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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 267, de 27/04/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 267
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles, 27 de abril de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley
- Sobre las comisiones mixtas previstas en la ley 30/1988, de 29 de julio, del régimen especial de las Illes Balears. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000415.) ... (Página 2)
- Relativa al impulso de movilidad de los funcionarios en el ámbito de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000517.) ... (Página 5)
- Relativa a la equiparación salarial de los funcionarios del Estado en las Illes Balears a los de las Islas Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000679.) ...
- Sobre la culminación del traspaso de profesores de educación general básica de Instituciones Penitenciarias a todas las comunidades autónomas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000663.) ... (Página 12)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS COMISIONES MIXTAS PREVISTAS EN LA LEY 30/1988, DE 29 DE JULIO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA, IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000415)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Iniciamos el orden del día de la Comisión de Administraciones Públicas. La primera proposición no de ley se refiere a las comisiones mixtas de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Islas Baleares a iniciativa de varios
grupos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Oliver.
La señora OLIVER SAGRERAS: En esta proposición no de ley los grupos proponentes Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Socialista, instamos al Gobierno del Estado a dar
continuidad a las reuniones de las comisiones mixtas que se han constituido al amparo de la Ley del Régimen Especial para Baleares del año 1998. En esta misma Comisión, el 3 de octubre del año 2004, el Grupo Popular presentó una proposición no de
ley que instaba al Gobierno a proceder a la constitución de las comisiones mixtas de forma urgente. Esta ley lleva vigente siete años. Los seis primeros han transcurrido con un Gobierno del Partido Popular. Durante estos seis años no hubo ninguna
sensibilidad sobre este tema, y a la vista están los resultados. No obstante, visto el cambio de parecer del Partido Popular una vez en la oposición, nos alegra contar con su apoyo en una cuestión tan trascendente para las islas. El consenso nos
parece un buen sistema para ayudar a solucionar una cuestión tan importante para nosotros y lo valoramos muy positivamente. Es evidente que las Baleares por el hecho de ser islas presentan unas particularidades que las diferencian sustancialmente
del territorio peninsular. La propia Constitución reconoce la insularidad como un hecho diferencial, que debe ser atendido de forma que, teniendo en cuenta el principio de solidaridad interterritorial, se establezcan actuaciones que conduzcan a
conseguir un equilibrio económico y social adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Resulta del todo evidente el compromiso del Gobierno para alcanzar por este camino la cohesión social y económica de los distintos
territorios de este país. Los cinco ministerios implicados en el desarrollo de esta ley están trabajando en este sentido, y así lo manifestó en una visita reciente a Mallorca la vicepresidenta primera del Gobierno. Se trata de lograr entre todos
mejoras que ayuden a los distintos sectores de las islas -transportes, comunicaciones, abastecimiento de mercancías, sectores industriales agrícolas- a ser competitivos. Asimismo, nos consta que desde el Govern de les Illes Balears, a través de su
propio presidente, en una reunión mantenida muy recientemente con representantes de nuestro partido, se trabaja también en este sentido. Desde nuestro grupo entendemos que el diálogo permanente, siempre dentro de un clima de consenso y de respeto
mutuo entre el Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas y en este caso de les Illes Balears, constituye un instrumento prioritario para conseguir dicho fin. El desarrollo del régimen especial para Baleares es un medio idóneo para ello,
aunque no el único. Las comisiones previstas en la Ley del Régimen Especial para Baleares ya han sido constituidas. Se han adecuado a las nuevas estructuras de los ministerios y varias de estas comisiones ya han sido convocadas y se han reunido.
Merece destacar aquí la del artículo 32 para estudiar la problemática de los fijos discontinuos que se reunió el pasado mes de marzo. Con relación a la proposición presentada, puesto que la totalidad de las comisiones ya fueron constituidas en su
momento, el segundo punto de nuestra proposición no tiene razón de ser. Por este motivo hemos presentado una enmienda de supresión en el sentido de suprimir el segundo párrafo de la iniciativa presentada. En todo caso, queremos poner de manifiesto
la importancia que tiene para nuestro grupo que el Gobierno del Estado siga reconociendo la existencia del hecho diferencial insular y las desventajas estructurales que eso conlleva; desventajas cuya permanencia perjudica
el desarrollo económico y social de las Islas Baleares. Es pues necesario habilitar sistemas correctores para que la igualdad territorial sea real y así todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en cualquier territorio del
Estado. Desde aquí instamos al Gobierno a que dé continuidad a las actividades de las comisiones mixtas en el desarrollo de la Ley del Régimen Especial de las Illes Baleares.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda del Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, en anteriores legislaturas desde el Partido Popular de las Illes Balears se defendía la necesidad de que se aprobara en el Congreso una ley específica que contemplara el hecho insular,
dando cumplimiento a lo que dice la Constitución española de que se tiene que hacer especial hincapié en los hechos insulares; una ley específica aprobada en el Congreso que reconociera que las islas tienen una serie de desventajas competitivas
frente al resto de las comunidades del territorio español, desventajas obvias por el hecho de que todas las mercancías que tienen que llegar a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tienen que hacerlo por mar o por aire. Eso evidentemente
supone un sobrecoste para las materias primas que llegan a las Islas Baleares o para todos aquellos productos que se producen en las Islas Baleares y que después tienen que ser transportados y comercializados en la Península o en cualquier otro
sitio. Por tanto, tenemos una desventaja competitiva por un sobrecoste. Era preciso que hubiera una ley a nivel nacional que contemplara todas esas peculiaridades que supone el hecho insular. Esta ley, que se aprobó en el Parlamento de las Islas
Baleares, se remitió al Congreso y en las épocas de anteriores gobiernos socialistas permaneció en un cajón aquí, en el Congreso, y no se tramitó. Tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, el que tuviera la
sensibilidad de hacer caso a las peticiones, a las exigencias, a la necesidad que había desde las Islas Baleares de aprobar esta iniciativa en el Congreso. Desde nuestro grupo tenemos que reconocer que aquello fue un hecho histórico, que con un
Gobierno del Partido Popular aquí en Madrid se aprobó por primera vez una ley específica para las Islas Baleares que contemplara el hecho insular. Esta ley contempla que se tienen que reunir toda una serie de comisiones mixtas entre el Govern de
les Illes Balears y Madrid sobre distintas materias a las que somos sensibles, como son: transporte de mercancías, sector náutico, oferta turística y desestacionalización del sector, energía y eficiencia energética, energías renovables, insularidad
en lo que se refiere al tema sanitario, agricultura y pesca artesanal, sociedad de la información, sector aeronáutico y especialmente todo lo que eran fijos discontinuos. Eso lo contempla la ley, pero es necesario que esas comisiones se constituyan
y se reúnan. Por eso nosotros el 27 de junio del año 2004 planteamos una iniciativa en Comisión instando al Gobierno a que antes de que finalizara el mes de octubre del año 2004 se constituyeran y reunieran todas y cada una de estas comisiones. En
aquella Comisión la portavoz del PSOE nos dijo que existían unas comisiones que ya se habían constituido y otras comisiones que no se habían constituido todavía y que, en cualquier caso, el periodo de tiempo que le dábamos desde el Grupo Popular era
muy breve y que, por tanto, no iban a aceptar la proposición no de ley planteada por el Grupo Popular.
Nosotros hoy, ante la nueva iniciativa que presenta el Grupo Socialista, hemos planteado una enmienda que tiene dos apartados. El primero de
ellos dice que lamentamos que, en el día de hoy, no se hayan constituido todas y cada una de las comisiones mixtas del Régimen Especial de las Illes Balears. El segundo apartado dice que el Congreso inste al Gobierno a constituir, a la mayor
brevedad posible, todas y cada una de estas comisiones pendientes y, en segundo lugar, que todas las comisiones que ya se han constituido se reúnan de forma periódica, que trabajen, que vayan profundizando en todas y cada una de las materias que son
fundamentales para el desarrollo de la Ley del Régimen Especial de las Islas Baleares. Hoy, la portavoz socialista en su intervención introduce una terminología en aras al diálogo, a intentar llegar a acuerdos entre el Partido Socialista y el
Partido Popular para que las Islas Baleares vayamos avanzando a la hora de compensar las desventajas que supone nuestra insularidad. Nosotros estamos dispuestos a entrar en esa dinámica. Cuando dice que se dé continuidad a las actividades de las
comisiones, ellos dan a entender que se han constituido todas ya en ésta o en anteriores legislaturas y que lo que pretenden es que se vayan reuniendo. Nosotros vamos a votar que sí a esa iniciativa pero el término o el acuerdo nos parece muy vago
y muy simple. Porque cuando dice: que dé continuidad a las actividades de las comisiones mixtas previstas en la ley, si se reunieran normalmente se puede dar continuidad, pero de las 11 comisiones que hay en esta legislatura, creo que sólo se han
reunido tres. Es decir, que el 80 por ciento de las comisiones mixtas que prevé la Ley del Régimen Especial de las Islas Baleares, en esta legislatura del Gobierno del señor Zapatero no se han reunido ni una sola vez, ni siquiera se han adaptado al
nuevo organigrama ministerial. Yo pediría a la portavoz del PSOE que fuera un poquito más concreta y que, en función de lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno en su visita a Baleares y en función de la reunión que mantuvo el presidente Matas y
Antic, en la cual yo también estaba presente, de intentar impulsar el régimen especial, se reúnan ya, que no es dar continuidad, sino que intentemos concretar, a través de una transacción, un plazo de cuándo se van a reunir en esta legislatura por
primera vez. Es decir, la propuesta es inconcreta, es intemporal, es un compromiso vago y mínimo según el cual pueden pasar dos años sin que se hayan reunido el
80 por ciento de las comisiones. Yo creo que tendríamos que poner un plazo de tiempo en el que el Gobierno de Madrid, a través de los distintos ministerios, se tendría que comprometer a reunir por primera vez estas comisiones. La segunda
transacción iría en el sentido de que aparte de poner un plazo mínimo en el que tendrían que reunirse, habría que intentar establecer algún tipo de periodicidad en las reuniones de estas comisiones; por ejemplo, que como mínimo se reúnan una vez
cada seis meses. Por tanto, quiero decirle a la portavoz del Grupo Socialista que intentaríamos, si es posible, una transacción en este sentido de concretar en qué plazo se tienen que haber reunido como mínimo por primera vez todas y cada una de
las comisiones y, en segundo lugar, si se puede establecer algún tipo de periodicidad para las reuniones de las comisiones mixtas. Yo creo que sería importante que entre todos los grupos pudiéramos llegar a una transacción en este sentido.
