CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 306

EDUCACIÓN Y CIENCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles, 8 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la titulación en psicología. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000774.) ... (Página 2)


- Sobre exención del precio público de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza a las víctimas de los accidentes laborales con declaración de incapacidad permanente total, así como
a los cónyuges e hijos de éstos y de los trabajadores fallecidos en accidente laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000936.) ... href='#(Página7)'>(Página 7)

Página 2


- Sobre estrategias para conseguir una adecuada unión entre los saberes científicos y humanistas en el marco de las reformas legislativas en curso en materia de educación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000940.) ...
(Página 10)


- Relativa a la adaptación en el ámbito español del 'proceso de Bolonia'.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000998.) ... (Página 14)


- Sobre la creación de una comisión de ciencia y tecnología. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000869.) ... (Página 19)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA TITULACIÓN EN PSICOLOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000774)


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy.



Entramos en el primer punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la titulación en psicología. Ha sido presentada por el Grupo parlamentario Mixto. Para defenderla tiene la palabra su portavoz.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Aprovecho este momento para resolver el problema que hay sobre mi apellido, ya que siempre se equivocan.



La señora PRESIDENTA: Perdón, me ha entrado la duda según lo iba a decir.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Siempre se pone a mi segundo apellido un acento, cuando no lo tiene. Mi nombre es Olaia Fernández Davila y no Dávila. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento.



Señor Nasarre, ¿qué desea?


El señor NASARRE GOICOECHEA: Es simplemente para saber a qué hora votaremos.



La señora PRESIDENTA: Calculo que votaremos a las 12 horas.



Tiene la palabra, señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señoras y señores diputados, estamos ante una nueva proposición no de ley. Digo nueva porque en la Comisión de Sanidad aprobamos hace un par de meses otra de unas características no similares, pero sí
relacionadas con la cuestión de si la profesión o la licenciatura de psicología es una licenciatura o una profesión sanitaria. Presentamos esta proposición no de ley, que está hoy en el orden del día, con otras que tienen relación con lo mismo y
también una serie de preguntas porque pretendíamos en su momento, igual que ahora, afrontar el problema que plantean los profesionales de la psicología respecto a lo que se recoge en la Ley de profesionales sanitarias. Es un problema que se agudiza
cuando se establecen las condiciones de los reales decretos que, por un lado, establecen la homologación del título de psicología clínica y, por otro, establecen la apertura de centros sanitarios. Las limitaciones del Real Decreto 2490 respecto de
la homologación de la licenciatura de psicología con la psicología clínica, hacen difícil que muchos profesionales puedan abrir una clínica o puedan trabajar en la sanidad como psicólogos, además de que otros profesionales que ya tienen desde hace
años sus clínicas abiertas o sus gabinetes o que están trabajando en centros sanitarios diferentes de los de la red pública, se puedan ver perjudicados en el sentido de no poder continuar con su actividad profesional. Aunque es cierto que siempre
se dijo que esto no era posible, es decir, que ninguna de las personas que estuvieran trabajando en un gabinete de psicología clínica o en un centro sanitario en la actuación de la profesión de la psicología iban a verse afectados en ningún momento
por el real decreto de apertura de centros, la realidad, aunque pueda parecer anecdótico, es que en la Comunidad de Madrid y en alguna otra se han dado casos en que a determinados profesionales se les requirió la documentación. En el caso de que no
tuvieran la documentación de psicología clínica, les llegó la recomendación de la autoridad pertinente, en principio con orientación, de cerrar el centro. Esto se ha dado en la Comunidad de Madrid, y aunque se puede decir que es un caso anecdótico,
es un caso que se da al amparo de unos reales decretos y de la Ley de profesiones sanitarias que no reconoce la psicología como tal, aunque sí la psicología clínica.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señoras y señores diputados, estamos ante una nueva proposición no de ley. Digo nueva porque en la Comisión de Sanidad aprobamos hace un par de meses otra de unas características no similares, pero sí
relacionadas con la cuestión de si la profesión o la licenciatura de psicología es una licenciatura o una profesión sanitaria. Presentamos esta proposición no de ley, que está hoy en el orden del día, con otras que tienen relación con lo mismo y
también una serie de preguntas porque pretendíamos en su momento, igual que ahora, afrontar el problema que plantean los profesionales de la psicología respecto a lo que se recoge en la Ley de profesionales sanitarias. Es un problema que se agudiza
cuando se establecen las condiciones de los reales decretos que, por un lado, establecen la homologación del título de psicología clínica y, por otro, establecen la apertura de centros sanitarios. Las limitaciones del Real Decreto 2490 respecto de
la homologación de la licenciatura de psicología con la psicología clínica, hacen difícil que muchos profesionales puedan abrir una clínica o puedan trabajar en la sanidad como psicólogos, además de que otros profesionales que ya tienen desde hace
años sus clínicas abiertas o sus gabinetes o que están trabajando en centros sanitarios diferentes de los de la red pública, se puedan ver perjudicados en el sentido de no poder continuar con su actividad profesional. Aunque es cierto que siempre
se dijo que esto no era posible, es decir, que ninguna de las personas que estuvieran trabajando en un gabinete de psicología clínica o en un centro sanitario en la actuación de la profesión de la psicología iban a verse afectados en ningún momento
por el real decreto de apertura de centros, la realidad, aunque pueda parecer anecdótico, es que en la Comunidad de Madrid y en alguna otra se han dado casos en que a determinados profesionales se les requirió la documentación. En el caso de que no
tuvieran la documentación de psicología clínica, les llegó la recomendación de la autoridad pertinente, en principio con orientación, de cerrar el centro. Esto se ha dado en la Comunidad de Madrid, y aunque se puede decir que es un caso anecdótico,
es un caso que se da al amparo de unos reales decretos y de la Ley de profesiones sanitarias que no reconoce la psicología como tal, aunque sí la psicología clínica.



No vamos a discutir los criterios de la Ley de profesiones sanitarias en este momento, porque nuestro grupo ya debatió también mejorar la formación de los psicólogos para que ejercieran su actividad en el mundo sanitario. De ahí que en 1998
se creara la especialización de psicología clínica. Por tanto, no se puede, somos los


Página 3


primeros en decirlo, defender por un lado una psicología clínica como sistema de orientación para la actividad sanitaria de los psicólogos, teniendo en cuenta la polivalencia de la licenciatura y, por otro, que todos los psicólogos son
clínicos, porque no es así. Por tanto, compartimos que hay que homologar los títulos y reconocer también en la homologación de títulos las propias licenciaturas que se tramitaron por las personas que acabaron la carrera de psicología una vez que la
especialización de psicología clínica fue reconocida, en el sentido de que a partir de un determinado momento, creo recordar que es el tercer año de carrera, se orienta la misma en una dirección u otra y que la mayoría, el 60 por ciento, eligen la
rama sanitaria o clínica. Es decir, aunque no tengan el título de homologación de la psicología clínica deberían ser reconocidos como tal en la norma, para que se permitiera esta posibilidad a las personas que remataron la carrera posteriormente o
que estaban ejerciendo la profesión con anterioridad al Real Decreto 2490/1998.



Somos perfectamente conscientes de que el último viernes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para ampliar los plazos para optar a la homologación de la psicología clínica y nuevos criterios o ampliación de los mismos para acceder
a esta homologación, cuestión de la que nos alegramos porque si no en la totalidad sí en una parte muy amplia se responde a la solicitud de los profesionales. Sabemos perfectamente que el Gobierno ha asistido a muchas reuniones con distintos
colectivos de profesionales de la psicología, desde el Colegio de decanos de facultades hasta distintos colegios profesionales de psicólogos, así como el colectivo de psicólogos clínicos, etcétera. En definitiva, se aprueba un real decreto por el
Gobierno que tiene mucho que ver con la propia movilización que han hecho los psicólogos. En este sentido, puesto que hay una modificación por parte del Gobierno con esa ampliación de plazo del real decreto aprobado el viernes pasado, así como la
ampliación de criterios, en principio, y al margen de que en otro momento, si no es lo suficientemente amplio lo aprobado por el Gobierno, podamos presentar otra iniciativa o incluso plantearlo en el debate en Pleno cuando tengamos que convalidarlo,
consideramos que podemos atender la sugerencia que nos presenta el Grupo Socialista en su enmienda siempre y cuando se acepte una transacción que nosotros presentaríamos y que sería la misma que tenemos presentada en otra proposición no de ley muy
relacionada con el mismo tema. Consistiría en aceptar la enmienda que presenta el Grupo Socialista añadiéndole lo siguiente: Agilizar el proceso de resolución de las solicitudes para optar al título de psicólogo clínico presentadas conforme al
real decreto... Aquí habla del Real Decreto 2490/1998 y tendríamos en todo caso que adaptarlo al nuevo decreto, aunque no sería muy correcto porque no está convalidado por el Pleno. No sé si es así, si la equivocada soy yo, si se puede dar por
hecho o tiene que ser convalidado en Pleno.



Esta última parte que proponemos nos parece imprescindible, porque de nada sirve que se amplíe el criterio o el plazo si no se agilizan las solicitudes. En este momento tenemos constancia -y estoy hablando de lo que está resuelto hace un
mes- de que, de 6.484 solicitudes, 820 expedientes fueron resueltos. Por tanto, es prácticamente imposible resolver un problema que está afectando a muchísimos profesionales que ya están ejerciendo la profesión. Por consiguiente, nos parece muy
positiva la aprobación de ese real decreto por el Gobierno, pero nos parecería totalmente insuficiente si no se le añade la agilización en la resolución de los expedientes de las solicitudes para la homologación del psicólogo clínico. Repito que
dejamos aparcado el debate sobre la consideración de la psicología como profesión sanitaria o no, porque pensamos que es un debate en el que hay que continuar profundizando debido precisamente a la polivalencia de la carrera, pero en todo caso va a
tener mucho que ver con la agilización de estos expedientes y con la facilitación por parte de la Administración de que aquellas personas que ya están ejerciendo la psicología como profesión sanitaria o que la quieran ejercer puedan acceder al
título u homologar el título que tienen actualmente con el de psicólogo clínico o no, porque en definitiva lo que plantean los profesionales es tener la capacidad, la facultad de poder ejercer una profesión que eligieron, lo que en muchos casos ya
están haciendo. Por tanto, que la Administración cree las condiciones para facilitar esta profesión, así como garantizar que la puedan continuar aquellos que ya la están ejerciendo.



No tenemos inconveniente en aceptar el primer punto de la enmienda del Grupo Popular, aunque de acuerdo a lo que se aprobó en la Comisión de Sanidad, porque es parecida. Creemos que se podría modificar en algún aspecto que podemos plantear
al final del debate.



La señora PRESIDENTA: Hay dos enmiendas a esta proposición no de ley, la primera de ellas presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla la señora Velasco.



La señora VELASCO MORILLO: El Grupo Popular valora de forma muy positiva la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la titulación de psicología, pues nos da la opción de debatir una vez más en esta Cámara, aunque en
distinta comisión, como anunciaba la diputada Fernández Davila, la situación que afecta a más de 50.000 psicólogos en todo el territorio español. Pues bien, la psicología, como todas SS.SS.
conocen, es una profesión regulada de carácter colegiado,
para cuyo ejercicio, tanto en el ámbito público como en el privado, se requiere estar en posesión del título de licenciado en psicología. La actividad de los psicólogos se proyecta de manera cada vez más relevante en el ámbito sanitario,
desarrollando funciones en los campos asistenciales de investigación, docente, de gestión clínica, de prevención e información y de educación sanitaria. Esta realidad debe ser, por tanto, objeto de


Página 4


consideración por parte de la legislación aplicable, lo que conllevaría a la incorporación de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, siendo preciso pasar por una fase de adaptación a la ley.



En la actualidad, la licenciatura en psicología está dentro del catálogo de títulos universitarios oficiales recogidos en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, adscrita al área de ciencias sociales y jurídicas, en lugar de estar
adscrita al área de ciencias experimentales y de salud. Esta clasificación, a la hora de elaborar la Ley 44/2003, sirvió para no incluir la psicología como profesión sanitaria. Esta agrupación de titulaciones no tiene que ver nada con los
criterios de la actividad profesional y es además meramente circunstancial, como indica el informe anual de 2003 del Defensor del Pueblo ante las Cortes Generales, quien añade el dato de que estas enseñanzas no se ubiquen entre las ciencias de la
salud, sino entre las ciencias jurídicas y sociales. Es un dato irrelevante que tiene una explicación puramente histórica en cuanto al origen de las enseñanzas de psicología y que se contiene además en una norma, el Real Decreto 1497/1987, cuya
finalidad no es determinar o definir el carácter de cada una de las enseñanzas, sino exclusivamente agruparlas a efectos de crear un catálogo de títulos universitarios oficiales que goce de una razonable sistemática.



Nos encontramos, pues, señorías, en un momento de importantes cambios para la formación y la práctica profesional de la psicología en nuestro país y en Europa, buscando como objetivo fundamental unificar los sistemas educativos de la Unión
Europea en virtud de los reales decretos 55/2005 y 56/2005, de 21 de enero, por los que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y postgrado, siendo este un buen momento
para abordar este tema y definir cuáles son los cambios que se van a incorporar en el nuevo perfil del psicólogo. En la actualidad, dicho título de licenciado en psicología no se ajusta a lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 44/2003, de
ordenación de las profesiones sanitarias, que determina que son profesiones sanitarias tituladas y reguladas aquellas cuya formación pregraduada y especializada se dirija específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos,
habilidades y aptitudes propias de la atención de la salud.



