CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 300

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 12

celebrada el jueves, 2 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa de la Comisión.



- Elección de secretario segundo (Número de expediente 041/000020) ...
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Comparecencia del señor secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) (Fidalgo Velilla), para informar sobre la regulación del régimen de dependencia. (Número de expediente 219/000194.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



ELECCIÓN DE VACANTE DE LA MESA DE LA COMISIÓN.



- ELECCIÓN DE SECRETARIO SEGUNDO. (Número de expediente 041/000020.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



Señorías, previamente al orden del día que hay establecido tenemos que añadir un punto, si estamos todos de acuerdo, en virtud de la renuncia de doña María Josefa Sánchez Rubio como miembro secretario segundo de la Mesa. En consecuencia, se
ha propuesto para su sustitución don Emilio Amuedo Moral. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)


Le ruego pase a ocupar su sitio. (Aplausos.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) (FIDALGO VELILLA), PARA INFROMAR SOBRE LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 219/000194.)


El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del señor Fidalgo Velilla, secretario General de Comisiones Obreras, para informar sobre la regulación del régimen de dependencia.



Don José Fidalgo, tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (Fidalgo Velilla): Señoras y señores diputados, les doy las gracias en nombre de la comisión ejecutiva confederal de Comisiones Obreras por permitirme comparecer ante ustedes para
hablar de un asunto que tiene para mi organización muchísimo interés y además es de muchísima actualidad. Me acompañan tres personas más de la dirección del sindicato que tienen relación con la gestión, en el marco del diálogo social, de la
cuestión que voy a abordar. Les dejaré mi intervención escrita para que puedan disponer de ella.



Señor presidente, en nombre propio y en el de la organización a la que represento, les agradezco esta oportunidad para exponerles nuestra visión en relación con uno de los retos importantes que nuestro sistema de protección social tiene
planteados, cual es el de la atención a las personas en situación de dependencia. Como es sabido, el notable incremento de las expectativas de vida hace que en muchos casos ésta se produzca con un importante nivel de dependencia, que requiere
cuidados intensos, prolongados en el tiempo y de una cierta especialización.
Cuidados que no solo son requeridos como consecuencia del envejecimiento, sino que en muchos otros casos tienen una causa que radica en una discapacidad congénita o
adquirida. Así pues, estamos ante una situación con fuerte incidencia social que tiende a acentuarse en los próximos años. Igualmente es sabido que las familias, y de forma muy mayoritaria las mujeres, han venido y vienen desempeñando el papel de
cuidadoras, realizando una función con importantes costes físicos, psicológicos y económicos que dificultan gravemente la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, coarta sus proyectos personales y profesionales y constituye un freno
importante para su participación en condiciones de igualdad en tareas políticas, sociales y de muy diverso tipo. La confederación sindical de Comisiones Obreras viene reclamando desde hace años el desarrollo de un sistema de atención a esta
necesidad y lo ha convertido en una de sus prioridades en la negociación sobre el capítulo de protección social. Es por ello por lo que también desde hace tiempo nos hemos venido dirigiendo al Gobierno de la nación y a las diferentes fuerzas
políticas para demandar que, con el acuerdo de los agentes económicos y sociales, se procediese a la regulación legal, con carácter estatal, de la atención a las personas en situación de dependencia. Consideramos que el grado de sensibilización que
con relación a este tema se ha alcanzado en nuestra sociedad hace imperioso que pasemos de la manifestación de voluntades a la concreción de propuestas que puedan ser objeto de negociación en la mesa correspondiente, para que, una vez alcanzado el
acuerdo, se plasme en un proyecto normativo y se tramite en el Parlamento. Con el ánimo de contribuir responsablemente a tal finalidad, Comisiones Obreras considera que sería muy conveniente abordar la configuración del sistema de atención sobre
una serie de bases que, sin ánimo de exhaustividad, les paso a referir.



La primera estaría referida a la universalidad de la prestación con el fin de que toda persona en situación de dependencia, sea cual sea su edad y origen de la dependencia, tenga derecho, a partir del año en que la ley lo determine, a
acceder a las prestaciones del sistema en las condiciones y con los requisitos que se establezcan.



La segunda se refiere al carácter público de la prestación. Nosotros entendemos y sostenemos que, independientemente de las formas de financiación y de las que adopte la gestión concreta de cada prestación, ésta tenga el carácter de una
prestación del sistema público de la Seguridad Social.



La tercera hace referencia a la igualdad en el acceso al derecho. Mi organización entiende que la ley debería tener carácter de normativa básica estatal y, por tanto, de mínimos garantizados, cualquiera que fuera el lugar de residencia, sin
menoscabo de que las administraciones autonómicas y locales pudieran por su cuenta ampliar o mejorar las condiciones básicas.



La cuarta base aboga por un sistema de valoración y reconocimiento único en toda España, es decir, los criterios de evaluación, la composición de los equipos profesionales que efectuaran el reconocimiento debieran ser comunes para todo el
Estado y debieran ser objeto


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de acuerdo en el seno de la conferencia sectorial de Asuntos Sociales y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, entendemos que debieran fijarse tres grados o niveles de dependencia que bien pudieran ser los
establecidos en la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud, de 1999, es decir, la moderada, la severa y la total.



El quinto aspecto que nosotros consideramos básico hace referencia a la gestión descentralizada a cargo de las comunidades autónomas, incluyendo en este punto la participación en determinadas prestaciones de las corporaciones locales. A tal
efecto entendemos que, a partir del reconocimiento de la situación de dependencia, la comunidad autónoma derivaría a la persona dependiente al servicio o centro adecuado en función del grado con que se hubiera calificado aquella.



La sexta cuestión que estimamos básica es la necesaria garantía de inmediatez y agilidad tanto en el proceso de evaluación como en la revisión en caso de modificación del grado de dependencia. Nosotros pensamos que el procedimiento de
reconocimiento debe reunir condiciones suficientes para que no superen los tres meses contados desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la comunicación de la resolución administrativa, y que dicho plazo debería reducirse a dos meses en
caso de revisión.



El séptimo aspecto básico que nosotros estimamos conveniente se refiere al establecimiento del copago por parte de los usuarios de la respectiva prestación. Nosotros pensamos que en las condiciones que se establezcan con carácter general
para toda España debiera adoptarse alguna fórmula de copago, a efectos de garantizar una mayor viabilidad al sistema que venimos propugnando. Ni que decir tiene que, cualquiera que fuese la fórmula, esta debiera ser proporcional a las rentas de los
usuarios y siempre existiría la garantía de acceso al derecho para aquellas personas que carecieran de capacidad total o parcial de copago.