El señor PRESIDENTE: No hay más enmiendas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, estamos en el Congreso de los Diputados, en una Comisión legislativa, en la de Administraciones Públicas, y este portavoz lo que no desearía es que invirtiéramos el tiempo de esta Comisión en aprobar
proposiciones no de ley que no concretan nada, que son papel mojado. ¿El Gobierno va a necesitar de esta proposición no de ley que hoy aprobaremos -que ya avanzo que aprobará también Convergència i Unió- para reunirse y cumplir lo que la ley ya
prevé a través de las comisiones mixtas en las Illes Balears? ¿Vamos a necesitar darle un mandato nosotros al Gobierno para que dé continuidad...? Esto es un absurdo, señor presidente. Este punto del orden del día es un absurdo tal y como se
plantea. O damos plazos o concretamos algo, o estamos de alguna manera entreteniendo a esta Comisión, a los medios de comunicación que nos puedan estar siguiendo y damos una mala imagen desde el Congreso de los Diputados. No podemos venir aquí a
aprobar frases retóricas en las que nadie puede estar en contra, pero que no sirven al final para nada.
El Gobierno tiene una obligación por ley, y si hay unas comisiones mixtas en las Illes Balears que tienen un trabajo encomendado y existe esa
problemática, que la pueden tener también las islas Canarias, lo que debemos hacer es ponernos las pilas y actuar y cumplir lo que la ley dice y hacer trabajar a estas comisiones mixtas. Por tanto, si algunas no se han constituido, que se
constituyan ya y le damos un plazo. Pero fíjense ustedes en el texto en concreto: el Grupo de Esquerra Republicana, de Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Socialista plantean una enmienda hoy en la que suprimen el único plazo que había, lo
suprimen porque además es un plazo ya superado, no ponemos ninguno más. ¡Qué bien! Al final todos satisfechos sin plazos. Aprobamos aquí una proposición no de ley de contenido vacío, inocua, porque evidentemente le daremos continuidad. ¡Cómo no
le íbamos a dar continuidad a un mandato legal! Por tanto, espero que seamos capaces hoy de llegar a un acuerdo más sustantivo que justifique por lo menos la reunión de este miércoles de la Comisión de Administraciones Públicas en este punto del
orden del día.
Espero que esas comisiones mixtas funcionen y cumplan su misión legal. En lo único que discrepo de la posición de la portavoz del Grupo Popular es en un aspecto. No creo que esta Comisión del Congreso de los Diputados deba marcar
el calendario de cuántas veces se tienen que reunir. Una Comisión bilateral entre el Gobierno de las Illes Balears y el Gobierno de España debe tener una autorregulación. No estoy de acuerdo en que el Congreso sea el que deba marcar el calendario,
porque puede incluso limitar lo que es la propia autonomía y autoorganización en este caso de las Illes Balears. Sí se debe concretar un plazo de constitución y no aprobar simples frases retóricas con las que nadie puede estar en desacuerdo. Mi
grupo votará a favor de la proposición no de ley y espero que seamos capaces de concretar más y darle un mayor sentido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz de los grupos proponentes para responder a las propuestas de enmiendas transaccionales.
La señora OLIVER SAGRERAS: En primer lugar, quiero señalar que todas las comisiones mixtas previstas en la Ley del Régimen Especial al día de hoy están constituidas. Son realmente ocho comisiones que afectan a cinco ministerios, no son
once, son ocho. Tres pertenecen a Industria, Turismo y Comercio, que es la de Energía, Sociedad de la Información y Tecnologías y Turismo. En Fomento hay una, en Sanidad y Consumo otra, en Agricultura otra y en Trabajo y Asuntos Sociales otra.
Realmente son ocho comisiones que ya están constituidas, algunas desde el año 1999, otras desde el año 2000, otras desde el año 2001. La cuestión de la reunión de las comisiones afecta efectivamente a dos administraciones, a la Administración del
Estado y a la de las comunidades autónomas. Al día de hoy se han reunido ya por segunda vez, no constitución, sino ya reunión de trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, le recuerdo que en este turno de lo que se trata es de fijar posición sobre las propuestas de enmiendas transaccionales y no de reabrir el debate.
La señora OLIVER SAGRERAS: De acuerdo. En principio no podemos marcar nosotros un calendario de reuniones del Gobierno y de una comunidad autónoma. Estamos a favor de que haya una periodicidad en estas reuniones, porque pensamos que son
necesarias y muy convenientes. Lo que realmente no tiene sentido es
que se constituyan, porque ya están todas constituidas. Como digo, estamos a favor de dar una periodicidad a estas comisiones. (La señora Salom Coll: ¿Cuál?) La que establezca el Gobierno en este caso conjuntamente con la comunidad
autónoma. Actualmente está la Comisión de Energía pendiente de recibir noticias del Gobierno de la Comunidad de las Islas Baleares. Es una cuestión que afecta a dos administraciones y, a nuestro entender, sí podemos instar a que se reúnan de forma
periódica, pero por supuesto tienen que estar de acuerdo las dos administraciones.
El señor PRESIDENTE: No me queda claro si hay alguna posibilidad de que se entiendan ustedes, pero en cualquier caso es muy fácil, como hasta las doce no vamos a votar, intenten ustedes ver si hay alguna posibilidad de aproximación y en ese
caso nos presentan un texto conjunto que sería el que someteríamos a votación.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000517.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, la proposición no de ley relativa al impulso de la movilidad de los funcionarios en el ámbito de las administraciones públicas. Es una iniciativa del Grupo Popular. Por
tanto, tiene la palabra el señor Padilla para su defensa.
El señor PADILLA CARBALLADA: Planteamos esta iniciativa conscientes de que quizás la lógica de lo que en definitiva debería significar el Estado autonómico, que es un conjunto de administraciones públicas de distintos niveles territoriales,
y también de lo que históricamente se denominó la Administración institucional, no tenga como consecuencia rigideces en la posibilidad de que los servidores públicos, los funcionarios públicos puedan, en un momento determinado y por las
circunstancias legítimas que cada uno de ellos pueda tener, ejercer el derecho de cambiar de Administración pública con carácter voluntario, bien por razones objetivas del puesto de trabajo o por otras circunstancias. Es un tema que afecta tanto a
los funcionarios de la Administración general del Estado -estamos en el Congreso de los Diputados y en términos generales sólo podemos interpelar a la Administración del Estado, como hacemos- como a los funcionarios de las comunidades autónomas y de
la Administración local. La dimensión de este problema hace que debamos plantearnos un interés claro en la búsqueda de una solución positiva, dado el alto número de empleados públicos que se verían beneficiados por una solución eficaz. Esto debe
ser así, señorías, porque una de las preocupaciones que reiteradamente se han puesto de manifiesto por los empleados públicos y por las organizaciones sindicales que los agrupan, es la movilidad en el ámbito de las administraciones públicas en su
doble aspecto, geográfico y administrativo, referido este último a la Administración o departamento en el que prestan sus servicios, donde hay unas claras insuficiencias, que es lo que debe ser corregido y es lo que justifica el planteamiento de
esta iniciativa parlamentaria. Es cierto que nuestra más reciente legislación en materia de Función pública se hace eco de la problemática existente y recoge expresamente el principio de movilidad de los funcionarios de las distintas
administraciones públicas. Es cierto también que ha sido una cuestión recurrentemente planteada, en la que una y otra vez también los distintos responsable de las diversas administraciones públicas han reconocido la existencia de esta insuficiencia
en la realidad de la posibilidad de que se lleve a término esta movilidad de los funcionarios públicos, y al mismo tiempo una voluntad de llegar a poner en práctica todas las medidas que pudieran permitir la efectividad de esto que, en definitiva,
dentro de lo que es este Estado autonómico la legislación en sus distintos grados, por denominarla de alguna manera, viene a reconocer.
