
el ministro del Interior no tiene nada que decir al respecto. En cuanto a la mutilación o supuesta mutilación del informe, está siendo investigado por las autoridades competentes, pero lo desconozco porque no es del ámbito de mi competencia en este
caso.



También se ha referido a las palabras que yo pronuncié -se lo explicaré al final, como a su compañera Lasagabaster- sobre la resistencia u obstaculización a la investigación. En cuanto a si existió o no proporcionalidad en la respuesta
policial, en el caso que nos trae hoy aquí, lo que yo pienso es exactamente lo que se refleja en los expedientes disciplinarios. Lo que pienso indiciariamente, y sin prejuzgar, es claro, por eso se abrieron los expedientes disciplinarios por el
director general de la Guardia Civil: trato inhumano y degradante y abuso de funciones. Eso nos lleva indiciariamente a la afirmación de una clara inexistencia de proporcionalidad.



Respecto a los juicios sobre la causa de la muerte ya digo que hay que dejárselos a los jueces. Usted me plantea un problema interesante en relación con denuncias anteriores: ¿por qué no se provocó un control específico de la actividad en
ese cuartel o en la persona del teniente comandante del cuartel, respecto del cual habían existido estas denuncias? Como le dije a su compañera, porque estas denuncias no fueron puestas en conocimiento ni de la cadena de mando de la Guardia Civil
ni de ningún responsable político, subdelegado del Gobierno, delegado del Gobierno, etcétera. Entonces no las conocíamos. Ahora que las conocemos actuaremos, si la ley lo permite porque no hay caducidad o prescripción para este tipo de cosas, en
consecuencia.



Señor Olabarría, en cuanto a los malos tratos y a las torturas en España, le digo lo mismo que le he dicho a su compañera, es decir que ni la praxis policial es esa ni la legislación de enjuiciamiento criminal provoca ninguna situación
estructural de indefensión o de utilización con fines de tortura o algo por estilo. Eso lo defiendo y lo he defendido siempre aquí. Lo defiendo públicamente donde haya que defenderlo y lo he defendido públicamente ante el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos, que comprendo que puedan tener inquietudes. Pero en España, ni en el ámbito de la práctica ni en el legislativo se
tortura desde ningún punto de vista. Esa es una práctica desterrada del funcionamiento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cuando hay excepciones, insisto, absolutamente aisladas y minoritarias, se investigan y se sancionan,
porque el principio de tolerancia cero es sobre el que nos vamos a regir en cualquier caso.



El señor Cerdà me planteaba que era mejor que viniera el 17 de agosto. En este caso tenía opinión divergente. He venido cuando, ponderándolo todo, he creído que era más razonable venir y cuando les podía dar antes y mejor información a
ustedes, señoras y señores diputados. Se hace eco de cuestiones ya planteadas, y creo que respondidas, y hace una serie de consideraciones en relación


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con la Guardia Civil. Mi punto de vista es claro, no ya como ministro sino incluso como ciudadano: la Guardia Civil ha ido evolucionando en la misma medida en que ha ido evolucionando la sociedad civil española hacia la democracia y
seguirá haciéndolo, no tenga ninguna duda. La Guardia Civil es una institución que cumple con la sociedad democrática que le paga y cumple bien; cumple a satisfacción de los ciudadanos, y los ciudadanos lo saben, y va a seguir haciéndolo. Me ha
hablado de dos temas importantes en cuanto a la actividad preventiva de cualquier supuesto de abuso en cuarteles o comisarías, es una cuestión de inspección, y me remito a lo que dije al final de mi primera intervención, y también es una cuestión de
formación, efectivamente. En la formación estamos incidiendo mucho tanto en Policía como en Guardia Civil, en la actividad preventiva, acompañada cuando los sucesos ocurren de una actividad represora de sanciones, en relación con las cuales vamos a
ser absolutamente duros y tajantes; justos, pero durísimos y muy tajantes.



El señor Guinart me ha hecho alguna precisión en relación con el informe de la autopsia. Las cuestiones relativas a las autopsias son asuntos de la autoridad judicial, de la sede judicial y de la toma de decisiones que se producen en el
proceso jurídico-penal de investigación. A los únicos efectos que tiene trascendencia una situación como la vivida estos días es a tener claro que el informe de la autopsia establecía una relación causal entre la situación de detención y el
fallecimiento. Con otras palabras: no excluía de raíz esa relación causal. Luego también diré algo al respecto. Por lo tanto, lo que viene a decir el informe del 29 de julio es que esa situación de detención se enlazaba causalmente con el
fallecimiento, con independencia de qué hiciera cada cual, de quién fuera, de cuál es la causa inmediata, si se rompió esto o aquello, o de si había ciertas sustancias, que eso pertenece al procedimiento judicial.
El papel de los otros agentes ya
lo he explicado anteriormente a los efectos que interesa al expediente disciplinario y a los efectos que interesa a esta comparecencia política. La autoridad judicial también determinará cuál es el papel de cada uno de los agentes. La
individualización de la conducta es lo que tienen que hacer tanto los jueces como los responsables del expediente disciplinario. Por el momento, le digo lo de antes: estaba claro que todos tuvieron la relación que fuera, pero estaban allí y no
podían seguir ni un minuto más una vez que a través del resultado de la autopsia y de la información que del famoso vídeo se demuestra que hay una multiplicidad de lesiones y que ahí estaban hasta nueve personas de la Guardia Civil; ni un minuto
más.



Respecto a los protocolos del trabajo policial, están tasados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley recoge como criterio básico de conducta que las detenciones y las actuaciones personales sobre los ciudadanos se tienen que hacer,
en primer lugar, con respeto a la persona, a sus derechos y a su dignidad y, en segundo lugar, con proporcionalidad en cuanto al uso de la fuerza, cuando es necesario. Lo que hay que hacer es trasladar esos criterios, que lógicamente son sensatos
aunque a veces la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla con un lenguaje un poco antiguo porque es del siglo XIX, en la medida en que se pueda hacer porque cada situación es diferente. Para eso llevamos ya meses trabajando en este tema en el Comité
Ejecutivo para el Mando Unificado, y el secretario de Estado está dirigiendo y trabajando en una directiva común que protocolice las actuaciones en todo lo que se puede protocolizar, porque, insisto, cada caso es un mundo. Cada caso es cada caso y
no se puede protocolizar todo hasta el último detalle, de eso soy perfectamente consciente, y menos en cuestiones tan difíciles como son las que acompañan, desde el punto de vista de los hechos, a la detención.



Usted y otros miembros de la Comisión han planteado la cuestión de la militarización. Esto de la naturaleza de la Guardia Civil no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí; absolutamente nada que ver.
Parece que se está
diciendo que los militares, aparte de la Guardia Civil, sí pueden ejercer cierta tortura. Es que no se puede torturar en ningún lado, ni en lo militar ni en lo civil, y en eso está el Gobierno.
El criterio del Gobierno -por eso lo introduce
también indebidamente el señor Astarloa, no viene a cuento para nada- sobre la militarización ya lo he explicado aquí en el Parlamento reiteradamente. Ya he dicho aquí que no se va a discutir la naturaleza de la Guardia Civil, que se va a llevar a
cabo el programa de Gobierno con el que el Partido Socialista accedió al Poder Ejecutivo después de las elecciones en marzo, que pasa por la reforma del régimen disciplinario y por la elaboración de un estatuto orgánico de derechos y libertades y
obligaciones de los miembros de la Guardia Civil que, entre otras cosas, asegure un estatuto razonable de asociacionismo profesional que en ningún caso tendrá carácter sindical. Eso es lo que se ha dicho y esa es la posición del Gobierno y del
Grupo Parlamentario Socialista.



