Breadcrumb
Publications
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 314, de 15/06/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 314
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 15 de junio de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la ocupación indebida de puestos burocráticos de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
161/000693.) ... (Página 2)
- Relativa a la creación de una comisaría de Policía en Tomelloso (Ciudad Real). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000424.) ... (Página 6)
- Sobre la elaboración de un plan integral de prevención que evite la proliferación de grupos violentos e intolerantes de carácter neonazi, dando respaldo a las víctimas y a sus familias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000557.) ... (Página 9)
- Sobre medidas integrales para evitar la violencia relacionada con el racismo y la intolerancia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000523.) ...
(Página
9)
- Por la que se insta al Gobierno a que conceda a todas las víctimas mortales de atentados terroristas en España la medalla de oro al mérito en el trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000841.) ... (Página 13)
- Relativa a la infraestructura de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000817.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA OCUPACIÓN INDEBIDA DE PUESTOS BUROCRÁTICOS DE PERSONAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/000693.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión.
Son las cuatro y cinco de la tarde y calculo que no vamos a votar antes de las cinco y cuarto o cinco y media.
Vamos a sustanciar el orden del día de esta sesión de la Comisión. El primer punto es el debate y votación de la proposición no de ley sobre la ocupación indebida de puestos burocráticos por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: La realidad que acontece hoy en día en la catalogación de puestos del Cuerpo Nacional de Policía es que hay varios que están catalogados como de adscripción indistinta, esto es, que pueden ser ocupados tanto por
funcionarios de cuerpos generales como por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Esto ha significado que puestos con funciones exclusivamente administrativas, tales como jefe de sección administrativa, jefe de grupo de gestión, operador
periférico, jefe de sección de gestión económica y así un largo etcétera hayan sido catalogados como de ocupación indistinta. Esto nos ha llevado a que de 4.500 puestos de carácter indistinto solo 285 sean ocupados por funcionarios de cuerpos
generales mientras que 4.200 policías están ocupando puestos exclusivamente administrativos, esto es, tenemos a un personal que se ha preparado y ha opositado para desempeñar determinados puestos y en la práctica la gran mayoría de estos que son de
ocupación indistinta están siendo desempeñados por personal preparado para otras tareas. También las ofertas de empleo público de los últimos seis años, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, establecen en su disposición
adicional primera la sustitución progresiva de funcionarios de dicho cuerpo, que habitualmente desempeñan puestos de naturaleza administrativa, por funcionarios de cuerpos generales. Sin embargo, lo cierto es que la falta de personal administrativo
debido a la escasa oferta de empleo público llevada a cabo en los últimos ocho años ha implicado precisamente que cada vez sea mayor el porcentaje de puestos de carácter exclusivamente administrativo ocupados por funcionarios policiales, es decir,
por miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Entendemos que lo razonable y adecuado es precisamente lo contrario, esto es, que los puestos de naturaleza administrativa sean desempeñados por personal funcionario civil y que los puestos de carácter
policial sean desempeñados por personal del Cuerpo Nacional de Policía y por eso se presenta esta iniciativa que estamos ahora mismo discutiendo.
Igualmente se ha de tratar la cuestión económica. Los puestos que son ocupados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía tienen un coste económico muy superior. ¿Por qué? Porque perciben unos complementos altamente superiores y
distintos a los asignados a los funcionarios de los cuerpos generales. He podido cotejar la catalogación de puestos en cuanto a retribuciones y lo que implica es que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tienen un complemento específico según
cada localidad y según unas clasificaciones de puestos hechas de manera totalmente distinta a la de los cuerpos generales, lo que supone una diferencia media de más o menos 1.200 euros mensuales respecto al personal que desempeña el puesto de al
lado, que es exactamente el mismo; es decir, día tras día desempeñan exactamente
las mismas funciones y sin embargo el miembro del cuerpo general tiene unas retribuciones mensuales muy inferiores. Mención aparte merece la Guardia Civil, que con casi 8.000 guardias civiles apenas cuenta con 200 funcionarios
administrativos realizando labores puramente administrativas, incluyendo personal laboral, de oficios, etcétera. Esta situación se da también en el Cuerpo Nacional de Policía. Son funciones distintas y para cada una de ellas existen cuerpos
diferentes; está el Cuerpo Nacional de Policía, está la Guardia Civil y está el Cuerpo General de la Administración del Estado, que es el que debe ocupar los puestos donde se desempeñan tareas exclusivamente administrativas. Por todo ello se
presenta esta iniciativa que esperamos cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas; una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Socialista, aunque creo que también hay una enmienda transaccional.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda de su grupo.
El señor GARRE LÓPEZ: Señorías, he leído en repetidas ocasiones la proposición no de ley objeto de debate y he leído también la transacción que anunciaba la presidenta que ha llevado a cabo el Grupo Parlamentario Socialista con la original
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. He seguido con atención la defensa de la iniciativa realizada por la señora Navarro, y releída la proposición y oída la exposición a nuestro grupo le asalta la duda de cuál sea la finalidad de esta
proposición no de ley. De ahí la enmienda que hemos presentado al texto resolutivo inicial. ¿Por qué digo que tenemos dudas en cuanto al objetivo de la presente iniciativa? Porque no sabemos si cuando la propuesta de resolución dice que se insta
al Gobierno a adoptar las medidas y modificaciones legales que estime necesarias para favorecer la ocupación efectiva de los puestos administrativos por parte del personal del Cuerpo General de la Administración del Estado en el ámbito de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil lo que se está promoviendo es una simple cuestión burocrático administrativa funcional de reasignación, modificación o ampliación de plantillas o la proposición va más allá y tiene un objetivo
que sobrepasa la esfera puramente administrativa para transcender al plano de la seguridad ciudadana cuya garantía corresponde proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conforme preceptúa el artículo 104 de la Constitución. En uno y
otro caso nuestra enmienda mejora técnicamente la propuesta originaria de Izquierda Unida pues primero insta al Gobierno en el sentido estrictamente burocrático administrativo a que elabore los estudios e informes previos necesarios para evaluar
razonadamente las necesidades de personal administrativo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y añade al final: al objeto de disponer de un mayor número de efectivos para las tareas propiamente policiales.
Nosotros no queremos entender esta iniciativa en el marco de las renovaciones o ampliaciones de plantillas administrativas que por mor de las jubilaciones anticipadas ha anunciado el ministro de Administraciones Públicas y que podría afectar
a 25.000 funcionarios de la Administración del Estado, a los que habría que sustituir junto a los 12.500 que se derivarían, según los números que ha sacado la señora Navarro, de la reasignación de puestos que propone la iniciativa que estamos
debatiendo.
Solicitamos los estudios previos necesarios que contempla nuestra enmienda porque, de ser así, entrarían en juego otras consideraciones; consideraciones de forma, como el diálogo previo con las asociaciones sindicales correspondientes
que no hemos advertido en la exposición de la proposición, y consideraciones de fondo, como la asignación equitativa de los recursos públicos que preceptúa el artículo 31 de nuestra Constitución, a fin de no afectar presupuestariamente a otros
principios sociales especialmente garantizados como las pensiones de la tercera edad que consagra nuestro máximo texto legal en su artículo 50. Nosotros queremos entender que en el fondo de lo que se pretende enmendar subyace una noble tarea
parlamentaria y es la de instar al Gobierno a la consolidación efectiva de los valores de libertad y de seguridad como principios básicos proclamados en el preámbulo y título preliminar de nuestra Constitución y que hay la necesidad de plantear esa
iniciativa porque existen en realidad diversos elementos que atentaban, y atentan actualmente, contra la seguridad y la libertad de las personas. La delincuencia común, las mafias organizadas, la incipiente violencia juvenil, el terrorismo interno
y externo son factores que no pueden obviarse del análisis de una iniciativa como la que contemplamos.
Elementos sumamente negativos para la seguridad y la libertad de los ciudadanos, que requieren efectivamente de la acción policial en el marco
legal para ponerle a disposición judicial, sin miedo ni complejo de ningún tipo. La inseguridad o la vulnerabilidad de un país tiene mucho que ver con el número de elementos operativos, con la dedicación especial en la materia a la que nos
contraemos, pero también con la adecuada respuesta del Estado a las amenazadas, sean internas o internas. Se puede actuar con firmeza o con concesiones, como se pone actualmente se pone de manifiesto con el asunto del etarra De Juana Chaos. Se
puede actuar cuando la inseguridad proviene del exterior afrontando el asunto con la movilización activa en defensa de los valores superiores de seguridad y de libertad de una nación y hasta se puede actuar negativamente con la utilización
partidista de las desgracias como respuesta. Se la puede combatir aliándose en el exterior con quienes como nosotros padecen la inseguridad o se puede alinear con quienes son precisamente exportadores de inseguridad. Hechas estas sugerencias, la
iniciativa de Izquierda Unida creemos que es oportuna, pero nace un tanto acomplejada. Nosotros ante esa iniciativa parlamentaria,
oportuna por los tiempos que corren e idónea para la lucha democrática contra los elementos que pretenden distorsionar nuestros valores supremos constitucionales, no tenemos ningún complejo. No tememos que alguien nos acuse, como en otras
ocasiones, de querer imponer un Estado policial.
Queremos plasmar en la práctica las palabras de nuestro presidente, don Mariano Rajoy, para colaborar con el Gobierno de la nación con firmeza, no con debilidad, contra quienes atacan nuestros
supremos principios constitucionales. Por eso y para eso presentamos nuestra enmienda, señora presidenta. Para que con el apoyo de todos el Gobierno, lejos de un mero ajuste de personal administrativo y previo los informes necesarios, disponga en
un plazo no superior a un año de un mayor número de policías que hagan posible activamente la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, con los reajustes de plantilla que sean razonables. Señorías, nosotros -como les gusta decir a ustedes-
podemos quedarnos solos y aislados parlamentariamente con nuestra enmienda, pero no aliados en la debilidad, que es lo que precisamente rechaza la inmensa mayoría de la sociedad frente a quienes nos amenazan y ponen en peligro las libertades de los
ciudadanos y la seguridad de todos los individuos de este país.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Socialista el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señorías, lo siento pero voy a descender a la proposición no de ley, que espero que en la reforma del Reglamento se llame propuesta de resolución para que sea algo que pueda entender la gente y no lo que decimos
actualmente, y a las enmiendas que voy a defender. Por tanto, voy a obviar las referencias a la política exterior y de seguridad, al universo orbe, respecto a esta proposición no de ley.
