CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 284

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 11

celebrada el miércoles, 18 de mayo de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de la Unión General de Trabajadores, UGT (Méndez Rodríguez), para informar sobre la regulación del régimen de dependencia. Por acuerdo de la Comisión. (Número de expediente 219/000176.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

Página 2


Se abre la sesión a las doce del mediodía.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (MÉNDEZ RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEPENDENCIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000176.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión que tiene un solo punto del orden del día, la comparecencia de don Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, para informar sobre la regulación del
régimen de dependencia.



Bienvenido, don Cándido Méndez Rodríguez. Tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Señoras y señores diputados, es mi deseo empezar agradeciéndoles la importancia que dan al problema de las personas que requieren cuidados, que no es
sino el reflejo de una importante demanda social. Es mi deseo también que esas demandas ciudadanas no se vean frustradas por otras prioridades de cortas miras.



Nuestro país dio un enorme salto adelante con la universalización de la sanidad, de la educación y de las pensiones. Después de varios años de estancamiento social, hora es de que la cohesión y el bienestar social se vean reforzados con el
establecimiento de un nuevo derecho universal a los servicios de cuidados de las personas dependientes. En opinión de mi sindicato la solución a los problemas de los cuidados no se debe seguir posponiendo por más tiempo. No voy a cansarles con la
descripción de la dependencia pues ya, desde hace años, está perfectamente diagnosticado, y, muy recientemente, el Libro Blanco sobre la Atención a las Personas Dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta los suficientes
elementos para que pasemos a la acción. Siendo el objetivo de mi comparecencia que conozcan la opinión de UGT al respecto, no ahorraré, sin embargo, la referencia a la importancia que le hemos dado a esta laguna en nuestro sistema protector.



Como tuve ocasión de exponer en esta misma Comisión el mes de mayo del año 2001, una de las señas de identidad de UGT ha sido su modelo de protección social. Junto a la defensa de los derechos de aquellos que realizan una actividad laboral,
siempre hemos situado en el mismo fiel de la balanza la conquista de los derechos de ciudadanía. La universalización de la sanidad, de la educación, de las pensiones y de los servicios sociales para todos los ciudadanos han sido reivindicaciones
muy tempranas de nuestro sindicato.



Nuestra participación en la gestación y elaboración del Plan gerontológico de 1991 es reconocida. En marzo de 1998 nuestro Congreso Confederal -anticipándonos a lo que pocos años más tarde sería una demanda general- aprobó una resolución a
favor de una protección específica de las personas dependientes como derecho subjetivo. Como he tenido ocasión de exponer en otros foros, UGT sigue situando desde entonces la protección de las personas dependientes como máxima prioridad. En todo
caso, estamos especialmente satisfechos por haber contribuido a sacar a la opinión pública el debate sobre tan importante cuestión.



La inacción durante los últimos años hace que el problema de los cuidados sea hoy más agudo que cuando empezó a manifestarse a principios de los noventa. La demanda de cuidados se ha incrementado de forma considerable en los últimos años
como consecuencia de varios factores -demográficos, sociales, médicos-. Como habrán tenido ocasión de analizar, esas mayores necesidades vienen a coincidir en el tiempo con la crisis del modelo de cuidados informales a través de la familia, que
tiene su origen tanto en los cambios en los modelos familiares como en la progresiva y deseable incorporación de la mujer al trabajo, lo cual acarrea mayores demandas de cuidado institucional. El modelo de apoyo informal o familiar es insostenible
e incluso a corto plazo, por una parte, porque los poderes públicos no pueden seguir desentendiéndose del problema y endosando toda la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes a la familia, por otra, porque cada vez existen más
personas que precisan cuidados de larga duración y hay menos cuidadores en edad de cuidar porque se incorporan o quieren incorporarse al mercado de trabajo, y, por último, y no por ello menos importante, por los cambios profundos en la posición
social de las mujeres y de su rol dentro de la familia. La parsimonia de las administraciones públicas en el desarrollo de estos servicios en los últimos años ha propiciado además la expansión del sector privado en su provisión a unos precios
inalcanzables para la mayoría de las familias.



Desde hace ya bastante tiempo existe un amplio consenso entre expertos, instituciones y algunas organizaciones sociales sobre la necesidad de creación de un sistema nacional de cobertura de la dependencia o de apoyo a la autonomía personal
que, a imagen del Sistema Nacional de Salud, cubra con carácter universal a toda la población dependiente; existe también un amplio consenso en que ese sistema se regule dentro del ámbito de la Seguridad Social sin perjuicio de su gestión por las
comunidades autónomas y, sobre todo, por las corporaciones locales, y como un derecho exigible con el fin de garantizar un acceso equitativo a estos servicios y prestaciones.



En nuestras resoluciones congresuales, así como en seminarios y jornadas técnicas, UGT viene defendiendo un sistema nacional de cobertura de la dependencia con las siguientes características principales: la protección a las personas
dependientes debe considerarse como un derecho universal y dentro del ámbito de la Seguridad Social, incluido el mutualismo social y administrativo, independientemente de la edad, de los factores o contingencias


Página 3


que hayan originado la dependencia y de la comunidad autónoma donde se resida -en definitiva, debe garantizarse el principio constitucional de igualdad-; el sistema de valoración de la dependencia que se establezca ha de ser común para toda
España, independientemente de su gestión por las comunidades autónomas; las prestaciones que conceda -que habrían de ser de calidad- y el nivel de protección han de ser proporcionales al nivel de dependencia y a la necesidad de cuidado; los
programas de cuidados deben orientarse fundamentalmente a mantener el mayor grado posible de autonomía de las personas y a que los servicios de proximidad y ayuda domiciliaria sean predominantes; han de contar con financiación suficiente las tres
administraciones -Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales-; la aportación del usuario en el coste de los servicios no ha de ser mayor que en la actualidad, garantizando en cualquier caso el acceso de estos servicios a cuantos carezcan
de recursos; el conjunto de las administraciones públicas ha de comprometerse en alcanzar objetivos ciertos, empezando por cubrir a corto plazo las necesidades de las personas con dependencia grave o severa; con el fin de lograr una mayor
coordinación entre los sistemas sanitarios y de servicios sociales, sería pertinente la articulación de mapas sociosanitarios que integren los diversos niveles asistenciales y de servicios; la oferta de servicios, tanto pública como privada, sea
con o sin ánimo de lucro, ha de ser de calidad y sometida a evaluación periódica; el modelo de cuidados debe tener en cuenta, cuando menos, ciertas particularidades como, por ejemplo, la atención en el medio rural y la atención a las personas con
discapacidad; la atención de calidad demanda una mayor profesionalización del sector, para lo que es importante un mayor esfuerzo formativo; los cuidadores informales también deberían beneficiarse de acciones formativas; deben arbitrarse
modificaciones legales con el fin de proteger jurídicamente a las personas con necesidades de cuidados, entre otras, agravando la responsabilidad penal cuando las personas mayores sean víctimas de hechos delictivos o faltas, facilitando la
autodesignación de tutor ante una futura incapacitación y regulando los derechos de las personas dependientes institucionalizadas; en lo que se refiere a las prestaciones, estas habrán de consistir en nuestra opinión preferentemente en servicios.
Somos conscientes, sin embargo, de que habrá que tener en consideración los deseos de las familias, muchas de las cuales seguirán prefiriendo la atención familiar. Tampoco se podrá ignorar que en el medio rural las posibilidades de servicios son
muy reducidas. En estos u otros supuestos pueden establecerse prestaciones económicas y/o de otro tipo como, por ejemplo, el aseguramiento del cuidador o la Seguridad Social y servicios de respiro en los casos de necesidades especiales. No
contemplamos ni deseamos la compensación a las familias mediante deducciones fiscales por su carácter regresivo al no discriminar positivamente en función de la renta. A los servicios sociales tradicionales -entre otros, residencias, centros de
día, ayuda a domicilio y teleasistencia- UGT ha venido proponiendo que también se proporcionen recursos para conseguir que el domicilio habitual de estas personas reúna las condiciones necesarias de habitabilidad, confort y servicios suficientes que
les permita el mayor nivel posible de autonomía personal.



A la hora de abordar los aspectos relativos a la financiación, es nuestro criterio que debe definirse primero el modelo y el nivel de protección deseable para, a continuación, analizar las posibles fuentes de financiación y el calendario
para su plena puesta en marcha. La financiación sería un elemento más a tener en cuenta, siendo el importante pero no el fundamental. Como conocen ustedes, una reciente encuesta del CIS ponía de manifiesto que una mayoría de españoles estarían
dispuestos a pagar más impuestos o cotizaciones con tal de que se procurase protección pública a las personas con necesidades de cuidados.



Lo esencial sigue siendo que esa indudable prioridad social se reconozca como un nuevo derecho. Si se colocan esos cimientos, UGT está dispuesta a ser todo lo flexible que sea necesario para dilatar en un tiempo razonable la asunción
progresiva de su coste. Los estudios más sensatos muestran que el posible gasto -6 décimas más del PIB por encima de lo que ya se viene gastando- no sería tan excesivo como para renunciar a dar mayor bienestar social a las familias -y cuanto antes,
mejor-: en primer lugar porque comportaría mayor racionalidad en el gasto sanitario y en otras prestaciones económicas de la Seguridad Social que cubren si bien de forma deficiente y subsidiaria esa contingencia (me refiero, entre otras, a los
complementos del 50 por ciento en los casos de gran invalidez y a otros subsidios por ayuda de una tercera persona); en segundo lugar porque también debería cuestionarse el regresivo gasto fiscal que las dos leyes del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, de 1998 y 2002, han introducido ya que las deducciones por discapacidad o cuidado de ascendientes beneficia más cuanto mayor es el nivel de renta; en tercer lugar porque la extensión de estos servicios, por lo demás muy intensivos
en mano de obra, supondría un aumento considerable del empleo y, por tanto, mayores ingresos por cotizaciones y por impuestos, ampliar considerablemente las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo a los actuales cuidadores
-fundamentalmente mujeres- y el afloramiento de empleos que en la actualidad se vienen realizando de forma sumergida o irregular (como no se le escapará a nadie, estos efectos positivos sobre el empleo contribuirían de forma importante a la
consolidación del sistema público de pensiones); por último, y no menos importante, porque la Seguridad Social debe responder a las nuevas demandas sociales, entre las que se encuentra el cuidado de las personas dependientes, como un riesgo de
cobertura pública, lo que reforzaría la cohesión social.