El señor Astarloa me plantea varias cuestiones. Hay una cuestión de principio en la que, por lo que veo, extrañamente desde mi punto de vista, el señor Astarloa y yo no vamos a estar de acuerdo en toda la legislatura. Digo extrañamente
porque usted estuvo en Interior y dice algo que es cierto y luego traduce una cosa que es una enorme equivocación conceptual, señor Astarloa. Es cierto que yo -con el secretario de Estado, los directores generales, la cúpula- soy el jefe de la
Policía y de la Guardia Civil. Sin embargo, lo que no es cierto -y ahí está su enorme equívoco intelectual- es que yo sea policía y/o guardia civil. Yo soy el jefe de la Policía y de la Guardia Civil; yo no soy policía ni guardia civil. Yo soy
el que gobierna a la Policía y la Guardia Civil en representación legítima de los ciudadanos que me han puesto aquí para que defienda los derechos e intereses de los ciudadanos.
Ni más ni menos. Usted insiste en situarme en una escala de
responsable operativo y va a acabar diciéndome con el transcurso del tiempo que yo tengo que bajar a la calle a poner o a quitar las esposas a la gente o a perseguir a los delincuentes. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: No juegue con las
palabras.)


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Va a acabar así, señor Astarloa, y eso no es así ni va a serlo. Por otra parte, tampoco soy un investigador. Quiero decir que el ministro del Interior no es el que hace los expedientes disciplinarios; puede instarlos, como usted bien debe
saber, pues si el director de la Guardia Civil no abriera expediente disciplinario y yo creyera que se tenía que abrir, existe la posibilidad legal de que se inste. Pero los instructores y los investigadores de los expedientes disciplinarios son
quienes son.
Yo tengo que controlar que eso se haga bien, y si no se hace bien, tengo que exigir las responsabilidades que sean pertinentes. En este caso, por lo que lo que le he explicado tantas veces, todo se ha hecho bien. Dice que se exime de
preguntarme sobre los hechos, y creo que lo hace interesadamente, porque usted sabe tan bien como yo que alguno de los hechos que usted dice que quedan en el limbo son los que tiene que aclarar el procedimiento judicial. Al margen de eso, después
de una primera semana en la que ustedes no dijeron nada, como decía con razón el señor López Garrido, empezaron a entrar por una vía un poco rara. Dice usted que yo hablé de obstrucción a la investigación y de que había habido cierta resistencia.
Lo que declaré fue esto último, que había habido cierta resistencia a la investigación. Lo dije y lo sostengo, y respondo de lo que dije, pero no de lo que se manipule respecto a lo que dije. Lo que dije es que había habido cierta resistencia por
parte de alguno de los implicados en ese acontecimiento; dije también, y está grabado, que, a pesar de esa resistencia, la actuación de los investigadores de la Guardia Civil y de la cadena de mandos había sido una buena y solvente actuación
investigadora. Dije también que el expediente de 26 de julio se había abierto -lo repito- por ausencia de colaboración en la investigación interna, y dije y repito que la Guardia Civil actuó sin mácula; algunos de los implicados seguramente no y
por eso yo hablaba de ciertas resistencias.



El día 24 de julio se actúa como debe ser, con una total inmediatez por parte de toda la estructura de mandos de Interior, en este caso del teniente coronel de la Guardia Civil de Almería, que hace lo que tiene que hacer, encargar la
investigación del atestado, investigación que va a acabar en el procedimiento judicial, y en segundo lugar encargar la investigación interna. Inmediatamente, el día 24 de julio, el comandante al que se le encarga la investigación interna y el
alférez de la unidad de la Policía Judicial encargado de la investigación judicial, se van a Roquetas y visionan el vídeo. En el visionamiento del vídeo ocurre algo que yo como responsable político del Ministerio del Interior fue lo primero que
pregunté y es por qué no se vio eso que les he leído antes desde un primer momento. El Gobierno también en esto, y yo personalmente hice lo que tenía que hacer, indagar por qué no se había visto en un primer momento todo el vídeo. El comandante
jefe de operaciones me da una explicación que es plausible porque esta persona -que quede muy claro- tuvo una actuación, por lo que se ve, absolutamente limpia y honesta; recabó el vídeo, lo rescató del disco duro del ordenador y lo puso a
disposición judicial. La explicación que me da de por qué no se vio desde un primer momento es la siguiente. Se personan en Roquetas y el teniente les comenta que existen imágenes grabadas en las cámaras de seguridad del acuartelamiento, y dice lo
siguiente: Entramos el comandante que suscribe, el alférez, el teniente Rivas y el guardia primero Montes, que por ser el único algo conocedor de la forma de grabación y reproducción del sistema es el que va mostrando las imágenes. Se les enseña
unas imágenes y cuando se les enseña la tercera parte del vídeo en las que hay esas imágenes a las que yo me refería anteriormente, me cuenta el comandante en el informe que el propio guardia Montes (guardia implicado en los sucesos), que ha visto
las imágenes con anterioridad, comenta que ya no se ve nada más pues todo transcurre -según dice- en la parte de atrás, en una zona oculta al ángulo de visión de la cámara. Tras visionarlo el comandante y el alférez varios segundos y puesto que
decían que no se veía nada más, se deja de visionarlas y se ordena en ese momento al alférez de la unidad orgánica de la Policía Judicial que requise las imágenes. Las imágenes son vistas al día siguiente por un informático que las está rescatando
(un guardia civil comisionado a tal efecto por el comandante y el alférez) que les dice: Miren ustedes lo que ha aparecido aquí, unas imágenes que no fueron vistas el día anterior, en las que se observa cómo el detenido es reducido con los golpes y
con la defensa eléctrica. Esto es lo que les he relatado anteriormente leyéndoles textualmente el informe de los investigadores internos de la Guardia Civil. Además, me dicen que durante el visionado del CD se personó el teniente Rivas en la
Comandancia de Almería, quien al parecer ha tenido conocimiento de que han aparecido unas nuevas imágenes. Después del visionado, el teniente coronel y el comandante le preguntan por qué no comentó el día anterior el empleo de la defensa eléctrica
que se ve con claridad en las imágenes y el teniente Rivas parece que les dice, y cito textualmente: 'De haber sabido el día anterior de la existencia de estas imágenes, las mismas no las hubiéramos visto hoy.'


Señor Astarloa, se ocultó la utilización de la defensa eléctrica y todo ello determinó algo evidente desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad pública, y usted debería entenderlo ya que ha estado en el Ministerio del
Interior. Ello determinó que se sacase una nota de prensa por parte de la Comandancia de Almería y que a esa nota de prensa tuvieran acceso los periódicos, y en esa nota de prensa se ocultaban también esas dos cosas. Todo ello dio lugar a que el
teniente coronel, como le decía antes, separase a este teniente del puesto para no entorpecer el resultado de las investigaciones y que en definitiva el expediente se abriera (cuando lo abre el general Gómez Arruche) por falta de colaboración con
las autoridades investigadoras. Me imagino que no se le escapa la transcendencia política porque los responsables políticos tenemos que informar a los ciudadanos, tenemos que informar al Parlamento como estoy haciendo yo ahora, y tenemos que tomar
decisiones. Para


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eso, necesitamos saber la verdad y, si no se nos transmite la verdad, lo menos que puede hacer un responsable político es explicar que no se le ha transmitido la verdad desde un primer momento a través de la cadena de mandos subsiguiente.
Eso compromete el prestigio y la solidez del Gobierno legítimo y yo en ningún caso lo voy a tolerar, en éste ni en ninguno.