Quisiera decir que estoy -aunque ustedes puedan creer que sea irónico no es así- realmente satisfecho de que el Partido Popular esté ahora de acuerdo en que es necesario ampliar el número de policías que efectivamente prestan servicios, así
como el de guardias civiles. Supongo que también deben estar de acuerdo con las otras policías del Estado para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, cosa que contrasta ciertamente con el declive de los efectivos de estas Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ha producido durante los años que han tenido el Boletín Oficial del Estado en sus manos los señores del Partido Popular y podían convocar lo que no han convocado, que es la oferta pública de empleo para la
Policía y para la Guardia Civil. Excurso seguramente innecesario si no hubiera sido por el contenido de la intervención del digno representante del Grupo Popular, que me lleva ahora -olvidado este tema- a hablar simplemente de la proposición no de
ley.
Nosotros entendemos que la proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hace un diagnóstico notablemente acertado de la realidad. Nos encontramos en una situación en la que,
dadas las actuaciones gubernamentales de los últimos tiempos, la proporción de puestos de actividad que no son exclusivamente policiales en manos de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil es realmente excesivo. Los datos
concretos de los que dispone mi grupo indican que en la Dirección General de Policía, en el catálogo de adscripción indistinta, de 2.333 puestos solo 239 son ocupados por cuerpos generales de la Administración y que en los puestos de trabajo
exclusivos -4.911 en total- son 3.852 los que están ocupados y faltan estos casi 1.100 puestos por cubrir. Ha dicho la señora Navarro que había apenas 200 funcionarios ocupando estos puestos en la Dirección General de la Guardia Civil, pero según
los datos que tengo yo de este mes son 175 funcionarios. Por tanto, nos encontramos ante una situación a la que hay que poner remedio y a ello desde luego está dispuesto el Gobierno al que da soporte mi grupo. Lo cierto es que en el programa de
Gobierno con el que fue investido el presidente Rodríguez Zapatero se establece expresamente que se va a trabajar para la sustitución progresiva de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por otros empleados públicos en las
tareas susceptibles de poder ser asumidas por estos. En ello estamos, señorías, entre otras cosas con la convocatoria este año de una oferta pública de empleo de 5.575 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 4.070 para la Guardia Civil que,
evidentemente, ha de permitir el aumento de los efectivos destinados directamente a garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos que tanto preocupaba al portavoz del Grupo Popular. Además, señorías, se han dado determinados pasos que no
son suficientes aún pero que marcan un cambio de tendencia en relación con los puestos en el Cuerpo Nacional de Policía, al que se han incorporado ya 175 efectivos procedentes del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y 166 que se
van a incorporar en 2005, y en la Guardia Civil se han incorporado 100 en el año 2004 y 40 en 2005, con lo que prácticamente duplicamos el número de funcionarios civiles en estos destinos que nos dejaron los gobiernos del Partido Popular. Hay que
tener en cuenta, señorías, que lo que puede aparecer con unas pinceladas de brocha gorda como muy sencillo, no lo es tanto y hay que afinar extraordinariamente cuáles son los puestos de trabajo que realmente se pueden servir por funcionarios civiles
de los cuerpos generales y cuáles no, porque lo cierto es que en la actividad policial no todos los puestos que podrían aparecer a primera vista como puramente administrativos dejan de tener una clara conexión policial. Una gran cantidad de estos
puestos depende de operativos policiales de investigación, de prevención, de represión de la delincuencia y, por lo tanto, puede ser conveniente que en algunos casos sea un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía especialmente formado quien lo
desempeñe.
Tampoco podemos dejar de tener
en cuenta la situación específica de la segunda actividad, que se produce solo en el Cuerpo Nacional de Policía con su Ley 26/1994, de 29 de septiembre y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1556/1995, de 21 de septiembre, que
establece esta situación funcionarial concreta entre el servicio activo y la jubilación que, en la mayoría de ocasiones, lleva a que los policías nacionales en segunda actividad se dediquen a ocupar estos puestos aparentemente administrativos pero
con conexión con las actividades policiales.
Es cierto que, a pesar de estas dificultades, el Comité Ejecutivo para el Mando Único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está trabajando en estos momentos ya en el despliegue no sólo territorial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad -que tiene que tener en cuenta, evidentemente, los factores de riesgo, de peligrosidad, la población y el índice de actividad delictiva en los territorios-, sino incardinado para ver cuáles son los puestos aparentemente solo
administrativos que puedan cubrirse realmente por funcionarios de los cuerpos generales de la Administración del Estado. Por ello se había llegado a una enmienda transaccional, que parece ser admitida por el grupo proponente y que se ha transmitido
a todos los portavoces de los grupos y a la Presidencia de la Comisión. Esta enmienda intenta coherentemente dar solución al problema planteado por Izquierda Unida, mejorando en algo la redacción de la propuesta inicial en cuanto que entendemos,
por ejemplo, que no son necesarios los cambios legales, sino puramente normativos, de otro rango jerárquico más bajo, que se solicitaban en principio en la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde. Por lo tanto, señorías,
dando por defendida la proposición y creyendo que con ella servimos realmente al objetivo final de conseguir la mayor protección posible de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, solicito al conjunto de la Comisión el voto favorable a la
transacción a que hemos llegado.
La señora PRESIDENTA: Los grupos no proponentes ni enmendantes -CiU y Esquerra Republicana de Cataluña-, ¿quieren hacer uso de la palabra en este momento?
Tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Simplemente queremos hacer constar nuestra satisfacción, puesto que se ha llegado a un acuerdo en la transacción sobre un tema que consideramos importante y que no es nuevo. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
tanto sea en el ámbito local como en el autonómico como en el estatal -Policía y Guardia Civil-, la tendencia de ocupar en tareas administrativas a policías o guardias civiles o a otros agentes se viene dando desde hace tiempo y constantemente hay
que hacer esfuerzos para corregirla. También se da mucho en los policías locales, cuando, a veces, por motivos de salud, por motivos de edad o debido a su falta de condición física, los policías o los agentes tienden a ocupar tareas
administrativas, que lógicamente se satisfacen con salarios mucho más elevados que si fueran personal administrativo, lo que hace que el sistema no sea eficiente en tanto en cuanto se pagan retribuciones muy elevadas por tareas que podrían ser
desarrolladas por personas con retribuciones más bajas debido a que también su situación de riesgo es inferior.
Nuestro grupo entiende por este motivo que es un tema que hay que afrontar y que la enmienda transaccional que se ha pactado recoge esta voluntad, y por ello va a votar a favor.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Nos parece oportuna y pertinente -y la hemos visto con buenos ojos- la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Verde. Solo quiero expresar un cierto desconcierto, porque ha salido De Juana Chaos y
no sé qué más. Entendí -yo no sé si es que mi entendimiento no llega para más- que el problema consistía, por una parte, en que los policías actuaban de administrativos y, por otra, había demanda de plazas policiales. Por tanto, parece de bastante
sentido común actuar para que los policías hagan de policías y los cuerpos de funcionarios de la Administración hagan de funcionarios de la Administración. No sé a qué venía lo de De Juana Chaos, pero igual es que, como el Pisuerga pasa por
Valladolid, De Juana Chaos sale en cualquier intervención de la Comisión de Interior. Me reitero: al calor de la intervención del señor Pedret estaría bien delimitar las plazas -aunque no lo pone en la transaccional, que vamos a votar
favorablemente, por supuesto- que, por su tipología, aunque sean de carácter administrativo, tienen que ser necesariamente cubiertas con funcionarios policiales. Estaría bien ver en el mapa cuáles son aquellas que imprescindiblemente tienen que ser
cubiertas por funcionarios policiales y aquellas que, no obstante, daría lo mismo o incluso sería mucho mejor, vistas las clases de mecanografía que tendrían que tomar algunos de los funcionarios policiales que trabajan en algunas comisarías y
cuarteles de la Guardia Civil, que fueran cubiertas, efectivamente, por funcionarios de la Administración General del Estado. En este sentido vamos a dar nuestro voto favorable a la transacción a la que han llegado Izquierda Verde y el Grupo
Socialista.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Navarro por el grupo proponente para decir si acepta o no la enmienda transaccional.
La señora NAVARARO CASILLAS: Se acepta la enmienda transaccional, pero quiero decir también que cuando los puestos han de ser ocupados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía así son clasificados. Estamos hablando aquí de los puestos
de clasificación indistinta, es decir, que pueden ser desempeñados por su carácter administrativo también por policías. Eso es lo que hay que revisar.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA EN TOMELLOSO (CIUDAD REAL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000424.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la creación de una comisaría de Policía en Tomelloso (Ciudad Real).
Tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Tomo la palabra, en nombre del Grupo Popular, para presentar en el seno de esta Comisión de Interior la creación, en el plazo de seis meses, de una comisaría de Policía en el pueblo de Tomelloso. Me van a
permitir, señora presidenta y señorías, que les haga un breve análisis de la situación real de esta localidad que se encuentra en el centro geográfico de la provincia de Ciudad Real y que además se ha llamado siempre el corazón de La Mancha.
Tomelloso aglutina un gran centro administrativo, cultural, comercial y de ocio y además un gran número de núcleos rurales a su alrededor. Tomelloso es una localidad que se encuentra actualmente inmersa en un proceso de crecimiento y estabilidad.
Al aumento de unos 1.000 habitantes por año, hay que sumar la creciente afluencia de ciudadanos de otras nacionalidades que hoy están integrados en la sociedad tomellosera y que están trabajando.
Tomelloso tiene 37.217 habitantes censados a 1 de
enero de 2004 y ha pasado de ser un pueblo eminentemente agrícola, con una industria incipiente, a convertirse en los últimos años en una ciudad con un sector vitivinícola floreciente que exporta su producción a varios países, un sector
hortofrutícola con gran volumen de negocio y una industria consolidada dedicada a la fabricación de productos de alta tecnología puntera, como depuradoras de aguas residuales, desaladoras o aparatos para la industria farmacéutica. Hoy podemos
afirmar que estamos ante una de las economías más saneadas de La Mancha que aporta a las arcas nacionales y regionales unos 200 millones de euros netos.
El crecimiento no solo ha traído noticias positivas a esta ciudad manchega; los delitos se han triplicado sin que los cuerpos de seguridad presentes en la localidad hayan podido frenar el abultado incremento de la actividad delictiva. Nos
encontramos con un cuartel de la Guardia Civil en estado lamentable. El ayuntamiento y todos los grupos municipales han hecho en múltiples ocasiones peticiones y mociones de mejora del cuartel de la Guardia Civil y se ha solicitado también la
creación de esa comisaría de Policía que hoy traigo a debate. Además, desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha una policía local mejorada con efectivos y medios a base de gravar las arcas municipales que está desarrollando su trabajo de forma
óptima y profesional, a pesar de no poder garantizar esa seguridad ciudadana que quieren no solamente los habitantes de Tomelloso, sino de toda la comarca.