Mi organización defiende el principio general de que las prestaciones de carácter universal se financien con recursos fiscales. Si bien hay margen suficiente para


Página 4


financiar esas prestaciones mediante ese tipo de recursos -la carga fiscal en España, excluidas las cotizaciones sociales, es 5 puntos del PIB inferior a la media de la Unión Europea, que es de 25 puntos-, no descartamos, sin embargo, una
contribución especial destinada a un fondo específico del sistema que se crea al efecto, cuyas fuentes serían bien aportaciones hacia la Seguridad Social procedentes de los excedentes que se vienen produciendo, bien impuestos específicos para
financiar estas prestaciones junto a aportaciones generales de las tres administraciones -Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales- en la proporción que se determine, en el bien entendido que estas últimas aportaciones serían, en todo
caso, adicionales a la que estas tres administraciones vienen aportando en la actualidad.



La ley que regule la protección a la dependencia debería prever un marco estable y no temporal de financiación en el que la participación de las administraciones, de la Seguridad Social y de los usuarios quedase perfectamente delimitada; la
misma norma debiera prever el horizonte del que la Seguridad Social dejaría de hacer aportaciones, si es que se considera pertinente que ésta colabore en su financiación.



Independientemente de la forma de la financiación, no nos agradaría un modelo de protección pública de mínimos que se pudiese complementar con el aseguramiento privado mediante incentivos fiscales. Lo que se viene a recomendar desde ciertas
instancias para las pensiones privadas deberían servir también para esta área de bienestar. Estos incentivos tienen un coste que mucho mejor estaría dirigido a la cobertura pública de esas necesidades. No ignoramos, sin embargo, el papel que juega
el sector privado en la provisión de estos servicios, entre otras cosas porque en los últimos años ha descubierto el negocio de la vejez ante la inacción de las administraciones públicas. Por tanto, no sería concebible una protección que pretende
abarcar a todas las personas dependientes sin el concurso del sector privado en régimen de concierto y con el compromiso de calidad asistencial. No obstante, creemos conveniente que se fomente la oferta de servicios desde la iniciativa social sin
ánimo de lucro por su mayor sensibilidad hacia esta problemática, porque permitiría crear unos servicios más profesionalizados y especializados y, sobre todo, porque, en ámbitos más reducidos, crea tejido económico.



A diferencia de otras organizaciones, nosotros defendemos que las administraciones públicas construyan residencias geriátricas y otras infraestructuras asistenciales de la misma manera que construyen hospitales o escuelas, y por muchos
motivos, entre otros, porque es necesario crear una oferta pública de servicios en primer lugar para satisfacer la demanda creciente de estos servicios pues el sector privado solo acude allí donde es rentable, generalmente a los grandes núcleos de
población y en segundo lugar para regular la oferta en el mercado, impidiendo tanto la desigualdad en el acceso debido a prácticas abusivas -caso paradigmático las residencias con ánimo de lucro- como la escasa calidad de muchos servicios de gestión
privada; porque el principal problema de buena parte de los servicios personales privados suele ser la baja calidad asistencial propiciada por la laxitud de la acreditación de los mismos al dar prioridad al precio del servicio y no a la calidad del
mismo. Como demuestra tanto la experiencia nacional como la internacional, los prestadores de cuidados con fines de lucro operan con mano de obra inexperta y mal pagada, y ejemplo de ello es que un buen notable número de proveedores ha surgido de
empresas de limpieza doméstica.



Concluyo igual que empecé: estamos ante un momento muy importante de la historia social de nuestro país. El último gran avance social fue en 1990 con la ley que estableció las pensiones de carácter no contributivo. La protección que
consigamos para esos cientos de miles de españoles que necesitan del cuidado de otros será la prueba del nueve del progreso social que queremos para nuestro país.



El señor PRESIDENTE: Como es habitual en esta Comisión, iniciamos un turno de intervenciones, empezando por el Partido Popular, siguiendo por los de menor a mayor y finalizando con el Grupo Parlamentario Socialista.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ignacio Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quiero en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer la presencia esta mañana del señor Méndez en la medida en que ha tenido la oportunidad, y a la vez nos la ha dado al resto de los
miembros de esta Comisión, de volcar su opinión acerca del problema de la dependencia, un problema que, como ha puesto de manifiesto, si bien no es nuevo, afecta a un número importante de personas en nuestro país que necesitan sin duda de otras para
realizar sus actividades básicas y cotidianas, y, de una forma muy especial, el cuidado personal. Es un problema que ha adquirido unas dimensiones realmente importantes en los últimos tiempos como consecuencia del aumento del envejecimiento
relativo de la población (el 17 por ciento de nuestra población, 7,3 millones personas mayores de 75 años, está en estas condiciones, 800.000 españoles son ya mayores de 85 años, cantidad que se ha multiplicado por tres a lo largo de las últimas
tres décadas, 2,2 millones de personas discapacitadas son mayores de 60 años). El incremento del número de accidentes, de enfermedades crónicas y de enfermedades degenerativas sin duda es la etiología del aumento en el número de personas que,
viviendo más tiempo, tienen la posibilidad de enfermar en estas condiciones y, por tanto, necesitan este tipo de cuidados en la actualidad.



El problema de los cuidadores informales, cómo otros países han abordado este problema a lo largo de los últimos años, la incorporación de la mujer al mercado laboral y, por tanto, la dificultad que en este momento existe de que sigan
ocupándose de un tema que tradicionalmente había recaído especialmente en las familias y


Página 5


de una forma singular en las mujeres, la propia dimensión de los nuevos hogares españoles, cada vez más reducida y, desde luego, en muchos casos no preparados para estas circunstancias, han convertido este problema social, sin duda, en una
materia que es necesario abordar en este momento más allá de la importante labor que ya en estos momentos están realizando comunidades autónomas, ayuntamientos y otras administraciones públicas -sin duda también, la Administración central del
Estado-. Todo ello ha llevado a que la Comisión del Pacto de Toledo, que tiene una historia singular de acuerdos en materias realmente nucleares en el ámbito de la sociedad española, en su día propusiese como una de las recomendaciones el abordaje
de esta materia y, sin duda, también a que en estos momentos estemos profundizando en el debate de estas materias con el objeto final de conseguir una ley con el mayor acuerdo posible de todas las fuerzas políticas en el menor plazo posible.
Previamente hemos tenido la posibilidad de estudiar diversos informes técnicos, el libro blanco remitido por el ministerio -y en estos momentos estamos asistiendo a un importante número de comparecencias- que están permitiéndonos conocer de primera
mano la opinión de los agentes sociales, de las instituciones y de las organizaciones de carácter social o del tercer sector que vertebran el ámbito civil de nuestra sociedad en esta materia, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de
distintos expertos, en definitiva, de todas aquellas personas que algo tienen que decir esta materia. Sin embargo, tengo que poner de manifiesto que hemos recibido una mala noticia en los últimos días en la medida en que ya en el debate de
investidura del presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, el año pasado se comprometió a que la ley de dependencia estaría en esta Cámara en el mes de junio de este año -por tanto, el próximo mes, apenas dentro de dos semanas-. A lo
largo de los últimos meses hemos asistido a un discurso del ministro de Trabajo y Asuntos en el que intentaba dilatar los plazos hasta después del verano, más allá del mes de septiembre, y en el último debate del Estado de la nación en esta Cámara,
que concluyó en la tarde de ayer, el presidente del Gobierno adquirió una vez más el compromiso de traer esta ley a la Cámara, pero posponiendo la presencia de esta ley en la Cámara al último trimestre del año 2005. Más allá de parecernos una
dilación en el cumplimiento de compromisos importantes para la sociedad española -no podemos olvidar que hay varios millones de españoles que en este momento están esperando de una forma extraordinariamente ansiosa esta ley-, supone algo mucho más
importante para el Grupo Parlamentario Popular y es que, en la medida en que no tengamos esta ley lista antes del debate presupuestario, los derechos incorporados a esta ley no podrán integrarse en la legislación pertinente y, por tanto, los
ciudadanos no podrán tener acceso a los nuevos servicios, a las nuevas prestaciones en el ejercicio del año 2006.



En la medida en la que los agentes sociales han negociado a lo largo de los últimos meses con el Gobierno esta materia, nos gustaría conocer como grupo parlamentario en primer lugar, como es lógico, cómo va la marcha de estas negociaciones,
especialmente las que ha mantenido la Unión General de Trabajadores con el Ministerio de Trabajo; cuáles han sido los obstáculos, cuáles le parecen a usted como secretario general de su organización que son los obstáculos más importantes que hay
que resolver y, por tanto, cuáles son las cuestiones que en este momento son críticas a la hora de dilucidar sobre esta materia; cuál es su opinión respecto al retraso en la legislación de esta materia y de su incorporación a los Presupuestos
Generales del Estado, como decía; cuál es su opinión también respecto a que en estos momentos el compromiso del Gobierno de incorporar 1.000 millones de euros a la dependencia de forma adicional sobre lo que ya existía no se haya cumplido hasta
este momento, cuando llevamos más de un año de legislatura. Les solicitamos sobre todo que ustedes sean beligerantes en esa negociación porque nos parece enormemente importante y, repito, porque hay muchos millones de españoles en este momento
esperando una respuesta concreta del Gobierno a todas estas cuestiones.