El señor Astarloa me plantea también de una manera que me parece bastante confusa que el Gobierno desaparece. Perdone usted, el Gobierno está desde el primer momento a cargo de la situación, desde el primer momento, el Gobierno y la
estructura de seguridad bajo sus órdenes y hace en cada momento lo que tiene que hacer de una manera contundente y justa; todo, absolutamente todo lo que hay que hacer razonablemente en cada momento.
Le recuerdo, porque ahí está buena parte de la
confusión que usted introduce, que la investigación interna empieza el 24 de julio, es decir, funciona la estructura interna dependiente del Gobierno de la nación, empieza a funcionar el mismo día de los hechos. Con el informe de urgencia, que
llega el 26 de julio a las 0:05 horas (a los cinco minutos del día 26 de julio), ese mismo día el director general de la Guardia Civil toma dos importantes decisiones con la información que tiene en ese momento, que es abrir expediente por falta
muy grave (falta de colaboración y uso de material prohibido, de las defensas eléctricas y de la otra defensa telescópica) y suspender de forma cautelar por tres meses al teniente del puesto, que es el principal responsable del puesto. Eso es lo
primero que hace porque eso es lo que tiene que hacer el director general de la Guardia Civil. Si quieren les puedo leer el informe del general auditor porque el director general actúa jurídicamente con la ley en la mano. La resolución que ya les
he leído del director general de la Guardia Civil, es correcta, contundente, rápida y se dirige solo contra el teniente porque en esos momentos la única información que tiene es la información que se dirige contra este teniente. Sin embargo la
investigación sigue, esa investigación que se ha abierto inmediatamente, el día 24, sigue existiendo y en el curso de esa investigación se van tomando decisiones.



La segunda decisión se toma el día 4 de agosto. ¿Por qué el día 4? Porque hasta el día 4 no tenemos la suma de dos informes, la información interna y el resultado de la autopsia. Por eso el expediente se amplía inmediatamente que se tiene
el resultado de la autopsia, el día 4 de agosto, señor Astarloa. ¿Y por qué se espera a la autopsia? Son cosas en las que usted inexplicablemente no ha entrado porque ha empezado a hacer juicios de valor, pero con una desconexión absoluta de
hechos. Me parece prudente y razonable que se esperara al resultado de la autopsia, por tanto, la decisión al respecto del director general de la Guardia Civil, porque lo que sabe todo el mundo, los investigadores internos, es que, como no puede
ser de otro modo, hay una autopsia. En un hecho de naturaleza violenta de estas características hay autopsia, lo saben perfectamente, y saben que el informe de la autopsia es cuestión de días, y saben también que si no esperan al informe de la
autopsia no se puede ponderar lo que la autopsia diga; les recuerdo que decía múltiples y graves lesiones y las conclusiones de un informe que les he leído en mi intervención anterior. En otras palabras, señor Astarloa, ¿qué habría pasado si se
amplía el expediente en la forma en que se hizo el día 4 al día, pongamos por caso, 28 y luego el director general de la Guardia Civil se encuentra con una autopsia que desvelase que no había lesiones, o que excluyera de raíz cualquier relación
causal de la detención y la muerte, o que afirmase sin ningún género de dudas y ya en ese momento la existencia de una muerte absoluta y perfectamente natural, o cualquier otra consideración de las que suelen contener las autopsias? Pues que el
director general de la Guardia Civil se habría columpiado, porque seguramente no habría esperado la información que le permitiera dar una respuesta en forma de expediente disciplinario coherente, certera y ajustada a la proporcionalidad de los
hechos conocidos. En cualquier caso, la ampliación seguramente era obligada dada la naturaleza de la intervención del teniente de la Guardia Civil. Sin embargo, en relación al resto de los componentes del acuartelamiento, creo y afirmo que actuó
bien el director de la Guardia Civil esperando a tener la descripción de todos y de lo que hace cada cual, la descripción de la autopsia, de las lesiones que presenta el fallecido, múltiples y severas, y los resultados de la autopsia desde el punto
de vista de la afirmación de la causalidad, tal y como yo les he referido antes al leerles literalmente el informe de la autopsia.



El Gobierno y la estructura de poder de seguridad bajo su mando actúan bien, de una manera rápida y contundente, y toman decisiones -no dejan de tomarlas- decisiones jurídicas y políticas. Se transmiten los mensajes adecuados, se transmite
lo que hay que transmitir, que con esto no vamos a tolerar nada, ningún tipo de broma, que somos contundentes, aunque también vamos a ser justos. Además, yo digo que comparezco en esta Cámara durante el mes de agosto. Ciertamente nos pudimos
equivocar en el cálculo de si iba a tener disponible la información el 17 o podía comparecer antes, pero desde el ministerio dijimos que en torno a mediados de agosto, y lo he hecho lo antes que he podido, al margen de las discrepancias que tienen
ustedes. Yo he comparecido en este Parlamento, señor Astarloa, una semana después de que se conozcan los resultados de la autopsia. Con motivo de la última muerte en un centro policial, ocurrida en mayo de 2000, su ministro de Interior tardó más
de cuatro meses en comparecer y usted se queja de que yo comparezca en una semana.



Creo francamente, señor Astarloa, que lo que a usted le molesta es lo que usted mismo ha verbalizado. Me ha dicho que nosotros tuvimos la reacción de los campeones de los derechos humanos; efectivamente, tuvimos la reacción de gente que,
humilde y modestamente pero con toda legitimidad, ocupa el Gobierno de este país porque los ciudadanos lo han decidido y que se cree eso que llamamos derechos humanos, y lo demuestra como lo ha demostrado en este caso. Le molesta eso y, en
cualquier caso, señor Astarloa, usted no hace una cosa


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que a mí me sorprende, como decía el diputado López Garrido, no da alternativa alguna, palabras y humo; póngame encima de la mesa alguna propuesta política que a mí me ayude a mejorar todo esto, si es que el interés suyo está en que el
Estado mejore su respuesta, la calidad y la eficacia de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones de esta naturaleza, pero de eso no me habla.



Luego me habla de una cosa que ya son palabras mayores y yo creo que es por ahí por donde van ustedes, me dice que con esto estamos desmoralizando a la Guardia Civil. No, créame, la Guardia Civil igual estaba desmoralizada cuando usted
gobernaba, con nosotros está perfectamente bien, hay bienestar, se trabaja, como lo demuestran los resultados, y yo no veo más que bienestar en la Guardia Civil, no veo ningún tipo de malestar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la Guardia Civil es
una institución esencial para el funcionamiento del Estado y con ella no hay que hacer política de corto alcance, que es la política que consiste en ver cómo cargamos contra el ministro en un momento dado, o ver cómo debilitamos al ministro,
etcétera, ese tipo de cosas que tiene la política de corto alcance. Con la Guardia Civil, que es una institución del Estado, hay que hacer política de Estado, porque es un cuerpo de seguridad esencial, hay que ofrecer alternativas racionales, hay
que decir cómo se puede mejorar cuando se detiene y cómo se puede mejorar a los cuarteles. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que usted no ha hecho en modo alguno, porque no vemos dónde están sus propuestas políticas.