El Gobierno del Partido Popular en la anterior Administración ha estado muy sensibilizado con esta problemática y propició la búsqueda de soluciones para favorecer la movilidad. Señorías, el acuerdo firmado entre la Administración general
del Estado y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF para la modernización y mejora de la Administración pública, suscrito en noviembre del 2002, con vigencia para los años 2003 y 2004, hacía referencia a la movilidad y
provisión de puestos de trabajo.
En su capítulo segundo establecía los criterios sobre movilidad que se concretaron con la elaboración de los criterios generales sobre la movilidad y provisión de puestos de trabajo en los que se establecían unas reglas para los concursos de
traslados convocados durante 2003 y el primer trimestre de 2004, basadas fundamentalmente en restringir la salida de los funcionarios desde los organismos y los territorios deficitarios y en favorecer la entrada en ellos. En el citado capítulo
también se establecía el objetivo de impulsar los mecanismos y medidas necesarias para facilitar la movilidad entre las distintas administraciones públicas y en el marco de la Unión Europea. Este último aspecto referido a la movilidad entre las
distintas administraciones fue uno de los que el Gobierno del Partido Popular impulsó e intentó con ello dar cumplimiento no solo a los acuerdos firmados, sino -y fundamentalmente- a la aspiración de los empleados públicos. Elaboró un acuerdo marco
para facilitar la movilidad en el conjunto de las administraciones públicas fomentando su aplicación de manera generalizada y recíproca desde el respeto al principio de autonomía de cada una de ellas. En el acuerdo se establecía la naturaleza del
pacto multilateral, implicando a
todas las administraciones públicas que lo suscribieran y permitiendo que pudieran establecer el momento de su aplicación; contemplaba el principio de reciprocidad que permitía participar en la convocatoria a los empleados públicos
pertenecientes a las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo y el de ejecutoriedad para hacerlo efectivo con la apertura inicial mínima del 5 por ciento de los puestos a funcionarios de otras administraciones públicas. Es un acuerdo
respetuoso con los derechos de los funcionarios al establecer la posibilidad de reasignar, con carácter voluntario, los efectivos entre las administraciones públicas; se abría su aplicación entre administraciones públicas con dos lenguas oficiales
e implantaba mecanismos para disponer de la información necesaria sobre la aplicación del acuerdo marco, extendiendo su aplicación al personal laboral. Entre sus cláusulas se establecen las siguientes: compromiso para promover medidas que permitan
abrir al menos un 5 por ciento de sus puestos de trabajo para los funcionarios de las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo, excluidos los colectivos que tienen regímenes específicos de movilidad; posibilidad de participar en los
puestos abiertos de cualesquiera de las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo, determinando la legislación específica por la que se regirán los funcionarios y regulando su sistema retributivo; convocatoria periódica de las vacantes de
los puestos abiertos a otras administraciones y regulación de las comisiones de servicio; redistribución voluntaria de efectivos entre las administraciones públicas; información entre las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo;
movilidad del personal laboral; puestos que requieren dos lenguas oficiales. La vigencia del acuerdo se extendía por cuatro años, prorrogable por idénticos periodos, salvo renuncia expresa de las partes. La aceptación, suscripción y posterior
aplicación del acuerdo marco para fomentar la movilidad en el ámbito de las administraciones públicas ha tenido un tratamiento desigual en el conjunto de éstas. Durante los años de vigencia del acuerdo 2003-2004 se han firmado convenios con buena
parte del conjunto de las comunidades autónomas; se ha firmado, al menos, con Galicia, Valencia, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Madrid, Murcia, Canarias, Cantabria y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Como verán SS.SS., no ha
sido así con Andalucía ni con Extremadura ni con Castilla-La Mancha.
Evidentemente, la idea de cooperación entre administraciones públicas en un aspecto tan objetivo como éste, naturalmente, a pesar de que no debiera ser así, se produce mediante un
posicionamiento que responde al color político del gobierno de cada una de estas comunidades. Se han elaborado convenios específicos entre diversos ministerios y comunidades autónomas para favorecer la movilidad interadministrativa de los
funcionarios de prisiones, de justicia o de educación. Se han regulado regímenes específicos sobre la movilidad del personal docente, estatutario o de Correos y Telégrafos. El Tribunal Supremo, señorías, también se ha pronunciado sobre la
movilidad y ha establecido el marco de los funcionarios de la Administración general del Estado para acceder a los puestos de trabajo de las comunidades autónomas, incidiendo en la necesidad de que la relación de puestos de trabajo de las
administraciones autonómicas contengan las previsiones al respecto.
Efectivamente, en su Sentencia de 12 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo establece que el artículo 17 de la Ley 30/84 no confiere un derecho a los funcionarios de la Administración
del Estado que se pueda ejercitar inmediata e incondicionalmente, sino que les otorga la posibilidad de acceder a puestos de trabajo de la Administración de las comunidades autónomas, en tanto en cuanto las relaciones de puestos de trabajo de la
función pública de estas últimas administraciones contengan expresa previsión al respecto. Los sindicatos, señorías, en términos generales, se han posicionado positivamente sobre todo aquello que signifique la incorporación y aplicación de medidas
que favorezcan y faciliten la movilidad. Alguno, como el CSI-CSIF, tras denunciar que se están levantando fronteras en todo el territorio nacional, sugiere la necesidad de establecer una ley de movilidad que incluya a todas las comunidades
autónomas. Desde el Partido Socialista no se hace ninguna reseña genérica sobre la movilidad y las medidas necesarias que piensan adoptar para fomentarla, demostrando o poniendo de relieve de esta manera quizás una escasa sensibilidad hacia el
problema. Únicamente se hace referencia a dos aspectos concretos en su programa electoral. Al hablar del profesorado se refiere a la regulación de la movilidad entre los diferentes niveles educativos y también lo hace cuando habla de los
investigadores para fomentar la movilidad de éstos entre los distintos organismos. El Partido Popular, en su último programa electoral, hace un balance de las actuaciones llevadas a cabo, como son: la firma del acuerdo marco de movilidad entre
administraciones públicas, la aprobación del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, la mejora de las condiciones profesionales de los docentes, la redefinición de la carrera investigadora en el sector público y propone
las medidas siguientes: garantizar la movilidad territorial de los cuerpos estatales de profesorado; estimular la movilidad del personal investigador entre instituciones, universidades y otras organizaciones; desarrollar acreditaciones europeas
de la capacitación de los técnicos de innovación que faciliten la movilidad geográfica; impulsar la colaboración para generalizar con criterios objetivos el principio de movilidad entre las administraciones públicas. A diferencia del Grupo
Popular, las iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista en este ámbito han sido ciertamente escasas, de manera que nos entendemos legitimados, señorías, para abanderar la persecución de este objetivo que, creemos, atañe de manera
muy notable a la expectativa de carrera y a las posibilidades de incorporación al puesto óptimo de trabajo de los distintos funcionarios públicos.
En su capítulo segundo establecía los criterios sobre movilidad que se concretaron con la elaboración de los criterios generales sobre la movilidad y provisión de puestos de trabajo en los que se establecían unas reglas para los concursos de
traslados convocados durante 2003 y el primer trimestre de 2004, basadas fundamentalmente en restringir la salida de los funcionarios desde los organismos y los territorios deficitarios y en favorecer la entrada en ellos. En el citado capítulo
también se establecía el objetivo de impulsar los mecanismos y medidas necesarias para facilitar la movilidad entre las distintas administraciones públicas y en el marco de la Unión Europea. Este último aspecto referido a la movilidad entre las
distintas administraciones fue uno de los que el Gobierno del Partido Popular impulsó e intentó con ello dar cumplimiento no solo a los acuerdos firmados, sino -y fundamentalmente- a la aspiración de los empleados públicos. Elaboró un acuerdo marco
para facilitar la movilidad en el conjunto de las administraciones públicas fomentando su aplicación de manera generalizada y recíproca desde el respeto al principio de autonomía de cada una de ellas. En el acuerdo se establecía la naturaleza del
pacto multilateral, implicando a todas las administraciones públicas que lo suscribieran y permitiendo que pudieran establecer el momento de su aplicación; contemplaba el principio de reciprocidad que permitía participar en la convocatoria a los
empleados públicos pertenecientes a las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo y el de ejecutoriedad para hacerlo efectivo con la apertura inicial mínima del 5 por ciento de los puestos a funcionarios de otras administraciones públicas.