Más allá de la posición de la Unión General de Trabajadores respecto a la ley de dependencia, y me refiero concretamente a su carácter de universal, a que esté dentro del ámbito de la Seguridad Social, a la igualdad; a que sea común para
toda España; a que prefieren los servicios frente a la atención familiar excepto en el medio rural, o una financiación esencialmente a través de recursos fiscales, corríjame si me equivoco, en la medida en que, según usted, la fiscalidad española
está por debajo de la media de la Unión Europea; a que pueda existir un aseguramiento del cuidador por parte de la Seguridad Social o servicios de respiro; a que no creen en el aseguramiento privado ni en los incentivos fiscales por su carácter
regresivo-, nos gustaría conocer, primero, su opinión respecto a que esta ley tenga un carácter básico y, por tanto, sea de obligado cumplimiento para todos los territorios de España; en segundo lugar si considera que el derecho que debe incorporar
la ley es de carácter subjetivo y, por tanto, al que tengan acceso todos los ciudadanos españoles por razón de serlo, forma dimanada de la propia Constitución; en tercer lugar, su opinión respecto de la equidad territorial, en la medida en que,
como usted conoce, hay comunidades autónomas que están complementando a mínimos, las cuales hacen que en este momento la equidad territorial se haya roto en materia de pensiones; en cuarto lugar, qué opina respecto a esta misma materia en el ámbito
de la dependencia; en quinto lugar, qué opina respecto de la concertación de servicios, respecto del modelo de gestión, respecto del apoyo futuro de la familia a estas cuestiones; cómo puede ubicarse este tipo de apoyo económico y, por supuesto,
este tipo de prestaciones. Por último, también quisiera conocer su opinión respecto de la progresividad de la implantación del modelo, es decir, el calendario que debe seguirse


Página 6


respecto de la implantación progresiva del modelo de cero al cien por cien en nuestro país.



Por mi parte nada más y me reservo la posibilidad de conocer o pedirle la matización de alguna de las cuestiones a las que mi grupo quiere tener respuesta en la mañana de hoy.



El señor PRESIDENTE: Señor Méndez, ¿quiere usted intervenir?


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Como usted vea. Es probable que puedan surgir temas con carácter repetitivo y quizás me interesaría contestar después, pero yo me someto.



El señor PRESIDENTE: No, no, aquí no somete nadie a nada. (Risas.) Usted tiene pleno derecho a intervenir cuantas veces quiera y decir lo que le parezca oportuno.



Entonces pasamos al Grupo Parlamentario Mixto. Doña Olaia, tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor Méndez por su comparecencia hoy en esta Comisión, comparecencia que tiene para mí un especial interés en la medida en que hasta ahora tuvimos comparecencias de instituciones u organizaciones
relacionadas con determinados sectores de la dependencia por su implicación personal reivindicativa en cuanto a las diferentes necesidades que se pueden contemplar en los distintos colectivos. El secretario general de una central sindical tiene que
tener una idea de las necesidades sociales, también de cómo se tienen que afrontar desde el punto de vista económico -y sabemos que la tiene al respecto-, sobre todo, cómo paliarlas, y de la gravosidad más o menos que pueden representar para
aquellos que tenemos que contribuir. Parto de la base, y estoy convencida, de que no son 3 millones los ciudadanos españoles susceptibles de la ley de dependencia, sino que realmente somos todos, unos directamente y otros indirectamente -aquellos
que en estos momentos tienen una determinada dependencia, otros que tienen que cuidar a los que son dependientes y el resto, susceptibles de cualquier tipo de dependencia o de tener que cuidar a un dependiente en cualquier momento- es decir, toda la
población estamos en el mismo saco, en el sentido de que todos vamos a necesitar ese servicio en algún momento, de ahí que compartamos todos -no creo que haya en este momento nadie ni ninguna institución política ni social que lo discuta- la
necesidad de la universalidad del servicio. Lo que más me preocupa, y en este sentido su aportación para mí puede ser muy interesante, es algo que no entendía muy bien, que la financiación no era lo fundamental; después ha aportado algunas
cuestiones a ese respecto. Teniendo claro que los servicios son necesarios, incluso cómo afrontar estos servicios de una manera seria y rigurosa y que significaría mucha creación de empleo, para mí lo fundamental es la financiación porque,
dependiendo del sistema de financiación, podremos pensar si vamos a tener un sistema nacional o estatal -a mí me gustaría más estatal, pero tampoco voy a discutir el título- en la dependencia o no. Usted apuntaba algunas cuestiones. Me parece que
a estas alturas en la Comisión ya deberíamos estar un poco más dispuestos a debatir en profundidad algunas cuestiones para que queden recogidas en la ley. Yo no digo que tenga que llegar este mes ni el mes que viene. A mí me gustaría -ya lo dije
en otra ocasión- que la ley que se presente y que aprobemos realmente dé solución a los problemas que está generando, que genera y puede generar la dependencia. Por lo tanto, que llegue cuando llegue, no dentro de dos años ni de 20 años, pero con
la suficiente matización y rigor para que, efectivamente, cumpla sus objetivos.



La financiación. Usted apuntaba algunas cuestiones. Entremos en materia, como se diría por ahí: cómo se valoraría en una central sindical, por ejemplo, que la financiación se cubriera por partes iguales, entre las aportaciones de los
ciudadanos y las aportaciones del Estado (un poco parecido a lo que es el Sistema Nacional de Salud), es decir que pudiera ser una contribución a través de la deducción del IRPF, cuando hacemos la declaración anualmente -ahí estaríamos todos los que
tenemos nómina y los que no-, o como se hace en la Seguridad Social, con una deducción a través de la nómina -es decir, una aportación de la patronal, una aportación de los trabajadores, igual que se hace para la formación profesional, para el
seguro de accidentes, etcétera-. ¿Hasta qué punto, y, por eso, a mí me interesa mucho la opinión de las centrales sindicales, puede repercutir negativamente -es decir, de manera importante- en los trabajadores y también en las empresas, que, al
final, son las que generan el empleo? ¿Se podrían buscar diferentes fórmulas como cotización a través de nómina a partir de un determinado salario, o porcentualmente -la diferencia de la cotización ya existe aplicando porcentajes distintos-, como
se hace en la sanidad, o podría ser mejor una deducción en el IRPF? En todo caso, ¿cómo se valoraría que el sistema nacional de la dependencia se creara con una seguridad total en la financiación a través de la participación económica de todos los
ciudadanos por estas vías y del Estado por el régimen general de fiscalidad -pues tiene que tener su propia aportación- en la medida, efectivamente, en que va a ser universal y dado que van a ser atendidas personas que no van a cotizar? El Estado
tiene que tener su propia aportación, no vaya a pasar como con las pensiones no contributivas, que, al estar dentro del sistema de pensiones, generaron un problema serio en determinados momentos. Dada que es mi mayor preocupación en este momento,
le agradecería su opinión al respecto.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor compareciente.



Página 7


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Perdóneme. Simplemente es que usted no entendió lo que dije sobre la financiación, que luego intentaré explicarlo, y yo no la he entendido a usted.
No sé exactamente lo que quiere decir con el 50 por ciento de aportación a la financiación de los ciudadanos.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No he dicho nada del 50 por ciento.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Eso es lo que tengo apuntado. Simplemente para poder cotejar.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Se lo aclaro. Cuando hablé de porcentajes no puse número. Hablé de una aportación social de los ciudadanos bien a través de la deducción en nómina, bien a través de la deducción del IRPF y otra parte del Estado
a través de la fiscalidad general.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Comprendido.



El señor PRESIDENTE: La intervención siguiente es para Izquierda Unida.
Tiene la palabra la diputada Carme García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Mi Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, también celebra esta comparecencia del señor Cándido Méndez y considera que es de un gran interés a dos niveles. Uno, porque
para los diputados y diputadas que asistimos a esta comparecencia conocer la opinión sobre esta materia del sindicato al que usted representa es muy importante y, si me lo permite, para mí es una oportunidad de trasladar en un marco más, porque
tengo constancia de que hay muchos otros foros tanto políticos como de participación donde hay personas que representan a mi grupo parlamentario, y seguramente trasladan o están trasladando en estos momentos su opinión y cómo nos posicionamos
nosotros ante la futura ley.
En todo caso, como grupo parlamentario aquí en el Congreso también es una oportunidad poder trasladarle cómo lo entiende nuestro grupo.



Quisiera manifestarle una cuestión, y también en relación con esto le pediría su opinión, en cuanto a la futura ley, esperemos se llame para la autonomía personal o algo similar en lugar de para la dependencia, discrepamos en cuanto al
planteamiento que en diferentes declaraciones se han ido realizando de manera no formal, sino comentario, ya que se ha ido nombrando en más de una ocasión cómo el posible cuarto pilar de bienestar social. Hemos discrepado desde el primer momento e
intentamos ir explicando aquello que para nosotros debería ser el cuarto pilar.
Quisiera saber cuál es su posicionamiento en relación con este tema. El cuarto pilar que falta es el desarrollo real de los servicios sociales en nuestro país. No es
casualidad que los servicios sociales, además de manera tan desigual en las diferentes comunidades autónomas, hayan sido y continúen siendo la hermanita pobre, la hermanita de la caridad de todos los servicios de bienestar social, la educación, la
sanidad, etcétera. En este caso los servicios sociales han quedado en un lugar de mínimos y dirigido a una mínima población. Esto ha de superarse y colocarse en los estándares y en las perspectivas que hay en la Unión Europea, en la mayoría de los
Quince. Esto significa que deberíamos tener más gasto social y una presión fiscal diferente, más importante, con más ingresos.
No creemos en los cuentos de hadas en materia económica, en otras a lo mejor sí, sobre todo cuando se trata de explicar
un cuento a un niño, pero en materia económica y para problemáticas como la que estamos tratando no nos cuadra. No nos cuadra el planteamiento de querer abarcar y querer llegar a este listón del bienestar social que se está haciendo en los
discursos, y que compartimos como planteamiento, pero no nos cuadra con el tema económico y con los ingresos que el Estado va a tener para poder hacer frente.