En cuanto a la desmilitarización, que es otro de los dardos que usted me lanza, ya he sido suficientemente explícito al responder a no sé quién.
La propuesta política del Gobierno es clara, no va a haber desmilitarización, sí habrá las dos
reformas que le indicaba anteriormente, y desde luego va a seguir habiendo algo muy elemental también: una inyección de medios materiales y personales en la Guardia Civil, que falta le hacía.



Señoras y señores diputados, el Gobierno actuó, la estructura dependiente del Gobierno, la Guardia Civil, actuó desde un primer momento con toda contundencia, con eficacia, con racionalidad, con justicia; se hizo en cada momento en este
lamentable episodio lo que se tenía que hacer. La verdad es que hay que reconocer que toda esa estructura de investigación interna de la Guardia Civil funcionó y creo que hay que reconocérselo a un Gobierno que tomó las decisiones que había que
tomar en cada momento hasta el día de hoy.



Eso es lo que les puedo contar. Les agradezco su intervención y quedo de nuevo a su disposición para lo que quieran indicarme.



La señora PRESIDENTA: Hemos llegado al final de esta comparecencia. No creo que sea oportuno abrir un turno de réplica, pero si algún grupo, diputado o portavoz quiere plantear alguna cuestión, muy breve, le daré la palabra; ahora sí voy
a ser muy rígida con los tiempos. Llevamos cuatro horas de Comisión, creo que el ministro ha respondido prácticamente a todas las cuestiones planteadas, y sí que voy a ser muy estricta al dar un par de minutos a los grupos que quieran intervenir.



Señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En primer lugar, me ha dejado una duda, ¿puede haber denuncias ante el juzgado por malos tratos o torturas y que el cuerpo correspondiente de seguridad no se entere? Si es así, es una cuestión estructural a
resolver; que tampoco aparezcan en el expediente aunque pusieran archivadas o sobreseídas, también me sorprende, pero es un dato y me parece que una reforma tiene que ser como mínimo inmediata.
Segundo, nos reservamos la posición final para cuando
tengamos los datos que se puedan saber cuando se levante el secreto del sumario en relación a los datos que hoy todavía son incógnita tanto para ustedes como para nosotros. En tercer lugar, del caso concreto del director general de la Guardia
Civil, evidentemente todos nos podemos equivocar, yo la primera.
Admitida la equivocación, me agrada que usted diga que han sido declaraciones desafortunadas, pero todos tenemos obligación de aprender.
También espero que haya aprendido que es de
gran sensibilidad la expresión pública de comunicación del director general de la Guardia Civil.



Entrando en materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, yo no he dicho que estructuralmente sea torturadora -si usted ha entendido eso o saca usted esa conclusión no es así-, yo digo que es una ley que propicia o puede propiciar la
existencia de malos tratos y torturas, que es muy distinto. A usted no sé qué mérito le puede parecer que tienen Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Prevención para la Tortura, la ONU, a lo mejor sus informes no les sirven de
nada, es posible que los gobiernos anteriores y ustedes sean mejores en esta materia que todos estos organismos especializados, pero a mí algo de mérito y de respeto me merecen sus apreciaciones año tras año en los informes. Yo le dejo los
informes, le podría leer literalmente todos ellos. Ya en el año 1987, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, pues usted sabe que hubo dos recursos sobre la Ley de 1983, con cinco días en la detención, aunque ahora entre detención y prisión
llega hasta doce o trece días. Ya en aquella sentencia el Tribunal dijo muy claramente que la ley podrá ser democrática y legítima, pero lo que tiene que ser es proporcional con los derechos que se están restringiendo de las personas detenidas. Lo
que yo creo es que la ley no es proporcional, podrá ser democrática en la medida en que surge de un Parlamento democrático, legítima en lo que entiendan por legitimidad democrática, pero no es proporcional; ahí es donde yo voy. Lo que estamos
viendo es que al día de hoy la práctica actual, donde es regla general conceder las autorizaciones, donde los jueces no motivan, donde no se motiva la petición de autorización y donde rara vez -lo dice Amnistía Internacional- hay un juez que acuda a
ver qué está pasando o qué información requiere. Creo que la práctica hoy en día no cumple los postulados que la propia sentencia del Tribunal Constitucional


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establecía para las limitaciones. Estoy diciendo que es una ley que hay que cambiar, lo dicen todos los organismos especializados -no lo dice Begoña Lasagabaster- y creo que algún mérito tienen todos estos organismos. En todo caso no digo
que sea estructuralmente torturadora, pero que permite o propicia la posibilidad...



La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le advierto que ha terminado su tiempo.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Termino, señora presidenta.



En el caso que nos ocupa, ¿se imagina, señor ministro, que la persona que fuera, en este caso detenida, a una dependencia policial hubiera estado incomunicada cinco días, que no hubiera habido cámaras y hubiera habido -aunque sea un caso
excepcional- la resistencia interna que usted dice que hubo? Dígame, señor ministro, ¿cómo podría demostrar esa persona -hay torturas y malos tratos que no dejan huella, y usted lo sabe como yo- que ha habido malos tratos? ¿Cómo podríamos estar en
esta Comisión? Imposible, señor ministro, imposible.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Señor ministro, gracias por sus explicaciones.



A lo que me refería hablando del vídeo era precisamente a una prueba de credibilidad. Comienzo por decir que su información de hoy ante esta Comisión tiene mi plena credibilidad; creo toda la información que usted ha dado, como creo en el
honor de la Benemérita, de la Guardia Civil como institución. Por eso dije al principio de mi intervención anterior que el teniente de Roquetas no es la Guardia Civil; por eso, como instituto armado, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas tienen
desde hace siglos unos reglamentos disciplinarios y unos códigos duros. Ahora, en la vía penal, la señora juez utilizando los instrumentos jurídico-legales, la Constitución, la tutela judicial efectiva, etcétera, determinará en los tribunales si
ahí hay delito. En la vía administrativa, como usted ha señalado, ha funcionado correctísimamente la cadena de mando de la Guardia Civil, y tengo que alabar aquí la diligencia del teniente coronel de la Comandancia de Almería que encarga una
información al comandante.
Esa información es la que ustedes tiene y por eso nos regimos, pero no significa que estemos conculcando la presunción de inocencia, algo que yo quería dejar claro aquí por lo que ha dicho un portavoz. La presunción de
inocencia en este momento sigue una vía judicial y también se respeta en la vía administrativa. Hay un dictamen del comandante que lo califica de falta muy grave y la Administración, el Ministerio del Interior tienen que moverse de aquí con las
exigencias pertinentes. ¿Cuáles son esas exigencias pertinentes de carga de la prueba? Las hemos señalado, pero las ha señalado en su intervención el señor López Garrido, con gran acierto jurídico. Hay un vídeo que ha visionado el comandante y
contrasta que lo que allí se ve no es lo que dijo al principio el teniente de la comandancia -por tanto, mintió u opuso resistencia, como se le quiera llamar- y también hay dos dictámenes forenses. Esto tiene que tener una valoración en el tiempo y
en las circunstancias, porque el comandante instructor no se atrevería a calificar esto de falta muy grave con el Reglamento de la Guardia Civil en la mano, que es con el que tenemos que operar ahora. La presunción de inocencia no puede presuponer
un bloqueo de las medidas correctoras, disciplinarias y administrativas.



