CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 340

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 19

celebrada el martes, 28 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la incorporación de la enseñanza de la lengua catalana en las escuelas militares y en las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la normalización de la asistencia al ciudadano/a en las comisarías y cuarteles en su lengua.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000210.) ... (Página 2)


- Sobre la elaboración de un plan de fomento y enseñanza de lenguas oficiales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/000899.) ... (Página 2)

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- Relativa a la declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por los incendios forestales en las provincias de Sevilla y Huelva.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000259.)
... (Página 7)


- Relativa a paliar los daños ocasionados por los bruscos cambios climáticos sufridos en la provincia de Almería. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000668.) ... href='#(Página7)'>(Página 7) )


- Sobre la modificación del reglamento de armas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000599.) ... (Página 13)


- Para que se aumenten los efectivos policiales destinados a proteger a las víctimas de violencia doméstica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000620.) ... href='#(Página17)'>(Página 17)


- Sobre las medidas a adoptar para dotar de suficientes personas a la Dirección General de Tráfico. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde--Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
161/000692.) ... (Página 20)


Se abre la sesión a las doce y diez minutos de la mañana.



DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA CATALANA EN LAS ESCUELAS MILITARES Y EN LAS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD Y LA NORMALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA AL CIUDADANO/A EN LAS COMISARÍAS Y CUARTELES EN SU LENGUA.
PROPUESTA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000210.)


- ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FOMENTO Y ENSEÑANZA DE LENGUAS OFICIALES EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de
expediente 161/000899.)


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señores diputados, señoras diputadas.
Si les parece, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Interior para tratar de debatir todo el orden del día que, aunque es extenso, supongo que podremos hacerlo
eficazmente.



Estrenamos hoy esta nueva sala de comisión que espero sea un buen ámbito para el debate, para los acuerdos y para la aprobación de las correspondientes proposiciones no de ley que vamos a ver durante esta mañana.



El primer punto del orden del día será el punto 1, que es la proposición no de ley relativa a la incorporación de la enseñanza de la lengua catalana en las escuelas militares y en las de los Cuerpos de Seguridad y la normalización de la
asistencia al ciudadano y ciudadana en las comisarías y cuarteles en su lengua, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, vamos a hacer este debate conjuntamente con la número
7, que es una iniciativa de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que se denomina sobre la elaboración de un plan de fomento y enseñanza de lenguas oficiales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vamos a hacer
este debate conjuntamente porque son dos temas de similar contenido.



Como hay varias Comisiones simultáneas, anuncio que la hora de votación será a partir de las dos. Supongo que en ese tiempo nos dará tiempo a ver todas las proposiciones no de ley.



Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Cerdà.



El señor CERDÀ ARGENT: Esta proposición no de ley se integra dentro de las múltiples que ha presentado mi grupo en este sentido, incorporar también las diferentes lenguas que son cooficiales en determinados territorios a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, porque entendemos que de no hacerlo estaremos discriminando a una parte de la sociedad que tiene como propia su respectiva lengua en cada uno de los territorios autónomos con lengua propia, y que efectivamente de no
implementarse cursos de las lenguas propias también en los cuarteles y en las comisarías, una parte de la ciudadanía quedará discriminada, como lo está de hecho, al no poder usar su lengua propia en estas instancias públicas.



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Hemos visto que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a nuestra proposición no de ley que vamos a aceptar, aunque echamos de menos más concreción a la hora de temporalizar cuál es el tiempo, que tendríamos que acotar de alguna
manera para que esto fuera efectivo y no fuera un brindis al sol. Entendemos que también tendría que estar contemplado presupuestariamente, puesto que esto tiene efectivamente un coste, y que se tendría que hacer vía convenio con las propias
comunidades autónomas para hacer una comisión de seguimiento y evaluación de cada uno de los procedimientos que se tendrían que hacer. No obstante, creemos que hay voluntad de ir introduciendo las lenguas propias tambien en las comisarías, en los
cuarteles y en cualquier centro de atención a la ciudadanía, y en ese sentido vamos a aceptar la enmienda.



Nos parece oportuno y pertinente también que se vea conjuntamente con la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque es el mismo tema sólo que más específicamente
referido a cuestiones del País Valenciano y entendemos entendemos que están de alguna manera subsumidas en la propia proposición no de ley.



Por tanto, aceptaremos la enmienda presentada por el Grupo Socialista a esta proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana.



La señora PRESIDENTA: Por el grupo proponente de la otra proposición no de ley, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro por un tiempo de diez minutos.



La señora NAVARRO CASILLAS: Lo que estamos demandando es una solución que es muy fácil llevar a cabo. En el País Valenciano existe la posibilidad de recibir formación respecto al valenciano, y lo cierto es que nos encontramos con una falta
de sensibilidad por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando vienen a nuestra comunidad para desarrollar sus funciones porque se olvidan de la existencia de esa otra lengua de que disfrutamos que es el
valenciano. Lo que nosotros pedimos es que se les forme en el contenido y en esa sensibilidad necesaria para atender al público. De hecho, cuando se plantea la posibilidad de que el valenciano sea un requisito en el acceso a los puestos de
trabajo, la doctrina de todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana viene a decir que cuando se trate de puestos de trabajo que sean de atención al público, sí es exigible ese requisito.



En este caso nos encontramos con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están permanentemente en relación con el público y que lo que hacen es precisamente todo lo contrario. Nos hemos encontrado con la necesidad de
investigación del traslado a la comisaría de un joven porque se identificó en valenciano; nos hemos encontrado, en la comisaría de Villarreal, que se impide a un edil poner una denuncia por usar el valenciano; con un vecino que denunció que no le
atendieron en la comisaría por hablar valenciano; con una jueza que obliga a pagar las costas al maestro que recurrió el no poder denunciar en valenciano, o sea, esa persona recurre el no poder efectuar la denuncia en valenciano y es castigada por
ello; y con un profesor que demanda a la delegación del Gobierno por discriminación lingüística. La verdad es que este es el día a día de los ciudadanos valencianos que pretenden el ejercicio de su propia lengua cuando se dirigen a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y es el día a día de su imposibilidad de hacerlo. Esto, que podía parecer anecdótico, en muchos casos no es así, como he demostrado, pero incluso puedo contar casos personales, casos que me han ocurrido a mí, o a
gente cercana. Es permanente la imposibilidad de relacionarte en tu propia lengua, pero es que además implica un desprecio hacia la persona que lo utiliza, como hemos visto, con la condena en costas o con el traslado a comisaría.



Es urgente que se apruebe un plan para que esto deje de ocurrir. Cuando se trata de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay gente que podría pensar que hay miembros de la Policía Nacional que están solo dos años en Valencia, porque es un destino
provisional, y después no van a estar nunca más.
Pues bien, primero, se les ha de formar en esa necesaria atención a lo que es nuestro patrimonio cultural y nuestra manera de comunicarnos, que es el valenciano, lengua que nosotros llamamos
valenciano pero que es la misma que el catalán, por cierto. En primer lugar eso, y en segundo lugar, esas personas, como nunca salen solas, no deberían salir a patrullar si no van acompañadas de una persona que sea fija en el País Valenciano y
conozca nuestra lengua y que, por lo tanto, se pueda relacionar con los ciudadanos en nuestra lengua, que es cooficial, y así cumplir con el mandato del artículo 3.3 de la Constitución Española que dice que la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En este caso, la realidad cotidiana que sufren los valencianos no es ni de respeto ni de protección sino todo lo contrario, es decir, una condena y
una persecución, prácticamente, de las personas que hacen o pretenden hacer uso de esta lengua cuando se dirigen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso se hace necesario este compromiso político y un esfuerzo inversor del Gobierno
para que esa situación cambie cuanto antes y se actúe; de ahí nuestra iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra el señor Pedret portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como enmendante de estas dos proposiciones no de ley.



El señor PEDRET I GRENZNER: Para tratar esta cuestión debemos enmarcarnos en el conjunto del Parlamento,


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es decir, de las Cortes Generales, y no podemos, por lo tanto, olvidar que el día 29 de noviembre de 2004 la Comisión de Interior del Senado aprobó una moción, propuesta por el senador Bofill, del grupo Entesa Catalana de Progrés, y aprobada
por unanimidad en la Comisión, que se refiere a temas exactamente iguales a los que nos plantean las dos proposiciones no de ley que debatimos en este momento. El Senado adoptó una moción que yo considero enormemente sensata y adecuada, que cubre
las expectativas de la solución a los problemas que se han planteado por parte de los intervinientes anteriores de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida.
Es compleja y no la voy a leer en su totalidad en este momento, pero debemos tener en
cuenta su existencia para entender el sentido de las enmiendas y de los votos en esta Comisión.



Dice el Senado que hay que incorporar al conjunto de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado el conocimiento de la existencia de la realidad plurilingüe de España, su reconocimiento constitucional, su reconocimiento
legal y la obligación que tiene la Administración de responder, en las condiciones legales, en la lengua propia de quien se dirija a ella en las comunidades con lengua cooficial, lo que nos parece enormemente sensato. Luego hay otros temas que
coinciden con las mociones y con la enmienda que presentamos respecto a la organización de cursos en los territorios con lengua cooficial propia y a la obligación de atender en esta lengua, y el Senado va incluso más allá al hablar de primar
económicamente el conocimiento de las lenguas por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tener en cuenta su conocimiento para la atribución de destinos y méritos en concursos de traslados. Por lo tanto, en el marco
de esta noción del Senado, reciente en el tiempo, de noviembre del año pasado, es donde hay que estudiar las proposiciones presentadas, y creemos que se cumplen básicamente los objetivos de las mismas si se aceptaran las enmiendas, idénticas a cada
una de ellas, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.



Se trata, en efecto, de impulsar la real existencia de cursos de lengua cooficial propia en las distintas comunidades autónomas, estableciendo los convenios adecuados con las comunidades autónomas (a las cuales no podemos desde aquí decirles
lo que tienen que hacer, sino que ha de ser por un sistema de acuerdo bilateral con estas comunidades autónomas) y adoptar, las medidas necesarias para algo que está ya en la ley y que desgraciadamente en algunos casos no se cumple. La Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, establece ya la obligación de respuesta de la Administración del Estado en la lengua propia y cooficial de la comunidad en la que resida el órgano al que
se dirige.



Estamos, por tanto, completamente de acuerdo en la necesidad de que esto se produzca, y constatamos también su dificultad, porque es complicado, lento, lleva tiempo intentándose y no se acaba de conseguir. Quizá se sorprendan SS. SS. si
les digo que el duque de Ahumada en 1844, cuando firmó el decreto de creación del Tercio de Cataluña de la Guardia Civil, estableció en una de las disposiciones la conveniencia de que los individuos que se destinaran a dicho tercio fueran
conocedores de la lengua catalana. De esto hace sólo 161 años. Creo que podemos tener esperanzas fundadas de que los acuerdos de esta Comisión se cumplan más rápidamente que los deseos del duque de Ahumada en 1844, pero es cierto que debemos
preocuparnos porque no existe la solución inmediata.



No votamos en contra de las iniciativas, aunque estén ya recogidas por el Senado el año anterior, porque se trata de ir recordando la existencia del problema y la necesidad de poner la voluntad política y los medios necesarios para hacerlo,
y ello no sólo, señorías, y concluyo aquí, por los derechos subjetivos de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua, a que se les entienda y a no ser discriminados por el uso de la lengua cooficial en la que prefieran expresarse, sea la materna o
no sino también por razones de eficacia policial. Me parece absolutamente lógico que el conocimiento de la lengua de la población del territorio facilitarle el trabajo policial de prevención e investigación.



Y si me permiten, señorías, como no tengo recato en confesar que uno de mis vicios es el de ser cinéfilo absolutamente irredento, aunque falto de memoria cada vez más, voy a recordar una antigua película policíaca italiana en la que la
primera escena consistía en la confesión que realizaba el asesino de ser el autor del asesinato que no era comprendida en absoluto por el carabinero de origen peninsular italiano, porque nos encontrábamos ni más ni menos que en la zona italiana de
lengua catalana.
Los catalanes cuando lo veíamos lo entendíamos y el resto de los espectadores universales se quedaban sin saber quién era el asesino.
Sería bueno, evidentemente, que el carabinero hubiera entendido el catalán, y será bueno también
que los guardias civiles, policías y todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en un territorio con idioma propio distinto del castellano lo puedan también entender. Por ello, señorías, solicitamos al conjunto
de los comisionados el voto de estas enmiendas.



La señora PRESIDENTA: ¿Resto de grupos parlamentarios que quieran intervenir para fijar posición en estas proposiciones no de ley? Por el PNV, el señor Olabarría tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En este ambiente futurista en el que nos encontramos espero haber apretado el botón correcto, en primer lugar, para poder intervenir.



Resuelta esta primera cuestión de puro método y siendo consciente de que soy oído, desde luego voy a votar a favor de la proposición presentada por el Grupo de Esquerra, integrada o reformada, configurada con la


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enmienda, parece ser que aceptada tanto por Esquerra Republicana como por Izquierda Unida. En todo caso de la integración de la enmienda con la proposición originaria, entendemos que deviene algo que resulta muy pertinente ya que utilizando
como referencia de autoridad al duque de Ahumada poco más hay que argumentar.



En este ámbito yo tambien tengo otra anécdota que contar. No es la primera vez que estamos hablando del conocimiento de lenguas cooficiales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto de la Guardia Civil. Recuerdo
perfectamente que en plena dictadura franquista, y para quienes tuvimos que sufrir sus rigores, había en Guernica un famoso capitán Hidalgo que discretamente estudió euskera y en los interrogatorios, alegando ignorancia de la lengua, los
interrogados se hablaban entre ellos en euskera pensando que el capitán Hidalgo y otros guardias civiles no iban a comprender las informaciones que transmitían, y hete ahí que el capitán Hidalgo y algunos más aprendieron euskera.
Luego ya en la
Guardia Civil encontramos varios precedentes históricos de normalización lingüística o de uso de las lenguas cooficiales, en aquella época no cooficiales todavía, desgraciadamente. Con estos antecedentes y con la película que nos ha contado el
portavoz socialista, con ese final tan espectacular, nosotros vamos a votar a favor. Pero nos encontramos con un problema que es puramente práctico, puramente metodológico, que afecta también al conocimiento de las lenguas por parte de los jueces.
Yo sería más ambicioso, y me refiero al portavoz de Esquerra Republicana y a los grupos que van a compartir esta proposición que estamos debatiendo al señor Cerdà en concreto, indicando que el sistema de impartición del conocimiento de la lengua, o
el aprendizaje y conocimiento de la lengua, obviamente no tiene que hacerse ni en la escuela judicial, en relación a los jueces, ni en las academias de policía o de la guardia civil en relación a estos cuerpos policiales, sino en el lugar de
destino, es decir, donde se habla o existe una lengua cooficial. Los requerimientos del conocimiento de esta lengua cooficial, tal como están o desarrollados jurisprudencialmente, en virtud de las previsiones constitucionales, de las previsiones
estatutarias y de las previsiones de la legislación ya muy abundante en materia de normalización lingüística, posibilita que todos los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier ámbito de la Administración pública, también la policial, la dedicada a la
seguridad ciudadana, en su lengua, en cualquiera de las lenguas cooficiales existentes en su comunidad, y ser también tratados y recibir sus respuestas en ambas lenguas.