En octavo lugar, abogamos por una prestación preferentemente de servicios, con el objeto de garantizar mejor la calidad que requiriera la atención y de que ésta llegara en adecuadas condiciones a la persona dependiente. El hecho de que
fuera preferentemente una prestación de servicios no excluiría, como es obvio, el que en determinadas circunstancias pudiera sustituirse por la fórmula del cheque servicio u otras similares. A este respecto apuntamos como una posible cartera de
servicios la compuesta por: servicio de teleasistencia, para dependencias leves o moderadas; servicio de ayuda a domicilio con una intensidad horaria mínima de dos horas diarias, para la dependencia moderada; servicio de viviendas tuteladas, para
la dependencia moderada; servicio de centros de día, para dependencia moderada y severa; servicio de residencias asistidas, para dependencia severa y total. Además, para los cuidadores familiares, más allá de facilitarles la información y
formación adecuadas para una mejor atención, deberían establecerse sistemas de respiro tales como estancias temporales, ayuda a domicilio o en fines de semana, etcétera. Deberán contemplarse también ayudas económicas para la adaptación de viviendas
o la adquisición de bienes adaptados y, para la atención temporal sanitaria, debiera desarrollarse la red de centros de día hospitalarios, la atención domiciliaria hospitalaria y las unidades hospitalarias de cuidados de larga duración.



El noveno aspecto, que entendemos que resulta básico, es el de la compatibilidad de la provisión pública y la acción concertada. Nosotros pensamos que para la optimización de los recursos existentes y para una más rápida cobertura
resultaría especialmente adecuado impulsar la acción concertada con la iniciativa privada, tanto en su vertiente lucrativa como no lucrativa. A este respecto, deberían acordarse unos criterios básicos de concertación a nivel de todo el Estado, que
garantizaran la calidad de la atención para los usuarios y ofrecieran seguridad económica para las empresas y las entidades concertantes. Las comunidades autónomas deberían, a estos efectos, establecer el reconocimiento de empresa o entidad
validada para prestar los servicios concertados, y las condiciones para esta validación y la fijación de unos estándares de calidad básicos deberían acordarse en la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales. Lógicamente, una acción concertada como
la que preconizamos debe llevar aparejados instrumentos ágiles de inspección y evaluación periódicos, y contemplar la posibilidad de la rescisión automática de los conciertos por incumplimiento de los términos de los mismos.



Un décimo punto, que nosotros consideramos también importante a la hora de diseñar un sistema como el que proponemos, está referido a la necesidad de elaborar un calendario de aplicación del nuevo sistema de atención y de fijar las
prioridades. Entendemos que, en función de la financiación disponible y de los recursos existentes, debería establecerse un calendario de entrada en vigor del disfrute del derecho, así como los colectivos que prioritariamente accederían al mismo;
dicho calendario abarcaría la actual y la próxima legislatura. Al respecto, nosotros defendemos que la entrada escalonada de beneficiarios en el sistema abarque en el primer año, como mínimo, a todas las personas con dependencia total que vivan
solas. La atención podría irse ampliando, de forma que en un plazo de cuatro años cubriría a todas las personas con dependencia total y a aquellas que con dependencia severa vivieran solas.
Transcurridos ocho años desde la puesta en marcha del
sistema, deberíamos tener atendidas a todas las personas con dependencia total y severa y a todas aquellas que estuvieran en situación de dependencia moderada, si vivieran solas. De este modo, deberíamos estar en condiciones de que en un plazo de
diez años, contados desde ahora, toda la población con algún grado de dependencia estuviera atendida según las condiciones establecidas en el sistema.



Llegados aquí, es necesario pensar o decir cómo se financiaría un sistema como el que estamos proponiendo, el cual, dicho sea de paso, desearíamos que naciera con un consenso máximo de las fuerzas sociales y políticas,


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así como con el respaldo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Al respecto de la financiación, preconizamos un sistema transitorio en el inicio que correría a cargo de
una parte del superávit que durante los próximos ocho o diez años deberá seguir alcanzando la Seguridad Social. De esta forma el sistema nacería con una base financiera suficiente que, sin impedir que siguiera aumentando el fondo de reserva puesto
que moderaría su crecimiento, permitiría una migración suave a un sistema de financiación vía impuestos generales en el que colaborarían las tres administraciones.
Es conocida nuestra posición de que ni durante el periodo transitorio ni después, la
puesta en marcha de un sistema de atención a las personas en situación de dependencia debe conllevar incremento alguno de las cotizaciones sociales. Esta manera de hacer arrancar el sistema, acompañado de las formas adecuadas de participación
institucional de los agentes económicos y sociales, dota, a nuestro entender, de realismo y compromiso el anhelo que por motivos diferentes formulan muy diversos sectores sociales en relación con este tema; tema que, pese a los números tanto de
personas a atender como de euros a emplear, no puede ni debe ser visto solo por la vía del gasto, pues a nadie se le escapa que aquí, además de satisfacer una necesidad alta y crecientemente sentida de toda la sociedad, estamos poniendo en marcha
una nueva fuente de empleo creciente y permanente, cuyos beneficios personales, sociales y fiscales no pueden ser ignorados.



La propuesta que yo, en nombre de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, les acabo de exponer la concebimos como un complemento imprescindible de nuestro actual sistema de protección social; y, de acuerdo con el compromiso y la
responsabilidad que en torno al mismo mi organización viene poniendo de manifiesto, tal y como se ha plasmado en los acuerdos de 1996 y 2001 en el sistema de pensiones, este compromiso y esta responsabilidad la renovamos hoy aquí, en el seno de la
Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, para desde esa responsabilidad exigir de quien en este momento tiene la responsabilidad de su administración, es decir, del Gobierno, que impulse y propicie con tiempo suficiente las reformas pertinentes
que el sistema demanda para un futuro no tan lejano, en el cual se debe afrontar el reto de pagar un número muy superior de prestaciones, 4,7 millones más en 2040, así como la mejora de las mismas de forma acorde con la mayor riqueza disponible y
con las posibilidades de sostenimiento financiero a largo plazo. Dichas reformas y su correcta orientación están contempladas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que nosotros apoyamos y por cuya pervivencia apostamos y que, como es sabido,
fue suscrito y renovado por la mayoría de las fuerzas parlamentarias. De no ser estas recomendaciones tenidas en cuenta y plasmadas en nuevos acuerdos con los agentes económicos y sociales, el sistema pudiera verse retrotraído a situaciones de
zozobra donde los poderosos intereses de unos pocos, la irresponsabilidad o el corto cálculo político de otros y el inmovilismo conservador siempre presente se aunaran en contra de la necesaria solvencia y sostenibilidad que aquél necesita y que los
trabajadores y sus representantes les demandamos.