Señor ministro, quería ratificarle esta credibilidad en su planteamiento así como también creemos en el carácter profesional que ha empezado a demostrar la cadena de mando de la Guardia Civil. Al final se verá cuáles son las decisiones que,
en armonía con lo que se haya hecho por la vía judicial-penal, se toman en la vía administrativa. No es ajeno que el propio fiscal que ha comparecido en el caso haya solicitado a la juez la prisión preventiva para el teniente. La juez ha aplicado
la tutela judicial efectiva, lo que haya querido hacer, y no lo ha aceptado, pero esperemos que el ministerio fiscal nos dé estas garantías de clarificar y resolver este enojoso y lamentable asunto, ya que por las conversaciones que he tenido he
sacado en conclusión que son los miembros de la Guardia Civil -honestos servidores de un Estado democrático de derecho- los que más interesados están en este momento en la depuración de responsabilidades internas. Para eso se hicieron sus códigos y
reglamentos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En principio me centraré en resaltar lo que serían coincidencias totales con el señor ministro y también expresaré al final un desacuerdo concreto. Pienso que esa será la manera de que quede más clara mi
intervención.



En primer lugar, quiero manifestar al señor ministro que su comparecencia, su explicación, ha merecido -ya la merecía anteriormente, por supuesto ahora más por los datos que nos ha aportado- mi credibilidad y respeto.
Vaya esto por delante.
Quiero decirle que es absolutamente tranquilizador -a diferencia de lo que otros portavoces, concretamente el portavoz del Grupo Popular, han manifestado-, al menos personalmente me lo ha parecido en estos días en los que no me encontraba cerca de
Madrid- ir siguiendo por la prensa las declaraciones que desde el ministerio estaba dando el señor ministro con total transparencia. Sin duda tranquiliza y ha de tranquilizar, aunque parezca una contradicción, que desde el Ministerio del Interior
se reconociera que estaba habiendo dificultades y falta de colaboración por parte de quien sea; en aquel momento personalmente no es que me preocupara en exceso por parte de quién


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fuera, sino que yo veía que había un interés y una voluntad del ministerio de explicar de manera transparente la situación que se estaba viviendo en aquel momento. Esto es una bocanada de aire fresco, cosa a la que no estábamos
acostumbrados en los últimos años. Desde este punto de vista, quiero felicitar al ministerio.



Aunque también parezca una contradicción, quiero decir que me alegro -aunque lastimosamente, por lo que ahora explicaré- de que haya dicho y reconocido que las dos denuncias presentadas en el cuartel de Roquetas contra el teniente al que se
le imputa la responsabilidad fundamental de los hechos no se habían trasladado a la cadena de mando de la Guardia Civil. Me alegro por un motivo, señor ministro, y es porque es tan grave -lo entiendo así como diputada y como ciudadana- que pueda
pasar que haya denuncias y no se trasladen que estoy convencida de que se van a adoptar las medidas preventivas y de que se llevarán a cabo las actuaciones necesarias del ministerio -lo digo por la confianza que me merece en este sentido- para que
este asunto se tome con la seriedad y la rigurosidad que corresponde; creo que no sólo intervendrá el ministerio, que es el que tiene que hacerlo, sino que lógicamente va a suponer -al menos mi grupo así lo va a hacer- la presentación de
iniciativas concretas y específicas para que esto no vuelva a pasar, porque, señor ministro, me reconocerá que los datos que me ha aportado sobre el número de denuncias poco tienen que decir en cuanto a credibilidad, es como la punta del iceberg, y
no se sabe qué puede estar pasando. Posiblemente no sea excesivamente grave, pero para poder tranquilizarnos y tranquilizar a la ciudadanía y a la opinión pública, debemos asegurarlo con las investigaciones necesarias.



Por último, le manifiesto un desacuerdo. El desacuerdo es la valoración, que comprendo que usted haya realizado, en cuanto a que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, hizo en todo momento lo que tenía que hacer. Mi
grupo parlamentario ha seguido muy detenidamente los hechos y es aquí donde creemos que debería haber asunción de responsabilidades, porque de momento consideramos -en todo caso esperaremos a que finalice la investigación- que hay responsabilidades
muy importantes del director general de la Guardia Civil.



Para finalizar, porque en la primera intervención no lo había mencionado, quiero decir que mi grupo parlamentario, no ahora -se ha comentado que podría ser oportunista plantear ese tema en este momento- sino hace mucho tiempo, plantea la
desmilitarización de la Guardia Civil; sin ligarlo necesariamente al hecho que ha sucedido continuaremos trabajando por que eso se consiga en un tiempo corto.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría.



Señor Olabarría, le ruego que se atenga al tiempo establecido.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta. Comprendo que se dirija a mí tan enfáticamente con esa petición.



Señor ministro, creo que la actuación del ministerio ha sido, en términos generales, regular y correcta. No creo que ustedes se hayan convertido en abanderados de los derechos humanos después de conocer la autopsia, pero me parece correcto
y fruto de la responsabilidad más elemental esperar al resultado de la autopsia, unirlo a las actas de infracción de los instructores para tomar una decisión correcta que pueda ser presentada ante la opinión pública y sobre todo en sede
parlamentaria. Desde esa perspectiva me parece regular.



Yo soy el que le he planteado el problema del carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil y aquí me ha hecho una argucia dialéctica que yo considero, con todo los respetos y el cariño que sabe que le profeso, barata. No se trata de
contraargumentar diciendo que tampoco los militares deben torturar. Se trata de que el carácter castrense o la formación de naturaleza castrense militar imprime carácter. (Risas.) Es una formación muy específica y ese carácter no es el más
adecuado, desde la perspectiva de la formación y de la forma del comportamiento, para un cuerpo que ejerce funciones policiales o para un cuerpo o para un colectivo de funcionarios cuyas funciones son las de policía judicial y las de policía
gubernativa. No es el espíritu castrense lo que debe presidir o debe inspirar ni la formación ni el talante ni la forma de comportamiento; ustedes lo decían antes, lo decían otrora en sus programas electorales. Eso lo pensamos la mayoría de los
grupos parlamentarios que estamos aquí, todos menos uno probablemente, y ustedes parcialmente. Ustedes tienen una posición política un tanto perifrástica sobre esta actuación. (Risas.) Sobre esto han escrito editoriales la mayoría de los medios de
comunicación de centro o los considerados convencionalmente como progresistas, pero eso -y es lo más importante, señor ministro- se lo pide la asociación profesional más importante que tiene la Guardia Civil, la Agrupación Unificada de Guardias
Civiles, en cuyo programa de recomendaciones está precisamente la civilización en contra o versus la militarización de este cuerpo. Eso se lo han pedido 25.000 guardias civiles, se lo ha pedido la Agrupación Unificada de Guardias Civiles.



