CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 332

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN

Sesión núm. 13

celebrada el martes, 28 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de la defensa nacional. (Número de expediente 212/000031.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de hoy de la Comisión de Defensa que, como bien saben, tratará de dictaminar la ley orgánica de la defensa. Todos ustedes conocen el resultado del dictamen elaborado
por la ponencia. El procedimiento es bien conocido: cada grupo defenderá las enmiendas que mantiene vivas después de la ponencia, y les ruego que al final de sus intervenciones, señores portavoces, informen a la Comisión de las enmiendas que van a
retirar, si es que se da el caso. Después de una consulta informal con los portavoces, anuncio que no se votará antes de las doce y media de esta mañana. El procedimiento consistirá en la intervención de los distintos grupos parlamentarios de
menor a mayor.



Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, sobre el informe de la ponencia quiero aclarar que mi grupo ya había mandado al señor letrado la relación de las enmiendas que retiramos, que de las presentadas por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que eran las comprendidas entre los números 142 a 187, ambos inclusive, son las números 145, 146, 154, 157, 158, 165, 166, 174, 176 y 178. Además, con las enmiendas aceptadas -son dos, que ahora citaré- y las transaccionales
aceptadas con textos ofrecidos por el Grupo Parlamentario Socialista, quedan, por tanto, únicamente disponibles en las transaccionales para que, de acuerdo con lo que manifieste el portavoz socialista, se puedan someter a votación estas
transaccionales sobre el soporte de las presentadas por Coalición Canaria, las enmiendas números 149, 150, 155, 156, 159, 163, 167, 175, 180 y 187. Si hubiera alguna más de las que ahora voy a pasar a defender en situación de ser transaccionada,
señor presidente, rogaría al portavoz socialista que en el momento procesal oportuno me indique qué oferta transaccional nos sugiere para proceder a la retirada de la enmienda de Coalición Canaria que vaya a servir de soporte a la enmienda
transaccional.



Dicho esto, señor presidente, después de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, anuncio una posible retirada de la enmienda número 143, que se refiere al artículo 3, apartado 2, letra b), y de la enmienda
número 144, que se refiere al artículo 4, en relación con la clarificación de las situaciones de intervención militar, cuestión que ya se suscitó en el debate de la semana pasada durante la comparecencia del señor ministro de Defensa, don José Bono,
cuando se habló de graduar, desde la situación de guerra que define la Constitución española, las terminologías de conflictos armados, batallones electorales, fuerzas de interposición de Naciones Unidas, cascos azules y misiones Petersberg, para la
clarificación de las mismas. A eso se referían estas enmiendas, que entendemos que pueden ser transaccionadas o solucionadas de la forma planteada en las números 143 y 144 por el Grupo Parlamentario Socialista.



Paso a defender las enmiendas que mantenemos vivas para este trámite de Comisión. Comienzo por la enmienda número 142, que trata de añadir al artículo 1 del proyecto de ley no solo los principios establecidos en la Constitución respecto a
la organización militar que aparecen en el texto del proyecto del Gobierno, sino también la referencia a los tratados y convenios internacionales, ya que, como vemos en los debates de la Comisión de Asuntos Exteriores, existen tratados y convenios
que afectan a acuerdos bilaterales, maniobras conjuntas, aspectos de la defensa de zona, etcétera. Entendemos que en esta ley también tiene que incluirse el compromiso de respeto a los convenios y tratados internacionales suscritos por el Reino de
España.



Las enmiendas números 147 y 148, señor presidente, hacen referencia al funcionamiento o estructura del Consejo de Defensa Nacional, respecto a lo que venía siendo una tradición española desde el año 1981, incluso desde la aprobación de la
Constitución española, en cuanto a la competencia y ubicación de la figura del Rey como Jefe del Estado en la presidencia de dicho Consejo. Este portavoz entiende que en el texto del proyecto del Gobierno -es nuestra opinión subjetiva- aparece
desdibujada la figura del Rey como presidente de este Consejo y, sobre todo, en relación con la figura de mando supremo de las Fuerza Armadas que le atribuye la Constitución española. Consideramos que no estaría de más hacer una clarificación al
respecto.



La enmienda número 152, referida al artículo 7, es de supresión porque no alcanzamos a comprender por qué se trata de incluir dentro del Consejo de Defensa Nacional la figura del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Con
todos los respetos, si se quiere, no tengo ningún inconveniente en que forme parte del Consejo de Defensa Nacional, con las atribuciones que le corresponda, el director del Gabinete de la Presidencia, pero en nuestra enmienda 151, de adición,
pedimos que también forme parte del mismo el director general de la Guardia Civil. No conozco la estructura orgánica que tiene debajo de sí el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, pero el director general de la Guardia Civil tiene
nada más y nada menos que 25 generales y 75.000 efectivos; lo que supera los efectivos en tropa que tiene el Ejército de Tierra en España. Nosotros proponemos que formen parte del Consejo de Defensa Nacional tanto el director general de la Guardia
Civil como el secretario de Estado de Seguridad, que es el objeto de nuestra enmienda número 153. La enmienda número 153 trata de objetivar las razones que nos llevan a solicitar que el secretario de Estado de Seguridad esté presente en el Consejo
de Defensa Nacional, dadas las atribuciones, competencias y organigramas que tiene atribuido el mismo en la lucha contra el terrorismo y en


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la coordinación de los servicios informativos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. No nos sirve que se justifique con la explicación de que ya se encuentra en el Consejo de Defensa Nacional el ministro del Interior. Son
dos figuras operativas, la del director general de la Guardia Civil y la del secretario general de Seguridad, con las competencias que tiene en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, dado que también el proyecto de ley de la defensa
nacional busca su justificación en la lucha no solo en las operaciones exteriores y en la defensa del territorio español constitucionalmente atribuido, sino también en cuestiones de lucha contra el terrorismo, y habrá enmiendas muy sustanciosas
aclaratorias a este respecto para que se pueda llevar por esa vía. Tanto es así, que hay una enmienda al respecto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre cuál es la autoridad que tiene que autorizar determinadas operaciones
antiterroristas, como el derribo de una aeronave que haya sido secuestrada y transformada en un camicace. Estas son las justificaciones de nuestras tres enmiendas, la número 151, respecto al director general de la Guardia Civil, la 152, respecto al
director del Gabinete de la Presidencia, y la 153, respecto al secretario de Estado de Seguridad.



Continúo con las enmiendas números 161 y 162, que hacen referencia a la clasificación de las misiones de las Fuerzas Armadas. Hay que incluir en el texto del proyecto de ley la distinción entre misiones básicas constitucionales de las
Fuerzas Armadas, que son las que señala la Constitución, y misiones que llamamos complementarias y subsidiarias, que son prácticamente las que se vienen realizando desde la aprobación de la Constitución hasta hoy, sobre todo desde el ingreso de
España en la estructura militar de la OTAN y los compromisos bilaterales o multilaterales de fuerzas europeas de intervención en el exterior en misiones tipo Petersberg, de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Son misiones que intervienen en
conflictos armados para favorecer la pacificación o para garantizar procesos electorales en países que tienen esta necesidad, como es el caso de Afganistán en estos momentos.



Hay un bloque de enmiendas, que son las números 158, 169, 170, 171 y 172, que están referidas a las Reales Ordenanzas. Una vez que conozcamos el texto definitivo, con las aceptaciones y las propuestas que haga el Grupo Parlamentario
Socialista, al estar éstas relacionadas con el Código de Conducta Militar, el polémico título IV, que proponemos que desaparezca del texto del proyecto de ley orgánica de la defensa nacional, nosotros no tendríamos inconveniente en retirar estas
enmiendas, que proponen la supresión tanto del artículo 19 como del 21, lo que era el bloque del debatido y polémico título IV del Código de Conducta de las Fuerzas Armadas por la correlación que tiene con las Reales Ordenanzas.
Posteriormente, al
referirme a algunas disposiciones finales y transitorias, aludiré a la relación que parece que se ha mantenido injustificadamente respecto a las Reales Ordenanzas. Por economía de procedimiento, hago obvio a SS.SS. este bloque de enmiendas, dado
que en el Boletín del Congreso de los Diputados vienen suficientemente explicitados los argumentos objetivos de base legal y de valoración política presentados por mi grupo sobre todas estas cuestiones relacionadas con la pretensión de modificar por
vía de esta ley las Reales Ordenanzas, cuestión a la que nos oponemos. Digo de paso que no es que estemos en contra de la modificación de las Reales Ordenanzas, sino que consideramos que se debe hacer en pieza jurídica y legal aparte en su momento,
como creo que es el ambiente general de la dialéctica al respecto.



La enmienda número 177 es de adición y propone lo que nosotros llamamos bajo el epígrafe comunidad de inteligencia. Se trata de no dejar lo circunscrito solamente a lo que trae el texto del proyecto del Gobierno respecto al Centro Nacional
de Inteligencia, al CNI, sino ampliarlo también al Cifas, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Sobre la expresión comunidad de inteligencia, no nos atribuimos derechos de autor porque la ha utilizado el propio Ministerio de Defensa en la
orden 1076/2005, de 19 de abril, por la que se desarrolla la estructura del Estado Mayor de la Defensa, que cuando habla del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en el punto cuatro del apartado sexto, dice textualmente: El Centro Nacional
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas formará parte de la comunidad de inteligencia. Por tanto, si el propio ministerio habla de comunidad de inteligencia, da la sensación de que el redactor del proyecto de ley orgánica de la defensa nacional no
se ha leído las disposiciones del Ministerio de Defensa. Hay una orden ministerial que habla de comunidad de inteligencia, y comunidad significa etimológicamente que hay un sentido colectivo o plural y no solamente singular del CNI. Da a entender
que la comunidad de inteligencia al menos la forman concretamente el CNI y el Cifas, por no citar a los servicios de información de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, quiero reconocer aquí los derechos de autor del
Ministerio de Defensa, que habla de comunidad de inteligencia en la orden ministerial anteriormente citada.



La enmienda número 179 hace referencia a las zonas de interés para la defensa. Debería quedar clarificado qué zonas se tienen que definir legalmente de interés para la defensa, incluso actualizando lo que se establece actualmente en la Ley
8/1975, de la Defensa Nacional, y en su reglamento de ejecución. Curiosamente, el Ministerio de Defensa sacó a relucir esta ley en su día con motivo de la polémica con el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sobre el
polígono de tiro de Cabañeros. Este aspecto convendría clarificarlo.



Respecto a la enmienda número 180, referida a la cultura de defensa, hemos aceptado una enmienda transaccional en la forma que me ha hecho llegar el portavoz del Grupo Socialista, señor Cuadrado.



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La enmienda número 181 habla de supresión, pero hay una relación con las Reales Ordenanzas, por lo que reitero lo dicho respecto a las enmiendas números 168 y 170, referidas a un bloque que podría ser objeto de transacción o de desaparición
respecto al Código de Conducta de los militares y su relación con las Reales Ordenanzas. Sería verdaderamente absurdo que por vía de la disposición transitoria única se modificaran determinados artículos de las Reales Ordenanzas, lo que a nuestro
juicio no procede que contemple este proyecto de ley.



La enmienda número 182 hace referencia a la Ley de Movilización Nacional, que es nada más y nada menos que de la época de la dictadura franquista, la Ley 50/1969, que no está derogada, curiosamente. Nosotros proponemos ponernos al día con
la Constitución y que se haga una ley de movilización, que es lo que pretende nuestra enmienda número 185, que propone que al menos una disposición final tercera hable de las capacidades de la Administración de Defensa para tener un recurso legal de
movilización extraordinaria de recursos humanos en caso de catástrofe o de cualquier otra cuestión que se produjera.



Finalmente y con esto termino, señor presidente; las enmiendas números 186 y 187 están dirigidas a la exposición de motivos, concretamente a los párrafos tercero y penúltimo, porque en la expresión sobre suspensión, prestación o
desaparición del servicio militar discrepamos de una palabra, porque no es ni desaparición ni exención sino suspensión de la prestación del servicio militar. La Ley orgánica 17/1999, en su disposición adicional decimotercera, dejó claro este asunto
en su epígrafe: suspensión de la prestación del servicio militar. Por tanto, entendemos que la palabra que debe mantenerse es la que consagró la propia Ley orgánica 17/1999, que es la expresión suspensión de la prestación del servicio militar y no
desaparición, porque jurídicamente no se puede entender el término desaparición. Con esto termino, señor presidente, agradeciéndole su atención.



El señor PRESIDENTE: Como se pueden imaginar, hay bastante complicación entre el documento que tenemos en la Mesa sobre las enmiendas, que es un documento informal, y lo que usted ha expuesto en su discurso, que he seguido atentamente entre
otras cosas para ver si me aclaraba. En cuanto al tiempo, no les voy a cortar, pero procuren que sea entre 10 o máximo 15 minutos, y antes de dar la palabra a los portavoces voy a leer lo que tengo en este documento. Así, antes de dar la palabra a
don Gaspar Llamazares le voy a leer lo que pone en el documento. Dice: Permanecen vivas las siguientes enmiendas de Izquierda Unida en esta Comisión: las números 1, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 23,31, 32 y 33. En cualquier caso, cuando
termine el debate nos daremos unos minutos después de la intervención del portavoz socialista para que tengamos muy claro lo que vamos a votar.



Señor Llamazares, tiene usted la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Para no dificultar más todavía el trabajo de la Comisión, mantengo la comunicación que hemos hecho respecto a las enmiendas. En todo caso, quedo a la espera de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista
por si hubiera que retirar alguna de las enmiendas que hemos mantenido vivas hasta el dictamen de la Comisión. En principio mantenemos las mismas enmiendas, si bien nosotros querríamos hacer una referencia breve. En primer lugar, creemos que el
texto del dictamen mejora sustancialmente el proyecto de ley que, en nuestra opinión tiene cuatro características fundamentales. Por una parte se precisan los fines de la defensa nacional, lo que en el marco constitucional es importante para
nosotros, y hay una mejora objetiva en relación con lo que he referido anteriormente. En segundo lugar, en nuestra opinión, al suprimir todo lo relativo a las Reales Ordenanzas se aclara el ámbito de la ley y no se interfiere con otros ámbitos que
podrían ser motivo de otras leyes o de decreto, y en ese sentido algunos aspectos que podrían contradecir la modernización que significaba la ley de defensa nacional relativos a las Reales Ordenanzas han quedado aparcados. En tercer lugar, mejora
sustancialmente el control parlamentario y la vinculación al derecho internacional de la ley de defensa nacional, que es un aspecto importante y en nuestra opinión vital. Por otro lado, se prevé un determinado periodo, que nos gustaría que fuese
más corto, respecto a algo que nos parece sustancial, que es la vigencia de la Constitución también para los derechos y libertades de los militares. Estos aspectos hacen que nosotros tengamos una visión positiva de los avances que se han producido
en el dictamen.



¿Qué enmiendas mantenemos? En primer lugar, las que tienen que ver con una mayor participación del Parlamento en relación con la información sobre la defensa nacional. Es preciso que haya una mayor participación del Parlamento. Se han
avanzado algunas cosas en las enmiendas transaccionales, pero de todas maneras mantenemos esa propuesta de mayor participación del Parlamento en una materia tan delicada y tan importante como es la defensa nacional. En segundo lugar, mantenemos la
enmienda que tiene que ver con el derecho de objeción de conciencia. En tercer lugar, mantenemos la enmienda que tiene que ver con el observatorio que velaría por los derechos y libertades de los militares. En cuarto lugar, mantenemos la abolición
de la jurisdicción militar. En quinto lugar, también mantenemos el control y la información sobre las bases militares de utilización conjunta, que nos parece que deberían estar dentro de la ley de defensa nacional porque nos parece de suficiente
importancia lo que ocurre ahí para que se contemple en la ley de defensa nacional. Por otra parte, todo lo relativo a la defensa civil, que no aparece en el texto, porque la política de defensa no solamente es una política de defensa militar sino
que cada vez es más una política de defensa integral, que tiene que ver con los derechos humanos, con el medio ambiente y con la defensa civil.