El Ministerio de Sanidad y Consumo ha recibido -y aquí discrepo con los datos que nos ha dado la portavoz del Grupo Mixto- 10.596 solicitudes para la homologación del título de especialista en psicología clínica de los licenciados anteriores
a 1998, de los que se han resuelto 2.200, siendo esta una medida claramente insuficiente, aunque el pasado día 3 de junio el Consejo de Ministros aprobara un nuevo real decreto por el que se abre un nuevo plazo para que los psicólogos puedan
solicitar el título de especialistas en psicología clínica, medida insuficiente, como decía anteriormente, porque ante un colectivo de 50.000 psicólogos, donde esta situación afecta no solo a los que en el futuro no obtengan el título de
especialista en psicología clínica por las vías transitorias sino a las promociones posteriores, que sólo pueden acceder a la especialidad a través de las aproximadamente 80 plazas que se convocan anualmente por vía residencia, a las que este año,
como ejemplo, se han presentado 1.823 licenciados en psicología, así como el elevado número que hasta ahora viene llevando a cabo el ejercicio autónomo y colegiado de la profesión a través de los numerosos gabinetes de psicología que desde siempre
han supuesto una salida profesional. Por todo ello, como decía, estamos ante una situación que requiere medidas claras y concretas, y hasta ahora ha sido poca la claridad que hemos conocido por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo y del
Ministerio de Educación y Ciencia. Sí tienen claro que hay un problema y que está dando origen a movilizaciones para reivindicar que la psicología sea reconocida legalmente como profesión sanitaria. Simplemente quieren que el Gobierno del Partido
Socialista cumpla la promesa que les hizo en campaña electoral, no quieren soluciones que sigan manteniendo la misma situación de ambigüedad legal.
Actualmente, ya se conoce por parte de la subcomisión que se ha ocupado de plantear la
reorganización de las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas, que se ha propuesto que la carrera de psicología sea mixta, de forma que pertenezca tanto al área social como al de la salud, medida fruto de la reivindicación de los titulados en
psicología que quieren un reconocimiento como profesión sanitaria y que figure en el catálogo de profesiones sanitarias. Esta medida no es del todo aceptada, según la conferencia de decanos, pues quieren que se negocie para estar en el área de
ciencias de la salud.



Por todo ello desde el Grupo Popular planteamos una enmienda de sustitución en el sentido de que se refuerce el contenido curricular en ciencias de la salud de la licenciatura en psicología, a los posibles efectos de su inclusión dentro del
catálogo universitario en ciencias de la salud, y que se establezca en un punto segundo un sistema de homologación o reconocimiento para todos los psicólogos que acrediten haber desarrollado su trabajo en el aspecto clínico mediante un proceso de
consolidación extraordinaria. Como muy bien decía la portavoz del Grupo Mixto, estamos abiertos a cualquier negociación siempre que recoja, de alguna forma, el espíritu de nuestra enmienda de sustitución.



La señora PRESIDENTA: La segunda enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista va a ser defendida por el señor Elola, que tiene la palabra.



El señor ELOLA RAMÓN: En primer lugar quiero aclarar que lo que se aprobó el viernes en Consejo de Ministros fue un real decreto, con lo cual no tiene que tener ningún tipo de convalidación parlamentaria y, por lo tanto, entrará en vigor al
día siguiente o en el plazo de publicación que se marque en el mismo.



Paso a defender nuestra enmienda. Estamos otra vez ante una situación en la que se ha intentado por el Grupo


Página 5


Popular hacer una legislación a espaldas de la realidad social y, como la realidad social suele ser tozuda, cuando nosotros legislamos a espaldas, la realidad no cambia y al final tenemos que cambiar la legislación y tenemos que adaptarla al
ejercicio práctico y diario. El Real Decreto 2490/1998, al que todos estamos haciendo referencia, regula la forma transitoria de acceso al título de especialista. Crea el título de especialista en psicología clínica y regula, para aquellos
licenciados que hubieran ejercido con anterioridad su entrada en vigor como psicólogos clínicos, una forma de acceso a ese título, pero, por desgracia, hasta tres años y medio después, no se regula el procedimiento para hacer efectiva esa previsión.
Por la Orden 1107, de mayo de 2002, se regula la posibilidad o la forma de acceder al título de especialista en psicología clínica. El plazo establecido para esas solicitudes termina el 19 de febrero de 2003 y posteriormente a ese 19 de febrero de
2003 se promulga la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, la Ley 44 de 2003, que otra vez establece una nueva situación, un nuevo marco para esos psicólogos que no se han acogido a la posibilidad de ser psicólogos clínicos. El plazo
transcurrido entre el real decreto de 1998 y la orden de 2002 hace que muchos psicólogos, que habían iniciado un ejercicio profesional en psicología clínica antes de que entrase en vigor el real decreto y que completaron su ejercicio profesional
durante ese período, no pudieran acceder al título porque entraba en vigor en el año 1998 y no en el año 2003, cuando habían estado ejerciendo la profesión incluso hasta hoy mismo, porque todavía no han sido resueltos todos los casos.



Esto se ha evidenciado claramente durante el proceso de tramitación de solicitudes y por diversas peticiones que se han dirigido tanto al Ministerio de Educación y Ciencia como al Ministerio de Sanidad y Consumo desde particulares y desde
organizaciones colegiales de psicólogos y diversas instancias de las administraciones sanitarias. Los estudios de psicología están sometidos actualmente a una revisión en el marco europeo de educación, lo que va a hacer que tengan que salir unos
estudios de licenciatura más o menos homogéneos con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Actualmente, los psicólogos clínicos que han accedido por la vía PIR, por la vía del examen y de la formación postgrado son unos 700, y entre
2.100 y 2.300 ya han sido concedidos quedando por revisar más de 10.500 solicitudes de las que se presentaron. Hay muchas personas que han quedado fuera y cumplen los requisitos previstos en cuanto a horas y en cuanto a tiempo de ejercicio clínico,
pero no en los plazos previstos en el real decreto. Se aprobó recientemente una PNL en la Comisión de Sanidad y Consumo en los siguientes términos. En primer lugar, que se analizasen los contenidos de los estudios universitarios de psicología a
los efectos de su inclusión en el nuevo catálogo de títulos universitarios, que los ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia impulsasen la modificación del Real Decreto 2490/1998, que hoy nos afecta, para incluir el mayor número
posible de licenciados que pudieran solicitar la especialización en psicología clínica y que se estudiase la regularización de la autorización de los establecimientos sanitarios regulada en el Real Decreto 1277/2003.



Pues bien, como ya se ha dicho, con el fin de corregir esta situación, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado, el día 3 de junio, un real decreto que principalmente amplía el período computable para cumplir el tiempo de ejercicio
profesional que se requería en las disposiciones transitorias del Real Decreto 2490/1998. Sobre este real decreto, que se va a publicar en breve, han emitido informes favorables tanto la Comisión Nacional de Psicología Clínica como la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Para acogerse a este nuevo plazo de homologación, también se amplían los plazos para completar la práctica profesional mínima exigida hasta la fecha en que entre en vigor ese nuevo real decreto.
También se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes que sería de seis meses a partir de la entrada en vigor del mismo. Asimismo, se abre la posibilidad de acceder al título de psicólogo clínico a los licenciados universitarios que se han
diplomado en las extintas escuelas universitarias de psicología y a los licenciados que pertenezcan a los cuerpos docentes de catedráticos o profesores titulares de las escuelas universitarias. Es decir, también ampliamos los criterios de acceso
para tener ese título de psicólogo clínico. Creemos que la cuestión que se plantea en esta proposición no de ley se resuelve con este real decreto.



Respecto a la segunda parte de la propuesta, no parece oportuno la paralización del Real Decreto 1277/2003 que no trata de la obtención de títulos de especialista, sino de las bases generales sobre la autorización de centros y servicios
sanitarios. La misma proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana que se aprobó el 15 de marzo en la Comisión de Sanidad y Consumo, con una enmienda del Grupo Socialista, incorpora ya un criterio en el sentido de la toma en
consideración, como he dicho antes, de diferentes propuestas sobre la apertura de centros sanitarios. Por eso hemos presentado una enmienda que simplemente trataría de impulsar criterios nuevos, que son los que están reflejados en el real decreto,
que se publicará esta semana o la que viene, para el acceso al título de psicología clínica, enmienda a la que podríamos añadir sin ningún problema que se agilicen los trámites para la revisión de las solicitudes, ya que, como hemos dicho, ahora
mismo hay más de 8.000 pendientes de solicitud. Estaríamos de acuerdo en instar al ministerio a que se agilicen los trámites.



Respecto a la enmienda de modificación que presenta el Grupo Popular, desde luego nos parece que el primer punto se refiere a otra proposición no de ley distinta, no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando ahora, estamos hablando
del reconocimiento de los títulos o de la homologación de la psicología clínica y no del contenido curricular de la licenciatura. Además, iría en la línea de lo que se aprobó recientemente por la


Página 6


Comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento y sería simplemente volver a dar otra vez vueltas a lo mismo. El segundo punto de la enmienda es básicamente lo mismo que estamos debatiendo y persigue el mismo fin al que hemos llegado. Nos
parece que está bastante mejor establecido en nuestra enmienda, que, además, añade el hecho de que se agilicen los trámites. Es un problema que se crea por una legislación irregular del Partido Popular, en cuanto a su periodo de tiempo y a su orden
cronológico, no en cuanto a su legalidad, que ahora hay que regular, para tener en cuenta a aquéllos que se quedaron fuera del primer real decreto y que sin embargo han seguido manteniendo su actividad como especialistas psicólogos clínicos, sin el
título. Igual hubo que regular no hace mucho la situación de los médicos especialistas sin título oficial, los famosos mestos, que estaban ejerciendo sin tener el título. Hay que adaptar la legalidad a la situación real y no al revés.



La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición tiene la palabra en primer lugar la señora García Suárez, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Voy a ser muy breve en mi intervención porque, como ya se ha comentado por parte de los diferentes portavoces que han intervenido, esta cuestión -enfocada desde otro punto pero con el mismo objetivo- se debatió en
la Comisión de Sanidad, en la que también tuve ocasión de intervenir como portavoz. Está suficientemente explicado por qué nos encontramos en esta situación. Reitero muchas de las cuestiones que el portavoz socialista ha realizado en la última
intervención en cuanto a los problemas que pueden surgir por el buen o mal desarrollo de los reales decretos o de las propias leyes, cuando no se tiene en cuenta que cumplir o no con unos determinados plazos y con su desarrollo puede acarrear
problemas, como el que estamos debatiendo en estos momentos.



De todas formas, mi grupo va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Mixto. La consideramos apropiada y nos parece que está bien que se debata en esta Comisión porque afecta en definitiva a las titulaciones y al reconocimiento de la
titulación de psicólogo en el ámbito sanitario.
Sí querría hacer una aportación, ya que se han ido viendo las cuestiones más formales. Además de esta responsabilidad del Gobierno anterior, hay otra cuestión que afecta a la situación en la que se
encuentran los psicólogos en nuestro país, como ya se ha dicho. Estamos hablando de más de 50.000 psicólogos que están ejerciendo -hay algunas cifras que hablan de bastantes más- y una minoría lo hacen en el ámbito público. Aprovecho para recordar
que esta es una anomalía importantísima de nuestro sistema de bienestar social, porque no se ha desarrollado el ámbito de la salud mental en la ley sanitaria; la salud mental está en una situación tercermundista -lo digo categóricamente- en nuestro
país. La mayoría de psicólogos, de terapeutas del Estado español están actuando en gabinetes privados, incluso en asociaciones creadas por ellos mismos, y solo una minoría está en el ámbito público. Si este orden hubiera estado invertido, se
hubiera regulado con mucha más seguridad esta profesión o no hubiéramos tenido este problema porque se hubiera resuelto muchísimo antes. Este es un aspecto muy político y que no corresponde a esta Comisión, pero las cosas son como son, y no solo
por un decreto o por una ley, sino por lo que conlleva el desarrollo o no de unos servicios y del Estado del bienestar.



Vamos a apoyar esta iniciativa y, si ha habido acuerdo con relación a la enmienda del Grupo Socialista, también la apoyaremos.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban tiene la palabra.



El señor ESTEBAN BRAVO: Únicamente quiero decir que votaremos a favor.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



La señora PIGEM I PALMÉS: Los antecedentes de la situación, connotaciones políticas incluidas, han sido ya sobradamente expuestos tanto por el grupo proponente como por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por
tanto, intervengo únicamente a los efectos de fijar la posición de mi grupo, que va a ser apoyar esta iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Sin entrar en el debate de fondo acerca de la consideración de la psicología como
profesión sanitaria, es una iniciativa que nos parece oportuna y razonable porque propone criterios para la interpretación de lo dispuesto en el real decreto de 1998 y sobre todo clarifica las situaciones que se produjeron en este interregno que va
desde 1998, año en el que se publica el decreto, hasta el 2002, en el que se publican las condiciones de su aplicación, al amparo de las cuales se podían presentar las solicitudes. Estos criterios de clarificación venían a cubrir un vacío que, tal
como nos ha expuesto la diputada proponente, podía afectar a muchos de los profesionales que ya estaban ejerciendo. La novedad se produce al aprobar el Consejo de Ministros del pasado viernes un real decreto en el que ya se fijan estos criterios
para la aplicación del real decreto del año 1998 y que vienen a ser coincidentes con la propuesta, si no milimétricamente dando por lo menos respuesta al mismo tipo de problemática. Entiendo que por el grupo proponente se pueda llegar a un acuerdo
en cuanto a la enmienda transaccional de sustitución que se ha hecho y apoyaría también su solicitud de que el Grupo Socialista, tal como se ha pronunciado ya el portavoz que ha defendido la enmienda transaccional que había presentado, aceptara la
parte que quedaba pendiente, que era la agilización de la resolución de las solicitudes ya presentadas. Esto viene a dar respuesta a este vacío que


Página 7


afectaba a muchos profesionales. Y nosotros vamos a apoyar la iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En la primera intervención ya he manifestado que aceptábamos la enmienda del Grupo Socialista, siempre que se acepte -y entendí que se aceptaba- lo que nosotros proponemos, que es agilizar el proceso para
resolver los expedientes de solicitud de homologación.
Manifestamos también que no teníamos problema en admitir, con pequeñas modificaciones, el punto 1. Si esto supone un problema para llegar a un acuerdo en estos puntos, de los cuales excluimos
algo que para nosotros también es muy importante, pero que, dada la importancia del resto, estamos dispuestos a dejar pendiente en tanto que pensamos que queda implícitamente reconocido con la ampliación de los plazos, que es el segundo punto de
nuestra proposición no de ley, en la que se dice: en tanto no se promueva norma legal, suspender, dejando congelado, el Real Decreto 1002/77, que es el de apertura de centros. Estamos dispuestos a dejar esto pendiente para llegar a un acuerdo,
debido a que repito que entendemos implícito el acuerdo de la ampliación de los plazos en la modificación del decreto que hizo el Consejo de Ministros el viernes. Si hay dificultades en el punto 1 que nosotros estamos dispuestos a aceptar, del
Grupo Popular, porque no tiene que ver con esta proposición no de ley, sino con lo que se aprobó en la Comisión de Sanidad, la propuesta sería votación por puntos o, si eso no es posible, aceptación de la enmienda del Grupo Socialista con nuestra
transacción.