En Catalunya decimos que no hay que empezar la casa por el tejado, sino por los cimientos. Había que haber desarrollado una verdadera ley de servicios sociales y que dentro de esta ley se hubiera desarrollado esa atención a las personas con
dependencia, como ya se ha dicho. No voy a repetir las cifras porque llevamos meses y meses repitiendo cifras que además nunca coinciden. Las anoto todas y nunca coinciden ni en los millones ni en los porcentajes porque está por calcular todavía.
Porque ¿qué entendemos por dependencia? ¿Qué entendemos por problemas de autonomía? Todos podemos en un momento determinado de nuestra vida ser dependientes y hoy estamos entendiendo una tipología o estamos entendiendo como dependencia una idea y
justo esta ley va a tener que dar un marco más amplio. En este sentido, debido a esta falta de desarrollo de los servicios sociales, desde el punto de vista de derechos universales, con prestaciones y con derechos más amplios, ahora urge mucho
abordar esta problemática porque la población ha envejecido, porque hay nuevas necesidades, ya que hasta hace muy poco la mujer era la que asumía todas estas necesidades familiares y sociales. Sin embargo, nos da bastante miedo y así se lo
planteamos. Nos da bastante miedo que creamos que abordando esto estamos abordando el cuarto pilar del bienestar social. Nuestro grupo parlamentario como fuerza, aquí y fuera del Congreso, va a ir reflexionando y llevar nuestra conclusión a los
diferentes foros. Quisiera saber su opinión en relación con esto, porque al contestarme esto me va a contestar muchas otras cuestiones y no quisiera alargarme. Este es un hilo conductor que nos lleva a cómo entendemos que ha de ser este Estado de
bienestar social, cómo


Página 8


entendemos que se ha de financiar y también cómo entendemos que podemos llegar a ese nivel de gasto social medio de los países europeos. Quisiera saber cómo valoran en su sindicato todo este concepto, no tan solo limitado al de dependencia,
sino a un amplio concepto de bienestar social.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la intervención del señor Méndez. Todos los portavoces estamos reiterando la importancia de los agentes sociales en todo el proceso de debate de la elaboración de esta futura
legislación. Además, señor Méndez, el propio Gobierno ha situado en el diálogo social y, por tanto, en la responsabilidad también de su sindicato la solución de algunas de las principales incógnitas que en esta materia hoy siguen abiertas y, muy
especialmente, todo aquello relacionado con la financiación de estas nuevas prestaciones de carácter social. Mi grupo puede compartir el criterio del Gobierno en que una decisión de estas características se residencie en el diálogo social. De
hecho en los últimos siete, ocho o diez años buena parte de las leyes que estamos aprobando en esta Cámara que afectan al ámbito laboral y al de la Seguridad Social son el resultado de ese diálogo social, dejando un margen a la acción de esta Cámara
para innovar sobre ese esfuerzo de acuerdo que se hace en el diálogo social realmente escaso. Los agentes sociales y el Gobierno no van a pactar esta ley lógicamente, sino que va a entrar en esta Cámara para que ésta ejerza sus funciones, pero
insisto en que el Gobierno ha querido residenciar en el diálogo social algunas cuestiones fundamentales como la de la financiación. Si me permite, señor Méndez, me ha sorprendido su voluntad de querer relativizar este debate cuando, a nuestro
entender, la aportación de la Unión General de Trabajadores se va a producir en la discusión sobre la financiación. Si no es así, me gustaría nos lo aclarase para información de los miembros de esta Comisión y del conjunto de la Cámara.



Me gustaría trasladarle nuestras preocupaciones en relación con esta cuestión, porque el debate sobre la financiación va a ser un debate sobre al menos tres cuestiones: una primera sobre el nivel de intensidad protectora que atribuimos a
estas nuevas prestaciones sociales; la intensidad de la acción protectora; aquello que queremos proteger, amparar. En segundo lugar, el carácter universal o no de esta protección social. En tercer lugar, la sostenibilidad de las políticas que se
deriven de esta protección, de estas nuevas prestaciones de carácter social. Intensidad en la protección, carácter universal o no y sostenibilidad de este nuevo catálogo de prestaciones sociales. En este sentido, mi grupo viene trasladando desde
el primer día, desde la primera comparecencia de la señora Valcarce, que el criterio de universalidad y de sostenibilidad no hacían compatible que esta prestación fuese vinculada a nuestro sistema de la Seguridad Social. Es más, financiar a costa
de cuotas sociales la atención a la dependencia es ir marcha atrás en el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo consagra en su núcleo la separación de las fuentes de financiación y consagra que sanidad, servicios sociales, pensiones contributivas y
complementos a mínimos se van a financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ahí la Unión General de Trabajadores ha sido especialmente combativa, por ejemplo, en todo lo que hace referencia a la necesidad de acelerar que los
complementos a mínimos sean pagados a través de los Presupuestos Generales del Estado y, que con los excedentes de la Seguridad Social, apostemos por la mejora de las pensiones más bajas o bien por reforzar el fondo de reserva. Me gustaría conocer,
insistiendo en ese papel central que ustedes tienen atribuido, qué posición tienen en relación con esta cuestión.



A mi grupo le preocupa el retraso que el Gobierno está teniendo en aprobar el anteproyecto de ley, el proyecto de ley. La señora García consiguió la aprobación de una moción muy tímida hace unas cuantas semanas en la que se decía que este
proyecto de ley se aprobaría antes del 30 de septiembre, pero esta misma semana hemos decidido que sea en el último trimestre del año. Cuán largo me lo fiáis. Nuestra sensación es que el Gobierno se ha lanzado a esta piscina, a la piscina de la
atención a la dependencia sin haber resuelto estas cuestiones: la intensidad de la protección, el carácter universal o no de la misma y la sostenibilidad o no de este sistema. Lo que se está evidenciando en ese retraso no es tan sólo esa
imprevisión del Gobierno, sino también discrepancias internas en el seno del Gobierno a la hora de abordar ese compromiso electoral y ese compromiso político solemnizado por el presidente del Gobierno. Nos preocupa porque todos coincidimos en el
diagnóstico de la situación, coincidimos en las expectativas que se han generado en el conjunto de la sociedad y coincidimos en las necesidades de las personas dependientes y de sus familias. Jugar a generar esperanzas en cuestiones esenciales que
afectan a la vida de las personas, a su calidad de vida, a sus problemas más cotidianos nos parece especialmente grave. Me gustaría conocer también cómo interpreta la Unión General de Trabajadores ese retraso en el cumplimiento de los objetivos del
Gobierno.



Finalmente, hay cuestiones no menores sobre las que también me gustaría conocer su opinión en el debate que vamos a tener con la Unión General de Trabajadores, igual que Comisiones y la OCDE que van a tener su criterio.
En primer lugar,
cómo hacemos compatible ese carácter de ley del conjunto del Estado, ese principio de igualdad del conjunto de los ciudadanos y evitar que esta sea una ley uniformadora y que vacíe de contenido las competencias que en materia de asistencia social y
sanidad tienen atribuidas las comunidades autónomas. A nuestro entender, no se puede confundir igualdad de los ciudadanos ante la ley con el concepto de uniformidad. Eso iría en contra de la Constitución, de los


Página 9


Estatutos de autonomía y diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, cómo garantizamos que este sistema sea un sistema de calidad, de calidad también en términos humanos. Estamos hablando de asistencia a personas y,
por tanto, la calidad humana va a ser fundamental y se corre el riesgo de organizar un sistema excesivamente burocratizado que no dé respuesta a los problemas reales de las personas, lo cual nos preocupa. Queremos conocer la posición de la UGT ante
esta cuestión. En tercer lugar, quizá no he entendido bien, le pido que aclare si la Unión General de Trabajadores acepta el principio de participación de los usuarios en la financiación de estos nuevos servicios y, finalmente, nos gustaría que
pudiese desarrollar un poco más si es posible, ha hecho un ejercicio de realismo que mi grupo comparte, lo siguiente: Muchas familias van a continuar optando por encargarse de sus dependientes y, por tanto, a nuestro grupo le parece básica una
buena regulación del apoyo a los cuidadores informales, a las cuidadoras informales. Ahí también nos gustaría conocer la posición de su organización.



Quiero agradecerle su comparecencia y espero que podamos contar de nuevo pronto con su intervención en esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.



La señora LOPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero mostrar no sólo mi satisfacción personal sino también la de mi grupo y dar la bienvenida a esta Comisión a Cándido Méndez como grupo y como militante de la UGT.
Después de escuchar su
discurso diré que compartimos muchas de las manifestaciones que ha planteado. Voy a hacer una serie de reflexiones.
Como verá en algunas coincidimos y en otras seguro que al final estaremos en la misma línea.



Lo que ha hecho el libro blanco es poner encima de la mesa cuál es la situación de los servicios sociales en nuestro país así como la situación de la dependencia en el país. Cuántas personas hay..., Es verdad que hay muchas cifras, pero si
concretamos y hablamos de las personas dependientes en un estado grave, es decir, estamos hablando en torno al millón 125.000 personas, según datos del libro blanco. De esa cantidad, 826.000 son personas mayores de 65 años. Eso nos demuestra que
en los próximos años va a haber un aumento importante de personas en esta situación porque el beneficio y el gran avance que ha supuesto en nuestro país que logremos que las personas vivan más años supone que en los próximos 10 años va a haber más
personas. Ahora hay un 17 por ciento de personas mayores de 65 años y nos situaremos en un 22 por ciento dentro de diez años. Es decir, dentro de diez años nos encontraremos alrededor de dos millones de personas mayores de 80 años. Según los
expertos, una persona a partir de los 80 años ya empieza a tener alguna dependencia en función de sus propias condiciones. Usted lo decía, en este país la falta de protección del Estado, cuando digo Estado incluyo a las tres partes que lo componen,
comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado central, ha venido siendo suplida por las familias, fundamentalmente por las mujeres. Según los datos, el 83 por ciento de los cuidadores informales en este país son mujeres y, según se dice, si
hiciéramos un retrato robot de la persona que cuida a otra persona mayor, a lo mejor nos encontrábamos con una mujer en torno a sesenta de años que cuida de otra persona mayor de 80 años o de un discapacitado o de un niño. Si en el futuro queremos
paliar esa situación, no sólo estamos hablando de cubrir una necesidad que tiene el país, sino que también estamos hablando de que podamos permitir que la mujer se incorpore a una actividad laboral en plena igualdad y con posibilidades reales de
hacerlo. Cuando se afronta una ley como la que se ha anunciado y cuando se pretende una cobertura como la que estamos hablando, sería un milagro de los que ya no abundan que pudiéramos todos los grupos parlamentarios, agentes sociales...
coincidir
a la primera. Repito, no sería un milagro de los pequeños sino de los grandes porque aquí hay posiciones muy diferenciadas. No creo que debamos poner el acento o la preocupación en si la ley tenía que estar en junio o va a estar en octubre. El
problema es si vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo sobre un sistema que cubra y dé servicios a aquello en lo que parece que todos estamos de acuerdo en cuanto al diagnóstico.
Es cierto lo que decía la portavoz de Izquierda Unida, que dada la
situación en nuestro país de los servicios sociales lo ideal hubiera sido poder hacer una ley marco de servicios sociales y dentro de ella hacer una que complementara especialmente el tema de la dependencia y entonces considerar que los servicios
sociales son el cuarto pilar del Estado del bienestar. No obstante, la situación de necesidad que tenemos en este momento hace que tengamos que afrontar el tema de la dependencia con prontitud, es decir, aplicando aquello de sin prisa pero sin
pausa, porque lo importante es que consigamos una ley donde se refleje todo.