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En ese sentido mantenemos algunas enmiendas. En definitiva, esta es la voluntad de nuestro grupo parlamentario en cuanto al mantenimiento de las enmiendas a las que se ha hecho referencia con anterioridad y que nosotros no modificamos.



En el día de hoy hemos conocido por los medios de comunicación una información que nos parece muy importante en relación con posibles ataques terroristas a nuestro país y el ámbito de decisión en esa materia. En previsión de una mayor
información sobre esta materia, nosotros seríamos muy cuidadosos respecto a la decisión y al ámbito en el que se toma la decisión. En ese sentido, seríamos partidarios de elevar el rango de una decisión tan importante que afecta a la vida de los
ciudadanos de forma muy sustancial en las actuales circunstancias. Por tanto, de tener que decidir quién es el que finalmente tiene en sus manos el voto en rojo, nosotros consideramos que debería ser el ministro de Defensa, como representante del
presidente del Gobierno en materia de defensa. En esta materia tan delicada no apoyaríamos que se fuera a otro rango, sino al rango del ministro de Defensa, como una máxima responsabilidad del mismo. Quiero manifestarlo porque es la opinión de una
parte de los medios de comunicación y es un elemento que se ha incorporado al proyecto de ley en estos momentos y que no se ha debatido con anterioridad, por lo que nos parece importante que quede clara cuál es la posición de nuestro grupo: el
máximo rango para una decisión tan delicada. En ese sentido, si no es el presidente del Gobierno, sería el ministro de Defensa en representación del presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentó las enmiendas que van de la número 34 a la número 41 y doy la palabra a la señora Uría para que defienda estas enmiendas y nos diga cuál es el destino final de las mismas.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Como usted ha dicho, nosotros presentamos un número de enmiendas que siguen todas vivas porque creemos que somos el único grupo al que por parte del partido mayoritario, suponemos que por parte del Gobierno, no se
le ha aceptado ni una sola de las consideraciones que ha hecho al proyecto de ley. No hubo debate de totalidad, sin que todavía a estas alturas mi formación política se explique por qué, puesto que lo que se dijo entonces que había sido un punto de
encuentro entre el partido mayoritario y el Partido Popular ha sido desmentido después en diversas ocasiones y estamos a la espera de la intervención que se haga desde el Grupo Parlamentario Popular para saber exactamente por qué se renunció a este
debate, que hubiese sido quizás, el auténtico debate político de entrada del proyecto de ley en la Cámara.
Sin embargo, nosotros, en una conversación telefónica sostenida con el señor ministro, en la que sí tuvo la gentileza de consultarnos, le
manifestamos que no íbamos a pedir la devolución del proyecto de ley al Gobierno, sino que nuestra postura sería la de abstenernos. El señor ministro no se llamaría a engaño sabiendo cuál era el entusiasmo que una formación política como la mía,
conocida por su ideario, iba a tener en un proyecto de ley orgánica de la defensa nacional. De la misma manera que a nosotros tampoco nos sorprendió, porque sabíamos que una personalidad -lo digo con toda cordialidad- como la del ministro Bono no
iba a renunciar a presentar a la Cámara un proyecto de ley orgánica de la defensa que a buen seguro desea que en el futuro sea conocida como ley Bono. Insisto en que nuestro grupo no presentó una enmienda a la totalidad.



Antes de entrar en el contenido de las enmiendas que mantenemos quiero hacer una reflexión sobre el proyecto de ley que el Gobierno envió y que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros. Nos parece una auténtica vergüenza que lo
que es una obligación de presentar al Consejo de Ministros como documentación obligada de todo proyecto de ley, según dice la propia ley de Gobierno, que es el impacto de género del anteproyecto de la ley orgánica de la defensa, se haya salvado en
este caso con un supuesto informe que ocupa línea y media. Dice que la ley de la defensa nacional se ha elaborado de forma que no resulte discriminatoria ni favorezca situaciones de discriminación por razón de sexo. Es un alarde de profundidad, de
precisión en relación con el objeto y de buena redacción porque en línea y media repite el título de la ley y utiliza dos veces la palabra discriminación. Si nos creemos estas cosas, debería tenerse la seriedad suficiente de hacer los informes que,
repito, son exigidos, conforme a la ley del Gobierno, sobre el impacto de género de todo proyecto de ley de otra manera, sobre todo cuando esto ha sido considerado bastante y suficiente por un Consejo de Ministros que hace constante alarde de su
condición de paritario. Esto queda entre paréntesis, pero no quería dejar pasar la ocasión de manifestarlo porque en muchas ocasiones se nos llena la boca sobre comportamientos de respeto en relación con determinadas cuestiones.



Es cierto que no le falta razón al Gobierno al presentar un proyecto de ley, porque tal y como se explica en la exposición de motivos el mundo ha sufrido cambios extraordinariamente profundos a partir del año 1980, incluso se cita en el
propio texto de la ley orgánica sobre criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar la política de bloques en el mundo y el propio sistema de reclutamiento en el ejército español. Pero nos hubiera gustado que se hubiera
estudiado con mayor profundidad una de las cuestiones eje o centrales -quienes me han precedido en el uso de la palabra así lo han dicho-, como es la intervención que se da a los órganos parlamentarios respecto a conflictos bélicos, lo que ya
empieza a ser un género dentro de la doctrina constitucional en el derecho comparado a partir del excelente trabajo que publicó el profesor De Vergottini en el VII Congreso iberoamericano de derecho constitucional, referido a los nuevos aspectos de
la guerra, relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, trabajo del


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año 2002 que está motivado por el suceso inmediato de las Torres Gemelas y también por los envíos masivos de tropas a Afganistán que habían cambiado lo que hasta entonces se consideraba el concepto tradicional de guerra con la intervención
de los países. Nos parece que se exige revisar el concepto de guerra, y respecto a esto también el señor ministro tiene ideas que luego no ha plasmado en el texto de la norma puesto que en estos días le hemos oído decir en Comisión que debieran
desaparecer o modificarse los tres preceptos en los que en la Constitución se utiliza el concepto de guerra. Deberá también revisarse entonces el concepto de soberanía en relación con la utilización de la guerra por parte de los Estados; deberá
revisarse por qué se interviene normalmente tras una potencia hegemónica -lo que está ocurriendo en todos los conflictos bélicos de los últimos tiempos-; y también cuál es la relación entre gobiernos y parlamentos, la posición parlamentaria en el
acto de inicio de un conflicto, los ámbitos del control parlamentario coetáneo y posterior y otro aspecto en el que la información política también se ha hecho fuerte en la presentación de enmiendas, como es la limitación de los derechos cuando
existen este tipo de conflictos bélicos. Los dos aspectos a los que me he referido, relación entre Gobierno y Parlamento en caso de conflicto bélico, además de las situaciones de normalidad y excepción, respecto a las cuales también tiene un
excelente trabajo, fruto de la celebración del 25 aniversario de la Constitución, el profesor Cruz Villalón, tampoco son objeto de atención en el proyecto de ley que el Gobierno publica. Un tercer aspecto es el referido a los elementos que debe
contener una ley orgánica. El tercer bloque de las enmiendas que presenta mi grupo está referido a la supresión de distintos preceptos de la norma.



Voy a entrar ahora en la enumeración de las enmiendas que presentamos. La primera, referida al artículo 1, intenta fijar lo que debe ser el objeto de la ley orgánica de la defensa nacional, que debe regular las bases de la organización
militar conforme a los principios establecidos en la Constitución. Esto es lo que debería decir el texto porque en el actual artículo 1 se mezcla el objeto del artículo 8.2, es decir, lo que son bases de la defensa nacional necesitados de ley
orgánica para su regulación, con el artículo 97, cuyo objeto son las políticas gubernamentales y el control de las mismas, que no requieren en modo alguno la intervención de la ley orgánica y que no forman parte de las políticas de defensa con el
carácter de defensa nacional que se cita en el proyecto de ley.



Ha quedado incorporado al informe de la ponencia un artículo 2 respecto al cual no hemos podido formular enmiendas porque es nuevo, pero sobre el que me gustaría señalar dos cuestiones. Está muy bien, y puede ser una de las mejoras a las
que se ha referido el señor Llamazares, cuando hace referencia a la defensa de los valores superiores, principios e instituciones que se consagran en la Constitución como finalidad de la política de defensa, pero -y perdónenme la ironía- ligar la
finalidad de la política de defensa con la cláusula de Estado social se me hace raro; no entiendo qué vinculación puede existir entre la proclamación de una cláusula de Estado social y lo que a la defensa nacional le viene encomendado. La segunda
observación se refiere a la mala redacción del resto del precepto. Falta alguna coma o faltan algunas preposiciones. Se lo digo porque como es el frontispicio de la ley, la proclama general, lo que se quiere vincular a la política de defensa,
cuando se habla de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades se dice luego: de la garantía; hay una coma y creo que la garantía debe ser de la independencia y de la integridad territorial de España. Si ponen de la garantía, de la
independencia y de la integridad territorial, carece de sentido lo que se proclama y me gustaría que aunque sea objeto de una transacción con Izquierda Unida le diesen una vuelta. No me opongo al contenido, solo estoy haciendo un matiz únicamente
sobre la redacción que se ha utilizado en este precepto.



La siguiente enmienda que mi grupo presenta está referida al artículo 3, al elemento crucial de la intervención de las Cortes Generales. Nosotros creemos que cuando se habla de que se otorgue por las Cortes Generales la autorización previa
para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, debe añadirse que es de los convenios y tratados internacionales de carácter militar. Tal y como queda en el informe de la ponencia y en el
proyecto parece que se quiere hacer una regulación íntegra del artículo 94 de la Constitución y que se quiere regular en una ley de defensa nacional cuál será la intervención de las Cortes Generales respecto a cualquier tipo de tratados. Debería
aclararse la oscuridad del texto del proyecto y del texto del dictamen cuando se dice única y exclusivamente que se quiere regular en esta norma la firma para prestar el consentimiento en nombre del Estado a aquellos tratados y convenios que tengan
carácter militar, no general, puesto que no cabría decir otra cosa en esta norma.



El artículo 4, referido al Gobierno, incurre en el error que manifestábamos respecto al artículo 1. Creemos que corresponde al Gobierno determinar la política de defensa del Estado y asegurar su ejecución, así como dirigir la Administración
militar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. Debe acomodarse el texto a lo que se dispone en el artículo 97, donde aparece literalmente el concepto de defensa del Estado. Debe suprimirse como potestad del Gobierno
la de autorizar cualquier participación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio del Estado, dado que tal decisión creemos que corresponde a las Cortes Generales, decisión además que no se vincula con el Gobierno si atendemos a la dicción del
artículo 63 de la Constitución, sino que únicamente corresponde a las Cortes Generales a través del Rey.
Es una de las atribuciones que el Rey tiene encomendadas.



La siguiente enmienda es al artículo 14 y se refiere a las misiones.
Nosotros creemos que debe vincularse con


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el contenido del artículo 1 de la Constitución y evitar que, como sucede en el texto del proyecto, se cometa el error de malinterpretar y contraponer el enunciado genérico o finalista que formula el artículo 8.1 -garantizar la soberanía e
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional- de manera que si se aísla como un enunciado hecho en función de la finalidad y se separa de otros que denotan su hechura clara en función de la actividad
material como si fueran misiones distintas, parecería que se atribuye a las Fuerzas Armadas una función policial represiva en el interior del propio Estado y una función realmente militar únicamente en el exterior. Creemos que esto no puede
pretenderse porque la función policial atribuida al ejército es típica de países totalitarios o antidemocráticos, que no es el caso, y por tanto creemos que la dicción que nosotros proponíamos permitía entender que la actividad de defensa del Estado
entendido en sentido democrático solo es militar y si se proyecta hacia el interior propio del Estado y de su ciudadanía será únicamente porque así ha sido requerido por los poderes civiles. Creemos que tales precisiones son incorporadas en el
segundo párrafo, que se refiere a la ayuda, en su caso, a las instituciones y a la Administración, tal y como aparece redactado.



Seríamos partidarios de que desapareciera el artículo 15, referido al tipo de operaciones. Estamos hablando de una ley orgánica y creemos que, en lugar de suponer un desarrollo o concreción de auténticas actuaciones materiales asociadas a
cada enunciado del proyecto anterior sobre misiones de las Fuerzas Armadas, es genérico y oscuro, por lo que nos parece que en una ley de esta índole resulta imprescindible su supresión, de la misma manera que también pretendemos la supresión de los
artículos 19 a 23 cuando se habla del Código de Conducta de las Fuerzas Armadas.
Las cuestiones relativas al comportamiento de las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas no corresponden al objeto de la presente ley porque no forman parte de
las bases de la organización militar. Nosotros creemos que el proyecto de ley que hoy nos ocupa solo debe regular las bases de la organización militar. Por tanto, deben ser reguladas -como bien recuerda el artículo 23 del propio proyecto- por
normas de carácter general sobre el régimen disciplinario e incompatibilidades, sin perjuicio de que luego tuvieran desarrollos puntuales en reglamentos o en normas internas. Además, es inaceptable que se pretenda que quede petrificado para siempre
el llamado Código de Conducta y la habilitación al Gobierno para su desarrollo, con un texto que tenga rango de ley orgánica, según dice la disposición final segunda, pareciendo sectario además para con el resto del funcionariado y contrario a la
dignidad de las personas que no dejan de ser trabajadores también de un servicio público como las Fuerzas Armadas.



El artículo 25 -todas las citas que estoy haciendo las hago conforme a la numeración del proyecto, no como han quedado numerados después en el informe de la ponencia- también hace referencia a las competencias que en esta materia pretende
atribuirse en relación con la defensa la Guardia Civil. En concreto, en el artículo 25 se hace referencia al artículo 116.1 de la Constitución en cuanto que regula el estado de sitio, vulnerando lo dispuesto en este artículo, según el cual una ley
orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Es evidente que esta ley orgánica a la que está llamando la Constitución respecto a los estados de alarma, excepción y sitio no es la que
ahora estamos regulando, sino que es la ya vigente Ley Orgánica 4/1981. La expresión 'en tiempo de conflicto bélico' que se utiliza en el proyecto como supuesto de hecho habilitante para decisiones sobre las personas y los bienes no se encuentra
prevista en modo alguno en la Constitución, por lo que pensamos que se está extendiendo el ámbito de las posibilidades de incidir en derechos fundamentales de las personas que la propia Constitución prevé. Por tanto, creemos que podría hablarse de
inconstitucionalidad respecto a este precepto.



El título V, dedicado a la contribución a la defensa, artículos 25 a 32, es también objeto de petición de que sea suprimido por parte de la formación política a la que represento porque creemos que se refiere a aspectos desvinculados del
objeto de la presente ley orgánica, por lo que debieran ser suprimidos. En concreto, los artículos 25, 26 y 29 no añaden nada sino que repiten parcialmente y con bastante peor sistemática lo que regula una buena ley vigente, la Ley Orgánica 2/1986,
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No entendemos por qué ha de pretender decirse una cosa respecto a una ley que no es objeto de ninguna derogación, ya está bien dicho en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por lo
que debiera ser objeto de desaparición de este proyecto. El artículo 27, además de introducir a la ligera la expresión indeterminada 'en tiempo de conflicto bélico', trata de una regulación que no aporta nada a la capacidad de la autoridad militar,
que ya está regulada en otra norma que he citado, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que no debiera ser tocada por esta otra norma sectorial. El artículo 28 nada aporta a la regulación ya
vigente sobre el Centro Nacional de Inteligencia y tampoco entendemos por qué es traído aquí en este momento, si bien mi formación política puede sostener que deba ser objeto de una regulación nueva y distinta, pero en todo caso no dentro de una ley
orgánica de defensa nacional. Por último, los artículos 30, 31 y 32, sobre la contribución de los recursos nacionales, adolecen de varios vicios, principalmente consecuencia de la oscuridad con la que se define el supuesto de hecho al que se
refiere en tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, quedando sin referencia los otros dos preceptos. Nuestra principal conclusión, además de constatar la citada inseguridad, es que se trata de artículos que adelantan de
una manera ilegítima e inconstitucional un contenido que


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solo sería posible concretar cuando se conocieran las circunstancias de uso de la fuerza que caracterizan el supuesto de los estados de sitio, pero no de otro modo podría ser coherente con la garantía de proporcionalidad que se pide en la
ley y la adopción de medidas que corresponde establecer ad hoc al órgano competente para estas declaraciones, que son las Cortes Generales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116. Normalmente nos encontramos con unas precisiones generales que
solo pueden ser establecidas caso a caso con el carácter de proporción que la Constitución establece y que, por tanto, podrían también incurrir en algún vicio de inconstitucionalidad. Regular ahora lo que en una situación de hipótesis se podría o
no hacer en materia de restricción de derechos fundamentales y libertades públicas constituye, desde nuestro punto de vista y dicho sea sin ánimo de ofender, un tratamiento frívolo e irresponsable de la potestad legislativa y de lo que corresponde
en cada caso hacer a las instituciones democráticas.