Esto, planteado así en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no deja de ser una utopía, dadas las dificultades del aprendizaje de algunas lenguas concretas, por referirme al euskera por ejemplo, que es una lengua particularmente
enrevesada para ser aprendida. Yo animaría a los grupos proponentes a establecer algo complementario como es el reconocimiento como mérito para progresar en la carrera profesional del conocimiento de la lengua cooficial. Esto se ha conseguido ya
con los jueces; la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como un mérito que posibilita progresar en el ámbito de la carrera judicial, en el ámbito de la movilidad hacia mejores destinos de los jueces, el conocimiento de la lengua cooficial, y
tendríamos que terminar estableciendo un sistema de perfiles tal como está configurado en todas las demás administraciones donde existen lenguas cooficiales, un sistema en virtud del cual determinados puestos de trabajo... (Rumores.)


Perdone, señora presidenta, pero la verdad es que en este ambiente futurista, particularmente ruidoso, resulta un tanto difícil poder explicarse, sobre todo desde esta parte postrera de la sala.



La señora PRESIDENTA: Le oímos perfectamente, señor Olabarría, pero ruego también al resto de los diputados que mantengan un poco de silencio.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Agradezco señora presidenta, a pesar de un cierto desorden, su atención personal.



Termino diciendo que un sistema de perfiles es lo que garantiza al final el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, de los requerimientos estatutarios, de los requerimientos previstos en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, porque un sistema de perfiles es lo que establece como obligación que determinados puestos ocupados por funcionarios públicos que tienen que atender a ciudadanos puedan manifestarse en cualquiera de las dos lenguas cooficiales.



Esto es una utopía en el ámbito judicial y esto es una utopía en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, pero vamos a acabar también parafraseando la conocida frase relativa al concepto de utopía: que la utopía es lo
que no está en la realidad. Vamos a ser optimistas y pensar que lo que hoy es una utopía el día de mañana puede convertirse en una realidad, y yo animaría a los grupos proponentes a que incorporen provisionalmente un sistema de méritos para la
progresión en la carrera profesional de los funcionarios policiales, un sistema de méritos que pueda acabar configurando a estos cuerpos mediante una estructura de perfiles lingüísticos en virtud del cual determinados puestos de trabajo ocupados y
que necesitan además una conexión, que están en zonas donde el conocimiento de la lengua cooficial es abundante en primer lugar y, luego, la conexión con el ciudadano es frecuente, tengan que estar obligatoriamente ocupados por personas con un
conocimiento de ambas lenguas cooficiales. Esto, que es algo en lo que se está ya trabajando en el ámbito judicial, no tiene por qué no ser pertinente y viable en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Gracias, señora presidenta, y perdone por las disfunciones de la impericia en el manejo de una maquinaria tan sofisticada como la que nos ha tocado en suerte en esta Comisión.



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La señora PRESIDENTA: Señor Guinart, por el Grupo Catalán de CiU.



El señor GUINART SOLÁ: Muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a estas dos proposiciones no de ley, que no hacen más que recoger una aspiración histórica y repetitiva de nuestro grupo, que es la de ir avanzando hacia la normalización
lingüística y hacia el reconocimiento de las lenguas de las comunidades autónomas con lengua propia en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, el que una institución más, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenga también
esa posibilidad de recibir formación en las otras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego (aunque una de las proposiciones sólo proponga la del catalán, nuestro grupo lógicamente lo hace extensivo al resto de lenguas oficiales del
resto de comunidades autónomas) no es más que reiterar nuestra posición histórica en este ámbito, y entendemos que si esta proposición no de ley sale adelante, como es de prever según las manifestaciones anteriores de los portavoces, se deben llevar
a cabo las acciones pertinentes para que se hagan realidad en un breve plazo de tiempo.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Souvirón tiene la palabra.



El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Intervengo para fijar la postura del Grupo Popular frente a las dos proposiciones no de ley planteadas. En primer lugar, una reflexión, y es que ya desde octubre del año 2004 se fijó de alguna manera la
estrategia, por parte de Esquerra Republicana de Catalunya de una serie de iniciativas que se irían trayendo sucesivamente a la Cámara en relación con el reconocimiento del Estado plurilingüe y el Estado plurinacional. Obviamente, no comparto ni
las iniciativas ni el objetivo finalista, pero la verdad es que he podido comprobar en los debates que he tenido la oportunidad de estudiar cómo por parte del Partido Socialista algunos de sus intervinientes han asumido este objetivo, lo que me
sorprende, y cito algunas frases del diputado señor Corcuera: Somos también conscientes de que el modelo de Estado plurinacional aún no está acabado, que aún hay aspectos en los que hay que avanzar, pero poco a poco se están introduciendo
modificaciones importantes impensables en épocas anteriores, y para su buen fin es necesario un alto grado de consenso; o las palabras que citaba la diputada Batet en las que decía y clarificaba cuál era el concepto de Estado español: Para
nosotros el Estado en el que convivimos es un Estado plurilingüe, plurinacional y pluricultural y que no sólo se debe reconocer sino que debemos potenciar su reconocimiento en la sociedad.



¡Hombre!, ya que tengo esta oportunidad, le pediría al Partido Socialista, que ya que estamos en un Estado reconocible como plurinacional, nos dijera, cuáles son las naciones que lo componen, si pueden. En todo caso, yo, como navarro, les
pediría que me dijeran si Navarra constituye una de esas naciones que dicen que es reconocible dentro de la nación española o si forma parte de una nación distinta de la que hoy se configura o consolida como una comunidad foral. Creo que nos
ayudaría mucho a saber si efectivamente nos podemos reconocer como un Estado plurinacional, y en todo caso, si esta iniciativa se enmarca dentro de esa estrategia que ustedes obviamente comparten, por lo que, a decir de otras personas que en temas
similares, en supuesta defensa del plurilingüismo, se han posicionado a favor de su grupo. En ese caso, si realmente lo que se está utilizando con estas proposiciones no de ley es la defensa de la lengua desde un punto de vista politizado y lo que
se pretende es concienciar de otra cosa distinta que no sea el uso como tal y la riqueza y el patrimonio cultural, me da la sensación de que se utiliza la lengua como ariete político. En Navarra desde luego sabemos mucho de esto porque los que
defienden la pluralidad o el plurilingüismo normalmente acaban en el monolingüismo. Primero se defiende el plurilingüismo en abstracto, luego se defiende el bilingüismo, luego el bilingüismo es obligatorio y el castellano es lengua minorizante, y
al final ese plurilingüismo inicial se transforma en un monolingüismo y esa lengua supuestamente minorizada acaba siendo una lengua minorizante.



Esto ya lo conocemos y, en todo caso, creo que la politización de las lenguas es el peor camino para su respeto, para su consolidación, y que es la libertad y el derecho de opción lo que debe de regir, y no se debe imponer el plurilingüismo
ni se debe de exigir.



La señora PRESIDENTA: Perdóneme un minuto, señor Souvirón, tenemos un problema en la sala hasta que nos adaptemos, que es que recoge todo lo que se habla. Si tienen que hablar entre ustedes, les invito a que salgan porque, si no, no se oye
a la persona que está en el uso de la palabra.
Perdón, puede continuar.



El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Entiendo que los nacionalismos que fundan su diferencia en el idioma quieran defenderlo así, pero obviamente no coincido con la postura que ha mantenido en debates anteriores el Partido Socialista sobre este mismo
tema.



En todo caso, nuestra postura ante las proposiciones no de ley, que no es favorable, se basa en el bloque de constitucionalidad, en cómo está regulado el derecho de las lenguas en la Constitución Española, cómo está regulado asimismo en los
estatutos de autonomía y en distintas sentencias del Tribunal Constitucional, y en todo caso podríamos añadir argumentaciones en relación con la aplicación del principio de no discriminación, de igualdad de condiciones; podríamos hablar de la
propia naturaleza de los cuerpos a quien va dirigido, cuerpos nacionales, o de la movilidad de los propios cuerpos y de su utilidad real. Y llama poderosamente la atención que, tanto en este debate como en anteriores, pero sobre todo en éste, en
ningún momento, salvo en la última intervención del portavoz del Grupo Socialista, se haya


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hablado de la utilidad, de la practicidad, se haya hablado de a quiénes les afecta, se haya hablado del servicio, si efectivamente se mejora o no se mejora. Realmente eso llama la atención porque parece ser que ni se les ha consultado, ni
se les ha pedido opinión, ni se sabe lo que ellos opinan, si tienen una alternativa, en todo caso cuál es el grado de practicidad. Eso llama poderosamente la atención y hace pensar si efectivamente de lo que estamos hablando es de hacer de la
lengua un instrumento útil para mejorar el servicio de la Administración; en cualquier caso, me parece que éste es un debate artificial.



La enmienda del PSOE la hemos leído con atención y no nos parece mal, porque desvirtúa y desnaturaliza absolutamente las pretensiones y el texto de las proposiciones no de ley que plantean tanto ERC como Izquierda Unida. Nos parece correcto
que se impulse la realización de cursos para el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas, incluso en colaboración con las propias administraciones autonómicas, y obviamente, cómo no, nos parece que deben adoptarse las medidas
oportunas para garantizar el derecho a poderse expresar en cualquier lengua cooficial en los procedimientos frente a la Administración, tal y como recoge la Ley 30/1992. Por eso anuncio que en caso de que se acepte esta enmienda del Partido
Socialista nuestro voto será a favor.



La señora PRESIDENTA: El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya ya ha manifestado su posición favorable a aceptar la enmienda del Grupo Socialista. Le doy un turno breve a la portavoz, señora Navarro, para que se defina sobre la
enmienda.



La señora NAVARRO CASILLAS: Respecto a una posible transaccional en cuanto a la enmienda presentada, lo anunciaré en el momento de la votación.



- RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SEVILLA Y HUELVA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000259.)


- RELATIVA A PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS BRUSCOS CAMBIOS CLIMÁTIOS SUFRIDOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. PRSENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000668.)


La señora PRESIDENTA: Hemos finalizado con el debate de estas dos proposiciones no de ley. Pasamos al punto 2, que es la proposición no de ley relativa a la declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por los incendios
forestales en las provincias de Sevilla y Huelva, del Grupo Parlamentario Popular, que vamos a debatir conjuntamente con la proposición no de ley relativa a paliar los daños ocasionados por los bruscos cambios climáticos sufridos en la provincia de
Almería, que es el punto 5. Tratan del mismo tema, aunque en distintos territorios, por lo tanto las debatiremos conjuntamente, pero con las intervenciones que cada grupo estime necesario hacer.



Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular para defender la número 2 del orden del día, por un tiempo de diez minutos.



La señora BÁÑEZ GARCÍA: El pasado 27 de julio tuvo lugar el incendio más importante registrado en Andalucía en los últimos 25 años, y el Grupo Parlamentario Popular pidió entonces la declaración de zona catastrófica para la zona, dada la
magnitud de la tragedia. Se quemaron más de 35.000 hectáreas, los municipios afectados fueron 13, se perdieron dos vidas humanas y estos incendios afectaron principalmente a las provincias de Huelva y Sevilla, como se recoge en el título de la
proposición no de ley. De la superficie afectada por el incendio, la mitad corresponde a montes públicos y la otra mitad a montes privados. El tipo de vegetación incendiada en un porcentaje muy cuantioso fue de especies de crecimiento rápido,
especialmente pinos y eucaliptos. En la superficie de los montes privados, los que sufrieron más consecuencias por esta pérdida medioambiental fueron los municipios de Berrocal y El Madroño, considerados, como todos saben, como la zona cero del
incendio.



El impacto en los municipios afectados ha sido de una extraordinaria entidad, por cuanto el incendio se cebó especialmente en el monte de alcornocal, lo que constituía un aporte muy importante a la renta de los ciudadanos de esos municipios,
cuando no de sustento de muchas familias -estamos hablando de más de 300 familias afectadas en la zona cero por esta tragedia-, todo ello sin perjuicio de la importante afectación que también ha sufrido el sector ganadero y de los valores
medioambientales y paisajísticos de la zona.



¿Qué hizo entonces el Gobierno de España ante esta tragedia? Primero, desatender la petición de muchos ciudadanos de la zona, de los municipios, de la plataforma Fuego nunca más, que es la que englobaba a los sectores sociales de aquella
zona, y por supuesto de este grupo parlamentario, que pidió la declaración de zona catastrófica en su día.
El Gobierno y el grupo que sustenta al Gobierno calificaron de obsoleta esta medida, de antigua, pero esa medida sigue estando en el
ordenamiento jurídico, medida que ustedes quisieron entonces obviar y que nuestro grupo demandó en su totalidad en ese momento, y se sustituyó por un real decreto de medidas urgentes que, según decían desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde
el Gobierno, sería una medida mucho más eficaz.



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Pues bien, señorías, estamos en el día de hoy debatiendo esta proposición no de ley que, lejos de perder actualidad, tiene toda su importancia porque nos permite hacer balance casi un año después de que se produjera esa tragedia. Estamos a
pocos días del aniversario de esa tragedia humana y medioambiental y podemos, de verdad, hacer balance de lo que se hizo entonces y de lo que se está haciendo ahora y de la respuesta que hemos dado a los municipios, pero sobre todo a la sociedad
afectada por ese tremendo incendio del pasado verano.



¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Pues miren ustedes, lo primero es que el Gobierno se ha olvidado de Andalucía; el presidente del Gobierno de España, que debe ser el presidente de todos los ciudadanos de nuestro país, hasta hoy no ha
visitado la zona afectada por el incendio forestal.
Nos sorprende porque, ante tragedias de otras magnitudes en otras comunidades autónomas, el Gobierno y el presidente del Gobierno en persona acudieron enseguida a visitar la zona de la tragedia.
Sin embargo, no ha tenido la decencia, casi diría yo, de aparecer por Huelva por lo menos para interesarse directamente por lo que ha sido esa tragedia medioambiental, y no nos parece oportuno que se desprecie a una tierra como la andaluza por una
persona a la que el Gobierno socialista de Andalucía siempre consideró amigo. No lo digo yo, no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo dice el alcalde socialista de Berrocal, de la zona cero de la tragedia: 'Considerando la magnitud de la
tragedia, hubiera venido bien a la población un apoyo expreso y directo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero', y lo dice en un medio de comunicación en este mes. Pero lo que es más importante, después de un año, las ayudas
prometidas y comprometidas por las distintas administraciones, y de manera especial las que afectan al Gobierno de España, siguen sin llegar, y ¿por qué no han llegado todavía esas ayudas? Los mismos alcaldes de la zona, alcaldes del Partido
Socialista o de Izquierda Unida, el presidente de la Diputación de Huelva, del Partido Socialista, con ocasión de una comparecencia en el Parlamento de Andalucía ante un grupo de trabajo que se hizo sobre los incendios, corroboraron a finales del
mes pasado que las ayudas no llegaban a los municipios afectados, sobre todo las ayudas que esta Cámara aprobó de forma unánime en el real decreto de ayudas de junio del año pasado. Lo denuncian los alcaldes socialistas, lo denuncia el alcalde de
Berrocal, que es uno de los municipios más afectados por ese incendio tan importante.



A nosotros nos gustaría hacer desde aquí una llamada de atención al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios para que demos solución a estos problemas y una esperanza a tantas familias afectadas de los municipios de Huelva y de Sevilla
por esta catástrofe. Por eso haré luego una enmienda a esta proposición no de ley en positivo, para intentar entre todos paliar cuanto antes esa falta de soluciones inmediatas que teníamos que haber dado todas las administraciones, pero me gustaría
también referirme al municipio de Berrocal, ya que soy diputada por la provincia de Huelva.



Independientemente de que las ayudas de la Junta de Andalucía han llegado de forma, diremos, desigual, y tampoco han llegado todas las que han sido prometidas y han sido firmadas por los municipios con la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, como se trata de la Administración andaluza no me centraré en ello, eso lo debatirán mis compañeros en la Cámara andaluza, pero sí diré que del crédito extraordinario que aprobó el Gobierno central, el 17 de septiembre del año
pasado, de 15 millones de euros para cinco comunidades autónomas afectadas por los incendios, entre ellas Andalucía, todavía no ha llegado ni un euro a Huelva ni a Sevilla para paliar estos daños, habiéndose presentado los proyectos y las
solicitudes en tiempo y forma, según han explicado los alcaldes socialistas de Valverde y de Berrocal, y el alcalde de Valverde lo decía, a su vez, como presidente de la Diputación Provincial de Huelva. Nosotros creemos que es hora de que el
Gobierno dé una respuesta rápida y cuanto antes mande la ayuda comprometida a estos municipios afectados.



Por otra parte, me gustaría poner de manifiesto que Berrocal, que es el municipio quizá más importante afectado por el incendio de la zona cero, vive fundamentalmente del tratamiento del corcho, porque de las 300 familias que forman la
localidad, 285 pertenecen a la cooperativa corchera y su actividad, su medio de vida es el tratamiento del corcho.
Con ocasión de este terrible incendio, el 85 por ciento del corcho que se trataba en esa cooperativa se ha perdido, y tanto el
Gobierno de España como la Junta de Andalucía iban a dar una solución para salvar la renta y el modo de vida de esas familias en los próximos años.



La alternativa que el Ayuntamiento, junto con los sectores afectados, con la cooperativa, con la Diputación de Huelva y con la Junta de Andalucía, daban es que el corcho procedente de los montes públicos de Andalucía y de otras partes de
España se llevase a esa cooperativa para su tratamiento y su modificación, y así esas familias tendrían un medio de vida para los próximos años, ya que estamos hablando de que el bosque de alcornocal perdido en esas hectáreas incendiadas no se
volverá a poder tratar en una media de 30 a 60 años, con lo cual estamos hablando del futuro de muchas familias de Huelva. Pues bien, el 60 por ciento de esas pérdidas lo iba a asumir la Junta de Andalucía, a través de un convenio con el municipio,
y el 40 por ciento lo asumía el Ministerio de Medio Ambiente a través del corcho de los montes públicos. Hasta hoy esos convenios están preparados por parte del municipio con las distintas administraciones; parece que el de la Junta de Andalucía
se puede firmar, aunque todavía no tiene fecha, y el que se tendría que firmar con el Ministerio de Medio Ambiente está en suspenso y están poniendo muchas pegas. Nosotros desde aquí, como grupo parlamentario, queremos pedir al ministerio que haga
un esfuerzo para paliar esa pérdida de rentas que van a sufrir tantas familias de


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Berrocal. El mismo alcalde de Berrocal, en la entrevista a la que antes hacía referencia, dijo que el Gobierno aprobó para Berrocal unos convenios entre el ministerio y el ayuntamiento en materia de infraestructuras, pero hasta este momento
no ha llegado ninguna ayuda de las comprometidas. Pedimos celeridad en esas ayudas. A su vez, el Ayuntamiento de Berrocal tiene con el Ministerio de Medio Ambiente un convenio para llevar a cabo actuaciones de restauración medioambiental y
prevención de incendios, a través de la Dirección General de la Biodiversidad, por valor de 3 millones de euros, con cargo al programa de inversiones 456C, y tengo aquí hasta el número del proyecto, distribuido en tres anualidades: este año 300.000
euros; en 2006, 1.700.000 euros, y en 2007, 1 millón de euros. Hasta hoy tampoco ha llegado ni un euro a la zona. Nosotros seguimos pidiendo que eso se acelere, porque hay que dar una solución cuanto antes a tanta catástrofe medioambiental.



Nosotros, desde el Partido Popular, después de hacer balance, lo que queremos es hacer una política constructiva. Nos parece que lo más importante para un político es buscar soluciones a las necesidades de los ciudadanos, porque para eso
estamos aquí y somos sus representantes, y por eso les pedimos a todos los grupos parlamentarios, incluido al que sustenta al Gobierno, generosidad para apoyar la enmienda que voy a hacer in voce sobre esta proposición no de ley. Tenemos que
hacerlo entre todos, porque lo importante es dar solución a los problemas de estas familias y de estos municipios afectados por la catástrofe, para que cuanto antes puedan tener esperanza en su futuro, y también tenemos que poner todos los medios
necesarios por parte de todas las administraciones para que situaciones como éstas no vuelvan a producirse. Por tanto, confío en la solidaridad y en el apoyo de todos los grupos parlamentarios.



He distribuido la enmienda que presento a esta proposición no de ley en la que pido que se proceda con carácter urgente y de manera inmediata al pago de las ayudas comprometidas por parte del Gobierno.



Por otra parte, todos los alcaldes de todas las localidades afectadas, en esa comparecencia parlamentaria ante el grupo de trabajo que antes mencioné, pidieron más inversiones en prevención y en ayuda contra los incendios forestales. Por
tanto, siendo coherente con esta petición unánime de todos los alcaldes en el Parlamento de Andalucía, creemos que es importante que actúe la única brigada dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Brigada de la Pata del caballo,
situada en Paterna del Campo, Huelva, que es un municipio muy cercano a la zona afectada por el incendio. Esta brigada, el año pasado, en un primer momento se derivó a Cádiz y este año parece que la quieren dejar inactiva. Nos parece un grave
error desmantelar esta brigada tan importante en la prevención y extinción de incendios, que 16 profesionales de esta brigada, con 14 años de experiencia, se estén dedicando a otras labores que no es la prevención y extinción de incendios cuando
tenemos por delante un año bastante seco y con muchísimos problemas, y sobre todo que el helicóptero que estaba permanentemente en Paterna del Campo, con capacidad para verter 3.000 litros de agua ante cualquier foco de incendio, haya desaparecido
de Huelva. Como onubense y de forma responsable, creo que tenemos que pedir urgentemente al ministerio la situación de actividad de esta brigada y por supuesto que, en vez de en Cádiz, que tienen otros medios de ayuda, siga ubicada en Huelva, dado
el año de sequía en el que nos encontramos.
Como estaba diciendo, la sequía va a ser muy importante en Andalucía durante este año; el ministerio hace unos días, a través de una nota de prensa, ya anunció que entre las comunidades autónomas que
presentan mayor riesgo de desertificación está Andalucía. Nos parece un error o una falta de previsión el que el Ministerio de Medio Ambiente, que va a invertir 82 millones de euros para paliar los efectos de la desertificación en España, se haya
olvidado de la Comunidad Autónoma de Andalucía para firmar un convenio de este tipo de prevención. Queremos entender que es un error, y si no es un error, que por favor cuanto antes Andalucía se incluya entre las comunidades autónomas con las que
convenie el Ministerio de Medio Ambiente.



Y por último, dado los incendios que ya se han producido en Huelva y Sevilla, y en toda Andalucía durante este año, que ustedes conocen a través de los medios de comunicación, creemos que es importante que se incluya de manera prioritaria a
Andalucía en las acciones a desarrollar en el marco del plan de actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales. Una vez más pido la solidaridad y el apoyo de todos los grupos parlamentarios para Andalucía, sobre todo para la zona
afectada por el incendio, para que demos una solución pronta y urgente a tantas familias que están sufriendo los efectos de esta catástrofe medioambiental, y con ello termino, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la siguiente proposición no de ley el señor Hernando. Su compañera le ha consumido un poco de tiempo de su turno, pero vamos a intentar que pueda tener el tiempo necesario para defender
la proposición no de ley.



El señor HERNANDO FRAILE: Apelo a su generosidad.



Hoy es 28 de junio y parece que, dadas las circunstancias climáticas, tendríamos que estar debatiendo en esta Comisión o en cualquier otra asuntos relativos, no a las heladas ni a los granizos de los meses de enero, sino quizás a la sequía
que estamos padeciendo en estos momentos y cuyas consecuencias se van a agravar, si Dios no lo remedia, a lo largo del verano. No obstante, he de decirles que mi grupo presentó esta iniciativa ya en el mes de febrero y que hubiéramos deseado que su
debate se hubiera producido con anterioridad. Cuando en momentos como éstos se producen este tipo de situaciones, uno pretende recordar lo que fueron las promesas


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de algunos políticos que dijeron que iban a hacer del Parlamento el centro de la vida política. Estos procedimientos y estos retrasos en los debates creo que no favorecen que este Parlamento sea precisamente ese centro que algunos nos
anunciaron en su día. No obstante, hay factores que hacen que esta proposición no de ley pueda ser en estos momentos de actualidad.



Como todos ustedes saben, España, y muy especialmente el sureste peninsular, padeció una ola de frío tremenda en el mes de enero, que provocó que provincias en las que jamás se habían producido esos factores climatológicos, según los más
viejos del lugar, se produjeran en esas fechas y que la nieve llegara hasta las costas de las playas de Almería -también sucedió eso en Murcia- afectando de forma extraordinaria a una agricultura temprana, con invernaderos, que no está preparada
precisamente para situaciones de este tipo. Eso provocó una situación catastrófica, calificada como tal por responsables políticos de distintas ideologías y también por los sindicatos de agricultores, y provocó innumerables pérdidas en las
producciones de verduras, y de tomate en especial. Eso se pudo comprobar de forma inmediata, ya que afectó a los propios mercados produciendo un desabastecimiento de los mismos y un incremento de los precios.



Más de 10.000 agricultores en Almería perdieron completamente sus cosechas y eso afectó a 43.000 personas que trabajan en el sector de forma directa o indirecta. Los sindicatos evaluaron las pérdidas en más de 1.000 millones de euros y eso
fue agravado con un terrible granizo que provocó el hundimiento de invernaderos tan sólo quince días después de esta catástrofe. En esta ocasión 1.500 hectáreas de invernaderos se hundieron por el peso del granizo; el Gobierno de entonces anunció
medidas y algunos políticos del Partido Socialista, digo algunos, no todos (en Almería no les dejan a todos trabajar de la misma forma), se acercaron a hacerse fotos y a decir que iban a traer medidas urgentes para resolver este problema. Pero lo
único cierto es que las medidas que se han debatido y aprobado en el Congreso, a través de dos reales decretos, son medidas que han estado concentradas fundamentalmente, no en intentar paliar los daños producidos en nuestra agricultura, sino
sencillamente en incentivar la contratación de seguros para prevenir futuras catástrofes de este tipo. Es evidente que eso ha provocado que el éxito de las medidas haya sido escaso. Ayer mismo se cerraba el plazo para pedir esas ayudas y hemos
visto que han sido muy pocos los agricultores que han decidido presentar los papeles para solicitar estas ayudas. Cuando han sido conocidas por los propios agricultores y cuando se les ha solicitado los requisitos burocráticos necesarios, los
agricultores han decidido, después de esperar varios meses, buscarse las habichuelas en otra parte, en algunos casos endeudándose hasta las cejas.



Este Gobierno no ha entendido que en la agricultura almeriense no se puede perder ni un solo día, y que cualquier día que no se trabaje es un día de pérdidas. Es una agricultura intensiva, con cinco o seis cosechas y no se puede estar
esperando seis, siete meses o un año a que a uno le den la ayuda para levantar el invernadero hundido o a que le den dinero para poder comprar semillas con las que sustituir las cosechas afectadas. Eso es lo que ha provocado que miles de
agricultores que se interesaron en su momento por los anuncios de algunos políticos del Partido Socialista en Almería y Andalucía hayan renunciado y decidido empeñarse hasta las cejas negociando directamente con los bancos, en vez de esperar a las
medidas no sólo tardías sino francamente cicateras del Gobierno socialista, y es lo que ha provocado una enorme frustración en los agricultores almerienses, unos agricultores que saben que su agricultura es una agricultura que da mucho y que pide
poco y, lamentablemente, han tenido que comprobar cómo cuando pide algo, porque necesita algo, el Gobierno sencillamente le ha dado la espalda, eso es lo que ha provocado el escaso eco de las medidas entre los propios agricultores.