La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Fernández Dávila, cuando estén decididos estos extremos, haga llegar a la Mesa la propuesta, para el momento de la votación.



- SOBRE EXENCIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DE TODO TIPO DE TASAS ACADÉMICAS EN LOS CENTROS OFICIALES DE ESTUDIOS DE TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA A LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES CON DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ASÍ COMO
A LOS CÓNYUGES E HIJOS DE ÉSTOS Y DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS EN ACCIDENTE LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000936.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día.
Proposición no de ley sobre exención del precio público de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza a las
víctimas de los accidentes laborales con declaración de incapacidad permanente total, así como a los cónyuges e hijos de éstos y de los trabajadores fallecidos en accidente laboral.
Esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, será defendida por la señora García Suárez, que tiene la palabra.



La señora GARCÍA SUÁREZ: El motivo de nuestra proposición no de ley, como se explica en la misma, es proponer una medida definitiva de apoyo social y económico a las víctimas de accidentes laborales. Como ya conocemos, la Ley de prevención
de riesgos laborales fue aprobada hace nueve años en el Estado español, pero desde entonces, lamentablemente y a pesar de esta ley, no ha mejorado demasiado la situación de los accidentes laborales.
Según los últimos datos que conocemos, hasta
noviembre de 2004 se han producido más de 8 millones de accidentes de trabajo en nuestro país, de los cuales 115.000 han sido graves y 10.500 mortales. Por sectores, que es una de las cuestiones que también motiva nuestra iniciativa, en el ámbito
de la agricultura se han producido casi medio millón de accidentes, en el de la industria dos millones y medio y en la construcción casi dos millones. Además, el 54,3 por ciento de los accidentes mortales afectan a trabajadores con contrato
temporal, concretamente de la construcción, el 66,7 por ciento; igualmente, en el 54 por ciento de los accidentes mortales el trabajador tenía menos de un año de antigüedad en el puesto de trabajo, siendo el 60 por ciento de ellos también de la
construcción, y el 34 por ciento de los accidentes mortales investigados lo sufrieron trabajadores que procedían de una subcontrata, porcentaje que se eleva al 55 por ciento en el campo de la construcción. En la mayoría de estos accidentes, en un
porcentaje importante, la empresa no tenía ninguna modalidad preventiva adoptada y además, en un porcentaje altísimo, los trabajadores han fallecido, y por tanto sus familias, debido al tipo de contrato que tenían, han quedado absolutamente
desprotegidas, o, si ha sido un accidente grave y han quedado con una minusvalía, las familias no tienen posibilidad de pensión o de ningún tipo de ayuda.



Nosotros pensamos que, mientras no se trabaje de manera más eficaz en la prevención de los accidentes laborales, mientras no nos pongamos a la altura de otros países europeos -estamos en negativo respecto al ranking de los países con más
accidentes, con más mortalidad, con más accidentes graves y con una situación muy precaria para la persona en concreto y para sus familias-, mientras no solventemos este problema, debemos seguir insistiendo. Éstas nos son las medidas que nosotros
acostumbramos a defender con más vehemencia. A nosotros nos parece que la solución pasa por una prevención real, pasa por incidir de manera clara y contundente en la prevención y que las empresas y el


Página 8


Estado asuman este papel de vigilancia y de motivación que supone la prevención. También pensamos que ha de haber otro tipo de medidas, como es una pensión asegurada, cuando se demuestra que el accidente de trabajo ha sido por la falta de
prevención, a pesar de que su situación sea de subcontrata o de precariedad en el contrato. Mientras que no sea así, paralelamente ha de haber medidas como la que hoy estamos defendiendo, medidas de apoyo a la familia, medidas encaminadas a que el
entorno familiar y en concreto los hijos de estas personas que han fallecido o que han quedado en una situación de discapacidad puedan acceder con una mejor situación a los estudios superiores o a cualquier tipo de estudio que requiera una tasa o
una matricula. En este sentido hacemos esta propuesta, que, como mínimo, puede reconocer y mejorar parte de la situación en la que quedan estas familias y esperamos que sea apoyada por los grupos parlamentarios.



La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Holgado.



La señora HOLGADO FLORES: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que estamos debatiendo en estos momentos para su aprobación por esta Comisión pretende que instemos al Gobierno de la nación a que promueva, de acuerdo con las
comunidades autónomas, las medidas de desarrollo normativo necesarias para que puedan eximirse del pago de todas las tasas académicas en todos los centros de educación públicos y en cualquier nivel educativo a las víctimas de accidentes laborales
cuya consecuencia haya supuesto la incapacidad total. También debe incluirse a sus familiares directos e igualmente cuando el resultado del suceso haya ocasionado la muerte del trabajador. La portavoz del grupo proponente ha hecho una exposición
introductoria de la proposición no de ley que lógicamente tenemos que compartir, en el sentido de poner de manifiesto cómo los accidentes laborales suponen actualmente todavía un problema tremendamente grave y que habrá que trabajar para introducir
medidas correctoras y también, por qué no, cualquier otro tipo de ayudas o medidas de apoyo para las víctimas de estos accidentes, bien directos o bien de familiares.



Tanto la señora García Suárez como yo, y espero que también el resto de los grupos de la Cámara, compartimos, como digo, el fondo de esta cuestión. Es verdad que hablar de políticas de igualdad supone partir de que las realidades familiares
y sociales, económicas y de origen de los ciudadanos son diferentes y en esta medida deben ser igualmente distintas las políticas destinadas a los colectivos, grupos o ciudadanos, partiendo básicamente de establecer factores de corrección que
propicien tratamientos diferenciados para quienes tienen circunstancias y realidades distintas. También es cierto que corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una educación en las mismas
condiciones y con los mayores niveles posibles de calidad, lo que exige a las distintas administraciones que pongan en marcha medidas de compensación educativa capaces de eliminar o de paliar las desigualdades existentes. Ahora bien, siendo esta
una realidad de fondo, en la que sin lugar a dudas estaremos todos de acuerdo, quiero exponer por qué el Grupo Socialista propone al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds una enmienda a su iniciativa.
Hay razones en tres sentidos: la primera, técnica; la segunda, normativa y la tercera, de principios o de filosofía.



A mi juicio, la PNL incurre en una imprecisión técnica al referirse a la exención del precio público de todo tipo de tasas académicas, mezclando así ingresos públicos no tributarios, como son los precios públicos, con los que sí son
tributarios, como las tasas. Por otra parte, y como sin lugar a dudas la señora García Suárez ya conoce, ha de tenerse en cuenta que las competencias en materia de educación, tanto universitaria como previa a la misma, se encuentran transferidas a
las comunidades autónomas, por lo que es a ellas a las que corresponde desarrollar sus propias políticas educativas, en las que deben incluirse las medidas económicas, así como los criterios de concesión de las becas y ayudas al estudio o la
exención en su caso de tasas en unas u otras circunstancias, si bien hay que tener en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado no se contemplan nunca créditos destinados a compensarlas por dichas exenciones, por lo que la implantación de
dicha medida implicaría para las comunidades autónomas un coste adicional.



Con independencia de las dificultades ya señaladas, señorías, conviene que sigamos haciéndonos otra serie de reflexiones en torno a esta iniciativa.
Conviene recordar que ya existen ayudas destinadas a los ciudadanos con invalidez total
reconocida así como a los ciudadanos con alguna minusvalía que se encuentran en las situaciones que en la proposición no de ley se nos plantea. Las lesiones invalidantes que determinan una incapacidad permanente total ya se encuentran protegidas en
el ámbito de la Seguridad Social a través de pensiones, que les recuerdo que son compatibles con rentas de trabajo y que además se incrementan cuando el perceptor es mayor de 55 años y está en situación de desempleo, por lo que estaríamos duplicando
ayudas en algunas situaciones que se contemplan. Siguiendo con el sistema de cobertura actualmente existente para este colectivo, cabe igualmente reseñar que si la lesión determinada de la incapacidad permanente total hubiese generado un grado de
minusvalía ya existe igualmente una exención de tasas recogida en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que en su artículo 30 establece que los minusválidos en su etapa educativa tendrán derecho a la gratuidad de
la enseñanza en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales. Para terminar con las consideraciones técnicas y normativas


Página 9


que nos llevan al Grupo Socialista a defender nuestra enmienda, quiero señalar, señoras y señores diputados, que el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, no permite los beneficios tributarios en materia
de tasas, con la salvedad de los establecidos en tratados y acuerdos internacionales a favor del Estado y entes públicos o por razón del principio de capacidad económica.



En otro orden de cosas, señora García Suárez, me va a permitir que termine mi intervención señalando una cuestión que a mi juicio llama la atención en su iniciativa, si tenemos en cuenta, y estoy segura de ello, que se formula desde un grupo
parlamentario con planteamientos claros acerca de lo que deben suponer las ayudas públicas, sean estas de la índole que sean, y que estoy segura que compartimos plenamente. Desde mi punto de vista, en su propuesta deberían haber incluido elementos
correctores en el sentido de plantear las ayudas que se reclaman en función de que existan o no necesidades económicas entre las víctimas de los accidentes laborales o en función de sus diferentes situaciones socioeconómicas.
Nosotros pensamos que
en general no deben existir ayudas públicas planteadas con carácter universal, sino que las existentes deben concederse partiendo de parámetros que tengan en cuenta situaciones de desventaja social entre sus beneficiarios, referidas básicamente a la
situación económica de la que disfrutan. Esto es así porque, en mi opinión, desde una política de izquierdas hemos de defender medidas compensatorias que tiendan a limar las desigualdades existentes entre los ciudadanos, lo que necesariamente
exige, dado que partimos de realidades a veces tremendamente diferentes, dar más al que más lo necesita. En este principio, como usted y yo sabemos, se basa la idea de la solidaridad y la redistribución equitativa de los recursos existentes y con
ello uno de los principios básicos de nuestro Estado del bienestar.



Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista quiere proponer al grupo proponente la siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie con las comunidades autónomas, dentro del marco competencial establecido y
legalmente procedente, la posibilidad de integrar los casos de accidentes laborales con declaración de incapacidad permanente total en los procedimientos relacionados con las tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles
de enseñanza. Espero que al final nos pongamos de acuerdo en el texto definitivo y en su aprobación.



La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: En Convergència i Unió coincidimos con muchas de las situaciones y de las circunstancia a las que se alude en la iniciativa que estamos viendo y con la necesidad de abordar políticas para dar respuesta a todas
estas situaciones. Por una parte, coincidimos en la absoluta necesidad de reducir la siniestralidad laboral, un objetivo, el de la prevención, sobre el que mi grupo parlamentario y especialmente el portavoz en esta materia, mi compañero el señor
Campuzano, se ha pronunciado en numerosas ocasiones y ha planteado múltiples iniciativas. Coincidimos también en la necesidad del apoyo social y económico a las víctimas y sobre todo en que las víctimas de los accidentes laborales perciban
prestaciones económicas suficientes.
Asimismo coincidimos en la necesidad de facilitar y posibilitar el acceso a todos los niveles de enseñanza, así como en que las limitaciones económicas, sean por el motivo que sean, no sean nunca un obstáculo
para ello. En definitiva, creemos que se ha de articular una buena política de becas.



Aún coincidiendo con todos estos temas que subyacen en el fondo de la iniciativa que se nos plantea, no acabamos de compartir que la solución más feliz o adecuada para todo esto sea hacerlo de acuerdo con esta propuesta concreta. La
portavoz socialista que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha expresado con muchísimo rigor y tacto; coincido básicamente con los argumentos que ha dado y me gustaría sintetizarlos en dos temas. En primer lugar, porque nos parece que la
medida que se propone, y además se hace de manera taxativa porque dice adopten, no tiene buen encaje en el sistema de apoyo social y económico vigente en la materia que estamos tratando, porque el sistema que tenemos más bien alude a un criterio
económico, es decir, la medida por la que se conceden las exenciones o becas alude a un criterio económico, no a un criterio de sectores que necesiten un apoyo específico. Realmente pueden existir excepciones que en este momento no conozco, pero en
general nuestro sistema alude a un criterio económico. Tal como ha expresado la portavoz del Grupo Socialista, siendo muy penosas las circunstancias que estamos viendo, todas ellas, en general, no llevan necesariamente a que las situaciones
económicas de las familias que las padecen sean siempre similares. La misma desgracia se dará en familias que tienen una situación económica distinta, por lo que una medida generalizada como la que se propone, desde nuestro punto de vista, no sería
una buena medida si atendemos a la justicia material o a la justicia distributiva. Por otra parte, como también se ha señalado anteriormente, se plantean problemas en cuanto al tema competencial. Esta es una iniciativa que ya en su propia letra
alude a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes, y a las propias universidades. Por tanto, entendemos que se tiene que articular y compensar debidamente, porque de lo contrario desde aquí estaremos aprobando una medida
que supondrá una pérdida de ingresos a las universidades y a las comunidades autónomas y, en definitiva, a la larga habrá que compensarlas porque tendrán pérdida de ingresos.