El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de intervenciones.



Comienza haciendo uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular, don José Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Bienvenido, señor Fidalgo, a la Comisión del Pacto de Toledo, en un momento de nuevo vital en la configuración desde el consenso de las políticas sociales de hondo calado y de gran trascendencia política en nuestro
país, en esta ocasión, en los trabajos preparatorios de la ley de dependencia. Precisamente con este motivo hemos solicitado su comparecencia hoy para dar la oportunidad a su organización, a usted como secretario general, como ya lo hemos hecho con
múltiples instituciones, asociaciones y expertos, de exponer detenidamente sus puntos de vista en esta materia y de una forma singular respecto a la futura ley. Por tanto, sirvan estas primeras palabras para agradecerle su presencia en nombre del
Grupo Popular.



Quisiera aprovechar para poner de manifiesto que hoy es el segundo día de junio de 2005 y en su discurso de investidura el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, se comprometió a traer este mes de junio de 2005 la ley de
dependencia. Por tanto, cada día que pase a partir de hoy será un retraso y un incumplimiento de la palabra del presidente del Gobierno. Pero como no quiero usar mi turno para poner en evidencia una vez más los incumplimientos del Gobierno, sino
para conocer su opinión, quisiera manifestar que la dependencia es, como usted conoce muy bien, entre otras cosas por su formación médica y clínica, un problema que cada vez tiene un mayor peso específico entre los problemas sociales a resolver en
nuestro país y es, por tanto, uno de los elementos que se ha convertido en uno de los retos de futuro, a pesar sin duda del enorme esfuerzo y la enorme dedicación de muchas administraciones públicas, especialmente la autonómica y la local, en estos
momentos. No voy tampoco a hacer un preámbulo para colocar en suerte el asunto de la dependencia, profusamente debatido en esta Comisión a lo largo de los últimos meses, y voy a aprovechar su presencia para ir directamente al grano.



Tras escucharle en su primera intervención y haber estudiado las publicaciones que ya Comisiones Obreras ha realizado sobre esta materia, a mi grupo parlamentario le surgen algunos interrogantes en la medida en que, a la vez que el Gobierno
está negociando con ustedes los principios de esta ley, ha aprobado en esta Cámara una propuesta de resolución tras el debate sobre el estado de la Nación que poco tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con esos principios y con esas demandas.



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Ustedes -corríjame si me equivoco- defienden -lo ha puesto de manifiesto en su intervención de hoy- que la ley sea una ley estatal y que tenga el carácter de básico, la universalidad de la prestación, su carácter público como una prestación
dentro del sistema de la Seguridad Social o al menos bajo su arquitectura jurídica, la igualdad en el acceso a este derecho, el sistema de valoración y reconocimiento único en toda España y por tanto la equidad también en esta materia, una gestión
descentralizada con un elemento vertebrador de alta inspección que garantice esa equidad, a su vez una garantía de inmediatez y de agilidad en la prestación de los servicios, junto con una financiación compartida por todas las administraciones
públicas, la posibilidad del copago de los usuarios, la prestación esencialmente en forma de servicios -aunque no renuncian a otras posibilidades, lo ha puesto de manifiesto, a través por ejemplo del cheque servicio o la compatibilidad de la
provisión pública y la acción concertada-, un calendario de aplicación y de prioridades y un sistema transitorio de financiación a cargo del superávit de la Seguridad Social y otras aportaciones fiscales del Estado. Creo resumir en estas palabras
su intervención, sus diez o doce puntos básicos, principios con muchos de los cuales tengo que poner de manifiesto que estamos de acuerdo en lo básico, y sin embargo nuestra preocupación reside en el nuevo rumbo que ha adoptado el discurso del
Partido Socialista en esta materia, no el de Comisiones Obreras, desde luego.



Si antes nuestros motivos de preocupación se basaban esencialmente, primero, en el retraso de la presentación de esta ley en el Parlamento por lo que significa de retraso en el abordaje de una necesidad que tienen muchas familias españolas,
muchos millones de españoles en este momento, y sobre todo de su incorporación a los presupuestos del año próximo, 2006, y en segundo lugar en el incumplimiento de uno de los elementos nucleares del discurso de investidura del presidente del
Gobierno, que fue la incorporación al presupuesto de 2005 desde el primer momento de una cantidad cercana a los mil millones de euros para extras -tengo que poner de manifiesto- para esta materia, ahora estos motivos de preocupación, decía, se han
agudizado tras la moción consecuencia de una interpelación urgente que se sustanció en esta Cámara el pasado mes y, como decía, la propuesta de resolución tras el debate sobre el estado de la Nación, donde el Partido Socialista, por primera vez, no
entendemos muy bien por qué -no sé si usted tenía conocimiento de ello-, renuncia políticamente a uno de los principios básicos que hasta ahora sí había defendido y de una forma muy particular a su carácter de básica -desaparece en el texto de la
resolución, que tengo aquí- y a su carácter de nacional -que también ha desaparecido-, pone de manifiesto de forma literal la cobertura de las prestaciones -por tanto, está hablando de prestaciones, no de un derecho, ni siquiera de un derecho
subjetivo, por tanto no universal- y servicios destinados a las personas en situación de dependencia en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, y en su caso de las corporaciones locales -por tanto, también elimina de forma
directa la responsabilidad de la Administración General del Estado-, y dice que podrá acordarse -no dice siquiera se acordará- a través de la concertación de planes en los que la Administración General del Estado impulsará una red de servicios. Es
decir, no habla de crear, no habla de elaborar, no habla de desarrollar, no habla de crear el sistema nacional de dependencia, sino de impulsar una serie de planes de forma concertada con las administraciones, que por otra parte ya lo están poniendo
en marcha. Impulso a través de una ley en la que se reconozca el acceso -una vez más no habla de derechos- a un catálogo de prestaciones y servicios. Desde el punto de vista político, nos parece grave esta renuncia a los compromisos previos;
conocíamos las discrepancias que existían entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero ésta es la primera vez que en un texto político sometido a votación en esta Cámara se hace patente una renuncia
expresa a compromisos electorales, a compromisos de legislatura, al discurso previo frente a los agentes sociales así como a la vocación de las recomendaciones del Pacto de Toledo y al compromiso con las familias españolas. Por todos estos motivos,
señor Fidalgo, hoy más que nunca quisiéramos conocer su opinión sobre una serie de cuestiones. En primer lugar, el alcance de la negociación que su sindicato está realizando con el Gobierno. En segundo lugar, los acuerdos que existen hasta este
momento -si los hay- y su opinión sobre este cambio en la voluntad del Partido Socialista. En tercer lugar, en la medida en que se propone una financiación en el sistema transitorio, con una aportación a cargo de una parte de las cuotas que
actualmente genera el superávit de la Seguridad Social y por tanto antes de la dotación al fondo de reserva, querría preguntarle si no le parece que podría suponer desandar el camino o un retroceso en el desarrollo de una de las más importantes
recomendaciones del Pacto de Toledo de 1995, que es precisamente la que hace referencia a la separación de las fuentes de financiación entre las que son prestaciones contributivas y no contributivas, que sin duda ha permitido sanear la Seguridad
Social en los últimos años, en la medida en que con el esfuerzo contributivo se financien prestaciones no contributivas, en este caso la dependencia, y por tanto renunciar a una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo. En cuarto
lugar, los plazos y por tanto el calendario de negociación. En quinto lugar, el volumen extraordinario de recursos necesarios, a su juicio, y el calendario de incorporación al sistema; hemos conocido a través de su intervención que la distribución
en el tiempo en los cuatro, ocho o diez años iniciales de la puesta en marcha del sistema incorporaría distintos colectivos en función de su gravedad en esta materia, pero nos gustaría saber cuál cree que es su correspondencia en términos relativos
en la financiación. En sexto lugar, su opinión respecto al