El gran problema de esta ley va a ser la financiación. Es una ley muy ambiciosa con la que se quiere proteger a un amplio número de ciudadanos y tiene que servirnos, como bien decía usted en su intervención, para lo cual el sistema de
financiación que elijamos tiene que ser un sistema estable que nos sirva hoy y dentro de diez años. Además la ley tiene que garantizar unos derechos de universalidad para todo el mundo y que todo el mundo pueda exigir esa cobertura al Estado.
Asimismo, tiene que establecer otra serie de requisitos: igualdad de acceso, igualdad en todos los territorios y las valoraciones necesarias. Esto es, que una persona teniendo la misma necesidad en Cataluña, en Baleares o en Castilla-La Mancha
tiene que tener la misma protección y eso requiere que haya unas negociaciones muy amplias, porque lo que no podemos olvidar, además el Grupo Socialista hace hincapié en ello, es que esta ley tiene que ser consensuada con los agentes sociales por
una parte, porque si no no


Página 10


podríamos sacarla adelante, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, porque sin ellos tampoco podríamos hacer esta ley.
Tomémoslo con relativa calma, sin olvidar el tiempo que corre contrarreloj, pero es preferible retrasar la
ley un mes o dos meses y alcanzar un acuerdo que realmente incorpore a todo el mundo. Tampoco tendría sentido aprobar una ley sin el apoyo del Partido Popular como mayor partido de la oposición que es y que aspira a volver al Gobierno, aunque
esperemos que dentro de 25 ó 30 años. Como esta ley ha de durar esos años, lógicamente tenemos que alcanzar un acuerdo que nos implica a todos.



Hay una encuesta, del año 2004, que nos dice que el 76 por ciento de los ciudadanos de nuestro país considera la atención a la dependencia como una prioridad y, el 70 por ciento, se muestra favorable a pagar más impuestos para este fin.
Este es un dato importante. Que el 70 por ciento se muestre partidario de pagar más impuestos para este fin nos debería dar una idea del volumen de la necesidad a cubrir. La implantación de este sistema no nos va a poner al mismo nivel respecto de
la Unión Europea, porque todavía queda mucha diferencia. En España, en el 2002, el gasto social estaba en torno al 20 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea era del 28 por ciento. Parece que hay un consenso importante respecto al
nombre de la ley en el sentido de ponerlo en positivo y que hablemos de la ley para la autonomía personal, aunque eso no va a impedir que a la hora de definir las cosas tengamos que hablar de dependencia. Tenemos margen suficiente como para hacer
una ley que dé cobertura y podamos dedicar el nivel de gasto que realmente es necesario.
Piensen que en España se dedica al gasto social 835 euros por habitante frente a los 5.606 de la Unión Europea. Esto nos da un idea de la situación en que
estamos.



El señor Echániz siempre insiste en que vamos con retraso y lógicamente tengo que decirle lo mismo también, perdieron una oportunidad. En el año 2001 firmaron con Comisiones Obreras y la CEOE que la ley estaría en el 2002. No fueron
capaces de hacerlo o no quisieron hacerlo. Nosotros llevamos gobernando un año hemos hecho el libro blanco y estamos hablando de que la ley estará aprobada en el próximo período de sesiones. Son compromisos más que concretos. Además tengo que
decirle que no se preocupe. En los próximos presupuestos para el año 2006 va a haber ya una partida importante para poder aplicar la ley en dicho año. En ese sentido, tengan la tranquilidad de que se va a hacer bien. A veces planteamos que
queremos el consenso y conseguirlo también requiere su tiempo, porque para alcanzarlo tenemos que dar argumentaciones previas de por qué cada uno defiende una cosa diferente y llegar a alcanzarlo. Por tanto, no se preocupen. Vamos bien de tiempo.
La ley estará lista en el próximo período de sesiones, la ley entrará en vigor en el 2006 y tendremos dinero previsto ya en los presupuestos para el 2006. El señor Campuzano hablaba de burocratización y que podría ser una ley uniformadora, yo le
voy a poner un ejemplo. Si en este país hay algo que funciona bien es nuestro sistema público de pensiones; es una de las cosas que mejor funciona. Cuando un ciudadano se jubila va al INSS, solicita su pensión y, al cabo de dos semanas, tiene
reconocida su pensión y a final de mes cobra. El funcionamiento creo que está fuera de toda duda. Además, si comparamos los costes del funcionamiento con los costes de la gestión de los planes y fondos de pensiones privados, la Seguridad Social
recibe todavía mejor puntuación. Por tanto, creo que tenemos la garantía absoluta de que una ley que sea estatal, que garantice la universalidad, que garantice el que en todas las comunidades autónomas se pueda dar el mismo servicio, en ningún
momento va a suponer ni mayor coste de gestión ni mayor burocratización. Yo no sé lo que entiende usted por una ley uniformadora, pero que las comunidades autónomas van a tener que participar, sin ninguna duda. Ya lo hemos dicho por activa y por
pasiva. No se puede hacer una ley de dependencia al margen de las comunidades autónomas. Hay que hacerlo con las comunidades autónomas. Pero podemos hacer una ley a nivel general y que luego sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los
que la desarrollen y la gestionen, porque es importante la participación, ya que estamos viendo cada día cómo el ciudadano donde acude a pedir la prestación es a los ayuntamientos. Le voy a dar otro ejemplo para su tranquilidad. Creo que el
sistema de salud, con todos los problemas de financiación que pueda haber, también es un buen ejemplo de cómo puede funcionar entre comunidades autónomas y Estado. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión. Nosotros no es que estemos en
contra del sector privado, hay que contar con él porque ya está dando unos servicios y está ahí, pero hay que ver cómo se hace, porque el sistema sanitario en algunas comunidades -entre ellas la suya y la mía- es un ejemplo de que a veces el sector
privado ayuda, pero también encarece. (El señor Campuzano i Canadés: No exactamente.)


Por último, creo que la ley de dependencia es un gran reto que tenemos en este momento. Va a ser una realidad a final de año o a primeros del otro.
Repito que tiene que ser un sistema que contenga la universalidad de prestaciones, con
carácter público, con igualdad de acceso, que la valoración y el reconocimiento sean únicos en todo el Estado, que la gestión sea descentralizada en comunidades autónomas y en corporaciones locales y, lógicamente, hay que ponernos de acuerdo en cómo
lo financiamos. Estamos de acuerdo en que debe ser una prestación de la Seguridad Social, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Pues todavía estamos en ese debate. Se plantea a veces que hay distintas posiciones en el Gobierno, en el Ministerio de
Trabajo y en el Ministerio de Economía, pero si no hay debate se dice que es ordeno y mando, y si hay debate son discrepancias. Yo creo que no estamos ni en un extremo ni en otro, estamos en un momento en el que estamos viendo cuál es el sistema
que nos permite garantizar la financiación no sólo para la implantación, sino para el futuro de la ley, y en esa


Página 11


línea estamos. Uno de los sistemas podría ser el que usted ha planteado durante su intervención.



Finalizo agradeciéndole su comparecencia y desearía que viniera más a menudo a esta Cámara para poder debatir con usted distintas cuestiones porque, al fin y al cabo, los agentes sociales junto con el Gobierno a través de la concertación son
los que a veces tiran del carro y hacen que los gobiernos vayan en la línea adecuada; si incluso lo digo del mío, fíjese usted de los anteriores.