Por último, en materia de torturas o en materia de tratos degradantes, señor ministro, yo comprendo que usted tenga que hacer apología y defienda (además comparto su opinión) que es una práctica no generalizable y no generalizada. Yo no he
utilizado la palabra estructura, no creo que sea una práctica estructural. A ver si a base de hacer apología y estar permanentemente defendiendo la probidad del cuerpo se van a relajar las defensas; con esto le estoy diciendo que están acreditados
desde el año 1995 por asociaciones tan importantes como la Española de Derechos Humanos y Amnistía Internacional 325 casos de malos tratos y 20 defunciones bajo custodia policial en centro de detención policial. No es un número baladí, señor
ministro, no es un número irrelevante,


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y la legislación antiterrorista -sobre esto hemos discutido mucho- es una legislación que con decirle sencillamente que sobrepasa los límites constitucionales previstos en la propia Constitución española en materia de incomunicación le he
dicho todo, 12 días de incomunicación. ¿Cuántos países conoce usted en los que se puede incomunicar a una persona 12 días? Habrá muchos; corren malos tiempos para los derechos humanos.
Convencionalmente, cuando vivimos en países en un contexto
democrático o considerado convencionalmente democrático estos periodos de incomunicación se consideraban atrofias democráticas verdaderas. No se relaje en esta materia, se lo pido por favor, señor ministro.



La señora PRESIDENTA: Señor Cerdà, ¿quiere hacer uso de la palabra? No es obligatorio. (Risas.)


EL señor CERDÀ ARGENT: Ya sé que no es obligatorio, señora presidenta, pero lo haré muy brevemente.



Quiero reiterarle nuestra voluntad favorable a la tolerancia cero, pero no podemos afrontar un problema solo cuando ya está encima de la mesa. No es que tengamos que reaccionar cuando haya un cadáver o cuando haya un escándalo de este
nivel; es una política preventiva sobre la cual tenemos ya que empezar a trabajar y tendríamos que haber empezado a trabajar desde hace bastante tiempo. En eso hay una invitación mutua a raíz de la moción que presentamos y vamos a seguir
trabajando en esa línea. Le pido que a partir de ahí pongan el máximo interés en que esto no suceda. No podemos restringir la tolerancia cero exclusivamente cuando hay un caso tan grave. Ha de ser una aplicación sistemática, ha de ser una
voluntad firme, ha de llegar un mensaje claro a las manzanas podridas que pueda haber en el cuerpo de la Guardia Civil: tolerancia cero, tortura cero; para eso hace falta efectivamente, como han dicho algunos de los oradores anteriores, vaciar
algunos espacios que pervierten estas prácticas. Sin duda, hay que implementar toda una serie de medidas que van encaminadas si no a erradicar en seco este tipo de prácticas, sí a ir condicionándolas y a que les llegue un mensaje alto y claro a
este tipo de personas.



Por otra parte, quiero felicitarle también por haber dado la cara en una semana. Le decía lo del tiempo más que nada porque es mala práctica comparecer o actuar políticamente a golpe de presión política. Así teníamos más tiempo y no
hubiera alterado en nada el resultado, excepto en que tendríamos también más información; lo digo sobre todo no ya por la información, sino porque no es bueno dejarse llevar por la presión política. Cada Gobierno y cada coyuntura -esta tiene las
circunstancias bonitas- tiene su hoja de ruta y es mejor rectificar seguramente que ceder a ciertas presiones. Ya me gustaría, para terminar, que este patrón de una semana o diez días lo utilizaran otros ministros para comparecencias ante casos tan
importantes como el que hemos visto.



La señora PRESIDENTA: Señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, muy brevemente, casi telegráficamente, voy a hacer un par de matizaciones y aclaraciones sobre unos temas que han quedado pendientes, según mi criterio.



Me ha confundido su explicación. Al principio me ha parecido entender que había unos protocolos de actuación en casos de uso de la fuerza, pero luego a lo largo de su intervención me ha dicho que no, que lo estaban trabajando desde hacía
unos meses en el comité unificado; por tanto no existiría si fuera así. Me gustaría que me lo aclarara. En segundo lugar y en este mismo ámbito, desearía saber si eso también se coordina con las demás policías -con la Policía Nacional entiendo
que a través del comité-: Ertzaintza, Mossos d'esquadra y policías municipales sobre todo.
También quisiera aclarar que no he querido decir -no sé si lo he dicho o se me ha entendido así- que yo relacionaba la condición militar de la Guardia Civil
con el hecho de este ejercicio de violencia con intencionalidad. Seguro que nadie pretendía causar el daño que ha causado ni mucho menos. Esto puede ocurrir en la Policía Nacional, en los Mossos d'esquadra, en la Ertzaintza, en la Policía local
-los alcaldes lo saben- e incluso en los cuerpos de seguridad privados. Me habré expresado mal, pero quería que quedara constancia de que yo opinaba de esta manera. En tercer lugar, le he hecho un comentario sobre la defensa de las porras
eléctricas o extensibles preguntándole si es habitual que existan en los cuarteles, si podemos temer que en algún caso terminal para reducir a alguien puedan usarse aunque sean ilegales cuando estén ahí incautadas o simplemente para prácticas de
algún tipo de curso. También le he comentado un tema que ha sido significativo para el esclarecimiento de estos hechos, como es la existencia de cámaras. Me gustaría conocer si es pretensión del ministerio esta práctica de instalar cámaras con un
efecto preventivo ante posibles hechos que no son deseables, pero tampoco podemos poner la mano en el fuego de que nunca más puedan suceder.
Finalmente, nuestro grupo le quería proponer, pero usted se ha adelantado, esa evaluación o chequeo, y le
proponía algo así como un calendario, unas fechas, una determinación en el tiempo. Si no le molesta, me gustaría que se pronunciara al respecto.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Le pido igualmente, por favor, que se atenga al tiempo, señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Lo intentaré ante las muchas cosas que hay encima de la mesa.



Primero, en relación con lo que me decía el señor López Garrido y con carácter genérico él traía su discurso hecho respecto a lo que pensaba que yo iba a decir. Me ha contestado a lo que no he dicho. Ha dicho que no he dicho lo que había
dicho; a partir de ahí queda en el 'Diario de Sesiones' si nos preocupa o no nos preocupa


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la gravedad del incidente y cuál es nuestra valoración de cómo se han adoptado, con gran desconcierto, las medidas cautelares y no lo que usted interpreta que nosotros hemos dicho. Lo más llamativo es que esto sirve para demostrar que tanto
el portavoz del Grupo Socialista como el señor ministro no se han referido a ninguna de las cuestiones que hemos planteado o han seleccionado una o dos. Es sintomático que de las que ha seleccionado, señor ministro, las dos principales, por no
decir las dos únicas, se refieren a lo que le he dicho de que está más preocupado por cómo sale el Gobierno de esta situación que por el esclarecimiento de las cosas. Primera cuestión, usted -y fíjese que se lo han dicho otros grupos
parlamentarios- se ha referido al director general de la Guardia Civil no para contestar a lo que yo le he preguntado, sino para dejarle absolutamente a los pies de los caballos en esta comparecencia, diciendo que se ha equivocado en lo que ha
dicho, que no es por él por quien se entera de los hecho y que las instrucciones que le da de que verifique medidas cautelares tardan ocho días y que ya se realizan no cuando el director general tiene la iniciativa del asunto, sino cuando la tiene
el presidente del Gobierno. Fíjese usted cómo ha dejado al director general de la Guardia Civil.