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régimen fiscal de las aportaciones a esta prestación y de una forma muy concreta en términos de incentivos fiscales. En séptimo lugar, su opinión respecto al aseguramiento privado, al que no ha hecho referencia a pesar de que hemos tenido
la oportunidad de leer algunas declaraciones de su sindicato en esta materia de forma previa, pero nos gustaría conocerlo de forma directa. En octavo y último lugar, su opinión respecto a las medidas de apoyo a las familias, especialmente a las
mujeres, que como sabe es el colectivo sobre el que recae de forma muy especial la atención actual a este problema. Repito, alcance de las negociaciones y acuerdos, su opinión sobre el cambio de posicionamiento del Partido Socialista, su opinión
respecto a si supone una marcha atrás en lo que significa la separación de fuentes de financiación como recomendación del Pacto de Toledo con las características que usted ha puesto de manifiesto, plazos y calendario de negociación para saber en qué
plazo previsiblemente podrá llegar la ley a esta Cámara, volumen extraordinario de recursos, régimen de fiscalidad o de incentivos fiscales, aseguramiento privado y apoyo a la familia.



Muchísimas gracias por su intervención y si el presidente habilita la posibilidad de intervenir en otro turno le haríamos alguna matización adicional.



El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (Fidalgo Velilla): Voy a intentar responder con toda brevedad porque supongo que el resto de señores diputados y señoras diputadas tendrán interés en preguntarme más cosas, aunque
creo que las preguntas que ha hecho el señor Echániz de alguna manera permiten explicar algunas cosas que no están en el texto y sí en el contexto.



En relación con la primera pregunta que hace referencia al alcance y al horizonte de las negociaciones quiero decir lo siguiente. Como ustedes saben, el Gobierno de la nación suscribió con los agentes económicos y sociales, el pasado día 8
de julio, una declaración por el dialogo social en el palacio de La Moncloa bajo los títulos por la competitividad, el empleo de calidad y la cohesión social, que incluía un índice de materias a abordar en mesas en general tripartitas, en algún caso
únicamente bipartitas, como lo relativo a la estructura de la contratación colectiva, y que está transcurriendo con la emisión de algunos acuerdos que no voy a referir aquí. Las tres cuestiones más importantes están abiertas en este momento en las
mesas del diálogo social tripartito. Está abierta una mesa para hablar de mercado de trabajo, otra para hablar de la atención a las personas en situación de dependencia y esperamos que se abra otra para hablar del sistema público de pensiones.



En la mesa que se refiere a las dependencias, el Gobierno, antes de iniciarse la convocatoria tripartita, dio a conocer el estudio que se conoce como Libro Blanco de las dependencias y que tenía aportaciones interesantes para conocer el
campo que íbamos a abordar, experiencias, etcétera. Con posterioridad se abrió la mesa y se manifestó por cada parte su posición como lo estimó oportuno. Por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras se entregó un documento que contiene las
bases que yo les he expuesto en casi su literalidad. Nosotros tenemos bastante más documentación sobre más precisiones, hipotéticos cálculos de costes con unos u otros modelos, etcétera. Hemos tenido conversaciones y relaciones bilaterales con el
resto de los agentes económicos y sociales, con las organizaciones empresariales y con la Unión General de Trabajadores para conocer su opinión. En las últimas semanas en la mesa se produjo una nota de la Administración que incluía una definición
de 12 a 14 puntos, sin mayor precisión, para preguntar si esa era una hipotética posición sobre bases. No he traído hoy aquí ese texto, que es una nota que no tiene ni siquiera membrete, pero son unas bases que en algunas cuestiones se parecen
bastante a las que yo he expuesto. En una de ellas, por ejemplo, se anota claramente el carácter de derecho subjetivo. En relación con la financiación queda un cierto nivel de apertura. Creo que no se aproxima al modelo que yo he propuesto,
relativo a su anclaje en el sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, pero el perfil de esa nota, que es breve, tiene bastante concordancia con las cuestiones que estamos discutiendo. Esa nota se entregó a las organizaciones
sindicales y empresariales y estamos a la espera de una nueva sesión en la cual de manera tripartita consideremos que esos son los ejes que pueden conducir una propuesta de acuerdo o no.



No valoro la proposición no de ley que usted cita y me atengo exclusivamente a lo que el Gobierno nos diga en la mesa de negociación.
Lo digo porque yo no estoy en el ámbito parlamentario, soy lector interesado de prensa y oigo los medios
de comunicación, pero mi relación con el Gobierno no es con el grupo parlamentario, es con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en relación con esa interlocución no he apreciado ningún cambio. Esto está en el punto que está. No presumo
si se va a producir ese cambio o no.