En lo que se refiere al granizo, la situación aún ha sido más lamentable y dramática; no pasarán de dos decenas de agricultores los que van a acudir al Real Decreto 613, sencillamente porque el Real Decreto 613 es un decreto previsto para
renovar los invernaderos, no para tener que reconstruirlos inmediatamente una vez que se han hundido. Por eso, en nuestra proposición no de ley pedíamos que se modificara este decreto y que se habilitaran partidas extraordinarias para que de forma
inmediata se ayudara a los agricultores a recuperar y a restablecer sus invernaderos.



Estamos hablando, señorías, de un sector productivo enormemente importante para la economía no sólo de Almería, que lo es, sino también de Andalucía e incluso de España, más de 300.000 millones de las antiguas pesetas en producción en el año
2004, y parece que la Administración no ha entendido absolutamente nada ni de nuestro sistema productivo ni de las necesidades de establecer sistemas mucho más ágiles para atender estas situaciones.
Por eso es por lo que pedimos hoy la aprobación
también de esta proposición no de ley, porque aun cuando pudiera parecer que ya ha pasado demasiado tiempo, lo cierto es que en la misma se contemplan todavía medidas que pueden ser de actualidad, como las bonificaciones a la Seguridad Social o
algunas otras medidas en ayudas directas que de alguna forma podrían paliar la inactividad del Gobierno.



Espero que, después del fracaso cosechado por este Gobierno en las medidas previstas, rectifiquen y aprueben esta proposición no de ley; que el Partido Socialista nos apoye no sólo en las fotos sino también con realidades, y por lo tanto,
podamos sacar adelante esta proposición no de ley que es tan importante y necesaria para nuestra provincia.



Nada más y muchas gracias, creo que he respondido a las peticiones de la presidenta.



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La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que deseen intervenir en este trámite? Grupo Socialista. Tiene la palabra, supongo que para posicionarse en la primera de las proposiciones no de ley que hemos visto, el diputado señor Oria.



El señor ORIA GALLOSO: La posición del Partido Socialista en esta proposición no de ley de petición de declaración de zona catastrófica para algunas zonas de las provincias de Huelva y Sevilla es negativa, y le vamos a decir que no también
a las enmiendas que ha presentado a última hora y que yo creo que son de la suficiente importancia como para discutirlas en otra iniciativa parlamentaria, que puede ser otra proposición no de ley, e incluso ponernos de acuerdo en los términos en que
vaya redactada esa nueva proposición no de ley. Por lo tanto, no a la petición de declaración de zona catastrófica, no a las enmiendas por esa razón.



A la petición de declaración de zona catastrófica también nos oponemos por muchas razones, la primera por ser solidarios con el señor Rajoy, que en estos tiempos que corren parece que necesita de cierta solidaridad. No queremos dejar en mal
lugar al señor Rajoy, habida cuenta de que ante una intervención del señor Llamazares, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, pidiendo la declaración de zona catastrófica en Galicia, con motivo del accidente del Prestige, dijo que: La petición
que hace de zona catastrófica para Galicia no la puedo aceptar como gallego porque sería muy perjudicial, porque las medidas que hemos tomado entre la Xunta y el Gobierno superan en mucho los efectos hoy ya rebasados de la declaración de zona
catastrófica. Y decía también el señor Rajoy en aquella intervención: Esa declaración no contempla, por ejemplo, las ayudas directas que hemos hecho entre la Xunta y nosotros de 2.200 euros, las bonificaciones de impuestos no están, la declaración
de urgencia de efectos de ocupación..., y daba una serie de razones para terminar diciendo que, por tanto, esa declaración era superflua. No me negará la portavoz del Grupo Popular que todas las medidas que se han venido poniendo en marcha a lo
largo de todo este tiempo por el Gobierno de la nación, conjuntamente con la Junta de Andalucía, van mucho más allá de lo que pueda significar una declaración de zona catastrófica, que, dicho sea de paso, son muy pocos los municipios o muy pocas las
comunidades autónomas que lo solicitan, no solamente por esos condicionantes que pone la propia declaración sino por el efecto negativo que en la imagen de esa comunidad o de ese municipio acarrea una declaración de estas características.



Por lo tanto, una de las razones por las que decimos que no es en coherencia con el señor Rajoy, y decimos también que no porque en Galicia, por ejemplo, que es donde se producen el 53 por ciento de los incendios, cada vez que se ha
solicitado una declaración de zona catastrófica se ha dicho que no. También en Extremadura, cuando en el año 2003 se quemaron 44.000 hectáreas, el Gobierno de la nación en aquel momento dijo que no a las peticiones de la Junta de Extremadura. Por
lo tanto, en base a esa coherencia que yo creo que debemos tener cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el Gobierno, es por lo que decimos que no.



Pero también hay una segunda razón, la rechazamos porque ya la Cámara en Pleno, el Congreso de los Diputados en Pleno rechazó esta petición a través de un nuevo artículo que ustedes incorporaban en el debate del real decreto-ley que
especificaba las ayudas que se iban a dar a distintas comunidades autónomas afectadas por incendios. Luego, en base a esa coherencia, donde ya desde el Pleno de este Congreso se le había dicho que no, es otra de las razones por las que nosotros
decimos que no.



La tercera razón por la que decimos que no, y yo creo que también es muy importante, es porque, tanto desde el Gobierno central, a través del real decreto que ya se aprobó en su día en este Pleno, como desde el plan de actuación integral que
en su día hizo la Junta de Andalucía, con una dotación presupuestaria para el año 2005 de 32 millones de euros, y además con apoyo financiero sobre todo para los empresarios y afectados de Berrocal y El Madroño y algún que otro pueblo que también
fue dañado de una forma importante, se dio ya un apoyo financiero a estas personas afectadas.



A lo largo de la mañana, la portavoz del Grupo Popular ha hecho una serie de consideraciones. Yo, a riesgo incluso de parecer pesado, quiero decir dónde se ha gastado el dinero, en primer lugar, la Junta de Andalucía, y tengo los datos. La
Junta de Andalucía hizo un plan específico para ese incendio, año 2005, de 32 millones de euros, con apoyo financiero para 15 años. La Junta de Andalucía hasta el día de hoy, a través de un presupuesto de emergencia, se ha gastado 17,6 millones de
euros, y voy a decir en qué se los ha gastado. Se los ha gastado en correcciones hidrológicas a través de albarrada, de fajina, de gaviones; se ha actuado sobre 19.436 hectáreas. En actuaciones sobre el arbolado afectado, se han retirado 55.623
metros cúbicos, fundamentalmente de pinar y eucalipto quemado; esa actuación ha sido sobre 8.503 hectáreas. En cuanto a los recursos apícolas afectados, porque es una zona con bastantes colmenas, se ha actuado sobre 87 unidades de colmenas.
Actuaciones de apoyo a la fauna: se ha estado durante siete meses apoyando en alimentación a la fauna de la zona. Se ha actuado sobre viales de las zonas afectadas por el incendio, fundamentalmente a través de repasos de caminos y carreteras
locales, en 120 kilómetros. En regeneración de la zona, fundamentalmente en siembra de bellotas y colocación de esquejes de encinas y alcornoques, se ha actuado sobre 300 hectáreas.



La señora PRESIDENTA: Señor Oria, lamento decirle que son, me parece, dos intervenciones en esta proposición no de ley, por lo tanto le ruego que vaya concluyendo.



El señor ORIA GALLOSO: Voy a intentar terminar rápido, pero me gusta siempre en este tipo de cuestiones


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dar datos, para que sepamos de qué estamos hablando y no decir que la Junta o el Gobierno no actúan.



Se han firmado 360 convenios entre la Junta de Andalucía y los propietarios, sobre una superficie de 12.839 hectáreas y 1.414 parcelas, y la Administración andaluza y la Administración central normalmente cumplen con sus compromisos, se
tardará más o se tardará menos, pero desde luego cumplen con sus compromisos, y en estos momentos se están cumpliendo.



No me voy a extender en las actuaciones que el Gobierno de la nación ha venido haciendo a lo largo de este último año porque vienen recogidas perfectamente en el real decreto-ley de medidas de ayuda a la población y a la zona del incendio,
solo quiero decir que se están cumpliendo tal como vienen en ese real decreto y en base a los convenios que se vienen firmando con los distintos afectados.



Por lo tanto, el Gobierno de la nación junto con la Junta de Andalucía han cumplido con su obligación de prestar el apoyo necesario no sólo para intentar sofocar el incendio y que afectara al menor número de territorios posibles (y podríamos
hacer también una relación de la cantidad de medios que la Junta y el Gobierno central utilizaron en su día), sino que además se ha intentado minimizar los efectos del incendio en el menor tiempo posible, con una atención permanente a los afectados.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada señora Ortiz.



La señora ORTIZ RIVAS: Efectivamente, señorías, en el mes de enero se produjeron una serie de heladas primero y luego el granizo que afectaron a la agricultura intensiva de Almería, pero lo primero que hay que dejar claro es que no
afectaron a toda la agricultura intensiva de Almería sino a zonas concretas y determinadas, especialmente en el levante almeriense.
A partir de esa afectación de la agricultura, en el Pleno del Congreso y en distintas comisiones se han debatido
iniciativas de apoyo al sector agrícola de Almería. Como ustedes conocen, se aprobó de forma inmediata un real decreto-ley de ayuda a los agricultores afectados, luego tuvimos la oportunidad de volver a debatir ese otro real decreto-ley que
ampliaba el tiempo de cobertura, ha habido comparecencias en la Comisión de Agricultura, ha habido preguntas, y ha habido una proposición no de ley que presentó el Grupo Popular en la Comisión de Agricultura y que tuve la oportunidad de debatir con
su portavoz en esa Comisión en un sentido parecido. Y digo todo esto porque muchas de las cosas que vuelven a venir hoy a la Comisión de Interior y que se recogen en la proposición se han debatido suficientemente; es decir, ha habido ayuda para
los agricultores almerienses, ayudas directas a los agricultores, aunque es verdad que condicionadas por los seguros agrarios. Este es un debate que podríamos hacer, pero llevará mucho tiempo. Como el portavoz del Grupo Popular sabe, a no ser que
el Grupo Popular haya cambiado su posición política de cuando estaba en el Gobierno y defendía el plan nacional de seguros agrarios y ahora no lo defienda, esas ayudas obviamente están condicionadas al plan nacional de seguros agrarios, ayudas a
préstamos a bajo interés, interés cero casi, con la ayuda de la comunidad autónoma, ayuda a la estructura agraria mediante el Decreto 613 de la comunidad autónoma, exenciones fiscales, exenciones en el IBI, etcétera. Pero, por no extenderme, porque
sé que el tiempo es limitado, muchos de los puntos de esta inicitiva que se presenta hoy aquí están en marcha, están debatidos, están superdebatidos. ¿Cuál es, pues, la novedad de la iniciativa? Hay un punto primero que dice: Valoración y
evaluación de los daños producidos en la agricultura. Como el señor Hernando ha dicho y sabe, ahora mismo es algo absurdo en la agricultura intensiva de Almería, porque los daños se produjeron en los meses de enero y febrero y el señor Hernando,
como yo, sabe que en ese momento los agricultores almerienses volvieron a sembrar una cosecha que ya están vendiendo de melones y sandías primordialmente y, en algunos casos, tomates. ¿Cómo podríamos ahora valorar los daños que se produjeron?
Usted también lo ha dicho, los agricultores almerienses no se quedaron cruzados de brazos, están vendiendo ya una nueva cosecha; es absurdo plantear esa valoración. Pero, como digo, estamos haciendo este debate en la Comisión de Interior. ¿Y por
qué se hace en la Comisión de Interior? Porque hay una cosa que el portavoz del Grupo Popular casualmente ni ha nombrado, y es que lo que pide esta iniciativa es la declaración de zona catastrófica (podemos remitirnos posteriormente al Diario de
Sesiones de la Comisión) y no se ha hecho ninguna referencia a lo que es específico de esta Comisión, que es la declaración de zona catastrófica. ¿Y por qué no? Pues se lo voy a explicar, porque los agricultores almerienses pusieron el grito en el
cielo cuando el Partido Popular pidió declaración de zona catastrófica para la agricultura de Almería. ¿Por qué? Porque les hundían los mercados.



La agricultura almeriense ha exportado más de 1.600 millones de euros (es una cifra aproximada, no la tengo en la cabeza) a Europa y a países del este, y por lo tanto, al solicitar declaración de zona catastrófica pusieron el grito en el
cielo porque les hundían los mercados, porque verdaderamente no hay una situación de zona catastrófica generalizada en la provincia de Almería, y tendremos datos que confirman que la cuantía de las ventas se ha incrementado, aunque vuelvo a reiterar
que es verdad que en algunos puntos, para algunos agricultores, han sido un año difícil, se les ha hundido el invernadero y han tenido problemas con las cosechas. Por lo tanto, como digo, en el debate de la Comisión de Interior se pide la
declaración de zona catastrófica, cosa que el sector agrario almeriense y las organizaciones agrarias rechazan tajantemente.



Señor Hernando, usted se ha quejado en su intervención, que he seguido con atención, de que esta iniciativa estaba fuera de tiempo, decía que había venido tarde a la Comisión. Yo no sé por qué está fuera de tiempo pero,


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como usted ha reconocido, esta agricultura está fuera de tiempo, los agricultores almerienses están vendiendo ya una cosecha, las ayudas están ya en marcha, se pusieron en marcha con prontitud por el Ministerio de Agricultura, y esta
iniciativa en el mes de julio para los agricultores almerienses está absolutamente fuera de tiempo, como usted decía en el inicio de su intervención.



Y además decía usted otra cosa con la que estoy de acuerdo, y que yo también he dicho cuando hablaba de cómo es la agricultura de Almería, y es que estamos hablando de una agricultura que no espera, que no puede esperar ni un día.
Efectivamente, no podemos hablar en el mes de junio a los agricultores almerienses de poner en marcha evaluaciones de daños y ayudas de algo que pasó en enero y en febrero, cuando ellos ya están preparando los invernaderos para volver a sembrar a
finales de agosto, cuando empieza la feria en la provincia de Almería los agricultores almerienses empiezan a sembrar una segunda cosecha, no la cosecha que perdieron con la helada, que ya la han vendido, la siguiente cosecha.