En relación con la gran cuestión que le preocupaba a usted hoy, que según hemos podido detectar es cómo explica el origen de gran parte de los problemas del desconcierto que usted mismo ha generado, multiplicando los problemas, ya de por sí
gravísimos, del hecho originario, que es la cuestión de la resistencia, usted se ha centrado en hablar de la ocultación del vídeo, además de otra serie de cosas que no son declaradas en la nota inicial. Yo tengo que preguntarle con toda claridad:
Señor ministro, ¿de qué está hablando? ¿Qué hace usted el 6 de agosto en las únicas declaraciones que usted hace sobre esta cuestión ante los españoles, trasladándoles un mensaje que todo el mundo -le habrán manipulado o no- inequívocamente ha
entendido como ha entendido, incluidos los portavoces de esta Comisión, diciendo que está preocupado por la ocultación -ese es el mensaje que traslada- cuando la ocultación ha quedado resuelta, como usted dice a continuación, por el trabajo eficaz
de la Guardia Civil el día 26? El día 26 se ha resuelto el problema de la ocultación y usted el día 6, en su única declaración ante los españoles, lo único que les tiene que decir es que está muy preocupado por la ocultación. Luego dice que le
malinterpretan.



En relación con la desmilitarización, que usted ha decidido que no viene a cuento y que por qué la traemos los demás a colación, señor ministro, cada uno es responsable de sus propios pecados. Fíjese lo que decía sobre nuestra actitud:
¿Quién es el que durante la legislatura anterior ha estado hablando de mandos únicos, de desmilitarización y lo ha llevado al programa electoral? A continuación S.S. dice hoy aquí: No, eso ya no lo tengo en la agenda, peor hace dos meses,
señoría, el secretario de Organización del Partido Socialista se reunía bilateralmente con una asociación para decirles que estaba en la agenda la cuestión de la desmilitarización. ¿Cómo quieren que entiendan el resto de los grupos de esta Cámara
la cuestión de la desmilitarización? ¿Quién la está poniendo en la agenda y quién a continuación es el primero que habla de eso a cuenta de este incidente si no la propia asociación que se considera que tiene un trato relacionado...?


La señora PRESIDENTA: Señor Astarloa, le ruego que concluya su intervención, por favor.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, con dos cosas, señora presidenta. La primera, para que no le quede ninguna duda al señor López Garrido sobre mis deseos acerca de la dimisión del señor ministro o no, nosotros ya hemos pedido la
dimisión del señor ministro en ocasión anterior, lo sabe bien, aunque es bien cierto que no nos ha hecho caso; se la pedimos ante los hechos incalificables, que ahora no son del caso, de las detenciones de Las Rozas. Hoy le hemos dicho que no hace
si no sumar gravedad a lo que es un estilo que, en definitiva, consiste en quitar los problemas y echarlos a los demás. Comprenderá que, si entonces pedíamos dimisión, hoy dimisión al cuadrado.



En relación con lo que decía el señor ministro (termino, señora presidenta) de que él no es policía, de que él no pone esposas, de que él no hace expedientes..., es obvio, no hace falta que nos trate a los demás como si no supiésemos las
cosas en esta Cámara, porque los representantes de los grupos las conocemos. No se trata de una discrepancia entre usted y yo, que va a durar toda la legislatura, sobre cómo entender cuál es su función; se trata de a ver si es posible que S.S.
entienda lo que la generalidad pensamos que es de verdad la función del ministro del Interior, que es afrontar de cara los problemas, venir aquí a explicarlos y no sujetarse solo a los informes que le ponen unos y otros y asumir las
responsabilidades cuando le corresponden, y aquí tiene las que tiene y no otras, y esas, señor ministro, son las que tiene que asumir.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor López Garrido.



El señor LÓPEZ GARRIDO: Lo primero que nuestro grupo tiene que hacer es mostrar su satisfacción no solamente por la forma en que ha respondido el señor ministro a las preguntas que se han hecho, sino también por la forma en la que los
grupos han acogido esas palabras. Los grupos parlamentarios, evidentemente salvo el Popular, han considerado absolutamente creíbles las cosas que el Gobierno les ha explicado hoy en el Parlamento y han expresado lícitamente sus posiciones políticas
sobre otros temas, por ejemplo sobre la militarización o no de la Guardia Civil, asunto que también todos han entendido que nada tiene que ver con unos hechos que no se pueden explicar ni justificar por nada, que no tienen nada que ver con eso. Por
tanto, nuestra satisfacción porque ahí ha habido un consenso de los grupos


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parlamentarios, entendiendo perfectamente y creyendo la posición que el Gobierno ha adoptado en relación con este asunto de extraordinaria importancia. Desgraciadamente el Grupo Popular no ha seguido por esa línea y hasta una persona tan
brillante y tan capaz como el señor Astarloa, al que yo considero así, ha sido capaz de sacar petróleo de algo que era imposible; de una actuación correcta del Gobierno que muestra estar encima del problema e inmediatamente dirigirlo, gobernarlo,
orientarlo, sancionar cuando es debido, proporcionadamente, venir al Parlamento y explicarlo con todo lujo de detalles, él ha sacado algo; una persona como el señor Astarloa es capaz de sacar algo. Lo único que surge de su intervención es que son
los defensores de la Guardia Civil, aunque en su última intervención me ha parecido que también quería defender al director general de la Guardia Civil (Rumores.), compadeciéndole por lo que él deduce que se puede extraer de las palabras del señor
ministro.
Ustedes se quieren apropiar de todo (de la Guardia Civil, del Estado, de España); es solo del PP, y la Guardia Civil por supuesto es del PP. ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias sacan con eso? ¿Qué quiere decir? ¿Hay que perseguir esos
hechos o no? ¿Hay que perseguir esos hechos gravísimos? ¿Hay que enfrentarse a ellos? ¿Hay que tener tolerancia cero con ellos o no, si resulta que afecta a la Guardia Civil? Tienen ustedes que aclararlo porque son muy delicadas las posiciones
que ustedes toman, hasta el punto de llegar a esas tremendas contradicciones, que son muy peligrosas. No tiene nada que ver este asunto con la Guardia Civil como institución; se trata de una persona que cometió a todas luces actos reprobables. No
puede ser que por una parte el Grupo Popular urja que venga inmediatamente (dijeron: que venga mañana) el ministro y luego hable de que hay que proteger la presunción de inocencia; no diga usted tanto. Es una contradicción y una confusión en la
que están metidos en este asunto que encubre en última instancia una profunda demagogia. Señor Astarloa, usted tiene experiencia. El Grupo Popular en su mandato redujo los efectivos de los cuerpos de seguridad, esa es la realidad, produciendo un
aumento muy inquietante de la delincuencia. ¿Eso es defender a los cuerpos de seguridad? Cuando ha venido el Grupo Socialista se han aumentado los efectivos de los cuerpos de seguridad. Esta es la realidad matemática y presupuestaria. (El señor
Astarloa Huarte-Mendicoa: Eso sí que es demagogia.) Ustedes redujeron efectivos y el Grupo Socialista aumenta los efectivos de los cuerpos de seguridad; en definitiva, este es el asunto.