Su pregunta sobre la financiación es muy pertinente. Si nosotros queremos implantar un derecho universal y de carácter subjetivo, y por tanto no estamos hablando de implantar un paquete de prestaciones de los llamados servicios sociales,
para nosotros el anclaje tiene que ser en una ley de carácter general, de ámbito estatal, y se nos antoja que el anclaje más seguro es la Ley General de la Seguridad Social. Esta ley es un buen anclaje para el sistema de protección social en
general, tiene prestaciones de carácter contributivo y no contributivo, y esto no incide en la llamada separación de fuentes, ya que la misma lo que establece es la separación de las cuestiones que con cargo o no a cotizaciones empresariales tienen
que asumir las prestaciones. Nosotros lo que estamos planteando en el caso de las dependencias es que el grueso de la financiación pública venga de la imposición


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general, como es lógico para una prestación que sería no contributiva y de carácter universal. Evidentemente su anclaje en el sistema de Seguridad Social tendría alguna otra ventaja que no voy a considerar para no entrar en pormenores, y la
demanda que hacemos al sistema de Seguridad Social es del excedente que todos los años no se contabiliza en el Fondo de reserva y existe en términos contables después de pagar todas las pensiones.



Cuando yo hago en mi intervención una alusión última a la necesaria reforma constante, pero con un episodio de reforma paramétrica -espero que en esta legislatura- del sistema de pensiones, creo que ese sería el momento de discutir qué
dimensión damos en el futuro al Fondo de reserva, y remarco que bajo ningún aspecto asumiríamos un incremento de las cotizaciones sociales. Esa aportación que nosotros creemos que se puede dar desde el excedente de cotizaciones a la Seguridad
Social sin tocar el actual Fondo de reserva tendría un carácter bastante residual y sería de alguna manera el anclaje en el sistema, si se estableciera que este es el anclaje, pero evidentemente creo que no iría a contravenir el principio de
separación de fuentes que nosotros, como usted sabe, defendemos firmemente. La prueba es que, como yo expongo, nosotros concebimos la puesta en marcha de este derecho universal en un periodo aproximado de unos diez años. Si se hablara de una parte
de la Seguridad Social, nosotros estableceríamos el compromiso de en qué momento, que sería bastante antes de esos diez años, este componente de cotizaciones sociales desaparecería de la financiación y se financiaría íntegramente con imposición
general.



Hago un inciso para decir que si se estableciera otro modelo de financiación pública tengo la impresión -esto lo podríamos discutir si ustedes y yo estuviéramos aquí dentro de cuatro años- de que posiblemente dentro de un tiempo si
estableciéramos este derecho subjetivo hubiera que recurrir a la implantación de un impuesto finalista, que yo no valoro. Yo sigo argumentando la proposición de Comisiones Obreras. Quiero referirme a una cosa que tiene que ver con la financiación.
Usted ha aludido en el perfil de mi propuesta al posible copago, yo digo necesario copago. Nosotros no defendemos un posible copago, nosotros creemos que por un criterio de sostenibilidad y de justicia el copago es necesario.



Respecto a plazos, calendario de negociaciones, nosotros no ponemos plazos a la negociación o, dicho de otra forma, si a mí me pidieran opinión en la mesa de negociación diría que prefiero invertir tres meses más en conseguir una buena ley,
con un gran consenso social, económico y parlamentario, que correr mucho y presentar esto de manera improvisada.
Lo explico. Yo creo que las reformas del sistema de protección social, igual que otras, las del mercado de trabajo que se han
producido en nuestro país con consenso de los agentes económicos y sociales, lógicamente en esta Cámara gozan de mayor legitimación social, y luego suelen acompañarse de un consenso general de las fuerzas políticas que ustedes representan, sin
limitar su capacidad de tomar las decisiones que estimen oportunas. Por tanto, yo no hago cuestión del calendario de negociación. He leído y oído por parte de portavoces o miembros del Gobierno, o próximos a la Administración, que desean que esto
sea un proyecto legal que llegue aquí no muy tarde. Insisto en que yo expongo lo que es mi criterio. En cuanto al calendario de implantación del sistema nosotros tenemos el criterio que viene en mi exposición. Creemos que la implantación debe ser
gradual, porque si vamos a implantar un nuevo derecho debemos ir con cuidado y asegurar que hacemos lo que podemos hacer y que no vamos a implantar derechos reversibles. Yo soy más partidario de una implantación progresiva de la acción protectora y
que ustedes en el ámbito parlamentario, en esta u otra Comisión -ésta sería muy buena-, cada cuatro o cinco años revisen la marcha del sistema -sería excelente-, las posibilidades económicas de nuestro país, las necesidades de la sociedad, y que se
modifique para ampliar si es posible el ámbito de la cobertura subjetiva.



No voy referirme al volumen de recursos. Depende de lo que se quiera hacer. Nosotros somos muy gradualistas. En cualquier escenario, el volumen de recursos no va a desequilibrar ni el sector público ni la economía española. También
depende de cómo se diseñen los sistemas de copago y cómo se vaya ampliando el ámbito de la acción protectora. A mi entender, y por lo que he oído a diferentes miembros del Gobierno y también a diferentes fuerzas políticas, no creo que en el caso
del que estamos hablando el coste sea el problema más grave a superar. Yo he dicho en mi intervención que esto no solo es un coste, es una inversión, y tiene mucho que ver con la competitividad, con el empleo y con la cohesión social, sobre todo
con el empleo femenino.



En cuanto a régimen fiscal no hemos elaborado ninguna propuesta. Cuando tengamos una norma que implante un derecho podremos hablar de este tipo de cuestiones, como del aseguramiento privado. Nosotros lo que hemos propuesto es esto. No
hemos añadido más adornos ni cuestiones que pueden tener relevancia porque no queremos desfigurar el modelo y el perfil de la ley que proponemos. Esta ley puede tener un formato, un perfil u otro, pero nosotros queremos esta ley y no otra. Una vez
que esté perfilado este proyecto legal podremos hablar de otro tipo de cuestiones. Como usted ha deducido inteligentemente -y conoce bien estas cuestiones-, estamos hablando de un núcleo de protección fundamentalmente mediante la prestación de unos
servicios, y como en la expansión de la acción protectora hay diálogo, otro tipo de prestaciones. Hemos preferido empezar el diseño por lo que entendemos por núcleo central de lo que es un problema. Le agradezco la caracterización que ha hecho a
mi propuesta, que es muy acertada, y la valoración que ha hecho de ella en relación con la coincidencia con muchas de las bases. Si ustedes quieren una documentación más amplia, mi sindicato se la entrega inmediatamente.



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El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares ¿quiere intervenir? (Asentimiento.)


El señor LLAMAZARES TRIGO: Pido disculpas por no haber podido intervenir con anterioridad.