Por lo tanto, yo creo, señor Hernando y Grupo Popular, que lo más razonable sería que esta iniciativa se retirara porque está fuera de tiempo y lo específico de la iniciativa que es la solicitud de zona catastrófica, como usted bien sabe,
fue rechazado, no ya por el Grupo Socialista, que también lo rechazamos, sino por el sector agrícola de la provincia de Almería.



- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000599.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 3, proposición no de ley sobre la modificación del reglamento de armas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el
señor De Luis.



El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La proposición no de ley que hoy se somete a la Comisión de Interior por parte del Grupo Parlamentario Popular fue presentada en el mes de febrero del año 2005 y pretende una modificación concreta del reglamento
de armas. La proposición no de ley lo que pretende es, como veremos ahora al repasar los antecedentes de la misma, aprovechar el trabajo ya realizado a finales de la legislatura pasada. En efecto, al final de la legislatura pasada, es decir, en el
mes de noviembre de 2003, tras múltiples reuniones y conversaciones del sector afectado por los problemas a los que haremos referencia después, que es el sector de los cazadores de este país, representados por la Federación Española de Caza y la
Oficina Nacional de la Caza, con la Dirección General de la Guardia Civil, se intentó buscar solución a algunos problemas que dificultaban la práctica cinegética y que estaban directamente relacionados, como he dicho anteriormente, con el reglamento
de armas. Bien es cierto que las modificaciones o los asuntos que fueron convenientemente tratados y resueltos en las reuniones que se celebraron en distintas ocasiones son de carácter muy concreto, de poca entidad en el conjunto de la extensión
tan grande del reglamento de armas, sin embargo, son asuntos que preocupan a un colectivo muy importante de ciudadanos, y yo personalmente pienso, y mi grupo parlamentario también, que el Poder Legislativo no solamente está para regular y para
contribuir a modificaciones en el ordenamiento jurídico, sino también para contribuir a poner sobre la mesa y llevar al ámbito y al espíritu de la acción del Gobierno aquellos problemas que la sociedad nos transmite y que requieren una determinada
solución.



El grupo de personas que puede estar afectado es un grupo significativo.
Aporto a la Comisión los datos que se conocen, para que nos hagamos una idea: la Federación Española de Caza tiene más de 400.000 federados, lo cual es un importante
número de ciudadanos afectados por el asunto; el número de licencias de escopeta en este país supera el millón y en el caso de licencias de rifles estamos en torno a las 100.000 personas, lo que quiere decir que hay un importante grupo de usuarios
que se ven afectados por los problemas a los que ahora voy a hacer referencia.



En efecto, en aquellas reuniones del sector con los responsables de la Dirección General de la Guardia Civil, donde se trabajó en profundidad, como he dicho anteriormente, se abordaron algunos problemas que afectaban a los campos de tiro.
Los campos de tiro están regulados en el artículo 150 del vigente reglamento de armas y los campos de tiro, que es un ámbito usado muy habitualmente en el medio rural no solamente para entretenimiento de los ciudadanos del medio rural sino también
como práctica habitual para perfeccionar el tiro de todas aquellas personas que se dedican a la práctica cinegética, están fuera del casco urbano, ubicados muchos de ellos en cotos privados de caza en donde no hay circulación de personas ni de
vehículos; hoy en día el reglamento de armas establece una serie de cautelas y una serie de requisitos excesivamente engorrosos, algunos de ellos relacionados con el cerramiento. Por ejemplo, se exige un cerramiento permanente para un campo de
tiro eventual con instalación de una malla, lo cual desde el punto de vista medioambiental no deja de tener un impacto negativo en los entornos que mi grupo y yo estamos plenamente decididos a conservar y a proteger. Todos los problemas que
afectaban a los campos de tiro habían quedado resueltos en las conversaciones a las que he hecho referencia.



Pensamos que los problemas que afectan a lo que es parte de la tradición de nuestro país en el medio rural, que es el uso de campos de tiro eventuales en cotos privados de caza o en cotos de caza en general, sólo requiere voluntad, porque
muchos de los requisitos engorrosos, vuelvo a repetir, que se exigen pueden ser solventados sin que signifique merma de la seguridad. Coincido con


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la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió en que el concepto de seguridad nunca debe de perderse de nuestro horizonte cuando tratamos de estos asuntos.



El otro tema, que también había quedado resuelto y que está recogido en la proposición no de ley que presento en la Comisión de Interior, afecta al transporte de armas, que está recogido en el artículo 147. El artículo 147 del reglamento de
armas establece que en el transporte de armas, el cazador o el titular del arma nunca debe de perder el control de la misma, algo por otra parte evidente y natural; el primer interesado en no perder el control para evitar que le pueda ser sustraída
es el propio titular del arma, sin embargo, llevado a su literalidad, la exigencia exige que si uno baja en una gasolinera a hacer cualquier actividad de las que se hacen en gasolineras como comprar un paquete de tabaco o cualquier otra cosa, en
principio debería desplazarse dentro de la gasolinera con el arma, lo que da lugar a una escena un poco extraña.
También se había llegado a una solución sobre este engorroso procedimiento.



El otro asunto que la proposición no de ley plantea afecta al préstamo de armas, que está recogido en el artículo 91 del reglamento. Hoy en día el préstamo de armas se contempla en el reglamento, bien es cierto que ha de materializarse por
escrito y con un plazo no superior a 15 días. Yo, personalmente, no puedo llegar a entender por qué son 15 días y no siete, o por qué no son 21. Por lo tanto, es una variable que se podría mejorar.
El requisito del permiso por escrito dependerá
de las circunstancias.
Comprendo que el requisito del permiso por escrito tenga que ser exigible si el titular, el dueño de arma, no acompaña al que ha recibido el préstamo en la jornada, pero si resulta que yo voy en una jornada de caza usando un
arma de mi compañera Susana Camarero, sería absurdo que Susana me hubiera tenido que dar un escrito autorizándome, porque cualquier autoridad competente puede comprobar que yo no he sustraído el arma de mi compañera y que mi compañera, en cambio, me
la ha dejado para practicar una actividad perfectamente lícita y reglada.



En tiempos, quiero decir durante la legislatura anterior, se rompió una limitación en cuanto al número de rifles, que era otro de los asuntos que la proposición no de ley contemplaba: la limitación que existía para que un determinado
titular no pudiera tener un número determinado de rifles.
Sin embargo, se mantiene la limitación en las escopetas. Esta es una variable que también preocupa al colectivo y tampoco parece que exista ninguna razón objetiva para mantener esa
limitación.



La Dirección General de la Guardia Civil y el sector también habían resuelto el tema de la simplificación de los trámites referentes a la revista de armas. Es lógico que la Intervención de Armas de la Dirección General de la Guardia Civil
tenga un control en lo que se refiere a armas que se encuentran en poder de titulares privados, pero los trámites para la revista de armas son realmente engorrosos y dificultosos, y también en aquella ocasión se había llegado a simplificar, como
digo, sin perjudicar el concepto de seguridad, que para nosotros es fundamental.



Estos acuerdos a los que se había llegado para dar solución a estas dificultades que he señalado de forma, supongo, bastante rápida, por desgracia no pudieron ser abordados a través de la oportuna modificación del reglamento de armas. Los
acuerdos se cerraron por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y el sector a finales de la legislatura, en el mes de noviembre del año 2003, me parece recordar, pero vino la disolución de la Cámara el primer mes del año 2004, y el
resultado de las elecciones hizo imposible que esto prosperara. Sólo quiero recordar a los miembros de la Comisión que los asuntos que planteo son, desde mi punto de vista, una legítima aspiración, una lícita demanda de un importante grupo de
ciudadanos que, también de una forma absolutamente lícita, realizan una actividad deportiva que corresponde al ejercicio de la libertad individual, que, como muchas veces en debates de esta naturaleza he manifestado, para nosotros es el principio
fundamental de un Estado democrático como el que por ventura gozamos en España, que son personas, las que practican esta actividad, absolutamente respetables con el medio ambiente y que todo el conjunto de actividad que se realiza en torno a la caza
y a los problemas que he señalado generan un importante caudal de renta y constituyen un importante subsector en el conjunto del sector primario español. Por lo tanto, creo que sus justas y legítimas reivindicaciones deben ser vistas con simpatía
y, con las debidas garantías, se debe intentar resolver estos problemas.



Creemos que no hay razones de peso que puedan dificultar el abordar una reforma parcial del reglamento de armas en esta materia. Me consta, porque así me lo han comunicado, que el Gobierno no está en este momento pensando en desarrollar o
aprovechar el trabajo realizado y que lo que pretende es una revisión en conjunto del reglamento de armas. El reglamento de armas, como antes he tenido ocasión de señalar, es una pieza extensa que puede afectar, además de a los asuntos que he
indicado, a asuntos que sí tienen una incidencia muy importante en el concepto de la seguridad. Me da la sensación de que si esperamos a una reforma global del reglamento de armas nos podríamos encontrar con que no veremos el asunto concluido en
esta legislatura, cuando son problemas que se pueden resolver porque ya estaban resueltos a finales del 2003.



Por lo tanto, confío en que los grupos que van a participar en la votación comprendan que lo que nosotros intentamos hacer es escuchar a un sector interesado en la solución de unos problemas, que compartimos con todos los grupos, estoy
seguro, la necesidad de garantizar el concepto de seguridad, que no creemos que dicho concepto quede perjudicado por los acuerdos a los que se había llegado en el año 2003 y que de esta forma estaremos dando una respuesta a unas demandas
perfectamente lícitas de un grupo de ciudadanos.



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Luego me manifestaré en relación con la enmienda de Convergència i Unió, y espero que con las razones que he apuntado pueda haber convencido al que hoy es el grupo mayoritario de la Cámara, que es el Grupo Socialista, que es quien tiene en
esta ocasión la llave para sacar adelante esta iniciativa, y contribuir así a uno de los objetivos que justifican la existencia del Poder Legislativo en un sistema democrático.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Efectivamente, nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Popular que es de sustitución, no es una enmienda que pretenda complementar ni añadir nada al texto articulado o a las
medidas que establece la proposición no de ley del Grupo Popular, es una enmienda que reconoce la existencia de una problemática que hay que cambiar y optimizar en relación con la reglamentación relativa a las armas, armas que lógicamente existen y
que son usadas por una serie de colectivos fuera de lo que son las fuerzas de seguridad, como son básicamente, aparte de los deportistas en este ámbito, la gente que tiene pasión o afición por la caza. Entendemos que hay que poner al día y
modificar el reglamento de armas, partiendo sobre todo de los principios de priorizar la máxima seguridad en su uso y tenencia y garantizando al mismo tiempo los derechos de todas las personas que puedan verse en algún momento afectadas
negativamente por un mal uso, por una mala gestión de las armas y explosivos. En este caso no hablamos de explosivos pero sí que podría sacarse a colación toda la problemática que en la Comisión del 11-M se suscitó en torno al control equívoco o
poco exigente de los explosivos que dio lugar a ese atentado.
Es un tema que hay que regular, pero nuestra enmienda pretende que, antes de cualquier modificación, se contraste con los representantes de esos sectores, que ya digo que especialmente
es el de caza, aunque no el único, y que la regulación que se haga tenga perspectivas de futuro, que sea perdurable durante mucho tiempo, que sea sostenible en algunos aspectos, y por tanto, que se haga con la participación y buscando la connivencia
y el acuerdo también de los sectores afectados, pero especialmente con esta visión, con este filtro ineludible de la máxima seguridad en su tenencia y uso.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Alcázar.



La señora ALCÁZAR ESCRIBANO: Después de escuchar atentamente, bajo este frío en el que una comprueba que una se hace más joven, parece que estamos en enero, la exposición de los dos grupos políticos intervinientes, se pueden hacer varias
reflexiones, entre ellas fundamentalmente dos: la primera, digamos, de práctica política, y es que ya estamos acostumbrados, sobre todo en esta Comisión, a las peticiones del Grupo Popular en forma de proposición no de ley en asuntos que o bien ya
se han puesto en marcha, como por ejemplo las juntas locales de seguridad o el amplio repertorio de cuarteles y comisarías que aquí se han visto, o bien ya se han puesto las bases para su solución, como es en la que ahora nos encontramos.



La segunda reflexión que podemos hacer está íntimamente relacionada con el tema que nos ocupa, y es la preocupación de todos por la seguridad, sin que ello suponga ninguna merma en los derechos de determinados colectivos, como por ejemplo
los cazadores, de los que se ha hablado aquí, y sobre todo la preocupación de cómo conjugar ambos aspectos.



El Partido Popular en su proposición no de ley afirma, paradójicamente, que la voluntad del Gobierno de querer abordar una reforma integral del reglamento de armas significa no tener prioridad sobre el tema, eso es lo que se expone en la
proposición no de ley. Ignora además el Partido Popular en su propuesta la existencia de un grupo de trabajo, al que no se ha hecho referencia, en el seno de la Comisión interministerial permanente de armas y explosivos, cuya función principal,
como ustedes conocen, consiste en la interpretación de la normativa vigente en materia de armas y explosivos y su actualización permanente. Dicho grupo de trabajo durante aproximadamente dos años, es decir, también bajo el Gobierno del Partido
Popular, ha estado desarrollando un análisis técnico para abordar una posible reforma integral de dicho reglamento.
Inexplicablemente no se recoge en esta proposición las conclusiones de este grupo de trabajo, puesto que se limita, tal y como se ha
manifestado, a incluir en esta propuesta parte de lo debatido, no los acuerdos fijados sino los que se han debatido, en una reunión que efectivamente se mantuvo en noviembre, finales del año 2003, entre representantes de la comisión de armas de la
Organización Nacional de Cazadores y miembros de la Dirección General de la Guardia Civil. En esa reunión se proponía acometer una reforma de dicho reglamento de armas, que, por cierto, es mucho menos ambiciosa que la analizada por el mencionado
grupo de trabajo y que además se restringe, como se ha manifestado por el Partido Popular, a determinados aspectos puntuales.