Coincidiendo con el fondo, nos gustan más los términos de la enmienda de sustitución que se ha propuesto,


Página 10


que alude a que se estudie, no a que se adopte ya una medida; atendiendo al mismo objetivo es más respetuosa, sobre todo competencialmente.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Rozada.



El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Intervengo muy brevemente porque, después de haber analizado en general el contenido de la propuesta de Izquierda Unida, estamos de acuerdo con el fondo de la misma, porque en exención de tasas se conceden
beneficios a grupos sociales. Desde esta misma perspectiva ha sido siempre impulsada por el Gobierno en las dos legislaturas anteriores.



En cuanto a la forma, se ha hablado de las comunidades autónomas, y a nosotros, que ya íbamos a votar favorablemente la iniciativa en general, nos parece incluso mejor la enmienda, que, de ser aceptada por el grupo proponente, habla de que
las comunidades autónomas estudien en el lugar, que ya está establecido y que ya tiene marco competencial, para, de acuerdo con el fondo que se persigue, poder llegar a esa exención de tasas.



Como, en general, el discurso de cada uno de los grupos dice claramente el objetivo que desean cumplir, para evitar la reiteración de argumentos que ya han sido expuestos, solo quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular la va a votar
favorablemente.



La señora PRESIDENTA: Señora García Suárez, debe pronunciarse en relación con la enmienda presentada.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar quiero agradecer a todos los grupos su explicación y los argumentos que han expuesto. Posiblemente, señora Holgado, si hubiera habido tiempo suficiente, la iniciativa debería haberse elaborado con
más concreción y más profundidad y seguramente con más recursos. Los grupos pequeños no tenemos la suerte de los grupos grandes. En todo caso, esto no lo justifica. Insisto en que tendría que haber estado más elaborada, pero lo que no me negará
es que el fondo de la propuesta se entiende con bastante claridad. Solo tengo que comentarle que nuestro grupo parlamentario nunca hace planteamientos de discriminación en ningún ámbito, aunque sea discriminación positiva, sin tener en cuenta los
aspectos sociales, familiares y económicos. Pero, como ha mencionado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, este es uno de los criterios de las exenciones de las tasas en general. No tendría ninguna duda de que no es lo mismo un trabajador
de la construcción, que está en una situación absolutamente precaria, que no tiene ni contrato, que el ejecutivo que por desgracia, por una gran desgracia, ha tenido un accidente de coche yendo a trabajar a la empresa.
Está claro que estamos
hablando de proteger, de atender y de dar soporte a unos sectores determinados. No me cuesta nada reconocer que podría haber estado mejor expuesto; tomamos nota. Pero el fondo de la proposición está claro.



Aceptamos la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista. En Iniciativa per Catalunya, a quien represento en Cataluña, tenemos claras las competencias de las comunidades autónomas, pero plantear a las comunidades que también
realicen esto sin tener en cuenta quién y de qué forma se va a costear este gasto da la sensación de que aludimos a las comunidades autónomas cuando interesa y cuando no, decimos que determinadas políticas se hacen desde el Estado. Por tanto,
recogemos la enmienda que nos proponen y forma parte de nuestro planteamiento, pero me parece que en ella han tenido un lapsus. Hablan de accidentes laborales con declaración de incapacidad permanente total, y no mencionan el fallecimiento. Debe
añadirse: o de fallecimiento. Ese es el espíritu de la iniciativa. Y cuando decimos: en los procedimientos relacionados con las tasas, creemos que debe decir: con la exención de las tasas académicas. Si se aceptan estas dos modificaciones, no
tendremos inconveniente en admitirla. Agradecemos de nuevo a todos los grupos su posicionamiento.



- SOBRE ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR UNA ADECUADA UNIÓN ENTRE LOS SABERES CIENTÍFICOS Y HUMANISTAS EN EL MARCO DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS EN CURSO EN MATERIA DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000940.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley sobre estrategias para conseguir una adecuada unión entre los saberes científicos y humanistas en el marco de las reformas legislativas en curso en
materia de educación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla, tiene la palabra el señor Bedera.



El señor BEDERA BRAVO: Hubo un tiempo en que todos los saberes conocidos eran asequibles para algunos seres humanos. Los intelectuales de la época antigua conocían por igual los pocos secretos que el mundo natural se dejaba arrancar y los
principios que regían el cosmos social. Incluso, en raíces que se remontan a la Jonia de Tales de Mileto, allá por el siglo VI antes de Cristo, nació la creencia en la unidad de las ciencias o, lo que era lo mismo, que el mundo se ordena y puede
ser explicado por un reducido número de leyes naturales, lo que se conoció como el hechizo jónico. Desde entonces este hechizo ha estado en el imaginario colectivo del mundo científico. Las Etimologías de San Isidoro se supone que compendiaban
todo el saber de la época, y figuras como Leonardo han encarnado como nadie la perfecta unión de ambos universos: el del saber natural y el del arte creativo. Todavía hoy entre nosotros se habla de hombre renacentista para referirnos a alguien


Página 11


que domina diferentes saberes. Cuando en el siglo XVII se inicia el control sobre la naturaleza o al menos su posibilidad de predicción, en lo que se conoce como revolución científica, en ese mismo momento que nace la ciencia moderna se
inicia el conflicto secular entre ciencias y letras. Esta disputa se conoció en sus orígenes como el debate entre antiguos y modernos. Los primeros encarnaban el espíritu aristotélico y renacentista, frente a los fundadores filosóficos del
movimiento, Bacon y Descartes. Newton, el icono más sagrado de la revolución científica, reconocía el débito al Renacimiento cuando pronunció su famosa frase: Si he podido ver más allá es porque iba a hombros de gigantes. Pero también se estaba
refiriendo al carácter acumulativo del saber y a las consiguientes mejoras de los tiempos modernos. Abría con ello un nuevo procedimiento de estudio de la naturaleza, basado en la observación y el experimento, bajo una visión mecanicista de la
causalidad que se acabó traduciendo en el lenguaje científico de verdadero y falso. Por el contrario, estos nuevos protocolos no podían aplicarse para determinar de manera lógica una verdad ética, no podían aplicarse, en definitiva, al mundo de las
humanidades.



Durante tres siglos se ha mantenido el conflicto entre saberes humanistas y científicos, vulgarmente entre letras y ciencias. Somos conscientes del reduccionismo que implica esta expresión, letras y ciencias, y por ello querríamos dejar
claro en este momento que en ningún caso estamos negando que en su investigación se deje de aplicar el método científico, es decir, no estamos poniendo en entredicho el estatus de ciencia a las disciplinas humanísticas, entendiendo por ciencia el
conocimiento verificable, racional y sistemático en la famosa definición de Bunge. El citado conflicto secular entre ciencias y letras tiene sin embargo desde los años sesenta del pasado siglo una apariencia distinta, porque cada vez son más las
voces que abogan por un acercamiento entre ambos extremos.



En el año 1959, Snow publicó Las dos culturas, una obra donde se ponían de manifiesto las dos orillas desde donde se miraban los intelectuales de letras y de ciencias, aunque, a decir verdad, desde los años treinta de ese mismo siglo el
término intelectual se había ido reservando para los primeros, en detrimento de los segundos, bien porque estos no supieron defender la trascendencia de sus trabajos o porque aquellos los desdeñaron. El antiguo cisma entre ciencias y humanidades
aparecía así trufado de tópicos que se transmitían de generación en generación. Desde la orilla científica se tildaba a los humanistas de haber dado la espalda a la ciencia, incluso de introducir la sospecha sobre la bondad o pertinencia de sus
fines. Los miembros del otro sector, del humanista, percibían el mundo científico con un creciente desinterés y desprecio por las humanidades, a las que tachaban de viejos saberes inútiles e irrelevantes. La segunda edición de esta obra, en el
1963, incluyó un ensayo que, con el título Las dos culturas: una segunda mirada, apostaba por una tercera cultura que llenaría el vacío de comunicación entre intelectuales de letras y de ciencias y propugnaría el objetivo común de la sabiduría
humana conseguida a través de la unión del saber natural y del arte creativo.



Desde esas fechas clave para el acercamiento entre los saberes científicos y humanistas hasta hoy la llamada tercera cultura ha ido calando como lluvia fina en instituciones de educación y gobiernos de todo el mundo.
Es cierto que el
esfuerzo mayor residía en acercar el conocimiento del mundo científico de modo que un hombre culto del siglo XXI debiera incluir en su bagaje intelectual tanto el conocimiento artístico, musical o literario como el científico, pero también se ha
construido en el sentido contrario, y así en alguna prestigiosa institución, como la Escuela Politécnica Federal de Zurich, en su departamento de biología concretamente, se incluyen disciplinas obligatorias como la historia de la Segunda Guerra
Mundial o la música contemporánea. En nuestro país el anteproyecto de ley orgánica de educación, sensible a corregir el creciente analfabetismo científico de nuestros estudiantes de disciplinas humanísticas, incluye como materia común en el
bachillerato: ciencias para el mundo contemporáneo, a cursar por alumnos de las modalidades de artes y humanidades y de ciencias sociales; solución en sintonía, por cierto, con las afirmaciones del que fuera presidente del Institut d'Estudis
Catalans, Manuel Castellet, quien atribuye gran parte de la incultura científica española a la separación tradicional en la educación entre ciencias y letras.



Cada veinte años se duplica el conocimiento y si es cierta la imposibilidad de que una persona abarque siquiera una parte mínima del mismo, no es menos cierto que la velocidad de los cambios y lo que estos influyen en nuestra vida cotidiana
exige un esfuerzo de aprendizaje; aprendizaje que no puede conseguirse con una mera acumulación de datos ni tampoco con una suma indefinida de horas lectivas semanales para nuestros estudiantes, bien sean de secundaria o universitarios;
aprendizaje que no puede reducirse tampoco al compendio de lo aprendido en una serie de años, los que dura la enseñanza obligatoria o los que comprende una titulación universitaria, sino que debe entenderse como lo interiorizado, como lo
metabolizado intelectualmente a lo largo de toda la vida; aprendizaje que debe incluir la adquisición de competencias y habilidades para entre otras cuestiones disponer de herramientas para formarse en el porvenir; aprendizaje, por último, que no
se reduzca a conocimientos compartimentados, a espacios estancos de saber, sino que intercomunique y armonice los campos humanísticos y científicos en un equilibrio ponderado, en una experiencia educativa mestiza que definiendo inicialmente lo
nuclear de cada ámbito apunte a metas de conocimiento superior y más especializado.



Una de las asociaciones científicas más influyentes del planeta, la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, editora de la conocida revista Science, desarrolló hace unos años el programa Proyecto 2061: Ciencia para todos los
americanos. Una de las conclusiones


Página 12


del estudio tiene relación directa con el aprendizaje cuando afirma que la formación científica de los ciudadanos en una sociedad democrática no pasa por ampliar los horarios y los contenidos, sino por definir el mínimo esencial para
conseguir la alfabetización científica y centrar en ese cuerpo básico de conocimientos todas las armas educativas, formativas y divulgadoras. No se trata por tanto de convertir a cada estudiante, cualquiera que sea su nivel, en una especie de
vademécum omnicomprensivo de conocimientos, algo imposible en nuestra moderna y cambiante sociedad; se trata de crear ciudadanos cultos, pero también ésta debería ser nuestra meta final. El tipo de estrategia que proponemos en esta iniciativa no
tiene que ver con el puro diletantismo, sino con cuestiones más importantes, como lo que se empieza a conocer como conocimiento científico cívico, es decir la capacitación de los ciudadanos para que sean más conscientes de la incidencia de la
ciencia y la técnica en los aspectos comunes de la vida diaria. La formación integral que proponemos tiene que ver, en definitiva, con valores democráticos, con la necesidad de conocer para decidir. El desconocimiento de las conquistas científicas
supone un obstáculo para la sociedad democrática que se enfrenta a importantes decisiones sobre biología molecular, inteligencia artificial, genoma humano, biodiversidad, etcétera.



Hiroo Amura, miembro del Consejo para la Ciencia y la Tecnología de la Oficina del primer ministro de Japón comentaba recientemente en un editorial en la citada revista Science la paradoja que podría darse en una sociedad como la del siglo
XXI basada en el conocimiento, cuando una buena parte de ese conocimiento será científico. Estaríamos ante un escenario donde los rápidos avances científicos, lejos de resolver problemas, podrían generarlos, y ello ante la incomunicación entre
profesionales de la ciencia y el resto de los ciudadanos, incapaces de entender los logros científicos. El Nobel de Química Ilya Prigogine asegura que la reacción Belousov-Zhabotinski es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX.
Desconozco si alguna de SS.SS. está familiarizada con dicha reacción, pero les puedo asegurar que la práctica totalidad de la población, donde me incluyo, es ajena a lo que parece ser una de las grandes aportaciones científicas del pasado siglo.
Quizás opinen que el ejemplo es extremo, pero coincidirán conmigo en la apreciación de que un alumno de secundaria que ignore quién fue Colón recibe la reprobación general, mientras que otro que no sepa quién fue Newton, en principio, consigue más
benevolencia. En el tránsito del siglo XX al XXI se está abriendo paso una nueva corriente que propugna la integración entre ciencias y letras, la llamada consiliencia, término que es debido al filósofo inglés Whewel, de 1840 ya, y que de la mano
de Wilson primero y de Jay Gould después, en el 2003, apuesta por que todos los fenómenos tangibles, desde el nacimiento de una estrella hasta el funcionamiento de las instituciones sociales, se basan en procesos materiales que en último término son
reducibles a las leyes de la física.
Señorías, podemos estar asistiendo al último capítulo del hechizo jónico, el movimiento que surgió hace 26 siglos y que en nuestros días no solo defiende la unidad de las ciencias sino la extensión de dicha
unidad al ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Cuando Einstein asistió al funeral de su amigo Michele Besso, le dijo a su viuda: Para nosotros, físicos convencidos, el tiempo es tan solo una ilusión, aunque sea tenaz.