Es un acuerdo respetuoso con los derechos de los funcionarios al establecer la posibilidad de reasignar, con carácter voluntario, los efectivos entre las administraciones públicas; se abría su aplicación entre administraciones públicas con dos
lenguas oficiales e implantaba mecanismos para disponer de la información necesaria sobre la aplicación del acuerdo marco, extendiendo su aplicación al personal laboral. Entre sus cláusulas se establecen las siguientes: compromiso para promover
medidas que permitan abrir al menos un 5 por ciento de sus puestos de trabajo para los funcionarios de las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo, excluidos los colectivos que tienen regímenes específicos de movilidad; posibilidad de
participar en los puestos abiertos de cualesquiera de las administraciones públicas suscriptoras del acuerdo, determinando la legislación específica por la que se regirán los funcionarios y regulando su sistema retributivo; convocatoria periódica
de las vacantes de los puestos abiertos a otras administraciones y regulación de las comisiones de servicio; redistribución voluntaria de efectivos entre las administraciones públicas; información entre las administraciones públicas suscriptoras
del acuerdo; movilidad del personal laboral; puestos que requieren dos lenguas oficiales. La vigencia del acuerdo se extendía por cuatro años, prorrogable por idénticos periodos, salvo renuncia expresa de las partes.
La aceptación, suscripción y
posterior aplicación del acuerdo marco para fomentar la movilidad en el ámbito de las administraciones públicas ha tenido un tratamiento desigual en el conjunto de éstas. Durante los años de vigencia del acuerdo 2003-2004 se han firmado convenios
con buena parte del conjunto de las comunidades autónomas; se ha firmado, al menos, con Galicia, Valencia, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Madrid, Murcia, Canarias, Cantabria y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Como verán SS.SS.,
no ha sido así con Andalucía ni con Extremadura ni con Castilla-La Mancha. Evidentemente, la idea de cooperación entre administraciones públicas en un aspecto tan objetivo como éste, naturalmente, a pesar de que no debiera ser así, se produce
mediante un posicionamiento que responde al color político del gobierno de cada una de estas comunidades. Se han elaborado convenios específicos entre diversos ministerios y comunidades autónomas para favorecer la movilidad interadministrativa de
los funcionarios de prisiones, de justicia o de educación. Se han regulado regímenes específicos sobre la movilidad del personal docente, estatutario o de Correos y Telégrafos. El Tribunal Supremo, señorías, también se ha pronunciado sobre la
movilidad y ha establecido el marco de los funcionarios de la Administración general del Estado para acceder a los puestos de trabajo de las comunidades autónomas, incidiendo en la necesidad de que la relación de puestos de trabajo de las
administraciones autonómicas contengan las previsiones al respecto. Efectivamente, en su Sentencia de 12 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo establece que el artículo 17 de la Ley 30/84 no confiere un derecho a los funcionarios de la Administración
del Estado que se pueda ejercitar inmediata e incondicionalmente, sino que les otorga la posibilidad de acceder a puestos de trabajo de la Administración de las comunidades autónomas, en tanto en cuanto las relaciones de puestos de trabajo de la
función pública de estas últimas administraciones contengan expresa previsión al respecto. Los sindicatos, señorías, en términos generales, se han posicionado positivamente sobre todo aquello que signifique la incorporación y aplicación de medidas
que favorezcan y faciliten la movilidad. Alguno, como el CSI-CSIF, tras denunciar que se están levantando fronteras en todo el territorio nacional, sugiere la necesidad de establecer una ley de movilidad que incluya a todas las comunidades
autónomas. Desde el Partido Socialista no se hace ninguna reseña genérica sobre la movilidad y las medidas necesarias que piensan adoptar para fomentarla, demostrando o poniendo de relieve de esta manera quizás una escasa sensibilidad hacia el
problema.
Únicamente se hace referencia a dos aspectos concretos en su programa electoral. Al hablar del profesorado se refiere a la regulación de la movilidad entre los diferentes niveles educativos y también lo hace cuando habla de los
investigadores para fomentar la movilidad de éstos entre los distintos organismos. El Partido Popular, en su último programa electoral, hace un balance de las actuaciones llevadas a cabo, como son: la firma del acuerdo marco de movilidad entre
administraciones públicas, la aprobación del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, la mejora de las condiciones profesionales de los docentes, la redefinición de la carrera investigadora en el sector público y propone
las medidas siguientes: garantizar la movilidad territorial de los cuerpos estatales de profesorado; estimular la movilidad del personal investigador entre instituciones, universidades y otras organizaciones; desarrollar acreditaciones europeas
de la capacitación de los técnicos de innovación que faciliten la movilidad geográfica; impulsar la colaboración para generalizar con criterios objetivos el principio de movilidad entre las administraciones públicas.
A diferencia del Grupo
Popular, las iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista en este ámbito han sido ciertamente escasas, de manera que nos entendemos legitimados, señorías, para abanderar la persecución de este objetivo que, creemos, atañe de manera
muy notable a la expectativa de carrera y a las posibilidades de incorporación al puesto óptimo de trabajo de los distintos funcionarios públicos.
Señorías, no es suficiente con hablar de la movilidad de los funcionarios de las administraciones públicas, hay que creer que se trata de una demanda, de una necesidad de los funcionarios, del ejercicio de la libertad para trasladarse a
diferentes administraciones o territorios, pero, sobre todo, debe ser una demanda de todos los responsables políticos que crean y trabajen por una vertebración territorial del Estado español, de España, por tanto, en la que las respectivas
administraciones -local, autonómica y general del Estado- trabajen en permanente colaboración, sin fronteras y sin impedimentos, al servicio de todos los españoles, sin exclusiones y sin privilegios. Si es verdad -y lo es- que, en definitiva, todas
las comunidades autónomas, todas las corporaciones locales y, desde luego, la Administración general del Estado, constituyen el Estado, evidentemente tenemos que ser capaces, entre todos, de impulsar y de aprobar, en su momento, las medidas
necesarias para hacer efectiva esta necesidad de quienes integran las distintas carreras administrativas de los funcionarios públicos.
Por todo ello, solicitamos el apoyo a esta proposición no de ley en los términos de una enmienda transaccional -en reacción a la primera versión de la proposición no de ley y a la enmienda de sustitución planteada por parte del Grupo
Socialista-, cuyo texto, aceptado por el Partido Popular en esta transacción con el Grupo Socialista, quedaría, después de la exposición que se hace de la situación general, como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse
los trabajos que se están realizando en el grupo de empleo y temporalidad, constituido en el seno de la Comisión paritaria de seguimiento del acuerdo Administración-organizaciones sindicales, declaración para el diálogo social en las
administraciones públicas, foro de diálogo social, con el fin de que se concrete un programa de actuaciones que favorezca y facilite la movilidad de los funcionarios dentro de la Administración general del Estado y entre ésta y el conjunto de las
administraciones autonómicas y locales que contenga al menos los siguientes aspectos: Uno, medidas que el Gobierno de la nación, en colaboración con el conjunto de las comunidades autónomas, ciudades autónomas y corporaciones locales va a adoptar
para facilitar los procesos de movilidad voluntaria, tanto entre las distintas administraciones como de forma global entre todos los ámbitos territoriales. Dos, propuestas de modificaciones normativas necesarias que permitan reordenar las
necesidades de los recursos humanos en las áreas de la Administración del Estado y de sus organismos públicos, incluyendo entre las medidas las referentes a la movilidad voluntaria. Tres, informar al Congreso de los Diputados periódicamente de los
avances al respecto, al menos semestralmente.
El señor PRESIDENTE: Como saben, tenemos una enmienda del Grupo Socialista y se trataría de que éste se definiera también sobre la propuesta.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: En primer lugar, quiero reconocer, porque me parece de justicia, que en esta materia de movilidad el Partido Popular trabajó durante la anterior etapa y me parece justo reconocer aquellas cosas que de
positivo logró. Pero también quiero recordar al Partido Popular que toda su exposición termina en el pasado y que ahora tenemos que seguir avanzando hacia el futuro y tenemos que seguir trabajando en aras de la modernización de la Administración,
que es el elemento central de lo que estamos hablando, aunque toquemos hoy un aspecto puntual como es el de la movilidad. En este sentido, quiero recordar las actuaciones que ha realizado el Gobierno del Partido Socialista hasta este momento. En
la Declaración para el diálogo social de las administraciones públicas firmada en septiembre de 2004 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, se concretaron, entre otras medidas, la de iniciar durante el año 2005 las negociaciones
necesarias para agilizar los procesos de selección, promoción, carrera profesional y, evidentemente, posibilitando a su vez los procesos de movilidad voluntaria, tanto entre las distintas administraciones como de forma global entre todos los ámbitos
territoriales. Pero esto no quedó solo en la firma de este convenio, señor Padilla, sino que se ha materializado en la creación de una comisión de seguimiento del diálogo social en las administraciones públicas, comisión que vio la luz en diciembre
de 2004.