Señor Astarloa, el Grupo Popular sigue con el piloto automático de la negación y de la descalificación, y usted hoy no ha variado. A ver si después de las vacaciones, en el retiro que van a tener con el señor Rajoy, lo cambian. Ya sabe que
nosotros somos optimistas incorregibles.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar y finalizar el debate el señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Trataré de ser breve.



Señora Lasagabaster, la respuesta a por qué no llegan las denuncias al Ejecutivo que se ponen en sede judicial en estos dos casos es porque no se han trasladado desde la sede judicial al Gobierno; me parece que esta es la explicación.
También haremos todo lo que esté en nuestras manos para corregir esta situación. Estoy seguro de que no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial hacen en general lo que tienen que hacer, aunque pueden ocurrir estas cosas; no lo sé.
La única explicación objetiva es la que le he dado: simplemente ni el subdelegado del Gobierno ni la Comandancia General de la Guardia Civil tenían esa información porque nadie se la había dado. Denuncia judicial, juez que pide información al
cuartel (estoy hablando del caso de febrero de 2005), el propio cuartel le da la información y se archiva, y punto. Ese es el hecho. Me ha hablado de los informes de las organizaciones internacionales. Con relación a España son comparativamente
buenos. Sin duda alguna España está en la franja más alta del respeto a los derechos humanos. ¿Que hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. ¿Que estamos en el camino de mejorar y que haremos todo lo posible por mejorar? También, pero estamos en la
parte, por fortuna, de los países del mundo que se caracterizan por respetar más y mejor los derechos humanos cuando hablamos del sistema policial.



Le voy a decir una cosa con todo el cariño que sabe que le profeso y es que reconsidere el ejemplo que me ha puesto de qué hubiera pasado si...
Cuando le digo que a veces se acerca a esto con algún prejuicio ideológico (es una opinión
personal que manifiesto con todos mis respetos hacia usted, señora Lasagabaster), se lo digo porque siempre se imagina lo peor. ¿Por qué no se imagina un ejemplo de lo mejor, que es la regla general? Dice: ¿Qué pasaría si en una detención de
cinco...? (La señora Lasagabaster Olazábal: Es nuestra obligación velar por los ciudadanos.) No, nuestra obligación es constatar hechos y, cuando hay desviaciones antijurídicas, antiéticas o lo que sea, corregirlas, pero no imaginarnos siempre lo
peor, porque trasladamos una imagen, como le digo, de absoluto prejuicio de cómo funciona el poder público. El poder público en España funciona en general muy bien y las sensaciones se corrigen o se tratan de corregir, tal y como reiteradamente he
dicho a lo largo de mi exposición.
Gracias de todas maneras de todo corazón.



Muchas gracias a usted también, señor Mardones, y a usted, señora García Suárez, que básicamente han insistido en sus posiciones, las cuales naturalmente respeto, como respeto la de todos los grupos políticos profundamente, las comparta o
no.



Señor Olabarría, de la desmilitarización digo lo que digo; es así y lo creo francamente. Ese debate no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, y no le he hecho una jugada -no sé cómo lo ha calificado- así. He dicho algo
que es una obviedad, que es de puro sentido común; conviene reiterarlo para demostrar que ese debate en el que usted mantiene sus posiciones


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y yo las mías de militarización o desmilitarización de la Guardia Civil no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy aquí. Como recordaba su compañero el señor Guinart esto puede ocurrir o ha ocurrido en los policías locales, en los
Mossos, en la Ertzaintza, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en el ejército o donde sea. De lo que se trata es de que no ocurra en ningún lado; es lo que le quería decir.



Muchas gracias también, señor Cerdà y señor Guinart. Me pondré en contacto con el secretario de Estado y de Seguridad para que puedan participar o tener una cuenta rendida de los progresos que vayamos haciendo en esa evaluación.



Muchas gracias a usted también, señor Astarloa. Creo que he repasado toda la lista de cuestiones que usted expuso. Además, no me ha costado trabajo porque, como no me ofreció alternativas, no he tenido que hacer un esfuerzo ni mayor ni
menor. Me tenía que haber dicho al menos qué es lo que podíamos haber hecho como alternativa a lo que hicimos, y eso no me lo ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque hicimos lo que había que hacer. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Pues vale!) Le
ruego que no se ría. Yo le he escuchado con todo el respeto y voy a seguir haciéndolo.



En segundo lugar, hay una cosa que le tengo que decir con toda franqueza y de todo corazón, señor Astarloa. Yo a usted le respeto y respeto su talla intelectual, pero hay algo que no me ha gustado y que creo que está fuera de los códigos
políticos mínimos. No trate de enfrentarme con el señor Gómez Arruche. El director general de la Guardia Civil es una persona que goza de la confianza del Gobierno; yo no le pongo a los pies de los caballos porque lo que he dicho reiteradamente
en esta comparecencia es que ha actuado bien, lo que ha hecho lo ha hecho bien. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: No he dicho eso.) Como director general de la Guardia Civil ha activado sus competencias cuando, como he explicado aquí, tenía que
hacerlo; no me quiera enfrentar a él porque haya dicho una cosa que se puede decir. Por supuesto que se puede decir, aunque con las declaraciones que hacemos públicamente a veces acertemos más, a veces menos y a veces a lo mejor no acertemos nada.
Le pasará a usted también todos los días con los compañeros de su proyecto político con toda seguridad. Por lo tanto, el juicio que yo hago de los subordinados (este lo es relativamente, pues, como sabe, existe una doble dependencia histórica por
parte de la Guardia Civil, orgánica con relación a Defensa y funcional con relación a Interior, para entendernos, más o menos, con todas las matizaciones que habría que hacer y que no podemos hacer aquí ahora; esta es una persona subordinada a la
estructura política jerárquica y, como digo, ha actuado bien) es por hechos, por lo que hacen más que por lo que dicen, porque lo que hacen es lo que da cuenta de la calidad del ejercicio del poder y porque además lo que se hace es irreversible; lo
que se dice siempre se puede corregir.



Después ha apelado de nuevo de un modo mucho más interesado al debate de la desmilitarización. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Me remito a lo que ya le he dicho. ¿Cuál es el criterio político del Gobierno y en qué claves va
a tratar desde la legitimación que da al ejercicio legítimo del Gobierno de España a la Guardia Civil? La está tratando bien, la ha tratado bien y la vamos a seguir tratando bien, con las claves que le decía. Le repito que tenemos un programa
electoral que vamos a cumplir en estos extremos a los que se refiere. El programa electoral lo vamos a cumplir ni más ni menos porque ese es nuestro compromiso con los españoles.



Finalmente, hablamos de nuevo de los estilos de gobierno. Usted habla del estilo de este ministro del Interior. Voy a hacer una afirmación muy clara: Mi estilo no es el suyo. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Desde luego, gracias a
Dios!) Yo respeto el suyo. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pronuncia palabras que no se perciben.) Ese es su problema. No sé si usted respeta el mío, pero la constatación objetiva del hecho es que mi estilo no es el suyo. (El señor Astarloa
Huarte-Mendicoa: ¡Eso está claro!) Insisto, respeto el suyo, le respeto a usted y respeto a su grupo político, como a todos los que han intervenido. Les agradezco profundamente a usted y al resto de los intervinientes lo que han hecho. Muchas
gracias, señor López Garrido por sus dos muy brillantes intervenciones, de verdad.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.