Tengo que decir que el número de denuncias se duplica cada año, que además cada vez es mayor la población inmigrante que tenemos en la localidad de Tomelloso y en estos momentos estamos hablando de alrededor de un 25 por ciento. También
tengo que decir que este grupo parlamentario viene aquí a plantear una promesa del señor Rodríguez Zapatero; dentro de las múltiples promesas electorales, el señor Rodríguez Zapatero prometió la construcción de comisarías de Policía Nacional en
aquellas localidades con más de 32.000 habitantes. En estos momentos -si no lo dijera yo faltaría a la verdad y desde mi grupo no lo vamos a hacer- el alcalde del Ayuntamiento de Tomelloso, el señor Cotillas, ha puesto a disposición del Ministerio
del Interior los terrenos para que se ubique esa comisaría de Policía, además ha querido ser tremendamente escrupuloso y ha pedido al Gobierno que cumpla su promesa electoral, pero también ha puesto en marcha la dotación de esos terrenos y su
urbanización, y estamos esperando que sea una realidad esa comisaría de Policía.
Además tengo que decir algo importante, y es que esta proposición no de ley no se presenta sencillamente porque queramos que se cree la comisaría de Policía, que por supuesto que queremos que sea una realidad, sino porque en algunos momentos
el Gobierno de España, el Gobierno socialista, nos llama mucho la atención, y voy a contar por qué. Cuando el Gobierno hoy en esta Comisión habla de un plan del Gobierno de comisarías, el señor Fuentes me va a decir que el Grupo Parlamentario
Popular en el año 2003 votó en contra de la creación de esa comisaría de Policía, y se lo voy a explicar. Votamos en contra porque nosotros habíamos hablado ya con el entonces director general de Policía, señor Díaz de Mera, sobre ese plan del
Gobierno que ustedes hoy dicen que han hecho pero en el que ya estaban haciéndose los trámites convenientes para que aquellas comisarías de Policía como las de Tomelloso, Mijas y Torrevieja estuvieran puestas en marcha ¿Y por qué le cuento esto,
señor Fuentes? Se lo cuento como compañero parlamentario socialista en esta Comisión, pero también como diputado de mi provincia, de la provincia de Ciudad Real, y se lo cuento porque esta diputada en su momento, el 15 de septiembre, hace una
pregunta parlamentaria al Gobierno por escrito solicitando nos diga cuándo se va a poner en marcha la comisaría de Policía de Tomelloso, y cuál es mi sorpresa cuando el Gobierno me contesta que en estos momentos se están llevando a efecto los
estudios necesarios sobre la distribución territorial y funcional del Cuerpo Nacional de Policía con el fin de determinar las necesidades existentes y proceder a efectuar los cambios necesarios. Dicho esto, me encuentro que a los diez días
aproximadamente la diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista, el día de la sesión de control al Gobierno hace una pregunta oral en Pleno
cuestionando lo mismo que yo, cuándo se van a poner en marcha las comisarías de Policía de aquellos pueblos con más de 32.000 habitantes, y cuál es mi sorpresa cuando el ministro del Interior le contesta que se va a poner en marcha el plan
del Gobierno con aquellas comisarías de Policía entre las que el señor Díaz de Mera, director general de Policía en el año 2003, nos dice que están Chiclana, Torrevieja, Roquetas de Mar, Mijas, Cieza y Tomelloso.
Yo me alegro mucho de que el señor ministro del Interior contestara dicha pregunta a esa parlamentaria, pero me da mucha pena que diez días antes a esta parlamentaria del Grupo Popular no le contestara lo mismo ¿Es que el estudio se hizo en
esos diez días? ¿Es que se hizo desde una posición -yo no voy a utilizar la palabra sectaria- distinta de trato del Grupo Parlamentario Popular respecto al Grupo Parlamentario Socialista? Me gustaría que las formas cambiaran en beneficio de todos
nosotros, porque en definitiva, señor Fuentes, usted quiere lo mismo que yo, que se cree una comisaría de Policía en la localidad de Tomelloso y que los ciudadanos, no solamente de la comarca de Tomelloso, sino todos, puedan tener esa seguridad
ciudadana que se merecen simplemente por un derecho que está recogido en nuestra Constitución.
Voy a terminar, señora presidenta, porque sé que es muy importante para ustedes acabar esta tarde esta Comisión que lleva reunida ya muchas horas. Por lo tanto, voy a contestar al diputado socialista de mi provincia, señor Fuentes, que ha
presentado una enmienda de modificación.
Voy a admitir esa enmienda de modificación, señoría
La señora PRESIDENTA: No le quiero cortar el uso de la palabra, pero usted tendrá otro turno para decir si está de acuerdo o no con la enmienda que en su momento presente el diputado.
La señora QUINTANILLA BARBA: Pero como voy a hacerle una propuesta, se la expongo y ya cerramos el debate. He querido hacerlo así para abreviar.
Usted me ha presentado una enmienda de modificación y yo, en aras del consenso de este grupo
parlamentario, a pesar de que continuamente nos dicen que nos quedamos solos, voy a estar de acuerdo con esta enmienda de modificación. Simplemente habría que subsanar algún aspecto de esta enmienda porque efectivamente creo que debe quedar así y
se lo voy a plantear. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar los trámites ya iniciados por el Ministerio del Interior para el establecimiento y la creación de una comisaría de Policía en Tomelloso a la mayor brevedad posible,
dentro del plan del Gobierno de implantación de nuevas comisarías de Policía en aquellas localidades de más de 30.000 habitantes. Pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios de esta Comisión para esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda el portavoz del Grupo Socialista.
El señor FUENTES GUZMÁN: Con el mayor de los respetos, señorías, esta proposición no de ley que el Grupo Popular presenta hoy para la creación de una comisaría de Policía en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso es sencillamente
innecesaria. La función que tienen estas iniciativas, las proposiciones no de ley, como bien saben SS.SS., es la orientación política al Gobierno y, en el caso que nos ocupa, hoy el Gobierno ya estaba suficientemente orientado políticamente por el
programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones de marzo de 2004. Y no solamente estaba orientado por su programa electoral, sino que además está cumpliendo su programa electoral en esta materia, está empezando a
cumplir el programa electoral en materia de creación de comisarías en localidades mayores de 30.000 habitantes. Así lo manifestó el ministro en la comparecencia que tuvo lugar en esta Comisión el día 24 de mayo de 2004 y, antes de que usted hiciera
esa pregunta, señora Quintanilla, el propio ministro lo reiteró en contestación a la pregunta en Pleno que formuló la diputada Ana María Fuentes, a la que usted ha hecho mención, que no fue 15 días después de su pregunta escrita, sino que fue en el
mes de diciembre del año 2004 cuando, respondiendo a la pregunta formulada en una sesión de control, se mencionó expresamente la localidad de Tomelloso como una de las incluidas en el plan de creación de nuevas comisarías. La noticia de que
Tomelloso iba a tener próximamente una comisaría fue anunciada por mi compañera la diputada Clementina Díez de Baldeón el pasado 10 de noviembre en Tomelloso y, posteriormente, en el mes enero, el propio señor Alonso, ministro del Interior, confirmó
al presidente de Castilla-La Mancha, tras un encuentro que tuvieron, que la comisaría sería una realidad para el año 2006. Por tanto, señorías, estamos ante una iniciativa que está registrada en esta Cámara en noviembre del año 2004, después de que
muchos de los avatares que he contado ya se hubieran producido. Además, el Ministerio del Interior se ha puesto manos a la obra y ha mantenido contactos con el ayuntamiento de la localidad y, por cierto, con el alcalde del Partido Popular, para
estudiar el establecimiento de la nueva comisaría. De hecho, en un Pleno celebrado esta misma semana, el Ayuntamiento de Tomelloso ha ofrecido un terreno concreto para la ubicación de la comisaría de acuerdo, señora Quintanilla, con las
indicaciones técnicas que previamente le había dado la Dirección General de Policía al propio ayuntamiento sobre las características que tenía que tener esta ubicación.
Por tanto, ha existido un contacto entre la Dirección General de Policía y el Ayuntamiento de Tomelloso para la creación de esta comisaría. Por consiguiente, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la comisaría de Tomelloso va
razonablemente bien, va viento en popa; es una promesa electoral que se está cumpliendo. Creemos, pues, que esta iniciativa es absolutamente innecesaria y usted, señora Quintanilla, esto lo sabía cuando presentó esta proposición
no de ley. Ustedes tienen un problema con la comisaría de Tomelloso y por eso tienen que hacer esta pirueta política para lavar un poco su imagen en el tema de la comisaría.
Señorías, la reivindicación de la creación de una comisaría en Tomelloso no es nueva. Quien la trajo a esta Cámara fue nuestro grupo en el año 2003. Los niveles de delincuencia en Tomelloso eran altos entonces. Menos de un año antes de
que ustedes presentaran la proposición que hoy se debate -ustedes la presentan en noviembre de 2004 y esta proposición se debate el 10 de diciembre de 2003- instábamos al Gobierno a la creación de una comisaría en Tomelloso, y ustedes la rechazaron
con sus votos; en diciembre de 2003 rechazaron la creación de una comisaría en la localidad de Tomelloso. El 11 de noviembre de 2004 presentan una iniciativa, no ha pasado ni un año desde la iniciativa de nuestro grupo y de pronto observan una
necesidad imperiosa de aumento de efectivos en los Cuerpos de Seguridad del Estado en la localidad manchega. ¿A qué se debe esta repentina urgencia, señora Quintanilla? A que ustedes ya no gobiernan y se vuelven sospechosamente exigentes. Además,
como saben que el Gobierno socialista va a cumplir sus compromisos, intentan apuntarse un tanto que no les corresponde y, ya que lo hacen, piden dos huevos duros más, como dirían los hermanos Marx: ponen un límite temporal de seis meses a la
creación de esta comisaría, sabiendo como saben que es de imposible cumplimiento y que el ministro ha puesto un plazo razonable para la creación de la comisaría en el año 2006.
El ministro se ha comprometido a la creación de la Comisaría. Aún así, intentan trasladar a la opinión pública de la comarca afectada que el Partido Popular ha coadyuvado a la implantación de la comisaría. Todo un ejercicio, señora
Quintanilla, de cinismo político, pero que obviamente será difícil que cuele en la provincia de Ciudad Real, donde cada uno ya ha quedado en su sitio en lo que se refiere a este asunto.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución que pretende adecuar la función de orientación política que tienen estas proposiciones no de ley a la realidad existente en la actualidad. Solo tenemos que decirle al Gobierno que siga
por el camino que ha emprendido en este asunto, porque la comisaría será una realidad cercana en el tiempo.