Al comienzo de nuestra intervención decíamos que habíamos comunicado al señor ministro, cuando nos hizo objeto de consulta, que no pensábamos pedir la devolución del proyecto a la Cámara porque en los estrictos o escuetos términos que
nosotros consideramos que es necesario ha quedado incluso en algo mejorado en relación con las enmiendas que se han incorporado en el trámite de ponencia. En todo caso, nos parece que sí debiera desaparecer de su contenido todo lo que he
manifestado en mi intervención. Pensábamos que a través de las enmiendas parciales, transitando esa vía colaboradora de las enmiendas parciales, algo lograríamos. Hasta el momento no ha sido así, aunque esperaremos a la intervención del
representante del grupo mayoritario. En otro caso habría de considerar que mi grupo mantiene la totalidad de sus enmiendas y que su postura final respecto a este proyecto de ley habrá de ser la de la abstención, puesto que hay en él más cosas que
nos parecen innecesarias que las que nos parecen bien traídas al precepto. Repito, no votaremos que no, pero tampoco podemos dar un sí a un texto que nos parece que adolece de importantes defectos.



El señor PRESIDENTE: Esquerra Republicana de Catalunya mantiene vivas, según el documento informal al que he hecho referencia, las enmiendas 67, 68, 71, 74,76, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 101, 105, 112 y 113. Para su defensa tiene la
palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, como usted bien ha dicho al inicio, nuestro grupo mantiene 17 enmiendas vivas. Seguramente será difícil para alguno entender que un grupo como el nuestro, con una ideología claramente
independentista, trabaje en un intento de mejorar la ley de la defensa nacional. Estamos en una situación en estos momentos de participación en el Parlamento español, y este texto representa una mejora de la actual Ley de la Defensa, que tiene más
de 20 años. Por eso hemos planteado a lo largo de su trámite parlamentario unas cuantas enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas y otras transaccionadas. Sin embargo, mantenemos 17 enmiendas vivas porque entendemos que sería necesario
mejorar algunos aspectos del texto de una ley que tendría que ser la ley de la defensa de un ejército moderno que mire a Europa y que deje de mirar en clave interna. En alguno de los textos que aparecen en la actual propuesta siguen vivas esas
referencias, que yo entiendo que están ya superadas, pues hoy hablamos ya de un verdadero ejército europeo y no de los ejércitos nacionales. Es importante que en una ley de la defensa no se fomente el nacionalismo y se vaya hacia una cultura de la
paz y de la cooperación. En ese sentido, entendemos que el grupo mayoritario aún puede mejorar alguno de estos textos.



Paso ya a las enmiendas que mantenemos vivas. La enmienda número 67 hace referencia a la supresión de un párrafo porque entendemos que no es necesario ni aporta nada nuevo y eliminarlo mejoraría la ley en el sentido de una ley moderna, con
visión europea, que tendría que tener esta ley de la defensa. La enmienda número 68 sigue también el camino que entiende nuestro grupo parlamentario y en este caso hace referencia a que corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Nosotros entendemos que al Rey le corresponden las funciones que en materia militar y de defensa le confiere la Constitución y creemos que no hace falta añadir algo más de lo que la propia Constitución le mandata. En ese sentido entenderíamos que
la enmienda número 68 es una mejora técnica. La enmienda número 71 hace referencia al Congreso de los Diputados y entendemos que es una mejora de mayor concreción de la labor parlamentaria. Solicitamos cambiar la palabra examinar por aprobar para
dar mayor contenido a la labor parlamentaria del Congreso de los Diputados.



La enmienda número 74 pretende la adición de un nuevo artículo. En ese sentido, se refiere a la polémica que representa la venta de armas y a todos los convenios militares para intentar evitar la raíz de las polémicas que se traducen en
trámite parlamentario sobre la venta de armas a según que países. La enmienda número 76 propone la adición de un párrafo al artículo 7.8 y hace referencia a la presencia de representantes de la Agencia Española de Cooperación en el Consejo de la
Defensa Nacional.



La enmienda número 81 pretende la modificación del artículo 12.3, apartado a), que dice 'para mantener en todo momento la máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados', lo que proponemos sustituir por 'para mantener en todo momento
el respeto a la legalidad estatal e internacional con la máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados'. Ha cambiado el artículo con alguna transaccional, pero se podría negociar para mejorar ese punto. En cuanto a la enmienda 82, ya
hemos hablado al principio sobre la filosofía que inspira a nuestro grupo parlamentario hacer enmiendas para mejorar la ley de la defensa, y en ese sentido nosotros entendemos que ese artículo debería quedar redactado


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con las funciones establecidas en el artículo 8.1 de la Constitución española. No es necesario insistir en ningún momento en un concepto nacionalista de la ley puesto que se está hablando de evitar los nacionalismos. La ley fomenta el
típico nacionalismo español que entendemos hay tendencia a superar, por lo que creemos que podría ser mejorada en el sentido indicado. La enmienda 83, de modificación del artículo 14.2, es una mejora técnica para fomentar lo que se entiende por la
cultura de la paz y la superación de la cultura de la guerra en aras del fomento de la cultura de la paz.



Las enmiendas números 85, 86, 87, 88 y 89 afectan al artículo 16, el actual 17, que hace referencia a las operaciones del ejército en el exterior. Hemos manifestado que la actual propuesta mejora la situación que había hasta el momento e
intenta evitar que vuelvan a plantearse situaciones como la de la guerra de Irak. Con nuestras enmiendas intentamos mejorar este texto para aunar más garantías de participación del Parlamento en la decisión política respecto a misiones en el
extranjero. La enmienda número 101 es de adición de un nuevo artículo 2 en el título preliminar. Entre las transacciones producidas se ha añadido un artículo nuevo que yo entiendo que es mejorable. Como nosotros proponemos también en la enmienda
101 un nuevo artículo 2, pediría al Grupo Socialista que, como nuestra propuesta le daba un contenido mucho mejor -la portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha añadido que el artículo, la propia redacción y el hecho de poner en el mismo concepto
diferentes artículos, valores superiores, principios e instituciones y luego añadirle la independencia y la integridad territorial de España-, se aceptara la enmienda 101 como una posible transacción para mejorar el artículo 2, que no mejora lo que
en principio expresa la parte inicial.
Por eso propondríamos al Grupo Socialista mejorar ese artículo 2 nuevo con la enmienda 101 que presenta el Grupo de Esquerra Republicana.



La enmienda número 105 se refiere a la protección civil y la colaboración en ese caso con las administraciones. Asimismo, mantenemos viva la enmienda 112, que nos parece importante. Se trata de poder llegar un acuerdo sobre el Observatorio
permanente de la vida militar. La enmienda está establecida en su arquitectura, pero sería interesante para terminar de llegar a acuerdos con el grupo mayoritario transaccionar un acuerdo en la creación de este observatorio, que es un reclamo de
diferentes instituciones y que en definitiva serviría para garantizar los derechos del personal que está en los diferentes ejércitos. Por último, la enmienda 113 hace referencia al artículo 16.6. Es una enmienda de adición que hace referencia a la
vinculación en el territorio del Estado tanto de las Fuerzas Armadas como de cualquier otro ejército vinculado por acuerdo, convenio o cualquier otra modalidad de cooperación con países del entorno geográfico o político.



En definitiva, son 17 enmiendas que tienen la intención de mejorar este proyecto que, repetimos, es mejor que el teníamos hasta el momento, que ya llevaba más de 20 años, y que aporta unas mejoras positivas. De todas formas, pediríamos al
Grupo Socialista un esfuerzo superior para terminar de mejorar la propuesta, transaccionar algunas aportaciones que se han hecho en trámite parlamentario que habrían de avanzar en la voluntad de trabajar en el concepto de los ejércitos modernos, en
el concepto de cooperación, en el concepto de paz, en el de seguridad y en el concepto de Unión Europea, de ejército europeo, para lo que habría que quitar algunas expresiones que entorpecen. En ese sentido hacemos referencia, en virtud de una
transacción que se ha incorporado al artículo 31 en cultura de la defensa, a que el texto es contradictorio. Se dice que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de la defensa con la finalidad de que la sociedad española
conozca, valore y se identifique con su historia, pero sí vemos la historia que ha tenido el ejército español, con actuaciones de subversión a la legalidad establecida, comprendemos que es difícil que la sociedad española se identifique con su
historia en genérico. Por tanto, la voluntad del artículo genera una situación que para algunos puede ser difícil de asumir para identificarse con su historia. La expresión no es la más afortunada, repito, teniendo en cuenta la versión del régimen
establecido. Nos podíamos remontar al golpe de Estado que inició la guerra civil española y, respecto a la historia reciente, en plena democracia, al 23 de febrero. Esta expresión se ha colado en un texto que le da un toque a la ley con el que
difícilmente podremos aceptar como demócratas la identificación de la historia de los ejércitos en su globalidad. No sé cómo se puede solucionar, pero sería importante que esta transacción mejorase el actual texto que empaña el avance que supone la
ley.



El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió mantiene viva una enmienda, que es la número 229. Para su defensa tiene la palabra el señor Maldonado. Lo tiene fácil porque es solo una enmienda.



El señor MALDONADO I GILI: Me admitirá que debido a que solo tengo que defender una enmienda viva me alargue un poco más y hable de algunas transacciones, del concepto de la negociación y de la visión de la ley en sí. Si no nuestra
aportación sería pobre y para malas lecturas alguien puede pensar que nos inhibimos del debate parlamentario. A pesar de ser un partido nacionalista en el Congreso, siempre creímos que nuestra participación debe ser positiva, constructiva y de
aportación. Lo hemos hecho siempre y también en un tema como la defensa, que podría ser leído desde Catalunya o desde el resto del Estado como algo que no nos puede interesar. Lo que es cierto es que nos interesa todo aquello que lleve la palabra
democratización. Creemos ser los padres del ejército profesional.
Abogamos por él en base a un peso que tenía Convergència i Unió en su momento en el Congreso y en el Gobierno al que dábamos apoyo, porque uno de los pactos que hicimos


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fue que desapareciera el servicio militar obligatorio y el ejército pasara a ser un ejército profesional. Ahora pretendemos que nuestra aportación en esta nueva ley, que hacía falta porque sustituye a una muy antigua, sea la misma.
Nosotros estamos aquí para defender aquello que representamos, que es el nacionalismo catalán, pero creemos que, en aras de la gobernabilidad y de que el Estado pueda profundizar cada vez más en la democratización y en consolidar aquellos aspectos
que se puedan mejorar, Convergència i Unió debe hacer sus aportaciones, siempre lo ha hecho y hoy también lo haremos.



¿Qué pretendemos con todas aquellas enmiendas que presentamos inicialmente, de las cuáles solo ha quedado una viva? Pretendíamos tres cosas: democratizar, modernizar y avanzar en la participación territorial. Si se leen la que ha quedado
viva, las que han sido transaccionadas y las que se han retirado, porque han sido atendidas o se visualizaba que ya formaban parte del texto definitivo, verán que estos tres conceptos eran los que formaban parte de todas nuestras enmiendas.
Si se
me permite, dejo para el final la 229, que es la que tengo que defender y para la que pediré a todos los grupos, especialmente a los dos mayoritarios, su apoyo para que pueda ser aprobada. Hablaré de algunas de ellas para que se puedan visualizar
estas connotaciones que queremos que queden muy claras, por ejemplo de la 227, que se acepta de manera literal. Es una enmienda que va en la línea de lo que decíamos antes, de democratizar, y su justificación ya de por sí lo dice: Impulsar una
actualización de la normativa relativa a derechos fundamentales de los militares, como el de asociación o sindicación, con el objetivo de adecuarla a las circunstancias actuales. Pretendemos que en un año el Gobierno deba remitir al Congreso de los
Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales.
Creemos que es la gran oportunidad de guardar en el trastero una ley que viene de lejos, que tiene más de 20 años de antigüedad y que la queremos
adecuar a la situación social actual. Debe recoger básicamente aspectos de derechos fundamentales de los militares profesionales. Es la gran oportunidad para democratizar el Ejército, las Fuerzas Armadas. Por tanto, esta es una de las bases que
da visualización a lo que Convergència i Unió pretende en estas enmiendas; esta es una base que deja claro por qué decía que queremos democratizar, modernizar y permitir la participación territorial.



Como no agotaré el tiempo, si se me permite hablaré de dos enmiendas transaccionales que también se aceptan, la 222 y la 224, de las que si hacemos una pequeña visualización vemos que también van en la misma línea. Esta ley orgánica regula
la defensa nacional y establece las bases de organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución; sin duda es otra aportación que hacemos en la línea de que se determinen los parámetros que deben enmarcar cualquier
política de defensa de acuerdo con los valores que articulan las sociedades democráticas. La enmienda 224 también tiene para nosotros la importancia de democratizar, modernizar y permitir la participación territorial.
¿Cuál era nuestra
preocupación? Que en situaciones de peligro por un momento de crisis en el territorio los presidentes de las comunidades autónomas no formaran parte de aquellas entidades o entes que han de debatir actuaciones en él. Por eso queríamos hacer
posible la existencia de los presidentes de las comunidades autónomas con policías autónomas cuando sus territorios pudieran verse afectados por alguna situación de crisis o de peligro territorial. Aquí sí que desarrollábamos nuestra presencia como
partido nacionalista, en este caso partido nacionalista catalán. Creemos que cuando el Consejo de Defensa Nacional se reúna para una situación de crisis y convoque a autoridades de algún ámbito, las comunidades autónomas no puedan ser obviadas en
absoluto. De todas formas, queremos dejar claro que entre las enmiendas transaccionadas aceptadas y las que hemos retirado al haberlas podido cotejar en el debate previo con el grupo proponente, el Grupo Socialista, ha habido voluntad de consenso,
que era lo que nos preocupaba al inicio con aquel pacto in extremis de los dos partidos mayoritarios en el pasillo, cuando parecía que esta ley podía haber llegado a un consenso de los dos grupos mayoritarios, quedando los otros una vez más al
margen, que hubiera sido una ley rodillo (para usar términos de defensa, una ley tanque), es decir que los dos partidos hubieran pactado a banda de los otros. Parece ser que el hecho de una vocal, la i famosa, ha evitado este pacto mayoritario, que
podía haber sido peligroso desde el punto de vista de democratizar, modernizar y permitir la participación territorial; esto no se ha producido y quiero dejar patente que con nuestro grupo ha habido un diálogo fluido, tanto por parte del Gobierno
como del grupo proponente, que nos ha permitido retirar aquellas enmiendas que habían sido recogidas en el texto definitivo, transaccionar las que nos interesaba y, en el fondo, mantener tan solo una.