Compartimos en buena parte la propuesta de Comisiones Obreras respecto a la atención a la dependencia; la compartimos en buena parte, por no decir globalmente. De las intervenciones anteriores creemos que se puede sacar una conclusión, y
es que no solo la compartimos nosotros sino que parece que la comparten todos los grupos parlamentarios de la Cámara, incluso el Grupo Parlamentario Popular. Para nosotros es una satisfacción porque esto demuestra que estamos al borde del acuerdo,
del consenso político, lo cual es una garantía para que la negociación en el ámbito social y de las reuniones con el Gobierno tenga más respaldo por parte de las fuerzas políticas de la Cámara. La intervención del Grupo Parlamentario Popular
provoca satisfacción en mi grupo. En todo caso, como he dicho antes, nuestro grupo comparte en buena medida las propuestas de Comisiones Obreras en esta materia. Creemos que es un tema importantísimo. En nuestra opinión es la cuestión social de
la legislatura. Si la sacásemos adelante sería el cuarto pilar del Estado del bienestar -algunos dicen que es el quinto-, en todo caso sería un pilar muy importante del Estado del bienestar. En los criterios generales coincidimos con los criterios
de Comisiones Obreras. Todavía permanecen algunas incertidumbres en el debate político y en el debate social; permanecerán a lo largo de toda la negociación, pero me imagino que se irán despejando. Nosotros tenemos la máxima voluntad de
contribuir a que esta negociación tenga éxito y que finalmente nuestro país tenga una ley de atención a la dependencia que en cuanto a la provisión de los servicios consideramos que se debe ubicar básicamente en la Seguridad Social, tal y como
plantea el sindicato Comisiones Obreras. Se puede considerar que es un mecanismo transitorio, como ha ocurrido en la sanidad pública. Por tanto, en nuestra opinión es viable y es el primer paso a dar. Por otra parte, también tenemos la convicción
de que si todas las fuerzas políticas y las organizaciones sociales consideramos la importancia de esta iniciativa, seguramente otros aspectos que se han abordado en el día de hoy y que se abordarán a lo largo de los próximos meses se van a ir
despejando. Estamos ante una materia muy importante que forma parte de la convergencia social de nuestro país con la Unión Europea y en la que, como hay ámbitos de coincidencia, por ahora preferimos explorarlos. Es verdad que algunas cuestiones no
aparecen totalmente claras en los debates parlamentarios y en las resoluciones de la Cámara, pero preferimos explorar esas coincidencias para que se vaya avanzando en la negociación social; negociación que también tiene que darse con las
administraciones autonómicas, con las comunidades autónomas, que tienen una gran tarea que realizar en esta materia. Finalmente, estamos convencidos de que, como antes se ha dicho, será importante que este tema forme parte de las grandes
coincidencias sociales y políticas de nuestro país para dar estabilidad a este sistema y para darle un largo aliento que sea sostenible en el tiempo, no un aliento escaso que después tenga que ser recortado con determinadas condiciones económicas.



Quiero dar las gracias de nuevo y disculpar mi tardanza en llegar a la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (Fidalgo Velilla): Únicamente quiero agradecer al señor Llamazares el apoyo implícito que hace a la propuesta de mi sindicato.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Señor Fidalgo, gracias por su comparecencia y sus explicaciones. Ha sido escueto y claro. En las diez directrices que nos ha expresado nos marca todas las pautas de la opinión y de la concepción que tiene Comisiones
Obreras sobre este tema. No quisiera repetir la intervención del portavoz del Grupo Popular. Intentando adentrarme más en los detalles de su exposición, porque ya nos ha explicado el carácter universal, el copago o la participación de la Seguridad
Social, le daría un matiz más autonómico orientando mi intervención en la valoración de los cuestionamientos, tanto municipales como autonómicos, sobre la prestación de los servicios de dependencia. En la anterior legislatura, con el Gobierno de
Convergència i Unió en Cataluña y con motivo del establecimiento de unos mínimos diferenciados para Cataluña en virtud del nivel de vida y que consistían en un complemento a las pensiones con un servicio social que en aquel momento prestaba la
Generalitat, ya se suscitó una divergencia. Es posible que en este caso aún se acentúe más, porque no es lo mismo prestar un servicio de asistencia a la dependencia en Barcelona o en una gran ciudad que en localidades más pequeñas. Aquí estamos
trabajando por el consenso y para encontrar un sistema de equidad, de forma que cualquier ciudadano, sea cual sea su lugar de residencia, tenga unas prestaciones equivalentes.



En su intervención usted ha hablado de la necesidad de que todo avance por consenso. Se encuentra usted en la Comisión cuna del consenso en esta Cámara porque en ella se avanza después de muchas comparecencias, los debates son profundos y
las conclusiones -como la tercera conclusión del Pacto de Toledo- son fruto prácticamente del consenso de todos, con la excepción de algunas explicaciones de voto. Esta complementariedad que pretendemos con las pensiones y las acciones, tanto de
las comunidades autónomas como de los posibles entes municipales que quieran prestar esos servicios, tendrán una necesidad de financiación complementaria, la cual generará alguna diferencia de tratamiento que


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tendría que verse reflejada. Quizás no sea el momento, pero los beneficios fiscales en los casos de dependencia leve o severa en los que haya asistencia familiar como complemento, esta reducción de la tributación podría ayudar al
mantenimiento de las familias, y en los casos de servicios totales sería por cuenta del Estado.



Ha hablado de la incidencia del excedente en la financiación del servicio de dependencia. El excedente forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Qué opinión tendría sobre la posible utilización de un pago de la deuda
histórica de la Seguridad Social para cubrir la dependencia como una alternativa para buscar el equilibrio contable? Porque, en definitiva, como decimos en Cataluña, sumar diez son siempre diez, de esta forma equilibraríamos una situación que
lógicamente está muy bien paralizada, el excedente tendría su evolución y su repercusión en las cotizaciones sociales y habría una participación del Estado en esta financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado.



No insisto más porque ya ha dado suficientes explicaciones, y yo solo he querido complementar con mi intervención estos puntos tanto autonómicos como municipales.



El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (Fidalgo Velilla): Muchas gracias al señor Grau y también a su grupo, concretamente a la persona con la que más me he relacionado para estas cuestiones en los últimos años, su
compañero Carles Campuzano. Les doy las gracias porque el grupo de Convergència i Unió ha sido muy importante a la hora de elaborar propuestas de consenso desde el primer Pacto de Toledo, y mi sindicato les ha transmitido siempre su agradecimiento.