Señora Quintanilla, siempre que se trate de defender los intereses de nuestra provincia, siempre que se trate de defender los intereses de Castilla-La Mancha, va a encontrar receptivo a mi grupo y a mí para ello.
La enmienda transaccional
que ha propuesto en realidad la hemos acordado ambos antes de iniciar la sesión. Por tanto, quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de ese tema. Lógicamente, estamos dispuestos a aceptarla y esperemos que esto sea el comienzo si no
de una gran amistad en este sentido, como diría Humphrey Bogart (Risas.), sí por lo menos que no hagamos demagogia con los temas de seguridad y no estemos cambiando de opinión de un año para otro en función de cuál es el Gobierno de turno.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos no enmendantes de esta proposición no de ley quieren intervenir? (Pausa.)
Señora Quintanilla, le doy la palabra solo para decir si acepta o no la enmienda.
La señora QUINTANILLA BARBA: Mi grupo parlamentario acepta la enmienda, pero le pido por favor que sea benévola conmigo y me deje intervenir medio segundo.
La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, usted ha usado casi el 80 por ciento más del tiempo que le corresponde. Por tanto, aténgase a lo que estamos debatiendo, que es la enmienda.
La señora QUINTANILLA BARBA: Solo le quiero decir al señor Fuentes una cosa: no me llame usted cínica. Yo le he tratado con mucho respeto y con mucha dignidad. Le he dicho que estábamos en el mismo barco. Cuando usted me cuenta que el
alcalde del Ayuntamiento de Tomelloso ha cedido los terrenos, yo le he dicho que ha cedido los terrenos para hacer la comisaría de Policía. Cuando usted me cuenta fechas, que está de acuerdo conmigo, que efectivamente yo tengo hechas preguntas
parlamentarias y que me contestan de distinta manera que a una compañera suya, es una realidad. Señor Fuentes, yo no hago demagogia. Quiero lo mejor para mi provincia, como usted, y por eso le he admitido su enmienda; quiero lo mejor para la
comarca de Tomelloso y no voy a hacer demagogia, sino que voy a luchar desde mi posición como parlamentaria del Grupo Popular en aquello que sea beneficioso para mi provincia. No me cuente usted ninguna historia más y no me insulte, porque yo no le
he insultado en toda mi intervención. (El señor Fuentes Guzmán pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muy brevemente, señor Fuentes, porque no quiero abrir un debate de una proposición no de ley que está bastante clara en sus términos.
El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señora presidenta, pero ha quedado abierto.
Señora Quintanilla, en ningún momento la he insultado, (La señora Quintanilla: Me ha llamado cínica.), simplemente he dicho que la postura que está manteniendo su grupo es de cinismo político. No la he llamado a usted personalmente cínica.
De todas maneras, reitero que me parece una postura de cinismo político lo que ustedes han hecho con este asunto.
(Una señora diputada: Lo vas a poner peor.)
La señora PRESIDENTA: Señores diputados, no dialoguen. Cada uno tiene su turno. No hablen cuando otra persona esté en el uso de la palabra.
El señor FUENTES GUZMÁN: Señora Quintanilla, no dudo de su buena intención en este asunto y por eso yo también he aceptado la enmienda transaccional, prueba evidente de que eso es así.
La señora PRESIDENTA: Es decir, que la enmienda originaria, convertida en transaccional, se acepta por el grupo proponente. (Asentimiento.)
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN QUE EVITE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS VIOLENTOS E INTOLERANTES DE CARÁCTER NEONAZI, DANDO RESPALDO A LAS VÍCTIMAS Y A SUS FAMILIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000557.)
- SOBRE MEDIDAS INTEGRALES PARA EVITAR LA VIOLENCIA RELACIONADA CON EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000523.)
La señora PRESIDENTA: El punto 3.º del orden del día es similar al punto 6.º Les he comentado con anterioridad a los portavoces si estaban de acuerdo en que se pudieran debatir de manera acumulada las dos proposiciones no de ley, porque el
fondo de la cuestión es muy similar.
¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Por tanto, vemos de manera conjunta el número 3.º y el número 6.º del orden del día.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Ballestero, del Grupo Parlamentario Popular, para su defensa.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Tomo la palabra para exponer nuestra proposición no de ley y fijar posición en torno al acuerdo al que hemos llegado vía enmienda los diferentes grupos. El tema de nuestra proposición no de ley está
ampliamente superado porque en el debate mantenido en abril en el Pleno del Congreso de los Diputados entiendo que fue subsumido por acuerdo unánime. Pero quiero resaltar que la iniciativa fue desde el principio del Grupo Popular y que solo el
desarrollo de esta Comisión nos ha llevado a traer hoy un debate que podría parecer inútil pero que a nosotros, a todos los que intervenimos y estoy seguro que a todos los diputados, nos parece tremendamente importante y a partir de ahí intentaremos
arrojar alguna nueva luz en este tema.
El tema de la violencia juvenil ha aumentado progresivamente en España en los últimos años hasta cifras preocupantes, convirtiéndose en un auténtico problema, y cada vez crea más alarma social. La conflictividad ya no está solo en la calle
o en lugares de ocio, como cuando empezó en los estadios de fútbol, sino que cada vez es más frecuente en centros de enseñanza y en centros de menores, donde las agresiones y la violencia desgraciadamente están presenten constantemente. Según datos
de la ONG Movimiento contra la Intolerancia, ya que por desgracia no disponemos de demasiadas estadísticas oficiales, cada mes en nuestro país se produce una media de 70 incidentes graves de este tipo. En las últimas fechas hemos tenido algún
ejemplo de alarma social, como la muerte del joven Manuel González, de tan solo 17 años, en Villaverde, a manos de un inmigrante dominicano, que ha suscitado la ira de muchos ciudadanos de bien, que, por desgracia, están siendo utilizados por grupos
extremistas e intolerantes de ideología racista y xenófoba; o los sucesos de Berga, donde un joven de 22 años ha sido apuñalado por chicos entre los que había siete menores; o en Arganzuela o en Carabanchel, donde dos adolescentes dieron una
brutal paliza de muerte a un vigilante del Hospital Doce de Octubre; o en Hospitalet de Llobregat. Es un fenómeno que está siendo en estos momentos de actualidad relevante y que está creando una alarma social que justifica ampliamente que tengamos
un nuevo debate en esta Comisión.
El Grupo Popular ha tenido la iniciativa, especialmente a través de nuestra portavoz, la señora Sánchez-Camacho, desde el principio de la legislatura; hemos suscitado este tema en todas las comparecencias, tanto del ministro del Interior
como del director general de la Policía; hemos solicitado diversa información y hemos presentado esta proposición no de ley, amén de los diferentes debates que hemos tenido, en el bien entendido que este es un tema que supera ampliamente la
iniciativa de cualquier grupo, por tratarse de un asunto que nos debe ocupar a todos.
Sin embargo, el más desbordado en esta materia, por lo menos en cuanto a información y, probablemente, en cuanto a medidas a tomar, ha sido precisamente quien
debería estar a la vanguardia en la toma de iniciativas, el Gobierno, que en sus contestaciones a diferentes preguntas escritas y en comparecencias del señor ministro y del director general de la Policía está evidenciando una total falta de
conocimiento de la situación real y, sobre todo, una preocupante falta de iniciativa -que espero que a partir de hoy cambie- en cuanto a las medidas a tomar.
Las respuestas que el Gobierno daba a nuestras compañeras hoy aquí presentes, Encarnación
Navarro y Ana Vázquez, o al señor Labordeta estaban cargadas de generalidades, hablando de la Unión Europea y del informe Raxen, y diciendo que la policía se ocupa de este tema y que es un grupo lo suficiente amplio como para no clasificarlo. Sin
embargo, a pesar de la preocupante desorientación del Gobierno, creo que este es un denominador común de los grupos. Es cierto que se han planteado proposiciones no de ley por parte de Esquerra y del propio Grupo Popular, pero también es cierto que
en este caso la sociedad ha ido por delante del Congreso de los Diputados. Cuando he estudiado la iniciativa de Esquerra, he visto, por ejemplo -y quiero ser bienintencionado, porque esta tarde y en este tema no se puede ser de otra manera-, que
hablaba exclusivamente de grupos nazis. Yo creo que hoy día ese fenómeno es infinitamente más amplio, y quiero buscar un punto de encuentro en el que todos estemos de acuerdo. Hemos hablado en diferentes debates de violencia contra personas o
colectivos por su
origen nacional, étnico o racial, por su idioma, por su color, por su religión, por su género, por su edad, por su discapacidad mental o física, por su orientación sexual, por su indigencia, por su enfermedad o por cualquier otro factor
heterófobo objeto de odio, como apunta muy bien Movimiento contra la Intolerancia. En realidad, por buscar ese punto de encuentro, yo creo que son delitos de odio, delitos tan viejos como la humanidad, pero recientemente -desde los años ochenta-
clasificados; delitos de odio que tienen la intolerancia como rasgo común y en los que la exclusión social es una de las causantes indudables.
¿Por qué hablo de la exclusión social? Dentro de estos delitos de odio o de intolerancia, el Grupo Popular -y espero que el resto de los grupos y, muy especialmente, el Gobierno- se viene fijando últimamente en el fenómeno emergente de las
bandas, bandas que no citaré porque tampoco quiero hacerles propaganda, me gusta huir del lenguaje que da propaganda a determinados delincuentes. Es verdad que es un fenómeno global y que su violencia aún no tiene en España el mismo grado de
incidencia, ni produce, por tanto, el mismo grado de preocupación que en otros países que conocemos, como Estados Unidos, pero estas bandas globales deben ser una de nuestras prioridades, si atendemos al incremento de los delitos que están
relacionados con ellas -cifra que nunca nos podría dar el Ministerio del Interior- y si consideramos opiniones y estudios de expertos, como pueden ser Andreu Papachristos, que relaciona su globalización con su presencia y conexión a través de la red
y sitúa su origen en la deportación de decenas de miles de inmigrantes con antecedentes penales de Estados Unidos; y esto les tiene que sonar especialmente a los señores del Grupo Socialista. El Grupo Popular tiene muy claro que la violencia tiene
que ver con la exclusión -yo no quiero deslizarme por ningún otro sitio-, solo con la exclusión, ni mucho menos con el fenómeno de la inmigración, pero también hay que ser serios y recordar al Gobierno que hay países en los que se anuncia en los
periódicos la posibilidad de borrar los antecedentes penales para venir a España a ser regularizado. Señorías, en este ambiente distendido les diré que los procesos irresponsables de regularización y el efecto llamada ocasionan sin duda la
exclusión. Este espíritu me lleva a decir tan solo que queremos que el Gobierno centre su atención muy especialmente y que si va a hacer un proceso de regularización lo haga ya hoy, porque el fenómeno está instalado en España, desde el conocimiento
de las consecuencias que pueden traer determinados modos de hacer algunos procesos de regularización.