Voy a hablar de la que nos queda porque, como decía antes, nos sentimos satisfechos del debate, por la voluntad de consenso con nuestro grupo y en general, por tanto nos parece que esta ley puede ser ampliamente consensuada. Nos gustaría
(me dirijo lógicamente al grupo proponente y, por qué no, al Grupo Popular, dado que los votos de ambos son necesarios para aprobarla según el porcentaje o quórum) que los dos partidos junto con los que forman parte de esta Comisión estudiaran la
posibilidad de aprobar la enmienda 229, que puede ser la enmienda estrella, que visualice un avance en un aspecto muy importante, porque de alguna forma esta ley viene a regular muchos aspectos. No he hablado de códigos de conducta, etcétera,
porque ya nos damos por satisfechos, puesto que ha habido marcha atrás en temas que nos preocupaban y por tanto no nos queda preocupación en este aspecto. Creemos que los miembros de las Fuerzas Armadas necesitan instrumentos, necesitan elementos
que despejen las dudas que a veces planean en la sociedad española, como hasta qué punto el Ejército está democratizado al máximo o no; hay lagunas o


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espacios aún por determinar desde el punto de vista de la democratización.
Nosotros queremos dar un telescopio, crear un observatorio de la vida militar, de la vida del soldado, del oficial, de los miembros del Ejército, para que de alguna
forma podamos facilitar la defensa de los derechos de los miembros de la Fuerzas Armadas y dificultar que éstos no sean respetados. Por tanto, la creación de un observatorio de la vida militar pretende facilitar la defensa de los derechos de los
miembros de las Fuerzas Armadas y a la vez dificultar que estos derechos a veces no sean respetados. Es un buen instrumento que, dado que hasta ahora todos los grupos hemos valorado que es una ley que moderniza, que avanza en democratizar al
Ejército y que sustituye a otra que había quedado anticuada, obsoleta y desfasada, podría ser el broche de oro de una ley que puede ser ampliamente aprobada porque tiene una base muy democrática, de participación territorial y de modernización.
Este sería un elemento (ahora me dirijo concretamente al portavoz socialista) que ha permitido a nuestro grupo retirar aspectos porque ustedes ya los han recogido en el texto final al aceptar las enmiendas que proponíamos y que nos parecían muy
importantes para apoyar este proyecto de ley. La creación de un observatorio permanente de la vida militar, como un instrumento de denuncia y de defensa de los derechos de los soldados para los miembros de las Fuerzas Armadas, de los hombres y
mujeres que forman los ejércitos, sería un buen elemento para llegar a un consenso final que nuestro grupo anuncia de antemano. Por lo tanto, contarán con nuestro voto porque nuestro perfil de ley ha sido ampliamente recogido, de tal manera que ha
quedado solo una cuestión sin incluir. Coloquialmente, no nos dejen solo una; ayúdennos a que no quede ninguna de nuestras aportaciones sin recoger.



El señor PRESIDENTE: Señor Atencia, el Grupo Popular mantiene la enmienda 188 y las enmiendas números 190 a 221, ambas incluidas, ¿no es así? (El señor Atencia Robledo: Sí.)


Tiene usted la palabra.



El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.



Señoras y señores comisionados, no fue posible hacer una valoración global del proyecto de ley al no haber tenido lugar el previsto debate de totalidad. Después me referiré a ello y a las causas que justificaron la no celebración de aquel
debate y las razones por las que nuestro grupo parlamentario retiró su enmienda. En el momento procesal en el que nos encontramos, señor presidente, y antes de entrar en el informe de la ponencia que se somete a nuestra consideración y en la
defensa de las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas, deberé hacer un análisis, aunque sea somero y global, del proyecto de ley de defensa nacional, a la vista del informe de la ponencia que se nos presenta. Vaya por delante la
afirmación de que es necesaria la actualización de la ley que tiene previsto el artículo 8.2, de la Constitución, que sin ninguna duda hay que reformar, una ley que tiene casi 25 años de vida, porque los cambios producidos tanto en el escenario
estratégico como en nuestras Fuerzas Armadas han dejado a esta ley, todavía en vigor, superada en muchos aspectos. Asimismo, esta Ley de criterios básicos de defensa nacional es un mandato de la Ley 17/1999 y de la propia Revisión Estratégica de la
Defensa. Señor presidente, el hecho de que consideremos que la ley es necesaria no justifica que se apruebe cualquier ley ni de cualquier forma, ni este hecho puede tapar los defectos previos, las deficiencias, las carencias y las limitaciones que
desde nuestro punto de vista tiene el texto que se sometió a la consideración de las Cámaras o el texto que hoy se somete a la consideración específica de la Comisión de Defensa, en cuanto al informe que ha aprobado la ponencia. Tampoco nos puede
llevar necesariamente a coincidir con un texto hacia el que mantenemos importantes discrepancias.



La enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de defensa nacional y la consiguiente petición de devolución al Gobierno que en su momento solicitó este grupo parlamentario se justificaba y mantiene su completa actualidad, en
primer lugar, por razones puramente formales y de técnica legislativa. El proyecto y el texto que analizamos el día de hoy se trata de un redactado al que le falta coherencia interna y da la impresión de que es el resultado de borradores diferentes
que no han sido debidamente articulados para lograr la indispensable unidad de conjunto.
Por otro lado, parece que el proyecto de ley responde a preocupaciones distintas. Por una parte, parece que responde a la idea de reformar la legislación
vigente para adaptarla a esas nuevas realidades de carácter estratégico que se dan en el ámbito de la defensa, y al mismo tiempo se revisan las atribuciones que en este ámbito le corresponden a los diferentes poderes del Estado y al papel de la
defensa nacional de distintas instituciones, pero, por otra, a la preocupación sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas, pero sin el mínimo distanciamiento exigible para lograr una normativa lógica y coherente, lo que produce una
redacción del texto confusa y en la que el oportunismo político es demasiado evidente. Además, en el proyecto se introducían materias que no vienen al caso de un texto de esta naturaleza, como el denominado código de conducta de las Fuerzas
Armadas, lo que hacía aún más patente su incoherencia. En definitiva, el resultado del proyecto tal como entró en la Cámara (aunque es plenamente vigente para el día de hoy) queda desdibujado, sin la más elemental trabazón, en el que redundan y
abundan las reiteraciones e incluso las contradicciones. Se debería haber hecho por parte del Gobierno un trabajo de ajuste y clarificación antes de haber sido enviado a las Cortes Generales. En este sentido, señor presidente, conviene recordar
que antes de venir a esta Cámara el proyecto de ley no se ha sometido al dictamen del Consejo de Estado que, aun no siendo obligatorio, sí hubiese sido conveniente por la propia naturaleza del proyecto y por la relevancia de una ley de


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esta envergadura, de carácter orgánico y que viene a regular los criterios básicos de la defensa nacional, así como a desarrollar un precepto constitucional.



Por otra parte, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Cámara carecía y carece del consenso previo que la política de seguridad y de defensa de España exige, rompiendo lo que ha sido norma en los últimos 25 años. Esta falta de
consenso, asimismo, impide abordar con una mínima garantía de permanencia en el tiempo lo que deberán ser los pilares básicos de la defensa nacional que con esta ley se pretenden establecer.



A efectos puramente dialécticos conviene recordar cómo actuaba el Grupo Popular en esta materia, porque no actuaba así. Los dos grandes proyectos en materia de defensa que se aprobaron en la pasada legislatura fueron consensuados
previamente con el entonces primer grupo de la oposición, el Grupo Socialista, y solo en ese momento se enviaron a las Cortes Generales. Así ocurrió con las leyes que crearon el Centro Nacional de Inteligencia y su control judicial y el propio
proceso de Revisión Estratégica de la Defensa. Es más, como consecuencia de la Revisión Estratégica de la Defensa se alcanzaron dos consensos entre el Gobierno del Grupo Popular y el Grupo Socialista para consensuar esta ley y, una vez que
estuviera consensuada, traerla a esta Cámara. Además se acordó una reforma puntual de la Ley 17/1999, consensuada entre el Partido Popular y su grupo parlamentario y el Partido Socialista y su grupo parlamentario y con el consenso posterior del
Gobierno con la fórmula incluso de proposición de ley. Las circunstancias políticas después de la Navidad de 2002 no permitieron que el Grupo Socialista estuviera en condiciones de alcanzar aquel acuerdo y el Grupo Popular, teniendo mayoría
suficiente para aprobar ese proyecto con sus propios votos y los de otros grupos, no lo mandó porque era más importante el consenso político en materia de defensa que aprobar una ley. Esa no ha sido la forma de actuar en este momento. Ahora hay
una singular interpretación de lo que deben ser las necesidades de acuerdo y consenso en materias de Estado. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y su ministro de Defensa, señor Bono, no solo han enviado el proyecto de ley orgánica de la
defensa nacional sin haber obtenido el consenso previo con el Grupo Popular, sino que además hace una semana han enviado otro proyecto de ley, el de tropa y marinería, sin tan siquiera haberlo dialogado con nuestro grupo. Dos formas sin duda muy
diferentes de entender los consensos, los asuntos de Estado y la responsabilidad.



Señor presidente, vuelvo al proyecto de ley. Como he recordado, este proyecto de ley es un mandato, entre otros, de la Revisión Estratégica de la Defensa abordada en la pasada legislatura, pero desoye la reflexión, el diseño y parte del
mandato normativo de aquellos trabajos. La Revisión Estratégica de la Defensa constituyó el mejor esfuerzo realizado (por cierto, en un amplio consenso político, parlamentario, institucional y social) para diseñar las Fuerzas Armadas del siglo XXI.



Entrando en el contenido del informe de la ponencia del proyecto de ley, por los conceptos que maneja y por los términos que utiliza se nos presenta como un texto viejo, anticuado que parece ignorar cuáles son las ideas vigentes, el aparato
conceptual y el propio leguaje que hoy día se maneja en este campo. Sorprende, por ejemplo, que ni una sola vez se aluda en todo el proyecto de ley a los intereses nacionales como un criterio básico a tener en cuenta cuando se trata de defensa
nacional, que por ejemplo pueden exigir misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas decididas autónomamente por el Gobierno de la nación sin sometimiento a ninguna voluntad ajena. Predomina, por el contrario, una visión de las Fuerzas Armadas
meramente pacifistas y pacificadoras, como si se excluyera de antemano que pueden verse obligadas a entrar en combate. Sorprende también que a estas alturas el proyecto se refiera insistentemente a política de defensa sin tomar en consideración que
hoy día, y al menos desde el fin de la guerra fría, la defensa está incluida en el concepto más amplio de la seguridad, de la que forma parte integrante, por lo que solo tiene sentido hablar de política de seguridad y defensa, y solo en ese marco
podemos referirnos a la defensa en sentido estricto. Así aparece en los propios textos del Ministerio de Defensa desde hace ya muchos años y, por supuesto, en todos los textos de la Unión Europea desde que lanza la política europea de seguridad y
defensa considerada como una parte integrante de la política exterior y de seguridad común (PESC). En un texto de estas características desde luego tiene sentido que se incluyan las bases de la organización militar en cuanto se refiere a ejércitos,
cuarteles generales, organización básica de las Fuerzas Armadas, pero carece de cualquier justificación la inclusión del llamado código de conducta de las Fuerzas Armadas, que puede tener acomodo si se quiere en otra ley, pero no en esta. La
solución que se le da en el informe de la ponencia nos parece insuficiente. Debe desaparecer el título IV en su integridad, como pedimos por cierto todos los grupos, y además las reales ordenanzas deben aparecer especialmente mencionadas en cuanto
que deben regularse por ley y no por decreto, como se contempla en el informe de la ponencia.



Una de las principales novedades del proyecto, la regulación de las misiones en el exterior, nos parece, con todos los respetos, sencillamente lamentable. El proyecto es poco realista en el planteamiento que hace de estas misiones a las que
se les ponen unos límites no acordes con su naturaleza. Es lamentable, como digo, sobre todo cuando se intenta introducir un pretendido control parlamentario que, en definitiva, no va un ápice más allá de la regulación vigente. En buena
terminología, más que dudosa, se dice que al Congreso le corresponde examinar con carácter previo las misiones en el exterior, pero esta exigencia queda después tan difuminada que el resultado final es, como hasta ahora y de acuerdo con la normativa
vigente, que no solo en España, sino en la mayor parte


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de la Unión Europea, el Gobierno informa al Congreso de estas misiones, pero no están sometidas a ninguna aprobación, salvo en el improbable caso previsto en el artículo 63.3 de la Constitución. Se trata, por tanto, desde nuestro punto de
vista de una regulación meramente oportunista, absolutamente inaceptable a pesar de que en el preámbulo del proyecto se presenta esta parte del mismo como -dice literalmente- planteamiento riguroso en cuanto al respeto a la legalidad internacional
de dichas operaciones e incluso novedoso en cuanto a su control. Señor presidente, ni rigor ni novedad en esta cuestión ni en otras que aborda este proyecto de ley, que, repetimos, en este aspecto se deja llevar por el oportunismo e incluso por una
pulsión propagandística totalmente inaceptable en un texto de esta naturaleza.



Dicho lo anterior, a este diputado le gustaría en este momento poder decir que algunas de las deficiencias que el texto tenía cuando entró en esta Cámara se han corregido; le gustaría decir a este diputado que hemos mejorado sustancialmente
su regulación y que nuestro grupo votaría favorablemente el dictamen, pero, señor presidente, el desarrollo de la tramitación parlamentaria de esta ley orgánica no ha podido ser más frustrante. Como SS.SS. saben, el Grupo Parlamentario Popular
presentó en su momento una enmienda a la totalidad, en la que, como he dicho, solicitábamos la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Finalmente, el día 19 de marzo, antes de que tuviera lugar el debate de totalidad ante el Pleno, se alcanzó
un acuerdo entre el Grupo Popular y el ministro de Defensa, señor Bono, consistente en que el Grupo Popular retiraría la enmienda a la totalidad y anunciaría el voto favorable al dictamen de la ley de Defensa a cambio de que el Gobierno y el Grupo
Socialista aceptasen lo siguiente: primero, acordar un texto transaccional a la enmienda número 214 del Grupo Popular que modificaba el artículo 18 del proyecto, relativa a las condiciones de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas
Españolas del siguiente tenor (voy a explicarlo porque es relevante). Se trata de completar la expresión: estén amparadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como figura en la enmienda del Grupo Popular, diciendo:
amparadas o conformes.
También se mantendría el inciso final de la enmienda a este apartado que dice: o bien se lleven a cabo en virtud de compromisos internacionales debidamente asumidos por España en el marco de su acción exterior.
También en
lo referente a esta enmienda, a ese artículo y a la letra b), queremos que se diga expresamente en relación con las condiciones de las misiones que se pongan al servicio de los intereses nacionales y de los fines defensivos, humanitarios, etcétera
previstos en las citadas organizaciones. Este fue el primer punto del acuerdo; el segundo punto del acuerdo que la eliminación completa del título IV del proyecto de ley, identificado como del código de conducta, y un acuerdo para aprobar unas
reales ordenanzas con rango de ley (orgánica pidió el ministro); y el tercer punto del acuerdo fue incorporar el resto de las 31 enmiendas en total del Grupo Popular o, en su caso, alcanzar una transacción en cada una de ellas. Como consecuencia
de este acuerdo, el Grupo Parlamentario Popular cumplió: retiró su enmienda a la totalidad y anunció el respaldo a la ley basado en las condiciones del acuerdo que acabo de detallar.