Señorías, con esta proposición no de ley esperamos que el tiempo transforme la ilusión del acercamiento entre letras y ciencias en una realidad. Por ello instamos al Gobierno a que en su política educativa y especialmente en el marco de las
reformas legislativas en curso en materia de educación, ponga en marcha las oportunas estrategias para conseguir la adecuada unión, el respeto mutuo y conversación constante entre los saberes científicos y humanistas.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Calomarde para defender su enmienda.



El señor CALOMARDE GRAMAGE: Debo reconocerles, señora presidenta, señorías, que el portavoz que les habla ha tenido una cierta dificultad, por deformación profesional y de oficio, al leer la larga introducción que el portavoz socialista ha
hecho de esta proposición. Francamente, uno podía empezar, dado que el Grupo Socialista se refería al hechizo jónico, con aquellas celebérrimas frases de Tales recogidas por Aristóteles: Todo proviene del agua y todo está lleno de dioses, y
continuar con Anaxágoras, con aquello de que el infinito es el apeiron, etcétera. No obstante, pese a mi deformación profesional en este asunto del que trata la proposición que ustedes presentan, quisiera hacer, señora presidenta, señoras y señores
diputados, una intervención estrictamente política, porque supongo que estamos hablando de eso. Por tanto, me ceñiré fundamentalmente a la enmienda de adición que ha presentado mi grupo y trataré de defender los motivos y contenidos de la misma.



Verán ustedes que tiene tres puntos. En el primero se recoge fielmente lo que propone el Grupo Socialista; se lee exactamente que en su política educativa y especialmente en el marco de las reformas legislativas en curso en materia de
educación ponga en marcha las oportunas estrategias para conseguir la adecuada unión, el respeto mutuo y conversación constante entre los saberes científicos y humanistas. Nosotros estamos de acuerdo con eso, como no podía ser de otro modo, y lo
estamos precisamente por las dos adiciones que hacemos a la propuesta que ustedes, diputados del Grupo Socialista, plantean al Gobierno en relación con este tema. En el punto segundo planteamos que, en consecuencia con lo anteriormente dicho,
respete y aplique las orientaciones contenidas en el dictamen sobre las humanidades en la educación secundaria del año 1998.
Señorías, tuve el honor de pertenecer a la Comisión que hizo ese dictamen,


Página 13


Comisión que estaba presidida en aquel momento por el ex ministro Juan Antonio Díaz Ambrona. Eran los tiempos en que era ministra de Educación la señora Aguirre y que era secretario del ministerio mi portavoz y amigo, Eugenio Nasarre.
Recuerdo que ese dictamen, el de las humanidades, fue una labor que nos llevó cerca de tres o cuatro meses, si no recuerdo mal; fue una labor intensa, complicada, pero sobre todo fue una labor eficaz que, respondiendo al reto político puntual del
momento (que no es necesario reiterar aquí porque puede ser conocido por quien quiera conocerlo), fue importante a mi juicio para nuestro país por cuanto consiguió poner de acuerdo en el concepto de humanidades y en la validación de las mismas a
todos los componentes de aquella Comisión y, lo que es más importante, a los grandes grupos políticos que representaban, como siguen haciéndolo hoy, a la mayoría de los ciudadanos de este país; hablo naturalmente del Grupo Popular y del Grupo
Socialista. El tercer punto de nuestra enmienda de adición dice, fíjense: El mantenimiento de historia de la filosofía y de la ciencia como materia común en el bachillerato. Qué quieren que les diga si uno es catedrático de filosofía de
bachillerato. Pues naturalmente que estamos de acuerdo y que queremos el mantenimiento de esta asignatura y de esta materia; sin embargo quisiera hacer un hincapié (permítanme ustedes) académico del siguiente tono. He explicado muchos años de mi
vida historia de la filosofía a alumnos de COU y puedo asegurarle que cuando en nuestra enmienda de adición hablamos del mantenimiento como materia obligatoria en todas las modalidades de los bachilleratos en España de la historia de la filosofía y
de la ciencia, haciéndome eco de lo estipulado, dictaminado y aprobado en el dictamen de humanidades anteriormente citado del año 1998, sabemos que en el currículum de esa materia, que, insisto, hasta la fecha había sido obligatoria para todos los
bachilleratos en España, había al menos cuatro temas, que paso a citarles a ustedes, que daban respuesta sobrada a la inquietud que alienta a mi juicio la propuesta del Grupo Socialista, y que no nos es ajena, pero que ya estaba resuelta.



En esa materia común de historia de la filosofía y, si ustedes quieren, de la ciencia (no hay ningún problema en ello, ni por parte de la ciencia ni por parte de la filosofía) siempre se ha explicado la ciencia en la antigüedad. Siempre se
ha explicado la revolución científica moderna desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, con el triunfo tanto del empirismo como de los racionalismos y muy especialmente la revolución de la física de Copérnico y Galileo; siempre se ha explicado el
siglo XVIII y antes de hablar de la Crítica de la razón pura de Kant explicábamos la revolución física newtoniana, sin la cual difícilmente es explicable el autor del idealismo alemán; siempre se ha explicado la gran revolución científica en la
biología tanto desde la Ilustración hasta el XIX, especialmente por la revolución darwinista; y, por último, jamás escapaba a las explicaciones de cualquier profesional de la materia una referencia, siquiera sucinta, a la teoría de la Relatividad
general y específica, de Einstein, al comienzo de la ciencia del siglo XX. Quiero decir con esto, señora presidenta, señorías, que la materia que aquí queremos que se mantenga, historia de la filosofía y de la ciencia, es precisamente el vehículo
adecuado para que las inquietudes, absolutamente lógicas que plantea el Grupo Socialista se vean colmadas en esa reforma educativa que ustedes ahora plantean, quieren desarrollar y llevar adelante. El señor Nasarre recientemente en el Pleno del
Congreso, tanto en una interpelación a la ministra San Segundo como en una posterior moción, defendió justamente que recuperásemos, si es que se había perdido, el consenso que nos llevó a dictaminar sobre las humanidades en 1998, que, insisto, fue
complejo y muy difícil, especialmente en materias tan sensibles en ese momento (me temo que en este) como la historia, las lenguas y algunas que otras cosas. Sí estuvimos de acuerdo entonces, y así lo dice el dictamen, en que la historia de la
filosofía y de la ciencia debería ser una materia común precisamente por su capacidad de unión, de vertebración, de unificación y a la vez de ramificación de lo que usted decía, señor diputado socialista, de los saberes humanísticos y de los saberes
científicos en aquella vieja y por otra parte entrañable definición de la obra de Snow Las dos culturas.



¿Qué más quieren que les diga yo? Una última observación, si me lo permite la señora presidenta, señoras y señores del Grupo Socialista. Desde mi grupo parlamentario (y el señor Nasarre también lo dijo, a mi juicio con mucho acierto en sus
intervenciones de la pasada semana en el Pleno del Congreso) tenemos un gran miedo a que ustedes hagan una cosa, que es fabricar asignaturas que no cuenten con un soporte científico avalado o con un soporte histórico contrastado. Este tipo de
inventos, este tipo de ocurrencias (espero que se me entienda, de ocurrencias ideológicas, utilizando la palabra ideología en un sentido relativamente peyorativo) no nos gustan y no las compartimos. Cuando ustedes plantean que haya una materia
común en bachillerato que se llame ciencias para el mundo contemporáneo, tengo que aclarar: ¡Oiga, si ya la hay! La hay hasta ahora; la hay desde los tiempos de UCD en el Gobierno, ¡fíjese si ha llovido! Es justamente esta, señores y señoras
diputadas socialistas: la historia de la filosofía y de la ciencia. Recientemente ha habido movimientos de colegas, amigos, profesores y demás en reivindicación justamente de que la asignatura de filosofía siga existiendo en el currículum de
nuestros bachilleratos en su versión tercero de BUP anterior a la reforma, una iniciación a la filosofía general para todos nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué mal hace una iniciación a la filosofía? También queremos mantener la ética de cuarto de
secundaria, naturalmente.
No tenemos ningún inconveniente en cualquier tipo de reforma en este sentido siempre y cuando, insisto, se respete la obligación, porque creemos que es un derecho, no una imposición, señores; es un derecho que los alumnos
y las alumnas españoles salgan de los estudios de secundaria en España teniendo un conocimiento siquiera sucinto,


Página 14


como así es, de la tradición histórica de la filosofía y de la ciencia occidentales. Estoy dispuesto a facilitarles con sumo gusto los manuales respectivos de todo tipo de tendencias ideológicas, metafísicas, filosóficas y científicas que
se han dado y explicado en los institutos de este país en los últimos 25 años. Les aseguro que en su inmensa mayoría son magníficos manuales de texto.



Termino, señora presidenta. Yo les insto, señorías del Grupo Socialista, a que acepten nuestra enmienda; si no lo hacen, pido que nos digan qué ocurrió con aquel consenso de las humanidades en que habíamos logrado ponernos de acuerdo y
que, por cierto, la ministra Del Castillo en su momento llevó adelante con dos reales decretos, si este diputado no recuerda mal, al comienzo de la pasada legislatura; ustedes lo apoyaron.
¿Qué ocurre ahora para que esto no sea así? No
desaprovechemos más oportunidades.



La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, quisiera en primer lugar felicitar al autor material de esta iniciativa porque tanto en la redacción, que ya había leído, como en la exposición que nos ha hecho hoy se ve que es una iniciativa
trabajada, una iniciativa rica, una iniciativa que es un auténtico compendio de la historia del saber o en este caso de la historia de los saberes. También quiero decir, por qué no, que me ha gustado mucho la intervención del portavoz del Grupo
Popular porque ha sido realmente rica, algo muchas veces inusual en estas comisiones, donde siempre nos dedicamos a lo cotidiano, a lo urgente y pocas veces tenemos tiempo para reflexionar sobre aquello que podríamos llamar lo importante. Por tanto
bienvenidas sean estas iniciativas que nos permiten llevar nuestros planteamientos más allá de la urgencia del día a día.



Respecto a la iniciativa concreta, quiero creer que no es una iniciativa que esconda nada, que no esconde ni planteamientos a favor de algo ni en contra de algo; cuando digo algo, hablo de materias concretas, sectores concretos, etcétera.
Me gustaría creer en la bondad genérica de esta iniciativa y que es una iniciativa puramente, entre comillas, filosófica.
Por tanto y desde este punto de vista compartimos la filosofía de fondo de esta iniciativa porque no es bueno que existan hoy,
en el siglo XXI, compartimentos tan estancos del saber; no es bueno desde nuestro punto de vista que haya una separación que por otra parte, y como bien se desprende de cuanto aquí hemos escuchado, no es natural entre los saberes científicos y los
saberes humanistas. Frente a voces que con toda la razón (lo subrayo: con toda la razón) reivindican los saberes humanísticos, cuestión que nos parece muy importante, es bueno también conseguir un equilibrio para superar algo que se nos antoja muy
problemático, como este creciente analfabetismo científico de los estudiantes de la rama de humanidades. Si estas estrategias que se proponen en la iniciativa pueden suponer en definitiva un estímulo a las vocaciones científicas que estamos
perdiendo de manera alarmante, mejor; si además sirven como estímulo a que se incorporen a estas vocaciones mujeres, porque hay poquísimas mujeres referentes en el mundo de la ciencia, desde nuestro punto de vista mejor que mejor, señorías. Por
todas estas razones nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Señor Bedera, en relación con la enmienda del Grupo Popular.



El señor BEDERA BRAVO: El Grupo Socialista no puede aceptar la enmienda, y no porque no esté de acuerdo con el texto o con los planteamientos de fondo. Quizá el mejor resumen lo haya hecho la señora Pigem. Esta no es una proposición que
esconda nada; no es una proposición que incorpore una materia para quitar otra, sino todo lo contrario. Nuestra proposición no tiene por objetivo entrar en el análisis de materias concretas que deben impartirse en las fases educativas que
correspondan, sino que intenta llamar la atención, por eso se insta al Gobierno, para propiciar el acercamiento, la unión entre las dos orillas a las que antes hacía referencia, entre los saberes humanistas y los científicos. En nuestra defensa
hemos hecho mención indistintamente a la educación secundaria y a la universidad, por tanto la nuestra no es una proposición que vaya concretamente dirigida a un ciclo formativo concreto. Incluso hemos puesto algún ejemplo, como el de Zurich, donde
se ha tratado de hacer este acoplamiento entre letras y ciencias. Asimismo, creemos haber explicado que para nosotros lo fundamental es el núcleo esencial, aquello que es irrenunciable dentro de los distintos saberes y no la cantidad ni la
acumulación de conocimientos.



Por otra parte, la opinión del Grupo Popular sobre la filosofía es un tema cerrado, y basta con leer los periódicos recientes. Conforme al trasfondo de nuestra proposición, más allá de intereses legítimos de grupos o de opciones, el
Parlamento de vez en cuando tiene que trascender un poco a la lucha diaria (también lo decía la señora Pigem) y, si me permiten la expresión, a las pequeñas miserias de las asignaturas. ¿Por qué no hablar de tecnología, por citar otros campos, y
referirnos concretamente a la filosofía? Podría haber otros items, otras partes dispositivas y nosotros lo entenderíamos, pero nuestra proposición tiene ese contenido más general y quizá por eso su enmienda pueda ser objeto de otra proposición,
porque en este momento no tiene cabida.