Señorías, voy terminando. Hoy vamos a aprobar una iniciativa de mínimos, una iniciativa claramente de mínimos superada por la realidad social y, por supuesto, por la alarma que están creando determinados acontecimientos. Nuestra intención
es buscar -y vamos a apoyarlo- el acuerdo vía enmienda al que hemos llegado el Grupo Socialista, Esquerra Republicana y nosotros mismos con una propuesta y un contenido pobre pero que es un buen punto de partida. Junto a esa intención de buscar el
acuerdo no queremos dejar de manifestar que el Partido Popular, que empezó la legislatura con iniciativas en torno a este problema, va a estar ocupado en intentar arreglar este problema hoy y en poner las bases para que se arregle en el futuro. Es
positivo que se hable de planes para erradicar esta violencia, que haya una especial atención a las víctimas, como no podía ser de otra manera, y que se estudien todo tipo de reformas legales, que son las tres bases en torno a las que vamos a llegar
a un acuerdo, pero queremos reflexionar y poner encima de la mesa que el Gobierno, sobre todo el Gobierno -y la propia iniciativa del Grupo Socialista nos dice lo desubicado que estaba el Gobierno-, debe ser el que tome la iniciativa en este tema.
Hay que hablar también de educación, de educación en valores, de educación en libertad, de educación en democracia, no solo de educación en el ámbito escolar sino de una educación que genere esa tolerancia que va a evitar este tipo de delitos que no
se pueden tolerar. Hay que instar a la Fiscalía a que persiga de oficio y de manera concreta, hay que dotar de unos efectivos que de verdad puedan atajar el fenómeno, hay que intentar que el apoyo psicológico sea concreto porque no nos podemos
parar en generalidades, y tener en cuenta que la concienciación social es un elemento imprescindible para poner las bases de un buen futuro en este tema.
Termino diciendo que nos parece insuficiente pero que hemos dado prioridad a la unanimidad en torno a este tema para seguir animando sobre todo al Gobierno a que se asiente en la realidad y ponga las bases para solucionar un problema que si
no solucionamos hoy, como ya está pasando en países de nuestro entorno, será infinitamente más preocupante.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cerdà para que defienda su proposición no de ley sobre esta misma materia.
El señor CERDÀ ARGENT: Retomando las últimas palabras del señor Ballestero y en pro de la unanimidad previsible para la aprobación de esta transaccional a la que hemos llegado los grupos parlamentarios Socialista, Popular y Esquerra
Republicana, no haré más sangre sobre el tema, aunque la intervención del señor Ballestero daría para alguna reflexión, pero lo dejaré en pro de dicha unanimidad.
Quería puntualizar algunas cosas. Primero, hubo una proposición no de ley en la que nosotros instábamos a que la violencia skin head o nazi estuviera contemplada, y separábamos las bandas al estilo de los latin kings, de reciente y funesta
aparición en algunas ciudades, o similares, de la violencia específicamente de corte neonazi, fascista, skin head, como lo quieran llamar, porque tienen una tipología radicalmente diferente de otras agresiones. No podemos meter todo en el mismo
saco, es decir, bandas juveniles, agresiones indiscriminadas, actividades violenta; no. Igual que sabemos que las actuaciones de Al Qaeda y las de ETA son terrorismo
pero de tipología diferente y, por tanto, tienen causas y expresiones diferentes unas de otras, en este caso pasa exactamente igual, acaban con agresiones, acaban con muertes, acaban con palizas, acaban con miedos, pero responden
originariamente a otros motivos unas respecto de las otras. No se trata de un tema de violencia juvenil que se puede mezclar a veces en un campo de fútbol o en una manifestación, sino de una violencia que tiene una especificidad, una tipología, una
coordinación con otros grupos y un carácter ideológico. Nosotros queremos llegar a las agresiones que se cometen bajo el símbolo de la cruz gamada, esvástica u otro tipo de cruces, brazaletes o insignias. Entendemos que esta tipología es más
peligrosa que las otras en el sentido de que en el Código Penal está tipificada la comisión de agresiones o de actos violentos por motivos ideológicos; lo que pasa es que muchas veces esta misma tipología no se aplica en estos casos al no hacerse
una interpretación más rigurosa del Código Penal. Sería bueno determinar con exactitud la tipología de estos delitos y cuáles son las conexiones entre los diferentes grupos que después vía internet, correos electrónicos o páginas web coinciden en
la red, que es a otro nivel que el de Al Qaeda pero tienen conexiones dentro y fuera del Estado y se cuentan sus hazañas, por decirlo de alguna manera, sus motivos y se pasan sus revistas. Existe una conexión para delinquir y las agresiones que
llevan a cabo están muy acotadas jurídicamente, por lo que en muy pocos casos traspasan determinados tipos de agresiones para que no se conviertan en delito y se consideren como falta. Este vacío legal es el que habría que cubrir a nivel penal,
dada la tipología de motivaciones ideológicas para la comisión de un delito, para la comisión de faltas o para las agresiones contra colectivos perfectamente delimitados, no entre grupos callejeros, no entre bandas ciudadanas, sino que responden a
motivos ideológicos contra colectivos determinados y esa tipología no existe en el Código Penal desde nuestro punto de vista, como no existe la suficiente diligencia por parte de la Fiscalía ni la suficiente especialización en los cuerpos policiales
para atajar esta problemática.
No lo mezclen con una delincuencia juvenil genérica puesto que son tipologías diferentes.
Un último apunte que hace nuestra proposición no de ley es el apoyo a las víctimas de estos casos, que nos parece insuficiente. En todo caso, tanto las ayudas económicas como el apoyo psicológico u otro tipo de amparo que desde el Gobierno
se pudiera dar serían bienvenidos, puesto que recae casi siempre en colectivos sociales, culturales o étnicos bastante desfavorecidos y es carga sobre la carga. Por tanto, entendemos que igual que otras víctimas de la violencia tienen sus
compensaciones por parte de este Gobierno y de la sociedad, este también es un colectivo que tendría que estar amparado de una manera u otra por esta cobertura ante las agresiones a las que se ven sometidos.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda tanto a una proposición no de ley como a la otra tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Señorías, como ya se ha dicho, el debate que nos ocupa no es en absoluto nuevo. Abordamos una vez más el fenómeno de los grupos organizados violentos, que esta vez se traduce en las actitudes racistas e
intolerantes de grupos organizados que exhiben unos símbolos y vestuario específicos. Son grupos de jóvenes de corte neonazi que realizan agresiones por motivos ideológicos -este es su principal hecho diferenciado-, agresiones que tienen por objeto
a inmigrantes, especialmente con rasgos étnicos diferentes, homosexuales, discapacitados, mendigos, prostitutas, colectivos juveniles políticamente opuestos a los suyos, gente que simplemente les miran o aquellos que se resisten a su terror
intimidatorio. La creciente fractura político-social y la problemática global de pérdida de valores democráticos, junto con el crecimiento de sentimientos xenófobos en ciertos sectores de la población ante la llegada de inmigrantes, ha permitido el
crecimiento y expansión de estos grupos, que han encontrado en internet el medio de organización y expansión de su ideario. Obviamente, mi grupo comparte la preocupación por la aparición y consolidación de estos grupos violentos y estamos de
acuerdo en que deben tomarse medidas para atajar su crecimiento. No obstante, no podemos obviar que esta es una de las manifestaciones de una problemática social más profunda como la violencia juvenil. El Gobierno ya ha señalado su preocupación
ante la proliferación de estos grupos radicales. Por ello, en la revisión de la legislación penal que el Ejecutivo se ha comprometido a realizar analizará con detenimiento esta cuestión para evitar cualquier atisbo de impunidad de estas conductas
tanto en jóvenes como en adultos. Sin embargo, aun cuando la legislación penal sea contundente frente a estos comportamientos, la patología social que constituye el delito no puede atajarse completamente. La finalidad preventivo general de la pena
tiene unas limitaciones que se manifiestan cuando se constata que se siguen cometiendo delitos. Además, no se puede recurrir al ius puniendi como primer instrumento de la política criminal, dado que precisamente en un Estado democrático ésta
debería ser la última respuesta del ordenamiento. En la persecución de estas conductas delictivas el principio de legalidad que rige la actuación del ministerio fiscal obliga a la Fiscalía a proceder a su investigación y persecución desde el
momento en que tenga conocimiento de su posible comisión. Una vez que los miembros de estas bandas pasan a disposición judicial, los delitos de los que son acusados no presentan complejidad alguna como para justificar una especialización de los
miembros del ministerio público encargados de su persecución, como sí sucede en la delincuencia económica, el tráfico de drogas o el delito medioambiental. Resulta mucho más
efectivo disponer de equipos policiales dedicados específicamente al seguimiento y control de las actuaciones de dichas bandas que una especialización de la Fiscalía. En esta línea de actuación, la Secretaría de Estado de Seguridad promulgó
una instrucción con una serie de medidas de actuación policial que entre otras disposiciones establecía una intensificación de los trabajos de información general sobre estos grupos, así como también el incremento del seguimiento de jóvenes ultras
seguidores de clubes de fútbol que con frecuencia cometen actos delictivos causando daños a personas y bienes, sin olvidar que existe dentro de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía una unidad encargada del
control y seguimiento de todos los hechos violentos de los que se tiene conocimiento que puedan encuadrarse dentro del racismo o la xenofobia. Al igual que en la Dirección General de la Guardia Civil, que viene haciendo un seguimiento cercano de
este tipo de violencia, habiendo encomendado este cometido a una de las unidades especiales del servicio de información, también desde la Dirección General de Política Interior, que como saben se circunscribe al ámbito del deporte al formar parte de
la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos, se configura como un instrumento para la lucha contra las manifestaciones y actitudes racistas, violentas y xenófobas que puedan protagonizar cualquier tipo de grupos violentos
en los espectáculos deportivos, a través de las funciones que desarrollan, tanto la subcomisión de infraestructuras e informes que se encarga de velar por la erradicación de cualquier desorden que afecte a la seguridad pública en los espectáculos
deportivos como la subcomisión de estudios y prevención que se ha constituido en observatorio contra la violencia, el racismo y la xenofobia.