Fijándonos en estos aspectos puntuales, tenemos que hacer varias matizaciones, concretamente con respecto a los campos de tiro eventuales.
En esa reunión se abordaron los problemas en relación al control ejercido por la Dirección General de
la Guardia Civil específicamente. En esta reunión además consta textualmente por parte de los representantes de la Dirección General de la Guardia Civil que, a fin de estudiar las posibilidades que dentro del respeto a la norma vigente permitieran
un deporte que se incardina en la tradición, seguirían estudiando el tema.
Es decir, no se proponen medidas concretas relacionadas con la seguridad.
Tampoco se llega a ningún acuerdo en esa reunión, se manifiesta que siempre se actuará dentro de
la norma vigente. Por tanto,


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no se proponía ninguna modificación, sí que se establecían, en relación al control por la Dirección de la Guardia Civil de los campos de tiro eventuales, una serie de medidas que la Dirección General de la Guardia Civil manifestaba que
debían hacerse dentro de la norma vigente; por tanto, no significaba ninguna reforma parcial. También quedaban fuera otros aspectos como, por ejemplo, la duración temporal de las autorizaciones que afectan a los ayuntamientos. Se dejaban sobre la
mesa aspectos verdaderamente importantes y, por tanto, creemos que deben abordarse de una forma integral en el reglamento, no de forma parcial.



Otras cuestiones planteadas y a las que aquí se han hecho referencia son las relativas al transporte de armas por particulares y también al préstamo. En el primero de los casos no queda claro en esta proposición no de ley, por lo menos en
la presentación de la misma, si estamos hablando de la cantidad objeto de transporte, lo cual supone la supresión de la limitación de la cantidad establecida en el reglamento de armas, en el artículo 239.3, o si al referirnos al transporte de armas
nos referimos a lo establecido en el artículo 147, que parece ser que es lo que se ha manifestado aquí. A pesar de lo manifestado, el portavoz del Grupo Popular se ha referido puntualmente a la reunión mantenida, y ahí sí que se abordó la reforma
del artículo 239.3. Por eso decía que no me quedaba claro si era a ese transporte al que se hacía referencia.



Con respecto al artículo 239.3, al que sí hacía referencia esa reunión, es evidente que, en su caso, lo que se pedía era la modificación de la cantidad del transporte de cartuchos. Se había puesto en conocimiento de la Dirección de la
Guardia Civil la posibilidad del estudio de fórmulas y soluciones, pero desconocemos si se solicitaba la ampliación de la cantidad o la supresión del límite existente ahora mismo o si lo que se solicitaba era la modificación del artículo citado
mediante una disposición adicional en una instrucción técnica complementaria del reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en materia de transporte, con la finalidad de eliminar el límite de 5.000 cartuchos para
el transporte de munición metálica del calibre 22, sin plan de seguridad, tanto por carretera como por vía aérea y marítima. Por tanto, no quedaba claro en relación al transporte de cartuchos a qué nos estábamos refiriendo.



Con respecto a lo segundo, al artículo 147, la parada ocasional de los cazadores a que ha hecho referencia, incluso ha puesto ejemplos el compañero del Partido Popular, no solamente implicaba la modificación de la norma en relación al
control físico del arma en todo momento, sino que además lo que se dejó sobre la mesa eran las medidas de seguridad alternativas; por tanto tampoco había acuerdo sobre qué medidas alternativas había que adoptar para que, en el caso de que se
interrumpiese ese control físico sobre el arma, no se pusiera en peligro la seguridad. No era sólo cuestión de aplicar la excepción a la conducta que habría de aplicar la Guardia Civil para no sancionarla, sino que había que adoptar una conducta
alternativa que tampoco se puso sobre la mesa en esa reunión.



Con respecto a la cuestión relativa al préstamo de armas, en definitiva estamos todos de acuerdo en que deben facilitarse dichas formalidades, sin embargo, de las conclusiones de la reunión citada, también de las aportadas por el grupo de
trabajo o bien en la reunión que tuvo la ONC con el Seprona, en la que también se trató el tema del transporte, mi grupo entiende que debe abordarse una reforma integral, no sólo una reforma parcial de este tipo, y además, el mejor ejemplo es uno de
los puntos en los que el Partido Popular se fija, que es la revista de armas.



La señora PRESIDENTA: Señora Alcázar, permítame que le recuerde que ha rebasado ya su tiempo y vaya ya concluyendo, por favor.



La señora ALCÁZAR ESCRIBANO: Finalizo rápidamente. Es el mejor ejemplo, pues ya se hizo una reforma en el año 2000 por el Partido Popular sobre la revista de armas, y eso ha supuesto que en un año y medio ya se estuviera cuestionando dicha
reforma, de hecho el propio Partido Popular pretende otra.



Por último, en cuanto a la liberalización del número de armas, creo que es preciso una reflexión, porque hay que conjugar no sólo los intereses de los colectivos que solicitan esta supresión sino que, además, debemos abordar los problemas de
seguridad que yo creo que sí se derivan de ello.
Se dice que el actual reglamento de armas es restrictivo comparado con la Unión Europea. Es cierto, porque partiendo de la directiva de armas de 1991, cada uno ha ido regulando de forma más
restrictiva. Me voy a remitir brevemente, porque ya me he pasado de tiempo, a la comparecencia realizada por la señora Martínez Quirante en el Senado el 24 de marzo de 2003 (es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de
Barcelona), en la que, raparte de hacer una interesantísima diferenciación entre la sociedad europea y americana, recogía afirmaciones como que la mayor accesibilidad a las armas no implica mayor protección sino más riesgo, es decir, el riesgo del
arma crece con su disponibilidad, y que, a diferencia del modelo norteamericano de más mercado y menos Estado, el mayor grado de seguridad pública y de protección del derecho fundamental a la vida son factores definitorios de la solidez y la
reputación de un país y precisamente están mejor garantizados, diez veces mejor garantizados, en el sistema europeo del modelo de restricción de armas que en el americano. Tenemos ejemplos como el de Francia, en donde antes de los sucesos
lamentables ocurridos en un ayuntamiento francés, había una limitación de 12 escopetas para su utilización de forma deportiva, y tras esto se rebajó a seis.



Yo nunca he portado un arma y en esto estoy de acuerdo, después de las manifestaciones de la profesora citada, con la reflexión que hizo el portavoz del Partido


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Popular en esa Comisión, que dijo: A nosotros nos resulta difícil entender esta libertad de posesión de armas sin ningún tipo de restricción ante la esencia del Estado moderno que tiene el único monopolio legítimo de la violencia, el
derecho a tener armas es un derecho condicionado.



Acabo ya. Estamos de acuerdo en que debe hacerse una modificación integral del reglamento de armas, en que deben tenerse en cuenta los estudios realizados por la comisión interministerial, en que debe oírse a la Organización Nacional de
Caza y a todas las organizaciones y colectivos que representan a las personas que practican este deporte, pero teniendo siempre en cuenta la seguridad de todos, y no pueden hacerse reformas parciales sino que debe hacerse una reforma integral. Por
tanto votaremos en contra de la proposición no de ley planteada por el Partido Popular.



La señora PRESIDENTA: Para posicionarse con respecto a la enmienda de CiU, señor De Luis tiene la palabra.



El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En el trámite que me corresponde, le ofrezco la transaccional que hemos comentado en el pasillo, pero con luz y taquígrafos, al representante de Convergència i Unió, donde se mantiene el texto de Convergència i
Unió en el encabezamiento. Muy brevemente, quiero significar cuáles son para mi grupo parlamentario en este momento los asuntos que habría que priorizar.



He respetado no aportar ninguna solución en la proposición no de ley porque comprendo que no me corresponde,;solamente hemos intentado priorizar lo que ya estaba avanzado en el año 2003. En cuanto a lo del parcheo, comprendo que hay piezas
del ordenamiento jurídico español -y algunos diputados ya me lo han escuchado-, en donde los parcheos a los que ha hecho referencia la diputada socialista no son convenientes, me refiero al Código Penal; algunos diputados de la legislatura pasada
saben que he defendido que el Código Penal no se debe parchear, como tampoco quizá se debiera de parchear la ley del Poder Judicial, pero no es menos cierto que en esta legislatura se han producido modificaciones de esas dos leyes que tienen
carácter orgánico. Ahora estamos hablando de un reglamento y estamos hablando de una demanda, estamos hablando de unos problemas que estaban en cierta forma avanzados en su solución. No he condicionado la solución porque no nos corresponde a
nosotros, le corresponde al Grupo Socialista, le corresponde al Gobierno que hoy gobierna España, que es el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, lo único que nosotros mantenemos en esta propuesta es que se meta caña, se prioricen estos
asuntos que estaban bastante maduros para ser resueltos en respuesta a la demanda de un colectivo. Espero la opinión del Grupo de Convergència i Unió respecto a la transaccional que le he ofrecido.



La señora PRESIDENTA: O sea, que ha ofrecido una transaccional in voce.
Tiene la palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: No aceptamos la transaccional. Hemos comentado que era una enmienda de sustitución, y por lo tanto, o es el texto íntegro de nuestra enmienda o, si no, no aceptamos que se añada como complemento, como si fuera una
enmienda de adición a la propuesta del Partido Popular.



El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Pues como soy el dueño de la iniciativa, me la quedo en los términos en los que estaba presentada. Creo que la mía es bastante más completa que la de Convergència i Unió, y si no quiere enriquecer, no quiere
participar conmigo en este intento de solucionar los problemas de los ciudadanos, pues me quedo en soledad.



- PARA QUE SE AUMENTEN LOS EFECTIVOS POLICIALES DESTINADOS A PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000620.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate. Les advierto que voy a tratar de ser un poco más rígida en los tiempos. Hasta ahora no lo he sido, pero nos vamos pasando ya del tiempo razonable en que deberíamos terminar la reunión de la
Comisión.



Pasamos al punto 4 del orden del día, que es la proposición no de ley para que se aumenten los efectivos policiales destinados a proteger a las víctimas de violencia doméstica, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, en España la violencia de género representa un problema social de primera magnitud, una cuestión de Estado que debe ser conocida y debatida para poder entre todos buscar soluciones a esta lacra social.
Y podemos hablar de cifras: en el año 2004, 72 mujeres murieron por causa de violencia de género; en lo que llevamos de año, en estos seis primeros meses, ya son 30 las mujeres víctimas de violencia; si hablamos de órdenes de protección, ya se
han dictado 23.000.



Para el Grupo Popular uno de los caballos de batalla respecto a la violencia de género es la seguridad. Durante la tramitación de la ley contra la violencia de género hicimos hincapié en la necesidad de incrementar la seguridad de las
víctimas, presentamos una enmienda para la introducción de un plan de seguridad personalizado que al final no fue objeto de consenso y se quitó de la ley, pero esperamos que sea aprobado a través de una proposición de ley que presentó el Grupo
Popular hace


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unos meses. La seguridad sin duda es una cuestión básica y fundamental y no podemos obviarla, es necesario garantizar la protección que la víctima necesita para que pueda sentirse segura. En los últimos años se han aprobado numerosas
iniciativas, algunas de ellas legislativas, entre otras, las más importantes, la ley que regula la orden de protección y la ley integral contra la violencia, que han conseguido sensibilizar a la sociedad ante estos temas y sacarlos a la luz, de modo
que numerosas mujeres que mantenían ocultas las agresiones se han decidido a denunciar al sentirse más protegidas por la Administración. Esto representa un gran avance pero trae como consecuencia inmediata la necesidad de incrementar los recursos
que se ofrecen a estas mujeres, y uno de los déficit que hoy padecen las víctimas es la falta de protección suficiente, el escaso número de agentes destinados a su protección.



Sin duda uno de los aspectos más problemáticos detectados durante estos seis meses de vigencia de la ley contra la violencia es la falta de medios policiales. Debido a esta falta de recursos, muchas de las 23.000 órdenes de protección que
dictan los jueces no pueden llegar a materializarse, los efectivos policiales están desbordados ya que, debido al clima social creado ante este tipo de actuaciones, las medidas de protección que prevé la ley se dictan de forma casi automática, no
pudiéndose calibrar la urgencia o la gravedad de los hechos ni el grado de peligrosidad del agresor. Se calcula que el 50 por ciento de las medidas dictadas por los jueces para proteger a las víctimas no se cumplen debido a la escasez de medios
policiales dedicados a estas tareas.



Por ello, a través de esta proposición no de ley, el Grupo Popular pretende que el Gobierno incremente el número de efectivos policiales dedicados a la lucha contra la violencia de género, una medida absolutamente necesaria a la que creo que
ningún grupo se pueda oponer.
Desde el Grupo Popular consideramos básica esta medida, sobre todo porque a nosotros no nos sirven las falsas promesas ni los cantos de sirena en un tema tan delicado y tan importante como éste, no nos sirven ni los
anuncios ni la propaganda. Y digo esto porque en los últimos meses hemos escuchado en boca de diferentes responsables públicos datos contradictorios y dispares sobre los efectivos que en la actualidad se destinan a estas materias.



El 7 de mayo de 2004 el Consejo de Ministros preveía aumentar la dotación de las Emume de la Guardia Civil hasta los 250, y las unidades del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, las UPAP, hasta los 200, es decir, un incremento de 80
policías más y 60 guardias civiles más, pero el 29 de enero el ministro Caldera prometió que se incrementarán los 722 agentes especializados (472 policías y 250 guardias civiles), es decir, el ministro ya contó como existentes aquellos que se
preveía aumentar. El 8 de febrero el secretario de Estado de Seguridad, el señor Camacho, reducía la cifra a 700 agentes que protegen a las víctimas, incorporaba a 200 de las UPAP, 250 de las Emume, más 272 de los servicios de la Policía de
atención a la mujer, los SAM. También el secretario de Estado, señor Camacho, el día 6 de abril manifestó en esta misma Comisión que se iba a dotar con 200 nuevos efectivos del SAM y el incremento de 150 efectivos de las UPAP, aunque para enredar
más la cuestión también manifestó que todo el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están destinados a proteger a las víctimas de violencia de género. La secretaria general de Políticas de Igualdad, la señora Murillo, en la comparecencia
del 5 de abril reconoció que estaban en funcionamiento 53 servicios de atención a la mujer, del SAM, en todo el país, con 272 agentes que se verían reforzados a lo largo del tercer trimestre de este año con 200 nuevos efectivos. Por lo menos ella
concretó, porque dijo que se iban a producir en el tercer trimestre, pero de momento ni un solo nuevo efectivo. El ministro del Interior, en reunión con parlamentarias socialistas, anuncia que durante el año 2005 se aumentarán 380 nuevos
especialistas para combatir la violencia de género.