Le voy a responder a las dos cuestiones que plantea en este momento, las que usted llama los matices autonómicos. En nuestra propuesta evidentemente juegan todas las administraciones, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque las
administraciones locales y las administraciones autonómicas en este momento están prestando servicios que tienen relación con estos asuntos; en segundo lugar, los están prestando porque las comunidades autónomas así como los ayuntamientos tienen
competencias en materia de servicios sociales, y el Estado tiene también alguna institución relacionada con los servicios sociales. Por tanto, estamos concibiendo un sistema en el cual se conjuga la acción de las tres administraciones.
Evidentemente hay que conjugar los dispositivos técnicos de las tres administraciones, sumarles -como digo en mi intervención- un fuerte componente de concertación con la iniciativa privada, que ha crecido mucho y que ha generado un foco importante
de inversión privada, y componer un dispositivo que deberá irse incrementando según las posibilidades de financiación y de atención a las personas con dependencia, si vamos extendiendo desde un núcleo inicial el ámbito de la acción protectora. Las
administraciones locales y autonómicas podrían complementar las prestaciones básicas acogidas al derecho universal, derecho subjetivo que emanase de la ley, pero los complementos deberían atribuirse a la financiación de esos segmentos de la
Administración. Creemos que tiene que haber una financiación básica -por eso hablamos de un derecho subjetivo-, que garantice las prestaciones que defina la ley y los complementos, como el de pensiones, con los que personalmente no estoy de
acuerdo. Si ustedes tienen a bien complementar las pensiones o hacer una transferencia de renta a cualquiera de sus ciudadanos, esto corre a cargo de la financiación de la comunidad autónoma.



En cuanto a la consideración que usted hace sobre la presunta deuda histórica de la Seguridad Social, mi sindicato nunca ha reconocido esa presunta deuda histórica de la Seguridad Social, pero se ha preocupado siempre, en todos los
ejercicios presupuestarios de remitir por escrito a todos los ministros de Economía y Hacienda que ha habido en este país, incluyendo al actual, nuestro argumento en contra de esa presunta deuda histórica. En esta sala hay alguna diputada que tuvo
que ver con la Seguridad Social y conoce cuál es nuestra opinión. El sistema de Seguridad Social, las cotizaciones de empresarios y de trabajadores sirvieron durante mucho tiempo para financiar prestaciones universales a todos los ciudadanos de
este país. El patrimonio de la Seguridad Social es la base de la prestación de la asistencia sanitaria que en este momento dan los servicios regionales de salud. Si habláramos de deudas habría que discutir quién debe a quién. Por tanto, para mi
sindicato no hay ninguna deuda, en todo caso sería al revés, el flujo deudor sería al revés. No obstante, como nosotros no creemos que fuera un buen principio el reconocimiento de esa deuda, establecemos una alternativa distinta de la que usted
propone y yo he oído en otros ámbitos, y es establecer que de lo que debamos hablar es de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya financiación sería mayoritariamente abordada con imposición general y que tendría un pequeño
cordón umbilical con el sistema de Seguridad Social en forma de unas décimas de cotización, que no significaría en ningún caso -y me interesa mucho reiterarlo- incremento de cotizaciones sociales ni alteración del Fondo de reserva de la Seguridad
Social. En el acuerdo entre los agentes económicos y sociales debería establecerse que esta aportación no pasaría de equis años. Mucho antes de los diez años que establecemos como recorrido, digamos que desenchufaríamos ese cordón umbilical y todo
se financiaría con imposición general.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez Rubio.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Muchísimas gracias señor Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras,


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por su comparecencia. Yo soy consciente y reconozco el compromiso del sindicato al que usted representa en la atención a las personas que tienen dependencia o una situación de menor autonomía. Esto se ha puesto de manifiesto en numerosas
ocasiones y lo incorporó como una de las prioridades en la negociación del año 2000. Es decir, que el tema lleva coleando algunos años y con una posición bastante clara por su parte. Su aportación en esta comparecencia tiene un doble valor: por
un lado, que usted está siendo un actor importante en toda la negociación que se está llevando a cabo en este tema y, por otra parte, compartir hoy aquí con nosotros todas estas inquietudes que todos tenemos respecto de lo que va a ser el futuro de
la atención a las personas en situación de dependencia. Desde mi grupo compartimos una parte importante del contenido de su exposición. También quiero expresar un mensaje de tranquilidad por esa inquietud que se ha generado, y que ha comentado
antes el portavoz del Grupo Popular, en el sentido de cómo se pronuncia la Cámara. Creo que ese pronunciamiento está más bien en la línea de dejar esa preocupación por los tiempos, sobre que no había llegado el proyecto de ley, y dejar claro el
compromiso que tenemos respecto a este tema, que se va a hacer de acuerdo a lo que se ha manifestado de manera reiterada tanto por el presidente del Gobierno como por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado. Estamos
totalmente convencidos de que debe ser una prestación de derecho universal que abarque a todo el territorio y que garantice la igualdad en el tratamiento a las personas en situación de dependencia con una valoración homogénea y que sea absolutamente
garantista. Por lo tanto, será un instrumento muy importante de consolidación de la atención a las personas en esta situación y una prestación totalmente de derecho. Estamos en un trámite de debate y es normal que esas matizaciones generen
incertidumbres. Hasta que no se termine todo el proceso el interes de todos es que queden bastante claros todos estos posicionamientos para lograr una mayor garantía en el tratamiento de las personas en situación de dependencia o de menor
autonomía. Usted ha recogido en todos los puntos que ha expuesto este compromiso que compartimos en gran medida. No obstante, a mí me gustaría matizar algunas cosas.



¿De qué manera se podría garantizar esta cobertura para que fuera igual en todo el territorio independientemente del lugar de residencia?, por supuesto, respetando las competencias de las comunidades autónomas y de toda la estructura de
competencias del Estado en materia de políticas sociales, porque aun cuando usted la vincula directamente al tema de Seguridad Social, no cabe duda que hay un componente de acción social y de política de servicios sociales en esta materia. ¿De qué
forma se podría homogeneizar mejor esta atención?


Me ha parecido entenderle -y es muy interesante- que considera compatible una prestación de servicio con una prestación económica. En ese sentido, a nosotros nos preocupa cómo va a quedar reflejado y creo que su opinión va a ser muy
importante. Muchas personas, no tanto las vinculadas a la dependencia por un proceso lógico de envejecimiento sino más bien personas con discapacidad más jóvenes, plantean esta atención como una forma de ser más autónomos e independientes y, por
tanto, demandan la figura del asistente personal, a la que es complejo dar un carácter de relación laboral. ¿Cómo vería usted esta figura?