Dentro de esta comisión se han creado unos grupos de trabajo y entre ellos está el de empleo y estabilidad, que tiene entre sus cometidos, desde luego, alcanzar un compromiso de estabilidad en el conjunto del empleo público, la
planificación de los recursos humanos y, por ende, la movilidad. Según los datos de los que dispongo, para que se haga una idea de la agilidad en los trabajos, la última reunión que ha tenido esta comisión fue el pasado 29 de marzo. En otras
palabras, desde el Partido Socialista podemos afirmar que se está trabajando y que además los compromisos del Gobierno socialista se están cumpliendo. Pero no me quedo solamente aquí porque quiero decir que, paralelamente a esto, mediante la Orden
de 16 de septiembre de 2004, se creó la comisión para el estudio y preparación del estatuto básico del empleado público, que ha emitido ya un informe y que ha sido presentado a principios de esta semana. Ya saben ustedes que con este informe se
pretende configurar una organización que pretende satisfacer el derecho a una buena administración de los asuntos públicos al servicio de los ciudadanos. Para los socialistas estos dos instrumentos, que es con lo que contamos actualmente, facilitan
que podamos conseguir la coordinación necesaria en esta materia y no olvidemos que esta materia afecta a casi dos millones y medio de empleados públicos, empleados públicos que pertenecen a los tres niveles de nuestra organización territorial. Si
me permiten un pequeño desglose, el 23 por ciento pertenecen a la Administración del Estado, el 49 por ciento a las administraciones autonómicas y
el 24 por ciento a la Administración local. Esta realidad de la que estamos hablando supone también otra en el ámbito jurídico que es la existencia de una confluencia de ámbitos competenciales. Si bien hay que recordar que las entidades
locales carecen de poder legislativo propio y que fundamentalmente en esta materia de función pública se han venido rigiendo por la normativa de régimen local, sí es cierto que han aplicado supletoriamente la legislación estatal y la legislación que
a este efecto han dictado las comunidades autónomas. Pero la realidad de este 23 por ciento exige que también tengamos en cuenta, a todos los efectos, incluido el de movilidad, las características propias de nuestras entidades locales que difieren
sustancialmente, en la mayoría de los casos, por tamaño u otras peculiaridades, de lo que puede ser la Administración general del Estado o las administraciones autonómicas.
Dentro de este conjunto de trabajos y de realidades de las que yo pretendía
hacer un somero diagnóstico, está claro que la movilidad de los empleados públicos es un elemento esencial en una Administración que debe ser eficaz y eficiente, por lo que debe tener la posibilidad de utilizar los recursos humanos de que dispone
para la prestación adecuada de los servicios que la sociedad demanda. Hacía referencia al inicio de esta intervención al informe de la comisión relativo al estatuto básico del empleado público en el que se recogen una serie de recomendaciones en
materia de movilidad de los empleados públicos en sintonía, desde luego, con la enmienda que mi grupo ha presentado y con la enmienda transaccional que el Partido Popular ofrece. En este informe se propone impulsar las posibilidades de movilidad
interadministrativa de los empleados públicos haciendo referencia a los convenios y acuerdos que se puedan adoptar -y que es necesario canalizar de esa forma por la confluencia de los ámbitos competenciales a los que he hecho referencia- entre ambas
administraciones. Pero, incluso, señor Padilla, en este informe se ponen de manifiesto una serie de problemas que existen alrededor de la movilidad de los funcionarios. Le voy a citar uno con una propuesta que tendremos ocasión de debatir en esta
Cámara -ya tenemos el documento de trabajo encima de la mesa-, que es la siguiente: Este informe propone que, a efectos de facilitar esta movilidad administrativa, se establezca un sistema de homologación de los distintos sistemas selectivos y de
los grupos de profesionales, clases y categorías de empleados de las distintas administraciones públicas, incluso encargando la gestión de este sistema a un organismo dependiente de la Conferencia sectorial de administraciones públicas. ¿Qué viene
a decir, en otras palabras? Que no solo existen, por vía legal, medidas como las que en su día estableció el Partido Popular -abrir un cupo de un 5 por ciento para que se pueda dar esta movilidad interadministrativa-, sino que hay que seguir
avanzando más y hay que establecer mecanismos que se homologuen y que, por tanto, permitan la movilidad administrativa.
En definitiva -y para terminar, señorías-, creo que el objetivo de todos los grupos de esta Cámara es modernizar la Administración para garantizar el mejor servicio a la ciudadanía. Por eso, espero que en esta materia puntual que afecta al
estatuto del empleado público, pero que es una parte importante, entre todos consigamos el consenso y podamos seguir avanzando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muy brevemente, quisiera decir que me voy a apartar de este gran entendimiento entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Lo cierto es que, efectivamente, se firmó un acuerdo de aplicación en los años
2003-2004 que tenían que suscribir las comunidades autónomas que entendieran que fuera conveniente y lo suscribieron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. ¿Con qué nos encontramos? Pues con que no lo han aplicado, señorías;
no lo han aplicado. Por tanto, desde los sindicatos nos dicen que está muy bien, que hay que seguir en este camino, que es positivo lo que se dice en el petitum de la proposición, pero es que estos señores firman cosas que después no aplican y,
además de no aplicarlas, las piden para todos los demás. Pues es bastante sorprendente. ¿Eso se llama hipocresía? Me lo pregunto. Ustedes sabrán, pero si vienen aquí a decirnos que es tan importante, simplemente les invito a que empiecen a
cumplirlo en el ámbito que es de su competencia y, si no, sencillamente será eso, hipocresía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Esquerra.
El señor CANET COMA: Muy brevemente, también. Respecto al concepto de movilidad funcionarial, no podemos más que estar absolutamente de acuerdo, pero teniendo en cuenta que en Cataluña, a través de la ponencia del Estatut, se están
legislando las bases sobre ese tema. Además, pensamos que alguna inclusión debe haber en el redactado que se apruebe de la capacidad legislativa que tienen o puedan tener las comunidades autónomas y, por tanto, insistimos, a partir del acuerdo en
el concepto de movilidad funcionarial, vamos a esperar al texto final, si es que acaban transaccionando, entre comillas, los dos grandes. Pero, en cualquier caso, si no hay referencias a esa presente o futura capacidad legislativa del Parlament de
Catalunya, nos abstendríamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el impulso a la movilidad de los funcionarios en el ámbito de las administraciones públicas es un objetivo compartido
por Convergència i Unió, que siempre ha estado de acuerdo. Forma parte de la concepción de que las comunidades autónomas son también Estado. El Estado es compuesto y está compuesto por diversos ámbitos administrativos y de poder. Uno de
ellos es, también, la Administración autonómica, que forma parte del Estado. Para culminar ese concepto es necesario potenciar la movilidad y es necesario dar un mensaje a la Administración general del Estado. En sus relaciones de puestos de
trabajo debe ser posible el acceso a los mismos de funcionarios de la Administración autonómica o de la Administración local y debemos respetar también la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas; es una competencia exclusiva de
las comunidades autónomas pero éstas, en su capacidad de autoorganización, deben favorecer también esa movilidad. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo. Entendemos que es una asignatura pendiente; está en la ley y no se cumple y, en ese déficit
de cumplimiento, también me dirijo al grupo proponente porque durante los años de su responsabilidad política no se ha potenciado de manera efectiva la movilidad. Sin embargo, ello no debe ser obstáculo para que lo hagamos a partir de ahora con un
mandato que espero que sea lo más concreto posible. Lo que cree Convergència i Unió es que hoy deberíamos aprobar un texto. Insto al grupo proponente y al principal grupo enmendante a que seamos capaces hoy, en el ámbito de la movilidad, de
trasladar un mensaje en positivo a la sociedad, a tantos y tantos funcionarios que hoy están esperando la respuesta de esta Comisión de Administraciones Públicas. No les podemos dar un no por respuesta y, por tanto, espero que seamos entre todos
capaces de encontrar una transacción, un texto unitario, que podamos votar todos. Si no es así, adelanto que mi grupo también votaría a favor de la propuesta inicial, porque hoy no podemos dar un mensaje en contra de la movilidad, a pesar de que
quien lo propone, durante muchos años en su actuación de gobierno, tampoco la ha impulsado de la manera eficaz y suficiente que la propia ley nos exigía.
El señor PRESIDENTE: Interpreto que hay una transaccional aceptada por parte del grupo proponente y eso sería lo que someteríamos a votación al final de la mañana. O sea, que hay un acuerdo que, de alguna manera, ya se ha hecho explícito
en la lectura final del portavoz del Grupo Popular.
Si les parece, pasamos al punto tercero del orden del día. Estaríamos hablando de la proposición no de ley sobre la culminación del traspaso de los profesores de Educación General Básica de las instituciones penitenciarias a todas las
comunidades autónomas. La portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida se acaba de ausentar. La señora Navarro ha debido salir por alguna llamada telefónica, porque estaba interesadísima en que se debatiera ahora. (Pausa.)
- RELATIVA A LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN LAS ILLES BALEARS A LOS DE LAS ISLAS CANARIAS. (Número de expediente 161/000679.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al cuarto punto, relativo a la equiparación salarial de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares a los de las Islas Canarias.