Más adelante se celebró la primera reunión de la ponencia relativa a este proyecto de ley en esta casa y el Grupo Socialista anunció que solo incorporaba una de las enmiendas al articulado presentada por el Grupo Popular, exactamente la
enmienda número 189 si la memoria no me falla, y solo ofrecía transaccionales a menos de la mitad de las restantes enmiendas de nuestro grupo. Cuando posteriormente nos ofreció algunas transaccionales, el texto transaccional a la enmienda del Grupo
Popular relativo al artículo 18 ya no era el pactado; se había mutilado la referencia a las misiones que se llevaran a cabo en virtud de compromisos asumidos por España en su política anterior, desapareciendo también la referencia a que las
misiones en el exterior se pusiesen al servicio, entre otros, de los intereses nacionales y, por último, la expresión acordada con el ministro Bono de que estén amparadas o sean conformes con resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
se muta por el de amparadas y conformes. Tampoco desaparece en su integridad el título IV relativo al código de conducta ni se menciona a las reales ordenanzas como desarrollo con rango de ley, sino de decreto (valga que me remita de nuevo al
informe de la ponencia referente al artículo 20); ni se acepta o se ofrecen transaccionales para todas las enmiendas. Señor presidente, nosotros, los miembros del Grupo Popular que alcanzamos aquel acuerdo con el ministro de Defensa, creíamos que
aquello era un pacto de caballeros y para cumplirlo, no una añagaza para salir del paso. Cumplimos retirando nuestra enmienda a la totalidad y anunciando que votaríamos a favor del texto de acuerdo con las condiciones acordadas. Se ve que algunos
no son de fiar, no tienen palabra. El ministro de Defensa y el Grupo Socialista han incumplido el acuerdo que aquél alcanzó con tres diputados del Grupo Popular. Yo me pregunto, señor presidente: ¿Por qué ha incumplido el acuerdo el Grupo
Socialista, por qué ha incumplido el acuerdo el ministro? Es lo que se tiene que explicar y todavía no se ha hecho. ¿Ha intervenido alguien después y ha cambiado las tornas? ¿Alguien desde el Gobierno o desde el Partido Socialista ha impuesto su
voluntad de no acuerdo con el PP? ¿Algún otro grupo de la Cámara ha hecho valer o con ellos o con nosotros? Sin duda, señor presidente, alguna explicación ha de darse y no vale con que el comando Rubalcaba se dedique a repartir instrucciones,
consignas e intoxicar con un supuesto acuerdo, falso, de otro tenor. El acuerdo, señor presidente, señorías, fue el que fue, el que he dicho, y ahí están los testigos, la explicación que se dio, que nosotros dimos y que se reflejó en los medios de
comunicación, la que dio el propio ministro; no se desmintió en ningún momento lo que el Grupo Popular había dicho, entre otras cosas


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no podía hacerse porque decíamos la verdad; no se hizo ni el día en que se anunció el acuerdo ni el día posterior (ahí está en la hemeroteca). Señor presidente, no era solo problema de una conjunción disyuntiva o copulativa; el acuerdo,
sin ninguna duda, tenía más contenido y más alcance, pero la conjunción disyuntiva o es la que se pactó.



¿Quieren ustedes que les lea El País, La Razón, El Mundo, lo publicado por las agencias y los medios digitales los días 19 y 20 de mayo? Podemos hacerlo y veremos que todos son absolutamente concluyentes. Frente a los que todavía pueden
tener alguna duda sobre el contenido del acuerdo o a aquellos no muy introducidos en las materias de la defensa, a los que la intoxicación rubalcabesca, permítaseme la expresión, les haya sembrado dudas, les remitiré a una prueba concluyente. Esta
no es otra que la publicación oficial editada por el Ministerio de Defensa, la Revista Española de Defensa, en su último número, el 207, de mayo de 2005, en un reportaje titulado Hacia el consenso sobre la ley de defensa, y con un subtítulo que
dice: el Partido Popular, tras alcanzar un acuerdo con José Bono horas antes del debate, retira su enmienda a la totalidad del proyecto, la única que se había presentado. Esto aparece en las páginas números 6, 7 y 8 de la Revista Española de
Defensa; está calentita, acaba de llegar. En las páginas 7 y 8 se dice literalmente: Frente al requisito de que dichas misiones - se refiere a las mencionadas en el artículo 18 del proyecto- estén autorizadas en resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, como recoge la redacción actual, la redacción pactada solo exige que estén amparadas o sean conforme con tales resoluciones; repito, Revista Española de Defensa, número de mayo del año 2005. Por tanto, frente a los
que utilizan su propaganda, sus medias verdades para tratar de tapar lo que realmente es el incumplimiento de un acuerdo, no cumpliendo la palabra dada y demostrando que no se es de fiar y que no se tiene palabra, de nuevo lo pactado fue claro y
nítido, insisto, nosotros cumplimos, mientras que el PSOE no solo no ha cumplido, sino que está utilizando sus peores artes recurriendo incluso a la vendetta parlamentaria, al chantaje político, forzando debates parlamentarios, como el del próximo
miércoles, para debatir sobre asuntos que cree que incomodan al Grupo Parlamentario Popular por reacción ante su incumplimiento y para buscar una excusa. Esto se puede calificar de muchas maneras, pero dejo que lo hagan sus señorías.



No voy a rehuir ninguna cuestión. Algunos quieren simplificar el debate o los contenidos del acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Popular no solo a una conjunción disyuntiva, sino a presuntas justificaciones sobre actuaciones en el pasado.
Algunos dicen y dirán que esta ley no va a legitimar el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en Irak ni en ningún otro país del exterior; alguno recurrirá y repetirá su gramática parda para reiterarlo. Pues no, señorías, esta ley no legitima, ni
puede hacerlo, las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, y no lo hace, señor presidente, ni puede hacerlo, porque todas las misiones que han desarrollado las Fuerzas Armadas españolas en el exterior de nuestro país han sido legítimas.
Todas las misiones que se han realizado en los últimos quince años se han ajustado, han sido conformes y han estado amparadas por la legalidad internacional. Todas las misiones que se han realizado en los últimos años (la guerra del Golfo, la de
los Balcanes, la de Kosovo, la de Afganistán y también la de Irak) han sido legales y legítimas. Ahora bien, con el texto que se propone en el proyecto de ley y reitera la ponencia, Felipe González no hubiera podido enviar tropas, por cierto, de
reemplazo, a participar en las acciones bélicas de la guerra del Golfo. Por tanto, piensen qué decisiones toman y si con las mismas ustedes quieren revisar la política de su propio partido.



La enmienda 214 del Grupo Parlamentario Popular a la que me referiré en primer lugar para después entrar en las demás, señor presidente, aprovechando su benevolencia, sin ninguna duda es un texto mejor desde el punto de vista jurídico; es
muy garantista y propone una redacción realista y útil, tanto para el presente como para el futuro de nuestra política sobre defensa y para el conjunto de la política exterior de España; es una redacción más completa que la contemplada en el
proyecto porque hace referencia a los intereses nacionales, a esas misiones que pueden interesar a la política exterior española, y además las fórmulas de cobertura de cada una de las misiones que se realicen en el marco de acuerdos de
organizaciones internacionales son planteadas en términos muy equilibrados: amparadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acordadas por organizaciones, como pueden ser la OTAN o la Unión Europea, porque esta es la dinámica
de funcionamiento de estar organizaciones. Por tanto, nuestra enmienda se plantea en línea con el sistema de acuerdos de las distintas organizaciones internacionales a las que pertenece España; y por cierto conviene recordar e insistir en que
todas las misiones no tienen que realizarse en el marco de una organización internacional, ni siempre ha sido así ni en el futuro es imprescindible que así sea. Por eso es bueno que demos una redacción garantista, realista y rigurosa. Sin ninguna
duda, esto es lo que ofrecemos con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y también con la transacción pactada con el ministro, que ahora el Grupo Socialista no nos ofrece.



Señor presidente, aunque me ocupará algún tiempo y con esto termino, debo referirme al resto de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas al proyecto de ley. Presentamos 31 enmiendas: la primera en su orden, la número
189 fue admitida en ponencia, y a las restantes me referiré de manera sucinta. Hay nueve enmiendas, en concreto las números 190 a 198, dirigidas todas ellas a la exposición de motivos. Con dichas enmiendas lo que pretendemos fundamentalmente es
reflejar la transformación que nuestras Fuerzas Armadas han experimentado en los últimos años: procesos de profesionalización y modernización,


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los cambios estratégicos, el concepto global de seguridad y defensa (al que antes he hecho referencia como uno de los defectos de la ley), la prevención internacional de España y su reflejo en la política de seguridad y de defensa, las
misiones internacionales y la legalidad internacional, el mayor protagonismo que las Cortes Generales tienen que adquirir en la nueva situación (no previsto cuando se elaboró la anterior ley sobre las misiones internacionales) y el reservismo en
relación con la suspensión (es el término correcto, no supresión, como erróneamente se dice en el proyecto) del servicio militar obligatorio. Estas son las referencias que nosotros hacemos para mejorar la exposición de motivos.



En cuanto a las enmiendas específicas al articulado, quiero referirme a algunas de ellas, aunque me van a permitir que otras me las salte. La primera de las enmiendas referidas al articulado es la número 199; en la misma proponemos un
nuevo artículo 1 bis, porque tenemos la necesidad de recoger en el articulado de la ley la definición de lo que representa la defensa nacional, porque este proyecto de ley ni siquiera la define. Nos parece conveniente no solo definirla, sino
también lo que representa, así como definir las obligaciones que las autoridades y poderes públicos tienen de fomentar la conciencia de defensa nacional, que se enmarca junto con la conciencia nacional. Probablemente a algún grupo parlamentario
estas expresiones no les gusten, porque no son partidarios de hablar ni de conciencia de defensa ni de conciencia nacional, pero son conceptos vinculados entre sí, y a nosotros no nos producen ningún temor.
En cualquier caso, tampoco he entendido
el sentido de alguna de las intervenciones, como no está relacionada con la enmienda que nos ha ofrecido el grupo mayoritario no lo entiendo. Además, esta referencia a la historia y a lo que hizo cada uno es verdaderamente peligroso; yo no he
querido entrar en ello porque estamos en la Comisión de Defensa y no en la comisión de historia contemporánea, pero sin duda sería muy interesante el debate. La enmienda número 200 pretende recoger en el articulado de la ley la finalidad
fundamental de la política de seguridad y defensa. La enmienda número 201 pretende establecer que la política de defensa es parte integrante de la política de seguridad y defensa, así como la consolidación del nuevo concepto de seguridad y defensa,
que no solo abarca la tradicional de defensa nacional, sino también, como decimos en la propia justificación de la enmienda, otras funciones (mantenimiento de la paz, estabilidad internacional), que por tanto determinan la necesidad de recoger en el
articulado de esta ley una definición de lo que es política de defensa. En la enmienda número 202 hacemos una referencia especifica a las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, y además, si no me falla la memoria, lo hacemos en los mismos
términos empleados en la ley a la que viene a sustituir. En cualquier caso, hay que hacer una referencia a las reales ordenanzas, porque desde el punto de vista del Grupo Popular estas tienen que seguir existiendo, deben reformarse, deben regularse
con carácter de ley y era oportuno que en la ley se hiciera una mención. La enmienda número 203 se refiere al papel de las Cortes Generales. De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución y como las Cortes Generales están formadas por el
Congreso y el Senado, ambas Cámaras tienen entre sus funciones la de controlar al Ejecutivo, por tanto no es admisible, tal como hace el proyecto, que se prive de dicho control al Senado. No nos parece mal que se residencie el llamado examen previo
de las misiones internacionales en el Congreso (por razones operativas no se podría hacer en las dos Cámaras), pero el control de la acción del Gobierno corresponde a ambas Cámaras.



La enmienda número 206 propone la modificación del artículo 6 y habla de las competencias del ministro de Defensa. Nosotros proponemos sustituir la referencia a la determinación y ejecución de la política militar, que el proyecto atribuye
al ministro de Defensa entre sus competencias, ya que en el texto de la ley no existe su definición. Por otra parte, es necesario citar el proceso de planeamiento de la defensa como una de las funciones específicas del ministro de Defensa. La
enmienda número 207 propone básicamente cambiar el nombre del Consejo de Defensa Nacional que figura en el proyecto por Consejo de Seguridad y Defensa por pura coherencia con la consideración conceptual que mantenemos. Comprendo que tal vez al
Gobierno se le plantee ese problema por cuestiones de entendimiento o de coordinación con otros ministerios, pero hay que estar al día de cómo van los conceptos y hay que reflejarlo, además de que entendemos que lo que hoy se llama Consejo de
Defensa Nacional en el proyecto debe evolucionar cada vez más a un Consejo de Seguridad Nacional. En coherencia con la concepción del Grupo Popular, que se reflejó en la Revisión Estratégica de la defensa y que está en nuestro programa electoral,
parece que lo natural es que podamos ir en esa línea; pero además no es un análisis parcial del Grupo Popular, es un análisis compartido con el Grupo Socialista en los trabajos de la Revisión Estratégica de la defensa, y el señor Marsal no me podrá
desmentir. La enmienda número 208 pretende establecer de forma expresa en el artículo 11, incorporando un punto 3, qué cargo del Ministerio de Defensa ejerce la representación militar nacional ante las organizaciones internacionales de Seguridad y
Defensa por delegación del ministro y en este caso nosotros proponemos que sea el JEMAD. La enmienda número 209 pretende consolidar en el texto legislativo el papel de comandante operativo de las Fuerzas Armadas en la figura del jefe del Estado
Mayor de la Defensa, y de ahí la necesidad de crear un mando de operaciones que directamente subordinado al JEMAD ejerza por delegación de este la conducción operacional. No es un capricho del Grupo Popular, es una conclusión clara del proceso de
Revisión Estratégica de la Defensa, como muchas de las enmiendas a las que nos hemos referido, y además expresamente se reflejaba entre las consecuencias normativas de aquella.



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La enmienda número 210 pretende incorporar dentro de las funciones o misiones de las Fuerzas Armadas la lucha contra la amenaza terrorista.
Como bien se expresa en su justificación, en la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de
diciembre de 2004, actualmente en vigor, se habla expresamente de que el escenario estratégico de principios del siglo XXI se caracteriza por que, junto a los riesgos y amenazas tradicionales, han emergido otros nuevos, como el terrorismo de
carácter transnacional y de alcance global, con gran capacidad de infligir daño indiscriminadamente. Por tanto, la lucha contra esa nueva amenaza, muy en particular contra el terrorismo, es la clave de la estrategia de las organizaciones
internacionales de seguridad y defensa y, por tanto tiene que aparecer reflejado dentro del concepto de la defensa nacional en una ley que se precie como tal. En la enmienda número 211 quitamos la referencia que en el título III se establece al
control parlamentario de las misiones de las Fuerzas Armadas no porque estemos en contra del control parlamentario, sino porque (lo digo por pura mecánica legislativa) nos parece que ya se aborda suficientemente en el título I al tratar de las
Cortes, y pedimos que aquí se hable solamente de las misiones. Lo importante, lo relevante se recoge en las enmiendas posteriores.



En la enmienda número 213 proponemos eliminar toda la casuística que en el artículo 17 del proyecto se establece respecto a cuándo hay que venir a la Cámara y qué circunstancias pueden darse, tales como razones de urgencia o de mucha
urgencia. Nosotros somos partidarios de eliminar esa casuística. En la enmienda número 215 probablemente hayamos cometido un error, porque no pretendíamos eliminar íntegramente el título IV sino solo sus apartados segundo y tercero. De ser así
dejaríamos sin sentido la necesidad de la intervención de las Cámaras en este apartado. Lo digo a efectos puramente dialécticos. Nuestra filosofía no era desnaturalizar el control parlamentario sino establecer que fuera claro, que fuera garantista
y que después no pudiera haber fórmulas de escape.



Voy terminando, señor presidente. A la enmienda número 214 ya he hecho referencia al principio. Me referiré por último a las enmiendas números 216, 217 y 218. En la primera de ellas proponemos que en tiempo de guerra y durante la vigencia
del estado de sitio, la Guardia Civil dependa directamente del ministro de Defensa. Por tanto, creemos que debe especificarse en este artículo en el que se habla de la Guardia Civil.
Las dos enmiendas posteriores, al capítulo IV del título V,
pretenden sustituir la expresión que se incluye en el proyecto por la de cuerpos de Policía, porque entendemos que la coordinación debe establecerse no solo para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, sino para las policías autonómicas y
locales. Si no fuera así, el instrumento de coordinación del Consejo Nacional de Defensa poco podría funcionar. Señor presidente, estas son nuestras enmiendas que quedan vivas y que someteremos a la consideración de la Comisión.



El Grupo Parlamentario Popular hubiese querido respaldar este proyecto de ley. Eso fue lo que hablamos, lo que convenimos, lo que acordamos y lo que nos llevó a cumplir la retirada de la enmienda de totalidad; otros han sido los que no han
cumplido. Sin duda, el trámite parlamentario permitirá aceptar el ofrecimiento del Grupo Popular de la redacción y alcance de los tres apartados que fueron fruto del acuerdo del 19 de mayo. Nosotros cumplimos entonces, hemos constatado que el
Grupo Socialista y el Gobierno han incumplido, pero tienen la oportunidad en el día de hoy y en el Pleno de volver a cumplir. Eso es lo que nos hubiese gustado.