Como decía anteriormente, no estamos ante un debate nuevo ya que son varios los antecedentes parlamentarios que han tenido por objeto dicha violencia. Me gustaría recordarles las proposiciones no de ley que en este sentido fueron
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Convergència i Unió en la pasada legislatura, señor Ballestero, no en la presente. Hace tan solo dos meses, el día 5 de abril, tuvo lugar en el Pleno de esta Cámara el debate de una proposición
no de ley presentada también por el Grupo Socialista que tenía como objeto las actuaciones de grupos de jóvenes violentos y organizados. Como recordarán, en dicho debate fue prácticamente unánime la opinión de que era más conveniente abordar la
violencia juvenil en su conjunto en lugar de entrar a analizar por separado cada una de sus manifestaciones. La resolución aprobada por todos los grupos parlamentarios propone que, respetando la enorme complejidad de las competencias
administrativas y políticas que recaen sobre el tema, se elabore con la necesaria participación social un plan que establezca las bases para atacar la creciente violencia juvenil de una forma preventiva. A tal fin -se decía- deberán coordinarse las
actuaciones oportunas en materia de educación formal e informal postobligatoria y de formación profesional, incluyendo la formación específica del profesorado en la tutela de menores en situación de desamparo, en la mediación y protección familiar,
en integración social, en ayuda y acompañamiento psicológico, incluyendo las víctimas afectadas, así como su plena atención sanitaria y judicial, y finalmente la coordinación de las actividades preventivas y represivas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Dos meses después de que se aprobara dicha resolución, creemos que lo más acertado es continuar e impulsar dichos acuerdos que tienen ya el apoyo unánime de esta Cámara y que no existen motivos que nos hagan variar la forma de
afrontar este fenómeno.
Tal como ya se ha dicho, el Grupo Parlamentario Socialista ha llegado a una enmienda transaccional con los dos grupos proponentes y por eso pido al resto de grupos parlamentarios que la apoyen. Señorías, tendremos que arrepentirnos no tanto
de las acciones de la gente perversa, sino de los famosos silencios de la gente buena. Con esta cita Martin Luther King resume con claridad la única posición que los demócratas y los defensores del Estado de derecho podemos mantener, es decir,
actuar contra una realidad que no por más cruel es menos cierta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Quisiera hacer referencia a uno de los dos comentarios del señor Corcuera, que decía que este no es un tema nuevo y que en la anterior legislatura ya se trajo a Comisión para su debate.
Efectivamente, nuestro
portavoz, el señor Campuzano, presentó iniciativas en este sentido; en julio de 2004 el Partido Socialista presentó esa proposición no de ley que luego se debatió en el Pleno del día 5 de abril; en el mes de diciembre Esquerra Republicana presentó
la iniciativa que hoy también discutimos y en el mes de enero de 2005 lo hizo el Partido Popular. En el Pleno de 5 de abril se debatió, se discutió y se coincidió en muchos aspectos de esta iniciativa y hoy vemos en Comisión dos proposiciones no de
ley que giran en torno al mismo tema. Sin duda hay coincidencia en esta cuestión. En nuestra intervención final en el Pleno comentamos que no sería ocioso -leo textualmente- marcar con carácter general un cierto calendario que fuese generoso para
que el Gobierno ejecutase los imperativos de este Legislativo y que estableciera una cronología para la elaboración y puesta en marcha del plan global propuesto. Mientras tanto hemos tenido que lamentar un episodio de violencia juvenil tan
dramático como el de Berga, el día de la Patum.
Estamos todos de acuerdo y ha sido fácil llegar a una transaccional hoy sobre este tema, pero los días van pasando, el riesgo se sigue manteniendo, y no solo el riesgo sino que se producen hechos que
cualquier día
pueden volver a suceder, aparte lógicamente del de Berga, otros que también se han citado.
Nosotros lógicamente vamos a apoyar la enmienda transaccional. No voy a repetir los argumentos porque serían similares a los que trajimos a colación el día del Pleno en que se trató esta proposición no de ley del Partido Socialista. En
primer lugar, quisiera destacar una vez más la necesidad de la existencia de un observatorio permanente de este fenómeno, que es complejo, poliédrico, diverso, ideológico, no ideológico, político, deportivo y sociológico, y la necesidad de abordarlo
desde diversas disciplinas, así como mantener relaciones y contactos a la hora de hacer esta fotografía, que comentaba el señor Cerdà, con otros observatorios similares de otros países, sobre todo de nuestro entorno cultural, y también, por qué no,
de Estados Unidos. En segundo lugar, quisiera comentar la necesidad -y eso también se decía hace un momento- de abordar este plan que cada día se va viendo más necesario y en el que todos coincidimos pero que no vemos calendario ni ninguna
proximidad en el tiempo -simplemente palabras y buenas voluntades- teniendo en cuenta las competencias de las administraciones autonómicas y locales, las cuales en muchos casos están ya trabajando seriamente sobre este fenómeno en el arbitraje y
puesta en marcha de medidas tanto preventivas como de control o de represión de este fenómeno, para evitar el crecimiento o la consolidación de ese tipo de grupos. En la revisión general de la legislación penal, que es uno de los aspectos que se ha
incorporado en la enmienda transaccional -en parte también se ha dicho-, hay que tener en cuenta también los aspectos de otros ámbitos sociales, sanitarios, educativos y preventivos que, de no tenerse en cuenta, no serían suficientes si solo se
abordara desde el aspecto penal. En definitiva, nuestro grupo va a apoyar esa enmienda transaccional e instamos al Gobierno a que esa voluntad se cumpla en un lapso de tiempo relativamente breve.
La señora PRESIDENTA: A efectos de aceptar o no la enmienda, tiene la palabra el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Quiero aclarar, porque no lo he oído del portavoz del Grupo Socialista, que el acuerdo al que habíamos llegado era recoger en la parte dispositiva la enmienda transaccional y hacer unánime la exposición de
motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular porque incluía la posición de Esquerra en el sentido de destacar especialmente el fenómeno neonazi y la más global del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Ese era nuestro acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Para aclarar esta cuestión tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor CORCUERA PLAZA: Simplemente quiero decir que la exposición de motivos no se va a votar, aunque me parece bien lo que se expone desde el Grupo Popular. Lo que se vota es la parte resolutiva y esta es la enmienda transaccional. En
cualquier caso nos parece bien lo que propone el representante del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: ¿Entonces está conforme con la enmienda el señor portavoz del Grupo Popular? (Asentimiento.)
¿Tiene algo que decir el señor Cerdà con respecto a la enmienda?
El señor CERDÀ ARGENT: De acuerdo.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CONCEDA A TODAS LAS VÍCTIMAS MORTALES DE ATENTADOS TERRORISTAS EN ESPAÑA LA MEDALLA DE ORO DEL MÉRITO AL TRABAJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/000841.)
La señora PRESIDENTA: Concluido el debate de estas dos proposiciones no de ley que hemos debatido conjuntamente, pasamos a la número 4 que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que conceda a todas las víctimas
mortales de atentados terroristas en España la medalla de oro del mérito al trabajo. Tiene la palabra, para su defensa la portavoz del Grupo Popular.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Después de una sesión tan extensa, tan interesante e importante como la de hoy, intentaré ser extraordinariamente breve pero sin menoscabar la importancia que esta proposición no de ley tiene para nuestro
grupo y creemos que también para el resto de los grupos que se encuentran en esta Comisión y para el resto de partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Como muy bien dice la exposición de motivos, estamos hablando del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que no solo es una obligación moral para toda la sociedad sino que constituye un elemento fundamental para la lucha contra el
terror. Las víctimas merecen y exigen reconocimiento, dignidad, justicia -como nos lo han dicho en esta casa, el Congreso de los Diputados-, y esa es la intención de este grupo parlamentario contenida en esta proposición no de ley. Esta iniciativa
es una expresión de reconocimiento y solidaridad en orden a ofrecer a las víctimas del terrorismo la manifestación de nuestro profundo homenaje que sin duda merece su sacrificio. Señoras y señores diputados, este es el primer párrafo que todos
aprobamos en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo y en el que hoy nos reafirmamos. Lo que está presentando hoy el Grupo Parlamentario Popular es un acto de reconocimiento y un acto de solidaridad. Estamos
solicitando no solo lo que en otras muchas ocasiones se ha hecho desde nuestra formación
y también desde otros grupos políticos en la oposición. No nos referimos hoy a la adecuada asistencia, a la mejor gestión de las ayudas, a la atención psicológica, a todo tipo de ayudas que necesitan las víctimas y sus familias, sino al
reconocimiento que se les da y se les puede dar en muchísimas ocasiones a las víctimas del terrorismo. Esta proposición no de ley es hoy un acto de justicia porque al igual que les fue concedida la medalla al mérito en el trabajo a las víctimas del
desgraciado y mayor atentado sufrido en la historia nuestro país, el atentado del 11-M de 2004, entendemos que las víctimas de todo tipo de terrorismo también son merecedoras del reconocimiento como víctimas del terrorismo. Aunque el acto de
concesión de medallas a esas víctimas fue muy rápido -fue un acto extraordinariamente emotivo presidido por Sus Majestades los Reyes, que se solidarizaron con las familias de las víctimas-, ahora tenemos la oportunidad de extender ese reconocimiento
también al resto de las víctimas del terrorismo, vengan de cualquier grupo terrorista. No estamos hablando solo del terrorismo de ETA; estamos hablando del terrorismo del Grapo, de Terra Lliure, de cualquier tipo de acción terrorista que haya
habido en nuestro país. Además del real decreto por el que se concedió la medalla del mérito en el trabajo a las familias de las víctimas del 11-M y del Real Decreto 301/2005 por el que se concedió la medalla al mérito en el trabajo en su categoría
de oro a diversas entidades como reconocimiento a la labor que estaban realizando las víctimas del terrorismo, entendemos que todas las víctimas y todas las asociaciones merecen esa medalla, y por eso nuestro grupo parlamentario presenta hoy esta
iniciativa. Ven ustedes que es muy concreta y precisa pero muy importante. Es un reconocimiento sin ningún tipo de aportación económica; no estamos hablando de una medalla pensionada, sino de un mero reconocimiento honorífico a aquellas personas
por el trabajo realizado a lo largo de su vida. Sin duda las víctimas del 11-M la merecían porque desgraciadamente eran los que iban en esos trenes a realizar unas jornadas de trabajo que jamás pudieron llegar a hacer, pero también la merecen
muchas de las víctimas de otros terrorismos. Estamos hablando de policías nacionales, guardias civiles, taxistas y muchísimos otros colectivos, personas civiles de la sociedad española que han sido víctimas de ese terrorismo. Por eso hoy el Grupo
Parlamentario Popular, utilizando unas palabras de Su Majestad el Rey, queremos solicitar de todos los grupos políticos el apoyo a esta iniciativa por su importancia, porque el consenso y la unión de las formaciones políticas y de los grupos
políticos en apoyo del reconocimiento a la dignidad de las víctimas es tambien muy importante. Su Majestad el Rey, en el discurso del día 28 de julio de 2004, cuando se concedieron esas medallas al mérito en el trabajo en calidad de oro a las
víctimas del 11-M, decía y pedía a la sociedad española y a los grupos políticos: Unidad y solidaridad es lo que necesitamos para acabar con los abominables propósitos de todo tipo de terrorismo. Eso es lo que yo hoy aquí también, señora
presidenta, señoras y señores diputados, pido en el reconocimiento de todas las victimas, porque forman parte de la memoria colectiva de todos: la unidad y la solidaridad de todos los grupos políticos en esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Comienzo casi como terminaba la portavoz del Partido Popular. Fue un 27 de julio de 2004 cuando se celebró en el palacio de El Pardo un acto cargado de dolor, de emoción y de lágrimas.