El señor PRESIDENTE: Don Cándido Méndez, tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): En primer lugar, quiero agradecer sus intervenciones.
En segundo lugar, voy a hacer algunas reflexiones de carácter general, partiendo de lo que
puede ser el calendario de desarrollo legislativo. En este sentido, estamos en un ámbito en el que hay un protagonismo del Parlamento muy importante. Sin ningún género de dudas, es el papel más importante, afortunadamente abierto al diálogo
social. La voluntad que inspira a la Unión General de Trabajadores en este proceso de diálogo social en el que participamos es la de contribuir a un entendimiento general de los sindicatos y de los empresarios, así como a un entendimiento general,
en la medida de nuestras posibilidades, en el marco del Poder Legislativo, que es el que va a tener la última palabra a la hora de legislar en esta materia tan importante. Por eso nuestra posición parte de una serie de principios, pero queremos que
a la vez sea una posición flexible, que pueda contribuir al acercamiento y al consenso general. Dicho esto -y no me lo tomen como un reproche-, es cierto que ya ha habido en su momento anuncios de que se iba a definir una política de atención a la
dependencia, aunque ni siquiera se precisaba si esa política iba a configurar un derecho o no, o si iba a tener una cobertura legal o no. Creo que podemos aprender de aquella experiencia. Mi organización no firmó el acuerdo en el que se acotaba,
incluso en el tiempo, la definición de aquella política de atención a las personas dependientes. Efectivamente, había un calendario para que en cualquier caso antes de la finalización de la pasada legislatura se hubiera defendido esta política. No
se ha defendido. Estamos en la coyuntura actual y creo sinceramente que más que el tiempo lo que interesa es definir una buena ley para configurar el sistema nacional de dependencia, y que esa buena ley tenga como requisito -que además creo que es
consustancial al calificativo de buena- que haya un entendimiento de carácter general. Me gustaría precisar el sentido en el que yo comentaba que la problemática de la financiación no era el dato fundamental, aunque indudablemente es un elemento
muy importante. Lo decía en el sentido de que precisamente en este tema hay una voluntad clarísima y explícita de los ciudadanos españoles para aceptar un aumento de los impuestos con la contrapartida de que se configure un buen sistema de atención
a las personas dependientes. O sea que en este caso no nos encontramos con una reticencia social a cualquier aumento de la presión impositiva en nuestro país. En ese sentido, era en el que yo definía como un problema no esencial, aunque sí
importante, la problemática de la financiación. En otros ámbitos de la vida del país hay reticencias, hay resistencias por parte de los ciudadanos a aceptar una subida de los impuestos, sin embargo en este caso hay una apreciación absolutamente
clara y diáfana en el sentido de que si se suben los impuestos y esa subida tiene como contrapartida el establecimiento un sistema nacional de dependencia, se acepta con agrado en el 75 por ciento de la población Creo que ése es un dato que deberán
tener en cuenta SS.SS. y el Gobierno de la nación; nosotros indudablemente lo utilizamos de referencia. Por tanto, a mí lo que me importa es que se configure el derecho y que ese derecho tenga carácter universal -y para la Unión General de
Trabajadores eso significa que, evidentemente, acoja a los ciudadanos españoles, pero también a ciudadanos extranjeros con residencia legal en nuestro país- y que esté vinculado a la Seguridad Social. En ese sentido, nosotros defendemos un concepto
amplio del ámbito de la Seguridad Social. A nuestro juicio, no se debe de reducir exclusivamente a prestaciones de carácter contributivo, sino que debe de amparar cualquier tipo de servicio o prestación que garantice el principio constitucional de
la igualdad. La principal herramienta para la garantía de la igualdad que existe en nuestro país es precisamente el Sistema de Seguridad Social, y en ese sentido lo planteamos. Para nosotros el Sistema de Seguridad Social abarca indudablemente las
pensiones, la protección por desempleo, pero también la protección familiar, los servicios sociales o este nuevo derecho que se derive del sistema nacional de dependencia. Eso es lo que a nosotros en la actualidad nos importa.



En cuanto a lo manifestado por el señor Echániz en relación con los compromisos que haya podido contraer el Gobierno para habilitar una cuantía para la financiación de las situaciones de dependencia en el año 2005, lo que le puedo decir es
que nosotros en la Unión General de Trabajadores para el año 2005 establecimos como prioridad el aumento de las pensiones mínimas. La prioridad de la Unión General de Trabajadores era conseguir que la Administración aumentara con carácter de
urgencia las pensiones mínimas. Tengo que manifestar que ha habido una cuantía de aumento de las pensiones mínimas -que además es una cuantía que se puede considerar de carácter histórico por el nivel de aumento- que nosotros hemos valorado
positivamente y que debe proseguir en el tiempo. Para nosotros era muy importante la subida de la cuantía de las pensiones mínimas, en tanto en cuanto que hay casi 700.000 personas en nuestro país, entre pensionistas y jubilados, que viven por
debajo del umbral de la pobreza. Éste es el debate. Lo que ha ocurrido en el pasado es que iniciativas que han adoptado comunidades autónomas de diverso signo político, con gobiernos nacionalistas, con


Página 12


gobiernos del Partido Popular, con gobiernos del Partido Socialista, de aumento de la renta de los pensionistas que perciben pensiones mínimas, ha sido simplemente el reflejo de una situación, que la cuantía general de las pensiones mínimas
era claramente insuficiente y, por tanto, había que propiciar esa elevación. En consecuencia, volviendo al hilo general de la intervención, nuestra prioridad es configurar el derecho y que asentemos, a través de una ley que tenga un alto consenso,
el sistema nacional de atención a las personas dependientes o de apoyo a la autonomía personal, la expresión políticamente correcta la dejo a juicio de sus señorías.



En cuanto a si la ley de dependencia es el cuarto pilar del Estado del bienestar, yo creo que se podría considerar como el núcleo fundamental del cuarto pilar del Estado de bienestar que puede tener otra serie de elementos en su entorno. Mi
aproximación a lo que puede ser un debate de identificación en términos de definición de qué significaría la ley, es una aproximación pacífica, digamos que estoy dispuesto a aceptar cualquier razonamiento en esta materia. En cualquier caso, de lo
que sí está convencida mi organización es de que la ley de dependencia es una formidable herramienta para la justicia social, configura un nuevo derecho y supone superar una situación de estancamiento del Estado del bienestar. La última vez que el
Estado del bienestar experimentó una expansión en nuestro país fue en el año 1990, hace 15 años, en el marco del diálogo entre los sindicatos y el Gobierno de turno, cuando definimos la pensión no contributiva. Desde entonces y hasta la fecha hay
un estancamiento del Estado del bienestar. Por tanto, nosotros le damos una connotación importante y singular al hecho de que se pueda definir este nuevo derecho, que es una herramienta muy importante en términos de justicia social, en términos de
creación de empleo y una herramienta formidable para la promoción de la igualdad real. Probablemente ésta sea la característica que mayor valor se le puede otorgar en la ley de dependencia. Creo que todas las políticas que hasta la fecha se han
podido desarrollar en el ámbito legislativo en materia de igualdad hombre-mujer quedarían en segundo plano respecto a la importancia que tiene en relación con este tema el sistema de atención a las personas dependientes que pretendemos configurar
entre todos.



Por lo que se refiere a la financiación, en la definición final consideramos que debe de existir un sistema de financiación a través de recursos fiscales, al que deben de contribuir las tres administraciones: Administración general del
Estado, Administración de las comunidades autónomas y Administración de las corporaciones locales. Ésa sería la definición en cuanto a la aportación de gasto público. Efectivamente, consideramos que se debe de mantener la aportación del usuario,
pero en ningún caso en un porcentaje superior al que en la actualidad ya aporta, y en ese sentido se pueden discutir diferentes fórmulas o diferentes límites. Ha habido intervinientes que han planteado que el límite de la aportación del usuario se
defina en relación con la aportación para la limpieza de la ropa y para la manutención, una cantidad que podría estar entre el 15, el 16, el 17, en cualquier caso estaría por debajo del 25 por ciento. Me parece que es una cifra interesante.
Simplemente la saco a colación, no es una propuesta. Mi planteamiento fundamental es que en ningún caso supere la aportación actual, pero me parece interesante que se analice ese límite, que podría ser el de limpieza de ropa y manutención. En
cualquier caso, junto a lo que puede ser la definición de un porcentaje de aportación, sí que me gustaría dar sobre todo criterios.
Nosotros seríamos partidarios de que la participación del usuario en el coste de los servicios obedeciera a los
siguientes criterios: en atención a domicilio, aquellas personas por debajo de un nivel de renta a determinar no participen en el coste o que su participación sea inferior a los de renta superior. En definitiva, que con los recursos económicos que
le resten puedan llevar una vida digna. En atención residencial, debe garantizarse siempre una suma mínima a la libre disposición del beneficiario. En el caso de que el titular de una pensión sea ingresado en una residencia y tenga cónyuge u otra
persona a cargo que siga viviendo en el domicilio, ha de garantizársele a esta última un mínimo de renta. A mi juicio, estos serían los cuatro criterios que habría que tener en cuenta a la hora de definir la aportación económica del usuario con ese
límite general de que en ningún caso sobrepase la aportación que en los términos actuales se plantea.



Por otro lado, comentaba anteriormente que debe ser un derecho universal vinculado a la Seguridad Social. Eso indudablemente implica que nosotros defendemos que la norma tenga vocación armonizadora. Creo que se deben definir unos
procedimientos, unos niveles de servicios y prestaciones comunes para el conjunto del país a través de la norma. A mi juicio, ése sería el objetivo que se incorpora dentro del término de armonización, siendo conscientes de que aquí la labor de
consenso es una labor muy importante, en tanto en cuanto hay que contar con la predisposición de quienes tienen competencias exclusivas en materia de servicios sociales, como son las comunidades autónomas. Lógicamente hay que contar también con la
predisposición de las corporaciones locales, como decía anteriormente, a las que junto a las comunidades autónomas les solicitamos que aumenten la aportación económica que actualmente están dando. Hay que contar con todos los partidos políticos,
porque el Gobierno de la nación en la actualidad tiene un determinado signo político, pero en las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir, hay un Gobierno autónomo de diferente signo político. Por tanto, el consenso entre los partidos en
este caso es fundamental. En consecuencia, a nosotros nos parecería importante que se reconociera su vinculación a la Seguridad Social y que la ley tuviera carácter armonizador. Nosotros no somos contrarios a que se concierte con la iniciativa
privada este tipo de servicios, pero debe haber unas normas de calidad comunes, que cumplan indistintamente los servicios públicos y los servicios privados.



Página 13


Lo que debe de primar ante todo y fundamentalmente es la garantía de calidad en la prestación del servicio.