Por el grupo proponente, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Señorías, en la sesión de esta misma Comisión de Administraciones Públicas de 22 de febrero de 2005, en el transcurso de una discusión en el debate de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida que solicitaba la equiparación de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares con los de las Islas Canarias, ya advertía el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de apoyar una enmienda transaccional de Izquierda Unida con el Partido
Socialista Obrero Español -por cierto enmienda que no concretaba, que no dejaba claro el concepto de equiparación del plus de insularidad de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares a los de las Islas Canarias-, decíamos que, en caso de no
cumplimentarse la mencionada equiparación, nos reservábamos el derecho de presentar una iniciativa parlamentaria reclamándola de nuevo y advertíamos que no aceptaríamos componendas, palabras o acuerdos huecos que desviasen el claro objetivo de una
reivindicación justa como es la equiparación. De esta manera, señorías, impregnados por un espíritu que más que de talante fue de buena fe, apoyamos con nuestro voto un acuerdo que facilitaba una mínima mejoría salarial -bien es cierto que, al
final, de pocos euros y que, por cierto, aún no ha sido abonada a los funcionarios- y tener, como mínimo, una referencia lejana al actual complemento que perciben en las Islas Canarias, que, en definitiva, es igual a decir nada. Ese era justamente
el texto que se aprobó en la proposición no de ley. Lejanía, por cierto -y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones'- tan grande como que en las islas menores de las Islas Canarias con respecto a las islas menores de las Islas Baleares, la
diferencia entre unos y otros funcionarios va del 387 por ciento al 548 por ciento, lógicamente en contra de los funcionarios del Estado que están en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. A la vista del insuficiente acuerdo de la comisión de 22
de febrero pasado, por la mañana, y del acuerdo del Ministerio de Administraciones Públicas con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, por la tarde, que ignoraba y por tanto despreciaba el acuerdo del Congreso de los Diputados de por la mañana con
un texto que no hacía referencia ni a la equiparación ni al punto tercero de lo consensuado en esta comisión, quedaba claro aquello -que ya denunciamos y que también lo hizo, por cierto, el
sindicato CSI-CSIF- de que el Gobierno socialista, el Ministerio de Administraciones Públicas, no quería oír hablar de la palabra equiparación. Y así lo hizo saber, además, a los sindicatos en las reuniones de 24 de noviembre de 2004 y de 2
de diciembre de 2004, donde textualmente les dice: Se niega en rotundo el Ministerio de Administraciones Públicas a la equiparación. Así lo hace también el 10 de diciembre y, cómo no, en el consabido acuerdo del 22 de febrero. Como consecuencia
de estas negativas, cómo no, del Gobierno socialista, el Grupo Parlamentario Socialista hace aplazar una enmienda que presenta a la proposición no de ley de Izquierda Unida en noviembre de 2004 en esta misma comisión; vota en contra de una enmienda
de Izquierda Unida a los presupuestos generales de 2005 en la que se solicitaba la equiparación y, por último, en el consabido acuerdo forzado de 22 de febrero de 2005, el Grupo Parlamentario Socialista se niega a incorporar al texto la palabra
equiparación.
Ante esta serie de hechos negativos a la confirmación de la equiparación y, por lo tanto, ante el engaño con que han querido envolver el incumplimiento de un compromiso electoral, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición
no de ley con un acuerdo claro y sin tapujos de solicitar al Gobierno de España que, durante esta legislatura, se lleve a cabo la equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos de las Islas Baleares a los de las Islas
Canarias.
Todo esto como consecuencia de una reivindicación justa y de los compromisos electorales no solo del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, sino también del Partido Socialista y también de Izquierda Unida. Señorías, no nos
valen ni valdrán aplazamientos, subterfugios o excusas de mal pagador para no aprobar con claridad lo que propone esta proposición no de ley.
Queremos, sin más, un acuerdo y una declaración con un sí a la equiparación para que luego, como es normal, el Gobierno de España lo cumpla.
Señorías, solicitamos el voto afirmativo y esperamos, además, que no haya ningún voto negativo porque eso sería votar en contra de los intereses de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares, de la equiparación, además de engañar a
los que la prometieron, y eso sí que es hipocresía.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, tengo que decir al Partido Popular que si tan justa es por qué no la hicieron ellos. Hace un año que dejaron de gobernar, estuvieron durante ocho años y ahora parece que todo lo que no han hecho
lo están reclamando, están haciendo un repaso de las carencias de su gestión y les parece todo muy justo, incluso están exigiendo una mejor negociación. Les diría que la verdad es que la imagen que yo tengo de la negociación del Partido Popular es
aquella de la fumata con el puro diciendo a los sindicatos: Mire, a lo que ustedes me piden va a ser que no. Eso es lo que hicieron y lo que están haciendo en las comunidades autónomas en las que gobiernan, como es el caso del País Valenciano,
donde tenemos que padecer una negativa permanente a la negociación con los sindicatos en el ámbito de las administraciones públicas. Lo digo desde la experiencia personal. Lo siento, pero no están legitimados.
Con esta iniciativa, en la que se quieren poner por encima de la que presentó esta diputada, este grupo parlamentario, y sobre la que llegamos a un acuerdo -del que por cierto estaban satisfechos los sindicatos-, lo que pretenden hacer es
puro populismo. Me parece que es una absoluta falta de ética presentar una iniciativa de estas características cuando nosotros ya habíamos llegado al acuerdo correspondiente y ustedes habían votado a favor. Lo que les pido es que presenten
iniciativas más constructivas y dentro de una mínima ética. Es lo único que voy a pedir a los miembros del Partido Popular presentes en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: En la línea de lo que decía antes el señor Jané, tengo que decir que quizá los que debutamos en esta sede parlamentaria, también como grupo parlamentario -cosa que mi grupo actual no había tenido-, efectivamente estamos
sorprendidos de manera poco favorable por algo que ya se intuía y que creo que la opinión pública también intuye.
El que gobierna quiere impulsar y el que está en la oposición pide concretar; eso independientemente del color político de cada uno.
Eso se constata repasando las actuaciones de los últimos años. Si antes el señor Jané ha expresado cierto cansancio y ha realizado cierta crítica por lo que estamos haciendo, me uno a la expresión de ese cierto cansancio por que siempre se haga
exactamente lo mismo. Fíjense que intento no poner colores políticos a lo que está ocurriendo porque, repito, repasando actas se observa que casi todo el mundo debería hacer un acto de contrición. En cualquier caso, me parece un episodio más de
una manera de proceder que creo que los ciudadanos no entienden, salvo que sólo lean determinada prensa de determinado color. Por tanto, en cualquier caso, rehuyo esa batalla por ese punto y hago un llamamiento, después del que ha hecho el señor
Jané, a que nos planteemos la manera de actuar porque los ciudadanos no van a entender que se defienda cuando no se gobierna a veces casi lo contrario de lo que se defendía cuando se gobernaba.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: El 22 de febrero de 2005 se aprobó en esta Cámara, en esta misma Comisión, una proposición no de ley que iba en un sentido coincidente con la que hoy nos plantea el Grupo Popular, si bien es cierto que tenía una
menor concreción. Esa proposición no de ley no la planteó en aquella ocasión el Grupo Popular, fue Izquierda Unida el primer grupo que se interesó por esa equiparación, por que el complemento que perciben ya los funcionarios en Canarias puedan
percibirlo también los de las Islas Baleares. Por tanto, el Grupo de Izquierda Unida en este debate tiene una especial legitimidad, porque cuando se está reclamando que se cumpla lo que aprobamos por unanimidad en febrero, quien más legitimidad
tiene para pedir su cumplimiento es precisamente el grupo que en aquel momento lo propuso. Puede que en esta ocasión exista oportunismo, ganas de quedar bien ante un colectivo, puede ser, pero también es verdad -y lo decía ahora el señor Canet de
Esquerra Republicana- que en demasiadas ocasiones lo que aprobamos aquí no se cumple después en el día a día de la acción de los gobiernos. Esto es una realidad. Pero esto no sólo ocurre en esta legislatura sino que es una constante en las
proposiciones no de ley.
Por tanto, más allá de si existe o no oportunismo, hoy se nos pide que votemos un texto. Como portavoz de Convergència i Unió tengo que pronunciarme sobre si estoy a favor o en contra de una proposición no de ley que lisa y llanamente, sin
ninguna enmienda presentada, nos propone que instemos al Gobierno para que durante la actual legislatura -por tanto tampoco de forma inmediata- se lleve a efecto la equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos de les
Illes Balears a los de las islas Canarias. Convergència i Unió está a favor de esta equiparación. Se nos pide -por oportunismo o no- que votemos este texto; si votara que no o me abstuviera alguien podría interpretar que no estoy de acuerdo en
que durante esta legislatura se lleve a cabo esta necesaria y justa equiparación. Por tanto mi grupo, que siempre se ha mostrado favorable a la misma, hoy no puede hacer otra cosa que votar a favor y, en el caso de que se aprobara esta proposición
no de ley, pedir encarecidamente al Gobierno que la cumpla, que cumplamos las proposiciones no de ley que se aprueban en el Congreso de los Diputados y que les vinculan políticamente. Nosotros estamos a favor de que los empleados públicos de les
Illes Balears tengan ese complemento que ya tienen sus homólogos en Canarias. Entendemos que es de justicia que lo tengan. La proposición sólo pide esto, más allá del planteamiento oportunista o no, más allá de reconocer, como quiero hacerlo hoy
aquí, que la especial legitimidad la tiene en este debate el grupo que inicialmente lo planteó y lo trajo a esta Comisión, que fue el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Hoy se nos plantea este
texto, coincidimos con el mismo y votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero hacer una referencia a los debates que ha suscitado este tema en el Congreso de los Diputados y a las enmiendas que se votaron por unanimidad.