Así lo cuentan las
crónicas. Los Reyes, acompañados por el Gobierno y por representantes de los partidos políticos, entregaron la medalla de oro al mérito en el trabajo a los familiares de las víctimas mortales de los atentados de Madrid del 11 de marzo. El Gobierno
de España, recogiendo el sentir unánime de la sociedad española, a título póstumo concedió esa medalla a 189 de los fallecidos el 11 de marzo. Allí y entonces se habló, como no podía ser de otra forma, de unidad y de solidaridad para acabar con el
terrorismo; allí y entonces se habló de la deuda permanente que España tiene contraída con las víctimas, con todas las víctimas del terror; allí y entonces el presidente del Gobierno, recordando a las víctimas que siguen vivas en la memoria
colectiva, se comprometió a hacer todo lo posible por mantener el reconocimiento a los fallecidos y a sus familiares. En aquel acto, como decía la señora Sánchez-Camacho, se recordaba también que era un homenaje de respeto y recuerdo hacia quienes
eran ciudadanos pero también trabajadores que iban a su trabajo en ministerios, oficinas, fábricas, domicilios particulares, tajos de obra y centros escolares. Por eso el Gobierno había concedido a estas personas, a través del Real Decreto
1305/2004, de 21 de mayo, la medalla al mérito en el trabajo. Posteriormente algunas asociaciones de víctimas, así como alguna fundación, lo solicitaron, para el conjunto de las víctimas, al Gobierno y al alto comisionado para las víctimas. Desde
entonces han pasado quizá demasiadas cosas, demasiados particularismos y desencuentros, divisiones, que no es bueno que se hayan producido.
Demasiados encasillamientos entre buenos y malos, tuyos míos, cuando las víctimas solo son de sus familias y
de la memoria colectiva. En este tiempo, por el contrario también, el Gobierno ha atendido a las víctimas, ha tratado de resolver sus problemas y hasta creó el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que ha venido desarrollando una
espléndida labor ordenando, impulsando y encauzando las necesidades de las víctimas. Concretamente, el alto comisionado, en las jornadas que se celebraron en los Peñascales los días 28 y 29 de abril pasado, recibió la demanda de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo de que estudiara la posibilidad de extender la reciente concesión de las medallas
al mérito en el trabajo, que se habían dado a las fundaciones y asociaciones, a cada una de las personas asesinadas por el terrorismo en España. También para entonces, no quiero olvidarlo, con ocasión de la rueda de prensa tras el Consejo
de Ministros del pasado 11 de marzo de 2005, en el que se concedió la mencionada medalla a asociaciones y fundaciones -solo algunas no la aceptaron- la vicepresidenta primera del Gobierno decía textualmente: Quiero aclarar que en el caso de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo las medallas de oro al mérito en el trabajo se van a tramitar a título individual, por petición expresa del presidente de dicha Comisión.
Quizá, lo digo con tristeza, sin esperar a la resolución de la demanda que se había hecho formalmente por la Fundación de Víctimas del Terrorismo al alto comisionado, o a las gestiones del Gobierno, unilateralmente se presentó la proposición
no de ley que ahora estamos estudiando. No obstante, mi grupo quiere responder con voluntad de unidad a lo que no se produjo entonces: un acuerdo que dio lugar a la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo que, surgiendo de una
proposición de ley conjuntamente de los grupos parlamentarios, fue aprobada por unanimidad, lo mismo que la modificación que se produjo a través de la Ley 2/2003, de 15 de marzo, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Quiero referirme a
ella porque dicha ley creó la gran cruz y la encomienda de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, en la que vinculaba la concesión de estas medallas a una salvaguarda o cláusula de democracia, en la que todos los grupos políticos
estuvimos de acuerdo.
Como no nos gustaría que la aprobación de esta proposición no de ley en los términos que está -sé que no es la filosofía de la misma- pudiera minusvalorar o devaluar la calidad de la entrega con relación a la gran cruz o la encomienda de
reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, es por lo que el Grupo Socialista, buscando la unidad, buscando el acuerdo, ha presentado la enmienda de adición que SS. SS.
conocen, para aprobar la concesión de la medalla al mérito en el
trabajo de acuerdo con las leyes y la normativa vigente. Para nosotros todas las víctimas son iguales y queremos contribuir, desde la unidad, al acuerdo de las fuerzas políticas. Por ello esta Comisión se debe pronunciar sobre la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular con la adición de nuestra enmienda.
Desde la satisfacción que me produce el hecho de que los grupos parlamentarios y el Partido Popular hayan acordado la tramitación de la enmienda de adición y que pueda ser votada y aprobada por unanimidad de las formaciones políticas de esta
Cámara, mi grupo quiere contribuir, por lo menos dentro de lo posible, a satisfacer una demanda de la sociedad, de las víctimas y de la justicia, que necesita nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Muy brevemente para felicitar, por un lado, al Partido Popular por hacer extensiva la medalla al mérito en el trabajo a todas las víctimas del terrorismo, y al mismo tiempo al Partido Socialista por la generosidad de
no entrar en trifulcas políticas de menor calado y haber aceptado el contenido o la pretensión básica de la propuesta, con el añadido de la enmienda de adición que se ha tramitado y que no hace más que completar la voluntad inicial. Nuestro grupo
está convencido de que si no es desde la unanimidad y desde la actitud generosa de los grupos mayoritarios, respecto a no utilizar el terrorismo y las víctimas, como siempre se ha dicho, como instrumento político, no se va a conseguir ser realmente
eficaz en esa lucha que todos perseguimos en la misma línea.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Seré breve en mi intervención. No va a ser mi grupo el que rompa la unidad sobre un tema tan delicado y tan complejo al mismo tiempo como es este. Creemos que la filosofía de todos los grupos anda por ahí, por el
respeto, por el reconocimiento de la dignidad, por la necesidad de justicia y por la solidaridad con este colectivo de víctimas del terrorismo, evidentemente de todos, y no en particular de ningún grupo. Esa apreciación me parece que es oportuna,
dado que creo que hacemos poco favor cuando patrimonializamos -y no voy a apuntar a nadie- unas u otras víctimas en detrimento de unas u otras víctimas. Me parece que no hacemos ningún favor a nadie, y si hay un momento de unidad y de
reconocimiento unitario por parte de todos los grupos no va a ser mi grupo el que rompa este consenso.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el grupo proponente de esta iniciativa, la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Únicamente para celebrar el consenso y la unidad que este grupo parlamentario solicitaba en la exposición de esta proposición no de ley. Quizá no hubiera sido necesario que la misma hubiera tenido que
presentarse si ya se hubiera dado con anterioridad, pero, como bien hemos visto y se ha expuesto por parte de algún portavoz, la situación no ha sido así. Yo creo que lo oportuno, lo saludable y además lo bueno que hoy se está produciendo es que
ese reconocimiento y esa extensión a todas las víctimas se va a hacer con la misma consideración que se hizo a las víctimas del 11-M. Este es un momento de unidad y de solidaridad. Por eso en mi exposición no hice referencia alguna a la adecuación
o no de la presentación de la misma, porque entendemos que esta no es una proposición de una formación política, sino una proposición no de ley de toda la sociedad y principalmente
de las víctimas. (La señora vicepresidenta, Rivero Alcover, ocupa la Presidencia.)
- RELATIVA A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CÁRCEL DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000817.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos al punto quinto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
Para defenderla tiene la palabra doña Carmen Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Voy a intentar ser muy breve, entre otras cosas para que la presidenta no me tenga que llamar la atención, pero además porque estamos en el último punto de un orden del día ya muy largo y cualquier proposición no de
ley tiene una intención, un contenido y unos objetivos. Esta mañana hemos oído aquí cómo la directora general de Instituciones Penitenciarias ha afirmado que llevan ya meses negociando con todas las comunidades autónomas a las que ella se ha
referido y donde se van a programar para el futuro posibles nuevos centros penitenciarios, no solamente para su ubicación, sino incluso para la programación de las plazas o centros necesarios.
Pues bien, en el verano del año 2003 un alcalde del Partido Popular del pueblo de Morón de la Frontera declaró a la prensa sevillana que le había tocado el gordo de la lotería de Navidad. Vuelvo a decir que estábamos en julio y que hacía un
calor de 40 grados, pero este señor dijo que le había tocado el gordo. ¿Por qué? Sencillamente porque se sentaron a una mesa varios cargos institucionales, como la directora entonces de Instituciones Penitenciarias, el señor Arenas, que creo que
no era ministro, pero también estaba en aquella foto, y el delegado del Gobierno y llegaron a una especie de acuerdo entre propietarios donde unos cedían a otros terrenos para la construcción de un centro penitenciario en ese municipio. Por cierto,
nunca estuvo en los planes del Ministerio del Interior en esa época, puesto que la programación posible, no de manera oficial, pero oficiosamente, sabíamos que iba a corresponder a un pueblo cercano a la travesía entre Málaga y Sevilla, porque ya
sabemos que las condiciones de las prisiones de Málaga eran las más prioritarias para ser resueltas en su número de plazas. Sin embargo, a raíz de las elecciones municipales de 2003, aquel plan de ubicación en un pueblo cercano, o muy bien situado
y conectado con Sevilla y con Málaga, pasó a esta foto que vimos todos en el verano de 2003, ya que había un acuerdo para construir la prisión en Morón. Con anterioridad a todo esto, por rumores en prensa, pero sin ninguna otra información oficial,
la Junta de Andalucía había pedido -lo digo porque estaba allí, era miembro del Gobierno y, por tanto, conozco bien este asunto- información sobre las intenciones del Gobierno de construir varios centros penitenciarios en Andalucía; en aquel
momento se hablaba de cuatro centros en Andalucía. Nunca tuvimos información exacta de las gestiones que el Ministerio del Interior había hecho con los distintos municipios andaluces para llegar a acuerdos ni tampoco sobre los planes exactos del
ministerio a la hora de instalar varios centros penitenciarios en nuestra comunidad autónoma.