Como se puede comprobar, señorías, no coinciden ni una de las declaraciones, ninguno de los datos, ninguna de las fechas para su puesta en marcha, pero lo que más nos preocupa es que estas cifras distan mucho de las que manifiestan los
sindicatos tanto de la Policía como de la Guardia Civil, que dicen que sólo 354 agentes están dedicados a estas labores, 194 policías y 160 guardias civiles, y mantienen que es imposible defender a una mujer las 24 horas del día con la plantilla que
tienen; declaraciones que contrastan con las del ministro del Interior, que afirmó en el Senado que la dotación policial en España es suficiente para cubrir razonablemente las necesidades de protección de las mujeres maltratadas. Desde el Grupo
Popular consideramos que las cifras de malos tratos, las cifras de mujeres agredidas y el altísimo número de mujeres muertas responden por sí solas al ministro y están pidiendo a gritos que se incrementen las dotaciones destinadas a proteger a las
víctimas de violencia. Y por si SS.SS. necesitaban más datos, les diré, como he dicho anteriormente, que hay 23.000 mujeres con una orden de protección en la actualidad. Si contásemos los efectivos que dice el Gobierno, los 700 agentes,
corresponderían 33 mujeres por agente (yo no sé si ustedes consideran que un solo agente puede proteger a 33 mujeres de forma razonable, como manifestaba el ministro), pero si contamos con las dotaciones que indican los sindicatos, corresponderían
65 mujeres por agente. Me parece que los datos hablan por sí solos y reflejan la necesidad de este incremento.



Pero no solamente estamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular, los sindicatos policiales, los sindicatos de la Guardia Civil, sino que la propia presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder
Judicial, la señora Montserrat Comas, que es una gran experta en estas cuestiones, manifestó que lo que de verdad flaquea en la ley contra la violencia es lo que afecta a la seguridad de las víctimas.



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Tampoco, señorías, conocemos nada del protocolo de coordinación con las policías locales que debía haberse firmado entre el Ministerio de Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, que lleva más de un año anunciándose y
que a día de hoy no se ha producido. Sin duda éste va a ser un tema crucial porque para luchar contra la violencia de género es fundamental la concurrencia de todos los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado si queremos eficacia en la gestión
de los recursos de que disponemos. Pero además de incrementar el número de efectivos se debe incentivar el servicio. En la actualidad estos servicios saben ustedes que se prestan por agentes en segunda actividad pero, por la falta de incentivos,
se están dejando de cubrir los puestos asignados, por lo cual desde la Dirección General de la Policía se está planteando la asignación de estas funciones a los agentes en activo menores de 55 años.



Desde el Grupo Popular insistimos en la necesidad de incrementar el número de agentes porque no podemos permitir que las mujeres sigan siendo víctimas de malos tratos, porque no podemos permitir que sigan muriendo mujeres, porque tenemos que
intensificar la protección de las víctimas, porque tenemos que dar una respuesta, una protección personalizada a las víctimas, y por ello, y para que las mujeres víctimas de violencia puedan vivir más tranquilas, solicito el apoyo de los grupos para
que este incremento sea una realidad.



Y voy a hacer un breve comentario respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podíamos aceptar la enmienda propuesta por el Partido Socialista porque creemos que no se ajusta a la realidad. No hemos
visto el incremento necesario para cubrir las nuevas realidades que presenta este fenómeno de violencia, por lo tanto, no queremos que se siga perdiendo el tiempo, queremos que el Gobierno se ponga a trabajar de inmediato en mejorar y en incrementar
el número de agentes destinados a proteger a las mujeres víctimas de violencia.



Desde el Grupo Popular siempre hemos ejercido una gran responsabilidad y hemos intentado llegar a acuerdos y aprobar iniciativas que se plantean sobre la mejora de los derechos de la mujer, y muy especialmente aquellas que hacen referencia a
la violencia que sufren las mujeres. Por ello, en esta cuestión tan delicada, tan fundamental, de tanta trascendencia, hemos querido hasta el final poder llegar a acuerdos, y por eso hemos propuesto al Grupo Socialista una enmienda transaccional in
voce que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se aumente el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la protección de las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia doméstica,
para que las medidas que se recogen en la Ley integral de medidas de protección contra la violencia doméstica, en vigor desde el 31 de enero de 2005, tengan medios suficientes para poder aplicarse.



Quiero en este momento agradecer de antemano la postura de la portavoz del Partido Socialista por su ánimo de llegar a un consenso, de llegar a acuerdos en este tema tan importante para el futuro de las mujeres maltratadas. Espero que el
resto de los grupos sean receptivos a esta iniciativa y nos la apoyen.



La señora PRESIDENTA: Por favor, pasen la enmienda propuesta a la Mesa.
Por el grupo parlamentario enmendante tiene la palabra la señora Niño por un tiempo de cinco minutos.



La señora NIÑO RICO: Efectivamente creemos que éste es un tema para consensuar y no para hacer este tipo de actuaciones partidistas desde nuestro punto de vista. Yo he traído hoy aquí tres nombres que son los de Argelis Romero, de 37 años,
asesinada a golpes por su pareja en Navarra; el nombre de Claudina P.A., asesinada por su marido en La Laguna (Tenerife); y Rosaura Casquero, de 82 años, degollada por su marido en Piedrabuena (Ciudad Real), y creo que esto es lo que hace que
efectivamente tengamos que consensuar todos los grupos políticos, en la línea de ir más allá del partidismo.



Veintiocho casos de muertes son los que llevamos en este año en nuestro país como consecuencia de este terrorismo doméstico, una cifra que, aunque menor en proporción con respecto al año 2004, no debe nunca hacernos bajar la guardia en la
línea de la preocupación máxima ante un tema que, pese a haber provocado en los últimos años muchas más bajas que el terrorismo, figura en el puesto número 19 de las preocupaciones de los españoles, según la encuesta del CIS del pasado año.



No puedo, pues, realizar esta intervención sin declarar que estamos en la sintonía del espíritu de la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que todos los esfuerzos que se tomen y que se han tomado en
anteriores legislaturas han sido muy pocos y que siempre lo van a ser. Nuestra posición, la de mi grupo y la del Gobierno al que sustenta, viene avalada por nuestras actuaciones tanto en nuestra labor de oposición como en la actual responsabilidad
de gobierno.
El hecho, y digo hecho, señorías, que no proyecto, intención, compromiso, etcétera, repito, el hecho de que la primera ley aprobada por las Cámaras legislativas en esta legislatura haya sido la Ley orgánica de medidas de protección
integral contra la violencia de género demuestra que indudablemente ha sido una de las prioridades del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que el hecho de que se aprobase por unanimidad
en esta Cámara reafirma también que es una prioridad de todos los grupos políticos en ella representados.



Sin llegar en ningún momento a desmerecer la importantísima labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención, investigación y detección de este tipo de delitos, no creemos tampoco que sea conveniente olvidar otros
aspectos necesarios de abordar, como se ha puesto de manifiesto en el debate que ha precedido a la elaboración y final aprobación de la ley


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integral. Estarán ustedes de acuerdo en que la resolución de la violencia doméstica exige una respuesta global, coordinada por parte de todos los poderes públicos implicados en esta materia, y que el problema debe abordarse desde un punto
de vista multidisciplinar en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben jugar un importantísimo papel pero no exclusivo.



Podemos consensuar con el Grupo Popular que los medios existentes, incluso aunque los mismos se incrementasen considerablemente, nunca serán suficientes para garantizar que no haya más agresiones o violencia sobre las mujeres. Sin embargo,
discrepamos de la visión que se pretende trasladar en la exposición de motivos sobre falta de medios policiales, carencia de recursos humanos o situación de desbordamiento. ¿Y por qué? Porque los datos que daba la señora diputada del Grupo Popular
nos da la impresión que son los mismos datos que se transmiten desde el ministerio, con la coherencia lógica de que son siempre los mismos, sólo que ella los ha desordenado, me da la sensación. El Ministerio del Interior es perfectamente consciente
de que se deben hacer importantes esfuerzos para prevenir y combatir el fenómeno de la violencia de género. Precisamente por ello viene trabajando desde hace más de un año para reforzar y potenciar los medios materiales y humanos puestos a
disposición del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil. Son los datos que ha dado el señor ministro en esta Cámara y que la representante del Grupo Popular, perteneciente además a una de las comisiones que más ha trabajado en este
tema, debe de conocer. Gracias a las medidas que se han adoptado desde mayo de 2004, el plan de medidas urgentes acordado en el Consejo de Ministros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan hoy con una base mucho más amplia para aplicar la Ley
orgánica de medidas de protección integral contra la violencia. De hecho, una de las primeras actuaciones fue la de refuerzo de la plantilla de estas unidades especializadas en violencia de género doméstica en ambos cuerpos, y éstos son los datos:
El cumplimiento de este compromiso permitió que al finalizar el año 2004 contásemos ya con un total de 742 funcionarios especializados en estas unidades, 250 de las Emume, 200 destinados a la UPAP, 222 destinados al SAM (Servicio de Atención a la
Mujer), ésos son los datos y se pueden trasladar, desordenar, pero son ésos.



Antes incluso de que el Grupo Parlamentario Popular presentara en el Registro de este Congreso esta proposición de 9 de febrero de 2005, ya el Gobierno había aprobado, en reunión del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, medidas de todo orden, de carácter social, policial, de políticas de empleo y de actuaciones de coordinación, que deberían acometerse coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley orgánica de medidas de protección. Como
consecuencia, como bien ha señalado la señora diputada, esta ley va a implicar además que la policía local se incluya en este ámbito de protección. El Ministerio del Interior continúa con la línea de prioridad para este tipo de acciones, y para dar
cumplimiento a este acuerdo de Consejo de Ministros, se ha elaborado ya el plan de actuación inmediata para reforzar las unidades especializadas en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que van a suponer, y éstas son las cifras, para el año 2005, 380 nuevos efectivos, de los cuales 200 son especialistas que se destinarán a potenciar los Servicios de Atención a la Mujer, 150 especialistas se destinarán a las
Unidades de prevención, asistencia y protección, del Cuerpo Nacional de Policía, y además, para reforzar la cantidad existente, se van a crear 34 nuevas unidades y 30 especialistas que se van a incorporar en los Equipos de Mujer y Menor, con lo que
se ampliará la red de atención especializada en violencia de género de la Guardia Civil a 205 puntos específicos.



Por último hay un tema que ha comentado la representante del Partido Popular, al que ha dado poca importancia y que a nosotros nos parece que sí la tiene, sobre todo porque es una medida que se debía, quizás, haber tomado en años anteriores
y que no se ha hecho, que es el incremento en más de 9.600 policías y guardias civiles que se van a incorporar en los próximos meses a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, como dice la representante de Grupo Popular, son cuerpos y
efectivos para toda la ciudadanía en general, pero no podemos dejar de ver que efectivamente esas personas también van a proteger a esas posibles víctimas de una violencia de género o de una violencia doméstica.



La señora PRESIDENTA: Señora diputada, le ruego concluya.



La señora NIÑO RICO: Termino ya.



Señoría, decía Borges que no nos une el amor sino que nos une el espanto.
Hagamos, pues, útil este espanto que vivimos todos los días en el ámbito de nuestra sociedad y en el de las relaciones familiares y hagamos un frente común en este
sentido, para llegar a este acuerdo que hemos llegado y para terminar definitivamente con la lacra histórica y social de la violencia de género. Para ello creemos que es importante que todos los grupos se unan al acuerdo al que hemos llegado los
grupos mayoritarios.



- SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA DOTAR DE SUFICIENTE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000692.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley número de expediente 692, sobre medidas a adoptar para dotar


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de suficiente personal a la Dirección General de Tráfico, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: Voy a ser muy, muy breve, dada la hora en la que nos encontramos. Se trata sencillamente de intentar que la Dirección General de Tráfico preste un mejor servicio al ciudadano y que también los funcionarios que
prestan precisamente servicio en ésta lo hagan de una manera más organizada. Lo que está ocurriendo es que hay una evidente falta de personal en este organismo. La captación de efectivos de otros departamentos sigue siendo inefectiva porque las
cargas de trabajo son muy superiores y los funcionarios no quieren trasladarse. Hay un incremento en la tramitación de sanciones, hay un incremento en la tramitación de vehículos, las matriculaciones son cada vez más superiores, ahora se va a
incrementar todo esto con el carné por puntos, sin embargo, no se incrementa suficientemente el personal.



La creación de nuevas unidades mediante la apertura de oficinas locales es un principio básico en la modernización de las administraciones públicas, y pedimos que se haga en mayor medida en las grandes capitales como son Madrid, Valencia,
Málaga o Alicante, que cuentan únicamente con una oficina para absorber la demanda que se genera en cada una de ellas, y además con los consiguientes traslados de la ciudadanía, ocurriendo lo mismo en otras tantas ciudades. En el año 2002 se puso
en marcha un sistema de productividad que, tras tres años, lo que ha generado es un profundo malestar entre los empleados públicos por los salarios comparativos, lo que ha implicado como consecuencia que sea una medida desincentivadora de la
captación de nuevos efectivos. Por eso se presenta esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista para defender una enmienda presentada, tiene la palabra el señor Elola.



El señor ELOLA RAMÓN: La verdad es que da gusto cuando se trata de hablar de una proposición no de ley como ésta en la que se ve claramente que el objetivo principal de la misma es intentar mejorar la atención al ciudadano en un organismo
como es la Dirección General de Tráfico, que en estos últimos ocho o diez años ha experimentado realmente un deterioro considerable y que no ha tenido no sólo la mejora necesaria sino ni siquiera el mantenimiento apropiado. Da mucho más gusto
defenderla cuando te informas y ves que casi todo lo que estamos intentando proponerle al Gobierno está, si no totalmente ejecutado, en vías de solución; con lo cual te quedas tranquilo, ves que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien,
y te parece que tu trabajo sirve para algo.



Hay cuatro puntos en la proposición de Izquierda Unida, primero se habla de plantilla. Quiero informar sobre la plantilla que se ha procedido a crear 47 nuevos puestos de trabajo para examinador y se está proponiendo hasta 146 según se
termina el curso de formación, ya sabemos que el problema de los examinadores es que tienen que pasar un curso de formación. Sólo en Madrid se han contratado 100 nuevos auxiliares administrativos para la Jefatura Provincial de Tráfico. Los que
sufrimos la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid sabemos que probablemente sea una de las peores de España en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la atención al ciudadano, quizá no en el funcionamiento interno de los trabajadores pero sí en
lo que es la sensación que le queda al ciudadano y los tiempos de espera y de tardanza.