Me ha parecido que es partidario de realizar un catálogo de servicios -y ya lo ha comentado- entre las prestaciones contributivas y no contributivas. Su planteamiento respecto al sistema de financiación ha quedado bastante claro. Existe la
posibilidad de hacer compatible -me ha parecido entenderle- la acción pública y la acción privada desde una responsabilidad claramente pública. En caso de acción concertada, ¿qué papel tendría el tercer sector? ¿Deberían estas entidades tener
alguna ventaja respecto a las empresas con ánimo lucrativo o prioridad en acceso a conciertos y bonificaciones en cuotas de Seguridad Social? Dado que esta acción que plantea podría ser directa o concertada, en caso de ser concertada ¿qué sistema
establecería para controlar y garantizar un empleo estable y de calidad en aquellos trabajadores que atiendan a las personas en situación de dependencia y que desarrollen su trabajo en la iniciativa privada, lucrativa o no? A ninguno de los que
hemos tenido experiencia en este tema nos es ajena la cantidad de conflictos que existen en este tipo de relaciones laborales de atención a las personas en situación de dependencia.



Nuevamente quisiera reiterarle mi agradecimiento por su comparecencia y manifestar esa coincidencia en temas fundamentales como es la universalidad de la prestación, el carácter de responsabilidad pública de la prestación, la igualdad en el
acceso al derecho, el sistema de valoración y de reconocimiento único en todo el territorio, y por supuesto, el respeto a la descentralización y a las competencias de las distintas comunidades autónomas. En resumidas cuentas, compartimos muchos de
los planteamientos que usted ha hecho aquí.



El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo.



El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC.OO. (Fidalgo Velilla): Señora diputada, en primer lugar le agradezco la referencia a que mi organización cuando suscribió el segundo acuerdo de pensiones incluyó este punto. En fechas
muy posteriores a la firma de aquel acuerdo que suscribieron mi organización, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Cepyme y el Gobierno de aquel momento, tuve ocasión de comparecer en esta misma Comisión y tengo que decir que
es muy importante que, de manera muy intencionada, los firmantes introdujesen este punto como una cuestión a tener en cuenta en la agenda del futuro próximo y que no solo lo hicieran mi sindicato y el Gobierno de entonces, sino también la
Confederación de Organizaciones Empresariales.
Precisamente,


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sobre este asunto y la relación o no que podría tener con el sistema de Seguridad Social, nuestro diálogo bilateral con la CEOE y con Cepyme se basa en que ambos somos firmantes de aquel acuerdo y hablamos de este asunto. Por tanto, muchas
gracias por recordarme aquella cuestión.



Usted me ha preguntado sobre cuatro aspectos. En primer lugar, sobre cómo conseguir la garantía de igual cobertura en todo el Estado, nosotros sabemos que no en todas las comunidades autónomas ni en el ámbito de todos los municipios existe
el mismo dispositivo. Por tanto, si de alguna manera yo fuera la persona que tuviera que trabajar en un ámbito Gobierno-comunidades autónomas o bien en el campo de la asistencia sanitaria de los servicios sociales, comenzaría haciendo un listado o
un inventario de qué instituciones públicas y privadas, concertadas o concertables, podrían acreditarse para prestar los servicios a los que diera lugar el derecho subjetivo. Como dije en mi intervención, esa validación tiene que ser acordada en el
Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que haya una validación que garantice un primer escalón de igualdad. En este sentido, creo que ya podría existir esa red en cuanto al
ámbito de cobertura que establecemos para el primer tramo y en algunos casos podrían establecerse acuerdos para que se traspasase la frontera de una u otra comunidad autónoma para utilizar otra residencia. Esto se está haciendo en el campo de la
asistencia sanitaria y podemos decir que el mapa de España no tiene fronteras si ustedes no quieren que las tenga.
Por tanto, creo que en el arranque eso sería lo primero que habría que hacer.



En relación con la segunda pregunta sobre prestación de servicios y prestaciones económicas para que determinadas personas, por ejemplo, con discapacidades congénitas, pudieran aspirar a una autonomía, incluso con cuidadores, también he
hablado de estas cuestiones en mi intervención, pero considero que son cuestiones que deberían ser debatidas después de que abordásemos el núcleo más duro, más importante y más grave de la problemática. Por eso creo que si tuvieran en cuenta mis
recomendaciones, harían una ley que creciese en capas de cebolla en cuanto al ámbito protector para asegurarnos de que empezamos cubriendo los aspectos de mayor necesidad y así, si dentro de 10 años no conseguimos abrir el ámbito protector, menos
seguiremos cubriendo a los que más lo necesitan y no a los que menos. Por eso en la escala que planteo de ampliación de cobertura empiezo por el núcleo que considero más duro, es decir, dependencias severas o graves de personas que viven solas,
pero también contemplo que el ámbito protector puede llevar a prestaciones económicas que no determino porque creo que hoy no se puede entrar en este nivel de precisión, y tampoco sería conveniente porque sería como empezar a construir la casa por
el tejado. Pero la misma razón tampoco entro en lo relativo a asistentes personales y mucho menos por su régimen laboral, pero en un momento de mi intervención hago referencia a que esta situación existe y habría que ocuparse de ella. Yo no soy
partidario de entrar en la discusión sobre transferencias económicas por tener un cuidador personal. Yo soy partidario de que, si hay prestaciones económicas, se determine claramente para qué son y, si una persona necesita una asistencia
sociosanitaria en un determinado ámbito, tenga o no cuidador personal, se le dé.



En cuanto a la acción concertada, yo hablo de acción concertada con centros concebidos por entidades lucrativas y por entidades no lucrativas y no preciso para quién es la ventaja. Yo la ventaja se la daría al que más fácilmente y con más
calidad cubriera las necesidades. Creo que claramente en este caso estaríamos hablando de iniciativa privada. Lo digo porque creo que la iniciativa privada en este sector ha hecho muchas inversiones y ha hecho inversiones que tienen un producto de
calidad. Yo no quiero que vayamos aquí a un derecho, digamos, de asistencia por cuidadores no profesionales y, evidentemente, el tercer sector, en cuanto a empleo estable, seguro y con derechos, tiene bastantes menos posibilidades que el sector
profesional privado, porque para eso están los convenios colectivos, no solo la Ley de Contratos del Estado.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José María Fidalgo Velilla, secretario general de Comisiones Obreras. Le despedimos con el mismo afecto que le hemos recibido. Está en su casa, le esperamos cuantas veces le apetezca venir por
aquí.



Se levanta la sesión.



Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.