Alguien podrá decir que las competencias sobre instituciones penitenciarias son del Estado y las ejecuta en Andalucía, pero no es menos cierto que, incluso sin tener competencias, es normal, como ha dicho esta mañana la señora Gallizo, que
se hable con las comunidades autónomas. En Andalucía hay firmado desde hace muchos años un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior por el cual en las competencias propias de la Junta de Andalucía se colabora desde sanidad, servicios
sociales, incluso a veces parte de la adecuación de los centros. Por tanto, es mucho el dinero que invierte la Junta de Andalucía cada año. Además, tiene la voluntad política de hacerlo, para mejorar de alguna forma, la vida de los internos en
estos centros. Por ello es normal que hubiésemos tenido alguna información sobre cuáles eran los planes y proyectos del ministerio por aquel entonces.
Pues bien, eso fue lo que ocurrió en Sevilla, en mi provincia y en este municipio, en Morón. Como digo, ni la Junta de Andalucía ni los vecinos de Morón fueron no solamente informados ni consultados, sino que ni se pidió una opinión al
respecto para un proyecto que nadie conocía, que no se había explicado, que no tenía ningún compromiso concreto para el pueblo ni para la comarca y que, por lo tanto, produjo un rechazo total y absoluto no solo de los vecinos de Morón, sino de toda
la comarca. Como digo, lo que se rechazó fundamentalmente no fue tanto la necesidad de instalar un centro en un municipio determinado de Sevilla, sino la manera como se hicieron las cosas, con un método caciquil, autoritario y de desprecio a la
Junta de Andalucía y a los vecinos, ignorándoles por completo. De ahí que incluso el grupo municipal del Partido Socialista en ese municipio planteara que fueran los vecinos los que expresaran, a través de un referéndum local, la opción de este
centro, iniciativa a la que el Partido Popular, con mayoría en el municipio, se opuso y continuó con ese estilo de falta de transparencia en la información que se tenía que haber dado en aquel momento.
Somos absolutamente conscientes -y mucho más siendo miembros de esta Comisión, y después de la intervención que hemos oído hoy- de la situación, de falta de espacios adecuados que se ha producido durante los últimos años y que actualmente
estamos padeciendo también en nuestras instalaciones penitenciarias.También como diputados sabemos de nuestra responsabilidad y de la necesidad de ayudar a la Administración competente para la búsqueda de las mejores opciones a la falta de espacio,
de suelos a la programación incluso de los centros futuros. Por eso entendemos que en aquel momento faltó totalmente el diálogo y la colaboración normal entre instituciones. Los planes que
parecía que había entonces era que de todas las plazas que el Ministerio del Interior pensaba construir en España el 50 por ciento iba a Andalucía.
De hecho, de los cuatro centros que sabemos que el Ministerio del Interior dejó programados dos son en Andalucía, aunque las previsiones iniciales también sabemos que iban a ser cuatro en Andalucía. Eran demasiados y se quedaron en dos,
Puerto 3, del que se ha hablado esta mañana, y este de Morón de la Frontera.
Afortunadamente, hoy estamos ante una situación que ha cambiado totalmente. En primer lugar, ha cambiado el método. Hemos pasado del oscurantismo, de la falta de transparencia al diálogo y a la negociación.
Ha cambiado incluso el proyecto
para mejorarlo, perfeccionarlo y darlo a conocer a los ciudadanos. Además, y es lo que queremos afianzar con esta proposición no de ley, han cambiado los compromisos, o van a cambiar, y queremos que así se comprometan los gobiernos competentes,
tanto el Gobierno de la nación como el autonómico, para Morón y su comarca. La administración del Partido Popular en su momento, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno, fue incapaz de comprometer ninguna mejora, de garantizar ninguna acción
complementaria con la que de alguna manera los vecinos vieran compensada su posición, tan contraria a la construcción de este centro. Esta iniciativa trata de mejorar el proyecto, colaborando así a la mejor consecución de los fines de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, que compartimos plenamente, comprometiendo a las administraciones, tanto autonómica -aunque no tengamos responsabilidad- como central, actuaciones concretas que redunden en el bienestar de esta población. No
se trata de cambiar una posición porque haya cambiado el color político del Gobierno, aunque es verdad que coincide. Estoy segura de que si el Partido Popular, en el año 2003, hubiera hablado con los miembros del Gobierno que teníamos
responsabilidades en esta materia también hubiésemos llegado a algún acuerdo. No era tanto un problema de buscar suelo para un gobierno, que sé muy bien lo que significa; lo que no era de recibo era el método que se utilizó y cómo se hicieron las
cosas en aquel momento. Por lo tanto, como no se hizo así, lamentablemente no se tomaron las decisiones como se debían tomar y ahora hemos podido llegar a acuerdos.
Como dice el texto de esta proposición no de ley, va a consolidar una serie de infraestructuras para el municipio de Morón de la Frontera.
Hubiese sido más corto el camino y menos conflictivo haciéndose las cosas con normalidad
institucional, porque estoy segura de que la Junta de Andalucía y algunos otros ayuntamientos hubiesen podido ayudar al ministerio de entonces, no sólo a Morón, abuscar una ubicación mucho más idónea. Todos los que conocemos la zona sabemos que
ésta no es la mejor, pero no queremos retrasar el proyecto, porque lo ideal hubiese sido lo que en un principio tenía previsto el ministerio, como algún diputado de Sevilla probablemente conozca; es decir, municipios mucho mejor conectados con
Málaga, con Sevilla, para la distribución de los internos de Sevilla y Málaga y de otras localidades en ese nuevo centro. De todas maneras, lo que no se hizo entonces queremos hacerlo ahora y por eso presentamos esta proposición no de ley, que si
es posible que tenga el apoyo de todos los grupos sería lo mejor. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar garantizar y comprometer una serie de actuaciones para Morón y su comarca.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para la defensa de la enmienda que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Es evidente que el Partido Socialista ha cambiado de opinión sobre el centro penitenciario de Morón. Desde luego, antes era muy contrario al establecimiento de ese centro penitenciario, pero no por las razones que
ha dicho la señora Hermosín, sino porque en el municipio de Morón gobierna el Partido Popular. Si hubiera gobernado el Partido Socialista estaría totalmente conforme. Lo que pretendían es que se llevara a otro municipio donde gobernara el Partido
Socialista.
Un centro penitenciario tiene ventajas e inconvenientes y la proposición no de ley que acaban de presentar lo que hace es tratar de quitar las ventajas al municipio de Morón dejando los inconvenientes. Por eso nosotros hemos presentado una
enmienda en la que lo que pretendemos es que al mismo tiempo que se dice que desde la autovía de Sevilla-Granada se tenga acceso al centro penitenciario también lo tenga al municipio de Morón. Eso daría lugar a la paradoja de que tendría los
inconvenientes, pero todos los funcionarios, todas las familias de los funcionarios, los suministradores, se desplazarían a otros municipios donde el acceso desde la autopista fuera más sencillo, si hiciera caso a la proposición no de ley tal y como
está. Por eso hemos presentado esa enmienda.
En cuanto a la falta de transparencia, tengo que decir que aproximadamente en el mes de noviembre tres diputados del Grupo Popular estuvimos visitando a la directora general de Instituciones Penitenciarias para requerirle que se hiciera la
cárcel de Morón como estaba previsto por el anterior Gobierno. No nos dio la conformidad. Nos dijo que no sabía, que ya vería, que estábamos dando vueltas y que no sabía si habría presupuesto. Celebro que al final la decisión haya sido que se
haga la cárcel en el municipio de Morón. También quisiera decir a la señora Hermosín que el proyecto del centro penitenciario no se ha mejorado, que está exactamente igual que estaba al principio. Por eso, me gustaría que con nuestra enmienda se
permitiera el acceso, no solo al centro penitenciario, sino también al municipio de Morón, porque creo que es la mejor forma de beneficiar a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): ¿Algún otro grupo quiere intervenir?
Tiene la palabra la señora Hermosín, con relación a la enmienda.
La señora HERMOSÍN BONO: Muy brevemente.
Usted sabe perfectamente que es una enmienda de Perogrullo. En cualquier caso, la vamos a aceptar porque lo que sobra no estorba. Usted conoce perfectamente, y por eso no está incluido en la proposición no de ley, el plan más cerca de
obras públicas de la Junta de Andalucía, donde hay una entrada por donde usted quiere que seponga. Por eso digo que lo que sobra no estorba y bienvenida sea su enmienda. Además, me gusta porque quiere decir que usted está de acuerdo con lo que
estamos diciendo en la proposición no de ley, tanto con la exposición de motivos como con el contenido sustancial de la misma. Con ello reconoce que ustedes hicieron un trato entre amigos, el señor Arenas, que no era ministro, sentado en la foto
con el alcalde de Morón.
Por cierto, le diré algo, señor Albendea. El plan previsto por el ministerio no era Morón, ni era ningún municipio gobernado por el Partido Socialista, era un pueblo donde venía muy bien que se hubiera hecho esa cárcel, que era Osuna, que
está a 80 kilómetros de Sevilla y a 100 de Málaga, como usted muy bien conoce. Ese era el sitio idóneo. Estaba previsto hacerlo allí. Ustedes gobernaban entonces con Izquierda Unida y perdieron la escasa representación que tenían. Al gobernar
Izquierda Unida en mayoría ya no se hizo allí la cárcel y se llevó a un pueblo donde gobernaba el Partido Popular. Siento decirle todo esto porque, a lo mejor, no se acordaba que estábamos en elecciones municipales en el año 2003. Como le he dicho
en mi primera intervención, es verdad que hemos cambiado de posición -yo así lo manifiesto- porque ha cambiado la situación y las circunstancias y porque vamos a conseguir para Morón y su comarca algo que ustedes habían dado de gratis total. No
estando de acuerdo -fíjese lo que le digo, no creemos que este sitio sea la mejor ubicación del centro-, para no retrasar el asunto y poder llevar a cabo los planes del ministerio, hemos dicho que adelante con esta enmienda.
(La señora presidenta
ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Terminado el debate de todas las proposiciones no de ley que figuraban en el orden del día, iniciamos las votaciones de las mismas.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos la proposición no de ley con la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley número 424, del Grupo Popular, con la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 557, del Grupo Parlamentario Popular, conjuntamente con la proposición no de ley número 523, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la transaccional del Grupo Socialista a las dos
proposiciones no de ley.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 841, del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos la proposición no de ley 817, del Grupo Parlamentario Socialista, con la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Hemos concluido el orden del día. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Para una cuestión de orden. He levantado poco la mano antes, señora presidenta, y quizás no lo ha percibido, pero he votado a favor.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Ha despejado mis dudas, porque ha habido un momento en que la letrada pensaba que había una abstención.
Se levanta la sesión.
Eran las seis de la tarde.