El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Jesús Cuadrado.



El señor CUADRADO BAUSELA: Utilizaré este turno de intervención para fijar la posición del Grupo Socialista sobre aquellas materias concretas que se refieren a enmiendas que están vivas en esta Comisión y para hacer también alguna reflexión
concreta con respecto a la situación general del proceso legislativo al que estamos asistiendo hoy y a la posición de cada cual en algunas materias.



En primer lugar, con carácter genérico el proceso previo antes de llegar a esta Comisión ha tenido que ser bastante intenso, a la vista de los resultados concretos que se han producido, porque de más de 200 enmiendas que fueron presentadas
al proyecto de ley del Gobierno han sido acordadas mediante transacción o aceptación directa del texto tal y como estaba nada menos que casi el 40 por ciento del total de enmiendas presentadas.
Viendo grupo por grupo, en el caso de Convergència i
Unió ha supuesto el 80 por ciento, en el caso de Izquierda Unida el 56 por ciento, en el caso de Esquerra Republicana el 66 por ciento, en el caso de Coalición Canaria el 35 por ciento, etcétera. En el etcétera efectivamente está el Grupo Popular,
grupo fundamental a la hora de establecer cualquier consenso en política de Estado, por tanto me voy a referir a la posición del Grupo Popular, a los contactos previos, al contenido de sus enmiendas con la máxima precisión con la que sea capaz. Hay
una pregunta importante en esta Comisión que hay que responder (yo lo haré en nombre del Grupo Socialista y cada cual en nombre de su grupo, por supuesto). ¿Por qué el Grupo Popular ha roto un consenso en una política de Estado como la defensa
nacional y por qué cuando tiene que explicarlo, por mucho que ahueque la voz, por muchos golpes que se dé en el pecho, por mucha falsa irritación, se ha quedado en bastante poco, en muy poco o en nada?


Me parece que esa es una pregunta muy pertinente y la respuesta por tanto también lo es. Repito, ha sido un esfuerzo, un trabajo previo que se refleja en el número de enmiendas, con un contenido importante muchas de ellas, para buscar algo
que cualquier grupo político que gobierne en España debe buscar sobre la realidad política,


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no inventada, de España. Sobre esa realidad política, buscar el consenso e incorporar a ese consenso al máximo de grupos debe ser -permítanme la expresión- un objetivo patriótico que le corresponde a cualquier grupo político que sustente el
Gobierno y que tenga por tanto la responsabilidad de gobernar en España. Que alguien se irrite o que alguien manifieste una distancia con respecto a este objetivo me parece que podrá defenderse de muchas maneras, podrán buscarse mucha casuística
pero no es algo positivo para el objetivo de construir una política de Estado en materia de defensa en nuestro país. Me referiré a esa cuestión concreta en relación con la intervención del señor Atencia al final de mi intervención.



El Grupo de Coalición Canaria ha hecho un gran esfuerzo (y no es la primera vez, señor Mardones, que nos da señales de esa dedicación y de esa capacidad) en las muchas enmiendas que ha presentado al proyecto de ley del Gobierno. La mayoría
de sus enmiendas han sido recogidas a través de transacciones directas con el Grupo de Coalición Canaria o con otros grupos, por tanto creo que globalmente la participación de su grupo, señor Mardones, está muy presente en las modificaciones que se
han producido en este proyecto de ley. La enmienda 142 (voy a emplear muchas citas numéricas porque me parece que su intervención lo requiere) se refiere al objeto de la ley. Yo, señor Mardones, le pediría que retirara dicha enmienda porque se ha
incorporado un artículo nuevo para dar respuesta global a una de las lagunas que en su día fueron apuntadas (entre otros por usted, yo creo que atinadamente) de que se trataba de un proyecto de ley que no definía el objeto de la defensa nacional.
El nuevo artículo lo recoge y busca un consenso que ha sido suficiente; es más, yo creo que sería un consenso unánime de la Cámara si no fuera por el difícil estado o situación del Grupo Popular en relación con esta ley. El artículo 2 nuevo que se
introduce en el proyecto de ley responde bastante adecuadamente a la demanda de su enmienda 142, difícilmente se podría ampliar más. La finalidad de la política de defensa: la política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de
la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios, instituciones, etcétera. Yo creo que recoge su demanda en sentido amplio.



Las enmiendas 143, 144 y 164, que creo que ha anunciado que va a retirar, se refieren a la incorporación del apoyo logístico como aquel tipo de operación en el exterior que necesitaría de una autorización previa. Yo creo que está
suficientemente recogido en los cambios que se han producido. Las enmiendas 149 y 164 se refieren al concepto de guerra, y usted ha anunciado que las retira. Ha habido una alusión a este tema de la diputada señora Uría que simplemente se debe a
que no estuvo presente en la comparecencia del señor ministro, donde se refirió a esta cuestión en relación con la Constitución española. Los constituyentes españoles no habían previsto muchas situaciones, por ejemplo en relación con nuestra
participación en organizaciones internacionales de defensa, etcétera, y eso es normal que se produzca. Aunque alguien haya podido querer ir más allá, no tiene mayor transcendencia que la simple evolución histórica (es la última referencia que hago
a la historia), que se ha acelerado mucho en los últimos años y ha producido cambios muy importantes.



Las enmiendas 150, 151, 152, 153 y 156, que no he entendido si las va a retirar o no, se refieren a la composición del Consejo de Defensa Nacional. Introducen algún elemento que significa un esfuerzo mayor de concreción, por ejemplo con
respecto a aquellas situaciones de crisis que afectan a varios ministerios, como es la 150, o con respecto a la presencia del director general de la Guardia Civil, o con respecto a la no presencia del director del gabinete de Presidencia del
Gobierno, etcétera. Señor Mardones, son matices que pueden tener interés, no se lo niego, pero me parece que están suficientemente recogidos en el sentido básico de la composición, tal y como se regula ahora, del Consejo de la Defensa Nacional y me
parece que son suficientes. Se podría hacer un debate concreto sobre la presencia o no presencia del director general de la Guardia Civil pero con los ministros que están presentes y con el sentido que se le da a la propia función, a las
competencias concretas y a lo que debe ser el Consejo de la Defensa Nacional me parece que está suficientemente cubierto, señor Mardones.



En las enmiendas 161, 162 y 163 hace usted una clasificación de las misiones entre aquellas que emanan directamente de la Constitución y las que no emanan directamente de la Constitución. Me parece que es una buena clasificación, pero no
introduce un elemento operativo que favorezca el fin que debe cumplir una ley de defensa como esta, sinceramente lo creo así, porque está en toda la ley y sobre todo en algunas modificaciones, señor Mardones, aparece esa diferenciación entre
misiones, unas directamente referidas al mandato constitucional y otras que derivan de lo que es y debe ser una política de defensa nacional adaptada a los nuevos riesgos a los que tiene que enfrentarse una ley de defensa nacional. Aprovecho para
decir, porque se ha creado alguna incógnita en esa necesidad de improvisar elementos de diferencia, que esos nuevos riesgos están previstos perfectamente en esta ley de defensa nacional hasta el punto de que uno de los titulares del proyecto de ley,
incluso antes de incorporar algunas modificaciones que van en esa dirección, fue precisamente este. Hay nuevos riesgos; hoy se ha citado uno por algunos de los intervinientes que tiene que ver con aeronaves que se puedan estrellar, por poner un
ejemplo, contra una central nuclear, por tanto no es verdad que no estén contemplados. Yo creo que a la hora de tener que agrandar retóricamente las diferencias se dicen cosas que sinceramente no responden a la realidad. Las enmiendas 167 y 175 se
refieren a la Guardia Civil, misiones en el exterior, y creo que están retiradas.



El Señor Mardones tiene bastantes enmiendas al código de conducta del título IV. Para todos los grupos


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hemos hecho una adaptación, un nuevo texto que cambia radicalmente el texto inicial, porque ahora ya no se refiere a las reales ordenanzas ni a las reglas de conducta, sino a las reglas esenciales del comportamiento de los militares. Esos
dos artículos a los que queda reducido este título IV, los artículos nuevos 19 y 20, responden con bastante precisión -no digo que en su totalidad- a su planteamiento sobre el código de conducta.
En concreto son las enmiendas números 168 a la 173,
ambas incluidas, más la número 187. Usted ha hecho una aportación interesante sobre la comunidad de inteligencia. En la orden ministerial que usted cita en la enmienda número 177 se habla de la comunidad de inteligencia -también ha hecho alusión a
este tema la señora Uría-, pero dicha orden ministerial está perfectamente recogida en la ley. Es verdad que no se puede trasladar a una ley como esta la precisión que es posible dar en una orden ministerial. Sinceramente, señor Mardones, creo que
está suficientemente recogido el sentido que usted aporta, aunque es verdad que leyendo su texto con detenimiento usted precisa mucho más lo que se quiere de una comunidad de inteligencia al servicio de las Fuerzas Armadas, pero no se olvide que en
esto la coordinación, la puesta en común de la información para construir inteligencia de todos los servicios -no solamente los que tienen una estrecha relación con las Fuerzas Armadas-, es vital y la experiencia reciente nos lo indica. El texto
que S.S. propone no supone ninguna diferencia con el del Grupo Parlamentario Socialista, pero la precisión que introduce no es propia de esta ley. Esta es la explicación que le puedo ofrecer. La enmienda número 180, que se refiere a la cultura de
la defensa, la ha retirado. Las enmiendas números 182 y 185 se refieren a la Ley de movilización nacional. Aquí hay una pequeña contradicción. Sé que es difícil que en una enmienda del señor Mardones aparezca alguna contradicción, pero aquí sí
aparece. ¿Por qué? Porque si en la enmienda número 182 se dice que se derogue y en la enmienda número 185 se dice que cuando se elabore la nueva ley se incorpore, hay un tiempo que hay que respetar. Sí estamos de acuerdo con el sentido de su
enmienda número 182. Es verdad que estamos hablando de una ley preconstitucional, pero usted sabe que los artículos que no contradicen la Constitución están vigentes y en esta materia que a usted le preocupa, también. Pasa lo mismo respecto a otra
enmienda, la número 179, en la que pide que aparezca la Ley 8/1975; exactamente igual.
Usted tiene razón, pero estará vigente en tanto no contradice la Constitución y en cualquier caso es un tema que habrá que regular en el futuro. Mi respuesta
es que esta ley no es el ámbito adecuado para hacer esa regulación que usted propone. Por último, señor Mardones, el Grupo Parlamentario Socialista acepta sus enmiendas números 181 y 183, que tienen que ver con una cuestión que a usted le ha
preocupado, que es todo el título IV. Efectivamente, las enmiendas números 181 y 183 no solo mejoran, sino que resultan necesarias tal como usted las plantea, por lo que no solo las aceptamos, sino que le agradecemos su aportación.



Respecto a las enmiendas que están vivas de Izquierda Unida, quiero poner de relieve la valoración global que hace el señor Llamazares. Se ha hecho alguna alusión, sin cita directa, a que esta ley, en su proceso legislativo previo a esta
Comisión, ha mejorado radicalmente los objetivos. No hemos llegado al cien por cien de acuerdo, señor Llamazares, pero quiero resaltarlo en lo que se refiere a dos elementos esenciales de esta ley, dos aportaciones muy importantes en una ley, que
tiene 25 años de historia. Posiblemente el reloj en este tema esté parado hace unos cuantos años, pero no es ninguna cuestión menor. El primer elemento se refiere a la participación del Parlamento en las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el
exterior. No hemos llegado a un cien por cien de acuerdo, pero se ha reconocido por los grupos, con el matiz del Grupo Parlamentario Popular al que luego me voy a referir, que el protagonismo del Parlamento esté bien contemplado teniendo en cuenta
nuestro marco constitucional. Ir más allá tendría serias dudas interpretativas. El segundo se refiere a la legalidad internacional. No tenga ninguna duda, señor Llamazares, que respecto al amparo de la legalidad internacional a la participación
de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior no habrá, en lo que depende del Grupo Parlamentario Socialista, ninguna modificación en el texto que ponga en duda ese amparo o esa legalidad internacional. No se trata ni de una y ni de
una i, se trata de mantener una posición absolutamente contundente en esa materia. No tenga ninguna duda, señor Llamazares.



Respecto a algunas enmiendas concretas, las que se refieren a la participación del Parlamento en la definición de la política de defensa, en los planes de armamento, en las misiones en el exterior -como he señalado antes-, están
suficientemente recogidas. Le pondré un ejemplo.
Posiblemente ustedes mantienen esta enmienda por lo que se refiere a la aprobación de la Directiva de Defensa Nacional. Por primera vez en este año en esta Cámara hemos asistido a la presentación
de una propuesta del Gobierno antes de que fuera aprobada. Señor Llamazares, le ofrezco que exista un compromiso del Grupo Parlamentario Socialista de que esto se mantendrá en el futuro en estos términos. La Directiva de Defensa Nacional podrá ser
debatida por el Parlamento antes de que sea aprobada como, por otra parte, comprometió en su día el ministro de Defensa. En cuanto a la jurisdicción militar, enmienda número 16, usted sabe que esta ley no es el ámbito adecuado para debatir esta
cuestión. No se puede en una determinada ley intentar arreglar otras cuestiones. Repito que, en nuestra opinión, este no es el ámbito correcto -se lo digo también al portavoz del PNV- para debatir esta materia. Otra cuestión que para S.S.
tiene
importancia es la relativa a las bases. Tampoco puede esta ley modificar algo que se refiere a un acuerdo internacional. El Grupo Parlamentario Socialista se compromete con S.S. a que, mediante una proposición no de ley u otra fórmula de carácter
parlamentario


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que considere oportuna, la información sobre el uso de esas bases en el Parlamento tenga carácter anual y el Gobierno aporte en sede parlamentaria cuanta información pueda requerir su grupo o el resto de los grupos. Esta puede ser una
precisión importante.



En segundo lugar, en cuanto a la transacción que se ha introducido en el texto para que en el plazo de 6 meses se presente un proyecto de ley que se refiere a derechos y deberes en las Fuerzas Armadas, es verdad que hay un compromiso en sede
parlamentaria y también por el ministro en una proposición no de ley ya presentada. A mi grupo le parece oportuna la propuesta que usted hace de rebajar a 3 meses la presentación de ese proyecto de ley. Una primera transacción -luego propondremos
el texto-, podría ser la de rebajar de 6 a 3 meses el compromiso de un proyecto de ley sobre derechos y libertades en las Fuerzas Armadas.



Otra cuestión que tiene una relación muy estrecha con algunas enmiendas que están activas de diferentes grupos es la que se refiere a las reglas esenciales de comportamiento de los militares, pero va más allá. Varios grupos han insistido en
la necesidad de crear un observatorio referido a las Fuerzas Armadas en general, con distintos enfoques o matices. Algunas legislaciones tienen instituciones con nombres diferentes -el ombudsman referido a las Fuerzas Armadas o algún comisionado,
en el caso de Alemania- y hay que reconocer que tienen importancia en la relación entre Fuerzas Armadas (misiones, operaciones, etcétera) y el conjunto de la sociedad a través del Parlamento. Yo les voy a ofrecer, señorías, un texto transaccional
que da una respuesta satisfactoria a esta demanda y que introduce ese ámbito de la defensa nacional en nuestra legislación de manera más amplia que otras legislaciones -otras no lo tienen-. Se incorpora el siguiente texto en la Ley de derechos y
deberes de las Fuerzas Armadas: Que incluirá la creación del observatorio de la vida militar. Este texto da satisfacción a un planteamiento que ha hecho de manera insistente el señor Maldonado en la enmienda que ha defendido; también lo han hecho
Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña.
Es una cuestión que enriquece la definición de la defensa nacional, pero quiero hacer una valoración en positivo. Tengan en cuenta SS.SS. que nuestras Fuerzas Armadas han participado y están
participando en muchas misiones en el exterior. Hay aspectos que tienen mucha sensibilidad en la opinión pública de esa participación de las Fuerzas Armadas en el exterior. Son casos concretos de abusos o de no respeto de los derechos humanos en
poblaciones concretas donde están esas misiones. Quiero decir a SS.SS. que está por llegar el día en el que exista una denuncia de esta naturaleza a las Fuerzas Armadas españolas y, por tanto, no tengan ninguna duda -creo que es bueno que lo
pongamos de relieve- que nadie con más insistencia que las Fuerzas Armadas españolas para mantener esa imagen que es muy importante para la eficacia de sus misiones en el exterior. Ahora mismo en Afganistán, en un PRT, esta imagen de las Fuerzas
Armadas es uno de los valores añadidos más importantes para la eficacia de esa misión en Afganistán, con un Estado débil, que incorpora elementos de inestabilidad y, por supuesto, en relación con derechos humanos, con hambre, etcétera. Es una
aportación importante con la que el Grupo Socialista da satisfacción a SS.SS. y, lo que es más decisivo, mejora el texto del que estamos hablando.