En relación con las prestaciones económicas que las familias cuidadoras deben recibir, pensamos que se deberían de tener en cuanta los siguientes criterios y en el siguiente orden y desde nuestra apuesta por dar prioridad a los servicios
frente a la prestación económica. En primer lugar, para las personas cuidadoras de la familia se debería de considerar el tiempo de cuidados como de cotización a la Seguridad Social a efectos de pensión, con el fin de que el cuidador o la cuidadora
acceda a las pensiones como derecho propio. En segundo lugar, se debería garantizar la formación del cuidador y suministro de productos auxiliares y ayudas técnicas, sillas de ruedas, camas adaptadas, etcétera, que faciliten el mayor grado de
autonomía. Incluso en el caso de que se opte por una prestación económica, podría ser recomendable que al menos un periodo de tiempo semanal fuese obligatoriamente cubierto por servicios profesionales, lo cual tendría las siguientes ventajas: la
formación del cuidador familiar durante cierto tipo en tareas más complejas que las de tipo doméstico, el control de que realmente se atiende a la persona dependiente, el seguimiento de la evolución del grado de la dependencia y, por último,
establecer servicios profesionales de carácter temporal para permitir a los cuidadores tiempos de respiro, vacaciones, enfermedad del cuidador, entre otros supuestos. Estos son los criterios que consideramos que se deben priorizar en relación con
las prestaciones para la familia cuidadora. Indudablemente en este momento hay que solventar cuál es el mecanismo de financiación transitoria. En la situación actual, una vez que se promulgue la ley ¿cuál sería el mecanismo de financiación
transitoria? Nosotros dentro del planteamiento general de que debe ser financiado por recursos fiscales, pensamos que con carácter transitorio se puede plantear la financiación vía cotizaciones sociales. Hay diferentes opciones, al menos nosotros
hemos observado cuatro opciones.
Una, la subida de la cotización social. La segunda sería utilizar parte de la cotización social actual para este servicio. La tercera sería utilizar parte de los excedentes actuales antes de consolidarlos en el
fondo de reserva, no utilizar el fondo de reserva, sino utilizar los excedentes que en la actualidad se están generando en la Seguridad Social antes de incorporarlos al fondo de reserva. La cuarta opción sería abordar el proceso de resolución
definitiva de la cuenta de enlace que existe entre la Seguridad Social y la Administración del Estado, donde existen una serie de créditos que la Seguridad Social ha recibido del Estado porque el Estado a su vez era incapaz de financiar servicios
que son derecho de ciudadanía, es decir, resolver definitivamente esa situación y con los recursos que se generen darle el impulso inicial a la financiación del sistema de atención a la dependencia. Estos son los criterios que nosotros planteamos.
Pensamos que en la búsqueda del consenso general las dos primeras líneas de actuación serían desfavorablemente acogidas por algunos sectores, pero sin embargo las dos últimas, la utilización de los excedentes antes de incorporarlos al fondo de
reserva, o los recursos que se generen con la resolución de la cuenta de enlace entre Seguridad Social y el Estado, sí que podrían ser dos fórmulas que permitieran darle el impulso inicial al sistema de atención a las personas dependientes.



Creo que he contestado a los temas que ustedes me han planteado. Si hay algún elemento que no haya contemplado, como ustedes tienen ahora un segundo turno, en mi próxima intervención les podré responder, en la medida de mis posibilidades, a
lo que ustedes pregunten.



El señor PRESIDENTE: Voy a dar un segundo turno, pero yo pediría mayor concreción y mayor brevedad, si es posible.



Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quiero comenzar esta segunda intervención, que va a ser muy breve, agradeciendo de nuevo su intervención al secretario general de UGT. Su intervención esta mañana ha sido bastante clara en muchos aspectos, lo cual
nos satisface en gran medida, y de una forma muy especial cuando se compromete a criterios que nosotros consideramos esenciales en el devenir de esta ley, uno de ellos el que sea universal.
Nos encanta habérselo escuchado en la mañana de hoy porque
nos parece enormemente importante y también porque vemos al Gobierno poco convencido en esta materia y, desde luego, enormemente dubitativo; prueba de ello son sus enmiendas a las mociones que se han presentado por distintos grupos a lo largo de
las últimas semanas en esta Cámara. Por lo tanto, repito, que usted considere la necesidad de la armonización legislativa en esta materia, que sea universal y que pueda incorporarse, en la medida en que se está produciendo en este momento, la
participación por parte de los usuarios en la cobertura de estas prestaciones nos parecen posiciones razonables con las que, sin duda, nosotros vamos a coincidir. Más allá de estas cuestiones, me gustaría formularle cinco preguntas muy breves y muy
concretas. En primer lugar, ha puesto de manifiesto en su intervención inicial que el Sistema de Dependencia español necesitaría de un incremento del 0,6 por ciento del producto interior bruto para cubrir sus necesidades. Mi pregunta sería que
cómo llega su sindicato o usted a esta cifra (yo entiendo que llegan a esa cifra sobre los 3.500 millones de euros que en este momento se están dedicando actualmente por parte de las administraciones), si contempla el incremento del 0,6 por ciento
del producto interior bruto en el escenario inicial del proceso de cobertura de las necesidades de la dependencia, en un proceso progresivo o en un proceso final, es decir, si el incremento del 0,6 por ciento del producto interior bruto es inicial,
in itinere o final. Nosotros coincidimos en que lo financiero sea instrumental, pero no es menos cierto que es enormemente importante y un condicionamiento básico para que se pueda poner en


Página 14


marcha. En segundo lugar, también muy brevemente, usted ha puesto de manifiesto que creen más en los recursos fiscales que en otro tipo de instrumentos para la financiación. Ha hablado del mecanismo transitorio y de cuatro opciones
concretas en el ámbito de las cotizaciones sociales.
Usted ha hablado en el fondo específico de la parte de las cotizaciones sociales, pero también usted ha comentado en su primera intervención los impuestos especiales. Mi pregunta sería: ¿qué
tipo de impuestos especiales cree que se pueden vincular a este tipo de prestaciones? ¿Usted considera ese fondo específico como fondo de arranque, lo que algunos expertos han llamado starter, o piensa que este elemento se puede consolidar en el
futuro, o bien lo considera como un fondo de cohesión o de solidaridad, como ocurre en el ámbito de la sanidad, que permita evitar desigualdades o contemplar algunos elementos adicionales como la movilidad de las personas, que, evidentemente, en un
estado como el nuestro ocurre de hecho y probablemente ocurrirá más en el futuro? Primero, el porcentaje del PIB, segundo, fondo específico/impuestos especiales, ¿arranque o no? Después, respecto a las conversaciones con el Gobierno, me gustaría
conocer en primer lugar cuál es el calendario previsto de esas negociaciones sobre el que ha pasado usted de puntillas y que nos gustaría conocer más en profundidad para que también nosotros podamos conocer la posibilidad de consenso, para saber
cuándo vamos a poder discutir esta ley en esta Cámara, cuestión enormemente importante; en segundo lugar, qué han discutido en las conversaciones que ya han mantenido con el Gobierno; por tanto, el cuándo y el qué, y dentro del qué, no solamente
lo que han discutido, sino si ya han llegado a algún tipo de acuerdo, porque también sería enormemente importante para la Comisión del Pacto de Toledo conocerlo. Por tanto, repito: producto interior bruto, fondo específico/impuestos especiales,
¿arranque o no?, calendario, qué han discutido y si hay algún tipo de acuerdo.



El señor PRESIDENTE: Doña Olaia, ¿quiere intervenir?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Solo quiero darle las gracias porque respondió a mis preguntas.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANEDÉS: Quiero agradecer también las respuestas del señor Méndez que han sido sumamente interesantes. Comparto con él su referencia a ese necesario entendimiento general frente a esta futura legislación. Si lo
hacemos bien, será una legislación que tendrá una eficacia y una duración de varias legislaturas; por tanto, es importante hacerlo muy bien. Comparto especialmente sus aportaciones con relación al tratamiento de los cuidadores informales. A
nuestro entender, y no sé si en la línea políticamente correcta o no, puestos ya a innovar, en relación con los títulos, junto con la defensa de la autonomía personal de las personas en dependencia, seguramente esta ley debería contemplar la ayuda a
las familias cuidadoras, porque es un aspecto que va a seguir existiendo en nuestra sociedad. Insisto, comparto esa cuestión. Al hilo de su intervención me gustaría remarcar dos aspectos: uno, mi grupo apuesta por que la financiación de esta
prestación corresponda a la fiscalidad en general, no a las cotizaciones sociales; este es nuestro planteamiento de fondo y nos parece, en términos de competitividad de nuestras empresas y en términos de sostenibilidad de nuestro sistema de
protección social, que es la mejor apuesta. Las experiencias que ha habido en Alemania refuerzan la perspectiva que tenemos, que incrementar costes sociales asociados al trabajo para financiar la dependencia, o no aprovechar la actual coyuntura
para hacer una selectiva reducción de cotizaciones sociales para continuar financiando nuevas prestaciones sociales, que sabemos que a medio plazo van a tener un fuerte impacto como resultado del aumento de la esperanza de vida y de la incorporación
de un numeroso grupo de personas en situación de jubilación es una mala política. Por tanto, defendemos el criterio de que la fiscalidad general sustente la financiación. Podemos entender que provisionalmente, con recursos que se deriven de la
Seguridad Social, se apueste por esa fase inicial, pero hay que ser extremadamente prudentes. De sus cuatro supuestos, mi grupo está valorando el cuarto -y nos gusta coincidir-, el de si existe una deuda pendiente de la Seguridad Social con el
Estado, y hay que resolverlo. Quizás de una manera elegante la solución de los dos problemas que tenemos -la deuda de la Seguridad Social del Estado y la escasez de recursos para la dependencia- puede estar ahí, pero nunca imputándolo ni a
cotizaciones sociales expresamente ni al fondo de reserva. Nos parece interesante, mi grupo lo está estudiando y nos agrada que podamos coincidir con la Unión General de Trabajadores en este aspecto. Pero mi grupo entiende que no puede ser el
título competencial de Seguridad Social en el que el Estado puede legislar en este ámbito, y discrepo con mi estimada amiga, la señora López i Chamosa. Si el título competencial es el de la Seguridad Social, la capacidad legislativa que van a tener
las comunidades autónomas en este ámbito va a ser escasísima y en la práctica se va a vaciar de contenido la de los parlamentos autonómicos en materia de asistencia social y en materia de sanidad. Mi grupo entiende que el título competencial en el
que el Estado puede fundamentar su intervención es el artículo 149.1.1 que consagra el principio de igualdad, pero no haciéndolo incompatible con el carácter autonómico del Estado español y no confundiendo uniformidad con igualdad.
Estamos ante un
tipo de situaciones mucho más complejas que simplemente el reconocimiento de una carrera de cotización social y la asignación de una pensión; estamos hablando de un sistema que debe de reconocer una situación de dependencia en un momento, que debe
tener la flexibilidad de adaptarse a las situaciones cambiantes de dependencia que las personas a lo largo de su vida pueden tener, que debe hacer un seguimiento de estas situaciones, que


Página 15


debe de asignar recursos a este tipo de situaciones. Modelos interesantes existentes en el mundo, por ejemplo, el de Quebec, son absolutamente cercanos a las familias, a las personas y a los recursos porque dan la flexibilidad necesaria,
que va más allá de reconocer una situación en un momento dado, sigue la evolución de una persona. Por tanto, nos da miedo que una ley del Estado basada en el título competencial de la Seguridad Social termine siendo poco eficaz en términos de la
calidad humana que le queremos dar a ese servicio. Por tanto, defendemos que el título competencial no sea el de la Seguridad Social. Me sabe mal discrepar con don Cándido Méndez, sobre todo porque mi grupo tiene una excelente relación con la
Unión General de Trabajadores en Cataluña y especialmente desde la etapa de Josep María Alvarez, a partir de la cual la Unión General de Trabajadores se ha abierto de forma extraordinaria a la pluralidad de la sociedad catalana. Siempre que
coincidimos nos sentimos más felices y más contentos, pero, en este caso, no. Como usted lo decía al principio de su intervención, el objetivo es el entendimiento general.
Mi grupo va a trabajar en esa dirección, pero vamos a ser muy consecuentes
en la defensa de un sistema que sea sostenible que tenga calidad, que tenga calidad humana y que permita a Cataluña desarrollar un sistema catalán de atención a ese tipo de situaciones. Nos parece que nuestra sociedad nos exige ese tipo de
planteamientos.