- RELATIVA A LA ADAPTACIÓN EN EL ÁMBITO ESPAÑOL DEL 'PROCESO DE BOLONIA'.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000998.)


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto 4 del orden del día: proposición no de ley relativa a la adaptación en el ámbito español del proceso de


Página 15


Bolonia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla el señor Gámir.



El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías, Bolonia implica un proceso para 2010. En esta dirección se han dado ya pasos importantes y no conflictivos, como fueron los decretos de 2003, en los que se establecía el sistema europeo
de créditos y el suplemento europeo al título; quedaba el paso de adaptar las titulaciones a la cumbre de Berlín, tarea que se ha emprendido dentro del marco de la LOU. Sin embargo, la forma en que se ha iniciado esta fase se puede definir con las
expresiones: confusión, inquietud en la universidad, contradicciones, escritos múltiples críticos de universidades y facultades, intranquilidad, etcétera. Con estas medidas se puede poner en riesgo la calidad, principio fundamental que debe primar
en todo caso en la universidad y se puede poner en riesgo la autonomía universitaria, como queda claro en el dictamen del Consejo de Estado. Asimismo, existen otros dos peligros básicos: primero, con la excusa de Bolonia el Gobierno puede hacer lo
que Bolonia no exige y, segundo, aunque parezca una contradicción respecto a lo que se acaba de decir el Gobierno no sabe claramente qué quiere o al menos no lo explicita; parece que quiere defender el hecho de depender de la reacción social. Como
dijo el diputado señor Esteban en la sesión del 25 de mayo, parece que hay contradicciones y globos sonda. La idea de que el Gobierno no tiene claro lo que quiere quedó más obvia tras la comparecencia del secretario de Estado de Universidades en la
citada sesión del 25 de mayo.



El Gobierno habla a menudo de diálogo y transparencia, expresiones que se han oído en los dos temas más importantes que se han tratado en esta Comisión en materia de universidades y ciencia, el proceso de Bolonia y el presupuesto en I+D. En
cuanto al proceso de Bolonia el Gobierno tuvo un diálogo institucional y obligado con el Consejo de Estado y ni por asomo ha seguido siete de sus once observaciones. Estas son observaciones muy serias, varias de ellas de fondo y muchas muy
razonables que el Gobierno no cumple; sin embargo, esto no impide al Gobierno decir en su decreto que está redactado, entre comillas, de acuerdo con el Consejo de Estado, lo cual es una burla al diálogo (lo digo sin ninguna acritud), esto es un
engaño a la sociedad. Jurídicamente si el Gobierno no está de acuerdo con el Consejo de Estado que, repito, dice cosas muy sensatas, al menos debería haber utilizado la fórmula: oído el Consejo de Estado en vez de lanzar (repito, sin ninguna
acritud) el mensaje engañoso de que el Consejo de Estado estaba de acuerdo con el Gobierno. El Gobierno está perdiendo la credibilidad en los grandes temas. Antes apuntaba que el otro gran tema aparte del de universidades e investigación ha sido
el del presupuesto para I+D en 2004. Las propias declaraciones del secretario de Estado el día 25 de mayo en esta Comisión me sirven de puente para relacionar ambos temas, Bolonia y la investigación, así como lo que se dice en el comunicado de
Bergen al respecto. Siento volver una vez más sobre este asunto, pero el Gobierno me obliga a ello con el último capítulo del, entre comillas, folletín venezolano sobre este tema (lo digo con el máximo respeto para el pueblo venezolano) o
telenovela en la que se ha convertido este presupuesto, que enlaza de nuevo con Bolonia.



Resumiré lo más básico de los capítulos del folletín en seis puntos.
Primer punto: legislatura anterior. El PSOE en la oposición insistía con fuerza y vigor en que los incrementos de presupuesto en I+D debían realizarse a través de los
capítulos 1 a 7 del presupuesto y no del 8, que es de créditos que no van al déficit, ya que dado lo bajo de los tipos de interés las ventajas en ellos implica un porcentaje mínimo de la misma cuantía dedicada a los capítulos 1 a 7. Segundo punto:
su portavoz, señor Lissavetzky, fue tajante al respecto en el 'Diario de Sesiones'. El PSOE fue coherente, transparente y creíble en el programa electoral que presentó a las elecciones. Se decía que si el PSOE ganaba las elecciones el gasto en I+D
debía incrementarse durante la legislatura en un 25 por ciento anual en los capítulos 1 a 7 del presupuesto, y así lo ratificaba el señor Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura. Punto tercero: la transparencia y la coherencia acabaron
allí. La realidad es que para este año el incremento del presupuesto en I+D en los capítulos 1 a 7 es del 8,8 por ciento, la tercera parte de lo prometido. Cuarto punto: como se notaba demasiado el Gobierno realizó un doble juego de cifras para
que en los titulares de los periódicos apareciera el 25 por ciento como incremento del gasto en I+D. Una parte de este juego de cifras consistió en olvidarse de su programa electoral, del discurso de investidura del señor Rodríguez Zapatero y
contabilizar los denostados préstamos. Punto quinto y penúltimo: todo ello fue criticado con dureza por la oposición, la universidad, los investigadores, etcétera. Y, sexto y último punto: cuando el tema parecía acabado en esta, entre comillas,
historia interminable vuelve a aparecer un nuevo conejo en la chistera. En el debate sobre el estado de la Nación el Gobierno hace que se apruebe una resolución según la cual el gasto en I+D debe incrementarse un 25 por ciento; no se dice más.
Con este nuevo giro de ciento ochenta grados se olvida mencionar los capítulos 1 a 7, con lo cual se contradice la postura mantenida en la anterior legislatura y se manifiesta que no se va a cumplir el programa electoral ni el de investidura de
Rodríguez Zapatero. Se pueden utilizar los denostados créditos del capítulo 8, pero apenas se ha notado; por tanto el conejo se ha sacado de la chistera con habilidad. La prensa no lo ha recogido, esta es la primera vez que mencionamos el tema
desde la oposición, este cambio de 180 grados. Éxito completo en el juego de manos. Felicidades. Coordinando ambos temas, vuelvo al diálogo y a la transparencia, las expresiones más repetidas por el secretario de Estado en referencia al proceso
de Bolonia: ¿Diálogo como el existente con el Consejo de Estado? ¿Transparencia como la del presupuesto de I+D?, aparte de que (digámoslo de paso, para dedicarle alguna frase al señor Solbes) hay


Página 16


muchos otros problemas de transparencia en el presupuesto del año 2005.



Eugenio Nasarre, en la comparecencia de 25 de mayo, presentó la argumentación básica en la que se fundamenta esta PNL. Por ello, personalmente he buscado facilitar información complementaria para no repetir lo ya oído por sus señorías. En
todo caso, recordaré algunos puntos fundamentales, y me voy a referir a los puntos dispositivos de esta PNL, especialmente al número 4, que fortalece lo que se va a decir sobre los tres primeros. Es un dato sobre el que existe confusión en la
universidad en cuanto al proceso de Bolonia y a la política universitaria de este Gobierno en general. Me remito a la postura de Comisiones Obreras (todos conocemos su manifiesto) y, aparte de ello, al manifiesto firmado parece ser que por casi dos
mil profesores e investigadores que demandan más calidad en la universidad y en la investigación. Como comentó Eugenio Nasarre, en una reciente reunión con estudiantes de arquitectura decían literalmente: Nosotros nos hemos librado de Bolonia. La
verdad es que es mal asunto cuando los estudiantes estiman que es una buena noticia, para ellos, haberse librado de Bolonia; de paso, no es tan claro que se hayan librado. Desde ese enfoque yo pido un voto favorable por lo pronto para los tres
primeros puntos de nuestra PNL. Todos los grupos parlamentarios debemos estar de acuerdo en la necesidad de informar, que se recoge en el punto 1, cuando parece que hay desinformación y el propio secretario de Estado llegó a reconocerlo (en el
grado en que lo reconoció) en su comparecencia. Parece lógico votar a favor de la reflexión y de la participación en algo importante para la comunidad universitaria y para la sociedad como es el proceso de Bolonia, y también lo es solicitar que se
clarifique el nuevo mapa de titulaciones, utilizando la terminología del secretario de Estado, recordando que no lo dejó nada claro en su comparecencia.



Voy a decir algo que quizá suene extraño en los debates en estas comisiones. Sin duda, yo no comparto los criterios de PSOE, pero respeto al PSOE como partido desde hace muchas, muchas décadas. Le respeto desde la oposición al franquismo,
desde la transición. El PSOE está hablando continuamente de diálogo, talante y transparencia. Yo pido que se pase del lenguaje de las palabras al de los hechos y voten favorablemente estos párrafos. El llamado partido del diálogo no debe votar en
contra del diálogo. Me he dirigido al PSOE, pero sin duda el mismo llamamiento va dirigido a todos los grupos parlamentarios de la Comisión.



Paso al punto 4 de nuestra PNL. Empecemos por la historia del arte. Se ha hablado mucho sobre este grado en la última época y la importancia del arte en nuestra historia, pero me voy a referir a un argumento diferente.
Según el decreto
del Gobierno no podrán existir especialidades en los estudios de grado; así pues, la historia del arte no podría ser ni siquiera una especialidad en la carrera de historia. Nada dice Bolonia sobre la poda de títulos, lo cual no quiere decir que se
deban ofrecer todas las titulaciones en todas las universidades del país. El tema de las filologías fue ya criticado por portavoces de otros partidos. No parece lógico una única titulación independiente de lengua castellana y que las demás se
incorporen a lenguas modernas. Esquerra Republicana, Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el señor Rodríguez ya criticaron ese punto, y también desde la universidad ha sido criticado este punto con dureza, desde otros enfoques. Por
ejemplo, sobre la lingua franca, sobre el inglés, estamos diciendo que para la competitividad de la economía y de la sociedad española en general hacen falta muchos más profesionales que conozcan mejor, o que conozcan muy bien el inglés.
Estas
palabras resuenan en otras comisiones de este Parlamento y, sin embargo, aquí buscamos reducir la gran cantera de los que, entre otras actividades, pueden ser los profesores de inglés en las especialidades más diversas. He mencionado el inglés,
pero también hay que recordar otros muchos grados en filología. No se debe dar de todo en todas partes.
Habrá que tener sin duda en cuenta la demanda, pero no empobrezcamos tanto el grado en humanidades.



Me gustaría acabar recordando una frase según la cual se ha dicho que las universidades son las catedrales de la calidad de la inteligencia. Sea una creyente, agnóstico o no creyente se puede aceptar esta frase: Las universidades son las
catedrales de la calidad de la inteligencia. Si con estas decisiones nos estamos alejando del modelo de excelencia en la calidad que deberíamos exigir a nuestras universidades, realmente no estamos en el buen camino.



La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Por lo tanto, entramos en el turno de fijación de posiciones.



En primer lugar, tiene la palabra la señora Pigem por el Grupo Catalán.



La señora PIGEM I PALMÉS: Como aquí se ha mencionado, el pasado 25 de mayo compareció el secretario de Estado para informar sobre el proceso de Bolonia. Hoy estamos viendo una proposición no de ley del Grupo Popular un poco a modo de
conclusiones o de propuestas a raíz de cuanto se dijo en esa comparecencia. Desde Convergència i Unió podemos compartir algunas de las cosas que se han dicho, tanto del texto de la iniciativa como de la exposición y presentación de la misma que nos
ha hecho el portavoz del Grupo Popular; sin embargo, hay partes de esta iniciativa que no compartimos en modo alguno. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al punto número 2, cuando lo que se propone es abrir un proceso de reflexión y debate. Yo creo
que esto puede sonar bien, pero aquí hemos de pensar que el proceso de Bolonia comienza en el año 1998; que desde el año 1998 se están haciendo un sinfín de debates, de seminarios, etcétera; que la reforma del sistema para adecuarlo al proceso de
Bolonia la comienza el Partido Popular cuando tenía la responsabilidad del Gobierno y que la sigue en este momento el Partido Socialista, pero que


Página 17


tampoco ha quebrado la línea que se había iniciado por el Partido Popular.
Durante todo este tiempo, es decir del año 1998 hasta el año 2005, se ha dado audiencia a los colegios profesionales, a las asociaciones, a los diversos sectores,
todos con sus expectativas y con sus legítimas pretensiones, y francamente plantear ahora que se tenga que abrir un proceso de reflexión y debate, cuando llevamos tantos años reflexionando y debatiendo, es justo lo contrario de lo que pensamos en mi
grupo parlamentario que se tiene que hacer, que es cerrar el debate, cuanto antes mejor, porque se ha debatido prácticamente todo lo que se tenía que debatir y, a partir de ahora, esto se va a convertir, o por lo menos nos tememos que pueda
convertirse, en una guerra de presiones de sectores, de colegios, de asociaciones, que legítimamente querrán que atendamos a sus pretensiones. Tenemos elementos sobre la mesa más que suficientes para poder tomar decisiones de una manera objetiva.
Creemos que este tiempo de reflexión y de debate ha durado el tiempo suficiente, que dure lo que tenga que durar, pero la verdad es que no entendemos a qué finalidad atiende esta propuesta de abrir de nuevo un proceso de reflexión y debate.