En el mes de octubre del pasado año el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds fue capaz de traer a esta Comisión -y quiero agradecérselo- este debate mediante una proposición no de ley en la que
quiero recordar a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que se solicitaba la equiparación de indemnizaciones por residencia en las Islas Baleares; pero también es cierto que la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, en su disposición duodécima regulaba indemnizaciones por residencia en Ceuta y Melilla y en las Islas Baleares. Como todos sabemos, el Gobierno del Partido Popular el día 6 de febrero de 2004, justo en la antesala de las elecciones
generales, es decir, en plena precampaña electoral, hizo una aportación económica de 7,2 millones de euros para equipar y dar las indemnizaciones por residencia a los funcionarios que ejercían su actividad en Ceuta y Melilla; no ocurrió así en
Baleares. ¿Se olvidaron? No lo sé. ¿No tuvieron interés? ¿No había dinero? Algo les tuvo que ocurrir, porque lo que sí podemos decir es que el Ministerio de Administraciones Públicas, en concreto el ex ministro señor Arenas Bocanegra, en el
Senado, en la presentación de una enmienda y en el debate de una moción, textualmente dijo lo siguiente: La propuesta que nosotros hacemos -decía el entonces ministro Arenas Bocanegra- es convencer al Gobierno para que en la Ley de acompañamiento
se puedan introducir medidas para aplicar gradualmente el incremento del plus de residencia en las Islas Baleares. No lo decimos los socialistas, lo dijo hace casi dos años el que entonces era ministro y que pertenecía al Partido Popular. Es
decir, que tenía que convencer a su Gobierno para introducir medidas que pudieran favorecer gradualmente esa aplicación.
Eso lo dijo el ministro.
En el marco del acuerdo firmado por las organizaciones sindicales sobre el incremento retributivo y oferta de empleo público se adquirió el compromiso de llevar a efecto dicha disposición adicional duodécima de la Ley de acompañamiento de
2004. En concreto tenemos que el 22 de febrero se debatió la PNL a la que antes me he referido y a la que se presentó una enmienda de sustitución, que fue aprobada por todos los grupos de esta Cámara, en la cual se decía: El Congreso de los
Diputados, reconociendo la importancia del diálogo social para la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, insta al Gobierno a la pronta consecución de un acuerdo con las organizaciones sindicales para que, según lo previsto en los acuerdos sindicales firmados en septiembre de 2004, se revise la indemnización por
residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado en las Islas Baleares y se modifiquen sus cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual. Este es el acuerdo que consta y aquí lo tenemos reflejado. Por tanto,
durante este año 2005 los sindicatos han adquirido el compromiso de acometer esta revisión.
Hace dos meses que en esta Comisión aprobamos por unanimidad una enmienda relativa a esta medida y no podemos entender cómo en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular, las leyes de acompañamiento, señorías -quiero refrescar su
memoria-, reformaron sin el menor pudor y con un mínimo debate parlamentario una ley orgánica, 41 leyes, nueve reales decretos legislativos, un real decreto y dos decretos. Cualquiera que sepa que en estas prácticas se incluye una mayoría absoluta
puede deducir que si no se solucionó el tema de los funcionarios de las Islas Baleares fue porque no había interés en hacerlo. Lo lamento, pero esta es una realidad evidente y contrastada. Lo que nosotros creemos es que no hay que suplantar la
actividad de los sindicatos en el desarrollo de estas medidas y en su trabajo para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios.
El Partido Popular debe pensar que la ciudadanía de repente ha sufrido un ataque de estulticia y se van a creer que después de ocho años, de la noche a la mañana, en dos meses, han cambiado y ahora quieren equiparar a los 14.700 funcionarios
de las Islas Baleares. Hay que tener un poco de coherencia política, porque cuando se ha estado ejerciendo el poder con una mayoría absoluto se han tenido todos los resortes administrativos y políticos como para poderlo acometer. No me sirve que
el ex ministro Arenas Bocanegra prometiera en las elecciones autonómicas del año 2003 que automáticamente se iba a solventar el problema de la equiparación con los funcionarios de las islas Canarias, porque no ha sido así. Creo que estos
comportamientos -y coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra- no nos benefician en nada, que son comportamientos de carácter populista que no añaden nada nuevo, que no hacen propuestas que complementen ninguna de las actuaciones
y actividades que en el actual Gobierno y entre todos los grupos parlamentarios estamos intentando gestionar para mejorar estas condiciones, que no podemos suplantar a los sindicatos y que de verdad los funcionarios de las Islas Baleares se merecen
mayor respeto, porque no se van a creer este cambio de actitud que se ha producido de la noche a la mañana ya que tienen mucha práctica previa para saber que ustedes no lo han acometido ni con ministro ni sin él.
Nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta. No hemos presentado ninguna enmienda porque nos parece casi un brindis al sol y un poco irrisorio por su parte el haberlo hecho así y creemos que en justicia sería mejor que más que hacer
una propuesta de este calibre ustedes retiraran la iniciativa legislativa.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley la votaremos al final de la mañana en los términos en que ha sido presentada por el grupo proponente.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, una vez terminado este debate pediría brevemente la palabra para hacer una consideración que espero que haya sido la percepción que han tenido todos los miembros de la Comisión. Por si quedara
alguna duda -y con su venia tomo la palabra solamente un minuto para concretar-, diré que entendemos que en la dialéctica política se pueden hacer todas las valoraciones que se quiera de las iniciativas y de las intervenciones de los grupos y de los
diputados y hasta se puede hablar de la ética, quizá cada uno tenga un concepto formado en función de los elementos con los que construye su propio discurso ético. Pero hubiéramos pedido que lo retirara del 'Diario de Sesiones' si la ética la
hubiera predicado de los comportamientos o conductas de cada uno de los diputados de este grupo. Interpreto que su valoración política es conjunta y objetiva, supongo que será, señora Navarro, la que sale de la noche oscurantista de la lucha de
clases en la que ustedes todavía viven, y en este tiempo en el que de nuevo tenemos de actualidad El Quijote le recomiendo su relectura para que al final, cuando vuelva a la clarividencia, se dé cuenta de que los molinos de viento eran solamente
eso.
El señor PRESIDENTE: Creo que la referencia es de carácter político y así hay que interpretarla.
- SOBRE LA CULMINACIÓN DEL TRASPASO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000663.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3.
Para presentar su proposición no de ley, sobre la culminación del traspaso de los profesores de educación general básica de Instituciones Penitenciarias a todas las comunidades autónomas, tiene la palabra la señora Navarro, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente quiero decir que otro mundo es posible y así lo vamos a seguir defendiendo.
Nuestra iniciativa se basa en la reivindicación de algo que debería haberse finalizado y que desgraciadamente sigue en trámite. Se inició con la Ley Orgánica 1/90, que se refiere a la integración de los funcionarios del cuerpo de profesores
de educación general básica en Instituciones Penitenciarias en el cuerpo de maestros. No se ha producido la transferencia de la competencia de educación en los centros penitenciarios y tampoco se ha cumplido el Real Decreto 1203/99, por el que se
integra en el cuerpo de maestros a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de educación general básica en Instituciones Penitenciarias y se disponen las normas de funcionamiento en las unidades educativas de los establecimientos
penitenciarios. Este proceso está en trámite, se está llevando a cabo, pero no acaba de culminar y el tiempo pasa, lo que ahora mismo produce situaciones de inseguridad absoluta a muchos funcionarios. Lo que se pide es que se aborde por fin este
proceso de transferencias.
Lo cierto es que después del Real Decreto de transferencias del servicio se dio una desigual integración de los profesionales en cada comunidad.
Las negociaciones se desarrollan con cada comunidad por separado, con lo que los ritmos y los
contenidos son dispares y dependientes de posibilismos y voluntades políticas. El colectivo de referencia en las comunidades es el que forma las EPA, es decir, escuelas permanentes de adultos; en los centros penitenciarios, al menos en los ya
transferidos, las EPA desarrollan programas pertenecientes a este colectivo a todos los niveles de la educación secundaria y primaria con un pequeño conflicto: en la comunidad, los maestros de la ESO son de nivel 24, grupo A, pero por el contrario
en Instituciones Penitenciarias son de nivel 21, grupo B. Esto se ha resuelto compensándoles con un complemento que cubre la diferencia, pero no debería ser así, se debería haber hecho una reclasificación de los puestos de trabajo a través de una
nueva catalogación. No se ha realizado esta catalogación fijando un modelo de plantilla. Esto implica que no pueden participar en los concursos de traslados, cubriéndose las plazas vacantes en comisión de servicios con lo que ello significa de
provisionalidad y también, por supuesto, de discrecionalidad, puesto que ya sabemos cómo se otorgan en muchos casos las comisiones de servicio; no siempre, pero sí en muchos casos porque de hecho es una de las razones por las que se crea este
sistema extraordinario de provisión. Todo esto se ha realizado bajo el Gobierno del Partido Popular. Tampoco se les reconoció esto en todos los territorios, fue necesaria la judicialización de los derechos en el reconocimiento de los servicios
prestados. A los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de Instituciones Penitenciarias no se les reconocieron sus años de servicio como experiencia docente en paridad con sus compañeros de la comunidad, lo que repercutió en no cobrar
conceptos retributivos como los sexenios o en su participación en concursos de traslados con menos garantías.