El señor PRESIDENTE: Señora López.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muy brevemente, señor presidente. Quiero agradecer de nuevo a don Cándido Méndez su comparecencia y manifestar simplemente dos cosas. Hay algo que es verdad, que los cuidadores informales estén dados de alta en
la Seguridad Social para generar una pensión futura, es fundamental. A mí me obsesiona, y lo planteo siempre, la cantidad fundamentalmente de mujeres que todavía hoy son cuidadoras informales, que a lo mejor tienen cinco, seis, siete u ocho años de
cotización a la Seguridad Social porque han trabajado antes de casarse, que van a llegar a los 65 años, y están trabajando el doble de los que estamos trabajando en otro ámbito, y no van a tener ninguna posibilidad de cobrar la pensión. Los cursos
de formación adecuada pueden ir a esta capa de personas que ahora mismo están en esta situación, fundamentalmente para los 300.000 puestos de trabajo que prevé el libro blanco. Esto tiene que quedar ligado al control de los servicios sociales de
las entidades locales, es decir, no solo que el cuidador tenga la protección, la posibilidad de que una persona pueda cubrir sus bajas laborales y las vacaciones que vaya a necesitar, sino también que las condiciones del entorno de la persona
dependiente sean las adecuadas -como usted bien decía, no solo la adaptación a la silla de ruedas, sino de la vivienda y demás-. Es un apartado fundamental y debe quedar bien reflejado.



Termino. Señor Campuzano, si vamos a hacer una ley específica, es evidente que no vamos a regular la dependencia dentro de la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, no creo que deba de preocuparse por el título competencial,
porque, al final, yo creo que vamos a alcanzar un buen acuerdo. Lógicamente, es evidente que esta ley no sería posible, y comparto esta idea, si no aportan las comunidades autónomas, las corporaciones locales -y no solo lo que ya están aportando
ahora-. Espero y deseo, y con esto termino, que el sentido común, que a veces parece que es el menos común pero que en algunas ocasiones tenemos todos, nos haga alcanzar un acuerdo amplio entre agentes sociales y que, al final, nos permita
coincidir a los grupos parlamentarios en esta Cámara -porque ayuda mucho- y sacar una ley con la unanimidad de todo el mundo porque es lo que la sociedad nos está pidiendo en estos momentos.



El señor PRESIDENTE: Don Cándido Méndez.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (Méndez Rodríguez): Voy a intentar responder a lo que se ha planteado.



Efectivamente, nosotros consideramos que debería de producirse una aportación suplementaria de 6 décimas del PIB sobre la que ya existe con relación al gasto público, es decir, en términos de gasto público, la aportación que existe en la
actualidad, que está en torno al 0,32 por ciento del PIB gasto para alcanzar el 1 por ciento del PIB en términos de gasto, debería complementarse con 6 décimas para gasto público. Hay que tener en cuenta que sobre el 0,32 por ciento PIB
administraciones, que son fundamentalmente locales y autonómicas, hay que incorporar la aportación de los usuarios. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de gasto público y consideramos que con esta cantidad se podría garantizar en el corto plazo
la cobertura para el cien por cien de las personas con gran dependencia y de dependencia severa, que aproximadamente son 560.000-565.000 de un colectivo de 1.125.000 y que consideramos que debe ser el objetivo a cubrir en la etapa de consolidación
del sistema y, a medio plazo, junto a la cobertura del cien por cien para los 560.000-565.000 de personas de gran dependencia y dependencia severa, incorporar el 75 por ciento para las personas de dependencia moderada.
Estamos hablando de un
colectivo de 1.125.000 personas sobre los casi 3 millones de personas que tienen distintos niveles de dependencia.
Efectivamente, me pregunto anteriormente cuál era la progresividad que veíamos en la aplicación del sistema, pues este sería el
planteamiento.



El fondo sería para nosotros no solo de arranque, sino que debería ser de carácter definitivo, pero con una salvedad: lógicamente debería de contemplarse dentro del sistema definitivo de financiación, y, a su vez, en este sistema se debe de
limitar el porcentaje de financiación con carácter estable que aportan el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales y la aportación de los usuarios. Creo que es una negociación compleja y en la que no son convenientes las prisas
porque hay que llegar al entendimiento de tres administraciones y lógicamente a una aceptación general de las familias de


Página 16


los usuarios. ¿Por qué procedimiento? Como decía anteriormente, mediante impuestos (yo no sé si tienen que ser impuestos especiales o impuestos ordinarios, supongo que las comunidades autónomas tendrán que utilizar los recursos que
provienen de los impuestos que tienen cedidos, pero no es un tema sobre el que deba dilucidar, en cualquier caso, vía impuestos), y sería conveniente también incorporar en la definición del sistema de financiación una especie de disposición
transitoria donde se identifique el horizonte en el que finalizaría la aportación de la Seguridad Social. Lo que a mí me parece también muy importante -quizá no insistí suficientemente en ello- es que el sistema de atención a la dependencia con
garantía pública no puede ser un sistema de mínimos, tiene que ser un sistema muy potente en términos sociales. En cualquier caso, el seguro privado de dependencia, etcétera, debe de ser un elemento complementario al igual que en el sistema público
de pensiones, que el pilar fundamental son las pensiones públicas y los factores complementarios son las pensiones privadas a través de los planes de empleo o a través de los fondos de pensión.



En relación con el calendario, no es que haya pasado de puntillas. Los calendarios en los procesos de diálogo social son tentativos, se acaban cuando se concluye con un acuerdo o con un desacuerdo. Lo que puedo decir es que el proceso de
diálogo social sobre este tema está bien orientado, creo sinceramente que tenemos bastantes coincidencias la Administración y los agentes sociales, por lo tanto, deberíamos de estar en condiciones en un plazo razonable de tiempo para llegar a un
desenlace positivo que ofrecer al Parlamento. Es lo que puedo decir.



Lo sustancial de las negociaciones que hemos desarrollado hasta la fecha han versado fundamentalmente sobre la elaboración del libro blanco, las aportaciones de los sindicatos, de los empresarios, etcétera.
Efectivamente, lo que hemos hecho
ha sido intercambiar nuestras posiciones respecto a los grandes elementos definitorios -por lo tanto, esenciales- del sistema de atención a la dependencia. Insisto, existen coincidencias significativas que nos permiten augurar que podríamos
alcanzar en un plazo de tiempo razonable un acuerdo, pero no me atrevo a fijar fechas. Ustedes ya las fijaron en aquel acuerdo y la cosa no salió, por lo que yo tampoco quiero fijarlas.



En relación con los comentarios que ha hecho el señor Campuzano, en primer lugar constato la discrepancia acerca de la vinculación al ámbito de la Seguridad Social. Yo creo que las comunidades autónomas también son Estado -no lo creo,
afirmo que también son estado- y que el sistema de la Seguridad Social es patrimonio de todos y de la Administración en su conjunto. Sinceramente, la garantía de una prestación o de un servicio de calidad para las personas, y más, precisamente
hablando del colectivo del que hablamos, está sobre todo y fundamentalmente en que tenga una más sólida vinculación a la Seguridad Social. En este caso, simplemente constatamos una discrepancia de principios que no creo que tenga solución a corto
plazo, pero alguna fórmula habrá para que se pueda llegar a una fórmula de consenso en la redacción definitiva de la ley. Efectivamente hay una coincidencia que quiero manifestar y es la importancia de la garantía de sostenibilidad (en este
aspecto, la dimensión de creación de empleo es una garantía de sostenibilidad para el sistema de atención a la dependencia, en tanto en cuanto habrá más personas que pagarán sus impuestos) y de la garantía de sostenibilidad colateral al sistema de
Seguridad Social. Las evaluaciones que existen, y están suficientemente contrastadas, cuantifican en torno a 570.000 los trabajadores directamente vinculados al sistema de atención a la dependencia y los trabajadores vinculados indirectamente, y la
liberación de personas que en la actualidad no pueden incorporarse al mercado laboral porque tienen que atender a sus seres queridos y están en una situación de incompatibilidad radical entre la prestación laboral y la atención a sus seres queridos;
es decir, se generarían 570.000 nuevos empleos. Lo importante para nosotros es que sean empleos de calidad en tanto en cuanto esta es una atención que tiene un gran componente de atención personalizada, y la calidad en el empleo inmediatamente
aporta calidad a la prestación del servicio con carácter general.



Nada más. Simplemente les agradezco muchísimo la atención que me han brindado y espero que nuestras aportaciones les puedan ser de utilidad en el debate parlamentario.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, por su disertación. Le despedimos con igual cariño y afecto con que le hemos recibido y le invitamos a venir cuantas
veces quiera a ésta, su casa.



Se levanta la sesión, señoras y señores.



Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.