La intervención de la señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) -no sé si está presente o no- refleja que no ha participado personalmente en el proceso previo de la ponencia porque hay algunas cuestiones a las que se ha referido
directamente que ya están modificadas en el texto y no las hubiera mantenido. Por ejemplo, las que más tiempo ha dedicado y más insistencia ha puesto, que se refieren al título IV, al código de conducta. Nuestra diferencia con las enmiendas del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es que éste considera que esta ley debería regular exclusivamente la organización militar y no una política de defensa nacional. No es ese nuestro objetivo y esa es la razón por la que rechazamos las enmiendas
que estarían vivas si se hubiese contrastado con el texto nuevo. No obstante, aún habrá tiempo de tratar estas cuestiones.
Agradezco la intervención rigurosa de la señora Uría y el Grupo Socialista recoge con absoluta sinceridad la oferta de
hablar de sus enmiendas en los próximos trámites.



Esquerra Republicana de Cataluña presentó 51 enmiendas de las que se han modificado 34 -el 66 por ciento- y están vivas 17. Voy a agruparlas.
Tiene varias enmiendas -las números 71, 85, 86, 87 y 89- dirigidas a una aprobación más directa
con votación del Parlamento para aquellas misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, y la respuesta que he dado al señor Llamazares me ahorra mayores explicaciones. Creo que el texto que aparece en el proyecto de ley -aquí en la Comisión,
no antes- recoge suficientemente la participación del Parlamento. El texto actual recoge la consulta previa del Parlamento sobre las misiones en el exterior.
Sinceramente, no habrá Gobierno -y el ministro de Defensa cuando hemos asistido a
prácticas concretas antes de estar recogidas en la legislación, la última con respecto a Afganistán, lo ha dicho con absoluta claridad- que mantenga una misión en el exterior en contra de la opinión mayoritaria del Parlamento español -desde luego,
en ningún caso un Gobierno Socialista-. El fin que se persigue está recogido en el texto actual. No es una cuestión menor, como me ha parecido entenderle al portavoz del Grupo Popular. No es una cuestión de matices y luego me referiré a ella.
Hay una diferencia. Sí le rogaría que retirara las enmiendas 82, 88 y 113 porque no están en el planteamiento global que hace Esquerra Republicana en este tema. Una vez que se han modificado los textos, en opinión del Grupo Socialista estas tres
enmiendas tienen poco sentido. También le pediría que retirara la enmienda número 74 por una razón específica: porque todos los grupos parlamentarios hemos firmado una proposición


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no de ley para que sea remitida a este Parlamento una ley -no un real decreto- sobre el comercio de armas. Lo han reconocido las ONG que más han peleado por esta cuestión: Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, etcétera. Nuestro país se
pondrá a la cabeza de todos los países del mundo en el máximo control en estas materias y por esa razón le rogaría la retirada de la enmienda 74. En cuanto a la número 76, ustedes quieren que haya alguna persona de la Agencia Española de
Cooperación. En el consejo está el ministro de Asuntos Exteriores y creo es suficiente.



Respecto a la creación de un observatorio, cuestión en la que han insistido mucho, esta novedad en la legislación de la defensa nacional en nuestro país supone un salto cualitativo importante. Señorías, existen muy pocos países que tengan
incorporada una institución de esta naturaleza: Australia, Canadá, Noruega, Alemania, Israel, pero dependiendo del Gobierno, y pocos más. Por tanto, es una incorporación suficientemente sustancial como para decir que con este hecho el consenso
básico, del que mi grupo se siente satisfecho, queda más ampliado.



Al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quisiera decirle, que como nacionalista no se arrepienta de participar en un consenso de una ley de defensa nacional. No; ya sé que no se ha arrepentido. Es absolutamente
retórico lo que estoy diciendo y tiene que ver, como usted entenderá, con una intervención del Grupo Parlamentario Popular. Esos nuevos riesgos a los que da respuesta esta ley de defensa nacional no distinguen entre las diferencias ideológicas que
pueda haber entre usted y yo, señor Maldonado, o con otros grupos de la Cámara. Hemos dado una buena respuesta en este texto, tal y como queda ahora, incorporando elementos que mejoran el carácter operativo de nuestra defensa nacional, así como
elementos de definición estratégica de qué es lo que queremos que haga nuestra defensa nacional. Se ha referido usted a ellos. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio que ya estamos terminando.



El señor CUADRADO BAUSELA: Yo no insistiré mucho en ello. Usted lo ha dicho y yo le doy la razón. Esta no es una ley rodillo; no quiere ser una ley rodillo; no nació para ser una ley rodillo; ya ve usted hasta qué punto no es una ley
rodillo, que hoy discutiríamos sobre el aspecto más sustancial de la falta de un consenso absoluto, total, universal de la Cámara por una y. Fíjese qué poco ley rodillo es este proyecto de ley, que hoy efectivamente tiene un consenso amplísimo.



Usted ha insistido más que ningún otro grupo a la hora de defender la creación de un observatorio de la vida militar. No voy a decir nada más sobre esta cuestión -y voy terminando, señor presidente- porque usted ha definido bien la función
que debería cumplir ese observatorio. No obstante, en nuestra propuesta apelamos a definir ese observatorio en su momento, en el trámite legislativo correspondiente. Señorías, no es el momento adecuado para definir en esta ley con más precisión el
contenido y los fines del observatorio. Espero que consideren positiva la enmienda de transacción que he propuesto.



Señores del Grupo Parlamentario Popular, ustedes con este proyecto de ley tienen una gravísima dificultad. Diré más, ustedes tienen una insalvable dificultad porque alguien puede oponerse frontalmente a una política de Estado, como la
política de Estado de la defensa, definida en esta ley, puede no participar de un consenso como este y puede oponerse, como ustedes están manifestando que se oponen, pero no hace falta que yo les explique que para mantener una posición política de
esa envergadura hay que tener argumentos y elementos de juicio; dicho en términos de trabajo legislativo, hay que presentar enmiendas con contenido suficiente.
Primera cuestión, para el Grupo Parlamentario Popular. Voy a analizarlo de una manera
global en grupos de enmiendas. Ustedes no tienen enmiendas parciales que justifiquen una oposición a esta ley. No las tenían, ni las tienen. Es más, ustedes no responden a las 22 transacciones que están en su poder, que les ha ofrecido el Grupo
Parlamentario Socialista y que para mayor constancia yo aportaré a la Mesa, que es a lo que ustedes deberían responder en este momento.



Voy a referirme a las enmiendas tal cual. Repito, el Grupo Parlamentario Popular puede aparentar confrontación, pero no será más que apariencia.
No hay caso, señor Atencia. No hay materia para que ustedes no participen en este consenso,
salvo que el Grupo Parlamentario Popular tenga una cautela esencial -venga del sector que venga del Grupo Parlamentario Popular, yo no hará ese discurso-, una oposición a que nuestras Fuerzas Armadas, siempre que participen en una misión en el
exterior, estén amparadas y conformes, autorizadas, con o/y como ustedes quieran, pero siempre, por la legalidad internacional. Ustedes han hecho una lectura en esta materia y que yo se la voy a recordar en sentido estricto. Ustedes han dicho que
consideran esencial esto de la y/o. (El señor López-Amor García: ¡Es lo pactado con vosotros!) Ustedes se han referido a Felipe González y al señor Aznar, al pasado; a la guerra de Irak y a otras.
(Varios señores diputados: ¡Rubalcaba!-
Protestas y rumores.) Aparte de su obsesión enfermiza con el señor Rubalcaba, que no define al señor Rubalcaba sino que les define a ustedes... (El señor Ayala Sánchez: ¡En absoluto, nos quedamos cortos!) Esa obsesión con el señor Rubalcaba,
repito, cualquier sanitario especializado la definiría como una cuestión que le afecta al Grupo Popular y no al señor Rubalcaba. (El señor Ayala Sánchez: ¡Que lo retire, señor presidente!- Protestas y rumores.) ¿Qué retire las alusiones que
ustedes hacen al señor Rubalcaba o que retire qué?


El señor AYALA SÁNCHEZ: Que retire la alusión sanitaria.



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El señor CUADRADO BAUSELA: Señorías del Grupo Parlamentario Popular...
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento. (El señor López-Amor García pide la palabra.) Señor López-Amor.



El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Rogaría que se retirase a todos los efectos esa expresión, porque es una alusión velada a nuestra salud mental.
(Protestas.). El Grupo Parlamentario Popular no acepta de ninguna manera que esa expresión conste
en el 'Diario de Sesiones'.



El señor PRESIDENTE: ¿Usted cree que cualquier alusión sanitaria se refiere solo a nuestro cerebro? (Rumores.)


¿Lo retira, señor Cuadrado?


El señor CUADRADO BAUSELA: No hay problema, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que el señor Rubalcaba no se llama así, se llama Alfredo Pérez Rubalcaba.



Siga usted, por favor.



El señor CUADRADO BAUSELA: Yo sigo pensando que esa obsesión por lo que ustedes llaman comando Rubalcaba -con toda la imprecisión que señala el señor presidente-, es una obsesión de la que deberían curarse. (El señor López-Amor García: Es
una obsesión política.)


¿Cuál es el contenido de las enmiendas del Partido Popular que les lleva a oponerse frontalmente a un consenso? Señorías, son 30 enmiendas, de las cuales un tercio se refiere a la exposición de motivos, pero no las voy a citar una por una.
(Varios señores diputados: ¡No! Rumores.) Otras seis enmiendas se refieren a la palabra seguridad, donde dice defensa que diga seguridad y defensa. Por cierto, si fueran de sustancia, si fueran importantes ustedes no se conformarían con decir que
sea un consejo de seguridad y defensa nacional. Luego cambiarían la propia composición y los fines del consejo de seguridad y defensa. ¿O es un problema de una palabra? Lo plantean como una cuestión terminológica, no de sustancia, no de
contenido, no de enfrentarse de manera diferente a una política de defensa que fuera de otra naturaleza. En absoluto. Tan es así que ustedes habían aceptado transacciones por todas ellas. (El señor López-Amor García: No. Aceptado nunca.)


Aparte de eso se refieren incluso a enmiendas que ya están transaccionadas con otros grupos. Por ejemplo, el señor Atencia ha dedicado no sé cuanto tiempo para decir que el Jemad sea el que represente a España en materia de defensa nacional
en determinados órganos internacionales. Si ya está recogido, señor Atencia. Léase el texto. Como el mando operativo, que ya esta recogido. (El señor Atencia Robledo: Lo he leído.-Rumores.) Ha tenido que improvisar un discurso que ha rellenado
retóricamente porque no hay nada que les permita hacer un debate alternativo. Por eso intentan ustedes replicar permanentemente desde su sitio a cada palabra que pronuncio, porque no tienen nada. Tienen las manos vacías, señores del Grupo Popular.
(El señor López-Amor García: Las manos de caballeros.) Exactamente igual en las enmiendas 208, 209 y 210, que dicen que debe haber algún error. No hay ningún error. Con las enmiendas 211, 212 y 213 quieren eliminar la participación del Parlamento
en el control previo, en el conocimiento previo de las misiones en el exterior. Quieren eliminar los artículo 16 y 17 del texto original porque el control parlamentario les duele. Incluso dice el señor Atencia que eso ya está recogido, no hace
falta incorporar nada. No está, señor Atencia, y como no está hay que incorporarlo y así lo hace el proyecto. (El señor López-Amor García: Léete el discurso.) Ustedes lo quieren quitar, pero se equivocan. Con respecto al código de conducta,
tienen transacciones suficientes, me consta porque ustedes lo saben, que les daban satisfacción. Son estas 22 enmiendas transaccionales que tienen, que voy a pasar a la Mesa y que ustedes habían admitido al cien por cien.



Les queda la y. Todo este debate, pido disculpas señor presidente, era para responder a un contenido retórico de la intervención. Les queda eso que ustedes han señalado con expresiones realmente grandilocuentes. Han hablado ustedes de
pacto de caballeros, han utilizado ustedes expresiones fuertes, todo tipo de expresiones que hacen referencia a que se rasgan las vestiduras por un supuesto incumplimiento de un pacto. (El señor López-Amor García: Habló el ministro.) Primera
cuestión, señor Atencia, esperaba alguna novedad en la explicación de la y. Ahora me refiero a la y. Yo esperaba con atención por si traían algún argumento nuevo hoy. El argumento nuevo es esta revista calentita, que ha sido la expresión que ha
empleado el señor Atencia. No es tan calentita, ya lleva en circulación bastante tiempo. (El señor Atencia Robledo: Unos días.) Unos días no, más que unos días. Usted cita esa revista calentita y la cita para la y. Ustedes dicen: es que la o
está recogida en un texto oficial, en esta revista. Señor Atencia, no haga cambios sobre la marcha. No oculte una parte de la información. Lo que ha leído va encabezado por el siguiente texto: Según anunció don Fernando López-Amor, y luego se
refieren a su versión y su versión tiene la o. En cuanto a que su versión tiene la o, no hacía falta que lo trajera una revista calentita. Es su versión, señor Atencia. Página 7. Titula la revista: Opiniones de los partidos -no he empleado la
palabra manipulación, señor Atencia, no haga usted ese cambio en el texto- y empieza por la opinión del Grupo Popular, alude a sus 31 enmiendas y se cita a don Fernando López-Amor. En ese contexto, don Fernando López-Amor dice que las enmiendas del
Grupo Popular efectivamente se refieren a autorizados o conformes. Pues no.
¿Por qué no? Porque


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ustedes no tienen un problema de y, y su explicación me ahorra muchas otras explicaciones, señor Atencia. Ha mezclado, no subliminalmente sino de manera expresa, esto de la y y la o con Kosovo, con Bosnia, con el pasado. Se lo diré
llamándoles al consenso. Señores del Grupo Popular, no sigan haciendo esta escenificación. No lo hagan con una cuestión tan importante como la política de defensa nacional. Ustedes han hecho una escenificación de la y en relación con el pasado, y
lo que a ustedes parece preocuparles más del pasado es qué ocurre con la guerra de Irak y nuestra participación. Su explicación sigue insistiendo en esa materia y si no insistieran no estaríamos hablando aquí de esta cuestión. Nosotros hablamos de
una ley de la defensa nacional, es decir, de una política de defensa nacional para los próximos 25 años y quieren que nos estemos refiriendo permanentemente a los pasados años. Pues no. ¿Por qué discuten tanto por una y? Porque quieren poder
decir, ya lo dijeron, que aunque el 89 por ciento de la opinión pública española consideraba nuestra presencia en Irak una aberración, una injusticia y no lo aprobaba, un presidente del Gobierno insistió en que él tenía razón frente a todos los
españoles. No sigamos hablando de esa cuestión ni de las anteriores.
Ustedes hablan de esa cuestión.



Termino, señor presidente. Necesitamos hacer una ley de defensa nacional para los próximos 25 años, que mire hacia delante y no hacia atrás. Sé que no tienen tiempo político para poder aceptar las 22 transacciones y olvidarse de la y, pero
no terminamos hoy aquí el trámite legislativo.
Les apelo a su responsabilidad en una materia como esta. No hagan una lectura de la incorporación de los grupos políticos a un consenso, en algunos casos por primera vez en nuestra historia es verdad,
a un consenso en materia de ley de defensa nacional, porque eso es bueno. No lo pongan en negativo y no se queden fuera del consenso, sobre todo no estén fuera del consenso sin argumentos.