Respecto al punto número 4, no nos parece clarificadora la propuesta de que básicamente hayan de mantenerse las titulaciones de historia del arte y de las filologías en su actual configuración. ¿Qué quiere decir básicamente? Nos parece una
palabra demasiado indeterminada como para que podamos pronunciarnos a favor o en contra. Aquí se han citado con rigor las intervenciones que tuvieron los grupos, también el mío, respecto, por ejemplo, a la necesidad del trato que debe merecer la
filología catalana, pero no podemos dar nuestro apoyo a una palabra tan amplia, tan poco precisa como básicamente. Yo no sé si está previsto que se puedan votar los puntos separadamente; si no se puede hacer así, en todo caso no vamos a poder
apoyar esta iniciativa en su redacción literal.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casaus.



La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Creía que íbamos a tratar el tema del proceso de Bolonia, pero la intervención del portavoz del Grupo Popular no sé si ha sido en este sentido. Yo tengo la responsabilidad.



Yo tengo la responsabilidad de fijar la posición de mi grupo en esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que mantiene la postura en contra, porque su proposición no aporta avances educativos, sino que ustedes buscan la
confusión y el rédito electoralista, y le diré por qué. Hace muy pocos días, el 25 de mayo, comparecía en esta misma Comisión, como se ha dicho, a petición del Grupo Popular, el secretario de Estado de Universidades e Investigación, don Salvador
Ordóñez, el cual nos aportó todo tipo de información en torno a las diferentes dudas suscitadas sobre la adaptación del sistema universitario español al espacio europeo de educación superior. El texto que presentan hoy aquí refleja claramente que
ustedes no entienden o no quieren entender -más bien esto último-, ya que tanto el proceso, como las formas, los contenidos, la estructura de las enseñanzas y el nuevo catálogo de títulos nos fueron explicados a los miembros de esta Comisión de
forma pormenorizada. Es decir, se nos vino a explicar la acción del Gobierno en esta materia concreta. Por tanto, señor diputado, ¿tiene algún sentido instar hoy al Gobierno a acometer acciones que ya ha puesto en marcha y de las cuales ya se nos
ha dado cuenta aquí de forma directa, como corresponde, con luz y taquígrafos?


Estamos empezando a adaptarnos, como otros cuarenta países, al llamado proceso de Bolonia, la convergencia con el espacio europeo de la educación superior, que es ante todo una oportunidad para la mejora de la calidad global de nuestro
sistema y debe propiciar los cambios necesarios y positivos en nuestras titulaciones y planes de estudio, pero sobre todo en las formas y métodos de enseñanza. Es el momento de un cambio de modelo. El Ministerio de Educación y Ciencia ha creado
una comisión para estudiar los métodos de enseñanza. Es la hora de la calidad para nuestras universidades. En coherencia con esta necesidad, largamente sentida por la comunidad universitaria, ya en el programa electoral del Partido Socialista se
recogía como un objetivo para la educación superior impulsar y colaborar con el resto de los países de la Unión Europea en la definición y el desarrollo del espacio europeo de la educación superior en condiciones crecientes de calidad y equidad para
todos los ciudadanos.
Este proceso debe constituir una ocasión para mejorar las enseñanzas, sus contenidos, sus métodos docentes, la evaluación y su rendimiento.



Respecto a los planteamientos, de forma detallada le puedo responder utilizando hechos, no palabras. Sobre lo que nos indica en el primer punto, el Gobierno ya ha dicho que no solo informará, sino que propiciará el debate y la
participación, acciones que a ustedes se les suelen olvidar por no formar parte de su modo de actuar. Aducir que ya se está haciendo se sobreentiende, pero yo me pregunto: ¿tiene sentido instar a hacer algo que se está haciendo, tal y como se
prometió?


Por lo que se refiere al segundo punto, como le decía, el proceso está en marcha donde tiene que estar, en el Consejo de Coordinación Universitaria, órgano que legalmente tiene las competencias para ello. El Consejo de Coordinación
Universitaria está integrado por los responsables de la enseñanza universitaria en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, por los rectores de las universidades y por los consejeros nombrados por el Gobierno, el Congreso y el Senado,
y está trabajando actualmente en el proceso de renovación del catálogo de títulos universitarios oficiales de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado,


Página 18


que deberá completarse en los próximos meses. En este sentido se han constituido en grupos de trabajo cuatro subcomisiones: humanidades, enseñanzas técnicas, ciencias experimentales y de la salud y ciencias sociales y jurídicas, que han
elaborado una primera propuesta, propuesta que formalmente no ha sido presentada todavía en el ministerio. Estamos, pues, en la primera fase del proceso. Por cierto, ustedes han pedido la comparecencia de los cuatro presidentes rectores de estas
subcomisiones.
Así pues, de nuevo ya se está haciendo y le repito que no tiene sentido instar a hacer algo que ya se está realizando.



Refiriéndome al apartado tres de su proposición me obliga usted a repetirme. Ya se ha manifestado que cuando la propuesta de las subcomisiones llegue al Gobierno se pasará a una comisión y el Gobierno ya ha dicho que clarificará los
criterios con los que se configurará el nuevo catálogo de titulaciones, exactamente un marco de títulos atractivo, flexible, comparable y homologable. No se trata de una cuestión exclusivamente académica. Somos conscientes de que estamos ante una
transformación que exige una participación activa de toda la comunidad universitaria y de los agentes sociales, un cambio que acerque la universidad a la sociedad, que estreche la relación entre la formación y el empleo y que multiplique las
oportunidades de aprendizaje, la formación continua a lo largo de la vida. Estamos en el camino adecuado, pero todavía en el primer tramo del camino. Las propuestas que han empezado a formularse en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria
habrán de ser valoradas por el propio consejo, después serán sometidas al dictamen de un grupo de expertos externos y se pedirá la opinión sobre ellas a los agentes sociales. Nada está cerrado ni decidido, estamos al principio de un largo camino.



En el último apartado de su propuesta, y precisamente por lo que he expuesto anteriormente respecto al trabajo que está realizando el Consejo de Coordinación Universitaria, no es ahora el momento de especificar de qué manera tienen que
quedar determinados los estudios de grado. Hay que estudiar las propuestas que vendrán del ámbito universitario y académico, ver, analizar y tomar decisiones. A esto se le llama respetar la autonomía universitaria, señorías. Además el presidente
del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha dicho en el primer encuentro internacional de rectores en Sevilla el pasado 19 de mayo que este Gobierno se compromete con la presencia de las humanidades en todos los niveles de nuestro sistema
educativo (El señor Nasarre Goicoechea: Menos mal.) añadiendo que tiene su papel asegurado en nuestra enseñanza universitaria. Dijo además en dicho encuentro ante los rectores que estamos en una fase incipiente de la reforma, pero garantizó que si
se producen cambios que afecten a las humanidades en nuestra universidad o en cualquier otro nivel educativo será para realzar su importancia, nunca para reducirla. (El señor Nasarre Goicoechea: Nos lo hemos aprendido.) Ese es el compromiso que ha
adquirido el presidente del Gobierno ante los rectores, como también lo adquirió en el Congreso de los Diputados en el debate sobre el estado de la Nación, y los compromisos este presidente se los toma en serio y los cumple, compromiso que también
adquirió la ministra de Educación en el último Pleno de sesión de control al Gobierno. ¿Duda usted, señor diputado, del compromiso adquirido en este Parlamento? (El señor Nasarre Goicoechea: Sí, un poco.) Mi grupo no lo hace. Además le repito
que no tiene sentido su proposición no de ley hoy aquí, como no tiene sentido tampoco plantear de forma casi invocatoria la autonomía universitaria o las libertades, aunque a ustedes eso se les olvidó cuando gobernaban, y buena muestra fue la
imposición de la LOU, pero, tranquilos, que ahora se gobierna de otra forma, con coherencia y sin traicionar las ideas que sustentan la libertad y la universalidad como pilares esenciales de nuestra educación.



Para terminar, le diré que la carencia de información a la que usted alude no es tal. Sencillamente en el resto de países de Europa están haciendo lo mismo que nosotros, debatir y trabajar para adaptarnos al espacio europeo de la enseñanza
superior. Carencia de información y de comunicación es la que tuvieron ustedes cuando no suscribieron los objetivos de la Convención de Lisboa, y no me hable de precipitarse porque lo que no queremos es precipitarnos a la nada, al vacío. Estamos
ante un proceso largo y debemos trabajar conjuntamente con la comunidad universitaria, cuidadosamente y aprovechando la oportunidad de un cambio positivo para nuestra universidad. Ustedes sí querían imponer a nuestra universidad una actitud
inmovilista promovida por los responsables en materia universitaria durante las pasadas legislaturas.



El Gobierno ya ha dicho lo que va a hacer y ha dado respuesta a sus planteamientos. Esta proposición no de ley está fuera de tiempo, está desfasada, sencillamente no tiene ningún sentido plantearla en este momento. Es posible que estemos
en más cosas de acuerdo que en desacuerdo ambos grupos, así como el resto de los grupos de esta Cámara: todos queremos que el proceso de Bolonia se cumpla satisfactoriamente, que nuestra universidad cambie y progrese, sea la universidad de la
igualdad y la movilidad europea, que sea autónoma, flexible y adaptada a los nuevos tiempos. Estamos ante la oportunidad de cambiar las formas y los métodos de nuestra universidad para mejorarla. Aprovechémoslo. Ahora toca escuchar a los
representantes del ámbito académico y cuanto antes promover la comparecencia ante esta Comisión, propuesta, por cierto, por el Partido Popular, de los cuatro presidentes rectores de las subcomisiones. En este camino estamos juntos y vamos a apoyar
que esta comparecencia sea lo antes posible. En este momento del proceso estamos.
Hagamos las cosas bien en tiempo y forma. La universidad española nos lo agradecerá. (Aplausos.)


Página 19


- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000869.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley sobre la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla la señora
Fernández de Capel.



La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señoría, la forma legislativa en que fue disuelta la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, y quiero decir claramente la forma legislativa en que fue disuelta para no llamarnos a error, deja en
vigor la Ley de 1986, artículo 6, donde se dice que debe de haber una Comisión de I+D en las Cortes Generales. Esta es la ley vigente a día de hoy. Pero como hoy estamos en un día de grandes frases, lapidarias y axiomáticas en algunas de las
intervenciones, al señor Elola, que ha dicho que la política del PP, en esa reminiscencia freudiana que algunas veces tienen miembros del Partido Socialista, se apartó de legislar de acuerdo a la realidad social, le quiero recordar que estas frases
tan lapidarias son a veces de doble dirección, porque la realidad social por parte del Partido Socialista en este momento es decir que una Comisión de I+D recogida en la ley no es necesaria. Se ve que no es importante la investigación y el
desarrollo, cuando así lo esgrime la Comisión Europea y el consejo y los tan cacareados objetivos de Lisboa, que fueron suscritos por todos los miembros de la Unión Europea y que en este momento estamos pendientes a través de preguntas que se nos
diga en qué medidas concretas el propio Gobierno Socialista se ha hecho eco de esos objetivos, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Las grandes declaraciones que ha hecho el propio Partido Socialista a favor de la I+D no parece que hoy
tengan el respaldo de esa necesidad del cumplimiento de la ley y las propias palabras del señor ZP muchas veces no son nada más que un sinónimo de la devaluación del asunto del que se trate, porque aquí lo que hay que hacer es pasar de las musas al
teatro, porque las obras son las que cuentan.



La propia ley vigente, señorías, quiero recordar elaborada y defendida por el portavoz de su grupo y esgrimida mil veces como un vehículo adecuado para la I+D, cuando el señor Pérez Rubalcaba decía que la política de I+D era una política de
Estado y debía verse en el Congreso, cuando se esgrimía desde la oposición también en boca del señor Pérez Rubalcaba que había que potenciar la Comisión, hoy, 21 años después, no es necesaria.
Se ve que esto responde a las necesidades de estar en
el mundo real y por eso quiero que esas frases lapidarias se ponderen en algún momento. Hoy, después de llegar al Gobierno, el mismo portavoz no solamente no apoya la petición exigida en la ley de esta comisión sino que, como le es habitual, dice:
donde dije digo digo Diego, y lo digo solamente por ser amable en la consideración de su actitud, porque debería producir sonrojo con lo que hay dicho en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara en anteriores convocatorias. Y como el 'Diario de
Sesiones' algunos lo leemos, señorías, traeré más frases de estas, también un poco lapidarias, para recordar qué es lo que se hace. Pero como aquí hoy se han usado unos términos -y me congratulo que en una Comisión de Educación haya una categoría
intelectual, dialéctica, oratoria y cultural como la que hoy se ha esgrimido- yo, no remedando a Zola, porque no quiero decir yo acuso, digo yo advierto, y advierto que la petición que se hace es la exigida en la ley vigente y una vez más la
representación ciudadana de esta Cámara, que es la representación de la soberanía nacional, no puede votar alegremente en contra. Puede, porque ya vemos y ya sabemos lo que hace, pero que sea consciente de que lo que está haciendo es votar de
espaldas a la ley en contra de la ley vigente, y lo denunciaremos y lo diremos cada vez que hablemos de este asunto. Segundo, advierto, no digo yo acuso, que en política de I+D el Gobierno -y quiero que conste específicamente en el 'Diario de
Sesiones' porque lo que estoy diciendo, señorías, es de una gravedad pasmosa en un Gobierno de un país que se dice moderno y democrático- actúa escamoteando al control parlamentario asuntos de I+D tratándolos fuera del ámbito del Congreso de los
Diputados, proponiendo para gestión y control de cosas tan importantes como la de I+D o los objetivos de Lisboa a personajes políticos que no forman parte del Gobierno, estableciendo actuaciones fuera del control gubernamental -y quiero que conste
en el 'Diario de Sesiones'- utilizando la I+D para negociarla incluso a través de contratos con el Estado.
Señorías, esto es muy grave. De esta forma no solo se produce un deterioro del asunto que nos trae hoy aquí, el impulso de la I+D, que
también creo que debe ser una política de Estado, sino que ciertos grupos políticos están actuando -permítaseme la expresión- como termitas que minan las estructuras de representación democrática, minusvalorando y dificultando la actuación y el
control parlamentario, porque pedimos el cumplimiento de la ley vigente y no otra cosa. Exigimos el cumplimiento de la ley vigente y advierto una vez más, y quiero que conste, que se puede, porque algunos grupos alegremente votan en contra de la
ley. No se entiende que en el siglo XXI un parlamento no tenga un órgano de este carácter exigido por la ley, que lo hizo indispensable en el año 1986 para el Partido Socialista y -qué casualidad- en este momento, cuando llega al Gobierno, con el
talante, la claridad, el diálogo y todo lo demás, lo escamotea a los representantes de la ciudadanía. Como nos llenamos la boca de talante, de diálogo y de respeto a la ciudadanía, exigimos y advertimos que no se entiende por parte de las personas
implicadas que se actúe de forma que no se pueda controlar desde el Parlamento lo que la ley prevé para esta comisión, que no es, ni más ni menos, que el Congreso de los Diputados pueda hacer desde esta comisión el seguimiento del Plan Nacional de
I+D, de los acuerdos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, de los acuerdos


Página 20


de la Conferencia sectorial de Ciencia y Tecnología y de aquellas cuestiones que afectan a la política de I+D. Señoría, en estos temas científicos, y lo ha dicho muy bien su portavoz, nos hemos ido más atrás del siglo XVIII en algunas
consideraciones en esta Cámara.