Estas son algunas de las carencias que todavía se viven hoy en este proceso de transferencias. Lo que se pretende es que se complete este proceso a las comunidades que tienen transferida la competencia de educación, que se aborde
definitivamente esta situación, que se solucionen todos estos problemas, que se acabe con esta discriminación que están sufriendo estos trabajadores y, por supuesto, que se aborde el proceso de negociación de esta transferencia con todas las
comunidades afectadas y se convoque a las correspondientes comisiones mixtas de transferencias para acordar en ellas los medios económicos, materiales y de personal que posibiliten la adecuada prestación del servicio educativo en los
establecimientos penitenciarios de todas las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Quisiera decir antes de nada que aquí se ha hablado de palabras tan grandilocuentes como ética e hipocresía y no se ha hablado del respeto mínimo que la señora Navarro tenía que haber tenido con esta Comisión
pidiendo disculpas por no haber estado en el momento oportuno para defender su propia proposición no de ley. Me parece que eso era lo más lógico y lo más adecuado.
La Administración penitenciaria no puede quedar fuera, no puede quedar al margen de los cambios relacionados con la educación de adultos -con el carácter general que tiene-, que buscan como objetivo esencial el enfoque integrador de la
propia enseñanza de los adultos, que tiene como coincidencia el logro de la formación integral del interno en estas instituciones penitenciarias y que finaliza con el ejercicio de una profesión. Partimos todos, por tanto, del convencimiento de la
visión integradora de la enseñanza de adultos, y más en las instituciones penitenciarias.
Ya en los años noventa la Logse dedicaba un capítulo especial a la educación de adultos y a la actividad educativa en los centros penitenciarios e introducía una disposición adicional que contemplaba la integración, como bien decía la señora
Navarro, de los profesores de educación general básica de Instituciones Penitenciarias en el cuerpo de maestros de primaria, estableciéndose la necesaria integración de los docentes y culminando así la también necesaria unificación en un proceso de
homologación de la educación de las personas adultas, entre las que se encuentran los internos en instituciones penitenciarias y hoy el propio reglamento penitenciario apoya y acepta el enfoque de esta visión integradora.
Es evidente que el Decreto 1209/1999, de 9 de julio, de integración de los profesores de educación general básica de Instituciones Penitenciarias en el cuerpo de maestros, además de la disposición de normas de funciones educativas, fue un
paso más que decisivo y
conveniente para lograr en las instituciones penitenciarias la necesaria integración del interno con el nuevo contexto de enseñanza reglada, cultura y deporte, formación profesional, orientación en cualquier otra actividad educativa, que son
aspectos importantes en el trayecto formativo del interno de las instituciones penitenciarias.
En el curso 2000-2001 se iniciaron varios traspasos de funciones y de servicios educativos desde la Administración General del Estado hacia las comunidades autónomas y quedaba pendiente sobre todo lo referente al traspaso de profesores que
impartían la función docente en las instituciones penitenciarias. También desde el año 2000 varias comunidades autónomas procedieron a la ampliación de los medios adscritos, de las funciones y servicios educativos traspasados a la propia comunidad
autónoma, como Navarra, Asturias, Castilla y León, Murcia y La Rioja, así como a la transferencia del profesorado de educación general básica que impartía su labor docente en las instituciones penitenciarias en esas comunidades autónomas. Incluso
el propio Consejo de Estado en su momento instaba al Ministerio de Educación a la pronta regularización del profesorado de Instituciones Penitenciarias.
Conviene resaltar que han sido las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular las que han demostrado mayor grado de sensibilidad y las que tienen resuelto a día de hoy el traspaso de este colectivo docente a la administración
autonómica correspondiente, cosa que no ocurre en comunidades como Andalucía, Aragón, Cantabria, Baleares y País Vasco, que aún tienen pendiente de finalizar este proceso de transferencias de los cuerpos del profesorado de educación general básica
de Instituciones Penitenciarias.
Señorías, este colectivo docente aludido, al margen de su propia función docente, tiene unas consideraciones que le hacen ser específico. Hay dos cuestiones importantes: la seguridad y la movilidad voluntaria que acabamos de debatir en la
anterior proposición no de ley, por eso hemos presentado una enmienda de modificación que reafirma todo lo dicho. Pero también conviene, debido a la especificidad de este colectivo, que se contemplen las dos cuestiones importantes que acabo de
exponer: que se garanticen la seguridad y la movilidad voluntaria.
El señor PRESIDENTE: Al no haber más enmiendas presentadas, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES GARCÍA: Señorías, el Grupo Socialista votará a favor de la proposición no de ley presentada por la señora Navarro, si bien es cierto que lo que se pide en la misma ya se está llevando a cabo por el Gobierno.
En el último año, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es el centro directivo competente por razón de la materia, de acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas, ha dado un impulso decidido para cerrar los
procesos pendientes. La consecuencia de dicho impulso es que de las cinco comunidades autónomas recogidas en la proposición no de ley que quedaban sin haber recibido las transferencias que nos ocupan, cuando toma posesión el actual Gobierno sólo
una, Euskadi, se encuentra en la misma situación. Con respecto a las otras cuatro comunidades autónomas, señora Navarro, la situación es la siguiente. Andalucía ya ha recibido la transferencia y la ejerce de forma efectiva; en Baleares se ha
cerrado recientemente el acuerdo y el traspaso será efectivo en el próximo mes de julio, una vez que se haya reunido la Comisión Mixta de Transferencias; en Cantabria ya se ha alcanzado un acuerdo en el ámbito político y en breve se reunirá la
ponencia técnica para celebrar reuniones de trabajo; en Aragón están muy avanzadas las conversaciones previas a la reunión de la ponencia técnica.
Pues bien, a la vista de estos datos, señora Navarro, mi grupo considera que se debería suprimir del segundo párrafo de la parte expositiva a las comunidades autónomas de Andalucía y Baleares que figuran junto a las tres restantes. De esta
forma, como decía al principio de mi intervención, por aquello de que lo que abunda no daña, mi grupo no tendrá ningún inconveniente en apoyar su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero informar al portavoz del Grupo Socialista de que la exposición de motivos no se vota, con lo cual lo que quedará aprobado será el petitum y como respecto al petitum no ha dicho nada,
entiendo que se votará a favor y quedará en el sentido que se pretendía. Repito que la exposición de motivos no se vota.
Respecto a la enmienda del Grupo Popular, entiendo que las reivindicaciones que manifiestan están incluidas en la proposición no de ley. se trata de una sustitución para decir de otra manera lo que ya está dicho en la proposición presentada
por este grupo, por lo que no se acepta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES GARCÍA: Quisiera hacer una aclaración.
El Grupo Socialista ha manifestado su voto afirmativo a la proposición no de ley, pero después de la información que ya conocemos y de la situación en que se encuentra a día de hoy el proceso de transferencias en las comunidades autónomas de
Andalucía y Baleares,
donde ya se ha culminado y se ejerce de forma efectiva, entendíamos que era razonable, lógico y correcto, aunque efectivamente no se vote la parte expositiva, que se retirase para que quedase constancia de que a lo largo de este año sí se ha
venido trabajando en ese proceso de transferencias y que en dos comunidades autónomas ya ha culminado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Quiero decir a doña Isaura que los temas de seguridad y movilidad deberían quedar reflejados porque, repito, la especificidad de este colçectivo es digna de tener en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, suspendemos la sesión hasta las doce, hora en la que habíamos fijado las votaciones. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la sesión de la Comisión de Administraciones Públicas y pasamos a las votaciones.
Con relación a la primera proposición no de ley, someteríamos a votación la proposición de ley, tal y como se ha propuesto con la transaccional que han aceptado los grupos proponentes.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votaríamos el segundo punto del orden del día, la proposición no de ley en los términos de la propuesta con la transaccional que ha aceptado el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
El tercer punto del orden del día es la PNL de Izquierda Unida-Izquierda Verde en los términos de la propuesta.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea, señor Padilla?
El señor PADILLA CARBALLADA: Nos vamos a abstener y quisiéramos hacer constar que es por la postura personal adoptada por la diputada que ha representado a su grupo en este asunto.
El señor PRESIDENTE: Adelante, doña Isaura.
La señora NAVARRO CASILLAS: Cuando ha finalizado esta Comisión y ha habido un tiempo de espera hasta llegar a la hora fijada para la votación, no he recibido ninguna propuesta por parte del Grupo Popular de una transaccional. Me ha
sorprendido y lo que he hecho al llegar es volver a releer la enmienda que han presentado en la que no hacen referencia en lo que a in voce se ha manifestado, con lo cual si se hubiera presentado alguna propuesta concreta a esta diputada estaríamos
hablando de ello, pero como no se ha hecho difícilmente podríamos hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las votaciones.
PNL número 3 del orden del día y con el número de expediente 161/000663.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La cuarta proposición no de ley que iría en los términos del grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cinco minutos del mediodía.