El señor PRESIDENTE: Señor López-Amor, los diputados y las diputadas están esperando para votar. Yo les doy dos minutos porque han tenido bastante tiempo y se han expresado no solo con libertad, con mucha claridad.



El señor ATENCIA ROBLEDO: El señor Cuadrado ha dicho que tenemos una gravísima dificultad, que tenemos insalvables dificultad, que tenemos dificultad para explicar nuestra posición. En mi intervención he dado sobrados argumentos para
justificar nuestra posición en relación con este texto, que es un mal proyecto de ley. En segundo lugar, que la ley sea mala es exclusiva responsabilidad de usted. La responsabilidad de la oposición es presentar las enmiendas que estime oportunas,
pero no tenemos la obligación de presentar un texto alternativo. La responsabilidad de esta iniciativa es del Gobierno. Si ustedes han traído un mal proyecto es de su exclusiva responsabilidad.



Ahora bien, la cuestión fundamental, señor presidente, es que el señor Bono -que nosotros creíamos que era de fiar y que tenía palabra, pero ya hemos visto que ni es de fiar ni tiene palabra- alcanzó un acuerdo expreso con el Grupo Popular,
que he detallado, con todo tipo de concisiones, y en razón de aquello el Grupo Popular cumplió y retiró la enmienda a la totalidad. Nos habíamos comprometido a votar la ley si ustedes cumplían su parte, pero ha sido su grupo, el Grupo Socialista,
el que no ha cumplido. Explíquenos por qué; no recoja argumentos que no entran en el fondo. ¿Por qué no han cumplido? ¿Alguien se lo ha impedido? ¿Simplemente alcanzaron el acuerdo para salir del paso? Nosotros pactamos con el señor Bono un
acuerdo entre caballeros, y además la realidad clara de que lo que pactamos fue lo que dijimos es que lo expresamos públicamente, y ni usted ni ningún miembro del Partido Socialista ni del Gobierno desmintieron el contenido del acuerdo porque era el
que habíamos acordado.



¿Ustedes han cambiado? Explíquenlo, pero no busquen argumentos de pasado ni de futuro. Esta ley hay que hacerla para el futuro, tiene que durar muchos años, y ustedes con su torpeza y la estrategia que han seguido aguanten esa
responsabilidad. Es evidente que el texto podía mejorarse, es evidente que habríamos pactado tres circunstancias que ustedes han cambiado, y no me hable ahora de detalles porque no tengo tiempo de entrar a debatir sobre las enmiendas que nos han
ofrecido, por cierto, no a todos los artículos. En cualquier caso, no hemos aceptado nada hasta que estuviera todo. Estábamos dispuestos a votar la ley, pero cumplan ustedes. Insisto en lo que dije antes: no es un problema de una y ni de una o,
es el problema de un pacto, de un artículo concreto, de una modificación, de una eliminación del título IV y de la solución de unas transaccionales a todos los artículos, y ustedes han incumplido. Ustedes pueden rectificar y nosotros volveremos al
consenso que han roto; si lo hacen, será una ley sin duda mejor, si no allá su responsabilidad, y por supuesto con otra mayoría la cambiaremos. (Varios señores diputados piden la palabra.)


El señor PRESIDENTE: En cuanto se levanta una liebre, todo el mundo quiere hablar. Este es un contencioso entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Les ruego que lo resuelvan ustedes y, por tanto, le doy la palabra a don Jesús
Cuadrado.



El señor CUADRADO BAUSELA: Con mucha brevedad pido la palabra, efectivamente, para hablar de la referencia concreta y nada novedosa que ha introducido el señor Atencia, y aprovecharé, señor presidente, para proponer una corrección técnica
al texto de la ley.



El señor PRESIDENTE: Le daré la palabra después para eso. Por favor, termine la discusión con el señor Atencia.



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El señor CUADRADO BAUSELA: En primer lugar, señor Atencia, ni la Revista de la Defensa Nacional ni las apelaciones que ha hecho a los medios de comunicación ni la rueda de prensa le avalan a usted ni al Grupo Popular sobre una
interpretación que hacen acerca de una y o de una o; ninguna, por mucho que hablen de palabra de caballeros o con términos altisonantes. El señor Bono les contestó inmediatamente, desmintiendo en minutos la interpretación que ustedes hicieron.
Por tanto, estas apelaciones que hacen a pacto de caballeros y a pacto incumplido las desmintió totalmente, al cien por cien. Es una necesidad que tendrán para explicar otras cosas, pero no esta.



En segundo lugar, ¿saben lo que tienen que explicar? Que el único desacuerdo que manifiestan es esta y, y eso no hay manera de vendérselo ni de explicárselo a nadie, y como es imposible de explicar, se inventan algo que es muy grave. El
señor Bono, el ministro de Defensa, ha mantenido su palabra estrictamente, pero ni con una y, ni con una i, ni con una o, ni con ninguna letra del abecedario van a poder justificar una intervención ilegal en Irak. Esta es la cuestión de fondo y no
lo pueden solucionar con este tema se lo pida quien se lo pida.



Ustedes han apelado varias veces -y termino, señor presidente- al consenso. El consenso no es lo que plantean. Están diciendo: o me recogen la y o no hay consenso. Así no se tratan los asuntos más serios de la Administración del Estado;
así no se trata, señorías del Grupo Popular, una política de defensa para España, una política que ha de enfrentarse a los grandes riesgos por los que se ve amenazado el conjunto de la sociedad española. No es serio, señorías del Grupo Popular, y
como no es serio les hago una nueva llamada al consenso. Vengan al consenso y no hagan ese tipo de apelaciones: o me pone usted una y o no hay nada que hacer, porque no les entenderá nadie.



El señor PRESIDENTE: Intervengo no precisamente para aclarar este contencioso sino para decirles que es evidente para cualquier persona normal que un consenso entre los dos grandes partidos sería bueno para una ley como esta. Eso lo han
repetido ustedes y yo lo suscribo.



En este acto no vamos a finiquitar el asunto, sino que queda bastante tiempo hasta que se debata en el Pleno, así que creo que vamos a votar.
(El señor Atencia Robledo pide la palabra.) No se la voy a dar ahora.



Vamos a votar las enmiendas. Señores portavoces -y no me refiero al portavoz del Grupo Popular, que ha dejado las cosas bastante claras-, ¿están en condiciones de decirnos ahora qué enmiendas mantienen vivas?


El señor Mardones dice que sí. Señor Llamazares, ¿está en condiciones de decirnos qué enmiendas va a mantener vivas?


El señor LLAMAZARES TRIGO: Las que están en el texto.



El señor PRESIDENTE: Señor Puig, ¿está en condiciones de decirnos qué enmiendas va a mantener vivas?


El señor PUIG CORDÓN: Sí.



El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a proceder a la votación de la siguiente manera. Señores del Grupo Popular, ustedes mantienen vivas las que están en el texto. Señor Llamazares, usted mantiene vivas las que están en el texto. Señor
Puig díganos qué mantiene vivo. No tenemos prisa, vamos a intentar hacerlo bien para que los servicios de la Cámara puedan tomar nota.



El señor PUIG CORDÓN: Mantengo la 67, la 68, la 71 y la 81.



El señor PRESIDENTE: No hay prisa, vamos a decir aquello de vísteme despacio que tengo prisa.



El señor PUIG CORDÓN: También las 82, 83, 85, 86, 87, 101 y la 112, pendiente del texto de la transacción.



El señor PRESIDENTE: Les daré luego unos minutos porque si no no votamos.



El señor PUIG CORDÓN: La 112 de momento mantenida.



El señor PRESIDENTE: De acuerdo.



Señor Mardones, díganos con su potente y clara voz las que mantiene vivas.
No tenga prisa.



El señor MARDONES SEVILLA: Lo que me pedía el señor portavoz del grupo Socialista, acepto retirar la enmienda 142 porque...



El señor PRESIDENTE: No, díganos las que mantiene vivas.



El señor MARDONES SEVILLA: Tendría que matizar por qué voy a retirarlas.



El señor PRESIDENTE: Pero luego nos tiene que decir las que mantiene vivas.



El señor MARDONES SEVILLA: Retiro la 142. Retiro la 147 y 148 a las que por delicadeza no ha aludido el señor portavoz del Grupo Socialista, porque se refieren a Su Majestad el Rey, y porque aquí hay que ponerse zapatillas acolchadas de
ballet. (Risas.) Retiro la 151 sobre el director general de la Guardia Civil, para que los señores votantes sepan lo que se va a votar. Retiro la 152, no le voy a negar al señor presidente del Gobierno que su director de gabinete esté allí
presente, como es lo que los militares llaman apoyo logístico, que se recoja. Mantengo la 153, sobre la presencia en el Consejo de


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Defensa Nacional del Secretario de Estado de Seguridad.



Retiro la enmienda 160. Mantengo las enmiendas 161 y 162, que se refieren a misiones de las Fuerzas Armadas. Retiro las enmiendas 168, 169, 170, 171 y 172, en razón de lo que ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista sobre que se me
aceptarán las enmiendas 151 y 183, que hacen referencia a las Reales Ordenanzas, porque, si no, habríamos estado prácticamente derogando el título IV y desmontando totalmente las Reales Ordenanzas. Mantengo la enmienda 177, respecto al Centro de
Inteligencia porque es una cuestión que podemos discutir tranquilamente y que no tiene mayor trascendencia, así como la enmienda 179, sobre las zonas de interés de la defensa. Por tanto, se someterán a votación las enmiendas 181 y 183, que se
aceptan sobre esta cuestión, así como las enmiendas 185 y 186, que aluden a las cuestiones de movilización nacional y que mi grupo tiene previsto trasladar al proyecto de ley de tropa y marinería. Con esto acabo, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: No, no acaba usted. ¿Me hace usted el favor de decirme los números de las enmiendas que usted mantiene?


El señor MARDONES SEVILLA: Las enmiendas 153, 161, 162, 177, 179, 181, 183, 185 y 186. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ¿quiere usted hablar sobre este asunto?


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero simplificar las enmiendas que mantenemos. Mantenemos -y con ello ya digo las que retiramos- las enmiendas 1, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 31 y 33.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Lo haremos de la siguiente manera, salvo mejor opinión de sus señorías. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)


¿Usted tiene enmiendas? No lo sabía. Tiene usted la palabra.



El señor CUADRADO BAUSELA: Señor presidente, no tengo enmiendas, pero lo que voy a decir afecta al contenido de las votaciones. Ya he dicho algo al respecto durante la intervención pero voy a precisarlo.



Las enmiendas 181 y 183, que son del Grupo de Coalición Canaria, las aceptamos en sus términos.



El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted decir que los socialistas vamos a votar a favor? (Risas.) No hace falta decirlo, luego lo veremos.



El señor CUADRADO BAUSELA: Hay otras dos cuestiones que también he citado en mi intervención. Una se refiere a una enmienda transaccional con los grupos de Izquierda Unida, Convergència i Unió y Esquerra Republicana y es a la disposición
final tercera del texto que hoy debatimos, tal y como está ya enmendado, sobre el mando legislativo. Se trata de añadir al final el siguiente texto: que incluirá la creación del observatorio de la vida militar. Repito el texto completo -si tengo
que presentarlo por escrito lo haré-: El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del
observatorio de la vida militar.



Otra transacción, en este caso con Izquierda Unida, es a esta misma disposición final tercera, donde dice seis meses,...



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cuadrado. En el texto del dictamen solo aparece una disposición adicional única.



El señor CUADRADO BAUSELA: Disposición final tercera.



El señor PRESIDENTE: No hay ninguna.



Señor Cuadrado, lo que usted va a leer ahora puede aparecer como disposición final tercera nueva. Léalo, por favor.



El señor CUADRADO BAUSELA: El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del
observatorio de la vida militar. Hay una última transacción con el Grupo de Izquierda Unida a este mismo texto, para que donde dice seis meses, se ponga tres meses.



El señor PRESIDENTE: ¿Algo más?


El señor CUADRADO BAUSELA: Señor presidente, estoy siguiendo su consejo de no precipitarnos. Termino, señor presidente.



Es una cuestión técnica. El texto que proponemos a la disposición final segunda, punto 2, es el siguiente -repito, es una corrección técnica-, diría: Tienen carácter de ley ordinaria el título III y los artículos 20.2, 22 y 24 a 31.



Esto es todo, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Señora Uría, ¿usted mantiene todas las enmiendas?


La señora URÍA ETXEBARRIA: Exactamente. Lo mío es muy sencillo, señor presidente. De las enmiendas números 34 a 41, ninguna ha sido aceptada, por tanto, todas están vivas.



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El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, ¿quiere decir algo?


El señor MARDONES SEVILLA: Como aclaración a la intervención que ha realizado el señor Cuadrado.



Se ha dicho que no hay disposición adicional única, sino que esto del observatorio va a haber una disposición final tercera. Sin embargo en el documento que nos ha entregado el señor letrado, página 19, aparece la disposición adicional
única nueva mandato legislativo que dice: El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales. Pregunto dónde queda eso.



El señor PRESIDENTE: La que usted acaba de leer se convierte en disposición final tercera.



El señor MARDONES SEVILLA: Con el nuevo texto. Aclarado.



El señor PRESIDENTE: ¿He entendido bien si digo que usted retira su enmienda, señor Maldonado?


El señor MALDONADO I GILI: Dadas las explicaciones del portavoz proponente, me doy por cumplimentado, y la retiro.



El señor PRESIDENTE: No hace falta que ustedes se levanten si no lo desean. Si nos dejan dos minutos, organizaremos las votaciones.



Les advierto una cosa, por un principio de lógica parlamentaria. Los grupos muy pequeños, como ustedes saben de sobra, tienen enormes dificultades para asistir a todas las reuniones. El Reglamento dice que si las votáramos en contra
decaerían. Yo les ruego que las mantengamos, lo que simplemente nos llevará a perder un poco más de tiempo en la votación en el Pleno, pero me parece que es de buena crianza, que diría el viejo profesor, dejarlo así si no tienen ustedes especiales
inconvenientes en ello.



El procedimiento será el siguiente, siempre salvo mejor y más eficaz opinión. Vamos a votar las enmiendas de cada grupo, incluidas las del Mixto, a las que he hecho referencia hace un momento, y las votaremos en bloque, a no ser que el
propio grupo o algún miembro de otros grupos prefieran votaciones separadas.



Vamos a empezar votando las enmiendas del Grupo Mixto. Hay tres bloques de enmiendas, según las diputadas o diputados que las hayan presentado.



Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Lasagabaster.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas de don Francisco Rodríguez, también del Grupo Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Finalmente, hay una enmienda que corresponde a doña Uxue Barkos, también del Grupo Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmiendas de Coalición Canaria. Quedan solamente las enmiendas que nos ha señalado el señor Mardones, que vamos a votar en dos bloques.



Primer bloque, enmiendas números 181 y 183.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Resto de enmiendas que ha mantenido vivas el señor Mardones.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas de Izquierda Unida. Vamos a votar en bloque.



El señor CUADRADO BAUSELA: Hay una enmienda transaccional.



El señor PRESIDENTE: ¿Qué número de enmienda, señor Llamazares? ¿Ha mantenido usted viva la enmienda que hace referencia al observatorio?


El señor LLAMAZARES TRIGO: He aceptado la transaccional.



El señor PRESIDENTE: Por tanto, está retirada y no se vota.



Votamos las enmiendas de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 19; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que ha defendido la señora Uría.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 33; abstenciones, 2.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.



Señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Aceptamos la transaccional del observatorio a la enmienda número 112.



El señor PRESIDENTE: Se retira la enmienda número 112 en este acto y, por tanto, no se vota.



Votamos las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, 3.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas que se mantienen vivas del Grupo Parlamentario Popular, que son todas menos la número 189, y que han sido defendidas por el señor Atencia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el texto del dictamen, que incluye las enmiendas números 181 y 183 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la disposición final tercera, que es nueva, y la disposición final segunda, que está corregida según lo manifestado por
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta minutos de la tarde.