Se han creado 117 funcionarios nuevos, se han contratado 60 auxiliares administrativos para las oficinas provinciales de Tráfico y se van a incorporar 70 nuevos funcionarios por la oferta pública de empleo del año 2004.



Respecto, y me parece mucho más importante, a las necesidades de oficinas locales de Tráfico en algunas provincias, he de decir que ya se están creando seis oficinas nuevas de Tráfico. De hecho, los ejemplos que en la proposición no de ley
se nos ponen de sitios donde funciona mal la oficina de atención de la Dirección General de Tráfico, quedan todos cubiertos; se va a crear la oficina local de Alcorcón, en Madrid; se va a crear una en Mérida (Badajoz); se va a crear una en
Toledo, en Talavera de la Reina; en Valencia, en la ciudad de Alcira, y en Alicante otra en el pueblo de Elche, aparte de Fuerteventura. Todos conocemos las condiciones específicas de las islas por su insularidad propia y por la dificultad de
traslado de una a otra. En Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas, se va crear también una oficina local de tráfico, lo cual facilitará bastante el traslado de las personas de esa provincia.



En referencia al punto tercero, que pide la universalización del sistema de productividad, quiero decir que el 24 de mayo de 2005, la Mesa de recursos humanos de la Administración del Estado con los Sindicatos aprobó ya esa dotación de
fondos, en concreto 1.869.000 euros, para que se extienda el sistema de productividad a todas las unidades de las jefaturas provinciales, por lo tanto, la productividad por objetivos se va a extender ya a todos los trabajadores de la Dirección
General de Tráfico, a todos los trabajadores que atienden a los sufridos ciudadanos que tienen que ir a renovar o a realizar allí determinadas gestiones.



En cuanto a las medidas necesarias para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Dirección General de Tráfico, es prioridad del Gobierno, y así sale en el real decreto de convocatoria de oferta de empleo público del año
2005; se está forzando el reingreso de funcionarios al servicio activo en este organismo y además se han convocado ya dos concursos nuevos para provisión de puestos de trabajo y se va a convocar otro próximamente. Aparte, se está también


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trabajando en la redistribución de efectivos de otros organismos, aunque eso obviamente implica también al Ministerio de Administraciones Públicas, el cual ha reiterado varias veces y en varios comunicados su preferencia por la Dirección
General de Tráfico.



Por eso he de decir, como informaba al principio, que prácticamente todas las medidas, siendo buenas y positivas, estando todas encaminadas a atender mejor a los ciudadanos en un tema tan concreto como el de la Dirección General de Tráfico,
que ha experimentado últimamente tanto deterioro, se están ejecutando, y solicitaría la retirada de esta proposición no de ley por llegar tarde, se podría decir, pero en aras de llegar a un consenso, hemos acordado con el grupo proponente, con
Izquierda Unida, una enmienda transaccional, contando también con la enmienda de sustitución que ayer presentamos en la Mesa, enmienda transaccional que cuando esté redactada en los términos oportunos la pasaré a la Mesa. Paso a leerla y así
informo a todos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar la dotación de la plantilla de la Dirección General de Tráfico, necesaria para poder prestar un servicio público de calidad al ciudadano; ampliar la descentralización
mediante la apertura a la mayor brevedad posible de oficinas locales en aquellas provincias que se requieran; ejecutar el acuerdo de la Mesa de recursos humanos de la Administración sobre la universalización del sistema de productividad por
objetivos a todos los empleados públicos del organismo, favoreciendo de esta manera la captación de nuevos efectivos en los concursos de traslados; impulsar las medidas necesarias y eficaces para la cobertura de los puestos de trabajo vacantes en
la actualidad a través de la redistribución de efectivos de departamentos u organismos excedentarios de personal.



He hablando antes con la diputada de Izquierda Unida y si le parece bien aprobarla, la pasamos a la Mesa.



La señora PRESIDENTA: Esperamos que nos llegue la transaccional cuando haya sido vista por el grupo proponente, al que le doy la palabra para posicionarse en esta enmienda transaccional.



La señora NAVARRO CASILLAS: Señora presidenta, se acepta la transaccional, pero quería decir que se acepta la transaccional porque se trata de medidas que quizás estarían en mente del Gobierno, yo no lo sé, pero que todavía no se han
adoptado. Se ha dicho aquí que la iniciativa viene con retraso cuando la iniciativa es de 3 de marzo de 2005 y se ve en la Comisión cuando se puede ver, pero en cualquier caso se trata de medidas en las que se mantiene la vigencia de su necesidad.



La señora PRESIDENTA: En ese caso sí que hemos agotado el debate de todos los puntos. (El señor Cabrera Matos pide la palabra.) Perdón, he preguntado si había algún otro grupo que quería intervenir en este momento. Igual usted ha
levantado la mano y yo no me he dado cuenta.
Tiene la palabra.



El señor CABRERA MATOS: Muy rápidamente, el Grupo Popular no coincide para nada en la propuesta y en los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Evidentemente vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero tenemos que
hacer una serie de precisiones e indicaciones que nos parecen de justicia y que evidentemente son completamente dispares a los planteamientos que hace el Grupo Socialista, porque hay que tener en cuenta algo que me parece fundamental, y es que todas
y cada una de las oficinas locales, todas y cada una de las contrataciones que se están haciendo, no son iniciativa de este ejercicio 2005 sino que proviene de ejercicios y de actuaciones anteriores. Es evidente que el esfuerzo del Gobierno
anterior, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y la resolución inmediata de los problemas que plantean las materias propias de este departamento, ha sido notable. Ha planteado objetivos que necesitan contar con el inexcusable
impulso de los nuevos gobiernos, cosa que no está ocurriendo. La acción del Gobierno a día de hoy no puede quedarse estancada, paralizada, parchear permanentemente, sino que tiene que impulsar de forma urgente todas las medidas alcanzadas en etapas
anteriores e idear nuevas propuestas y soluciones.



No es justo decir, como lo hace esta proposición no de ley, que fue el Partido Popular el que especialmente ha marcado una tendencia negativa en este organismo, y siendo injusta, como lo es, sin embargo, a nadie extraña ya este tipo de
afirmaciones, porque los males, vengan de donde vengan, dentro y fuera del territorio nacional, para el grupo proponente tiene un único responsable político; siguen en esa estrategia que nosotros consideramos ya caduca y trasnochada. Decimos lo
anterior porque el análisis de la realidad es bien sencillo: el servicio administrativo de la Dirección General de Tráfico tiene que acometer permanentes mejoras. Ahora bien, ¿qué se había hecho antes y qué es lo que se hace ahora? Las respuestas
de estas dos cuestiones darán fe de quiénes emprendieron el camino hacia la resolución de la situación, cuanto menos mejorarla, y quiénes, como ahora, se quedan con los únicos referentes de la palabra y los gestos pero se alejan de los hechos y
acciones concluyentes.



Con anterioridad a la entrada del Gobierno socialista, el Popular impulsó varias medidas, como a continuación veremos. Así impulsó las tendentes a conseguir la ampliación directa o indirecta del personal adscrito a este servicio. Es cierto
que los escasos incentivos económicos, además de otras circunstancias, no han logrado atraer a los trabajadores para cubrir estos puestos, pero también es verdad que las medidas tomadas, y que curiosamente recoge esta proposición no de ley, se
encuentran hoy claramente paralizadas.



En el año 2002 se pone en práctica una experiencia piloto en tres jefaturas provinciales (Santander, Barcelona y Sevilla) tendentes a incentivar por cumplimiento de objetivos a algunos trabajadores. Pues bien, ¿esta medida se ha extendido?,
¿la ha ampliado el Gobierno


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socialista a otras jefaturas provinciales?, ¿existe la correspondiente partida presupuestaria en el presente ejercicio, que, por cierto, contó con el apoyo para su aprobación de quien hoy suscribe esta proposición no de ley? Es evidente
que no se recogió en el documento presupuestario partida alguna para continuar con esa medida incentivadora y con la necesaria universalización de la misma, ampliándola a todos los trabajadores. Es esta situación la que está provocando paros y
malestar en el colectivo de trabajadores que la solicitan. Entendemos que si hubiese estado solucionado la gente no actuaría de esa forma. No tanto piden nuevo personal sino que se proceda a cubrir las vacantes y se universalicen los incentivos
por productividad. Esto es una razonable petición, porque si bien en un primer momento el Partido Popular, el Grupo Popular y el Gobierno Popular iniciaron esta propuesta, había que ir con mucho cuidado porque esta experiencia piloto hoy sí se ha
demostrado que es válida, y por lo tanto hoy sí que hay que ir ampliando a todo el colectivo de trabajadores estos incentivos. Es, pues, necesario que los funcionarios y el personal laboral de las distintas jefaturas y oficinas locales puedan gozar
de iguales retribuciones.



En referencia a otra de las cuestiones planteadas en la proposición no de ley, la creación de oficinas locales de tráfico allí donde fuera necesario, podemos decir más de lo mismo: las que estaban, que ni siquiera se han abierto aún, el
argumento es idéntico, de las nuevas, de las propuestas para el ejercicio 2005, nada. ¿Por qué no se dotó presupuestariamente la creación de nuevas sedes con la correspondiente asignación de personas que acercara realmente la Administración de
Tráfico a los ciudadanos?, ¿por qué no se ha continuado con esa política de apertura de nuevas oficinas y ahora lo plantean en un documento de menor valor ejecutivo que el principal documento económico anual?


En cuanto a la creación de nuevas plazas, estamos de acuerdo en que se haga con precaución, tras la correspondiente resolución de las vacantes existentes, siempre que el caso lo requiera. Ahora bien, el Gobierno, el pasado día 18 de abril,
decía que para mejorar estos servicios, y de eso hace escasos meses, todavía estaban analizando varias medidas, tramitación telemática, pago por banco, descentralización de funciones, que, por cierto, no son nada nuevas, si son éstas las estrellas
que tienen pues la verdad es que difícilmente se puede mejorar este servicio, y luego, al final, no descartan el incremento de personal. Estamos, pues, en este caso igual que con otros trabajadores de la Dirección General de Tráfico, concretamente
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que contaba con nuevos incentivos para el 2005 y tampoco fueron incluidos por llegar tarde y mal, es decir, la Guardia Civil aún está esperando esos incentivos que se les prometía, provocando también
graves malestares en esta Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como todos conocemos.



Analizando finalmente las iniciativas propuestas y las emprendidas hace algún tiempo relativas a la necesidad de cubrir plazas vacantes, a la creación y dotación de oficinas locales y a la universalidad del llamado incentivo por
productividad, hemos de decir que ustedes, el grupo proponente y el Grupo Socialista, ya han tenido la posibilidad de enmendar, de mejorar y continuar en algunos casos la labor en este año, y entonces, si se hubiese esmerado el Gobierno, sí sobraría
esta proposición no de ley. Si en lugar de decir lo que se dice en ella, el Gobierno, por sí o por la insistencia de sus socios, intercalara en las partidas presupuestarias para este ejercicio partidas suficientes para estos menesteres, sí que se
hubiese demostrado que no era necesaria esta proposición no de ley, pero no lo han hecho. No pierdan la oportunidad de modificarlo ahora, en este ejercicio, y de hacerlo en los próximos y propiciar nuevas iniciativas. Contarán como hasta ahora,
como no podía ser de otra forma, con nuestro respaldo, porque sin estar completamente satisfecho, ahí estuvieron las propuestas en su momento populares, aunque, como es lógico, todo es mejorable, aunque no por ello todo sea criticable.



La señora PRESIDENTA: Ahora sí hemos finalizado el debate de todas las proposiciones no de ley. ¿Estamos en disposición de iniciar las votaciones de las mismas? Señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: Me quedaba por manifestar si aceptaba o no la enmienda presentada a mi iniciativa número 7 por el Grupo Socialista. Muy a mi pesar, pero con la finalidad de que se apruebe un plan que afecte también al País
Valenciano, donde estamos padeciendo un problema específico, acepto la enmienda del Grupo Socialista.



La señora PRESIDENTA: Señor Pedret.



El señor PREDRET I GRENZNER: Señora presidenta, simplemente manifestar nuestro agradecimiento a la portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por la aceptación de la enmienda que creemos que da realmente
solución a los problemas planteados en todo el conjunto del país, incluida la Comunidad Valenciana.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar las votaciones.



Votamos la proposición no de ley número 1 del orden del día, número de expediente 210, de Esquerra Republicana de Catalunya, que tiene una enmienda del Grupo Socialista.



El señor PEDRET I GRENZNER: Perdón, señora presidenta, entiendo como enmendante que, siendo la enmienda idéntica y aceptada tanto en el punto 1 como en el 7, procedía seguramente una votación única respecto a eso para evitar posibles
resultados discordantes.



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La señora PRESIDENTA: Votamos, pues, las dos proposiciones no de ley con la misma enmienda. Entonces estamos votando la enmienda socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. Hemos votado, por lo tanto, las proposiciones no de ley con los números de expediente 210 y 899.



Pasamos al punto número 3, la proposición no de ley, número de expediente 259. Esta proposición tiene una enmienda in voce del propio grupo proponente. El grupo dirá si quiere votar la proposición no de ley tal como estaba o con la
enmienda. (Asentimiento.) Votamos la proposición no de ley con la enmienda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Pasamos a votar la proposición no de ley con número de expediente 668, que no tiene ninguna enmienda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Pasamos a votar la proposición no de ley con número de expediente 599, en la que había una enmienda de CiU que no ha sido aceptada. Por lo tanto, se vota la proposición no de ley en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos la proposición no de ley con número de expediente 620, del Grupo Popular, que es el punto 4 del orden del día, para que se aumenten los efectivos policiales destinados a proteger a las víctimas de violencia doméstica. Esta
proposición no de ley tiene una enmienda transaccional que ha sido aceptada, o una autoenmienda que se ha convertido en transaccional.



Efectuada la votación, dijo:


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la última proposición no de ley, que es el punto 6 del orden del día, que es la que figura con el número de expediente 692, referida a la Dirección General de Tráfico, con la enmienda transaccional.



Efectuada la votación, dijo:


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Muchas gracias a todos los diputados y diputadas, y les deseo que puedan disfrutar de unas buenas vacaciones.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.