La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero voluntariamente dejar de lado razones de carácter práctico de mi propio grupo parlamentario, cuyo número de diputados no aconsejaría aumentar el número de comisiones, y apoyar esta iniciativa, porque estamos
de acuerdo con la bondad del objetivo de la misma, no solo porque su creación observa escrupulosamente la regulación vigente, como se ha encargado de recordarnos la señora Fernández de Capel, sino porque desplegaría la virtualidad para la que fue
prevista en el año 1986, en la legislación que aconsejó -que impuso, diría yo- su creación, por ser el instrumento más eficaz para impulsar la investigación y el desarrollo y también para reforzar este sistema de ciencia, tecnología,
telecomunicaciones, sociedad de la información y empresa, para obtener una mejor coordinación, en definitiva, entre el sector público y el sector privado.



Yo me plantearía por qué se ha suprimido, cuáles son las razones que han llevado a su supresión en el Congreso, no en el Senado. Creo que la supresión se ha debido a un criterio del Gobierno y del grupo parlamentario que le apoya a asociar
ministerios a comisiones. Como se ha suprimido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se han repartido sus competencias entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, parece que se ha hecho un paralelismo y se ha dicho
que ya no era necesaria esta comisión, puesto que podríamos ver los mismos temas en la Comisión de Industria o en la Comisión de Fomento en otros casos.
Quiero pensar que este criterio, que evidentemente puedo respetar, no es el que se ha seguido.
Si vemos los antecedentes históricos, esta comisión ha existido previamente sin necesidad de que hubiera un ministerio de Ciencia y Tecnología. En las legislaturas anteriores, las del año 1989 a 1993, del año 1993 a 1996 y del año 1996 al año 2000,
existía una Comisión Mixta Congreso-Senado para investigación científica y desarrollo tecnológico que tenía como objetivo principal el seguimiento del Plan Nacional de I+D. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se creó en el año 2000; sin embargo,
sin la existencia de un ministerio específico y teniendo las competencias repartidas entre varios ministerios, vemos que había una comisión específica. Además, he de decir que en la actualidad se ha suprimido la del Congreso, pero, como ya he
adelantado, no la del Senado, ya que existe actualmente una Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que tiene actividad parlamentaria y contenido y que coexiste con la Comisión de Educación y Ciencia. La existencia de una
comisión como la que está planteando la iniciativa del Grupo Popular se da en todos los países de nuestro entorno, incluso existe una Conferencia iberoamericana de comisiones de ciencia y tecnología, de la que formábamos parte hasta que se suprimió
nuestra Comisión de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, en el programa electoral de Convergència i Unió se ha recogido tradicionalmente la creación de esta comisión; incluso en la pasada legislatura fuimos autores de una iniciativa para la
creación de la misma, que finalmente surgió con un nombre distinto del que proponíamos y que, quiero recordar, fue presidida por el antiguo portavoz de mi grupo parlamentario en la pasada legislatura, Xavier Trias. Por todas estas razones vamos a
apoyar esta iniciativa del Grupo Popular.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tomás.



El señor TOMÁS GARCÍA: En primer lugar, quisiera resaltar que, con ocasión de la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Popular, se han vertido algunas frases lapidarias y otras dilapidarias, por lo que le rogaría a
la señora Fernández de Capel que, en aras de recuperar el nivel oratorio que ha reivindicado, retirase esa expresión poco adecuada dirigida al presidente del Gobierno denominándole ZP. Dé usted ejemplo del nivel de oratoria y hágalo de la manera
que mejor le parezca.



Señorías, la primera Comisión de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se constituyó, como bien se ha señalado, en septiembre de 1986, y no solo como consecuencia de integrar en el Parlamento las políticas de ciencia y tecnología
o para impulsar la investigación y el desarrollo en España. En realidad, señorías, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Ciencia y Tecnología fue creada a instancias de una disposición de carácter legal, la que recogía la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. En su disposición adicional primera establecía que, sin perjuicio de lo que dispusiera el Reglamento de las Cortes Generales, se constituiría una comisión mixta para
conocer del Plan nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico y de la memoria anual sobre su desarrollo. A decir verdad, esta comisión mixta vino funcionando en nuestro Parlamento, como así lo ha expresado la portavoz del grupo de
Convergència i Unió, desarrollando con regularidad la función que le había sido asignada. Algunos de los aquí presentes fueron en su día miembros de aquella comisión y recordarán mejor la proyección que tuvo, y otros, como los diputados señor
Mardones y señor Román, de esta legislatura igualmente, podrían aportar su testimonio sobre su puesta en marcha en 1986. Ahora bien, su desaparición, como bien saben SS.SS. -y aquí existe una ligera discrepancia-, se produjo como consecuencia


Página 21


de la Ley 5/2000, de 16 de octubre, que derogó expresamente la disposición adicional de la Ley 13/1986 que la había creado. Lo hizo un Gobierno del Partido Popular alegando razones de coherencia de la estructura ministerial aprobada con la
configuración de las comisiones legislativas del Parlamento que deberían funcionar durante la VI Legislatura. De este modo se justificaba la derogación a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, toda vez -se decía literalmente-
que se hace innecesaria la existencia de la Comisión Mixta Congreso y Senado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Ahora el Grupo Popular nos presenta una proposición para la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología en el
Congreso de los Diputados y se fundamenta la propuesta en razones de oportunidad y de necesidad, subrayo, que solo aciertan a explicar sobre generalidades y lugares comunes acerca de la conveniente coordinación de las políticas de I+D. Olvida el
Partido Popular los criterios aplicados por ellos mismos en las etapas anteriores cuando derogaron la Comisión mixta del Congreso y el Senado. Olvida o no ha querido ver la lógica que se viene desarrollando en esta casa de que cada ministerio tenga
su propia comisión con plenas competencias legislativas.
Así lo entendieron en su momento cuando fue aceptado por todos que las comisiones legislativas del Congreso de los Diputados tiendan a coincidir con la estructura ministerial y así lo
entendemos nosotros en el Grupo Parlamentario Socialista desde el momento en que se crea un Ministerio de Educación y Ciencia, donde nuevamente recuperamos, señora Fernández de Capel, el binomio ciencia y universidad, que había sido disgregado
inútilmente en la anterior legislatura, y vamos a recordarlo. Disgregaron investigación y universidad, todo ello para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología que implicó una reestructuración de las competencias en estas materias, pero cuyo
resultado fue una mayor descoordinación tanto internamente como con las comunidades autónomas, reconózcalo. Mucho nos tememos que tras esta proposición lo único que exista es más de lo mismo, política de las apariencias, señorías; digo apariencias
y digo bien, porque a pesar de la creación de aquel Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la comisión subsiguiente, esta no reunía, sin embargo, las competencias de todos los ministerios en los que la investigación estaba presente. Cito solo como
ejemplo los organismos públicos de investigación que ustedes no adscribieron al Ministerio de Ciencia y Tecnología o que no pudieron adscribir, como los correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Carlos III; al Ministerio de
Defensa, el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas', el Cehipar, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo; del Ministerio de Fomento se dejaron fuera el Cedex, Centro de Experimentación de Obras Públicas, y
tampoco hicieron nada respecto al Instituto Geográfico Nacional. Por el contrario, la nueva estructura ministerial de Educación y Ciencia busca propiciar una mayor interrelación de los distintos agentes del sistema de ciencia y tecnología, motivo
por el cual se unen en un mismo departamento las políticas de universidades y la coordinación general de la investigación científica y tecnológica. Así, se incluye también en el ámbito de actuación del Ministerio de Educación y Ciencia la mayor
parte de agentes públicos de I+D y por eso se le atribuye la función de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en España. En verdad, señoría, no sabemos todavía cuáles son las verdaderas razones que le han llevado a cambiar
de criterio. Pero es que además la proposición recoge asimismo una llamada al Gobierno para que informe ante la comisión de nueva creación sobre el seguimiento del Plan Nacional I+D+i, de los acuerdos de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología y de los acuerdos de la Conferencia sectorial. Aquí nuevamente olvida algo, que la Comisión de Educación y Ciencia y la de Industria, Turismo y Comercio de esta Cámara han venido desarrollando ampliamente en esta legislatura las
funciones que se reclaman para la comisión propuesta. Señorías, en un solo año la Comisión de Educación y Ciencia, la correspondiente al ministerio del mismo nombre donde reside la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica y la
coordinación del plan I+D+i, ha visto comparecer a todos los cargos del ministerio relacionados con el ramo de la ciencia. Un dato revelador: en su primer año de funcionamiento la Comisión de Educación y Ciencia se ha reunido en 17 ocasiones, de
las que en 10 se trataron asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología. En su primer año de funcionamiento la Comisión de Industria se ha reunido en 19 ocasiones, de las que en nueve tuvieron presentes, del mismo modo, temas concernientes a
la política de innovación tecnológica. La evidencia reciente nos demuestra, pues, que la iniciativa y control parlamentario en materia de ciencia se desarrolla mejor en la Comisión de Educación y Ciencia, dada la intensa interrelación existente
entre investigación y universidades. Asimismo, la evidencia nos dice que la iniciativa y control parlamentario en materia de innovación tecnológica de las áreas que controla el Ministerio de Industria se lleva mejor en la comisión parlamentaria del
mismo nombre. Por lo tanto, y lo decimos en el tono apropiado en el que creemos que debemos decirlo, en ningún caso podemos concluir que, a la luz del funcionamiento de ambas comisiones, exista la necesidad de plantear la creación de una nueva
comisión legislativa. Nuestra posición será la de rechazar la proposición no de ley presentada. (La señora Fernández de Capel Baños pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel.



La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora presidenta, en primer lugar, por mi parte no ha habido ningún ánimo de desdoro ni de descalificación


Página 22


hacia la figura del señor presidente del Gobierno, a quien no tengo ninguna objeción en llamar señor Rodríguez Zapatero, pero creo que las siglas ZP no tienen ningún elemento peyorativo, sino que fueron esgrimidas y presentadas por altos
personajes del mundo de la publicidad para el señor presidente del Gobierno y utilizadas por el Partido Socialista. (El señor Tomás García: También le puede llamar familiarmente José Luis.) Con todo respeto, si hay que quitar ZP y poner señor
Rodríguez Zapatero espero que pueda ser así.



En segundo lugar, deseo dejar bien claro que cuando se suprime la Comisión por parte del Gobierno del Partido Popular se hace para crear una comisión de mayor rango representativo y de control parlamentario...,


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, no me abra otra vez el debate.



La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: ..., una comisión con capacidad legislativa plena. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Intervengo simplemente para decir que, en relación con el punto 4, la portavoz del Grupo de Convergència i Unió pidió la votación separada de nuestra proposición no de ley, lo que aceptamos. Asimismo,
lamentamos que no se haya producido ningún acuerdo sobre la proposición no de ley número 1 por el rechazo de nuestras aportaciones, lo que nos va a obligar a votar no. En relación con la proposición no de ley número 3 lamentamos profundamente que
el Grupo Socialista no haya aceptado nuestra enmienda de adición, lo que nos obligará a abstenernos.



La señora PRESIDENTA: Antes de pasar a las votaciones, les recuerdo a los miembros de la Mesa y a los portavoces que una vez que terminemos las votaciones, tenemos una reunión que durará muy poco tiempo.



Pasamos a las votaciones. En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la titulación en psicología, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que se somete a votación en los términos resultantes del debate, como
consecuencia de la enmienda transaccional del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Proposición no de ley sobre exención del precio público de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza a las víctimas de los accidentes laborales con declaración de incapacidad
permanente total, así como a los cónyuges e hijos de estos y de los trabajadores fallecidos en accidente laboral.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se somete a votación en los
términos resultantes tras la aceptación de la enmienda socialista, con las correcciones introducidas en el debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Proposición no de ley sobre estrategias para conseguir una adecuada unión entre los saberes científicos y humanistas en el marco de las reformas legislativas en curso en materia de educación. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y se somete a votación en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Proposición no de ley relativa a la adaptación en el ámbito español del proceso de Bolonia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Como acaba de solicitar el grupo proponente, se va a votar separadamente: en primer lugar, el punto
1; en segundo lugar, el punto 2 y, a continuación, el resto, es decir, los puntos 3 y 4.



Votación del punto 1.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Votación del punto 2.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Votación de los puntos 3 y 4.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.



Proposición no de ley sobre la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que se somete a votación en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Muchas gracias. Se levanta la sesión.



Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.